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Spanish Pages 91 [56] Year 2013
En Dilemas Educativos ante la diversidad, siglo XX-‐XXI. Volumen 14 de la Historia del Pensamiento Educativo Peruano. Lima: Derrama Magisterial (2013). Dilemas educativos ante la diversidad, siglo XX-‐XXI Lucy Trapnell y Virginia Zavala A Inés Pozzi-‐Escot, ejemplo de compromiso y consecuencia.
Introducción Este es un volumen sobre el pensamiento educativo en torno a la diversidad lingüística y cultural en el Perú. A diferencia de otros volúmenes de la colección, este no abarca un periodo histórico en particular, sino, más bien, un amplio lapso de tiempo que va desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. Nos ha interesado mostrar la diversidad de concepciones que se han debatido en distintos contextos históricos. De hecho, las controversias sobre la educación de los pueblos indígenas, sobre el tratamiento de la diversidad cultural en la escuela y sobre la educación bilingüe han atravesado todo el siglo XX y perduran hasta el día de hoy. Es importante tener en cuenta que las propuestas sobre esta temática siempre llevan consigo un modelo de sociedad y que los debates que presentamos revelan las discrepancias que siguen existiendo en la sociedad peruana acerca del tipo de nación que queremos. Como se ha repetido muchas veces, el Perú independiente no modificó completamente las estructuras del Estado sino que, más bien, reprodujo muchas de las prácticas coloniales (Cotler 1978, Méndez 1997). El proyecto liberal del siglo XIX se basaba en un concepto sociopolítico de nación criolla que moldeaba la identidad nacional sobre la base de los intereses específicos de la minoría dominante y no incorporaba las múltiples facetas socioculturales del país. El menosprecio hacia la cultura andina (y hacia las culturas nativas en general) estaba fuertemente anclado en la desvalorización de su lengua, que fue subestimada al considerarla incapaz de ser utilizada legítimamente dentro de la esfera pública y la cultura letrada. Como lo ha señalado Cerrón Palomino (1987), en los nuevos Estados hispanoamericanos, jamás fue debatido el problema de la lengua nacional, a pesar de que 95% de la población hablaba una lengua indígena. Los criollos asumieron que el español debía ser la única lengua de las naciones y que, por tanto, debía activarse un proceso de homogenización lingüistica. Más aún, en una primera etapa, durante el siglo XIX, el indígena fue representado como un ser con una vida abyecta y miserable al que no valía la pena educar y, por tanto, éste permaneció marginado de la escuela (Portocarrero 1992). No obstante, en el periodo de la “reconstrucción nacional” (1884-‐1895), que sucedió a la guerra del Pacífico (1879-‐1883), surgieron una serie de reflexiones sobre el Estado nación en el Perú (Rénique 2003). Con González Prada a la cabeza, los
intelectuales de la época comenzaron a darse cuenta de la ausencia de un sentimiento de comunidad y de un proyecto para construir un Estado que “integrara” a una población indígena que había sido excluida hasta ese momento. Es así como desde principios del siglo XX surge lo que se ha llamado “el impulso educativo”, que tenía como objetivo cristalizar la “unidad nacional” (Portocarrero 1992). Esto implicaba convertir al indígena en un ciudadano que hablara español y que asumiera los valores del catolicismo y de la historia nacional. La escuela debía reformarlo cultural y moralmente y éste debía dejar su ser indígena para identificarse como peruano, como si se tratara de “un olvido a cambio de una promesa” (Portocarrero 1992). Por lo tanto, la opción por “integrar” a la población indígena apostó por el “blanqueamiento” cultural de las poblaciones originarias y se enmarcó en una visión de un Perú homogéneo a través de la cultura occidental en su variante criolla (Degregori 1993). Ahora bien, aunque estos deseos de “blanqueamiento” y aculturación impulsados por el Estado se han mantenido a lo largo de todo el período republicano (López 1988a), se puede señalar que no necesariamente se han cumplido. Así entonces, la tendencia general del Estado ha sido desarrollar una educación para lograr el cambio cultural y la modernización (Portocarrero 1992). Es más, salvo excepciones, y sobre todo hasta la década de 1960, casi todos los educadores estuvieron de acuerdo con la idea de que el indio debía “integrarse” a la nación a través de la instrucción escolar, aunque en algunos casos parecieron preocuparse por impulsar programas alternativos que intentaban tomar en cuenta la lengua y la cultura local. Sin embargo, en el marco de esta tendencia general, la sociedad civil (en la figura de intelectuales o maestros, por ejemplo) ha producido discursos alternativos en diferentes momentos de la historia, algunos de los cuales se quedaron al margen de la oficialidad, mientras que otros –aunque por periodos breves-‐ sí lograron insertarse en los espacios de poder. Es importante puntualizar que estas discusiones en torno a la redención del indígena a través del sistema educativo estuvieron siempre circunscritas a la reflexión sobre las poblaciones quechua y aimara y nunca incluyeron a los indígenas amazónicos, que por entonces eran ignorados o, en el mejor de los casos, representados como simples “salvajes”. Como lo anota Espinosa (2003), ya en la época precolombina los españoles establecieron una distinción muy marcada entre aquellos pueblos incorporados al imperio del Tahuantinsuyo y los pueblos ubicados en la región amazónica, el Antisuyo, los cuales se resistían a ser conquistados. Solo hacia fines de la década de 1960 se comenzó a cuestionar –desde el Estado-‐ el proyecto cultural hegemónico basado en la homogenización lingüística del país y se planteó la necesidad de contar con una nación plural y heterogénea que respetara las diferencias. Sin embargo, esta alianza entre los militares y los intelectuales progresistas de la época durante el gobierno nacionalista de Velasco duró muy poco y no pudo generar sostenibilidad en las políticas. A pesar del retroceso que se produjo con el siguiente gobierno, a fines de la década de 1970 surgieron dirigentes de las jóvenes organizaciones indígenas amazónicas y profesionales vinculados al movimiento indígena y/o al desarrollo de programas de educación bilingüe, que tuvieron una activa participación en este proceso de cuestionamiento crítico. Sobre
todo en el contexto amazónico, la escuela empezó a ser vista por los dirigentes indígenas como un espacio desde el cual se podrían promover procesos de reafirmación étnica y cultural, como parte de demandas más generales por tierra y territorio (Nugkuak 1985 y Ñaco 2001). Desde lo andino, también surgieron múltiples y variados signos de “reavivamiento cultural” (Portocarrero 1992), que han influido en propuestas educativas cuestionadoras de la perspectiva modernizante. Queremos señalar que la diversidad cultural y lingüística jamás se contempló como un recurso que podía enriquecer a todos los peruanos, sino solamente como un problema que había que solucionar en función de la educación del indígena. Aunque este tema empieza hoy a contemplarse de otro modo, sobre todo con relación al marco legal en el país, todavía está en sus inicios a nivel de la práctica. Asimismo, nos parece importante precisar que la educación del indígena con un tratamiento cultural y lingüístico se presenta a lo largo del siglo XX como un conjunto de iniciativas aisladas que pocas veces han sido acogidas por el Estado. En algunos casos, las iniciativas gubernamentales se limitaron a dar cumplimiento a acuerdos internacionales o a ejecutar planes diseñados por organismos de cooperación, y por esto quedaron abandonadas luego de que estos organismos dejaran el país. En otros casos, el Estado, no solo ignoró las iniciativas, sino que también les colocó trabas que no les permitieron desarrollarse. Lo que ciertamente ha atravesado todo el siglo es la escasa dotación de recursos por parte del Estado para abordar esta problemática, así como una inercia constante que ha impedido generar cambios para lograr un vuelco importante con relación a su tratamiento. El presente documento está organizado en cuatro partes sobre la base de un criterio cronológico. El objetivo ha sido presentar una serie de “hitos” que ilustran el pensamiento educativo en torno al tema que nos atañe y una serie de tensiones entre la propuesta modernizante del Estado y algunas iniciativas alternativas provenientes de la sociedad civil. La primera parte analiza las primeras décadas del siglo XX y la tensión entre el civilismo oficial y las corrientes indigenistas de la sierra sur. En esta etapa, y bajo la influencia del protestantismo, surgieron diversas iniciativas a favor de una educación alternativa para la población indígena pero casi no fueron acogidas por el Estado. La segunda parte abarca el periodo de 1930 a 1970. Ahí se discute una etapa de reafirmación hispánica en la que el Estado implementa con fuerza una perspectiva educativa desarrollista más explícita y las escuelas utilizan las lenguas vernáculas como medios para castellanizar y modernizar a la población. Sin embargo, también aparece un impulso indigenista que llega al poder con la figura de Valcárcel. La tercera parte aborda la reforma educativa de Velasco Alvarado como punto de quiebre hacia una mirada más abierta a la diversidad lingüística y cultural, en la que los intelectuales progresistas de la época tuvieron un rol protagónico. Se discute el surgimiento de las organizaciones indígenas en la Amazonía y el desarrollo de algunos programas pioneros de educación bilingüe que se ampararon en el marco legal del momento. Finalmente, la cuarta parte presenta la década de 1990 hasta nuestros días. El sector educativo oficial ingresa a un discurso más tecnocrático y “neutral” de la educación y comienza a utilizar una noción de interculturalidad funcional que no permite generar cambios sustanciales. Sin embargo, con el proceso de descentralización surgen
iniciativas innovadoras en diferentes regiones, que luchan por asumir una educación “propia”. La antología contiene 32 textos producidos a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, cuya selección ha obedecido a un criterio de heterogeneidad. Hemos procurado que los textos incluyan tanto la problemática andina como la amazónica, hayan sido producidos por diferentes tipos de actores (maestros, académicos, funcionarios, etc.), reproduzcan las voces del Estado y de la sociedad civil, pertenezcan a distintas etapas históricas y se enmarquen en diversos géneros discursivos. Este último criterio ha favorecido la inclusión de diferentes tipos de textos: leyes, extractos de libros de texto, artículos académicos, cartillas de alfabetización, ordenanzas, entrevistas, canciones, etc.). Somos conscientes de que la antología ha privilegiado ciertos momentos históricos, ciertos contextos geográficos y ciertos programas educativos en desmedro de otros, pues ha sido imposible abarcar un periodo tan largo de manera más detallada. De todos modos, creemos que la selección ilustra las continuidades, las rupturas y las tensiones importantes en torno al tema de la diversidad lingüística y cultural en la educación. 1. El indigenismo de las primeras décadas del siglo XX La élite civilista dominó la política y la economía del país durante los primeros veinte años del siglo XX, periodo conocido como “la república aristocrática”. Se trató de una época definida por la privatización de la política en una serie de “poderes locales”. En las áreas rurales de la sierra andina, el latifundio crecía y los gamonales terminaban de expropiar las tierras cultivadas de los campesinos para anexarlas a las grandes haciendas. Pero el proyecto nacional de la élite civilista no solo era económico sino también cultural. De hecho, este periodo estuvo caracterizado por la “primera ofensiva educativa” que se dio en el país (Contreras 2004). El obstáculo para el proyecto nacional era la existencia de una enorme masa de población indígena carente de “vida civil” y de una cultura mínima para integrarse a la vida nacional (Contreras 2004). Frente a esta constatación, se consideró que la escuela era el medio más eficaz para la redención del indígena pues la corriente de opinión de la época planteaba que los indígenas sí eran capaces de “entrar en la civilización” . La civilización del indio significaba la castellanización a toda costa y el desarrollo de hábitos occidentales en los campos de la nutrición, la salud, la economía y las relaciones sociales (Contreras 2004). La ofensiva educativa se concentró en la región de la sierra y tuvo rasgos claramente autoritarios. La letra entraba con sangre y los alumnos vivían atemorizados por los maestros, quienes a su vez privilegiaban las prácticas de memorización y la enseñanza únicamente en castellano. Fue precisamente Arguedas (1986) quien criticó esta visión de la educación cuando hizo referencia al “método de la imposición”. Pero el consenso en torno al impulso educativo civilista no fue total. En varios sectores de la población hubo oposición y hasta resistencia. Por un lado, muchos propietarios de haciendas consideraron la educación como subversiva de su poder y
prerrogativas y promovían el lema de “indio leído, indio perdido”. Por el otro, muchos intelectuales pensaban que el esfuerzo educativo estaba condenado al fracaso y que solo había que educar a las élites. Alejandro Deustua (1904), reconocido e influyente intelectual de principios de siglo, fue uno de ellos. El discurso opositor de la época fue quizás el indigenismo de la década de 1920 que se desarrolló en focos como Cusco y Puno. Este tuvo precursores importantes desde mediados del siglo XIX. No solo nos referimos a figuras como Clorinda Matto de Turner o Manuel González Prada sino a la Sociedad “Amigos de los Indios” que lideró la rebelión campesina en Huancané y Azángaro entre 1866 y 1868 y que representó la primera organización indigenista en el Perú que denunciaba la explotación de los indios y reclamaba por una legislación en su favor (Jacobsen y Domínguez 2011). Otro de los movimientos más importantes que antecedió al indigenismo de la década de 1920 fue la Asociación Pro-‐Indígena. Esta se desarrolló entre 1909 y 1917 y fue un movimiento de raigambre nacional que reaccionó a la agresión de la oligarquía y del gamonalismo y propuso al indio como la base de nuestra nacionalidad (Kapsoli 1980). Sus miembros –como Pedro Zulen, Dora Mayer, Francisco Chukihuanca Ayulo, Luis Valcárcel o Arturo Peralta, entre otros-‐ eran de extracción pequeño burguesa limeña o provinciana. Aunque entre sus miembros existían discrepancias filosóficas y doctrinarias, todos coincidían en que la solución del llamado “problema del indio” radicaba en la destrucción del latifundio y no en la educación del indígena. Como lo sostenía Joaquín Capelo, presidente de la asociación, antes de educar al indio se le debe liberar: “Esa es la primera educación que necesita: el hecho de que se vea amparado de justicia y libertad” (1914). En la década de 1920 se vivió una atmósfera revolucionaria que alteraba la estabilidad del sistema de haciendas andinas y de la oligarquía peruana en general, y que fue alimentada por la labor política y cultural de intelectuales como J. C. Mariátegui y Luis E. Valcárcel que empezaban a surgir de capas sociales medias, y por el rol clave que tuvieron revistas como Amauta o El Boletín Titikaka. Más aún, en 1919 la “Patria Nueva” de Leguía subió al poder y la oligarquía perdió el control directo del gobierno peruano. El Perú del periodo que va entre 1919 y 1923 vivió una crisis estructural: era el fin del gobierno de la vieja oligarquía civilista y el inicio de la presencia de nuevas clases sociales en el control del poder (Burga 1986). En 1920, se promulgó una nueva constitución donde se expresaba una declarada protección a las poblaciones indígenas y un reconocimiento legal de las comunidades, y en 1921 se creó la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Gobierno (Burga 1986). Proclamándose el “Protector de la raza indígena”, Leguía instauró un discurso populista con cierto indigenismo oficial, aunque el reclamo campesino fue enfrentado con demagogia y con un paternalismo que no buscaba promover un cambio sustancial en la situación de la población indígena (Burga y Flores Galindo 1980, Contreras y Cueto 2004). En el campo educativo, el proyecto educativo civilista perdió vigor y el gasto en educación se estancó, aunque algunos de sus planteamientos siguieron vigentes (Contreras 2004).
Un ejemplo de este discurso populista se puede observar en la forma como el gobierno se alió con el Comité Pro-‐Derecho Indígena Tahuantinsuyo pero luego terminó reprimiéndolo. La Asociación Pro-‐Indígena a favor de la defensa de los derechos del indígena influyó sobre el surgimiento de esta nueva organización, que fue fundada por jóvenes campesinos y tenía elementos milenaristas y mesiánicos (Burga y Flores Galindo 1980). El Comité fue reconocido por un decreto expedido en 1920 por la sección de Trabajo del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, las tensiones generadas a partir de las revueltas campesinas sobre todo en el departamento de Puno provocaron que el gobierno emitiera una resolución para poner al Comité al margen de la ley y avalara las represalias y el escarmiento producidos por los hacendados. Comenzaron a circular rumores sobre una guerra de castas, la restauración del imperio del Tahuantinsuyo y un atentado contra la nación peruana. Más aún, en 1922, un poco antes de que se emitiera esta resolución, el gobierno creó el Patronato de la Raza Indígena con el fin de disfrazar sus verdaderas intenciones: darles protección a las comunidades existentes pero finalmente respetar los derechos adquiridos por los hacendados (Burga 1986, Rénique 1991). Toda esta coyuntura enmarcó el surgimiento del indigenismo como movimiento social en la segunda década del siglo XX, que -‐focalizado en una intelectualidad regional de origen urbano con nexos claves en Lima-‐ cuestionaba los abusos del latifundismo y demandaba una serie de reivindicaciones de tipo cultural y político para el indígena. Como movimiento cultural e ideológico, el indigenismo fue un fenómeno esencialmente heterogéneo con respecto a sus contenidos y tuvo una compleja y contradictoria retórica (Vich 2000), que se reflejó también en el pensamiento educativo de la época. Sin embargo, a pesar de sus diferentes vertientes (y de la preocupación general por la situación injusta de la población indígena), primaba una mirada civilizadora, que se desarrolló en el marco de un proyecto modernizador del país con miras a la industrialización y a la apertura a los capitales extranjeros. Más aún, como fenómeno artístico e intelectual, el indigenismo estuvo al margen de las voces oficiales del Estado y no logró involucrar a las masas indígenas y campesinas en un nuevo proyecto de sociedad. Se trató, más bien, de intelectuales ajenos al centralismo limeño que intentaron re-‐posicionarse en el campo cultural presentándose como los "auténticos" portadores de contenidos indígenas. Así, el indigenismo de esa época se insertó en el sistema hegemónico ya existente (Cornejo Polar 1978) y no logró transmitir la voz del indígena marginado, ni siquiera de manera indirecta (Vich 2000). El indigenismo se vio a su vez influido por el protestantismo, misión civilizadora anglosajona que se asentaba progresivamente en el país a principios del siglo XX. El protestantismo compartía con la intelectualidad de la época -‐y con muchos indigenistas-‐ rasgos positivistas, al explicar muchos de los problemas del desarrollo del país con argumentos raciales en el marco de un discurso evolucionista que cuestionaba los hábitos ancestrales indígenas, como el consumo de la coca, el desaseo, el concubinato, las creencias religiosas y las festividades. Se trataba de promover entre los indígenas una suerte de "desarrollismo" que se basaba en una progresiva separación de las costumbres que los “degeneraban” y alejaban de la vida “moderna”. Según Escobar (1967), la educación adventista se orientaba a la mayor movilidad social
del indígena “en su conversión a cholo o mestizo y hacia la vida urbana con una marcada tendencia nacionalista” (66). Desde la perspectiva de los indigenistas, la alternativa religiosa de los protestantes se convertía en un mal menor en tanto resultaba útil para lograr esta influencia cultural y civilizadora que ellos también anhelaban. Incluso personalidades como Valcárcel (1928) y Encinas (1915, 1932) elogiaron la propuesta educativa del protestantismo con relación al énfasis que se les daba a los hábitos de higiene y al desarrollo de la sobriedad, laboriosidad y disciplina del alumnado. Por otro lado, los indigenistas también influyeron en los misioneros, sobre todo en su interés por conocer de cerca la realidad indígena y en las acciones que tomaron a su favor respecto del abuso y la explotación por parte de los gamonales. Esta es la razón por la cual Fonseca (2005) argumenta que ambas perspectivas (protestantismo e indigenismo) se conjugaron en una especie de “indigenismo protestante”. Ambas compartían una versión del “mito del progreso” que concebía la educación como redentora del individuo y como arma concientizadora para luchar en contra de la explotación de la población indígena (Salomon 2004). De hecho, Salomon (2004) señala que el hilo conductor durante medio siglo fue el diálogo “a veces tenso” entre estas misiones extranjeras (sobre todo norteamericanas) y los educadores regionales liderados por José Antonio Encinas. La movida intelectual en torno al Boletín Titikaka y a José Antonio Encinas en Puno favoreció el desarrollo de iniciativas educativas para la población indígena, incluso en un momento en el que la misma escuela occidental todavía no había penetrado en las áreas rurales del altiplano. Un antecedente importante de estas iniciativas puneñas fue la “Escuela particular de Indígenas de la parcialidad de Platería” que fundó el maestro adventista Manuel Z. Camacho en 1902 a raíz de la solicitud de los comuneros de Utawilaya y que articuló los intereses del protestantismo y del indigenismo de la época. Se trataba de una escuela adventista donde se enseñaba la Biblia y la religión cristiana pero donde también se abordaba el mundo campesino e indígena a través de la enseñanza escolar. Se enseñaba la lectoescritura en castellano y la aritmética, y se capacitaba en técnicas de cultivos y de higiene (López 1988a). La escuela fue clausurada por los gamonales locales que acusaron de “herejes” a los maestros por incitar a la rebelión indígena, pero con el apoyo de la Asociación Pro indígena, de la Misión Adventista y de intelectuales indigenistas como Julián Palacios -‐ que actuó de traductor durante el conflicto-‐ Camacho logró reabrir su escuela y posteriormente establecer una escuela más grande en Platería1 (López 1988a). La mayoría de intelectuales del indigenismo y seguidores del protestantismo de la época estaba de acuerdo con que las escuelas conducidas en español y vinculadas con programas urbanizados no daban resultado en las zonas rurales con población indígena. Así, muchos empezaron a creer que la instrucción efectiva sería la que se relacionara con la vida del indio y tuviera una orientación agrícola. Es sintomático, por ejemplo, que la reunión de normalistas en Arequipa en 1911 haya recomendado, entre otras cosas, alterar el año escolar para que se adaptara al calendario agrícola de las 1
Las escuelas llegaron a 19 unidades en 1916.
