De la hacienda a la comunidad: La sierra de Piura 1934-1990 9782821844926

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De la hacienda a la comunidad: la sierra de Piura 1934-1990 Karin Apel

DOI: 10.4000/books.ifea.2515 Editor: Institut français d’études andines, Instituto de Estudios Peruanos Año de edición: 1996 Publicación en OpenEdition Books: 29 junio 2014 Colección: Travaux de l'IFEA ISBN electrónico: 9782821844926

http://books.openedition.org Edición impresa Número de páginas: 281 Referencia electrónica APEL, Karin. De la hacienda a la comunidad: la sierra de Piura 1934-1990. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français d’études andines, 1996 (generado el 05 mai 2019). Disponible en Internet: . ISBN: 9782821844926. DOI: 10.4000/books.ifea.2515.

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ÍNDICE Introducción LA HISTORIA DE LA SIERRA DE PIURA LOS PAISAJES SERRANOS

Capítulo 1. Luchas y reivindicaciones de los yanaconas en las haciendas de la sierra de Piura 1934-1950 I. LA INFLUENCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL PERÚ II. LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS III. LA REACCIÓN DE LOS HACENDADOS IV. LAS LUCHAS DE LOS YANACONAS EN PIURA: UN MOVIMIENTO REFORMISTA

Capítulo 2. Hacia la comunidad campesina: la reforma agraria en la sierra de Piura Las comunidades reconocidas antes de la reforma agraria La tenencia de tierra antes de la reforma agraria SINAMOS y la organización campesina Las ligas agrarias Los Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR) Los grupos campesinos

Capítulo 3. Las comunidades campesinas de Frías I. HACIENDAS Y REFORMA AGRARIA EN EL DISTRITO DE FRÍAS II. LA COMUNIDAD CAMPESINA LUIS M. SÁNCHEZ CERRO DE POCLÚS III. LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MARTÍN DE CHALLE GRANDE La comunidad campesina Challe Grande IV. LA COMUNIDAD CAMPESINA TUPAC AMARU DE PARIGUANÁS V. LA COMUNIDAD CAMPESINA JOSÉ OLAYA DE SILAGUÁ VI. RELACIONES EXTERNAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS POCLÚS, CHALLE GRANDE, PARIGUANÁS Y SILAGUÁ VII. RESUMEN

Capítulo 4. La vigencia de las comunidades de Frías Anexos Glosario Fuentes y bibliografía

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Introducción

décadas, el sector agrario peruano ha experimentado un profundo proceso de transformación que ha configurado una nueva estructura social en el campo. Este proceso — aún no culminado— es atribuido a dos razones fundamentales: por un lado, la crisis del sector terrateniente tradicional serrano, que se manifiesta en su paulatina pérdida de importancia económica ante el surgimiento de una moderna agricultura agroexportadora en la costa; por otro lado, el descontento de la población rural, que debido (entre otras razones) a una mayor presión demográfica demanda el acceso a la tierra.

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EN LAS ÚLTIMAS

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Existe una amplia documentación sobre este proceso para el caso de los Andes centrales y sureños. Durante casi todo el siglo XX, la historia de esta región se distingue por una sucesión de conflictos entre terratenientes y comunidades. Estas inician un proceso de recuperación de tierras comunales usurpadas por los latifundios. Aproximadamente a mediados de este siglo los colonos1 de las haciendas, es decir, aquellos campesinos obligados a una serie de servicios a los terratenientes a cambio del derecho de usufructuar una parcela, también se manifiestan por reivindicaciones de tierras. En los años sesenta, los conflictos originan una ola de tomas de tierras en las que participan unos trescientos mil campesinos.

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En los años cincuenta, como producto de una momentánea y parcial coincidencia de intereses entre la población campesina y una burguesía en búsqueda de la modernización del país, que ve en la oligarquía terrateniente tradicional un obstáculo para el desarrollo, se inicia en el Parlamento la discusión sobre la necesidad de una reforma agraria. Sin embargo, la desmesurada representación política de los sectores oligárquicos en comparación con su decreciente poder económico, no permite llevar a cabo programas de reforma de gran envergadura. Recién en 1969, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, se realizó una reforma agraria que originó transformaciones fundamentales en el sector agrario peruano.

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En el presente trabajo queremos describir este proceso para la sierra del departamento de Piura, en el extremo norte del país, y demostrar la particularidad de esta región, que se distingue en muchos aspectos de los Andes sureños y centrales. Por un lado, se trata de un aporte desde una perspectiva regional: son escasas las investigaciones sobre la sociedad campesina en la sierra de Piura2. Por otro lado, las particularidades de esta región

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permiten contribuir a la discusión sobre los movimientos campesinos y la organización social andina. 5

Las comunidades de la sierra piurana tienen orígenes diferentes y han obtenido su reconocimiento legal en coyunturas distintas. Treintisiete comunidades indígenas fueron reconocidas entre los años 1930 y 1968 por ser “haciendas de comunidades” con títulos coloniales (Subprefecto de Ayabaca 1874)3 y a raíz de las posibilidades ofrecidas en las constituciones de 1920 y 1933. Durante los años ochenta, sesenticuatro comunidades campesinas se constituyeron en las tierras de las ex-haciendas afectadas por la reforma agraria de 1969, logrando ser reconocidas legalmente. En consecuencia, más del 60% de las comunidades de la sierra de Piura surgen a raíz del proceso de reforma agraria del gobierno militar.

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Esta publicación tiene la siguiente estructura: en la introducción se esboza brevemente la historia y las características geográficas de la sierra de Piura. El primer capítulo parte del análisis de documentos del Archivo Departamental de Piura desde los años treinta. Se analizan los intentos de organización de los colonos de las haciendas; su lucha por mejoras laborales y los escasos intentos de compra colectiva de tierras a las haciendas. El análisis del materia! permite no solamente reconstruir la situación de los campesinos dependientes de las haciendas de la sierra de Piura, sino también, reconocer las particularidades de esta región. Cuando en muchas zonas del Perú las luchas campesinas se centran alrededor de la posesión de la tierra, los colonos en Piura no cuestionan el sistema de hacienda; luchan, más bien, por mejores condiciones de trabajo al interior de éste. En tal contexto, es decisivo el liderazgo que asumen miembros del Partido Socialista del Perú, como Hildebrando Castro Pozo. Partiendo de las luchas de los colonos en la sierra de Piura se discute en torno a los diferentes tipos de movimientos campesinos que se produjeron en el Perú entre las décadas de 1930 y 1950.

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El segundo capítulo describe el proceso de reforma agraria de 1969 en la sierra de Piura. Aquí, a diferencia de otras regiones del país, los campesinos no lucharon por la tierra. Las comunidades campesinas que surgen en las tierras de las antiguas haciendas como resultado de la reforma agraria no son una forma de organización social que responde a las expectativas campesinas, sino una respuesta a la política agraria estatal.

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La parte central del trabajo se presenta en el capítulo tres, que se dedica a cuatro comunidades campesinas en el distrito de Frías (provincia de Ayabaca), surgidas en los años ochenta como consecuencia tardía de la reforma agraria. Se eligen cuatro de las trece comunidades de Frías: Sánchez Cerro de Poclús, San Martín de Challe Grande, Tupac Amaru de Pariguanás y José Olaya de Silaguá, que emergen de las ex-haciendas Poclús y Pari-guanás. La base para el detallado análisis de estas cuatro comunidades es un prolongado trabajo de campo entre los años 1989 y 1991. Se hace evidente la particularidad de estas comunidades en comparación a las organizaciones sociales del campesinado andino descritas por los científicos sociales.

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En el último capítulo, partiendo del análisis de las cuatro comunidades de Frías, se ofrece una discusión en torno a las comunidades campesinas como la organización social más representativa del campesinado andino. Desde los años sesenta las comunidades indígenas o campesinas se convierten en uno de los temas centrales de la investigación antropológica, histórica y económica en el Perú. No obstante, los modelos desarrollados se basan exclusivamente en ejemplos de los Andes centrales y sureños, cuya aplicación en el caso de la región estudiada — la sierra de Piura — es posible solamente en forma limitada.

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El trabajo se realizó entre los años 1988 y 1992 como parte de un estudio pluridisciplinario franco-alemán denominado “Identidad y reproducción social en la región de Piura: Contribución a la elaboración de la historia del extremo norte del Perú”, llevado a cabo en el marco de las actividades desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación Científica de París (CNRS)-Programa Internacional de Cooperación Científica (PICS 125). Financiaron esta investigación de julio de 1989 hasta junio de 1991, una beca de postgrado de la Universidad Libre de Berlín y, a partir de setiembre de 1991, por dos años, un puesto de investigadora en el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) de Lima. En Piura se contó con el apoyo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). A Anne Marie Hocquenghem y Jürgen Golte, responsables del PICS 125; a Christian de Muizon, director del Instituto Francés de Estudios Andinos, mis más sinceros agradecimientos.

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Desde julio de 1988 hasta abril de 1989 recorrí gran parte de la sierra de Piura para obtener una primera impresión de la región y escoger el lugar de trabajo. Junto con Anne Marie Hocquenghem y Ludwig Huber realizamos viajes en camión desde Piura, Chulucanas o Morropón hasta el fin de las carreteras, prosiguiendo luego a pie. Con ellos compartí no sólo el cansancio del camino y la hospitalidad de los campesinos, sino también las discusión en Piura de las informaciones recogidas en la sierra, los datos extraídos de los expedientes en el Archivo Departamental, la literatura sobre el tema de las comunidades y la redacción de esta tesis. Jorge Arévalo, Egberto López y César Paz me introdujeron en las diferentes organizaciones campesinas; les agradezco aquí por la paciencia que tuvieron. Tengo que reconocer también al personal del Archivo Departamental de Piura que, a pesar de sus condiciones de trabajo más que precarias, me apoyaron durante toda mi investigación sobre el movimiento de los yanaconas. Milagros Martínez, Lorenzo Huertas, Jakob Schlüpmann, Pascal Riviale, Gregor Wolff, Rolando

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Tueros, integrantes del PICS 125, fueron amigos que supieron ayudarme en los momentos difíciles que implica todo trabajo de investigación. Agradezco además los aportes y los gratos momentos que pude compartir con los amigos que tuvieron la paciencia de leer mis borradores en Lima y Piura: Edith Montero, Magda Torres y Oswaldo García. 12

Son muchas las personas de Frías y sus alrededores que me han permitido elaborar esta tesis. En representación de todos ellos quiero mencionar a mis amigos Gabriel Córdova Jiménez y Carmen Calle Córdova y sus respectivas familias, quienes me acogieron en sus casas. También doy gracias a los dirigentes y a los campesinos de las comunidades de Pariguanás, Silaguá, Poclús y Challe Grande que no solamente me dedicaron su tiempo, respondiendo con paciencia a todas mis preguntas, sino que me ofrecieron “posada” en sus casas cuando era demasiado tarde para regresar a Frías.

LA HISTORIA DE LA SIERRA DE PIURA 13

La historia prehispánica de la sierra de Piura queda aún por investigar. En trabajos recientes, Anne Marie Hocquenghem (1989, 1990) ha tratado de reconstruir a grandes rasgos los cambios en el sistema de producción ocurridos entre los siglos XV y XVI con las llegadas de los incas, primero, y de los españoles, después. En cuanto a la ocupación inca, que duró alrededor de unos cien años, se pueden observar las ruinas de los tres centros administrativos y ceremoniales de las provincias incaicas de Huan-cabamba, Caxas y Ayabaca, en la ciudad de Huancabamba, el caserío La Quinua y en Ayabaca la Vieja. También se puede observar restos de los antiguos tambos incaicos en La Laguna y Jicate, entre Huancabamba y La Quinua, así como en Ovejería, entre Huancabamba y Huarmaca. Del quechua sólo quedan algunas toponimias como Sapse, Pariguanás o Paria-marca, y apellidos como Tocto, Machacuay, Culquicondoro Llacsahua-che. Se conservan algunas expresiones en el habla de los campesinos que utilizan “illas” o cuentan acerca de la “ chununa”. Las campesinas de Son-dorillo o Huarmaca siguen usando en zonas cálidas el pesado "anaco" de lana negra. Pero los rasgos "típicos" de la cultura centro andina — calendario ceremonial, organización dual — son muy débiles en la sierra piurana, en general, y casi inexistentes en la región de Frías: “No se observan comunidades tradicionales que mantengan, como en los Andes centrales y sureños, sus costumbres y creencias; si bien se notan algunos rastros de una cultura andina" (Hocquenghem 1989:3).

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Esta realidad distinta se explica a partir del hecho que la sierra de Frías fue, antes de la conquista incaica, el territorio de los Guayacundos, grupo étnico de afiliación jívara relacionado a los grupos Paltas, Malacatos y Bracamoros del sur ecuatoriano de la misma afiliación, dominados entre los siglos IX y XI por quechuahablantes de los Andes Centrales. La relación entre los subgrupos guayacundos no debió ser muy articulada; competían por los recursos y solucionaban sus constantes conflictos mediante la fuerza o la brujería. Las alianzas se daban sobre todo cuando se producían enfrentamientos con etnías foráneas, como los incas a fines del siglo xv.

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Según la descripción de Garcilaso de la Vega (Garcilaso de la Vega 1983, Tomo III, Libro 8, Cap. 4:84-85) la conquista incaica del territorio guayacundo se logró después de una larga y sangrienta lucha. Desde el centro administrativo y ceremonial de Caxas, los incas impusieron en las tierras guayacundas de Frías un nuevo sistema de producción, desplazando una parte de la población local e introduciendo foráneos. Finalmente, con la

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llegada de los españoles, las guerras entre Huascar y Atahualpa diezmaron a la población indígena (Hocquenghem 1989 : 21, 186). 16

En el valle de Huancabamba, los indígenas no formaban una federación fuerte y no pudieron enfrentar a los incas, huyendo hacia la selva. Los incas poblaron con mitimaes de “cultura andina” el valle de Huancabamba y las alturas de San Felipe y Sallique, al este, así como Huarmaca, al oeste. En esta zona muy aislada se conservan hoy evidentes rasgos del “orden andino”: calendario festivo, organización en parcialidades (Ramírez 1966, Hocquenghem 1989 : 139-145).

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Desde 1532 hasta la primera mitad del siglo XVIII, la conquista española provocó una terrible baja de la población indígena que favoreció la pérdida de la identidad étnica, perturbada va desde fines del siglo XV por la conquista inca. En 1570 se formaron en la sierra de Piura tres pueblos de indios o comunes : San Andrés de Frías, San Pedro de Huancabamba y Nuestra Señora del Pilar de Ayabaca, correspondientes a las tres encomiendas de Caxas, Huancabamba y Ayabaca (Huertas 1986, Hocquenghem 1989:95-96). En 1613 los indios de Cumbicus se separaron de San Pedro de Huancabamba estableciendo un cuarto común, con el nombre de Cumbicus (Martínez 1988).

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Después de los incas, la conquista española marca una segunda ruptura en el sistema de producción en la sierra piurana. Las tierras de los indios, dedicadas a la agricultura y a la crianza de camélidos, fueron ocupadas por inmigrantes españoles que se dedicaron a la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino, que no requería de un gran potencial de mano de obra. Esta actividad transformose rápidamente en sector económico dominante. Jakob Schlüpmann (1988, 1991) y Milagros Martínez (1990) estudiaron la formación y evolución de la hacienda en la sierra piurana desde el siglo XVI. En los años 1595, 1675 y 1714, mediante las composiciones de tierras, se establecieron los límites de las haciendas y, como consecuencia de ello, también los límites de las tierras de los comunes de indios. La estructura de las haciendas serranas no se modificó en forma sustancial desde entonces.

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En la provincia de Ayabaca se formaron grandes propiedades, como las haciendas de Pillo y Pariguanás o las de los caciques de Avabaca, pero existían tierras de reducida extensión controladas por españoles e indígenas y tierras de los comunes de indios en Avabaca y Frías. Los hacendados, por lo general, residían en Piura o en Lima. La administración de sus tierras quedaba a cargo de mayordomos. Los colonos o yanaconas que disponían de parcelas para el sustento de sus familias solamente trabajaban una extensión reducida de tierras para la hacienda.

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A diferencia de la agricultura en la costa, cuya modernización a fines del siglo XIX es descrita por Gregor Wolff (1992), en la sierra los hacendados mantuvieron un modo de producción que podría calificarse de semi-feudal. En este contexto, fueron excepcionales las inversiones que se hicieron en la hacienda Pariguanás, en Frías, para la crianza de ganado mejorado. La imposibilidad de competir en el mercado capitalista acentuó cada vez más la crisis de las haciendas serranas. Después de una larga agonía, ellas recibieron un golpe definitivo con la reforma agraria de Velasco Alva-rado. El cambio más significativo en la estructura agraria a partir de 1969 fue la transformación de las haciendas serranas en comunidades campesinas. Si bien en los años treinta se dio una primera fase en el reconocimiento de comunidades, la organización de la gran mayoría de estas formaciones sociales responde a posibilidades legales creadas por la reforma agraria.

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LOS PAISAJES SERRANOS 21

La sierra de Piura abarca las provincias de Huancabamba, Ayabaca y parte de Morropón, y no alcanza los 4,000 metros de altura. Entre los cerros más altos se pueden mencionar: Cerro Negro, 3,957 m.; Mushcapán, 3,836 m.; Mijal, 3,685 m., y Cachiris, 3,361 m. Como consecuencia de ello, las nubes húmedas de la cuenca amazónica atraviesan la Cordillera de los Andes causando — entre noviembre y abril — abundantes lluvias en la vertiente occidental de los Andes. Alrededor del 80% de las precipitaciones acontecen entre diciembre y abril. Solamente el 15% se producen en la pequeña estación de lluvias conocida como "de San Francisco", entre fines de setiembre e inicios de noviembre (PUCORSTOM 1990, 1 : 50). A estas precipitaciones anuales se suman periódicamente lluvias extraordinarias, como las de 1992, que resultan — entre otros factores — del desplazamiento en el Océano Pacífico de una corriente cálida denominada El Niño4. Estas lluvias excepcionales suelen durar entre octubre y mayo y tienen efectos desastrosos, sobre todo en la costa y en los distritos situados en la vertiente occidental de los Andes, como Frías, Santo Domingo o Chalaco5.

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Según la clasificación climática de Koeppen, presentada en el Adas del Perú del Instituto Geográfico Nacional (IGN 1989:119), en la sierra de Piura predomina un “clima templado moderado lluvioso” (Cw). La única excepción es la zona de Los Altos de Frías que se caracteriza por un “clima frío boreal” (Dwb). La zona climática Cw corresponde a una región natural de montaña o ceja de selva característica de la vertiente oriental de los Aides. En la vertiente occidental, esta formación climática aparece solamente al norte del Callejón de Huaylas con una pronunciada estacionalidad en cuanto a las precipitaciones; la cantidad de lluvias en el mes más lluvioso es diez veces mayor que en el mes más seco. Con respecto al uso agrícola, la región de “clima templado moderado lluvioso” ofrece condiciones favorables: “... especialmente en las altitudes bajas es apta para producir grandes cultivos principales como café, te y muchos frutales y, además, maíz, plátanos y caña de azúcar" (IGN 1989:118).

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La sierra piurana puede ser considerada como “una frontera natural entre los Andes peruanos y los Andes ecuatorianos” (Etesse 1990:172). Quien conoce la sierra central o sur se sorprende cuando llega a la sierra del extremo norte y encuentra en las laderas una espléndida vegetación tropical y abundantes tierras irrigadas donde crecen yuca, café, caña de azúcar, guineos. Por este hecho, la clasificación de zonas ecológicas elaborada por Pulgar Vidal (1987) a lo largo del eje Lima-Huánuco no se aplica a esta región (Córdova y Bernex de Falen 1980). Basándose en una amplia revisión bibliográfica sobre climatología, hidrología, edafología, flora y fauna del Perú y sus propios trabajos del campo, Antonio Brack distingue once ecorregiones que se caracterizan: “... por las mismas condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísti-cas y faunísticas, en estrecha interdependencia, perfectamente delimitable y distinguible de otra, y de utilidad práctica” (Brack 1986 : 63).

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Según esta clasificación, en la sierra de Piura se puede distinguir tres ecorregiones: en la parte baja se encuentra el “bosque seco ecuatorial”, subiendo está la “selva alta” y, finalmente, en la parte alta, el “páramo”.

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El “bosque seco ecuatorial” se extiende hasta 1,000 metros en la cuenca del río Piura y 1,500 metros en el valle del río Quiroz (Hocquenghem 1989:111-112). En esta zona el clima

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es caluroso, seco y cuenta con pocas precipitaciones. Los árboles más característicos son: faique (Acacia macracantha), palo santo (Bursera graveloens), pasayo (Eriotheca discolor) y, sobre todo, los ceibos (Bombax riuzii), que por sus formas extrañas llamaron la atención de Antonio Raimondi: “Estos corpulentos árboles son unos verdaderos monstruos del bosque, y cuando se hallan desprovistos de hojas, al ver aquellos troncos barrigudos con ramas hinchadas, encorvadas, dirigidas en distintos sentidos, con pliegues debajo del punto de inserción con el tronco, como si tuvieran que mover aquellos enormes brazos; y por último al ver todo aquel conjunto revestido de una materia verde, como si fuera una piel, se aleja la idea de que aquellos extraños seres pertenezcan al reino vegetal; y excitada la imaginación del viajero á la vista de esas raras formas, le parece ver unos monstruosos animales que tienen cierta analogia con los enormes reptiles, que poblaban la superficie de nuestro globo en las épocas geológicas anteriores á las de nuestra Fauna actual” (Raimondi 1879:369-370). 26

Para el uso agrícola de las tierras, en esta ecorregión se requiere un sistema de canales de regadío pudiendo producir camote, yuca y frutales. En algunas zonas como la parte baja del valle de San Jorge, el valle de Santo Domingo y la zona de Paimas se cultiva arroz. En épocas de lluvias, los pastos naturales de las laderas de los cerros se utilizan para el pastoreo del ganado caprino y vacuno. En los años de fuertes lluvias, como en 1983 y en 1992, la abundancia de pastos convierte al “bosque seco ecuatorial” en zona codiciada por los ganaderos de las partes altas, que bajan con sus animales. En estos años lluviosos también se siembra maíz y sarandaja en temporales de pequeñas extensiones. Los recursos forestales de esta zona son aprovechados por los campesinos que, de esta manera, se abastecen de leña para la construcción de casas y la fabricación de herramientas.

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La “selva alta” se extiende entre los 1,000 y 3,000 metros. Se puede distinguir en esta ecorregión tres subregiones:

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- Entre 1,000 y 2,000 metros se encuentra una zona forestal semiári-da denominada monte, con especies como pajul (Erythrina velutina), paltón (Persea peavijjata), aliso (Alnus jorulensis), chachacomo (Escallonia resinosa) o frutales como guanábano (Annona muricata) y lúcumo (Lucuma abovata).

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- Entre 2,000 y 2,500 metros crecen matorrales y árboles perennifo-lios como higuerón (Ficus weberbaueri), palo blanco (Celtis iguanea) y chi-cope (Carica pubescens) en una zona llamada monte grande.

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- Entre 2,500 y 3,000 metros la vegetación de monte grande se refugia en las quebradas.

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Raimondi relata cómo, subiendo a Ayabaca, el paisaje se transforma y la zona de selva alta se vuelve cada vez más verde: “A medida que se sube, la vegetación va cambiando totalmente; desapareciendo los ceibos, algarrobos, acacias, y todos aquellos árboles tan escasos de hojas en la estacion seca, los que son reemplazados, por una vegetacion mas lozana, aunque no formada por grandes árboles; y á mayor altura aparece la tupida vegetacion de la Montaña, pasando muchas veces el camino por una especie de callejon, formado por dos paredes de verdura” (ibíd.:370).

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En las tierras de secano de la “selva alta” se siembra maíz, arveja y trigo, mientras que en las tierras irrigadas se produce frijol, café, guineo, caña de azúcar, yuca y frutales, además de pasto en las invernas donde se mantiene el ganado vacuno. Lo más significativo en esta zona, sin embargo, es la siembra de maíz de secano, que cubre las laderas de los cerros

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entre los meses enero y agosto6. Antonio Raimondi describió así la belleza de los paisajes de esta zona: 33

“Entre Frias y Chalaco, á cinco leguas del primero, se encuentra, el pueblo de Santo Domingo, que pertenece al distrito de Chalaco. Esta pequeña poblacion se halla situada en una meseta entre dos quebradas, y es notable por su agradable temperamento y la hermosa vista que presenta su campiña. Hacia arriba se presenta delante del espectador un anfiteatro de verdura, formado por los sembríos de frijoles y averjas, interrumpidos por platanares y pequeños cañaverales que cubren las taldas de los cerritos inmediatos á la poblacion. Dirigiendo la mirada á la parte baja, la escena varia enteramente, pues la vista se extiende mas allá de los cañaverales situados al pie del pueblo, dominando el encadenamiento de los cerros que van sucesivamente disminuyendo de altura hasta perderse á lo lejos en el llano de Morropon, que dista cinco leguas” (ibíd.:373).

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El “páramo” se ubica a partir de los 3,000 metros de altura7. La escasa vegetación en esta zona recuerda a los paisajes de puna en los Andes sureños. En el “páramo” crece un gran número de plantas medicinales en las inmediaciones de las Huaringas, una docena de lagunas en las alturas entre Ayabaca y Huancabamba (Polia 1988, Friedberg 1960). Estas plantas son recolectadas por los maestros que las usan para curar, las secan y venden a los curanderos de todo el Perú y parte del Ecuador. En las alturas de Huancabamba se mantienen algunos bosques de quiñahuiro (Polylepis spp), pero en la zona del “páramo” la mayoría de los pobladores sufren por la escasez de madera. La erosión es un problema grave, sin embargo, no se intenta reforestar. En esta zona alta se cultiva principalmente oca, haba, cebada y trigo. El trigo es de gran importancia en la zona de Matalacas. En cuanto a la ganadería se crían caballos, muías, ovejas, chanchos y, en menor proporción, vacunos. Humboldt en 1802, pasando de Loja a Huancabamba por la sierra de Piura y los páramos de la Cordillera de los Andes y de la Cordillera de Huamaní, escribió: “Ya en otra ocasión hemos hablado de estos desiertos de serranías a los cuales en la parte meridional de la cordillera de los Andes se da el nombre de Puna, voz prestada del quechua. Los páramos más altos llegan por encima de los 3086 metros; son éstas las regiones tempestuosas, muchas veces, tapadas durante días enteros por espesas nubes o azotadas por tremendas ráfagas de granizo, cuyos hielos diversamente formados, aplastados generalmente por la rotación y entreverados con finas láminas, llamadas por los habitantes ‘papa cara’, hieren el rostro y las manos... La taita de árboles, el aspecto escamoso de los arbustos mirtáceos de pequeñas hojas, la abundancia y el desarrollo de las flores, la eterna frescura que mantienen todos los órganos, la humedad de la atmósfera dan una fisonomía singular a la vegetación de los páramos. No hay zona alguna de vegetación alpina en las regiones templadas o glaciales que pueda compararse con la que ofrecen los páramos en la parte tropical de la cordillera de los Andes...” (Humboldt 1980:235).

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Un caso especial en el “páramo” se da en el valle alto del río San Pedro. Aquí, en vez de la topografía y vegetación típica para este piso ecológico, se encuentra una planicie de aproximadamente 180 km2 de extensión donde crece sobre todo el ichu (Stipa ichu). Esta zona es conocida como Los Altos de Frías (de Santo Domingo o de Chalaco), Los Altos o Meseta Andina.

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Raimondi, que en su regreso de Ayabaca cruzó el río Quiroz en Ton-dopa, subió a Lagunas y atravesó Los Altos para llegar a Frías, describe esta parte de la sierra piurana: “El siguiente día salí del puente para subir á la hacienda de Lagunas, que dista tres leguas y media. Esta hacienda es de ganado vacuno, lanar y yeguarizo, pero tiene poco agua y de consiguiente pocos terrenos cultivados.

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De la hacienda de Lagunas continué la marcha en dirección al pueblo de Frias, subiendo continuamente dos leguas hasta llegar á la cumbre de la cadena que limita la hoya del rio Quiros. El punto mas elevado del camino se llama Portachuelo, y desde ese lugar se extiende libremente la vista, pudiéndose distinguir la población de Ayavaca y varias haciendas, situadas en la falda de los cerros en la otra banda del rio Quiros. Bajando al otro lado, se marcha por un terreno muy quebrado, bajando continuamente para pasar numerosas quebraditas, bañadas por continuos arroyos, tributarios del rio Chipillico. A dos leguas del portachuelo se pasa el brazo principal de este rio, que es el mismo que mas abajo se llama Suipirá. Sigue despues el camino por terrenos elevados y desnudos de vegetacion, hasta llegar al punto donde empieza una bajada a de dos leguas hasta llegar a la poblacion de Frias" (ibíd.: 265).

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La escasa vegetación de Los Altos se transforma en “selva alta” en la bajada al pueblo de Frías: “Esta última parte del camino, aunque malo, tiene trechos muy pintorescos, siguiendo a veces la marcha por profundos callejones, cortados en una roca cristalina en descomposición, que se deshace en arena bajo la presión de los dedos. En algunos puntos estos pasadizos están cubiertos en su parte superior por la vegetación que casi no hace pasar la luz, simulando el camino de una galeria subterránea o socavón. Este tránsito instantáneo, durante la marcha de la luz del dia á la oscuridad de la noche, á la que sucede nuevamente la viva luz del sol, produce en el ánimo del viajero, una multiplicidad de sensaciones, que á pesar del mal camino, hace la marcha agradable” (ibíd.:372-373).

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En resumen, la sierra de Piura presenta condiciones naturales relativamente favorables para la producción agropecuaria. En la zona más alta predominan las actividades ganaderas y la agricultura de secano; en la zona intermedia se mantiene el ganado en invertías irrigadas y, en el monte, se cultivan tierras irrigadas y de secano; en la parte baja, mientras tanto, se mantiene el ganado en los rastrojos y en menor cantidad en invertías y la agricultura de riego se realiza solamente en pequeñas extensiones en los fondos de valle, pero predomina el maíz como cultivo de secano. En el “páramo”, la Meseta Andina o Los Altos de Frías, las heladas pueden afectar los cultivos8 y el sobrepastoreo limita la producción ganadera. La falta de recursos forestales y la erosión son dos problemas graves que deben enfrentar los campesinos. En la “selva alta” se dan buenas condiciones para la agricultura y la ganadería; las abundantes lluvias permiten el cultivo de maíz de secano, solamente la parte baja puede ser afectada por la sequía9. Estos años secos son difíciles en el “bosque seco ecuatorial”, donde la escasez de agua es el factor limitante de la producción.

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NOTAS 1. Las expresiones locales aparecen en cursivas, ver Glosario. 2. Anne Marie Hocquenghem (1989) estudió la historia prehispánica de la sierra de Piura; Ludwig Huber (1992), la organización de las rondas campesinas, y Jakob Schlüpmann la formación de la gran propiedad en la época colonial. 3. Raimondi describe la sierra de Ayabaca y menciona la concentración de los habitantes en pocos centros poblados : “... todo lo demás está conformado por haciendas pertenecientes á particulares y á caserios que llaman Haciendas de Comunidad ó Haciendas Compuestas. Estas son muy numerosas y tienen muchos habitantes, que son todos indígenas de pura raza y no se mezclan con blancos, ni coasienten vender terrenos á estos últimos” (Raimondi 1879:371). 4. Como fenómeno de El Niño se designa a la aparición de una corriente contraria a la de Humboldt que, al bajar a lo largo de la costa norte del Perú y calentar las aguas del Pacífico, causa lluvias extraordinarias. Sobre la recurrencia de este fenómeno entre los siglos

XVI

y

XIX,

ver

Hocquenghem y Ortlieb 1992. 5. Para una evaluación de los daños causados por El Niño en 1983, ver INE-Piu-ra 1983, INP-Piura 1983a, Mujica 1983, Ubillús Castro 1985. 6. Ver calendario de las actividades agrícolas en las sectores de Tasajeras y La Cruz en la comunidad de Simirís (De Jaegher y Valverde 1991:39) 7. Esta zona que es denominada cordillera por los campesinos de Frías, quienes califican a los pobladores de Los Altos como serranitos que se distinguen por sus “alforjas labradas” y los colores

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de sus ponchos. En cambio, los campesinos de Frías son lla mados quichuanos y, a su vez, los de la parte baja de Chulucanas o de Piura reciben la denominación de yunganos o bajeños. 8. Etesse indica que en la Meseta Andina se cuentan aproximadmente 30 días de helada anuales (Etesse 1990:173). 9. En la parte superior de la región de selva alta, los cultivos pueden ser afectados por la abundancia de lluvias. Los campesinos de Frías manifiestan que “Frías es llorón”, una condición que puede afectar los cultivos de arveja y trigo, si estos se encuentran a 2,000 metros, aproximadamente.

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Capítulo 1. Luchas y reivindicaciones de los yanaconas en las haciendas de la sierra de Piura 1934-1950

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CONVERSANDO CON LOS campesinos acerca del tiempo de la hacienda en la sierra piurana — un pasado relativamente cercano— los recuerdos son pocos y muy anecdóticos. Los ex-colonos o sus hijos aluden a hechos aislados. Recuerdan, por ejemplo, la comida proporcionada por la hacienda cuando trabajaban en fainas, “sin sal” y preparada con ingredientes malogrados, mientras que los perros del hacendado recibían mejor comida que los colonos, o aluden al tiempo de trabajo exigido cada año por la hacienda: “mi padre ... el mayor contaba que tenían que trabajar una semana para la hacienda”. Es cierto, todos mencionan el cepo y los castigos de los mayordomos “abusivos”, como por ejemplo en Llicsa y Poclús. El dueño de Llicsa “era tan gordo que necesitaba una silla de montar especial” cuando no “era llevado en andas al fundo”, maltrataba a los campesinos, los que por esa razón huían y se refugiaban en la hacienda vecina de Pariguanás. De allí la escasez de tierras en la Comunidad Campesina de Geraldo, un sector de la ex-hacienda Pariguanás, mientras que en la antigua hacienda Llicsa “las comunidades tienen bastante tierras y poca gente”. También hablan de hacendados “buenos”. Un campesino de Arenales, un sector de la ex-hacienda Altos de Pariguanás, cuenta que la esposa del hacendado le regaló una pareja de carneros “para que los críe”. Un buen recuerdo dejaron también los últimos propietarios de las haciendas Simirís y Tapal, quienes “eran socialistas”, habían permanecido en Europa y de regreso apoyaban a los campesinos. Además se recuerda con admiración los ganados de raza y la buena producción agrícola de la hacienda, así como la maquinaria para elaborar quesos y mantequilla y también los teléfonos que existían en algunas haciendas y que por descuido se perdieron.

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Aunque escasos, los recuerdos permiten vislumbrar parte de la historia de los últimos años de las haciendas. Sería necesario rescatar en forma sistemática la tradición oral de la sierra piurana, como lo manifiesta un dirigente campesino1: “No recordamos la experiencia que han tenido nuestros padres del flagelo del hacendado. ... Y es por eso que esta generación que nos cuenta y que esta cerquita

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de la experiencia, (nosotros) no sentimos pues el calor de la lucha de ese campesino. Por eso que ahora la nueva juventud ya ha perdido el valor de la lucha de reclamo de la tierra, porque realmente ni le cuentan, ni les contamos o no recobramos la historia, para que esta juventud vea que han sufrido sus padres”. 3

Como referente de lo que fueron las condiciones de trabajo en las haciendas serranas y las luchas por mejorarlas entre los años treinta y cincuenta, se puede recurrir a los documentos y pliegos de reclamos, redactados por los propios campesinos para el Ministerio de Justicia y Trabajo y para la Prefectura, así como a los informes de los inspectores. Estos pliegos de reclamos, conservados en el Archivo Departamental de Piura, constituyen una valiosa fuente de información sobre la lucha de los colonos, quienes entre los años treinta y cincuenta, asesorados por el Partido Socialista del Perú, exigieron mejorar y reglamentar las condiciones de trabajo2.

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Cabe recordar lo difícil que debe haber sido para los campesinos de las haciendas informarse, organizarse y realizar trámites en Piura frente a la burocracia estatal, temiendo represalias, amenazas y desalojos por parte de los terratenientes, quienes, como el propietario de la hacienda Chulucanas (Huancabamba), denunciaron a los reclamantes ante el Ministerio de Trabajo: “... son los dos firmantes, individuos de pésimos antecedentes, quienes ellos mismos se dan el título de Delegados Socialistas y andan conquistando a los incautos para engañarlos y sacar lucro de ellos; pues se tiene conocimiento que están sacando erogaciones de 5 a 10 soles por persona, haciéndoles creer que van a obtener cesión de tierras gratuitas y se les va a exonerar de todo trabajo y obligación, resultando estas erogaciones una estafa fraudulenta que debe castigarse conforme la ley” (ADP-MJT leg. 3, exp. 281/5).

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El sistema laboral imperante en las haciendas se puede percibir a partir de los documentos donde los campesinos denuncian abusos y solicitan la intervención de los funcionarios para que sean aplicadas las leyes vigentes en los fundos serranos 3. Como se trata de “reclamos colectivos” (solamente en pocos casos están incluidas demandas personales de uno a tres colonos) la información sobre las condiciones de trabajo en las haciendas son de orden general; no se perciben los reclamos al nivel particular, ligados a “contratos de arrendamiento”, celebrados en forma individual entre campesinos y hacendado.

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En estos documentos los campesinos se autodenominan colonos o yanaconas, términos que implican una relación dependencia con la hacienda. Es interesante notar que solamente en el caso de San Pablo los reclamantes se denominan “colonos indígenas”. Los hacendados llamaban a los campesinos que trabajaban en sus tierras colonos o arrendatarios, mientras que los miembros del Partido Socialista trataron de introducir la denominación de yanacona4.

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Hasta 1947, los términos colonos, yanaconas y arrendatarios son utilizados como sinónimos. Actualmente, cuando se refieren a la hacienda, pocos campesinos usan la expresión yanaconas; en general, emplean colonos o arrendatarios.

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En los pliegos de reclamos se observa claramente, además, una relativa desigualdad socioeconómica entre arrendatarios de una misma hacienda que usufructuaban terrenos cualitativa y cuantitativamente diferentes5.

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Este capítulo trata de la influencia que el Partido Socialista llegó a tener en el movimiento campesino en la sierra piurana, a través del asesora-miento legal y el trabajo de divulgación de los derechos de los yanaconas. También se analizan los pliegos de reclamos,

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en la medida que evidencian las condiciones de trabajo y las reivindicaciones campesinas. Si bien los campesinos reclamaban mejores condiciones laborales, no cuestionaron la hacienda, ni lucharon por la desaparición de este sistema de tenencia de tierra, solamente pedían la aplicación de las leyes vigentes en el campo. Se consideran, además, los pactos colectivos establecidos entre campesinos y hacendados y, finalmente, la Ley de Yanaconaje de 1947. Los hacendados reaccionaron frente al movimiento campesino y las nuevas disposiciones legales tratando de impedir que los colonos se organizaran para conocer y hacer respetar sus derechos, pero para conservar su mano de obra tuvieron que aceptar cambios en el sistema laboral de sus fundos. 10

Según el censo de 1876, en la provincia de Ayabaca existían 52 haciendas que contaban con el 37.7% de la población rural, mientras que en la provincia de Huancabamba 31 haciendas representaban el 39.2% de esta población (cuadro 1).

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Sesenta años más tarde, según el censo de 1940, el 41.8% de la población rural de Ayabaca se encontraba dentro de las haciendas, mientras que en la provincia de Huancabamba la población en las haciendas sólo alcanzaba un 24.7% (cuadro 2). Cuadro 1 Población rural en haciendas, 1876

Fuente: Dirección General de Estadística 1878.

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Cuadro 2 Población rural en haciendas, 1940

Fuente: Ministerio de Hacienda y Comercio 1940. Mapa 3 Reclamos en las haciendas de la sierra de Piura (1934-1951)

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I. LA INFLUENCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL PERÚ 12

En términos políticos, al referirse a la parte norte del Perú, por lo general se habla del “sólido norte aprista”. En Piura, sin embargo, es una excepción. Mientras que en Trujillo los apristas organizaron a los obreros azucareros desde fines de los años veinte, en el caso de Piura los socialistas fueron quienes apoyaron la organización del movimiento de yanaconas6.

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En Piura el Partido Socialista se fundó en abril de 1930 con Hilde-brando Castro Pozo 7 y, entre otros, Luis R. Montero, Juán Merino, Amé-rico Garcés, Andrés Pintado, Jaime Benites, Domingo Coloma y Sinforo-so Benites. Luciano Castillo, después de retirarse del Partido Socialista dirigido por Mariátegui y que luego tomaría el nombre de Partido Comunista, se unió en octubre del mismo año con los socialistas piuranos, dando inicio a la publicación del periódico El Socialista.

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Los miembros del Partido Socialista del Perú, especialmente Castro Pozo, Castillo, Benites y Montero, jugaron un papel central en el movimiento de los yanaconas del departamento de Piura. En Frías los ancianos todavía recuerdan las estadías de Castro Pozo, y en Simirís las conversaciones con Sinforoso Benites están presentes en la memoria de los comuneros (Valverde 1988:67-69).

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Benites recorrió las haciendas serranas asesorando a los yanaconas, apoyando su organización y sus luchas. Dagoberto Torres quien lo acompañó en varias ocasiones describe cómo explicaba a los colonos de la Hacienda Sol Sol el funcionamiento de un sindicato: “Camaradas, nos hemos reunido en este sindicato como en una cofradía. Ustedes saben lo que es una cofradía. Claro que lo saben. Hay oficios que desempeñar y ustedes los van a desempeñar. Por ejemplo, el secretario de propaganda, ¿ qué va a hacer?, sencillamente lo que haces cuando vas al mercado a vender un cabrito. Tu dices: este cabrito es tierno, es de leche, esta gordo porque come buen pasto y lo vendo barato. Esto que dices se llama propaganda. Tu como secretario vas a decir que el Socialismo es como el evangelio de los pobres, es mejor que lo que predican los partidos mentirosos. Vas a decir que el Socialismo acaba con la enfermedad de la tristeza y da alegría. Este es tu trabajo” (Torres 1990 : 7).

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Benites tenía una larga experiencia en el movimiento sindical, luchó por la jornada de ocho horas, participó en las huelgas de los yanaconas en el departamento de Lima y de los trabajadores de la hacienda azucarera Pomalca, y organizó las huelgas de los trabajadores de la zona petrolera de Talara, Lobitos y Zorritos en 1912 (Torres 1990, Valverde 1988).

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Los terratenientes denunciaron varias veces a Benites. Dagobcrto Torres recuerda: “En Ayabaca lo denunciaron ante el juez por estafador del campesinado. El juez presionado por los hacendados le abrió proceso y marchó a la hacienda Cujaca, para defender a los ‘estafados’ o acusadores con el ‘estafador’. El careo se dio con testigos, en una pampa cisandina, equidistante entre las haciendas de Olleros y Cujaca. En esta confrontación se suscitó el siguiente diálogo: ‘Oid, mujer -dijo el juez- conoces a este señor?’ ‘Si señor, es nuestro defensor’. ‘¿Te cobra dinero?’. ‘No señor doctor, nosotros lo ayudamos para que arriende su caballo’. ’Y tú -preguntó dirigiéndose a un varón- qué les aconseja este señor Benites?’. ‘Nos dice que el trabajo sin paga está prohibido por la ley’. Y el juez preguntó: ‘¿Y usted trabaja gratis?’. ‘Si, señor, yo y mi mujer trabajamos gratis por tener en la hacienda una chocita y algunos animalitos. Una semana yo, otra mi mujer cada mes trabajamos,

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señor’ dijeron muchos campesinos. - Y tú ¿que dices Benites? - Yo digo -sacando un librito de su alforja- lo que dice la Constitución -y leyó- ‘Se prohibe el trabajo gratuito’” (Torres 1990 : 102). 18

En algunos distritos serranos, como Frías y Sapillica, a mediados de los años treinta ya se habían formado comités distritales del Partido Socialista. Los dirigentes apoyaban a los yanaconas en sus gestiones y actuaban como mediadores entre los colonos y la dirigencia nacional. Se realizaron varios mitines en la plaza de Frías con la presencia de Castro Pozo y Luciano Castillo. En 1946 se organizaron comités en Ayabaca, Huancabamba, Canchaque y Montero (Valverde s.f.b: fichas 16, 98). De la influencia de los dirigentes socialistas atestigua un funcionario del Ministerio de Trabajo que recorrió la sierra de Ayabaca: “Conversando aisladamente con algunos colonos, hemos recogido expre-sio nes textuales como éstas: preguntando al colono X, sobre qué había originado los conflictos colonales, contestó: ’Desde que nos hemos afiliados al Partido de la Ley todos los camaradas han constituido el sindicato para defender nuestros derechos’. Cuando se le preguntó qué era el Partido de la Ley, contestó que dicho Partido era ‘el SOCIALISMO’ y que el ‘camarada’ Sinforoso Benites lo había dicho así. Tienen fe absoluta que ese Partido de la Ley es el Gobierno y que el Gobierno les entregará las tierras en un plazo corto, porque así ‘lo aseguró también el camarada Benites’. En parecidos términos se expresan los otros colonos, que la actitud que han asiunido contra las haciendas abandonando sus tareas se debe a directivas extrañas y cuidadosamente planteadas” (Informe del Inspector Gumercindo Castro Jarra, en Castro Pozo 1947:98).

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Hasta ese entonces las “leves” las dictaban los hacendados con el apoyo de las autoridades locales, como lo manifiestan en 1942 los campesinos de la hacienda de San Martín de Congoña (Huarmaca) en sus reclamos: “Cuando saben que nos dirigimos a las autoridades vecinas solicitando garantías, nos torturan en el cepo, puntapiés, etc. y nuestras esposas nos ven caer, y porque defienden en nuestro favor, hacen lo mismo. ... Suplicamos a Ud. sacarnos de la esclavitud, para que con su buena voluntad y demostrando patriotismo vele por nuestros intereses y tengan éxito nuestros pedidos. ... no formulamos antes nuestra queja por ignorancia y por temor de sufrir actos de represalias por parte de los empleados en referencia, pero hoy gracias al establecimiento del Puesto de la Guardia Civil en este distrito, nos hemos animado en hacer nuestra queja y con las debidas garantías en favor de nosotros cambie la situación ...” (Valverde s.f.b.: ficha 52).

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Una tarea importante de los miembros del Partido Socialista fue la divulgación de los derechos constitucionales de los campesinos. En los pliegos de reclamos se menciona sobre todo al artículo 55 de la Constitución, que prohibe el trabajo personal “sin la debida retribución” y se reivindica la jornada de ocho horas. Conscientes de sus derechos, en 1946 los campesinos de Lanchipampa querían ser “... ciudadanos libres para asalariarnos donde mejor se nos pague, lo que quiere decir quedar como arrendatarios ... amparados por las leyes, nos convirtamos en hombres libres” (ibíd.: ficha 91).

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En enero de 1946 se organizó el Comité Distrital del Partido Socialista en Ayabaca. Desde entonces los reclamos de los campesinos de las haciendas avabaquinas aumentaron considerablemente, pero lejos de buscar el enfrentamiento con sus patrones los campesinos trataban de concertar con ellos, como en la hacienda Yanta: “Los colonos recalcan que están deseosos de llegar a un acuerdo con el hacendado porque desean vivir en paz y sin temores, gozando la libertad de credo político” (ibíd.: ficha 117).

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En marzo de 1946 el periódico Avance informa sobre el crecimiento del Partido Socialista del Perú: “Con admirable celeridad está desarrollándose en todo el Departamento de Piura el Partido Socialista del Perú a cuyas filas acuden a alistarse todos los días importante núcleo de ciudadanos ... principalmente por las reivindicaciones de los trabajadores sobre todo del campesinado, que en nuestro Departamento está sometido a condiciones de trabajo y de vida de suyo denigrante para la clase trabajadora y para el hombre en general. Por eso los principales esfuerzos de este partido están dedicados a destruir las costumbres feudales que prevalecen en las haciendas de este departamento, más arraigadas que en cualquier otro y que los hacendados se empeñan a conservar apelando a todos los recursos de que ellos disponen, obstruyendo así las justas aspiraciones nacionales de nuevas normas y nuevas prácticas más a tono con la cultura que se vive en las ciudades” (ibíd.: ficha 98).

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Sin embargo, después de la muerte de Castro Pozo en 1945, el Partido Socialista perdió rápidamente influencia entre los campesinos y se paralizó por conflictos internos. Cuando algunos años más tarde, Sinforoso Benites se retiró de la política, las actividades del partido se limitaron a las haciendas capitalistas en la costa y a la zona petrolera en Talara. En la sierra desapareció completamente. Algunos de sus protagonistas se afiliaron después a Acción Popular, que se había declarado como nuevo movimiento reformista.

II. LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS Los campesinos 24

Existían diferentes categorías de campesinos dependientes en las haciendas serranas de Piura: los colonos, arrendatarios o yanaconas; los agregados de colonos y los pisantes.

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Los colonos, arrendatarios o yanaconas trabajaban terrenos de cultivo y mantenían sus ganados en los campos de la hacienda, por lo que tenían obligaciones diversas con el hacendado.

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Los agregados de colonos eran subarrendatarios en las parcelas de los colonos y su trato era exclusivamente con estos. Con la hacienda solamente tenían la obligación de pagar el piso, es decir, el derecho de construir una casa. De hecho: “... cumplen en el fundo una gran función económica y social, son los braceros, verdadero proletariado del campo que no tienen más bien que su fuerza de trabajo que la emplean al servicio de los yanaconas y aún de la propia hacienda ...” (ADP-MJT leg. 8, exp. 164).

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Los pisantes eran campesinos que no tenían acceso a terrenos de cultivo. Arrendaban solamente campos de pastaje y, en algunos casos, tenían una casa en el territorio de la hacienda, por la que pagaban piso. En la hacienda Pillo los pisantes no se dedicaban exclusivamente a la ganadería, sino también al comercio y a la venta de comida en pequeñas tiendas: “y de otra los llamados pisantes y pequeños ganaderos, significando a Ud. que los titulados pisantes son aquellos individuos que pagan por instalación de su casa y posarse en ella, por años corridos, dedicándose libremente a las actividades industriales sin intervención a gozar de pastos y otros derechos propios de la hacienda, que es lo que se distingue de los arrendatarios, chacareros y agricultores... Existe pues un desequilibrio económico social para la vida estatal de la Hacienda Pillo, como resultado del desenvolvimiento del nuevo orden de las

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cosas. La vida y el comercio han dado a un nuevo auge por la carretera troncal que pasa por ella” (ADP-MJT leg. 7, exp. 52). 28

En las haciendas Llicsa, San Pablo y Lalaquiz exigían a los pisantes el pago anual de 3 soles. Sin embargo, de los agregados y los pisantes poco se sabe, los documentos sólo tratan de las condiciones de trabajo y de las reivindicaciones de los yanaconas.

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Los yanaconas pagaban en dinero, productos agropecuarios y mano de obra el derecho a trabajar terrenos en las haciendas, como se indica en un contrato de arrendamiento del año 1940, en la hacienda Cujaca y Andurco: “Conste por el presente contrato de arrendamiento que yo, Santos Julio Huamán Campoverde, residente en Parcochaca, pagaré a los herederos de Cornelio Castillo Carnero, la cantidad de 13 soles oro corriente (S/. 13) por mi arriendo del presente año, por los pastos que durante él han de consumir mis ganados y por el terreno para cultivos que solicito a los propietarios del Fundo Cujaca y sitio de Andurco cuya especificación es la que abajo va anotada en el respectivo casillero. Cantidad y clase de ganado para el que solicito el arriendo: vacuno . no id más de 1 año paga . no caballar . no mular . no cabrio . siete cabezas ovino . no porcino . no asnal . tres Terrenos que solicito en arriendo: potrero . no vega o inverna . no arada . no Casa de habitación . si tiene chacra de temporal . no rozo . no huerta de riego . si Solicito hacer pago de mi arriendo en la forma siguiente: tres semanas jornal (pensión), una semana minga, dos días rodeos en La Soccha y otros servicios y el resto en efectivo el 31. 12. del presente año” (ADP-MJT leg. 8, exp. 162).

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Existían distintos tipos de arriendo en una misma hacienda y la terminología variaba en los diferentes fundos: se llamaban arriendo redondo o aniendo sin pensión, arriendo con pensión y arriendo seco.

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En Pariguanás se daban las formas de arriendo redondo y con pensión. En el primer caso, el derecho a cultivar las chacras lo pagaba el arrendatario en dinero y no tenía otras obligaciones, ni de entregar productos ni de trabajar en forma gratuita. El segundo caso era una forma mixta: se pagaba en dinero efectivo v, además, en productos agropecuarios y en servicios para la hacienda.

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En Pillo el arriendo redondo se cancelaba en dinero y, junto con ello, se trabajaba en forma gratuita para la hacienda durante 6 días. Sin embargo, en el mismo fundo habían colonos que obtenían el acceso a las tierras solamente mediante trabajos gratuitos para la hacienda.

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En San Pablo se diferenciaba entre arriendo redondo, arriendo con vega y arriendo seco: “Arriendo con vega se llama a las tierras de riego. Arriendo seco a las tierras sin riego que usará el colono mientras le sea útil y sea parte incluyente del arriendo redondo” (ADP-MJT leg. 2, exp. 313).

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Cuando los terrenos de temporal no se incluían en el arriendo redondo, debían ser solicitados cada año por el colono. La renta que se pagaba al hacendado por el uso de estos lotes se denominaba terrazgo y se pagaba en cantidad preestablecida de almudes de los productos cosechados. Generalmente, los colonos no tenían derecho de aprovechar para sus animales lo que quedaba en los terrenos de secano después de la cosecha, tarayales o rastrojos. En San Pablo estos terrenos se cercaban, pero después de la cosecha se dejaba entrar el ganado de todos los colonos para aprovechar los rastrojos.

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Los colonos tenían el derecho de mantener sus animales en los campos de la haciendas y lo retribuían en dinero o mediante la entrega de una determinada cantidad de animales.

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Existe poca información sobre el acceso de los colonos a tierras irrigadas y al agua. En Lalaquiz y San Pablo los colonos disponían de cierta extensión de terrenos irrigados.

Las obligaciones de los campesinos 37

Las obligaciones de los arrendatarios, colonos o yanaconas eran diversas y heterogéneas. Al tomar un arriendo en un fundo, el colono se comprometía a contribuir a la hacienda con dinero, productos agropecuarios y mano de obra. Los diferentes deberes con la hacienda generaron, a su vez, derechos como el usufructo de tierras para cultivos de secano y/o riego, el pastaje en los campos de la hacienda y la ubicación de una vivienda dentro del territorio de ésta.

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Hasta fines de los años treinta se justificaban además una serie de “costumbres desde tiempos inmemoriales”; entre éstas, la gallina, forzosa, como denominaban los yanaconas de Lalaquiz en 1935 a la entrega de una gallina al hacendado, al recibir de éste el comprobante de pago del arriendo.

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En las diferentes haciendas los colonos trabajaban entre 36 y 159 días al año para el hacendado. Estas obligaciones fueron denominadas faenas, mandos, rodeos, partida, camarico, cariños, vial u obligación (ver cuadro 3). Se trataba de labores en los campos de cultivo de la hacienda, traslado de productos agropecuarios a la costa, lavados de lana, participación en rodeos y construcción o mantenimiento de caminos de herradura y acequias.

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Además, debían colaborar en servicios especiales dentro de la hacienda, como el “carguío” de 50 piedras en Pariguanás o la entrega de 12 cargas de leña en Altos de Pariguanás. Otras obligaciones se implicaban a las mujeres en condición de madre soltera, a quienes la hacienda exigía trabajos de cocina o la producción de tejidos, como, por ejemplo, en Llicsa y Simirís: “... así como el hilado y tejido de una alforja de algodón por cada doncella y el servicio ‘forzoso’ o de ‘paga’ que, en las casas de hacienda, realizan las que no lo son; todo aquello caracteriza y ensombrece el coloniaje” (Castro Pozo 1969:217-218).

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Los yanaconas estaban obligados a vender sus productos a los hacendados, sobre todo el ganado a un precio determinado por éste. En la hacienda Pillo, en caso de no respetar esta disposición, se les exigía el pago de una multa de 10 soles.

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El derecho al usufructo de terrenos de temporal, en general, se obtenía mediante el pago en productos cultivados en cantidades preestablecidas en abundes. Esta obligación seguía vigente aun cuando se perdiera la cosecha por falta de lluvias o por plagas. En este caso, en la hacienda Pariguanás se pagaba 18 soles “por la obligación”; en las demás haciendas se pagaban 3 soles por cada almud que hubiera tenido que entregarse. El usufructo de

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pastos de la hacienda para el pastaje de los animales de los colonos se pagaba en dinero y. en algunos casos, en una determinada cantidad de ganado menor: ovino o caprino. Cuadro 3 Trabajos en las haciendas

Nota: Los reclamos de las haciendas Lalaquiz, Matalacas, Chulucanas, Sacalla, Tojas, Cuica-pampa, Samanguilla, Lanchipampa, Jacanacas, San Antonio, Olleros, Huasimal, Vilcales, Carrizal y Simbaca solamente contienen una petición general de abolición de los trabajos gratuitos.

Los reclamos de los campesinos 43

En la gran mayoría de los pliegos de reclamos, el primer punto se refería a la abolición de los trabajos gratuitos. Los colorios, además, exigían que: • se respete la jornada de ocho horas y se les pague un jornal; • se les otorgue la libertad de venta de sus productos agropecuarios; como argumentaban los yanaconas de Llicsa: “Que se nos permita vender nuestros ganados vacunos a quien mejor nos pague, porque la hacienda nos obliga a venderle a ella al precio que fija y si vendemos a algún particular nos cobra cinco soles de multa” (ADP-MJT leg. 1, exp. 1); • no se les cobre dinero, “que se les condone el pago” si no cosechaban; • se reduzca el denominado derecho de terrazgo al 5% de los almudes cosechados en Altos de Pariguanás y al 10% en Molinos; • se modifique y reglamente la forma de pago del derecho de pastaje. Los colonos de Altos de Pariguanás proponían el pago de 0.50 soles por cabeza de ovino, anteriormente habían pagado el 5% del valor del ganado en efectivo. En Matalacas estaban dispuestos a pagar dos soles por cabeza de ganado vacuno, cantidad menor a la que exigía el conductor. Como condición previa y para determinar la cantidad de animales poseídos, los colonos exigían que se realice un rodeo.

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Los yanaconas de Lalaquiz proponían el nombramiento de un Alcalde de Aguas y mecanismos para el control de sus funciones. En caso de presentarse una queja, el Acalde de Aguas debía pagar una multa de diez soles al perjudicado; si se sumaban diez quejas sería despedido. Además, los yanaconas afirmaban no aceptar “intromisión de la hacienda a nuestros turnos de agua”. En San Pablo los colonos decretaban que, cuando la hacienda no conducía tierras de riego, “todas las aguas de regadío son para los colonos, si la hacienda tiene cultivos de riego, los colonos disponen de 68 horas de riego”. En cuanto al mantenimiento de las acequias, se planteaba que los colonos trabajaran en proporción al tamaño de los arriendos irrigados.

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Respecto al trabajo remunerado por la hacienda, a partir de los años cuarenta se empezó a requerir que los colonos trajeran sus propias herramientas: lampas, calabozos, barretas y yuntas. Frente a ello, los colonos de

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Matalacas, influenciados por los miembros del Partido Socialista, respondieron: “Esto es un absurdo económico, es el mismo absurdo económico que a los obreros de Talara, o a los obreros textiles de Vitarte, se les obligaría concurrir a la producción industrial de esas empresas con la maquinaria” (ADP-MJT leg. 4, exp. 275-127).

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En Chulucanas los colonos estaban dispuestos a acudir a los trabajos con sus yuntas, si el hacendado las alquilaba (ADP-MJT leg. 3, exp. 281-5).

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En algunos casos, las peticiones incluían además aspectos organizativos internos de las haciendas. Los colonos exigían libros de planillas y que los recibos del pago de arriendo no fueran escritos con lápiz. Pero, sobre todo, que se establezcan padrones de los arrendatarios: “Pedimos que para garantía de los arrendatarios y del propietario y conductor se organicen en la hacienda Matalacas padroncillos anuales de arrendatarios, en que se inserten todos los contratos individuales de arriendo, con expresión de las tierras que conduce cada arrendatario, la merced conductiva que paga al año el arrendatario. Estos contratos deben estar firmados por el conductor, el arrendatario que sabe firmar y el analfabeto debe dejar su huella digital del índice derecho ... Estos padroncillos deben ser confeccionados en tres ejemplares: uno para ser registrado en la Inspección Regional de Trabajo, otro para el propietario o conductor y otro para los arrendatarios o colonos” (ADP-MJT leg. 4, exp. 275-127).

