Socialismo XXI

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Índice Portada Antes de empezar Ciudadanía, democracia y sentido público Primera parte. Crisis sistémica: la democracia en peligro 1. Los retos del presente 2. Hacia una democracia real 3. Cultura y democracia 2.0

Segunda parte. Derechos fundamentales, derechos irrenunciables 4. Igualdad imprescindible 5. Por nuestra salud 6. El saber no ocupa lugar

Economía y empleo Primera parte. Toma de posiciones 1. Una función colectiva 2. Labor crítica

Segunda parte. El escenario 3. Una obra que reconstruir 4. Más allá de nuestras fronteras 5. Cuestión de bienestar

Tercera parte. Hora de actuar 6. Mucho trabajo que dar 7. Vigilando nuestras finanzas 8. Recaudación y reparto

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Antes de empezar La acción de escribir te obliga a reflexionar, a organizar las ideas, a tratar de poner orden entre el sentido y la sensibilidad que necesitamos para comprender los tiempos de cambio que nos ha tocado vivir. Escribir este libro me ha dado la oportunidad de profundizar sobre ciertos temas que invaden la agenda política y que el frenético ritmo de la información no permite contextualizar más allá de titulares o declaraciones alarmistas. El debate necesita regenerarse, introducir nuevos elementos de análisis y recuperar la participación del mayor número de colectivos posible. Son tiempos difíciles que requieren una revolución controlada del programa socialdemócrata clásico para adaptarlo a los tiempos que corren: la crisis económica europea, los cambios tecnológicos, las transformaciones geoestratégicas, la modificación de la estructura social y tantas otras metamorfosis que se han ido produciendo y que están en marcha. Socialismo XXI pretende ser un recorrido ordenado, reflexivo e innovador por todos los temas de la agenda política, desde la crisis institucional y las demandas de mejora democrática y regeneración política que han protagonizado las reivindicaciones ciudadanas de los últimos años, hasta los asuntos económicos, que son los que condicionan en estos momentos el resto de las cuestiones. Un viaje por algunos de los retos más importantes que tenemos por delante ante este gravísimo escenario, donde la receta del liberalismo conservador ha consistido en la austeridad a ultranza, empleada para desmantelar el Estado del Bienestar construido en Europa. Un periplo para incorporar al discurso político una visión ética y una misión democrática y participativa que refleje la diversidad de propuestas que una gran parte de la sociedad española ya se está planteando. En la primera parte del texto he tratado de abordar algunas de las cuestiones más relevantes que nuestra democracia debe replantearse ante la pérdida de legitimidad política e institucional, si queremos contribuir a superar la profunda crisis que atraviesa el modelo que veníamos construyendo desde la Transición. En un intento de revisar cómo hemos llegado al punto en el que ahora nos encontramos, y partiendo del entorno más inmediato que nos impone Europa, se pretende aportar ideas y reflexiones desde una perspectiva socialdemócrata sin complejos que ofrezca soluciones innovadoras. Desde qué Europa queremos, hasta la necesidad de superar los enfrentamientos nacionalistas para avanzar hacia un modelo territorial coherente y efectivo; de la corrupción y el clientelismo político a la recuperación de los espacios públicos y el debate colectivo. Son muchos los frentes abiertos, y si

bien todos necesitan ser atendidos, algunos, como el papel de los partidos, su organización interna y los sistemas de elección, la revisión del sistema electoral y de las relaciones entre candidatos y electores o la necesidad urgente de canalizar una mayor participación de la sociedad civil, requieren una especial dedicación. Si no logramos acometer las reformas que devuelvan la razón de ser a las instituciones de nuestro sistema democrático, difícilmente podremos hacer políticas destinadas a una mayor participación, que involucren a la sociedad en la toma de decisiones y permitan salvaguardar los pilares de nuestro Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar, como el más importante logro alcanzado por las sociedades europeas en el siglo XX, cuenta en estas páginas con un lugar privilegiado. Tanto desde una perspectiva ética y política de los indudables beneficios que el sentido público aporta a la sociedad, a las alternativas económicas que pueden ponerse al servicio de este principio. La reivindicación de un sistema público que garantice los derechos fundamentales puede parecer una obviedad, pero hoy está en grave peligro. La defensa constructiva de los servicios públicos es prioritaria para la izquierda, y en esa reflexión compartida la salud y la educación se configuran como derechos fundamentales que deben ser irrenunciables. En este sentido, nos detendremos a analizar qué alternativas pueden ponerse en marcha para contrarrestar el desmantelamiento de lo público y garantizar, a pesar de la crisis, un sistema de salud y de educación de calidad, y accesible para todos. Por supuesto, cualquier reto político que no venga acompañado de una propuesta económica que lo sustente será retórico e ineficaz. Tal es el protagonismo que la economía ha tomado en nuestras vidas; un protagonismo que ha inducido en los últimos tiempos al ciudadano a percatarse de que esto de la economía no es meramente una ciencia oscura y complejamente técnica en manos de unos pocos expertos. Como si no fuera con nosotros. Creemos que reducir la economía a una dimensión puramente tecnocrática es un grave error que, en buena medida, ha favorecido el desapego ciudadano de las cuestiones públicas y ha ocasionado innumerables abusos que nos han llevado a alcanzar este crítico punto del camino en que nos hallamos actualmente. Queremos transmitir, y así lo haremos desde las primeras líneas de esa parte económica que culmina el presente texto, que la economía es nuestro empleo y el de nuestros hijos; es el modo en que nos planteamos y organizamos la producción y los medios con los que contamos para nuestro progreso y desarrollo; es la distribución justa y equitativa de la riqueza disponible; es el condicionante de nuestras relaciones sociales; es nuestro bienestar. La economía nos afecta a todos, y mucho. Por eso, es precisamente esta fundamentación económica la que se explora en la parte final del texto que aquí presentamos. En esta parte económica tenemos claro el

punto de partida, que no es otro que el del conjunto de todo este libro: el ciudadano es el protagonista, el sujeto activo y referente de toda propuesta que hayamos de formular. Esto tiene un significado muy especial en lo concerniente a las políticas económicas, porque durante demasiado tiempo hemos asistido a una deshumanización de una economía que nos ha conducido a padecer muchas de las lamentables consecuencias que estamos sufriendo hoy en día. Nosotros queremos colocar el factor humano en el centro de acción económica porque estamos convencidos de que toda regeneración que se formule desde una perspectiva ética y progresista ha de tomar como referente la dimensión humana y de servicio público. No sólo para cuestiones sociales, pues, sino también como directrices para el diseño de los asuntos económicos, nos parece fundamental escuchar y atender nuevos enfoques e ideas, siempre con espíritu crítico y abierto, tanto en el campo teórico como, también y sobre todo, «bajando a la calle»: queremos, y debemos, tener muy en cuenta a la sociedad civil y a los distintos movimientos ciudadanos, cada vez más activos y justificadamente críticos con la clase política, a los que demandamos asimismo su participación e implicación en el cambio. Bajo tales premisas, la dimensión económica que desarrollamos en la parte final del libro tiene un objetivo y un motor de impulso claramente definido: el crecimiento y la creación de empleo digno, nuestro gran campo de batalla, pero ello sin renunciar a los derechos sociales y a ese Estado del Bienestar que tanto nos han costado conquistar a lo largo del tiempo, y que consideramos innegociables. Emprenderemos pues una aproximación a los principios básicos de la economía que nos ayuden a comprender qué está pasando y cómo podemos plantearnos alternativas realistas y efectivas en un mundo globalizado. En consecuencia, nos va a tocar hablar de modelos productivos, de la globalización, del mercado laboral, del sistema financiero, de política monetaria, de política fiscal... Reconozco que de buenas a primeras entrar en estos últimos terrenos citados quizá no resulte del todo apasionante para el lector; un lector que se ha querido acercar al presente texto preocupado por la necesidad de regeneración política y porque siente la imperiosa urgencia de cambios reales; un lector que no quiere perderse en discursos técnicos o teóricos, a menudo empleados para desviar la atención de los problemas cotidianos de las personas. Somos conscientes de ello, por eso avisábamos antes y queríamos dejar claro que nuestro enfoque no es en absoluto el de un tecnócrata, que lo del factor humano y participativo no es mera palabrería, y aunque nos resulte ineludible abordar ese campo tan imponente como es el de la macroeconomía, lo haremos sin tecnicismos y en relación con las preocupaciones reales que tenemos todos los ciudadanos. Y todo ello con una justificación evidente: estamos convencidos de que es

imprescindible un cambio en las políticas económicas que se están llevando a la práctica hoy en día, tanto en la Unión Europea como en nuestro país. La crisis no puede servir de excusa para desmontar lo conseguido. En definitiva, el discurso que desarrollamos se sintetiza en hacer primar tres conceptos: la eficiencia en el gasto, la equitativa distribución de los esfuerzos fiscales y la creatividad a la hora de diseñar los planes de estímulo para la reactivación de la inversión productiva y la generación de empleo. En resumen, digo con sinceridad que para mí el mayor desafío que tenemos hoy por delante es poner la política y la economía al servicio de la ciudadanía y el bienestar social. Introducir este principio en el debate y la acción política debe ser nuestra principal preocupación como representantes de la ciudadanía. Al fin y al cabo, ésta es la justificación para el nacimiento de la plataforma que quise impulsar bajo la idea de «Forma parte de la solución». Aportar algunos elementos para enriquecer ese debate es precisamente la pretensión del presente libro.

Ciudadanía, democracia y sentido público

Primera parte

Crisis sistémica: la democracia en peligro

España atraviesa uno de los mayores retos de su historia. Ante la crisis económica, la degradación política e institucional, la pérdida de derechos y la privatización impuesta por los mercados financieros, debemos reflexionar sobre lo que está ocurriendo y ser capaces de ofrecer soluciones. Cada uno de nosotros, políticos, trabajadores, empresarios, periodistas, profesores, médicos y jueces, todos los ciudadanos, debemos ser protagonistas del cambio. La crisis ha entrado en nuestras vidas y parece haber venido para quedarse. Lo que podría parecer a simple vista una crisis exclusivamente económica, se ha revelado también como una profunda crisis política y social, poniendo al descubierto importantes deficiencias de nuestro sistema democrático. Las importantes transformaciones estructurales que estamos viviendo nos obligan a pararnos a reflexionar, y enfrentarnos a todas esas problemáticas que pasaron desapercibidas en tiempos mejores. Primero como ciudadanos, y después como representantes políticos, debemos hacer una profunda revisión de cómo hemos llegado a este punto y de qué podemos hacer para lograr un futuro mejor para todos. Frente a la dureza impuesta por las políticas neoliberales, que privatiza servicios públicos a golpe de recorte, es necesario buscar el consenso y alcanzar un alto nivel de participación ciudadana que articule un nuevo acuerdo nacional para la recuperación económica y social. Será este gran pacto social el que canalice el desarrollo de políticas que implementen la creación de empleo y el desarrollo económico, y garanticen la prestación de unos servicios sociales gratuitos y universales. Superar la pérdida de legitimidad que está padeciendo el sistema que veníamos construyendo desde la Transición, implica ampliar este debate más allá de las fronteras de la política institucional, e incluir en él al mayor número de colectivos sociales posible. Sólo podremos restablecer un gran acuerdo nacional, que recupere y profundice en el espíritu de los Pactos de la Moncloa de 1977, si logramos integrar en este proceso a la gran mayoría de la sociedad. Todos tenemos que formar parte del cambio, especialmente los jóvenes, a quienes hay que facilitar los espacios de participación necesarios para que se apoderen de este proceso y así dejen de asistir como meros espectadores. Creemos en la necesidad de una regeneración de la política y de los partidos, y en la lucha y la tolerancia cero contra la corrupción y el clientelismo. También en la evolución hacia un nuevo modelo político que desarticule la concentración de poder y el entramado político empresarial que ha terminado por deteriorar el sistema y minando su credibilidad. La crisis económica ha puesto al descubierto una democracia clientelista e incapaz de anteponer el interés general a los intereses de las clases más privilegiadas y el poder financiero. Hemos olvidado el sentido de la política y el valor de los servicios públicos, y somos testigos de cómo se justifica con igual

entusiasmo la necesidad del rescate bancario con la privatización de derechos fundamentales como la educación y la sanidad. Reflejo del gran deterioro que estamos viviendo es el retroceso de los niveles de igualdad entre hombres y mujeres, que en tan sólo un par de años ha hecho descender a España 15 puntos en el ranking de igualdad de género elaborado por el Foro Económico Mundial, situándose por detrás de países como Nicaragua, Cuba o Mozambique. No hay que darse por vencidos, ni dar por supuesto que no existen más alternativas que aquellas que machaconamente nos ponen sobre la mesa, y que parecen implicar inevitablemente un aumento de la fractura social, la precariedad, la desigualdad, y el desmantelamiento público. Está a nuestro alcance una sociedad más igualitaria y libre, en la que se establezcan los escenarios adecuados para una democracia auténtica y cotidiana, donde se recuperen el sentido de la política, la participación civil y el compromiso y la responsabilidad públicas. Es hora de defender las conquistas sociales alcanzadas hasta el momento y devolverle a la política su razón de ser. Atrevernos a realizar un ejercicio de transparencia generalizada. Desde la clase política es el momento de volver a ser ciudadanos y participar de la reflexión colectiva que ya se está produciendo en las calles. Son muchos los sectores sociales que comienzan a formular discursos alternativos y nuevas alianzas. Hay que formar parte de ese proceso y reivindicar el reto colectivo de pensar alternativas que partan de los elementos básicos que ya están en juego. Es sobre ese mínimo común denominador desde el que se tiene que construir un nuevo sujeto político. Debemos recuperar el diálogo y dejar atrás las rabietas infantiles que han terminado por reducir al Parlamento y el debate político a un campo de batalla partidista. Ya está bien del «y tú más». Seamos responsables y reconozcamos nuestros errores para poder superarlos y encontrar soluciones de manera consensuada y efectiva. Más allá de enfrentamientos partidistas e históricos, que aún pesan sobre la vida política de nuestro país, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Simplemente, hemos dejado de escucharnos. Crear espacios de reflexión colectiva y de participación y acción ciudadana, y equilibrar las fuerzas de poder, nos ofrece la oportunidad de revitalizar los vínculos y los lugares necesarios para recuperar las relaciones políticas de nuestro país y los puntos de encuentro en los que restablecer la buena forma de nuestra democracia: debate, reflexión colectiva y sentido público. Ha llegado la hora de la verdad para la política. Frenar la ofensiva de los mercados que pretende anteponer los intereses del capital y las élites transnacionales a cualquier otro criterio de sostenibilidad económica o social.

1 Los retos del presente Socialismo del siglo XXI Recuperando el sentido Crisis. Ésa es la palabra de la que no logramos desprendernos. Pero no podremos superar ninguna crisis, económica o de cualquier otra índole, si no se devuelve a la política su sentido y se recobran la confianza y la participación ciudadana. ¿Qué ha pasado durante los treinta y cinco años de vida de nuestra Constitución para que el segundo problema de los ciudadanos sean los políticos? ¿Cómo es posible que, con una democracia que creíamos consolidada, exista tal desafección hacia las instituciones y los representantes democráticos? La economía, antes relegada a unas pocas páginas en los periódicos, ha pasado a controlar nuestras vidas. Son los mercados los que determinan los criterios de decisión y actuación. Hemos olvidado que la política, como herramienta democrática para la representación de la ciudadanía, debe ser la que guíe la economía y salvaguarde los derechos fundamentales. En eso reside la esencia de un Estado de Derecho. Recuperar un equilibrio sostenible que garantice los derechos sociales es el mayor reto del socialismo del siglo XXI. En 2004, Norberto Bobbio, conocido como «el filósofo de la democracia», insistía al final de sus días en que la única vía de salvación para el mundo actual es el desarrollo de la democracia hacia la extensión de la participación a los bienes económicos e inmateriales, por parte de todos, y una redistribución de la riqueza y los recursos más igualitaria. A esa vía democrática y de control de los bienes es a lo que llamamos socialismo. El profesor José Luis López Aranguren, no comprometido políticamente, crítico con el franquismo pero no socialista, abogaba por la «democracia moral» entendida como compromiso sin reservas y responsabilidad plena de todos y cada uno de los individuos. Y moral, en tanto que instancia crítica y vigilante permanente. Y añadía: «Una democracia meramente formal no es todavía una democracia, aun cuando lo parezca, si no ha establecido como punto de partida una igualdad de oportunidades para todos los que de verdad quieren aprovecharlas y, por ende, una democratización real de la enseñanza y un sentimiento de la cosa pública como cosa de todos». Esta idea de socialismo democrático es compartida por un espectro amplísimo

de población, y los políticos debemos dar respuesta y canalizar esa demanda social compartida, desde la ética y el sentido común, recuperando la importancia de los servicios públicos, la transparencia y la participación. La convulsa época que estamos viviendo nos interpela directamente, y cada uno de nosotros supone una pieza clave en la maquinaria de cambio que necesitamos protagonizar. Hoy más que nunca tenemos la obligación de implicarnos, y responsabilizarnos, y es preciso involucrar al conjunto de la ciudadanía en un ejercicio de democracia participativa, en la búsqueda colectiva de soluciones, y en la formulación de nuevas posibilidades y alternativas.

Cuéntame cómo pasó Algunas ideas Europa ha venido experimentando una reducción de sus diferencias sociales desde finales del siglo XIX. Es a partir de la década de los setenta cuando este proceso comienza a invertirse. La socialdemocracia implementó fórmulas como la tributación progresiva, los servicios sociales mínimos para todos y un Estado capaz de subsanar ciertas necesidades en momentos de crisis. Esto limitó las diferencias y equilibró la balanza, permitiendo el desarrollo de una amplia clase media. En España, desde que dejamos atrás el franquismo, con su sociedad oligárquica y de alta estratificación social, hemos ido evolucionando hacia un sistema más igualitario, con posibilidades de progreso individual y social mediante la educación y la extensión del acceso a los recursos, abandonando la selección basada en la herencia o la riqueza, más propia de sistemas feudales que democráticos. Las generaciones más jóvenes y nosotros mismos parecemos haber olvidado que no hace tanto tiempo el acceso a la educación o la sanidad y las posibilidades de acceso a los recursos y al ascenso social ni eran evidentes ni se daban por sentados. El Estado del Bienestar que hemos disfrutado es relativamente nuevo. Siempre han existido ricos y pobres, las diferencias entre las personas parecen lejos de acabarse, pero toda sociedad moderna que se precie tiene que tener aspiraciones globales de igualdad, con respeto y aprovechamiento de la diversidad del mundo.

La izquierda sin rumbo «La izquierda ni piensa, ni actúa, ni arriesga una pizca.» JOSÉ SARAMAGO

En la izquierda hemos sido responsables de no medir bien los costes del capitalismo salvaje, pretendiendo con cierta ingenuidad que era posible que el mercado libre sin limitaciones conviviera con ciertas metas sociales. No siempre ha estado mal considerado pagar impuestos altos o ha estado bien visto defender el interés privado frente al interés y el bienestar públicos. En otros tiempos pareció conveniente y razonable poner en manos del Estado parte de los recursos individuales para la consecución de fines colectivos. Antes de la era Reagan-Thatcher el discurso predominante era otro y se daban por supuestos los beneficios del intervencionismo del Estado para controlar la economía y garantizar un Estado social mínimo de bienestar. Parte de los errores cometidos por la izquierda reposan en esa aparente superioridad moral de sus valores y principios. Esta marcada diferencia y aparente superioridad frente a otros discursos ha contaminando el nuestro, haciéndole perder sentido y alejándolo de la realidad y la práctica. No olvidemos que la política sigue siendo el arte de lo posible. Si la izquierda pierde el contacto con los valores e ideales que le dan sentido, anquilosándose en discursos grandilocuentes sin asumir y poner en valor sus propias contradicciones, no podrá sobrevivir al reto que imponen los tiempos modernos. Mientras, para la derecha asumir la política y la ideología en términos mercantilistas de gestión de recursos y personas es mucho más fácil y llevadero para su discurso. No son pocos los economistas críticos con el desarrollo del capitalismo neoliberal que apuntan realidades como las siguientes: • Una vez que el capitalismo clásico industrial tocó techo en las sociedades avanzadas, al encontrarse con que la competitividad entre las industrias y el proteccionismo del Estado del Bienestar había reducido al mínimo sus plusvalías —y la posibilidad por tanto de aumentar sus beneficios—, inició un giro en su estrategia. • El capitalismo financiero intentó, y logró, convertir al antiguo proletariado en clase media, al hacerlo propietario de bienes mediante el crédito masivo. De esta manera, el ciudadano se convertía en deudor del capital, cómplice del mismo, y quedaba atado de por vida a un sistema económico respaldado por legislaciones abusivas, promovidas por responsables políticos incapaces de poner freno a una situación que, de hacerlo, les hubiera supuesto perder votos, pues el aumento del nivel de vida parecía no tener fin, aun a costa del endeudamiento de todos. • Los poderes económicos impulsores del capitalismo financiero no sólo se embarcaron en este proceso de préstamo masivo para endeudar a la ciudadanía,

sino que vieron que con estrategias adecuadas debían ir a por el dinero allí donde éste se encontraba. Dinero que se hallaba en la enorme cantidad de prestaciones sanitarias y educativas que el Estado democrático europeo ofrecía a sus ciudadanos, gracias a los sistemas impositivos de las sociedades democráticas del Estado del Bienestar.

Si esto es así, los políticos parecemos vivir ajenos al mundo que estamos creando con nuestras políticas. Si bien hay que manejar universos posibles y trabajar desde una visión utópica que nos ayude a ir cambiando y evolucionando en nuestras aspiraciones, es preciso acercarse a la realidad, sentirla, reconocer las problemáticas y las necesidades acuciantes que nuestra sociedad reclama. Si no somos capaces de conocer y reconocer esta realidad, formada por múltiples puntos de vista y realidades complejas, nos espera un futuro incierto y desalentador. No deberíamos dar nada por supuesto. La historia nos ha demostrado que la realidad es cambiante, y hace un siglo nada hacía pensar que llegaríamos a un desarrollo tal de derechos, instituciones, legislación y servicios. La seguridad y la confianza son los elementos que permiten a una sociedad desarrollarse y evolucionar. La inversión en gasto y bienestar social experimentada por Europa en la segunda mitad del siglo XX ha supuesto la mejor época de crecimiento y paz social conocida en nuestra trayectoria. Justicia, igualdad de oportunidades y seguridad económica suponen los ejes fundamentales en los que basar una sociedad realmente democrática. Son muchos los logros conseguidos que debemos preservar para las futuras generaciones, y aunque hay que acometer reformas que exijan sacrificios a los ciudadanos, hay que estar alerta para proteger la esencia de unos servicios públicos para todos. También debemos acometer reformas profundas que exijan sacrificios a todos los ciudadanos, estando alerta para proteger actividades como la educación o la sanidad; dar pasos hacia su privatización, por mínimos que sean, no es beneficioso para mejorarlas, ni lo que demanda la mayoría de nuestra sociedad. Seamos honestos. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tuvo la oportunidad de ganarse a su base social y la desperdició. Ante la inevitable crisis, no supimos reaccionar ante las expectativas de millones de personas de blindar las conquistas sociales que la socialdemocracia nos había traído, y contribuimos a incrementar la desafección de los ciudadanos hacia sus políticos y, lo que es peor, hacia la democracia.

«Se acabó la fiesta» O vivir por encima de nuestras posibilidades

El producto interior bruto (PIB) en España en millones de euros ha sido, cifras más o menos aproximadas según las fuentes, de unos 630.000 en el año 2000, 980.000 en 2006 y 1.049.000 en plena crisis, en 2012. El socialismo democrático debe dar respuesta a esta pregunta: ¿Cómo es posible la realidad política, social y económica de 2012 con un PIB superior a 2006 y mucho más que el del año 2000, cuando la satisfacción global de la ciudadanía era infinitamente superior? Es evidente que desde perspectivas éticoliberales como la de López Aranguren, o socialistas democráticas como las de Bobbio, el último período del Gobierno socialista no sólo no ha cumplido con lo que es la esencia del socialismo y de la democracia, sino que le ha dejado el camino abierto a la derecha neoliberal para aplicar sus políticas más antiigualitarias. La preocupación de la ciudadanía en estos momentos no está en la ley sucesoria, ni en el debate monarquía-república, ni siquiera en el cambio de la Ley Electoral, por mucho que en ella se instalen los deseos de una participación política más auténtica. La preocupación, el desánimo y la impotencia consisten en la sensación de haber sido manipulados por la conjunción perversa de grandes capitales financieros y la clase política dominante. Y todo esto con el añadido flagelante de haber sido todos nosotros, eso se nos dice, cooperantes necesarios como consumidores y votantes libres en este desvarío infernal. Votantes que nunca habríamos apoyado políticas restrictivas de un crédito barato que, endeudándonos, incrementaba nuestro nivel de vida. Parece ser que todos los desastres de la crisis vienen determinados por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, y se pide a la ciudadanía y a los trabajadores que hagan un esfuerzo, pero la gran mayoría ni fue subsidiaria del boom inmobiliario, ni es responsable del crac financiero. Se está tratando de identificar que las conquistas sociales, los derechos a la sanidad y educación —en definitiva, todo el gasto social— son parte de una fiesta que no nos podíamos permitir. Se pretenden justificar las privatizaciones de los servicios públicos aludiendo al excesivo gasto público como principal causa de la crisis, pero el inicio de la crisis ha sido financiera, y no ha parecido haber ningún inconveniente para salvar a la banca, socializando en este caso las pérdidas sin aparentes alternativas, como tampoco parece haberlas para la privatización de los servicios públicos hasta ahora de todos. Se nos ha convencido de que la culpa es nuestra y se refuerza una imagen de los países del sur de Europa como vividores y vagos, que tienen lo que se merecen porque en realidad no les gusta trabajar. Esta construcción simbólica parece justificar y dar por sentado muchos de los estereotipos en los que se sustenta, y que

no corresponden al sentir de la clase media y trabajadora europea.

Recuperando el equilibrio: gasto público y redistribución «Lo único peor que demasiado gobierno es demasiado poco.» TONY JUDT Las políticas socialdemócratas de siempre deben sacarnos del atolladero. Todos estamos dispuestos a sacrificarnos si nos dan una esperanza. Muchos ya lo están haciendo sin ella. Necesitamos un «sangre, sudor y lágrimas» que nos lleve a algún lugar. Desde la ética y la política socialdemócrata se puede. Hay que decir la verdad a la ciudadanía y pedirle sacrificios repartidos y compartidos, por y para algo. Si la ética es utópica y la política pragmática, pragmáticos son los principios de igualdad, cohesión social y solidaridad como garantes del orden y la paz social. No hay politólogo que no esté de acuerdo con estos principios. El Estado democrático basado en políticas socialdemócratas debe ser un Estado que «intervenga», generando un control democrático de la economía meramente especulativa, luchando contra el desvarío inmobiliario, la corrupción urbanística y la de los propios partidos, la destrucción medioambiental y, sobre todo, contra los grandes defraudadores y los paraísos fiscales. Esta función intervencionista del Estado no es precisamente cara y contaría con un enorme apoyo de la sociedad. En políticas de vivienda, sanidad o educación, la intervención no consiste, en un primer momento, en la elaboración de tales o cuales leyes, sino en la elaboración de un discurso sobre la necesidad de pensar entre todos políticas que implementen el logro de esos derechos constitucionales. Discurso que debe abordar también las dificultades de su aplicación inmediata dadas las actuales circunstancias, intentando, para empezar, dar una respuesta cabal a la pregunta, antes mencionada, sobre la razón del desigual reparto del PIB más alto en décadas. Se da la paradoja de familias de clase media con dos viviendas en propiedad y con hijos con una alta formación universitaria malviviendo como mileuristas en viviendas compartidas. Éste es un paradigma benévolo de lo ocurrido. Las familias conscientes y responsables dan respuesta a esta situación protegiendo y ayudando a sus hijos e hijas, haciéndoles ver que lo que les dan les corresponde por derecho, pues lo acumulado por los padres es fruto de la política injusta en la que hemos vivido. Si esto es lo que hacen las familias que pueden hacerlo, es función de un Estado social hacer eso mismo con políticas que alcancen a todos. Cómo lograrlo es

el reto de una política social y democrática. ¿Qué ha pasado si somos hoy más ricos que hace diez años? Sencillamente, esa riqueza se concentra cada vez en menos manos, en unas pocas familias, y en el proceso precarizan de manera generalizada al resto de la sociedad. En los últimos años todos los porcentajes de niveles de riqueza de las clases más privilegiadas no han hecho más que crecer mientras que la clase media ha sufrido un proceso progresivo de empobrecimiento. Debemos volver a concebir el gasto público como la mejor fórmula para generar el desarrollo social. Si somos capaces de valorar la eficacia y la rentabilidad más allá del corto plazo que impone el beneficio económico, nos daremos cuenta de que aumentar el déficit social consolida las desigualdades y supone un aumento del gasto y la conflictividad a largo plazo, y una reducción de la estabilidad y el desarrollo. No debemos desviar la mirada ante las consecuencias que esto puede generar en el futuro. • Descenso de la esperanza de vida para colectivos en riesgo de exclusión y de la población en general. • Aumento de la mortalidad y vulnerabilidad infantil. • Mayor incidencia de ciertas enfermedades superadas o propagación de infecciones e insalubridad. • Generalización de patologías sociales, en especial enfermedades mentales, suicidios, drogodependencias, aumento de la delincuencia, etcétera. • Ruptura y desestructuración familiar y violencia de género. • Aumento y masificación de la población reclusa. Los países europeos con los mejores sistemas de salud pública, educación, transporte y otros servicios suelen destinar a la inversión pública el 50 por ciento de su PIB o más. Existe una sólida relación entre gasto público, por un lado, y éxito económico y social por otro, que no debemos pasar por alto, a no ser que queramos «pan para hoy y hambre para mañana». Si tenemos en consideración esta premisa, las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno están consiguiendo un apalancamiento no sólo económico, sino también social y político. Mientras, tratan de convencernos de que el aumento de la deuda pública se debe al exceso de gasto público, cuando las razones fundamentales son la crisis financiera, el rescate a los bancos y la falta de voluntad política para poner la economía al servicio de la sociedad. Si las reformas sólo se limitan a complacer a los mercados y salvar al establishment financiero, y no nos enfrentamos al silencio y vacío político, perderemos el respeto por nosotros mismos. Hay mucho en juego, y no podemos

asumir sin más la retórica incesante de que las cosas no pueden ser de otra manera, que no hay alternativas posibles, o que no podemos ser dueños de nuestro propio destino. Deben garantizarse las condiciones mínimas básicas para un nuevo contrato social en el que el peso de la crisis no recaiga sobre los más desfavorecidos, y donde los responsables, políticos y financieros, empiecen a rendir cuentas. No nos engañemos: una redistribución progresiva de los impuestos en la que cada uno aporte en función de sus posibilidades ayudará a mantener el gasto público necesario para no degradar el nivel de vida y el bienestar individual. El interés público existe, y es positivo para el conjunto de la sociedad, independientemente del número de veces que los individuos se beneficien de esos servicios. El hecho de que existan buenas escuelas públicas no va a impedir que las élites sigan existiendo, pero sí podrá garantizar una homogeneización social desde la que partir y garantizar una mínima igualdad de oportunidades para todos los individuos de la sociedad. ¿Realmente es imposible o desafortunado regular y limitar el mercado para equilibrar la balanza y corregir desajustes? Adecuar nuestro sistema social público es la única garantía para poder seguir evolucionando y no convertirnos en el patio trasero de las naciones que sí se atrevan, para bien o para mal, a liderar nuevos discursos o alternativas. Y sobre todo, no caer en el engaño y la estafa de que los problemas de financiación del Estado del Bienestar vienen derivados por su incoherencia e insostenibilidad económica, cuando son la inutilidad y la falta de voluntad política, la corrupción y el fraude fiscal y financiero los verdaderos responsables de sus deficiencias.