comunidades campesinas. Sin embargo, aunque la mayoría reconocía que la escuela debía impartir una mejor higiene, un buen manejo de la lengua española y mejoras en las técnicas agrícolas, hubo muchos debates sobre tipos de escuelas y reformas específicas. En apariencia, no todos los pensadores de la época concebían un mismo objetivo educativo, pues mientras que los seguidores de la peruanidad y el mestizaje planteaban de manera más explícita que ésta debía servir para incorporar al indio a una nación peruana homogénea y modernizante, algunos de corte más indigenista buscaban que la educación indígena fortaleciera la cultura ancestral (sobre todo en relación al vínculo con la tierra). Algunos miembros de la Asociación Pro-‐Indígena como Joaquín Capelo pensaban que el indio debía ser educado como cualquier individuo y no con una educación sui géneris, pues asumía que “la diferencia de raza no existe” (1914). Por su parte, Modesto Málaga, también miembro de la Asociación Pro-‐Indígena, fue quien trató el tema educativo con mayor detenimiento. En 1911 hacía referencia a una “raza indígena” con “vicios arraigados”, “costumbres salvajes”, “odios a toda innovación progresista” y “amor a las supersticiones y a los convencionalismos ridículos en sus relaciones sociales”. Para él, la educación tenía como fin “desalojar de la conciencia del indígena todas esas costumbres, atavismos y supersticiones que sirven de motores de su voluntad” (ver artículo reproducido en este volumen). Dos décadas más tarde, Palacios, destacado indigenista puneño y profesor normalista y lenguaraz que tuvo mucha influencia sobre el pensamiento educativo de esos tiempos, criticó duramente el sistema educativo oficial por su centralismo y por su deseo de imponer un mismo tipo de educación en un país tan culturalmente heterogéneo como el Perú, y propuso una educación rural en armonía con el medio y diseñada sobre la base de las necesidades prácticas de los educandos. Sin embargo, no deja de caer en contradicciones que eran bastante comunes en el pensamiento indigenista de esos años y que lo acercan a la postura de Málaga. En su “Pedagogía de Mayku Qqapa y Mama Ojllu” su pensamiento no deja de mostrar la actitud indigenista de la época, que posiciona al indígena como una “criatura del campo” con una serie de características que lo relacionan con las esferas productivas primarias y que lo ubican como inferior a la persona de la ciudad: “el educando indígena y mestizo tiene más voluntad que inteligencia i más aptitudes manuales que verbales” (Palacios 1929). Su “cancionero para niños indios” producido en 1932 también revela un sesgo civilizatorio que coloca la redención del indio en el libro y la cultura letrada oficial como la única vía para acceder a la legitimidad como ser humano: “Si a leer aprendiera y si escribir pudiera toda dificultad venciera, entonces hombre me sintiera; libros devorara, papel borroneara, sabio y poderoso fuera y a mi pueblo educara”. Algunas partes de este documento han sido reproducidas en la antología. Palacios, quien publicitaba sus clases de quechua y aimara por correspondencia, fue muy importante en la discusión sobre la problemática de la lengua instrumental en la educación que surgió en Puno en esos años y que se desarrolló en el marco de la reflexión entre Encinas y sus discípulos. De hecho, promover la enseñanza de las lenguas andinas en la educación constituía para la época toda una renovación de los cánones educativos (Vich 2000). En este contexto, Chukiwanka Ayulo y Julián Palacios elaboraron en 1914 un alfabeto para el Quechua y
el Aymara que sería funcional a la instrumentalización de las dos lenguas en el proceso educativo. Estos fueron apoyados por MacKnight, un protestante norteamericano que actuaba como inspector educativo de la zona y que planteó la posibilidad de usar las lenguas indígenas en la implementación de un sistema bilingüe de enseñanza en el área puneña (MacKnight 1914). Más adelante, a final de la década de 1920 María Asunción Galindo, profesora de aula de la región de Puno, aplicó un programa bilingüe en la Escuela de Experimentación Educacional de Ojherani y elaboró cartillas de lectura y escritura inicial para los niños de la región aimara (1947). Su labor fue reconocida por el Ministerio de Educación y ella terminó colaborando con las Brigadas de Culturización Indígena que se desarrollaron en esa década y que comentaremos en el siguiente acápite. A pesar de que había conciencia de vincular “el hogar con la escuela sin divorciarla como ocurre con el castellano”, se trataba de un programa transicional bastante explícito: “Que el idioma castellano debe enseñarse al niño utilizando como medio su lengua nativa”; “Que se debe usar el alfabeto castellano en la didáctica inicial, para después introducir las combinaciones y duplicaciones de letras para dar los sonidos peculiares, ya que el interés nacional actual es el de castellanizar al campesino”. Su método para enseñar a leer y escribir en aimara (reproducido en la antología) tenía como fin castellanizar a los indios pero de un modo amable y en su propio ambiente. Por lo tanto, lo que se buscaba mediante el uso de las lenguas indígenas en la educación era facilitar y acelerar el aprendizaje del español, que era la única lengua reconocida como oficial y “nacional” en el Perú. Según Vich (2000), la postura indigenista con relación a este tema nunca llegó a cuestionar las relaciones coloniales entre el español y las lenguas indígenas ya que el estatus privilegiado del español se asumió sin ningún tipo de cuestionamientos: “No se alteró la percepción generalizada que veía al español como la única lengua posible en el campo de la cultura letrada” (Vich 2000). Una muestra de ello es que en una revista indigenista como el Boletín Titikaka solo se incluyeron seis poemas en quechua. A pesar de que algunas de estas ideas constituyen planteamientos bastante novedosos para la época -‐pues buscaban acercar la escuela a la vida comunal e incluso promover la lectoescritura en lenguas indígenas-‐ no se llegaron a convertir en políticas de Estado. Entre 1910 y 1920 algunos senadores puneños presentaron varios proyectos de ley que apuntaban a la introducción de las lenguas vernáculas en la educación pero estos no tuvieron éxito. Además, en Puno, los gamonales en alianza con el clero católico de aquella época (y en oposición a la alianza indigenista protestante) se opusieron tenazmente a los intentos de democratización de la escuela y llegaron incluso a incendiar centros educativos y a asesinar a muchos campesinos promotores de que la educación llegara al campo (López 1988a). Será recién en la década de 1930 que se empezarán a utilizar las lenguas indígenas en la educación como parte de políticas estatales. A diferencia de lo que ocurría en la zona andina, la enseñanza en las primeras escuelas de los poblados indígenas amazónicos, que más tarde se llamarían
comunidades nativas, fue asumida por misioneros católicos y adventistas, y solo se desarrolló en castellano. Si bien las primeras escuelas amazónicas, al igual que las andinas, fueron parte del proyecto civilizador de la época y de su opción por “peruanizar” a los indígenas, es posible que el hecho de ser conducidas por organizaciones religiosas hiciera que el vínculo entre educación y evangelización fuera más persistente en ellas. Probablemente las primeras escuelas en poblados indígenas amazónicos fueron las de Chirumbia (1906) y Koribeni (1918), ambas en el alto Urubamba y a cargo de los dominicos. En esa época los jesuitas también formaron escuelas asociadas a sus misiones en el alto Marañón. A partir de la década de 1920, la misión adventista creó algunas escuelas en la cuenca del río Perené con el fin de ofrecer conocimientos básicos de aritmética, lengua, higiene y religión a través de una “evangelización contextualizada”. Al inicio, este proceso fue dirigido por maestros misioneros puneños. Posteriormente también participaron docentes del pueblo Ashaninka, formados en las estaciones adventistas, quienes reproducían lo aprendido en lugares de difícil acceso (La Serna 2009). 2. El Perú entre la década de 1930 y 1960: La expansión civilizadora y castellanizante Mientras que durante el oncenio de Leguía el Estado se quedaba atrás entre las entidades que propugnaban la educación, a partir del segundo lustro de la década de 1930 se desarrolló la “segunda ofensiva educativa” (Contreras 2004) y la educación se convirtió en la principal respuesta al tan debatido “problema del indio”. Se trató de una etapa de reafirmación hispánica (Degregori 2000, citando a Basadre) que tuvo como trasfondo un clima mundial de ofensiva conservadora y hasta fascista. Entre 1930 y la segunda mitad de la década de 1950, la oligarquía gobernó a través del ejército con Benavides y Odría, aunque hubo un lapso democrático de nueve años con el primer gobierno de Prado (1939 y 1945) y el régimen liderado por Bustamante y Rivero (1945 y 1948). Los gobiernos militares impusieron una política liberal en el plano económico y políticas públicas educativas que pretendían alcanzar la modernidad de forma vertical (ver Zapata en esta colección), mientras que el periodo democrático tuvo un impulso indigenista, gracias en parte a la presencia de Encinas como director de la comisión de Educación en el congreso de la república y de Valcárcel como ministro de educación. Aun así, es posible plantear que el lapso que abarca la década de 1930 y principios de 1960 constituye la época de auge de la propuesta de modernización centrada en la escuela (Portocarrero 1992) en el marco de una política estatal de “integración nacional” más explícita (Degregori 1993). Esta propuesta tuvo en su base la teoría de la modernización que dominó el discurso sobre el desarrollo a lo largo de estas décadas. Se trataba de un modelo que tenía sus raíces en el evolucionismo del siglo XIX. La diversidad cultural y las tradiciones eran percibidas como obstáculos y las causas del subdesarrollo se asumían como intrínsecas a una sociedad atrasada. Por tanto, la teoría de la modernización se caracterizaba por entender el desarrollo como un proceso homogenizador u “occidentalizador”, no solo en términos económicos y políticos sino también
culturales. El antiguo “problema indígena” se replanteó como debate sobre el desarrollo y sobre los problemas que el Perú enfrentaba por ser un país “dual”, con sociedades indígenas supuestamente arcaicas que constituían la causa principal del subdesarrollo (Degregori y Huber 2007). De acuerdo al censo de 1940, la población era predominantemente rural (63.91%) y más de la mitad del total de la población eran hablantes monolingües de lengua indígena o bilingües de alguna lengua indígena y del castellano. Más aún, más de un tercio de esta gran mitad (34.99%) eran monolingües de lengua indígena que desconocían el castellano. Es importante tomar en cuenta también que en 1940 el 64.85% de la población en edad escolar no concurría a la escuela y el 57.61% de la población en edad post-‐escolar (15 años o más) estaba sin instrucción y probablemente era iletrada (Pozzi-‐Escot 1988a). Las iniciativas educativas de esta época buscaron transformar esta sociedad “dual”, modernizando y castellanizando al grupo culturalmente minoritario (aunque mayoritario en términos cuantitativos). A partir del Congreso Indigenista realizado en Patzcuaro (México), en 1940 se impulsaron las Brigadas de Culturización Indígena, que consistían en experimentos de castellanización a adultos a través de procesos de alfabetización en lengua originaria y que tuvieron un corte tutelar y desarrollista bastante explícito. Las Brigadas fueron organizadas e implementadas durante el gobierno de Benavides y estuvieron a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social de aquella época, pero no tuvieron reales repercusiones en el contexto rural a causa de la impopularidad de este gobierno en el país. Para las Brigadas también se elaboraron volantes y cartillas bilingües, que reflejaban la influencia del protestantismo de la época. Consistían, sobre todo, en textos donde se recomendaban hábitos de higiene y se condenaba el consumo de la coca y el alcohol. Las cartillas –algunas de las cuales se han reproducido en esta antología -‐ se dirigían al indígena de manera directa y lo interpelaban con relación a sus hábitos de vida: “Aprenda a vivir aseado de cuerpo, vestidos i habitaciones, para no contraer sufrimientos i para que nadie le tenga asco”. Por otro lado, algunas cartillas de las Brigadas revelan un pensamiento “incaista” que a su vez mostraba un desprecio por el indígena de la época, vale decir, una ideología de “incas sí, indios no” (Méndez 1996) que caracterizó a algunas vertientes del indigenismo cuzqueño de las primeras décadas del siglo XX (de la Cadena 2004) y que pervive hasta nuestros días. El material de las Brigadas muestra este contraste entre la admiración que generaba la producción de las culturas ancestrales y el desprecio por el indígena contemporáneo. Por un lado, se alababan los “vestigios” por los cuales el indígena debe sentirse “orgulloso” de su “raza” pero, por otro lado, se ofrecían consejos al indígena para que éste se “civilizara”: “El Perú entero espera tu culturización para impulsar su engrandecimiento; ¡Despierta indio! Posees fortaleza, solo te falta el saber. ¡Civilízate!”. Desde esta lógica, se le recomendaba insertarse en el discurso del nacionalismo respetando la bandera y el escudo; educar a sus hijos; corregir su pereza, mentira, calumnia e ingratitud que lo hacen despreciable; y renovar sus antiguas costumbres y creencias. Quedaba claro que, “desde el Perú criollo, costeño y occidentalizado, el indígena era percibido como una ‘raza degenerada’,
supuestamente embrutecida por las fiestas, el alcohol y la coca” (Portocarrero 1992). El supuesto era que en lo andino no había nada de valor que mereciera ser conservado. El uso del quechua y del aimara estaba supeditado a la transmisión de conocimientos sobre “cultura cívica, económica rural, higiénica sanitaria y educacional, consiguiendo por estos medios, llegar a la comprensión del indio i despertar su consciencia dormida, estimulando su reincorporación a la nacionalidad” (Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social 1940: 1). Se diseñó un alfabeto quechua sobre la base del elaborado por Chukiwanka Ayulo en 1914, que siguió sufriendo modificaciones según se iba adaptando al objetivo castellanizador: “En el presente volante la Primera Brigada de Culturización ha modificado su Alfabeto Quechua-‐ Aimara, de acuerdo con las exigencias de la Metodología de la lectura i escritura del Quechua i del Aimara, con tendencia a facilitar la castellanización del aborigen” (Ministerio de Educación Pública, 1942). A pesar de que se reconocía la existencia de alfabetos basados en “las normas filológicas que la especulación científica nos proporciona” (Deza 1943), se recomendaba el uso de un alfabeto para el quechua o el aimara que tuviera la mayor cantidad de grafías del castellano. Deza, el jefe de las Brigadas, lo explicaba de la siguiente manera: “Esta transición plantea necesariamente la adopción de un alfabeto racional que contemple los intereses nacionalistas, antes que los puramente filológicos y científicos” (Deza 1943). Esta posición no solo muestra nuevamente una clara ideología de la castellanización, sino también una representación del indígena como un ser inferior que es incapaz de aprender dos sistemas alfabéticos distintos sin caer en serias dificultades. Por lo tanto, los alfabetos en lenguas indígenas no se elaboraban con fines reivindicativos o de desarrollo de las lenguas sino por una necesidad eminentemente práctica que se relacionaba con revertir las supuestas dificultades de alfabetización de los indígenas. Los argumentos a favor de la primacía educativa se desarrollaron con más fuerza a partir del gobierno de Manuel Prado y de Bustamante y Rivero. De alguna manera, todos los ensayos de educación bilingüe antes mencionados habían preparado el terreno para una serie de iniciativas estatales. En 1945, se ejecutó el proyecto de los Núcleos Escolares Campesinos (NEC), que fue impulsado por Luis Valcárcel como Ministro de Educación del presidente Bustamante y Rivero, en el momento en el que el indigenismo intentaba implementar acciones de mejoría de los servicios estatales de atención a la población indígena de la zona andina, y que además contó con el apoyo de José María Arguedas. Hasta entonces, las polémicas y el debate intelectual indigenista habían tenido poca influencia sobre la orientación de la política educativa nacional. Frente al fracaso de la “escuela urbana” como única para todo el país (que desarrolló la propuesta civilista), se llegó a la conclusión de que la escuela “intelectualista” que sólo enseñaba a leer, escribir, contar y rezar era inútil para las comunidades campesinas. Valcárcel (1954) alude a que “la dura experiencia ha aconsejado un cambio radical: escuela práctica, agropecuaria, con enseñanza inicial en lengua materna”. El impulso que se le dio a la educación rural e indígena en esa época
también se demostró con la apertura de la Dirección de Educación Rural (como una rama independiente de la Dirección de Educación Primaria Común) en 19502. Esta iniciativa de educación rural se enmarcó en la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Pública (Nº 9359) emitida en el año 1941 durante el primer gobierno de Prado, en la que la educación primaria común se declaraba como obligatoria y gratuita con seis años de duración. Esta ley establecía los valores de peruanidad, patriotismo, moralidad y catolicismo como sustentos de la educación nacional. Además, de los 25 artículos que comprende su capítulo III (reproducido en la antología), 12 de ellos se relacionan con la población indígena –aunque básicamente andina-‐ lo que nuevamente demuestra la importancia que se le intentó dar a la escuela rural en el país. La Ley contemplaba una escuela flexible que pudiera adaptarse a los diferentes contextos, pero cuyo fin era “el aprendizaje del castellano, de los hábitos de la vida civilizada, de la agricultura y de la ganadería, y de los oficios y pequeñas industrias derivadas de estas” (Art. Nº 122). Para la ley de 1941 la finalidad de la escuela fue desarrollar “una intensa labor de extensión cultural para elevar el nivel del medio” (art. Nº131). Desde esta lógica, planteaba la necesidad de incorporar al “indígena” a la “cultura” a través del impacto que pudiera tener la escuela en el medio rural: “En las bibliotecas populares se darán conferencias y cursillos encaminados a mejorar todos los aspectos de la vida local, como el vestido, la vivienda, la alimentación, los métodos de trabajo, la higiene, etc.” (art. Nº 133). Por esa razón, el trabajo a realizarse en el sector educativo debía ser complementado con iniciativas desarrolladas en otros sectores: “El indígena será incorporado a la cultura, no solo por la escuela rural, fija o ambulante, sino también mediante el reparto de tierras y la construcción de caminos” (art. Nº 129). Sin embargo, para los indígenas amazónicos existía un artículo específico que planteaba su incorporación a la “civilización” a través de otras estrategias: “Los indígenas de las selvas orientales serán incorporados a la civilización por medio de escuelas ambulantes y de internados, sujetos a planes especiales y regidos preferentemente por misioneros católicos” (art. Nº 130). Asimismo, la ley colocaba mucho énfasis en la educación de adultos para zonas rurales e indígenas. Esta se abordaría a través de las Brigadas de Culturización Indígena que ya se implementaban desde antes en la zona andina y que tenían como finalidad “proporcionar a los adultos elementos apropiados de cultura, en su propio idioma y del modo más objetivo posible” (art. Nº 140). En este marco, la enseñanza en las lenguas indígenas solo se concebían “como medio de iniciación en la cultura” (art. Nº 123) para lograr “la más pronta castellanización del aborigen” (art. Nº 124). Se trataba, entonces, de una ley que concebía a la escuela como un agente civilizatorio que cumpliría la función de transformar las prácticas culturales indígenas en el país3. 2
En la antología reproducimos extractos de un informe sobre los NEC de 1959 elaborado por un funcionario del Ministerio de Educación de esa época. 3 Un miembro de la comisión que elaboró la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 fue Jiménez Borja, catedrático, ex decano de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asesor técnico del Ministerio de Educación de la época. Luego de haber examinado “a un número suficiente de niños tanto bilingües como monoglotas”, llegó a la conclusión de que “el bilingüismo produce retardo mental y hace descender el cociente de aprovechamiento escolar” (1950).