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Además de solicitar el mejoramiento y la reglamentación de las condiciones de trabajo en las haciendas, los pliegos de reclamos contenían varias quejas en cuanto a abusos y represalias cometidos por los propietarios o sus representantes, como en San Pablo: “Hace muchos años que venimos sufriendo toda clase de martirios en la hacienda de San Pablo, sólo por el infortunio de ser ‘colonos’, que mejor sería decir esclavos del hacendado... Comete las peores violaciones en nuestros domicilios abriendo las puertas de las casas á la hora que le venga la gana y hace sacar todas nuestras cosas, aun prendas de uso personal y lo hace votar á las pampas para que se pierdan, se destruyan ó se las roben los transeúntes, y lo hace aprovechando que los dueños están ausentes de sus hogares. Y lo que es peor, lo hace con los Jueces de Paz y la policía, que son incondicionales servidores, y quienes se sienten orgullosos de tratar en esta forma salvaje á los peruanos pobres que no tenemos más suerte que trabajar en los campos, día y noche, para el cruel patrón” (ADP-MJT leg. 4, exp. 336-105).

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En los reclamos de los años cuarenta, las quejas se refieren al alza injusta de los arriendos. En agosto de 1944 un decreto supremo prohibió el aumento de arriendo de los terrenos dedicados a la siembra de productos de pan llevar. El arriendo pagado en 1942 no se debía

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modificar. Además, los campesinos reclamaban contra los propietarios o conductores de haciendas que imponían nuevas obligaciones o no reconocían un pacto anterior, como en Matalacas, Pillo, Chulucanas, Lalaquiz y Molinos. 51

Los colonos exigían una reglamentación de los desalojos y proponían que fuera exclusivamente por falta de pago de la merced conductiva. También pedían que en caso de desalojo se respetara lo dispuesto por la ley8 en cuanto a la indemnización por los cultivos sembrados o las mejoras efectuadas por los colonos. Además, según el artículo 72 de la Constitución, se reclamaba el establecimiento de una escuela primaria gratuita.

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Finalmente, los colonos de San Pablo proponían sanciones para garantizar que el trato entre hacendado y colonos fuera de mutuo respeto: “Y toda acusación que se haga sobre el incumplimiento de este convenio debe probarse con las más amplias pruebas, mas cuando la desocupación, la despedida ó el desahucio son simples invenciones con apariencias legales para ejercitar libremente la venganza o represalia. En el caso que no se justifiquen las pruebas ó la denuncia, el demandante será penado con las mismas sanciones de delito de calumnia, prefiriendo la indemnización pecuniaria de S/. 500.00 á beneficio del ‘colono’ denunciado y si fuera el ‘colono’ treinta días de arresto, previa defensa” (ADP-MJT leg. 2, exp. 313).

Los pactos colectivos entre campesinos y hacendados 53

En la mayoría de las haciendas se logró establecer convenios conciliatorios o pactos colectivos entre colonos y hacendados9. Solamente en San Pablo y Lalaquiz no se llegó a un acuerdo. En San Pablo las contradicciones entre los colonos y el hacendado eran tan graves que el caso fue remitido a la Corte Superior. En cambio, en Lalaquiz todo el procedimiento fue postergado a pedido de ambas partes. En general, los trámites fueron rápidos y se lograron los acuerdos en dos o tres meses. Solamente en Simirís hubo un plazo de 17 meses entre la presentación del pliego de reclamos y la celebración del convenio conciliatorio.

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En 1935, en el Congreso Constituyente, Castro Pozo comentó la labor de los funcionarios: “Hemos podido percatarnos de que hay en los empleados del Ministerio de Fomento, más o menos, la intención de hacer el bien; pero no se procede con mano firme. Se ha mandado, por ejemplo — porque nosotros solicitamos que se creara la Sección del Trabajo en Piura— funcionarios encargados de hacer cumplir las disposiciones respectivas. Uno de estos funcionarios ha visitado las haciendas; pero este hombre no ha tenido la entereza de afrontar el problema y garantizar sus derechos a los indígenas. Se ha limitado a decirles que sólo les quedan estos caminos; abandonar la hacienda o aceptar el estado anterior de trabajar gratuitamente, a fin de que no sean arrojados, y aceptar las ‘jailas’, las ‘obligaciones’ y las ‘repúblicas’” (Castro Pozo 1947:37).

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¿Fue exitosa la lucha de los colonos? ¿Se realizaron los cambios que ellos reivindicaban? Comparando los diferentes puntos de los pliegos de reclamos con los convenios, se observa que gran parte de las reivindicaciones fueron tomadas en cuenta.

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Se reconoció la jornada de trabajo de ocho horas, se prohibió el trabajo gratuito (ver cuadro 4), se acordó el monto del jornal y se establecieron horarios de trabajo, se precisó que los sobretiempos debían ser pagados y la alimentación mejorada. Además, se decretó la libertad de venta de productos agropecuarios, cuya vigencia fue elemento importante de dominación. Sin embargo, se mantuvo un privilegio para el hacendado: la preferencia de compra en caso de igualdad de precios. Se decidió que, previa inspección del estado de

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los cultivos por la hacienda, se pagaría terrazgo solamente si se lograba cosechar. Asimismo se estableció que la única justificación para el desalojo sería que el colono no hubiera pagado el arriendo. Para evaluar el monto de la indemnización, las chacras debían ser tasadas conforme a lo dispuesto por la ley. Además los propietarios prometieron instalar escuelas primarias gratuitas y respetar las leyes vigentes. 57

Los trabajos gratuitos fueron una parte del pago por arriendo. Cuando se abolieron en los años 1934-1936, se necesitó establecer nuevamente el monto del arriendo. Para los casos de Pariguanás y Simirís esta moneta-rización favoreció a los colonos, significó una reducción de los días de trabajo para la hacienda10.

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En cambio, en Matalacas, la abolición de los trabajos gratuitos, considerados anteriormente como forma de compensación del arriendo, se tradujo en un alza de! 60% de la merced conductiva. En Lalaquiz esta alza fue de 5%. Cuando los trabajos gratuitos se realizaban como pago del arriendo, los yanaconas los percibían como trabajos forzosos o de compensación. A partir de entonces los trabajos para la hacienda no solamente fueron remunerados, sino además libres, como se precisa en el convenio de 1935 de Lalaquiz: “Los arrendatarios si voluntariamente lo desean y les conviene el salario irán a trabajar a la hacienda ‘Soccha’, sin que se les pueda obligar á ellos en forma alguna” (ADP-MJT leg. 3, exp. 236, subrayado KA).

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En todos los casos se precisó que la retribuición por arriendo podría realizarse en dinero, trabajo o productos. Los colonos tenían una relativa libertad para escoger la forma de pago. Al cancelar la merced conductiva en dinero efectivo, los arrendatarios de menos recursos tenían que recurrir a la venta de su fuerza de trabajo. Esto fue previsto en los contratos al determinar que, en parte, los jornales podrían ser “pagados en recibos” que servirían para solventar el arriendo: “Caso de no poder abonar dicho arriendo en dinero efectivo, la Hacienda se compromete a darles trabajo para facilitarles así dicho pago, reclamando los arrendatarios sus recibos respectivos” (ADP-MJT leg. 1, exp. 35).

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No obstante, cabe la pregunta: “favoreció realmente a los colonos el pago en efectivo? y ¿en qué medida se redujeron los días de trabajo para la hacienda, tomando en cuenta el nuevo jornal que percibían? En el caso de la hacienda Molinos existe información precisa sobre el arriendo redondo. Este era de 35 soles anuales11 antes del convenio y los colonos estaban obligados a trabajar 15 semanas para la hacienda. Con el pago de un jornal de 70 centavos tenían que trabajar 8 semanas y 3 días si cancelaban el arriendo exclusivamente con los jornales. En Simirís los 36 días de trabajo gratuito para la hacienda fueron reducidos a 12, tomando como base el nuevo jornal de 60 centavos.

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Mediante pactos se determinó que los contratos podían renovarse anualmente si ambas partes así lo deseaban y si no se adeudaba arriendos. En su mayoría los pactos deben haberse renovado sin mayores problemas. De hecho, de haberse modificado los convenios, cada modificación se habría realizado con la intervención de la Inspección Regional, dejando rastros en los documentos. En Matalacas el primer pacto se estableció en 1935 y recién en 1945 se tuvo que firmar un nuevo acuerdo; en Lalaquiz el primer pacto se celebró en 1935 y estuvo en vigencia hasta 1944, lo cual indica que las contradicciones entre hacendados y colonos fueron superadas de manera relativamente satisfactoria para ambas partes.

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Cuadro 4 Jornales en las haciendas de la sierra de Piura 12

(a) Castro pozo 1947: 64-67. (b) no se llega a un acuerdo. (c) exigen aumento de jornal. 62

Aparte del pago del arriendo en dinero, en la mayoría de las haciendas se mantuvo la obligación de entregar el terrazgo en productos. En la hacienda Pariguanás (ADP-MJT leg. 1, exp. 6)13, se aportaba por “rozos de temporal 6 almudes de alverjas, 9 almudes de maíz o 4.5 almudes de frijol”. Si bien en algunas haciendas se podía escoger entre el pago en productos o su equivalente en dinero, como en Lalaquiz; en otras prevalecía la modalidad antigua, como en Pillo: “Aquellos que abonan parte del arriendo en maíz o arbejas, entregarán los productos acostumbrados...” (ADP-MJT lcg. l,exp. 10).

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En cuanto al mantenimiento de caminos y de acequias, los colonos tenían una relativa autonomía para organizar estas labores y asumían sus propias responsabilidades. Entre los trabajos gratuitos que fueron suprimidos se incluían los de mantenimiento y construcción de caminos —obligación vial—, y de acequias. Para este tipo de trabajos se decidió que la hacienda no pagara jornales, subrayando que del mantenimiento de los caminos se aprovecharían tanto la hacienda como los colonos. En Pillo, el hacendado “en señal de su colaboración” entregaba una suma de dinero entre 50 y 100 soles a un representante designado por los colonos, para que éste la reparta entre los que habían participado en los trabajos (ADP-MJT leg. 1, exp. 10). La repartición de las aguas de regadío era tanto responsa-bilidad de la hacienda como de los colonos, quienes participaban en la toma de decisiones. Se designó un Juez de Aguas pagado por ambas partes. En Lalaquiz el Juez de Aguas sería despedido en caso de presentarse diez quejas por parte de los colonos.

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Los convenios incluyeron muchos puntos referentes al funcionamiento interno de las haciendas y que no aparecen en los pliegos de reclamos de los colonos. Así, en Matalacas, se prohibió alojar a foráneos y se prescribió la forma de sucesión de los arriendos: “El arrendatario no podrá dar alojamiento, ni menos terreno de su arriendo a persona extraña, con excepción de los miembros de su familia que no sean emancipados. Cuando un padre o madre de familia ya anciano no pueda trabajar, en ese caso tomará el arriendo un hijo de éste” (ADP-MJT leg. 1, exp. 33).

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Como condición previa para que el convenio entrara en vigencia se estipuló que los arrendatarios debían haber pagado la merced conductiva. Aunque sólo los colorios que no pagaban el arriendo podían ser desalojados, los pactos contienen un punto que subrayaba la autoridad del patrón y, en consecuencia, la dependencia del colono: “Las relaciones de respeto entre los arrendatarios y la Hacienda serán mutuas y el arrendatario que se insubordine será despedido conforme a ley” (ADP-MJT leg. 1, exp. 35).

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Los pactos también establecían una reglamentación para los casos de contradicciones entre los colonos y la hacienda, la misma que amparaba los intereses de los hacendados, que intentaban por todos los medios contrarrestar la influencia de los “delegados socialistas”: “El colono que tenga algún reclamo que hacer, lo hará directamente al conductor del tundo, sin valerse de segunda persona, que no reconoce el hacendado. Caso de no ser atendido, se dirigirá al Inspector Regional, quién dará su veredicto, que será acatado por ambas partes” f ADP-MJT leg. 1, exp. 33).

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Otro punto que no figuraba en todos los reclamos, pero sí en los convenios, con mayor importancia en las haciendas ganaderas como Altos de Pariguanás y Matalacas, se refiere al derecho de pastaje de los ganados. Este pago se efectuaba solamente si los animales se mantenían en los campos de la hacienda; no si el ganado permanecía en los arriendos. La modalidad de pago era diferente en cada hacienda. En general, existía una cierta cantidad de animales que los colonos podían mantener en los pastizales de la hacienda, sin tener que abonar por estos, ni por las crías. Por cabeza de ganado vacuno mayor se entregaba entre uno y dos soles anuales. En La-laquiz se cancelaba anualmente 20 centavos por cabras, si se tenían más de diez animales, y en Altos de Pariguanás el 4% del valor del ganado ovejuno o 15 centavos por cabeza si se tenía más de ocho animales. Se entiende que la hacienda prefería la entrega de animales en los meses de abril y mayo para aprovechar la lana.

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Los hacendados que firmaban los pactos entendían que estos también eran convenientes para sus intereses, porque así, a largo plazo, podían evitar que surgieran conflictos. De esta manera se debe entender la cláusula final de cada convenio: “Este contrato tiene fuerza de lev entre ambas partes”.

69

En su calidad de abogado defensor y asesor de los yanaconas del Alto Piura y de la sierra, Castro Pozo colaboró con el Jefe de la Sección de Trabajo en la solución de los reclamos. Redactado en noviembre de 1934, el informe emitido por este funcionario da la impresión de que los conflictos entre ambas partes se solucionaron en forma satisfactoria: “Ojalá que el Gobierno eleve estas bases a la categoría de Decreto Supremo para que rijan en todos los pactos que se han originado y se originen en el Departamento de Piura” (Castro Pozo 1947:43).

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En las haciendas Pariguanás, Simirís, Llicsa, Matalacas, Pillo (en la sierra de Frías y Santo Domingo) así como en Los Molinos y Chulucanas (en la sierra de Ayabaca) se firmaron

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convenios, mientras que en los casos de San Pablo en la sierra de Ayabaca y Lalaquiz en la de Huancabamba no se llegó a ningún acuerdo.

La Ley de Yanaconaje 71

Es posible considerar la multiplicación y la radicalización del movimiento campesino en las haciendas ayabaquinas como el resultado del trabajo de base de los socialistas. A partir de 1946, en la sierra de Ayabaca y bajo la influencia de los militantes del Partido Socialista 14, se agudizaron los conflictos entre hacendados y colonos. En este año, los colonos de las haciendas ayabaquinas de Molinos, Culcapampa, Lanchipampa, Samanguilla, Olleros, Vilcales, Yanta, Sacaya, Carrizal, Culucán, Cujaca, Andurco, Simbaca y Talal presentaron reclamos a la Inspección Regional de Trabajo. En varias haciendas, los campesinos optaron por paralizar los trabajos para presionar a los patrones a fin de que den solución de sus reclamos. Como consecuencia, algunos de sus delegados fueron detenidos por la policía de Ayabaca.

72

La Inspección de Trabajo en Piura, frente a la magnitud de los conflictos, organizó una visita a las haciendas mencionadas. En algunas se llegó a suscribir convenios conciliatorios. En el informe que remitió el funcionario Gumercindo Castro Jarra, se reconoce que en estas haciendas las condiciones de trabajo no se habían modificado. Los campesinos seguían obligados a cumplir con los mandos, partidas, quince, rodeos sin que sus trabajos fueran remunerados, siendo víctimas de los “abusos” de los propietarios15. En la hacienda Culcapampa se llegó a un acuerdo que contenía entre otras las siguientes cláusulas: “- Abolición terminante de todo trabajo gratuito, debiendo ser en adelante todo trabajo remunerado; Jornada de ocho horas; - Vigencia del salario convenido entre ambas partes, de Un Sol diario y las comidas; - No hay trabajos gratuitos en adelante” (Castro Pozo 1947 : 90).

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Con el apoyo del Partido Socialista, los colonos de las haciendas ayabaquinas, no solamente organizaron huelgas; ellos mismos se organizaron en sindicatos para plantear a los hacendados sus reivindicaciones. En las haciendas Cujaca y Andurco, Samanguilla, Lanchipampa y Yanta exigieron el reconocimiento de sus sindicatos: “Que el hacendado (de Cujaca y Andurco) se comprometa a reconocer el sindicato que se ha formado en conformidad a la Ley y se comprometa a ceder un local para la construcción del local y dar permiso para que talen los árboles para su fabricación” (SDTP 1945 : Valverde s.f.b.: ficha 73).

74

En la terminología empleada en los reclamos hasta mediados de los años cuarenta no se había distinguido claramente entre yanaconas, colonos o arrendatarios. Un decreto de 1936 definía como yanacona quien: “... pagando una merced conductiva, no tenga el derecho libre del uso de la tierra y la libre disposición de sus productos” (Angulo 1962 : 8).

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En marzo de 1947, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, con el respaldo de los apristas, se promulga finalmente la Ley de Yanaconaje (DL 10885), que reglamentó las relaciones entre hacendados y yanaconas. En esta coyuntura: “... una euforia desconocida reinaba en el país, que trasuntaba el ansia de transformación de los estratos populares y medios. Parecía que las fuerzas oligárquicas estuvieran por caer de sus pedestales por el movimiento de las masas. Los cambios se dejaron sentir de inmediato con la multiplicación de las

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organizaciones sindicales, obreras y campesinas que pedían aumentos salariales y nuevas y mejores condiciones de trabajo ...” (Cotler 1988: 262). 76

A partir de esta fecha los reclamos de los campesinos aumentaron considerablemente. Ahora, en sus reivindicaciones, incluían la aplicación de esta nueva lev, que en su primer artículo definía claramente la condición de yanacona: “Para los efectos de la presente ley, se denomina contrato de Yanaconaje, el acto jurídico por el cual quien tiene derecho legítimo para ello, que se denominará yanaconizante, cede a otra persona que le llamará yanacón, con el objetivo de que la explote, por un plazo determinado o indeterminado, una área de terreno de cultivo no mayor de quince hectáreas por cada yanacón en las zonas de riego y en las de temporal o de montaña, ni mayor de treinta hectáreas en los terrenos de temporal o de sierra, dentro del perímetro de uno o varios fundos de mayor extensión. El contrato de yanconaje queda regulado en todo lo que no esté dispuesto en la presente ley, por las normas del Código Civil referentes al contrato de locación y conducción de sociedad, según el caso, y comprende a los colonos, partidarios, compañeros, arrendatarios simples y, en general, a todos aquellos que dediquen su actividad a la explotación para sí, de la tierra de propiedad de otro” (Art. 1: Ley de Yanaconaje 10885 en: Castro Pozo 1947: 103-104).

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Ángulo, en su comentario sobre la legislación de yanaconaje, especifica que se ha malinterpretado esta ley y “que el contrato de yanaconaje se caracteriza, o se tipifica, por la extensión de la tierra materia del contrato” (Ángulo 1962: 9). La extensión de las tierras en conducción por los yanaconas no debería ser mayor a 15 has. de tierras con riego o 30 has. de secano. Ángulo, como Juez Privativo de Trabajo de La Libertad insistió en que “... esto es necesario recalcarlo debidamente, porque es muy frecuente, que cuando se demanda el otorgamiento de contrato de yanaconaje, el demandado diga: me opongo, porque el demandante es mi aparcero o mi al-partidario, no es yanacona. Esto es, pues, un error, por cuanto es la extensión de la tierra, no la forma de pago de la merced conductiva, ni ningún otro elemento el que determina o tipifica el contrato de yanaconaje” (Ángulo 1962:9).

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La lev determinaba que los contratos de yanaconaje se realizaran por escrito en tres copias para propietario, yanacona y Ministerio de Trabajo. Según el Art. 2 de la lev, los contratos se suscribían individualmente entre el “yanaconizante” (propietario de la tierra) y el “yanacón”. Desde 1934 los campesinos habían solucionado los conflictos con el patrón de forma colectiva: mediante reclamos colectivos pudieron mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Por lo tanto, los campesinos de la hacienda San Martín de Congoña, reclamaron en 1951 que también los nuevos contratos de yanaconaje fueran suscritos en forma conjunta, para garantizar un mayor respaldo a cada colono: “Que se nos autorice a suscribir con la Hacienda ‘contrato colectivo’, i no contratos individuales, como se pretende. I, por si bien es cierto que la ley 10885 lo establece, es, precisamente uno de los inconvenientes que presenta dicha ley, que va contra la tranquilidad del colonato o yanaconaje de la República” (ADP-MJT leg. 8, exp. 163).

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La lev disponía, además, las siguientes prerrogativas: la duración delos contratos se acordaba entre ambas partes; sin embargo, el yanacona no podía ser desalojado antes de seis años.

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Los trabajos gratuitos, la venta obligada de productos agropecuarios al propietario y la compra de productos en su tienda eran definitivamente prohibidos.

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La merced conductiva, en caso de pago en efectivo, no podía ser mayor al 6% del valor de las tierras que trabajaba el yanacona. En caso de pago en productos se entregaría al propietario, como máximo, el 20% de la producción.

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Los propietarios tenían la obligación de proporcionar aguas para el riego de las tierras conducidas por los yanaconas.

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En casos de desalojo, los yanaconas debían ser indemnizados por las mejoras realizadas en sus arriendos.

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Los juicios de desalojo iniciados desde el 1.1.1945 quedaban sin efecto.

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En el Ministerio de Justicia y Trabajo se creó la Inspección General de Yanaconaje y Campesinado, cuyas funciones fueron especificadas en el Art. 20 de la Lev de Yanaconaje: “a) Empadronar a los yanaconas, detallando las condiciones de sus contratos, plazo, merced conductiva, etc. b) Revisar los contratos y cuidar que estén ajustados a la lev; c) Promover el mejoramiento técnico e industrial del campesinado; y d) Destacar Inspectores que visiten periódicamente los valles del país y comprueben el cumplimiento de las leyes sociales que protegen a los yanaconas y peones de campo” (Castro Pozo 1947:107).

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El Estado trató de fomentar la organización de los colonos. Si bien no se menciona una organización de tipo sindical dentro de las haciendas, se preveía ventajas para los campesinos organizados en cooperativas. “Si a la terminación del contrato de arrendamiento de un fundo yanaconizado, los yanaconas estuvieran organizados en cooperativa, ésta tendrá preferencia en un nuevo contrato de conducción sobre cualquier otro postor, en la extensión que en este momento se halle yanaconizada” (Art. 7, Ley de Yanaconaje en: Castro Pozo 1947:104-105).

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¿Cuáles fueron los beneficios de esta ley para los colonos? La Ley de Yanaconaje constituyó una protección legal para los yanaconas; sin embargo, no fueron pocas las malinterpretaciones que se hicieron de ella en desmedro de los colonos. Todo ello fue denunciado por el periódico El Pueblo: “Una expresión corriente entre los campesinos es ésta: de que la Ley de Yanaconaje no debiera llamarse tal, sino Ley del Hacendado” (El Pueblo, Año IV, 18.12.1950, N° 1165).

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En la práctica estos dispositivos legales eran de gran complejidad burocrática. Los contratos debían ser firmados en forma individual, requiriendo de un sin número de asesores o abogados para garantizar su justa aplicación.

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El descontento de los campesinos por la aplicación de la Ley de Yanaconaje aparece en la argumentación de los socialistas en el periódico El Pueblo, desde donde en reiteradas ocasiones trataban de defender esta lev por la que tanto habían luchado. Denunciaban la mala interpretación de los textos por los hacendados, sosteniendo que con los “métodos de los abogados socialistas” sería posible su justa aplicación: “Esta ley se ha dado con un sentido tuitivo, con la finalidad de protección para el yanacona. Se ha tratado de que con esta Ley se proteja al trabajador campesino de la voracidad de los grandes terratenibles. Mas como decimos anteriormente esta Ley ha pretendido ser desnaturalizada por los abogados defensores de los hacendados” (El Pueblo, Año IV, 18.12.1950, N° 1164).

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Analizando los documentos se observa la “distancia entre el país legal V el país real”, señalada por Julio Cotler. Muchos artículos bien intencionados de la ley, referidos a la protección de los campesinos dependientes de los terratenientes, eran difícil de aplicar bajo las condiciones existentes. Considerando que los nuevos contratos de yanaconaje eran de gran complejidad16 y existía una alta tasa de analfabetismo entre los campesinos de las haciendas serranas17, la ley era en muchos puntos inaplicable. Por su parte, los

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hacendados utilizaron todos los medios posibles para evitar que la Lev de Yanaconaje se aplique en sus propiedades. 91

Por su parte, los colonos de las haciendas piuranas buscaron soluciones legalistas para mejorar sus condiciones de trabajo. La mayoría de sus reclamos se basaron en la Constitución. Es sorprendente este legalismo frente a la actitud de los terratenientes o sus representantes, que muchas veces actuaban en forma violenta, no solamente cuando ocurrían los reclamos; sino en el trato cotidiano con los colonos de las haciendas, donde el cepo y los castigos físicos no eran una excepción.

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Son pocos los casos donde las medidas de lucha fueron más agresivas y se llegó al boicot de los trabajos, como ocurrió en Llicsa donde se paralizaron las labores en época de cosecha. Una paralización generalizada del trabajo en la hacienda solamente se dio en 1935, en Lalaquiz, cuando los colonos se negaron a trabajar para el dueño, como lo manifestaron en los reclamos: “No se admite ninguna obligación, faena ú otro servicio, cualesquiera que sea su nombre, en trabajo personal ó en dinero efectivo, y más aún cuando esté en contradicción con el Art. 1 de este pliego. Artículo 1: Respetar en todas sus partes el Art. 55 de la Constitución Peruana, para todas las edades y sexos.- Las obligaciones de ponguismo han sido faces solo de la esclavitud” (ADP-MJT leg. 1, exp. 28).

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Generalmente, no se cuestionó el sistema de hacienda, más bien, se reclamaba adaptarlo a una forma más justa. A través de los reclamos se puede comprender cuál fue la percepción de la injusticia o de los “abusos” que los colonos reprocharon a los hacendados. No parece que el sistema de dominación, así como las diferentes obligaciones que se derivaban por el usufructo de la tierras, hayan sido percibidas como injusticia. Se exigía reglamentación, los trabajos debían ser remunerados, los horarios fijados y respetados. Se buscaba reformas y modificaciones dentro de un sistema que no fue cuestionado en sí mismo; como se desprende claramente de los argumentos de los colonos de Chulucanas: “Pero si bien sabemos que un hacendado de la Sierra, en la zona en que vivimos, necesita sus tierras para arrendarla a personas que celebren contratos de trabajo con él. Porque no existiendo carreteras para el transporte de los productos, estando las ciudades y lugares de consumo lejos, es decir los mercados, a enormes distancias de las haciendas, no pueden producir en gran escala, y siendo los medios de producción pobres y atrazados y muy atrazadas las industrias, los jornales son bajos y no hay demanda de trabajo, los brazeros o trabajadores son muy escasos, así que los hacendados pretieren arrendar sus tierras a personas que, a la vez que celebren contratos de conducción y locación de sus tierras, celebren contratos de trabajo para así poder ellos trabajar sus tierras. Esta es una verdad que no desconocemos. Nosotros, por eso no negamos nuestro concurso personal a la producción agrícola del señor hacendado, pero siempre que sea remunerado nuestro trabajo” (ADP-MJT leg. 3, exp. 281).

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Los colonos demandaban una mayor integración al mercado, al cual va estaban integrados mediante las ventas de sus productos para cancelar el arriendo. Las reivindicaciones se dirigieron en contra de la monopolización del mercado por parte de los propietarios, quienes todavía controlaban o por lo menos intentaban controlar la venta de productos agropecuarios, sobre todo del ganado vacuno, imponiendo arbitrariamente los precios.

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Se puede apreciar que al interior de las haciendas existía un nivel de organización entre los arrendatarios que no solamente abarcó el nombramiento de delegados en torno a los reclamos. Los colonos en algunas haciendas (Lalaquiz, Molinos, San Pablo) compartían con la hacienda la responsabilidad en torno al riego, lo cual se expresaba en el nombramiento y mantenimiento del Alcalde de Aguas. Después de los convenios los arrendatarias

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asumieron nuevas funciones como la construcción de las escuelas v, en parte, el pago compartido de los maestros.

La compra de haciendas 96

Como se ha dicho, los reclamos que los colonos planteaban en los años treinta y cuarenta no cuestionaron el sistema de hacienda en sí; sólo pretendían modificar las condiciones de trabajo. Sin embargo, en algunos casos, se ofreció una salida “legal” a la condición de yanacona, satisfactoria tanto para los campesinos como para los terratenientes: la compra de la hacienda por parte de los colonos.

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Cada cambio de propietario o de administrador podía significar un nuevo brote de los antagonismos latentes entre ambas partes. Pero también podía significar una posibilidad de compra para los arrendatarios. Aquí, la presencia de los miembros del Partido Socialista fue un elemento importante, porque permitió poner en práctica unos de sus planteamientos fundamentales en cuanto a la transformación de las condiciones socioeconómicas en el agro: la organización de cooperativas. En el programa agrario del partido, Castro Pozo se había pronunciado en favor de este tipo de organización, considerando que ellas recogían a nivel productivo las “prácticas agrarias colectivas” (Castro Pozo 1947:8). “Es necesario organizar al yanacona y al colono de estos fundos y prepar-los para la lucha. La tierra deben cultivarla para sí, y discutir el dominio de aquella a quienes se crean sus dueños. Los yanaconas son los únicos que les han dado, por medio de su trabajo, el valor que tienen y deben aprovechar toda su producción para satisfacer sus menesteres. Los yanaconas conservan sus antiguas prácticas comunales, ellos en el futuro organizarán las cooperativas de producción convenientes” (ibíd.: 13-14, subrayado K.A.).

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Un caso en el que los colonos compraron una hacienda, y que ha permitido reconocer la influencia de los dirigentes del Partido Socialista, fue Simirís. Si bien no es el único caso en la sierra piurana, porque también las haciendas Matalacas, Lalaquiz y San Antonio fueron compradas por sus arrendatarios, fue aquí donde la influencia y el contacto con los socialistas llegó a ser más intenso. Además es el caso mejor estudiado hasta el momento (Gallo Zapata 1987).

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En 1946 la propiedad de la hacienda fue trasferida a los cinco herederos de Jacinto Pasapera. El mismo año se iniciaron las negociaciones para la venta que se realizó dos años más tarde. En esta transacción fue importante el rol de uno de los herederos, Hernán Pasapera, que a la vez era miembro del Comité de Chulucanas del Partido Socialista del Perú. Los socialistas percibían el futuro de los comuneros y colonos de las haciendas serranas asociado a la conservación de “sus antiguas prácticas comunales” y a la adopción de la organización de cooperativas y la explotación colectiva de los recursos. Estas propuestas se reflejaron en algunas cláusulas del contrato de compra-venta18, y fueron inicialmente puestas en práctica en la ex-hacienda Simirís.

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La hacienda fue comprada por el conjunto de colonos, aportando cada uno según sus posibilidades económicas. En el contrato de compra-venta se establecía la propiedad colectiva de los terrenos de pastaje, la prohibición de vender tierras a foráneos y la conducción de los terrenos en “forma armoniosa” (Gallo Zapata 1987:69).

101

Si bien en 1948 va se había entregado el dinero a los propietarios, recién en 1954 los campesinos contaron con los documentos para el registro de la propiedad. Siguiendo los

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principios del Partido Socialista19, el mismo año de la compra, los campesinos organizaron la “Cooperativa de Consumo Simirís Ltda.”, que estuvo en vigencia durante pocos años pero que nunca llegó a funcionar realmente. “La presencia del Partido Socialista en la hacienda no sólo fue de asesoría, sino en cierta forma ejerció dirección sobre el grupo campesino; la cooperativización, la tenencia de tierras comunales, la noventa de los terrenos a terceros, son expresiones del pensamiento ideológico de este partido” (ibíd.: 70). 102

En el periódico piurano El Pueblo, vocero oficial del Partido Socialista, se presenta el caso Simios como “una aplicación socialista11: “... José Santos López y otros muchos esforzados dirigentes campesinos están por culminar uno de los más grandes esfuerzos de aplicación del socialismo en nuestro agro. Han organizado una cooperativa de consumo que actualmente se encuentra en funciones y tiene el propósito de realizar trabajo colectivo así como dejar extensiones indivisas que servirán de invernas para el ganado de todos los colonos, diremos ex-colonos. Hernán Pasapcra, ha contribuido en esta forma a otorgar los elementos necesarios a los actuales propietarios de Simirís, y tiene profunda convicción de que el régimen colectivista en la producción que está implementando en la hacienda de su progenitor adquiera su plenitud, para que en la serranía de nuestro Departamento se corone con el triunfo, una aplicación socialista por su origen, por los hombres que le han gestado y por todos aquellos que esperan con su éxito plasmar en rodo el país un régimen semejante, para bien de la clase trabajadora en el campo” (El Pueblo, Año III, 1.1.1950, N° 891).

103

En 1975, durante el gobierno de Velasco Alvarado, los campesinos de Simirís gestionaron su reconocimiento legal como comunidad campesina, obteniéndolo en 1977.

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En las haciendas Lalaquiz, San Antonio y Matalacas la influencia del Partido Socialista fue menor. Por lo general, cuando los propietarios estaban dispuestos a vender sus tierras preferían efectuar las ventas en forma colectiva; es decir, negociar con un pequeño grupo de representantes de los arrendatarios y no con cada uno de ellos.

105

En 1945, en el Parlamento va se había discutido la posibilidad de compra de la hacienda Lalaquiz, proponiendo la formación de una cooperativa para reembolsar al gobierno los gastos correspondientes (Davies 1974:141). En 1951 los campesinos formaron la “Asociación de Colonos de la Hacienda Lalaquiz”, una organización que además de perseguir objetivos mutualistas, como la ayuda en caso de enfermedad, se propuso impulsar la organización de una cooperativa. Sin embargo, en 1961, cuando finalmente se llevé) a cabo la venta colectiva de una parte de las tierras de la hacienda, este propósito no llegó a realizarse.

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En 1957, 291 colonos de la hacienda San Antonio en el distrito de Canchaque lograron la compra colectiva de la hacienda. En este caso, la influencia de los socialistas no ha podido ser comprobada (Valverde s.f. b: ficha 249).

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En la hacienda Matalacas, la transferencia de las tierras a los antiguos arrendatarios se complicó y se postergó por la desconfianza que surgió entre el conjunto de los arrendatarios y sus representantes cuando estos últimos fueron acusados de malversar el dinero entregado para la compra o de acaparar las mejores tierras. En Matalacas, en 1950, como primer representante de los campesinos fue elegido Andrés Pintado, dirigente campesino de trayectoria socialista en la hacienda cercana de Pillo. Sin embargo, debido a la desconfianza de parte de los colonos, la venta recién fue realizada en 1953, por lo que, años después, los campesinos comentaban que habían pagado tres veces las tierras.

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III. LA REACCIÓN DE LOS HACENDADOS Los hacendados frente a los reclamos 108

El punto de vista de los hacendados se conoce a través de las cartas que remitieron a la Prefectura; pero también a partir de los informes de los Inspectores que viajaban a las haciendas para comprobar las quejas y confrontar a ambas partes.

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En general, los propietarios o conductores negaban que en sus dominios se trabajara gratuitamente. Consideraban que el trabajo no retribuido era una forma de pagar el arriendo. Asimismo negaban la existencia de los “abusos” en las haciendas así como una posible alianza entre autoridades y hacendados en perjuicio de los colonos: “... que tampoco es exacto que el Juez de Paz y la Policía preste al patrón de San Pablo apoyo incondicional para efectuar despojos de los arrendatarios sino previo los juicios que permiten las leyes civiles cuando las sentencias constituyan un fallo consentido y cosa juzgada” (ADP-MJT leg. 4, exp. 336/105).

110

Para los propietarios, las relaciones de trabajo en las haciendas se justificaban por el mero hecho de tratarse de una “costumbre” de la cual no eran responsables. De esta manera lo explica el conductor de la hacienda Molinos en la Inspección Regional: “... en cuanto a las obligaciones... el declarante no las ha puesto, sino es lo que esta establecido desde muchos años atrás” (ADP-MJT leg. 1, exp. 35).

111

Los hacendados se sentían ofendidos por las quejas de los colonos, les parecía que no correspondía a los campesinos cuestionar su autoridad. Se consideraban amenazados, como en el caso del dueño de Llicsa que en 1934 informa al Prefecto: “Como la actitud que han asumido los colonos no solo constituye una amenaza sino un peligro inminente para mí i para mi mayordomo, le suplico a U. concederme la respectiva autorización para mantener en la casa de la hacienda seis hombres armados en resguardo de mi vida i de mis intereses seriamente amenazados” (ADPMJT leg. 1, exp. 1).

112

Tampoco aceptaban que las leves vigentes se aplicaran dentro de sus propiedades, en las cuales, como patrones, siempre habían establecido sus propias leyes: “... que una simple y malévola queja de los colonos, coloca a los propietarios en la condición de no poder ejercer en su propiedad ni siquiera los derechos que son inherentes al dominio” (ADP-MJT leg. 1, exp. 1).

113

El alza de la merced conductiva era justificada por los hacendados considerando la subida de los precios agropecuarios20 y las mayores posibilidades económicas de los arrendatarios: “... en el campo agrario de los colonos i como en el campo ganadero a los precios que representaba el año de 1935 i a lo que es hoy (1943), estos han subido a un 200, 300 i 400% de su valor, en cambio la hacienda se mantiene estacionaria a sus entradas del año 1935 a 1943 ...” (ADP-MJT leg. l, exp. 261/103).

114

En algunas haciendas, como en Lalaquiz y en Llicsa, los colonos se negaron a seguir trabajando para el patrón en época de cosecha: “La actividad agrícola cu la hacienda está totalmente paralizada, pues ni siquiera puede recogerse el producto de los cultivos que han quedado abandonados en los rozos ...” (ADP-MJT leg. 1, exp. 1).

115

En tales casos los hacendados optaron por demandar el desalojo de los que ellos consideraban responsables, o por buscar apoyo en las fuerzas policiales, como en Lalaquiz 21:

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“... por la negación de ir a trabajar por estos a los lugares designados, hasta el extremo que ha tenido que recurrir a los poderes públicos manifestando la obligatoriedad forzosa de trabajar ...” (ADP-MJT leg. 1, exp. 261/103). 116

En sus declaraciones el patrón de Lalaquiz manifestaba los prejuicios que caracterizaban la relación entre patrón y colono. Según el entender del hacendado los colonos preferían “vivir en la anarquía y sin disciplina”, sin embargo, “... sus fuerzas deben ser empleadas a un servicio útil y no que aquellas fuerzas se malgasten en trabajos inútiles y que no contribuyan con entradas al Erario Nacional” (ibíd.).

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Además, recalcaba que la negativa de los colonos a trabajar el tiempo que él les imponía era “... de absoluta represalia para el progreso de esta hacienda a la que invertimos varios miles de soles i que debe producir no solo en provecho personal, sino en el del Estado” (ibíd.).

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Sostenía este hacendado que convenía a los colonos y sus familias trabajar para la hacienda, porque la: “... holgazanería trae consigo la desobediencia, la morbosidad de sus músculos, a la postre no resulta sino un parásito que no sirve ni a Dios ni al Diablo ... no hace sino matar a su propio bienestar ...” (ibíd.).

119

Los colonos deberían estar agradecidos por la posibilidad que se les ofrecía de salir de su situación “paupérrima”, según el propietario de Lala-quiz.

120

La reaccié)n más frecuente de los hacendados frente a los reclamos de los colonos fue culpar a los delegados, acusándolos de agitadores que manipulaban a los demás colonos, de por sí pacíficos: “... i sin el menor obstáculo ha venido desenvolviéndose la actividad del fundo; pero hace pocos días que los colonos de la hacienda se niegan a pagar los arrendamientos en productos o en dinero, sosteniendo que conforme a los postulados de su partido Socialista, no están obligados a ninguna de ambas cosas i que en consecuencia, ni pagarán ni concurrirán al trabajo i que en caso de ser presionados tomarán sus medidas contra el propietario i contra mi mayordomo ...” (ADP-MJT leg. 1, exp. 1).

121

Argumentaban que los delegados actuaban en su propio provecho y engañaban a los demás colonos, convenciéndolos que tenían un derecho a la tierra y que por lo tanto no existía obligación alguna con el propietario.

122

Pero los hacendados no solamente acusaron a los delegados de agitadores y revoltosos, en muchos casos también los amenazaron de desalojo, negándose a recibir el pago del arriendo para así poder justificarse, como en Matalacas y Idiosa. Cuando se realizaron los desalojos, intervino la Inspección Regional para supervisar el procedimiento.

123

En la hacienda Pillo los delegados y algunos colonos fueron víctimas de actos violentos por parte del hacendado y luego de ello encarcelados: “... nuestra detención obedeció única i exclusivamente a maniobras de don Filomeno Mondragón i el dueño del fundo don Eduardo Leigh quienes tienen a los policías de la región como a sus servidores subvencionados, hasta el punto de que el propio cabo T.R. no se recaté) en decir en nuestra presencia que ganaba 500 soles para hacernos pudrir en los calabozos de la Comisaría” (ADP-MJT leg 2, exp. 19).

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Se quemaron las casas de los delegados junto con las de otros colonos, lo que se probó con fotos adjuntas al expediente. Los documentos referentes a Pillo indican que el hacendado y sus representante seguían cometiendo abusos, invadiendo las chacras y destruyendo los cultivos.

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125

El conductor de Pillo, mediante fraude, trató de anular el pliego de reclamos de los yanaconas. Aprovechando la alta tasa de analfabetismo de los campesinos, elaboró un memorial según el cual los colonos de la hacienda Pillo y Limón renunciaban a sus reclamos, pero lo hizo firmar por colonos de Zamba y Paimas: “El Patrón, ni el mayordomo ... tienen el derecho de hacemos retirar el reclamo usando firmantes de otros fundos como son ‘Zamba’ y ‘Paimas’ nosotros no hemos retirado, ni podemos retirarlo, ni darlo por concluido mientras usted no lo resuelva, como es de su obligación” (ADP-MJT leg. 3, exp. 38).

Los hacendados frente a la Ley de Yanaconaje 126

Frente a la lev de yanaconaje, los hacendados adoptaron dos estrategias para evitar que esta ley sea aplicada: desalojar a los colonos o negar que existieran campesinos bajo la condición de yanaconas en sus propiedades.

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Algunos hacendados se negaron a recibir los arriendos de los campesinos, como en Cujaca y Andurco (ADP-MJT leg. 8, exp. 162) y en Pillo (ADP-MJT leg. 8, exp. 169). Estos hechos fueron denunciados por el periódico El Pueblo: “... los hacendados en Piura, en la actualidad se niegan a recibir directamente los arriendos obligando con esta actitud, a que los yanaconas hagan su depósito judicial, al cual impugnan posponiendo indefinidamente la lev 10885 pues derivan este incidente a un juicio ordinario, de largo trámite...” (El Pueblo, N° 829, Año III, 4 de octubre 1949).

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En particular, se intentó desalojar a los campesinos que representaban a los colonos, como en el caso de los delegados de la hacienda Samanguilla, negándoles contratos: “... no obstante haberle suplicado entrar en un arreglo amistoso para fijar el precio del arriendo, se ha negado, aduciendo que por razón de ser delegados no puede celebrar ningún contrato, por el contrario trata de despojarnos de nuestros terrenos” (ADP-MJT leg. 7, exp. 101/12).

129

También se rehusó la renovación de contratos cuando se producía el fallecimiento del campesino con el cual se había pactado el arriendo: “Que he sido víctima del despojo de mi ganado en el arriendo que tengo en la referida hacienda (Poclús) desde mis antepasados en el que por orden del conductor se ha practicado este abuso, no obstante estar al día con la merced conductiva que dejó celebrada mi señor padre con el anterior conductor” (ADP-MJT leg.6, exp. 229).

130

Para evitar la aplicación de la Lev de Yanaconaje, los propietarios negaron la existencia de campesinos de tal condición en sus fundos: “Los arrendatarios o colonos de ‘Pillo’ no son ‘yanaconas’ por que va no tienen la obligación (desde 1934) prestar trabajos o ‘fainas’ a la Hacienda sin retribución específica. En la actualidad estos últimos optan por pagar todo en efectivo, porque así les conviene a sus intereses, va que por razón del mayor precio alcanzado por estos productos en los mercados de la costa, prefieren negociarlos directamente y entregar a la Hacienda el menor precio a que se cotizan en la sierra de ‘Pillo’” (ADPMJT leg. 4, exp. 52).

131

Argumentos similares empleó el abogado de los campesinos de la hacienda San Martín de Congoña en 1951 para demostrar que esta lev no tenía base para ser aplicada: “No es verdad como sostiene el Jefe del Departamento Agrícola y de Yanaconaje que se haya violado el Decreto 1104222 y menos la lev 10885, al otorgarse dicha conciliación. No se trata de la mayor parte de YANACONAS, sino de típicos arrendatarios que explotan grandes extensiones de tierras que exceden a las 15 hectáreas... Estos arrendatarios que se dicen yanaconas, son grandes capitalistas

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que siembran no solo artículos alimenticios, sino también de uso industrial y que poseen grandes cantidades de ganado vacuno, porcino, caprino, pagando pequeñísimas sumas de dinero al propietario con desmedro de sus intereses, considerándose con derechos que no tienen y que las autoridades de Justicia y del Trabajo no deben tolerar” (ADP-MJT leg. 8, exp. 163). 132

Los terratenientes consideraban que en sus tierras sólo existían arrendatarios o colonos, es decir, campesinos no sujetos a la aplicación de la Ley de Yanaconaje. Frente a estos campesinos, en muchos casos analfabetos, interpretaron la ley como les convenía para evitar que se firmaran contratos de yanaconaje. Si bien en algunas haciendas, como en Pillo, San Pablo V Lalaquiz, los terratenientes contaban con el apoyo incondicional de las autoridades locales, esta situación no es generalizable: no siempre ocurrió así. Por ejemplo, algunos hacendados pidieron la autorización de la Prefectura para mantener personal armado, lo que no les fue concedido. Es el caso de Llicsa. Mientras tanto, en Pariguanás solicitaron respaldo para desalojar a los “elementos peligrosos”. Tampoco lo consiguieron.

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De manera general, los hacendados no contaron con el poder necesario para reprimir el movimiento de los yanaconas e impedir la promulgación de la Ley de Yanaconaje. La necesidad de mano de obra fue una de las razones para que aceptaran las reivindicaciones de los yanaconas.

IV. LAS LUCHAS DE LOS YANACONAS EN PIURA: UN MOVIMIENTO REFORMISTA 134

En esta parte del trabajo se ha tomado en cuenta excltisivamente los pliegos de reclamos redactados por los colonos de las haciendas serranas. No obstante, en las haciendas del Alto Piura (Huápalas, San Martín, Morropón, Pabur, Monte de los Padres, Buenos Aires, Bigote, El Ala, Salitral), del Medio Piura (Ñómala, Pedregal, Pichones, Las Lomas) y en las haciendas del Chira (Romeros, Sipiones) también se presentaron este tipo de conflictos 23. Los reclamos de los yanaconas en los valles piuranos no difieren sustancialmente de las quejas formuladas en las haciendas serranas: se reivindicaba la jornada de ocho horas, suprimir los trabajos gratuitos, la libertad de venta de los productos, etc. La organización de la producción al interior de las haciendas implicó, además, protestas específicas. Por ejemplo, en las haciendas arroceras del Alto Piura, la lucha se orientaba hacia una justa distribución de los turnos de riego. En cambio, en las haciendas de la parte alta del valle de Chira y del Medio Piura se buscaba una reglamentación para el pago por pastaje y la recolección de algarrobo.

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También en estas haciendas los delegados de los colonos fueron asesorados por miembros del Partido Socialista, como lo demuestran los reclamos redactados en 1933 en la hacienda Sipiones: “Como el Partido Socialista del Perú por intermedio de sus representantes ha abierto campaña para la abolición de estas tareas y servidumbres oprobiosos que benefician a unos con notable perjuicio para otros; lo que no es justo, ni legal, ni humano, convencidos de la idealidad que persigue ese partido y perteneciendo a la clase de los oprimidos, nos hemos afiliado a la referida agrupación para defendernos mejor de los abusos que cometen los que por su holgada situación económica se encuentran en un plano mejor que el nuestro” (ADP-MJT 1933-41, exp.5).

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En estas haciendas, al igual que en el caso de las haciendas serranas, los yanaconas no cuestionaron el sistema de la hacienda en sí. No lucharon por la tierra, no intentaron suprimir el pago del arriendo24, sino que reclamaron la aplicación de las leyes vigentes25 y una reglamentación de las condiciones de trabajo, lo que se podría calificar como reformas del sistema laboral.

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A diferencia de la situación en las haciendas serranas — donde en algunos casos a partir de las luchas se estableció una organización gremial: los sindicatos en las haciendas— en el Alto Piura se constituyó una organización que pretendió centralizar las demandas: la Federación de Yanaconas y Campesinos de Morropón26. Cuando a mediados de los años cuarenta se fundó la federación, con Sinforoso Benites como secretario general, esta organización apoyó e intervino en las demandas planteadas por los yanaconas de las haciendas del Alto Piura (por ejemplo, en la hacienda Bigote en 1946). Si bien se realizaron algunas asambleas con la presencia de delegados de sindicatos de las haciendas serranas (San Jorge, Simirís, Pariguanás), el radio de acción de la federación se limitó a la parte alta del valle de Piura, es decir, al ámbito de las haciendas arroceras del Alto Piura. En consecuencia, los representantes de la federación no actuaron como mediadores en los conflictos sociales surgidos en haciendas serranas.

138

Las luchas campesinas fueron constantes en el Perú. La historia agraria del país también se puede escribir como una historia de resistencia indígena o campesina frente a las diferentes formas de dominación y explotación a las que fueron sujetos. Hasta mediados del siglo XX, la estructura agraria del Perú presentaba dos elementos básicos: concentración de la tierra en haciendas y dispersión de la pequeña propiedad campesina en un sinnúmero de comunidades indígenas, localizadas sobre todo en la sierra. Mientras que el sistema de hacienda andino tuvo como características la apropiación privada de la tierra, fijación de la fuerza de trabajo, renta feudal, escasa reinversión y limitado desarrollo de las fuerzas productivas (Burga y Plores Galindo 1980a: 11), las comunidades expuestas a la agresión de la gran propiedad se desplazaron hacia tierras más pobres. La contradicción entre acaparamiento de tierras, por un lado, y una masa campesina despojada de ellas, por el otro, induce a Jean Piel a hablar de “una estructura en crisis” (Piel 1982:2).

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Las reivindicaciones campesinas, inscritas dentro de la lógica global de esta estructura agraria en crisis, en el transcurso del tiempo fueron respondiendo a expectativas diferentes. Por lo tanto, es necesario considerar la relación entre la coyuntura específica y los movimientos sociales en el medio rural.

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A finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, los movimientos campesinos se extendieron en contra de todo tipo de atropellos. En la costa, los peones enganchados en las haciendas azucareras realizaron las primeras huelgas, reprimidas con extrema brutalidad. En la sierra sur, sobre todo en el departamento de Puno, los indígenas denunciaron los abusos de las autoridades locales y la usurpación de los pastizales comunales. En la sierra central, los mineros de la Cerro de Pasco Mining Company, en su mayoría campesinos de las comunidades colindantes, se declararon en huelga denunciando su condición de enganchados y los peligros del trabajo en las minas. A partir de 1920, las reivindicaciones se centran en el problema de la tierra. Los conflictos durante las primeras décadas de este siglo y la concientización acerca del “problema indígena” por parte de algunos intelectuales repercutieron en la opinión pública limeña. Durante el gobierno de Leguía la comunidad indígena fue reconocida legalmente. Sin embargo, en los

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años veinte y treinta, la resistencia de los gamonales frente a una política que pretendía proteger los intereses indígenas acentuó los conflictos entre comunidades y latifundios. En los años treinta, los colonos de las haciendas serranas, denunciando las condiciones de trabajo y los abusos, se integraron a las luchas campesinas reclamando el amparo de una Ley de Yanaconaje aprobada en 1933 y promulgada en 1947. A partir de 1945 el campesinado sindicalizado en contacto con partidos políticos radicaliza sus formas de lucha, incluyendo ocupaciones de tierras. Los sucesivos gobiernos intentaron pacificar el sector agrario planteando diferentes proyectos de reforma agraria. 141

Algunos científicos sociales constatan una “fase de reflujo” de los movimientos campesinos entre finales de los años veinte y 1945 (Burga y Flores Galindo 1980a : 5 7). Los mismos autores constatan, a partir de la crisis de 1929, “un cierto desfase entre los movimientos campesinos y las luchas obreras” (ibíd.). Para ellos, el proceso de sindicalización y las luchas populares acontecen principalmente en los espacios más afectados por la crisis: en los enclaves mineros y en las grandes ciudades de la costa. Recién a partir de 1945, los movimientos campesinos reaparecerían con la conformación de organizaciones sindicales en las haciendas de la sierra central y con la lucha de las comunidades reclamando el reconocimiento legal para garantizar la inafectabilidad de sus tierras. Una coyuntura política favorable —la apertura democrática durante el gobierno de Bustamante y Rivero— hubiera favorecido el desarrollo de este tipo de luchas. Estos movimientos campesinos se caracterizarían además por la influencia ejercida por el Partido Aprista Peruano (ibíd.). También Kapsoli (1987) en su descripción de los movimientos campesinos en el Perú encuentra un vacío entre los años 1930 y 1945, según sus conceptos, entre los “movimientos milenaristas (1919-1930)” y los “movimientos reformistas (1945-1948)”. Para Kapsoli, así como para Burga y Flores Galindo, los “movimientos reformistas” o la “etapa reformista” concluye en 1948 con la caída del gobierno de Bustamante y Rivero y la instalación de la dictadura de Odría, que significó una dura persecusión del “sindicalismo comunista y aprista” (Burga y Flores Galindo 1980a:58).

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Se ha descrito ya que para la sierra de Piura y para la parte alta del valle de Chira, Medio y Ato Piura la dinámica de los movimientos campesinos difiere de los enfoques arriba mencionados. En la región de Piura se consolidaron los representantes del Partido Socialista del Perú asesorando y apoyando al movimiento yanacona y no existió una influencia del Partido Aprista Peruano. En este departamento tampoco es válido hablar de una “fase de reflujo” entre los años 1930 y 1945. Además, a diferencia de los acontecimientos a nivel nacional, aquí se presentaron tempranamente, es decir, a partir de 1934, reclamos de los colonos de las haciendas piuranas. Por ello es que se puede hablar de un desarrollo atípico de los movimientos sociales en Piura en comparación con las experiencias de otros lugares del país en esta época.

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No obstante, en el caso de Piura, al igual que en las diferentes regiones del Perú, durante el gobierno de Bustamante y Rivero se incrementé) la organización de sindicatos de colonos al interior de las haciendas. Una de las demandas formuladas en los pliegos de reclamos se refería al reconocimiento de estos sindicatos (por ejemplo, en las haciendas Samanguilla y Lanchipampa en 1946). Fueron excepcionales los casos donde los reclamos se presentaron por un “sindicato único de los campesinos de la hacienda de Poclús” (Valverde s.f.b: ficha 88). Parece que estos sindicatos de colonos funcionaron exclusivamente en ocasiones específicas, cuando se exponían las denuncias frente a la

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Dirección de Trabajo de Piura. Más bien, su existencia fue formal y no se constituyeron en una forma organizativa propia de los colonos serranos. 144

Si bien en algunos casos se llegó a paralizar los trabajos en las haciendas, no se produjeron reivindicaciones que cuestionaran la hacienda como sistema de dominación en sí. “Tierra o Muerte” nunca fue el lema de los colonos piuranos. Se buscaba reformar el sistema existente, se exigía la aplicación de las leyes vigentes y la prohibición de ciertos aspectos del sistema de dominación, como la venta forzada de los productos a la hacienda. Los representantes del Partido Socialista también buscaban reformas al interior de las haciendas, aunque, a largo plazo, apostaban a la organización de cooperativas de producción (Castro Pozo 1947:14). Sin embargo, en su propuesta, la transformación de las haciendas en cooperativas debería contar con respaldo legal. Como se ha mencionado, la compra de las haciendas fue uno de los caminos para: “Procurar la cooperativización de los latifundios que no sean de origen comunal, por medio de la gremialización del yanacona y campesino. Inscripción del dominio de estos latifundios, impidiendo que su número y extensión aumente. Establecimiento de Federaciones Regionales de todas las cooperativas y creación de instituciones de crédito de la misma índole, sólo con el propósito de adquirir maquinaria y demás implementos agrícolas y ganaderos” (Reivindicaciones Inmediatas del Partido Socialista del Perú, 18.10.1930; en Valverde s.f.b: ficha 175).

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Mientras que durante una primera fase el conjunto de los colonos había presentado reclamos colectivos para presionar por mejores condiciones de trabajo, a fines de los años cuarenta, con la promulgación de la Ley de Yanaconaje, va no fue posible una negociación colectiva con la hacienda; los contratos de yanaconaje se tenían que firmar en forma individual entre hacendado y colono. Este hecho, así como la muerte de Hildebrando Casto Pozo en 1945, puede haber sido uno de los motivos para que este movimiento pierda presencia en la sierra. Por otro lado, estaría el hecho que la gran mayoría de terratenientes paulatinamente fue perdiendo interés en sus propiedades cuya producción estancada ya no era competitiva en el mercado. En consecuencia, la crisis de las haciendas serranas que a partir de los años cuarenta se había generalizado en todo el país también afectó a las haciendas de la región.

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De lo arriba mencionado se desprende que el movimiento de los yanaconas de Piura se diferencia sustancialmente de los movimientos campesinos que surgieron durante los años posteriores, sobre todo en la sierra central y sur. En cambio, durante los años cincuenta, las reivindicaciones colectivas de los colonos prácticamente se habían suspendido en Piura. A fines de los años cincuenta y a inicios de los sesenta, las movilizaciones campesinas se multiplicaron en el país. Por un lado, obreros agrícolas de los complejos azucareros de la costa norte, organizados en sindicatos con el apoyo del partido aprista, se declararon en huelga. Por otro lado, en la sierra central, las comunidades campesinas iniciaron un proceso de recuperación de pastos comunales usurpados por las grandes haciendas ganaderas, sobre todo por la Cerro de Pasco Copper Corporation (Handelman 1975, Huizer 1972). Sin embargo, el movimiento campesino que tuvo mayor impacto se dio en los valles de La Convención y Lares, donde los “arrendires” y “allegados” se resistieron al desalojo de sus parcelas e iniciaron una serie de huelgas que lograron paralizar las actividades en las haciendas cafetaleras (Huizer 1972, Fioravanti 1976, Blanco 1972, Wahl 1978). Aquí fue decisiva la influencia del Partido Comunista y de nuevos grupos marxistas: entre ellos, el Frente de Izquierda Revolucionaria de filiación trotskista. Este “nuevo sindicalismo agrario” (Burga y Flores Ga-lindo 1980a: 59) adquirió un contenido revolucionario, porque los reciamos no se

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limitaron a la liquidación de las relaciones seniles. Esta vez los campesinos exigían las tierras. Liderado por Hugo Blanco, el movimiento se radicalizó rápidamente y bajo el lema “Tierra o Muerte” derribó al latifundismo, destruyendo “el mito de la incapacidad campesina para organizarse autónomamente y para participar independientemente en la arena política”27: “El levantamiento campesino logró transformar la estructura agraria de los valles de La Convención y Lares, eliminando el sistema de hacienda, decretando una reforma agraria campesina que favoreció los intereses de la vanguardia arrendire del movimiento, realizando obras sociales (escuelas, caminos, puentes, canales de irrigación) mediante cooperativas de trabajo, v transformando la conciencia de unos campesinos sometidos durante siglos al servilismo” (Fioravanti 1976 : 195-196). 147

El poder de los sindicatos campesinos llegó a ser de tal magnitud que Quijano (1979: 127) hablaba de la existencia de un “Estado en el Estado”. Entre 1963 y 1964 participaron hasta trescientos mil campesinos en estas movilizaciones reclamando la tierra y exigiendo el pago de un salario. Se enfrentaron a los terratenientes, invadieron haciendas y tuvieron diversos enfrentamientos con las fuerzas del orden. El escenario de la lucha campesina ya no fue local o provincial, ahora adquirió una dimensión nacional. El impacto de estas movilizaciones permitió entre otros aspectos, retomar la discusión sobre el problema de la tierra en el Perú. Las elecciones de 1963 tuvieron como uno de sus temas principales el debate sobre la cuestión agraria y, en este contexto, se tomaron las primeras medidas concretas para realizar una reforma agraria, si bien diseñadas para un marco geográfico limitado.

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Mientras tanto, en Piura las reivindicaciones se centraron en torno a la adjudicación de las tierras de la colonización de San Lorenzo. Los representantes del Partido Socialista del Perú y de la Asociación de Yanaconas y Campesinos de Piura organizaron una marcha de sacrificio a Lima para exigir una priorización en la adjudicación de estas tierras. Una vez más, los campesinos de la sierra de Piura estuvieron lejos del radicalismo que caracterizó al movimiento campesino en otras regiones del Perú.