Responsabilidad cívica, compromiso social y acción política Qué sociedad queremos, y qué estamos dispuestos a hacer para lograrla ¿Estamos dispuestos a rendirnos, a asumir sin cuestionamientos que no hay otra salida, que es inútil imaginarnos otros mundos posibles? Si ni siquiera somos capaces de hablar de ciertas cosas, de poner nombre a los problemas y atrevernos a reflexionarlos conjuntamente, difícilmente podremos ver más allá de la confusión reinante. Hemos perdido el norte y ni siquiera tenemos una estrella en el cielo que nos guíe. Más allá de los discursos y enfrentamientos ideológicos y partidistas, hemos abandonado la ética que hacía evidente, y significativa, la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Las leyes las hacen los seres humanos y, como ellos, son imperfectas. Es la ética la que nos ayuda a ir evolucionando y adaptando nuestras sociedades a los retos del presente. El vacío y el inmovilismo no nos ayudarán a

resolver los problemas. Y cuanto más tardemos en hacerles frente, más enquistados y difíciles de resolver resultarán. Necesitamos líderes que alcen la voz y asuman el riesgo de posicionarse poniendo en valor la oposición a la opción mayoritaria. Los discursos están intoxicados y obsoletos y hace falta que corra el aire. Parece que hemos agotado el lenguaje o lo hemos desprovisto de significado, hasta tal punto que no encontramos siquiera las palabras para hablar de lo que nos está pasando, ni para imaginar otras formas de organización sin que tenga que asomar el peligro o riesgo de un proceso revolucionario incierto. Vivimos en la sociedad del miedo, donde al temor de haber perdido el control sobre nuestras vidas se suma la sospecha de que nada pueden hacer tampoco quienes ostentan el poder, ya que éste reside en realidad en élites y fuerzas económicas transnacionales que se encuentran fuera del alcance de nuestros gobernantes. Ya son muchas las voces, no sólo desde la izquierda, sino también desde sectores más conservadores de la política mundial, que han puesto sobre la mesa las trampas del sistema, que se sirve necesariamente de la corrupción y de la ley del más fuerte para imponer sus criterios. Como decía Tony Judt, «la naturaleza de la competencia económica implica que el participante que incumpla las leyes triunfa sobre sus competidores con más sensibilidad ética». Un sistema de organización cuyo principio de supervivencia reside en el incumplimiento de sus propias normas no puede generar más que caos y desconcierto. Parece maquiavélico plantearlo de esta forma, pero un Estado que garantice una Seguridad Social mínima, y una educación pública de calidad, contará con la cohesión social necesaria para unos niveles mínimos de desarrollo sostenible. Garantizar esto, lejos de suponer un planteamiento socialista o revolucionario, es más bien conservador. Sólo podemos plantearnos la supervivencia del capitalismo asumiendo que ésta es la mejor manera de organización posible si se establecen los mecanismos necesarios para corregir los desajustes y diferencias que el mismo capitalismo genera. La pregunta es, ¿es el capitalismo inmortal y la solución final, la única salida?

Juntos, podemos «La historia es nuestra, y la hacen los pueblos.» SALVADOR ALLENDE Necesitamos un gran pacto social y político que nos ayude a avanzar sin miedo a

equivocarnos. Nos equivocaremos de todas maneras, y el inmovilismo y el pensamiento único no van a evitar que las cosas cambien. Hay que estar en movimiento, todos lo están, y debemos sumar energías para ser protagonistas de ese cambio, y participar en el devenir histórico con valentía. Y por supuesto, tenemos que estar dispuestos a perder privilegios, todos nosotros, pero también aquellos que más tienen y no paran de acumular. Una negociación colectiva, en la que los que más tienen aporten más para equilibrar el sacrificio, y consolidar las bases de una planificación económica que garantice la provisión de servicios sociales, es la única oportunidad para mantener unos niveles mínimos de equidad que no conviertan nuestra sociedad en precaria, inculta y pobre, con una élite política y económica alejada de la realidad entre sus paredes fortificadas, como ya ocurre en buena parte del mundo. Toda empresa colectiva requiere confianza. No podemos afrontar los cambios políticos e institucionales que tenemos por delante si no recuperamos la confianza y la legitimidad de la ciudadanía. No sólo hay que estar dispuestos a pagar impuestos, sino también a establecer las estrategias adecuadas para su recaudación y buen uso, con las penalizaciones a quienes se atrevan a utilizarlo para primar intereses particulares frente al interés colectivo. Esta consideración de bien común es lo que nos ayuda a avanzar como sociedad, de manera intergeneracional y con la mirada puesta en el futuro. Nosotros nos hemos beneficiado de lo que aportaron nuestros padres, y nosotros debemos hacerlo ahora para garantizar el porvenir de nuestros hijos e hijas. El interés y el bien público nos ayudan a trascender nuestra existencia individual, y a darle una coherencia social y compartida. La importancia y la valoración de los bienes públicos están íntimamente ligadas al nivel de participación de una sociedad, y son un antídoto frente a la corrupción y al individualismo salvaje que impone la ley del más fuerte. La confianza es más fácil de generar entre iguales, y ésta es otra de las grandes virtudes y ventajas de favorecer la igualdad de oportunidades; que asegura y fomenta la confianza. Cuanto más cerca estamos unos de otros más coinciden nuestros intereses y más fácil es poner en práctica, con perspectiva de éxito, políticas públicas radicales. Cualquier tipo de organización social o Estado, pero más aún en el caso de las democracias, no se puede plantear su existencia y desarrollo al margen de la participación de sus ciudadanos en la vida pública y la toma de decisiones. Durante las últimas décadas las clases sociales que han ostentado el poder han logrado convencernos de la necesidad y urgencias de sus políticas, que en realidad sólo respondían a sus intereses. La reducción del sector público se ha convertido en el padre nuestro de cada día en gran parte de los discursos políticos del mundo.

Desde la ética y el sentido común debemos recuperar el valor del servicio público, la transparencia y la participación. Un Estado que garantiza la existencia de unos servicios públicos eficaces y de calidad, asegura a sus ciudadanos unos mínimos accesibles para todos desde los que poder «desarrollarse». Una sociedad más participativa e implicada en los procesos y retos de cambio será una sociedad más comprometida y capaz de superar las adversidades. En ese sentido, debemos afrontar una adaptación constructiva a los nuevos tiempos: si las fórmulas del pasado no sirven para los retos del presente, impliquemos a la sociedad y a nosotros mismos a través de la consulta, la participación y la cohesión social. Una crisis sistémica requiere una revisión del sistema. Quien tenga el valor de liderarla, contará con el apoyo ciudadano y con una sociedad capaz de comprometerse en llevarla adelante. El reto no es fácil: ser capaces de cambiar el marco conceptual y establecer las bases y los valores de un nuevo paradigma en el que beneficio y eficiencia pasen de entenderse como lucro y rentabilidad a sentar las bases de un bienestar social integrador y sostenible. Batería de propuestas Simplificar el lenguaje y acercarlo a la ciudadanía. Sólo una sociedad que comprenda lo que le pasa será capaz de pensar en soluciones equilibradas y efectivas. Recuperar el debate público y redirigirlo hacia las consideraciones éticas y los objetivos sociales. Volver a definir los criterios que empleamos para valorar los costes de todo tipo: sociales, medioambientales, humanos, estéticos y culturales, además de económicos. Revisión de los conceptos de eficiencia y productividad económica. Limitar el control que ostentan sobre los partidos políticos los grandes grupos empresariales, mediáticos y de presión, y su poder y capacidad de influencia en la toma de decisiones. Garantizar que los gobernantes trabajen para el interés general y para sus votantes y no para las grandes corporaciones y el mercado, evitando que la actividad política se ponga al servicio de intereses particulares y privados en lugar de públicos y ciudadanos/sociales. Para todo ello hacen falta leyes nuevas y asumir un debate social de cambio.

2 Hacia una democracia real Nuevos modelos para nuevos tiempos No superaremos la crisis económica si no afrontamos la crisis política e institucional El descrédito de la clase política, la corrupción endémica y la incapacidad de los gobernantes y políticos para resolver los problemas de los ciudadanos están poniendo en tela de juicio nuestras instituciones y han puesto al descubierto las ineficacias del sistema, que se mantuvieron camufladas mientras hubo bonanza económica para todos. La magnitud de los cambios que debemos tener la valentía de llevar a cabo requiere un alto nivel de consenso, no sólo político, sino también social y civil, que únicamente se puede lograr con un debate público, transparente, constructivo e informado, que aproveche la capacitación de los profesionales/ expertos y tome en cuenta sus aportaciones, así como las de diferentes colectivos y agentes sociales. Hay que asumir una crisis institucional, pero también constitucional, en la que aspectos como el territorial, el sistema de partidos, la Ley Electoral, la administración de justicia o la Corona necesitan una revisión y reflexión colectiva profunda. Somos conscientes de la necesidad de superar la falta de acuerdos y la confrontación política para empezar a incluir en el debate público ciertas cuestiones con vistas a integrar y lograr consensos más amplios para una regeneración global. No hay que tener miedo a la reforma constitucional, sino aprovechar la oportunidad que ofrece para reactivar y actualizar la democracia, aprovechando el bagaje democrático adquirido hasta ahora, y favorecer así un reencuentro generacional, especialmente con la gente joven. Para ello no hay que alarmarse o plantear procesos «revolucionarios», sino partir de los instrumentos que tenemos para avanzar y evolucionar hacia el futuro. Debemos impulsar un trabajo de debate colectivo sobre quiénes somos y dónde, y cómo, queremos llegar, para establecer las bases de una reforma del Estado que sirva a las necesidades e intereses del conjunto de la población, asumida como un proyecto en positivo, más allá de confrontaciones politizadas, nacionalistas y territoriales, y que priorice los objetivos comunes respetando la diversidad. Desde el impulso de la participación social y ciudadana hacia la formalización de propuestas, ir analizando los puntos de encuentro y las discrepancias, buscando

consensos para definir una reforma, con una agenda y una hoja de ruta a seguir. Si necesitamos trabajar en común para superar momentos difíciles, hay que integrar a la sociedad en su conjunto en ese proceso, y contar con la complicidad y la colaboración ciudadanas en la toma de las decisiones que determinarán nuestro futuro. Paralizarse y no pretender liderar políticamente esta transformación supone un ensimismamiento deliberado y una irresponsabilidad política ante las demandas y el clamor de la ciudadanía. Debemos superar el temor a que un proceso de apertura, revisión constitucional y profundización democrática añada confusión o dificulte aún más la situación. En cualquier caso jamás hay que perder de vista que la alternativa a la democracia y a los partidos políticos es, como dijo Lula da Silva, el espadón.

La Unión Europea que queremos Incorporar al debate político y a las reformas nacionales la construcción europea, salvaguardando nuestra soberanía Muchos de los retos políticos que debemos afrontar vienen determinados por la globalización, y no son exclusivos para España. Desde esta perspectiva, el debate nacional no puede excluirse del futuro de la Unión Europea y el euro. Si los discursos progresistas no quieren caer en incoherencias insuperables, no deben limitarse a reivindicar aspiraciones de igualdad dentro de nuestras fronteras territoriales, sino mantener un discurso integrador y de vocación internacional desde un sentido ético y humanista. Dentro de esta visión global, el marco de la Unión Europea es prioritario. La construcción europea ha ido delimitando y minando la capacidad soberana de los Estados que la integran. Es cierto que España ha logrado grandes avances desde su integración en la Unión, y que los fondos europeos fueron cruciales para el desarrollo económico de las últimas décadas, pero este proceso también nos ha situado en un lugar periférico, de industrias y sectores deficitarios y secundarios dentro de Europa, con limitadas capacidades de desarrollo social y económico más allá del turismo y el ocio. Actualmente vivimos una paradoja política: las directrices vienen impuestas desde Europa, pero los gobiernos nacionales no tienen competencias para implantar las políticas a nivel local. La gobernabilidad resulta imposible. Por otro lado, se nos exige una visión económica europea común, una adaptación a las necesidades económicas «comunes», pero lo común termina ahí porque no existen políticas para generar un escenario común en lo social y cultural. Pero si la permanencia en Europa no es cuestionable, precisamos de una

reestructuración interna a nivel político de los países que la conforman, y la generación de nuevas estructuras de gobernación más eficaces e interrelacionadas. Se debe favorecer y potenciar la autonomía en la gestión regional, pero a partir de unos principios comunes, no sólo a nivel del Estado sino también de Europa, y de calado sociocultural. Para lograr todo esto vemos como, gobierne quien gobierne, nuestros dirigentes repiten la misma cantinela: están obligados a prescindir de la voluntad del pueblo al que representan porque no tienen otra elección. La soberanía que depende de la identidad nacional, y que el tratado de la Unión Europea ha de respetar, está desprotegida y deslegitimada. ¿Deben nuestros gobiernos defender nuestros intereses por encima de los mandatos y las exigencias de Europa, y enfrentarse a ellos si son injustos o indeseables para la mayoría? Si entendemos esta soberanía como el conjunto de poderes necesarios para que el Gobierno pueda configurar con entera libertad las condiciones de vida económica y social de sus ciudadanos, en España esta soberanía se ha perdido, a no ser que, como en otros países de nuestro entorno (Alemania), se establezcan mecanismos que inhabiliten las normas europeas que no respeten este principio. ¿Cómo resolver el conflicto entre el hecho deseado de «ser» europeos y el hecho cierto de no querer renunciar a nuestra soberanía? Es curioso como la permanencia en Europa y en el euro parecen incuestionables en el debate político público, pero no se habla de la necesidad de adaptar nuestro sistema y nuestras instituciones para favorecer la gobernabilidad y el acercamiento a Europa del ciudadano. No son pocos los colectivos que comienzan a plantearse una salida de la Unión y del euro. Si vamos a rechazar de plano esta posibilidad, habrá que fortalecer nuestra soberanía superando la contradicción que esto pueda suponer con nuestro deseo de ser europeos. Dentro de las voces europeístas, urge la necesidad de regularizar a nivel nacional la representación de intereses sociales, sectoriales, empresariales o profesionales que influyen en la formulación de políticas y en los procesos de toma de decisiones. Es más realista considerar un derecho de la sociedad civil y las empresas el acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta. Asumir esta realidad y regularla ayudaría a un proceso europeo de diálogo abierto y pluralista en el que se basa un régimen democrático, y a un aumento de la transparencia. También se reclama una incorporación a nuestro sistema de las mismas definiciones y principios que recogen la Comisión y el Parlamento Europeo, para unificar los criterios de participación y transparencia en los procesos legislativos y de toma de decisiones. Por todo lo que hemos comentado, el PSOE, como partido de

inequívoca vocación europea, necesita, para tener la complicidad de la ciudadanía, acercar Europa a los ciudadanos fortaleciendo al mismo tiempo al máximo nuestra propia gobernabilidad. La sociedad europea, consciente de la importancia de crear espacios de gobernanza supranacional para un equilibrio en lo global, comienza a articular la necesidad de reinventar una Europa desde la democracia y la recuperación de los valores europeos, es decir, el Estado del Bienestar. Los principales pilares de la construcción europea se están viniendo abajo. Revisar la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos y la recuperación de la legitimidad y la credibilidad políticas son ya retos suficientes. Si seguimos por la misma senda, lo que Europa logró después de dos guerras mundiales con tanto sacrificio se vendrá abajo, y nos rodearán la miseria y la pobreza, la precariedad laboral, las enfermedades, la criminalidad y una degeneración progresiva de todo lo que todavía hoy representa Europa.

Espacios para la convivencia Revisión del modelo territorial desde el respeto a la convivencia y la diversidad de las identidades nacionales y a la eficiencia del gasto y la administración Las tensiones nacionalistas no se han logrado resolver del todo con el modelo autonómico, y en el proceso se ha tendido a duplicar el gasto y a entorpecer la coordinación en la gestión. Uno de los principales problemas ha derivado de la falta de definición y concreción de las competencias autonómicas y del Estado, con un constante conflicto y litigio por ambas partes. Esto ha debilitado el sistema e impedido evolucionar hacia fórmulas más eficaces e integradoras. Otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos supone superar el nacionalismo hacia una mirada internacional acorde con los tiempos globales, en lo que es importante lo local y lo internacional, más allá de confrontaciones nacionalistas. Esta cuestión no es menor, y sea cual sea nuestro posicionamiento político o personal, es evidente que las discrepancias en torno al modelo de Estado no están resueltas, desvirtúan muchas de las discusiones y reflexiones sociales y políticas, e inundan el debate y la agenda impidiéndonos afrontar otros problemas con mayor acierto. Negar la realidad plurinacional y multilingüe de España es ponernos una piedra más en el camino hacia la superación de esta profunda crisis, que requiere de un proceso colectivo que ya cuenta con retos importantes a la vista. De nuevo parecemos no poder salir de posturas encontradas: aquellos que opinan que el

modelo de Estado ya ha evolucionado hasta los límites constitucionales, forzando incluso la maquinaria hasta niveles de descentralización cuestionables, y quienes consideran legítimo avanzar, desde las instituciones democráticas, en una profundización del autogobierno y del reconocimiento plurinacional. Para algunos puede parecer razonable la evolución hacia un sistema federalista, o al menos, una puesta en común social y política para ir generando un debate público. Esto implicaría una reforma de la Ley Electoral, cuya adaptación permitiría subsanar la proporcionalidad basada en los tamaños de las circunscripciones actuales, y el mínimo común que implican. Los sistemas electorales mayoritarios que potencian el bipartidismo pueden tener resultados desproporcionados y tienden a favorecer a la derecha, y el peligro de un sistema electoral más proporcional recae en la dificultad para crear gobiernos fuertes y duraderos, y con sentido de la responsabilidad sobre sus políticas, que den estabilidad y satisfacción democrática. Pero en todo caso debemos ajustar mejor cuánta gente debe elegir a cada diputado, abriendo y desbloqueando las listas, para un prorrateo más justo y equitativo.

Limando asperezas. De la confrontación a la coordinación y la cooperación territorial «No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación.» JOHN STUART MILL Reconocer, y poner en valor, el hecho de España como un Estado multinacional y multilingüe nos ayudará a sentar las bases de un nuevo diálogo interterritorial en el que se profundice en el autogobierno iniciado, pero se fortalezcan también instituciones para un Gobierno compartido, atendiendo a la diversidad nacional y lingüística como bandera de una nueva idea de Estado, en el que se reconozca la realidad social en la que hoy se configuran también otras identidades, procedentes de culturas de todo el mundo. Pero claramente España no cuenta con un sentir federalista, y todavía muchos fantasmas impiden tener una visión objetiva. Actualmente, los dispositivos de coordinación y cooperación multilateral son muy ineficaces, cuando no totalmente inexistentes; sin ellos, resulta muy complejo conseguir que un modelo descentralizado pueda desarrollarse y evolucionar hacia la plena efectividad. Desgraciadamente, España es bastante ajena, por falta de educación democrática profunda, a la lealtad constitucional e institucional, la transparencia, los espacios comunes, la solidaridad y el respeto ante la diversidad;

asimismo, carecemos de la confianza y la motivación para un autogobierno real. Tampoco contamos con una relación entre representantes políticos y el resto de agentes económicos y sociales y con los canales de información y participación ciudadana que hacen que este tipo de modelos se desarrolle positivamente. Quizá todavía no estemos preparados para ello. Si observamos cómo han ido evolucionando los caminos abiertos en la Constitución, debemos asumir una descentralización sin resistencias, sin constantes reminiscencias del pasado que dificultan la construcción de modelos y herramientas innovadoras de distribución del poder político, que profundicen en autonomía, pero también en coordinación y cooperación. Si no, seguiremos conformando un Estado improvisado, condicionado por el escenario político y electoral, y atrincherado en posiciones encontradas. Estas tensiones territoriales se han ido resolviendo de manera impulsiva, muchas veces negociando bilateralmente entre Gobierno central y territorial sin contar con una visión y misión de conjunto, y han ido configurando una maraña confusa y desequilibrada en cuanto a la gestión de asuntos tan vitales como el agua, la gestión de costas, los impactos medioambientales, los parques nacionales, etc. No hemos atendido con acierto cuestiones tan importantes como la planificación de los recursos hídricos, la gestión del litoral o el desarrollo de las políticas agrarias y energéticas. En un nuevo marco europeo podrían convivir las posiciones más autónomas a nivel local dentro de una Europa más común y globalizada, y donde los instrumentos de coordinación y cooperación sean reales y eficaces. Nuestra historia y cultura y los enfrentamientos nacionalistas continuos parecen impedir un debate constructivo en torno a la reforma territorial y competencial. Una evolución hacia un Estado federal implicaría un clima y una voluntad política que hoy parece imposible lograr. Carecemos de la conciencia federal que implica una idea de colaboración, cooperación y solidaridad entre todos los estados federados, pero ya se empiezan a oír voces dentro del socialismo hacia una evolución federalista. Hasta ahora, las propuestas se limitaban a modificar el Senado e incluir la denominación de las comunidades autónomas, así como la definición concreta del reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Habría que ir más allá, y abordar la urgente creación de nuevas herramientas de coordinación política que vinculen y organicen los diferentes niveles de intervención, desde el federal de carácter más general a la concreción de las políticas locales. Necesitamos transformar en profundidad el Senado como instancia de integración y armonización federal y constitucionalizar el sistema de financiación territorial y el régimen municipal común.

Aprender de los errores y profundizar en los aciertos Los países con una mayor eficacia de las administraciones (Canadá, Nueva Zelanda, Holanda o los países nórdicos) cuentan con una sólida infraestructura administrativa. Buscan un equilibrio entre el impulso y el cambio político con una gestión cotidiana en manos de profesionales independientes. La separación de las esferas política y administrativa no es tan clara en España, donde los partidos se han convertido en agencias de colocación de empleo público. Actualmente existen demasiados niveles administrativos y diferencias territoriales que entorpecen la gestión y la igualdad. Tres niveles de gobierno parecen lo más deseable para un país como España: gobierno local, autonómico y central. Bajo esta máxima, la Administración General del Estado debería estructurarse para lograr una mayor homogeneidad ya asociada a una nueva Ley Electoral, capaz de consolidar los servicios de una forma más eficiente, más equitativa y transparente. Sin embargo, resulta evidente que hemos sido incapaces de lograr una adecuada coordinación y cooperación a la altura de las exigencias. Los niveles se confunden y mezclan, derrochando una gran cantidad de recursos humanos y entorpeciendo la gestión. Se da la paradoja de una descentralización que carece de espacios adecuados de decisión política repartida y compartida, la cultura necesaria y la madurez democrática para afrontar el consenso y la colaboración de ciertas políticas públicas. Estamos atascados en métodos tradicionales y basados en un modelo de Estado unitario que se resiste a ceder y confiar en el autogobierno, y que pierde demasiadas energías en cuestiones triviales. Debemos salir de la contradicción que nos paraliza: hemos abandonado el modelo de Estado unitario, pero no terminamos de mejorar y profundizar en los sistemas de control y cooperación federal basados en un auténtico autogobierno regional coordinado. Debemos establecer consensos amplios sobre aquellas cuestiones que debemos resolver de manera conjunta y de manera integrada con la gestión más autónoma en otro tipo de cuestiones. Si se trata de mejorar la gestión y la eficiencia, hace falta una revisión constitucional profunda de estructuras e instituciones, reorganizando competencias y optimizando todos los recursos, reduciendo las diputaciones y municipios, y asegurando el gasto social mínimo con recursos suficientes. Trabajar por una sociedad civil fuerte y participativa y mejorar y profundizar en los organismos de cooperación interterritorial son las bases necesarias para superar el fracaso de la gobernanza multinivel.

Transparencia política, independencia de la justicia y papel de la Corona La transparencia: nuevo principio para la regeneración institucional La ampliación de las políticas de recortes va en contra tanto de las propuestas planteadas en los programas electorales del Partido Popular (PP) como del PSOE. La crisis no es justificación suprema ni suficiente para explicar el fraude y la práctica antidemocrática que supone poner en marcha políticas que no han sido votadas por los ciudadanos en las elecciones. El hecho de que los gobiernos elegidos estén llevando a cabo medidas contrarias a las prometidas en sus programas y campañas implica una deslegitimación y un descrédito de la democracia y la representatividad de la clase política. Uno de los principales problemas de la corrupción ha sido la constante confusión entre el interés general y los intereses particulares de ciertos colectivos privilegiados. La falta de definición y separación entre las personas que llevan a cabo responsabilidades públicas y privadas ha ido desdibujando responsabilidades, en un entramado en el que lo público y colectivo ha pasado a manos de personas con fuertes vínculos y compromisos con ciertos sectores empresariales, que han contado con el lujo de definir a su medida las necesidades públicas y la definición de las prioridades y las políticas. Romper con esta enviciada dinámica implica establecer normas que diferencien claramente la incompatibilidad y la frontera entre ambas. Las conexiones entre el poder económico y político han tocado fondo, y hemos podido ver la peor de sus caras en los múltiples casos de corrupción que vienen asolando la política española, sea cual sea su color. Las reformas y los cambios urgen: el sistema de elección democrática, la reducción de la clase política, la regulación de las retribuciones y de las incompatibilidades de los políticos y la delimitación de las fronteras entre técnico/funcionario y político al impulso de la libre elección e independencia en los diferentes poderes del Estado. El vínculo entre el ciudadano que vota y el político que lo representa se ha roto del todo en España. Más preocupada por la complicidad empresarial y financiera que por el respaldo de la sociedad civil, gran parte de la clase política se ha olvidado de la naturaleza de su función: servir al ciudadano; al menos, ser coherente con sus programas electorales. Decisiones de gran envergadura política como la pasada reforma de la Constitución sobre el techo del déficit, sin debate ni consenso en el propio Parlamento, con urgencia y de tapadillo, revelan el mal estado de nuestras instituciones y la carencia absoluta de sensibilidad democrática. Vemos

también como grandes decisiones políticas, que regirán la vida de nuestro país durante las próximas décadas, se toman a trompicones, siempre por decreto, ya no sólo sin consenso, información y participación ciudadana, sino ni siquiera buscando acuerdos entre las fuerzas del Parlamento, convertido en cadena de transmisión entre el Gobierno y el resto de partidos. Las Cortes han dejado de ser el lugar de debate, reflexión y legislación colectiva, de toma de decisiones y búsqueda de consensos, de información del Gobierno y respeto entre los diferentes puntos de vista. Recuperar el sentido democrático de estas instituciones es uno de nuestros mayores desafíos.

Corrupción y sistema de partidos «Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Y si responde sí, entonces sabes que está corrupto.» GROUCHO MARX La desafección política está en los niveles más bajos de nuestra historia democrática. Los políticos sólo recuperaremos la confianza de la ciudadanía, y en nosotros mismos, si logramos construir una mayor transparencia en el funcionamiento interno de los partidos, alcanzando una mayor apertura hacia la sociedad y vehiculizando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Ningún partido se libra de la corrupción en su gestión interna, y nada parece ser suficiente para que se asuman responsabilidades y se favorezcan la transparencia, la movilidad y la regeneración de la clase política. Esta falta de democracia interna dificulta la lucha efectiva contra la corrupción, cuyos casos se multiplican desvelando una incompatibilidad de facto con la responsabilidad que implica un cargo público. Es necesario regularizar el funcionamiento interno de los partidos, de los órganos de control, y los sistemas de votación y transparencia pública. España cuenta con cuarenta y siete millones de habitantes, pero es mínimo el porcentaje de estas personas que forman parte de las élites políticas y económicas. ¿Cuántos españoles responden a alguno de estos perfiles? ¿Cuánto tiempo podrá la clase política trabajar sólo de puertas adentro? Estamos desaprovechando el talento y las capacidades de las generaciones mejor formadas de nuestra historia, dejando en las cúpulas de los partidos el control sobre quién, cuándo y cómo se gobierna. En esta dinámica lo que se premia es la fidelidad, la obediencia, no hacer sombra ni cuestionar las directrices del líder. En otros países europeos son los propios

partidos los que obligan a dimitir a los políticos que incurren en malas prácticas cívicas y democráticas. Los controles internos deben normalizarse y lograr que la rendición de cuentas, el control público y la denuncia mediática sean eficaces. Favorecer la competencia y la participación entre políticos, como ocurre en Alemania, puede ser útil para que la corrupción salga cara, suponga una fuga de votos y el propio sistema ayude a disuadirla. También resulta positivo generalizar la participación eventual de profesionales y técnicos en la gestión y los cargos públicos. La política no debe convertirse en una casta, sino en un lugar constructivo donde todos podamos participar en algún momento. Concienciarnos a nivel social para que el paso por los servicios y la gestión pública sea un valor y un síntoma de una mayor y mejor democracia. Sólo así podremos hacer frente a la situación de crisis integral de estructuras e instituciones, en la que los políticos hemos perdido nuestra capacidad de representación, en la medida en la que no hemos sido capaces de garantizar los mínimos requisitos democráticos que deben regir este pacto entre la ciudadanía y la clase política.

