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Spanish; Castilian Pages 229 [240] Year 2013
EL CARIBE Y SUS RELACIONES CON ESPAÑA: POLÍTICAS Y SOCIEDADES EN TRANSFORMACIÓN (SIGLOS XIX-XX)
JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ PALOMO ÁNGEL LUIS VÉLEZ OYOLA RAFAEL LUIS CABRERA COLLAZO (Coords.)
EL CARIBE Y SUS RELACIONES CON ESPAÑA: POLÍTICAS Y SOCIEDADES EN TRANSFORMACIÓN (SIGLOS XIX-XX)
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 2013
Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.
Esta obra se edita dentro del proyecto de excelencia “Andalucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales” (HUM 03215) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía) y del proyecto “El peso de las reformas de Cádiz (18121838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico” (HAR2011-25993). Ministerio de Ciencia e Innovación, Secretaría de Estado de Investigación, España, siendo cofinanciados por los fondos FEDER.
© Jesús Raúl Navarro García © José Jesús Hernández Palomo © Ángel Luis Vélez Oyola © Rafael Luis Cabrera Collazo
ISBN: 978-0-913480-28-1
Índice IntroduCCIón . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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José Manuel espInosa Fernández: Repensar el siglo XVIII puertorriqueño. Militarismo borbónico, situados y sus efectos socioeconómicos en las relaciones coloniales con España ...
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InMaCulada sIMón ruIz: Guerra y propaganda en Puebla de los Ángeles: 1770-1821. De los antecedentes independentistas al constitucionalismo gaditano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Jesús raúl navarro GarCía: Economía, política y esclavitud en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña en torno al constitucionalismo gaditano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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antonIno vIdal orteGa: La construcción de la ciudadanía en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XIX. La huella constitucional gaditana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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José Jesús Hernández paloMo: El obispo Gil Esteve y el inicio de reformas en Puerto Rico: la de 1854 ... ... ... ... ... ... ... ... 107 noel allende-GoItía: Danza y resistencia: bailes afropuertorriqueños y conflicto social en el Puerto Rico del siglo XIX ... 127 raFael l. Cabrera Collazo: Inmigración peninsular y economías de subsistencia en Puerto Rico en la transición hacia el siglo XX.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139
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Índice general
José a. Calderón rIvera: Luis Muñoz Rivera y el año 1897: en ruta hacia la autonomía. Las relaciones políticas EspañaPuerto Rico en el cambio de siglo.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171 ánGel luIs vélez oyola: Relaciones Iglesia y Estado en la Cuba Prerrevolucionaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 187 eMIlIo J. Gallardo saborIdo: (Super)vivencias grises: escritores y política cultural cubana durante la década de 1970 .. ... 213
INTRODUCCIÓN Ha transcurrido mucho tiempo desde que iniciáramos las relaciones académicas entre Puerto Rico y España. En concreto, desde fines de la década de los ochenta, cuando realizara una larga estancia de investigación en el Archivo General de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico. Fue en aquella estancia en donde se sentaron las bases personales de esas relaciones institucionales que se fortalecieron durante los años en los que la Universidad de Sevilla desarrolló en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe su programa de doctorado y en el que participaron activamente el Dr. Ángel López Cantos, su director, y profesores de la Universidad de Sevilla como Pablo Tornero, Antonio Acosta, Pablo E. Pérez-Mallaína o Laureano Rodríguez, entre otros. De aquellas semanas en el Viejo San Juan arranca mi amistad con el Dr. Ángel Vélez Oyola, auténtico promotor de las jornadas académicas entre Puerto Rico y Sevilla que se han venido celebrando en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) desde el año 2006, año en el que se celebró el Seminario “Opinión pública, prensa e ideología en la construcción de Puerto Rico”, donde intervinieron los profesores José A. Calderón (Universidad del Turabo), Rafael L. Cabrera (Universidad Interamericana de Puerto Rico) y José Carlos Arroyo (Universidad del Turabo), seminario coordinado en aquella primera ocasión por el citado profesor Vélez, entonces adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Al año siguiente, en 2007, y coordinado por los investigadores del CSIC José Hernández Palomo y J. Raúl Navarro García se celebró un nuevo seminario sobre “Iglesia y Estado en Cuba y Puerto Rico, siglos XIX y XX”, que contó con la participación de los profesores Samuel Silva Gotay (Universidad de Puerto Rico), Hoffman Ospino (Boston College) y Ángel Vélez (Universidad Interamericana de Puerto Rico). En el 2008 se organizó también en Sevilla un Seminario interno sobre “Inmigraciones, exilios y controles españoles en Puerto Rico”.
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El siguiente evento académico se celebró en 2010, año en el que el tema abordado fue la “Política e ideología en el ámbito hispano-caribeño”, participando José Manuel Espinosa (Universidad del Norte, Colombia), Jesús Raúl Navarro García (CSIC), Beatriz Barrera (Universidad de Sevilla), José María Aguilera (Universidad de Cantabria), Antonino Vidal (Universidad del Norte, Colombia), José Hernández Palomo (CSIC), Ángel Vélez (Universidad Interamericana de Puerto Rico), Rosario Sevilla (CSIC), Inmaculada Simón (CSIC), Carlos Rodríguez (Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico), Noel Allende (Universidad Interamericana de Puerto Rico), Rafael Cabrera (Universidad Interamericana de Puerto Rico), Félix Huertas (Universidad del Turabo) y Luis Ferrao (Universidad de Puerto Rico). En el año 2011 se celebró el seminario sobre “El Caribe y sus relaciones con España: políticas y sociedades en transformación (s. XIX-XX)”, coordinado por los investigadores del CSIC José Hernández Palomo y J. Raúl Navarro García y el profesor Ángel Vélez (Universidad Interamericana de Puerto Rico). Esta edición fue la más numerosa, circunstancia que nos habla de la consolidación de estas reuniones sobre Puerto Rico y el Caribe en la ciudad de Sevilla. Intervinieron en esta ocasión J. Raúl Navarro García (CSIC), Beatriz Barrera (Universidad de Sevilla), Emilio Gallardo (Universidad de Nottingham), Ángel Vélez (Universidad Interamericana de Puerto Rico), José Hernández Palomo (CSIC), Carlos Rodríguez (Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico), Noel Allende (Universidad Interamericana de Puerto Rico), Félix Huertas (Universidad del Turabo), Eva Bravo (Universidad de Sevilla), José Manuel Espinosa (Universidad del Norte, Colombia), Fanny Esperanza Torres Mora (Universidad de los Andes, Colombia) y María Inmaculada Rodríguez (Universidad Jaime I). La muerte del Dr. Salvador Padilla (Universidad de Puerto Rico) en el verano de 2010, auténtico valedor de la isla en Sevilla y de todos los sevillanos en Puerto Rico, facilitó un nuevo encuentro en aquel mismo año de 2011 en el que hubo una amplia representación de profesores puertorriqueños como Hermenegildo Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Luis Rodríguez Báez (Universidad de Puerto Rico), Luis González Vales (Universidad de Puerto Rico) y Gerardo Carlo Altieri (Universidad de Puerto Rico-Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe), así como de otros de la Universidad de
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Sevilla (Ángel López Cantos, Pablo E. Pérez Mallaína, Laureano Rodríguez y Antonio Acosta) y del CSIC (J. Raúl Navarro García). Todos estos eventos han servido para fortalecer las conexiones con investigadores y profesores de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Pontificia Universidad Católica, del Turabo y Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, conexiones que han fructificado recientemente en el proyecto de investigación “El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico”, aprobado por el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, Ministerio de Ciencia e Innovación español, en el que participan investigadores puertorriqueños de la isla (pertenecientes al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico) y de Estados Unidos (University at Buffalo y Wayne State of University), así como del CSIC y Universidad del Norte, Colombia. Este proyecto será dirigido desde Sevilla pero contará con una participación mayoritaria de puertorriqueños que abordarán el estudio del debate ideológico que suscitó en la isla el Reformismo Ilustrado y constitucional y que afectó tanto al ámbito político y de la representación, como al de la administración de justicia, al comercial y fiscal, al de la libertad de prensa y a las relaciones entre los propios puertorriqueños. Sin duda, el proyecto ayudará a coordinar actividades conjuntas y a plantear también colaboraciones editoriales como ésta que el lector tiene ahora entre sus manos. Un libro que incorpora trabajos sobre México, Colombia, Cuba y Puerto Rico y que nace de la colaboración de las dos instituciones que más han trabajado en este acercamiento académico: la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) por un lado y la Universidad Interamericana de Puerto Rico por otro. De esta manera, esta publicación, además de su valor académico, representa el compromiso de este centro de educación superior con la divulgación del conocimiento y la investigación, y el fortalecimiento de la internacionalización universitaria. Precisamente, la segunda de estas dos instituciones, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, comenzó en 2012 a conmemorar su primer centenario de fundación, cuyas efémerides se extiende por todo un año. Hoy día, la Universidad Interamericana de Puerto Rico es la principal y más grande universidad privada de su país.
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A la par con estas instituciones, existen otras que colaboraron también con esta publicación, a saber: la Universidad del Norte, en Colombia, y la Universidad del Turabo. Las mismas aportaron en su momento las ayudas precisas para que sus profesores e investigadores pudieran participar en los eventos en los que se presentaron y discutieron estos trabajos. El proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía “Andalucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales” (HUM 03215) contribuyó también en su momento a afrontar algunos de los gastos de los seminarios. Todos investigadores hicieron de los seminarios un lugar para el intercambio académico gratificante y enriquecedor. Hoy, años después de aquella primera reunión que se celebrara en Sevilla en 2006, podemos decir que se ha consolidado este cauce abierto para fomentar los contactos académicos de una forma regular, casi anual, dando sus frutos en forma de publicaciones y proyectos. Creo que Sevilla contribuyó en buena medida a que esto se hiciera realidad pero ahora estamos en la obligación moral de abrir otro camino similar hacia Puerto Rico. La isla debe tener capacidad suficiente para liderar proyectos que tengan un marcado carácter caribeño, y en ello Sevilla y su Archivo General de Indias también deben contar. Aquí, en esta ciudad, a orillas del Guadalquivir, se han ido perfilando no pocas tesis doctorales que han contribuido a esclarecer la realidad de la isla desde el siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XIX. Y con esta ciudad se han identificado así mismo personas que tanto hicieron por unir Puerto Rico con Sevilla: Salvador Padilla, Ricardo Alegría…, con quienes, sin duda, todos tenemos más de una deuda pendiente. Creo que a los dos, desde sus peculiares puntos de vista y enfoques personales, les hubiera gustado ser partícipes de los eventos que fuimos articulando y de los que este libro forma parte. Un libro que pretende ofrecernos una panorámica amplia en el tiempo y en el espacio del territorio caribeño. Aun así, los artículos sobre Puerto Rico son mayoría: seis artículos desmenuzan una variada serie de temas, a los que les une la compleja relación entre metrópoli y colonia desde finales del siglo XVIII a fines del siglo XIX. En ese siglo lleno de vicisitudes las relaciones políticas y económicas entre España y Puerto Rico ocuparon buena parte del acontecer histórico. Dos artículos, el de José Manuel Espinosa (Universidad del Norte, Colombia) y el de José A. Calderón Rivera (Universidad del Tura-
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bo, Puerto Rico) enfrentan los dos periodos que abren y cierran los estudios de esta obra sobre Puerto Rico. Espinosa reflexiona sobre el lugar y el papel de la isla dentro de la monarquía española antes de producirse la independencia de las posesiones americanas continentales y sobre los cambios que transformarán la isla en el siglo XIX. Cambios que la irán conduciendo hacia un proceso peculiar de descolonización marcado por la progresiva concienciación política de unas elites ideológicas ubicadas, mayoritariamente, en el extranjero y que elaborarían a lo largo de todo el s. XIX unas respuestas autonomistas a la realidad colonial. Respuestas que eran descentralizadoras de la administración peninsular y que querían, desde luego, poner en marcha. En todo este siglo que va del reordenamiento imperial ocasionado por la independencia de la América continental y la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas Puerto Rico vive un reacomodamiento de gran alcance que le lleva a enfrentar lo mejor que puede el cambio de potencia hegemónica en el continente… En el siglo XIX el desarrollo económico azucarero primero y cafetalero después hizo que la Iglesia enfrentara el desarrollo económico, la esclavitud, el liberalismo o la libertad de imprenta desde una clara toma de posición política a favor del absolutismo. La dispersión geográfica de la población, la capacidad del clero de difundir su discurso ideológico a través de los sermones y el alto grado de analfabetismo en toda la isla facilitaron sin duda la influencia de la Iglesia entre amplios sectores de la población que vieron como su elite del Cabildo catedralicio desempeñaba en el contexto insular un relevante papel económico, político e ideológico. Su comportamiento a lo largo del siglo nos ofrece una abundante información, no sólo de su colectivo humano sino, indirectamente, de la realidad social, económica y política de la isla. El artículo de Jesús Raúl Navarro García (CSIC) es una buena muestra de ello. Y también el de José J. Hernández Palomo (CSIC), que resalta la importancia de las Relationes ad limina como documentación de valor añadido para el estudio de la sociedad insular, de sus prácticas religiosas, de las relaciones entre Iglesia y Estado, de su sistema educativo y laboral, etc. La esclavitud fue rasgo distintivo de la economía comercial y de la sociedad colonial puertorriqueña y dicha circunstancia influyó en las prácticas religiosas, musicales y danzarias. En este sentido, los mecanismos de represión tuvieron una estrecha relación con las expresiones músico-danzarias como el
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profesor Noel Allende (Universidad Interamericana de Puerto Rico) expone en su trabajo sobre los bailes afropuertorriqueños, ubicando la praxis musical en el hacer humano como algo previo a la invención discursiva de la realidad. A otro segmento poblacional, el de los peninsulares, dedica Rafael L. Cabrera (Universidad Interamericana de Puerto Rico) su trabajo, en el que quedan claros los instrumentos que utilizaron para marginar a los sectores criollos, así como los manejados por la metrópoli en ese mismo ámbito. El profesor Cabrera centra su interés en las zonas de limitada agrocomercialización por lo que su trabajo nos ayuda a tener una percepción mucho más totalizadora de la realidad socioeconómica de la isla en el siglo XIX, demasiado focalizada siempre en las zonas azucareras y cafetaleras orientadas a la economía de exportación. En la influencia que tuvo el constitucionalismo gaditano en la zona caribeña se centran otros dos artículos de este volumen. Uno, escrito por Antonino Vidal (Universidad del Norte, Colombia), ofrece una panorámica de los orígenes del proyecto político republicano en Colombia, centrando su atención en la ciudadanía y en la educación, así como en la importancia de la gran cuenca del Caribe para poder entender los procesos que se viven en toda la primera mitad del siglo XIX; otro, de Inmaculada Simón, aborda el reflejo del constitucionalismo en la ciudad mexicana de Puebla de los Ángeles, la ciudad abierta al Golfo de México y al altiplano mexicano. La autora resalta tanto la importancia de los cambios originados desde que se llevaron a cabo las reformas borbónicas como los conflictos con la metrópoli protagonizados por el Cabildo, el Ejército, la Iglesia y otros poderes locales a través de diversos mecanismos propagandísticos. Concluye este libro con dos artículos sobre Cuba. El primero, del profesor Ángel L. Vélez (Universidad Interamericana de Puerto Rico), aborda los antecedentes históricos de las complejas y difíciles relaciones entre la Iglesia cubana y el Estado revolucionario surgido a fines de la década de los cincuenta, tras el largo periodo de libertad religiosa iniciado en 1898. El artículo se centra en los antecedentes coloniales y en el complejo periodo insurgente de finales del siglo XIX, para acabar con el de fuerte influencia norteamericana que supone la independencia de la isla. Le sigue un trabajo del profesor Emilio J. Gallardo Saborido (University of Nottingham) titulado “(Super)Vi-
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vencias grises: escritores y política cultural cubana durante la década de 1970” en el que aborda la política cultural de la isla caribeña en la difícil y compleja década de los setenta, en la que hubo no pocos excluidos, apresados y exiliados pertenecientes al ámbito de la cultura. Tenemos, por tanto, ante nosotros un libro que aborda temáticas muy variadas, reflejo claro de la riqueza que atesora la historia social y política del área caribeña en los siglos XIX y XX. Una muestra que abre nuevas perspectivas comparativas entre territorios que vivieron una historia común y que supone también el primer resultado de la actividad académica desarrollada desde hace años por un grupo de investigadores españoles y puertorriqueños preocupados por fomentar futuras colaboraciones entre estudiantes y profesores de ambos lados del Atlántico. El proyecto “El peso de las reformas de Cádiz (18121838)” nos permitirá en los próximos tres años organizar nuevos eventos y propuestas en torno al primer tercio del siglo XIX como eje de nuestra actividad, así que confiamos en que este libro sea el primero de una larga serie de ellos. Ojalá en ese camino encontremos también las mismas ayudas y colaboraciones que hasta aquí hemos tenido. Entre ellas las del CSIC y Universidad Interamericana de Puerto Rico, a las que debemos la edición de esta obra. Jesús Raúl Navarro García Sevilla, agosto 2013
REPENSAR EL SIGLO XVIII PUERTORRIQUEÑO. MILITARISMO BORBÓNICO, SITUADOS Y SUS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LAS RELACIONES COLONIALES CON ESPAÑA1
José Manuel Espinosa Fernández Universidad del Norte, Colombia [email protected]
Del Puerto Rico del siglo XVIII se ha escrito más bien poco. Dentro del período de dominio español, a la historiografía puertorriqueñista siempre le ha interesado más el siglo posterior, con sus grandes haciendas, la integración en los cauces del comercio mundial y las problemáticas que todo ello trae aparejadas2. En parte de lo que se ha escrito, además, no es raro encontrar una serie de planteamientos generalmente asumidos –y no por ello más ciertos–, manidos a fuerza de repetirse, en muchos casos por más de doscientos años desde que los propios funcionarios metropolitanos los formularan por primera vez. Lugares comunes, en fin, que necesitarían revisarse. En especial en lo que se refiere al papel de Puerto Rico dentro de la Monarquía, su marginalidad, y cómo se producen los cambios que transformarán la isla llegado el siglo XIX3. 1 Este trabajo se inserta dentro del proyecto El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico (HAR2011-25993). Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación, Secretaría de Estado de Investigación, España, siendo cofinanciado por los fondos FEDER. 2 Buena prueba de ello la encontramos, por ejemplo, entre la “nueva Historia” puertorriqueña, la última gran renovación de la historiografía de la isla, que ha derivado la mayoría de sus investigaciones hacia los siglos XIX y XX. Un repaso por la historiografía puertorriqueña en Castro, María de los Ángeles: “De Salvador Brau hasta la “novísima” Historia: un replanteamiento y una crítica”, Op. Cit., 4, San Juan, 1988-1989, pp. 9-55. 3 Un buen ejemplo de lo poco que han cambiado ciertos discursos a lo largo del tiempo son estas palabras de James L. Dietz, que bien podría haber firmado el mismo Pedro Tomás de Córdova, un siglo y medio antes: “La política de España hacia Puerto Rico hasta finales del siglo
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La Corona organizó su imperio ultramarino en torno a los dos grandes y ricos virreinatos continentales, en base a sus metales preciosos casi se podría decir. Pero en Puerto Rico las minas no dieron para mucho4. Y los primeros ensayos con la caña de azúcar tampoco resultaron ser muy rentables5. Por ello la isla pasó muy pronto a ocupar un lugar secundario dentro del proceso colonizador6. A cambio, contaba con una privilegiada situación estratégica. Y durante el siglo XVII su principal valor ya había pasado a ser ese: servir de baluarte defendiendo las rutas marítimas que comunicaban a la metrópoli con sus riquezas americanas7. Mientras, el Caribe dejaba de ser un mar exclusivo de los españoles. Holandeses, ingleses y franceses se iban asentando aquí y allá y sus pequeñas colonias, entregadas a la economía de plantación y las exportaciones masivas, prosperaban rápidamente. El azúcar se convertía en la razón de ser de la mayoría de ellas. Y sin embargo, bajo las limitaciones del colonialismo hispano, Puerto Rico salía adelante con sus cultivos de subsistencia y una ganadería que ocupaba la XVIII podría describirse como una política de abandono (…) El grado de pobreza de la isla lo demuestra la dependencia del gobierno colonial sobre el situado (…) En comparación con los casi trescientos años de gobierno colonial que le precedieron, el siglo diecinueve ciertamente fue un período de progreso económico y social relativo”. Dietz, James L.: Historia económica de Puerto Rico, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1989, pp. 26-27 y 33. Comparadas con unas de Córdova ya vemos que no desentonan en absoluto: “Muy poco esfuerzo aparece hecho hasta 1815 para mejorar la condición de la Isla; la misma marcha lenta que tuvo hasta 1783, es la que se observa llevó este país en todos sus ramos; sus cargas las pagó el situado de Méjico hasta 1809 que fue suspenso por las vicisitudes civiles de aquel Reino, y con mil angustias y privaciones fue pasando hasta 1815, en que el Rey nuestro Señor abrió a esta Isla el manantial de su riqueza con la cédula de gracias que su Beneficencia se dignó decretar para el fomento de Puerto Rico. A este decreto sabio, a ese conjunto de disposiciones benéficas se ha debido el progreso que hemos palpado y tocamos…” Córdova, Pedro Tomás de: Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico, v. III, San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968, p. 44. 4 Sobre las actividades mineras en el Puerto Rico de los primeros años de colonización, Sued Badillo, Jalil: El Dorado borincano: la economía de la Conquista: 1510-1550, San Juan, Ediciones Puerto, 2001. 5 Respecto de los primeros ensayos azucareros, Gelpí Baiz, Elsa: Siglo en blanco: estudio de la economía azucarera en el Puerto Rico del siglo XVI, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000. 6 Sobre las pautas de colonización y el modo en que quedó configurado el dominio español en América, atendiendo a un esquema jerarquizado según las regiones y la importancia que se les dio, Lockhart, J y Schwartz, S. B.: América Latina en la Edad Moderna, Madrid, Akal, 1992. 7 La idea de jalonar los principales enclaves estratégicos con plazas fuertes surge de manera paralela a la navegación en flotas escoltadas, a fines del siglo XVI. Zapatero, Juan Manuel: La guerra del Caribe en el siglo XVIII, Madrid, Servicio Histórico y Museo del Ejército, 1990, pp. 37-38.
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mucha tierra disponible. En sus relaciones comerciales predominaba el contrabando y hasta cierto punto el trueque8. Desde el punto de vista de su rentabilidad para la metrópoli, aquella colonia era un enclave pobre, paupérrimo, si lo comparamos con su alrededor. Y la existencia de San Juan como “plaza fuerte”, la excesiva preponderancia de lo castrense, parecía condicionarlo todo en la isla. Ambos rasgos –pobreza y militarismo– se materializaban en la figura de los situados y la dependencia respecto de ellos se iba a convertir en el signo más definitorio de la economía puertorriqueña durante siglos. Hasta que cesen en la primera década del siglo XIX. El imperio se concebía de manera unitaria. Sus partes debían ser solidarias entre sí. Los costes que ocasionaban la administración y defensa de las colonias debían sufragarse con dinero salido de la misma América, pero no todos los territorios eran capaces de asumir sus propios gastos. Sobre todo aquellos que comportaban un especial interés militar y costes defensivos más elevados. Por ello, al tiempo que se levantaba la estructura fiscal de Ultramar, se ideó un sistema capaz de distribuir los recursos americanos entre las distintas Cajas que lo componían. Las Cajas Reales más solventes financiarían con sus excedentes a las deficitarias, asumiendo parte de sus pagos. Así, durante siglos, se pusieron en circulación considerables sumas de capital –los situados– que supusieron un importante trasvase monetario a lo largo y ancho del continente americano. Plata que, consiguientemente, dejaba de enviarse a la metrópoli para ser “empleada” en las colonias9. La financiación de lo militar, que era uno de los rubros más cuantiosos dentro del gasto total de la Administración colonial, se convertiría así, como señala Juan Marchena, además, en uno de los factores clave a la hora de estudiar y comprender los mecanismos de capitalización de la economía americana. Especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los costes defensivos del imperio alcanzan proporciones extraordinarias. No debemos perder de vista, tampoco, las implicaciones sociales de este proceso, en un tiempo en que comenzaban a despuntar “políticamente” ciertos grupos de poder en las colonias que, si hasta la fecha sólo habían hecho ostentación de 8 Morales Carrión, Arturo: Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe. Colonialismo y contrabando, siglos XVI-XVIII, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2003. 9 Marichal, Carlos: “Beneficios y costos fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814”, en E. Sánchez, L. Jáuregui, A. Ibarra (coords.): Finanzas y política en el mundo iberoamericano: del antiguo régimen a las naciones independientes, 1754-1850, México, Instituto Mora, 2001, pp. 29-61.
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su poderío económico, cuando comience el siglo siguiente, acabarán por poner en jaque la autoridad metropolitana en el continente10. Si lo pensamos, uno de los principios básicos que rige las relaciones coloniales es la apropiación, por parte de la metrópoli, de los recursos del territorio colonizado. Algo que llevará hasta el paroxismo el colonialismo hispano con su hambre desmedida de plata. Y sin embargo, y por paradójico que parezca, hubo partes del imperio donde, sin tenerla, ésta llegaba como llovida del cielo para ser gastada a manos llenas, provocando una más que curiosa subversión del orden colonial11. Puerto Rico, su capital, era uno de esos lugares. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con Cartagena de Indias, La Habana, Buenos Aires, etc. para San Juan no sólo no se ha valorado este hecho, sino que se lo ha considerado algo perjudicial12. El establecimiento del situado tuvo un efecto negativo en el desarrollo económico de la isla13, se nos repite una y otra vez. Lógico que los funcionarios metropolitanos destinados en la isla pensaran así. Más a la vista de las enormes sangrías que estaba suponiendo mantener la guarnición y fuertes de San Juan para las arcas del rey. Y sobre todo, si lo comparamos con lo poco que contribuían los puertorriqueños a la causa con sus impuestos. Por ello sobran los ejemplos en las fuentes14. 10 Marchena Fernández, Juan: “Capital, créditos e intereses comerciales a fines del período colonial: los costos del sistema defensivo americano. Cartagena de Indias y el sur del Caribe”, Tiempos de América, 9, Castellón, 2002, p. 4. 11 Ibidem, pp. 4-5 12 Además de los trabajos del propio Marchena sobre Cartagena de Indias, encontramos estudios para otras importantes plazas americanas. En el caso cubano destacan Knight, Franklin W.: “Origins of Wealth and the Sugar Revolution in Cuba, 1750-1850”, Hispanic American Historical Review, 57 (2), Durham, 1977, pp. 231-253 y Kuethe, Allan J.: “Guns, subsidies, and commercial privilege: some historical factors in the emergence of the cuban national character, 1763-1815”, Cuban Studies, 16, Pittsburgh, 1986, pp. 123-138. Para el Río de la Plata, Gelman, Jorge: “El gran comerciante y el sentido de la circulación monetaria en el Río de la Plata colonial tardío”, Revista de Historia Económica, 5 (3), Madrid, 1987, pp. 485-508 y Saguier, Eduardo: “La conducción de los caudales de oro y plata como mecanismo de corrupción: El caso del situado asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de Potosí en el siglo XVIII”, Histórica, 24, Buenos Aires, 1989, pp. 287-317. 13 González Vales, Luis E.: El situado mexicano y la financiación de las fortificaciones de San Juan de Puerto Rico, 2007, [en línea], p. 21, http://www.oslpr.org/spanish/master. asp?NAV=ART-HISTO Fecha de consulta, 29 de marzo de 2010. 14 El propio González Vales cita en su texto un artículo del intendente A. Ramírez, publicado en el Diario Económico de Puerto Rico, de 30 de marzo de 1814. En una nota anterior ya hemos visto también lo que Pedro Tomás de Córdova, secretario de la Gobernación de la isla, escribiera en 1831.
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Lo preocupante es que las cosas no parecen haber cambiado demasiado para la historiografía tantísimos años después15. Según esta manera de ver las cosas, el escaso interés metropolitano en Puerto Rico, más allá de su función militar, y la existencia subsidiada y cómoda que garantizaban los situados, no habrían hecho sino retrasar el despegue económico de la isla y su apuesta por la producción de géneros coloniales. Faltaban las medidas de fomento oportunas y con la plata que llegaba de fuera, se podía acudir tranquilamente al mercado del contrabando para abastecerse de cuanto hiciera falta para subsistir. Por eso, no será hasta que los movimientos insurgentes en el continente aíslen a Puerto Rico del resto del imperio y de su plata, que se opte, de manera decidida, por cambiar las estructuras económicas de la isla. Nueva fase de la historia puertorriqueña que tomaría carta de naturaleza a raíz de la promulgación de la real cédula de 10 de agosto de 1815. Al menos, así lo asume la interpretación histórica más tradicional16. Pero aunque semejante planteamiento tenga su parte de razón, la explicación se antoja incompleta. Sobre todo, más atenta a lo que se dictaba desde los gabinetes de Madrid que a la propia realidad de Puerto Rico. Como si los procesos de cambio y reforma sólo se debieran a ésta o la otra real orden, a la iniciativa de cualquier gobernante “iluminado”, por usar expresiones de Francisco Moscoso17. Que la economía de la isla siguiera su curso, cambiando el paso sin ningún traspiés después de semejante cambio debería ser ya de por sí bastante significativo. Los situados habían dejado de llegar antes de 1815 y mucho antes aún habían dejado de ser regulares. Desde fines del siglo anterior era el capital local el que cubría las ausencias de lo que llegaba de fuera y llegado el momento serán los ramos internos los que asumirán la totalidad de los gastos puertorriqueños. Si tan 15 En un período relativamente reciente se han publicado dos trabajos sobre los situados en Puerto Rico, Crespo Armáiz, Jorge: Fortalezas y situados: la geopolítica española en el Gran Caribe y sus efectos sobre el desarrollo económico y monetario de Puerto Rico (1582-1809), San Juan, Sociedad Numismática de Puerto Rico, 2005 y Pacheco Díaz, Argelia: Una estrategia imperial. El situado de Nueva España a Puerto Rico, 1765-1821, México, Instituto Mora, 2005. El primero de ellos no se aparta en lo más mínimo de las tesis establecidas. En el segundo, Pacheco, aunque de lo que se ocupa sobre todo es de rescatar los montos que anualmente se enviaban desde México a la isla, al menos adelanta la posibilidad de que las remesas dieran un juego mucho mayor del que tradicionalmente se ha considerado. 16 Un ejemplo clásico puede ser Cruz Monclova, Lidio: Historia de Puerto Rico: (siglo XIX), v. 1, Madrid/Puerto Rico, Ograma/Editorial Universitaria, 1957-58. 17 Moscoso, Francisco: Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglos 16 al 18, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2001, p. 143.
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pobre era la isla ¿cómo era posible? Porque no se pueden levantar haciendas de la noche a la mañana, ni improvisar circuitos comerciales para la exportación. A día de hoy resulta evidente que la Cédula de Gracias de 1815, con sus franquicias y prerrogativas, ya no puede explicarlo todo. Es más, cada vez parece más claro que realmente no fue origen o causa de cambio histórico alguno, sino más bien, y al contrario, consecuencia de un proceso anterior, de un camino que había comenzado a recorrerse mucho antes y que se antojaba imparable18. Cabría preguntarse entonces, cómo comenzó a andarse esa senda, de dónde salió el capital necesario, cuál era el origen de los grandes nombres que protagonizan los inicios del siglo XIX puertorriqueño y, sobre todo, dónde radicaba su poder. El de una elite que, llegado el momento, será capaz de moldear a su medida el orden colonial. Tal vez no toda la plata recibida se hubiese dilapidado, ni hubiera salido de la isla sin dejar poso alguno de provecho. Visto de manera convenientemente contextualizada, el caso puertorriqueño ni tan siquiera es tan excepcional, como ya hemos señalado antes. Empecemos por valorar en su justa medida el papel de San Juan como plaza militar. Porque puede que el XVIII sea en el Caribe el siglo del boom azucarero, pero tengamos presente que es un tiempo marcado, tanto o más, por la guerra y que en toda la centuria, sólo habrá una década, la de 1750, en la que España no ande metida en algún conflicto. En el siglo en el que el colonialismo europeo parecía querer reinventarse, cambiando sus designios de conquista anterior por la expansión comercial, el comercio resultó ser un acicate aún mayor para ir a la guerra19. Y entre la Guerra de Sucesión Española y las de independencia de las nuevas repúblicas americanas, más de cien años después, asistimos a una pelea feroz por el control de los territorios ultramarinos y las rutas comerciales. En este contexto, la región caribeña alcanza un protagonismo histórico indiscutible. Como zona de producción, 18 Trabajos pioneros en la desmitificación de la “Cédula de Gracias” son por ejemplo Scarano, Francisco A.: Sugar and slavery in Puerto Rico: The plantation economy of Ponce, 1800-1850, Madison, The University of Wisconsin Press, 1984, o Hernández Rodríguez, Pedro J.: Crecimiento por invitación: mecanismos oficiales, perfiles y huellas de la inmigración extranjera en Puerto Rico. 1800-33, Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico (Centro de Investigaciones Históricas), 1989. 19 Pagden, Anthony: Señores de todo el mundo. Ideologías del Imperio en España, Inglaterra y Francia (en los siglos XVI, XVII y XVIII), Barcelona, Ediciones Península, 1995, p. 228.
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sostiene la demanda europea de los que sin duda son los principales artículos de comercio a nivel mundial y, en torno a ella, se estructura todo un circuito comercial que abarca tres continentes. Su trascendencia dentro de la geopolítica de entonces es comprensible y durante décadas, la lucha alrededor del Caribe lo acaparará todo20. Ante semejante estado de cosas, la preocupación de la Corona por la defensa de sus posesiones americanas no dejará de crecer. Más, al comprobarse tras la Guerra de los Siete Años que el imperio era más vulnerable que nunca. A partir de entonces, la reorganización defensiva en Ultramar se convirtió en una prioridad de Estado durante el reinado de Carlos III y las partidas del Tesoro dedicadas al rubro militar vivieron una progresión constante, más allá incluso de lo que la prudencia hubiera aconsejado21. Mientras de un lado la Hacienda del rey procuraba incrementar sus ingresos, acometiendo reformas en su política fiscal y aumentando la presión sobre sus súbditos a lo largo y ancho de la Monarquía, en determinados rincones de la misma, sin embargo, se gastaba plata de manera más que pródiga en la construcción de fortificaciones, movilización de tropas y gastos de guerra en general. Se exprimían al máximo los recursos coloniales, pero mucha de la plata continental que en teoría debía fluir –y antes fluía– hasta la península ahora se quedaba, como ya hemos dicho, en las plazas fuertes del Caribe, donde llegaba cada año en forma de situados22. De hecho, hay quien incluso se plantea si detrás de toda la política de reformas que se acomete en la Monarquía entonces, las tan traídas reformas borbónicas, en realidad no se esconde sino la imperiosa necesidad de la Corona por incrementar sus ingresos, la misma querencia a la plata de siempre, con la que costear un papel de potencia imperial que ya comenzaba a quedarle demasiado grande23. 20 La geopolítica de entonces y sus implicaciones en los territorios del Caribe en Grafenstein, Johanna von: Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808. Revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales, México, UNAM, 1997. 21 Para el peso de lo militar dentro de los presupuestos de la Monarquía, Barbier, Jacques A. y Klein, Herbert S.: “Las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III”, Revista de Historia Económica, 3, Madrid, 1985, pp. 473-495 y Barbier, Jacques A. y Klein, Herbert S.: “Revolutionary Wars and Public Finances: The Madrid Treasury, 17841807”, Journal of Economic History, XLI-2, Baltimore, 1981, pp. 325-338. 22 Marichal, C. y Souto, M.: “Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century”, Hispanic American Historical Review, 74 (4), Durham, 1994, pp. 587-613. 23 Esta es la opción que se defiende por ejemplo en Delgado Ribas, Josep M.: Dinámicas imperiales (1650-1796), Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2007. Al respecto del debate suscitado
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Vistas las prioridades metropolitanas desde esta perspectiva, ni tan siquiera tendría mucha razón de ser la idea comúnmente aceptada de un Puerto Rico completamente marginal y olvidado a su suerte por la metrópoli, como ya señalara hace años Altagracia Ortiz24. La isla seguro que no era la colonia más rica ni rentable para la Corona, pero de ahí a que no estuviera más que presente en los planes de la Corte ya es mucho decir. Y de momento, los planes de la Corona tenían más que ver con la guerra que con las plantaciones. Tampoco, ni mucho menos, deberíamos subestimar lo que las remesas del situado suponen. Tengamos presente que estamos hablando de economías altamente desmonetizadas, donde la plata, y más amonedada, era un bien escaso, incluso en los grandes virreinatos mineros. Y lo que llegaba del otro lado del mar eran auténticas fortunas, literalmente toneladas de plata25. Es cierto que el dinero llegaba con unos fines definidos, para pagar el sueldo de la tropa, a los empleados y las obras defensivas. Pero eso no quita que se siguieran empleando en suelo puertorriqueño. Y como veremos, la plata no tardaba demasiado en pasar de las arcas de la Tesorería a los bolsillos de unos cuantos. Aunque no siempre lo hiciese discurriendo por los caminos más honrosos ni legales. Para algunos la guerra se convirtió en un lucrativo negocio. Y a medida que avanzaba el siglo XVIII, como ya dijimos, la guerra parecía inundarlo todo. La extraordinaria dimensión que el gasto militar y los situados alcanzaron durante la segunda mitad del siglo XVIII resultó, así, determinante en el ascenso al poder de un grupo de personajes que supieron aprovecharlo, comprendiendo la enorme oportunidad que suponía que su ciudad pasara a convertirse en pieza fundamental de los juegos de guerra que los imperios coloniales desarrollaban en el ámbito americano. En realidad, era toda la ciudad y su hinterland lo que terminaba por prosperar a la sombra de las fortificaciones caribeñas. por las supuestas intenciones de la Corona, Llombart, Vicente: “La política económica de Carlos III ¿Fiscalismo, cosmética o estímulo al crecimiento?”, Revista de Historia Económica, XII-1, Madrid, 1994, pp. 11-39. 24 Ortiz, Altagracia: Eighteenth-Century Reforms in the Caribbean. Miguel de Muesas, Governor of Puerto Rico, 1769-1776, Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 1983. 25 Sobre la falta de liquidez general en el período, Pérez Herrero, Pedro: “Plata y crédito en América durante el siglo XVIII (el control de la circulación interna de los metales preciosos y los instrumentos crediticios)”, en A. M. Bernal (ed.): Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, Madrid, Marcial Pons/Fundación ICO, 2000, pp. 525-534.
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Los costos militares aumentaron, lógicamente, por el clima bélico generalizado que se vive durante la segunda mitad del siglo, pero también por los cambios en las estrategias defensivas, cada vez más caras. Durante las guerras que se desarrollan entonces, la movilización de hombres en Ultramar alcanza cotas impensables al comenzar el siglo. Se amplían las guarniciones, se envían constantemente tropas de refuerzo desde la península y se reorganizan las milicias criollas para hacerlas más operativas26. La evolución del número de soldados acantonados en Puerto Rico es más que significativa. En 1732, la guarnición de San Juan era de 291 hombres27. En 1741 cuando se cree su Batallón Fijo, pasarán a ser 41528. Al terminar la Guerra de los Siete Años, en 1763, ya habían ascendido a 66329. En 1767, dos años después de que se acometiera la gran reforma llevada a cabo por O´Reilly, se habían duplicado y eran 1.32230. Nada, si los comparamos con los 2.720 hombres destinados en San Juan en 1776, en vísperas de la Guerra de Independencia de las Colonias Norteamericanas31. Conflicto que supone el cenit del proceso de militarización que se vive en el Caribe. Cifras que, además, no incluyen a los milicianos. Aunque en principio eran tropas auxiliares y sólo cobraban mientras estaban en pie de guerra, acabarán siendo un elemento fundamental en las estrategias defensivas de la Corona, empleados de manera cada vez más frecuente y, por tanto, una fuente más de gastos32. Aunque incomparable con lo que supondrá el nuevo plan de fortificaciones ideado para la isla. La caída en manos inglesas de La Habana y Manila en 1762, durante la Guerra de los Siete Años, había puesto en evidencia el sistema defensivo en Ultramar. Y una vez acabado el conflicto, desde la Corte se impone una reforma a conciencia del mismo. El mariscal 26 Kuethe, Allan: “Conflicto internacional, orden colonial y militarización”, en Enrique Tandeter (dir.): Historia General de América Latina, v. IV, París, UNESCO, 1999, pp. 325-348 y Marchena Fernández, Juan: Ejército y Milicias en el mundo colonial americano, Madrid, Mapfre, 1992. 27 Ruiz Gómez, Manuel: El ejército de los borbones: organización, uniformidad, divisas, armamento, tomo III, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1992, pp. 61-63. 28 AGI, Santo Domingo, 2500. 29 Idem. 30 AGI, Santo Domingo, 2502. 31 AGI, Santo Domingo, 2506A. 32 Un buen ejemplo de la importancia que las milicias acabaron teniendo pudiera ser que entre los poco más de cuatro mil defensores de San Juan en 1797, al menos dos mil trescientos fueron milicianos. Córdova: Memorias geográficas…, vol. III, pp. 109-113.
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Alejandro O´Reilly será el elegido para llevarlo a cabo. Se empezará por el Caribe, partirá hacia Cuba y de allí a Puerto Rico, a donde llega en 1765. Su misión era reorganizar las milicias americanas, depurar las guarniciones y bosquejar un nuevo plan de fortificaciones33. En lo referente a milicianos y soldados, el trabajo que esperaba a O´Reilly en la isla no era poco, pues encontró a la tropa en un estado lamentable34. Pero será la remodelación de las estructuras defensivas de San Juan su proyecto más ambicioso. También el que mayores implicaciones económicas tenga. Formó un ambicioso plan de obras que reforzaría los baluartes de la plaza y convertiría la ciudad en un recinto totalmente amurallado. La mayor parte de los trabajos los acapararían dos castillos, el de San Felipe del Morro, principal defensa de la plaza y su bahía, y el de San Cristóbal, que protegía la ciudad y sus comunicaciones con el resto de la isla35. Obviamente, llevar a cabo semejante proyecto requería de una generosa financiación y O´Reilly proponía junto con las medidas a tomar, los medios con que costearlas. Hasta entonces, el situado ordinario para tiempos de paz que se había estado enviando desde México durante los años cincuenta rondaba los ochenta mil pesos, a partir de aquel momento, a sugerencia del mariscal, se incluiría una partida extra de 100.000 pesos anuales36, que en 1772 pasarían a ser 150.000. Y todavía tres años después se volverían a incrementar hasta llegar a los 225.000 pesos anuales. Esta asignación estaría vigente hasta 178437. Con todo y eso, las murallas de San Juan parecían devorar cuanta plata llegaba a la ciudad y un poco más. Cuando se proyectaron, se calculó que levantar todas las obras planeadas costaría poco más de un millón trescientos mil pesos (1.317.790)38 y sin embargo, veinte años después de iniciadas, en 1785, lo gastado ya había pasado amplia33 Torres Ramírez, Bibiano: Alejandro O´Reilly en las Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, 1969. 34 Una descripción del panorama tan poco alentador que encontró al visitar la isla se puede leer en la carta que O´Reilly escribe al marqués de Grimaldi el 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez, Eugenio: Crónicas de Puerto Rico, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1969, pp. 262-269. 35 AGI, Santo Domingo, 2501: “Relación del actual estado de la Fortificación de San Juan de Puerto Rico; y de los reparos y aumentos que se consideran conducentes a la mejor defensa, y seguridad de esta importante plaza”, Puerto Rico, 20 de mayo de 1765. 36 AGI, Santo Domingo, 2501. 37 AGI, Santo Domingo, 2509. 38 AGI, Santo Domingo, 2506A: “Noticia de el principio, progreso, y estado actual de las Obras de Fortificación de esta Plaza, que con arreglo al proyecto aprobado por SM…”, 11 de mayo de 1776.
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mente de los dos millones (2.184.860)39. El fondo destinado en cajas para las obras acumuló deudas desde el inicio mismo de los trabajos y, en 1804, el monto acumulado de éstas ya rondaba el millón de pesos (991.895)40. Ante la magnitud de los gastos, no quedaba más salida que incrementar de manera paralela el valor de las remesas. Ya dijimos que a mediados de siglo se enviaban a la isla alrededor de ochenta mil pesos y que con las reformas propugnadas por O´Reilly esta cantidad se multiplicaría de manera más que considerable, por entonces subirían hasta rondar los trescientos mil. En los primeros años de la década de los setenta ya se acercan a los cuatrocientos cincuenta mil. Y durante la Guerra de Independencia Norteamericana habrá algún año en que se pase de los setecientos cincuenta mil. La progresión estaba siendo espectacular41. Pero ¿cómo revertía esa plata en la población? Es fácil imaginarse a toda una ciudad y sus alrededores esperando cada año a la llegada del situado. Los caudales remitidos desde México serán, durante siglos, prácticamente el único dinero metálico que circule en la isla. De los pesos mexicanos dependía el sueldo de la guarnición, de buena parte de los empleados civiles y hasta de la jerarquía eclesiástica, porque con los diezmos que se recaudaban en la isla no alcanzaba para completar las congruas del obispo y su Cabildo catedralicio. Además, eran necesarios para proseguir las obras o realizar los pagos debidos por la Caja. En ellos tenían sus esperanzas puestas quienes despachaban vituallas a los soldados y sus familias, los que suministraban materiales para la construcción o aquellos que simplemente negociaban adelantos en metálico a la Real Hacienda. Sólo contando con los soldados, ya tenemos al principal elemento poblacional de la ciudad directamente implicado. Grupo que en los momentos de máxima concentración de tropas en la plaza, en 1776, llegará a constituir por sí solo más del cuarenta por ciento de la población total de la ciudad, casi el cuatro en el conjunto global de la isla42. 39 AGI, Santo Domingo, 2510: Juan Dabán a José de Gálvez, 24 de enero de 1785. 40 Córdova: Memorias geográficas…, vol. III, p. 150. 41 Pacheco Díaz: Una estrategia imperial…, p. 37 42 En 1776, la guarnición de la plaza la componían: 2.720 hombres. AGI, Santo Domingo, 2509. Los datos de población que para ese mismo año ofrece Iñigo Abbad son: Población de San Juan: 6.605 almas; Total de la isla: 70.260. Esto significa un 41,18% respecto a la ciudad y el 3,8% para toda la isla (Abbad y Lasierra, Iñigo: Historia geográfica civil y natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, México, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1959, p. 153).
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Y que en la práctica implicaba un porcentaje bastante mayor, pues la mayoría de los hombres mantenían familia en Ultramar. Que un número tan alto de potenciales compradores contara con plata para pagar no dejaba de ser una gran oportunidad donde la moneda metálica brillaba por su ausencia. Y desde luego hubo quien supo aprovecharlo. El soldado cobraba en moneda de buena calidad, pero tarde. Ni las remesas con el situado eran siempre tan puntuales como debieran, ni los oficiales encargados de distribuir las pagas demasiado diligentes. Así que la tropa raramente se encontraba con sus sueldos al día y quedaba a merced de sus superiores y de los comerciantes de la ciudad, a quienes debía acudir en busca de adelantos con que mantenerse. Ni que decir tiene que los suministros así vendidos lo eran a unos precios abusivos y que cuando finalmente el soldado cobraba, la plata casi no paraba en sus manos y sólo servía para pagar las deudas contraídas43. En realidad, todo lo relacionado con los abastos en una plaza fuerte estaba sobredimensionado, dado el impresionante número de población pasiva que albergaba, y suponía tanto un engorro como una posibilidad enorme de hacer negocio. Proveer suministros generó suculentos beneficios y alrededor de actividades como la importación de harinas, se desarrollaron todo tipo de rivalidades y controversias, monopolios y abusos, entre lo más florido de las instituciones y personalidades de la colonia. En el caso de las harinas, por ejemplo, fue el mismo gobierno el que durante años se hizo cargo de las importaciones para garantizar su suministro, recurriendo a comerciantes de “confianza”, con los que se acordaba el abasto para un tiempo o unas cantidades determinadas, fijando o no de antemano el precio de venta de las harinas, según la contrata, y adelantando en bastantes ocasiones el dinero para las compras de la misma Caja Real. Podemos suponer los manejos en torno a semejantes contratos, respecto de un permiso cualquiera para la importación, pues en 1787 la Corona había resuelto que cesara la práctica anterior, pero seguía siendo necesaria la autorización de las 43 La Corona conocía de sobra estas prácticas porque abundaban las denuncias. Otra cosa era poder acabar con ellas, por mucho que se dictaran órdenes instando a mantener las pagas de los soldados al corriente. AGI, Santo Domingo, 2500. En cuanto a la provisión de suministros, se estimaba que los jefes se llevaban una comisión del diez o el quince por ciento de los géneros entregados a la tropa, eso en el caso de que no fueran los mismos oficiales los que se dedicaran directamente a abastecer a la tropa. Carta de Alejandro O´Reilly al marqués de Grimaldi, 20 de junio de 1765, en Fernández Méndez: Crónicas de Puerto Rico…, pp. 262-269.
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autoridades para realizar expediciones al extranjero o el desembarco de cualquier cargamento en San Juan. Porque claro, la mayoría de las harinas no se introducían según los cauces del comercio legal, sino que se compraban de los Estado Unidos o se buscaban en las islas extranjeras próximas44. Como fuere, había mucho que ganar en juego, algo que queda patente si ojeamos, por ejemplo, la nómina de implicados en la causa que se inicia en 1793 a cuenta de los abastos de harinas en la plaza y el tenor de las acusaciones que entre unos y otros se hacen. Digamos que están implicados y enfrentados entre sí, el gobernador interino, el intendente –interino también–, el administrador de la Real Factoría de Tabacos, el fiscal de Hacienda, los principales comerciantes de la ciudad y el Cabildo en pleno, aunque dividido, en torno a los dos bandos que se formaron. Y lo mejor es que nadie acaba bien parado, porque todos habían forzado la legalidad cuanto habían podido45. De igual modo, las interminables obras que se llevaban a cabo en la plaza eran otra inestimable fuente de negocios. Y no nos debe extrañar que desde la isla siempre se encontrara oportunidad para formar nuevos proyectos y enviarlos a la Corte para su estudio, incluso en los años de mayor necesidad y cuando la Hacienda estaba más apurada. Los castillos, especialmente el “Morro”, se remodelan una y otra vez, siempre había un lienzo de muralla que reparar, un baluarte que recomponer o infraestructuras que atender en la misma ciudad46. A tal grado debió de llegar el asunto, que desde la Corte se vieron obligados a apremiar a las autoridades puertorriqueñas para que no se alteraran los planes de obra en lo más mínimo, insistiendo en que los proyectos debían ser ejecutados tal y como habían sido aprobados47. Recordemos ahora, la exagerada deuda que el ramo de fortificaciones llega a tener. 44 De hecho, en la misma real orden en que se mandaba a las autoridades de la isla que cesara el monopolio que mantenían sobre las harinas, se les ordenaba que no permitiesen la introducción de harinas extranjeras “ni con el pretexto de necesidad” (Real orden de 11 de noviembre de 1787). Hay un expediente en torno al abasto de harinas, con sus antecedentes en el siglo XVIII, que forma Alejandro Ramírez en 1815. AGI, Ultramar, 465. 45 Podemos seguir el enfrentamiento a lo largo de las actas capitulares de San Juan correspondientes a los años 1793 y sobre todo 1794. Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico, v. 9, San Juan, Publicación Oficial del Gobierno de la Capital, 1949-78. 46 Podemos realizar un seguimiento de las constantes obras en Córdova: Memorias geográficas…, vol. III. 47 AGI, Santo Domingo, 2510: Real orden de 12 de octubre de 1770.
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Dedicarse a suministrar materiales para las fortificaciones debía ser de lo más rentable, toneladas de ladrillo y piedra se consumieron durante décadas de obras continuas. Pensemos que, por ejemplo, el abasto de ladrillos, que se realizaba mediante asientos acordados con las autoridades, estuvo durante años en manos de Pedro Vicente de la Torre, la cabeza visible de una de las familias más influyentes en la ciudad. De cómo se obtenían estas concesiones y los beneficios que acarreaba, nos habla, por ejemplo, un expediente de 1779, en el que el regidor José Dávila, que pertenecía, a su vez, a la única familia que posiblemente pudiera hacer sombra a los de la Torre, pleiteaba con éste, acusándolo de obtener el asiento de manera fraudulenta, gracias a sus influencias y obteniendo un trato de favor. Igualmente, le achacaba el inflar los precios a quienes vendía los materiales, con el consiguiente menoscabo de los intereses de la Hacienda del rey48. Uno acaba por tener la sensación de que todo aquel que en un momento u otro tenía contacto con aquella plata, sufría el irrefrenable impulso de especular con ella o apropiarse de parte. Y el caso es que nadie parecía resistir la tentación, porque aunque pudiese considerarse una tesis exagerada, en el día a día de la isla sucedían casos capaces de sonrojar a cualquiera. Aunque, obviamente, para el manejo del dinero existían reglas y había que seguir un cierto orden. Ni desde México se enviaban los situados alegremente, ni en la isla uno se apropiaba del dinero sin más. Para algo estaban las Cajas. Aunque otra cosa sea hablar de la labor de tesoreros y contadores. La Corona había dispuesto, además, mecanismos con los que controlar la gestión de las respectivas Hacienda locales, pero está claro que aquello no iba a ser suficiente. Más si el glose de las cuentas puertorriqueñas iba a depender de funcionarios tan “lejanos” como los del Tribunal de Cuentas de La Habana, que ni mucho menos iban a viajar todos los años a San Juan para revisar los libros y cuentas de aquella Caja49. Que en Puerto Rico Gobernación e Intendencia estuvieran uni48 AGI, Santo Domingo, 2508. 49 Sabemos que cuando se envió en 1799 a un contador desde La Habana para que revisara las cuentas de la isla, tras la investigación de un desfalco cometido unos años antes, estas llevaban sin revisarse desde 1786. Más grave aún es que, después de que se revisasen entonces, al menos hasta 1818 nadie volvería a inspeccionar los más de veinte años siguientes (AGI, Ultramar, 478: Comunicación reservada de Francisco Torralbo a Diego Gardoqui, 23 de agosto de 1794 y AGI, Ultramar, 434: “Expediente sobre lo representado por el intendente de la isla de Puerto Rico d. Juan Ventura de Morales acerca del desorden y trastorno general en que halló los ramos de Real Hacienda para cuyo arreglo no se encuentra con fuerzas por su avanzada edad y achaques…”).
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das tampoco ayudaba demasiado, la verdad, pues la figura del intendente, como funcionario independiente y fiscalizador, encargado de controlar la Hacienda y cuentas coloniales, quedaba vacía de valor50. El descontrol en las cuentas llegará a ser tal que en 1794, por ejemplo, se descubrió un desfalco en la Caja Real de casi cien mil pesos, perpetrado por el propio tesorero: Francisco Casado, casualmente uno de los más ricos propietarios del área de la capital. Las faltas correspondían principalmente a una data de 50.000 pesos a cuenta del situado de 1791, que se había extraído de las cajas sin oportuna justificación y sin saber su destino, y otros cuarenta y siete mil que el tesorero tampoco había reintegrado a las cajas, después de que se sacaran como adelanto para la compra de harinas en el extranjero51. Podemos imaginar lo escandaloso del caso, que deviene en un pleito que polariza y divide a la elite sanjuanera –una vez más–, y que finalmente debe resolverse en Madrid ante la irritación de la Corte. Tengamos presente, que en un año habían desaparecido casi cien mil pesos, y por entonces, todos los ingresos anuales de la Hacienda de la isla –incluidos situados– ni siquiera llegaban al millón52. La verdad es que a la vista de todo ello, las palabras del intendente interino Creagh, que había realizado las investigaciones del caso, parecen cargadas de razón cuando afirmaba que a la hora de administrar los asuntos económicos de la isla reinaban los abusos, los fraudes y las malversaciones, sin que pudieran remediarse53. El caso es que muchos habían sabido sacar tajada. Ni la isla ni San Juan eran las mismas desde el momento en que en 1765 la Corona había decidido revitalizar su papel como bastión militar. San Juan se 50 Gobernación e Intendencia sí recayeron en personas distintas durante un breve intervalo entre 1793 y 1795, en que ambos cargos se ocuparon de manera interina. No será hasta 1811 que las Cortes de Cádiz decidan separar ambos empleos de manera definitiva. Una de las quejas más ilustrativas respecto de lo que semejante situación suponía, la encontramos, precisamente, en una representación del diputado Ramón Power ante las Cortes: “La Real Hacienda tiene siempre abiertas sus arcas en Puerto Rico para pagar cuantos gastos se le antoja disponer al Gobernador ya sean de necesidad o de capricho. Como Jefe militar los dispone por sí, y como Intendente los manda pagar”. Ramón Power, 7 de abril de 1811. Caro, Aída: Ramón Power y Giralt: diputado puertorriqueño a las Cortes Generales y Extraordinarias de España, 1810-1812: compilación de documentos, San Juan de Puerto Rico, 1969, p. 177. 51 La documentación relativa al desfalco y su investigación en AGI, Ultramar, 478. 52 Los ingresos totales –incluidos situados– para esos años que da Pedro Tomás de Córdova, y que son lo más parecido a un corte de cajas que para entonces contamos, son los siguientes: 1790: 603.520; 1791: 858.784; 1792: 645.376; 1795: 818.324; 1796: 691.864. Córdova: Memorias geográficas…, vol. III, pp. 61, 62, 64 y 66. 53 AGI, Ultramar, 478: Juan Francisco Creagh a Diego Gardoqui dando cuenta del descubierto en las cajas, agosto de 1784.
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convirtió en un polo de atracción. Había dinero de sobra para gastar. La ciudad se llenó de soldados, operarios en busca de trabajo y gentes de todo tipo atraídas por la actividad frenética que a partir de aquellos años se iba a desarrollar. Entre 1765 y 1778 la población de la plaza pasa de 4.506 a 6.605 habitantes, sin contar los aproximadamente dos mil quinientos hombres que conformaban entonces su guarnición. Un aumento espectacular de más del 46 %54. Nuevos y prometedores negocios se vislumbraban en el horizonte. En Puerto Rico comenzará a consolidarse una vertiente de la economía colonial poco adelantada hasta entonces allí. Iba a pasar a convertirse en lo que Moreno Fraginals llamaba una colonia de servicios, orientada fundamentalmente al estamento militar y sus necesidades55. Si la elite sanjuanera había vivido hasta entonces enfocada exclusivamente hacia el campo, ahora iba a encontrar una excelente vía de financiación en los negocios que la plaza le brindaba56. Es más que revelador el repentino interés que desata desde entonces todo lo relacionado con las instituciones y la vida municipal. En lo que se llevaba de siglo y hasta 1765 –con la excepción de tres regimientos que se compran en 1720– los cargos capitulares se habían estado desempeñando por designación gubernamental57. Las principales familias de la capital se habían estado sucediendo en las funciones de gobierno de la ciudad, en lo que parece una alternancia bien concebida y mejor llevada. Sin necesidad de rematar los oficios, sin
54 Los datos de la población se obtienen de O´Reilly, 1765, y Abbad para 1778. “Recopilación general que manifiesta el número de habitantes…”, Alejandro O´Reilly, 1765, anexo a la Memoria formada por el mariscal durante su visita a la isla, en Tapia y Rivera, Alejandro: Biblioteca Histórica de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1945, p. 539 y Abbad y Lasierra: Historia geográfica…, p. 153. 55 Moreno Fraginals, Manuel: Cuba/España, España/Cuba, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 42-43. 56 Fernando Miyares, secretario de la Gobernación en Puerto Rico escribía en 1775: “En el referido año de mil setecientos sesenta y cinco, terminó la época miserable de esta isla, que en muchos tiempos estuvo constituida, pues es increíble el conocido aumento que ha tenido en todas sus partes debido a las crecidas entradas de caudales en reales arcas, que por situación corresponde su expendio anual a cuatrocientos ochenta y siete mil, ochocientos cincuenta y ocho pesos, siete reales. La circulación de éstos y demás proporciones que exige el mayor comercio dio fomento a varios vecinos que se aprovecharon del primer tiempo adquirir caudales, pues aunque no pasan de cuatro los sobresalientes, son muchos los de diez a veinte mil pesos…”. Miyares González, Fernando: Noticias particulares de la isla y plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1957, pp. 60-61. 57 Caro, Aída: El cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo XVIII, v. I, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965-74, p. 7.
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que elementos extraños viniesen a enturbiar una relativa paz58. Seguramente no había mucho en juego y eso estimulaba poco la ambición. Sin embargo, el mismo 1765 se remataron seis regimientos de golpe. Algo se debía intuir de lo que los nuevos tiempos iban a suponer para la plaza59. La prosperidad de la ciudad iba a estar asegurada desde entonces. Asegurada por las toneladas de plata que habían de llegar para pagar la nueva política defensiva de los Borbones y que, de un modo u otro, terminaría repercutiendo en los bolsillos de aquellos que consiguieran controlar la institución capitular y permanecer cercanos al poder. Desde entonces, comienza una encarnizada lucha por controlar el Cabildo, entre las elites asentadas y una serie de recién llegados que van haciendo fortuna, dándose el caso de que ni siquiera poseer el caudal suficiente con el que comprar un asiento dentro del ayuntamiento, fuera garantía suficiente de poderse hacer con él. En las actas del cabildo sobran los ejemplos al respecto60. Ser integrante del Cabildo se había convertido en algo apetecible y lo suficientemente rentable como para que aquellos que hasta hacía poco habían controlado la institución sin esfuerzo alguno, ahora 58 En las actas del cabildo que se conservan anteriores a 1765 no se aprecian grandes conflictos como los que luego acontecerán. Vemos que son casi siempre los mismos apellidos los que se van sucediendo un año tras otro. Si los cruzamos, además, con la lista de los principales hacendados de los alrededores de la ciudad para entonces, comprobaremos que en muchos casos suelen coincidir. Actas del Cabildo de San Juan…, v. 1-3. Una lista de los principales propietarios de San Juan en 1757 en Moscoso: Agricultura y sociedad…, p. 129. 59 Acta del cabildo de San Juan, 17 de marzo de 1765. 60 El primer ejemplo lo encontramos pronto, en 1768, cuando Antonio de Córdova, un antiguo militar natural de la península pretende entrar en el Cabildo. Córdova había hecho fortuna con el comercio y le debía de haber ido muy bien, porque unos años antes lo encontramos realizando un préstamo de 4.000 pesos a la Caja Real. AGI, Santo Domingo, 2501: “Relación de los méritos y servicios de Don Antonio de Córdova”, 30 de octubre de 1765. Méritos que no debieron valorar lo suficiente sus convecinos y futuribles compañeros de corporación, pues el resto de capitulares se negó a su admisión como regidor. El pleito sobre su idoneidad para desempeñar el cargo, que comenzó en ese verano, llegó a la Audiencia de Santo Domingo y no se resolverá hasta el mes de febrero de 1771. Bastantes años más tarde pasará un caso similar con otro peninsular, esta vez un recién llegado, Manuel Hernainz, que también pretendía acceder al Cabildo por la vía rápida del dinero. De hecho, había comprado su cargo rematándolo a un precio muy superior al corriente, en 1.500 pesos, todo un capital. Pero ni aun así, ni con el respaldo probado del mismísimo gobernador fue admitido en el ayuntamiento sin antes pleitear, una vez más, en la Audiencia vecina. La institución ganaba peso y sus integrantes comenzaban a ser conscientes de su posición y su fuerza, por lo que no se dejarán intimidar por cualquiera, fueran nuevos pretendientes a un sillón o los propios funcionarios llegados desde la metrópoli. El Cabildo no iba a admitir injerencias, como comprobaría Rafael Monserrate, auditor de guerra y por tanto segundo en el mando civil después del gobernador, que en 1780 hubo de librar su particular batalla contra el cuerpo capitular. Estos, entre otros casos, en Actas del Cabildo de San Juan…, v. 4-13.
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estuviesen dispuestos a dejar entrar a cualquiera. En las décadas siguientes, apellidos como de la Torre, Dávila, Power, etc. se hacen omnipresentes en las reuniones del ayuntamiento y pasan a controlar la vida de la ciudad. Porque si por algo era apetecible el ostentar un regimiento, era por lo mucho que se podía hacer y deshacer desde los sillones de la sala capitular, ya que ostentar un cargo municipal por sí mismo valía muy poco. A sentarse en el Cabildo aspiraban, sobre todo, aquellos que creían poder defender mejor la marcha de sus negocios desde la atalaya que el cargo les brindaba. Eso implicaba, claro, que los intereses de unos pocos desplazaran a los de la colectividad, pero así se gobernaban las villas desde antiguo, tampoco era una novedad61. Entre otras cosas, el ayuntamiento gestionaba los fondos municipales –mayores cuanto más crecía la ciudad–, entendía en lo concerniente a abastos o el reparto de tierras62. Y en todo ello había mucho que ganar. Administrar los fondos obtenidos por la tributación local, el remanente resultante una vez descontados los gastos municipales, otorgaba la capacidad de conceder créditos –el Cabildo estaba autorizado a ello– y aplazar pagos, en un contexto en el que contar con liquidez era una ventaja excepcional63. Los manejos habidos a 61 Molina Martínez, Miguel: El municipio en América. Aproximación a su desarrollo histórico, Granada, CEMCI, 1996. 62 Respecto a los repartos de tierra efectuados por el Cabildo hay que tener claro que para la teoría legal, una cosa era administrar las tierras comprendidas entre los bienes de propios, que perfectamente podían arrendarse o enajenarse como medio para incrementar los fondos municipales, y otra muy distinta conceder tierras más allá de la jurisdicción municipal, algo muy común en un lugar como Puerto Rico, donde sobraban las tierras vírgenes, pero que era una atribución que la villa se había atribuido por la fuerza de la costumbre sin que le correspondiese. 63 Los integrantes del ayuntamiento hacían uso discrecional de los fondos municipales para conceder censos y préstamos. En el juicio de residencia del gobernador Marcos Vergara, en 1770, encontramos el siguiente aviso: “…se les prohíbe a los capitulares que componen y en adelante compusieran dicho cabildo el que por ningún pretexto puedan dar a censo y tributos los caudales de rentas y propios, so la pena de responderlos, sin expresa licencia de su majestad (…) o del que en su nombre obtuviere el superior gobierno de esta isla”. En la misma sentencia, por ejemplo, se hacía referencia a 552 pesos que se habían prestado en 1768 a Tomás Pizarro, miembro entonces del Cabildo: “para sus repentinas urgencias”. Además, se advertía al mayordomo, Fernando Casado, que los pusiera en cobro sin dilación, pues, según parece, otra práctica común era que el Ayuntamiento luego no se aplicase con el celo debido en el cobro de las deudas. Anexo al acta del Cabildo de San Juan de 10 de enero de 1770. Más adelante se repetirán advertencias como estas, sin embargo, sería una práctica imposible de erradicar, e incluso los montos prestados irán aumentando con el paso del tiempo y a medida que las actividades plantadoras de los principales personajes de la capital iban siendo más caras de financiar. Así, por ejemplo, en 1802 encontramos a María Josefa Giralt, madre de los regidores José y Manuel Ángel Power, solicitando 2.000 pesos a censo (con un interés del 5%), “para fomentar la hacienda de Puerto Nuevo” (Acta del Cabildo de San Juan de 27 de septiembre de 1802). Cantidad que
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cuenta de los abastos ya los hemos visto. Y todo lo que tuviese que ver con la tierra alcanzará una importancia capital de aquel momento en adelante. Los tiempos en que ésta sobraba y el ganado campaba a sus anchas por los campos vírgenes, comenzaban a ser historia. El aumento demográfico, la colonización de nuevos espacios y la expansión de las actividades agrícolas incrementaban, y mucho, la presión sobre el suelo y su valor64. Desde mediados de siglo, el deslinde de hatos y los repartos de tierras figurarán de manera recurrente en los programas políticos del gobierno colonial. Ya no se trataba sólo de la ocupación sorda y a título particular de grupos de colonos por el interior de la isla. Empezando por los mismos alrededores de San Juan, lo que se pretendía era transformar la estructura misma del régimen de propiedad. De hecho, hasta muy avanzado el siglo XVIII, todavía, gran parte de las tierras de la isla seguía perteneciendo en teoría al rey o siendo de uso comunal. Para aquellos habitantes, conseguir los títulos legales sobre las tierras que ocupaban será una aspiración constante a lo largo del siglo. Aunque, de paso, y más allá de los repartimientos, lo que se estaba abriendo era paso a la posibilidad de negociar con las parcelas, dejando vía libre a la gran propiedad65. Contar con tierras y capital suficiente como para convertirlas en plantación era casi todo a lo que se podía aspirar entonces en la isla. Algunos pocos lo habían sabido conseguir. Los primeros, en el área de San Juan. Jugando con ventaja desde su posición privilegiada. Y lo cierto es que para cuando el siglo XVIII esté acabando, encontramos se le concede, igual que al escribano real, Manuel Acosta, que había pedido otros mil, también para fomentar una hacienda que tenía en el partido de Río Piedras (Acta del Cabildo de San Juan de 3 de noviembre de 1802). 64 Gil-Bermejo, Juana: Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1970; Moscoso: Agricultura y sociedad… 65 La importancia que se confería a la posesión de títulos de propiedad quedó clara durante la gestión del nuevo impuesto que debía servir para costear el armamento y vestuario de las milicias disciplinadas, en 1774. Cuando la Corona pida al Cabildo que le proponga el medio que estime más conveniente para pagar dicha exacción, se acaba conviniendo que lo más oportuno sería gravar las tierras de la isla con un moderado impuesto anual, a cambio de obtener cada usufructuario la propiedad de los campos que trabajaba (Actas del Cabildo de San Juan del 17 al 27 de octubre de 1774). El nuevo arbitrio se aprueba por real orden de 12 de junio de 1775 y paralelamente la Corona ordena que se comience un proceso de averiguaciones sobre la situación agropecuaria de Puerto Rico, con la intención de llevar a término la reforma agraria que desde mediados de siglo se había intentado tantas veces sin éxito. La real cédula de 14 de enero de 1778 establecería el modo en que esta debía llevarse a cabo y, curiosamente, de los repartos, así como de la concesión de los títulos de propiedad, se encargaba a Pedro Vicente de la Torre y un par de regidores de San Juan.
