Documentar la atrocidad: Resistir el terrorismo de Estado [1 ed.] 9563572602, 9789563572605

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Documentar la atrocidad Resistir el terrorismo de Estado

Documentar la atrocidad Resistir el terrorismo de estado

Oriana Bernasconi EDITORA

DOCUMENTAR LA ATROCIDAD Resistir el terrorismo de Estado © Oriana Bernasconi Editora Ediciones Universidad Alberto Hurtado Alameda 1869 - Santiago de Chile [email protected] – 56-228897726 www.uahurtado.cl Primera edición en inglés con el título: Resistance to Political Violence in Latin America; Documenting Atrocity, edited by Oriana Bernasconi Ramírez Copyright © bajo la exclusiva licencia de Springer Nature Switzerland AG, 2019. Esta edición ha sido traducida y publicada bajo licencia de Springer Nature Switzerland AG, quien no se responsabiliza ni se hace responsable de la exactitud de la traducción. Impreso en Santiago de Chile por C y C impresores Primera edición diciembre 2020 Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación. ISBN libro impreso: 978-956-357-260-5 ISBN libro digital: 978-956-357-261-2 Coordinador colección Historia Daniel Palma Alvarado Dirección editorial Alejandra Stevenson Valdés Editora ejecutiva Beatriz García-Huidobro Diseño de la colección y portada Francisca Toral Diseño interior Gloria Barrios A. Imagen de portada: La Sábana, de Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías políticas de la memoria”, UAH. Se agradece al artista.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Índice

Lista de nombres 9 Lista de figuras 11 Agradecimientos 15 Capítulo I Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado Oriana Bernasconi Capítulo II Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado Oriana Bernasconi

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Capítulo III ¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado? 71 Oriana Bernasconi, Manuel Gárate, Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla Capítulo IV Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro de las violaciones a los derechos humanos María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero Capítulo V Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en dictadura Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira

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Capítulo VI Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz Capítulo VII Registro y documentación de la violencia de Estado como evidencia judicial en juicios de derechos humanos Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas Capítulo VIII Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia Oriana Bernasconi

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Capítulo IX Epílogo 301 Elizabeth Lira Centros de detención mencionados

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Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad entrevistados(as) y citados(as)

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Sobre las autoras y los autores

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Lista de nombres

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) Central Nacional de Informaciones (CNI) Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) o Comisión Rettig Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT) o Comisión Valech Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi) o Comité Pro Paz Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) 9

Documentar la atrocidad. Resistir el terrorismo de Estado

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol) Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) Partido Comunista (PC) Partido Demócrata Cristiano (PDC) Partido Socialista (PS) Servicio Médico Legal (SML) Sub Archivo de Desaparecidos (SAD), archivo Funvisol Sub Archivo de Ejecutados (SAE), archivo Funvisol Taller de Artes Visuales (TAV)

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Lista de figuras

Figura 1.

La Sábana, Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria”, Universidad Alberto Hurtado.

Figura 3.1

Diario El Mercurio. 5 y 10 de noviembre de 1973. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.2

Extracto “Informe Scherer. Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Documento N° 0082300”, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, abril de 1974, p. 2. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.3

Portada “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile” y fotografía interna que acompaña al texto. Obispos de Chile. Declaración. 24 de abril de 1974, pp. 1 y 5. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.4

Diario La Segunda. 16 y 18 de mayo de 1974. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Figura 3.5

Diario El Cronista. 1° de julio de 1978. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

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Lista de figuras

Figura 4.1

Familiares de detenidos desaparecidos buscando asistencia en la Vicaría de la Solidaridad. s/f. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 4.2

Recepción, Departamento de Apoyo, Vicaría de la Solidaridad. Marzo de 1981. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

Figura 4.3

Abogado Andrés Cifuentes entrevistando a personas afectadas, Vicaría de la Solidaridad (entre 1975-1979). Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.1

Carpeta de atención creada por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.2

Ficha de Ingreso Penal, usada entre 1976 y 1990 por la Vicaría de la Solidaridad. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.3

Lista de situaciones represivas de dirigentes sindicales. Izquierda: situación criminal registrada en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile entre octubre de 1973 y octubre de 1974. Derecha: lista difundida por la Confederación Internacional de Sindicatos, 31 de enero de 1975. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.4

Extracto de la descripción de un patrón incluido en Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Lista de figuras

Figura 5.5

Fotografía de Alejandro Parada, detenido desaparecido en 1974. A la izquierda: fotografía de la familia. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. Al centro: artistas Hernán Parada, Elías Adasme y Luz Donoso trabajando la fotografía de Alejandro Parada como detenido desaparecido. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. A la derecha: reproducción de fotografía de Alejandro Parada en el libro ¿Dónde Están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 3, 1978, p. 543).

Figura 5.6

Departamento de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, 23 de marzo de 1979. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

Figura 5.7

Copia facsimilar de una “sábana”, Departamento Legal, Vicaría de la Solidaridad, 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 6.1

Tabla estadística del “Informe del segundo trimestre de 1975” (p. 63). Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 6.2

Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 6.3

Extracto del caso del detenido desaparecido Abraham López Pinto, en el libro ¿Dónde Están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 7, 1978, pp. 1582-1583). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.1

Oficio del ministro Alejandro Solís a Funvisol y memorándum de respuesta, caso Muriel Dockendorff, 2014. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Lista de figuras

Figura 7.2

Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (pp. 1925-1926). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.3

Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2039). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.4

Carta anónima enviada al vicario Cristián Precht de la Vicaría de la Solidaridad, fechada en Mendoza el 10 de enero de 1979 y citada en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2204). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 7.1

Memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (1993 - primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 7.2

Víctimas mencionadas en memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (2006 - primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Agradecimientos

Este libro es resultado de tres años de trabajo interinstitucional, interdisciplinario y de colaboración transnacional. Ha llegado a buen término gracias a la participación de actores sociales, activistas de derechos humanos, investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y universidades. En nombre de los autores y autoras del libro, quisiera agradecer el patrocinio de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol), así como el financiamiento conjunto del Fondo Newton y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) del gobierno de Chile. También quisiera reconocer la colaboración constante de la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Londres 38 Espacio de Memorias, todos presentes en Chile. Las personas que participaron de entrevistas en los distintos archivos fueron fundamentales para comprender los sistemas de registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos 15

Agradecimientos

producidos en dictadura. Las conversaciones con extrabajadores y extrabajadoras de diversos organismos de derechos humanos nos permitieron entender la lógica de producción y ordenamiento de los archivos que estábamos estudiando, y también la relevancia que revestía recuperar la historia intelectual, política y moral de esos procesos documentales. Estas entrevistas fueron una instancia para que extrabajadores y extrabajadoras de las organizaciones de derechos humanos revisitaran, revaluaran y resignificaran su trabajo con más de 30 años de distancia. La experiencia les fue significativa, especialmente por su valor intergeneracional e interdisciplinar. María Luisa Sepúlveda, Argentina Valenzuela, Gloria Lepe, Gloria Cruz, Victoria Baeza, Ángela Cofré, Catalina Tapia, Mario González, Roberto Garretón, Gustavo Villalobos, Mónica Silva, Álvaro Varela, Jaime Esponda, Carmen Garretón, Héctor Contreras, Gilda Gnecco, Daniela Sánchez, Eugenio Ahumada, María Paz Vergara y Ramiro Olivares participaron en las entrevistas para este proyecto, compartiendo importantes experiencias sobre su trabajo en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi), la Vicaría de la Solidaridad y Funvisol. Norma Muñoz y Ana María Mendioli fueron entrevistas por una de las autoras para un proyecto anterior y, para esta publicación, recuperamos sus valiosos testimonios. Viviana Díaz, líder histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que comenzó en la sede del Copachi, también fue entrevistada para este libro. Graciela Acuña, Nancy Nicholls, Elizabeth Lira, Rosa González y Claudio González describieron su trabajo en Fasic y sus archivos. En el MMDH tuvimos la invaluable ayuda de María Luisa Ortiz, Walter Roblero, Vilma Ruiz, Rodolfo Ibarra y Juan Carlos Vega. Con Macarena Arias y Ximena Díaz analizamos el rol del registro en el Servicio Médico Legal (SML) y con Wally Kunstmann el uso del Estadio Nacional como el centro de detención, interrogatorio y tortura más grande del país durante los meses posteriores al golpe de Estado, así como su posterior recuperación como espacio de memoria. Juanita Méndez de Codepu, Juan René Maureira de Londres 38 Espacio de Memorias, y Omar Sagredo de 16

Agradecimientos

la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi compartieron sus experiencias en la creación de archivos audiovisuales testimoniales. Un conversatorio celebrado en la Universidad Alberto Hurtado en 2016 reunió a agencias gubernamentales, como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); archivos universitarios (Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile y Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile); archivos de las organizaciones de derechos humanos que surgieron durante la dictadura (Fasic, Codepu, Funvisol y Pidee); y archivos orales de sitios de memoria de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos, Londres 38 Espacio de Memorias y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Este conversatorio permitió discutir los archivos de derechos humanos de Chile, su preservación y acceso público, y su contribución para los procesos de verdad, justicia y reparación, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la educación e investigación1. En la fase de discusión metodológica, análisis y revisión de los borradores preliminares de los capítulos de este libro intervinieron, además de los autores y las autoras, distinguidos investigadores e investigadoras, cuyas críticas y agudas reflexiones fortalecieron las versiones finales. Quisiéramos agradecer especialmente la dedicación y el compromiso con este proyecto de Leigh Payne, Anne Pérotin-Dumon, Vikki Bell, Béatrice Fraenkel, Maria Tamboukou, Fredy Mora-Gámez, Gabriel Pereira, Steven Brown, Peter Winn, David Zeitlyn y Cath Collins. Las versiones preliminares de los capítulos de este libro se presentaron en el Reino Unido: en el Instituto de Antropología Social y Cultural, en el Saint Antony’s College y en el Latin American Centre de la Universidad de Oxford, y en el Departamento de Estudios de Gestión Crítica de la Universidad de Leicester. En Europa continental, nuestros hallazgos fueron discutidos en el Laboratorio de Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/2016/04/13/equipo-uah-organiza-conversa torio-actualidad-de-los-archivos-de-derechos-humanos-en-chile/.

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Agradecimientos

Escritura Antropológica de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Francia, en el Instituto Langage et Communication y el Centro de Investigación Valibel-Discours et Variation de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo de Suecia. También compartimos este proyecto en varios países de América Latina. En Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia; en Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo, Memoria Abierta y el Núcleo Memoria CIS-Conicet/IDES. Asimismo, participamos en las Conferencias Anuales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebradas en distintos países de América. En Chile, expusimos en la Universidad de La Frontera, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello y en la Universidad de Valparaíso. Los asistentes a la Conferencia Internacional “Registrando la violencia política: tecnologías, usos y efectos”, que organizamos en enero de 2018 en el MMDH, nos ayudaron a pensar el caso chileno en perspectiva comparada. Agradecemos también a todas las personas (sobrevivientes, cineastas, escritores, académicos, activistas, entre otros) que han participado desde marzo de 2016 en las más de 27 actividades de nuestro Programa Interdisciplinar de Investigación sobre Memoria y Derechos Humanos2. De todas ellas aprendimos sobre este campo de estudio y acción. Ana María Risco y Sebastián Vidal, colegas del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, colaboraron con profesionalismo para hacer nuestra investigación aún más interdisciplinar. Ellos formaron parte del equipo que seleccionó al artista visual Nicolás Franco para la realización de una obra de arte que pudiera poner en valor a través de este sistema de referencia y representación la relevancia de la documentación de las violaciones a los derechos humanos para una audiencia mucho más amplia y variada que la académica. Dicha obra, La Sábana (2017) 2

Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/.

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Agradecimientos

(Figura 1), ha sido exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago, en la Universidad de La Frontera en Temuco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, en el Museo de Arte Moderno Chiloé, en el Espacio Confluencia en la ciudad de Mendoza, Argentina, y en el Parque Cultural de Valparaíso “Ex-cárcel”. Esperamos que La Sábana pueda viajar con este libro alrededor del mundo para acceder a otros espacios educacionales, museográficos, culturales y artísticos comprometidos con el fomento y respeto a los derechos humanos. El cineasta Nicolás Acuña, director de la serie de televisión Los archivos del cardenal, basada en casos de los archivos de la Vicaría (2011-2014), nos ayudó a incursionar en la relación entre los sistemas de registro de la violencia política y la cultura popular. Con tremenda dedicación, cariño y respeto, Héctor Fernández y Luis Renato Hermosilla nos acompañaron con los registros fotográficos y audiovisuales del proyecto durante todo el período. La antropóloga Daniela Mansilla y los sociólogos Rodrigo Suárez y Javiera Correa realizaron un trabajo espléndido como ayudantes de investigación y coordinadores de las múltiples actividades de este proyecto durante sus tres años de ejecución. Su profundo compromiso con cada actividad, y su fuerza y humor frente a los períodos más difíciles, fueron clave para llegar a buen término. Los tres además obtuvieron el grado de magíster con excelentes tesis relativas a los temas del proyecto, lo que nos llena de orgullo y esperanza, pues necesitamos que las generaciones venideras difundan y desarrollen nuevas líneas de indagación sobre la documentación de la violencia política desde sus respectivas coordenadas biográficas, políticas e intelectuales. En la producción en inglés del libro, colaboraron Maxine Lowy y Cath Collins. Agradecemos sus agudas sugerencias y precisiones que persisten en esta versión. Desde que proyectamos este libro, nos propusimos que existiera una versión en castellano de modo de participar del debate sobre resistencia, archivos y artefactos documentales en el campo de estudio de la memoria y los derechos humanos en la región 19

Agradecimientos

Latinoamericana; contribuir a la reflexión y fortalecimiento de los procesos de registro y de conservación de material documental sobre distintas manifestaciones de la violencia política que han tenido o están teniendo lugar en nuestros territorios y, sobretodo, poner estas reflexiones a disposición de los extrabajadores y extrabajadoras del Comité pro Paz y la Vicaria de la Solidaridad, en reconocimiento por la encomiable labor que desplegaron. El dedicado trabajo de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, representado por Beatriz García Huidobro, ha permitido cumplir con este proyecto. Santiago. Agosto 2020.

Figura 1. La Sábana, Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria”, Universidad Alberto Hurtado.

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CAPÍTULO I

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado Oriana Bernasconi

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas. La negación, el silencio y la impunidad suelen instalarse como sus mejores aliados. Sin embargo, lo que sucedió en Chile durante y después de la brutal dictadura liderada por el general Pinochet (1973-1990) revela una experiencia distinta. Cuando la violencia política estalló en el país, a consecuencia de la ofensiva militar contra el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) y la población civil, los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio acudieron a sus iglesias y comunidades de fe solicitando protección. Ante esta situación, la jerarquía de la Iglesia católica junto con líderes de las Iglesias evangélica, metodista, pentecostal, presbiteriana, bautista y ortodoxa y representantes de la comunidad judía en Chile, decidieron organizarse para asistir a las víctimas de la represión y denunciar públicamente los testimonios que comenzaron a reunir como resultado de esta labor. Este esfuerzo ecuménico dio origen al Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi; en adelante, “Comité Pro Paz” o “Comité”), inaugurado el 9 de octubre de 1973, a menos de un mes del golpe de Estado. En enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad (en adelante, “Vicaría”) asumió el trabajo del Comité, solo días después del cierre forzado de este último a consecuencia de la directa presión ejercida contra la organización por parte del general del ejército y presidente de la junta de gobierno Augusto Pinochet. En 1975, entre tanto, había nacido la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 21

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado

Cristianas (Fasic), otro esfuerzo ecuménico. Con los años, distintas organizaciones se fueron sumando a la defensa de los derechos humanos. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), acogida en las oficinas del Comité Pro Paz desde fines de 1974; la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), creada en 1978 por un grupo de abogados; la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), fundada en 1979; la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), formada en 1980; y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) que proporcionó asistencia médica y psicológica a las víctimas a partir de 1985. Tres años más tarde, en 1988, un grupo de psicólogas y psiquiatras que habían trabajado en Fasic dieron origen al Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS). Bajo la atenta mirada del régimen dictatorial, estas organizaciones ofrecieron asistencia moral, legal, médica, psicológica, social, económica y educacional a las víctimas y sus familiares. Sus tareas incluyeron organizar el asilo político y el exilio de personas perseguidas; prestar asistencia a prisioneros en cárceles, campos de concentración y centros de detención; buscar a los detenidos desa­ parecidos y, en base a los testimonios de quienes sobrevivieron, descubrir centros clandestinos de detención, identificar perpetradores y desentrañar un siniestro repertorio de prácticas represivas. Asimismo, se valieron de una diversidad de recursos para asistir a las víctimas, restituyendo el derecho a la defensa legal. También produjeron estudios y estadísticas, publicaron reportes y libros sobre las formas represivas que iban conociendo, compilaron noticias de prensa y reunieron archivos fotográficos. Más aún, en medio de severas restricciones a la libertad de prensa y al derecho a la información, editaron revistas y panfletos informando a la población sobre la realidad social, económica y política que Chile vivía. Estos organismos, conscientes de la importancia del registro tanto para su gestión cotidiana como para el futuro del país, reunieron y clasificaron desde temprano y de manera sistemática la 22

Oriana Bernasconi

evidencia de los abusos cometidos por el Estado chileno dando forma a archivos. En el transcurso de los años también fueron capaces de proteger y preservar la información acopiada, aunque –como veremos en este libro– a costa de grandes riesgos y conflictos institucionales mayores. Así, a días de desatarse la violencia estatal, fue germinando una forma colectiva de asistencia, denuncia y resistencia que logró persistir durante los siguientes 17 años de gobierno dictatorial. Se trata de una experiencia única o al menos inusual; de seguro lo es con relación al pasado de Chile y posiblemente también en el contexto internacional. Estas acciones desafiaron al miedo, la complicidad, al aislamiento y al revanchismo sembrados por la violencia, y sostuvieron una red solidaria bajo condiciones extremadamente amenazantes y peligrosas. La documentación de las violaciones a los derechos humanos estuvo en el centro de esta cruzada. Ella permitió resistir las explicaciones distorsionadas ofrecidas por las autoridades, y comprender la magnitud y características de las prácticas represivas perpetradas por el Estado. La documentación, puesta en circulación, fue también fundamental para concitar el repudio nacional e internacional al régimen militar. Después de que la dictadura fue derrotada en las urnas en 1988, varias de las organizaciones que habían prestado asistencia a las víctimas sistematizaron, preservaron y digitalizaron sus archivos, poniéndolos a disposición pública. Este fue el caso de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol) que contiene los registros del Comité Pro Paz y de la Vicaría. Así se constituyeron en Chile los “archivos de la resistencia” o los “archivos de derechos humanos” (Da Silva y Jelin 2002; Caswell 2014), acervos documentales que registran los abusos cometidos contra la población civil (Rivas 2016), ponen al descubierto las formas de operación de los aparatos represivos del Estado y, en ciertos casos, identifican a los perpetradores. En el período posdictatorial, la documentación reunida en los archivos de derechos humanos chilenos ha servido como fuente y como 23

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado

evidencia para el trabajo de las comisiones de la verdad (en 1991, 1996, 2004 y 2011), los programas de reparación (desde 1991), las causas judiciales (especialmente desde 1998), la definición de la institucionalidad pública y privada en derechos humanos, el diseño de prácticas de memoria y memorialización, y la conducción de investigación social, histórica y cultural. De esta forma, el caso chileno resulta paradigmático en el campo de la violencia política. La catástrofe –es decir, el acontecimiento violento capaz de impactar la vida de una sociedad en todos sus aspectos (Rousso 2018)– fue inscrita mediante distintos dispositivos de registro y procesos documentales que han resultado vitales para poder conocer y enfrentar el horror infligido. La inscripción de estas atrocidades ha permitido el diálogo y la discusión sobre lo sucedido en el país; ha contribuido al reconocimiento público y social de las violaciones perpetradas por el Estado; y ha sido pieza clave para al ejercicio de la justicia y de los derechos colectivos a la verdad y a la memoria. Examinando cómo la violencia política fue registrada y documentada, este libro revela el rol que procesos y procedimientos usualmente considerados intrascendentes y triviales pueden tener sobre la gestión y el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. En las siguientes páginas intentamos relevar el estatuto de esta documentación como fuente de información y evidencia, pero también como acervo que visibiliza, nombra, clasifica, tipifica, rotula y, por lo tanto, es piedra angular en la conformación del repertorio de enunciabilidad de esta catástrofe en Chile (Foucault 1968; Hacking 2002; Desrosières 1998). Este repertorio ha permitido conocer la violencia política y actuar con relación a ella durante más de cuatro décadas. Y ha permitido también acercarse y solidarizar con las prácticas de asistencia, resistencia, justicia, verdad y memoria desplegadas por distintos actores a través del tiempo. Dicho de otro modo y parafraseando a Michel Foucault (1968), el archivo, con su capacidad de registrar y resguardar apariciones, es una vía de acceso no solo a una forma de gestión de esta catástrofe –la de quienes la sufrieron y se 24

Oriana Bernasconi

organizaron para resistirla–, sino al repertorio que, como sociedad, hemos conformado para abordarla. Aquí, creemos, radica parte fundamental de la actualidad de este tipo de archivos. Ellos son, en definitiva, el punto de inicio de una narrativa histórica y de una serie de prácticas legales, sociales y culturales mediante las cuales procesamos aún hoy este legado. Un propósito central de este libro es llamar la atención sobre el potencial performativo del trabajo documental desplegado por las organizaciones de derechos humanos. Argumentamos que la práctica de registro de las violaciones a los derechos humanos previene la represión sin traza. Así también nos interesa demostrar que la forma de registro de estas violaciones tiene implicancias significativas sobre la capacidad social de confrontar estos pasados violentos. En el caso que analizamos, los registros y documentos que atestiguan lo sucedido a las víctimas están asociados a y han sido condición para una serie de acciones legales, políticas, humanitarias, científicas y artísticas, promovidas en el país y en el exterior. La naturaleza diacrónica del libro indica que el trabajo desarrollado en Chile anticipa, y en cierto momento, adopta y se entrecruza con la semántica internacional de los derechos humanos (Bernasconi, Lira y Ruiz 2019). El caso chileno demuestra que es imposible imaginar un futuro común sin reconocer públicamente las violaciones perpetradas. El testimonio directo de las víctimas ha sido una poderosa herramienta para desafiar las intenciones negacionistas y revisionistas, y confrontar el olvido y la impunidad. Así, este caso indica que la documentación de este tipo de trasgresiones contribuye a la propia creación del espacio político para la defensa de los derechos humanos (Kelly 2013). El libro también pone de manifiesto el potencial emancipatorio de la investigación social que intenta dilucidar las diferentes formas y contextos con que enunciamos, reportamos y actuamos con relación a las violaciones a los derechos humanos. Este potencial es particularmente visible en esta, la “era del testigo”, iniciada en 1961 con el juicio de Eichmann en Jerusalén (Wieviorka 1998; 25

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado

Arendt 1998). Sin duda, exploraciones críticas sobre el pasado como la que intentamos realizar aquí, contribuyen también a identificar los desafíos actuales que enfrentan las sociedades que sufren el impacto de violaciones masivas a los derechos humanos.

Llamando por su nombre al terrorismo de Estado Este libro argumenta que los registros creados por los organismos de la sociedad civil durante la dictadura militar en Chile no se limitan a documentar la asistencia ofrecida a quienes fueron afectados. Estos registros también permitieron que la violencia estatal fuera visible, conocible y trazable. Así como los mapas contribuyen a definir, reclamar y sostener territorios (Leuenberger y Schnell 2010), de manera análoga, en Chile, el registro y la documentación permitieron inscribir la violencia estatal, desafiando las intenciones de la dictadura de borrar las huellas de sus acciones. Durante el régimen militar, la documentación de las distintas situaciones denunciadas fue fundamental para comprender la violencia política y resistir las versiones distorsionadas ofrecidas por las autoridades. La magnitud y diversidad de estas denuncias fueron revelando una realidad que contrastaba dramáticamente con las explicaciones oficiales. Ellas ponían de manifiesto la existencia de una política sistemática de violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado en contra de la población. De esta forma, sostenemos, las organizaciones de la sociedad civil fueron capaces de provocar una ontología práctica de la violencia estatal, esto es, una realidad alternativa sobre la cual actuar en defensa de las personas perseguidas. El libro también busca destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación de perdurar en el tiempo y sobrepasar las funciones para las cuales fueron concebidos. Carpetas, formularios, testimonios, estadísticas, informes, expedientes, fotografías, entre otros artefactos materiales preservados, han quedado a disposición de otras coyunturas sociopolíticas, contribuyendo en el 26

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tiempo a informar procesos de reparación, verdad, justicia, memoria, educación, análisis histórico y creación artística. La literatura sobre violencia política estatal y genocidios tiende a focalizar su atención en dos figuras: la víctima y el perpetrador. Al reconstruir las prácticas documentales y examinar los artefactos de registro que sostuvieron la asistencia ofrecida a los afectados y las denuncias de la violencia de Estado durante esta larga y cruel dictadura militar, este libro destaca el rol de un tercer actor: el defensor de los derechos humanos, quien puede mediar la relación entre víctima y victimario y jugar un rol clave en la gestión de catástrofes de esta naturaleza. Su existencia puede afectar los procesos posteriores de restitución de derechos y reconocimiento y reparación de víctimas y, eventualmente, contribuir a contener la violencia mientras es desplegada. En Chile, profesionales y voluntarios, sacerdotes, monjas y líderes de distintas confesiones religiosas, arriesgaron sus vidas para mitigar el dolor, salvar seres humanos, acompañar a familiares en la búsqueda de parientes prisioneros y desaparecidos, y documentar las atrocidades del régimen con la mayor precisión y detalle posible. Difundir las historias desconocidas de estos actores es un acto de reconocimiento de su solidaridad. Este acto no es solo necesario sino también urgente. Muchas de las personas que crearon y utilizaron los registros que hoy componen los archivos de derechos humanos chilenos están enfermas o ya han muerto, amenazando la posibilidad de conocer y conservar sus experiencias.

Audiencias Los capítulos de este libro buscan hacer visible una encomiable y sostenida labor de solidaridad y resistencia pacífica desplegada por la sociedad civil para hacer frente a masivas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Reconocer las lecciones de una labor de este tipo es crucial para cualquier sociedad que busque vivir en paz. 27

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado

El libro tiene por propósito contribuir a generar un debate en Chile, en el extranjero y en organismos internacionales, sobre cómo se gestiona y conserva el registro de las violaciones a los derechos humanos. Ello pasa por reconocer que la documentación de episodios de violencia política es parte constitutiva de la gestión humanitaria. Y por asumir que la conservación de este tipo de acervos documentales permite que futuras generaciones puedan conocer estos eventos traumáticos y ejercer el derecho colectivo a la memoria sobre el pasado reciente de sus sociedades. Este libro también analiza la agencia política de individuos enfrentados a un largo y severo proceso de vulneración y coerción estatal. Se trata de cuerpos, psicologías, trayectorias vitales, familiares, comunitarias y organizacionales sometidas a violencia institucional. Creemos que la resistencia solidaria y ética que tuvo lugar en Chile puede ayudar a problematizar las formas de gestión y reacción que están siendo desplegadas hoy ante situaciones contemporáneas de violencia política alrededor del mundo. Asimismo, el libro aborda una dimensión del trabajo sociohistórico que ha permanecido inexplorada y quizás desapercibida en el campo de estudio de los derechos humanos, pese a su potencial analítico. Esta dimensión tiene que ver con las culturas materiales y epistémicas que subyacen a las historias de violencia y resistencia. En este sentido, el libro se expande más allá del campo de la violencia de Estado, para tocar también asuntos relativos al conocimiento y la experticia. Durante la dictadura militar chilena, las ciencias sociales y humanas comprometidas con los derechos humanos se vieron desafiadas a poner su conocimiento para dilucidar, denunciar y sobrellevar esta catástrofe. La necesidad urgente de recoger testimonios y documentar lo que estaba sucediendo a menudo puso en riesgo la propia vida de las trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogos, abogados y otros profesionales que acudieron a prestar servicio a las organizaciones de derechos humanos creadas para asistir a los perseguidos. ¿Cómo registrar un testimonio de prisión política? ¿Cómo establecer una relación profesional con un sobreviviente de tortura al que persiguen? El impacto de la 28

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situación sociopolítica sobre la capacidad de autocomprensión de las ciencias sociales y humanas también es un asunto que compete a la memoria histórica de una sociedad. Sin embargo, son escasos los estudios destinados a estos asuntos. El análisis del rol de las distintas epistemes involucradas en los procesos documentales y de procesamiento de información relativa a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tiene un valor indudable y constituye un caso paradigmático de reflexividad y performatividad disciplinar. También es un caso relevante para las actuales generaciones de profesionales que están siendo entrenadas en las ciencias sociales, al instalar preguntas sobre las capacidades y recursos que estas disciplinas proveen para gestionar catástrofes como las sufridas en el pasado reciente en Chile y el Cono Sur. Asimismo, es de inmenso valor para académicos, activistas y profesionales dedicados a enfrentar el problema de la violencia política, y los procesos de pacificación y transición en contexto de posdictadura y posconflicto. Esperamos que el libro sea útil para los defensores y activistas de los derechos humanos y los funcionarios y profesionales de organismos nacionales e internacionales que velan por su resguardo. También para quienes pertenecen a centros de memoria histórica, archivos nacionales, museos y sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas. Y para organizaciones de la sociedad civil abocadas al manejo de crisis y cuidado de poblaciones en situación de desastre (por ejemplo, frente a ataques terroristas, conflictos armados, crisis causadas por migración forzada, entre otras situaciones). A estas audiencias el libro ofrece un estudio detallado, innovador y pionero sobre los usos y efectos del registro y documentación de severas violaciones a los derechos humanos. Este estudio de caso puede estimular reflexiones y reelaboraciones de procesos documentales en desarrollo en estas organizaciones, y promocionar la reflexión sobre los programas de asistencia a víctimas, los protocolos existentes y los procedimientos de selección y entrenamiento del personal destinado a las labores de registro, documentación y archivo, entre otras cuestiones. Finalmente, el libro está dirigido a quienes 29

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estudian y toman decisiones sobre paz, pacificación y resolución de conflictos a nivel nacional e internacional. Para estas audiencias, el libro demuestra de qué manera el derecho a la justicia y el derecho a la verdad dependen de la disposición de información sobre pasadas violaciones.

Sinopsis Los capítulos del libro abordan distintas dimensiones de la documentación de la violencia estatal. El Capítulo II expone los fundamentos conceptuales y metodológicos de nuestra investigación. Desde un enfoque teórico posestructural y tomando elementos de la literatura de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, nuestro marco conceptual propone otra escala y nivel de análisis en la investigación sobre archivos en general, y sobre archivos de derechos humanos, en particular. Esto implica un giro desde la visión del archivo como fuente de información hacia la consideración de las prácticas documentales consignadas en el archivo y la realidad que ellas instituyen. Para estos fines, desarrollamos las nociones de documentación, inscripción, infraestructura, repertorio y tecnología política. La metodología de la investigación que da origen al libro combina elementos etnográficos y genealógicos, en una indagación interdisciplinar destinada a reconstruir la historia de la inscripción de la violencia estatal mediante el caso de estudio del trabajo documental desarrollado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar en Chile. El capítulo finaliza destacando el valor académico del libro, en particular, el giro hacia el estudio de prácticas documentales y la investigación infraestructural en archivos de derechos humanos. El Capítulo III describe la lucha política para resistir los intentos de la dictadura de reprimir una respuesta civil colectiva al terrorismo de Estado, a partir de la asistencia, la documentación y la denuncia de la represión. En base a datos secundarios y entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la 30

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Vicaría, el capítulo describe los episodios más dramáticos de la disputa entre el régimen y la organización de derechos humanos, y muestra cómo ambos actores se mantuvieron como interlocutores obligados durante todo el período. Este capítulo argumenta que la documentación, es decir, el archivo de evidencias sobre los abusos del régimen, fue clave para mantener esta posición estratégica. La documentación permitió que el horror se diera a conocer en el momento en que se produjo, y permitió a los familiares y organizaciones de la sociedad civil responsabilizar al gobierno, presentando acciones legales en defensa de los perseguidos y dejando clara evidencia de las prácticas represivas que la dictadura se empeñaba en ignorar, distorsionar y encubrir. Estas acciones que surgieron durante el régimen militar resultaron ser vitales para el posterior activismo en el campo de los derechos humanos en Chile. El Capítulo IV explora las contribuciones que realizan a la labor del Comité y la Vicaría las distintas profesiones y epistemes involucradas en la asistencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Analizando documentación del archivo Funvisol y entrevistas sostenidas con extrabajadores y extrabajadoras del Departamento de Asistencia Legal de ambos organismos, este capítulo propone que las labores de asistencia y denuncia se sostuvieron sobre una combinación de saber disciplinar, una gran cuota de innovación profesional para hacer frente a la urgencia y la incertidumbre, y una dosis de experiencia organizacional política, comunitaria y gremial. A ello se añade un ethos de trabajo que no establece distinciones de clase, origen, o filiación política y una ideología que, inspirada en el principio de la liberación humana, promueve la autogestión y organización de las víctimas. El capítulo también aborda las interacciones y disputas entre dos comunidades epistémicas –abogados y trabajadoras sociales–, así como el modelamiento mutuo para converger en un trabajo interdisciplinar, orientado a la protección del ser humano y sustentado en una identidad común. El Capítulo V examina la práctica de documentar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que las perpetra. 31

Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado

Para ello analiza entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad y una base de datos documental, producida mediante una extensiva indagación archivística. En particular, el capítulo examina los procesos documentales ligados a las labores de registro, denuncia e investigación de las prácticas represivas estatales que fueron desplegados por ambas organizaciones a través de los años. Para ello se detiene en distintos artefactos usados para capturar y procesar la violencia, como fichas, formularios, carpetas y bases de datos; y en las técnicas empleadas para transformar relatos individuales en datos gestionables, como los listados o las estadísticas. Tomados en conjunto, estos procesos y procedimientos hicieron visible una política de terrorismo de Estado; más aún, la volvieron aprehensible como un objeto de conocimiento, y de acción legal y política hasta el día de hoy. El capítulo también discute las estrategias y recursos usados para legitimar esta tarea bajo el régimen represivo que denunciaba, identificando otras dimensiones políticas de esta labor. Finalmente, el capítulo discute algunas de las limitaciones de los procesos de registro y documentación en dictadura, como el riesgo personal e institucional y los vacíos informativos y conceptuales. El Capítulo VI reconstruye parte del repertorio del terrorismo de Estado construido por estas organizaciones solidarias y explora algunas de sus implicancias. Examinando bases de datos producidas durante la investigación de archivo, entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras de ambos organismos y los informes de la verdad elaborados por el Estado posdictatorial (1991, 1996, 2004, 2011), analiza el sistema de clasificaciones organizado y utilizado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad entre 1973 y 1992. El capítulo demuestra cómo estas organizaciones instalaron y estandarizaron un repertorio de nociones para denominar y clasificar las situaciones represivas asistidas y denunciarlas. También considera cómo estas nociones han prevalecido en el tiempo, analizando su transposición al repertorio utilizado en los informes de las comisiones de la verdad. La sección final del capítulo se 32

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reflexiona sobre el impacto de este trabajo taxonómico sobre el desciframiento y resistencia de la violencia estatal y la asistencia a sus víctimas. El Capítulo VII se traslada al período posdictatorial y a la arena jurídica para demostrar cómo los documentos y registros compilados por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad se han utilizado exitosamente en los últimos 20 años para contribuir a numerosos procesos penales por crímenes de lesa humanidad. El capítulo explica cómo dichos registros cumplen con los estándares probatorios y analiza su uso en juicios de derechos humanos en Chile y en el reciente juicio de la Operación Cóndor en Argentina. El capítulo revisa 216 sentencias judiciales de primera instancia sobre casos de derechos humanos compiladas hasta 2016 por el MMDH. Estas sentencias representan alrededor de dos tercios de las 320 sentencias dictadas en este tipo de casos hasta mayo de 2017. El Capítulo VIII contiene las conclusiones del libro. En él proponemos pensar la práctica de documentar la violencia política como un acto pacífico de desobediencia y una productiva forma de resistencia. Proponemos que, en el caso chileno, esta resistencia antidictatorial operó al menos en cuatro niveles: ético, epistémico, ontológico y organizacional. En términos éticos, representó un trabajo de cuidado, constituyendo un espacio de defensa de la dignidad humana y la solidaridad frente al horror. A nivel epistémico, el registro permitió conocer el terrorismo de Estado, orientar la acción de asistencia y defensa de los afectados y construir una versión alternativa a la que difundía el régimen. A nivel ontológico, las prácticas documentales trajeron a existencia la realidad de la violencia estatal, creando las condiciones para actuar con suficiente evidencia. A nivel organizacional, la labor documental permitió reunir a una serie de actores alrededor de una respuesta colectiva, volviendo su verdad la de la mayoría. Para concluir, el capítulo reflexiona sobre las capacidades de las prácticas documentales de impactar más allá de sus contextos inmediatos y alcanzar un campo de influencia mayor. 33

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El libro cierra con un epílogo que invita a reflexionar sobre el significado y las implicancias del trabajo en derechos humanos como una forma de solidaridad con las víctimas y su defensa. Durante la dictadura, este trabajo estuvo basado en el reconocimiento de las víctimas como seres humanos indefensos cuyos derechos estaban siendo arrebatados. Por lo mismo, se constituyó sobre un profundo sentido de la responsabilidad hacia las vidas y la sobrevivencia digna de esas personas, lo que implicaba, en parte, la necesaria restitución de sus derechos, como la defensa legal, a pesar del contexto de estado constitucional de excepción. La asistencia profesional prestada por los organismos de derechos humanos en dictadura también se sostuvo en la creencia de la necesidad de salvaguardar los valores de la coexistencia nacional. Asimismo, el epílogo reflexiona sobre las relaciones de confianza desarrolladas entre las víctimas y los profesionales de los organismos de derechos humanos, y el rol fundacional de esos vínculos para crear un espacio común donde el sufrimiento podía ser aliviado. Finalmente, el capítulo trae estos temas al presente para discutir el rol y los efectos que generan hoy los relatos de las víctimas de la violencia política, y la posición que los ciudadanos asumimos con respecto a estas violaciones.

Referencias Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1998. Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1 (2019): 7-29. Caswell, Michelle. “Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014): 207-213. Da Silva, Ludmila y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. 34

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Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998. Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México: Siglo XXI Editores, 1968. Hacking, Ian. Historical Ontology. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 2002. Kelly, Patrick William. “The 1973 Chilean coup and the origins of transnational human rights activism”. Journal of Global History 8, núm. 1 (2013): 165-186. Leuenberger, Christine e Izhak Schnell. “The politics of maps: Constructing national territories in Israel”. Social Studies of Science 40, núm. 6 (2010): 803-842. Rivas, Jairo. “Official Victims’ Registries: A Tool for the Recognition of Human Rights Violations”. Journal of Human Rights Practice 8, núm. 1 (2016): 116-127. Rousso, Henry. La última Catástrofe. Santiago: Editorial Universitaria, 2018. Wieviorka, Annette. L’Ère du témoin. París: Plon, 1998.

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CAPÍTULO II

Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado Oriana Bernasconi El principio general de Foucault es el siguiente: toda forma es un compuesto de relaciones de fuerzas. Gilles Deleuze

Guerra Fría y violencia de Estado en Latinoamérica La masiva explosión de la represión y persecución política que experimentó Latinoamérica luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue una consecuencia directa de la disputa internacional entre el bloque capitalista y el socialista, conocida como la Guerra Fría (Brands 2010; Harmer 2013). En esta guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política, militar y económica mundial (lo hicieron también en otros ámbitos públicos como la ciencia, el deporte, la producción cultural y social). Su rivalidad influenció tanto las relaciones internacionales como las relaciones internas de los países. En respuesta a la expansión Soviética en Europa del Este, y las revoluciones anticoloniales de inspiración marxista en partes de Asia y el norte de África (Corea, Vietnam, Argelia), las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos incluyeron prevenir la expansión de similares revoluciones y movimientos antiimperialistas en el continente americano. Estados Unidos persiguió este objetivo a toda costa, y con especial vigor, allí donde el partido comunista tenía influencia. Durante la Guerra Fría, América Latina quedó alineada dentro de las estrategias de Estados Unidos, sucediéndose golpes militares y guerras civiles en nombre de la defensa de la cultura occidental y cristiana y en contra del comunismo 37

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anticapitalista. Esta confrontación mundial se mantuvo hasta el término de la Unión Soviética que se inició con la Perestroika en 1985 y concluyó con la caída del Muro de Berlín en 1989. Si bien las dictaduras en América Latina habían surgido en varios países mucho antes de la Guerra Fría, como en Nicaragua, República Dominicana, Cuba o Haití, este contexto ideológico no hizo más que reforzarlas. Así, desde 1954 en adelante, las dictaduras se extendieron a Guatemala, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. En algunos países como Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú, entre otros, se gestaron movimientos armados en nombre de procesos revolucionarios con distintos desenlaces. Las únicas resistencias exitosas fueron la Revolución cubana en 1959, que instaló un gobierno socialista que se alineó con el bloque soviético, y el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en Nicaragua en 19791. Por lo demás, los proyectos revolucionarios fueron derrotados tanto en el centro como en el sur de América mediante represiones sangrientas. Las fuerzas armadas latinoamericanas adoptaron estrategias represivas que se caracterizaron por el uso de la tortura y del poder de dar muerte con el fin de neutralizar a la población. La situación fue caracterizada como terrorismo de Estado. Esta estrategia, que operó a expensas de una población civil indefensa, fue considerada no solo aceptable sino particularmente recomendable para luchar contra la “amenaza comunista” y las revoluciones izquierdistas. La estrategia fue implementada a lo largo y ancho del continente, con total ignorancia de los preceptos de legislación internacional de derechos humanos y la legislación humanitaria internacional. La violencia de Estado encontró inspiración en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada y sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Esta doctrina En 1962, surgió la posibilidad de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos debido al inicio de la construcción de sitios para misiles soviéticos en Cuba. El incidente provocó un enfrentamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las tensiones entre los dos países disminuyeron un poco en 2014, al final de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2012-2016), quien tomó las medidas iniciales para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960.

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promovía la violencia contrainsurgente en el marco de la guerra contra el “enemigo interno”. La propaganda interna en los países del continente exacerbó el lenguaje bélico, aunque en la mayoría de ellos no hubiera una guerra efectiva. En jerga militar el blanco eran los “elementos subversivos”, es decir, militantes de partidos y movimientos de izquierda, organizaciones territoriales, estudiantiles y de trabajadores como sindicatos y gremios profesionales (Groppo 2016, 31-32). Con el pretexto de controlar al “enemigo interno”, durante los años setenta y ochenta las fuerzas armadas implementaron desde México hasta Chile lo que se ha denominado como “guerras sucias”. Básicamente, ellas consistían en la persecución, encarcelación y muerte del “enemigo’” y en el exilio de cientos de miles de personas. No hubo fronteras para operar, articulándose policías y servicios secretos de distintos países para detener, interrogar, trasladar y asesinar. La Operación Cóndor es un ejemplo de estas coordinaciones criminales2. La masividad de las masacres ocurridas en Guatemala, Colombia, Perú o El Salvador, la desaparición sistemática de personas en Argentina y Chile y la generalización de la “guerra sucia”, generaron terror y aseguraron el sometimiento de la mayoría de la población. En América Latina, el número de torturados, ejecutados y víctimas de desaparición forzada producto de la Guerra Fría se cuenta por cientos de miles, a pesar de que el derecho humanitario estaba La dictadura chilena no solo operó localmente. A partir de 1975, se coordinó con otros regímenes dictatoriales de la región para perseguir a miembros de partidos y organizaciones de izquierda y, en muchos casos, hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La “Operación Cóndor”, nombre dado a esta coordinación transnacional, aumentó el alcance geográfico de la represión en todo el Cono Sur. Articuló los servicios de inteligencia de varios países en torno a lo que definió como la “lucha contra la subversión”, adhiriendo a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los servicios de inteligencia de la dictadura chilena también se dirigieron directamente a individuos que articularon oposición, o fueron definidos como enemigos de los intereses del régimen. Tales fueron los casos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en el exilio en Buenos Aires, Argentina, en 1974; el intento fallido de asesinato del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bernardo Leighton, en el exilio en Roma en 1975; y el asesinato por coche bomba del exministro de Asuntos Exteriores de la Unidad Popular, Orlando Letelier y su compañera de trabajo, la estadounidense Ronni Moffitt, en Washington D. C. en 1976. Estos crímenes fueron planeados desde Chile y apoyados por otras fuerzas de seguridad de la región.

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incorporado en la legislación de la mayoría de los países donde ocurrieron estos hechos. El caso chileno es paradigmático. El golpe de Estado de 1973 tuvo lugar en un país que se había caracterizado, desde fines del siglo XIX, por una base institucional bastante estable y democrática. El sistema político chileno era bastante similar, ideológicamente hablando, al modelo europeo continental, compuesto por partidos políticos de izquierda, derecha y centro. Chile tenía partidos marxistas tradicionales, un centro formado por partidos cristianos y no religiosos, y un ala derecha con raíces en el catolicismo conservador. En consecuencia, el panorama político de Chile lo hizo comprensible a los ojos de los Estados Unidos y Europa occidental. Este sistema político fue puesto bajo tensión por la extrema polarización política que venía afectando al país desde principios de los años sesenta. Esto se acentuó con la victoria electoral de Salvador Allende en 1970, al frente del gobierno de la Unidad Popular. La elección de un presidente abiertamente marxista fue un acontecimiento extraordinario en el continente y fue inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el contexto de la Guerra Fría. A partir del primer día del triunfo electoral de Allende, Estados Unidos puso en marcha una conspiración que culminó con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. En Chile, la derecha política radicalizó su discurso, en una espiral cada vez mayor. La derecha incitó a la acción militar y apoyó activamente el Golpe cuando se produjo, al tiempo que respaldó la persecución abierta de los miembros y simpatizantes de partidos de izquierda. Durante las dos décadas anteriores, muchos oficiales del ejército chileno habían participado en cursos de capacitación en contrainsurgencia, dirigidos por Estados Unidos y destinados a las fuerzas armadas latinoamericanas. Estos cursos fueron guiados por los conceptos de “guerra interna” y “enemigo interno”. Este hecho es clave para entender por qué, después del golpe de Estado, los opositores políticos de izquierda, prácticamente todos civiles y 40

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prisioneros indefensos, fueron tratados como combatientes enemigos hostiles, ocultos entre la población en general. Desde el día del Golpe, la dictadura militar encabezada por el general del ejército Augusto Pinochet (1973-1990) reprimió sistemáticamente a la población con evidente desprecio por la vida, violando los derechos fundamentales de los civiles indefensos. Leyes y decretos de facto crearon un marco legal que amparó las acciones represivas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, la policía uniformada, la policía de investigaciones y la policía secreta. La segunda comisión de la verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida popularmente como la Comisión Valech, emitió su informe en 2004. Este informe indica que el 67,4 % de todos los arrestos políticamente motivados que la Comisión conoció, tuvieron lugar en los cuatro meses posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La violencia fue especialmente brutal durante ese período, cuando las operaciones militares realizadas en todo el país produjeron una masa injustificada de trabajadores despedidos; la expulsión de estudiantes de establecimientos educativos; el allanamiento de poblaciones y lugares de trabajo; y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, interrogatorios y torturas de todo tipo que resultaron en muertes. Además, el régimen desencadenó un control e intervención militar contundente contra una variedad de organizaciones y agencias gubernamentales, así como universidades y fábricas. En el transcurso de los 17 años de dictadura, al menos 1.132 centros de detención funcionaron en todo el país. La vasta estructura y el número de personal dedicado a la represión indican que la estrategia que la dictadura empleó para perpetuarse en el poder no se dejó al azar. Fue una práctica premeditada, sistemática e indiscriminada; un modo de imposición tendiente a paralizar a la población y que corresponde denominar terrorismo de Estado. Producto de ella, alrededor de 8.000 personas fueron juzgadas en tribunales militares. Largas penas de prisión y/o de expulsión del país fueron decretadas para muchos de los condenados por estos tribunales. Miles de personas fueron detenidas y torturadas, miles 41

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más se exiliaron para proteger sus propias vidas del terror desplegado mediante ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Documentar la catástrofe mientras ocurre Como Bickford et al. indican: “Desde sus primeros días, el movimiento de derechos humanos moderno ha descansado en documentos de distintos formatos” (2009, 3). La documentación que evidencia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile toma innumerables formas, incluyendo testimonios escritos a mano e historias orales; cartas enviadas desde campos de concentración y cárceles; “calugas” sacadas de contrabando de los centros de detención por un pariente o un trabajador de derechos humanos3; declaraciones de familiares y testigos; dibujos que recrean lugares de prisión o prácticas de tortura; folletos impresos en secreto y grafitis de denuncia por las paredes de la ciudad. Fotografías, videos, grabaciones de audio, sentencias judiciales, recortes de prensa y noticias de radio, revistas clandestinas, documentos producidos por agencias oficiales o burócratas locales, archivos policiales y confesiones de perpetradores, también son fuentes elocuentes. De acuerdo con Bickford et al., “las iniciativas documentales pueden desempeñar un papel fundamental al preservar la evidencia de abusos contra los derechos humanos, estimular la voluntad política de hacer justicia y ayudar a las personas a recordar su historia” (2009, 4). No obstante, en este libro argumentamos que, aunque toda esta evidencia se requiere en contextos posteriores a la violencia, también es parte integrante de las prácticas de resistencia de quienes son reprimidos. La historiografía internacional puede señalar otros ejemplos de testimonios y reportes de catástrofes que se registraron mientras 3 En la jerga carcelaria, las “calugas” son cartas o mensajes clandestinos en miniatura, escritos en trozos de papel rescatados y sacados de contrabando de los centros de detención. El término hace referencia a la forma que toman dichos mensajes cuando se pliegan y comprimen, que asemeja a la de estos dulces.

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sucedían. Quizás el gran avance del siglo XX es que tales registros ya no tienen solo el propósito de documentar para la posteridad (“dejar que la historia juzgue”, como suele decirse). Los registros ahora también pueden contribuir a generar impacto judicial tanto en el presente como en el momento posterior al fin del régimen represivo. Un caso importante de registro mientras se desarrollaba un conflicto fue la creación del Centro de Documentación Judía Contemporánea en la ciudad de Grenoble en 1943. El Centro compiló evidencia de la persecución de judíos franceses4. Otro caso notable ocurrido con anterioridad es el del economista e historiador holandés Nicolaas Wilhelmus Posthumus, quien creó el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam en 1935. La misión del Instituto era registrar y salvaguardar la memoria de los movimientos de trabajadores europeos en respuesta a la destrucción masiva de los socialistas alemanes, después de que Hitler llegara al poder. Muy pronto, ambas iniciativas percibieron su misión como la de registrar una situación dramática a medida que se desarrollaba. Cada una constituyó una forma de resistencia contra el avance del fascismo. Quizás también las motivó la previsión de la importancia de dejar un registro histórico que algún día podría contribuir a la justicia. Ambos esfuerzos fueron impulsados por una percepción inequívoca de la magnitud de la catástrofe que se acercaba o que ya estaba en marcha, y la necesidad de oponerse a ella mediante el registro y la memoria. Otro claro ejemplo de la conciencia de la necesidad de preservar la memoria se puede ver en el mensaje que el ministro de Educación holandés, Gerrit Bolkestein, transmitió por radio, desde el exilio en Londres, en 1944. Hizo un llamamiento a todos los ciudadanos de la Holanda ocupada por los nazis para que documenten y preserven, desde ese mismo instante, todo el material disponible; desde lo más simple hasta lo más sofisticado. El propósito era permitir la reconstrucción posterior de la historia del período Véase http://www.memorialdelashoah.org/en/archives-and-documentation/the-documenta tion-center/the-history-of-the-cdjc.html.

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de guerra y el sufrimiento que su país había soportado. Ana Frank señala en su diario de vida la importancia que este mensaje tuvo para el pueblo holandés durante la ocupación nazi. El mensaje de Bolkestein capturó su agudo sentido del valor del registro personal y cotidiano de la violencia: La historia no se puede escribir solo sobre la base de decisiones y documentos oficiales. Si nuestros descendientes van a comprender completamente lo que nosotros como nación hemos tenido que soportar y superar durante estos años, entonces lo que realmente necesitamos son documentos ordinarios: un diario, cartas de un trabajador en Alemania, una colección de sermones dados por un párroco o sacerdote. Hasta que logremos reunir grandes cantidades de este material simple y cotidiano, la imagen de nuestra lucha por la libertad no será reunida en toda su profundidad y gloria (Stier 2015, 107).

Aunque el ministro Bolkestein no se refirió específicamente a la justicia, su mensaje evidentemente insta al registro no solo para el bien de la posteridad, sino también para transmitir una comprensión más global de la catástrofe. Tal comprensión dejaría la puerta abierta para futuras acciones de reparación. La noción de “crímenes contra la humanidad” surgió del Acuerdo de Londres, un documento producido el 8 de agosto de 1945. El Acuerdo estableció los Tribunales de Nuremberg y, por lo tanto, sentó las bases para los esfuerzos de la justicia penal internacional en su forma moderna. A partir de esa fecha, la relación entre registro, testimonio y justicia se hizo explícita. El registro de catástrofes se convirtió en una práctica que, al menos en teoría, podría adquirir implicaciones legales en el derecho penal internacional contemporáneo, a pesar del paso del tiempo respecto de la fecha en que se cometieron delitos graves. El comienzo de un futuro sistema de justicia penal internacional surgió de las cenizas de la peor catástrofe humana experimentada en la historia moderna, que ocasionó entre 45 y 50 millones de muertes, según las estimaciones más conservadoras. 44

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El caso Este libro sigue el caso de los dos organismos de derechos humanos más importantes que existieron durante la dictadura militar chilena: la Vicaría de Solidaridad (1976-1992), una organización fundada en enero de 1976 por el papa Pablo VI a pedido del cardenal arzobispo de Santiago, y la institución que la precedió, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que existió entre 1973 y 1975 y fue una de las primeras organizaciones en ofrecer asistencia a las víctimas de la violencia estatal en el país (Cruz 2002; Groppo 2016). Ambas organizaciones se ubicaban en Santiago y la mayoría de los casos que atendieron eran de la zona central del país. Sin embargo, también realizaron trabajos en 24 provincias a través de las redes de la Iglesia católica (Bernasconi, Lira y Ruiz 2018). El Comité y la Vicaría trabajaron para denunciar ante los tribunales de justicia y el público nacional e internacional, las situaciones de aquellos que fueron despedidos de lugares de trabajo y estudio, encarcelados, ejecutados o desaparecidos por razones políticas, o desterrados a áreas remotas del país. Ambas organizaciones ayudaron en la búsqueda de los desaparecidos, y motivaron a los familiares de las víctimas a organizarse. También ayudaron a crear organizaciones de subsistencia (como bancos de trabajo, comedores populares y ollas comunes), y a capacitar a los pobres y desempleados. En los períodos más críticos hubo más de 300 trabajadores y trabajadoras involucrados en estas labores, incluyendo abogados, procuradores, médicos, psicólogos, religiosos, laicos y miembros de organizaciones sociales de todas las denominaciones. A través de este trabajo multidimensional e integral, el Comité y la Vicaría llegaron a proporcionar un modelo para otras organizaciones de derechos humanos que surgieron posteriormente en Chile. Inmediatamente después del cierre de la Vicaría en 1992, se creó una fundación para preservar y difundir su documentación y la del Comité, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol). Este archivo fue el primero en ser sistemáticamente resguardado, catalogado y conservado. 45

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Hoy, esta fundación continúa administrando este archivo, disponiéndolo al acceso público mediante un centro de documentación. Luego de 25 años de funcionamiento, Funvisol cuenta con el principal archivo de derechos humanos del país, tanto por el volumen de casos y documentación como por su nivel de clasificación, accesibilidad y conservación. En mayo de 2017, mientras realizábamos la investigación que dio origen a este libro, el Estado chileno declaró a este archivo patrimonio histórico de la nación5. El archivo Funvisol contiene más de 85.000 documentos únicos (Vergara 2009), creados por organizaciones de derechos humanos El término “archivos de derechos humanos” no incluye la documentación derivada de los registros de los autores de la persecución y la represión desatada por las dictaduras, que se conocen como “archivos de la represión”. En Chile, solo están disponibles pequeños segmentos de este segundo tipo de archivo. Como señalan López y Hevia (2016) y la “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile” (2017), dichos segmentos incluyen documentación que el juez Jorge Zepeda confiscó en 2000 y 2005 en las instalaciones de la ex Colonia Dignidad. Se descubrió otro conjunto de 429 documentos en un antiguo edificio de oficinas de la policía secreta (Central Nacional de Informaciones, CNI) en 2005, durante el proceso de transformación del edificio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Además, en 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) recibió una donación de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, así como con las acciones posteriores tomadas por la Junta Militar de las que los Estados Unidos tenían conocimiento directo. En 2015, se donó un segundo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El MMDH también recibió una donación, de Argentina, de documentación compilada por la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Los registros se referían a personas deportadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973. La Comisión Provincial de la Memoria, en La Plata, Argentina, es el depósito de dichos archivos. Desafortunadamente, el Estado chileno posterior a la transición no se ha esforzado por obtener acceso a la información producida y archivada por las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia relacionadas. Sin duda, esta información representaría una contribución a la verdad y la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y ayudaría a una mayor comprensión del terrorismo de Estado. La falta de acceso a dicha información se ve exacerbada por la existencia de la Ley 18.771. Esta legislación permite que el Ministerio de Defensa de Chile y las Fuerzas Armadas eliminen y destruyan documentos cada cinco años, en lugar de enviar sus archivos al Archivo Nacional como todas las demás entidades estatales están obligadas a hacerlo. La exención se adoptó en 1989, aún durante la dictadura, pero poco después del plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 que dio paso a las elecciones presidenciales que llevarían al régimen a su fin a principios de 1990. Al momento en que escribimos este libro (mediados de 2018), el Congreso chileno se encontraba debatiendo un proyecto de ley para derogar esa exención. Para comprender el impacto del acceso a los archivos de la represión, véase González (2002, 2016); el libro de Hetherington (2011), Guerrilla Auditors, sobre los archivos del Terror de Paraguay; el libro de Weld (2014), Paper Cadavers, sobre el descubrimiento y rescate del archivo policial secreto de Guatemala; y el texto de Olmo (2002) sobre la recuperación de los archivos de la Dippba.

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o por diferentes instituciones como las Fuerzas Armadas, agencias públicas nacionales, extranjeras e internacionales (embajadas, Naciones Unidas), medios de comunicación, entidades privadas e individuos. Su documentación incluye copias de registros judiciales, recursos de amparo, denuncias internacionales, declaraciones juradas, informes de encarcelamiento y tortura, monitoreo de casos de desapariciones forzadas, registros de allanamientos y otras medidas represivas territoriales. Parte importante de esta documentación está organizada en carpetas de recepción, creadas cada vez que un nuevo caso era abierto. Adicionalmente, nuestra investigación contó más de una centena de fichas y formularios usados para el registro y seguimiento de las denuncias. Además, el archivo conserva la serie de informes periódicos producidos por el Comité y la Vicaría para denunciar la represión ante la Corte Suprema y organismos internacionales (Naciones Unidas, OEA, Consejo Mundial de Iglesias). Funvisol también preserva los originales de la revista de la institución, Solidaridad; más de 400.000 recortes de prensa del período 1973-1991; una colección bibliográfica de más de 1.000 títulos; y un archivo fotográfico sobre el período. La diversidad, la sistematicidad y amplitud de la documentación dan fe de la intensidad y el alcance del trabajo realizado y de la confianza que las personas depositaron en la organización. El archivo al que accedemos hoy está fundamentalmente organizado a partir de denuncias directas realizadas por los afectados y por la investigación que quienes los asistieron realizaron en cada caso. Esta investigación fue llevada a cabo, con gran riesgo personal, para conducir acciones legales en nombre de las personas perseguidas. Por lo tanto, el archivo no solo reúne documentos análogos a los hechos que registra, sino que sigue la trayectoria de muchos de estos casos por meses, años e incluso décadas, a partir de sucesivas entrevistas con las víctimas o sus familiares y las consiguientes acciones de defensa y asistencia que se les ofrecían6. Los métodos empleados para registrar las situaciones de las personas que solicitaron asistencia fueron bastante similares en todas las organizaciones que funcionaron durante el período en Chile. Las pequeñas divergencias en las formas de registro reflejan los tipos específicos y

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Este acervo documental ha resistido el paso del tiempo y la misma violencia que registra, la cual, en ocasiones, se volvió sobre él a través de órdenes de requisamiento, quema y desaparición, o directamente por medio de la prohibición de funcionamiento de los organismos que los crearon, alimentaron y resguardaron. El archivo que examinamos también se caracteriza por seguir el ordenamiento, clasificación y taxonomías definidos por los trabajadores y las trabajadoras que lo usaron en su labor cotidiana. Esto lo diferencia de fuentes documentales que se encuentran, años o décadas después de finalizado el conflicto, en estado de desorden y desclasificación y que son reorganizadas por profesionales que no participaron de su composición original. Tal fue el caso del archivo de la policía secreta de Guatemala, desenterrado casi diez años después del final de un largo y sangriento conflicto armado7.

Conceptos centrales ¿Cómo acercarse, más de cuarenta años después, a esta labor de registro de la violencia política, su organización, usos e implicancias?, ¿cómo hacerlo recreando la historia de una sociedad sometida a una dictadura que violó sistemáticamente los derechos de las personas? En el proyecto que dio origen este libro, quisimos explorar las microprácticas documentales y los artefactos, procesos y procedimientos que condensan esta labor, de modo de acercarnos a este trabajo de documentación de severas violaciones a los derechos humanos como una forma de resistencia a la violencia estatal. Basándonos en las obras de los pensadores franceses Michel Foucault (1970) y Jacques Derrida (s. f [1968]), del filósofo italiano Maurizio Ferraris (2013), en los escritos de la socióloga el rango de servicio que cada organización proporcionó (atención médica, psicológica y/o psiquiátrica). La información personal y confidencial no es accesible a otros, pertenece estrictamente a las víctimas. 7 Véase Weld (2014).

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británica Vikki Bell (2014, 2016) y en nuestro propio trabajo (Bernasconi 2018; Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 2019), nos proponemos abordar el registro de las violaciones a los derechos humanos como un conjunto de prácticas complejas y diversas, que suelen incluir elementos sociales, políticos, morales, afectivos y técnicos (Trace 2002, 152). Siguiendo los planteamientos de Foucault (1970), entendemos que el registro es la actividad práctica o proceso mediante el cual un evento es transformado en un enunciado. De esta forma, el registro permite vincular lo visible, un evento, con lo enunciable, una narrativa. El registro es también el resultado o el producto material de esta labor: un documento, una imagen, un dibujo. Sostenemos que la relación entre una declaración y un evento –descrita por Foucault en La arqueología del saber (1970, 28)– se hace evidente en el análisis de estas prácticas documentales. Cada declaración escrita por estas organizaciones de derechos humanos fue al mismo tiempo un acto de inscripción de los eventos represivos, un acto de revelamiento de los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba y un acto por hacer de la violencia un objeto de conocimiento para la intervención. A través de ese acto documental, los artefactos de registro permitieron que la situación de daño o violencia traspasara su contexto de ocurrencia para convertirse en una “inscripción”, es decir, un “registro idiomático del evento” (Ferraris 2013, 166). En este sentido, y como demuestra este libro, la inscripción es una acción de transferencia (Taylor 2003) y, potencialmente también, un acto de trascendencia de tiempo y espacio. Utilizamos la noción de “transposición” para nombrar las operaciones mediante las cuales los actos documentales se transfieren en el tiempo y el espacio debido a su materialidad. El término transposición conserva la capacidad que también tiene la inscripción, de fijar una realidad y diferirla para usos futuros (Derrida s. f [1968]; Taylor 2003; Bell 2016). De esta manera, la idea de la transposición abre un espacio para examinar las inscripciones en relación con sus creadores y los propósitos que deben cumplir: ya 49

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sea previsto o no, en el presente o en el futuro. Finalmente, la consideración de los usos y capacidades de la transposición también conecta la reflexión sobre los actos documentales y su inscripción, con el tema de las formas de legibilidad pública (Ferraris 2003, 201 y 174) y la(s) audiencia(s) que son abordadas o alcanzadas por las prácticas documentales. Este libro describirá algunas de las audiencias con las cuales el trabajo documental del Comité y la Vicaria se ha involucrado en los últimos 45 años, discutiendo su contexto de legibilidad y sus efectos. La capacidad de la documentación e inscripción para involucrar a diferentes audiencias, en diferentes momentos, puede constituir, en la práctica, uno de los legados más importantes del registro de violaciones de derechos humanos realizado durante la dictadura militar chilena, directamente relacionado con la promesa de garantías de no repetición. Comúnmente, la literatura académica ha concebido las prácticas de registro como tecnologías que condensan y expresan el control gubernamental, es decir, “repositorios del trabajo de las instituciones burocráticas modernas occidentales” (Scott 1998; Ketelaar 2002; Foucault 1970, 1979; Derrida 1995; Stoler 2002). Este libro propone que el registro y documentación de eventos horrorosos y siniestros como los perpetrados por la dictadura militar chilena es de naturaleza distinta. En primer lugar, porque se está procesando un acontecimiento que, como señala Das, “no se define tanto por el final del consenso social, ni por la destrucción de la comunidad, sino por la desaparición de criterios” (citado por F. A. Ortega, en Das 2008, 31) capaces de organizar y sostener consensos normativos y, más aún, por la naturalización de esta imposibilidad en la vida cotidiana de la sociedad que los sufre. En segundo lugar, porque en ese contexto el registro de la violencia estatal no es un mecanismo para gobernar poblaciones, sino más bien una tecnología política destinada a ayudar a las víctimas y revelar y resistir las políticas represivas y los crímenes perpetrados por el propio Estado. En este sentido, el acto de nombrar debe ser considerado no solo en su capacidad de proveer de información 50

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sobre aquello que ha sido nominado. Nombrar es un medio para ejercer control sobre el significado y fijar el valor de términos particulares. Las prácticas de documentación que analizamos se realizaron mediante la inscripción o indexación de una situación, a través de acciones que fueron iterativas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo (Taylor 2003; Butler 2004). El registro surgió a través de una serie de operaciones, artefactos y procesos que permitieron que lo enunciado se transmitiera, agrupara y creara otras inscripciones y nuevas articulaciones, produjera “datos” y, en última instancia, configurara un “sistema de información”. El trabajo organizativo del Comité y la Vicaría se codificó e incorporó a dicho sistema de varias maneras, incluidos los procesos de categorización, denominación, definición, operacionalización (codificación) y composición narrativa. Este sistema de información también incluye traducciones entre modos o técnicas de soporte (del oral al escrito, por ejemplo), y entre géneros. Esto último puede incluir, por ejemplo, la traducción del testimonio a la acción legal, o de la denuncia internacional al diagnóstico psicológico. Listas, informes, estadísticas y otras representaciones gráficas permitieron construir perspectivas sinópticas para distintos tipos de caso e identificar patrones que también alimentaron el sistema de información. Mediante procesos de inscripción, este tipo de operaciones y objetos de registro se convirtieron en “artefactos cognitivos y políticos” (Fraenkel 2008; Desrosières 1998). Ellos permitieron a sus creadores pensar y guiar acciones, al tiempo que rastreaban activamente el terrorismo de Estado: una práctica de gobierno clandestina, oculta, negada y cruel (Stoler 2016, 8). Desde este punto de vista, esperamos retener la visión foucaultiana de los artefactos y la tecnología como medios que constituyen, y no “simplemente reflejan, el estado de cosas que provocan” (Brown 2012, 238). Los artefactos, procesos y procedimientos de registro que exploramos en este libro forman la piedra angular del “repertorio de enunciabilidad” de las atrocidades cometidas en Chile. Por repertorio de enunciabilidad, nos referimos a un sistema arraigado 51

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de pensamiento y acción sobre esta catástrofe, compuesto por prácticas discursivas y no discursivas. Este repertorio toma la forma de hábitos, rutinas, gestos y capacidades transmitidas y transmisibles (Taylor 2003), que hacen que el terror se vuelva visible, legible y comprensible para el conocimiento y la acción legal y política. En el caso chileno, este repertorio no caduca al final de la dictadura. Su alta calidad, legitimidad y estado de conservación permitieron su transposición a tiempos y procesos posteriores. Estos han incluido el reconocimiento de víctimas individuales y la definición de programas de reparación estatales en el período de transición democrática; casos judiciales, prácticas de memoria, obras de arte y actividades de investigación y educación, particularmente aquellas que proponen narraciones históricas del pasado reciente.