Un antecedente de esta iniciativa fue la conferencia que se celebró en el año 1945 en la ciudad de Arequipa con los Ministros de Educación del Perú y Bolivia y los Directores del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, establecido en ambos países. Ahí se llegó a la conclusión de que la “la educación que imparten las escuelas rurales debe ser fundamentalmente de carácter agropecuario” y que “la influencia de la escuela rural debe extenderse hasta el hogar campesino a fin de conseguir el mejoramiento de todos los aspectos de su vida”. El otro antecedente fue la conferencia de educadores de los dos países y de algunos técnicos del Servicio Cooperativo Inter-‐Americano, que se realizó en diciembre del mismo año en la localidad boliviana de Huarisata. Ahí también se llegó a conclusiones similares: “Elevar la vida del aborigen hacia un nivel superior, poniendo a su alcance los beneficios de la civilización”, “Enseñarle las prácticas agropecuarias que le permitan una mejor explotación de la naturaleza” y “Difundir las prácticas higiénicas, a fin de preservar la salud colectiva y fomentar el vigor físico y espiritual de la raza”. Se trataba de principios que guardaban total coherencia con la ley de 1941 comentada más arriba. En esta coyuntura, los NEC implicaron una nueva estructura de las escuelas rurales, que consistía en el establecimiento de una Escuela Central o Núcleo alrededor de la cual giraban quince o veinte escuelas seccionales dependientes de aquella. Más allá de enseñar lectura, escritura y aritmética, los maestros debían tener conocimientos de agricultura y ganadería, crianza de animales domésticos, artes e industrias hogareñas, higiene y primeros auxilios (Díaz Montenegro 1959), aspectos que hacían eco de la línea protestante. Asimismo, en el año 1946 se consideró que el mejor método para enseñarle al niño indígena a hablar y leer en castellano era hacerlo primero en su propio idioma, y con este fin se elaboraron cartillas de alfabetización en quechua y en aimara. No obstante, estas cartillas fueron utilizadas solo en la fase inicial de funcionamiento de los núcleos, pues los padres de familia empezaron a desconfiar del método y rechazaron la iniciativa. Por eso, se recomendó “emplear la lengua nativa solo como medio transitorio de enseñarle el castellano, prescindiendo de ella tan pronto como deje de ser necesaria para hacerse comprender por el niño” (Díaz Montenegro 1959). Desde el discurso oficial, las escuelas de los NEC intentaban ganar ascendencia sobre la comunidad y cultivar el “folklore local”, razón por la cual los docentes recibían cursos sobre “las relaciones que deben existir entre la escuela y la comunidad” (Díaz Montenegro 1959). Es más, se creía que el programa fluía de las necesidades de la comunidad y que les permitiría a los educandos participar en la solución de las mismas. Aunque al principio del programa intelectuales como Valcárcel contemplaron el efecto liberador de la educación indígena y el rescate de la cultura andina, el gobierno de Odría le otorgó un giro civilizador más explícito, que revela claramente la visión que el Estado tenía de las poblaciones indígenas en esa época. Por lo menos a nivel de los textos oficiales de la década de 1950 se muestra una concepción esencialista de este Otro al que le hace “falta” una serie de prácticas para convertirse en ciudadano peruano, pues es claramente mirado como un ser inferior. El indígena es concebido como aquel que debe “combatir las supersticiones y vicios como el alcoholismo y el coquismo”, que carece de “hábitos de cortesía” y “normas de buen comportamiento”,
“que desconfía de las conquistas del progreso”, que es “conservador y hostil a todo cambio”, entre otras muchas características (Díaz Montenegro 1959)4. Es importante señalar que el ideal de una educación rural que tenía como fin dejar atrás la cultura andina (que se consideraba inferior) para que fuera reemplazada por la civilización occidental coexistía con discursos alternativos al del Perú oficial. Por un lado, Valcárcel mismo, quien fue Ministro de Educación cuando se empezaron a implementar los NEC, desarrolló ideas que no coincidían con la ideología del programa -‐sobre todo en su versión de la década de 1950-‐ ni con el pensamiento de la época sobre el poblador indígena. Su crítica a la función civilizatoria de la escuela fue bastante clara: “La cultura occidental, por acción del Estado, mediante su órgano la escuela, acude con su equipo técnico y su acopio científico en auxilio del campesino; pero éste posee una cultura tradicional, no está desprovisto de un ethos, como toda persona humana. Se niega, de esta manera, la absurda pretensión de quienes intentan tomar al indio como un ente infrahumano y modelarlo a su propia imagen y semejanza, aunque, claro está, sin que pueda gozar de los mismos derechos” (1954: 9). Por otro lado, Arguedas hacía referencia al “método cultural” (1986), que implicaba alfabetizar en la lengua vernácula y rescatar una serie de prácticas de la cultura andina. No obstante, en ambos casos, el propósito de la educación seguía siendo la “integración” a la nación peruana, pero ya no a partir de la imposición de una lengua y cultura extraña (Contreras 2004). La alfabetización en quechua y el trabajo con la cultura local era una cuestión de estrategia y de eficacia del método, pues en el fondo se mantenía el discurso del progreso, la modernización y la “integración” nacional (Contreras 2004). Las décadas de 1950 y 1960 constituyeron una época de gran efervescencia social en la cual se produjeron luchas campesinas por la tierra, que era cada vez más escasa para una población dedicada a actividades agropecuarias. Hubo un gran auge del movimiento popular y estudiantil en las ciudades y se desarrollaron acciones guerrilleras inspiradas en la revolución cubana. A lo largo de la década de 1950 se aceleraron las migraciones internas iniciadas en la de 1920, con el desarrollo de procesos de migración masiva de la sierra hacia la costa y también hacia la selva. La intensa presencia de inmigrantes andinos en Lima tuvo un profundo impacto en la configuración social de la ciudad y en las tradiciones culturales de los estratos populares capitalinos que hasta entonces tenía un origen mixto con un gran aporte de negros y mulatos (Zapata 2003). Las trayectorias que siguieron amplios sectores de migrantes andinos en las ciudades mostraron los límites de la aculturación y el proceso de redefinición de identidades (Degregori 1993), pues éstos optaron por utilizar el bagaje cultural de sus pueblos de origen como recursos para insertarse en las urbes tanto económica como culturalmente. Las redes de cooperación basadas en el parentesco y el paisanaje y las 4 A pesar de que diez años después de su iniciación el programa se había extendido a 66 núcleos y atendía a 59,000 niños de la zona andina, tuvo que cerrar debido a la falta de un adecuado apoyo técnico y financiero que limitó la posibilidad de supervisión y control de la experiencia. Como ha ocurrido con otros tantos programas ejecutados en el Perú, el desarrollo del proyecto quedó condicionado al soporte económico y administrativo del “Servicio Cooperativo Peruano Norte-Americano”, que, una vez que se retiró del país, dejó a los NEC sin el impulso con el que contó en sus inicios.
fiestas andinas son solo un ejemplo. No obstante, la lengua originaria y el vestido tradicional se convirtieron en “índices” de indianidad (De la Cadena 2004) y fueron dejados de lado para evitar la estigmatización. De hecho, estos procesos migratorios y mayores contactos entre la sociedad andina tradicional y la moderna representada por los hispanohablantes tuvo como consecuencia una gran disminución del porcentaje de monolingües de lengua vernácula, que bajó a 19.53% de acuerdo con el censo de 1961 (en comparación con la cifra de 34.99% del censo de 1940). A pesar de esta nueva dinámica que se iba produciendo en la sociedad nacional, el grupo socioeconómico dominante siguió imponiendo sus intereses a través de un modelo rígido, de corte autoritario y homogeneizante que rechazaba adaptar las estructuras sociales y políticas a la nueva realidad nacional pluricultural que se estaba gestando. Si bien se intentó hacer algunas reformas para atenuar las demandas de una población cada vez más organizada, estas se distorsionaron, debilitaron o desvanecieron (Contreras y Cueto 2004). Los procesos de movilidad y cambio que se estaban gestando requerían de una nueva forma de integración de las clases sociales oprimidas a la sociedad puesto que el orden feudal de los gamonales ya no aseguraba el estatus quo. En este contexto se dio una fase de expansión general de las estructuras del Estado (administrativas, judiciales, servicios) hacia las áreas rurales del país y se crearon nuevas instituciones y centros de poder regionales. La escuela fue uno de los aparatos estatales que se expandió con mayor velocidad. Desde un modelo desarrollista que planteaba la unidad nacional a través de la integración de las zonas atrasadas y feudales a la modernidad capitalista, la educación fue concebida como un motor de cambio social (Morillo s/f) y como un canal de ascenso social y mejora de niveles de vida. En esta época se difundió la escolarización masiva, y la escuela se convirtió en uno de los instrumentos fundamentales para la concretización de la política lingüística de castellanización forzada de la población indígena. La escuela se propagó con un claro objetivo político cultural: la homogeneización e integración del mosaico de diferentes situaciones étnico culturales al modelo dominante vigente en el país. Surgió un discurso sobre la importancia de que el maestro fuera un actor “apolítico” y promotor de los cuatro componentes de la educación nacional: fe religiosa católica, sentido de patria y unidad nacional, defensa de la familia y afirmación individual. Este último principio asociado al éxito individual marcaba una diferencia entre esta visión de la educación y la que caracterizaba al discurso indigenista (ver Zapata en esta colección). Asimismo se criticó la enseñanza en lenguas originarias que había caracterizado al impulso indigenista de la década de 1940 (Contreras 2004), a pesar de que todavía un gran porcentaje de la población era monolingüe de una lengua indígena (20%) o bilingüe de una lengua indígena y el castellano (20%) (Pozzi-‐Escot 1988a). Es importante mencionar que en el caso peruano el reclamo por la “integración nacional” y por una escuela que contribuyera a ese fin vino también de abajo. Aunque la relación de la población indígena con la escuela ha oscilado entre la rebeldía y la aceptación acrítica (Degregori 1991, Ansión 1989, Montoya 1990), se puede señalar que, por lo general, la población beneficiaria apoyó el proyecto criollo asimilacionista.
Las reivindicaciones ciudadanas primaron por sobre las reivindicaciones étnico-‐ culturales y la educación se asumió desde apuestas democratizadoras como el camino de la emancipación de la servidumbre. En este contexto se firma el convenio entre el Ministerio de Educación y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), una institución evangélica norteamericana dedicada a la traducción de la Biblia. El gobierno le encomendó al ILV la educación de la población indígena de la Amazonía y el desarrollo de otras acciones orientadas a promover su integración a la sociedad mayor. Esta iniciativa formó parte de un conjunto de actividades que realizó el Estado a partir de la década de 1940 con el fin de retomar la integración de la Amazonía por razones de orden geopolítico y económico (Barclay 1991). Entre estas acciones figuraba el incremento de inversiones estatales orientadas a la construcción de carreteras y aeropuertos, los incentivos a la prospección petrolera y el impulso a programas de colonización en diferentes regiones de la selva alta y baja, así como el fomento de acciones orientadas a promover la utilización industrial de sus recursos naturales. En este proceso fueron invadidos los territorios de los pueblos indígenas asentados en las zonas de expansión5. Las primeras escuelas bilingües del ILV empezaron a funcionar en 1953 bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación Pública No. 9359 de 1941 comentada más arriba. La labor del ILV se inscribía en una corriente imperante en la época que consideraba la diversidad étnica como un lastre y la educación como un instrumento para facilitar la asimilación de los indígenas a la sociedad mayor, lo que era totalmente coherente con el espíritu civilizatorio de la ley. Esto no solo significaba desplazar la lengua indígena por la lengua oficial y hegemónica sino también promover la pérdida de sus tradiciones, estilos de vida y conocimientos (Pozzi-‐Escot 1988a, López 1988a, Chiodi 1990). Además, el ILV tenía la misión de facilitar la incorporación de los indígenas amazónicos a la economía de mercado, como lo ilustra el extracto del texto de Townsend incluido en la antología. En el caso del ILV estas acciones vinieron acompañadas de un intenso programa de evangelización sustentado en el siguiente argumento: las tradiciones y culturas indígenas son atrasadas e inadecuadas frente al mundo moderno e inevitablemente sucumbirán con su avance, y por ello es importante brindarles la base moral que las ayudará a elaborar una respuesta ante esta nueva situación. Dicha base está constituida por la Biblia (Loos, et al 1979: 49-‐441). Como toda cultura tiene aspectos que conducen al bienestar y otros que llevan al detrimento del hombre y la sociedad, el lingüista debe llevar la palabra de Dios en contra de ciertos componentes culturales, estabilizar otros, y cuando sea necesario plantear otros equivalentes (Ibíd.: 409). En esta tarea civilizadora participarían los maestros bilingües, elegidos entre los comuneros ganados al evangelismo y “considerados como los portadores de la buena nueva de Dios y los verdaderos apóstoles de la civilización” (Montoya 1990: 63). 5
Hasta 1957 los indígenas amazónicos no tenían ningún amparo legal sobre el territorio que ocupaban. Ese año se promulgó el DS 03 que entrega 10 has., en calidad de reserva, a cada individuo mayor de 5 años. Este decreto no reconocía a los indígenas la propiedad sobre la tierra ni los derechos sobre los bosques.