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a un grupo de personajes capitalinos llegando al cenit de su poder. Bien asentados en torno a los ámbitos de decisión, moviéndose perfectamente a través de los entresijos de la Administración. El siglo, que para el conjunto de la Monarquía supuestamente había significado la afirmación del poder real frente a las veleidades de sus súbditos americanos, en Puerto Rico había servido exactamente para todo lo contrario66. Aquellas últimas décadas habían vuelto a colocar a la isla dentro del mapa del imperio, superando la especie de ostracismo que viviera tiempo atrás. Aunque fuera de la manera más insospechada, de la mano de su misma función militar de siempre. De la plata que venía del otro lado del mar. Y posiblemente todos en la colonia tuviesen claro que ese estado de cosas no podía durar eternamente, que un día u otro, la que había sido fuente de su financiación se podía agotar. El régimen de situados se había vuelto con el tiempo cada vez más inestable. Pero incluso en esa situación, durante la lenta agonía del sistema, habrá quien lo sepa aprovechar, sacando más partido a las ganancias anteriormente obtenidas, acumulando aún más riqueza y mayor poder. Los situados, de por sí, ya eran un pago a posteriori de los gastos generados en la plaza. Y las distintas economías receptoras se habían ido adecuando a ello. Era frecuente –y rentable– ir adelantando suministros, por ejemplo, a quienes dependían de su llegada para cobrar sus sueldos. La misma Administración local había ido desarrollando una serie de mecanismos con que paliar un retraso mayor de lo habitual, un envío que llega con unos pocos miles de pesos de menos o simplemente un aumento imprevisto en lo gastado. Siempre se podía recurrir a la ayuda de la comunidad, donde no faltaba algún vecino dispuesto a conceder un préstamo con tal de ganar notoriedad y sacar algo de interés. Incluso si la escasez de caudales llegaba a un punto tal que no permitía a la Caja afrontar sus pagos, ni quedaba nadie dispuesto a prestar –aunque fuese de manera obligada–, todos aquellos que dependían de las asignaciones entregadas por ésta, recibían papeletas 66 David A. Brading hablaba de un período de “reconquista americana” y John Lynch de un “segundo imperio”, intentando hacer notar ambos los nuevos bríos con que la Corona se conducirá en las colonias a lo largo del siglo XVIII (Brading, David A.: Mineros y comerciantes en el México borbónico: (1763-1810), México, Fondo de Cultura Económica, México, 1975 y Lynch, John: La España del siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1991).
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que nominalmente hacían las veces de dinero y aseguraba de manera temporal la continuidad de una cierta economía monetaria, aun para las pequeñas transacciones diarias. Ahora bien, cualquier medida que se adoptara se basaba en la convicción de que el situado finalmente llegaría, y que cuando lo hiciese las cosas volverían a la normalidad. Los adelantos serían cobrados, los préstamos devueltos y las papeletas convertidas en plata. En el proceso, además, gracias al interés en los adelantos y a la especulación en los cambios plata/papel, se habrían generado ganancias suficientes como para pensar que había a quienes les resultaba rentable que muchos vivieran en la cuerda floja. Que el negocio más rentable en la colonia era contar con liquidez. No obstante, a medida que en las Cajas receptoras la dependencia respecto de los envíos se haga cada vez mayor, será más difícil poder cubrir su ausencia cuando estos no lleguen. Y lo peor no es que se requiriese de un mayor esfuerzo para contrarrestar la falta, sino que cada vez se requerirá de una manera más frecuente y además de un modo más prolongado. Hasta que las guerras de final de siglo prácticamente cerraron el Caribe a la navegación, los retrasos en las remesas se habían debido más a problemas puntuales en la logística de las expediciones que a cualquier otra cosa, y cuando se producían tampoco se tardaba demasiado en volver a la normalidad. La supuesta regularidad en los envíos era fundamental, porque en las plazas de destino todo se fiaba a ella. Sin embargo, con la Guerra de Independencia Norteamericana, el panorama había comenzado a cambiar y con la sucesión de conflictos que se encadenan luego, casi sin solución de continuidad, todavía tenía que empeorar mucho más. Había más necesidad que nunca del dinero que llegaba de fuera y menos posibilidades que de costumbre de contar con él. Las Haciendas receptoras van paulatinamente perdiendo margen de respuesta y una alteración que no debería pasar de lo puntual, de ser una crisis coyuntural, duradera mientras se desarrollan los conflictos, acaba instalada de manera permanente en el día a día de plazas como San Juan. En un estado de beligerancia casi permanente, el déficit de las Tesorerías pasó a ser habitual, porque ya no había ocasión para recuperarse. El flujo de la plata se corta y la Caja puertorriqueña se ve obligada a “empeñarse”, con una deuda que engorda a medida que va desarrollándose el conflicto y aun cuando éste acaba, en espera de
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que se restableciera la rutina en los envíos, se abonaran los atrasos o se reintegraran los gastos hechos de más. Una posibilidad que llegado el tiempo y por momentos, parecía que nunca se terminaba de concretar67. Así, a comienzos del siglo XIX, la viabilidad de Puerto Rico como colonia estaba en entredicho. En la Caja no había dinero con el que hacer frente a los indispensables gastos que el aparato colonial generaba. La Hacienda del rey no alcanzaba a recaudar en Puerto Rico tanto como el mantenimiento de aquella tropa y defensas costaba. Y la Tesorería vivía de los préstamos, los adelantos sobre recaudaciones futuras y hasta de alguna que otra suscripción popular hecha a modo de donativo. O sea, estaba en manos de los propios vecinos. Por lo que, de paso, estaban quedando al descubierto los precarios equilibrios que sustentaban la autoridad metropolitana en aquel lugar68. A lo largo de los años, mientras los situados alcanzaban proporciones extraordinarias y San Juan se transformaba al ritmo de la plata que llegaba, toda una red de intereses se había ido entretejiendo en torno a los engranajes del Estado, condicionando su funcionamiento, mediatizando el supuesto control que desde la península se pretendía ahora más fuerte. Muchos habían edificado su prosperidad a costa de los dineros del rey y, antes de que los situados desaparecieran del todo, todavía aprovecharán las debilidades financieras de la Corona para afianzar su situación y sus negocios aún más. Su liquidez era más necesaria que nunca para la financiación del Estado, e intentarán sacar a cambio –además de los puros réditos de capital– cuanta ventaja pudiesen por su contribución, a sabiendas, además, de que el “crédito” de la Hacienda Real caía en picado por días. 67 La guerra que para España comienza en 1779 será, a estos efectos, dañina como ninguna otra lo había sido. En 1785, año y medio después de que se hubiera firmado la paz, se forma en Puerto Rico la cuenta del estado en que había quedado aquella Caja tras la contienda. Entre el verano de 1779 y la primavera de aquel mismo 1785, se había acumulado una deuda de 994.459 pesos (Córdova: Memorias geográficas…, vol. III, p. 52). Pero lo peor es que mucho tiempo después de que hubiese llegado la paz, las luces de alarma iban a seguir encendidas en la Hacienda local. Las papeletas que había sido necesario poner en circulación en 1781, no terminaron de ser recogidas hasta siete años después, porque con las cantidades que llegaban de fuera no daba para retirarlas (AGI, Ultramar, 478: “Representación del Ayuntamiento de Puerto Rico sobre los perjuicios de la circulación de la moneda provisional de papeletas”, 23 de enero de 1787). 68 La crisis de la Hacienda puertorriqueña de 1812, sus antecedentes y desarrollo, la emisión de papeletas de entonces y la gestión al respecto del nuevo intendente recién llegado en González Vales, Luis E.: Alejandro Ramírez y su tiempo: ensayos de historia económica e institucional, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1978.
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De hecho, cada vez se hacía más difícil recuperar los adelantos y préstamos hechos a la Tesorería. Directamente ya se estaban solicitando aportaciones a título de donación, sin promesa alguna de devolver lo recibido. La confianza en que, tras un retraso, las remesas siempre terminarían llegando comenzaba a quebrarse, e incluso aunque algún dinero llegara, esto ya no era garantía para que se reintegrara lo adelantado o se cobrasen las deudas. Pero el apoyo a la “causa” del imperio seguía sin ser gratuito, aquellos que en cierto modo estaban sosteniendo al Estado de algún modo tendrían que cobrárselo y su presión en varios frentes a lo largo de estos años es crucial. La permisividad con que se desenvuelve el comercio puertorriqueño durante todo este tiempo seguramente sea significativa. Con la coartada de una necesidad imperante o sin ella, el caso es que las autoridades de San Juan se saltaban sistemáticamente las leyes comerciales de la península. Dependían de comerciantes y plantadores más que nunca, de sus capitales, más bien, y poco importaban las restricciones legales o las reconvenciones expresas hechas a aquel gobierno por la Corona, ordenando que cesaran de inmediato las expediciones comerciales a las islas vecinas69. La elite sanjuanera llevaba años sosteniendo económicamente el aparato colonial en la isla y de ella iba a depender en buena medida que el dominio español en la isla continuase, más que por la debida fidelidad política, por la pura provisión de ingresos con los que hacer aquella colonia rentable. Ahora que los situados pasaban a ser historia, la Corona necesitaba reformar a fondo el sistema tributario en Puerto Rico. Las elites puertorriqueñas, que ya habían acaparado durante el siglo anterior tierras y capital, lo que anhelaban, por su parte, es que sus relaciones comerciales con el extranjero por fin se reconociesen como legales. De ahí a que el intendente Alejandro Ramírez consiguiese a partir de 1813 multiplicar lo recaudado con los ramos internos y a que se promulgase la real cédula de 1815, ya sólo quedaba un paso, estuviesen ambas circunstancias relacionadas o no. 69 A principios de enero de 1801, una junta de Hacienda había acordado en la isla conceder licencias a los vecinos para que temporalmente pudiesen pasar a las colonias extranjeras neutrales, llevando sus cosechas y productos, a cambio de retornar con cargamentos de víveres (AGI, Santo Domingo, 2319: junta de Real Hacienda de 9 de enero de 1801). Ese mismo verano comenzarán a llegar las recriminaciones de la Corte, a las que se hará caso omiso (AGI, Santo Domingo, 2319: junta de Real Hacienda de 23 de julio de 1801). Y hasta donde sabemos, los apremios desde Madrid se sucederán a lo largo de 1804, 1805, 1806 y 1807 (Gutiérrez del Arroyo, Isabel: El Reformismo Ilustrado en Puerto Rico, México, El Colegio de México, 1953, p. 66).
GUERRA Y PROPAGANDA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES: 1770-1821. DE LOS ANTECEDENTES INDEPENDENTISTAS AL CONSTITUCIONALISMO GADITANO1 Inmaculada Simón Ruiz Universidad de Alcalá, España [email protected]
Introducción La ciudad de Puebla de los Ángeles se ubica en un punto central en el camino de Veracruz a la capital mexicana y desde su fundación destaca su carácter comercial y de cruce de caminos. Tradicionalmente se ha caracterizado por el predomino de los españoles sobre el resto de la población y por el poder de la Iglesia. Pero las Reformas Borbónicas vinieron a desestabilizar dicho sistema. Por un lado la reforma militar del último tercio del siglo XVIIII y, por el otro, las leyes de Consolidación de Vales Reales de 1805 vinieron a trastocar el sistema dominante desde el siglo XVI. La introducción del liberalismo, del sistema electivo, de la libertad de imprenta y la situación bélica en España y en Nueva España favorecieron la participación popular y pusieron las bases para la creación de la opinión pública. Lo que nos interesa ver en estas páginas es cuál fue la reacción de los poderes locales a estos cambios. Cómo se vivió la reforma militar y cómo reaccionó la Iglesia a la intromisión del gobierno en sus finanzas. Partiendo de la base de que las reformas borbónicas contribuyeron a crear un clima hostil en la ciudad, demostraremos en estas páginas cómo dichas hostilidades se vieron alimentadas desde el interior por las propias instituciones locales de gobierno en un esfuerzo 1 Este trabajo forma parte del proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía “AndalucíaAmérica Latina: intercambios y transferencias culturales” (HUM 03215) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía), siendo cofinanciado por los fondos FEDER.
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por aprovechar el cambio en su propio beneficio. La presión fiscal de la metrópoli para sufragar los gastos de sus guerras en Europa y en la propia península, pasó factura al sistema y los patriotas afincados en Puebla comenzaron a poner precio a su apoyo. Cuando la Guerra de Independencia llegó a los valles de Puebla los problemas económicos aumentaron y las tensiones se dirimieron en las calles. La Constitución de Cádiz y los procesos electorales emprendidos para la designación de diputados y de regidores y alcaldes colaboraron en el desarrollo de la opinión pública pero no menos lo hicieron las fuerzas armadas y la Iglesia, que se esforzaron por hacer publicidad de sus ideas a través de diversos mecanismos de propagación, algunos propios del Antiguo Régimen y otros nacidos con el liberalismo. Militarización de la política y politización de la milicia En la década de los 70 del siglo XVIII, Nueva España inició una reforma militar que terminaría condicionando el propio sistema colonial2. Hasta entonces, los únicos regimientos localizados en las colonias habían estado constituidos por peninsulares del ejército regular pero a partir de esas fechas se organizaron las primeras milicias provinciales que abrieron nuevas posibilidades de ascenso y participación en la vida social y política a criollos y mestizos. Estos últimos habían alcanzado en 1767 el derecho a gozar de fuero militar, con lo que quedaron liberados de la obligación de tener que pagar tributo. Poco a poco fueron teniendo acceso a los grados militares inferiores y en los criterios para conseguir los ascensos fue adquiriendo importancia el status social frente al racial3. Primero se buscó mantener separados el poder político y el militar para evitar el fortalecimiento de los grupos locales, pero pronto las necesidades económicas de la Corona, aumentadas con el estallido de la guerra con Francia en 1793, obligaron al gobierno a hacer diversas concesiones a los civiles que querían acceder (o controlar de alguna manera el acceso) a las fuerzas armadas. Fue sobre todo entre 1794 y 1798, durante el go2 Archer, Christian I.: El ejército en el México borbónico: 1760-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1983; Velázquez, Carmen: El estado de guerra en Nueva España: 17601808, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. 3 Kahle, Günter: El ejército y la formación del Estado en los comienzos de la Independencia de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. En este libro, Kahle viene a demostrar que la mejora de la situación sociopolítica de los mestizos se inicia a finales de la Colonia, no con la Independencia.
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bierno del virrey Branciforte, cuando los cabildos mexicanos lograron involucrarse cada vez más en la vida militar mediante comisiones y privilegios concedidos por el virrey. Si en un principio las familias poderosas, entusiasmadas por las prerrogativas ofrecidas por las recién reformadas fuerzas armadas, habían relegado a segundo término la política y el desempeño de cargos civiles en los cabildos locales, pronto cambiaron de opinión cuando descubrieron la forma de politizar a las milicias mediante dos estrategias que estuvieron íntimamente ligadas: la participación del Cabildo en la designación de los oficiales y el mantenimiento de las fuerzas armadas locales y de las foráneas que estuvieran en tránsito por la ciudad4. En Puebla no fue menor el interés demostrado por estas familias en la colocación de sus hijos en estas asociaciones militares que no sólo daban prestigio sino también garantías como la exención de peaje y de la obligación de ocupar cargos públicos, así como la imposibilidad de ser detenidos por deudas o sufrir embargos. Por si fuera poco, a cambio de todos estos privilegios, y a diferencia de lo que ocurría con los soldados regulares, a los provinciales no se les exigían apenas responsabilidades pues ni siquiera vivían acuartelados. Las obligaciones militares se limitaban a contribuir con cierta cantidad de dinero inicial antes de entrar en el cuerpo5, a vestir uniforme y realizar algún que otro desfile cuando la ocasión lo requería. Uniforme y desfile eran cosas que daban prestigio antes que suponer una obligación o una molestia. Tanto es así que no era infrecuente encontrar vendedores despachando en sus tiendas vestidos de oficiales. A tal punto se convirtió en un lujo alistarse en los diferentes cuerpos, que se produjo una verdadera inflación de oficiales de manera que había regimientos que apenas si contaban con tropas6 mientras que no faltaban los oficiales. 4 Hamnet, Brian R.: Raíces de la insurgencia en México. Historia regional, 1750-1824, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. Su antecesor, el conde de Revillagigedo, había sido partidario de evitar en lo posible la intervención civil en la toma de decisiones de los militares. Más militarista que él fue Félix María Calleja, quien en 1818 solicitó al gobierno español que el gobierno civil pasara a manos de los intendentes militares. Su propuesta fue rechazada (Anna, Timothy: La caída del gobierno español en la ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1981). 5 6.500 pesos el de capitán, 3.000 el de teniente y 2.000 el de subteniente en el ejército regular según las tarifas impuestas por el ministro de Indias, Valdés (citado por Vega Juanino, Josefa: La institución militar en Michoacán durante el último cuarto del siglo XVIII, México, Colegio de Michoacán, 1986). Para las milicias no regulares no había precios estipulados y se estudiaban los “donativos voluntarios” con los que los candidatos se comprometían a colaborar en caso de ser designados. 6 En ocasiones, el Ayuntamiento de Puebla era alertado de fraude al indicarle algún vecino que estaba pagando por arrendamiento de cuarteles fuera de la ciudad que no estaban ocupados
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Como ya hemos señalado antes, en un principio esto –unido a la crisis económica que afectaba a los cabildos y al mayor control financiero por parte del gobierno central– desacreditó los oficios concejiles entre las aspiraciones de la elite hasta tal punto que el Cabildo poblano, como la mayoría de los cabildos coloniales7, comenzó a encontrar importantes dificultades para completar las vacantes que iban quedando por muerte o renuncia de los antiguos regidores. La falta de demanda venía a desvalorizar aún más los cargos al tiempo que contribuía a aumentar el desinterés de los posibles candidatos que, dada la escasez de miembros, se amilanaban ante la cantidad de funciones que se concentraban en el reducido número de regidores. Teniendo en cuenta que, además, la llegada de Manuel de Flon a la Intendencia de Puebla en 1786 supuso una multiplicación de actividades en el Cabildo8, es comprensible que cada vez se hiciera más difícil completar el cupo de regidores, alcaldes y síndicos exigidos por las ordenanzas para completar el Ayuntamiento. Para compensar esta situación9 y alentar el interés por los cargos civiles, el virrey Branciforte concedió al Cabildo el derecho a designar por soldado alguno (Archivo del Ayuntamiento de Puebla, en adelante AAP, Libro de Cabildo –en adelante LC– núm. 80, 1811, f. 138). 7 Para el caso del Ayuntamiento de Lima, véase Lohmann Villena, Guillermo: Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1983; Fisher, John: “The Intendant System and the Cabildos of Peru, 1784-1810”, en Hispanic American Historical Review, en adelante HAHR, 49-3, 1969, y Moore, J. P.: The Cabildo in Peru under the Bourbons. A Study in the Decline and Resurgence of Local Government in the Audience of Lima, Durham, Duke University Press, 1966. En todo el virreinato de la Plata ocurrió lo mismo según John Lynch (“Intendants and Cabildos in the Viceroyalty of La Plata, 1782-1810”, HAHR, 35-3, 1955); José de Gálvez denunciaba esta situación en el Cabildo de Guadalajara y ocurría algo similar en San Luís Potosí. Sin embargo, hubo otros cabildos en los que el interés permaneció vivo y fue motivo continuo de enfrentamientos entre criollos y peninsulares. Éste es el caso de Cusco según la investigación de Víctor Peralta (“Elecciones, constitucionalismo y revolución en el Cusco, 1809-1815” en Carlos Malamud (ed.): Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, vol. 1, Madrid, Papeles de trabajo del Instituto Ortega y Gasset, 1995) y del de Guatemala como se desprende de las quejas que recibió al respecto su diputado en las Cortes (Pantoja, David y García Laguardia, Jorge Mario: Tres documentos constitucionales en la América española preindependiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1997). En México es similar a la situación existente en el Cabildo capitalino y en el de Mérida (Martínez Ortega, Ana Isabel: Estructura y configuración socioeconómica de los cabildos de Yucatán en el siglo XVIII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993). 8 Durante su gobierno se emprendieron numerosas reformas de corte ilustrado en policía, obras públicas y control de los barrios de donde, según Lucas Alamán, logró erradicar las guerras que organizaban casi todos los domingos (Alamán, Lucas: Historia de México. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, Libros del Bachiller Sansón Carrasco, 1985). Todo esto supuso mayor actividad para el Cabildo en general y para los encargados de las comisiones en particular. 9 Lo que viene a evidenciar que no se podía pretender aplicar las Reformas borbónicas sin contar con la colaboración de las fuerzas locales.
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ternas de oficiales previa presentación de las hojas de servicios de los más idóneos según la opinión de sus superiores militares, si bien la decisión final la tomaba el virrey teniendo en cuenta el dictamen del Ayuntamiento revisado por el intendente. Y aunque, teóricamente, la idoneidad de los candidatos se debía valorar siguiendo unos criterios muy estrictos (edad, antigüedad –tanto en el ejercicio militar como en su desempeño dentro de la región–, arraigo –esto es, recursos propios y vínculos familiares–, hidalguía y pertenencia a la tierra, buena hoja de servicios y residencia en el lugar donde se radicaría el regimiento), la intervención del Ayuntamiento a partir de entonces hizo que en la práctica las cosas no fueran así. De esta manera, el Ayuntamiento supo sacar provecho de dicho privilegio y aumentar el control sobre la política local; de esta manera, en la Puebla de principios del siglo XIX la situación era muy similar a la de otros lugares como Michoacán, donde “la mayor parte de los miembros del Cabildo o eran oficiales milicianos o habían utilizado su cargo municipal para proporcionar el grado de oficial de las milicias a algún familiar o amigo”10. A pesar de todo, no se puede hablar de una connivencia absoluta entre militares y Cabildo puesto que cada grupo luchaba por defender a sus candidatos y con frecuencia recurrían ante el intendente (como jefe militar y político) en sus reclamaciones. El Cabildo solía protestar contra las ternas que los responsables de los regimientos les enviaban para cubrir las vacantes acusándolos de no respetar los criterios establecidos como prioritarios. Valga como ejemplo un caso muy ilustrativo al respecto en cuanto que define la práctica de los nombramientos y los pleitos que se derivaban. En él está involucrado, además, un personaje, Patricio Furlong, que llegó a ser clave en la vida política y económica del Ayuntamiento y de la ciudad, en el desarrollo regional, en la Diputación y el Congreso del Estado de Puebla. Patricio Furlong era el candidato defendido por el Ayuntamiento junto a Ponce de León (quien también tuvo larga vida en el Ayuntamiento local) para un ascenso frente a los presentados por el comandante del Regimiento de Infantería Provincial de Puebla, que carecían de recursos así como de relaciones personales más allá de ser favoritos del comandante en cuestión. En el informe realizado por los miembros del Ayuntamiento de Puebla vemos como éste se resistía a aceptar entre la oficialía a “paniaguados” de un oficial cuyos méritos eran ajenos a los que siem10 Vega Juanino, J.: La institución militar…, p. 62.
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pre se habían considerado propios de la alta sociedad. Ponce, por el contrario, era más digno para el cargo según la opinión del Cabildo pues era hijo del administrador de correos. Y lo mismo ocurría con Furlong, que lo era de un capitán y de una mujer rica “dueña y señora de varias fincas rústicas y urbanas”. El primero era, además, abogado y el segundo comerciante. Otro mérito a su favor era que ambos eran “hijos de la tierra”, hecho fundamental si se tiene en cuenta que el Regimiento estaba constituido por poblanos, sus cuarteles los pagaban los “propios de la ciudad, sus talleres sufrían la falta de mano de obra cuando se procedía al reclutamiento”11 y todo el Regimiento había sido vestido y armado por el Cabildo. Finalmente, el intendente le dio la razón al Cabildo. Y es que si en un principio pareció que los militares estaban fortaleciendo su poder a costa de los civiles, la participación masiva de capitales de las familias tradicionales podía más que los intentos de militarización. A tal punto llegó a ser importante la opinión del Cabildo a finales del XVIII y principios del XIX que candidaturas como las de los hijos del propio intendente Manuel Flon tuvieron que ser presentadas por escrito y formalmente como las demás en espera de la aceptación de la corporación12. Oficialmente, los méritos presentados por los candidatos eran los exigidos por la ley y, además, se consideraba especialmente (según se deduce de las solicitudes hechas en aquellos años y conservadas en los Libros de Cabildo) la relación patrilineal con otros altos oficiales del ejército. Pero, como señala Liehr, algunos candidatos se comprometían con el Ayuntamiento a mejorar el equipo de sus futuras unidades mediante importantes donativos en caso de obtener los cargos, si bien a causa del “intenso control de los comandantes del Regimiento, del inspector general, no así del virrey, era mínima la posibilidad de los regidores de adjudicarse o adjudicarle a sus parientes y amigos sin la aptitud necesaria13 los ambicionados cargos”14. Lo cual viene a querer decir que ante dos candidatos poblanos con experiencia militar similar y recursos económicos suficientes, el Cabildo se decantaba por el que ofreciera más dinero y estuviera mejor relacionado en la ciudad. 11 AAP, LC, núm. 79, 1810, ff. 251-270. 12 AAP, LC, núm. 77, 1808, ff. 215 y 235. 13 El subrayado es mío. 14 Liehr, Reinhard: Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, 2 vols., México, SepSetentas, 1971, vol. 2, pág. 86.
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El Ayuntamiento recibió también los dudosos privilegios de correr con los gastos de alojamiento de los cuerpos de regulares radicados dentro de su jurisdicción (así como a aquellos que estuvieran de paso15) y el reclutamiento por medio de la leva. Aunque para cubrir esas obligaciones tuvieron que enfrentarse a ciertos sectores acomodados de la población que se resistían a alojar a los oficiales, pronto supieron sacar pingües beneficios en la contratación de edificios para alojar a las tropas y en el suministro de intendencia. En cuanto a la leva, la falta de censos adecuados obligó al Ayuntamiento a recurrir a los jefes de los gremios para reclutar a sus trabajadores así como a los capataces de las haciendas, creando a un tipo de intermediario que más adelante tuvo importantes repercusiones en la política local. A pesar de las dificultades que presentaba, el mantenimiento de los cuerpos supuso en un primer momento una revolución en las tradicionales relaciones entre el ejército y el poder civil ya que sirvió como mecanismo para que el Ayuntamiento de Puebla lograse un cuerpo militar completamente independiente del de Tlaxcala, siguiendo la misma lógica que daría lugar a la organización de los actuales estados. Otra vez la guerra con Francia fue la oportunidad aprovechada por el Ayuntamiento poblano para lograr un cuerpo militar autónomo, cuya oficialidad quedaría reservada únicamente para la elite poblana vedando su paso a la tlaxcalteca. Ante las nuevas demandas de apoyo económico realizadas por la Corona, el Ayuntamiento aprovechó para ofrecer a Branciforte la formación por su cuenta y riesgo de un Regimiento de infantería de milicia provincial que se uniría al Batallón del “Regimiento de Infantería de la Milicia Provincial de Tlaxcala y Puebla” y que así pasaría a ser exclusivamente poblano. Obviamente, se trataba de una estrategia para evitar que en el nombramiento del coronel y comandante del Regimiento tuvieran parte los regidores de Tlaxcala y, en consecuencia, que pudiera ser designado alguien que no fuera “natural del país”16. Una vez concedida la autorización por parte del virrey, el Ayuntamiento estableció el Batallón, pero después logró librarse de la responsabilidad de correr siempre con todos los gastos alegando que cuando hicieron la oferta no habían señalado durante cuánto tiempo se ocuparían de ellos. Así, después de mantener al Regimiento durante un año, devolvieron a la Real Administración 15 Únicamente quedó fuera de su cargo el Regimiento del Comercio que estaba mantenido por comerciantes y tenderos. 16 Esto es, poblano, no tlaxcalteca.
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de Finanzas la obligación de cubrir los gastos de uniformes y armamento, sin que ello supusiera que el Regimiento poblano tuviera que unirse de nuevo al de Tlaxcala. Las continuas exacciones a que se veía sometido el Ayuntamiento por parte de la Corona para costear las guerras europeas hacía imposible el mantenimiento de fuerzas permanentes de soldados y oficiales sin contar con el apoyo financiero de los más pudientes. Fue entonces cuando se recurrió a la tradición para obligar a los pobladores a alojar y alimentar a los oficiales en sus casas, al tiempo que se autorizó a los ejércitos a requisar ganado y cosechas para el avituallamiento de los soldados. A lo largo de esos años son continuas las denuncias que por este motivo presentan algunos ciudadanos, que sienten que dichas obligaciones siempre recaen sobre los mismos. Lógicamente, no se podía exigir a la población más pobre que alojara a los oficiales en sus casas, entre otras cosas porque carecían de las comodidades a que estos estaban acostumbrados. Por tanto, los seleccionados solían ser habitantes del barrio del Sagrario que no tenían otras obligaciones militares y que contaban con suficiente caudal como para responder a la manutención de los oficiales de paso. Estos solían quedarse demasiado tiempo puesto que no había suficientes hogares como para proceder al relevo. Los propietarios de las casas escogidas protestaban, además, por las malas influencias que estos oficiales ejercían sobre sus familias por sus “costumbres licenciosas” y el peligro que suponía tenerlos en casa debido a su tendencia a enfrentarse con oficiales de otros batallones. Los soldados eran un auténtico medio de propaganda. Como relata un periódico de la época, era frecuente encontrar en las calles corrillos “formados por un grupo de cinco o seis señoritos reunidos en torno a un universitario, y entre los cuales se encuentra un militar en los banquillos del Portal”17. Ante estas quejas, el Ayuntamiento hacía oídos sordos y recomendaba paciencia y patriotismo a los afectados, incapaz de encontrar una solución alternativa, contribuyendo así a alentar la desconfianza de un importante sector de la población hacia la institución. 17 Colmena de las Abejas, núm. 1, 21 de mayo de 1821. La cita ha sido tomada de Coudart, Laurence: “Difusión y lectura de la prensa: el ejemplo poblano (1820-1850)” en Suárez de la Torre, Laura (coord.) y Castro, Miguel Ángel (ed.): Empresa y cultura en tinta y papel (18001860), México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 343-356.
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Además, la presencia de las tropas en la ciudad era causa de la inflación de los precios en perjuicio de los consumidores y provecho de los comerciantes. Por otra parte, el vínculo de algunos comerciantes con los militares se veía favorecido, también, por el fuero militar. Gracias a él, los militares se dedicaban al contrabando cuando no utilizaban su cargo, especialmente en época de guerra, para perjudicar a otros comerciantes bajo el pretexto de vigilar la circulación de las recuas, incautando o maltratando las mercancías o requisando las mulas necesarias para el transporte18. Estos altercados aumentaron a partir del estallido de la guerra de Independencia en 1810, cuando la movilización de las tropas se convirtió en necesidad cotidiana. Los continuos saqueos a que se vieron sometidas las haciendas y ranchos no se limitaron al bando de los insurgentes sino que estuvieron a menudo protagonizados por los ejércitos con la anuencia del Cabildo que no pudo hacer nada por evitarlo. Tanto los insurgentes como los patriotas se limitaron a extender pagarés a los propietarios por el valor de lo requisado mientras el gobierno era incapaz de cubrirlos. Se confiscaba carne de res y de cerdo pero también el maíz y el trigo necesarios para mantener al ganado; se requisaban mulas para el transporte y con ellas desaparecía la fuerza animal necesaria para mantener en activo los molinos y las haciendas. Sin cerdo y sin grano, la industria del jabón también entró en decadencia. Únicamente la industria textil se vio beneficiada por la fabricación de uniformes para las tropas; no obstante, los reclamos de los industriales y sastres para cobrar sus facturas también estuvieron a la orden del día19. El Ayuntamiento no daba abasto a tanta demanda y por si fuera poco se sentía incapaz de responder en la alhóndiga a las necesidades de una población afectada por el desempleo, el hambre y la guerra. Toda esta población de desplazados creada por la crisis y por la guerra era, junto con los presos comunes, “carne de cañón” para los ejércitos, susceptible de ser reclutada por uno u otro bando. Concre18 Algunos oficiales realistas fueron acusados de prolongar deliberadamente la guerra por los enormes beneficios que estaban obteniendo (Flores Caballero, Romeo: La contrarrevolución en la Independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México, El Colegio de México, 1973). Igualmente sacaron provecho los oficiales insurgentes (Olveda, Jaime: La oligarquía de Guadalajara, México, Conaculta, 1991). 19 El propio intendente llegó a intervenir amenazando con embargar los propios del Ayuntamiento si éste no pagaba la deuda de 8.500 pesos que tenía contraída con un sastre en concepto de uniformes de milicia (AAP, LC, núm. 80, 1811).
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tamente, eran muchos los que huyendo de la leva terminaban engrosando las filas de los insurgentes pues no les quedaba otra opción una vez habían sido declarados proscritos. Eludir el reclutamiento sólo era posible si se pagaba el mantenimiento de un soldado o si se tenían buenas relaciones con el reclutador. Como se indicaba más arriba, el Ayuntamiento se tuvo que valer de una serie de intermediarios encargados de realizar censos de sus respectivos círculos para proceder a la leva. En las ciudades, estos intermediarios fueron los maestros de los gremios y los alcaldes de barrio así como los jueces ordinarios que recogían en las calles a “vagos y malentretenidos”20. En el campo y fuera de la jurisdicción del Ayuntamiento, estos intermediarios fueron los capataces de las haciendas, los alcaldes de los pueblos y los “Gobernadores de Naturales”. La negociación con estos individuos provocó continuas tensiones tanto por las prebendas que exigían a cambio de sus servicios a reclutadores, hacendados y posibles reclutados, como por las desavenencias entre los propios intermediarios. Al Cabildo de Puebla comenzaron a llegar denuncias desde distintos puntos de la región contra las extralimitaciones de las autoridades locales. Por lo general, el Cabildo solía pronunciarse a favor de los intereses de los hacendados como en el caso denunciado por el capataz de la finca de San Bartolomé de Amaluca en Amozoc contra el reclutamiento de peones “exentos de servicio” que habían sido movilizados por el alcalde de Chachapa21. En este caso coincidieron los intereses de hacendado y peones pero lo que interesa destacar es que su libramiento de la leva (y su defensa desde el Ayuntamiento) dependía de su alistamiento como peones ya que si pertenecían a alguna hacienda no podían ser reclutados. Las alternativas, por tanto, no eran muy grandes para los habitantes de los pueblos. Así, la “exención” se convirtió en moneda de cambio entre Cabildo, intermediarios y propietarios, contribuyendo a hacer más complejas las relaciones dentro de la comunidad y abriendo las puertas de las corporaciones a individuos que hasta entonces las habían tenido cerradas. En definitiva, la reorganización militar supuso un aliciente económico para ciertos grupos y para el Cabildo, que se esforzó en aumentar su presencia y su poder de decisión. En las ciudades, la situación fue similar. En su esfuerzo por controlar de alguna manera el proceso de militarización iniciado en la década de los 70 del 20 Iniciando la tradición liberal que consideraría punible la falta de oficio o beneficio. 21 AAP, LC, núm. 78, 1809, f. 137.
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siglo XVIII, el Cabildo llegó a funcionar como intermediario entre la población y los militares. Para ello, se vio obligado a contar con nuevos intermediarios secundarios. A través de ellos se ejercía tanto el reclutamiento forzoso de personas y bienes como la protección en los conflictos derivados de esta relación, reforzando así su posición como institución “representativa” de los intereses de los habitantes de la ciudad. Politización de la ciudad Atendiendo a la expresión de Lempérière22, el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo se fraguó en tres campos distintos de acción: la lucha institucional, la guerra de Independencia y el conflicto de palabras y conceptos. En este capítulo se han comentado algunos aspectos del cambio institucional; los efectos de la guerra eran permanentes aún a pesar de que para 1820 el campo de batalla estaba lejos de la ciudad de Puebla. Las continuas exacciones, el desabastecimiento, los préstamos y las levas forzosas, la presencia continua de grupos armados en la ciudad y los alrededores y los enfrentamientos entre ellos y con la población local, son algunas de las constantes que favorecían el clima de agitación continua y que hacían que la población tuviera una mayor participación en la vida política de la colonia en los últimos años de sujeción a España. La mayor actividad política en todos los sectores sociales se traslucía en la gran cantidad de publicaciones, panfletos, leyes de imprenta e intentos por erigir juntas de censura que habían sido abolidas con la Constitución de 1812. Aunque la mayor innovación institucional fue el sistema electivo, el debate sobre las candidaturas y las elecciones no fue el único factor que contribuyó al nacimiento de la opinión pública. Factores arriba mencionados como la concesión de préstamos al gobierno central, pero también las ayudas otorgadas al gobierno local para el levantamiento de “zanjas y parapetos” para la protección de la ciudad y el alojamiento de las tropas, o la acogida de oficiales en las casas particulares, contribuyeron a que se abrieran nuevos espacios de sociabilidad y nuevas oportunidades para expresar e intercambiar ideas. Una manifestación del nuevo rumbo que estaban tomando las cosas 22 Lempérière, Annick: “República y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva España)” en Francois-Xavier Guerra y A. Lempérière (eds.): Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
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fue la decisión del Cabildo de celebrar sus sesiones a “puertas abiertas”, apenas dos meses después de erigirse el primer Ayuntamiento constitucional tras el paréntesis absolutista. La comisión que había exigido la puesta en práctica de dicha medida, consideraba que era necesaria para que el pueblo viera: “que su Ayuntamiento le manifiesta sus tales quales trabajos, que no hace misterio de los asuntos que tocan al mismo publico sino fuese cuando se haya de tocar la opinion de alguno o se tema aventurar el exhito sobre materia muy delicada23”.
Al mismo tiempo, proponía que la elección de los temas de discusión pudiera hacerla el propio “público con advertencias oportunas boca a boca o con escritos juiciosos”; así, la población tomaría confianza y se instruiría “a fin de que cuando se nombr(aran) nuevos ciudadanos para alcaldes regidores y síndicos no com(enzaran) aturdidos como se ha experimentado aun en los hombres formados en los colegios”24. Dicha intención ya estaba expresa en el primer decreto sobre libertad de imprenta de noviembre de 1810 que dice así: “que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general y un camino para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública25”.
La demanda, pues, venía de antiguo y por fin se había convertido en realidad. Con ella se cumplía no sólo la publicidad de lo acordado (aunque no quedaba por escrito) sino que se favorecía el “boca a boca” y se pretendía cultivar al pueblo en el nuevo credo liberal cumpliendo con una de las máximas del primer liberalismo: educar a la ciudadanía. Pero desde el poder se pretendía publicitar el nuevo sistema al tiempo que evitar la posibilidad de que existiera oposición. Desde el mismo momento en que comienzan a proliferar las publicaciones y que el interés de la gente en los asuntos públicos se manifiesta más abiertamente, empiezan a idearse nuevos tipos de censura tanto desde los grupos de poder como desde aquellos que se consideraban “propietarios del conocimiento”. 23 AAP, LC, núm. 89, 3 de agosto de 1820. 24 Idem. 25 Decretos de las Cortes Generales y extraordinarias, Madrid, 1987, tomo 1.
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Sobre el control ejercido por las autoridades, es de destacar un aspecto muy relacionado con el espíritu dominante en Puebla en lo que respecta al empeño por acelerar el proceso con el fin de evitar mayor participación: los propios bandos de policía emitidos por el virrey o por el Ayuntamiento, así como las reales cédulas, por norma general se hacían públicos por carteles fijados en las esquinas y por lectura pública hecha por el pregonero en la plaza mayor y las parroquias; pero su publicación era siempre privilegio de las autoridades “que en algunos casos estimaban innecesario dar a conocer al pueblo ciertas disposiciones”26. Desde enero hasta abril de 1810, en que se desencadena el conflicto, la tensión vivida en las calles de Puebla había sido insoportable. Los “toques de queda”, las prohibiciones de reuniones y el proceso de desarme de todo aquel que no estuviera alistado en algún cuerpo militar, “sobre todo en los barrios”, eran medidas que apenas si lograban su objetivo. Desde el 11 de abril, las autoridades políticas solicitaron a los párrocos que procuraran tranquilizar a la población. La represión ejercida por los militares en sus rondas nocturnas era de todos conocida y el Ayuntamiento intentó contrarrestar esta violencia incluyendo a una persona neutral, “un hombre bueno”, entre las tropas en cada ronda. El resultado no pudo ser peor ya que los “hombres buenos” solían ser comerciantes españoles que contribuían a caldear aún más los ánimos sobre todo cuando se producían subidas de los precios. La actuación de estas tropas y el ambiente de las calles lo describía “Doña Mariquita”27 de la siguiente manera: “no se puede salir ni a la puerta sin encontrar toda la calle revoloteada, las gentes corriendo, los vecinos gritando y seis o siete soldadotes muy gordos ¡Dios me libre de ellos! tirando de balazos sin consideración sobre cuantos encuentran… y diga ud. si con esto consiguieran que no se fueran los hombres con ese Iturbide, pero ello es, que a mi me cuentan, que peor lo hacen”.
… y añadía que el mercader europeo (De la Parra, uno de los “hombres buenos”) había sido aún más cruel que los soldados. El editor le contestaba, desarmado, que llevara sus denuncias al general y que si éste no le atendía, recurriera directamente a Dios puesto que él nada podía hacer. 26 Lempérière, A.: “República y publicidad….”, p. 67. 27 Suplemento al núm. 20 de La Abeja Poblana, abril de 1821.
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La violencia había alcanzado unos límites difíciles de controlar. Por aquellos días se estaban produciendo continuas adhesiones de militares a la causa de Iturbide así como alistamientos populares impulsados por un odio a los peninsulares que cada vez se manifestaba más abiertamente. A tal punto se estaban haciendo directas las amenazas contra los gachupines que el editor de La Abeja Poblana se vio obligado a solicitar moderación28 a los ciudadanos y a pedir colaboración a los párrocos para calmar los ánimos. En Puebla, como en buena parte de Nueva España, la tensión contra los peninsulares, vinculados a los círculos de poder tradicionales, estaba adquiriendo mucha importancia. De ahí que la tercera garantía del Plan de Iguala asegurara la unión de todos los habitantes para estimular el apoyo de los peninsulares. Si con el toque de queda y las patrullas nocturnas se estaba procurando controlar los espacios públicos tradicionales (las calles, las plazas, las cantinas…), el intervencionismo de las autoridades del Cabildo también se hacía sentir en los nuevos espacios proclamados por el liberalismo como las Sociedades de Amigos del País y las Juntas de Artesanos. El medio para lograr este control volvió a ser la rapidez a la hora de poner en práctica las disposiciones de las Cortes. Adelantándose a la iniciativa privada, dejaban de tener justificación otras posibles organizaciones de carácter espontáneo. El soberano decreto del 8 de junio de 1813, que establecía la necesidad de organizar Sociedades de Amigos del País para el fomento de las economías locales, fue puesto en práctica en abril del año siguiente. Para ello se nombraron en Cabildo cinco socios, dos de ellos pertenecientes al propio Cabildo: el regidor Patricio Furlong y el síndico menos antiguo, el capitán Pedro José García29. Desde su fecha de instalación hasta la Independencia no aparece una sola referencia que recuerde las actividades o la existencia de dicha asociación en la prensa, los libros de Cabildo o en los expedientes del Archivo del Ayuntamiento. Lo que viene a demostrar que su organización fue un mero ardid para evitar que se erigiera otra más combativa. La Junta de Artesanos no corrió mejor suerte. Ésta, al igual que la Sociedad de Amigos del País, se estableció durante el segundo período constitucional30 para cumplir con el artículo 321 de la Constitución y el 15 de la Instrucción decretada por las Cortes en 23 de 28 Suplemento al núm. 23 de La Abeja Poblana, junio de 1821. 29 AAP, LC, núm. 83, año 1814. 30 AAP, Expedientes, tomo 220, leg. 2674 y LC, núm. 90 (1), 6 de febrero de 1821.
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junio de 1813 para el “fomento y protección de las artes”. Aunque contaba con la participación de particulares, también estuvo integrada por miembros del Cabildo. En concreto, la presidencia correspondía al alcalde de segunda nominación, Vicente García, y como vocales estaban: Joaquín de Haro, José María Obando y el síndico, Pérez Ruiz. Sólo después de nombrados estos personajes, el Ayuntamiento aceptó la formación de la Junta cuyos demás miembros serían designados por ellos. El manejo de los nuevos espacios quedaba, por tanto, asegurado en manos de los antiguos miembros de la elite política poblana que desde el Cabildo organizó asociaciones y designó a los particulares que rondarían junto a los militares por los barrios de la ciudad. Si a esto se añade el control sobre la publicación de los bandos oficiales y el alto precio al que se vendían algunos de los que llegaban a publicarse31, se nota claramente cómo confluían en el Ayuntamiento todas las vías recién abiertas para el control de la circulación de ideas. Además, por aquel entonces las campañas oficiales de postulantes a los cargos estaban fuera de las prácticas políticas32 lo que implicaba no sólo que no se publicitara a los candidatos sino que no hubiera campañas que pudieran perjudicarlos antes de las elecciones. Todo ello facilitaba que las denuncias sólo se realizaran después de los hechos consumados (la elección) que difícilmente eran reversibles fomentando, así, la institucionalización de un principio establecido en la cultura política local: la denigración posterior de los elegidos y el consecuente desprestigio tanto del proceso como del representante y su actividad en el cargo. El desconocimiento de los elegidos y un malestar permanente contra las autoridades representativas se convirtieron en norma dentro de las prácticas políticas desde la implantación misma del sistema representativo. Nuevos y antiguos mecanismos de propaganda y control Si la libertad de imprenta decretada por la Constitución de Cádiz abrió paso a la expresión de grupos opositores que competían con 31 El gobierno solía repartir los bandos de manera gratuita, si bien aprendió a ponerle precio a aquellos que no tenía gran interés en que circularan de mano en mano. 32 Se consideraba una práctica corrupta tanto la elaboración de listas de candidatos como ilícita la autopropaganda previa a la elección, hasta el punto de que muchos personajes esperaban a que éstas pasaran para expresar sus opiniones públicamente y así no dar la impresión de estar buscando publicidad con ellas.
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el gobierno tradicional de las ciudades, hay que señalar que éstos tuvieron muchas dificultades para expresarse y cuando lograron establecerse también procuraron, a su manera, evitar la competencia en su campo. Una vez ampliado el espacio de sociabilidad, una vez ampliado el espacio de discusión y de ideas y levantadas las prohibiciones, faltaban los recursos necesarios para difundir los contenidos a través de la prensa. En Puebla encontramos que había pocos lectores, pocos redactores y tiraje bajo “si consideramos al que tiene los medios para comprar los periódicos a un precio muy elevado”33. El Cabildo de la ciudad y el gobernador provincial hicieron uso de la libertad de imprenta de la manera que consideraron más apropiada, valiéndose de las nuevas disposiciones de gobierno. Aunque la censura previa había desaparecido, seguía haciendo falta licencia para imprimir. Esta licencia, lógicamente, la daba el gobierno provincial. Además, existían restricciones para la publicación de bandos oficiales y muchas noticias no llegaban al público con facilidad. Es cierto que, generalmente, los bandos se repartían de forma gratuita o se hacían colocar en lugares visibles al alcance de todos. Pero también lo es que el gobernador y el Cabildo tenían potestad para poner precio a los mismos si así lo juzgaban oportuno. Así lo hicieron siempre que quisieron evitar que ciertas disposiciones corrieran libremente de mano en mano como ha quedado constancia de ello en los archivos municipales y en la prensa local. En el número 7 de El Farol, uno de los pocos periódicos que convivió con La Abeja en 1820-1821, un artículo firmado por “Un artesano que no sabe de impresor” denunciaba a la Junta Gubernativa porque encarecía el precio de ciertas publicaciones utilizando el ardid de aumentar el tamaño de la letra y las carátulas para evitar que los textos de obligada publicación fueran asequibles al gran público34. A pesar de todo, la población se las ingeniaba para acceder a la información y una auténtica “periodicomanía” se extendió por la ciudad. El Argos del 8 de septiembre de 1827 señala el desorden provocado por la libertad de imprenta: “por desgracia este desorden se ha comunicado a todas las clases del pueblo, de manera que un folleto en que son atacadas las garantías sociales, se solicita con empeño, se lee con placer, circula con una 33 Coudart, Laurence: “Difusión y lectura…”. 34 El farol, núm. 7, diciembre de 1821.
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rapidez prodigiosa, y su lectura previene los ánimos, en términos que cuando llega a publicarse su impugnación, profunda y enérgica que sea, se desprecia y sirve de pretextos para molestar con mayor empeño al que se presume de haberlo escrito amenazando con una guerra civil35”.
Años después, en 1841, La Abeja Poblana (heredera, al menos nominalmente, de la Abeja poblana que sólo estuvo en circulación entre 1820 y 1821) decía que la ausencia de periódicos en Puebla, después de este primer periodo, se debía al fastidio insoportable que habían dejado las disputas odiosas de partido. Desde que se aplicó la libertad de imprenta surgió la necesidad de evitar los monopolios que había en la ciudad en este negocio. Lo primero que hacía falta para hacer llegar la opinión era contar con una imprenta, empresa que no resultaba barata, teniendo en cuenta la inversión en material y operarios para la manipulación de las planchas. Por otro lado, no estaba de más tener buenas relaciones con el poder por si se daba el caso de que lo publicado afectara la sensibilidad de algún personaje poderoso que exigiera responsabilidades al editor. La primera imprenta poblana que se enfrentó al monopolio que gozaba desde antiguo la imprenta de De la Rosa (también conocida como Imprenta del Gobierno) fue la de la Concordia, del Oratorio de San Felipe Neri. Ahí, a finales de febrero de 1821, el enviado de Iturbide, el capitán Magán, logró, por fin, tras un largo periplo por las imprentas novohispanas, que una de ellas se comprometiera a imprimir el Plan de Iturbide (también conocido como “De las tres Garantías”). Esta imprenta tenía cierta tradición en Puebla en la publicación de esquelas y cuadernillos de carácter religioso si bien desde 1815 estaba en conflicto con la Imprenta de De la Rosa, dirigida por el teniente coronel Pedro de la Rosa y después por sus herederos36, que tenía el monopolio de impresión en la ciudad de Puebla pero que lo perdió en enero de 1821, cuando llegó a la ciudad el decreto que anunciaba la libertad de imprenta de 12 de noviembre de 1820. De la congregación de los filipenses salieron algunos próceres de la independencia mexicana como Ignacio María Allende o Ignacio Aldama; también se fraguó en su seno la conspiración de La Profesa pero probablemente la mayor contribución que hizo a la causa inde35 Idem. 36 Cordero y Torres, Enrique: Diccionario Biográfico de Puebla, México, s.e., 1972. Para 1820 la imprenta pasó a estar dirigida por Juan Francisco Palacios, que firmaba con el seudónimo de “El Poblano” y pasó a denominarse Imprenta del Gobierno.
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pendentista fue tanto la publicación del Plan como la cesión de varios de sus tipos para que fueran trasladados al campo de batalla y así poder dar vida a las proclamas del Ejército Trigarante37 “in situ” y en el momento de su elaboración, asentando las bases de las imprentas locales de muchas capitales novohispanas como Querétaro o Valladolid (hoy Morelia)38. De las propias prensas de la Concordia salieron los primeros números de La Abeja Poblana hasta que los hermanos Troncoso establecieron su propia imprenta amparados por la ley antes mencionada. Ambas empresas, la imprenta de la Concordia y el periódico La Abeja poblana fueron los instrumentos de que se valió la alta jerarquía eclesiástica poblana para hacer su guerra de propaganda a favor de la Independencia y, sobre todo, del obispo Joaquín Antonio Pérez. Es muy ilustrativo al respecto el caso de este periódico, liberal moderado, que fue publicándose periódicamente en Puebla desde el 30 de noviembre de 1820 hasta el 31 de diciembre de 1821. El propietario de la imprenta que continuó con La Abeja poblana, la Imprenta Liberal39, era un cura del Sagrario metropolitano, José María Troncoso40 y su director durante los primeros 16 números (hasta el 28 de marzo de 1821), el sacerdote Juan Nepomuceno Troncoso que pronto fue separado de dicha actividad porque sus superiores eclesiásticos le exigieron su marcha inmediata a ocupar un curato lejos de la capital provincial. El motivo de su precipitada movilización no pudo ser otro que la publicación en el suplemento del núm. 14 del Plan de Independencia de Iturbide. Entre las razones alegadas por el director del periódico (todas ellas perfectamente compatibles con el liberalismo) para apoyar el Plan estaban: la desigual representación en las Cortes, la negación del voto a las castas, la concentración de los poderes en la figura del Jefe Político o la organización inconstitucional de las diputaciones provinciales. La reacción de Ciriaco del Llano no se hizo esperar y a los pocos días envió un destacamento que entró violentamente en la imprenta para destruir la “planta” con que se imprimió 37 La imprenta portátil de Iturbide tomó el nombre de “Imprenta Portátil del Egercito de las Tres Generaciones”. 38 Sánchez Flores, Ramón: Puebla de los ilustrados. Urbanismo, ecología y libertad en los proyectos de Doménech, Flon y Furlong. Ss. XVIII-XIX, Puebla, H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 1994. 39 Al parecer, primero perteneció a los hermanos Moreno, que la recuperaron en agosto de 1821 (Cordero y Torres, Enrique: Diccionario…) 40 Al menos durante los 23 primeros números puesto que la puso en venta en abril de 1821, quizás presionado por la Iglesia a la que pertenecía.
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para evitar futuras reimpresiones. La fuerza de su reacción llegó hasta la jerarquía eclesiástica, que optó por quitar al responsable, Juan Nepomuceno Troncoso, enviándolo fuera de los límites de la ciudad. A partir de entonces, el periódico fue moderando su independentismo acosado por el intendente: en marzo de 1821 todavía aceptaban la recepción de artículos sin firmar, pero a partir del 12 de abril se obligó a los interesados a signar sus colaboraciones puesto que el periódico se negaba a aceptar la responsabilidad sobre los escritos. Sin embargo, el periódico siguió pronunciándose a favor de la Independencia, si bien invitaba a todo el que quisiera defender lo contrario en sus páginas a que lo hiciera de manera razonada para que el público pudiera contar con todos los argumentos antes de decidir su posición. Ellos, por su parte, se empeñarían en refutar los argumentos de los defensores de la continuidad para cumplir con su labor de “ilustradores” de la opinión. Defensores a ultranza de la libertad de imprenta, no estaban, sin embargo, de acuerdo con la circulación de escritos que escaparan del control de los editores y de las autoridades políticas. Excesivamente confiados en las bondades de la prensa, no estaban dispuestos a dar la misma autoridad a los “rumores” o los pasquines que circulaban por la ciudad y que constituían la mayor fuente de información de la población con escasa educación escolar. A las preguntas que el propio editor se hacía41 con respecto a si era lícito usar “pasquines anónimos de pluma porque luego va el Escribano á desbaratar plantas” para evitar la represión de la libertad de expresión, el editor contestaba con un rotundo “no” argumentando: “La imprenta es libre, y cada cual puede usar de ella con moderación para exponer sus ideas políticas con dos objetos: el primero ilustrar al publico, y el segundo contener la arbitrariedad de los Magistrados: mas de ninguna manera es equivalente hacerlo con pasquines ni anónimos: medio reprobado y prohibido por las leyes42”.
En esto coincidía con el control impuesto por las autoridades, que prohibían no sólo la publicación de anónimos sino la venta de cualquier texto impreso en la calle fuera de las oficinas de la imprenta responsable de su emisión43. La defensa de medidas como ésta por 41 Siguiendo la didáctica costumbre de presentar las dudas como provenientes de un anónimo, que se confesaba ignorante, para que los editores le respondieran. 42 La Abeja Poblana, núm. 27, 31 de mayo de 1821. 43 Gómez Haro, E.: La ciudad de Puebla y la guerra de independencia, Puebla, El Arte Tipográfico, 1910, p. 150.
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parte de los editores está hablando de una protección de su propio medio así como de un esfuerzo por lograr el monopolio de la creación de opinión y de una clientela en torno a sus ideas sea desde el lado del gobierno o desde el de la oposición. Se trata de un acercamiento a lo que Schaub44 denomina “dominación sociopolítica de nuevas (o renovadas) elites” legitimada por la “ideología de las capacidades” que defendía el liberalismo doctrinario. El temor que la elite tenía al poder de rumores y pasquines demostró estar perfectamente justificado con la movilización popular organizada para evitar la expulsión del obispo de Puebla. Antonio Joaquín Pérez, diputado de las Cortes de Cádiz, había sido uno de los firmantes del denominado “Manifiesto de los Persas” que instaba a Fernando VII a abandonar el sistema constitucional. La vuelta del liberalismo provocó una “caza de brujas” en todo el territorio de la monarquía. Algunos de los responsables fueron localizados, retirados de sus cargos y enviados a España para ser sometidos a juicio. Antonio Joaquín Pérez, para entonces obispo de Puebla, estaba amenazado de correr igual suerte. En enero de 1821 comenzó a circular por la ciudad de Puebla el pasquín titulado Poblanos tontos en el que un autor anónimo exhortaba a los vecinos a que evitaran que ocurriera con el obispo lo mismo que con los jesuitas en el pasado, que habían sido expulsados mediante una maniobra nocturna y secreta para evitar que el pueblo se movilizara en su auxilio. Había que rechazar el complot ideado por los “alcahuetes de las Cortes” y los “chaquetones gachupines indecentes”45 armando y organizando a los poblanos “contra ellos para conseguir nuestra deseada independencia”46. Alarmado por el tinte del pasquín, el 29 de enero de 1821 el virrey Apodaca (1816-1821) ofrecía al Ayuntamiento su ayuda para mantener con tropas “la tranquilidad y la seguridad de los propietarios”. A los efectos del pasquín se unieron los rumores que comenzaron a circular por la ciudad desde las 7 de la mañana del día 11 de abril. En ellos se decía que el coronel Hevía se acercaba a la ciudad 44 Schaub, Jean Frédéric: “El pasado republicano del espacio público”, en Francois-Xavier Guerra y A. Lempérière (eds.): Los espacios públicos en Iberoamérica…. 45 Los chaquetones eran identificados con los aliados del bando español. Enemigos de la política americanista de Iturrigaray, según García Godoy, Teresa: Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1998. 46 El pasquín aparece reproducido íntegro en el AAP, LC, núm. 91 (1), año 1821, f. 118.
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habiendo sido comisionado para “asolar pueblos para intimidar la N. E. y que a más de esto venía a despojar de su silla episcopal al Ilmo. Sor. Obispo de Puebla”47. Aunque hubo voces que intentaron acallar el rumor, la publicación aquella misma mañana de un bando anunciando “toque de queda” a partir de las 10 de la noche y el acuartelamiento del Batallón Comercio, así como el desarme de algunas tropas, vino a confirmar los temores de los habitantes de la ciudad que se congregaron en la plaza mayor para dar muestras de apoyo al prelado. El motín duró más de tres horas. Según el relato aparecido en La Abeja Poblana, le gente se manifestó de forma pacífica, sin armas de fuego y bajo consignas en defensa de la libertad del obispo pero también de la independencia y en contra de la presencia de los españoles en la ciudad. Sin embargo, “algunos particulares hicieron fuego sin tener expreso mandato del Sor. Gefe Militar”, en concreto se dio el nombre de un comerciante, Diego de la Parra, del que hemos hablado con anterioridad. La manifestación no se disolvió hasta que el obispo se dignó a salir a los balcones de palacio para tranquilizar los ánimos y demostrar que estaba a salvo. Estas muestras no se hicieron hasta que el jefe político y el Ayuntamiento le enviaron muestras de apoyo, colocando soldados del batallón del Comercio en la puerta de Palacio para que la usara como escolta personal anunciándole que respondían “por la permanencia de su Ilma. en la capital de su diócesis sin novedad alguna y que por lo mismo se le haga presente dondequiera que se halle para que se restituya a su Palacio y se manifieste al pueblo para evitar sus inquietudes”48. Finalmente, el propio intendente y el Ayuntamiento cedieron a las presiones del obispo y de la población por él movilizada. Las garantías que le ofrecieron no debieron ser suficientes para Antonio Joaquín Pérez, que continuó con su empresa de propaganda a favor de Iturbide desde la Imprenta de la Concordia y La Abeja Poblana. Conclusiones Hemos visto en estas páginas cómo afectaron en ciertos aspectos la reforma militar y el liberalismo posterior a las relaciones internas de poder en la ciudad de Puebla y en su entorno. 47 La Abeja Poblana, núm. 21, 19 de abril de 1821. 48 AAP, LC, núm. 90 (1), f. 489 y ss.
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Con la militarización de la política local se produce el fortalecimiento del provincialismo que se propaga a través de los ejércitos provinciales como en Europa hizo el liberalismo por medio de los soldados napoleónicos. Esta propaganda encontró terreno abonado entre la ciudadanía por el aumento de la presión económica (en forma de préstamos patrióticos) y humana (en forma de leva) desde finales del XVIII para sufragar las guerras españolas y, después, para la defensa de la propia ciudad de Puebla de los ataques insurgentes. Otro poder local que busca fortalecer su posición a través de la propaganda fue la Iglesia. En este caso, como hemos visto, jugó un importante papel también la coyuntura representada en la figura del obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, quien al ver su situación amenazada por el gobierno liberal en 1820 desplegó su propia red de propaganda a través de los púlpitos, la prensa y la imprenta desde donde dio apoyo a los insurgentes cuando estos le aseguraron la continuidad del poder de la Iglesia Católica en México y del suyo propio en el obispado de Puebla. El gobierno local representado en el Ayuntamiento tuvo que decantarse, finalmente, por unirse al poder de los más fuertes en ese momento y pactaron con Iturbide, dando inicio a una nueva etapa en la política mexicana.
ECONOMÍA, POLÍTICA Y ESCLAVITUD EN LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA PUERTORRIQUEÑA EN TORNO AL CONSTITUCIONALISMO GADITANO1
Jesús Raúl Navarro García CSIC, España [email protected]
Para Salvador Padilla, siempre presente entre quienes tuvimos la suerte de conocer Puerto Rico en su compañía.
Presentación La jerarquía eclesiástica disfrutó en el Puerto Rico de principios del siglo XIX de una situación económica privilegiada y colaboró en sostener al régimen absolutista tras la negativa experiencia que supuso para ella el Trienio Liberal. La estabilidad que pretendían sus integrantes en el orden político significaba también continuar con sus prerrogativas fiscales en detrimento de municipios y párrocos. Independientemente de estas prerrogativas los miembros de la jerarquía eclesiástica consolidaron también su posición económica a través de inversiones agrícolas que los convirtieron en importantes propietarios rurales, algunos tan relevantes como el presbítero José Gutiérrez del 1 Este trabajo se inserta dentro de los proyectos Andalucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales –HUM 03215— de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía), Guerra, propaganda y opinión pública en México, Venezuela y España, 1823-1829 –HUM2006-05449/HIST— del Ministerio de Ciencia e Innovación, y del titulado El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico (HAR2011-25993). Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Investigación, España, siendo cofinanciado por los fondos FEDER. Una versión preliminar fue presentada en el Congreso Internacional “La Iglesia Católica ante la independencia de la América española, 1810-2010”, celebrado en Roma en abril de 2010.
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Arroyo o el deán Andrade. La ausencia durante muchos años de obispo en Puerto Rico fortaleció también a esta jerarquía, que mantuvo a lo largo de la transición del Antiguo Régimen al Parlamentario un importante papel económico, político e ideológico como demostró su condición de propietaria agrícola, su identificación con el Estado y también su carácter de aglutinante ideológico. Como pilar que fue del Antiguo Régimen la jerarquía del clero insular mantuvo una posición de privilegio gracias a sus grandes propiedades, siendo también su peso educativo e ideológico equiparable como mínimo al anterior. La búsqueda de estabilidad política en Puerto Rico exigió del clero desacreditar al proceso independentista americano y gestar una ideología pro-esclavista que cuadrara perfectamente con sus intereses económicos y la estabilidad propugnada desde el poder. Los sermones de dicha jerarquía constituyeron un magnífico elemento socializante destinado a la población mayoritariamente analfabeta de la isla que por sus peculiares características podía escapar a la labor propagandística de la prensa oficial. De claro contenido político, los sermones se difundieron también por escrito gracias al apoyo del gobierno insular, siendo un aporte ideológico significativo para la legitimación absolutista y la justificación reconquistadora de la América independiente. Nada sabemos sobre su grado de difusión pero quizás compensaron la pérdida de popularidad de la oficialista Gaceta tras la enriquecedora experiencia que supuso para el periodismo la etapa liberal. La Iglesia puertorriqueña: entre la independencia y el liberalismo Pretendemos ofrecer en este trabajo una panorámica peculiar sobre el territorio insular puertorriqueño que permaneció a espaldas del proceso independentista a principios del siglo XIX2. Es por ello que más que hablar sobre el papel de la Iglesia ante la Independencia continental cabe hablar del papel de la Iglesia puertorriqueña en la 2 Una presentación general sobre la coyuntura política, económica y social de Puerto Rico en la época puede verse en Navarro García, Jesús Raúl: Control social y actitudes políticas en Puerto Rico (1823-1837), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1991, pp. 17-22; Navarro García, Jesús Raúl: “Grupos de poder y tensiones sociales en Puerto Rico durante la crisis del Imperio (1815-1837): un intento de síntesis”, en Anuario de Estudios Americanos, 50 (1), Sevilla, 1993, pp. 133-162. Sobre la coyuntura ideológica que se vive en la isla, ver Navarro García: Control social…y del mismo autor Puerto Rico a la sombra de la independencia continental (Fronteras ideológicas y políticas en el Caribe, 1815-1840), San Juan-Sevilla, Escuela de Es-
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guerra ideológica frente al liberalismo por un lado y por otro contra el proceso revolucionario que se iba consolidando en América3. En los escritos de la época aparece de hecho una clara acusación al liberalismo por haber inducido el proceso revolucionario americano4. Pero ¿cómo enfrenta la elite eclesiástica puertorriqueña el proceso tudios Hispanoamericanos-Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1999, y Navarro García, Jesús Raúl, y Sevilla Soler, Rosario: “La prensa oficialista en una experiencia liberal: Puerto Rico, 1820-1823”, en Frasquet, Ivana, coordinadora: Bastillas, cetros y blasones. La independencia en Iberoamérica, Madrid, Mapfre, 2006, pp. 299-308. Para una visión más tardía del proceso en la isla de Puerto Rico pueden verse los trabajos de Álvarez Gutiérrez, Luis: “Iglesia y cuestión colonial en el Puerto Rico del siglo XIX”, en De Diego García, Emilio, y Ramos Pérez, Demetrio, coords., Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la perspectiva del 98, Madrid, Universidad Complutense, 1997, pp. 215-234, y “Estado, Iglesia y Sociedad en Puerto Rico a finales del siglo XIX” en Morales Padrón, Francisco, coord.: XIII Coloquio de Historia Canario-Americana; VIII Congreso Internacional de Historia de América (AEA) 1998, Las Palmas, Cabildo de Gran Canaria, 2000, pp. 554-566. 3 Al respecto conviene ver Navarro García, Control social…, cap. I, II y III especialmente. Al tema también le hemos dedicado una serie de artículos sobre la “Trayectoria americana y actitudes políticas del carlista fr. Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo”, en Trienio, 9, mayo de 1987, pp. 133-163; “Moral, clero y esclavitud en el Caribe hispano a principios del siglo XIX”, en Rábida, 7, marzo de 1990, pp. 16-23; “Iglesia y control social: una aproximación al papel del clero americano durante la Década Ominosa. El caso filipino”, en Trienio, 15, mayo de 1990, pp. 5-21; “El desprestigio masónico en Puerto Rico durante la Década Ominosa”, en Ferrer Benimelli, J. A., coordinador: Masonería, revolución y reacción. Actas del IV Symposium de Historia de la Masonería, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert-Universidad de Alicante, 1990, vol. II, pp. 905-916; “Los proyectos de Universidad en Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XIX. El marco sociocultural”, en Estudios de Historia Social y Económica de América, 9, Alcalá de Henares, 1992, pp. 131-141; “Promotores religiosos de la educación superior en Puerto Rico a principios del siglo XIX”, en Estudios de Historia Social y Económica de América, 9, Alcalá de Henares, 1992, pp. 355-368; “Bases económicas de la elite religiosa puertorriqueña a principios del siglo XIX: las primicias”, en Hitchcock, Richard & Penny, Ralph, edts.: Actas del primer Congreso Anglo-Hispano. Historia, Madrid, edit. Castalia, 1994, vol. III, pp. 199-219. 4 El padre Gaspar Hernández, por ejemplo, era de la opinión de que “Si no hubiera habido Riegos, Quirogas y otros varios traidores a su Patria, e indignos del glorioso nombre de españoles (…) [América] gozaría de la paz, quietud, abundancia y tranquilidad que antes gozaba bajo los auspicios de una Nación generosa y de un benéfico Monarca” (Hernández, Gaspar: Sermón político-religioso, que en el aniversario de la feliz restauración del Rey Nuestro Señor al Trono de España y sus Indias, celebrado en la Santa Iglesia Catedral de San Juan Bautista de Puerto Rico. Predicó el día 1 de octubre de 1831, el padre Gaspar Hernández, clérigo regular del orden de San Camilo, y lector de Filosofía del Colegio de Nuestra Señora de la Buenamuerte de Lima, Puerto Rico, Imprenta del Gobierno a cargo de D. V. Sanmillán, 1831, p. 14). En otras ocasiones se buscaba en el constitucionalismo al culpable del mal ejemplo que algunos sacerdotes daban a los fieles, circunstancia que sin lugar a dudas contribuía a una pérdida de su eficacia en sus tareas ideológicas. Como ejemplo citemos a José Gutiérrez del Arroyo (provisor en ese momento del obispado por enfermedad de Andrade) quien mencionaba “la fatalidad que sobrevino con el sistema constitucional la ha puesto [a la diócesis] en el estado deplorable y lastimoso que no da lugar a ningún superior eclesiástico, sino que llore y gima al pie de los altares la depravación y la miseria que va regularmente alentada del mal ejemplo de algunos párrocos” (Archivo General de Indias, en adelante AGI, Santo Domingo, 2.333. Oficio de José Gutiérrez del Arroyo al capitán general La Torre. Puerto Rico, 15 de julio de 1825).