Tecnologías políticas de registro y denuncia En el campo de los derechos humanos y los estudios de memoria, la cuestión de la documentación de severas violaciones a los derechos humanos ha permanecido virtualmente inexplorada8. Creemos que hay al menos dos factores que contribuyen a explicar esta situación: la necesidad de un “giro material” en los estudios del período y, complementariamente, el ineludible cambio de escala con relación al objeto de análisis, desde el archivo a los artefactos que lo constituyen. Uno y otro permiten que, en lugar de tomar al archivo per se y en tanto fuente de información, exploremos las tecnologías, operaciones y procedimientos cotidianos y generalmente invisibilizados, que permiten procesar los testimonios Algunas excepciones a esta tendencia son Moon (2006, 2012 y 2016), Tejero (2014) y MoraGámez (2016). En el Cono Sur, la literatura se ha concentrado en los estudios de las medidas y mecanismos de la justicia transicional (Lefranc 2005; Roniger y Sznajder 2005; Raffin 2006; y Collins 2013, 2015, 2017). Las memorias del pasado violento también ocupan un lugar central en la literatura, especialmente las elaboradas por sobrevivientes y familiares y aquellas asociadas a procesos de memorialización (Jelin 2000; Jelin y Langland 2002; Schindel 2009; Lira 2010; Richard 2010; Birle et al. 2010; Hite 2013; Schindel y Colombo 2014; y Winn et al. 2014).

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de los afectados y prestarles asistencia. Este giro implica prestar atención a los rastros materiales que dejan las prácticas y procesos documentales, así como a la producción, organización y uso de información provocadas por prácticas de registro. Esta ha sido la tarea emprendida en este libro. Hemos intentado deshacer analíticamente un proceso de documentación, para subrayar el papel sin precedentes que ha desempeñado. En el caso que exploramos, la documentación ha organizado un modo de resistencia, creando conmensurabilidad entre experiencias inaprensibles. Al hacerlo, ha contribuido a generar un espacio social más o menos fluido dentro del cual hablar y actuar en defensa de los reprimidos: salvaguardar la verdad sobre el pasado, sus actores y pruebas, y mantener convenciones discursivas sobre esta tragedia durante más de cuarenta y cinco años. Este libro adopta la noción de “tecnologías políticas” para denominar los efectos duraderos de artefactos de registro y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Extendiendo la conceptualización de Foucault (1988, 18), con la noción de tecnologías políticas consideramos un arreglo sociotécnico complejo que incluye un conjunto de técnicas, artefactos y procedimientos relacionados con el ejercicio de una racionalidad práctica en la que convergen tipos específicos de conocimiento, propósitos, usos y urgencias políticas, para crear conocimiento y guiar la acción para la defensa y asistencia de las personas. A diferencia del “dispositivo”, la tecnología, así como la conceptualizara Foucault, no puede ser localizada en un aparato o institución particular, y tiene la capacidad de transitar a otros lugares y tiempos (Dreyfus y Rabinow 1982, 113). Esto es, a nuestro entender, lo que sucedió con el sistema de registro y documentación creado por el Comité Pro Paz y por la Vicaría de la Solidaridad en Chile y que devino paradigma del trabajo de una red de organismos de asistencia a las víctimas durante la dictadura y de subsecuentes acciones estatales y privadas en torno a ellas. Estas tecnologías documentales emergieron durante la dictadura. Al sobrevivir las amenazas del régimen, pudieron servir de fuente documental y taxonómica a las comisiones de la verdad. 53

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Utilizando su información, las comisiones Rettig (1991) y Valech (2004 y 2011) pudieron tomar decisiones sobre la calificación de los casos conocidos por el Estado9. A partir de 1991, esta información se utilizó para definir los derechos de las víctimas en los programas de reparación. También participó en la creación gradual de una nueva institucionalidad pública y privada en materia de derechos humanos, que ha incluido la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2010), del MMDH (2010) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Además, frente a conflictos que asolan a otras sociedades, la experiencia chilena ha constituido una referencia para orientar la gestión de este tipo de catástrofes. En síntesis, las tecnologías políticas son artefactos de referencia convencionales que inscriben el terror, permiten establecer vínculos entre diferentes períodos y mantener viva la realidad de la violencia más allá de la fecha de su cese. El uso de esta noción nos permite visibilizar la capacidad del registro de severas violaciones a los derechos humanos para trascender el pasado y afectar el presente mediante nuevos usos y apropiaciones, otras audiencias y “contextos de legibilidad” (Bell 2016).

Violencia política: resistir documentando En la literatura académica, la noción de “violencia” se emplea bastante ampliamente. Esto puede explicar el rango de definiciones disponibles para este término y que revelan sus diferentes manifestaciones, temas, causas o escalas10. La violencia es inherente a la existencia humana y opera tanto a nivel cotidiano y ordinario como a nivel excepcional, incluyendo guerras, conflictos internos y revoluciones. El término nombra una práctica, una experiencia Sobre esta transposición, véase Bernasconi, Lira y Ruiz (2018). Esta multiplicidad de definiciones ha llevado a algunos a proponer la noción de “actos de violencia” con la finalidad de restaurar la dimensión multifacética del término (Ferrándiz y Feixa 2007, 52).

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y una ocurrencia social total: una performance del poder ante los ojos de una determinada audiencia11. En los estudios sobre violencia política existe una importante reflexión sobre la relación entre violencia, ley y justicia, comenzando con el artículo pionero que Georg Simmel publicara en 1922. Reconociendo aquella línea de indagación, nuestro interés radica más bien en la “relación crecientemente ambigua entre política y violencia” (Agamben 1970), dos términos que, si bien en la época griega se suponían excluyentes, en la contemporánea se han vuelto complementarios (Calveiro 2015). Para efectos de este libro, la violencia política refiere a aquellos mecanismos ilegítimos de coerción destinados a controlar el poder o el sistema político de una sociedad, usados por quien ejerce la fuerza a través de las instituciones y recursos del Estado (Aróstegui 1994, 44). Se trata de medidas instrumentales (Arendt 1973, 148), desmesuradas e imprevisibles, cuyo resultado es el miedo y el sometimiento a las condiciones impuestas, con escasa o nula capacidad de resistencia inmediata ante el temor del uso de la violencia nuevamente. En estas situaciones el poder no solo invoca continuamente la excepción, la urgencia y una noción “ficcionalizada” del enemigo, sino que “trabaja para producir esta misma excepción, urgencia y enemigos ficcionalizados” (Mbembe 2006, 21). Asimismo, activa un sistema de incentivos para forzar la adhesión al régimen y la colaboración de la comunidad (Luneke 2000, 17), que pueden incluir llamados al patriotismo y a “salvar el país” de alguna amenaza. Desde nuestro punto de vista, la violencia política no se restringe al uso de la fuerza o al daño físico, psíquico o moral directo, sino que incluye amenazas diversas que generan miedo a padecer daños, sufrimientos y pérdidas, especialmente, de la vida. El terrorismo de Estado es una forma de violencia política. Se constituye cuando un gobierno que ejerce control sobre los medios de coerción estatal ordena, administra y financia una política destinada a difundir el terror entre la población civil. Dicho gobierno 11 Véase Simmel (1955 [1922]); Agamben (1970); Nordstrom (2004); Strathern, Stewart y Whitehead (2006).

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viola los derechos humanos con absoluta impunidad y sin controles ni equilibrios de ningún tipo, y bajo circunstancias en las cuales las víctimas no pueden recurrir a entidades internas en busca de protección. En este libro también usamos el término “resistencia”. Como nota Pilar Calveiro (2015), las estrategias de resistencia política pueden adoptar distintos formatos: abierta oposición –lo que la autora propone llamar “confrontación”–, o vías laterales o incluso subterráneas, pero no por ello menos relevantes. Formas de confrontación son la rebelión, la revolución y la demanda frente a la institucionalidad que puede operar generando transformaciones a costa de su inclusión o reconversión al sistema que antes cuestionaba. Este libro plantea que el registro y documentación de la violencia política y las prácticas de asistencia y denuncia a las que nutría y de las que se enriquecía, constituyen no solo una acción humanitaria y moral invaluable sino una forma de resistencia antidictatorial. El registro de las denuncias liderado por los organismos de derechos humanos en Chile contrarrestó la realidad tergiversada que proponía la dictadura con la realidad de la violencia perpetrada, al tiempo que permitió guiar las acciones de defensa de las víctimas. Un objetivo transversal de este libro es dilucidar y caracterizar el desarrollo de esta forma de resistencia antidictatorial. Para ello es necesario concebir al poder no como propiedad sino como potencia distribuida desigualmente en una red de actores y espacios. Entre todos ellos, esa distribución no está predefinida, sino que depende del curso de las interacciones, las relaciones de fuerza y las prácticas sociales. Desde esta perspectiva, y citando a Foucault, la noción de poder refiere a la… …multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras […]; y las estrategias, por último, que las tornan efectivas (2005, 112-113). 56

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En este escenario, tanto las redes de poder hegemónico como las redes de resistencia tienen zonas de potencialidad. En otras palabras: ambas tienen la capacidad de crear, innovar, actuar de manera diferente o subvertir zonas de impotencia (puntos ciegos) y/o zonas de indiscernibilidad que se hallan en disputa (Calveiro 2012; Deleuze y Guattari 1988, 230).

Aproximación genealógica a la documentación del terrorismo de Estado Para emprender la tarea que este libro y el proyecto de investigación a su base se propusieron, elegimos el enfoque genealógico. La noción de “genealogía” se usa ampliamente hoy en día en varias disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, incluyendo historia, sociología, antropología, literatura y psicología. A la luz de este amplio alcance es necesario detenernos para explicar su significado y uso en este libro. “Genealogía” es un concepto nietzscheano reelaborado por Michel Foucault en su trabajo desde 1971. El término hace referencia al análisis de la descendencia histórica o de la procedencia de la actualidad. A diferencia de la historiografía tradicional, dirigida a desentrañar los orígenes de las cosas, en la genealogía no hay esencias fijas, ni leyes subyacentes, ni finalidades metafísicas. La genealogía “concibe la realidad humana como un efecto del entrelazamiento de ciertas prácticas históricas y culturales” (Tamboukou 1999, 203). Por lo tanto, intenta descifrar la organización y el significado de la realidad actual, investigando sus condiciones de posibilidad y los regímenes discursivos y prácticos que la enuncian y crean a través del tiempo, rastreando sus relaciones: recurrencias, pausas, discontinuidades, omisiones12. El concepto marca el orden epistémico discursivo de una era, entendido como relaciones de poder y libertad “que permiten, sostienen y se alimentan de ese conocimiento” (Moyano 2015, 132). 12

Foucault (1977, 1979); Smart (1985); Dreyfus y Rabinow (1982); Tamboukou (1999).

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Empleando un método meticuloso y paciente, el ejercicio genealógico desplegado en este libro consiste en comprender la estructura material e ideacional que ha permitido que ciertos enunciados surjan y sobrevivan en el tiempo del modo en que los conocemos hoy (Derrida 1995, 58). También nos interesaba ahondar en el “sistema de expectativas” (Stoler 1992) que se vierten sobre él, los criterios y fines con que se organiza, las relaciones de poder y saber en que participa, los enfrentamientos, controversias e intervenciones que ha sufrido. Finalmente, también aspirábamos a comprender cómo este modo de inscripción de la violencia estatal fue siendo modelado por la lucha política en curso y de la cual formó parte13. Una genealogía no es solo una metodología histórica: es también una forma de intervención política en el presente (Eichhorn 2013). Este libro aspira a intervenir en los debates actuales sobre el pasado reciente de Chile y el Cono Sur, desenterrando una historia de resistencia política y ética.

Desenterrando prácticas documentales y sus artefactos Este libro se basa en 16 meses de investigación de archivo en Funvisol que conserva y protege los documentos del Comité y la Vicaría. Entendimos nuestra inmersión en el archivo como un esfuerzo etnográfico. El trabajo de archivo se realizó como un estudio in situ, sistemático y multirreferencial, guiado por un enfoque relacional. De acuerdo con las perspectivas genealógicas e infraestructurales del proyecto, nuestro objetivo era sacar a la superficie las condiciones en las que surgió y se mantuvo en el tiempo un proceso documental, deconstruyendo, analizando y problematizando ese proceso (Bosa 2010; Comaroff y Comaroff 1992). Para este fin, fue clave entender los documentos no como unidades discretas, Este no es un asunto limitado al pasado: en 2018, la Vicaría recibió una solicitud especial de un excomandante en jefe del Ejército (2002-2006) de información que el archivo podría contener sobre crímenes de lesa humanidad por los que actualmente está siendo juzgado.

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sino como parte de una red de relaciones y prácticas que se unieron para producirlos. Por lo tanto, nuestro objetivo era realizar lo que Bowker denomina “inversión infraestructural” (1994, 2016), una forma de “poner la trastienda en primer plano” (Bowker et al. 2016, 476) y “dar a conocer el trabajo invisible” (Ibid., 481). En este caso particular, sacamos a la superficie el trabajo de una organización de defensa de los derechos humanos, a través de los rastros que dejó en los procesos de producción, estandarización, organización y difusión de información. Debido a la distancia temporal que nos separa del fenómeno en estudio, hicimos dialogar el material del archivo con el relato de sus creadores y usuarios. Realizamos 18 entrevistas formales con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría, y con el personal actual de Funvisol. Otras seis entrevistas realizadas con anterioridad para una investigación de una de las autoras son también citadas14. Una serie de conversaciones informales sostenidas con el personal anterior en actividades públicas realizadas durante estos años de investigación también ha contribuido a este libro. Al combinar las técnicas de archivo y entrevista, nuestra metodología creó un diálogo entre el trabajo histórico y de memoria y los datos análogos propios de los métodos etnográficos. Las entrevistas nos ayudaron a descifrar los documentos contenidos en el archivo de Funvisol, conectándolos con rutinas y convenciones laborales que ya no son visibles. También nos dieron información sobre recursos y compromisos organizacionales; medios técnicos (estándares, protocolos) y el orden general al que las prácticas documentales pertenecían. Las entrevistas también nos permitieron acercarnos a las culturas epistémicas que modelaron la comprensión, registro y reacción frente al terrorismo de Estado y contribuyeron a identificar y describir categorías residuales, silencios y limitaciones en la producción de conocimiento. Por último, las entrevistas recogieron la significación que este proceso de documentación, defensa 14 Véase, al final de este libro, “Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la solidaridad entrevistados y citados”.

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y asistencia tuvo para los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos durante la dictadura y a lo largo de su trayectoria vital. Producto de la diversidad de formas de violencia política y la complejidad y variedad de situaciones de represión y desposesión que estas organizaciones ayudaron a enfrentar, decidimos acotar el radio de documentación que el estudio abarcaría. La opción fue concentrarnos en aquel segmento del corpus de referencia que refiere directamente a la violación del derecho a la integridad y seguridad personal y a la libertad de la persona. Asimismo, debido a que en el archivo Funvisol los documentos e instrumentos creados por el Comité y la Vicaría coexisten con otros creados y/o emitidos por instituciones externas, decidimos centrar el análisis en los primeros y considerar como referencia aquellos emitidos por terceras partes, especialmente los emanados de organismos internacionales y también desde el propio gobierno, cuya “verdad” esta documentación disputa. La asistencia a víctimas de la violencia política se efectuaba individualmente y, en los casos que procedía, era inaugurada mediante la creación de una carpeta del caso. En retrospectiva, esa carpeta es una vía de acceso a los soportes materiales de la atención ofrecida a cada víctima o a sus familiares por la organización a través del tiempo (véase Capítulo III). De los más de 48.500 casos con carpeta de atención en el archivo Funvisol15, elaboramos una muestra representativa por año de atención compuesta por un total de 171 casos. Luego ingresamos en una base de datos información descriptiva de cada uno de los documentos contenidos en cada carpeta muestreada, arrojando un total de más de 2.250 documentos descritos. Es importante señalar que 45 años después del inicio del trabajo de asistencia del Comité, y más de 15 años desde el cierre de la Vicaría, el archivo Funvisol no había sistematizado el repertorio de instrumentos creado y empleado para el registro de las distintas situaciones represivas experimentadas por la población durante la dictadura. En consecuencia, nuestra 15

41000 casos atendidos en Santiago, y sobre 4500 en provincias.

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investigación aplicó distintas estrategias complementarias para minar el archivo en busca de este material. Mediante el análisis de la documentación contenida en cada carpeta de atención, pudimos encontrar y censar las fichas y formularios usados durante el período 1973-1992 para registrar la violación a los derechos humanos. En base al análisis del caso al que pertenecían estas fichas fue conformada una segunda base de datos que consigna, entre otras características, información sobre las funciones, período de uso y campos de registro de cada uno de los 122 instrumentos hallados mediante el análisis de las carpetas de atención o, secundariamente, entregados directamente por las custodias del archivo al equipo de investigación. También fueron censadas e ingresadas a una base de datos descriptiva las diez “sábanas” –o planillas de datos manuscritas– que se encuentran en la actualidad en el archivo Funvisol y que fueron usadas por sus trabajadores y trabajadoras para consolidar información agregada sobre distintas situaciones represivas. La cuarta base de datos que produjimos en esta investigación contiene información sobre los 251 informes periódicos producidos por la Vicaría. En particular, analizamos la sección estadística y las categorías asociadas al hecho represivo, con el fin de identificar la genealogía de la clasificación de la violencia política (que a menudo se transfiere a los informes producidos por el Estado chileno durante la transición). Así pudimos identificar categorías recurrentes, resignificaciones e innovaciones a lo largo del tiempo y a través de diferentes agentes (véase Capítulo VI). Debido a que muchos de estos instrumentos de registro recogen datos privados de las personas y, a la vez, fueron pensados para la denuncia de las violaciones de sus derechos, esta investigación siguió los resguardos éticos que Funvisol debe garantizar, borrando la identificación de las personas en los documentos cuyas imágenes reproducimos en esta publicación. También consultamos libros y documentales sobre el trabajo del Comité y la Vicaría. Junto a ello, fue necesario considerar las referencias sociohistóricas que modelan los eventos que se registran. 61

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Para ello creamos una línea del tiempo evolutiva en formato digital y de acceso público y gratuito, que funcionó como una herramienta de consulta en línea. Ella permite apreciar alrededor de 1.500 acontecimientos relacionados con los derechos humanos entre 1973 y 201316. Los eventos están organizados en seis categorías: hitos legales, agencias represivas, eventos internacionales, organizaciones de derechos humanos, hitos generales y casos emblemáticos. Al emplear todas estas técnicas y recursos y, al mismo tiempo, adherir al espíritu etnográfico, nuestro objetivo fue abordar los documentos en sus propios términos. Vale decir, intentar relacionarnos con ellos a medida que eran producidos y usados, interrogarlos desde nuestros intereses contemporáneos, y evitar la sobreinterpretación. También estudiamos la incorporación de estos registros como evidencia en procesos legales luego del fin de la dictadura (véase Capítulo VII). Para ello estudiamos 216 veredictos emitidos (generalmente por la Corte Suprema) en casos de violaciones de derechos humanos, tal como figuran en una base de datos producida por el MMDH. Asimismo, referimos a las resoluciones iniciales dictadas en cada uno de esos casos. La perspectiva que seguimos no solo define una aproximación al acervo documental hoy organizado en un archivo de derechos humanos, sino también solicita discutir y explicitar la propia postura de quienes se acercan a él: los investigadores y las investigadoras. Suscribiendo reflexiones recientes del denominado campo de la antropología del sufrimiento social (por ejemplo, Das 2008), asumimos que la investigación de la violencia política requiere un particular esfuerzo por explicitar sus coordenadas éticas y políticas. Este libro es resultado del trabajo interdisciplinar de un grupo intergeneracional de investigadores e investigadoras. Nos convoca la relevancia y urgencia del tema que abordamos, debido a intereses intelectuales, afectivos, vitales, morales y políticos. Varios Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechoshumanos-en-chile-1973-2013).

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de los autores y las autoras crecimos en el período de dictadura. Problematizar y escribir sobre el episodio más cruento de la historia contemporánea de nuestra sociedad es también visitar nuestras biografías y trayectorias familiares, generacionales y afectivas. Otros autores y autoras revisan hoy el trabajo de asistencia a los perseguidos del que participaron activamente durante el régimen o su propia posición de víctimas sobrevivientes de las políticas represivas de la dictadura. Este libro está escrito desde todos estos lugares de afectación.

Referencias Agamben, Giorgio. L’uomo senza contenuto. Milán: Rizzoli, 1970. Arendt, Hannah. Crisis de la República. Madrid: Taurus, 1973. Aróstegui, Julio. Violencia y política en España. Madrid: Marcial Pons, 1994. Bell, Vikki. The art of Post-Dictatorship: Ethics and Aesthetics in Transitional Argentina. Londres y Nueva York: Routledge, 2014. . “Between documentality and imagination: Five theses on curating the violent past”. Memory Studies 11, núm. 2 (2016): 137-155. Bernasconi, Oriana. “Del archivo como tecnología de control al acto documental como tecnología de resistencia”. Cuadernos de Teoría Social 4, núm. 7 (2018): 68-92. Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “What Defines the Victims of Human Rights Violations? The Case of the Comité Pro Paz and Vicaría de la Solidaridad in Chile (1973-1992)”. En Vincent Druliolle y Roddy Brett (eds.). The Politics of Victimhood in Postconflict Societies: Comparative and Analytical Perspectives, 101-131. Londres: Palgrave Macmillan, 2018. . “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1 (2019): 7-29. Bickford, Louis, Patricia Karam, Hassan Mneimneh y Patrick Pierce. Documenting Truth. Nueva York: International Center for Transitional Justice (ictj), 2009. Birle, Peter, Vera Carnovale, Elke Gryglewski y Estela Schindel (eds.). Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires. Buenos Aires: Buenos Libros, 2010. 63

Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado

Bosa, Bastien. “¿Un etnógrafo entre los archivos? Propuestas para una especialización de conveniencia”. Revista Colombiana de Antropología 46, núm. 2 (2010): 497-530. Bowker, Geoffrey. “Information mythology and infrastructure”. En Lisa Bud-Frierman (ed.). Information acumen: The understanding and use of knowledge in modern business, 231-247. Londres y Nueva York: Routledge, 1994. Bowker, Geoffrey C., Stefan Timmermans, Adele E. Clarke, y Ellen Balka (Eds.). Boundary objects and beyond: Working with Leigh Star. Cambridge: MIT Press, 2016. Brands, Hal. Latin America’s cold war. Cambridge (ma): Harvard University Press, 2010. Brown, Steven D. “Two minutes of silence: Social technologies of public commemoration”. Theory & Psychology 22, núm. 2 (2012): 234-252. Butler, Judith. Undoing Gender. Londres y Nueva York: Routledge, 2004. Calveiro, Pilar. Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2012. . “Políticas del miedo y resistencias locales”. Athenea Digital 15, núm. 4 (2015): 35-59. Caswell, Michelle. “Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014): 207-213. Collins, Cath. “Chile a más de dos décadas de justicia de transición”. Política. Revista de Ciencia Política 51, núm. 2 (2013): 79-113. . “Silencios e Irrupciones: verdad, justicia y reparaciones en la postdictadura chilena”. En Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2015, 21-73. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2015. . “Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The Case of the ‘Valech Commission’ in Chile”. Journal of Latin American Studies 49, núm. 1 (2017): 55-82. Comaroff, John y Jean Comaroff. Ethnography and the Historical Imagination. Boulder (co): Westview Press, 1992. Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Santiago: Ministerio del Interior, 2011. 64

Oriana Bernasconi

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004. Comité de Cooperación para la Paz en Chile. “Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Informe Scherer. Documento N° 0082300”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1974. Cruz, María Angélica. “Silencios, contingencias y desafíos: el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 137-176. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. Da Silva, Ludmila y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Edición a cargo de Francisco A. Ortega. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto CES, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2008. Deleuze, Gilles. Foucault. Barcelona: Paidós, 1987. Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 1988. Derrida, Jacques. Archive Fever: A Freudian Impression. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. . La Diferencia [Différance] [1968]. Edición electrónica de www. philosophia.cl – Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, (s. f.). Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998. Dreyfus, Hubert y Paul Rabinow. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Eichhorn, Kate. The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order. Filadelfia (pa): Temple University Press, 2013. Ferrándiz, Francisco y Carles Feixa. “An Anthropological View of Violences”. En Francisco Ferrándiz y Antonius C. G. M. Robben (eds.). Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research. A View from Europe, 51-76. Bilbao: University of Deusto, 2007. Ferraris, Maurizio. Documentality. Why it is Necessary to Leave Traces. Nueva York: Fordham University Press, 2013. 65

Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado

Foucault, Michel. La Arqueología del Saber. Trad. de A. Garzón del Camino. Madrid: Siglo XXI Editores, 1970. . “Nietzsche, Genealogy, History”. En Donald Bouchard (ed.). Language, Counter-Memory, Practice, 139-164. Ithaca (ny): Cornell University Press, 1977. . Microfísica del Poder. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979 [1992]. . Technologies of the Self. Massachusetts: University of Massachusetts Press, 1988. . Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, 2005. Fraenkel, Béatrice. “Comment tenir un registre?”. Langage & Société 2, núm. 124 (2008): 59-71. Geiger, Till, Niamh Moore y Mike Savage. “The Archive in Question”. National Centre for Research Methods NCRM/016, marzo de 2010. http:// eprints.ncrm.ac.uk/921/1/Moore_review_paper_march_10.pdf González, Myrian. “Archivos del Terror del Paraguay: velos que desnudan la dictadura stronista”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (19731990), 85-105. Santiago: Lom ediciones, 2016. . “Los archivos del Terror del Paraguay. La historia oculta de la represión”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 85-114. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. Groppo, Bruno. “Dictaduras militares, archivos de movimientos políticos y sociales y archivos de la represión en América Latina”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990), 31-53. Santiago: Lom ediciones, 2016. Harmer, Tanya. “Fractious Allies: Chile, the United States, and the Cold War, 1973-76”. Diplomatic History 37, núm. 1 (2013): 109-143. Hetherington, Kregg. Guerrilla Auditors. The Politics of Transparency in Neoliberal Paraguay. Durham (nc): Duke University Press, 2011. Hite, Katherine. Política y arte de la conmemoración. Memoriales en América Latina y España. Santiago: Mandrágora, 2013. Jelin, Elizabeth. “Memorias en conflicto”. Puentes, núm. 1 (2000): 6-13. 66

Oriana Bernasconi

Jelin, Elizabeth y Victoria Langland (comps.). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002. Ketelaar, Eric. “Archives of the people, by the people, for the people”. S. A. Archives Journal, núm. 34 (1992): 5-15. Ketelaar, Eric. “Archival temples, archival prisons: modes of power and protection.” Archival science, núm. 2.3-4 (2002): 221-238. Lefranc, Sandrine. Políticas del perdón. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005. Lira, Elizabeth. “Trauma, duelo, reparación y memoria”. Revista de Estudios Sociales, núm. 36 (2010): 14-28. López, Loreto y Evelyn Hevia. “Archivo Oral de Villa Grimaldi: experiencia y reflexiones”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (19731990), 107-130. Santiago: Lom ediciones, 2016. Lunecke, Graciela Alejandra. Violencia Política. (Violencia Política en Chile. 1983-1986). Santiago: Arzobispado de Santiago, 2000. Mbembe, Achille. “Nécropolitique”. Raisons politiques: Études de pensée politique 1, núm. 21 (2006): 29-60. Moon, Claire. “Narrating Political Reconciliation: Truth and Reconciliation in South Africa”. Social & Legal Studies 15, núm. 2 (2006): 257-275. . “What one sees and how one files Seeing: Human Rights Reporting, representation and action”. Sociology 46, núm. 5 (2012): 876-890. . “Human Rights, human remains: forensic humanitarianism and the human rights of the dead”. International Social Science Journal 65, núm. 215-216 (2016): 49-63. Mora-Gámez, Fredy. “Reparation Beyond Statehood: Assembling Rights Restitution in Post-Conflict Colombia”. Tesis doctoral, School of Management, University of Leicester, 2016. Moyano, Manuel Ignacio. “Sujeto y Potencia. La des-creación del sujeto en Giorgio Agamben”. En Emmanuel Biset, Fernando Chávez Solca, Roque Farrán, Hernán García Romanutti, Daniel Groisman, Carolina Juaneda, Natalia Lorio, Natalia Martínez Prado, Manuel Ignacio Moyano, Juan Manuel Reynares, Aurora Romero, Sofía Soria, Mercedes Vargas. Sujeto. Una categoría en disputa, 131-168. Buenos Aires: La Cebra, 2015. Nordstrom, Carolyn. Shadows of War. Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2004. 67

Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado

Olmo, Darío. “Reconstruir desde restos y fragmentos. El uso de los archivos policiales en la antropología forense en Argentina”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 179-194. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. Programa Interdisciplinario de Investigación en Memoria y Derechos Humanos – Universidad Alberto Hurtado. “Línea de tiempo ‘Hitos de los Derechos Humanos en Chile, 1973-2013’”. https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechoshumanos-en-chile-1973-2013. . “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile”. Santiago: 2017. https://memoriayderechoshumanosuah.org/guia-dearchivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-chile/. Rabinow, Paul. Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment. Princeton (nj): Princeton University Press, 2003. Raffin, Marcelo. La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y Posdictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006. Richard, Nelly. Crítica de la memoria (1990-2010). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010. Roniger, Luis y Mario Sznajder. El legado de las violaciones de los derechos humanos en el Cono Sur. La Plata: Al Margen, 2005. Schindel, Estela. “Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano”. Política y Cultura, núm. 31 (2009): 65-87. Schindel, Estela y Pamela Colombo (eds.). Space and the Memories of Violence. Landscapes of Erasure, Disappearance and Exception. Londres: Palgrave Macmillan, 2014. Scott, James C. Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press, 1998. Simmel, Georg. Conflict and The Web of Group-Affiliations. Glencoe (il): The Free Press, 1955 [1922]. Smart, Barry. Michel Foucault. Londres: Routledge, 1985. Stier, Oren Baruch. Holocaust Icons: Symbolizing the Shoah in History and Memory. New Brunswick (nj): Rutgers University Press, 2015. Stoler, Ann Laura. “‘In Cold Blood’: Hierarchies of Credibility and the Politics of Colonial Narratives”. Representations, núm. 37 (1992): 151-189. . Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2002. 68

Oriana Bernasconi

. Duress. Imperial Durabilities in Our Times. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2016. Strathern, Andrew, Pamela J. Stewart y Neil L. Whitehead (eds.). Terror and Violence. Imagination and the Unimaginable. Londres y Ann Arbor (mi): Pluto Press, 2006. Tamboukou, María. “Writing Genealogies: an exploration of Foucault’s strategies for doing research”. Discourse: Studies in the cultural politics of education 20, núm. 2 (1999): 201-218. Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2003. Tejero, Laura. “‘Nosotros, las víctimas’: violencia, justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano de recuperación posconflicto”. Papeles del CEIC, núm. 106 (2014):1-31. Trace, Ciaran B. “What is Recorded is Never Simply ‘What Happened’: Record Keeping in Modern Organizational Culture”. Archival Science, núm. 2, (2002): 137-159. Vergara, María Paz. “Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”. En Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (ed.). Acceso Público a la Memoria: el Rol de los Archivos Testimoniales en la Democratización de las Sociedades Postdictatoriales [encuentro], 69-79. Santiago: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2009. Weld, Kirsten. Paper Cadavers. The Archives of Dictatorship in Guatemala. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2014. Winn, Peter, Steve J. Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago: Lom ediciones, 2014.

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CAPÍTULO III

¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado? Oriana Bernasconi, Manuel Gárate, Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla

Introducción El Comité de Cooperación para la Paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad buscaron proporcionar un espacio seguro donde las familias de prisioneros/as políticos/as pudieran reportar sus urgentes necesidades y encontrar apoyo para iniciar o proseguir la búsqueda de sus seres queridos. Sin duda, proteger la vida y resguardar a miles de personas era un trabajo delicado y riesgoso. Junto a la labor de asistencia, ambas organizaciones iban recopilando contundente documentación que revelaba las acciones de los agentes estatales y su papel en la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos. Se trataba de una práctica sistemática. La labor del organismo generó una disputa entre el régimen y la Iglesia católica que se extendió a lo largo de la dictadura, constituyendo un choque abierto entre dos partes que no podían ignorarse. El conflicto radicaba en la legitimidad de los propósitos de cada una de estas partes, la veracidad de la información por ellas producida y diseminada y, finalmente, la propia realidad de la violencia. Varios episodios alimentaron la disputa y la mantuvieron latente durante toda la dictadura. Al examinar los incidentes más álgidos, este capítulo trata sobre cómo una organización de derechos humanos se sostiene bajo el régimen represivo que denuncia. Hasta que los exfuncionarios del régimen, tanto civiles como militares, revelen 71

¿Cómo sostener una organización de derechos humanos…

sus archivos sobre la represión, será difícil responder completamente a la pregunta de por qué el régimen de Pinochet permitió que existieran estas organizaciones1. Entre tanto, abordamos una variante de esa pregunta: ¿cómo estas organizaciones lograron sobrevivir a la dictadura que enfrentaban abiertamente? Argumentamos que varios factores operando a diferentes niveles explican la perduración de estas organizaciones. La combinación de estos factores permitió, primero, que el Comité se formara y, más tarde, que la Vicaría permaneciera como un interlocutor que el régimen no pudo ignorar. El acto de registrar la violencia fue clave para mantener esta posición. Hizo posible que los horrores se dieran a conocer a medida que se infligían, y permitió a las organizaciones desafiar al gobierno por la responsabilidad de crímenes que no podía simplemente ignorar o tergiversar. También permitió a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil responsabilizar al gobierno, presentando acciones legales en defensa de los perseguidos y denunciar la represión ante la opinión pública nacional e internacional. En el largo plazo, esas tempranas acciones de las nacientes organizaciones de familiares de víctimas resultaron ser vitales para el activismo por los derechos humanos en Chile. El régimen desplegó una serie de estrategias para defenderse de las acusaciones. Esto incluyó la negación de los hechos, la desinformación, la manipulación de pruebas, las declaraciones falsas y el hostigamiento a organizaciones de derechos humanos en la prensa 1 Estos organismos han emitido varias versiones sobre el paradero y situación en que se encontrarían sus archivos. El Decreto con Fuerza de Ley N° 5200, promulgado en 1929, fue modificado en 1989 a meses de concluir el régimen militar y establece que “la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva” (Artículo 14). Este decreto revela la intención de eliminar la documentación. Recientemente, ha salido a la luz que el Ejército procedió a incinerar documentación de inteligencia y contrainteligencia entre 1980 y 1982 de manera ilegal. Ningún memorándum oficial que confirme esta incineración se ha hecho público, y no se ha ordenado ninguna investigación, por haber transcurrido en exceso el plazo de prescripción (ADN Radio. “Nuevo comandante en jefe del Ejército firmó informe que acredita quema de archivos de la CNI”, 15 de noviembre de 2017).

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nacional e internacional. También hubo intentos recurrentes para deslegitimar el trabajo de estas instancias, amenazando reiteradamente con confiscar sus registros institucionales. El Comité y la Vicaría resistieron, y de ese modo pudieron salvar muchas vidas, no sin pagar un alto precio. Sus propios trabajadores y trabajadoras fueron sometidos a allanamientos, ataques, intimidación, hostigamiento, vigilancia, arrestos, citaciones judiciales, expulsiones del país, torturas e incluso, en 1985, al horrendo asesinato de uno de ellos. Este capítulo revisa las principales disputas del Comité y la Vicaría con el régimen en el curso de la dictadura militar. Para ello analizamos nueve libros sobre el Comité y la Vicaría escritos por exfuncionarios y exfuncionarias; 60 artículos periodísticos sobre el cierre de la Vicaría en 19922; publicaciones producidas por las organizaciones de derechos humanos (como los informes anuales elaborados por el Comité y la Vicaría);3 además de comunicados de prensa y documentos de trabajo pertenecientes a la Vicaría y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Completamos nuestro corpus de información analizando 12 de las 24 entrevistas realizadas por nuestro proyecto de investigación con extrabajadores y extrabajadoras de ambas organizaciones.

Poder contra poder Desde la creación del Comité Pro Paz, la tarea de registro de la violencia fue concebida como un eje articulador de la asistencia y apoyo ofrecidos a las personas afectadas por la represión. Según el Informe Anual del Comité de 1975, este era un nuevo tipo de trabajo ecuménico: “No ocasional, no para discutir, no para orar, sino para trabajar al servicio del hombre que sufre y está desvalido […] 2 Dichos artículos se publicaron en diarios y revistas, tales como El Mercurio, El Siglo, La Época, La Cuarta, La Nación, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias, APSI. 3 Véase, Comité de Cooperación para la Paz en Chile (1975) y Vicaría de la Solidaridad (1976; 1977; 1990).

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¿Cómo sostener una organización de derechos humanos…

un compromiso militante de las distintas creencias y religiones […] que está al servicio de los postergados y reprimidos” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 2). El documento eclesial que dispuso la creación del Comité Pro Paz, el decreto arzobispal N° 158-73, consigna que los objetivos de la organización serían: 1. Buscar y proveer ayuda material para las personas y familias afectadas […]. 2. Proveer directamente […] asistencia legal y judicial, para la defensa de los derechos de las personas afectadas. 3. Recoger hechos irregulares que suceden y dañan gravemente la dignidad de las personas, y que estamos ciertos no son deseados por el Supremo Gobierno (Arzobispado de Santiago 1973).

Al trabajo de registro del Comité se le otorgó una función explícita en la resolución de estos hechos: denunciarlos ante las autoridades del régimen y así, con suerte, colaborar con la reconstrucción de la paz social: “Deseamos [dar a conocer estos hechos] a la autoridad del país como una colaboración eficaz y necesaria para lograr la pacificación” (Arzobispado de Santiago 1973). Al explicar sus propósitos, el Comité se concibe en el rol de mediador entre las personas afectadas y la dictadura. Sin imputarle los hechos, reconoce el poder del gobierno para evitar lo que debiera “no desear”. Pero, como el gobierno desconoce estas “irregularidades”, el Comité asume la labor de registrarlas y, de este modo, cooperar con la paz social en Chile. Ambas ideas fuerza –cooperación y paz– nominan a la organización. Y ambos vectores –negación y afirmación de la violencia– alimentarán la disputa entre la Junta Militar y el Comité y, luego, la Vicaría durante todo el período de la dictadura. Pese a lo riesgoso de su misión, el Comité difundió públicamente su existencia y convocó abiertamente a sus potenciales beneficiarios. Tan solo a un mes de su creación publicó un inserto en el principal periódico nacional, El Mercurio, proclive a la dictadura. El inserto anuncia la existencia del Comité, y ofrece asistencia jurídica gratuita. Como se puede apreciar en la figura 3.1, 74

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el inserto, además de diseminar una recomendación de resistencia a los despidos irregulares (“no firmar ninguna renuncia”), declara que, según las Sagradas Escrituras, la consecución de la paz requiere de justicia. “Proteger la vida” y “amparar” a miles de chilenos era un trabajo delicado, riesgoso y de alta responsabilidad. Por solicitud del arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez, el personal de la naciente organización fue reclutado por el sacerdote jesuita Fernando Salas, el abogado José Zalaquett y la asistente social Daniela Sánchez. Este equipo inicial usó sus redes personales de contacto para invitar a nuevos trabajadores y trabajadoras que les merecieran confianza. La institución combinaría generaciones. Incluía a jóvenes veinteañeros con experiencia organizacional comunitaria, religiosa o política, generalmente sin empleo y/o recién expulsados de sus universidades o de sus primeros trabajos, y profesionales con trayectoria, legitimidad y autoridad transversal en sus disciplinas4. Esta diversidad hizo posible no solo la creación de un sistema de trabajo cooperativo e interdisciplinar sin precedentes, sino también la emergencia de un cierto ethos que permitió al equipo resistir las presiones asociadas a esta labor. En efecto, la mayoría de los miembros permanentes del equipo se mantuvieron en la organización durante un largo período de tiempo (véase Capítulo IV). El Comité comenzó a operar a través de dos departamentos: el Penal, compuesto por abogados que ofrecían asesoramiento y representación legal gratuita, y el Asistencial, constituido por asistentes sociales, procuradores, religiosos (incluidos sacerdotes católicos) y monjas. Este equipo brindó asistencia principalmente para problemas laborales y estudiantiles como despidos y expulsión de trabajos y universidades (véase fig. 3.1)5. 4 Entre ellos, los abogados Antonio Raveau, que había sido ministro de la Corte de Apelaciones, Marcos Duffau, José Aylwin, Jaime Castillo y Jorge Molina. 5 Con el paso de los meses esta estructura inicial se fue fortaleciendo y ajustando en la medida de las necesidades de los afectados y del despliegue represivo. Para 1974, el Comité estaba organizado en cuatro áreas con sus respectivos departamentos: área Asistencial, área de Provincias, área de Desarrollo y área de Apoyo.

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Figura 3.1. Diario El Mercurio. 5 y 10 de noviembre de 1973. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

En el primer año, los problemas que abordó el Comité incluyeron situaciones de despidos laborales, exilio, secuestros, violencia física (torturas), detenciones, relegaciones y otras formas de violencia orientadas a la desarticulación social. En 1974, atendieron en promedio a 50 personas diariamente (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 7), cifra que se duplicó en los años posteriores. A poco andar, el Comité se extendió a nivel nacional, desplegando su labor a 24 sedes en distintas regiones del país. En abril de 1974, seis meses después de iniciado el trabajo del Comité, la Conferencia Episcopal se reunió para reflexionar sobre el actuar de la Iglesia católica ante “los desafíos de la hora presente” (Obispos de Chile 1974, 2). La Conferencia Episcopal solicitó al Comité elaborar un informe para ayudar a formular una posición oficial respecto a la represión política. El Comité reaccionó a la solicitud destinando a cuatro de sus funcionarios a una labor de 76

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sistematización de información, tan confidencial que ninguno de los demás trabajadores y trabajadoras del organismo la conocería. Al equipo que preparó el informe, coordinado por la religiosa María de los Ángeles Marimón, no se le dijo quién lo había encargado. Este fue el contexto de producción del primer informe chileno6 sobre el alcance de la represión durante los primeros meses de la dictadura. El equipo reunió las carpetas de los casos documentados por el Comité entre septiembre de 1973 y abril de 1974. El producto final, titulado “Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Informe Scherer” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1974), detallaba las situaciones de prisión, tortura y ejecución conocidas por el Comité. Si en sus comunicaciones públicas el Comité no responsabilizaba de los hechos represivos al gobierno, este título revela que sí lo hacía en sus informes confidenciales. El título también indica el reconocimiento del carácter eminentemente político de la violencia al nominar a quienes son su blanco como “disidentes políticos” en vez del genérico “afectados” que encontramos en tantos otros documentos del período, incluyendo fichas de registro usadas para consignar las denuncias y demandas que acogían. El segundo párrafo del informe señala que el objetivo de analizar las acciones del gobierno contra los disidentes políticos, siempre que sea posible, está supeditado a… …un adecuado examen de tendencias [que] debería comprender el análisis de las acciones de gobierno en los distintos planos (en especial las medidas de política económica, agraria, educacional y cultural y las acciones y políticas respecto de las organizaciones sociales de base), porque conforman el contexto dentro del cual las acciones de represión directa a los disidentes políticos se insertan (2).

En diciembre de 1973, los obispos de Chile analizaron un documento redactado por el Comité a requerimiento del obispo de Talca. El documento no publicado contenía antecedentes de los más de 5000 casos atendidos durante los primeros meses de la represión (Ahumada et al. 1989).

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Esta redacción subraya la comprensión temprana del Comité de la amplia gama de facetas de la vida nacional en la que la dictadura tenía previsto intervenir. Con estas advertencias, el Comité presentó su informe de lo que había ocurrido “hasta ahora” en el “área de acciones gubernamentales en el campo de los derechos humanos”. Los autores y autoras del informe presentaron un análisis diferente a los informes producidos hasta ese momento, basados en “la descripción de situaciones, su cuantificación y […] juicios críticos” (2). En contraposición, este informe busca “describir el curso del desarrollo de estas acciones en sus líneas generales y las tendencias que llevan implícitas” (2). Para lograrlo, el documento de 71 páginas ofrece la primera “periodización de las acciones represivas” (2), es decir, un perfilamiento de los principales rasgos de la violencia según períodos de tiempo (véase fig. 3.2). La técnica de la periodización ingresa así al repertorio de tecnologías usadas para configurar y exponer este episodio cruento de la historia nacional chilena. Esta técnica transitará a otros momentos de gestión de esta catástrofe política (véase Capítulo VI). Además, para dar cuenta de las detenciones, el primer informe del Comité organizó la información por sexo, ocupación, lugar de trabajo, edad, lugar de arresto, métodos de tortura, prisioneros y víctimas de ejecuciones sumarias. También refiere al estado legal de los afectados, y describe los Consejos de Guerra y las sentencias que dictan, e indica si los detenidos accedieron a defensa legal7.

Los Consejos de Guerra son definidos en el Código de Justicia Militar (1944) chileno como cortes militares que funcionan en tiempos de guerra (Artículo 71). La legislación en ese momento (desde su reforma) permitía que se convocara a tales tribunales para juzgar incluso a civiles o expersonal de las Fuerzas Armadas, si estos eran acusados de haber cometido delitos, portado armas o haber pertenecido a un grupo armado durante la guerra. Las cortes marciales solo se pueden convocar cuando está en funcionamiento un estado de sitio o similar. Los Consejos de Guerra fueron utilizados por el régimen para impartir una “justicia” sumaria contra los civiles después del Golpe. 7

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Figura 3.2. Extracto Informe “Informe Scherer. Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Documento N° 0082300”, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, abril de 1974, p. 2. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Producto de la reflexión en torno al informe, los obispos chilenos elaboraron una carta pastoral de siete páginas titulada “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile” (1974; véase fig. 3.3). La carta representa la interpretación que hacen los obispos del informe realizado por el Comité. Fue distribuida “en misas dominicales a todos los fieles católicos y, por otros conductos, […] a los reclutados en las filas de las Fuerzas Armadas” (Ahumada et al. 1989, 18). Si el informe original estaba compuesto en más de un 70 % por tablas de frecuencia que analizan el alcance y el patrón represivo (es decir, la distribución de la violencia según el tipo de acción represiva); la carta pastoral dividió su contenido en siete secciones tituladas: “Año santo”, “La reconciliación con Dios”, “La reconciliación con nosotros mismos”, “La reconciliación entre los hombres”, “El sacramento de reconciliación”, “María, signo de reconciliación” y “Conclusión”8. La carta comienza recogiendo el requerimiento del papa Pablo VI de considerar 1974 como año santo, es decir, “año de reconciliación” en la relación “con Dios, con nosotros mismos y con los demás hombres” (Obispos de Chile 1974, 3). La condición básica para lograr esta última reconciliación, postula, es “la plena vigencia del estado de derecho, en el El tema de la “reconciliación” será central para el primer gobierno de la transición a la democracia (1990-1994) y para el primer Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (publicado en 1991).

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que la Constitución y la Ley sean una garantía para todos” (4). Sin embargo, prosigue, existen “obstáculos objetivos” para lograrla, solo superables mediante “el respeto irrestricto de los derechos humanos formulados por las Naciones Unidas y por el Concilio Vaticano II” (5), es decir, organizaciones reconocidas internacionalmente. Estos derechos, dice la carta, son “naturales, y anteriores y superiores al Estado”, “absolutos e inviolables” y garantes de la real dignidad del hombre (5). Entre los obstáculos que preocupan a los pastores listan: “un clima de inseguridad y de temor”, “las dimensiones sociales de la situación económica actual […] (aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios)” y la reestructuración “del sistema educacional” (5). Finalmente, el texto indica que… …en algunos casos, la falta de resguardos jurídicos eficaces para la seguridad personal, que se traduce en detenciones arbitrarias o excesivamente prolongadas en que ni los afectados ni sus familiares saben los cargos concretos que las motivan; en interrogatorios con apremios físicos o morales; en limitación de las posibilidades de defensa jurídica; en sentencias desiguales por las mismas causas en distintos lugares; en restricciones para el uso normal del derecho de apelación (5).

La lista anterior de “situaciones irregulares” también se incluyó en el informe original del Comité. En la carta pastoral, la consagración a la Virgen María sella esta propuesta de reconciliación dirigida a todos los fieles por el bien de Chile. El texto de la carta se publica acompañado con siete imágenes sin textos al pie que las expliquen o contextualicen. La primera imagen representa a Jesús sufriente, mientras que la segunda retrata un apretón de manos. La tercera imagen muestra a un hombre encontrando un cuerpo; y la cuarta a un grupo de pobladores. La quinta imagen alude a una persona encarcelada, de quien solo se distinguen sus manos aferradas a los barrotes que lo aprisionan (véase fig. 3.3). Las últimas dos imágenes representan a la Virgen María, y el principal santuario católico para ella en la comuna de Maipú, Santiago. 80

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Figura 3.3. Portada “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile” y fotografía interna que acompaña al texto. Obispos de Chile. Declaración. 24 de abril de 1974, pp. 1 y 5. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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El impacto generado por la publicación cruzó las fronteras del país, y la prensa internacional destacó la carta pastoral como una noticia importante. Al respecto, antiguos miembros del Comité recuerdan: Los obispos chilenos acusan a la Junta del “Clima de Terror”, narraba The New York Times; “La Iglesia de Chile alude al sufrimiento”, titulaba The Washington Post; “Denuncia de la Iglesia Chilena: ‘Clima de inseguridad y temor’”, se leía en el periódico mexicano Excélsior (Ahumada et al. 1989, 16).

La respuesta de la Junta Militar no se hizo esperar. Javier Luis Egaña, en ese entonces presidente del Comité ejecutivo del Comité, fue citado para ser interrogado. Los líderes de la Junta estaban especialmente preocupados por la fotografía que había sido publicada en el folleto, exigiendo saber el origen de “la fotito, la impresión de los barrotes, ¿quién la hizo?” (Ahumada et al. 1989, 18). La controversia no terminó ahí. Casi un mes después de que la Conferencia Episcopal recibiera el informe confidencial producido por el Comité –que hasta ese momento había circulado de manera restringida entre los obispos y algunos funcionarios del Comité–, aparece replicado en sucesivas publicaciones en el diario mexicano Excélsior, señalando como fuente de información al Comité9. El régimen militar reaccionó desatando una campaña a través de la prensa nacional contra el Comité. El diario chileno La Segunda, en su edición del 16 de mayo de 1974, acusa al periodista y director del diario Excélsior, Julio Scherer, así como al obispo Fernando Ariztía y al sacerdote jesuita Fernando Salas, de “calumniadores” (véase fig. 3.4). Aunque Salas posteriormente negó haber suministrado información al periodista mexicano (Hoyl 2003, 100), evidentemente alguien quiso que ese reporte confidencial fuera filtrado. Sirvió para informar al gobierno y al mundo sobre la situación real 9 Para una síntesis de los contenidos del Informe filtrado en Excélsior, véase La Iglesia y la Junta Militar de Chile. Documentos (1975, 83-88).

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de represión que el Comité había comenzado a documentar a través de su trabajo de asistencia de víctimas, el registro de los casos y la producción de información a través de ellos. Como comentó en una entrevista Eugenio Ahumada, uno de los autores del informe: “Hay una cosa media ambigua, media chilena ahí porque en el fondo y es que Fernando dijo ‘oh ¿cómo se supo esto?’ y, al mismo tiempo, ‘¡maravilloso!’”. Al día siguiente, el ministro del Interior, general Óscar Bonilla citó a los sacerdotes Ariztía y Salas para explicar sus acciones a un grupo de periodistas. Bonilla afirmó que “hay una información que ha salido del país y ha sido usada en contra de Chile, […] el gobierno lo encuentra lesivo para el interés nacional e inaceptable” (Bonilla 1974, citado en Hoyl 2003, 100). El obispo Ariztía aparentemente apaciguó los ánimos con las siguientes palabras: “Concuerdo totalmente; me parece muy claro que si hay problemas se deben presentar al señor ministro y no estar publicándose, sobre todo porque se usan con objetivos netamente políticos” (Ariztía 1974, citado en Hoyl 2003, 100). Así, la primera producción de información realizada por el Comité en el contexto de la Conferencia Episcopal tuvo distintas consecuencias. En primer lugar, fue difundida en extenso en otro país latinoamericano, evidenciando la relevancia internacional de la denuncia. En segundo lugar, dentro de Chile, el público en general se enteró de la posición de la Iglesia católica a través de la carta pastoral “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile”. En tercer lugar, el episodio demostró la capacidad de producir y sistematizar la información que había generado la “Unidad de Informaciones” del Comité. La Unidad analizó la asistencia que el Comité brindaba, de modo de producir informes mensuales y estadísticas anuales de la represión de Estado. Con este fin, su personal elaboró nuevas tecnologías y formas de organizar y presentar el registro.

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Figura 3.4. Diario La Segunda. 16 y 18 de mayo de 1974. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

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El gobierno militar reaccionó con una campaña mediática y con un aumento de la represión hacia las trabajadoras y los trabajadores del organismo. El abogado José Zalaquett, fundador y cabeza del área jurídica del Comité fue detenido el 15 de noviembre de 197510. También fueron afectados miembros de las otras iglesias integrantes del Comité. A Helmut Frenz, líder de la iglesia luterana, se le prohibió el ingreso al país en octubre de 1975. Sin duda, estas iniciativas buscaban desarticular a la institución ecuménica, debido a la asistencia que brindaba a supuestos “enemigos del régimen”, al trabajo de recopilación de información que desarrollaba y el consiguiente desprestigio de la imagen internacional del régimen. Según lo que María Luisa Sepúlveda nos comentó en una entrevista, este episodio hizo que las trabajadoras y los trabajadores del Comité reconocieran cuán política era su cruzada humanitaria, un descubrimiento que creó una sensación de tensión e inquietud con respecto al futuro. Para octubre de 1975, al menos quince trabajadores del Comité habían sido detenidos en Santiago. Fueron llevados a centros de detención públicos y clandestinos y retenidos durante períodos que oscilaban desde horas hasta seis meses. Estas detenciones implicaron incomunicación, tortura y, en algunos casos, la posterior expulsión del país. Finalmente, el 11 de noviembre de 1975, el general Augusto Pinochet, solicitó por carta al cardenal Silva Henríquez el cierre de la organización, argumentando que era “un medio del que se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana” (Pinochet 1975). Tres días después, el Cardenal aceptó la solicitud, advirtiendo que: “La labor caritativa y religiosa desplegada hasta ahora por el Comité, en favor de quienes sufren diversas formas de pobreza, continuará desarrollándose dentro de nuestras propias y respectivas organizaciones eclesiales” (Silva Henríquez 1975, citado en Salazar 2011, 271). La decisión puso en suspenso el trabajo de la organización

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Zalaquett sería finalmente expulsado del país en 1976.

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con las familias de las víctimas. Ante la incertidumbre del destino de la documentación reunida por el Comité, y para resguardar la seguridad de las personas, copias de denuncias de prisión y tortura realizadas ante organismos internacionales son quemadas en la chimenea de la casona. El Comité oficialmente cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1975. Tras 25 meses de trabajo, esta institución había asistido a más de 30.000 personas, registrando 6.994 casos de atención en la región metropolitana y 616 en provincias (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975). En el campo de la asistencia legal, el área Jurídica había presentado 2.342 habeas corpus, 550 defensas ante Consejo de Guerra, 290 solicitudes de indulto y 435 denuncias por desaparecimiento. El Programa de Salud había alimentado a 8.400 niños, de manera de hacer frente a la desnutrición de menores producto de la paulatina privatización de los servicios públicos y la reducción del accionar del Estado en materias sociales. El Departamento Laboral, entretanto, registraba más de 4.500 atenciones por despidos individuales y colectivos y por persecución política (Vicaría de la Solidaridad 1976). La advertencia que el cardenal Silva Henríquez le hizo a Pinochet al cerrar el Comité no tardó más de un día en concretarse. El 1° de enero de 1976, el Cardenal inauguró una nueva organización, esta vez dependiente de la jerarquía de la Iglesia católica en la figura de una vicaría pastoral. La nueva organización, denominada oficialmente Vicaría Episcopal de Solidaridad, fue fundada por la autoridad máxima de la Iglesia católica mundial, el papa Pablo VI11. Su concepto central, la “solidaridad”, tiene su origen en el Concilio Vaticano II. La creación de la Vicaría buscaba asegurar la continuidad del proyecto del Comité y consolidar un organismo de defensa de derechos humanos en Chile. Como 11 Un vicario episcopal es, en la Iglesia católica, un clérigo de alto rango que disfruta de la responsabilidad delegada de su obispo local para un área geográfica o temática específica. En este contexto, otorgó protección eclesiástica a la nueva organización y la declaró bajo la protección personal del cardenal arzobispo de Santiago, el funcionario eclesiástico de más alto rango del país.

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declaró en retrospectiva Javier Luis Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1979: “Al poder se lo enfrenta con poder”12. Las oficinas de la Vicaría se instalaron en el corazón de la ciudad de Santiago, en su plaza principal (Plaza de Armas), flanqueada por la Catedral de Santiago. El naciente organismo reestructuró la organización del antiguo Comité en cinco departamentos: Jurídico Asistencial, Zonas, Coordinación Nacional, Laboral y Campesino. Además de las cuatro unidades administrativas encargadas de recepción, finanzas, personal y administración. Entre 1976 y 1992, la Vicaría actuó y denunció ante tribunales y la opinión pública, nacional e internacional, la situación de torturados, cesantes, presos políticos y/o relegados, y colaboró en la búsqueda de las personas desaparecidas. Su trabajo social fomentó la creación de organizaciones para la subsistencia, además de organizar bolsas de trabajo, capacitar a pobladores cesantes, mantener comedores sociales y trabajar estrechamente con agrupaciones de familiares de víctimas. Durante el funcionamiento del Comité, se sentaron las bases de lo que sería la labor de registro y denuncia en los siguientes 16 años de dictadura. Fueron dos intensos años en que el Comité desarrolló estrategias en múltiples niveles para denunciar la represión. Una de ellas implicó que los trabajadores y las trabajadoras del Comité se enfrentaran directa y diariamente con la violencia política, quedando expuestos a sus represalias. Otra puso a la institución en conflicto directo con la Junta Militar, a través de la denuncia pública de las “situaciones irregulares” consignadas en sus atenciones cotidianas y de la circulación internacional de su primer informe.

Declaración registrada en el documental Habeas Corpus (2017), dirigido por Claudia Barril y Sebastián Moreno.

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De “presuntos” desaparecidos a detenidos desaparecidos Con el correr de los meses, el régimen militar perfeccionó sus métodos represivos. En junio de 1974, creó una agencia represiva con el objetivo de “proporcionar en forma sistemática y debidamente procesada la información para adecuar sus resoluciones en el campo de la Seguridad y Desarrollo Nacional” (Decreto Ley N° 521, 1974). Esta agencia era la organización de policía secreta conocida como Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Entre fines de 1973 y mediados de 1974, la DINA encabezó una estrategia represiva dirigida a miembros y partidarios de organizaciones de izquierda (en particular, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR; el Partido Socialista, PS; y el Partido Comunista, PC), y que incluyó detenciones arbitrarias o ilegales sin testigos y la gestión de recintos de detención secretos y clandestinos para la incomunicación, tortura, interrogatorios y desaparición de personas. La controversia y la incertidumbre en torno a los casos de desa­ parición se centraron en la falta de información sobre el paradero de algunos detenidos y en la forma en que se explicaban sus desa­ pariciones. Los familiares de detenidos y el Comité intentaban comprobar que indudablemente habían sido detenidos, de manera irregular, por agentes estatales, poniendo directamente la responsabilidad de su desaparición en el régimen militar. Mientras, la dictadura negaba su participación culpando a las víctimas. La estrategia incluía el montaje de campañas en medios de comunicación que cuestionaban la existencia o identidad de las personas desaparecidas, o afirmaban que la persona desaparecida había abandonado a su familia y vivía en el extranjero. Un ejemplo de este tipo de campaña de propaganda se conoció como el “Caso de los 119”13. El martes 15 de julio de 1975, una revista titulada Lea apareció en los quioscos de periódicos argentinos. A kilómetros de distancia, el periódico Novo O’Dia apareció en los quioscos brasileños. Ambas publicaciones circularon por primera y última vez en ese 13

Para profundizar en el caso, véase Sepúlveda (2005).

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fatídico día. Cada una difundía una lista de nombres de chilenos que, según ellos, se habían matado entre sí en combates armados internos entre grupos izquierdistas en entrenamiento o escondidos fuera de Chile. Juntas sumaban 119 personas14. La publicación de las listas desencadenó una campaña en la prensa chilena controlada por el régimen, que reeditó y difundió las supuestas “noticias”, publicando titulares que hacían referencia a las metáforas sanitarias empleadas con frecuencia por el régimen; reminiscencias de sus reiterados llamamientos a “extirpar el cáncer marxista” y “curar el cuerpo social”. El diario chileno La Segunda imprimió lo que se convertiría en uno de sus titulares más notorios y escandalosos: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. La lista de 119 nombres publicada por las dos noticias internacionales incluía exactamente los mismos errores tipográficos contenidos en las listas que el Comité y la naciente AFDD habían presentado unos meses antes a los tribunales chilenos. La repetición de esos errores demostró que otros actores se habían apropiado del registro del Comité, instrumentalizándolo para construir una historia ficticia y difamatoria sobre el destino de los prisioneros desaparecidos. A octubre de 1975, Sergio Diez, representante permanente del régimen militar chileno ante las Naciones Unidas, continuaba negando públicamente la existencia de los desaparecidos y cualquier responsabilidad del Estado. Diez afirmó que el gobierno de Chile había investigado el asunto de los “presuntos” desaparecidos y había encontrado que, de un total de 768 individuos reportados por el Comité y sus familiares, algunos nombres estaban duplicados, mientras que otros ni siquiera figuraban en el registro oficial de nacimientos, matrimonios y defunciones. Diez declaró además que otros nombres mencionados en el total de 768 habían sido La revista Lea, que apareció en Argentina, publicó 60 nombres. Novo O’Dia, en Brasil, publicó 59 nombres más. Ambas eran publicaciones falsas: Lea apareció solo en esa única ocasión (a pesar de que pretendía ser la “edición número 91”). La Asociación Brasileña de la Prensa declaró que no había registros de ninguna publicación con el título Novo O’Dia en la ciudad de Curitiba ni en otro municipio del Estado de Paraná.