NOTAS 1. Hay que mencionar, sin embargo, el interesante trabajo realizado por los promotores del CEPESER y la dirigencia de la Comunidad Campesina de Simirís, quienes han organizado un concurso de historia comunal (ver CEPESER 1987). 2. La información se basa en documentos dirigidos a partir de 1934 al Ministerio de Fomento (Sección: Inspección Regional de Trabajo) y, a partir del año 1944, al Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social (Sección: Inspección Regional de Asuntos Sociales) conservados en el Archivo Departamental de Piura, así como en los documentos estudiados por Humberto Valverde depositados en el Ministerio de Trabajo en Piura (Valverde s.f.a y s.f.b). Se ha tomado en cuenta los reclamos de los colonos de las siguientes haciendas: Pariguanás, Altos de Pariguanás, Llicsa, Simirís, Pillo, Matalacas, Molinos, Lalaquiz, San Pablo, Chulucanas, Tojas, Sacalla, San Martín de Con-goña, San Jorge, Talandracas y Poclús, Samanguilla, Cujaca y Andurco, Culcapampa, Lanchipampa, Jacanacas, San Antonio, Olleros, Huasimal, Pariamarca, Vilcales, Yanta, Carrizal,

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Simbaca y Talal. En el anexo 1 se presenta el expediente relativo al trámite que realizaron los colonos de la hacienda de Pariguanás, desde sus reclamos iniciales hasta el convenio con sus patrones. 3. Ver anexo 1 para un ejemplo de pliego de reclamos. 4. Ver el origen de la condición de yanacona y su cambio en la sociedad colonial y republicana en Murra 1975, Matos Mar 1976, Castro Pozo 1969. 5. En el caso de Pillo, un miembro de la Guardia Civil informa a la Inspección Regional de Trabajo en junio de 1934: “Los 44 días de trabajo gratuito se prestan a la Hda. en diferentes épocas del año, en diferentes labores y en equivalencia a los terrenos que cultivan en la zona de la Cordillera solamente de temporal... Algunos pagan además de los 44 días por arriendo entre 5 a 25 soles anuales. Hay colonos que pagan arriendo redondo entre 8 a 60 soles anuales..., estos tienen ganados de distinta clase de 5 a 20 cabezas y cultivan terrenos de riego en proporción a su capacidad económica de 1 a 8 cuadras” (ADP-MJT 1933-41, exp. 10). 6. El surgimiento del APRA en Trujillo responde a una coyuntura histórica específica cuando alrededor de la expansión de los enclaves azucareros se desarrolló una coalición de intereses entre sectores urbanos y agrícolas (Klarén 1970), caso que obviamente no se da en Piura. No obstante, queda por estudiar cuáles fueron las razones para la influencia del Partido Socialista en Piura en comparación con el APRA en Trujillo. 7. Castro Pozo había sido desterrado en 1923 a raíz de su oposición a la reelección de Leguía. Regresó a Lima en 1924, siendo fue nuevamente apresado. Logró ser liberado bajo la condición de radicar en Piura (Franco 1989:23). 8. Se menciona la Resolución Suprema del 20 de agosto de 1920 que reglamenta la indemnización en caso de desalojo. 9. Ver anexo 1 para un ejemplo de convenio conciliatorio. 10. En Simirís hasta 1934 se trabajaban 36 días para la hacienda. Cuando desaparecieron los trabajos gratuitos, estos días se redujeron a 12, ya que para la conversión de días de trabajo en dinero se tomó como base un jornal transitorio de 20 centavos, mientras que al mismo tiempo se fijó el nuevo jornal en 60 centavos. Hasta 1934 el arriendo se componía según la siguiente fórmula: S + DTH = AcP Después de abolir los trabajos gratuitos el arriendo se calculó: S + DTH x JT = A S + 36 días a 0.20 soles (o después de la abolición del trabajo gratuito 12 días a 0.60 soles = A) S + 7.20 soles = A (S = parte del arriendo pagado en dinero antes de la abolición del trabajo gratuito; DTH = días de trabajo para la hacienda; JT = jornal transitorio de 20 centavos, establecido para este cálculo; A = Arriendo en dinero; Acp = Arriendo con Pensión). 11. En las demás haciendas, las sumas pagadas por arriendo no han sido especificadas; regían contratos individuales. La hacienda Molinos parece ser un caso especial, pues los colonos pagaron la misma suma de arriendo redondo, lo que significa que controlaron la misma extensión de tierras. 12. Según un dispositivo legal de 1916 el jornal mínimo era de S/. 0.20 diarios (Angulo 1962 : 22-23). Ver relación de precios en anexo 2. 13. En todos los casos de pago de derecho por las chacras de temporal se dan cantidades fijas en almudes de los productos cosechados. Desgraciadamente, no se precisa sobre qué cantidad de tierras fueron entregados estos almudes. 14. En Ayabaca se organizó, en enero de 1946, un comité provincial del partido (Valverde s.f.b. : ficha 76). 15. Como “causas directas del conflicto” se menciona: “... la situación de miseria lamentable, en que vive el indígena de la sierra, el abandono de su situación y las injusticias que con él se cometen. Los indios campesinos de la sierra de Ayabaca llevan una vida de paria; ios hacendados en algunos lugares han implementado un régimen de explotación feudal y primitivo, en que el

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indio y colono esta considerado como siervo y esclavo... Mal nutridos y sin fuerza, el rendimiento de su trabajo apenas responde a un tercio o un cuarto del obrero normalmente nutrido...” (Castro Pozo 1947: 97). 16. Contrato de yanaconaje y de trabajo de la hacienda Lalaquiz (ADP-MJT leg. 8, exp. 147). 17. Un ejemplo: el 90% de 437 campesinos de la hacienda San Martín de Congo-ña que en 1951 reclaman un nuevo pacto eran analfabetos. 18. “Los compradores reiteran que adquieren solidariamente i mancomunada-mente el bien materia del contrato, para todas las personas que se enumera en la cláusula anterior; las que tienen el acuerdo de organizarse para la buena convivencia de los compradores de lotes i la buena administración de los potreros comunales del fundo. Es entendido que cada uno de los compradores obtienen un derecho proporcional a su contribución económica del precio de la venta... Por acuerdo de partes, los compradores manifiestan que no enajenarán los lotes del fundo Simirís a personas distintas de los propios comuneros de Simirís” (Gallo Zapata 1987 : 107). 19. “La cooperativa en el Perú, por factores económico-sociales que de ella existen desde tiempo inmemorial, es una institución no sólo factible sino indispensable para resolver, sobre bases científicas, nuestro problema agropecuario y, con éste, las de índole etnológico, ético y cultural de nuestra nacionalidad” (Castro Pozo 1969:299). 20. El hacendado de Chulucanas da una lista de precios entre los años 1940-1943, anexo 2. 21. Se ha escogido el caso de la hacienda de Lalaquiz porque existe un informe detallado en el cual el Visitador de la Inspección Regional de Trabajo en la misma hacienda confronta las denuncias de los colonos con la versión del propietario y con los comentarios de 42 campesinos presentes. 22. El Decreto 11042 de julio de 1949 dispone que la merced conductiva no sería aumentada en las tierras dedicadas a cultivos alimenticios. Los contratos de yanaconaje elaborados por los hacendados generalmente incluyeron un alza significativa de los arriendos, que era fundamentada por el alza de los precios de los productos agropecuarios. Los yanaconas, sin embargo, se negaron a firmar estos contratos y fueron respaldados por los funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo. 23. La documentación de estos casos también se encuentra en el Archivo Departamental de Piura. 24. De los reclamos de los colnos de las haciendas del Alto Piura se desprende que no se trata de suprimir el sistema sino que se cumplan las reglas de juego: “Los cordeles o cadenas para medir las tierras arrendadas en las haciendas y las romanas para pesar los frutos, deben tener carácter oficial, mediante un sello de una oficina pública, para que no se lesione los intereses de los campesinos, por lo que siempre ha habido conflictos” (ADP-MJT 1933-41, exp. 27). 25. Los colonos de las haciendas Chanro, Serrán, Salitral, Bigote y Ala en su pliego de reclamos de 1934 exigían “Obligar a los hacendados que cumplan con las leyes del Trabajo y con las leyes de Instrucción” (ADP-MJT 1933-41, exp. 27). 26. Si bien en 1933 la Federación General de Yanaconas y Campesinos del Perú había intervenido a favor de los reclamos de los colonos de las haciendas serranas Pillo, Llicsa, Pariguanás, San Jorge, Simirís, Matalacas y Altos de Pariguanás, en los años posteriores los representantes de este gremio se involucraron solamente en forma marginal en los reclamos de los colonos serranos. En 1946, el secretario de defensa de la federación había actuado como asesor de los delegados de los colonos de Pariamarca. Para el caso de la sierra no se contó con una organización centralizadora de las demandas. 27. Giorgio Alberti, en la presentación de Fioravanti 1976.

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Capítulo 2. Hacia la comunidad campesina: la reforma agraria en la sierra de Piura

1

EL DEPARTAMENTO DE Piura se caracteriza por una marcada diferenciación de las actividades agropecuarias entre costa y sierra. En los valles costeños de los ríos Piura y Chira se desarrolló una producción agroindustrial dirigida al mercado internacional y nacional. En base a una fuerte inversión de capital para implantar un moderno sistema de irrigación, se impulsó el cultivo de algodón pima, arroz y frutales. La sierra, en cambio, quedó al margen de este proceso de modernización.

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Las haciendas serranas de economía rentista, con pocas o nulas inversiones y relaciones de producción semifeudales, no se salvaron de la crisis generalizada de los latifundios tradicionales a partir de los años cuarenta. La lucha de los yanaconas desanimó aún más a muchos terratenientes, que ya habían perdido buena parte de su poder económico. Poco sorprende, entonces, que a mediados del siglo empezara en la sierra de Piura un proceso de parcelación. Algunas haciendas como Simirís o Matalacas fueron vendidas de una sola vez, en su totalidad, a los colonos; otras fueron desprendiéndose parcela por parcela.

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Después de casi veinte años de lucha por mejores condiciones de trabajo, muchos colonos se convirtieron en pequeños propietarios. Cuando finalmente llegó la reforma agraria de Velasco a la sierra piurana, en muchos casos no se hizo más que concluir un proceso ya puesto en marcha. Si bien los hacendados no pusieron mucha resistencia, es evidente una marginación de la sierra del departamento y, más precisamente, de las provincias Ayabaca, Huancabamba y parte de Morropón en la aplicación de la reforma: “La Reforma Agraria del 69 se manifiesta lenta y desganada en Piura. En 1970 sólo se afecta uno de los más grandes fundos de la costa situado en el valle del Chira y hasta 1974 las acciones dejan de lado casi la totalidad de la región sierra del departamento” (Rubín de Celis 1978: 11).

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Pero, a pesar de su retardo, la reforma de 1969 significó un profundo cambio en cuanto a la tenencia de tierra y tuvo marcadas repercusiones en las esferas social, política y económica de la región serrana del departamento. No obstante, los estudios sobre la reforma agraria en Piura tratan casi exclusivamente de la situación costeña (ver Arce Espinoza 1983, Rubín de Celis 1977, Rubín de Celis y col. 1978, Deverre y otros 1984 y

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Revesz 1989); mientras que la documentación sobre la sierra se reduce a informes mimeografiados de la Corporación de Desarrollo de Piura y del Ministerio de Agricultura. A base de esta información, el presente capítulo trata de exponer brevemente las transformaciones del sector agrario en la sierra de Piura a partir de la reforma agraria.

Las comunidades reconocidas antes de la reforma agraria 5

Entre 1930 y 1968, en la sierra de Piura, fueron reconocidas legalmente 37 comunidades indígenas: Cuadro 5. Comunidades en la sierra de Piura reconocidas antes de la reforma agraria

continúa Cuadro 5. Comunidades en la sierra de Piura reconocidas antes de la reforma agraria

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(continuación)

Fuente: Directorio de CORPIURA, en CIPCA 1988:49-51. Mapa 4. Comunidades en la sierra de Piura reconocidas antes de la reforma agraria

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6

Muchas de estas comunidades lograron su reconocimiento en base a la presentación de títulos de propiedad que en algunos casos se remontan a una “posesión pacífica desde tiempos inmemoriales”, como en Tacalpo y Yerbas Buenas (MTAI 1954). La comunidad de Cumbicus tenía títulos otorgados a comienzos del siglo XVII al común o pueblo de indios de San Francisco de Cumbicus (Martínez 1988, Hocquenghem 1989). Los indios de Cumbicus reclamaron durante los siglos XVII y XVIII las tierras usurpadas por las haciendas vecinas y, en 1873, según un informe del Subprefecto de Ayabaca (1874), eran dueños de las tierras de Palo Blanco, Tamboya, Silaguá, Changra-Altamisa y Pacaipampa. Otras comunidades fueron reconocidas en base a menciones que figuran en las composiciones de tierras1 de 1645 —como Sicchez, Aragoto, Mostazas y Socchabamba— o de 1714 —como Cuyas Cuchayo.

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Si bien las comunidades reclamaban tierras usurpadas a lo largo de cuatro siglos por las haciendas colindantes, solamente ocho de ellas fueron beneficiadas en cuanto a adjudicación de tierras, pero las extensiones otorgadas resultaron pequeñas: Cuadro 6. Comunidades campesinas beneficiadas por la reforma agraria

Fuente:Directorio de Comunidades Campesinas CORPIURA; en CIPCA 1988:49-51. 8

Si bien las normas legales previeron la adjudicación a las comunidades campesinas de las tierras de los latifundios expropiados2, en la sierra de Piura estas tierras fueron entregadas a los ex-colonos que las trabajaban. Es sintomático que la Comunidad de Tacalpo, que luchaba desde fines de los años cuarenta por la recuperación de terrenos usurpados y que en 1960 invadió partes de las haciendas Cujaca y El Molino, no lograra reivindicar estas tierras. Quienes las obtuvieron fueron 137 colonos de la hacienda, organizados en grupo campesino y más tarde en comunidad (CORPIURA 1983a: 134-135) 3.

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Una de las posibles razones para no adjudicar tierras a las antiguas comunidades fue la heterogeneidad entre los arrendatarios. A partir de los años cincuenta se percibe una relativa movilidad en búsqueda de arriendos. Así, en las haciendas se encontraban colonos pertenecientes a diferentes comunidades, colonos que no eran comuneros y también los que podían tener arriendos en más de una hacienda. En estas condiciones cualquier intento de asignar tierras a una sola comunidad campesina hubiera dado lugar a grandes conflictos4. Otra razón fue la falta de conocimiento de las posibilidades que ofrecía la legislación de reforma agraria (Art. 122 y 123), la cual establecía juicios sumarios para recuperar tierras comunales usurpadas,“ procedimientos que no fueron aprovechados por los campesinos en la sierra de Piura.

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10

En 1970, cuando se promulgó el Estatuto de Comunidades Campesinas del Perú (Decreto Supremo No. 37-70-A), siguiendo en parte los planteamientos elaborados en los años treinta por Castro Pozo, se consideraba que:

11

“... el Estado estimulara la tecnificación de las Comunidades Campesinas y su organización en Cooperativas... el criterio básico para implementar la tecnificación de las Comunidades Campesinas y su organización en cooperativas será la necesidad de evitar la fragmentación de las tierras comunales” (Art. 117 Ley de Reforma Agraria).

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Sin embargo, en la sierra de Piura no se organizaron cooperativas comunales; por lo tanto, la reforma agraria no mejoró, como era de esperar, la situación de las comunidades reconocidas antes de 1969.

La tenencia de tierra antes de la reforma agraria 13

Al comienzo de los años sesenta, la estructura agraria en la sierra piurana se caracterizaba por una fuerte concentración de tierras en pocas manos y un gran número de campesinos con menos de cinco hectáreas: Cuadro 7 Tenencia de tierra en 1961

Fuente: Arce Espinoza 1983:19. 14

En 1969, cuando se promulgó la Lev de Reforma Agraria, la concentración de tierras era significativamente menor que diez años antes. Para demostrarlo, basta tomar en cuenta los datos del censo de 1972; de hecho, hasta este momento el proceso de adjudicación de tierras no tenía relevancia en la sierra de Piura5. Cuadro 8 Tenencia de tierra en 1972

Fuente: Arce Espinoza 1983:20. 15

Los cuadros demuestran que a fines de los años sesenta, es decir, antes de la reforma agraria, la gran propiedad terrateniente en la sierra de Piura se encontraba en proceso de desestructuración.

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Por un lado, bajo la influencia de los socialistas, en los años cuarenta y cincuenta se inició un proceso de venta de tierras en forma colectiva a los colonos de las haciendas, como Simirís, Matalacas, San Antonio y Lalaquiz. Por otro lado, los diferentes proyectos de

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reforma agraria, especialmente los que se difundieron durante el primer gobierno de Belaúnde, constituyeron una amenaza para los terratenientes, que optaron por una venta paulatina de parcelas a colonos o arrendatarios. De esta manera, disminuyeron los terrenos controlados directamente por las haciendas, que empezaron a ser adquiridos por campesinos de mayores recursos económicos o, en algunos casos, por los administradores de las haciendas. La afectación tardía de las haciendas serranas por la reforma agraria favoreció el proceso de fragmentación de la gran propiedad. 17

En la hacienda Pillo, la venta de tierras se efectuó no solamente a los arrendatarios que durante años habían trabajado estas tietras, sino también a los campesinos de otras zonas. Algunas haciendas como Pariguanás, Poclús, Llicsa, Tapal o Yanta mantuvieron su integridad territorial. En estos casos el proceso de parcelación se realizó recién con la reforma agraria, mayormente en las tierras directamente controladas por la hacienda, es decir, en las invernas.

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La pequeña y mediana propiedad era significativa, sobre todo en la parte alta del valle de Huancabamba y en los valles de Chalaco y de Santo Domingo. La evolución histórica de las estructuras de tenencia de la tierra en Piura ha sido estudiada por Jakob Schlüpmann (1988). Este autor demuestra que la pequeña propiedad se estableció) en estas zonas desde fines del siglo XVIII. En el distrito de Pacaipampa, por ejemplo, se habían parcelado varios predios, y cuando se inició el proceso de reforma agraria, once ex-haciendas con un total de 73,328.33 hás. se encontraban en manos de 1,313 pequeños propietarios (CORPIURA 1982:19)6.

SINAMOS y la organización campesina 19

En 1971, dos años después de la promulgación de la reforma agraria, el gobierno militar creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), entre otros fines para difundir las medidas de la reforma en las bases, establecer una política de apoyo y garantizar una mayor participación campesina. Con el mismo fin, en 1972 a través del Decreto Lev 19400, se constituyó la Confederación Nacional Agraria (CNA) y sus dependencias regionales (Federaciones Agrarias) y locales (Ligas Agrarias). La promoción de estas organizaciones estaba encargada a los miembros de SINAMOS.

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Las organizaciones campesinas existentes en aquel entonces —la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Federación Departamental de Campesinos de Piura (FEDECAP)— y los partidos políticos ligados a éstas7 criticaron fuertemente el trabajo de SINAMOS en los valles del Piura y del Chira, denunciando lo que percibían como una ofensiva antisindical del gobierno militar al tratar de organizar al campesinado desde arriba: “... se le critica también diciendo que, con él, se busca conciliar al terrateniente con el campesino explotado y se atribuye al gobierno la pretensión de someter a las organizaciones campesinas a su control. Pero bajo el manto de las críticas, muchas de ellas valederas, se esconde la intención principal, cual es la oposición a un D.L. que impide que personas no dedicadas a la actividad agropecuaria dirijan las organizaciones campesinas. ... Con la aplicación del D.L. se expropia a los tradicionales dirigentes (abogados, profesores, políticos de oficio, estudiantes, personas sin ocupación conocida, etc.), la capacidad de dirigir y manipular directamente a las organizaciones campesinas; éste, entre otros, es el pretexto de su cuestionamiento” (Arce Espinoza 1983:83).

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Además de enfrentar a la FEDECAP y a los partidos de la “nueva izquierda” que trataron de acelerar y radicalizar el proceso de reforma agraria con una ola de tomas de tierra en la costa; SINAMOS cuestionó a los funcionarios del Ministerio de Agricultura por el lento proceso de las adjudicaciones.

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En la sierra de Piura la organización campesina era casi inexistente. En los años setenta no existía presencia real de gremios, ni de partidos políticos identificados con la problemática campesina; de tal manera que SINAMOS —en coordinación con la dirigencia de la Liga Agraria de Aya-baca— pudo iniciar su labor organizativa sin mayores problemas, persiguiendo fundamentalmente dos objetivos: movilizar y organizar a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria y evitar la descapitalización de las haciendas; especialmente previniendo la venta del ganado.

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En las haciendas cercanas a la ciudad de Ayabaca el trabajo se orientó hacia la organización de “Comités de Defensa del Campesinado y Aplicación de la Reforma Agraria”. La conformación de estos comités integrados por un presidente, vicepresidente, secretario, vocal y tesorero estaba prevista en cada una de las 22 haciendas que serían afectadas por la reforma agraria8, pero hasta 1976 solamente se habían organizado comités en 10 de ellas: Carrizal, Culcapampa, Cujaca, Culucán, Gigante, Huamba, El Molino, Olleros, Santa Rosa y Tapal9. Los mayores problemas se presentaron cuando los campesinos, por temor al retorno de los hacendados, rehusaron organizarse.

Las ligas agrarias 24

La primera liga agraria fundada en el Perú a raíz del D.L. 19400 fue la de la provincia de Ayabaca. Se constituyó el 7 de octubre de 1972 con los representantes de las 18 comunidades campesinas reconocidas legalmente hasta aquel entonces, y conté) con 66 delegados para la elección de su primera dirigencia.

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Quienes se afiliaron a la Liga Agraria de Ayabaca fueron las comunidades de los distritos de Ayabaca, Montero, Sicchez y Lagunas. De hecho, esta liga agraria no pudo proyectarse a todo el ámbito provincial. No se afiliaron las comunidades del distrito de Pacaipampa reconocidas a la fecha (Cumbicus, Pacaipampa, Changra y Palo Blanco), ni las comunidades del distrito de Sapillica (Sapillica y Naranjo-Molinos). El vasto territorio de la provincia de Ayabaca debe haber sido el mayor impedimento para la integración de estas comunidades10. La labor de la Liga Agraria se concentró principalmente en el distrito de Ayabaca mismo. En los años posteriores se organizaron ligas en los distritos de Pacaipampa, Sapillica y Frías.

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La organización del campesinado avabaquino, sea por la labor de SINAMOS, o por la de los dirigentes de la Liga Agraria, entroncaba con las experiencias previas de organización sindical y de lucha campesina en esta provincia, sobre todo en el distrito de Ayabaca. En los años cuarenta contaban con el apoyo de los socialistas. En 1960 los comuneros de Tacalpo intentaron recuperar las tierras usurpadas por las haciendas Cujaca y El Molino, invadiéndolas durante cinco meses. Terminaron siendo brutalmente reprimidos por las fuerzas de orden, cuya intervención provocó la muerte de varios campesinos (Valverde s.f.a.:2-10). A mediados de los años sesenta una gran parte de los estudiantes de secundaria de Ayabaca se solidarizaron con el movimiento guerrillero del MIR (Movimiento Izquierda Revolucionaria). El comando “Manco Capac” de la zona norte, liderado por Gonzalo Fernández Gasco y el ayabaquino Elio Portocarrero, se instaló en el

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distrito de Ayabaca, en las haciendas de Yanta, Tapal, Curilcas y Samanga, sin llegar a acciones concretas (Ministerio de Guerra 1966)®11. Sin embargo, en las haciendas de Tapal y Yanta la presencia de los militantes del MIR dejó ciertas huellas12. Estas experiencias facilitaron el trabajo de SINAMOS, cuya labor pudo entonces basarse en una cierta tradición de organización sindical13. 27

La Liga Agraria de Huancabamba se creó a fines de 1972. Basándose en un estudio de Núñez14 según el cual la creación de las ligas se realizó en un período muy breve y sin un mayor trabajo de base, Valderrama sostiene que:

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“... la conformación de las ligas obedeció en muchos casos más a una acción burocrática de los promotores del SINAMOS, que a una necesidad sentida y promovida por los campesinos” (Valderrama 1976:91).

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De hecho, la Liga Agraria de Huancabamba se caracterizaba por su inestabilidad y falta de coordinación con las bases, contando casi únicamente con el apoyo de la comunidad de Quispampa.

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Contrastando con la situación en Ayabaca, los antecedentes de lucha del campesinado huancabambino eran mucho menos importantes. Los activistas del Partido Socialista casi no intervinieron en las haciendas del valle de Huancabamba. Esto se debió, en parte, a la estructura agraria del valle, donde predominaba la pequeña propiedad en el contexto comunal.

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La mayoría de los campesinos pertenecía (y hasta ahora pertenece) a las tres comunidades campesinas —Segunda y Cajas, Huaricancha o Quis-pampa— mientras que, en comparación con la provincia vecina, la concentración en latifundios era inferior.

Los Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR) 32

Hasta 1972 la estrategia de adjudicación de tierras se había realizado por predios y sin criterio espacial a nivel de valle. A partir de esa fecha la estrategia fue modificada por la introducción de los Provectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR). Los PIAR fueron diseñados para la articulación de espacios geográficos con factores socioeconómicos específicos; por un lado, para evitar la desigualdad en el agro originada hasta aquel entonces por una afectación por predios y, por otro lado, para posibilitar la formación de centrales cooperativas. De hecho, los PIAR fueron concebidos como instrumentos de planificación del conjunto de las acciones de expropiación en un detetminado espacio, con la intención de instituir mecanismos de compensación a nivel económico, social y técnico entre los diferentes predios afectados.

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En la provincia de Ayabaca se constituyeron tres Provectos Integrales de Asentamiento Rural:

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- Ayabaca (agrupó a los distritos serranos circundantes a Ayabaca).

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- Frías-Pacaipampa (separados de Avabaca, porque ambos distritos no contaban con una red vial que los uniera directamente a la capital de la provincia).

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- Alto-San Lorenzo (comprendió la zona arrocera, trascendía los límites provinciales de Avabaca integrando predios en Las Lomas, provincia de Piura).

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En la provincia de Huancabamba se constituyeron dos Proyectos Integrales de Asentamiento Rural:

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- Huancabamba (reunió a los distritos del valle de Huancabamba, excluyendo a Huarmaca por falta de integración vial con los demás distritos).

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- Canchaque-Huarmaca (agrupó a los demás distritos de la provincia de Huancabamba).

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En la provincia de Morropón se constituyó el PIAR Chulucanas-Mo-rropón. Aquí, sin embargo, el diagnóstico de la Oficina Zonal de Planificación del Ministerio de Agricultura sobre el Sector II-Alto Piura solamente consideró las condiciones socioeconómicas de las grandes haciendas arroceras, algodoneras y ganaderas del valle, como las haciendas Pabur, Buenos

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Aires y Morropón. La problemática de los distritos serranos Santo Domingo, Chalaco y Santa Catalina de Mossa, una zona donde no se encontraban haciendas pero sí comunidades reconocidas antes de la reforma, no fue considerada en este análisis (MAOZPA 1974).

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Los PIAR se complementaban con la elaboración de Planes Integrales de Desarrollo (PID), provectos de inversión y de planificación que no solamente se orientaban a la problemática agrícola sino también a las demás actividades económicas: “Su fin era resolver problemas tales como la redistribucióon del ingreso y desempleo rural, y su ámbito no debía abarcar áreas demasiado extensas que dificultaran la planificación, pudiendo comprender uno o más PIAR”(Matos Mar y Mejía 1980:150).

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No obstante, este proyecto de concertación económica entre las diferentes organizaciones asociativas, comunidades campesinas y/o grupos campesinos y los pequeños propietarios (Béjar 1981:8) no llegó a realizarse. Una de las razones fue la falta de conocimientos sobre la sierra y su heterogeneidad (Pease 1977:109). Según sus promotores, la implantación de los PIAR en la sierra de Piura “... se realizó en función a las áreas geográficas más o menos homogéneas en cuanto a la ecología, infraestructura física y problemática socio-económica” (ORDENORTE 1981a:25).

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Sin embargo, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba la instalación de los PIAR obedeció más a factores burocráticos que a una real preocupación por determinar espacios socioeconómicos con una problemática similar, como fue reconocido posteriormente en el diagnóstico elaborado por la Corporación de Desarrollo: “La aplicación de la Reforma Agraria generó cambios ‘incompletos’, los que fueron acompañados por problemas naturales y artificiales, debiéndose estos últimos al apresuramiento burocrático estatal y a la aplicación de metodologías de desarrollo rural inadecuadas a la realidad de la micro-región de Ayabaca” (CORPIURA 1983a: 123).

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Si bien la adjudicación de las tierras formalmente debió ser realizada dentro de estos proyectos de manera “integral”, en la sierra de Piura la aplicación de la reforma agraria se ejecutó por predios, sin lograr una organización de los campesinos beneficiarios en un nivel superior rebalsando los límites de los grupos o comunidades campesinas 15.

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Los grupos campesinos 46

La implementación de la reforma agraria sen la sierra de Piura se inició mediante la organización de los campesinos feudatarios en grupos campesinos: “... al recepcionar en grupo a aquellos fundos que en el momento de su expropiación se hallaban casi o totalmente enfeudados y sin prácticamente áreas importantes de conducción directa por sus dueños, lo que se refleja en el hecho de que sean contados los casos de estas asociaciones que dispongan de parcelas de conducción directa” (Martínez 1980: 133).

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Los grupos campesinos fueron oficialmente reconocidos como empresas asociativas en 1976, pero únicamente en forma transitoria, porque según el Art. 77 de la Ley de Reforma Agraria: “... las adjudicaciones serán hechas únicamente a Cooperativas, Comunidades Campesinas, Sociedades Agrícolas de Interés Social dentro del plazo que se le señale. La modalidad de la adjudicación será determinada por la misma Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, atendiendo a las características sociológicas de los Grupos Campesinos, la economía de la zona, la calidad de la tierra y el tipo de explotación agrícola o ganadera establecida o por establecerse” (DL. 17716).

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En 1976, mediante el Decreto Ley 21548, el gobierno de Morales Bermúdez otorgó personería jurídica a los grupos campesinos. Este decreto ley demostraba que en muchos casos no se había logrado la adjudicación definitiva de predios, lo que impedía la gestión de créditos y otros in-sumos y, en algunos casos, obstaculizaba el funcionamiento interno de estas empresas asociativas. Durante esta etapa, los grupos campesinos debían lograr su organización como cooperativas agrarias. La conversión de grupos campesinos en cooperativas seguía siendo, entonces, el modelo prioritario del gobierno militar.

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Si bien fueron diseñados para los minifundios costeños, los grupos campesinos se constituyeron sobre todo en las haciendas tradicionales serranas. Su formación era un primer paso hacia la adjudicación definitiva de los predios al campesinado. Uno de los trabajadores de SINAMOS en la provincia de Ayabaca describe por qué se optó por esta solución: “Como reforma agraria, como equipo, no se pensaba inicialmente en comunidades campesinas. Se pensaba en el sistema cooperativista producto de la ley de Reforma Agraria. Pero las cooperativas se crearon en la costa, en la sierra hubo un rechazo, los campesinos no aceptaron. Como no hubo la posibilidad de constituir las cooperativas se optó por el grupo campesino como modalidad de organización. Era mucho más fácil de explicar a la gente qué es un grupo campesino, un grupo de personas que se unen para trabajar esas tierras..., el sistema cooperativo era mucho más complejo para ellos que no conocen” (Máximo Rojas Juica, ex-promotor de SINAMOS en Ayabaca).

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Problemas similares enfrentaron los funcionarios del Ministerio de Agricultura entre el campesinado huancabambino: “Es necesario señalar que esta última modalidad [los grupos campesinos] es muy sui generis y se adoptó en la microregión en vista de la profunda vocación individualista de los arrendatarios de las haciendas afectadas, pues éstos se negaban a trabajar la hacienda en forma asociativa (Cooperativa Agraria de Producción) modalidad ésta que es prioritaria de acuerdo con el Texto Unico de la Ley de Reforma Agraria” (ORDENORTE 1981a:94).

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Como respuesta a las reivindicaciones campesinas de adjudicación individual de las parcelas que conducían dentro de las haciendas, en la sierra de Piura hasta 1977 se constituyeron los siguientes grupos campesinos en los entonces denominados PIAR: Cuadro 9. Grupos campesinos beneficiados por la reforma agraria, PIAR Ayabaca

Fuente: CORPIURA 1983a: 134-135; sin información sobre grupos campesinos: Huamba, Montegrande, Hualcuy

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Cuadro 10. Grupos campesinos en el distrito de Sapillica

Fuente: Catastro Rural, en Cardoza Gutiérrez 1985. Cuadro 11. Grupos campesinos beneficiados por la reforma agraria PIAR Frías-Pacaipampa

Fuente: Sub-Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural 1977, en CORPIURA 1983a:127-128.

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Cuadro 12. Grupos campesinos beneficiados por la reforma agraria PIAR Huancabamba

Fuente: ORDENORTE 1981a:93. Cuadro 13. Grupos campesinos beneficiados por la reforma agraria PIAR Canchaque-Huarmaca

Fuente: ORDENORTE 1981a:93. 52

Sorprende el reducido número de socios afiliados a los grupos campesinos hasta 1977. Por un lado, muchos de los colonos y arrendatarios de las haciendas aspiraban al reconocimiento como pequeños propietarios; por otro lado, no hubo un mayor conocimiento de las modalidades de adjudicación de los predios. En los años siguientes, después de una creciente difusión de los dispositivos de la reforma agraria, aumentó la integración de campesinos a grupos campesinos. Esto explica por qué el número de beneficiarios de la reforma agraria hoy es superior al número de socios de los grupos campesinos registrados en 1977. Hay que mencionar, además, que grupos campesinos demasiado extensos, como los de Pariguanás o Poclús y Huala, se subdividieron a pedido

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de los campesinos socios; mientras que otros desaparecieron por no tener fundamentos legales, como en el caso de San Andrés de Frías, o por haber elegido la adjudicación individual, como Chantaco-Pucutay (Sóndor). 53

Ante la resistencia de los campesinos de la sierra piurana a formar cooperativas, reforzada por los primeros fracasos de las empresas asociativas en la costa, la propuesta estatal para los socios de grupos campesinos fue la conversión en comunidades campesinas. Sin embargo, hasta mediados de los años ochenta, no todos los grupos campesinos reconocidos oficialmente se transformaron en comunidades. En 1987 existían todavía 10 grupos campesinos en el departamento de Piura, más precisamente, en la sierra de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, contando con un total de 535 socios y 23,948 hás. adjudicadas (ver cuadro 14).

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En el diagnóstico que presentaron los funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre los grupos campesinos en la sierra de Piura, se evidencia que esta entidad estatal priorizó la organización en comunidades campesinas como modelo para enfrentar y superar la marginalidad en la sierra: “De los grupos campesinos existentes en la actualidad el mayor número se localiza en la sierra (Ayabaca y Huancabamba); sin embargo, atraviesan por problemas serios derivados del hecho de que constituyen un sector en cuya mente se encuentra muy arraigadas concepciones marcadamente individualistas, enfrentando de esta manera el desempleo y el mercado de consumo” (MA-UAD 1987:47).

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Esta forma de caracterizar a los campesinos serranos expresa un estereotipo que se repite en los diferentes informes de los organismos estatales. Es así en el caso del Ministerio de Agricultura y del Organismo Regional de Desarrollo de Piura y Tumbes (ORDENORTE 1980, 1981a,

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1981b; CORPIURA 1982, 1983a, 1983b). La taita de organización del campesinado serrano se percibe como una de las razones de su débil integración a la economía regional y es vista como un obstáculo al desarrollo de las actividades agropecuarias. Cuadro 14. Grupos campesinos en la sierra de Piura en 1987

Fuente: Ministerio de Agricultura-UAD 1987:45 46.

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Cuadro 15. Comunidades campesinas legalmente reconocidas en la sierra de Piura (1988)

Fuente: CORPIURA, en CIPCA 1988:49-51 57

Se puede distinguir, entonces, dos fases con un elevado reconocimiento de comunidades indígenas o campesinas, respectivamente (ver cuadro 15). La primera abarca los años 1937 hasta fines de la década de los cuarenta; es decir, la época en la que el Partido Socialista del Perú tuvo su mayor influencia, tanto entre los campesinos de la sierra de Piura como en el Parlamento. Sin mucho riesgo de equivocarnos, podemos concluir que el aumento de comunidades reconocidas en los años treinta y cuarenta se debe a la asesoría e influencia de los socialistas.

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La segunda fase, donde las comunidades legalmente reconocidas se multiplican, abarca la década de los ochenta, cuando la reforma agraria está por concluir. Vamos a estudiar detalladamente este último proceso en el capítulo 3, con el ejemplo de cuatro comunidades campesinas surgidas en el terreno de las antiguas haciendas.

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En este contexto cabe mencionar un tipo de organización que en los últimos años, junto con la reforma agraria, ha cambiado fundamentalmente la vida de los campesinos en la sierra piurana: las rondas campesinas16. Siguiendo el modelo del vecino departamento de Cajamarca (Starn 1991), las rondas campesinas se expandieron en la sierra de Piura como forma de autodefensa. Surgen en circunstancias de crisis, cuando los conflictos económicos y sociales se volvían cada vez más abrumadores para los campesinos. En casi toda la sierra, los diferentes comités de ronda se convirtieron en un instrumento eficaz para la pacificación de la vida cotidiana. En el distrito de Frías, la ronda campesina está centralizada: la Central de Rondas con sede en El Común es la instancia máxima a la que se remiten los casos cuya solución no fue posible en las instancias inferiores. A nivel inferior se encuentran las cinco subcentrales de rondas que se formaron en Silaguá, Cuicas, Misquiz, Arenales y Tucaque (ver mapa 8). La organización de base es el comité de rondas del caserío. Hasta 1992 se habían constituido alrededor de 90 (Huber y Apel 1990b, Huber 1992). La importancia de la ronda campesina para el medio rural se encuentra no sólo en su potencial para solucionar conflictos sociales, sino también en su aporte al fortalecimiento de las demás organizaciones, especialmente de las comunidades campesinas.

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NOTAS 1. En Piura se efectuaron tres composiciones de tierra: en los años 1595, 1645 (realizada por Juan Dávalos Cuba Maldonado) y 1714 (efectuada por Gonzalo Ramírez de Baquedano) (ver Schlüpmann 1988). 2. “Art. 126.- Con el fin de dotar de tierras a las comunidades que no tengan en extensión suficiente para cubrir las necesidades de su población, se afectará los predios vecinos a ellas, aunque se encuentren en zonas no declaradas de Reforma Agraria y se deduzca el mínimo inafectable. Dichas tierras serán adjudicadas a las comunidades y estarán sujetas a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley” (D.L. 17716). 3. La marginación de las comunidades en el proceso de reforma agraria no es un hecho específico de la sierra de Piura. En todo el territorio peruano, las tierras asignadas a las comunidades campesinas hasta 1979 abarcaron solamente el 10.3 % del total de las extensiones adjudicadas. Sin embargo, mediante este tipo de transferencia fueron favorecidos el 31.4 % de los beneficiarios (Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, en Matos Mar y Mejía 1980: 182). De ahí surge una de las principales contradicciones en la aplicación de la reforma agraria: benefició en mucho mayor escala a los campesinos colonos o feudatarios de las haciendas, mientras que las comunidades que en algunos casos habían luchado por reivindicar esas tierras no fueron beneficiadas. “Unos, los colonos y feudatarios, obtuvieron lo que nunca pidieron: la propiedad de las haciendas. Otros, los comuneros, se sintieron marginados y frustrados en sus antiguas expectativas” (Béjar 1990:136). 4. La adjudicación de tierras de ex-haciendas a comunidades campesinas causó, en dos casos, conflictos entre los antiguos colonos y las comunidades. Los campesinos del predio Culucán, adjudicado a la comunidad Arreypitc-Pingola, entablaron juicio para lograr su separación, pero no tuvieron éxito en sus demandas y actualmente no respetan las decisiones comunales. Otro caso es una parte del predio Gigante, adjudicado a la comunidad de Lucarqui. Las “gigantes” también reclamaron separación de la comunidad. Este caso ha sido especialmente problemático, ya que en los años setenta surgieron en- frentamientos violentos entre ambas partes por litigios de tierras. Por los juicios pendientes, estas comunidades no aparecen en el cuadro 6. 5. La Sub-Dirección de Reforma Agraria de la Zona Agraria I, que comprende los departamentos de Piura y Tumbes en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, había priorizado durante los años 1971-1972 la afectación de los predios en los valles del Medio y Bajo Piura, Alto Piura y Chira (MA-ZAI 1972). Según la planificación establecida en el PIAR-Bajo Piura, las acciones de expropiación y afectación en la sierra (Avabaca, Huancabamba y parte de Morropón) serían iniciadas recién a partir de los años 1973-1974. 6. Se trata de los predios La Cría, San Pablo, Cachiaco, Corral de Piedras Chicas, Chulucanitas, Cacalón, Quinua, Cofradía, Matalacas, Clínicas y parte de Altos de Pariguanás (CORPIURA 1982:19). 7. . Estos eran, en primer lugar, los partidos de la “nueva izquierda” peruana, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y Vanguardia Revolucionaria (VR), que se formaron en la primera mitad de los años sesenta como respuesta al dogmatismo del Partido Comunista y que posteriormente tomaron una posición crítica frente a la reforma agraria del gobierno militar. 8. Andurco, Carrizal, Culcapampa, Cujaca, Culucán, Chonta, Gigante, Hualambi, Hualcuy, Huamba, El Molino, Olleros, Uluncha, Pichandul, Parcochaca, Santa Rosa, Samanga, Samanguilla, Singoya, Tapal, Vilcales y Yanta (distrito de Ayabaca). 9. Fuente: Archivo de la Liga Agraria de Ayabaca.

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10. Las comunidades del distrito de Sapillica: Naranjo-Molinos y Sapillica se afiliaron posteriormente a la Liga del Chira (Arce Espinoza 1983:181). 11. “No se llegó a actuar por decisión de la Dirección Nacional del MIR” (Béjar 1969: 67, ver también Artola 1976:100-101). 12. Al respecto, cabe mencionar un hecho relativamente reciente. Pocos meses antes de las elecciones generales de 1990, la división de los partidos de izquierda en dos frentes, en Izquierda Unida e Izquierda Socialista, causó cierta confusión en algunos sectores campesinos de Ayabaca. Buscando una orientación recordaron la experiencia del MIR y se preguntaron en que partido se ubicarían los camaradas en estas circunstancias. De la respuesta dependía la opción a asumir en las inmediatas elecciones. 13. Esto fue confirmado en una entrevista con Máximo Rojas Juica, ex-promotor de SINAMOS en Ayabaca. 14. Núñez, David (1975): La participación campesina y el proceso de reforma agraria. Memoria de Bachiller. PUC, Lima. 15. Una excepción fueron las Cooperativas Agrarias de Servicios en las zonas cafetaleras de los distritos de Canchaque y San Miguel del Faique (provincia de Huancabamba), donde se llegó a una organización de los productores en torno a la comercialización del café (ORDENORTE 1981a:158-159), aunque al interior de estas cooperativas la integración de los diferentes socios — grupos campesinos y pequeños productores— dificultó su funcionamiento. 16. La consolidación de las rondas en la sierra piurana y cajamarquina ha sido estudiada detalladamente por Bonifaz 1990, Starn 1991, Huber y Apel 1990b, Huber 1992, por lo que en este trabajo no se profundizará en este aspecto.

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Capítulo 3. Las comunidades campesinas de Frías

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LAS COMUNIDADES DE la sierra de Piura formadas a raíz del proceso de reforma agraria 1, difieren en cuanto a su historia, su organización interna y los recursos que controlan. Frías fue elegido como ámbito para realizar el estudio por tratarse de un distrito donde, hasta la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado, fue preponderante la presencia de dos haciendas que abarcaron alrededor del 90% del territorio del distrito. Por lo tanto, las comunidades frianas que obtuvieron el reconocimiento legal a partir de los años ochenta se inscriben dentro de una tendencia generalizada en la sierra piurana: la formación de comunidades en los territorios de las ex-haciendas afectadas por la reforma agraria.

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De las trece comunidades de Frías cuatro fueron las escogidas: Luis M. Sánchez Cerro de Poclús, San Martín de Challe Grande, Tupac Amaru de Pariguanás y José Olaya de Silaguá2. Cuatro casos que se distinguen por diferentes razones. Solamente en Silaguá y Poclús se dispone de recursos comunales; en Pariguanás un sector de campesinos pudientes asumió el liderazgo de la comunidad; en cambio, en Challe Grande el sector de campesinos de mayores recursos trató de impedir el reconocimiento oficial de la comunidad. La invasión de tierras de la hacienda en Poclús demostró la existencia de campesinos que también controlaban tierras en otra comunidad.

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Cabe subrayar que la mayoría de los campesinos prefería la adjudicación individual de las tierras conducidas por las antiguas haciendas y que la conversión en comunidad campesina obedece a las posibilidades creadas por los diferentes gobiernos.

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En este capítulo trataremos de las particularidades de las dos haciendas y del proceso de reforma agraria que las afectó. Presentaremos, caso por caso, la formación, los recursos, la producción y el funcionamiento de las cuatro comunidades estudiadas.

I. HACIENDAS Y REFORMA AGRARIA EN EL DISTRITO DE FRÍAS 5

Antes de la reforma agraria en el distrito de Frías predominó la presencia de dos grandes haciendas: Pariguanás, en la parte alta del valle de Yapatera, y Poclus, en el valle de San

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Jorge. Ambas controlaban tierras en la Meseta Andina: los fundos Altos de Poclús y Altos de Pariguanás. El territorio de las haciendas estaba dividido en diferentes sectores, que en la parte alta también eran denominadas ovejerías o vaquerías, según la organización productiva de la hacienda. La población campesina en los diferentes sectores vivía (y aún vive) en forma dispersa. La casa campesina estaba rodeada por las chacras que usufructuaban los colonos. Recién después de la adjudicación de las tierras han comenzado a surgir algunos caseríos donde la población se concentra alrededor de la escuela, la capilla, el local de la ronda, la casa comunal, el cementerio; como en los caseríos Poclús, Silaguá y Pariguanás. Pero en el distrito de Frías sigue predominando el asentamiento disperso. 6

Además de las haciendas, en el distrito de Frías se encontraban las tierras de las llamadas comunidades. En los años anteriores a la reforma agraria se denominaba comunidad a los pueblos que no pertenecían a las dos haciendas; es decir, a los minifundios en los alrededores de la capital del distrito y a los caseríos en la margen izquierda del río Yapatera, como Challe Chico, Liza, Común, Margarita, Mastrante, San Antonio, Tucaque, Pampa Grande, Bronce, Limón, Huasipe y Chucapiz3. Se trata de un conjunto de pequeñas propiedades con escasa extensión de tierras irrigadas, por lo cual muchos campesinos de estos caseríos se veían obligados a arrendar parcelas en la hacienda colindante de Pariguanás.

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Las tierras controladas por estos pequeños propietarios abarcaban en los años sesenta el 10% del territorio distrital, según estimados de Córdova Aguilar (1969:143). Actualmente, después de la creación de las comunidades campesinas en base a la reforma agraria, se mantiene el concepto de comunidad, pero los pobladores distinguen entre comunidad privada y comunidad campesina. La organización colectiva de los recursos persiste en forma restringida en torno a la organización del riego. Los campesinos de las comunidades no se distinguen de los antiguos colonos de las haciendas ni por el mantenimiento de la infraestructura de riego ni por la forma de distribución de las aguas. En ambos casos, son los regantes que dependen de una toma quienes asumen la distribución de las aguas y la administración del riego.

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Las dos grandes haciendas se dedicaban principalmente a la cría de ganado vacuno en los valles y a la de ganado lanar en la parte alta. En Pariguanás la ganadería se realizaba en invernas, un área de 1,550 hás. situadas en la margen derecha del río Yapatera. En Poclús, el ganado era criado en los sectores Cuicas y Condorhuachina, en la parte alta del valle de San Jorge, en invernas y pastos naturales de una extensión de 4,050 hás. (Córdova Aguilar 1969, 1980). La gran mayoría de las tierras de ambas haciendas eran usufructuadas por colonos o arrendatarios. Los campesinos estaban obligados a trabajar para la hacienda durante 30 días al año en Poclús y 20 días al año en Pariguanás, recibiendo un jornal entre S/. 20.00 y S/. 25.00. Los terrenos que la hacienda daba en arriendo entre los años 1964 y 1968 eran pagados a S/. 500.00 anuales por hectárea4. Los colonos disponían generalmente de dos tipos de terrenos: chacras o huertas irrigadas y terrenos en las laderas para el cultivo de secano, principalmente maíz, donde después de la cosecha mantenían el ganado. Algunos campesinos recurrieron a arrendar pastos a las haciendas “... con el compromiso de que, por cada 10 reses que pastan en un año en sus potreros una debe quedarse en calidad de pago” (Córdova Aguilar 1969:146).

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Mapa 5. El distrito de Frías (1992)

La hacienda de Poclús 9

La hacienda Poclús formaba parte de la Compañía Agrícola y Ganadera Talandracas y Poclús S.A., controlada en forma mayoritaria por las acciones de la familia Reusche León (Valderrama y Ludmann 1979:98-99). Entre 1950 y 1957 fue administrada por el español José Pelayos García, apodado “el gringo Pelayos”, quien destacó por su singular violencia en el trato con los campesinos. Durante estos años la hacienda extendió sus áreas de pastoreo, constituyendo grandes potreros para su ganado vacuno. Los colonos que se resistían a abandonar sus chacras fueron desalojados violentamente; el administrador de la hacienda, contando con el apo-yo del puesto de la Guardia Civil en San Jorge, daba órdenes para asaltar e incendiar las casas. El terror creado por Pelayos ha sido relatado en forma novelística por Espinoza León (1985). Después de siete años de tiranizar a los campesinos de Poclús, uno de ellos lo mató en 1957.

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En los caseríos de Poclús o Maray, conversando con los campesinos sobre el pasado y la vida en la hacienda, constantemente se escuchan expresiones como: “Era la esclavitud... éramos esclavos... las leyes eran para el hacendado no más... no había lev para el pobre”.

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Los campesinos de Poclús recuerdan sobre todo los años entre 1950 y 1957, cuando la hacienda era administrada por José Pelayos: “bien zarco era y tallonazo”. Pelayos y sus mayorales, como se denominaba a los empleados de la hacienda Poclús, invadían los arriendos de los colonos, quemaban sus casas, mataban a sus animales y golpeaban a los campesinos que se quejaban por maltratos o jornadas excesivas de trabajo en los campos de la hacienda.

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Durante la administración de Pelayos la hacienda Poclús intensificó la actividad ganadera, introduciendo ganado de raza cebú y posteriormente toros de lidia. En aquel entonces, la hacienda administraba seis vaquerías en San Jorge, Huala, La Cría, Cuicas, Putagas y Poclús, y una ovejería en Altos de Poclús. Entre octubre y enero, cuando se acentuaba la

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escasez de pastos en las invernas, la hacienda optaba por introducir sus animales en las chacras de frijol o las huertas de caña, guineo o yuca de los campesinos. Se desalojaba a campesinos arrendatarios para extender las invernas de la hacienda a costo de las tierras de estos. Se aseguraba la lealtad de los mayorales, que no se solidarizaban con los arrendatarios, a través de una generosa repartición de los mejores arriendos. Sin embargo, actualmente estos mayorales argumentan que, al igual que los arrendatarios, tenían que cumplir con las órdenes que daba la hacienda. Mapa 6. Haciendas Pariguanás y Poclús

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Los campesinos de Poclús, San Jorge, Cuicas o Condorhuachina estaban obligados a trabajar una semana al mes para la hacienda sin recibir comida: “llevaban fiambre para la semana entera”. Si bien la actividad principal de la hacienda era la ganadería —la hacienda era “criandera”— también existían potreros de maíz y frijol, huertas de guineo, de yuca y grandes cañaverales donde “se sacaba dulce hartísimo”. Se pagaba en productos el derecho a trabajar un chacareo, tierras de temporal de la hacienda, en las que se sembraba sobre todo maíz. En época de cosecha el administrador fijaba la fecha y venía con sus mayorales para controlar a los campesinos. La mitad de la cosecha del maíz de mejor calidad, “maíz seleccionado”, era para la hacienda. El transporte a la casa-hacienda estaba a cargo de los campesinos.

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La hacienda también usufructuaba los tarayales. Los arriendos de terrenos de riego eran trabajados año tras año por los colonos. El arriendo de las pocas invernas que tenían los campesinos se pagaba en efectivo; para tal efecto, los campesinos vendían sus animales a los yunganos, comerciantes que llegaban de Chulucanas o de Catacaos, puesto que la hacienda no compraba el ganado criollo. Además, existía la posibilidad de pagar en pasto: los campesinos “cargaban paja de sus invernas pagando sus arriendo”.

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Pelavos obligaba a los campesinos, a las mujeres y a las madres solteras a trabajar para él en la casa hacienda o en las fainas. También solucionaba los conflictos entre los campesinos, resultado de las frecuentes borracheras: “Cuando había hacienda peleaban duro y Pelayos los castigaba y los metía al cepo, castigaba parejo hombres y mujeres”.

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Cuando los campesinos se quejaban a Pelayos —“ay Don Pelayitos no nos haga ese mal”— éste les decía, burlándose de ellos “pídele a tu taita Dios”, agregando, “Dios no hay”.

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Una serie de creencias se formaron en torno a este administrador a quien se atribuía poderes sobrenaturales: “Era compactado, tenía cruces en la espalda y una culebra en el pecho, en un solo sitio se bañaba, en la laguna azul de Huala, y ahora el que se mete ya no sale, se lo come la laguna”.

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No fue fácil enfrentar a Pelayos y a sus mayorales; la policía no hacía caso a las quejas de los campesinos en San Jorge: “Ellos mandaban en el puesto, el puesto era de ellos, de los hacendados, no se hacía justicia a los campesinos”.

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Hubo repetidos intentos de liberarse de este administrador: “Una señora que le habían rozado su pampa y su casa, Dominga Peña, lo quiso matar con su chaveta, pero él llamó a su perra Norca que la cogió de la nuca y lo defendió a Pelayos”.

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Para librarse de Pelayos no quedaba otra solución que usar “armas benditas”, “había que llevarle al padre a Frías, debajo del poncho, para que bendiga las balas, las balas se metían en agua bendita” sin que el cura las viera, y “para matarlo había que darle en el ombligo”.

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En 1957 un campesino asesinó a Pelayos en la quebrada de Huala, cuando bajaba de Condorhuachina. La muerte de Pelayos fue para los campesinos de la hacienda “como si Dios vino de los cielos... como volver a nacer”.

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No obstante el odio que aún persiste, los campesinos reconocen los adelantos logrados por este administrador. Fue en la época de Pelayos que se construyó la carretera de Chulucanas-San Pedro-San Jorge: “él la hizo llegar a San Jorge, a puro pulso, mandaba a trabajar a la gente”.

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Los administradores anteriores a Pelayos, los señores Castro, Burneo y Vega son recordados como patrones justos que “hacían fiestas y repartían comida”. También se reconocen las calidades de los dos administradores que estuvieron a cargo de Poclús después de Pelayos: Augusto Manchego y Raul Santamaría. Los campesinos explican que estos dos no “eran abusivos”, así no terminaron asesinados como Pelayos, “eran más considerados”, respetaban los chacareos de los campesinos y en años malos no exigían el pago en productos agrícolas. Pero para los actuales comuneros de Poclús, San Jorge, Guayaquil, Condorhuachina, Misquiz o Cuicas, Pelavos es el símbolo de la época de la hacienda.

La hacienda Pariguanás 24

Hasta los años cincuenta las diferentes secciones de la hacienda eran administradas en forma separada. Cada sección contaba con una casa-hacienda que servía de morada para el administrador y de depósito de los productos agrícolas entregados por los arrendatarios a la hacienda. La casa-hacienda principal estaba ubicada en Pariguanás. En Silaguá se encontraba otra casa-hacienda. La administración de Altos de Pariguanás5 estaba en Arenales. Desde comienzos de los años sesenta, Jorge Núñez era responsable del manejo de toda la hacienda. Fue el último administrador que estuvo a cargo de la hacienda hasta la reforma agraria. Solamente la casa-hacienda de Pariguanás estaba habitada; las casas en Arenales y Silaguá permanecían cerradas la mayor parte del año.

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Hasta los años cincuenta, los colonos y arrendatarios de la sección Pariguanás, centro administrativo de la hacienda, trabajaban bajo dos modalidades diferentes, el arriendo

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redondo y el arriendo con pensión6 (ver capítulo 1). A partir de los años sesenta, cuando la hacienda de Pariguanás se dedicaba exclusivamente a la ganadería, se generalizó la modalidad de arriendo redondo. Para los trabajos referidos al manejo del ganado se contrataron pocos empleados, que recibían un jornal y cierta cantidad de tierras para mantener a sus familias. Las tierras alrededor de la casahacienda en el sector de Pariguanás se arrendaban a los campesinos. No se daba la modalidad de destajos 7 como en el sector Challe Grande y en la sección Silaguá. 26

Durante el primer gobierno de Belaúnde, el administrador de la hacienda ofreció a algunos arrendatarios una parte de las tierras en venta. El encargado de la administración de la hacienda, sin embargo, no estaba dispuesto a efectuar las ventas “por lotes” y propuso que los interesados se reunieran y compraran colectivamente una buena extensión de tierras en la parte alta: “del camino que va de Olleros a Chamba, de ese camino para arriba les vendo ese lote de terrenos”, como recuerdan los que habían tratado con el “gringo Mac Donald”8. Como muchos de los campesinos dudaban de la seriedad de esta propuesta, pocas fueron las parcelas adquiridas por los arrendatarios. Algunos terrenos fueron comprados por el administrador y los empleados de la hacienda.

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Recién en 1972, cuando Juan Checa Solari, representante de la Sociedad Agrícola y Ganadera Pariguanás, viajó a la hacienda, se vendieron tierras a los arrendatarios. Un restringido grupo de campesinos ganaderos compró las invernas que la hacienda todavía trabajaba directamente.

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Actualmente, la mayoría de los campesinos de la antigua hacienda no identifica esta época como un período de explotación. Ellos evocan el pago de un arriendo considerándolo además justificado, por tratarse de tierras ajenas. Siempre se resalta que la condición de los arrendatarios de Pariguanás era mucho mejor que la de los vecinos de la hacienda de Poclús: “no había abusos en Pariguanás”, es una respuesta frecuente cuando se pregunta sobre el pasado en la hacienda. Muchos de los colonos expulsados de la hacienda de Poclús lograron arrendar parcelas en Pariguanás; en otros casos, obtuvieron acceso a las tierras como subarrendatarios.

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En los sectores de Challe Grande y Silincho (el actual territorio de la comunidad de Challe Grande) la hacienda no conducía tierras en forma directa. La modalidad de arriendo predominante era el destajo: los campesinos que arrendaban grandes lotes de tierras, hasta alrededor de 100 hás., eran considerados destajeros. Muchos de ellos disponían de mayores extensiones de tierras que las requeridas por una familia campesina para su reproducción. Por lo tanto, era frecuente que una parte de los destajos se subarrendara a otros campesinos. Se podía tratar de parientes, pero en muchos casos eran campesinos de los caseríos aledaños, por ejemplo, de Liza, Challe Chico o El Común. Esta forma de arriendo favorecía a la administración de la hacienda, puesto que la obligación de pago del arriendo se establecía únicamente entre un reducido número de destajeros y la hacienda. Los destajeros, a su vez, podían subarrendar partes de sus destajos sin coordinación alguna con la administración de la hacienda. El dinero para el arriendo se aportaba de acuerdo a la extensión y al tipo de parcela conducida por cada uno de los campesinos. Un campesino recuerda que su abuelo, destajero, arrendaba más de 100 hás. a la hacienda y que “el sólo no avanzaba el pago y se unió con cuatro señores más para pagar el arriendo”.

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En el sector de Silincho se encontraba una zona considerable de bosques no arrendados, que se extendía desde los 2,400 metros hasta la cordillera. La hacienda disponía de madera para la construcción de cercos y no restringía el uso de los recursos forestales a los

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arrendatarios de Challe, Silincho, Pariguanás y Santa Rosa, quienes se abastecían de leña y madera para la construcción de sus casas. Sólo estaba prohibido rozar estas tierras para la ampliación de las parcelas de cultivo. 31

A fines de los años sesenta, en el sector de Silaguá la hacienda únicamente manejaba en forma directa una pequeña inverna alrededor de la casa-hacienda. Una vez al año los representantes de la hacienda llegaban a Silaguá para inspeccionar el estado de las cosechas, para supervisar los rodeos y recibir la parte que correspondía a la hacienda. En el valle de Silaguá eran limitadas las tierras arrendadas que contaban con riego. La mayor parte de los arriendos fueron potreros de temporal o terrazgos en las faldas de los cerros Cahingará y Pilan. El arriendo de estas tierras se pagaba anualmente y, hasta fines de los años sesenta, la mayoría de los campesinos de esta zona pagaban sus arriendos en productos9.