Administración de Justicia «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.» MONTESQUIEU No sólo se multiplican los casos de corrupción, sino que la Justicia se muestra lenta y poco eficiente, además de altamente influenciable por el poder político y los grupos de presión económica. La Administración de Justicia y el mismo derecho están obsoletos y alejados de la realidad. Hemos sido testigos de cómo la politización y el partidismo del sistema han intoxicado todos los poderes del Estado, y la justicia no está al margen. La Justicia clama por una reformulación que garantice la independencia y despolitice la gestión administrativa. Conscientes de la complejidad y la dificultad que tal tarea supone, hay que tener cuidado de hacia dónde reorientamos la modificación de nuestro sistema judicial y los principios que regirán las decisiones para un nuevo Código Penal. Mientras se debaten las opciones para endurecer el Código Penal, no nos planteamos las injusticias que el sistema ha ido exponiendo durante estos años de experiencia. No se ha logrado consolidar la idea de reinserción, y nos dirigimos cada vez más hacia una cultura del castigo, con la paradoja de tener las cárceles llenas de presos comunes, drogodependientes o ladrones de poca monta, mientras los

crímenes económicos que más daño social provocan quedan impunes, prescriben o se resuelven con fianzas que se pagan con ese mismo dinero malversado. El sistema vuelve a favorecer a los que más recursos económicos tienen, poniendo la Justicia a disposición de los que pueden permitírselo. Un primer paso podría venir de la recuperación de las sustituciones de la pena para evitar la prisión en ciertos delitos, como las penas de fin de semana, el trabajo a la comunidad, etc., evitando al mismo tiempo aumentar las sustituciones de pena en términos monetarios, como las multas, que claramente inclinan la Administración de Justicia en favor de los que más dinero tienen. El Gobierno, en la reforma que está planteando en materia de justicia, establece «la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia». Pero la realidad es que a golpe de recorte se establecen subidas de las tasas judiciales, prácticamente se anulan los turnos de oficio y se eliminan los Servicios de Orientación Jurídica. También se está planteando una revisión peligrosa respecto a delitos contra el orden público y contra el patrimonio, sin que la conflictividad social lo haya justificado hasta ahora. No se plantean en cambio endurecimientos para delitos económicos, cuyas consecuencias son mucho más graves. Desde el poder judicial se deben impulsar el esclarecimiento y buen funcionamiento de nuestras estructuras. La Ley de Transparencia que se está negociando debe incluir a las Administraciones Públicas, los partidos políticos y sindicatos, la Corona, pero también los lobbies o empresas y todas aquellas organizaciones sociales que legítimamente pretendan influir en la legislación y, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico y nuestra convivencia. Supone una prioridad incluir a todas aquellas organizaciones que reciban dinero público, sea cual sea su objeto y función.

Renovación de los derechos y deberes de la monarquía y adaptación de la institución al servicio de la ciudadanía «Sobre todo las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar.» JUAN CARLOS I Actualmente la Constitución otorga a la monarquía la Jefatura del Estado. A la crisis económica y política se ha sumado la crisis institucional, y la monarquía, algunos de cuyos miembros se han visto involucrados en escándalos judiciales ligados a

corrupción política, ha visto cómo disminuía su respaldo social. La monarquía debe evolucionar y adaptarse a los tiempos modernos. Las funciones de representación simbólica y de moderación arbitral sólo pueden desarrollarse desde la excelencia y la ejemplaridad. Hay que afrontar una regeneración interna de la institución que lidere y acompañe una regeneración política y democrática generalizada. Si estamos exigiendo sacrificios a la sociedad, la Corona debe hacerlos también, y deben volverse a establecer las bases desde las que construir su legitimidad y respaldo social. Desde luego, si la familia real quiere mantener cierto derecho a la vida privada, debe responder ante la justicia y hacer de la transparencia pública su bandera de manera ejemplar y voluntaria, sobre todos sus asuntos privados y económicos. Personalmente comparto la visión que tienen muchas personas de considerar injusta la pérdida de legitimidad y la disminución en la valoración que la ciudadanía tiene de la monarquía «por problemas o errores coyunturales». Considero a la monarquía y al rey una pieza fundamental de la historia y la democracia, suficiente para justificar la permanencia y continuidad de la institución. Pero una apuesta firme por la Corona, exigente con las necesidades de reforma y adecuación de sus funciones y funcionamiento, es la única respuesta a la pérdida de confianza y respeto que la Corona ha generado entre amplios espectros de la sociedad. De nuevo parece necesario asumir una revisión de la Constitución que actualice ésta y otras cuestiones del debate público, y que permita avanzar en el desarrollo de nuestros organismos. La Corona debe regirse por un nuevo estatuto basado en la transparencia, y en el que anacronismos de tiempos pasados como la Ley Sálica se vean por fin superados. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) suspende con un 3,68 la valoración que los españoles tienen de la monarquía. Si no se acometen rápido reformas en la Casa Real y en su funcionamiento, la falta de legitimidad social invalidará cualquier tipo de evolución o adecuación, inclinándose la balanza hacia soluciones «republicanas». En este sentido, todos los planteamientos que no partan de un concepto de la monarquía como parte de la Administración Pública al servicio de la ciudadanía, se encontrarán con el rechazo de la mayoría de la población. Batería de propuestas Reforma de la Constitución Desarrollar los instrumentos de la democracia para adaptar nuestras instituciones y

herramientas a las nuevas realidades. Ya existen los mecanismos y procedimientos para hacer este ejercicio, que sería muy positivo para favorecer la participación y el compromiso de las nuevas generaciones, que nada tienen que ver con las que fueron protagonistas de la Transición. Una adaptación moderna y ajustada a la sociedad europea y global y a la realidad impuesta por la sociedad digital. Integración europea y globalización Recepción en la Constitución del proceso de construcción europea y del impacto y gestión de los «mandatos económicos». Participación internacional en nuevas formas de cooperación y gobernabilidad. Simplificación, transparencia, representatividad y acercamiento a la ciudadanía de las instituciones y el funcionamiento de la Unión Europea. Abrir nuevas líneas de debate y espacios de participación y decisión a nivel europeo y supranacional, en caso de mantener la permanencia en Europa. Promover, junto con el resto de fuerzas políticas afines europeas, un nuevo modelo político basado en la idea de Europa, que se ajuste a las exigencias de la realidad actual impuesta desde Alemania y Bruselas. La gobernabilidad tiene que ser efectiva a nivel regional y compartir una idea del Estado Europa. Reforzar la coordinación de las fuerzas políticas y la representatividad hacia una política europea integradora y común. Un Estado federal, integrado en una Europa común de regiones, ricas en su diversidad, pero con objetivos y planes comunes no sólo a nivel económico, sino también social y político. Revisión del modelo territorial Evolucionar desde el actual Estado de las Autonomías hacia un modelo más federalista que delimite mejor, y de manera más eficaz, las competencias del Gobierno central (grandes pactos por la educación y la sanidad), y capacidad de autogobierno para las federaciones. Revisión del sistema de financiación autonómico, el reparto de transferencias y el déficit de responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Regeneración o supresión del Senado adaptándolo al nuevo modelo territorial, para una mayor representatividad e implicación en la toma de decisiones. Lograr que el Senado sea representativo de la diversidad de las autonomías, y un espacio para la toma de decisiones vinculantes. Creación de un comité de representación autonómica cuyos miembros, en número de dos por comunidad autónoma, serán designados de entre los miembros de los Parlamentos autonómicos. Partir del modelo actual para hacerlo evolucionar hacia un mayor federalismo,

completándolo, estabilizándolo y reforzando la expresión de lo diverso para facilitar su integración en lo común. Reforma y modernización de la Administración Llevar a cabo una racionalización profunda de las administraciones para dotarlas de una mayor eficiencia, evitando duplicidades y suprimiendo instituciones ineficaces. Eliminar estructuras y condensar funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a la realidad social actual y a la organización territorial de España y de la Unión Europea. Reducir el número de municipios y revisión de competencias para que se adecúen a las exigencias cotidianas a las que se enfrentan. Reducir el gasto corriente de las administraciones, redefiniendo organigramas, prescindiendo de asesores, cargos de confianza, de libre designación, y empresas públicas deficitarias. A modo de ejemplo, se podría proponer la reducción como mínimo del 50 por ciento de todos los cargos de designación política o asimilados. Reducción de cargos electivos en un 25 por ciento lineal para todas las administraciones, fusión de entidades locales en otras de mayor tamaño, supresión de las diputaciones provinciales, consells y cabildos, y asunción de sus funciones por parte del Gobierno de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Regular el sueldo de los alcaldes, recurrir a gestores técnicos y fiscalizar los presupuestos con agencias independientes. Revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios y profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos. Establecer las bases de una política urbanística que equilibre las necesidades inmediatas de financiación local con el desarrollo sostenible a nivel social y medioambiental de futuro. Garantía efectiva de acceso adecuado a la información sobre la gestión de las administraciones. Mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas públicas. Ley Electoral Reformar la Ley Electoral, garantizando al ciudadano la libre elección de sus representantes. Unificación y ampliación de circunscripciones y apertura de listas. Mejorar la proporcionalidad y ajustar los tiempos de las campañas electorales, así como su financiación y el uso de medios de comunicación y redes. Reforma del actual sistema electoral que permita una relación más directa entre el número total de votos que obtiene cada partido y el número de escaños que con ellos consigue. Permitir la proporcionalidad moderada, crear listas flexibles y garantizar la equidad en la competición y la igualdad entre distritos.

Regeneración política: Ley de Partidos Las medidas aquí propuestas cuentan, según los últimos sondeos de opinión, con un amplio apoyo de la población española: Una reforma de la Ley de Partidos que obligue a convocar congresos cada dos o tres años y establecer por ley un sistema de primarias que fomente la competencia entre los políticos, como en el modelo estadounidense o alemán. Modificación de la Ley de Partidos para garantizar el funcionamiento interno en términos estrictamente democráticos de transparencia, control público y sanciones en caso de incumplimiento. Además de crear nuevos canales para una verdadera implicación y participación ciudadana. Control interno por parte de los afiliados y simpatizantes a las políticas y cargos de decisión: los secretarios generales de los partidos en sus diversos ámbitos geográficos (nacional, regional, provincial y local) se decidirán en votación directa por los militantes del partido. La elección de los cabezas de lista a las distintas elecciones locales, autonómicas y generales se decidirá en elecciones primarias a las que tendrán derecho a voto no sólo los militantes y simpatizantes sino todos los ciudadanos que quieran. Flexibilizar la disciplina de voto parlamentaria permitiendo llegar a consensos más amplios. Transparencia y acceso público a las cuentas y la financiación de los partidos. Retribución de los cargos públicos determinada en función de su nivel de responsabilidad. Mandato limitado a ocho años o dos legislaturas para todos los cargos ejecutivos autonómicos y de la Administración General del Estado. Reforma del Código Penal introduciendo un agravamiento especial de la pena en los casos de corrupción cuando el delito lo haya cometido un cargo electivo o de designación política. Eliminación del aforamiento en todos los casos. Declaración patrimonial de todos los cargos electivos o de designación política comprensiva de bienes, mobiliarios, inmobiliarios, cuentas bancarias, fondos y bienes de carácter suntuario cuyo valor supere los 3.000 euros. Para luchar contra la corrupción La creación de una unidad judicial especializada en la lucha contra la corrupción, paralela a la Fiscalía Anticorrupción ya existente, dotada con los medios precisos para investigarla de forma diligente y eficaz. La creación de una unidad especial de la Agencia Tributaria dedicada exclusivamente a quienes desempeñan cargos públicos y a la persecución del fraude fiscal. Ley de Transparencia que, entre otras cosas, responsabilice a la ejecutiva de cada partido de sus cuentas. Modernización de la Administración de Justicia:

Mejorar la organización de los medios y recursos. Al igual que en la gestión de otros servicios públicos, se debe simplificar y coordinar la participación de los diferentes agentes. Revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas (presunción de inocencia), puedan agilizarse los juicios. Más jueces y más apoyo administrativo. Luchar contra la burocratización y por la informatización. Eliminar las figuras y los procedimientos que no sean estrictamente necesarios para garantizar las garantías procesales. Limitar los recursos a decisiones como sentencias u órdenes de prisión. Caminar hacia una independencia real del poder judicial. Reforma de la Corona Transparencia pública de las cuentas y los recursos de la familia real. Incompatibilidad con los negocios privados. Aprovechamiento de recursos humanos y materiales con una reestructuración interna del organigrama. Redefinición de derechos y deberes con una reorientación cívica. Prever y organizar las posibilidades del relevo institucional de la Jefatura del Estado.

3 Cultura y democracia 2.0 Desafíos y oportunidades de la revolución TIC Internet como motor de cambio, participación y libertad, o herramienta de control y fragmentación social Si los políticos somos representantes de la ciudadanía, gestionando intereses e ideas colectivas, eso implica tener la capacidad de prever en qué demandas y necesidades se traducirán. Si la sociedad se adelanta y los representantes reaccionan a la defensiva en lugar de responder activamente atendiendo esas peticiones, se rompe el vínculo de confianza de la democracia representativa. Esta reacción a la defensiva es muy frecuente. Por razones de debilidad e inseguridad a todos nos cuesta aceptar que «otro» pueda decirme a «mí», que soy el «responsable», qué es lo que hay que hacer. Si fruto de este mecanismo psicológico «reaccionamos» a la defensiva, nos convertimos, como la propia palabra indica, en políticos reaccionarios; si «respondemos» activamente, seremos políticos responsables. La sociedad de la información, con sus luces y sombras, hace que este impulso de reacción autodefensiva se ponga de manifiesto continuamente, haciéndonos perder la oportunidad que supone el hecho de que ahora existan canales de comunicación que permiten que las ideas, demandas y necesidades de los ciudadanos fluyan, se debatan y lleguen a los representantes políticos. Es responsabilidad de los representantes políticos responder con sensibilidad democrática, vocación de servicio y profesionalidad, para que estos procesos se canalicen a tiempo, contando con las partes implicadas en cada caso. Desde esta visión de la política como vehículo de representación social para la gobernanza y la toma de decisiones, internet nos ofrece hoy la posibilidad de trazar nuevos caminos para avanzar en la construcción democrática desde la participación, la responsabilidad y el compromiso del ciudadano en la toma de decisiones.

Luces y sombras de la revolución TIC «¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es ésta, simplemente: porque aún no

hemos aprendido a usarla con tino.» ALBERT EINSTEIN Internet ha cambiado nuestras vidas a toda velocidad, y todavía son inciertos los efectos que pueda tener a medio y largo plazo. No se trata sólo de tecnología. Hablamos de un cambio profundo que está alterando nuestras conductas y hábitos, los medios de comunicación y las formas de relación y organización social por las que nos regíamos hasta ahora. En esta importancia reside el interés por reflexionar sobre este fenómeno. Es curioso pensar cómo hoy, con la cantidad de información y la interconexión mundial cada vez mayor que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, los valores y aspiraciones de igualdad y justicia social se han diluido. Tenemos más información que nunca, tanta que nos abruma. La aparición de las nuevas tecnologías está abriendo un nuevo panorama, pero no olvidemos que cada vez resulta más importante el «posicionamiento» en una red llena de ruido. Sólo aquellos discursos y puntos de vista que cuenten con los recursos necesarios para lograr este posicionamiento «existirán» en el mundo. Que todos tengan acceso y posibilidad de expresarse en la red no es sinónimo absoluto de libertad de expresión, ni de diversidad de puntos de vista y opinión, especialmente si se mide exclusivamente en términos de visibilidad. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una ventana abierta a la información y a la vez un océano donde difícilmente encontraremos una fuente veraz y contrastada. La función de antaño de los medios de comunicación como canal de libertad de expresión y de denuncia de las injusticias y el abuso de poder se ha convertido en la expresión y propagación de los intereses de unas pocas multinacionales mediáticas como únicas verdades, entorpeciendo el derecho a una información objetiva y contrastada. Tampoco debemos olvidar que la aparente democratización de las redes cuenta con un primer escalón de exclusión muy poderoso: el acceso a la tecnología y los servicios que la hacen posible, y un mínimo conocimiento sobre su uso y funcionamiento. La revolución TIC e internet pueden suponer una poderosa herramienta para la democratización, pero resulta aventurado hablar de «aldea global». Este concepto asume como una realidad la conexión mundial a la red, cuando la televisión no llega a la mitad de la humanidad, y ya no digamos el acceso y la utilización de las redes de telecomunicaciones, concentrados en determinadas clases sociales. En España la franja de acceso a internet se sitúa todavía en el 60 por ciento, frente al 90 por ciento de Estados Unidos.

Hacia la globalización ciudadana «Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en un motor de transparencia para el público, no sólo para los poderosos.» JULIAN ASSANGE La generalización y penetración de las nuevas tecnologías es una realidad, y todos somos conscientes de los cambios que esto está produciendo en todos los aspectos de la vida social. Mientras que las generaciones más mayores en muchas ocasiones no logran incorporarse a esta tendencia, la penetración en las generaciones llamadas «nativos digitales» es cada vez mayor, y los segmentos de población más joven serán los que terminen por determinar el uso de estas tecnologías. Precisamente por esta razón los más jóvenes tienen que estar en la primera línea de interés. Si dejamos a un lado la «brecha digital» que establece un primer elemento de exclusión de acceso, que sin duda necesita su propia política de inclusión, no podemos olvidar una segunda brecha: los usos. A pesar de la familiarización de los jóvenes con los entornos digitales y tecnológicos, los usos que hacen de ella muchas veces no sobrepasan el consumo de contenidos de la cultura de masas de forma ilícita o la interacción en ciertas redes sociales, incluso generando nuevos casos y tipologías de acoso, que ya nos han revelado las formas más dramáticas en las que pueden traducirse. Hoy en día, en el mundo globalizado e interconectado en el que vivimos, la cooperación y el trabajo en red a nivel internacional es tan importante como la interrelación entre los diferentes sectores (público, privado y tercer sector), que interactúan a nivel económico y social. En este contexto cada vez toma mayor importancia la participación de la sociedad civil, que ya ha puesto en marcha procesos espontáneos para internacionalizar y coordinar su actuación, como hemos visto en movimientos como la Primavera Árabe, el 15-M, etcétera. La importancia a nivel cultural de estas prácticas es innegable, pero no existe todavía un plan, programa o método establecido capaz de optimizar las posibilidades sociales y culturales de la era globalizada e interconectada en la que vivimos. Las fronteras que internet ha difuminado parecen todavía arraigadas en las prácticas sociales, económicas o culturales y queda mucho camino por delante para hablar de una verdadera interrelación entre instituciones públicas, entidades privadas y ciudadanos cuyos objetivos, proyectos y planes compartan puntos y expectativas respecto a la vida económica, social y cultural a un nivel internacional.

Y mientras esto poco a poco se va construyendo, también lo hace una nueva identidad colectiva de ciudadanía global, desde la que tenemos acceso y conocimiento a otras manifestaciones culturales a medida que el acceso a la tecnología se va normalizando. Una sociedad y unos ciudadanos cada vez más abiertos y dispuestos a conocer y compartir otras culturas, haciendo de la diversidad de las tradiciones, formas artísticas y de expresión, así como de la ayuda a su comprensión y la valoración de la diversidad, algo positivo y creativo. En esta coyuntura la participación no puede conformarse con ser local, y la internacionalización y generación de redes globalizadas es una necesidad que ya forma parte de la realidad de los movimientos ciudadanos que estamos viendo en estos días. Aunque tengamos que afrontar de manera urgente problemáticas locales que influyen en nuestra vida cotidiana de una manera más directa, ya no podremos cerrar los ojos ante la realidad del resto del mundo.

Internet y participación ciudadana Nuevos modelos de participación: Interconexiones de lo online a lo offline Como consecuencia de las múltiples iniciativas surgidas en la red en foros de consulta ciudadana y de la elaboración de propuestas puestas en marcha desde los movimientos sociales, han surgido multitud de alternativas en busca de una mayor democracia, con ideas enfocadas a la modernización y reformulación constitucional e institucional de los elementos más importantes de nuestro ordenamiento. Las voces que se articulan en torno a los nuevos movimientos ciudadanos ya han puesto el acento en la mayor parte de las cuestiones que venimos planteando en este texto: • Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos. • Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea. • Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo puedan tener sus consecuencias electorales directas. • Independencia del poder judicial: reforma de la figura del ministerio fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del poder ejecutivo.

• Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos. • Regulación de internet: protección de datos, derecho a la información veraz, propiedad intelectual y otros. • Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación. La sociedad y los ciudadanos ya están debatiendo, por medio de colegios profesionales, asociaciones, universidades y personas individuales con ideas y conocimientos, qué quieren compartir y poner en común para construir juntos el futuro, haciendo propuestas y haciéndoselas llegar a los políticos y representantes. No sólo es urgente escucharlos, sino también establecer y consolidar fórmulas de consulta, aportación y participación ciudadana a los debates y necesidades legislativas. Corresponde a la política y al Estado garantizar, vehiculizar y facilitar esta participación. La responsabilidad que como políticos democráticos tenemos nos obliga a explorar las posibilidades de internet como plataforma de acercamiento entre la sociedad y los representantes políticos. La ciudadanía está reclamando formar parte de la toma de decisiones y ser tomada en cuenta, y hacerlo supone el mejor antídoto para involucrarla en el cambio y lograr salir de la crisis. Se debe normalizar la democracia más allá del voto electoral y llevarla a la práctica, favoreciendo las iniciativas populares, los grupos de trabajo y asesoramiento de colegios profesionales y trabajadores, las consultas y referéndums.

La movilización, ya en marcha «La cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja.» EDUARDO GALEANO La sociedad ya se está organizando por sí misma, y se están estableciendo redes de información, comunicación y consulta de manera espontánea. Articular todo este movimiento de manera útil y eficaz para la participación democrática no tiene por qué resultar muy difícil y costoso. Esto sería altamente valorado por los ciudadanos, y un paso adelante para el desarrollo de una democracia 2.0. Pero, en cualquier caso, hay que tener cuidado con las teorías «libertadoras» de

internet. La falta de regulación, el anonimato, el alto coste del servicio, la brecha digital, tanto de acceso como de habilidades, son cuestiones a tener en cuenta en cualquier plan para incorporar los nuevos tiempos tecnológicos a las prácticas democráticas. Internet puede resultar confuso, y en ocasiones parece dar una falsa idea de comunidad. Ahora nos podemos conectar de manera global con pequeños grupos con los que compartimos intereses, pero muchas veces a costa de no saber nada sobre nuestro entorno más cercano, nuestro barrio, nuestras ciudades. A pesar de que la era digital y las nuevas tecnologías desdibujan las fronteras territoriales acercando culturas y aproximándonos unos a otros, el sentido de comunidad que comparte y habita un espacio sigue siendo importante, al constituirse como principio regulador fundamental para la organización de las sociedades, la elección de representantes y el trabajo por los intereses colectivos. Es importante desprendernos de la atomización de internet y el férreo individualismo para comenzar a comprendernos como un espacio global, pero en el que siguen siendo primordiales nuestro entorno más cercano y la relación con nuestros vecinos. La ciudadanía está reclamando nuevas vías de participación, y desde la política hay que trabajar para establecer las estrategias que vehiculicen estas demandas de inclusión y participación en la toma de decisiones. La tecnología ahora nos permitiría establecer un diálogo bidireccional a la hora de debatir sobre los cambios que debemos emprender. Al igual que ya podemos utilizar nuestro DNI para realizar a través de internet multitud de gestiones con la Administración, podrían utilizarse dispositivos de identificación similares que permitieran a los ciudadanos entrar a formar parte en procesos de consulta vinculantes o no, e incluso, de manera obligatoria, en aquellas materias sensibles como la reforma de las prestaciones por desempleo o la reforma del sistema de pensiones. Estas técnicas de consulta y debate público pueden establecerse tanto a nivel local como autonómico y nacional para cualquier tema que se considere de interés. Aquí es importante señalar de nuevo que protagonizar este proceso de participación ciudadana entraña hacerlo desde una actitud proactiva en la que se transmita al ciudadano el valor democrático de dicho proceso. No se trata de que eso sea sólo «lo inteligente» por nuestra parte, sino además, y sobre todo, «lo democrático», y así debemos hacérselo ver al ciudadano. Para todo ello hay que tener en cuenta que la trascendencia e importancia que internet está teniendo en nuestras vidas significa conocer sus limitaciones y exigencias para evitar que se convierta en un nuevo escenario de reproducción de desigualdades. Debemos dar importancia al aprendizaje en nuevas tecnologías y en usos y habilidades de internet desde un punto de vista técnico pero también en relación con los procesos sociales en los que participa. La propia organización de la

red —en nodos interconectados que pueden establecer infinitos modelos de relación — refuerza modelos de pensamiento abiertos y creativos, pero para su aprovechamiento y entendimiento requiere de una complejidad de artefactos materiales, técnicos, organizativos y simbólicos que debemos reconocer.

Escenarios posibles, escenarios deseables Contamos con la sociedad mejor formada de España en los últimos años, coincidiendo con uno de los peores momentos de nuestra historia en lo que respecta a crisis económica y desempleo. Ante esta situación de alarma nacional, escuchar lo que tienen que decir los diferentes sectores y agentes sociales es trabajar e involucrarnos con los cambios y reformas desde un proceso de reflexión colectiva, que genere un compromiso real para la generación de las bases necesarias para un nuevo momento de desarrollo, económico, social y político. El debate se ha abierto en internet, y la sociedad civil ha encontrado una poderosa herramienta de reflexión y movilización colectiva. La crisis del sistema se ha denunciado en las redes, que ya dejan entrever el descrédito total de las instituciones y reglas del juego que se establecieron tras la Transición. Ni los políticos ni las instituciones democráticas parecemos estar preparados para garantizar la defensa de las conquistas sociales, ni para hacer frente a los desafíos y retos políticos que preocupan a la mayoría de la población. Internet ha sido el altavoz de esta indignación colectiva y se ha revelado como un poderoso medio de denuncia social. Nuevas formas de organización y acción política que aún están en proceso embrionario pero que no debemos dejar que pasen desapercibidas. Estas voces crecen y se multiplican en plazas y redes de todo el mundo, y salvando las distancias comparten el desengaño hacia la clase política y las ansias de regeneración democrática y participación ciudadana. Poco a poco esos nuevos espacios de reflexión y denuncia colectiva online se concretan y configuran en movilización offline, articulándose en las ciudades en mareas ciudadanas de protesta. La ciudadanía ya se ha manifestado, y de norte a sur, de oriente a occidente, la demanda parece clara: más democracia. Cansados de ver cómo los políticos reducen el debate público a las acusaciones y justificaciones cruzadas, se ha roto el vínculo y la legitimidad entre representantes y representados, ante una clase política corrupta y clientelista que ha dejado de trabajar al servicio de los ciudadanos. Ya no queremos limitar nuestra participación democrática a una votación cada cuatro años, queremos opinar y debatir sobre las decisiones que determinarán nuestro futuro, y todo ello resulta de una legitimidad democrática incuestionable. No importa que los espacios de

participación pongan sobre la mesa problemáticas desde distintos puntos de vista para tratar de solucionarlas, lo que importa es encontrar los lugares comunes para que ese debate sea productivo y genere, a través de la contribución colectiva, el compromiso de quienes tengan que protagonizarlo. En este sentido, internet nos brinda la posibilidad de establecer y generalizar el diálogo entre ciudadanos y gobernantes, y supone un vehículo de comunicación bidireccional al alcance de todos. Se ha consolidado como nuevo espacio para el debate y una nueva opción pública con capacidad de influencia, y ese incipiente proceso se irá configurando en nuevas formas de interacción y representación política de las que tenemos que ser pioneros.

Los desafíos de la democracia y la cultura en red El valor de la cultura y el arte. Nuevos espacios simbólicos para la construcción democrática Aunque con respecto a la cultura el debate en internet hoy en día está centrado en el problema de los derechos de autor, la propiedad intelectual, el derecho de acceso a la cultura y el conocimiento, no sólo debemos pensar en cómo aportar soluciones a este conflicto, sino que eso hay que hacerlo desde un lugar repensado en el que estemos claramente posicionados. Tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura y democracia. Éste no es un tema baladí, porque según donde pongamos el acento, cultura es el sentimiento de un pueblo, las fiestas populares, las manifestaciones religiosas, la gastronomía, la capacidad de comprender la complejidad del mundo actual, el conocimiento en general y también, claro está, las manifestaciones artísticas. El hecho de que el debate al que aludíamos tenga que ver con cultura como manifestación artística hace que nos olvidemos del resto de los aspectos y nos quedemos con el que introduce el problema del «arte», y todos sabemos que aquí topamos con una de las mayores contradicciones del ser humano. Más aún si hablamos de la sociedad española y su compleja relación con el arte y los artistas. En España los museos se llenan de público, todos necesitamos reír o llorar o pensar con un libro, una película o una obra de teatro, los jóvenes adoran la música del momento, todos admiramos a los grandes compositores, pero muchos de nosotros nos relacionamos con el arte y los artistas llenos de complejos y de recelos. La sensibilidad artística nos asusta; ser artista es riesgo vital, fracaso o éxito imprevisto y a veces fugaz, marginación, presunción, vanidad y egolatría reconocidas, situaciones en fin que nos alejan de convenciones y rutinas vitales. El arte nos da

miedo y nos fascina a la vez. Es algo como ajeno a nuestro ser y a nuestro mundo y es como si tuviera vida propia. Y ahora resulta que los artistas son como tú y como yo, tienen que comer, vivir en una casa y cuidar de su familia, y todos tenemos que atender que se cubran esas necesidades que son las nuestras. Les valorábamos porque eran fascinantes, incomparables con nosotros, y ahora resulta que no.