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previamente certificados como fallecidos, expulsados de Chile por decreto gubernamental, y/o habrían recibido asilo en otros países. Ante la Asamblea General de la ONU, Diez continuó afirmando que algunas de las personas en la lista se encontraban en detención oficialmente reconocida, mientras que otras supuestamente habían sido puestas en libertad o nunca habían sido detenidas (Organización de las Naciones Unidas 1975). En noviembre de 1976, como resultado del fin del estado de sitio y del cierre de ciertos centros de detención, hubo una liberación masiva de presos políticos. El informe mensual de la Vicaría de diciembre de 1976 establece que al menos 118 detenidos no se encontraban entre los liberados y nunca regresaron con sus familias (Vicaría de la Solidaridad 1976). La reacción de la Vicaría, así como de la AFDD, no se hizo esperar15. En marzo de 1977, la Vicaría creó la Unidad de Detenidos Desaparecidos, que debía trabajar en estrecho contacto con la AFDD para estudiar esta táctica represiva en particular. El director de la unidad y abogado Héctor Contreras recordó, en una entrevista, que este departamento “[dio origen a] el gran invento, la gran pequeña innovación, de llamar a esas personas ‘detenidos desaparecidos’”. Mientras tanto, la AFDD centró sus esfuerzos en manifestaciones públicas y denuncias, exigiendo una explicación oficial del paradero y el destino de sus familiares detenidos. Esta campaña fue el origen de la primera huelga de hambre de la Agrupación, que se extendió durante nueve días en junio de 1977. La Agrupación organizó una toma, con este fin, en la sede de Santiago de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 1978a). El 1° de marzo de 1978, la Vicaría aprovechó la apertura oficial del año judicial en Chile para reiterar una solicitud para que el 15 El Departamento Asistencial del Comité inició a fines de 1974 un trabajo con grupos de familiares de presos políticos, potenciando el trabajo colectivo y generando un espacio para compartir su situación (Vicaría de la Solidaridad 1976). El grupo de familiares de detenidos no ubicados comenzó con una veintena de miembros. A fines de 1975, eran más de 300. Este grupo deviene en la AFDD, que perdura hasta la actualidad, liderando las acciones por la verdad, justicia y memoria de estas víctimas.

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presidente de la Corte Suprema informara a sus colegas del poder judicial sobre “una serie de hechos que sugieren una protección inadecuada por parte de los tribunales de los derechos fundamentales de las personas que solicitan su apoyo legal”. La Vicaría solicitó al presidente de la Corte que “instruya a los tribunales sobre la necesidad de una mayor diligencia y eficiencia en las investigaciones de casos judiciales relacionados con la desaparición de personas, presuntas desventuras, arrestos ilegales y secuestros” (Comunicación de la Vicaría de la Solidaridad, citada en Hoyl 2003, 348-349). El 19 de abril de 1978, el Gobierno promulgó una ley de amnistía, consagrada en el Decreto Ley N° 2191. Esta ley, dictada por decreto ejecutivo, amnistió a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hubiesen incurrido en hechos delictuosos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encontraran en ese momento sometidas a proceso o condenadas16. En respuesta a la legitimación de la impunidad y con el fin de que se reconociera la existencia de los detenidos desaparecidos, la AFDD realizó una segunda huelga de hambre, conocida como “la huelga larga”. Esta vez la acción duró 17 días (desde el 22 de mayo al 8 de junio de 1978), y utilizó como consigna el eslogan “¡Nuestra vida por la verdad!” (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 1997, 29) y se desarrolló en la sede de la Cepal y, en paralelo, fue replicada en edificios pertenecientes a tres parroquias católicas de Santiago17 y en las oficinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 1978b). En el transcurso de la movilización, aproximadamente 100 personas –“sacerdotes, monjas, diáconos, trabajadores laicos y [miembros de] comunidades de base cristiana”– se unieron a la huelga de hambre (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 1978c). Las acciones solidarias se organizaron en muchos lugares dentro y fuera de Chile. 16 17

Véase Decreto Ley Nº 2191 (Artículo 1, 1978). Parroquias Jesús Obrero, La Estampa y Don Bosco.

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A cinco días de comenzada la segunda huelga de hambre, los principales medios de comunicación atribuyeron su organización a la Vicaría18. En respuesta, el Cardenal emite un comunicado declarando que, si bien la iglesia respeta el legítimo derecho de los familiares a solicitar información sobre sus seres queridos, esta acción no había sido “concertada, organizada ni planificada por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago” (Arzobispado de Santiago 1978). Al mismo tiempo, instó al Gobierno a encontrar una solución para poner fin a la acción de los familiares. Después de nueve días sin respuesta oficial, y ante los crecientes signos de solidaridad con la huelga de hambre, la Arquidiócesis acordó actuar como mediadora entre las personas en huelga de hambre y las autoridades. Desde este nuevo rol, el Arzobispado emitió otro comunicado, esta vez expresando su desaprobación frente al hecho que “personas que no son familiares de detenidos desaparecidos, estén realizando allí manifestaciones en solidaridad con ellos […] dado que su persistencia en tal sentido no hará sino obstaculizar el camino hacia una solución” (Arzobispado de Santiago 1978b). (véase fig. 3.5). De hecho, personal de la Vicaría había ayudado a planificar y organizar la acción, que consideraban coherente con su misión de defensa y protección de la vida. La médica Gilda Gnecco, exfuncionaria de la Vicaría, explicó en una entrevista que el equipo médico de la Vicaría había definido, “con absoluta claridad”, quiénes estaban en condiciones de participar en la huelga de hambre y quienes no participarían, por motivos de salud. La Vicaría también organizó un listado de médicos para monitorear las condiciones de las personas en huelga todos los días. Como resultado de las tácticas de presión de la AFDD y los esfuerzos como mediador del cardenal Silva Henríquez, el ministro del Interior, Sergio Fernández, reconoció públicamente la existencia de personas desaparecidas, sin embargo, les culpó por su situación. Sostuvo, por ejemplo, que los desaparecidos y las desaparecidas habían muerto 18

Véase La Segunda, 23 de mayo de 1978.

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en enfrentamientos o estaban escondidos. También accede a realizar una investigación sobre los “casos seriamente justificados” (Fernández 1978). La huelga de hambre terminó unos días después.

Figura 3.5. Diario El Cronista. 1° de julio de 1978. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

La Vicaría no perdió esta oportunidad y produjo un formulario común que registraba la identificación de la persona detenida, los hechos relacionados a la detención y los antecedentes anexos al caso, además de las distintas acciones legales y administrativas realizadas en su nombre como denuncias, recursos de amparo, declaraciones juradas, entre otros. Entre junio y octubre de 1978, la información recopilada en estos formularios se presentó al Ministerio del Interior mediante ocho cartas que, luego, dieron origen a la edición de siete tomos empastados titulados ¿Dónde están?. La publicación recopiló 433 casos de personas detenidas desaparecidas documentados por la Vicaría hasta esa fecha. El Gobierno 93

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no investigó un solo caso. En respuesta al silencio del Gobierno, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal emitió una declaración el 9 de noviembre titulada “Detenidos- desaparecidos” (Comité Permanente de la Conferencia Episcopal en Chile, 1978, 823). Afirmó que “las personas llamadas detenidos-desaparecidos, que alcanzan a varios centenares […] deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno” (Ibid.). La declaración continuó agregando que, a pesar de haber “puesto en manos de la autoridad los antecedentes que estaban en nuestro poder […] hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido” (Ibid.). La Iglesia también expresó su lamentable “persuasión de que muchos, si no todos los detenidos desaparecidos han muerto, al margen de toda ley” (Ibid.). La declaración concluyó pidiendo la verdad, la justicia y el respeto para todos, como requisitos previos para la paz. La información recopilada en la serie ¿Dónde están? se mantuvo actualizada. En diciembre de 1993, después de la transición, fueron publicados los ocho tomos de los llamados Libros Rojos. Cada tomo presentaba resúmenes de los 984 casos de desaparición forzada documentados por el Comité y/o la Vicaría. Desde el cierre de la Vicaría en 1992, la Fundación que fue creada para salvaguardar su legado y documentación, Funvisol, ha continuado respondiendo a las solicitudes de documentación de jueces y abogados que investigan casos de la dictadura. Los memorándums emitidos por Funvisol en tales circunstancias incluyen una copia de la descripción del caso original de los Libros Rojos. Esta información, a su vez, se considera un aporte importante para la redacción de las sentencias judiciales (véase Capítulo VII).

Hallazgo y re-desaparición El año 1978 no solo estuvo marcado por el Decreto Ley de Amnistía y la huelga larga. En abril de ese año, el cardenal Silva Henríquez 94

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inaugura en Santiago el “Año de los Derechos Humanos” con motivo del cumplimiento de los 30 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La programación abarcó todo el año e incluyó una serie de actividades que culminaron en noviembre con un Simposio Internacional. Este evento, titulado “La Iglesia y la dignidad del hombre, sus derechos y deberes en el Mundo de Hoy”, congregó invitados de distintos organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Días antes de que finalizara el simposio, un hombre se acercó a la puerta de la Vicaría. Había encontrado restos óseos en unos hornos de cal ubicados en la localidad de Lonquén, al sur de Santiago. La Vicaría investigó el hallazgo. Representaba la primera prueba concreta e irrefutable de la desaparición, ejecución y ocultamiento de las víctimas de la represión estatal. El simposio pudo haber sido la ocasión perfecta para la denuncia pública del hallazgo, sin embargo, decidieron esperar: “Si se hacía público, el simposio aparecería como… una especie de puesta en escena manipuladora” (Ahumada et al. 1989, 147). Además, la Vicaría carecía de información respecto de la identificación de esos restos humanos. Concluido el simposio, la Vicaría define una comisión secreta de trabajadores y trabajadoras que viaja a los Hornos de Lonquén. Tras registrar el hecho y confirmar el hallazgo, la Vicaría presentó una denuncia ante la Corte Suprema. Los restos óseos fueron entregados al Servicio Médico Legal (SML), entidad que tenía (y tiene) la responsabilidad exclusiva de investigar y certificar las causas de muerte en casos de accidente o circunstancias sospechosas. El SML confirmó que los restos óseos correspondían a 15 cuerpos de campesinos que habían sido detenidos en Isla de Maipo en octubre de 1973. La investigación por el hallazgo de los restos óseos fue asumida por el ministro en visita Adolfo Bañados, quien, en abril de 1979, se declara incompetente para continuar el proceso. Al justificar sus acciones, el juez Bañados indicó que había identificado la probable responsabilidad penal del capitán de carabineros Lautaro Castro y, en ese momento, según el Código de Justicia Militar, correspondía a la “jurisdicción militar el conocimiento 95

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[…] de las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él” (Resolución del ministro en visita Bañados 1979, citado en Pacheco 1980, 229). Entonces, la investigación es asumida por la justicia militar y concluye con ocho carabineros acusados por el delito de “violencias innecesarias causando la muerte” de los campesinos. Apelando al Decreto Ley de Amnistía N° 2.191 los ocho quedaron en libertad bajo fianza (Resolución Segundo Juzgado Militar 1979, en Pacheco 1980, 278-286). Al cierre de la investigación, el 11 de septiembre de 1979, se decretó que se entregarían los cuerpos a los familiares. Sin embargo, ese mismo día, por resolución de la Fiscalía Militar, los cuerpos fueron retirados del SML y enterrados en la fosa común del cementerio de Isla de Maipo sin testigos ni notificación a los familiares de las víctimas. De forma inmediata, el equipo jurídico de la Vicaría interpusieron un Recurso de Queja19, al que los militares respondieron argumentando que al no poder individualizar la identidad de las personas (excepto una) se debía aplicar la ley del entierro colectivo como N.N. (nomen nescio) en una fosa común. Si bien es cierto que esta era una práctica común para los restos no identificados o no identificables, también el cuerpo de Sergio Maureira Lillo que había logrado ser identificado corrió la misma suerte (Resolución Corte marcial 1979, en Pacheco 1980, 294-295). De esta manera, la investigación forense sobre las ejecuciones y desapariciones de las víctimas halladas en Lonquén quedó en suspenso por casi tres décadas. El caso se reabrió en 2006 y recién en 2010, es decir, 32 años después del hallazgo inicial, fueron identificados por el SML 13 de los 15 cuerpos20. Luego de un velatorio público en la Municipalidad de Isla de Maipo, sus familiares pudieron sepultarlos. Fue un acto masivo. Decenas de personas acompañaron a los familiares para, por fin, brindar un entierro digno a sus seres queridos. 19 Un mecanismo legal utilizado por los abogados para quejarse ante el Tribunal Supremo de Justicia contra decisiones judiciales o acciones emprendidas por el juez. 20 Esta entidad estatal, originalmente conocida como Instituto Médico Legal, más tarde cambió su título oficial a Servicio Médico Legal.

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El hallazgo de Lonquén, sumado a otro similar en Cuesta Barriga en diciembre de 1978, habrían motivado a la dictadura a efectuar la llamada “Operación retiro de televisores”, que consistió en ubicar los distintos puntos de inhumación de cuerpos de personas desaparecidas para exhumarlos y hacerlos desaparecer por diversos métodos, principalmente lanzándolos al mar en helicópteros de la Armada de Chile. A pesar de estos esfuerzos redoblados de encubrimiento, para fines de 1978 los “presuntos” desaparecidos ya no eran tales. El Gobierno tuvo que reconocer la desaparición de personas. La Vicaría había encontrado los primeros cuerpos de personas detenidas cuyo paradero era desconocido, y la Agrupación de Familiares comenzaba la dura tarea de renunciar a la expectativa de que sus seres queridos serían puestos en libertad con vida. Con el caso de Lonquén se iniciaría una “carrera” por la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas: mientras la Vicaría buscaba cuerpos, el régimen militar los desaparecía por segunda vez. En este período, nuevas formas de registro, asistencia, organización y acción permiten ir identificando la desaparición forzada como método represivo. En este complejo contexto, la Vicaría incorpora nuevas formas de trabajo, generando fuertes vínculos con las agrupaciones de familiares y convocando a la comunidad internacional a debatir sobre los derechos humanos. Las tácticas de presión de la AFDD pusieron en tensión las relaciones entre el gobierno militar y la Iglesia católica, al tiempo que esta última utiliza su legitimidad para asumir roles de mediación en el conflicto. Asimismo, mientras parte de la información que produce y sistematiza la Vicaría se hace pública, los temas más sensibles se siguen manteniendo en secreto dentro de un reducido grupo de trabajadores y trabajadoras, como aquel que indaga el caso de Lonquén o que monitorea la salud de los huelguistas de la AFDD21. La capacidad de la Vicaría para analizar su trabajo en diversos frentes Como el comité que investigó el caso de Lonquén, o el que vigiló la salud de los huelguistas de hambre de la AFDD.

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ayudó a que este fuera relevante en el tiempo. Las personas detenidas no ubicadas no habían desaparecido por ninguna de las razones argumentadas por la dictadura. Años más tarde, los informes de las comisiones de la verdad mandatadas por el Estado chileno y las más de 100 condenas por crímenes de lesa humanidad a exmiembros de los servicios de seguridad, confirmarían lo que el registro de la Vicaría había sugerido tempranamente: los agentes del Estado detuvieron a cientos de personas y luego las hicieron desaparecer.

Resistencia armada Hasta fines de los años setenta, los casos que acudían a la Vicaría solicitando asistencia respondían a personas que habían sido víctimas de represión, ninguna de las cuales estaba involucrada en la resistencia armada. La opción de un sector de la izquierda de enfrentar a la dictadura por la vía armada, implicó una difícil decisión para la Vicaría y un reordenamiento del conjunto de organismos que asistían coordinadamente a las personas que eran perseguidas por el régimen. Primero fue el proyecto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de crear, a través de la Operación Retorno (1978)22, un foco guerrillero en el sur de Chile, que fracasó y fue prácticamente aniquilado por el régimen militar (Comité Memoria Neltume 2003). Posteriormente, a comienzos de la década de 1980, la crisis económica generó protestas sociales a gran escala23. El PC “Operación Retorno” fue el nombre dado a una operación organizada por el MIR a fines de 1977. Los agentes del MIR que habían estado viviendo en el exilio regresaron secretamente a Chile, con el objetivo de reconstruir la capacidad del MIR para resistir la dictadura a través de la lucha política y armada. Al respecto, véase el escrito de la periodista Alejandra Matus, “La victoria de la CNI sobre el MIR”, disponible en http://www.casosvicaria.cl/temporada-uno/ la-victoria-de-la-cni-sobre-el-mir/. 23 La crisis económica de los años 1982 y 1983 y sus efectos de cesantía y devaluación de salarios, además de las condiciones políticas y sociales de la época, impulsaron las primeras movilizaciones masivas contra la dictadura. La primera convocatoria fue el 11 de mayo de 1983, y emanó de la Confederación de Trabajadores del Cobre. 22

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de Chile intentó por primera vez una estrategia llamada Rebelión Popular de Masas. Esta táctica buscó derrotar a la dictadura a través de un levantamiento masivo, un esfuerzo que se expandió en 1985 a un plan llamado Sublevación Nacional (Pellegrin 1987). La estrategia incluía una milicia armada, compuesta por jóvenes militantes que habían sido entrenados como combatientes fuera de Chile. Este fue el origen del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El grupo llevó a cabo numerosas acciones militares y actos de sabotaje durante la década de 1980, entre ellos robar bancos, transportar camiones cargados de mercancías, bombardeos, interferencias a señales de radio y televisión, y asaltos a arsenales militares y policiales. El FPMR continuó sin tregua hasta que fracasó el plan para asesinar a Pinochet en 1985. El esquema, denominado Operación Siglo XX, planeaba emboscar una caravana que transportaría al General de regreso a Santiago desde su hogar de fin de semana en el río Maipo, en la zona sur de la capital. El General, sin embargo, salió ileso y el régimen continuó con una implacable venganza. Varios miembros del FPMR, que hoy figuran entre las víctimas de la dictadura, fueron encarcelados y asesinados inmediatamente después de esta operación. Producto de las acciones y encuentros armados, “nuevos casos” de personas perseguidas, baleadas, quemadas o secuestradas llegaron a solicitar atención a la Vicaría, generando tensión al interior de la organización. Bajo los principios de la organización: solidaridad, protección y defensa del derecho a la vida, nadie debía ser rechazado. Sabían también que el Gobierno no tardaría en desacreditar su labor argumentando que la Iglesia católica estaba amparando a “terroristas”. La opción de tomar el camino de la resistencia armada reestructuró el campo de las organizaciones chilenas de derechos humanos. La Vicaría tomó la difícil decisión de no brindar defensa legal a las personas que se vieran involucradas en hechos de sangre, aunque no les negaría atención y apoyos básicos de emergencia. Como el exabogado del Comité y la Vicaría, Álvaro Varela, nos explicó en una entrevista:

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Nosotros hacíamos las primeras acciones, presentábamos el Recurso de Amparo, hasta obtener la vista de la persona, pero una vez que era acusado y que había antecedentes de que él efectivamente había cometido un atentado en contra de la vida o la integridad física de una persona, en el proceso mismo nosotros no lo defendíamos.

Las características de las acciones armadas alteraron la relación personal y profesional entre quienes acudían a la Vicaría y sus trabajadores y trabajadoras. En ocasiones, la información que las personas afectadas entregaban era parcial, impactando el trabajo de evaluación de los casos, la rigurosidad de los datos catastrados y las consiguientes acciones de asistencia y denuncia, exponiendo a riesgos desconocidos al equipo de Vicaría. A comienzos de 1980, los principios del derecho a la rebelión y a la asistencia judicial dieron origen a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organismo que defendió y asistió a “prisioneros políticos” incluyendo a los que abogaban por la violencia o la practicaban. Una vez ofrecida una acción básica, la Vicaría comenzó a derivar estos nuevos casos a Codepu y a otros organismos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos o la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic).

La brutal represalia El riesgoso trabajo de asistir, registrar e investigar las violaciones a los derechos humanos prosiguió ininterrumpidamente durante toda la década 1980. En 1984, la Unidad de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad había logrado identificar el funcionamiento de un aparato de inteligencia clandestino conocido como Comando Conjunto; un organismo represivo conformado por miembros de todas las fuerzas armadas, carabineros y policía de investigaciones, y que también incluyó a integrantes del movimiento de ultraderecha Patria y Libertad, organización paramilitar fundada

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en 1971. El Comando Conjunto operó entre 1975 y 1977 con el fin de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a hombres y mujeres que pertenecían al comité central del PC, a las Juventudes comunistas y a la fuerza central del MIR. La Unidad de Análisis de la Vicaría era dirigida en ese momento por José Manuel Parada, sociólogo y militante del PC. Parada, junto a otros trabajadores y trabajadoras de la Vicaría, llevaba meses investigando al Comando Conjunto cuando una inédita fuente de información llegó a la Vicaría. A mediados de agosto, el cabo de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela (alias “Papudo”), se presentó en las oficinas de la revista de oposición Cauce para hablar con la periodista Mónica González. Le dijo a la periodista que tenía información sobre los detenidos desaparecidos, algunos de ellos secuestrados por el Comando Conjunto, organismo al que había pertenecido. González contactó al abogado Héctor Contreras, jefe de la Unidad de Detenidos Desaparecidos. Valenzuela, el exagente, se declaró preparado para hablar con Contreras a condición de absoluta discreción y confidencialidad. La situación era extremadamente delicada y era potencialmente peligrosa para todos los involucrados. Se acordó que Valenzuela le entregaría la información a la Vicaría con el compromiso que no se hiciera pública hasta que la Vicaría decidiera el momento oportuno24. Luego de intensos días de entrega y confirmación de información, la Vicaría gestionó la salida del país del exagente, sin el conocimiento de sus antiguos superiores. Poco después, y de manera sorpresiva, el diario venezolano Caracas publicó la entrevista realizada por Esta no era la primera vez que un desertor del aparato de inteligencia o las Fuerzas Armadas se presentaba y proporcionaba información a la Vicaría. En 1977, un exactivista del PS que se había convertido en informante testificó sobre las personas desaparecidas y la participación de la DINA. Unos días más tarde, su cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo de Santiago. El diario chileno Las Últimas Noticias informó que “…habría sido asaltado por desconocidos con el objeto de robarle o bien fue asesinado durante el transcurso de una riña” (25 de octubre de 1977). Se le conocía como el “encapuchado del Estadio Nacional”, ya que su colaboración había tomado la forma de pasear por el improvisado campo de concentración dispuesto en el principal recinto deportivo del país, identificando a los activistas entre las filas de detenidos, mientras ocultaba su identidad con una improvisada capucha. 24

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González a “Papudo” bajo el título: “La tortura en el Chile de Pinochet. Once años de crímenes relató un esbirro arrepentido”25. El secreto se había quebrado antes de tiempo y la respuesta de la dictadura esta vez fue pública y brutal. Un gran operativo fue desarrollado el 29 de marzo de 1985. Incluyó cortes de calles y un helicóptero que sobrevoló el área donde se ubicaba el Colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en la comuna de Providencia en Santiago. La operación culminó con el secuestro de dos hombres en las puertas del colegio, a plena luz del día. Se trataba de José Manuel Parada y el profesor Manuel Guerrero. Guerrero, militante del PC, se había incorporado al movimiento gremial de educadores de Chile luego del exilio, y había guiado con Parada la investigación de la Vicaría sobre el Comando Conjunto. Según relata María Luisa Sepúlveda, ex asistente social del Comité y de la Vicaría: …había una disidencia explícita de los servicios de seguridad. Y esa disidencia nos traía información que no solo servía para aclarar casos, sino que también podía servir para desbaratar… de alguna manera el sistema represivo. Y eso fue lo que en definitiva el servicio de seguridad y la dictadura no soportaron.

Al día siguiente del secuestro, los cuerpos de Parada y Guerrero fueron encontrados abandonados, camino al aeropuerto de Santiago a la altura de Quilicura. Estaban acompañados de los restos de un tercer hombre, Santiago Nattino, publicista y dibujante, militante comunista que había sido secuestrado un día antes, el 28 de marzo. Los tres habían sido degollados. La indignación y el repudio por el brutal crimen fueron masivas. En diversos puntos de Santiago hubo huelgas de hambre impulsadas por familiares, a las que adhirieron diversos organismos de derechos humanos, estudiantes, organizaciones de trabajadores y organizaciones La versión original de la entrevista está disponible en http://www.casosvicaria.cl/temporadauno/confesiones-de-un-agente/.

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políticas. Los trabajadores y las trabajadoras de la Vicaría desarrollaron una jornada de ayuno y reflexión, con el propósito de “denunciar la cultura de la muerte y reclamar por el restablecimiento de los valores de la verdad, justicia, libertad y fraternidad” (Radio Chilena 1985). Mientras el salón de la Vicaría acogía los cuerpos para su despedida, los miembros de la organización, rodeados de más de 150 personas, renovaban su compromiso de trabajo por la justicia: Uno de nuestros hermanos, quizás el más admirado por su inteligencia y calidad humana, ha sido asesinado. No vamos a ocultar nuestra indignación ni nuestro dolor. Lo gritaremos en silencio. Lo transformaremos en trabajo, el mismo que tú amaste y al cual te consagraste como un noble militante en la causa de la defensa y promoción de los derechos humanos26.

Los ataques del régimen militar a la Vicaría no cesaron luego del asesinato del jefe de la Unidad de Análisis. La dictadura insistiría con los amedrentamientos, hostigamientos y presiones para cerrarla, inclusive luego del plebiscito de 198827.

La documentación en disputa El 28 de abril de 1986, el FPMR intentó asaltar una panadería en la comuna de San Bernardo de Santiago. Un oficial de policía y un militante del FPMR murieron, mientras que otro militante sufrió una herida de bala. El combatiente herido fue Hugo Gómez Peña. Se dirigió a la Vicaría, donde recibió atención médica, sin 26 Extracto de “Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad; palabras en el funeral de José Manuel Parada, 1° de abril de 1985”. Disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-82680.html. 27 Se celebró un referéndum nacional el 5 de octubre para determinar si el presidente de facto, Pinochet, debería extender su gobierno por otros ocho años. El 56 % de los votantes respondió “No”, lo que puso fin a 16 años y medio del general en el poder.

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mencionar ni su afiliación política ni que su lesión era resultado del asalto a la panadería. Al ver la gravedad de la lesión, Ramiro Olivares, médico de la Vicaría, derivó al herido a la clínica Chiloé, un centro médico que colaboraba regularmente con la organización. Al día siguiente, el abogado de la Vicaría Gustavo Villalobos y el doctor Olivares entrevistaron a Gómez Peña. Querían saber si había estado involucrado en el asalto armado, que para entonces ya había sido divulgado ampliamente en la prensa nacional. Gómez Peña continuó negando cualquier participación, pero al día siguiente escapó de la clínica y pasó a la clandestinidad. El fiscal militar Fernando Torres Silva fue asignado al caso. Ordenó los arrestos del doctor Olivares, del abogado Villalobos y de los médicos que atendieron a Gómez Peña en la clínica Chiloé. El objetivo del fiscal era exponer el presunto papel de la Vicaría como colaboradora y encubridora del FPMR. Posteriormente, Torres Silva ordenó la confiscación de las fichas médicas de la Vicaría. Con ello, el blanco de los ataques de la dictadura pasó desde los funcionarios de la Vicaría a la documentación por ellos reunida y procesada durante el transcurso de sus (entonces) once años de trabajo protegiendo a las personas perseguidas. Torres Silva persistió durante cuatro años en su intento por desacreditar el rol de asistencia de la Vicaría. En febrero de 1989 intentó hacer efectiva la incautación de las fichas médicas de la Vicaría. Según el vicario Cristián Precht: El objetivo aparente era incautar las fichas en que se registraba la atención a las personas que llegaban a solicitar la ayuda de la Iglesia. La defensa de la Vicaría fue asumida con valor y tenacidad admirables por Monseñor Sergio Valech, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Solidaridad quien, respaldado en el secreto profesional, se negó a entregar las fichas a pesar de ser conminado a hacerlo bajo amenaza de arresto (1998, 47).

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“Solo en democracia cerrará sus puertas” Con la aprobación de la nueva Constitución de 1980, había quedado establecido un período transitorio de ocho años en los que el general Pinochet continuaría en el poder. El 5 de octubre de 1988, tuvo lugar el plebiscito establecido en la Constitución. María Luisa Sepúlveda recuerda en una entrevista que con la victoria del “No”, se abrió una importante discusión en la Vicaría: “¿Seguiríamos o no seguiríamos?” En la década de 1980, algunos países de la región experimentaban el fin de regímenes dictatoriales (Argentina en 1983; Brasil y Uruguay en 1985). Cada uno enfrentó la cuestión de la administración del pasado represivo. En marzo de 1983, Argentina creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con el propósito de esclarecer los crímenes ocurridos durante el gobierno militar (1976-1983). Este contexto tuvo su correlato en las discusiones al interior de la Vicaría sobre el eventual desenlace de la dictadura. María Luisa Sepúlveda nos explicó: “Empezábamos a prepararnos para que esto que era una tarea de la iglesia fuera efectivamente asumida por el Estado y empezamos a discutir eso: así como el Estado había sido el opresor, ahora el Estado debía ser el reparador”. Por otra parte, desde fines de los años ochenta la Vicaría identificaba un cambio en las características del sujeto vulnerable. El número de casos de represión política disminuía, al tiempo que se consideraba urgente atender el masivo problema de la pobreza. Esta pobreza era el resultado de la instalación de un modelo neoliberal no solo en el ámbito económico sino también en la conducción del Estado y la comprensión de la sociedad. La Vicaría reconocía la necesidad de llevar la “cultura de la solidaridad” que había inspirado la defensa y protección de las víctimas de la violencia política a espacios sociales donde imperaba “la cultura del egoísmo” (La Tercera, 28 de noviembre de 1992). Al mismo tiempo, los recursos financieros de organismos nacionales e internacionales que habían apoyado la gestión de la Vicaría comenzaban a redirigirse hacia 105

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entidades gubernamentales y de lucha contra la pobreza (La Época, 9 de octubre de 1992; La Segunda, 8 de octubre de 1992). La dirección y el equipo de la Vicaría opinaron que la defensa de los derechos de las personas, en este nuevo contexto, debía ser asumida por el poder judicial28, y que la reparación de las víctimas le correspondía al Estado. En marzo de 1990, Pinochet fue reemplazado por Patricio Aylwin, primer presidente de la república elegido democráticamente desde el golpe de Estado en 1973. Desde ese momento, la experiencia profesional y el acervo documental conformado tras 17 años de labor se volcó a colaborar eficazmente con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), también conocida como Comisión Rettig, convocada por Aylwin a menos de dos meses de asumir la presidencia de Chile. En 1992, María Luisa Sepúlveda, secretaría ejecutiva de la Vicaría, fue la encargada del cierre de la organización y del finiquito gradual de sus trabajadores y trabajadoras: “Fue lo más difícil que me tocó hacer […]. Tú ibas dejando cesante a gente con la cual habías compartido una cosa muy fuerte”, comenta. Para muchos de los trabajadores y trabajadoras el cierre de la Vicaría fue abrupto y el futuro laboral incierto. Se habían vuelto especialistas en asuntos que no prometían reales oportunidades laborales. Como recordó en entrevista Héctor Contreras: Tú decías “¿qué hago ahora? ¿Te ibas a presentar a un banco?” “¿y usted qué sabe hacer?” “Yo sé buscar personas” “¿ah?” “Puede buscar a los protestados”… era medio raro […]. Bueno, después se crea la Corporación [Nacional de Reparación y Reconciliación] donde alguna gente va, pero fueron tiempos duros. Tú dices “ahora viene el gobierno y esto se acabó”.’

28 Véase declaración del arzobispo de Santiago, Carlos Oviedo Cavada, en La Segunda (8 de octubre de 1992).

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El cierre de la Vicaría, el 31 de diciembre de 1992, también generó una sensación de desamparo en la AFDD que, desde su nacimiento, funcionó bajo el alero y en las instalaciones de la Vicaría: …nosotras tratamos de entender las razones de la Iglesia, sabemos que es la sociedad en su conjunto la que debe asumir el problema. Pero la tarea no está concluida. Solo se conoce el destino de 80 detenidos desaparecidos, ya dos años y medio de gobierno democrático, tenemos un poder judicial, un poder legislativo amarrado, y un ejecutivo que gobierna a través de consensos con aquellos que fueron cómplices de las violaciones de derechos humanos. Para nosotros le faltaba un tiempo más de existencia a la Vicaría de la Solidaridad (Sola Sierra en La Nación, 28 de noviembre de 1992).

Tras el cierre de la Vicaría y con el fin de resguardar y difundir el acervo documental que expone año tras año parte importante de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen dictatorial, la Iglesia católica creó la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol), un organismo privado de interés público29. La Fundación se hizo cargo, y aún alberga, las 47000 carpetas de casos individuales y colectivos y los más de 80000 documentos jurídicos que dan cuenta de la intensidad y envergadura del trabajo asumido por el Comité y la Vicaría. Con los años, la Fundación ha logrado catalogar, digitalizar y poner a disposición gran parte de este acervo documental, especialmente para los procesos judiciales que aún siguen en curso. Luego de 25 años transcurridos desde su creación, Funvisol resguarda el principal archivo de derechos humanos del país.

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Véase http://www.vicariadelasolidaridad.cl/.

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La Iglesia católica chilena y su respuesta a la represión dictatorial Lo que ocurrió en Chile durante los años setenta y ochenta se inserta en un contexto regional que incluye dictaduras militares en Guatemala, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La particularidad de la experiencia chilena radica en ser el único país que eligió a un presidente abiertamente marxista, un evento que Estados Unidos no tardó en considerar una amenaza para sus intereses y su política exterior. Otra diferencia significativa en el contexto regional reside en la actuación de las iglesias cristianas, y sobre todo de la jerarquía de la Iglesia católica en conjunción con diversas organizaciones internacionales, y su respuesta a la represión masiva que se abatió sobre el país a partir del 11 de septiembre de 1973. Proteger vidas y denunciar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar probablemente hubiera sido imposible sin el apoyo institucional de la comunidad judía y las diversas congregaciones religiosas que participaron en el Comité Pro Paz y posteriormente en el trabajo humanitario. En los momentos críticos de la vida del Comité y de la Vicaría, la autoridad de la Iglesia católica también fue clave. Inicialmente, sin embargo, la respuesta de la Iglesia católica no provino de la misma institución. La actividad temprana fue más bien el resultado de acciones individuales comprometidas con la defensa de los oprimidos y perseguidos políticamente. El análisis de los episodios controversiales que enfrentaron al Comité Pro Paz y la Vicaría con el gobierno dictatorial demuestra que la sobrevivencia de estas organizaciones de derechos humanos se explica por varios motivos que operaron a distintos niveles y que, en conjunto, permitieron que el Comité y la Vicaría ganaran y supieran mantener un espacio de poder para las acciones de denuncia y defensa de las violaciones a los derechos humanos. Ganar este espacio probablemente no habría sido posible sin el sustento institucional de la congregación de iglesias que asistieron a esta labor humanitaria. Fue clave también haber convocado al 108

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poder de la Iglesia católica en momentos críticos durante la vida de ambas organizaciones. No se trató inicialmente de una acción institucional de la Iglesia católica, sino del resultado de la acción individual de determinadas personas comprometidas con la defensa de los oprimidos y perseguidos políticamente. La fundamentación de su labor asistencial se basó explícitamente en una doctrina humanitaria, defensora de los derechos humanos y la dignidad como una expresión de la misión de la iglesia de promover los valores del Evangelio: La Vicaría no es el único protagonista de estas denuncias; existen otras nobles instituciones que la acompañan en esta tarea. Lo propio suyo está en su modo evangelizador de realización, y en su especial preocupación que sean en último término los afectados mismos quienes asuman esa responsabilidad con el apoyo y asesoría de la iglesia (Silva Henríquez s. f., 58).

Las controversias analizadas demuestran la capacidad del Comité y de la Vicaría para activar y mantener una red de actores a nivel nacional e internacional en torno al tema de los derechos humanos, que no solo los volvió un agente difícil de ignorar por la Junta Militar, el gobierno de facto, el poder judicial y los medios de comunicación, sino que también les permitió congregar a otras organizaciones de derechos humanos, delegaciones y personeros internacionales. Sin duda, este papel de articulación amplificó la función del organismo y fortaleció su presencia en la vida nacional. Los eventos discutidos en este capítulo reflejan también una combinación de acciones políticas, privadas y secretas que aumentaron la efectividad del trabajo de la Vicaría, al tiempo que brindaron cierta protección para sus acciones más riesgosas. Así, la sobrevivencia del Comité y la Vicaría puede explicarse en la capacidad para generar confianza y legitimidad alrededor de su labor de asistencia, documentación y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos. Confianza ganada en un espectro amplio y diverso, que incluía a las víctimas y sus familiares, 109

¿Cómo sostener una organización de derechos humanos…

al propio régimen y a varios organismos internacionales como la OEA o Amnistía Internacional. Ello se basa, como veremos en el capítulo siguiente, en una serie de resguardos con respecto a la información recibida y en un compromiso profesional y moral con las víctimas. Es particularmente relevante su capacidad para tomar testimonios de víctimas y familiares y, a partir de ello, producir información que podría llenar vacíos en la comprensión de las estrategias represivas de la dictadura y su evolución a lo largo de los años. En medio de la brutalidad y el miedo, la competencia profesional y la destreza social y política demostradas por el personal del Comité y la Vicaría fueron fundamentales para mantener su trabajo y promover la solidaridad y la autoorganización entre las víctimas, las personas sobrevivientes y sus familiares (véase Capítulo IV). La Vicaría también fue la fuente más confiable de revistas y boletines independientes que buscaron, a pesar de la censura, mantener informadas a las personas de todo el país sobre violaciones de derechos humanos. La capacidad de la Vicaría para acceder a una red de apoyo internacional que difundió sus informes y denuncias creó una mayor conciencia de su trabajo. Esto permitió que el trabajo en sí se expandiera, además de ofrecer un mínimo de protección a través de la visibilidad (véase Capítulo V). Otro gran recurso del Comité y la Vicaría fue la capacidad para adecuarse a las reacciones de los mundos sociales y políticos que asistía y resistía de modo de no claudicar en su labor de asistencia y denuncia. El primer informe con la sistematización de los casos de violaciones a los derechos humanos a abril de 1974 no fue ideado por los trabajadores de la Vicaría. Fue demandado por la asamblea episcopal para poder opinar sobre el actuar del gobierno impuesto. Sin embargo, a partir de esta solicitud, fue incorporado como artefacto a su infraestructura informacional. Fueron las reiteradas negaciones de la responsabilidad estatal sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas las que impulsaron a los familiares a reaccionar con medidas públicas de protesta y presión como las huelgas de hambre, en base a la naciente agrupación 110

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que conformaron con apoyo de este organismo de iglesia. Es la apertura del ministro del Interior de turno a investigar los casos de desaparición forzada lo que insta a la Vicaría a producir los siete tomos de los libros ¿Dónde están? con la historia represiva de cada uno de los desaparecidos y las desaparecidas de quienes la organización tenía registro. Avanzada la dictadura, y frente a la opción de algunos partidos y movimientos políticos de izquierda de ejercer una resistencia armada, la Vicaría y otras organizaciones de derechos humanos modifican estratégicamente sus métodos de trabajo. Ante el macabro asesinato de uno de los integrantes de su propio equipo, la Vicaría lo honra continuando su labor. Y ante el intento de terminar con la organización capturando su archivo, la organización resiste. Para sostener su misión, tanto el Comité como la Vicaría introdujeron gradualmente nuevas formas de registro, procedimientos y protocolos, al tiempo que criterios más finos iban siendo incorporados a la mecánica de su trabajo cotidiano. En definitiva, estos organismos sobreviven porque lograron una cuota de poder, generando y manteniendo a partir de él un espacio de trabajo en defensa de los derechos humanos. Esto les valió el reconocimiento nacional e internacional y les dio la oportunidad de actuar en diferentes planos sociales, políticos y espirituales, entablando relaciones con el gobierno, los tribunales, los medios de comunicación, otras iglesias y grupos religiosos, comunidades locales y la comunidad internacional. En síntesis, la Vicaría se convirtió en una entidad de derechos humanos que alteró el equilibrio de poder en un contexto de terrorismo de Estado. No argumentamos que redujo la violencia, pero sí que consiguió una cuota de poder y la usó para confrontar al régimen y mitigar los efectos de su sistemática política de violación a los derechos humanos no solo durante sino también después de la dictadura, cuando la verdad inscrita en estos registros pasa a contribuir a la calificación y reparación de víctimas, al ejercicio de la justicia, a la memoria y a la investigación sociohistórica.

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Referencias ADN Radio. “Nuevo comandante en jefe del Ejército firmó informe que acredita quema de archivos de la CNI”, 15 de noviembre de 2017. https://www.adnradio.cl/nacional/2017/11/15/nuevo-comandanteen-jefe-del-ejercito-firmo-informe-que-acredita-quema-de-archivosde-la-cni-3638487.html. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Una vez más: nuestra vida por la verdad”. 1978a. . “Comunicado de prensa”. Documento N° 1.018. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1978b. . “Comunicado de prensa núm. 4”. Documento N° 029. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 24 de mayo de 1978c. . 20 años de historia. Santiago: Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1997. Disponible en: http://www. bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9116 Ahumada, Eugenio, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball, y Gustavo Villalobos. Chile: la memoria prohibida. Las violaciones a los derechos humanos, 1973-1983. Santiago: Pehuén, 1989. Arzobispado de Santiago. Decreto N° 158-73: Comité o Comisión especial de ayuda a los necesitados. Santiago, 9 de octubre de 1973. : “Declaración del Arzobispado de Santiago”. Santiago, 24 de mayo de 1978a. . “Declaración”. Santiago, 31 de mayo de 1978b. Código de Justicia Militar (Chile). “Artículo 71”, publicado el 19 de diciembre de 1944. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=18914. Comité de Cooperación para la Paz en Chile. “Carta a sacerdotes, pastores evangélicos y religiosas sobre la creación del Comité por la Paz en Chile”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1973. . “Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Informe Scherer”. Documento N° 0082300. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1974. . “Crónica de sus dos años de labor solidaria”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1975. 112

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Comité Memoria Neltume. Guerrilla en Neltume. Santiago: Lom ediciones, 2003. Comité Permanente de la Conferencia Episcopal en Chile. “DetenidosDesaparecidos. Declaración del Comité Permanente”. Mensaje 27, núm. 275 (1978): 823 Decreto con Fuerza de Ley N° 5200 (Chile). “Sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”, publicado el 10 de diciembre de 1929. “Artículo N° 14”, modificado en 1989. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=129136. Decreto Ley N° 521 (Chile). “Crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”, publicado el 18 de junio de 1974. https://www.leychile.cl/ Navegar?idNorma=6158. Decreto Ley N° 2191 (Chile). “Concede amnistía a las personas que indica por los delitos que señala” (art. N° 1), publicado el 19 de abril de 1978. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6849. Fernández, Sergio. Discurso transmitido en cadena nacional de radio y televisión el 15 de junio de 1978. Disponible en http://www.archivochile. com/Dictadura_militar/doc_civiles_dm/DMdocciviles0008.pdf González, Mónica. “Confesiones de un agente”. Los casos de la Vicaría. Proyecto periodístico del CIP de la Universidad Diego Portales, s. f. http:// www.casosvicaria.cl/temporada-uno/confesiones-de-un-agente/. Hoyl, Ana María. Por la vida. Santiago: Ediciones Chile-América CESOC, 2003. La Época. “Vicaría de la Solidaridad: archivos pasarán a fundación canónica”. 9 de octubre de 1992. La Iglesia y la Junta Militar de Chile. Documentos. Buenos Aires: Tierra Nueva, 1975. La Nación. “Emotiva liturgia de homenaje a la Vicaría de la Solidaridad”. 28 de noviembre de 1992. La Segunda. “Vicaría de la Solidaridad se fusiona con Cáritas e Indiso: dan origen a Vicaría de la Pastoral Social”. 8 de octubre de 1992. La Tercera. “Termina labor de la vicaría, pero no termina la solidaridad”. 28 de noviembre de 1992. Las Últimas Noticias. “Sin título”. 25 de octubre de 1977. Matus, Alejandra. “La victoria de la CNI sobre el MIR”. Los casos de la Vicaría. Proyecto periodístico del CIP de la Universidad Diego Portales, s. f. http://www.casosvicaria.cl/temporada-uno/la-victoria-de-la-cnisobre-el-mir/. Obispos de Chile. “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile”. Declaración. Santiago: Ediciones Paulinas, 1974. 113

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Organización de las Naciones Unidas. “Protección de los derechos humanos en Chile”. Informe del Consejo Económico y Social. Naciones Unidas, 1975. Pacheco, Máximo. Lonquén. Santiago: Aconcagua, 1980. Pellegrin, Raúl. “Comunicado del FPMR Cuando la Separación.” Santiago de Chile, junio de 1987. Disponible en . Pinochet, Augusto. Carta del General Pinochet al Arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez. En Intercambio de Cartas con el General Augusto Pinochet a propósito de la Disolución del Comité Pro Paz. Santiago: 11 de noviembre de 1975. Precht, Cristián. En la Huella del Buen Samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad. Santiago: Editorial Tiberíades, 1998. Radio Chilena. “Programa Primera Plana”. En Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 1985. Consultado el 4 de octubre de 2018. http:// www.archivomuseodelamemoria.cl:8080/uploads/1/9/197769 /00000011000038000002_01.jpg . Salazar, Manuel. Las letras del horror. Tomo I: “La DINA”. Santiago: Lom ediciones, 2011. Sepúlveda, Lucía. 119 de nosotros. Santiago: Lom ediciones, 2005. Silva Henríquez, Raúl. Solidaridad… Un modo de vida. Una pastoral para la Iglesia. Documento de trabajo. Santiago: Vicaría de la SolidaridadArzobispado de Santiago, s. f. “Trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad: palabras de despedida en el funeral de José Manuel Parada. 1° de abril de 1985”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1985. http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/7922. Vicaría de la Solidaridad. Ocho meses de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1976. . Un año de Labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1977. . Informe de actividades. Programa de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en Chile. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1990.

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CAPÍTULO IV

Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro de las violaciones a los derechos humanos María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero Aunque tenía experiencia en la atención individual y entrevistas, no estaba preparada para lo que tuvimos que enfrentar en la Vicaría. Fue algo que superó todo lo que en teoría y en la práctica sabíamos. (Gloria Lepe, trabajadora social, 13 enero 2016). Había estado en la profesión durante siete años y nunca nadie me había enseñado sobre derechos humanos en ningún campo. (Roberto Garretón, abogado, 16 enero 2016).

Introducción La multiplicidad de actores, saberes e historias que se cruzaron en el contexto sociohistórico chileno de la dictadura, no se restringe al binomio de víctimas-perpetradores utilizado por las comisiones de la verdad y por parte importante de los estudios sobre derechos humanos. Nuestra investigación y este libro están abocados a examinar el trabajo de un tercer actor, generalmente invisibilizado en los estudios del período: la pluralidad de asistentes sociales, abogados, médicos, psicólogos, sacerdotes, religiosas, militantes políticos, y personas sin afiliación política, profesionales recién titulados y otros con larga trayectoria, que convergieron en la causa de la solidaridad con las personas perseguidas por la dictadura, involucrándose en diversas actividades organizadas por el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y otras organizaciones de la sociedad civil que se formaron para resistir a las prácticas opresivas de la dictadura militar. 115

Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro…

Este capítulo se sustenta en la premisa de que el análisis de esta cruzada moral y política sin precedentes requiere abordar el rol de las comunidades epistémicas que se congregaron en esta labor. Como sostiene uno de los argumentos centrales de este libro, el registro y documentación de las violaciones sistemáticas a la vida e integridad de las personas, no es una práctica neutral ni objetiva sino una práctica cognitiva y política que requiere reparar no solo en los procedimientos y artefactos de registro, sus usos y efectos, sino también en las formas de pensar y actuar sobre esta realidad, ya que estas modelan el servicio prestado por estas organizaciones. De otro modo, proponemos que la inscripción de la violencia política pasa, en parte, por el modo de concebir este servicio profesional, moral y político. En este contexto, este capítulo explora las contribuciones de varias profesiones a la construcción de conocimientos profesionales que les permitieron apoyar a las personas que estaban siendo perseguidas por la dictadura militar. Nos centraremos particularmente en las y los profesionales que trabajaron en el Departamento de Asistencia Legal del Comité y de la Vicaría de la Solidaridad, porque ellos trabajaron directamente con los familiares y víctimas de la represión política. ¿Qué herramientas profesionales usaron? ¿Qué habilidades tuvieron que desarrollar? ¿Qué prácticas epistémicas y conocimientos les permitieron lidiar con la situación represiva? ¿Cómo fue el encuentro entre disciplinas en el curso del trabajo práctico que realizaron en las distintas etapas de estos organismos? ¿Qué conflictos epistémicos surgieron y cómo fueron resueltos? ¿Y cómo esta forma de pensar, procesar y asistir afectó el manejo de esta catástrofe humanitaria en la sociedad posdictatorial? ¿Cómo los trabajadores y las trabajadoras del Departamento de Asistencia Legal evalúan el impacto de su trabajo en sus vidas y trayectorias profesionales? Para responder a estas preguntas, el capítulo hace un recorrido por la trayectoria de trabajo conjunto de los dos grupos profesionales más gravitantes –abogados y asistentes sociales– que conformaron un modelo de trabajo jurídico asistencial que no 116

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tenía antecedentes en Chile, a partir del espacio de resistencia no violenta del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Observamos tal experiencia como un caso de producción social de conocimiento por parte de comunidades epistémicas distintas (Haas 1992; Adler y Haas 2009) que lograron generar un campo de prácticas común (Lave y Wenger 1991; Wenger-Trayner et al. 2014). En este sentido, siguiendo la noción de “comunidad de práctica” propuesta por Gherardi (2009), entendemos que la labor cotidiana de los trabajadores y trabajadoras del Comité y la Vicaría fue formando y sosteniendo “patrones recurrentes de acción” (356) que permitieron compartir un lenguaje para evaluar, valorar, desarrollar la práctica y una identidad epistémica sobre el mundo y las actividades que en él se desarrollan. Asimismo, comprendemos la asistencia prestada y los artefactos y conocimientos que permitieron gestionarla, como actividades y objetos situados (Haraway 1988), es decir, que reflejan varias categorías de género, clase, profesión, raza e ideología de quien habla y de quien escribe, y que reflejan el contexto o el “desde donde” se está hablando y escribiendo (Jefferies 2012, 134). En términos metodológicos, el capítulo utiliza una serie de entrevistas realizadas con quienes desempeñaron funciones laborales y de apoyo en ambas organizaciones, documentación secundaria existente en el archivo Funvisol y publicaciones anteriores sobre ambas organizaciones, incluyendo los trabajos de tesis de dos de sus autores. El capítulo muestra cómo la confrontación de la violencia estatal mediante prácticas de asistencia y denuncia se sostuvo por una combinación de acervo profesional básico y un alto grado de innovación profesional en un contexto de urgencia e incertidumbre, además de una dosis importante de habilidades organizacionales (políticas, comunitarias y sindicales), así como un ethos humanitario forjado por el impulso de proteger y fomentar la dignidad humana y el empoderamiento y liberación colectiva de las víctimas, sin hacer distinciones de clase, origen, afiliación política o religiosa. Particularmente, este capítulo muestra cómo distintas 117

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comunidades epistémicas convergieron –no sin importantes disputas y discusiones– para dar forma a un trabajo interdisciplinario mantenido por un largo período de tiempo, creando una comunidad de práctica con una identidad común. Esta convergencia interdisciplinaria y plural es el resultado del encuentro de profesionales que si bien venían con formaciones universitarias y laborales diversas tuvieron que transformar sus prácticas, lenguajes y acciones bajo la demanda de un nuevo estado de situación que los exponía a contextos inéditos en la historia nacional. Así, concluimos que el trabajo al interior del Comité Pro Paz y de la Vicaría, generó saberes y prácticas específicas en el campo de los derechos humanos que no estaban disponibles en las formaciones académicas tradicionales y que necesariamente postulaban la integración de disciplinas profesionales, modelando el campo del activismo en derechos humanos de ahí en adelante.

Asistir a las víctimas de la dictadura Como han indicado los capítulos precedentes, al momento de su creación, el 9 de octubre de 1973, el Comité Pro Paz nació sin un programa definido a seguir. Fue la realidad de la represión la que marcó la pauta de lo que debía hacerse. A esa fecha, los efectos de la violencia ejercida por parte de las Fuerzas Armadas y civiles que se hicieron parte del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 eran cuantiosos. La represión abarcó casi todos los ámbitos y espacios de la vida social, por lo que las Iglesias se convirtieron en el único lugar al cual podían acudir los perseguidos “en busca de consuelo y apoyo frente a situaciones propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc.” (Lowden 1996, 31; Precht 1998, 17). “Nada se programó con antelación. Cada unidad o servicio fue surgiendo en la medida que era necesario. El personal de abogados y asistentes sociales fue creciendo

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según el volumen de atenciones” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 5). El trabajo fue inicialmente reactivo: en la medida en que los religiosos y profesionales vinculados al Comité fueron dimensionando la magnitud de la persecución política y sus consecuencias, la institución fue creciendo para atender a las necesidades que esta situación generaba. Una de las primeras tareas a la que se abocaron, y que marca la identidad de la organización, fue la de acoger y escuchar a las personas que llegaban a las oficinas ubicadas en Santa Mónica 2338, en el centro de Santiago. De esta forma, al poco andar, el Comité centralizó y profesionalizó la escucha y acogida que las Iglesias ya estaban practicando, deviniendo el lugar más gravitante para acudir a contar lo que sucedía, y expresar el impacto de la violencia en las vidas de las personas, las familias y las comunidades (Fernández 1996, 78). A partir de la escucha y la atención individual de casos, los trabajadores y trabajadoras fueron detectando problemáticas comunes que dieron origen a los departamentos del Comité. El abogado José Zalaquett fundó el Departamento Legal en 1974, agregando la dimensión legal a las demás materias atendidas por la organización. Inicialmente, el Departamento Legal coordinó el trabajo de los abogados, internos y externos, en tres áreas principales: la defensa ante los Consejos de Guerra, la presentación de habeas corpus a favor de los detenidos y solicitudes de ministro en visita para casos de detención. Al Departamento Legal Penal se sumó el Legal Laboral, el de Reubicación, el Universitario, y el Campesino. Cada uno de estos departamentos contó con abogados y asistentes sociales como parte de su planta de profesionales. El Comité fue creciendo organizacionalmente de acuerdo con las necesidades de atención generadas por las distintas situaciones represivas y de desamparo de las víctimas. De este modo fue como se sumaron grupos de profesionales, cuyos conocimientos y habilidades resultaron vitales para hacer frente a los complejos casos en que estaba en juego la vida de los detenidos y las detenidas.

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Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad A diferencia del Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad nació con un programa mucho más definido. La experiencia de los primeros años en el Comité había entregado al equipo un mejor conocimiento de la situación represiva y un método de trabajo común que resultaba adecuado y relativamente efectivo. Por otra parte, el marco ético común ya estaba definido en torno a dos conceptos claves: solidaridad y derechos humanos1. Al fundarse la Vicaría en enero de 1976, se crearon distintas áreas de trabajo: el Departamento Jurídico-Asistencial, encargado de apoyar a los familiares y víctimas de la represión política; el Departamento de Zonas, con la misión de coordinar el trabajo social de la Vicaría en las poblaciones más pobres de Santiago; el Departamento Campesino, encargado de apoyar a los campesinos y parceleros que habían obtenido tierras durante la Reforma Agraria; el Departamento Laboral, que siguió atendiendo a los trabajadores despedidos por razones políticas; la Unidad de Apoyo, encargada de las labores administrativas; y el Departamento de Comunicaciones, que tenía el objetivo de sacar adelante la revista Solidaridad, órgano de prensa oficial de la Vicaría (Vicaría de la Solidaridad 1976a) (véase Capítulo V). El personal que trabajó en la Vicaría fue en su gran mayoría laico y contratado por sus habilidades profesionales, más que por su afiliación religiosa o política. Si bien inicialmente las jefaturas de los distintos departamentos fueron asignadas a sacerdotes y religiosas, finalmente serían los laicos, debido a sus capacidades profesionales, quienes liderarían la institución (Lowden 1996, 55). El núcleo central de funcionarios fue prácticamente el mismo que el del Comité Pro Paz: aproximadamente 150 personas, en su gran mayoría cristianos de izquierda. Esto, a pesar de que el cardenal Estos dos conceptos son desarrollados por el cardenal Raúl Silva Henríquez y los demás obispos de Santiago en su carta pastoral de fines de 1975: “Tuve hambre y me disteis de comer. Carta Pastoral de la Solidaridad”, que sirve como carta fundacional de la Vicaría. El contenido íntegro de esta carta se puede consultar en Cristián Precht (1998).

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Silva Henríquez y algunos miembros de la jerarquía deseaban un personal que reflejara una posición cristiana más moderada o neutral (56). El gran temor, que era a su vez un rumor difundido por la prensa oficialista, era que la Vicaría y la Iglesia fueran infiltradas y manipuladas políticamente por la izquierda (73). Aun considerando estos temores, el vicario Cristián Precht mantuvo la política del Comité Pro Paz, que supeditaba la afiliación política o religiosa de los funcionarios y las funcionarias a sus habilidades profesionales y compromiso con la causa de los derechos humanos2. Esto marcaría la identidad de la Vicaría: una institución laical, pluralista y no proselitista, aun siendo marcadamente católica y eclesial. La labor del Departamento Jurídico estuvo centrada en ofrecer asesoría jurídica y patrocinio legal a las personas afectadas por la persecución política y a sus familias. En especial cuando dicha persecución atentaba directamente contra la libertad e integridad física de las personas. La principal actividad de los abogados y abogadas del Departamento Jurídico consistió en la interposición de recursos de amparo o habeas corpus en los tribunales de justicia, a favor de quienes eran arbitrariamente arrestados o temían serlo (véase fig. 4.1). Además de la formulación de denuncias por detenciones en prisiones secretas o lugares de detención ilegales (Vicaría de la Solidaridad 1980, 18). Esta actividad legal era acompañada por labores de asistencia “moral y económica” a quienes eran perseguidos, promoviendo además “el respeto y la vigencia plena de los principios proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Vicaría de la Solidaridad 1976a, 8). Por último, En una entrevista de 1978, el vicario Cristián Precht se refirió a esta temática, afirmando: “… en primer lugar, al contratar a una persona para que trabaje en la Vicaría, lo primero que se le pide es que esté de acuerdo a las líneas que tiene la Iglesia de Santiago y que suscriba lo que es parte en el fondo de la rehabilitación de los Derechos Humanos, por decirlo así… por buscar un lugar donde encontrarnos… Nosotros hemos tenido sí una actitud muy vigilante a cualquier actitud que se produzca que signifique usar en forma proselitista el hecho de trabajar en la Vicaría. En ese sentido hay personas que han salido de la Vicaría e incluso del Comité, pero también de la Vicaría por esa razón y sin apelación. No solamente en ese sentido que se aprovechen proselitistamente de un sentido político, sino también católico (porque de repente hay alguien que puede entender que tiene que ir al catecismo… y eso no puede ser) o que en su actividad hayan tenido actividades dañinas con la actitud moral general de la Iglesia” (Qué Pasa, 1° de agosto de 1978, 14).

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buscaba apoyar y coordinarse con otras Iglesias o grupos afines que trabajaban en la misma línea. Estos objetivos generales, trazados en el primer año de funcionamiento de la Vicaría, orientaron la acción del departamento en los años siguientes, y dieron origen a diversos programas que organizaron la labor de abogados, asistentes sociales y el personal administrativo. Las asistentes sociales que trabajaron en el Departamento Jurídico llevaron adelante principalmente la labor asistencial y promocional vinculada a las víctimas de detención y tortura, sus familias y las familias de detenidos desaparecidos, por medio de su organización. Agrupándolos según problemáticas comunes, se buscaba “ayudarlos a la comprensión del problema que viven, estimularlos para que asuman un papel activo en la búsqueda de soluciones al problema que los aflige, y contribuir al desarrollo de una conducta solidaria en el enfrentamiento de sus problemas” (Vicaría de la Solidaridad 1977, 27). La dimensión jurídica y las acciones administrativas que se desprendían de este trabajo fueron desarrolladas centralizadamente por los funcionarios de la Vicaría. También fue su responsabilidad, hasta que se publicara el Decreto Ley de Amnistía en 1978, apoyar a los presos políticos y procurar su bienestar, como difundir y comercializar los distintos trabajos artesanales y artísticos que realizaban durante su reclusión. Sin embargo, el problema de la subsistencia de las familias ya no se enfrentaría, como en el Comité, por medio de prestaciones individuales y apoyo económico directo. Serían otras organizaciones como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), a partir de 1975, y las organizaciones solidarias zonales de la Vicaría las encargadas de recibir a las familias víctimas de la represión y ayudarlas a garantizar su subsistencia. Así buscaron vincular a los familiares de personas detenidas y detenidas desaparecidas con las organizaciones y comunidades cristianas locales, sumándolas al esfuerzo organizativo que suponían los comedores infantiles, bolsas y talleres de cesantes y demás agrupaciones que el Departamento de Zonas de la Vicaría estaba potenciando en las poblaciones pobres de la ciudad de Santiago (Vicaría de la Solidaridad 1977, 28). 122

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Figura 4.1. Familiares de detenidos desaparecidos buscando asistencia en la Vicaría de la Solidaridad. s. f. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

En un comienzo, el Departamento Jurídico de la Vicaría mantuvo una estructura similar a la del Comité Pro Paz. La organización de labores se mantuvo diferenciada según profesiones: el Departamento estaba dividido en una Unidad Jurídica y una Unidad de Asesoría y Apoyo. En la primera trabajaban abogados y procuradores; en la segunda asistentes sociales. En mayo de 1977, 123

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el Departamento Jurídico-Asistencial fue reorganizado ya no en torno a los campos profesionales sino en cuatro programas: de detenidos desaparecidos; de procesados y condenados; de primera atención; y de análisis jurídico (Vicaría de la Solidaridad 1978, 20). Cada programa –salvo el de análisis jurídico– respondió a las necesidades de grupos específicos de víctimas, especializándose la labor en torno a problemas comunes. Cada cierto tiempo se fueron sumando nuevos programas y desapareciendo otros, variando así la labor de este Departamento en relación con el contexto jurídico y las características de la represión política. 1978 fue un año de cambios importantes, debido a la promulgación del Decreto Ley de Amnistía. Ese año se creó el Programa de Protección de Libertad Personal, que recogía los datos y prestaba apoyo a las personas que acudían a la Vicaría después de haber sido detenidas ilegalmente, maltratadas y, en muchos casos, torturadas. Se sumó el programa de denuncia judicial, que ejecutaba las tareas legales que requería ese mismo grupo de personas y el programa de apoyo para el reingreso al país de exiliados, entregando información y asesoría legal para su regreso al país (Vicaría de la Solidaridad 1979, 22-27). En teoría, el Decreto Ley de Amnistía permitía su regreso. Sin embargo, fueron muy pocos los que recibieron autorización para volver a Chile. Un segundo efecto de esa ley fue la liberación de quienes se encontraban procesados y cumpliendo condenas por delitos políticos. Por lo mismo, el Departamento Jurídico-Asistencial cerraría el programa de procesados y condenados (Vicaría de la Solidaridad 1979, 22-23). En 1983 se agregó al Programa de Recepción Asistencial la dimensión médica que, hasta ese entonces, había sido responsabilidad de los equipos de salud y policlínicos que la Vicaría tenía en cada zona episcopal de Santiago (véase Capítulo III). Fueron las masivas jornadas de protesta de los años ochenta y la represión que las acompañó, las que hicieron necesaria la atención médica centralizada en las oficinas de Plaza de Armas (Vicaría de la Solidaridad 1983, 126). Además, con el reemplazo en 1977 de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la Central Nacional 124

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de Informaciones (CNI) los métodos represivos variaron. Si bien la estrategia de ejecución y desaparición de personas no se terminó por completo, comenzó a ser reemplazada por un uso privilegiado de la tortura (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 1996, 44-46). Más personas que habían sufrido tortura comenzaron a llegar a la Vicaría, requiriendo de atención médica inmediata que sirviera para constatar las lesiones derivadas de la represión3. Esta estructura de trabajo se mantuvo estable hasta el cierre de la Vicaría. Se sumaron temporalmente algunos programas de apoyo legal a otros departamentos de la institución, como el Programa Jurídico Laboral que funcionó en 1978 antes de ser traspasado a la Vicaría de Pastoral Obrera (Vicaría de la Solidaridad 1983, 27) o el Programa de Asistencia a Pobladores, que funcionó entre 1980 y 1984, y que buscaba ofrecer apoyo jurídico a pobladores organizados en torno a la necesidad de vivienda4. Los profesionales que se fueron vinculando al Comité y la Vicaría llegaron convocados por las necesidades emergentes del contexto represivo. Cada uno traía consigo un repertorio de conocimientos originados en sus historias de vida y las experiencias previas que tuvieron como estudiantes o profesionales. Así, diferentes modos prácticos de comprensión e intervención del mundo convergieron en el espacio del trabajo del Comité Pro Paz y la Vicaría. Es lo que podemos reconocer como epistemes distintas, que se encontraron, reconocieron y complementaron –no sin roces– en el curso del trabajo desplegado.

Véase Vicaría de la Solidaridad (1983, 126). Para una visión de conjunto de las labores desarrolladas por la Vicaría de la Solidaridad entre su quinto y noveno año de funcionamiento, véase Vicaría de la Solidaridad (1980, 1984b).

