Ambiente Estratégico 2022: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional

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Ambiente Estratégico 2022: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional Esta publicación es posible gracias a una colaboración entre el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP). Autores: Juan Ricardo Ruesta Changman Alex Juan Cárdenas Medina Hebert José Pari Navarro Jorge Denegri Boltan Alexandre Baretta

Humberto Martínez Mujica Edwin Ocampo Marquina Eduardo Martin Cruz Chávez Miguel Ángel Contreras Gallegos Eduardo Israel Zamora Chung

Editado por: Ejército del Perú - Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú Av. Chorrillos, Primera Cuadra, Chorrillos, Lima, Perú. E-mail: [email protected] Teléfono: +51969005832 Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado Av. Alejandro Iglesias S/N – Chorrillos, Lima, Perú. E-mail: [email protected] Teléfono: +51962964285 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Av. Canaval y Moreyra 480 Edificio Chocavento piso 21, San Isidro, Lima, Perú. E-mail: [email protected] Teléfono: +012117800 Coordinadores: Paul Eduardo Vera Delzo y Julio Alberto Rincón Effio Primera edición: diciembre 2022 Tiraje: 1000 ejemplares Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° .... ISBN ... Impresión: Se terminó de imprimir en diciembre del 2022 en: ...... Diseño y diagramación: César Miranda

Las ideas contenidas en este texto son de responsabilidad exclusiva de los autores, sin que esto refleje necesariamente el pensamiento del CAEN-EPG, del CEPLAN o del CEEEP.

ÍNDICE PRESENTACIÓN7 EL FUTURO La Operación de Aeropuertos para Gestionar Ayuda Humanitaria: Un Constante Reto para las Fuerzas Armadas del Perú

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Juan Ricardo Ruesta Changman Migración Venezolana: ¿Preocupación para la Seguridad Nacional u Oportunidad para el Desarrollo Nacional?

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Alex Juan Cárdenas Medina La Energía Eólica en el Desarrollo y la Seguridad Energética del Perú

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Hebert José Pari Navarro Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo

37

Jorge Denegri Boltan LOS FINES GEOPOLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS Operación Verde Brasil: Contribuciones y Retos para la Preservación de la Amazonía 49 Alexandre Baretta Disputas Hegemónicas en el Indo-Pacífico y su Impacto en el Perú

59

Humberto Martínez Mujica Plataforma Continental y Soberanía Marítima: Una Controversia Argentino - Chilena 71 Edwin Ocampo Marquina LA EVOLUCIÓN DE LAS AMENAZAS Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM

83

Eduardo Martín Cruz Chávez Desafíos del Empleo de las Fuerzas Armadas en Apoyo a la Policía Nacional del Perú para la Seguridad Ciudadana

91

Miguel Ángel Contreras Gallegos Alcances Legales para el Uso de la Fuerza Durante las Operaciones Guardacostas: Un Tema Pendiente Eduardo Israel Zamora Chung

99

PRESENTACIÓN El Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado (CAEN - EPG), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) se unen para presentar esta publicación que muestra el trabajo colaborativo existente entre estas tres instituciones. Ambiente Estratégico 2022: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional es el resultado de un proyecto diseñado e implementado conjuntamente por el CAEN-EPG, el CEPLAN y el CEEEP, que busca promover tanto la discusión y la generación de ideas para enfrentar los retos relacionados a la Seguridad, el Desarrollo y la Defensa Nacional, como la mejora de competencias relacionadas a la comunicación estratégica escrita de los profesionales que vienen realizando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN-EPG. Con dicho objetivo, los alumnos de la mencionada maestría recibieron, como primer paso, una capacitación sobre redacción de artículos científicos, tomándose como referencia la “Guía de Redacción de Artículos Académicos” producida por el CEEEP. Posteriormente, los alumnos eligieron sus respectivos temas de investigación para formular un artículo académico, considerando las líneas de investigación del CAENEPG, enmarcados en las áreas de Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional, con la particularidad de que aquellos maestristas miembros del Ejército del Perú debían escoger su tema de investigación de la “Lista de Temas Estratégicos Claves del Ejército del Perú”, documento formulado por el CEEEP para ayudar a la comunidad de investigación a enfocarse en aquellos temas de mayor relevancia para el Ejército del Perú, el Sector Defensa y el país. Cabe resaltar que, durante el proceso de redacción de los artículos, los maestristas fueron asesorados por un grupo de profesores del CAEN-EPG, con la finalidad de ayudarles a mejorar la calidad de sus productos. Tras un proceso de selección y edición realizado por el CEEEP, esta publicación recoge diez de los artículos formulados por los alumnos de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del CAEN-EPG, constituyendo no solo un valioso aporte a la Seguridad, el Desarrollo y la Defensa Nacional, sino también un claro ejemplo del compromiso colaborativo existente entre estas tres instituciones. En la primera parte de esta publicación, referida al Futuro, el Coronel FAP Juan Ricardo Ruesta Changman, en el artículo titulado “La Operación de Aeropuertos para Gestionar Ayuda Humanitaria: Un Constante Reto para las Fuerzas Armadas del Perú,” examina la necesidad de convertir un aeropuerto en un centro logístico Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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para la gestión de ayuda humanitaria en caso de un sismo de gran magnitud, ya que -generalmente- se sobrepasa su capacidad instalada. Ante ello, manifiesta el autor, los Comandos Operacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú deben estar preparados para superar rápidamente los momentos críticos posteriores al sismo y asegurar la operatividad del aeropuerto más cercano a la zona del desastre a fin de convertirlo en un eficiente centro logístico para la gestión de la ayuda humanitaria. Igualmente, el Coronel EP Alex Juan Cárdenas Medina, en el artículo titulado “Migración Venezolana: ¿Preocupación para la Seguridad Nacional u Oportunidad para el Desarrollo Nacional?,” manifiesta que el Perú es el segundo país que más migrantes y refugiados venezolanos ha recibido en los últimos años, generando diversos desafíos al Estado peruano. En ese contexto, el autor analiza si la migración venezolana debe ser considerada como una preocupación para la seguridad nacional o, por el contrario, debe ser percibida como una oportunidad para el desarrollo nacional. Adicionalmente, el Coronel EP Hebert José Pari Navarro, en el artículo titulado “La Energía Eólica en el Desarrollo y la Seguridad Energética del Perú,” señala que los combustibles fósiles son la principal fuente de energía a nivel mundial, pero también son los principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Por lo tanto, se requiere la sustitución gradual de energía de combustibles fósiles por la proveniente de fuentes renovables, acompañada de un uso más eficiente. Considerando la situación del sector energético del país, el autor ofrece una propuesta para aprovechar la energía eólica en el Perú y lograr la diversificación de la matriz energética, involucrando tanto al Estado como al sector privado. Finalizando esta primera parte, el Capitán de Navío MGP Jorge Denegri Boltan, en el artículo titulado “Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo,” señala que la construcción naval es una actividad dentro de la industria naval que favorece el desarrollo económico, genera puestos de trabajo altamente calificados, mejora la competitividad del país; sin embargo, necesita -fundamentalmente- de la participación del Estado para su sostenimiento en el tiempo. En la segunda parte de esta publicación, referida a los Fines Geopolíticos y Estratégicos, el Coronel del Ejército de Brasil Alexandre Baretta, en el artículo titulado “Operación Verde Brasil: Contribuciones y Retos para la Preservación de la Amazonía,” indica que las pautas ambientales y la preservación de la Amazonía son temas que dominan el escenario internacional y requieren acciones efectivas de los gobiernos para la protección y desarrollo sostenible de este importante patrimonio. En ese sentido, el autor analiza las contribuciones de la Operación Verde Brasil ejecutada entre los

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años 2019 y 2021 para proteger y preservar la Amazonía brasileña, a través de acciones de las Fuerzas Armadas tendientes a potenciar las capacidades de los órganos de fiscalización ambiental, limitando la deforestación y combatiendo a las organizaciones delictivas presentes en esta región. Asimismo, el Capitán de Navío MGP Humberto Martínez Mujica, en el artículo titulado “Disputas Hegemónicas en el Indo-Pacífico y su Impacto en el Perú,” examina la situación de inestabilidad del Indo-Pacífico, originada por las disputas hegemónicas entre Estados Unidos y la República Popular China, así como de ésta última con Malasia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, Brunei y Japón, sobre territorios marítimos reclamados por cada una de las partes. Igualmente, el autor analiza cómo este escenario afecta a las líneas de comunicaciones marítimas del Perú, que fluyen desde sus costas hasta los principales puertos del sudeste asiático, tomando en cuenta que estas concentran la mayoría de las rutas del comercio peruano. Terminando esta segunda parte, el Comandante FAP Edwin Ocampo Marquina, en el artículo titulado “Plataforma Continental y Soberanía Marítima: Una Controversia Argentino – Chilena,” manifiesta que, en el año 2021, Chile hizo oficial su reclamo frente a los límites marítimos que se impusieron en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este es un debate con algunos antecedentes históricos y grandes repercusiones a nivel diplomático, entre Chile y Argentina. Desavenencia que casi los lleva a una guerra a finales de la década de 1970 y que, nuevamente, se hace presente, pero con aires de intermediación diplomática y pacífica gracias al derecho internacional. En ese sentido, el autor indica que las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina continuarán siendo tensas hasta que se resuelva esta disputa. En la tercera parte de esta publicación, referida a la Evaluación de las Amenazas, el Coronel PNP Eduardo Martín Cruz Chávez, en el artículo titulado “Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM,” aborda la relación existente entre los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En ese sentido, según el autor, mientras que el Estado no planifique, desarrolle y ponga en marcha un programa efectivo para enfrentar en simultáneo el problema del terrorismo y narcotráfico, estos seguirán existiendo como un mal endémico que afecta a la población y, por consiguiente, a la economía y el desarrollo del país. Adicionalmente, el Coronel PNP Miguel Ángel Contreras Gallegos, en el artículo titulado “Desafíos del Empleo de las Fuerzas Armadas en Apoyo a la Policía Nacional del Perú para la Seguridad Ciudadana,” señala que la seguridad ciudadana es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, involucrando no solo a las entidades

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del Estado, sino también a la empresa privada e incluso a la comunidad organizada. Este esfuerzo debería converger en el logro de vivir en armonía, posibilitando el desarrollo de las actividades cotidianas con normalidad. En ese contexto, el autor analiza la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana. Finalizando esta tercera parte, el Capitán de Navío MGP Eduardo Israel Zamora Chung, en el artículo titulado “Alcances Legales para el Uso de la Fuerza Durante las Operaciones Guardacostas: Un Tema Pendiente,” manifiesta que las actividades industriales y productivas en el ámbito marítimo, que promueven el desarrollo socioeconómico del país, requieren que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú – Autoridad Marítima Nacional garantice la seguridad de las mismas. Para ello, las Operaciones Guardacostas, realizadas dentro del ejercicio de la Autoridad Marítima, deben enmarcarse en el debido proceso legal. En ese sentido, según el autor, resulta imprescindible que dicha autoridad cuente con reglas claras para el adecuado uso de la fuerza, ya que, actualmente, carece de un adecuado marco legal que salvaguarde a su personal y que haga más eficiente su capacidad de respuesta. Finalmente, el CAEN-EPG, el CEPLAN y el CEEEP esperan que estos artículos sean del interés y agrado de los lectores, y fomenten el análisis, la discusión y la generación de ideas que contribuyan al proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles del Estado peruano.

Walter Astudillo Chávez

Giofianni Peirano Torriani

Paul Vera Delzo

General de División(r)

Magister

Coronel

Director General del CAEN-EPG

Presidente del Consejo Directivo

Director del CEEEP

del CEPLAN

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EL FUTURO

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Juan Ricardo Ruesta Changman

La Operación de Aeropuertos para Gestionar Ayuda Humanitaria: Un Constante Reto para las Fuerzas Armadas del Perú Juan Ricardo Ruesta Changman

Resumen En el presente artículo se analiza la necesidad de convertir un aeropuerto en un centro logístico para la gestión de ayuda humanitaria en caso de un sismo de gran magnitud, ya que –generalmente– se sobrepasa su capacidad instalada. Ante ello, los Comandos Operacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú deben estar preparados para superar rápidamente los momentos críticos posteriores al sismo y asegurar la operatividad del aeropuerto más cercano a la zona del desastre a fin de convertirlo en un eficiente centro logístico para la gestión de la ayuda humanitaria. En atención a la fase de preparación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Perú, resulta imprescindible que los Comandos Operacionales organicen los recursos disponibles e incluyan a entidades o empresas que puedan apoyar la gestión del aeropuerto, a fin de incrementar la capacidad logística para el manejo de grandes volúmenes de ayuda humanitaria. Palabras clave: Aeropuerto, Terremoto, Ayuda Humanitaria, Capacidad Logística, Fuerzas Armadas.

Introducción El 15 de agosto del 2007, en la ciudad de Pisco, se produjo un terremoto de siete grados en la escala de Richter.1 Tras dicho evento, el Grupo Aéreo N° 51, que se encontraba alojado en la Base Aérea de Pisco y contiguo al aeropuerto, activó sus planes de emergencia (como evacuación del personal, de aeronaves y prevención ante tsunami) y, posteriormente, condujo acciones de rescate, dando a conocer el impacto del terremoto a través del reporte de las primeras cifras de fallecidos, damnificados y estructuras colapsadas.

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Habiéndose evaluado la condición del aeropuerto y constatándose que sólo se disponía de la pista de aterrizaje, ya que la pista auxiliar se encontraba agrietada y también había sido parcialmente inundada por el tsunami, el Grupo Aéreo N° 51 estableció comunicación con los Comandos en Lima y solicitó la primera aeronave para evacuar heridos. Esa aeronave logró aterrizar ocho horas después del terremoto y fue la primera de todas las que comenzaron a arribar transportando ayuda humanitaria y personal (de rescate, médicos, militares y autoridades, entre otros). Sin embargo, la gestión de estas aeronaves resultó problemática y hasta ineficaz, debido a que el aeropuerto comercial de Pisco no contaba con rampa para aeronaves y equipos para descarga, ni escaleras portátiles para desembarque de pasajeros. Frente a esta situación, se emplearon las instalaciones y los limitados medios de apoyo de la Base Aérea de Pisco, que asumió el control de todas las operaciones logísticas, tratando de organizar al personal militar y los medios disponibles que permitieran atender aeronaves de carga, teniendo que efectuar su descarga a fuerza de personal (muchas veces en fila y de brazo en brazo; otras veces, a fuerza grupal para descargar bultos más pesados o equipos diversos). Este tipo de operación ocasionó demoras significativas por la excesiva permanencia de aeronaves en la rampa de vuelo que impedía el arribo de otras, causando un ineficiente manejo de la ayuda humanitaria y consiguiente retraso en la asistencia a la población afectada. La experiencia descrita demostró que, ante un sismo de gran magnitud, el aeropuerto más próximo a las zonas afectadas debe transformase en un centro de descarga de ayuda humanitaria, ya que es la forma más rápida de atender a la población afectada. Consecuentemente, resulta imprescindible que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) desarrollen procedimientos estandarizados para operativizar rápidamente el aeropuerto más próximo a una zona afectada, contando con una organización ágil y eficiente para gestionar la ayuda humanitaria. En ese sentido, en este artículo se proponen mecanismos para organizar, preventivamente, los recursos humanos y materiales disponibles, como parte de la fase de preparación de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres.

Experiencias sobre la Gestión de Ayuda Humanitaria en un Aeropuerto Sin duda, un sismo de gran magnitud afecta las vías terrestres, las viviendas y los servicios esenciales que requiere la población. Diferentes instituciones del Estado, la comunidad internacional, las empresas privadas (nacionales e internacionales),

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así como las organizaciones no gubernamentales envían ayuda humanitaria sin una adecuada priorización y, generalmente, sin paletizar.2 Todo este volumen de ayuda humanitaria sobrepasa la capacidad de un aeropuerto, como lo ocurrido en el terremoto de Pisco del año 2007, en donde se sobrepasó la capacidad de manejo de carga del aeropuerto local y de la Base Aérea, ocasionando la demora en la atención de la población afectada. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil, en sus Lecciones Aprendidas del Sur, señala que el terremoto produjo daños a la infraestructura con interrupción de las vías terrestres,3 que obligó a utilizar medios aéreos para trasladar la ayuda humanitaria.4 Para ello, se estableció un puente aéreo entre Lima y la Base Aérea de Pisco, con vuelos diurnos y nocturnos de aeronaves y helicópteros de las FF. AA., la Policía Nacional del Perú (PNP), empresas privadas y fuerzas aéreas de otros países. En ese contexto, la Base Aérea de Pisco se convirtió en el Centro de Operaciones de Emergencia Avanzado,5 enfrentado serios problemas en el proceso de descarga por no contar con equipos adecuados (montacargas). Asimismo, la carga llegaba a granel y en desorden (sin adecuada priorización), teniendo que efectuar la descarga con el poco personal disponible. Esta situación ocasionó que la rampa de vuelo permaneciera llena de aeronaves, limitando la llegada de más ayuda, a pesar de contar con el apoyo de operadores logísticos internacionales como la compañía DHL,6 que desplegó personal y equipo de manipuleo de carga para organizar la cadena de bienes de ayuda humanitaria.7 En efecto, la Base Aérea de Pisco, a cargo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), atendió 535 vuelos y 1,026 toneladas de ayuda humanitaria en 30 días,8 mostrando deficiencias y dejando lecciones aprendidas como las reportadas por la FAP (en cuanto a la necesidad de contar con almacenes de mayor capacidad, equipos de apoyo para manejo de carga e incremento de personal para seguridad y funcionamiento de la base)9 y DHL (en cuanto a la falta de preparación para la respuesta y el déficit de personal entrenado en operaciones de emergencia, que dificultó el manejo de carga y almacenaje).10 Por lo tanto, la experiencia demuestra que -ante un sismo de gran magnitud- un aeropuerto debe convertirse en un centro logístico para manejo de ayuda humanitaria, ya que -a partir del primer día posterior al evento sísmico- se recibirá un mayor número de vuelos, sobrepasando la capacidad en rampa, afectando los procesos de descarga y requiriendo una mayor capacidad de almacenaje. Sin duda, se requiere la formulación de planes preventivos para enfrentar este tipo de contingencias.

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Responsabilidad de los Comandos Operacionales Con respecto a la participación de las FF. AA. ante una situación de crisis, resulta clave mantener el principio de unidad de comando para potenciar las capacidades de los medios disponibles de cada institución armada y coordinar los esfuerzos entre componentes, de acuerdo con el ámbito de su competencia. En ese sentido, ocurrido el terremoto de Pisco, se evidenció la importancia de la participación de las FF.AA. para establecer puentes aéreos, a través de sus recursos humanos y materiales, permitiendo la evacuación de heridos y el traslado de la ayuda humanitaria.11 Sin embargo, la participación del Comando Operacional del Centro fue imprescindible para actuar de manera coordinada,12 liderando la participación de las FF.AA. y articulando los esfuerzos para operar el Centro de Operaciones de Emergencia. En este punto, es necesario tener en cuenta que la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en su fase de preparación,13 estipula que las FF.AA., los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben organizar los recursos disponibles, de acuerdo con el estudio de riesgos en las zonas de influencia, y deben formular planes para afrontar un desastre.14 En consecuencia, resulta clave la conformación de una organización en cada Comando Operacional, capaz de liderar la ejecución de los planes de contingencia (regionales y locales) y articular las capacidades tanto de sus componentes, como de las entidades públicas y las empresas privadas. Cabe resaltar que la realización de talleres, planeamientos o reuniones no requerirán de presupuestos financieros adicionales; tan solo, del empleo de la infraestructura disponible.

Sistemas de Ayuda Humanitaria Internacional Adicionalmente, se debe tener en cuenta que existen compañías internacionales que facilitan la gestión de la ayuda humanitaria ante un sismo de gran magnitud, apoyando al país afectado. Una de ellas es DHL, que dentro de su organización cuenta con dos tipos de respuesta para apoyar operaciones logísticas: el Equipo de Respuesta ante Desastres (DRT, por sus siglas en inglés)15 y el Programa de Preparación de los Aeropuertos para Desastres (GARD, por sus siglas en inglés).16 Por una parte, el DRT está conformado por empleados voluntarios de DHL, que han sido preparados y entrenados para ejecutar operaciones logísticas en un aeropuerto. Ante un desastre, los miembros del DRT son desplegados junto con diversos equipos (montacargas,

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laptops, paletas de madera, etc.) para gestionar altos volúmenes de carga de ayuda humanitaria, tal y como ha sucedido en los terremotos de Pisco (2007),17 Nepal (2015),18 Ecuador (2016),19 y Haití (2016),20 entre otros. Por otra parte, desde el año 2009, el GARD, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha realizado programas de entrenamiento en diferentes aeropuertos para preparar al personal y la infraestructura a fin de afrontar un desastre, buscando establecer un plan de respuesta para cada aeropuerto,21 como el realizado para los aeropuertos de Lima y Pisco, en marzo de 2014.22 Este plan detalla el material de apoyo de las entidades públicas y privadas cercanas al aeropuerto (montacargas, grúas, carretas, camionetas, parihuelas, carpas, etc.), con datos de las entidades contribuyentes, personas responsables, equipos y materiales. Por consiguiente, el entrenamiento, la preparación y la implementación de planes resultan clave, ya que permiten incrementar la capacidad de manejo de carga logística de un aeropuerto para gestionar de manera óptima la ayuda humanitaria en caso de un desastre. Además, el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) es otro importante instrumento para afrontar las operaciones aéreas logísticas en un aeropuerto.23 Inmediatamente después de un sismo de gran magnitud, el SICOFAA pone a disposición del país afectado medios aéreos, pilotos y equipos para incrementar la capacidad aérea en la zona del desastre. En base a la experiencia, todo país afectado requiere más medios aéreos, con tripulaciones que los opere, que suplan el déficit para operaciones aéreas especiales (como evacuaciones, operaciones aéreas en campos de altura, etc.) y que agilicen el proceso de atención de la ayuda humanitaria. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos medios aéreos requieren zonas de estacionamiento, equipos de soporte, recarga de combustible, alojamiento de tripulantes, por lo que el SICOFAA cuenta con un sistema para mantener comunicación inmediata, denominado Sistema de Informática y Telecomunicaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas (SITFAA),24 así como con dos programas informáticos, uno que agiliza el proceso operativo, denominado Sistema Integrado de Comando y Control (ICC, por sus siglas en inglés),25 y otro para el proceso logístico, denominado Módulo Unificado de Logística Aérea (MULA). En el año 2014, el SICOFAA realizó un entrenamiento en los aeropuertos de Lima y Pisco,26 con participación de 13 fuerzas aéreas, y asistió la respuesta en las emergencias de Ecuador (2016) y del fenómeno del Niño Costero de Perú (2017). Por lo tanto, resulta fundamental la ejecución de entrenamientos con el SICOFAA, en coordinación con los Componentes Aéreos de los Comandos Operacionales.

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Conclusiones La experiencia ha demostrado que -ante un sismo de gran magnitud- un aeropuerto debe convertirse, rápidamente, en un centro logístico aéreo para gestionar una gran cantidad de aeronaves y carga de ayuda humanitaria. Por consiguiente, las FF.AA. deben realizar entrenamientos y establecer planes con procedimientos estandarizados para operativizar el aeropuerto más próximo a una zona afectada por un desastre. Para ello, los comandantes de los Comandos Operacionales deben disponer que sus respectivos Componentes Aéreos organicen “talleres para operativizar los aeropuertos.” Este taller lo debe liderar el jefe de la dependencia militar más próxima al aeropuerto, ya que es quien establecerá el contacto inicial de ocurrir un sismo de gran magnitud. Por ejemplo, el Ala Aérea N° 3 estaría a cargo del taller en el aeropuerto de Arequipa, la 5ta Brigada de Montaña en el aeropuerto del Cuzco, la Capitanía de Ilo en el aeropuerto de Ilo, y así respectivamente. Cabe recalcar, que este tipo de talleres no genera gastos adicionales, ya que emplea la infraestructura disponible. Adicionalmente, el taller debe ser organizado de manera conjunta con las autoridades del aeropuerto, coordinando la participación de todas las entidades estatales y privadas que puedan aportar material o personal para incrementar la capacidad del aeropuerto ante un desastre. Asimismo, el taller debe: (1) Dar a conocer los principios legales y rectores del SINAGERD; (2) Demostrar la necesidad de organizarse previamente para operativizar el aeropuerto, incluyendo experiencias anteriores y lecciones aprendidas; (3) Dar a conocer las herramientas de ayuda como el SICOFAA y los programas GARD y DRT de DHL; (4) Analizar las particularidades, necesidades y requerimientos del aeropuerto; y (5) Facilitar la formulación de un plan para operativizar el aeropuerto, detallando el personal y los medios que aportará cada entidad. Finalmente, el Comando Conjunto de las FF. AA. debe involucrarse en la ejecución de ejercicios en los aeropuertos que presenten las deficiencias logísticas y operativas más significativas.

Juan Ricardo Ruesta Changman Coronel de la Fuerza Aérea del Perú y Licenciado en Administración en Ciencias Aeronáuticas por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ha realizado el Diplomado de Planeamiento del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas por la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1

Hernando Tavera, Isabel Bernal y Henry Salas, “El sismo de Pisco del 15 de agosto, 2007 (7.9Mw)

Departamento de Ica - Perú” Instituto Geofísico del Perú, (Lima: agosto 2007), 6, https://repositorio.igp.gob.pe/ handle/20.500.12816/1115 (consultado el 2 de julio de 2022).

2

Los pallets o paletas son unas plataformas o estructuras rígidas (frecuentemente de madera) que se

emplean para agrupar mercancías. La mercancía paletizada es uno de los métodos más eficientes de agrupación de carga, constituyéndose en una “unidad de carga” mucho más fácil de trasladar y manipular, así como necesitándose menos personal para las labores de carga y descarga, ya que se pueden realizar por medios mecánicos (carretillas elevadoras, grúas, etc.), disminuyendo también el tiempo empleado para estos trabajos. Ver: J & J, “Transporte paletizado”, J&J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C (2022), https://www.jyjtransportes.pe/transportepaletizado/ (consultado el 23 de septiembre de 2022).