Por amor al arte y el respeto al trabajo creativo «Yo no escribo para ganar dinero, pero si escribo y tengo que comer, es mejor si me pagan.» ANA MARÍA MATUTE Esta forma de entender el arte y a los artistas tiene que ver con la reacción producida en internet cuando aparece la Ley Sinde; con el rechazo que se produjo al hecho de que artistas y creadores quisieran ganar dinero por su trabajo. Y hace, también, que aparezca de nuevo el viejo fantasma de la cultura subvencionada. Se subvenciona la agricultura, la minería, la industria del automóvil, ahora la banca, y para eso no hace falta tener otro discurso que el de la necesidad de proteger el sistema, pero subvencionar la cultura, que los artistas quieran vivir de su obra y que la industria cultural necesite subvenciones parece intolerable... Pero ¿de qué estamos hablando?, piensan muchos. Esta situación nos obliga a repensar conceptos como cultura y arte. Reflexionar sobre todas las acepciones de la palabra cultura, valorarlas y atenderlas, situar el arte en un lugar para todos y de todos que considere el valor que tiene como aspiración estética, creativa e interpretativa de la realidad propia del ser humano, pero que considere también su valor como producto cultural y mercantil al mismo tiempo. Y todo ello con las consideraciones valorativas que son propias de una sociedad democrática de ciudadanos libres e iguales, que valora la «diferencia» del artista sin que eso vaya en menoscabo de la valoración de los demás. Como ya hemos dicho, el concepto cultura engloba una multitud de significados y acepciones que muchas veces son difíciles de clasificar y diferenciar. Desde el imaginario, la fantasía y el deseo hasta un libro o unas fiestas populares. De lo intangible a lo tangible, de la obra única a una práctica generalizada. La institucionalización de la vida cultural y el monopolio de los mercados culturales por grandes corporaciones nos lleva a universos culturales homogéneos y estáticos, en los que sólo una visión del mundo se ve reforzada y justificada, normalmente la de las élites que controlan el poder económico y político.

Siempre ha existido una fractura entre la cultura institucional y la de vanguardia, y aunque es posible que la segunda no existiera sin la primera, no es menos cierto que es desde la vanguardia desde donde se van perfilando las nuevas prácticas artísticas y culturales, que pasan de ser discursos revolucionarios e inéditos a formar parte de la historia y de nuestro imaginario cultural de referencia. No obstante, la resistencia y el activismo cultural y artístico siempre han servido como arma arrojadiza contra el establishment. Desde los dadaístas hasta los situacionistas, el movimiento Fluxus o el conocido como Mayo del 68, que pusieron a la cultura y al arte en el punto de mira para deconstruirlos y redefinirlos. Pero el sistema tiene una enorme capacidad para absorber, y así neutralizar, todas las iniciativas alternativas que llegan a sobrepasar su pequeño radio de influencia llegando a un público más masivo, o son generadoras de nuevas tendencias. Internet es un medio democratizador de la cultura, ya que, por una parte, facilita la difusión de la creación artística y de productos culturales a costes bajos, y por otra, deja al público la capacidad de escoger, en principio, entre un amplio abanico de posibilidades también de forma cómoda, a bajo coste y desde su hogar. Pero uno de los temas cruciales es el binomio tiempo-costes. El artista o creador medio, al eliminar intermediarios, invierte más tiempo en la visualización y distribución de su obra y aun así no puede competir con las grandes multinacionales, cuya publicidad está presente en todos los canales, y que protegen su monopolio con medidas como el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) y la ley de cese a la piratería en línea (SOPA). El sistema actual, reforzado por los cambios que han introducido las nuevas tecnologías, tiende a atomizar el sector cultural en grandes empresas cada vez más grandes, transnacionales y poderosas frente a empresas y colectivos cada vez más pequeños. Ahora están al alcance de más gente los recursos tecnológicos y los conocimientos necesarios para grabar un disco, editar un libro o realizar una película, pero es difícil competir desde la cultura del «háztelo tu mismo» con empresas que cuentan con departamentos y personal para cubrir en condiciones cada una de las etapas de producción, distribución, difusión y comercialización de los productos culturales y artísticos. No es igual la capacidad que unas y otras tienen para invertir en la promoción (marketing) y la distribución de productos. Que las nuevas tecnologías han abierto una puerta a la evolución y al cambio de los procesos de producción, distribución y participación política y cultural es innegable, pero quizá sea desproporcionado decir que es una herramienta para luchar contra los avances monopolísticos, y que permite a los creadores y pequeños productores completar el círculo del producto eliminando a los intermediarios. La red ha cambiado el panorama de las empresas e iniciativas culturales,

ofreciendo una mayor capacidad de difusión y simplificando el proceso eliminando a los intermediarios, pero los recursos y el capital siguen estando bajo las grandes corporaciones mediáticas y culturales, que son las que pueden invertir tiempo y dinero en lograr ese posicionamiento.

La madre del cordero «Los avances tecnológicos han creado un monstruo: la capacidad cada vez más rápida y exacta de copiar una obra con un coste mínimo.» ALEJANDRO AMENÁBAR La propiedad intelectual y los derechos de autor suponen uno de los principales motores económicos de desarrollo y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas. Según datos publicados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la industria cultural aporta el 3,2 por ciento de la riqueza nacional, mientras que la propiedad intelectual contribuye en un 4 por ciento. Esto supone una aportación mayor a la economía que sectores como la energía, y es equiparable a la aportación de agricultura, ganadería y pesca. En 2006, y a pesar de la enorme crisis de la industria discográfica, la música generó directamente un volumen de negocio de 1.400 millones de euros y dio empleo a 52.850 personas. La crisis económica actual ha puesto de manifiesto la necesidad de sentar las bases de un nuevo modelo económico más respetuoso con el uso de los recursos naturales y centrado en el impulso de actividades intensivas en conocimiento y de alto valor añadido. Para ello es imprescindible, en el ámbito de la propiedad intelectual, asegurar que el marco jurídico garantice el pleno desarrollo de la Sociedad de la Información, conjugando el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los contenidos culturales online con la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y para ello debemos hacer una pedagogía política y cultural que contrarreste la desafección hacia los derechos de los artistas y creadores que antes hemos mencionado. Más allá de los vacíos legales y dificultades prácticas de la aplicación de normativas reguladoras en esta materia, este intento de legislar y aportar herramientas eficaces para la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor encuentra pleno acomodo en el marco de la Unión Europea y en el esfuerzo que a nivel mundial se está realizando para encontrar un equilibro entre derechos encontrados. Para todos son evidentes los daños que la vulneración de los derechos

de propiedad intelectual en el entorno digital están causando a los creadores y al mundo de la cultura, y el peligro que la piratería supone para la seguridad, así como para la competitividad, la creación, la innovación y el empleo. Hasta ahora los esfuerzos y medidas legislativas parecen más un parche que una solución reflexionada que responda a los retos de la era digital. En España ni la Ley Sinde-Wert ni la eliminación del canon digital parecen suficientes para adaptar una anticuada Ley de Propiedad Intelectual al nuevo escenario trazado por la expansión de internet y las telecomunicaciones. Teniendo en cuenta que las industrias culturales aportan en torno a un 4 por ciento del PIB a la economía española, parece imprescindible tomar medidas que favorezcan el desarrollo de estas industrias y la necesidad de una protección legal de los derechos de autor para el desarrollo de una industria cultural sostenible, así como el justo equilibrio entre las partes interesadas. Pero todos estos esfuerzos serán en vano sin una adecuada modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que contribuya a la consolidación de un creciente sector económico que debe enfrentarse con éxito a un mercado internacional global, y en el que España forma parte del marco normativo de la Unión Europea compuesto por diversas directivas que nuestra legislación debe tener en cuenta. Independientemente de las distintas formas de explotar las obras objeto de derechos de propiedad intelectual, debe mantenerse una seguridad jurídica que garantice la tutela efectiva de estos derechos, y para ello hay que dar con soluciones equilibradas, equitativas y eficientes. Debemos ser conscientes de que estos desafíos normativos sólo pueden resolverse mediante el acuerdo entre partes con intereses objetivamente contrapuestos. Por ello deberían realizarse políticas activas para pacificar los conflictos, favorecer el diálogo entre los diferentes sectores y realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor. La protección de la producción cultural de un país es fundamental en la era globalizada en la que vivimos. Sólo así lograremos que nuestra identidad social e imaginarios culturales y simbólicos ocupen un lugar en la red global de internet.

Nuevos equilibrios entre el derecho de acceso a la cultura y los derechos de autor «Hay que intentar que el rendimiento no sea sólo para las teleoperadoras. El problema no son los internautas, ni internet, son las compañías.» ÁLEX DE LA IGLESIA

En los últimos años, especialmente en España, el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento ha sido protagonista de una lucha encarnizada. Todos recordamos el rechazo ciudadano a la mencionada Ley Sinde y al canon digital, o los escándalos protagonizados por Teddy Bautista, ex director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El proyecto de la Ley de Economía Sostenible, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía modernizar la economía española apostando por la innovación y la sostenibilidad especialmente en los sectores financiero, empresarial y medioambiental, aludía, en una de las disposiciones finales, a la regulación de la propiedad intelectual en internet, que no había sido abordada en España hasta ese momento y que estaba suponiendo unas pérdidas enormes a las industrias culturales con motivo de la extensión de la piratería. El rechazo ciudadano y las posibilidades electorales de ese rechazo hicieron que fuera esta disposición la que centrara la atención mediática, y mantuvo a los partidos políticos en posturas diletantes que dificultaron el consenso necesario para atajar esta problemática. La ley se aprobó el 5 de marzo de 2011, pero no fue hasta la entrada del Gobierno de Mariano Rajoy que se aprobó el reglamento necesario para ponerla en práctica. El objetivo principal perseguido no era limitar la libertad de expresión sino coartar el enriquecimiento económico a través de la puesta a disposición en internet de contenidos no autorizados asociados a derechos de propiedad intelectual. Mientras que en otros países de nuestro entorno se aprobaban leyes que permitían el corte del acceso a internet a aquellos usuarios individuales que violaran reiteradamente estos derechos, en España se pretendía, mediante un sistema de avisos previos, poder cerrar aquellas plataformas que se lucraran económicamente por el uso ilegítimo de contenidos protegidos. Otro de los aspectos más controvertidos que hemos vivido en el Estado español es el canon digital por uso de copia privada. La Directiva 2001/29/CE obliga a que los Estados de la Unión Europea que posibiliten la copia privada compensen a los titulares del derecho de reproducción por el detrimento económico que sufren a consecuencia de ello. El carácter privado de esta contraprestación hace que sea un derecho de simple remuneración, siendo incorrecto utilizar la denominación «canon digital», pues no se trata del precio de un servicio público o prestado en virtud de una concesión administrativa. Los titulares de este derecho son los autores, editores, productores e intérpretes. El deudor no es el usuario que realiza la reproducción, sino quien fabrica, importa o distribuye el material que la hace posible, pagando una sola vez por cada equipo, aparato o soporte material idóneo para realizar la reproducción permitida, ya sean analógicos o digitales. Una de las primeras

cuestiones que abordó el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue la modificación del sistema de compensación por copia privada, eliminando esta compensación en los soportes digitales y sustituyéndola por una cantidad determinada por el ejecutivo. Mientras se aprobaba el reglamento de la Ley Sinde, se eliminaba el canon en una fórmula populista para mitigar el rechazo social al respeto de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Si con la regulación de los derechos de propiedad intelectual en internet se demonizaba a los autores en defensa de una aparente libertad en la red, que nunca cuestionó el abusivo precio que las empresas de telecomunicaciones imponen para su acceso, con la eliminación del canon digital vuelve a desviarse la atención sobre los verdaderamente beneficiados por esta medida, que no son ni los autores ni los usuarios. Mientras que el resto de los veintidós países de la Unión Europea que contemplan la copia privada exigen el pago de un canon a las empresas tecnológicas de aparatos reproductores, ahora en España son los contribuyentes (sean usuarios o no de estas tecnologías) los que tienen que asumirlo al fijarse el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Los titulares han dejado de ver remunerado este derecho, pero esto tampoco ha supuesto una reducción del precio de los aparatos para los consumidores. Si entendemos como normal tener que responder políticamente al rechazo social que se produce respecto de los derechos de autor y a la propiedad intelectual, estamos ante un grave problema. Aquí, como en tantas otras cuestiones, lo primero es tener definido el problema, a continuación hacer pedagogía política para consensuar con la ciudadanía dicho problema como problema de todos, y luego, y sólo entonces, será más fácil aportar soluciones. Batería de propuestas Internet, cultura y participación democrática Desarrollo de nuevas tecnologías que permitan al ciudadano ser más proactivo en la toma de decisiones. Asimismo, es necesario establecer nuevos cauces de comunicación y relación entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Crear una comisión específica en el Parlamento, formada por todas las fuerzas políticas, cuya misión sea estar en constante comunicación y encuentro con otras fuerzas políticas y sociales, económicas o grupos de presión, para regularizar y favorecer su participación en la vida parlamentaria. Establecer a través de internet redes de intercambio y diálogo entre la ciudadanía, los políticos y los gobernantes. Organización y respuesta de las demandas de información ciudadana y comparecencia

política en asuntos de interés general. Transparencia y acceso público, y comunicado, de la vida parlamentaria a través de plataformas de encuentro entre la clase política y los diferentes colectivos sociales y grupos de presión. Establecer nuevos dispositivos en red para mejorar la transparencia en los procesos legislativos y de toma de decisiones. Establecer sistemas digitales de consulta y valoración de la ciudadanía de las medidas discutidas en el Parlamento. Normalizar la participación de agentes sociales y grupos profesionales en la política, entendida como un servicio a la sociedad con una elevada responsabilidad moral, en el que sea deseable participar en algún momento de nuestra vida. Modificar la Ley de Propiedad Intelectual y actualizarla para dar respuesta a los retos que plantea la revolución digital y tecnológica, equilibrando el derecho de acceso a la cultura y el conocimiento con la protección de los derechos de autor y la valoración por lo artístico. Favorecer el crecimiento de las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo.

Segunda parte

Derechos fundamentales, derechos irrenunciables

Como hemos venido repitiendo y explicando en la primera parte de este texto, es urgente un gran acuerdo nacional para la recuperación económica y social. Gobierno, oposición, patronal, sindicatos y colectivos sociales unidos en defensa de la educación y la sanidad y en la aportación inmediata de soluciones en las que los derechos sociales conquistados resulten irrenunciables. Ante la degradación de los servicios sociales en general, la educación y la sanidad corren especial peligro debido a sus características como derechos fundamentales que se han puesto en el ojo del huracán privatizador. En una nueva obra maestra de desviación de fondos públicos hacia manos privadas, se nos justifica la privatización por la mala gestión pública, pero el Estado sigue siendo garante del servicio, por lo que en caso de negligencia las pérdidas vuelve a pagarlas el ciudadano, que ya habrá perdido lo que antes era público. Primero se van privatizando las áreas más rentables para ir deteriorando el resto de servicios. Pretender que la privatización, la cesión a empresas privadas que se rigen por el beneficio económico, no va a repercutir en una degradación de la calidad y efectividad del sistema, es cerrar los ojos ante una realidad evidente. Como veremos más adelante en el bloque económico, este empobrecimiento social y la privatización de la sanidad y la educación no son consecuencia directa de la crisis, ni el ineludible precio a pagar por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. La voluntad política ha tenido mucho que ver, y bien serían sostenibles y eficaces estos servicios públicos mínimos si las políticas fiscales y de distribución de la riqueza no hubieran venido beneficiando a los que más tienen desde las últimas décadas. Nuestro único discurso posible es el de la defensa del Estado del Bienestar. Es un discurso ético y solidario que exige una coherencia personal que nos asusta y que nos sitúa ante nuestras contradicciones. Pero es el discurso que nos da una superioridad moral respecto de la derecha y que debemos reconquistar. Y a ese objetivo se debe supeditar nuestra política económica. Hay que crear un discurso en defensa del Estado del Bienestar que incluya las condiciones económicas, judiciales, impositivas, etc. que lo hagan posible. Si en ese contexto hay que pedir sacrificios a la ciudadanía, habrá que hacerlo. La sociedad lo aceptará si los esfuerzos están repartidos y los líderes políticos predicamos con el ejemplo en el camino para superar las contradicciones implícitas en los planteamientos de izquierda y de espíritu humanista. Necesitamos líderes que digan la verdad a los ciudadanos, y cuando planteen sacrificios colectivos, estos sean generalizados y proporcionales, políticos que exijan a los poderes económicos su parte alícuota de sacrificio. Y todo ello hay que hacerlo en defensa de un proyecto político, el de la consolidación del Estado del Bienestar, que es el proyecto en el que creemos como aspiración ética e

intelectual de quienes impulsamos el partido, de nuestros afiliados y de, creemos, la mayoría de la ciudadanía, todos los cuales estamos dispuestos a asumir los costes de dicho proyecto en un esfuerzo colectivo de superación de contradicciones y dificultades, en búsqueda permanente de la coherencia personal y la justicia social. Desde este presupuesto debemos repensar lo que entendemos deben ser las aportaciones del Estado al pro común. Analizar necesidades, priorizarlas en diálogo con los representantes sociales, establecer límites consensuados en las prestaciones, legislar para ampliar el marco de libertades, reelaborar un discurso educativo, etc. No se trata de que en estos momentos aportemos soluciones a cada una de las necesidades. Basta de momento con recuperar el discurso, aceptando la necesidad de un sacrificio colectivo para llevarlo a cabo y comprometiéndonos a ponernos a la cabeza de este proceso. Sanidad y educación son los ejes del Estado del Bienestar y su mantenimiento en estos momentos es prioritario. Aluden a todos los ciudadanos sin tener en cuenta las diferencias, sin distinción de género, condición sexual, origen, edad o diversidad funcional. Pero no debemos olvidar que esas diferencias existen, y que una vez consolidadas las necesidades básicas para todos, atender a las diferencias es una obligación ética a la que debemos comprometernos. Atender a las diferencias depende, además, más de una voluntad política que de una dificultad económica en todos aquellos aspectos, que son muchos, en los que se trata de legislar para la igualdad de derechos. La democracia debería tener como principios irrenunciables los servicios y derechos sociales, la distribución equitativa de la riqueza y los recursos y una vocación y respeto por lo público. Profundizar en la democracia con más democracia e incorporarnos y participar de la reflexión y discusión colectiva, allí donde ésta se produzca, y estar dispuestos a escuchar a todas las partes involucradas. La crisis ha endurecido las necesidades del capitalismo financiero de expolio de recursos, y estamos viendo como los servicios y bienes comunes se concentran en manos privadas mientras el territorio y los recursos naturales colectivos se venden al mejor postor, agudizando los desajustes de un equilibrio social y medioambiental necesario e imprescindible para una convivencia pacífica. La regeneración implica el cambio radical de estrategia, una que ponga en valor el beneficio social y el bienestar común, como base prioritaria para la libertad individual.

4 Igualdad imprescindible Apuntes sobre el Estado del Bienestar Libertad, igualdad y fraternidad. Enfoques y equilibrio de sus principios fundamentales Es una idea clásica sobre la que detenernos la de que la derecha democrática ha antepuesto la libertad a la igualdad, mientras que la izquierda ha considerado lo contrario. Las democracias consolidadas no es que hayan superado este principio sino que lo han obviado. A nadie le interesa debatir al respecto, pues es un debate incómodo, en especial para la izquierda. «Libertad, igualdad y fraternidad.» Todos se apuntan a esto. Conseguidas las libertades políticas en las sociedades democráticas, la derecha considera ahora que la consecución plena de la libertad debe incluir el logro pleno de la libertad de mercados. En su extremo neoliberal se aspira a un Estado mínimo, no intervencionista, que garantice la seguridad, la defensa y poco más. Para ellos, esta aspiración no se contradice con el valor de la igualdad porque consideran que en una sociedad con libertades políticas y un mínimo de igualdad de oportunidades garantizado (acceso a los niveles de educación básica), la libertad individual y el esfuerzo personal en un mercado libre permiten que cualquier individuo pueda alcanzar la meta que se proponga. En el mejor de los casos se pretende que podamos tener una razonable igualdad de oportunidades en la línea de salida para, por supuesto, ser desiguales en la línea de meta. La discusión sobre la falacia que supone creer que existe una igualdad inicial de oportunidades se obvia. Se da por supuesto que dicha igualdad inicial es, y siempre será, no una realidad sino una aspiración. Se sobreentiende que el ser humano con sus complejidades y el uso de su propia libertad nunca se posicionará respecto de los otros en un lugar de igualdad, ya que es propio de la naturaleza humana la individualidad y la diferencia como aspiración para la realización personal. El imaginario de la sociedad moderna está lleno de ejemplos de personas reales o de personajes de ficción que demuestran la veracidad de ese principio. Y esas personas o personajes, además, alimentan de estímulos y fantasías a todos nosotros. Queremos ser como ellos, queremos imitarlos, representan valores universales de lucha contra la adversidad y de triunfo final. Este relato sobre el valor del individuo no tiene réplica desde la izquierda. Y no lo tiene porque la izquierda ha luchado por la consecución de las libertades antes

que por el de la igualdad y ha caído en la trampa de aceptar que la libertad, como bien supremo, es cosa de la derecha y que igualdad y libertad pueden ser contradictorios, aceptando entonces en su debate ideológico con la derecha la prevalencia de la igualdad sin darse cuenta de que al hacerlo entraba en contradicción con su propia lucha histórica por las libertades. Por eso la izquierda obvia también el debate al sentirse incómoda con él. Tiene ejemplos recientes en los que la lucha inicial por las libertades para conseguir sociedades igualitarias ha devenido rápidamente en sociedades que sin conseguir la plena igualdad han cercenado libertades. El paradigma de la derecha parece más razonable, más humano, más universalizable. El hecho de que el capitalismo triunfante haya aceptado y convivido en el pasado reciente con el Estado del Bienestar ha adormecido a la izquierda moderna que luchó contra Franco; luchó contra el fascismo y el nazismo, sí, pero de nuevo en lucha por las libertades, no por la igualdad. El Estado del Bienestar aparece entonces como un logro de la sociedad capitalista occidental en contraposición con los «paraísos comunistas» sin libertades. Es precisamente cuando caen los países comunistas y los poderes económicos no necesitan ya tener contento al pueblo por temor al fantasma del comunismo, cuando el capitalismo se siente liberado de la necesidad del pacto social que implicaba el Estado del Bienestar, y acelera la reconversión del capitalismo industrial que repartía plusvalías en capitalismo financiero sin freno que, con la complicidad de la izquierda, nos ha llevado a donde nos encontramos.

Aceptar las contradicciones para poder avanzar «Ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio de verdad.» BLAISE PASCAL La lucha por la libertad es apasionada, instintiva, primaria e individualista. La lucha por la igualdad está en otro orden de consideración y es incomparable, y por tanto, no contradictoria con la primera. La lucha por la igualdad es intelectual, reflexiva, desapasionada y secundaria. Está llena de valores de trascendencia que rayan en lo religioso. Se plantea desde la libertad física y el libre pensamiento y apela al deberser, que se contradice en ocasiones con las aspiraciones primarias del ser. La izquierda se ve así sometida a una continua contradicción que debe asumir y que la enfrenta a la ausencia de contradicciones de los planteamientos de la derecha. Oímos

continuamente decir eso de «sí, sí, mucho decir que es de izquierdas pero mira cómo...». Eso a la derecha no le ocurre nunca. Nunca su discurso es contradictorio con su actuación y eso le da ventaja en ciertos debates públicos, porque nuestras contradicciones nos acongojan. La libertad es una aspiración universal que está en la naturaleza humana, la igualdad no. Para la izquierda la lucha por las igualdades tiene que ver con el deberser, es una aspiración ética y solidaria y se ha venido cuajando en un proceso histórico al observar con sensibilidad que la libertad no era igual para todos y los más libres debían luchar por la libertad de todos. En las sociedades modernas esto se ha hecho luchando por la igualdad de derechos de todo tipo como garantía para la libertad de cada uno. Primero el acceso universal a la educación y a la sanidad como garantes de la vida y de la igualdad de oportunidades para ejercer como ciudadanos libres. Luego, la atención a las diferencias. Las mujeres no son libres si no acceden al mercado laboral en igualdad con los hombres. Los ancianos no son libres si no reciben el cuidado preciso. Los inmigrantes no son libres si no gozan de los mismos derechos que los nativos. Los homosexuales de ambos géneros no son libres si la legislación los discrimina. Los discapacitados, los enfermos... La defensa del Estado del Bienestar es hoy en día el objetivo del PSOE. Izquierda Unida (IU) va más allá, Unión Progreso y Democracia (UPyD) pone el acento en otras cosas, y el PP no sólo ha dejado de convivir con el Estado del Bienestar en sus presupuestos políticos, sino que en consonancia con los dictados del poder financiero avanza hacia su progresivo desmantelamiento. Pero defender el Estado del Bienestar necesita hoy en día de un discurso que nos comprometa y que antes no fue necesario al ser asumido por la derecha. ¿Tenemos en el PSOE ese discurso? Hemos utilizado y utilizaremos en este texto consignas y lugares comunes como el de que «no podemos permitir el desmantelamiento del Estado del Bienestar», «hay que defender lo conseguido por las generaciones precedentes», etc. Consignas necesarias pero no suficientes. Lo conseguido en los anteriores gobiernos socialistas se hizo, no nos engañemos, sin mucha lucha, con un gran consenso social y con una débil resistencia de la derecha, que ahora, más fuerte, nos está arrollando. Puede que el desgaste que está sufriendo el PP le lleve a perder las próximas elecciones y nosotros las ganemos sin necesidad de discurso. Ése no debe ser nuestro objetivo, porque ¿qué haremos con la patata caliente de la actual situación económica y social en nuestro país si nos vemos en el Gobierno no porque hayamos convencido a la ciudadanía con nuestro proyecto sino por el descrédito sin más del PP?

Fractura y desigualdad. Hacia un nuevo paradigma social La defensa de un acceso equitativo a los recursos es el punto de partida de cualquier planteamiento progresista y democrático No nos engañemos, la crisis nos afecta a todos, pero a unos más que a otros. A los más vulnerables y desprotegidos siempre les toca la peor parte, y está en grave peligro de extinción todo lo que habíamos avanzado en el desarrollo de los derechos fundamentales y los principios de equidad legislativa, que todavía estaban lejos de normalizarse en la práctica social. Todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, deben disponer de los mismos derechos y oportunidades. La crisis está siendo la excusa ideal para el mayor desmantelamiento de los derechos sociales que haya vivido nuestro país en los últimos años, o que haya conocido la historia de la democracia europea. La desigualdad no es sólo un problema moral, sino práctico, y obviar sus consecuencias negativas la convierte en ineficaz. El equilibrio y la corrección de las desigualdades ayudan a fortalecer la cohesión necesaria para evitar sociedades altamente violentas e inseguras. Esto aumenta la atomización social y la desconfianza ciudadana, disparando los niveles de conflictividad y los de criminalidad, pero reduciendo los niveles de productividad y desarrollo. Sin embargo, garantizar unos mínimos comunes para todos, que suavicen la estratificación social y ayuden a definir objetivos e intereses compartidos, no supone ninguna amenaza para las élites privilegiadas, que deberían al menos sentirse un poco más tranquilas con su conciencia. Uno de los aspectos fundamentales para la consecución de una igualdad de oportunidades real y efectiva es partir de las desigualdades estructurales, que establecen puntos de partida diferenciados en función de nuestro género, raza, clase, edad, etc., y saber corregirlas de manera adecuada. Las acciones positivas para los sectores más vulnerables no deben desaparecer con la excusa de la crisis, sino adaptarse. No podemos consentir la regresión de los derechos fundamentales, sino trabajar para su realización y consecución progresiva. Garantizar los servicios y prestaciones sociales mínimos alcanzados, y seguir desarrollando e implantando leyes como la de igualdad o la de dependencia, deberían ser objetivos suficientes por el momento. La garantía de acceso a los recursos mínimos para colectivos en grave riesgo de exclusión social, como inmigrantes, personas dependientes, etc., debe ser una prioridad para la consecución de la igualdad de oportunidades, tal y como defiende nuestra Constitución, lo que implica necesariamente una actuación pública para garantizar ciertos derechos esenciales para aquellos sectores de la población más vulnerables o con menos

recursos. En este sentido, es primordial subvencionar algunos servicios, u ofrecerlos de manera gratuita, para garantizar el acceso de todas las personas independientemente de su poder adquisitivo. Es el poder legislativo el que debe garantizar la orientación de las políticas públicas hacia el cumplimiento de una sociedad equitativa y democrática. Al ejecutivo le corresponde ponerlos en marcha y al judicial velar por su cumplimiento. Parte del gran daño que están provocando las políticas de recortes bruscas, mal consensuadas y sin mucha reflexión sobre lo que pueden implicar a medio o largo plazo, es el echar por la borda los logros alcanzados por las últimas generaciones. Muchos de esos avances no suponen un coste adicional en la gestión, y pueden ser muy útiles para lograr un mayor consenso social, o ayudar a identificar efectos no previstos en ciertas reformas legislativas. Por ejemplo, el Gobierno del PP ha dejado de incluir los informes de impacto de género de las medidas que se están poniendo en marcha, cuando ya se ha demostrado tanto en estudios históricos y académicos como en la práctica que muchas políticas que aparentemente benefician o afectan a todas las personas por igual, suponen un coste mucho mayor para las mujeres.