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La labor de las asistentes sociales: la profesión puesta a prueba por el contexto represivo Las asistentes sociales que se incorporaron al Comité y a la Vicaría fueron en su mayoría mujeres profesionales formadas o que vivieron su primera experiencia laboral en un período de fuerte debate al interior de la profesión, conocido como la “reconceptualización”. Este proceso comenzó en los años sesenta, se llevó adelante en toda Latinoamérica y supuso un fuerte cuestionamiento del rol asistencialista de la profesión (Castañeda y Salamé 2010, 76). Según la historiadora María Angélica Illanes (2010), la “reconceptualización” buscaba dejar atrás el modelo de las “visitadoras sociales”, que se relacionaban con el pueblo de manera asimétrica y asistencialista, ubicando a los pobres como receptores pasivos y dependientes de la ayuda de estas profesionales y del Estado. Se trataba, por el contrario, de elaborar una práctica del trabajo social más democratizante, de “mutualidad simétrica”, en la que la profesional oficiara como mediadora entre las esferas gubernamentales y las inquietudes del mundo popular, especialmente de los pobladores urbanos, ahora abordados como un colectivo con conciencia de sus problemas y capaz de encontrar soluciones (31). Desde ese entonces, el énfasis estuvo puesto en un trabajo comunitario al servicio de la liberación por medio de la concientización y participación permanente de los sectores populares. La “reconceptualización” fue abruptamente finalizada con la llegada de los militares al poder. La clausura de toda actividad política, los despidos y persecución al interior de las Universidades y del Estado terminaron por bloquear y expulsar de la vida pública a las trabajadoras sociales progresistas. Todas las escuelas de trabajo social del país tuvieron que enfrentar un proceso de reorganización después del golpe de Estado. La censura a los equipos académicos y planes de estudio estuvo acompañada por el cierre transitorio o incluso permanente de las escuelas. Además, se intervinieron las bibliotecas y se quemaron libros, memorias de grado y tesis. Con el tiempo, se reorganizó la carrera en distintas universidades, con 126

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los académicos que habían obtenido permiso para continuar en su trabajo o se habían integrado después de 1973. Pero cualquier estudiante que quisiera retomar su formación debía cursar nuevamente hasta cuatro años, independiente de los estudios realizados con anterioridad al Golpe (Castañeda y Salamé 2013, 59). Al igual que las universidades, en el Estado se vivió un proceso de depuración ideológica y política. Mediante el Decreto Ley N° 22, promulgado pocos días después del Golpe, la Junta Militar quedó facultada para despedir a cualquier empleado público, sin sujeción a las antiguas normas de inamovilidad y estabilidad del empleo. Posteriormente se declaró la reorganización de todos los servicios públicos, con el objetivo de establecer el orden y la disciplina al interior del Estado (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 1996, 59). Según Cavallo, Salazar y Sepúlveda, más de 15 mil personas tuvieron que abandonar sus trabajos en la administración pública antes de mayo de 1974 y otras 31 mil antes de finalizar 1975 (2008, 56). Estos despidos masivos respondieron también a una política económica destinada a reducir el gasto fiscal (Valdivia 2010, 183). Para el Trabajo Social esto implicó un fuerte golpe, pues el Estado era uno de los principales empleadores de la profesión. Todas las reformas que se habían impulsado desde el Estado en los períodos presidenciales de Frei y Allende habían sido fuentes laborales para las asistentes sociales: los programas de promoción popular, reforma agraria, reforma educacional e incluso la socialización de las industrias fueron espacios de su desempeño profesional. Otros ámbitos más tradicionales, como el trabajo en el área de la salud, fueron reorientados hacia el trabajo comunitario y no solo individual o familiar5. Al eliminarse programas y reorganizarse el Estado muchas asistentes sociales, entre otros profesionales y administrativos, perdieron su fuente laboral. Tanto en el ámbito académico como estatal, la principal razón de su expulsión fue política. Quienes adherían al proyecto político 5 Para una descripción detallada de la relación entre trabajo social y Estado, véase Castañeda y Salamé (2014).

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de la Unidad Popular o trabajaban vinculados a este fueron expulsados rápidamente los primeros meses después del Golpe. Sus ideas constituían un motivo suficiente para la expulsión, en un contexto de completa reorganización ideológica y política. En el caso de las asistentes sociales, la vinculación con los gobiernos reformistas no era solamente político-partidista, sino que obedecía también al giro epistemológico ocurrido con el paradigma de la “reconceptualización” que propugnaba el trabajo promocional con grupos y comunidades del mundo popular y una concepción de la profesión como agente de cambio social. Haber participado directamente en este giro profesional tuvo como consecuencia, en muchos casos, la expulsión de los lugares de trabajo una vez llegada la dictadura6. Las asistentes sociales que llegaron al Comité tenían vínculos importantes con la izquierda política y/o con la Iglesia católica y estaban a su vez pasando por una situación crítica a nivel personal y laboral. La cesantía o la imposibilidad de terminar los estudios fue una de sus principales dificultades después del Golpe. Trabajar en el Comité Pro Paz les ofrecía una salida, en un momento en que encontrar trabajo o volver a estudiar era prácticamente imposible. Ya sea para obtener un trabajo formal o simplemente para ayudar, el Comité les permitió continuar desenvolviéndose profesionalmente y, en cierta manera, mantener vivos los ideales y sueños que las movilizaron en el período anterior. Trabajar en el Comité y la Vicaría, implicó asistir a la población más golpeada por las condiciones impuestas por el régimen En entrevista, Victoria Baeza comenta: “Entré a la Católica en un momento muy interesante, en que todo se estaba abriendo. Yo me metí mucho en la Reforma y terminamos cambiando la escuela. Y entonces me dieron la posibilidad de quedarme como docente. Y alcancé a trabajar antes del golpe unos tres años aproximadamente. La escuela [de trabajo social] es una parte interesante de lo que era la [Universidad] Católica en esa época, porque nosotros armamos e hicimos un cambio radical, porque era una escuela de monjas prácticamente. Trabajamos mucho con los estudiantes, estábamos divididos en campesino, urbano e industrial. Yo estaba en industrial, donde era muy importante el trabajo con los sindicatos. Todas nuestras prácticas, que yo dirigía, eran de chicos de primer año que iban a trabajar como obreros, de manera que conocieran [esa realidad]. Era una cosa totalmente loca de la época. Posteriormente buscamos formas de entender el movimiento obrero y teníamos prácticas también en la CUT [Central Única de Trabajadores]. Y, por eso mismo, terminamos en lo que terminamos. Lo lógico fue que nos echaran a todas prácticamente”. 6

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dictatorial. Para ello, las asistentes sociales realizaron un trabajo que combinó prácticas asistenciales más tradicionales con prácticas promocionales heredadas del proceso de “reconceptualización”. De esta manera, surgió una nueva síntesis en el quehacer profesional, que integraba diversos métodos para poder responder a la coyuntura de la dictadura militar (véase fig. 4.2).

Figura 4.2. Recepción, Departamento de Apoyo, Vicaría de la Solidaridad. Marzo de 1981. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

La envergadura de la catástrofe, el carácter de la represión y sus efectos en las personas y familias hizo necesario que las asistentes sociales del Departamento Jurídico atendieran una a una a familias y víctimas afectadas. Por medio de la entrevista se ofreció un espacio de escucha y contención clave, que fue complementado con apoyo psicológico y psiquiátrico en los casos más graves. Esta modalidad de trabajo supuso reflotar un método antiguo y que a partir de los años sesenta había quedado prácticamente obsoleto en la profesión cuando el énfasis radicó en el trabajo comunitario y promocional, bajo el paradigma de la “reconceptualización”. Como se argumenta en este libro, la entrevista individual y el 129

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seguimiento de cada caso permitió recopilar información detallada del funcionamiento de la represión en Chile y documentarla. Las fichas sociales elaboradas por las asistentes sociales, creadas para responder a la represión y dejar registro de los graves hechos que testimoniaban, terminaron convirtiéndose en una de las fuentes más importantes con las que hoy contamos para rastrear la historia de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Para las asistentes sociales más jóvenes, formadas durante los años de la Unidad Popular, enfrentarse a la atención individual supuso toda una novedad y un aprendizaje. Ángela Cofré recuerda: En la universidad jamás había atendido casos, yo me había preparado para un gobierno socialista en que tenía una función totalmente distinta: la organización de la sociedad en el mundo poblacional, en el mundo de las empresas, de los cordones industriales, el mundo campesino. Una lógica totalmente distinta, de promoción. Y me acuerdo que había una asistente social, Ninfa Pérez, que también era profesora de la Católica y que había sido expulsada igual que la Daniela [Sánchez], y ahí nos enseñó un formato tipo de caso, que lo uso hasta el día de hoy si es que necesitara hacerlo.

La asistencia individual de cada caso fue así el punto de partida de un trabajo de atención integral que incluía asistencia jurídica, médica y económica. Ello no impidió, no obstante, el desarrollo de la dimensión promocional que se expresó en la formación de las diversas agrupaciones de familiares y víctimas que tendrán una injerencia central en el desarrollo del movimiento de los derechos humanos en la sociedad chilena hasta la actualidad. De esta forma, reflotar un método de trabajo en base a entrevistas individuales y combinarlo con el empoderamiento de familiares y víctimas de modo que se hicieran cargo de su situación y derechos y trabajaran en conjunto, terminó siendo una de las innovaciones profesionales más importantes que las asistentes sociales pusieron en marcha para responder a la situación de represión, resistir la dictadura y dejar traza de su operar. 130

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Como señalamos anteriormente, al comienzo el Departamento Jurídico entregó ayuda económica directa a los familiares de las víctimas para permitirles sobrevivir en la emergencia y visitar a sus familiares presos. Las visitas a familiares dieron origen al trabajo con agrupaciones de familiares de víctimas. Lo que comenzó como un acompañamiento de carácter más bien espiritual y religioso, terminó por convertirse en un trabajo organizado con grupos de familiares. Las asistentes sociales reconocen que uno de sus principales aportes tuvo que ver justamente con la capacidad de trabajar organizadamente con grupos, promoviendo a las personas para que protagonizaran las acciones encaminadas a solucionar sus problemas y asumieran “un papel preponderante en la denuncia de la situación de injusticia de que han sido víctimas” (Vicaría de la Solidaridad 1980, 46). Para ello, promovían y estimulaban “la organización y la actividad en común de los familiares, como la mejor manera de enfrentar los problemas también comunes” (Ibid.). La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fue el resultado más importante y persistente. Ángela Cofré cuenta que el origen de la AFDD proviene del trabajo organizacional promovido por las asistentes sociales: Al principio nosotros las convocábamos, después se reunían con nosotros, siempre un asistente social con ellos. Y después fueron teniendo autonomía, se les entregó su propia oficina, venían personas de organismos internacionales o ellas viajaban. Pero al principio nacen de nosotros, nosotros las promovemos y después se hacen grandes y son independientes. Y existen hasta hoy día los expresos políticos y los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados.

Esta alianza, que comenzó en el Comité Pro Paz, continuó hasta el cierre de la Vicaría en 19927. Según Cofré, justamente uno de los aportes de su profesión a la labor con las diversas agrupaciones 7 Tras el cierre de la Vicaría, la AFDD se traslada a las oficinas de Fasic hasta que en 2000 logra adquirir su propio inmueble en la avenida Ricardo Cumming en el barrio Brasil, casa que denominaron “Sola Sierra” en honor a su fundadora.

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fue el haber sido capaces de transitar desde el trabajo de casos individuales a la organización y empoderamiento de los familiares de las víctimas. Ahora bien, es importante mencionar que muchas de las mujeres de la Agrupación tenían un recorrido político previo al golpe militar, por lo que contaban con capacidades de liderazgo que también aportaron para la constitución de este grupo. El liderazgo de estas mujeres no siempre fue fácil de abordar por las asistentes sociales. Para Ángela Cofré, quien inició su trabajo en la Vicaría con tan solo 22 años, recién egresada de la universidad y sin mayor experiencia política, trabajar con las mujeres de la Agrupación fue todo un desafío: Para mí fue muy difícil porque yo no tenía formación política y tu comprenderás que la Agrupación de los Detenidos Desaparecidos, estaba compuesta por esposas de grandes dirigentes políticos, y muchas de ellas eran militantes también. Entonces tenían conflictos entre ellas […] y esa parte para mí fue muy difícil, poder conducir algo que me quedaba grande.

Este rol protagónico de los familiares no surgió de manera espontánea, sino que fue fruto de un trabajo lento y persistente de todas las partes y a lo largo de los años. Según Cofré, para los familiares llegar a la organización era clave pues les permitía “tener fuerza, superar miedos, sentir que no estaban solos, y ser voz; ser escuchado”. Para Cofré, este proceso también requirió un camino de aprendizaje: “En el fondo, tú no eres quien sabe, tú aprendes del otro. En la medida que vas escuchando, con profundidad, te das cuenta lo que tienes que hacer”. Por eso también fue importante asesorarse por psicólogos, para acoger a “gente sufriente” que llegaba “muy dañada”. “Tú veías familiares de detenidos desaparecidos que pasaban de la pena, al miedo, a la rabia” y que requerían que ese dolor fuera acogido para ayudar a sanarlo. “Era súper complejo”. Sin ese paso previo era muy difícil que las familias se comprometieran en tareas de denuncia pública. Por eso, sugerimos 132

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que la atención personalizada y el trabajo organizacional, más que corresponder a pasos sucesivos, fueron tareas complementarias que se potenciaron mutuamente. El testimonio de Victoria Baeza afirma este punto: Siempre entendimos –y eso también es una herramienta del trabajo social– que las personas son el motor del cambio y la transformación y, por lo tanto, nosotros nunca suplantamos a las familias o los amigos que hacían cosas. Por el contrario, las organizamos y les dimos un protagonismo que hoy día también uno ve en las agrupaciones y son pilar fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia en Chile. Pero cuando los familiares llegaron o llegaban durante todo el transcurso de los años que nosotros atendimos, la gente llegaba sin ninguna capacidad de reacción, con desconfianza frente a una institución que tampoco conocían mucho y con un quiebre en su cotidianeidad que los tenía desarmados. Entonces, el empoderarlos a ellos, el hacer el proceso de que ellos efectivamente fueran protagonistas de su historia, fue un hecho muy relevante.

En suma, sostenemos que la acción profesional de las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad se organizó en torno a dos polos: el de asistencia y el de promoción. La asistencia social más directa, fue entendida como una respuesta necesaria frente a las urgencias desatadas por la dictadura. La urgencia justificaba lo que en apariencia era un retroceso a concepciones más tradicionales del trabajo social, en teoría superadas por el paradigma de la “reconceptualización”. En términos cristianos, era un retorno a la caridad directa, que buscaba dar una solución institucional, inmediata y eficiente a los problemas sociales. El retorno a la asistencialidad supuso una revaloración de aspectos de la profesión que habían caído en desuso y habían sido fuertemente criticados en el período inmediatamente anterior al golpe de Estado. Pero esta acción asistencial fue comprendida como un primer paso para responder a los problemas sociales. Complementariamente, entendían que las acciones asistenciales debían acompañarse de 133

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un trabajo promocional a favor de quienes recibían la ayuda de la Iglesia, de modo que estos sujetos no fuesen receptores pasivos, sino que participantes activos. Por lo mismo, el trabajo con grupos organizados fue fundamental. Las asistentes sociales del Departamento Jurídico (como las del Departamento de Zonas) reconocen que uno de sus principales aportes profesionales a la labor de la Vicaría de la Solidaridad fue haber colaborado para generar grupos autónomos y empoderados de familiares de víctimas (y de pobladores y pobladoras). En este ámbito, las asistentes sociales compartían con la Iglesia una ética de trabajo en la que al centro estaban los más pobres, llamados a ser los protagonistas de todo el movimiento de solidaridad y de denuncia que respondió a la dictadura. El propio cardenal Silva Henríquez, en un documento titulado “Solidaridad… Un modo de vida. Una pastoral para la Iglesia”, argumenta sobre las consecuencias individualistas de la acción meramente asistencial –sin desprestigiarla– y señala que la preocupación de la Vicaría porque los afectados asumieran la responsabilidad de las denuncias, la diferencia con respecto a otras organizaciones del período y permite conducir a una solidaridad más amplia8. En ese sentido, las profesionales se concebían como un apoyo necesario, pero de segundo plano, ante lo que los mismos afectados pudiesen organizar para responder solidariamente a las emergencias creadas por el régimen militar. Las trayectorias de las trabajadoras sociales del Comité y la Vicaría después de la dictadura fueron diversas. Algunas de ellas continúan trabajando en derechos humanos hasta nuestros días. Como se mencionó en este libro (véase Capítulo III), la extrabajadora social de la Vicaría, María Luisa Sepúlveda, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada secretaria ejecutiva de la organización, un cargo que ocupó entre 1990 y 1992, y que implicó supervisar el cierre de la Vicaría, su transformación en una Fundación “La Vicaría no es el único protagonista de estas denuncias; existen otras nobles instituciones que la acompañan en esta tarea. Lo propio suyo está en su modo evangelizador de realización, y en su especial preocupación que sean en último término los afectados mismos quienes asuman esa responsabilidad con el apoyo y asesoría de la Iglesia” (Silva Henríquez s. f., 58).

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(Funvisol) y la transferencia de su archivo a las nuevas instalaciones de la Iglesia, en la sede del Arzobispado de Santiago en la calle Erasmo Escala. Sepúlveda luego trabajó en la segunda comisión oficial de la verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004; conocida como la Comisión Valech). Posteriormente, Sepúlveda presidió una segunda versión de esa misma comisión, realizada en 2011, y conocida popularmente como Valech II. Otras ex trabajadoras sociales de la Vicaría trabajaron luego en otros cargos pastorales de la Iglesia, en ONG, en instituciones gubernamentales y en universidades: una vez más adaptando su conocimiento y experiencia, esta vez, al nuevo contexto democrático.

La labor de los abogados: el encuentro inesperado con la defensa de los derechos humanos Tanto el Comité Pro Paz como la Vicaría de la Solidaridad contaron con equipos de abogados que realizaron la tarea más pública de estos organismos: la interposición de acciones judiciales en los tribunales. Esta labor fue posteriormente reconocida en democracia, cuando los archivos jurídicos se utilizaron como fuente de documentación para las comisiones de la verdad y los juicios por casos de crímenes de lesa humanidad de la dictadura (véase capítulos V y VI). Pero ninguno de los abogados que formaron parte de los equipos jurídicos tenía estudios en derechos humanos. La gran mayoría eran jóvenes, habían trabajado en el gobierno depuesto, pero ninguno tenía experiencia en litigación en esta materia. Según José Zalaquett se decidió por defender a los perseguidos ocupando la legislación vigente en tribunales (Hidalgo y Toro 2017, 62). En este contexto, el Comité Pro Paz y la Vicaría fueron lugares donde los abogados se “formaron” en derechos humanos. La experiencia se obtuvo por el trabajo diario de redacción de escritos, las entrevistas con los familiares de los detenidos, los alegatos en los tribunales, la elaboración de estadísticas de la represión y de 135

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informes para organismos internacionales. La práctica cotidiana fue su principal fuente de conocimiento. Este saber se iba traspasando a los nuevos abogados que se integraban a los equipos de trabajo a través de los años. La organización del Departamento Jurídico del Comité Pro Paz fue encomendada por el sacerdote jesuita Fernando Salas al abogado José Zalaquett, a su regreso a Santiago luego de defender a un acusado en un Consejo de Guerra en la ciudad sureña de Puerto Montt. Zalaquett tenía 31 años (Ahumada et al. 1989, 383). En el Comité ya había abogados trabajando bajo el mando de un jubilado exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Raveau, quien organizó las primeras defensas. Con la llegada de Zalaquett se formaron los equipos que él empezó a coordinar. Ya a fines de 1973, existía el equipo de defensa en Consejos de Guerra y el de Recursos de Amparo. A excepción de Raveau ningún abogado del nuevo equipo había trabajado en litigación. La mayoría había sido exonerada luego del Golpe; José Zalaquett fue director jurídico de la Corporación de la Reforma Agraria, Marcos Duffau de la Academia Diplomática y Roberto Garretón de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS). Algunos de estos abogados continuaron su labor durante 1976 en el nuevo Departamento Jurídico de la Vicaría, traspasando su experiencia de defensa de los reprimidos ante los tribunales de justicia a los nuevos integrantes, quienes también se valieron del acervo documental conformado por el archivo jurídico del Comité. El Departamento Jurídico de la Vicaría estuvo primero bajo la dirección de la abogada y religiosa Blanca Rengifo y luego del jurista Alejandro González, quien mantuvo el trabajo en equipos de abogados. La llegada de un nuevo miembro respondía a la invitación de algún integrante del equipo, de modo de asegurar que fuera alguien “conocido”. La abogada Carmen Hertz fue invitada por el abogado Gustavo Villalobos: “Yo no lo pensé dos veces […]. Era un día viernes de fines de abril. Me acuerdo, porque pocos días después se conmemoró el 1° de mayo, y fue el primer día del trabajador en que hubo una asistencia masiva en la Catedral. Yo estuve 136

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ahí y me emocioné muchísimo. El asunto es que con Gustavo quedamos de vernos a los pocos días y enseguida me puse a trabajar en la Vicaría” (Hertz 2017, 142). El abogado Héctor Contreras fue recibido en la Vicaría por Álvaro Varela, quien lo conocía de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El nuevo equipo de la Vicaría siguió con la labor principal de litigación a través de la interposición de recursos de amparo, pero se propuso además realizar acciones para promover el respeto y la vigencia plena de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre estas destacaron la investigación y publicaciones jurídicas, realizadas al interior de un programa de estudios jurídicos. Así, el conocimiento producido por esta vía más académica se complementaba con la práctica diaria de defensa de casos en tribunales. La labor de los abogados no estuvo exenta de la represión de la dictadura. El fin del Comité estuvo marcado por la detención a manos de agentes de la DINA del abogado Marcos Duffau, del procurador Álvaro Varela y del jefe del equipo José Zalaquett, quien luego fue expulsado del país. En 1976, el abogado externo de la Vicaría, Hernán Montealegre, fue detenido y en 1986, el abogado Gustavo Villalobos fue detenido y encarcelado por meses injustamente, por orden de un Fiscal Militar (véase Capítulo III). Como señalamos, a fines de 1973, el Departamento Jurídico del Comité Pro Paz encabezado por José Zalaquett estaba dividido en dos equipos: el de defensa ante los Consejos de Guerra, a cargo de Antonio Raveau y Nibaldo Galleguillos, y el de interposición de recursos de amparo, a cargo de Marcos Duffau. Eran parte del equipo jurídico los abogados Fernando Guzmán, Sergio Concha y Antonio Cancino. Para cooperar en la defensa de los Consejos estaban los abogados externos Roberto Garretón y Hernán Montealegre. Ayudaban al equipo los jóvenes procuradores Verónica Matus, Gloria Torres, Álvaro Varela y Fernando Zegers. El equipo jurídico tenía reuniones periódicas para coordinar los criterios y argumentos a usar en las defensas. Ocupaban una gran sala del segundo piso de la casona de calle Santa Mónica donde se atendía a los familiares de los detenidos y las detenidas. 137

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La defensa de los Consejos de Guerra fue una tarea que debieron asumir ante las acusaciones que hizo la dictadura contra los presos políticos. Estos tribunales especiales estaban compuestos por un juez militar, un fiscal y el Consejo de Guerra, ante quienes comparecía una vez detenido un individuo acusado de un delito y a quien se le formulaban cargos como, por ejemplo, posesión de armamentos. La Vicaría en la presentación que se hizo al presidente de la Corte Suprema el 28 de febrero de 1976 incluyó en el anexo número siete un listado de las irregularidades que se cometieron en los Consejos de Guerra, cuestionando todas las reglas del debido proceso e identificando errores en la aplicación del derecho y la acumulación de causas o alargamiento injustificado de procesos. En 2004, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, reconoció las restricciones que enfrentaron los abogados que asumieron defensas en estos Consejos de Guerra. “En general, la intervención de los abogados en las distintas actuaciones de la investigación se restringió al final de las mismas, y cuando podían actuar era por un corto tiempo. Los abogados, a quienes se acostumbraba impedirles el acceso a sus defendidos, debían partir por rastrearlos en los distintos centros de prisión” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004, 167). Según José Zalaquett, la interposición de los recursos de amparo tenía cuatro objetivos. El primero era obligar a la dictadura a reconocer que la persona estaba detenida y saber dónde estaba. Si el gobierno no lo reconocía, al menos se le hacía saber que la estaban buscando. El segundo objetivo era acompañar a las familias, que “se sentían reconfortadas por los abogados” que los acogían y escuchaban a pesar de que las acciones legales no fueran acogidas. El tercero era documentar los hechos y, en consecuencia, demostrar la capacidad de denunciar una realidad que estaba siendo negada. Finalmente, el cuarto objetivo era formar un archivo de la represión (Hidalgo y Toro 2017, 62). La interposición de recursos de amparo no estaba exenta de cuestionamientos de parte del Poder Judicial. El entonces procurador Álvaro Varela recuerda un período que en el que se interpuso una gran cantidad de recursos 138

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de amparo: “Teníamos alegatos simultáneos en las siete salas. Teníamos habitualmente 25 o 30 recursos de amparo en tabla, yo coordinaba toda esa operación, yo hacía los seguimientos, yo hacía los escritos, llenaba los informes, me pasaba a lo menos tres horas sentado en la sala de recursos de amparo” (citado en Gallardo 2003, 219). Esta cantidad de recursos no era bien recibida por los ministros de la Corte Suprema, quienes veían a los litigantes como “comunistas” que no merecían atención y generaban un ambiente hostil (220). Como resultado de este trabajo, el Departamento Jurídico del Comité interpuso 2.342 recursos de amparo en todo el país. A ellos se sumaron la presentación de 7.000 acciones judiciales para solicitar el paradero de una persona, o defensa de personas detenidas, ante los tribunales (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 7). Pese a la inefectividad de estas acciones realizadas durante la dictadura, para explicar el propósito final de la recurrencia al recurso de amparo, en sus memorias José Zalaquett usa la metáfora de la gota de agua que sistemáticamente cae sobre una piedra hasta que la rompe. Ya en la época del Comité había conciencia de que la inscripción de la violencia en estas acciones jurídicas y otros instrumentos iba conformando un cúmulo de hechos que terminaría por denunciar una realidad que formaría un archivo de la represión (Hidalgo y Toro 2017, 62). Este archivo constituyó un precedente indesmentible de los crímenes de lesa humanidad del tiempo de la dictadura y sería la fuente de información de las comisiones de la verdad que se realizaron en democracia. El tiempo les dio la razón a estos hombres y mujeres visionarios. El Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad empezó su trabajo con el nacimiento de la organización en enero de 1976. Un documento escrito por su director, el abogado Alejandro González, plasma sus objetivos: “a) proporcionar asistencia jurídica a los afectados –y a sus familias– por la situación de excepción jurídica que vive el país desde el 11 de septiembre de 1973; b)  promover el respeto y la plena vigencia de los principios proclamados por la Declaración Universal de los Derechos 139

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Humanos; y c) coordinar y apoyar acciones similares de otros organismos” (González 1981, 3). El documento también expone los siete programas de trabajo en los que se organizó la labor de los ocho abogados, un procurador, cuatro asistentes sociales, tres secretarias y el grupo de abogados externos que trabajaron bajo la dirección de los abogados de la Vicaría: programa de protección a la libertad personal; programa de denuncia por privación arbitraria de la libertad y otros atentados a los derechos fundamentales; programa de defensa legal de personas procesadas por delitos políticos; programa de asistencia jurídica y administrativa a chilenos exiliados que desean retornar al país; programa de asistencia jurídica a familiares de detenidos desaparecidos; programa de análisis, investigación, documentación y difusión jurídica; y el programa de coordinación y apoyo con la defensa jurídica de otras diócesis del país. Finalmente, al Departamento también le correspondió asesorar la elaboración de documentos de denuncias ante organismos internacionales y tramitar solicitudes de conmutación de penas (4-15). El ritmo de trabajo era arduo (véase fig. 4.3). Según informa el número 5 de la revista Solidaridad, entre el 15 de enero y el 31 de agosto de 1976 el Departamento Jurídico había realizado 11 242 atenciones y presentado 515 recursos de amparo9. Al terminar su labor en 1992, los Departamentos Jurídicos del Comité y la Vicaría habían registrado 44.413 personas detenidas por motivos políticos y habían interpuesto 8.904 recursos de amparo. 21.128 personas fueron objeto de estos amparos con datos desde el año 1978 al año 1990. En los 19 años de funcionamiento que suman ambas organizaciones se registraron 682 casos de detenidos desaparecidos (Vicaría de la Solidaridad 1988, 14). La revista también incluye un reportaje a la esposa de un detenido. Su “primer paso era acudir al local de la Vicaría en Plaza de Armas Nº 444”, donde fue atendida por las asistentes sociales que la acogieron, escucharon y evaluaron su caso y transferida a los abogados que interpusieron un recurso de amparo. Durante estas gestiones, señala el reportaje, la mujer “descubrió que su caso no era el único. Como ella habían muchas” (Vicaría de la Solidaridad 1976b, 2). Más aún, producto de las acciones de los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría, la mujer supo que su esposo se encontraba vivo y detenido en Cuatro Álamos.

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La envergadura y recurrencia de la interposición de recursos de amparo por los detenidos por agentes de la dictadura convirtieron a este acto jurídico en la acción más pública del equipo jurídico de la Vicaría. Prueba de ello es que el mismo dictador Augusto Pinochet no pudo evitar interpelar esta labor, según consta en una conversación que tuvo en una reunión con un grupo de corresponsales extranjeros el 16 de octubre de 1984. La revista Solidaridad recogió en párrafos estas declaraciones de Pinochet a los corresponsables, que luego fueron entregadas a los medios de comunicación, a través de una declaración oficial realizada por el gobierno:

Figura 4.3. Abogado Andrés Cifuentes entrevistando a personas afectadas, Vicaría de la Solidaridad (entre 1975-1979). Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

…cuando detectamos un hombre [y] lo tomamos preso, salta de inmediato la Vicaría de la Solidaridad, que es más comunistoide que los comunistas, partiendo por el jefe. No me refiero a nadie en especial. Eso puede parecer raro y tiene que ser buscado en la guía de 141

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nombres. No sé quién será el jefe. No lo conozco. […] Toman un comunista y al otro día tenemos 20 recursos de amparo. Porque los abogados que hay en la Vicaría…, casi todos son comunistas, casi todos son comunistas (Vicaría de la Solidaridad 1984a, 21).

El conocimiento en defensa de los derechos humanos de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad trascendió luego del cierre de la institución. El abogado Alejandro González fue jefe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR); Roberto Garretón trabajó para Naciones Unidas en misión en el Congo; Jaime Esponda trabajó para Naciones Unidas en Guatemala; Héctor Contreras, Rosemarie Bornand y Carmen Hertz fueron parte del equipo de Naciones Unidas en El Salvador. El exjefe del Departamento Jurídico del Comité Pro Paz, José Zalaquett, trabajo en Amnistía Internacional, fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicándose posteriormente a la docencia en el tema de derechos humanos. Como indicamos, la asistente social María Luisa Sepúlveda fue la única mujer que ostentó el cargo de secretaria ejecutiva de la Vicaría (1990-1992), y tuvo a su cargo el cierre de la organización, su transformación en Fundación y el traslado del archivo a la calle Erasmo Escala. Posteriormente fue comisionada de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004) y presidenta de la versión 2011 de esta Comisión (Valech II), tras la muerte del obispo Sergio Valech.

El trabajo conjunto entre asistentes sociales y abogados: colaboraciones, tensiones y dilemas El trabajo conjunto entre asistentes sociales y abogados, si bien tuvo un amplio espectro de colaboraciones no estuvo exento de dilemas y de incomprensiones devenidas de lógicas disciplinarias distintas. Una diferencia importante radica en el ámbito comunicativo, tanto en los modos de escucha como en la promoción de 142

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saberes especializados y en el campo de acción, respecto de la tensión entre los asuntos individuales y las prácticas de asociatividad. En lo que sigue, desarrollaremos estos elementos en tres dimensiones: la atención asistencial y la escucha; la asociatividad de las víctimas y la difusión de conocimiento. El día a día en el Departamento Jurídico estaba marcado por el ritmo de la atención de público. Distintos testimonios coinciden en señalar la misma rutina diaria10. Durante la mañana se recibía a la gente. Después de pasar por el primer filtro de recepción en la portería de la Vicaría, los familiares de víctimas y las personas que habían sufrido algún tipo de vulneración en su derecho a la vida y la seguridad personal eran dirigidos a las oficinas de las asistentes sociales. Ahí se atendía con número, según el orden de llegada. Las asistentes sostenían una entrevista individual con la persona afectada y elaboraban una ficha en la que se dejaba un registro detallado del caso. Para cada caso se abría una carpeta individual, en la que se iban reuniendo todos los antecedentes. Esta carpeta se iba engrosando con el pasar del tiempo porque normalmente las personas iban más de una vez, aportando nueva información con el tiempo. Con esa carpeta, las asistentes sociales iban donde los abogados. Les explicaban el caso y luego hacían entrar a la persona para que determinaran las acciones legales a seguir. También derivaban el caso hacia la atención médica especializada, si es que era necesario. Durante la tarde, las asistentes sociales y abogados se reunían a evaluar el día. Estas reuniones eran fundamentales para cruzar datos y corroborar la información recibida. Además, funcionaban como un espacio de contención emocional, pues ahí los profesionales podían expresar sus impresiones y sentimientos antes de terminar su jornada laboral. A estas reuniones más cotidianas, se sumaban las reuniones semanales de todo el equipo jurídico y Las entrevistas a cuatro asistentes sociales –Ángela Cofré, Victoria Baeza, Norma Muñoz y María Luisa Sepúlveda– y una abogada del Departamento Jurídico –Rosemarie Bornand– coinciden en su narración de esta rutina, que comenzó a configurarse en el Comité Pro Paz y luego se mantuvo como metodología de trabajo en la Vicaría. Una escena de esta rutina se registra en el documental de Patricio Guzmán En nombre de Dios (1987). [Minutos 7.22-7.46].

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las jornadas de reflexión semestrales, que eran instancias de planificación, evaluación y análisis del trabajo. Ninguno de los grupos profesionales de la Vicaría tenía experiencia en trabajo en derechos humanos y menos en el contexto de una dictadura militar; por lo mismo evaluar y reunirse periódicamente se convirtió en una costumbre muy importante11. Por último, las asistentes sociales y abogados tenían la responsabilidad de elaborar informes periódicos sobre los casos atendidos, contribuyendo a generar un diagnóstico general del carácter de la represión en Chile. La habilidad de una escucha atenta a la dimensión éticahumana de la denuncia era distinta según la comunidad epistémica de la que se viniera. Daniela Sánchez aclara: El tema es que hay una diferencia entre los que éramos asistentes sociales, pastorales y abogados… Los abogados cuando recibían un relato de una persona impugnaban… iban contrastando la información… “¿y qué pasó?”, “¿y los hechores?”, “¿y esto?”, “¿y qué dijo?”, “¿y usted qué le dijo?”, “¿cómo fue?”, tratando de ver, de contrastar. Y nosotros éramos “¿y qué sentiste?”, “¿cómo lo viviste?”, tratando de buscar el sentido… Nosotros tratábamos de compenetrarnos, en el más profundo sentido del relato.

Los propios abogados que entrevistamos concuerdan con este diagnóstico. Al respecto, Álvaro Varela, quien fuera abogado tanto del Comité como de la Vicaría, nos comentó: Aunque nuestro comportamiento y la forma en que manejamos a cada persona era muy amable, porque entendíamos que eran víctimas, no era contemplativo. Quiero decir, hubo cosas que de repente 11 “Ahora, teníamos muchas reuniones de coordinación y en ese tiempo el jefe del Departamento Jurídico-Asistencial fue una asistente social, la Daniela Sánchez. Y antes fue José Zalaquett. Entonces teníamos permanentemente reuniones de análisis, entre asistentes sociales y abogados, y otras personas que ayudaban también. Evaluando permanentemente el trabajo, porque para todos el trabajo era nuevo. […] Estas reuniones eran muy importantes para todos, porque también se iba tomando el pulso de qué más se podía hacer, cuáles habían sido los avances, que no eran muchos” (entrevista a Norma Muñoz).

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serían increíbles, y hubo cosas que salían por completo de lo normal, que debíamos verificar.

A la vez, en la entrevista colectiva realizada a los abogados, ellos reconocieron que la labor de contención la realizaban las asistentes sociales y coincidieron en afirmar la relevancia que esta contención tuvo para el posterior tratamiento legal de cada caso: Las asistentes ingresaban el caso y de repente estaban el día entero con esa persona, con lo cual nos atrasaban el trabajo. Pero ¡por Dios!, después cuando la persona venía a hablar con nosotros no era la persona que entró llorando sino era una persona más estabilizada. El drama no lo llevamos los abogados, lo llevaban las asistentes12.

Sobre esta base, podemos distinguir distintos tipos de escucha de acuerdo con quien recibía el relato y modelados por la comunidad epistémica de origen. Estos se conjugaron virtuosamente en la comunidad de práctica del Comité y posteriormente de la Vicaría: una escucha relacionada con la necesidad de recabar información contrastable judicialmente por parte de los abogados para la redacción fundada de habeas corpus u otras herramientas judiciales, y una escucha orientada a la comprensión, que supone habilidades de compenetración con la experiencia del otro, practicada por las asistentes sociales para el trabajo de apoyo en el ámbito asistencial, que incluía el de contención emocional y apoyo moral. Sin embargo, esta separación de tareas en la escucha no se vivió sin episodios de roces y traslapes en las funciones de ambos grupos. De vez en cuando surgían problemas entre abogados y asistentes sociales. Ángela Cofré recuerda con humor esos conflictos cotidianos: “Nos peleábamos. Las insistontas sociales nos decían, las insistentes sociales. De repente había uno que iba al baño y nosotras le golpeábamos la puerta: oye, ¡te está esperando la señora! Nos

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Entrevista a Roberto Garretón.

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poníamos muy pesadas las insistentes”. La abogada Rosemarie Bornand también relata anécdotas de la relación entre ambos grupos profesionales: Fue una buena relación, con sus pequeños roces, de un poco peleándonos… no el protagonismo, sino… al atendido. Que sintiera que estábamos ahí nosotros. […] me gustaba escuchar a mí el cuento, no mirar la pura anotación que hizo la asistente.

Fue la confusión de los roles profesionales y el exceso de trabajo lo que de vez en cuando generó conflictos: “Sobre todo –precisa Bernand– para la época de las protestas, era imposible. Porque ahí… ‘recurso de amparo’, decía la asistente. ¡Yo sabré si es recurso de amparo o no!”. Esta pequeña anécdota deja entrever como las asistentes sociales se apropiaron del lenguaje jurídico de los abogados, y los abogados a su vez adquirieron algunas de las características de escucha empática y atenta a la historia de las víctimas, generándose conflictos, pero también colaboraciones virtuosas entre ambos grupos. En el trabajo del Departamento Jurídico se reconocía una “continua tensión” entre armonizar “la atención personal, caso a caso, con la elaboración de políticas más generales que ataquen la raíz del problema, analizando y aislando los factores estructurales de lo puramente coyuntural” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1974, 1). Por lo mismo, como hemos señalado, una de las aspiraciones que tempranamente expresaron las asistentes sociales fue ir más allá del caso individual, para ofrecer soluciones grupales que atacaran las causas de los problemas. Una primera manera de abordar los problemas, intentando atacar las causas estructurales, fue la denuncia pública de los hechos de represión y violencia. La primera acción de este tipo en el ámbito jurídico fue la gestión de un recurso de amparo masivo que los obispos y autoridades religiosas presentaron el 22 de marzo de 1974 en favor de 131 personas desaparecidas. En adelante, serían las autoridades religiosas, los abogados y los familiares de las víctimas 146

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quienes tendrían protagonismo en las acciones más públicas de defensa de los derechos humanos. Las asistentes sociales entendieron su rol como uno de apoyo más que de protagonismo. Por lo mismo, una segunda manera de confrontar y resistir a la represión de manera colectiva fue propiciar la organización de las víctimas y sus familiares. Las asistentes sociales, religiosos y religiosas que apoyaron o trabajaron en el Departamento Jurídico reconocieron tempranamente la importancia que tenía para las víctimas el generar lazos solidarios con otras personas que estuvieran pasando por una situación similar (Vicaría de la Solidaridad 1980). A su vez, intentaron articular a estas nacientes organizaciones con las comunidades cristianas locales, sumándolas al esfuerzo que suponían los comedores infantiles, bolsas y talleres de cesantes y demás agrupaciones que el Departamento de Zonas de la Vicaría estaba potenciando en las poblaciones pobres de la ciudad de Santiago. El objetivo de las asistentes sociales en este ámbito fue organizar grupos de manera más eficiente y asignarles recursos para su funcionamiento. Estas iniciativas colectivas dieron origen a varias agrupaciones de familiares, entre ellas la AFDD, fundada a fines de 1974. Ángela Cofré explica: Nosotras hacíamos el trabajo, que tiene un componente social, que tiene un componente psicológico y jurídico, de explicarles que el problema de ellos es el mismo problema que el de al lado y que solamente unidos van a lograr tener fuerza, porque, además, vamos demostrando a través del tiempo que la vida judicial es bien importante para dejar demostrado en las vías legales, pero es inoperante. Los recursos de amparo son todos rechazados y, en el fondo, la única forma a la larga es ser voz, y ser capaz de denunciar esto hacia fuera, que es más escuchado, y después hacia adentro, hacer conciencia y, poco a poco, ir ampliando el trabajo de concientización.

Sin embargo, “esto de saber, como asistentes sociales, que la mejor manera que tenía la gente afectada de enfrentar sus problemas 147

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era organizada y en grupos, nos acarreó algunos problemas con otros profesionales. Especialmente los abogados, que creían que era un método ineficiente y riesgoso” (Testimonio de Ángela Cofré en González 1990, 193). María Luisa Sepúlveda recuerda que el reconocimiento de la acción social en el trabajo de la Vicaría, y en las agrupaciones, fue tildado de “activismo político” entre colegas de distintas profesiones: Entonces ahí los abogados se oponen porque dicen que nosotros teníamos la frustración de no poder ser activistas, y que poníamos en riesgo la tarea del Comité y el trabajo de ellos. Ellos lo creían firmemente. Y nosotras creíamos firmemente que era la única manera de avanzar un poco y que las personas no se sintieran tan imposibilitadas de defender… la vida de sus hijos. Entonces imperaba la lógica de que nosotros las inhibiéramos y que no las juntáramos para que ellas en conjunto tuvieran más fuerza. Al final se hizo una mediación con los abogados.

En la medida en que la vía jurídica no obtenía los resultados esperados, principalmente por causa de la complicidad del Poder Judicial con la dictadura militar, el trabajo social de acompañamiento a las familias y fortalecimiento organizacional adquirió mayor relevancia y legitimidad entre las distintas comunidades profesionales. La complementariedad resultó efectiva. Esto, porque el quehacer de la agrupación se fue concentrando cada vez más en acciones públicas de denuncia. Tras las tareas jurídicas existió una red de apoyo a los familiares, quienes en definitiva sostuvieron las acciones de denuncia, lo que permitió que las familias superaran el miedo y se atrevieran a expresarse públicamente, situación que ayudó, a su vez, a darle publicidad a la actividad legal. “Y eso –lo dicen los propios familiares– lo lograron con el trabajo y apoyo de las asistentes sociales”13.

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Entrevista a Victoria Baeza.

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Una tarea fundamental que emprendieron juntos abogados y asistentes sociales fue el traspaso de conocimientos, especialmente jurídicos, desde los profesionales hacia las familias afectadas. Para las asistentes sociales, esto era un camino natural, trazado por su formación profesional orientada hacia la promoción popular. Según relata Ángela Cofré se trataba de “ir apelando a tus principios más profundos de lo que es el trabajo social de la promoción para ir adecuándolo a este contexto de dictadura”. En cambio, para los abogados, esta dimensión de la tarea fue más compleja de asumir. Ellos “tuvieron que empezar a hacer charlas: qué es un recurso de amparo, qué son los Derechos Humanos, y empezar a capacitar. Pero al principio se ponían en la máquina a escribir. Y yo les decía: ‘oye, tú tienes que explicarle a la señora lo que estás haciendo’, cuál es el alcance, la repercusión, si ella está dispuesta, los riesgos que corre, etc.”. La interpelación de las asistentes sociales afectó el ejercicio profesional de los abogados, educados en reproducir la posición de quien “sabe, el docto que atiende a la gente”. Ante esta catástrofe debían aprender a compartir el poder que otorga el conocimiento especializado: “En el fondo, tú tienes que traspasar tu poder, que es el conocimiento, a las personas, para que ellas también tengan poder”, puntualiza Cofré. Este traspaso de información y de conocimientos profesionales fue fundamental para que las víctimas y sus familiares asumieran responsablemente y con autonomía las tareas necesarias para su propia defensa. En ese sentido, la labor educadora y capacitadora de abogados y asistentes sociales redundó en una mayor solidez y preparación de las agrupaciones de víctimas y familiares, que fueron capaces de asumir un rol protagónico y no secundario en la defensa de sus propios derechos. Esto era importante sobre todo para las asistentes sociales que no querían adoptar soluciones asistencialistas a los problemas que generaran dependencia hacia la institución en las víctimas. El hecho de que las agrupaciones de familiares y víctimas sigan, hasta el día de hoy, funcionando activamente, aun después del cierre de la Vicaría de la Solidaridad en 1992, es una muestra elocuente de los resultados de esta visión profesional. 149

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Conclusiones Como hemos dado cuenta en este itinerario, los profesionales que se fueron vinculando al Comité Pro Paz y a la Vicaría arribaron convocados por las necesidades emergentes del contexto represivo. Cada uno llegó dotado de un repertorio de recursos originados en sus historias de vida y las experiencias previas que traían como profesionales. Así, diferentes modos prácticos de comprensión e intervención del mundo convergieron en el espacio del trabajo del Comité Pro Paz y de la Vicaría, encarnados en los y las profesionales que traían sus trayectorias formativas y prácticas profesionales. Es lo que podemos reconocer como epistemes distintas, que se encontraron, reconocieron y complementaron –no sin roces– en el curso del trabajo desplegado. El Comité y la Vicaría fueron organizaciones humanitarias y, a la vez, organismos especializados en la defensa de los derechos humanos. El trabajo multidisciplinario de sus profesionales estuvo al servicio de las víctimas y sus familiares, quienes recibieron atención jurídica, médica y económico-social. Los profesionales de distintas disciplinas tuvieron que aprender a trabajar cooperativamente y enfrentar las tensiones que suceden cuando hay prioridades, metodologías y culturas diferentes. Desde el punto de vista institucional, el caso del Comité y la Vicaría es un ejemplo vívido de combinación virtuosa en la sociedad civil entre asistencialismo, promoción y “reconceptualización” en pos de los derechos humanos y la resistencia pacífica frente al terrorismo de Estado. Combinación que no solo vincula una diversidad de saberes y modalidades de acción práctica, sino que moviliza convicciones y compromisos ético-políticos que llevan a los sujetos más allá de sus labores de defensa jurídica. El Departamento Legal del Comité y la Vicaría logró combinar con éxito las diferencias epistémicas en una práctica de trabajo común en defensa de las víctimas de la represión estatal y sus familias. El trabajo legal llevado adelante por los abogados y abogadas se complementó con el trabajo social promocional de las asistentes 150

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sociales, alimentándose el uno al otro. La identidad compartida de los profesionales se expresó en la práctica de un “ecumenismo laborioso” y un “compromiso militante” para con los perseguidos, que se interpretó reflexivamente como un “compartir” en el que “está el estilo profético de la denuncia frente a la injusticia”. Este “compartir” es importante de ser destacado, pues no se trató de un valor teórico abstracto sino de una práctica: el ejercicio de la solidaridad activa, fuente de cohesión de identidades distintas: Iglesias de diversa denominación, distintas profesiones, creyentes, ateos, agnósticos, militantes y simpatizantes de diversos partidos e ideas. Así, desde su origen el Comité Pro Paz y luego la Vicaría se erigieron más que como una comunidad de interés como una comunidad de prácticas (Lave y Wenger 1991; Wenger-Trayner et al. 2014), con una clara identidad, expresión de un compromiso común al interior de un dominio delimitado. Es importante mencionar que a pesar de que las acciones desplegadas durante la dictadura no tuvieron un efecto judicial inmediato, sí tuvieron un efecto social y político. El trabajo de las asistentes sociales, abogados y abogadas visibilizó la represión y otorgó un marco ético-político centrado en los derechos humanos desde el cual se pudo articular una crítica a las tácticas represivas de la dictadura militar y visibilizar a su vez el dolor y la dignidad de las víctimas y sus familiares. Si bien no fueron las asistentes sociales quienes adquirieron mayor visibilidad en la denuncia, su apoyo tras bambalinas fue clave para fortalecer a las organizaciones de víctimas y familiares que hasta el día de hoy luchan en contra de la impunidad. Los y las profesionales de la Vicaría, puestos a prueba por el contexto represivo, supieron reorientar su conocimiento experto para solidarizarse de manera efectiva con las víctimas del régimen dictatorial. ¿Qué ha quedado de esta experiencia?: un archivo, sin duda, y la hegemonía del saber jurídico en el ámbito de los derechos humanos. Así lo demuestra la posterior participación de los abogados y abogadas de la Vicaría en distintas instancias internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos como la judicialización de las causas que hasta hoy se tramitan en tribunales. 151

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Y este asunto no es menor. Antes de la dictadura, la formación jurídica en las escuelas de derecho se focalizaba básicamente en la enseñanza del derecho chileno. Hasta ese momento, el conocimiento del derecho internacional era muy reducido y tenía un rol marginal en los debates judiciales. Los abogados que se desempeñaron en el Comité y la Vicaría fueron precursores en la comprensión e invocación de las normas que constituyen el corpus del derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente, fueron los primeros abogados que en Chile se tomaron muy en serio los desarrollos alcanzados por la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en adelante. Ante las dificultades para desempeñar eficazmente su rol de abogados de las víctimas se vieron obligados a aprender y construir en el ejercicio práctico estrategias innovadoras de litigación penal en casos de violaciones a los derechos humanos. Estas nuevas estrategias no solo ocurrieron en un contexto jurídico-político adverso, sino que además en un ordenamiento jurídico en permanente cambio, reduciendo aún más los espacios de maniobra para defender judicialmente a las víctimas. Ejemplo de lo anterior fueron las dificultades que los abogados debieron enfrentar una vez que comenzó a regir el Decreto Ley de Amnistía (1978). Sin embargo, esos aprendizajes alcanzados durante años de litigación en un clima judicial adverso fueron fundamentales después de la detención de Pinochet en Londres, toda vez que se desplegaron diversas estrategias que han permitido acreditar hechos y responsabilidades penales de los condenados por violaciones a los derechos humanos. Es sabido que las evidencias son esenciales para el trabajo de los abogados litigantes. Otro de los aprendizajes adquiridos por los abogados del Comité y la Vicaría fue la relevancia de construir un archivo judicial al cual pudieran recurrir para apoyar y respaldar empíricamente los argumentos jurídicos sostenidos en los tribunales. Los abogados tuvieron que aprender a trabajar con grandes volúmenes de evidencias, sistematizando, organizando, seleccionando e incorporando las distintas pruebas en los casos 152

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particulares. Ello implicó un manejo de información y evidencias nunca visto en la litigación a nivel nacional en la preparación de acciones judiciales y en su posterior seguimiento. La sumatoria de estas estrategias innovadoras para defender casos de derechos humanos en contextos judiciales adversos, los conocimientos cada vez más especializados en derecho internacional de los derechos humanos, y nuevos avances y técnicas argumentativas en el ámbito del derecho probatorio, fue compartida por los abogados defensores de derechos humanos en distintos países latinoamericanos, contribuyendo decisivamente en los años recientes al fenómeno que Kathryn Sikkink (2011) ha denominado la “cascada de la justicia” en las posdictaduras latinoamericanas.

Referencias Adler, Emanuel y Peter Haas. “Las comunidades epistémicas, el orden mundial y la creación de un programa de investigación reflectivo”. Relaciones Internacionales, núm. 12 (2009): 146-169. Ahumada, Eugenio, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball y Gustavo Villalobos. Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los derechos humanos, 1973-1983. Tomo 2. Santiago: Pehuén, 1989. Castañeda, Patricia y Ana María Salamé. “Perspectiva histórica de la formación en trabajo social en Chile”. Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción, núm. 8 (2010): 68-92. . “Trabajo Social en Chile y gobierno militar. 40 años de memoria y olvido”. Revista Trabajo Social, núm. 84 (2013): 55-66. . “Trabajo Social chileno y dictadura militar. Memoria profesional predictatorial período 1960-1973. Agentes de cambio social y trauma profesional”. Rumbos TS, núm. 9 (2014): 8-25. Cavallo, Ascanio, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988. Santiago: Uqbar Editores, 2008. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004. 153

Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro…

Comité de Cooperación para la Paz en Chile. “Departamento Penal”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1974. . “Crónica de sus dos años de labor solidaria”. Santiago: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1975. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Santiago: 1996. Del Villar Tagle, María Soledad. Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Una Historia Profesional (1973-1983). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2018. En nombre de Dios. Dirigido por Patricio Guzmán, 1987. Chile y España. Fernández, David. La “Iglesia” que resistió a Pinochet. Historia, desde la fuente oral, del Chile que no puede olvidarse. Madrid: IEPALA, 1996. Gallardo, Mateo. Íntima complacencia: los juristas en Chile y el golpe militar de 1973. Antecedentes y testimonios. Santiago: El Periodista, 2003. Gherardi, Silvia. “Knowing and Learning in Practice‐Based Studies: An Introduction”. The Learning Organization 16, núm. 5 (2009): 352-359. González, Alejandro. “El Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago: una experiencia de Defensa Legal de los Derechos Humanos Fundamentales”. Informe presentado a la Primera Conferencia sobre Organización y Prestación de Servicios Legales en Latinoamérica y el Caribe. San José de Costa Rica, octubre de 1981. http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/8343. González, Mónica. “Trabajo Social y derechos humanos. Las huellas de un compromiso”. En Colectivo de Trabajo Social. Trabajo Social y Derechos Humanos, compromiso con la dignidad. La experiencia chilena. Buenos Aires: Editorial Humanitas, 1990. Haas, Peter. “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination”. International Organization 46, núm. 1 (1992): 1-35. Haraway, Donna. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. Feminist Studies 14, núm. 3 (1988): 575-599. Hertz, Carmen. La historia fue otra. Memorias. Santiago: Debate, 2017. Hidalgo, Patricio y Constanza Toro. Idealista sin ilusiones. Conversaciones con José Zalaquett. Santiago: Lolita editores, 2017. Illanes, María Angélica. “Sus cuerpos mutuos. La ‘pedagogía crítica’ de las trabajadoras sociales en el Chile de los sesenta y setenta”. En Julio 154

María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero

Pinto (ed.). Mujeres. Historias chilenas del siglo XX, 9-34. Santiago: Lom ediciones, 2010. Jefferies, Janis K. “Pattern, patterning”. En Celia Lury y Nina Wakeford (eds.). Inventive Methods: The happening of the social, 125-135. Londres y Nueva York: Routledge, 2012. Johansson, María Teresa y Loreto López. “Del repertorio al archivo: performatividad testimonial y alianzas colectivas en la labor de las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad”. Universum 34, núm. 1 (2019): 119-145. Lave, Jean y Etienne Wenger. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Lowden, Pamela. Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90. Londres: Palgrave Macmillan, 1996. Precht, Cristián. En la huella del Buen Samaritano: breve historia de la Vicaría de la Solidaridad. Santiago: Editorial Tiberíades, 1998. Qué Pasa. “Entrevista a Cristián Precht”. 1° de agosto de 1978. Sikkink, Kathryn. The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics. Nueva York: Norton & Company Inc., 2011. Silva Henríquez, Raúl. Solidaridad… Un modo de vida. Una pastoral para la Iglesia. Documento de trabajo. Santiago: Vicaría de la SolidaridadArzobispado de Santiago, s. f. Silva Henríquez, Raúl y Vicarios de Santiago. “Tuve hambre y me disteis de comer. Carta Pastoral de la Solidaridad” [1975]. En Cristián Precht, En la huella del Buen Samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad, 92. Santiago: Editorial Tiberíades, 1998. Valdivia, Verónica. “‘¡Estamos en guerra, señores!’. El régimen militar de Pinochet y el ‘Pueblo’, 1973-1980”. Historia 1, núm. 43 (2010): 163-201. Vicaría de la Solidaridad. Ocho meses de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1976a. . Solidaridad, núm. 5. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1976b. . Un año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1977. . Segundo año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1978. . Tercer año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1979. . Quinto año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1980. . Octavo año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1983. . Solidaridad, núm. 184. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1984a. . “‘Por una cultura de la vida’. Noveno año de labor”. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1984b. 155

Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro…

. Informe mensual. Santiago: Arzobispado de Santiago, noviembre– diciembre de 1988. Wenger-Trayner, Etienne, Mark Fenton-O’Creevy, Steven Hutchinson, Chris Kubiak y Beverly Wenger-Trayner (eds.). Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, Identity, and Knowledgeability in Practice-Based Learning. Londres y Nueva York: Routledge, 2014.

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CAPÍTULO V

Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en dictadura Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira

La materialidad del poder En este capítulo exploramos el sistema de registros implementado y sostenido durante 19 años por el Comité pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Los capítulos VI y VII que le siguen, reconstruyen parte del repertorio de enunciabilidad que emerge como resultado de las prácticas de registro, y trazan la transposición de este repertorio a los procesos de transición posteriores a la dictadura. Así como los mapas se utilizan para reclamar y sostener territorios (Leuenberger y Schnell 2010), los capítulos V, VI y VII sostienen que el registro y la documentación de la violencia masiva inscriben y prueban el terror desafiando al Estado y sus intenciones de operar sin dejar traza. Si desde Max Weber la literatura en ciencias sociales ha comprendido estos procesos como mecanismos infraestructurales de control gubernamental (Weber 1978; Stoler 2002; Hull 2003), estos capítulos proponen una lectura distinta, en la medida que evidencian el rol que las prácticas documentales y sus artefactos pueden tener en la construcción de conocimiento sobre la política estatal de violación sistemática de los derechos humanos y su resistencia pacífica por parte de la sociedad civil. Nuestro objetivo es demostrar que el registro y sus artefactos no son solo vestigios del pasado; son también agentes activos en la creación y sostenimiento de la realidad que retratan, cada vez 157

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que son llamados a intervenir en el presente. Más aún, aplicando las observaciones de Hull (2003), proponemos que el registro y sus artefactos “median las acciones de individuos y la agencia de grupos mayores” (300); en este caso, la acción de las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos durante y después del régimen militar. Sobre esta premisa, en estos capítulos argumentamos que la inscripción de los testimonios de aquellas personas directamente afectadas y de las acciones realizadas en su defensa, combinadas con la sistematización de estos procesos mediante artefactos materiales y operaciones técnicas, permitió que la realidad de la violencia estatal emergiera y que su registro perdurara (Hull 2003, 292). Durante la dictadura, estos artefactos y sus procedimientos guiaron procesos semióticos (Desrosières 1998; Hull 2003) y orientaron las acciones de defensa y denuncia de graves violaciones a los derechos humanos. La inscripción de las atrocidades permitió hacerlas visibles a nivel nacional e internacional durante esos años oscuros, y también la puso a disposición de otros procesos de justicia transicional después del fin del régimen. Este capítulo aborda los orígenes, mantención y transformación de las prácticas de registro, procesamiento, investigación y denuncia de la represión que fueron impulsadas y alimentadas por el trabajo del Comité y de la Vicaría y desplegadas por organismos de derechos humanos en Chile durante la dictadura. Su objeto de análisis son los artefactos, procedimientos y técnicas usadas por estas organizaciones en sus actividades cotidianas. Michel Foucault proporciona el marco para pensar los artefactos que sustentaron el trabajo de documentar la violencia estatal como objetos producidos mediante la aplicación de tekhne, es decir, un “arte” u “oficio”, desarrollado a través del servicio regular a las personas afectadas. Siguiendo las ideas de Foucault (1979), sugerimos que en el caos de la violencia, los registros “gobiernan la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares” (219). En este caso particular, los registros permiten distinguir las distintas formas represivas, mediar en su enunciación y ayudar a definir el tipo de asistencia requerida. Esta práctica de “proceder 158

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mientras se devela” (Brown 2012, 238) se fue perfeccionando en la medida en que la dictadura se perpetuaba en el poder. Siguiendo la literatura de los estudios sociales de ciencia y tecnología, proponemos que los distintos artefactos y procedimientos utilizados para procesar y gestionar la información sobre estas violaciones conforman una infraestructura, es decir, un sistema estratificado de herramientas usadas en el trabajo cotidiano, asociadas a tecnologías y recursos organizacionales y técnicos, así como a necesidades prácticas (Bowker y Star 2000). En el campo de los estudios sobre los derechos humanos, estas infraestructuras de registro y sus consecuencias más perdurables –las tecnologías políticas– han pasado desapercibidas y, generalmente, son consideradas como productos “meramente técnicos” y, en consecuencia, no problemáticos. Sin embargo, una mirada atenta sobre estas infraestructuras revela que en ellas se inscriben negociaciones entre distintas agendas y epistemologías, así como estándares y convenciones utilizadas por una comunidad de practicantes. Como se ha mostrado en el Capítulo IV, en el seno de las organizaciones de derechos humanos estas negociaciones incluyen desde cuestiones prácticas hasta asuntos políticos, revelando también los valores y emociones asociados a las experiencias compartidas (Petryna 2003). Más aún, los capítulos de este libro demuestran como este tipo de infraestructura adquirió fuerza performativa durante y después del fin de la dictadura. En este capítulo examinamos cuatro bases de datos descriptivas de muestras documentales y artefactos de registro, procesamiento y difusión de información producidos por el Comité y la Vicaría y conservados en el archivo Funvisol1. También analizamos entrevistas individuales con extrabajadores y las extrabajadoras de ambos organismos y dos entrevistas grupales, una con abogados y otra con asistentes sociales, donde abordamos el rol de cada profesión que concurrió a prestar asistencia y algunos de los formularios usados para efectuar esta labor. Por último, recurrimos a documentos públicos de la época disponibles en el archivo Funvisol. 1

La descripción de cada base de datos puede encontrarse en el Capítulo II.

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En la primera parte de este capítulo describimos cómo surge la práctica de registro de los abusos de la dictadura a través de artefactos como pautas de entrevista y carpetas de caso, y mediante técnicas como la confección de listas y planillas de datos. En la segunda y tercera parte explicamos cómo estos artefactos diseñados para procesar y aprehender hechos terribles sirvieron para denunciar, reflexionar e investigar estas violaciones a los derechos de las personas. Todo ello contribuyó a hacer visible la práctica clandestina de la violencia represiva del Estado, y a producir un tipo de conocimiento capaz de nutrir la acción legal y política en defensa de las personas perseguidas. A continuación, describimos las estrategias y recursos que ambas instituciones utilizaron para lograr legitimidad en esta tarea, aportando otros indicios del carácter político que tuvo esta cruzada. Exploramos cómo estos artefactos y procedimientos permitieron lograr precisión y objetividad, contribuyendo a dotar de credibilidad a la labor de estas organizaciones, lo que fue indispensable para exponer las violaciones a los derechos humanos mientras ocurrían y luego del fin de la dictadura. Para concluir reflexionamos sobre la capacidad performativa del registro de la violencia política, y aludimos a los límites de estas prácticas documentales bajo terrorismo de Estado, causados por distintos factores como vacíos informativos, limitaciones conceptuales o medidas de seguridad.

Registrando el terrorismo de Estado, estructurando la asistencia La asistencia de casos de violaciones masivas y brutales a los derechos humanos era una experiencia sin precedentes para cada trabajador y trabajadora del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad. “Ninguno tenía idea de cómo hacerlo, por una razón muy simple: nunca había pasado algo así en la historia de Chile”, explica Eugenio Ahumada, integrante del grupo inicial del Comité. Estos eran momentos en que “no existían estándares ni vocabularios para representar esta tragedia y sus sujetos” (Bernasconi, Lira y Ruiz 160

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2018, 103); momentos en que, como recuerda en la entrevista grupal Roberto Garretón, exabogado litigante del Comité y la Vicaría, tampoco “había conciencia de que estábamos comenzando a trabajar en derechos humanos”. En esos días, “estas dos palabras aún no se asociaban”. Los familiares y sobrevivientes que solicitaban atención eran igualmente incapaces de articular por completo lo que venían a reportar, fuese por el impacto traumático de lo vivido, por ignorar las actividades políticas de sus seres queridos, por miedo a represalias o a dañar a otros con sus declaraciones, por no querer enfrentar la posibilidad de encontrar el cuerpo del familiar en una fosa común, o simplemente por no poder establecer los hechos con certeza por carecer de testigos decididos a acreditarlos. A pesar de estas condiciones, el registro de las distintas situaciones represivas comenzó de inmediato y a la luz de una creciente demanda de asistencia. Daniela Sánchez, primera asistente social en incorporarse al Comité recuerda: “Desde muy temprano comenzamos a registrar datos personales: datos de identificación, un relato individual”. En la jerga de esos días iniciales, el objeto del registro eran las distintas “situaciones irregulares”, que “lesionaban la dignidad humana” (Arzobispado de Santiago 1973); por ejemplo, despidos, expulsión de universidades, prisión, detenciones sin localización, condenas de civiles por cortes militares y personas en necesidad de asilo. El registro no fue un mero acto administrativo de traspaso de la denuncia de las personas afectadas de un formato oral a otro escrito. Como reflexionan Daniela Sánchez y María Luisa Sepúlveda, el registro fue más bien el vehículo que estas instituciones tuvieron para ir “estructurando” y “diferenciando” las modalidades represivas. Nombrar actores, escenarios, perpetradores y víctimas fue permitiendo lenta pero sistemáticamente que estas organizaciones configuraran y nominaran lo que estaba sucediendo. Un fenómeno inimaginable. La capacidad de predecir lo que sucedería a continuación era permanentemente obstaculizada por una serie de factores como el miedo generado por la represión, la naturaleza inicialmente desconocida e impredecible 161

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de sus objetivos, los modos de operación clandestinos, ilegales y arbitrarios –que exacerbaban el temor y paralizaban a la mayoría de las personas–, y un modus operandi que variaba según el tiempo y el lugar. Como nos explicó Daniela Sánchez, en este contexto incierto, la lógica que sustentaba el registro permitió al equipo comprender la violencia de Estado desde sus inicios: Si tú me venías a contar que en la noche se habían llevado a tu pareja de la casa en la [población] La Legua, también nos interesaba saber que en la casa del lado pasó lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y que una vez pasó en La Legua y otra en la población de acá, y otra en la de allá. Y nosotros ya en diciembre [1973] nos íbamos dando cuenta de que había una inteligencia represiva y que iba pasando de un lado a otro.