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de independencia? Ante todo, desde una clara posición de apoyo a la monarquía5. Mucho de lo que se ha dicho sobre el papel que tuvo la política absolutista fernandina de realizar concesiones a la elite agraria de las economías azucareras desde temprano podría aplicarse a la elite eclesiástica6. No me voy a detener en el comportamiento como propietarios agrícolas de los miembros de la jerarquía eclesiástica (Cabildo de la catedral) pues es muy similar al del resto de la elite agrícola y comercial7. En este sentido, el aporte de dicha jerarquía a la estabilidad política en la isla no sólo fue el descrédito del proceso independentista sino el de haber sabido crear toda una ideología esclavista que cuadrara con el modelo sociopolítico propugnado desde el poder metropolitano en la isla8. Iglesia y hacendados tenían muchos 5 Abundan los textos en este sentido. Una muestra perfecta la tenemos en el siguiente: “ocupaos [predicadores] solamente en obedecer sus órdenes [las del rey], que no tienen otro objeto que el restablecer la paz y la felicidad entre vosotros; ved en su persona la imagen del Dios que adoramos; no creáis jamás, como intenta persuadir el insociable e impío Rousseau, que la Corona que ciñe y el cetro que empuña son dádivas que vosotros le habéis hecho, y de las que podéis despojarle cuando os parezca (..) por mí, os dice el mismo Dios, por mí y no por los pueblos es que reinan los reyes; la potestad que ejercen, de mí, y no de vosotros, es que la han recibido; el trono en que están sentados no se lo habéis erigido vosotros, sino yo mismo. Vedle, pues, os repito, no como a un déspota sino como a un vicegerente del mismo Dios” (“Sermón que en la solemnísima función en acción de gracias al Altísimo en el primer aniversario de la suspirada y milagrosa libertad de nuestro augusto monarca el Señor Don Fernando Séptimo, celebrando de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Rodríguez de Olmedo, obispo de esta Diócesis, Arzobispo electo de Cuba, con asistencia del Excmo. Sr. D. Miguel de la Torre, Gobernador y Capitán General de esta isla, de ambos Cabildos, Clero, Comunidades Religiosas, Jefes y demás autoridades, pronunció el primero de octubre del presente año el Reverendo Padre Lector Jubilado Ex-Custodio, Examinador Sinodal del Arzobispado de Caracas y de esta Diócesis, Doctor en Sagrada Teología Fr. Francisco Xavier de Soza, del Orden de San Francisco”, pp. 38-40, en Aniversario del 1º de octubre de 1824 en Puerto Rico. AGI, Santo Domingo, 2.332). 6 La circunstancia de que Cuba y Puerto Rico tuvieran una economía agraria de exportación fundamentada en el trabajo esclavo facilitó que el clero como grupo social participara también de la esclavitud desde una doble vertiente: por un lado como propietario de esclavos y por otro como legitimador ideológico de dicha sociedad. En este sentido, sus planteamientos ideológicos encajaban con sus intereses económicos y justificando la esclavitud contribuían a la estabilidad social de la isla. 7 La jerarquía religiosa (pero no sólo ella, también los sacerdotes) tuvo esclavos para los trabajos agrícolas y domésticos, algo acorde a su categoría social. Incluso en la vecina isla de Cuba priores de conventos y el propio obispo habanero prestaron dinero a un elevado interés para la trata (Pérez de la Riva, Juan: “El general D. Miguel Tacón y su época”, en Pérez de la Riva, Juan, editor: Correspondencia reservada del Capitán General D. Miguel Tacón con el Gobierno de Madrid. 1834-1836. La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, 1963, p. 49). En Puerto Rico también consta que los párrocos fueron prestamistas rurales (Serrano Méndez, María Libertad: “La clase dominante en San Sebastián (1836-1853)”, en Anales de Investigación Histórica, 2 (2), julio-diciembre, 1975, pp. 122-125). 8 Navarro García: “Moral, clero y esclavitud…”, pp. 16-23. Incluso los regulares puertorriqueños poseyeron esclavos y debieron concederles a algunos al menos libertad durante el Trienio Liberal, coincidiendo con sus procesos de secularización (un caso fue el de José Tomás
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intereses comunes y por ello la actitud de la Iglesia respecto a la esclavitud favoreció sin duda el estatus colonial en Puerto Rico. Un comportamiento mediatizado por el desarrollo económico propiciado por los precios altos del azúcar, café y tabaco y por un gobierno que facilitaba también el acceso a una mano de obra esclava en el entorno de la capital de la isla y en las activas zonas económicas de Ponce, Guayama y Mayagüez9. La censura frente a la expansión liberal La acción ideológica del clero puertorriqueño se centró sobre todo en tres aspectos: por un lado en la defensa a ultranza de la censura como método preventivo de la acción propagandística liberal e insurgente, y por otro en su decidido papel en la propaganda realista tanto desde el púlpito como dentro del sistema de enseñanza10. En los tres ámbitos destacó por su acción comprometida con el Estado absolutista español. Fue García Leduc quien señalara acertadamente este compromiso de la jerarquía religiosa como punto de apoyo para el dominio sobre la isla11. Incluso llega a poner en cuestión este autor el Peñalver, Archivo General de Puerto Rico, en adelante AGPR, Gobernadores Españoles, 196). Para el caso filipino Navarro García: “Iglesia y control social…”, pp. 5-21. 9 Navarro García: “Grupos de poder…”. Picó, Fernando: “Nociones de orden y desorden en la periferia de San Juan, 1765-1830”, en Revista de Historia, 2, San Juan, julio-diciembre de 1985, pp. 46-62. Incluso la entrada de esclavos debió ser objeto de turbios y muy rentables negocios entre las autoridades de Puerto Rico, como lo demuestra la actividad coordinada del capitán general Miguel de la Torre y de su familiar José María Pando, establecido a la sazón en la isla de Curaçao. Ambos pusieron en marcha una red de tráfico de esclavos que debió alcanzar su máxima actividad en la primera parte de la década de los treinta. 10 Aún no se había desarrollado una opinión católica expresada en la prensa periódica como ocurriría avanzado el siglo XIX. Al respecto pueden verse los trabajos de Romero Domínguez, Lorena R.: “La profesionalización del periodismo católico decimonónico finisecular a través del caso sevillano de El Correo de Andalucía”, en El argonauta español, 4, 2007, y Domínguez León, Carlos José: “Iglesia y política en Andalucía a finales del siglo XIX: el adoctrinamiento a través de la prensa católica sevillana”, en Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 5, 1993, pp. 149-172. No debemos olvidar tampoco que parte de los miembros de la Iglesia se identificaron con la causa liberal, Barbastro Gil, Luis: “El catolicismo liberal de Villanueva, Bernabéu y Cortés: una contribución decisiva al primer liberalismo (1808-1823)”, en Spagna Contemporanea, 26, 2004, pp. 1-24; Recuenco Pérez, Julián: “Ilustración y liberalismo en la diócesis de Cuenca (1750-1833)”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2005. Ni que más adelantado el siglo XIX el catolicismo liberal europeo fue la salida a los desafíos de la modernidad posrevolucionaria, Álvarez Tardío, Manuel: “Dieu et liberté: la alternativa del catolicismo liberal en el ochocientos”, en Historia y política, 3, enero-junio de 2000, pp. 7-30. En América una figura emblemática de este pensamiento es Vicente Rocafuerte y su Ensayo sobre la tolerancia religiosa (Fazio Fernández, Mariano: “El pensamiento religioso de Vicente Rocafuerte”, en Anuario de Estudios Americanos, 63 (2), pp. 151-169). 11 García Leduc, José M.: “La Iglesia y el clero católico de Puerto Rico durante el período revolucionario hispanoamericano (1800-1830)”, en Exégesis, 3, mayo-agosto de 1987, p. 14.
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pretendido liberalismo de algunos religiosos (caso de José Gutiérrez del Arroyo) durante el primer periodo constitucional. Así, el apoyo del alto clero al diputado Power debió responder más al intento por conservar sus privilegios que a un sincero compromiso con la causa liberal. Del mismo modo, su participación en las primeras instituciones liberales pudo deberse simplemente a que era la única alternativa válida en aquellos momentos para conservar vigente la monarquía12. Buscaron, en definitiva, la defensa de sus privilegios como grupo y la fidelidad a la causa monárquica. Así, no es de extrañar que dejen de identificarse con la causa liberal cuando algunos de sus objetivos atentaron contra los privilegios materiales e ideológicos del clero (secularización, libertad de prensa, fin de la Inquisición)13. En su defensa a ultranza de la censura, el comportamiento de la jerarquía eclesiástica fue de abierto enfrentamiento a la elite política liberal durante el Trienio, enfrentándose a la implantación automática de la normativa constitucional en Ultramar. Éste es uno de los aspectos más interesantes que cabe abordar en los futuros estudios sobre la Iglesia y los procesos independentistas: valorar el enfrentamiento que hubo en dicho período liberal entre las autoridades de la isla y la jerarquía religiosa. Por ejemplo, el deán Andrade quiso censurar textos que circulaban libremente en la península. Este trato político “especial” que se pretende dar a los dominios de Ultramar por parte de algunas autoridades eclesiásticas parece anunciar la adopción futura por parte del liberalismo de esa misma filosofía tras la Constitución de 1837 y enlaza con las propias dudas que latían en el seno del liberalismo desde la Constitución gaditana. En este sentido, podemos adivinar una diferente percepción entre las autoridades políticas y religiosas cuando se trata de enfrentar las amenazas ideológicas al Antiguo Régimen, favoreciendo algunas autoridades eclesiásticas como el obispo Olme12 Ibidem, pp. 12-13. Así el diputado puertorriqueño en las Cortes, Power, defendió más los intereses de esa jerarquía religiosa que los intereses municipales ya que los pueblos seguían con muchas y pesadas cargas eclesiásticas. 13 Revuelta González, Manuel: La Iglesia española en el siglo XIX: desafíos y respuestas, Universidad Pontificia de Comillas, 2005; Domínguez Hacha, José, y Domínguez León, José: “Las relaciones Iglesia-Estado en el ámbito occidental y el contexto de la Constitución de Cádiz de 1812”, en Revista de Humanidades, 15, 2008, pp. 139-169; Tello Lázaro, José Ángel: “La Iglesia en el proceso constitucional español del siglo XIX. Las constituciones progresistas”, en Revista de Estudios Políticos, 37, Madrid, 1984, pp. 173-208; Tello Lázaro, José Ángel: “La Iglesia en el proceso constitucional español del siglo XIX: las constituciones conservadoras”, en Annales: Anuario del Centro de la UNED de Barbastro, 2, 1985, pp. 153-172; Acevalillo García, Ismael: “La Iglesia española en la primera mitad del siglo XIX”, en Religión y cultura, 247, 2008, pp. 929-970.
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do o el ya citado Andrade una conflictividad abierta con el sistema liberal colonial que contrasta con la acción política contemporizadora de autoridades como el capitán general Miguel de La Torre o del propio Gonzalo Aróstegui. Esta conflictividad debió poner en peligro la estabilidad insular en no pocos momentos del Trienio Liberal –más si cabe que las propias veleidades independentistas de los puertorriqueños– y dio una imagen de fractura en el orden colonial mayor de la que se supone, contribuyendo así a incrementar la amenaza insurgente. A ello contribuyó sin duda la experiencia traumática de la Iglesia insular durante el Trienio. Al igual que en la península, en Puerto Rico nos consta también que muchos libros prohibidos se propagaron entre la juventud, como indicaba el obispo Olmedo poco después de su destierro14. Esto permite asegurar que la libre entrada de libros, opúsculos y estampas liberales de carácter anticlerical contribuyó al nerviosismo de los sectores monárquicos y religiosos. Esto se demuestra en la encíclica “Etsi iam Diu” de León XII (1824), en la que se recoge esta preocupación por el “contagio de libros y folletos incendiarios en los que se deprimen, menosprecian y se intenta hacer odiosas ambas potestades eclesiástica y civil”15, una preocupación a la que ya hemos visto no permaneció ajeno el clero puertorriqueño si hemos de atender a las alusiones que hizo sobre el tema en circulares y sermones tras el restablecimiento absolutista. Su resistencia fue sistemática, enfrentándose al poder político con el fin de limitar la libertad de imprenta y la entrada de obras al extranjero16. De hecho, el conflicto entre el capitán general Gonzalo Aróstegui y el deán Andrade durante 1821 se debió al intento desesperado de la jerarquía por “minar la libertad de imprenta”. Significativas son las palabras de Andrade a Aróstegui: “Atacada como lo está por dichos periódicos seductores, destructores del orden, extensivos no de las luces, sino de las tinieblas y errores, 14 “Arrojad lejos de vosotros para siempre esos libros perversos que en la dolorosa época pasada se han introducido descaradamente con tanta abundancia y que contienen doctrinas las más extravagantes y perniciosas para vosotros mismos, y con especialidad para vuestros tiernos hijos (…) haced que abominen con tedio obras tales que infectan y arruinan su alma”. Pastoral del obispo Mariano Rodríguez de Olmedo, 31 de diciembre de 1823. Archivo Histórico Nacional, en adelante AHN, Ultramar, 2.004/6. 15 AGPR, Gobernadores Españoles, 284. Ha sido publicada por Dávila, Arturo V.: Las encíclicas sobre la revolución hispanoamericana y su divulgación en Puerto Rico. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965, p. 77. 16 Sobre estos aspectos en España, Cuenca Toribio, José Manuel: La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823), extracto de Hispania Sacra, 18, 1965, pp. 356-362.
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Jesús Raúl Navarro García y contrarios a la más sana moral y política, me opondré a sus falsas doctrinas aún con mayor firmeza que la que me manifiesta V.S. en su defensa, aunque sin razón ni ley que pueda autorizarle”17.
El inicio del conflicto se desató al incluir el periódico puertorriqueño El Investigador algunos artículos de temática religiosa aparecidos inicialmente en el Diario Gaditano, fundado por el librepensador y crítico religioso-político Juan Antonio Olavarrieta (el revolucionario José Joaquín de Clararrosa)18. Desde sus postulados religiosos, impregnados por la libertad de conciencia y por un cristianismo tolerante, luchó en pro de la libertad de expresión y de conciencia, aspectos que debieron constituir un golpe muy fuerte para la religiosidad tradicional de la isla que representaban tanto el obispo Olmedo como el deán Andrade19 o Gutiérrez del Arroyo. Es por ello que el contenido de estos artículos aparecidos en El Investigador ocasionaron una ruidosa causa iniciada por el deán alegando que el periódico puertorriqueño carecía de licencia eclesiástica pese a haberse publicado en la península sin problemas. Esta injerencia en las funciones del gobierno –claramente opuesta a una real orden que en septiembre de 1820 delimitaba las funciones del clero en los juicios sobre libros religiosos—llevó al enfrentamiento con un poder político que se oponía a limitar la libertad de imprenta en aquellas obras que circulasen en la península. 17 AGI, Ultramar, 499, Carta de Andrade a Aróstegui fechada el día 21 de febrero de 1821. Más detalles en AGPR, Gobernadores Españoles, 17 (“Expediente formado por el alcalde primero de esta capital sobre los Investigadores, números 10, 11 y 12, que contiene los papeles sobre la confesión y el divorcio”, “Expediente instruido por el Gobierno sobre los procedimientos del Señor Provisor de esta Diócesis con los Investigadores mandados recoger, números 10, 11 y 12, por contenerse en ellos los papeles sobre la confesión y el divorcio”). 18 Gil Novales, Alberto: “Clararrosa americanista”, en Homenaje a Noël Salomon. Ilustración española e independencia de América, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1979, p. 123; también puede verse del mismo autor Las Sociedades Patrióticas, Madrid, editorial Tecnos, 1975, vol. 2, pp. 899-900, y Seoane, María Cruz: Historia del periodismo en España. El siglo XIX, Madrid, Alianza editorial, 1983, pp. 113-114. También de Gil Novales, Alberto: “Ilustración y materialismo en España”, “Las Cartas a Leocadia de José Joaquín Clararrosa” en Del Antiguo al Nuevo Régimen en España, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986, pp. 159-174. 19 Este leonés era hijo de dos hijosdalgos notorios de Quintanilla de Losada, había estudiado en las facultades de leyes y cánones de la Universidad de Valladolid, embarcándose a fines del siglo XVIII hacia América, en donde fue secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Quito. Tras pasar de nuevo por España se le confirió una ración vacante en la catedral de San Juan, cargo del que tomó posesión en mayo de 1793, compatibilizándolo con el de visitador del Obispado. Desde 1793 a 1845 (fecha de su muerte) permaneció en la isla y fue gobernador eclesiástico y vicario general capitular tras la muerte del obispo Pedro Gutiérrez de Cos (1833-1845) aunque el cargo ya lo había desempeñado también con anterioridad (Para más datos biográficos puede consultarse AGI, Ultramar, 502-503).
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El conflicto abierto entre la máxima autoridad de la isla y el deán acabó como se temía: en la expulsión de Andrade a la península, sobre todo cuando éste le expresó por escrito que no estaba dispuesto a ceder a sus amenazas20. Aróstegui no permitió que el editor de El Investigador, el secretario del Gobierno, Pedro Tomás de Córdova, se presentara en la audiencia eclesiástica para ser sumariado por Andrade, ni aceptó la multa que impuso al impresor Valeriano Sanmillán21. Esta medida coincidió con otra serie de acciones como la supresión de monacales y regulares y la renuncia del obispo de Puerto Rico, el mencionado Mariano Rodríguez de Olmedo, al afectarle una normativa contra los exdiputados que firmaron en 1814 el Manifiesto de los Persas22. Estos acontecimientos acabaron fortaleciendo, transitoriamente eso sí, a la figura del capitán general Aróstegui, quien no se dejó amedrentar por la decidida actitud de la jerarquía eclesiástica, afectada y disminuida en sus efectivos más conservadores por la actitud de la autoridad política liberal23. No obstante, fue continua la labor de la Iglesia en tratar de contener y contrarrestar la influencia que las doctrinas anticatólicas habían ocasionado durante el Trienio a través de la prensa y de los libros. En circulares y sermones el clero puertorriqueño intentó captar a la sociedad para ponerla en guardia ante las obras peligrosas que todavía pudieran llegar a sus manos: “¡Jóvenes! exclaman los apóstoles del materialismo, el monstruo horrible que ha arrojado millares de víctimas a las hogueras, y tenía a vuestra amada Patria sumergida en las tinieblas de la barbarie, ya está 20 AGI, Ultramar, 499. Carta de Andrade a Aróstegui fechada el 21 de febrero de 1821 21 AGI, Ultramar, 499. Representación de Andrade al rey, Madrid, 19 de noviembre de 1821 y Oficio de Aróstegui a Andrade, Puerto Rico, 17 de febrero de 1821. 22 El Manifiesto de los Persas pretendía legitimar un golpe de fuerza contra el sistema constitucional y fue firmado por 69 diputados, de los que 34 eran religiosos. A Olmedo se le privó de su empleo, honores, condecoraciones y pensiones aunque retuvo un sueldo de 4.000 pesos en su destierro a Santo Domingo. En la isla vecina estuvo desde abril de 1821 a marzo del año siguiente. La independencia de Santo Domingo facilitó su regreso a Puerto Rico, permaneciendo desterrado en Aguadilla hasta que el retorno absolutista le permitió regresar a San Juan (AGI, Ultramar, 499, AHN, Ultramar, 2.004/6, y AGPR, Gobernadores Españoles, 150, oficio de Olmedo a Aróstegui de 7 de abril de 1821). Unas referencias sobre su trayectoria personal pueden encontrarse en Navarro García: Control social…., p. 72, nota 122. 23 Andrade fue deportado a España a finales del mes de febrero de 1821, es cierto, pero aquí se le molestó poco y fue restituido por una real orden del 30 de diciembre de aquel mismo año (AGPR, Gobernadores Españoles, 284, oficio de Aróstegui al Cabildo Eclesiástico, fechado en Puerto Rico el 26 de febrero de 1821). Por su parte, Aróstegui fue destituido quizás por el estado de inseguridad que vivía Ultramar y el deseo del Gobierno peninsular de evitar conflictos que alentasen el espíritu de rebelión (AGI, Ultramar, 499, oficio de Gobernación de Ultramar al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, y Dávila: Las encíclicas…, p. 17).
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Jesús Raúl Navarro García pulverizado: llegó por último el tiempo de que el imperio de las luces ilustre vuestros entendimientos; levantaos de esa apatía y envilecimiento en que os han mantenido la tiranía y la superstición; apresuraos a estudiar y meditar las preciosas obras que se os habían prohibido y que para haberlas de leer teníais que encerraros debajo de cien cerrojos. En ellas es que se encuentra la verdadera ciencia que forma las almas grandes; los que las ignoran viven siempre en la abyección: convenceos de los principios luminosos que enseñan con todas las bellezas del estilo y el nervio del raciocinio y romped las cadenas con que se os había aprisionado. ¡Qué invitación ésta para una juventud que ignora los fundamentos sólidos de nuestra creencia, y que deseosa de contentar las pasiones que la agitan, no necesita más que una aserción semejante para apostatar de las banderas del cristianismo! Impío Volter [sic] tu inicuo proyecto de corromper los tiernos vástagos de la sociedad ya está realizado en la que antes era un emporio de virtudes: tus irreligiosas páginas y las de tus concolegas son los comentarios que leen los descendientes de los padres más cristianos. Católicos, lloremos, si es posible con lágrimas de sangre, la apostasía de tanto joven incauto que bebe el veneno más mortífero en las corrompidas fuentes del error. Los folletos titulados: El infierno destruido, El Contagio Sagrado, Dios y los hombres, Las Ruinas de Palmira, El citador, Talleyrand, El Cristianismo descubierto, El Hombre máquina, y otra infinidad de producciones infernales, cuyo objeto es enseñar el ateísmo, romper los vínculos que sujetan al hombre a su deber, canonizar los vicios más inmundos y detestar cuanto tenga viso de piedad: he aquí los escritos abominables que se estudian, se elogian y se citan como oráculos. Qué lengua podrá expresar las ruinas que todos ellos causan en la Fe! Los dogmas negados, los sacramentos ridiculizados, y los ministros del Santuario calumniados son los tristes resultados de una lectura semejante”24.
Como vemos, la importancia que se les concede a estas lecturas por parte de la Iglesia es elevada y el predicador deja también muy claro que la lectura de obras prohibidas era un error en el que caían quienes carecían de fundamentos sólidos, los jóvenes incautos alejados de la Fe y de las Virtudes Cristianas a las que se llegaba tan solo por el análisis racional y no por la hueca palabrería liberal. En definitiva, la finalidad del sermón en este aspecto era impedir que las obras impías excitaran los ánimos de los lectores potenciales y lograr que éstos se alejaran de ellas25. 24 De Soza: “Sermón que en la solemnísima….”, pp. 44-45. 25 Ibidem. p. 54. En una pastoral del deán Andrade, fechada el 10 de mayo de 1825, y que recoge Dávila (Las encíclicas…, p. 85) se repiten los mismos planteamientos: “sus máximas
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La acción directa: la propaganda desde la Iglesia Los sermones debían propagar el sentimiento monárquico en una sociedad rural, aislada y con un bajo nivel cultural, solventando los problemas que tenía la transmisión de noticias y la comunicación a través de los medios escritos oficiales26. Para ello, los sermones ofrecían una perfecta sistematización del discurso anti-republicano en suelo puertorriqueño27. Se utilizaban oposiciones claras, radicales, totalmente comprensibles, en las que el absolutismo (“lo bueno”) se detestables han alarmado la sinceridad de muy pocos jóvenes para distraerlos del seno santo de la virtud, por una parte propagando libros, folletos y aun pinturas que os impriman opiniones abominables e ignominiosas; por otra, separándoos con halagos del seno de la sociedad en que nacisteis, sujetos a un soberano, protestando para incitaros a rebelión, una libertad imaginaria y una igualdad desconocida, que sólo han cabido en las cabezas desatinadas de aquéllos que congregando a los simples, les hacen creer que quedarán ilustrados negando a Dios y faltando al rey”. 26 Sobre el adoctrinamiento de la Iglesia en valores ideológicos absolutistas hay una extensa literatura, por citar algunos trabajos señalemos el de Contreras Contreras, Jaime: “Procesos culturales hegemónicos: de religión y religiosidad en la España del Antiguo Régimen”, en Historia social, 35, 1999, pp. 3-22; Moliner Prada, Antonio: “El antiliberalismo eclesiástico en la primera restauración absolutista (1814-1820)”, en Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, 3, 2003; Carreño Rivero, Miryam: “El despertar de la conciencia cívico-política popular en los inicios de la España Contemporánea: la politización de los sermones en la Guerra de la Independencia (1808-1814)”, en Revista de educación, 339, 2006, pp. 317-338; Carreño Rivero, Miryam: La oratoria sagrada como medio de educación cívica en los inicios del liberalismo español, 1808-1823, Madrid, Universidad Complutense, 1989; Carreño Rivero, Miryam: “La oratoria sagrada como fuente para la historia de la educación en España” en V Coloquio de Historia de la Educación: Iglesia y Educación en España. Perspectivas históricas, Palma de Mallorca, Universidad de les Illes Balears, 1986, secc. 4, pp. 7-16; Escolano, A.: “Discurso religioso, mentalidad social y educación. Los sermonarios como fuente histórico-pedagógica”, en V Coloquio de Historia de la Educación: Iglesia y Educación en España. Perspectivas históricas, Palma de Mallorca, Universidad de les Illes Balears, 1986, secc. 4, pp. 33-50; y Molina Martínez, José Luis: Política de altar-trono: el Cabildo de la Colegial de San Patricio (Lorca 1800-1851): una aportación a la Historia de la Iglesia en Murcia en el siglo XIX, Colegiata de San Patricio, Lorca, 1996. Sobre los sermones liberales puede verse Dufour, G.: Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil AlbertDiputación de Alicante, 1991. 27 Junto a ello, el sermón fue el medio de alentar al pago de contribuciones religiosas tras la incidencia negativa del Trienio en el pago de impuestos como las primicias. En este sentido, el apoderado del vicario de San Germán y Manuel Ramírez de Arellano –recaudador de primicias de Añasco—ya proponían que el cura exhortase a sus feligreses a pagarlas (AGPR, Gobernadores Españoles, 290). De hecho, en España también se utilizaron los sermones para esto tras experimentarse un incremento de la resistencia al pago del diezmo. Esto, al fin y al cabo, era lógico al concebirse dichos privilegios como indispensables para ejercer la Iglesia sus funciones espirituales. Al respecto puede verse Santirso Rodríguez, Manuel: “Los últimos señores de Cataluña”, en Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, 2, 2001-2002; Montolío Hernández, Ricardo: “El medio diezmo: un episodio en la reforma eclesiástica del Trienio Liberal (1820-1823)”, en Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, 1, 1998-2000, y García Valverde, María Luisa: Los problemas económicos de la Iglesia en el siglo XIX: el clero parroquial de Granada, Granada, Universidad de Granada, 1983.
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identificaba con la luz y el sol, mientras que el liberalismo se hacía con la noche y con las tinieblas. Estas asociaciones fueron muy frecuentes en el discurso ideológico de los religiosos como podemos ver en varios sermones: “la tenebrosa noche del desorden y anarquía ya pasó; Fernando, como otro sol, saliendo de la prisión en que gemía, ha vuelto a iluminar vuestro horizonte. Los refulgentes rayos de equidad y de justicia que despide desde el magnífico trono en que la Providencia le ha sentado han hecho desaparecer a las sierpes venenosas que os herían”28. “Él, como el sol, que esparciendo sus brillantes y benéficos rayos no deja rincón del globo que no ilumine, derrama su beneficencia en las más ocultas chozas de la España […] su pueblo, que yacía sumergido y arrojado en las densas tinieblas de la anarquía vio la gran luz que se dignó darle el Eterno, restituyendo a nuestro Rey”29.
Es habitual también que las tesis absolutistas se identificaran con lo español, con lo genuinamente español, caracterizado por ser católico y servil. El abandono de esta ideología, asumir el liberalismo en una palabra, implicaba renunciar a la identidad española, asumir ideas extrañas y foráneas al carácter nacional: “acordaos de quiénes descendéis, a que nación pertenecéis, ¡ah! a la que por antonomasia se llama la católica, a la que cuenta innumerables mártires que derramaron su sangre por defender la fe. Sed, pues, lo que debéis ser, esto es, católicos, religiosos, firmes en la fe e irreprensibles en la moral”30.
En otras ocasiones, a los predicadores les preocupó mostrar la espontaneidad de ese pueblo a la hora de realizar sus manifestaciones serviles. La realidad, no obstante, era otra. Estas manifestaciones, lejos de ser espontáneas, se veían alentadas desde la Capitanía General como puede comprobarse en las celebraciones puertorriqueñas del primer aniversario de la liberación de Fernando VII: a los ayuntamientos se les obligó a dar brillantez a unos actos que se dudaba tuvieran capacidad de convocatoria suficiente para celebrar una festividad alentada por sectores muy conservadores de la jerarquía eclesiástica fundamentalmente. Bajo esta lectura interpretativa resulta 28 De Soza: “Sermón que en la solemnísima….”, p. 38. 29 Hernández: Sermón político-religioso…., pp. 9 y 14. 30 De Soza: “Sermón que en la solemnísima…”, p. 54.
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muy llamativo el modo como el padre Soza alude a la espontaneidad de dicha celebración: “Consagrar aniversarios que perpetúen de generación en generación y lleven hasta la posteridad más remota la memoria de los acontecimientos ventajosos que han hecho época en la sociedad, es una demostración que la misma naturaleza inspira y la religión prescribe y santifica […] La católica, noble y fidelísima Isla de San Juan de Puerto Rico, espontáneamente, sin que nadie la compela, con extraordinario gozo, ejecuta hoy este deber; su verdadero interés por el bien de toda la Nación a quien pertenece, y su amor grande a la Religión Santa de Jesucristo, no la permiten pasar en silencio sin manifestar al mundo todos los sentimientos de júbilo que causa a todos sus habitantes el recuerdo de un día que debe ser para todo buen español mucho más grato que aquéllos en que los falanges de la morisma fueron destruidos”31.
Ya hace años José Antonio Portero Molina señaló que la estructura interna de los sermones se fundamentaba en tres pilares básicos: su carácter omnicomprensivo, su homogeneidad ideológica y la sencillez (y rotundidad) de su lenguaje32. Unas características que facilitan enormemente el acceso al oyente o lector y que permiten al autor adaptarse al auditorio para garantizar así la efectividad de su mensaje. Su carácter abstracto y genérico permitía llegar a amplios sectores sociales, incluyendo desde luego a aquéllos que tenían un mayor peso en el control social, político y familiar (sacerdotes, padres de familia, jueces, autoridades…), quienes actuaban de canales de transmisión de valores y de noticias favorables a la monarquía, identificada claramente en los sermones con el catolicismo y la paz, con la felicidad y la prosperidad. Por ejemplo, en el caso de los padres de familia éstos eran un objetivo claro de sermones y pastorales para que no dejaran de dar a sus hijos las enseñanzas religiosas preceptivas o intensificaran la vigilancia sobre ellos en los hogares:
31 Ibidem. pp. 23 y 25. Las dudas debían estar ahí pues el autor del sermón niega cualquier sospecha de adulación: “Los partidarios del malhadado sistema que ya expiró, ¿qué podrán decir de este acto religioso que ejecutáis hoy en este templo del Dios vivo? ¿Le graduarán de baja y vil adulación? ¿Se atreverán a insultaros con los vergonzosos dictados de ilusos y viles porque celebráis un día en que, según ellos, se han hollado de nuevo vuestros imprescriptibles derechos, degradada otra vez vuestra dignidad y encadenada con más vilipendio vuestra libertad?”. 32 Portero Molina, José Antonio: Púlpito e ideología en la España del s. XIX, Zaragoza, Libros Pórtico, 1978, p. 12.
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Jesús Raúl Navarro García “Esforzaos, por tanto, en formar esa tierna juventud que está a vuestro cuidado, educándola más con el ejemplo que con la palabra en el santo temor de Dios”33.
En esta misma tónica, el obispo Gutiérrez de Cos prevenía en una pastoral de 1826 lo siguiente: “Padres de familia, escuchad con cuidado las conversaciones de los sediciosos en vuestras casas y luego que por algunas palabras que se les escapen conozcáis sus intenciones despedidlos de ella; prevenid a vuestros hijos que no se mezclen con gente corrompida, prohibidles acercarse a esas asambleas secretas donde se dan lecciones de infidelidad, de irreligión y de toda maldad si por desgracia hubiese alguna; quitad a vuestras hijas de la mano esos libritos dorados que empiezan a leer por curiosidad sin conocer el veneno que encierran; decidles que hay curiosidades que se penan […] registrad vuestros aposentos, recoged los libros y papeles seductores que encontréis y echadlos al fuego”34.
Queda claro el interés por mantener un estricto control en el pensamiento y en las lecturas de la sociedad puertorriqueña utilizando para ello los sermones y pastorales como medios de captar y atraer a los padres en un tema vital como la educación de los jóvenes. Gutiérrez de Cos no fue el único que se dedicó a esta tarea proselitista. Otro obispo, Olmedo, tras volver de su destierro en la península concedió al tema un importante lugar en su pastoral de 31de diciembre de 1823: “Arrojad lejos de vosotros para siempre esos libros perversos que en la dolorosa época pasada se han introducido descaradamente con tanta abundancia y que contienen doctrinas las más extravagantes y perniciosas para vosotros mismos y con especialidad para vuestros tiernos hijos a quienes intentan imbuir en sus ideas execrables para irlos formando otros tantos malévolos cooperadores de sus detestables designios”35.
Uno de los valores más utilizados en el sermón realista fue el de la obediencia, valor sobre el que debía fundamentarse la fidelidad al rey como único garante que era de libertades y derechos fundamenta33 De Soza: “Sermón que en la solemnísima…”, p. 52. 34 Pastoral de Gutiérrez de Cos, 18 de julio de 1826, p. 5 (AGI, Ultramar, 502). Su anterior pastoral, de 27 de febrero del mismo año, también concedía gran importancia a este particular (Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, 9 de mayo de 1826). 35 AHN, Ultramar, 2.004/6. Sobre los manuales educativos Villalaín Benito, L.: Manuales escolares en España. Tomo I. Legislación (1812-1939), Madrid, UNED, 1997.
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les, como defensor de la religión y motor del progreso nacional. Por encima de todo estaba la legitimación divina de su poder: “ocupaos solamente en obedecer sus órdenes, que no tienen otro objeto que el restablecer la paz y la felicidad entre vosotros; ved en su persona la imagen del Dios que adoramos; no creáis jamás, como intenta persuadir el insociable e impío Rousseau, que la corona que ciñe y el cetro que empuña son dádivas que vosotros le habéis hecho y de las que podéis despojarle cuando os parezca […] por mí, os dice el mismo Dios, por mí y no por los pueblos es que reinan los Reyes; la potestad que ejercen, de mí, y no de vosotros es que la han recibido; el trono en que están sentados no se lo habéis erigido vosotros, sino yo mismo. Vedle, pues, os repito, no como a un déspota sino como a un vicegerente del mismo Dios”36.
Esa legitimación se produce al atribuírsele un significado sagrado en el que no caben decisiones ni factores humanos. Dios es el nuevo motor de la Historia: todo suceso responde a un plan que sólo la divinidad conoce. En esta línea de pensamiento, el Trienio aparece por voluntad divina, como castigo a los pecados cometidos, y el retorno de Fernando VII se produce por los excesos liberales: el ejército invasor francés no deja de ser un mero instrumento utilizado por la divinidad…37 Cabe recordar aquí la importancia que tuvo el haber permanecido ajenos a los procesos independentistas en Cuba y Puerto Rico para explicar en el imaginario colectivo de los hacendados y de los miembros de sus cabildos catedralicios el avance económico en las dos islas desde finales del siglo XVIII. El obispo Gutiérrez de Cos aconsejaba a los sacerdotes que recalcasen “la miseria, abatimiento y desolación a que están reducidas las provincias insurreccionadas y las comparen con la felicidad y abundancia que gozamos en la actualidad bajo de una dominación suave y benéfica”38. En otra pastoral, la del 18 de julio de ese mismo año de 1826, Gutiérrez de Cos se expresaba en parecidos términos: 36 De Soza: “Sermón que en la solemnísima…”, pp. 38-40. AGI, Santo Domingo, 2.332. 37 “¡Venturoso día del primero de octubre en que la cábala de los jacobinos fue aterrada y disuelta por las huestes francesas y tropas leales españolas, que el Dios de San Fernando y de San Luis armó y condujo casi sin oposición alguna hasta las murallas de Cádiz” (De Soza: “Sermón que en la solemnísima…”, p. 25). 38 Pastoral de Gutiérrez de Cos, 27 de febrero de 1826, en Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, 9 de mayo de 1826.
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Jesús Raúl Navarro García “¿Qué ventajas proponen en el cambio del sistema? Apoderarse de las posesiones ajenas, desalojar a los vecinos de sus casas y poner la isla en el desorden y confusión. ¡Pobre Puerto Rico! Si te separaras de la España europea serías presa de cualquier nación emprendedora y después de saqueado y destruido tendrías que sufrir el yugo del más atrevido, del más astuto. Abrid los ojos, amados diocesanos, contemplad la felicidad en que vivimos bajo el dominio suave y paternal de nuestro legítimo soberano el Sr. D. Fernando Séptimo; tributadle como a Rey la obediencia que se le debe de justicia y como a padre de sus súbditos el amor y agradecimiento que exigen sus cuidados”39.
Esta exaltación a la paz, a la felicidad y a la prosperidad iba aparejada por tanto a la crítica feroz contra el republicanismo y contra Bolívar como responsables últimos de la decadencia económica de la América ya republicana. Junto a estas implicaciones económicas, la independencia política fue también uno de los temas preferidos de la propaganda de los sermones como no podía ser de otra manera habida cuenta de lo sucedido en el continente y la necesidad de evitar su propagación en las Antillas. También los sermones supieron adaptarse al bajo nivel cultural de la isla utilizando en ocasiones la sencillez expresiva, en otras la grandilocuencia o el maniqueísmo, pues los sectores populares (los “incautos” en la terminología de la época) eran un grupo especialmente sensible a ser embaucado por las ideas liberales. Por eso detrás de algunos textos se adivina el grupo social al que iban dirigidos: “alejaos del trato de los malos […] estad prevenidos para contestar a los novadores que os propongan sus detestables errores […] deseando por último convenceros que todos los daños y desvaríos que en varias épocas se han sufrido, y que aún se padecen lastimosamente en nuestros días, han tenido su origen de la novedad sugerida por la desmoralización de costumbres que en todas ocasiones oscurecen la fe y debilitan o destruyen el Santo temor de Dios y hace estrellar en los escollos de la perdición, sin que nada sirva de desengaño”40. 39 AGI, Ultramar, 502. En parecidos términos se dirigía el obispo Espada en su Circular al Cabildo de su Santa Iglesia Catedral y al clero secular y regular de su Diócesis para que exhorten y prediquen la paz, la concordia y unión entre todos los fieles de este obispado y el olvido y remisión de las ofensas inferidas en la época de la revolución pasada, en los términos que ordena S.M. en su alocución dirigida a los españoles en 1 de mayo de 1824, Imprenta de la Curia Eclesiástica por la viuda de Boloña, La Habana, 1824 (AGI, Ultramar, 375). 40 AGPR, Gobernadores Españoles, 285, pastoral de Olmedo a sus fieles, fechada en Puerto Rico el 2 de noviembre de 1824. En igual sentido se expresaría su sucesor Gutiérrez de Cos en la pastoral del 18 de julio de 1826 (AGI, Ultramar, 502).
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Todos los mecanismos eran válidos para inculcar valores que legitimaban la dependencia colonial y el sistema absolutista: los sermones nos ofrecen, por tanto, una sistematización de los puntos fundamentales del discurso reaccionario41. Permiten impregnar a la población de valores como el respeto a las autoridades y a los monarcas, siendo incluidos en las páginas de la oficialista Gaceta del Gobierno de Puerto Rico y publicados en impresos financiados por la hacienda insular con objeto de alcanzar su máxima eficacia. La efectividad y la validez del sermón en la propaganda realista no debe desdeñarse (y tampoco en la propaganda insurgente y constitucional) como confirma la vigilancia gubernamental sobre sus contenidos y sobre los religiosos sospechosos por su ideología –en la guerra carlista por ejemplo se prohibió predicar y confesar a los que se sospechaba que profesaban el carlismo-. Los manuales de oratoria y algunas pastorales de los obispos de Puerto Rico exigían la máxima eficacia en la transmisión del mensaje a los fieles, y esa eficacia cabe interpretarla como la capacidad de mover al fiel a la observancia de lo que en ellos se dijera: “Los labios del sacerdote guardarán la sabiduría y de su boca se buscará la ley”. Esta afirmación es un reconocimiento del papel asignado al clero en la defensa del Antiguo Régimen y de su capacidad para resolver dudas morales y también políticas que surgieran ante el mensaje republicano-independentista y constitucional. Por eso se invitaba a los fieles a consultarles las dudas de orden moral o político que pudiesen surgirles tras el contacto con sospechosos de liberalismo. Por ello, desde la Capitanía General de Puerto Rico, se procuró no sólo controlar a los eclesiásticos independentistas sino también a los que suponían un mal ejemplo por su conducta religiosa ya que un comportamiento así podía disminuir la capacidad de influencia sobre los fieles con la consiguiente puesta en peligro de la “seguridad del territorio”. No olvidemos que los sacerdotes fueron también utilizados como canales para propagar noticias favorables a la monarquía a través de su actividad pastoral directa con los feligreses. Casi siempre la acción conjunta de las autoridades militares y religiosas redundó en una mayor eficacia del control social e ideológico, aunque habría que profundizar más en el estudio de la posible influencia ejercida desde 41 Roura Aulinas, Lluis: “El pensament anti-filosofic i contra-revolucionari de la jerarquia eclesiastica espanyola”, en Trienio, 3, 1984, p. 59.
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el púlpito por el clero sobre dichas autoridades. En este sentido, nos ha interesado desde hace muchos años el peso que tuvieron los altos cargos de la administración española de la isla de Puerto Rico en alentar desde su territorio una auténtica plataforma ideológica desestabilizadora del orden republicano en Costa Firme42. En esta labor destacó un colectivo en el que estuvieron presentes tanto el capitán general La Torre como el secretario del Gobierno Pedro Tomás de Córdoba y sobre todo el intendente José Domingo Díaz. El colectivo de religiosos que estuvo al frente de los escritos que podemos denominar como “ideológicos” no centró su discurso en el tema independentista, sino que éste fue tratado sobre todo por las autoridades políticas y militares, quizás porque detrás de la propaganda estaba implícita su coordinación con campañas militares y la propaganda anti-republicana debía llevarse directamente desde el mando unificado político-militar de la isla. El papel político-ideológico de la Iglesia en el sistema educativo del período revolucionario Junto a la actividad desplegada por los miembros eclesiásticos para alentar la censura en la isla y el mayor protagonismo alcanzado en la producción de textos, la Iglesia desempeñó también un papel relevante en el sistema educativo de la isla43. De hecho, en las condiciones que regulaban la elección y nombramiento de maestros en el examen que debían pasar los candidatos en San Juan estaban obligados a justificar su vida y costumbres “ante la justicia ordinaria con citación del síndico procurador” y una vez aprobado el examen tenían que aprobar otro de doctrina cristiana para obtener el título otorgado por el prelado diocesano44. 42 Sobre el importante papel de Puerto Rico en la propaganda ideológica del Caribe no sólo pueden consultarse algunos trabajos incorporados en el citado Navarro García, Puerto Rico a la sombra… sino también Navarro García, Jesús Raúl y Barrera Parrilla, Beatriz: “Con la pólvora en el tintero: propaganda y contrainsurgencia en la Venezuela republicana. El ejemplo de José Domingo Díaz” en Navarro García, Jesús Raúl, coordinador: Insurgencia y republicanismo, Sevilla, CSIC, 2006, pp. 105-132, y Barrera Parrilla, Beatriz y Navarro García, Jesús Raúl: “La Edad de Oro como proyecto de patria y el modelo caballeresco en los panfletos del polemista José Domingo Díaz (1826-1828)”, Ibidem, pp. 133-152. 43 MEC: Historia de la Educación en España, I. Del Despotismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz, Madrid, MEC, 1985, e Historia de la Educación en España. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, MEC, 1985. 44 Consulta de Francisco Marcos Santaella. Puerto Rico, 26 de junio de 1828. Estas condiciones estaban reguladas por el plan para las escuelas de primeras letras aprobado en España por
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El fondo ideológico-religioso que impregnaba gran parte de la realidad nacional desempeñaba también una clara función modeladora de masas en una sociedad como la de Puerto Rico a principios del siglo XIX, aun reconociendo que todo un movimiento ilustrado y liberal se iba abriendo paso poco a poco, con unos planteamientos educativos mucho más innovadores y reformistas45. Por tanto, la instrumentalización en una u otra dirección dependía de la posición de privilegio de unos grupos sociales sobre otros46. En el caso concreto de Puerto Rico el proceso de independencia continental obligaba además a un esfuerzo adicional de control ideológico en la enseñanza, inculcando a toda costa “la sumisión y obediencia al gobierno, así como la constante unión de la isla a la madre patria” e incorporando el real decreto de 16 de febrero de 1825. Sobre el tema puede verse, entre otros, Coll y Toste, Cayetano: Historia de la instrucción pública en Puerto Rico hasta el año de 1898, Bilbao, editorial Vasco Americana, 1970; Selles Sola, G. y Osuna, Juan José: Lecturas históricas de la educación en Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 1903; Cuesta Mendoza, Antonio: Historia de la educación en el Puerto Rico colonial, 2 vols. México, Imprenta de Manuel León Sánchez, 1946 (vol. 1) y Ciudad Trujillo, Imprenta Arte y Cine, 1948 (vol. 2); Mellado Parsons, Ramón: La educación en Puerto Rico, Río Piedras, Librería Alma Mater, 1979; Ferrer Hernández, Gabriel: La instrucción pública en Puerto Rico. Su pasado, su presente y modo de mejorarla en lo futuro, Puerto Rico, Imprenta de José González Font, 1885; Ruiz Berrio, Julio: Política escolar de España en el s. XIX (1808-1833), Madrid, CSIC, 1970; Macho Moreno, Juan: Compilación legislativa de Primera Enseñanza de la isla de Puerto Rico y formularios para toda clase de servicios relacionados con la instrucción primaria, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Cía., 1895. 45 En este sentido habría que mencionar las nuevas corrientes pedagógicas (método de Lancaster, erradicación de los castigos corporales, fomento de la enseñanza femenina y del método explicativo), la concepción de la enseñanza como servicio público gratuito y el papel desempeñado por el Reglamento General de Instrucción Pública y la Instrucción Metódica (Navarro García: Control social…, pp. 146-156). En el ámbito contrario señalemos los trabajos de Vergara Ciordia, Javier, y Redondo García, Emilio: “Mentalidad cristiana y pensamiento pedagógico de la Iglesia en España: la actitud de la Iglesia española ante la política educativa del Estado y el fenómeno de la secularización docente: la primera mitad del siglo XIX”, en Bartolomé Martínez, Bernabé, coord.: Historia de la acción educativa de la Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, vol. 2, pp. 128-136, y García Regidor, Teódulo: “Mentalidad cristiana y pensamiento pedagógico de la Iglesia en España: la actitud de la Iglesia española ante la política educativa del Estado y el fenómeno de la secularización docente: la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX”, en Bartolomé Martínez, Bernabé, coord.: Historia de la acción educativa de la Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, vol. 2, pp. 137-161. 46 Véase por ejemplo Viñao Frago, Antonio: Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus relaciones en la Enseñanza Secundaria, Madrid, Editorial Siglo XXI, 1982, y Ruiz Berrio, Política escolar… También puede verse el interesante trabajo de Castillejo Cambra, Emilio: “Cómo se enseña la Ilustración en la Escuela: la versión comunitarista, liberal y republicana”, en Historia de la educación. Revista interuniversitaria, vol. 27, 2008, pp. 303-321 (sobre el carácter confesional de la Constitución gaditana y el decreto de libertad de prensa que dejaba fuera a los dogmas y “verdades” religiosas: Fraser, R.: La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, Editorial Crítica, 2006).
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unos modelos imbuidos por el deseo de un mayor despegue económico. Liberales y absolutistas consideraron a la enseñanza un excelente medio propagandístico y vieron en ella un remedio al atraso que atenazaba al país47. Un país paralizado por tasas de analfabetismo muy superiores a las del resto de la Europa occidental tenía su prolongación en Puerto Rico, en donde a mediados del siglo XIX sólo recibían enseñanza 3.876 niños y 1.601 niñas48 y los maestros tenían sueldos tan bajos (cien pesos anuales) que muchas plazas en los pueblos ni siquiera llegaban a cubrirse. La Sociedad Económica de Amigos del País estaba también escasamente dotada como para cumplir de forma digna sus funciones de generalizar la enseñanza elemental y mejorar los sistemas pedagógicos. Por eso, algunos apuntaban a que la crítica a su escaso protagonismo era una crítica al Gobierno por no estar dignamente dotada49. Con este estado de cosas, la utilización de la educación como instrumento ideológico por parte del clero se veía limitada enormemente en la isla por los bajísimos índices de escolaridad. Las razones que explican esta circunstancia son muy diversas: desde la escasez de fondos o la nula formación de los docentes50, al escaso número de 47 No faltan las expresiones que recalcan la importancia de la educación para formar “hombres útiles, laboriosos y buenos vasallos”. Favorecer el avance económico y la seguridad política parece que están detrás de esa expresión del secretario del gobierno español (de Córdova, Pedro Tomás: Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968, vol. V, p. 366) que estaba bastante extendida entre la opinión pública de la isla en los años del progreso económico local y de la independencia continental. Los intereses criollos no eran muy diferentes: el ayuntamiento de San Juan confiaba que la educación formaría hombres alejados “de las máximas corrompidas” y que desterraría “el ocio y la ignorancia que es madre de todos los vicios, entronizar la religión, refrenar las costumbres, aumentar las artes y las ciencias, cultivar los entendimientos de jóvenes que siendo susceptibles de la mayor ilustración en estos países se ven oscurecidos por carecer de recursos” (AGPR, Fondos Municipales, serie San Juan, Leg. 67, expediente 2, f. 8v-9r). 48 De Diego García, Emilio: Puerto Rico bajo la administración española durante la primera mitad del s. XIX, Colección de Tesis Doctorales, Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1985, p. 261. Algún testimonio de la época, como el del religioso José María Bobadilla, ofrece visiones difícilmente sostenibles (AGPR, Fondos Municipales, serie San Juan, Leg. 67, expediente 3, Informe del reverendo Dr. José María Bobadilla, 6 de abril de 1835). 49 Testimonio del regente de la Audiencia en AHN, Ultramar, 2.020/3, “Testimonio del expediente formado en esta Real Audiencia en cumplimiento de la Real Orden de uno de marzo de 1838 para informar acerca de la Memoria del Coronel D. Pedro Tomás de Córdova sobre todos los ramos de la Administración de esta isla. Real Audiencia de Puerto Rico (años 1838 y 1839)”, ff. 11-12 v, 206 v y 239. A finales del siglo XIX la tasa de analfabetismo entre las mujeres puertorriqueñas superaba el 85% (Brau, Salvador: “Las clases jornaleras de Puerto Rico”, en Disquisiciones sociológicas y otros ensayos, ediciones del Instituto de Literatura, Universidad de Puerto Rico, 1956, p. 147; Ferrer Hernández: La instrucción pública…). 50 Alonso Marañón, Pedro Manuel: “San Marcos de León, un centro de formación de maestros en el siglo XIX”, en Memoria ecclesiae, 12, 1998, pp. 301-354.
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escuelas o al difícil acceso a ellas debido a la dispersión espacial de la población más allá de los recintos urbanos. La rápida incorporación de los niños al mundo laboral tampoco facilitaba la escolarización y menos aún en un ámbito como el tropical en el que las adversidades climatológicas exigían muy a menudo la máxima colaboración de la familia en las tareas del campo51. A pesar de que los municipios pagaban el sueldo del maestro, las familias pudientes pagaban ciertas cantidades adicionales, circunstancia que favorecía que ante cualquier problema de pago por parte del ayuntamiento las familias pudientes llegaran a acuerdos con los maestros para seguir su actividad docente sólo con los alumnos más adinerados, algo que desde luego era preferido por estas familias no sólo por cuestiones de clase sino también por cuestiones raciales. El mismo capitán general La Torre cuando destina de nuevo a Antonio Aguayo a la escuela de Bayamón alega como circunstancia positiva que tuvo “mayor número de jóvenes […] y de la clase blanca” que Zacarías Pedrogo, quien la desempeñaba con muchos alumnos pardos…..52 Avanzada la década de los treinta del siglo XIX se sumaron a las ya citadas razones de baja escolaridad otras de tipo ideológico: no convenía que las clases desposeídas tuvieran acceso a la educación en una época en la que por todos los medios se estaba intentando incorporar trabajadores libres al sistema económico de las haciendas, reclutándolos entre familias campesinas empobrecidas, vagabundos, huérfanos y otros sectores marginales53. Por lo demás, las limitaciones económicas de estos sectores siempre siguieron estando presentes… 51 Por esto no es extraño que tras el terrible huracán de fines de julio de 1825 el alcalde de Gurabo comunicase el 24 de diciembre de ese año al capitán general La Torre la supresión de la cuota al maestro pues ningún vecino podía “tener sus hijos en la población en la época calamitosa que los rodea y cuando más los necesitaban para ayuda de sus labores, siéndole al pueblo muy beneficioso el que se le rebajasen los cien pesos que tiene asignados el maestro sin utilidad del público en el citado año que se encuentra tan recargado y con menos posibilidad que nunca para poder satisfacer” (AGPR, Gobernadores Españoles, 327). De la dispersión demográfica nos da idea el municipio de Ponce, el cual tenía en 1822 nada menos que 25 barrios en los que vivían 2.038 vecinos (AGPR, Gobernadores Españoles, 13, “Expediente del censo del pueblo de Ponce, Puerto Rico. Año de 1822”). 52 AGPR, Gobernadores Españoles, 327, oficio de La Torre al alcalde de Bayamón, 22 de julio de 1826 53 Si bien la Ilustración y luego el liberalismo intentaron difundir la enseñanza entre todos los grupos sociales no hubo en estos inicios del siglo XIX una posibilidad real de que las clases menos favorecidas alcanzaran gracias a ella un cierto ascenso social porque se entendía la educación únicamente como un antemural para calmar cualquier intento de sublevación (Blanco, Tomás: Prontuario histórico de Puerto Rico, San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1943, p. 68, y voto de Juan Duro Espinosa en “Testimonio del expediente formado en esta
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Tras el Trienio Liberal, Fernando VII exhortó a las órdenes religiosas a realizar un esfuerzo por controlar la enseñanza primaria, mensaje que en el caso de Puerto Rico apenas tuvo validez pues las órdenes religiosas prácticamente desaparecen de la isla con el Trienio. Los conventos cerraron sus puertas y muchos de los religiosos de la isla la abandonaron y partieron en dirección a Cuba, Santo Domingo o Venezuela. Con ellos se fueron los estudios que antes impartían sobre cuestiones teológicas y filosóficas y con ellos se acabó también un importante apoyo a la labor propagandística frente a la insurrección. En cambio, en la península el Plan de Estudios de Calomarde dio un gran papel a los escolapios, partidarios de aplicar una enseñanza monárquico-religiosa54, aunque estaba muy lejos de alentar cambios significativos en sociedades como la española o puertorriqueña. En realidad, la educación elemental estaba abandonada a su suerte55 pues la financiada con fondos públicos adolecía de escasos recursos y de pocos candidatos a maestros –por lo demás poco o escasamente cualificados ante la ausencia en la isla de centros formativos–56, circunsReal Audiencia…”, f.101 v. AHN, Ultramar, 2.020/3). Incluso había un claro deseo de que la juventud perteneciente a las castas sólo se identificara “con los principios propios de su diferente posición social para evitar que un tiempo pueda dar días de luto y amargura al Estado” (Voto de José Serapio Mojarrieta en “Testimonio del expediente formado…”, AHN, Ultramar, 2.020/3, ff. 205 v y 206 r). En el mismo tono puede verse el artículo de Cruz Monclova, Lidio: “Dos maestros”, en Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 68, julio-septiembre, 1975, pp. 1-5. En Cuba a Domingo del Monte le preocupaba que las nueve décimas partes “de su población blanca y libre” se quedaran sin educar en las escuelas pero nada habla de la discriminación sobre la población negra. Incluso su preocupación por la enseñanza se debía al incremento de la inseguridad pública que podía provocar la incultura: “no hay gente más levantisca y ocasionada a revueltas y alborotos que un pueblo ignorante y por supuesto pobre y probablemente corrompido” (Del Monte, Domingo: Escritos de Domingo del Monte, Colección de Libros Cubanos, La Habana, Cultural S.A., 1929, vol. 2, p. 26). 54 En la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico del 15 de mayo de 1829 podía leerse cómo los liberales criticaban la enseñanza en manos de religiosos por hacer más “de los niños unos entusiastas o unos entes tímidos y huraños que hombres a propósito para las ciencias ni para la sociedad […] España sería bárbara mientras se viese en la Corte a un escolapio […] que con una caña iba por sus calles conduciendo los niños como se conduce a los pavos o a un rebaño de carneros”. Véase también Alonso Marañón, Pedro Manuel: “Iglesia y Estado, sistemas educativos nacionales de instituciones docentes religiosas: el caso particular de las Escuelas Pías en Hispanoamérica en el siglo XIX”, en Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, 11, 1992, pp. 91-104, y del mismo autor “Control socio-político e institución docente: presentación oficial de las escuelas pías en Cuba en el siglo XIX”, en Memoria ecclesiae, 5, 1994, pp. 323333. 55 López Cantos, Ángel: “Nivel de instrucción en Puerto Rico en los siglos XVI al XVIII”, en Revista de Historia, 3, enero-junio de 1986, pp.72-112, y “Testimonio del expediente formado…”, ff. 100 v., 206 v., 239 v. y 240 r. (AHN, Ultramar, 2.020/3). 56 Al respecto, recordemos que el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras (1825) no exigía a las maestras ni siquiera saber leer o escribir.
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tancias todas ellas que redundaban en su escasa consideración social. Por lo que respecta a la educación privada era aún bastante incipiente pues si bien las familias acomodadas debían buscar alternativas para sus hijos éstas pasaban por soluciones específicas e individualizadas, no por un sistema alternativo. Y cuando empezaron a surgir colegios privados, ya en la década de los treinta, a la sombra del desarrollo económico de poblaciones como San Juan, Mayagüez, Ponce, Caguas o Arecibo, se vio cómo esta alternativa seguía siendo sólo válida para cubrir las deficiencias del sistema público entre las elites insulares57. Por lo que respecta al sistema educativo en sus niveles medio y superior cabe decir que las muchas tentativas y pocos logros obtenidos a la hora de incrementar este tipo de alternativas educativas en la isla tuvieron mucho que ver con una peculiar forma de entender la política ultramarina desde la península y también de entender la política de propaganda colonial. Al no fomentar de una forma clara la enseñanza secundaria y superior en Puerto Rico la metrópoli dejó a su suerte la enseñanza de las clases sociales más destacadas, con una oferta educativa que no estaba a la altura del desarrollo económico alcanzado por la isla. Así, no les quedó otro recurso que salir a estudiar al extranjero, lo cual significaba no poder influir ideológicamente en ellos. Flaco favor el que hizo con su actitud la metrópoli a la estabilidad colonial…. Acabó triunfando la alternativa de impedir a toda costa la expansión cultural y educativa en Puerto Rico, el temor a crear un foco cultural potencialmente peligroso. Esta circunstancia fue la verdadera causante –más que la falta de recursos en la metrópoli para crear un sistema educativo alternativo plenamente puertorriqueño– de la salida hacia el extranjero de muchos estudiantes. Incluso los sectores más conservadores del clero puertorriqueño, encabezados por el ya mencionado deán Andrade, percibieron muy pronto que era preciso controlar los niveles educativos que aún estaban sin crear en la isla pero cuya necesidad era ya evidente. Andrade llega a proponer toda una serie de arbitrios para poder financiar la Universidad puertorriqueña y llega a decir que “si ninguno de estos arbitrios fuesen de la aprobación de S.M., ni tuviese por oportuno acceder a otros, concédasenos la gracia, que por acá nos compondremos. En su concesión a nadie se perjudica y de su denegación juzgo que a todos estos habitan57 Estos centros tenían un carácter elitista y discriminatorio muy marcado sobre los sectores populares (Navarro García: Control social…., pp.154-156).
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tes y hasta al mismo soberano”58. La educación en el extranjero debía contrarrestarse con una educación superior en la isla que sirviera a las familias más acomodadas de Puerto Rico y que, al mismo tiempo, estuviera controlada ideológicamente por el clero. Éstas eran las premisas de las que partía la elite intelectual y económica así como las corporaciones municipales en su pretensión de establecer en la isla una educación universitaria factible en momentos poco propicios para ello como el periodo absolutista59. Se pretendía ofrecer, en definitiva, una educación monárquica frente a una educación superior manejada por valores republicanos en las universidades norteamericanas y europeas. Sin embargo, se optó desde Madrid por no ofrecer alternativa alguna y entregar en bandeja la peor opción: la de la formación en el extranjero. Así se comprueba que ya desde fines del siglo XVIII pasó a ser frecuente el envío de jóvenes pertenecientes a las elites locales a universidades extranjeras pese a las restricciones gubernativas que había (real cédula de 18 de noviembre de 1799 y real orden de 25 de enero de 180260). El proceso debió alcanzar un mayor desarrollo con el incremento de las relaciones comerciales con Estados Unidos y la dificultad de enviar a los jóvenes estudiantes a posesiones españolas como Cuba, Santo Domingo o Venezuela, afectadas ahora por las guerras independentistas y la consiguiente inseguridad de las comunicaciones. Tanto de Cuba como de Puerto Rico se calculaba que había 58 AGI, Santo Domingo, 2.525. Oficio de Andrade al secretario de Estado y Despacho Universal de Gracia y Justicia. Puerto Rico, 14 de diciembre de 1825. 59 De hecho, se pretende crear ya una universidad en Puerto Rico desde finales del siglo XVIII pero estos intentos fueron siempre infructuosos y frustrantes ya que incluso cuando se creó la Universidad por la real orden de 4 de marzo de 1823 su fundación no pudo concretarse debido al restablecimiento absolutista, que obligó a suspender la comisión que debía estudiar los estatutos de la institución universitaria. A finales de la década de los treinta del siglo XIX las viejas suspicacias sobre los peligros que acechaban al llamado imperio insular alcanzaron niveles elevados y pese al apoyo de ayuntamientos, autoridades militares y religiosas, la Sociedad Económica y Junta de Comercio y Fomento, etc. se siguió dando la espalda al viejo proyecto universitario. 60 Cruz Monclova, Lidio: Historia de Puerto Rico. Siglo XIX, Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1958, vol. 1, p. 268. La real orden de 1802 se expresaba en estos términos: “El Rey ha sabido con sumo disgusto la transmigración de los jóvenes de la primera nobleza de esa isla a los Estados Unidos de América para ser educados por los sacerdotes de San Sulpicio establecidos allí y me ha mandado S.M. prevenir a V.S. haga entender a sus respectivos padres que es su Real Voluntad que sin demora los retiren al seno de sus familias y que los remitan a esta metrópoli caso que quisieren darles la educación que no puedan adquirir en sus casas” (AGPR, Gobernadores Españoles, 127). La opción represiva siempre estuvo en la mente de las autoridades peninsulares y eclesiásticas pues Andrade propuso en octubre de 1825 aumentar las penas impuestas a los padres que enviasen a sus hijos y a los que ya los tuviesen en el extranjero.
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unos doscientos estudiantes en Estados Unidos en torno al año 1825, cantidad que ya era muy significativa sobre todo cuando se consideraba la negativa influencia que podía ejercer semejante colectivo tras conocer un sistema de enseñanza republicano. El deán Andrade señalaba muy claramente al secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia cómo estaban expuestos esos estudiantes “en aquellos dominios libres a la sola moral que corresponde a la sociedad y a un Gobierno democrático, aborrecen todas las leyes eclesiásticas y civiles que refrenan las vehementes pasiones de su edad juvenil y regresan a éstas sus casas sin religión y enemigos de todo Gobierno Monárquico”61. El apoyo mostrado por Andrade a la creación de la Universidad tenía que ver con la incorporación de los estudios del proyectado Seminario a un plan educativo superior de tipo universitario que, de haberse hecho realidad, hubiese dado a la Iglesia el control casi absoluto de la enseñanza en la isla y hubiera permitido ocupar el vacío de las universidades ubicadas en las posesiones perdidas del continente. La gravedad de la situación se incrementaba si tenemos en cuenta que a Estados Unidos estaba llegando un número considerable de estudiantes procedentes de las jóvenes repúblicas americanas con los que lógicamente intercambiarían experiencias los estudiantes puertorriqueños62. En los años treinta del siglo XIX el problema latente de los estudiantes formados en Estados Unidos seguía vigente: el capitán general López de Baños recordaba que regresaban “imbuidos en ideas exageradas de libertad que difunden entre los jóvenes del país, sembrando en sus corazones, sin advertirlo, las semillas del republicanismo”63. Lejos de ayudar a un cambio de dirección en la política colonial, la metrópoli siguió contemporizando y dando largas a la formación universitaria de la elite insular en el propio Puerto Rico64. 61 AGI, Ultramar, 414, oficio del gobernador eclesiástico Nicolás Alonso Andrade al secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia, Puerto Rico, 19 de octubre de 1825. Puede verse también AGPR, Fondos Municipales, serie San Juan, 67, expediente 2, informe del Ayuntamiento de San Juan del 20 de octubre de 1828, en “Expediente relativo a los medios que pueden adoptarse para establecer colegios en esta isla. 1828”, f. 7 v. 62 Un listado de estudiantes puertorriqueños que habían estudiado en el extranjero o que lo estaban haciendo sobre el año 1828 en Navarro García, Control…, pp. 125 y 126, y AGPR, Gobernadores Españoles, 127. 63 AHN, Ultramar, 5.062/26, oficio del capitán general López de Baños al secretario de Estado y Despacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, Puerto Rico, 6 de noviembre de 1838. 64 Real orden de 28 de enero de 1840. Le precede el informe de la Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar, celebrada en Madrid el 4 de junio de 1839. AHN, Ultramar, 5.062/26.
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La única concesión educativa a la isla fue el Seminario Conciliar, inaugurado en octubre de 183265, con planes docentes tradicionales que trataron de dar cierta uniformidad a los estudios secundarios tras el periodo del Trienio Liberal, cubriendo tardíamente algunas de las necesidades de la elite puertorriqueña66. En este sentido, el retorno absolutista propició un cambio en las materias educativas impartidas y la potenciación de nuevo del papel de los religiosos en el sistema educativo a pesar de las medidas adoptadas contra los regulares en el Trienio. Pese a las informaciones muy propagandísticas de la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico la realidad es que las novedades educativas implementadas por la restauración absolutista fueron limitadísimas y sobre todo estuvieron dirigidas a perfeccionar el control ideológico en la enseñanza de la isla. Por eso son más que cuestionables algunas valoraciones vertidas sobre el papel desempeñado por algunos miembros de la jerarquía religiosa en las medidas adoptadas tras el restablecimiento absolutista y tras la consolidación republicana en el continente67. Al igual que ocurriera con la defensa de un sistema universitario propio, eso sí fuertemente controlado ideológicamente, la elite reli65 Cuesta Mendoza: Historia de la educación…, vol. 1, pp. 317-325, y vol. 2, pp. 125133, 177-178; Gutiérrez del Arroyo, Isabel: El Reformismo ilustrado en Puerto Rico, México, Asomante/El Colegio de México, 1953, pp. 207-208; Cruz Monclova: Historia…, vol. 1, pp. 266-267. Su creación ya se había solicitado desde 1712 en varias ocasiones por parte del Cabildo Eclesiástico aunque las dotaciones de Miguel Xiorro y Arizmendi, del obispo Gutiérrez de Cos, el apoyo de La Torre o la excelente acogida del teatro que debía financiarlo allanaron el camino considerablemente esta vez……Algunos antecedentes más inmediatos tienen que ver con la real orden de 24 de febrero de 1828 que permitía establecer colegios en Cuba y Puerto Rico (AGI, Ultramar, 414, consulta del Consejo de Indias, Madrid, 21 de agosto de 1828). 66 Andrade encabezó el interés por crear en la isla el Seminario pero siempre que estuviera controlado estrechamente por la jerarquía eclesiástica y estuviera cerrado a los estudios de carácter científico como se vio con el proyecto –abortado por Andrade– del rector fr. Ángel de la Concepción Vázquez y el padre Dr. Rufo Manuel Fernández (sobre esta cuestión en España, aunque de una época más tardía puede verse Benso Calvo, Carmen: “La enseñanza de las matemáticas en el siglo XIX. Polémica en torno a los programas elaborados por el catedrático Teodoro Varela de la Iglesia en el Instituto de Santiago”, en Sarmiento. Anuario Galego de Historia de Educación, 12, 2008, pp. 174-185. El antecedente más inmediato del Seminario fue el Colegio de San Ildefonso, potenciado por Andrade en 1825 con unas materias poco novedosas y con profesores muy controlados ideológicamente (De Córdova: Memorias…, vol. 4, pp. 320-321; Cuesta Mendoza: Historia de la educación…, vol. 1, pp. 286-291, y Sotero Figueroa: Ensayo biográfico de los que más han contribuido al progreso de Puerto Rico, San Juan, Ediciones Borinquen-Editorial Coquí, 1973, p. 46). 67 Es el caso de autores como Cuesta Mendoza (Historia de la educación…, vol. 2, p. 176), o Gutiérrez del Arroyo (El reformismo…, p. 206), quienes califican a Andrade como “uno de los sacerdotes más beneméritos en los anales de la cultura del pueblo” o su actuación como un ejemplo de “fervor cultural”.
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giosa puertorriqueña promovió el Seminario (junto a la elite insular)68 para poder formar a un colectivo de religiosos escasamente preparado hasta entonces para los retos que suponía enfrentarse a un proceso tan peligroso y complejo como el de la independencia de los territorios continentales. Éste fue sin duda uno de los grandes motivos que tuvo presente el obispo Pedro Gutiérrez de Cos para aprobar su construcción y poder seleccionar con ello a quienes iban a ser futuros sacerdotes: “Ninguna preocupación es demasiada cuando se trata de formar un plantel de donde han de sacarse Ministros dignos de servir en el santuario, capaces de instruir a los pueblos con la palabra y de edificarlos con el buen ejemplo”69. Para ello, se estipulaba una normativa de acceso que incluía a “jóvenes de buena índole, naturales de la isla, de origen español, limpios de mala raza, hijos de legítimo matrimonio […] de edad por lo menos de doce años, que hayan recibido alguna vez la Sagrada Eucaristía y el Sacramento de la Penitencia, que sepan la Doctrina cristiana, leer y escribir competentemente”70. Epílogo El “trauma” de la independencia, por llamarlo de alguna manera, estaba muy fresco en Puerto Rico, no sólo por la proximidad geográfica a Costa Firme y las estrechas relaciones económicas anteriores, sino por la constante llegada de emigrantes a los que se intentaba atraer a la causa realista. Esos emigrantes pasaban a engrosar en muchas ocasiones los sectores reaccionarios de los dominios coloniales (ocupando habitualmente altos cargos en la administración insular) pero por haber estado en contacto con los insurgentes también se les tenía cierto recelo y se aludía a ellos en algunos sermones y escritos. Apenas se ha empezado a estudiar todavía a todo ese colectivo de emigrantes que tuvieron un destacado protagonismo político y apenas se ha hecho algo similar con los sacerdotes y la elite eclesiástica de Puerto Rico, aun reconociendo que su papel ideológico-político fue destacado, tanto por su identificación con el Estado peninsular como por su carácter de aglutinante ideológico en torno a la monarquía. Hay grandes vacíos en el conocimiento de los eclesiásticos protagonistas de la redacción de los sermones –formación intelectual, in68 AGPR, Gobernadores Españoles, 285; AGI, Ultramar, 406 y 414, y AHN, Ultramar, 2.005/2 y 2.010/3. 69 De Córdova: Memorias…, vol. 6, p. 299. 70 Idem.