3

Indeci, “Lecciones aprendidas del sur: Sismo de Pisco, 15 agosto 2007”, Instituto Nacional de Defensa

Civil (Lima: 2009) http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc1259/doc1259.htm (consultado el 21 de agosto de 2022).

4

Ibíd., 39.

5

Ibíd., 44.

6

DHL (acrónimo de los fundadores de la empresa -Dalsey, Hillbloom y Lynn- en San Francisco EE. UU. en

1969) empresa logística internacional alemana, ofrece servicio de mensajería, entrega de paquetes y correo urgente, (DHL: 2022), https://www.dhl.com/pe-es/home/quienes-somos.html, (consultado el 20 de agosto de 2022).

7

Indeci, “Lecciones aprendidas del sur: Sismo de Pisco, 15 agosto 2007”, 44.

8

Ibíd., 57.

9

Ibíd., 104.

10

Ibíd., 126.

11

Ibíd., 55.

12

Ibíd., 87.

13

Sinagerd, “Ley n.º 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, 6.

14

Ibíd., 5.

15

DRT, Disaster Response Team.

16

GARD, Get Airport Ready for Disaster.

17

Indeci, “Lecciones aprendidas del sur: Sismo de Pisco, 15 agosto 2007”, 125.

18

CdS noticias, “El equipo de respuesta ante desastres de DHL permanecerá en Nepal hasta finales

de mayo”, Cadena de Suministro (20 de mayo de 2015), https://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-equipode-respuesta-ante-desastres-de-dhl-permanecera-en-nepal-hasta-finales-de-mayo/, (consultado el 20 de agosto de 2022).

19

Corresponsables, “DHL apoya a víctimas de terremoto en Ecuador,” Corresponsables (21 de abril de

2016), https://www.corresponsables.com/actualidad/dhl-apoya-victimas-de-terremoto-en-ecuador, (consultado el 20 de agosto de 2022).

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Portal Automotriz, “Deutsche Post DHL envía un equipo de respuesta ante catástrofes a Haití”, Porta

Automotriz Com (8 de octubre de 2016), https://www.portalautomotriz.com/noticias/servicios/deutsche-post-dhlenvia-un-equipo-de-respuesta-ante-aatastrofes-a-haiti-para, (consultado el 20 de agosto de 2022).

21

DHL Press Release, “El programa de preparación de aeropuertos ante desastres desarrollado por DHL y

Naciones Unidas cumple 10 años”, DHL (Madrid: 19 de febrero de 2019), https://www.dhl.com/es-es/home/prensa/ archivo-de-prensa/2019/el-programa-de-preparacion-de-aeropuertos-ante-desastres-desarrollado-por-dhly-naciones-unidas-cumple-10-anos.html, (consultado el 20 de agosto de 2022).

22

Miguel Ampudia, “DHL prepara aeropuertos en Perú para emergencias,” ProActivo, (20 de marzo

del 2014), https://proactivo.com.pe/dhl-prepara-aeropuertos-en-peru-para-emergencias/, (consultado el 20 de agosto de 2022).

23

SICOFAA, Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas es un sistema de cooperación

creado por los Comandantes de 14 Fuerzas Aéreas de América el 16 de abril de 1961, durante la I Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (I CONJEFAMER), cuya misión es “promover el intercambio de experiencias, conocimiento y entrenamiento que permita el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Aéreas y sus equivalentes, a fin de brindar apoyo a los requerimientos de sus miembros”, https://www.sicofaa.org/ mision, (consultado el 1 de septiembre de 2022).

24

El SITFAA es una red de comunicación cuya misión es establecer y mantener los medios de comunicación

e informática, de forma oportuna y confiable entre los países miembros del SICOFAA y sus actividades; y cuyo objetivo es fortalecer el SICOFAA a través de los medios de comunicación actuales, con el fin de facilitar la cooperación entre las fuerzas aéreas americanas y equivalentes, Versión 7 (noviembre 2019), https://www.sicofaa. org/_files/ugd/72ee95_c00a23f6b14f48038b58f3c89fd6a3ba.pdf, (consultado el 1 de septiembre 2022).

25

ICC, Integrated Command and Control.

26

Infodefensa, “Trece Fuerzas Aéreas simulan en Perú la respuesta ante un desastre,” Infodefensa (21 de

abril de 2014), https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3136536/trece-fuerzas-aereas-simulan-perurespuesta-ante-desastre, (consultado el 1 de septiembre de 2022).

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Alex Juan Cárdenas Medina

Migración Venezolana: ¿Preocupación para la Seguridad Nacional u Oportunidad para el Desarrollo Nacional? Alex Juan Cárdenas Medina

Resumen El Perú es el segundo país que más migrantes y refugiados venezolanos ha recibido en los últimos años, generando diversos desafíos al Estado peruano. Inclusive, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 considera que la migración extranjera es una preocupación a la seguridad nacional porque se presenta como una situación desfavorable que obstaculiza el desarrollo nacional. En ese contexto, en este artículo se analiza si la migración venezolana debe ser considerada como una preocupación para la seguridad nacional o, por el contrario, debe ser percibida como una oportunidad para el desarrollo nacional. Para ello, se ha revisado la normatividad migratoria vigente, el perfil de los migrantes venezolanos en el Perú, y su incidencia en el desarrollo y la seguridad nacional. Palabras clave: Migración Venezolana, Preocupación, Seguridad Nacional, Desarrollo Nacional.

Introducción En los últimos años, la masiva migración de venezolanos al exterior ha generado desafíos y oportunidades para la mayoría de países de América del Sur. Colombia y Perú, en ese orden, son los principales receptores de migrantes y refugiados venezolanos en la región.1 Ante esta situación, el Estado peruano ha implementado diversas políticas multisectoriales a fin de ordenar este flujo migratorio. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostienen que “la mayoría de venezolanos migraron al Perú en busca de oportunidades de desarrollo e integración en el país recepcionista,” siendo “necesario

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conocer las oportunidades, brechas y dinámicas de inserción de estos migrantes en el mercado laboral, a fin de contar con información eficaz para la generación de políticas adecuadas.”2 Es decir, la mayoría de los ciudadanos venezolanos inmigraron con intenciones de buscar un trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. Por consiguiente, en el ámbito nacional, se observa un importante número de ciudadanos venezolanos que trabajan en diversos sectores. Sin embargo, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (PNMSDN-2030) considera a la migración externa como una preocupación a la seguridad nacional, que obstaculiza el desarrollo nacional.3 En ese sentido, a través de este artículo, se pretende corroborar o descartar tal afirmación, considerando evidencias normativas y estadísticas, que van a permitir conocer el comportamiento de este fenómeno social, y con ello entender si la migración se presenta como una preocupación para la seguridad nacional o, por el contrario, como una oportunidad para el desarrollo nacional.

Normatividad Migratoria Internacional El desplazamiento y la migración son derechos inherentes al ser humano, tal como refiere el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual manifiesta que “toda persona tiene derecho de transitar libremente tanto en su país de residencia como para salir a otros países.”4 Asimismo, la OIM expresa que la migración es un derecho vinculado al desarrollo de un Estado.5 Para un mejor entendimiento o conceptualización de las formas como se presenta la migración regular e irregular, la OIM señala que la migración regular “es el desplazamiento que hace la persona a través de una frontera internacional con autorización del país receptor,” y que la migración irregular es el “desplazamiento que hace la persona a través de una frontera internacional sin autorización del país receptor.”6 Por lo cual, es necesario conocer estas dos formas de situación migratoria ya que la migración de los ciudadanos venezolanos en el Perú aborda ambas modalidades, siendo las autoridades migratorias las responsables de hacer cumplir la normatividad vigente. En el contexto nacional, el Decreto Legislativo de Migraciones N° 1350 establece principios migratorios que reconocen el aporte de los migrantes internacionales a diversas fases del desarrollo nacional, así como promueve las acciones necesarias para la formalización de la migración irregular.7 Dicha norma establece las políticas migratorias enmarcadas en el respeto y contribución de los migrantes extranjeros al

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desarrollo nacional, y sostiene que los migrantes extranjeros cuentan con la protección de las instituciones nacionales e internacionales.

Perfil de los Migrantes Venezolanos y su Impacto al Desarrollo del Perú Desde el año 2017, los venezolanos vienen migrando masivamente a países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. El Perú es el segundo país que más migrantes y refugiados venezolanos ha recibido, registrándose aproximadamente 1.2 millones de venezolanos,8 lo que representa cerca del 4 % de la población. Consecuentemente, este desplazamiento migratorio debe ser atendido y priorizado en los estamentos gubernamentales, a fin de conocer el impacto de este fenómeno social y adoptar las acciones necesarias. Sin duda, los migrantes venezolanos originan un nuevo orden sociodemográfico e impacto en la economía y desarrollo nacional. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que: (1) El 52.3 % de migrantes venezolanos son de sexo masculino y el 47.7 % son del sexo femenino; (2) El 97.8 % de migrantes venezolanos registró su ingreso de manera regular y un 2.2 % ingresó de manera irregular; (3) El 99.5 % ingresó con algún documento de identidad (pasaporte, cédula de identidad, certificado o partida de nacimiento) y el 0.5 % ingresó sin documento; (4) El 94.7 % manifiesta que desea quedarse a radicar en el Perú; (5) El 57.9 % tiene educación superior; (6) El 91.5 % es parte de la población económicamente activa; (7) El 69.4 % labora más de ocho horas al día; (8) El 78.3 % de migrantes venezolanos que trabaja lo hace de manera dependiente; (9) El 75.5 % de migrantes venezolanos que trabaja lo hace en pequeñas empresas; y (10) El 56.7 % de migrantes venezolanos que trabaja lo hace en el sector servicios.9 En ese sentido, se observa que la mayoría de los migrantes venezolanos representan un valioso capital humano, cuya actividad laboral impacta a la economía y al desarrollo de la sociedad peruana. No obstante, muchos de ellos son vulnerables a la explotación laboral ya que trabajan en pequeñas empresas, y otros lo hacen de manera independiente. Adicionalmente, el Banco Mundial indica que la mayor parte de los refugiados y migrantes venezolanos que han llegado al Perú fluctúan entre los 16 y 35 años, que el 67 % tiene algún tipo de estudios superiores (técnicos o universitarios) y, de ellos, aproximadamente la mitad ha culminado sus estudios. Sin embargo, debido a problemas legales y políticas migratorias deficientes no pueden desempeñar de manera formal la carrera profesional

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en la que fueron formados, teniendo que aceptar trabajos informales, para los cuales se encuentran sobre calificados.10 Por consiguiente, se puede afirmar que gran parte de los refugiados y migrantes venezolanos constituyen un valioso capital humano, que incrementa la población económicamente activa del Perú. De igual manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) del Perú, con el apoyo de la OIM, la OIT, el Programa Laboral de Desarrollo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, realizó una encuesta a 1,601 inmigrantes venezolanos a fin de conocer su condición laboral. El resultado muestra que el 92 % presenta la condición de ocupados, el 4 % de desocupados y el 4 % de población inactiva. Asimismo, de los ciudadanos encuestados, se determinó que el 60 % trabajan de manera dependiente (ya sea como empleado o como obrero), el 38 % trabajan de manera independiente, el 1 % labora en la condición de empleador y un 1 % que no se identificó.11 Por lo tanto, se evidencia que un alto porcentaje de ciudadanos venezolanos se desempeña en algún tipo de trabajo, particularmente de manera dependiente. El alto índice de informalidad laboral en el Perú facilitó que los migrantes venezolanos se hayan insertado rápidamente al mercado laboral. No obstante, muchos de ellos lo han hecho en condiciones precarias, siendo susceptibles a abuso y explotación.12 Consecuentemente, la formalización laboral en el Perú, incluyendo la de los venezolanos, constituye un importante reto para el desarrollo nacional.13 Asimismo, el hecho de que los refugiados y migrantes venezolanos realicen algún tipo de trabajo para sostener a su familia, origina que estos aporten al mercado laboral y, por ende, a la economía peruana.

Migración Extranjera y su Impacto a la Seguridad Nacional La PNMSDN-2030 establece que la migración externa es una preocupación a la seguridad nacional, definiéndola como una “situación desfavorable que obstaculiza el desarrollo nacional.”14 De igual modo, un sector de la población percibe que la migración venezolana es un problema a la seguridad interna y al desarrollo del país, manifestando que han venido a delinquir, a quitarles puestos de trabajo y a abaratar la mano de obra. Sin embargo, existen estudios que permiten dilucidar tales percepciones, como el realizado bajo la supervisión del MTPE y que sostiene que “es falso que los ciudadanos venezolanos hayan desplazado a los trabajadores peruanos en empleos asalariados formales e informales, es falso que el ingreso de los migrantes

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venezolanos al mercado de trabajo haya generado una disminución de los salarios en las actividades económicas formales e informales, y es falso que los empleadores locales prefieren contratar trabajadores venezolanos.”15 Por consiguiente, la sociedad peruana tiene una equívoca percepción del migrante venezolano, debido a factores externos, los cuales deben ser materia de investigación. Adicionalmente, un estudio sobre los efectos del flujo migratorio en la seguridad de Lima Metropolitana, realizado entre el año 2013 y el primer semestre del año 2020, señala que casi el 90 % de la población cree que será víctima de algún hecho delictivo en los próximos 12 meses; es decir, de cada 10 habitantes nueve viven con una sensación constante de inseguridad.”16 Esta estadística muestra que la percepción de inseguridad pública de la sociedad es muy alta desde el año 2013, fecha en que la migración venezolana no alcanzaba un flujo considerable de migración al Perú. De igual manera, ese estudio concluye “que el porcentaje de ciudadanos venezolanos recluidos en cárceles del Perú es extremadamente bajo en comparación al total de venezolanos en Perú y con respecto al total de población penitenciaria.”17 Comprobándose que los ciudadanos venezolanos cometen menos delitos que los peruanos, tal como se refleja en la estadística penitenciaria. Otra investigación, con datos hasta el año 2019, sustenta que los venezolanos que se encuentran en el Perú comenten menos delitos que la población peruana.18 Por lo tanto, dicho estudio confirma que la participación de los migrantes venezolanos en actos delincuenciales es baja y que el aumento de la inseguridad pública se debe a otros factores. Asimismo, la OIM y el Ministerio Público del Perú, producto de una investigación realizada en Lima, concluyen que “las denuncias a los refugiados y migrantes venezolanos representan un porcentaje mínimo del registro policial, pero existe una alta percepción de inseguridad por su presencia.”19 Las cifras de denuncias contra los ciudadanos venezolanos ante la Policía Nacional del Perú han representado el 0.6 % en el año 2019 y el 0.7 % en el año 2020. Estos resultados muestran que no existe relación significativa entre la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva de la población venezolana. En esa misma investigación se sostiene que “a mayor cercanía y conocimiento de la población venezolana es menor la percepción de inseguridad percibida,” y que “las personas encuestadas afirman sentir mayor inseguridad cuando reciben información sobre la población venezolana a través de medios de comunicación nacional y local.”20 En el caso de la primera afirmación, se evidencia que la percepción de inseguridad está relacionada con la escasa sociabilización entre la población venezolana y la

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peruana, mientras que en el caso de la segunda afirmación, se observa que los medios de comunicación -por llamar la atención- publican noticias de actos delictivos donde están inmersos ciudadanos venezolanos, ocasionando que se tenga una mala percepción de estos.

Conclusiones La migración de los ciudadanos venezolanos no constituye una preocupación a la seguridad nacional, ni se presenta como una situación desfavorable que obstaculice el desarrollo nacional. Al respecto, la normatividad internacional migratoria establece que el desplazamiento y la migración son derechos del ser humano, pudiendo relacionarse con el desarrollo tanto personal como colectivo de una sociedad. En ese sentido, la normatividad nacional migratoria debe ser respetuosa de los acuerdos internacionales en materia de migraciones. Según los datos presentados en este artículo, se evidencia que un gran porcentaje de ciudadanos venezolanos que se encuentra en el Perú aportan a la economía y, por ende, al desarrollo nacional. Esta afirmación es contraria a lo establecido en la PNMSDN al 2030, la cual indica que la migración externa es una preocupación a la seguridad nacional por presentarse como una situación desfavorable que obstaculiza el desarrollo nacional. En el aspecto de seguridad, no se han encontrado resultados objetivos producto de alguna investigación que afirme que la migración venezolana viene afectando sustancialmente a la seguridad de la sociedad peruana, ya que son afirmaciones basadas en percepciones de algunos segmentos de la sociedad. Finalmente, a lo largo de la historia del Perú, no ha existido un flujo migratorio externo que haya obstaculizado el desarrollo nacional, ni destruido o vulnerado al Estado como tal. Por el contrario, la inclusión de ciudadanos extranjeros ha permitido, históricamente, contribuir al desarrollo de la sociedad peruana.

Alex Juan Cárdenas Medina Coronel del Ejército del Perú, Licenciado y Magister en Ciencias Militares. Realizó el Curso de Comando y Estado Mayor y el Curso Superior de Inteligencia Estratégica Operacional en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1 Diego Chaves-González, Jordi Amaral y María J. Mora, “Integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos: Los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú”, International Organization for Migration (julio 2021), 7, https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/press_release/file/mpi-oim_ integracion-socioeconomica-venezolanos_2021_final.pdf (consultado el 16 de mayo de 2022).

2 José Koechlin, Ximena Solórzano, Giovanna Larco y Enrique Fernández- Maldonado, “Impacto de la Inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y Piura”, International Organization for Migration (Lima: agosto 2019),6, https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbdl951/files/Documentos/ IMPACTOINM2019OIM.pdf (consultado el 17 de mayo de 2022).

3 Ministerio de Defensa, “Decreto Supremo n.° 005-2021-DE, ‘Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030’”, Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Lima: 23 de julio de 2021), 30. https://cdn. www.gob.pe/uploads/document/file/2063277/DS%20005-21-DE.pdf.pdf (consultado el 10 de mayo de 2022).

4 Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, Organización de las Naciones Unidas (2015), 28, https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf (consultado el 19 de mayo de 2022).

5 IOM, “Quienes somos”, International Organization for Migration (2022), https://peru.iom.int/es/quienessomos (consultado el 23 de mayo de 2022).

6 Ministerio del Interior, “Decreto Legislativo n.° 1350, Migraciones”, Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Lima: 7 de enero de 2017),56-57, https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-demigraciones-decreto-legislativo-n-1350-1471551-2 (consultado el 30 de mayo de 2022).

7 IOM, “Glosario de la Organización Internacional para las Migraciones”, en Derecho Internacional sobre migración, International Organization for Migration (2020), 134, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml34-glossary-es.pdf (consultado el 2 de junio de 2022).

8 R4V, “Refugiados y Migrantes de Venezuela”, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2022), https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes (consultado el 11 de abril del 2022).

9 INEI, “Resultados de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País- ENPOVE”, Instituto Nacional de Estadística e Informática (Lima: 27 de junio de 2019), 1-3, https://www.inei.gob.pe/media/ MenuRecursivo/noticias/np116_2019.pdf (consultado el 30 de mayo de 2022).

10 Banco Mundial, “Una oportunidad para todos: Los migrantes y refugiados venezolanos y el desarrollo del Perú”, World Bank Group (Lima: noviembre de 2019), 23, https://documents1.worldbank.org/curated/ en/107621574372585665/pdf/Una-Oportunidad-para-Todos-Los-Migrantes-y-Refugiados-Venezolanos-y-elDesarrollo-del-Per%C3%BA.pdf (consultado el 30 de mayo de 2022).

11 Koechlin, et al., “Impacto de la Inmigración venezolana en el mercado laboral…”, 30-31. 12 Banco Mundial, “Una oportunidad para todos. Los migrantes y refugiados…”,169. 13 Ibíd., 55. 14 Ministerio de Defensa, “DS n.° 005-2021-DE, ‘Política Nacional Multisectorial de Seguridad…”, 30. 15 Koechlin, et al., “Impacto de la Inmigración venezolana en el mercado laboral…”, 66-68. 16 Marta Castro y Xenia Mejía, “Una mirada a la migración venezolana y seguridad ciudadana en Perú”, Studocu (Lima: octubre 2020), 16-17, https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-trujillo/

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investigacion-iv/migracion-seguridad-final/15191833 (consultado el 13 de abril del 2022).

17 Ibíd., 34. 18 Dany Bahar, Meagan Dooley y Andrew Selee, “Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsa. Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile”, Migration Policy Institute (septiembre 2020), 21, Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas: Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile (migrationpolicy. org) (consultado el 1 de junio de 2022).

19 Organización Internacional para las Migraciones y Ministerio Público del Perú, “El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana”, International Organization for Migration (marzo 2022),

43,

https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbdl951/files/documents/oim_peru_interagc_dp.2218_estudio-

migracionypercepcion-de-inseguridad_26abr.pdf (consultado el 18 de setiembre de 2022).

20 Ibíd., 44.

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Hebert José Pari Navarro

La Energía Eólica en el Desarrollo y la Seguridad Energética del Perú Hebert José Pari Navarro

Resumen En el marco de la política energética nacional, el Ministerio de Energía y Minas sigue los lineamientos para contar con una matriz energética diversificada en el país. El desarrollo de fuentes de energía renovable y la eficiencia energética deberían ser objetivos centrales de la política energética del Perú, al brindar energía limpia y segura. Actualmente, los combustibles fósiles son la principal fuente de energía a nivel mundial, pero también son los principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Por lo tanto, se requiere la sustitución gradual de energía de combustibles fósiles por la proveniente de fuentes renovables, acompañada de un uso más eficiente. Considerando la situación del sector energético del país, en este artículo se ofrece una propuesta para aprovechar la energía eólica en el Perú y lograr la diversificación de la matriz energética, involucrando tanto al Estado como al sector privado. Palabras clave: Energía Renovable, Energía Eólica, Cambio Climático, Política Energética, Matriz Energética, Desarrollo Sostenible.

Introducción La demanda de energía y el desarrollo de un país son ámbitos estrechamente relacionados. Por ello, la energía renovable -cuya demanda va en aumento- se evidencia como un motor del desarrollo sostenible a nivel mundial. Para tener un balance y mayores perspectivas del aporte de la energía al desarrollo sostenible en el Perú, se debe ponderar la efectividad de los enfoques de las políticas públicas, en particular de la política energética, a través del balance de los factores utilizados en su gestión y vinculación al desarrollo sostenible en el país.1 En ese sentido, en este artículo se analiza la situación actual de la energía eólica en el contexto nacional e internacional, teniendo en cuenta que las reservas globales de

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La Energía Eólica en el Desarrollo y la Seguridad Energética del Perú

hidrocarburos se están agotando, lo cual está impulsando el desarrollo de sistemas energéticos basados en fuentes renovables. Asimismo, considerando que el nivel eólico en el Perú es bajo, se analiza el mapa eólico para identificar las zonas de mayor potencial en el país. Igualmente, se describen las tendencias de las políticas de apoyo y de financiación a nivel nacional, abordando la importancia del desarrollo de proyectos eólicos en un entorno favorable que garantice el éxito de la aplicación de dichas políticas. Sin duda, el Perú tiene una gran oportunidad para explotar la energía eólica y, por ende, la generación de electricidad, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética nacional y brindando múltiples beneficios. Todo ello, enlazado tanto con políticas de promoción de energías renovables, como con el conocimiento y buen uso de los avances tecnológicos que permitan implementar proyectos eólicos competitivos.