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Hasta los años cincuenta los terrenos de temporal, tierras dedicadas sobre todo a la siembra de maíz, volvían después de la cosecha al dominio de la hacienda, que aprovechaba los tarayales para el ganado vacuno. Cuando la hacienda se dedicó intensivamente a la crianza de ganado vacuno en las invernas del sector de Pariguanás, disminuyó el interés económico por los tarayales de Silaguá, por lo que los terrasgueros mantuvieron a sus animales en los potreros de Silaguá, Loma de Guabal, Pilan, Cahingará y Chupicarume. Finalmente, el control de la hacienda en lo tocante al usufructo de estos pastos se limitó a la organización anual de los rodeos, para determinar la cantidad de animales de cada arrendatario y recibir el pago por pastaje.

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En la parte baja del sector de Silaguá, en Ramada Grande, Ramada Chica, Barranco Blanco, Guanábano Alto y Chililique Alto, el arriendo de las tierras de la hacienda se realizaba bajo la modalidad de destajos10. Estos terrenos de temporal fueron utilizados principalmente como zona de pastoreo para la crianza de ganado vacuno y caprino. Solamente en los fondos de los valles se cultivaba, en pequeñas huertas, productos como el guineo o el camote. En esta parte de la hacienda Pariguanás, algunos no trabajaban la totalidad de sus destajos y optaban por subarrendar una parte de estas tierras a otros campesinos. Como en el sector de Challe Grande, también en las tierras de secano de la parte baja del sector de Silaguá el control de la hacienda fue reducido. Los destajeros podían subarrendar tierras sin la autorización de la administración de la hacienda. En esta zona los subarrendatarios podían, además, arrendar tierras bajo riego en otras partes de la hacienda o ser pequeños propietarios en la margen derecha del valle de Yapatera como en Huasipe o Pampa Ramada.

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En la parte baja de Silaguá existían terrenos no arrendados que eran usufructuados tanto por los campesinos como por la hacienda. Los arrendatarios, destajeros y subarrendatarios podían disponer de la madera o, en años lluviosos, soltar su ganado en el monte El Papayo sin la necesidad de contar con la autorización de la hacienda: “era mancomún de la hacienda y de los arrendatarios”. La limitada presión sobre las tierras en la parte baja del sector de Silaguá implica que estos terrenos de mancomún fueron utilizados casi exclusivamente para el abastecimiento de madera.

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Si bien el administrador de la hacienda se dirigía a Silaguá para recibir los productos, no ejercía un control severo sobre los arrendatarios. Actualmente, los campesinos de esta zona consideran que se “pagaba poco” a la hacienda. La administración de la hacienda era tolerante y, en caso de enfermedades, perdonaba el pago del arriendo.

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Durante los años sesenta el interés de la administración de la hacienda por apropiarse de una parte de la producción agrícola de los arrendatarios no era muy pronunciado. Al mismo tiempo, el dinero que pagaban los arrendatarios no era un ingreso significativo para la hacienda. La intervención de ésta en el proceso productivo de los arrendatarios había disminuido; el mayor interés de los propietarios se concentraba en las tierras irrigadas, las invernas alrededor de la casa hacienda, las cuales eran usufructuadas directamente. Sin embargo, la autoridad del administrador de la hacienda se manifestaba en forma significativa en la solución de los conflictos, como lo recuerda Ismael Calle: “Los que peleaban borrachos iban a la casa hacienda a cargar 100 piedras cada uno, cada uno 100 piedras; cargaban un día unas 15 o 20. En la noche al cepo. El cepo era un palo partido. Tenía huecos, allí metían a los hombres esos que peleaban, que robaban; al cepo de las canillas, de 7 puntos, allí ponían los pies bien abiertazos y allí le ponían la tapa encima y un candado. En medio tenía un hueco más grande, allí los ponían bocabajados a los que eran muy rateros o que mataban. Y veta, carajo, bien calatos, que corría la sangre, así castigaban. Había respeto. Castigaba el empleado de la hacienda que se llamaba mayordomo o administrador; unos le decían mayordomo otros administrador. Ese mandaba en todita la hacienda”.

La reforma agraria 37

Cuando se promulgó la Ley de Reforma Agraria, en la hacienda Pariguanás ya se había comenzado la venta de parcelas a los arrendatarios; en cambio, la hacienda Poclús mantenía su integridad. En los años 1967-1968 una sequía afectó al distrito de Frías, la escasez de pastos perjudicó a la ganadería. En consecuencia, en ambas haciendas se vendió una gran cantidad de ganado en estos años. La hacienda Poclús redujo su ganado vacuno de 8,000 a 1,500 cabezas (Córdova Aguilar 1969:147).

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Recién en 1976, los funcionarios del Ministerio de Agricultura encargados de poner en marcha el proceso de reforma agraria llegaron al distrito de Frías. Ni los promotores de SINAMOS ni los directivos de la Liga Agraria de Ayabaca, que por definición tenía que proyectarse al ámbito de toda la provincia, habían realizado un ttabajo de organización y movilización en las haciendas Pariguanás y Poclús. La gran extensión de la provincia de Ayabaca, a la que pertenece el distrito de Frías, fue uno de los motivos para que la Liga Agtaria de Ayabaca, organizada en 1972, no tuviera presencia en Frías.

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Los técnicos del Ministerio informaron sobre las posibilidades que ofrecía la legislación sobre reforma agraria y promovieron el empadronamiento de los potenciales beneficiarios de tierras en las ex-haciendas Poclús y Pariguanás. Esta última tarea fue asumida por los tenientes gobernadores de los diferentes caseríos y anexos.

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Según información de la Sub-Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, hasta 1977 se habían establecido siete grupos campesinos en el distrito de Frías: cinco en el tetritorio de las ex-haciendas Pariguanás, uno en la ex-hacienda Poclús, y uno en los alrededores del pueblo de Frías (ver cuadro 16)11.

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En 1978, con la elección de la directiva y la aprobación de los estatutos internos, se organizaron formalmente los grupos campesinos en el distrito. Algunos de los grupos ya establecidos se dividieron, como es el caso de los grupos campesinos Pariguanás y Ricardo Alvarado de Poclús. Finalmente, se constituyeron catorce grupos campesinos.

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En el mismo año, 1978, se organizó la Liga Agraria San Andrés de Frías que, en aquel entonces, abarcaba el territorio de la antigua jurisdicción del distrito; es decir, las localidades de Frías, Sapillica y Lagunas. La primera dirigencia de la Liga no llegó a

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cumplir cabalmente con sus funciones; sólo el presidente, en estrecha colaboración con dos técnicos del Ministerio de Agricultura, recorrió el campo para intentar la solución de los conflictos más diversos. Este primer presidente, durante los casi cuatro años que estuvo a cargo de la Liga, se dedicó sobre todo a mediar en cuestiones de tierras, linderos, herencias, traspasos y ventas. Cuadro 16: Grupos campesinos en el distrito de Frías 1977

Fuente: Sub-Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural 1977, en CORPIURA 1983a:127. 43

En Frías, la Liga Agraria no jugó un papel activo en el proceso de reforma agraria; no impidió la venta de tierras de la hacienda de Pariguanás ni la descapitalización de las haciendas. Durante los primeros años la dirigencia de la Liga Agraria San Andrés de Frías no logró movilizar o convocar a los campesinos del distrito. Para solucionar sus problemas, estos prefirieron dirigirse directamente a los representantes del Ministerio de Agricultura, sin la intermediación de una organización campesina, o recurrir a los tenientes gobernadores o jueces.

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Hasta 1979, en el distrito de Frías se habían adjudicado un total de 30,158 hás., todas en forma asociativa. Los campesinos se organizaron en grupos campesinos para posteriormente gestionar su reconocimiento como comunidad campesina.

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En noviembre de 1989, indagando sobre la formación de grupos campesinos en el proceso de reforma agraria, la respuesta del presidente de la comunidad campesina San Martín de Challe Grande fue: “Los ingenieros de Piura vinieron. ‘Que se tienen que organizar en grupo’, dijeron. Esto antes era un solo grupo con Pariguanás. Porque era lejos solicitamos que se divida”.

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En la comunidad campesina Castro Pozo de Geraldo, los campesinos recuerdan también que la formación del grupo campesino obedeció a las propuestas de los “asesores del Ministerio”, que “vinieron a formar grupos” y que les “pareció bien”.

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En la comunidad campesina José Olaya de Silaguá, la organización del grupo campesino es explicada de la siguiente manera: “... de Piura vino un ingeniero de reforma agraria. De la hacienda al grupo no había muchas ideas, de repente vinieron de Frías”.

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De por sí, los campesinos hubieran optado por la titulación individual de las tierras que conducían, pues manifestaron una relativa resistencia a la organización de unidades asociativas. Si finalmente se decidió por la formación de grupos campesinos, fue por la

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imposición de los técnicos del Ministerio de Agricultura, quienes los convencieron de que no se lograría la adjudicación individual. 49

Algunos campesinos argumentaron que si bien el título individual se hubiera podido obtener, esto hubiera significado trámites demasiado largos, complicados y costosos. En el proceso de adjudicación de tierras y constitución de los grupos campesinos predominó, entonces, la influencia foránea de los técnicos “que vinieron de Piura”. Los campesinos no participaron en forma activa en este proceso.

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El modelo de grupo campesino fue previsto como una forma transitoria en el proceso de reforma agraria. Para los técnicos del Ministerio de Agricultura, especialmente los de la Dirección de Reforma Agraria, el camino a seguir para la sierra de Piura era la conversión de los grupos en comunidades campesinas. En los informes o diagnósticos elaborados en el Ministerio o la Corporación de Desarrollo, los técnicos subrayaron cada vez que la organización del campesinado serrano en comunidades campesinas sería una garantía para superar su marginación, lograr el “desarrollo”, gestionar créditos e introducir nuevas tecnologías en la producción agropecuaria.

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A comienzos de los años ochenta ninguno de los grupos campesinos del distrito de Frías se había convertido en comunidad. Recién durante el gobierno de Alan García este proceso se aceleró. Entre 1982 y 1988 se reconocieron oficialmente trece comunidades12 en los terrenos de las ex-haciendas Pariguanás y Poclús (ver cuadro 17).

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De hecho, la organización comunal todavía no es asumida en Frías. Los socios de la comunidad recién están aprendiendo lo que significa “ser comunidad campesina” y sus dirigentes tienen que enfrentar muchos problemas: “Por la falta de reglamentos internos, continuamente se presentan (en las comunidades campesinas) casos de ventas de tierras, por la modalidad de traspaso, a campesinos procedentes de diversas comunidades” (CORPIURA 1983a: 131). Cuadro 17: Comunidades campesinas en el distrito de Frías

Fuente: CIPCA 1988. *Archivo Comunal, s.i. = sin información.

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En resumen, hay que resaltar que las comunidades campesinas en el distrito de Frías son el resultado de los modelos impuestos por el Estado, pues la mayoría de los campesinos hubiera preferido la adjudicación individual de los predios conducidos por ellos dentro de las haciendas. Mapa 7. Comunidades campesinas en el distrito de Frías

Mapa 8. Caseríos en el distrito de Frías (1992)

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Mapa 9. Comunidades campesinas de Poclús, Challe Grande, Pariguanás y Silaguá (1992)

II. LA COMUNIDAD CAMPESINA LUIS M. SÁNCHEZ CERRO DE POCLÚS Las invasiones en Poclús 54

Las noticias de la reforma agraria llegaron a Poclús a través de la radio, de algunos campesinos que viajaban a la costa y por los periódicos que de vez en cuando llegaban a Frías y eran comentados en el pueblo. Con el gobierno de Velasco Alvarado, por primera vez “había leyes a favor del campesinado, ya no a favor del gamonal”, recuerdan los pocluseños. Durante los primeros años, sin embargo, muchos de los campesinos siguieron trabajando bajo las normas de la hacienda y respetando las órdenes de los mayorales que vivían en San Jorge y en Poclús, “nos mandaban como a sus hijos y hacíamos los trabajos”.

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Hasta comienzos de los años setenta, uno de los últimos propietarios de la hacienda, Fernando Reusche, seguía trabajando tierras en Maray, donde mantenía ganado y tierras de cultivo. Para evitarse problemas con los arrendatarios de este sector, que podían invadir las tierras que continuaban trabajando, optó por expedir certificados de posesión a nombre de los campesinos. Recién en 1974 retiró su ganado de Poclús sin encontrar la más mínima resistencia por parte de los campesinos, quienes explican que “era ganado ajeno... ya que éramos peones...”. Los propietarios de Poclús no vendieron tierras a los colonos. Junto con Fernando Reusche, la mayoría de los mayorales abandonaron el predio San Jorge, pues temían represalias por parte de los campesinos y permanecieron algunos meses en la costa. En la sierra quedaron sus esposas e hijos. Parte de las tierras de estos mayorales que no lograron defender los “buenos arriendos” fueron ocupadas por los arrendatarios. Solamente un mayoral permaneció en la hacienda y consiguió quedarse con su antiguo arriendo.

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En el distrito de Frías se siguió el proceso de reforma agraria sobre todo por la radio. Los residentes del pueblo de Frías, que contaban además con algunos periódicos, estaban mucho mejor informados de las posibilidades que la nueva Ley de Reforma Agraria ofrecía a los campesinos, colonos y arrendatarios de haciendas y de las maneras de acelerar este proceso. En este contexto, el 8 de octubre en 1973, cuando se celebraba la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, tres campesinos residentes en Frías lanzaron la propuesta de invadir los potreros de la hacienda Poclús en el sector de Maray.

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Las tierras de Maray, que hasta entonces eran controladas directamente por la hacienda, fueron invadidas por campesinos de Frías y de Naranjo13. Atemorizados, muchos de los arrendatarios de la hacienda no participaron en la invasión y hoy se lamentan: “de tontos no invadimos, de mariconazos... que nos van a matar; no invadimos”. Otros que habían recibido tierras de Fernando Reusche no invadieron porque las que trabajaban eran suficientes; sin embargo, ahora no lo son para sus hijos.

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En todo caso, en Frías muchos estaban informados de los planes de invadir las tierras de la hacienda. Los planes fueron discutidos por parientes, vecinos y compadres, pero pocos participaron en la invasión por temor a represalias y muertes. El grupo de invasores se dirigió a los potreros de Maray y, armado con banderas peruanas, se instaló en las tierras: “buenos lotes se agarraron”, hicieron sus “chocitas” y en enero, cuando llegaron las lluvias, comenzaron a sembrar maíz. Durante la ocupación no se produjeron enfrentamientos con la policía, porque ésta no intervino en el asunto, ni con otros campesinos arrendatarios, puesto que eran potreros de la hacienda14. Con la invasión, los campesinos lograron durante el siguiente año que el hacendado abandone alrededor de 60 hás. que todavía controlaba. Algunas de las personas que participaron en esta invasión ocuparon grandes extensiones de tierra que no trabajaron y que años después comenzaron a vender a campesinos de la misma hacienda que no habían invadido o a personas de otros lugares como Matalacas, Pampagrande o Frías. “Era prohibido pero lo hacíamos por lo bajo”, comenta un campesino; posteriormente, el teniente certificaba la transacción de tierras.

Del grupo campesino al reconocimiento de la comunidad 59

Recién en 1976 llegaron al distrito de Frías los “asesores de Piura”, trabajadores de la sección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura. “Los señores llegaron a formar los grupos”, explicaron las posibilidades de la Ley de Reforma Agraria y comenzaron a organizar a los beneficiarios en grupos campesinos15. Para muchos de los campesinos esta primera organización, exigida por los “ingenieros” de Piura, fue una formalidad que tuvo que cumplirse. Así, se inscribieron en el padrón del grupo campesino formularon sus declaraciones juradas y siguieron esperando los “contratos de adjudicación”.

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Todo el territorio del antiguo predio de Poclús y Huala se organizó bajo la conducción de un solo grupo campesino que contaba, en 1977, según los documentos de la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, con 635 campesinos beneficiados y un área adjudicada de apenas 7,240 hás. (CORPIURA 1983:127-128). El distrito de Frías formaba parte, al igual que el distrito de Pacaipampa, del PIAR Frías-Pacaipampa, que no tuvo ningún significado concreto para los campesinos.

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El grupo campesino se denominó Ricardo Alvarado de Poclús. Ricardo Alvarado fue un campesino que “luchaba a favor de los campesinos de Poclús, (v que) cuando era la montonera, defendió a la hacienda”16.

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Este grupo campesino tuvo solamente dos años de vigencia y se disolvió en 1979. La comunicación entre los diferentes sectores del vasto predio Poclús era difícil: “no había comprensión”, explica Félix L. C, quien luego sería presidente del Grupo Campesino de Poclús. Por ello, los campesinos se dividieron después en siete grupos campesinos: Poclús, San Jorge, Condorhuachina, Misquiz, Guayaquil, Poclús Alto y Cuicas.

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El presidente del grupo campesino de Poclús, en coordinación con el presidente de la Liga Agraria San Andrés de Frías, contando además con el apoyo de los promotores de SINAMOS en Piura, asumió las gestiones para la adjudicación definitiva de las tierras ante la oficina de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Las gestiones no fueron fáciles, “nos engañaban en Piura”, recuerda el presidente. Él fue elegido considerando sus conocimientos de la realidad nacional y no por razones económicas. Estaba bien informado de las posibilidades que brindaba la nueva legislación agraria al campesinado: “sabía leer, era bien preparado, aprendió por la radio”.

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El período entre la salida del hacendado y el reconocimiento legal de la comunidad se caracteriza como un tiempo de desorden, causado principalmente por los conflictos por tierras. A la muerte de los padres, se generaban contradicciones entre los familiares por los terrenos. Los litigios entre herederos degeneraban en peleas, que en algunos casos causaron muertes. La única autoridad local que tenía una cierta importancia y lograba resolver algunos conflictos era el teniente gobernador; su función adquirió en estos tiempos mayor relevancia. Los casos que no podían ser solucionados con la intervención de los tenientes en Poclús o Maray fueron llevados a Frías, a los jueces de paz y a la Guardia Civil, donde la justicia era para el que llegaba “con el pavo bajo el poncho”. Esta situación recién empezó a cambiar a mediados de los años ochenta con la creación de las rondas campesinas (Huber 1992:227-238).

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A la Liga Agraria, organizada en 1978, recurrían principalmente los dirigentes del grupo campesino que coordinaban con los técnicos del Ministerio de Agricultura. Para la mayoría de los campesinos de Poclús la solución de los problemas era cada vez más difícil. No estaba claro a que instancia deberían dirigirse: a la Liga, como lo proponía la directiva del grupo campesino, o a las autoridades locales, como era costumbre. En estos primeros años, los campesinos criticaban fuertemente el trabajo de la Liga Agraria, pues consideraban que usurpaba funciones: “era como juez de tierras”. Estas críticas se debían en gran parte a la generalizada desinformación sobre el funcionamiento del grupo campesino. Si bien existía un reglamento interno aprobado formalmente por los socios del grupo, éstos no conocían sus derechos y obligaciones.

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En junio de 1986 se registra la primera asamblea en el Libro de Actas de la Comunidad Campesina de Poclús17. Esta reunión se convocó para decidir sobre la modalidad definitiva de adjudicación de las tierras. Participaron 188 campesinos beneficiarios de la reforma agraria de los sectores Poclús y Maray y estaba presente un técnico de la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura. En el acta consta que el técnico “para obtener la adjudicación definitiva, recomienda que se adopte la modalidad de Comunidad Campesina” (LA-CC: junio 1986). Los campesinos presentes aceptaron esta propuesta por unanimidad y decidieron constituirse en comunidad campesina, conforme al artículo 161 de la Constitución Política del Perú18.

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El responsable de comunidades de CORPIURA informó sobre las diferentes posibilidades para la adjudicación definitiva de las tierras. Los pocluseños, al igual que los demás comuneros de Frías, percibieron solamente dos opciones: el título individual o la transformación en comunidad campesina. Según recuerda Claudio M. C, presidente del grupo campesino después de Félix L. C, se optó por el reconocimiento comunal porque el “título individual era más trabajoso y ya nos quedamos en comunidad campesina”.

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Por diversos motivos los campesinos optaron en favor de la comunidad campesina. Hay que reconocer que en la decisión de los socios del grupo campesino influyeron también factores internos. Entre otros, como comunidad campesina tendrían mayores posibilidades de resolver internamente los conflictos entre los campesinos; se podía evitar recurrir a las entidades encargadas de la justicia, como los juzgados de paz en Frías o, en casos más graves, en la capital provincial, Ayabaca19. Otro factor que incitó a optar por el reconocimiento comunal está relacionado con las mayores posibilidades de proteger los recursos forestales. Durante los últimos años del grupo campesino habían surgido problemas en el bosque de Maray, donde no solamente campesinos de Frías y Cuicas talaban árboles, sino también “llegaron de Piura, con motosierra”. Además, algunos campesinos habían comenzado a rozar una parte de este bosque para ampliar sus parcelas, lo que dio lugar a enfrentamientos entre los pocluseños y los demás campesinos. A mediados de los años ochenta, los dirigentes del grupo campesino y la directiva de la ronda que actuaban en defensa del bosque fueron denunciados ante el juzgado en Ayabaca. Para los campesinos que habían luchado por la defensa de Maray, “el bosque no es para negocios”; la conversión en comunidad campesina era la opción que permitía preservarlo.

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Pero los factores externos fueron de mayor peso. Cabe recordar que la propuesta de transformación en comunidad campesina era una iniciativa del Estado para impulsar el desarrollo de las regiones marginadas. En mayo de 1986, durante el gobierno de Alan García, se organizó el primer Rimanacuy en Piura, al cual también asistieron los presidentes de algunas comunidades de Frías20. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura informaban que la conversión en comunidad campesina implicaba un trámite rápido y gratuito; además, va se voceaban los proyectos de desarrollo y los fondos especiales que el gobierno crearía para el apoyo y la asistencia de las comunidades. Todos estos argumentos convencieron a los campesinos de Poclús y los llevaron a aceptar la propuesta de conversión en comunidad campesina.

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Nicanor A. C., como gestor del reconocimiento oficial, solicitó la adjudicación gratuita según la Ley No. 2274. Se acordó en asamblea “que todas las áreas conducidas individualmente se mantengan y se respete el usufructo de cada comunero” (LA-CC: junio 1986), actualizar el padrón y elegir a los directivos del consejo de administración y vigilancia. En octubre de 1986 se obtuvo el reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina Luis M. Sánchez Cerro de Poclús con la adjudicación de 2,116.8 hás.

Los recursos y la producción 71

Las 2,116.8 hás. de la Comunidad Campesina de Poclús se extienden desde los 1,000 metros en El Playón hasta los 3,100 metros en la meseta andina o Los Altos (ver mapa 10). Según la información mencionada en el padrón de la comunidad que registra el 84% de las tierras: 664 hás. son irrigadas y 1,124.5 hás. son de secano (temporal).

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Cuadro 18 : Recursos de la comunidad de Poclús

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Al interior del territorio de la comunidad se encuentran la margen derecha de la quebrada de Maray o quebrada Corral Viejo, la quebrada de Poclús y otras pequeñas quebradas que bajan desde los cerros Puñuño, Huamingas, Potrerillo, Pucará, Puchuguero y El Tuno. Estas aguas son utilizadas en pequeños canales de irrigación para abastecer los cuarteles de caña, las huertas de camote, guineo y yuca, así como los sembríos de frijol bayo o para regar las invernas.

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Todas las tierras de uso agrícola, las invernas y los terrenos para el pastoreo en las áreas de pequeños arbustos en la parte alta de las faldas de los cerros, son usufructuadas individualmente por las familias campesinas; como explican los pocluseños: “todo tiene su dueño”. Estos terrenos están cercados, mayormente por pequeños pircos y cercos naturales: pequeñas hileras de cabuya (Fourcroya andina), frejolillo (Erytbrina spp.) o, en la parte baja, diferentes especies de arbustos espinosos o, en la parte alta, árboles como palo blanco (Celtis iguanea), shimir, pajul (Erythrina velutina) o zarzamora. Ultimamente se ha empezado a cercar las invernas con alambre de púas21.

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Mapa 10. Comunidad campesina de Poclús

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Como tierras comunales los campesinos de Poclús disponen únicamente de los bosques de Maray, según informa el presidente de la comunidad. Son alrededor de 50 hás. 22. Se trata de uno de los pocos bosques primarios que quedan en Frías, donde se encuentran árboles como paltón (Persea peavigata), puchuguero (Nectrandra spp.), palo blanco y suro.

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La información sobre la diferenciación interna en cuanto a las tierras de riego y secano conducidas por los campesinos se basa en el padrón de los comuneros 23. Actualmente hay 244 comuneros inscritos en este padrón24. Ellos conducen entre 0.5 (de riego o de secano) y 45 hás. de tierras (15 hás. de riego y 30 hás. de secano). Cuadro 19: Tenencia de tierra en la comunidad de Poclús

Fuente: Padrón de la comunidad de Poclús (1991). 76

En cuanto al número de parcelas por conductor, la conducción de 1 ó 2 lotes de tierra es más representativa: abarca al 77% de los comuneros. En cambio, el 19% de los comuneros conduce entre 3 y 4 parcelas, y solamente el 4% conduce de 5 a 7 parcelas diferentes. El acceso a las parcelas dentro de la comunidad puede tener los siguientes orígenes:

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a. Haber sido arrendatario o hijo de arrendatario de la hacienda Poclús.

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Durante la época de la hacienda los arriendos con riego se encontraban alrededor de la casa de la familia campesina; en cambio, las tierras de temporal tenían que ser solicitadas anualmente a la hacienda y podían estar más lejos, en las faldas de los cerros. Una familia en la hacienda trabajaba en promedio dos lotes de tierras.

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b. Haber participado en las invasiones de los terrenos directamente conducidos por la hacienda.

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Cuando se invadieron los terrenos de la hacienda Poclús, también participaron campesinos de los caseríos25 Cuicas, San Jorge y Frías, además de los campesinos de Maray que tomaron tierras las colindantes a sus antiguos arriendos.

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c. Haber comprado tierras entre los años 1973 y 1987; es decir, después de las invasiones y durante la existencia del grupo campesino.

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En esta época, así como durante los primeros años del funcionamiento de la comunidad, se vendieron tierras aunque los campesinos estaban informados que estas ventas eran ilegales. En las ventas de tierras se otorgaba preferencia a los colindantes. Sólo cuando todos los campesinos que ocupaban tierras alrededor del terreno en cuestión no tenían interés en adquirirlo, un campesino que no era del lugar podía comprarlo. En todos estos casos “había que pedir la entrada a los vecinos”, estos tenían que mostrar su conformidad con el nuevo vecino: los “malos antecedentes” podían ser una razón para impedir una transacción de tierras.

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d. Haber traspasado un lote de tierras de un comunero dentro de la comunidad.

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Esta modalidad se impuso a partir de 1986. Cuando se logró el reconocimiento legal de la comunidad campesina, se mantuvo la misma modalidad de transferencia de tierras; sin embargo, ésta no se denominó venta sino traspaso. Los campesinos explican que se trata solamente de traspasos y “se pagan las mejoras”; es decir, una indemnización por cultivos permanentes (invernas, plantas de guineo o cafetales) e infraestructura (cercos, puertas). Los directivos de la comunidad y de la ronda argumentan que, según la Ley de Comunidades, “las ventas de tierras no son permitidas”; pero concuerdan con los comuneros y las permiten, “pero dicen traspaso”26. Durante los primeros años los traspasos también eran permitidos a personas que no eran miembros de la comunidad; actualmente, sin embargo, estas transferencias de tierras se realizan exclusivamente entre comuneros.

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Estas diferentes formas de acceso a las tierras por parte de los comuneros explican la cantidad relativamente reducida de “lotes”27 que ellos trabajan. Se trata de parcelas que se encuentran, en su gran mayoría, en una misma zona ecológica, hecho que diferencia a los campesinos de Poclús de los campesinos de la sierra central y la sierra sur que conducen una gran cantidad de parcelas en diferentes pisos ecológicos.

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Los productos que se siembran en mayor cantidad en Poclús son maíz y trigo. Ambos son cultivos de tierras de secano, cuyas labores comienzan a partir de enero cuando se inicia la temporada de lluvias, y son sembrados en las laderas de los cerros en los alrededores de Maray y Poclús. Hasta los 2,400 metros se produce maíz y a partir de los 2,400 metros trigo, y en pequeñas extensiones arvejas y habas. Los pocluseños no siembran oca y olluco, y la papa solamente en cantidades insignificantes.

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Las parcelas de temporal son trabajadas durante unos 4 ó 5 años seguidos, hasta que el rendimiento es considerado bajo; luego se dejan descansar entre 2 y 10 años. Durante el

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período de descanso, estas tierras se utilizan para el pastoreo y la recolección de leña. Cuando son destinadas otra vez para el uso agrícola, se efectúa la roza y quema para preparar las nuevas siembras. 88

Los productos que se siembran bajo riego, en los alrededores de Maray y Poclús, entre los 2,000 y los 1,000 metros, son: guineo, café, caña de azúcar, frijol bayo y camote. La yuca es sembrada exclusivamente en la parte baja de la comunidad, aproximadamente, entre los 1,400 y 1,000 metros. Además, los campesinos disponen de invernas irrigadas sembradas con paja chilena o pasto elefante28.

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El sistema de riego se reduce a pequeños canales. En algunas quebradas, para superar obstáculos, pueden utilizarse troncos de hualtaco o de guayaquil. La mayoría de estos canales datan de la época de la hacienda y las diferentes tomas tienen entre 5 a 32 regantes. Los turnos de agua establecidos “por costumbre”, desde muchos años, están ligados directamente al terreno. Esto significa que la venta o el traspaso siempre incluye el turno de aguas. Para cada toma, el delegado de aguas asume la solución de los problemas que se producen entre los regantes y organiza las faenas de limpieza de los canales que se realizan en los meses de mayo o junio. Por lo general, el delegado de aguas mantiene su cargo durante muchos años y solamente se elige un nuevo responsable cuando se presentan quejas de los demás regantes.

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La organización del trabajo en la comunidad de Poclús se realiza principalmente mediante el préstamo de fuerzas, o sea, a través del trabajo recíproco: “toditos siembran, toditos ganan fuerzas”. De hecho, son pocos los campesinos que pagan la mano de obra o, como dicen, “ganan a la plata”29. Preguntando cómo se obtiene los peones necesarios para el trabajo en las parcelas, todos concuerdan que hay que “rogar” con anticipación. Los trabajos comienzan alrededor de las ocho de la mañana y duran hasta las 4 ó 5 de la tarde. Durante estas labores se proporciona en general tres comidas: desayuno y almuerzo, que las mujeres llevan a la chacra, y merienda que se consume en la casa del dueño de la parcela30.

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Todos los campesinos se quejan del frecuente incumplimiento de los peones: “son faltosos”, hecho que también afecta a las mujeres que llevan los alimentos a las chacras: “a veces vamos con el desayuno y 1 ó 2 peones mienten”. Sin embargo, la irresponsabilidad de los peones no es sancionada por la comunidad ni por la ronda. El peón 31 que no respetó un compromiso seguirá “ganando fuerzas” y trabajando con el vecino que había abandonado en otra ocasión. La razón del incumplimiento es, por lo general, una borrachera durante la noche anterior, y en estos casos los campesinos frianos son extremadamente tolerantes.

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En Frías los campesinos acostumbran terminar sus trabajos en uno o dos días, así que durante los trabajos con gran demanda de mano de obra, como la siembra del maíz en el mes de enero o durante los rozos en el mes de noviembre, se pueden reunir hasta 20 peones en una chacra.

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Durante las labores relacionadas al cultivo de maíz, entre los meses de enero y marzo, la demanda de mano de obra es alta. En estos casos, en las demás comunidades se organizan mingas, en cambio, en Poclús, se proporciona una alimentación de mejor calidad y cantidad, que se distingue por contener carne. Esto implica que las fuerzas, o sea, la mano de obra captada no tiene que ser devuelta32. Una estrategia para asegurar que los trabajos sean terminados en un mismo día y que los peones no se desanimen a trabajar,

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especialmente durante la época de lluvias, es ofrecer aguardiente denominado primera: “ se hacen agudísimos y terminan el trabajo”. 94

Hasta 1991, sólo un campesino de Poclús, pagaba jornales para trabajar sus parcelas. Él es residente en Frías y, además, comerciante de productos agrícolas y de ganado que lleva a Chulucanas y Piura. Este campesino fue el único que invirtió el crédito del Banco Agrario para pagar mano de obra y comprar fertilizantes. En 1991, considerando las altas tasas de interés, no solicitó crédito y vendió su ganado33 para seguir pagando a sus peones, pero tuvo que reducir su inversión en fertilizantes. Por no proporcionar las tres comidas a sus peones, este campesino paga el doble del jornal establecido en Poclús. Los demás campesinos solamente contratan peones en casos de emergencia.

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Las mingas son organizadas en caso de gran demanda de mano de obra. Se diferencian de las fuerzas por la abundancia de la comida proporcionada, lo cual implica que en estos casos las fuerzas no tienen que ser retribuidas. En Poclús se organizan mingas en dos ocasiones: a fines del verano, entre octubre y los primeros días de noviembre, para cargar la leña que la familia campesina necesitará durante los meses de invierno, y durante la preparación de las chacras para la siembra de maíz y trigo en terrenos que durante algunos años no fueron utilizados como campos de cultivo y que tienen que ser rozados. Sin embargo, en las mingas de abastecimiento de madera únicamente participan campesinos que son dueños de toros y que con sus animales pueden arrastrar los troncos desde el bosque hasta las casas.

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La minga es una estrategia para captar mano de obra que emplean, sobre todo, los campesinos que tienen que rozar grandes extensiones de tierras. Al mismo tiempo, una minga se parece a una fiesta. El día anterior, las mujeres comienzan con los preparativos para la comida: matan carnero o chancho para preparar el estofado con trigo pelado y chicha de guarapo o de maíz. La comida de las mingas se sirve en mates grandes que los campesinos llevan a casa para su familia. Después del trabajo, que por lo general dura hasta las cuatro de la tarde, se sirve primera a los participantes, solamente una o dos botellas; pero después se compra más aguardiente y todos terminan tomando hasta la noche.

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Los trabajos relacionados con las actividades ganaderas se realizan por lo general con mano de obra familiar. Las mujeres y niños ordeñan las vacas y desplazan, “mudan”, diariamente a los animales mantenidos a “la amarra” o a la “estaca”, hasta la acequia o la quebrada cercana para que beban. Cuando los terrenos no están cercados, se amarran los animales para impedir que causen daños en los sembríos propios o ajenos.

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Un problema grave para los campesinos de esta comunidad es la falta de pastos. Las invernas generalmente no abastecen las necesidades de los animales. A partir de setiembre la escasez de agua para el riego de las invernas agudiza este problema. Por lo tanto, después de la cosecha de maíz, a partir de setiembre, el ganado vacuno es llevado a los tarayales, o sea, a los rastrojos en las chacras de maíz y trigo. Allí permanecen hasta que se inicie la siembra del maíz, en enero, y se regenere el pasto en las invernas, esto permite además abonar las parcelas de secano. Los campesinos que disponen de pocos animales arriendan una parte de sus tarayales. Durante los últimos años la asamblea comunal, en coordinación con la ronda campesina, decidió que el arriendo de estos tarayales se permita exclusivamente a los comuneros; acuerdo que hasta el momento no se cumple, aunque la cantidad de foráneos que arriendan pastos en Poclús ha disminuido34.

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En los potreros de Maray, El Tuno y El Guayabo donde se siembra maíz y trigo, los rastrojos son usufructuados de una manera distinta. Estos potreros datan de la época de la hacienda, en la que fueron los arriendos secos de los ex-colonos35. En estos potreros las diferentes parcelas no están cercadas y después de la cosecha, las familias determinan cuándo “van a echar el ganado” y qué número de animales puede ingresar por familia36.

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En Maray la decisión sobre la fecha y la cantidad de animales que ingresan al potrero se toma en coordinación con el presidente de la ronda campesina y el teniente gobernador del sector, en asamblea de la ronda campesina. En los terrenos de El Tuno y El Guayabo hasta el año 1990 se realizaba un rodeo para evitar que los animales foráneos entren a estos potreros. En 1991 no se organizó el rodeo ni se reglamentó la cantidad de animales que cada campesino podía llevar a pastear37. Los campesinos involucrados lamentaron la desorganización y proponen que se vuelva a organizar un rodeo en 1992, donde se cobre las multas respectivas en caso de encontrar animales de foráneos.

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En síntesis, si se considera la relación entre la comunidad de Poclús y los comuneros que conducen parcelas dentro del territorio de la comunidad, es evidente que la propiedad comunal de las tierras es más una ficción impuesta por la legislación sobre comunidades que una realidad concreta. Los pocluseños se consideran dueños de las tierras que venden o, como lo denominan, traspasan y arriendan. Como única excepción se debe mencionar a los recursos forestales de Maray, que la tenencia comunal protegió de la depredación por campesinos foráneos. Sin embargo, los diferentes intentos de la directiva comunal de controlar el uso de los recursos forestales no fueron hasta ahora muy exitosos. Aunque existe la preocupación por la preservación del bosque, no se reglamenta la cantidad de árboles que cada familia campesina puede talar, ni se discute seriamente sobre la reforestación. Tampoco se plantea impedir el acceso a este recurso como sanción a los comuneros que no respetan los acuerdos de la asamblea comunal.

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Se puede constatar que los campesinos de Poclús organizan la mayor parte de su producción y reproducción a nivel familiar, empleando estrategias personales, como el intercambio de fuerzas entre parientes y vecinos. En este aspecto, la organización de la producción de un comunero de Poclús no se diferencia en forma sustancial de la organización de la producción de un pequeño propietario, por ejemplo, de San Antonio. La organización del uso de los recursos, de los tarayales, en los tres potreros mencionados se basa más en un acuerdo colectivo de los posesionarios de estos potreros, que en una decisión tomada por la asamblea comunal. Es notoria aquí la importancia que tienen los tenientes, autoridades que datan de la época de la hacienda, y de la nueva forma organizativa: la ronda campesina.

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De hecho, la organización comunal interviene en forma muy marginal en el proceso de producción de los campesinos, a partir de la prohibición de arrendar pastos o tarayales a foráneos. Sin embargo, queda por discutir si estas preocupaciones sobre el manejo del ganado fueron planteadas por la ronda campesina o por la organización comunal.

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Para los comuneros de Poclús38, el hecho de pertenecer a una comunidad campesina significa sobre todo una mayor tranquilidad, que se logra a través de una serie de normas que son reconocidas cada vez más por un mayor número de campesinos y que permiten una “vida mejor”. Más adelante se verá que la condición de comunidad campesina permite organizar algunos servicios para los comuneros, como la molienda de grano, la compra de fertilizantes o los programas de vacunación del ganado. Pero la importancia de la comunidad como entidad de gestión de proyectos depende no sólo de su buen

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funcionamiento interno, sino también de la existencia de programas de desarrollo a nivel del Estado o de los organismos privados.

La comunidad campesina de Poclús 105

Comparando la vida en la hacienda con la vida en la comunidad de Poclús, todos los campesinos subrayan que la situación mejoró y comentan que “ya las tierritas son propias”, “soy dueño de mi terreno”, “ya no hay abusos”. Sin embargo, para todos ellos, en estos últimos años se sufre de la “carestía” y la falta de créditos. Además, muchos jóvenes se quedan sin tierras pues éstas no alcanzan y, cuando terminan la secundaria tienen otras aspiraciones: quieren “progresar”, “ya saben y van a la ciudad y no encuentran trabajo, ¿qué hacen con la cabeza llena de letras?”. Los comuneros van aprendiendo a manejar una forma organizativa que les puede permitir solucionar algunos de sus problemas, pero aún tienen que enfrentar muchos más que son de orden interno como externo.

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En octubre de 1986, los campesinos de Poclús lograron el reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina Luis M. Sánchez Cerro de Poclús y la adjudicación de 2,116.8 hás.. En presencia del técnico del Ministerio de Agricultura, se informaron sobre el procedimiento para la inscripción de la comunidad en los Registros Públicos. Para tal efecto, se requiere el plano catastral y los estatutos internos de la comunidad. La propuesta de estatutos internos la elaboró el técnico del Ministerio y es una adecuación de la Ley de Comunidades Campesinas vigente en aquel entonces39. Sobre la tenencia y el usufructo de la tierra se fijaron los siguientes límites: 15 hás. para las tierras de riego y 30 hás. para las tierras de secano. Este reglamento, que fue redactado para cumplir con los requisitos oficiales, no ha tenido ninguna función normativa dentro de la comunidad40.

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Entre 1986 y 1988 la directiva de la comunidad estaba conformada por siete personas: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y dos vocales. Sin embargo, el presidente no coordinaba con los demás directivos: “era todo, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, todo lo quería para él”, recuerda Valeriano B. en aquel entonces vicepresidente de la comunidad. Desde 1987, la dirigencia ha estado a cargo de Nicanor A. C, quien en 1986 fue “gestor” para la tramitación del título de la comunidad. En las asambleas comunales41 se trata casi exclusivamente los asuntos relacionados con “proyectos”. Revisando el Libro de Actas durante estos años se percibe la poca participación de los comuneros en la mayoría de las asambleas. Una mayor asistencia se produce solamente cuando hay visitas de las autoridades del distrito, como el alcalde o el gobernador, o de las autoridades de la oficina de la Micro-Región.

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En 1986 la comunidad de Poclús recibió un crédito de 1/. 88,103.64. Fue el primer crédito proveniente del programa de FODRUP (Fondo de Desarrollo Rural), línea de créditos para infraestructura y actividades productivas a cargo del Banco Agrario42. Una primera propuesta elaborada por los técnicos de la oficina de la Micro-Región fue comprar ganado mejorado para constituir una empresa comunal, previendo jornales para un “pastor comunal”. No se consideró que la comunidad no cuenta con los terrenos adecuados para tal proyecto.

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La segunda propuesta aprobada por los comuneros fue la compra de un molino para trigo y maíz, que comenzó a funcionar a mediados de 1987. En este mismo año se recibió I/. 61,911.70, del programa de apoyo a las comunidades FOCCAN (Fondo de Apoyo a Comunidades Campesinas), destinado casi íntegramente a la construcción del local

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comunal en Poclús, así como a la compra de cemento y calamina y la construcción de dos aulas para las escuelas en los sectores Poclús y Maray. Los comuneros iniciaron los trabajos para la construcción del local comunal en mayo de 1987 y cada comunero se comprometió a colaborar con 50 adobes. Los comuneros no residentes o eventuales de la comunidad tenían que contribuir con madera. 110

En 1987 y 1988 Poclús siguió recibiendo apoyo por intermedio de los programas de FOCCAN. En 1987 recibieron I/. 170,000.00 y la mayor parte de este dinero se invirtió en la construcción de la casa comunal, con el 20% se compró útiles escolares que fueron distribuidos a los alumnos de la comunidad. En 1988 se recibió I/. 400,000.00 del FONDEC 43 , destinados a la instalación de un “centro de acopio y almacenamiento de semillas y alimentos en la casa comunal” y a la compra de “mobiliario para la casa comunal” (LA-CC: mayo 1988). Sin embargo, ninguna de las dos obras llegó a realizarse.

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Durante este período, los planteamientos referidos al funcionamiento interno de la comunidad que, a la vez, eran discutidos en asamblea se orientaban básicamente hacia el control de los recursos forestales de Maray. En mayo de 1987 se prohibió “talar indiscriminadamente” el bosque y se dispuso que la tala podría ser realizada exclusivamente con el permiso de los directivos. La protección del bosque sería asumida por la ronda campesina.

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En mayo de 1988 la asamblea comunal acordó prohibir el arriendo de pastos a foráneos. La intervención de la asamblea comunal en la solución de los conflictos por tierras era todavía mínima: solamente fueron tratados seis casos. En mayo de 1987 se fijó que “todo comunero que venda tierras, tiene que dar una aportación económica a la comunidad, y así se tenga un aporte económico mayor” (LA-CC: mayo 1987). Por lo tanto, el “vendedor” aportaría a la comunidad I/. 100.00 por hectárea de secano y I/. 200.00 por hectárea de riego. Actualmente, los comuneros critican que durante estos años la mayoría de las transferencias de tierras se realizó solamente entre las partes, en presencia del presidente de la comunidad, sin darle la posibilidad a los demás comuneros de intervenir o hacer valer sus intereses.

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En diciembre de 1989 se realizaron las elecciones comunales donde fue reelegido el presidente de la comunidad, Nicanor A. C. Esta reelección se dio con los votos de los comuneros no residentes o eventuales, que apoyaban a A. C. porque les garantizaba la conducción de sus parcelas sin exigirles mayor participación en las asambleas ni colaboración en los trabajos comunales. Una fracción cada vez mayor de comuneros estaba descontenta con la gestión de este presidente; le reprochaban que los fondos recibidos para la comunidad no fueron administrados claramente. El descontento de los comuneros con el presidente reelegido se basaba, además, en el mal manejo del molino comunal y las arbitrariedades en el empadronamiento de las tierras. Finalmente, los demás directivos se distanciaron del presidente de la comunidad, por lo que a partir de enero de 1989 se puede percibir un cambio en la administración comunal.

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Desde enero hasta julio el vicepresidente asumió la dirigencia de la comunidad; acusaron al presidente electo de no rendir cuentas sobre el estado financiero de la comunidad y de no entregar los documentos que tenía en su poder, sobre todo el Padrón Comunal. La nueva directiva disponía solamente del Libro de Actas, que se encontraba en poder del secretario. En este contexto, la mayoría de comuneros acusó al presidente de malversar fondos y buscó apoyo para llevar a cabo nuevas elecciones comunales, disponiendo que los comuneros no residentes o eventuales no tendrían derecho a voto ni a ejercer cargos en la comunidad. En abril de 1989 se dirigió una carta a la CORPIURA, al gobierno y a la

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FRADEPT declarando a Nicanor A. C. como “adversario de la comunidad” y exigiendo “su renuncia irrevocable... Los miembros de su directiva que lo acompañan, caso de no haber nuevas elecciones, no podrán seguir trabajando por la usurpación de funciones del actual Presidente reelegido por comuneros externos” (LA-CC: abril 1989). La carta fue firmada por el vicepresidente, secretario y tesorero. 115

Como no se convocó a nuevas elecciones, los directivos renunciaron y se designó al teniente gobernador de Poclús como “autoridad principal”.

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A fines de julio de 1989, después de la intervención del presidente de la FRADEPT, de algunas autoridades distritales (alcalde, gobernador político) y de la Guardia Civil de Frías, se logró la realización de nuevas elecciones comunales y Nestor M. P. asumió la presidencia de la comunidad.

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Este conflicto por la presidencia de la comunidad inició una discusión entre los comuneros no sólo sobre las funciones del presidente, sino también sobre cómo lograr una organización más efectiva del régimen comunal. La primera acción de la nueva junta directiva fue el reempadronamiento de los comuneros, acción que causó una gran preocupación entre los comuneros eventuales, como son denominados oficialmente desde esta fecha los campesinos que, conduciendo tierras en la comunidad, no residen en ella permanentemente. Los eventuales temían tener que abandonar sus chacras en Poclús44. Se trataba sobre todo de los campesinos miembros de las comunidades de San Jorge y Cuicas que tenían tierras en Poclús45.

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Aunque no faltaron quienes intentaran aprovechar esta coyuntura para tratar de deshacerse de enemigos, es de notar que no solamente los eventuales sino también los comuneros residentes o hábiles buscaron y encontraron una salida para esta contradicción en la misma Ley de Comunidades, basándose en el inciso d) del Artículo 1 46. La tenencia de tierras en dos comunidades diferentes fue declarada una “costumbre” característica para la zona de Frías. El argumento que convenció a los campesinos de Poclús sostenía que descalificar a los eventuales implicaba innumerables juicios y problemas. En estos años, al interior de muchas comunidades de la sierra piurana se dieron numerosos juicios por tierras: la falta de conocimientos de los comuneros sobre la autonomía comunal fue hábilmente aprovechada por algunos jueces y abogados que alentaban a los campesinos a formular denuncias. Algunos conflictos por tierras en Frías ya habían causado muertes, de tal forma que se optó por priorizar “la costumbre” y aceptar a los comuneros eventuales con derecho a voz, pero sin derecho a voto en las asambleas, y con la obligación de participar en las faenas comunales. Al mismo tiempo, se decidió ser más severos en los traspasos y ejercer un mayor control, de manera que éstos no se efectúen con comuneros foráneos.

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La necesidad de un nuevo empadronamiento se convirtió en urgencia en la medida que el ex-presidente no entregaba la documentación que se requería para la gestión de préstamos ante el Banco Agrario. También se descubrió que algunos campesinos, con el fin de recibir mayores créditos, se empadronaron con mayores extensiones de tierras. Por lo tanto, se decidió ser más exactos en lo referente a la cantidad de hectáreas que declarara cada comunero. En la zona de Frías los campesinos no miden la extensión de las parcelas en hectáreas sino en base a la cantidad de semillas sembradas en el terreno 47.

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Los problemas con el antiguo presidente siguieron durante la administración de Néstor M. P. Nicanor A. C. denunció a la comunidad y a la nueva directiva comunal en la Fiscalía de Ayabaca. Esta denuncia fue firmada por algunos comuneros que después declararon haberlo hecho “por engaños”, pensando que el documento era para una gestión frente al

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Banco Agrario. Por lo tanto, la directiva de Néstor M. P. decidió denunciar al expresidente en la Fiscalía de Ayabaca, acusándolo de venta de tierras comunales “en calidad de adjudicación”, de obstaculizar los créditos de los comuneros frente al Banco Agrario, de denunciar a la actual directiva comunal con firmas falsificadas y de malversación de fondos (LA-CC: diciembre 1989). 121

En junio de 1990 se organizó la primera actividad comunal. Contando con una organización más fortalecida, se decidió realizar en una misma jornada las siguientes actividades: contrarresto de gallos, baile social, rifa de un molino de mano, partido de fulbito y juego de casinos, invitando a los comuneros de la vecina comunidad San Andrés de Cuicas. Los fondos recaudados en esta actividad fueron destinados a cubrir los gastos del juicio en Ayabaca, la compra de fertilizantes para la venta a los comuneros, así como al pago de la reparación del molino comunal para ponerlo nuevamente en funcionamiento.

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En diciembre de 1990, se llevó a cabo sin problemas las nuevas elecciones comunales, y la nueva directiva fue encabezada por Claudio M. C. Recién durante la juramentación de esta directiva, en enero de 1991, Nicanor A. C. entregó los últimos documentos a la comunidad, pero el libro de caja “se ha perdido”.

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Con esta nueva directiva se realizan, por lo general, dos asambleas ordinarias al año. La primera en el mes de enero, para fijar, por un lado, las cuotas que en caso de empadronamiento deben ser abonadas por los comuneros según las hectáreas de tierras de riego o de secano y, por otro lado, las contribuciones que se pagan a la comunidad en caso de traspasos. La segunda asamblea se realiza a fin de año, en diciembre, para informar sobre el estado financiero de la comunidad. La asistencia a las asambleas comunales continuó siendo un problema. Si bien se acordó cobrar multas a quienes no asistan, la participación de los campesinos siguió siendo baja, con excepción de aquellas asambleas en las que se reciben “visitas”, sobre todo si éstas llegan de Piura48. Otra preocupación de esta directiva ha sido mantener el molino comunal y controlar en forma más efectiva los ingresos generados por este servicio.

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Las asambleas extraordinarias se efectúan cuando se presentan problemas específicos, como en junio de 1991, cuando se invitó a dirigentes de la FRADEPT y a un representante del Ministerio de Agricultura para informar sobre la política agraria del gobierno de Fujimori. Otra razón para convocar a asambleas extraordinarias sigue siendo la necesidad de organizar actividades que recauden fondos para la comunidad.

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El hecho que la directiva comunal decidiera organizar solamente dos asambleas ordinarias durante el año, condiciona que la asamblea no pueda efectuar el control de las transacciones de tierras, pues se restringe la posibilidad de que los comuneros las objeten. No obstante, el control de los traspasos es realizado por los directivos de la comunidad, especialmente por el presidente, el secretario y el tesorero. Las partes que desean traspasar un terreno tienen que informar a los directivos para la modificación del patrón comunal y la expedición de certificados de posesión, en caso que ello se requiera. Cuando esto se produce, también se aporta la cuota que percibe la comunidad por el traspaso. Sobre estas cuotas no existe una reglamentación directa; la cantidad es fijada “según voluntad”, pero se aporta finalmente alrededor del 10% del valor del traspaso.

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Cada transferencia de tierras se legaliza mediante la inscripción en el padrón comunal; los costos del empadronamiento fueron establecidos por la asamblea de mayo de 1991 49. Generalmente, un testigo informa sobre la aceptación de los colindantes. Desde 1989 no se

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efectuaron traspasos a campesinos foráneos. De todas formas, sorprende la poca aceptación por parte de los comuneros del control sobre el traspaso. En la encuesta realizada a fines de 1991 se preguntó: “¿Piensa Ud. que la comunidad debe intervenir y controlar cuando se hacen los traspasos?”, el 85% de los encuestados, opinaba “no”; y sólo el 4% estimaba que “si”, incluido el presidente de la comunidad50. Los comuneros critican sobre todo la obligación del “vendedor” de aportar un porcentaje a la comunidad. 127

En el caso de surgir contradicciones sobre las decisiones a tomar, los directivos de Poclús consultan la Ley de Comunidades Campesinas. Actualmente, la gran mayoría, 89%, afirma conocer lo dispuesto por esta Ley, pero el mismo porcentaje no tiene conocimientos acerca de la propiedad comunal de las tierras ni sobre la posibilidad que tiene la asamblea comunal de descalificar a un comunero en caso de faltas graves. Entre los comuneros de Poclús se ha difundido que la calificación de una persona como comunero en dos comunidades no está permitida por esta Ley, así lo manifiesta el 96% de los encuestados. Para el 100% la solución adecuada en tal caso sería traspasar las tierras a una de las comunidades, pagando las mejoras51.

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Hay que reconocer que la asamblea comunal no dispone de medios de coerción para sancionar en forma efectiva a los campesinos que burlan las decisiones tomadas por la mayoría ni para garantizar que los acuerdos tomados sean respetados. La única medida que puede tomar esta comunidad es multar al infractor con una suma correspondiente a un jornal. La medida, sin embargo, no es suficientemente drástica como para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. No se ha logrado hasta el momento impedir el uso de los recursos comunales (los recursos forestales de Maray), principalmente porque sólo una pequeña fracción de los comuneros es consciente de este problema.

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Solamente el 19% de los comuneros considera que “no respetar los acuerdos de asambleas” es el problema más grave de la comunidad. En cambio, el 77% opina que en Poclús no hay problemas graves. Desde el punto de vista de muchos comuneros, el mayor problema en los últimos años ha sido el conflicto por la dirigencia comunal, el cual consideran ya solucionado. Si bien hasta el momento los juicios siguen pendientes, ambas partes han dejado de preocuparse por los trámites en Ayabaca. El antiguo presidente, Nicanor A. C, no asiste a las asambleas, hecho que no es lamentado por los comuneros. El rechazo este personaje todavía se percibe en Poclús, sobre todo en aquellas personas que han sido denunciadas por él. Pero esto no influye negativamente en la organización de su producción, porque a nivel de parientes logra ganar las fuerzas necesarias para el trabajo en sus parcelas.

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En 1986, cuando se gestionó el reconocimiento comunal, se elaboró un reglamento interno para cumplir con el requisito que exigía la inscripción en los Registros Públicos. En el artículo 44, capítulo XIII, referente a la tenencia y usufructo, se prohíbe “el acaparamiento de tierras” y se fija como límites para los comuneros 15 hás. de tierra de riego y 30 hás. de temporal. La “costumbre” con la que se realizan los traspasos permite la consolidación de parcelas mayores. En Poclús no existe ninguna preocupación en torno a la posibilidad que mediante los traspasos se beneficien comuneros que disponen de pocas tierras52. No se discute sobre la extensión de las parcelas conducidas por un comunero y no hace de ello un argumento para objetar un traspaso. Los colindantes son los que tienen la preferencia, sin reparo de la extensión que conducen. Además, es sintomática la respuesta del 75% de los comuneros que “no saben” si la comunidad tiene un reglamento interno.

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Como se ha visto, existen ciertas diferencias entre las expectativas de los comuneros y la posición de los directivos. No obstante, el 33% responde a la pregunta sobre “¿Quiénes representan los intereses del campesino?”, afirmando que es “el presidente de la comunidad”. Para el 100% de los encuestados la mayor autoridad la tiene el presidente de la comunidad.

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El prestigio que goza la actual dirigencia comunal, se origina en parte en la buena situación económica de sus integrantes. Los campesinos de Poclús consideran que contar con mayores recursos económicos es una ventaja para realizar las diversas gestiones frente a las entidades estatales en Piura y enfrentar los posibles juicios en Ayabaca. Además, se espera que los directivos alojen a los “visitantes” en sus casas, sean estos los representantes del Ministerio de Agricultura, de la Región Grau o los dirigentes de la FRADEPT. Algunos de los miembros de la directiva actual cuentan con una trayectoria anterior como dirigentes. El presidente de la comunidad fue el último presidente del grupo campesino y uno de los enjuiciados por la defensa de los bosques de Maray; el secretario ha desempeñado el cargo de presidente de la comunidad y tuvo que asumir un juicio en Ayabaca; el tesorero es el teniente gobernador del caserío de Poclús, cargo que desempeña con mucho reconocimiento por parte de los pocluseños desde el tiempo de la hacienda y, además, ha sido secretario de la ronda campesina.

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En resumen, la organización comunal en Poclús es el resultado principalmente de la influencia de factores externos. El reconocimiento legal como comunidad campesina constituyó la mejor opción que se podía tomar en 1986 (además de ser la más barata) para la adjudicación definitiva de las tierras. Los programas de apoyo del gobierno de Alan García fueron un incentivo más: “estábamos contentos con Alan García”. Por otro lado, hay que subrayar que todos los programas de apoyo no lograron mejorar las condiciones productivas de los comuneros de Poclús, más bien, causaron innumerables problemas internos, fenómeno que actualmente es reconocido por muchos campesinos en Frías: “cuando llega la plata, llegan los chismes y los problemas”. Si bien los fondos de desarrollo para las comunidades no sirvieron para desarrollar la producción, los conflictos surgidos alrededor de estos “proyectos” obligaron a los campesinos a asumir con mayor conciencia y responsabilidad las funciones organizativas inherentes a la administración comunal.

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Durante el gobierno de Alberto Fujimori no existen factores externos que intervengan para cohesionar la organización comunal. No se dan programas de apoyo ni se ejecutan medidas específicas en beneficio de las comunidades campesinas. Más bien, la actual legislación agraria y los posibles cambios son percibidos como nuevas agresiones a las comunidades campesinas.

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De hecho, el impulso más significativo para la organización comunal ha provenido del movimiento de las rondas campesinas. A diferencia de la comunidad campesina, estructura impuesta desde arriba por la legislación agraria, las rondas surgieron desde las bases como una organización de autodefensa y es actualmente el gran orgullo del campesinado serrano de Piura53.

La ronda campesina de Poclús 136

El funcionamiento regular de la ronda campesina en Poclús se inició en marzo de 1987, cuando los ronderos comenzaron a llevar un Libro de Actas (LA-RC) documentando los problemas que trataban en su asamblea. Ese año, el problema mayor, el abigeato, había

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sido solucionado por los ronderos y la ronda se dedicaba a la protección de los bosques y a la solución de los conflictos producidos por daños en los cultivos. No obstante, sus asambleas se realizaban todavía en forma irregular. 137

En febrero de 1989 se dio el primer intento de coordinación más estrecha entre las acciones de la comunidad y de la ronda campesina. Con la elección de una nueva directiva, los ronderos de Poclús decidieron su reorganización54. “Se reunieron los comuneros en un ambiente de la casa comunal para tratar de asuntos respecto al comité de autodefensa” (LA-RC: febrero 1989). Al mismo tiempo, se determinaron las cuotas que debía aportar cada uno y los castigos a los que no colaboraran: “veta o conducir a la Central de Rondas” (LA-RC: febrero 1989). Se normaron también los turnos de ronda de los campesinos. Unos meses más tarde solicitaron la visita de los directivos de la Central de Rondas para que asesoraran a la nueva directiva, conformada ahora por 12 cargos 55. Los comités de rondas de Poclús y Maray están afiliados a la Sub-Central de Cuicas.

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Durante esta segunda fase, hasta diciembre de 1990, el comité de rondas ha resuelto un sin número de problemas. Los “arreglos” se efectúan casi íntegramente entre las partes involucradas y los directivos del comité de ronda56. Los campesinos llegan a la casa del presidente y le informan de sus problemas; en Poclús son raras las denuncias presentadas por escrito. Luego, el presidente, en coordinación con los demás directivos, pero sobre todo con “su” secretario, llama a las partes involucradas para “el arreglo”, que se hace en su casa. Los problemas que se presentan son, por lo general, daños de animales en las chacras, pérdida de un poncho, “malas palabras”, de linderos, de traspasos de tierras, de chismes, conflictos familiares y violencia doméstica.