El registro era un procedimiento presencial, realizado entre el afectado o su representante (generalmente un familiar) y los funcionarios y las funcionarias del naciente organismo humanitario. Era raro que alguien llegara directamente de la calle a solicitar asistencia. Si alguien lo hacía era examinado con lupa. Comúnmente las redes poblacionales, políticas, sindicales, gremiales y religiosas orientaban a los “afectados” hacia las oficinas del Comité, al mismo tiempo que las estructuras de estas organizaciones eran atacadas y desarticuladas por la represión estatal y se volvían incapaces de proteger a sus propios miembros. Según indicó en la entrevista grupal Roberto Garretón, la atención individual, pretendía “paliar en parte, la tensión, inseguridad y desorientación que producía el enfrentamiento con una situación tan violenta y nueva”. A menudo, la información de los casos provenía directamente de exdetenidos y personas que habían sido torturadas y que luego de su liberación se acercaban a dar testimonio al Comité o la Vicaría. En ocasiones buscaban informar lo que les había sucedido a ellos; en otras, proporcionar información sobre el paradero de un detenido no ubicado, o sobre un centro de detención clandestino aún desconocido. Un médico que trabajó en la Vicaría comenta que los 162

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testimonios de sobrevivientes se convirtieron en el medio principal para que los organismos de derechos humanos supieran acerca de las diferentes formas de tortura que se estaban practicando. La experiencia personal y directa de prisión y tortura de algunos trabajadores y trabajadoras de la Vicaría los obligó a conocer la represión en carne propia. Al ser entrevistado, Álvaro Varela recordó: Nosotros teníamos diversas fuentes de información […] yo tuve una experiencia personal, fui secuestrado por [Osvaldo] Romo en noviembre y entregado a [Miguel] Krassnoff 2 y entonces estuve en un centro de tortura […] y conocí el sistema por dentro, supe lo que es la tortura, supe qué es lo que pasa, supe cómo son los guardias, supe cómo te secuestran. Todo esto yo ya lo conocía de oídas, pero tuve oportunidad de conocerlo directamente.

En esos años, los únicos soportes para el registro eran la máquina de escribir, el papel calco, el bolígrafo y, para copiar documentos, el mimeógrafo y la hoja esténcil. Para las comunicaciones existía un solo teléfono de línea fija para todo el Departamento Jurídico. El relato oral y la memoria eran recursos claves, pues no toda la información que circulaba era transcrita al papel; aquello que no se podía confirmar o que podía representar riesgo para alguna persona solo permanecía en la memoria de los trabajadores y las trabajadoras del equipo. Los casos se iban componiendo como puzles a partir de entrevistas presenciales, triangulación de fuentes, comparación con otros casos del mismo tenor y con registros de períodos anteriores. María Luisa Sepúlveda explica el fundamento de la práctica de no perder ningún dato, “ni un solo nombre o hecho”, por incompleto o insignificante que pareciera inicialmente:

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Se refiere a dos agentes represores de la DINA (policía secreta), conocidos por su brutalidad.

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El Keno Ahumada es la persona que empieza a apoyar. Los archivos [estaban] en una piececita de este porte [muy chica], donde se iban guardando las carpetas que se atendían en el día, donde uno iba dejando información que podía afectar a terceros por si llegaba alguien que había visto a Juanito o a no sé quién. […] O sea, ahí era como un centro de información asociado a esto.

Según recuerda Sepúlveda, muy pronto los trabajadores y las trabajadoras del Comité entendieron que “si no construías una historia de dónde los habían detenido, [esas personas] no estaban detenidas, aunque tú supieras que lo estaban. Entonces había que construir esa historia”. La narrativa represiva se fundó en dos tipos de registro: el asistencial y el jurídico. Mediante una entrevista personal, el registro asistencial consignaba la situación represiva sufrida por la persona, o la necesidad específica que lo había llevado a pedir ayuda a las oficinas del organismo. Esta entrevista inicial tenía múltiples propósitos. Primero, identificar si la situación reportada por la persona calificaba como violencia política o bien como violencia común. Segundo, discernir si el caso cabía dentro de los parámetros que la institución había definido para prestar o negar asistencia (como explicamos en el Capítulo III, aquellas personas envueltas en hechos de sangre no recibían defensa legal). Tercero, la entrevista permitía evaluar la veracidad del relato y filtrar los casos falsos. Cuarto, el relato individual podía ser traducido según las necesidades al repertorio de acciones de defensa legal o asistencial ofrecido por este organismo o por otros a los cuales el caso podría ser eventualmente derivado. Finalmente, la entrevista inicial permitía identificar la primera asistencia que podía otorgarse, antes de la entrevista con los abogados que definían las acciones legales a interponer. Tanto el Comité como la Vicaría, a lo largo de su historia, utilizaron formularios para registrar la entrevista de recepción, en la que la historia represiva empezaba a emerger, enunciándose por primera vez. Estos formularios tenían una estructura básica dividida en tres partes: “identificación de la persona afectada”, “identificación del denunciante” (en los 164

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casos en que este fuera un representante de la persona afectada) y “descripción de los hechos”. Esta última sección podía adquirir la forma de un relato abierto, ser guiada por ciertos componentes a desarrollar, o bien corresponder a un relato predefinido que había que completar con la información del caso (Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 109). En el Departamento Jurídico, el registro se basaba en la información que las asistentes sociales habían reunido y transcrito en los formularios de ingreso de casos, o bien era obtenida en entrevistas directas con las personas afectadas o sus representantes. La información necesaria para defender a prisioneros juzgados por Cortes Marciales o para ejercer otro tipo de acciones legales era recogida también directamente en los centros de detención. En sus primeros años en el Comité, Álvaro Varela trabajó como procurador para los abogados litigantes. Su trabajo incluía visitar los lugares de detención identificados, donde debía memorizar las conversaciones sostenidas con las personas en prisión. A veces debió viajar fuera del país para recoger testimonios de testigos que se encontraban en el exilio. Al recordar sus visitas a la cárcel de mujeres de Santiago, Varela señaló: Yo iba dos veces a la semana a la casa correccional y entrevistaba ahí a las mujeres que estaban presas, estaban todas sometidas a proceso, buena parte de ellas a Consejos de Guerra. Entonces yo conseguí que las monjas me prestaran una salita, una especie de lo que es la sala de abogados de la cárcel y entonces ahí, yo las iba llamando una por una, y hacía a la vez de nexo con los abogados que las defendían en los Consejos de Guerra y en todos los procesos.

La variedad de acciones legales interpuestas por el Comité se fue ampliando con el tiempo para incluir, por ejemplo, querellas por secuestro y detención ilegal, declaraciones juradas y denuncias por presunta desgracia. “Debido a la autolimitación del Poder Judicial que fallaba los Recursos de Amparo con el mero informe del Ministerio del Interior y por la limitación de la defensa en los Consejos 165

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de Guerra”, (Vicaría de la Solidaridad 2017 [1980], 78) la mayoría de estas acciones legales no lograron resultados y fueron desestimadas. Sin embargo, sirvieron para una diversidad de propósitos colaterales. En la entrevista grupal, los abogados Roberto Garretón y Mario González describieron cómo la actividad legal sirvió en primer lugar para registrar nuevos casos. Por cada persona reportada como prisionera se interpuso un habeas corpus. De esta manera, los recursos de amparo –como unidad– eran la fuente de información para la construcción de las estadísticas publicadas por la institución en sus informes mensuales. En segundo lugar, las acciones legales permitieron mantener activa la búsqueda de los desaparecidos, y apoyar a la familia que sentía que, con estas acciones, hacía frente a la situación. En tercer lugar, las acciones legales permitían difundir nuevos casos: solo cuando un recurso de amparo había sido interpuesto los nombres de los afectados podían ser comunicados a través de las escasas radios que se atrevían a divulgar este tipo de información. En cuarto lugar, las acciones legales interpuestas en esos momentos contribuyeron a trazar el panorama de las situaciones represivas a medida que ocurrían. Esto permitía exponer la realidad que el gobierno autoritario se empeñaba en ocultar, negar o distorsionar. Entre tanto, en la posdictadura, los recursos de amparo y otras acciones legales sirvieron como evidencias claves en los procesos judiciales y en las comisiones de la verdad para comprobar las declaraciones de las personas (véase capítulos VI y VII)3. Los equipos eran siempre insuficientes al compararlos con la enorme tarea que enfrentaban. En el Comité y la Vicaría, así como en otros organismos de derechos humanos del período, algunos Junto con crear registros de asistencia social y legal, la Vicaría también ofreció servicios de salud y, por lo tanto, generó fichas médicas. Estos registros generalmente “incluían el historial clínico de la persona que buscaba ayuda, elaborado por un médico o psicólogo ([…] El formato profesional estándar para tales informes incluía los motivos de consulta, diagnósticos, tratamiento indicado y un registro de la evolución de la sintomatología. Los registros reflejan los esfuerzos profesionales para documentar evidencia fáctica confiable, los datos que les habían sido comunicados, así como las tensiones derivadas de sus temores de que los agentes represivos pudieran confiscar los archivos y causar más daños a las víctimas” (Lira 2017, 192). Esta es la documentación que el fiscal militar Torres Silva intentó confiscar en 1986 y 1989 (véase Capítulo III).

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equipos operaban al borde de la clandestinidad, haciendo lo posible con recursos inadecuados de los que no se podía depender. La cantidad y tipo de trabajo nunca se podía organizar ni predecir apropiadamente. Los sábados quedaba un equipo de turno para enfrentar las emergencias, y parte de la rutina consistía en estar disponibles en horarios normalmente dedicados al descanso. Sin embargo, este trabajo daba sentido a la vida en estos días sombríos. Para María Luisa Sepúlveda era un “espacio privilegiado para resistir lo que estábamos viviendo”. Álvaro Varela recuerda que también era altamente frustrante: A los que íbamos a la Corte, nos insultaban, nos maltrataban. Cuando los abogados entraban a alegar los Recursos de Amparo, los ministros decían “este huevón de nuevo” y se daban vuelta hacia la pared; bueno, el abogado alegaba, alegaba, terminaba el alegato y se iba; y la resolución era siempre la misma, con algunas excepciones. Por eso había que tener el cuero duro.

Con todo, la documentación e inscripción caso a caso de miles de historias de represión, y su correspondiente denuncia pública, desafió la política negacionista de la dictadura, reuniendo y difundiendo la verdad contada por las víctimas, testigos y familiares.

Artefactos de registro Los artefactos de registro creados por el Comité y la Vicaría establecieron las categorías y crearon un marco confiable para interpretar las formas de la represión y sustentar la denuncia legal y política. De las 47.252 carpetas de ingreso conservadas en el archivo Funvisol, 3.970 pertenecen a provincias y el resto corresponde a Santiago (véase fig. 5.1). Estas carpetas contienen documentación de distinto tipo, género y época y hoy son testimonio de la atención ofrecida individualmente a cada víctima o a sus familiares a 167

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través del tiempo4. Las carpetas contienen información de las necesidades de los afectados, notas de los profesionales que los atendieron y documentación relativa a las gestiones realizadas en defensa o resguardo de la persona concernida. No tienen una estructura clara, y la cantidad de documentos fluctúa entre 4 (para el caso de una carpeta de recepción) y 34 (en el caso de una carpeta de una persona detenida desaparecida)5.

Figura 5.1. Carpeta de atención creada por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Al menos 1.594 personas adicionales fueron atendidas sin haberles abierto carpeta. Una proporción muy menor de carpetas refieren a casos colectivos. 5 Como se comenta en los capítulos II y III, desde 1978 en adelante, el archivo jurídico de la Vicaría aloja dos subarchivos: el archivo denominado SAD (Subarchivo de detenidos desa­ parecidos) y el SAE (Subarchivo de ejecutados). Esta organización se mantuvo luego de la creación Funvisol en 1992. 4

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La mayoría de las carpetas están organizadas en orden cronológico desde la primera solicitud hasta el cierre del caso, cuando fue posible hacerlo. Cada carpeta es un artefacto que permite observar diacrónicamente la interacción de la víctima o su representante con la organización. Estos artefactos también dan cuenta de las distintas disciplinas, paradigmas, estilos de pensamiento y formas de intervención que operaron alrededor de cada caso atendido, dado que la atención prestada era de múltiples tipos (legal, médica, asistencial, laboral, etc.) (véase Capítulo IV). Las carpetas son además un instrumento que se replicó en otros organismos de derechos humanos en el período, existiendo en la actualidad 40.000 “carpetas de beneficiarios” de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 4.182 carpetas de Pidee y 2.111 de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu)6. La documentación de las carpetas incluye formularios. Las organizaciones del período crearon estos artefactos para reunir información, dar seguimiento, evaluar y realizar acciones en cuidado y defensa de las víctimas y sus familiares (solicitudes, acciones jurídicas). La particularidad del formulario es que tiene un formato y estructura basada en campos y subcampos que fueron completados de acuerdo con el tipo de caso. Este artefacto estandarizado permitía obtener, en un momento determinado, un panorama de la situación. Sirvió también para agrupar casos similares, definiendo sus rasgos comunes e identificando la información necesaria para comprender cada tipo de situación y decidir las acciones de asistencia y defensa que eran posibles de emprender. Al mantener el foco en el caso individual, el instrumento facilitaba generar información agregada. La aplicación reiterada de estos formularios permitió detectar patrones y catalogar las prácticas represivas, creando tipologías y produciendo información sobre ellas. Existieron distintos tipos de formularios. Por ejemplo, pautas de entrevista, fichas, informes de situaciones de salud, penal o 6 En el caso de Pidee y la Codepu, estas carpetas se encuentran conservadas y resguardadas hoy en el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH).

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laboral, informes de seguimiento de casos y resúmenes de situaciones. Para conocer la situación general de la familia de las personas afectadas existían fichas diagnósticas como la “Ficha Social”. Los formularios también operaron como insumo para la elaboración de informes de denuncia o de rendición de gastos. Según nuestra investigación, durante los 19 años de funcionamiento, el Comité y, luego, la Vicaría, crearon más de 120 formularios distintos. Algunos contienen pequeñas variaciones con respecto a otros similares. Probablemente la tecnología de la época impedía reproducir copias exactas.

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Figura 5.2. Ficha de Ingreso Penal, usada entre 1976 y 1990 por la Vicaría de la Solidaridad. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Nuestro análisis de los formularios revela que un 75 % tuvo por función registrar la atención al afectado documentando su relación con la institución. Un 24 % tuvo por propósito el análisis y sistematización de datos por parte de la propia organización, o la derivación de casos entre departamentos o a otras organizaciones de derechos humanos. En otras palabras, estos correspondieron a instrumentos de segundo orden que permitieron organizar la información recopilada por los profesionales, más que mediar la relación con el denunciante. Los formularios restantes fueron creados luego del fin del régimen militar para sistematizar información de los casos de ejecutados y detenidos desaparecidos, que debían ser calificados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR; o Comisión Rettig) en 1990-1991. Ello denota un último proceso de sistematización de los dos subarchivos correspondientes a estos hechos victimizantes, con el propósito de proporcionar antecedentes directamente a la Comisión Rettig y a los familiares de las víctimas que presentaron los casos para su reconocimiento ante esta instancia estatal. Del total de formularios producidos un 43 % corresponde a gestión y seguimiento de acciones judiciales; un 22 % tenía por propósito registrar la violencia, incluyendo dimensiones económicas, jurídicas y sociales que produjeron víctimas (y victimización); un 21 % tenía por finalidad analizar datos ya reunidos; un 5 % correspondía al área de salud; un 2,5 % registraba necesidades socioeconómicas y el 6 % restante no califica en ninguna de estas categorías. Esta distribución demuestra el predominio de la asistencia jurídica dentro de una aproximación multisectorial por parte de ambas instituciones. El antecedente de este sistema de formularios son las fichas, tarjetas y listas, diseñadas en los inicios del Comité Pro Paz. Estos eran instrumentos muy simples, usados para identificar y clasificar las formas de violencia que habían afectado a las personas que estaban asistiendo, y que ayudaron a denominar e inscribir las formas represivas a lo largo del tiempo. El fichero fue creado como parte del trabajo inicial de sistematización orientado a identificar 172

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el estado de cada sujeto afectado: “no ubicable”; “está en el Estadio Nacional”; “está ahora en el Estadio Chile” 7 (Hoyl 2003, 94). Este simple ejercicio clasificatorio es indicativo de un rasgo distintivo del accionar de ambas instituciones durante todo el período: conocer rápidamente quién está dónde y quién “no es ubicable”, es decir, una persona que es reclamada por los suyos, y no ha sido vista por testigos ni reconocida como prisionera por las autoridades. Con el paso de los años familiares y trabajadores sabrían que más de 1.000 personas no reconocidas como detenidas a manos del régimen militar, constituirían la lista final de las personas desaparecidas. Las listas fueron una primera manera de ordenar y nombrar las situaciones que solicitaban atención8. Las listas otorgaron homogeneidad y visibilidad dentro del caos de la violencia, al identificar mecanismos represivos y orientar las acciones a seguir. Respecto de las víctimas que más tarde se denominarán “detenidos desaparecidos”, María Luisa Sepúlveda y Eugenio Ahumada recordaron, en una entrevista conjunta, que en los primeros años hacían el siguiente ejercicio: Una vez a la semana confeccionábamos una lista de los no ubicados y la enviábamos a las autoridades del [Ministerio de] Defensa y del Ministerio del interior. —Claro, nosotros le llamábamos “no ubicados”, no le llamábamos desaparecidos, sino “no ubicados”. —Éramos tremendamente conservadores.

La identificación de cada caso a partir de la entrevista personal y la producción de listas y de estadísticas regulares para identificar tendencias en el tiempo, fueron piezas clave para la organización y análisis de la información y también para la denuncia. La figura 5.3 Los estadios deportivos mencionados fueron centros de detención, tortura y muerte. La relación entre listados y violencia tiene una larga data. En las guerras mundiales, por ejemplo, personal militar confeccionó listas con nombres para devolver los cuerpos de los soldados caídos a sus familiares. Al respecto, véase Pérouse de Montclos, Minor y Sinha (2016). 7 8

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contiene, a la izquierda, un listado de dirigentes sindicales según la situación penal de cada uno luego de su detención entre octubre de 1973 y octubre de 1974. Esta lista aparece reproducida el 31 de enero de 1975 en una nómina parcial de dirigentes sindicales prisioneros del régimen militar publicada en inglés por la Confederación Internacional de Sindicatos, como se aprecia en la imagen de la derecha. Esta organización fue fundada en 1945 y formaba parte de la Confederación Sindical Internacional. Documentos de este tipo reflejan la circulación de la información producida por el organismo chileno y su legitimidad como fuente.

Figura 5.3. Lista de situaciones represivas de dirigentes sindicales. Izquierda: situación criminal registrada en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile entre octubre de 1973 y octubre de 1974. Derecha: lista difundida por la Confederación Internacional de Sindicatos, 31 de enero de 1975. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Las listas también permitían la detección de patrones que, a su vez, funcionaban como mecanismos para detectar regularidades, instalando certidumbre y predictibilidad donde la represión había buscado crear confusión y engaño. Un patrón está formado por una red de conexiones que hacen un evento inteligible. Proporciona una estructura, un sistema de referencia más amplio, a través del cual depurar la nueva información (Jefferies 2012). La ocurrencia de varios episodios de violencia de naturaleza similar permitió configurar poco a poco estos patrones sobre la base de características comunes (véase fig. 5.4). De esta forma, el procesamiento de los registros de entrevista permitió realizar simples operaciones de análisis como crear listados o identificar patrones, contribuyendo a hacer visible lo oculto.

Figura 5.4. Extracto de la descripción de un patrón incluido en Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Como se señaló en el capítulo precedente, a partir de 1983 comenzó un período de movilización social que dio lugar a marchas, protestas nacionales, encuentros y reuniones vecinales, etc. A su vez, el régimen introdujo nuevas modalidades represivas: detenciones por horas, secuestros, amedrentamientos (seguimientos, amenazas telefónicas o por cartas, amenazas a familiares, etc.), represión en las protestas (heridos a bala, culatazos, balines, etc.), allanamientos masivos principalmente en poblaciones populares de Santiago como La Victoria, San Gregorio, José María Caro o Santa Adriana y allanamientos individuales. En estos allanamientos murieron algunas personas a consecuencia de disparos directos contra los manifestantes, a las viviendas, o de disparos indiscriminados desde helicópteros. Varios niños y un sacerdote murieron por balas que atravesaron las paredes de sus casas. Algunos de estos asesinatos no fueron denunciados por temor a represalias. En las jornadas de protesta, la Vicaría podía recibir más de 500 personas diarias solicitando atención. Este cambio a una represión de gran escala hacía impracticable la aplicación del sistema de registro individual. En consecuencia, la institución organizó registros colectivos, en los que se solicitaba menos detalles que en el registro individual, pero se realizaba un procesamiento estadístico. En ese tiempo, la institución instaló la primera computadora, lo que permitió producir informes semanales. El registro producido por el Comité y la Vicaría no implicaba solo la producción de textos. La institución reunió más de 400.000 recortes de prensa del período 1973-1991 y formó un importante archivo fotográfico y otro de material visual. Después de 1983, numerosas personas que fueron heridas en las protestas empezaron a llegar a la Vicaría y la institución decidió proporcionar asistencia en sus propias instalaciones. El médico de la Vicaría, el doctor Ramiro Olivares, era también aficionado a la fotografía y, por ese entonces, comenzó un registro fotográfico de las lesiones que atendía. A veces las imágenes consiguen lo que los textos no logran. El doctor Olivares nos contó cómo luego de numerosos rechazos, el Servicio Médico Legal (SML) comenzó a aceptar sus denuncias 176

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por violencia durante las protestas, una vez que la Vicaría comenzó a reemplazar los informes escritos por fotografías de las contusiones y cortes infligidos por la policía a los manifestantes. La Vicaría también produjo registros visuales de las inhumaciones ilegales de personas ejecutadas después de haber sido detenidas. En 1978, los fotógrafos de la Vicaría, Luis Navarro y Helen Hughes, retrataron la excavación y recuperación de los restos óseos descubiertos en la mina de cal de Lonquén, al sur de Santiago (véase Capítulo III). Las fotografías que ellos tomaron constituyen hasta hoy elementos de prueba jurídica. Entre los numerosos artistas comprometidos que apoyaron el trabajo de las víctimas y sus familiares durante todo el período dictatorial, destaca la labor de Luz Donoso y Hernán Parada. Ambos profesionales crearon un registro fotográfico de los cientos de detenidos desaparecidos cuyos familiares se acercaron al Comité o a la Vicaría a solicitar ayuda. En esa época, muchos familiares nunca habían tenido una cámara, no disponían de fotografías o las que conseguían estaban muy dañadas. Los familiares entregaron a Donoso y Parada estas fotos gastadas para ser restauradas y hacer nuevas tomas con la cámara de Donoso y el apoyo técnico del Taller de Artes Visuales (TAV);9 luego los originales eran devueltos a los familiares (véase fig. 5.5)10.

9 El TAV fue fundado en 1974, por artistas y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, tras su exoneración por motivos políticos. Parte de su presupuesto inicial fue gestionado por la Vicaría. Muchas de sus acciones, exposiciones y seminarios sirvieron a la denuncia y reflexión pública sobre la violencia de Estado. 10 Véase “Una acción hecha por otro es una obra de la Luz Donoso” (2011, 11). Para un análisis de la obra de Donoso, véase Varas (2018).

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Figura. 5.5. Fotografía de Alejandro Parada, detenido desaparecido en 1974. A la izquierda: fotografía de la familia. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. Al centro: artistas Hernán Parada, Elías Adasme y Luz Donoso trabajando la fotografía de Alejandro Parada como detenido desaparecido. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. A la derecha: reproducción de fotografía de Alejandro Parada en el libro ¿Dónde están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 3, 1978, p. 543).

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), formada principalmente por mujeres, desplegó una variedad de acciones para visibilizar la práctica de la desaparición como un crimen político. Estas acciones, así como la de otras organizaciones similares, incluyeron “reunir información contextual, enviar cartas y solicitudes a autoridades de gobierno y jueces, interpelar al gobierno por su inacción, testificar ante organismos e instancias internacionales, sostener manifestaciones pacíficas y protestas (encadenándose a sí mismas, marchando, efectuando huelgas de hambre, realizando homenajes y participando en presentaciones artísticas)” (Bernasconi y Ruiz 2018, 11). Actividades de resistencia política y moral como estas desafiaban a quienes consideraban las acciones de las víctimas y sus familiares como meramente reactivas a la violencia política.

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Denunciando el terrorismo de Estado A pesar de las difíciles y riesgosas condiciones bajo las que tuvieron que operar el Comité, la Vicaría y sus redes de apoyo al enfrentar el asedio constante del régimen militar, su documentación generó conocimiento y experticia de calidad. La eficiencia de su trabajo llenó vacíos informativos. También permitió a las instituciones entregar evidencias y certificar los casos que les denunciaban, anticipar situaciones, apoyar la organización de las víctimas y sus familiares, y proporcionar información a distintos organismos internacionales para denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Chile. Esta información, una vez puesta en circulación, fue fundamental para aumentar la conciencia y la atención a las políticas de represión durante la era de Pinochet a nivel nacional y mundial. En efecto, el Comité comprendió muy pronto la importancia de organizar y producir información, paralelamente a su trabajo de registro y defensa, y de utilizar esta información para confrontar al gobierno militar pública y regularmente. Al respecto, María Luisa Sepúlveda relata: Una vez a la semana se mandaba información [al gobierno] de estos horrores. Se entregaba y se iba diciendo: “Mira, sabemos lo que están haciendo”, pero se deben haber reído a 13 colores, porque sabíamos el 10 % de las maldades que estaban haciendo.

La información reunida también sirvió para que el sistema judicial tomara nota e investigara estos casos: el Comité y la Vicaría reunieron y procesaron información sobre las distintas formas represivas, así como sobre los obstáculos legales que se interponían en el camino de las víctimas que intentaban defender sus derechos fundamentales. Los datos recabados también permitieron la producción y distribución de una serie de publicaciones de distinto tipo y alcance, diseñadas para difundir y fomentar el análisis social. 179

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Los informes periódicos enviados a las autoridades de las Iglesias y a diversas instituciones que colaboraban con estos organismos, fueron decisivos para la denuncia, constituyéndose en una fuente de información confiable para organizaciones nacionales e internacionales. Este rol respaldó y legitimó el trabajo del Comité y la Vicaría. La producción de informes comenzó en mayo de 1974, con el primer informe que daba cuenta de la situación en los meses iniciales de la represión. Como se aborda en el Capítulo III, este fue un informe secreto solicitado por el cardenal de la Iglesia católica, y ni siquiera quienes lo prepararon conocían sus propósitos. Sus páginas describen la situación represiva, identifican tendencias y cruzan información. Ello denota los esfuerzos de sus autores y autoras para comprender y sistematizar la violencia política, usando distintos métodos de organización de datos, como el formulario Único de Registro que se ingresó al fichero. Un paso clave en la elaboración de publicaciones que ayudaron a denunciar la represión fue la creación de un archivo centralizado. En 1976, el nuevo secretario ejecutivo de la Vicaría, el abogado Javier Luis Egaña, tomó las medidas para organizar la documentación en un archivo único que aún existe. Egaña llamó a la operación ROCA limpia, nemotecnia que sintetizaba sus principales objetivos: Recopilar, Ordenar, Clasificar y Archivar, para dejar todo limpio. Según el abogado a cargo de esta misión, Jaime Esponda, antes de esta iniciativa la documentación de los casos que estaban siendo atendidos estaba dispersa entre los distintos escritorios de los abogados y demás funcionarios. En 1976 algunos casos ya se habían cerrado, haciendo más evidente la necesidad de producir un archivo. El nuevo archivo legal también permitió mejorar la capacidad de generar estadísticas sobre los mecanismos represivos y sus víctimas. El trabajo de Esponda consistió en reunir, escritorio por escritorio, la documentación y llevarla a su lugar de acopio en el tercer piso del edificio de Plaza de Armas, donde se alojó el archivo (véase fig. 5.6). “La idea era que estuvieran archivados todos los recursos de amparo, todos los recursos administrativos, las quejas por presunta 180

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desgracia y otros documentos importantes”, nos explicó Esponda. El equipo jurídico era extremadamente consciente de la importancia del archivo que estaba construyendo. Al final de cada día de trabajo se colocaba un candado muy sólido en la puerta, mientras que los documentos confidenciales eran guardados en una caja fuerte en el palacio arzobispal colindante11.

Figura 5.6. Departamento de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, 23 de marzo de 1979. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

La reestructuración del archivo facilitó que se agilizara la producción de publicaciones que analizaban la situación social, política y económica que atravesaba el país y la trayectoria de la represión, construyendo con ello respaldos nacionales e internacionales. En noviembre de 1976, el Departamento de Asistencia Jurídica comenzó a elaborar su propio sistema de análisis de casos, el que era resumido y publicado en “informes mensuales”12. 11 En los primeros años de la década de 1980 financiamiento internacional permitió respaldar el archivo de la Vicaría mediante microfilm que, en ese entonces, era una tecnología de última generación. Margarita Cooper coordinó el proceso de microfilmación de más de un millón de páginas de documentación. En aquella época solo dos instituciones en Chile accedieron a este equipo: la Vicaría y las agencias represivas estatales. 12 Véase Vicaría de la Solidaridad (1978, 28).

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Ese mismo año, la nueva estructura organizacional de la Vicaría incluyó una Secretaría de Comunicaciones (Departamento de comunicaciones)13. Esta nueva unidad producía informes estadísticos y la revista Solidaridad, a la vez que coordinaba los resúmenes internos, distribuidos diariamente, sobre las noticias de prensa. Es importante destacar que las tareas del departamento jurídico incluían el procesamiento de información, y la actualización de las carpetas de casos. Este primer nivel de análisis alimentaba la producción mensual de informes estadísticos14. Entre 1976 y 1989, la organización produjo 341 informes periódicos. Estos incluían estadísticas de arrestos y métodos de tortura, cifras y análisis de otros tipos de prácticas represivas en la Región Metropolitana de Santiago y en las provincias del país. Redes personales y las oficinas de la Vicaría en provincias proporcionaban fuentes que permitían generar estadísticas básicas de las distintas situaciones represivas que eran denunciadas y frente a las cuales la Vicaría prestaba asistencia a lo largo del territorio nacional mediante acciones legales, de salud, laborales, entre otras. La transferencia de registros testimoniales a formatos estadísticos no era una tarea sencilla, pero era extremadamente importante. Las técnicas cuantitativas otorgaron estructura, uniformidad y universalidad a los datos de violencia política. Además, “dado que las reglas para recoger y manipular números son ampliamente compartidas, los números pueden ser fácilmente transportados” a otros escenarios y contextos (Porter 1995, IX). En efecto, la cuantificación es una tecnología de distancia: “Minimiza la necesidad de conocimiento íntimo y de confianza personal […] produciendo conocimiento independientemente de las personas concretas que lo generaron” (Ibid.). La producción de cifras habilitó a estas instituciones para publicar e inscribir estadísticas generales según la situación represiva, el período de tiempo y otras variables, las que podrían ser utilizadas en el futuro. 13 14

Véase Vicaría de la Solidaridad (1976, 33-43). Véase Vicaría de la Solidaridad (1977, 92).

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Los informes cumplieron varios objetivos. Por ejemplo, acumular, sistematizar y procesar información sobre cada caso en que se había trabajado con el propósito de denunciar las violaciones a los derechos humanos dentro de Chile y fuera del país, difundiendo la labor asistencial de la institución. También facilitaban la rendición de cuentas del trabajo efectivamente realizado y la proyección presupuestaria. Asimismo, posibilitaron que las agencias nacionales e internacionales que los financiaban (entre ellos el Consejo Mundial de Iglesias y Amnistía Internacional) notaran el impacto de la labor de estos organismos. Otros objetivos incluían el fomento de la protección de los derechos humanos como piedra angular para el eventual retorno a la democracia: los informes servían como instrumentos de publicidad negativa para la dictadura, es decir, constituían propaganda, en el sentido técnico del término, y constituían un medio para presentar los puntos de vista editoriales de la institución. En consecuencia, los informes permitieron al equipo resumir el trabajo que se estaba llevando a cabo, empleando cifras para ilustrar los servicios prestados y evaluar sus resultados, así como expresar opiniones sobre el proceso político. En particular, la atención se centró en las consecuencias de la represión que se había desencadenado contra determinados sectores sociales y políticos de la población. ssLas expresiones de preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros, pusieron los acontecimientos en Chile después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en el centro del escrutinio internacional. Era común recibir las visitas de dignatarios y delegaciones extranjeras que recurrían al Comité o la Vicaría para obtener información sobre la situación chilena. Las visitas que inspeccionaban el estado de los derechos humanos en Chile requerían resúmenes de los hechos, los que eran preparados por el equipo, a fin de proporcionar una visión de conjunto de la situación. Estos esfuerzos de síntesis a menudo se traducían en meticulosos informes que 183

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describían e interpretaban la situación política y sus efectos sobre la población. Organismos no gubernamentales como el Consejo Mundial de Iglesias, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas solicitaban continuamente información al Comité y la Vicaría y la usaban para respaldar actividades de solidaridad organizadas junto a la diáspora chilena forzada a dejar el país, así como en acciones políticas internacionales que repudiaban las flagrantes violaciones de los derechos humanos que el gobierno chileno estaba cometiendo, y buscaban impedir su continuidad. El Comité alcanzó respeto internacional desde los primeros meses de su fundación, y organismos, agencias y medios de prensa internacionales lo consideraron tempranamente una fuente confiable de información. José Zalaquett recordaba que “abogados internacionales, periodistas y comisiones de juristas llegaban al Comité solicitando información” (Hoyl 2003, 96). Los informes sobre Chile elaborados por Amnistía Internacional y la CIDH en 1974 ya hacían referencias genéricas e indirectas al Comité, posicionándolo como una fuente de información15. En el sistema de las Naciones Unidas, los informes de relatores especiales y grupos ad hoc que visitaron el país, alimentaron las 16 resoluciones condenatorias contra Chile propuestas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exhortando al gobierno de facto a respetar los derechos humanos en “cada una de sus sesiones anuales entre los años 1974 y 1990” (Vargas 1990, 36)16. Para producir sus informes, los relatores especiales y los miembros de los grupos ad hoc entrevistaban a representantes del Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1974). Disponible en https://www. cidh.oas.org/countryrep/Chile74sp/Indice.htm. Más tarde, datos publicados en los informes periódicos de la Vicaría fueron incluidos en los informes anuales de 1976, 1977 y 1985, producidos por la CIDH. 16 Como señala Vargas (1990), “el primer relator especial designado para investigar la situación de los derechos humanos en un estado miembro fue nominado para el caso de Chile” (35). Este procedimiento fue posteriormente adoptado por las Naciones Unidas para otros Estados. Como reacción a la segunda resolución condenatoria del organismo internacional contra Chile (1975), Pinochet no permitió que el grupo ad hoc ingresara al país. Como consecuencia, la resolución condenatoria fue aprobada por 95 países, incluido Estados Unidos (37). 15

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gobierno, miembros del Poder Judicial, y también de organizaciones de la sociedad civil y de las iglesias, incluyendo a la Vicaría de la Solidaridad. Estos informes reconocían las violaciones a los derechos humanos y describían las técnicas represivas empleadas para ello. Exhortaban al gobierno militar a investigar las denuncias y someter a juicio a los responsables, modificar la legislación vigente y terminar la persecución a organismos de derechos humanos, asociaciones gremiales, sindicales y poblacionales. La décimo cuarta resolución condenatoria, emitida en 1987, demandó explícitamente al gobierno “desistir [d]el hostigamiento a la Vicaría de la Solidaridad” (Vargas 1990, 51). Por su parte, el Comité y la Vicaría, incorporaban en sus informes las actividades de las organizaciones internacionales de derechos humanos que visitaban el país, por ejemplo, delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Amnistía Internacional. Estas estrategias aumentaron la efectividad de la resistencia al régimen y les dieron respeto y prestigio a los organismos chilenos, ayudando a asegurar su continuidad y financiamiento. Según explica María Luisa Sepúlveda en entrevista: Había una lógica de registro que en ese minuto no tenía que ver con la historia, tenía que ver con la efectividad de lo que podíamos hacer con la persona y tenía que ver con la denuncia internacional. […] La denuncia se hace desde el primer día […]. eso genera la credibilidad de la institución. O sea, una iglesia que de verdad está dispuesta a denunciar. Nosotros sacábamos por valijas diplomáticas de embajadas los testimonios y eso le dio credibilidad y también recursos a la institución.

Álvaro Varela añade: Hay un documento muy importante que eran las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaban al gobierno de Chile por las violaciones a los Derechos Humanos. Que generalmente eran dotaciones amplísimas, como noventa y 185

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cinco países apoyaban la moción […]. Nosotros entonces, aparte de la línea nacional, empezamos a alimentar a los organismos internacionales, a la OEA y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La revista de la Vicaría, Solidaridad, difundía las acciones represivas del régimen, y también fue un medio para la difusión quincenal de las acciones que la Iglesia católica realizaba en parroquias y poblaciones, como comedores solidarios, talleres y bolsas de trabajo. Desde mayo de 1976 y hasta el fin de la dictadura, la Vicaría publicó más de 300 números de Solidaridad, con más de 30.000 copias de cada uno. Detrás de cada documento, artículo, reportaje o noticia había una decisión activa de publicar, lo que necesariamente incluía reflexiones sobre la responsabilidad de comunicar información en ese riesgoso contexto. Por ejemplo, Solidaridad publicó acciones realizadas por familiares de detenidos desaparecidos, incluyendo el encadenamiento al edificio de los tribunales de justicia, las huelgas de hambre o cartas públicas a autoridades. Antes de 1978, la prensa oficial raramente difundía este tipo de eventos. Así, la Vicaría al igual que otros organismos de derechos humanos de la época, proporcionaron no solo una semántica sino una narrativa alternativa a la oficial (Ros 2012). Esta narrativa desafió el relato del régimen, reproducido por la gran mayoría de los medios de comunicación, que mostraba a la dictadura como una “lucha patriótica” contra el “cáncer marxista” y que llegaba para “salvar a una sociedad en ruinas” (Stern 2010, 5).

Reflexión e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos El registro temprano y la documentación sostenida sobre las brutales violaciones a los derechos fundamentales cometidas por la dictadura en Chile, permitió comprender la violencia política en el preciso 186

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momento en que ocurría. Este conocimiento se produjo gracias a la creación de tipologías, a la capacidad de dimensionar las atrocidades y a la identificación de su evolución a lo largo del tiempo. Sobre esta base se podía producir información adicional. Pese al estado de emergencia y a la incertidumbre con respecto al desenlace del régimen dictatorial y la sustentabilidad de los organismos de derechos humanos, en distintos momentos sus trabajadores y trabajadoras se dieron un espacio para examinar la labor que prestaban, “reflexionar en torno a ella”, en palabras de Daniela Sánchez, y acordar maneras de perfeccionar sus métodos y técnicas de trabajo. Un punto de inflexión a este respecto sucedió con la designación del sacerdote Cristián Precht como vicario de la Vicaría de la Solidaridad (1976-1979). A través de jornadas de reflexión con los trabajadores y trabajadoras, Precht instaló la idea de que el anuncio de Cristo no podía realizarse sino acompañado de la denuncia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por el régimen dictatorial. De esta forma, lo que se avizoraba en los textos fundacionales del Comité y en las primeras cartas pastorales del Episcopado, se refuerza y se hace más explícito a través de su influencia. En palabras de María Luisa Sepúlveda, Precht “empieza a unir el mensaje del evangelio y la doctrina católica con la normativa internacional de derechos humanos”. Como señalamos en el Capítulo III, en lo que respecta a las acciones de reflexión sobre los derechos humanos y las responsabilidades institucionales en relación con lo que ocurría en Chile, la Vicaría de la Solidaridad promovió la realización en Santiago de un Simposio Internacional sobre Derechos Humanos, entre el 22 y el 25 de noviembre de 1978. Esta iniciativa formó parte de la celebración del 25 aniversario de la encíclica Pacem in Terris del papa Juan XXIII y del Año de los Derechos Humanos en Chile convocado por la Iglesia católica. El cardenal Silva Henríquez escribió en el decreto de creación: Convocamos a la Iglesia de Santiago y a los hombres de buena voluntad a conmemorar durante 1978, el año de los derechos humanos 187

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en Chile, mediante la reflexión, la oración, el intercambio de experiencias, estudio y difusión, tanto del magisterio de la Iglesia como de los documentos universales sobre dicha materia […]. Invitamos a participar en los encuentros nacionales y a un Simposio Internacional sobre el tema “La Iglesia y los derechos y deberes del hombre en el mundo de hoy” (Conferencia Episcopal de Chile 2008).

Participaron 60 invitados de distintas delegaciones, representantes internacionales y nacionales de organizaciones religiosas. Entre los participantes estuvieron el obispo brasileño Paulo Evaristo Arns, Theo van Boven de Naciones Unidas y Martin Ennals, presidente de Amnistía Internacional. Sus reflexiones reforzaron una visión universal de la relevancia contemporánea de los derechos humanos y la necesidad de protegerlos mediante recursos legales, sociales y políticos, respaldando el trabajo y la tarea de los organismos chilenos, en particular de la Vicaría. La Vicaría también tenía una presencia activa en instancias interinstitucionales convocadas por organismos afines, como el seminario organizado por Fasic realizado en abril de 1980 en la localidad costera de Punta de Tralca, en la región de Valparaíso en Chile. En una agenda de cinco días de reuniones se compartieron experiencias de trabajo asistencial, médico, psicológico y social que se realizaban en Chile y fuera del país para asistir a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Participaron profesionales que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en el Programa Médico Psiquiátrico de Fasic, algunos profesionales colaboradores e invitados internacionales que trabajaban con víctimas en países de exilio. El debate y la reflexión se inició con el análisis del contexto político y económico en el que se asistía a las víctimas; se identificaron las consecuencias de la represión política sobre las personas y sus familias y las modalidades de atención implementadas. Una visión de conjunto del trabajo en desarrollo y los aprendizajes recíprocos fueron algunos de los grandes logros de la reunión. Las y los participantes analizaron también cómo el contexto político incidía sobre las condiciones del trabajo y sobre los equipos 188

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profesionales. En esos días, trabajar bajo condiciones de amenaza era un dato cotidiano por el solo hecho de proporcionar asistencia integral a las víctimas. Había llegado a ser parte de la rutina diaria, pero era necesario detenerse a reflexionar sobre el desgaste personal y profesional que esas condiciones causaban a los equipos. Esas reflexiones, en cierta medida incipientes, fueron publicadas en un libro que circuló clandestinamente en 1982 y que fue reeditado en 2017 por la Universidad Alberto Hurtado17. Numerosos documentos, artículos y libros publicados durante la dictadura atestiguan el proceso de reflexión permanente sobre las acciones profesionales en la defensa de la vida y los derechos de las personas. En síntesis, los profesionales de los equipos de las instituciones de derechos humanos, desafiados por las necesidades de las víctimas, generaron condiciones de trabajo, reflexión y colaboración que fortalecieron su quehacer. Respondían diariamente a dilemas éticos y políticos generados en un entorno altamente complejo, inseguro y amenazante. Sus escritos dan cuenta de una visión interdisciplinaria y colaborativa que sustentó una acción profesional eficaz al servicio de la defensa de los derechos humanos de miles de personas18. Al mismo tiempo que se asistía a las personas afectadas y a sus familias, la Vicaría desempeñó un activo rol de recolección, producción, organización y sistematización de información. En 1978, el Departamento Jurídico abrió el Programa de análisis, investigación, documentación y difusión jurídicas con el objetivo de proporcionar una visión global del estado de vigencia de los derechos humanos, para dar a los programas operativos el marco de referencia dentro del cual ejecutar sus acciones (Vicaría de la Solidaridad 1979). El 17 Dicho libro, titulado Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico, se publicó en 1982 con seudónimos y sin pie de imprenta. En 2017, la Universidad Alberto Hurtado, con la edición a cargo de Elizabeth Lira, publicó este libro conservando su título original. Al respecto, véase Colectivo chileno de trabajo psicosocial y Lira (2017). 18 Ejemplos de ese trabajo reflexivo se pueden encontrar en Baeza (1987); Lepe Szgetti (1987); Cofré Guerra (1987); Weitzel (1991); Hoyl (2003)(1991). Asimismo, un equipo de abogados trabajó sintetizando las sentencias de los Consejos de Guerra y otros casos. Al respecto, véase Vicaría de la Solidaridad (1989, 1991).

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archivo Funvisol ilustra la resistencia al régimen en al menos dos sentidos. Por una parte, mediante la inscripción de los miles de relatos de las víctimas y sus representantes. Por la otra, mediante la diversidad de instrumentos de registro producidos por el Comité y la Vicaría (informes, formularios, estadísticas), que evidencian su dedicación para recabar y producir información sobre la represión política, revelando el rol clave de inteligencia práctica que desempeñaron los organismos de derechos humanos. Como recuerda Álvaro Varela: “Nosotros trabajábamos muy fuertemente en reunir información, reunir información sobre las características de cómo actuaban, los recintos [de tortura], logramos ir identificando uno a uno los recintos.” Uno de los artefactos que ilustra esta capacidad de producción de información son las denominadas “sábanas”, rústicas planillas de datos de grandes proporciones, producidas a mano. La Vicaría de la Solidaridad recurrió a la composición de sábanas a partir de 1976. Estas planillas manuscritas fueron estructuradas con un número variable de campos. En cada una se registraba información de individuos, recintos de detención y situaciones represivas. Estaban hechas en papeles cuadriculados de distinto tamaño y grosor en formato vertical u horizontal. En general, las celdas eran marcadas con plumones de colores y los campos titulados en uno, dos y hasta tres niveles de información. Las sábanas ayudaron a tener una visión sinóptica de casos similares que ocurrían en el mismo periodo –año, mes– o los que consistían en la misma acción –desaparecimiento, detención–. Estas sábanas permitían comparar, contrastar y completar información faltante y descifrar, en la medida de lo posible, los componentes y trayectorias de la política represiva de la dictadura. Hoy se desconoce cuántas sábanas fueron creadas durante el funcionamiento de la Vicaría. El archivo Funvisol conserva diez ejemplares, que registran información de tres tipos de prácticas represivas ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de junio de 1984; detenciones, ejecuciones y, principalmente, desapariciones. Mientras unas contienen algunos meses de un año en 190

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particular; otras cubren hasta 11 años (por ejemplo, el período 1973-1984). La sábana más pequeña mide 43,5 x 32,5 cm; la más grande 166 x 140 cm. El número de páginas también varía, las hay de 2, 4 e incluso 6. La cantidad de casos que incluyen fluctúa entre 43 y 466, siendo 280 a 300 el promedio de casos incluidos en cada sábana. A su vez, la cantidad de campos de información incluidos en las sábanas varía entre 3 y 60. En noviembre de 1976, el gobierno militar emitió los decretos 2343 y 2344 sobre la liberación de detenidos en virtud del estado de sitio. En la práctica, la liberación se aplicaba a las personas que habían sido arrestadas sin cargos, acusadas de conductas ilegales, o que simplemente habían sido consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Algunos de los centros de detención masivos más notorios comenzaron a cerrarse y fue en ese momento, cuando las familias de los desaparecidos empezaron a saber que sus seres queridos no estaban entre quienes fueron liberados. En marzo de 1976, la confirmación de la existencia de un estatuto específico que pasó a denominarse “detenido desaparecido” condujo a la creación de una unidad especializada dentro del Departamento Jurídico de la Vicaría para investigar estos casos. Debido a la falta de información sobre el paradero de los desaparecidos, esta Unidad colaboró estrechamente con los familiares de las víctimas, comparando información. El propósito era pensar la lógica de la desaparición forzada mientras sucedía. Las sábanas fueron uno de los artefactos que produjeron para alcanzar este objetivo. Los y las profesionales transfirieron a este nuevo artefacto la información de cada caso contenida en el informe individual estandarizado, utilizado entre 1974 y 1976 para registrar todos los casos con características comunes. El potencial sinóptico de la sábana les permitió comparar casos, completar vacíos informativos e identificar patrones, y así intentar desentrañar la operatoria de este crimen brutal. El cambio tecnológico del informe individual a la sábana fue impulsado por la necesidad de pensar esta práctica represiva de otra manera. El abogado Héctor Contreras, exdirector de la Unidad de Detenidos Desaparecidos de la Vicaría de la Solidaridad, recuerda: 191

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Figura 5.7. Copia facsimilar de una “sábana”, Departamento Legal, Vicaría de la Solidaridad, 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Para nosotros las sábanas fueron un intento de sistematización para ir buscando, para no tener millones de papeles, para ir buscando en un plano sinóptico, no solamente los datos de las personas, sino que agregándole columnas que tienen que ver con la represión.

La figura 5.7 muestra una de las sábanas más complejas conservadas en el archivo Funvisol. Registra información sobre 110 casos de detenidos desaparecidos entre enero y diciembre de 1976, principalmente del Partido Comunista (PC) de Chile. Mide 173 x 66 cm, y contiene 42 campos de información pormenorizada sobre la individualización de cada persona, las circunstancias relativas a sus detenciones, a veces sucesivas, hasta la desaparición y las medidas legales adoptadas. Este artefacto fue construido colectivamente entre los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría y la AFDD, evidenciando el traspaso de información entre ambas organizaciones y la confianza labrada para ello. Ocho caligrafías dan cuenta de una inteligencia crítica comprometida con la resistencia moral y profesional a la dictadura19. Sábanas como esta evidencian el contenido afectivo de los objetos de registro de la violencia política20. En este sentido, extendemos el argumento de Petryna (2003) para argüir que no solo el relato de violaciones a los derechos humanos, sino también los artefactos materiales donde se inscriben dichos relatos desencadenan emociones y son capaces de despertar incluso reacciones estéticas. Esta sábana es un ejemplo: diferentes caligrafías y colores, la disposición de los datos en la hoja de papel, marcas que indican intentos de clasificación, espacios en blanco, sobrescritura en los márgenes, constituyen un conjunto de improntas con valor intelectual, emocional y estético. Para un análisis más detallado de esta sábana y su transposición a la obra de arte visual La Sábana, véase Bernasconi, Lira y Ruiz (2019). 20 Esta sábana fue fotografiada a gran escala y trasladada a una obra visual elaborada por el artista chileno Nicolás Franco, a quien comisionamos las tareas de involucrar al arte en la comunicación de la relevancia del registro de las violaciones a los derechos humanos. La Sábana (2017) (figura 1) ha sido exhibida en distintas ciudades del país y en el extranjero. Al respecto, véase Ana María Risco et al. (2017). 19

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Estas sábanas, como gran parte de la documentación escrita a mano y conservada en este archivo, contiene signos de la historia de los propios artefactos que registraron los relatos de la violencia estatal. En este sentido, y en tanto tecnologías de memoria, muchos de ellos pueden ser abordados como “crónicas” de su propia producción, función y uso (Hull 2003, 296), dentro de la infraestructura montada para respaldar y sostener la labor de asistencia, denuncia y resistencia. Desde mediados de la década de 1980, la Vicaría comenzó a recibir información sobre el operar represivo desde la voz de disidentes de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia. Ello permitió no solo resolver casos, sino también contribuyó a desmantelar parte importante del sistema represivo de la dictadura. Como se menciona en el Capítulo III, es lo que sucedió con la investigación secreta sobre el Comando Conjunto coordinada por el director de la Unidad de Análisis de la Vicaría, José Manuel Parada. Asimismo, fue recurrente durante todo el período de funcionamiento de la Vicaría que algunos miembros del equipo viajaran secretamente a Buenos Aires, París o Nueva York con el fin de reunir pruebas, consultar pistas o entrevistarse con personas en el exilio que podían proveer información relevante.

Produciendo información sobre derechos humanos ¿Cómo se logró dar credibilidad a informes sobre hechos que el gobierno y los medios de comunicación se empeñaban en negar? Como se comentó anteriormente, una medida que finalmente resultó clave fue la decisión de insistir en el registro cara a cara. La persona afectada o su representante se dirigía directamente a las oficinas del organismo, donde era entrevistada por los y las profesionales. Alternativamente, los y las profesionales visitaban los lugares donde las personas estaban detenidas o asiladas (prisiones, campos de concentración, centros de tortura, embajadas, destinos en el extranjero, etc.) y las entrevistaban allí. 195

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La información registrada debía triangularse y fundarse en evidencias. María Luisa Sepúlveda recordó: “Había una lógica para validar la evidencia […]. Si no podíamos comprobar algo, entonces no podríamos registrarlo como dato”. “Todo era chequeado, porque teníamos la conciencia que, si entregamos un dato malo, iba a servir para descalificar todo el trabajo que habíamos hecho”21. Para ello, los profesionales del Comité y de la Vicaría recurrían a testigos, quienes corroboraban los hechos a través de declaraciones juradas firmadas ante notario. El personal también consultaba a los entrevistados sobre sus redes políticas (vecinales, sindicales y/o partidarias) para poder contrastar información con otros miembros de esa red. La trayectoria política y organizativa y la experiencia del propio personal fue crucial para el éxito de esta estrategia. En los meses iniciales y durante sus largos años de trabajo, las relaciones entre los trabajadores y las trabajadoras del organismo humanitario y los denunciantes fueron vitales para producir información de valor epistemológico. Durante nuestras entrevistas, el antiguo personal de la Vicaría destacó como elementos fundamentales la confianza depositada en la organización y en cada uno de sus trabajadores y trabajadoras. La confianza era el elemento esencial que permitía al personal hacer circular la información que les entregaban las familias, los grupos políticos y las organizaciones de base de modo de confirmarla y enriquecerla, sin poner en riesgo a otras personas. Esa misma confianza en un proyecto común dio coraje a muchas personas liberadas de prisiones y centros de detención clandestinos y, luego, exiliadas, para denunciar ante las Naciones Unidas las crueldades que habían sufrido. La caracterización de la persona denunciante también revestía de valor al registro. Según recuerda Álvaro Varela: Aquí nunca se hizo un recurso de amparo o una denuncia sin contar con la perfecta individualización de quién recurría, que generalmente, en la habitualidad de los casos, era un familiar directo. Nosotros Extracto de la entrevista a la asistente social Norma Muñoz, en el documental Habeas Corpus (2015), dirigido por Claudia Barril y Sebastián Moreno.

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resguardábamos con mucha intensidad esa característica porque obviamente que nos querían hacer caer, y obviamente que sospechábamos que nos iban a mandar trampas, en más de una oportunidad nos mandaron tramposos a contar historias, y los detectamos. Eran agentes de la DINA que llegaban a hacer denuncias y que querían que los lleváramos a tribunales para después desprestigiarnos.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Vicaría sabían que estaban siendo perseguidos y vigilados. La dictadura esperaba que fracasaran e intentaba complicar su trabajo generando versiones incompletas, inverosímiles y dudosas de sus propias acciones. El registro fue sistemático, aunque desigual, porque las situaciones registradas no solo eran brutalmente extraordinarias, sino que también iban cambiando. El archivo Funvisol contiene formularios estandarizados que se completaron en su totalidad, en un gesto de docilidad, coherencia y fidelidad respecto a la lógica de registro prevista por el organismo. El archivo contiene también formularios completados de manera aleatoria e irregular y que no resultan adecuados para cumplir con las tareas previstas. En otros casos, la información registrada en el formulario es diferente de la requerida por el instrumento. Esto revela una reorientación continua de las prácticas de documentación y de los artefactos relacionados, para describir con precisión un repertorio cambiante de violencia política. Las organizaciones de derechos humanos no solo tenían que ser capaces de detectar agentes encubiertos enviados por el gobierno. También tenían que identificar a las personas que reclamaban ayuda pero que no eran realmente víctimas de violencia política. La pobreza, la exclusión y la impotencia que se generalizaron a mediados de la década de 1980 llevaron a las personas hacia la Vicaría en busca de medios para sobrevivir. Jóvenes dirigentes estudiantiles inventaron autosecuestros, y jóvenes pobladores se infligieron heridas para intentar obtener protección de la institución. Según nos señaló con tristeza María Luisa Sepúlveda, paradójicamente, para algunos chilenos, “ser víctima en los años 80 significaba ser alguien”. 197

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También fue necesario sortear errores involuntarios causados por la falta de conocimiento dentro de las familias chilenas sobre las actividades políticas o sociales de sus miembros, o por las medidas de seguridad que las personas perseguidas habían tomado anteriormente, para evitar poner en peligro a sus seres queridos. A este respecto Álvaro Varela recuerda “un episodio que realmente [lo] afectó”: En una oportunidad a mí me impactó mucho que llegó el familiar de un dirigente comunista, dirigente de base, o sea no dirigente nacional, y planteó que había sido arrestado o secuestrado su familiar […]. Nosotros, antes de presentar el recurso de amparo, llegamos a saber que él en realidad estaba en tal domicilio, protegiendo a su familia. Entonces nosotros en la entrevista le dijimos al familiar que no le creíamos y le pedimos que nos acompañara. Salimos, tomamos un taxi y fuimos a ese domicilio, tocamos el timbre y salió la persona. Esto gracias a diversas fuentes de información que teníamos.

Gran parte de la información recopilada fue almacenada solo en la memoria de los miembros de los equipos. Para protección mutua, la información solo era compartida con otras personas, incluidos los colegas, si el caso lo ameritaba. Esto sugiere que los registros de denuncia y resistencia son parciales y compartimentados. Al comienzo, este resguardo con respecto a la comunicación de la información hizo también difícil la construcción de confianza entre los propios colegas. El primer informe preparado para las autoridades de la Iglesia católica en 1974, descrito en el Capítulo III, es un buen ejemplo. El personal del Comité Pro Paz no sabía que la incipiente Unidad de Información estaba preparando ese informe, y sus autores y autoras desconocían a quién iba dirigido. Cuando el informe fue citado en los medios de comunicación mexicanos y en los periódicos chilenos, lo que condujo a acusaciones de que los sacerdotes que dirigían la institución eran traidores, el personal del Comité quedó estupefacto (La iglesia y la 198

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Junta Militar de Chile 1975). En entrevista, Eugenio Ahumada, uno de los autores de ese informe, recordó: “No sabíamos si éramos denunciantes o traidores; era demasiado pronto para confiar en alguien”. La compartimentación de la información también fue una medida de seguridad para proteger a los propios profesionales de la organización. Quien sabía más, estaba en mayor riesgo de persecución, intimidación o detención. Además, un buen número de los trabajadores y las trabajadoras de la Vicaría mantenían sus militancias políticas. Su comprensión cada vez mayor de los mecanismos represivos podría haber puesto en riesgo a sus compañeros de partido. Lo que se registró en papel fue, en última instancia, lo que se consideró más necesario dadas las medidas de seguridad, las restricciones de tiempo y las limitaciones de la tecnología disponible. Al recordar las prácticas de documentación que usaba cuando visitaba los lugares de detención, Álvaro Varela explica: Les preguntaba datos que pudiesen ser útiles para la defensa. Aparte de los papeles oficiales, la verdad es que no dejábamos papeles […]. Porque bueno, habitualmente éramos seguidos, podíamos ser allanados, etc… O sea, había muchas situaciones que a uno lo obligaban a tomar un sinnúmero de resguardos.

Especialmente en los primeros años, un segmento de la información que la institución recibió y manejó fue registrada por escrito para fines de asistencia (por ejemplo, para presentar un recurso de amparo). Sin embargo, esa información solo se incluyó en los informes destinados a organismos internacionales como las Naciones Unidas. El imperativo de garantizar la seguridad de los testigos y sobrevivientes hizo excluir detalles de las experiencias de prisión, tortura en detención o datos de perpetradores. En este sentido, la Vicaría fue muy cuidadosa sobre lo que publicaba en sus informes. Ocasionalmente, también, se tomó la decisión de destruir documentos que podrían ser peligrosos en nuevas circunstancias. Esto 199

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sucedió, como ya mencionamos, en la primavera de 1975, cuando Pinochet puso en jaque la continuidad del Comité y por seguridad, los trabajadores y las trabajadoras quemaron algunos documentos en la chimenea de la sede de la organización. Según Zalaquett, la Vicaría era “tremendamente conservadora” en su vocabulario, línea editorial y prácticas de gestión de datos. A menudo omitía información sobre la afiliación política de las víctimas, y usaba eufemismos como “gobierno supremo” en referencia al régimen y “situación nacional” o “evento irregular” para referirse a la represión. A partir de 1974, siguiendo una recomendación de un periodista del New York Times, el Comité comenzó a adherir a la terminología legal para referirse a los crímenes. Zalaquett explicó que, además, se tomó la decisión de que “las cifras se harían públicas con un 10 % de rebaja en nuestros cálculos. Nos impusimos esa norma”. En consecuencia, “no se encontraban, entre los informes de grupos opositores, cifras más conservadoras” (Ahumada et al. 1989, 30). Las acciones de registro y denuncia del Comité y de la Vicaría llevaron, incluso, a que el régimen cometiera errores, dejando al descubierto sus actos criminales. La información recopilada y distribuida también fue vital para crear conciencia nacional y mundial sobre las violaciones de derechos humanos de las que el régimen intentaba no dejar rastros. Sin embargo, el archivo los recomponía a través del testimonio de sobrevivientes y testigos y rompía el secretismo con sus informes y publicaciones. De esta forma, la institución fue ganando el reconocimiento de diferentes sectores como un dispositivo eficaz para denunciar y resistir las violaciones que la dictadura negaba, distorsionaba y ocultaba. Si bien el gobierno autoritario intentó cerrar, boicotear y desacreditar a la Vicaría, varios premios internacionales que le fueron otorgados y las frecuentes visitas de figuras internacionales progresistas reforzaron su trabajo. La credibilidad del archivo era amplia y, paradojalmente, se extendió hasta los mismos aparatos represivos, que no solo lo reconocían como fuente de información, sino que como una seria amenaza, como lo sugiere el intento de requisar las fichas médicas de 200

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la Vicaría, descrito en el Capítulo III. Desde la clandestinidad las dirigencias políticas de los partidos políticos prohibidos también contribuyeron con información. En la década de 1980, las confesiones de agentes desertores le dieron a la Vicaría acceso a alguna información de los propios archivos de la represión. Sin embargo, la triangulación entre las fuentes de derechos humanos y las fuentes represoras no se logró fácilmente. “Sus códigos eran diferentes”, afirmó en entrevista Carmen Garretón, exintegrante de la Unidad de Análisis. Los extrabajadores y las extrabajadoras de la Vicaría concuerdan en que el acceso a fuentes represoras fue vengado con el asesinato de José Manuel Parada, en marzo de 1985.