El ILV abordó las lenguas indígenas como medios para el aprendizaje del castellano desde la perspectiva del modelo de educación bilingüe de transición, aunque no le dio mucha prioridad a la castellanización de los indígenas. Según este modelo, la alfabetización de los niños y niñas se inicia en la lengua originaria y, durante los primeros dos grados de primaria, se transfieren las habilidades lingüísticas al segundo idioma. Asimismo, ignoró el cúmulo de conocimientos desarrollados por los diferentes pueblos indígenas amazónicos con los que trabajó. Si bien algunos de sus textos de lectura presentan elementos del contexto social y natural, su material didáctico está básicamente orientado a presentar saberes escolares. Las críticas al trabajo del ILV recién se iniciaron a fines de la década de 1960, en el marco del conjunto de cambios que empezó a vivir el país como producto del gobierno de Velasco Alvarado y el advenimiento de un nuevo discurso de valorización de la pluralidad cultural. Hasta entonces el trabajo educativo del ILV había gozado del reconocimiento de renombrados intelectuales de la época, incluso de aquellos que participaron en la mesa redonda sobre el monolingüismo quechua y aimara en su relación con la educación, que se llevó a cabo en noviembre de 1963 y que comentaremos a continuación. Ese año, importantes educadores, lingüistas y antropólogos discutieron este tema en una mesa redonda que duró tres sesiones y que dirigió José María Arguedas en Lima como director de la Casa de la Cultura6. El tema del monolingüismo quechua y aimara iba de la mano con una preocupación que se reveló en todas las reuniones, aunque en algunos participantes más que en otros: la “fragmentación” existente en el país y el hecho de que cinco millones de peruanos no estuvieran “integrados a la vida nacional”. Se creía que lo que en gran parte dificultaba esta anhelada “unidad nacional” era la imposibilidad de comunicación entre los peruanos y que la educación debía, por tanto, lograr la castellanización y contribuir de ese modo al proyecto modernizador imperante que subyacía a todo este discurso. Es sintomático entonces que la mayoría de los participantes haya mostrado su simpatía por el proyecto educativo del ILV. Ahora bien, la mayoría de los participantes estaba de acuerdo con que se utilizaran las lenguas nativas en la educación, pues en aquella época ya se había internalizado la idea de que la lengua materna, como lengua “afectiva”, constituye el mejor vehículo para la conducción del aprendizaje. Se reconocía la necesidad de respetar “la personalidad del educando”, como un principio universalmente aceptado de la educación moderna (ver extracto reproducido en la antología). En ese sentido, se creía que la utilización de las lenguas indígenas contribuiría a que “una personalidad plenamente desarrollada pueda asimilar la cultura nacional y pueda comprender el sentido de la nacionalidad” (Mesa redonda, participación de Portugal Catacora: 118). Sin embargo, si bien había cierto consenso sobre esta premisa, se desarrolló un debate sobre el procedimiento de la castellanización, que también revelaba diferentes 6
La mesa redonda consistió en tres reuniones que se iniciaron con una ponencia de un intelectual de la época. La primera fue realizada por el lingüista Alberto Escobar; la segunda, por el antropólogo Jorge Núñez del Prado; y la tercera, por el educador Emilio Barrantes. En este volumen reproducimos un extracto de la discusión que se produjo luego de la exposición de Barrantes en la tercera sesión.
posturas con relación a los fines de la educación y al desarrollo del país. Mientras que la mayoría de participantes, como Núñez del Prado, planteaba que la escritura del quechua o del aimara solo podía servir para enseñar el castellano de modo más eficiente, una minoría (dentro de la que se encontraba Alberto Escobar) optaba por una política a favor del desarrollo del quechua como lengua oral y escrita. Un antropólogo extranjero como Murra incluso propuso que la integración no debía obedecer a un proceso unilateral y mencionó la necesidad de obligar a los funcionarios públicos a hablar los dos idiomas. Este debate se ilustra en el extracto que hemos reproducido en la antología. No obstante, aunque por momentos varios declararon que la castellanización no debía significar la cesación del uso del quechua y la renuncia a la cultura ancestral, el discurso dominante obedecía a un anhelo de castellanización, que a su vez estaba al servicio del proyecto modernizador de la época. Había que luchar contra las supersticiones del mundo indígena y optar por “el tratamiento científico de los asuntos” (Mesa redonda, 1963). El ideal castellanizador lo ratificó el mismo Arguedas en las conclusiones de la mesa: “Hemos llegado al convencimiento de que se debe alfabetizar en quechua, para poder llegar rápida y eficazmente al castellano”. En parte gracias a las recomendaciones surgidas en la mesa redonda de 1963, a mediados de la década de 1960 se concibió un programa de educación bilingüe como parte del Plan de Fomento Lingüístico y luego del Centro de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos7, en el que se introdujo formalmente el quechua como instrumento de educación. Se trataba del primer programa serio con elaboración teórica, realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en convenio con la Universidad de Cornell y financiado por la Fundación Ford. El programa empezó a funcionar en 1964 con carácter experimental en la Escuela Central del Núcleo Escolar Campesino Número 34 de Quinua (tanto en aulas experimentales como de control), donde el porcentaje de quechua hablantes era de 93.65% según el censo de 1961, y pasó por diferentes fases hasta culminar en 1985 debido a la guerra interna en Ayacucho. En 1965 se consiguió la oficialización del Programa mediante la Resolución Ministerial Número 4935. A diferencia de experiencias anteriores, en este programa se hizo por primera vez la distinción entre el aprendizaje de la lengua materna y de una segunda lengua, se asumió que el niño no podía empezar con la lectoescritura en castellano si antes no adquiría el castellano a nivel oral, se habló de la transferencia de las habilidades adquiridas en quechua a las habilidades adquiridas en castellano, se distinguió la enseñanza del quechua como objeto de estudio y la enseñanza en quechua como lengua instrumental, y se priorizó la enseñanza de la pronunciación porque se consideraba fundamental eliminar una de las causas del discrimen social. Sin embargo, a pesar de estos postulados novedosos para la época, el programa tuvo que pasar por varios cambios, en parte porque las comunidades y los padres de familia expresaron su 7
A lo largo de su historia el CILA ha producido importantes trabajos sobre lingüística andina, lingüística amazónica, lingüística hispánica y lingüística aplicada. En este último campo destaca su participación, desde 1997, en el proyecto PROEIB Andes orientado a apoyar la consolidación y desarrollo de la EIB en Latinoamérica, a través de la formación de recursos humanos.
descontento hacia la alfabetización en quechua y hacia su uso oral en el aula en una asamblea en 1968. A partir de este hecho, la metodología inicial no pudo mantenerse por mucho tiempo y se empezó a alfabetizar simultáneamente en quechua y en castellano con especial énfasis en castellano8. El programa pasó por varias fases y también por varias concepciones de la educación bilingüe. Así, mientras que en sus orígenes se contemplaba como “un proyecto de alfabetización y castellanización en la zona de Ayacucho” (Escobar 1966), más adelante se planteó como una propuesta de mantenimiento, en el que los niños se benefician con el aprendizaje del castellano y al mismo tiempo “mantienen y desarrollan la lengua materna” (Zúñiga 1991). No obstante, se trataba claramente de un programa que se focalizaba en lo lingüístico en desmedro de la problemática cultural. De hecho, el objetivo general del programa era “contribuir al logro de los objetivos de las diferentes líneas educativas del currículo correspondiente al primer ciclo de Educación Básica Regular en zonas de habla quechua” (Zúñiga 1991). Es decir, aunque el quechua recibía un tratamiento especial dentro de la línea de lenguaje, su uso estaba al servicio del desarrollo de las líneas educativas tradicionales. Más aún, en el programa se asumía que el mantenimiento de la comunicación en quechua en la escuela era el medio para propiciar el uso de esa lengua en diversos ámbitos (Zúñiga 1991, Zúñiga, Lozada y Cano 1977), cuando en realidad la experiencia nos ha mostrado que el uso de las lenguas originarias únicamente en el ámbito escolar no favorece su revitalización a nivel de la sociedad (Hornberger 1989, Hornberger y King 1996). Así, se pensaba que la educación bilingüe –y la creación de léxico quechua por ejemplo-‐ iba a contribuir a “un incremento de la población de habla bilingüe” y a “una igual valoración de las lenguas que conviven en un mismo marco geopolítico y social” (Zúñiga 1991). No hubo una reflexión de cómo articular el uso de la lengua originaria en la escuela con una política de uso de lenguas fuera de la escuela, tema que sí surgió durante el gobierno de Velasco Alvarado pero que luego se olvidó en los gobiernos posteriores. 3. La década de 1970 como punto de quiebre: la apuesta educativa para una realidad multilingüe y pluricultural Como lo señala Pozzi-‐Escot, “la década del 70 es una de las más trascendentales en términos del desarrollo conceptual de la educación para las poblaciones vernáculo-‐ hablantes del país” (1988b: 55). Por primera vez en la historia del Perú se empezó a pensar en una educación que respetara la diversidad lingüística y cultural, aunque estos 8
Al inicio, se trabajó con tres grupos, dos experimentales (A y B) y uno de control que seguía el sistema tradicional. El grupo A trabajaba el castellano oral durante el primer trimestre y luego empezaba con la alfabetización en castellano. El grupo B recibía castellanización oral durante todo el año mientras se lo alfabetizaba en quechua. La lengua del aula era el quechua para ambos grupos. En el segundo año de escolaridad, el grupo A seguía con el castellano oral y la lectoescritura en castellano, mientras que el grupo B pasaba a la alfabetización en castellano. Los resultados finales de las pruebas tomadas a los alumnos de las dos secciones mostraron que la sección que había sido alfabetizada en castellano tuvo un promedio general de la prueba oral y de la prueba escrita ligeramente superior al de la sección que había sido alfabetizada en quechua durante el primer año. Sin embargo, hay que considerar que estos resultados estuvieron mediados por una serie de factores distorsionantes que hacían que las secciones no fueran equiparables con relación a una serie de variables (Pozzi-Escot 1988).
nuevos aires se asentaron sobre viejas concepciones que resistieron algunas de estas propuestas innovadoras, provocando muchas contradicciones en el discurso oficial de la época. Se trató de la tercera ofensiva educativa. La reforma educativa fue un producto de la alianza entre los militares y un grupo de intelectuales progresistas que respaldaron el régimen del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, entre los cuales se encontraban personalidades que estuvieron presentes en la mesa redonda que dirigió Arguedas en 1963 (como Augusto Salazar Bondy y Emilio Barrantes). Esta reforma fue parte de un paquete de reformas que pretendía provocar cambios estructurales en el país. La más importante fue la reforma agraria, que logró desestabilizar la base económica de la oligarquía y el gamonalismo. Se trató de una época en la que se dejó de pensar en la educación como el único medio para la “redención del indio”. La reforma agraria aparecía como la nueva promesa redentora y el “problema del indio” ya no era solo un problema educativo sino también un problema económico, tal como lo había postulado Mariátegui décadas antes. Según la comisión de Reforma de la Educación (1970), la reforma agraria y la educativa estaban estrechamente vinculadas. Los cinco departamentos de la sierra sur, conocidos como la mancha indígena, fueron declarados “zona prioritaria” para la aplicación de la reforma educativa en base a razones de justicia social, “para apoyar a la reforma agraria dentro del esquema de cambios estructurales” (1970). Así entonces, la legitimación de una lengua indígena como el quechua iba de la mano de la preocupación por la situación socioeconómica de marginación de los indígenas. Se buscaba convertir al indígena en ciudadano, lo cual significaba alterar las relaciones de producción del campo, quebrar su exclusión del discurso histórico-‐cultural oficial y darle acceso a la vida política con la extensión del voto a los analfabetos (Martín Sánchez 2002). Esta visión, como veremos, cuestionaba las relaciones de poder en la dimensión económica pero no llegaba a problematizar de manera suficiente la dimensión cultural. La década de 1970 estuvo influida por la Teoría de la Dependencia, que criticó las políticas de desarrollo inspiradas en la Teoría de la Modernización. Esta nueva perspectiva asumía que el desarrollo de los países del centro y el subdesarrollo de los países periféricos eran dos caras de la misma moneda dentro de un “sistema capitalista mundial” y que el responsable del subdesarrollo era la dependencia de los países subdesarrollados con respecto a los países centrales (Degregori y Huber 2007). Por lo tanto, a diferencia de la perspectiva modernizadora de las anteriores décadas, esta teoría planteaba que el subdesarrollo tenía sus orígenes en las relaciones de dominación y explotación que caracterizaban la expansión del capitalismo y que las causas del subdesarrollo no eran intrínsecas a una sociedad (Degregori y Huber 2007). Desde esta nueva lógica, a diferencia de la perspectiva educativa más explícitamente “desarrollista” (o asimilacionista) de la década de los cuarenta, que ofrecía la modernidad y el progreso sin intentar transformar las estructuras de dominación de la sociedad, los propulsores de la reforma educativa creían que la realidad del analfabetismo y la situación de los educandos de la escuela rural eran el producto del subdesarrollo del país y el resultado de la condición marginal de los indígenas. Las poblaciones marginales ya no eran vistas como las causas del
subdesarrollo, ni el analfabeto o el indígena como los culpables de la situación de atraso en que vivían los países subdesarrollados. Por lo tanto, la relación estaba ahora invertida: el subdesarrollo era el que generaba el analfabetismo9 como consecuencia de la explotación y la discriminación social, lo que implicaba combatir las causas que producían su situación de desventaja. Bajo la influencia de la pedagogía crítica imperante en la época y del pensamiento de Paulo Freire se criticó la concepción “anti estructural” del analfabetismo y se asumió la escuela como un espacio para el “enderezamiento de las conciencias”. Entre muchos otros aspectos, el gobierno de Velasco Alvarado retomó la nuclearización del sistema educativo a partir de la experiencia de los Núcleos Escolares Campesinos de la década de 1940, fomentó la participación de todos los agentes educativos, capacitó a los maestros desde la importancia de su rol en la transformación de la sociedad y flexibilizó el currículo para acoger la diversidad regional y cultural (ver el volumen 13 de Patricia Oliart en esta colección). En este contexto de cambios, la problemática de las lenguas indígenas surgió con fuerza cuando se realizaron los debates y seminarios sobre la reforma educativa para la preparación de la Ley General de Educación de marzo de 1972. En estos eventos también influyó el debate de la mesa redonda de 1963 y las ideas de los intelectuales que participaron en ella (como Alberto Escobar e Inés Pozzi-‐Escot). Quizás el evento más importante fue el Seminario Nacional de Educación Bilingüe realizado en enero de 1972 pues ahí se dictaron las bases para la primera Política de Educación Bilingüe, que se dictaminó también ese mismo año. En el seminario, no solo se tomó en cuenta la multiplicidad de las lenguas sino la multiplicidad de variedades del castellano, aspecto que desapareció en las siguientes políticas de educación bilingüe que comentaremos más adelante. Tanto la Ley General de Educación 19326 como la Política de Educación Bilingüe constituyeron documentos sumamente vanguardistas para la época. En primer lugar, se señalaba la necesidad de contar con una educación que respetara la realidad multilingüe y pluricultural del país. El uso de las lenguas indígenas en la educación ya no estaba al servicio del proyecto castellanizador, al menos no de manera explícita. Al respecto, el artículo 12 de la Ley planteaba: “La educación considerará en todas sus acciones la existencia en el país de diversas lenguas que son medios de comunicación y expresión de cultura, y velará por su preservación y desarrollo. La castellanización de toda la población se hará respetando la personalidad cultural de los diversos grupos que conforman la sociedad nacional y utilizando sus lenguas como vehículo de educación”. En segundo lugar, se mantenía el vínculo entre el cambio educativo y el socioeconómico, que precisamente asumía el pensamiento de Freire. Este aspecto se puede observar claramente en la Política de Educación Bilingüe. En el apartado de Lineamientos de Política –que se reproduce en la antología-‐ se señala que “la alfabetización y la castellanización, entendida como un proceso pedagógico al margen del enfoque socio-‐económico, son improductivas e indeseables”. Más aún, como primer objetivo de la educación bilingüe –que también se reproduce en la antología-‐ se proponía lo siguiente: “Propiciar en las comunidades de lenguas vernáculas, la 9
La alfabetización fue una acción prioritaria del gobierno de Velasco. Para una mirada crítica del Proyecto de Alfabetización Integral (ALFIN) ver Zavala (2004).
interpretación crítica de su realidad socio-‐económica para su participación espontánea, creadora y consciente en el proceso de cambio estructural orientado hacia la eliminación de los mecanismos de dependencia y dominación”. En tercer lugar, se contempló el aprendizaje de las lenguas vernáculas como segundas lenguas. Así por ejemplo, en el Reglamento de Educación Bilingüe se dictaminó que “Los programas de formación magisterial incluirán obligatoriamente en sus currícula la enseñanza de una o más lenguas vernáculas con metodología de segunda lengua” (artículo 16). Sin embargo, en todo este marco legal de la reforma se revelan muchas tensiones. Según Pozzi-‐Escot (1988b), existe una tensión entre la “preservación y desarrollo” de las lenguas vernáculas y el carácter más transicional de la propuesta. Mientras que la Ley y la Política de Educación Bilingüe proponían lo primero, el Reglamento de Educación Bilingüe sostenía que “El castellano y la lengua vernácula serán las lenguas instrumentales para la educación en el primer ciclo de Nivel Básico”. Como señala esta autora, el marco legal revela un problema de indecisión y ambigüedad “que está en el fondo” y que se traduce en la pregunta “¿hasta dónde y hasta cuándo la educación bilingüe?”, pues a pesar de que existió un discurso a favor del desarrollo de las lenguas indígenas, el concepto de educación bilingüe que primó fue el de transición. Más aún, según la misma autora, entre los primeros documentos y los últimos “hay una pérdida de la perspectiva global de la educación como variable dependiente, inserta en una concepción del desarrollo entendido como cambio estructural dirigido a la creación de un nuevo orden socio-‐económico” (Pozzi-‐Escot 1988b: 59). Es importante señalar que los planes presentados en el Reglamento de Educación Bilingüe casi no se cumplieron y que solamente continuaron activamente los proyectos que habían preexistido desde antes (Kim 2008). Ahora bien, lo más audaz del gobierno de Velasco fue quizás el Decreto Ley 21156 de Oficialización del Quechua, emitido en 1975, en el que esta lengua fue reconocida como idioma oficial del Perú junto al castellano. La ley estipulaba que a partir de 1976 el quechua debía ser enseñado en todos los niveles de educación (lo cual incluía poblaciones monolingües del castellano) y que algunos de los ministerios serían los encargados de ejecutar la tarea. Ese mismo año también se emitió la Resolución Ministerial 4023, mediante la cual se aprobaba el Alfabeto Básico General del Quechua y su adecuación a cinco variedades. Sin embargo, a diferencia de los otros documentos legales mencionados, esta Ley de Oficialización fue promulgada muy tarde y el giro que se produjo en la política interna del país interrumpió la reforma. No se llegó a implementar una política sistemática para usar y desarrollar las lenguas originarias en el país. Más allá de la publicación de las gramáticas y diccionarios de todas las variedades del quechua por el Ministerio de Educación, en convenio con el Instituto de Estudios Peruanos, los esfuerzos para usar el quechua en los medios de comunicación y en otros espacios oficiales fueron sumamente aislados10. La promulgación tardía de la ley se debió, en parte, a que muchos dirigentes políticos -‐e incluso muchos intelectuales que estaban a favor de la educación bilingüe-‐ se 10
Entre las acciones que se llevaron a cabo en quechua estuvo el curso de quechua en el canal 7, una sección del noticiero, una sección muy pequeña del periódico La Crónica y cursos de quechua impartidos por el Ministerio de Agricultura.
opusieron y ejercieron resistencia. Estaba claro que, a diferencia de las otras políticas, este Decreto Ley sí interpelaba la concepción de un país homogéneo y mestizo. A pesar de que en el entorno más cercano de Velasco sí parecía haber convicción política con relación a las medidas tomadas, en general, la dirigencia política no estaba convencida. Más aún, la convicción más fuerte estuvo en un sector de académicos asentados en Lima, quienes lograron la aprobación de las leyes comentadas más arriba pues abogaban en beneficio de la población indígena (Zúñiga y Gálvez 2002). Una vez que se derrocó al gobierno de Velasco y subió Morales Bermúdez no se dio continuidad a estas medidas, muchas de las cuales habían sido tomadas “desde arriba hacia abajo” (López 2008a) y no habían sido interiorizadas por la población beneficiaria. El discurso en torno a la cancelación de la marginalidad de los grupos vernáculo hablantes y del discrimen social hacia ellos se enmarcaba en una retórica neoindigenista que confluía en un nuevo nacionalismo (Heise y Degregori 1977). Este nacionalismo se enfocaba en la defensa de la soberanía y dignidad nacionales, en un discurso antiimperialista y en la integración de los peruanos con la conciencia de lo “nacional”. Precisamente fue a partir de esta ideología nacionalista –y del rechazo a las “invasiones culturales”-‐ que recién se empezó a cuestionar el trabajo del ILV. Sin embargo, lo “nacional” presentaba ambigüedades. Por un lado, se revalorizaron los elementos culturales enraizados en la población rural, que fueron tomados como los rasgos auténticos de la nacionalidad peruana. Pero por otro lado, líderes de la reforma como Salazar Bondy hacían referencia a la importancia de conectar la educación con “la peruanidad”. Esta “peruanidad” consistía en una síntesis integradora de todos los componentes de la nación sin privilegiar ninguno y permitiría a los peruanos ser modernos y occidentales pero con una identidad propia. Esto se diferencia claramente de las corrientes de la “pluriculturalidad”, la “interculturalidad” y la “multiculturalidad” que están más en boga en nuestros tiempos y que –a pesar de las diferencias entre ellas-‐ abogan por la convivencia armónica de diversas culturas (ver Oliart en la presente colección). Este nacionalismo –que tuvo claros rasgos autoritarios y paternalistas-‐ también dejaba entrever una perspectiva eurocéntrica de la educación. Según el mencionado texto de Oliart, la relación con las culturas indígenas es ambigua en el texto del Informe General de 1970, pues hay cierta tensión entre el discurso nacionalista y la convicción acerca de la importancia de hacer del Perú un país moderno y cosmopolita, que implicaba liberar a los indígenas peruanos de “sus visiones mágicas e ingenuas” (Ministerio de Educación, 1970: 101). Asimismo, la reforma priorizó la alfabetización para “arrancar de la ignorancia a los hermanos del campo”11 e integrarlos a la corriente dominante del país. La asociación entre el analfabeto y los hablantes de lenguas originarias desde una perspectiva de problema y atraso estaba clara: “el problema del analfabetismo en su inseparable relación con el problema que plantea la existencia de millones de peruanos aimara y quechua parlantes” (Ministerio de Educación 1970). 11
“Joven campesino dirige equipo alfabetizador”. La Crónica, 10 de mayo de 1976 (en Zavala 2004).