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La gran aceptación de la ronda en estos años es patente si se consideran todos los problemas que logró solucionar a nivel de base. Las sanciones variaban entre el castigo con chicote —como por ejemplo a dos campesinos que “pelearon borrachos” y recibieron “una porción de latigazos para ambos que se comprometan a llevarse bien”— y la multa, sobre todo en los casos de daños. Algunas faltas pueden ser perdonadas, siempre que el denunciado se comprometa a “portarse bien”. La autoridad de la ronda campesina ha logrado afirmarse y se recurre a ella para arreglar todo tipo de contradicciones que surgen entre los pocluseños.

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En noviembre de 1989, el Comité de Ronda convocó a los directivos de la Sub-Central para que actúen como intermediarios entre el ex-presidente, que en aquel entonces no había entregado la documentación completa a la nueva directiva comunal, y los comuneros. La inasistencia del denunciado a la citación de la ronda trae como consecuencias una sanción por la base, el llamado a la Central o la denuncia al puesto de la Guardia Civil en San Jorge.

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Durante estos años la ronda organizó diferentes actividades orientadas a recaudar fondos para la construcción del local del colegio secundario y la compra de cuadernos y lapiceros, los cuales luego serían entregados “como donación de las autoridades de esta comunidad campesina para favorecer a los alumnos del colegio secundario” (LA-RC: abril 1990). Además, los fondos recaudados por la ronda se prestaron a los directivos de la comunidad para asumir los gastos en el juicio que mantiene la comunidad con el expresidente (LA-RC: diciembre 1989). La ronda también convocó a los trabajos comunales para la construcción del colegio secundario y, en febrero de 1990, visitó las bases de rondas de los caseríos de Naranjo, Molino, Pampa Grande y Maray para “buscar recurso humano para el funcionamiento de la secundaria” (LA-RC: febrero 1990).

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En enero de 1991 se juramentó a la nueva directiva en presencia de los dirigentes de la Central de Rondas y del alcalde como su asesor. La juramentación de los directivos siempre cuenta con la presencia de un representante de la Central, quien da una charla y “asesora” a los ronderos de la base. En esta ocasión se decidió “mejorar la organización de la ronda campesina y coordinar actividades con la comunidad campesina (LA-RC: enero 1991). Además, se determinó organizar asambleas de ronda cada primer domingo de mes, acuerdo que ya había sido tomado en 1987, pero que hasta el momento no se había cumplido. También en 1991 se reorganizó el comité femenino. La presidenta de este comité fue designada en una asamblea. En su ausencia, su esposo se comprometió por ella y, finalmente, aceptó la responsabilidad “porque la comunidad lo quiso”.

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La coordinación entre la ronda y la comunidad se convirtió en una relación fructífera; ambas organizaciones se complementan. Realmente, los dos comités de ronda funcionan como “comités especializados” dentro de la organización comunal. La relación entre los comuneros del sector de Maray57 y la directiva comunal se articula básicamente a nivel de la organización ronderil, que también convoca a los trabajos comunales del sector y soluciona los conflictos más inmediatos: daños en los sembríos, problemas familiares, pequeños robos y otros. Esta relación entre la organización rondera y la organización comunal no es, de ninguna manera, una relación típica del distrito de Frías. Sin embargo, no son pocas las comunidades en las que existen rivalidades abiertas entre ambas formas organizativas.

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A fines de 1991, la mayor preocupación de los ronderos era la insuficiente participación en el servicio rondero de los comuneros eventuales con chacras y ganado en la comunidad. Estos eventuales, sin colaborar con el comité de ronda, se benefician de sus servicios. En el distrito de Frías, por lo general, se exige a cada campesino participar en el comité de ronda en cuyo territorio dispone de tierras. Cuando estos no pueden colaborar con el servicio de ronda, tienen que aportar cuotas “según sus posibilidades económicas”. Esta es también la propuesta del comité de ronda de Poclús58. La ronda se opone al arriendo de los rastrojos a campesinos foráneos, teniendo en cuenta que no se dispone de muchas posibilidades para obligar a estos campesinos a cooperar con los ronderos. En enero de 1992, los ronderos del comité de base de Poclús todavía salen regularmente a rondar durante dos noches por semana.

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Actualmente, las mujeres del comité femenino concurren a las asambleas de la ronda, pero todavía no participan activamente en las discusiones. Se ha determinado que, durante el domingo de reunión, las “cantinas”, las tiendas que venden primera, permanezcan cerradas. Cada asamblea comienza con el himno nacional. Luego los miembros del grupo juvenil organizado por la parroquia de Frías hacen una corta lectura de la biblia y se reza un Padrenuestro. En cada asamblea los directivos hacen un informe y, aunque existe una “agenda”, esto no impide que los presentes puedan plantear otros problemas. Todos los presentes pueden intervenir. En el caso de generarse demasiado desorden, llaman a los responsables de la disciplina, rol que asume el comité femenino con el chicote en la mano.

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Los trabajos comunales en el sector de Poclús, como la limpieza del pueblo, las faenas en el colegio secundario o en la capilla, son coordinados en la asamblea mensual de la ronda. En estas ocasiones también continúan discutiéndose los traspasos de tierras y la solución a los casos de daños, problemas entre esposos, chismes y pleitos surgidos por “borracheras”. Lo que cambió desde enero de 1991 es que estos casos se discuten en público y, por consiguiente, los castigos también se aplican a vista de todos. El control social aumentó:

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un castigo físico no es solamente doloroso, sino también vergonzoso. Aumentaron las denuncias presentadas por mujeres, que notifican a la asamblea cuando son golpeadas. Se presentan casos como el de una señora que denuncia a su esposo por darle un “manazo”. El marido argumenta que la vio con otro, pero la asamblea determina que debe ser castigado con “pencazos”. Es muy probable que algunos de los asistentes que optan por el castigo, en su momento, también hayan dado “manazos” a sus esposas en alguna ocasión. 147

Los campesinos de Poclús están conformes con esta nueva modalidad de realizar las asambleas, como lo manifiesta un campesino: “es bonito reunirse para hablar y escuchar”. En estas asambleas se discute, además, las posibilidades de que se dispone para obligar a los campesinos a cumplir con los acuerdos tomados por mayoría, sea por la comunidad, sea por la ronda. Todos los comuneros que no han cumplido con los trabajos comunales son nombrados y uno por uno tiene que dar su explicación para que, finalmente, la asamblea decida como proceder. El secretario de la comunidad aprovecha la asistencia de alrededor de 60 comuneros y ronderos para informar sobre las razones que ameritan la descalificación como comuneros, basándose en el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas59 que pudo adquirir en la FRADEPT, y procede a leer los diferentes artículos a la asamblea.

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Vemos que las asambleas de la ronda en Poclús se han convertido en una plataforma de discusión y una ocasión para lograr la consolidación de la comunidad, permitiendo un debate sobre las normas que determinarán un funcionamiento cada vez mejor.

III. LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MARTÍN DE CHALLE GRANDE La reforma agraria en Challe Grande 149

Los campesinos de Challe y de Silincho, arrendatarios de la hacienda Pariguanás, recibieron la noticia de la reforma agraria mediante la radio, como los campesinos de la hacienda Poclús. En 1972, Juan Checa Solari vendió algunas tierras de la hacienda. Se trataba exclusivamente de invernas en los sectores de Pariguanás y Santa Rosa; en esa oportunidad los campesinos de Challe y de Silincho no compraron tierras.

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Durante los primeros años de la reforma agraria no se perciben grandes cambios en Challe. Durante los años sesenta la presencia de la administración de la hacienda era relativamente débil para los arrendatarios y destajeros. Recién a partir de 1970 los campesinos dejan de pagar el arriendo a la administración de la hacienda.

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La presencia campesina se expresaba a través de los representantes de los patrones que detentaban el poder y la autoridad y mantenían el orden. Al desaparecer este sistema administrativo surgió un vacío de poder, y muchos de los conflictos se solucionarion en forma violenta. Eran frecuentes las peleas con puñaleta y el poncho envuelto en el brazo causadas por las borracheras, chismes o “malas palabras”. El robo del ganado entre vecinos fue aumentando y los casos no se aclaraban recurriendo al puesto de la Guardia Civil en Frías. Los problemas originados por las ventas de tierras creaban un clima de incertidumbre cada vez mayor. Junto con la autoridad de la hacienda habían dejado de existir las estructuras necesarias para garantizar el orden en el campo. La única autoridad a nivel de caserío en aquellos años la representaban los tenientes gobernadores, sin

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embargo, algunos no lograban combatir a los abigeos y otros colaboraban directa o indirectamente con los ladrones de ganado.

Del grupo campesino al reconocimiento de la comunidad 152

Recién en 1976 llegaron a Frías los técnicos de la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura encargados de supervisar el proceso de afectación de las tierras. La primera acción realizada por estos técnicos fue el empadronamiento de los beneficiarios de la reforma agraria, contando para este efecto con el apoyo de los tenientes gobernadores. En este primer empadronamiento los campesinos de Challe Grande fueron incluidos con los de Pariguanás. Se empadronaron solamente 36 ex-arrendatarios, un número reducido de campesinos enterados del procedimiento y de las ventajas del empadronamiento. En Challe Grande, como en Poclús, pocos campesinos recuerdan esta fase de la reforma agraria.

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Cuando se organiza la Liga Agraria en 1978, la población de Challe Grande tenía poca información sobre el funcionamiento del proceso de adjudicación, siendo excepcionales las intervenciones directas del presidente de la Liga Agraria en esta zona. La distancia entre Challe Grande y el sector de Pariguanás, hora y media de camino, fue el principal argumento para decidir, ese mismo año, constituirse como grupo campesino independiente. Se formó el Grupo Campesino San Martín de Challe Grande con 97 socios, un número tres veces mayor que el de los inscritos en el primer empadronamiento. La organización del grupo obedeció exclusivamente a las propuestas de los representantes del Estado que incluía la aprobación del estatuto del grupo campesino, cuyas normas en ningún momento determinaron el funcionamiento del grupo.

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En cuanto a la tenencia de tierra, la composición de los integrantes del grupo campesino era extremadamente heterogénea. Como socios se integraron campesinos que usufructuaban parcelas desde 0.8 hás. hasta 263 hás. Si bien el Grupo Campesino San Martín de Challe Grande formalmente era dirigido por un Comité de Administración, con un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal, y por un Comité de Vigilancia, compuesto por presidente, secretario y vocal, en la práctica el presidente del Comité de Administración fue el que coordinó con el presidente de la Liga Agraria y los técnicos del Ministerio de Agricultura. Angel A., un ganadero empadronado con 62.50 hás., fue elegido como presidente del Comité de Administración por contar con mayores recursos económicos y porque “él sabía, sabía conducirse, tenía palabra”, así lo explica el actual vicepresidente de la comunidad.

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La gestión de Angel A. permitió que el grupo de campesinos pudientes, empadronados con más de 50 hás. contara con mejor información sobre las ventajas y desventajas de la transformación del grupo en comunidad campesina. Para este sector de campesinos pudientes, el reconocimiento comunal fue concebido como una limitación de sus detechos. Angel A. logró convencer a los demás campesinos que la adjudicación definitiva a través del reconocimiento legal como comunidad campesina significaría una tramitación larga y costosa para los challes y sugirió orientar las gestiones hacia la titulación individual. En 1986 esta propuesta fue aprobada por la mayoría de los socios.

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En 1987 se presentó el “Provecto de Cambio de la Modalidad de Adjudicación del Grupo Campesino San Martín de Challe Grande en Empresas Individuales” a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, argumentando que la titulación individual había sido aprobada por asamblea. Los campesinos aportaron para el financiamiento de

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los topógrafos que midieron las parcelas de cada socio. En el informe, a propósito de la directiva del grupo, se indica que “siendo sus funciones las mismas que las empresas cooperativas, en la práctica nunca ha funcionado, en el caso de San Martín de Challe Grande: sólo para trámites ante las entidades públicas”60. Los responsables del Ministerio de Agricultura llegaron a la siguiente conclusión: “El Grupo Campesino no ha cumplido con los objetivos para los que fue constituido. Desde los comienzos sus integrantes han conducido individualmente las tierras” (ver nota 60). En consecuencia se recomendaba el cambio de la modalidad empresarial, lo que significaba otorgar títulos de propiedad individual a cada uno de los campesinos. 157

Poco después, la mayoría de los socios cambió de parecer. Los campesinos de menores recursos reconocieron que una titulación individual significaría “un gasto”61. Además, entendieron que no serían beneficiarios de los programas de apoyo a las comunidades campesinas elaborados durante el gobierno de Alan García. También era favorable ser socio de una comunidad para obtener créditos del Banco Agrario, puesto que el presidente de la comunidad estaba facultado para extender los certificados de posesión a cada prestatario. Para los trámites ante la agencia del Banco Agtario en Chulucanas nombraron a Filimón A. Posteriormente este delegado asumió además la función de gestor para el reconocimiento comunal, aprobado por la mayoría de los 97 socios del grupo. El trámite duró pocos meses, consiguiendo en abril de 1988 el reconocimiento legal de la comunidad campesina.

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Actualmente muchos campesinos explican que “la mayor parte somos analfabetos, no conocíamos la ley de comunidades campesinas, no sabíamos si nos favorece más que el título individual” y que durante estos años el presidente del grupo campesino, Angel A., solamente “sacaba cuotas, se iba a Piura (a) visitar su familia, comerse la plata y no traía nada... cobraba cuotas y no logró nada”. En cambio, reconocen que las gestiones de Filimón A. fueron exitosas. Más adelante veremos que para los directivos y comuneros los trámites y gestiones en Piura todavía no han terminado. Hasta enero de 1992 no se había logrado obtener el título de la comunidad.

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En la época del grupo campesino se realizaron varias ventas de tierras con la intervención decisiva de los tenientes gobernadores de Challe Grande, de Silincho y del presidente del grupo campesino. En la mayoría de los casos estas autoridades apoyaron a las partes que acordaban realizar la venta. Los demás campesinos no tenían la posibilidad de intervenir, se enteraban cuando la transacción ya se había realizado. Esta forma de transferencia de tierras causaba un descontento cada vez mayor entre muchos campesinos. Hoy, ellos recuerdan que el presidente del grupo campesino favorecía a sus allegados, familiares y compadres. A raíz de estos hechos, principalmente en el sector de Silincho, surgió un grupo de campesinos que controlaba cada vez mayores extensiones de tierra. Además, la indignación de los campesinos de Challe aumentaba toda vez que muchos de los compradores no eran arrendatarios o destajeros de la hacienda de Pariguanás, sino de la vecina hacienda Altos de Poclús, de la ex-hacienda de Matalacas y de la Comunidad Campesina Arrendamientos (todos campesinos provenientes de Los Altos).

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Muchos campesinos de Challe Grande, adjudicatarios de una parte del predio de Pariguanás, estaban impedidos de acceder a tierras en caso de traspasos. Se avisaba a la gente de Matalacas, como recuerda Hilario A., “que son de bastante billete y nosotros no podemos comprar porque no tenemos tanto billete”. En 1982 el mismo Hilario A. quiso comprar un terreno de 5 hás., aproximadamente, y propuso pagar con todo su ganado; en total eran 11 reses, pero el dueño del terreno hizo el traspaso con un campesino de

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Matalacas. Para los campesinos de Los Altos hasta la región de Matalacas, donde los recursos forestales son sumamente escasos, la posesión de una parcela en Challe Grande o Silincho era de gran interés, y la montaña, como se denominan a los bosques en Challe, fue talada por campesinos de diferentes caseríos. De hecho, no se respetaba el derecho preferencial de los colindantes en caso de traspasar un terreno. En algunos casos, en los certificados elaborados por los tenientes gobernadores figuraban precios mayores que los que se había pagado realmente con el fin de excluir a los demás campesinos del acceso a las tierras. 161

En síntesis, la propuesta estatal —favorable a las comunidades campesinas reconocidas mediante la legislación agraria— fue lentamente entendida por los campesinos de Challe Grande. Los directivos de la Liga Agraria y de la Centra] de Rondas Campesinas explicaron las ventajas de optar por la “autonomía de la comunidad”, señalando que ello permitiría solucionar internamente los problemas de tierras o de traspasos. Un mayor control sobre los traspasos y la posibilidad real de excluir a los campesinos foráneos fueron los dos argumentos decisivos para impulsar el reconocimiento legal de la comunidad campesina. La polarización entre un grupo de campesinos pudientes, en su mayoría provenientes del sector de Silincho, y el resto de la comunidad permitió crear una mayor conciencia acerca de las ventajas de la organización comunal, sobre todo para los campesinos de menores recursos.

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En noviembre de 1991, el 85% de los comuneros encuestados estaban convencidos de que ser socio de una comunidad campesina era algo que les favorecía. De este 85%, el 18% se refirió factores externos como “hay más apoyo para los problemas” y el 82% respondió que así “se vive mejor, hay más respeto, se vive más tranquilo”. En cambio, el 15% de los encuestados, todos ellos campesinos del sector de Silincho, respondieron que la comunidad “no favorece en nada”.

Los recursos y la producción 163

El territorio de la comunidad campesina de Challe Grande, la más pequeña del distrito de Frías, comprende una extensión total de 1,902.18 hás., adjudicadas según una resolución de la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural62. La comunidad se ubica en la parte alta del valle de Yapatera, desde los 1,800 metros, en la confluencia de la quebrada de Liza con la quebrada de Challe, hasta la Cordillera de Altos de Poclús a 3,200 metros. Colinda por el nor-oeste con la comunidad de Pariguanás63; por el nor-este con la comunidad Altos de Poclús; por el sur-este con los pequeños propietarios o la comunidad privada64 de Liza y el sur con Challe Chico, “comunidad privada, donde el hacendado no ha tenido mando” (ver mapa 11). Según el informe elaborado en 1987 para lograr el cambio de la modalidad empresarial, la comunidad dispone de 1,000 hás. de tierras irrigadas; 500 hás. de tierras de secano y 402.18 hás. de bosques y pastos naturales.

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Al interior del territorio de la comunidad se encuentran riachuelos que bajan por las quebradas Challe, Silincho y Liza; sus aguas son aprovechadas mediante pequeños canales para el riego de frijol bayo, papa, caña, guineo, huertas de ajo y algunas hortalizas como el repollo, además de las invernas.

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Los cultivos de secano de mayor importancia en Challe Grande son: maíz que puede ser sembrado en asociación con una variedad de frijol, “frijol de chacra” y trigo. Además se siembra arveja y habas, aunque en menor cantidad.

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La comunidad de Challe no dispone de tierras comunales, todas las tierras están parceladas, como explican los campesinos: “respetamos el encerrado de cada uno”. Estas parcelas están cercadas por árboles como palo blanco, shimir, pajul o zarzamora. Cuadro 20: Recursos de la comunidad de Challe Grande

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Es interesante notar que, si bien no existen terrenos de uso comunal, en esta comunidad se da una forma de usufructo en común de las tierras que fueron arrendadas como destajos en la época de la hacienda. Los antiguos destajeros y los subarrendatarios parcelaron las tierras de riego de la parte baja, pero la parte alta la mantuvieron sin parcelar, en mancomún. En estos terrenos de mancomún, todos los ex-destajeros mantienen ganado o rozan chacras de temporal en coordinación con los demás. Por ejemplo, durante un tiempo la tierras de mancomún denominadas “El Shital” estuvieron arrendadas bajo la forma de destajo. El destajero, en forma conjunta con ocho subarrendatarios, pagaba el arriendo a la hacienda Pariguanás. Cada uno de los campesinos disponía en aquel entonces de tierras de riego, además de una parte para los cultivos de temporal, arveja y trigo, y después de la cosecha, durante los años de descanso, “todos soltábamos de un solo tiempo” para pastar colectivamente el ganado y abastecerse de madera y leña. Los hijos del destajero y los descendientes de los subarrendatarios, beneficiarios de la reforma agraria, actualmente siguen trabajando las tierras conservando la misma modalidad. Ahora son 25 socios y la extensión de las tierras todavía es suficiente, lo que significa que aún no se ha propuesto la división de las tierras entre las familias. En las tierras de mancomún, los socios organizan la reparación de los cercos que delimitan las áreas de riego, las tierras de temporal y de pastoreo en forma colectiva. Una razón que contribuye a mantener hasta ahora el uso colectivo del recurso pasto es la tenencia homogénea de animales; los socios conducen entre 3 y 5 cabezas de ganado vacuno cada uno. La conducción de las tierras de cultivos de los diferentes socios también es homogénea. En caso de aumentar la presión sobre el mancomún de temporal o cuando el potencial ganadero de los diferentes socios es demasiado desigual, los campesinos pueden parcelar parte de las tierras o todo un mancomún.

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La información sobre la diferenciación interna de los campesinos en la comunidad de Challe Grande proviene de los datos del padrón de tierras de la comunidad. Hasta

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noviembre de 1991 se habían inscrito 112 campesinos65. Los campesinos de Challe conducen desde un mínimo de media hectárea de riego hasta un máximo de 180 has. (20 bajo riego y 160 de secano)66. La conducción de parcelas nucleadas es más representativa: el 89% declara que conduce un lote, en cambio sólo el 11% de los comuneros conduce entre 2 y 3 lotes. 169

En Challe la tenencia de tierras es extremadamente desigual: el 9.3% de los campesinos conduce el 45.3% de las tierras; se trata sobre todo de terrenos de secano, pastos naturales y bosques en la parte alta de la comunidad. Estas tierras, en parte, fueron destajos; además, se trata de bosques que antes de la reforma agraria fueron utilizados por la hacienda y los campesinos. En cambio, el 44.9% de los campesinos conducen parcelas con una extensión de hasta 5 hás., es decir, el 9.8% de las tierras de la comunidad. Como ya ha sido mencionado, esta última fracción de campesinos es la que señaló que el reconocimiento legal como comunidad campesina era más beneficioso que la titulación individual.

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El acceso a las parcelas dentro de la comunidad puede tener diversos orígenes, que se remontan al tiempo de la hacienda o están relacionadas con el grado de conocimiento de los dispositivos legales o a la mayor conciencia sobre lo que significa la organización comunal. Los casos son los siguientes:

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a. Haber sido arrendatario o hijo de arrendatario del sector de Challe Grande en la época de la hacienda Pariguanás.

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Los arrendatarios usufructuaban lotes pequeños de riego y/o de secano. También podía tratarse de pequeños propietarios de los caseríos aledaños —como Challe Chico, Liza o El Común— que arrendaban tierras en la hacienda.

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b. Haber sido destajero o hijo de destajero de la hacienda Pariguanás. Los destajeros arrendaban grandes lotes de tierras de riego y de secano.

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La mayoría de ellos vivía dentro del territorio de la hacienda.

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c. Haber sido subarrendatario de un destajero o hijo de subarrendatario.

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Los subarrendatarios arrendaban una parte de las tierras de los destajeros y no necesariamente eran familiares de estos últimos. Por lo general, disponían de terrenos de riego y de secano.

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d. Haber sido reconocido por la Dirección de Reforma Agraria como adjudicatarios de tierras en la montaña.

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Cuando se organizó el grupo campesino, algunos aprovecharon el desconocimiento de los demás y la negligencia de los técnicos del Ministerio de Agricultura para empadronarse en los terrenos de la montaña. Es el caso de 10 campesinos, aproximadamente, que controlaban desde 52 hasta 263 hás., en su mayoría pastos y bosques naturales, recursos utilizados hasta entonces por la hacienda y los ex-arrendatarios. Hasta fines de 1991, cinco de estos campesinos, que conducen en total 628 hás., no se habían inscrito en el padrón de la comunidad y todavía pretenden lograr la titulación individual de sus tierras.

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e. Haber comprado tierras desde comienzos de los años setenta hasta el reconocimiento comunal.

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En este período las ventas de tierras fueron frecuentes, sobre todo a los campesinos de Los Altos: comunidad de Arrendamientos, Matalacas, comunidad de Yerbas Buenas o comunidad Altos de Poclús. La falta de pastos durante el verano es una limitación seria para los ganaderos, que además no disponían de la madera que luego encontraron en la montaña de Challe Grande y Silincho.

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f. Haber recibido un lote de tierras por traspaso de un socio de la comunidad.

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Con el reconocimiento legal de la comunidad, la nueva directiva puso especial énfasis en controlar los traspasos de tierras en beneficio exclusivo de los socios. Se desarrolla una mayor conciencia sobre la necesidad de controlar los traspasos frente al acaparamiento de tierras por parte de algunos campesinos. El control de los traspasos no siempre se logra, más bien, es algo que se viene imponiendo desde 1988. Cuadro 21 : Tenencia de tierra en la comunidad de Challe Grande

Fuente: Padrón de Tierras de la comunidad de Challe Grande (1991). 183

Las diferentes formas de acceso a las tierras dentro de la comunidad de Challe Grande explican el pequeño número de lotes conducidos por los socios; los antiguos arriendos se encontraban nucleados alrededor de la vivienda campesina. La desigualdad en la posesión de las tierras conducidas al interior de la comunidad es una de las razones para los conflictos internos. Para los campesinos que conducen mayores extensiones de tierras, la organización comunal se convierte en una limitación, pues restringe el mercado de tierras.

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Entre los productos de mayor importancia se encuentran el fríjol bayo y la papa, que se siembran bajo riego entre 1,500 y 2,100 metros de altura. La caña, el guineo y el camote son sembrados en menor cantidad hasta los 1,500 metros. En Challe la caña es utilizada para la elaboración del dulce, la chancaca, pero no se produce primera. Las aguas de regadío son utilizadas además en el mantenimiento de las invernas para el ganado vacuno. El uso de fertilizantes químicos es una excepción en Challe y se emplea básicamente en la siembra de papas.

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Los productos de secano de mayor importancia son: maíz, trigo, frijol y arvejas. El maíz se siembra a partir de enero, a comienzos de la temporada de lluvias; en marzo se inician las labores para la siembra de arveja y, en abril, para el trigo. Los terrenos de temporal son utilizados, como en Poclús, durante 3 a 4 años seguidos. Cuando el rendimiento de estos terrenos es demasiado bajo entran en un período de descanso durante unos años para luego ser utilizados como áreas de pastoreo para ganado vacuno y ganado ovino. Después de un período de descanso, que puede durar hasta 10 años según la disponibilidad de

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tierras de la familia campesina, estas áreas se rozan y queman para reiniciar la siembra de maíz, trigo o arveja. 186

Hemos mencionado que el 53% de las tierras de Challe Grande son terrenos irrigados. Se trata de un sistema de irrigación muy simple, como en Poclús. Las diferentes acequias cuentan con un máximo de 13 regantes (Padrón de Regantes: Sub-Sector de Riego XIV: Agencia Agraria de Frías). Los regantes de cada acequia designan un delegado de aguas, encargado de solucionar los problemas en caso de que el turno de un regante no se respete, además convoca a las faenas de limpieza, la “raspa del canal”. En esta tarea cada regante tiene que participar según los días que corresponden a su turno de agua, y en caso de no reunir a los peones necesarios se aporta primera para los que asumen una parte del trabajo. La organización del riego no es asumida por la estructura comunal.

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La producción agrícola es mayormente para el consumo de la familia campesina. El vicepresidente de la comunidad, un joven casado con tres hijos y empadronado con 5 hás., explica que “de la cosecha, todo guardamos”; solamente el ganado es vendido. En Frías la venta de productos agrícolas se realiza en casos de emergencia, cuando no se dispone de ganado para vender. Los bajos precios de los productos agrícolas no favorecen una mayor inversión en la agricultura. En 1991, algunos campesinos de Challe Grande sembraron papas, comprando semilla mejorada y aplicando fertilizantes, pero no tuvieron ganancia alguna y renunciaron a este cultivo. Como en toda la sierra piurana, los campesinos de Challe Grande se quejan de que para la compra de un saco de arroz tendrían que vender más de dos sacos de maíz.

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Parte de la cosecha sirve para el intercambio con productos que no se producen en la parcela de la familia campesina. Como los comuneros de Challe disponen solamente de poca cantidad de guineo y camote, obtienen estos productos por el intercambio con frijol, trigo o arvejas; también se accede a café, dulce y primera a través del trueque con granos. En 1991 la cosecha de maíz en la parte alta de Frías fue atacada por el “pasmo”, y los campesinos de esta zona se dirigieron a la parte baja (Silaguá, Las Cuevas o Geraldo) en busca de maíz para intercambiarlo por trigo y arveja, productos escasos en las comunidades de la parte baja. Las equivalencias para estos intercambios se establecen en base al precio que los productos tienen en el mercado local, sin embargo, frecuentemente se recibe “alguito” más.

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Mapa 11 : Comunidad campesina de Challe Grande

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Los ingresos monetarios de las familias campesinas de Challe Grande provienen principalmente de la venta del ganado. Se venden los animales a fines de noviembre para poder abastecerse de productos de primera necesidad antes de que las lluvias interrumpan la carretera, lo que provoca el aumento del precio de los productos que llegan en las piaras desde Chulucanas.

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La gran mayoría de los campesinos recurre al intercambio de fuerzas para el trabajo agrícola. Como en Poclús, esto no es fácil: “a los peones hay que rogarles bonito, ocho días adelantado”. Si el trabajo dura hasta la tarde, ellos reciben las tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda. Como en Poclús, en Challe son pocos los que “ganan a la plata”, es raro el pago de un jornal. Por lo general, no se proporciona cañazo a los peones, pero muchos recurren a la primera para garantizar que los trabajos se terminen durante una jornada. Durante las cosechas los peones “ganan en granos”, alrededor de media lata de frijol o arvejas por día de trabajo.

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En Challe los peones no son más responsables que en Poclús. A los jóvenes, sobre todo, hay que “rogarles con anhelo”. Los campesinos procuran trabajar con campesinos mayores, que por lo general serían más responsables, pero en muchos casos tienen que recurrir a campesinos que ya les han “mentido”. En setiembre de 1991, por ejemplo, Esteban M. había rogado a ocho peones para la cosecha de frijol, sin embargo, llegaron solamente tres y dos de ellos se fueron después del desayuno. “Para que se ruega a gente cusha, 67 comenta su esposa que desde las 5 de la mañana había estado preparando las tortillas, cinco por peón. En Challe Grande ya se sabe que en caso de haber acordado trabajar con diez campesinos “vienen seis y mienten cuatro”.

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Para los trabajos de gran demanda de mano de obra se recurre a las mingas, que en Challe pueden ser organizadas para la carga de la leña68, el “pampeo” —o sea, la preparación del

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terreno para la siembra del frijol— la siembra y el deshierbe del maíz, la siembra de arveja o trigo y durante los rozos. Se organiza una minga “porque la peonada es pequeña y no se avanza”. Por ejemplo, en febrero y marzo para el deshierbe del maíz, si se quiere terminar el trabajo en un solo día, se requiere de 20 peones para dos latas, o sea, un terreno de unas 2 has. Como ha sido mencionado en el caso de Poclús, lo que caracteriza a la mitiga es la calidad y la cantidad de la comida que se sirve a los peones y a sus familias. Siempre tiene que consistir de carne, chicha y primera; “cuando hay buena comida ya no es fuerza”, explican los challes. 193

Los campesinos de mayores recursos recurren casi exclusivamente a la minga para organizar los trabajos en sus parcelas. Otra modalidad para acceder a la mano de obra es el alquiler de una yunta, en retribución se recibe un día de fuerza por cada animal.

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En resumen, la organización comunal no interfiere en el sistema de producción de la familia campesina. La administración del riego se efectúa a través de los mismos regantes. En los casos de conflictos graves no solucionados a nivel de la ronda, los campesinos se dirigen a la Oficina de Aguas en Frías. Los acuerdos tomados respecto al uso colectivo de los terrenos de mancomún dependen exclusivamente de los socios, aunque durante los últimos años ellos han venido recurriendo a la directiva comunal en los casos de pugnas por el uso de estos recursos.

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Los campesinos de Challe arriendan sus tierras a campesinos foráneos sin que la comunidad interfiera. Además, pueden trabajar tierras al partir con otros comuneros o campesinos foráneos sin restricciones de la comunidad. Las estrategias empleadas para acceder a la mano de obra necesaria se articulan preferentemente a nivel familiar; pero el intercambio de fuerzas también puede ser realizado con campesinos de los caseríos vecinos: Challe Chico o Liza. En Challe la ronda campesina no interviene en la sanción a los campesinos que no cumplen con sus compromisos en el intercambio recíproco de fuerzas, aunque hay indicios que esta organización podría dedicarse en el futuro a tales casos.

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La organización comunal interviene sobre todo para solucionar los conflictos por tierras y en casos de herencia. Se ha convertido en una autoridad cada vez más reconocida en la medida que garantiza a sus miembros una conducción pacífica de sus parcelas.

La comunidad campesina Challe Grande 197

En abril de 1988 los campesinos consiguieron el reconocimiento legal de la Comunidad Campesina San Martín de Challe Grande. Como “autoridades” actuaron, por un lado, el gestor Filimón A., delegado para la tramitación del reconocimiento comunal; por otro lado, Angel A., presidente del grupo campesino y representante de los intereses de un sector de campesinos pudientes a favor de la titulación individual. Esta contradicción interna impidió durante 14 meses la elección de la nueva directiva comunal. Una fracción de los comuneros siguió coordinando con el gestor y la otra parte con el ex-presidente del grupo campesino. Esta situación se tornó cada vez más conflictiva. Además, los programas de apoyo (FOCCAN) otorgados a través de la Micro-Región requerían contar con una directiva comunal. Lo que era necesidad se convirtió entonces en una urgencia.

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En octubre de 1988, a pesar de esta situación conflictiva, se consiguió I/. 400,000 correspondientes al FOCCAN de 1988 (ver cuadro 29). Los representantes locales de la Micro-Región aceptaron al gestor de la comunidad como directivo y representante de los

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intereses de la mayoría. Una parte de estos fondos fueron destinados a la compra de alimentos de primera necesidad, sobre todo arroz, y a la construcción de carpetas para la escuela. En Challe, como en Poclús, la administración de estos fondos fue poco transparente y se realizó sin la participación de los comuneros. Por falta de asesoramiento de los encargados, este programa de asistencia generó más descontento que beneficio en la nueva comunidad. Cuando en 1989 la directiva comunal pide la rendición de cuentas, encuentra que buena parte del dinero no había sido invertido y estaba devaluado. 199

Como no se lograba internamente la consolidación de las listas para las elecciones comunales, los campesinos de Challe recurrieron a los directivos de la Central de Rondas Campesinas de El Común y a la Liga Agraria69. Con este apoyo, recién en junio de 1998 se constituyó un Comité Electoral a cargo de un miembro de la Liga e hijo de un comunero de Challe. Se elaboraron dos listas y se llevaron a cabo las elecciones. El candidato de los “individualistas” no tuvo éxito e Higinio A.C.70 fue elegido como presidente de la comunidad.

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A partir de julio de 1989, la nueva directiva comunal convocó asambleas comunales mensuales, con excepción de los meses de lluvia, en los que hay una mayor intensidad de trabajos agrícolas. Desde julio de 1989 hasta diciembre de 1991 la asistencia de los campesinos a las asambleas de la comunidad se puede considerar como alta, entre 44 y 101 comuneros, o sea, un promedio de 56% del total de comuneros. Durante la primera asamblea ordinaria de la comunidad se fijó una multa para los comuneros que no asistieran; además, se acordó “pegar un latigazo a los que llegan retrasados” (LA-CC: julio 1989).

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La primera acción de la nueva directiva comunal fue el empadronamiento de los comuneros. Actualmente se encuentran inscritos 112 socios en el padrón de tierras y 113 campesinos en el registro de socios de la comunidad (Padrón de Tierras y Padrón de Socios de la Comunidad de Challe Grande). La mayoría de los campesinos que aspiraban a la titulación individual no se registró en los padrones71. Los comuneros aportaron cuotas de acuerdo a la extensión de las parcelas y al tipo de tierras que conducían. La asamblea comunal asumió una función normativa en el proceso de empadronamiento y controló que los campesinos empadronados realmente condujeran las tierras mencionadas. En el caso de una viuda, “la asamblea aprobó que se empadrone a la Señora... ya que su esposo siempre fue colaborador en la comunidad” (LA-CC: julio 1989). En otros casos, se decidió negar el empadronamiento por falta de testigos, como sucedió en el caso de 4 jóvenes que se presentaron con su madre para ser empadronados, pero la asamblea declaró necesaria la presencia del padre para proceder (LA-CC: setiembre 1990).

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En julio de 1989, la asamblea pidió a una comunera que colaborase con la comunidad donando un terreno para la construcción del local comunal y decidió iniciar los trabajos en forma de faenas. En 1991 la construcción de “la comunal” había terminado.

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A partir de las acciones realizadas por esta primera directiva, la asamblea comunal empieza a imponerse como autoridad en los casos de conflictos por tierras. A mediados de los años ochenta, en Silincho, se había hecho un traspaso, como también en Challe se denominan a las ventas de tierras. Una familia de este sector decidió migrar a la selva, donde una parte de sus miembros radicaba desde hace unos años. La decisión de abandonar definitivamente las tierras en Frías fue tomada a raíz de los problemas que surgieron con la ronda campesina a propósito de un robo de ganado. Una parte de las tierras fue traspasada a una familia A. y otra parte colindante a Chavelo L., campesino que

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controla 263.50 hás. en Silincho. Como el traspaso se efectuó solamente en presencia del teniente gobernador del sector, allegado a Chavelo L., éste posteriormente trató de despojar a la familia A. de las tierras. Fue decisiva la intervención de la ronda campesina de Challe, de la Central de Rondas y, a partir de 1989, de la comunidad de Challe para que los A., campesinos de escasos recursos, pudieran seguir trabajando sus parcelas. En base a este conflicto los campesinos pobres reconocieron que la organización comunal podía convertirse en una herramienta para la defensa de sus intereses. 204

Considerando que muchos campesinos fueron desfavorecidos al efectuarse los traspasos 72 durante la fase del grupo campesino, todo traspaso realizado a partir de julio de 1989 era aprobado en la asamblea comunal, respetando el derecho preferencial de los colindantes y controlando que la cantidad pagada en dinero o en ganado por “indemnización de las mejoras” fuera verídica.

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La directiva comunal trató de favorecer mediante los traspasos a los campesinos con menores recursos, lo que fue difícil de lograr puesto que el vendedor de la parcela fija en forma independiente el precio de sus tierras. Hasta ahora muchos de los challes no han podido adquirir parcelas en forma de traspaso. Es más, en caso de no encontrar un comprador dentro de la comunidad se tendría que aceptar un foráneo, como explica el presidente de la comunidad, hecho que no había ocurrido hasta diciembre de 1991. El 96% de los comuneros encuestados están de acuerdo con la transferencia de tierras al interior de la comunidad y lo justifican diciendo que: “todos necesitan comprar o vender... todos sienten la necesidad”, pero solamente la directiva comunal y, en especial, el presidente de la comunidad son conscientes del problema de acaparamiento de tierras.

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La modalidad de control de los traspasos a través de la asamblea comunal responde a una iniciativa que surgió entre los directivos de la comunidad, asesorados por dirigentes de la Liga Agraria. Las autoridades comunales reconocieron que se trata de un instrumento efectivo para evitar los conflictos de tierras. Sin embargo, aunque los comuneros acuden a la asamblea en caso de traspasos, el 35% de los encuestados no está de acuerdo con el control ejercido por la directiva.

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La asamblea comunal se ha impuesto además como árbitro para resolver los problemas de deslinde de tierras entre familiares y vecinos. La directiva efectúa una “vista ocular” y en la siguiente asamblea se determina en el Libro de Actas los linderos exactos de las tierras en conflicto73.

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Para el arriendo de chacras también se recurre a la asamblea general, como en el caso de un campesino que había arrendado “una arada” de tierras a otro y éste se negaba luego a abandonar la parcela. La asamblea resolvió recomendando: “no hay que arrendar a gente que no es de confianza” (LA-CC: diciembre 1990).

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Asimismo, se acude a la asamblea para la división de terrenos por herencia. En Frías, las tierras son distribuidas por lo general entre los hijos e hijas después del fallecimiento del padre y la madre. Sin embargo, a veces ocurre que la viuda ya divide una parte de las parcelas entre los herederos. Esta costumbre frecuentemente genera conflictos entre hermanos y medio hermanos, como se comenta en Frías: “cuando son hijos naturales allí viene el problema”. En estos casos, la asamblea, en presencia de todos los herederos y sus respectivos testigos, procede a la repartición de las tierras, fijando los límites de cada heredero en el Libro de Actas y otorgando los certificados de posesión.

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El reconocimiento legal de la comunidad no ha resuelto los problemas con los campesinos que exigían la titulación individual. Estos han pesistido en su oposición y, hasta fines de

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1991, los directivos de la comunidad tenían que viajar continuamente a Piura para lograr la titulación. Los “individualistas” han denunciado a la directiva comunal por usurpación de funciones, argumentando que la mayoría de los comuneros no están a favor del reconocimiento comunal. Como en Poclús, también en Challe Grande algunos campesinos firmaron “con engaño” esta denuncia. 211

En diciembre de 1989 se recurrió otra vez al apoyo de la Liga Agraria y se organizó una asamblea con la presencia de los directivos de la Liga. Se determinó que 77 de los comuneros presentes apoyaban a la comunidad y solamente 4 estaban a favor de la titulación individual. Los directivos de la Liga lograron además la participación del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Frías, que se comprometió a apoyar y respetar los acuerdos de la mayoría. En setiembre de 1990 Angel A., ex-presidente del grupo campesino, y Chavelo L. fueron citados a la asamblea comunal para llegar a un acuerdo. Ambos solicitaron a la comunidad el “proyecto de cambio de la modalidad empresarial”, documento que contiene los datos sobre la medición de las parcelas de los socios del grupo campesino, pero la mayoría decidió no entregar esta información.

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En diciembre de 1990 se realizaron nuevas elecciones comunales, siendo reelegido Higinio A., el anterior presidente. La intervención de los directivos de la Liga Agraria se expresó en la elaboración de un “plan de trabajo comunal” para el nuevo período. Los trabajos acordados se referían exclusivamente a la mejora de la infraestructura de la casa comunal. La asamblea comunal ha continuado solucionando litigios por tierras y controlando los traspasos. También ha intervenido en los conflictos surgidos en los terrenos de mancomún y, cuando uno de los socios reclama la división definitiva de las tierras, la asamblea comunal funciona como arbitro de la repartición de parcelas.

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Puesto que el problema de la titulación sigue pendiente, periódicamente se organizan actividades para cubrir los viáticos necesarios de los campesinos que llevan a cabo las gestiones en Piura. Los campesinos decidieron que si alguien quiere asumir el trámite de parcelación individual, la comunidad no se opondría.

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La comunidad también interviene en el proceso de empadronamiento de los socios, controlando que no se cometan irregularidades. Este procedimiento favorece a los comuneros que en caso de conflictos recurren al padrón y reconocen lo allí dispuesto.

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La organización comunal en Challe Grande se encuentra actualmente en proceso de formación y los directivos cuentan con la autoridad suficiente para imponer normas que no son del agrado de muchos de los campesinos en cuanto al control de los traspasos. La insistencia de la directiva comunal es la que ha permitido que la asamblea funcione como una instancia de control. Aparte de las multas y de los “latigazos”, la directiva comunal no puede sancionar a los campesinos que no respetan los acuerdos tomados. Aquí, la estrecha coordinación entre comunidad y ronda se desarrolla en favor de la comunidad. De hecho, la ronda sanciona en caso de incumplimiento, siempre que la denuncia sea respaldada por la directiva comunal.

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Actualmente el 70% de los encuestados tiene conocimiento de que no se puede pertenecer a dos comunidades campesinas. No es posible determinar con seguridad el número de campesinos afectados por este dispositivo de la Ley de Comunidades. En Challe Grande se teme que en el corto plazo habrá que empezar a solucionar estos casos, porque la vecina comunidad de Altos de Poclús ya aprobó un reglamento interno que no permite a los comuneros de Challe mantener su ganado en esta comunidad.

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Finalmente, el proceso de consolidación de la comunidad de Challe Grande y la formación de la ronda campesina han permitido desarrollar una mayor cohesión entre los comuneros. Las actividades realizadas por ambas organizaciones establecen una mejor comunicación a nivel comunal. Es significativo el hecho que antes de la aparición de las rondas y comunidades las fiestas se realizaban casi exclusivamente a nivel distrital, en el pueblo de Frías, y a nivel familiar, en los diferentes caseríos o sectores, mientras que ahora se organizan comunalmente.

La ronda campesina de Challe Grande 218

Por lo general, en cada sector de una comunidad se organiza un Comité de rondas, pero en Challe Grande éste no es el caso. La comunidad está compuesta por dos sectores, Challe Grande y Silincho. En este último sector es donde se originan los problemas internos referidos al reconocimiento comunal. Hasta diciembre de 1991, los campesinos de Silincho aún no habían organizado una ronda campesina. Algunos de ellos que están a favor de la organización comunal participan en el servicio de ronda y en las asambleas del comité de ronda de Challe Grande. La intervención de la ronda campesina en el conflicto entre Chavelo L. y la familia A. se convirtió en el argumento con el que los campesinos pudientes de Silincho justificaban su no integración a la ronda y traten de desprestigiar a los ronderos de Challe Grande. Tampoco estos pudientes recurren a la ronda para solucionar sus problemas, se dirigen a las autoridades en Frías.

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Hasta el reconocimiento comunal, la intervención de la ronda se producía para resolver los conflictos en los casos de herencia, cuando los herederos no lograban una división satisfactoria de las tierras. La ronda intervenía con mucha paciencia, tratando de llegar a un acuerdo entre todos los herederos. Actualmente se ha logrado delimitar claramente las funciones de la asamblea comunal y de la ronda campesina. Ambas organizaciones se complementan y hasta fines de 1991 no se han dado casos de paralelismo. Cuando la asamblea comunal se dedica a cuestiones de tierras, los directivos comunales acogen con agrado la participación del presidente de la ronda campesina que, como autoridad, necesita estar informado de los arreglos.

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El robo de ganado ha desaparecido casi por completo en esta zona y la ronda campesina se dedica a la solución de daños en las chacras, conflictos entre regantes, pequeños robos, pérdidas de animales, violencia entre parejas, chismes, “malas palabras” en caso de borracheras. Además, asume el servicio de vigilancia durante las actividades organizadas por comuneros o ronderos. Su intervención contribuye a la consolidación de la comunidad y se ha convertido en la institución que garantiza una “vida tranquila” para los campesinos de Challe Grande. Como en muchos caseríos del distrito de Frías, también en Challe existieron “rateros” famosos que actualmente son fonderos ejemplares.

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El presidente de la ronda, como el la comunidad, es un campesino joven de aproximadamente 30 años. La buena relación entre la directiva de la comunidad y la ronda es obvia: la juramentación de esta última se realizó en asamblea comunal, con la presencia del presidente de la Central de Rondas Campesinas en El Común. Este, como expresidente de la vecina comunidad de Pariguanás, insistió otra vez en la necesidad de coordinar las acciones de ambas organizaciones y subrayó las obligaciones de los comuneros-ronderos, enfatizando que los problemas de la comunidad deben ser resueltos internamente.

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En noviembre de 1989 los ronderos de Challe Grande seguían recurriendo a la Central de Rondas en El Común para buscar recomendaciones sobre cómo proceder en los casos en los que algunos campesinos se negaban a participar en el servicio de ronda. Sin embargo, actualmente todos participan en la ronda de Challe Grande, y los ronderos no se preocupan de los “divisionistas” de Silincho.

IV. LA COMUNIDAD CAMPESINA TUPAC AMARU DE PARIGUANÁS La reforma agraria en Pariguanás 223

Después de la reforma agraria, el cambio más significativo para los campesinos de Pariguanás ha sido dejar de pagar el arriendo. De hecho, la intervención de la hacienda en la organización de la producción de los campesinos desde los años cincuenta había sido mínima. Los arrendatarios trabajaban sus parcelas y disponían de turnos de agua para el regadío sin mayor coordinación con el administrador y los empleados de Pariguanás.

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Como en Poclús y Challe Grande, la autoridad del administrador de la hacienda incidía significativamente en la solución de conflictos: intervenía sancionando a los campesinos que habían causado problemas no sólo a la hacienda, sino también a los demás arrendatarios. Por tanto, cuando desaparece el sistema de hacienda, los campesinos se ven obligados a recurrir a las autoridades en la capital del distrito, la Guardia Civil o el gobernador. Estas autoridades atendían casi exclusivamente a los campesinos que “colaboraban”, es decir, aquellos que pagaban. Los conflictos internos entre exarrendatarios se hicieron cada vez más agudos. En Pariguanás, donde se producía alcohol de caña, las “borracheras” eran más frecuentes que en Poclús y Challe Grande y se generaban innumerables pleitos, robos y una incertidumbre cada vez mayor que sólo se resolvía recurriendo a las autoridades locales. Como lo comentan casi todos: “La mayoría de la gente ya no se dedicaba al trabajo, sino a servirse de todo, de lo ajeno, se llevaban una vaca, un toro, una mula, asaltaban las casas, robaban, hacían muertes. Y la justicia, pues, es decir, el juez, nada...”. Como indica Ludwig Huber (1992:307), el vacío de poder imperante después de la desaparición de las haciendas ha sido una de las razones para la formación de las rondas campesinas en la sierra de Piura.

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A fines de los años setenta, pequeños propietarios de los caseríos de la margen derecha del Yapatera intentaron invadir las invernas de la hacienda en el sector de Santa Rosa y El Faique. Los ex-arrendatarios de la hacienda, enterados de su condición de beneficiarios de la reforma agraria, defendieron estas tierras y consiguieron limitar la invasiones.

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En 1972, las invernas de la hacienda fueron vendidas a los arrendatarios más pudientes y a algunos ganaderos residentes en Frías. Los ex-arrendatarios estaban informados de la ilegalidad de las ventas, pero no impidieron que un reducido número de campesinos, los de mayor poder económico, se beneficiara exclusivamente de las invernas de la hacienda. En los contratos realizados entre el representante de la hacienda y estos campesinos no se menciona la palabra “venta”, aparece, más bien, el “cobro” del arriendo de estas tierras desde muchos años atrás.

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En Pariguanás los propietarios lograron descapitalizar la hacienda: vendieron la maquinaria agrícola y se llevaron el ganado para la venta en la costa. La alianza entre propietarios y campesinos pudientes imposibilitó la defensa colectiva de los bienes de la

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hacienda en beneficio de todos los ex-arrendatarios. Esta fracción de campesinos pudientes es la que luego va a asumir en Pariguanás el liderazgo de la comunidad.

Del grupo campesino al reconocimiento de la comunidad 228

Como en todas las comunidades del distrito, la información sobre esta fase del proceso de reforma agraria es difícil de obtener. Pocos campesinos la recuerdan, sólo cuentan que “llegaron los asesores de Piura, llegaron a formar los grupos, midieron las chacras”. La mayoría de los campesinos obedeció a las normas que sugerían los “ingenieros” de la ciudad. Un anciano, ex-arrendatario de la hacienda, recuerda el pasado en Pariguanás: “Entonces, después de los hacendados ya vino la ley de Reforma Agraria y vinieron unos individuos midiendo los terrenos, a ver cuanto medían los terrenos que han sido haciendas. Eso mandó el gobierno. A esos medidores. Así ha sido. Ahora ya está dividida en comunidad campesina hay mandatarios en cada comunidad. En cada comunidad hay uno que manda, se llama Presidente del Campesinado y también hay otro comité, hay un Comité de Ronda, es para justificar a los rateros, a los que viven rateando o peleando entre vecinos”.

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En 1976, cuando llegaron los encargados de la Dirección de Reforma Agraria a Pariguanás para informar sobre el procedimiento a seguir según la legislación de reforma agraria, la primera acción fue empadronar a los potenciales beneficiarios y futuros socios del grupo campesino, tarea que también en Pariguanás fue realizada por las autoridades locales, es decir, los tenientes gobernadores de cada sector.

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La solución de los conflictos por tierras la asumió, a partir de 1978, el presidente de la Liga Agraria en coordinación con los funcionarios del Ministerio de Agricultura. El cargo de vicepresidente de la Liga lo mantenía un joven campesino de Pariguanás, pero el presidente actuaba sin coordinar con la directiva por lo que fue criticado por muchos campesinos de Pariguanás, que desde entonces desarrollaron un especial interés por la Liga Agraria, como se verá más adelante.

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En mayo de 1978 se constituyó oficialmente el grupo campesino con 174 socios, en presencia de un funcionario del Ministerio de Agricultura que “hizo una exposición del proceso de Reforma Agraria, modalidad de adjudicación y organización del Grupo Campesino” (Acta de Constitución, Archivo de la Comunidad)74. En esta ocasión se aprobó “por unanimidad” el “Estatuto Interno del Grupo Campesino”. En setiembre del mismo año, estos 174 campesinos, procedentes de los sectores de Santa Rosa, Las Aradas, Chamba, Chonta, Pampa de Corral y parte de Cahingará, fueron oficialmente calificados para la adjudicación de una parte del predio de Pariguanás. Los socios lograron previamente eliminar del grupo a 16 campesinos que no conducían tierras dentro del ámbito de Pariguanás.

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La aprobación del “estatuto” del grupo campesino fue un mero formalismo, no tuvo ninguna función normativa entre los socios. Las diferentes acciones de compra-venta de tierras dentro del territorio del grupo se realizaron sin restricción alguna, en beneficio de los propios socios, de pequeños propietarios de los caseríos de la margen derecha del río Yapatera o de miembros de otros grupos campesinos. Estas ventas fueron certificadas por los tenientes gobernadores de los diferentes sectores.

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La primera directiva del grupo campesino, elegida en julio de 1978, integró al sector de campesinos pudientes, pero también a dos campesinos acomodados de Frías que no fueron arrendatarios de la hacienda y que ingresaron como socios al grupo por la compra

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de tierras. Sin embargo, las gestiones fueron realizadas exclusivamente por el presidente del grupo campesino, Marcial M., y el secretario y posterior gestor, Rolando L. 234

En 1978 la nueva directiva convocó a algunas asambleas y participó con delegados en la elección del primer presidente de la Liga Agraria. Entre diciembre de 1978 y junio de 1984, la dirigencia del grupo campesino siguió a cargo de Marcial M., que no debatió los problemas de Pariguanás en las asambleas. Recién a partir de julio de 1984, los socios del grupo discutieron sus asuntos en público y “los asambleistas acordaron por unanimidad responsabilizar y denunciar a la persona que pretenda arrendar o subarrendar o transferir tierras a personas extrañas a nuestra agrupación, a los cuales se les sancionará de acuerdo al estatuto del Grupo Campesino” (LA-GC: junio 1984).

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Como presidente del grupo campesino, Marcial M. intervino en la solución de los problemas por linderos entre vecinos y en la repartición en los casos de herencia, con frecuencia problemáticos: “no se querían dividir en partes iguales, todos querían las mejores partes”. Si algún campesino no estaba de acuerdo con la intervención del presidente del grupo, se dirigía a la Liga Agraria para que su caso fuera tratado en segunda instancia. Esta situación era cada vez más desagradable para la directiva del grupo, puesto que cada arreglo de este tipo demandaba reuniones con los campesinos involucrados y, muchas veces, largas discusiones hasta llegar a una solución. “Los arreglos que hacíamos eran inútiles, la Liga hacía nuevos arreglos”, explica Marcial M.

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La composición de la directiva del grupo campesino y el reducido interés de los socios con respecto a una organización impuesta desde fuera explican que durante los primeros años el grupo campesino actuara en función de los intereses de los campesinos pudientes.

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A comienzos de los años ochenta, por la intervención de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, se inicia una discusión sobre el cambio de la modalidad empresarial. Entre las opciones que tenían los socios nunca figuró la transformación en una cooperativa: “se iban a la quiebra”; en cambio, la opción de los campesinos ganaderos fue la titulación individual, apoyada por el presidente del grupo. Las ventajas eran claras: permitía vender parte de sus tierras, arrendar o “dejar encargado”. Pero la gran mayoría estaba a favor de la transformación en comunidad campesina, sugerida por los técnicos del Ministerio de Agricultura.

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Finalmente, en setiembre de 1984 los campesinos de mayores recursos ya no se opusieron a la conversión en comunidad campesina. Actualmente argumentan que fue “por respeto a la mayoría”, pero es posible que también pesara en su decisión los altos gastos que demandaba una titulación individual: “Tenían que vender harto ganado y se les hacía difícil”, explica Marcial M., que en abril de 1985 logró el reconocimiento legal de la comunidad campesina.

Los recursos y la producción 239

El territorio de la actual comunidad campesina se extiende entre los 1,000 y 3,000 metros de altura y abarca una extensión total de 3,208.44 hás. Las tierras de Pariguanás colindan al norte con Los Altos, zona que pertenece al vecino distrito de Sapillica; al oeste, en el Portachuelo de Chamba, con la comunidad de Geraldo; al sur-oeste, el cerro de Cahingará es la frontera con la comunidad de Silaguá; al sur y sur-este, las tierras de la comunidad limitan con la margen derecha del río Yapatera. Finalmente, al este, la quebrada de Silincho es la frontera entre las comunidades de Pariguanás y Challe Grande (ver mapa 12).

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Mapa 12: Comunidad campesina de Pariguanás

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Según el plano catastral, la comunidad dispone de 1,160.80 hás. bajo riego, 844.07 hás. de secano y 1,203.57 has. de bosques y pastos naturales. Cuadro 22 : Recursos de la comunidad de Pariguanás

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Las aguas que bajan de las quebradas de Chamba, de Pariguanás, de Silincho que más abajo es denominada quebrada de Común, y otras pequeñas quebradas alimentan los canales de riego. También aquí el número de regantes que dependen de una misma acequia para el riego de sus parcelas es relativamente reducido. La organización de los turnos de riego requiere solamente una coordinación entre un máximo de 19 regantes

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(Padrón de Regantes del Sector XIV: Agencia Agraria Frías). Sin embargo, esto no implica que el riego de las chacras se pueda efectuar en forma permanente. En octubre, a fines de la temporada de verano, el agua escasea y los turnos no son suficientes para regar la extensión total de las parcelas. 242

Los productos de mayor importancia sembrados bajo riego en esta comunidad son: caña de azúcar, guineo y café, predominantes en los sectores Santa Rosa, El Faique, Chamba hasta Pariguanás, es decir, entre los 1,000 y 2,000 metros. Además, las aguas de riego son utilizadas para las invernas que, como en las demás comunidades de Frías, se siembran con paja chilena y pasto elefante desde los 1,000 hasta alrededor de 2,200 metros de altitud.

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El producto de secano de mayor importancia es el maíz que se siembra en las faldas de los cerros hasta los 2,000 metros en todos los sectores, es decir, en Santa Rosa, El Faique, Chamba, Pariguanás y, en menor extensión, en Rinconada de Pariguanás. En cambio, el trigo y la arveja se siembran solamente en pequeñas extensiones de la parte alta desde los 2,200 metros, sobre todo en el sector de Rinconada de Pariguanás, también denominado Chinchín, y en las alturas del cerro Cahingará.

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En la parte alta de la comunidad, a partir del sector de Rinconada de Pariguanás, se encuentra la zona de bosques naturales, la montaña de Chonta. Se trata de terrenos conducidos en forma individual por familias campesinas, que “sueltan” el ganado en época de invierno o proceden a rozar las extensiones necesarias para iniciar la siembra de arveja o trigo. Como bosque primario se cuenta solamente con una reducida extensión en la zona de Chonta.

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La comunidad de Pariguanás no dispone de tierras comunales. Los lotes conducidos por las diferentes familias están cercados, ya sea por pequeñas pircas, por cercos naturales de eucalipto, pajul u otras variedades nativas como chirimoyo, guabo, lúcumo y cabuya, o por cercos de alambres de púas que limitan mayormente a las grandes invernas del sector de Pariguanás. Muchas familias campesinas disponen de una extensión de monte, tierras que no se siembran y se destinan al abastecimiento de leña y madera para la construcción de casas, trancas para los cercos o “puertas de golpe” a la entrada de las chacras. Si la presión sobre las tierras es baja, estos terrenos no se reparten y pueden ser utilizados en forma colectiva, mancomún, por todos los herederos.

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Los datos sobre la diferenciación interna de los campesinos de esta comunidad están basados en la información que contiene el padrón de tierras de Pariguanás. Los 364 comuneros inscritos hasta setiembre de 1991 conducían parcelas entre 0.5 hasta 37 hás. 75. Como en las demás comunidades estudiadas, la forma más representativa de conducción de las tierras dentro de la comunidad es el usufructo de varias parcelas nucleadas en pocos “lotes”76. El 49% de los comuneros conduce un solo lote, cuya extensión puede variar entre 0.5 y 20 hás.; el 41% conduce 2 lotes y solamente el 10% conduce entre 4 y 10 lotes diferentes; sin embargo, la conducción de un mayor número de lotes no significa una conducción mayor de hectáreas.