La Energía Eólica en el Contexto Internacional La energía eólica es la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire para producir electricidad mediante aerogeneradores conectados a las redes de distribución, evitando la contaminación ambiental. Actualmente, los parques eólicos son una fuente de energía cada vez más competitiva, ya que pueden proporcionar electricidad en regiones aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica. El crecimiento de la energía eólica ha promovido la construcción de parques eólicos marinos (parques eólicos offshore) situados cerca de las costas. Sin embargo, sus costos de construcción y mantenimiento son considerables.2 Las energías renovables suministran el 10.8 % de la energía primaria en el mundo, constituyendo la cuarta fuente de energía más importante a nivel global. La industria de energía eólica ha centrado su dinamismo en Europa y Estados Unidos, pero se han abierto nuevos mercados en Asia y América del Sur. Asimismo, los parques eólicos instalados en zonas marítimas han trazado una nueva frontera para el desarrollo de la energía eólica, contribuyendo significativamente a la diversificación de la matriz energética.3 A nivel mundial, la energía eólica instalada creció un 53 % en el año 2020, hasta situarse en 743 Gigavatios (GW), según datos del Global Wind Energy Council. El año 2020 ha sido, hasta el momento, el mejor año de la historia para la industria eólica 30

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mundial con 93 GW de nueva capacidad instalada, siendo China, Estados Unidos, Alemania, India y España, los primeros productores mundiales. En ese contexto, las tendencias más significativas se dirigen a consolidar el desarrollo tecnológico en los aerogeneradores, interconexión a la red, incentivos económicos e implementación de parques eólicos off shore. Algunas de las principales economías del mundo están obligadas a depender -cada vez más- del combustible importado, que puede provenir de lugares en conflictos y de inestabilidad económica y política, constituyendo una amenaza para la seguridad de los suministros. Contrario a ello, la energía eólica es una fuente de energía propia y abundante, permanentemente disponible y con costos estables. Desde la década de 1980 -en la que se desplegaron los aerogeneradores comercialeshasta la fecha, se han logrado avances en capacidad, eficiencia y diseño visual. Actualmente, la turbina más grande fabricada tiene capacidad de más de 5 Megavatios (MW), con palas sobre los 100 metros, siendo más modulares y fáciles de instalar. Por un lado, Dinamarca es el líder de la manufactura de auto generadores con el 30 % del mercado global, mientras que, por otro lado, China es la mayor potencia en lo que respecta a generación de energía eólica, con 288 GW en el año 2020. En América Latina y el Caribe, Brasil posee la mayor capacidad instalada de energía eólica con 21,161 MW, seguido por México con 7,692 MW. Por su parte, el Perú se encuentra en sexto lugar con 409 MW. América del Sur tiene una población de densidad baja y aislada por largas distancias; por ello, la energía eólica tiene un enorme potencial. Para el año 2025, Brasil proyecta generar el 69 % (31.6 GW) de la capacidad eólica instalada en América Latina, convirtiéndose en el líder regional de la fabricación de turbinas eólicas y de ensamblaje. Otro factor del crecimiento de Brasil es la presencia de fabricantes internacionales como General Electric y Alstom, que están poniendo en marcha instalaciones de turbinas eólicas en el país.4

La Energía Eólica en el Contexto Nacional El Estado Peruano, como administrador de los recursos naturales y de los servicios públicos de electricidad, asigna al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el rol de otorgar concesiones eléctricas y promover la inversión privada en el sector, a fin de asegurar el abastecimiento de la energía requerida para el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población. En el subsector

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eléctrico, la supervisión, regulación y fiscalización la realiza el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.5 El actual marco regulatorio del sector eléctrico se inicia en el año 1992, con la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamentación. Dicho marco regulatorio ha introducido importantes cambios en el sector, entre los que resalta la eliminación del monopolio del Estado y la separación en tres actividades: generación, transmisión y distribución. El fomento de la participación del sector privado está instrumentado a través de concesiones o autorizaciones otorgadas por el MINEM, a lo que se suma el establecimiento del principio de acceso abierto para el uso de las instalaciones de transmisión y distribución. En el año 2008, el MINEM elaboró un estudio previo para determinar el potencial eólico nacional y elaborar el primer atlas eólico del país, utilizando un modelo de simulación atmosférica para reproducir los patrones de viento, relacionado con las características del terreno y topografía.6 Posteriormente, en el año 2015, en el marco del “Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú,” se convocó el concurso para el desarrollo del “Estudio para Aprovechamiento Eólico con Fines Energéticos y Actualización del Atlas Eólico del Perú.” El resultado fue el “Atlas Eólico del Perú 2016,” el cual muestra las áreas más favorables para desarrollar proyectos eólicos, incluyendo datos de ubicación, altitud e información sobre zonas excluyentes y áreas protegidas. En abril de 2016, el MINEM señaló que el potencial eólico aprovechable del Perú es de 22,452 MW2, habiéndose utilizado -a esa fecha- solo 239 MW2 en centrales de generación eléctrica, es decir el 1 % del potencial total, de acuerdo a la siguiente tabla: N°

Parques eólicos

MW

Inversión

1

Marcona (Ica) – 2014

32

US$ 61.1 millones

2

Cupisnique (La Libertad) - 2014

83.15

US$ 242 millones

3

Talara (Piura) – 2014

30.86

US$ 101 millones

4

Tres Hermanas (Ica) - 2016

97.15

US$ 186 millones

5

Wayra I (Marcona)

132

US$ 165 millones

6

Duna (Cajamarca)

18

US$ 20 millones

7

Huambos (Cajamarca)

18.8

US$ 20 millones

En la actualidad, las siete centrales eólicas en operación suman una capacidad instalada de 408 MW, generando, entre enero y setiembre de 2022, el 3.1 % de la producción de energía eléctrica a nivel nacional.7 Las tres centrales de mayor capacidad se encuentran en la región

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Ica (Tres Hermanas, Wayra I y Parque Eólico Marcona), seguidas de Cajamarca (Duna y Huambos), La Libertad (Cupisnique) y Piura (Talara). Cabe resaltar que existen tres proyectos eólicos (Wayra Extensión, Parque Eólico San Juan y Punta Lomitas) que representan una inversión conjunta de aproximadamente 600 millones de dólares y que cuentan con concesión definitiva, elevando la capacidad instalada a 499 MW en el Perú.8

En base al atlas eólico elaborado, se puede precisar que existe un gran potencial para nuevos proyectos eólicos que traerán inversión, generarán empleos y ayudarán a cubrir la demanda eléctrica con una fuente de energía renovable pura. Por consiguiente, se debe afianzar la presencia de las energías renovables en la matriz energética del país para satisfacer las necesidades de una generación eficiente y, sobre todo, sostenible.

Análisis Estratégico En el Perú, las políticas públicas en este ámbito no se encuentran actualizadas, requiriéndose un sistema regulatorio más estable, moderno y basado en precios fijos durante la vida útil del parque eólico, debiendo apostarse por una estabilidad retributiva. Asimismo, se debe promocionar una cuota de electricidad producida a través de fuentes renovables, apoyados por certificados o el empleo de la teoría de los clústeres (modelo diamante), como herramientas que fueron utilizadas con éxito por países europeos. Igualmente, el nivel de retorno de los proyectos eólicos dependerá del monto de la inversión y costo de capital. Por lo tanto, la ejecución de los objetivos de inversión en energía eólica estará determinada por el capital privado en el desarrollo de nuevos parques eólicos. Adicionalmente, existen organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que buscan promover las energías renovables, mediante la discusión entre grupos de poder políticos y económicos. Estas organizaciones realizan cumbres mundiales, como la efectuada en Chile el año 2021, a fin de promover políticas para avanzar en tecnologías de energía limpias y acelerar la innovación en energías renovables a nivel mundial.9 También es importante indicar que algunos ecologistas vienen cuestionando la construcción de centrales eólicas en zonas protegidas, debido a su impacto en el paisaje, la reducción de la calidad de onda de energía, entre otros. En ese contexto, se propone la siguiente visión estratégica para el Estado peruano: “Constituir la energía eólica como fuente de generación de energía eléctrica eficiente y rentable para el año 2050, con una participación de 2,500 MW en la matriz energética nacional.” Para ello, se

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deberían establecer los mecanismos que faciliten el empleo de la energía eólica como parte de las energías renovables, con el fin de contribuir en el suministro de energía con precios competitivos y tecnología de punta, reduciendo la contaminación ambiental. En tal sentido, se pueden identificar los siguientes aspectos en base a un análisis FODA: Oportunidades

Amenazas

• Resultados exitosos en países vecinos

• El gas natural

• Demanda insatisfecha

• Paneles solares en zonas rurales

• Evidencia de contaminación por el uso de energías no renovables

• Degradación de las condiciones climáticas

• Presión de entidades internacionales Fortalezas

Debilidades

• Indicadores económicos favorables

• Desactualizadas políticas de promoción

• El país tiene facilidades de financiamiento

• Escasa mano de obra especializada

• Esfuerzo creciente de ambientalistas

• Bajo conocimiento de las ventajas

Considerando estos aspectos, se pueden plantear las siguientes estrategias: Estrategias FO

Estrategias DO

• Difundir los éxitos del empleo de esta tecnología

• Realizar programas de capacitación técnica y profesional

• Difundir las ventajas ambientales

• Identificar zonas de gran potencial eólico

• Posicionar a la energía eólica como sostenible

• Establecer políticas para promover la energía eólica

Estrategias FA • Monitorear el cambio climático • Diversificar la matriz energética • Participar en Cumbres y Congresos

Estrategias DA • Difundir los proyectos exitosos de países vecinos • Establecer convenios de transferencia tecnológica

Por consiguiente, los objetivos estratégicos al 2050 deberían ser los siguientes: (1) Incrementar la competitividad de la energía eólica para alcanzar la eficiencia y eficacia en la generación de energía eléctrica, con la participación del Estado, mediante políticas de incentivo tecnológico y fuentes de financiamiento; (2) Ubicar a la energía eólica como una alternativa para contribuir a la diversificación de la matriz energética y la sostenibilidad; y (3) Alcanzar los 2,500 MW de capacidad instalada de fuentes de energía eólica. Para alcanzar estos objetivos, se requiere promulgar una Ley específica para el fomento de energías renovables, modificar la política arancelaria, y establecer una cadena de suministros con alto nivel de calidad. Igualmente, se necesita realizar una adecuada asignación de recursos financieros (con apoyo del Estado para el financiamiento 34

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inicial), recursos humanos (con programas de capacitación nacional e internacional) y recursos tecnológicos (con sistemas de información cuantitativa y de gestión del conocimiento).

Conclusiones El cambio climático obliga a la investigación y desarrollo de energías limpias y eficientes, como la energía eólica. Para lograr la sostenibilidad de la energía eólica en el Perú, esta debe ser dirigida a sectores productivos como el pesquero, la agroindustria y la minería, especialmente en zonas geográficas favorables para el recurso eólico, como la Región Ica. Para tal fin, se requiere, sin embargo, de voluntad política e inversión privada. En ese sentido, debe existir un marco normativo orientado a incentivar la generación de energía eólica, trabajar de manera más específica en áreas potenciales, preparar profesionales competentes, y promocionar el uso de la tecnología eólica a nivel nacional. El desarrollo de energía eólica muestra una tendencia ascendente y se presenta como una oportunidad para el cambio sustancial en la política energética nacional. Consecuentemente, el MINEM y el Ministerio del Ambiente, mediante cumbres y alianzas con organismos internacionales, deben generar programas destinados a crear una conciencia ambiental y de responsabilidad en el uso de energías renovables, particularmente el de generación de electricidad a través de energía eólica. Asimismo, el MINEM debe ser el organismo del Estado responsable de implementar las estrategias planteadas, mediante una gestión anual de indicadores establecidos para los objetivos y las acciones estratégicas.

Hebert José Pari Navarro Coronel del Ejército del Perú, Doctor en Ciencias de la Educación por Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Maestro en Ciencias Militares por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Maestro en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega e Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, ha realizado los diplomados en Gestión por Procesos y en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo en la Universidad ESAN. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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La Energía Eólica en el Desarrollo y la Seguridad Energética del Perú

Notas Finales 1

José Carlos Machicao y Juan Olazábal, “Balance y perspectivas del aporte de la energía al desarrollo

sostenible en el Perú” en Matriz energética en el Perú y energías renovables, Fundación Friedrich Ebert FES (Lima: 2013), 24-29, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/peru/10182.pdf

2 Appa renovables, “Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España”, Asociación de Empresas de Energías Renovables (España: 2 de junio de 2022), https://www.appa.es/info-renovables-01-2022sostenibles/

3

AEE, “La eólica en el mundo”, Asociación Empresarial Eólica (España, 2 de junio de 2022), https://

aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-en-el-mundo/#:~:text=%20La%20energ%C3%ADa%20e%C3%B3lica%20 instalada%20en,GW%20de%20nueva%20capacidad%20instalada

4 Ibíd. 5

Ministerio de Energía y Minas. “Aprueban la Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040”,

Plataforma digital única del Estado Peruano (Lima: 2010), https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898446/ DS-064-2010-EM.pdf

6 Consultores energía & regulación, Arcan Engineering y Cenergia, “Elaboración de la nueva matriz energética sostenible y evaluación ambiental estratégica, como instrumento de planificación”, Ministerio de Energía y Minas (Lima: 2 de febrero de 2012), https://www.gob.pe/minem/archivos/file/DGEE/eficiencia%20energetica/ publicaciones/guias/Informe_completo_Estudio_NUMES.pdf

7 Osigergmin, “Tecnologías de RER y nuevas tendencias energética”, en La industria de la energía renovable en el Perú: 10 años de contribuciones a la mitigación del cambio climático, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 1ra Edición (Lima: 2017), 37-45, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607079/0001convertido-comprimido.pdf?v=1587594139

8 Ibíd. 9 Consultores, Arcan y Cenergia, “Elaboración de la nueva matriz energética sostenible …”

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Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo Jorge Denegri Boltan

Resumen La estrategia de seguridad y desarrollo nacional identifica actividades económicas que permitan orientar los esfuerzos de la carga laboral hacia los intereses nacionales. La construcción naval es una actividad dentro de la industria naval que favorece el desarrollo económico, genera puestos de trabajo altamente calificados, mejora la competitividad del país; sin embargo, necesita -fundamentalmente- de la participación del Estado para su sostenimiento en el tiempo. Para el caso peruano, la Marina de Guerra del Perú (MGP) y los Servicios Industriales de la Marina S.A. actúan como socios estratégicos. En ese sentido, la MGP cuenta con planes aprobados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para el reemplazo de sus unidades navales, evidenciándose como pendiente impostergable -en el marco de las funciones constitucionales de esta institución armada- el reemplazo de las actuales fragatas misileras tipo Lupo por las unidades multirol. El establecimiento de la “Mesa Ejecutiva para la implementación de la reforma de la Industria Nacional a través del Fortalecimiento de la Industria Naval en el Perú,” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es una buena señal para encarar este reto. Por consiguiente, solo queda ponerse de acuerdo y ver las fuentes de financiamiento que materialicen su sostenimiento en el mediano plazo. Palabras clave: Industria, Construcción Naval, Estrategias, Competitividad, Desarrollo Nacional, Defensa Nacional.

Introducción La Society of Naval Architects and Marine Engineers establece que la industria naval cuenta con categorías, siendo sus principales el diseño, construcción, manufactura, operación y reparación. Esta industria es representada por diversas firmas, compañías y astilleros, sustentados por un grupo de pequeñas empresas que brindan bienes Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo

y servicios conexos.1 Como toda actividad comercial, requiere de un proceso de planeamiento estratégico para una adecuada toma de decisiones, que permita evitar el impacto de los riesgos en el negocio, así como medir sus metas para lograr los objetivos planteados, empleando un proceso de retroalimentación para implementar los cambios a las estrategias del negocio, que suelen ser altamente volátiles. La construcción naval es una de las actividades que ha permitido a numerosos países mantener una capacidad estratégica industrial, convirtiéndose en una fuente permanente de desarrollo nacional. Para el caso de la construcción de buques de guerra, es resaltante la participación del Estado como actor principal en el establecimiento de políticas y planes, así como la aprobación de los programas de construcción alineados a las estrategias de seguridad y defensa nacional, que conllevan a la mejora del desarrollo tecnológico y a la diversificación económica local. Este mecanismo fue implementado en el Perú durante la década de 1980 con la construcción de las fragatas misileras clase Lupo de diseño italiano en los Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), lo cual generó puestos de trabajo altamente especializados, obteniéndose una transferencia tecnológica de relevancia para la época.2 La Marina de Guerra del Perú (MGP) ha considerado -en el marco de sus planes estratégicos- la construcción de las unidades multirol para reemplazar a las fragatas misileras, asunto que se ha convertido en un pendiente impostergable para la Nación, ya que representan la manifestación del poder naval nacional,3 permitiendo -conforme al mandato Constitucional- garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial en el ámbito marítimo, razón de ser de la MGP.4 Al respecto, en este artículo se analiza si el potencial nacional para la construcción naval coincide con las experiencias de otros países, las cuales han permitido el reemplazo sostenible de sus escuadras nacionales. Para ello, inicialmente, en este artículo se aborda la visión estratégica del Perú respecto a la industria naval; posteriormente, se analiza la experiencia desarrollada en otros países con sus distintos matices; y, finalmente, se examina la estructura del modelo peruano de construcción naval y su impacto en los intereses nacionales.

Forjando el Acero para una Visión Estratégica La estrategia de seguridad y defensa nacional establece los intereses que busca un Estado, expresa la visión estratégica nacional para lograr sus objetivos, y plantea garantizar la integridad de la nación combatiendo amenazas, a fin de moldear un

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ambiente seguro para el desarrollo y el bienestar general. Estos intereses nacionales pueden darse en el campo político, económico, social y cultural.5 Hoy en día, el Perú dispone de un instrumento de gestión, promulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), denominado la “Mesa Ejecutiva para la implementación de la reforma de la Industria Nacional a través del Fortalecimiento de la Industria Naval en el Perú,”6 el cual busca promover y proponer acciones específicas que impulsen la industria naval, en beneficio del desarrollo económico del país. Este es un gran paso para mejorar las potencialidades tanto de las reparaciones navales como de la construcción naval nacional. El siguiente paso es la identificación del financiamiento que permita que la actividad sea plenamente sostenible en el tiempo, como se verá en el análisis de los casos extranjeros. La estrategia nacional incluye el concepto de “estrategia marítima,” que considera a la construcción naval como una actividad generadora de desarrollo a través no solo de mano de obra altamente calificada, sino de un conjunto de procesos industriales certificados con estándares de calidad. En los casos de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países, se puede decir que se emplean cuatro criterios principales: (1) la estrategia naval y planes de largo plazo, base industrial de la construcción naval; (2) la mano de obra y administración de gestión de proyectos, determinando que estos países desarrollan sus flotas navales a través de la estrategia; (3) la visión de largo plazo; y (4) los objetivos que persiguen y proyectos que resulten de ella.7 Sin duda, esto expresa un pensamiento unificado e interrelacionado, que ataña a un sinnúmero de actividades económicas menores que fortalecen el desarrollo nacional.

Estrategias Foráneas de Construcción Naval En el año 2017, el Departamento de Defensa australiano publicó el plan de construcción naval, donde argumenta -principalmente- los beneficios de dicha propuesta (diversificación de la economía local, generación de empleo altamente especializado, entre otros) y su impacto en el desarrollo nacional. Este plan ha sido estructurado en tres programas de construcción naval: el primero, orientado a los buques de guerra de primera línea; el segundo, a unidades submarinas; el tercero, a buques auxiliares de menor porte. Esta visión alineada a su estrategia nacional,8 manifiesta abiertamente su interés de desarrollo económico a través de las políticas de defensa nacional, mejorando las capacidades militares de la Nación en pos de protegerla contra las amenazas que atentan a su seguridad. Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo

Según el investigador John Birkler, la Real Armada de Reino Unido es el único cliente militar de los astilleros de la industria naval británica, situación que no favorece la competitividad de la industria nacional, ya que la capacidad instalada supera significativamente la demanda de la construcción naval de buques, haciéndola -en ocasiones- insostenible. Esta situación se repite para muchos países, por lo que cabe hacerse la siguiente pregunta, ¿Debe ampliarse la industria naval a otros mercados, sobre todo al ser una actividad influenciada por factores exógenos?9 Esto exige ampliar la estrategia geopolítica nacional para influenciar a través de la industria naval a países aliados o de interés nacional. Para el caso británico, Hans Pung, presidente de RAND Europe, ha identificado capacidades estratégicas para los próximos 30 años, orientadas a los sistemas de combate, construcción naval e integración, entre otros.10 Como se observa, la preocupación prospectiva para el sector es contar con una sostenibilidad a través de programas de construcción como parte de su estrategia nacional. Esta visión coincide con lo plasmado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el cual ha manifestado su ambición de contar con una industria naval fuerte y sólida, que demande una gran mano de obra local, y que cuente con un gran potencial de desarrollo de largo plazo alineado a los intereses nacionales, dando confianza a la fuerza laboral empleada a través de su plan de construcción naval para la Real Armada.11 Esta es una política que se evidenciará recurrentemente en los países del primer mundo. Los canadienses, a través del Departamento Nacional de Defensa, argumentan que la construcción naval no debe de ser considerada únicamente como un concepto ligado a la simple construcción de un casco, sino, más bien, como una computadora con características de flotabilidad, y que razona inteligentemente. Este concepto está respaldado por la investigación de una industria de defensa emergente, que permite contar con una tecnología de diseño y construcción naval avanzada, combinada con altos estándares de investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la productividad a nivel local. Lo más resaltante del modelo canadiense es la transparencia que divulga en materia del gasto público, lo que permite generar confianza en la población, y evitar suspicacias de malos manejos y actos de corrupción. Asimismo, la contratación de astilleros para la renovación de unidades navales pasa por un análisis de su marco presupuestal. Esto es planteado a modo de interrogante por el Contralmirante (r) Ian Mack, quien afirma que la estrategia planteada en el año 2008 fue, en su momento, audaz, a pesar de la resistencia empresarial para su implementación, pero sigue siendo considerada como la única salida viable por el momento.12 Consecuentemente,

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la industria y la construcción naval demandan un esfuerzo sostenido del Estado para alcanzar los intereses y objetivos nacionales planteados, así como el desarrollo económico y la defensa nacional. Los Estados Unidos, tal y como lo ha planteado Christine L. Komoroski, consideran que el empleo de láseres en la producción y la tecnología de la información para los procesos internos de la industria, traen consigo un sinnúmero de ventajas tecnológicas, que no solo minimizan tiempos productivos y mejoran la eficacia, sino también estandarizan procedimientos, adaptándose rápidamente a la burocracia interna del mundo moderno bajo un concepto mixto entre lo privado y lo público.13 Un aspecto central del proceso siempre será el correspondiente a los recursos humanos, por lo que la investigadora Jessie Riposo plantea una estrategia balanceada entre la asignación de la carga y la fuerza laboral, donde las decisiones estratégicas no estén limitadas por las leyes que dictan cuándo, dónde y quién puede realizar el mantenimiento o construcción;14 sino más bien, donde se cuente con un sistema compensado y en perfecto balance; de lo contrario, en ocasiones se tendría una capacidad instalada productiva y, en otras, ociosa. El Comandante de Operaciones Navales de la Armada de los Estados Unidos resalta que el plan proyectado para los próximos 30 años busca contar con una fuerza naval moderna, donde la construcción naval es un pilar para sostener la seguridad nacional a través del reemplazo del material que ha perdido capacidades militares frente a las amenazas vigentes.15 Es importante resaltar este ejemplo porque en él se observa la visión de esta alta autoridad militar, que no solo tiene la mirada puesta en la defensa nacional, sino también en el fortalecimiento de las potencialidades de la industria naval, como binomio estratégico de desarrollo y seguridad nacional.

Estrategias Tradicionales de Desarrollo Competitivo Peruano En el año 1999 se promulgó la Ley N° 27073, Ley de los Servicios Industriales de la Marina S.A., que tiene como finalidad promover y desarrollar la industria naval, así como las industrias complementarias y conexas, siendo su principal razón las relacionadas a la construcción y reparación de buques de la MGP,16 declaración que evidencia la importancia que tiene para el Estado peruano la industria naval nacional. Esta empresa seguirá operando sin mayores competidores debido -principalmentea la crisis mundial de los últimos años,17 circunstancia que no alienta la competitividad local si el Estado no tiene una participación directa en la materia y, peor aún, ya que deja sin márgenes de desarrollo a la industria naval. Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo

La construcción naval de alto bordo en el Perú aún tiene varios problemas pendientes de solución, siendo el principal la pérdida de su influencia en la región del Pacífico Sur. En el Perú, solo SIMA-PERÚ S.A., en su sede del Callao, permite la construcción naval de alto bordo de más de 2,000 DWT, deadweight por sus siglas en inglés.18 Por otro lado, no se cuenta con una política sostenible que garantice la continuidad de la construcción naval en el tiempo, generando bajos niveles de productividad, desactualización tecnológica y alta rotación de los recursos humanos a otras actividades más rentables. Al respecto, el profesor Jorge Benzaquen describe algunas propuestas para desarrollar la construcción naval de alto bordo. En primer lugar, está el interés del Estado en participar de esta actividad y alinearla con otras estrategias nacionales; seguidamente, contar con alianzas estratégicas con astilleros internacionales que le permitan mejorar sus capacidades de producción; finalmente, definir un proveedor estratégico de insumos de producción nacional -como puede ser el acero naval-, lo que permitirá tener una competitividad para desarrollar la industria naval peruana en el mediano plazo,19 tal y como ocurrió en años anteriores durante la construcción de las fragatas misileras. Además, la construcción naval tiene una estrecha relación con la ubicación estratégica de los países. Para el caso peruano, su situación geográfica en la región es potencialmente competitiva, con una salida por la parte central del Pacífico Sur y su extensa costa; sin embargo, cuenta con una gran brecha en su infraestructura, líneas de producción, I+D, entre otros aspectos, donde la participación del Estado a día de hoy es mínima.20 Esto no permite explotar las características del Callao como un puerto hub para el crecimiento de la industria naval y sus actividades conexas, tal y como planteado por Mario Alor en su diseño de un clúster marítimo que albergue a los astilleros en el marco de la Política Nacional Marítima,21 y donde SIMA-PERÚ S.A. es la entidad más representativa de la industria naval nacional.22 Asimismo, para Iván Talavera y Juan Velarde, las remuneraciones que la industria naval debe ofrecer tienen que estar acordes con la especialización técnica y tecnológica de la actividad.23 Esto, en el caso de SIMA-PERÚ S.A., es un gran reto a conseguir, ya que al pertenecer al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) tiene ciertas restricciones en las escalas salariales que le impiden ofrecer mejores remuneraciones que las del mercado local, situación que frena la competitividad de la empresa. En los últimos años, SIMA-PERÚ S.A., a través de su sede SIMA-Callao, ha construido el B.A.P. “Pisco” (AMP-156) y el B.A.P. “Unión” (BEV-161), mientras que el nuevo B.A.P. “Paita” se encuentra en plena construcción. Igualmente, queda pendiente el reemplazo 42

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de las fragatas misileras de 2,600 DWT, buques de guerra de primera línea que están llegando al término de su vida útil en el servicio naval. Dos de estos buques fueron construidos en las gradas de SIMA-Callao, momento donde se alcanzó el pico más alto de competitividad y de inversión en capacitación en la historia del Perú, trayendo consigo una alta demanda de estándares en la construcción naval, que permitió contar con una tecnología de punta y un cambio de paradigmas en la doctrina naval y el empleo de la escuadra nacional. Sin duda, la tecnología modela la doctrina y la táctica de una Flota Naval.24 Para finalizar, la MGP -en su calidad de cliente estratégico de SIMA-PERÚ S.A.- es una entidad que encarga proyectos en el marco de sus programas de construcción naval. Esta interdependencia requiere asumir ciertos riesgos y decisiones estratégicas al encontrase ambas partes íntimamente vinculadas, como ya descrito. Por lo tanto, se debe establecer la estrategia para el reemplazo de la escuadra nacional, tal y como considerado en los planes estratégicos de la MGP y aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) desde el año 2014.25 Esta situación si bien representa una ventaja para la gestión pública de los proyectos de inversión, no cuenta con el marco presupuestal para su implementación. Es aquí donde se tienen que asumir los retos con un enfoque optimista para ver el asunto como una oportunidad que permita encontrar fuentes de financiamiento que se alineen con las políticas públicas y el marco legal vigente. La norma para la “Mesa Ejecutiva para la implementación de la reforma de la Industria Nacional a través del Fortalecimiento de la Industria Naval en el Perú”, aprobada por el MEF el 6 de septiembre del 2022, es un hito que da inicio a un mejor porvenir para este sector industrial y para la Defensa Nacional.