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serción en la vida cultural y económica de la isla, proyección ideológico-política anterior (en el período absolutista) y posterior (inserción en el carlismo), etc.-. Se desconocen también sus relaciones con las autoridades metropolitanas e insulares –en especial durante los períodos liberales- pues en ello influyeron tanto el estado de inseguridad en Ultramar como las propias elites locales. Asimismo, carecemos de un estudio en profundidad de sus textos, debiendo prevenir a quienes se aventuren en este estudio sobre las posibles sorpresas que pueden tener las versiones impresas pues no es de extrañar que aparezcan versiones censuradas en las publicaciones de la isla (sobre todo las de la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico)…. En los aspectos económicos e ideológicos de la isla cabe decir, como conclusión, que el papel desempeñado por la jerarquía religiosa de Puerto Rico en el proceso de independencia americano estuvo enormemente influido por el auge azucarero en el Caribe. El peso excesivo del Cabildo de la Catedral ante la ausencia prolongada de obispo en la isla, unido a los intereses locales que los miembros de dicho Cabildo tenían, contribuyó más si cabe a identificar progreso económico con estabilidad política y a que apoyaran decididamente la propaganda realista en la isla, enfrentándose por igual a las ideas republicanas y a las constitucionales.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CARIBE COLOMBIANO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. LA HUELLA CONSTITUCIONAL GADITANA
Antonino Vidal Ortega Universidad del Norte, Colombia [email protected]
El presente ensayo ahonda en uno de los temas que más se han estudiado en los últimos años en la historiografía del Caribe colombiano, máxime cuando Iberoamérica en general anda inmersa en las profusas y variadas celebraciones del bicentenario de la independencia. Más allá de las guerras de expulsión de los españoles, tan largamente estudiadas y trabajadas a lo largo del siglo XX, lo más fascinante en estas últimas dos décadas ha sido la evolución de la investigación histórica en los complejos procesos de construcción de los diferentes estados nacionales. La desarticulación del régimen político imperial europeo y el nacimiento del nuevo proyecto político republicano que incluye los nuevos conceptos políticos liberales del siglo XIX, es central en todo el proceso de reacomodación política de las Américas. La ciudadanía, el sufragio, las constituciones, la república, los factores étnicos y un sinfín de variados temas han sido estudiados por los historiadores del Caribe colombiano en las últimas dos décadas. El trabajo que presentamos va a tratar de exponer una reflexión sobre el tema de la ciudadanía y la educación por medio de los catecismos políticos, a través de los avances llevados a cabo por una serie de trabajos que han venido realizando un nutrido grupo de historiadores de este rincón del gran Caribe, que, por otro lado, es necesario mencionar, han tenido más repercusión fuera de las fronteras de Colombia que
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en el interior, pues el centralismo andino colombiano otorga a la región Caribe y a su historiografía, todos los tópicos con los que se construyó la nación colombiana y con la que se miró siempre a las regiones ardientes de las tierras bajas como el Caribe1 o la Amazonía, los territorios donde no se trabaja, donde el componente étnico no ayuda al desarrollo, donde la corrupción impera a sus anchas… y todo un largo rosario de cargas peyorativas habidas y por haber2. Como ejemplo de todo ello, todavía hoy en día el territorio Caribe sigue siendo llamado desde el interior por los medios de comunicación y algunas instituciones de gobierno la costa Atlántica, al igual que sucede en algunos países centroamericanos. Gran parte de las ideas que presentamos se basan en aportes de notables trabajos que se han ido publicando en la última década, que serán convenientemente citados a lo largo del presente ensayo: son las propuestas de algunos historiadores de Cartagena de Indias y Barranquilla. Queremos destacar entre ellos a varios representantes de dos generaciones. A los ya maduros Jorge Conde Calderón, Alfonso Múnera o Luis Alfonso Alarcón, y una nueva generación cuyos dos más destacados exponentes son Raúl Román Romero y Edwin Monsalvo Mendoza, amén de algunos clásicos como Adolfo Meisel o Sergio de las Aguas, que también han hecho aportes destacados durante el tiempo mencionado. Por tanto, ni que decir tiene, el presente trabajo tiene un poco de todos ellos. He tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con ellos cursos de posgrados, seminarios, clases, publicaciones y un sinfín de actividades académicas y científicas. El siglo XIX y los vientos de cambio Para los protagonistas políticos de las revoluciones liberales de América, desde la independencia y a lo largo de todo el siglo XIX, hubo una complicada tarea, que fue la de imaginar y construir la nación. Se trató de un proceso largo, dificultoso y en ocasiones arriesgado, pues los estados que se formaron tuvieron que inventar el concepto de nación/nacionalidad donde antes no existía y por ello superar 1 Bel Lemus, Gustavo: “Colombia, país Caribe”, Memorias del IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de Cartagena, 1999. 2 Román Romero, Raúl: “Memorias enfrentadas. Centenario, Nación y Estado 19101921”, Memorias. Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Universidad del Norte Barranquilla, 2006 (www.uninorte.edu.co/publicaciones/memorias).
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incoherencias intrínsecas relacionadas con lo cultural, étnico e incluso geográfico3. No fue diferente el proceso en el Caribe colombiano, como afirmó recientemente el historiador Jorge Conde Calderón, pues a pesar de la posición política distante con el interior andino de la Nueva Granada y de la crítica de ciertos representantes de la historiografía de la región Caribe, que mencionan la idea de que los habitantes de la costa no se sumaron al proyecto de construcción de la nación que se dio en el interior neogranadino, sus actores sí elaboraron una particular percepción, imaginación y búsqueda de una nación que les parecía apropiada para sus intereses políticos, sociales y culturales. Y para la consecución de ese fin se expresaron con fórmulas adaptadas de las lecturas de los ensayistas europeos, ideas, imaginarios y acciones que planteaban lo que podía ser la futura nación, aunque al igual que en otras partes del continente lo hicieron manteniendo una noción sesgada del empleo del concepto Estado4. La condición de puerto de las ciudades más importantes de la región –Cartagena de Indias y Santa Marta- permitió, tanto a través del comercio legal como el directo (contrabando), la introducción de literatura, ideologías y rumores en la mayoría de las ocasiones no permitidas por las autoridades del momento. Por tanto, el nuevo pensamiento político liberal siempre llegó primero a esta región del Caribe que a Bogotá, la capital de la nueva república (el telégrafo no llegó a Colombia hasta el año 1840). En toda América y también en este territorio se trató de un periodo donde se llevó a cabo un proceso de transición muy convulso de paso de la colonia a la República, causado por las nuevas ideas que había que asimilar y poner en práctica como las de igualdad, libertad, soberanía, pueblo… todas ellas muy discutidas en la esfera de la opinión pública5. 3 Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas, Fondo Cultura Económica, México, 1993. Villena, Francisco: “La nación soñada. Historia y ficción de los romances nacionales latinoamericanos”, Revista de Estudios Literarios Espéculo, Madrid, julio-octubre 2006, núm. 33, año XI, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Y también Annino, Antonio, Castro Leiva, Luis y Guerra, François Xavier: De los imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Ibercaja, 1994; Chiaramonte, José Carlos: Nación y Estado en Iberoamérica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004. 4 Conde Calderón, Jorge: Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión social en el Caribe colombiano 1821-1855, Bogotá, La Carreta Histórica, 2009. 5 Otros títulos recientes sobre la historiografía del Caribe colombiano, además del citado Conde Calderón, que presentan una visión de las luchas políticas de la región en el siglo XIX, Múnera Cavadía, Alfonso: El fracaso de la Nación, región, raza y clase en el Caribe colombiano, 1717-1821, Bogotá, Áncora Editores, 1998; del mismo autor: Fronteras imaginadas, la construcción de la razas y la geografía en el Caribe Colombiano, Bogotá, Planeta, 2005. Calvo,
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En los albores del siglo XIX España y sus colonias americanas entraron en un tiempo de grandes transformaciones que ocasionaron un cambio político radical. El edificio de la Monarquía se derrumbó y éste era el que sostenía la autoridad sobre los reinos y súbditos al otro lado del océano. Después de la caída del poder monárquico del imperio surgieron intentos diversos por construir nuevas bases sobre las que fundar un nuevo orden. Muchas tentativas fracasaron (en el caso que nos ocupa el más destacado es el proyecto político de Simón Bolívar de la Gran Colombia y también se puede mencionar el de la Federación Centroamericana) y el antiguo reino americano se fragmentó, y lo que era la antigua América colonial se disgregó en múltiples espacios donde se libraron un sinfín de interminables guerras y revoluciones. A partir de este momento arrancó la conflictiva y compleja historia de la conformación de las nuevas comunidades políticas, la redefinición de soberanías y la constitución de los nuevos poderes y regímenes políticos6. Los nuevos gobiernos independientes, como años atrás afirmaron los historiadores Halperin Donghi y Frank Safford, se fundaron sobre el principio de la soberanía del pueblo y la república representativa, modelo que se impuso en la mayoría del suelo americano. En principio, lo normativo fue muy inestable y estuvo en constante revisión-redefinición, y en este marco se construyeron los primeros proyectos políticos de las jóvenes repúblicas americanas. Claro que se trató de procesos políticos muy complejos que después de múltiples e interminables luchas desembocaron en la constitución de los Estados-nación modernos que tuvieron en cada región, ciudad y territorios una historia muy diferente. Ahora bien, si algo define todo este proceso es que a pesar de los distintos cortes políticos vividos en los diferentes territorios hubo una propuesta hegemónica, el credo liberal, en las fundantes comunidades políticas. De esta forma, dadas las concepciones vigentes de nación y estado, la construcción de la ciudadanía política constituyó un aspecto central de todo ese proceso7. Por tanto las constituciones tuvieron que Haroldo y Meisel, Adolfo (editores): Cartagena de Indias en el siglo XIX, Bogotá, Banco de la República, Universidad Tadeo Lozano, 2002; Helg, Aline: Liberty and Equality in Caribbean Colombia 1770-1835, University of North Caroline Press, 2004. 6 Sábato, Hilda (coord.): Ciudadanía Política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 12-13. 7 Este tema ha sido muy estudiado durante los últimos años y habría que citar un sinfín de trabajos desde Rosavallon hasta Guerra, pero para el caso americano nos parece especial el trabajo de Irurozqui Victoriano, Marta: A Bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en Bolivia 1826-1952, Diputación de Sevilla, 2000.
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definir lo que era un ciudadano y otorgarle derechos y deberes. Ahora bien, en el Caribe colombiano y, en general, en la mayor parte del territorio americano al comienzo del siglo XIX, como explicó François Xavier Guerra, predominaba una concepción corporativa y plural de la nación, que hacía aún más difícil el tránsito hacia las formas modernas de representación y soberanía. En la Iberoamérica del siglo XIX se produjo una superposición y sucesión de formas y mecanismos de representación diversos. Parafraseando a Carmagnani, y utilizando su reflexión para el caso de México8, podemos decir que la condición de vecino fue también el elemento fundador de la ciudadanía en el litoral Caribe de Colombia, como en México, una mezcla del pasado y el futuro en el tránsito ideológico. La nación colombiana y el litoral del Caribe La ciudadanía fue el proyecto político originalmente determinado por los fundadores del Estado colombiano (1821-1830) y del Estado de la Nueva Granada (1831-1858) para la sociedad que desde entonces se intentaba construir como nación. Y por lo menos hasta 1865, las discusiones de los políticos ilustrados se centraron en seis atributos del ciudadano granadino: la naturaleza, la edad mínima, la masculinidad, la independencia económica, el alfabetismo y la libertad personal9. En este proyecto, entendido como la primera propuesta de identidad política formulada para la nación por los criollos neogranadinos, se incluía a todas las personas libres, mayores e independientes sin exclusiones sociales o étnicas y fue el resultado del proceso que se inició con las proclamas de los hombres de la independencia10. El Caribe colombiano es mencionado indistintamente como litoral norte, costa Caribe o costa Atlántica. En el imaginario del conjunto de actores políticos e intelectuales del periodo radicados en otros territorios de la futura República de Colombia, principalmente los del 8 Carmagnani, Marcello: “Elites políticas, sistemas de poder y gobernabilidad en América Latina”, Metapolítica, México, vol. 2, núm. 6, 1998, pp. 7-16. 9 Martínez Garnica, Armando: “Las determinaciones del destino cultural de la nación colombiana durante el primer siglo de vida republicana”, Historia Caribe, Barranquilla, vol. 2, núm. 7, 2002. 10 Garrido, Margarita: “Propuestas de identidad política para los colombianos en el primer siglo de la república”, en Guerrero, Javier (comp.): Iglesia, movimientos y partidos: política y violencia en la Historia de Colombia, Tunja, Universidad Politécnica y Tecnológica de Colombia, 1995 (colección Memorias de Historia, vol. 4) p. 64.
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mundo andino de Bogotá, esta región representaba una realidad social, política, cultural y racial completamente distinta, distante e inasible para su proyecto de Estado y nación11. Y a pesar de que el territorio Caribe siempre apareció en todo proceso de organización administrativa del proyecto de construcción de la nación –como provincia, cantones, departamento…–, los vínculos geohistóricos siempre estuvieron definidos por una mayor amplitud social, diversidad cultural y con la proximidad humana y racial a la Cuenca del gran Caribe12. En los puertos del litoral fueron comunes las relaciones con la costa Caribe venezolana, Centroamérica, Jamaica, Cuba y en general todas las Antillas. Toda una región geohistórica carente de fronteras definidas y estables y donde vivían gentes de variadas condiciones raciales, donde además las relaciones eran comunes y fáciles en el siglo XIX. Y sobre todo con la abolición de la trata esclavista y el aumento de los flujos migratorios por revoluciones, persecuciones políticas, necesidad de mano de obra y un largo sinfín de causas13. Como ejemplo de desplazamiento, una navegación a Kinstong, en la isla de Jamaica, se realizaba en tres días mientras que en un viaje a Bogotá se podían perder tres meses14. Desde esta óptica, para las sociedades caribeñas que la habitaban la escala geográfica de la frontera se contraía y expandía, simultáneamente, ya que se convertía en un punto de contacto de interacción y de convivencia, pero también de conflicto. Se trataba de una frontera móvil, un espacio geográfico, económico y estratégico (geopolítico) en el cual divergían intereses locales e internacionales (europeos y norteamericanos) con unos grupos humanos en continua oscilación15. 11 Conde Calderón, J.: Buscando la nación… p. 19. 12 Ibidem, p. 20. Ver también para los vínculos históricos con la región del Caribe Vidal Ortega, A.: Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe 1580-1640, Escuela de Estudios Hispanoamericanos- Universidad de Sevilla, 2001; Sandner, Gerhard: Centroamérica y el Caribe occidental. Coyuntura, crisis y conflicto 1535-1984, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés Isla, 2003. 13 Sobre este aspecto, además de la obra histórica la literatura, fuente muy importante para la lectura histórica de la región, ha tocado abundantemente el tema: Rossi, Ana Cristina: Limon blues, Alfaguara, Editado en Colombia, 2002; Lobo, Tatiana: Calipso, Norma, editado en Colombia, 2007; Naipul, V. S.: La pérdida del dorado, Debate, Barcelona, 2001; Chamoiseau, Patrick: Texaco, Anagrama, Barcelona, 1994; Morgan, Juan David: El caballo de oro, Ediciones B, Panamá, 2006; Lemming, George: En el Castillo de mi Piel, La Habana, Casa de las Américas, 1979; y un largo etc. 14 Gosselman, Carl August: Viaje por Colombia 1825-1827, Bogotá, Banco de la República, 1981. 15 Von Grafenstein, Johanna y Muñoz Mata, Laura (Coord.): El Caribe: región, frontera y relaciones internacionales, 2 tomos, México, Instituto Mora, 2000.
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En este mundo de los puertos de mar y los litorales costeros la circulación de libros y de noticias de prensa, trajeron y llevaron ideas de los avances políticos liberales del mundo atlántico, que constituyeron parte importante de los nuevos planteamientos políticos en discusión. En la mayoría de las ocasiones estas ideas se transmitieron cara a cara, en las plazas, calles y mercados, bajo el sol abrasador del Caribe tropical, recreándose en una sociedad abierta y bulliciosa muy distante de las sociedades europeas y más aún de las sociedades andinas del interior16. Como la primera mitad del siglo XIX fue una etapa convulsa y agitada en toda la gran cuenca del Caribe continuamente llegaban a los puertos pardos, negros y mulatos, actores políticos en general que se establecían en ocasiones de manera provisional, reorganizando estrategias políticas para defender sus causas frente a los imperios o frente a la amenaza centralista de los proyectos estatales republicanos. Para todos ellos era cómodo el medio ambiente social y el color de la piel no significaba impedimento alguno para convivir con los nativos e incluso esto constituyó uno de los recursos de mayor importancia tanto desde el ámbito social como político17. Frente a este universo el proyecto estatal republicano trató de aplicar un proceso de homogeneización nacional en una república de ciudadanos, que de ninguna manera significó la solución del problema étnico, tan presente en un país como Colombia, y el de las reivindicaciones de autonomía política y administrativa, que también en ocasiones presentaron distintivos signos étnicos. Y este problema, durante largos años eludido por la historiografía colombiana, aunque muy en boga hoy por el desarrollo en la última década de la historiografía de las regiones, siempre estuvo presente en todo el proceso de construcción del estado republicano desde las primeras décadas del siglo XIX. A finales del siglo XVIII la población de origen africano, es decir mulatos y zambos, junto con los mestizos, constituían la mayoría de los habitantes, con un porcentaje del 27,3 %, seguidos del componente indígena que, según los censos oficiales, representaba algo más del 18 %. Pero sólo en la provincia de Cartagena, la más grande y la 16 Solano, Sergio: Puertos, sociedad y conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930, Cartagena de Indias, Observatorio del Caribe Colombiano, Universidad de Cartagena, 2003. 17 Conde Calderón, J.: Buscando la nación…, p. 20. Sobre este aspecto, el libro de Alfonso Múnera: El fracaso de la Nación, Bogotá, Áncora editores, Banco de la República, 1998, abunda en el tema.
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más densa demográficamente del litoral costero Caribe, los libres de todos los colores, denominación de estos pobladores en los censos e informes coloniales, suponían el 20 % de la población e incluso este porcentaje aumentaba si nos situamos en el mundo urbano; en concreto, en la ciudad-puerto de Cartagena, con una población de 16.666 almas, suponían algo más del sesenta por ciento de la población18. Hacia finales del periodo colonial la sociedad costeña se hallaba en pleno tránsito de una sociedad esclavista a una campesina, pero el proceso se vio detenido por el comienzo de las guerras de emancipación. Esto contribuyó, de todas formas, a lo largo del siglo XIX, a la configuración de una sociedad ruralizada con marcados rezagos de una sociedad de relaciones esclavistas19. Como afirma Conde Calderón, la generalización del concubinato, la presencia de los denominados arrochelados y de los agregados, constituyen algunos indicadores de que los individuos estaban poco sujetos a la ley y al frío mecanismo del mercado, encontrando formas de burlar a la primera y hacer más flexible el segundo. A pesar de ello y a las características especiales de esta sociedad, importantes valores asociados a las sociedades del Antiguo Régimen, como el de la movilidad social, permanecieron. Rasgo acentuado por la presencia numerosa de descendientes de esclavos, identificados por el color de forma peyorativa (pardos, mulatos zambos). Además, el miedo a una revuelta como la sucedida en Haití, ocasionó en los sectores notables blancos una desconfianza mayor si cabe que la originada por las novedades políticas que trajeron las ideas liberales y prefirieron aferrarse a ciertas liturgias tradicionales20. En estas condiciones, el tránsito del siglo XVIII al XIX, con los cambios de un gobierno republicano, no fue representativo en el conjunto de la sociedad caribeña neogranadina en la cual la presencia 18 Conde Calderón, J.: Espacio, sociedad y conflictos en la provincia de Cartagena, 17401815, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1999, cuadro 7, p. 95; Mcfarlane, A.: Colombia antes de la Independencia, Bogotá, Áncora editores, Banco de la República, 1997, tablas 3 y 4, pp. 523-524. 19 Colmenares, Germán: “El tránsito de sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, Huellas, Barranquilla, Universidad del Norte, núm. 29, 1990, pp. 8-24. 20 Conde Calderón, J.: “Identidades políticas y grupos de poder en los inicios de la República”, Historia Caribe, vol. II, núm. 7, 2002; Lasso, Marixa: “Haití como símbolo republicano popular en el Caribe colombiano”, en Historia Caribe, vol. II, núm. 8, 2003. Procesos similares se sucedieron en Brasil, Pereira das Neves: “Del imperio luso brasileño al imperio del Brasil, 1789-1822”, en Annino, A., Castro Leiva, L. y Guerra, F. X.: De los imperios…
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de población de color fue bastante significativa. Parece ser que los bienes sociales y culturales aparejados a la modernidad republicana sólo fueron asimilados por los principales centros urbanos y concretamente por el patriciado urbano. Todavía a finales del siglo XVIII los progresos científicos y académicos en la región eran de escaso relieve; lo poco que existió se limitó a Cartagena y excepcionalmente en Santa Marta, ciudades donde hubo un grupo de bachilleres en leyes o a lo sumo en derecho canónico, algún eclesiástico que logró sobresalir de una gran mayoría de clérigos ignorantes, y algún reducido grupo de profesores, letrados, hombres de leyes y algún que otro lector curioso. No obstante, a principios del siglo XIX se observa, con los avances de los últimos estudios historiográficos, que hubo un conocimiento cada vez mayor de las nuevas ideas, que llegaron a través de pasquines, prensa regular, puesta en funcionamiento de la universidad del Magdalena (1828), de algunas pequeñas bibliotecas, de algunos diplomáticos y extranjeros, y de libros que arribaban a través de los barcos que atracaban en los diferentes puertos, lo que nos hace pensar en el surgimiento de un pequeño movimiento intelectual y por tanto de que se divulgaran las ideas de libertad, igualdad y justicia, que circularon por efecto de la difusión de los escritos y sobre todo, lo más impactante, por las lecturas públicas en lugares comunes de amplia sociabilidad. Ahora bien, todas estas nuevas expresiones políticas, como ciudadanía, libertad, república, igualdad, honor, derechos del hombre, etc. aunque trascendieron más allá de la línea del alfabetismo a los estratos más bajos de la sociedad, por el efecto de las lecturas públicas de la prensa, fueron los sectores intermedios de mulatos, mestizos y zambos, quienes se apropiaron de ellas y las utilizaron para negociar con los sectores altos de la sociedad, los notables, la búsqueda de mecanismos de ascenso social. La formación del ciudadano libre. Los catecismos políticos y manuales escolares Dentro de los libros que circularon en la región a mediados del siglo XIX, destacaron los manuales de urbanidad y buenas costumbres, así como los catecismos republicanos, vehículos esenciales en la divulgación de los nuevos ideales, y que fueron el mejor mecanismo de pedagogía cívica para construir el nuevo imaginario social, que
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encontró en las escuelas de la región –a pesar de las manifiestas limitaciones y carencias de las mismas– un espacio que permitió iniciar una ruptura con las viejas ataduras comunitarias de tipo tradicional y forjar otra en la racionalidad de la cultura escrita. La escuela decimonónica, una de las instituciones fundantes del sentir nacional, encontró en estos textos un instrumento eficaz para lograr su objetivo: construir un nuevo orden social dentro del cual los individuos, convertidos en ciudadanos, fueran capaces de comportarse racionalmente tanto en lo privado como en su vida pública21. Manuales y catecismos que, como nos refiere el historiador Luis Alarcón, se convirtieron en estrategias a través de las cuales se pretendía impulsar el proyecto de construcción de la nación, que pasaba necesariamente por la existencia de una ciudadanía que reconociera el poder de la escritura, erigida en el espacio de la ley, de la autoridad, en el poder fundacional y creador del nuevo orden institucional. Por ello escribir manuales y catecismos era de gran importancia en toda América latina, pues respondía a la necesidad de ordenar e institucionalizar la nueva mecánica de la civilización y hacer realidad el sueño modernizador. La idea de la palabra llena los vacíos; construye los estados, ciudades, fronteras, diseña geografías para ser pobladas, modela sus habitantes convirtiéndolos en nuevos sujetos sociales22. En contraposición a los manuales de urbanidad, de estilo catequístico y con una alta carga de ideología conservadora, surgieron en la primera mitad del siglo XIX una serie de catecismos republicanos con ideas más liberales. Uno de los primeros que circuló en este territorio fue el publicado en Cartagena de Indias por José Grau que, junto con el de Fernández de Sotomayor, se convirtieron en los pioneros de este tipo de libros publicados para el adoctrinamiento político a favor del nuevo orden institucional. Su autor en la nota introductoria de la primera edición afirmaba: “Por experiencia estoy convencido del descuido que hay en instruir a los jóvenes en los principios fundamentales de nuestras instituciones políticas, y que oyéndoseles comúnmente hablar de independencia, pa21 Alarcón Meneses, Luis; Conde, Jorge, y Santos, Adriana: Educación y cultura en el estado soberano del Magdalena (1857-1886), Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2002, p. 202. 22 González, Beatriz: “Las experiencias de las escrituras de la patria. Constituciones, gramáticas y manuales”, Estudios. Revista de investigaciones literarias y culturales, Caracas, 1995, núm. 5, pp. 19-46. Alarcón Meneses, Luis: “La educación en el Estado del Magdalena”, Studia, núm. 1, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1995.
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tria, gobierno, leyes y libertad, ellos no saben ni aun la sola definición de estas voces. Pensando sobre proporcionarles en ésta la instrucción compatible a sus edades, me ocurrió que la formación de un catecismo político sería el medio más fácil y oportuno, y con objeto tan laudable he dispuesto el que ahora presento al público23”.
Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX Celedón Pinzón publicó el catecismo republicano, convirtiéndose en el libro de mayor circulación en las escuelas del Caribe colombiano de este periodo. La receptividad del catecismo no sólo fue en las escuelas sino también en otros espacios de sociabilidad política, y los gobiernos de los estados costeños adquirieron una gran cantidad de ellos para distribuirlos en las escuelas normales y distritales. Del mismo modo, con la llegada del periodo radical liberal entre 1857 y 1886 el gobierno de Manuel Murillo Toro editó el catecismo Cerbeleón Pinzón, escrito por iniciativa de este presidente, con el objetivo de brindar instrucción popular en las escuelas de los cuerpos de la guardia colombianos, aunque en la práctica se incorporó a las escuelas, en donde fue utilizado en las clases de historia patria e instrucción cívica, para con ello intentar conformar una mentalidad más acorde con el nuevo ideario liberal, insistiendo ante los padres de familia en: “La necesidad que tienen los hijos de aprehender y salir de las tinieblas de la ignorancia y penetren en la luz de la civilización y puedan ser algún día útiles a la sociedad como hombres ilustrados y al menos como conocedores de sus deberes y derechos en un pueblo libre24”.
El método catequístico combinaba en ocasiones lo religioso con los deberes sociales, individuales, patrióticos y de la nación, temas que se presentaban a través de esta forma catequística por considerarla ventajosa y con un alto grado de aceptación en el conjunto de la población. “Cada respuesta es un pequeño discurso completo, que explica un concepto entero que pueda fácilmente ser comprendido por el niño, lo que no se consigue cuando los conceptos se expresan en largos discursos, pues es incapaz de dirigir su atención a lo que ha quedado detrás y ha de seguir25”. 23 Grau, José: Catecismo Político, Bogotá, 1854, p. 3. 24 Pinzón, Cerbeleón: Catecismo Republicano para la instrucción popular, Bogotá, 1864. 25 Vázquez, Rafael: Catecismo de la moral, Bogotá, 1857, p. 4.
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La naciente república mantuvo su empeño en la erradicación de la ignorancia y la formación de ciudadanos a través de la aceptación de la religión católica y el fomento de la instrucción pública, ubicando todo esto en el marco de la lógica de quienes habían organizado y consolidado un nuevo régimen político. En efecto, la adopción de la religión católica y el fomento de la instrucción pública fueron convertidos en asunto esencial de Estado, que mantuvo los catecismos en un intento por formar ciudadanos26. Ahora bien, el modelo de estos catecismos venía de Europa, en concreto era una adopción del catecismo histórico de Claude Fleury, con contenidos abreviados de la historia y de la doctrina cristiana, que introdujo la aplicación del método histórico y con ello la narración y el relato como médula de lo pedagógico. Y eso incluyó a los religiosos como parte fundamental del proceso y de las estructuras del sistema educativo, inspeccionando los materiales, los procesos pedagógicos y vigilando el mantenimiento de la educación y por encima de todo de la moral católica. A pesar de ciertas disposiciones laicas en los proyectos educativos (sobre todo en los periodos liberales) esto reprodujo patrones y valores de la denominada cultura occidental o alta cultura que dieron un cierto matiz de dominación eurocéntrica, adoptado y reproducido por las clases dominantes27. Ello permitió la elaboración de textos que escamotearon de manera premeditada las diferencias raciales ya que fueron editados por individuos que consideraban a la sociedad colombiana como un cuerpo homogéneo, integrado por miembros iguales en todas las esferas de la vida social, política, cultural, legal y económica. Nada más alejado de la realidad social nacional y, en particular, de la del Caribe colombiano. Vecinos, ciudadanos e identidades políticas Después de 1810 en el Caribe colombiano, y en general en toda Iberoamérica, la expectativa política para quienes en el Antiguo Régimen fueron súbditos y vasallos del rey se centró en la ventaja que significaba ser ciudadano. Sin embargo, este motivo sólo consiguió 26 Alarcón Meneses, Luis, y Conde Calderón, Jorge: “Elementos conceptuales para el estudio de los catecismos cívicos desde la Historia de la educación y la cultura política”, en Historia Caribe, vol. II, núm. 6, pp. 15-25. 27 Moreno Fraginals, Manuel: La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. Barcelona, Crítica, 1983, p. 47.
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realizarse en la segunda década del siglo XIX tras las guerras que se sucedieron entre los partidarios de la monarquía española y los de la causa republicana. Para entonces la ciudadanía comenzaba un proceso de consolidación que, como nueva condición civil de las personas, determinó un criterio de identidad nacional basado en la noción de que todos los ciudadanos eran parte de un sistema de gobierno republicano representativo en el que las elecciones reproducían un principio de igualdad política y civil, a expensas de restarle importancia alguna a la igualdad de clase, considerada fundada en la naturaleza de las cosas28. De esta manera, identidad nacional y ciudadanía constituyeron dos elementos primordiales en el proceso de construcción estatal. En su desarrollo, los individuos fueron integrados a un nuevo modelo de comunidad política de tendencia homogénea por naturaleza: la nación moderna29. Este proceso homogeneizador privilegió las identidades del registro político –pertenencia a una colectividad con estatuto político reconocido, que posee un territorio, instituciones y gobierno propio–, pero este tipo de identidades enfrentaron las pertenencias múltiples, que constituían entre otras cosas la regla de cualquier sociedad y el carácter jerarquizado de las sociedades del Antiguo Régimen (La Corona de Castilla, el virreinato de la Nueva Granada, la ciudad de Cartagena de Indias y en este tipo de sociedades no existieron grados intermedios de pertenencia). Desde la segunda década del siglo XIX en adelante se intentaron eliminar, en la medida de lo posible, todas esas identidades. El joven estado republicano construyó un nuevo tipo de jerarquía política basada en elementos sociales y territoriales apoyados en una identidad común: la nacional, a su vez impuesta por la ideología en boga en el mundo occidental, la del constitucionalismo liberal con sus dos pilares: las elecciones y las contribuciones directas. Pero este proceso de homogeneización nacional en la nueva república de ciudadanos, no significó la eliminación del problema racial ni el de las soberanías territoriales. Al contrario, su presencia originó reivindicaciones de autonomía política y administrativa, que en algunos momentos estuvieron señaladas por fuertes elementos raciales. Era, lo afirmaron hace años Marcello Carmagnani y Antonio Annino, la coexistencia 28 Plan de instrucción pública, Gaceta de Colombia, Bogotá, 4 de marzo de 1827, núm. 281; Monsalvo Mendoza, Edwin: “Entre leyes y votos: el derecho al sufragio en la Nueva Granada, 1821-1857”, en Historia Caribe, vol. II, núm. 10, 2005, pp. 113-134. 29 Conde Calderón, Jorge: Buscando la…, p. 99.
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de elementos políticos modernos con algunos heredados del Antiguo Régimen. De esta manera, múltiples factores contribuyeron a la formación de identidades políticas: las elecciones presidenciales, la proclamación de candidaturas con sus correspondientes lealtades políticas electorales, los nombramientos de empleos públicos, las sesiones del legislativo en Bogotá, sede de la administración general a donde concurrían todos los senadores, la publicación de artículos periodísticos que se reproducían luego en provincias por medio de corresponsales y agencias…. Estas identidades reemplazaron la existencia real de una nación colombiana y se expresaron en la práctica a través de la lucha por el control de la burocracia estatal y los nexos y alianzas políticas, aunque eso posibilitó un tipo especial de integración nacional principalmente en los meses previos a las elecciones, donde todos trataban de ocuparse de los negocios públicos de la nación30. En el nuevo orden, el control sobre los nombramientos en los empleos públicos originó múltiples inquietudes y constituyó la principal fuente de conflictos entre las distintas facciones políticas existentes. En el caso colombiano la confrontación se dividió en dos grupos y ello se extendió por todas las regiones. Por un lado, los simpatizantes del libertador Simón Bolívar y, por otro, los santanderistas, partidarios del general Francisco de Paula Santander; tanto unos como otros heredaron las luchas apasionadas de estos dos líderes políticos sobre la manera más adecuada y correcta de manejar el gobierno de la joven república. Aunque como acertadamente afirma el historiador Conde Calderón los agrupamientos alrededor de estas denominaciones no se realizaron porque se compartieran principios políticos similares o que se distinguieran por proclamar filosofías o proyectos políticos diferentes; todo lo contrario, las distancias políticas estaban regidas por criterios personalistas en el ejercicio del poder público, situación por lo demás recurrente en las repúblicas iberoamericanas, aunque con variantes en cada una de ellas31. En estas circunstancias –como ya lo reflexionó hace algunos años atrás Francois Xavier Guerra–, y para el caso de Colombia y el concre30 Ibidem, p. 101. 31 Ibidem, p. 103. Ver también Soriano, Graciela: El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX. Criterios y proposiciones metódológicas para su estudio. Caracas, Monte Ávila Editores, 1993. También existe una novela histórica que ilustra desde el punto de vista de la literatura los enfrentamientos entre Bolívar y Santander a través de la mirada de Manuela Sanz, Manrique, Jaime: Nuestras vidas son los Ríos, Bogotá, Alfaguara, 2009.
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to de su territorio Caribe se ajusta muy bien, el tránsito hacia el nuevo orden republicano se dio construyendo un individualismo moderno, combinado con elementos del Antiguo Régimen, inscritos dentro de una sociedad integrada como un conjunto de órganos independientes y jerárquicos –estamentos, corporaciones y comunidades políticas– en los cuales predominaban valores y vínculos irrevocables ligados al parentesco, la costumbre, la tradición, la fidelidad, la lealtad y la amistad. Los actores sociales del Antiguo Régimen entablaban relaciones eminentemente personales, de hombre a hombre, con derechos y deberes recíprocos de tipo pactista y, de ordinario, desiguales y jerárquicos32. Por consiguiente, la lectura que los individuos realizaron no era la de un estado o una nación moderna, sino la de un nuevo orden político estatal, que crecía burocráticamente y que convivía con un intenso y complejo proceso de negociación y mediación política, siendo aprovechado por las provincias y las ciudades distantes de la sede del gobierno central. Ello originó un doble proceso desde la práctica de la cultura política. Por un lado, a esos grupos les permitió su fortalecimiento basado en prácticas de poder personal y clientelar que fluctuaba entre el intento de imponer un orden provisto de legitimidad política y los gobiernos personalistas. Por otro, la contienda de apoderarse del poder estatal patrimonial se convirtió en la fuerza motriz de la vida pública33. De esta forma, el espacio político que se construyó dio lugar a un entramado de oposiciones y conflictos que a su vez eran superados, la mayoría de las veces, con tácitos acuerdos mediados por la negociación. Este tipo de negociación entre los diversos actores que tuvieron acceso a las administración gubernamental del régimen republicano, abrió nuevos espacios para la movilidad social de los sectores intermedios de la población y un considerable número de individuos racialmente mezclados, y sobre todo en una sociedad como la del Caribe colombiano, donde mulatos, zambos y pardos vieron la oportunidad de mejorar socialmente participando de forma activa del nuevo orden político alegando su participación en la guerra. La presencia en la administración de esos sectores, nos dice Norbert Elias, permitió el desarrollo de una mayor participación en los asuntos del Estado y contra la dominación de las tradicionales clases altas34. 32 Guerra, François Xabier: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanas, México, Editorial Mapfre-Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 88. 33 Morse, Richard: Resonancias del Nuevo Mundo, México, Editorial Vuelta, 1995, p. 174. 34 Elias, Norbert: “Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación”, en Historia y Sociedad, Medellín, núm. 5, 1998, p. 111.
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A diferencia del régimen colonial, en donde el acceso a los cargos de la administración siempre estuvo reservado a grupos y familias con antecedentes nobiliarios o nacimiento legítimo y la burocracia en su totalidad dependía del monarca, el nuevo sistema republicano, sustentado en el constitucionalismo liberal, reconoció tres ramas del poder público: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Así surgió la necesidad de formar individuos para la administración estatal, convirtiéndose las universidades y colegios mayores en las instituciones encargadas de realizar esta tarea. Todo ello, sin lugar a dudas, dio posibilidades de movilidad social en la costa Caribe a los sectores intermedios de mulatos, zambos y mestizos, no sólo a través de los empleos públicos, sino también de la educación, configurándose una sociedad en donde, al lado de la actividad militar, la política adquirió el atractivo de convertirse en una carrera de honores que permitió el ascenso social pasando por encima de los prejuicios de clase y casta35. Si bien todo esto supuso un común denominador de la identidad nacional, los ciudadanos del Caribe colombiano –principalmente los ciudadanos intermedios– plantearon sus propias demandas políticas, las que constituyeron fuente de conflictos y provocaron juicios tendenciosos en su contra. La lucha por la autonomía política-administrativa, el establecimiento de factorías para el libre cultivo del tabaco, el establecimiento de puertos francos en el litoral, sobre todo en Cartagena de Indias, y otras demandas del mismo orden provocaron comentarios desmedidos de la prensa centralista bogotana, reproducidos en ocasiones en periódicos y escritos en las ciudades del Caribe colombiano. Salió a la luz la idea de un intento de separatismo costeño o de intentar organizar la Federación de Estados de la Costa36. Al anterior apunte, como afirma Jorge Conde, se le sumaron siempre los tendenciosos calificativos raciales al tratarse de una población que transitó de la Colonia a la República con una composición racial muy heterogénea37.
35 Beyhaut, Gustavo y Helene: América latina III. De la independencia a la segunda guerra mundial, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 23. Uribe-Uran, Víctor: Honorable, lives. Lawyers, Family and politics in Colombia, 1750-1850, University of Pittsburgh Press, 2000, pp. 15-19. 36 Múnera, Alfonso: Fronteras imaginadas, Bogotá, Planeta, 2006. 37 Durante mucho tiempo el problema racial fue eludido por la historiografía colombiana, aunque en los últimos años ha sido incorporado a la discusión del proceso de construcción del Estado nacional. Destacar los estudios de Alfonso Múnera, Jairo Gutiérrez y el propio Conde Calderón, y, por último, Raúl Román y Edwin Monsalvo.
EL OBISPO GIL ESTEVE Y EL INICIO DE REFORMAS EN PUERTO RICO: LA RELATIO AD LIMINA DE 1854. José Jesús Hernández Palomo CSIC, España [email protected]
Gil Esteve y Tomás, nacido en Torá de Riubregós, diócesis de Solsona, fue electo en julio de 1848 y consagrado en octubre por el arzobispo de Tarragona obispo de Puerto Rico1, donde hizo su entrada bajo palio desde la ermita del Cristo hasta la catedral de San Juan2. Se había graduado en derecho canónico en la Universidad de Cervera, fue párroco de San Martín de Sesgayoles, y en 1825 obtuvo una prebenda en la catedral de Barcelona en la que desempeñó el cargo de provisor y vicario general3. Álvaro Huerga sintetiza la labor de los siete obispos del siglo XIX por el afán de “dotar a la diócesis de una clerecía suficiente y el desvelo por la catequesis”4. Pueden apreciarse estos afanes en sus relaciones a la Santa Sede pero en su mayoría se ajustaron estrictamente a las pautas establecidas por la misma visita ad limina y sin abordar, menos aún plantear o examinar, conflictos y situaciones concretas 1 Antonio Fernando Echanove Zaldívar, arzobispo de Tarragona, consagró el 8 de octubre de 1848, asistido por Pedro Martínez San Martín, obispo de Barcelona, y por Florencio Llorente Montón, obispo de Gerona, a Gil Esteve Tomás, obispo de Puerto Rico. Nacido en Torá, diócesis de Solsona, provincia de Lérida, el 16 de diciembre de 1798. Electo el 3 de julio de 1848. (Guitarte Izquierdo, Vidal: “Episcopologio Español (1700-1867)”, Anthologica Annua, núm. 39, Roma, 1992, p. 616). 2 Hizo su entrada el 12 de febrero de 1849, caminando bajo palio desde la ermita del Cristo hasta la catedral (Huerga, Álvaro: Los obispos de Puerto Rico en el siglo XIX, Ponce, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 1994, p. 123). 3 Ibidem, págs. 117-118, cita en nota 2: “Biografía de don Gil Esteve”, Boletín eclesiástico de Puerto Rico, I, 1859, pp. 292-293; y M. L. de Angelis: “Obispo Don Gil Esteve”, Borinquen, 2, 1910, pp. 26-28. 4 Ibidem, p. 9.
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reales. De los siete obispos, con largos periodos vacantes, tan solo hay Relationes ad limina de cuatro de ellos en el Archivo Secreto Vaticano5. Gil Esteve no tenía la obligación de presentar su Relatio, tan solo habían transcurrido cinco años y el plazo límite era de diez, no obstante él considera hacerla por “oportuno y muy conveniente”. Desea dar a conocer “los hechos más notables” de sus objetivos que se resumen en “promover la mayor instrucción del Clero, la moralización del pueblo, el restablecimiento de la disciplina, el fomento y mejora de la piedad y del culto divino, la reparación y mejor decoro de los templos, cementerios, de los ornamentos y vasos sagrados y demás objetos del culto y por fin la buena administración Diocesana y de las Parroquias”6. Una visión general del texto nos hace apreciar, sin negar su buena voluntad, que el obispo pretende una valoración positiva de su primera labor como pastor y de otra parte justificar su ausencia y vuelta a España. En realidad, Esteve no elabora una Relatio ad limina porque no se ajusta a la normativa establecida de responder a los ocho capítulos establecidos sino que redacta una extensa carta-informe, y de hecho la Congregación del Concilio no le responde, posiblemente porque no tenía ya objeto al haber abandonado su diócesis, sin embargo la acepta e integra en su correspondiente sección porque debió considerar de interés su información sobre Puerto Rico7. El texto, de estilo generoso y exposición clara8, lo inicia haciendo una reseña de la población, clima y costumbres de Puerto Rico y es este punto el que le sirve para formar “su plan para promover y restaurar la moralización general de la Isla” y así da “principio a su Apostólica misión por la importante Instrucción del Clero”, que es 5 Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 658. Del obispo Mariano Rodríguez de Olmedo (1815-1824) tan solo hay nota de no poder hacer la visita. Además de la que transcribimos tenemos: las de Pablo Benigno de Málaga (2 de julio de 1862), Juan Antonio Puig y Monserrat (10 de abril de1883) y Toribio Minguella y Arnedo (2 de diciembre de 1895). Preparamos el estudio y edición de todas ellas, completándolas con las del siglo XX. 6 Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 658, en Madrid a 4 de marzo de 1854, fol. 1 [El documento no está foliado, lo hacemos entre corchete en la trascripción para fácil consulta] [en adelante ASV, Congr.…]. 7 La normativa de la Santa Sede exigía elaborar la Relatio según el siguiente cuestionario: I.- De statu Ecclesiae materiali, con 11 apartados. II.- De Episcopo, 9 apartados. III.- De Clero Saeculari, 15 apartados. IV.- De Clero Regulari. V.- De Monialibus, 6 apartados. VI.- De Seminario, 7 apartados. VII.- De Ecclesiis, Confraternitatibus el locis piis, 5 apartados. VIII.- De populo, 2 apartados. El mismo Gil Esteve finaliza su texto calificando de “sencilla relación” para que se conozca el “sagrado Ministerio que le ha sido confiado” (ASV, Congr…, fol. 14). 8 No parece “lingüísticamente trabado” como indica Huerga (Los obispos de…, p. 119).
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el primer apartado, enlaza éste con el segundo la “Moralización del Pueblo”, éste al de la “Catedral”, para terminar por plantear la “Visita General de la Diócesis” que comenzó el 24 de octubre de 1849, el mismo año de su llegada y que le llevó un año9. Presenta precisamente este apartado de la “Visita” al final con el objetivo de resaltar su labor, los objetivos alcanzados y presentar unas breves demandas como la provisión de prebendados y sobre dispensas matrimoniales, y de otra parte justificar su vuelta a España porque no desea por su enfermedad “quedar imposibilitado para siempre de servir a la Iglesia y al Estado a la edad de 54 años”10. Hay, sin embargo, algunos elementos de interés respecto a la isla y su gobierno. Si el obispo Pedro Gutiérrez de Cos se significó por la inauguración del Seminario y un numeroso clero, Gil Esteve parece interesarse más por una mejor formación y por la catequización11. Es ésta una novedad pero el principio de todo su discurso está basado en guardar o cuidar la moral de la isla, línea que ya emprendieron sus predecesores. Su primera visión es de admiración por la calidad de sus tierras y clima, que sería “más fértil y abundante si el hombre aplicara un mediano trabajo” y “la más sana de todas las Antillas”12. De otra parte, manifiesta el rápido incremento de población, debido en gran parte por la independencia de la América española y porque hasta ese momento la metrópoli la “tuvo como descuidada” ocupada en los dominios continentales13. Se pasó de 136.000 habitantes y de vivir de las rentas de México y Cuba en el primer cuarto del siglo XIX a más de trescientos mil habitantes en 1830 con una guarnición de 3.000 hombres, señalando la fuerte inmigración de Santo Domingo, Costa Firme y continente. Así, de 33 parroquias en 1831 se pasó a 73 en 1850 y a más de seiscientos mil habitantes para este año, resaltando la 9 ASV, Congr. …, fol. 5, “Moralización del Pueblo”, fols. 7-8, “Catedral” fols. 8-9, “Visita General de la Diócesis”, fols. 9-13. 10 Ibidem, fol. 14. Según la normativa de la Congregación de Concilio era el último apartado, nominado De Postulata, el dedicado a las peticiones que el Ordinario quisiera plantear. Él terminará su texto con la idea de impetrar al Nuncio e indicar que S.M. le ha ofrecido recomendar a la Santa Sede otra diócesis. 11 Pedro Gutiérrez de Cos inauguró el Seminario el 12 de octubre de 1832, “su hazaña más insigne, su herencia más benéfica” (Huerga, A.: Los obispos…, pp. 87 y 88). Esteve publicó un texto diocesano: Catecismo de la doctrina cristiana, Puerto Rico, Tipog. de D. I. Guasp, 1850, 112 pp. (Citado por Huerga, A.: Los obispos…, p. 10). 12 ASV, Congr.…, fol. 2. 13 Ibidem.
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“introducción sucesiva de esclavos del África” que alcanzan unos cuarenta y cinco mil negros y computa en unos noventa mil los mulatos14. Esta realidad sirve para su estimación moral, el considerable y rápido incremento de la población, su distribución diseminada por toda la isla, las “reducidas casas”, el clima cálido y su rica naturaleza, que “con muy poco trabajo les proporciona” alimentos, hace que “no visten cual exige el pudor y recato”, una “loca pasión por el juego de gallos, de la baraja, los bailes y otras distracciones”15, a pesar de ello “son de un carácter pacato, dócil y sumamente respetuosos”, no es frecuente la blasfemia ni los salteadores16 y “en general se hallan poseídos de un espíritu religioso” aunque malos practicantes “más por ignorancia que por la perversidad de corazón”17. Este casi idílico panorama se interrumpe con un párrafo esclarecedor con el negro y el sistema de trabajo como elementos básicos. Los suicidios y asesinatos son pocos, “más por amoríos que por otra causa”, pero su mayoría “deben atribuirse a los negros y mulatos, quienes a más de poder exasperarse por el mal trato que pueden sufrir por parte de algunos de sus dueños, se hallan poseídos de un espíritu de fatalismo, son estraordinariamente lascivos y vengativos”, es difícil su “instrucción civilizadora” porque son “a lo menos muy tardíos para concebir y practicar los preceptos de la moral cristiana”18. En esta línea, él ha “procurado restablecer las pláticas doctrinales sobre todo en el Adviento y Cuaresma”, así ha conseguido reunir a los niños los días festivos y se han confirmado más de veinticinco mil, todo ello guiados por el Catecismo que publicó en 1849, y parece que con una doble finalidad: instrucción especial “de los campesinos” y la uniformidad en todo el territorio para así evitar “la enseñanza de doctrinas heterodoxas”19. Huerga califica este Catecismo como “joya por su sencillez, por su transparencia, por su piedad”20. 14 Ibidem, fol. 3. Loida Figueroa anota cómo Prim, años antes, había apuntado 52.000 esclavos, y que si “se sumaba la gente libre ‘de color’ la mitad de la población era africana de nacimiento o de origen” (Figueroa, Loida: Breve historia de Puerto Rico, Edit. Edil, Río Piedras, 1970, tomo II, p. 127. El Gobierno prohibiría las disposiciones de extranjerías de Prim y que “los delitos de la ‘raza africana’ se sujetasen al fuero de guerra”: Ibidem, p. 127, nota 206). 15 Ibidem, fols. 3-4. 16 Ibidem, fol. 4 17 Idem. 18 Idem. 19 Ibidem, fol 7. El Catecismo, publicado el 6 de junio de 1849, fue la obra más destacada de Esteve, la edición fue de 12.000 ejemplares, que se distribuyeron gratis. 20 Huerga, A.: Los obispos…, p. 128, un ejemplar en AHN, Ultramar, 2032, exp. 9, núm. 3.
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Gil Esteve manifiesta conocer esta realidad desde un principio, por lo que tan pronto “llegó y se hizo cargo de la diócesis formó su plan para promover y restaurar la moralización general de la Isla”21, porque “cuando falta la instrucción moral y religiosa en el pueblo… la corrupción de costumbres cunde por todas partes, [y] es preciso poner un dique a este torrente”22. Es muy significativa la consideración que hace ante la situación: él no culpa a los autores ni tan siquiera a la escasez de sacerdotes porque si “los pocos que hay fuesen tan virtuosos e instruidos como conviene para suministrarles el pasto saludable de la doctrina y del ejemplo… quedarían remediados en gran parte tamaños males”23. Su primera consideración del clero es de escaso y mal instruido24, y, aún empeñado en que “no consideren al sacerdocio como un modus vivendi”25, el resultado de su gobierno es de que “poco o casi nada ha podido hacerse para mejorar la instrucción del Clero”, e incluso a los “díscolos” es difícil separarlos porque nadie se lo denuncia ni tampoco tiene clérigos para reemplazarlos, no obstante lo justifica en parte por estar la población muy diseminada, cada uno tiene el “cuidado de miles de almas”, y no pueden reunirse para ejercicios o conferencias morales26, a pesar de ello él tomó “providencias particulares” por la vía reservada “para contener escándalos y reprimir las punibles conductas de algunos eclesiásticos”27. Es evidente que conocía la realidad del clero y así lo critica, aunque no alcanza el juicio de La Torre de “la relajación en que se encuentra la mayor parte de los párrocos viviendo escandalosamente encenegados en los vicios, con particularidad en el de amancebamiento”28. No obstante a la apreciación de Navarro García de que “la jerarquía apenas recrimina la inmoralidad del clero” y “solo” le interesa “gozar de las ventajas económicas” y “buenas relaciones con el poder absolutista… la corrupción era un invento de masones y revolucionarios”, es preciso anotar que sólo es parcialmente comprensible al tomarse 21 ASV, Congr. …, fol. 5. 22 Carta pastoral, 6 de junio de 1849, en Huerga, A.: Los obispos…, p. 127. 23 ASV, Congr. …, fol. 5. 24 Ibidem, fol. 4. 25 Ibidem, fol. 11. 26 Ibidem, fol. 5. 27 Ibidem, fol. 11. 28 Oficio de La Torre a Gutiérrez del Arroyo, 18 de julio 1825, AGI, Santo Domingo, 2333, citado por Navarro García, J. Raúl: Control social y actitudes políticas en Puerto Rico (18231837), pp. 60-61, nota 93.
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documentación oficial29 porque el mismo Gil Esteve al señalar que ha tomado medidas “por la vía reservada” nos revela la posibilidad de una documentación puertorriqueña o en el Archivo Secreto Vaticano en su sección correspondiente, que revelaría una información inédita a la que estaba obligado cada obispo, y de otra parte ya para esta década se había extendido claramente “el compromiso y activismo político por parte de los miembros del clero” que “no estuvo exento de riesgos o represalias” de autoridades civiles, eclesiásticas “o de grupos interesados”, evidenciados en décadas anteriores30. Gil Esteve elabora, entonces, un Plan General para dotación del culto y el clero, que precisamente recibe una misma asignación sin distinción alguna por lo que propone un escalafón que lo incentive31. En suma, Esteve no se quedó en resolver la falta de instrucción del clero con cartas pastorales como su antecesor Francisco de la Puente (1846-1848)32, sino que, aun siendo un clero escaso, su falta de instrucción es el problema porque si “los pocos que hay fuesen tan virtuosos e instruidos como conviene para suministrarles el pasto saludable de la doctrina y del ejemplo… quedarían remediados en gran parte tamaños males”33, lo que realmente escasea es instrucción y moralidad. Él manifiesta por todo ello su interés por el Seminario, que se está ampliando y ha suplicado a S. M. poderlo encomendar a los jesuitas34. Dato de significativo interés es que el número de alumnos ha alcanzado los 63 internos y 75 externos, y resalta que el poder recibirse el grado de Bachiller ha hecho disminuir en muchos padres 29 Navarro García, J. Raúl: Control social y actitudes políticas en Puerto Rico: 1823-1837, Sevilla, Diputación Provincial, 1991, p. 64, citando Oficio de Andrade al Secretario del Rey y del Consejo de Indias, Puerto Rico, 21 de julio de 1826, AGI, Ultramar 499. 30 García Leduc, José M.: “La Iglesia y el clero católico de Puerto Rico durante el período revolucionario hispano-americano (1800-1830): algunos ejemplos”, Exégesis, núm. 3, Humacao, mayo-agosto, 1987, p. 12. En los ejemplos señala cómo el presbítero Yldefonso Sepúlveda, criollo y electo diputado, en 1838 “fue objeto de acusaciones indecorosas por parte de sus enemigos políticos”, p. 12. 31 ASV, Congr.…, fols. 5-6. Este Plan lo propuso a S. M. el 30 de noviembre de 1850, así no consideraba equitativos los 25 duros mensuales que cada uno recibía y presentaba un escalafón de curatos según población de tres clases: de entrada, ascenso y término. 32 Véase Huerga, A.: Los obispos…, p. 38; ratifica la calidad de las cartas pastorales de este obispo citando la obra de Salgado Herrera, F.: Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada, Madrid, CSIC, 1971, números 4.359 y 4.538. 33 ASV, Congr…., fol. 5. 34 Ibidem, fol. 7. En la ampliación ha contado con el apoyo del capitán general y la deseada dirección de los jesuitas es por su capacidad y por haberse concedido en La Habana. Huerga expone este nuevo plan de estudio que se le aprobó en 1851 (Huerga, A.: Los obispos…, pp. 125-126).
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“la muy perjudicial costumbre de mandar sus hijos a los Estados Unidos de América, Alemania y otros países protestantes para recibir su instrucción”, por lo que “los preserva de las malas doctrinas, usos y costumbres, que traían dichos jóvenes del estrangero en perjuicio de la Religión y del Estado”35. Este juicio del obispo respecto a la Religión y el Estado lo personifica cuando justifica su marcha de la isla porque por su enfermedad podía “quedar imposibilitado para siempre de servir a la Iglesia y al Estado”36. Es evidente que Gil Esteve pertenece al movimiento conservador español y resaltamos su filiación a la destacada figura de Jaime Balmes, paisano suyo y también educado en la Universidad de Cervera, “que defendió los valores positivos de un catolicismo progresivo”, que, aun resaltando el problema social “como de principal interés” y su futura importancia, no ofrecieron elementos alternativos o soluciones concretas37. Como fiel representante del conservadurismo español, la religión era fundamento de autoridad integradora y estabilidad, ante el claro surgimiento a mediados de siglo de tendencias anti-hegemónicas, basadas en instituciones liberales38. En su línea básica la labor de la jerarquía era “modelo de integración de la Iglesia al Estado”39. Esteve desea dejar patente por encima de todo la labor realizada durante los cinco años al frente de la diócesis, de ahí que anote como apartado final de su Relatio la Visita General que hizo, resaltando sus duras condiciones y todos los objetivos alcanzados. La Visita era el empeño básico que Roma siempre encomendaba a los obispos pero no era objeto concreto a desarrollar en una Relatio ad limina, aunque ésta respondía, o a mejor decir, suponía en sí que se había hecho Visita ya que las respuestas a cada uno de sus apartados no podían hacerse sin conocer la diócesis. La Visita comenzó a poco de su llegada y precisamente, es lo primero que expresa, porque necesita conocer “por sí mismo de las urgencias y necesidades espirituales de todos y cada uno 35 Ibidem, fol. 6. 36 Ibidem, fol. 14. 37 Orella, José Luis: “Precursores intelectuales de una derecha católica española” en Arbil, núm. 122, 2009). 38 Véase el artículo de Schmidt-Novara, Christopher: “El mito liberal del Imperio: España, Cuba y el 98”, Studia Histórica. Historia Contemporánea, 17, pp. 39-52, 1999). 39 Silva Gotay, Samuel: Catolicismo y Política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos: siglos XIX y XX, San Juan, Editorial Universidad de Puerto Rico, 2005, p. 201.
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de los pueblos de su Diócesis”, añadiendo que su antecesor el obispo Francisco de la Puente visitó “solamente ocho pueblos”40. Cuando alude a la Catedral, materia siempre conflictiva en casi todas las diócesis por los continuos y habituales enfrentamientos con su Cabildo, tan solo lo hace para poner de relieve su atención “al estado deplorable en que se hallaba” después de las tormentas y terremotos de 178041, se habilitó en 1803 pero iniciada su reedificación se abandonó “la obra hasta el mes de febrero de 1849 en que llegamos a dicha Isla” consiguiendo su terminación42, al mismo tiempo que la casa episcopal43. La ineludible conflictividad de los Cabildos la hace constar pero no a nivel personal, aunque sí la tuvo, sino como un fenómeno general e inveterada realidad, con sus “disturbios” en muy variados casos que surgen de intereses particulares, y así formula que “nunca podrá esperarse un remedio radical de los abusos y demasías que suelen ser muy frecuentes en los Cabildos Eclesiásticos de América, mientras no se estiendan a aquellas Iglesias las acertadas disposiciones del último Concordato”44. Evidencia la América lejana siempre fuera del cumplimiento o práctica de la legalidad dictada en la metrópoli. La reiterada mención a su año recorriendo la isla en visita pastoral, marcada por caer enfermo en dos ocasiones, es el máximo exponente de su interés por resaltar su amplia labor, porque en estas visitas se rectificaban ciertos temas sobre sacramentos, registros parroquiales, hermandades, dotaciones,… como hemos constatado en multitud de casos concretos de parroquias americanas y españolas. No obstante, siempre se aprecian exageraciones, como el caso concreto de las 231.674 almas confirmadas en las 73 parroquias, o el cálculo de 4.500 matrimonios ante el problema de concubinato que habría sido más de tener facultad de algunas dispensas como ya tenía concedida
40 ASV, Congr. …, fol. 9. Francisco La Puente, dominico, fue consagrado obispo de Puerto Rico en Madrid el 28 de octubre de 1846, pasó al obispado de Segovia en 1848 y muere en noviembre de 1854 (Guitarte Izquierdo, V.: “Episcopologio…”, p. 609). 41 Ibidem, fol. 8. 42 Ibidem, fols. 8-9. Esteve relata cómo tan solo a los trece días de su llegada en unión con el comandante general de Ingenieros inspeccionó el edificio”, formalizó el plan con su presupuesto que aprobó el 7 de marzo de 1749 el marqués de la Pezuela con 19.000 duros, que era una tercera parte, pero el resto lo consiguió del “generoso desprendimiento de sus diocesanos”. 43 Ibidem, fol. 12. 44 Idem. Se refiere al Concordato de 1851.
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La Habana45. En el mismo sentido, termina como colofón de su visita a cada parroquia con un cómputo de 16 templos concluidos, se han iniciado 6 y hay 9 en proyecto46, en las que se han invertido 20.000 duros “en ornamentos, alhajas, imágenes y otros objetos del culto”47. En suma, los resultados no solo de la Visita sino de su misión como pastor de la Iglesia puertorriqueña fueron “muy satisfactorios”, como él mismo subraya, y todo parece indicar que su tarea “fue mucho más fructífera” que la de sus antecesores, aunque no resultó fácil48. No obstante, le es imposible continuar por su oftalmía que le obligaba volver “a los aires nativos de la Península”, su decisión es inequívoca y muestra su propia estima: es preferible “separarnos de nuestras amadas ovejas que no quedar imposibilitado para siempre de servir a la Iglesia y al Estado a la edad de 54 años”49. Es realmente muestra de su coherencia ideológica, que seguía los trazos del ideal tradicionalista del momento, y, a decir de Silva Gotay, siempre “se aprestó a declarar su inquebrantable lealtad al gobierno de su majestad”50, no obstante, ya lejano de los obispos predecesores, “fugitivos de la guerra de independencia” del primer tercio de siglo51, mostró signos de una actitud novedosa, conciliadora y social, que evidenció en su línea de formación educativa, instrucción pastoral y moralidad del clero52. 45 Ibidem, fol. 10. Aprovecha para solicitar “dispensar los grados canónicos de segundo igual y el de primero con segundo de consanguinidad y afinidad”. Su exclusivo interés por resaltar su labor se aprecia en no referir en ningún momento la agobiada situación de la población que encontró por la “pavorosa hambruna provocada por la larga sequía” de 1847 (Picó, Fernando: Historia general de Puerto Rico, Ediciones Huracán, Río Piedras, 1990, pp. 172 y 186). 46 Ibidem, fol. 11. Templos concluidos: Río Grande, San Lorenzo, Barranquitas, Salinas, Santa Isabel, Peñuelas, Yauco, Sabana Grande, Moca, Manatí, Ciales, Vega Alta, Hormigueros, Dorado, Capilla de Nuestra Señora de Balbanera y Santa Ana; iniciados: Trujillo Alto, Naguabo, Arroyo, Guayanillas, Turmas y Camuy; y proyectados: Guayabotas, Guánica, Cidra, Vega Baja, Quebrada Arenas, La Culebra, Marina de Ponce, Marina de Mayagüez y Utuado. 47 Ibidem, fol. 10. 48 Hernández Ruigómez, Almudena: La desamortización en Puerto Rico, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1987, p. 179. 49 ASV, Congr. …, fol. 14. 50 Silva Gotay, S.: “Historia social de las iglesias en Puerto Rico”, en Meier, Johannes et alii (coords.): Historia General de la Iglesia en América Latina, t. IV, Caribe, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1995, p. 260. 51 Ibidem, pp. 257-258. 52 En España sería nombrado obispo de Tarazona el 23 de junio de 1854, y obispo de Tortosa el 25 de septiembre de 1857, donde muere el 19 de julio de 1858 (Guitarte Izquierdo, V.: “Episcopologio…”, p. 616). También, nombramiento de obispo de Tarazona, por fallecimiento de su titular Vicente Ortiz y Labastida, en Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede [AEESS], legajo 1.129, III). Anotemos como datos curiosos que en 1848 bendijo el primer ferrocarril de España entre Barcelona y Mataró, y confirmó a Antón Gaudí el 10 de septiembre de 1853 en la parroquia de San Pere de Reus. En Tortosa fundó poco antes de morir el “Boletín
116 José Jesús Hernández Palomo Relación sobre el estado del Obispado de Puerto Rico, en Madrid a 4 de marzo de 1854 [Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 658] (Texto original en castellano) Beatísimo Padre. Gil, Obispo de S. Juan Bautista de Puerto Rico en las Américas occidentales, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, no obstante qu 5e no ha transcurrido mas que unos cinco años y ocho meses desde que fuimos preconizado y que por lo mismo no ha concluido el plazo que el canon concede a los Obispos de aquellas regiones para cumplir con la visita ad Limina Apostolorum, con todo hemos creído oportuno y muy conveniente presentar a la alta consideración de Vuestra Santidad una relación exacta de los hechos más notables, que en cumplimiento de nuestro sagrado cargo pastoral hemos practicado para promover la mayor instrucción del Clero, la moralización del pueblo, el restablecimiento de la disciplina, el fomento y mejora de la piedad y del culto divino, la reparación y mejor decoro de los templos, cementerios, de los ornamentos y vasos sagrados y demás objetos del culto y por fin la buena administración Diocesana y de las Parroquias, con todo lo demás conducente al bien espiritual de los fieles y mayor esplendor de la Iglesia. Antes de dar principio a la mencionada relación y para ilustrar más y más los hechos que forman su principal objeto, creemos oportuno presentar una breve reseña del estado topográfico de la Isla, de su población, clima y de los usos y costumbres de sus moradores. Tiene dicha Isla treinta y tres leguas de largo desde el E. al OE. con doce, tre/[2]ce y catorce de ancho desde el N. al S., y no obstante de dividirla a lo largo unas cordilleras de montañas bastante altas, se halla cubierta su superficie casi en su totalidad de tierras de muy buena calidad, que fecundada por cincuenta y dos ríos, unos doscientos arroyos o quebradas de aguas muy saludables y las muy frecuentes lluvias, hacen el país más a propósito para la agricultura y sería sin duda el más fértil y abundante si el hombre aplicara un mediano trabajo. Constituida entre los grados diez y siete y diez y ocho de latitud N. y entre los sesenta y ocho y sesenta y nueve de longitud OE., los ardores del sol serían insoportables si los vientos E., N.E. y S.E. que constantemente soplan no los suavizara y constituyera su clima en un continuo verano tan templado que puesto el termómetro de Beaumur al aire libre marca el calor de veinte Eclesiástico” del obispado. En Puerto Rico puso en 1851 “la catedral y la diócesis bajo el patrocinio” de Nuestra Señora de la Divina Providencia, imagen “colocada en la catedral el 2 de enero de 1854” (Huerga, A.: Los obispos…, p. 148).
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a veinte y ocho grados, sin que se perciba diferencia de estaciones, escepto en los meses de Diciembre, Enero y Febrero en que la temperatura es menos calurosa con motivo de reinar el viento N. o N.E. Es dicha Isla la más sana de todas las Antillas, pues no obstante de haber sufrido casi todas ellas el azote del cólera morbo y habitualmente el de la fiebre amarilla, Puerto Rico no ha esperimentado nunca la primera enfermedad y sí de vez en cuando algunos casos de la segunda, los ha motivado el haber soplado el viento S.E. o S. en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, haciéndolos más calurosos que los restantes del año y esto no es frecuente sino cada diez o doce años. Ocupada la España con la esplotación y mejora de los vastos dominios que poseía en América, tuvo como descuidada la dicha Isla hasta principios del presente siglo, siendo por lo mismo su población de solos unos ciento treinta y seis mil habitantes, y sus productos tan escasos que para mantener un sólo Batallón, que tenía fijo para su guarda, y a las Autoridades se veía precisada a acudir a las rentas que sacaba de Méjico e isla de Cuba. A proporción que dicho reino quedó sucesivamente desmembrado con la emancipación de tan vastos dominios, miró con más interés la menciona/ [3]da isla y su población aumentó considerablemente con las emigraciones de Santo Domingo, Costa firme y demás países emancipados, y lo mismo su agricultura, de suerte que en 1830 eran más de trescientos mil sus habitantes y sus productos no sólo bastaban a cubrir la manutención y equipo de unos tres mil hombres que componían su guarnición sino también todos los demás gastos públicos del estado. Este aumento progresivo de la población de Puerto Rico y de su mayor cultivo y esplotación ha ido creciendo cada día más, por manera que no contándose en 1831 más que unas treinta y tres Parroquias, hoy día son ya setenta y tres y sus habitantes más de seiscientos mil y, cultivado su territorio en las dos terceras partes, produce abundantes maderas, azúcares, café, algodón, arroz, maíz, tabaco, cacao, ganado vacuno, caballar y de cerda no sólo para su abasto sino también para estraerlos para el de otros estados de América y Europa, rindiendo su estracción a los propietarios y al Estado sumas considerables. Estinguida del todo la casta de Indios en la mencionada Isla con el transcurso de los siglos, que han mediado desde la conquista por Cristóbal Colón, ha aumentado la de los negros y mulatos con la introducción sucesiva de esclavos del África como que hoy día forman aproximadamente el número de unos cuarenta y cinco mil los primeros y unos noventa mil los otros sobre los indicados seiscientos mil blancos. Las tres cuartas partes de los moradores de la espresada Isla de Puerto Rico no viven en sus respectivos pueblos sino diseminados en el campo a la
118 José Jesús Hernández Palomo distancia de tres, cuatro y cinco leguas, habitando unas muy reducidas casas que se construyen con palos, hojas de árbol y paja sin otros muebles que una amaca, un fogón, un puchero, algunas cubas para el abasto del agua, cazuelas de coco u otra madera, y como no les molesta el frío no visten cual exige el pudor y recato, duermen sobre unas tablas cubiertas de pieles, todos juntos sin distinción de sexos ni edades, y llevados de una loca pasión por el juego de gallos, de la baraja, los bailes y otras distracciones, consumen para estas fruslerías cuasi todos los frutos que la naturaleza espontáneamente [4] y con muy poco trabajo les proporciona, sin atender al porvenir de sus familias, de modo que sobreviniéndoles alguna sequía estraordinaria o tormenta, quedan reducidos a una espantosa miseria, resultando de este abandono y abyección las monstruosidades y males que se dejan considerar. En medio de tales calamidades son de un carácter pacato, dócil y sumamente respetuosos a las Autoridades, y sobre todo a los Ministros de Señor; no se oye entre ellos una blasfemia, no se conoce el robo ni las riñas estrepitosas, por manera que si alguna vez, arrastrados por el hambre invaden la propiedad agena, se llevan un racimo de plátanos, unas patatas, una gallina u otros frutos menores que les provean únicamente en el apuro, sin que conste la esperiencia de que se haya cometido un robo en despoblado ni a mano armada, tanto que conduciéndose a la Capital en los últimos de cada mes los productos de las rentas públicas de todas las Receptorías de los distritos sin la menor escolta y por los mismos conductores, que todo el mundo conoce, ni una sola vez han sido asaltados ni molestados. Es verdad que en dicha Isla se cometen algunos suicidios con un corto número de asesinatos más por amoríos que por otra causa, lo es empero también que estos escesos en su mayor número deben atribuirse a los negros y mulatos, quienes a más de poder exasperarse por el mal trato que pueden sufrir por parte de algunos de sus dueños, se hallan poseídos de un espíritu de fatalismo, son estraordinariamente lascivos y vengativos, y si no incapaces de una instrucción civilizadora a lo menos muy tardíos para concebir y practicar los preceptos de la moral cristiana. Por lo demás, puede asegurarse que los moradores de dicha Isla en general se hallan poseídos de un espíritu religioso, y tan amantes de oír la divina palabra que basta que se les indique que se predica en algún pueblo para concurrir a él, aunque les cueste un viage de dos, tres y más horas: pudiendo añadir que si son malos practicantes lo son más por ignorancia que por la perversidad de corazón. [5] ¡Ojalá que esta isla contara en su seno el número suficiente de Sacerdotes, y que los pocos que hay fuesen tan virtuosos e instruidos como conviene para suministrarles el pasto saludable de la doctrina y del ejemplo! Entonces sí que quedarían remediados en gran parte tamaños males.