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Cuadro 23: Tenencia de tierra en la comunidad de Pariguanás

Fuente: Padrón de Tierras de la comunidad de Pariguanás (1991). 247

El acceso a las tierras dentro de la comunidad puede tener los siguientes orígenes:

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a. Haber sido arrendatario o hijo de arrendatario de la hacienda de Pariguanás.

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Los arrendatarios de la hacienda usufructuaban diferentes parcelas, por lo general agrupadas alrededor de la vivienda. Podía tratarse de tierras irrigadas y/o de temporal.

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b. Haber comprado tierras a la hacienda a comienzos de los años setenta.

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Cuando la hacienda decidió vender las tierras trabajadas en forma directa, es decir, las invernas, pocos fueron los campesinos que se beneficiaron de ello y que en la actualidad no permite conducir entre 15 y 30 hás. irrigadas.

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c. Haber invadido tierras de la hacienda a comienzos de los años setenta.

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Se trata solamente de un pequeño número de campesinos de los caseríos de la margen izquierda del valle de Yapatera, que invadieron una parte de las invernas de la hacienda ubicadas en el sector El Faique.

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d. Haber comprado tierras de campesinos desde la formación del grupo campesino hasta el reconocimiento de la comunidad en 1985.

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Las ventas de tierras fueron usuales en estos años. La costumbre local implicaba que en estas ventas se debía dar derecho preferencial a los vecinos; sin embargo, hasta fines de los años setenta, este derecho fue respetado en pocos casos por la falta de control sobre la venta de tierras. En consecuencia, algunos campesinos de Frías y de otros caseríos se beneficiaron de estas ventas y actualmente conducen tierras dentro de la comunidad.

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e. Haber traspasado un terreno a otro comunero, modalidad que se impone desde el reconocimiento de la comunidad.

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La comunidad campesina ejerce un control cada vez mayor sobre los traspasos y ahora son los comuneros de Pariguanás los que se benefician de estas transacciones. Estas se efectúan en presencia de la directiva, que verifica en la asamblea comunal siguiente si los vecinos están de acuerdo con el traspaso. Si bien los vecinos tienen la preferencia, en caso de que estos no puedan abonar el dinero exigido se recurre a otros compradores dentro de la comunidad77.

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Estas diferentes formas de acceso a las tierras dentro de la comunidad han favorecido la concentración de varias parcelas, ubicándolas en pocos lotes. Una conducción así beneficia a los campesinos no solamente por la ubicación cercana a la vivienda, sino también porque permite reducir las posibilidades de “daño” en las chacras vecinas.

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En Pariguanás se recurre casi exclusivamente al intercambio de fuerzas en la forma descrita para Poclús y Challe Grande. También en esta comunidad los campesinos de mayores recursos recurren a la minga para abastecerse de mano de obra durante las labores agrícolas de mayor intensidad de trabajo, como durante los rozos, la preparación de terrenos para siembra y deshierbo del maíz, y/o la siembra de arveja y trigo. Los campesinos de menores recursos prefieren participar en una minga, antes que ganar un jornal de S/. 1.00. El grupo de campesinos pudientes, que en promedio posee entre 8 y 12 cabezas de ganado vacuno, actualmente no tiene dificultades para abastecerse de mano de obra, aunque se queja que en años anteriores, cuando muchos comuneros de Pariguanás obtuvieron créditos del Banco Agrario, era difícil conseguir fuerzas porque “nadie quería trabajar”. En 1991, cuando Ernesto M., uno de los campesinos más pudientes de la comunidad, organizó una minga se dio con el caso que llegaron más peones de los que necesitaba. Algunos campesinos ganaderos, residentes en la capital del distrito, recurren exclusivamente al pago de jornales para organizar el manejo del ganado, el ordeño de las vacas y la elaboración del queso.

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Los trabajos relacionados con la actividad ganadera se realizan, en la mayoría de los casos, con mano de obra familiar. Los niños son los encargados de llevar los animales a la acequia cercana para darles agua, y el ordeño está a cargo de mujeres y niños. Si los animales son mantenidos “a la amarra”, deben ser “mudados” durante el día, tarea que también puede ser asumida por mujeres y niños.

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La mayoría de los productos agrícolas de la comunidad se destinan al consumo familiar, para el “gasto” como se dice en la zona, o son utilizados para intercambiar. La caña de azúcar tiene una gran importancia para los ingresos de los campesinos y como producto de intercambio. Sus derivados, la chancaca y el aguardiente, son elaborados por muchos campesinos de los sectores de Santa Rosa, El Faique, Chamba y Pariguanás para intercambiarlos con los campesinos de la vecina comunidad de Challe Grande o de Los Altos (comunidades de Arrendamientos o Yerbas Buenas) y hasta con campesinos de Matalacas que pueden llegar a Pariguanás en búsqueda de dulce o de primera.

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También los campesinos de Pariguanás van a Frías para vender algunos cientos de dulce, o a Altos de Poclús para intercambiar sus productos con granos. En setiembre de 1991, 50 atados de dulce eran intercambiados por 1 almud que equivale a dos latas de trigo; en Frías por un atado de dulce se pagaba S/. 0.15. En este tiempo por una lata de primera se obtenía S/. 7.00 (0.50 por botella de 0.7 litros), pero muchos campesinos prefieren cambiar primera por granos en la comunidad antes que llevarla con sus burros a Frías, donde hay que “rogar para que nos compren”. En Pariguanás intercambian 3 latas de primera por 1 saco de maíz o por 2 latas de arveja. Como explican muchos campesinos de Pariguanás: “lo que nos mantiene es la caña... lo único que no tiene plaga y da bien”78.

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La comunidad es considerada como una zona ganadera, “el que menos tiene su par de vacas”, y el ganadero más importante cuenta con alrededor de 50 reses. La actividad ganadera aporta los ingresos más significativos a las familias. Algunos campesinos del distrito son comerciantes de ganado, pero también vienen intermediarios de Chulucanas para comprar ganado. Se arrea el ganado por el camino de Frías a Platanal, en la margen izquierda del valle de Yapatera, hasta Chililique o Panecillo, donde está el camión contratado esperando para llevar los animales a Chulucanas, Sullana o Chiclayo.

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Como en la vecina comunidad de Challe Grande o en Poclús, la falta de pastos es la limitación más seria para los ganaderos de Pariguanás; muchos de ellos recurren al

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arriendo de pastos si no logran comprar invernas en los alrededores de Frías. Los campesinos de mayores recursos solucionan parcialmente la falta de pastos dentro de la comunidad, tomando en arriendo tarayales de otros comuneros. También recurren al arriedo de pastos de los campesinos de la vecina comunidad de Silaguá. Durante los años de lluvias en el Alto Piura, los ganaderos de Pariguanás arrendaron pastos en la zona de Chulucanas hasta Malingas; pero desde fines de los años ochenta, con el reconocimiento de algunas comunidades en esta zona, el arriendo de pasto en la costa se ha restringido considerablemente. Los ganaderos de Pariguanás tienen que optar por la venta de sus animales a pesar de los bajos precios por arroba79. 265

El rol que juega la organización comunal en el proceso de producción de los campesinos es muy marginal y los campesinos manifiestan que “cada uno manda en su pedacito”.

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La organización del riego está a cargo de los delegados de las diferentes acequias. En caso de conflictos, los problemas por el agua se tratan en la asamblea comunal o en el comité de ronda. La asamblea comunal presiona a los regantes en litigio para llegar rápidamente a un acuerdo. En caso que estos no lleguen a una conciliación, el problema tiene ser solucionado frente a la autoridad competente: el técnico de aguas de la Agencia Agraria en Frías. Los directivos de la comunidad argumentan que la solución de los conflictos entre los regantes no corresponde a sus funciones. Como el técnico de aguas raras veces está dispuesto a hacer los arreglos en el campo, los campesinos procuran que los acuerdos se produzcan en la asamblea, lo que no impide que posteriormente uno de los regantes se dirija a Frías y que el incidente sea tratado otra vez. La directiva comunal no dispone de sanciones efectivas para garantizar que los acuerdos tomados por los comuneros se respeten.

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La presencia de ganaderos en la directiva comunal es constante hasta 1991, de lo cual se aprovechan para defender algunos de sus intereses, sobre todo los referidos al uso de los pastos. De esta forma, en Pariguanás se decidió que los tarayales no se arrienden a campesinos foráneos. Tampoco está permitido que campesinos de Frías, de El Común o del Bronce adquieran tierras en Pariguanás. En forma parcial, se logra impedir el acaparamiento de tierras dentro de la comunidad a través del derecho preferencial de los vecinos.

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A continuación se verá cómo la directiva comunal se ha convertido en una instancia que soluciona los litigios por tierras. Su intervención en los casos de herencia y en los problemas de linderos asegura una vida tranquila para los campesinos. En el caso de Pariguanás la ronda campesina también contribuye en forma significativa a mantener el orden y a fortalecer la cohesión comunal.

La comunidad campesina de Pariguanás 269

En abril de 1985 los campesinos de Pariguanás lograron obtener el reconocimiento legal de la comunidad. Por dos períodos, hasta fines de 1988, asumió la directiva comunal Marcial M. Con la elección de este presidente, que fue dirigente del grupo campesino durante los siete años precedentes, los campesinos delegaron la conducción de los asuntos comunales a un campesino de gran poder económico80.

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Hay varias razones que permiten entender esta elección. Pertenecer al sector pudiente implica para muchos campesinos no sólo una menor probabilidad de ser denunciado, sino además mejores condiciones para ganar los posibles juicios. En la sierra de Piura, en caso

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de surgir problemas entre campesinos, es frecuente que una de las partes recurra al poder judicial para denunciar a la oposición. Los juicios significan fuertes gastos, sobre todo en Frías, donde las denuncias se remiten a la capital de provincia, Ayabaca. Hasta fines de 1991, a los ojos de la mayoría de los campesinos fríanos, un juicio en Ayabaca se resolvía a favor de la parte de mayores recursos, en la medida en que ella estaba en condiciones de pagar las mayores coimas. De hecho, las aspiraciones personales de un dirigente rico son consideradas menores; en consecuencia, el riesgo que un campesino de mayores recursos aproveche su posición de dirigente para su enriquecimiento personal es menor. Finalmente, los campesinos estimaban el trabajo realizado por Marcial M. a la cabeza del grupo campesino y sus gestiones para el reconocimiento comunal. 271

A partir de 1985 la directiva comunal tomó algunas medidas para garantizar el orden interno. La comunidad de Pariguanás se compone de seis sectores: Rinconada de Pariguanás, Pariguanás, Chamba, El Faique y Santa Rosa. La directiva decidió dar una mayor participación a los diferentes sectores y se planificó reuniones periódicas con la participación de las autoridades de cada sector; es decir, del teniente gobernador, del agente municipal y del presidente del comité de ronda. Entre 1985 y 1988 sólo se realizaron dos “asambleas de directivos”. La primera se realizó a fines de 1986, cuando el arriendo de tierras a foráneos seguía siendo uno de los problemas más serios para la directiva: “Por lo cual se acordó pasar oficio a todos los subarrendatarios81 haciéndoles conocer por primera vez y por segunda que se prohíban a subarrendar o tener tierras en negocio a gentes ajenas de nuestra comunidad. También se hace conocer que en caso contrario serán sancionados y multados de acuerdo a la ley de la comunidad, y las tierras pasarán a poder de la comunidad, para que se beneficien dichos comuneros sin tierras” (LA-Asambleas de Directivos: diciembre 1986).

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Las sanciones mencionadas no se aplicaron y la modalidad de “arriendo” no pudo ser erradicada por completo.

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Uno de los requisitos para la inscripción de la comunidad en los Registros Públicos es la elaboración del “Reglamento o Estatuto Interno”. En el caso de Pariaguanás, éste se aprobó en julio de 1986. Se trata de una copia de la Ley de Comunidades Campesinas vigente en aquellos años. La problemática específica de Pariguanás es mencionada sólo en forma marginal, prohibiendo “los traspasos clandestinos”. En relación a los requisitos para ser considerado comunero se determinó lo siguiente: “Tener residencia dentro de la comunidad o lugar cercano que le permita participar normalmente en las actividades comunales” (Cap. I: De los comuneros por nacimiento y por obligación, Art. II, inciso c): LA-CC: julio 1986).

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La función normativa que ejerce este reglamento interno al interior de la comunidad es sumamente restringida. En setiembre de 1991, el 52% de los comuneros encuestados no estaba informado de su existencia.

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Otra de las actividades realizadas por la directiva comunal durante estos años fue el empadronamiento de los comuneros que se inició en noviembre de 1985. Respecto al procedimiento de inscripción de los comuneros en 1987 es necesario destacar otra vez que: “... comprometiéndose a cumplir dicho empadronamiento y prometiendo dejar las malas costumbres, sea por litigio de tierras, sea por juicios, o por subarriendo de tierras a otros comuneros ajenos, y quedando definitivamente prohibido el subarriendo y acaparamiento de tierras dentro de nuestra comunidad campesina” (LA-CC: junio 1987).

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El interés de los campesinos por el empadronamiento de sus tierras se explica en parte porque el Banco Agrario exigía a los comuneros como requisito para otorgarles crédito presentar los certificados de posesión con información sobre la extensión de las tierras conducidas, basándose en el padrón comunal y firmado por el presidente de la comunidad. Otro factor que explica este interés está relacionado con el hecho que la información referente a las tierras empadronadas serviría en el futuro para determinar, en caso de litigio, los linderos y la extensión de tierras conducidas por cada comunero.

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La asamblea comunal determinó expresamente que, en cuanto a transferencias de tierras, no tolerarían la intervención del Juez de Paz y de los directivos de la Liga Agraria. Esta medida sólo pudo ser impuesta mediante la amenaza de no proceder al empadronamiento de tales tierras.

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Durante el gobierno de Alan García se crearon diferentes programas de apoyo para las comunidades campesinas. A fines de 1991, en pleno proceso de ajuste económico y de desactivación de la banca de fomento, el 19% de los comuneros encuestados todavía opinan que la ventaja del reconocimiento legal de una comunidad campesina es el acceso a estos programas de asistencia y, a la pregunta respectiva, respondían que a partir del reconocimiento “hay más apoyo”. En 1986 el presidente de la comunidad, después de participar en el “Rimanacuy”, regresó a la comunidad con las propuestas de Alan García. De allí que las solicitudes de apoyo, dirigidas a la oficina zonal de la Micro-Región, contengan la frase: “... ya que estamos enterados que nuestro gobierno en el pasado RIMANACUY ofreció apoyo en todo a nuestras comunidades campesinas”.

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En 1986 la comunidad de Pariguanás recibe mediante el FOCCAN un aporte económico destinado a la compra de semillas mejoradas, productos veterinarios y motobombas. Finalmente, este dinero se invirtió en la construcción de la casa comunal. En 1987, las propuestas de inversión presentadas a la Micro-Región también se refieren a actividades productivas, planteándose el mejoramiento del ganado y el pago de un técnico, pero, igualmente, los fondos recibidos se invirtieron en la construcción de la casa comunal. Esta construcción fue la única actividad que se realizó mediante faenas comunales82. La asamblea comunal impuso a los “faltosos” multas que correspondían a un jornal; además, recibían “siete latigazos”.

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En 1988 los montos recibidos se invirtieron en la instalación de un “banco de insumos y tambo comunal” para abastecer a los campesinos con productos de primera necesidad y mejorar la infraestructura de las escuelas en los diferentes sectores (ver cuadro 29). Durante estos años se observa una débil asistencia de los campesinos a las asambleas, lo que estaría indicando que ellos no participaban realmente en la toma de decisiones sobre los programas de apoyo. En Pariguanás este tipo de apoyo no llegó a fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias, pero hay que subrayar que en esta comunidad no surgieron conflictos por la administración de los fondos, como en Poclús y Challe Grande.

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En febrero de 1990 la comunidad de Pariguanás recibió como donación del gobierno un tractor con un arado acoplable. La directiva comunal se dirigió a Bernal (Bajo Piura) para recibir la donación en presencia del Presidente de la República, Alan García. El tractor, en vez de facilitar la modernización del agro y el incremento de la producción, dio lugar a cada vez mayores problemas en la comunidad. En los meses siguientes, durante las asambleas, se produjeron grandes debates sobre la maquinaria, “que no podría beneficiarnos por falta de carretera” (LA-CC: abril 1990). Se propuso la compra de un

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camión para el transporte de productos agropecuarios desde El Común a la costa, pero finalmente se decidió vender el tractor para comprar un molino y organizar un tambo comunal. En aquel entonces, los comuneros no estaban informados acerca de que no podían vender el tractor donado. Entonces, optaron por alquilarlo a parceleros de la zona de Chulucanas; no sabían por qué razón el arado no podía ser acopiado al tractor83. En diciembre de 1991, todavía no se encontraba una solución satisfactoria para la utilización de esta maquinaria. 282

En los primeros años, el rol mediador de la asamblea comunal en cuanto a los problemas de tierras no ha sido muy importante. El prestigio del presidente de la comunidad es el que permitió que estos problemas fueran solucionados simplemente con su presencia y la del secretario de la comunidad. Ello revelaba las restringidas posibilidades de control y/o de intervención por parte de los demás comuneros. En este período, las actas asentadas en el “Libro de Arreglos” son todavía poco frecuentes; recién con los directivos posteriores se redactarán actas en estos casos84.

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En 1986 se decidió organizar anualmente, en el mes de setiembre, una actividad para festejar el aniversario de la comunidad con la presencia de las autoridades que actuaban en beneficio de la organización comunal, como los funcionarios del Ministerio de Agricultura o el encargado de la Micro-Región, que de esta manera se convierten en invitados especiales. A partir de esta actividad, lentamente surge una mayor cohesión entre los comuneros de los seis sectores. Participando en las diferentes comisiones, ellos empezaron a encargarse de los preparativos de la fiesta comunal. Pariguanás es la única comunidad en el distrito de Frías que celebra el aniversario de su creación.

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En 1989 y 1990 asumió la directiva de la comunidad un grupo de comuneros jóvenes. Esta nueva directiva decidió, en mayo de 1989, que “lo que está arreglado por la junta anterior no se puede desarreglar” y propone a los comuneros trabajar colectivamente para que “de aquí en adelante no se hagan mis problemas”.

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Las asambleas comunales se organizaron en forma más regular, cada dos meses, con excepción de la temporada de lluvias en la que se convocó a asambleas solamente en casos de emergencia. Antes de la asamblea, los campesinos se acercan al presidente o secretario que anota los diferentes temas por tratar. La asamblea comunal se inicia con el himno nacional. Para un mayor control de la asistencia se elaboran listas de los comuneros de los diferentes sectores; los que no asisten deben pagar una multa: trabajar un día en la construcción de la casa comunal o aportar con cinco latas de arena o de piedras. De hecho, se ha notado una mayor participación de los campesinos en las asambleas y, a partir de ahí, un mayor control de la asamblea comunal en los casos de traspasos 85 (ver nota 86).

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A partir de 1989, la asamblea comunal interviene de manera más decidida en los casos de transferencia de tierras, de herencias, de linderos o de caminos. En 1988, un comunero había traspasado un terreno a una familia de Arrendamientos (comunidad en Los Altos, distrito de Lagunas) y la asamblea exigió que este traspaso fuera anulado. Como el dueño del terreno no podía devolver la cantidad de dinero recibida por el traspaso, la asamblea determinó que la comunidad devolviera el dinero a la familia de Arrendamientos y que, posteriormente, la asamblea comunal decidiría a quién traspasar el terreno.

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La asamblea comunal interviene cada vez más en los litigios por herencia, mediando entre las partes. Por ejemplo, en el caso de una señora que había dejado una parcela a su hijo “para que lo trabaje, no para que lo venda”, o en el caso de dos hermanas que reclaman su herencia porque el padre antes de morir les había señalado sus parcelas y la madre aún no

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está dispuesta a realizar la repartición. Para evitar los problemas entre diferentes herederos, actualmente la inscripción de una repartición de tierras en el padrón comunal es aceptada sólo si se hace en presencia de todos los familiares. Cumplir con este requisito no es fácil para muchos campesinos: algunos de los hermanos pueden haber migrado a Lima o a la selva. Sólo cuando estos presentan una carta renunciando a su parte de la herencia se puede proceder a la inscripción. 288

Asimismo la comunidad interviene en los conflictos originados como producto del tránsito de los caminos que atraviesan chacras ajenas. En la asamblea comunal se discuten estos asuntos y todos los presentes tienen el derecho de intervenir. Cuando no se llega a una solución definitiva, se opta por una “inspección ocular”. Se fija una fecha entre los directivos y los demás involucrados y se solicita la presencia del comité de ronda del sector. Finalmente, se firma un acta en el Libro de Arreglos de la comunidad. La asamblea, además, puede ordenar a un vecino que construya nuevos cercos alrededor de sus chacras para impedir que sus animales sigan haciendo “daño” en las tierras de los demás.

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Sin embargo, no todos los arreglos realizados mediante la intervención de la asamblea son aceptados por los campesinos involucrados; algunos todavía recurren al poder judicial para denunciar a la directiva comunal. Esto ya no causa grandes preocupaciones a los dirigentes, que insisten en la autonomía comunal en cuanto a la resolución de problemas por tierras: “si quieren gastar su plata que vayan nomás”. Entre el campesinado de Pariguanás se desarrolla lentamente una conciencia acerca de las posibilidades que implica el hecho de pertenecer a una comunidad campesina y se advierte a los campesinos sobre las actividades de muchos “malos abogados y tinterillos” que solamente “quieren sacarles plata”. Se afirma insistentemente que la solución de todo tipo de problema debe buscarse en la asamblea, expresión de la autoridad máxima de la comunidad.

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La asistencia de los comuneros a las asambleas aumenta en forma considerable. Las multas cobradas por la directiva a los comuneros que no asisten corresponden a cinco jornales (S/. 5.00). En setiembre de 1991 se perdonaba la falta a una asamblea solamente si se enviaba la excusa que justificaba la ausencia: “no es falta si se pide permiso”.

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Durante este período se concluyó la campaña de “carnetización” de los socios. Se trataba de carnets diseñados de forma similar a la libreta electoral. Contienen información sobre la residencia del comunero, el número de inscripción en el padrón comunal, aparte de los datos personales, como fecha de nacimiento, estado civil y grado de instrucción escolar. Pariguanás es la única comunidad del distrito que ha otorgado carnets a sus socios. Estos carnets serán necesarios en el futuro para beneficiarse de los servicios que la nueva Central de Comunidades Campesinas de Frías proporcionaría a los miembros de las comunidades campesinas del distrito.

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Continúa organizándose la fiesta por el aniversario de la comunidad, y para disponer de fondos comunales surgió la propuesta de cobrar cuotas a los comuneros de acuerdo a la extensión de tierras que conducen dentro de la comunidad (S/. 0.5 por hectárea, correspondiente en esa fecha a medio jornal).

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Las discusiones en la asamblea comunal reflejan las preocupaciones de los campesinos, incluyendo la organización de las fiestas. Para muchos campesinos en Frías, una fiesta en Pariguanás equivale a una muerte. Hasta hace pocos años, antes de la formación de la ronda, se decía “hubo una muerte, pasó buena la fiesta”. En las vísperas de las velaciones

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se decidió discutir sobre la venta de primera: “hay una bebezón y pasa una muerte”, expresa el tesorero de la comunidad. Dos años antes, en 1989, durante la fiesta murió un campesino. Después de largas discusiones se determinó que en toda la comunidad no sería permitida la venta de cañazo durante las velaciones, pero podrían organizarse bailes “secos”, aunque muchos presentes argumentaron que “sin primera no habrá baile”. Para garantizar que este acuerdo fuera respetado, todos concordaron que la multa debía ser alta y se fijaba la cantidad en S/. 10.00 (o sea, 1.5 latas de primera). 294

En resumen, en la comunidad de Pariguanás la organización comunal ha logrado lentamente constituirse como una institución que garantiza una vida pacífica para los comuneros. El 94% de los comuneros encuestados reconoce la ventaja de una intervención de la asamblea comunal en los casos de traspaso86 de terrenos. Actualmente, para los campesinos de Pariguanás el hecho de ser socio de la comunidad significa “más respeto, más organización, se vive en más armonía, se vive más tranquilo, se vive mejor”.

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Todos los campesinos concuerdan en que la organización comunal debería ser aprovechada para lograr el desarrollo y el progreso de los comuneros. Plantean que la directiva comunal debería asumir nuevas funciones y gestionar programas de apoyo del Estado o de las ONG para tener acceso a la tan deseada “asistencia técnica”, referida sobre todo a programas de mejoramiento ganadero. Del apoyo técnico se espera una contribución al aumento de la productividad y la expectativa en relación al gobierno es mejores precios, a fin de que un buen año agrícola no siga siendo un mal año económico. Para los campesinos de Pariguanás la construcción de la nueva carretera Platanal-Frías es un paso hacia el “desarrollo”.

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Las expectativas de los campesinos respecto del Estado siguen siendo altas, no obstante que las políticas del actual gobierno han tenido fuertes repercusiones para los campesinos de Pariguanás. Entre otras, tenemos que ahora las comunidades no cuentan con créditos y sus hijos ven cada vez más restringidas las posibilidades de encontrar trabajo, aunque sea en forma temporal en la costa. Sorprende que bajo estas circunstancias todavía el 64% de los encuestados opine que “el gobierno” representa los intereses del campesinado.

La ronda campesina de Pariguanás 297

En 1991 en todos los sectores de la comunidad de Pariguanás funcionaba un comité de rondas campesinas. Se ha mencionado ya que los presidentes de los comités de ronda de los sectores de Rinconada de Pariguanás, Pariguanás, Chamba, Santa Rosa y El Faique coordinan estrechamente con los directivos de la comunidad. Actualmente, se ha establecido una clara división de funciones entre la directiva del comité de rondas y la directiva comunal. Todos los problemas de tierras son asumidos por la asamblea comunal, pero se pide la presencia del presidente del comité de rondas del sector involucrado.

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Las asambleas de la ronda se organizan con mucho mayor frecuencia que las asambleas de la comunidad; por lo general, se trata de una fecha fija cada mes, puede ser cada primer o último domingo. Los casos solucionados por el comité local de ronda se orientan mayormente a problemas por pleitos entre familiares, chismes, ofensas, daño en las chacras y pequeños robos. Actualmente, la gran mayoría de estas denuncias son solucionadas en el comité local de la ronda; sólo unos pocos casos se remiten a la Central de Rondas Campesinas. No obstante, en noviembre de 1991, durante una asamblea de la comunidad se planteó la necesidad de llegar a una mayor centralización de la organización rondera dentro de la comunidad. El presidente del comité de rondas de El

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Faique, profesor y ex-vicepresidente de la comunidad, propuso la formación de una SubCentral de Rondas en el ámbito comunal, propuesta que fue aceptada por los comunerosronderos presentes en la asamblea. La meta trazada para esta nueva Sub-Central sería garantizar una coordinación todavía más estrecha entre ronda y comunidad.

V. LA COMUNIDAD CAMPESINA JOSÉ OLAYA DE SILAGUÁ La reforma agraria en Silaguá 299

En un primer momento, la reforma agraria no trajo consigo grandes cambios para los campesinos de Silaguá: salió el administrador y ya no se entregó parte de la cosecha a la hacienda. La única inverna conducida directamente por la hacienda se vendió a un campesino. Los arrendatarios, destajeros y subarrendatarios siguieron trabajando sus tierras en la forma acostumbrada.

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La información sobre el proceso de reforma agraria se difundió lentamente. Los arrieros, los yunganos que venían de Chulucanas y los comerciantes de ganado de la costa traían las noticias de los cambios en el Alto Piura; informaban sobre las tomas de tierras en las primeras haciendas afectadas y sobre el proceso de organización de las cooperativas. También se obtenía información sobre el proceso de reforma agraria, cuando se producían los viajes a la capital del distrito, a unas 3 horas de Silaguá y unas 5 horas de Barranco Blanco.

Del grupo campesino al reconocimiento de la comunidad 301

Al igual que en las demás comunidades campesinas de Frías, en Silaguá el proceso de reforma agraria se operativizó a partir de la llegada de “los ingenieros” en 1976. Eran los técnicos del Ministerio que llegaron de Piura para informar sobre los procedimientos que los campesinos tenían que seguir para ser considerados como beneficiarios de la reforma agraria y lograr la adjudicación de las tierras de la hacienda. Los campesinos de Silaguá siguieron las indicaciones de los “ingenieros” y también aquí la primera acción concreta para los arrendatarios y destajeros fue el empadronamiento de las tierras que estaban conduciendo. Esta tarea fue encomendada a los tenientes gobernadores de los diez sectores: Chupicarume, Silaguá, Cahingará, Pilán, Loma de Guabal, Ramada Grande, Ramada Chica, Barranco Blanco, Guanábano Alto y Chililique Alto. El amplio territorio de Silaguá resultó un serio impedimento para el empadronamiento; solamente un reducido número de campesinos se acercó a los tenientes gobernadores para inscribirse.

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En 1978, la formación del grupo campesino incluía la realización de las primeras elecciones entre los arrendatarios. Eligieron a Eduardo L. como presidente del grupo campesino. En este caso, la razón principal para elegir a un campesino que no contaba con grandes recursos económicos, fue la trayectoria de Eduardo L. desde fines de los años sesenta, cuando esta persona se perfila como líder por su actuación en la construcción de la escuela. Hasta comienzos de los años sesenta, los padres de familia que no podían enviar a sus hijos a estudiar en Frías contrataban a un profesor en Silaguá. Eduardo L. impulsó la construcción de una escuela en el pueblo y tramitó la designación de sus profesores. En negociaciones con la administración de la hacienda consiguió el terreno y, posteriormente, organizó con los arrendatarios de Silaguá la construcción del local.

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Cuando el número de alumnos aumentó, Eduardo L. encabezó la comisión que viajó varias veces a Lima para ofrecer al representante de la hacienda, Juan Checa Solari, la casa construida por los arrendatarios para la escuela a cambio de la casa-hacienda que estaba desocupada durante la mayor parte del año. El hijo de Eduardo L. recuerda que durante estas gestiones en Lima la comisión de Silaguá era apoyada por Paulino C, residente en Lima y casado con una silagueña, que trabajaba en el Congreso. Fue Paulino C. quien contactó a L. con algunos parlamentarios piuranos, entre otros con Juan Palacios Pintado. Palacios no solamente los apoyó durante las negociaciones con Juan Checa Solari, sino también en las gestiones ante el Ministerio de Educación.

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Doce años después, en agosto de 1976, un grupo de silagueños residentes en Lima, conjuntamente con Eduardo L. y otros campesinos de Silaguá, organizaron la celebración del aniversario de la creación de la escuela en Silaguá. Lo hicieron en agradecimiento a todos los que habían apoyado a las gestiones exitosas de 1964, “en el Congreso de la República, con la respectiva partida para su funcionamiento, con buena ayuda de los señores parlamentarios piuranos de aquel año” (Programa de la celebración: Archivo Comunal)87. No solamente participaron los residentes de Silaguá y otros frianos en Lima, se invitó también a los parlamentarios piuranos y al prefecto del departamento de Piura. El prestigio adquirido por Eduardo L., su experiencia en cuanto a las gestiones y los contactos que tenía en Lima fueron determinantes para su elección como presidente del grupo campesino.

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El grupo campesino estableció una estrecha coordinación con la Liga Agraria y, cada dos o tres meses, organizaron asambleas para informar sobre el estado de las gestiones en el Ministerio de Agricultura y solucionar algunos problemas internos. A partir de 1979, la directiva del grupo campesino empezó a discutir en las asambleas los traspasos de terrenos y la división de tierras en caso de herencias. En 1980 la asamblea decidió nombrar delegados de los diferentes sectores para garantizar una mejor coordinación dentro del amplio territorio del grupo. En agosto de ese mismo año el número de socios del grupo campesino había aumentado a 351.

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En enero de 1982 el presidente informó a los socios sobre las indicaciones recibidas en Piura. Los grupos campesinos debían “transformarse en cualquier empresa prevista en la legislación de Reforma Agraria, por ser transitorios” (LA-GC: enero 1892). Como propuestas de transformación fueron presentadas a la asamblea la conversión en cooperativa, comunidad campesina o “liquidación del grupo para individualizarse”. Los campesinos presentes decidieron por la transformación en comunidad campesina. Nombraron un gestor y acordaron aportar cuotas para las gestiones posteriores. Además, se determinó actualizar el padrón, descalificando a todos los socios fallecidos y registrando “a todos los campesinos que conducen tierras en el ámbito del Grupo Campesino” (LA-GC: enero 1892).

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También en Silaguá la transformación en comunidad campesina obedeció a factores externos, dispuestos por la legislación agraria. De hecho, pesaron las sugerencias de los encargados del Ministerio de Agricultura que habían optado por impulsar la creación de comunidades campesinas en la sierra piurana.

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No obstante, en Silaguá también existieron factores internos que propiciaron la opción por la comunidad. En la parte baja de Silaguá existía un terreno de mancomún, un fundo denominado El Papayo. En la época del grupo campesino se dieron algunos intentos de cercar parte de estas tierras para venderlas a campesinos de la parte alta —por ejemplo,

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de Challe Chico— lo que la directiva logró impedir. Además, el grupo campesino de Río Seco, que colinda en la parte baja con las tierras de Silaguá, reclamaba las tierras de El Papayo y los directivos de Silaguá tuvieron que viajar varias veces a la parte baja, a Pampas de Pilán, para deslindar con los campesinos de Río Seco. Las posibilidades legales que ofrecía la transformación en comunidad permitían proteger el mancomún; por lo tanto, esta opción resultaba interesante para los campesinos. La titulación individual no fue considerada en Silaguá y, finalmente, en marzo de 1983, los 391 socios del grupo campesino lograron el reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina José Olaya de Silaguá.

Los recursos y la producción 309

El territorio de la comunidad de Silaguá abarca una extensión total de 6,920.74 hás. de tierras del predio Pariguanás, adjudicadas en 1983 (Ministerio de Agricultura, Dirección de Catastro, abril 1980; documento en poder de la directiva comunal). Se trata de la comunidad más extensa del distrito de Frías. Según los informes de la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Silaguá cuenta con 493.40 hás. de tierras bajo riego, 4,787.16 hás. de tierras de secano y 1,640.18 hás. de bosques y pastos naturales. La comunidad se encuentra en la parte baja del distrito de Frías, sus tierras se extienden desde 400 hasta 2,200 metros de altura. El centro de la comunidad, el caserío Silaguá, se encuentra a tres horas de camino de la capital del distrito; en cambio, desde los sectores de Chililique Alto, Ramada Grande o Guanábano Alto se requieren más de 5 horas de camino para llegar a Frías.

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El territorio de Silaguá colinda al norte con la comunidad de Geraldo y la comunidad de Las Cuevas; esta frontera la constituyen los cerros Orqueta, Pilán y La Silla. El límite oeste es el cerro Ramada o Pilán88, frontera con la vecina comunidad de Río Seco. Al sur y sureste la frontera de las tierras comunales la determina el río Yapatera y, al este, el cerro Cahingará es el límite con la comunidad de Pariguanás (ver mapa 13).

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Silaguá dispone de la menor extensión de tierras irrigadas entre las comunidades estudiadas. Las aguas para el regadío de las chacras provienen de tres pequeñas quebradas: Pilán en el valle de Silaguá, El Mango y Palo Amarillo. La mayor limitante para el riego es el bajo caudal de las aguas lo que no permite ampliar los sistemas de irrigación. Por otra parte, las tres quebradas son estrechas y sólo permiten el riego de pequeñas playas en los fondos de valle. Los sistemas de regadío son simples y agrupan a un reducido número de regantes en las diferentes tomas.

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Bajo riego se siembra de preferencia caña de azúcar, y la primera que se elabora en el valle de Silaguá es de excelente calidad. También se siembra guineo, café, yuca, camote, frijol de palo, zanahoria blanca (arracacha) y algunos frutales, como naranja y papaya. Todos estos productos son sembrados entre los 600 y 1,400 metros, donde el riego permite también mantener pastos en pequeñas invernas.

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Cuadro 24 : Recursos de la comunidad de Silaguá

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En los terrenos de temporales en las laderas de los cerros se siembra maíz y, hasta los 1,000 metros, la zarandaja. El maíz se siembra hasta 5 años consecutivos, luego se deja descansar los terrenos entre 3 y 20 años, convirtiéndose en monte. En la parte alta, por ejemplo, en las laderas del cerro Cahingará, entre 1,500 y 2,000 metros, se siembra, pero poco, trigo, arveja y haba. Estas tierras también descansan cuando los campesinos determinan que los rendimientos son bajos. Por lo general, los campesinos de esta zona no emplean fertilizantes: por un lado, por los altos precios y, por otro lado, argumentan que “la tierra se acostumbra a la úrea y después cuando no hay ya no da bien”.

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Silaguá es la comunidad que dispone de la mayor extensión de tierras comunales, de mancomún como son denominadas estas tierras en Frías. El ganado vacuno se mantiene en las pequeñas invernas, en los rastrojos después de la cosecha del maíz o suelto en el monte. Los campesinos de los sectores cercanos al mancomún de El Papayo son los que más se benefician de estos recursos comunales.

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El uso colectivo de los recursos forestales y de los pastos naturales data de la época de la hacienda, cuando los arrendatarios y la hacienda se beneficiaban de la madera y los pastos de El Papayo. Desde fines de los años sesenta la hacienda ya no manifestaba interés por estos recursos que eran aprovechados mayormente por los arrendatarios. Estas tierras comunales se encuentran entre los 400 y 1,000 metros, pero se desconoce su extensión exacta, calculada por los campesinos entre 300 y 1,000 has. Se trata de una zona de bosques naturales donde se encuentra variedades como ceibo (Bombax riuzii), hualtaco ( Loxopterygium hauasango), palo santo (Bursera graveloens), chamelico (Celtis), así como papelillo (Bougainvillea spect.) y achupalla (Puya spp.).

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Todos los socios de la comunidad tienen el derecho de soltar sus animales en El Papayo, así como el derecho de utilizar la leña. La directiva de la comunidad ha hecho diferentes intentos orientados a controlar el uso de este único recurso comuna!, proponiéndose limitar el número de ganado que cada campesino lleva a esta zona. Actualmente, los campesinos de mayores recursos ganaderos son los que más se benefician de estas tierras, al igual que los campesinos de los sectores más cercanos. Las tentativas de reglamentar el uso de la madera tampoco han tenido éxito. Hasta ahora la comunidad no ejerce ningún

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control sobre estos recursos. Como ya se ha mencionado, la adjudicación de estas tierras también fue reclamada por la vecina comunidad de Río Seco, hecho que fue uno de los motivos para el temprano reconocimiento legal de la Comunidad de Silaguá. 317

En torno a estas tierras comunales están surgiendo serios conflictos en Silaguá. Lejos de cohesionar a la organización comunal, el manejo del mancomún de El Papayo está generando la división. Los campesinos de Barranco Blanco y Guanábano Alto que, a comienzos de la época de lluvias, llevan sus animales a esta zona por su cercanía, son los que más se benefician de las tierras comunales. En un año de abundantes lluvias el ganado puede permanecer en El Papayo hasta los meses de julio y agosto y después de la cosecha del maíz seco es llevado a los tarayalcs.

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Los campesinos de la comunidad de Silaguá dicen que “todas (las parcelas) tienen su dueño”. Los terrenos son cercados por pircas o cercos naturales. Sin embargo, todavía existe una forma colectiva de uso de los pastos que tiene su origen en la organización de la producción impuesta a los campesinos en la época de la hacienda.

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En los últimos años antes de la reforma agraria, los arrendatarios disponían de los tarayales. Como se trataba de grandes potreros y las diferentes parcelas no estaban cercadas, todos los arrendatarios soltaban su ganado después de las cosechas. Esta forma de aso colectivo de los pastos se mantuvo durante algunos años y, en 1979, todavía se reunían los 18 campesinos de los potreros Sango y Lúcumo para acordar “empastar cuatro reses cada sembrador de maíz, al que no tiene ganado se le pagará mil soles... acuerdan renovar los cercos para evitar los daños” (LA-GC: julio 1979). Actualmente, esta forma de pastoreo colectivo está desapareciendo, la mayoría de las familias campesinas cercó sus parcelas de temporal.

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El uso de mancomún se mantiene mayormente entre los parientes cercanos; es frecuente que todos los hermanos usufructúen en esta forma los pastos sin proceder a la repartición de las tierras de secano. Sin embargo, si la presión sobre las parcelas aumenta, estas tierras también se parcelan. A la vez, en los casos de conflicto, cuyos motivos son de lo más diversos, existe la posibilidad de dividir de las parcelas. En las faldas del cerro Orqueta todavía existe un terreno de mancomún de alrededor de 120 hás. que las familias de los ex-terrasgueros usufructúan en forma colectiva para su ganado.

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La información sobre la diferenciación interna en Silaguá se basa en los datos que contiene el padrón de la comunidad, donde están registradas las extensiones de tierras de cada comunero por sectores, indicando además si se trata de tierras bajo riego o bajo secano. Al igual que en las demás comunidades, la característica más común es la conducción de pocos “lotes”: la mayoría de los comuneros conducen entre uno o dos lotes diferentes.

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En esta comunidad la diferenciación interna es pronunciada y los campesinos pueden conducir entre 0.5 há. bajo riego, como en el sector de Silaguá, y 155 hás. de tierras mayormente de secano, en el sector de Guanábano Alto. En los sectores de Ramada Grande, Ramada Chica, Guanábano Alto y Barranco Blanco, donde la mayoría de las tierras son de secano (se trataba de los antiguos destajos), las extensiones de tierras conducidas por las familias campesinas son mayores que, por ejemplo, en Silaguá donde se dispone de riego (los ex-arriendos).

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Cuadro 25: Tenencia de tierras en la comunidad de Silaguá

Fuente: Padrón de Comuneros de Silaguá (1991). 323

El acceso a las tierras dentro de la comunidad de Silaguá obedece a los siguientes orígenes: 1. Haber sido arrendatario o hijo de arrendatario de la hacienda de Pariguanás. Los arrendatarios disponían de diferentes tipos de parcelas, agrupadas mayormente alrededor de la vivienda. Si se trataba de tierras bajo riego, éstas se encontraban cercadas y eran trabajadas durante muchos años seguidos por la misma familia campesina; por eso, en estas tierras se encuentran cultivos permanentes como guineo, caña y café. Por otro lado, disponían de terrazgos, terrenos de temporal para la siembra de maíz, que se encontraban en los potreros de la hacienda y eran aprovechados para el ganado después de las cosechas por todos los terrasgueros. Las diferentes parcelas no estaban cercadas. 2. Haber sido destajero o hijo de destajero de la hacienda Pariguanás. Estos campesinos disponían de grandes extensiones de tierras de temporal y se dedicaban principalmente a la ganadería y a la siembra del maíz. 3. Haber sido subarrendatario de un destajero de la hacienda Pariguanás. Los destajeros eran libres para subarrendar tierras a campesinos del mismo Silaguá o de otros caseríos; los subarrendatarios dependían exclusivamente del destajero que recibía el arriendo. 4. Haber obtenido mediante traspaso89 el terreno de una familia de Silaguá. Durante la época del grupo campesino estos traspasos fueron realizados también con campesinos de otros sectores que no pertenecían al grupo. A partir de 1983, sólo se benefician de los traspasos los socios de la comunidad. 5. Haber comprado tierras a la hacienda de Pariguanás. En Silaguá sólo un campesino compró una inverna a la hacienda. 6. Haber arrendado tierras a un ex-destajero o a un comunero que poseía grandes extensiones de tierras de temporal.

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Algunos de los destajeros que contaban con subarrendatarios han logrado impedir que estos últimos sean empadronados en sus destajos. Ello ha sido posible en la medida que quienes arriendan tierras dentro de la misma comunidad son sobre todo campesinos jóvenes. Adquieren el derecho de trabajar las tierras de secano y luego el ex-destajero utiliza los tarayales para su ganado. Algunos de estos ex-destajeros no residen en forma permanente en la comunidad y poseen además tierras en los alrededores de Frías. También se da la modalidad por la cual campesinos de otras comunidades arriendan pastos en Silaguá90.

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Para la organización de la producción en la comunidad de Silaguá se recurre principalmente al intercambio de fuerzas, “pocos ganan a la plata”, explica un campesino de Chupicarume. En Silaguá también se recurre a las mingas para los trabajos de gran

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demanda de mano de obra, como son la preparación de las tierras que durante varios años han permanecido en descanso o, en noviembre, la carga de la leña que se necesitará durante el invierno. En Silaguá, como en Pariguanás, los campesinos de mayores recursos recurren a mingas para conseguir la mano de obra necesaria en las tareas relacionadas a la siembra del maíz. 326

Las juntas son otra de las modalidades de organización de la producción que se da en esta zona. Un grupo de campesinos acuerda trabajar en forma conjunta las tierras de todos, por ejemplo, durante las labores que se refieren a la siembra del maíz. En este caso, cada campesino acude al trabajo con su propia comida o fiambre, lo que diferencia esta modalidad del intercambio de fuerzas, donde el dueño del terreno asume la alimentación de sus peones. Las juntas son constituidas sobre todo por campesinos de menores recursos.

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Los ganaderos residentes en Frías pagan peones en la comunidad de Silaguá. Contratan a una familia para que se encargue del cuidado del rebaño; esta familia dispone además de la leche para su consumo. Generalmente, estos ganaderos no siembran en sus tierras y a comienzos de la temporada de lluvias llevan sus animales de Frías a Silaguá.

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La mayor parte de la producción agrícola de los comuneros de Silaguá se destina al autoconsumo o, como se dice en el campo, “para el gasto de la familia”. Para abastecerse de los productos de los que la familia no dispone se recurre al trueque con campesinos de otras zonas. Pueden ser los silagueños quienes van en búsqueda de granos a la parte alta o pueden ser los campesinos de Challe Grande, Pariguanás de Los Altos los que bajan a Silaguá para abastecerse de maíz. Esto se dio sobre todo en 1991, cuando la cosecha de maíz en la parte alta fue mala. En Silaguá se intercambia 1 quintal de maíz por 1 quintal de papas, 1 saco de maíz por un saco de frijol bayo o 3 quintales de maíz por 2 quintales de trigo. Mapa 13: Comunidad campesina de Silaguá

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Después de la cosecha de maíz llegan a Silaguá los arrieros que vienen de Chulucanas en búsqueda de este cereal. Los campesinos de la zona se abastecen sobre todo de algunos de los productos que traen los arrieros en sus piaras91: sal, kerosene, azúcar y arroz. La primera o el dulce se intercambia o vende dentro de la misma comunidad, ya que no en todos los sectores se dispone de suficiente caña de azúcar para su elaboración. Además, estos productos se suelen llevar a Chulucanas o Frías o son intercambiados por arroz con los arrieros.

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La producción ganadera se destina exclusivamente al mercado. Al igual que en las otras comunidades estudiadas, en Silaguá los comerciantes foráneos son los que vienen desde Chulucanas en búsqueda de ganado. Algunos campesinos tienen la preocupación de organizar la venta del ganado, pues se quejan de las grandes ganancias de los intermediarios: “estos comerciantes en 2 o 3 días ganan 200 o 300 millones. A nosotros nos pagan mal abajo (Chulucanas), no nos conocen, no nos quieren comprar”.

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La intervención directa de la comunidad en el proceso productivo es reducida. Hay que resaltar que la preocupación de la asamblea comunal en la actualidad se dirige casi exclusivamente a la solución de los problemas internos y a la defensa de los recursos comunales. La organización del riego en Silaguá también está a cargo de los delegados de las diferentes acequias. La intervención de la asamblea comunal se da solamente en caso de aquellos conflictos que no pueden ser solucionados entre los regantes o por la mediación del comité de rondas. Como se ha mencionado en el caso de Pariguanás, la solución dispuesta por la asamblea comunal sobre los litigios entre regantes siempre puede ser anulada por el técnico de aguas en Frías.

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La organización comunal no controla el uso de los recursos comunales, más precisamente, no restringe el número de ganado que cada comunero envía a El Papayo. Una excepción se dio en el caso de dos comuneros-ganaderos que no residían en forma permanente en la comunidad; a ellos se les permitió llevar solamente un reducido número de animales a El Papayo.

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La comunidad interviene en el manejo de los pastos de los diferentes potreros de aso colectivo exclusivamente en forma indirecta. En caso de división de las tierras, cuando las diferentes familias no logran encontrar una repartición satisfactoria, se solicita la mediación de la asamblea comunal.

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Como en las otras comunidades, en Silaguá la asamblea comunal también se ha constituido como la institución que garantiza una repartición justa y pacífica de tierras en caso de herencias. A la vez, se encarga de que los traspasos beneficien exclusivamente a los mismos comuneros. La asamblea comunal todavía no logra impedir el arriendo de los pastizales de usufructo familiar a campesinos foráneos y, como se verá, esto originó reacciones radicales entre los campesinos de algunos sectores.

La comunidad campesina de Silaguá 335

Eduardo L., presidente del grupo campesino Silaguá desde 1979, continuó como responsable de la directiva de la comunidad hasta 1984. Durante estos años las tareas de la directiva comunal se orientaron casi exclusivamente al empadronamiento de los nuevos socios. La defensa de los terrenos comunales se convirtió en una preocupación constante, puesto que no faltaron los intentos de algunos campesinos de cercar una parte del mancomún para su beneficio individual o para arrendarlo a campesinos foráneos. En

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tiempos del grupo campesino ya se había optado por descentralizar la organización a partir de la elección de delegados en cada uno de los diez sectores. Los delegados de estos sectores informan de los problemas de las bases y llaman a las asambleas de la comunidad. 336

Entre 1985 y 1988 Guillermo B. asume la presidencia de la comunidad. Se trata de un campesino de mayores recursos que, al igual que Eduardo L., fue dirigente del grupo campesino. Durante este período, en reiteradas asambleas la directiva comunal insistió sobre la conveniencia de que las transferencias de tierras se realizaran exclusivamente con conocimiento de la asamblea comunal y en beneficio de los propios comuneros. Como recuerda Artimidoro L., algunos campesinos todavía “hacían los traspasos calladitos, entre ellos y algunos de mala fe, después decían no te he vendido, y allí vienen los problemas”.

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A partir de 1986 la directiva comunal delegó a los presidentes de los comités de ronda la función de velar e informar sobre los traspasos “ilegales”. En la medida que algunos campesinos foráneos seguían usufructuando parte del mancomún en El Papayo, se acordó realizar rodeos para un mejor control sobre estas tierras. Sin embargo, esta decisión no tuvo efecto en los años siguientes.

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La primera obra comunal fue la construcción de la casa comunal que se inició en julio de 1986 y se realizó con el apoyo de todos los sectores. No obstante, uno de los problemas más resaltantes fue la poca asistencia a las asambleas de la comunidad. En los años posteriores la participación de una buena parte de los más de 530 comuneros calificados sólo se producía cuando había que discutir sobre la inversión de los programas de apoyo o cuando los dirigentes de la Liga o funcionarios del Ministerio visitaban la comunidad.

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Al igual que en las demás comunidades, los programas de asistencia en Silaguá (ver cuadro 29) se invirtieron en infraestructura educativa. El dinero se repartió equitativamente entre los 10 sectores. En 1989 se decidió crear un tambo comunal en la sede central de la comunidad. En ese entonces la inflación frustró el intento de los comuneros de Silaguá de organizar el abastecimiento de productos de primera necesidad independientemente de los arrieros y asumir, por primera vez en forma colectiva, la comercialización del maíz. Como en el caso de Pariguanás, Challe Grande y Poclús, estos fondos no fomentaron el desarrollo productivo de la comunidad, pero en Silaguá la directiva administró los fondos de manera transparente y no originó conflicto alguno entre los campesinos.

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A partir de 1989 la presidencia de la comunidad estuvo a cargo de Lizandro C, un campesino con una larga experiencia migratoria en la costa. La inasistencia de los campesinos a las asambleas siguió siendo uno de los mayores problemas para administrar Silaguá de manera eficiente. En aquel año por primera vez se impuso una multa a los campesinos que no asistían, pero no llegó a hacerse efectiva, porque como informa el presidente de la comunidad: “hay que andar mucho”. En cambio, se logró que en el caso de faltas reiteradas las sanciones fueran asumidas por el comité de rondas.

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A partir de ese año se acentuaron los conflictos latentes durante los años precedentes. En todas las comunidades del distrito de Frías se discutía la nueva legislación sobre comunidades dictada por el gobierno de Alan García. Lentamente, se difundió entre los campesinos la norma que prohibía ser comunero calificado en dos comunidades y contar con una residencia estable fuera de la comunidad. La realidad de muchas comunidades, entre ellas la de Silaguá, era que cuando comenzó el empadronamiento de los campesinos el requisito que se les exigía era conducir tierras dentro del territorio comunal. En el

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tiempo de la hacienda era relativamente frecuente disponer en forma temporal de arriendos en diferentes sectores. En la época del grupo campesino, muchos campesinos optaron por los traspasos, sobre todo para garantizar el acceso a los pastos de sus animales. La solución ideal para este tipo de problema era traspasar las tierras en una comunidad y seguir como comunero en la otra. Pero desde el punto de vista campesino no era posible obligar a un comunero a traspasar sus tierras a otro. 342

Esta coyuntura fue aprovechada por un grupo de campesinos del sector de Barranco Blanco para desalojar a dos campesinos calificándolos de gamonales. Se trataba de Tomás R., un campesino de Matalacas que en 1979 había comprado 60 hás. en Silaguá en una transacción aprobada por la asamblea del entonces grupo campesino, y de Rafael J., exdestajero de la hacienda que conducía 78 hás. en el mismo sector. Ambos campesinos se dedicaban principalmente a la ganadería, cada uno poseía entre 50 y 60 cabezas de ganado. Tomás R. no vive en forma permanente en Silaguá, la mayor parte del año reside en Frías donde también había comprado tierras. Los campesinos de Barranco Blanco ya habían presentado quejas contra estos dos campesinos v, en 1986, la asamblea comunal decidió limitar la cantidad de ganado que, en adelante, R. podría llevar entre los meses de febrero y marzo a las tierras comunales. Finalmente, algunos años más tarde se dio una norma por la cual los “comuneros de otras comunidades que tienen tierras en la comunidad, están prohibidos de aprovechar los pastos naturales del mancomún” (LA-CC: marzo 1989). En cambio, a Rafael J. únicamente se le permitió arrendar pastos en el mancomún.

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En 1989 se agudizaron los problemas entre la comunidad y los campesinos del sector de Barranco Blanco, encabezados por Felipe C. como presidente del comité de rondas. En cada asamblea aparecía una fuerte delegación de este sector exigiendo que R. y L. fueran descalificados. En este contexto, muchos comuneros de Silaguá temían que la descalificación resultara exitosa, pues consideraban que ello crearía un precedente a partir del cual se comenzaría “a botar la gente de sus tierras”. Para muchos Tomás R. tenía el derecho de permanecer en Barranco Blanco por haber comprado: “ha gastado de su plata”. La directiva de la comunidad argumentó que para la descalificación de un comunero se requería la asistencia de dos tercios de los comuneros, de manera que los temerosos podían estar tranquilos en la medida que, hasta esa fecha, no se había producido en Silaguá una asistencia masiva a la asamblea comunal92. La fracción de Barranco Blanco no tuvo éxito en su petición a la asamblea comunal. Cabe anotar, sin embargo, que poco tiempo después los cercos de Tomás R. fueron quemados, y la casa de Rafael J. fue incendiada. En ambos casos el mensaje era el mismo: abandonen las tierras.

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Desde 1991, la nueva directiva de la comunidad, presidida por Artimidoro L. (hijo de Eduardo), siguió buscando una solución al problema entre Tomás R. y “los hermanos C”, que representaban los intereses de la mayoría de los campesinos del sector de Barranco Blanco. La anterior directiva había autorizado a ambas partes para buscar una solución ante el Poder Judicial. Una supuesta amenaza de muerte por parte de los líderes de Barranco Blanco al anterior presidente de la comunidad fue motivo suficiente para que este problema no se siga debatiendo en la asamblea comunal. En enero de 1991, con la presencia del presidente de la Central de Rondas y del gobernador de Frías, parecía que se llegaba a un acuerdo: Tomás R. mostró su disposición a traspasar sus tierras a cambio de S/. 3,500 (US$ 1,500) y en asamblea se determinó que “los que pagan este terreno tendrán acción al mancomún” (LA-CC: enero 1991). Sin embargo, el traspaso no se llegó a realizar. Actualmente, Tomás R., temiendo por su vida y la de su familia, no lleva sus animales a

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Barranco Blanco y ha optado por arrendar sus pastos a dos campesinos de Pariguanás. Pero los campesinos de Barranco Blanco lograron impedir el paso a los animales de uno de ellos y los animales del otro murieron misteriosamente, sospechándose que fueron envenenados. 345

Actualmente la comunidad de Silaguá enfrenta otro problema en el sector de Guanábano Alto, donde fueron invadidas las tierras de un ex-destajo de 155 hás. Estas tierras no sólo son disputadas por los herederos, sino también son reclamadas por los campesinos que durante muchos años trabajaron allí como arrendatarios. Estas tierras son utilizadas en forma temporal como pastos, cuando uno de los herederos lleva su ganado desde Frías a Guanábano Ato. Este incidente se torna cada vez más conflictivo, pues están involucradas las tierras del actual gobernador de Frías, que ha denunciado a campesinos de Guanábano y a Felipe C. ante la fiscalía de Ayabaca.

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A mediados de 1991 la mayoría de los campesinos de los sectores de Barranco Blanco y Guanábano Alto iniciaron los trámites para separarse de la comunidad. Ambas gestiones no fueron aceptadas por los demás comuneros, quienes temían que los comuneros de Barranco Blanco y Guanábano Alto, por su mayor cercanía a los pastos comunales, reclamaran las tierras de El Papayo. Estos hechos fueron denunciados por la directiva comunal ante la Fiscalía de Avabaca93, contando con el apoyo de la Central de Comunidades Campesinas y del gobernador.

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Todos estos conflictos al interior de la comunidad crearon una mayor conciencia acerca de las posibilidades y limitaciones de la organización comunal. Actualmente todos los traspasos se realizan en presencia de la asamblea comunal, que aparece como la organización que resuelve los problemas de herencia. Sin embargo, la situación en esta comunidad sigue siendo tensa. La denuncia ante la fiscalía fue exitosa: se dispuso una orden de captura para Felipe C. y otros dos campesinos. Como la Guardia Civil no estaba dispuesta a exponerse, a fines de 1991 el gobernador propuso en asamblea solicitar el apoyo de la ronda campesina para capturar a estos tres comuneros. Como todos los comuneros-ronderos de Silaguá sabían que Felipe C. se encontraba armado, la asamblea decidió buscar apoyo en otra Sub-Central de rondas para proceder a la captura. La decisión de la Central de Rondas fue no intervenir en un caso que ya había sido presentado al Poder Judicial.

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Actualmente la directiva de la comunidad de Silaguá no puede dedicarse a otras tareas más allá de aquellas que contribuyan a la solución de los problemas expuestos. La pacificación de los conflictos internos aparece como una condición para lograr la realización de planes y acciones orientados a “desarrollar” la agricultura. Mientras tanto, no se logrará mucho en beneficio de los comuneros.

La ronda campesina de Silaguá 349

Si se tienen en cuenta los problemas que actualmente afronta esta comunidad, sorprende el hecho que la mayoría de los campesinos opine que “hay más tranquilidad”. Esto indica que en Frías los conflictos fueron muy agudos y que, después de todo, la organización de la ronda campesina ha otorgado a la población una cierta seguridad, que va aumentando conforme pasan los años.

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Actualmente los comités de ronda están organizados en los diez sectores de la comunidad. Las asambleas de directivos convocadas por la comunidad cuentan con la participación de

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los presidentes de la ronda campesina de cada sector, los tenientes gobernadores y las autoridades municipales. Los problemas arriba mencionados indican que no se ha logrado establecer una coordinación entre la comunidad y las bases de la ronda en Guanábano Alto y Barranco Blanco. 351

La asamblea comunal interviene principalmente en los problemas de tierras. Los otros conflictos son solucionados a través de los comités de ronda en los diferentes sectores, cuyas asambleas se realizan mensualmente y tienen una mayor frecuencia que las asambleas de la comunidad. Esta organización agrupa a un menor número de campesinos a nivel de sector, pero se encuentra mucho más cerca de las preocupaciones de las bases que la organización comunal. Las denuncias que recibe la ronda en los últimos años no se refieren al robo de ganado, sino más bien a conflictos entre parejas, pérdidas, daño hechos por los animales, así como a problemas entre regantes.

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Desde mediados de 1989 los diferentes comités de ronda de la comunidad están centralizados en una sub-central. Se busca garantizar una mayor coordinación entre las diferentes bases de ronda y evitar que muchas denuncias sean remitidas a la Central de Rondas (caserío El Común). La coordinación entre la sub-central de rondas y la directiva comunal es estrecha. La organización comunal delega funciones a los diferentes comités de ronda; los ronderos se encargan de velar por la asistencia a las faenas convocadas por la comunidad y organizan los turnos de disciplina en cada evento o asamblea comunal.