Conclusión. La capacidad performativa de los registros En este capítulo hemos intentado demostrar que las prácticas de registro y la documentación (y prueba) asociadas a ellos fueron capaces de inscribir el terror desplegado por un Estado que violó sistemáticamente los derechos humanos de la población e intentó operar sin dejar rastro y negando sus prácticas criminales. Los actos de registro implementadas por el Comité, la Vicaría y otros organismos de derechos humanos durante la dictadura en Chile, corroboraron y certificaron los casos recibidos; permitieron el seguimiento, la reflexión y la mejora del trabajo de asistencia y defensa; alimentaron la denuncia internacional, fortalecieron a las organizaciones de víctimas y familiares y permitieron identificar lagunas informativas. Con el paso de los años y la perpetuación del régimen en el poder, la documentación fue acumulándose. Su procesamiento fue permitiendo dimensionar el fenómeno, catalogar y describir las prácticas represivas, identificar a los responsables y construir perfiles de escenarios típicos. Además, los artefactos y las técnicas de registro permitieron que las narraciones proporcionadas por las víctimas, los testigos y los familiares quedaran disponibles para ser utilizadas en otros tiempos y ámbitos de actividad durante y después del régimen militar. 201

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En cierta medida, la documentación y el registro permanente de los crímenes de la dictadura contribuyeron a que las experiencias extremas que eran narradas en las oficinas de la Vicaría o el Comité se normalizaran o, al menos, se volvieran convencionales. Esta “convencionalización” encarnó en la creación y uso de distintos artefactos y técnicas para el manejo de datos (formularios estandarizados, carpetas, listas, hojas de cálculo, estadísticas e informes). Este capítulo ha demostrado que experiencias tan extremas como las abominables violaciones de los derechos humanos están entrelazadas con las prácticas y los artefactos que las documentan e inscriben a lo largo del tiempo. Hemos sostenido también que la capacidad del Comité, la Vicaría y otras organizaciones de derechos humanos para producir y difundir informes y utilizarlos para la denuncia, contribuyó significativamente al surgimiento del movimiento internacional de derechos humanos22. A medida que los informes circulaban de una organización a otra, y de persona a persona, la conciencia de la importancia de los derechos fundamentales fue creciendo. Esto, a su vez, fortaleció la defensa y promoción de esos derechos por parte de una red internacional de actores (Ropp y Sikkink 1999)23. También es importante identificar y reflexionar sobre las limitaciones de los procesos y prácticas de documentación de la violencia política. Se ha argumentado que la documentación, como

Fasic, Pidee, Codepu, Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras. Como una de nosotras ha señalado en otro trabajo (Ruiz y Bernasconi 2019), los informes de derechos humanos se han convertido en un dispositivo preferencial para tales propósitos. Son ampliamente utilizados por agencias internacionales como la ONU (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) o la Organización de Estados Americanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas. Además, los tribunales nacionales, internacionales y de terceros países y las comisiones de la verdad han recurrido a dichos informes como fuentes legítimas de información, como ocurrió durante y después de la transición chilena. Por lo tanto, el doble objetivo que los informes de derechos humanos cumplen hoy en diferentes regiones del mundo: denunciar la violación de derechos y motivar su protección, ya estaba presente cuando las organizaciones chilenas de derechos humanos prepararon sus primeros informes en los años setenta y ochenta. 22 23

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cualquier proceso de creación de conocimiento, puede volver ciertas narrativas, subjetividades y experiencias más visibles que otras. La documentación también puede excluir ciertos casos, debido a las limitaciones de una definición operacionalizada que a menudo se hace insuficiente para representar la complejidad de los eventos en juego. Investigadores e investigadoras también han enfatizado que la documentación de la violencia política no necesariamente proporciona una explicación exhaustiva de las causas y los efectos de dicha violencia, algo que puede dificultar el aprendizaje social (Bakiner 2015; Burr 2002). Las diferentes comunidades religiosas que fundaron el Comité Pro Paz actuaron rápidamente, levantando la organización tan solo 20 días después del golpe de Estado. El período en el que se produjo el mayor número de víctimas de encarcelamiento y tortura (de septiembre a diciembre de 1973) es también en el que las organizaciones de derechos humanos contabilizan menos registros. Por esta razón, muchos casos de personas sometidas a torturas brutales durante períodos cortos de detención se registraron por primera vez a partir de 2003, cuando los sobrevivientes se presentaron ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y narraron lo que habían sufrido. En general, como una de nosotras ha escrito en trabajos anteriores: Se documentaron pocos informes de tortura o denuncias legales de violación y abuso sexual durante la dictadura. Esto podría reflejar tabúes culturales con respecto al género, el sexo y, sobre todo, al abuso sexual. Algunos escritos indican que tales situaciones fueron comunicadas en los procesos terapéuticos realizados en esa época24. Los hombres y mujeres que testificaron ante la CNPPT (Comisión Valech) no dejaron ninguna duda de que la tortura sexual había afectado tanto a las mujeres como a los hombres, evidenciado por un sentido injustificado de vergüenza y culpa y la dificultad casi insuperable experimentada por las víctimas para denunciar los actos 24

Véase Cienfuegos y Ramírez (2017 [1980]).

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cometidos contra ellas, así como el hecho de que el silencio era su respuesta habitual (Lira 2017, 194).

Asimismo, debido a las posibilidades de conceptualización de la época, ciertas categorías de víctimas quedaron subrepresentadas o ausentes. Por ejemplo, los niños que sufrieron el allanamiento de su domicilio en medio de redadas nocturnas, que presenciaron cuando golpeaban a sus padres, cuando los detenían e incluso cuando los ejecutaban en el lugar, no fueron considerados “afectados” en la época y tampoco fueron considerados “víctimas” por las comisiones. Una exclusión similar se aplicó a aquellos que aún no habían nacido, pero estaban en gestación cuando sus madres fueron encarceladas y torturadas. Ambas comisiones (Rettig y Valech) reconocieron oficialmente a las madres como víctimas calificadas. También es necesario considerar las restricciones organizativas, políticas, morales, económicas y legales que afectan a los diferentes dispositivos que descansan en prácticas de registro de violencia política (comisiones de la verdad, juicios, etc.). El antiguo personal del Comité y de la Vicaría nos comentó sobre algunos de los costos políticos de documentar esta atrocidad y actuar en defensa de sus víctimas. Un extrabajador declaró: “Cuando comencé a trabajar, había una discusión en curso sobre si presentar o no peticiones de habeas corpus”. El debate surgió debido a la preocupación de algunos de que cualquier tipo de acción legal ante un sistema judicial tan comprometido con el régimen implicara una legitimación tácita de la dictadura, a través del reconocimiento de la validez de sus instituciones. Otro tipo de inquietud tenía que ver con la difusión que los distintos casos alcanzaban y sus efectos performativos. Por ejemplo, cuando la Vicaría decidió publicar y enviar al gobierno un libro compilatorio de la información sobre las personas desaparecidas, cuyos casos conocía a esa fecha. La difusión de los siete volúmenes del libro ¿Dónde están? (1977) dio lugar a quejas de familiares de personas cuyas historias no fueron incluidas. Considerando las limitaciones y restricciones propias del registro bajo dictadura, el gran volumen de documentación y denuncias 204

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fue capaz de revelar una realidad que contrastaba dramáticamente con las explicaciones difundidas por el régimen. La documentación demostró la existencia de una política sistemática de violaciones de derechos humanos, perpetrada por el Estado contra la ciudadanía. En este sentido, sostenemos que estas organizaciones fueron capaces de provocar una ontología práctica del terror estatal, vale decir, una realidad alternativa sobre la cual actuar en defensa de las personas reprimidas. La aparición y el sostenimiento de esta realidad demuestran la importancia que reviste para el presente y el futuro de las sociedades asoladas por la violencia política masiva el narrar, categorizar y registrar estas atrocidades mientras suceden.

Referencias Ahumada, Eugenio, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball y Gustavo Villalobos. Chile: La memoria prohibida. Las violaciones a los derechos humanos, 1973-1983. Tomo 2. Santiago: Pehuén, 1989. Arzobispado de Santiago. Decreto N° 158-73: Comité o Comisión especial de ayuda a los necesitados. Santiago, 9 de octubre de 1973. Baeza, Victoria. El Retorno. Santiago: Vicaría de la Solidaridad-Arzobispado de Santiago, 1987. Bakiner, Onur. “One Truth among others? Truth commissions’ struggle for truth and memory”. Memory Studies 2, (2015): 1-16. Bernasconi, Oriana y Marcela Ruiz. “A Performative and Genealogical Approach to the Liminal Subject’s Social Sustenance: The Case of the Disappeared Detainees in Chile”. Subjectivity 50, (2018): 1-22. Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “What Defines the Victims of Human Rights Violations? The Case of the Comité Pro Paz and Vicaría de la Solidaridad in Chile (1973-1992)”. En Vincent Druliolle y Roddy Brett (eds.). The Politics of Victimhood in Post-conflict Societies: Comparative and Analytical Perspectives, 101-131. Londres: Palgrave Macmillan, 2018. . “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1. (2019): 7-29. 205

Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y…

Bowker, Geoffrey C. y Susan Leigh Star. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Cambridge (ma) y Londres: The MIT Press, 2000. Brown, Steven D. “Two minutes of silence: Social technologies of public commemoration”. Theory & Psychology 22, núm. 2 (2012): 234-252. Burr, Lars. “Monumental Historical Memory: Managing Truth in everyday work of the South African Truth and Reconciliation Commission”. En D. Posel y G. Simpson (eds.). Commissioning the Past: Understanding South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Johannesburgo: Wits University Press, 2002. Cienfuegos, Ana Julia y María José Ramírez. “Daño psicológico de la represión política en el individuo”. En Colectivo chileno de trabajo psicosocial y Elizabeth Lira (ed.). Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico, 126-135. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017 [1980]. Cofré Guerra, Ángela. Los ejecutados de Calama. Una experiencia de Trabajo Social con sus familiares a 14 años de sus ejecuciones. Santiago: Vicaría de la Solidaridad-Arzobispado de Santiago, 1987. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, 1974. http://www.cidh.oas. org/countryrep/Chile74sp/Indice.htm. . “Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, 1976. http://www.cidh.org/countryrep/Chile76sp/Indice.htm. . “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, 1977. http://www.cidh.org/countryrep/Chile77sp/indice. htm. . “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”, 1985. https://www.cidh.oas.org/countryrep/Chile85sp/Indice.htm. Comité de Cooperación para la Paz en Chile. “Boletín Interno N° 1”. Santiago, diciembre de 1974. Conferencia Episcopal de Chile. “30 años de Simposio Internacional de Derechos Humanos”, 2008. Iglesia.cl. http://noticias.iglesia.cl/ noticia.php?id=8111. Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998. Foucault, Michel. La Arqueología del Saber. México: Siglo XXI Editores, 1979. Habeas Corpus. Dirigido por Claudia Barril y Sebastián Moreno, 2015. Santiago, Chile. 206

Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira

Hoyl, Ana María. Por la vida. Santiago: Ediciones Chile-América Cesoc, 2003. Hull, Matthew S. “The File: Agency, Authority, and Autography in an Islamabad Bureaucracy”. Language & Communication 23, núm. 3-4 (2003): 287-314. Jasanoff, Sheila. The Ethics of Invention: Technology and the Human Future. Nueva York: W. W. Norton, 2016. Jefferies, Janis K. “Pattern, patterning”. En Celia Lury y Nina Wakeford (eds.). Inventive Methods: The happening of the Social, 125-135. Londres y Nueva York: Routledge, 2012. La iglesia y la Junta Militar de Chile. Documentos. Buenos Aires: Tierra Nueva, 1975. Lepe Szgetti, Gloria. Detenciones y relegaciones masivas: atención grupal y tarea educativa del trabajo social en la Vicaría de la Solidaridad. Santiago: Vicaría de la Solidaridad-Arzobispado de Santiago, 1987. Leuenberger, Christine e Izhak Schnell. “The politics of maps: Constructing national territories in Israel”. Social Studies of Science 40, núm. 4 (2010): 803-842. Lira, Elizabeth. “The Chilean Human Rights Archives and Moral Resistance to Dictatorship”. International Journal of Transitional Justice 11, núm. 2 (2017): 189-196. Pérouse de Montclos, Marc-Antoine, Elizabeth Minor y Samrat Sinha (eds.). Violence, Statistics, and the Politics of Accounting for the Dead. Londres: Springer, 2016. Petryna, Adriana. Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl. Princeton (nj): Princeton University Press, 2003. Porter, Theodore M. Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton (nj): Princeton University Press, 1995. Risco, Ana María, Oriana Bernasconi, Sebastián Vidal, Manuel Guerrero, Manuel Gárate y María Teresa Johansson. La Sábana. Santiago: Ocho Libro Editores, 2017. Ropp, Stephen C. y Kathryn Sikkink. “International norms and domestic politics in Chile and Guatemala”. En Thomas Risse, Stephen C. Ropp y Kathryn Sikkink (eds.). The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, 172-204. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Ros, Ana. The Post-dictatorship Generation in Argentina, Chile, and Uruguay: Collective Memory and Cultural Production. Londres: Palgrave Macmillan, 2012. 207

Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y…

Ruiz, Marcela y Oriana Bernasconi. “Reports on categorization and classification of human rights Violations in Chile (1974-1978)”. Discourse & Society 30, núm. 1 (2019): 44-63. Stern, Steve. Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006. Durham (nc): Duke University Press, 2010. Stoler, Ann Laura. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley (CA), Los Ángeles (CA) y Londres: University of California Press, 2002. “Una acción hecha por otro es una obra de Luz Donoso”, catálogo de la exposición homónima curada por Paulina Varas, celebrada del 26 de octubre al 3 de diciembre de 2011 en el Centro de Arte Contemporáneo Municipalidad de Las Condes / UC. Varas, Paulina. Luz Donoso. El arte y la acción en el Presente. Santiago: Ocho Libros Editores, 2018. Vargas, María Carolina. “El caso chileno en la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”. Revista chilena de Derechos Humanos, núm. 12 (1990): 31–59. Vicaría de la Solidaridad. Ocho meses de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1976. . Un año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1977. . Segundo año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1978. . Tercer año de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1979. . Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado. Tomo I. Santiago: Vicaría de la Solidaridad, 1989. . Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado. Tomo II: “Consejos de Guerra” (vols. 1, 2, 3). Santiago: Vicaría de la Solidaridad, 1991. . “Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos de detenidos-desaparecidos”. En Colectivo chileno de trabajo psicosocial y Elizabeth Lira (ed.). Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico, 73-83. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017 [1980]. Weber, Max. Economy and Society. Berkeley (CA), Los Ángeles (CA) y Londres: University of California Press, 1978. Weitzel, Ruby. Tumbas de cristal. Libro testimonio de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Santiago: Ediciones Chile-América Cesoc, 1991.

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CAPÍTULO VI

Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz

Introducción La irrupción de la violencia política desplegada por la dictadura desde las primeras horas de su ofensiva militar contra el gobierno de la Unidad Popular y la población civil el 11 de septiembre de 1973, hizo emerger la urgente necesidad de ayuda y protección de los afectados. Cientos de personas acudieron hasta el Comité Pro Paz y, luego, a la Vicaría de la Solidaridad, en búsqueda de apoyo legal, asistencial y emocional ante esta nueva realidad impuesta por el régimen dictatorial. El equipo humano que prestó esta asistencia se enfrentó a un desafío hermenéutico para poder actuar: comprender los hechos inéditos que estaban sucediendo. Este esfuerzo interpretativo fue fundamental ante una emergencia imprevisible y sin precedentes. Fue entonces necesario escuchar y confiar en lo que se oía: a veces minuciosos recuentos; otras, relatos incompletos, muchas veces solo preguntas: “¿Dónde se lo llevaron?”. También fue apremiante transferir y sistematizar en el papel los relatos escuchados. En estas prácticas de inscripción fueron emergiendo formas de nominar situaciones, actores y lugares sobre los hechos brutales de los que se tomaba conocimiento. De igual modo, el análisis de los casos permitía establecer semejanzas, identificar patrones y diferencias. Estas definiciones, nomenclaturas, codificaciones y clasificaciones fueron 209

Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar

una forma de organizar el aparente caos de la violencia para poder actuar sobre sus efectos. Son los fundamentos de la constitución de un repertorio de enunciación de la violencia política (Foucault 1968; Hacking 2002; Desrosières 2004), que comenzaba a configurarse desde los relatos del miedo, la indignación y estupefacción de sus víctimas, unido al conocimiento y experiencias que los defensores y las defensoras de los derechos humanos iban acumulando en su labor de asistencia. Este repertorio llegó a constituir una arraigada forma de pensar y hablar de la atrocidad (Taylor 2003). Más que un conjunto formal de procedimientos neutrales y naturales que deben pasar desapercibidos, las operaciones de nominación, clasificación y codificación operaron en este caso como tecnologías “cognitivas y políticas” (Desrosières 2004), al permitir aproximarse a la lógica de la represión, atender a las víctimas, confrontar a los perpetradores, y alertar a la comunidad internacional con la intención de poner fin a los abusos. Este propósito pragmático y urgente está a la base del repertorio de enunciabilidad de la atrocidad producido durante la dictadura y fue, en gran medida, compartido por los distintos organismos que prestaron asistencia a las personas afectadas en este período. Los artefactos de registro también alimentaron el trabajo de la organización, contribuyendo a su eficiencia, y permitiendo que tanto la información como sus formas de registro estuviera disponible para usos futuros. Este repertorio no caducó con el fin del régimen militar en 1990. Ha sido recuperado y usado hasta hoy para comprender y gestionar esta catástrofe en diversos ámbitos como los mecanismos transicionales (comisiones de la verdad, políticas de reparación, etc.), procesos judiciales y prácticas de memoria. Se trata, en consecuencia, de un repertorio que ha mantenido su vigencia por más de 45 años. Este capítulo deconstruye parte de este repertorio, al identificar y analizar el sistema de clasificaciones organizado y utilizado por el Comité y la Vicaría entre los años 1973 y 1992. También revisa los efectos de este repertorio sobre la comprensión y capacidad de acción frente a estos hechos macabros, tanto durante la dictadura como en el período posdictatorial. Para ello adoptamos 210

Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz

un enfoque etnotaxonómico, por medio del cual los sistemas clasificatorios se observan desde el exterior y como objetos ya constituidos (Desrosières 2004, 267). En 1903, Émile Durkheim y Marcel Mauss examinaron clasificaciones como un objeto de estudio en sí mismo. En su trabajo titulado “Sobre algunas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de las representaciones sociales”, Durkheim y Mauss identificaron e interpretaron las clasificaciones usadas por las sociedades primitivas con el propósito de estudiar las correlaciones entre las clasificaciones sociales y las simbólicas (Desrosières 2004, 266-270). Siguiendo una tradición que corre desde la antropología cultural (Durkheim y Mauss 1903; Appadurai 1991; Douglas 1986) a la sociología de la ciencia (Bloor 1982; Foucault 1968; Bowker y Leigh Star 2000) y la teoría de las clasificaciones y los grandes números (Desrosières 2004; Hacking 1999, 2002, 2007), concebimos la taxonomía como una tecnología que permite “ordenar observaciones”, “configurar relaciones sociales” (Ruppert 2012, 38), identificar y nominar regularidades, transformando un caso o singularidad en un elemento de una “clase de equivalencia, susceptible de ser designada con un sustantivo común” (Desrosières 2004, 270). Como plantea Desrosières (2004), las categorías son “convenciones de equivalencia y técnicas de objetivación” (236). A través de ellas individuos, objetos y eventos son puestos “unos en relación a otros en un espacio social” (Ruppert 2012, 39). Las categorías actúan como “lazos que hacen que las cosas y las personas se mantengan unidas” (Ibid.). El resultado del trabajo taxonómico es “un lenguaje común” (Desrosières 2004, 271) que, en este caso, permite conocer la realidad de la violencia de Estado y coordinar acciones de los distintos actores vinculados a las organizaciones de derechos humanos: sus trabajadores y trabajadoras, los individuos afectados y sus familiares, así como los grupos de apoyo a nivel local e internacional. En las organizaciones de derechos humanos chilenas del período, las taxonomías permitieron trasladar casos de un sitio del sistema de asistencia a otro, para hacerlos operar entre los distintos artefactos con los que se gestionó la ayuda y se realizó la denuncia. 211

Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar

Así la “alquimia social de la clasificación” (270), posibilitó la práctica sistemática de enunciación, pensamiento y acción sobre y en contra de la desenfrenada violencia ejercida por la dictadura. Estos procesos, diferentes e interrelacionados, gradualmente fueron componiendo el sistema de información que nutrió a la acción práctica y que fue también alimentado por ella. De una parte, la formalización y estructuración de datos a través de las taxonomías dan por resultado información. De otra, el saber o el conocimiento derivan de la “acumulación razonada de información” (Desrosières 2004, 271). En definitiva, las taxonomías permitieron “la construcción y estabilización de un orden social” (Ibid.), “continuo y jerarquizado” (Durkheim y Mauss 1903), allí donde la violencia estatal imponía el caos, la desinformación y la negación. Siguiendo a Ian Hacking (2002), es importante considerar también que las clasificaciones interactúan no solo entre ellas y con el trabajo de las organizaciones, sino que también con los sujetos a los que nombran. Hacking (2002) acuñó el término “construyendo personas” (making up people) para referirse a la forma en que un nuevo conocimiento, expresado en categorizaciones, trae a existencia un nuevo tipo de individuo. A las categorías que definen más de una persona, pero menos que a todas, les denomina “clases humanas”. En nuestro caso, detenido desaparecido, preso político, exiliado, exonerado, allanado, pero también trabajador de los derechos humanos o familiar. Complementariamente, con la noción “efecto de buclé”, Hacking (2007) propone comprender “la forma en que una clasificación puede interactuar con las personas clasificadas” (285-286) o, de otra forma, cómo los nombres interactúan con quienes son nombrados (294). Las nominaciones entonces se imbrican con procesos de subjetivación –por ejemplo, el autorreconocimiento como prisionero, sobreviviente o perseguido– y con procesos intersubjetivos –por ejemplo, la autodefinición como familiar de detenidos o ejecutados, o defensora de los derechos humanos–. La metodología para este capítulo consistió en la construcción de un corpus de datos compuesto por documentos producidos por 212

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el Comité y la Vicaría (1973-1992) y por el Estado chileno transicional (1990-2011). Específicamente analizamos: i) 122 tipos de formularios creados por el Comité y la Vicaría para asistir los casos recepcionados, darles seguimiento y evaluar su propio trabajo durante toda la dictadura. Hemos identificado estos formularios a través de la investigación sistemática en el archivo de ambas organizaciones. ii) Informes producidos por el Comité y la Vicaría entre 1974 y 1992. En estos informes de diversa periodicidad (semanal, semestral, mensual), estas organizaciones sistematizaban y analizaban las denuncias recibidas y los procesos asistenciales, legales y sociales desplegados. Hemos prestado especial atención a la sección estadística que permite detectar las taxonomías que constituyen el repertorio de la violencia política. iii) El análisis de clasificaciones y categorías se aplicó también a los distintos informes de la verdad producidos por iniciativa oficial: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991); Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996); Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004); e Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011)1. Estos informes incluyen una labor taxonómica que comprende la definición de las víctimas de la violencia de Estado en el contexto de las medidas de justicia transicional tras el fin de la dictadura.

Esto puede ser entendido como cuatro iteraciones de dos comisiones de la verdad y sus respectivos informes: Rettig (1991) y Valech (2004). Por ejemplo, en el caso de la comisión de 2011, Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, comúnmente se la refiere como “Valech II”, en cuanto es una reapertura de la anterior, que permitió, bajo sus condiciones, reconsiderar la calificación de casos que no habían sido incluidos en la anterior.

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El análisis de esta diversidad de documentos se focalizó en los modos de nominar sujetos y situaciones represivas denunciadas y registradas. El relevamiento de la diversidad de nominaciones dio origen a cuadros según año y unidad de información, en los cuales se aprecia la morfología y transformaciones que las clasificaciones sufrieron en el tiempo. Con el fin de disponer de una aproximación contextual al origen, uso de los instrumentos y sus nominaciones, analizamos las 30 entrevistas a extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría efectuadas en el marco de nuestra investigación. La identificación, relación y transformación de las categorías empleadas para reconstruir el repertorio de la violencia política se realizó a través de un análisis semántico y pragmático del corpus documental. Semántico, en tanto considera el significado de los enunciados, y pragmático, en tanto se enfoca en sus efectos. Este capítulo evidencia cómo y cuándo el Comité y la Vicaría instalaron y estandarizaron un repertorio de conceptos para nombrar una variedad de situaciones represivas; cómo las acciones represivas fueron clasificadas; qué fue omitido y con qué criterio; qué transformaciones experimentó este sistema a lo largo del tiempo, y qué campos semánticos prevalecieron (como, por ejemplo, el legal o el de los derechos humanos). La primera parte del capítulo examina la emergencia de un repertorio consistente en codificaciones, definiciones y nomenclaturas alrededor de lo que el Comité y la Vicaría denominaron preliminarmente “situaciones o hechos irregulares que afectan la convivencia nacional”. Con el fin de profundizar en el proceso clasificatorio, en la segunda parte reconstruimos la estabilización de un tipo de víctima de la mano de una nueva categoría de persona: el/la detenido/a desaparecido/a. La tercera parte aborda los efectos de estos sistemas taxonómicos en el período posdictatorial, particularmente en su uso en las comisiones de la verdad sostenidas por el Estado. Las conclusiones reflexionan sobre la creación de un espacio común que permitió dimensionar la violencia política, descifrar y resistir el terrorismo de Estado, y ayudar a sus víctimas, mientras esta se desplegaba. Asimismo, advertimos cómo la evidencia documental de este esfuerzo permitió el reconocimiento estatal de la atrocidad a través de comisiones de la verdad. 214

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El repertorio de enunciabilidad de la represión política bajo terrorismo de Estado El repertorio de la represión política comenzó a ser producido por el Comité y la Vicaría en octubre de 1973, con las primeras atenciones a personas que concurrían a solicitar ayuda. Ellas narraban diversas situaciones para las cuales no se disponía de terminologías o protocolos de acción. Las asistentes sociales, abogados, médicos y voluntarios que concurrieron a esta labor asistencial no tenían experiencia previa atendiendo casos donde la violencia política se manifestara de las formas que estaban siendo informadas, y cuyas consecuencias se extendían a distintos ámbitos de la vida de las personas. Frente a esta novedad y urgencia, se impuso la necesidad de definir una nueva realidad, la que debía ser nombrada y descrita. El proceso de constitución de un conjunto de nominaciones implicó un esfuerzo interpretativo dirigido a consensuar y establecer criterios para delimitar el tipo de situaciones causadas por la acción represiva de la dictadura, separándolas de otras en la que esta podía no tener injerencia. Junto con escuchar a las personas que llegaban buscando ayuda y efectuar los primeros registros de sus relatos, los trabajadores y trabajadoras discutían sobre las especificidades de las situaciones relatadas. Luego, la posibilidad de denunciar los crímenes en el extranjero requirió de una sistematización de la información registrada, etapa en la cual se formalizó la definición de las llamadas situaciones represivas y el carácter sistemático de estas, como se verá a continuación.

Encontrando un orden en la violencia: de la dispersión a la sistematicidad Como señalamos en los capítulos precedentes, desde el primer momento el Comité Pro Paz recibió denuncias de lo que llamó “hechos irregulares”. Esta nominación aludía a situaciones que 215

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antes del 11 de septiembre eran conocidas como despidos, detenciones e incluso muertes en manos de las fuerzas del orden, pero que desde el Golpe en adelante ocurrían contraviniendo procedimientos regulares, así como motivos declarados y aceptados hasta la fecha2. De manera muy general y preliminar, se estableció que los “hechos irregulares” provocaban “daño a la dignidad” de las personas (Arzobispado de Santiago 1973). Los estados de excepción decretados en distintos momentos por la dictadura pretendían aportar un contexto de normalidad o regularidad –aquella de la excepcionalidad legalmente reconocida– a las acciones desplegadas. Sin embargo, ya fuera que las situaciones relatadas por las personas estuvieran o no enmarcadas en la legalidad de la excepción, comenzó a resultar evidente que la motivación política se presentaba en todas ellas, lo que se traducía en la persecución de miembros, adherentes o simpatizantes del derrocado gobierno de la Unidad Popular, o de otros partidos o movimientos inspirados bajo similares principios ideológicos, principalmente marxistas.

La motivación política Varios de los hechos conocidos por el Comité y la Vicaría fueron explicados como efecto de las medidas especiales impuestas por los estados de excepción, o bien derivados del desacato a sus disposiciones3. Sin embargo, al poco andar, las organizaciones de derechos humanos entendieron que la adopción de estados de excepción era una herramienta utilizada por la dictadura para proceder con la 2 Como se vio en el Capítulo III, los hechos irregulares dieron origen y sentido a la organización. Son estos hechos los que la organización se propuso consignar para “darlos a conocer” al “supremo gobierno” (Arzobispado de Santiago 1973). 3 Los que podían incluir estado de sitio y estado de emergencia, por medio de los cuales se restringían derechos de las personas como, por ejemplo, el derecho a locomoción y a reunión, y se facultaba a la autoridad para arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no fueran cárceles u otros destinados a la detención, sin expresión de cargos o imputación de conductas, solo bajo el argumento de ser consideradas “peligrosas para la seguridad nacional”.

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persecución de personas que militaban en partidos o movimientos adherentes a la Unidad Popular o que compartían un ideario marxista4. De esta manera, la disposición jurídica de la excepción estaba al servicio de una motivación política, más que para atender circunstancias de conmoción interna, como ha quedado demostrado en el Informe Rettig (1991). La incorporación de la motivación política en el accionar represivo de la dictadura, fue lo que permitió a los trabajadores y las trabajadoras de la Vicaría efectuar distinciones sobre las personas que acudían a solicitar ayuda. Por una parte, se reconocía que la situación política afectaba a amplios sectores de la población, quienes sufrían las consecuencias de las decisiones adoptadas por la conducción del país, que incluía medidas económicas que impactaron las condiciones de vida de los grupos más pobres, al provocar el cierre de fuentes laborales y la interrupción de planes sociales, entre otras situaciones. Por otra parte, se distinguían casos de violencia contra personas por motivos políticos, que les afectaba individualmente y que además tenía consecuencias en sus entornos familiares. En los documentos de uso interno y circulación restringida, el Comité efectuaba una diferenciación entre los ámbitos de asistencia antes descritos, usando la noción de “disidentes políticos reprimidos y sus familias” para nominar a los sujetos de atención penal y asistencial cuyos derechos humanos habían sido violados por pretextos políticos. Mientras, la situación nacional afectaba a “el mundo laboral (urbano y rural) ‘organizado’” que sufría violaciones en el campo laboral, y al mundo poblacional, especialmente las mujeres, los jóvenes y los niños, que enfrentaban las consecuencias de la cesantía, el empobrecimiento y la desarticulación de las redes de cooperación y solidaridad territoriales (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975b). Estas distinciones escindían lo extremo y urgente, representado por la muerte, de aquello que era menos apremiante, pues 4 Desde los primeros bandos, la Junta Militar de gobierno había declarado combatir al marxismo.

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no ponía en riesgo la vida o la integridad física. En palabras de la asistente social María Luisa Sepúlveda, “no era lo mismo el que perdía trabajo, que el que decía que le habían matado a alguien”. Y frente a la posibilidad de muerte de una persona detenida, por ejemplo, era imperioso actuar de inmediato. De esta manera, esta distinción básica, entre situaciones de vida o muerte y otras que involucraban el bienestar, permitió jerarquizar la asistencia y distribuir los esfuerzos de la organización. Para ambos casos la Vicaría desplegó acciones a través de sus unidades, departamentos o programas. Sin embargo, fueron los casos que luego de 1990 se conocerían abiertamente como violaciones a los derechos humanos los que requirieron un desarrollo semántico capaz de producir distinciones adecuadas a las diversas situaciones represivas de las que se tenía noticia.

Nominaciones a lo largo del tiempo Simultáneamente a la gruesa definición de los tipos de casos que acudían a la Vicaría, se comenzaron a acuñar categorías para referirse a las personas, entre las cuales la inicial y más genérica fue la de “afectado”. Esta nominación se mantuvo a lo largo de los 19 años en que funcionó el Comité y la Vicaría y, dada su vaguedad, fue siendo significada según el relato de situaciones represivas que, a partir de 1976, comenzaron a ser crecientemente especificadas al relacionar distintos instrumentos de registro que aportaban información sobre cada caso o persona y que, en su conjunto, entregaban una visión detallada y específica de cada situación que se conocía. Desde un principio, los instrumentos de registro incluían tanto al “afectado”, es decir, la persona que había sufrido la violencia sobre sí, como a su “grupo familiar”. Ello demuestra que en la cosmovisión de estas organizaciones las diversas situaciones represivas producían un efecto sistémico alrededor de las personas violentadas. Si bien en procesos posteriores en los que se da cuenta 218

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y se asumen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, que incluyen las comisiones de verdad, la violencia se asigna al individuo sujeto de derechos y de reparaciones, originalmente en la forma de registro utilizada por las organizaciones de derechos humanos predomina una visión integral de la violencia y sus efectos: a través de cada persona se afectaban familias, comunidades, organizaciones, prácticas cotidianas y lazos sociales. Si bien la nominación “afectado” predominó en el tiempo, otras formas de referirse a las víctimas emergieron, aunque no hemos podido constatar regularidad en su uso. Por ejemplo, durante 1973 se utilizaron expresiones como “fusilado” y “muerto en tortura”; sin embargo, estas no volverán a aparecer y serán reemplazadas por “fallecido” o “muerto” y, en menor medida, “ejecutado”. La identificación de intentos clasificatorios que no perduraron en el tiempo, o que dieron paso a otros, expresa en qué medida la semántica de la asistencia era un campo en construcción. Algo similar ocurre con el uso de “situación penal” para referirse a la diversidad de situaciones represivas, apelando a un lenguaje jurídico preexistente5. La necesidad de comprender y, entonces, poder actuar con los recursos legales disponibles, se manifiesta en el uso de tipos asociados al proceso penal tales como “incomunicado”, “arrestado”, “procesado”, “condenado”, “condenado a relegación”, “liberado”, “expulsado” y “extrañado”. Los cambios en las modalidades represivas a través del tiempo, iban planeando nuevos desafíos para el registro de la violencia. Las “jornadas de protesta nacional” ocurridas durante varios años de la década de 19806, son un ejemplo. En estas ocasiones el registro de los afectados y los hechos ocurridos se hacía en un breve lapso, muchas veces fuera de las sedes de la organización. En estos registros 5 Una distinción obvia era que la expresión “situación penal”, anteriormente utilizada para personas que habían cometido realmente infracciones de la ley penal ordinaria, se estaba aplicando cada vez más para describir a aquellas que no habían cometido ningún crimen. 6 Entre 1983 y 1986 sectores de la oposición a la dictadura convocaron a la ciudadanía a participar de movilizaciones en contra del régimen, las que ocurrían en los propios barrios o poblaciones, a diferencia de las marchas y protestas previas al Golpe, en las cuales las personas se manifestaban en el centro de la ciudad o en espacios distintos al entorno de sus hogares.

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destaca la identificación de un sujeto colectivo afectado por la violencia en la figura de poblaciones y barrios donde se desarrollaban las movilizaciones. Ya que en varios de estos casos las personas no eran detenidas ni trasladadas a algún recinto policial o militar, sino que eran violentadas en el mismo espacio por medio de retenciones en grupo en algún lugar de la población, amedrentamiento, allanamiento o destrozo del hogar, no se confeccionaban formularios para casos individuales, sino que se buscaba detallar tanto las acciones llevadas a cabo por quienes protestaban, individualizados como “pobladores” y las de quienes les reprimían. Junto con las personas afectadas y las diversas formas en que estas fueron siendo nominadas a lo largo del tiempo, los registros del Comité y la Vicaría incluyeron a las personas que eran identificadas como perpetradoras, las causantes y ejecutoras de la violencia. Así, desde los primeros registros se observa la atribución de responsabilidades por detenciones y ejecuciones, lo que incluso introduce diferencias entre individuos y organismos que actúan conjuntamente para desplegar la violencia. Es importante hacer notar la relación entre dos actores que por lo general aparecen en los registros: quien ejecuta la acción y quien la ordena, o bien el contexto institucional en el que se inscriben las acciones represivas. Así, en distintos instrumentos de registro comparecen nominaciones como “aprehensores” y “organismo de seguridad”, “responsable inmediato de la violación” y “autoridades superiores responsables”, “control militar de la empresa” para el caso de exoneraciones y despidos7, y, finalmente, “autoridades de gobierno”. La individualización de organismos, instituciones o ramas de las fuerzas armadas involucradas en las acciones represivas hizo posible construir un repertorio de perpetradores, que en su relación con las víctimas y circunstancias del evento represivo permitieron a la Vicaría comenzar a pensar en patrones o regularidades de acuerdo a quienes las ejecutaban. Como se verá más adelante, 7 Ocurridos en industrias que previamente habían pertenecido al “área social” de la economía, a través de colectivizaciones incluidas en el plan de gobierno de la Unidad Popular, pero que una vez derrocado fueron inmediatamente intervenidas por el poder militar.

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esto fue conformando una narrativa de la violencia de Estado que se difundía a través de los informes periódicos. A la vez, la decisión de incluir a los agresores en su vínculo con instituciones o actores con estatus de autoridad manifiesta una clara convicción de expresar que la violencia era estatal, se enmarcaba en un contexto institucional y, por lo tanto, no respondía a acciones emprendidas de manera autónoma por agentes o funcionarios. Esto contribuye a prefigurar aquello que avanzada la posdictadura se conocerá como “terrorismo de Estado”, y que en los inicios de esta, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) expresó como la responsabilidad del Estado ante las violaciones a los derechos humanos y la violencia política8, reconociendo que en tanto habían sido ejercidas por sus agentes o personas a su servicio, comprometían a las instituciones en las cuales se desempeñaban.

La situación represiva Los instrumentos, formularios e informes usados para registrar la violencia política dan cuenta de un esfuerzo por conceptualizar la “situación represiva” a través de la identificación de sus componentes. Estos incluyen al compareciente que acude en busca de ayuda a la organización, la víctima, los testigos y los perpetradores. El espacio y el tiempo se concretiza a través del lugar y la duración de la detención, y los recursos utilizados para el ejercicio de la violencia. La articulación de estos elementos logra ir conformando progresivamente una narrativa de la represión. En 1975, el registro de las denuncias efectuadas ante el Comité e inscritas en formularios y carpetas de casos, comenzó a ser conmensurado y categorizado en el proceso de elaboración de informes periódicos que recogían información de los diversos La distinción entre violaciones a los derechos humanos y violencia política, introducida por la Comisión, será tratada más adelante en este capítulo.

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departamentos de la organización. Las secciones de los informes reflejan la cantidad de atenciones y acciones legales realizadas por los respectivos departamentos. Estas fueron traducidas a cuadros estadísticos que detallan frecuencias y porcentajes de atenciones con respecto al mes en curso o período anterior. Progresivamente estos cuadros fueron acompañados de breves análisis respecto de la variación de las cifras, a las que se les atribuye un significado en relación con el modo de operar de los organismos represivos. Con estos recursos y procedimientos comienza a emerger un repertorio de la situación represiva. Los cuadros estadísticos caracterizan a quienes fueron atendidos a través de la inclusión de datos de identificación general (edad, sexo, zona de residencia, nivel educacional, rubro laboral). La descripción de la situación represiva era abordada a partir de categorías provenientes del proceso legal penal (detenido, arrestado, procesado, despedido, puesto en libertad, condenado, libertad condicional, presidio perpetuo, relegación, extrañamiento). De igual modo, se incluía el nivel de conocimiento que se tenía al momento sobre el estado de quien estaba siendo afectado por la violencia política. Se utilizaron las categorías de “fallecidos, desaparecidos, detenidos con desaparición, no ubicados, expulsión, cesante, trasladado, expulsados, detenidos que no desaparecieron, siguen no ubicados”. Estas últimas nominaciones normalizan y regularizan aquello que puede haber aparecido de distintas formas en las diversas fichas y formularios de atención a lo largo del tiempo. A diferencia de estos instrumentos de registro, los informes periódicos debieron tomar decisiones en orden a comunicar lo que estaba ocurriendo en el país de manera consistente y sistemática, consensuando y adoptando un lenguaje propio capaz de abarcar los hechos registrados. En la figura 6.1 se observa la nomenclatura empleada en el cuadro estadístico para dar cuenta de los casos que ingresaban.

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Figura 6.1. Tabla estadística del “Informe del segundo trimestre de 1975” (p. 63). Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

La forma en que se categorizó la información a partir de la agrupación de denuncias recibidas mediante la técnica estadística permitió la (re)construcción e inteligibilidad creciente de la situación represiva. Al respecto, destaca la inclusión de las categorías de autores, formalidad de la detención y modalidad de detención. En lo que refiere a los perpetradores, todos los informes de 1975 consignan entre las posibilidades a “fuerzas regulares, civiles identificados, civiles no identificados y NHD (no hay datos)”. Por otra parte, para registrar las circunstancias de la detención recurrieron a las variables “tiempo, lugar y procedimiento”. Se consideraron las siguientes posibilidades para el momento de la detención: lugar de trabajo, horario de descanso laboral, días hábiles, festivos; para el lugar se establecieron: “domicilio del afectado, lugar de trabajo, vía pública, otros lugares”. El repertorio de alternativas es indicativo de las rutinas cotidianas interrumpidas por la detención de personas cuyas vidas no presentan un carácter excepcional o fuera de lo esperado para quien trabaja y circula por la ciudad. Finalmente, para el procedimiento de detención, la norma legal fue el criterio de clasificación binario “sin orden de detención / con orden de detención”. 223

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De este modo, las categorías propuestas para los cuadros estadísticos permitieron organizar los datos provenientes de las carpetas de los casos individuales y a la vez agruparlos. Estas operaciones contribuyeron a inteligir y perfilar tipologías sobre las situaciones represivas. A su vez, el procesamiento agrupado de datos a través de la categorización y clasificación ayudó a proyectar cómo operaba la represión. Esto se aprecia en una de las conclusiones de los informes, un año y medio después del golpe de Estado: En síntesis, la mayor probabilidad de una detención es que ocurra individualmente, en el domicilio del afectado, en horario de trabajo, en días hábiles, sin orden de detención y que sea llevada a cabo por civiles no identificados. Tal tendencia es la misma que en el mes anterior (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975a, 6).

Las detenciones ya no eran entendidas como un hecho aislado, sino como parte de una política sistemática aplicada por la Junta Militar. En base a la organización y análisis de los datos registrados, era posible comenzar a identificar un patrón que podría contribuir a sustentar y elaborar la denuncia en tribunales y en medios internacionales sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos en Chile. Una vez disuelto el Comité en 1975, la Vicaría continuó con la producción de informes de mayor envergadura, y con más experiencia gracias al conocimiento ganado en los meses previos. En la sección estadística de los informes de 1976, la primera constatación es la eliminación de las características de identificación de tipo demográficos de los detenidos (edad, sexo, educación, profesión), en cambio prevalecen las vinculadas a la situación represiva, como cantidad de detenciones, empleando un repertorio penal similar al usado por el Comité (procesados, condenados, liberados, arrestados por estado de sitio, expulsados, extrañados, fallecidos, incomunicados, liberados). Nuevamente, la detención y posterior desaparecimiento es la nomenclatura más fluctuante para dar cuenta de este tipo de represión. De igual modo, incluyen 224

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crímenes como la tortura, categorizada como “apremiados física y psíquicamente”, y la identificación de detenidos que continúan desaparecidos en un listado que incluye sus datos personales (nombre, fecha de detención). Los informes mensuales mantienen la sección estadística, y los breves análisis presentados a partir de las cifras de los cuadros estadísticos se transforman en una sección de comentarios. Las cifras de los cuadros estadísticos eran actualizadas mensualmente de acuerdo con las nuevas denuncias recibidas y a las modificaciones de las ya incorporadas. En estos informes posteriores a 1976 se añaden nuevas secciones que incorporan detalles de casos especiales, informes jurídicos, recortes de prensa, testimonios, entre otros contenidos. La identificación del modo de operar de la represión se estabiliza a través del inventario de posibilidades que incluye el procedimiento de detención (con/sin orden de detención, con/sin testigos). El momento de detención es ahora reemplazado por el tiempo de detención (promedio de días detenidos, entre 1 y 14 días) y por las condiciones de detención (incomunicado), y el lugar de detención es sustituido por el centro de detención reconocido o secreto (cárceles, penitenciarias o lugares de relegación, también improvisados campos de prisioneros como Puchuncaví, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos). Finalmente, los perpetradores solo son mencionados en el informe de octubre de 1976, cuando en una lista de fallecidos se incluyó la identificación de la víctima (nombre, edad, estado civil) y un breve relato de las circunstancias del fallecimiento que identifica de manera general a los perpetradores (por ejemplo, agentes de seguridad, patrulla de la Fuerza Aérea, fuerzas de seguridad, carabineros de la 6ª Comisaría, retén de carabineros de la población Juanita Aguirre, “enfrentamiento”, carabinero Jorge Fernández Valenzuela, cabo 2° del Ejército). Un nuevo elemento que adquiere mayor protagonismo es el inventario de acciones judiciales interpuestas cada mes y su seguimiento. Por ejemplo, la cantidad de recursos de amparo presentados, rechazados en la Corte de Apelaciones o apelados en la Corte Suprema; las presentaciones administrativas y a la Corte Suprema; 225

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las denuncias ante la justicia ordinaria; la designación de abogados; o la solicitud de ministros en visita para constituirse en un lugar determinado. Es posible apreciar que el trabajo de análisis no solo se enfoca en las cifras, sino también en la acumulación de conocimiento sobre el funcionamiento de la represión que permite ir construyendo una narración más articulada. Si en el Comité los aspectos del hecho represivo aparecían desagregados, en la sucesión de comentarios de los informes de la Vicaría se observa una mayor conexión entre las partes. Entre 1976 y 1978 destacan informes que dan cuenta de la incorporación de nuevos elementos a la constitución de la narrativa de la represión: La DINA [Dirección de Inteligencia Nacional] en este período ha comenzado a practicar el arresto sin presencia de testigos, (a diferencia de épocas anteriores) lo que puede deberse en parte, a la presión internacional, ya que cada caso es debidamente acreditado por los familiares con declaraciones de testigos. En este período, un alto porcentaje de los arrestos se practica en la calle, siguiendo al afectado a la salida de su casa o trabajo, a fin de sorprenderlo a solas. De este modo, la persona simplemente se “pierde” y nadie se ve obligado a responder por su detención (Vicaría de la Solidaridad 1976a, 4). Los casos registrados en el mes de octubre se diferencian notablemente de aquellos que se venían registrando desde que se disolviera la DINA y se creara la CNI [Central Nacional de Informaciones] […] Como ya habíamos observado […] la mayoría de los casos ingresados correspondían a situaciones de personas que eran detenidas, principalmente con los mismos métodos de los organismos de seguridad, y más tarde puestas a disposición de los tribunales militares […]. No obstante, siempre continuaban registrándose casos de detenciones por horas y de amenazas, pero en una proporción inferior a los anteriores; desde esa fecha no se registraron casos de personas que desaparecieran con posterioridad a su detención (Vicaría de la Solidaridad 1977, 5-6). 226

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Estos extractos reflejan la capacidad de relacionar eventos e ir acumulando evidencia sobre un patrón represivo construido en torno a las categorías de la situación represiva: quiénes, cuándo, cómo, qué, dónde. El ejercicio consistía no solo en cuantificar casos (cantidad de detenciones, por ejemplo), sino también en generar conocimiento sobre el hecho represivo mediante su caracterización y la detección de las formas de represión más recurrentes. Como vimos en el capítulo anterior, este trabajo hermenéutico quedó plasmado en los informes periódicos que denunciaban la violación de los derechos humanos ante el régimen militar, las autoridades judiciales y observadores de organismos internacionales.

El detenido desaparecido: emergencia y estabilización de una categoría Como observamos en la sección precedente, los procesos de categorización permiten a los trabajadores y trabajadoras del Comité y la Vicaría identificar los fenómenos represivos, su modo de ocurrencia, su magnitud, y las posibles trayectorias que las personas podían seguir tras la ocurrencia de estos. Estas trayectorias no eran excluyentes entre sí y, además, tenían un carácter emergente en la medida en que se empezaba a conocer y perfilar la forma en que operaba la represión. Era relevante entonces crear categorías excluyentes y evitar trasposiciones entre las nominaciones de las modalidades represivas que se iban identificando. En esta sección reconstruimos la emergencia y estabilización de un tipo de víctima de la mano de una nueva categoría de persona: el detenido desaparecido. Esta es probablemente la principal categoría con que trabajó la Vicaría; de hecho, las carpetas que contienen más información en el archivo Funvisol son las clasificadas bajo el crimen de la desaparición. Además, y a diferencia de otras pertenecientes a este naciente repertorio de victimidad, es una categoría del emergente campo de los derechos humanos y no de la semántica legal predominante. Se trata también de una 227

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categoría que nomina a un sujeto que no puede reaccionar a su clasificación pero que, sin embargo, ha logrado perdurar en el imaginario colectivo por más de 45 años9. La capacidad de nominar prácticas represivas bajo el terrorismo de Estado tomó tiempo y varias iteraciones hasta que el lenguaje se estabilizó. Si bien las desapariciones se produjeron desde el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, no fue hasta 1974 que se tomó conciencia de este brutal método represivo10, sin conocer por entonces si se trataría de una medida momentánea o permanente. El hito que permitió configurar esta forma represiva proviene precisamente del registro individual, y el acopio y análisis de la información por parte del Comité, que permitió identificar, a marzo de 1974, 131 personas como “desaparecidas”, y para las cuales la organización presentó el primer recurso de amparo masivo el 29 de marzo de 1974. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el argumento de la inexistencia de esta categoría de persona, toda vez que solo existirían los prisioneros reconocidos como tales por el gobierno. De ese año data la aplicación del formulario “informe individual” de seis carillas de extensión, que documenta para cada “detenido-desaparecido” información sobre sus datos personales incluyendo militancia política, cargos de representación y responsabilidad en el gobierno anterior; situaciones previas a la detención (amenazas, seguimientos, avisos de búsqueda, detenciones anteriores); detención cuya consecuencia es la desaparición; situaciones posteriores a la desaparición y acciones de defensa llevadas adelante (recursos de amparo, denuncias, querellas, presentaciones a autoridades, a organismos internacionales u otras entidades), conformando con ello un relato de la trayectoria del sujeto sometido a esta política represiva. El análisis cronológico de los formularios de registro creados y usados por ambos organismos revela las distintas nominaciones que precedieron a la categoría final de “detenido desaparecido”. 9 Para más información sobre cómo esta figura liminal ha sido sostenida socialmente, véase Bernasconi y Ruiz (2018). 10 Véase Vicaría de la Solidaridad (2017 [1980]).

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Por ejemplo, “detenido” junto a “detenido desaparecido” están presentes en distintos instrumentos a lo largo de todo el período. Mientras que la condición de “desaparecido” fue nominada previamente como “no ubicado”, “persona desaparecida en contra de su voluntad” y “desaparecido sin ubicarlo”. Los informes periódicos indican la convivencia de distintas nominaciones en un mismo período de tiempo. En los informes de 1976, por ejemplo, se utilizan las siguientes expresiones: “no ubicados”, “desaparecidos”, “siguen no ubicados”, “continúan desaparecidos”, “detenidos que siguen desaparecidos”. Como hemos señalado anteriormente, las definiciones utilizadas para nombrar las prácticas represivas y los sujetos del terrorismo de Estado, más la elaboración de listas, la compilación regular de estadísticas y la construcción de patrones sobre la base de características compartidas, ayudaron a identificar un rango de situaciones represivas. En el caso del detenido desaparecido los rasgos distintivos se asociaron a la trayectoria que seguía la persona luego de su detención, cuya trazabilidad está relacionada al grado de información que poseían sus familiares, testigos y autoridades. Para perfilar dicha trayectoria, fue necesario establecer relaciones de diferencia con otras detenciones y sus efectos, en particular con personas “arrestadas”, “procesadas”, “liberadas” y “condenadas”. En el último informe elaborado por el Departamento de Informaciones del Comité, fechado en febrero de 1975, se propone la siguiente definición para la categoría de “desaparecido”: Por desaparecidos entendemos las personas que han sido detenidos sin conocerse oficialmente su paradero y las personas que han desaparecido simplemente sin existir constancia de su detención […] [distinto de] los arrestos: personas detenidas en virtud del Estado de Sitio y que permanecen en lugares de detención públicamente conocidos (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975a, 2).

Asimismo, los listados de casos de un mismo tipo permitían contabilizar y crear cifras que se comparan con otros períodos para 229

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arrojar tendencias. Como señalamos en la sección precedente, para el caso de los detenidos no ubicados los listados solían estar compuestos por el nombre completo de la persona y su fecha de detención. Los informes revelan otras operaciones que permiten ordenar observaciones sobre este fenómeno. Por ejemplo, el siguiente extracto de febrero de 1975 usa cuantificaciones para evidenciar el desaparecimiento como una práctica regular que afecta a un grupo de personas. Se trata de un ejemplo de performatividad de los números en la creación y uso de unidades de medida11. Se verifica que más del 85 % de los casos de detenciones implican desaparecimiento. Si comparamos ambos cuadros, veremos que la mayor parte de los “aparecidos” son hombres de las zonas oeste, centro y sur. El casi 15 % de aparecidos es muy superior al 6 % del mes de enero. Lo que está indicando una tendencia al aparecimiento más acusada. Obviamente ello no implica la liberación de los detenidos sino solamente una mayor rapidez en el paso a “arrestado” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975a, 3).

El extracto también expone los ejercicios diferenciadores anteriormente señalados y sus vestigios, en la forma de categorías que, sabemos, tuvieron un uso temporal y luego no siguieron vigentes, y fueron excluidas de procesos clasificatorios posteriores como la de “detenido aparecido”. Finalmente, el segmento expresa la capacidad del organismo de elaborar y publicar interpretaciones sobre estos “datos”, basadas en el conocimiento que fue acumulando sobre el operar de la represión. En base a la contabilización de casos, el informe de la Vicaría publicado en agosto de 1976, por ejemplo, señala que la cifra de detenidos que “siguen desaparecidos” ha crecido del 5 % al 42 % entre enero y agosto de ese año. A los 105 casos ocurridos y consignados por la organización entre enero y agosto de 1976, se agregan 11

Al respecto, véase Lury y Wakeford (2012).

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los 805 contabilizados desde el día del golpe de Estado, sumando 910 personas. Se requieren entonces nuevas variables para completar el perfil de la situación represiva. Las fichas de registro comienzan a indagar en la “modalidad de las detenciones”, definida por la existencia o no de testigos al momento de la captura. El mismo informe de agosto de 1976 arroja que desde mayo las detenciones sin testigos aumentaron del 8 % al 75 %, correlacionando de manera implícita la probabilidad de ser desaparecido con la de ser detenido sin testigos. En la sección de comentarios el informe establece explícitamente este rasgo distintivo de la práctica de la desaparición: De los detenidos en los últimos cuatro meses, el 36 % sigue desaparecido. Vale decir, la proporción de detenciones que significan desaparecimiento indefinido y quizás definitivo para el afectado aumentó, cuatro veces, después que comenzó a aplicarse la detención sin testigos como sistema (Vicaría de la Solidaridad 1976b, 6)12.

Hacia fines de 1976, el registro regular de casos y su traducción a datos permitió al equipo establecer distinciones temporales y definir la aproximación a cada tipo. De esta forma, dependiendo del período de tiempo por el cual una persona ha permanecido desaparecida, es que se determinan las acciones a desarrollar: Para los desaparecimientos, se estima necesario hacer una distinción entre los casos ocurridos antes de diciembre de 1975 y los ocurridos durante 1976, ya que el tiempo de desaparecimiento determina las acciones que se hace necesario emprender (Vicaría de la Solidaridad 1976b, 12). 12 Luego de presentar esta información, el informe da paso a la denuncia. Indica que para la mayoría de los detenidos ese año, la dictadura ha negado las detenciones que ocurrieron sin apegarse a las normas constitucionales creadas por el propio gobierno y referidas a dar aviso a los familiares del suceso de la detención. Las detenciones en cuestión estaban, en su mayoría, asociadas a miembros del Partido Comunista (PC). Estas personas habrían sido trasladadas al centro clandestino de detención y exterminio conocido como Villa Grimaldi.

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Como hemos mencionado en capítulos anteriores, las acciones promovidas por la Vicaría no se limitaban al ámbito legal. La organización también contribuyó a la búsqueda y reunión de antecedentes realizada por los familiares de estas víctimas. La variable “tiempo de desaparecimiento” va a determinar que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) establezca que podían incorporarse como miembros aquellas personas cuyo familiar haya permanecido detenido y no ubicado por más de seis meses. Los familiares cuyos casos contaran con menor antigüedad conformarían “el grupo de transición”. Extrabajadores y extrabajadoras de la Vicaría recuerdan que ya a partir de los tres meses transcurridos desde la fecha del desaparecimiento comenzaban a conformar la carpeta del caso con la historia del afectado, las circunstancias de su detención, fotografías cuando las había y certificados que demostraran su existencia legal, de modo de resistir a las versiones del régimen militar sobre la inexistencia de este tipo de hechos. Volviendo al trabajo de procesamiento de datos realizado por la Vicaría, es importante destacar también el rol de las clasificaciones en el ordenamiento de la diversidad de la represión. Las estadísticas del informe de agosto de 1976 (véase fig. 6.2) clasifican la “situación” de los “desaparecidos” como una subcategoría de “presos políticos”, junto a otras tres subcategorías: “arrestados por estado de sitio”, “procesados” y “condenados”.

Figura 6.2. Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. 232

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En noviembre de 1976, tras la publicación de los decretos 2.343 y 2.344, en los que se establece la liberación de todos los detenidos por estado de sitio –es decir, personas arrestadas sin expresión de cargos o imputación de conductas, consideradas peligrosas para la seguridad nacional– y el cierre de los centros de detención públicamente conocidos, los familiares comprueban que sus seres queridos no estaban entre los detenidos. La confirmación de su calidad específica de detenidos desaparecidos lleva a la creación, en marzo de 1976, de una unidad especializada sobre esta situación represiva al interior del Departamento Jurídico de la Vicaría, denominada Unidad de Detenidos Desaparecidos. El nombre escogido para la naciente Unidad, permitía mantener la relación de responsabilidad entre la detención y la desaparición. En 1977, las estadísticas indican una disminución de casos de detención con desaparecimiento, y en octubre de ese año que “se suspende la utilización del método como forma represiva”13. El sucesivo descubrimiento de fosas clandestinas de personas previamente registradas como desaparecidas, comprobó la existencia de esta práctica represiva, y que algunas víctimas habían sido ejecutadas14. Así, la ficha que había sido creada para registrar datos de cada caso de detenidos desaparecidos (una actualización del formulario “informe individual”) se concentró en procurar información para certificar el “desaparecimiento”, mediante un “relato pormenorizado” y “descripción rigurosa y detallada” de la detención, la consignación de testigos, “declaraciones verbales y su credibilidad”, datos adicionales que se pudieran obtener, antecedentes anteriores a la detención que pudieran configurar el desaparecimiento. Este instrumento ya no registró datos relativos a la militancia o cargo de representación en el gobierno de la Unidad Popular, como lo había hecho su antecesor. Asimismo, luego del hallazgo de osamentas en la fosa clandestina de Lonquén, la Vicaría creó la ficha antropomórfica, aplicándola a todos los casos de personas desaparecidas Véase Vicaría de la Solidaridad (1977). En diciembre de 1978 en Lonquén, en octubre de 1979 en Yumbel, y al final de ese mismo año en Mulchén.

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registrados, con el fin de reunir información sobre las características morfogenéticas de estas personas, y contribuir al reconocimiento de futuras osamentas. Como se describe en el Capítulo III, en 1978 el régimen llevó adelante una operación clandestina llamada eufemísticamente Operación retiro de televisores, con el fin de evitar que restos de detenidos desaparecidos fueran encontrados. Más tarde, oficiales de las Fuerzas Armadas suscribieron un pacto de silencio en torno a esta Operación, dando por resultado que hasta el día de hoy más del 90 % de las personas desaparecidas durante la dictadura no hayan sido encontradas, considerándose “presuntamente fallecidas”.

Uso del sistema taxonómico en posdictadura Un salto semántico importante se produjo con el fin de la dictadura y la recuperación del Estado de derecho, cuando el primer gobierno democráticamente elegido siguió el camino de la justicia transicional al implementar comisiones de la verdad y proponer medidas de reparación, entre otras acciones. Por primera vez en los instrumentos que han sido analizados, apareció de manera definitiva y continua la expresión “víctima”, junto a un decálogo de situaciones represivas que recogen las acuñadas y utilizadas a lo largo de los 17 años de dictadura, por el Comité, la Vicaría y demás organizaciones de derechos humanos, sumando a la vez algunas nuevas. Al comparar los repertorios de enunciación usados por el Comité y la Vicaría con aquellos adoptados por los informes derivados de las dos comisiones de la verdad convocadas por el Estado entre 1991 y 2011, observamos que la acción de estas instancias no fue meramente la de sistematizar los datos conservados por los organismos de derechos humanos durante la dictadura, especialmente la Vicaría, sino que a partir de ellos debió establecer la “calidad de víctima del afectado, como consecuencia de la violación de sus derechos humanos o de la violencia política” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 48). Es 234

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importante considerar que los objetivos de las comisiones buscaban entregar una visión global de las violaciones a los derechos humanos, individualizar a las víctimas y recomendar medidas de reparación y de prevención. En este contexto, una parte importante de la labor de las comisiones consistió en la conversión de “afectados” en “víctimas”, para lo cual los comisionados debían formarse la convicción sobre los casos presentados, a partir de los procedimientos verificatorios establecidos por cada instancia. Un 68 % de las víctimas consignadas por la Comisión Rettig dispone de carpeta de atención en la Vicaría (Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 106)15. Asimismo, en orden a establecer patrones represivos, el Informe Rettig se basa en el conocimiento previamente acumulado por las organizaciones de derechos humanos históricas, así como en los informes periódicos de la Vicaría. La “ficha de ingreso detenido desaparecido o ejecutado político”, diseñada por la Comisión Rettig, retiene en su título las categorías creadas por la Vicaría y solicita identificar “los organismos en que el caso fue atendido o que conocieron los hechos”. Además, luego de las secciones en que se narran los hechos de la detención o ejecución, la ficha solicita indicar acciones interpuestas listando como alternativas un repertorio regularmente utilizado por la Vicaría y otros organismos de derechos humanos de la época, solicitando acompañar la ficha con dicha documentación (recursos de amparo, denuncias o querellas; declaraciones juradas ante notario, Naciones Unidas, OEA, Amnistía Internacional). En todos estos sentidos, el saber producido durante la dictadura sobre violaciones a los derechos humanos informó el proceso de calificación de la Comisión Rettig. Un primer ejercicio taxonómico introducido por el Informe Rettig es la distinción entre dos casos de víctimas. Por una parte, personas cuyos derechos humanos habían sido violados y, por otra, personas que eran víctimas de la “situación de contienda política” Con motivo del trabajo de la Comisión Rettig (1990), la Vicaría confeccionó 14 nuevos formularios en los cuales trasladó información de los casos atendidos y sus datos relacionados. Además, entregó copias de la documentación reunida para cada caso a los familiares que se acercaron a solicitarla.

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o de “violencia política”. En este marco, la Comisión estableció que las violaciones a los derechos humanos se referían a casos de desaparición y muerte, ocurridas bajo distintas circunstancias, tales como desaparición luego de la detención, la que se calificó como “detención forzada”; ejecución en cualquiera de sus formas; uso indebido de la fuerza; abuso de poder; atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos, en los que se incluyeron actos de terrorismo y otros atentados16; suicidio en contexto de torturas, encierro u otra situación de responsabilidad del Estado en la cual este violaba los derechos humanos. Como “víctimas de la situación de contienda política”, el Informe Rettig incluyó a personas cuyas muertes estuvieron vinculadas con la confrontación política o sus efectos, tales como combatientes de uno u otro bando que murieron como consecuencia de intercambio de fuego el día 11 de septiembre de 1973 y en un período posterior; personas que se quitaron la vida bajo extremo acoso en un enfrentamiento armado; personas que perecieron accidentalmente como consecuencia de un enfrentamiento armado con connotaciones políticas, en el cual no tomaban parte; personas que perecieron mientras intentaban defenderse con armas de un ataque o intento de captura por parte de la DINA, de la CNI u otro organismo de seguridad, en circunstancias que podían temer que la suerte que les esperaba era la tortura y la muerte (si eran capturadas). Por otra parte, el Informe excluyó de la categoría de víctimas a quienes participaban en un robo o asalto armado, u otro acto similar, aunque se haya cometido bajo pretextos políticos, y que perecieron en el intercambio de fuego con las fuerzas de orden; también a víctimas fatales de accidentes fuera de enfrentamientos armados, hayan sido uniformados u opositores al régimen; y El Informe Rettig (1991) definió “actos terroristas” como “casos de muertes cometidas por particulares por motivos o bajo pretextos políticos.” (21). En estos se incluyen “atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión en la intención de (o sin importar que) mueran electrocutados vecinos o transeúntes. Se ha calificado también como actos terroristas los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado” (Ibid.).

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a aquellas personas que murieron producto de la detonación de explosivos que estas mismas portaban. Es importante precisar que la definición del tipo de casos que fueron conocidos por la Comisión Rettig se expresa en su informe como parte de una narración global de la dictadura, al incluir numerosos capítulos y secciones dedicadas a entregar una visión del conjunto del período, detallando las diversas medidas adoptadas por la Junta Militar y las conductas de distintos poderes y sectores de la sociedad a lo largo de los 17 años de dictadura, junto a las disposiciones legales que fundamentaban las medidas seguidas. La globalidad pretendida por la Comisión se tradujo en la construcción de un marco histórico y político para las violaciones a los derechos humanos, que incluso ofreció una periodificación similar a la planteada por el Comité y la Vicaría. Sin embargo, a diferencia de como lo habían hecho sistemáticamente en sus informes estas organizaciones, el de la Comisión no incluyó cuadros estadísticos de rápida lectura y comprensión general de la envergadura de los crímenes conocidos por ella. Aunque el Informe Rettig no adoptó la modalidad expresiva del cuadro estadístico, en la individualización de las víctimas reiteró el recurso narrativo de la situación represiva para detallar cada caso sobre el cual la Comisión se formó una convicción sobre su condición de víctima, los que a la vez se inscriben en “patrones de represión” de acuerdo con períodos; recurso descriptivo y analítico que había sido introducido por los informes del Comité y la Vicaría. Los patrones de represión conjugan tipos de crímenes que prevalecen en un período, organismos que los ejecutan y tipos de personas que son victimadas. Así, en la sección “Relatos de casos” bajo cada patrón represivo, el Informe sigue la modalidad narrativa, pero en una versión sintética, del relato de desaparición o muerte que la Vicaría había usado para los casos de desaparecidos en sus fichas, carpetas y publicaciones (por ejemplo, en la serie de los libros ¿Dónde están?, que se mencionaron anteriormente). De esta manera se describen las circunstancias de desaparición o muerte, incluyendo: fecha de detención, agentes que efectuaron 237

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la detención, nombre de la víctima, edad, militancia, ocupación, lugares a los cuales fue llevada, mención de testigos que acreditan la información, los que generalmente aparecen sin sus nombres. Por ejemplo: El 20 de mayo de 1974 fue detenido en su domicilio de Maipú Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, militante del MIR. Numerosos testigos concordantes dan cuenta de su permanencia en el recinto de Londres 38. El 29 de julio fue llevado por agentes de civil a casa de sus padres donde permaneció cerca de 15 minutos. Hay testimonios de su permanencia, más tarde, en Cuatro Álamos. El último lugar en que se lo vio fue Colonia Dignidad. La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 76).