Conclusiones La construcción naval en el Perú debe ser considerada como una actividad productiva en el más alto nivel del Estado, a través de la estrategia de seguridad y defensa nacional. Esto establecerá mecanismos para mejorar las capacidades y competitividad del país, empleando alianzas estratégicas en el corto y mediano plazo con astilleros de prestigio internacional para la producción de bienes y servicios de calidad que permitan el cierre de las brechas tecnológicas existentes. Asimismo, los modelos extranjeros confirman que, sin la participación del Estado, la industria naval no puede sostenerse en el tiempo, ya que tiene que mantener un balance entre la fuerza y la carga laboral, haciendo de la construcción naval una de las actividades del desarrollo económico Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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local que beneficie directamente a los intereses y objetivos nacionales. Sin duda, el establecimiento de la Mesa Ejecutiva por parte del MEF es una buena señal para encarar el problema nacional y entender los verdaderos potenciales de la industria naval, considerando que los planes estratégicos de la MGP se encuentran aprobados por el COSEDENA, y que evidencian que el reemplazo de la escuadra nacional es un pendiente impostergable para la Nación. Ahora solo queda ponerse de acuerdo y ver las fuentes de financiamiento que materialicen su sostenimiento en el mediano plazo.

Jorge Denegri Boltan Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, Master en Gestión de Procesos por el Grupo CTO Business Excellence School y Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó el Curso de Especialización en Planeamiento Estratégico en el Sector Público. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1

Thomas Lamb, “Ship Design and Construction”, The Society of Naval Architects and Marine Engineers

(2003), 3-16, http://www.highlightcomputer.com/NArch%20502%20%20Ship%20Design%20and%20Construction. pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

2

John Rodríguez Asti, “Las fragatas Lupo: Una breve mirada retrospectiva y perspectivas”, Revista de

Marina, año 95, n.º 3 (Perú: julio-diciembre 2002), https://issuu.com/historianaval/docs/las_fragatas_lupopdf/1

3

IEHMP, “Fundamentos de doctrina marítima”, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú

(diciembre 2012), https://archivohistoricodemarina.mil.pe/product/fundamentos-de-doctrina-maritima/

4

Congreso de la República, “Constitución Política del Perú”, Edición del Congreso de la República (mayo 2016),

https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf, (consultado el 20 de agosto de 2022).

5

Rubén Herrero de Castro, “El concepto de interés nacional” en Evolución del concepto de interés

nacional, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Madrid: abril 2010), 19, https://publicaciones.defensa. gob.es/media/downloadable/files/links/m/o/monografia_115.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

6

Ministerio de Economía y Finanzas, “Resolución Ministerial n.° 170-2022-EF/10, conforman la ‘Mesa

Ejecutiva para la implementación de la reforma de la Industria Nacional a través del Fortalecimiento de la Industria Naval en el Perú’”, El Peruano (13 de julio de 2022), https://busquedas.elperuano.pe/download/url/conformanla-mesa-ejecutiva-para-la-implementacion-de-la-re-resolucion-ministerial-n-170-2022-ef10-2086219-1 (consultado el 20 de agosto de 2022).

7

Andrija Ljulj, Vedran Slapnicar y Izvor Grubisic, “Current Approaches to the Management of Naval

Shipbuilding Projects”, Brodogradnja Vol. 72, n.º 1 (2021), http://dx.doi.org/10.21278/brod72105 (consultado el 20 de agosto de 2022).

8

Australian Government, “Naval Shipbuilding Plan”, Departament of Defence (2017), https://www.defence.

gov.au/sites/default/files/2020-05/NavalShipbuildingPlan.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

9

John Birkler, et al., “Differences between military and Commercial Shipbuilding: Implications for the

United Kingdom’s Ministry of Defence”, Rand Corporation (California: 2005), https://www.rand.org/content/dam/ rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG236.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

10 Hans Pung, et al., “Sustaining Key Skills in the UK Naval Industry”, Rand Corporation (California: 2008), https:// www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/2008/RAND_RB9349.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

11

Ministry of Defence, “National Shipbuilding Strategy: The Future of Naval Shipbuilding in the UK”,

National Shipbuilding Strategy (2017), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/643873/NationalShipbuildingStrategy_lowres.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

12

Ian Mack, “Emerging Lessons from the National Shipbuilding Procurement Strategy”, Canadian

Global Affairs Institute (marzo 2019), https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4134/attachments/ original/1555640628/Emerging_Lessons_from_the_National_Shipbuilding_Procurement_Strategy. pdf?1555640628 (consultado el 20 de agosto de 2022).

13 Christine L. Komoroski, “Reducing Cycle Time and Increasing Value through the Application of Knowledge Value Added Methodology to the U.S. Navy Shipyard Planning Process”, Calhoun Naval Postgraduate School (California: 2005),

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/376/NPS-AM-06-003.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(consultado el 20 de agosto de 2022).

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Construcción Naval: Forjando Antiguas Estrategias de Desarrollo Competitivo

14 Jessie Riposo, et al, “U.S. Navy Shipyards: An Evaluation of Workload – and Workforce - Management Practices”, Rand Corporation (California: 2008), https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/ RAND_MG751.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

15

Office of the Chief of Naval Operations, “Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for

Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2023”, Department of Defense US (Washington, DC: abril 2022), https://media.defense.gov/2022/Apr/20/2002980535/-1/-1/0/PB23%20SHIPBUILDING%20PLAN%2018%20APR%20 2022%20FINAL.PDF (consultado el 20 de agosto de 2022).

16

Congreso de la República, “Ley n.° 27073. Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-

PERÚ S.A.”, Servicios Industriales de la Marina (26 de marzo de 1999), https://www.sima.com.pe/transparencia/ mapafonafesp/1210_SIMAPERUSA_2013_LeyN_27073.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

17

Diana Feria, et al., “Planeamiento Estratégico para Servicios Industriales de la Marina – Callao”,

CENTRUM Graduated Business School (Perú: mayo 2016), https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/ handle/20.500.12404/14726/FERIA_IPANAQUE_PLANEAMIENTO_MARINA.pdf ?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 20 de agosto de 2022).

18 Jan Babicz, “Wärtsilä Encyclopedia of Ship Technology”, Wärtsilä Corporation (Helsinki: 2015), https:// www.wartsila.com/docs/default-source/marine-documents/encyclopedia/wartsila-o-marine-encyclopedia.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

19 Jorge Benzaquen, “La Industria Naval en el Perú”, CENTRUM Revista Strategia, n.° 42 (Perú: setiembre 2016), https://docplayer.es/59223642-La-industria-naval-en-el-peru.html (consultado el 20 de agosto de 2022).

20 Alexander Chui, et al., “Situación general de la industria de la construcción naval de Bajo Bordo”, en Revista Cultura Viva Amazónica, Vol. 1 n.° 2, Universidad Privada de Pucallpa (julio - setiembre 2016), https:// revistas.upp.edu.pe/index.php/RICCVA/article/view/25/17 (consultado el 20 de agosto de 2022).

21

Ministerio de Defensa, “Decreto Supremo n.° 012-2019-DE. Aprueba Política Nacional Marítima 2019-

2030”, El Peruano (20 de diciembre de 2019), https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremoque-aprueba-la-politica-nacional-maritima-20-decreto-supremo-n-012-2019-de-1839591-1 (consultado el 20 de agosto de 2022).

22 Mario M. Alor Hurtado, “Propuesta de diseño de la Política Nacional Marítima para promover el desarrollo de un clúster marítimo en el Perú para el período 2020 al 2050”, Escuela Superior de Guerra Naval (Perú: 2019), https://repositorio.esup.edu.pe/bitstream/20.500.12927/279/3/ALOR.pdf (consultado el 20 de agosto de 2022).

23 Iván R. Talavera López y Juan C. Velarde Pretel, “Análisis estratégico de la competencia del SIMA en el sector de reparaciones navales”, Universidad de Piura (diciembre 2021), https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/ handle/11042/5360/MDE_2126.pdf?sequence=2&isAllowed=y (consultado el 20 de agosto de 2022).

24 Wayne P. Hughes Jr., Fleet Tactics and Coastal Combat Segunda edición (Annapolis: Naval Institute Press, 2000).

25

Ministerio de Defensa, “Resolución Suprema n.º 654-2014-DE. Aprueba los Planes Estratégicos del

Ejército, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú”, El Peruano (5 de noviembre de 2014), https:// busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-planes-estrategicos-del-ejercito-marina-de-gue-rs-n654-2014-de-1160510-6 (consultado el 20 de agosto de 2022).

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LOS FINES GEOPOLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

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Alexandre Baretta

Operación Verde Brasil: Contribuciones y Retos para la Preservación de la Amazonía Alexandre Baretta

Resumen A lo largo de la historia brasileña, sus Fuerzas Armadas (FF. AA.) han estado presentes en prácticamente todo el territorio, garantizando la soberanía y contribuyendo al desarrollo nacional. En este contexto, el Ejército del Brasil es una de las instituciones del Estado con mayor número de efectivos y capacidad logística en la región amazónica, la misma que incluye uno de los biomas terrestres más importantes y codiciados del planeta. Actualmente, las pautas ambientales y la preservación de la Amazonía son temas que dominan el escenario internacional y requieren acciones efectivas de los gobiernos para la protección y desarrollo sostenible de este importante patrimonio. En ese sentido, en este artículo se analizan las contribuciones de la Operación Verde Brasil ejecutada entre los años 2019 y 2021 para proteger y preservar la Amazonía brasileña, a través de acciones de las FF. AA. tendientes a potenciar las capacidades de los órganos de fiscalización ambiental, limitando la deforestación y combatiendo a las organizaciones delictivas presentes en esta región. Palabras clave: Amazonía, Operación Verde Brasil, Protección Ambiental, Operaciones Interagenciales.

Introducción La preservación del medio ambiente es un tema que -con mayor frecuencia- ocupa la agenda internacional. A partir de la década de 1980, el tema de la seguridad internacional pasó a considerar, además de los aspectos militares, los aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales, estableciéndose así conceptos integrales para el análisis de la seguridad internacional, como los teorizados por la Escuela de Copenhague.1 Actualmente, debido a que el entorno internacional se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, esta situación expone a los estadosnación a diferentes tipos de amenazas convencionales y no convencionales. Una de Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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estas amenazas es la degradación ambiental que afecta negativa y significativamente la seguridad y el desarrollo nacional de los países, especialmente de aquellos con grandes extensiones de bosques, como los amazónicos. La Amazonía ocupa cerca del 60 % del territorio brasileño y es considerada una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.2 Además, diferentes estudios señalan la existencia de un gran potencial económico en dicha región, producto de sus ricos y vastos recursos naturales. Por lo tanto, esta situación atrae la codicia de actores nacionales e internacionales que buscan explotar los recursos, muchas veces sin consentimiento del Estado brasileño y sin preocupación por el desarrollo sostenible, afectando negativamente a este importante bioma terrestre. Para mantener la soberanía y la integridad territorial de la Amazonía brasileña, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) de Brasil cuentan con un gran número de efectivos, principalmente del Ejército, en dicha región.3 Adicionalmente, el Estado brasileño cuenta con órganos responsables de proteger el medio ambiente, a través de las inspecciones y la promoción del desarrollo sostenible. En este contexto de protección ambiental, el gobierno brasileño lanzó la Operación Verde Brasil entre los años 2019 y 2021.4 Esta operación se desarrolló en un ambiente interagencial y contó con la participación de varias instituciones ambientales, órganos de seguridad pública y las FF. AA. de Brasil. En ese sentido, en este artículo se describe el empleo de las FF. AA. brasileñas en el contexto de la Operación Verde Brasil a fin de verificar si ese empleo permitió mejorar las capacidades de las agencias públicas en la lucha contra los ilícitos ambientales en la Amazonía brasileña. Para ello, se realizará la caracterización del problema ambiental de la Amazonía brasileña, la revisión normativa relacionada con las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden en Brasil, así como la descripción de las acciones y resultados de las Operaciones Verde Brasil.

Amazonía Brasileña Brasil tiene una población estimada de 213 millones de habitantes y cerca de 8.5 millones de km2 de extensión, siendo el quinto país más grande del mundo.5 Asimismo, Brasil es considerado el principal país amazónico por albergar en su territorio la mayor parte de este bioma terrestre. El bioma amazónico, con cerca de 7 millones de km2, cubre la floresta tropical más grande del mundo y se extiende por el territorio de 50

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nueve países sudamericanos: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa (Francia), Guayana, Perú, Surinam y Venezuela.6 En el año 1953, el gobierno brasileño creó la región denominada “Amazonía Legal” con el objetivo de promover el desarrollo de esta área. Esta región cubre el territorio de nueve estados brasileños y tiene una población de alrededor de 28 millones de habitantes, con una densidad de población de 5.6 habitantes por km2, muy por debajo del promedio brasileño de 22.4 habitantes por km2. De esta forma, el 60 % del territorio brasileño está ocupado por solo el 13 % de su población.7 Una de las características más llamativas de la Amazonía es la gran biodiversidad que existe en este bioma terrestre. Los estudios estiman que existen más de 30 millones de especies animales en la región, buena parte de las cuales aún no ha sido encontrada y catalogada.8 De esta forma, la Amazonía tiene un gran potencial por descubrir y explotar. Además de la fauna, la región también cuenta con una exuberante y variada flora, la cual está formada por especies de alto valor comercial, como la caoba.

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Igualmente, la Amazonía tiene uno de los índices de precipitación pluvial más altos del mundo, lo que genera una gran disponibilidad de agua. Se estima que cerca del 20 % de toda el agua dulce de los ríos del planeta está presente en esta región, y que el 80 % del agua dulce del país se encuentra en la Amazonía.10 Otro aspecto que contribuye a que la Amazonía sea reconocida como una importante reserva hídrica es la presencia del Acuífero Alter do Chão, que es considerado el mayor del planeta, con aproximadamente 86 mil km3 de agua distribuida sobre una superficie de 400 mil km2, encontrándose íntegramente en la Amazonía brasileña. El citado acuífero tiene gran parte de su composición al aire libre, además de estar ubicado en una zona de baja densidad de población, lo que facilita su exploración.11 Toda esta riqueza atrae intereses económicos de diferentes sectores y actores, tanto a nivel nacional como internacional. Esta codicia -muchas veces- conlleva a una explotación desenfrenada e insostenible que genera diversos delitos ambientales que comprometen el equilibrio ecológico del bioma terrestre. Entre los principales delitos ambientales que ocurren en la Amazonía brasileña destacan los siguientes: (1) la tala ilegal, caracterizada por la tala selectiva de árboles de gran valor comercial (como ipés y castaños) para su posterior comercialización en el mercado nacional e internacional. Este tipo de extracción viola la legislación vigente, siendo uno de los principales factores de deforestación en la zona; (2) la minería ilegal, principalmente de oro, la cual ocurre -generalmente- en áreas de protección ambiental o reservas Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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indígenas, sin respetar las normas vigentes y con poca preocupación por los impactos ambientales; y (3) la agricultura y ganadería con pasivos ambientales, a través del uso no autorizado de áreas forestales, utilizando la quema ilegal del bosque para crear zonas de pastos.12 Tomando como referencia la ocurrencia de ilícitos ambientales y con base en la teoría de securitización de la Escuela de Copenhague, los actores internacionales buscan establecer un proceso de securitización de la preservación de la Amazonía. Este proceso ocurre cuando un objeto de referencia (por ejemplo, el medio ambiente) es tratado por un “agente securitizador” como si estuviera bajo una amenaza. De esta forma, este agente comienza a exigir medidas extraordinarias, como el uso de la fuerza, para hacer frente a la supuesta amenaza.13 Al final de este proceso, el asunto pasa a un nivel politizado y es tratado por los más altos niveles de gobierno. La declaración del expresidente francés François Mitterrand, referida a que Brasil debería aceptar una soberanía relativa sobre la Amazonía, es un claro ejemplo de discurso con sesgo secutirizador por parte de autoridades internacionales. Otro ejemplo es la declaración del presidente francés Emannuel Macron, quien afirmó que los incendios ocurridos en la Amazonía en el año 2019 deben ser considerados como una crisis internacional, sugiriendo que el asunto sea tratado en la cumbre de los países miembros del G7; es decir, sin la presencia de representantes brasileños. A estos discursos se suma la narrativa internacional de que la Amazonía es el “pulmón del mundo,” siendo la responsable de producir gran parte del oxígeno del planeta. La Amazonía, ciertamente, juega un papel importante en el contexto del equilibrio ecológico, pero los estudios científicos han demostrado que la mayor parte del oxígeno se produce en los mares, a través del fitoplancton. Asimismo, los científicos han demostrado que el bosque -en sí mismo- consume gran parte del oxígeno que produce, no suministrándolo a otras partes del mundo.14 De esta forma, la securitización del medio ambiente, los delitos ambientales y la dificultad del Estado para establecer su presencia en una zona de densa selva y vacío demográfico aumentan el desafío de implementar acciones de protección ambiental. En este contexto, un modelo adoptado por el gobierno brasileño fue la ejecución de una operación con enfoque interagencial para combatir los ilícitos ambientales en la Amazonía brasileña: la Operación Verde Brasil, que se llevó a cabo entre los años 2019 y 2021.

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Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden en Brasil Según el Artículo 142 de la Constitución de la República Federativa de Brasil, “las FF. AA. brasileñas están constituidas por la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, y tienen por objeto la defensa de la Patria, garantizar los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de éstos, la ley y el orden.”15 Las Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden son operaciones militares realizadas por las FF. AA. de Brasil con características específicas, como el hecho de ser conducidas en forma episódica, en un área preestablecida y por un tiempo limitado. El empleo de las FF. AA. en este contexto es competencia exclusiva del Presidente de la República.16 Asimismo, el Artículo 16-A de la Ley Complementaria N° 97, del 9 de junio de 1999, que trata sobre el empleo de las FF.AA., establece que estas instituciones pueden ejercer atribuciones subsidiarias actuando en la franja fronteriza, mediante acciones preventivas o represivas, contra los delitos transfronterizos y ambientales, pudiendo actuar solo o en coordinación con otros organismos, a través de Operaciones Interagenciales.17 Al respecto, el uso del término interagencial es reciente en Brasil, siendo más utilizado en el ámbito militar, a partir de la década de 2010, en los manuales de las FF. AA. Las operaciones interagenciales se definen, por tanto, como la relación entre las FF. AA. y otras agencias, todo ello con el objeto de conciliar intereses y esfuerzos en la consecución de fines comunes. De esta forma, se evita la duplicidad de acciones y la dispersión de recursos, contribuyendo a la formulación de soluciones efectivas y de menor costo.18

Operación Verde Brasil La Operación Verde Brasil se ha ejecutado en dos oportunidades. La primera se realizó del 24 de agosto al 24 de octubre de 2019 y fue autorizada por el Decreto Presidencial N° 9.985/2019.19 En esta operación se emplearon efectivos de las FF. AA. en coordinación con los organismos de control ambiental y de seguridad pública, en un ambiente interagencial, caracterizado como una Operación de Garantía de la Ley y el Orden Ambiental. Esta primera versión de la operación tenía como objetivo combatir los delitos ambientales con un enfoque en la identificación y combate de los incendios forestales que ocurrían en la Amazonía brasileña en ese momento, siendo ampliamente difundidos por los medios de comunicación internacionales, con un sesgo de securitización sobre el tema.

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La segunda operación, Verde Brasil 2, tuvo un alcance más amplio y fue autorizada a través del Decreto N° 10.341/2020, de 6 de mayo de 2020. Inicialmente, se planeó que se ejecutara del 11 de mayo al 10 de junio de 2020. Sin embargo, sufrió varias prórrogas, extendiéndose hasta el 31 de abril de 2021, con la participación permanente de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, en coordinación con diversos órganos y agencias ambientales y de seguridad pública, entre los que se encuentran: el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA),20 el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la Policía Federal (PF), la Policía Federal de Carreteras (PRF), la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Esta operación tuvo como objetivo realizar acciones preventivas y represivas contra diversos delitos ambientales, enfocadas en reducir la deforestación ilegal y combatir incendios forestales en áreas fronterizas, tierras indígenas y unidades federales de conservación ambiental en la Amazonía Legal Brasileña. Todo ello, con el objetivo de contribuir a la preservación ambiental de esa región y la percepción positiva del país a nivel nacional e internacional.21 Para la ejecución de esta operación se conformaron tres Comandos Conjuntos con sede en las ciudades de Manaus, Belém y Campo Grande. Estos Comandos empleaban, aproximadamente, 2,000 soldados por día. A lo largo de toda la operación, se utilizaron alrededor de 700 vehículos, 120 embarcaciones y 16 helicópteros (acumulando más de 3,000 horas de vuelo).22 Todos estos recursos de las FF. AA. permitieron materializar -con mayor celeridad- la presencia del Estado en distintas zonas de la Amazonía Legal, contribuyendo significativamente a una actuación más amplia de los agentes de fiscalización ambiental. De esta forma, las Operaciones Verde Brasil 1 y 2 fueron concebidas con el objetivo de integrar esfuerzos y coordinar acciones entre las FF. AA. y otras agencias, especialmente aquellas con responsabilidades de fiscalización ambiental. En este sentido, las FF. AA., en particular el Ejército de Brasil, realizaron acciones de seguridad a los equipos de inspección, establecieron puntos de control en tierra y vías fluviales, realizaron reconocimientos aéreos de áreas de deforestación, combatieron incendios, y brindaron un valioso apoyo en materia de inteligencia. Adicionalmente, el apoyo logístico brindado por el Ejército fue fundamental para el éxito y eficacia de las acciones de fiscalización y lucha contra los delitos ambientales realizadas por el IBAMA y el ICMBio. La capacidad logística de las organizaciones

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militares y su distribución geográfica en la Amazonía Legal permitieron el despliegue de varias bases avanzadas que contribuyeron -de manera significativa- a optimizar el trabajo de los organismos ambientales. Por ejemplo, la instalación de una base del Ejército, cerca del municipio de Uruará, en el estado de Pará, permitió al IBAMA realizar la inspección de 32 aserraderos en ese municipio. Esta base brindó el apoyo necesario para llevar a cabo la planificación, seguridad, alojamiento y alimentación de más de 250 personas, entre militares, agentes de inspección ambiental y agentes de seguridad pública durante más de dos meses de acciones en la zona. Como resultados tangibles, en la Operación Verde Brasil 1, durante sus dos meses de duración, se combatieron cerca de 1,900 incendios y se incautaron más de 23,000 metros cúbicos de madera y 26,000 litros de combustible. Además, se detuvieron 127 personas y se impusieron multas por un valor total de más de 141 millones de reales23 (aproximadamente 27 millones de dólares). De igual manera, en la Operación Verde Brasil 2 se obtuvieron resultados más significativos, debido a la mayor duración y amplitud de enfoque en los delitos ambientales. En esta operación se realizaron 337 detenciones, se incautaron más de 500,000 metros cúbicos de madera, 990 vehículos (incluidos tractores), 1,137 maquinarias de minería y aserrío, 374 barcazas y accesorios de minería y 20 aeronaves. Las agencias ambientales impusieron más de 3,300 millones de reales en multas (aproximadamente 632 millones de dólares). Además, se observó una reducción del 15 % en la deforestación en el periodo de agosto de 2020 a abril de 2021.24 El costo total de las dos operaciones rondó los 400 millones de reales25 (aproximadamente 76.7 millones de dólares).

Conclusiones Las Operaciones Verde Brasil fueron una forma innovadora de emplear los medios del Estado brasileño para combatir los delitos ambientales en el área de la Amazonía Legal. De esta manera, Brasil demostró su preocupación y compromiso con la preservación y protección del bioma terrestre amazónico, integrando las diversas capacidades del poder nacional en favor de este objetivo. Asimismo, la Garantía de la Ley y el Orden Ambiental permitió a las FF. AA. coordinar esfuerzos con las agencias ambientales para potenciar sus acciones y aumentar la efectividad de la fiscalización y la lucha contra los delitos ambientales. Varias características de las FF. AA., en especial del Ejército, como el gran conocimiento de la zona y la capacidad para desplegar áreas logísticas brindando un apoyo avanzado y eficiente a los equipos de campo, fueron Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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fundamentales para obtener resultados significativos en la lucha contra los ilícitos ambientales. Cabe destacar que las multas impuestas superaron en más de ocho veces el valor total de las operaciones. El empleo coordinado de efectivos de las FF. AA. con miembros de organismos ambientales y de seguridad pública permitió una mayor integración entre los involucrados, además de incrementar la capacitación de los equipos, facilitando las acciones futuras y permitiendo alcanzar resultados significativos en la lucha contra los ilícitos ambientales. En ese sentido, la ejecución de las Operaciones Verde Brasil se presenta como una forma innovadora de ejecutar operaciones interagenciales en el contexto de la protección ambiental y la preservación de la Amazonía, manteniendo la sostenibilidad y la biodiversidad de ese importante bioma terrestre. Además, respalda la soberanía nacional al oponerse a discursos con sesgo securitizador en temas de protección de la Amazonía. Finalmente, la Operación Verde Brasil demostró ser un modelo efectivo y fácil de replicar, pudiendo realizarse acciones conjuntas entre los países amazónicos, a través de acuerdos que busquen combatir las amenazas a la Amazonía.

Alexandre Baretta Coronel del Ejército de Brasil, con postgrado Lato Sensu en Ciencias Militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil. Se ha especializado en Operaciones en la Selva por el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva y ha realizado el Curso Avanzado en Operaciones Psicológicas. Se desempeñó como Comandante del 51 Batallón de Infantería de Selva. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1

Gustavo Daniel Coutinho Nascimento, et al, “A Operação Verde Brasil I e II no processo de securitização

ambiental da Amazônia”, A Defesa Nacional (enero-abril 2021), http://www.ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/ view/7916 (consultado el 10 de mayo de 2022).

2

Marcelo Teixeira Emídio de Andrade, “A atuação do Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) na defesa

e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI”, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Rio de Janeiro: 2020), https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/8842/1/MO%206354%20-%20ANDRADE.pdf (consultado el 10 de mayo de 2022).