Lo que no debemos olvidar «La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal.» NOAM CHOMSKY Los compromisos y ratificaciones de tratados internacionales, por no hablar de la propia Constitución, implican una obligación de los Estados en el cumplimiento de los derechos humanos y la situación actual de crisis no justifica su ineficacia. Es su deber garantizar la búsqueda de todas las alternativas posibles para lograr la progresiva y plena efectividad de los mismos. La satisfacción de unos niveles mínimos debe ser la primera prioridad del Gobierno, donde los principios de transparencia y rendición de cuentas se hacen también imprescindibles. Garantizar estos derechos no supone una opción política, sino una responsabilidad jurídica. Precisamente en un entorno de profunda crisis como el que nos encontramos, deben protegerse los derechos de las personas más vulnerables y velar porque no se antepongan los intereses de los mercados a los de la ciudadanía. De lo contrario, nos arriesgamos a involucionar a niveles de desarrollo caracterizados por la desigualdad, la precariedad, la fractura social, la peligrosidad y la pobreza. Las

constantes violaciones de derechos y la impunidad de quienes las ejercen están minando las sociedades y los individuos, provocando actitudes de resignación, impotencia y apatía. Es en el seno de estos derechos donde residen las cuestiones de mayor importancia para la sociedad en su conjunto, y son el objetivo principal de las políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno. La necesidad de reducción del gasto debe tener en cuenta la garantía de los derechos fundamentales en cuanto al lugar de trabajo, la Seguridad Social, la vida en familia, la participación en la vida cultural, el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención a la salud y la educación. La escasez de servicios públicos de calidad y los recortes constantes agudizan más las diferencias sociales por motivos de renta, al limitar el acceso a aspectos vitales para una vida digna como son la salud, la educación o los cuidados sociales. El deterioro de los servicios sociales y la privatización del sector público perjudican especialmente a las mujeres, que ven cómo todos los derechos y logros conseguidos en los últimos años se convierten en papel mojado. Si se habían logrado pequeños avances en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y mejores niveles de conciliación y corresponsabilidad entre géneros, la crisis vuelve a empujar a las mujeres al espacio doméstico para cubrir las funciones de cuidado, que el Estado del Bienestar antes ayudaba a aliviar.

El Estado en venta Constitucionalización e inversión garantizada de los derechos sociales En lugar de buscar medidas más eficaces para gestionar los servicios públicos, el discurso neoliberal lleva décadas desprestigiando su gestión en una estrategia destinada a la generalización de la desconfianza ciudadana ante estos servicios, que permitiera preparar un caldo de cultivo social de escasa resistencia ante su desmantelamiento. Pero los servicios públicos son de todos, y acabar con ellos supondría desposeer a la población de unos mínimos esenciales pactados y compartidos entre todos, independientemente de la situación de cada uno. En definitiva, lo que ocurrirá será la desviación de la gestión de los bienes públicos y comunes a unas cuantas manos de las clases privilegiadas, cuyo objetivo de beneficio económico, fácil y rápido, siempre irá por delante de otros beneficios de mayor interés para la ciudadanía en su conjunto. Son muchos años los que hemos sido testigos de una paulatina disminución de los bienes y servicios públicos. La crisis resulta la excusa perfecta para acelerar

este proceso, que lleva décadas respaldado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la misma Unión Europea. Ahora le toca la hora a la sanidad y la educación, pero ya perdimos la titularidad pública de bienes y servicios tan importantes como los trenes y ferrocarriles, los aeropuertos, los servicios postales, etc. La nueva gestión pública, basada exclusivamente en términos de mercado, se olvida de aspectos esenciales recogidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales, ignorándolos deliberadamente y maquillando los resultados para presentarnos el cambio de modelo como la mejor garantía de la equidad necesaria para el acceso a los servicios por parte de los sectores con menos recursos. Las cosas están cambiando a una gran velocidad y puede que cuando seamos conscientes sea ya demasiado tarde para deshacer lo andado. Por eso necesitamos hacer una reflexión profunda sobre qué sociedad queremos y qué lugar va a ocupar el bien común en nuestras líneas de actuación. Debemos recuperar el sentido y la coherencia de los servicios públicos por el bienestar colectivo, para una sociedad más justa e igualitaria que se extienda al mayor número posible de personas. Mientras los intereses de lo público estén en manos exclusivas de empresarios vinculados a los sectores que gestionan, no podremos estar seguros de que esos servicios y su gestión cumplen esa máxima. Más aún, en un momento de crisis institucional y de corrupción como el que estamos viviendo, ¿no supone un riesgo muy alto dejar en manos privadas, y cegadas por la obtención del beneficio monetario inmediato, aspectos tan importantes para nuestro bienestar? Sin duda es necesaria una mejor gestión, la eliminación de dobles competencias, o una conciencia del ahorro y del aprovechamiento y optimización de los recursos disponibles, pero no sólo debemos revisar la línea de costes de nuestro balance. Hay que aumentar los ingresos, y no precisamente a través de un encarecimiento de los servicios para los usuarios, que, no nos olvidemos, ya pagan esos servicios con sus impuestos. La lucha contra la evasión y el fraude fiscal y el desarrollo de un sistema impositivo más progresivo y equitativo debería ser una de nuestras prioridades inmediatas. Profundizaremos en estas posibilidades en la segunda parte del libro, más centrado en la perspectiva económica.

Resistencias ante la expropiación pública «La crisis que estamos atravesando es fundamentalmente gratuita: no hace falta que suframos tanto ni destruir la vida de tanta gente.»

PAUL KRUGMAN Toda esta vuelta de tuerca en la consideración de los servicios públicos como una mercancía más a someterse a la dictadura de los mercados pone en cuestión todo nuestro ordenamiento jurídico. La competencia, el ahorro de costes, la reducción del gasto y la búsqueda del beneficio económico cuando hablamos de servicios públicos y derechos esenciales no redunda en el bien común. Como podemos comprobar, todo eso repercute en mayores ingresos para los empresarios que tratan de cubrir el espacio de lo público mientras se agudiza la precariedad laboral y el empeoramiento de las condiciones de vida de un mayor número de personas. La intromisión del sector empresarial en la gestión pública no hará más que agudizar los problemas de corrupción que ya tenemos, donde la clase política también ha cruzado demasiados intereses, olvidándose de su función principal, representar a los ciudadanos que la han votado y cumplir los programas presentados. Puede que nuestros servicios públicos tengan muchas cosas que mejorar, pero las reformas planteadas, tanto a nivel sanitario como educativo, parecen poner las bases para una involución en cuanto a su accesibilidad universal, de calidad y gratuidad directa. Debemos preguntarnos hasta qué punto podemos poner el ahorro de costes en primera línea de intervención, olvidándonos de aspectos globales y transversales que no se contemplan en las políticas de beneficio rápido, y preguntarnos si las reformas van a servir realmente para mejorar el funcionamiento del sistema y a qué precio. Puede que las reformas que se están planteando sean legales, pero ¿son legítimas?, ¿es legítimo que empresas privadas saquen beneficios de la gestión de un servicio social, tan importante y vital para los derechos humanos de las personas, como pueden ser la educación y la salud? Los eventuales ahorros económicos que supondrán las reformas y la reducción del gasto público no nos aseguran una mejora de la calidad y la eficacia. A la larga los costes globales pueden ser mucho mayores y tener efectos adversos, como ya se ha puesto de manifiesto en otros países con procesos de privatización pública más avanzados. El daño social que este tipo de políticas está provocando tiene efectos devastadores y vertiginosos, y no parecen tan claros los beneficios económicos que reportarán, ni para quiénes. Todas las transformaciones puestas en marcha en cuanto a la gestión de los servicios públicos se refiere parecen llevarnos a modelos atrasados que agudizan las desigualdades de acceso para las personas con menos recursos. Dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos, podremos decir si las modificaciones realmente reducen los costes y mejoran la eficacia. Si el objetivo es mantener la garantía de un acceso universal a los servicios públicos esenciales, el ánimo de lucro no puede ser también un objetivo.

Es la acción legislativa la que permite a los gobiernos cumplir con sus compromisos y orientar las políticas públicas. Las reformas emprendidas por el Gobierno no parecen tener como objetivo primordial este principio de mínimas garantías, y se está provocando un profundo cambio de rumbo de nuestro modelo, que hasta ahora aseguraba un acceso universal y gratuito a la educación y la salud. Todas las medidas puestas en marcha cuentan con un fuerte carácter regresivo, y tampoco se plantean como puntuales y temporales para tiempos de crisis, ni se explica adecuadamente la supuesta falta de alternativas. Estos principios esenciales, irrenunciables, no pueden ser menos que una garantía de acceso a unos servicios mínimos de Seguridad Social y prestaciones que al menos abarquen la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento urbano, los alimentos y las formas básicas de la enseñanza. Si la acción legislativa es la que nos permite llevar a la práctica nuestros principios y valores, los presupuestos suponen el instrumento fundamental de las políticas públicas. Ninguna política logrará sus metas si no cuenta con la financiación necesaria. No sólo son importantes las cantidades asignadas sino cómo se gastan, y todo ello debería blindarse en la Constitución. La función más importante del Gobierno es plasmar en los presupuestos esas decisiones, cómo se obtendrán los recursos y cómo serán utilizados, y eso requiere una revisión de la balanza entre gastos e ingresos. Una mejora en la política de ingresos (redistribución impositiva) y una mejora de la gestión, que redunde en mejores condiciones para los profesionales y usuarios de esos servicios y para las infraestructuras y la investigación pública, deberían convertirse en principios rectores y de reinversión en caso de cualquier tipo de beneficio. Otro de los aspectos preocupantes de la ola privatizadora de los servicios públicos es la falta de control y transparencia en los procesos de selección de los profesionales, con la contradicción que supone que se utilice dinero público para una contratación y gestión no sometida a los principios de igualdad de acceso y publicidad que rigen los sistemas de empleo público. El desmantelamiento del Estado social tendrá consecuencias inciertas si no le ponemos freno. A medida que los servicios públicos se reducen y deterioran, se va incrementando la fractura social y los más desfavorecidos pierden cualquier posibilidad de integrarse en condiciones de igualdad. El drama que ya conocemos entre el norte y el sur del planeta se va reproduciendo a pequeña escala en nuestras ciudades, degenerando primero los anillos del extrarradio para deteriorar después los centros urbanos y los espacios colectivos.

Por el bien común

Gasto público es inversión de futuro Deberíamos poder decidir sobre lo que nos afecta, y lo que afecta a todos deberíamos decidirlo entre todos. Básicamente en esto consiste el ejercicio de la democracia y la política, en gestionar lo común. Y este común va más allá de lo público; también nos incumbe a todos el modelo de sociedad en el que vivimos, y cómo queremos organizar la gestión de los recursos. Una sociedad que aspira a evolucionar debe reconocer este lugar para lo común. Históricamente, los bienes comunes han sido espacios o recursos cuya gestión no responde ni a un modelo público ni privado, responde a criterios establecidos por las comunidades específicas implicadas, que de manera conjunta se usan para el beneficio de esa comunidad y su entorno. Al no pertenecer a nadie en concreto, sino responder a una comunidad que es heterogénea y cambiante, estos bienes participan como equilibrio social entre sus individuos, independientemente de su nivel de renta o situación personal. Aunque pocos, todavía hoy quedan algunos ejemplos de bienes comunales en España. Pues bien, los servicios públicos funcionan de manera similar, siendo la sanidad y la educación los pilares del Estado del Bienestar. La privatización de estos pilares, que analizaremos de manera más exhaustiva en los próximos capítulos, supone un cambio radical del modelo social que veníamos construyendo desde la Transición. Hasta ahora, la titularidad y gestión pública de estos recursos fundamentales iba mitigando las desigualdades, disuadiendo la concentración de capital y poder que el sistema capitalista necesita para su desarrollo suicida, en una huida hacia adelante, que agota y explota todos los recursos a su alcance sin ver más allá del presente inmediato, sin tener en cuenta la estabilidad y la sostenibilidad necesarias para un desarrollo y crecimiento económico duradero. El crac de la burbuja financiera no ha logrado que reconsideremos esta dictadura del beneficio económico fácil y rápido, y la sed de los mercados por encontrar nuevos nichos de rentabilidad encuentra en los recursos públicos un nuevo escenario lleno de posibilidades. Poner estos recursos en venta aludiendo a criterios de ineficacia supone una irresponsabilidad política. Si las instituciones y los representantes no son capaces de gestionar esos bienes de todos, imprescindibles para la reproducción social y la sostenibilidad medioambiental, deberán cambiarse, regenerarse, evolucionar, no simplemente ser privatizados sin apenas consenso social. Es legítimo defender lo común cuando las decisiones las toman unos pocos que no comparten los intereses de la mayoría. Parte de la crisis de representatividad e institucional que estamos viviendo, así como del deterioro de los servicios y espacios públicos, tiene que ver con una

continuada degradación del nivel de participación a todos los niveles, y de una concentración cada vez mayor del poder, tanto económico como político. Cuantas más personas se implican y responsabilizan de las decisiones y proyectos, más posibilidad de éxito tienen, pues responden a una voluntad colectiva y no a la de unas cuantas personas aisladas. La clase política debería ser heterogénea y móvil, y crisol de la multiplicidad de enfoques y planteamientos, garantizando que la sociedad cubre las necesidades mínimas para que todos sus ciudadanos puedan ejercer la función pública, y representarnos en lo que compartimos, en lo común. Debemos poner el interés colectivo en primera línea de la acción política, y son prioritarias la revisión de las políticas de austeridad y recortes y la recuperación de la inversión en gasto social por encima de la devolución de la deuda. Una deuda ilegítima cuya carga debería ser más compartida y no sólo soportada por la ciudadanía y a costa del gasto público. Los derechos fundamentales y el bienestar social deben ser los puntos de referencia en cualquier política económica, y no la satisfacción a mercados lejanos y anónimos, que sólo piensan en claves económicas cortoplacistas.

La cara y la cruz de los recortes «Son, en definitiva, unos recortes de gasto público suicidas porque significan reducir el ya de por sí poco combustible que tienen la actividad empresarial y el consumo en nuestras economías.» VICENT NAVARRO Es importante resaltar que el bienestar de la clase media es el pilar fundamental para el consumo y el desarrollo económico de una sociedad. Sin embargo, vemos como esta clase media se empobrece progresivamente, mientras se aumentan los impuestos no distributivos como el IVA y se dificulta el acceso a recursos como las becas o las ayudas sociales. Cada vez nos alejamos más del nivel de gasto social necesario de los países del entorno europeo para alcanzar una sociedad más igualitaria, competitiva y próspera. A dónde nos llevan las políticas de recortes y austeridad, o por qué éstas sólo se contemplan para los servicios públicos fundamentales y no para la gestión bancaria y financiera; a qué responden los elevados sueldos de los directivos... Ésas son las preguntas que deberíamos plantearnos. Si se buscase la racionalización de la gestión del sistema, más allá de su desaparición tal y como la conocemos, si

existiera voluntad política, el debate estaría en cómo establecer herramientas para optimizar el gasto y mejorar la gestión. No debemos recortar el gasto social que genera bienestar y desarrollo (educación, sanidad, investigación, etc.) sino optimizar su gestión. Recuperar el sentido de la responsabilidad política y social implica necesariamente recuperar el sentido de la Constitución y defender y garantizar los derechos fundamentales que establece, más allá de los imperativos de Bruselas o el FMI. Las prioridades económicas de unos pocos son la justificación de la constante reducción del gasto público, que limita y frena el desarrollo de esos derechos fundamentales que suponen la base de nuestro contrato social. Mientras los trabajadores y la clase media ven reducidos sus ingresos y su capacidad de acceso a los recursos, los que nos metieron en esta crisis parecen seguir engordando sus dividendos. ¿Por qué debería ponerse una sociedad entera, hasta un Estado, al servicio de estos intereses minoritarios y elitistas? Defender el sistema público es poner por delante el interés general al de una minoría privilegiada. Debemos contener los recortes en derechos civiles y laborales así como en las prestaciones sociales y las pensiones. Atender las necesidades de la minoría desde el respeto a la diferencia, evitando cualquier tipo de discriminación, e incorporar, también, en la agenda política la preservación del mayor bien común con el que contamos: la biodiversidad y el medio ambiente. Su sostenibilidad supone una de las mejores inversiones de futuro que debemos plantearnos. El cambio climático, la crisis energética, la producción de residuos tóxicos, la desertización, etc. deben entrar a formar parte de la planificación política. Si no somos capaces de salvaguardar nuestros recursos, nos espera un futuro incierto y lleno de peligros, y este compromiso no puede limitarse al interior de nuestras fronteras, menos en el mundo globalizado en el que vivimos, donde las catástrofes naturales parecen ser impredecibles, de mayor impacto y de consecuencias globales. Pero no sólo son medioambientales las consecuencias adversas que provocan las políticas de recortes y reducción del gasto. La situación de las minorías sociales, como pueden ser los inmigrantes o las personas dependientes, se degrada, y las mujeres retroceden a niveles mayores de empobrecimiento y exclusión. La reducción del gasto y los servicios públicos afecta doblemente a las mujeres, que son quienes tradicionalmente se encargan de las labores de cuidado y reproducción social. No podemos negar la evidencia de que el desmantelamiento de los servicios sociales empuja y favorece el retorno de las mujeres al ámbito doméstico, que, como cuidadoras de última instancia, se hacen responsables de las cargas familiares. Más cuando el trabajo escasea y las opciones de remuneración y ascenso profesional limitan el desarrollo de sus carreras. Los escasos logros en

materia de conciliación alcanzados en las últimas décadas se han visto pronto ensombrecidos por los efectos de la crisis. Ellas siguen siendo las que acaparan el empleo a tiempo parcial, las que más interrumpen su vida laboral para atender o cuidar de terceros (niños, ancianos o enfermos), las que menos cobran y menos cotizan, y por lo tanto, las que cuentan con una brecha inicial que dificulta su acceso a los derechos, los recursos, los servicios, etc. Los envites de la Iglesia y la derecha a los logros alcanzados por el feminismo en la igualdad entre hombres y mujeres no nos están ayudando, reviviendo y replanteando modelos obsoletos y anticuados, en los que se plantean revisar derechos y libertades fundamentales, como la salud reproductiva y la nueva ley del aborto, o la eliminación del gasto en recursos contra la violencia de género y la promoción de la conciliación masculina. Una sociedad que vuelve a plantear la igualdad como un lujo que no podemos permitirnos, y en la que si falta empleo, mejor será que las mujeres regresen a donde nunca debieron salir. Necesitamos en definitiva una segunda transición, que ayude a superar los obstáculos no resueltos y heredados del franquismo y establezca las bases de una auténtica construcción social desde la igualdad. Batería de propuestas Reformas constitucionales Reconocimiento constitucional explícito a los derechos humanos básicos de las personas. Reforma constitucional que garantice la máxima protección de los derechos económicos sociales y culturales sin diferencias territoriales ni clasificaciones entre derechos, y accesible para todas las personas. Blindar los derechos sociales: garantizar el derecho a una educación y una sanidad públicas, universales y de calidad, un sistema de garantía de ingresos mínimos, el derecho al amparo y la asistencia y al empleo. Proporcionar las condiciones socioeconómicas básicas para que todas las personas puedan tener acceso a una vida digna. Establecer un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Establecer mecanismos que garanticen el principio de equidad e igualdad en las prestaciones sociales de la ciudadanía, y basarlo en la fortaleza social que nos une, y no en la que nos diferencia. Servicios públicos mínimos Educación y sanidad deben ser considerados servicios públicos universales; por ello, han de ser tratados como pilares fundamentales para mejorar nuestro capital humano, del cual depende nuestro futuro.

Garantizar la inversión en estos servicios, así como en pensiones y dependencia, destinando por ley un porcentaje fijo de gasto del presupuesto de todas las administraciones. Se establecerá un mecanismo en la Constitución Española para que estos gastos no puedan reducirse por debajo de un determinado nivel referenciado al PIB nacional; llegados a este nivel, los recortes obligatoriamente deberán realizarse en otros ámbitos. Este modelo de Estado social salvaguardará un gasto público en esta tipología de gasto en el entorno del 50 por ciento del PIB. Parar las políticas de austeridad y los recortes Lograr la eficiencia en el gasto público. El control del gasto debe ser una premisa fundamental e innegociable. Parte del déficit de las administraciones se debe a una inadecuada planificación y elección de la inversión. Revisión de las medidas adoptadas para determinar y corregir cómo están afectando las reformas propuestas por los gobiernos en esta materia. Retroactividad de aquellas reformas legislativas que atentan a nuestro Estado del Bienestar. Se está utilizando como pretexto la austeridad para llevar a cabo una revolución ideológica que está laminando los grandes servicios públicos, dejando las pensiones y los servicios sociales reducidos a su mínima expresión y entregando al sector privado buena parte del sector público, especialmente en sanidad. Se revertirán estas reformas realizadas sin consenso, incluidas las privatizaciones de servicios. Por el bien común Paralizar el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos y la degradación de nuestro patrimonio ecológico y medioambiental. Evitar la gestión de los recursos colectivos por empresas privadas con intereses particulares. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del Estado y las instituciones en el cumplimiento de su función: el desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales. Esto no supone una opción política, sino una responsabilidad jurídica de los Estados, ante la que pueden exigirse responsabilidades. Revisar los modelos actuales de evaluación, centrados exclusivamente en el coste y el beneficio económico, para medir también el impacto en la mejora de los niveles de vida de la población, el acceso equitativo a los recursos, con especial atención a los más desfavorecidos, y la preservación de la biodiversidad.

5 Por nuestra salud Más allá de la cobertura sanitaria El acceso a un sistema de salud público y universal es incuestionable Es responsabilidad del Estado garantizar un acceso no discriminatorio a la salud, proteger y controlar la calidad de los medicamentos y los servicios sanitarios, y realizar políticas activas que ayuden a la consecución de esos principios. Un buen sistema público de salud debería ser un objetivo común de todas las clases sociales. Una buena salud pública y unos servicios adecuados y eficientes interesan tanto a las clases más desfavorecidas como a las más prósperas. Las enfermedades no entienden de clases sociales. Una buena salud pública garantizará sociedades más sanas, y esto es algo bueno, tanto para los que no tendrían recursos para acceder a ella si estuvieran privatizadas, como para las que sí podrían. El avance sanitario, en investigación, etcétera, tendrá siempre una repercusión positiva para el conjunto de la sociedad que no debe minusvalorarse. Si todos colaboramos en función de nuestras posibilidades con un sistema fuerte de salud y sanidad pública, le toque a quien le toque la enfermedad, podrán mutualizarse los costes, tanto para ricos como para pobres. La mayoría de la sociedad española está a favor de nuestro sistema de salud pública. Asumir que son necesarios mejoras y cambios para hacerla más efectiva y menos costosa no significa abrazar sin contemplaciones modelos de privatización, que cuestionan los principios y derechos básicos de nuestra Constitución. Es evidente la necesidad de una mejora de la gestión y la eficacia de los servicios públicos, y las prioridades deben establecerse para garantizar unos mínimos esenciales. Además de la atención sanitaria, hay otros elementos determinantes de la salud, como un nivel adecuado de saneamiento, agua, nutrición y vivienda, que deberían ser contemplados. También parece importante desmontar el mito de la gratuidad de la sanidad, o que ésa sea la única bandera de reivindicación de los sectores sociales y profesionales que se están declarando contrarios a las reformas. Nuestro sistema de salud se basa actualmente en un sistema de financiación pública a través del Estado, cuyas arcas se nutren de las aportaciones de los contribuyentes y la clase trabajadora en su conjunto. Los mecanismos de copago implican una nueva barrera de acceso

para las clases con menos recursos, que tienden a prescindir de estos servicios con un impacto negativo a medio plazo, al entorpecer la prevención sanitaria y el diagnóstico prematuro. Para mejorar la financiación, eficacia y calidad de los servicios debemos reducir los costes, pero también revisar la cuenta de ingresos. Sin duda la aplicación de tarifas y copagos sanitarios a los usuarios los aumentará, pero en una lógica privada éstos no irán destinados a los intereses de la sociedad en su conjunto, la mejora de los servicios o las infraestructuras, sino de la rentabilidad de los balances contables de las empresas. La mejor manera de compensar ese balance, para no seguir ahondando en la fractura social entre ricos y pobres, no es incrementando las tarifas de acceso o los impuestos no distributivos (que además aumentan escasamente los niveles de ingresos) sino equiparando la aportación impositiva en función de la renta y persiguiendo el fraude fiscal para recuperar ese capital para las arcas públicas. Las cantidades que se conseguirían de esta manera serían más que suficientes para mantener el sistema de salud universal que hemos logrado desarrollar. La privatización de la sanidad no elimina el pago de impuestos destinados a la salud. Simplemente, además de en manos del Estado, ahora los impuestos de la ciudadanía estarán en manos de las empresas privadas que entren a formar parte de la gestión de los servicios sanitarios, con un objetivo: ganar dinero. Si hay pérdidas, al igual que ha pasado con la banca, tendrán que ser rescatados.

Lo que no podemos olvidar «La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada.» SCHOPENHAUER La privatización no es la receta para mejorar la gestión y racionalizar los costes. Algo tan importante como nuestra salud no puede ponerse al servicio del beneficio y la rentabilidad económica. Son muchos más los elementos que tenemos que considerar para evaluar adecuadamente los costes que implica un empeoramiento de nuestro sistema sanitario y de la salud de nuestra sociedad. Quizá parezca imposible un sistema de salud exclusivamente público, pero desde luego éste siempre tendrá que tener un mayor peso, y la participación del sector privado que gestione servicios esenciales asociados a derecho tiene que ser transparente, estar claramente regulada y controlada. Ya existía la sanidad privada en España antes de la crisis. La opción de pagar a un especialista privado si uno

podía permitírselo era posible, e incluso, la única opción para acceder a algunos servicios concretos como son los relacionados con los dentistas. No se trata de demonizar la gestión privada, sino de no acabar de un plumazo con la gestión pública de un derecho universal como la sanidad. El hecho de que exista una sanidad privada no tiene por qué suponer que quien opta por ésta no contribuya en función de sus posibilidades con el establecimiento de un sistema universal de salud de calidad, que va más allá de la cura de enfermos o el suministro de medicamentos, y es la base para un bienestar social mínimo en el que desarrollar nuestro estado de derecho. La gestión pública de ciertos servicios que debemos poder garantizar a todas las personas, independientemente de su renta, convierte a la gestión pública en la mejor de las opciones, porque permite establecer líneas de actuación consensuadas y comunes para todos, compartiendo criterios de evaluación, normas de funcionamiento, etc. Las nociones de servicio público implican necesariamente la solidaridad social. El mayor reto que tenemos en estos momentos es evitar una regresión en la que no estén garantizados, al menos, los puntos básicos que todos los organismos internacionales y nacionales declaran para la garantía del derecho a la salud: • La salud reproductiva. • La mortalidad infantil y la atención de la salud de la infancia. • El entorno natural y ocupacional. • La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades. • La accesibilidad a los servicios de salud y los medicamentos esenciales. • Servicios de salud accesibles y de calidad, personal sanitario y sistema de información sanitaria. Las condiciones socioeconómicas de la población a la que se prestan servicios en un sistema de salud tienen enormes consecuencias y se basan en el principio de que el derecho a la salud abarca más que el derecho a la atención sanitaria.

La legalidad de lo ilegítimo Cambio de modelo: Hacia una socialización de los costes sanitarios y la privatización de los beneficios Nuestro sistema de salud no es insostenible, pero puede funcionar mejor. Las experiencias de desmantelamiento de los modelos públicos hacia modelos privados en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, han resultado ser más costosos y de peor calidad. Más costosos porque sólo se evalúan los costes inmediatos y de

manera fragmentada, sin tener en cuenta el precio global derivado del empeoramiento de la salud, los recursos y las infraestructuras en la sociedad en su conjunto. De peor calidad porque si la salud se mide exclusivamente por los parámetros económicos de su gestión asistencial, se tenderá a poner por delante el beneficio sobre las necesidades del paciente y el bienestar común. Aunque las lógicas del mercado están teniendo resultados devastadores en otros ámbitos como la economía o la banca, en cuanto a la atención médica puede tenerlos más perjudiciales todavía. La ya palpable y evidente concentración de la riqueza a costa de un empobrecimiento generalizado hace esta anomalía más perversa: la mala salud y las enfermedades están íntimamente relacionadas con los recursos económicos y la pobreza. Los que más necesitan dicha atención médica se encontrarán cada vez más lejos de poder costeársela: se vende a precios determinados por las leyes de la oferta y la demanda. A pesar del mantra, que se repite sin apenas voces críticas, de que la privatización, el ánimo de lucro y la competitividad son la solución indiscutible para ahorrar en costes y ganar en calidad, las experiencias puestas en marcha en los países de nuestro entorno no necesariamente han producido estos efectos. Muchos son los países que han tenido que echar marcha atrás en algunas de las medidas más agresivas en esta línea, pues se ha comprobado que encarecen los costes (eso sí, socializándolos) y no se revierten los beneficios más que para engordar los bolsillos de unos pocos, mientras se resienten la calidad asistencial, el estado de las infraestructuras, las condiciones de los trabajadores y pacientes, etcétera. Por eso, la única clave del negocio en la gestión privada está en desviar los pacientes costosos. Es rentable mientras estos casos puedan derivarse a entidades más grandes, normalmente públicas, y capaces de asumir y mantener la infraestructura y los medicamentos necesarios para las patologías más complejas. Al igual que ocurre con la privatización de los transportes, como el ferrocarril, que cuando pasa a manos privadas reduce trayectos que no resultan rentables, habrá enfermedades y tratamientos que queden fuera por no ser lucrativos para las empresas.

La enfermedad rentable: claves del Nuevo Sistema Nacional de Salud Puede que sea legal aceptar el ánimo de lucro en la sanidad, ¿pero es legítimo? ¿Podemos ponerle precio a la enfermedad o a la vida misma? ¿Son esos los valores que queremos para nuestras sociedades, para nuestros hijos y las futuras generaciones?