Pero más allá de estos atisbos desarrollistas en el discurso, también hubo cierto chauvinismo cultural que produjo algunas contradicciones y que se fundaba en la prédica nacionalista antiimperialista. Así, mientras que por primera vez en la historia el Estado apoyó las manifestaciones artísticas del interior del país (como ferias agropecuarias, presentaciones folclóricas, el evento del Inkarri, etc.), se censuró aquello que se consideraba “alienante”, como fue el caso de la música rock en la radio y la televisión, con el objetivo de detener la “penetración cultural” del país del norte, pero sin reflexionar sobre el hecho de que algunos tipos de rock jugaban un rol importante en criticar el sistema económico dominante (ver Oliart en esta colección). Aunque somos conscientes de que en la reforma había diferentes sectores y que además ésta pasó por diferentes fases, lo comentado entraba en contradicción con el rasgo liberador de la misma, con la política de revalorización cultural que supuestamente formaba parte de ésta y con el discurso de una “democracia social de participación plena”. Estaba claro que el discurso en torno a la desigualdad económica opacaba una reflexión sobre las relaciones de poder en el plano cultural. Según Degregori y Huber (2007), a pesar de representar posiciones políticas contrapuestas, la teoría de la modernización, la teoría de la dependencia y el marxismo duro y dogmático que se expandió después en las universidades del país con el desarrollo de Sendero Luminoso estaban basados en la misma racionalidad epistemológica. Todos compartían una visión evolucionista, que suponía el progreso de un Estado inferior hacia otro superior, e ignoraban casi por completo los aspectos culturales. A pesar de estas contradicciones, durante este régimen los pueblos indígenas de la Amazonía aparecieron por primera vez como preocupación del Estado y sujetos de derechos. En el mundo académico, también se iniciaron estudios sobre la Amazonía en una época en que la mayoría de antropólogos estaba fundamentalmente orientado a la zona andina. Un pionero de esta labor fue Stefano Varese cuyo libro “La sal de los cerros” (1968) marcaría un hito en la historia de los estudios amazónicos en el Perú, al abrir las puertas al mundo de la selva y sus pueblos originarios. En esta coyuntura de cambios sustanciales en los ámbitos social, económico y educativo propiciados por el gobierno del general Velasco Alvarado, surgieron las primeras organizaciones indígenas de la Amazonía peruana con el fin de garantizar la defensa de sus tierras, responder a los diversos problemas que enfrentaban con patrones, comerciantes y otros agentes de la sociedad nacional y plantear alternativas en los campos de educación, salud y administración de justicia, entre otros. Estas organizaciones nacieron en la Selva Central, el Alto Napo y el Alto Marañón. En este marco se dio la primera propuesta legal para ellos: la “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva” aprobada en junio de 1974. En 1982 surgió la confederación nacional indígena AIDESEP que hoy en día abarca a más de cincuenta organizaciones indígenas locales de diferentes regiones de la Amazonía12. 12
En el marco del proceso de autoafirmación impulsado por las nacientes organizaciones indígenas, varios pueblos rechazaron los términos que se utilizaban para nombrarlos, por su carácter despectivo o por provenir del castellano, y plantearon el uso de sus autodenominaciones. Entre ellos figuran los
Este contexto propició la aparición de nuevos actores vinculados a la Iglesia católica y la cooperación internacional, que desarrollaron diversas propuestas de educación orientadas a pueblos indígenas. Todas optaron por una educación bilingüe de mantenimiento que cuestiona el uso de las lenguas vernáculas como mero instrumento para asegurar el empleo posterior y exclusivo del castellano, y abogaron por el uso y desarrollo de dichas lenguas como materia de estudio y medio de enseñanza a lo largo de todo el proceso educativo, en igualdad de condiciones con el castellano. De igual manera, empezaron a cuestionar el enfoque exclusivamente lingüístico de los programas dirigidos a pueblos indígenas y a exigir la inclusión de sus conocimientos, técnicas y valores (ver Trapnell 1984 en la antología). Es importante mencionar que a partir de la década de 1980 surgieron nuevas corrientes a nivel continental que afirmaban el valor de la diversidad y la necesidad de que la educación de la población indígena incluyera contenidos de su herencia cultural. Asimismo, la teoría del desarrollo cambió de paradigma y empezó a cuestionar el paquete modernización-‐homogeneización-‐occidentalización y a buscar formas alternativas que tomaran en cuenta los “saberes locales” en el marco del “giro participativo” de las intervenciones (Degregori y Huber 2007). El nuevo discurso del Desarrollo Humano, las críticas al eurocentrismo y el discurso del Etnodesarrollo abrieron caminos alternativos al discurso homogeneizador de las décadas anteriores (Degregori y Huber 2007). En el Perú, al igual que en otros países latinoamericanos, se declaró la diversidad lingüística y cultural como un principio democrático y como un recurso de la nación (Valdivieso 2009) y la constitución de 1993 otorgó un estatus oficial a las lenguas indígenas en los territorios donde éstas se hablan. En este marco, algunas propuestas de educación para pueblos indígenas tomaron el nombre “bilingüe bicultural” o “bilingüe intercultural” de manera indistinta13, sin considerar el hecho que respondían a diferentes paradigmas y visiones sobre la situación de las culturas indígenas y su futuro en el marco de la sociedad mayor14. Ashaninka, Yine, Yanesha, Awajun y Wampis, antes conocidos como campas, piros, amueshas, aguarunas y huambisas. 13 Entre los primeros en cuestionar estos planteamientos estuvieron los antropólogos-lingüistas venezolanos Mosonyi y Gonzales (1974), a quienes no les parecía posible que un individuo pudiera separar tan clara y drásticamente formas de pensar, sentir y actuar diferentes y que las “dos” culturas pudieran estar presentes en un sujeto sin afectar su personalidad. Como señalaron, no se trata de privar a las sociedades indígenas de los avances de la ciencia y la tecnología sino de “mantener el marco de referencia de la cultura vivificado y puesto al día por la inserción selectivas de configuraciones socio culturales procedentes de sociedades mayoritarias, generalmente nacionales” (Ibid: 307). Desde este planteamiento, “La cultura del educando indígena seguirá siendo una sola, la misma cultura indígena ampliada según las nuevas necesidades y circunstancias de manejar conjuntamente diversas lenguas y manifestaciones culturales” (Mosonyi y Rengifo 1983: 308). 14 Sin embargo, como explica López (2009), la educación bilingüe bicultural surgió inicialmente en Estados Unidos como respuesta a las reivindicaciones de la población afroamericana y de la población hispana, particularmente mexicana; solo se dirigía a la población minoritaria y partía del supuesto que cada individuo podía recurrir a elementos, visiones, y conocimientos de dos culturas diferentes y separarlos según el contexto en el que le tocara interactuar. Se suponía que esto les permitiría integrarse a la sociedad mayor sin perder sus referentes culturales.
Si bien el concepto “bilingüe intercultural” eventualmente prevaleció, este nombre incluyó a programas con distintas maneras de entender la situación de la población indígena, de abordar la relación entre educación y cambio social, de darle tratamiento a la cultura y la lengua originaria en la educación y de entender los conceptos de cultura y educación intercultural. Algunos de estos programas estuvieron más centrados en el aspecto lingüístico o en la crítica sociocultural a los paradigmas homogeneizantes, mientras que otros desarrollaron una discusión más amplia que incorporaba la dimensión económica y política y ponía en evidencia temas de desigualdad y conflicto. De igual manera, existían importantes diferencias con relación a las visiones que tenían acerca de la cultura local y la manera de abordarla en la escuela. Mientras que algunos tenían un “enfoque de inclusión cultural” (Stairs 1988 en Aikman 2003), según el cual la cultura es un fenómeno estático y limitado que se incorpora en el currículo oficial, otros planteaban una concepción dinámica y holística de la cultura. Otra diferencia significativa tenía que ver con los niveles de participación y control que ejercían los pueblos indígenas en el diseño y desarrollo de estos programas (Aikman 2003)15. El primer proyecto educativo que plasmó la educación intercultural bilingüe en el Perú fue el Programa de Educación Bilingüe Intercultural del Alto Napo (PEBIAN), que inició su trabajo en el año 1975 con comunidades Kichwa y una comunidad Secoya bajo la conducción del equipo misionero de la comunidad de Angoteros. Tres años después se formó la federación Wangurina, que participó en su desarrollo mediante convenio, constituyéndose así en la primera organización indígena del país involucrada en el desarrollo de un proyecto de educación escolar. El misionero que asesoró el desarrollo de este programa se ubicaba en la posición progresista que definió al sector de la iglesia que siguió la línea establecida en la Conferencia Latinoamericana de Obispos de 1968 en Medellín, en la que se confirma el compromiso de la iglesia de participar activamente en la lucha por los pobres. De igual manera, se inspiró en los planteamientos de la Ley General de Educación 19326 que considera a la educación como un medio para transformar la sociedad, en el movimiento de la Teología de la Liberación, liderado por el padre Gustavo Gutiérrez, y en las ideas de Paulo Freire sobre la educación como un medio de concientización. A partir de este posicionamiento, el PEBIAN abordó la educación bilingüe en términos diametralmente opuestos al ILV. En vez de asumir la educación orientada a los pueblos indígenas como un medio pedagógico para el aprendizaje del castellano y para facilitar la asimilación de los indígenas a la sociedad nacional, este programa consideró a la EIB como un arma para defender la cultura y para liberar a los indígenas de las condiciones de opresión en las que se encuentran. Al igual que otros programas 15 Es necesario resaltar, que pese a todas sus diferencias, las experiencias de EIB desarrolladas en el Perú han venido de programas experimentales y no del Ministerio de Educación. Si bien los diversos gobiernos han permitido la implementación de estos programas mediante convenios, no les han dado ningún respaldo como lo demuestran los múltiples problemas que varios de ellos han tenido con los funcionarios de las oficinas locales del MED (Heise 1989, Fernández y Vera 1987), quienes consideraban las lenguas y culturas indígenas como signos de atraso y apostaban por una educación monolingüe y monocultural, aun cuando desde el año 1972 se contaba con una Política Nacional de Educación Bilingüe. Esta actitud de los funcionarios de las sedes locales del MED y de las instancias centrales explica la falta de interés y esfuerzo por garantizar la continuidad y generalización de estos programas.
de la época, el PEBIAN afirmó que la educación bilingüe intercultural supone “una educación basada en los valores, filosofía y educación indígenas, que puede incorporar críticamente elementos válidos de otras culturas”. Sin embargo, precisó que “no se limita a revalorizar el aspecto lingüístico cultural, sino que también pretende ayudar al cambio estructural necesario que termine con la marginación secular del indígena”. (Ashanga et al 1989: 58). Adoptando la noción de educación liberadora de Paulo Freire, el PEBIAN planteó la necesidad de que la educación bilingüe desencadenara la reflexión, participación y toma de decisiones de los pueblos indígenas con el fin de promover un cambio estructural que terminara con la marginación en el que viven. Así, queda claro que “la propuesta de una educación bilingüe entre los napuruna no es un simple proyecto pedagógico aislado, pues forma parte de un proyecto social y organizativo más vasto. Su punto de partida es una alternativa de defensa de la unidad cultural de un pueblo y no una simple "integración" de los nativos a la llamada "sociedad nacional"” (Montoya 1990: 128). La posición adoptada por el PEBIAN explica el hecho de que sus materiales no solo incorporan conocimientos y valores indígenas, como lo harían otros programas de la época, sino también una fuerte crítica al sistema de explotación instaurado en el Alto Napo por los patrones, como se puede apreciar en el texto “Unos antiguos patrones del Napo” incluido en la antología. El enfoque intercultural del PEBIAN es más elaborado que el bilingüe, como se puede comprobar en los artículos escritos por sus responsables. Al presentar los planteamientos estratégicos y metodológicos con los que se inicia el programa, Ashanga et al (1989) y Fernández y Vera (1987) se limitan a mencionar que el programa apostó por una educación intercultural bilingüe que utilizara el idioma originario, sin explicar los usos que le darían a la lengua indígena y al castellano. Esta precisión recién se encuentra en la reflexión hecha a partir de la autoevaluación de los primeros diez años de trabajo. Entonces, el PEBIAN se planteó la necesidad de “transmitir durante toda la educación primaria todos los contenidos de las diferentes áreas en el idioma materno y sus formas de pensamiento propias” (Ashanga et al 1989:62). De manera paralela seguirían impartiendo la enseñanza como segunda lengua. En este contexto de Reforma Educativa también se desarrolló el Programa Experimental de Educación Bilingüe de Puno (PEBP), en el marco de un convenio bilateral entre el Perú y la República de Alemania que se firmó en 1975. Este programa de educación bilingüe quechua-‐castellano y aimara-‐castellano empezó a funcionar en 1977 en escuelas rurales de nivel primaria de educación básica regular en Puno16. 16
El programa funcionó 13 años. Entre 1980 y 1988 trabajó en 40 escuelas, 21 quechuas y 19 aimaras, desarrollando actividades simultáneamente en 5 líneas diferentes: la investigación, el desarrollo de currículos y materiales educativos, la capacitación de maestros, el seguimiento de la labor docente y la difusión.
Al inicio, el PEBP siguió la tradición en el país y prestó atención casi exclusiva a la dimensión lingüística y pedagógica de la educación bilingüe, lo que lo diferenció del PEBIAN. Sin embargo, a diferencia del sesgo claramente más castellanizador de programas anteriores, este programa adoptó un modelo de mantenimiento, al igual que el PEBIAN. Esto implicaba usar la lengua indígena en su doble rol de lengua objeto de estudio y lengua vehículo de educación a lo largo de toda la escuela primaria y así contribuir a su elaboración y desarrollo (López 1988b) De hecho, el proyecto logró concretar un lenguaje pedagógico en lenguas originarias y demostró que es posible el uso de las lenguas nativas en todas las esferas del ámbito didáctico (Chiodi 1990)17. En cuanto a la dimensión lingüística, el programa contempló el componente de L1 y L2 en el área de lenguaje y el logro de las habilidades principales de la lectoescritura y de la competencia gramatical en las dos lenguas. Se buscaba reactivar en el niño indígena la confianza en su creatividad lingüística y en la riqueza de su lengua materna, y aprovechar una serie de habilidades de expresión oral que éste traía a la escuela y que la escuela tradicional no reconocía. Asimismo, se trabajó la apropiación efectiva y eficiente del castellano como segunda lengua “pero a partir de su autoafirmación individual y colectiva, vía la revalorización y revitalización de su lengua materna y del uso que se tiene de ella” (Jung y López 1988: 193). Sin embargo, al igual que programas anteriores, se asumió una educación bilingüe que comprendía únicamente el nivel primario y no se discutió de manera suficiente respecto del futuro de las lenguas indígenas y del rol que éstas deberían cumplir en el país (Chiodi 1990). Hacia fines del primer año de experimentación, el programa evolucionó en sus planteamientos y empezó a concebir una educación que fuera algo más que un programa de enseñanza de lenguas. Así, se empezó a asumir el carácter “bicultural” y a veces “intercultural” del programa, además de bilingüe y de mantenimiento. El proyecto optó por trabajar sobre la base de la estructura curricular tradicional, válida para todo el territorio nacional, ajustándola a la realidad sociocultural del contexto andino puneño. De hecho, los elementos de la cultura quechua y aimara que aparecen en los textos elaborados por el programa son presentados como dignos de atención, consideración y respeto (Montoya 1990). Más aún, varias áreas curriculares fueron trabajadas de manera innovadora con relación a iniciativas anteriores. Así por ejemplo, en matemática se introdujeron los procedimientos de cálculo y las medidas utilizadas tradicionalmente en las comunidades indígenas para resolver los problemas de las actividades laborales y artesanales; en las ciencias naturales se trabajaron las tecnologías tradicionales y las interpretaciones locales de los fenómenos culturales; y en Ciencias Histórico Sociales, se abordó la percepción del tiempo y del espacio en el ámbito comunitario (Chiodi 1990). Sin embargo, el programa recibió críticas, pues su currículo se basó en una organización del conocimiento que se adaptaba poco a las características del saber indígena (Chiodi 1990). Aún así, hubo áreas como la de ciencias naturales que estuvo en el centro de la revisión teórica que se desarrolló en el programa y que logró cuajar mejor. En la antología hemos reproducido un extracto de 17
Es importante señalar que este proyecto constituye la única experiencia de educación bilingüe a nivel nacional que cuenta con currículos y materiales educativos completos en las cinco asignaturas principales para toda la escuela primaria.