Figura. 6.3. Extracto del caso del detenido desaparecido Abraham López Pinto, en el libro ¿Dónde están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 7, 1978, pp.1582-1583). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. 238

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Seis años más tarde, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) dio continuidad a la misión de la Comisión Rettig, incluyendo en su informe similares categorías de víctimas para efectuar los procesos de individualización de los casos conocidos como tales, e introdujo un cambio en las categorías más amplias en las que se inscribía a las víctimas. Por una parte, continuó refiriéndose a las desapariciones, ejecuciones y otras situaciones con resultado de muerte como violaciones a los derechos humanos, dentro de las cuales incluyó la interrupción de la vida intrauterina17, pero dejó de referirse a la violencia política como “situación de contienda política”, ofreciendo una nueva definición en la cual se desestimaba la idea de confrontación entre contendientes de distintas facciones, para enfocarse en la responsabilidad del Estado. Así, para el Consejo Superior de la Corporación las víctimas de violencia política son “personas que perdieron la vida o desaparecieron en situaciones de violencia, originadas en el contexto político que vivió el país en el período”; y a su juicio “existió responsabilidad del Estado tanto por la participación que le cupo en la generación del clima de violencia, como por el incumplimiento de su deber de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física o a la seguridad de las personas” (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 1996, 42). El objetivo de la reparación incluido tanto en la Comisión Rettig como en la CNRR supuso que parte importante de las medidas propuestas se dirigieran a los familiares directos sobrevivientes de las víctimas individualizadas en los informes18. Las familias no son Se refiere a casos de “aborto como consecuencia de golpes y malos tratos, infligidos por agentes del Estado” (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 1996, 40). 18 La Ley N° 19.123 que crea a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, individualiza a los siguientes familiares de las víctimas según los beneficios que les serán otorgados: pensiones, para cónyuge, madre (padre cuando ella faltase), madre o padre de hijos no matrimoniales, hijos menores de 25 años o hijos con 50 % de discapacidad; apoyo educacional, para hijos de víctimas (hasta 35 años de edad); atención médica, para los anteriores más padres y hermanos; exención de servicio militar obligatorio, para nietos y sobrino-nietos. (Instituto de Investigación en Ciencias Sociales 2012). No han sido objeto de nuestro análisis las leyes y reglamentos derivados de las comisiones de la verdad; sin embargo, cabe mencionar que en ellas se registra una nueva nominación para referirse a las víctimas en los artículos relacionados 17

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víctimas per se, sino que son incluidas en virtud del sufrimiento que les ha causado la desaparición o muerte de sus familiares. Así, en el informe Rettig se observa que el padecimiento de las familias deriva de las situaciones inmediatas o directas relacionadas con la búsqueda de la persona muerta o desaparecida, tales como negación de la detención y conocimiento del lugar de detención; negar visita; ocultar muerte del detenido; impedir entrega del cadáver; etc. (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 106107). Sin embargo, el informe omite las situaciones colaterales que desató la situación represiva y que fueron objeto de atención por parte de la Vicaría y otros organismos. Se trata de sufrimientos multidimensionales que, aunque arraigados en la muerte y la desaparición, les trascendían, como fueron las restricciones educativas, la falta de acceso a salud, la precariedad económica, entre otras que fueron consideradas como ámbitos de las medidas de reparación. La segunda comisión que efectuó un reconocimiento individual a las víctimas, fue la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Comisión Valech; esta continuó refiriéndose como víctimas a las personas sobre las cuales se formó la convicción de que habían sufrido prisión y tortura por motivos políticos19, las que bajo la nomenclatura de la norma internacional de derechos humanos se configuraban como violaciones en cuanto constituían vulneraciones del derecho a la integridad física y del derecho a la libertad y seguridad personal. A partir de ello se nominaron tres situaciones represivas: tortura, detención arbitraria o ilegal, y relegación por motivos políticos. Adicionalmente, la comisión con las medidas de reparación, en los cuales estas aparecen como “causantes”, es decir, quienes han sufrido la violación de sus derechos humanos o padecido la violencia política, con resultado de muerte o desaparición, y por lo tanto originan la reparación en otros. 19 La motivación política fue precisada por la Comisión Valech como detenciones y torturas infligidas por agentes del Estado bajo el pretexto del “interés público o social, como supuestas razones de Estado, o por razones cuyo fundamento era contrario a las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos, razones tales como: motivos políticos o ideológicos, motivos de seguridad nacional y lucha contra la subversión; o cuando se originaba en la omisión del Estado y sus agentes de cumplir deberes fundamentales en orden a la observancia de sus compromisos de respeto y protección de los derechos prioritarios de las personas” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004, 28).

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también calificó como víctimas a personas que siendo menores de edad habían sido detenidas junto a sus padres, o que estaban en el vientre de sus madres cuando ellas estuvieron detenidas y nacieron en prisión. La Comisión Valech excluyó de la calificación de víctimas a personas detenidas en manifestaciones públicas y que fueron puestas a disposición de los tribunales por delitos comunes y luego condenadas por ellos, salvo que en la manifestación hayan sido sometidas a torturas o sufrido lesiones graves. También se excluyeron casos de detención y tortura sin motivación política, y casos de personas que estuvieron detenidas en el extranjero, ya que en estos últimos no era posible acreditar la participación de agentes del Estado chileno. Pero se incluyeron personas que sufrieron allanamientos, “amenazas graves y otros actos de amedrentamiento atentatorios al derecho a la seguridad personal, arrestos domiciliarios y otras formas de control” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004, 84). Al igual que las comisiones anteriores, la Comisión Valech solicitó antecedentes a distintas organizaciones y servicios públicos, ramas de las fuerzas armadas y del orden; no obstante, la calificación de casos requería que las personas presentaran sus antecedentes por distintos medios, personalmente o con representación de un tercero, a modo de solicitud para ser calificadas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Para ello se dispusieron equipos de atención en las distintas gobernaciones del país, los que aplicaron un formulario en el cual se registró la información aportada por cada caso. El formulario utilizado por la Comisión Valech, como muchos otros antes, se nutrió del conocimiento acumulado por los organismos históricos de derechos humanos, tal es así que se advierten similitudes de orden, campos y categorías que aparecen en instrumentos de registro confeccionados y utilizados por la Vicaría, en los cuales era común individualizar y delimitar al “afectado” del “compareciente”, es decir quien recurre a la organización en nombre del primero, que para el caso del formulario utilizado en 241

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la Comisión aparece como “representante”. A la vez, la sistematización de información de casos en patrones represivos, típica de los informes de la Vicaría, se tradujo en el formulario como un conjunto de datos que pueblan el campo “datos de la detención”, en el cual se solicita información básica y recurrente en la narrativa de situaciones represivas, es decir, fecha de detención; lugar de aprehensión, con varias alternativas; localización; presencia de testigos, y espacio para relatar las circunstancias de la detención; lista de organismos involucrados en la detención; lista de resultados judiciales de la detención –lo que replica las situaciones procesales que se usaron en varios formularios de la Vicaría–; y fecha de libertad. Adicionalmente, los antecedentes de tortura constituyen un campo propio en el cual se solicitaba individualizar los recintos de detención y el período de permanencia en cada uno, junto a un relato de las torturas sufridas. Asimismo, el formulario vuelve a operar como una condensación de la “carpeta de atención” utilizada por la Vicaría y otras organizaciones, pues en él también debían indicarse las diversas acciones que fueron realizadas en favor de la persona detenida –como recurso de amparo, querella o denuncia–, las declaraciones que habían sido entregadas a distintos organismos y adjuntarse además documentos que pudieran constatar los hechos relatados.

Conclusiones: la trayectoria futura de la información sobre violaciones a los derechos humanos Este capítulo deconstruye parte del sistema taxonómico utilizado durante los años en que la reciente dictadura cívico-militar violaba sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Este sistema permitió ordenar, observar y guiar la asistencia a las víctimas, y articular la denuncia nacional e internacional. Probablemente, la urgencia de conocer el paradero de quien había sido aprehendido o de encontrar el cuerpo de quien había sido desaparecido determinó la consignación y conmensuración de 242

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experiencias que en su dolor y liminalidad son inaprensibles. En este caso, los fines prácticos y urgentes permitieron en parte abrir este espacio cognitivo y político al que alude Desrosières (2004), un espacio que permitió al equipo de estas organizaciones comprender la represión, asistir a sus víctimas, confrontar a los perpetradores y recurrir a la comunidad internacional para poner fin a estas violencias. Hemos intentado mostrar que la labor de registro e inscripción de la violencia institucional no fue un mero acto administrativo y burocrático, sino que fue parte fundamental de la asistencia prestada a las víctimas y sus familiares, junto a la denuncia nacional e internacional al régimen represor. Al nombrar, describir, clasificar y tipificar, el Comité y la Vicaría crearon las condiciones de enunciabilidad necesarias para configurar el terrorismo de Estado. Ello permitió refutar las versiones tergiversadas y falsas que propagaba el régimen. Más aún, el repertorio resultante ha contribuido a informar procesos legales, sociales, políticos y culturales asociados con la denuncia y la resistencia a la dictadura hasta la actualidad. Así, el análisis taxonómico evidencia la naturaleza performativa de los procesos de registro, es decir, su impacto sobre la delimitación del foco de la atención, y en la definición de quién debe y quién no debe recibir esta asistencia solidaria. Las formas en que la información se registró, clasificó y sistematizó para gestionar la catástrofe y, al mismo tiempo, denunciarla, constituyen operaciones cognitivas y prácticas animadas por la reposición de una agencia social y política que resiste a la dictadura desde la asistencia a las víctimas. Sostenemos que esa labor de servicio fue en sí misma una forma de acción política, sustentada en la creciente conciencia y adopción de una ética de los derechos humanos, que verá su consolidación en la adopción del lenguaje de la norma internacional de derechos humanos en los informes de la verdad de la posdictadura, cuando los “afectados” se transforman en “víctimas”. Más aun, la consolidación de tipologías de víctimas, como el caso del detenido desaparecido abordado en este capítulo, expresa 243

Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar

cómo una categoría que hoy forma parte del lenguaje de los derechos humanos en Chile y el exterior, es el resultado de información reunida y sistematizada por el Comité y la Vicaría. Mucho antes de la adopción del término “desaparición forzada”, la Vicaría formuló la desaparición como un patrón represivo característico de la acción terrorista de la dictadura, al relacionar diversos datos relativos a la situación de las personas afectadas e interpretarlos como un tipo específico de crimen. El constante esfuerzo hermenéutico que desplegaron los trabajadores y las trabajadoras del Comité y la Vicaría frente a la novedad de los crímenes cometidos por la dictadura expresa el período formativo de un “lenguaje común” y de un conocimiento que trascenderán el contexto histórico y político que les dio origen, para situarse en el momento de la justicia transicional por medio de las comisiones de la verdad y sus informes. Recuperadas en estos informes, tanto las taxonomías como las formas de exposición de la información que habían sido desarrolladas y usadas por la Vicaría fueron puestas en un contexto de legitimación oficial gracias a la iniciativa estatal. A la vez, los informes actualizaron las categorizaciones al situarlas en un nuevo formato narrativo en el cual lo local, es decir, la descripción de los crímenes de la dictadura se proyecta dentro del marco internacional de los derechos humanos, representado principalmente por la expresión “violaciones a los derechos humanos”. Igualmente, los informes son un avance en el esfuerzo taxonómico e interpretativo desplegado durante la dictadura, pues atendiendo a los estándares de rendición de cuentas que debían cumplir las comisiones, fue necesario hacer evidente los criterios de calificación de los afectados en cuanto víctimas, describiendo cómo habían llegado a esa convicción en cada caso. Ello supuso también, entregar argumentos y criterios para justificar la exclusión de casos, algo novedoso en relación con el trabajo de la Vicaría, pero necesario en virtud de que el agente que emprendió la búsqueda de la verdad por medio de las comisiones fue el Estado, y porque los informes tienen efectos en la implementación de las medidas de reparación. 244

Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz

De esta manera, el análisis realizado evidencia que el sistema taxonómico producido para la asistencia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos fue capaz de trasladarse, sin mayores cambios, a otros tiempos y procesos donde ha sido combinado con otras clasificaciones y puesto al servicio de propósitos diferentes; por ejemplo, verdad y reparación en el caso de las dos comisiones de la verdad. Como resultado de ello, el sistema taxonómico y sus componentes devinieron tecnología política, es decir, un artefacto convencional de referencia, cuya existencia permite vincular períodos y sostener la realidad de la violencia de Estado una vez que esta ha cesado. Sucede aquí lo que Desrosières vislumbraba: la producción de un espacio político, primero de resistencia y, luego, de reparación, “implica y posibilita” la creación de un campo común de medición (1998, 9, citado en Adkins y Lury 2012, 9). Desde esta perspectiva, podemos argumentar que la enunciación y conmensuración de las atrocidades cometidas por la dictadura contribuyó a la constitución y sostenimiento del espacio político de los derechos humanos en Chile, así como lo conocemos hoy.

Referencias Adkins, Lisa y Celia Lury. “Introduction: special measures”. En Lisa Adkins y Celia Lury (eds.). Measure and Value, 5-23. Malden (ma) y Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2012. Appadurai, Arjun (ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. México: Grijalbo, 1991. Arzobispado de Santiago. Decreto N° 158-73: Comité o Comisión especial de ayuda a los necesitados. Santiago, 9 de octubre de 1973. Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “What Defines the Victims of Human Rights Violations? The Case of the Comité Pro Paz and Vicaría de la Solidaridad in Chile (1973-1992)”. En Vincent Druliolle y Roddy Brett (eds.). The Politics of Victimhood in Postconflict Societies: Comparative and Analytical Perspectives, 101-131. Londres: Palgrave Macmillan, 2018. 245

Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar

Bernasconi, Oriana y Marcela Ruiz. “A Performative and Genealogical Approach to the Liminal Subject’s Social Sustenance: The Case of the Disappeared Detainees in Chile”. Subjectivity 50, (2018): 1-22. Bloor, David. “Polyhedra and the Abominations of Leviticus: Cognitive Styles in Mathematics”. En Mary Douglas (ed.). Essays in the Sociology of Perception, 191-218. Londres: Routledge, 1982. Bowker, Geoffrey. C. y Susan Leigh Star. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Cambridge (ma) y Londres: The MIT Press, 2000. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Santiago: 1996. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I y II. Santiago: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991. Comité de Cooperación para la paz en Chile. Informe periódico. Febrero 1975. Santiago: 1975a. . Crónica de sus dos años de labor solidaria. Santiago: 1975b. Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1998. . La política de los grandes números. Historia de la razón estadística. Barcelona: Melusina, 2004. Douglas, Mary. How Institutions Think. Siracusa (ny): Syracuse University Press, 1986. Durkheim, Émile y Marcel Mauss. “De quelques formes primitives de classification. Contribution à l’étude des représentations collectives”. L’Année sociologique, núm. 6 (1903): 1-72. Foucault, Michel. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. México: Siglo XXI Editores, 1968. Goodwin, Mark. “Governing the Spaces of Difference: Regulation and Globalisation in London”. Urban Studies 33, núm. 8 (1996): 1395-1406. Hacking, Ian. The social construction of what? Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 1999. . Historical Ontology. Cambridge (ma) y Londres: Harvard University Press, 2002. 246

Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz

. “Kinds of People: Moving Targets”. Proceedings of the British Academy 151, (2007): 285-318. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. “Medidas de reparación en Chile desde 1990. Políticas públicas de reparación por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de 1973 a 1990”. Santiago: Centro Derechos Humanos Universidad Diego Portales, 2012. Lury, Celia y Nina Wakeford. Inventive Methods: The happening of the Social. Londres y Nueva York: Routledge, 2012. Ruppert, Evelyn. “Category”. En Celia Lury, y Nina Wakeford (eds.). Inventive Methods: The happening of the Social, 36-47. Londres y Nueva York: Routledge, 2012. Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2003. Vicaría de la Solidaridad. Informe mensual. Santiago: Arzobispado de Santiago, junio de 1976a. . Ocho meses de labor. Santiago: Arzobispado de Santiago, 1976b. . Informe mensual. Santiago: Arzobispado de Santiago, octubre de 1977. . “Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos de detenidos-desaparecidos”. En Colectivo chileno de trabajo psicosocial y Elizabeth Lira (ed.). Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico, 73-83. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado, 2017 [1980].

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CAPÍTULO VII

Registro y documentación de la violencia de Estado como evidencia judicial en juicios de derechos humanos Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas ¿Es posible que el antónimo de olvidar no sea recordar sino justicia? Yosef Yerushalmi 1

Introducción Como se indicara en los capítulos anteriores, durante los años de la dictadura militar en Chile numerosas organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones interesadas en la protección de los derechos fundamentales denunciaron las atrocidades cometidas por los agentes estatales y sus cómplices civiles. Después del regreso a la democracia, uno de los desafíos asociados a la persecución penal de los responsables de las violaciones a los derechos humanos fue reunir pruebas suficientes para demostrar la comisión de tales delitos y la responsabilidad que a los agentes estatales les cabe en ellos. Los registros compilados por el Comité y la Vicaría, que documentaron entre 1973 y 1992 la violencia política cometida durante la dictadura, se han incorporado a numerosos procesos judiciales, tanto dentro como fuera de Chile. En este capítulo se explica el valor probatorio de tales archivos y se discute el uso de los documentos de los archivos del Comité y de la Vicaría en juicios de derechos humanos en Chile durante los últimos 20 años. El capítulo muestra cómo los jueces emplean los registros y archivos del Comité y la Vicaría para fundamentar sus decisiones, y sus esfuerzos para establecer la verdad sobre el destino de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Chile. También explica cómo 1

Yerushalmi (2005, 117).

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Registro y documentación de la violencia de Estado…

estos registros han formado parte de algunos procesos judiciales en Argentina. Tal como fuera informado en los capítulos anteriores, los registros del Comité y la Vicaría son bastante excepcionales desde la perspectiva de los derechos humanos. Documentan ampliamente los horrores cometidos por la dictadura chilena a partir de su comienzo en 1973 y contienen información sobre miles de casos de víctimas de la represión. De hecho, ningún otro país en el Cono Sur posee un archivo comparable, esto es, un archivo que recopile tanta información, recogida y sistematizada en el momento preciso en el que se cometieron las violaciones a los derechos humanos. Al analizar ejemplos específicos de cómo se incorporaron los archivos de la Vicaría durante los juicios en Chile y Argentina, se muestra cómo los operadores jurídicos y jueces utilizaron estos archivos de manera intensiva. Este proceso transformó tales documentos de archivo en evidencia relevante y útil para los procesos judiciales, activándolos para que cumpliesen una importante función de derechos humanos. Se ha escrito mucho sobre la importancia y el uso de los archivos de derechos humanos generados por la sociedad civil al momento en que se cometen los abusos de poder (Bastian y Alexander 2009; Flinn, Stevens y Shepherd 2009; Caswell 2014b). Los juicios por violaciones a los derechos humanos en tiempos de transición política también han sido objeto de investigación científica (Collins 2010; Sikkink 2013). Sin embargo, el nexo entre estas dos líneas de investigación aún se encuentra en una etapa incipiente. El objetivo de este capítulo es mostrar cómo, desde una perspectiva empírica, la documentación de derechos humanos producida por la sociedad civil se está incorporando en las decisiones judiciales. Estos registros y artefactos se han utilizado para condenar a los perpetradores por crímenes de lesa humanidad, durante y después de la transición chilena, así como en Argentina. La primera parte de este capítulo ofrece algunas reflexiones teóricas sobre la relación entre los archivos de derechos humanos y la administración de justicia. La segunda parte explica cómo los 250

Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

documentos de archivo del Comité y la Vicaría han contribuido al razonamiento de los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). A pesar de las dificultades, se ilustra cómo estos documentos han cumplido adecuadamente con los estándares probatorios exigidos por la legislación penal para condenar a los autores de tales delitos. La sección final aborda específicamente el uso de los registros del Comité y la Vicaría como evidencia en el juicio de la Operación Cóndor en Argentina –en el cual se investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas allende las fronteras en América del Sur entre 1975 y 1981– y se les da una consideración especial debido a sus implicancias regionales.

Archivos, derechos humanos y justicia transicional El registro confiable de las violaciones a los derechos humanos es un elemento fundamental para el estado de derecho y la administración de justicia (Nordland 2010, 10-14). La producción sistemática de documentos que explican las violaciones a los derechos humanos constituye un mecanismo que posteriormente puede hacer una contribución positiva a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Dependiendo de las circunstancias, los archivos y artefactos creados en el momento en que se cometen los abusos pueden resultar especialmente útiles con posterioridad, tanto en los tribunales de justicia como en las comisiones de la verdad (Caswell 2014a, 208). Por ejemplo, el registro de violaciones a los derechos humanos en Canadá durante las guerras mundiales del siglo XX permitió a los descendientes de chinos, japoneses y ucranianos recibir una compensación por los daños sufridos (Roberts-Moore, 2002). La documentación sobre violaciones a los derechos humanos contribuye a los procesos judiciales que forman parte de la justicia transicional, respondiendo a las demandas de verdad y justicia de los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares. De hecho, en contextos 251

Registro y documentación de la violencia de Estado…

de transición la incorporación de archivos, documentación y testimonios como parte de las investigaciones judiciales a menudo es vital para alcanzar sentencias condenatorias (Baumgartner et al. 2016, 1). Esto es aún más significativo cuando ha sido imposible obtener acceso a los registros generados por instituciones dictatoriales, o cuando las personas que están siendo investigadas por tales ilícitos obstruyen los procedimientos o niegan los hechos. Esta actitud es ciertamente comprensible en los casos penales, pues a los acusados se les otorgan garantías procesales que les permiten evitar la autoincriminación. Al no tener acceso a los archivos de los represores, y dada su falta de cooperación con la justicia, quedan pocos caminos para el trabajo de los jueces. En muchas ocasiones, la única forma de conocer los hechos de un caso puede ser a través de declaraciones de víctimas y testigos, así como mediante el uso de otros documentos de registro y archivo producidos en la época por la comunidad en general o por entidades no gubernamentales u organismos internacionales. Los procesos de justicia transicional comúnmente giran en torno a los informes finales de las comisiones de la verdad, las políticas de reparación y los fallos judiciales. En cambio, el potencial de los documentos producidos por la sociedad civil como fuentes primarias para la búsqueda de la verdad es menos conocido (Hamber y Kelly 2016, 28). Tras el cese del conflicto o del régimen autoritario, los archivos deberían estar disponibles para ser consultados no solo por el público interesado, sino que también por aquellos individuos que buscan dar forma a profundos procesos de cambio social. En consecuencia, los archivos deberían utilizarse en los procesos de consolidación de la paz y búsqueda de la reconciliación social. Por ejemplo, en Alemania se puede acceder a los archivos que en su época fueron creados por la policía secreta de Alemania Oriental, Stasi (Miller 1998; Bruce 2008). Sin embargo, en Chile, como se señaló en el Capítulo II, los obstáculos legales aún impiden que los ciudadanos accedan a archivos y registros personales, que son relevantes para la comprensión colectiva de fenómenos históricos y sociales. 252

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a saber la verdad sobre lo que sucedió en el pasado, así como los motivos y circunstancias en que se cometieron delitos abominables (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014). La comunidad internacional ha reconocido que las víctimas y sus familiares tienen derecho a acceder a la información contenida en los archivos de derechos humanos. Además, las personas que están siendo investigadas o han sido acusadas de cometer delitos contra los derechos humanos tienen derecho a acceder a estos artefactos para defenderse. Adicionalmente, los Estados deben permitir que sus ciudadanos accedan a estos registros si desean consultar o aprender sobre los eventos pasados. Las únicas restricciones permisibles son aquellas que buscan proteger la privacidad o la seguridad de las víctimas u otras personas que podrían resultar perjudicadas como resultado de la revisión de los antecedentes (Naciones Unidas 2005). Sin embargo, se aplica una contraexcepción a esta regla en los casos en que los tribunales o las comisiones de investigación oficiales solicitan dicha información. En tales situaciones los custodios de los archivos de derechos humanos están obligados a proporcionar información que pueda contribuir a la aclaración de un delito. La experiencia de Chile puede ofrecer lecciones importantes a la comunidad internacional con respecto a la preservación y protección de los archivos de la sociedad civil referidos al terrorismo de Estado. Después del retorno a la democracia, la búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas en el pasado estuvo fuera del alcance de la sociedad chilena durante los primeros años de la transición política. Posteriormente, las sentencias judiciales que ha establecido la culpabilidad de los acusados por violaciones a los derechos humanos se han apoyado ampliamente en documentos de archivo, toda vez que estos antecedentes han cumplido con las reglas procesales de valoración de la prueba. Las secciones que siguen se enfocan específicamente en este tema, mostrando cómo los jueces han empleado la documentación del Comité y la Vicaría 253

Registro y documentación de la violencia de Estado…

en los fallos de culpabilidad que han sido dictados contra personas acusadas de violaciones a los derechos humanos.

El Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y el inicio de los juicios por violaciones a los derechos humanos en Chile Juzgar las atrocidades cometidas por el régimen de Pinochet ha sido una lucha cuesta arriba en Chile. Pocos meses después de asumir como el primer presidente de la nueva era de transición a la democracia, Patricio Aylwin (1990) afirmó ante el Congreso Nacional que haría justicia “en la medida de lo posible” (10). Su declaración encapsuló los obstáculos que enfrentaba Chile en esos momentos, bajo la sombra de la dictadura y en consideración del persistente poder del general Pinochet y sus partidarios, incluso bien iniciada la transición (Barahona de Brito 1997). El Decreto Ley N° 2.191, promulgado por la dictadura en abril de 1978, complicó aún más la posibilidad de investigar judicialmente los horrores del pasado. Esta norma impidió por años que los jueces investigaran, procesaran, acusaran y condenaran a los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos, con la excepción explícita del homicidio del exministro Orlando Letelier, ocurrido en Washington D.C., en septiembre de 1976. De hecho, en 1995, el general (r) Manuel Contreras, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y el brigadier (r) Pedro Espinoza fueron condenados a penas privativas de libertad por ese delito. Este fallo judicial fue el de mayor connotación pública durante la primera década de la transición a la democracia (Brody y Ratner 2000). Con el paso del tiempo, debido a un cambio en las dinámicas locales e internacionales que se alejaron de la impunidad y tendieron hacia una mayor rendición de cuentas, se inició todo un proceso que derivó a que en los años posteriores ocurriera en Chile una verdadera cascada de juicios por violaciones a los derechos humanos. Esta cascada se desencadenó en enero de 1998 con la 254

Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

presentación de la primera querella criminal en contra del general Pinochet (Sikkink 2013, 174). El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, fue asignado para investigar esa querella, así como las otras que posteriormente se agregaron a la investigación original (Guzmán 2005). El arresto de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, a petición de la justicia española, dio paso a una nueva fase en la búsqueda de justicia en Chile. Según la abogada Carmen Hertz (2017), esta nueva etapa ha desafiado los pactos tácitos de silencio e impunidad de los primeros años de transición (282). A la luz de la gran cantidad de investigaciones de derechos humanos que aún estaban pendientes, el 20 de junio de 2001 la Corte Suprema nombró a nueve ministros de la Corte de Apelaciones y otros 51 jueces para dar prioridad a la resolución de esos casos. En consideración del volumen de casos otros jueces instructores adicionales fueron nombrados con dedicación exclusiva o preferente el 2002 y 2004. A partir de diciembre de 2000, la reforma procesal penal entró gradualmente en vigencia en las distintas regiones de Chile. Ello implicó la sustitución del modelo judicial escrito e inquisitivo por un modelo procesal adversarial, oral y contradictorio (Blanco et al. 2005). Sin embargo, la reforma procesal penal solo fue aplicable a los delitos cometidos después de su entrada en vigor. En consecuencia, las normas procesales que se aplican a los casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura son las que existían antes de la reforma procesal penal. Por tanto, las investigaciones en estos casos son conducidas por jueces penales, y no por fiscales del Ministerio Público como ocurre en la actualidad. Bajo el sistema anterior, el juez no solo investigaba los hechos, sino que además acusaba al acusado y dictaba la sentencia (Accatino y Collins 2016). Obviamente, los aspectos procesales de este tipo de sistema de enjuiciamiento penal exigen consistencia y coherencia del juez en todas las acciones, comenzando con la investigación inicial y hasta la emisión de una sentencia condenatoria, incluidas las etapas intermedias que incorporan el procesamiento de los sospechosos de la comisión de los hechos. 255

Registro y documentación de la violencia de Estado…

Desde que se inicia el caso hasta que se dicta sentencia, los jueces deben respetar las normas procesales en las que se establecen no solo sus atribuciones, sino que además la manera en que se deben llevar a cabo las distintas actuaciones. La principal norma procesal aplicable en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura y que están siendo investigados por la justicia ordinaria corresponde al antiguo Código de Procedimiento Penal (CPP) de 1906 –hoy sustituido por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de 2000 y que rige a partir de la reforma procesal penal–. A medida que los jueces van conociendo los hechos van determinando cuáles se encuentran acreditados y cuáles no. Evidentemente, es muy relevante la coherencia que debe existir en la argumentación judicial en todas sus etapas. Por ejemplo, a pesar de la gradualidad entre el auto de procesamiento, la acusación y la sentencia definitiva, es indudable que se espera que exista consistencia argumentativa entre estas actuaciones judiciales. En el antiguo sistema penal todo juicio criminal comenzaba con la investigación de los hechos que constituyen el delito, determinando las personas responsables y las circunstancias que pudieran influir en su calificación y penalidad. Según lo dispuesto en el Artículo 108 del CPP (1906), “la existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio criminal, y su comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a que deben tender las investigaciones del sumario”. El juez puede decretar la detención “cuando, estando establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito, [tuviere] fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor a aquel cuya detención se ordene” (Art. 255, N° 1, CPP). Con posterioridad, el juez puede decretar auto de procesamiento si está justificada la existencia del delito que se investiga y aparecen presunciones fundadas de la participación del inculpado (Art. 274, CPP). En la acusación el juez debe identificar los hechos que constituyen el delito y la participación cabida en él al reo, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditar unos y otras (Art. 424 CPP).

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Al estar a cargo de la investigación, el juez del caso incorpora en el expediente escrito las pruebas relevantes que ha logrado reunir, tales como, declaraciones judiciales, documentos, e inspección personal del tribunal. El sistema de valoración de la prueba es reglado, debiendo el juez ceñirse a dichas normas al momento de establecer los hechos probados y no probados, y la participación penal de los sujetos acusados. El Artículo 457 del CPP señala que los medios de prueba permitidos en el juicio penal son los siguientes: testigos, informe de peritos, inspección personal del juez, instrumentos públicos o privados, confesiones y presunciones judiciales. Se entiende por presunción en el juicio penal a aquella “consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona” (Art. 485 CPP). Las presunciones judiciales constituyen plena prueba si 1°) se fundan en hechos reales y probados, 2°) son múltiples y graves, 3°) son precisas, 4°) son directas, y 5°) son concordantes (Art. 488 CPP). Por último, al dictar sentencia el juez del crimen debe exponer breve y sintetizadamente “los hechos que dieron origen a la formación de la causa, de las acciones, de las acusaciones, de las defensa y de sus fundamentos, […] [indicando] las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los procesados” (Art. 500, N° 3 y 4, CPP). En todas las sentencias definitivas de primera instancia emitidas por los tribunales chilenos en casos de violaciones a los derechos humanos se puede observar que la presunción judicial ha jugado un papel fundamental. Por tanto, es esencial comprender cómo los jueces han llegado a sus conclusiones sobre si un hecho se considera comprobado o no. Hasta mayo de 2017, los tribunales de justicia habían dictado un total de 320 sentencias definitivas condenatorias, es decir, casos en los cuales no hay recursos pendientes o posibles, referidos a violaciones a los derechos humanos cometidas en los años de la

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dictadura2. Para la elaboración de este capítulo, se analizó una muestra de 216 sentencias de primera instancia, contenidas en la base de datos desarrollada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH)3. La base de datos permite al usuario interesado buscar información a partir de distintos campos: nombre de la víctima, nombre del acusado, rol del expediente judicial, episodio, tipo de sentencia, tipo de delito, Corte de Apelaciones, rol del expediente en la Corte, etc. Para conocer los detalles de los elementos de prueba que han sido considerados en los procesos penales, es recomendable consultar el contenido de las sentencias de primera instancia4. Gracias al apoyo recibido del Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales fue posible acceder a todos los fallos de primera instancia dictados por los jueces en los 216 casos analizados5. De todas estas sentencias, en 104 –lo que corresponde al 48 % de la muestra– se consigna expresamente que se consultó información de la Vicaría de la Solidaridad. Los jueces han considerado que los documentos que forman parte de este archivo son 2 De acuerdo con los registros del Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, los tribunales chilenos habían dictado 320 sentencias definitivas en casos de violaciones a los derechos humanos, entre 1995 y el 1° de mayo de 2017. Estos registros incluyen casos criminales relacionados con desapariciones (secuestros permanentes), ejecuciones políticas extrajudiciales y tortura. El total también incluye la resolución final de 28 demandas civiles presentadas contra el Estado por daños y perjuicios, sin procesos penales asociados. 3 La base de datos sobre sentencias judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura se puede consultar en el sitio Web del MMDH: http://interactivos. museodelamemoria.cl/justicia/. En septiembre de 2018, Daniela Accatino y Antonia Torres presentaron una nueva base de datos en línea con 354 decisiones judiciales. Al respecto, véase http://expedientesdelarepresion.cl/. 4 En el sistema penal chileno aplicable a estos casos, en la mayoría de las investigaciones judiciales los jueces de instrucción emiten un veredicto inicial (sentencia de primera instancia). Este fallo puede ser objeto de recurso de apelación, en cuestiones de hecho y de derecho, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la cual emite la sentencia de segunda instancia. Este fallo puede ser definitivo; sin embargo, la mayoría de los casos que involucran violaciones a los derechos humanos han sido sometidos a la Corte Suprema, que solo puede resolver sobre supuestas aplicaciones incorrectas de la ley por parte de los tribunales inferiores, es decir, no debiera ser en sentido estricto una tercera instancia. 5 Véase http://www.londres38.cl/1937/articles-93462_recurso_2.pdf (marzo de 2013). Para una versión actualizada de los fallos y otros hechos significativos, véase www.derechoshumanos. udp.cl (2018).

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pruebas documentales relevantes. Esto, junto con declaraciones juradas de testigos e informes policiales, permite la construcción de una narrativa sobre los hechos ocurridos durante la dictadura. Es importante tener en cuenta que, en otros 10 casos, aunque no se solicitó información a Funvisol, los testimonios dados en el curso del proceso judicial permiten aseverar que las víctimas o sus familiares acudieron en su oportunidad a la Vicaría para obtener asistencia social o legal. El resto de los casos en la muestra, es decir, aquellos que no mencionaron al archivo de la Vicaría, fueron en su mayoría investigaciones de delitos perpetrados fuera de la Región Metropolitana. Esto significa que el archivo, ubicado físicamente en Santiago, donde operaba principalmente la Vicaría, tenía menos probabilidades de contener información útil o relevante para los casos ocurridos en aquellas regiones en las cuales los funcionarios de la Vicaría, y en especial sus abogados, por diversos motivos no se desempeñaron con regularidad.

Los Archivos de la Vicaría de la Solidaridad como evidencia judicial Los archivos de la Vicaría están siendo incorporados en los expedientes judiciales como elementos de prueba en las investigaciones criminales que involucran violaciones a los derechos humanos. Como lo sugieren Accatino y Collins (2016), los archivos de la Vicaría se han convertido en “un punto de referencia obligatorio para los jueces actuales que investigan un caso de la era de la dictadura” en Chile (90). De hecho, los jueces asignados a esos casos han enviado memorándums oficiales a Funvisol solicitando información sobre los casos investigados (véase fig. 7.1). En particular, respecto de las 104 sentencias judiciales que mencionan explícitamente a los archivos de Vicaría, los jueces emitieron un total de 167 solicitudes separadas a Funvisol. En estas solicitudes los jueces pidieron 100 informes sobre situaciones de represión política, 17 documentos sobre salud mental, 14 testimonios, 259

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nueve declaraciones juradas, nueve fichas antropomórficas, nueve copias de partes policiales registrados en los archivos de la Vicaría, cinco copias de recursos de amparo, tres informes sobre centros de detención, y un informe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Figura 7.1. Oficio del ministro Alejandro Solís a Funvisol y memorándum de respuesta, Caso Muriel Dockendorff, 2014. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Entre el 1° de enero de 1993 y el 30 de abril de 2017, Funvisol respondió a 3048 solicitudes de información de los jueces (véase tabla 7.1). Funvisol tiene por política responder todas las solicitudes enviadas por los tribunales, señalando si su archivo posee información pertinente al caso en cuestión. Desde 2006 hasta el momento de redacción de este documento, los informes de la Vicaría hacían mención a 6076 víctimas (véase tabla 7.2). Es inte260

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resante constatar que en 2011 hubo un aumento sin precedentes en el número de oficios enviados a Funvisol por los jueces que conocían casos de derechos humanos. Este aumento se debió al hecho de que en 2008 una asociación de la sociedad civil, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), adoptó la estrategia de presentar un gran número de querellas criminales, pidiendo a los tribunales que investigaran los más de 1100 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante la dictadura de Pinochet.

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Nº de Año Nº de memorándums memorándums 24 2006 59 12 10 18 11 25 19 24 64 133 69 86 70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

48 55 60 345 1.066 113 222 116 125 85 154 35 3.048

Año

2006

Nº de víctimas 117

2013

Nº de víctimas 297

2007 2008 2009 2010 2011 2012

83 101 315 509 1.205 345

2014 2015 2016 2017 2018 Total

286 183 211 291 68 4.011

Tabla 7.1. Memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (1993-primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 7.2. Víctimas mencionadas en memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (2006 - primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Registro y documentación de la violencia de Estado…

Como se mencionó en el Capítulo III, aproximadamente la mitad de los 216 fallos judiciales mencionan información proveniente de los archivos de la Vicaría. Por ejemplo, en una investigación sobre la desaparición de trabajadores agrícolas del área de Isla de Maipo (conocida como Caso Hornos de Lonquén), la Vicaría había informado públicamente en 1978 del descubrimiento de restos humanos correspondientes a personas desaparecidas. El descubrimiento de estos cuerpos demostró que al menos algunos de los detenidos desaparecidos habían sido ejecutados después de su detención. Por lo tanto, la Vicaría elaboró un formulario que permitió recopilar datos antropomórficos de las personas desaparecidas, y así ayudar a identificar los restos que en el futuro pudieran ser encontrados (véase Capítulo VI). El fallo de primera instancia dictado por la ministra Marianela Cifuentes en este caso resume la acusación inicial presentada por la Vicaría en 19786. Este incluyó declaraciones juradas –tomadas durante la primera investigación llevada a cabo en la época de la dictadura– del vicario Cristián Precht, el obispo Enrique Alvear y Alejandro González, director del Departamento Legal de la Vicaría. En su fallo, la ministra afirma que recibió documentación Funvisol sobre las víctimas encontradas en los hornos de cal de Lonquén. Adjuntó las declaraciones de los familiares de las víctimas y de los testigos de los arrestos. Héctor Contreras, quien fue el abogado de la Vicaría originalmente asignado al caso Lonquén, también declaró. Como se puede apreciar, cuatro décadas después del crimen los archivos de la Vicaría proporcionaron evidencia fundamental para el esclarecimiento de los hechos investigados por el Poder Judicial. Algunas sentencias judiciales narran con gran detalle la información contenida en los documentos recibidos de la Vicaría. Por ejemplo, en el caso del detenido desaparecido Marcelo Concha Bascuñán, el tribunal efectúa la siguiente descripción: […] militante del Partido Comunista, detenido el 10 de mayo de 1976, en la vía pública, en el trayecto comprendido entre su casa 6

Véase Causa Rol N° 7-2005, 9 de septiembre de 2016.

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ubicada en Juan Díaz N° 41 y el Instituto de Fomento Pesquero, en la comuna de Ñuñoa, siendo trasladado hasta Villa Grimaldi. Consigna además las diversas gestiones judiciales y/o administrativas gestionadas por sus familiares, sin obtener resultados positivos7.

Con respecto a este caso, el fallo declaró que Funvisol proporcionó al tribunal la ficha de datos antropomórficos que fue confeccionada al momento de la desaparición, a partir de la información otorgada por los miembros de la familia, y que se usaría para comparar los datos en el evento de encontrar sus restos. Además, en este fallo el juez afirmó que varios informes de la Vicaría fueron usados como prueba de daños morales, es decir, para cuantificar el daño causado a los familiares de la víctima. Se mencionan varios informes elaborados por funcionarios de la Vicaría, tales como, “Informe trabajo diagnóstico de niños familiares de detenidos desaparecidos” y otro titulado “Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos” (Baeza 1987). En otras sentencias judiciales los jueces han efectuado descripciones más genéricas de los antecedentes otorgados por Funvisol. Por ejemplo, en el caso de David Silberman Gurovich, víctima de desaparición forzada, el tribunal sostuvo en la sentencia que había consultado información proveniente Funvisol8. Si bien es cierto que la información ofrecida por Funvisol se incluye en el expediente judicial y se considera como prueba documental, desde un punto de vista probatorio también es importante considerar que dicha información, cuando es complementada con otros elementos de prueba, proporciona fundamentos para que los jueces justifiquen la comisión de los hechos y la participación del individuo a través de la figura de las presunciones. Además, una gran cantidad de fallos judiciales señalan que los documentos que Funvisol proporcionó al tribunal hacen referencia a los recursos de amparo que se interpusieron en su oportunidad. Esta información Sentencia de la Causa Rol N° 2182-1998, Cuaderno Marcelo Concha, juez Leopoldo Llanos, 31 de agosto de 2015, f. 4. 8 Ibid. 7

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es importante, tal como lo ha explicado María Paz Vergara, actual secretaria ejecutiva Funvisol: Algunos de estos documentos, especialmente aquellos de procesos judiciales, son especialmente valiosos, ya que son las únicas copias existentes, pues no son pocos los expedientes de procesos por detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas sobrevivientes que se han extraviado (Vergara 2009, 73).

El uso de investigaciones o documentos técnicos preparados por los profesionales de la Vicaría ha sido mencionado en las sentencias judiciales. Por ejemplo, a propósito de la salud mental de las víctimas y sus familiares, los jueces han tenido a la vista investigaciones de la Vicaría, tales como, “Informe trabajo diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos”, “Pre Informe trabajo diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos”, “Salud mental. Síntesis del Trabajo con niños familiares de detenidos desaparecidos”, “Algunos factores de daño a la salud mental”, “Algunos problemas de salud mental detectados por el equipo psicológico-psiquiátrico” y “Trabajo social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos”. Tales investigaciones ofrecen una visión panorámica de la represión durante la dictadura. También explican las consecuencias psicológicas que las violaciones de derechos humanos han tenido sobre las víctimas y sus familiares. La lectura de los fallos permite sostener que los jueces han confiado en la calidad técnica de estos informes elaborados por los expertos de la Vicaría. Por ejemplo, en numerosos fallos sobre detenidos desaparecidos se hace referencia a las fichas antropomórficas de las víctimas9. Los fallos también mencionan a la revista de la Vicaría, Solidaridad (1976-1988), y sus informes mensuales, al hacer referencia al contexto general o a hechos específicos que son pertinentes a las investigaciones judiciales Por ejemplo, véase Causa Rol N° 2182-98, Episodio Londres 38, Cuaderno Jaime Cádiz Norambuena, 7 de octubre de 2014.

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Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

respectivas10. Adicionalmente, los informes técnicos han sido considerados por los jueces para argumentar a favor de las víctimas en los juicios en contra del Estado por indemnización de perjuicios, a propósito del daño moral sufrido por las víctimas y sus familiares.

Metodologías de incorporación de archivos como evidencia judicial Los jueces han estado recurriendo a dos metodologías para acceder a la documentación de la Vicaría. En primer lugar, un juez que investiga un caso puede enviar un oficio a la Secretaría Ejecutiva Funvisol, solicitando información sobre ciertas personas o hechos. Por lo general, el personal de la Vicaría ha respondido a dichas solicitudes enviando fotocopias de los antecedentes específicos que están contenidos en sus archivos y registros de la época11. En tales situaciones, los jueces estudian toda la documentación recibida e indican qué información se debe incorporar en el expediente del caso. Este método también puede incluir la revisión de los jueces de las fotocopias del material de archivo de la Vicaría, y que fueron entregadas a organismos públicos con anterioridad. Así, por ejemplo, las copias utilizadas en 1990 y 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) se encuentran desde 2016 en poder de la Subsecretaría de Derechos Humanos12. En segundo lugar, los jueces a veces han encargado a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), y en especial a quienes han integrado su Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu), que busquen información sobre Por ejemplo, Causa Rol N° 143.671-1, Caso Sergio Ruiz Lazo, 29 de noviembre de 2013. Entrevista de los autores y autoras al ministro Alejandro Solís, 23 de noviembre de 2016, reproducida con autorización. 12 Después de la custodia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), las copias fueron resguardadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entidad que desde 2016 ha quedado subsumida en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 10 11

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Registro y documentación de la violencia de Estado…

los casos en particular. En este escenario son los propios detectives quienes recurren personalmente a las oficinas de Funvisol y luego preparan un informe policial para transmitir al juez el contenido de los registros revisados13. En este caso, el juez utiliza a la policía para llevar a cabo una función legítima de investigación. Los jueces que investigan casos de derechos humanos han optado por no presentarse en persona en las oficinas de Funvisol, para evitar cualquier duda sobre su independencia y objetividad. Cuando el personal de Funvisol responde a los oficios de los jueces, adopta el rol de facilitador de la documentación que custodia. Es el equipo de Funvisol quienes examinan los documentos en su archivo, deciden qué fotocopiar y enviar a los jueces, y describen los hechos sobre los cuales la Vicaría tomó conocimiento con antelación. También es importante señalar que las conversaciones informales con los exabogados y las exabogadas de la Vicaría han permitido a algunos jueces adquirir una mejor comprensión del contexto de la represión política. Obviamente, tales conversaciones extraoficiales no califican como elementos de prueba y no pueden ser mencionadas en los considerandos de las sentencias judiciales. Por ejemplo, un juez entrevistado para este estudio señaló: “Conversé con muchos abogados de la Vicaría. Tuve charlas valiosas con ellos, todo off the record, aunque yo anotaba todo lo que me decían”. El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, investigó unos 40 casos de violaciones a los derechos humanos. Al ser consultado sobre la relevancia que habían tenido los archivos de la Vicaría en su razonamiento como juez, señaló: Los archivos de la Vicaría de la Solidaridad me fueron de especial utilidad, pues al redactar los autos de procesamiento, siempre se iniciaban señalando información que me había sido proporcionada por la Vicaría de la Solidaridad. A continuación, en los autos de procesamiento yo iba incorporando antecedentes adicionales Entrevista de los autores y autoras al ministro Juan Guzmán, 24 de noviembre de 2016, reproducida con autorización.

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o complementarios, en consideración de las diligencias realizadas […]. La información que había recopilado la Vicaría de la Solidaridad era muy valiosa, pues era información confiable y nunca me merecieron dudas. Al no contar con ayuda de otras instituciones, la gente confió en las gestiones que realizaba la Vicaría14.

Para el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, fue importante toda la organización del archivo de la Vicaría para reunir los datos requeridos. Según Guzmán, la información de este archivo fue fundamental en los procesos investigados, siéndoles de utilidad al momento de redactar los autos de procesamiento: “El uso de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad fue fantástico. Se hizo un camino estupendo. Fue milagroso ese trabajo. Yo lo discutí con los funcionarios de la Policía de Investigaciones y con los abogados de derechos humanos”15. La importancia práctica de los archivos de la Vicaría para las discusiones que tienen lugar en los tribunales de Chile se puede ilustrar mediante un caso específico. El juez a cargo de la investigación por el secuestro (desaparición forzosa) de Muriel Dockendorff 16 solicitó mediante oficio dirigido a Funvisol que proporcionara toda la información que tenía registrada sobre dicha persona y que pudiera contribuir al esclarecimiento de los hechos17. En 2004, Funvisol entregó todos los antecedentes que tenía en su poder. Al dictar sentencia el juez señaló que los informes de la Vicaría de 1976 daban cuenta que Muriel Dockendorff había sido vista en el centro de detención Tres Álamos. Además se proporcionó la ficha antropomórfica de la víctima, la que había sido confeccionada por 14 Entrevista de los autores y autoras al ministro Alejandro Solís, 23 de noviembre de 2016, reproducida con autorización. 15 Entrevista de los autores y autoras al ministro Juan Guzmán, 24 de noviembre de 2016, reproducida con autorización. 16 El 6 de agosto de 1974, agentes de la DINA detuvieron a Muriel Dockendorff Navarrete, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Antes de su desaparición, numerosos testigos la reconocieron en los centros clandestinos de detención Londres 38 y Cuatro Álamos (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991, 16-18). 17 Véase Causa Rol N° 2182-1998, Villa Grimaldi, de 1998.

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sus familiares en la Vicaría. Estos antecedentes, sumados a los informes de los detectives de la Bridehu y otras declaraciones, permitieron al juez tener los argumentos suficientes para condenar el 2 de abril de 2012 a seis exmiembros de la DINA como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro permanente18. Los condenados por este crimen eran todos conocidos exagentes de la policía secreta de la dictadura: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren, Basclay Zapata, Gerardo Godoy y Orlando Manzo. En segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas de prisión dictadas, aunque el 22 de agosto de 2014 la Corte Suprema confirmó la sentencia, pero rebajó las penas. Cuando los jueces no usan ni mencionan los archivos de la Vicaría en sus decisiones judiciales, han tenido que recurrir a otros medios de prueba para determinar las responsabilidades de los acusados. De hecho, los jueces deben emplear las herramientas provistas por la ley para alcanzar una “verdad judicial”. Esto implica un trabajo de investigación adicional para los jueces y los detectives que colaboran con ellos. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, en el fallo de primera instancia del 3 de marzo de 2004 el magistrado Alejandro Solís señaló haber entrevistado a personas que presenciaron el arresto de las víctimas en el aserradero en el que trabajaban. También señaló haber tomado declaraciones a exoficiales de Carabineros de Chile que habían participado en el arresto de los hermanos o que tuvieron conocimiento de ello19. Debido a que el crimen fue perpetrado en Río Negro, una pequeña comunidad ubicada en el sur de Chile, la gente del pueblo conocía a la policía que trabajaba en el área. Las declaraciones de los extrabajadores del aserradero y de los exfuncionarios de Carabineros fueron concordantes, motivo por el cual el juez pudo confirmar las circunstancias que rodearon la detención y desaparición de los hermanos Barría 18 Este extraño y delicado cargo criminal es el equivalente más cercano en el Código Penal vigente al delito de desaparición forzosa. La ausencia continua de la víctima es utilizada por los jueces para considerar que el delito original de secuestro se sigue cometiendo. 19 Véase Causa Rol N° 2182-1998, Villa Grimaldi, de 1998.

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Bassay, permitiéndole dictar una sentencia condenatoria. Como se ha podido apreciar, cuando los archivos de la Vicaría no contienen información sobre un caso en particular, los jueces deben recurrir a otros mecanismos que les permitan obtener evidencia suficiente.

El juicio por la Operación Cóndor en Argentina La documentación de la Vicaría no solo se ha incorporado como evidencia judicial en juicios que investigan violaciones de derechos humanos en Chile. También ha desempeñado un papel fundamental en una acusación histórica que concluyó en mayo de 2016 en el Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina20. A diferencia del modelo judicial escrito e inquisitivo, en Argentina desde 1992 los procesos penales a nivel federal se han desarrollado en dos etapas. En primer lugar, tiene lugar una fase de investigación. En la etapa de instrucción el juez y el fiscal a cargo recopilan pruebas documentales y examinan a los testigos y expertos. Las audiencias son privadas (en cámara) durante esta fase. En segundo lugar, existe la llamada fase de prueba oral y pública (Figari Layús 2018). En esta los procedimientos públicos orales se llevan a cabo ante un tribunal de tres jueces. Tanto los acusadores como la defensa pueden interrogar a los testigos, y ambas partes pueden ofrecer pruebas para dar a conocer su versión de los hechos. El tribunal evalúa los cargos contra el acusado, junto con todas las pruebas documentales y testimoniales relevantes. La sentencia dictada, ya sea un veredicto de culpabilidad o una absolución, puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso de apelación, el cual puede ser presentado por la parte acusadora o la defensa (Ibid.). Los registros de la Vicaría fueron empleados en las dos fases del juicio por la Operación Cóndor en Argentina. La persecución penal del Plan Cóndor en Argentina fue la primera vez en que se investigó el modus operandi de toda una maquinaria En Argentina, los juicios por crímenes de lesa humanidad se llevan a cabo en el sistema de justicia federal.

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transfronteriza de una red transnacional de terrorismo de Estado que cometió crímenes en varios países sudamericanos. En este caso se investigaron los crímenes de más de 100 víctimas (Lessa 2015). La Operación Cóndor fue el nombre en clave dado a un sistema regional de intercambio y coordinación de inteligencia, así como a operaciones conjuntas establecidas por los regímenes de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, a mediados de los años setenta, para perseguir a activistas de izquierda y opositores en América Latina (Dinges 2004; McSherry 2005). La Operación Cóndor permitió a las dictaduras sudamericanas suspender efectivamente las fronteras y desatar la represión de los derechos humanos a escala regional. Estos regímenes detuvieron ilegalmente, torturaron, desaparecieron y asesinaron a cientos de exiliados, la gran mayoría de los cuales se habían refugiado en Argentina en ese momento. El juicio y la investigación previa duraron en total más de una década y media: comenzó en noviembre de 1999, cuando familiares de desaparecidos extranjeros formularon las primeras denuncias en Argentina, y finalizó en mayo de 2016, al dictarse la sentencia de primera instancia. Durante esos años los jueces, fiscales y querellantes particulares, así como los abogados defensores, investigaron un volumen sin precedentes de registros de archivo. La riqueza de la evidencia de archivo considerada en este juicio fue verdaderamente notable. Los juicios de derechos humanos en Argentina por lo general dependen en gran medida de los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas como evidencias principales, ya que generalmente solo se dispone de unos pocos documentos de archivo. Por el contrario, en este caso más de 200 testimonios directos fueron corroborados por miles de páginas de registros de archivo que el tribunal argentino compiló en Sudamérica y Estados Unidos. Particularmente, los jueces se basaron en nueve cuerpos de registros de archivos y materiales adicionales, incluyendo los “archivos del terror” de Paraguay, informes finales de las comisiones de la verdad de varios países del Cono Sur, registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y archivos de organizaciones de derechos 270

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humanos, incluyendo los registros de la Vicaría de la Solidaridad. Estos últimos fueron especialmente cruciales para el tribunal al abordar los casos de las 22 víctimas chilenas de la Operación Cóndor, incluidas en el proceso. En cuanto a la nacionalidad, los chilenos constituyeron el segundo grupo más numeroso de víctimas, equivalente al 20 % de las 109 víctimas (las 48 víctimas uruguayas correspondían al 44 % del total de víctimas incluidas en el juicio, siendo el mayor grupo de víctimas según su nacionalidad) (Ministerio Público Fiscal de Argentina 2015). En particular, Funvisol envió un total de 185 documentos al tribunal argentino. Estos incluían 18 certificados emitidos por instituciones públicas chilenas; 35 formularios y documentos judiciales producidos por la Vicaría; 40 documentos internacionales; 18 documentos producidos por la Comisión Rettig; y 37 resúmenes de los hechos y acciones emprendidas por la Vicaría en nombre de las víctimas21. Los jueces dedicaron sus esfuerzos a reunir pruebas para atribuir la responsabilidad penal con respecto a dos grupos de delitos: privación ilegal de libertad y asociación ilícita22. Los archivos de la Vicaría contribuyeron a la corte argentina en tres aspectos: primero, compilando información sobre los antecedentes personales y políticos de cada víctima; segundo, dando a conocer las circunstancias exactas de las violaciones a los derechos humanos; y tercero, explicando los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas para establecer el paradero de sus seres queridos que se encontraban desaparecidos. Al proporcionar información crucial sobre todos estos elementos, la documentación de la Vicaría ayudó al tribunal a confirmar la existencia material de los delitos y a generar una comprensión más completa de cada secuestro. Esto permitió que los principales acusados fueran condenados, cuando se obtuvo el umbral de prueba adecuado. Algunos ejemplos servirán para demostrar cómo los archivos en la práctica cumplieron con las tres funciones mencionadas anteriormente. Documento Funvisol en respuesta a la carta oficial N° 13325-2009 / Exhorto de 22 de agosto de 2009, en cumplimiento del Rol de Exhortación Internacional N° 4138-2009. 22 En efecto, esta es una versión del cargo de conspiración criminal. 21

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En los juicios de derechos humanos a menudo es necesario establecer una conexión clara entre los antecedentes personales y políticos de cada víctima y la política más amplia de represión de los derechos humanos ejecutada en el país. Ello es crucial para demostrar que las víctimas fueron perseguidas debido a sus creencias político-ideológicas y activismo político. En el caso del juicio de la Operación Cóndor la difícil tarea de demostrar esas conexiones era aún más compleja: la fiscalía tenía que demostrar que los exiliados, incluso después de abandonar su país de origen, seguían siendo monitoreados por sus países de origen, convirtiéndose en objetivos posibles de los operativos de la Operación Cóndor. En el caso de los exiliados chilenos los jueces tuvieron que demostrar que su persecución y desaparición en Argentina fue el resultado de sus actividades políticas en Chile. Por ejemplo, al investigar la desaparición a comienzos de abril de 1976, en Mendoza, Argentina, de tres activistas del Partido Socialista (PS) de Chile23, la sentencia hizo referencia a un archivo de la Vicaría. Los registros de la Vicaría indican expresamente que los tres desaparecidos habían viajado a Argentina “ya que todos habían enfrentado problemas relacionados con la seguridad personal en Chile, debido a su activismo en la política local”24. Del mismo modo, en el caso de una joven pareja se emplearon los documentos de la Vicaría para explicar claramente las razones detrás de su reubicación en Argentina. El documento describe cómo la pareja… […] permaneció durante ocho meses en Buenos Aires, trasladándose luego a San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, en donde permanecieron hasta mediados de 1975. Frida trabajó allí en un policlínico y quedó embarazada. En San Martín de los Andes se enteraron que estaban siendo vigilados desde Chile, ya que les llegó una carta de la hermana de Ángel, con un timbre de Carabineros de Concepción, lo que revelaba que esta había sido abierta por las 23 24

Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velázquez. Véase la página 1860 de la sentencia.

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autoridades militares de esa ciudad. Por este antecedente y sabiendo ellos que en Chile había orden de detención en contra de Ángel Athanasiu, decidieron volverse a Buenos Aires.

Figura 7.2. Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (pp. 1925-1926). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. 273

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El mismo documento luego detalla cómo las autoridades chilenas persiguieron a Ángel y Frida incluso después de haber abandonado Chile, y en particular cuando ellos residían en la ciudad de San Martín de los Andes, cerca de la frontera argentino-chilena. Por esta razón, conscientes de que estaban siendo monitoreados de cerca desde Chile, Frida y Ángel decidieron mudarse a mediados de 1975 a Buenos Aires, más lejos de la frontera. Fue en esta última ciudad donde, en abril de 1976, desaparecieron junto con su hijo de cinco meses. Pablo Athanasiu Laschan fue posteriormente adoptado ilegalmente, recuperando su verdadera identidad recién en 2013. Después de demostrar la conexión entre las actividades políticas de las víctimas y su persecución en el marco de la Operación Cóndor, los jueces utilizaron registros de varios archivos para acreditar la ocurrencia de los actos criminales y determinar los detalles de las desapariciones. Al examinar los casos de las hermanas Carmen y Gloria Delard Cabezas, y sus respectivas parejas, el sentenciador incorporó antecedentes provenientes de los archivos de la Vicaría que referían en forma detallada a uno de los secuestros. En efecto, el informe detallaba cómo José Luis Appel de la Cruz fue detenido el 10 de enero de 1977, mientras caminaba por la calle en Cipolletti, una ciudad de la provincia argentina de Río Negro. La víctima fue interceptada por agentes vestidos de civil, mientras que su esposa Carmen Delard Cabezas se encontraba cerca del lugar. Después de regresar a casa, Carmen dejó a su hija con sus vecinos y fue a la estación de policía cerca de su casa para denunciar la detención de José Luis. Tanto José Luis como Carmen permanecen desaparecidos hasta la fecha25.

25

Véase la página 2039 de la sentencia.

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Figura 7.3. Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2039). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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De manera similar, los jueces recurrieron a otro documento de la Vicaría para resaltar el hostigamiento y la persecución que sufrió Luis Espinoza González, exintegrante del MIR que vivía en Mendoza. Espinoza González fue detenido el 7 de diciembre de 1978, siendo golpeado por encontrarse en posesión de material gráfico del MIR que habría sido producido tres años antes, e interrogado sobre las actividades políticas de otros chilenos en Mendoza. Finalmente, fue liberado el 9 de diciembre, para luego volver a ser detenido al día siguiente, y desde esa fecha nunca más fue visto26. En este caso, los jueces mencionan específicamente que la información de la Vicaría ayudó a establecer “la materialidad de los hechos previamente narrados”27. Funvisol proporcionó una variedad de documentación sobre Luis Espinoza González, tanto sobre los pasos dados por los abogados de la Vicaría como sobre la información recopilada por organismos internacionales. El fallo judicial cita el cuestionario utilizado para determinar la condición de refugiado por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), así como dos cartas manuscritas enviadas por grupos de residentes chilenos en Mendoza, Argentina, que mencionan el arresto de Espinoza: El Sr. Espinoza fue detenido el 7/12/78 en su domicilio de Necochea 350 de [esta] ciudad (hay testigos), llevado al Palacio Policial, donde fue golpeado por habérsele encontrado un panfleto del MIR de Chile de tres años atrás, interrogándosele sobre presuntas actividades políticas de chilenos residentes de Mendoza.

26 27

Véase la página 2197 de la sentencia. Véase la página 2200 de la sentencia.

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Figura 7.4. Carta anónima enviada al vicario Cristián Precht de la Vicaría de la Solidaridad, fechada en Mendoza el 10 de enero de 1979 y citada en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2204). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

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Finalmente, los jueces también recurrieron a los documentos de la Vicaría para describir los innumerables esfuerzos realizados por los familiares y amigos de las víctimas para establecer el paradero de sus seres queridos desaparecidos y denunciar las atrocidades que se estaban desarrollando. En el caso de Cristina Carreño Araya, una militante del Partido Comunista (PC) de Chile desaparecida en Buenos Aires en julio de 1978, la sentencia subraya cómo la Vicaría, junto con la AFEP, había tomado la iniciativa de denunciar el secuestro de Cristina. El veredicto destaca el hecho de que Cristina se encontraba bajo vigilancia en Buenos Aires por agentes pertenecientes a la DINA28. De manera similar, en el caso mencionado anteriormente sobre los tres militantes chilenos del PS desaparecidos en Mendoza, la sentencia describe cómo dos de los hermanos de Manuel, Iris y Juan, se refirieron ante el tribunal sobre cómo la familia había denunciado la desaparición ante organismos de derechos humanos en Chile, incluyendo a la Vicaría. También sostiene que, como consecuencia de sus denuncias, la vivienda familiar fue allanada en Chile por agentes de seguridad, quienes les advirtieron que debían de buscar a su hermano29. Como muestran los ejemplos anteriores, en casi todos los casos que involucran a víctimas chilenas, el tribunal argentino se basó en un conjunto de documentos de la Vicaría. Durante el proceso, jueces, fiscales y abogados pudieron confiar y emplear registros de archivo de manera activa y constructiva para contextualizar la represión política tanto en Chile como en Argentina. Lo anterior permitió demostrar cómo los agentes de los regímenes dictatoriales colaboraron, a través de la Operación Cóndor, para perseguir a los opositores que vivían en el exilio en toda la región. Diferentes elementos, que van desde declaraciones de testigos y archivos personales hasta documentos legales, se activaron durante el juicio de la Operación Cóndor en Argentina y ayudaron en los jueces a generar una nueva verdad judicial. Esto permitió la reconstrucción 28 29

Véase la página 2178 de la sentencia. Véase la página 1852 de la sentencia.

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de las circunstancias que rodean los casos individuales de las víctimas de la Operación Cóndor, y proporcionó los elementos necesarios para que el tribunal llegase a una sentencia condenatoria en los casos respectivos.