VI. RELACIONES EXTERNAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS POCLÚS, CHALLE GRANDE, PARIGUANÁS Y SILAGUÁ Las organizaciones campesinas y los partidos políticos 353

Las relaciones entre las organizaciones campesinas y los partidos políticos son poco transparentes. En las comunidades la aceptación de la directiva de una organización campesina depende tanto de su filiación política, de las relaciones de parentesco, del perfil personal de cada uno de los dirigentes, como de la trayectoria del directivo. Las discrepancias políticas entre la directiva de una comunidad y la de una organización campesina en Frías se traducen, por lo general, en el menosprecio de la persona del dirigente, que puede ser acusado de favorecer a sus familiares, de malversación de fondos y, en el peor de los casos, de no deslindar claramente con las posiciones subversivas. Sin embargo, estas contradicciones raramente llegan a involucrar al conjunto de los campesinos. Las personas afiliadas a partidos políticos, los dirigentes y sus familiares son los que, en época de elecciones municipales, generales o gremiales, participan esporádicamente en conflictos violentos, pero en la mayoría de los casos los adversarios políticos y personales se combaten sólo a nivel de chismes.

La Liga Agraria San Andrés de Frías 354

La importancia de la Liga Agraria se manifiesta a fines de los años setenta, cuando los problemas de los grupos campesinos eran solucionados por intermedio del presidente de esta institución en coordinación con los técnicos del Ministerio de Agricultura. A mediados de los años ochenta, los directivos de la Liga asumieron una nueva función:

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durante el proceso de la formación de las rondas campesinas en Frías, se dedicaron casi exclusivamente a redactar reglamentos e impulsar la organización de la Central de Rondas Campesinas de Frías, con sede en El Común. Durante estos años la línea de trabajo de la Liga estuvo determinada por la presencia de profesores afiliados a la Izquierda Unida, independientes o miembros del PUM (Partido Unificado Mariateguista). 355

Entre 1985 y 1988, un profesor asume la dirigencia de la Liga. Luego, esta persona siguió apoyando la organización, primero como asesor y, desde 1989, como teniente alcalde. En estos años, la Liga organizó únicamente “convenciones” y “escuelas campesinas”, eventos a los que asistieron sobre todo los dirigentes ronderos. Los problemas de la organización campesina fueron discutidos con la participación de directivos de la FRADEPT (Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes), de promotores de CEPESER (Central Peruana de Servicios de Piura) o del SER (Servicios Educativos Rurales de Lima). También se presentaron los nuevos dispositivos legales y se habló de la “la situación nacional”.

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En esta etapa, las únicas acciones de la Liga dirigidas específicamente a la problemática de las comunidades fueron las coordinaciones con los presidentes de grupos campesinos para los trámites referentes al reconocimiento legal como comunidad campesina y algunas pocas “visitas a las bases” para informar de los requisitos necesarios.

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En 1988 la presidencia de la Liga recayó en Valentín L. R., un campesino de Los Altos y, desde 1989, concejal del Municipio de Frías. El trabajo de la Liga se concentró sobre todo en la meseta andina, disminuyendo las relaciones directas con los caseríos y las comunidades de la parte baja. En su plan de trabajo esta dirigencia propuso dar mayor peso a la problemática agropecuaria del distrito, pero las líneas de acción no incluyeron una propuesta específica en cuanto a las comunidades campesinas. Se organizó un programa distrital de vacunación de ganado que no llegó a implementarse por el boicot de algunos campesinos a raíz de diferencias políticas expresadas bajo la forma de chismes. En concreto es el caso de las comunidades Poclús y Pariguanás.

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No obstante esta coyuntura, los directivos de la comunidad de Poclús y los de la ronda participaron en los eventos convocados por la Liga y buscan a sus directivos cuando necesitan “asesoramiento”, pero no los invitan a las asambleas comunales. El rechazo a la actual directiva de la Liga se manifiesta en expresiones como “tenemos que trabajar unidos... no queremos la política” o “lo que daña este país es la política”, conforme lo expresa el presidente de la comunidad de Poclús.

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En Challe Grande los contactos con los directivos de la Liga han sido decisivos y sin su intervención las primeras elecciones comunales hubieran sido mucho más difíciles de organizar. Ellos ayudaron a los campesinos a vislumbrar las posibilidades existentes dentro de la legislación agraria con respecto a las comunidades campesinas. En el período 1989-1990, el cargo de secretario de prensa y propaganda en la directiva de la Liga fue ejercido por un comunero de Challe Grande, que se convirtió en mediador entre las preocupaciones de los campesinos de Challe Grande y los directivos de la Liga Agraria. Actualmente la relación entre las directivas sigue siendo estrecha. En enero de 1991, la comunidad invitó al presidente de la Liga para la juramentación de la nueva directiva comunal. La coordinación permanente entre la Comunidad de Challe Grande y la Liga Agraria se basa además en relaciones de parentesco: el vicepresidente de la Liga, encargado de la problemática de la parte baja del distrito, y el presidente de la comunidad son familiares.

130

360

Los campesinos de Pariguanás contribuyeron directamente a la formación de la Liga en 1978, cuando siendo aún grupo campesino eligieron a dos representantes que asistieron al evento donde se eligiría al presidente de la Liga y aportaron con cuotas. En aquel entonces se registró en el Libro de Actas: “los compañeros del Grupo Campesino manifiestan afiliarse a dicha Liga porque es una organización representativa del campesinado” (LA-GC: octubre 1978). En los años siguientes surgieron algunas diferencias entre los directivos de la Liga Agraria y el grupo campesino de Pariguanás: el presidente del grupo campesino sintió cada vez mayores interferencias entre su autoridad y la de la Liga. Este hecho fue una de las razones del paulatino distanciamiento entre Liga y grupo campesino.

361

Sin embargo, en 1985, cuando un grupo de profesores y dirigentes campesinos vinculados a Izquierda Unida decidieron reorganizar la Liga Agraria en torno al proceso de formación de la ronda campesina, algunos dirigentes de Pariguanás también participaron como delegados. Como ya se ha mencionado, Marcial M. asumió un papel decisivo como dirigente del grupo campesino y de la comunidad campesina. Él se fue identificando cada vez más con el Partido Aprista y, entre 1988 y 1990, fue elegido regidor como miembro del APRA. Pocos meses más tarde, como presidente de la comunidad campesina sugiere a los socios “no dejarse engañar por profesores infiltrados que con interés político nos hacen mucho daño y lo único que hacen es dividirnos... no nos dejemos engañar por estos elementos politiqueros” (LA-CC: junio 1986). Este mismo año, cuando se organizaron asambleas de la Liga Agraria, los campesinos de Pariguanás no participaron “porque sólo se trataba de una emboscada política de Izquierda Unida a la que invitaron sólo a las rondas campesinas de la parte alta que no son bases legales de la Liga Agraria” (LA-CC: junio 1986).

362

Los programas de apoyo a las comunidades campesinas creados durante el gobierno de Alan García, pero también las gestiones frente a funcionarios del Ministerio de Agricultura, de filiación aprista, son el origen de la mayor identificación de algunos dirigentes comunales con este partido. Esto explica por qué, a mediados de 1986, una fracción aprista encabezada por los directivos de la comunidad de Pariguanás organizaron elecciones para formar una nueva Liga Agraria, cuya presidencia asumió Rolando L., comunero de Pariguanás. En ese entonces, también participaron directivos de Challe Grande y Cuicas. En Pariguanás se elogió “la obra de progreso del Dr. Alan García Pérez” y se sugirió que “no hagan gestiones políticas sino por el Ministerio de Agricultura que nos han apoyado siempre” (LA-CC: julio 1986). Durante los años siguientes, esta organización paralela no tuvo mucho éxito entre la mayoría de los campesinos frianos, que siguieron coordinando con la antigua Liga Agraria.

363

La actual directiva de la comunidad de Pariguanás no coordina acciones con la Liga Agraria; no obstante, algunos comités de ronda se dirigen a esta organización para gestionar su apoyo a las escuelas campesinas en las bases de las rondas. Para los directivos de la comunidad, el hecho que el actual presidente de la Liga sea militante del PUM es un motivo suficiente para rechazar acciones conjuntas y tratar de desprestigiar, a nivel personal, a algunos de los directivos de la Liga.

364

Actualmente las visitas de los directivos de la Liga a la comunidad de Silaguá son poco frecuentes, sin embargo, los directivos de la comunidad se dirigen a Frías para buscar apoyo y asesoramiento a través de esta institución. Además, se gestiona a través de la Liga la visita de los dirigentes de la FRADEPT. Los directivos y comuneros de Silaguá consideran que la filiación política de la Liga no interfiere en la relación entre ambas

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organizaciones. La presencia de los dirigentes de Silaguá en los eventos organizados por la Liga Agraria es constante. Cuadro 26: Encuesta Liga Agraria de Frías

Fuente: Encuesta a comunidades (1991). 365

En síntesis, se puede constatar que la Liga Agraria realiza pocas acciones específicas dedicadas al fortalecimiento de las comunidades campesinas de Frías. Una de las razones sería que desde 1988 los directivos más activos de la dirigencia, es decir, el presidente y el vicepresidente, no pertenecen a una comunidad campesina. Por otro lado, los directivos de esta institución prefieren las coordinaciones con las rondas, por haber surgido “desde las bases”. En tercer lugar, el PUM es el partido que más influye actualmente en las acciones y los discursos de los dirigentes de la Liga. Por ello es que la confianza de la que goza la Liga Agraria entre los campesinos y dirigentes de Challe Grande y Silaguá no se establece a nivel partidario, más bien se sustenta en el prestigio adquirido al apoyar a la comunidad y en las relaciones de parentesco entre algunos dirigentes. En Pariguanás y en menor escala en Poclús, donde la filiación partidaria de los directivos es más marcada, la relación con la actual dirigencia de la Liga no es estrecha.

La Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes: FRADEPT 366

Desde 1989 dos campesinos frianos desempeñaron cargos en la FRADEPT. Ambos son pequeños propietarios del caserío de El Común, con una trayectoria como dirigentes a nivel distrital en la Liga Agraria y, a nivel local en su comité de ronda. Ellos son Arístides Z., vicepresidente de la Liga Agraria de Frías en 1988, y Horacio D., vicepresidente de la nueva dirigencia de la Liga. Quienes recurren a la federación en Piura solamente son las autoridades, sean comunales o ronderas, que se dirigen a la FRADEPT para recibir ayuda en caso de problemas, asistencia legal y cualquier tipo de “asesoramiento”. En los eventos organizados por la federación en Piura participan exclusivamente los directivos, que al término de las reuniones regresan a su comunidad con folletos y material de información. El conocimiento de la federación es escaso entre los campesinos (ver cuadro 27).

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Cuadro 27: Encuesta FRADEPT

Fuente: Encuesta a comunidades (1991 ). 367

En el caso de los comuneros de Poclús, no se puede sostener que la filiación política de los directivos de la federación influya en la relación con esta base. Para los campesinos de esta comunidad, la FRADEPT demostró su capacidad para solucionar conflictos internos en el contexto de los problemas surgidos a raíz del cambio de la directiva comunal entre 1988 y 1989. Se contó con la presencia de Miguel Huertas, en aquel entonces presidente de la FRADEPT, que exigió “la renuncia irrevocable” del presidente de la comunidad (LA-CC: abril 1989), apoyando a la mayoría de los comuneros. Otra forma de presencia de la federación se dio en 1991, cuando entre los comuneros de Poclús existió una gran inseguridad sobre la nueva legislación agraria: los representantes de la FRADEPT fueron invitadados para proporcionar información al respecto.

368

En comparación con las demás comunidades estudiadas, en Silaguá la existencia de la FRADEPT está más difundida. No solamente Tomás R. sino también la fracción de Barranco Blanco se han dirigido a esta institución en búsqueda de asesoramiento. La actual y la anterior directiva de la comunidad han invitado a los dirigentes de la federación a las asambleas comunales, pero hasta diciembre de 1991 no se había realizado ninguna visita a esta base.

369

En el distrito de Frías, a partir de octubre de 1991, surgieron fuertes controversias en torno a los resultados del VII Congreso de la FRADEPT y, sobre todo, en relación al llamado a boicotear estas elecciones por parte de algunos directivos de la Central de Rondas, que por razones políticas optaron por no asistir al congreso. En cambio, los campesinos de Challe Grande y de Silaguá optaron por elegir a sus delegados y participar en el Congreso en Piura. Para los campesinos que viajaron a Piura, este evento significó una buena ocasión para el diálogo y el intercambio de experiencias con los miembros de otras comunidades.

370

Horacio D., de El Común, vicepresidente de la Liga Agraria desde noviembre de 1991, fue elegido como miembro de la nueva directiva de la FRADEPT, hecho que seguramente estrechará las relaciones entre los directivos de la comunidad de Challe Grande y la federación. La mayor preocupación de los campesinos de Challe Grande es la titulación, que esperan lograrla con el respaldo de la FRADEPT en el gobierno regional. Por su parte, los campesinos de Silaguá esperan que la nueva directiva de la FRADEPT les brinde el apoyo necesario para solucionar los conflictos entre la comunidad y los campesinos de Barranco Blanco.

371

En Pariguanás, las coordinaciones entre la comunidad y la FRADEPT han sido muy esporádicas. En 1985, los delegados de la comunidad participaron en la “Primera Convención Departamental de Rondas Campesinas” organizada por este gremio

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campesino; sin embargo, los campesinos consideraban que el Ministerio de Agricultura es la mejor instancia de apoyo. 372

En octubre de 1991, la asamblea comunal discutió la participación de delegados de la comunidad y de los diferentes comités de ronda en el VII Congreso de la FRADEPT. La asamblea decidió enviar cuatro delegados al Congreso. Después de largos debates se acordó, además, apoyar a estos delegados con viáticos. Sin embargo, no todos los delegados llegaron a participar en el Congreso, pues la directiva de la Central de Rondas Campesinas había logrado convencer al presidente de la comunidad acerca de la inutilidad del Congreso. Es de suponer que la directiva de Pariguanás, en un futuro cercano no coordinará acciones con la FRADEPT, no obstante, las cordinaciones sí podrían darse a nivel de comité de ronda campesina.

373

Finalmente, las posibilidades de que en el distrito de Frías la organización campesina se polarice o no en torno a las diferentes posiciones respecto de la FRADEPT depende de los dirigentes de la liga, de la central de rondas y de la central de comunidades. Hasta fines de diciembre de 1991 no se había llegado a establecer un diálogo entre las diferentes fracciones. Ambos bandos se acusan mutuamente de “hacer política” y emplean la estrategia de desprestigiar al enemigo político a nivel personal. Las discrepancias políticas siguen manifestándose en forma de chismes, ofensas personales o violencia física, al mismo tiempo que a través de relaciones clientelistas se busca aliados en las organizaciones de base.

La Central de Rondas Campesinas de Frías 374

La Central de Rondas Campesinas de Frías es la organización centralizadora de todas las bases de la ronda. Fue creada en 1985 a iniciativa de los directivos de la Liga Agraria y de algunos profesores afiliados a diferentes partidos de Izquierda que reconocían el potencial político de una organización más cohesionada (Hubet 1992:209-210) 94.

375

Para los comuneros de Poclús, Challe Grande, Pariguanás y Silaguá, la Central de Rondas es la instancia a la cual se recurre en los casos de conflictos no solucionables a nivel de base y a nivel de sub-central. Otra función importante es el asesoramiento en cuanto al funcionamiento de la ronda en cada base, que implica aspectos como la redacción de las actas, la organización de las asambleas y del servicio de rondas, así como la discusión sobre los “castigos”. Los directivos de la Central consideran que cada juramentación de una nueva directiva de un comité de ronda, es una ocasión para dar pautas a los ronderos. La actual directiva ha decidido, además, visitar periódicamente a las más de 90 bases afiliadas. La organización de eventos con la participación de directivos de la FRADEPT o de promotores de las ONG son menos frecuentes. Una de las nuevas tareas que se ha planteado la Central de Rondas es dar una mayor atención a las preocupaciones de las campesinas, promoviendo su participación.

376

Durante los últimos años la Central de Rondas Campesinas se convirtió en la organización de mayor prestigio en el distrito de Frías. Ello ha sido posible a pesar de las diferencias políticas surgidas en 1991 entre los directivos de la Liga y Ronda Urbana que criticaban a los directivos de la central. En setiembre de 1991, estas contradicciones se hicieron públicas en un evento organizado por la Ronda Urbana de Frías y la Liga Agraria, donde instaron a los directivos de la central a responder a las críticas relacionadas con la administración de un camión recibido en julio de 1991 por la Central de Rondas. El presidente de la Liga justificaba así la necesidad del encuentro: “estamos para discutir,

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errar es humano, la verdad es dulce, crítica es autoeducación”; mientras que el presidente de la Ronda Urbana afirmaba: “la ronda no pertenece a ningún tinte político ni religioso... tenemos que estar preparados para que no entre Sendero Luminoso”. En sus intervenciones, la gran mayoría de los delegados campesinos de las bases de ronda o de las comunidades campesinas rechazaron “la política y el divisionismo” e hicieron llamados a la unidad, pero la controversia entre las organizaciones ha seguido vigente. 377

El prestigio de la Central de Rondas se basa en el trabajo realizado por sus directivos y su asesor, el profesor Gabriel Córdova Jiménez, actual alcalde del distrito. Las críticas a la central vienen sobre todo de algunos dirigentes ronderos de Los Altos y se fundan en diferencias políticas. Cabe mencionar que la influencia de la Central de Rondas y Comunidades Campesinas de la Micro-Región Andino Central es mucho más pronunciada en esta parte del distrito, lo que ha generado una mayor politización entre los campesinos de Los Altos. La mejor organización de los ronderos de Los Altos (Huber 1992:233), se expresa en la participación masiva de sus miembros en todo tipo de “eventos”, donde son significativas las intervenciones de las mujeres.

378

La mayoría de los conflictos que son llevados a la central tienen que ver con problemas que no pudieron ser solucionados a nivel del comité de ronda de base. Por lo general, se trata de problemas de tierras entre pequeños propietarios, causados por venta o por herencia. Los directivos cada vez más insisten en que, si se trata de comunidades campesinas, los acuerdos deben ser tomados en asamblea comunal. Durante los últimos años, las denuncias remitidas a la central han disminuido considerablemente. Para un campesino de Poclús, Challe Grande, Pariguanás o Silaguá que ha sido denunciado a la ronda, la posibilidad de que su caso sea llevado a la central es una amenaza que lo obliga a buscar un acuerdo aceptado por ambas partes en la misma base, pues en la central se castiga con más severidad. Ello se debe, en parte, a la necesidad de evitar que cualquier “problemita” llegue a este nivel, donde si hay una gran cantidad de denuncias las asambleas mensuales podrían tener una duración de 16 horas continuas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana siguiente.

379

La relación entre la comunidad de Pariguanás y la Central de Rondas Campesinas ha sido estrecha desde sus inicios, en 1985, porque la presidencia de la Central de Rondas estuvo a cargo de directivos de la comunidad de Pariguanás. En 1985, el primer presidente de la central, Marcial M., era presidente de la comunidad de Pariguanás. En 1988, la presidencia de la central pasó a Ernesto M., que también asumió cargos en la directiva comunal y durante varios años fue teniente gobernador. Actualmente la presidencia de la central ha sido asumida otra vez por Marcial M. Lo peculiar de esta relación se ha expresado en el hecho que la comunidad de Pariguanás ha sido una de las pocas comunidades con presencia masiva en los eventos organizados por la central.

380

Para los campesinos de Silaguá, la Central de Rondas ha sido de suma importancia cuando se iniciaron los problemas en Barranco Blanco y Guanábano Alto. La formación de una sub-central, que agrupa a los diez comités de ronda de la comunidad, surgió a partir de la iniciativa de los propios directivos de la Central que buscaba de esta manera, una solución interna de los problemas de esta comunidad. Desde el inicio de los conflictos en Silaguá los dirigentes de la Central visitaron repetidas veces las bases de ronda a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. Hasta fines de 1991 las intervenciones de la Central de Rondas no habían logrado tener éxito.

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La Central de Rundas y Comunidades Campesinas de la MicroRegión Andina Central 381

En octubre de 1990, en el distrito de Chalaco, se organizó la “Primera Convención de Rondas y Comunidades de la Micro-Región Andina Central” a la cual asistieron un total de 650 delegados. Del distrito de Frías participaron 50 campesinos, mayormente dirigentes ronderos de la meseta andina y algunos dirigentes de la Liga y de la Ronda Urbana. La iniciativa de la organización de esta central la tomaron los dirigentes campesinos ligados al PUM. En la estrategia discutida por los directivos del PUM, la formación de esta nueva Central se realizaba con miras al próximo Congreso de la FRADEPT, buscando perfilar a uno de sus dirigentes, Carlos López Jiménez. En noviembre de 1991, López fue elegido presidente de la Central de Rondas y Comunidades de la Micro-Región Aidino Central. Los directivos de esta central se propusieron coordinar y supervisar los diferentes provectos de desarrollo que serían realizados en el ámbito de la microrregión, a fin de garantizar que las necesidades de las bases tengan prioridad.

382

La presencia de dos dirigentes del distrito de Frías en la junta directiva de la central 95 no implicó la realización de acciones concretas en beneficio de los campesinos de la parte baja del distrito, por lo menos hasta diciembre de 1993. Por lo demás, la mayoría de los campesinos no conocía la existencia de esta nueva central.

383

En realidad, la noticia acerca de la nueva central se difundió entre los directivos de todas las comunidades. En Pariguanás, sin embargo, la dirigencia no estaba dispuesta a coordinar acciones con esta organización por razones de índole política. En cambio, la negativa de los dirigentes de las otras comunidades se basaba exclusivamente en razones geográficas: los dirigentes comunales del distrito de Frías realizan todas sus gestiones en Piura, Chulucanas y, excepcionalmente, en Ayabaca. Los viajes a Chalaco son poco frecuentes y la red vial no favorece la comunicación entre Frías y Chalaco.

La Central de Desarrollo Integral de las Comunidades Campesinas de Frías 384

La Central de Desarrollo Integral de las Comunidades Campesinas es la organización de más reciente formación en Frías. Se constituyó el 16 de agosto de 199196 a raíz de la preocupación de muchos dirigentes campesinos, profesores y funcionarios de entidades estatales con respecto a la organización comunal. Desde fines de 1991, esta nueva central se dedicó principalmente a organizar la comercialización de productos agrícolas: maíz y frijol bayo. Las gestiones realizadas desde esta organización se han orientado sobre todo al fortalecimiento de la relación entre las comunidades y las entidades del Estado (Ministerio de Agricultura, de Salud, Región Grau) para conseguir el fínanciamiento de ptogtamas de desarrollo.

385

No obstante su corta existencia, el 52% de los pocluseños encuestados la conocen. En setiembre, la central organizó una campaña de vacunación del ganado vacuno en las comunidades. Actualmente existen grandes expectativas respecto a esta organización, cuyos directivos coordinan estrechamente con la Central de Rondas Campesinas, pero no con la Central de Rondas y Comunidades Campesinas de la Micro-Región Andina Central (Chalaco) ni con la Liga Agraria San Andrés de Frías y tampoco con la nueva directiva de la FRADEPT. Para explicar este comportamiento, los dirigentes aducen motivos políticos.

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386

También en Challe Grande se generó gran expectativa respecto de esta central. De hecho, la instalación de un molino de granos en la capital del distrito beneficiará a los campesinos, que ahora tienen que recurrir a molinos particulares en Frías. Los directivos de la central, conociendo la problemática de esta comunidad, coordinan con el representante de las organizaciones campesinas en la Asamblea Regional para agilizar los trámites de titulación de Challe. Cabe mencionar, al respecto, el comportamiento del presidente de la Central de Comunidades, Rolando L., de filiación aprista, quien ha tratado de convencer a los directivos de las comunidades de que las gestiones por intermedio de la FRADEPT no serán exitosas, sugiriendo más bien coordinar con el representante de las organizaciones campesinas de la región Grau. Para lograr su objetivo este dirigente no necesita mencionar lemas de su partido en su discurso. Curiosamente, la gran mayoría de los dirigentes expresa: “no queremos la política”, pero esta “política” siempre se refiere a la de los demás. Es de suponer que los dirigentes de la comunidad utilizarán todos los canales existentes para lograr la titulación de Challe: coordinarán con la federación y con un representante del gobierno regional, a la vez, tratando de no involucrarse en controversias políticas.

387

Como la presidencia de esta nueva central todavía está a cargo del secretario de la comunidad de Pariguanás, no sorprende que en esta comunidad el 100% de los encuestados en setiembre, pocos meses después de la formación de la central, estén informados sobre esta organización. Aquí también hay grandes expectativas. Se espera que la central pueda organizar efectivamente la comercialización de los productos agropecuarios, canalizar fondos y gestionar “provectos” en beneficio de Pariguanás. La mayoría de los campesinos de Pariguanás considera que esta organización es independiente y sin tinte político, lo cual refuerza las expectativas, pues para ellos “la política” ha sido hasta ahora una traba para el trabajo en beneficio de las comunidades.

388

En Silaguá también se conoce acerca de la creación de esta organización, a pesar de su corta existencia. Los directivos de la Central de Comunidades orientan a los dirigentes de la comunidad para que no realicen las gestiones a través de la FRADEPT, sugiriendo más bien la coordinación con el gobierno regional. Como se ha mencionado en el caso de Challe Grande, también en Silaguá lo más probable es que los directivos, para lograr la solución de los conflictos internos, aprovecharán todas las instancias existentes, independientemente de los contenidos políticos que ellas tengan.

Las comunidades y el gobierno local 389

Aunque el agente municipal es el representante del municipio en la comunidad, el actual alcalde Gabriel Córdova Jiménez97 no coordina exclusivamente a través de esta autoridad, sino principalmente a través del comité local de rondas. En las comunidades de Podéis, Challe Grande, Pariguanás y Silaguá no existen problemas entre los diferentes tipos de autoridades, y el agente municipal, además de ejercer su función, puede asumir un cargo en la directiva comunal o en la ronda.

390

La buena relación entre las comunidades y el alcalde no se basa en relaciones partidarias. El perfil personal de Córdova Jiménez y su trayectoria dentro de la organización convencen a los campesinos que “es un buen alcalde”. Si bien algunos de los directivos y comuneros, sobre todo de Poclús y Pariguanás, son apristas, hasta ahora no han surgido contradicciones con este alcalde que es de izquierda.

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391

El gobierno local no tiene programas específicos en relación a las comunidades campesinas. La falta de recursos restringe las acciones o programas de apoyo que el municipio de Frías puede realizar. Por lo general, el apoyo es canalizado a nivel de caserío o de sector, por ejemplo, a través del Programa de Vaso de Leche o de la contribución en la construcción de locales escolares en los caseríos. En octubre de 1991, la Central de Rondas Campesinas y el Municipio organizaron el “II Encuentro de la Mujer Campesina en El Común”. El municipio buscaba fomentar la mayor participación de las mujeres en la organización campesina y capacitar a las responsables del programa de vaso de leche.

392

Los campesinos de Pariguanás, Challe Grande y Silaguá consideran que la obra de construcción de la nueva carretera en el valle de Yapatera, desde Platanal a Frías, iniciada por el actual alcalde, constituye un gran adelanto en la medida que facilitará la comunicación con Piura y permitirá una mejor comercialización de los productos.

Las comunidades y el Estado 393

Las relaciones más estrechas y determinantes entre las cuatro comunidades y el Estado se establecen a través de la legislación sobre comunidades campesinas. La Ley de Comunidades es una de las referencias más importantes para el funcionamiento interno de comunidades como éstas, que no cuentan con un sistema de normas tradicionales para regir el comportamiento entre los comuneros. Sin embargo, algunos de sus dispositivos son interpretados por los campesinos según “las costumbres”, o sea, según la realidad específica de Frías. En el caso de Poclús, este hecho dio origen a dos tipos de comuneros: residentes y eventuales.

394

El teniente gobernador es el representante del Estado en el nivel local. Según lo dispone la Ley de Comunidades Campesinas98 los comuneros intervienen en su designación proponiendo a las personas que, en su opinión, pueden desempeñar ese cargo. En Poclús, el teniente gobernador ejerció un papel importante en la coordinación de los traspasos durante el tiempo del grupo campesino y, en los años posteriores, asumió varios cargos en la organización comunal y en la directiva de la ronda. Una de las funciones de mayor importancia de esta autoridad sigue siendo la de proporcionar certificados en caso de venta de ganado. Durante los inicios de la formación de la ronda campesina, se presentaban frecuentes conflictos entre los ronderos y el teniente gobernador; actualmente, sin embargo, el teniente es parte de la ronda y puede, incluso, asumir la presidencia de un comité.

395

Si bien la presencia del Estado en la comunidad se da básicamente a través de la legislación sobre comunidades campesinas, los comuneros y directivos acuden a intermediarios para interpretar las leyes y normar el funcionamiento interno. En Challe Grande, Silaguá y Poclús recurren a las organizaciones campesinas, la Liga Agraria y la FRADEPT, y en Pariguanás a la Central de Rondas. Los eventos organizados a nivel distrital también son aprovechados para trasmitir las posibilidades y limitaciones de la legislación agraria. El desconocimiento de las vías legales es considerado como la causa de los conflictos internos de Challe Grande, donde los comuneros manifiestan que no debieron haber permitido el empadronamiento individual de los recursos forestales.

396

Desde la organización del grupo campesino y, posteriormente, durante el proceso de reconocimiento comunal, los representantes de las comunidades coordinaron estrechamente con los funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Corporación de Desarrollo (CORPIURA). Entre 1987 y 1988 la discusión en las asambleas comunales se

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centró fuertemente en torno a los programas de asistencia otorgados por el gobierno de Alan García. Como se ha indicado, estos programas fueron de escaso provecho para los comuneros. Es más, llevaron a que las comunidades establecieran relaciones de tipo paternalista con algunos representantes del Estado, lo que en la comunidad de Poclús, en 1992, sería aprovechado para gestionar la donación de un camión. 397

La legislación agraria ha favorecido a los campesinos de las cuatro comunidades con la adjudicación de tierras, pero las otras formas de presencia del Estado se han hecho cada año más débiles. No obstante, los campesinos mantienen expectativas respecto del Estado, lo cual es sorprendente si se toma en cuenta la generalizada desatención en la que se encuentran los sectores campesinos, especialmente los serranos. No hay que olvidar que hace 25 años, a través de la Reforma Agraria, el Estado inició la transformación más significativa en la zona de Frías. Un alto porcentaje de los comuneros encuestados opina que “el gobierno o el gobierno regional” representan los intereses del campesinado. A la vez, la falta de créditos apropiados, los altos precios para los insumos agrícolas, los bajos precios para los productos agropecuarios, la mala atención dispensada por los funcionarios del Estado son objeto de numerosas críticas. Cuadro 28 Encuesta: Comunidades y Estado (en%)

Fuente: Encuesta a comunidades (1991).

Las comunidades y las ONG 398

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, ONG, en Frías se inició después de las lluvias de 1983, cuando la Central Peruana de Servicios (CEPESER) comenzó su trabajo en el distrito. Esta institución, sin embargo, no ha realizado hasta ahora acciones directas en beneficio de las cuatro comunidades. En julio de 1991, el Centro de Desarrollo Comunal (CEDEC), una pequeña ONG formada por el anterior alcalde de Frías, en ese entonces también a cargo de la oficina zonal de la Micro-Región en Frías, presentó propuestas de trabajo con las comunidades de Poclús y Pariguanás. Estas comunidades elaboraron provectos de reforestación y un comedor popular a la espera de obtener el financiamiento a través del CEDEC.

399

Desde 1989, cuando dejan de existir los programas estatales de asistencia comunal, aumenta considerablemente el interés de los campesinos en los “provectos” de desarrollo promovidos por las ONG. Pero también se escuchan críticas al trabajo de los “centros”, principalmente por parte de los dirigentes distritales, que temen que los centros aprovechen su trabajo de desarrollo para imponer sus tendencias políticas. En las comunidades que enfrentan problemas internos, Challe Grande y Silaguá, el interés por el “desarrollo” está en segundo plano; las acciones se concentran básicamente en la solución

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de estos conflictos. En Pariguanás se nota una tendencia a elaborar “proyectos”. En Poclús 99 los comuneros encuestados opinan que la comunidad se debería dedicarse a “trabajos de desarrollo, trabajos de progreso, trabajos en beneficio de la comunidad”.

VII. RESUMEN 400

Como ya se ha mencionado en la introducción, la sierra de Piura no presenta las características “andinas” en su desarrollo histórico y en las condiciones ecológicas. Teniendo en cuenta ese hecho, una de las interrogantes centrales de este trabajo se refiere a la funcionalidad de la comunidad campesina en la sierra de Piura, es decir, a las potencialidades de una organización comunal entre un campesinado que organiza su producción, primordialmente, a nivel individual; que se considera “socio” de una comunidad y, a la vez, propietario de los terrenos que conduce al interior de ella.

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Los elementos sustanciales que determinaron los diferentes aspectos de la consolidación de la organización comunal en las cuatro comunidades de Frías son, por un lado, el pasado del comunero como antiguo arrendatario de hacienda y, por otro, las condiciones ecológicas favorables para las actividades agropecuarias, que no demandan la conducción de diferentes ciclos agrícolas ni una planificación minuciosa del uso de la mano de obra. La condición de antiguo arrendatarios determinó y determina hasta hoy en día las formas de uso de la tierra; las reducidas extensiones de tierras comunales o mancomún también tienen su origen en esta época. Las tierras comunales en Silaguá y Poclús son, en su mayoría, de uso forestal y durante el tiempo de la hacienda fueron explotadas solamente en forma marginal. En cambio, en Challe Grande, los terrenos forestales no se han convertido en tierras comunales, pues en la época del sistema de hacienda, fueron utilizados para abastecer de madera tanto al hacendado como a los arrendatarios. Aquí el recurso bosque adquiere un mayor valor por encontrarse en la cercanía de Los Altos, una región que se caracteriza por la falta de árboles. El desconocimiento de este hecho por parte de la gran mayoría de campesinos de Challe Grande fue lo que permitió a un reducido número de campesinos, proceder al empadronamiento individual de estas tierras y conducir este recurso. La inexistencia de tierras comunales en el ámbito de la comunidad de Pariguanás se explica a partir de que todas las tierras fueron conducidas directamente por la hacienda o por los arrendatarios. La forma de conducción de las tierras en esta comunidad también tiene su origen en el pasado: se trata de un reducido número de parcelas concentradas alrededor de la vivienda campesina, que no son otra cosa que los antiguos arriendos en la hacienda.

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La condición de antiguo campesino dependiente de una hacienda se expresa, además, en patrones organizativos poco articulados y en una falta de instituciones sociales para intervenir en la solución de conflictos. En este contexto, la organización de las rondas a mediados de los años ochenta constituyó una respuesta campesina a esta carencia; mientras que, la organización de las comunidades fue el resultado de modelos impuestos desde el Estado. Desde la perspectiva de los campesinos, la comunidad tuvo sentido durante el gobierno de Alan García, cuando el reconocimiento comunal permitía el acceso a líneas de apoyo (FOCCAN, FONDEC) y a créditos (FODRUP)100. Estos fondos se invirtieron en la construcción de locales comunales y escuelas, así como el establecimiento de tambos comunales. La inexperiencia y la ausencia de asesoramiento de parte de los organismos responsables ocasionaron numerosos problemas de gestión a los dirigentes comunales. Los montos recibidos durante 1986 y 1987 hubieran permitido la realización de pequeños

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“proyectos” de desarrollo, en cambio, los fondos de 1988 fueron insignificantes: 820 USS. Además, la hiperinflación, afectó una buena parte del dinero que se había recibido en 1986 y 1987 y que no fue utilizado en su totalidad. Recordemos que en Piura la inflación acumulada durante 1988 llegó a 1,408% y a 1,942% en 1989101. Cuadro 29: Fondos y créditos recibidos por las comunidades entre 1986 y 1988 (en US $)

Fuente: Libro de Actas de las comunidades; Documentación de la Oficina Microregional en Frías. 403

Si bien el otorgamiento de fondos de apoyo fue un estímulo para la conformación de las comunidades campesinas, estos fondos no permitieron un mayor desarrollo productivo en Frías. Se convirtieron, más bien, en una de las fuentes de conflicto al interior de las comunidades, como fue el caso de Poclús y Challe Grande. Sin embargo, hay que subrayar que las directivas posteriores lograron que la organización comunal ejerciera una mayor fiscalización.

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La débil articulación de la organización comunal y la falta de mecanismos de sanción para hacer cumplir sus acuerdos se deben parcialmente a las condiciones ecológicas que requieren de una reducida interdependencia entre los productores. Para la organización de la producción se emplea mayormente la mano de obra familiar. En este contexto, las relaciones recíprocas o fuerzas son una expresión de la débil integración de los campesinos al mercado y de la falta de recursos monetarios. Se trata de campesinos que organizan su producción y disponen de “sus” tierras sin que la organización comunal interfiera directamente en el proceso productivo. Al mismo tiempo, las comunidades campesinas de Frías ejercen un control poco articulado sobre el usufructo de las tierras comunales. Los mecanismos que permiten el acceso a estos terrenos son poco elaborados. La existencia de bosques y pastos naturales comunales no ha conllevado a la consolidación de la organización comunal; en consecuencia, la comunidad cuenta con pocos mecanismos para garantizar que los acuerdos tomados sean respetados por el conjunto de comuneros. El proceso de compraventa de tierras es un hecho frecuente, al interior de la propia comunidad y en las comunidades vecinas. Se trata de consolidar terrenos en diferentes zonas para garantizar el acceso de la familia a recursos escasos pastos o bosques.

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Los campesinos que asumieron la directiva comunal jugaron un rol importante en el proceso de consolidación de la organización comunal. De ellos dependió en buena parte el funcionamiento comunal en los primeros años, ya que los campesinos no asumieron el rol fiscalizador que les correspondía a través de la asamblea comunal. En este aspecto, solamente Silaguá contó con un líder campesino elegido por su trayectoria de lucha: Eduardo L., que ya durante los años sesenta ya había asumido gestiones en favor del conjunto de arrendatarios. En las demás comunidades, los campesinos delegaron las funciones inherentes a la administración comunal al grupo de campesinos de mayores recursos económicos. Recién en los últimos años, después de varias experiencias de

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conflicto interno (Challe Grande, por ejemplo), los cargos empiezan a ser asumidos por jóvenes campesinos que se perfilaron como líderes a través del servicio a la comunidad. 406

Si bien la organización comunal fue un modelo impuesto por el Estado, que no respondía a las expectativas de titulación individual de la mayoría de los campesinos, desde la perspectiva de los propios campesinos, esta opción, finalmente, fue una adecuada a las necesidades locales y aceptada como la forma más fácil y menos costosa de obtener la adjudicación definitiva de las tierras. Por otro lado, la legislación sobre comunidades campesinas constituye el marco de referencia para el funcionamiento interno de la comunidad. Sin embargo, en caso de surgir contradicciones entre los dispositivos legales y las necesidades locales, éstas se resuelven según “las costumbres”. El modelo de comunidad campesina no es percibido como un sistema rígido y limitante; los campesinos lo asumen y modifican según sus necesidades y procuran evitar altos niveles de conflictividad. Durante los últimos años la organización comunal ha evolucionado cada vez más hacia el cumplimiento de funciones normativas que regulan el mercado de tierras. En este aspecto, aunque no interviene directamente en el proceso productivo, la organización comunal al garantizar un bajo nivel de conflictividad, crea las condiciones para la producción. Por ello es que la ronda campesina ha cumplido una función de singular importancia dentro del proceso de consolidación de las comunidades campesinas.

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En consecuencia, aunque las comunidades campesinas de Frías no tienen una marcada influencia en el proceso productivo, sí aportan en la descentralización de la toma de decisiones a nivel local. La organización comunal se ha convertido en una instancia de administración de los conflictos internos, sobre todo en los casos de transferencias de tierras, sea por venta o por herencia. Y no sólo es una instancia más eficiente que las entidades del Estado, sino también más barata.

NOTAS 1. El 63% de las comunidades serranas del departamento fueron reconocidas después de 1969, y de éstas el 56% obtuvo el reconocimiento legal durante el gobierno aprista (1985-1990). 2. A continuación se adoptará la designación empleada en Frías y se denominará a las comunidades: Poclús, Challe Grande, Pariguanás y Silaguá. 3. Estos terrenos serían los que fueron adscritos al pueblo de indios de Frías: “En el pueblo de Frías se redujeron siete u ocho pueblos, indios serranos de Chinchachora y los indios yungas que quedaban de Yapatera reunidas con los de Serrán y, como lo veremos más adelante, los de Sóndor. Parece que en el común de San Andrés de Frías se redujeron los indios yungas, del valle de Piura, que quedaban” (Hocquenghem 1989:84). 4. Entre 1964 y 1968 los campesinos de Frías recibían por un saco de maíz entre S/. 500.00 y 1,000.00, “según escasez o abundancia” (Córdova Aguilar 1969:144). 5. La mayor parte de la sección Altos de Pariguanás fue parcelada entre los años 1963 y 1964. 6. Hasta los años cincuenta, los trabajos exigidos a los campesinos bajo la forma de arriendo con pensión duraban una semana al mes. Se trabajaba en la construcción de cercos, en los rodeos o en

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los mandos, que consistía en llevar carga desde la hacienda a Piura. Estos trabajos hoy en día son considerados una modalidad de pago del arriendo habitual; durante esos años “era costumbre”. 7. En la hacienda Pariguanás, como destajos se arrendaron sobre todo las tierras de reducido uso agrícola; terrenos de secano con fuertes pendientes. Frecuentemente, los destajeros subarrendaban una parte de estas tierras. 8. Representante de la Sociedad Agrícola y Ganadera Pariguanás, cuyas acciones estaban mayormente en manos de la familia Checa Eguiguren y de sus descendientes. 9. “Antes las tierras eran pagadas. Muchos no tenían como pagar los arriendos, pero no los echaban, demoraban a veces hasta 2 o 3 años. El administrador daba prórroga”. 10. Un campesino recuerda que a fines de los años cincuenta su padre tenía que vender cuatro toros para pagar el arriendo de su destajo de aproximadamente 150 hás. 11. El último es un caso especial: un pequeño número de campesinos de Frías trató de formar un grupo campesino para convertirse en beneficiarios de los terrenos de un campesino rico, cuyos numerosos hijos ya no radicaban en el pueblo y que, por lo tanto, arrendaba parte de sus tierras. Si bien este grupo campesino aparece en el cuadro 16 (FRÍAS), no entró en función y la adjudicación de estas 100 hás. no llegó a realizarse, porque el dueño decidió distribuir los terrenos a sus herederos. 12. En 1992 un grupo campesino todavía seguía en vigencia en los caseríos Arenales, Pechuquiz y Florecer, territorio de la ex-hacienda Altos de Pariguanás. La mayoría de los campesinos no están a favor de la organización en comunidad campesina; se consideran propietarios de las tierras que conducen sin contar con los títulos respectivos. 13. Naranjo actualmente es un sector de la Comunidad San Andrés de Cuicas que colinda con la Comunidad Campesina de Poclús. 14. También se dieron invasiones en el sector de Cuicas, ahora Comunidad Campesina San Andrés de Cuicas. La ocupación de las tierras en este sector fue violenta y originó serios conflictos entre los campesinos. 15. El “archivo” de la comunidad está incompleto y no se encuentran documentos sobre esta fase de la historia de la organización de los campesinos. 16. La nieta de Ricardo Alvarado cuenta así la historia de su abuelo: “Vino la montonera. Hay que ir a esconderse lejos, van a matar, decía la gente. Mi abuelo era malgeniado, peleaba mucho. Mientras no mataba a un cristiano, no se contentaba”. Ricardo Alvarado decidió “matar a los que venían a matar al hacendado Eduardo Reusche”; después el hacendado le puso a la hacienda, en señal de agradecimiento, el nombre “Ricardo Alvarado de Poclús”. López Albújar (1936:200) relata estos acontecimientos explicando que: “A raíz de la lucha que sostuvieron por la presidencia los generales Iglesias y Cáceres, los secuaces del primero idearon, para distraer las fuerzas del segundo, mover a todas las comunidades de la República, haciéndoles creer que debían levantarse en armas y acabar con todos los hacendados, repartiéndose los fundos. En Piura, principalmente, tuvo esta propaganda gran efecto. Se levantaron 800 indios de las comunidades de Santo Domingo, Chalaco y Pacaipampa, de la provincia de Ayabaca”. 17. Gran parte de la primera documentación de Poclús se ha perdido, sobre todo los documentos referidos a la época en la que eran un grupo campesino. Ello se debe a un conflicto entre los comuneros y el primer presidente de la comunidad. Este último no entregó varios documentos a la nueva junta directiva. 18. “Art. 161.- Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia la superación cultural de sus integrantes”.

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19. En lo referente a la organización comunal como posibilidad para la solución interna de los problemas, es necesario analizar la estrecha relación que se da en Poclús entre la organización comunal y la organización de la ronda campesina. Análisis que se hará más adelante. 20. “Dos propósitos sumamente claros han inspirado la tarea: Primero, reconocer a las comunidades campesinas y nativas ‘su organización histórica y democrática, la fuerza de sus autoridades y su capacidad para construir el futuro’, tal como lo proclamó el Presidente Alan García en un mensaje a los comuneros del país. Se trató de ir en la busca de la identidad nacional que tanta falta nos hace para dejar de ser sólo promesa y posibilidad, como lo dijo Basadre, y convertir a la fuerza telúrica y el poder de la raza andina en elan del Proyecto Nacional que reivindicará a los verdaderos, ancestrales, dueños del país. Segundo, se trata también de forjar un nuevo rumbo histórico, reconociendo a las comunidades como células básicas de la democracia... Células básicas que abandonan su carácter tradicional de ser sólo tributadores para convertirse en sujetos de gasto, de decisión y desarrollo autónomo. En suma, descentralizar el poder desde la base misma de la sociedad andina, de la población rural que se encarna en las comunidades campesinas y nativas a lo largo y ancho del país” (Morales la Torre 1988:13). Así presenta Javier Tantaleán Arbulú, en ese entonces director del INP, las metas de los diálogos entre los presidentes de comunidades y el presidente de la República. 21. Una excepción son los potreros de Maray, El Tuno y El Guayabo. El uso de estos terrenos será explicado más adelante. 22. Córdova y Bernex de Falen (1980) mencionan 3 hás. 23. Hay que señalar que, de las cinco comunidades estudiadas, el padrón de los comuneros de Poclús es el mejor organizado y más exacto. La nueva inscripción de los comuneros se ha iniciado en noviembre de 1989 por parte de la nueva dirigencia comunal que había encontrado demasiadas irregularidades en el antiguo padrón. 24. Estos comuneros conducen un total de 1,788.50 hás. Según informó el presidente de la comunidad, hasta setiembre de 1991 alrededor de 25 campesinos todavía no se habían inscrito en el nuevo padrón. 25. En esta comunidad, las invasiones y las ventas posteriores de las tierras invadidas son la razón por la cual se diferencia entre comuneros hábiles o residentes y comuneros eventuales, lo que será discutido mis adelante. 26. En octubre de 1991 se realizó el traspaso de una inverna en Poclús, de una extensión de “poco más de 1 hectárea”. Se ha pagado 1,500 nuevos soles, que corresponden al precio que se paga en Frías por seis toros de unas 25 arrobas de peso cada uno. 27. Lote es utilizado como sinónimo de terreno en el padrón de la comunidad. 28. En el distrito de Frías no se cultiva la alfalfa para el mantenimiento del ganado. 29. En setiembre de 1991, un peón que trabajaba “a la plata" recibía un jornal de S/. 1.00 (una botella de primera = S/. 0.5, una libra de arroz = S/. 0.4, un pasaje Frías-Chulucanas = S/. 3.50), además de las tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda. 30. El desayuno consiste en 4 ó 5 tortillas o tamales de mote con queso y 2 tazas de café. Como almuerzo se sirven 2 mates de sopa de menestras y arroz o fideos o 2 mates de arroz con trigo pelado. La merienda es “cosa seca”, yuca con arroz que reemplaza al queso, también puede ser tamales o tortillas con queso y café. Solamente durante las labores relacionadas con la siembra de maíz se sirve un plato especial: “para la siembra de maíz comemos gallina”. 31. En Frías la expresión peón no solamente es utilizada cuando se trata de mano de obra remunerada, sino también para denominar la mano de obra recíproca, las fuerzas. 32. “Ya me han dado estofado, ya no voy a estar cobrando la fuerza”, explica una comunera. 33. La venta del ganado no obedeció únicamente a la necesidad de dinero; los animales empezaron a morir, lo que es explicado por la supuesta “envidia” de los vecinos, es decir, por brujería.

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34. En octubre, un campesino de Frías había arrendado la taraya para 20 reses en Poclús; por los dos meses y medio pagó S/. 100. Prefirió arrendar los pastos que vender algunos de sus animales por los malos precios que se pagaba en ese tiempo: sólo S/. 16 por la arroba de peso del ganado en pie. 35. En el potrero de Maray siembran unas 28 familias, en El Tuno son 22 familias, y en El Guayabo, 10 familias. 36. Generalmente se calcula la cantidad de ganado que se permite pastar en el potrero en base a la extensión de tierras que ha sembrado la familia campesina. El campesino que ha sembrado 2 l atas de maíz o de trigo tiene el derecho de mantener dos animales en el potrero. 37. El teniente gobernador de Poclús informa que como vio que algunos directivos de la comunidad habían llevado una mayor cantidad de animales de la que les hubiera sido permitido pastar en el potrero, no se pudo plantear la organización del rodeo 38. De las comunidades estudiadas, únicamente en Poclús los campesinos se califican como comuneros. 39. El Estatuto Especial de Comunidades Campesinas (D.S. 37-70-AG), promulgado en 1970 durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado, define a las comunidades campesinas: “La Comunidad Campesina es una agrupación familiar que poseen y se identifican con un determinado territorio y que están ligados por rasgos sociales y culturales comunes, por el trabajo comunal y la ayuda mutua y, básicamente, por las actividades en el agro” (Art. 2.). 40. En una encuesta realizada en setiembre de 1991, el 75 % afirma que no sabe si su comunidad tiene un reglamento interno. 41. La información referida a la organización comunal se basa, por un lado, en los documentos de la comunidad, especialmente en el Libro de Actas (LA-CC) y, por otro, en entrevistas con los directivos y ex-directivos y en conversaciones informales con los comuneros. 42. Para esta línea de crédito estaba previsto un plazo de reembolso de hasta 15 años, con 5 años de gracia y una tasa de interés anual de 2.5% (Folleto de Información sobre los programas de FOCCAN y FODRUP de la Micro-Región Andina Central, Oficina Local Frías, 1986). Hasta diciembre de 1991 la comunidad de Poclús no había iniciado el pago de este crédito (ver cuadro 29). 43. En 1988 el programa de asistencia a las comunidades (anteriormente llamado FOCCAN) cambia de nombre y es denominado FONDEC (Fondo Nacional de Desarrollo Comunal de Asistencia Directa). 44. El Art. 5 de la Ley de Comunidades Campesinas define la condición de comunero: “Son comuneros calificados los nacidos en la comunidad, hijos de comuneros y las personas integradas a la comunidad. Para ser ‘comunero calificado’ se requieren los siguientes estatutos: a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil; b) Tener residencia estable no menor de cinco años en la comunidad; c) No pertenecer a otra comunidad; y d) Estar inscrito en el Padrón de la comunidad; y, e) Lo demás que establezca el estatuto de la comunidad. Se considera comunero integrado: a) Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la comunidad; y, b) Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por la comunidad. En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta” (subrayado, K.A.). 45. En total, 57 campesinos miembros de otras comunidades trabajan tierras en Poclús: 19 pertenecen a la C.C. San Andrés de Cuicas (caseríos: Cuicas, Putagas, Naranjo y La Cría) y 38 a la C.C. J.C. Mariátegui de San Jorge (caseríos: San Jorge y La Loma de San Jorge). 46. “En consecuencia el Estado: Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el desarrollo de su identidad cultural” (inciso d. del Art. 1. de la Ley de Comunidades Campesinas, D.L. 24656; subrayado K.A.).

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47. La siembra de dos latas (un almud) de semilla de maíz corresponde a una parcela de una hectárea. 48. Encuestados los campesinos con respecto a las sanciones que se deberían dar a los comuneros que no respetan los acuerdos de la asamblea comunal, el 89% opina que en estos casos se debe pagar una multa; el 7% propone que se debe avisar a la ronda campesina para las sanciones necesarias y el 4% piensa que éstas no serían necesarias. 49. Se trata de I/. 500,000.00 por una hectárea de riego y de I/. 300,000.00 por hectárea de secano (LA-CC: mayo 1991). En ese entonces, una botella de primera costaba I/. 300,000.00. 50. Entre setiembre y noviembre de 1991 se realizó una encuesta en cuatro comunidades campesinas de Frías: en las comunidades de Poclús (POC), Challe Grande (CHA), Pariguanás (PAR) y Silaguá (SIL). La única condición que debían cumplir los campesinos encuestados era la de ser de jefe de familia y comunero, sino fueron elegidos al azar. Se encuesto al 10% de los comuneros inscritos en el padrón de las cuatro comunidades, aplicando la encuesta en todos los sectores de cada comunidad. 51. Todos los entrevistados han sido comuneros hábiles, es decir, residentes en la comunidad, que no poseen parcelas fuera de ella. Una decisión así, obviamente, les favorecería. En este caso, sigue siendo decisiva la posición de los directivos, que no quieren enfrentamientos entre comuneros hábiles y eventuales. 52. Preocupación que se manifiesta entre los campesinos de la comunidad de Challe Grande. 53. Ver los trabajos de Huber 1991, 1992 sobre la formación de la ronda campesina en la sierra de Piura y las posibilidades creadas a través de esta nueva organización. 54. Se ha elegido al Comité de Rondas de Poclús como ejemplo para presentar la relación entre comunidad y ronda campesina. También en Maray existe un comité de rondas, cuyo funcionamiento es similar al de Poclús. En setiembre de 1991, los ronde-ros de Maray estaban terminando la construcción de un local, “la comunal”, para las asambleas de los comuneros=ronderos del sector. En caso de necesidad el presidente de la comunidad asiste a las asambleas del Comité de Rondas de Maray. 55. Estos son: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales, secretario de derechos humanos, secretario de prensa y propaganda, secretario de deportes, secretario de disciplina, secretaria de asuntos femeninos y 3 jefes de grupo. 56. Entre febrero de 1989 y diciembre de 1990 el Libro de Actas del Comité de Rondas de Poclús contiene 25 “actas de arreglo” que se llevaron a cabo solamente entre las partes en conflicto y algunos directivos. En este tiempo la ronda, además, convocó a dos asambleas que contaron con una mayor participación. 57. Las asambleas de la ronda de Maray se organizan cada último domingo del mes para permitir la presencia de los directivos de la comunidad, en caso sea necesario. 58. Las obligaciones que los campesinos asumen con los diferentes comités de ronda, en muchos casos, son realmente difíciles de cumplir. Veamos, por ejemplo, el caso de Pancho L., que conduce tierras en El Común, Maray, Frías, Pueblo Nuevo y en San Antonio de Matalacas. Esta afiliado al comité de ronda de Pueblo Nuevo; pero tiene que cooperar con los ronderos de Maray, donde participa en las faenas de “la comunal”, y también en Frías, donde colabora en el servicio de ronda durante las fiestas. En cambio, su aporte a los comités de El Común y de San Antonio de Matalacas es irregular y mediante cuotas. 59. Decreto Supremo No. 008-91-TR, del 12.2.91. 60. Ministerio de Agricultura: PIAR Frías-Pacaipampa “Proyecto de Cambio de la Modalidad de Adjudicación del G.C. San Martín de Challe Grande No. 037-3-I en Empresas Individuales”; mayo 1987 (manuscrito en poder de la directiva comunal). 61. Es el caso de campesinos que se describen como “gente que tenemos para el día y no para sacar el título individual”. 62. Documento con fecha del 7.11.1979 en poder de la directiva comunal.

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63. El deslinde entre la comunidad de Challe Grande y la comunidad de Pariguanás no estaba definido claramente hasta fines de 1991. 64. En Frías cuando se pregunta a un campesino si su caserío pertenece a una comunidad, por lo general, la respuesta es afirmativa; recién cuando se insiste preguntando por las autoridades comunales, se obtiene la respuesta: “somos comunidad privada” 65. De los 112 socios inscritos, solamente se dispone de información sobre las hectáreas que conducen 107 campesinos. Generalmente, ellos afirman ser socios de la comunidad; raramente se escucha la expresión comunero. La extensión de los diferentes lotes se basa en las mediciones realizadas por los topógrafos, mientras que los campesinos calculan la extensión de las tierras a base de la semilla requerida. 66. En la época del grupo campesino la conducción máxima fue de 263 hás. en posesión de un sólo campesino; sin embargo, este campesino y cuatro más no están empadronados en la comunidad. Se trata de un grupo de campesinos de Silincho, que quiere impedir la titulación de la comunidad. Esto explica que la tenencia de la tierras en la comunidad sea menos desigual que al interior del grupo campesino (ver cuadro 21). 67. Cusha = floja. 68. En Challe Grande, a diferencia de Poclús, en el transporte de leña a fin de año, no solamente participan en la minga campesinos dueños de toros sino también aquellos que tienen caballos Los troncos, además, pueder ser cargados al hombro entre dos campesinos. También, las mujeres participan en estas mingas. 69. Durante el período 1989-1990 algunos de los directivos de la Liga Agraria también habían asumido cargos en la Central de Rondas Campesinas de El Común. 70. Este comunero, empadronado con 3 hás. bajo riego, representaba los intereses de los comuneros pobres. La mayoría de los dirigentes en Challe son “muchachos” y tienen alrededor de 30 años: “todos deben servir y los jóvenes deben ir aprendiendo”, explica el actual vicepresidente de la comunidad. Al respecto, hay que tener en cuenta que buena parte de los campesinos mayores son analfabetos. 71. Tomando en cuenta la información del padrón comunal, este hecho explica que la diferenciación interna sea menos pronunciada. No se inscribieron 5 campesinos que controlan en total 628 hás. o sea, terrenos entre 58 y 263.5 has. cada uno (Padrón de tierras de los socios del Grupo Campesino San Martín de Challe Grande, 1987). 72. Al igual que en Poclús, las transferencias de tierras son denominadas traspasos; pero aun cuando se insiste en que el pago se efectúa por las mejoras, se trata de una venta que se realiza bajo ciertas normas: el derecho preferencial de los vecinos, la exclusión de los que no son comuneros y el control comunal. 73. Un ejemplo de arreglo de linderos es el siguiente: “Comienza por la cabecera con un palo negro y sigue línea recta de bajada a pasar por la raíz de un Lúcumo y sigue de bajada curbando por una seja y llega a topar a una seja de una Chilca y sigue a pasar por un espino de Tululuque v sigue de bajada por una ondura línea recta y sigue de bajada a topar a una sequia y sigue de ladera por encima de la sequia a topar con el Señor Pascual M.” (LA-CC: 1 de mayo 1991). 74. El Archivo de la Comunidad de Pariguanás es el mis completo de la zona. En la mayoría de las comunidades estos primeros documentos se han perdido. Una razón de su conservación es que la dirigencia en esta comunidad estuvo a cargo de Marcial M. como presidente del grupo campesino (1978-1985) y presidente de la comunidad (1985-1987), que no surgieran conflictos con las directivas posteriores. 75. En Pariguanás, al igual que en otras comunidades estudiadas, los campesinos no miden la extensión de sus tierras en hectáreas, sino en la cantidad de semilla que emplean para cada parcela. La conversión en hectáreas fue realizada por el secretario de la comunidad, tomando en cuenta las siguientes equivalencias: 1,500 plantas de yuca = 1 hectárea; 1 almud de trigo = 1 hectárea.