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El Prelado que suscribe conocía a fondo ya desde un principio los estremos que quedan consignados, y tan luego como llegó y se hizo cargo de su Diócesis formó su plan para promover y restaurar la moralización general de la Isla, procurando al efecto esplotar todos los elementos que era posible para conseguir el fin arriba mencionado, dando principio a su Apostólica misión por la importante
Instrucción del Clero Poco y casi nada ha podido hacerse para mejorar la instrucción del Clero que estaba ya en actual servicio de las Parroquias, pues que diseminado a largas distancias y cargado cada uno de sus individuos con el cuidado de miles de almas, no era posible reunirles para la celebración de egercicios espirituales ni de las conferencias morales, que tanto conducen para su instrucción y moralidad: y así ha debido contentarse el Prelado que suscribe con prescribirles reglas y recordarles los deberes de su alto ministerio, amonestando y apercibiendo a cada uno de palabra o por escrito, según lo exigía su conducta, sin que haya sido posible la separación de algunos díscolos por no haber quien quiera declarar contra ellos judicialmente, ni Sacerdotes suficientes que les reemplazen en sus destinos. Con el fin de remediar en lo posible los males y fatales consecuencias que trae consigo la falta de Sacerdotes y considerando que el país no da ni puede dar los necesarios, y que tampoco pueden esperarse de la Península ni de otro punto de Europa, mientras no se mejore la dotación y porvenir de los Párrocos, Coadjutores y demás ministros destinados al servicio del culto, formalizó el Prelado que suscribe en virtud de Real Orden un plan general de dotación del culto y clero de dicha Isla, remitiéndolo a S. M. para su aprobación en 30 de Noviembre de 1850 y tiene fundados motivos para confiar que será adoptado por el Gobierno [6] de S. M., y que a su tenor a más de aumentarse el número de Sacerdotes en cada Parroquia se aumentará considerablemente la dotación de cada uno al igual de lo que se ha verificado ya para las Diócesis de Cuba, Habana y Filipinas, y que rechazada la práctica poco equitativa de señalar a cada Párroco, sin distinción de clases ni categorías, la mezquina cantidad de veinte y cinco duros mensuales, se establecerá el competente escalafón calificando los Curatos según su población en tres clases, a saber, de entrada, ascenso y término: lo que servirá de estímulo a esta privilegiada clase para el mayor esmero en el desempeño de su sagrado ministerio que les ha de proporcionar mejor ascenso con un porvenir más lisongero. Con el mismo objeto hemos procurado reorganizar el naciente Seminario Conciliar, tanto en su parte material como en la moral y científica, de modo que amenizándose la enseñanza de las ciencias religiosas de la filoso-
120 José Jesús Hernández Palomo fía, latinidad, Humanidades con las de la física esperimental, matemáticas, dibujo y la de las lenguas francesa e inglesa, se ha conseguido que retrayéndose los padres de familia de la muy perjudicial costumbre de mandar sus hijos a los Estados Unidos de América, Alemania y otros países protestantes para recibir su instrucción, los coloquen en este Seminario de manera que en el día cuenta ya con sesenta y tres alumnos internos con setenta y cinco esternos, y pudiendo recibir unos y otros en virtud de Real privilegio el grado de Bachiller en filosofía; los estimula a la mayor aplicación, al estudio de las ciencias ortodoxas y los preserva de las malas doctrinas, usos y costumbres, que traían dichos jóvenes del estrangero en perjuicio de la Religión y del Estado. Es verdad que las dos terceras partes de dichos alumnos no abrazarán tal vez la carrera eclesiástica, pero lo es también que, escepto un corto número que se dedica a la jurisprudencia, a la medicina y comercio, se inclinan a la muy importante profesión de la instrucción primaria de la Isla: y como salen del Seminario cimentados en los sólidos principios de la moral cristiana y en la práctica de los actos de piedad y del culto divino, sirven al ministerio parroquial de una poderosa ayuda en las funciones sagradas y en la moralización de los pueblos. [7] Últimamente, con el fin de asegurar de un modo estable la instrucción científica y religiosa en el Seminario, hemos suplicado a S. M. la facultad de poderla encomendar al cuidado de los PP. Jesuitas, a imitación de lo que acaba de verificarse en las Diócesis de Cuba y de la Habana; y para evadir las dificultades que podría suscitar la estrechez del edificio, ausiliado con el poderoso apoyo del muy digno Capitán General, se está ensanchando estraordinariamente, de modo que, a más de proporcionar mayor capacidad y ventilación para los Seminaristas, tendrá local suficiente para poderse alojar en él con comodidad los Religiosos que fueren destinados a la enseñanza de los alumnos y a las santas Misiones de la Diócesis. Otro punto de no menor importancia ha llamado nuestra atención, y es la Moralización del Pueblo A más de haber procurado restablecer las pláticas doctrinales sobre todo en el Adviento y Cuaresma, organizamos con Real aprobación la obra santa del Catecismo bajo las bases que espresa la pastoral que publicamos en 6 de Junio de 1849, que se acompaña señalada de número 1º: a beneficio de la cual se ha conseguido notables mejoras en la instrucción sobre todo de los campesinos, pues que no concurriendo a la Iglesia a causa de la estraordinaria distancia que les separa de ella, reciben el pasto espiritual de la doctrina por medio de algunos virtuosos, de uno y otro sexo, que todos los
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días festivos reúnen los niños de cada barrio para rezar el santísimo Rosario y enseñarles los rudimentos de la doctrina cristiana: siendo más de veinte y cinco mil los que se han confirmado de esta clase, quienes no obstante de no haber visto la Iglesia desde el día en que recibieron el santo Bautismo, se han hallado regularmente instruidos en ella: y con el objeto de que ésta fuese uniforme en todo el Obispado y se evitara la enseñanza de doctrinas heterodoxas, costeamos una impresión de doce mil egemplares del Catecismo, que dispusimos y se acompaña de nº 2, distribuyéndose gratis a nuestros amados fieles. Nada digo de los niños que concurren a las escuelas públicas, pues que el celo de los Señores Capitanes Generales, en unión con el del Prelado, ha procurado que [8] no faltara tan importante enseñanza en ellas. ¡Ojalá que no hubiese tanta apatía por parte de los Padres y que mandaran a sus hijos en estos establecimientos!: pues sin embargo de los exhortos que constantemente les hemos dirigido, al igual que dichas Autoridades, no se ha conseguido que la concurrencia a las Escuelas fuera tan numerosa como sería de desear, de modo que comparando lo que paga cada pueblo para la instrucción de los pobres con el número de los que asisten de esta clase, resulta que no baja de veinte duros mensuales lo que cuesta al pueblo la educación de cada uno. La misma instrucción moral ha procurado el Prelado a los infelices que están espiando sus delitos en el presidio de la plaza, en el correccional de la Puntilla y en las cárceles públicas, a quienes, sobre la instrucción catequística, se les hace durante el año pláticas morales en los Domingos, recibiendo los Santos Sacramentos de la Penitencia y Comunión en la Cuaresma. Si bien las sagradas atenciones que dejamos indicadas llamaron desde un principio con preferencia nuestra atención, no pudimos prescindir de atender al estado deplorable en que se hallaba la Santa Iglesia Catedral Construida ésta por gracia Pontificia durante el reinado de Isabel la Católica, y cuasi simultáneamente que la de la Isla de Santo Domingo, que es la primera de todos los estados de América, con el transcurso del tiempo fue desmoronada por las tormentas y terremotos, habiendo quedado enteramente dirruida con la muy horrorosa que sufrió la Isla en el año ochenta del siglo pasado, de modo que quedó inhabilitada para las funciones sagradas del culto hasta el año tres del siglo actual. No obstante que en esta época se dio principio a su reedificación, tan luego como se obtuvo la de un poco más de la mitad de la nave principal y colaterales, separóse de las ruinas por medio de un tabique y erigido un altar mayor provisional se abrió otra vez para el culto, quedando abandonada la obra hasta el mes de Febrero [9] de 1849 en que llegamos a dicha Isla.
122 José Jesús Hernández Palomo En efecto, profundamente conmovido el Prelado que suscribe con el aspecto que presentaba la Iglesia matriz de la Diócesis, que sobre su estremada estrechez e irregular figura, no contenía altares, imágenes, ni otros adornos indispensables para el mayor esplendor y decoro del culto y para escitar la devoción de los fieles, a los trece días de su llegada en unión con el Comandante General de Ingenieros inspeccionó el edificio y, formalizado el plan de las obras que faltaban con el competente presupuesto de gastos, tuvo la complacencia de que, aprobado el siete de Marzo siguiente por el entonces Capitán General el Escmo. Sr. Marqués de la Pezuela, se emprendieron desde luego las obras. Sin embargo de que no podía contarse con otros recursos para tan costosa empresa que con la cantidad de unos diez y nueve mil duros, “que no formaban una tercera parte de la presupuestada”, con todo, no cejó en su empeño apoyado en la religiosidad y generoso desprendimiento de sus Diocesanos, quienes entusiasmados con la sencilla escitación, que se acompaña de nº 3, le han ausiliado hasta su completa conclusión y adorno con sumas considerables, conforme lo demuestra el estado individual de nº 4. Aligerado el Prelado que suscribe con la organización de los importantes puntos que quedan espresados, trató de enterarse por sí mismo de las urgencias y necesidades espirituales de todos y cada uno de los pueblos de la Diócesis, a cuyo fin en 24 de Octubre de 1849 abrió y dio principio a la
Santa Visita General de la Diócesis Previa la publicación de la carta pastoral señalada de nº 5, la hicimos en tres distintas veces empleando en ella doce meses, durante los cuales anduvimos por tierra doscientas seis leguas y ciento cincuenta millas por mar. Nuestro antecesor D. Fr. Francisco Lapuente había visitado solamente ocho pueblos, resultando de ahí que casi toda la Isla carecía por espacio de más de veinte años de la saludable presencia de su Pastor. El trabajo por lo mismo debía ser [10] arduo y penoso. Sin embargo, lo emprendimos confiado en los ausilios de la Divina Providencia y lo continuamos con constancia hasta su conclusión, a pesar de haber caído dos veces enfermo durante la misma. Administramos el Sacramento de la Confirmación con toda la asiduidad posible, bastante decir que, durante la visita, hemos confirmado en las setenta y tres Parroquias visitadas a doscientos treinta y un mil seiscientas setenta y cuatro almas, sin contar un número considerable que quedó sin dar el nombre al estenderse las partidas. Pusimos el más eficaz empeño en destruir el concubinato, patentizamos a los padres criminales las fatales consecuencias que la inocente prole reportaba de su ilegítima unión; les afeamos con vivos colores la violación punible de los preceptos de nuestra santa religión; les
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allanamos dificultades y les mostramos espedito el camino por el que debían entrar: resultando de ahí que, dóciles a la voz del Prelado, seguían al fin la senda de sus deberes, calculándose en cuatro mil quinientos los matrimonios que por este medio se efectuaron: habiendo habido puntos en que se han celebrado a la vez cincuenta y dos y aún trescientos ochenta sucesivamente, y hubiera probablemente quedado libre la Diócesis de tan abominable plaga si hubiéramos sido facultado para dispensar los grados canónicos de segundo igual y el de primero con segundo de consanguinidad y afinidad, y el de la cognación espiritual inter levantem et levatum, conforme lo habían sido nuestros antecesores y actualmente lo es nuestro Hermano de la Habana. Convocamos en todos los pueblos una junta de fieles, con el objeto de que las Parroquias se procuraran todo lo necesario al culto, abriendo al efecto una suscrición voluntaria, a cuyo fin y para que lo agenciara con prontitud y economía habíamos ya anticipadamente creado una Junta compuesta de celosos Sacerdotes. Se calcula aproximadamente que asciende a veinte mil duros la cantidad invertida en ornamentos, alhajas, imágenes y otros objetos del culto que se trajeron de la península y adquirieron las Parroquias por una tercera parte del valor que antes les costaba, habiendo por lo mismo quedado todas ellas notablemente mejoradas. Las mismas recibieron un estraordinario impulso en lo material de las Igle/[11]sias para lo cual sólo consignaremos que durante nuestro pontificado se han concluido diez y seis templos, a saber, el de Rio-grande, San Lorenzo, Barranquitas, Salinas, Santa Isabel, Peñuelas, Yauco, Sabana-grande, Moca, Manati, Ciáles, Vega-alta, Hormigueros, Dorado, Capilla de Nuestra Señora de Balbanera y Santa Ana; se han principiado seis, a saber, el de Trujillo-alto, Naguabo, Arroyo, Guayanillas, Turmas, Camuy; y están en proyecto nueve, a saber, el de Guayabotas, Guanica, Cidra, Vega-baja, Quebrada Arenas, La Culebra, Marina de Ponce, Marina de Mayagües y Utuado. Procuramos moralizar al pueblo por medio de una Misión que quedaba abierta el día de nuestra llegada, y era tanta la concurrencia de gentes, que de diferentes puntos se agolpaba, que cuasi siempre se hacía preciso predicar en la plaza o campo razo. Son muy satisfactorios los resultados que ha dado esta visita. Atendimos con eficacia a la disciplina del Clero, a la reforma de las costumbres, a la estirpación de abusos, al decoro de las Iglesias, al arreglo de los libros parroquiales, a la reforma de los Cementerios, al cuidado por la enseñanza de la juventud así literaria como religiosa, a cuyo fin visitamos las Escuelas, atendimos igualmente al cuidado y trato cristiano para con los pobres enfermos y esclavos y al cumplimiento de las piadosas disposiciones de los testadores, conforme más por estenso es de ver del impreso número 6, que si bien comprende todas las providencias generales dirigidas a los anunciados objetos no así las providencias particulares, que por la vía reservada se acor-
124 José Jesús Hernández Palomo daron para contener escándalos y reprimir las punibles conductas de algunos eclesiásticos. Con el fin de que los Curas Párrocos tuviesen a la vista todas las disposiciones, civiles y canónicas, relativas a los impedimentos matrimoniales y para evitar las nulidades consecuentes a cualquier descuido o equivocación, hemos publicado el edicto que acompañamos de nº 7, así como a fin de que los ordenandos no olvidaran las reglas de vida que deben guardar para ser admitidos a los sagrados ordenes y que no consideren al sacerdocio como un modus vivendi, hemos publicado el edicto de nº 8, y el de nº 9 con el fin de remediar los abusos y moles/[12]tias que se causaban al público con los reiterados y prolongados repiques de campanas. La falta de Prebendados en nuestra Santa Iglesia Catedral no nos ha permitido completar la santa visita pastoral de la misma, así es que hemos debido concretarnos a remediar los abusos y disturbios que más de una vez causó hasta en las funciones sagradas la falta de reglamentos para el coro, sacristía y cura parroquial, prescribiendo al propio tiempo las reglas indispensables para la limpia y conservación de la fábrica material del templo que se acaba de construir, de sus altares y demás objetos del culto, dando al efecto los oportunos decretos de Santa Visita. Mas nunca podrá esperarse un remedio radical de los abusos y demasías que suelen ser muy frecuentes en los Cabildos Eclesiásticos de América, mientras no se estiendan a aquellas Iglesias las acertadas disposiciones del último Concordato, aunque fuera salvando (en cuanto lo exigiese la justicia) el patronato que parece haber egercido S. M. desde muy antiguo. Considerando al propio tiempo la suma importancia de que viviera el Prelado en casa propia, separada del bullicio del pueblo, puso el mayor empeño para que el Gobierno de S. M. prestara los recursos necesarios para la reedificación del antiguo Palacio Episcopal, y habiendo conseguido al efecto la suma de doce mil duros, resulta que puede vivir en él cómodamente y con el decoro que exige la dignidad Episcopal. Observando el Prelado que suscribe que el Estado se apoderó de los bienes pertenecientes al Convento y Comunidad de los PP. Predicadores de Santo Domingo y que disfrutaba todas sus rentas, ha elevado repetidas reclamaciones al Gobierno de S. M. al efecto de que se cumplieran las celebraciones de Misas, aniversarios y demás funciones sagradas a que dichos bienes están obligados, sin que hasta el día se haya obtenido resultado alguno, así como tampoco no lo han tenido las que le hemos dirigido por lo tocante a la administración de los productos de las Bulas de la Santa Cruzada y la aplicación de los procedentes del indulto cuadragesimal, continuando este importante ramo en todos los Estados de América en la misma forma y modo que antes de publi/[13]carse como ley del Estado el mencionado Concordato.
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Otro abuso de mucha trascendencia ha obligado al Prelado que suscribe a implorar el ausilio de la primera autoridad de la Isla contra los Diocesanos que ligados con algún impedimento canónico o civil pasan a la inmediata Isla de Santo Tomás, “perteneciente a la Dinamarca y de religión protestante”, al efecto de que el Cura católico que reside en la misma les case sin que se guarden los requisitos prescritos por el sagrado Concilio de Trento, a lo que se presta dicho Sacerdote, mediante una onza de oro que exige por cada uno, sin que sepamos con qué autoridad dispensa los impedimentos canónicos que ligan a los contrayentes, y sin embargo de que dicha autoridad superior de la Isla ha declarado a los tales contrayentes privados del derecho de ciudadano español, con todo no ha bastado esta pena para contener tan perjudicial abuso, y sería muy oportuno que mediara la autoridad de la Santa Sede, al efecto de que el Vicario Apostólico de aquel distrito ponga término a tamaños males. El mismo ausilio ha implorado y obtenido de la primera Autoridad de la Isla para contener la introducción de los libros irreligiosos y obscenos que las sociedades Bíblicas y el filosofismo, “ahora más que nunca”, procuran esparcir en la Isla de Puerto Rico y demás Antillas, librándose así a la misma en lo posible de las funestas máximas de la irreligión y del protestantismo. Apenas habíamos concluido la visita general de la Diócesis, entre varias dolencias que debilitaban notablemente nuestras fuerzas, nos sobrevino una enfermedad en los ojos que lejos de ceder a los remedios ordinarios nos atacaba progresivamente con más intensidad y frecuencia: seis fuertes ataques sufrimos en los últimos doce meses, ya no podíamos ver la luz sin agravarse la irritación cuando los médicos nos manifestaron que la enfermedad era la oftalmía, que allí acostumbra acometer a los europeos, y que contra ella no había otro remedio que dejar inmediatamente aquel clima “que la causa” y volver a los aires nativos de la Península y tomar los baños sulfúricos de la misma. Si esta enfermedad no hubiese exigido otro sacrificio que el sufrimiento, no nos hubiéramos ocupado sino de implorar de la Divina Providencia resignación y pa/[14]ciencia, pero protestándonos los médicos que nuestra alternativa era o perder la vista o dejar sin demora aquel clima, creímos que debíamos preferir el profundo sentimiento de separarnos de nuestras amadas ovejas que no quedar imposibilitado para siempre de servir a la Iglesia y al Estado a la edad de cincuenta y cuatro años. Autorizado, pues, por la autoridad superior de la Isla que lo estaba por la Reina Nuestra Señora (ya que no era posible acudir a la Santa Sede) emprendimos el viage para la Península en 29 de Abril del próximo pasado año, publicando el despido que se acompaña de nº 10, con la resolución de impetrar del Emmo. Señor Nuncio la subsanación de aquellas faltas involuntarias, conforme lo verificamos al
126 José Jesús Hernández Palomo tercer día de haber desembarcado con carta de 21 de Junio de 1853, cuya copia se acompaña de nº 11. Últimamente, como según el dictamen de los facultativos confirmado por la esperiencia sería segura la recaída si regresáramos a nuestra Diócesis, reconociendo el Gobierno de S. M. esta lamentable verdad, ha ofrecido al Prelado que suscribe recomendarle a la Santa Sede para una Iglesia de la Península, tan luego como se presente oportunidad para ello, con el fin de que pueda sin tanto riesgo continuar prestando sus servicios a la Religión y al Estado. El Prelado que suscribe, Beatísimo Padre, no cree oportuno estenderse más esplicando las particulares providencias que ha dictado para el bien particular de cada Iglesia; cree que esta sencilla relación bastará para que V. S. tenga una noticia exacta de los actos principales que ha practicado en cumplimiento del sagrado Ministerio que le ha sido confiado, sin merecimiento alguno y sólo por la gracia de Dios y de esa Santa Sede Apostólica, y se ten/ [15]drá por dichoso si mereciere la alta aprobación de V. Santidad. Madrid cuatro de Marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro. Beatísimo Padre, A. L. P. de V. S. h. P. Gil, Obispo de Puerto Rico.
DANZA Y RESISTENCIA: BAILES AFROPUERTORRIQUEÑOS Y CONFLICTO SOCIAL EN EL PUERTO RICO DEL SIGLO XIX
Noel Allende-Goitía Universidad Interamericana, Puerto Rico [email protected]
Este ensayo estudia la construcción discursiva de las formas danzarias afro-puertorriqueñas y su práctica dentro de un estado de conflicto social creado por las condiciones inherentes a una sociedad esclavista. De 1795 al 1900 se observa en Puerto Rico una tangencia entre 1) las prácticas danzarias afro-puertorriqueñas, 2) las diferentes rebeliones y conatos de rebelión esclavas en la isla, 3) las negociaciones cotidianas de agencia y autogestión personal y colectivas de africanos y afrodescendientes y el estado colonial, 4) la importancia de las cuestiones raciales en las prácticas sociales y 5) la construcción de un particular imaginario de lo que debe llamarse patria por parte del criollo blanco insular. Conceptualmente, parto del horizonte eventual creado por dos sucesos ocurridos al final del siglo XVIII y que ilustran un estado de cosas que se extenderá a través del siglo XIX puertorriqueño. Por un lado está la orden emitida por O’Reilly que reserva las plazas de tambores y pífanos, de los regimientos de tropas disciplinadas, a blancos; dejando claro que no se les concedería a pardos o negros libres1. Por otro lado, años más tarde, el expedicionario francés Pierre Ledrú reporta haber visto un grupo, que él denominó como un grupo curioso de jíbaros blancos, pardos y negros, que compartían diferentes formas danzarias; entre ellas una que se bailaba al toque de unos tambores llamados bomba. 1 Malavet Vega, Pedro: Historia de la canción popular en Puerto Rico (1493-1898), Ponce, 1992, pp. 127-128.
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La narración de Pierre Ledrú sobre el baile de campesinos criollos mulatos, negros y blancos –lo que él llama un grupo de personas “bastante original”– en la hacienda de Don Benito es muy citada en la historiografía musical puertorriqueña por su explícita mención del término bomba. Llama la atención las dos categorías claves del género: tambor y baile. Sin embargo, una lectura más detallada de la narración nos lleva a reevaluar la forma y manera en que hemos tratado esta descripción de una práctica músico-textual-danzaria. Primero, la celebración en la que “ejecutaron sucesivamente bailes africanos y criollos al son de la guitarra y del tamboril llamado vulgarmente bomba”. Segundo, esta mención se enriquece con la descripción que se hace de las canciones francesas cantadas a la guitarra por la hija de Don Benito, y que tanto sacudieron su discurso científico. Lo nuevo en esta mirada es el abrir nuestro entendimiento a lo que apunta el tratar esta narrativa como un todo: Ledrú apunta a la co-existencia de prácticas musicales y sociales que, a su vez, señalan procesos de co-producción cultural: procesos en los que se da simultáneamente lo diferente y lo dialógico2. A partir de estos eventos, presento una reconceptualización del siglo XIX puertorriqueño que parte del presupuesto de que al final del siglo XVIII ocurre un endurecimiento de las relaciones raciales en la isla que se manifiesta en un aumento de la represión racial y una policía más dura sobre las relaciones de castas, provocando un alto grado de conflictividad social. Prácticas religiosas, músico-danzarias y de autogestión de identidad tanto de africanos como de afrodescendientes pasan por procesos de cambio, adaptación, reenfoque y creación asertiva3. El trato que se le da al siglo XIX en la historiografía musical puertorriqueña copia los sesgos y matices de la historiografía general. La noción de que es durante el largo siglo XIX que adviene una personalidad esencialmente puertorriqueña va adquiriendo durante el mismo siglo la dureza de una verdad inconmovible. Desde el indiscutible simbolismo de la entrega del anillo arzobispal y las palabras 2 Ledrú, A. P.: Viaje a la isla de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial PuertorriqueñaUniversidad de Puerto Rico, 1957, capítulo II. 3 Queda para otro trabajo, las implicaciones de la visión afro-diaspórica de Arturo Alfonso Schomburg, ver Schomburg, Arturo Alfonso: “West Indian Composers and Musicians”, en Opportunity, núm. IV, noviembre, 1926 (reimpreso en Piñero de Rivera, Flor: Arturo Schomburg: un puertorriqueño descubre el legado histórico del negro. Sus escritos y apéndices. San Juan, Puerto Rico, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989, p. 140).
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de compromiso con una particular demografía, de parte del obispo Arizmendi a nuestro diputado a Cortes Don Ramón Power y Giralt, hasta la jura del Gabinete Autonómico, en 1898, se va concretando, en diferentes formas discursivas, la conciencia de que existía una particular identidad puertorriqueña. Las historias culturales, en general, y las historias de la música, en particular, adoptan el supuesto discursivo y lo adoptan como un tropo argumentativo y explicativo. Fernando Callejo Ferrer no hace un señalamiento explícito sobre este tipo de concepción aunque éste no es el momento de dilucidar cómo en la construcción de su crónica él sí se adhiere a una genealogía decimonónica de la identidad insular. Es en historias culturales y musicales del siglo XX que se hace explícita dicha mirada. Monserrate Deliz, María Luisa Muñoz, Francisco López Cruz, Héctor Campos Parsi y Pedro Malavet Vega claramente establecen, en palabras de este último, “[que] nadie, medianamente instruido, cuestiona ya que el siglo XIX marca el nacimiento de la nación puertorriqueña”4. Este reclamo del 1992 es un camino largamente recorrido por historiadores culturales como María Cadilla de Martínez, María Teresa Babín, Margot Arce, Antonio S. Pedreira, Tomás Blanco, Vicente Geigel Polanco, Emilio Belaval, Luis M. Díaz Soler, Lidio Cruz Monclova, Eugenio Fernández Méndez y algunos contemporáneos –claro, y con sus largas aclaraciones– como Arcadio Díaz Quiñones y Ángel G. Quintero Rivera. Precisamente son estos dos autores los que ofrecen un punto de apoyo para un cuestionamiento de lo fundacional del siglo XIX en la imaginación histórica de los letrados puertorriqueños. ¿Cuál fue el precio humano de la consolidación de una particular identidad puertorriqueña? ¿Cuáles fueron los mecanismos de formación y deformación de una esencialidad puertorriqueña? En términos foucauoltnianos, ¿qué tecnologías de control y formación fueron desplegadas? y ¿cuáles fueron los tropos discursivos, constituidos en formaciones ideográficas, que formalizan la ideología identitaria del criollismo decimonónico en Puerto Rico? Una respuesta a estas preguntas no se puede construir a partir de un estudio aislado de las prácticas músico-culturales del grupo humano señalado. Una de las 4 Malavet Vega, Pedro: Historia…, p. 141; Allende-Goitia, Noel: “The Geographical Imagination: The Ontology of Race. Memory and Place in the Identity Debate in Puerto Rico, 1849-1950 (An interpretative Essay)”, Kálathos, vol. 4, nov.-abril, 2008-2009.
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presunciones centrales a este ensayo es que las diversas prácticas humanas que se dan en un gregario determinado, aunque útiles para la construcción de espacios identitarios personales y grupales, se dan en forma simultánea o, como yo lo denomino, coexistencial. Una de las formas en que podemos delinear la estrecha relación entre los mecanismos de represión, tanto del Estado como del propietario, y las expresiones músico-danzarias, es lo detallado del control del cuerpo como se muestra en los Bandos de Policía y Buen Gobierno que se publican a través del siglo5. Éste no es el lugar para detallar el paralelismo entre las conspiraciones y sublevaciones de esclavos, las celebraciones sabatinas y de días feriados en las cuales se tocaban los tambores llamados bomba y la minuciosa regulación que se hacía de estas actividades, entre africanos y afrodescendientes esclavos de diferentes haciendas y plantaciones y entre las fiestas de éstos y los libres6. La frase de Pedro Tomás de Córdova, “ … con pretesto (sic) de una bomba o baile de negros para ejecutarlo …”7, se convierte en una que ejemplifica cómo las autoridades estatales establecen una relación homóloga entre esta tradición textual-músico-danzaria y la gestión libertaria de estos seres humanos. En un próximo trabajo, titulado Sinergia, polisemia y poligenesia: La cultura musical en el largo siglo XIX puertorriqueño, se detallará la extensa documentación que establece la topografía de los bailes de africanos y afrodescendientes esclavos en los que utilizaban los tambores llamados bomba, los bailes de africanos y afrodescendientes libres y la participación de estos dos grupos en la vida y los haceres musicales de la isla. Lo que sí quiero establecer ahora es que la documentación que nos ayuda a construir dicha cartografía de haceres humanos es, entre otras, la Gaceta Oficial, en la que se publicaban las listas de africanos y afrodescendientes arrestados por evasión, escapadas y/o delitos contra las reglamentaciones de los bandos de policía y buen gobierno. 5 Prim, J.: “Bando contra la raza africana de 1848”, en Coll y Toste, Cayetano: Boletín Histórico de Puerto Rico, vol. II, pp. 122-129, San Juan, Puerto Rico, Tipografía Cantero, Fernández & Co, 1915. Ver también de la Torre, Miguel: “Bando de policía y buen gobierno de 1824”, Ibidem, vol. II, pp. 32-44. 6 Baralt, G.: Esclavos rebeldes: conspiración y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873), Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985. 7 Córdova, Pedro Tomás de: Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968, tomo V, p. 108.
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Los seres humanos y sus haceres: actuación y actualización del ser Considerar los aspectos poligenéticos y de fertilización cruzada de las prácticas musicales nos remite al estudio de la música en la vida cotidiana. Este tipo de aproximación nos permite apreciar aspectos de la socialización de la música a través del comportamiento humano. Pues mi idea es que cuando se habla de haceres musicales –tanto la praxis productiva de los músicos como de consumo de la audiencia– se habla del hacer humano a través del cual existe el ser. La etnomusicóloga Tia DeNora arguye que la vida cotidiana es un medio ideal para el estudio de los haceres musicales humanos. Ella arguye que su utilización en la vida cotidiana responde a que es un medio ideal para definir parámetros temporales; es un mecanismo de visualización y ubicación espacial y sentido de localización; tiene propiedades organizativas pues tiene una conexión directa con el espacio corporal, políticas del cuerpo e imaginación moral, entre otras cosas. Estoy de acuerdo con ella cuando dice que: “la música no es acerca de la vida, por el contrario, ella está implicada en nuestra formulación de la vida; es algo que envuelve acción, algo que es un recurso formativo y, sin embargo, muchas veces no reconocido de esta forma de gestión social”8. Lo propuesto por DeNora lo utilizo como una presunción, de donde construyo conceptualmente mi mirada interpretativa: el hacer musical no es algo que es concomitante al hacer humano sino que, por el contrario, es el hacer humano mismo. Usemos esta meseta conceptual para leer unos textos que hacen, en mi opinión, precisamente eso, ubicar la praxis musical en el hacer humano. Para la historia de las prácticas afropuertorriqueñas, esta forma de mirada es importante pues es una forma de confrontar la construcción historiográfica que, por una parte, borra el cuerpo del afrodescendiente de la vida cotidiana insular y, por el otro lado, la folkloriza y la reduce a predicado del sujeto criollo blanco. Por ejemplo, la descripción de Ignacio de Ramón Carbonell, que data del 5 de enero de 1845, nos enfrenta a una memorialización del evento y su contexto inmediato en el cual el discurso enfrenta al lector con una realidad inevitable y de la que hay que hacer sentido; más aún domesticarla y hacerla responder a los mores de clase y prejuicios coloniales. ¿Qué 8 DeNora, Tia: Music in Everyday Life, Cambridge, Cambridge University, 2002, pp. 140146 y 151.
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observa Ignacio de Ramón Carbonell y qué sentido trata de hacer de lo que observa?; nos dice: “Son las seis de la tarde: descansaremos un poco antes de ir al teatro y aprovecharé estos momentos para referirte cuanto he observado hasta esta hora en que empieza a entrar el sosiego en la ciudad. Desde el amanecer empezamos a oír una confusa algazara y gritería mezclada con la música de instrumentos y el ruido monótono y jaleado de atabales. Nos dirigimos a la casa de un caballero para quien traíamos recomendaciones, y desde el balcón en que me he colocado, he visto pasar las cuadrillas de negros bailando y cantando con sus instrumentos rústicos poseídos de una alegría frenética, vestidos unos de listados en diversos colores, otros bizarramente engalanados con trajes militares, bandas y adornos de todos caprichos. Me han informado que era un día de gran fiesta para ellos. Entre muchos, uno ha llamado particularmente mi atención por su facha y por el acompañamiento que llevaba; figúrate tú un negrazo de cerca de seis pies de alto, y rollizo, con las narices aplastadas, encima de dos labios gruesos y arremangados, con una casaca de caballería de paño amarillo que sin duda se usó en la campaña de Rosellón. Añade a este pergeño9 un sombrero de armadura, puesto en facha, de media vara de alto, tan inclinado sobre el cogote cuanto le permitía la tiesura y el alto descompasado del cuello del uniforme; una especie de chupetín encarnado y unas botas de campaña sobre unos pantalones blancos … con el sable bajo el brazo izquierdo y autorizado de un gran bastón con puño dorado, va conversando muy gravemente con cuatro o seis que le acompañan, unos con uniforme, otros con franque (sic) de paisanos y sombreros de color, y todos con espada, galones y charreteras. Entre las cuadrillas de bailadores o cantadores he visto pasar algunos negros que iban solos o con sus familias, con trajes naturales, bien vestidos y muchos con buenas casacas o levitas, y de maneras bastante elegantes, que se dirigían a oír misa a la iglesia, que estaba en la plaza inmediata. Sobre todo, han llamado mi atención el lujo que llevaban las negras vestidas con trajes de raso, de gro10 y otros géneros delicados, buenos chales y alhajas de oro y aún de pedrerías; hemos asistido a un baile serio de negros esclavos congos: y te aseguro que en muchos de buena sociedad entre nosotros, no se ve tanto lujo, y he advertido que observaban una etiqueta decorosa; me han dicho que las diferentes razas no se mezclan nunca en sus diversiones, ni tampoco los libres con los esclavos, ni los mulatos con los negros. 9 Real Academia Española (Del lat. per, por, y genĭum, disposición). 1. m. Traza, apariencia, disposición exterior de alguien o algo. Recuperado: http://buscon.rae.es/draeI/ SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perge%F1o. 10 Ibidem. (Del fr. gros, grueso). 1. m. Tela de seda sin brillo y de más cuerpo que el tafetán. Recuperado: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perge%F1o
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Te parecerá sin duda que el ir de los negros engalanados será por una especie de mascarada o un preludio de la entrada del carnaval; pues no es eso; para ellos es el de un acto muy serio. Cada raza forma una especie de cofradía, nombran su rey que elijen el día de la coronación, y las negras una reina, y otros oficiales de orden inferior, que gozan entre ellos de bastantes prerrogativas y ejercen cierta autoridad en sus juegos y funciones que presiden, en particular en el día de la fiesta del reinado, que terminan siempre con un gran baile de mucho regocijo y sobrada desenvoltura, que es natural propensión, mayormente si son escitados (sic) del vino y de los licores11”.
La narración que nos hace De Ramón Carbonell ubica la praxis musical dentro del hacer humano y ese hacer humano lo incluye a él como observador. Esta posición muy krishnamurtiana del observador observado es muy útil para nosotros pues rompe con la cuarta pared que convencionalmente le atribuimos al narrador y a la narración histórica. La cultura afropuertorriqueña aquí descrita es una en estado de metástasis en el cuerpo social, es cosubstancial con el mismo. Lo radical de esta idea nos obliga a enfrentar cualquier reclamo de la historiografía musical sobre la cultura nacional criolla que cuaja durante el siglo XIX. El hacer humano, la existencia cotidiana, es previa a la invención discursiva de la realidad. Esta detallada descripción de Ignacio de Ramón Carbonell, que verifica las múltiples referencias a este tipo de celebración en la isla, contrasta con una de las más citadas e influyentes construcciones discursivas de lo puertorriqueño. En 1849, cuatro años después de la carta de De Ramón Carbonell, Manuel A. Alonso publica en su ya famoso El Gíbaro, lo siguiente: “En Puerto Rico hay dos clases de bailes: unos de sociedad que no son otra cosa que el eco repetido allí de los de Europa: y otros, llamados de garabato, que son propios del país, aunque dimanan a mi entender de los nacionales españoles mezclados con los de los primitivos habitantes; conócense además algunos de los de África, introducidos por los negros de aquellas regiones, pero que nunca se han generalizado, llamándoseles bailes de bomba, por el instrumento que sirve en ellos de música12”. 11 Díaz Soler, Luis M.: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1981, pp. 393-394. 12 Alonso, Manuel: El Gíbaro: cuadros de costumbres de la isla de Puerto Rico, Guaynabo, Puerto Rico, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y Editorial Plaza Mayor, 2007 [1849], p. 69. La visión desplegada por Alonso, en su escrito de 1849, constituye un peldaño
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Esta célebre cita, en contraste con las descripciones ya hechas sobre los haceres y las prácticas músico-danzarias de los africanos y afrodescendientes puertorriqueños, pierde el lustre que se le ha otorgado durante más de un siglo. Este escrito, entonces, se convierte en evidencia primaria de una forma criolla blanca de ver la patria: la identidad afrodescendiente es genérica y su inscripción en el cuerpo social debe ser borrada. La forma de borrar el hacer africano y afrodescendiente queda institucionalizado. La generación puertorriqueña nacida en torno a 1840 aprende dicha lección. Fernando Callejo Ferrer, hablando de las tradiciones afropuertorriqueñas, utiliza la misma construcción discursiva de la desvalorización de Alonso cuando dice: “La maraca que sólo la emplean para los cantos especiales de aguinaldos, nos inclinamos a considerarla como importada por la raza africana, pues recordamos que cuando la esclavitud regía, desgraciadamente, en Puerto Rico, en los bailes que anualmente celebraban las diversas tribus de negros, por Reyes y San Miguel en la antigua plaza del mercado de San Juan, los únicos instrumentos que empleaban para marcar el ritmo de sus grotescos bailes y canturías eran los de percusión denominados bombas y maracas13”.
Este borrar se hace más patente cuando hablando de la danza, como género musical criollo y expresión de las bondades civilizadoras de España, expresa claramente que lo africano no es puertorriqueño. Por ejemplo, una crítica a los compositores de su generación que, según sus palabras: “… dejándose influenciar por el snobismo de la época, introdujeron en la conformación melódica y más principalmente en la rítmica, la estructura de bailables exóticos, despojándola de su cadenciosa belleza para revestirla de su ropaje voluptuosamente africano14”.
de la evolución y constitución de una ideología criolla que se proyecta bien entrado el siglo XX (Ver Allende-Goitía, Noel: Por la encendida calle antillana: cultura musical y discurso histórico en la sociedad puertorriqueña en la década del treinta, 1929-1939. Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Río Piedras, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 1992, y De Margarita a El Cumbanchero: vida musical, imaginación racial y discurso histórico en la sociedad puertorriqueña (1898-1940). San Juan, Puerto Rico, Ediciones Puerto, 2010. 13 Callejo Ferrer, Fernando: Música y músicos puertorriqueños, San Juan, ediciones Coquí, 1971, p. 241 14 Ibidem, p. 75.
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Esta forma criolla blanca de borrar marcas de identidad es insidiosa y forma la política de identidad insular que caracteriza los debates de identidad de principios del siglo XIX. Leamos dos escritos de personas que recuerdan estos haceres de los afropuertorriqueños en el contexto de lo cotidiano. Sobre estas demostraciones públicas de hacer humano escribe J. Antonio Daubón en 1904. Daubón nace en 1840, y al inicio del nuevo siglo XX recuerda las fiestas de San Miguel y las coronaciones del Rey y la Reina conga en el San Juan murado donde se cría: “El fandango estaba armado y las bombas batían el parche sin cesar. Un canto monótono y acompasado respondía en coro al que llevaba la voz principal en un idioma incomprensible. De pronto saltaba al centro del círculo un negro deshuesado, el ojo chispeante, y en el rostro pintada la alegría que se rebosaba de aquella boca enorme, mostrando la batería de dientes más hermosa que he contemplado. Los movimientos, saltos y contorciones de culebra que hacía aquel hombre musculoso, eran sorprendentes, excitando la hilaridad de los [del] corro la facilidad con que se torcía y se doblaba cual si fuera un chimpancé legítimo, escapado de las selvas de su país. A éste seguía otro no menos esforzado ni menos ligero; y a cada golpe de timbal entraba en el círculo un nuevo combatiente, para sustituir al que fatigado y sudoroso se retiraba de la arena, impregnando el aire de ese olor de bestia humana tan característico, como insoportable15”.
La narrativa de Daubón que nos lleva hasta el momento que él describe es una que deja claro lo universal de la actividad dentro de los predios murados de la ciudad. El recuerdo naturaliza lo presencial del momento. El baile descrito, tanto por él como por De Ramón Carbonell, es uno que apunta tanto a continuidades como a rupturas de haceres afropuertorriqueños, pero más aún, a lo inmediato del fenómeno musical, al conglomerado de relaciones comunicativas humanas desplegadas: los participantes del baile al compás de las rugientes bombas, los espectadores para quienes la festiva celebración de los negros congos criollos es parte del existir citadino y las acciones implicadas de permisos del ayuntamiento y la policía de las actividades como parte de la administración diaria de la cosa pública. Ángel Rivero Méndez publica en el periódico El Imparcial, el 18 de octubre de 1924, una descripción de finales del siglo XIX, que 15 Daubón, J. Antonio: Cosas de Puerto Rico, San Juan, Tipografía La Correspondencia, 1904, pp. 28-29.
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nos recuerda al texto de Daubón. Hablando de un afropuertorriqueño, residente de la finca El Alto, de Sabana Llana, describe un baile al son de bombas: “Permite, amigo querido, que dedique hoy un recuerdo piadoso al negro Simón, cuyos huesos reposan en el cementerio de Carolina. Le vi por última vez en la Piedra Blanca, una noche de hermosa luna en que yo andaba de caza de yaguasas. Simón, bien metido en juerga y en romo colorao, repicaba con sus manos sabias el pellejo de una bomba; varias morenas y morenos sudorosos movían con movimientos helicoidales sus redondeces traseras, en baile acompasado, lúbrico y bullanguero. ¡Melacó de alambre!, cantaba Simón, con voz chillona. ¡Chambre con Chambre!, coreaba toda la concurrencia; después y siempre, da capo, y ¡venga menear el bullarengue!, como me cuenta Jacinto Texidor que se estila decir en la célebre sevillana llamada de Eritaña16”.
El recuerdo de adolescencia que reporta Rivero y Méndez es una mirada de sesgo criollo blanco, como las de Ramón Carbonell y Daubón. Sin embargo, la expresión músico-textual-danzaria que observa está incrustada en la cotidianidad existida. El hacer humano es lo que permite que toda expresión y práctica sea cocultural, que las especificaciones discursivas de descripción funcionen localmente17. Las tres narraciones nos presentan haceres humanos que apuntan a lo heterogéneo de las expresiones afropuertorriqueñas. De Ramón Carbonell nos describe unas “cuadrillas de negros bailando y cantando con sus instrumentos rústicos poseídos de una alegría frenética, vestidos unos de listados en diversos colores, otros bizarramente engalanados con trajes militares, bandas y adornos de todos caprichos”, un hacer distinto al que describe Daubón cuando nos dice que “a cada golpe de timbal entraba en el círculo un nuevo combatiente, para sustituir al que fatigado y sudoroso se retiraba de la arena”; por último, Rivero Méndez nos habla de un hacer más íntimo cuando describe la actividad como una donde “[Simón] repicaba con sus manos sabias el pellejo de una bomba; varias morenas y morenos sudorosos movían 16 Rivero Méndez, Ángel: Remigio, historia de un hombre: las memorias de Ángel Rivero Méndez, San Juan, Centro de Investigaciones Históricas-Universidad de Puerto Rico-Academia Puertorriqueña de la Historia, 2008, p. 63. 17 Ver discusión similar en Allende-Goitía, Noel: “The mulatta, the bishop, and dances in the Cathedral: race, music, and power relations in seventeenth-century Puerto Rico”, en Black Music Research Journal, 22, septiembre, 2006, p. 155.
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con movimientos helicoidales sus redondeces traseras, en baile acompasado, lúbrico y bullanguero”. Las narraciones antes citadas nos reportan el hacer humano de un grupo tratado como marginal en la cotidianidad colonial, cuyos haceres eran borrados no sólo como praxis musical, sino también como praxis existencial; eran tratados como parte del paisaje. Pero la misma heterogeneidad mostrada por descripciones de prácticas músico-textual-danzarias afropuertorriqueñas se extienden al hacer musical de la totalidad del gregario. La poligenesia e inseminación cruzada que se escucha en las grabaciones anteriormente discutidas se entiende, entonces, como una manifestación sonora de lo cotidiano. El mismo Ángel Rivero Méndez nos ofrece una narración en la cual la heteroglosía de la vida es evidente: “Era en casa de mi Dulcinea que cada dos noches solíamos reunirnos lo más granado de Sabana Llana y San Antón para con el pretexto de ensayar lanceros y rigodones, hartarnos de seis, danza y movimiento corrido, baile muy movido, amarrado en una tabla y, entonces, muy en boga. De aquellos bailes y ensayos era maestro, director y concertador, Augustín Olivo, tabaquero que vivía con sus siete hijas muy cerca de la finca El Indio, que fue de mi amigo Jaime Bagué. Maestro Olivo, además de torcer perillas, que él designaba con un nombre bastante pornográfico, tocaba el violín de afición, y era el obligado Paganini de toda jarana. Maestro Olivo, no haga compromiso para el sábado que vamos a llevarle una trulla a Pepe Charbonier. Entendido y conforme; ¿con las niñas o sin ellas? Porque las siete Olivitas eran flor fina marcando el compás de la danza o los atropellos del villarán, cualidad que explotaba su papá cobrando cuatro pesos por tocar cada baile, o siete llevando a las niñas que con su sola presencia cambiaban un velorio en baile de rechupete. En los ensayos él mismo situaba las parejas teniendo presente las mutuas simpatías, rascaba el violín y, con voz de falsete, cantaba: Cuatro pasos más adelante; … cuatro pasos más atrás, la pareja de aquí enfrente, que salude a la de acá…” Y cuando algún bailarín torpe o guachinango ignoraba el balancé [sic] o enredaba la cadena, había que oír al Maestro Olivo, clamar iracundo:
138 Noel Allende Goitia “Güelenaguas, silvelguensa, (sic) Ya perdiste el compás. Sarafina no jorobes Ni me cuques a Tomás… Y vengan rigodones, lanceros, danzas y hasta su seis bombeado. ¡Alto, muchachos! gritaba don Ramón, amo de casa; terminaba el jolgorio, Maestro Olivo enfundaba su Estradivarius (sic), y los concurrentes obsequiábamos a las damas con sangría, galletas, queso de la tierra y rueditas de salchichón americano que olían a amoniaco. El Maestro, las Olivas y cada quisque (sic) tomábamos la carretera, ponderando la generosidad don Ramón y la maestría del Olivo padre18”.
Una descripción como ésta nos enfrenta al hecho cotidiano de la coexistencia de los géneros musicales. La discursividad historiográfica tiende a crear mundos separados de géneros musicales, o mejor dicho haceres humanos, que son promiscuos en su relación, pues su contexto, su espacio existencial, el de las relaciones humanas, lo es. Las implicaciones que esto tiene para la filosofía de la historia y la historiografía en general y la historiografía de la música en específico, yo arguyo, es la creación de un presupuesto conceptual basado en la noción de que la vida se existe en su pluralidad heterogénea, por lo tanto, no es que los géneros musicales meramente se escuchan, éstos se existen, y más aún, los géneros musicales no se existen como entidades unívocas, se existen en constelaciones. Para el estudio del hacer de los africanos y afrodescendientes en Puerto Rico debemos repensar el siglo XIX como el siglo formativo de una ideología identitaria puertorriqueña totalmente depredadora. Las emancipaciones en la pila bautismal de los autonomistas no pueden sustituir la realidad de una violenta y sistemática represión de la africano y afrodescendiente de la praxis social puertorriqueña. La dificultad que podamos tener hoy para una reconstitución de prácticas religiosas, musicales, celebratorias y festivas no puede soslayar una tradición tan perversa de borrar identidades corporales. El nivel de violencia sólo se puede medir con la profundidad a la que llegó ésta; si el fin de la represión hubiese sido meras prácticas, gestos específicos o haceres particulares, un resurgir de haceres y prácticas se hubiese encargado de una reconstitución de las mismas. Lo insidioso de la represión del siglo XIX fue la especificación del cuerpo, borrar el cuerpo que vive el hacer. 18 Rivero Méndez, Ángel: Remigio…, pp. 64-65.
INMIGRACIÓN PENINSULAR Y ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA EN PUERTO RICO EN LA TRANSICIÓN HACIA EL SIGLO XX
Rafael L. Cabrera Collazo Universidad Interamericana, Puerto Rico [email protected]
Introducción Durante los últimos treinta años, el poder desarrollado por los peninsulares y extranjeros en el siglo XIX ha sido uno de los problemas principales que ha estudiado la historiografía puertorriqueña. Muchas de las investigaciones demuestran que los extranjeros y los peninsulares pasaron a dominar la estructura económica del país. Este proceso, que les toma algunas décadas, demuestra cómo muchos inmigrantes copan el comercio, y a su vez, desplazan a la antigua elite criolla y a otros sectores, como los pequeños propietarios. La concentración de la tierra, los endeudamientos y las cargas contributivas se convierten en los instrumentos de los grupos dominantes de aquellos inmigrados para marginar a los sectores criollos. Aunque Ángel Quintero desarrolló su visión sobre la hegemonía de los hacendados criollos a fines del siglo XIX, dicha tesis ha sido modificada1. Para fines de la década de 1970, algunos trabajos monográficos comenzaron a presentar evidencias que cambiaron la visión de Quintero2. Por ejemplo, las investigaciones de Francisco Scarano 1 Quintero Rivera, Ángel G.: Conflictos de clases y política en Puerto Rico, Río Piedras, Huracán, 1976. 2 San Miguel, Pedro: “Tierra, trabajadores y propietarios: las haciendas en Vega Baja. 1828-1865”. Anales de Investigación Histórica, II-2, 1979, pp. 1-51 y Serrano, María I.: “La clase dominante en San Sebastián, 1836-1856”, Anales de Investigación Histórica, II-2, 1975, pp. 82-143.
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y Fernando Picó, junto a otros estudios posteriores3, dieron fuerza al argumento de que en el Puerto Rico del siglo XIX, los criollos habían sido desplazados, y que sus luchas estaban enraizadas en la debilidad político-económica que los ubicaba en un estado de subordinación frente a los inmigrantes que dominaban los mundos azucarero y cafetalero, facetas principales de la economía puertorriqueña de la centuria decimonónica. Sin embargo, los estudios sobre este quehacer del extranjero en suelo puertorriqueño se concentran en ver sus haberes dentro de las economías agrarias de exportación sin considerar el paso del inmigrante por otras esferas de menos atractivo agro-comercial. Con esto en mente, este escrito aborda algunas de las acciones ejecutadas por peninsulares llegados a Puerto Rico, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y, ya no dentro de las economías agro-comerciales, sino en sus relaciones y ejercicios de la vida material de subsistencia4. 3 Picó, Fernando: Libertad y servidumbre, Río Piedras, Huracán, 1979; Scarano, Francisco: “Inmigración y estructura de clases: los hacendados de Ponce, 1815-1845”, en Francisco Scarano, ed.: Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX, Río Piedras, Huracán, 1981; Bonín, María I.: Las fortunas vulnerables: comerciantes y agricultores en los contratos de refacción de Ponce, 1865-1875, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1984; Buitrago, Carlos: Haciendas cafetaleras y clases terratenientes en el Puerto Rico decimonónico, Editorial de la Universidad, 1982; Casanova, Carlos R.: Propiedad agrícola y poder en el municipio de Manatí, 1885 a 1898, Tesis de Maestría, Río Piedras. Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1985; Cubano, Astrid: Comercio y hegemonía social; los comerciantes de Arecibo, 1885-1887, Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1979; Hernández Rodríguez, Pedro Juan: Crecimiento por invitación: mecanismos oficiales, perfiles y huellas de la inmigración extranjera en Puerto Rico, 1800-1833, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1989; Katsilis, Peter: Economía y sociedad del pueblo de Camuy, 1850-1868, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia 1986; Medina Carrillo, Fernando A.: Comerciantes, conservadurismo y presupuestos militares en Puerto Rico, 1868-1878, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1994; Oquendo Rodríguez, Elí D.: Inmigración extranjera y cambio social de Guayama, 1815-1840, Tesis de Maestría, Río Piedras. Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1986; Ortiz Cuadra, Cruz: Crédito y azúcar: los hacendados de Humacao ante la crisis del dulce, 1865-1900, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1985; Ortiz Irizarry, José E.: Inmigración y desarrollo socio-económico en Aguadilla: 1816-1840, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 2004; Ramos Mattei, Andrés: La hacienda azucarera, San Juan, CEREP, 1981; Roque Rivera, Juan E.: Gobierno municipal y crisis económica a finales del siglo XIX: Yauco, 1878-1897, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1998; Rosado Ruiz, Carlos: Grupos dominantes: hacendados y comerciantes en el antiguo partido de Utuado, 1850-1868, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1986; Santiago Méndez, Helen: La elite cafetalera de San Sebastián a finales del siglo XIX: su ascenso y decadencia, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1988. 4 Para conocer un poco más sobre la geografía agro-económica de Puerto Rico a fines del siglo XIX, ver Apéndice I.
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A su vez, el texto busca también poner a prueba las acciones de estos peninsulares dentro del asalto coyuntural, en el sentido amplio de la palabra, que representó el año 1898. Algunos puntos sobre la inmigración decimonónica La entrada de inmigrantes peninsulares y extranjeros con suficiente capital, conocimientos sobre técnicas agrícolas y conexiones comerciales ayudó a trastocar la escena socio-económica, y, en varios casos, política de la isla. No es que sin los inmigrados las zonas donde se ubicaron hubiesen permanecido en un eterno estado de postergación material. Sin embargo, es aceptable que la participación de éstos aceleró el proceso de comercialización agrícola. Una de las personas que más ha trabajado el tema de la inmigración en Puerto Rico durante la centuria decimonónica ha sido Estela Cifre de Loubriel. Para ella, las causas de este proceso de inmigración “pueden agruparse en políticas, administrativas y económicas”5. Por ejemplo, durante el primer cuarto del siglo XIX Puerto Rico recibe un gran número de emigrados de Hispanoamérica, Santo Domingo y Haití, los cuales huyen de los brotes revolucionarios independentistas de esas zonas. Muchos de éstos nutrieron al gobierno con ideas conservadoras y recalcitrantes sobre los sucesos acaecidos en los lugares de donde escaparon forzosamente, lo cual redundó en que las autoridades españolas, afectadas ya por la pérdida de sus colonias en las guerras de independencia, consagraran sus energías en fortalecer un aparato paramilitar, capaz de evitar la repetición de movimientos subversivos en suelo puertorriqueño. La venta de Louisiana y de Florida a los Estados Unidos será también una razón añadida para que algunos emigrados busquen ubicarse en Puerto Rico o en Cuba. Los disturbios políticos acaecidos en la península como consecuencia de la escisión entre liberales y conservadores a partir de 1812, en carlistas e isabelinos al comenzar 1833, y luego, el surgimiento de republicanos y sindicalistas, provocaron tanto la llegada de confinados por sus ideas políticas como el traslado de oficiales. 5 Cifre de Loubriel, Estela: La formación del pueblo puertorriqueño: la contribución de los catalanes, baleáricos y valencianos, San Juan, Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1975, p. LVII.
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En el aspecto administrativo, al pensar en mantener el dominio de sus vestigios coloniales en América, España implantó una política ultramarina que determinó “un aumento creciente de elementos peninsulares en la burocracia de la isla”6. Puestos en la Aduana, Intendencia, Gobierno Civil, Justicia fueron ocupados por inmigrantes españoles. A su vez, el gobierno atrajo a profesores y a maestros de primera y de segunda enseñanza, ingenieros y médicos peninsulares, con el firme propósito de acaparar otros renglones de la vida administrativa insular. Las circunstancias económicas destacan como razones principales para explicar la inmigración a Puerto Rico. El aumento del cultivo de la caña de azúcar a partir de 1820 favoreció la entrada de esclavos a la isla. La mano de obra esclava se convirtió también en la fuerza principal de trabajo de las haciendas azucareras. Por otro lado, la precaria situación económica española durante el siglo XIX7 provocó un éxodo de ciertas regiones. Las Islas Canarias y las Baleares confrontaron problemas de superpoblación, desempleo y constantes sequías. En Castilla se sufrió de rentas exorbitantes en el sistema de arriendos. Los gallegos estaban imposibilitados para poder pagar los altos impuestos, entre otras cosas. Asturias, Cataluña y Vizcaya experimentaron los problemas del desempleo obrero8. Así, se consideró poder canalizar ese flujo de peninsulares desempleados fuera del territorio español. Como destaca Jordi Nadal: “De 1853 a 1903, en efecto, la legislación española pasa de un extremo a otro, eliminando sucesivamente los obstáculos que se oponían a la salida de los naturales9”.
6 Ibidem, p. LXIII. 7 Los constantes vaivenes de la política y la economía mundial afectaron la estabilidad española en el siglo XIX. En primer término, las guerras de independencia de las colonias españolas en América y la invasión napoleónica fueron acontecimientos que alteraron la vida económica, al punto de llevar al país al derrumbe financiero y político. Más tarde, una repentina mejora en la década de los treinta fue interrumpida por la crisis internacional de 1843, cuando las importaciones del algodón bajaron y las exportaciones del plomo también descendieron. A mediados de los 1860, la Guerra Civil Norteamericana cerró las importaciones de algodón y los problemas de la moneda en los 1880 dejaron un hondo malestar en trabajadores, obreros agrícolas y otros sectores de la banca y las finanzas: VicensVives, J.: Historia de España y América Social y Económica, V, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1982, pp. 230-247. 8 Cifre de Loubriel, Estela: La formación…, pp. LXVII-LXVIII. 9 Nadal, Jordi: La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Editorial Ariel, 1976, p. 180.
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Puerto Rico surgió como un destino a donde podrían ir los emigrados españoles. Ya en 1834 y en 1842, la Diputación Provincial insular pedía que se gestionara la inmigración de obreros desempleados con el fin de nutrir la fuerza de trabajo destinada a la construcción de obras públicas, en especial carreteras y caminos, además de para poder poblar y explotar la producción agraria del país10. Para mediados del siglo XIX, la suspensión del tráfico negrero en 1845 y la epidemia de cólera de 1855 alentaron la llegada de más inmigrantes ante la demanda de trabajadores para sustituir esclavos y de braceros en las diferentes faenas agrícolas. El Gobierno insular, por su parte, proveyó a comienzos del siglo XIX incentivos para atraer la atención de los inmigrantes. La concesión de tierras públicas para uso particular fue un ejemplo. En 1813 se establece la denominada Ley de Tierras, la que: “…movió a muchas personas a domiciliarse en Puerto Rico. Esta Ley proveía para la concesión de los terrenos comunes a ciudadanos, tenientes, subtenientes y tropas que se hubiesen distinguido en la Guerra de la Independencia o en la revolución de las colonias hispanoamericanas11”.
España, a través de disposiciones legales, gustó de promover la entrada de extranjeros y españoles con algún capital para invertir y con la actitud de aceptar el régimen político y religioso prevaleciente; de ahí, el establecimiento de la Cédula de Gracias de 181512. Ésta logró a largo plazo la legalización del domicilio de inmigrantes ya establecidos en Puerto Rico con antelación al 1815. Por ejemplo, los sucesos de la Revolución Haitiana, la compra de Louisiana por los Estados Unidos y la propia Revolución Francesa promueven que 10 Cifre de Loubriel, E.: La formación…, p. LVIII. 11 Ibidem, p. LXIX. 12 La Cédula de Gracias de 1815 permitió el comercio con países extranjeros y aceptó el establecimiento de los inmigrantes extranjeros y peninsulares. Estos obtenían ventajas agrícolas especiales: solicitud de tierras gratuitas o adquirir mediante compra otras, introducción de esclavos libremente y exención en el pago de tributos por los primeros cinco años. Se intentó restringirle su participación en el comercio, al prohibirles dedicarse al comercio marítimo, poseer embarcaciones y almacenes, para así evitar que fueran competencia para los peninsulares. No obstante, esto fue letra muerta y se asocian con españoles en la isla y participan indirectamente de las actividades comerciales. Además, muchos de estos vienen con redes y conexiones de comercio con otros países, lo que es de beneficio para los peninsulares que deseen expandir sus posibilidades comerciales. Ver Real Cédula de Gracias, 1815, en Coll y Toste, Cayetano (ed.): Boletín Histórico de Puerto Rico, I, San Juan, Tipografía Cantero Fernández y Co., 1914-1927, pp. 297-307.
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algunos franceses residentes en esos lugares lleguen a Puerto Rico13. Además, un estudio de Pedro Juan Hernández señala que ya para fines del siglo XVIII en Ponce residían italianos, quienes estaban ocupados en tareas del mar (dueños, patronos o marinos de embarcaciones que hacen el comercio de cabotaje) o en pequeños negocios de pulpería y ventorrillos14. Pese a que ya había emigrados residiendo en la isla, la Cédula de Gracias atrajo a más inmigrantes. Como señala Picó: “En los años subsiguientes a 1815 llegaron a Puerto Rico miles de franceses, ingleses, escoceses, irlandeses, daneses, alemanes e italianos. En este periodo entraron también, aunque en cantidades menores, eslavos, portugueses, malteses, suizos y holandeses15”.
Por su parte, el gobierno amplió las concesiones a los nuevos pobladores. El 17 de marzo de 1822 se decretó que todo extranjero por sí solo o al formar una compañía no mayor de tres personas podía capitular para establecer una o más poblaciones nuevas y recibir como compensación una extensión considerable de tierras16. A medida que la situación económica insular mejoraba, gracias a los precios montantes del azúcar y luego del café en el mercado internacional, el gobierno buscó dar más alicientes para motivar la entrada de más capital extranjero y peninsular. En 1849, una nueva ley concedía un solar para casa y tierras para cultivos, libres del pago de derechos por dos años17. La relación de los inmigrantes con grandes centros comerciales y sus conocimientos de destrezas técnicas y agrarias, guió al país a una relativa bonanza material. Muchos de éstos consolidaron el poder en las esferas de la política y la economía, y privaron de una base sólida a los sectores criollos. Mientras avanzaba el siglo XIX, el fortalecimiento de ciertos grupos de inmigrantes extranjeros y peninsulares provocó la ampliación de sus riquezas a través de la inversión en la compra de tierras y la expansión de sus negocios. En el caso particular de los comercian13 Luque, María Dolores: “Con pasaporte francés en el Puerto Rico del siglo XIX”, Op. cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, 3, Universidad de Puerto Rico, 1988, pp. 95-122. 14 Hernández, Pedro Juan: “Los inmigrantes italianos a Puerto Rico durante el Siglo XIX”, Anales de Investigación Histórica, III-2, 1976, pp. 1-61. 15 Picó, Fernando: Historia general de Puerto Rico, San Juan, Huracán, 1986, p. 147. 16 Luque, María Dolores: “Con pasaporte francés…”, Op. cit., p. 108. 17 Cifre de Loubriel, E.: La formación…, p. LXIX.
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tes, los mismos reclamaban y solicitaban coterráneos para hacerles partícipes de sus empresas. Por lo general, los nuevos inmigrantes comenzaban como dependientes. Más tarde, cuando lograban ahorrar suficiente capital, fundaban sus propios comercios y en varias ocasiones mantenían sus viejos lazos, ya fuera por vía comercial o de simple amistad, con quien les inició en el país. El estudio de los inmigrantes en Puerto Rico, sin embargo, ha sido limitado, ya que existe una visión generalizada de que todo se arremolinó en torno a la escena socio-económica de las industrias azucarera y cafetalera del siglo XIX. Si bien la muestra presentada es reflejo claro de que un gran sector de inmigrantes disfrutó de los beneficios de la agro-comercialización insular, también existieron otros que hicieron sus incursiones en otras facetas de la agricultura, el comercio, las artesanías y demás profesiones. En el caso específico del café, mientras las grandes inversiones de capital en la ruralía cafetalera hacían de ésta el centro de prosperidad insular en la segunda mitad del siglo XIX, otros inversionistas activaban comercialmente economías alternas de subsistencia en la región centro-oriental, que tradicionalmente no se dedicó al cultivo masivo del aromático grano. Desde mediados de la década de 1850, la zona centro-oriental comenzó a recibir una oleada de inmigrantes peninsulares que cualitativamente trastocó el panorama económico local. La inexistencia de inversiones sólidas previas en cosechas de café, y la marcada inclinación por los cultivos de subsistencia y la cría de ganado llevaron a los nuevos pobladores a capitalizar su empeño para hacer despegar los dos últimos renglones agro-pecuarios mencionados a nivel interregional. Vale la pena, pues, conocer algunos aspectos de ese entorno en donde discurren estos peninsulares. La entrada de inmigrantes peninsulares en las zonas de limitada agro-comercialización exportadora Muchas de las investigaciones que han arrojado luz sobre las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares de la ruralía de la isla, los grupos peninsulares, los grandes centros azucareros, y que han estudiado las familias jornaleras dentro del contexto de la hacienda cafetalera y del trabajo servil, no han dejado de estar exentas de limitaciones. El enfoque regional de zonas de predominantes mo-
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nocultivos de exportación no permite ubicar al mundo insular dentro de la totalidad socio-económica del país. Es harto conocido que la zona centro-occidental de la isla era la que mayor crecimiento experimentaba a fines del siglo XIX. El café fue ganando preponderancia dentro de la producción nacional de la segunda mitad del siglo; los precios montantes de la tierra de la altura y la mayor inversión de las casas comerciales en negocios cafetaleros lo evidenciaron. Pueblos como Lares y Yauco se convirtieron en importantes centros de la producción cafetalera18. Utuado, por su parte, aumentó la cantidad de sus tierras para el cultivo del café. En 1851, tenía 1.491 cuerdas19 de tierra dedicadas al grano; en 1897, 15.88320. Proliferó un empeño por mejorar las vías de comunicación, como las carreteras y los caminos municipales, con el propósito de llevar el grano a los puertos de embarque21. Así, otros pueblo como “…Ciales, …Maricao, Las Marías, Adjuntas, Moca, San Sebastián, Mayagüez, la mayoría de la zona centro-occidental, evidencian patrones similares de crecimiento”22. Como comentamos, la experiencia nos dice que muchas de las investigaciones sobre la estructura socio-económica de nuestro país giran en torno al estudio de la producción para el mercado externo. Además, analizan los conflictos de diferentes sectores sociales, pero que afectan a las áreas o regiones que por su importancia en la economía exportadora llaman la atención. No obstante, hay una carencia de estudios que integren un análisis sobre regiones no-cafetaleras y no-azucareras; al igual, que evalúen el papel de las relaciones agro-comerciales inter-regionales y el peso desempeñado por los extranjeros, en especial de aquellos peninsulares que dominaron la escena económica23. Existe un consenso en señalar como parte indispensable de la economía puertorriqueña 18 Bergad, Laird W.: Coffee and Growth of Agrarian Capitalism in Nineteenth Century Puerto Rico, Princeton, Princeton University Press, 1983. 19 Una cuerda es equivalente a 0,971 acres y a 0,40 hectáreas. 20 Picó, Fernando: “Deshumanización del trabajo cosificado de la naturaleza: los comienzos del café en Utuado”, en Francisco Scarano (ed.): Inmigración y clases…, p. 192. 21 Picó, Fernando: “El impacto de la invasión norteamericana en la zona cafetalera de Puerto Rico”, en Blanca G. Silvestrini (ed.): Politics, Society and Culture in the Caribbeean, Río Piedras, 1983, p. 134. 22 Idem. 23 Apenas encontramos estudios que analicen esta última faceta. La tesis de Peter Katsilis, por ejemplo, es de los pocos trabajos que deja ver el papel de las ventas de ganado camuyano hacia el gran centro comercial de Arecibo. Ver Katsilis, P.: Economía y sociedad…
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aquellos renglones que aporten para el mercado mundial, sin tomar en cuenta la importancia que tienen otras facetas en satisfacer el mercado insular y la población nativa24. Al cierre del siglo XIX, los monocultivos azucareros y cafetaleros habían hecho mermar las cosechas alternas de frutos menores y la cría de ganado. Con el impacto del “boom” cafetalero, todo el sector de la agricultura de subsistencia, refugiado en el interior ante la producción masiva de azúcar en las costas durante la primera mitad del siglo XIX, sufrió un segundo pero duro revés ante la alta cotización de las ventas del café. Entre 1820 y 1897, las cuerdas dedicadas a los frutos de subsistencia se redujeron sustancialmente de 205.701 a 93.50025. Como resultado hubo que importar desde fines de los 1880 alimentos como habichuelas, papas, maíz y arroz, entre otros26. A su vez, durante el mismo período, se registró una escasez de carnes en la isla27. El Informe Davis, por cierto, ejemplificó la precaria condición alimentaria del país, cuando encontramos que algunos de los productos importados en 1897 se cultivaron en suelo puertorriqueño a lo largo de toda la centuria decimonónica (Ver Tabla 1). TABLA 1 ALIMENTOS IMPORTADOS EN PUERTO RICO EN 1897 Tipo de alimento Arroz Harina de trigo Bacalao Carnes Pescado Conservas de frutas
Cantidad en libras 77.994,122 30.474,466 24.737, 339 11.933,186 699,421 589,049
Fuente: Geo W. Davis, Report of Military Government of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1900, p. 200.