Ya tenemos ejemplos sobre la mesa de proyectos de la iniciativa privada que han requerido la ayuda de los fondos públicos. No parece que aumentar los hospitales de gestión externalizada sea la mejor solución para hacer más eficiente nuestro Sistema de Salud, que es relativamente eficaz y barato en relación con otros de nuestro entorno. Muchos de los hospitales que se están privatizando contaban con excelentes resultados y niveles de calidad. Los cambios tanto en el modelo de gestión como de titularidad de estos hospitales no cuentan con ninguna certificación ni con resultados comprobados de que hayan resultado menos costosos para la ciudadanía. Al contrario, parecen deteriorar tanto la calidad asistencial como el coste, las condiciones de profesionales y pacientes. Las herramientas para lograr una mejor eficiencia y ahorro de los costes tienen que venir desde la colaboración y participación de los servicios públicos en interacción con la ciudadanía. Las reformas se dirigen al desmantelamiento del acceso universal a la salud y la reducción de coberturas sanitarias mínimas. Puede que eso ayude a una reducción de costes inmediata, pero es muy relativa su aportación a una mejora de la eficiencia, la calidad y la racionalidad del gasto. Lo que en prevención puede ser asequible, resulta mucho más costoso a medio plazo. Las consecuencias del empeoramiento de las condiciones de acceso a la salud, la prevención y atención sanitaria, por parte de los colectivos con menos recursos o en riesgo de exclusión social, no sólo repercutirán sobre la media de esperanza de vida, sino que encarecerán los costes por diagnósticos tardíos y falta de prevención, aumentarán las estancias hospitalarias y la masificación de las urgencias, reaparecerán enfermedades y la propagación de infecciones. Todas las personas, independientemente de su condición o procedencia, deben tener derecho a una cobertura sanitaria de calidad mínima. El dinero sigue al paciente Uno de los mayores peligros que deja entrever el nuevo sistema de salud es la especulación sanitaria y la enfermedad como moneda de cambio. El sistema de primas por reducción de costes a los profesionales y empresas gestoras tenderá a una especialización centrada en los servicios sanitarios más rentables y a la derivación de los enfermos más costosos hacia los centros que aún sean públicos. Serán los hospitales públicos, afectados por los recortes y la desviación de fondos hacia el sector privado, los que tengan que asumir los pacientes y tratamientos más caros con presupuestos más reducidos. La gestión privada no se rige por el interés público, por lo que no tienen por qué tenerlo entre sus prioridades, y no harán más que una política de mínimos.

Peligros de la descentralización En cuanto a la gestión de la salud y la atención sanitaria, estructuras más grandes y complejas pueden aglutinar energías y gestión para optimizar los recursos para un mayor número de personas. No nos servirá de nada un hospital cerca de nuestra casa que no tenga los recursos o el personal sanitario adecuado para tratarnos. También estructuras más grandes permiten una mejor gestión laboral de los profesionales y un equilibrio entre sus condiciones de trabajo. Hay que tener en cuenta que son peligros evidentes de la descentralización: • El control por élites locales menos sensibles a las problemáticas sociales de la gente con menos recursos y el peligro de corrupción. • La falta de cualificación y capacidad de gestión, empobreciendo la atención al contar con muchos recursos repartidos y desperdigados, y que se infrautilizan o que se utilizan mal. Sobre la libertad de elección ¿Realmente debemos anteponer la libertad del paciente para elegir médico a la universalidad y accesibilidad de la salud? Dentro de que siempre sea posible buscar segundas opiniones y alternativas, ¿tienen todos los pacientes el mismo nivel de información como para que esta elección se haga en términos de igualdad de oportunidades? Falta de transparencia y participación El sector privado no tiene que cumplir las mismas condiciones que el sector público. No sólo en el cumplimiento de requisitos de publicidad y transparencia en la selección de sus trabajadores, también en la rendición de cuentas al Parlamento, la publicidad de los presupuestos y los balances contables, etcétera. Introducir de manera masiva las prácticas y modelos del sector privado en el público parece dificultar aún más los retos de transparencia y legalidad que la crisis institucional y política ha puesto de manifiesto. El hecho de destinar el dinero público de manera indiscriminada para que sean empresas privadas las que lo gestionen, supone perder la transparencia y el ordenamiento público y jurídicamente consensuado para que las empresas se rijan expresamente por el derecho privado, sin someterse a los dispositivos de control, transparencia, publicidad y rendición de cuentas que caracterizan a lo público.

A la gestión privada suele acompañarle la opacidad informativa, y ya hemos visto que no podemos estar a expensas de las buenas intenciones ni del político ni del empresario de turno. No cuando es del dinero público de todos los españoles de lo que estamos hablando. La falta de consenso y participación de los actores sociales afectados por la reforma sanitaria es una constante, como lo es en otros aspectos de las reformas políticas que se están implantando. El beneficio personal que están sacando los políticos de turno, vinculados a todo el entramado empresarial al que se pretende ceder la gestión de esos recursos, ha tejido toda una red de intereses creados en los que la información real y comparada es difícil de encontrar, y donde se silencian las voces que plantean alternativas o sacan a la luz las perversidades del sistema. Competencia, pero desleal En la medida en que la empresa privada entra con numerosas ventajas respecto a la gestión pública de ciertos servicios, no se trata de un mercado en el que se compita en igualdad de condiciones. Además de estas ventajas de partida, las exigencias y el control de los servicios públicos son mucho más exhaustivos. Como ha ocurrido con la banca, vamos a un nuevo modelo en el que se socializan los costes y se privatizan los beneficios a costa de la calidad de los servicios públicos sin que eso suponga ninguna reversión ni mejora en el conjunto de la sociedad. Si la equidad y la accesibilidad universal de la salud constituyen el principal objetivo a conseguir, parece difícil que vayamos a lograrlo con un Sistema Nacional de Salud privatizado, en el que las empresas participan desde condiciones privilegiadas, que rompen los principios de la economía de mercado, como el principio a la libre competencia o la oferta y la demanda, al reservar ciertos servicios más especializados sólo a la gestión privada. Los nuevos hospitales de iniciativa de financiación privada, por ejemplo, mantienen la titularidad pública del centro pero se transfiere su construcción, gestión y mantenimiento a cambio de un canon anual. En países como Reino Unido, donde ya llevan años con este tipo de experimentos, se ha demostrado que a la larga este modelo resulta más caro para los presupuestos públicos. Eso sí, el Estado se quita de en medio las dificultades de la gestión y de los problemas derivados (satisfacción de los trabajadores, atención al público, inversión, etc.). En este sentido, resulta inaceptable que el gestor público oculte el no querer hacerse cargo de esa molestia y considere eficaz lo que no es sino abdicar de su responsabilidad, vendiendo a la ciudadanía que él es un buen gestor porque va a transferir su responsabilidad a otro gestor (privado) que lo va a

hacer mejor que él. Insólito e inadmisible. Los distintos modelos que se están plateando para esta nueva gestión privada de los servicios públicos van desde la concesión de obras públicas a concesiones administrativas. Las empresas reciben suelo público gratis, y se les garantiza la rentabilidad asociada a un número de pacientes cautivos y a la gestión de los servicios más rentables de la actividad médico sanitaria (laboratorios y derivados de la alta tecnología). Mientras, otras entidades públicas que trabajan en la planificación sanitaria o la promoción de la salud y la prevención se cierran, dejando un vacío en una de las facetas más importantes de la función social de la sanidad.

De médicos a mercenarios de la enfermedad Resistencias y propuestas de los profesionales sanitarios. La calidad asistencial en juego El cambio de modelo es sustancial, y no afecta solamente a los ciudadanos o consumidores, sino también a la medicina y a los profesionales. El rechazo manifiesto de una gran parte del sector profesional de la sanidad también hace pensar en cómo se deteriorarán no sólo las condiciones de los trabajadores de este sector, sino de la relación médico-paciente, que no puede establecerse como una relación «comercial». La prioridad pasa de ser médica a económica, en función de los ingresos que un tipo de paciente u otro genera a la entidad gestora. Y esto afectará tanto a los objetivos y estrategias globales de la entidad como de los profesionales particulares. Para los profesionales, porque verán reducidos sus derechos, sueldos, condiciones de trabajo, etc., como parte de los procesos generalizados de precarización y flexibilidad laboral impuesta por las políticas de ajuste, y que recibirán incentivos derivados de la reducción de costes que sus actuaciones generen. Como en el caso ya comprobado de la externalización privada de los servicios de limpieza hospitalaria, la reducción de personal y la reducción de gasto a costa de la utilización de productos más baratos pero de peor calidad y eficacia ha provocado en muchos casos el aumento de las infecciones hospitalarias. Ciertamente, una reducción de personal y de costes de producción deriva en un ahorro para la empresa gestora, pero opera en detrimento de las condiciones generales que inciden en el gasto a largo plazo, como pueden ser el alargamiento de tratamientos costosos por malas condiciones de higiene, el peligro de propagación de epidemias y virus hospitalarios, el aumento del riesgo de muerte por infección

quirúrgica, etcétera. Los efectos de estas prácticas se traducirán, entre otros, en una manipulación de la duración de las estancias hospitalarias no por razones médicas sino de rentabilidad, la aceleración de altas, la recomendación de prácticas médicas no urgentes o innecesarias pero rentables, como las cesáreas, etc. Esto proporcionará beneficios directos para los gestores, pero los costes indirectos derivados de los reingresos por altas prematuras, mala utilización de los recursos, elección de tratamientos ineficaces o campañas de promoción-alarma para ciertas prácticas sanitarias repercutirán de nuevo en los bolsillos de los ciudadanos y en un coste sociosanitario para la sociedad en su conjunto. La privatización rápida y no consensuada con los profesionales del sector es una huida hacia adelante para no enfrentarnos a las reformas en profundidad que deben acometerse. Los propios profesionales tienen propuestas concretas, y parecen tener que resignarse a que sean otros los que marquen las pautas de lo que es eficiente y lo que no lo es. Al igual que la participación ciudadana en la toma de decisiones supone un síntoma claro de salud democrática, la participación de los profesionales de la sanidad en la gestión supondrá una mejora de la calidad y un aumento del ahorro y la efectividad. Desde los profesionales y trabajadores del sector sanitario público se han articulado algunas premisas básicas: • Con la salud no se juega. El acceso universal a la salud, así como a la educación, supone el pilar básico del Estado del Bienestar, y no puede estar ni en manos privadas con intereses particulares y económicos ni expuesto a los vaivenes y disputas partidistas. • La medicina y la cobertura sanitaria son algo más que resultados contables, y necesariamente implican una relación medico-paciente más allá de la toma de decisiones en función de criterios económicos establecidos por las entidades financieras privadas que los gestionan. • La sanidad pública, como garante de la salud de las personas, no debe regirse por criterios de rentabilidad sino de calidad y universalidad, lo que implica poner la atención también en aspectos como la prevención y los cuidados paliativos y de las personas mayores. • El nuevo modelo impide el libre ejercicio de la medicina a los profesionales al condicionar las decisiones médicas a favorecer los niveles de rentabilidad del hospital, antes que a las necesidades reales del paciente y las condiciones de acceso y universalidad. • El cambio de modelo va más allá de la reducción de salarios y el empeoramiento de las condiciones de los profesionales sanitarios; supone una fragmentación

del sistema sanitario en diferentes modelos de gestión que anulan la universalización e igualdad de acceso, desvía fondos públicos a intereses y empresas privadas sin que terminen repercutiendo en una mejora en la cobertura y la calidad sanitaria, y discrimina en función de la rentabilidad de las enfermedades y los pacientes. • Privatizar y delegar la gestión y la titularidad de los hospitales públicos implica poner nuestra salud en manos de empresas privadas, a veces de lugares y países lejanos, y vender a precio de coste nuestros derechos y acceso a una sanidad de calidad. • Nuestro sistema de salud es demasiado importante como para dejarlo en manos de la gestión privada, que socializará los costes si no es rentable y no repercutirá en la mejora del servicio, la atención, etc., si logra beneficios. • La participación de los profesionales en las fórmulas que nos lleven a una reducción del gasto y una mejora de la eficacia sin poner en peligro los principios básicos de la salud, es fundamental para encontrar respuestas desde una visión amplia y general de la medicina y la salud, desde la perspectiva de los profesionales y también de los pacientes. • El sistema sanitario español es uno de los mejores y más eficaces de Europa. Las reformas no parecen ir dirigidas a mantener y mejorar esta premisa, sino a reducir tanto la calidad como el acceso. • La primacía del factor económico y el beneficio sobre el sanitario y médico supone el fin de la medicina y la atención sanitaria que conocíamos. • Existe consenso médico internacional en la afirmación de que un sistema y cobertura sanitaria pública y universal es la mejor fórmula para una salud mejor.

Mañana puede ser tarde: qué podemos hacer Hay que considerar el cambio poblacional que ha sufrido España en las últimas décadas y, en ese sentido, es urgente adaptar los recursos a las nuevas necesidades y al envejecimiento de la población de sistemas que se crearon y desarrollaron en panoramas y problemáticas sanitarias y poblacionales totalmente diferentes a las actuales. No sólo para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema hoy, sino para garantizarlo de cara al futuro. Así como veremos más adelante que está ocurriendo con la educación, en la sanidad parece que tendremos centros de primera y de segunda. De primera para aquellos que se lo puedan costear, y de beneficencia o asistencia social para los más desfavorecidos. Podemos reaccionar y parar las privatizaciones, como ya ha

ocurrido en países como Suecia y Canadá, donde se ha logrado parar vía referéndum el desmantelamiento de la sanidad pública. Las reformas deben ir enfocadas a la recuperación de los principios básicos del derecho a la salud: universalidad, gratuidad, equidad, calidad y participación de los profesionales. Racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia deben ser objetivos prioritarios, pero enfocados a la consecución de los principios básicos del derecho a la salud, y no de intereses opacos de entidades privadas. Es imprescindible mantener la calidad asistencial y evitar que los recortes se produzcan a costa de esta calidad, mejorando la eficiencia y la gestión de los recursos, las infraestructuras y los procesos. El pleno rendimiento pasa por permitir a nuestros profesionales aportar el máximo, en unas buenas condiciones laborales donde puedan desarrollar y mejorar su rendimiento. Implicarlos en la toma de decisiones y en el diseño de las estrategias en las reformas, pues nadie mejor que ellos puede ayudar a identificar mejor las problemáticas para que el diseño de soluciones se adecúe mejor a éstas. El envejecimiento y la cronicidad de la población requieren repensar algunos principios de la gestión de los recursos que venían funcionando hasta ahora en la medida que respondían a necesidades de poblaciones diferentes, más jóvenes. Una adecuada atención y cuidado de las personas mayores y la mejora de sus condiciones de vida deben ser prioritarias para nuestra sociedad. Batería de propuestas Pacto consensuado por la sanidad pública: preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener los elevados niveles del servicio. El Estado debe garantizar la cobertura universal, corrigiendo los errores detectados en el actual modelo de gestión territorial. Adecuación de los sistemas de medición y evaluación. Que tengan la capacidad de establecer indicadores que midan más allá del coste a corto plazo o el beneficio económico. Establecer criterios adecuados para medir la calidad asistencial (muertes prematuras, reingresos, incidencia de infecciones hospitalarias combatibles, etc.). Adecuar las instalaciones a la pirámide poblacional y sus nuevas necesidades sociosanitarias. Integrar a los profesionales para hacerlos corresponsables de la gestión. Cuando se implican en la gestión con el objetivo de ser eficientes, no sólo se consiguen ahorros, sino una mejora importante de la calidad asistencial y la deontología y éticas profesionales. Establecer ratios mínimos de personal por paciente para asegurar una calidad mínima de los servicios.

Incidir sobre algunas bolsas de ineficiencia, como la falta de coordinación entre niveles asistenciales o la duplicidad de pruebas diagnósticas. Controlar los resultados de la gestión pública y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada. Si asumimos cierta evolución hacia un modelo mixto de nuestro Sistema Nacional de Salud, actualmente de acceso universal e igual para todos, financiado a través de un sistema impositivo progresivo, debemos asegurar ciertos principios irrenunciables: Seguro público común para todos, que asuma las enfermedades graves o crónicas. Seguro privado complementario, asumido por el Estado para las personas de menor renta. Implantar sistemas de evaluación por indicadores de salud que permitan comparar las tres equidades —la de acceso, la de trato y la de resultados clínicos— para evaluar adecuadamente la eficiencia en la gestión. Garantizar la atención primaria a toda la población, incluida la de los inmigrantes sin papeles, como derecho obligatorio y universal que todos los Estados deben garantizar. Medidas de racionalización del gasto orientadas a un uso y una información adecuados de los medicamentos por parte de la sociedad en su conjunto. Esto ayudará a reducir el abusivo e indiscriminado uso de medicamentos por parte de la población y a evitar ingresos hospitalarios por usos inadecuados y automedicación.

6 El saber no ocupa lugar La falacia de la mala educación La letra, con sangre entra, y otros mitos sobre la educación y el aprendizaje La población adulta española de más de cincuenta años, esa que en foros de todo tipo habla sobre el lamentable estado de la educación en España, parece olvidar que se educó en un sistema en el que la población que accedía a la educación superior (bachillerato y universidad) era infinitamente inferior a la de la actualidad. Y olvida también la escasez de sus conocimientos y la escasa calidad de los mismos en muchos aspectos: muchos niños y jóvenes aprendieron de memoria el catecismo, memorizaron listas interminables de accidentes geográficos, y aprendieron las glorias del imperio español en una sociedad con una incipiente televisión y con un limitado acceso a los libros. Algunos dominaron razonablemente la ortografía y sólo unos pocos, los que a partir de los catorce años optaban por el bachillerato de ciencias, lograron un manejo notable del cálculo mental y de la resolución de problemas. Esa misma juventud tenía escasísimos conocimientos de arte, filosofía, economía, historia contemporánea, idiomas..., y lo que es peor, no tenía ni idea de las complejidades del mundo que le rodeaba más allá de nuestras fronteras. No sabía qué era la democracia, y la medida de todas las cosas la marcaban las alabanzas de las virtudes del nacional catolicismo español. Pero no hacía falta mucho más. Quienes tuvieron la posición social y los recursos para poder acceder a estudios universitarios, con sólo aprobar raspando la selectividad sacaron adelante sus estudios sí o sí, estudiando unos más y otros menos, accediendo inmediatamente al mundo laboral y logrando con el trabajo ir aumentando poco a poco sus conocimientos técnicos, consiguiendo así una habilitación razonable para el ejercicio de la profesión. Y ahora muchos de ellos nos dicen que el actual sistema educativo es lamentable. Cuando se universalizó el acceso a la enseñanza y al mismo tiempo se cambiaron los planteamientos educativos no se podía esperar mucho más de lo conseguido, por mucho que esto haya sido. Es posible que antes, en un universo simple, en el que los mensajes del mundo adulto estaban organizados y recibíamos las mismas consignas de nuestro padre, de nuestra madre, de los profesores y familiares, y en el que las complejidades estaban por venir, la formación académica

y moral que recibíamos fuera suficiente para afrontar el mundo adulto. Formación moral con lacras importantes en terrenos resbaladizos como la sexualidad o la igualdad de género, que dio lugar a no pocos problemas, pero que era la misma para todos, y abundaba por tanto en esa simplicidad homogénea que nada tiene que ver con la diversidad cambiante de nuestros tiempos. Los jóvenes que pudieron culminar sus estudios universitarios se encontraron hasta la mitad de la década de los ochenta con una sociedad necesitada de jóvenes cualificados con ganas de aprender y trabajar. Y eso era suficiente, porque se aprendía trabajando. Abogados que aprendieron el ejercicio de la profesión ejerciéndola y equivocándose, ingenieros con procesos de formación en las empresas y aprendiendo algo de inglés sobre la marcha, etc. Cuando a esa orgía de descrédito del sistema educativo se suman quienes, estando por debajo de la cincuentena y aún de la cuarentena, se educaron en democracia, y lo hacen desde foros de poder mediático, considerándose a sí mismos bien formados frente a quienes critican, ¿olvidan acaso que su formación se debe a ese mismo sistema que cuestionan? Hay quien tiene la suficiente perspectiva como para darse cuenta de que nada tiene que ver la España de hace treinta años con la de hoy, y cómo la universalización de la educación ha aumentado en el conjunto de la población el nivel de formación, educación y saber estar y relacionarse. Cuando hablan con nuestros jóvenes mejor formados, y los comparan con los mejor formados de su época, se dan cuenta del nivel de conocimientos y capacidades que ahora tienen y que ellos ni podían soñar. ¿De dónde han salido esos sesenta mil jóvenes, muchos de ellos universitarios, que han emigrado sabiendo idiomas, y logrando trabajos que aquí no encuentran? ¿Cómo podemos seguir diciendo que el sistema educativo español es malo? ¿A qué intereses responde esa mentira cien veces repetida que va unida a políticas en apoyo de la enseñanza privada?

Visibilizando logros «Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad.» GOEBBELS Hoy nos parece incuestionable la realidad de que «la educación en España es un desastre». El sistema educativo en España no funciona. El Informe PISA pone de manifiesto año tras año que la formación académica de nuestros jóvenes está a la cola de Europa, o al menos, ésa es la información que nos llega desde los foros

públicos y los medios de comunicación. Esta tendencia se ha extendido en la opinión pública, y viene alentándose en una campaña generalizada de desprestigio de los servicios públicos, que ahora parecen justificar todas las reformas que se están planteando. Sin embargo, no debemos pasar por alto los logros que se han conseguido en estos últimos años, como la escolarización universal, el derecho a la educación y el aumento de los titulados superiores. Los grandes medios de comunicación y los conglomerados editoriales, por otro lado cada vez con un mayor protagonismo en nuestro sistema educativo, se han encargado de establecer la equivalencia entre fracaso escolar y escuela pública. Pero no debemos ser tan ingenuos, pues las cifras de fracaso escolar afectan a todo el sistema, incluida la enseñanza privada. Tampoco hay que desdeñar la gran red de escuelas públicas y concertadas, todas ellas financiadas con fondos públicos, y el alto nivel de escolarización y acceso a la educación superior que hemos adquirido. A pesar de los aparentes malos resultados de nuestra educación, contamos con un modelo educativo de los más igualitarios de Europa, siendo muy reducidas las diferencias existentes entre centros. Si bien es cierto que nuestro nivel de excelencia es inferior a la media europea (4 por ciento frente al 10 por ciento), también es cierto que contamos con una amplia base por encima de la media. A diferencia de muchos de los países de nuestro entorno, en España los alumnos más brillantes no se concentran en determinados centros, sino que en todos ellos existe una proporción similar de estudiantes excelentes, intermedios y rezagados. Otra de las evidencias que no podemos dejar de tener en cuenta es el hecho de que la razón principal por la que ciertos colegios concertados obtienen mejores resultados que los públicos se debe más al hecho de que sus alumnos pertenezcan a un nivel socioeconómico más elevado que al que los centros sean mejores per se. Tenemos la juventud mejor formada y preparada de la historia de España, y también con las peores perspectivas de futuro. Nuestros jóvenes universitarios emigran a Europa buscando y encontrando trabajo en áreas de alta especialización. Los recién licenciados españoles que acuden a Estados Unidos a realizar másteres de alta cualificación triunfan allí adonde van. Su nivel de formación en materias complejas como matemáticas es muy alta tanto si hablamos de ingenieros, como de científicos o economistas. Y sin embargo, seguimos empeñados en gritar a los cuatro vientos que la educación pública no funciona.

Vaivenes de una educación a la deriva Por una política educativa estable e integradora

Se ha achacado a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), ley

educativa promulgada por el PSOE durante el Gobierno de Felipe González, ser la culpable del deterioro del sistema educativo al no promover la cultura del esfuerzo, eliminando la disciplina de antaño en las aulas y disminuyendo la autoridad del profesor. Sin embargo, quienes prefieren ampararse en el oscuro recuerdo de un pasado mejor, se olvidan de que el PSOE logró en la década de los ochenta universalizar el acceso a la educación y a la sanidad en España. La LOGSE supuso un cambio radical en la enseñanza, extendiendo la obligatoriedad y gratuidad de la misma hasta los dieciséis años, elaborando procedimientos de seguimiento para hacer efectiva la continuidad en los estudios hasta esa edad, y sustituyendo los antiguos conceptos de disciplina y memorísticos por los de desarrollo de capacidades y actitudes, y el de comprensión de conceptos. El resultado de ese impulso reformador y renovador parece ser contradictorio: un sistema educativo que no funciona, y a la vez, la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia. En el caso de la educación, el constante cambio de rumbo de los gobiernos electos, y las constantes reformas, no ha permitido que ninguna se consolidara, al no dar el tiempo que requieren los ciclos de las políticas públicas. En las políticas públicas es importante respetar los tiempos, que precisan, primero, incluir las problemáticas en la agenda pública para estructurar e investigar el problema, y después, el diseño de las soluciones con la participación del mayor número de colectivos implicados, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación. Cada Gobierno cree tener la llave para resolver la encrucijada educativa, y éste no iba a ser una excepción. Cuando todavía no ha sido posible verificar y evaluar los resultados de la última reforma, ya estamos con nuevas prisas que implican, siempre, grandes y dudosas inversiones. Este proceso, que en treinta y cinco años de democracia ha visto cómo se ponían en marcha hasta cinco leyes orgánicas, ha terminado debilitando y arruinando el sistema, que ha visto cómo se gastaban más recursos en las adaptaciones constantes de los currículos y las reformas que en mejorar la educación, dotarla de recursos e involucrar a los profesionales de la educación en los procesos de toma de decisiones y reflexión colectiva de búsqueda de mejoras. En busca de paliar una supuesta falta de eficacia, una tras otra las reformas han ido minando nuestro sistema educativo. Las nuevas modificaciones planteadas por la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no hacen más que ahondar en esta crisis permanente del sistema, constantemente modificado desde la crítica y no desde la búsqueda constructiva de alternativas reales. La devaluación de la escuela pública no ha sido más que un resultado esperable de esta política. Una escuela sin recursos difícilmente podrá ser eficaz, y los constantes recortes, la disminución de salarios y la precarización de las condiciones del profesorado se han

encargado de consolidar esta tendencia. El peso político y electoral de la educación en relación con otras áreas importantes de la política parece alejar la posibilidad de un gran pacto no sólo político, sino social y civil en el que la sociedad y no las grandes empresas decidan qué educación quieren y cómo quieren educar a sus futuras generaciones. La educación, como base social y humana de las generaciones venideras, supone uno de los principales pilares de una sociedad estable y democrática, pero en España no ha sido posible un gran pacto nacional que lo dejara fuera de las disputas partidistas.

Las amenazas de la privatización Hacia un modelo educativo basado en nuevos valores económicos de mercado y competitividad Como hemos visto, los recortes en el sector público y en prestaciones sociales están afectando profundamente al ejercicio de derechos tan fundamentales como la salud o la educación. Al igual que ocurre con la sanidad, el nuevo modelo de educación, que tiende a la privatización, al aumento de costes y al aumento de la fractura social, pone en cuestión los principios que rigen una educación de calidad, y que vienen también definidos en nuestra Constitución: • Disponibilidad. • Accesibilidad, desde un punto de vista amplio que incluye la no discriminación y la accesibilidad material y económica. • Aceptabilidad y adaptabilidad. El tsunami llega también a la educación, y como en la sanidad, mercantiliza un derecho fundamental en beneficio de unas cuantas empresas afines, que gestionarán con dinero público, y de todos, un bien y un derecho que hasta ahora ha estado al servicio del interés general y social. En el nuevo modelo, la educación deja de concebirse como un derecho fundamental de todas las personas para considerarse como un bien del mercado más, un valor añadido con el que especular en el mercado laboral. El nuevo modelo educativo, y acorde con la tendencia social actual, vuelca la responsabilidad de la formación personal exclusivamente en el individuo, lo que justifica plenamente la reducción de la aportación pública a este fin. Se establece una ecuación entre el nivel de educación y el posible poder adquisitivo futuro, por lo que supone un nuevo valor de inversión seguro, por el que la gente estará dispuesta a pagar si puede, y si no, a endeudarse. A mejor formación las posibilidades en el

mercado laboral serán mayores y generarán más ganancias a los individuos. Por lo tanto, será el mercado quien decida cuáles son los contenidos o habilidades óptimos para este fin. Es un negocio redondo. Si bien el Estado tendrá que seguir garantizando la base del aprendizaje, la educación pasará de ser un derecho fundamental a convertirse en un bien privado que podrán permitirse los que puedan pagarlo. Los que no, estarán condenados a los estamentos más bajos de educación y enfocados a los segmentos profesionales menos valorados y más precarizados, y por tanto, peor remunerados. Todo esto no deja de ser una explicación para suavizar la idea de fondo: la educación puesta al servicio de los intereses de la empresa, que se justifica con eufemismos sobre el capital humano y la inversión en conocimiento. Por supuesto que la educación tiene sentido en la medida en que prepara a nuestros niños y jóvenes para una futura integración en el mercado laboral, pero la educación en valores y en conocimientos no necesariamente útiles para las necesidades del mercado supone la más valiosa aportación de un sistema educativo democrático. Aquel que educa el espíritu crítico y creativo como motor de la participación democrática de todos los ciudadanos. Pretender que el conocimiento sólo puede y debe ser individual es perdernos todas las posibilidades del conocimiento colectivo, que se elabora de una manera más lenta pero más intensa, que genera avance social y desarrollo ciudadano a más largo plazo y de manera colectiva y común. De nuevo, este principio se ve en serio peligro si consideramos la educación como un bien más del mercado, del que las empresas privadas pueden sacar beneficio y hacer negocio. En este sentido, no sólo caminamos hacia la mercantilización de la educación, con los graves riesgos que esto supone, sino que evolucionamos hacia un cambio pedagógico en el que los procesos dejan de ser importantes para cuantificar y medir los resultados en términos siempre relacionados con el mercado y las posibilidades que la educación aporte para triunfar en ese mercado.