3

Fábio Carballo de Souza, “Agenda ambiental: o Exército Brasileiro na Amazônia”, Escola de Comando

e Estado-Maior do Exército (Rio de Janeiro: 2020), https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7651/1/MO%20 0936%20-%20CARBALLO.pdf (consultado el 18 de mayo de 2022).

4

Presidência da República, “Decreto Nº 9.985” que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia

da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal na hipótese de requerimento do Governador do respectivo Estado (23 de agosto de 2019) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9985. htm (consultado el 10 de mayo de 2022); Presidência da República, “Decreto Nº 10.341” que autoriza o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal (6 de mayo de 2020) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10341.htm (consultado el 9 de mayo de 2022).

5

IBGE, “Cidade e Estados”, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022), https://www.ibge.gov.br/

cidades-e-estados.html (consultado el 9 de mayo de 2022).

6

Marcelo Teixeira Emídio de Andrade, “A atuação do Batalhão de Infantaria de Selva ...”.

7

IBGE, “Amazônia Legal”, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022), https://www.ibge.gov.br/

geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15819-amazonia-legal.html?edicao=30963&t=oque-e (consultado el 9 de mayo de 2022).

8

EMBRAPA, “Amazônia”, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2022), https://www.embrapa.br/

contando-ciencia/bioma-amazonia (consultado el 2 de julio de 2022).

9

Ibíd.

10 Renato Cosme dos Santos Pita, et al, “Sistema aquífero Alter do Chão a oeste da cidade de Manaus (AM): processos hidrogeoquímicos, origem da salinidade e relações com aquíferos adjacentes”, Revista do Instituto de Geociências – USP (18 de marzo de 2018), https://www.revistas.usp.br/guspsc/article/view/147769/141404 (consultado el 2 de julio de 2022).

11

Dayane Borges, “Aquífero Alter do Chão – O que é, localização, características e importância”,

Conhecimento Científico (2022), https://conhecimentocientifico.com/aquifero-alter-do-chao/ (consultado el 2 de julio de 2022).

12

Laura Trajber Waisbich, et al, “O Ecossistema do Crime Ambiental na Amazônia: uma análise das

economias ilícitas da floresta” Instituto Igarapé (febrero 2022) https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2022/02/ AE-54-O-ecossistema-do-crime-ambiental-na-Amazonia.pdf (consultado el 2 de julio de 2022).

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13 papel

Luciana Mendes Barbosa y Matilde de Souza, “Securitização das mudanças climáticas: o da

União

Europeia”

Contexto

Internacional

(enero-junio

2010)

https://www.scielo.br/j/cint/a/

GjfmBq3G5PqdLNTmLzqDTRf/?format=pdf&lang=pt (consultado el 2 de julio de 2022).

14 EMBRAPA, “Amazônia”, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 15

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “Articulo N° 142”, Presidência da República (5 de

octubre de 1988), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (Consultado el 20 de agosto de 2022).

16 Comando de Operações Terrestres, “EB70-MC-10.223 – Operações”, Ministério da Defesa (2017) https:// bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/848/3/EB70-MC-10.223-%20Operações (consultado el 5 de agosto de 2022).

17

Presidência da República, “Lei Complementar Nº 97” que dispõe sobre as normas gerais para a

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, Subchefia para Assuntos Jurídicos (9 de junio de 1999), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp97.htm (consultado el 2 de julio de 2022).

18 Comando de Operações Terrestres, “EB70-MC-10.248 – Operações Interagências”, Ministério da Defesa (2020) https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/8201/1/EB70-MC-10.248_-_Operações_InteragênciasPDF. pdf (consultado el 16 de julio de 2022).

19 Governo do Brasil, “A Defesa – Proteção e Benefícios para a Sociedade”, Ministério da Defesa (noviembre 2021) https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/arquivos-para-noticias/boletim_informativo_a_defesa.pdf/view (consultado el 5 de agosto de 2022).

20 Presidência da República, “Lei Nº 7.735”, que dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências (22 de febrero de 1989) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7735.htm (consultado el 5 de agosto de 2022).

21 Exército

Exército Brasileiro, “Relatório de Gestão do Comando do Exército 2021”, Estado-Maior do Exército Brasileiro

(marzo

2022)

https://pt.calameo.com/exercito-brasileiro/read/0012382068b5e1ea4d1b5

(consultado el 5 de agosto de 2022).

22 Ibíd. 23 Governo do Brasil, “Histórico de GLO”, Ministério da Defesa (31 de enero de 2022) https://www.gov.br/ defesa/pt-br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/2-tabelas-glo_atualizada_em_jan_22.pdf/view (consultado el 5 de agosto de 2022).

24 Ibíd. 25 Governo do Brasil, “Efetivos e Custos de GLO 2010-2022”, Ministério da Defesa (31 de enero de 2022), https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/6-glo-2010_2022_custos_e_efetivos_ jan_2022.pdf/view (consultado el 5 de agosto de 2022).

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Humberto Martínez Mujica

Disputas Hegemónicas en el IndoPacífico y su Impacto en el Perú Humberto Martínez Mujica

Resumen En este artículo se analiza la situación de inestabilidad del Indo-Pacífico, originada por las disputas hegemónicas entre Estados Unidos y la República Popular China, así como de ésta última con Malasia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, Brunei y Japón, sobre territorios marítimos reclamados por cada una de las partes. Asimismo, se analiza cómo este escenario afecta a las líneas de comunicaciones marítimas del Perú, que fluyen desde sus costas hasta los principales puertos del sudeste asiático, tomando en cuenta que estas concentran la mayoría de las rutas del comercio peruano. Con el fin de afrontar esta situación, se deben fortalecer las capacidades navales del Perú para contar con una flota de buques de guerra que pueda sobrellevar una permanencia prolongada en altamar y estabilizar las áreas marítimas en caso de conflicto, como parte de una fuerza marítima multinacional de mantenimiento de paz que apoye la política exterior del Estado Peruano. Palabras clave: Indo-Pacífico, Disputas Hegemónicas, Comercio Exterior, Perú.

Introducción La región del Indo-Pacífico concentra casi la mitad del Producto Bruto Interno Mundial (PBI mundial). Por esta región fluye la mayoría de las rutas del comercio peruano, a través de las líneas de comunicaciones marítimas (LLCCMM) correspondientes.1 En la cuenca del Asia Pacífico, cohabitan las actuales superpotencias, los Estados Unidos (EE. UU.) y la República Popular China (RPC), y otras potencias relevantes como Japón, Australia, Corea del Sur y la India. Sin embargo, si bien esta región ofrece muchas oportunidades de comercio y desarrollo económico a los países ribereños, las costas del Sudeste Asiático son testigos de las disputas de los países hegemónicos por prevalecer como la potencia más influyente en esa estratégica región.2

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Disputas Hegemónicas en el Indo-Pacífico y su Impacto en el Perú

Ambas superpotencias (los EE. UU. y la RPC) han diseñado sus propias estrategias para aumentar su poder y control en esta área. La RPC sostiene disputas territoriales marítimas en el Mar del Sur de China (MSC) con Malasia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, Brunei y Japón,3 siendo esta región el destino de una parte significativa de las exportaciones peruanas. Por consiguiente, resulta sensible a los intereses peruanos la forma cómo la seguridad en el mar del Indo-Pacifico se pueda ver afectada por las crisis geopolíticas que surjan debido a las constantes fricciones entre los actores ahí presentes. En ese sentido, lo analizado en el presente artículo resulta de gran importancia por tratarse de la seguridad en la fluidez del comercio exterior peruano.4 Asimismo, en dicha región, existe actividad de piratería frente a las costas somalíes e indias.5 Tanto la disputa hegemónica de las dos superpotencias como las disputas territoriales de la RPC con sus países vecinos podrían devenir en un conflicto de alta intensidad, lo que afectaría la llegada de las exportaciones peruanas a los países del Asia Pacífico. Por lo tanto, esta situación obliga a desarrollar una estrategia para afrontar esta posibilidad, a fin de estabilizar las zonas en disputa y proyectar fuerzas militares en las zonas en conflicto, como parte de una fuerza multinacional de mantenimiento de paz.6 De acuerdo a la Asociación de Comercio Exterior del Perú (COMEX), el comercio del Perú con los mercados asiáticos es muy importante para la balanza comercial nacional, teniendo una tendencia de crecimiento sostenida,7 por lo que las áreas en disputa del MSC y las LLCCMM que fluyen por esa importante área estratégica son clave para los intereses nacionales. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que el Callao es el principal puerto peruano, desde donde fluyen las exportaciones a los mercados asiáticos. Igualmente, se debe considerar que el puerto de Chancay superará al Callao en capacidades e infraestructura en el mediano plazo, por lo que la región central del país se consolidará como un concentrador del comercio marítimo del Pacífico sudamericano hacia el continente asiático. En ese contexto, la Marina de Guerra del Perú (MGP) hace esfuerzos por seguir impulsando sus relaciones y elevar su nivel de interoperabilidad con las marinas ribereñas del Indo-Pacífico. No obstante, se requiere de mayores recursos para respaldar el esfuerzo institucional en materia de cooperación internacional y seguridad marítima en esa estratégica región.

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Contexto Geopolítico: Disputas hegemónicas A pesar de la indiscutida hegemonía global de la Marina de los EE. UU., se observa una creciente preocupación estadounidense por el rápido ascenso de potencias emergentes, como la RPC. Principalmente, porque representa un serio desafío a la capacidad de EE. UU. de ejercer el control e influencia en las principales LLCCMM, así como de proyectar el poder naval sobre tierra en sus Zonas de Interés.8 Al respecto, el Fondo Monetario Internacional señala que en el año 2014, la RPC superó en Producto Bruto Interno y en Paridad del Poder Adquisitivo a los EE. UU. Asimismo, según las proyecciones de este organismo internacional, la RPC seguirá creciendo a paso firme, frente a un declive económico de los EE. UU. y la Unión Europea hacia el año 2050. En el ámbito militar, entre los años 1992 y 2017, la RPC también ha incrementado su gasto en defensa en, aproximadamente, un 800 %,9 acortando distancias de manera sostenida con relación a los EE. UU. Más del 90 % del comercio global se realiza por vía marítima, a la vez que diversas LLCCMM (tanto de carga general como de transporte de recursos energéticos) discurren desde el Golfo Pérsico a través del Mar Meridional de China. Específicamente, en el MSC se moviliza el 30 % del comercio marítimo mundial. Esta situación hace que esta zona sea vital para el comercio de los EE.UU. y sus aliados, pero también para la RPC ya que a través de las LLCCMM que fluyen por el Estrecho de Malaca se transporta su comercio y recursos energéticos, imprescindibles para su crecimiento económico.10 Asimismo, desde mediados de la década de 1990, la RPC ha iniciado un plan de modernización naval, transformándola en una Marina de Guerra mucho más actualizada y capaz, lo que le ha permitido conducir un mayor número de operaciones tanto en dicha zona como en las inmediaciones del Océano Indico, del oriente medio y de Europa. Igualmente, la RPC ha desarrollado un sostenido programa de construcciones navales que la hacen contar con la flota más numerosa del mundo, listando un total de 360 naves frente a las 297 de la Marina estadounidense.11 Los diseños y desarrollos en materia de construcción naval de la RPC, le están proveyendo de buques con un nivel tecnológico y armamentístico similar al de sus contrapartes occidentales. En el desarrollo de sistemas de armas destacan nuevas familias de misiles antibuque, tales como misiles balísticos (ASBM) de hasta 4,000 kilómetros de alcance, misiles crucero antibuques (ASCM) de hasta 1,500 kilómetros

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de alcance (siendo algunos modelos de velocidad supersónica), drones (de superficie, submarinos y aéreos), así como sistemas sofisticados de C4ISR (comando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento). Sin duda, los ASBM y ASCM constituyen una amenaza directa a las fuerzas navales de los EE. UU. y de sus aliados, pudiendo ser usados para denegar el acceso de esas fuerzas navales a sus zonas de influencia y control. Estos sistemas de armas son desplegados en sitios de lanzamiento ubicados en zonas costeras, pero también a bordo de unidades de superficie, submarinas y aéreas. Por lo tanto, estos sistemas están destinados a disuadir a las Marinas de Guerra oponentes de intentar proyectar sus fuerzas en el área o hacia zonas costeras, en caso de crisis o conflicto.12 Adicionalmente, en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, donde fluye una de las principales LLCCMM de transporte energético, Irán ha venido desplegando sistemas de armas en sus zonas ribereñas que podrían comprometer la libertad de tránsito de las naves petroleras y gaseras en caso de conflicto o crisis, situación que afectaría gravemente los intereses de EE. UU. y sus aliados. Lo propio viene realizando Rusia en sus zonas de interés estratégico, como el Mar Negro, el Mar Caspio y el territorio costero sirio.13

Disputas Territoriales Marítimas La RPC, sabiéndose ya una nueva superpotencia, reclama para sí una presencia e influencia creciente en aquellas zonas que considera vitales y estratégicas para el sostenimiento de su economía e industria. Esto se viene materializando con su reclamación territorial sobre un amplio espacio marítimo en el llamado MSC, zona que además es centro de reclamaciones de otros seis Estados ribereños. En dicha área, la RPC hace sentir su poder a través del incremento de su presencia naval y la construcción de islas artificiales. Sobre estas islas, la RPC viene instalando bases navales y aeródromos militares, así como sistemas de armas que le permiten proyectar su poder militar sobre esta vía de comercio marítimo, lo que colisiona con el deseo de los EE. UU. de mantener el libre tránsito marítimo y asegurar su libertad de navegación e influencia en esa zona estratégica.14 Al respecto, algunas de las islas y arrecifes en disputa son los siguientes: las Islas Paracelso (reclamadas por China y Vietnam, pero ocupadas por China), las Islas Spralty (reclamadas por China, Taiwán y Vietnam, y –parcialmente- por Filipinas, Malasia y

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Brunei, pero ocupadas por todos estos países, excepto por Brunei), los arrecifes de Scarborough (reclamados por China, Taiwán y Filipinas, pero controlados por China desde el año 2012), y las islas Senkaku (reclamadas por China, Taiwán y Japón, pero administradas por Japón).15

Estrategia Anti Acceso / Denegación de Área Según los estrategas estadounidenses, la RPC, en su intento de denegar a sus adversarios la libertad de movimiento en el campo de batalla, ha elaborado la Estrategia Anti Acceso / Denegación de Área (A2/AD, por sus siglas en inglés). Para el anti-acceso del enemigo en el área de operaciones, los chinos tienen previsto el empleo de aeronaves de combate, buques de guerra, misiles balísticos y cruceros especializados para atacar blancos clave. La denegación de área es la acción de denegar al enemigo su libertad de acción en las áreas bajo control amigo, empleando medios defensivos, como sistemas de defensa aérea y marítima. Esta estrategia de A2/D2 estaría siendo desarrollada por la RPC, Rusia e Irán, representando un serio desafío a las Fuerzas Navales de los EE. UU. y sus aliados, en su esfuerzo por mantener las LLCCMM abiertas a la navegación. Los líderes navales estadounidenses manifiestan abiertamente el peligro de estos nuevos desafíos y competidores en los océanos y rutas de comercio marítimo, ya sea en importantes eventos internacionales (como el Surface Navy Association National Symposium del año 2015) o en el desarrollo de sus estrategias y políticas de seguridad nacional en el ámbito marítimo (como la “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” del año 2015 y la “Advantage At Sea” del año 2020).16 La respuesta de la Marina estadounidense a tales desafíos es la estrategia propuesta por su comunidad de guerra de superficie, llamada “Letalidad Distribuida” (LD), que consiste en ejercer el control marítimo en extensas áreas de mar, donde trascurren las LLCCMM, usando la mayor cantidad posible de unidades navales con una robustecida capacidad de armas, sensores y sistemas de C4I, frente a potencias emergentes que intenten hacer efectivas sus estrategias de A2/D2.

Letalidad Distribuida Según se describe en la “Estrategia de la Fuerza de Superficie de los EE. UU.” del año 2015, se busca retomar el control del mar y la implementación de una LD como un

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principio organizacional y operacional para controlar el mar a voluntad. La LD busca reforzar las capacidades defensivas y ofensivas de las fuerzas de superficie, a fin de llevar a cabo operaciones ofensivas más eficaces y derrotar múltiples agresiones. En tal sentido, el concepto de LD permitiría el control del mar en un lugar seleccionado. Esto se lograría incrementando las capacidades ofensivas y defensivas individuales de cada buque, empleándolos en formaciones en dispersión a lo largo de áreas geográficas extensas, generando con ello fuegos distribuidos. La LD diferencia las características de los niveles tanto operacional como táctico. A nivel táctico, la LD incrementa la letalidad de la unidad y reduce la vulnerabilidad de los buques de guerra a ser detectados y designados como blancos. A nivel operacional, la LD emplea los buques como elementos de paquetes ofensivos de fuerzas adaptativas que son misionados y capaces de realizar operaciones dispersas. Los paquetes de fuerzas adaptativas permiten a los comandantes la habilidad de escalar capacidades de fuerza dependiendo del nivel de la amenaza. Este medio de empleo está diseñado para campos de batalla abiertos y permite el ocultamiento y la decepción (engaño) a fin de inyectar incertidumbre y complejidad al esfuerzo de designación de blancos del adversario.17

Importancia de las Aguas del Sudeste Asiático para el Comercio Exterior del Perú Las costas del Perú forman parte de una cuenca oceánica que se extiende desde la Patagonia hasta Alaska, y que luego se proyecta hasta Oceanía y el sudeste asiático. La cuenca del Pacífico alberga la mayor extensión oceánica del planeta y concentra a la mitad de la población mundial, incluyendo a las principales potencias hegemónicas (EE. UU. y China) y a otras potencias relevantes ( Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur), concentrando más del 40 % del PBI mundial.1 Estas condiciones ofrecen al Perú enormes oportunidades en el campo del comercio, colocando un volumen de exportaciones cada vez mayor e impulsando su crecimiento y desarrollo económico. El Perú ha realizado importantes acuerdos comerciales, incorporándose, por ejemplo, a la APEC (Asian Pacific Economic Cooperation). En el ámbito de la Defensa, el Perú forma parte del Simposio Naval del Pacífico Occidental,18 participando activamente, a través de la MGP, de los ejercicios navales más grandes del mundo, llamados Rim of the Pacific (RIMPAC), e impulsando las relaciones de esa institución armada con sus pares de la cuenca del Pacífico.19 64

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De acuerdo a COMEX, el 42 % de las exportaciones peruanas tuvieron como destino China, India, Corea del Sur y Japón. Asimismo, las exportaciones a países del AsiaPacífico son sostenidamente crecientes, por lo que las áreas en disputa del MSC y las LLCCMM que fluyen por esa importante área estratégica, revisten de especial importancia para los intereses peruanos.20 Cabe destacar que, cuatro de los cinco países del mundo con los que el Perú intercambia más comercio, pertenecen a la cuenca del Pacífico. Según el excanciller Óscar Maúrtua, el comercio entre el Perú y las otras 20 economías de la APEC alcanzó la cifra récord de 58 mil millones de dólares en el año 2018. Por ende, las economías de la APEC representan un 64 % del comercio total peruano. En el año 2019, las exportaciones del Perú a la APEC bordearon los 29 mil millones de dólares. Por su parte, las importaciones a favor del Estado peruano representaron un 65 %, lo que equivale a 26 mil millones de dólares.21 Por lo tanto, lo que suceda en la cuenca del Asia Pacífico impactará directamente a la economía y desarrollo del Perú.22 De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el intercambio bilateral del Perú con los Estados miembros de la APEC se ha ido incrementando de manera sostenida desde el ingreso del Perú a ese importante foro económico en el año 1998. Actualmente, los principales socios económicos del Perú son China, EE. UU. y Corea del Sur, en ese orden. La tendencia es alcista, por lo que habrá muchas más oportunidades de ampliar mercado para productos peruanos primarios y no primarios en esa estratégica región. Del mismo modo, se puede mencionar que el comercio del Perú hacia los mercados asiáticos y de Oceanía se ve influenciado por las LLCCMM.23 En ese contexto, la MGP cuenta con seis fragatas misileras para resguardar las LLCCMM en altamar. Sin embargo, por su limitada capacidad de absorción de daños y autonomía, estas fragatas no cuentan con capacidades de navegación oceánica sostenida.24 Aunque la mayoría de estas fragatas han sido recientemente actualizadas, sus cascos y estructuras se encuentran envejecidos, por lo que no sería recomendable su despliegue en espacios oceánicos muy alejados de las costas sudamericanas. A fin de contar con unidades de superficie con capacidades de navegación sostenida y confiable en mares abiertos y distantes, se requiere reemplazarlas con buques nuevos (de mayor porte, desplazamiento, capacidades de fuego y absorción de daños), para que estos puedan interoperar dentro de una fuerza naval multinacional.

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Visión No Occidental de las Disputas Hegemónicas entre China y Estados Unidos La disputa entre los EE. UU. y la RPC se debe a que la primera se ve amenazada por el enorme poder emergente de la segunda, generándose así una situación a la que se le denomina la “Trampa de Tucídides,” en alusión al escenario donde una nueva potencia emerge y disputa la hegemonía a la potencia dominante. Esto produce una serie de fricciones cuando la primera trata de constreñir a la segunda. En el caso entre los EE. UU. y la RPC, existe una disputa por la influencia en la zona del Indo-Pacífico, pero también en áreas de la tecnología computacional y de las telecomunicaciones, la biotecnología, entre otras. Toda esa seguidilla de conflictos podría devenir en una guerra entre ambas superpotencias, con consecuencias inimaginables, dado el poderío nuclear de ambas.25 En el contexto de las disputas hegemónicas y territoriales en el Indo-Pacífico, ambas potencias han desarrollado sus propias estrategias para lidiar con sus desafíos de seguridad e incrementar su influencia política en la zona. Por un lado, la RPC ha desplegado bases y aeropuertos militares en puntos estratégicos del llamado collar de perlas, y sistemas de armas capaces de infligir daños considerables a aquellas fuerzas militares opuestas que sean proyectadas en la zona, como parte de la llamada estrategia A2/AD. Por otro lado, EE. UU. ha tejido una serie de alianzas políticas, comerciales y militares, que buscan socavar la influencia y poder chino en las zonas en disputa y en los puntos focales del comercio marítimo circundante, desarrollando la llamada estrategia de LD. Este contexto de continuas disputas incrementa la tensión en el sudeste asiático, presentando un considerable riesgo de conflicto bélico entre las partes enfrentadas. Desde el ingreso del Perú a la APEC, la zona del Indo-Pacífico ha cobrado relevancia para el comercio exterior peruano. La tendencia de las exportaciones peruanas hacia los mercados asiáticos es marcadamente creciente, siendo China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong y Taiwán sus principales destinos. Las LLCCMM peruanas arriban a los principales puertos de esos países, atravesando el Mar del Sur y Oriental de China, zonas envueltas en disputas hegemónicas y territoriales, que generan un clima de continua inestabilidad y un permanente riesgo de conflicto. Este escenario pone en peligro el flujo continuo de las exportaciones peruanas, ya que podría verse detenido o ralentizado en caso de un conflicto armado. Esta situación obliga al Perú a contar con medios navales capaces de ser enviados en misiones de paz en el ámbito marítimo, a fin de contribuir a una desescalada 66

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de conflicto y a una posterior estabilización de las zonas afectadas por los posibles enfrentamientos bélicos, en el marco de una fuerza multinacional marítima bajo mandato de las Naciones Unidas. Sin embargo, las principales unidades de superficie que tiene actualmente la MGP no cuentan con las capacidades suficientes para tales operaciones navales. Por lo tanto, se debe de impulsar la renovación de estas unidades de superficie por nuevas unidades, con la capacidad de operar en espacios oceánicos alejados de las costas, dotadas de armas y sensores de tecnología actual, y de contrarrestar amenazas simétricas y asimétricas. Estas nuevas unidades de superficie permitirán también incrementar los niveles de interoperabilidad con las unidades de los países ribereños del Indo-Pacífico, pudiendo trabajar de manera combinada (con total normalidad y confiabilidad) en los ejercicios multinacionales que se llevan a cabo en la zona, como el RIMPAC o KOMODO (ejercicio multinacional que se lleva a cabo anualmente en el dominio marítimo de Indonesia), o formando parte de una fuerza multinacional marítima de mantenimiento de paz.

Conclusiones La estrategia de LD de los EE. UU. surge como respuesta a las estrategias de A2/D2 de las potencias emergentes, como la RPC, en su afán de incrementar su presencia y proteger las áreas consideradas vitales para su economía e influencia geopolítica, ya que el creciente despliegue naval y militar chino en el MSC y en el océano Índico podrían, en caso de crisis o conflicto, comprometer la libertad de navegación y de proyección del poder estadounidense. El incremento sostenido de la inversión en defensa de la RPC favorecerá la mejora de las capacidades de sus sistemas de armas, tanto en alcance como en precisión y potencia, incrementando el número de nuevas plataformas de superficie, submarinas y aéreas, y presentando un serio desafío a los intereses de los EE. UU. y sus aliados en dichas zonas, lo cual podría devenir en un conflicto armado. El comercio exterior con los mercados asiáticos ha venido ampliándose de manera sostenida desde hace más de 20 años, siendo de vital importancia la protección y seguridad de las LLCCMM por donde fluye tal comercio. Dado este contexto de inestabilidad y posibles conflictos en el Indo-Pacífico, y siendo una zona de interés estratégico, el Sector Defensa debe de impulsar un programa de construcciones

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navales, considerando el diseño y construcción de unidades de superficie con capacidades ofensivas, defensivas y de navegación oceánica. Estas acciones permitirán contribuir significativamente en la defensa de los intereses nacionales en el exterior.

Humberto Martínez Mujica Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú y Licenciado en Ciencias Marítimas-Navales. Ha realizado el Programa Básico de Estado Mayor y el Programa de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como el Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1

Diego Moschella Vidal, “ASEAN: Proyecciones de la Política Exterior peruana luego de la adhesión al

‘Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático’” Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar (Perú: 2019), 75, http://repositorio.adp.edu.pe/handle/ADP/123

2

Andrés Serbin Bartosch, “El Indo-Pacífico y América Latina en el marco de la disputa geoestratégica

entre los Estados Unidos y China”, Fundación Carolina (Madrid: 2021), 7-9, https://www.fundacioncarolina.es/wpcontent/uploads/2021/04/DT_FC_45.pdf

3

Ibíd., 7-9.