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76. En el padrón de tierras de Pariguanás, un “lote” se define por los linderos con las tierras de otros comuneros calificados. Dentro de estos lotes pueden encontrarse varias parcelas de riego y/ o de secano, con diferentes cultivos. Todas ellas están ubicadas en forma nucleada, por lo tanto pertenecen a una misma zona ecológica. 77. En la asamblea comunal se recurre al padrón para preguntar a todos los vecinos allí mencionados, y cada uno de ellos tiene la posibilidad de manifestar su acuerdo o desacuerdo. Por lo general, las explicaciones son las siguientes: “no avanzo a comprar, está bien que entre don...” 78. El intercambio de primera por trigo es más favorable si se calcula en términos monetarios o, como se dice en la zona, “a la plata”. Vendiendo 3 latas de primera se obtendría S/. 21; en cambio, para comprar 1 saco de trigo se tendría que pagar S/. 26, además del gasto que significa el flete. 79. En Frías el ganado es tasado por peso que se mide en arrobas. Un buen toro puede tener más de 20 arrobas. En noviembre de 1991 la arroba se pagaba a S/. 16.00 (= US $ 17.00). Cabe mencionar otros precios como referencia: un saco de maíz: S/. 10.00; 1 pasaje de Frías a Chulucanas en camión: S/. 3.00; un ciento de dulce: S/. 12.00. 80. Marcial M. se ha empadronado con 30 hás. bajo riego, que comprenden tres invernas y un potrero de cultivo. Además es el mayor ganadero de la comunidad. 81. Es significativo que todavía en 1986 los directivos de la comunidad emplean la expresión “subarrendatarios” que data de la época de la hacienda, cuando los campesinos eran denominados arrendatarios. 82. No se consideran aquí las faenas de limpieza de los caminos y del cementerio que, como en años anteriores, fueron realizadas a nivel de sectores, siendo convocadas por los tenientes gobernadores del caserío y, posteriormente, en coordinación con el comité de ronda. 83. A fines de 1991 el tractor seguía en Chulucanas, no había podido ser alquilado por la falta de medios económicos de los campesinos en esta zona, que ya no recibían créditos del Banco Agrario. Todavía no se ha podido determinar qué comunidad recibió el arado correspondiente al tractor de Pariguanás. En la comunidad se sigue buscando un camino para vender el tractor e invertir este dinero en algo útil. 84. El acta se realiza en el terreno de litigio, en presencia de ambas partes y de los directivos que realizaron una “inspección ocular”: “Se comprometen también a partir de la fecha no seguir perturbando en ningún sentido, por un lado, se comprometen a hacer uso de un solo camino que es usado para entrada y salida de su casa, por otro lado, se comprometen a no hacer daño de ninguna especie con los animales, aclarando que amarrará los chanchos (...) Se les hizo saber que debe respetarse la propiedad en todo sentido, por ejemplo, no debe tocarse ningún palo de leña sin permiso del respectivo dueño (...) Caso de incumplimiento, cien mil (S/. 100,000.00) se paga a la tesorería de la comunidad” (Libro de Arreglos, Pariguanás: jimio 1986). 85. Si bien el primer artículo del “Estatuto Interno” determina que la comunidad es la única propietaria de las 3,800 hás. adjudicadas, José Castillo, ex-presidente de la comunidad, explica que cada campesino dispone de sus tierras según su decisión. Esto significa que durante un traspaso los “dueños” determinan la cantidad de dinero que recibirán por sus tierras. El rol de la comunidad se limita a controlar que los compradores sean comuneros, no dispone de los mecanismos para impedir el acaparamiento de tierras, ni interviene en la fijación de precios. 86. Por ejemplo, un acta de traspaso en la comunidad de Pariguanás: “También el Sr. M. C. va a vender un terreno diciéndoles a los colindantes L., estos señores dicen que si están interesados en comprar el terreno. El precio está pactado en cinco mil millones. El Sr. R. L. se resuelve en darles esta cantidad de los 5 mil millones, dando un plazo de un mes para poder juntar el dinero. El señor R. L. dice que le va a dar 1 mil millón y los cuatro mil millones serían a plazo de un mes. También otro colindante el S. J. A. dice que cuando se haga la venta los llamen para ver situaciones del cerco” (LA-CC: mayo 1989).

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87. La solicitud elevada al Congreso en 1964 estuvo apoyada por los siguientes parlamentarios piuranos: Juan Palacios Pintado, Ramón Abasolo Rázuri, Carlos B. Cedano, Juan Aldana González y Luis Carnero Checa. 88. En la sierra de Piura es frecuente que se repitan las toponimias. No sólo existen dos cerros denominados Pilán, también son muy frecuentes en esta zona nombres como Portachuelo, Naranjo, Sapce, Cerro Negro. 89. También en Silaguá se habla de traspasos y de pago de mejoras, pero todos concuerdan que en realidad se trata de ventas de tierras. 90. Se verá a continuación que el arriendo de tierras para cultivo o de pastos está causando serios conflictos al interior de la comunidad. 91. Equivalencias: 1 arroba de maíz = 1 arroba de sal, 2 arrobas de maíz = 1 arroba de arroz; 1 lata de maíz =12 libras de arroz; 2 quintales de maíz = 1 lata de kerosene. El alza de los precios significa que las equivalencias se tornan cada vez más desfavorables para los campesinos de la zona. Son cada vez menos los campesinos que están dispuestos a intercambiar maíz por arroz. 92. Para conciliar entre ambas fracciones, en diciembre de ese año, la directiva, que estaba a favor de no descalificar a los dos comuneros, propuso la aprobación del “Reglamento Interno” de la comunidad. La idea era aprobar las normas que de ahí en adelante determinarían el funcionamiento interno de la comunidad, previendo la manera de evitar futuros conflictos. Uno de los puntos aprobados se refiere a la pérdida de la condición de comunero calificado y determina como motivo “fijar residencia estable en otro lugar”. Sin embargo, las normas de este “Reglamento Interno” no fueron puestas en práctica y, a fines de 1991, el 93% de los comuneros encuestados no sabían de su existencia. 93. “Que desde el año 1989 venimos siendo atropellados por un pequeño grupo de malos comuneros que han creado el odio y el divisionismo enfrentando a los comuneros de los sectores de Barranco Blanco y Guanábano Alto de nuestra comunidad, a tal punto de existir enfrentamiento entre comuneros habiéndose presentado peleas con armas con resultado de personas heridas de gravedad y también se han producido invasiones de tierras, usurpación de propiedad, trayendo consigo la destrucción de cercos, muerte de ganado y destrucción de bosques naturales” (copia de una parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ayabaca, 4 de noviembre de 1991). 94. Para el trabajo de la Central de Rondas ver Huber 1992:234-238. 95. Un campesino de Las Pircas en Los Altos, como secretario de Rondas Campesinas, y uno de Frías, como secretario de Producción Agrícola y Pecuaria. 96. Junto con las trece comunidades campesinas del distrito de Frías, también se asociaron a esta central la comunidad campesina de Arrendamientos (distrito de Lagunas), la comunidad campesina Geraldo Lúcumo (distrito de Sapillica) y la comunidad campesina San José del Guabo (distrito de Chulucanas). Esto se debe al hecho que algunos comuneros de Arrendamientos poseen tierras en el distrito de Frías y también a que los directivos de la tres comunidades mencionadas, en repetidas ocasiones, recurrieron a la Central de Rondas Campesinas de Frías a la cual reconocen como autoridad competente para la solución de sus problemas. 97. Gabriel Córdova Jiménez fue uno de los profesores que trabajó intensamente en la formación de la ronda, dando asesoramiento y repartiendo la Constitución a los campesinos. Luego, llegó al municipio bajo el lema “Un rondero al Municipio”. Desde la creación de la Central de Rondas Campesinas desempeña el cargo de asesor (Huber 1992:255). 98. Los comuneros de cada caserío proponen una terna de candidatos al gobernador del distrito, que el que finalmente nombra al teniente gobernador. 99. En todas las comunidades estudiadas, un alto porcentaje de campesinos se manifiesta a favor de los “trabajos de desarrollo” o “trabajos de progreso” que la directiva comunal debería asumir. 100. FOCCAN: Fondo de Apoyo a Comunidades Campesinas y Nativas, que a partir de 1988 se denominó FONDEC: Fondo de Desarrollo Comunal; ambos fondos no eran reembolsables. FODRUC:

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Fondo de Desarrollo Rural Comunal, línea de crédito prevista para infraestructura y actividades productivas con un plazo de reembolso de hasta 15 años y una tasa de interés de 2.5% anual, tramitado a través del Banco Agrario. 101. Fuente: Banco de Datos CIPCA.

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Capítulo 4. La vigencia de las comunidades de Frías

1

LAS CUATRO COMUNIDADES que presentamos en el capítulo anterior son, como muchas otras en la sierra del departamento de Piura, fruto de la reforma agraria de 1969. Los campesinos, ex-colonos de las haciendas Pariguanás y Poclús —que dicho sea de paso no habían luchado por la tierra— aceptaron la organización comunal sin entender plenamente su significado. Ellos aprovecharon una coyuntura en la cual unos “gobernantes necesitados de apoyo popular” procedieron a adjudicar las parcelas que ellos conducían y deseaban en propiedad (Golte 1990:3). Cabe preguntar, sin embargo, ¿por qué, una vez entregadas las tierras y constituidos los grupos campesinos, siguieron la gestión para el reconocimiento como comunidad? ¿Por qué, a pesar de un sinnúmero de problemas internos, mantienen la organización comunal e, incluso, la perciben como ventajosa? Puesto que “el campesino no es ningún tonto” (Lipton 1968:327) 1, las comunidades frianas, al igual que las otras cuatro mil comunidades campesinas que existen en el país2, deben tener alguna funcionalidad que impide su descomposición.

2

Las comunidades campesinas, también llamadas comunidades indígenas hasta 1969, son instituciones que actualmente agrupan a más de tres millones de habitantes, o algo más del 15 % de la población nacional (Kervyn y CEDEP Ayllu 1989:50). Desde principios de este siglo, por lo menos, han atraído la atención de la política y las ciencias sociales en el Perú. En la abundante literatura existente destaca el interés por su racionalidad en términos socioeconómicos y su potencial para el cambio, tanto interno como externo, en otras palabras, su adaptabilidad a una economía de mercado en plena expansión y su presunta capacidad para contribuir a la transformación de la sociedad nacional.

3

Se ha convertido en un lugar común hablar de la heterogeneidad de las comunidades campesinas del Perú o señalar que “no hay una definición de lo que es una comunidad, sino muchas” y que “probablemente ninguna de ellas permite dar cuenta del universo complejo al cual se aplica el concepto” (Golte 1990:1). Esto se debe tanto a la diversidad de los pueblos campesinos, como al hecho que, a pesar de la abundante literatura, “lo que se conoce aún no da cuenta del complejo mundo comunal” (Gon-ales de Olarte 1984:77).

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4

En este capítulo queremos ubicar a las comunidades campesinas “recientes” de la sierra piurana, y en particular, a las cuatro comunidades estudiadas dentro de la discusión sobre la organización campesina en los Andes.

5

Todavía estamos lejos de un entendimiento cabal de los múltiples significados que puede tener una “comunidad campesina” en el Perú. En realidad, buena parte de la exhuberante literatura sobre los pueblos andinos da la impresión de que estos grupos humanos tienen tantos rasgos comunes que un examen de ellos lleva a formular una definición de “la comunidad andina”3, basada precisamente en uno de esos rasgos comunes: la toma de decisiones colectivas respecto a la administración de recursos. Hay una extraña línea de continuidad en la percepción sobre la comunidad campesina desde la visión romántica de los indigenistas hasta el idealismo de las ONG. Como expresa Golte, estamos ante una “imagen petrificada”, “perpetuada por la misma legislación, los escritos de Castro Pozo, Mariátegui y, posteriormente, los antropólogos” (1990:17). Recién empezamos a darnos cuenta de la inmensa diversidad de las comunidades, y parece que algunos autores ya comienzan a rendirse ante los mitos que ellos mismos habían creado4.

6

Por ello, no pretendemos contribuir con nuestro estudio a la elaboración de un “modelo comunidad”, sea cual fuere su enfoque. Sí, creemos que detrás de la heterogeneidad de las comunidades campesinas hay un factor común: su funcionalidad. Los campesinos se organizan en comunidades y se hacen reconocer legalmente porque ello les favorece, de una u otra manera.

7

Hemos visto que la organización de las comunidades campesinas del distrito de Frías, al igual que la mayoría de comunidades de la sierra piurana, empieza obedeciendo a motivos externos: los ex-colonos de las haciendas Pariguanás y Poclús asumieron las propuestas de las entidades estatales, cuyos funcionarios los convencieron de la conveniencia de organizarse en forma comunitaria para conseguir la adjudicación de las tierras y les informaron de las facilidades para el trámite burocrático. No obstante, recién en los años ochenta lograron su reconocimiento legal durante los gobiernos civiles de Belaúnde y García, el primero célebre por su preferencia a un libre mercado de tierras. Volvemos entonces a la pregunta planteada al comenzar este capítulo: ¿por qué los campesinos de Frías mantienen su organización comunal? ¿cuál es la funcionalidad de estas comunidades campesinas?

8

La historia de la región nos permite descartar la visión “culturalista” de los indigenistas que atribuye a las comunidades “todos los caracteres de un ser orgánico robusto” (Castro Pozo 1973 : 184), y que hasta la fecha se refleja en la legislación peruana5. Por otro lado, las características de la sierra de Piura no admiten una explicación basada en la ecología y la baja productividad de la agricultura, como la que ofrece Golte. Por lo demás, el mismo autor lo reconoce: “La sierra norte es más húmeda que la sierra central y sur. Si bien en ella hay agricultores pobres, estos tienden a no plegarse a la ley de comunidades 6. El control territorial es muy diferente al de la sierra central y sur, por lo normal las necesidades de cooperación son menores, y el trabajo agrícola más productivo” (Golte 1990:23).

9

Las tierras que controlan las comunidades Poclús, Challe Grande, Pariguanás y Silaguá corresponden a las ecorregiones “bosque seco ecuatorial”, “selva alta” y parte del “páramo”, según la clasificación de Antonio Brack (1986). Los factores climáticos que se presentan en esta zona altitudinal fueron calificados por Koeppen como “clima templado

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moderado lluvioso” (Cw), se trata de una región que cuenta con condiciones favorables para la agricultura. 10

El territorio de cada una de las comunidades abarca varios pisos altitudinales: en Poclús llega desde los 1,000 hasta 3,100 m.s.n.m.; en Challe Grande de 1,800 a 3,200; en Pariguanás de 1,000 a 3,000 y en Silaguá de 400 a 2,200 metros. Sin embargo, si consideramos la organización del espacio y de la producción, no es adecuado hablar en estos casos de un uso vertical de los recursos ni de una multiciclicidad en la agricultura, en los términos establecidos por Murra y Golte.

11

Ahora bien, es cierto que muchas familias campesinas tienen acceso a tierras en diversos pisos ecológicos, sea por la tenencia de tierras en diferentes zonas de producción o por el arriendo de pastos, que se da con mayor frecuencia durante los años de lluvia en las tierras bajas. Hasta hace pocos años, además, se optaba por la compra de parcelas, pero actualmente las comunidades ya no permiten los traspasos a campesinos foráneos. Para el abastecimiento de los productos que no se cultivan en las comunidades se recurre, aparte de la compra, al intercambio. Pero lo importante es que todas estas estrategias se dan a nivel familiar y no requieren de una organización más amplia.

12

Por otro lado, el intercambio recíproco de fuerza de trabajo, que se da en la sierra de Piura como en casi todas las regiones serranas del Perú, no es una consecuencia de la articulación de diversos ciclos agrarios en diferentes zonas ecológicas, sino una respuesta a la débil integración del campesinado a la economía mercantil y a la escasez de recursos monetarios7.

13

La organización de la producción se realiza casi exclusivamente sin recurrir al trabajo asalariado. Se usa, más bien, las fuerzas o la minga, aun cuando se trate de productos destinados al mercado, como el maíz y los frijoles. Durante las actividades de gran demanda de mano de obra, especialmente en la preparación de los terrenos y para la siembra del maíz, los campesinos de Frías realizan mingas que pueden convocar hasta 30 personas.

14

No obstante, el préstamo de fuerzas, como es denominado el trabajo recíproco en Frías, no demuestra ser una estrategia segura para contar con la mano de obra requerida. En la sierra de Piura, al contrario de lo que ocurre en la sierra sur, los factores ecológicos no condicionan la organización de la producción en el sentido de una planificación minuciosa del tiempo y de la mano de obra. En esta región, los “costos de oportunidad” son bajos (Gonzales de Olarte 1984:228), es decir, los campesinos pueden ser más flexibles en la disposición de las diferentes labores agropecuarias. La menor interdependencia entre los campesinos —las pocas “externalidades” en los términos de Kervyn— explicaría la relativa incertidumbre que enfrentan los campesinos en Frías para contar con la mano de obra el día acordado. Si bien dependen en buena parte del intercambio recíproco de fuerza de trabajo, los campesinos de la sierra piurana no cuentan con las instituciones sociales que garanticen el acceso a la mano de obra de los demás.

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En la sierra de Piura, dadas las características del medio ambiente, no se requiere de una gran fragmentación de las parcelas para enfrentar las adversidades climáticas, que es lo que observan, por ejemplo, Figueroa y Kervyn en el sur andino. Por lo demás, para Kervyn, la fragmentación de las parcelas es uno de los criterios de la “agricultura en campo abierto”. En las comunidades estudiadas, los campesinos controlan un número relativamente pequeño de parcelas y existe la tendencia a consolidar la propiedad alrededor de la vivienda campesina. La forma como se efectúan los traspasos favorece esta

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tendencia en la medida que otorga a los campesinos de las tierras colindantes una opción preferencial. 16

La compra de tierras al exterior de la comunidad —que todavía se realizaba hasta hace unos cuatro años, aproximadamente— se orientó sobre todo hacia el control de recursos escasos: bosques, invernas o terrenos de riego para los cultivos permanentes y campos de pastaje. Por ejemplo, los campesinos de la parte alta adquirían tierras en la comunidad de Challe Grande para abastecerse de madera y los campesinos de Pariguanás compraban campos cercados que utilizaban como pastizales en las comunidades vecinas de Silaguá o Geraldo.

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El criterio para la adquisición de tierras no es el de conseguir parcelas en diferentes pisos ecológicos para realizar una agricultura multicíclica (Golte) o minimizar el riesgo (Figueroa 1981), sino la accesibilidad del terreno y el afán de acumular: quien tiene las posibilidades económicas compra donde puede. Sin embargo, actualmente el mercado de tierras se ha restringido al interior de las comunidades, pero el acceso a invernas o terrenos de cultivos permanentes sigue siendo apreciado.

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Golte (1980:84) plantea como hipótesis que la organización comunal en la sierra norte se articula principalmente en torno a la organización del riego. Pero en las cuatro comunidades estudiadas, como en todas las demás que conocemos en la región, la influencia de la comunidad en la administración del regadío, la distribución de los turnos y la limpieza de los canales es muy marginal, y la organización del riego no excede a la Junta de Usuarios. En las comunidades de Pariguanás, Poclús y Challe Grande, donde el porcentaje de los terrenos irrigados es relativamente alto, la infraestructura de riego es simple y los diferentes canales no agrupan a más de 20 regantes, por lo general 8. Cuando se producen conflictos por aguas y no se logra una solución a nivel de los mismos regantes, se solicita la intervención de la Dirección de Aguas del Ministerio de Agricultura en Frías. En estos casos, la directiva comunal puede emitir un certificado aclarando la distribución acostumbrada de las aguas. Sin embargo, en las asambleas de las comunidades se insiste en que la solución de los problemas debe ser buscada entre los propios regantes, para evitar la intervención del delegado de aguas.

19

En consecuencia, la mediación de la organización comunal en el proceso productivo es muy débil en las comunidades de Frías. El “efecto comunidad” que Gonzales de Olarte (1984) observa en sus estudios sobre las comunidades campesinas del Cuzco no se observa en el caso de las comunidades frianas: no se da en las actividades agropecuarias, como el sistema de laymis o la administración de pastos naturales, ni en actividades comunales como la limpieza de los canales de regadío. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado algunos intentos de control comunal sobre los recursos y, paulatinamente, la organización comunal está asumiendo funciones normativas.

20

En Poclús y Silaguá, la comunidad limita el usufructo de los bosques a sus miembros, pero no llega a ejercer un mayor control sobre el manejo de estos recursos colectivos. En Challe Grande, la comunidad perdió la oportunidad de controlar los recursos forestales cuando, por desconocimiento, no impidió la ocupación individual de 250 hás. de bosques en la parte alta. Asimismo, en las comunidades de Poclús, Pariguanas y Silaguá actualmente se pretende impedir el arriendo de pastos a campesinos foráneos. Se trata sobre todo de terrenos en los cuales se había sembrado maíz, y los rastrojos estaban destinados para el pastizaje del ganado vacuno después de la cosecha, entre los meses de setiembre y diciembre.

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No obstante, esta restricción para el arriendo de pastos sólo se ha logrado imponer en Pariguanás, donde la directiva está integrada por campesinos pudientes. Mientras tanto, en las demás comunidades estas disposiciones no se cumplen hasta el momento. Muchos campesinos no aceptan la decisión colectiva sobre “su tierra”, sobre todo si hay personas foráneas que están dispuestas a pagar una mayor suma por el arriendo. En este contexto, si se logra imponer la restricción, el “efecto comunidad implicaría un privilegio para los comuneros en el uso de los pastos, pero al mismo tiempo puede convertirse en una desventaja para el “dueño” de los rastrojos. Por lo demás, hasta ahora las comunidades no están dispuestas a asumir, lo que Kervyn ha denominado los «costos de transacción” (Kervyn y CEDEP Ayllu 1989), para imponer los intereses colectivos sobre los individuales.

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Una de las consecuencias de la diferenciación interna en cuanto al control de tierras y los vínculos comerciales es la preferencia de los campesinos frianos por delegar los cargos comunales a campesinos pudientes. Para muchos comuneros, una mayor capacidad económica es equivalente a mayores posibilidades de asumir tanto las obligaciones de la administración comunal como la representación de la comunidad hacia el exterior.

23

Esta visión ha sido predominante en los campesinos de Poclús, Challe Grande y Pariguanás, sobre todo durante los primeros años de la comunidad, después de la adjudicación de las tierras, cuando el trámite por el reconocimiento comunal requirió mayores recursos económicos. Sin embargo, en Challe Grande y Poclús, donde ha habido malas experiencias con este tipo de dirigentes durante los últimos años se está desarrollando una visión diferente sobre los criterios para elegir a los directivos comunales; en cambio, en la comunidad de Pariguanás la directiva comunal sigue en manos de ganaderos pudientes.

24

La integración de los comuneros de Frías al mercado se realiza a través de la venta de productos agropecuarios y de fuerza de trabajo en los mercados locales y regionales. Sin embargo, los efectos de la integración a la economía de mercado sobre “lo individual” y “lo colectivo” al interior de las comunidades (Gonzales de Olarte 1984:75) todavía son muy leves, sólo han ocasionado algunas modificaciones en la compra y el consumo de bienes. Si los comuneros se sienten “dueños” de sus tierras, ello no se da como resultado de un proceso de privatización basado en el avance de una racionalidad mercantil, sino como una consecuencia de su condición de antiguo arrendatario de una hacienda, y también de su participación en las diferentes transferencias de tierras después de la reforma agraria. Por otro lado, el surgimiento de un mercado de trabajo al interior de las comunidades como consecuencia de la penetración mercantil es insignificante. No se puede hablar de una “pequeña burguesía agraria” cuya organización de la producción se base en forma sustancial en la mano de obra asalariada.

25

Lo que sí se observa es que los comuneros de Frías tratan de utilizar la organización comunal para bajar los costos y lograr mejores precios en la comercialización de sus productos hacia afuera, aunque los resultados de las iniciativas orientadas en este sentido han sido débiles, por lo menos hasta 1992. Los diferentes tambos comunales establecidos durante el gobierno de Alan García, financiados por los fondos de desarrollo comunal, fracasaron no solamente por el proceso inflacionario, sino también por la falta de una visión empresarial del campesinado, que hasta ese entonces no contaba con una experiencia colectiva de gestión de este tipo de proyectos. Es este contexto, la creación de la Central de Desarrollo Integral de las Comunidades Campesinas de Frías expresa con más fuerza la búsqueda de mecanismos que garanticen una integración al mercado en términos más favorables.

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El apoyo de las organizaciones no-gubernamentales de desarrollo, expresamente solicitado por algunas dirigencias comunales, también sería una manifestación de esta inquietud. Sin embargo, la presencia de las ONG en el distrito, y en la sierra en general, es mínima y, además, es cuestionada por su alto nivel de politización y la falta de resultados concretos de los pocos provectos ejecutados. Hasta ahora, la única ONG que trabaja en Frías es la Central Peruana de Servicios (CEPESER). Pero esta institución no trabaja con las comunidades, sino a nivel de caseríos. Una de las razones que habría influido en esta decisión de CEPESER tendría relación con criterios de tipo político: durante el gobierno de Alan García muchos de los directivos comunales eran de tendencia aprista, mientras las posiciones de izquierda estaban más difundidas entre los dirigentes de la ronda campesina, que es la única forma organizativa existente a nivel de caseríos 9.

27

En fin, a pesar de las potencialidades señaladas por Kervyn y el CEDEP Ayllu (1989), las experiencias de los campesinos con las organizaciones estatales y no-gubernamentales fueron poco alentadoras.

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Afirmaciones como las de Caballero, que en un leve asomo de romanticismo habla de “asociacionismo natural”, “tendencia natural del campesinado de dotarse de instituciones” y de que “lo normal, lo natural, del campesino es vivir de una u otra forma asociado con los de su clase” (Caballero 1981:350), son cuestionables a partir de las evidencias proporcionadas por los estudios sobre las comunidades tradicionales del sur andino10, pero lo son todavía más en el caso de los comuneros protagonistas de este estudio, que aprenden a “dotarse de instituciones” recién después de la formación de las comunidades y, sobre todo, desde la creación de las rondas campesinas.

29

La comunidad andina que asegura la reproducción de sus integrantes, en los términos descritos por los autores arriba mencionados, se caracteriza no tanto por el hecho de que exista cooperación en el proceso productivo, sino, sobre todo, por la manera como este proceso está organizado. Ni el uso vertical de diferentes pisos ecológicos ni la cooperación entre familias campesinas son una peculiaridad de los campesinos andinos, constituyen más bien “... instituciones sociales a partir de las cuales se organiza este control vertical y las relaciones mediante las cuales éste se hace efectivo” (de la Cadena 1989:80, subrayado K.A.).

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Estas instituciones se expresan en la complejidad de los entes sociales que los antropólogos han venido a llamar la “organización social andina”, donde “la economía, la política y el ritual se trenzan” (ibíd.:77) y donde los diferentes niveles que intervienen en el proceso de la producción son la familia, los grupos de cooperación y finalmente la comunidad (ibíd.:83).

31

Como hemos visto, en la sierra de Piura la presencia del tercer nivel, la comunidad, en el proceso productivo, no es muy marcada. La comunidad como “instancia de administración de poder” (ibíd. :98) es muy débil, los comuneros no tienen experiencia en la toma de decisiones en asamblea, y sus dirigentes gozan de poca autoridad. La Junta Directiva no está compuesta por comuneros que hayan ganado la confianza de los demás pasando los sucesivos cargos comunales. Los dirigentes no son elegidos a título individual sino como parte de una lista, a menudo con diferentes afiliaciones políticas.

32

Entonces, ¿las comunidades campesinas de Frías son fantasmas sin vigencia alguna? ¿los campesinos la han adoptado únicamente porque esa era la condición previa para la adjudicación de sus tierras? Si fuera así, no podríamos explicar el hecho que, de los 139

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comuneros que hemos encuestado en las cuatro comunidades, solamente 3 opinan que la comunidad campesina “no favorece en nada”, mientras que 136 piensan que sí sirve, porque “se vive más tranquilo”, “se puede vivir mejor” y “hay más apoyo”. 33

Hemos sostenido que existe una funcionalidad de las comunidades frianas que estaría impidiendo su descomposición, a pesar de tantos problemas internos que enfrentan. De hecho hemos percibido algunas de las ventajas que brinda la organización comunal: una titulación individual hubiera sido mucho más complicada y costosa; la comunidad ofrece la posibilidad, aún no cabalmente aprovechada, de proteger los recursos forestales y limitar el acceso a pastos naturales; y, finalmente, puede ser utilizada para evitar o, por lo menos, presionar a los intermediarios por mejores precios.

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Sin embargo, lo que a nuestro entender tiene más peso para los campesinos es la seguridad que la comunidad ofrece con respecto a la tenencia de la tierra. En un trabajo recientemente publicado, Bruno Kervyn sostiene que “... la apertura de un mercado de tierras puede provocar tres tipos de ineficiencias o costos sociales: una ineficiente asignación de mano de obra (el subempleo agrícola); un aumento de la inseguridad alimentaria; una disminución de la producción en el largo plazo cuando el proceso de la concentración de tierras provoca importantes conflictos sociales” (Kervyn 1992:11).

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Según el mismo autor, en países como el Perú, dada la proverbial corrupción y manipulación del poder judicial, un sistema de tenencia comunal es más eficaz que la titulación individual, “porque el Estado tiene menos capacidad que la comunidad para hacer respetar la posesión individual” (ibíd.:6, subrayado K.A.). Las particularidades del mercado de tierras, que “raras veces funciona como el de otros bienes”11 (ibíd.:10), contienen el peligro de que: “... es muy probable que si los pequeños agricultores pudieran hipotecar o vender sus tierras más libremente, asistiríamos a un proceso de concentración de la propiedad debido a ventas forzadas” (ibíd.:10).

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Considerando los resultados de nuestra encuesta, parece que los campesinos de Frías son muy conscientes de los peligros asociados al desarrollo de un libre mercado de tierras:

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Cuadro 30 : Encuesta sobre venta de tierras

Fuente: Encuesta a comunidades (1991) 38

Los cuadros 30 y 31 muestran que los campesinos están a favor de una cierta apertura del mercado de tierras, “porque hay necesidad, todos necesitamos”, y que, a la vez, insisten en la conveniencia de que la comunidad intervenga para controlar este mercado12. A

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nuestro parecer, esta es la mayor ventaja que les ofrece la comunidad campesina y el significado que le otorgan a la expresión según la cual en la comunidad “se vive más tranquilo”. 39

En todas las comunidades se puede notar una tendencia a limitar la compra-venta de tierras. En Pariguanás, por ejemplo, la asamblea general desautorizó la venta de un lote a un campesino foráneo y anuló el contrato. En Challe Grande, los directivos comunales tienen la intención de beneficiar con los traspasos a los campesinos que disponen de pocas tierras. En esta comunidad, la prohibición de venta de tierra a foráneos se explica a partir de la necesidad de defender los terrenos de bosques, sobre todo frente a los campesinos de Los Altos, especialmente los de la región de Matalacas, que padecen por la escasez de leña.

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12. Cuadro 31 : Encuesta sobre la intervención comunal en la venta de tierras

Fuente: Encuesta a comunidades (1991). 41

Además, uno de los logros de la organización comunal durante los últimos años es la mediación en los conflictos por herencia. La asamblea comunal se ha convertido progresivamente en una instancia de control de la repartición de las tierras y ejerce funciones de arbitraje. Ello ha contribuido a que cesen los juicios por tierras entre familiares, así como los violentos conflictos que surgían entre los miembros de una familia cuando no se lograban poner de acuerdo sobre la repartición de una herencia. Actualmente, para resolver estos conflictos, las familias campesinas va no tienen que dirigirse al poder judicial, lo que significa un gran ahorro de tiempo y dinero.

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En las comunidades de Frías el “efecto comunidad” se manifestaría, entonces, en el hecho que, paulatinamente, la organización comunal se ha venido convirtiendo en una instancia normativa: si bien casi no interviene en el proceso productivo, pero, sí, establece las reglas de juego en torno a la problemática de las tierras13.

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Si a esto añadimos el trabajo de las rondas campesinas, que se dedican a resolver los problemas que surgen entre los vecinos14, entonces tenemos la evidencia suficiente como para afirmar que ambas organizaciones campesinas constituyen un valioso aporte a la tan urgente descentralización del país: antes las decisiones eran tomadas en las cortes de Ayabaca y Piu-ra, ahora los casos son resueltos en el mismo pueblo y por la población involucrada.

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En buena parte, hoy en día, la suerte de los campesinos está en sus propias manos. Este hecho está expresando una de las características más importantes de la sociedad peruana en los últimos años, a saber, la “sustancial democratización de la sociedad rural” (Eguren 1992:90), como producto del largo proceso de luchas y reivindicaciones contra el poder tradicional de los terratenientes y, también, aunque con muchas deficiencias todavía, contra la política de exclusión por parte de los gobernantes: “Este siglo es escenario de un largo camino de cambios que van minando las bases de legitimidad [del] poder tradicional, autoritario y paternal. En este camino los campesinos buscan participación política y establecer lazos de incorporación directa con el mercado y con el poder central. Se desprenden de la protección y de la intermediación local” (Remy 1992:126).

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Muchos antropólogos han lamentado la “descomposición” de la comunidad campesina. Parece que en la sierra de Piura se da justamente el proceso contrario: aquí las comunidades recién se están formando. Aunque casi no tienen nada en común con las comunidades andinas del sur y centro del país, en términos de una democratización del ámbito rural las comunidades de la sierra de Piura son “comunidades en formación”.

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La Constitución Política del Perú promulgada en 1993, en sus artículos 88 v 89, norma el régimen de las comunidades campesinas y nativas, introducido serios cambios en cuanto a la tenencia de la tierra. Aún no es posible prever todas las consecuencias de las nuevas tendencias de liberalización del mercado de tierras; sin embargo, a manera de proyección, se puede sostener que los campesinos de Frías no aceptarán la norma referida a la “declaración de abandono” de tierras15. También es posible afirmar que las garantías establecidas sobre la “autonomía de la organización comunal”, así como el “respeto de la identidad cultural” previsto en el artículo 89, serán utilizados como argumentos para defender la automonía de la comunidad en cuanto a la transferencia de tierras (herencias, traspasos). Los comuneros de Frías reconocen la necesidad de un mercado de tierras, pero insisten en ser ellos mismos los que definan las reglas de este mercado. La autonomía comunal se ha constituido en una instancia funcional para la solución satisfactoria de este tipo de problemas.

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Por lo expuesto anteriormente, la legislación y las políticas del Presidente Fujimori constituyen un retroceso respecto al modelo anterior de tenencia de tierras, que, de cierta manera, proporcionó seguridad a las comunidades campesinas y, al mismo tiempo, permitió avanzar un paso en el proceso de la democratización del medio rural.

NOTAS 1. “Economists of underdeveloped countries are beginning to realize that the farmer is no fool”. 2. Hasta en el Perú existieron 4,792 comunidades campesinas reconocidas (Trivelli 1992 : 24), pero hay además un buen número sin reconocimiento oficial. 3. Para un resumen más amplio de la literatura sobre las comunidades andinas, ver Mossbrucker 1990. 4. Por ejemplo, el mismo Golte sostiene lo siguiente: “La necesidad de amparo legal hace que los campesinos se escondan en la ficción de comunidad, aunque ésta no corresponde a su

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organización legal. Este problema, ya presente en el origen mismo de las comunidades campesinas, se hace tangible cuando uno se propone definir a partir de lo que existe, un concepto de comunidad” (l990:18). “Lo importante es que no hay un denominador común entre todos los pueblos reconocidos como comunidad, ni siquiera hay una mayoría que se pueda inscribir en algún modelo de funcionamiento. Lo que quiere decir es que a la ficción legal e ideología de un tipo de sociedad llamada ‘comunidad’ no corresponde ningún modelo científico que se pueda aplicar al mismo universo” (ibíd.:19). 5. Al respecto, véase el Art. 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas del gobierno aprista: “Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos v culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático v el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país” (subrayado K.A.). 6. Posiblemente Golte se refiere al departamento de Cajamarca, donde de hecho hay pocas comunidades campesinas. En la sierra de Piura, como hemos visto, el campesinado sí “tiende a plegarse a la ley de comunidades”. 7. Cuando Kervyn postula que “es frecuente observar que los costos de alimentación, en los aynis, son más elevados que los jornales pagados y que varían proporcionalmente a la escasez de mano de obra” y que “el ayni es más un intercambio de calidad de trabajo que de cantidad” (Kervyn y CEDEP Ayllu 1989:51), se refiere a una agricultura andina caracterizada por un manejo paralelo de varios ciclos agropecuarios estrechamente interdependientes en el tiempo. Este caso no se da en la sierra norteña, en general, y en la zona de Frías, en particular. En Frías, el préstamo de fuerzas no se basa exclusivamente en factores ecológicos. Se trata de una agricultura con menos “externalidades”, es decir, con una menor interdependencia entre los productores. 8. Padrón General de Regantes del sub-sector de riego Frías. 9. En un intento de trabajar en el distrito que finalmente no llegó a concretarse, sobre todo por la pésima preparación y ejecución del proyecto, el Instituto de Desarrollo Comunal (IDECO) también había optado por trabajar con los pequeños propietarios de tres caseríos (Arenales, Pampa Grande y El Común) sin considerar a las comunidades. 10. La explicación más persuasiva, también mencionada por Caballero, es que la organización surge como respuesta a la necesidad de asumir colectivamente la administración de recursos y servicios y también a la necesidad de contar con la mano de obra de otras familias en determinadas épocas del calendario agrícola, para lo cual se establece un sistema de normas reconocidas colectivamente. 11. “Del lado de la demanda, la tierra es vista a menudo más como una fuente de seguridad, de prestigio, de poder o de especulación que como un activo productivo. Por lo tanto, el libre mercado no tiende necesariamente a asignar la tierra a aquel más capaz de cultivarla. ... Del lado de la oferta, la venta de las tierras que pertenecen a campesinos se realiza mis por razones de apuro que para asignar el producto de la venta a un uso más productivo” (Kervyn 1992:10). 12. Llama la atención que en Poclús 23 de los encuestados se pronuncian en contra de una intervención de la comunidad, mientras que en Silaguá todos los 56 están a favor. Esto se debe, obviamente, al descontento existente en Poclús por el hecho de tener que aportar fondos a la comunidad en proporción directa al volumen de tierras traspasadas. 13. Cabe mencionar que la organización de comunidades campesinas resulta más económica no sólo para el campesinado, sino también para el Estado: “... el sistema comunal de tenencia permite resolver los conflictos internos sobre posesión a un costo casi nulo para el Estado, pues las asambleas comunales resuelven la mayoría de los pleitos entre comuneros sin recurrir al sistema judicial formal. Esta forma de justicia ofrece una mayor garantía de equidad y un costo privado muy bajo” (Kervyn 1992:7, subrayado en el original).

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14. Vale decir que la pacificación lograda por las rondas campesinas tiene también consecuencias directas en cuanto al empleo de la mano de obra, porque durante las noches los animales pueden permanecer en el campo y ya no tienen que ser conducidos a los corrales; asimismo, ya no es necesario cuidar las chacras para evitar los robos en las épocas de cosecha. 15. Por lo demás, este concepto es incompatible con la realidad de muchas comunidades en los Andes, donde se practica una combinación de agricultura y ganadería que por razones ecológicas implica largos períodos de descanso de las tierras. ¿Este hecho ameritaría la declaración de “abandono de tierras” y constituiría un motivo para la venta?

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Anexos

Anexo 1 1

Reclamos de los yanaconas e informes que dan lugar al convenio conciliatorio en la hacienda I'ariguanás (ADP-MJT leg. 1, cxp. 6)

2

Señor Prefecto del Departamento de Piura

3

S. P.

4

Los abajo suscritos yanaconas de la hacienda Pariguanas, propiedad de los Srs. Eguiguren y Cía; de la juridicción del Distrito de Frias, ante Ud. nos presentamos y decimos que habiendo leyes que favoresen a todos los trabajadores de la República del Perú, según Decreto Supremo del 6 de Marzo de 1920 y de acuerdo con el artículo 55 al 62 de la Constitución del Estado, principalmente a los que no tenemos más fortuna que nuestras fuerzas para ganarnos la vida, pero ni de ellas podemos disponer dentro de la hacienda que arriba indicamos, pedimos ante Ud. como autoridad prova y justiciera para que interponga su influencia a que de resolver las reclamaciones que elevamos a su honorable despacho, por medio de nuestros delegados que tienen amplias facultades para arreglar nuestros reclamos. 1. Abolición de los veinticinco días de trabajo gratuito. 2. Abolición de ocho días que ocupamos en la faena de la hacienda. 3. Abolición de seis días que ocupamos en los rodeos de la hacienda. 4. Abolición de seis días de trabajo gratuito, perteneciendo estos a la partida que se traslada de Pariguanas a la hda. Yapatera. 5. Abolición del carguío de cincuenta piedras que se nos obliga, puestas en la casa de hacienda. 6. Abolición de todos los que sembramos en terrenos de temporal, que cuando se coseche pagar y cuando no se coseche no se nos exija el pago que es la suma de diez y ocho soles por la obligación. 7. Abolición del pago de gallina que se nos exige todos los años para darnos nuestros recibos, despues de haber pagado nuestro arriendo.

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5

Petición: Que el administrador de la hacienda se abstenga a maltratar a los yanacona, violar domicilios para consumar su malévolo deseo estupor. Es justicia que esperamos alcanzar. (51 firmas)

6

(Reclamo ingresa a la Prefectura el 25 de agosto 1934)

Informe de la Guardia Civil de Frías ordenada por el Prefecto 7

Al señor Capitán Comandante de la 3era. Compañía de la Guardia Civil.

8

MI CAPITÁN:

9

En cumplimiento al Decreto No. 3618, inserto en el memorial presentado por los Yanaconas de la hacienda Pariguanás a la Prefectura, en el que piden la abolición de ciertos trabajos y obligaciones gratuitas que hacen en la hacienda; tengo el honor de informar a Ud. lo siguiente:

10

PRIMERO.- Los individuos Jobo Cárdenas, Plásido Quito Huachis, Santos Antanacio Quispe, Matías Flores Quito, Andrés Flores, Francisco Flores, Santos Patino, Isaías Calle, Gregorio López y Gonzalo Montalvan, no son arrendatarios ni colonos de la hacienda, excepto el último de los nombrados que es empleado y no tiene obligaciones que figura en el reclamo.

11

SEGUNDO.- En la hacienda Pariguanas hay dos clases de arriendo; redondo v con pensión.

12

Arriendo redondo, que paga todo en dinero, no tiene obligaciones ni trabajos gratuitos.

13

Con pensión, una parte de los arriendos pagan en dinero otra parte en trabajos de la hacienda y en productos de agricultura, pero todo equivalente al arriendo fijado por el propietario. Con lo que queda comprobado los puntos 1-2-3-4 y 6 del presente memorial.

14

TERCERO.- En atención al número Quinto del reclamo, manifiestan lo siguiente: estos son eventuales en caso de construcción ó reparación de la casa de la hacienda y con la debida remuneración.

15

CUARTO.- A cerca del número Séptimo del memorial, se sabe que esta obligación data desde tiempos inmemoriales; pero desde dos años ya no se les exige.

16

QUINTO.- Sobre el último punto del reclamo, el Administrador de la hacienda, fue enjuiciado, cuya festinación resultó favorable para el acusado, saliendo libre de toda imputación que le hacía.

17

Es todo cuanto puedo informar a Ud. para su conocimiento más fines consiguientes.

18

Mi Capitán, Frias, 30 de Setiembre de 1934,

19

(Sello y firma del Comandante de Puesto Rodrigo Melgarejo)

Convenio conciliatorio 20

En Piura, en el Despacho de la Prefectura, siendo las seis de la tarde del día doce de octubre de mil novecientos treinta y cuatro, fueron presentes por ante el señor Prefecto Interino del Departamento y el Jefe de la sección de Trabajo, de una parte don: Samuel Calle, Valentín Peña, Benigno Flores, delegados de los reclamantes del fundo "Pariguanás" asesorados por el doctor Hildebrando Castro Pozo; y de la otra, don Celso Garrido Lecca, en representación de la firma Eguiguren Hnos., propietaria de dicho fundo, a efecto de contemplar el pliego de reclamos presentado por los primeros; oídas las exposiciones de

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las partes se llegó a formalizar el siguiente convenio conciliatorio que pone término definitivo al conflicto suscitado.- Primera.-La Hacienda declara que respeta y cumple las leyes vigentes por las cuales se prohibe todo trabajo gratuito. En tal virtud, todo trabajo que se preste en la Hacienda, debe ser remunerado.- Segunda.- En los rozos de temporal los colonos cuando tengan cosecha quedan obligados a pagar seis almudes de arbejas, o nueve de maíz, o cuatro y medio de frijol, según la planta que siembren. Estos productos serán entregados en la casa de la Hacienda.-Se entiende que si estos sembrados se efectúan temporalmente en zonas de riego, que quedan fuera de su arriendo, se sujetarán en cuanto al pago en la forma establecida para los rozos de temporal.- Cuando no haya cosecha el colono no queda obligado al pago, siempre que dé aviso de tal hecho a la Hacienda.- Tercera.- Los te-rrasqueros ó sembradores de maíz que abonen actualmente a la Hacienda tasas fijas convenidas, continuarán abonando las acostumbradas a lo estipulado en la cláusula segunda referente a la siembra en terrenos de temporal.-Cuarta. -Los arriendos redondos no sufrirán alteración alguna.-Quin-ta.- Los colonos y chacareros que por costumbre trabajaban a la Hacienda, en mandos, fainas, rodeos, partidas, picotas, trancas, etc. agregarán en compensación al valor actual de sus arriendos, el 50% —cincuenta por ciento— del importe de los días totales de trabajo, sobre la base para esta operación de un tipo de jornal de cuarenta centavos —o sea veinte centavos por día redimido—. De conformidad con la Resolución Suprema de 3 de Setiembre de 1920, los colonos y chacareros tienen el derecho de nombrar a una persona capacitada que los represente para los efectos de intervenir en esta operación.- Sexta.Cuando la Hacienda necesite los servicios de sus colonos y chacareros, les abonará la cantidad de sesenta centavos por jornada diaria de ocho horas, y además la cantidad de alimentación que actualmente se acostumbra darles.- Séptima.- La cantidad que actualmente se abona por arriendo no será modificada. A dicha cantidad se agregará la que resulte de la operación compensatoria a que se refiere la cláusula quinta del presente convenio; esto en el caso de que el arriendo no sea redondo, como se expresa en la cláusula cuarta no sufrirán alteración alguna.- Octava.- Los colonos y chacareros que actualmente adeudan saldos al año 1933, abonarán éstos en tres armadas anuales a partir del 1. de enero de 1935.- Los arriendos por el presente año serán abonados hasta el 31 de diciembre próximo.- Novena.- A pesar de no considerarse la Hacienda obligada a instalar una escuela primaria gratuita, de conformidad con la Ley No. 3019, aquella ofrece instalar una cuando la población escolar de su radio central llegue a cincuenta niños.-Décima.Basándose el presente convenio en la armonía de los contratantes, éstos limitan el desahucio o despedida a los casos de falta de pago de la merced conductiva o canon de colonaje, e incumplimiento del presente contrato; conformándose a las disposiciones vigentes, y en cuanto a la tasación de las cosechas a la Resolución Suprema de 29 de agosto de 1920.- Undécima.- Este contrato tiene fuerza de ley entre las partes.- La Hacienda no ejercitará represalias con motivo del presente pliego de reclamos, que queda definitivamente solucionado. Firman por ante el señor Prefecto Interino del Departamento y el Jefe de la Sección del Trabajo. Hay una cláusula marginal.- vale 21

(7 firmas de las personas arriba mencionadas presentes en el convenio)

22

Cláusula marginal.- Los sembríos de temporal serán vigilados por la Hacienda, para los efectos de constatar las cosechas que se obtengan.- El presente contrato es por un año forzoso para ambas partes, prorrogable indefinidamente a voluntad de ambas, siempre que el colono esté al día con sus pagos.

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Anexo 2 23

Precios (en soles) de productos agropecuarios serranos (1940 - 1943) (ADP-MJT exp. 3, exp. 281/5)

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Glosario

abigeato: Robo de ganado. abigeo: Ladrón de ganado. actividades: Fiestas organizadas por la directiva de una comunidad o ronda campesina para recaudar fondos. agregado (de colono): (ver subarrendatario) almud: El almud es una medida de volumen que se emplea sobre todo para la medición de granos (maíz, trigo, frejoles). No es posible traducir almudes en peso absoluto, así como en libras. Un almud corresponde, por ejemplo, al contenido de dos latas. Hasta los años cuarenta, cuando las latas eran poco usadas en la sierra, existían alforjas cuyo contenido podía equivaler a uno o dos almudes de granos. arrendatario: Utilizado como sinónimo de colono y yanacona en los pliegos de reclamos hasta mediados de los años cuarenta. En Frías la expresión colono no es muy usual. Se habla, más bien, de arrendatario para referirse la condición de los campesinos en las haciendas, en las que además de arrendar tierras de diferente tipo (riego, secano y pastos), hasta mediados de los años treinta tenían la obligación de trabajar para la hacienda. Posteriormente, los arrendatarios pagaban sus arriendos a la hacienda en productos agrícolas y en dinero. arriendo con pensión: Esta forma de arriendo de tierras en las haciendas implicaba el pago en dinero así como en productos y, además, la participación de los colonos en diferentes trabajos no remunerados para el hacendado. La palabra pensión sigue siendo un sinónimo de trabajo y preocupación. arriendo con vega: Como en el caso anterior, esta expresión también fue empleada por los colonos de la hacienda San Pablo y se trataba de terrenos arrendados que contaban con riego. arriendo redondo: Se trataba de un arriendo redondo cuando el arriendo era cancelado exclusivamente en dinero. Sólo en el caso de la hacienda de Pillo, el arriendo redondo incluía, además, del pago en dinero, la obligación de trabajar 6 días (de vial) para la hacienda, participando en la limpieza de los caminos.

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arriendo seco: Esta expresión fue utilizada por los colonos de la hacienda San Pablo y no se refería a la forma de pago del arriendo, sino a la clase de las tierras arrendadas: eran terrenos de secano. arriendo sin pensión: Esta forma de pago del arriendo se cancelaba exclusivamente en dinero y en productos agropecuarios, y no incluía trabajos para la hacienda. camaricos: Obligación de los colonos de transportar productos agrícolas a la casa hacienda o a la vivienda urbana del hacendado. cariños: Trabajos no remunerados que los hacendados exigían a los colonos como una forma de pago del arriendo. colono: (ver arrendatario) comuneros eventuales: (ver eventuales) comunidad o Nombre de los caseríos en la margen izquierda del comunidad privada: río Yapatera (Challe Chico, El Común, Mastrante, Limón, Huasipe, entre otros) que no pertenecieron a ninguna de las haciendas. Sería el caso, por ejemplo, de las tierras del antiguo Común de Frías. Cuando se reconocen las comunidades campesinas, estos caseríos empiezan a ser denominados como comunida des privadas. cordillera: La parte alta del distrito de Frías que se encuentra sobre los 3,000 metros. También la llaman Los Altos. chacareos: Terrenos de temporal arrendados a las haciendas Pariguanás y Poclús (ver terrazgo, rozo de temporal). chicote: (ver veta) challes: Los campesinos de la comunidad de Challe Grande. delegado de aguas: Representante de los regantes de una toma de agua. Se encarga de la administración del riego en las comunidades campesinas. delegados (de colonos): Representantes de los campesinos dependientes de las haciendas para la búsqueda de solución a los conflictos con los hacendados. Los terratenientes los calificaban como "delegados socialistas". derecho de pastaje: Forma de pago a la hacienda que efectuaban los colonos cuyo ganado pastaba en la hacienda fuera de las tierras arrendadas. No se exigía este pago por el pastaje de los animales menores de un año. derecho de terrazgo: Modalidad de pago del arriendo de los terrenos de temporal. Generalmente, se calculaba en base a una cantidad fija de los productos sembrados, por ejemplo, seis almudes de granos en Pillo. destajero: Campesinos que arrendaban grandes extensiones de terrenos, aptos sobre todo para cultivo de secano o pastos naturales en las haciendas Pariguanás y Simirís. A su vez, estos campesinos podían subarrendar una parte de los terrenos sin necesitar una autorización de la administración de la hacienda. destajo: Tierras de secano arrendadas por el destajero. Podían abarcar hasta 150 hectáreas. dulce: Chancaca eventuales o Campesinos que usufructúan terrenos en la comunidad comuneros eventuales: de Poclús y pertenecen, además, a otra comunidad o residen fuera del ámbito comunal. También se les denomina foráneos. fainas o faenas: Todo tipo de trabajos gratuitos que eran exigidos

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por los terratenientes como obligación por el arriendo. fuerzas: (ver ganar fuerzas) gallina forzosa: Obligación de los colonos de entregar anualmente una gallina a la administración de la hacienda como requisito para recibir el comprobante de pago del arriendo. ganar fuerzas: Trabajo recíproco. hábiles o (ver residentes) comuneros hábiles: invernas: Pastos irrigados donde se mantiene principalmente al ganado vacuno. juntas: Ayuda mutua en laboras agrícolas en la que cada uno de los participantes aporta su alimentación. latas: Los recipientes de manteca y aceite cuyo contenido es de 30 botellas (de 0.75 litros) o 35 libras de trigo. La extensión de los terrenos sembrados se calcula en base a la semilla utilizada: con dos latas de semilla de maíz se siembra un terreno de una hectárea. El uso de las latas en la medición de los granos (trigo, arvejas, frijol, etc.) es de origen relativamente reciente; hasta los años cincuenta estos productos eran medidos exclusivamente en alforjas. Una alforja de 1 almud contiene en ambos lados 1 lata de granos. Con la llegada de la manteca en latas a la sierra de Piura, estos envases se convierten rápidamente en una forma de medida sin reemplazar completamente a las alforjas de 1 ó medio almud. llonque: (ver primera) maestros: Curanderos. mancomún: Tierras comunales, generalmente bosques. En el tiempo de la hacienda estas tierras eran utilizadas por la hacienda, así como por los arrendatarios. En las comunidades de Poclús y Challe Grande el mancomún está formado por los terrenos que pueden ser utilizados por un grupo de campesinos. maridos: Trabajos que los colonos de las haciendas tenían que realizar en forma de pago del arriendo, sobre todo el transporte de productos agropecuarios a la costa. mayorales: Empicados de las haciendas Pariguanás y Poclús. mejoras: Denominación que reciben la siembra de cultivos permanentes, como frutales y cañaverales, así como la construción de cercos en los arriendos. En caso de que los colonos tuvieran que abandonar el arriendo, los hacendados estaban obligados a indemnizarlos por estas inversiones. minga: Forma de trabajo colectivo que se organiza para la realización de labores agrícolas de gran demanda de mano de obra, así como para la preparación del terreno para la siembra de maíz y el abastecimiento de leña antes de la temporada de lluvias. La abundante comida servida en esta ocasión implica que la ayuda no tiene que ser retribuida. montaña: Zona de bosque en la parte alta de la comunidad de Challe. monte o Zona de bosques densos que existe, aunque en pequenas monte grande: extensiones, entre los 1,000 y 2,500 metros. Allí se encuentran árboles como higuerón, palo santo, palo blanco, chicope, aliso, lúcumo, etc. obligación: Trabajos no remunerados a los que estaban obligados los colonos como forma de pago del arriendo.

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obligación vial: (ver vial) pago por pastaje: (ver derecho de pastaje) partida: El compromiso de los colonos de llevar ganado desde la hacienda hacia Piura, Chulucanas o Sullana, donde residía la familia del terrateniente. peón: Expresión que se refiere tanto a la mano de obra remunerada como a la mano de obra recíproca, las fuerzas. piara: Recua de burros v muías que, en época de lluvia, transporta los productos de primera necesidad desde Chulucanas a Frías. pisante: Campesinos que no conducen tierras de cultivo en las haciendas y que, más bien, arriendan pastos y/o se dedican al comercio y tienen la obligación de pagar piso. piso: Pago de los arrendatarios a la hacienda por construir una casa en la hacienda. Después de los convenios, este pago era exigido solamente a los pisantes. potreros de temporal: (ver rozos de temporal) primera: Alcohol elaborado a base de caña de azúcar. También se le llama aguardiente, llonque o cañazo. puñaleta: Puñal de unos 20 a 25 cm de largo. quichuanos: Expresión con la que los campesinos de Los Altos denominan a los pobladores de Frías. quince: Quince días de trabajos diversos que los colonos de las haciendas tenían que realizar en forma de pago del arriendo. residentes o Comuneros de la comunidad de Poclús que trabajan comnueros residentes: tierras en la comunidad y residen en ella. rodeos: Reunir el ganado para contar las cabezas y determinar el pago por pastaje. Labor que se realiza tanto en los tiempos de la hacienda como actualmente en la comunidad de Poclús. rozos de temporal: Denominados también potreros de temporal o terrazgos: terrenos de temporal utilizados sobre todo para la siembra de granos (maíz, arvejas v trigo). Cuando los períodos de descanso duraban algunos años, la preparación de estos terrenos se realizaba mediante la roza y quema. Después de la cosecha el ganado de los campesinos se mantenía en los rastrojos (ver arriendo seco). sección: Se denominaba así a las tres partes de la hacienda Pariguanás que hasta los años cincuenta fueron administradas en forma independiente: Silaguá, Pariguanás y Altos de Pariguanás. sector: Subdivisión al interior de las diferentes secciones de la hacienda Pariguanás. Igual denominación reciben los diferentes caseríos o anexos que comprenden las actuales comunidades, aunque no necesariamente concuerdan con los sectores del tiempo de la hacienda. serranos: Expresión usada en Frías para denominar a los campesinos de Los Altos. socios: Miembro de una comunidad campesina, expresión más frecuente que comunero. subarrendatario: Campesinos que subarrendaban tierras en las haciendas y pagaban el arriendo directamente a los colonos. En algunos casos los subarrendatarios asumieron las obligaciones que los colonos tenían con la hacienda, es decir, realizaron los trabajos gratuitos.

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tarayales o Residuos en las chacras después de las cosechas que son terrasgueros: aprovechados para el ganado. Campesinos que trabajaban tierras de temporal en las haciendas y pagaban el arriendo en una determinada cantidad de los productos sembrados. terrazgo: (ver derecho de terrazgo) trabajos de Todo tipo de trabajos (partidas, vial, etc.) exigidos compensación: a los colonos a cambio del derecho de trabajar tierras de la hacienda. trabajos forzosos: En la hacienda Lalaquiz los colonos denominaron trabajos forzosos a los días que tenían que trabajar sin remuneración para el hacendado como una manera de pagar el arriendo. traspasos: Transferencia o venta de terrenos preferentemente entre miembros de una comunidad. veta: Látigo tejido a base de cuero. vial: Obligación de los colonos con la hacienda por la cual anualmente, después de la temporada de lluvias, tenían que trabajar durante seis días en la limpieza de los caminos al interior de los fundos, así como de los caminos hacia los pueblos. yanacona: Concepto impuesto por los miembros del Partido Socialista y que hasta mediados de los años cuarenta, fue utilizado como sinónimo de colono y arrendatario. Después de la promulgación de la Ley de Yanaconaje, los terratenientes consideraron que la condición de yanacona estaba asociada no sólo al arriendo de tierras, sino también a la obligación de realizar trabajos para la hacienda. Esta interpretación fue utilizada para evitar la aplicación de la legislación sobre yanaconaje. yunganos: Los comerciantes que llegan a Frías y que proceden de la parte baja, por ejemplo, de Chulucanas o Catacaos.

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Fuentes y bibliografía

Fuentes ADP: Archivo Departamental de Piura MJT: Ministerio de Justicia y Trabajo SDTP: Sub-Dirección de Trabajo de Piura Hacienda San Antonio: demanda colectiva de colonos, 1946 (SDTP exp. 144/1946: en Valverde s.f.b.: ficha 101) Hacienda Carrizal: demanda colectiva de colonos y arrendatarios, 1946 (SDTP exp. 338/1946: en Valverde s.f.b.: ficha 132) Hacienda Chulucanas: pliego de reclamos de colonos, 1943-1944 (ADP-MJT leg. 3, exp. 281/5) Hacienda Cujaca y Andurco: demanda de yanaconas por aplicación de ley 10885, 1951 (ADP-MJT leg. 8, exp. 162) Hacienda Culcapampa: demanda seguida por los colonos por aplicación de ley de yanaconaje, 1950-51 (ADP-MJT leg. 8, exp. 172) Hacienda Culcapampa: demanda colectiva de colonos, 1946 (SDTP exp. 17/1946: en Valverde s.f.b.: ficha 78) Hacienda Huasimal: reclamo colectivo de colonos, 1946 (SDTP exp. 187/1946: en Valverde s.f.b.: ficha 112) Hacienda Jacanacas: demanda colectiva de colonos, 1946 (Valverde s.f.b.: ficha 100) Hacienda San Jorge: aplicación de ley de yanaconaje, 1947-49 (ADP-MJT leg. 7, exp. 38/45) Hacienda Lalaquiz: pliego de reclamos de colonos, 1935 (ADP-MJT leg. l, exp. 28) Hacienda Lalaquiz: colonos denuncian al propietario, 1943 (ADP-MJT leg. 2, exp. 261/103) Hacienda Lalaquiz: pliego de reclamos de colonos, 1944 (ADP-MJT leg. 3, exp. 236) Hacienda Lanchipampa: demanda colectiva de colonos y arrendatarios, 1946 (SDTP exp. 20/1946: en Valverde s.f.b: ficha 81) Hacienda Lanchipampa: reclamo colectivo de colonos, 1946 (SDTP exp. 90 A/1946: en Valverde s.sf.b.: ficha 91) Hacienda Llicsa: pliego de peticiones de colonos, 1934-1935 (ADP-MJT leg. 1, exp. 1)

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