Como parte de las corrientes modernizadores de la época, hubo manifestaciones de expertos que entendían que el problema de Puerto Rico era, principalmente, depender de las exigencias del mercado 24 Revista de Agricultura, Industria y Comercio (RAIC), 1889, V, p. 83. 25 Cabanillas de Rodríguez, Berta: El puertorriqueño y su alimentación a través de la historia (Siglos XVI al XIX), San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1973, p. 293. 26 RAIC, II, 1887, p. 24 y 96; I, 1888, p. 28; V, 1889, p. 171 y 173. 27 Cabanillas, Berta: El puertorriqueño…, p. 309.
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externo para así poder organizar la producción agraria del país. Como consecuencia, cultivos básicos en la dieta del trabajador puertorriqueño, y que no gozaban del beneficio de compras en el mercado internacional, disminuyeron radicalmente. De este modo, junto a las pésimas condiciones de trabajo, el detrimento de la alimentación y la salud estaban a la orden del día. Según se desprende de una manifestación de la época: “La anemia o empobrecimiento de la sangre que tienen la mayor parte de nuestros campesinos, esas frecuentes hidropesías generales, parciales y otras afecciones del sistema linfático, más obedecen al mal sistema de alimentación que siguen desde la infancia…28”.
A través de la creación de “colonias agrícolas” o “aldeas”, se sugirió resolver el malestar con el incremento de los terrenos dedicados a frutos menores y la intensificación de la cría de ganado. En las mismas, laborarían personas desposeídas de tierras29. En 1890, a su vez, Fernando López Tuero, agrónomo de la primera estación experimental en Puerto Rico, argumentó sobre la siembra y la exportación de productos alternativos al azúcar y al café tales como el cacao, la piña y las citrosas para salir de las ataduras del mercado mundial y proveer alimentos a los puertorriqueños30. Mientras se generaba toda una discusión sobre esta problemática, los sectores dominantes del mundo cafetalero, baluarte de la riqueza material del momento, toman cartas en el asunto. Algunos hacendados promueven la implantación de cultivos alternativos al café para alimentar a sus trabajadores y arrimados. Otros, en cambio, inician un sistema de compras con pueblos que tradicionalmente mantenían cosechas de subsistencia, pero que ahora emergen como economías complementarias o subsidiarias. De esta manera, la región centro-oriental obtuvo en las postrimerías del pasado siglo un papel que trascendió de la faceta subsidiaria a una de carácter agro-comercial, la cual sirvió para subsidiar áreas geográficas insulares que canalizaron sus tierras hacia el monocultivo del café. Dicha región articuló una economía complementaria en la que convergen la industria ganadera, la venta de frutos menores y la producción tabacalera. 28 RAIC, I, 1888, pp. 77-78. 29 Boletín Mercantil, 29 de abril de 1886; 5 de mayo de 1887. 30 López Tuero, Fernando: La reforma agrícola, San Juan, 1891.
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Aunque el cultivo del café tuvo sus incursiones en la parte centro-oriental, jamás podría compararse con las grandes inversiones de capital y la producción generadas en la región centro-occidental31. Mientras el tipo de suelo aporta al despegue de esta última, la mayoría de los terrenos de la mitad este de la Cordillera Central es menos fértil para el cultivo del grano32. Por otro lado, dos terceras partes de la zona centro-occidental reciben la mayor concentración de lluvia anual, elemento indispensable para una buena cosecha cafetalera33. Así, debemos de romper con la visión preconcebida de que una zona montañosa huérfana del esplendor del auge cafetalero fue atrasada y postergada. Con la entrada tardía de inversionistas extranjeros y peninsulares, la escena económica centro-oriental se transformó significativamente. Impulsados por la fiebre del café y por la experiencia económica adquirida con el gran comercio de la capital, éstos se encaminaron hacia la altura centro-oriental, región de una pobre tradición por el cultivo del grano. No obstante, las circunstancias de la época, la necesidad, en especial de la zona cafetalera, de comprar productos agrícolas y pecuarios escasos en sus comarcas, los guió a explotar la riqueza agraria del área centro-oriental. 31 La apertura de puertos en los litorales sur y oeste de la isla a comienzos del siglo XIX fomentó la fundación de nuevos comercios. El desarrollo de las haciendas azucareras floreció sobremanera en esas zonas al punto de que San Juan fue sustituido como centro de la producción de azúcar; pueblos como Ponce, San Germán, Mayagüez y Añasco lo evidenciaron. Poco a poco los nuevos comercios fundados comienzan a expandir sus redes hacia el interior inmediato. Al darse las bajas en los precios del azúcar para los 1840 y ampliarse las posibilidades para mercadear el café a gran escala, muchos de estos dueños de comercios comienzan a financiar agricultores de la altura, por ser la zona ideal para el cultivo del grano; otros mudan sus negocios a los lugares donde tenían sus redes ya establecidas. Los inmigrantes con capital suficiente, iniciados en la tarea económica de la costa desde la “media luna” de Arecibo hasta Ponce amparan el despegue del área centro-occidental. Mientras, en San Juan, el comercio optó por canalizar su actividad hacia la importación más que hacia la exportación. Esto hizo que las inversiones hacia el interior próximo de la capital para aprovechar el auge cafetalero fueran más modestas. La mayoría de las mismas, realizadas por los comerciantes de San Juan, se canalizaron dentro del “radio” comprendido Loíza y Manatí, sin intervenir directamente en el interior (Bergad, L.: Coffe and…, p. 16; Campos, Carmen: La política del comercio: los comerciantes de San Juan: 1837-1844, Tesis de Maestría, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, 1987). 32 El tipo de suelo predominante en la zona centro-oriental es el denominado MúcaraNaranjito, éste se adapta más al cultivo del tabaco, frutos menores y menos al café; mientras, en la zona centro-occidental predomina el terreno de nombre Guineo-Catalina-Alonso (Picó, Rafael: Nueva Geografía de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1975, p. 223). 33 La lluvia anual recibida en la región este de la Cordillera se distribuye entre 65 y 100 pulgadas, pero la más frecuente está por debajo de las 80 pulgadas. Para buenas cosechas de café, sin embargo, es necesario que la distribución pluvial anual supere las 80 pulgadas, tal y como sucede en la parte oeste de la Cordillera (Picó, Rafael: Nueva geografía…., p. 178; Bergad, L: Coffe and…, pp. 14-15).
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En un plazo corto de veinte años, especialmente entre 1870 y 1890, muchos de los inmigrantes peninsulares inversionistas consolidaron su dominio sobre el comercio regional centro-oriental. Ėstos estimularon, aceleraron y dominaron los abastos de carnes, las compra-ventas al por mayor y por menor del tabaco y los frutos menores. La adquisición de tierras fue una prioridad para el comerciantepropietario español que deseaba incursionar en la ganadería. Contrario a los terrenos dedicados al café, el mantenimiento del suelo canalizado a pastos y a ganado era más barato y menos arriesgado, lo que provocó que los comerciantes-ganaderos hicieran mayores compras de terrenos. En cuanto a los frutos menores, fue preferible comprarlos a los pequeños y medianos propietarios. Finalmente, sus contactos comerciales crecieron y llegaron hasta los puertos de San Juan y Ponce. La diversidad de los cultivos de la zona brindó la base para participar de los beneficios del mercadeo del café, y coordinar un comercio interno subsidiario. Los cambios económicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX no irrumpieron de manera tan abrupta, como sucedió en la región centro-occidental. Los frutos menores y el ganado no dependían de las altas y bajas del mercado externo y sí eran indispensables en la alimentación de los habitantes de la isla. Ante este cuadro somero de la actividad económica regional centro-oriental, nos aventuramos, ahora, a tomar como punto de arranque el análisis de dos pueblos de la zona: Corozal y Comerío. Así, veremos con mayor detenimiento el papel de estos dos municipios dentro de la economía regional e interregional, y la gestión de algunos de los peninsulares que dominaron el ámbito económico34. Resulta novedoso hacer una revisión temática e historiográfica referente al impacto del peninsular a fines del siglo XIX con el propósito de analizar no sólo las economías azucarera y cafetalera, sino ver otros tipos de economías donde los españoles también dominaban. Además, es imperioso sobrepasar las barreras decimonónicas y enfrentar a los peninsulares al 1898, para así estudiar con mayor profundidad el cambio y la continuidad que tiene el inicio de un nuevo régimen político-económico sobre este grupo que domina gran parte del panorama del siglo XIX puertorriqueño. 34 Para conocer la ubicación de las principales propiedades y las redes comerciales de estos inmigrantes peninsulares llegados a la zona centro-oriental de Puerto Rico, ver Apéndice II.
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Ganado y frutos menores en suelo corozaleño: ejes del poder peninsular Mientras en otros municipios de la zona centro-occidental los mayores inversionistas hicieron sus incursiones en el cultivo del café, en Corozal las inversiones penetraron las faenas agropecuarias. Desde su fundación en 1795, la tradición agraria corozaleña presentó cierta atracción por los cultivos de subsistencia y la ganadería. A comienzos y a lo largo del siglo XIX Corozal fue una de las zonas de abasto de carnes de San Juan. Los nuevos inversionistas peninsulares, llegados al pueblo a fines de la centuria decimonónica, fueron el relevo para una actividad económica mantenida por muchos años. Comerciantes peninsulares como el asturiano Manuel Valiente y el gallego Camilo Taboas observaron en la industria ganadera sus aspectos lucrativos y rentables. De esta manera, canalizaron sus terrenos adquiridos hacia la cría del ganado vacuno y se convirtieron en los dos ganaderos más importantes de la comarca. Por ejemplo, a fines de siglo XIX, de alrededor de once mil habitantes contabilizados, Valiente y Taboas poseían el 3% de la tierra del municipio corozaleño, el cual estaba dedicado en su mayoría al pastoreo35. El interés por la cría de ganado llevó a estos dos peninsulares a convertir a Corozal en un suplidor para municipios afectados por el exceso del monocultivo cafetalero. Ciales es uno de los ejemplos más contundentes de dicha relación comercial. El pueblo cialeño, según se desprende de un acta municipal, sufrió una baja considerable en la cría de reses a raíz del auge del café en la localidad: “En cuanto a la riqueza pecuaria, ésta va disminuyendo considerablemente por la escasez de pastos debido a la siembra de café, lo que se observa que constantemente escasea hasta la leche, y el ganado que se beneficia para el abasto público en el pueblo, se trae de Manatí, Morovis y Corozal36”.
Manuel Valiente aprovechará las condiciones del pueblo cialeño. Éste mantenía relaciones de mercadeo y ventas de ganado con el hacendado cafetalero de Ciales, José San Miguel, lo cual le ayudó 35 Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Fondo de Obras Públicas (FOP), Catastro de fincas rústicas, Corozal, 1894, y Departamento de Guerra, Dirección del Censo de Puerto Rico, Censo de 1899, Washington, D.C. Imprenta del Gobierno, 1900. 36 AGPR, Fondo Municipal del Ciales, Actas del Municipio, Año 1893, folios 33 y 34.
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a expandir sus conexiones con otros hacendados ávidos de leche y carnes37. Este suceso vivido por Ciales es fiel reflejo del efecto adverso que suponía la comercialización excesiva del café sobre otros cultivos, y de cómo se deja a un lado la producción de ciertos frutos y de alimentos como la carne, básicos en la dieta del campesino de la época. Para 1892, por cierto, la riqueza pecuaria de Ciales se valoró en 10.604 pesos; en 1894, se reduce a 6.974. En 1897, la cantidad de ganado vacuno de los cialeños apenas alcanza la cifra de 2.100; en Corozal, en cambio, se registran 6.55838. Mientras la ganadería brindó a Corozal la oportunidad de incorporarse a un comercio inter-regional subsidiario, otra faceta agraria alentó la economía municipal: la compra-venta de frutos menores. Justino Díaz, otro peninsular, se convirtió en el agente más sobresaliente de las ventas de éstos a la capital. Junto a su socio comercial, Pedro Salgado, Díaz compraba frutos al por mayor y al por menor a los agricultores corozaleños39. En San Juan, los contactos para la venta de los frutos adquiridos en Corozal se hicieron con parientes de Díaz como Manuel Egozcue y José Monserrate Simó, hermano del primer presidente del Banco Popular de Puerto Rico, Damián Monserrate Simó 40. El tipo de producto generalmente llevado a San Juan era el menos perecedero. Los cocos y los plátanos, por ejemplo, adquirieron el mayor volumen de ventas en la capital41. A la muerte de Justino Díaz en 1900, José Monserrate Simó se convirtió en el socio gestor de la que sería la sociedad en comandita “Sucesores de Justino Díaz”, y continuó, junto a varios hermanos, hijos y parientes del fenecido Díaz, la compra-venta de frutos menores. A través de un sistema de financiamiento, Monserrate Simó proveyó 37 Desde 1893, las relaciones entre San Miguel y Valiente se estrechan más con la adquisición de terrenos corozaleños por parte del primero. AGPR, Fondo de Protocolos Notariales (FPN), Protocolos Notariales de Vega Baja (PNVB), núm.123, 11 de mayo de 1893, folio 409, caja 797. 38 La Gaceta de Puerto Rico, 23 de mayo de 1892, 3 de mayo de 1894 y 27 de junio de 1895. 39 AGPR, FPN, PNVB, núm. 209, 15 de agostos de 1893, folio 738, caja 796; núm. 202, 5 de septiembre de 1894, folio 667, caja 799. Protocolos Notariales de San Juan (PNSJ), 27 de marzo de 1895, folio 1.423. 40 Cruz Monclova, Lidio: Historia de Puerto Rico (siglo XIX), Río Piedras, Editorial Universitaria, 1970, III-6, p. 338. 41 RAIC, Tomo VI, 1890, pp. 22-23.
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capital para empresas agrarias y exigió los pagos en frutos menores. Esto hizo que la casa comercial no invirtiera directamente en la tierra, pero obtuviera ganancias al llevar luego los productos a San Juan42. De esta manera, el cultivo de frutos menores y la cría de ganado tuvieron un peso importante dentro de la economía del pueblo. Ambos renglones se mantuvieron vigentes a través del siglo XIX y su comercialización proliferó gracias al detrimento ocasionado por los excesos del monocultivo cafetalero. Por su parte, los estragos por la “fiebre” del cultivo del grano fueron menos evidentes en el pueblo corozaleño, lo cual redundó en que los habitantes del municipio pudieran mantener cosechas de subsistencia y ganado suficiente para alimentarse y vender su excedente a otras comarcas. El cultivo tabacalero en Comerío: otra forma de expansión del comercio corozaleño A raíz del ascenso del mercado cubano como principal comprador del tabaco puertorriqueño, el gobierno español fomentó su siembra en la altura insular. Así, encontramos que varios pueblos de la zona centro-oriental comienzan a incursionar en dicho cultivo. En 1894 Comerío despuntaba como uno de los mismos con 131 cuerdas de tierra dedicadas al tabaco: “Este pueblo es el mejor productor de tabaco que se produce en la isla, debido sin duda a las condiciones especiales de sus terrenos, y más que aún por estar regados por el caudaloso río de la Plata43”.
El cultivo del tabaco no ocupó grandes predios de terreno sino que se concentró en pequeñas unidades, las cuales no superaban una cuerda44. Ya en 1897, otros municipios aledaños también incursionan en la producción tabacalera. Por ejemplo, Aibonito aglomeró 331 cuerdas y Caguas, 13245. Quizá resulten poco atractivos los números ofrecidos frente a las astronómicas cantidades de cuerdas dedicadas al café. Cabe recordar que a fines de siglo este producto apenas comenza42 AGPR, Protocolos Notariales de Bayamón (FNB), núm. 70, 31 de marzo de 1900, folio 542, caja 685; núm. 130, 31 de mayo de 1900, folio 1.030, caja 686. 43 Blanch, José: Directorio comercial e industrial de la isla de Puerto Rico para 1894, Puerto Rico, Tipografía “La Correspondencia”, 1894, p.113. 44 Para 1894 el 92,4% de las fincas dedicaban no más de una cuerda a la siembra de la hoja. AGPR, FOP, Catastro de fincas rústicas, Comerío, 1894. 45 Quintero Rivera, Ángel G.: Cartografía socio-económica electoral, enero de 1985.
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ba a recibir posibilidades de mercadeo. No es hasta principios del siglo XX que las inversiones norteamericanas impulsaron con mayor ahinco el cultivo del tabaco46. Sin embargo, poco antes del auge tabacalero a raíz de la inversión de capital norteamericano, ya Comerío presentaba una serie de comerciantes dedicados a la compra del tabaco y, en muchos casos, al cultivo del mismo. En 1894, la sociedad comercial Sánchez y Hermano, además de poseer una tienda mixta y una panadería, contaba con la única tabaquería del pueblo, lo cual le daba el monopolio de ventas del tabaco procesado a municipios como Bayamón47. Manuel Pontón, otro asturiano y socio de la casa comercial Manuel Valiente y Compañía, ubicada en Corozal, comenzaba con una tienda mixta a introducirse en el quehacer comercial de Comerío a fines del siglo XIX. Aunque no es hasta 1902 que Pontón, como representante en Comerío de la referida casa comercial, realizó su gran inversión en el mundo tabacalero. Luego se convirtió en agente comisionista de los señores Manuel Pérez y Compañía de Bayamón, comprando tabaco a todos los cosecheros del pueblo y vendiendo también el cultivado en sus fincas de los barrios Piñas, Doña Elena, Paloma y Cedrito. El señor Pontón, a su vez, cuidaba de las plantaciones, de la recolección, acondicionamiento, clasificación y empaque del tabaco48. Esto le brindó, tanto a este peninsular como a la sociedad mercantil que representaba, la consolidación en la zona de una red que, además de comprar tabaco, alentaba el crédito para su cultivo. ¿Y qué pasó con los asuntos de gobierno? Además de su poder económico, los peninsulares acapararon las principales posiciones políticas y administrativas. En 1894, Teodomiro Taboas, hermano del ganadero gallego Camilo Taboas, se 46 “Junto al azúcar, la producción de tabaco cobró un auge particular después de la Guerra Hispanoamericana. La protección tarifaria en el mercado, las fuertes inversiones de capital norteamericano en la fase de elaboración de cigarros, junto al desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y manufactura, contribuyeron al notable aumento de la producción tabacalera (..) Como en el cultivo del tabaco la mecanización era muy difícil, al capital norteamericano tradicionalmente no le interesó invertir en la adquisición directa de tierras ni en la elaboración de la hoja. El interés del capital extranjero fue principalmente en la fase de procesamiento de la hoja para enrrollarlo en forma de cigarros” (Silvestrini, Blanca G. y Luque de Sánchez, María D.: Historia de Puerto Rico. Trayectoria de un pueblo, San Juan, Editorial Cultural Puertorriqueña, 1987, p. 436). 47 Blanch, José: Directorio comercial…, p.131. 48 AGPR, FPN, PNSJ, núm.180, 29 de abril de 1902, folio 954, caja 2702.
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convirtió en juez municipal en Corozal49. Miguel Herrero, procedente de Málaga, ocupó el puesto de médico titular a fines del siglo XIX, sustituyendo al criollo Acisclo Bou50. Junto a Taboas, el ya mencionado asturiano Manuel Valiente y Camilo Taboas, junto al santanderino Tomás López, sirvieron como primeros tenientes en el Cuerpo de Voluntarios de las milicias españolas51. Entre 1890 y 1897, la poltrona municipal del pueblo de Corozal se repartió entre Manuel Valiente y Camilo Taboas52. Definitivamente, el sistema colonial español reforzó una burocracia compuesta en primer término por peninsulares, cuyos privilegios dependieron del favor de la península53. Como representantes de los intereses de España en Puerto Rico, ellos tenían la ventaja de ocupar puestos claves en la estructura gubernamental. Aquellos españoles que participaron en renglones importantes de la economía como el comercio y la explotación de grandes extensiones de terreno, y lograron penetrar la escena política, gozaron de favores conferidos a través de la restricción de la franquicia electoral a los principales contribuyentes y la confirmación por el gobernador de los ciudadanos cooptados al ayuntamiento municipal54. De esta manera, los peninsulares obtuvieron “luz verde” para inspeccionar cada una de las ramas del gobierno municipal, como eran las Juntas de Comercio e Industria, de Instrucción y las comisiones para formar las planillas de riqueza. Dominaban la legislación local y trataban de crear una reglamentación amparada en su categoría económica y personal. No debe extrañar que el control peninsular sobre las actividades político-económicas del pueblo corozaleño les sirviera para acomodar en puestos claves a otros coterráneos y violar las disposiciones oficiales. Es de ahí que en 1893 el autonomista criollo, Plácido Névarez, se quejara de ciertos evasores contributivos españoles, quienes, a pesar de no cumplir con los requerimientos, participaban como concejales en la Alcaldía55. Por otro lado, el propio 49 Departamento de Justicia (en adelante DJ), Registro de la Propiedad de Barranquitas (en adelante RPB), serie Corozal, Tomo I, Finca 30, 12 de noviembre de 1894. 50 Contreras, José María: Guía oficial de Puerto Rico, San Juan, Imprenta de La Gaceta, 1897, p. 276. 51 Ibidem, p.189. 52 La Gaceta de Puerto Rico, 7 de febrero de 1891, 23 de febrero de 1891 y 17 de marzo de 1896. 53 Quintero, Ángel G.: Conflictos de clase…, pp. 17-18. 54 Picó, Fernando: “El impacto de la invasión…”, p. 136. 55 AGPR, DP, serie Corozal, legajo 50, expediente 44, caja 143.
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Névarez fue el responsable de denunciar a peninsulares que no eran aptos para catalogarse como electores, ya que carecían de la facultad de ser vecinos del pueblo56. Aunque las denuncias de Névarez tenían relevancia, las autoridades españolas en San Juan no aplicaron las sanciones apropiadas. La situación de los peninsulares en esta región centro-oriental estaba marcada por el dominio y el control de las principales instituciones locales. Esta realidad no distaba mucho de lo que ocurría en el resto del país. Al igual que en otras regiones, como es la zona centro-occidental, la influencia de los extranjeros y españoles despertó malestar entre la población criolla, especialmente si el extranjero desplazaba a los demás violando disposiciones y normas. ¿Pudieron esos extranjeros sobrevivir a los cambios suscitados en la coyuntura de la invasión norteamericana? ¿Cómo enfrentó la sociedad insular y la zona centro-oriental el impacto del ‘98? Es innegable que el régimen norteamericano generó nuevos problemas en el escenario insular. Las penurias con el canje de la moneda en 1899, la contracción del crédito, la caída de los precios del café y la reducción de las posibilidades de mercadeo con España y Europa son muestras de esos noveles problemas. Sin embargo, no podemos olvidar que quienes enfrentaron esto fue ese contingente de seres humanos –peninsulares y criollos– que vivió el emblemático episodio del ‘98 y que ya habían acumulado sus propias tensiones bajo la colonia española. La transición económico-política del ‘98 El paso hacia el régimen norteamericano se ve en muchos casos como un hecho de borrón y cuenta nueva contra los procesos sociales, económicos y políticos distintivos de la década de los 1890. Como dijimos, nuevos problemas aparecieron en la escena insular a partir de 1898. A ellos se unió el efecto adverso del huracán San Ciriaco en 1899, el cual destruyó gran parte de la base económica de la isla, la agricultura. Este fenómeno atmosférico vino a ser el agente catalítico que llevó a la ruina al mundo cafetalero. No obstante, las consecuencias de este huracán no se limitaron al café: hubo pérdidas considerables en otros renglones agropecuarios. Como resultado, disminuyeron los productos básicos para la alimen56 AGPR, PN, Vega Baja, José Félix Lájara, 1895, folio 581.
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tación. Las autoridades gubernamentales norteamericanas, por cierto, estaban un poco desalentadas ante la escasa posibilidad de levantar la maltrecha condición de la economía insular57. Cabe preguntarse entonces: ¿todo cambió realmente? ¿Qué patrones económicos característicos del régimen español permanecieron vigentes en los albores del siglo XX? ¿De qué manera la mentalidad de los sectores hegemónicos bajo las economías cafetalera y complementaria en la colonia española enfrentó estas desavenencias y los intereses norteamericanos por invertir en el azúcar de la costa? En el caso de un pueblo con economía de subsistencia, como Corozal, la capacidad de recuperación fue mayor que en los pueblos cafetaleros. Contrarias al cultivo del café, las cosechas de frutos de subsistencia y la cría de ganado se realizaban de forma más rápida y requerían una menor inversión. En Comerío, cuya industria tabacalera estaría controlada por el comercio peninsular establecido en Corozal, hubo un aumento en el cultivo tabacalero en el umbral del siglo XX. En 1905 se dedicaban 7.710,5 cuerdas al cultivo de la hoja; en 1907, 9.307,658. Es decir, lejos de verse afectada la economía tabacalera de Comerío, las condiciones favorables para las inversiones en este ámbito aumentaron, siendo aprovechadas por los antiguos agentes peninsulares que permanecían en dicho municipio tras 1898. En cuanto a Corozal, la cría de ganado, puntal de la economía del municipio, aumentó significativamente. En 1905, se registraron 2.211 cabezas de ganado vacuno; en 1907, 3.15359. Un dato llamativo resulta ser que dicha cantidad era menor a la registrada en 1897, cuando Corozal contaba con 5.426 cabezas de ganado vacuno60. Sin embargo, no debemos olvidar los estragos ocasionados por el huracán San Ciriaco, el cual destruyó el 22,72% de la riqueza pecuaria del municipio61. Además, esta baja tiene otras explicaciones. Es muy probable que gran parte del ganado sirviera para alimentar a la población ante la 57 Luque de Sánchez, María Dolores: La ocupación norteamericana y la Ley Foraker (La opinión pública puertorriqueña, 1898-1904), Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980, p. 114. 58 Annual Report of the Governor of Puerto Rico for the Year Ending June 30, 1907, Washington, Printing Office, 1907, p. 141. 59 Idem. 60 Coll y Toste, Cayetano: Reseña del Estado social, económico e industrial de la Isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos, San Juan, Imprenta “La Correspondencia”, 1899, p. 130. 61 Aráez Ferrando, Román: Historia del ciclón del día de San Ciriaco, San Juan, Imprenta Heraldo Español, 1906, p. 196.
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escasez de otros productos agrícolas. Para evitar el descenso masivo en las cantidades de diferentes tipos de ganado, el gobierno emitió una orden para limitar la matanza de reses hembras a una cuarta parte del número destinado a consumo diario de cualquier pueblo, ciudad o barrio. Agrega la orden: “En las localidades donde se beneficie una res por día no se permitirá sacrificar sino una hembra cada cuatro días, observando la misma proporción donde fuere necesario el consumo62”.
Finalmente, cabe la posibilidad de que los sistemas de amillaramiento de la riqueza pecuaria a comienzos del presente siglo resultaran algo deficientes. Desde 1900, varios sectores pertenecientes al mundo ganadero insular criticaban el poco tiempo que daba el gobierno para hacer los registros del ganado. Ellos vislumbraban matrículas viciadas y adulteradas, en las cuales no se expresaba la verdadera riqueza pecuaria63. Esto último nos deja con la idea de que las cifras presentadas no fueran tan exactas. Los frutos menores cultivados en suelo corozaleño, por su parte, trascendieron las bajas causadas por el huracán. A pesar de las visiones negativas sobre el escaso interés por su explotación, dada la competencia con firmas expertas en este negocio y que ya gozaban de gran reputación en los Estados Unidos, principalmente en la Florida, y la falta de incentivos materiales para mejorar el sistema de cultivos y de transporte, proliferaron en Puerto Rico una serie de empresas compradoras de diferentes frutos, los cuales eran preparados para ser enviados a los Estados Unidos en forma de conservas. El establecimiento de la “Toa Alta Citrus Fruit Co.”64, en Toa Alta, pueblo vecino de Corozal, junto a los medios adquiridos con la inauguración de la carretera entre ambos pueblos en 1900 y la construcción del puente en el barrio Mavillas en 190365, levantaron los ánimos del comercio y de los productores agrícolas de Corozal para venderle a esta corporación. Por otro lado, la aparición de nuevas instituciones bancarias promovió el financiamiento a los agricultores y comerciantes del país, deseosos de conseguir capital para invertir en sus empresas66. 62 Orden General núm. 208, 13 de diciembre de 1899. United States, Department of War, General Orders and Circulars, 1898-1900, Department of Porto Rico, 1900. 63 AGPR, Fondo de la Fortaleza (FF), núm.10060, 2 de mayo de 1900. 64 Diffie, Justine: Porto Rico: A Broken Pledge, The Vanguard Press, 1931, p. 100. 65 AGPR, FOP, serie Carreteras, subserie Construcción, legajo 367, expediente 23. 66 Clark, Victor S.: Porto Rico and its Problems, Washington, D. C., Brookings Institution, 1930, pp. 374-380.
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Ya en 1902, Ramón María Sifre inauguró un negocio para mercadear a gran escala frutos menores, especializándose en piñas. Sifre dio a su negocio el particular nombre de “St. Amalie A. Fruit Plantation”, en honor a su esposa Amalia Bou67, hija de inmigrantes catalanes. Mientras, la Sociedad “Sucesores de Justino Díaz” también aprovechó la oportunidad para venderle los frutos menores comprados en Corozal a la “Toa Alta Citrus Fruit Co.”. Vemos que la transición hacia el siglo XX tuvo su efecto negativo sobre la economía subsidiaria característica de Corozal. No obstante, nuevamente aparecieron mercados y posibilidades dentro de las actividades económicas del nuevo régimen. Tan es así que entre 1901 y 1904, los frutos menores, como toronjas, naranjas, cocos y piñas, que tenían un mercadeo sumamente escaso dentro del régimen español, incrementaron su porcentaje dentro del total de las exportaciones de 1,1 a 7,468. Los pueblos cafetaleros se resistieron más a los cambios. La producción cafetalera seguía como patrón principal en la vida material de éstos. En 1907, en un municipio como Ciales, los cafetos dominaban todavía el 36% de la tierra69. Por lo visto, la mentalidad de aquellos que cultivaban, compraban o vendían café continuó salpicada con la idea de la bonanza económica de las últimas dos décadas de la centuria decimonónica. A éstos pareció no importarle la baja en los precios registrada desde 1895 y que el mercado norteamericano no ofreciera oportunidades seguras de compras al café puertorriqueño70. A los inversionistas cafetaleros sólo les interesaba aumentar la extensión de sus cultivos con el fin de amortiguar las pérdidas que pudieran tener en transporte del grano, malas cosechas, e incluso el propio huracán San Ciriaco. Esto demuestra la imagen que adquirió el café como símbolo de poder social. Aquellos que estructuraron su hegemonía en dicho renglón económico no estaban dispuestos a ceder su espacio. La resistencia a nuevos cultivos refleja la construcción de 67 AGPR, FF, núm. 3126, 19 de septiembre de 1902. 68 Clark, Victor: Porto Rico and., p. 404. 69 Annual Report of the Governor of Puerto Rico for the Fiscal Year Ending June 30, 1907, Washington, Printing Office, 1907, pp. 141-143. 70 Entre 1895 y 1898, los precios del café en Nueva York se redujeron sustancialmente de 14,6 a 6,5 centavos la libra. La caída de los precios se debía principalmente a la superproducción mundial registrada desde fines de los 1880 y comienzos de los 1890. Brasil, por ejemplo, había duplicado su producción de 0,55 millones de toneladas en 1890 a un millón en 1900. Por otro lado, los Estados Unidos hacían sus compras de cafe a Brasil, el cual le vende más barato (Bergad, Laird: Coffe and…, p. 205).
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un mecanismo de defensa ante el empuje del azúcar de la costa, dominada por los norteamericanos. Bajo España el café fue el estereotipo del dominio peninsular en el centro del país, irónicamente, a partir del 1898 se convierte en baluarte de lo criollo y lo tradicional. Si aparecieron algunos intentos por diversificar la producción agraria en la zona cafetalera se dirigen “a desarrollar un ciclo de producción agrícola que redondee el año. El maíz, el arroz, las habichuelas, y más tarde, otros cultivos como el tomate, hicieron de la hacienda cafetalera una unidad en continua producción”71. La idea era competir y preservar la rentabilidad de la unidad productiva del café ante el embate de las inversiones en el azúcar. Por supuesto, dado que los principales inversionistas del café estuvieron ligados al mundo del comercio, éstos mantuvieron un control relativo sobre el financiamiento tanto de las grandes haciendas como de las pequeñas y medianas unidades de producción. Hay que recordar que las grandes inversiones de la caña a partir de 1898 se concentraron en la costa, lo cual mantuvo básicamente inalterado el “relativo” poder del comerciante cafetalero ubicado en el centro de Puerto Rico. La pobre calidad de vida en el mundo del café tampoco pareció alterarse demasiado. De hecho, los informes del gobierno señalaban que la anemia, enfermedad dominante bajo el régimen español, continuaba siendo la causa principal de muerte en la zona central cafetalera en los albores del siglo XX. La deficiente condición de las viviendas, los pobres hábitos de alimentación y la precaria higiene eran otros de los señalamientos más comunes presentados por la Junta Superior de Salud72. Definitivamente, ello denotaba la continuidad, ya no en el aspecto económico, sino en los embates negativos de la cotidianidad del mundo cafetalero que transitaba hacia los primeros años del siglo XX. Entre vulnerabilidades y repliegues A pesar de que los peninsulares dominaron gran parte de la economía y la política a fines del siglo XIX, su poder estaba limitado a las arbitrariedades del mercado y al apoyo de las autoridades españolas 71 Picó, Fernando: Amargo Café (Los pequeños y medianos caficultores de Utuado en la segunda mitad del siglo XIX), Río Piedras, Huracán, 1981, p. 39. 72 Silvestrini, Blanca G.: “La política de salud pública de los Estados Unidos en Puerto Rico: 1898-1913: Consecuencias en el proceso de americanización” en Blanca G. Silvestrini (ed.): Politics, Society and Culture…, pp. 67-83.
Inmigración peninsular y economías de subsistencia en Puerto Rico… 161
en la isla. Cuando se analiza sus posibilidades para establecer una base económica sólida para sus empresas comerciales, no dudamos de su incapacidad. Si bien estos comerciantes extranjeros controlaron el crédito local, sus posibilidades en el mercado internacional para imponer condiciones a sus exportaciones eran nulas. Las ventas de los productos puertorriqueños dependerán de los arreglos arancelarios efectuados por la metrópoli73. La falta de capital líquido y la aparición tardía de instituciones bancarias fueron dos grandes limitaciones para implantar mejoras en la tecnología agrícola74. A ello debemos añadir que el comercio peninsular establecido en Corozal no pudo librarse de deudas e hipotecas contraídas con casas comerciales de los grandes centros mercantiles de Bayamón y San Juan75. Por lo tanto, la bonanza de los comerciantes peninsulares establecidos era bastante vulnerable y frágil, lo cual quedó evidenciado en la coyuntura del ‘98. Todo respondía a una cadena que sólo necesitaba que uno de sus eslabones se rompiera para así iniciar una crisis. Y esa crisis llegó con el ‘98. En primer término, la aparición de la guerra ocasionó que la economía se estancara. Los grandes comerciantes se negaron a efectuar préstamos y los precios de algunos artículos aumentaron drásticamente76. Más tarde, los resultados de la Guerra Hispanoamericana agravaron la situación económica de la isla. España, al perder sus colonias, declaró los productos de Puerto Rico como extranjeros e impuso sus tarifas77. El canje de moneda bajo el nuevo régimen colonial no favoreció a los grandes comerciantes. El 20 de enero de 1899, el gobierno norteamericano fijó el cambio en $0,60 por cada peso provincial español. Ya el día anterior, a fin de ayudar a la débil economía del pequeño comercio endeudado con las grandes firmas comerciales, se suspendió la ejecución de las hipotecas78. Sin embargo, cuando se reactivó el 73 López Tuero, Fernando: Café y piña en América, San Juan, 1891, p. 4. 74 Santiago de Curet, Ana Mercedes: Crédito, moneda y bancos en Puerto Rico durante el siglo XIX, Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, 1978. 75 Por lo general, el gran comerciante brindaba crédito por las mercancías y exigía el pago en productos agrícolas de gran demanda en el mercado internacional. Éste, a su vez, estaba comprometido con los suplidores de los Estados Unidos y Europa. Esta correlación financiamiento-mercado marginaba la producción del país a los vaivenes de la demanda externa. Para un examen detallado de las relaciones comerciales entre los peninsulares establecidos en Corozal y las grandes casas mercantiles de Bayamón y San Juan, véanse DJ, RPB, Corozal, 1890-1905. 76 La Correspondencia, 5 de mayo y 22 de junio de 1898. 77 Luque de Sánchez, María Dolores: La ocupación norteamericana…, p. 63. 78 Davis, Geo W.: Report of Brig. Geo W. Davis on Civil Affairs of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1900, p. 496.
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cobro de hipotecas en 1900, las consecuencias no pudieron ser más funestas, ya que muchos comerciantes de pueblos pequeños aún no se encontraban recuperados del marasmo económico del momento. Varios peninsulares sufrieron, pues, la conmoción de la nueva orden. El gallego Camilo Taboas fue uno de los más afectados. Al verse imposibilitado de pagar sus deudas, la casa comercial Lynn Hijos de Pérez Moris, ubicada en la capital, embargó a Taboas cuatro propiedades, tres fincas y una casa79. Ochoa y Hermano, también de San Juan, hizo lo suyo cuando el comerciante gallego tuvo que ceder dos fincas adicionales, debido a pagos sin efectuar a favor de la poderosa firma sanjuanera80. Incluso Taboas recibió embargos por parte de instituciones bancarias norteamericanas como el American Colonial Bank, el cual se adueñó en 1902 de dos fincas de 30 y 14 cuerdas respectivamente, al no poder pagar Camilo Taboas $925 junto a la tasa de interés anual acumulada de 12%81. Otros miembros del comercio peninsular en suelo corozaleño ejemplificaron su vulnerabilidad económica. Manuel Valiente perdió poco más de cien cuerdas a manos de Julián Matienzo del comercio de San Juan, y de Balásquide y Compañía del pueblo de Bayamón82. Para sortear el difícil momento, Valiente y Taboas decidieron vender algunas propiedades de menor importancia. El asturiano Manuel Valiente, junto a su hermano Ángel Valiente y su socio Manuel Pontón, venden 54 cuerdas ubicadas en el pueblo de Naranjito a la Sociedad R. Vela y Compañía del comercio de Bayamón. De acuerdo con los documentos de la transacción, la adjudicación se realizó debido: “a la situación financiera porque atraviesa la Ysla… creyeron conveniente los socios ir liquidándola –la finca–, según las circunstancias lo permitieran, con el fin de repartirse sin ulteriores responsabilidades para los mismos83”.
79 DJ, RPB, Corozal, tomo I, finca 43, 15 de abril de 1902, Inscripción 6b; tomo V, finca 281, 3 de octubre de 1903, Inscripción 3a; tomo IV, finca 232, 3 de octubre de 1903, Inscripción 2a; tomo II, finca 232, 3 de octubre de 1903, Inscripción 6a. 80 DJ, RPB, Corozal, tomo IV, finca 185, 26 de noviembre de 1902, Inscripción 5a, tomo V, finca 279, 26 de noviembre de 1902, Inscripción 3a. 81 DJ, RPB, Corozal, tomo IV, finca 235, 21 de noviembre de 1902, Inscripción 5a. 82 DJ, RPB, Corozal, tomo IV, finca 228, 4 de marzo de 1901, Inscripción 2a; tomo I, finca 41, 20 de noviembre de 1903, Inscripción 4a. 83 AGPR, PN, Bayamón, Tomás Valdelluly, 1902, folio 854.
Inmigración peninsular y economías de subsistencia en Puerto Rico… 163
Ante los problemas confrontados, los españoles residentes en Corozal emplearon algunos recursos para sobrevivir el empuje del ‘98. Algunos de éstos fueron: las ventas y los traspasos a determinados parientes, y la cesión de créditos hipotecarios. En el primero de los casos, las propiedades permanecían “en familia”; en el segundo, se allegaba algún dinero adicional. Manuel Valiente utilizó a su hijo del mismo nombre para traspasarle tres fincas. Una de ellas, localizada en el centro urbano del pueblo, contenía equipo de labranza y un trapiche. Mientras las otras dos, ubicadas en un barrio distante, habían servido como lugares para establecer ventorrillos84. En unión a sus dos hermanos, Teodomiro y Pacífico, Camilo Taboas traspasó a Antonio González y Sobrino, comerciante y gestor de Ochoa y Hermano, como pago a deudas contraídas con el último, la propiedad heredada de sus padres ya fallecidos ubicada en La Guardia, Pontevedra, España. La misma estaba compuesta de una casa de mampostería con tejas de barra y una huerta murada, y fue valorada en 1.000 duros85. En cuanto a la cesión de créditos hipotecarios, Camilo Taboas vendió las hipotecas de algunos de sus deudores a determinados coterráneos. El 16 de febrero de 1901 vendió a Eduardo Barros un crédito hipotecario por $1.000. Esto respondía a una deuda de 3.500 pesos que tenía desde 1899 un tal José Marrero. Como garantía de pago, Marrero había ofrecido su finca de 68 cuerdas localizada en el Barrio Mameyes Alto de Utuado86. La alteración del predominio político peninsular: de las “partidas” a las “turbas” La invasión norteamericana sugiere a algunos el desplazamiento político de los inmigrantes españoles. Es por esto que hablaremos de las partidas sediciosas o revueltas de los “tiznados”, que fueron en la coyuntura del ‘98 la más fiel evidencia del desorden público en Puerto Rico. Particularmente en el interior de la isla, comerciantes, terratenientes y guardias, todos de origen peninsular, estuvieron expuestos a 84 DJ, RPB, Corozal, tomo II, 24 de diciembre de 1903, Incripción 5ta. 85 AGPR, PN, San Juan, Mauricio Guerra, 1901. 86 AGPR, PN, San Juan, Santiago Palmer, 1901, folio 573.
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las agresiones y las amenazas por parte de un odio popular hacia todo aquello que encarnó España87. Esta desarticulación social respondió al concepto de que los españoles residentes en la isla, símbolos de opresión, se encontraban ahora desarmados y sin el papel protector del gobierno español. Sobre esto nos comenta Antonio Rodríguez-Fraiz: “Después de iniciado el desembarco norteamericano en Guánica el 25 y 26 de julio y conocer su avance sin resistencia se fueron formando por diversas comarcas partidas de sediciosos, ladrones, incendiarios –los tiznados– que cayeron sobre los caseríos y gentes indefensas, realizaban actos de vergonzoso bandidaje no sólo con peninsulares sino con los mismos puertorriqueños, hombres, mujeres y niños. Corozal, Morovis y pueblos vecinos supieron de este bandidaje… Estos desmanes en Corozal y Morovis fueron de extrema gravedad desde mediado del mes de noviembre (1898)88”.
La exposición de Rodríguez-Fraiz contrasta con una noticia publicada en un periódico de fines del siglo XIX. Ėsta, además de revelar la tranquilidad civil que reinó ante la llegada de los soldados norteamericanos al pueblo, desmiente un rumor sobre alegados ataques contra el peninsular Manuel Valiente: “…que no es exacto que a don Manuel Valiente le sucediese nada, puesto que como a todos los demás se halla perfectamente respetado en su persona y en sus intereses89”.
Incluso fue tal el orden registrado en Corozal que, ya a comienzos del año 1899, se contempló retirar las tropas de soldados norteamericanos que tomaron el municipio en octubre de 1898 y movilizarlas hacia zonas –por ejemplo Ciales– en donde verdaderamente los “tiznados” representaban una amenaza para el control que pretendía establecer el gobierno de los Estados Unidos90. Aunque parece ser que los peninsulares resistieron el empuje de los cambios económicos registrados en la coyuntura del ‘98 y no sufrieron los atropellos de las partidas sediciosas, se les limitó, por otro 87 Sobre el particular se puede consultar Picó, Fernando: 1898: La guerra después de la guerra, Río Piedras, Huracán, 1987, y Negrón Portillo, Mariano: Cuadrillas anexionistas y revueltas campesinas en Puerto Rico, 1898-1899, Río Piedras, 1987. 88 Rodríguez-Fraiz, Antonio: Historia de Corozal, Vigo, Talleres de Artes Gráficas, 1969, p. 64. 89 El País, 6 de octubre de 1898. 90 Orden general núm. 958, 12 de febrero de 1899, Órdenes generales y circulares.
Inmigración peninsular y economías de subsistencia en Puerto Rico… 165
lado, su participación en asuntos políticos. A partir de las elecciones municipales de 1899, mejor conocidas como las “elecciones de los cien días”, se exigió a los extranjeros residentes que para ejercer su derecho al voto deberían renunciar a la ciudadanía española91. Ninguno de los peninsulares en Corozal lo hizo. Esto produjo su ausencia como electores o candidatos a puestos públicos. Parecía poco práctico renunciar a su carácter de ciudadanos españoles, cuando en realidad ser peninsular era un sello distintivo frente al resto de una población criolla ya mal vista por los sucesos de las partidas sediciosas. A su vez, no estar directamente en el Ayuntamiento tampoco les privaba de participar y controlar la vida económica. El gallego Camilo Taboas, por cierto, mantuvo el monopolio del sistema de bagajes del pueblo92. Sin embargo, de lo que estos peninsulares no pudieron librarse fue de las turbas republicanas. Las pugnas políticas de principios del siglo XX quedaron polarizadas en torno a los partidos Republicano y Federal. Estas dos nuevas colectividades buscaron afanosamente ganarse el favor de la nueva metrópoli. A pesar del triunfo arrollador de los federales en “las elecciones de los cien días”, sus escasas posibilidades para resolver los problemas económicos propios de la transición del ‘98 fueron aprovechadas por sus adversarios, los republicanos, para denunciar públicamente el fracaso federal. Así, se generaron movimientos populares de protesta utilizados por algunos miembros del Partido Republicano para atacar a sus enemigos políticos. Estas pandillas atacaban las propiedades de sus oponentes y llegaban a cometer actos de extrema violencia93. Dada su participación en asuntos de la economía municipal, como es el caso de Taboas con el sistema de bagajes, pareció ser que un sector de la población corozaleña que militaba en el Partido Republicano asoció a los españoles residentes en Corozal con el grupo político que controlaba la poltrona municipal: los federales. De acuerdo con el periódico La Democracia, el 3 de noviembre de 1900 se suscitaron por todo un día desenfrenados escándalos, disparos, provocaciones y abusos de las turbas republicanas provenientes 91 Orden general núm. 160, 12 de octubre de 1899, Órdenes generales y circulares. 92 AGPR, FF, Actas del Ayuntamiento de Corozal, 26 de enero de 1901. 93 Argudo de Picart, Petra: Las turbas: un caso de violencia política, 1900-1904, Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, 1986.
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del pueblo de Toa Alta94. El alcalde de Corozal recurrió a la creación de una guardia municipal provisional para brindar protección a los habitantes corozaleños, los cuales ya sentían las amenazas de las turbas desde el 22 de septiembre de ese año95. Los peninsulares Manuel Valiente y Camilo Taboas recibieron insultos y amenazas por parte de las turbas. En el caso específico de Valiente, éste relató que entre sus trabajadores contaba con uno que se dedicaba a organizar a los demás obreros en turbas, con el objetivo de que dañaran sus propiedades y cosechas96. Definitivamente, la violencia socio-política contra estos dos peninsulares les expresó que su esfera de poder no estaba ajena a las grietas y al deterioro. El futuro del peninsular en el siglo XX: una reflexión El escenario político-económico en donde actuaron muchos peninsulares en la coyuntura del ‘98 estuvo lleno de contradicciones. La vulnerabilidad de éstos se evidenció y su estabilidad quedó cuestionada. Aunque no los destruyó, la invasión norteamericana y la llegada de un nuevo régimen colonial limitaron sus posibilidades de consolidación. De esta manera, la idea sobre la postergación absoluta del peninsular que transita dentro del régimen norteamericano hay que matizarla. Podemos entender que el verse desprovisto de un gobierno que los protegiera minó sus recursos para garantizar su estabilidad. Sin embargo, tenían a su favor otros elementos para permanecer activos en sus empresas. Al darse la invasión norteamericana, la mayoría de los españoles residentes en la isla fueron separados de sus puestos públicos, pero los invasores necesitaban colaboradores y contactos en la recién adquirida isla. Esto proporcionó una interacción entre ambos grupos y hasta un grado de compromiso por parte de los norteamericanos. La protección a los españoles atacados por los “tiznados”, la condonación de contribuciones ante la crisis fiscal y los alicientes monetarios y alimenticios a los propietarios afectados por el huracán San Ciriaco son ejemplos de esta colaboración y cooperación. 94 La Democracia, 15 de noviembre de 1900. 95 AGPR, FF, núm. 821, 22 de septiembre y 3 de noviembre de 1900. 96 La Democracia, 15 de noviembre de 1900.
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A su vez, los peninsulares como “clan” buscaron la forma de sobrevivir y conservar sus propiedades. Algunos de estos contaban con familiares que los protegían en circunstancias en las cuales era necesario conseguir capital para evitar embargos por deudas acumuladas. Sus hijos, por ejemplo, fueron los que dieron seguimiento y continuidad a las empresas que ya estos peninsulares habían comenzado. Después de 1898, los Estados Unidos se convierten en su principal mercado de exportación y de importación. Y aunque los inmigrantes españoles se hicieron dependientes de este nuevo centro mercantil, no dejaron de adaptarse con un relativo éxito a las cambiantes condiciones de la coyuntura del ‘98. Estas razones expresadas atestiguan cómo los peninsulares, agentes dominantes de la economía y la política en una región de escaso atractivo agro-comercial, pudieron infiltrarse y trascender en el nuevo régimen. Sobrevivir ante las adversidades era algo urgente, y aunque no dejaron atrás su patrimonio nacional, sacrificaron para su propio beneficio el régimen que los apoyó pero que se derrumbó en 1898.
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Geografía agro-económica, P.R, 1890-1910
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Inmigración peninsular y economías de subsistencia en Puerto Rico… 169
LUIS MUÑOZ RIVERA Y EL AÑO 1897: EN RUTA HACIA LA AUTONOMÍA. LAS RELACIONES POLÍTICAS ESPAÑA-PUERTO RICO EN EL CAMBIO DE SIGLO José A. Calderón Rivera Universidad del Turabo, Puerto Rico [email protected]
La situación política de Puerto Rico durante los últimos años del siglo XIX estuvo saturada por una gran efervescencia ideológica, en la que el liderato criollo comenzó a establecer vínculos partidistas con España. El escenario, hasta entonces, había sido dominado por el sector ideológico conocido como los incondicionales o favorecedores de la política colonial. Éstos debían su nombre a su disposición a pronunciarse incondicionalmente a favor de la metrópoli, especialmente desde las estructuras del Partido Conservador que les servía de plataforma institucional. Su activismo colonial le había ganado el favor de las instituciones de gobierno y la hegemonía de los procesos electorales de la colonia. El sector ideológico favorecedor de la independencia, por otro lado, obraba desde el clandestinaje debido principalmente a que España no dejaba espacio legal para la existencia de una entidad separatista en la isla. Había una persecución constante de toda persona que de alguna manera fuera catalogada como separatista. De esta forma, muchos de los independentistas puertorriqueños elaboraban sus planes desde el exterior, como Nueva York y París, por ejemplo, en un proceso de lucha fuera del escenario local. El grupo político de mayor crecimiento estaba constituido por los favorecedores de la autonomía, quienes pedían oportunidades a España para participar en los procesos de administración de la isla sin
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separarse de la metrópoli. El liderato de este sector estaba compuesto principalmente por criollos que habían alcanzado un notable desarrollo económico y profesional. Eran personas dispuestas a luchar a favor de unas reformas que se encaminaran a otorgarle mayores libertades a la isla en un proceso favorecedor de su desarrollo como pueblo, que anhelaba, a la altura de fines del siglo XIX, alcanzar una identidad propia. Nace el Partido Autonomista de Puerto Rico La ideología autonomista había logrado fundar un partido cuya plataforma política defendía los postulados criollos y pedía mayores poderes a España. El Partido Autonomista Puertorriqueño había nacido en 1887 con la intención de buscar la descentralización administrativa 1 de la isla como parte de un proceso de ir incursionando poco a poco en los asuntos de gobierno de la isla. Luis Muñoz Rivera se había unido a la causa autonomista y en 1890 funda el periódico La Democracia como vocero de su ideario político. Desde los talleres de redacción de su periódico comenzó una campaña a favor de la unión del Partido Autonomista Puertorriqueño con algún partido político español que prometiera ofrecerle la autonomía a la isla cuando llegara al poder. La idea de pactar con un partido español era condicionada por la mayoría de los autonomistas a que esta colectividad fuera de ideología republicana. Muñoz Rivera, por otro lado, no establecía preferencias; su único requisito para pactar era que el partido metropolitano se comprometiera a otorgarle la autonomía a Puerto Rico y que tuviera buenas oportunidades de llegar al poder. Muñoz Rivera viajó a España de marzo de 1895 a enero de 1896 con la intención de auscultar el posible respaldo de los líderes políticos españoles al ideal autonomista de los puertorriqueños. A su regreso a la isla propuso que su colectividad pactara con Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Dinástico de España. Esta propuesta no fue bien recibida dentro del liderato del Partido debido a que la mayoría prefería pactar con un partido de ideología republicana y no monárquico como el de Sagasta. 1 Ramos de Santiago, Carmen: El gobierno de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984, p. 31. Ver también Delgado Pasapera, Germán: Puerto Rico: sus luchas emancipadoras, Río Piedras, Editorial Cultura, 1984, pp. 382-383.
Luis Muñoz Rivera y el año 1897: en ruta hacia la autonomía…
173
La comisión autonomista y el pacto con Sagasta La propuesta de Muñoz Rivera recomendaba una evolución política que incluía la disolución del Partido Autonomista y la incorporación al Partido Liberal Dinástico de Sagasta. El directorio del Partido Autonomista discutió la propuesta de Muñoz Rivera en asamblea reunida el 19 de abril de 1896 y acordó rechazarla2. Con esta determinación Muñoz Rivera comenzó oficialmente a sentirse fuera del Partido, pero continuó su propaganda a favor del pacto desde la tribuna de su periódico. Su insistencia logró que se concertara una reunión de la delegación del Partido y como fruto de la misma se aceptó enviar una comisión a Madrid con la intención de entrevistarse con diferentes líderes políticos en la metrópoli y pactar con la institución que acordara adelantar la causa autonomista de la isla. Debían tener la precaución también los comisionados de establecer alianzas con un partido que tuviera probabilidades de llegar al poder. Los miembros de esa comisión fueron José Gómez Brioso, Federico Degetau, Rosendo Matienzo Cintrón y, obviamente, Luis Muñoz Rivera. El grupo de comisionados salió para España el 16 de abril de 1896 y estuvo en ese país hasta el 12 de febrero de 18973. Al regreso de la comisión autonomista a Puerto Rico se dio a conocer que habían acordado pactar con el partido de Sagasta. El pacto parecía simple y vago para algunos líderes de la colectividad. Se trataba de ofrecerle apoyo al Partido Liberal de Sagasta “tanto en su política general como en la antillana”4 a cambio de que, al llegar al poder, este partido se comprometiera en otorgarle la autonomía a los puertorriqueños. Muñoz Rivera logró, en asamblea celebrada el 12 de febrero de 1897, que los autonomistas aprobaran su propuesta. Esta determinación, no obstante, tuvo importantes repercusiones en el seno del autonomismo puertorriqueño ya que líderes de mucha importancia como Manuel Rossy, Santiago Veve y José Celso Barbosa abandonaron la colectividad en señal de protesta. Así las cosas, ocurre una escisión en el Partido Autonomista que da paso al nacimiento de dos nuevas formulaciones políticas. El grupo que aceptó la propuesta pactista de Muñoz Rivera forma un nuevo partido llamado Partido Liberal, con 2 Ibidem, p. 34. 3 Trías Monge, José: Historia constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980, p. 85. 4 Ramos de Santiago, Carmen: El gobierno de…, p. 35.
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Muñoz Rivera como presidente, y los disidentes encabezados por Barbosa fundan el Partido Autonomista Ortodoxo; ambas colectividades, desde entonces, se disputarían la representación del autonomismo criollo. El año de 1897 encuentra al liderato autonomista puertorriqueño enfrascado en lucha por el protagonismo político de la ideología que pedía mayores reformas a la metrópoli. Muñoz Rivera aprovecha su posición como presidente del Partido Liberal para dirigir una importante campaña con los líderes liberales de España. Sus gestiones se concentran mayormente en el envío de una serie de cartas las cuales perseguían ganar el favor y la confianza de los líderes del Partido Liberal de España. Juzgaba importante congraciarse con el liderato español mientras el sector incondicional de la isla seguía desprestigiando su figura, utilizando como estrategia principal acusarlo de separatista. Su discurso epistolar se encaminaba, en realidad, a preparar el camino hacia la autonomía y a demostrar su fidelidad hacia la metrópoli. Las circunstancias históricas determinaban su estrategia política. El líder puertorriqueño, que en muchas ocasiones había manifestado su inconformidad con el gobierno español en la isla, ahora tenía que convencer a las autoridades españolas de ser digno de su confianza. Aquella pluma, que llegó incluso a sugerir la rebelión como alternativa para liberar a Puerto Rico5, se enfrentaba a la necesidad de ganar credibilidad ante las instituciones españolas. Su nueva estrategia de unirse a un partido español que le otorgara la autonomía a la isla, así lo requería. El discurso epistolar de Muñoz Rivera en 1897 El análisis de las cartas escritas y de las recibidas por Muñoz Rivera durante los meses del año 1897 revelan muchas de las ideas y estrategias políticas formuladas con el propósito de adelantar la causa autonomista. Las posturas asumidas en esos escritos representan la posición de acomodo ante las determinaciones de España. El manejo de su discurso escrito sirve a los intereses relacionados con la causa que profesaba y son muestra de una agilidad mental y política de gran envergadura. Estas epístolas son recogidas y publicadas por el histo5 Calderón Rivera, José A.: La pluma como arma: la construcción de la identidad nacional de Luis Muñoz Rivera, San Juan, Análisis Inc., 2010, pp. 33-60.
Luis Muñoz Rivera y el año 1897: en ruta hacia la autonomía…
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riador Reece Bothwell González en el segundo volumen de su trabajo titulado Puerto Rico: cien años de lucha política. La capacidad discursiva de Luis Muñoz Rivera es demostrada en una carta dirigida al señor Miguel Moya, líder del Partido Liberal en Madrid, el 14 de abril de 1897. En dicho comunicado deja conocer su arduo trabajo a favor de la organización del Partido Liberal en Puerto Rico. Aprovecha la carta también para dar testimonio de su fidelidad hacia España y de borrar cualquier posibilidad de ser considerado como subversivo. A tales efectos señala: “Y hoy ningún hombre de juicio piensa en convulsiones ni en revoluciones: se quiere la paz, se quiere la libertad, con la soberanía española como base. Sin eso, ni aun la autonomía más franca aceptaríamos6”.
Estas palabras hay que analizarlas en el contexto histórico a la altura de 1897 y como parte de su estrategia de lograr la autonomía para la isla. Es meritorio reseñar el énfasis que le otorga a destacar la actitud de aceptación de la soberanía española al punto de proclamar que sin ella no estaría en disposición de aceptar la autonomía anhelada. No había espacio en el discurso de Muñoz Rivera en 1897 para dejar dudas sobre su adhesión a la metrópoli. Llega incluso a señalar: “…ya nadie siente antojos separatistas. El país es español y lo será siempre…”7. Las ideas separatistas ahora se interponían en sus planes. Muñoz Rivera se enfrentaba al reto de dejar sin efecto la propaganda de sus adversarios políticos, quienes lo catalogaban como separatista con el propósito de desacreditarlo ante las autoridades españolas. Sus negociaciones con los líderes del Partido Liberal podrían verse afectadas con las acusaciones de ser separatista. Era importante mostrarle a España un Puerto Rico fiel, sumiso y en cierta medida dócil, incapaz de acudir a la rebelión. Así lo hace constar en otra carta dirigida a Antonio Maura el 14 de junio de 1897 donde al hacer énfasis en la naturaleza del pacto propuesto con los liberales dice: “Viniendo ustedes al poder y apoyándose en nosotros para administrar y regir en Puerto Rico, España no tendrá aquí ni un solo desafecto; quedará destruida la tendencia revolucionaria que existe en germen no más, y no habrá ni la sombra de un peligro en el porvenir. En eso estriba la importancia del trabajo en que pongo mi alma entera y en que 6 Bothwell González, Reece: Puerto Rico: cien años de lucha política, vol. II documentos varios 1869-1936, Río Piedras, Editorial Universitaria, 1979, p. 78. 7 Idem.
176 José A. Calderón Rivera me secunda ardorosamente el país liberal y democrático, que antes se llamó autonomista, que tuvo inclinaciones hacia la república y que hoy sirve con lealtad a la monarquía, bajo la dirección de ustedes8”.
Existen algunos aspectos en las declaraciones anteriores que reflejan la estrategia política de Muñoz Rivera en 1897. Primero es meritorio destacar su disposición para asegurarle a España la destrucción de la tendencia revolucionaria en Puerto Rico, claro, esto si a su partido se le diera la oportunidad de “administrar y regir a Puerto Rico”. De esta manera le indica a España cuan útil podía ser para la metrópoli otorgarle la autonomía a Puerto Rico y con ella poner la administración de la isla en manos del partido que él representa. Le indica, incluso, que en ese propósito estaba poniendo “su alma entera”. La alternativa era muy beneficiosa para España: con Muñoz Rivera y su partido en el poder en Puerto Rico no sólo se eliminaría cualquier amago de lucha revolucionaria en Puerto Rico en aquel momento histórico en que Cuba luchaba por su independencia, sino que se eliminaría su posibilidad futura. Se presentaba Muñoz Rivera como la alternativa para la permanencia de la soberanía española en la isla. Otro aspecto de mucha importancia se advierte de las declaraciones antes citadas. El Partido Autonomista de Puerto Rico se había proclamado siempre como favorecedor del ideal republicano y su liderato pensaba que de hacer algún acuerdo con un partido español, el mismo debía ser de tendencia republicana. Cuando surge la alternativa de pactar con un partido monárquico, gran parte del liderato autonomista se opone y provoca la división del organismo. Muñoz Rivera, sin embargo, había proclamado su disponibilidad a pactar con cualquier partido que le garantizara la autonomía a los puertorriqueños. En su célebre artículo titulado Ni republicanos ni monárquicos, puertorriqueños así lo había dispuesto9. En la carta dirigida a Antonio Maura vuelve a enfatizar en su disposición a pactar con los monárquicos, indicando que aun cuando el Partido en el pasado tuvo inclinaciones republicanas, en ese momento estaba dispuesto a servirle “con lealtad a la monarquía”. Su objetivo era lograr la autonomía de Puerto Rico y bajo esa empresa no existía espacio para aferrarse a ninguna ideología. 8 Bothwell González, Reece: Puerto Rico: cien años…, p. 81. 9 Muñoz Rivera, Luis: Obras completas: enero a septiembre de 1896, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1963, pp. 196–198.
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Puerto Rico como ejemplo para Cuba Por otro lado, junto con el envío de la carta a Antonio Maura, Muñoz Rivera envía otra carta el mismo día 14 de junio de 1897 a Germán Gamazo, otro importante líder del Partido Liberal en Madrid. En esa epístola ofrece otra razón a España por la cual debía otorgarle la autonomía a Puerto Rico. Le indica al señor Gamazo: “Si se establece una normalidad favorable al desarrollo de todas las aspiraciones legítimas en Puerto Rico, no quedarán desafectos a la Patria. Y de Puerto Rico irían a Cuba los alentadores ejemplos10”.
La autonomía de Puerto Rico era presentada como una estrategia para detener la guerra de independencia de Cuba. Los liberales españoles debían, de acuerdo a Muñoz Rivera, considerar que al otorgar la autonomía a Puerto Rico, los cubanos se sentirían inclinados a aspirar a la misma alternativa política y detendrían su lucha por la independencia. Con este análisis procuraba añadir otro elemento de juicio a favor de la autonomía de Puerto Rico. Su campaña a favor de su propuesta no se detenía. Esa idea de ver a Puerto Rico como ejemplo para Cuba dentro de la lucha revolucionaria fue compartida tanto por Cánovas como por Segismundo Moret. El señor Cánovas, semanas antes de morir, le había indicado a Moret que las gestiones de Luis Muñoz Rivera a favor de la unión de su partido con el Partido Liberal español eran un ejemplo dirigido a los cubanos11. Aparentemente, Muñoz Rivera había logrado convencer a Cánovas de los posibles efectos del progreso de las negociaciones de autonomía provenientes del pacto de los autonomistas puertorriqueños con la organización política dirigida por Sagasta en España. El propio Segismundo Moret, en carta dirigida a Muñoz Rivera durante el proceso de implantación de la autonomía a Puerto Rico, demuestra también su confianza en el significado que podría tener esta concepción política en el ánimo de los revolucionarios cubanos. En las instrucciones que le ofrece a Muñoz Rivera para que logre aglutinar las diferentes manifestaciones políticas del país en la organización de la propuesta autonomía, le indica: 10 Bothwell Gonzalez, Reece: Puerto Rico…, p. 83 11 Ibidem, p. 90.
178 José A. Calderón Rivera “Al contrario, tócale proceder con entera calma, abrir los brazos a los que fueron sus adversarios, olvidar generosamente cualquier acto pasado que pudiera trabajar su espíritu y predicando así con el ejemplo y llegando tranquilamente a la dirección de los negocios públicos, ofrecer a Cuba un ejemplo que sea saludable hasta el extremo; a la Patria, un consuelo y una satisfacción de que tiene gran necesidad; y al mundo entero una prueba de que la raza española en las colonias es capaz de los mayores triunfos y de los progresos más altos que la raza sajona ha realizado12”.
Estas expresiones merecen nuestro análisis. Se advierte primeramente la promesa a Muñoz Rivera de llegar a dirigir los “negocios públicos” en Puerto Rico, o sea la nueva fórmula política para Puerto Rico le brindaría oportunidad a los criollos de participar en la administración del país. Ante esa gran promesa debía ser agente de unión entre los sectores políticos fuera del Partido Liberal que él dirigía. Los planes de la metrópoli necesitaban de la unión de los puertorriqueños para llevarse a cabo. Lo cierto era que se consideraba a Puerto Rico como ejemplo para Cuba y en esa perspectiva se necesitaba proyectar a un Puerto Rico unido complacido con la autonomía a otorgarse. Ese ejemplo podía representar una gran diferencia en la lucha entre los cubanos y la metrópoli. Se apostaba a la posibilidad de que una autonomía de gran alcance pudiese satisfacer los deseos de libertad de los subversivos de La Habana. Podría representar un “consuelo” para una España que a la altura de 1897 se encontraba debilitada y deseosa de encontrar un final feliz a la situación cubana. La autonomía a ofrecerse a Puerto Rico sería ofrecida también a los cubanos y si el entusiasmo por esta fórmula de gobierno reinaba en la isla, podría también contagiar a su hermana mayor antillana. Otro factor de importancia se deduce de estas declaraciones de Moret. Su énfasis en darle un ejemplo al mundo y a la “raza sajona” indudablemente se dirigía a los Estados Unidos. La presión que los norteamericanos le estaban imponiendo a los españoles para que resolvieran el conflicto bélico en Cuba, era un indicio de que éstos pronto podrían intervenir en la guerra en detrimento de los intereses peninsulares. Puerto Rico jugaba un papel importante en el acontecer de la política de la metrópoli en sus últimas colonias americanas. Entre esa atmósfera de importantes decisiones políticas, se encontraba la 12 Ibidem, p. 91.
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figura de Luis Muñoz Rivera. La historia le colocaba en unas circunstancias que definitivamente supo aprovechar para su causa. El trabajo de Muñoz Rivera con su nuevo organismo político en la isla, no transcurría con facilidad. Tanto el sector autonomista que desde las primeras conversaciones se opuso a pactar con el Partido Liberal de España, como obviamente los incondicionales, no escatimaban en esfuerzos por impedir el progreso de sus planes. Ante esta campaña de descrédito le escribe a Moret una carta el 3 de septiembre de 1897 donde le pide su ayuda y respaldo. Le informa sobre la campaña de desconfianza elaborada por los incondicionales y los considerados por él como autonomistas disidentes o miembros del Partido Autonomista Ortodoxo, quienes podrían malograr el apoyo del pueblo puertorriqueño al Partido Liberal y con ello afectar el alcance del pacto entre los liberales criollos y los de la metrópoli. Informaba Muñoz Rivera: “Bien necesitamos, más de una vez, el auxilio de su palabra. Los incondicionales y los disidentes nos acosan sin tregua y afirman rotundamente que las promesas no se cumplirán y que cuando suban ustedes al poder, ocuparemos nosotros una posición muy difícil y muy desairada13”.
Estas expresiones tenían además de recabar el apoyo de los liberales en España, la función de recordarles la naturaleza del compromiso contraído con la causa autonomista puertorriqueña y pedir un espacio personal para su figura como líder del Partido Liberal en Puerto Rico. Es una especie de anticipo de lo que personalmente esperaba, pretendía una posición de valor en el gobierno, una especie de recompensa por su trabajo. No se conformaría con encontrarse en una posición difícil y desairada. En la misma carta se queja también de la hostilidad que el gobernador, general Marín, le profesaba: “El General Marín acentúa su hostilidad hacia nosotros”14, proclamaba. Su descontento con el gobernador Marín llega al extremo de sugerirle a Moret prescindir de Marín como gobernador de Puerto Rico y pedirle que una vez tomen el gobierno en España, consulten con él sobre los asuntos de gobierno de la isla. Sus palabras fueron realmente elocuentes: “De ahí sus enconos con el partido y, más aún, contra mí: enconos que podrían traer ciertas dificultades si al ocupar ustedes el gobierno, no 13 Ibidem, p. 85. 14 Idem
180 José A. Calderón Rivera enviaran, por cable, órdenes concretas de entenderse con nosotros, los primeros días y no se dispusiesen a enviarnos un gobernador en absoluto identificado con la nueva política15”.
Es obvio que Muñoz Rivera todavía no tenía una idea sobre el rol o el tipo de participación que la nueva fórmula le otorgaría al liderato puertorriqueño en el gobierno, pero se aseguraba de aspirar personalmente a ser parte del mismo. Reclamaba un protagonismo y adelantaba que de ser así, sería capaz de trabajar con las posibles dificultades que surgieran como parte del cambio previsto. Confiaba en su liderato y en su conocimiento de la política puertorriqueña como factores importantes para manejar la crisis que sin duda surgiría como parte de las aspiraciones políticas de los líderes de los otros partidos políticos de la isla. Tanto él personalmente, como el Partido Liberal, debían asumir el control de los sucesos alrededor de la implantación de un nuevo sistema de gobierno en Puerto Rico. Proceso que debía excluir a sus enemigos en la lucha política puertorriqueña. Práxedes Mateo Sagasta llega al poder en España Mientras tanto, el destino reforzó la confianza de Muñoz Rivera en las posibilidades que tenía el Partido Liberal de Sagasta de llegar al poder en España. El 8 de agosto Antonio Cánovas del Castillo, quien al momento dirigía el gobierno de turno, muere asesinado por un anarquista. El gobierno de Cánovas había proclamado una serie de reformas para el sistema colonial entre 1896 y 1897, pero las mismas en nada complacieron a los autonomistas puertorriqueños. Primero porque no representaban una verdadera conquista autonómica y segundo porque las mismas estaban condicionadas a que los cubanos detuviesen su guerra revolucionaria16. Como era de esperarse, esa condición no fue aceptada por los cubanos y la atmósfera de tensión política continuó tanto en Cuba como en Puerto Rico. La muerte de Cánovas representaba, sin embargo, una nueva posibilidad de cambios en ambas Antillas. En octubre, la reina regente llamó a Sagasta para que formara parte del gobierno de la metrópoli17. Este movimiento causó gran 15 Ibidem, pp. 85-86. 16 Scarano, Francisco A.: Puerto Rico: Cinco siglos de historia, San Juan, McGraw Hill, 1993, p. 540. 17 Ramos de Santiago, Carmen: Puerto Rico…, p. 35.