4

Óscar Maúrtua de Romaña, “La importancia para el Perú de la cuenca del Pacífico y APEC”, Revista de

Marina (Perú: 2021), 14, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2389491/La%20importancia%20para%20 el%20Perú%20de%20la%20Cuenca%20del%20Pacífico%20y%20APEC.pdf?v=1636565861

5

Antonio Villareal, “El retorno de los piratas: por qué los saqueos y abordajes en alta mar cotizan al alza en

2021”, El Confidencial (Madrid: 1 de marzo de 2021), https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-26/piratasmarinos-auge-pandemia-pesca-extractiva_2965891/ (consultado el 15 de mayo de 2022).

6

Sociedad de Comercio Exterior del Perú, “Principales destinos de exportación 2018”, Semanario Comercio

Exterior n.º 971 (Lima: 8 de febrero de 2019), https://www.comexperu.org.pe/articulo/principales-destinos-deexportacion-2018 (consultado el 22 de mayo de 2022).

7

Sociedad de Comercio Exterior del Perú, “A 20 años del ingreso del Perú al APEC“, Seminario Comercio

Exterior n.º 950 (Lima: 17 de agosto de 2018), https://www.comexperu.org.pe/articulo/a-20-anos-del-ingreso-delperu-al-apec (consultado el 22 de mayo de 2022).

8

Bryan Clark, Timothy A. Walton, Taking back the seas transforming the U.S. Surface Fleet for Decision-

Centric Warfare, (Washington DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2019),10-20.

9

Statista, “Gasto militar de EE. UU., Rusia y China”, Portal Statista (Madrid: 2020), https://es.statista.com/

estadisticas/635107/paises-con-el-gasto-militar-mas-alto/

10 El confidencial, “Islas artificiales y aeropuertos: el plan de Pekín para controlar el Mar del Sur de China”, El Confidencial canal You Tube 6m 30s (diciembre 2021). https://www.youtube.com/watch?v=mPrDBazf5mQ&t=222s (consultado el 5 de julio de 2022).

11

Ronald O’Rourke, “U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and

Issues for Congress”, Congressional Research Service (Washington DC: 26 de enero de 2022), 1-48, https://sgp.fas. org/crs/row/R42784.pdf

12 H.I. Sutton, “Iran Deploys Missiles Covering the Strait of Hormuz”, Forbes (7 de abril de 2020), https://www. forbes.com/sites/hisutton/2020/04/07/iran-deploys-missiles-covering-the-strait-of-hormuz/?sh=290b76d5751d

13 Macarena Vidal Liy, “China desafía a sus vecinos con su ‘gran muralla’ de islas artificiales”, El Pais (Pekín: 10 de abril de 2015), https://elpais.com/internacional/2015/04/10/actualidad/1428666875_884351.html

14 Ronald O’Rourke, “U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: …”, 8-10. 15 Ray Mabious, “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower”, Global Security (Washington DC: marzo 2015), 1-20, https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/21st-century-seapower_strategy_201503. pdf

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16 T.S. Rowden, “Surface Force Strategy: Return to sea control”, Naval Surface Force Pacific Fleet (San Diego: 1 de enero de 2016), https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1024229

17 Dimar, “Representante de la Marina de Guerra participó en el Western Pacific Naval Symposium – 2019”, Dirección de Información de la Marina (Perú: 2019), https://marina.mil.pe/es/noticia/representante-de-la-marinade-guerra-participo-en-el-western-pacific-naval-symposium-2019/ (consultado el 5 de julio de 2022).

18 Dimar, “International Exercises”, Dirección de Información de la Marina (Perú: 2022), https://www.marina. mil.pe/en/contribucion/p-e/ejercicios-internacionales/ (consultado el 20 de julio de 2022).

19 Sociedad de Comercio Exterior del Perú, “A 20 años del ingreso del Perú al APEC“. 20 Óscar Maúrtua de Romaña, “La importancia para el Perú de la cuenca del Pacífico y APEC”. 21 Ibíd. 22

Mincetur, “Reporte anual de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,

Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Perú: 2021), https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/reportesestadisticos/reportes-de-comercio/reporte-mensual-de-comercio-exterior/

23 Promperú, “Simulador de Rutas Marítimas”, Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (Perú: 2022), https://rutasmaritimas.promperu.gob.pe/ (consultado el 20 de agosto de 2022).

24 IHS Global, Jane´s Fighting Ships 2019, (Londres: IHS Global, enero 2020), 245-250. 25 Vladimir Padrino López, La escalada de Tucídides, (Caracas: Editorial El Perro y la Rana, 2021), 11-70.

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Plataforma Continental y Soberanía Marítima: Una Controversia Argentino - Chilena Edwin Ocampo Marquina

Resumen En el año 2021, Chile hizo oficial su reclamo frente a los límites marítimos que se impusieron en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este es un debate con algunos antecedentes históricos y grandes repercusiones a nivel diplomático, entre Chile y Argentina. Desavenencia que casi los lleva a una guerra a finales de la década de 1970 y que, nuevamente, se hace presente, pero con aires de intermediación diplomática y pacífica gracias al derecho internacional. En el año 2009, Argentina empezó su proceso de demarcación de límites ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, organismo creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el cual aprobó la propuesta del límite exterior de la plataforma continental presentada por Argentina. Por su parte, Chile pretende retomar lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 para impugnar lo que considera como “acciones unilaterales” por parte del gobierno argentino. El debate territorial por los límites marítimos que ha producido altercados entre estos dos países deja en claro que, a pesar del tiempo transcurrido, para Chile el conflicto ha permanecido latente. En ese sentido, las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina continuarán siendo tensas hasta que se resuelva esta disputa. Palabras clave: Plataforma Continental, Límites Marítimos, Derecho Internacional, Disputa, Organización de las Naciones Unidas.

Introducción Argentina y Chile, países vecinos ubicados en la parte austral de América del Sur, comparten una frontera terrestre de 5,308 kilómetros.1 Ambos se encuentran unidos por vínculos e intereses históricamente comunes, los cuales se remontan a la época de la conquista y expansión española que organizó dichos territorios en el

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virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile. A lo largo de la historia de estos países, la configuración geográfica de dicha frontera -que se extiende sobre accidentes geográficos, ríos, cordilleras, canales y plataformas- ha generado crisis y controversias en su proceso de delimitación. Una de ellas fue la del Canal de Beagle, la cual -en el año 1978- devino en una crisis diplomática con incidentes fronterizos. Gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, se evitó el conflicto armado entre ambos gobiernos de régimen militar, cuya conflictividad estaba exacerbada por falsos nacionalismos. En el año 2021, tras 43 años de una “tensa calma,” se hizo evidente la controversia entre Argentina y Chile respecto a la proyección de sus plataformas continentales, las mismas que se intersectan en un área aproximada de 5,302 km2 al sur este de dichos países, sector que muchos consideran como el ingreso a la Antártida.2 Por consiguiente, la problemática adquiere ribetes estratégicos y, como tal, de prioridad política para ambos países.

Perspectiva Histórica Argentina y Chile son países limítrofes, separados por la cordillera de los Andes, cuyo territorio abarca la parte austral del continente americano. Al igual que la mayoría de países de América del Sur, ambos comparten su origen por la marcada influencia española en el continente, si bien, a lo largo de su historia, se forjaron diferencias evidenciadas por sus costumbres y culturas. La llegada de los españoles al continente americano implicó el establecimiento de virreinatos para facilitar el control del territorio conquistado y la administración de los recursos que extraían de ellos. En ese contexto, los territorios de Argentina y Chile pertenecieron inicialmente al Virreinato del Perú.3 Sin embargo, en el año 1776, la corona española decidió dividir los territorios del Virreinato del Perú a fin de afianzar su dominio, controlar su territorio y mantener el flujo de los recursos que extraían de los mismos, ante las amenazas internas y externas de la época. Por un lado, la historia de Chile se inicia con la fundación de la ciudad de Santiago por Pedro de Valdivia en el año 1540, quien obtuvo la delegación de Francisco Pizarro para continuar la conquista española hacia el sur del continente. Con la fundación de diversas ciudades se configuró la Capitanía General de Chile, dependiente del virreinato del Perú, hasta consolidar su independencia en el año 1818.4 Por otro lado, la historia de Argentina se remonta a la fundación de su capital, Buenos Aires, la cual

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fue fundada dos veces. La primera, en el año 1536 por Pedro de Mendoza, donde las complicadas condiciones de vida y la resistencia de los nativos de la zona influyeron en la despoblación progresiva de la misma, y la segunda en el año 1580, cuando Juan de Garay refundó la ciudad.5 Posteriormente, en el año 1776, ante la necesidad de reorganizar y fortalecer la administración de los territorios conquistados con fines defensivos y comerciales, se creó el Virreinato del Río de la Plata,6 cuyo territorio dejó de pertenecer al Virreinato del Perú y a la Capitanía General de Chile, específicamente el Corregimiento de Cuyo.7 Los pueblos que conformaban este virreinato afianzaron su independencia en el año 1816. Durante el proceso de independencia en América del Sur, Argentina y Chile fueron aliados en esta causa. Argentina fue el primero en lograr su independencia del reino de España. Seguidamente, lo hizo Chile con ayuda del Ejército Libertador de los Andes, que buscaba erradicar todo tipo de presencia española y afianzar la independencia de los nuevos Estados en América del Sur. Logrado el objetivo, los nuevos Estados fueron fortaleciendo su organización política y administrativa interna, así como estableciendo sus fronteras. Proceso que tomó tiempo e implicó crisis fronterizas que se solucionaron diplomáticamente o tras de un conflicto armado. Al respecto, el territorio que configuraron estos nuevos Estados fueron los mismos del periodo colonial, pues se aplicó el principio de Utis Possidetis, según el cual los Estados recientemente independizados conservarían el territorio y las fronteras establecidas durante la dominación española.8 Es preciso indicar que la mayor parte de la frontera entre Argentina y Chile está demarcada por la extensión de la Cordillera de los Andes, tal como lo establecieron en el Tratado de Límites de 1881. La historia que comparten Argentina y Chile, como la mayoría de países de la región, evidencia un origen común de organización administrativa y territorial por la influencia española. Una vez consolidadas sus independencias, cada uno buscó delimitar sus fronteras que, pese a la intención de los gobernantes de turno, no fue delimitada en toda su extensión. Esto, debido -principalmente- a las dificultades para establecer límites en determinados espacios o puntos fronterizos donde los problemas de establecer una línea meridiana, por la geografía o los antecedentes históricos del lugar, no permitieron que las cancillerías o el sistema jurídico actuaran para zanjar las mismas. La formación de los Estados sudamericanos se dio en las primeras décadas del siglo XIX con el debilitamiento y la crisis de las coronas ibéricas. Los nuevos países surgieron

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en base a jurisdicciones internas que conformaban las posesiones coloniales. Es así que del Virreinato del Río de la Plata surgieron Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, mientras que Chile es una herencia de la capitanía homónima, y Brasil de las extintas posesiones portuguesas. El objetivo de todos los Estados independentistas fue legitimar y asegurar la adscripción a ciertas heredades de la administración colonial, en base a conflictivas relaciones internas y externas tanto con sus vecinos como con las potencias coloniales europeas. Desde esa época, se han dado distintos ensambles territoriales en un ciclo de conflictos militares que, en la segunda mitad de ese siglo, permitió la consolidación de seis soberanías territoriales con continuidad hasta la actualidad.9

Perspectiva Geopolítica Chile consolidó sus fronteras durante el siglo XIX,10 tanto en la zona norte como austral, utilizando medios diplomáticos (especialmente con Argentina, por medio de los tratados de los años 1856 y 1881) y bélicos (Guerra del Pacífico con Perú y Bolivia de 1879 a 1884) para configurar su actual territorio. En el siglo XX las soluciones a los conflictos fronterizos se inclinaron al ámbito diplomático, principalmente a través del arbitraje. Sin duda, la geopolítica chilena fue influenciada por las ideas de Friedrich Ratzel, referida a la importancia de crecimiento de los Estados mediante las áreas vitales y la ocupación de los espacios vacíos.11 Ello se evidencia en la postura de diferentes personalidades de su historia, entre los que se puede resaltar a los generales Ramón Cañas Montalva y Augusto Pinochet Ugarte, y al almirante Jorge Martínez Busch. Los estudios de este último, principalmente su publicación titulada “Oceanopolítica: una alternativa para el desarrollo” (1993), fueron incorporados en su política oficial, proyectando el ámbito marítimo como espacio para el crecimiento y desarrollo de Chile. Por otro lado, la geopolítica argentina fue igualmente influenciada por las ideas de Friedrich Ratzel, pero –adicionalmente- tuvo influencia del almirante Mahan, por lo que ha mantenido un interés permanente en su proyección en la zona austral de América del Sur. Entre los referentes de la geopolítica argentina se encuentran el almirante Segundo Storni, quien resalta la importancia de defender los intereses por medio de una política naval para mantener la supremacía sobre las rutas comerciales,12 convirtiendo el espacio marítimo en un medio para alcanzar el desarrollo. Otro referente argentino es el coronel Jorge Atencio, quien sostuvo que la ubicación de 74

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Argentina en el continente es de gran beneficio para su desarrollo económico y político. En esa misma línea, los estudios del contraalmirante Jorge Fraga resaltan la relevancia de los recursos que se encuentran en la plataforma continental, frente a las costas atlánticas, elementos claves para el futuro de Argentina.13 Como se evidencia, la similitud de pensamiento geopolítico que influyó y se desarrolló en ambos países apunta a buscar una hegemonía regional que, a lo largo la historia, ha ido implicando disputas territoriales por los intereses geopolíticos contrapuestos, si bien sin resultar en la escalada a un enfrentamiento bélico. Sin embargo, estos intereses geopolíticos se mantienen vigentes y se enfatizan en el dominio marítimo, no solo por el control de puertos y rutas comerciales, sino también por la relevancia estratégica que representa la existencia de recursos naturales, pues éstos significan reservas invaluables e indispensables para su sostenimiento y desarrollo.

Perspectiva de las Relaciones Diplomáticas Respecto a las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile, estas son parte de las relaciones entre ambos Estados, donde -a pesar de las diferentes líneas o perfiles políticos de sus gobernantes- la agenda de la política exterior prevalece. Valgan verdades, en un mundo cada vez más interconectado, la integración y cooperación internacional basada en intereses comunes es vital no solo para la subsistencia de los países, sino también para alcanzar los objetivos nacionales, y el tan anhelado desarrollo y reconocimiento internacional. Si bien, durante su historia republicana ambos países mantuvieron disputas, nunca llegaron a un enfrentamiento bélico. Pese a ello, sus relaciones diplomáticas no se interrumpieron, pues los decisores políticos tenían presente que existían temas territoriales por resolver y que la mejor forma de hacerlo era por la diplomacia y las normas que rigen el Derecho Internacional. Un claro ejemplo del empleo de mecanismos diplomáticos para solucionar sus discrepancias es el desenlace de la delimitación territorial en la zona del Canal de Beagle, donde primó el empleo de múltiples mecanismos de negociación e instancias de diálogo. Por consiguiente, la voluntad política y el empleo de instrumentos diplomáticos han permitido que Argentina y Chile solucionen sus discrepancias limítrofes y que -en la actualidad- mantengan relaciones bilaterales de cooperación e integración, orientando sus esfuerzos a fortalecer su política exterior y posicionamiento en la región.

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Plataforma Continental y Soberanía Marítima: Una Controversia Argentino - Chilena

La Controversia por la Plataforma Continental Como se puede apreciar, Argentina y Chile han superado sus diferencias territoriales mediante el diálogo y la negociación, sirviendo sus tratados de base para consolidar sus relaciones bilaterales; sin embargo, un reciente evento volvió a reavivar temas del pasado que se daban por zanjados. En el año 2020, Argentina, mediante ley, actualizó su mapa político, motivado por los resultados de estudios realizados sobre la proyección de su plataforma continental. En el mapa político tradicional, la provincia de Córdoba quedaba en el “centro” de Argentina; con el nuevo mapa, esta provincia queda al norte y el “nuevo centro” del país pasa a ser Tierra del Fuego. Esto se verifica por el cambio en los límites marítimos más allá de las 200 millas y la inclusión de la Antártida en dicho mapa, a pesar de que, por tratados internacionales, ningún país ejerce soberanía sobre este espacio, permitiéndose únicamente actividades de investigación científica. Este nuevo mapa político de Argentina generó una reacción de rechazo por parte de Chile, cuyo gobierno, en el año 2021, hizo lo propio y mediante decreto actualizó su Carta Náutica N° 8, especificando los límites de su plataforma continental. Esta acción -como era de suponer- generó también la reacción de Argentina, que -a través de su cancillería- acusó a Chile de apropiarse de 5,500 km2 de su plataforma y soberanía marítima, denunciando una superposición de espacio marítimo ya establecido en el Tratado  de Paz y Amistad  de 1984, tratado que ambos países firmaron como salida diplomática a la disputa por el Canal de Beagle. Considerando el mencionado tratado, el argumento de Argentina es que Chile no puede proyectar su soberanía más allá de los límites acordados, por lo que solo tiene derecho a estar al oeste del meridiano 67° 16’, más no al este.14 Según lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), al cual tanto Argentina como Chile están adheridos desde 1995 y 1997 respectivamente, los Estados ribereños cuentan con un mar territorial y una zona contigua de 200 millas, además de una zona económicamente exclusiva (ZEE) de 176 millas. Sin embargo, se deja la posibilidad de extender las ZEE hasta las 350 millas, cuando la plataforma continental se proyecta más allá de las 200 millas, teniendo los Estados soberanía para la explotación de los recursos naturales existentes, sin afectar la libre navegación de otros países. Asimismo, es importante enfatizar que la CONVEMAR obliga a los Estados a resolver

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por medios pacíficos las controversias relativas a la aplicación o interpretación de la misma. La controversia actual relacionada a la proyección de la plataforma continental de ambos países, discrepa por la interpretación de las partes referente a los límites establecidos en el tratado de 1984, debido a que el meridiano que establece la soberanía al este y oeste del mismo se corta en el llamado “punto F”, y es al sur de ese punto imaginario que Chile proyectó su plataforma marítima hacia el este, sobreponiéndose a la plataforma sustentada por Argentina.15 En el año 1997, Argentina empezó a realizar trabajos de investigación marítima para lo cual estableció la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), integrada por un equipo científico, técnico y jurídico a fin de documentar la real extensión de su plataforma continental, cuyos resultados fueron presentados en el año 2009 a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano científico-técnico creado por la CONVEMAR. Luego del análisis y evaluación de este organismo, en el año 2017, la presentación fue aprobada con excepción del punto relacionado a las Islas Malvinas y sobre la Antártida por estar en disputa y controversia. Ante la presentación hecha por Argentina a la ONU en el año 2009, la cancillería chilena envió una nota diplomática indicando que lo que Argentina estaba haciendo no merecía opinión alguna; luego, en el año 2017, la CLPC aprobó las recomendaciones sobre la presentación argentina. Durante este tiempo, Chile mantuvo una posición indiferente hasta su reacción en el año 2020, cuando empezó a promover una ley en base a los resultados de sus investigaciones y redefinió el límite exterior de su plataforma continental. La cancillería chilena empezó a enviar notas diplomáticas, con conocimiento de la ONU, señalando su disconformidad a lo actuado por Argentina y argumentando que la CLPC no otorga derechos entre Estados, pues no es reconocida ni tiene las prerrogativas de un tribunal. Posteriormente, el gobierno chileno, mediante decreto, actualizó la Carta Náutica N° 8 donde especifica los límites de su plataforma continental,16 sin el análisis y evaluación de la CLPC. Tal y como se ha mostrado, la posición chilena se enfoca en la interpretación del tratado de 1984 que indica que su zona económica se explaya en todo lo que le permita el Derecho Internacional, con el criterio de la distancia de 200 millas. Por ello, defiende la legalidad de su Carta Náutica Nº 8. Asimismo, reconoce el derecho de Argentina a delimitar su plataforma continental, pero sin que afecte a la delimitación chilena.

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Plataforma Continental y Soberanía Marítima: Una Controversia Argentino - Chilena

Conclusiones Para Chile, Argentina fija sus límites por las recomendaciones de un organismo científico que no adjudica, ni vincula derechos entre Estados. Además, según Chile, Argentina ha efectuado acciones sin consulta, lo cual resulta inaceptable. En ese sentido, Argentina y Chile se han enfrascado en una “nueva” disputa territorial, afectando sus relaciones bilaterales, no vista desde aquella que, en 1978, casi los lleva a una guerra. Esta situación podría desencadenar una afectación de la seguridad hemisférica. Por un lado, la solución a la controversia argentino - chilena, respecto a la proyección de sus plataformas continentales y su soberanía marítima, puede demorar años, dada las experiencias internacionales en controversias anteriores. Por otro lado, de no llegarse a un acuerdo, lo más coherente sería que esta disputa sea resuelta en un tribunal internacional, como muchos otros casos referidos a situaciones similares. Los países tienden a preservar y proteger lo que consideran propio, pero ante cualquier discrepancia existente, siempre deben buscar la solución pacífica basada en el respeto a los tratados pactados y al derecho internacional. Como se ha podido apreciar, la cancillería chilena está buscando llegar a un consenso con Argentina, teniendo como faro orientador los mecanismos establecidos en el tratado de 1984. Por su parte, la cancillería argentina considera que es muy pronto para diálogos y negociaciones, porque en su opinión es un derecho adquirido y lo defenderán.17 En este contexto, ambos países seguirán manteniendo y defendiendo su posición, por lo que será un periodo largo de tensiones y susceptibilidades diplomáticas. Se espera que esta controversia no llegue a escalonamientos similares a la década de 1970 y se solucione a través de los mecanismos diplomáticos y en el marco del Derecho Internacional,18 pues cualquier escaramuza en la región afectará la estabilidad y el proceso de recuperación en el cual están inmersos todos los países, tras la pandemia de la COVID-19.

Edwin Ocampo Marquina Comandante de la Fuerza Aérea del Perú, egresado del Programa de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea del Perú y del Curso de Comando y Estado Mayor General del Ejército de los Estados Unidos (WHINSEC). Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Edwin Ocampo Marquina

Notas Finales 1

Gobierno de Argentina, “Límites fronterizos”, Plataforma Digital Estado Argentino (2022), https://www.

argentina.gob.ar/pais/territorio/limites#:~:text=Longitud%20de%20fronteras&text=Bolivia%3A%20742%20 km.,Uruguay%3A%20887%20km (consultado el 15 de julio de 2022).

2

Ignacio Grimaldi, “Chile y Argentina se disputan plataforma continental al sur de sus países”, CNN Español

(2 de septiembre de 2021), https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/02/chile-argentina-plataforma-continental-orixperspectivas-buenos-aires/#0 (consultado el 12 de julio de 2022).

3

Peter F. Klarén, “Nación y sociedad en la historia del Perú”, Instituto de Estudios Peruanos, (Lima: 2004),

https://www.academia.edu/16250229/251473681_Nacion_y_sociedad_en_la_historia_del_Peru_Klaren_Peter_pdf (consultado el 23 de agosto de 2022).

4

Juan E. Mendoza, “Razonamiento Geopolítico. Construcción de representaciones y códigos geopolíticos de

Chile y sus vecinos”, Universidad de Concepción (2017), https://editorial.udec.cl/sites/default/files/Razonamiento%20 geopolítico.pdf

5

Ibíd.

6

Peter F. Klarén, “Nación y sociedad en la historia del Perú”.

7

Ceider, “El Corregimiento de Cuyo como Institución Hispanoamericana Disciplinas”, Centro

Interdisciplinario de Estudios Regionales (2022), http://historiavirtual.mza.uncu.edu.ar/mendoza-colonial/iga10. html (consultado el 13 de julio de 2022).

8

Biblioteca Nacional Digital, “Memoria Chilena 2018”, Biblioteca Nacional de Chile (2022), https://www.

memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-827557.html (consultado el 19 de julio de 2022).

9

Alejandro Benedetti, “Espacios fronterizos del sur sudamericano. Propuesta de un modelo

conceptual para su estudio”, Repositorio SciELO (junio 2014), http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0187-69612014000100001 (consultado el 22 de julio de 2022).

10 Ibíd. 11

Ibíd.

12 Ibíd. 13 Ibíd. 14 Federico Rivas y Rocío Montes, “Argentina y Chile chocan por una disputa marítima en el extremo sur americano”, El País (2 de setiembre 2021), https://elpais.com/internacional/2021-09-03/argentina-y-chile-seenredan-en-una-disputa-maritima-en-el-extremo-sur-americano.html (consultado el 24 de agosto de 2022).

15

Ibíd.

16 Ibíd. 17

Ibíd.

18 Ludmila Cabagnero, “Reavivando viejos (des)acuerdos: territorio en disputa Argentina – Chile”, Córdoba Global Centro de Estudios Internacionales (2021), https://cbaglobal.com.ar/reavivando-viejos-desacuerdosterritorio-en-disputa-argentina-chile/ (consultado el 24 de agosto de 2022).

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LA EVOLUCIÓN DE LAS AMENAZAS

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Eduardo Martín Cruz Chávez

Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM Eduardo Martín Cruz Chávez

Resumen En este artículo se aborda la alianza existente entre los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Por un lado, SL necesita solventar sus gastos administrativos y operativos; por otro lado, los narcotraficantes necesitan asegurar sus actividades en la zona, donde -desde hace más de tres décadas- las autoridades nacionales no han podido derrotar a los remanentes de SL, a pesar de un sinnúmero de operativos. Sin duda, la principal preocupación de una organización criminal es mantener y hacer crecer sus operaciones, sin importar quién sea su aliado. En ese sentido, mientras que el Estado no planifique, desarrolle y ponga en marcha un programa efectivo para enfrentar en simultáneo el problema del terrorismo y narcotráfico, estos seguirán existiendo como un mal endémico que afecta a la población y, por consiguiente, a la economía y el desarrollo del país. Palabras clave: Sendero Luminoso, Narcotráfico, VRAEM.