A qué nos enfrentamos «El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano.» PLATÓN Todos los organismos internacionales están trabajando en esta nueva línea, que se encargan de promocionar en informes, congresos y conferencias mundiales. También imponiendo diseños curriculares, métodos pedagógicos e instrumentos educativos,

todos ellos orientados a consolidar una lógica mercantilista de la educación, en la que se mide la rentabilidad social de la inversión en educación en términos puramente económicos y monetarios. La nueva reforma supone la consolidación de los tímidos intentos de las anteriores por consolidar un sistema en el que el reequilibrio social a través del acceso al conocimiento y a la educación sea imposible. Si seguimos evolucionando en esta dirección, se perderán derechos y logros alcanzados durante años de lucha, evolución y desarrollo, que tras el franquismo logramos implantando un verdadero acceso universal y gratuito a la educación. Pasamos de una educación basada en la igualdad de oportunidades a una al servicio de la empleabilidad y la competitividad. La importante labor de la escuela para la construcción y cohesión social se obvia, y no se persigue el éxito educativo de todos los estudiantes como fórmula de garantía para una igualdad de oportunidades, sino que se favorece la segregación y jerarquización entre centros y alumnos. De nuevo, más que de una reforma de mejora, deberíamos hablar de desmantelamiento del sistema. La nueva escuela será algo más parecido a un centro comercial, donde los clientes podrán adquirir servicios, en cantidad y calidad dependiendo de su poder adquisitivo y su capacidad económica. Un nuevo modelo de educación, en definitiva, que se olvida del principio de la Ilustración que consideraba el conocimiento como derecho fundamental e irrenunciable para la emancipación. Un conocimiento que sólo puede adquirirse a través de un aprendizaje progresivo y que se sustituye por la acumulación de competencias jerarquizadas en función de su utilidad para las empresas y el mercado globalizado. La educación no necesita recortes, sino aumento de recursos y partidas presupuestarias. Los costes que puede provocar este cambio de rumbo pueden ser mucho más catastróficos a medio y largo plazo. Una sociedad ignorante y carente de formación dará lugar a consecuencias desafortunadas para todos. En el nuevo modelo la escuela deja de ser el lugar de socialización y transmisión cultural y de conocimiento para convertirse en un espacio competitivo en el que lograr ventajas formativas para una mejor posición en el mercado global. Al igual que hemos visto con los hospitales, las escuelas y los centros formativos pasarán a ser empresas prestadoras de servicios que tenderán a la segregación y la competitividad tanto individual como entre centros. Las máximas del nuevo modelo educativo serán «competitividad, eficacia y rentabilidad económica». Esto no sólo supone un giro en el nivel educativo sino también en el pedagógico, igualmente importante. Esta visión economicista lleva también a una visión clasista de la educación, en la que la educación pública debe formar a trabajadores productivos y disciplinados y la privada debe cumplir con su misión de formar a las élites

gobernantes, bajo la guía espiritual de la Iglesia, que en España está detrás de la mayor parte de la escuela privada y concertada. La evaluación de la efectividad de nuestro sistema educativo se medirá en función de los valores dominantes, aquellos en los que se fundamenten y que se consideren importantes. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿Qué educación queremos? ¿Cuáles serán sus objetivos y prioridades? En cualquier caso, no debemos olvidar que todo ser humano tiene un gran potencial de creatividad que el sistema educativo debe promover, porque la función primordial de la educación es formar ciudadanos libres, con capacidad creativa y decisoria en la gobernanza del país. Tal función no se respeta cuando a la educación se la ve primordialmente como un objetivo económico, detrás del cual se oculta la reproducción de una sociedad clasista y sexista que dificulta la creatividad y el desarrollo de la mayoría de la población.

Educando en la escuela pública De qué hablamos cuando hablamos de excelencia El sistema educativo español, mejorable como todos, ha conseguido avances extraordinarios. ¿Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia? Si éste es un lugar común, pensemos en él y pongámoslo en valor. Nuestro desafío es mantener lo que hemos logrado, analizando sus problemas. Hasta que la crisis económica hizo su aparición, teníamos problemas derivados de un aspecto fundamental: la explosión económica previa de nuestro país, el aumento de nuestro PIB, pero el aumento también de la inmigración y de la necesidad de escolarizar a una población compleja, no trajo consigo el necesario aumento de los presupuestos educativos, utilizando ese aumento del PIB en las proporciones que la situación requería. Presupuestos extras para implementar medidas de integración de esos inmigrantes en nuestro sistema educativo. Se producen así distorsiones que dan lugar a escuelas e institutos desestructurados, con exceso de población inmigrante, en los que el nivel académico disminuye y propicia la huida de los mismos de la población nativa hacia centros privados. Poco a poco el sistema público se deteriora y va perdiendo la confianza social. Aun así, antes y también durante este proceso, de cada escuela y de cada instituto surgía —y surgen todos los años— un gran número de estudiantes que acceden a la universidad para posteriormente dar lugar a esas generaciones que decimos son las mejor preparadas de nuestra historia. No debemos olvidar esto. Cuando lo decimos, nos referimos a varios aspectos, todos de extraordinaria relevancia. En primer lugar está la extraordinaria socialización colectiva que se ha producido en nuestro país. Socialización que se

pone de manifiesto en la interrelación de clases sociales que se ha producido, en el acceso masivo a bienes culturales que nos iguala, en la facilidad con la que quienes se han educado en la escuela pública se amigan con los otros sin tener en cuenta su procedencia económica y social, en la educación básica que demuestran los trabajadores manuales en comparación con la de antaño y, esto es muy importante, en la ausencia de conflictividad social, relacionada sin duda con la universalización de la enseñanza y la ausencia de guetos abandonados de población joven. En segundo lugar tenemos el del valor en sí del propio proceso de aprendizaje. Con sus luces y con sus sombras cada año surge una nueva promoción de jóvenes extraordinariamente formados para las exigencias del mercado. Hasta tal punto, que sobran. Si esa formación es «excelente» es cosa de debate, pero su formación para las necesidades del mercado es indudable. Porque el debate sobre la excelencia es ideológico: ¿es excelencia la capacidad crítica hacia el propio sistema?, ¿el libre pensamiento?, ¿la formación en capacidades aun en detrimento de los contenidos? La LOGSE pretendió todo esto y en buena medida lo consiguió. No lo olvidemos. Debido a los problemas que hemos mencionado, es sin duda necesaria una revisión profunda de nuestro modelo educativo, pero la falta de consenso entre las propuestas políticas y la comunidad educativa no parece el escenario idóneo en el que imponer una nueva reforma. Tampoco ayuda el entorno de crisis y de recortes. Quizá sería más útil aprovechar los recursos existentes y optimizarlos, mientras se decide entre todos hacia dónde pueden ir encaminadas las mejoras. La última reforma planteada por el Gobierno del PP supone una vuelta de tuerca más en el cambio conceptual sobre la función de la educación. En definitiva, de lo que se trata es de aplicar los postulados de la Escuela de Chicago a la educación. ¿Para qué debe servir la educación? ¿Cuáles deben ser sus principales objetivos? Hoy todo parece evolucionar hacia el aspecto mercantilista y la educación no iba a ser menos. La pregunta que debemos hacernos es de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa. Esta definición será la que establezca las fórmulas de evaluación. Otro de los grandes problemas es la interpretación y la utilización que se hacen de los datos. Siempre se pueden poner al servicio de reforzar una u otra idea. Debemos pensar la calidad en términos transversales. Más que en una traducción en resultados de excelencia deberíamos hablar de proceso, de aprendizaje en un sentido amplio donde los contextos sociales son fundamentales. No podemos dejar de evaluar y medir el impacto de los contextos socioeconómicos. Educar, la educación, no es simplemente enseñar y memorizar datos y conceptos. La complejidad del proceso de aprendizaje, y la maraña de actores y escenarios en la

que ésta puede producirse, la convierten en uno de los pilares fundamentales de la sociedad, no sólo como base para la construcción ciudadana, sino de intervención y participación democrática. Los valores éticos y la convivencia son aspectos fundamentales del aprendizaje y la educación y los que deben inspirar nuestras políticas. A pesar de los vaivenes políticos, hasta ahora se había mantenido la legitimidad social de la escuela pública como motor de transmisión del conocimiento. La evolución hacia un modelo de escuela como motor de crecimiento económico al servicio de las necesidades del mercado, y no de la sociedad en su conjunto, supone mucho más que una reforma, supone un cambio de paradigma que debemos combatir. Como en otros aspectos de la vida política y social, que pretenden vendernos como irremediables, se trata de elección y voluntad política. Y quienes temíamos que se utilizara la crisis económica como cortina de humo para modificar el modelo con una mínima resistencia de una sociedad demasiado confusa y acrítica, hemos visto cómo se materializaban nuestros peores presagios. Las sucesivas reformas que ha sufrido nuestro sistema educativo han ido avanzando y preparando el escenario para lo que parece una camino irreversible: la privatización.

Hacia un conocimiento al servicio empresarial Algunas claves sobre la LOMCE «Es más rentable invertir en párvulos que en bolsa.» JAMES HECKMAN Premio Nobel de Economía, 2000 Detengámonos en algunos de los puntos más importantes de la reforma, concretando cómo el cambio de modelo va a repercutir en nuestro sistema educativo. Una ley que lamina la igualdad de oportunidades. La nueva visión, en la que la educación se pone al servicio de la economía, establece las exigencias del mercado como línea curricular a desarrollar, y las áreas que no se perciben como contribuyentes a la productividad y creación de capital, como se consideran las humanidades, y en cierta medida también las ciencias sociales, dejan de tener importancia en la asignación de conocimiento en la programación escolar. Ni en la época de los gobiernos de Aznar se atrevieron a tanto, la LOMCE elimina la idea de que la educación es un servicio público para, desde la más

estricta ideología neoliberal, pasa a convertirse en mercancía, sometida a la ley de la oferta y la demanda. En vez de apostar por un modelo Silicon Valley se apuesta por un modelo Eurovegas. Como ya hemos visto que ocurrirá en la sanidad, nos dirigimos hacia una segregación por capacidad adquisitiva y un empeoramiento de las condiciones de accesibilidad y calidad. Se trata de aplicar el sistema de competencia empresarial a las escuelas, bajo la premisa de que la transparencia y las bondades de la competitividad entre escuelas mejorarán el sistema. Esto favorecerá la clasificación y el ranking de los colegios por resultados. Todas las reformas que se han ido sucediendo a lo largo de estos años han ido consolidando algunas líneas estratégicas para facilitar esta transición hacia un modelo educativo mercantilista. El refuerzo de los organismos internacionales ha ido extendiendo una homogeneización educativa pareja al proceso de globalización económica. El descrédito de la función pública y los constantes recortes al sector educativo han ido ahogando al sistema hacia reformas financierodependientes, y preparado un caldo de negocio muy apetecible para los fondos de inversión privada. La estabilidad del sistema educativo se resquebraja, y su sostenibilidad pasará por una necesidad de flexibilidad. La adaptabilidad será un elemento fundamental para la viabilidad del sistema, y el concepto de «emprendedor» y su adaptación al medio económico supondrá el eje fundamental de la nueva educación en valores. Merece la pena detenerse en algunos aspectos de la ley, que nos ayuden a entender en qué se traducirán las reformas y cómo modificarán nuestro sistema educativo tal y como lo conocemos. Evolución de los indicadores de calidad Se establecen sistemas de evaluación estrictos en los que se define lo que debe o no debe ser prioritario, y con una clara tendencia hacia una calidad medida a partir de indicadores de competencia. Los indicadores dejarán de medir la calidad en torno al acceso y la equidad para centrase en cuestiones de costes y recursos humanos. La evaluación se orienta así, más que a habilidades, valores, conocimientos y procesos, a una clasificación de calidad en función del éxito académico y la oportunidad de inserción en el mercado laboral. Se trata de una valoración instrumental, que deja a un lado los valores éticos que deben acompañar al proceso educativo, así como un modelo escolar como búsqueda de la construcción ciudadana y la formación y el desarrollo personal. Otro de los problemas derivados de centrarnos en los procesos de evaluación reduccionista, no de procesos y evaluación continua, es que se centran en hechos

concretos observables y medibles (memorización de contenidos) y no toman en cuenta los procesos más complejos y subjetivos de comprensión y asimilación de conceptos. Lo que se sabe, sin importar cómo se ha aprendido. La calidad no debería medirse sólo en términos cuantitativos de aprendizaje del alumnado. La idea de proceso educativo como desarrollo integral de las personas deja de ser importante. Hay que señalar que es precisamente la acumulación intensiva de contenidos, más que la comprensión de conceptos, lo que es y ha sido el punto fuerte de nuestro sistema educativo. El Informe PISA nos puntúa mal porque lo que mide son capacidades de comprensión y es eso lo que la LOGSE pretendió cambiar. Cambio que no ha terminado de cuajar y que es preciso repensar. No deja de ser curiosa la vuelta al sistema de reválidas que difícilmente evitarán la priorización de una enseñanza memorística. Serán evaluadores externos los que decidan quién pasa las etapas educativas y quién no, y serán quienes decidan finalmente la adaptación de los contenidos. Se pierde el sentido de la evaluación continua y tanto en la educación secundaria obligatoria (ESO) como en el bachillerato los alumnos que no las superen no podrán seguir estudiando. Exámenes vinculantes y excluyentes que van determinando las opciones de desarrollo educativo desde tan temprana edad los hacen peligrosamente aleatorios, ya que pueden limitar el desarrollo y aumentar la segregación, al limitar las oportunidades a momentos y exámenes tan concretos. Evaluación y eficacia gestora Este concepto llevado a norma suprema convierte la evaluación educativa en el sistema por excelencia para la medición sobre principios estadísticos. El aumento de estos métodos de evaluación, que tratarán de definir el grado de eficiencia y mejora, no garantiza una mejor educación. La máxima de esa «racionalidad económica en la enseñanza» de la que todos hablan, y la nueva definición de calidad asociada a la evaluación establecerán una especie de carrera o ranking entre centros educativos y escuelas. La homogeneización de estos sistemas de evaluación por parte de las organizaciones internacionales puede favorecer la aparición de comparaciones desde un mal uso de estas evaluaciones. Los países son como las personas, cada uno cuenta con unas características socioeconómicas y culturales determinadas que hacen imposible que las políticas funcionen de igual manera en un sitio que en otro. Descentralización

Tal y como ésta se plantea supone la generación de clases entre el profesorado, con un cuerpo de directores con gran autonomía, diferencias salariales que provocarán una pérdida de la continuidad, la falta de protocolos compartidos y consensuados, etc. Es decir, dirección gerencial y competencia entre centros. Se refuerza la figura del director, en lugar de reforzar la comunidad educativa y la colaboración profesional. Responde más al perfil de un gerente y administrador, que a la idea de director de centro, con potestad para determinar los criterios de contratación y opacando los procesos hasta ahora públicos y regidos por criterios legales objetivos, consensuados y compartidos por la sociedad y la comunidad educativa. También se reduce la participación y la capacidad de decisión de los padres o de los consejos escolares para decisiones importantes como presupuestos, proyectos educativos o procesos de selección. Ahora no tendrán capacidad de decisión y su función se limitará a «evaluar e informar». El director adquiere cada vez más poder y los mecanismos de control y rendición de cuentas se difuminan. Libre elección de centro El gran poder de la Iglesia católica sobre la escuela privada y concertada en nuestro país hace bastante limitada esta supuesta capacidad de elección. Finalmente, supone más una herramienta eficaz para la segregación por grupos y clases sociales. En este ámbito las escuelas confesionales han tenido un protagonismo especial, y parecen haber logrado establecer cierta tendencia de ver en la escuela de pago una forma de segregación positiva para los hijos e hijas. La asignatura de educación para la ciudadanía se elimina y se vuelve a la materia alternativa a la religión (valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria). Los intereses y presiones de la Iglesia han sido fuertes estos años y parece que ha ganado la batalla. La legislación lleva años tendiendo a favorecer la educación concertada, y ha existido un gran apoyo y presión por parte de la Iglesia católica, que es quien domina el sector de la educación privada y/o concertada en España. Se minimizan los requisitos y sistemas de control para seguir recibiendo fondos públicos, aumentando la financiación a centros que segregan por sexo, generando una disminución de la preeminencia de la escuela pública, oscureciendo los procesos de oposición pública y eliminando la participación de un representante del ayuntamiento en el consejo escolar de lo colegios concertados, entre otras medidas concretas. Actualmente España escolariza al 31,8 por ciento de sus alumnos en la escuela privada, muy por encima de los países de nuestro entorno europeo. Sólo países como Irlanda (58 por ciento), Bulgaria (57 por ciento) o Países Bajos (65 por ciento)

cuentan con cifras similares (o superiores) a las nuestras. Aprendizaje a lo largo de la vida El proceso de aprendizaje, en cuanto infinito, no acaba nunca. Además, las necesidades del mercado laboral al que debe servir van cambiando y hay que ir actualizándose. Los altos costes que esta idea de continuidad formativa suponen deben de ser asumidos por el individuo o por los fondos públicos desviados. Todo el sistema se contamina de este espíritu competitivo, y lo hace desde el primer contacto con la escuela en la fase de primaria. Esta fase educativa es una de las más importantes del proceso de socialización de las personas. Y la primera pregunta que debemos afrontar es si deseamos formar ciudadanos o perfilar ya trabajadores, generando capital humano que sacie las necesidades para el crecimiento económico. Los momentos para la elección de itinerarios hacia perfiles más académicos, tanto universitarios como de formación profesional (FP), se hacen cada vez a una edad más temprana, limitando la evolución del alumnado y ciñendo su desarrollo hacia áreas muy definidas y de profundas consecuencias para la futura inserción en el mercado de trabajo. Formación profesional La FP, como la universidad, se pone también al servicio del mercado y sus necesidades. De esta manera, se configura como bolsa de mano de obra barata, orientada a las necesidades concretas de producción en un modelo de «prácticas formativas», que seguirá precarizando el trabajo e impidiendo el cambio hacia un nuevo modelo productivo. La FP ha ido adquiriendo mayor peso en los últimos años y se ha consolidado como elemento clave para la inserción laboral y la movilidad social. También, en los últimos años, se ha ido logrando darle valor, entendiéndose ésta como una opción formativa razonable para capas de nuestra sociedad que antes huía de ella. Por ello, debemos tener cuidado pues si bien son necesarias reformas que adapten la FP a las necesidades y demandas disparadas por la crisis, en el camino no podemos olvidarnos de los objetivos sociales y económicos de esta oferta y posibilidad formativa, y no debemos ponerla exclusivamente al servicio de las necesidades de grandes empresas productivas que precarizan tanto al profesorado como a los trabajadores en formación.

Universidad e investigación: de catedrales del conocimiento a proveedores de recursos para el mercado «Uno de los defectos de la educación superior moderna es que pone demasiado énfasis en el aprendizaje de ciertas especialidades, y demasiado poco en un ensanchamiento de la mente y el corazón por medio de un análisis imparcial del mundo.» BERTRAND RUSSELL La reforma universitaria se plantea resolver un problema: «El exceso de uniformidad y la escasa diversidad del sistema universitario español, que ni atiende debidamente las necesidades sociales de formación e investigación ni tiene instituciones de prestigio entre las primeras doscientas del mundo». Como el resto de reformas educativas que se han ido sucediendo con los distintos gobiernos, ésta es también bien intencionada y se plantea retos y mejoras deseables. Uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema universitario es que está compuesto por una gran mayoría de profesores que no tienen ninguna o muy escasa vinculación y práctica investigadora. Sumado a una creciente homogeneización de la oferta formativa, a la mala gestión de la contratación y a la enorme burocratización de la vida académica. Como ocurre en otros sectores como la universidad, cuya labor social y necesario diálogo con la ciudadanía es admitido por todos en la teoría, la falta de control externo, transparencia y diálogo social de las instituciones universitarias deja mucho que desear, y se han anquilosado en una cómoda, pero también peligrosa, endogamia, el corporativismo y la autocomplacencia. Toda reforma encaminada a la transparencia de las oposiciones públicas y los procesos de selección del profesorado, a la apertura internacional, a incluir la investigación como requisito indispensable de la vida docente y universitaria, a una mayor colaboración universitaria y una competitividad «deportiva», es deseable. Pero el gran desafío no es definir buenas propuestas, sino lograr que funcionen y establecer los elementos necesarios para hacerlas efectivas, y lograr vencer las resistencias que otros intentos de reforma han sido incapaces de superar. Otra de las cuestiones más preocupantes son las escasas garantías de que las reformas vayan a mantener las condiciones «pública y de calidad» que el modelo actual asegura al mayor número de personas posibles, con niveles mejorables pero mayores de los que se prevén en las reformas en cuestión de igualdad de acceso y gratuidad. Quien quiere y puede pagarse hoy una educación privada puede hacerlo, y

caminamos a que ésta sea la única opción, como ya ocurre en otros lugares. Esto supondrá la generación de nuevos colectivos de endeudamiento: en Reino Unido, dos tercios de los estudiantes universitarios han necesitado endeudarse para pagar sus matrículas. Es el vertiginoso inicio de una nueva burbuja global. De los veinte centros universitarios privados creados en España desde los años noventa, controlados por la Iglesia o el sector empresarial, muy pocos se acercan a los niveles de calidad de la universidad pública, y su aportación a la investigación —labor fundamental de la universidad— es puramente anecdótica. Las universidades parecen perder esa autoridad de catedrales del conocimiento y la investigación para ponerse al servicio de unas empresas y unos mercados con unas necesidades concretas, siempre enfocadas al aumento del beneficio y no del desarrollo de la ciencia y la humanidad. Se pone precio, y alto, al conocimiento para endeudar más a las familias en general y hacerlas dependientes del mercado, y se avanza en la búsqueda de perfiles académicos y líneas de investigación acordes a los intereses de las empresas que estén detrás de cada universidad. Batería de propuestas Gran pacto por la educación que garantice la educación y la investigación más allá de los vaivenes políticos y del Gobierno, con una reelaboración colectiva del mapa universitario. Los planes de estudio, las estrategias y políticas en educación, deben establecerse y consensuar con la comunidad educativa. Los criterios para la gestión de recursos, incentivos y controles de manera estable deben ser independientes de los resultados electorales de turno. Establecer vías de participación ciudadana y de corresponsabilidad e implicación de los docentes, los padres y madres y la comunidad en general. Garantía constitucional de recursos para la educación. Establecer un techo de gasto sobre el PIB, que sea estable, suficiente y ajeno a las políticas de recortes. Según los organismos internacionales, un Estado debe destinar el 6 por ciento del PIB y entre el 15 y el 20 por ciento del gasto público a la educación para alcanzar la media europea. España dedica el 3,9 por ciento del PIB. Establecer un mínimo de gasto del PIB en educación por mandato constitucional. Apostar por la formación del profesorado, basada en un aprendizaje colaborativo y enfocado no sólo a las nuevas tecnologías, sino también a la investigación y la praxis pedagógica. Favorecer la labor investigadora —tanto en pedagogía como en las áreas de conocimiento — de los docentes, ahora reservada para la actividad universitaria y con escasa participación y repercusión. Establecer como requisito y práctica cotidiana la constante formación profesional de los docentes.

Garantizar la estabilidad del personal docente y sus condiciones de trabajo. Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación (por sexo o religión) en los centros concertados que reciben dinero público. Establecer evaluaciones públicas con repercusión en las carreras profesionales. Transparencia en la gestión.

Economía y empleo

Primera parte

Toma de posiciones

Lo venimos diciendo desde el principio: aspiramos al cambio, un cambio en el que el ciudadano participe activamente en los asuntos públicos que le afectan. Pues bien, no es ningún secreto el que vamos a descubrir ahora: la economía nos afecta. Mucho. Por eso nos vemos obligados a señalar al ciudadano y avisarle de que no nos vale eso de «yo de economía no entiendo nada». Lo subrayamos: la economía nos afecta, y nos afecta precisamente porque para nosotros la economía no se limita a una ciencia oscura y complejamente técnica en manos de unos pocos especialistas. La economía es nuestro empleo y el de nuestros hijos, es el modelo productivo de la sociedad a la que aspiramos, es la distribución justa y equitativa de la riqueza disponible, es el condicionante de nuestras relaciones sociales, es nuestro bienestar. Por eso, dentro de una propuesta de regeneración, cambio y transformación nos resulta imprescindible dedicar un bloque temático específico a la dimensión económica, inseparable de la política. La premisa es la misma con la que hemos lanzado este libro: el ciudadano es el protagonista, sujeto activo y referente de toda propuesta que hayamos de formular. Eso es lo mismo que colocar el factor humano en el centro de acción, lo cual de cara a las políticas económicas cobra un significado y un valor especiales, porque hemos asistido durante demasiado tiempo a una deshumanización de la economía que nos ha conducido, como brevemente trataremos de explicar, a muchas de las lamentables consecuencias que estamos padeciendo hoy en día. Estamos convencidos de que una regeneración política desde una perspectiva ética y progresista ha de tomar como referente la dimensión humana y de servicio público, y eso es precisamente lo que la economía debe recuperar.

1 Una función colectiva El ciudadano, protagonista La política económica y las personas Lo tenemos claro, el punto de partida es la necesidad de introducir realmente una regeneración política que incorpore desde sus fundamentos primeros una dimensión ética y una vocación de servicio público que guíen asimismo las líneas de actuación en materia económica. Dicho de otra manera: el factor humano y la búsqueda del bienestar de las personas han de representar el motor de acción de nuestras propuestas económicas, las que a partir de aquí queremos mostrar. En realidad no se trata sino de recuperar la concepción más clásica —y noble — de lo que significa la política económica. Hoy en día estamos padeciendo la visión liberal imperante de la economía, tecnocrática y deshumanizadora, desconectada de la realidad social, política y cultural; una economía que sólo parece entender de rentabilidad y márgenes de beneficios y que quieren hacernos ver como si, metodológicamente, sólo consistiera en números, cual ciencia exacta. Y con ello han supeditado las necesidades humanas a los requerimientos del mercado. Nos estamos olvidando de que desde su propia formulación clásica (y aquí nos sirve igual Adam Smith que Karl Marx) a la política económica se le otorgaba un ineludible componente social, se asumía que en el plano productivo se producen las relaciones entre las personas, que sociedad y economía están estrechamente vinculadas. Buscar soluciones honradas en política económica es buscar soluciones para las personas. Ésa es nuestra aspiración, porque estamos convencidos de que otra economía y otras relaciones sociales son necesarias. Necesarias y posibles, con la participación de todos, formando parte de la solución. Inevitablemente, hemos vuelto al punto de partida.

Nuevos enfoques Felicidad / Igualdad / Bien común A partir de este planteamiento humanizador de la economía, creemos valioso tomar nota de conceptos que se vienen manejando hoy en día, y cada vez más, en el marco de la teoría y el análisis económico. Se trata al fin y al cabo de entrar de lleno en la

razón de ser de nuestro enfoque: aglutinar ideas y propuestas que se transformen en acción, y la acción en solución; reconociendo la disparidad de planteamientos, opiniones, modelos y propuestas para, en última instancia, fomentar el debate e intercambio de ideas y ofrecer las necesarias alternativas que hemos de enfrentar a las políticas neoliberales y conservadoras que, con los desastrosos resultados que saltan a la vista, están imperando hoy en día. Son diversos los calificativos con que se está revistiendo a la economía a la hora de tratar de enfocarla de una manera alternativa y más humanista: felicidad, igualdad, bien común son conceptos que están sobre la mesa y que encajan con nuestra visión. Surgen principalmente de sensibilidades progresistas, pero con apertura de miras, ya que nuestro enfoque sólo puede ser integrador, y nos interesan las aportaciones tanto de economistas vinculados a visiones que van desde posiciones en cualquier caso liberales, como las de Ben Bernanke (actual presidente de la Reserva Federal estadounidense) o Jeffrey Sachs (economista de gran prestigio pero controvertido, experto en crisis económicas y asesor de las Naciones Unidas en la lucha contra la pobreza, entre otras agencias internacionales), hasta las más críticas con el sistema capitalista y sus efectos, como las que se derivan del grupo de economistas de la órbita de Asociación por una Tasa de las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) o de distintos movimientos sociales.

La hora de la felicidad «El capitalismo global plantea muchas amenazas directas a la felicidad.» JEFFREY SACHS Nos parece imprescindible que la investigación económica deje de tener un enfoque tan materialista centrado en el dinero y el precio de las cosas y se preocupe más por el bienestar, la satisfacción vital, la felicidad de las personas. Incluso economistas liberales como Ben Bernanke se posicionan ya en esta línea, pero es seguramente Jeffrey Sachs quien mejor desarrolla esta idea. Sachs es un autor siempre polémico, primero por su activa participación en la imposición de estrictas medidas de austeridad y libre mercado en países en desarrollo (Bolivia, Polonia, Rusia...) como requisito para aliviar sus deudas y como vía para salir de las crisis que padecían (con resultados bastante cuestionables), y después, ya desligado de las políticas que lo encumbraron internacionalmente, por su incesante trabajo en la lucha contra la

pobreza. En el año 2011 Sachs sostenía que había llegado el momento de volver a considerar los motivos básicos de la felicidad en nuestra vida económica y alertaba de que «la búsqueda implacable de mayores ingresos está conduciendo a una desigualdad y a una ansiedad sin precedentes, y no a una mayor felicidad y satisfacción en la vida. El progreso económico es importante y puede mejorar marcadamente la calidad de vida, pero sólo si es un objetivo que se persigue junto con otros». Nos parece un buen planteamiento de partida, y recogemos algunas ideas del propio Sachs al respecto de esta premisa: • El desarrollo económico que alivia la pobreza es un paso vital para fomentar la felicidad. • La felicidad se logra a través de una estrategia equilibrada frente a la vida por parte de los individuos de las sociedades. Como individuos, no somos felices si se nos niegan nuestras necesidades elementales, pero tampoco si la búsqueda de mayores ingresos reemplaza nuestra dedicación a la familia, los amigos, la comunidad, la compasión y el equilibrio interno. Como sociedad, una cosa es organizar las políticas económicas para que los niveles de vida aumenten y otra muy distinta es subordinar todos los valores de la sociedad a la búsqueda de ganancias. • La búsqueda a ultranza de ganancias empresariales sin tener en cuenta los costes que se pueden acarrear pueden provocar grandes desequilibrios. Sin duda, deberíamos respaldar el crecimiento económico y el desarrollo, pero sólo en un contexto más amplio que promueva la sostenibilidad ambiental y los valores de la compasión y la honestidad que se necesitan para generar confianza social. • Para promover la felicidad, debemos identificar los muchos factores más allá del PIB que pueden aumentar o reducir el bienestar de la sociedad. La mayoría de los países invierten para medir el PIB, pero gastan muy poco para identificar las causas de la mala salud, la caída de la confianza social y la degradación ambiental. Una vez que entendamos estos factores, podremos actuar. Pues bien, tomemos la frase final del propio Sachs: «Queremos entender. Debemos actuar».

Economía de la igualdad «El incremento de la desigualdad ha contribuido y sigue contribuyendo a la depresión.»