un texto de Dietshy Scheyterle (1988) en el que se desarrolla una reflexión sobre la forma de abordar esta área en un proyecto de este tipo. Ahora bien, a pesar de que los contenidos de los textos y sus ilustraciones reproducen numerosos fragmentos del entorno natural y sociocultural del niño, hay un aspecto que diferencia este proyecto del del Alto Napo y que se relaciona con el tratamiento de la cultura. Como bien lo señala Montoya (1990), en los textos del PEBP se ha insistido en el equilibrio y se ha sacrificado el conflicto. Así, no se trabaja el tema de la dominación racial, étnica y de clase; la problemática de la hacienda, las relaciones de poder en la época colonial, entre otros. De esta manera, vemos que el proyecto de Puno adoptó un enfoque de tipo “culturalista” que privilegió una visión equilibrada y tranquila de la sociedad. En ese sentido, se alejó de la perspectiva concientizadora de Freire, que sí influyó sobre el PEBIAN y sobre la reforma educativa de esa década. El comentario de Montoya (1990) es bastante consistente: “La ausencia del presente como problema y posibilidad es igualmente grave, porque coloca a los alumnos frente a una realidad vacía, a una historia de fragmentos inconexos. La escuela, de ese modo, no los prepara para entender los problemas y menos para intentar resolverlos. Los problemas existen, están allí dentro y fuera de la escuela y los alumnos los viven pero en la escuela no se habla de ellos” (119). El programa fue bastante exitoso en términos pedagógicos (y lingüísticos), pero con el cambio de gobierno las políticas educativas empezaron a distanciarse de su concepción y éste se vio aislado del contexto (Hornberger 1987). Durante el segundo gobierno de Belaúnde no se tuvo una política educativa manifiesta para las poblaciones de habla originaria y el ministerio no explicitó la vigencia de la Política Nacional de Educación Bilingüe de 1972. La Ley General de Educación 23384 promulgada en 1982 afirma que el Estado “Garantiza el derecho de las comunidades nativas a recibir educación primaria también en su propio idioma o lengua". Como señala Pozzi-‐Escot (1988b), este artículo no solo reduce la educación bilingüe a los niveles básicos sino que la referencia a la educación en el propio idioma aparece casi como una cuña, un agregado. Como se pregunta esta autora “¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? ¿Se hará la educación para los vernáculo hablantes simultáneamente en castellano y en la lengua ancestral o será cuestión de elegir una u otra [...]?”. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 se aprobaron la Política de Educación Bilingüe Intercultural de 1989 y la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Bilingüe Intercultural de 1991, ambas reproducidas en la antología. Las dos políticas toman el concepto de interculturalidad, que ya había sido asumido por diferentes programas educativos dirigidos a la población indígena pero ninguna de las dos plantea la relación de educación con cambio social que caracterizó la política de 1972. Se trataba de un contexto político distinto, en el cual, el Perú, así como muchos otros Estados latinoamericanos, se centra en buscar medidas para responder al endeudamiento e implementa un conjunto de ajustes estructurales que implican un significativo recorte en las políticas sociales y una mirada más restringida de las funciones del sistema educativo (Tubino 2002).
Además, aunque ambas políticas plantean la idea de buscar la unidad en la diversidad su estrategia es muy distinta. La política de Educación Bilingüe Intercultural de 1989 solo se dirige a los miembros de poblaciones de lenguas y culturas nativas que tienen una lengua originaria como lengua materna olvidando que “es en la población no indígena donde debería fomentarse la conciencia de las posibilidades y beneficios de un supuesto país unido en la diversidad” y donde se plantea “la necesidad de la superación y eventual erradicación de comportamientos discriminatorios y de marginación que provienen de la población no indígena hacia los ciudadanos de origen indígena” (Zúñiga y Gálvez, 2002). Por el contrario, la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Bilingüe Intercultural de 1991 hace del principio de interculturalidad, hasta entonces restringido al ámbito de la educación indígena, el eje rector de la educación peruana. En tal sentido plantea un conjunto de lineamientos para todos los peruanos y otros para los hablantes de lenguas originarias. Si bien ambas políticas reconocen la diversidad cultural del país y se alejan de posiciones integracionistas, como señala Aikman (2003), las dos llevan implícita una visión de la cultura como “algo concreto que puede ser descrito y explicado”, la cual corresponde a las primeras nociones del concepto esbozadas desde la antropología. De igual manera, ambas adolecen de una falta de contextualización de las condiciones en las que pretenden operar. Esto se puede apreciar en el lineamiento de la política de 1989, que plantea los beneficios que puede traer la identificación con la cultura de origen y el conocimiento de otras culturas y en aquel que señala que la EBI “es democrática porque da igualdad de oportunidades a la población de lengua y cultura nativas” sin considerar la existencia de desigualdades y asimetrías en el plano económico, social y político. Esta falta de contextualización también se puede advertir en la política de 1991 que, si bien se sustenta en el reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y lingüística del Perú, no ofrece elementos que permitan caracterizarla y reconocer las implicancias que tiene para el desarrollo del país. De igual manera, su visión de nuestra realidad multilingüe se reduce a la concepción de una sociedad donde coexisten poblaciones con lengua materna indígena y sectores de hispanohablantes, ignorando la compleja realidad sociolingüística que plantea el bilingüismo de las poblaciones indígenas (Zúñiga y Gálvez 2002). Finalmente, al igual que la Política Nacional de Educación Bilingüe de 1972, las políticas de 1989 y 1991 mantienen una visión restrictiva sobre los usuarios de la educación bilingüe al plantear que la EBI se dirige a población con lengua materna indígena. Sin embargo, ambas amplían la cobertura de la educación bilingüe a todos los niveles del sistema educativo. Los planteamientos de ambas políticas, que recogen las visiones de interculturalidad con las cuales varios programas de EBI venían trabajando desde la década de 1980, fueron objeto de reflexión en diversos seminarios y mesas de trabajo que se desarrollaron sobre el tema a lo largo de la década de 1980 y que permitieron una mayor reflexión sobre las limitaciones y alcances del concepto de interculturalidad, como veremos más adelante. La década de 1980 y parte de 1990 también fue prolífica en cuanto a producción académica sobre el tema (muestra de ello son el artículo de López y el de Pozzi-‐Escot incluidos en la antología). No obstante,
a pesar de estas preocupaciones en torno a la problemática de la diversidad lingüística y cultural, el censo de 1981 reveló el paso de un monolingüismo vernáculo hablante a un monolingüismo hispanohablante (Pozzi-‐Escot 1988a). Así, mientras que entre 1940 y 1980 la categoría de bilingües no aumenta en términos de porcentajes, el número de monolingües en lengua originaria disminuye a la quinta parte de la población (8.82%) y el número de monolingües hispanohablantes casi se duplica (72.98%). Esto muestra que los hijos de los monolingües de lengua originaria cuyos padres migran a nuevos sitios hispanohablantes se insertan en el monolingüismo hispanohablante directamente y la lengua indígena se abandona (Pozzi-‐Escot 1988a). En la siguiente sección veremos que –quizás de manera contradictoria-‐ la década de 1990 se caracterizó por un discurso neoliberal, mercantilista y tecnocrático de la educación que, a pesar de su tendencia uniformizadora, coexistió y -‐sigue coexistiendo-‐ con un marco legal favorable a la diversidad y con discursos alternativos de algunos sectores de la población. 4. La década de 1990 en adelante: resistiendo el discurso tecnocrático y uniformizador Desde la década de 1990 se han construido varios discursos sobre la diversidad en la educación, que han generado tensiones o dilemas ideológicos (Billig et al. 1988). Hay uno de corte más multicultural, que es funcional al sistema y que reproduce la oficialidad del sector. En este discurso, la diversidad se usa decorativa y folklóricamente y no interpela para nada el funcionamiento de la escuela. En el marco de este discurso se tiende a usar mucho el slogan de "unidad en la diversidad", recurso fácil y muy impreciso, tal como se usó durante muchas décadas el de “integración nacional”. En este caso, existe una total falta de claridad sobre qué se entiende por unidad, lo cual a su vez se relaciona con el tema de cómo se entiende la diversidad y cuánta apertura existe frente a ella. Como señalan Degregori y Huber (2007), las propuestas oficiales sobre la EIB “revelan las contradicciones de un Estado que antes rechazó la diversidad cultural de su sociedad para luego aceptarla en el plano meramente declarativo a partir de la Constitución de 1993, pero sin dar señales significativas de querer llevar a la práctica ese enunciado constitucional” (481). Hay otro discurso más vinculado con la problemática epistemológica y con la reivindicación de prácticas culturales locales, que desarrollan algunas instituciones de la sociedad civil y que sí cuestiona la matriz cultural occidental de la escuela tradicional. Dentro de este discurso, hay perspectivas que fomentan una afirmación de derechos colectivos de los pueblos indígenas y otras que tienen planteamientos más esencialistas que tienden a presentar una visión idílica y estática de la cultura como respuesta a siglos de opresión cultural. Entre este último discurso más radical y el oficial más homogenizador no se suele generar un diálogo y quedan ambos en dos extremos de un continuum (Zavala 2012). Ahora bien, el discurso de la diversidad vinculado con los temas de poder y de discriminación se ha centrado sobre todo en la dimensión epistemológica y ha dejado de lado la mirada de una transformación más estructural de la sociedad, que sí estaba presente en la década de 1970. Esta diversidad de miradas sobre la educación y el país ha tenido como consecuencia el
surgimiento de múltiples discursos sobre la interculturalidad, y sobre la EIB y sus propósitos. El gobierno, las ONGs y las organizaciones indígenas formulan sus propias definiciones de estas nociones, que se revelan –a su vez-‐ en una gama amplia de prácticas en las aulas (Valdivieso 2009, Peschiera 2010, Tubino y Zariquiey s/f, Zavala 2012). A continuación explicaremos mejor esta diversidad de posturas y los dilemas que se producen. A partir de la década de 1990 el Perú se integró en el modelo de desarrollo neoliberal siguiendo los designios del Consenso de Washington (Gonzales de Olarte, 2007). El criterio de libre mercado se impuso y fue acompañado de procesos que permitían, e incluso impulsaban, la participación social, siempre y cuando no implicara mayores cambios en cuanto a las relaciones de producción y el ejercicio del poder central (IPP 2007). En este marco se impulsó el proceso de privatización y mercantilización de la educación, que dio pie a un vertiginoso incremento de escuelas, colegios y centros de formación superior particulares, y se fomentó un discurso tecnocrático que promovió el valor instrumental de la educación y creó la ilusión de que se trata de un proceso puramente “técnico” y por ende “neutral”. Desde esta lógica –y con el apoyo de organismos internacionales como el banco mundial-‐ se empezó a privilegiar el instrumento de la medición y las pruebas estandarizadas como criterio del éxito del desempeño de los alumnos. Además, la meta ya no era formar ciudadanos éticos, críticos y políticos, sino individuos que pudieran ser exitosos empresarios de sí mismos, competitivos y flexibles para insertarse en el mercado (Oliart 2011)18. No obstante, paralelamente a este discurso tecnocrático y neoliberal, surgieron otros que promovían una educación bilingüe e intercultural orientada a promover el ejercicio más democrático del poder. Así por ejemplo, la adopción del Convenio 169 de la OIT jugó un papel clave en el proceso de discusión acerca de los alcances sociopolíticos de la EIB. A fines de la década de 1980, el movimiento indígena internacional logró la dación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que cuestiona el enfoque integrador del anterior Convenio 107 y afirma la existencia de pueblos con identidad y organización propia y con derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo y a defender y manejar sus territorios ancestrales. Este convenio fue 18 Mientras tanto, la educación intercultural bilingüe mantuvo su condición marginal en todos los niveles de gestión del sistema educativo, y las direcciones o unidades responsables de su implementación no fueron capaces de impulsar un plan estratégico para ampliar su cobertura y promover su desarrollo. La primera instancia responsable de la EIB fue la Unidad de Educación Bilingüe creada en la década de 1980, durante el segundo gobierno de Belaunde. Desde entonces, los distintos gobiernos fueron creando unidades o direcciones dependiendo de su visión acerca del lugar que la EIB debe ocupa en el ministerio y del mensaje político que le querían transmitir a las organizaciones indígenas y a los organismos internacionales (Trapnell 2008b: 101). En el limitado espacio que se le dio, la instancia responsable de la EIB en el Ministerio de Educación desarrolló actividades puntuales en algunas líneas de trabajo. De tal manera, durante la etapa comprendida por los gobiernos de Fujimori, Paniagua y Toledo se produjeron materiales, se desarrollaron procesos de capacitación de docentes EIB y se condujeron procesos de normalización de lenguas. Durante el gobierno de Toledo se desarrollaron un conjunto de mesas de trabajo de diálogo locales, regionales y macroregionales con el fin de promover la participación comunitaria en la gestión de la EIB. En estas mesas participaron padres y madres de familia, profesores, líderes indígenas, autoridades comunales, representantes de la sociedad civil organizada y autoridades públicas.
promulgado en 1989 y posteriormente ratificado por Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros países del continente. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú en 1991, ofrece nuevas perspectivas a una educación para pueblos indígenas y ha tenido una decisiva influencia en el discurso de los dirigentes indígenas sobre ella y en la definición de las orientaciones de programas educativos de las organizaciones indígenas como el de FORMABIAP. La influencia del Convenio 169 también se puede apreciar en la Ley General de Educación 28044 del 2003, que incorpora el tema de pueblos indígenas y sus derechos en el capítulo IV “La Equidad en la Educación”. El Convenio 169 afirma el derecho de los pueblos indígenas de participar de manera directa en el desarrollo de servicios educativos y la necesidad de que estos abarquen sus historias, conocimientos y técnicas, sistemas de valores y sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales, así como el derecho a recibir educación en su propia lengua (ver la Parte VI “Educación y Medios de Comunicación” en la antología). Además de los derechos estrictamente relacionados con el ámbito educativo, reconoce otros que tienen implicancias sumamente importantes con relación a la situación actual de los pueblos indígenas y su futuro, como son aquellos referidos al territorio y la autodeterminación. Este último derecho pone sobre el tapete la posibilidad de construir proyectos sociales y políticos basados en la herencia cultural de los pueblos indígenas y enriquecidos con otros aportes culturales y, en esta medida, le ofrece nuevos horizontes y retos a la educación intercultural bilingüe. Si consideramos que el desarrollo de este derecho se fundamenta en la recuperación y actualización de la herencia cultural indígena, los procesos educativos orientados a pueblos indígenas deben necesariamente favorecer la apropiación de sus conocimientos y técnicas, valorar sus formas de organización social, económica y política y de interpretar la realidad y de actuar sobre ella, y promover la identificación y defensa de sus territorios ancestrales, así como el conocimiento de su historia. El Convenio 169 de la OIT, a su vez, le ofrece una nueva dimensión a la noción de diversidad, en la medida en que ésta rebasa la dimensión étnica, lingüística y cultural al afirmar la existencia de pueblos con derechos colectivos y con la posibilidad de tomar decisiones acerca de su vida y su futuro. De esta manera, podríamos sostener que afirmar la diversidad como un elemento fundamental para la construcción de una sociedad democrática también implica aceptar la existencia de pueblos indígenas con derechos colectivos y distintas maneras de entender la realidad, la persona y el conocimiento. Este último aspecto ha influido sobre un conjunto de debates que se han venido dando desde la década de 1990 en torno a la interculturalización de los currículos. Los programas de formación docente en la especialidad de EBI fueron los que pusieron sobre el tapete una discusión epistemológica que cuestionaba la supuesta neutralidad del currículo de formación docente entonces vigente y plantearon la necesidad de pensar en currículos para la especialidad con nuevas estructuras, perfiles, objetivos y contenidos que permitieran orientar los procesos de formación desde
nuevos enfoques y perspectivas, sustentados en el respeto y valoración de la diversidad socio cultural y lingüística del país. Para responder a esta situación y buscar criterios comunes que orientaran la especialidad, a inicios de la década de 1990 la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación desarrolló un proceso de construcción participativa de un Modelo Curricular para la Formación y Profesionalización Docente en Educación Bilingüe Intercultural (MOFEBI). Si bien este fue un importante avance en el proceso de construcción de currículos para la formación docente para contextos culturalmente complejos (Jung 1994: 279), no fue acompañado por medidas que aseguraran su implementación, como acertadamente señala Zúñiga (2001). Además, este modelo curricular tuvo pocos años de vigencia debido al proceso de modernización de la educación peruana, que se acogió a la tendencia mundial de innovar los sistemas educativos que surgieron a consecuencia de la Conferencia Mundial Sobre Educación para Todos convocada por UNESCO y celebrada en Jomtien, Tailandia en 199019. En este contexto, el MED asumió la necesidad de diseñar nuevos currículos para los diferentes niveles educativos, que respondieran a la necesidad de una sociedad global altamente competitiva, en la cual el avance científico incrementa permanentemente la capacidad de comunicación y el contacto entre personas de diferentes naciones y culturas, y hace que el conocimiento se vuelva rápidamente obsoleto. En este marco se elaboró un nuevo Currículo Básico de Formación Docente, Especialidad de Educación Primaria (CB-‐FD), basado en competencias, al que debía adecuarse el MOFEBI. Como veremos a continuación, esto mostró la falta de apertura del Estado frente a la necesidad de construir propuestas educativas que tomaran con seriedad la problemática de la diversidad cultural y lingüística. En lugar de avanzar a partir de los aportes del MOFEBI, estos se ignoraron y se optó por una propuesta homogenizadora para la formación docente. Así entonces, en el proceso de construcción del CB-‐FD no se tomaron en cuenta los insumos que ofrecía el MOFEBI para la formación de los docentes desde un enfoque intercultural, en un momento en que la interculturalidad era formalmente considerada como principio rector de la educación peruana de acuerdo con la Política de Educación Intercultural y Biingüe Intercultural de 1991. Los especialistas optaron por una aproximación uniforme al currículo basada en la combinación de herramientas conceptuales y procedimentales de la ciencia y de valores cristianos. Al hacerlo, pretendieron mantener lo que consideraron necesidades comunes de formación para todos los maestros y eliminaron lo que consideraron específico a los pueblos indígenas y, por lo tanto, supuestamente irrelevante para otros grupos sociales. Al asumir esta opción, mantuvieron la perspectiva homogeneizante que ha caracterizado a la educación nacional y perdieron de vista la riqueza que ofrece la diversidad cultural y 19 En esta conferencia se planteó la necesidad de colocar a la persona como sujeto del proceso educativo y de poner énfasis en la formación ciudadana. Se pidió que la escuela educara para el desarrollo de la persona y el desarrollo social, para construir autonomía personal, competitividad e interculturalidad y se puso énfasis en el desarrollo de capacidades para aprender a aprender y el acceso y dominio de tecnologías de información.