Introducción El valle del Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) representan el centro productor de la cocaína en el Perú. Estos lugares fueron invadidos por Sendero Luminoso (SL) a mediados de las décadas de 1980 y 1990, donde formaron “zonas liberadas.” El VRAEM es crucial para los narcotraficantes porque les ha permitido desarrollar en la región un patrón específico de interacción con los remanentes de SL, ayudándoles -a estos últimos- a financiar su revolución en el resto del país durante esas décadas. En general, las organizaciones terroristas utilizan técnicas y tecnología de punta para diversificar sus fuentes de financiamiento, medios de comunicación y modos

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Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM

de operación. Asimismo, estas organizaciones difunden desinformación mientras ponen en peligro la seguridad de la población, dependiendo -frecuentemente- de las actividades del crimen organizado para alcanzar sus objetivos políticos.1 En ese contexto, la marginación social y económica, así como las crecientes disparidades y los abusos contra los derechos humanos son condiciones que fomentan el extremismo violento y el terrorismo. La alianza de SL con organizaciones dedicadas al narcotráfico se originó por la imperiosa necesidad de solventar sus gastos a cambio de brindar seguridad a los narcotraficantes. La transformación de SL se inició en el año 2000, a partir de su mutación como organización criminal en el valle de los ríos Apurímac y Ene, fenómeno favorecido por la debilidad del Estado peruano en la zona, y que actualmente se ha propagado a sectores circundantes al río Mantaro. En ese sentido, en este artículo se aborda el neosenderismo en el VRAEM, el resurgimiento del cultivo de coca en el Perú y Bolivia, y la mutación de SL en una organización narcoterrorista.

Neosenderismo en el VRAEM La conexión del neosenderismo con el narcotráfico es conocida como narcoguerrilla o narcoterrorismo, pudiendo tener -o no- características de un movimiento organizado. Durante las dos últimas décadas, SL ha desechado la teoría insurreccional de Abimael Guzmán y ha replanteado su estrategia con el objetivo de fortalecer su poder, estabilidad y base económica en el VRAEM a través del narcotráfico. Los neosenderistas operan como una banda criminal organizada a pesar de sus bases políticas, enfatizando la nueva interpretación de sus objetivos políticos.2 En esta organización prevalece la actividad comercial relacionada con el narcotráfico, brindándoles seguridad y dedicándose al sicariato. Por ello, es importante diferenciar entre terrorismo y narcotráfico, dos actividades socioeconómicas distintas, a pesar de tener adversarios, áreas geográficas y víctimas comunes. Los neosenderistas son solo una pieza más del engranaje del narcotráfico en el VRAEM, involucrándose en el crimen organizado.3 Ha habido mucho debate sobre si la guerra impactó principalmente en su ideología o si fue simplemente un capítulo más en la historia post Guzmán de SL.4 Sin embargo, se puede afirmar que los remanentes de SL se encuentran en un período de acumulación de fuerzas, ante la ausencia del Estado peruano en el VRAEM. Los neosenderistas no son senderistas puros alimentados de ideología, sino que se disfrazan en un discurso

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Eduardo Martín Cruz Chávez

político para involucrarse en el narcotráfico y obtener beneficios económicos. No obstante, gracias a ese discurso político logran captar a la población, siendo su experiencia militar y su estructura de organización y mando sus principales fortalezas.

Resurgimiento del Cultivo de Coca en el Perú y Bolivia Perú y Bolivia son dos países tradicionalmente productores de coca en los Andes centrales de América del Sur, aunque dicha producción se ha incrementado significativamente durante las últimas décadas. Por consiguiente, la atención y los recursos de países como los Estados Unidos (que apoya en mayor medida a Colombia en la lucha contra el narcotráfico) deberían enfocarse también en la zona del VRAEM. Desde las acciones del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) del año 1952, las cooperativas campesinas han existido en las áreas rurales de Bolivia, generando asociaciones de cultivadores de coca y previniendo el surgimiento de grupos criminales o movimientos guerrilleros como intermediarios. En el Perú, se puede decir que SL se ha convertido en un grupo narcoterrorista debido a la falta de asociaciones de base fuertes entre los campesinos, lo que permitió que ambas organizaciones guerrilleras (SL y MNR) actuaran como intermediarias y protectoras de los narcotraficantes o -en otros casos- realizaran acciones de tráfico de drogas, propiamente dicho.5 Para evitar que se repita el efecto globo (empujar el cultivo fuera de un país solo para que reaparezca en otros) el gobierno de los Estados Unidos tendrá que establecer una relación viable con el gobierno de Bolivia, y encontrar formas efectivas de combatir el resurgimiento de SL y el cultivo de coca en el Perú. Si no se logran políticas de control de drogas más efectivas en ambos países, es probable que se produzca un incremento continuo de la producción de coca en Perú y Bolivia, anulando así cualquier progreso de las políticas contra el cultivo y el narcotráfico adoptadas por el gobierno peruano en el VRAEM.

La Mutación de Sendero Luminoso en una Organización Narcoterrorista. Las organizaciones peruanas dedicadas al narcotráfico, conocidas como “firmas,” son débiles en comparación con los grupos criminales colombianos, como los extintos carteles de Cali y Medellín. Los traficantes peruanos están menos organizados, son menos potentes y poco capaces de crear alianzas y tratos con grupos competidores.

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Sendero Luminoso y su Alianza con el Narcotráfico en el VRAEM

Tradicionalmente, las “firmas” convierten la hoja de coca en pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, coordinando los envíos aéreos de estos productos a Colombia.6 Sin embargo, los narcotraficantes peruanos han adquirido una mayor autonomía después de que el Cartel de Cali fuera desarticulado en el año 1995 y han comenzado a producir y vender su propia cocaína a bandas mexicanas que envían la droga a los Estados Unidos.7 Debido a su vulnerabilidad, los narcotraficantes han aceptado la oferta de los remanentes de SL en el VRAEM, a través de la cual se les brinda protección armada contra los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), permitiéndoles continuar con sus operaciones delictivas en la zona. Aunque los traficantes peruanos son lo suficientemente poderosos como para extorsionar y abusar de los campesinos en el VRAEM, son a la par incapaces de hacer frente a las FF. AA. o a la PNP. La falta de un grupo suficientemente fuerte de traficantes que pueda coordinar sus actividades, como ocurriera con la organización de Pablo Escobar para el Cártel de Medellín o la de Orejuela para el Cártel de Cali, es un valido argumento de la teoría de la acción colectiva, en contraste con Colombia. Debido a que los traficantes peruanos confían en la experiencia y seguridad de los sicarios colombianos, también es factible que estos últimos utilicen una estrategia de divide y vencerás con los primeros.8 A finales del siglo pasado, existieron alrededor de 12 “firmas” en el Perú, las cuales tenían el control de 100 subgrupos.9 Las “firmas” más grandes estaban lideradas por capos como Reynaldo Reynoso (detenido en el año 1985), Catalino Escalante (alias “Vampiro”), Guillermo Cárdenas (alias “Mosca Loca”) y su hijo Jorge (alias “Mosquito Loco,” detenido en el año 1997), Demetrio Chávez (alias “el Vaticano”), y Elías Chávez (alias “Lan Chile”).10 Los traficantes en el Perú tienen un interés compartido por sobornar a las autoridades civiles y/o militares, protegerse de las fuerzas del orden y del Estado, así como obligar a los campesinos a cultivar y vender su hoja de coca a un menor precio. Esta es una directriz que persiguen todas las “firmas” narcotraficantes en el VRAEM. Por lo tanto, estas acciones constituyen un método para incrementar y afianzar el negocio de la cocaína. No obstaste, ninguna de estas “firmas” -por si sola- ha sido capaz de construir una organización sólida y eficaz para lograr esos objetivos. Por su vinculación con el narcotráfico, SL inició un proceso estructural de transición hacia el neosenderismo, partiendo de sus orígenes como organización criminal en el 86

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Eduardo Martín Cruz Chávez

VRAEM. Si bien es plausible que los narcotraficantes tuvieran interés en frustrar los esfuerzos del gobierno peruano para regular el VRAEM, intentar cambiar el sistema político del país o sus bases económicas y sociales no serviría ni a sus objetivos, ni a los de los ciudadanos del país. Por ejemplo, para los narcotraficantes, la actividad capitalista arquetípica (ilegal) de libre mercado no tendría cabida en una sociedad comunista puritana como la “Nueva República Democrática” que planeó imponer el grupo terrorista SL en su momento. En cambio, la corrupción de políticos y funcionarios gubernamentales es importante para los narcotraficantes como medio de salvaguarda para su comercio. Los narcotraficantes son parte de un mercado global, lo que hace que sea ventajoso para ellos mantener un mercado libre. El dilema del Estado peruano radica en que, si bien promete brindar un desarrollo alternativo a los campesinos cocaleros (compromiso que existe “en el papel” desde el año 1991), no ha podido, sin embargo, realizarlo, debido a su limitada capacidad y crecimiento socioeconómico ya que, al no haberse mejorado las políticas de control de drogas, el Perú depende del financiamiento externo para llevar a cabo estas iniciativas. En ese contexto, la asistencia de Estados Unidos está más orientada a políticas de represión (interdicción) que de crecimiento económico por lo que, ante esta realidad, los campesinos del VRAEM son más propensos a aceptar la protección de SL. Mientras tanto, los traficantes persisten en sus actividades ilícitas y SL continúa exigiéndoles dinero, pudiendo satisfacer mutuamente sus necesidades y permanecer en dicho lugar. Por consiguiente, sin otras alternativas de desarrollo, la coca seguirá siendo el principal medio de subsistencia de los campesinos del VRAEM.11

Conclusiones El principal objetivo de una organización criminal es mantener y hacer crecer sus operaciones, sin importar con quien aliarse o infringir sus convicciones políticas. En ese sentido, existe una necesidad mutua -entre SL y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico- por tener una alianza que les beneficie. Mientras que SL necesita quien le pueda solventar sus gastos administrativos y operativos, los narcotraficantes necesitan recibir seguridad en la zona del VRAEM. Muchos creen que una vez que SL haya sido derrotado militarmente, los campesinos cocaleros podrán agruparse bajo la bandera de una federación sindical nacional de cocaleros y usar las patrullas armadas para chantajear al gobierno o para protegerse

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de cualquier futura campaña. Si bien es cierto que las acciones terroristas de SL vienen siendo contenidas por las FF. AA. y la PNP, paradójicamente el peligro del narcotráfico se ha incrementado de manera significativa debido a los crecientes niveles de corrupción en los gobiernos regionales y locales del VRAEM. Otro factor a tener en cuenta es el desequilibrio de fuerzas entre SL y las “firmas” de narcotraficantes en el Perú. Esta diferencia es bastante alta a favor de los remanentes de SL, aunque una alianza no necesita tener una simetría de poder para existir. Esta situación muestra que no existe un “Sindicato de Drogas Peruano,” sino un conjunto de bandas criminales independientes que carecen de recursos para unir fuerzas contra un adversario más grande. Sin embargo, aún se debate si la asociación de SL con los narcotraficantes constituye una alianza o un “matrimonio de conveniencia.” Sin mayores opciones, los narcotraficantes peruanos han aceptado la protección de SL ya que, cuando estos últimos ocuparon el VRAEM, los asesinos a sueldo que trabajaban para las “firmas” fueron casi eliminados. Debido a la complejidad de los mercados de drogas ilegales, reducir la oferta de estupefacientes también se ha vuelto más complejo. La seguridad, la salud y el bienestar general de las personas y las comunidades se ven amenazados por los niveles, sin precedentes, de cultivo, fabricación y tráfico de drogas ilegales. Varias causas, incluida la urbanización, los cambios demográficos y, en particular, el “aumento de la juventud” y la desigualdad socioeconómica, están impulsando el crecimiento del consumo de drogas, especialmente en los países emergentes. Mientras el Estado no planifique, desarrolle y ponga en marcha un programa efectivo que pueda derrotar en forma conjunta tanto el terrorismo y como el narcotráfico, estos seguirán existiendo como un mal endémico que afecta no solo a la población de la zona del VRAEM, sino a la economía y desarrollo del país.

Eduardo Martín Cruz Chávez Coronel de la Policía Nacional del Perú, Abogado por la Universidad Peruana de las Américas y Licenciado en Administración por la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Eduardo Martín Cruz Chávez

Notas Finales 1

UNODC, “Estudio mundial sobre el tráfico de armas de fuego 2020”, Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (2020), https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Global_Study_Ex_ Summary_es.pdf

2

Fernando Rospigliosi, “La Responsabilidad del Gobierno”, La República (23 de mayo de 2019), https://

larepublica.pe/politica/395944-la-responsabilidad-del-gobierno/

3

Ricardo Soberón, “El narcotráfico en el Perú y la ausencia de políticas de Estado”, Centro de Estudios

y Promoción del Desarrollo (Perú: 2007), http://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/11/Peru_ Hoy_2007A_12_Soberón.pdf

4

Raúl González, “Contraataque militar a Sendero Luminoso”, en una entrevista por Páez, Ángel, Diario

Digital Republica Dominicana (17 de mayo de 2010), https://hoy.com.do/

5

Mariano Valderrama y Hugo Cabieses, Questionable Alliances in the War on Drugs: Peru and the United

States, (Florida: University Press of Florida, 2004), 53-69.

6

Administración para el Control de Drogas, “El Comercio Sudamericano de Cocaína: Una ‘Industria’ en

transición”, U.S. Department of Justice (2022), https://www.justice.gov/; Pablo G. Dreyfus, “When all the Evils Come Together: Cocaine, Corruption, and Shining Path in Peru’s Upper Huallaga Valley, 1980 to 1995”, SAGE Journals (1999), https://doi.org/10.1177/1043986299015004004

7

Ibíd.

8

LaMond Tullis, Unintended Consequences: Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries (Studies on the

Impact of the Illegal Drug Trade), (London: United Nations University, 1995), 72.

9

Los Señores de la Droga, Actualización sobre el Narcotráfico, (marzo de 1994), 7.

10 Rensselaer W. Lee III, El laberinto blanco. Cocaína y poder político, (Londres: Transaction Publishers, 1991), 109.

11

Ibíd.

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Miguel Ángel Contreras Gallegos

Desafíos del Empleo de las Fuerzas Armadas en Apoyo a la Policía Nacional del Perú para la Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Contreras Gallegos

Resumen La seguridad ciudadana es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, involucrando no solo a las entidades del Estado, sino también a la empresa privada e incluso a la comunidad organizada. Este esfuerzo debería converger en el logro de vivir en armonía, posibilitando el desarrollo de las actividades cotidianas con normalidad. En ese contexto, en este artículo se analiza la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la seguridad ciudadana. La problemática encontrada es que las FF. AA. disponen de capacidades para la guerra, las cuales -obligatoriamenterequieren ser adecuadas si se pretende proporcionar un apoyo eficaz. De no mitigar la problemática, es probable que las operaciones de las FF. AA. produzcan efectos negativos a la población en relación con los derechos humanos, así como que los planificadores y participantes sean objeto de problemas judiciales. En tal sentido, es importante crear un ambiente operacional que disponga de normas legales adecuadas y una fuerza militar con capacidades óptimas. Palabras clave: Estado, Delincuencia, Normas, Capacidad de Respuesta, Seguridad Ciudadana.

Introducción La problemática abordada en este artículo se enfoca en el mejoramiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), las cuales aún no han alcanzado un nivel óptimo que les permita reaccionar de forma eficiente ante cualquier crisis que atente contra la seguridad ciudadana. Para ello, se analizará la normatividad disponible, el tipo de equipo y el nivel de capacitación, instrucción y entrenamiento del personal

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militar para la planificación y conducción de acciones militares en apoyo al control de la seguridad ciudadana. Al respecto, si bien existe el marco legal para el uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas, presenta vacíos que deben ser resueltos con la finalidad de que las FF. AA. realicen operaciones eficaces en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campo de la seguridad ciudadana. Adicionalmente, las FF. AA. están organizadas y equipadas para responder ante una crisis o situación de emergencia que afecte al Estado peruano. Sin embargo, debido a las complejas situaciones de los últimos años, estas habilidades deben modificarse y disminuir su letalidad si se pretende que las FF. AA. se involucren en la seguridad ciudadana. Aunque ciertos elementos de las instituciones armadas tienen experiencia en el uso y empleo de la fuerza para mantener el orden público, resulta necesario que el personal militar sea debidamente entrenado en acciones de intervención y tratamiento con la población. Igualmente, deben de recibir capacitación práctica sobre las técnicas de control de multitudes en acciones de violencia. Por consiguiente, se hace necesario estandarizar los procedimientos de intervención en coordinación con la PNP y, adicionalmente, que las FF. AA. y la PNP realicen un planeamiento conjunto que les permita fortalecer e integrar sus capacidades y, por ende, disminuir sus debilidades.

La Seguridad y Defensa Nacional en la Región La definición del orden internacional, la globalización y los diversos procesos de integración transnacional han cambiado los conceptos de seguridad y defensa a nivel internacional, regional y nacional. La seguridad y la defensa tienen definiciones diferentes. La defensa es la acción o conjunto de acciones capaces de proporcionar y mantener la sensación de seguridad en la sociedad; por otro lado, la seguridad es un Derecho Constitucional del ser humano y del Estado, válido en todos los países y constituye, junto con la justicia y el bienestar común, una de las tres finalidades del Estado.1

Vivir con seguridad es un derecho y una necesidad básica de los ciudadanos que el Estado debe garantizar de forma permanente, ya que las amenazas y los conflictos son cada vez más complejos. Asimismo, están surgiendo nuevas formas de conflictos y amenazas de carácter transnacional, que vulneran y afectan el normal desarrollo de las actividades de la población.2

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La seguridad de la ciudadanía se ha desbordado en la sociedad. Sistemáticamente, la delincuencia común y la delincuencia organizada están ganando terreno. En muchos países de América Latina, la capacidad de la Policía o agencias similares han llegado al límite del control del crimen. En ese contexto, las FF. AA. están también participando en el control de la seguridad ciudadana.3 Si bien existen diferentes opiniones sobre los roles que cumplen las FF. AA., su empleo en la lucha contra el crimen organizado origina debates y controversias. La participación de las FF. AA. en temas de seguridad ciudadana ha tenido un impacto aceptable en la población, logrando disminuir los índices de criminalidad en algunos países de América Latina. En otros países de Latinoamérica o Europa, las FF. AA. han ampliado su radio de acción en materia de seguridad pública. La globalización ha acentuado el problema de los actores criminales transnacionales que operan dentro de las fronteras nacionales y, en tal sentido, ha sido necesario emplear la fuerza militar adaptando la normatividad sobre el uso de la fuerza.4

Las fuerzas policiales han demostrado ser insuficientes en diferentes lugares del país. Por lo tanto, su capacidad de respuesta se ha visto disminuida, lo que se agravaría frente a los demás desafíos y amenazas emergentes que pudiesen suscitarse. En América Latina, las FF.AA. están cubriendo esta falencia, como es el caso de El Salvador. En ese país, se han diseñado FF.AA. dotadas de capacidades reguladas para enfrentar al crimen organizado; por consiguiente, han tenido que disminuir su efecto letal con fines de un mayor control, y ser únicamente empleadas para casos de emergencia. Al emplear las FF. AA. cara a cara con la población, esto conlleva consecuencias negativas para los regímenes democráticos a nivel local y nacional; asimismo, podría afectar las libertades civiles, ya que en muchos casos el accionar de las FF. AA. tiene un grado considerable de rudeza y sus armas son para aniquilar y no para controlar, hecho que afectaría seriamente a la ciudadanía.5

En tal sentido, se requiere que los gobiernos capaciten al personal militar con la finalidad de minimizar riesgos potenciales. Esta capacitación debe incluir -como mínimo- los siguientes aspectos: control de multitudes, tácticas de persuasión, inteligencia policial, normas legales, derechos humanos, análisis de crisis en orden público, planeamiento militar-policial, procedimientos de detención, seguridad de la fuerza y análisis de la normatividad legal durante los operativos. Por lo tanto, para implementar efectivamente los nuevos métodos de seguridad, es fundamental formular políticas públicas basadas en hechos y rigor científico.

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Se deben cumplir tres condiciones para que este enfoque sea efectivo: Acceso a modernas herramientas de comunicación, disponibilidad y manejo de información veraz y oportuna, así como recursos humanos con capacidades técnicas para gestionar políticas asociadas al nuevo paradigma de seguridad, tanto en ambientes formales como informales.6

Para el planeamiento militar en apoyo a la seguridad ciudadana, el proceso de toma de decisiones depende, en gran medida, de la precisión y accesibilidad de la información e inteligencia militar-policial, ya que permite una evaluación más precisa del problema, reduciendo el peso de variables subjetivas como la sensación de inseguridad, la opinión pública, y la influencia de los medios de comunicación social. Adicionalmente, aún existen problemas de tecnología en el ciberespacio que impiden que los datos sobre delincuencia y violencia se recopilen y sean transmitidos de manera oportuna. Consecuentemente, es necesario que la PNP mejore las capacidades de sus plataformas de control policial para situaciones de conflictos y orden público. Esta información debería ser compartida con las FF. AA. en casos de emergencia y también durante los entrenamientos conjuntos.7 El enfoque sistémico de la seguridad ciudadana requiere de personal con capacidades técnicas y profesionales especializadas en competencias transversales, como el trabajo en equipo, una actitud proactiva y resolutiva, y habilidades de comunicación horizontal y vertical. Sin embargo, es necesario mejorar los sistemas de acceso de datos sobre las actividades de la delincuencia organizada. Para ello, se hace necesario disponer de plataformas y sistemas de control integrados al ciberespacio, que permitan utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para luchar contra las organizaciones criminales. Estos medios deben ser compartidos con las FF. AA. en sus sistemas de comando y control existentes.

La Seguridad y la Defensa Nacional en el Perú El Libro Blanco de la Defensa Nacional señala que “los peligros tradicionales provienen de las disputas territoriales, a las que se suman las organizaciones radicales que fomentan la violencia social y los estallidos populares, que están contribuyendo al crecimiento de los conflictos sociales en el Perú.”8 Esto conlleva a que la percepción de la inseguridad ciudadana se haya visto significativamente afectada por la globalización. La seguridad ciudadana es la acción del Estado para proteger a la población en todos los campos de la actividad humana a través de estrategias que permitan la convivencia

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pacífica, igualitaria y libre de toda forma de violencia, basándose en la protección a la vida y los derechos humanos. En tal sentido, el Estado peruano debe de mejorar las políticas públicas, así como la normatividad legal y presupuestaria para que tanto las FF. AA. como la PNP puedan trabajar eficazmente. El sentimiento de inseguridad ciudadana se ha acrecentado significativamente en los últimos diez años; la delimitación geográfica de Lima y Callao, atribuibles principalmente a factores como el aumento del desempleo y la pobreza, devienen en un nivel de violencia y problemas sociales que ponen en peligro la seguridad personal, propiedad privada y la libertad de las personas.9

En el Perú, las amenazas tradicionales que provenían de disputas territoriales han sido reemplazadas por grupos radicales que fomentan la violencia social y los exabruptos públicos. Usualmente, los disturbios civiles se generan por motivos políticos, sociales y económicos. No obstante, las capacidades de las FF. AA. aún no han sido adaptadas, careciéndose de unidades creadas especialmente para el apoyo al orden interno y la seguridad ciudadana. Asimismo, el aspecto de interoperabilidad no se encuentra convenientemente definido para tal fin. El equipamiento para control de multitudes solo está disponible en ciertas unidades militares de la capital como, por ejemplo, en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales y algunas otras unidades de la Segunda División de Ejército acantonadas en la capital. La PNP, como institución tutelar, tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno y, por consiguiente, la seguridad ciudadana. Sus esfuerzos se pueden apreciar diariamente; sin embargo, el problema es más amplio y requiere de un real compromiso de las autoridades y complementar con las capacidades militares.10

La PNP ha sido diseñada para acciones de control del orden interno y mantenimiento del orden público, mientras que las FF. AA. están entrenadas para usar la fuerza letal contra el enemigo hasta lograr su destrucción. Esta disyuntiva obliga a regular el tipo de medios y capacidades militares para la seguridad ciudadana. De no ser así, el poder destructivo generaría conflictos sociales y -principalmente- problemas al personal militar que planifica y participa de las operaciones. Por ese motivo, resulta imprescindible la estandarización de los procedimientos de ambas fuerzas para ser empleadas en la seguridad ciudadana.11 Finalmente, una unidad militar diseñada para apoyar el control de la seguridad ciudadana debe de emplear un equipamiento para el control de multitudes, armas no letales, armas letales en mínimas cantidades (solo para casos de emergencia), y sistemas de comunicaciones interoperables con el puesto de comando (ya sea militar Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

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o policial). Igualmente, las patrullas militares deben de disponer de comunicación radioeléctrica para cada uno de sus integrantes, mientras que el sistema de comando y control requiere de aviones no tripulados y drones para el monitoreo de los operativos.