Conclusiones Durante los años de la dictadura, los abogados del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad presentaron denuncias penales y escritos de habeas corpus (recursos de amparo) en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En aquellos días los jueces rechazaron la gran mayoría de las acciones de defensa legal presentadas ante los tribunales. Sin embargo, desde la recuperación de la democracia los registros de archivo del Comité y la Vicaría han sido fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad y el establecimiento de la justicia. Tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, el uso de estos documentos por los jueces a cargo de investigaciones criminales ha sido especialmente significativo. Las investigaciones judiciales sobre los delitos no hubieran sido posibles sin el trabajo realizado por organizaciones de derechos humanos durante los años de la dictadura chilena, ya que estas instituciones registraron sistemáticamente los delitos cometidos por agentes estatales y la policía secreta. Este capítulo ha tratado de ilustrar empíricamente cómo los jueces a cargo de los juicios por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile se han apoyado en los documentos de archivo de la Vicaría para formular sus razonamientos judiciales y desarrollar los considerandos a partir de los cuales construyen sus sentencias condenatorias. Los jueces que investigan casos de derechos humanos consultan con frecuencia los registros de la Vicaría, ya sea directa o indirectamente, y atribuyen valor probatorio a esos documentos. Por tanto, los registros se han convertido en elementos de prueba que permiten la determinación de la culpabilidad de las personas que participaron en violaciones 279

Registro y documentación de la violencia de Estado…

a los derechos humanos, es decir, estableciendo su responsabilidad penal frente a los hechos. Los registros de la Vicaría han sido admitidos como prueba documental en los juicios penales, adquiriendo el estatus de prueba judicial. Esto los ha convertido en un elemento que contribuye a la formulación de las presunciones judiciales que son utilizadas para condenar a los culpables. Es razonable afirmar que, sin los archivos de la Vicaría, y dado el silencio o la negativa de los acusados, la tarea de investigar los hechos en al menos 100 sentencias condenatorias de primera instancia por violaciones a los derechos humanos hubiera sido mucho más difícil para los jueces chilenos. A través de los ejemplos discutidos anteriormente, tomados de juicios penales tanto en Chile como en Argentina, mostramos cómo la documentación de la Vicaría cumplía tres funciones cruciales en términos de responsabilidad penal por delitos cometidos en el pasado. En primer lugar, los jueces de ambos lados de los Andes emplearon los archivos y registros de la Vicaría para recopilar detalles sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos. Fueron especialmente útiles en la reconstrucción de historias personales y antecedentes políticos de las víctimas. En particular, los tribunales debían demostrar cómo las víctimas chilenas fueron perseguidas por la dictadura de Pinochet y finalmente torturadas y asesinadas, debido a su activismo en la política nacional, ya sea como miembro de un partido político, grupo armado, sindicato o movimiento estudiantil. En segundo lugar, los tribunales utilizaron los registros y archivos para establecer la ocurrencia de episodios específicos de violaciones a los derechos humanos, identificando claramente a las víctimas y, cuando fue posible, también a los responsables. Los tribunales hicieron uso de declaraciones de sobrevivientes de centros de detención clandestinos, quienes durante su encarcelamiento vieron a compañeros que finalmente desaparecieron. Los documentos de la Vicaría también se utilizaron para obtener información sobre los patrones generales de las violaciones a los derechos humanos y su impacto en la sociedad chilena, para comprender mejor los contextos políticos, sociales 280

Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

e históricos en los que se habían cometido atrocidades específicas investigadas por los jueces. Finalmente, los registros relacionados con miles de peticiones de habeas corpus y otros tipos de denuncias, presentadas por familiares de las víctimas que buscaban desesperadamente a sus seres queridos, fueron fundamentales para establecer la falta de respuesta del Estado. A pesar del muro de silencio que los familiares tuvieron que soportar durante la dictadura, todos esos archivos fueron luego extremadamente valiosos en los juicios penales posteriores. Es justo afirmar que los registros de la Vicaría han recorrido el tiempo y el espacio. Estos documentos invaluables, muchos de los cuales se produjeron hace más de 40 años, se han utilizado, y se siguen utilizando en el presente, como pruebas fundamentales en los tribunales chilenos. Su importancia también ha trascendido mucho más allá de las fronteras de Chile. Durante el juicio de la Operación Cóndor en Argentina, como hemos visto, los mismos registros fueron cruciales para el trabajo del fiscal y del propio tribunal, al investigar las atrocidades que ocurrieron en toda América del Sur. Sin duda su tarea hubiera sido mucho más difícil si no hubieran tenido acceso a la documentación producida por la Vicaría sobre las 22 víctimas chilenas. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean o no patrocinadas por el Estado, rara vez dejan rastros en documentos que explican cómo se llevaron a cabo las atrocidades. La negación, el silencio y la impunidad suelen ser la norma impuesta en los órganos represivos. Una vez que termina la violencia o el conflicto, los sobrevivientes, los abogados de derechos humanos y los activistas se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir los horrores del pasado a partir de la evidencia que pudo preservarse y que se encuentra disponible. Si se busca que prosperen los procesos judiciales en los cuales se deba determinar la responsabilidad penal, entonces es imprescindible que se cumplan estándares específicos y estrictos en términos de evidencia y prueba, pues de lo contrario no va a ser posible que el juzgador adquiera el convencimiento de la participación del acusado en los hechos investigados. Los testimonios de 281

Registro y documentación de la violencia de Estado…

los sobrevivientes y los familiares de las víctimas son a menudo una evidencia fundamental en los juicios de derechos humanos, pero la evidencia escrita también puede jugar un rol crucial en la argumentación judicial. En estos escenarios complejos, dondequiera y siempre que existan archivos, estos pueden hacer una contribución decisiva a los procesos de justicia transicional. La información que contienen los registros y archivos puede ser activada, interpretada y contextualizada por archiveros, abogados, jueces y testigos para contribuir al proceso de lograr que se haga justicia. En particular, la incorporación de documentos de archivo puede fortalecer la credibilidad y corroborar aún más la veracidad de los testimonios orales de testigos directos de los horrores del pasado.

Referencias Accatino, Daniela y Cath Collins. “Truth, Evidence, Truth: The Deployment of Testimony, Archives and Technical Data in Domestic Human Rights Trials”. Journal of Human Rights Practice 8, núm. 1 (2016): 81-100. Aylwin, Patricio. “Vivimos nuevamente en democracia”. Síntesis del mensaje del Presidente de la República de Chile, don Patricio Aylwin Azócar, al comenzar el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1990. Santiago: Secretaría de Comunicación y Cultura, 1990. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/ w3-article-8101.html. Baeza, Victoria. El Retorno. Santiago: Vicaría de la Solidaridad-Arzobispado de Santiago, 1987. Barahona de Brito, Alexandra. Human Rights and Democratization in Latin America: Uruguay and Chile. Oxford: Oxford University Press, 1997. Bastian, Jeannette y Ben Alexander (eds.). Community Archives: the shaping of memory. Londres: Facet Publishing, 2009. Baumgartner, Elisabeth, Brandon Hamber, Briony Jones, Gráinne Kelly e Ingrid Oliveira. “Documentation, Human Rights and Transitional Justice”. Journal of Human Rights Practice 8, núm. 1 (2016): 1-5. Blanco, Rafael, Mauricio Decap, Leonardo Moreno y Hugo Rojas. Litigación estratégica en el nuevo proceso penal. Santiago: LexisNexis, 2005. 282

Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

Brody, Reed y Michael Ratner (eds.). The Pinochet Papers: The Case of Augusto Pinochet Ugarte in Spain and Britain. La Haya, Londres y Boston (MA): Kluwer Law International, 2000. Bruce, Gary. “Access to Secret Police Files, Justice, and Vetting in East Germany since 1989”. German Politics and Society 26, núm. 1 (2008): 82-111. Caswell, Michelle. “Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014a): 207213. . “Toward a survivor-centered approach to records documenting human rights abuse: lessons from community archives”. Archival Science 14, núm. 3-4 (2014b): 307-322. Código de Procedimiento Penal (Chile). “Artículo 108”, “Artículo 255, núm. 1”, “Artículo 274”, “Artículo 424”, “Artículo 457”, “Artículo 485”, “Artículo 488”, “Artículo 500, núm. 3 y 4”, 1906. https:// www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22960. Collins, Cath. Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador. University Park (pa): The Pennsylvania State University Press, 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. The Right to Truth in the Americas. OEA/Ser.L/V/II. 152 Doc.2. Washington D. C.: Organización de Estados Americanos, 2014. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991. Dinges, John. The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents. Nueva York: The New Press, 2004. Figari Layús, Rosario. The Reparative Effects of Human Rights Trials: Lessons from Argentina. Londres y Nueva York: Routledge, 2018. Flinn, Andrew, Mary Stevens y Elizabeth Shepherd. “Whose memories, whose archives? Independent community archives, autonomy and the mainstream”. Archival Science 9, núm. 1-2 (2009): 71-86. Guzmán, Juan. En el borde del mundo. Memorias del juez que procesó a Pinochet. Barcelona: Anagrama, 2005. Hamber, Brandon y Gráinne Kelly. “Practice, Power and Inertia: Personal Narrative, Archives and Dealing with the Past in Northern Ireland”. Journal of Human Rights Practice 8, núm. 1 (2016): 25-44. Hertz, Carmen. La historia fue otra. Memorias. Santiago: Debate, 2017. 283

Registro y documentación de la violencia de Estado…

Lessa, Francesca. “Justice beyond Borders: The Operation Condor Trial and Accountability for Transnational Crimes in South America”. International Journal of Transitional Justice 9, núm. 3 (2015): 494-506. Ley N° 19.992 (Chile). “Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica” publicada el 24 de diciembre de 2004. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=233930. McSherry, J. Patrice. Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America. Lanham (md): Rowman & Littlefield Publishers, 2005. Miller, John. “Settling accounts with a secret police: The German law on the Stasi records”. Europe-Asia Studies 50, núm. 2 (1998): 305-330. Ministerio Público Fiscal (Argentina). “La judicialización de la Operación Cóndor”. Informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Argentina: Dirección de Comunicación institucional-Procuración General de la Nación, 2015. https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe -ProcuLesa-Op-C %C3 %B3ndor-Final.pdf. Naciones Unidas. “Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity”. E/ CN.4/2005/102/Add.1. Human Rights Commission, 61st Period of Sessions, Theme 17 of the Provisional Program, 2005. Nordland, Jonathan. “Human Rights and Archives: Lessons from the Heiner Affair”. Tesis de maestría, University of Manitoba y University of Winnipeg, Canadá, 2010. Roberts-Moore, Judith. “Establishing Recognition of Past Injustices: Uses of Archival Records in Documenting the Experience of Japanese Canadians during the Second World War”. Archivaria, núm. 53 (2002): 64-75. Sikkink, Kathryn. La cascada de la justicia. Cómo los juicios de lesa humanidad están cambiando el mundo de la política. Buenos Aires: Gedisa, 2013. Vergara, María Paz. “Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”. En Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (ed.). Acceso público a la memoria: el rol de los archivos testimoniales en la democratización de las sociedades postdictatoriales [encuentro], 69-79. Santiago: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2009. Yerushalmi, Yosef Hayim. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle (WA): University of Washington Press, 2005.

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CAPÍTULO VIII

Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia Oriana Bernasconi

La defensa de los derechos humanos: el tercer actor En este libro hemos seguido el caso de las dos principales organizaciones de derechos humanos que brindaron asistencia a las víctimas de la represión política desatada por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet en Chile. Al analizar estas organizaciones, hemos centrado la atención en los trabajadores y trabajadoras que prestaron este servicio, los conocimientos que poseían, las visiones profesionales que primaron para abordar esta sensible labor, y las modalidades y artefactos de registro que utilizaron para documentar el terrorismo de Estado y denunciarlo al mismo tiempo que operaba brutalmente sobre una población indefensa. El campo de estudios de los derechos humanos, la memoria y la justicia transicional comúnmente se centra en el binomio víctimaperpetrador. Al subrayar el papel del registro y la documentación de las violaciones de los derechos humanos, este libro busca subrayar el rol de un tercer actor, aquel que media entre aquellos dos pero que no ha recibido suficiente atención hasta ahora. Este actor es el defensor de los derechos humanos, quien ofrece asistencia y compañía a las víctimas, y documenta y denuncia las violaciones que han sufrido de modo de impedir la impunidad y el olvido. En el Comité y la Vicaría, como en los otros organismos de derechos humanos del período en Chile, este desafío fue asumido por 285

Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

un valiente equipo de jóvenes trabajadores y trabajadoras. Sin conocimiento previo, aprendieron a registrar millares de testimonios de víctimas y testigos, recorrieron poblaciones, hospitales y prisiones en búsqueda de personas detenidas, resguardaron a personas perseguidas o las asilaron en embajadas, organizaron y acompañaron a familiares en visitas masivas a prisioneros políticos detenidos a lo largo del país, viajaron en misiones secretas a Buenos Aires, París o Nueva York para recabar información sobre los desaparecidos, develaron centros clandestinos de detención y exterminio en base a testimonios de sobrevivientes, brindaron asistencia profesional y técnica para las huelgas de hambre, y cuidaron de los heridos en manifestaciones. También acompañaron a familiares para identificar y reclamar cadáveres en morgues, interrogaron a desertores de aparatos represivos, organizaron convenciones internacionales sobre derechos humanos en medio de la dictadura, y respondieron con indignación y protesta cuando la represión llegó a sus propias filas. En este contexto es ajustado tomar la expresión de Veena Das (2008) y llamar a este tercer actor, el trabajador por los derechos humanos, un “agente de la dignidad”. Este libro es un merecido reconocimiento al significativo rol que este tercer actor jugó en la gestión de una catástrofe que amenazó la democracia y la convivencia pacífica, y atentó contra la vida y la dignidad del ser humano.

Cuatro modalidades de resistencia al terrorismo de Estado La violación a los derechos humanos durante la dictadura militar constituye la mayor catástrofe sociopolítica y humanitaria que vivió Chile durante el siglo XX. Frente a ella, la sociedad civil chilena fue capaz de desplegar y desarrollar un modo de resistencia al abuso, a la represión y a la violencia sistemática mediante el registro, documentación, investigación, asistencia y denuncia de estas prácticas. Y fue también capaz de preservar la evidencia acumulada en esta labor de modo de disponerla para la gestión futura de este pasado violento. 286

Oriana Bernasconi

A pesar de los múltiples usos de este tipo de documentos, ningún estudio en Chile o en otro país había abordado el papel del registro de las violaciones a los derechos humanos en el enfrentamiento de este tipo de episodios, el esclarecimiento de la verdad y el fortalecimiento de la democracia. Paradójicamente, el campo de estudio de los derechos humanos ha descansado en gran medida en la consulta de archivos y colecciones documentales, no solo en Chile sino también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil o Guatemala. Sin embargo, en ninguno de estos casos ha habido un examen en profundidad de cómo se crearon, usaron y preservaron esos registros, o de las implicancias de las prácticas documentales para manejar y comprender estos fenómenos. Tampoco se han realizado investigaciones sobre la construcción de los sistemas de registro de violencia política masiva, cuyos resultados son observables en estos archivos. El interés en la inscripción documental de ninguna manera es secundario o banal. Es estratégico porque, a diferencia del recurso de la historia oral, la documentación, si se conserva, sobrevive al paso del tiempo. Las décadas que nos separan del comienzo de esta tragedia en Chile nos llevan a afirmar que los registros (inscripciones en papel o imágenes que se han digitalizado y conservado en archivos abiertos al público) serán una de las pocas fuentes que las próximas generaciones tendrán disponibles. En consecuencia, este libro muestra que, en cualquier episodio de violencia política masiva, la inscripción documental y la preservación constituyen un medio clave para el acceso futuro a la verdad, la justicia y la memoria. Empleando un método meticuloso y paciente, hemos explorado cómo el trabajo de documentar el terrorismo de Estado fue organizado, transformado y sostenido en el tiempo. Hemos examinado las microprácticas de registro; los objetos, tecnologías, procedimientos, saberes, convenciones, compromisos, herramientas, rutinas y recursos utilizados. Estudiamos taxonomías y semánticas que surgieron en el curso de la recopilación, el procesamiento y la difusión de información. También examinamos qué epistemes convergieron para pensar lo impensable y actuar en defensa de las 287

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personas afectadas, y mostramos cómo esas epistemes viajaron posteriormente a través del tiempo y el espacio. Esta transposición les permitió informar otras formas de abordar este pasado violento, en otros ámbitos y en otras coyunturas sociohistóricas, como los mecanismos de la justicia transicional en el período posdictatorial. De esta forma, la acción de inversión infraestructural que desplegamos en nuestro análisis intentó iluminar un sistema de registro e información convertido en una tecnología política, que ha demostrado ser clave para los procesos de responsabilización, justicia y verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos. Para abordar el papel de la documentación en la gestión de un episodio de violencia política masiva, combinamos el gesto de inversión infraestructural con la profundidad temporal proporcionada por las preguntas genealógicas. En consecuencia, las páginas anteriores han reconstruido diferentes genealogías: genealogías de prácticas, tradiciones disciplinarias y epistémicas, taxonomías, sistemas de información y pruebas judiciales. Al trazar el curso de estas prácticas laboriosas, modestas y metódicas que se mantuvieron a lo largo del tiempo, este libro ha intentado mostrar que la documentación e inscripción de la violencia estatal es una construcción cognitiva y política (Desrosières 1998) capaz de consignar y resguardar los hechos del pasado, ordenar una de las formas en que observamos el horror y crear espacios de equivalencia y comparabilidad entre experiencias finalmente inconmensurables. La creación de este espacio, sin duda, ha contribuido a que podamos hablar y actuar sobre estos hechos horrorosos hasta el día de hoy y permitirá a futuras generaciones vislumbrar el daño ocasionado. Este libro ha demostrado que la inscripción analógica del funcionamiento del terrorismo estatal ha tenido múltiples efectos en diferentes momentos. Durante el gobierno militar, fue un exitoso acto de desobediencia no violenta. Sostenemos que la inscripción de la violencia por parte de quienes estuvieron dispuestos a defender a las víctimas, hizo posible resistirla al comprender cómo funcionaba y hacer público ese conocimiento. A diferencia de las 288

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visiones predominantes que tienden a calificar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos como eminentemente reactivo, el chileno es un caso de resistencia pacífica productiva, a través de la comprensión y la denuncia de una realidad que el Estado represor negaba. Desde este punto de vista, el caso chileno revela que las tecnologías de registro pueden convertirse en un medio de resistencia a la violencia estatal y su régimen de control de la vida. Ello viene a complejizar la conceptualización de las prácticas de registro como tecnologías para el gobierno de poblaciones, como ha sido sugerido por diferentes autores que han seguido el enfoque de la gubernamentalidad propuesto por Michel Foucault1. Esta forma de resistencia antidictatorial operó en diferentes niveles. El primer nivel de resistencia fue ético. El trabajo de las organizaciones chilenas de derechos humanos constituyó una forma de resistencia moral y demostró que la solidaridad puede ser efectiva en situaciones de catástrofe nacional. Los profesionales, voluntarios, sacerdotes y monjas, que, en el contacto directo con los afectados y en la asistencia integral a sus necesidades, aprendieron a ver la represión a través de las vivencias individuales y colectivas de sus víctimas, recuperaron y difundieron “realidades, historias y subjetividades” (Stengers 2008, 39) alternativas a las promovidas por el régimen. Al apropiarse de la vida de unos, el régimen buscó afectar la integridad moral de la población, para que todos entendieran que la vida no era ya inviolable ni insustituible. La “aceptabilidad de la matanza” refleja precisamente la idea de que un ser humano puede ser reducido a una cosa, y que la posibilidad de vida de unos depende de la posibilidad de muerte de otros (Foucault 2003; Bell 2010). En un entorno igual y tremendamente amenazador, los trabajadores y las trabajadoras de los organismos chilenos de derechos humanos ofrecieron una respuesta solidaria. Brindaron refugio, protección y defensa a las víctimas, y sostuvieron un espacio de humanidad en un momento en que el Estado chileno se otorgó 1

Vease, por ejemplo, Burchell, Gordon y Miller (1999) y Giorgi y Rodríguez (2007).

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Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

el poder de designar ciertas vidas humanas como absolutamente disponibles. La creación y el mantenimiento de ese espacio fue una condición necesaria para las prácticas de registro y documentación y para la preservación de un archivo. Ese mismo archivo ahora atestigua, reflexiona y protege las acciones de defensa y denuncia que se llevaron a cabo en nombre de las personas afectadas, sus familias y sus comunidades. Tomando una imagen deleuziana, es ajustado afirmar que el valor de este espacio (o “territorio”, como diría el filósofo), no es topográfico sino existencial, en el sentido de que “circunscribe para cada uno el campo de lo familiar y de lo vinculante, marca las distancias con el otro y protege del caos” (Raffin 2008, 24). La experiencia chilena enseña a abordar la documentación de la violencia estatal también como una labor de cuidado. Las mujeres y los hombres que trabajaban en el Comité y la Vicaría ofrecieron este cuidado en su propio nombre, pero imaginando que, en el futuro, esta responsabilidad podría ser asumida por nuevas generaciones como una tarea de bien común. Una segunda forma de resistencia es epistemológica. El registro de los crímenes cometidos por esta dictadura pone al descubierto una política de terrorismo de Estado en la era de la Guerra Fría. Este tipo de registro contribuye a poner en la palestra la “injusticia institucional” (Bell 2018), otorgándole legibilidad y visibilidad y haciéndola disponible para diversos públicos. El conocimiento elaborado en el procesamiento e investigación de estos hechos permitió enfrentar la versión distorsionada difundida por la dictadura con los relatos de sobrevivientes y testigos que se atrevieron a denunciar. Como argumenta Bickford (2000), las colecciones documentales así reunidas, vistas como una fuente contrahegemónica para el relato histórico, “no son simplemente depósitos de papel”; ellas constituyen la fuente de una retórica alternativa a la “batalla contra el cáncer marxista” y “la salvación de una sociedad en ruinas” (Stern 2010, 5) proclamadas por el régimen represor y su ideología contrainsurgente. Luego de la caída de la dictadura, estas fuentes contrahegemónicas se convirtieron en un elemento 290

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activo en la construcción de una “narrativa nacional” (19) sobre este pasado ignominioso. Desde esta perspectiva, hemos sostenido que el estudio de las prácticas y tecnologías de registro ejemplifica la capacidad de la materialidad de dejar trazas, permitiendo a las sociedades aprender sobre la violencia, reconocer la verdad y ejercer la justicia, la reparación y la memoria. También hemos afirmado que microprácticas tan triviales como nombrar, clasificar, hacer un inventario o establecer definiciones, ayudaron a crear un repertorio para hablar y actuar con relación a estos hechos. Ese repertorio sobrevive hasta hoy. En este punto quisiera enfatizar tres asuntos de distinto tenor. Primero, reparar en la lucidez requerida para vislumbrar tempranamente que, junto con escuchar, apoyar y asistir a las personas afectadas por la represión, era de suma importancia consignar, compilar y producir información. Y más aún, comprender y lograr que esa información fuera verificable y poseyera sólida fuerza probatoria. Como lo demostró el Capítulo VII, esta última característica ha sido especialmente crucial para transformar, décadas más tarde, un registro hecho para la asistencia y la denuncia en elemento de prueba judicial. Usos posteriores como este demuestran la idea de Derrida (1992) del registro como un acto que pertenece tanto al presente como al futuro (185). Como explica Bell (2016), para Derrida el registro fija y, al mismo tiempo, conlleva este aspecto temporal crucial que “apunta hacia el futuro” (138). En segundo lugar, como se desarrolló en los capítulos V y VI, es importante destacar el rol de los artefactos y operaciones cognitivas e informacionales que permitieron el registro y su procesamiento: denominaciones, definiciones, clasificaciones, carpetas, sábanas, cuadros estadísticos, entre otros, contribuyeron a la construcción y comunicación de conocimiento, participaron en la producción de minuciosidad y objetividad, y otorgaron legitimidad al trabajo documental. En tercer lugar, debemos comprender que el proceso de consignar e inscribir el terror no actúa por sí solo. Como se demostró a lo largo de todo este libro y, particularmente, en el 291

Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

Capítulo III, la protección a este esfuerzo por parte de los recursos institucionales y la autoridad de la confesión religiosa predominante en el país fue esencial. Esta protección no solo hizo posible que el trabajo continuara, sino que también contribuyó a crear condiciones propicias que fluctuaron desde lo financiero y lo logístico hasta severas pugnas de poder con las Fuerzas Armadas y de orden. Las acciones públicas y privadas de las distintas confesiones que convergieron en la creación del Comité y las de la Iglesia católica para el caso de la Vicaría, fortalecieron y apoyaron el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. La tercera forma de resistencia, derivada de esta última, es ontológica. Los capítulos anteriores han demostrado que el registro análogo y sistemático de las prácticas represivas por parte de las organizaciones de derechos humanos permitió visibilizar una realidad que la dictadura negaba y cuestionar sistemáticamente al régimen. El registro consignó y nombró el terrorismo de Estado. Al documentar e inscribir lo que descubrieron, los registros dieron vida a esa realidad (Law y Urry 2004, 393). En este sentido es importante tener en cuenta la naturaleza performativa de lo enunciado. El recurso de la escritura surge aquí como una forma de actuar en el mundo, al afirmar lo que está sucediendo. Esto es especialmente cierto en el campo legal, dado el sistema de justicia escrita que prevaleció en Chile durante ese período. Allí, el poder de la palabra escrita radica en su capacidad para construir artefactos con suficiente solidez probatoria. El procesamiento y análisis de los casos atendidos también se convirtió en una fuente confiable de información para consignar en informes internacionales que condenaron al gobierno chileno en el período (como los producidos por Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros). A nivel de la opinión pública internacional esos reportes y condenas contribuyeron a diseminar información sobre la violación sistemática de los derechos humanos que sucedía en el país, fortaleciendo el movimiento de solidaridad hacia las víctimas y el repudio al régimen. 292

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A nivel ontológico, la resistencia también se expresó en el darse uno mismo, confiando en que la injusticia se abordaría o corregiría en algún momento futuro (Bell 2016). En parte, los trabajadores y las trabajadoras del Comité y Vicaría registraron el terrorismo de Estado prefigurando conscientemente ese momento futuro. En retrospectiva, tanto en Chile como en otros países del Cono Sur donde se constituyeron archivos que luego se denominarían de “derechos humanos o resistencia”, el registro y la documentación de las prácticas represivas estatales han contribuido a conformar el propio campo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Una cuarta forma de resistencia es organizacional. Este libro ha demostrado que el registro y análisis sistemático de la información sobre las violaciones a los derechos humanos permitieron identificar patrones represivos. Esto a su vez facilitó la organización de personas que atravesaban por situaciones similares. Tanto el Comité como la Vicaría alentaron sistemáticamente a familiares, sobrevivientes, pobladores y otras personas perseguidas a autoorganizarse. Poco a poco, esas personas pudieron reconocerse unos a otros, crear confianzas, empatizar con el dolor y crear un espacio común desde el cual resistir la violencia. Estas acciones los transformaron en protagonistas de su propia historia. En esos años, la creación de este espacio de resistencia no violenta frente a un poder autoritario y alienante ayudó a la unión de personas cuyos derechos estaban siendo arrebatados por el Estado, mitigando los efectos que la atomización y la alienación fueron provocando en el tejido social. El activismo infatigable de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) es un ejemplo de esa capacidad de resistencia colectiva, activa y no violenta. Durante la dictadura, las experiencias relatadas por las víctimas generalmente se circunscribieron al círculo de personas afectadas y a organizaciones que asumieron su defensa. No fue hasta más tarde que esas verdades traspasaron esas fronteras. Y es que la documentación de la política sistemática de violación a los derechos humanos no solo permitió la denuncia de estos delitos. También transformó la información de la Vicaría en una fuente de 293

Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

información para otros ciudadanos. Con los años, la inscripción del horror se convirtió en un factor decisivo para construir la convicción, en el imaginario social chileno, de que estas atrocidades habían sido cometidas. Para mediados de la década de 1980, la realidad de la represión había logrado penetrar en una gama amplia de ciudadanos y, sin duda, contribuyó a fundamentar el rechazo electoral de Pinochet en 1988. En consecuencia, la verdad que estas organizaciones produjeron y difundieron no era solamente de una Iglesia en particular. Poco a poco logró pertenecer a la sociedad chilena en su conjunto y representar un legado cultural del país. En retrospectiva, las acciones de los organismos de derechos humanos chilenos se han convertido en un punto de referencia simbólico. Constituyen una memoria política y social significativamente diferente de aquella producida por otras tradiciones históricas. Representa, de hecho, un contrapunto a la conmemoración y memorialización de la tragedia y la muerte. En palabras de Lira (2017), “la capacidad de los trabajadores de derechos humanos de participar en una resistencia moral efectiva basada en un trabajo riguroso y comprometido con la dignidad de todas las personas y los principios de solidaridad y tolerancia de las diferencias ideológicas, religiosas y políticas”, ha sido reconocido y valorado como fundamento para una convivencia pacífica” (195).

“Localizar la verdad”: más allá de las adscripciones Las acciones del Comité y Vicaría, así como las de otras organizaciones de derechos humanos que surgieron y operaron durante la dictadura, tienen el atributo único de haber producido y salvaguardado un corpus documental que ofrece un recuento situado, es decir, de primera mano, de la violencia estatal. Inspirada por las reflexiones de Gieryn (2002), quisiera desarrollar aquí un tema aludido en la introducción de este libro: la idea de que la documentación de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos tiene la capacidad de trascender su lugar de procedencia. 294

Oriana Bernasconi

Reflexionando sobre historias de ficción y no ficción Gieryn (2002) señala que “el emplazamiento de una historia contribuye de manera significativa a su credibilidad y a la suspensión de la incredulidad, permitiendo que una forma original de producción de conocimiento sea considerada como verdad por parte de muchos” (113). Si extendemos esta proposición a nuestro campo, diríamos que, como ha evidenciado este libro, los organismos de derechos humanos chilenos se enfrentaron a una tarea jamás imaginada y crearon un sistema de inscripción del terrorismo estatal absolutamente original tanto en Chile como probablemente en el resto del mundo. Y también podemos afirmar que los múltiples usos de este acervo documental indican que su valor no se juega solo en la robustez y contundencia de la información reunida; también depende de las credenciales que se le atribuyen al lugar del que procede. Por más de 40 años la identificación del origen de este corpus documental, en el Comité y la Vicaría, ha operado como garantía de autenticidad. Pero la reflexión de Gieryn (2002) dice algo más. Apunta a que afirmaciones originadas en un lugar, adquieren valor fuera de él, precisamente por provenir de ese lugar. Esto sucede cuando aquel lugar deviene un truth spot, es decir, un sitio reconocido como productor de verdad. “El paso desde afirmaciones contingentes saturadas de sus marcas de procedencia a verdades deslocalizadas y trascendentes se logra […] a través de la construcción de un ‘truth spot’” (Ibid). En el caso del Comité y la Vicaría el carácter situado del corpus documental producido es también lo que le permite trascender su contexto de producción, y actuar como fuente de información para otros lugares y diferentes agentes. Durante la época de la dictadura, el registro de las violaciones a los derechos humanos ya funcionaba como tecnología política. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando fue utilizado como referencia para el arte de protesta (por ejemplo, en la obra de Luz Donoso, Hernán Parada y otros). O, cuando la documentación de la Vicaría fue citada por organismos internacionales, fundamentando la denuncia de las prácticas represivas de la dictadura y las demandas de verdad y 295

Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

justicia de las personas afectadas, intensificando el repudio internacional al régimen chileno. En suma, Gieryn (2002) nos permite decir que la resistencia desplegada por el Comité y Vicaría es, a la vez, situada y capaz de trascender su contexto. De este modo, puede dotar de significado, iterar e inscribirse en otros artefactos y procesos relacionados con la misma catástrofe, como los realizados por diversos actores dentro de Chile y en el extranjero por espacio de cuatro décadas. Mediante el caso chileno, este libro intenta subrayar la relevancia que reviste para la defensa de los derechos humanos la creación y sostenimiento de truth spots. La genealogía, y su pregunta sobre la procedencia de lo que existe, es precisamente lo que nos permite deconstruir los rastros de registros que se repiten o se vuelven borrosos con el paso del tiempo, de acuerdo con su posición en referencia al truth spot.

La Sábana La tarea de garantizar que violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en el Cono Sur no se repitan depende precisamente de la existencia de registros que puedan “hablar” a personas de diferentes ámbitos de la vida social, en distintos momentos. Como desarrolla Vikki Bell a través de Judith Butler (2012, 109), se trata de “permitir que el pasado interrumpa el presente” rehusando el proceso de ‘ruina’ que Hannah Arendt describe como una tendencia del mundo (2016, 146). Como parte del proyecto de investigación que dio origen a este libro en 2016 comisionamos la creación de una obra de arte visual. Nos motivaba explorar diversas vías de representación y comunicación de nuestro proyecto, incluyendo lenguajes distintos a los de las disciplinas representadas en el equipo de investigación (principalmente, ciencias sociales y humanidades). La portada de este libro muestra un detalle de la obra visual La Sábana (2017), del artista chileno Nicolás Franco (fig. 1, p. 20). 296

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Este trabajo conecta dos cuerpos fotográficos en una obra pictórica de gran escala. Uno de ellos corresponde a fotografías de un veraneo de la familia de Franco en 1976. Estas imágenes conectan a varias autoras y autores de este libro con una época y una vida cotidiana cercana, en cuanto niñas y niños que crecieron en el período de dictadura. El otro cuerpo fotográfico es de una planilla de datos artesanal, hecha a mano por el Departamento Legal de la Vicaría y los familiares de personas detenidas desaparecidas. Durante nuestro trabajo en el archivo, encontramos varias de estas sábanas, dobladas y sin catalogar, en una caja en una esquina del archivo. En particular, esta sábana, que reúne pormenorizados relatos represivos de 110 personas registradas por la Vicaría como detenidas y desaparecidas durante 1976, nos conmovió (véase fig. 5.7 en el Capítulo V). El carácter político de este artefacto se nos hacía evidente: intentaba inscribir lo que la dictadura borraba; probar lo que negaba; revelar lo que intentaban ocultar y transformar lo que el régimen había asesinado en algo latente, dotado de una existencia paralela y continua. La Sábana hace aún más visible a este crimen deleznable y al sujeto liminal que creó, un sujeto cuyo destino final aún se desconoce en la gran mayoría de los casos. La Sábana ha sido una tecnología política de la memoria con la cual nuestro proyecto ha intentado intervenir en el presente. Intentamos visibilizar la capacidad de resistir el terror al enunciar visualmente su operación represiva. El público que ha asistido a las exhibiciones de la obra en Chile y en el exterior nos ha comentado que ha provocado conversaciones dentro de las familias y entre generaciones: ¿qué estaba haciendo nuestra familia mientras ocurrían eventos tan terribles? ¿Qué estamos haciendo hoy, ante la violación de los derechos humanos de otras personas? Esperamos que este libro se convierta en otra tecnología política de la memoria, que contribuya a reconocer la solidaridad de quienes trabajaron para organizaciones de derechos humanos durante la dictadura militar chilena, así como el valor universal de las prácticas de documentación de violaciones de derechos humanos.

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Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia

Referencias Bell, Vikki. “On Fernando’s Photograph. The Biopolitics of Aparición in Contemporary Argentina”. Theory, Culture & Society 27, núm. 4 (2010), 1-21. . “Between documentality and imagination: Five theses on curating the violent past”. Memory Studies 11, núm. 2 (2016), 137-155. Bickford, Louis. “Human Rights Archives and Research on Historical Memory: Argentina, Chile, and Uruguay”. Latin American Research Review 35, núm. 2 (2000), 160-182. Burchell, Graham, Colin Gordon y Peter Miller (eds.). The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. Butler, Judith. Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism. New York: Columbia University Press, 2012. Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Edición a cargo de Francisco A. Ortega. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto CES, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2008. Derrida, Jacques. “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority”. En Cornell, Drucilla; Rosenfeld, Michel y David Gray Carlson (eds). Deconstruction and the Possibility of Justice. New York y Londres: Routledge, 1992. Desrosières, Alain. The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge (MA) y Londres: Harvard University Press, 1998. Foucault, Michel. Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France 1975-6, trans. David Macey. New York: Picador, 2003. Gieryn, T. F. “Three truth‐spots”. Journal of the history of the behavioral sciences 38, núm. 2, (2002), 113-132. Giorgi, Gabriel y Fermín Rodríguez (comps.). Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Buenos Aires: Paidós, 2007. Law, John y John Urry. “Enacting the social”. Economy & Society 33, núm. 3 (2004) 390-410. Lira, Elizabeth. “The Chilean Human Rights Archives and Moral Resistance to Dictatorship”. International Journal of Transitional Justice 11, núm. 2, (2017) 189-196. Raffin, Marcelo. “El pensamiento de Gilles Deleuze y Michel Foucault en cuestión”. Lecciones y Ensayos 85, (2008) 17-44. 298

Oriana Bernasconi

Stengers, Isabelle. “Experimenting with Refrains. Subjectivity and the Challenge of Escaping Modern Dualism”. Subjectivity 22, (2008), 38-59. Stern, Steve. Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006. Durham (NC): Duke University Press, 2010.

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CAPÍTULO IX

Epílogo Elizabeth Lira

El Programa de Investigación Interdisciplinar sobre Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ha reunido desde 2016 a un grupo de académicos de distintas facultades, formaciones, experiencias y generaciones, para estudiar la documentación elaborada por los organismos de derechos humanos en el trabajo profesional solidario realizado durante la dictadura que tomó el poder en Chile en septiembre de 1973. Más de 40 años después que empezara esa labor, junto a investigación de archivo, algunos de los que la llevaron a cabo nos relataron e ilustraron cómo registraron estas atrocidades, sus experiencias, sus temores y sus logros, compartiendo sus aprendizajes y memorias con nuestro equipo de investigación. También han formado parte de este estudio académicos y académicas de otras universidades interesados en estos temas. Durante los tres años que nos tomó esta investigación, desarrollamos actividades que nos han permitido comunicar y enriquecer esta reflexión en otros ámbitos, con seminarios, congresos y la producción de la obra de arte La Sábana (fig. 1, p. 20). El estudio ha permitido profundizar, volviendo a revisar y pensar, no solo las violaciones a los derechos humanos cometidas contra miles de personas sino también las acciones de ayuda, defensa legal, atención médica, psicológica y psicosocial en favor de las personas, familias y comunidades en momentos muy críticos de la convivencia 301

Epílogo

política de la sociedad chilena. El diálogo y la colaboración con académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y con especialistas internacionales facilitaron la reflexión acerca de las particularidades de ese trabajo y al mismo tiempo permitieron destacar aspectos de su dimensión universal. Este libro se refiere al trabajo realizado por el Comité de Cooperación para la Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Trabajamos también en los archivos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic). Formé parte del equipo clínico del Programa Médico Psiquiátrico desde 1978 hasta fines de 1987. Investigamos también los archivos de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y de la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), pero estos archivos constituyen temas para otro libro. Este libro hace referencia principalmente a las dos primeras instituciones. El trabajo de estos organismos de la sociedad civil surgió en un contexto social y político amenazador. Chilenos y extranjeros habían sido torturados con ensañamiento por otros seres humanos en todo el país. Miles fueron ejecutados. La polarización ideológica había construido “enemigos” que fueron caracterizados como sujetos peligrosos que amenazaban la vida de todos. A los gobernantes les pareció que la tortura era un recurso útil para enfrentar a esos “enemigos”. A pesar de las denuncias y condenas internacionales, especialmente en Naciones Unidas, la tortura se practicó hasta el último día del régimen. Muchas personas detenidas no volvieron a aparecer. La desaparición fue una amenaza permanente para miles de personas y se pudo reconstituir retrospectivamente gracias al trabajo profesional solidario. Al mismo tiempo que se implementaba una represión política feroz, en la sociedad chilena se continuaba funcionando como si esos hechos no estuvieran sucediendo, o como si las víctimas merecieran ser castigadas al margen de la ley a causa de sus ideas y de sus actuaciones políticas. Las acciones de solidaridad se desencadenaron tan pronto como los informes sobre las violaciones a los derechos humanos 302

Elizabeth Lira

comenzaron a difundirse. Miles de personas fueron arrojadas al borde de la muerte, su dignidad fue aplastada y fueron convertidas en víctimas. La tortura como experiencia traumática resultó en una profunda degradación. Esto se manifestó en la experiencia del horror, así como en las pesadillas y otros síntomas que persistieron durante décadas para muchas personas. En la relación humana de dar y recibir, albergar y cuidar, fue posible instigar una forma de apoyo emocional y reparación, aunque limitada, comenzando con el acto de escuchar y acompañar. Como este libro ha narrado, por iniciativa del cardenal Raúl Silva Henríquez, con la participación de obispos y pastores de algunas iglesias cristianas, principalmente el obispo luterano Helmut Frenz, se creó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi) el 9 de octubre de 1973 en Santiago. Miles de personas concurrieron al Comité solicitando orientación y ayuda para dar con el paradero de sus familiares, quienes, después de allanamientos nocturnos a sus viviendas, habían sido detenidos con mucha violencia. Era difícil en ese momento sostener la solidaridad con las personas perseguidas sin grave riesgo para quienes la ejercían. ¿Cómo argumentar que la vida y la dignidad de las personas eran valores absolutos, en un contexto político en que se las había devaluado de tal modo que las autoridades actuaban como si la vida y la dignidad de algunos –que eran miles– no valiera nada? ¿Cómo explicar por qué los cristianos (y los no cristianos) se habían involucrado en esa solidaridad siendo perseguidos por ello y arriesgando convertirse en víctimas? ¿Por qué proteger y defender a personas que tenían creencias e ideas políticas diferentes? La respuesta a estas preguntas se construyó en la acción solidaria generada desde las iglesias cristianas y la Iglesia católica, basada en proporcionar servicios profesionales a las víctimas. Esa solidaridad se sustentaba en el reconocimiento de las víctimas como personas, como prójimos, como sujetos de derechos vulnerados y en desamparo. En momentos de crisis política y persecución, las Iglesias generaron espacios de fraternidad y protección que salvarían la 303

Epílogo

vida a muchos y animarían a otros a seguir viviendo de una forma digna, entregando solidaridad y compasión eficaz a sus semejantes. El régimen negó que se practicaran torturas y desmintió que se tratara de una política sistemática. También desmintió que la desaparición forzada fuera una política deliberada contra ciertos sectores políticos, así como las ejecuciones extrajudiciales efectuadas en los primeros meses del golpe militar. La amenaza dio lugar al sometimiento y al miedo de las mayorías, a la desconfianza generalizada y en consecuencia al aislamiento de las víctimas. Las actuaciones profesionales, en particular las de los abogados, buscaban hacer efectivos los derechos de las personas, mediante el acceso a la justicia, haciendo las denuncias correspondientes y presentando recursos de amparo (habeas corpus) ante los tribunales. En un contexto de estados de excepción constitucional, con restricción de derechos y garantías, con el riesgo permanente de arbitrariedad y abuso, las acciones solidarias y simbólicas realizadas hacia y con las víctimas tenían efectos morales, psicológicos y espirituales muy significativos para estas y sus familias, pero también para la comunidad de los profesionales que las realizaban y sus cercanos. El eje central de las actuaciones solidarias se basaba en el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos de las víctimas ante las instancias del Estado, por limitados que fueran sus resultados. Pero también expresaban un sentido de la responsabilidad social sobre lo que ocurría en el país, en el ejercicio de formas de “compasión” eficaz, de ayuda y protección profesional con esas personas y sus familias que se habían convertido en víctimas. Los espacios solidarios contribuyeron a construir y reconstruir una relación social de confianza recíproca entre las víctimas y quienes trabajaron escuchándolas; creyendo en que los hechos que les relataban habían ocurrido verdaderamente y confirmando que era posible aliviar el sufrimiento y procurar resolver algunas necesidades inmediatas. Esa confianza recíproca fue un pilar fundamental en el proceso de recuperación de las víctimas, en un espacio de amparo simbólico y a la vez muy concreto. 304

Elizabeth Lira

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de los organismos de derechos humanos no consideraban su trabajo como expresión de una vocación humanitaria ni tampoco como una opción política, aunque tuviera elementos de ambos. Para algunos era la expresión de su compromiso cristiano ante la necesidad y la vulneración de esos perseguidos. Predominaba una noción de responsabilidad con las víctimas, con sus vidas y su sobrevivencia digna, pero también con la necesidad de preservar los valores básicos de la convivencia nacional. A su vez, las acciones solidarias apoyadas por las Iglesias permitían acceder a una información privilegiada sobre la verdadera naturaleza de la represión, las atrocidades cometidas contra las personas y la indefensión de las víctimas, a pesar de todas las acciones para protegerlas. Además del apoyo a las víctimas esos trabajadores y trabajadoras se preguntaban ¿cómo detener la represión, la persecución y la tortura? ¿Cómo expresar la preocupación de la jerarquía de la Iglesia católica por el conjunto de la sociedad chilena en un período tan crítico? Ha tomado años reconstruir el mapa de la solidaridad con las víctimas y su defensa en Chile. Este libro forma parte de ese mapa. Pero también ha tomado años reconstruir el sufrimiento y las consecuencias padecidas por miles de personas y sus familias y sus necesidades de rehabilitación y reparación. Las personas y familias que concurrieron al Comité, a la Vicaría, a Fasic o a Codepu, fueron recibidos individualmente, asistidos en su necesidad de alimento, abrigo, refugio y alivio moral, psicológico y espiritual, buscando salvarles la vida, y procurarles los recursos necesarios para poder recuperarse y enfrentar esas difíciles circunstancias para sus vidas y las de sus familias. Ninguna de las instituciones tomó en consideración las ideas políticas, las afiliaciones partidarias o pertenencias religiosas para reconocerlos como personas, como víctimas o como semejantes. Muchas de esas víctimas y sus familiares fueron acompañadas durante décadas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Al mismo tiempo, las instituciones documentaron las situaciones en las que 305

Epílogo

intervinieron, constituyendo archivos que fueron fundamentales para el reconocimiento y reparación de las víctimas en las comisiones creadas con ese fin durante la transición política en Chile, como se ha mostrado en este libro. La tarea era muy exigente. Requería considerar a todos como personas con derechos en un contexto político que había definido como enemigos y por tanto susceptibles de represión y tortura a miles de personas. Las violaciones a los derechos humanos continuarían siendo la amenaza política principal para todas las personas, tanto por sus actuaciones políticas en el pasado como por cualquier forma de resistencia política al régimen en el presente, incluyendo el trabajo solidario. Las actuaciones solidarias en el contexto de las instituciones creadas por las Iglesias estaban en el umbral de la transgresión al apoyar a “delincuentes subversivos”, según las expresiones del régimen, y al denunciar las violaciones a sus derechos. Esta tensión no finalizaría si no con el término de la dictadura. Una mirada retrospectiva permite visualizar cómo las políticas de reconocimiento y reparación de las víctimas del Estado de Chile, después de 1990, se sustentaron mayoritariamente en el trabajo, la experiencia y la documentación de los equipos profesionales de los organismos de derechos humanos que atendieron a las personas afectadas por la represión política durante la dictadura. El quehacer solidario tuvo como sentido el reconocimiento de las víctimas en su dignidad y en sus derechos. Este sentido fue transmitido a la sociedad chilena no solo desde los archivos compartidos con el Estado al momento del funcionamiento de las instancias oficiales para el reconocimiento de las víctimas como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), sino también influyendo, de modo más general, sobre las políticas estatales en relación con las víctimas. En 1997, el jurista Louis Joinet presentó a Naciones Unidas un informe sobre los principios que debieran inspirar la acción a favor de la convivencia en paz y el reconocimiento de los derechos de 306

Elizabeth Lira

las víctimas después de procesos estatales de violaciones a los derechos humanos, guerras civiles y conflictos políticos sangrientos. Los llamados “principios Joinet” definieron que el derecho a saber [la verdad], el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho a la reparación eran el fundamento del trato que los Estados debían garantizar a las víctimas en los procesos de transición. A esos derechos se sumaban, a título preventivo, una serie de medidas destinadas a garantizar la no repetición de las violaciones. Su planteamiento subrayó que la responsabilidad social por las víctimas no se agotaba con las políticas y acciones de reparación. Habría de tener una dimensión preventiva, ese “nunca más” que se menciona con frecuencia en los discursos solemnes, en que se declara que no se usará la violencia y la muerte para imponer visiones políticas y resolver los conflictos en la sociedad. Es en esa dimensión donde se ubican las reflexiones compartidas en este libro. La elaboración de las consecuencias del pasado y la complejidad de estos procesos requiere tal vez tiempos más largos que los años del conflicto, pero requiere indispensablemente de la concurrencia de diversas miradas y voces para examinar el pasado con miras a sostener la paz y la reconciliación política. Los procesos de verdad, justicia y reparación desde el Estado y la sociedad civil se transforman progresivamente en procesos de memoria, posibilitando la resignificación y elaboración del pasado, como un trasfondo que pueda sostener los procesos morales y psicológicos de recuperación de las personas y grupos que fueron víctimas. Los organismos de derechos humanos expresaron en su trabajo profesional cotidiano con las víctimas, el reconocimiento de su dignidad en nombre de la sociedad y, en medio del conflicto y la represión política, generaron relaciones de confianza y reciprocidad. Se proponían la recuperación de las personas, creando servicios y condiciones para que pudieran sobreponerse al dolor, a las pérdidas y al miedo, es decir, actuando desde un saber que podía hacer posible enfrentar la destrucción moral y psicológica y facilitar que se pudiera transitar desde la condición de víctima a la de ciudadano con plenos derechos. 307

Epílogo

En esa tarea hubo implicaciones psicológicas y dilemas éticos personales y colectivos que se desplegaron para todos los involucrados. Las víctimas se preguntaban ¿cómo comprender y aceptar lo sucedido como algo que me ocurrió a mí? ¿Porqué? ¿Cómo procesar emocionalmente las experiencias traumáticas asociadas a violaciones de derechos que no debieran haberme ocurrido jamás? Pero, la actuación de los profesionales en esos contextos de solidaridad nos hacen preguntarnos actualmente: ¿de dónde surgió y cómo se construyó el rol social y político del trabajador solidario que vio en la víctima a un “otro”, un ser humano, un semejante, un prójimo y se compadeció eficazmente con su sufrimiento? ¿Y cómo esa compasión, que es además ejercitada desde la actuación profesional y que es generada en un espacio solidario ante el padecimiento privado de una víctima, se transforma en una denuncia pública que queda registrada en los tribunales de la República? El registro de los casos de violaciones de derechos humanos, debidamente individualizados, con apelaciones explícitas a los derechos conculcados, parecía pretender hacer imborrable los abusos, pero también la resistencia a ellos cuando estaban ocurriendo. Ese registro tenía el propósito de exigir cuentas a los responsables desde una institucionalidad capaz de restablecer el imperio de la ley y los derechos de todos. La suma de los casos permite no solamente saber cuántos eran, sino también quiénes eran y los motivos que fueron alegados por las autoridades para convertirlos en víctimas. El registro institucional permite saber también que la denuncia al tribunal estableció su inscripción en el registro judicial, pero no era todavía sino una huella remota del abuso, la que solo se actualizaría cuando se produjera una nueva denuncia ante el tribunal y se le diera seguimiento, como ocurrió a lo largo de décadas, constituyendo progresivamente los detalles y circunstancias y comprobando la dramática veracidad de los hechos. También se actualizaría cuando el registro del pasado, acumulado en los organismos de derechos humanos, fuera requerido por las comisiones de la verdad para reconocer a las víctimas y otorgarles reparación, esta vez desde el Estado. 308

Elizabeth Lira

Las páginas de este libro han dado cuenta de la continuidad ética (y política) instalada por el trabajo solidario desde los organismos de derechos humanos vinculados a las Iglesias, especialmente desde la Vicaría de la Solidaridad, con las tareas de la transición y del presente en relación con el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Durante los años de dictadura, la práctica solidaria tuvo como eje principal el reconocimiento y el apoyo a las víctimas. Durante la transición, las voces de las víctimas, registradas en los archivos de los organismos de derechos humanos, en los tribunales de justicia y en diversos organismos internacionales de derechos humanos y de las Iglesias, pudieron ser escuchadas e integradas a las políticas de reparación, corroborando o sumándose a los testimonios directos recogidos en las comisiones que reconocieron oficialmente a las víctimas. En síntesis, el hecho central que da origen al discernimiento y a la acción solidaria es que miles de personas fueron vulneradas por los padecimientos que les fueron infligidos intencionalmente, por verdugos que las deshumanizaron pretendiendo destruirlas. La respuesta ante ese hecho fue instalar una experiencia solidaria basada en una relación humana de acogida y contención del sufrimiento de otro considerado como “un prójimo”, y ejercida especialmente desde un saber social y profesional. Para cristianos y no cristianos, el ethos solidario puso de manifiesto que la reparación posible requería indispensablemente de un vínculo humano comprometido con la vida de la víctima y su rescate, un vínculo que surgía desde el reconocimiento de su humanidad común. En el siglo XXI, la reconciliación sería el resultado de la verdad de las violaciones a los derechos humanos, de la reparación de las víctimas, del imperio de la ley y de la justicia, construyendo un marco ético y político que colocaba a las víctimas como el centro de esa política. Sin embargo, las consecuencias experimentadas por ellas, que se manifiestan en la gravedad de los daños físicos, psicológicos, económicos, sociales y morales padecidos, no logran ser resueltas por los limitados alcances de las políticas del Estado. Las víctimas expresan con sus vidas la dimensión irreparable de 309

Epílogo

la traumatización sufrida; al mismo tiempo son portavoces del malestar ético de la sociedad ante la injusticia y la impunidad de crímenes atroces, que son los que ellos sufrieron en sus cuerpos y en su psiquismo. La visibilidad de las historias de las víctimas puede llegar a ser estremecedora para la sociedad, al socavar las explicaciones y justificaciones políticas sobre las violaciones de derechos humanos y obliga a revisar las responsabilidades propias, no solo en el pasado sino en el presente y en el futuro. La responsabilidad de la sociedad con las víctimas del pasado se vincula hoy a los procesos de memoria en desarrollo, los que buscan recrear y recuperar el vínculo entre las personas como una clave del reconocimiento y de la reparación, no solo de las víctimas, no solo de los trabajadores y las trabajadoras solidarias, sino convocando a todos a construir una sociedad fundada en el respeto de los derechos de cada persona.

310

Centros de detención mencionados

Estadio Nacional Complejo deportivo fiscal ubicado en Av. Grecia N° 2001, comuna de Ñuñoa, Santiago. Utilizado como “Campamento de Prisioneros” por el ejército entre septiembre y noviembre de 1973. Estadio Chile Recinto Deportivo ubicado en Pasaje Arturo Godoy Nº 2750, en el centro de Santiago. Luego del Golpe de Estado fue utilizado como centro de detención y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y julio de 1974. En 2003 fue renombrado como Estadio Víctor Jara. Londres 38 (conocido durante la dictadura como el “Cuartel Yucatán”) Edificio ubicado en el centro de Santiago que albergó al Partido Socialista (PS) de Chile hasta el 11 de septiembre de 1973. El nombre hace referencia a la dirección original de la calle. La DINA empleó el edificio como un lugar clandestino de detención y tortura de 1973 a 1975. La numeración de las calles se cambió posteriormente a Londres 40, en un intento por parte del régimen de borrar la memoria del sitio. Ahora ha sido reclamado y la numeración original restaurada. Villa Grimaldi (conocido durante la dictadura como el “Cuartel Terranova”) Inmueble ubicado en Av. José Arrieta N° 8401, comuna de Peñalolén. Esta propiedad fue expropiada por propietarios privados en 311

Centros de detención mencionados

1974, convirtiéndose en un lugar clandestino de detención y tortura administrado por la DINA entre 1974 y1978. Colonia Dignidad Enclave rural alemán y secta religiosa, fundado por el exsoldado nazi Paul Schäfer a principios de la década de 1960, a unos 340 kilómetros al sur de Santiago, en el municipio de Parral. La DINA lo empleó como lugar de detención, tortura y exterminio durante el régimen militar. Tres Álamos Campamento de prisioneros ubicado en calle Canadá N° 53515359, comuna de San Joaquín, Santiago. Utilizado por la DINA como recinto de detención para presos oficiales (es decir, reconocidos públicamente) entre 1974 y 1976. Cuatro Álamos Recinto ubicado al interior del campamento de prisioneros Tres Álamos. Utilizado por la DINA como recinto clandestino de detención y torturas entre 1974 y 1976. Puchuncaví (conocido durante la dictadura como el campo de prisioneros “Melinka”). Ubicado a lo largo de la costa central de Chile, cerca de la ciudad de Puchuncaví, este campo de prisioneros se reformó a partir de lo que había sido uno de varios lugares populares de vacaciones en la playa, creado por el gobierno de la Unidad Popular en todo el país. Puchuncaví era un campo penitenciario conocido públicamente que tenía varios cientos de personas en sus instalaciones desde 1973 hasta 1976. Muchos prisioneros fueron trasladados allí desde otras instalaciones de detención y campos de prisioneros. El lugar fue demolido después de que la dictadura dejó de usarlo como un campo de prisioneros.

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Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad entrevistados(as) y citados(as)

Nombre

Cargo

Período de trabajo

Fecha de entrevista

María Luisa Sepúlveda

Asistente social Secretaria ejecutiva

1974-1992 1990-1992

13 de julio de 2015 15 de marzo de 2016

Gloria Lepe Gloria Cruz Argentina Valenzuela Victoria Baeza María Luisa Sepúlveda Ángela Cofré

Asistente social

1975-1992 1974-1976 1973-1990 1975-1991 1974-1992 1973-1992

13 de enero de 2016 (grupo de discusión)

Norma Muñoz

Asistente social

1975-1992

24 de noviembre de 2015

Rosemarie Bornand

Abogado

1974-1992

15 de marzo de 2014

Alejandro González Roberto Garretón Gustavo Villalobos

Abogado

1979-1992 1974-1990 1974-1990

16 de enero de 2016 (grupo de discusión)

Mónica Silva María Luisa Sepúlveda

Asistente social

1985-1992 1974-1992

3 de diciembre de 2015

Álvaro Varela

Abogado

1974-1987

18 de enero de 2016

Jaime Esponda

Abogado

1974-1986

4 de agosto de 2016

Héctor Contreras

Abogado

1974-1991

20 de octubre de 2016

Gilda Gnecco

Médico

1974-1980

23 de diciembre de 2016

Daniela Sánchez María Luisa Sepúlveda

Asistente social

1973-1981 1974-1992

4 de agosto de 2015

Eugenio Ahumada María Luisa Sepúlveda

Analista de medios

1974-1989 1974-1992

10 de agosto de 2016

Carmen Garretón

Estadística

1979-1992

9 de septiembre de 2015

Viviana Díaz

1999-2003

María Luisa Sepúlveda

Presidenta AFDD (1999-2003) Asistente social

Ramiro Olivares María Luisa Sepúlveda

Médico Asistente social

1983-1990 1974-1992

21 de octubre de 2015 1974-1992 23 de noviembre de 2015

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Sobre las autoras y los autores

Oriana Bernasconi es profesora asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctora en Sociología (London School of Economics and Political Science) y magíster en Estudios Culturales y Sociología (Birmingham University). Es la investigadora responsable del proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria: una genealogía (1973-2013) de los dispositivos de registro de las violaciones a los derechos humanos por la dictadura militar en Chile” (Conicyt-Fondo Newton) y de su sucesor, “Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones contemporáneas de registros de pasadas violaciones a los derechos humanos en Chile” (Conicyt-Anillos). Es fundadora del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Su trabajo examina configuraciones del yo, la subjetividad y los sujetos en la sociedad neoliberal contemporánea, especialmente en su intersección con asuntos morales y desde una perspectiva histórica. También investiga sobre procesos documentales y de circulación social de tecnologías de registro y resistencia de la violencia política en América Latina. Ha publicado en Subjectivity, Sociology, Symbolic Interaction, Discourse & Society, International Journal of Transitional Justice, Qualitative Sociological Research, entre otras revistas. Manuel Gárate es profesor del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Historia y Civilizaciones (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 315

Sobre las autoras y los autores

EHESS). Su investigación se centra en la historia del tiempo presente en Chile y en el Cono Sur. Ha investigado sobre el modelo económico chileno desde la dictadura militar hasta la actualidad, y sobre la imagen internacional del general Pinochet en la caricatura política. Es el autor de La revolución capitalista de Chile (19732003) (2012), “‘El nacimiento de un monstruo’. El golpe de Estado en Chile y la imagen de Augusto Pinochet a través de las caricaturas de la prensa escrita francesa (1973-1990)” (2015) y “La pedagogía monetarista. Difusión y debate de las nuevas ideas económicas en la revista Hoy, 1975-1979” (2013). Manuel Guerrero es profesor del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, de la Facultad de Medicina, y del Centro de Estudios de Ética Aplicada, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile, e investigador del Centro de Ética y Bioética de la Universidad de Upsala. Es doctor en Sociología (Universidad Alberto Hurtado) con posdoctorado en Filosofía del Cerebro y Neuroética (Universidad de Upsala). Integra el Consejo Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación y publicación son los estudios de la memoria, la sociología de la violencia, los estudios del genocidio, y las implicaciones éticas y sociales de la investigación del cerebro humano. En su tesis doctoral formuló una propuesta de Sociología de la Masacre, en la que analizó comparativamente la producción social de la violencia en procesos genocidas y de terrorismo de Estado del siglo XX. Boris Hau es investigador en el Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Anteriormente, trabajó para la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como la “Comisión Valech”. Es abogado y magíster en Derechos Humanos (Universidad Autónoma de Madrid). Es coautor con Cath Collins del 316

Sobre las autoras y los autores

capítulo “Chile: incremental truth, late justice”, en Elin Skaar, Jemina García-Godos y Cath Collins, Transitional Justice in Latin America. The Uneven Road from impunity towards Accountability (2016). María Teresa Johansson es profesora asociada del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctora en Literatura hispanoamericana y magíster en Lingüística (Universidad de Chile). Sus intereses de investigación se centran en la literatura del Cono Sur, con especial atención al caso de Chile y Uruguay. También ha realizado investigaciones sobre el análisis del discurso. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre memoria, narrativas posdictatoriales, testimonio y encarcelamiento político, y en el campo cultural, ha publicado en Taller de letras, alter/nativas, HeLix, Meridional, Estudios Filológicos, Revista de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Actualmente, es la directora académica del Programa de estudios en Memoria y Derechos Humanos (Universidad Alberto Hurtado y Universidad de California). Francesca Lessa es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Actualmente posee la beca de investigación Marie Skłodowska-Curie con la que investiga la responsabilidad de los crímenes transnacionales de la Operación Cóndor en América del Sur. Es, además, presidenta de Honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay. Es doctora en Relaciones Internacionales (London School of Economics and Political Science). Es autora del libro Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay: Against Impunity (2013) y coeditora de los volúmenes Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: Comparative and International Perspectives (con Leigh A. Payne, 2012), The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay (con Vincent Druliolle, 317

Sobre las autoras y los autores

2011) y Luchas contra la impunidad: Uruguay 1985-2011 (con Gabriela Fried, 2011). Su próximo libro, The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America, se publicará en 2021. Elizabeth Lira es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Como psicóloga clínica trabajó con víctimas de violaciones de derechos humanos y tortura en la dictadura en Chile (1973-1990). Formó parte de la Comisión Valech (2003-2005 y 2010-2011). Ha escrito libros y artículos sobre las políticas de reconciliación, verdad y justicia en Chile, en coautoría con Brian Loveman. Su último libro Poder judicial y conflictos políticos (Chile: 1973-1990), apareció en marzo de 2020. Su extenso trabajo en el campo de los derechos humanos ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el Premio Nacional del Colegio de Psicólogos (1983), Nevitt Sanford Award (1998), International Humanitarian Award (2002), Eclipse Award (2011), y el Premio a la trayectoria en Investigación Psicológica (2016). En 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, la más alta distinción académica de Chile. Loreto López es antropóloga social, mágíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Chile). Su trabajo se centra en el estudio de las memorias de la dictadura chilena, a través del proceso de desarrollo de espacios que recuerdan el terrorismo de Estado y la indagación de memorias del miedo en personas que no padecieron violaciones a los derechos humanos. Integra el Programa Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile, donde participa de investigaciones sobre la relación entre memoria y acción política. También apoya el trabajo de organizaciones de memoria y derechos humanos que en Chile luchan por la recuperación de ex recintos de detención de la dictadura. 318

Sobre las autoras y los autores

Daniela Mansilla es antropóloga social (Universidad de Chile) y magíster en Sociología (Universidad Alberto Hurtado). Sus intereses de investigación incluyen estudios de memoria sobre violencia política, justicia transicional e investigación cualitativa. Hugo Rojas es director del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesor adjunto del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Sociología (University of Oxford), magíster en Derecho, Antropología y Sociedad (London School of Economics and Political Science), magíster en Políticas Públicas (Universidad Adolfo Ibáñez). Su tesis doctoral exploró la indiferencia social ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, y su tesis de magíster analizó testimonios de sobrevivientes de tortura y prisión política en Chile. Es coautor de Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal (2005), y coeditor de Sociología del Derecho en Chile (2014) y Libertad Sindical y Derechos Humanos (2009), entre otras publicaciones sobre justicia transicional y derechos humanos. Marcela Ruiz es doctora en Lingüística (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y magíster en Literatura Latinoamericana (Rutgers University). Actualmente es miembro del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas de interés consideran el estudio del discurso desde una perspectiva sociopragmática en contextos educativos y políticos. En entornos educativos, ha examinado la construcción de explicaciones históricas, la interacción en el aula de ciencias, libros de texto de ciencias y el lenguaje académico. En el área política, investiga la representación de la violencia política en archivos y las cuestiones metodológicas involucradas en el análisis de registros de archivos de derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado en Discourse & Society, International Journal of 319

Sobre las autoras y los autores

Transitional Justice, Subjectivity, Linguistics and Education, Perfiles Educativos y Reading Research Quarterly. Rodrigo Suárez es sociólogo y magíster en Sociología (Universidad Alberto Hurtado). Participa en la Agrupación por la Memoria Histórica “Providencia”, un ex centro de detención política y torturas ubicado en la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Su trabajo está orientado a la investigación sobre Sitios de Memoria en Chile y filiaciones colectivas en Agrupaciones que los gestionan. María Soledad Del Villar, cursa un doctorado en Teología Sistemática (Boston College). Es magíster en Teología (Boston College) y en Historia Contemporánea de Chile (Universidad Alberto Hurtado). Su investigación se ha centrado en la relación entre religión y política en la historia contemporánea de Chile. Es autora de Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Una historia profesional (1973-1983) (2018).

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