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satisfacción en Muñoz Rivera quien no perdió tiempo en escribir al nuevo presidente del Consejo con el propósito principal de recordarle el pacto que ambos habían contraído. Ésta es una de las cartas más importantes de la serie de epístolas escritas por Muñoz Rivera a los líderes del Partido Liberal en España durante el año 1897. El presidente del Partido Liberal de Puerto Rico utiliza este escrito como instrumento encaminado a adelantar sus esperanzas en lograr el camino hacia la autonomía. Después de su acostumbrado saludo de adulación, Muñoz Rivera le expresa a Sagasta cuan complacido se encuentra Puerto Rico con su nuevo rol en el gobierno español. Indica Muñoz Rivera: “La noticia de que la Reina llamaba a usted para formar ministerio, fue acogida ayer en el país liberal con júbilo extraordinario. Se prepararon manifestaciones públicas, y se confía en usted como en un salvador. Nunca vi a Puerto Rico poner tantas esperanzas en un gobierno18”.
Hay varios aspectos en las expresiones anteriores que merecen mucha atención. Primero, el uso del concepto “país liberal” para referirse a Puerto Rico como intento por presentarle a Sagasta un país sintonizado con su ideología política y como manera de expresarle el éxito alcanzado por su propaganda liberal. Es meritorio, además, observar cómo proclama al nuevo presidente del Consejo como el “salvador” de Puerto Rico. Le adjudica de esa manera una especie de presión psicológica para que trabajara a favor de la autonomía, medida que, de acuerdo con el ideario de Muñoz Rivera, constituía la salvación de la colonia, que aguardaba esperanzadamente por sus gestiones en el seno de la política metropolitana. Su estrategia se mantenía presta a sacarle provecho a su capacidad discursiva. Como parte de su agenda ideológica le advierte, no obstante, un peligro a Sagasta que era necesario evitar. El gobierno autonómico propuesto debía otorgarle autoridad a los liberales para intervenir en la administración del gobierno isleño, pero debía dejar fuera de esa ecuación a los incondicionales. A tales efectos se pronunciaba: “Una autonomía práctica planteada por incondicionales tendría la virtud de no satisfacer a ninguno de los elementos en que la opinión se divide y resultaría más que inútil, perniciosa19”. 18 Bothwell González, Reece: Puerto Rico: Cien años…, p. 90. 19 Idem.
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Era obvio que Muñoz Rivera tenía planes de asumir el mayor control posible sobre la fórmula de gobierno autonómico que finalmente se aprobase para Puerto Rico. Los incondicionales habían dominado hasta ese momento el escenario político de la isla y era hora de darle fin a esa etapa de dominio incondicional. Su propuesta de exclusión del sector incondicional del gobierno de la isla estaba justificada con la inconformidad que de acuerdo a su criterio prevalecería entre los criollos al verse dirigidos por los conservadores. Esa insatisfacción era peligrosa para España y Sagasta debía evitarla manteniendo marginados políticamente a los adversarios ideológicos de Muñoz Rivera. El turno de los incondicionales conservadores había pasado, ahora le tocaba a los autonomistas liberales tener protagonismo en el gobierno. Su análisis era simple: “Liberales con liberales, conservadores con conservadores”20. La autonomía exterminadora del germen de la rebeldía Otro aspecto de gran importancia encontrado en la carta bajo análisis es, una vez más, el uso de la estrategia de presentarse como elemento extintor del movimiento separatista en Puerto Rico. Insiste en exponer las ventajas de la autonomía como elemento contrario a las luchas separatistas: “Tal sistema hará de la isla un pedazo de la Metrópoli y matará los gérmenes de rebeldía que aún se manifiestan respecto a Puerto Rico, en París y en Nueva York21”.
Su insistencia en utilizar el movimiento independentista para justificar la autonomía continúa. Asegura que la autonomía tendría la virtud de “matar” o erradicar los movimientos a favor de la independencia de Puerto Rico establecidos en París y Nueva York, que obviamente representaban un peligro para España. Su análisis era sencillo, nosotros los autonomistas liberales podemos evitar que lo que ocurre en Cuba, ocurra también en Puerto Rico. Se refería a un significativo grupo de puertorriqueños radicados en la ciudad de Nueva York que había establecido vínculos con el Partido Revolucionario Cubano. El propio José Martí había abogado por la independencia de Puerto Rico. Es muy posible que el líder cubano pensara que la independencia 20 Idem. 21 Idem.
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de Cuba necesitaba de la independencia de Puerto Rico. Era lógico pensar también que el éxito de la revolución cubana podría afectarse si Puerto Rico se mantenía con España; la isla podría fácilmente ser utilizada como base para atacar a los cubanos, poniendo en riesgo así todo lo ganado22. Por otro lado, Ramón Emeterio Betances desde su exilio en París también abogaba por una intervención revolucionaria en Puerto Rico. Muñoz Rivera hace, con sus expresiones, un recordatorio a Sagasta del peligro existente mientras aprovecha la oportunidad para presentarse como el remedio ante tales circunstancias. Los planes de Muñoz Rivera de asumir el control del escenario político de Puerto Rico, no obstante, enfrentaron un pequeño escollo. Los incondicionales habían enviado un grupo de diputados a España para reunirse con Segismundo Moret, ahora Ministro de Ultramar. El grupo, en representación del Partido Incondicional de Puerto Rico, le brindó su apoyo a Moret y obviamente recabó su ayuda para ser incluido en los planes políticos futuros de la isla. Sabían que con la llegada al poder de Sagasta, las oportunidades de que se cumplieran los planes de Muñoz Rivera habían aumentado y estaban en riesgo no sólo de perder su posición privilegiada en la política puertorriqueña, sino, peor aún, ser excluidos de la misma. Aparentemente, los incondicionales lograron llamar la atención del ministro de Ultramar, por eso en la carta que dirigiera a Muñoz Rivera el 8 de octubre de 1897 le instaba a no dejar fuera de los planes de gobierno de la isla al sector incondicional al invitarle a: “… abrir los brazos a los que fueron sus adversarios, olvidar generosamente cualquier acto pasado que pudiera trabajar su espíritu…”23. Era claro que el gobierno español quería evitar luchas intestinas en el liderato puertorriqueño. Necesitaban transmitir una imagen de un Puerto Rico unido y complacido con la metrópoli para contrastarlo con la experiencia de lucha de los cubanos. Muñoz Rivera tenía que allanarse a ese propósito y dejar a un lado su enemistad con los incondicionales, sus intereses de poder personal no podían estar sobre los intereses del gobierno español. Mientras tanto, ya con Sagasta ocupando el gobierno, el Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas con el propósito de influir en el ánimo de guerra de los cubanos. Las medidas consistían en tres decretos encaminados a crear un gobierno autonómico en Cuba y en 22 Scarano, Francisco A.: Puerto Rico: Cinco…, p. 531. 23 Bothweel González, Reece: Puerto Rico: Cien años…, p. 91.
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Puerto Rico. Uno de ellos consistía en la otorgación de la llamada carta Autonómica. Este documento fue trabajado con la intención de aplacar a los rebeldes cubanos y servía, además, como instrumento frente a las cada vez mayores amenazas de los norteamericanos. La reina regente no tardó en promulgar, el 25 de noviembre de 1897, la nueva fórmula autonómica para Cuba y Puerto Rico, medida casi de desesperación ante las difíciles circunstancias en las cuales se encontraba el gobierno español en Cuba24. Las fuerzas históricas determinaban el curso a seguir de la metrópoli y Puerto Rico se beneficiaba directamente de las mismas. El triunfo de Muñoz Rivera: al fin llega la autonomía Como parte del proceso de instauración del gobierno autonómico en la isla, se le envían instrucciones al gobernador Sabas Marín para que reúna los líderes principales de la isla. El gobernador cita a reunión el 30 de noviembre a los presidentes del Partido Conservador y del Partido Liberal. En esta ocasión Muñoz Rivera fue recibido muy atentamente por el gobernador en marcado contraste con la animosidad que en años anteriores le había demostrado. Especificaba en esta reunión el gobernador que había recibido instrucciones cablegráficas de parte de Sagasta tanto para los dirigentes conservadores como para los liberales25. Recordemos que de esa misma manera lo había pedido Muñoz Rivera a Moret en su carta del 3 de septiembre de 1897, ya citada anteriormente, donde le señalaba lo difícil que serían las cosas: “si al ocupar ustedes el gobierno, no enviaran, por cable, órdenes concretas de entenderse con nosotros”. Como parte del encargo del ministro español, el gobernador Marín se dirige al líder del Partido Conservador de la manera siguiente: “… tengo que cumplir el encargo de mi gobierno, señor Conde de Viana, y doy a usted las más expresivas gracias por todas sus bondades para conmigo. Desde que llegué a Puerto Rico para ocupar este cargo de gobernador, usted me ha ayudado con sus consejos; pero desde esta fecha tendré que pedírselos al señor Luis Muñoz Rivera, como presidente del Partido Liberal26”. 24 Scarano, Francisco A.: Puerto Rico: Cinco…, pp. 540-541. 25 Bothwell González, Reece: Puerto Rico: Cien años…, p. 95. 26 Idem.
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Las preferencias del gobernador Marín se habían identificado siempre con los incondicionales conservadores, pero el funcionario, ante el reclamo del ministro español, no podía hacer otra cosa que comenzar a considerar las recomendaciones de Muñoz Rivera. Si bien es cierto que a Muñoz Rivera, a su vez, se le había instruido para que no excluyera a los conservadores, era evidente que su activismo político había rendido frutos. El gobernador Marín, en esa misma reunión, y después de despachar a los conservadores, le lee a Muñoz Rivera el contenido de otros cablegramas incluyendo el que contenía el Artículo Transitorio del Decreto de Autonomía. Se enteraba el líder liberal directamente, y de manera privilegiada, de la legitimación de la fórmula de gobierno por la que tanto tiempo había esperado. Le pide además el gobernador una lista de nombres para ocupar las posiciones políticas que pronto surgirían; había comenzado Muñoz Rivera a participar del poder político por el cual había venido luchando. Muñoz Rivera es entonces incluido en el proceso de transición hacia el gobierno autonómico, gobierno del cual llegaría a ser presidente del Gabinete de Gobierno y secretario de Gobernación, honores máximos a los que podría aspirar el liderato criollo bajo la nueva forma de gobierno. El futuro lucía halagador, el gobierno autonómico se presentaba como una conquista importante en sus planes de desarrollar una evolución hacia el gobierno propio de la isla. El año de 1897 había marcado una etapa importante en su agenda política. Finalizaba el año con una gran conquista que le representaba a su vez una gran victoria sobre sus adversarios políticos, tanto contra los autonomistas que se apartaron de su partido para fundar el Partido Puro u Ortodoxo, como contra los Conservadores incondicionales. Había ganado una gran batalla, pero no tenía idea de que a partir de 1898 comenzaba realmente su verdadera guerra. La historia le reservaba otra nueva lucha, esta vez contra un nuevo imperio.
RELACIONES IGLESIA Y ESTADO EN LA CUBA PRERREVOLUCIONARIA Ángel Luis Vélez Oyola Universidad Interamericana, Puerto Rico [email protected]
“Hice un acuerdo con la coexistencia pacífica con el tiempo. Ni él me persigue ni yo huyo de él; algún día nos encontraremos.” Mario Logo
En una época que ya nos parece lejana (1983), la editorial Progreso de Moscú publicó en español La Religión y la Iglesia en el Estado Soviético, de Vladimir Kuroiedov; un texto que daba la impresión de que todo marchaba bien en las relaciones entre la religión y el régimen socialista en el estado multinacional conocido entonces como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Dieciséis años atrás (1967) se había publicado en traducción al inglés Christians in Contemporary Russia (Londres, Harvill Press), que apareció originalmente en francés en 1963. Su autor, Nikita Struve, nos preparó con sus enjundiosos capítulos y amplios apéndices para una visión mucho más realista de las relaciones entre las iglesias cristianas, otras religiones y el estado soviético. De la misma manera que acudir a las historias oficiales de las diferentes iglesias y movimientos religiosos es un ejercicio frustrante para quienes prefieren el rigor de una investigación sin cortapisas, el leer algunos trabajos relacionados con la Cuba de hoy nos obliga a preferir el camino de Struve, como ya hemos mencionado. Sin adoptar actitudes extremas o faltar a la justicia, en cuestiones como la que veremos, siempre es preferible la crítica a la propaganda
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de obras cuyo título es suficiente para evidenciarlo como La Religión en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Verdad e Invenciones (Moscú, Editorial Naúka/Academia de Ciencias, 1986), que resulta sin embargo útil por describir minuciosamente el sistema de reconocimiento por parte del Estado de grupos y asociaciones religiosas. Steve Durasoff, con su The Russian Protestants 1944-1964 (Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 1969) y Michael Bourdeaux con sus muchos libros sobre el tema, entre ellos The Gospel’s Triumph Over Communism (Minneapolis, Bethany, 1991), ofrecen ángulos especializados que deben considerarse aunque algunas de sus conclusiones no puedan ser aceptadas fácilmente, algunas por su liberalismo y otras por su excesivo ataque a otras denominaciones. Durasoff seleccionó para su investigación una familia de tradiciones confesionales en particular, el protestantismo evangélico, mientras que Bourdeaux continúa su lucha contra la persecución religiosa. Ahora bien, ni siquiera en países como Estados Unidos, con una tradición de separación entre Iglesia y Estado y de libertad religiosa que se remonta a los primeros años de independencia, podemos hablar de una ausencia total de confrontaciones y problemas como, por ejemplo, la intromisión en la Educación, la libertad de credo y la secularización en el seno familiar. Estamos refiriéndonos al fenómeno universal de la libertad de credo y de conciencia religiosa que ha sido atendido en algunas geografías más que en otras, dependiendo de las libertades y la madurez de los países desarrollados y subdesarrollados, pero que puede presentarse en cualquiera de ellas. La cuestión cubana El doctor José Antolín del Cueto refería en el prólogo de un libro, Legislación vigente sobre capellanías Colativas en Cuba, de Pedro Martínez, lo siguiente: “… los lamentables errores en que han incurrido por parte de los funcionarios de la Administración pública, en perjuicio de la Iglesia, que son para reprobar las perniciosas medidas revolucionarias dictadas en odio y aversión de la Iglesia…”1 1 La Habana, 1916. Las palabras del eminente jurisconsulto cubano pudieran servir como una brevísima introducción a las confrontaciones Iglesia/Estado en Cuba en el periodo 19592003.
Relaciones Iglesia y Estado en la Cuba prerrevolucionaria
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Curiosamente, no se refería a la Cuba de nuestro tiempo sino a la política “revolucionaria” de los gobiernos liberales españoles en el período colonial y a las primeras administraciones republicanas. Para los especialistas, no sería difícil identificar problemas anteriores. No es posible escribir acerca de historia de Cuba sin tener en cuenta que la Iglesia estuvo unida al Estado durante el período que va desde principios del siglo XVI hasta finales del XIX2, cuando la ocupación militar de Estados Unidos le puso punto final. La influencia norteamericana en la historia cubana era evidente desde principios de aquel siglo, pero culminó con la intervención militar que siguió a la derrota española en la Guerra Hispano-CubanoAmericana de 18983, fecha en la cual no sólo fue separada, por decreto de los interventores, la Iglesia del Estado sino que se implantó una amplia libertad religiosa que duraría hasta la década de 1960 en la que fue reemplazada, primero, por una simple tolerancia de hecho al proclamarse el carácter oficial del marxismoleninismo como ideología del Estado en 1961; y después, por una libertad de cultos nominal (no una plena libertad religiosa) en la Constitución socialista de 1976 (a pesar de que no se extendió a todos los cultos, muchos de ellos imposibilitados de legalizarse o de entrar formalmente en el país). Finalmente, se produjo la proclamación constitucional, en 1992, de un estado laico que reemplazó al ateo sin que esto condujera inmediatamente a abrir por completo el país a toda manifestación religiosa ya que continúa en manos del gobierno determinar qué grupos religiosos y hasta qué punto pueden éstos desarrollar sus actividades. Es necesario, sin embargo, llegar a las raíces del estudio de esta situación y encontrarlas en la Cuba española. Existían entonces arreglos especiales para regir la relación entre la corona de España y sus colonias y provincias de ultramar como Cuba. Como ha señalado el historiador alemán especializado en América Latina Hans-Jürgen Prien: “Fernando de Aragón concibió la iglesia de América como una organización religioso-política según el mismo plan aplicado en el reino de Granada, conquistado en 1492”4 y el notable historiador 2 Lopetegui, León S. J.- Zubillaga, Félix S. J: Historia de la Iglesia en España: Desde el Descubrimiento hasta comienzo del siglo XIX: México. América Central. Antillas, Madrid, 1965, pp. 451-485. 3 Pan-Montojo, Juan (Coord.): Más se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, 1998. 4 Prien, Hans-Jürgen: “Religión y Política en América”, Anuario de Estudios Religiosos, vol. V, Miami, 1997, pp. 10-13.
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argentino Enrique D. Dussel señala que la organización eclesiástica tuvo en parte una función preparatoria de la organización estatal. Dussel nos recuerda también que “la Iglesia estaba ligada a la corona de Portugal y España por la debilidad de los Romanos Pontífices de esa época, y por la política absolutista de los reyes hispánicos”5. No deben extrañar las raíces medievales del “Patronato” hispánico que regía las relaciones Iglesia/Estado y que lógicamente determinó gran parte de la situación en el Nuevo Mundo. El reconocido Frank Tannenbaum nos ofrece un resumen apropiado de este asunto: “Con el tiempo, el Patronato se convirtió en una demanda de control sobre la Iglesia, hasta hacerla subordinada al poder civil. A partir de entonces, la Iglesia no tenía libertad, ya sea de construir una catedral, determinar los límites de una parroquia, nominar a un sacerdote a una iglesia rural, cobrar los diezmos o publicar una Bula Papal sin el consentimiento del rey”6. Como ejemplo clásico, nos recuerda que a mediados del siglo XVIII Carlos III expulsó a los jesuitas de sus colonias americanas sin ni siquiera avisar por anticipado a la orden. La llegada de la independencia cambió el ambiente en aspectos fundamentales, creando toda una nueva dinámica y originando graves confrontaciones con la jerarquía eclesiástica por las designaciones de obispos y por cuestiones de concordato en la época de los libertadores hasta el dramático período iniciado en México en tiempos de Juárez con la aplicación de las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857; y en Colombia con la política abiertamente anticlerical de José Hilario López (18481853), amplificada por su sucesor Tomás Cipriano de Mosquera hasta su derrocamiento en 1867. Mientras eso sucedía en México y Colombia y se iban preparando acontecimientos parecidos en Guatemala y otros países, se produjo una situación muy diferente con la república teocrática impuesta en Ecuador durante la presidencia de Gabriel García Moreno (18591875). La unión entre la Iglesia y el Estado duraría en la región hasta la consolidación de los regímenes liberales, algo avanzado el siglo XIX o principios del XX, lo cual crearía nuevos enfrentamientos entre ambas instituciones con la eventual separación de jurisdicciones que hoy prevalece en casi todas partes. 5 Dussel, Enrique D.: “Relaciones Peligrosas”, Revista Horizonte, vol. VII, Hialeah, 1990, p. 7. 6 Tannenbaum, Frank: Ten Keys to Latin American, New York, 1960, p. 88.
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Con el establecimiento y gradual difusión de iglesias protestantes en toda la geografía americana –fenómeno de mediados y finales del siglo XIX, pero intensificado en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en las últimas décadas del mismo–, la situación se haría mucho más compleja al terminar cualquier pretensión de exclusividad en un continente en proceso de adopción de un claro pluralismo religioso. La Cuba de hoy es un ejemplo claro de esa situación ya que en ella ni siquiera existe una mayoría absoluta de la población inclinada a una sola manifestación religiosa en particular. Antecedentes coloniales Acudamos a cierto orden cronológico con relación a Cuba. En el siglo XVI el padre Bartolomé de Las Casas y otros clérigos beneméritos criticaron a los encomenderos que explotaban a los indios. No todos sus colegas lo hicieron. Por otra parte, algunos obispos hasta solicitaron la ayuda de las autoridades para enfrentar el problema de las relaciones comerciales de algunos sacerdotes católicos con bucaneros y filibusteros protestantes extranjeros. Fueron muchos los conflictos entre los funcionarios coloniales y el clero por toda una variedad de cuestiones, pero se respetó la condición oficial del catolicismo romano. Por citar un caso dramático, el obispo fray Alonso Henríquez de Toledo y Armendáriz (1611-1623), ante un conflicto sobre un permiso para construir el Convento de San Agustín, negado por el gobernador Ruiz de Pereda, excomulgó a este último (1614). En ningún momento las críticas y denuncias hechas por gobernantes seculares a los obispos, o por estos últimos en relación con los abusos de los primeros, desentonaban con situaciones similares o parecidas en otras regiones del Nuevo Mundo. Más adelante, con la breve dominación británica de Cuba Occidental, el obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz (1753-1768), uno de nuestros primeros historiadores, fue expulsado del país por el Conde de Albemarle, gobernador inglés en la isla (1762-1763) y hermano de un obispo anglicano. Morell estaba en contra de ciertas medidas que en la época se aplicaban en las plazas ocupadas y que en el caso cubano incluían la utilización del Convento de San Francisco, ubicado en la ciudad de La Habana, como iglesia protestante a cargo del reverendo Buckner, capellán británico. Morell no lo pudo impedir
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y viajó a la Florida, donde permaneció hasta terminar la ocupación británica en 17637. Una expulsión muy diferente a la anterior, en este caso la de los jesuitas de los dominios españoles, fue decidida en una sesión del Real Consejo el 27 de enero de 1767, pero se mantuvo en secreto hasta abril de ese mismo año. La aplicación de las disposiciones de Carlos III, por real decreto de 27 de febrero, comenzó de manera anticipada el 31 de marzo en la Corte hispana, mientras que en Cuba se inició en junio. Esta expulsión puede considerarse como uno de los más importantes acontecimientos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVIII cubano. La ciudad de La Habana sirvió de punto de concentración para la expulsión de los jesuitas de América, destinados a los Estados Pontificios. Vemos que años después, para el 7 de agosto de 1814, y mediante la bula “Sollicitudo Omnim Ecclesiarum”, el Papa Pío VII restablece la Compañía de Jesús en toda la Iglesia8. Para la fecha del 29 de abril, Fernando VII ordena el restablecimiento de la orden en España. Más adelante, el 25 de septiembre de ese mismo año, el ayuntamiento habanero solicita al rey permiso para establecer un colegio de jesuitas. Sin embargo, el 14 de agosto de 1820, el gobierno liberal, después de imponer la Constitución de Cádiz, suprime la Compañía de Jesús, pero, al restablecer su poder absoluto, Fernando VII anula a partir del primero de octubre de 1823 las leyes dictadas por los liberales constitucionalistas. Retomando los mismos inicios del siglo XIX, en su biografía del ilustre obispo de La Habana, el español don Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, Miguel Figueroa y Miranda señala lo siguiente: “Para cubrir la vacante del trono episcopal de La Habana, producida en el último año del siglo XVIII por la muerte de Felipe José Trespalacios, presentó Carlos IV, con Real Orden de 3 de mayo de 1800, haciendo uso de las prerrogativas que el Real Patronato concedía a los Reyes de España sobre todas las iglesias de sus dominios, la candidatura del más extraordinario y contradictorio de los hombres que hasta entonces habían ceñido la mitra en la Isla de Cuba”9. 7 García del Pino, César:Vida de Agustín Morell de Santa Cruz, La Habana, 1985. 8 Von Ranke, Leopold: Historia de los Papas (7ª ed.) México. D. F., 1997, pp. 577-581. 9 Conferencia del profesor Marcos Antonio Ramos en la Trinity International University de Ilinois titulada “Los primeros obispos habaneros: reacción política”, dictada en mayo 1997. Citada en Obispo Espada: Ilustración, Reforma y Antiesclavismo, editado por Eduardo Torres Cuevas, La Habana, 1990.
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La diócesis de San Cristóbal de La Habana fue creada por Decreto Pontificio de Pío VI el 10 de septiembre de 1787 mientras que Santiago de Cuba mantenía su condición de primada10. En realidad, el Consejo de Indias preparaba esta división de la diócesis cubana desde 1786. El primer obispo de la capital fue monseñor Felipe José de Trespalacios y Verdeja, hasta entonces obispo de San Juan de Puerto Rico. Espada, el segundo obispo habanero, sería el gran inspirador y protector de los presbíteros José Agustín Caballero y Félix Varela, forjadores de la nacionalidad cubana, pero vivió en constante tensión, a veces con el Gobierno, a veces con la propia Iglesia, logrando sin embargo dejar una huella impresionante en el país11. Entre las numerosas contribuciones realizadas por los españoles a Cuba debe figurar siempre, en primerísimo plano, las realizadas por el obispo Espada. Como figura de mayor reconocimiento de la Iglesia en Cuba, monseñor Espada tuvo que enfrentar críticas por parte de ciertos elementos que le culpaban por haber dado un gran apoyo al presbítero Varela y a otros cubanos poco fiables para el régimen colonial. El arzobispo de Santiago de Cuba, don Joaquín Osés y Alzúa envió al gobierno de Madrid en 1823, un documento acusatorio, atribuyéndole al obispo habanero ideas antirreligiosas, a la vez que lo acusaba ante la Curia Romana de ser partidario del Concilio de Pistoya, condenado por la Iglesia Romana. El historiador cubano Eduardo Torres-Cuevas señala cómo una serie de anónimos acusaban a Espada de “hereje, antirreligioso, cismático, revolucionario, constitucionalista, independentista… perturbador de la tranquilidad…”12. Las exageraciones eran evidentes. El prelado fue acusado hasta de introducir la masonería en el país y de conspirar por la independencia, por no mencionar otras acusaciones morales, pero con un trasfondo político que señalan los mejores investigadores. Curiosamente, Torres-Cuevas y otros historiadores señalan cómo el Gran Maestro de la masonería de Cuba en ese período, 10 Von Ranke, Leopold: Historia de…, p. 574. 11 Fuente documental José Agustín Caballero y Félix Varela, Archivo Colegio Belén en Miami. De igual forma véase Archivo Histórico de San Agustín en Florida. Sección Hispana. Legajos Varela. La biografía clásica Vida del Presbítero Don Félix Varela, publicada originalmente en 1878, ha sido reeditada por Editorial Cubana de Miami en 2002 con prólogo de Marcos Antonio Ramos, y puede consultarse también el importante trabajo de Antonio Hernández Varela El Padre Varela: Biografía del Forjador de la Conciencia Cubana (La Habana, Jesús Montero, 1949). 12 Torres Cuevas, Eduardo: “Impresiones de un historiador cubano”, Revista Belén, vol. XX, Miami, 1991, p. 3.
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conde de O’Reilly, se expresó claramente como enemigo de Espada. Con gran habilidad, el obispo habanero logró evitar comparecer ante las autoridades de Madrid y Roma y murió en pleno ejercicio de sus funciones episcopales en La Habana en 1832. A pesar de las acusaciones de masonería que algunos le hacían, monseñor Espada, en relación con la real orden promulgada el 15 de enero de 1826, en la que se combatía a sociedades secretas como la francmasonería, dirigió una Carta Pastoral a los párrocos de la diócesis habanera advirtiendo sobre la posible existencia en el país de ese tipo de sociedades13. La masonería sería en el futuro un factor importante en las relaciones Iglesia/Estado por una serie de razones, entre otras por su insistencia en la separación entre ambas jurisdicciones. La Logia Militar número 218, fundada en 1750 con Carta Patente otorgada por la Gran Logia de Irlanda, estaba representada en el Regimiento de Infantería Británico número 48 que desembarcó en La Habana en 1762 y que causaría gran impacto por sus diferencias con la población isleña. Una logia masónica funcionó durante la dominación inglesa, probablemente en la iglesia de San Isidro o en el convento de San Francisco, utilizados también por los británicos para servicios anglicanos durante todo ese período. Esta presencia masónica fue de corta duración. Otra Logia que llegaría a las costas de Cuba en 1802 era la Gran Logia de Pennsylvania, que concedió una Carta Dispensa14 para constituir una logia masónica permanente en La Habana. Otra fuente señala en 1804 la consagración de la Logia “Templo de las Virtudes Teologales”, formando a partir de esa fecha una serie de logias masónicas en La Habana, Santiago de Cuba y otros lugares. La figura de mayor prestigio en esa fraternidad, que va desarrollándose en el país, fue como ya mencionamos Pedro Pablo O’Reilly, que ostentaba el título de Segundo Conde de ese apellido15. El primer Cuerpo Masónico que agrupó bajo su autoridad a logias masónicas en Cuba se constituyó en 1818 con el nombre de Gran Logia Española de Francmasones Aceptados del Antiguo Rito 13 Figueroa y Miranda, Miguel: Religión y Política en la Cuba del Siglo XIX: El Obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos: 1802-1832, Miami, 1975. 14 Ferrer Benimeli, José Antonio: La Masonería, Madrid, 2002, p. 240. En este texto se define que en el mundo masónico carta es un Título de Constitución dado por una obediencia a una logia y que garantiza su regularidad. 15 Vélez Oyola, Ángel L.: Formación y Desarrollo de la Educación Ecuménica en Cuba, Tesis Doctoral de Graduate Theological Foundation, Oxford, 2003, p. 12.
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de York, cambiando de nombre en 1820. Por otra parte, en 1822 funcionaba en Cuba el Gran Oriente Territorial Español-Americano bajo la obediencia del Gran Oriente Nacional de España y se declaró independiente de la masonería española el 7 de septiembre de ese mismo año. Los dos cuerpos masónicos se unificaron el 11 de octubre de 1822 adoptando el nombre de Gran Logia Española de Rito Antiguo y Aceptados Masones de York, con O’Reilly como Gran Maestro. Para el último tercio del siglo XIX funcionaban en Cuba alrededor de doscientos organismos masónicos de obediencia española. El historiador José Manuel Castellano Gil, que ha aportado una obra fundamental al estudio de la masonería española, ofrece la opinión de historiógrafos masónicos cubanos que hacen énfasis en la lucha independentista del masón Román de la Luz y su proyecto de revolución separatista en la primera década del siglo XIX, en la conspiración de “Soles y Rayos de Bolívar” (1823) con apoyo masónico, como lo indica la participación del masón José Francisco Lemus, y añade: “…la iniciativa y constitución por masones de la Junta Promotora de la Libertad Cubana, la Gran Legión del Águila Negra, el Consejo Cubano y el Club de La Habana para culminar todo el proceso con la creación del Gran Oriente de Cuba y las Antillas, en 1862, que es presentado por los masonólogos cubanos como el instrumento cultural y filosófico orientado, esencialmente, a lograr la independencia de la Isla”.
Según el propio Castellano Gil: “La división masónica de Cuba entre obediencias españolas y específicamente cubanas se ha intentado explicar en relación a connotaciones políticas”. De acuerdo con este estudioso “la participación de determinados masones en la lucha en favor de la independencia de Cuba no es un criterio válido para catalogar a toda una Institución como independentista”. Aun así, debe reconocerse que esta masonería desde la primera etapa de su formación es una masonería plenamente identificada con las diferentes posiciones políticas y sociales en la isla. Connotados masones de descendencia cubana participarían en actividades favorables al gobierno constitucional e incluso favorecieron la causa separatista. No puede escribirse la historia de Cuba sin señalar la participación de masones tan famosos como Narciso López –líder de los primeros desembarcos significativos de tropas separatistas–, Carlos Manuel de Céspedes –el Padre de la Patria–, y José Martí –el Apóstol de la
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Independencia–, miembros todos ellos de una interminable lista de masones. Entre ellos estaban también la mayoría de los organizadores del levantamiento del 10 de octubre de 1868. Varios historiadores cubanos importantes han señalado la reunión ritual masónica conocida como “La Convención de Tirsán” como la que preparó realmente dicho histórico alzamiento. Independientemente de que hayan existido varias etapas en las relaciones entre masonería y catolicismo, muy diferentes a las más amistosas de los protestantes históricos y la institución fraternal, muchos masones que lucharon por la independencia se consideraban también cristianos católicos, y algunos cristianos protestantes. Lo que no puede olvidarse al considerarse el tema Iglesia/Estado es que los masones, aliados coyunturalmente a protestantes y a algunos partidos políticos, encabezaron en cierta forma la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado en Cuba. Las confrontaciones entre masonería e Iglesia, con ciertas connotaciones relacionadas con el Estado cubano, serían frecuentes, aunque no demasiado comparables a las de otras regiones americanas16. El hecho de que un prominente sacerdote, el padre Varela, fuera diputado a Cortes en España causó, en la tercera década del siglo XIX, una serie de complicaciones Iglesia/Estado. Ya en el período de los primeros intentos independentistas, a partir de 1808, la figura más reacia a cualquier concesión a los cubanos la encarnaba un sacerdote español: Tomás Gutiérrez de Piñeres, opuesto incluso a políticas nada sospechosas de separatismo, como las del ilustre cubano Francisco de Arango y Parreño, que ocupó altos cargos en Cuba y en España. De la misma manera, el pensamiento independiente y reformista del Padre José Agustín Caballero y de su colega Félix Varela, y sobre todo la actuación de este último en las Cortes españolas hizo que todo un gran sector conservador de la Iglesia, aliado al sector más reaccionario de los partidarios del rey Fernando VII, 16 El tema masónico ha sido atendido por toda una bibliografía cubana a la que se ha añadido recientemente La Masonería Española en Cuba del ya mencionado historiador Castellano Gil (Centro de la Cultura Popular Canaria, 1996). De igual forma las obras monumentales de José Antonio Ferrer Benimeli, La Masonería en la historia de España, Zaragoza, 1985; La Masonería en la España siglo XIX, Valladolid; Masonería, Política y Sociedad, Zaragoza, 1989 (2 tomos); Masonería, revolución y reacción, Alicante, 1990; Masonería española y América, Zaragoza, 1993 (2 tomos); La Masonería en la España del siglo XX, Toledo, 1996 (2 tomos); La Masonería Española y la crisis colonial del 98, Zaragoza, 1999 (2 tomos).
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se movilizara en contra de cualquier aspiración reformista y mucho más contra la figura de Varela, a quien se envió al destierro en 182317. Las relaciones Iglesia/Estado no eran tan marcadas en los casos anteriores por el hecho de que figuras como Varela no tenían más apoyo que el que podía ofrecerle por un tiempo y en ciertas circunstancias el prominente obispo Espada, mientras que Gutiérrez de Piñeres estaba apoyado en el sector más conservador de la Iglesia y el Estado. Llegarían situaciones de verdadera dificultad y de otra naturaleza. Las expropiaciones de propiedades eclesiásticas en época de gobernantes liberales españoles como el capitán general Miguel Tacón, en las primeras décadas del siglo XIX, son estudiadas minuciosamente en Cuba: economía y sociedad de Leví Marrero, uno de los más destacados historiadores e intelectuales cubanos. Este episodio, sólo comparable a las “nacionalizaciones” (expropiaciones) de escuelas privadas realizadas por el gobierno revolucionario en 1961, es descrito por otro de los maestros de la historiografía cubana, Herminio Portell-Vilá: “Los mencionados bienes estaban constituidos por ciertas propiedades que el gobierno español había confiscado de 1837 a 1841 y por las cuales España había convenido en pagar alquileres a partir del concordato de 1861 con la Santa Sede. En tal virtud, de 1861 a 1899 las cajas de Cuba habían pagado al clero, por alquileres, la enorme suma de 21 millones de pesos, o sea, más del valor de los bienes”18. Esta última opinión es rebatida, entre otros, por el profesor Salvador Larrúa Guedes, historiador y profesor habanero, quien hace esta observación: “Los que asumen esta postura olvidan por completo, o tal vez quieren olvidar, que la Iglesia había mantenido por muchísimos años y todavía mantenía funcionando numerosas instituciones de beneficencia, colegios y servicios sociales que no representaban ningún tipo de gasto ni para el tesoro de la isla ni para los particulares…”
Otros acontecimientos, con raíces peninsulares19, provocaron la grave crisis ocurrida en la archidiócesis de Santiago de Cuba, vacante entre 1836 y 1851, por la salida del arzobispo don Cirilo Alameda, acusado de carlista. 17 Félix Varela era presbítero y se refugió en San Agustín, en donde fue una de las figuras más importantes y destacadas de la época. Su obra más importante fue El Habanero. 18 Marrero, Levi: Cuba: Economía y Sociedad. s.l., s.f. p. 83. 19 Larrúa Guedes, Salvador: Historia de la Orden de Predicadores en la Isla de Cuba, La Habana, 1998, p. 105.
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El obispo designado para esa sede, don Antonio María Claret (1851-1859), se enfrentó a importantes elementos de la sociedad y a los gobernadores, y mantuvo una posición contraria a la discriminación racial y al concubinato prevaleciente en muchos sectores, e incluso apoyó los matrimonios interraciales para poner punto final a la anterior situación, siendo víctima de un atentado. Con el tiempo, monseñor Claret sería confesor de la reina Isabel II de España y sería elevado a los altares católicos. El 16 de marzo de 1851, y después de largas negociaciones que duraron al menos seis años, el gobierno español de la reina Isabel II firmó con la Santa Sede un nuevo Concordato (el tercero) para regir las relaciones Iglesia/Estado. Como hemos visto, en la primera parte de su reinado, bajo influencia de políticos liberales, se habían llevado a cabo expropiaciones de propiedades de la Iglesia. Durante el fecundo episcopado cubano de Claret, en el cual también se manifestó su condición de partidario de la dominación española, fallecía en Estados Unidos (1853), desterrado por España, el presbítero cubano Félix Varela, que había tenido el valor de expresar libremente sus opiniones independentistas a pesar de la oposición de la Iglesia y en cuya vida, dentro y fuera de Cuba, se manifestaron las complicaciones originadas por la estrecha relación entre jerarquía eclesiástica, sistema colonial y gobierno peninsular, detalles éstos que impidieron que ascendiera aún más en su brillante y generoso ministerio pastoral durante el exilio norteamericano. Por oponerse a las constantes ejecuciones impuestas por algunos gobernadores coloniales un ilustre español, el obispo habanero don Jacinto María Martínez Sáez (1865-1873), fue deportado en 1869. Al intentar regresar a Cuba, después de participar en el Concilio Vaticano I (1870)20 y de una breve permanencia en Roma y el sur de Francia, le fue impedida la entrada a La Habana el 12 de abril de 1873 por el Cuerpo de Voluntarios de esa ciudad y una multitud intransigente. Su fidelidad a España, que era real, no le impidió ponerse al lado de cubanos y españoles sometidos a condiciones ignominiosas. En este sentido, uno de los ejecutados en el país había sido el padre Francisco Esquembre y Guzmán, acusado de traición. Otros sacerdotes patrio20 Cárcel, Vicente: Historia de la Iglesia. III. La Iglesia en la Época Contemporánea. Madrid, 1999, p. 155. El Vaticano I comenzó con el pontificado de Pío IX con el propósito de la restauración general de la sociedad cristiana, poniendo en evidencia, frente al laicismo imperante, la corrupción causada por el pecado original y la necesidad de ayuda sobrenatural.
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tas, partidarios de la independencia, fueron castigados por la Iglesia o bien deportados por el gobierno colonial. Ese mismo año de 1873 se produjo el llamado “Cisma de Santiago” al nombrar como arzobispo de esa sede, sin aprobación papal, al sacerdote don Pedro Llorente y Miguel, chantre de la catedral santiaguera, impuesto por el gobierno colonial pero excomulgado por la Santa Sede. Se trataba de una de las complicaciones experimentadas en los nombramientos durante el período de la Primera República Española y el breve gobierno de Amadeo I de Saboya. El rey había ordenado al “Ilustrísimo Presidente y Cabildo” de la Catedral de Santiago de Cuba, por real cédula de 11 de agosto de 1872, que dejasen gobernar la Arquidiócesis al presbítero Llorente, lo cual provocó un conflicto entre el Cabildo Metropolitano y un gran sector del clero favorable a Llorente, apoyado además por el Gobierno Civil. El Cabildo había designado al padre José Orbera Carrión como vicario y gobernador de la mitra, pendiente de nombramiento de un nuevo obispo. Bajo presiones y maniobras en la votación se logró finalmente la aprobación del Cabildo, permitiéndole a Llorente ejercer funciones. Varios clérigos fueron detenidos por la autoridad civil, pero eventualmente la marea cambió de dirección y Llorente fue removido, así como sus partidarios, considerados como “sacerdotes cismáticos”. Este incidente también debe destacarse como un grave conflicto entre las jurisdicciones civil y eclesiástica. El cisma Orbera-Llorente puso en evidencia la vigencia del Patronato Regio a mediados del siglo XIX. Iglesia y Estado en las guerras de independencia Como ya hemos señalado, durante las guerras de independencia, varios sacerdotes patriotas fueron hostigados por buena parte del clero español: algunos perdieron la vida durante la guerra, otros fueron ejecutados, otros fueron castigados por las autoridades de la Iglesia cubana… En cualquier caso, a pesar del integrismo de la jerarquía, se produjeron tensiones entre la Iglesia y el Estado, sobre todo en el caso del clero católico por la relación existente entre ambas instituciones en los dominios españoles; el número de pastores y líderes protestantes sometidos a persecución política, prisión o exilio fue igualmente significativo, aunque todos estos movimientos eran entonces muy pequeños en Cuba. Se temía que la influencia de éstos pudiera motivar
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una nueva reacción liberal ya que muchos llegaban de los Estados Unidos, país en aquel momento con un gobierno democrático. Algunos sacerdotes católicos integristas fueron también castigados por las fuerzas separatistas durante la guerra, destacando el caso del párroco de Mayarí Wenceslao Román Cachafeiro y Vespo, “amacheteado” al ser tomado el pueblo por los cubanos21. Tampoco puede olvidarse el uso militar de numerosos templos durante las operaciones militares, incluso con la autorización de las autoridades eclesiásticas. Un buen número de edificios eclesiásticos fue incendiado. El historiador católico cubano monseñor Ramón Suárez Polcari se refiere a un informe del 16 de mayo de 1896, enviado al cardenal Rampolla en Roma: “Dieciocho iglesias parroquiales han sido quemadas por los insurrectos y si alguna imagen se ha salvado de las llamas la han destruido con los machetes. Cuando se han podido sacar las vestiduras sagradas se las han puesto por irrisión, blasfemando al mismo tiempo de todo lo más sagrado. Se han atrevido a publicar que ellos, los insurrectos, estaban autorizados para hacer matrimonios…”. Pero el historiador aclara que muchas veces los culpables de esos hechos habían sido castigados por sus superiores y afirma: “…No nos queda otro remedio que hacer una comparación entre los 18 templos incendiados y los 22 convertidos en fortines del ejército español. Sin intención de desmentir al obispo [Santander y Frutos] sí nos parece que se dejaba llevar por la pasión…”22. En cuanto a los incendios de poblaciones y templos por parte de los cubanos separatistas, ese autor apunta lo siguiente: “Método que también fue utilizado por el ejército español cuando no quería que un pueblo cayera en manos de los mambises o para cortarles cualquier tipo de suministro”. Estos datos corresponden a un breve período de la guerra, representativo de todo el proceso de combates que va desde 1868 hasta 1898, interrumpido sobre todo por la Paz del Zanjón de 1878 y la brillante ejecutoria en Cuba del general español don Arsenio Martínez Campos23. 21 Ibidem. 22 Archivo de la Comisión de Historia de la Iglesia en América Latina Capítulo de Cuba (CEHILA). 23 Vélez Oyola, Ángel L. Las Epístolas de José Martí: Influencia Revolucionaria 18801895, Tesis de Maestría, Centro de Estudios Puertorriqueños y El Caribe. 1997, p. 63. De Miguel Maza Miquel, S. J.: El alma del negocio y el negocio del alma: Testimonios sobre la Iglesia y la Sociedad en Cuba, 1878-1894, Santiago R. D., PUCMM, 1990.
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Una de las figuras más prominentes favorables a la dominación española, a fines del proceso independentista, fue el obispo de La Habana don Manuel Santander y Frutos, connotado vocero del integrismo. Esa actitud la compartió con un famoso vicario de la diócesis y gobernador de la misma durante la ausencia del obispo. Nos referimos a un presbítero también nacido en España, don Juan Bautista Casas, ideólogo en la prensa de la “reconcentración” de los campesinos para eliminar cualquier rebelión separatista. Tal “reconcentración” fue ordenada después por el capitán general Valeriano Weyler y sirvió en gran parte como pretexto para la intervención norteamericana en 189824. Poco antes de esos dramáticos acontecimientos se había extendido por el territorio cubano la tolerancia religiosa. La prisión del pastor episcopal (anglicano) de Matanzas, reverendo Pedro Duarte, provocó una solicitud al gobierno de Madrid para que se extendiese a Cuba la tolerancia de cultos, garantizada por la constitución española entonces vigente. Se puede observar que a partir de 1886 las iglesias protestantes pudieron actuar legalmente en el territorio cubano, edificar capillas, sostener escuelas y cementerios y publicar materiales religiosos, aunque en condiciones de desventaja. Ya para 1871 los extranjeros habían sido atendidos por un capellán protestante estadounidense y desde 1883 se habían establecido congregaciones evangélicas cubanas en territorio insular. Debe señalarse que Cuba fue el único país latinoamericano en el cual los nativos del país fundaron las primeras iglesias y congregaciones integradas por nacionales. Se trataba de antiguos exiliados separatistas que habían adoptado el protestantismo en Estados Unidos antes de la Paz del Zanjón de 1878, que permitió su regreso a Cuba al terminar la Guerra de los Diez Años (1868-1878). La presencia de protestantes entre los cubanos radicados en Estados Unidos era bastante antigua. Ambrosio José González, futuro coronel del Ejército Confederado, y uno de los más altos colaboradores de Narciso López en sus expediciones a Cuba, ya era en ese momento (a mediados del siglo XIX) miembro activo de una iglesia protestante (Episcopal). Los incidentes que afectaron a las primeras congregaciones “religiosas” protestantes estuvieron más bien provocados por sus actividades políticas, rechazadas por muchos párrocos y por el obispo 24 Ibidem, p. 68.
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habanero ya que el movimiento demoró en llegar a la parte oriental del país en forma significativa y para entonces (1898-1899) esa zona estaba ya bajo la bandera de las barras y las estrellas de los Estados Unidos de América. Casi cada gestión de un pastor o iglesia protestante que solicitaba permiso para abrir una capilla, una escuela o un cementerio se vio inicialmente en dificultades, pero de forma gradual tales problemas se resolvieron hasta llegar al período 1895-1898, cuando se impusieron muchas restricciones a los protestantes por parte del gobierno, pero en realidad esto tenía más relación con el apoyo de los mismos a los elementos separatistas que a otra cosa. La presencia protestante en Cuba añadió una nueva dimensión a las relaciones Iglesia/Estado, sobre todo a partir de 1895 cuando un buen número de pastores protestantes conspiró o se alzó en armas contra España. Un año más tarde, en el 1896, se produjo un caso célebre de enfrentamiento diplomático con la prisión del pastor bautista doctor Alberto J. Díaz, quien fue puesto en libertad por presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo protegió por haber adquirido la ciudadanía de ese país durante su anterior exilio en Nueva York. Incidentes como éste sirvieron para agitar aún más las pasiones de la prensa protestante norteamericana, partidaria de la intervención estadounidense. Las constituciones aprobadas por los cubanos durante su lucha por la independencia iban mucho más allá de la simple tolerancia ofrecida por España pues concedían una total libertad religiosa. Como ya hemos explicado, no sólo hubo pastores protestantes sino que también hubo numerosos sacerdotes católicos que participaron en actividades separatistas, lo cual provocó naturales tensiones con los obispos y con los gobernantes coloniales. Otras dificultades especiales surgieron en las relaciones Iglesia/Estado, cuando la Iglesia no podía complacer a las autoridades civiles. El último incidente importante de confrontación Iglesia/Estado en el período colonial tuvo relación con la negativa del ya mencionado monseñor Santander y Frutos a permitir que se celebraran servicios religiosos protestantes en el Cementerio de Colón, de la capital habanera, para dar cristiana sepultura a 260 víctimas de la explosión del crucero Maine en la bahía de La Habana (1898). El prelado insistió en que el entierro tenía que realizarse de acuerdo con los ritos católicos a pesar de la protesta del cónsul norteamericano, general Fitzhugh Lee,
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protestante como la inmensa mayoría de las víctimas de la explosión. El cónsul Lee, futuro gobernador militar de La Habana durante la intervención estadounidense, era sobrino del jefe del derrotado Ejército Confederado, Robert E. Lee, considerado como un hombre muy piadoso. Su familia era de enorme influencia en el protestantismo sureño, sobresaliendo en la propaganda contraria a la soberanía española sobre Cuba. Por lo tanto, el incidente fue divulgado hasta el infinito en la prensa de Estados Unidos. Separación de Iglesia y Estado Con la llegada de las tropas norteamericanas en la Guerra Hispano-Cubano-Americana y el inicio de la intervención estadounidense, Iglesia y Estado quedaron separados por disposiciones de los gobernadores John R. Brooke y Leonard Wood a partir de 189825. Debe tenerse en cuenta que el Tratado de París (diciembre de ese mismo año), que puso punto final a la soberanía española sobre la isla, garantizaba la libertad de cultos a los habitantes del país, pero esto no tenía nada que ver con la entonces exigua minoría protestante sino con los temores de España por la suerte del catolicismo en Cuba ya que la antigua colonia pasaba a manos de un país mayoritaria y culturalmente protestante. Según el historiador Portell-Vilá el tratado “no tuvo forma definitiva sino después de rechazadas nuevas pretensiones de España para prorrogar los privilegios de la Iglesia Católica en las colonias que acababa de perder…”26. No hubo, pues, referencias específicas en el texto a las relaciones entre Iglesia y Estado, tema que evidentemente no correspondía a un documento de esa índole, firmado por una nación vencedora que no reconocía ese tipo de relaciones. Los nuevos ocupantes del poder se sentían en libertad de decidir sobre el asunto cuando llegara el momento, como así lo hicieron, y mucho más rápido de lo que algunos esperaban. La Iglesia demostró sabiduría al reemplazar a ciertos obispos y sacerdotes que habían defendido abiertamente la dominación española de la isla. No todo fueron problemas para el catolicismo pues el 25 Figarola, Joel James: Un episodio de la lucha cubana contra la anexión en el año 1900, Santiago de Cuba, 1980. 26 Hoja suelta en donde el autor Portell-Vilá hace referencia a la actitud de la Iglesia frente al Gobierno español en torno a 1898. Extraído del Archivo del Historiador Marcos A. Ramos. Véase también de Francisco González del Valle “El Clero en la Revolución Cubana” en Cuba Contemporánea, tomo 18, núm. 2, octubre de 1918.
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gobernador Wood inició el proceso de completar la compensación a la Iglesia por las propiedades amortizadas por los “liberales” españoles y a las que ya hicimos referencia. En esa decisión desempeñó un gran papel el arzobispo de Baltimore, cardenal James Gibbons, que influyó sobre la administración republicana, deseosa de obtener votos católicos en las siguientes elecciones. Sería en la Segunda Intervención (1906-1909) cuando otro norteamericano, el gobernador Charles Magoon, culminaría el proceso, a satisfacción de la Iglesia Católica, lo cual le mereció la Orden de San Gregorio Magno, otorgada a su persona por la Santa Sede. Se iniciaba una rápida “americanización” de Cuba y ese fenómeno incidió también en la Iglesia. No olvidemos que a la vez que llegaban misioneros protestantes estadounidenses ingresaban en el país nuevas órdenes religiosas católicas, sacerdotes norteamericanos de ese mismo credo e incluso obispos católicos de esa nacionalidad. Por vez primera, en 1898, comienza por parte de España y de los Estados Unidos un diálogo en donde se discuten algunas tensiones entre los interventores estadounidenses y la Iglesia Católica, sobre todo en detalles relacionados con el nombramiento de obispos cubanos o norteamericanos, en la cuestión del Delegado Apostólico de la Santa Sede y en detalles lógicamente derivados de la nueva situación planteada por la separación por decreto de la Iglesia y el Estado, realizada por los interventores en la orden militar número 66 de 31 de mayo de 1899 que vino a ampliar las disposiciones de una temprana Constitución Provisional decretada el 20 de octubre de 1898 en Santiago de Cuba, según la cual “…ninguna persona por motivo de sus opiniones religiosas podrá ser excluida de ningún cargo de honor, confianza o utilidad”27. El matrimonio civil pasó a ser el único reconocido por ley, sin prohibirse o subestimarse las ceremonias religiosas de costumbre. Estas decisiones causaron resquemores y protestas. Algunos de estos asuntos estuvieron presentes en la gestión del primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma, pero distan de ser enfrentamientos realmente graves pues el nombramiento de algunos prelados estadounidenses agradó a los interventores, aunque no a Estrada Palma que objetó esa práctica en algún caso. Por cierto que este gobernante se negó a continuar haciendo pagos por compensación a la Iglesia 27 Portell-Vilá, Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con España y Estados Unidos, tomo IV, La Habana, 1941, p. 77.
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Católica en el asunto de los bienes expropiados28. Durante el período generalmente conocido como republicano, calificado en textos marxistas posteriores a 1959 como el de “la república mediatizada” o “la república neocolonial”, es decir, posterior al 20 de mayo de 1902, los conflictos no fueron frecuentes, ni alcanzaron una gran magnitud, aunque se produjeron de forma ocasional. Podemos observar que las constituciones de 1901 y 1940, y las adaptaciones a las mismas por la constituyente de 1928, por la Revolución de 1933 o por los tres gobiernos “de facto” o “revolucionarios” de Carlos Mendieta en 1934, Fulgencio Batista en 1952 y Manuel Urrutia en 1959, establecían la separación de Iglesia y Estado, la libertad religiosa para todos los credos y el respeto a la “moral cristiana”. Según los textos constitucionales cubanos se afirmaba que el Estado “…no podrá subvencionar en caso alguno ningún culto”. Invocaciones a Dios fueron incluidas al inicio del texto de esas constituciones, asunto muy debatido en las convenciones constituyentes, sobre todo en la de 1901 en que se produjeron divisiones marcadas entre los fundadores de la República ya que muchos de ellos eran librepensadores, agnósticos, positivistas y hasta ateos. En la discusión de la Constitución de 1940, el Partido Unión Revolucionaria Comunista realizó grandes esfuerzos por impedir esa invocación religiosa. Una de las primeras experiencias que no afectó las relaciones Iglesia/Estado fue que la jerarquía católica necesitó adaptarse a tener en la casa de gobierno, el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, a un gobernante cubano que se había vinculado al protestantismo durante su exilio en el poblado cuáquero de Central Valley, Nueva York (Tomás Estrada Palma). Pero este presidente observó hasta en sus más mínimos detalles el laicismo y la neutralidad que prevalecería no sólo en su gestión gubernamental de 1902 a 1906 sino durante todo el período republicano de 1902 a 1959 y que permitió a la Iglesia Católica y a las otras confesiones religiosas desempeñar su tarea sin mayores obstáculos, incluso cuando algún gobernante, como el futuro presidente Alfredo Zayas, hubiera confesado públicamente en las sesiones de la Constituyente de 1901 su condición de no creyente. Al respecto, podemos afirmar que monseñor Suárez Polcari, en conversación con el padre Luis Mustelier, que estaba por llegar a la sede 28 Ramos, Marco Antonio: “Intervención norteamericana y religión en Cuba (1898-1902)”, Panorama del Protestantismo en Cuba (Reproducido en La Habana en Caminos: Revista Cubana de Pensamiento Socioteológico, núm. 7, 1997, pp. 41-55).
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episcopal habanera, le dio a conocer las condiciones del país y del caso especial del presidente de la república de Cuba, mencionándole que Tomás Estrada Palma, por ser cuáquero, “no quiso inmiscuirse en estos asuntos eclesiásticos”. Con esto daba paso a la no intervención política en los asuntos de la iglesia ya que no deseaba, como hemos mencionado, que un mal proceder de su parte o una decisión suya pudiera afectar a la relación con la alta jerarquía eclesiástica de la isla, que era principalmente católica-romana. Acordémonos que a ningún político de la época le interesaba tener problema alguno con la jerarquía eclesial ya que eso significaba la posible indisposición con el pueblo cubano, que era muy celoso con esta denominación. Las gestiones a favor de una mitra, realizadas por Mustelier, pretendían el apoyo de Máximo Gómez y de Bartolomé Masó, además del de Estrada Palma. Estaban apoyadas por varios cubanos ilustres que menciona el mismo Suárez Polcari: “Salvador Cisneros Betancourt, Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada; los Generales Francisco Peraza, Enrique Loynaz del Castillo, Francisco Leyte Vidal y Agustín Cebreco Sánchez; Martín Morúa Delgado, Domingo Méndez Capote, Juan José Maza y Artola; Doña Leonor Pérez, la madre de José Martí, entre otros”29. Es bien conocido que Roma prefirió situar en la diócesis habanera a Pedro Ladislao González Estrada ante el rechazo general a las gestiones del originalmente designado obispo Donato Sbarretti, de breve paso por Cuba. No podían evitarse las posiciones encontradas al tratarse cualquier tema de índole religiosa que repercutiera en la vida pública. El mayor punto de conflicto fue la enseñanza en las escuelas públicas ya que las constituciones cubanas establecían el laicismo en las mismas, permitiendo sólo la existencia de escuelas religiosas privadas, las cuales llegaron a ser numerosas y con influencia en la sociedad, sobre todo las católicas, pero también las protestantes. Masones y evangélicos se convirtieron en celosos defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, pero varias administraciones utilizaron fondos de la Renta de Lotería para favorecer obras benéficas de la Iglesia Católica. Esas concesiones le fueron ofrecidas a veces a los protestantes, pero sus 29 Hoja de “Manifiesto para constituyente”, núm.13. Documento listado en donde se enumeran los más prominentes miembros de la joven república. Muchos de ellos eran viejos combatientes del 1895 al 1898. Otros familiares sobrevivientes de algunos que murieron en la Guerra, como por ejemplo Doña Leonor Pérez, la madre de José Martí, tuvieron gran influencia en la vida cubana después de la promulgación de la Independencia. Archivo de CEHILA (Comisión de Historia de la Iglesia en América-Latina-Cuba).
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iglesias e instituciones, con excepción del caso aislado de una escuela cuáquera en Oriente, se mantuvieron generalmente alejadas de esta posibilidad por su política estricta en materia de separación de Iglesia y Estado. Aliados a los masones, por lo menos en las primeras décadas de la independencia, los protestantes cubanos lucharon en contra de cualquier desviación de la política laicista de separación entre Iglesia y Estado, que apoyaban firmemente por sus temores, reales o infundados, a un posible ejercicio de influencia exagerada por parte de la Iglesia Católica. Debe destacarse que la comunidad protestante no fue discriminada de forma apreciable por el Estado cubano y que sus miembros fueron respetados en sus derechos civiles y religiosos, hasta el punto de que algunos gobernantes del país fueron simpatizantes del protestantismo norteamericano y nacional. Aunque, por supuesto, numéricamente y por tradición, los católicos tenían cierta ventaja en las ceremonias públicas, contribuciones oficiales a obras benéficas y educativas y otro tipo de deferencias que se hacían ocasionalmente al tema religioso en círculos gubernamentales. Acordémonos que la inmensa mayoría de los funcionarios políticos practicaba el culto romano mientras que otros eran católicos culturalmente hablando. Por ejemplo, el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba para los católicos, había sido solicitado por muchos veteranos de la Independencia, y en cierta forma disfrutaba extraoficialmente de un reconocimiento. Las publicaciones católicas defendían, además de los valores morales, la fe y la justicia social. Espacios que entendían le correspondía por derecho a la Iglesia católica en la sociedad, por ser la principal, no tanto por su participación en la vida política sino por la tradición católica de la isla desde el descubrimiento. Por su parte, los protestantes insistían en sus revistas y boletines noticiosos en los aspectos morales, mostrándose contra algunas tradiciones del folklore de la isla como las peleas de gallos, la lotería, el consumo de bebidas alcohólicas, la prostitución…. Sus pronunciamientos eran generalmente “apolíticos”, lo cual fue variando gradualmente con las nuevas generaciones. Si bien es cierto que se organizaron algunos movimientos políticos de inspiración cristiana, católicos o protestantes e incluso algunos con participación de miembros de más de una confesión religiosa, ninguno de ellos alcanzó las dimensiones de los
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partidos sociales cristianos o demócrata cristianos de Alemania, Italia, Holanda, Venezuela o Chile. Ni siquiera llegaron a participar en las elecciones celebradas en el país. Retomando cuestiones específicas que afectaban a las relaciones Iglesia/Estado, en 1918 se aprobó la ley de divorcio civil. Algunos funcionarios se sintieron decepcionados por ella y hubo oposición en círculos católicos, pero no se experimentaron situaciones comparables a las ocurridas en otros países latinoamericanos en la misma época. Para el 17 de junio de 1935 se establecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba30 y la Santa Sede mediante decreto del presidente Carlos Mendieta. En el texto se leía lo siguiente: “aun cuando en Cuba no existe hoy religión de Estado, es un hecho notorio que una crecida parte de su población es católica, y que siente, por lo tanto, la necesidad de regular asuntos que afectan al orden espiritual y temporal”. El decreto creaba una delegación, con un embajador y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. Como en muchos otros países, el nuncio apostólico se convertiría permanentemente en decano del cuerpo diplomático hasta la salida del cargo de monseñor Luigi Centoz (1954-1962) a principios del gobierno revolucionario. Sus predecesores fueron, también con rango de nuncio apostólico, los monseñores Jorge Caruana (1935-1947), Antonio Taffi (1947-1950) y Giuseppe Burzio (1950-1954). En el período 1890-1935, es decir, el anterior a las relaciones diplomáticas formales se desempeñaron como delegados apostólicos en Cuba los monseñores Plácido La Chapelle (1899-1905), Giuseppe Aversa (1906-1911), Tito Trocchi (1915-1921), Pietro Benedetti (1921-1925) y Jorge Caruana (1925-1935), que sería el primer nuncio en 193531. A principios de la década de los cuarenta, especialmente en el año de 1941, se intentó promulgar una norma para nacionalizar el magisterio privado, pero ésta fue rechazada por el Consejo de Educación. Este intento fue propiciado por el aumento de la influencia del Partido Unión Revolucionaria Comunista (después llamado Socialista Popular), que formaba parte de la Coalición Socialista Democrática que llevó al poder a la primera administración del presidente Fulgencio Batista (1940-1944), apoyado por el Partido Liberal y por los desprendimientos tanto del liberalismo como del conservadurismo 30 Lista de los delegados apostólicos llegados a Cuba, Funcionarios católicos; Habana 1965. Archivo Comisión Historia de la Iglesia en América Latina. CEHILA. 31 Ibidem.
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cubanos (partidos Unión Nacionalista, Conjunto Nacional Democrático) así como por el movimiento comunista (entonces en control de los sindicatos. El nombramiento del doctor Juan Marinello, prestigioso líder comunista y figura intelectual de primera fila, como presidente de la Comisión de Enseñanza Privada provocó un acto masivo católico con el lema “Pro Patria y Escuela”. Al respecto, se debe aclarar que Batista, personalmente, tuvo magníficas relaciones con la Iglesia Católica en aspectos de Iglesia/Estado durante casi todo el periodo en que gobernó el país, favoreciéndola con fondos públicos, utilizados por la Iglesia para labores educativas y benéficas. Batista, aunque se identificó como católico durante sus períodos de gobierno, había sido alumno de una escuela cuáquera en Banes, asistió con alguna regularidad a la escuela bíblica dominical de una misión cuáquera durante su niñez y adolescencia y mantuvo ciertas relaciones personales con los protestantes. Para las elecciones de 1940, en las que fue electo, tuvo el apoyo de un grupo inscrito en el Registro de Asociaciones con el nombre de “Asociación Católica Defensora de la Candidatura del Coronel Fulgencio Batista”32. Esa asociación no era patrocinada por la jerarquía eclesiástica y era bien conocido el hecho de que muchos católicos y protestantes se opusieron a su liderazgo y a su gestión de gobierno por muchas razones, pero nunca por persecuciones, restricciones o discriminaciones de carácter religioso. Como se ha sugerido, algunas tensiones tenían sus antecedentes en los enfrentamientos de las convenciones constituyentes de los años 1901 y 1940 entre elementos partidarios de la invocación a Dios y de un grado menor de laicismo, y aquellos que defendían un secularismo total. Ambas vertientes estaban representadas entre los delegados a dichas asambleas. Un artículo publicado por Carlos de Velasco en la revista Cuba contemporánea, en julio de 1915, llevaba como título “El problema religioso” y se atrevía a utilizar la cifra de 11.000 religiosos llegados a Cuba después del cese del dominio español, añadiendo que los mismos “…no dan ninguna utilidad positiva en un país de dos millones y medio de habitantes”. La cifra de religiosos que utilizó era evidentemente exagerada. Años después, en 1923 se había fundado una “Liga Anticlerical” con la colaboración de Julio Antonio Mella, líder estudiantil de gran arraigo. En el país ejercían influencia importantes elementos anticlericales de la intelectualidad, figuras del prestigio de 32 Para el 1960 existían en la isla de Cuba unas 524 asociaciones de iglesias y 52 iglesias o denominaciones.
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Enrique José Varona, Fernando Ortiz, Juan Marinello, José Antonio Ramos, Salvador García Agüero y Emilio Roig de Leuchsenring, así como varios líderes de la izquierda política preocupados por la “influencia clerical”, como el mismo Mella y Francisco Calderío (Blas Roca). Se dieron ocasionalmente algunas batallas verbales entre elementos anticlericales y líderes de organizaciones y escuelas católicas, pero sin mayores consecuencias y con manifiesta neutralidad por parte del Estado. Respecto a los protestantes, éstos no eran considerados en aquel entonces una “amenaza clerical” y algunos personajes anticlericales hasta pronunciaron conferencias en escuelas e iglesias protestantes, como Juan Marinello, Fernando Ortiz y Raúl Roa, colaboradores todos ellos de la revista protestante La Nueva Democracia, publicada para todo el continente por el Comité de Cooperación en América Latina, considerado por muchos como agencia de penetración regional de las iglesias protestantes de Estados Unidos. Al recuperar espacio de acción e influencia, en gran parte gracias a la creación de poderosas organizaciones laicas como la influyente Acción Católica, la Iglesia incursionó, aunque no directamente, en el campo político, ámbito que empezaba también a atraer a algunos líderes protestantes. Ya entrada la década, en 1945, una carta pastoral del arzobispo habanero Manuel Arteaga (cardenal ese mismo año) reconocía la libertad de los católicos de “…militar en los partidos políticos que no ostenten programas contrarios a los principios fundamentales de la civilización cristiana”. Era uno de los pasos tomados en contra del pequeño, pero militante y bien organizado, partido comunista cubano. Durante este período e incluso más adelante –a finales de la década de los cincuenta–, algunas cartas pastorales se habían enfrentado a cuestiones particulares que se relacionaban con los gobiernos, pero ninguna de ellas con la trascendencia de las declaraciones de los obispos cubanos en los últimos meses de gobierno del presidente Fulgencio Batista: en el mes de febrero de 1958, el Episcopado católico llegó a solicitar públicamente “el establecimiento de un gobierno de unión nacional que pudiera preparar el retorno…a una vida política pacífica y normal”33. Sin embargo, puede afirmarse que hasta 1957 33 La declaración por parte de la Iglesia fue divulgada en las homilías de febrero de 1958, en todas las celebraciones litúrgicas dominicales. El presidente Batista había caído en descrédito por el exceso de violencia utilizada en los diferentes poblados de Cuba, en especial contra los sospechosos de ser integrantes del Movimiento 26 de julio.
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las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Batista habían sido normales y hasta cordiales, por lo menos en aspectos externos y formales. Algo parecido pudiera decirse con relación a las iglesias protestantes del país. Pero las cosas cambiaron. El 15 de marzo de ese mismo año, el Conjunto de Instituciones Cubanas, entre las cuales estaban la Juventud Masculina de Acción Católica, la Agrupación Católica Universitaria (ACU) y el Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas (fundado en 1941), demandó “el cese del régimen actual porque ha sido incapaz de realizar la normal función del gobierno y de cumplir los altos fines del Estado” y solicitaba “…la formación de un gobierno provisional de tránsito”. Lejos estaban de saber los firmantes que contribuirían con sus esfuerzos y firmas a terminar todo un período de la historia de las relaciones Iglesia/Estado…
(SUPER)VIVENCIAS GRISES: ESCRITORES Y POLÍTICA CULTURAL CUBANA DURANTE LA DÉCADA DE 19701 Emilio J. Gallardo Saborido University of Nottingham, Reino Unido [email protected] “Hemos escrito infatigablemente, soñado lo suficiente para penetrar la realidad” (Virgilio Piñera)2
¿Cuántos años tiene un lustro?: problemas de periodización La historiografía de la política cultural de la Revolución Cubana ha hecho un uso recurrente de referencias cromáticas para designar las distintas etapas en las que se ha dividido su objeto de estudio. De este modo, es habitual aludir con el calificativo de “dorados” a los años sesenta, dando así a entender que se trató de un periodo de ebullición creativa, en el que aparecieron algunas de las obras literarias, fílmicas y plásticas de más renombre y calidad en los más de cincuenta años de etapa revolucionaria. Por supuesto, no se ha de olvidar que, junto con 1 Agradezco profundamente la colaboración prestada por Arturo Arango, Jesús J. Barquet, Manuel Díaz Martínez, Pablo Armando Fernández, Gerardo Fulleda León, Luis Manuel García Méndez, Reinaldo García Ramos, Par Kumaraswami, José Milián, Pedro Pérez Sarduy, Rodolfo Pérez Valero, Guillermo Rodríguez Rivera y Pío Serrano. Quisiera hacer una mención especial a la generosa ayuda ofrecida por el profesor Antoni M. Kapcia. Este trabajo es deudor directo de sus atentos consejos y sus acertadas indicaciones. No obstante todo lo anterior, me hago único responsable de cualquier limitación que pudiera presentar este texto. 2 Fragmento del poema “Bueno, digamos”, dedicado a José Lezama Lima y fechado en 1972. Pertenece al poemario Una broma colosal (1988). En este libro también aparece otro texto en honor de Lezama (“Un duque de alba”, 1972). Junto con el poema titulado “Antón en su cumpleaños” (1972), forman una tríada que conecta a tres de los autores más insignes de la literatura cubana. Todos ellos sufrieron diversos tipos de exclusiones durante la década de 1970.