Conclusiones La capacidad militar es el conjunto de recursos y habilidades que permiten llevar a cabo operaciones y acciones militares para contrarrestar amenazas, problemas y preocupaciones en los niveles estratégico, operativo y táctico. Sin embargo, estas capacidades no están adecuadas a los requerimientos operativos que exige el apoyo a la PNP en la seguridad ciudadana, en razón de que el empleo de las armas tiene un efecto destructivo. Las FF. AA. cuentan con ciertas capacidades para participar en el control de la seguridad ciudadana. No obstante, debido a la gran variedad de escenarios que afectan los derechos humanos, sus medios y sistemas de armas deben disminuir el nivel de letalidad. Por ese motivo, estas instituciones deben de adquirir armas no letales orientadas al control de multitudes. Paralelamente, el Estado peruano debe promulgar las normas legales que permitan a las FF. AA. participar adecuadamente. El empleo óptimo de las FF. AA. para la seguridad ciudadana tiene como centro de gravedad la capacitación del personal militar en las actividades de tratamiento con la población y en el empleo de la fuerza. En tal sentido, es necesario estandarizar los procedimientos en coordinación con la PNP, aprovechando la experiencia y la doctrina policial. La teoría del enfoque sistémico en acciones conjuntas de seguridad ciudadana requiere disponer de personal con capacidades técnicas y profesionales especializadas en competencias tecnológicas de información. Por lo tanto, es necesario disponer de plataformas y sistemas de control integrados al ciberespacio, que permitan utilizar las TIC para luchar contra las organizaciones criminales. Estos medios deben de ser compartidos con las FF. AA. y ser integrados a los sistemas de comando y control existentes. Adicionalmente, es necesario que exista un planeamiento coordinado entre ambas fuerzas con la finalidad de sincronizar las acciones e integrar sus capacidades. En la etapa de conducción de las operaciones combinadas se requiere detallar y adecuar la capacidad de comando y control. Su ejecución descentralizada vulneraría la unidad de comando, originando la pérdida de la capacidad de maniobra en un escenario donde solo la PNP tiene experiencia. Consecuentemente, se deben establecer los protocolos

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de intervención de las FF. AA. a fin de no causar daños en la población y no atentar contra los derechos humanos. Por ende, es necesario verificar ambas doctrinas y establecer criterios o protocolos estandarizados.

Miguel Ángel Contreras Gallegos Coronel de la Policía Nacional del Perú, Maestro en Administración y Ciencias Policiales con Mención en Orden Público y Seguridad, Licenciado en Administración y Ciencias Policiales, y Licenciado en Educación Secundaria. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Notas Finales 1 César Astudillo. “Un ensayo sobre la Seguridad y la Defensa en el Perú – Nuevas Amenazas, Nuevos Roles”, Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú (diciembre 2017), https://www.esffaa.edu.pe/wp-content/ uploads/2020/10/LIBRO-ENSAYO-SEGURIDAD-DEFENSA.pdf

2 Ibíd. 3 Jhon Baylis, Seguridad internacional y global en la era de la posguerra fría. La globalización de la política mundial: Una introducción a las relaciones internacionales (Oxford University Press, 2001).

4 Marcio Da Silva, Empleo de las Fuerzas Armadas brasileñas contra los delitos transfronterizos, (Argentina: Universidad de la Defensa Nacional del Plata, 2017).

5 Ibíd. 6 Eduardo Castro, “La noción de policía en los trabajos de Michel Foucault: objeto, límites, antinomias”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Universidad Nacional de Colombia (1 de julio de 2019), https://doi.org/10.15446/achsc.v46n2.78218

7

Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security”, European Journal of International

Relations (2008), 563-587, https://doi.org/10.1177/1354066108097553

8 Juan Carlos Huamaní, Optimización de la capacidad operativa del Ejército en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente a la alteración del orden público por conflictos sociales en la minería, (Perú: Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Post Grado, 2021).

9 Ibíd., 1. 10 Roger Aguilar, Reyner Arévalo y Javier Ccapa. “Capacidad de respuesta del Ejército del Perú en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno”, Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Post Grado (2019), http://repositorio.esge.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14141/200/CAPACIDAD%20DE%20RESPUESTA%20 DEL%20EJÉRCITO%20DEL%20PERÚ%20EN%20APOYO%20A%20LA%20POLICIA.pdf?sequence=3&isAllowed=y

11 Alberto Cahua, Elvis Cabrera y Leoncio Bernal, “Organización y empleo de una fuerza militar especializada para desastres naturales en el Perú”, Escuela Superior de Guerra Escuela de Post Grado (2018), http://repositorio.esge. edu.pe/bitstream/handle/20.500.14141/145/ORGANIZACIÓN%20Y%20EMPLEO%20DE%20UNA%20FUERZA%20 MILITAR%20ESPECIALIZADA%20PARA%20DESASTRES.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Alcances Legales para el Uso de la Fuerza Durante las Operaciones Guardacostas: Un Tema Pendiente Eduardo Israel Zamora Chung

Resumen Las actividades industriales y productivas en el ámbito acuático, que promueven el desarrollo socioeconómico del país, requi eren que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú – Autoridad Marítima Nacional garantice la seguridad de las mismas. Para ello, las Operaciones Guardacostas, realizadas dentro del ejercicio de la Autoridad Marítima, deben enmarcarse en el debido proceso legal. En ese sentido, resulta imprescindible que dicha autoridad cuente con reglas claras para el adecuado uso de la fuerza, ya que, actualmente, carece de un adecuado marco legal que salvaguarde a su personal y que haga más eficiente su capacidad de respuesta. Palabras clave: Uso de la Fuerza, Cumplimiento de la Ley, Autoridad Marítima, Operaciones Guardacostas.

Introducción Según la Política Nacional Marítima 2019-2030, las actividades acuáticas en el Perú seguirán incrementándose debido a la fluidez del comercio internacional (que en un 90 % se realiza por mar) y al desarrollo industrial en el ámbito marítimo (impulsadas por la globalización). Asimismo, la creciente demanda global de alimentos ha impulsado el incremento de las actividades de producción hidrobiológica, siendo China el principal país receptor.1 Estas actividades requieren de una adecuada seguridad, que faciliten su desarrollo y minimicen los riesgos asociados.2 Por lo tanto, resulta imprescindible la adopción de medidas legales coercitivas, como el uso de la fuerza por parte de la Autoridad Marítima Nacional (AMN), para una adecuada ejecución de Operaciones Guardacostas y Policía Marítima, a fin de brindar seguridad y protección, y un mejor control de dichas actividades productivas.

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Alcances Legales para el Uso de la Fuerza Durante las Operaciones Guardacostas: Un Tema Pendiente

Al respecto, tanto las Reglas de Enfrentamiento (REN) como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) constituyen aquellas normas que especifican las circunstancias y limitaciones mediante las cuales la autoridad superior mantiene el control sobre el uso de la fuerza y que, a la vez, se utilizan para controlar las acciones que podrían interpretarse como provocadoras o que generen una escalada por los oponentes.3 Dentro de la doctrina internacional, se reconocen las diferencias entre las REN (empleadas para el combate u operaciones militares en el frente externo) y las RUF (empleadas para misiones de apoyo a las autoridades civiles y fuerzas de protección en situaciones domésticas).4 En este artículo se analiza la necesidad que tiene la AMN - Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de contar con reglas claras para el uso de la fuerza, que le permitan hacer prevalecer el imperio de la ley durante el cumplimiento de sus funciones. Para ello, se abordarán conceptos relacionados a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), como entes con funciones similares a la DICAPI. Seguidamente, se analizarán las RUF vigentes en el Perú y se describirán los alcances funcionales, operativos y legales de la AMN, para, finalmente, arribar a algunas conclusiones.

Finalidad Constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Por una parte, el artículo 165 de la Constitución Política del Perú (CPP) señala que las FF. AA. “tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.” Por otra parte, el artículo 166 de la CPP indica que la PNP “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.” Consecuentemente, se puede afirmar que las FF. AA. son las encargadas de enfrentar amenazas externas (durante conflictos armados internacionales) y amenazas internas (durante conflictos armados internos no internacionales), mientras que la PNP es la responsable del mantenimiento de la ley y el orden, debiendo encontrarse -ambas- debidamente equipadas, organizadas y entrenadas para cumplir eficazmente estas funciones.5 En circunstancias normales, la PNP es la única institución pública que podría, si fuera el caso, requerir coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la simple

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presencia hasta la fuerza física, cuyo máximo nivel es la fuerza letal.6 Sin embargo, la CPP también es clara al establecer, en su artículo 137, que las FF. AA. pueden, bajo ciertos parámetros legales y operacionales, ocuparse del control del orden interno cuando el Presidente de la República decreta el Estado de Emergencia correspondiente. Para el caso puntual en que los miembros de las FF. AA., con autorización del más alto nivel político, deban asumir el control del orden interno o apoyar a la PNP en la seguridad interna, se cuenta con el Decreto Legislativo 1095 (DL 1095), “Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF. AA. en el territorio nacional” y su reglamento. Este Decreto Legislativo regula el uso de la fuerza por parte del personal de las FF. AA., únicamente con autorización del Presidente de la República y en tres contextos puntuales: (1) en donde se declare el Estado de Emergencia por acciones de un grupo hostil y el control del orden interno esté a cargo de las FF. AA., mediante operaciones militares; (2) en zonas declaradas en Emergencia en apoyo a la PNP, mediante acciones militares por otras situaciones de violencia, pudiendo las FF. AA. o la PNP tener a su cargo el control del orden interno; y (3) en zonas no declaradas en Emergencia para apoyo a la PNP en el control del orden interno, mediante acciones militares para situaciones operacionales puntuales, tales como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas y otros casos constitucionalmente justificados. En este punto, es preciso diferenciar las definiciones de operaciones militares y acciones militares. Por una parte, de acuerdo con el DL 1095, las operaciones militares son actividades que realizan las FF. AA. para enfrentar la capacidad armada de grupos hostiles en el marco del derecho internacional humanitario. Por otra parte, las acciones militares son aquellas que realizan las FF. AA., enfocadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno, en el marco de los derechos humanos. No obstante, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre con los miembros de la AMN – DICAPI que realizan funciones de cumplimiento de la ley en el ámbito de su jurisdicción, sin declararse el estado de emergencia y sin necesidad de autorización presidencial?

La Autoridad Marítima Nacional y sus Funciones de Cumplimiento de la Ley Para responder esta pregunta, es necesario precisar que los miembros de la DICAPI, siendo parte de las FF. AA., cumplen funciones de seguridad y control interno sin tener la necesidad de operar mediante una autorización presidencial expresa, ni en

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zonas declaradas en emergencia para apoyar a la PNP. Los miembros de la DICAPI, en determinado momento, necesitan hacer uso de la fuerza no como el resto de los miembros de las FF. AA., sino como AMN para cumplir sus funciones en pleno Estado de Derecho. Según el Decreto Legislativo 1147 (DL 1147), “Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las FF. AA. en las competencias de la AMN – DICAPI,” las principales funciones de la AMN son: velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático; prevenir y combatir la contaminación y la protección del medio ambiente acuático; y reprimir las actividades ilícitas en el medio acuático, ejerciendo la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, entre otras. Si se compara la finalidad de la PNP, establecida en el artículo 166 de la CPP, con algunas de las funciones principales de la AMN, mencionadas en el párrafo precedente, se puede afirmar que ambas están relacionadas -de alguna manera- con el orden interno, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa

Policía Nacional del Perú

DICAPI (Autoridad Marítima Nacional)

• Prestar protección y ayudar a las personas • Prestar protección y ayudar a la comunidad • Observar el cumplimiento de las leyes

• Velar por la seguridad y protección de la vida humana • Proteger el medio ambiente

• Reprimir las actividades ilícitas • Brindar seguridad del patrimonio público y privado • Prevenir y combatir la contaminación del medio acuático

De acuerdo con el DL 1147, el ámbito de aplicación de la AMN es amplio e incluye: (1) el medio acuático, comprendido por el dominio marítimo y las aguas interiores, así como los ríos y lagos navegables; (2) las zonas insulares, incluidas las islas ubicadas en el medio acuático nacional; (3) los terrenos ribereños hasta los 50 metros medidos a partir de la línea de más alta marea del mar y las riberas hasta la línea de más alta crecida ordinaria en los márgenes de los ríos y lagos navegables; (4) las naves y embarcaciones que se encuentren en aguas jurisdiccionales peruanas, las de bandera nacional que se encuentren en alta mar o en aguas jurisdiccionales de otros países; (5) los artefactos navales e instalaciones acuáticas en el medio acuático; (6) las personas naturales y jurídicas cuyas actividades se desarrollen o tengan alcance en el medio acuático sin perjuicio de las atribuciones de los sectores y organismos autónomos competentes; y (7) el tráfico acuático. Sin embargo, el tener un Cuerpo especializado de la Marina de Guerra cumpliendo funciones como AMN (que interactúa con miembros de la comunidad marítima, 102

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verificando la observancia a las leyes nacionales e internacionales en un ámbito de aplicación tan vasto y diverso) y no disponer de una legislación adecuada y clara respecto al uso de medios coercitivos para sus miembros, resulta, eufemísticamente hablando, contradictorio.

Alcances Legales sobre el Ejercicio de la Autoridad Marítima De acuerdo al Decreto Legislativo 1138, “Ley de la Marina de Guerra del Perú (MGP),” dicha Institución, a través de la DICAPI, ejerce la Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre a nivel nacional. La DICAPI es uno de los cuatro órganos de línea de la MGP, existiendo ordenamientos jurídicos que han normado su estructura, funcionamiento y tareas a lo largo de su historia, la misma que se inicia el año 1969 con la creación del Cuerpo de Capitanías y Guardacostas. Asimismo, el DL 1147 establece disposiciones para el ejercicio de la Autoridad Marítima en todo el ámbito acuático nacional (mar, ríos y lagos navegables). De igual manera, se establece que la Autoridad Marítima está facultada para ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, como parte de las Operaciones Guardacostas, a fin de aplicar y hacer cumplir las normas vigentes. En ese contexto, el ejercicio de la Autoridad Marítima se realiza por medio de la DICAPI, quien, a su vez, actúa a través del Director General de Capitanías y Guardacostas (a nivel nacional), los Jefes de los Distritos de Capitanías (a nivel regional) y los Capitanes de Puerto (a nivel local). Igualmente, para el ejercicio de sus funciones, la AMN cuenta con personal y medios (Unidades Guardacostas) debidamente identificados, como requisito indispensable para ejecutar los actos jurídicos que le son facultados de acuerdo a ley. En este punto es importante recalcar la separación legal de estos dos elementos (el personal y los medios) para el ejercicio de la Autoridad Marítima. Al respecto, el ejercicio de la Autoridad es un acto jurídico público que está supeditado a condiciones, deberes, funciones y obligaciones legales por parte de los funcionarios públicos respectivos.7 Asimismo, legalmente, el ejercicio de la Autoridad se ejerce a través de personas, no a través de los medios, por ser estos simples objetos.8 Los medios son plataformas de ayuda para ese ejercicio, no pudiendo ser sujetos de derechos ni de obligaciones jurídicas. En ese orden de ideas, la responsabilidad tanto del ejercicio de la Autoridad Marítima como la función de Policía Marítima no recae en las Unidades sino, exclusivamente, en el personal de la AMN.

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Puntualmente, para el caso del personal, el Decreto Ley N° 17824 del año 1969 -mediante el cual “Crean el Cuerpo de Capitanías y Guarda-costas como Cuerpo Auxiliar de Marina de Guerra”- consideró que, debido al incremento de las actividades marítimas, resulta imperiosa la necesidad de contar con un Cuerpo adecuadamente organizado, adiestrado y equipado. Desde entonces, la DICAPI, en concordancia con el DL 1147 y su reglamento, ejerce la Autoridad Marítima. Posteriormente, en la Doctrina de Operaciones de la Autoridad Marítima Nacional se denomina a dicho personal como “personal Guardacostas.” Para el caso de los medios, la DICAPI cuenta con Unidades Guardacostas debidamente identificadas. Adicionalmente, el reglamento del DL 1147 establece que la MGP, a requerimiento de la DICAPI, puede asignarle sus propios medios (Unidades no Guardacostas) para cumplir las funciones que le asigne esa Autoridad. Asimismo, se especifica que cualquier Unidad de la MGP que detecte indicios de ilícitos en el medio acuático podrá efectuar intervenciones, previo conocimiento y autorización de la DICAPI, para reprimirlos conforme a los procedimientos establecidos por la AMN, y en cumplimiento a la legislación vigente. Como ejemplo de dichos procedimientos, se puede efectuar el Cambio del Control Operacional del buque no Guardacostas para que opere bajo el control de la AMN, entre otros. En ese sentido, las Unidades no Guardacostas que se involucren en el acto jurídico del ejercicio de la Autoridad Marítima, también deberán estar plenamente identificadas como tales. Para ambas situaciones, ya sea la ejecución de Operaciones Guardacostas mediante Unidades Guardacostas o no, el ejercicio de la Autoridad Marítima se realiza a través de la función de Policía Marítima. Igualmente, el reglamento del DL 1147 define el acto jurídico público de represión de las actividades ilícitas como acciones ejecutadas por la AMN para impedir dichas actividades en el ámbito de su competencia. Al respecto, es pertinente prestar especial atención al caso de la represión de actos ilícitos. Dicha acción debería enmarcarse dentro la figura jurídica de la flagrancia, que en estricto se da cuando un sujeto es sorprendido y detenido en el momento de efectuar el hecho delictivo. Asimismo, se puede enmarcar en la cuasi flagrancia, que es cuando el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre y cuando no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. De igual manera, se podría enmarcar en la flagrancia presunta, que es cuando la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten intuir su intervención.9 En el Perú, la flagrancia está regulada en el Decreto Legislativo 1194 y cuenta con un protocolo de actuación interinstitucional, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2016-JUS. 104

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La función de Policía Marítima, a cargo de la AMN, no sustituye las competencias constitucionales otorgadas a la PNP, sino que las complementa. Por ejemplo, cuando una Unidad Guardacostas, en la milla 180 frente a las costas peruanas, detectase un ilícito en flagrancia, deberá actuar para reprimirlo, pudiendo –ocasionalmente- hacer uso de la fuerza. Como es entendible, a esa distancia no está disponible la PNP ni el Ministerio Público. En todo caso, al arribar a puerto, luego de días de navegación, la Unidad Guardacostas deberá entregar y poner a disposición de dichas autoridades todo lo actuado. Cabe recalcar que la competencia legal en materia penal contra estos actos ilícitos recae en las fiscalías especializadas, reguladas por el nuevo código procesal penal, el mismo que considera una fuerte carga probatoria e intenta garantizar el debido proceso legal.10 Durante las Operaciones Guardacostas de Policía Marítima, el hecho de no evidenciarse el debido proceso legal podría acarrear situaciones de denuncias penales; por ejemplo, por abuso de autoridad o en su defecto por omisión del deber funcional.11 Asimismo, el acto jurídico público del ejercicio de la Autoridad Marítima -a través de la función de Policía Marítima- deberá cumplir con los requisitos esenciales para la ejecución de dichos actos, si se evidencia que: la autoridad está debidamente legitimada; la autoridad opera dentro del ámbito de su competencia; y la autoridad opera en el marco de los procedimientos formalmente establecidos y que dichos actos estén sometidos al principio de la legalidad.12 El siguiente cuadro integra las dos situaciones antes descritas para Unidades no Guardacostas con los requisitos del acto jurídico, entendiéndose que las Unidades Guardacostas cumplen con dichos requisitos por su propia naturaleza, con excepción de las RUF establecidas: Situaciones

Autoridad legítima

Unidad no Guardacostas asignada a la DICAPI, a su requerimiento

Comando Operacional formal de la DICAPI

Unidad no Guardacostas en acciones y tareas propias de su Fuerza

• Identificación plena de la ilicitud

Ámbito de Competencia Tareas encomendadas por la DICAPI

Procedimientos Establecidos • Cambio operacional • Orden de operaciones

Legalidad • Personal Guardacostas embarcado • Debida identificación del personal

Represión de • Orden de actividades ilícitas operaciones para el personal • Debida Guardacostas identificación de • Autorización de embarcado la Unidad la DICAPI • RUF establecidas • Flagrancia

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Por consiguiente, aunque el Estado le asigna a la Autoridad Marítima funciones de Policía Marítima, no le dota de una adecuada herramienta legal coercitiva para el cumplimiento de sus funciones, particularmente las relacionadas al uso de la fuerza.

Doctrina Internacional para el Empleo de la Fuerza De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son todos aquellos agentes que ejercen funciones de policía, especialmente con facultades de arresto o detención. En los países en donde las autoridades militares ejercen funciones de policía, ya sean uniformadas o no, se considera que la definición de “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” también les involucra. Asimismo, un adecuado uso de la fuerza se encuentra directamente relacionado con, al menos, tres componentes: la oportunidad en que esta debe utilizarse; el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y la asignación de responsabilidades que debe existir por su uso.13 Igualmente, en todas las actividades destinadas a hacer cumplir la ley, las autoridades deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.14 La DICAPI – AMN, al ser una organización híbrida, no solo ejecuta misiones militares, sino también misiones civiles, como la represión de actividades ilícitas, búsqueda y rescate de personas en el medio acuático, protección medio ambiental, entre otras. Para ello, cuando llevan a cabo misiones de cumplimiento de la ley, la DICAPI -como AMNdebe operar bajo los términos que se establezcan para las RUF, mientras que cuando deba cumplir misiones militares, como parte de las Operaciones de los Comandos Operacionales, el personal Guardacostas debe cumplir con las REN derivadas de las directrices reguladas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que la DICAPI cuenta con normativas internas que establecen pautas generales para las RUF, es imprescindible contar con una norma con la jerarquía legal necesaria que cubra el vacío legal que deja la carencia de una regulación específica. Dicha situación permitirá realizar el acto jurídico del ejercicio de la Autoridad Marítima dentro del debido proceso legal, manteniendo al personal protegido legalmente y dotado de la seguridad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

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Eduardo Israel Zamora Chung

Conclusiones En los últimos años, el Perú ha venido experimentando un favorable crecimiento económico, impactando en el bienestar de gran parte de su población. El auge de la economía nacional proviene, principalmente, de las exportaciones, las cuales en más de un 90 % se desarrollan por el medio marítimo. Por consiguiente, se requiere una permanente capacidad de vigilancia y control de las actividades que se desarrollan en dicho medio por parte de fuerzas especializadas, como la AMN. Sin embargo, para el cumplimiento de sus funciones, la AMN no cuenta con una legislación adecuada para el empleo de la fuerza, disminuyendo -de cierta manera- su capacidad de respuesta. Si bien es cierto que los miembros de la AMN tienen el deber de hacer cumplir la ley, también es cierto que tienen el derecho de contar con reglas claras, específicamente para el uso de la fuerza, las mismas que los salvaguarden de las responsabilidades legales en el cumplimento de sus funciones. Al respecto, cabe resaltar que tanto los miembros de las FF. AA. (con el DL 1095), como los miembros de la PNP (con el Decreto Legislativo N° 1186) cuentan con RUF específicas y claras, siendo necesario dotar también a la AMN con una regulación de igual jerarquía legal, acorde con los principios de los derechos humanos y con el tipo de operaciones y escenarios en los que opera. Esta regulación, adecuada y especial, permitirá legitimar el accionar del personal Guardacostas, particularmente para hacer uso de la fuerza durante la ejecución de Operaciones Guardacostas de Policía Marítima, dentro del debido proceso.

Eduardo Israel Zamora Chung Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú y Magíster en Asuntos Marítimos, con la especialidad de Gobernanza y Gestión Sostenible de los Océanos, por la Universidad Marítima Mundial con sede en Suecia. Asimismo, es egresado de la Maestría en Derecho Civil-Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Actualmente, viene cursando la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Postgrado.

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Alcances Legales para el Uso de la Fuerza Durante las Operaciones Guardacostas: Un Tema Pendiente

Notas Finales 1

Eduardo Zamora Chung, “Análisis de la actividad extractiva de la pota en el Perú: problemas y

alternativas de solución” en Por el mar del Perú que queremos. Ensayos del Curso de capacitación en Derecho Pesquero 2020, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2021), 66-87, https://spda.org.pe/wpfb-file/ensayos-cursopesquero-2020_spda-pdf/

2

Eduardo Zamora Chung, “La Economía Azul como impulsor de la Política Marítima Nacional y la

Seguridad Marítima peruana”, Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, año 2021, Vol. 18, N° 2 (18 de diciembre 2021), 60-70, https://revista.esup.edu.pe/RESUP/article/view/127

3

Jonnathan Jiménez Reina, Juan F. Gil Osorio y Roger Jiménez Reina, “El derecho operacional en relación

con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, Revista Científica General José María Córdova, Vol. 19, Nº 33 (1 de enero de 2021), 115 -131, https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/article/view/655/735

4

Clamo, “ROE v. RUF”, Marine Corps – USMC Community – Leatherneck (2022), http://www.leatherneck.

com/forums/showthread.php?27957-ROE-v-RUF (consultado el 4 de octubre de 2022).

5

ICRC, “Violencia y uso de la fuerza”, International Committee of the Red Cross (marzo 2012), 6, https://www.

icrc.org/es/doc/assets/files/other/p0943.pdf

6

Fernando Martínez Mercado, “Investigación Aplicada: Uso de la Fuerza” en Proyecto: Generación de

Red de investigaciones y profesionales vinculados con materias policiales y de derechos humanos en México, Universidad de Chile (2015), 3, http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/dt_04_usodelafuerza.pdf

7

César Manrique Zegarra, “Clasificación de los actos jurídicos públicos”, Poder Judicial del Perú (2004),

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0b2cef8046d46e41a078a144013c2be7/clasificaci%C3%B3n_actos_ juridicos_p%C3%BAblicos+C+3+.4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0b2cef8046d46e41a078a144013c2be7

8

Ibíd.

9

Carlos Alvizuri, “El proceso inmediato de flagrancia ¿Las detenciones por flagrancia respetan los

derechos fundamentales?”, Pasión por el derecho (2019), https://lpderecho.pe/proceso-inmediato-flagranciadetenciones-flagrancia-derechos-fundamentales/

10 Eduardo Zamora Chung, “El Nuevo Código Procesal Penal Peruano y el debido proceso en las Operaciones de Seguridad Marítima: Alcances legales para el desarrollo de una Conciencia del Dominio Marítimo”, Revista de Marina, año 104, Nº 3 (2011), 55-73, https://www.academia.edu/27950183/El_Nuevo_C%C3%B3digo_Procesal_ Penal_Peruano_y_el_Debido_Proceso_en_las_Operaciones_de_Seguridad_Mar%C3%ADtima

11

Eduardo Alcócer Povis, “La detención en caso de flagrante delito y el derecho penal”, Alcócer & Abogados

(15 de febrero de 2022), https://alcocerabogados.pe/la-detencion-en-caso-de-flagrante-delito-y-el-derechopenal/

12 César Manrique Zegarra, “Clasificación de los actos jurídicos públicos”. 13 Fernando Martínez Mercado, “Investigación Aplicada: Uso de la Fuerza”. 14 ICRC, “Violencia y uso de la fuerza”.

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