lingüística del país así como la oportunidad de desarrollar en los maestros una aproximación crítica sobre el conocimiento, que tome en cuenta su carácter eminentemente social. Sin embargo, el CB-‐FD sí se ubica en el discurso formal de la interculturalidad como eje rector del sistema educativo al incorporar algunas alusiones a este concepto. Por ejemplo, en la introducción se señala que la interculturalidad debe ser enfatizada en la formación docente y se le considera como uno de los ‘problemas’ fundamentales de nuestra sociedad, junto con los derechos humanos y el medio ambiente. Pero no se explica cómo se entiende el concepto20. En noviembre del 2000, el Ministerio oficializó el CB-‐FD mediante Resolución Nº 710-‐2000-‐ED. Aun cuando este documento reconoce que la pertinencia de un currículo está directamente relacionada con su adaptación a la realidad concreta en la que se implementará y que este proceso demanda flexibilidad, incluye normas muy estrictas de diversificación que delimitan de manera muy clara lo que se puede y no hacer21. El debate sobre el tema curricular fue parte de una discusión más amplia sobre interculturalidad y educación intercultural que se desarrolló a partir de la década de 1990. En las discusiones iniciales sobre el concepto de interculturalidad se plantearon dos alternativas, que por entonces parecían irreconciliables. Algunos consideraban que la interculturalidad debía de asumirse desde una posición normativa orientada al “deber ser”, que apostaba por el diálogo intercultural como un medio para promover el respeto y la valoración del “otro”, mientras que otros optaban por una interculturalidad de hecho, centrada en el diagnóstico de las condiciones de inequidad y asimetría en las que se daban las relaciones entre personas procedentes de diferentes tradiciones culturales. Sin embargo, pronto se vio la necesidad de una aproximación holística que abarcara ambas dimensiones (ver Zúñiga y Ansión 1997 en la antología), aun cuando desde el Ministerio de Educación se mantuvo la posición normativa que ignora las situaciones de conflicto y discriminación. La falta de precisión sobre los conceptos de cultura e identidad, en los que se sustentan los de interculturalidad y educación intercultural ha traído consigo que muchas de las definiciones elaboradas por el Estado y por programas de EIB se basen en enfoques estáticos de la cultura, que además la desvinculan de las otras 20 De igual manera, se destaca que el maestro egresado debe incorporar las contribuciones del conocimiento tradicional, valorar la interculturalidad y promover la identidad cultural de la población a través del respeto y apreciación de sus valores culturales. En las macrocompetencias sólo hay una referencia a la diversidad cultural en el Área de Comunicación Integral, cuando incluye el “aprecio y valoración por las expresiones comunicativas de otras culturas”. Ninguna de las macrocompetencias de las otras áreas alude a la diversidad cultural o lingüística del país o a las diferentes formas de aproximación a la realidad o de construir el conocimiento. Por el contrario, las de las áreas de Ecosistema y Sociedad están básicamente orientadas al conocimiento y uso de los instrumentos conceptuales y metodológicos de las ciencias naturales y sociales. Por otro lado, el área de Formación Religiosa, que promueve una formación cristiana, es obligatoria. 21 El proceso de diversificación se limita a la posibilidad de elegir algunos temas para ser estudiados con mayor profundidad que otros, a adelantar o acelerar el desarrollo de las áreas de Sociedad y Ecosistema para concluirlas en menor tiempo del estipulado en el plan de estudios, y a adaptar o sustituir algunos de los temas sugeridos para el desarrollo de los proyectos de investigación y promoción comunal en las subáreas de Proyectos de Práctica Social y Proyectos de Transformación del Ecosistema, que forman parte de las áreas de Sociedad y Ecosistema, respectivamente.
dimensiones de la vida social. También ha sido muy frecuente trabajar el tema de la identidad desde una mirada circunscrita a la dimensión étnica. Esta opción generalmente ha sido parte de una estrategia política orientada a la afirmación de los niños, jóvenes y adultos indígenas como personas pertenecientes a un pueblo indígena con derechos colectivos y heredero de una rica tradición cultural. Sin embargo, esta estrategia se ha sustentado en una idea de la identidad como algo estable y coherente a lo que se puede llegar a través de procesos de autoafirmación y liberación de las autopercepciones negativas que uno ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Esta aproximación ha sido limitante, en la medida en que puede dar pie a una visión estática y reductora de la identidad que impide abordarla como un fenómeno vital y complejo, que nunca concluye, y que se va dando a lo largo de la vida a través de dinámicas en las cuales las personas van incorporando las diferentes posiciones que asumen en su relación con un “otro” (Vich 2005). En tal sentido, una persona puede ser indígena a la vez que peruana, mujer, y educadora e ir incorporando otras identidades en función del conjunto de relaciones que va estableciendo. La discusión sobre la interculturalidad normativa ha estado muy centrada en el diálogo intercultural y en las posibilidades que este puede ofrecer para la construcción de una sociedad democrática. Si bien se asumía que este proceso debe darse “sobre la base del reconocimiento a la diversidad y en franco combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad” (Zúñiga y Ansión 1997: 16), se evadía la reflexión sobre el hecho de que las relaciones interculturales “no son solo relaciones entre culturas sino la relación entre culturas en conflicto que concurren en una y sólida estructura del poder consolidada desde la razón colonial” (Moya 2009: 29). Al plantear la centralidad de las relaciones de poder en el debate sobre la interculturalidad, se ponía en evidencia las limitaciones de centrarlo en la diversidad cultural, así como la necesidad de tomar conciencia sobre las relaciones de clase y opresión cultural que están en la base de las relaciones interculturales. La constatación sobre la necesidad de conectar la reflexión sobre la cultura con la manera como se expresa el poder en nuestra sociedad dio pie a la distinción que hace Tubino (ver Tubino en la presente antología) entre la interculturalidad crítica y la interculturalidad funcional. Según este autor, la interculturalidad crítica surge como alternativa ético política enraizada en la realidad, que debe poner en evidencia las condiciones de desigualdad y conflicto en el que se dan las relaciones interculturales. En contraste con ella, la interculturalidad de carácter funcional (o neoliberal) busca llegar a relaciones más armónicas entre las distintas culturas que coexisten en una determinada región o país a través del diálogo intercultural. En este discurso, funcional al estado nacional y al sistema socioeconómico vigente, “la identidad de grupo sustituye a los intereses de clase como mecanismo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental. El reconocimiento cultural desplaza a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política” (Fraser 1997 en Tubino y Zariquiey s/f). Frente al ideal de que el diálogo entre las culturas nos llevará a una relación armónica entre ellas, adoptada por la interculturalidad funcional, desde la
interculturalidad crítica se enfatiza la necesidad de tener en cuenta que el diálogo debe darse entre iguales y que esto no es posible en las actuales condiciones de desigualdad política, sociocultural y económica que marcan la relación entre los grupos sociales y pueblos subalternizados y la sociedad mayor. Desde esta postura, además, se le da un nuevo contenido a la interculturalidad normativa, pues se cuestiona el carácter unitario y uniforme del Estado nación y se plantea la necesidad de un nuevo Estado que responda a las características de un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Desde este planteamiento se hace necesario revisar las actuales nociones de democracia y ciudadanía para hacerlas más inclusivas a la diversidad (Bello 2009). Esto implica reconocer que “los espacios públicos de las democracias liberales son espacios culturalmente homogéneos y lingüísticamente monocordes. No son in stricto senso públicos pues no reconocen la pluralidad” (Tubino 2004: 152). Los estudios postcoloniales han sido uno de los marcos de referencia de la conceptualización de la interculturalidad crítica. A diferencia de otras corrientes teóricas más preocupadas por los conflictos de clase (que influyeron más en la década de 1970), esta perspectiva se constituye como una crítica al centro mismo de la modernidad, que tuvo como premisa básica la deslocalización del saber y que se fundó sobre una “alteridad negada”. Los postcoloniales sostienen que el conocimiento no está deslocalizado, sino que se organiza –como la economía-‐ mediante centros de poder y regiones subalternas. Desde estos centros, hay un saber que se impone y se naturaliza y, desde ahí, se asume a los demás saberes como “pre-‐científicos”, “bárbaros” o “míticos” (Castro Gómez 2005, Mignolo 2003, Maldonado 2007). Esta perspectiva introduce entonces la noción de “diferencia colonial” para enfatizar el carácter social -‐y no natural-‐ de la diferencia étnica, y poner en evidencia que ella responde a un proceso de clasificación y jerarquización de los grupos sociales según su relación con la división social del trabajo (Quijano 2000). Así entonces, la modernidad entendida como un nuevo proyecto de colonización no solo ha tenido impacto en la economía y en la política, sino también en la cultura, en el sentido de que se encargó de violentar y destruir conocimientos y prácticas culturales de los considerados “otros”. Desde esta premisa, los estudios postcoloniales intentan visibilizar conocimientos diferentes a los hegemónicos. Esta aproximación enriquece el debate sobre la interculturalidad al poner el tema del conocimiento en el centro de las relaciones de poder, en la medida en que, como señala Walsh (2001), “ayuda a estructurar, legitimar y justificar el poder dominante y la subalternidad”. A partir de los debates generados en torno al significado de la interculturalidad y la educación intercultural, varios programas de EIB empezaron a revisar los enfoques con los que trabajaban, las visiones del conocimiento que subyacían a sus prácticas educativas y el peso que les habían otorgado a los saberes indígenas. En este contexto, se empezó a cuestionar el discurso de la “razón instrumental” con el que se había venido trabajando desde la formación docente, que ha uniformizado los objetivos, los temarios y contenidos, y las evaluaciones basándose en el principio de igualdad para todos, y se señaló la necesidad de tener una mirada más atenta al derecho a la diferencia (Hidalgo 2008). En este marco, se retomó la discusión epistemológica sobre
los currículos que se había iniciado a propósito de los currículos de formación docente de la especialidad EBI y se empezaron a cuestionar los “regímenes de verdad” que legitiman ciertas formas de interpretar la realidad a expensas de otras. A partir de estas reflexiones se planteó la idea de interculturalizar el currículo como una forma de negociar el poder en el ámbito educativo (Garcés y Guzmán 2003), lo cual supone un cambio radical frente a la diversificación, en la medida que revisa la noción de “saberes que se deben incluir” para más bien plantear la necesidad de pensar en “saberes con los cuales se tiene que dialogar” (Ruiz Bravo et al 2005). La experiencia vivida por el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana FORMABIAP, coejecutado por el ISEP Loreto y la confederación indígena AIDESEP, desde 1988, es un ejemplo de un proceso de reconceptualización de las prácticas de EIB, que se está dando en mucho programas. Desde su sede en Iquitos, el programa FORMABIAP ha formado, a lo largo de los últimos 24 años, a docentes de primaria de 15 pueblos indígenas procedentes de las regiones de Loreto, Amazonas, Ucayali, Junín y Pasco, a través de las modalidades de formación inicial y en servicio. A partir del año 2004 también ofrece la especialidad de educación inicial intercultural bilingüe. Desde un enfoque que vincula la calidad de la educación con la calidad de vida y la calidad del bosque, FORMABIAP intenta ofrecer a los docentes indígenas elementos que les permitan: identificar, valorar y manejar los recursos de su medio; desarrollar un nivel de autonomía relativa frente al mercado, con el fin de garantizar que la satisfacción de las necesidades básicas de la población no esté totalmente sujeta a sus vaivenes; identificar y valorar las estrategias de organización social, económica y política desarrolladas por sus pueblos; y considerar su herencia cultural como piedra angular de un desarrollo sostenible y digno enmarcado en el conocimiento y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Trapnell 2008a). La relación entre la ciencia occidental y el conocimiento desarrollado por los diferentes pueblos indígenas ha sido uno de los temas prioritarios de reflexión y discusión en FORMABIAP. Su propuesta inicial fue concebida en términos de la articulación entre el conocimiento indígena y el “occidental” o “científico”. El papel de la ciencia sería el de explicitar el conocimiento indígena y ofrecer elementos para su análisis. Esta opción fue concebida como una estrategia orientada a desmontar los mecanismos ideológicos que se habían utilizado para que los indígenas interiorizaran juicios negativos sobre su cultura, haciéndoles ver que en realidad habían tenido logros muy comparables a los de la ciencia en diversos campos. Para lograr este cometido se puso énfasis en el análisis del manejo de los instrumentos técnicos (arcos y flechas, pucunas, trampas, entre otros) y de las actividades en las que estuvieran implícitos conocimientos científicos (ver FORMABIAP 1995 en la antología). A partir de 1999, el programa empezó a cuestionar su propuesta de articulación de conocimientos y a buscar nuevas estrategias de trabajo que recogieran los criterios de análisis e interpretación de la persona, la sociedad y la naturaleza desarrollados por los pueblos indígenas, desde una perspectiva orientada a evidenciar la existencia de diferentes maneras de concebir la realidad y el conocimiento (Trapnell, Calderón y Flores 2008).
FORMABIAP aborda el tema de lenguas desde dos perspectivas complementarias. La primera, de carácter sociopolítico, se ubica en las relaciones de poder existentes entre diferentes grupos sociales y culturales y en la manera como las lenguas expresan estas relaciones sociales, y se constituyen, a la vez, como medios simbólicos que se utilizan como mecanismos de dominación o resistencia. La segunda enfatiza la necesidad de comprender a las lenguas indígenas desde una visión holística e integradora que considera la manera como las perciben sus hablantes. Desde esta aproximación reconoce el estrecho vínculo que los pueblos indígenas establecen entre lengua, cultura y territorio22. FORMABIAP ha asumido el modelo de educación bilingüe de mantenimiento, según el cual los estudiantes desarrollan sus procesos de construcción de aprendizajes a lo largo de la primaria en por lo menos dos lenguas (la indígena y el castellano, que pueden ser primera o segunda lengua) y desarrollan habilidades orales y escritas en ellas. Este modelo general de uso de lenguas se desarrolla de diferentes maneras en función del contexto sociolingüístico particular en el cual se desarrolla la EIB, las demandas de los padres de familia y los planes de vida de la comunidad. La problemática de cómo abordar los conocimientos de los pueblos originarios en la escuela también ha sido discutida en investigaciones recientes, como por ejemplo en el estudio de Aikman (2003) sobre el conocimiento en el pueblo indígena Harakmbut, que presentamos en la antología. Asimismo, este tema está siendo trabajado en la zona andina por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC). En el año 2001, esta institución inició un vasto movimiento que, hoy en día, agrupa a cientos de docentes que participan en los Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACA) de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ancash y San Martín, los cuales están abocados a la construcción del “iskay yachay” o diálogo de saberes en la escuela. Los planteamientos de PRATEC han tenido mucha influencia sobre diversas instituciones que trabajan el tema educativo en el sur andino y en Bolivia, y se enmarcan en una apuesta por “descolonizar” la educación (Bowers 2002). La propuesta de esta institución se ubica en un marco que trasciende el trabajo escolar y se orienta a regenerar la biodiversidad de la vida en el planeta a través de una valorización de los saberes andino-‐ amazónicos, desde la cosmovisión que los genera. Este planteamiento condujo a PRATEC a explorar las maneras cómo se aprende y transmite el conocimiento en comunidades andinas y –a partir de ello-‐ a constatar epistemologías y formas de estar en el mundo distintas a las que subyacen a la educación escolar. PRATEC asume una posición crítica frente el proyecto homogeneizador estatal de la escuela y frente al currículo. Una de sus críticas centrales se orienta a la imagen antropocéntrica de la vida que plantea el Diseño Curricular Nacional (DCN) y a su 22 Una de las iniciativas del Programa para abordar el estudio de la lengua desde una perspectiva culturalmente situada ha sido la de aproximarse a la identificación de las diferentes formas de discurso (peticiones, canciones, juegos, consejos, relatos, bromas, entre otras) que los pueblos indígenas desarrollan en el marco de diferentes actividades.
manera de presentar la realidad como una máquina que debe ser conocida a través de la ciencia. Como plantea Rengifo (PRATEC 2009: 7), desde este currículo: “La naturaleza sigue siendo un recurso a disposición y manejo del hombre, el cuerpo humano continúa estudiándose como si se tratara de una máquina y no un ser vivo, y el mundo todo es apreciado como un mecanismo que hay que conocer metódicamente para establecer el dominio supremo del hombre”. Ahora bien, a pesar de esta mirada tan cuestionadora de la escuela, su propuesta se basa en la utilización del 30% del currículo que permiten los procesos de diversificación curricular, pues se promueve el aprendizaje de estos saberes desde los propios contextos culturales23. En tal sentido, PRATEC reclama un espacio diferenciado para el desarrollo de actividades vivenciales vinculadas al trabajo en la chacra o a otro tipo de actividades, como se puede apreciar en el artículo de Zevallos Escobar et al (2003) presentado en la antología. Estos talleres curriculares constituyen para esta institución una forma de trabajo alternativa a la que han asumido otros programas de EIB, que han optado por incorporar los saberes de los pueblos originarios en el currículo escolar. De hecho, PRATEC cuestiona las estrategias adoptadas por algunos de estos programas de utilizar los saberes indígenas como medios para vehiculizar conocimientos de otras tradiciones culturales. Lo que más bien propone es un “dialogo de saberes” a través de la presentación contrastada de los saberes andino-‐ amazónicos que surgen en el desarrollo de las actividades vivenciales, con la manera como se enfocan desde la escuela. Esto se hace a través de documentos gráficos y escritos u otros basados en el testimonio de las familias campesinas. Así se va elaborando una “enciclopedia local” que permite colocar ambas tradiciones en condiciones de equivalencia24. Nos gustaría señalar que el énfasis que programas como FORMABIAP y PRATEC han puesto en la revalorización de saberes locales han dejado en segundo plano la dimensión de la interculturalidad que aborda la relación con el “otro” y la preocupación por cambios más estructurales en la sociedad. Por esta razón, no han elaborado propuestas para trabajar temas como discriminación, conflicto y construcción de ciudadanía. Asimismo, por el objetivo político de reivindicar los saberes ancestrales, estos programas tienden a poner mucho énfasis en la diferencia entre estos saberes y los “occidentales”, sin discutir aspectos de cambio, contacto,
23 La opción por la chacra como elemento articulador del “iskay yachay” se fundamenta “en el carácter agrocéntrico del mundo local” y en la necesidad de aprender sobre los saberes andino amazónicos como siempre se ha hecho, es decir a través de la participación en las actividades socioproductivas, siguiendo la secuencia temporal del calendario agrofestivo de la comunidad23. “De este modo la siembra es conversada mientras se siembra y se cantan las canciones que corresponde a este momento del ciclo, así como la cosecha se muestra en su momento” (Rengifo 2005:17). A partir de estas actividades vivenciales se conversa sobre distintos temas como el agua, el suelo, el monte, la medicina, la artesanía, la alimentación etc. que corresponden con cada momento del calendario. 24 Si bien PRATEC tiene un fuerte cuestionamiento al carácter monocultural y colonizador del currículo oficial y propone un conjunto de estrategias para trabajar desde el saber local, su opción por la diversificación limita los alcances de su propuesta. Las demandas que actualmente se plantea desde la EIB están más bien orientadas a interculturalizar el currículo nacional y a diseñar propuestas de construcción curricular. Esto indudablemente trae consigo un conjunto de retos que van más allá del tercio curricular, en el que PRATEC ha sustentado su propuesta.