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este cúmulo de manifestaciones artísticas cimeras, también tuvieron lugar acontecimientos de no tan grato recuerdo, como la prohibición del cortometraje PM, la creación de las UMAP, la desaparición de la editorial El Puente o el comienzo de la persecución de Heberto Padilla y Antón Arrufat tras ser galardonados en la edición de 1968 de los premios de la UNEAC3. En cambio, la década siguiente ha sido juzgada con una mayor severidad tanto en lo que se refiere al nivel medio de sus productos artísticos como al considerar los aspectos relacionados con la dirección de la política cultural. Quizás sería aconsejable precisar que, junto con otras instituciones como la UNEAC, la Casa de las Américas o el ICAIC, dos fueron los principales organismos encargados de manejar la evolución de esa política cultural. En primer lugar, el Consejo Nacional de Cultura (CNC), ente surgido el 4 de enero de 1961 a partir de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Posteriormente, y dentro del proceso de institucionalización llevado a cabo a raíz de la celebración del I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Ministerio de Cultura se creó el 8 de diciembre de 1976. Especialmente, durante los cinco años en los que Luis Pavón estuvo al frente del CNC (1971-1976) la presión normativizadora ejercida sobre los creadores y sus obras se intensificó, instaurando una serie de prácticas excluyentes, a tono con una concepción político-cultural militante y monologante. Sobre la crudeza de ese lustro se da una considerable unanimidad entre la comunidad de intelectuales cubanos y de estudiosos foráneos. Sin embargo, esta comunión de pareceres se diluye conforme pasamos a analizar la situación del campo cultural a partir de la llegada de Armando Hart al Ministerio de Cultura en 1976. La variedad de opiniones existente dentro del mismo seno de la ciudad letrada cubana que reside en la isla o fuera de ella se ha traducido en una diversidad de propuestas terminológicas a la hora de delimitar y definir el periodo más dogmático e intolerante de la políti3 Barquet ofrece una detallada lista de los que denomina “actos represivos cometidos por el gobierno de Castro antes de 1968” (Barquet, Jesús: Teatro y Revolución Cubana: Subversión y utopía en “Los siete contra Tebas”, de Antón Arrufat, Lewiston, NY, Mellen Press, 2002, pp. 49-50). A los ya mencionados, añade otros como: el cierre temporal de Teatro Estudio, las acciones contra Ana María Simó y José Mario, la censura contra autores exiliados como Jorge Mañach, Lydia Cabrera, Guillermo Cabrera Infante, la persecución de iniciativas, autores, costumbres y creencias ligadas a la identidad negra (casos de Walterio Carbonell, las religiones afrocubanas, el “Manifiesto Negro”), la censura de algunos de los integrantes del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC como Silvio Rodríguez o Leo Brouwer, la homofobia o las purgas de estudiantes en centros de enseñanza superior.
(Super)vivencias grises: escritores y política cultural cubana…
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ca cultural de la Revolución. Dentro de esta discusión ha ocupado un lugar central la posición de Ambrosio Fornet, quien denomina a los años comprendidos entre 1971 y 1976 como el “Quinquenio Gris”. Esta etapa englobaría al periodo en el que Luis Pavón Tamayo presidió el Consejo Nacional de Cultura, de ahí que también se conozca a ese lustro con el despectivo nombre de “pavonato”. Dado el posterior debate que ha generado la expresión acuñada por Fornet, no está de más repasar de un modo más detallado cómo surge y a qué se refiere el crítico literario con ella. Estos datos están disponibles en el texto “El Quinquenio Gris: Revisitando el término”, conferencia que el autor presentó el 30 de enero de 2007 en la Casa de las Américas. Esta intervención estaba encuadrada dentro del ciclo “La política cultural del periodo revolucionario: Memoria y reflexión”, organizado por el Centro TeóricoCultural Criterios. En ella, Fornet retrotrae el primer uso de la expresión a un Encuentro de Narrativa celebrado en Santiago de Cuba en noviembre de 1980. Posteriormente, lo habría utilizado de un modo recurrente en distintos eventos (“Recuerdo que yo lo iba soltando aquí y allá, al paso, en reuniones y encuentros de la UNEAC y del recién creado Ministerio de Cultura”)4 y, por fin, por escrito en 1987 en un artículo aparecido en la revista Casa de las Américas. Fornet es consciente de los recelos que ha levantado la expresión y, de hecho, se disculpa ante aquellos afectados que la sienten como una ofensa ante sus padecimientos y una rebaja del grado de responsabilidad de quienes los implementaron5. No obstante, el ensayista justifica la creación del término ante la necesidad de deslindar periodos cronológicos que entiende que contrastan suficientemente (“[..] lo que había sido búsqueda y pasión se convirtió en metas a cumplir”)6. En cuanto al límite final del periodo, Fornet rememora la retransmisión televisiva de la sesión de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 30 de noviembre de 1976. En aquella ocasión se puso en conocimiento de la población cubana que se crearía un Ministerio de Cultura, al frente del cual se situaría a Armando Hart. Al comentar este cambio con Agustín Pi, éste destacó la decencia del que sería el nuevo máximo dirigente cultural. Llegado a este punto, Fornet asevera: 4 Fornet, Ambrosio: “El Quinquenio Gris: Revisitando el término”, 2007, p. 18. http:// www.criterios.es/pdf/fornetquinqueniogris.pdf (11/03/11). 5 Ibidem, p. 20. 6 Idem.
216 Emilio J. Gallardo Saborido “Creo que fue en ese preciso momento cuando tuve la absoluta certeza de que el dichoso Quinquenio era en efecto un quinquenio y acababa de terminar. No es que desaparecieran definitivamente las tensiones, esos conflictos de opinión y de intereses que nunca dejan de aflorar en una cultura viva […], sino que las relaciones fueron siempre de respeto mutuo y de auténtico interés por el normal desarrollo de nuestra cultura7”.
Estas afirmaciones conectan con los que Fornet tiene por componentes clave del “Quinquenio Gris”, a saber: dogmatismo, mediocridad y recelo8. La supervivencia del binomio dogmatismo/mediocridad le permite explicar la filtración de actitudes y comportamientos propios del “pavonato” una vez comenzada la etapa de Hart (“porque mediocres y dogmáticos existen dondequiera y suelen convertirse en diligentes aliados de esos cadáveres políticos que aún después de muertos ganan batallas”)9. En contraposición a lo ocurrido durante el “Quinquenio Gris”, Fornet reivindica las Palabras a los intelectuales (1961) como la base del (buen) desarrollo de la política cultural posterior («[…] el discurso de Fidel que por fortuna ha servido desde entonces –salvo durante el dramático interregno del “pavonato”– como principio rector de nuestra política cultural»)10. Por supuesto, esta apreciación no puede ser compartida por aquellos que entienden que los recortes de las libertades de los intelectuales durante la Revolución constituyen más una norma que una excepción. En este sentido, resulta muy significativa la respuesta que el poeta Manuel Díaz Martínez daba a mi pregunta: «Según su experiencia personal, ¿cuándo terminó el “quinquenio gris”?»: «Para mí terminó en febrero de 1992, cuando me vine al exilio. En Cuba se le llamó “quinquenio gris” (1971-1976) a una exacerbación eventual –digamos una erupción– de la naturaleza liberticida del régimen. No hay totalitarismo sin un “quinquenio gris” perenne, con etapas más negras que grises. Éste sólo desaparece cuando desaparece aquél». Paralelamente a la expresión de Fornet han ido apareciendo otros intentos de delimitar y denominar al periodo más dogmático de la política cultural revolucionaria. De este modo, César López en 1998 opinaba que no se podía hablar de “Quinquenio Gris”, sino de “mucho más”11. En su reflexión aducía que, personalmente, no publicó hasta 7 Ibidem, p. 21. 8 Ibidem, pp. 1 y 20. 9 Ibidem, p. 20. 10 Ibidem, p. 7. 11 Castellanos, Orlando: “Defender todo lo defendible, que es mucho”, La Gaceta de Cuba, 2, marzo-abril, 1998, p. 31.
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198312 y no pudo viajar al extranjero hasta 1985. Según su opinión, a pesar de la existencia de antecedentes, los problemas irrumpieron con mucha más fuerza a raíz de los premios de Padilla y Arrufat en 1968. Posteriormente, durante los años que median entre 1968 y 1971, sostenía que se vivió un periodo donde todavía existía la esperanza de que se resolvieran los problemas, pero la detención de Padilla y los sucesos posteriores indicaron que el rumbo que habrían de tomar los acontecimientos sería otro muy distinto. Igualmente, se han creado otras denominaciones para referirse a zonas concretas del campo cultural. De este modo, el teatrólogo Rine Leal precisaba que para el caso de las artes dramáticas sería más correcto emplear la designación de “decenio oscuro”, el cual arrancaría en 196513. Por su parte, el arquitecto Mario Coyula presentó en 2007 otra de las conferencias del ciclo “La política cultural de la Revolución: Memoria y reflexión”. El título de esta intervención fue “El Trinquenio Amargo y la ciudad distópica: autopsia de una utopía”. Coyula, al igual que Leal, también retrotrae el comienzo de ese periodo donde se intensificó la intolerancia y la imposición, pero refiriéndose en esta ocasión al campo de la arquitectura. Del mismo modo, alarga los cinco años a los que alude Fornet creando el neologismo “trinquenio”, para aludir a un periodo de quince años14. En cuanto al calificativo, entiende que “los sabores pueden ser más evocativos que 12 En una entrevista concedida a Emilio Bejel, López especificaba: “Desde el 67 no vino a aparecer en Cuba otro libro mío hasta el 83. Naturalmente, para alguien que cree en un país, que cree en una ideología, que cree en una Revolución, es decir, que cree en la historia, es muy triste, es muy difícil, es muy duro, todo esto” (Bejel, Emilio: Escribir en Cuba. Entrevistas con escritores cubanos: 1979-1989, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1991, p. 223). 13 «Algo de eso adelanté en la entrevista que me realizó Revolución y Cultura (julio 1989) cuando expresé que “la lista de injusticias, ilegalidades laborales, irregularidades legales, y abuso del poder administrativo, crearon una cicatriz que aún marca nuestra escena y castraron valores que nunca se recuperaron, sin contar los creadores que perdimos por abandono del país”, aunque no se trata de pasar la cuenta a los responsables “que pertenecen a la historia universal de la infamia”» (Leal, Rine: “Asumir la totalidad del teatro cubano”, Encuentro, 4/5, primaveraverano, 1997, p. 197). 14 Desiderio Navarro también apunta hacia la existencia de un bloque de quince años (1968-1983) durante los que la “negrura” empañó la trayectoria vital y profesional de muchos intelectuales. Navarro establece la siguiente periodización: «Así pues, empleando convencionalmente la nada exacta designación de los períodos con números redondos, podemos decir que las intervenciones y espacios críticos de “los 60” (1959-1967) fueron borrados en “los 70” (19681983); los “errores” politicoculturales cometidos contra esas intervenciones y espacios en “los 70”, fueron superficialmente reconocidos e inmediatamente borrados en “los 80” (1984-1989); y, por último, las nuevas intervenciones y espacios críticos de “los 80” fueron borrados en los 90» (Navarro, Desiderio: Las causas de las cosas, La Habana, Letras Cubanas, 2006, p. 25).
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los siempre engañosos colores”15; de ahí que prefiera utilizar el adjetivo “amargo” antes que cualquier tonalidad cromática. Por último, cabe destacar la posición del profesor y creador Jesús J. Barquet, quien ha dejado constancia de su desacuerdo con la fórmula de Fornet. Es más, precisa que la etiqueta “decenio negro”16 resultaría cuestionable, además de por sus negativas implicaciones étnicas, porque conllevaría una reducción eufemística de un proceso represivo que considera más amplio17. Así pues, la llegada de Armando Hart al MINCULT no puede suponer, según su opinión, un punto de inflexión definitivo puesto que los efectos de la rectificación que conllevó no se apreciaron públicamente hasta una vez comenzada la década de 1980. En relación con esta fecha, apunta que el abandono del país por el puerto de Mariel de autores como Heberto Padilla, René Ariza, Antonio Benítez Rojo o Reinaldo Arenas, indicaba que “todavía para ese año el clima de represión imperaba en la Isla”18. El paso de la década de 1960 a la de 1970 implicó una selección por exclusión y por exacerbación de las posturas político-culturales, estéticas e ideológicas que habían convivido, siempre dentro de ciertos límites, durante el primero de estos decenios. Buena fe de esta variedad de posturas la da el oportuno volumen de Graziella Pogolotti Polémicas culturales de los sesenta (Letras Cubanas, 2006). Tras el I Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971), la necesidad de combatir el diversionismo ideológico permeó con mayor fuerza en el campo cultural y acabó imponiendo un proceder autoritario e injusto, por ende. El dogmatismo ascendió hasta posiciones hegemónicas (CNC, UNEAC, PCC), desde donde se dedicó a reglar las posturas, los discursos y hasta las identidades (sexuales, religiosas, sociales) que tendrían cabida dentro del nuevo marco político-cultural. Esto provocó la exclusión en diversos grados de quienes no cumplían con los requisitos establecidos para ello. Afortunadamente, siguieron existiendo espacios donde la tolerancia y la aceptación de los caídos en desgracia se mantuvieron como reductos protectores. De ahí que, 15 Coyula, Mario: “El Trinquenio Amargo y la ciudad distópica: autopsia de una utopía”, 2007, p. 1. http://www.criterios.es/pdf/coyulatrinquenio.pdf (11/03/11). 16 Otra versión semejante a esta expresión sería “década oscura” (Arcos, Jorge Luis: “César o la poesía de la historia”, Encuentro, 16/17, primavera-verano, 2000, p. 30). 17 Barquet, Jesús: “Del cotidiano arte de escapar: José Lezama Lima”, Mayor Marsán, Maricel (ed.): José Lezama Lima y la mitificación barroca, Ediciones Baquiana, Miami, 2007, p. 41. 18 Barquet, J.: Teatro y Revolución…, p. 72.
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frente a las posturas más férreas de instituciones como la UNEAC19 o el ICRT, se pueda contraponer la actitud de otros organismos como la Casa de las Américas o el ICAIC20. Finalmente, y en un intento por conciliar algunas de las anteriores propuestas de periodización, se puede optar por introducir una visión más dinámica a fin de dotar a nuestras explicaciones de una mayor ductilidad, con la que hacer frente a la evolución de la política cultural. En primer lugar, entiendo que se ha de huir de las visiones maniqueas, que tiendan a aplicar calificativos totalizadores y monolíticos a los años 60 y 70, o incluso a los más de cincuenta años del periodo revolucionario. Hablar de un periodo totalmente glorioso, “dorado”, en cuanto a lo que la política cultural se refiere, me parece tan desacertado como referirse a esta etapa de la historia cultural cubana como totalmente “oscura”. Al contrario, una explicación que combine el dinamismo con la metáfora cromática nos ayuda a evitar el radicalismo teórico y a precisar con mucho mayor detalle la complejidad que ha venido caracterizando al campo cultural cubano. Si aplicamos estos criterios a las décadas de 1960 y 1970, tenemos que en la primera de ellas se pasó de un momento de mayor claridad (dorado sin duda en cuanto a lo que creación literaria se refiere y ahí están para demostrarlo las obras de José Lezama Lima, Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Nicolás Guillén, José Triana, Abelardo Estorino, entre muchos otros) a un progresivo oscurecimiento que fue adquiriendo fuerza conforme se llegaba al final de la década. Los años del “pavonato” pueden identificarse como los de mayor oscuridad dentro de este modelo, mientras que la primera gestión del MINCULT por parte de Hart habría tenido un efecto 19 Arturo Arango hace el siguiente apunte al referirse a la evolución interna de la UNEAC durante el periodo que nos interesa: “No hay dudas de que, en 1968, la más heterogénea de las instituciones culturales cubanas era la UNEAC. Era ahí, por tanto, donde debían ejercerse las presiones para llevar el campo cultural a una radicalidad que sólo serviría para abrir paso al dogmatismo” (Arango, A.: «“Con tantos palos que te dio la vida”: Poesía, censura y persistencia», 2007, p. 6. http://www.criterios.es/pdf/arangotantospalos.pdf, 11/03/11). 20 Sobre el papel jugado por esta última institución como espacio de seguridad para varios creadores, García Borrero especifica: “Es cierto que Alfredo Guevara rechazó poner en práctica esas medidas excluyentes que afectaron a tantos creadores del teatro y la literatura, por ejemplo, y que de hecho creadores incómodos como Jesús Díaz, Luis Rogelio Nogueras o Víctor Casaus, encontraron en la institución una suerte de refugio que les permitió mantener y enriquecer sus respectivas carreras artísticas; como también fue creado el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, integrado por cantantes como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que ya habían sufrido en carne propia el desvelo de algunos comisarios políticos” (García Borrero, Juan Antonio: “Cine cubano post-68: Los presagios del gris”, 2008, p. 23. http://www.criterios.es/ pdf/8borrerocinepost68.pdf, 11/03/11).
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difuminador, que condujo a una mejora progresiva de la situación de aquellos que habían sido agraviados con anterioridad. De este modo, consigue explicarse de forma visual la paulatina rehabilitación de creadores que tuvo lugar a partir de mediados de los setenta y a la que atenderemos en la siguiente sección. Anatomía de la exclusión: causas, consecuencias, tipos y remedios Uno de los hechos más sintomáticos que rodean toda la historia de intolerancia y dolor que supuso la exclusión de muchos de los escritores más prominentes del panorama cultural cubano durante los años 70 reside en la indefinición que a veces encontramos al querer ahondar en las causas que provocaron esa represión. Quienes intenten sondear las arenas movedizas de los “pecados” que habían cometido estos intelectuales se enfrentarán a un terreno fangoso, en el que no siempre se sabe a ciencia cierta cuál fue la motivación o las motivaciones últimas que causaron el apartamiento de los afectados. Pero, es más, se puede dar el caso de que, de hecho, ni a los mismos excluidos se les indicara exactamente el porqué de su castigo. En este sentido, las siguientes palabras de Antón Arrufat son bastante reveladoras: “Nunca se me dijo por qué yo estuve nueve años en esa biblioteca, ni hubo un juicio, ni tribunales, ni acusación, ni siquiera hubo documentos, simplemente se me comunicaban las decisiones, muchas veces, por teléfono…”21. En cuanto a una de las consecuencias más notables de la exclusión (el obligado silencio editorial o de representaciones en el caso del teatro), el hoy en día reputado dramaturgo Abelardo Estorino ha confesado que, en principio, desconocía la razón por la cual no se estrenaban sus obras. Su testimonio ofrece nuevos detalles sobre cómo se implementó esta práctica enmudecedora. Así pues, menciona 21 Padura Fuentes, Leonardo y Kirk, John M.: La cultura y la revolución cubana, San Juan, Plaza Mayor, 2002, p. 81. Asimismo, Manuel Díaz Martínez relata en sus memorias que en marzo de 1973 envió un informe sobre su caso a la Oficina de Asuntos Generales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Allí se pronunciaba sobre el problema de la indefinición inculpatoria: “Mi confusión es grande. Por una parte, nunca se me ha comunicado nada por escrito acerca de mi problema, pero de hecho he estado dos años vetado, incluso, durante mucho tiempo, para trabajar. Por otra parte, no se me ha comunicado oficialmente en qué consiste mi problema” (Díaz Martínez, Manuel: Sólo un leve rasguño en la solapa, Logroño, AMG Editor, 2002, p. 118).
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la existencia de una lista de autores dramáticos cuya representación estaba prohibida y en la que él mismo estaba incluido: “Recuerdo que en la década del 70 yo seguía escribiendo mis obras, pero nadie las estrenaba, y no sabía la razón, hasta que, haciendo una gira por la Isla con La discreta enamorada, de Lope de Vega, llegué a las Minas de Matahambre, en Pinar del Río, y me encontré a un director de aficionados que había recibido un documento oficial con una lista de autores cubanos y extranjeros que no debía montar. Y entre esos nombres aparecía el mío, que, por cierto, andaba muy bien acompañado, porque estaba entre Ionesco y Beckett22”.
El asunto del índex inculpatorio23 y excluyente se repite en otro testimonio. Esta vez la clave la aporta el narrador Arturo Arango, quien trabajó en Matanzas desde 1977 hasta 1982 ejerciendo labores de promoción literaria en distintas ubicaciones. Arango ha señalado: “Queda también por estudiarse la manera como los dictámenes del Congreso se infiltraron en las estructuras de base y su interpretación y aplicación en otras regiones de eso que, un poco despectivamente, se suele llamar «el interior» del país. […] En 1977, en Matanzas, por sólo dar un ejemplo, estaban en el índex, además de Carilda Oliver Labra, Aramís Quintero, Luis Marimón, Rolando Estévez y un grupo, más o menos interesante, de jóvenes poetas al que estos dos últimos pertenecían24”.
Dentro de esta búsqueda por determinar los factores de exclusión juega un papel preponderante la consideración de los documentos capitales de eventos cruciales para el desarrollo de la política cultural de los 70 como fueron el I Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971) y el I Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975). Igualmente, se debe prestar atención a determinada legislación que apareció durante aquellos años. Este es el caso de la ley contra el “diversionismo ideológico” de 197125; el inciso de la ley 1267 de 1974 22 Padura, L. y Kirk, J.: La cultura…, pp. 123-124. 23 En el caso de la música, Díaz Martínez, quien a mediados de la década de 1970 había sido reubicado como redactor en la emisora Radio Enciclopedia, menciona directamente la existencia de “una lista negra oficial”, remitida por el Instituto Cubano de Radio y Televisión. En este listado, actualizado cada cierto tiempo, estuvieron incluidos artistas como Osvaldo Farrés, Celia Cruz, Olga Guillot, Guillermo Portabales, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, Julio Iglesias, Roberto Carlos o The Beatles (Díaz Martínez, M.: Sólo un leve…, pp. 118-119). 24 Arango, A.: «“Con tantos palos...», p. 24. 25 «The implementation in 1971 of the law against “ideological diversionism” as an amendment to the 1959 Fundamental Law was perhaps the most far-reaching measure taken thus far by
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sobre “homosexualismo ostensible y otras conductas socialmente reprobables”26; la ley de “propaganda enemiga” de enero de 197427; o el artículo 38 de la Constitución de 1976, que establecía que “es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución”. Al tener en cuenta algunos de estos pronunciamientos, notamos cómo a comienzos de la década de 1970 se instauraron como discursos hegemónicos dentro del campo cultural cubano una serie de principios que propugnaban la unidad de criterios frente a la diversidad, la cual, además, quedaba asociada con el debilitamiento ideológico del proceso revolucionario. Esta unidad pasó a convertirse en obligatoria también para los creadores y, paralelamente, se hizo cada vez más compleja pues aglutinó en su seno una variedad de requisitos necesarios para validar sus posturas. De esta manera, lo político fagocitó la autonomía de otras zonas, de tal modo que asistimos a un proceso de hiper-ideologización, donde acabaron por convertirse en prácticas políticamente sospechosas desde la estética hippie hasta las creencias religiosas, pasando por el teatro del absurdo o, por supuesto, la homosexualidad. the Cuban government to control expression, serving as the legal basis for punishing forms of social or political deviation» (Dopico Black, Georgina: “The Limits of Expression: Intellectual Freedom in Posrevolutionary Cuba”, Cuban Studies, 19, 1989, p. 119). 26 «El “proceso de parametración”, iniciado con las resoluciones del llamado Primer Congreso de Educación y Cultura, fue cohonestado en la Ley 1267 (Gaceta Oficial de la República de Cuba: 12 de mayo de 1974, que adicionaba el Artículo 2 de la Ley 1166: 23 de septiembre de 1964, pues no se debe olvidar que fue asunto largamente abonado) sobre “homosexualismo ostensible y otras conductas socialmente reprobables que proyectándose públicamente incidan nocivamente en la educación, conciencia y sentimientos públicos y en especial de la niñez y la juventud por parte de quienes desarrollen actividades culturales o artísticorecreativas desde centros de exhibición o difusión”. […] Ante esforzadas apelaciones jurídicas de los dañados en la esfera teatral, la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo de Justicia favoreció a los apelantes con las sentencias 48, 52 y 56 --de 12, 18 y 22 de septiembre de 1973--, al declarar como “inconstitucional” y “de error jurídico” el proceso de parametración y despido cometido por la presidencia del Consejo Nacional de Cultura (Gaceta Oficial de la República de Cuba, octubre de 1973). El presidente Pavón del CNC debió devolver sus puestos de trabajo y pagarle sueldos retroactivos a los damnificados, pero a pesar de los errores jurídicos y las actuaciones inconstitucionales mantuvo el cargo, su política aviesa y excluyente” (González, Reynaldo: “La cultura cubana con sabor a fresa y chocolate. Un artículo salido del clóset”, La Gaceta de Cuba, 2, marzo-abril, 2007, p. 45). 27 «The law against “enemy propaganda” was born in January 1974, when Article 140.1 was added to the Social Defense Code. It prescribed a prison sentence of three to 12 years to anyone who “incites against the socialist order, international solidarity or the revolutionary State” through “oral or written propaganda or any other mean”» (Reed, Roger: The Cultural Revolution in Cuba, Geneva, Latin American Round Table, 1991, p. 138).
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Esta hiper-ideologización estrechó el número de aquellos que fueron tenidos por dignos representantes de la cultura revolucionaria. Hasta tal punto operó esta concepción dogmática de la intelectualidad que, no sólo se relegó a puestos subalternos, en el mejor de los casos, a escritores sospechosos de ser portadores del “pecado original” guevariano, sino que además se receló de autores cuya obra había crecido simultáneamente con la Revolución. Pienso, por ejemplo, en el caso de la primera redacción de El Caimán Barbudo (Jesús Díaz, Guillermo Rodríguez Rivera, Luis Rogelio Nogueras, Víctor Casaus) o en la clausura de la revista Pensamiento Crítico del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. En este sentido, el periodo durante el que Luis Pavón ocupó el cargo de presidente del Consejo Nacional de Cultura (1971-1976) representa la etapa en la que con más cerrazón se aplicó esta hiperideologización. La diversidad de juicios y experiencias que la cultura cubana había acumulado durante la década de 1960 se estrechó a través de una jerarquización monológica donde la fecunda pluralidad de los debates y las controversias intelectuales chocaron con un importante sector del poder político-cultural férreo, más interesado en implementar sus respuestas que en generar preguntas. Como se comprobará, esta situación conecta con algunas de las características que Fernando Martínez Heredia enuncia como típicas del dogmatismo, a saber: “la pretensión de poseer todas las preguntas permitidas y todas las respuestas infalibles, que tiene un fundamento extraintelectual y es funesta para la política revolucionaria […] sustituir los exámenes, los debates y los juicios sobre las materias que considera sensibles por la atribución arbitraria y fija de denominaciones y valoraciones sobre ellas, o de lugares comunes que las dejan fuera del campo del conocimiento28”.
Así pues, esta visión dogmática de la cultura se proyectó sobre diversos aspectos de las creencias y las prácticas de los intelectuales levantando acta de algunas de ellas y calificándolas como “problemáticas” o “desviadas” y, por lo tanto, punibles. En algunos casos esta exclusión se aplicó a través de un proceder burocrático y riguroso. En este sentido, destaca el denominado como proceso de “parametraje” o 28 Martínez Heredia, Fernando: “Pensamiento social y política de la Revolución”, 2007, pp. 19-20. http://www.criterios.es/pdf/martinezherediapensocial.pdf (11/03/11).
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“parametración” que afectó con especial saña a la hasta entonces rica escena cubana. En cumplimiento de la Resolución número 3 (1972) del Consejo Nacional de Cultura, que seguía las propuestas homofóbicas del I Congreso Nacional de Educación y Cultura, cientos de trabajadores teatrales (directores, actores, dramaturgos, coreógrafos, asesores) fueron separados de sus puestos y reubicados en ocupaciones tan peregrinas como sepultureros o cazadores de cocodrilos29. En este caso el factor sexual (la homosexualidad) actuó como principal detonante para “purgar” a la cultura revolucionaria de unas personas que podían comprometer su pureza ideológica y “contaminar” a las nuevas generaciones con lo que se consideraba un resabio del pasado capitalista y un factor de debilitamiento del cuerpo revolucionario. Asimismo, existen otros dos fenómenos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprender la dinámica de exclusión, aislamiento y solidaridad que caracterizó a las relaciones entre los creadores apartados y las instituciones y los dirigentes culturales. El primero de ellos tiene que ver con el solapamiento de exclusiones que podían llegar a afectar a los creadores. Por supuesto, las causas para la marginación operaban acumulativamente como ejemplifica entre otros muchos Virgilio Piñera (autor homosexual, con “problemas” ideológicos y defensor de tendencias estéticas marginadas). El segundo elemento conecta con los mecanismos a los que los excluidos recurrieron con el objeto de mejorar sus situaciones personales. Se trata de la existencia de valedores, de “madrinas” o de “padrinos”, por así decirlo, que respaldaron a algunos de estos escritores tras sus caídas en desgracia. Fulleda especulaba en una entrevista que le realicé en La Habana en abril de 2008 sobre las posibles causas que evitaron su “parametración”. Junto a la ausencia de pruebas suficientes, juzgaba que también pudo influir el tener buenos amigos como Ignacio Gutiérrez, 29 Norge Espinosa, en su excelente conferencia “Las máscaras de la grisura: Teatro, silencio y política cultural en la Cuba de los 70”, ofrece un detallado repaso de cómo se llevó a cabo la “parametración”. Tras la entrevista en la que se le comunicaba a los interesados que no reunían los parámetros necesarios para seguir en su puesto, “se establecía un plazo en el cual el parametrado tenía diez días para presentarse en el Ministerio de Trabajo a fin de ser enviado a su nuevo oficio: en la propia reunión con Quesada [a cargo de las artes escénicas dentro del Consejo Nacional de Cultura] se les entregaba la planilla correspondiente. De no obedecer, se les aplicaría la Ley de Vagancia, con la consiguiente amenaza de encarcelamiento. Las propuestas iban desde sepulturero hasta cazador de cocodrilos: labores que, supuestamente, estaban bien lejanas de poder influir a esa juventud a la que había que ayudar a crecer en la más impoluta pureza […]” (Espinosa, Norge: “Las máscaras de la grisura: Teatro, silencio y política cultural en la Cuba de los 70”, 2009, p. 32). Para más detalles sobre la “parametración”, véase la nota 26.
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director por aquel entonces de la compañía de teatro Rita Montaner, donde a la sazón trabajaba el propio Fulleda. Sin salirnos del mundo del teatro Raquel Revuelta ha sido apuntada como valedora de los derechos de profesionales de la escena ante la furibunda arremetida de la “parametración” y sus posteriores consecuencias30. Por su parte, Pío E. Serrano recuerda al referirse a una experiencia anterior a la llegada de Pavón a la dirigencia del CNC tanto los beneficios como los peligros de perder a estos protectores. En concreto, Serrano había tenido problemas en su centro de trabajo, la Escuela Nacional de Arte, hasta el punto de ser expulsado. Gracias a la intervención de su amigo Eduardo Castañeda pudo ser “recogido” en el Instituto del Libro. Sin embargo, Castañeda se suicidó a los pocos meses de la incorporación de Serrano a su nuevo organismo, lo cual le obligó a cumplir con la sanción correspondiente a su expulsión previa, a saber: trabajar en la agricultura31. Entre las causas de exclusión que han hecho correr más ríos de tinta se encuentran las literarias. En “The Limits of Expression: Intellectual Freedom in Postrevolutionary Cuba” Georgina M. Dopico afirmaba que existirían tres posibilidades de relación entre la burocracia estatal y la literatura cubana. Así pues, ésta podía ser promovida, prohibida o tolerada marginalmente dependiendo de su aquiescencia con los parámetros sociales, políticos y artísticos revolucionarios32. En su artículo, Dopico analizaba los casos de varios autores que sufrieron la censura o la exclusión. En concreto, aludía a escritores como Virgilio Piñera, René Ariza, Reinaldo Arenas o de Eduardo Heras León. El comienzo de los problemas de este último narrador se encuentra muy bien delimitado, puesto que arrancaron con la reacción negativa que provocó la publicación de su segundo volumen de relatos titulado Los pasos en la hierba (mención en el Premio Casa de las Américas de 1970). En el número 45 de marzo de 1971 apareció en El Caimán Barbudo, revista en la que por cierto trabajaba Heras León, el artículo titulado “Otra mención a Los pasos”. Heras ha opinado sobre esa crítica que obedecía a un análisis destructivo, de claros propósitos: “caracterizar al libro como un texto contrarrevolucionario, con toda la 30 Véase por ejemplo el testimonio de Héctor Quintero (Quintero, Héctor: Teatro escogido y otros textos, tomo II, La Habana, Letras Cubanas, 2006, p. 325). 31 Burgos, Elizabeth: “Pío E. Serrano: el pensamiento liberado”, Encuentro, 45/46, 2007, p. 110. 32 Dopico, G.: “The limits…”, p. 108.
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peligrosa carga que ese epíteto conllevaba”33. Las nefastas consecuencias no se hicieron esperar mucho puesto que en el siguiente número de la revista (46, mayo de 1971) se dio a conocer una “Aclaración” en la que se indicaba el cese de Heras León como miembro del Consejo Redactor. Se culpaba a su volumen de relatos de un “criticismo tendencioso”34. Acto seguido, se proponía establecer “unos límites más precisos al término de escritor revolucionario”35 y se concluía que los problemas planteados entroncaban con “posiciones diversionistas a combatir”36. Las repercusiones que toda esta polémica ocasionó para Heras León fueron duras: separación de la universidad y de la Unión de Jóvenes Comunistas, traslado laboral durante cinco años a una fundición de acero, sequía editorial hasta 1977. Asimismo, otros autores cercanos a Heras León y al primer equipo de El Caimán Barbudo como Víctor Casaus, Luis Rogelio Nogueras o Guillermo Rodríguez Rivera, entre otros, también sufrieron la imposición del cierre de la definición de lo que debía ser el intelectual revolucionario. Así pues, fueron acusados por Armando Quesada de haber caído en “posiciones de franco diversionismo ideológico”37. Dentro de esa complejidad causal a la que antes aludía, elementos literarios fueron esgrimidos contra sus autores a la hora de evaluar sus merecimientos para pertenecer o no a la comunidad intelectual revolucionaria una vez que ésta quedó en buena parte a merced de los planteamientos más dogmáticos. Así pues, los casos de Antón Arrufat y Heberto Padilla, y de sus libros Los siete contra Tebas y Fuera del juego, constituyen sendos ejemplos de obras de ficción que acabaron repercutiendo negativamente en la vida real de sus escritores. En particular, el crucial “caso Padilla” posee la peculiaridad de haber provocado la caída no sólo del poeta protagónico, sino también la de todo un grupo de creadores que fueron mencionados en su autocrítica del 27 de abril de 1971. Nombres como los de Belkis Cuza Malé, César López, Pablo Armando Fernández o Manuel Díaz Martínez tuvieron que afrontar a partir de entonces una discriminación prolongada a lo largo de esa década y esperar a que llegaran los años 80 para poder volver a publicar o para poder optar directamente por el exilio. 33 Heras León, Eduardo: “El Quinquenio Gris: testimonio de una lealtad”, 2007, p. 9. http:// www.criterios.es/pdf/herasleonquinquenio.pdf (11/03/11). 34 El Caimán Barbudo: “Aclaración”, El Caimán Barbudo, nº 46, mayo, 1971, p. 2. 35 Idem. 36 Idem. 37 Heras León, E.: “El Quinquenio Gris…”, p. 15.
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Es más, y sin salir de las causas literarias, determinadas vocaciones estéticas se convirtieron en sospechosas al relacionarlas con posiciones ideológicas heterodoxas, contraviniendo así la máxima de respetar la libertad formal de creación, expuesta en Palabras a los intelectuales (1961). En este sentido, las siguientes palabras de Armando Quesada identifican muy claramente a las corrientes teatrales aborrecidas: “Nosotros planteamos el combate ideológico con toda una serie de tendencias surgidas en Europa, fundamentalmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de carácter individualista, burgués, irracional y cuyas principales tendencias son el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad, en los cuales se exalta el escepticismo y pesimismo del hombre solitario. Por un lado, plantean determinadas críticas a la sociedad burguesa, pero son críticas desde posiciones irracionales y absurdas que, en lugar de analizar o criticar las causas socioeconómicas y políticas que engendran esa sociedad, buscan las soluciones a través de la enajenación y la frustración de los individuos38”.
Por último, y para no dejar de mencionar al realismo socialista, ese fantasma u “hombre invisible”39 que se paseó y en no pocos casos se enseñoreó como estética hegemónica durante los años del “pavonato”, me gustaría traer a colación las siguientes palabras de Reynaldo González. Al ser preguntado por cómo había vivido su condición de homosexual durante los años 60 y 70, el autor respondía: “Durante diez años mis libros no fueron publicados, ni publicitados, ni estudiados en centros educacionales donde predominó la homofobia. […] Me negué a la tentación de exiliarme o a publicar en el extranjero los libros que no me publicaban en Cuba, con lo que sumé más silencio para mi obra y mi persona, en un buen momento de mi trayectoria, cuando una editorial del prestigio de Gallimard tradujo una novela mía. Tampoco contraje mi obra a “literatura de la violencia”, explícito canto a los “duros” que nos victimaban, o al realismo socialista copiado del estalinismo, tendencias propuestas por quienes se apropiaron de la conducción cultural. Pero siempre me he considerado un intelectual de izquierda, vinculado a mi país incluso cuando la izquierda oficial abandona un progresismo que le da razón de existencia40”. 38 Quesada, Armando: “Un movimiento teatral sólido y coherente”, Revolución y Cultura, 6, 1972, p. 24. 39 Arango, A: «“Con tantos palos…». 40 Cubaliteraria: “Entrevista a Reynaldo González”, http://www.cubaliteraria.com/autor/ reynaldo_gonzalez/html/entrevista06.html, 25/03/2011.
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Aunque, como ya he afirmado, la extensión tentacular de la cerrazón ideológica mediatizó la autonomía de otras áreas, también se pueden encontrar casos de escritores cuyo factor desencadenante de su exclusión respondía a delitos políticos concretos. Así pues, René Ariza fue condenado en 1974, de acuerdo con la ley de “propaganda enemiga”, a ocho años, de los que finalmente cumplió cinco. A este dramaturgo se le achacó haber cometido un delito “contra la integridad y la estabilidad de la nación”41. Anteriormente, José Lorenzo Fuentes había sido arrestado en septiembre de 1969 y encarcelado hasta 1972. En el texto en el que el Buró Ejecutivo de la UNEAC dio a conocer su expulsión de esta organización se mencionaba su “traición a la patria”42. Su inculpación se basaba en supuestos contactos con el diplomático mexicano Humberto Carrillo Colón, a quien se conectaba a su vez con la CIA. No obstante, se ha defendido43 que esta acusación de espionaje no tenía un sustento real y que la detención de Lorenzo Fuentes podría explicarse por un deseo de eliminar disidencia potencial. Para cerrar el capítulo de las causas, sería oportuno considerar la posible incidencia de factores familiares en las exclusiones. A priori, resulta factible que el exilio de los progenitores y la incertidumbre que esto podía provocar sobre el futuro del afectado pudieran haber sido usados como agravantes de la situación de algún excluido. Resulta complicado calibrar la importancia de esa sombra de sospecha que pudo acarrear el exilio de los familiares más cercanos (sobre todo cuando se habían asentado en Estados Unidos). ¿Qué relevancia tuvo este hecho para los jóvenes creadores e intelectuales a la hora de integrarse en las distintas instituciones (educativas, laborales, culturales) surgidas al calor del proceso revolucionario? A falta de datos más precisos, me limitaré por ahora a citar el testimonio de un autor que tuvo que convivir con la temprana salida del país de sus padres. 41 En las conclusiones provisionales del fiscal se arguye: “Que el acusado asegurado René Ariza Bardales [...] desde hace algún tiempo viene dedicándose a escribir cuentos, ensayos y relatos cuyo contenido y enfoque se basan en el más amplio diversionismo ideológico y propaganda contrarrevolucionaria escrita. Que todo este material literario carente de valor artístico escrito en contra de los intereses de nuestro pueblo, de nuestro Primer Ministro Comandante Fidel Castro Ruz, mártires de nuestra patria y demás dirigentes nuestros, fue tratado de enviar al exterior de nuestro país para mediante su divulgación incitar contra el orden socialista y la solidaridad internacional” (Almendros, Néstor y Jiménez-Leal, Orlando: Conducta impropia (guión), Madrid, Playor, 1984, p. 188). 42 Bohemia: “Acuerdo de la UNEAC”, Bohemia, suplemento 3 de octubre, 1969, p. 9. 43 Reed, R: The Cultural Revolution…, p. 126.
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Así pues, el narrador Rodolfo Pérez Valero ofrece una interesante reflexión sobre este particular en su texto inédito «Criarse con miedo: cómo me convertí en la “señorita Esther Pérez” o la educación política de un adolescente cuyos padres se fueron de Cuba en los años 60» (2011). Los padres de este autor salieron de Cuba para Estados Unidos en 1966, mientras que él, que por aquel entonces contaba con 19 años, permaneció en la isla puesto que su marcha quedaba imposibilitada por la ley del Servicio Militar Obligatorio. Pérez Valero arguye que el exilio de sus progenitores se constituyó en un problema con el que debió lidiar a la hora de integrarse en la nueva sociedad. Así, recuerda que, a la hora de realizar una entrevista para ingresar en la Escuela Nacional de Arte (ENA), prefirió ocultar que sus padres residían en Estados Unidos y a partir de ahí comenzó a sostener que siempre había vivido con su tía. De hecho, señala que durante aquel proceso de selección para la ENA uno de los candidatos fue rechazado por mencionar que sus padres vivían en el extranjero. En cuanto a la situación en la década de 1970, refiere que al comenzar a trabajar en el Grupo Teatral Rita Montaner una actriz se interesó por él y entablaron una amistad. Posteriormente, le confesaría que ese acercamiento vino propiciado por el deseo de la Unión de Jóvenes Comunistas de conocer las opiniones de Pérez Valero, dada su condición de hijo de emigrados. En 1979 la situación mejoró y se produjo el reencuentro de este literato con sus padres durante el periodo en el que fueron autorizadas las visitas de la denominada “comunidad” (cubano-americana)44. En fin, el repaso de todo este conjunto de causas inculpatorias ofrece un catálogo de afrentas que en diversas combinaciones y grados se hicieron presentes en el campo cultural, sobre todo durante la década de 1970. De esta manera, se articularon para provocar el mayor cúmulo de injusticias que contra los escritores se haya cometido durante los más de cincuenta años de historia de la Revolución. Por otro lado, al igual que los factores que propiciaron las injusticias son múltiples, los tipos de exclusiones resultaron de diverso signo. Se pueden detectar al menos tres grandes zonas punitivas, donde se concentraron los castigos que tuvieron que afrontar los excluidos: laborales, culturales y vinculadas a la libertad de movimiento. 44 De acuerdo con las cifras ofrecidas por Pérez-Stable (Pérez-Stable, Marifeli: The Cuban Revolution. Origins, Course and Legacy, New York, Oxford University Press, 1999, p. 150), más de cien mil cubano-americanos visitaron la isla en 1979.
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Así pues, una de las medidas que se implementaron para evitar la “contaminación” de la nueva sociedad revolucionaria consistió en separar a los excluidos de sus cargos laborales. Este rechazo “eugenésico” había sido declarado abiertamente en el I Congreso Nacional de Educación y Cultura. En concreto, en su declaración final se explicitaba lo siguiente en referencia a los trabajadores de la cultura homosexuales: “En el tratamiento del aspecto del homosexualismo la Comisión llegó a la conclusión de que no es permisible que por medio de la ‘calidad artística’ reconocidos homosexuales ganen la influencia que incida en la formación de nuestra juventud […] Se sugirió el estudio para la aplicación de medidas que permitan la ubicación en otros organismos de aquellos que siendo homosexuales no deben tener relación directa en la formación de nuestra juventud desde una actividad artística y cultural45”.
En este, como en otros sentidos, la experiencia de Antón Arrufat es paradigmática puesto que se le obligó a trabajar durante más de nueve años en el almacén de la biblioteca municipal de Marianao. Pero esto no quiere decir que todos los que sufrieron la exclusión laboral fueran forzosamente homosexuales. Las causas que acabo de exponer se combinaron de diverso modo para acabar produciendo a veces los mismos resultados. Pensemos, por ejemplo, en la historia personal de Heras León, quien junto con los parametrados posee el doloroso honor de haber tenido que ejercer durante sus años de ostracismo ocupaciones tan lejanas a su formación y vocación como auxiliar de producción, forjador, hornero, operador de máquinas y otros desempeños en la fábrica donde fue trasladado a partir de su separación de El Caimán Barbudo. En su caso, se aunaba a la separación laboral la educativa al haber sido apartado de los estudios universitarios. Por otro lado, existe un elemento que no debemos perder de vista a la hora de repasar las distintas historias de vida que componen este retablo de agravios. Me refiero a la gradación. Ni todos los afectados sufrieron los mismos castigos, ni los padecieron con la misma intensidad. El catálogo es variado. Citemos tan sólo algunos ejemplos: Rodríguez Rivera pudo mantener su cargo como profesor universitario, a pesar de no poder publicar (entrevista inédita de Kapcia y 45 Casa de las Américas: “Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura”, Casa, 65-66, 1971, p. 14.
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Kumaraswami)46; Estorino, a pesar de las restricciones que antes se han mencionado, siguió formando parte de Teatro Estudio47 y, según el Diccionario de la literatura cubana, trabajó en el equipo técnico de la Dirección Nacional de Teatro y Danza del CNC; Manuel Díaz Martínez continuó como miembro de la redacción de La Gaceta de Cuba, cobrando, pero estando “sometido a la más absoluta inactividad”48; a José Milián lo reconvirtieron en pintor de brocha gorda49; y mientras otros tuvieron que vivir de las ayudas de los amigos50, hubo un grupo de escritores que pasó a ejercer labores más cercanas a su preparación, como aquellos que trabajaron de traductores o en tareas de edición en el Instituto Cubano del Libro o en la Academia de Ciencias. Dentro de este último conjunto se hallaban nombres tan destacados de la cultura cubana como Virgilio Piñera, Heberto Padilla, César López, Pablo Armando Fernández51 o Roberto Blanco. Paralelamente, y para redondear la expulsión del campo cultural de estos autores, se procedió al borrado de su huella creativa. Esto se llevó a cabo a través de diversos mecanismos, siendo el más notable la prohibición de publicar o representar sus piezas en el caso de los dramaturgos. Este hecho se pone de evidencia inmediatamente si comparamos los años que mediaron entre la aparición de sus últimas 46 Especialmente relevantes para la preparación de este texto han resultado algunas de las entrevistas realizadas por los profesores Antoni M. Kapcia y Par Kumaraswami durante las investigaciones que han llevado a cabo dentro de un proyecto Leverhulme Trust sobre la cultura literaria en Cuba, cuyos resultados en forma de libro están prontos a aparecer. 47 Espinosa, N.: “Las máscaras…”, p. 35. 48 Díaz Martínez, M.: Sólo un leve…, p. 115. En sus memorias, Sólo un leve rasguño en la solapa, Díaz Martínez ofrece detalles sobre en qué consistió su exclusión. Por ejemplo, señala que, desde la aparición del poemario Vivir es eso en 1968, estuvo sin publicar otro libro hasta 1984, momento en el que se editó Mientras traza su curva el pez de fuego (Ibidem, p. 113). En cuanto a su situación en la redacción de La Gaceta de Cuba, apunta: “A veces, Armando Álvarez Bravo o Reinaldo Arenas, que en aquellos días eran mis vecinos de mesa, no tenían quien los ayudara con las correcciones y no podían recurrir a mí. Tanto quisieron humillarme mis inquisidores, que ni a galeras me condenaron. La marginación incluía no invitarme a los actos organizados por la UNEAC” (Ibidem, p. 114). 49 Espinosa, N.: “Las máscaras…”, p. 31. 50 Idem. 51 Pablo Armando Fernández resume el futuro que sufrieron varios de los afectados por el caso Padilla: “Como resultado de todo esto [autoinculpación de Padilla y antecedentes], yo fui enviado a una imprenta a trabajar, donde pasé nueve años. Padilla fue enviado a un puesto bastante decente de traductor --tradujo la poesía romántica inglesa, y otros libros--. Y luego, César [López] fue mandado como traductor a la Academia de Ciencias” (Padura, L. y Kirk, J.: La cultura…, p. 171). En otra entrevista, Fernández añadía que estuvo entre 1970 y 1976 sin publicar: “Para el 76 comencé a publicar algunos poemas en revistas, y ahora [1981], como te dije, estoy en una revisión de Los niños se despiden, y con un nuevo libro de poemas” (Bejel, E.: Escribir en Cuba…, p. 88).
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obras antes de su caída, y las publicadas tras su rehabilitación. La lista es prolija, pero pueden subrayarse algunos casos que son lo suficientemente significativos por sí solos: entre Los siete contra Tebas (1968) y La caja está cerrada (1984) mediaron dieciséis años; Reynaldo González tuvo que esperar hasta 1978 para que se publicara La fiesta de los tiburones después de que en 1968 se editara la novela Siempre la muerte, su paso breve, mención en el concurso de Casa de las Américas; y, por poner un último ejemplo, Heras León aprovechó su estancia en la fundición Vanguardia Socialista para dar a conocer un nuevo volumen de relatos, titulado Acero (1977), siete años después de que viera la luz Los pasos en la hierba (1970). Otros menos afortunados murieron (Virgilio Piñera, José Lezama Lima) o se exiliaron (Reinaldo Arenas, José Triana) sin haber vuelto a publicar dentro de la isla52. El cambio de actitud que se fraguaba ya de una manera evidente a finales de la década de 1960 se observa en detalles sutiles, pero significativos, como el nombre de los componentes del jurado del certamen de teatro de la UNEAC. Tras el escándalo de Los siete contra Tebas, en la edición de 1969 se encargaron de elegir a los galardonados dos hombres (Mario Rodríguez Alemán y José Antonio Portuondo) y una mujer (Nora Badía). Aunque esta última había sido secretaria de la Sección de Teatro de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo53, sobre todo los dos primeros destacaron como intelectuales de probada “ortodoxia”. Al tiempo, se endurecieron los requisitos para fungir como jurados de los distintos concursos literarios y también algunas de las tendencias artísticas conectadas con los excluidos cayeron en desdicha. Todo esto provocó un efecto que incidió en la historia de la literatura en sí: se conformó un nuevo canon donde se encumbraron, aunque tan sólo fuera temporalmente, opciones como el realismo militante (socialista), con influencias brechtianas, en el caso 52 En cuanto a la poesía, Arango ofrece el siguiente listado de poetas cuyas obras dejaron de aparecer entre 1971 y 1976: “Por orden alfabético: Domingo Alfonso, Antón Arrufat, Miguel Barnet, Víctor Casaus, Félix Contreras, Belkis Cuza Malé, Manuel Díaz Martínez, Lina de Feria, Pablo Armando Fernández, Roberto Friol, Fina García Marruz, José Lezama Lima, César López, Nancy Morejón, Luis Rogelio Nogueras, Carilda Oliver Labra, Heberto Padilla, Delfín Prats, Rafael Alcides Pérez, Virgilio Piñera, Guillermo Rodríguez Rivera, Cintio Vitier y José Yánez. A la enorme mayoría de ellos tampoco se le permitió publicar en revistas culturales cubanas, y editar libros o textos fuera de Cuba podía ser considerado un acto de diversionismo ideológico” (Arango, A.: «“Con tantos palos...», p. 23). 53 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba: Diccionario de la literatura cubana, La Habana, Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, 1980. La versión electrónica está disponible en http://bib.cervantesvirtual. com/FichaObra.html?Ref=254 (14/03/2011).
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del teatro, o la corriente poética que Arturo Arango identifica como “tojosismo” (denominación atribuida a Omar González), que se correspondería con “una poesía de asunto y ambiente rurales, que solía idealizar personajes del campo, y que recreaba sobre todo momentos de la infancia del sujeto lírico”54. Sin salirnos aún de las repercusiones literarias, queda por mencionar un ejemplo que demuestra que la recuperación de la fiebre dogmática no se había producido aún completamente al terminar la década de 1970. En repetidas ocasiones, se ha mencionado que todavía en 1980 una publicación tan importante para las letras insulares como el Diccionario de la literatura cubana, preparado por el Instituto de Literatura y Lingüística, excluyó de sus entradas a nombres “problemáticos” como Gastón Baquero, Guillermo Cabrera Infante, Calvert Casey, José Mario, Carlos Montenegro, Lino Novás Calvo, Severo Sarduy, y otros. No obstante, quizás también sea significativo repasar quiénes fueron incluidos para calibrar el grado de rehabilitación de los autores que hasta ese momento habían sufrido en mayor o menor medida la exclusión. Entre estos nombres se incluyó a Antón Arrufat, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Eduardo Heras León, Heberto Padilla, Manuel Díaz Martínez, César López, Pablo Armando Fernández, José Triana, José Lorenzo Fuentes, Abelardo Estorino, Reinaldo Arenas y otros apartados. Claro está, de haber obviado a todos aquellos que sufrieron la marginación de algún modo u otro las entradas dedicadas a la literatura del periodo revolucionario habrían menguado considerablemente55. Evidentemente, la omisión del nombre de algunos creadores de un diccionario, por muy reveladora que sea, difícilmente tiene parangón con otras medidas de exclusión mucho más severas, como, 54 Arango, A.: «“Con tantos palos...», pp. 24-25. 55 Quisiera hacer dos anotaciones más a propósito de este controvertido diccionario. Pablo de Cuba Soria califica de “desolador” el que al final de la entrada dedicada al poeta Eugenio Florit se leyese: «“Desde los Estados Unidos, donde radica desde hace muchos años, mantiene una posición hostil a la Revolución”. [Y continúa] Pero, para qué recordar chubascos pasados; estoy seguro de que en la próxima edición del diccionario aparecerán, siempre como muy nuestros, esos escritores» (De Cuba Soria, Pablo: “El poeta solo. Eugenio Florit entre Órbita y Jiribilla”, Encuentro, 34/35, otoño-invierno, 2004/2005, p. 3). Por otro lado, Roberto González Echevarría arremetía contra el diccionario con unas palabras que reflejan otro tipo de crítica que hasta aquí no hemos mencionado: “The latter is lamentable not only because of its glaring omissions, but also because of its inclusions; because of the endless pages devoted to officials who have distinguished themselves more for their positions in the cultural bureaucracy than for their critical or literary works” (González Echevarría, Roberto: “Cuban Criticism and Literature: A Reply to Smith”, Cuban Studies, 9, 1989, p. 104).
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por ejemplo, el envío a presidio. A los nombres de Arenas, Padilla o Lorenzo Fuentes, se les podría agregar los del teatrista Pepe Camejo, encarcelado en 1972 y cuyo apoliticismo había sido criticado anteriormente56; el de Belkis Cuza Malé, esposa de Padilla, y retenida durante unos días en 1971; o el del también poeta Manuel Ballagas, encarcelado en 1973 y liberado cuatro años después57. También conllevaba una restricción de la libertad de movimientos el impedir las salidas al extranjero de ciertos “excluidos”. Recordemos que en la declaración final del I Congreso de Educación y Cultura se había sostenido: “Que se debe evitar que ostenten una representación artística de nuestro país en el extranjero personas cuya moral no responda al prestigio de nuestra Revolución”58. Así pues, César López, quien no pudo viajar al exterior hasta 1985, establece la década de 1980 como momento en el que esta prohibición comienza a desaparecer59. De hecho, a Pablo Armando Fernández se le retiró el pasaporte por trece años y no fue hasta 1980 que pudo desplazarse fuera del país, en este caso para asistir a un evento académico en Estados Unidos (entrevista inédita de Kapcia y Kumaraswami)60. El mismo Lezama Lima se quejaba del siguiente modo, en una carta dirigida a su hermana Eloísa, con fecha del 5 de septiembre de 1974: “Ahora bien, fíjate bien en esto: la casa A. dice vagamente que por la edición de Paradiso me pagarían una estancia en Barcelona. Otra picardía más [de las editoriales], pues de sobra saben ellos que aquí no se autoriza la salida. A mí, como tú sabes, me han invitado como seis veces y no he logrado nunca la autorización para el viaje”61. Las distintas consecuencias en las que se pueden traducir los mecanismos de marginación han sido puestas de relieve por los afectados en las rememoraciones y evaluaciones que han hecho de sus respectivos periplos vitales. Amigos que dejan de relacionarse contigo, cono56 Espinosa, N.: “Las máscaras…”, pp. 16 y 25. 57 Reed (The Cultural Revolution…, p. 127) ofrece más detalles sobre este asunto: «Ballagas was arrested in August 1973 and accused of committing “a crime against the powers of the State” in violation of Article 148 of the Social Defense Code. The evidence against him included unpublished manuscripts of his that were found in a drawer of his desk at home». 58 Casa: “Declaración del Primer…”, p. 14. 59 Castellanos, O.: “Defender todo…”, p. 31. 60 Por su parte, Arrufat se refiere a los años de 1980 como “los de la rehabilitación política”, y añade: “Una de las cosas más terribles era no poder viajar, algo que ya se ha olvidado porque se viaja con mucha facilidad. También se empieza a publicar en el extranjero, cosa que ya hacemos en este momento con gran libertad y sin que tenga consecuencias. Pero en aquella época esto era enormemente penado” (Padura, L. y Kirk, J.: La cultura…, p. 83). 61 Lezama Lima, José: Cartas (1939-1976), Madrid, Editorial Orígenes, 1979, p. 261.
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cidos que prefieren no saludarte en la calle o en las reuniones, recelos en tu centro de trabajo. Estas son algunas de las marcas del rechazo social. A la condición de marginado intelectual se unía recurrentemente la de apestado social. Tenemos la suerte de poder contar con el testimonio de dos autores cubanos contemporáneos que mantuvieron un estrecho vínculo con Virgilio Piñera y Lezama Lima durante sus últimos años de vida. Curiosamente, ambos (Abilio Estévez y Jesús J. Barquet) han hecho notar en sus respectivos escritos un sentimiento común: el miedo que en algún momento les produjo la relación con los dos maestros literarios62. El control de las relaciones sociales de Piñera llegó hasta tal punto que se le obligó a dejar de frecuentar la casa de los Ibáñez Gómez (descendientes del patriota cubano Juan Gualberto Gómez). En sus visitas semanales, Piñera disfrutó de un ambiente propicio para dar lectura a sus escritos, presentar conferencias y conversar con quienes todavía estaban dispuestos a ser sus amigos63. El envés complementario de estos forzados “insilios” lo proporcionan aquellos casos de autores que optaron por el exilio tras haber sido marginados en la década de 1970. Así, y por poner unos ejemplos, abandonaron el país los hermanos Camejo, a comienzos de los ochenta se fue José Triana, a través del Mariel salieron Reinaldo Arenas, René Ariza, Pepe Carril y Manuel Ballagas entre otros; y, posteriormente, en 1992 Manuel Díaz Martínez se trasladó a España. De entre todas las implicaciones psicológicas que la marginación pudo acarrear, deseo destacar una. Nancy Morejón aludió a ella en una entrevista que concedió tras ser galardonada con el Premio Nacional de Literatura: 62 Barquet confiesa que, por temor de ser expulsado de la universidad, interrumpió sus visitas a la casa de la calle Trocadero durante unos tres meses (Barquet, J.: “Del cotidiano…”, p. 28). Por su parte, Estévez, cuyos recuerdos de su relación con Piñera también se pueden encontrar en Virgilio Piñera en persona, afirma literalmente: “Yo, lo confieso, tuve miedo de conocerlo. […] Entonces me inquietaron los problemas que en el orden social él podía acarrearme” (Estévez, Abilio: “Primeras confidencias”, Encuentro, 14, otoño, 1999, p. 28). 63 Juan Gualberto (Yoni) Ibáñez Gómez explicaba cómo se le puso fin a las tertulias con Piñera: «Su amistad con nosotros tuvo que terminar por “causas mayores”: al cabo de algún tiempo de estar celebrando aquellas tertulias, todos los que participábamos en ellas, excepto mamá y mis hermanas, fuimos citados por el Ministerio del Interior a Villa Marista y nos notificaron que aquellas reuniones tenían que suspenderse. Con Virgilio fueron más duros: le dijeron que su influencia era perniciosa para los jóvenes y que, por lo tanto, le prohibían tener contacto con estos. Para él fue un golpe del cual nunca se pudo recuperar, y hasta su muerte vivió en un permanente estado de terror» (Espinosa, Carlos: Virgilio Piñera en persona, La Habana, Unión, 2003, p. 332).
236 Emilio J. Gallardo Saborido “Yo viví acomplejada muchos años, a tal punto que siempre he participado en comisiones, en esto o en lo otro… pero nada de hablar en asambleas. Todavía hoy a mí me cuesta intervenir en una reunión de este tipo. […] Te digo que a mí todavía en un Consejo Nacional de la UNEAC me da trabajo levantar la mano para decir algo, porque me parece que va a salir alguien y me va a decir: ‘Cállese usted, porque los de El Puente…’”64.
Es factible que esa internalización de un miedo a expresarse con libertad, existente aun cuando se haya producido la rehabilitación, se encuentre conectada con el fenómeno de la auto-censura, que se englobaría dentro de las consecuencias de tipo profesional. En este sentido, Antonio Benítez Rojo caracterizaba a la literatura producida en Cuba como “a product doubly mediated through fear; the state’s fear of the writer, manifested through censorship, and the writer’s fear of the state, expressed through self-censorship”65. Un fenómeno paralelo a la auto-censura lo constituye lo que bien podríamos denominar como “escritura terapéutica”, es decir, aquella que busca obtener una recompensa simbólico-ideológica para su autor, a quien posiblemente se le hubiese achacado alguna “falta” con anterioridad. Por supuesto, aquí entramos en el terreno de las motivaciones personales y resulta complicado aseverar con total seguridad que un texto fue producido a causa de este estímulo “limpiador”. Igualmente, las exclusiones influyeron en el desarrollo de la obra posterior de los creadores, frenando sus trayectorias literarias66, pero además retrasaron la publicación de libros redactados con anterioridad a su marginación. Este problema, al que Rine Leal se refirió como “desfasaje”67, provocó que se produjera un retraso de unos 18 años (1971-1989) entre la primera entrada en imprenta en Cuba del Segundo libro de la ciudad, de César López, y su definitiva apari64 Abreu, Alberto: “Mi respuesta a Arturo Arango”, Unión, 68, 2009, p. 84. 65 Benítez Rojo, Antonio: «Comments on Georgina Dopico Black’s “The Limits of Expression: Intellectual Freedom in Postrevolutionary Cuba”», Cuban Studies, 20, 1990, p. 171. 66 Al rememorar su propia recuperación creativa, que no editorial, Heras León recordaba: “Finalmente, algo se fue reconstruyendo por dentro, y en 1973, en unas vacaciones de la fábrica, como en un rapto comencé nuevamente a escribir. Fue, como imaginarán, un parto doloroso y agónico: así ha sido siempre desde entonces” (Heras León, E.: “El Quinquenio Gris…”, p. 21). 67 Al referirse a la pieza La dolorosa historia del amor secreto de don Jacinto Milanés, de Estorino, Leal apuntaba: “Lo primero que tendríamos que plantearnos es el desfasaje entre la fecha de creación de esta excelente obra y el año de su edición y representación, una larga década de desconocimiento que impedía una valoración más correcta del teatro de Estorino” (Smith, Verity: “Recent Trends in Cuba Criticism and Literature”, Cuban Studies, 9, 1989, p. 91).
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ción68; o que la publicación de La fiesta de los tiburones, de Reynaldo González, se diera a conocer en 1978, varios años después de lo programado69. Para cerrar el recorrido de los excluidos quedaría por analizar cuáles fueron los mecanismos de rehabilitación que sirvieron para mejorar sus situaciones personales y profesionales. En muchos de los casos se produjo una reincorporación al campo cultural oficial, propiciada por la inversión de las consecuencias que habían tenido sus exclusiones. Así pues, durante la segunda mitad de los 70 y con más intensidad durante los 80 aparecen de nuevo libros o puestas en escena de los autores “problemáticos”. Además, la crítica comienza a volver a ocuparse abiertamente de la obra de estos escritores y se les requiere otra vez para ciertas tareas anexas como la participación en concursos como jurados, se les invita a eventos culturales como la Feria del Libro, y se reponen o estrenan obras teatrales70 de autores antes excluidos. Por último, se ha dado un paso más y a varios de ellos se les han tributado diversos tipos de homenajes que han aumentado su reconocimiento público y prestigio. De este modo, resulta sumamente revelador revisar el listado de los Premios Nacionales de Literatura o los Premios Nacionales de Teatro, puesto que en ellos encontramos reiteradamente los nombres de creadores que anteriormente habían sido marginados. Apunte final: memoria, reflexión y reconocimientos En fin, ¿cuál es el estado a día de hoy de la reflexión sobre estos problemas? ¿Qué piensa la actual dirigencia político-cultural de 68 Castellanos, O.: “Defender todo…”, p. 31. Anteriormente, este poemario se había hecho con el Primer Premio de Poesía Ocnos en 1971 en España. Apareció en este país durante ese mismo año, pero se le eliminó una parte, por lo que se publicó incompleto (vid. Arcos, J. L.: “César o…”, p. 28). 69 En una entrevista con Marilyn Bobes, González aseveraba: «Cuando la intolerancia casi me echaba de mi país, acuñé una frase definitoria: “otros se exilian, yo me incilio”. Me amarré al mástil de mi propia embarcación. Del silencio y del desprecio me sanaron las traducciones internacionales de la novela y las ganas de trabajar, buena medicina para no guardar resentimiento. Cuando me permitieron salir a flote traía La fiesta de los tiburones bajo el brazo, el mismo libro que los mandamases habían detenido en segundas galeradas diez años antes» (Bobes, Marilyn: “Retrato a línea. Entrevista a Reynaldo González, Premio Nacional de Literatura 2003”, Revolución y Cultura, 1, enero-febrero-marzo, 2004, p. 28). 70 En el caso particular de Virgilio Piñera, Rosa Ileana Boudet (“Virgilio Piñera en su mar de utilería”, Anuario de Literatura Hispanoamericana, 34, 2005, pp. 142-143) sintetiza la que denomina “salida teatral definitiva” del dramaturgo, que tuvo lugar durante la década de 1980 y 1990. En aquellos momentos, no sólo se repusieron obras ya conocidas, sino que además se escenificaron piezas que nunca antes habían sido llevadas a las tablas cubanas.
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aquellos años? En una ocasión tuve la oportunidad de preguntarle directamente por estos asuntos al actual ministro de Cultura, Abel Prieto. En su respuesta abominó de la mediocridad, la homofobia y, en resumen, de la política de exclusión que gobernó la cultura durante el “pavonato”71. Es más, a partir de las apariciones en distintos medios de comunicación en 2006 y 2007 de Luis Pavón, Armando Quesada y Jorge Serguera, se desató un debate entre la clase intelectual residente en la isla y del exilio. Ese intercambio de opiniones, conocido como la “guerra de los emails”, propició la confrontación de puntos de vista, que, aunque llegaron a chocar entre sí, estaban unidos por el rotundo rechazo de la política cultural del “pavonato”. Todos estos acontecimientos estimularon la celebración entre 2007 y 2009 de una serie de conferencias sobre el asunto dentro del ciclo “La política cultural del periodo revolucionario: Memoria y reflexión”, auspiciado por el Centro Teórico-Cultural Criterios. Súmese a todo lo anterior el significativo galardón que Alberto Abreu recibió en 2007 por su libro Los juegos de la escritura o la (re)escritura de la Historia (premio Casa de las Américas 2007, ensayo artístico-literario). El reconocimiento a este libro sirve para demostrar que se ha producido una activación reflexiva sobre lo que ocurrió en la década de 197072. Por supuesto, aún quedan retos por cumplir y se ha de ahondar en el conocimiento que tenemos de la exclusión de intelectuales (y no intelectuales) y también en el reconocimiento de aquellos que sufrieron la marginación por ser “peligrosamente” diferentes. 71 Este es un extracto de la respuesta de Prieto: «Y realmente a raíz del caso Padilla, que fue un gravísimo error que se cometió, que convertimos a una especie de bufón en una especie de emblema internacional, se produjo una tergiversación de esa política [la expuesta en “Palabras a los intelectuales”], que duró entre el 71 y el 75. Ambrosio Fornet, un escritor nuestro, le llamó el “Quinquenio Gris”. Otros dicen que se prolongó más y es probable que en algunos casos se haya prolongado más, pero ahí esa política de inclusión, de unir a la gente, de unir a todas las generaciones de intelectuales y de ponerlas a trabajar en la obra revolucionaria, esa política de unidad se quebró en esos años. Y gente muy mediocre tuvo cargos decisivos en la cultura y una homofobia verdaderamente delirante se instauró como política de determinados organismos culturales. Hubo organismos, por suerte, que mantuvieron la herencia realmente fidelista y unitaria, que fueron la Casa de las Américas, el ICAIC, el Ballet Nacional. Ahí esas ideas de exclusión, esas barbaridades, no se cometieron en esas instituciones» (respuesta a una pregunta del autor a Abel Prieto realizada en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 21 de septiembre de 2007). 72 Es más, el dinamismo reflexivo de la crítica cubana sobre el devenir del campo cultural de la Revolución queda patente además en la polémica que surgió a raíz de la aparición del libro de Abreu. Esta polémica se desarrolló en los siguientes textos: Abreu, Alberto: “Mi respuesta a Arturo Arango”, Unión, 68, 2009, pp. 80-84; Arango, Arturo: “Una mala escritura de la Historia”, La Gaceta de Cuba, 1, enero-febrero, 2009, pp. 56-59; Zurbano, Roberto: “Contra la falsa crítica: una respuesta con guantes (de seda)”, La Gaceta de Cuba, 3, mayo-junio, 2009, pp. 53-56.
(Super)vivencias grises: escritores y política cultural cubana…
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En la novela Máscaras de Leonardo Padura, Alberto Marqués, un teatrista parametrado, le dice al policía Mario Conde: “No me dejaron publicar ni dirigir, pero nadie me podía impedir que escribiera y que pensara. Estas dos carpetas [que contienen ocho obras de teatro y un ensayo de 300 páginas sobre la recreación de los mitos griegos en el teatro occidental del siglo XX] son mi mejor venganza”73. La constancia y la dedicación de los marginados a su obra literaria atestiguan esa dulce venganza a la que se refiere Marqués y demuestran que en medio de la grisura pervivieron y sobrevivieron bastiones creativos luminosos.
73 Padura, Leonardo: Máscaras, La Habana, Ediciones Unión, 1997, p. 205.