negociación y dinamismo cultural. Esta opción favorece una visión dicotómica, que muchas veces no responde a la práctica cotidiana de las personas y grupos culturales. Mientras que diversos programas de EIB promovidos por la sociedad civil planteaban críticas cada vez más duras hacia la escuela homogeneizadora y buscaban nuevas maneras de incorporar los saberes indígenas en la escuela, el gobierno aprista mantuvo, en términos generales, las acciones puntuales a favor de la EIB que se habían desarrollado durante los gobiernos anteriores. Sin embargo, de manera paralela -‐y desde el marco de un gobierno cada vez más neoliberal y tecnocrático-‐ el Ministerio de Educación puso en marcha un conjunto de medidas, supuestamente orientadas a mejorar la calidad de la educación peruana, que ignoraron la diversidad sociocultural y lingüística del país de manera más drástica y que pusieron en riesgo el derecho de los niños y niñas indígenas a tener una educación basada en sus lenguas y culturas (ver Trapnell y Zavala 2009)25. Estas medidas estuvieron –además-‐ abiertamente en contra de la Ley General de Educación N.º 28044 de julio del 2003 que contiene varios artículos que reconocen la diversidad cultural, social y étnica del país como una riqueza y como base de una sociedad democrática y justa. Si bien desde el Ministerio de Educación se pudo apreciar un retroceso de la EIB, el proceso de descentralización iniciado a mediados de la década de 1990 favoreció una movilización por la educación desde las regiones, que incluía una preocupación por el tema de las lenguas y las culturas. En tal sentido, muchas regiones construyeron sus Proyectos Educativos Regionales (PER), elaborados técnica y participativamente. Estos documentos incorporan información sobre la diversidad cultural y lingüística de la región, plantean la necesidad de garantizar la formación docente en EIB e incluyen propuestas de política orientadas a extender el uso de las lenguas originarias a través de su ingreso a los medios de comunicación así como estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en lenguas indígenas. Los PER, además, plantean la necesidad de diseñar materiales y currículos que incorporen las cosmologías y conocimientos indígenas (ver extracto del PER de Amazonas en la antología). Algunas regiones han avanzado en la elaboración de sus currículos regionales. Mientras que la mayoría ha optado por diversificar el Diseño Curricular 25 La primera de las medidas contra la EIB adoptadas por el gobierno Aprista fue el desarrollo de una prueba en castellano orientada a evaluar la capacidad de comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de primaria, que ignoró la existencia de 3897 instituciones educativas oficialmente reconocidas como bilingües, en las cuales miles de estudiantes andinos y amazónicos aprendían a leer y escribir en una lengua originaria. Luego vendría el examen censal, único para todos los maestros del país, que demostró la poca valoración que le daba el gobierno a las habilidades que deben tener los maestros que trabajan en contextos bilingües y multilingües. Sin embargo, la disposición más cuestionada fue el D.S. 06-2007 ED que normaba el proceso de admisión a los institutos superiores pedagógicos públicos y privados, las escuelas superiores de formación artística y los institutos superiores que forman en carreras docentes, y, entre otras cosas, establecía la nota 14 como nota mínima aprobatoria. Si bien esta medida se tomó con el fin de asegurar el ingreso de alumnos con un buen nivel de formación y un perfil adecuado para estas carreras, su aplicación trajo como consecuencia la reducción significativa de estudiantes que lograron ingresar a los Institutos de Educación Superior Pedagógica a nivel nacional y, en el caso particular de la especialidad bilingüe intercultural, limitó de manera drástica el ingreso a estos centros de formación y amplió la gran brecha que ya existía entre la oferta y demanda de docentes EIB en muchos pueblos indígenas.
Nacional, (DCN) incorporando algunos elementos del contexto geográfico, ecológico, productivo, sociocultural y lingüístico, la región Puno constituye una excepción. El Proyecto Curricular Regional Puno, que presentamos en esta antología, ha sido fruto de un proceso de construcción curricular elaborado con la participación de docentes, alumnos, padres de familia y representantes de organizaciones de la sociedad civil. A partir de una sustentación teórica basada en un enfoque de interculturalidad crítica y de un modelo curricular que, al igual que PRATEC, enfatiza los principios y normas de la racionalidad andina, el currículo toma una significativa distancia del DCN en su presentación de los fines de la educación regional, los principios pedagógicos en los que se sustenta y la selección y organización de las áreas26. La opción de construcción curricular asumida por la región Puno ha generado una fuerte controversia. Mientras que algunos destacan su intento de buscar una manera distinta de concebir la educación desde las regiones, que pone el tema de la identidad cultural en primer plano, cuestiona el centralismo y busca una alternativa distinta a partir de la deconstrucción del DCN, sus detractores lo consideran un atentado contra la unidad del país. De igual manera, varias regiones han emitido ordenanzas en las cuales se plantea el uso de las lenguas originarias en el ámbito educativo y en otros espacios de la vida pública, tales como la salud y la administración de justicia. Así por ejemplo, la ordenanza 010-‐2008 del Gobierno Regional de Ayacucho, incluida en la antología, reconoce al castellano, quechua y ashaninka como idiomas oficiales de la región y plantea su conocimiento como requisito indispensable para los funcionarios que trabajen en las zonas en las que estas predominan. De igual manera exige la incorporación de cursos de quechua y ashaninka desde el primer grado de primaria hasta el quinto de secundaria. Desde hace varios años, la Asociación Pukllasunchis en el Cusco trabaja la enseñanza del quechua en un colegio de la zona urbana, y precisamente viene luchando contra la “ruralización” de la lengua, es decir, contra esta representación de las lenguas originarias como vinculadas solo a zonas rurales y a todo lo que eso trae consigo (pobreza, analfabetismo, etc.): “decidimos trascender la frontera de lo campesino desvinculando la lengua del contexto exclusivamente rural y vinculándola también al contexto urbano y actual” (ver extracto incluido en la antología). Aunque también hay otras iniciativas parecidas que son más recientes, se trata de intentos aislados que no logran desafiar las representaciones dominantes sobre la problemática y que sobre todo se concentran en el nivel primario. En la secundaria, casi no ha habido intervenciones con relación al tema, a pesar de que alberga a una población adolescente muy vulnerable a la discriminación, que, luego del paso por el colegio, termina por negar sus tradiciones culturales y su lengua (Zavala y Córdova 2010). 26
El Proyecto Curricular de Puno se estructura en base a las siguientes áreas: Educación Física en Armonía Cultural, Comunicación Sociocultural y Multilingüe, Convivencia Intercultural, Ciencia y Tecnología en Armonía con la Pachamama, Matemática Intercultural, Trabajo y Producción Comunitaria y Vivencia y Creatividad Artística. El modelo de competencias y capacidades además ha sido reemplazado por otro que incluye: los saberes fundamentales, la problematización y los saberes aprendidos.
En el nivel de educación superior sí ha habido intentos de pensar la problemática, aunque el discurso ha girado en torno a la noción de la equidad. La preocupación ha estado, sobre todo, en la democratización del acceso a las universidades por parte de grupos históricamente excluidos, pero no necesariamente en la transformación de las instituciones que ahora acogen a estos nuevos sectores de la población (Mato 2008). En el caso del Perú, hace unos años, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrolló una política para promover el acceso de estudiantes de pueblos amazónicos a la universidad, pero no aplicó medidas para garantizar su permanencia y egreso una vez que ya habían ingresado. Asimismo, actualmente funciona el Programa Hatun Ñan en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad en el Cusco y en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, que tiene como objetivo promover y ampliar las posibilidades de los miembros de grupos históricamente discriminados –que ya han ingresado a la universidad-‐ para permanecer y egresar de la educación superior (Villasante 2007). Algunos de estos programas han logrado el empoderamiento de muchos estudiantes que logran “desenterrar” su lengua vernácula y empiezan a utilizarla nuevamente ahora que están en camino de volverse profesionales o que ya se graduaron. No obstante, el proceso de desarraigo que genera la secundaria (y una sociedad discriminadora y racista) es tan fuerte que a veces es demasiado tarde para revertirlo. Nos gustaría señalar que las estrategias de “interculturalización” de la educación superior han sido hasta ahora de tipo funcional (Tubino 2007), pues se han encargado de flexibilizar los accesos a las instituciones por parte de los miembros de poblaciones desfavorecidas y de asegurar su éxito individual como futuros profesionales a través de cursos de nivelación académica y de integración social en las universidades, y no de generar cambios sustanciales a largo plazo al interior de estas instituciones. En ese sentido, las intervenciones han sido asimilacionistas y han funcionado como estrategias para incorporar a estudiantes excluidos de modo más eficiente al sistema universitario; sin embargo, no han tratado de ir a las causas estructurales de los problemas y de tomar en cuenta el rol que cumple la diversidad cultural y lingüística en los desniveles académicos existentes, y de introducir el tema de la diversidad en los programas de estudios (Tubino 2007, Zavala y Córdova 2010). En la antología presentamos una entrevista a una ex estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que proviene del pueblo Shipibo y que ingresó bajo la modalidad de ingreso para indígenas amazónicos, donde cuenta sobre las dificultades que tuvo cuando ingresó a esta institución. 5. Conclusiones y desafíos En el año 2010, la Defensoría del Pueblo, en el marco de su competencia para defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y para supervisar los deberes de la administración estatal en relación con la adecuada prestación de los servicios públicos, emitió el informe defensorial 152 “Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú”. Con el objetivo de velar por el derecho de los pueblos indígenas a una educación bilingüe de calidad que garantice su identidad cultural, esta
institución realizó una investigación para dar cuenta del nivel de implementación de la política de EIB por parte del Estado, que demostró la implementación defectuosa, arbitraria y negligente de la EIB por parte de los agentes del sector educativo, así como su desinterés y falta de voluntad política por atender a las poblaciones indígenas. Sin duda, este documento constituye un hito en la historia de la educación dirigida a población indígena. Sin embargo, también muestra que el tema de la diversidad lingüística y cultural en la educación sigue circunscrito a este tipo de intervención y dirigido solo a población de origen indígena. A pesar de que hay iniciativas para que la diversidad lingüística y cultural se trabaje en todos los niveles educativos y se vea como un recurso o una riqueza, la educación intercultural bilingüe todavía no ha dejado de concebirse como una compensación o un remedio frente a un “problema” que supuestamente tienen los niños vernáculo hablantes de zonas rurales. Es por eso que no se ve como necesaria una EIB o el uso de las lenguas originarias en escuelas de zonas urbanas y en niveles educativos que vayan más allá de la primaria. Pero la manera en que puede cambiar esa representación de la EIB solo para niños que no hablan castellano no es precisamente haciendo una “mejor” EIB para niños vernáculo hablantes de zonas rurales. Esa representación cambiará cuando se trabaje la diversidad lingüística y cultural en otros niveles educativos (secundaria y superior, por ejemplo) y cuando estas medidas se articulen de forma coherente con políticas firmes de uso de las lenguas indígenas fuera de la escuela y en espacios públicos, y con el ejercicio de una ciudadanía intercultural. En ese sentido, creemos que es fundamental “desEBIzar” el tema de las lenguas y culturas en la educación. Solo de ese modo podremos construir nuevas representaciones en torno a él. Es interesante también que en el nivel de educación superior nuevamente nos encontremos ante una concepción de la diversidad como un problema que hay que remediar con intervenciones como las comentadas más arriba y ante la representación del estudiante de zona rural desde una ideología del déficit y la carencia. Esto afecta la actuación espontánea de las identidades, coacciona la libertad personal y colectiva y merma la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía. El tema de la diversidad siempre ha incomodado al sector educativo y al discurso oficial en general. Después de todo, hemos visto que a lo largo de la historia la escuela ha servido en el Perú para introducir la cultura moderna occidental como parte de una propuesta de cambio radical y de ruptura con las culturas originarias (Portocarrero 1992). A pesar de la existencia de discursos alternativos a lo largo de todo el periodo estudiado, esta propuesta ha estado siempre respaldada por un consenso bastante amplio. Actualmente, la desarticulación entre los niveles educativos y las contradicciones entre el discurso y la práctica revelan las ambigüedades y tensiones que de manera permanente caracterizan a la temática. Si bien contamos con un marco legal frondoso que favorece la diversidad, las ideologías dominantes boicotean permanentemente diferentes iniciativas y se revelan en la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos. Se trata de una ineficiencia deliberada que forma parte de la política oculta de los gobiernos. El Estado no ha asumido esta problemática,
menos aún en estos tiempos en los que la diversidad se construye como un obstáculo para la noción imperante del desarrollo. En el discurso educativo hegemónico, la diversidad sociocultural es reconocida de alguna manera en el concepto de interculturalidad que es transversal al sistema educativo y que ha sido incorporado en el marco legal vigente. Aunque representa un avance con relación a la mirada del aula como un espacio homogéneo, la visión de la diversidad se restringe al reconocimiento de la composición heterogénea de la población estudiantil mediada por variables socioeconómicas, culturales, de género, etnia, y necesidades educativas especiales. Sin embargo, creemos que esta se debe sustentar en una visión de la diversidad a nivel macro. La diversidad cultural, lingüística y biológica es uno de los rasgos que define a nuestro país y una de sus principales fuentes de riqueza y de creación de nuevas propuestas de desarrollo orientadas a promover el bienestar de la población. Frente a esta realidad, necesitamos un sistema educativo que parta del reconocimiento y valoración de esta multidiversidad y la incorpore como eje central de su propuesta educativa. Esto implica trascender los límites del aula y pensar en la construcción de un sistema educativo enraizado en la diversidad. Esto sería lo que definiría la educación en un país como el nuestro y nos permitiría vincular la propuesta educativa a nuestro contexto social y pensarla en función del tipo de sociedad que queremos. Mientras que en el contexto de la globalización los países desarrollados defienden sus identidades locales, mantienen sus lenguas y apuestan por el cosmopolitismo (España por ejemplo), en el Perú se acepta el mandato occidentalizador sin dialogar, negociar ni resguardar condiciones locales. En el sector educativo de nuestro país, están prevaleciendo propuestas que bien podrían ser aplicadas a cualquier tipo de contexto y que responden a un discurso pedagógico global en el marco de uno más amplio de corte neoliberal y tecnocrático. No se está pensando en una educación para un país como el nuestro y la diversidad sigue siendo un obstáculo que incomoda y que hay que sacar del camino. El reto es enorme en la medida en que implica tomar distancia del paradigma homogeneizante sobre el cual se ha construido nuestra sociedad. Esto requiere reconocer la pluralidad étnica, lingüística y cultural que la caracteriza y pensar en la manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas a través de la formación de ciudadanos con competencias y capacidades para crear nuevos modelos económicos y estilos de vida y de consumo responsables, capaces de compatibilizar el interés particular con el bien común. Sin embargo, no solo se trata de valorar la diversidad cultural y lingüística, sino también de generar conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad frente a un agresivo sistema de mercado que impone sus criterios de producción y de explotación de los recursos. Desde un enfoque de interculturalidad crítica orientado a la construcción de nuevos paradigmas enraizados en nuestra diversidad sociocultural, la valoración de los saberes culturales de los estudiantes debe complementarse con experiencias que les permitan ubicarse en un universo regional y nacional pluricultural, y cuestionar la idea de que solo existe una manera válida de vivir, pensar, conocer y sentir. Se trata de formar ciudadanos interculturales y bilingües (y también
multilingües), que puedan moverse con seguridad y sin vergüenza en una variedad de contextos culturales, que puedan desafiar la reproducción de la discriminación y que puedan contribuir a construir un Estado intercultural y democrático. BIBLIOGRAFIA Aikman, Sheila. 2003. La educación indígena en Sudamérica. Lima: IEP. Ansión, Juan. 1989. La escuela en la comunidad campesina. Lima: FAO/COTESU/Ministerio de Agricultura. Arguedas, José María. 1944. “Un método para el caso lingüístico del indio peruano”. Historia, Revista de Cultura, 6. Reproducido en Nosotros los Maestros. Lima: Editorial Horizonte (1986). Ashanga Gabriel, Rosa E.Vera, Gloria San Román y Lucas Tushupe. 1989. “Catorce Años de Educación Bilingüe en la Amazonía: Análisis y Prospectiva”. Amazonía Peruana, 18. Vol IX: 53-‐66. Lima: CAAAP. Barclay, Frederica. 1991. “Protagonismo del Estado en el proceso de incorporación de la Amazonía. En F. Barclay et al Amazonía 1940-‐1990: el extravío de una ilusión. Lima: Terra Nuova, CISEPA. Bello, Álvaro. 2009. “Derechos indigenas y ciudadanías diferenciadas en América Latina y el Caribe. Implicancias para la Educación. En Luis Enrique López (ed.) Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas latinoamericanas. La Paz: FUNPROEIB Andes Plural editores. Bowers, C.A. 2002. Detrás de la apariencia: Hacia la descolonización de la educación. Lima: Pratec. Billig, M.; Condor, S.; Edwards, D.; Gane, M.; Middleton, D.; y Radley, A. 1988. Ideological dilemmas: A social psychology of everyday thinking. Londres: Sage. Burga, Manuel. 1986. “Los profetas de la rebelión, 1920-‐1923 (Imaginación y realidad en una sublevación andina)”. En J.P Deler e Y. Saint-‐Geours (compiladores), Estados y naciones en los Andes. Hacia una historia comparativa: Bolivia-‐Colombia-‐Ecuador-‐Perú. Volumen II. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Instituto Francés de Estudios Andinos. Burga, Manuel y Alberto Flores Galindo. 1980. Apogeo y crisis de la república aristocrática. Lima: Ediciones Rikchay Perú. Capelo, Joaquín, 1902. El problema nacional de la educación pública. Lima
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