PAUL KRUGMAN A la hora de diseñar la política económica que deseemos, hay un valor irrenunciable que ha de servirnos de guía siempre: la igualdad. La desigualdad afecta de manera negativa a todos los aspectos de la vida social, y si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y humana debemos combatirla en todas sus manifestaciones. Ésta es una tarea en buena medida de índole económica, porque si la idea de igualdad nos parece, sobre todo, un imperativo moral, también, en términos económicos, colocarla como referente nos parece la mejor manera de que la economía funcione, puesto que una distribución más igualitaria aporta ingresos más repartidos que se destinan a la adquisición de bienes y servicios, favoreciendo los beneficios de las empresas. Parece un esquema simple y obvio, pero a menudo las políticas macroeconómicas parecen servir a otros intereses y se olvidan de esta lógica que nos resulta tan elemental. De hecho, y aunque profundizaremos más en ello en el próximo capítulo, la grave crisis que padecemos actualmente tiene su origen en buena medida en políticas económicas y financieras que han favorecido a unas pocas élites y han hecho bien poco por la mayoría. Las políticas económicas que hayamos de proponer mantendrán siempre en su horizonte la búsqueda de una distribución más igualitaria de las rentas y el bienestar, lo que necesariamente parte del establecimiento de condiciones adecuadas que favorezca la generación de empleo digno, y que habrá de condicionar las actuaciones en materia de gasto público y protección social.

El bien común «Toda actividad económica sirve al bien común.» CHRISTIAN FELBER Se viene hablando mucho en los últimos tiempos de un proyecto económico que implica un nuevo enfoque para el comportamiento empresarial del cual también queremos hacernos eco. Presentada por el economista austríaco Christian Felber, la economía del bien común o del bien público pretende ser una alternativa tanto al capitalismo de mercado como a las economías planificadas (modelos ambos que han demostrado en la práctica considerables injusticias y desigualdades), aspirando a desarrollar una economía sostenible alternativa a los mercados financieros. Nos interesa particularmente este enfoque porque son múltiples los principios

en los que se sustenta coincidentes con la visión del cambio y la regeneración política que queremos propugnar, empezando por el hecho de que se trata de un modelo abierto que debe construirse entre todos sus miembros. Existen asimismo unos principios básicos que, como venimos explicando a lo largo de este texto, es evidente que compartimos dada su visión humanista, tales como la honestidad, la responsabilidad, la cooperación o la solidaridad. Frente al modelo imperante, en el que prevalecen los valores del lucro y la competencia, aquí se trata de considerar la dignidad humana, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con proveedores y clientes... Suena bien, pero... ¿es realmente posible llevar estas ideas a la práctica o se trata de meras formulaciones utópicas? A partir del modelo teórico desarrollado por Felber y sus colaboradores, desde el año 2010 un grupo de empresas viene participando activamente en el cumplimiento voluntario de los requisitos de la economía del bien común. Esto implica de alguna manera un toque de atención y una medida de presión para los responsables políticos. Nos sentimos necesariamente aludidos porque creemos que, más allá de las responsabilidades adquiridas por las empresas, desde los poderes públicos debemos asumir tales principios y facilitar y apoyar legislativamente este tipo de comportamientos.

Sin exclusiones Derechos económicos / Lucha contra la pobreza

Como consecuencia de todo lo anterior, en una economía humana resulta ineludible la toma en consideración de los llamados derechos económicos, que no representan sino la exigencia moral de la población de vivir con dignidad. Existe una amplia demanda de protección desde las Naciones Unidas a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y son derechos tan presentes en los temas de debate del presente libro como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y los derechos laborales, o los derechos culturales. No sorprende que, en consecuencia, el concepto de derechos económicos se erija en una guía fundamental para el desarrollo del presente bloque económico. Además, de los derechos económicos surge una exigencia ética y económica de primer orden como es la lucha contra la pobreza, una realidad global, alarmante en muchos países, y cada vez más presente en nuestra propia sociedad como consecuencia de la crisis. Podemos afirmar que la pobreza es en realidad la peor crisis de derechos humanos del mundo. Ningún modelo de política económica puede dejar de lado este drama y no ofrecer propuestas para paliarlo.

En este sentido, en el Plan para Reactivar la Economía que el PSOE presentó a principios del año 2013 se incluye un eje de actuación específicamente dirigido a la «lucha contra la pobreza y la exclusión social» que proponía la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza que beneficiaría a cientos de miles de familias españolas y supondría la creación o mantenimiento de decenas de miles de empleos. Estas directrices de actuación en contra de la pobreza a nosotros nos parecen no sólo completamente adecuadas, sino también exigibles. Pero queremos ir todavía más allá. Creemos que hay que exigir responsabilidades con respecto a la generación de pobreza tanto a los agentes estatales (los gobiernos) como no estatales (los actores económicos privados). La pobreza no es un mal inevitable cuando otros muchos viven en la abundancia, por lo que la existencia de privaciones no se debe únicamente a la escasez de recursos, también tiene su origen en la avaricia, la corrupción, la negligencia y la falta de voluntad política por combatirla. No es aceptable que la riqueza de unos se construya a partir de la miseria de otros. Por eso nos parece necesario un análisis de las causas de la pobreza en clave de derechos económicos, y por tanto, humanos. Esto consiste en convertir las necesidades humanas en derechos exigibles cuya garantía sea de obligado cumplimiento para los Estados. Y, por supuesto, quienes causan pobreza por el beneficio propio deberán enfrentarse a la justicia por los abusos cometidos. Ésta es una transparente demanda por parte de la población, desengañada a menudo y con la percepción de que los más ricos y poderosos cuentan con total impunidad, mientras los más pobres pagan los platos rotos. Creemos que esta firmeza es imprescindible en un proyecto de regeneración que quiera recuperar la confianza del ciudadano, y asimismo, nos parece un límite ético fundamental en la formulación de propuestas de carácter económico. Batería de propuestas Recuperación de la concepción clásica de lo que significa la política económica: reconocer que la dimensión económica interactúa con la política y posee un ineludible componente social frente a la imperante visión neoclásica, tecnocrática y deshumanizada. Otra economía y otras relaciones sociales son posibles y necesarias. Asunción de deberes y responsabilidades con respecto a la pobreza por parte de agentes estatales y no estatales. Identificar los actores responsables en la generación de la pobreza. Fortalecimiento de los mecanismos exigibles ante las autoridades o instancias competentes. Derecho al recurso judicial que permita recibir indemnizaciones y reparaciones.

Rendición de cuentas de las decisiones de los gobiernos y otros agentes no estatales, como el sector económico privado. Empoderamiento de las personas que viven en la pobreza e igualdad en su acceso a los derechos y la justicia. Creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza. Concesión de competencias ejecutivas a las Naciones Unidas para la adopción de medidas en materia económica bajo la guía de los Derechos Humanos y Derechos Económicos. Exigencia de cumplimiento de los países del G-8 en materia de ayudas para combatir hambrunas o consecuencias de desastres naturales.

2 Labor crítica A vueltas con la crisis Causas y efectos / Errores, mitos y falsedades / Alternativas progresistas / Del corto plazo: necesidad de respuestas inmediatas... /... al largo plazo: viabilidad y sostenibilidad Nada ha llevado a la economía a ocupar más los temas de conversación en los últimos tiempos que la famosa crisis que estamos atravesando. Lógicamente aquí tampoco podemos eludir esta cuestión, porque representa el principal condicionante de toda política y propuesta que hagamos, y porque asimismo en ella encontramos el origen de buena parte de los problemas que nos afligen, y a los que debemos buscar soluciones. De todas maneras, como venimos diciendo, el cometido del presente texto es fomentar el intercambio de ideas y propuestas, por lo que no creemos que sea el lugar para un sesudo análisis técnico de la crisis y la recesión económicas. Al fin y al cabo, se viene publicando en los últimos tiempos una amplísima y valiosa literatura al respecto de tales cuestiones. Pero nos resulta necesario, por clarificador, hacer un rápido repaso a las causas que han dado lugar a dicha crisis (a nivel mundial y, particularmente, en España), así como subrayar los efectos que conlleva, porque lógicamente ello condiciona nuestras propuestas. Como no podía ser de otro modo, nuestra posición es la de una mirada crítica y progresista que desmonte mitos, errores y falacias en los que viene incurriendo la ideología neoliberal dominante a la hora de explicar la crisis y, sobre todo, de interpretarla para aportar sus propias medidas correctoras. Ya anticipábamos desde el primer capítulo de este libro, a la hora de identificar los retos a los que nos enfrentamos, algunas voces críticas al capitalismo financiero imperante. Para nosotros, este análisis crítico nos lleva inexorablemente a una conclusión: no podemos confiar en los ajustes de los mercados a largo plazo porque el coste social resultaría demasiado alto; necesitamos actuar inmediatamente y ofrecer ya mismo alternativas económicas viables y sostenibles, por supuesto bajo los criterios humanistas planteados de partida de bienestar, igualdad y bien común.

El camino a la perdición

«La banca puede y hace muchísimo más dinero comprando deuda pública a unos intereses desorbitados, que ofreciendo crédito.» VICENÇ NAVARRO A estas alturas la mayor parte de la población es ya consciente de que la actual crisis parte de 1) una debacle financiera que se convierte en 2) una crisis de crédito, para terminar constituyendo finalmente 3) una crisis económica global. Un triste itinerario que queremos explicar sintéticamente porque nos va a dar muchas pistas para las actuaciones que hayamos de emprender a la hora de buscar soluciones. Lo primero: se produjo una debacle financiera debido a toda una serie de prácticas especulativas sin control favorecidas por unos mercados financieros cada vez más desregularizados hechos al gusto de los intereses de los grandes capitales. Así, particularmente la banca estadounidense distribuyó por todo el sistema financiero internacional productos derivados de contratos hipotecarios que vendían como inversiones de alta rentabilidad y que resultaron ser esos famosos activos tóxicos que provocaron la quiebra de bancos e inversores. Segundo, y consecuencia de lo anterior, se produce una crisis de crédito: ante la debacle financiera que se viene produciendo, los bancos dejan inmediatamente de conceder crédito a consumidores y empresas, agentes reales de la economía productiva y que necesitan de esa financiación para mantener la actividad económica. Por último, si no fluye el crédito y no hay financiación para la economía productiva real, ésta entra en depresión: se reducen los ingresos, desciende el consumo, las empresas cierran, se pierden puestos de trabajo, se reduce la recaudación a la vez que se dispara el gasto de los gobiernos (en buena medida para salvar a los propios bancos) y se multiplica el déficit público. La crisis económica global es una dura realidad.

¿«Spain is different»? Para nuestra desgracia, la economía en España ofrecía unas singularidades que la hacían especialmente más vulnerable a esta situación de crisis económica global. La principal particularidad española radica en su tejido productivo y en el modelo de crecimiento que ha seguido la economía nacional en las últimas décadas, basado casi completamente en el sector de la construcción, amparado por el crédito fácil, y que provocó una impresionante burbuja inmobiliaria; un crecimiento que no

se aprovechó para mejorar coherentemente y modernizar nuestras industrias y que no contrarrestó nuestro débil equilibrio exterior, dependiente casi en su totalidad del sector turístico. En ese contexto, el sistema financiero, también particularmente privilegiado en nuestro país, recurrió al endeudamiento a través de capital extranjero (especialmente alemán) para poder prestar a sujetos económicos dependientes de una actividad tan ficticia como la que representaba la burbuja inmobiliaria. Mientras ésta se mantuviera, y aunque las asimetrías comerciales con otros países europeos se iban acentuando, el dinero seguía fluyendo. Pero llegó la crisis financiera mundial y estalló nuestra burbuja, una combinación letal que dejó a la banca española temblando, completamente endeudada y a merced del capital financiero alemán e internacional; el freno a la financiación de la economía productiva fue todavía más grave que en otros países, el consumo y la inversión cayeron, las empresas no encontraban la forma de generar nuevos beneficios y, en última instancia, se produjo una caída del empleo mucho más terrible que en el resto del mundo. Y ahí reside nuestro mayor drama. Y por eso debe ser nuestra gran prioridad.

Secretos y mentiras «Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia.» JOHN KEYNES Hemos explicado rápidamente QUÉ ocurrió, pero lo realmente importante es identificar POR QUÉ ocurrió: cuáles son las causas reales de que hayamos llegado al punto en el que nos encontramos, y no sólo las más visibles, también las más profundas o estructurales. Sólo desde esa comprensión seremos capaces de aportar las soluciones adecuadas. Sabemos que se inundaron los mercados financieros de activos tóxicos, que la banca internacional llegó a una situación de apalancamiento que la condujo a reducir el crédito y que ello ha redundado en una depresión de la economía real que ha provocado graves déficits públicos, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. Pero ¿cómo se ha permitido que suceda todo eso? En este punto, nosotros estamos convencidos de que las causas más profundas de la crisis parten de una manera radicalmente liberal de concebir la economía capitalista que ha imperado en los últimos tiempos, esa que propugna el lucro sin restricciones demonizando el intervencionismo estatal, pero que se olvida de que la finalidad de la misma debe

ser el bienestar humano. Bajo la visión neoliberal imperante y prácticamente hegemónica en Occidente desde los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher se ha ido provocando un descenso continuado en las rentas del trabajo y la disminución de la protección social, todo lo cual redunda en pérdida de poder adquisitivo en la población y un mayor recurso al endeudamiento privado. En la Unión Europea se intensificó con la implantación del euro, que provocaría una falta de demanda que, nuevamente, se resolvería con el recurso al crédito y con el hecho de que las rentas se orientaran en mayor medida a la economía especulativa que a la productiva. Como acompañamiento y apoyo a esta mentalidad especuladora, los mercados financieros se han venido desregularizando alarmantemente, relajándose la supervisión de productos financieros y de inversión cada más complejos, sofisticados y oscuros, de manera que hoy por hoy existe casi plena libertad de movimientos de los capitales y se puede hacer casi cualquier cosa en los mercados financieros sin apenas control. Por supuesto, los beneficios posibles a obtener son enormes, precisamente porque el riesgo los favorece, y los bancos decidieron dejar de dedicarse a financiar preferentemente la economía productiva para dedicarse a negocios de fondos de inversión y cobro de comisiones, y con todo ello la economía quedó pendiente de operaciones sumamente volátiles e inestables. Unos pocos se enriquecieron mucho mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos, que apenas participamos de ello, lo pagamos. ¿Cómo ha sido posible eso? Porque el capitalismo sin restricciones actual ha desnaturalizado la economía y ha dejado de estar al servicio de la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas para convertirse en una fuente de lucro privado y poder. El esquema descrito no deja de obedecer a las máximas de los neoliberales y exegetas del libre mercado más acérrimos que han impuesto en los últimos tiempos de manera hegemónica su visión basada en los «sagrados» valores de la privatización, la desregulación y el recorte del gasto social. A nivel macroeconómico demonizan la intervención estatal y el déficit público, hacen de la lucha contra la inflación su cruzada, y abogan por la receta de la austeridad como manera de salir de las situaciones de crisis, con lo que los más desfavorecidos terminan pagando las consecuencias provocadas precisamente por quienes más se han beneficiado y se seguirán beneficiando mientras no se apliquen políticas alternativas. Se trata de una estrategia económica, política y, diríamos, cultural, que fomenta el lucro, el individualismo y la desmovilización ciudadana en una población temerosa ante la precariedad reinante. Contra eso precisamente venimos a luchar aquí.

Ayer, hoy y mañana La visión neoliberal confía en que con sus recetas de austeridad se terminará saliendo de la crisis a largo plazo, y que a partir del beneficio privado de unas élites, el bienestar terminará filtrándose a toda la sociedad, por lo que siguen propugnando la nula intervención pública, el debilitamiento de la clase trabajadora y, en última instancia, el desmantelamiento de nuestro sistema de bienestar. Pero no es verdad. Lo que estamos consiguiendo es precisamente perder ese futuro por el alto precio que estamos pagando y por el panorama al que se enfrentan nuestros jóvenes. Fijar la mirada en el largo plazo es asumir un sufrimiento presente que no tenemos por qué asumir, porque efectivamente existen alternativas. Necesitamos respuestas urgentes, hoy mismo, inmediatas, y estamos convencidos de que entre todos las podemos encontrar. Por eso necesitamos aprender de nuestros aciertos y errores del pasado, sin falacias, sin tramposos sesgos ideológicos que responden a intereses privados. Aprendizaje, intercambio de ideas, debate y soluciones. Ése es nuestro camino.

Aprendizaje continuo y nuevas ideas Lecciones de historia pasada... / ...y modelos de actuación presentes. / Participación de la sociedad civil Para dar respuestas a la crisis económica actual creemos que contamos con el conocimiento, el talento y los recursos necesarios; debemos saber utilizarlos. Por eso, aunque atravesamos una situación muy especial, nos resulta muy ilustrador aprovechar el aprendizaje que reportan experiencias pasadas con puntos en común a lo que ahora está ocurriendo, y también clarificadoras de por qué está pasando lo que está pasando. Algunos ejemplos: la Gran Depresión, el caso de la crisis de los países latinoamericanos en los años ochenta, la crisis de deuda japonesa, la reciente Ley de Reconstrucción y Recuperación de la administración Obama, etc. Y por supuesto no podemos dejar de aprovechar la sabiduría de otros que, antes que nosotros, han aportado luz y soluciones a los problemas económicos, grandes economistas y pensadores, del pasado y del presente. Es especialmente aquí donde aludimos, con ánimo integrador y positivo, a toda una serie de referentes intelectuales y modelos políticos como guía para la formulación a nivel económico del «socialismo del siglo XXI» que queremos proponer en este libro.

Un poquito de historia

«El nuevo pensamiento económico significa leer libros viejos.» MARK THOMA El primer referente que nos viene a la cabeza es la anterior gran crisis económica mundial, la llamada Gran Depresión posterior al crac de 1929. No tenemos espacio para realizar profundos recorridos y análisis históricos, pero de este caso extraemos lecciones que no debemos olvidar. Cuando el capitalismo parecía haber quebrado, las teorías económicas de John Maynard Keynes apostando por cierta intervención económica por parte del Estado para corregir desigualdades e injusticias representaron una eficaz tabla de salvación para la economía de mercado y permitieron construir el Estado del Bienestar que representa todavía para nosotros, más de medio siglo después, nuestro marco de actuación irrenunciable. Se había demostrado que un capitalismo sin restricciones que sólo atendía al beneficio privado podría traer desastrosas consecuencias para la economía y, por extensión, para la población; que el intervencionismo estatal para corregir injusticias era no sólo moralmente exigible, también económicamente rentable; que el gasto público servía de impulso al crecimiento; que la regulación financiera es necesaria para evitar abusos; que la combinación de herramientas monetarias y fiscales debe hacerse al servicio de los intereses productivos, y que la protección social como parte de una política económica conduce a sociedades más sanas, justas e igualitarias. Esa filosofía imperó en Occidente durante décadas y pareció funcionar bien para el conjunto de las sociedades permitiendo crear los modernos Estados del Bienestar. Sin embargo, había teóricos insatisfechos que seguían entregados a la idea de que la clave de la prosperidad está en los mercados sin restricciones y la búsqueda sin trabas del beneficio económico y personal. Los neoliberales o neoconservadores se fueron abriendo paso especialmente a partir de los años setenta y ochenta del pasado siglo, primero aplicando sus recetas en países en desarrollo de Latinoamérica o Asia (a menudo bajo la tutela de regímenes dictatoriales y represivos —el Chile de Pinochet es el paradigma—) provocando tremendos costes sociales pero también beneficios desorbitados para unos pocos. Distintos factores históricos terminaron facilitando la imposición de esa mentalidad a nivel global, también en los Estados democráticos en los que hasta ese momento el intervencionismo estatal, la protección social y el Estado del Bienestar no eran cuestionados. La influencia de las grandes corporaciones, el fuerte giro a la derecha en las políticas económicas de Estados Unidos durante el mandato de

Reagan y de Thatcher en el Reino Unido, la colocación de economistas defensores de este nuevo conservadurismo económico en instituciones financieras internacionales, la caída del muro de Berlín, la incorporación a la economía de mercado de países de economías planificadas o la situación de colapso económico de anteriores regímenes autoritarios crearon un contexto propicio para la implantación de las recetas neoliberales que terminaron imponiéndose y facilitando este capitalismo financiero y especulativo que nos ha llevado de nuevo a una gravísima crisis económica global. Pero esta idea de capitalismo tiene la gran facultad de autoimponerse, porque toda desviación de la ortodoxia neoliberal es castigada por los «mercados», es decir, los grandes capitales, que apuestan y especulan contra los infractores, transmitiendo desconfianza y profundizando en las crisis de deuda. Por eso, a pesar de ser los causantes de la debacle financiera que hemos vivido, sus defensores aprovechan las propias crisis que provocan para seguir apostando por sus recetas de austeridad, privatizaciones y desregulación como vías para aliviar los graves problemas de deuda que atraviesan los países, pero que en realidad, tal y como se viene demostrando, traen consigo, una vez más, grandes oportunidades de negocio para unos pocos, pero enormes costes sociales para la mayoría en forma de desempleo y pérdida de servicios públicos. Aquí debemos mostrarnos firmes: nos oponemos rotundamente a las recetas de una derecha que se olvida completamente del ciudadano. Existen alternativas y múltiples ideas distintas están en el debate público. Vamos a aprovecharlas.

Bombardeo de ideas «Esta crisis es una oportunidad extraordinaria para arreglar todo lo que hemos hecho mal y para un nuevo proceso que lleve a la creación de un nuevo sistema económico internacional.» LULA DA SILVA Vamos a citar algunos de nuestros referentes a la hora de desarrollar nuestras propuestas económicas. De manera explícita o implícita, a todos ellos acudiremos en los próximos capítulos a la hora de aportar propuestas y buscar soluciones. Como decíamos antes, creemos que el socialismo del siglo XXI debe construirse mirando hacia adelante pero teniendo en cuenta lo que tenemos detrás, es decir, aprovechando el conocimiento pasado, por lo que desde nuestra visión

socialdemócrata seguimos creyendo que una base fundamental, en la que sustentamos nuestra defensa del Estado del Bienestar, la representa la teoría económica keynesiana, siempre un referente válido para quienes creemos en la necesidad de cierta intervención económica por parte del Estado para corregir desigualdades e injusticias, y cuya aplicación ha demostrado históricamente los mejores resultados a la hora de afrontar situaciones de depresión. Tenemos en cuenta también a una serie de economistas norteamericanos procedentes del keynesianismo más progresista, alguno reciente como John Kenneth Galbraith, por su enfoque netamente social y no tan tecnócrata de la política económica, y otros contemporáneos como Paul Krugman, Joseph Stieglitz o Christina Romer, todos ellos muy críticos con la ortodoxia neoliberal hoy imperante y capaces de aportar muy fundamentados modelos económicos orientados a políticas intervencionistas y expansivas. Puesto que nuestro objetivo es primordialmente político, nos interesan mucho más las políticas reales que los modelos numéricos o econométricos. Por eso atendemos también a modelos políticos de los países de nuestro entorno, queremos aprender de los aciertos, y también errores, de las interesantes terceras vías emprendidas por ejemplo por el laborismo británico o el modelo brasileño de Lula da Silva. Por supuesto también observamos nuestro entorno más cercano; debemos contar con la socialdemocracia europea y el conjunto de los distintos partidos europeos de izquierda, con sus puntos de encuentro y sus diferencias: son nuestros imprescindibles compañeros de viaje. Todo ello siguiendo atenta y permanentemente las propuestas y análisis surgidos de think tanks o laboratorios de ideas con enfoques progresistas y de izquierdas, tanto nacionales como internacionales. Citamos algunos: ATTAC, The Institute for New Economic Thinking, Canadian Centre for Policy Alternatives, Fundación Alternativas, Nuevo Socialismo 3.0., blogs como el Economist’s View de Mark Thoma, etcétera. Y por último, pero en absoluto menos importante, constituyendo de hecho un elemento nuclear de nuestro enfoque, tenemos muy en cuenta a una sociedad civil bien formada y a los distintos movimientos sociales, cada vez más activos y justificadamente críticos con la clase política, a los que asimismo demandamos su participación e implicación en el cambio. En esa línea nació la plataforma que hemos impulsado: «Forma parte de la solución».

Crecimiento y empleo como argumento Economía real: ¿qué necesitamos cambiar?

A partir del proceso de aprendizaje emprendido y del intercambio de ideas permanente, aspiramos a ofrecer un modelo de directrices económicas que han de guiar desde nuestro punto de vista el socialismo del siglo XXI. Y la primera conclusión de nuestro diagnóstico, el punto de partida a partir del cual desarrollar nuestras directrices y propuestas, es que el objetivo primordial son el crecimiento y el empleo, y para ello es absolutamente necesario un cambio en la política económica actual, tanto a nivel de España como de la Unión Europea. Nos parece especialmente afortunado lo enunciado en el Plan de Reactivación Económica del PSOE, porque del mismo se pueden extraer las líneas maestras que han de guiar una nueva actuación en materia económica: «Un cambio en la política económica, tanto en la de la Unión Europea como en la de nuestro país. Un cambio que, en lo que se refiere a Europa, debe afectar a la orientación general de la política hasta ahora desarrollada, que debe introducir con claridad medidas para estimular el crecimiento, y al ritmo de aplicación de las reformas institucionales pendientes en la zona euro. Un cambio que en España debería concretarse en la puesta en marcha de medidas que faciliten el crédito al sector privado, de estímulos selectivos a corto plazo para reactivar la economía y la creación de empleo, y en reformas orientadas a conseguir una economía más competitiva, basada en el conocimiento y la innovación, y con más peso de nuestras exportaciones.» Así pues, es momento de diseñar un plan económico para generar políticas creativas de estímulo a la economía, medidas que favorezcan efectivamente la creación de empleo digno. Esto implica diversas líneas de actuación, comenzando por las más inmediatas relativas a la cuestión nuclear, la creación de empleo, con normas que faciliten la contratación y no el despido, y con especial atención a los jóvenes. Para el estímulo de la economía y la creación de empleo —muchos economistas como el premio Nobel Paul Krugman lo vienen demandando y sustentando con múltiples datos— el camino es la intervención estatal que se sirva del gasto público para fomentar la demanda. Por eso es fundamental en nuestro país un acuerdo fiscal justo que no recaiga siempre en los mismos, que las políticas de austeridad no las sufran los más desfavorecidos, y que hemos de entender la austeridad como una manera de racionalización del gasto, pero no de supresión de servicios públicos fundamentales para nuestro bienestar. Es buen momento para recordar algunas ideas que barajábamos desde el primer capítulo de este libro, cuando establecíamos los retos presentes a los que nos enfrentamos y que dejaban claros nuestros posicionamientos en materia de política económica: decíamos ya entonces que la función intervencionista del Estado no es

precisamente cara, y que contaría con un enorme apoyo de la sociedad, por lo que debemos volver a concebir el gasto público como la mejor fórmula para generar el desarrollo social. Y subrayaremos una de aquellas premisas que lanzábamos: no debemos caer en el engaño y la estafa de que los problemas de financiación del Estado del Bienestar vienen derivados de su insostenibilidad económica, cuando son la pusilanimidad política y el fraude los verdaderos responsables de sus deficiencias. Somos asimismo conscientes de la imperiosa necesidad de que fluya el crédito a las empresas, los autónomos y los emprendedores, y de que el control del sistema bancario es básico para evitar las cláusulas abusivas, las informaciones a medias y la usura. Hay que contar con un plan de desarrollo de inversiones productivas con un control del gasto en aquellos campos que no reviertan directamente en los ciudadanos. Las marcas de la línea de salida están trazadas. Comienza la carrera. El diagnóstico al que hemos llegado nos ha aportado unas vías de actuación que iremos desarrollando en los siguientes capítulos. Es el momento de bajar ya al terreno de juego, a la economía real, abandonar las teorías y los discursos, dar soluciones y emprender los cambios necesarios. Vamos allá. Nuestras líneas maestras de actuación económica Introducción de medidas para estimular el crecimiento. Estímulos selectivos a corto plazo para reactivar la economía y la creación de empleo. Acometimiento de reformas institucionales todavía pendientes en la zona euro. Medidas que faciliten el crédito al sector privado. Cambios en nuestro modelo productivo. Reformas orientadas a conseguir una economía más competitiva, basada en el conocimiento y la innovación, y con más peso de nuestras exportaciones. Mayor regulación financiera. Socorro hipotecario y una política de vivienda justa y humana.

Segunda parte

El escenario

Toda actuación se adscribe necesariamente a un contexto, a un marco que la determina decisivamente. Para nosotros, el escenario de actuación económica viene dado por diferentes niveles agregados, partiendo de las particularidades nacionales del tejido productivo y empresarial, del que disponemos y al que aspiramos; ascendiendo al nivel internacional que viene determinado en primer lugar por esa pertenencia a la Unión Europea que tanto nos condiciona, y más allá, por la patente realidad de que nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, y todo ello cruzado transversalmente bajo el marco irrenunciable de formar parte de un modelo de Estado del Bienestar que no estamos dispuestos a sacrificar. Estos escenarios que abordamos a continuación nos proporcionarán las primeras directrices y medidas concretas de actuación económica a emprender.

3 Una obra que reconstruir Dentro del marco de actuación que determina toda propuesta económica, resulta imprescindible una detenida observación del tejido productivo existente: cómo ha determinado el crecimiento pasado y cómo condiciona el crecimiento futuro. En este capítulo abordamos esta cuestión desde el convencimiento de que nuestro modelo, tal y como ya anticipábamos en las breves explicaciones que dábamos sobre el origen de nuestra crisis económica, basado en el ladrillo y sustentado sobre una burbuja inmobiliaria, ha dado lugar a un proceso de desindustrialización y desintensificación tecnológica que se traduce en una estructura productiva absolutamente precaria. Urgen, en consecuencia, nuevos modelos de producción y consumo basados en el fomento de nuevas actividades económicas. Para ello será imprescindible también el apoyo al desarrollo empresarial y el emprendimiento, siempre bajo una perspectiva de responsabilidad corporativa y medioambiental. Finalmente, no podemos seguir dejando de lado el enorme potencial que la tecnología y la innovación ofrecen en este terreno. Pero vayamos poco a poco...

Adiós al ladrillo Producción y consumo / Promoción del mercado doméstico / Fomento de nuevas actividades económicas Ya lo anticipábamos brevemente cuando observábamos las causas de nuestra crisis económica, e insistimos en ello: es importante repasar un poco de historia. En este caso, para desentrañar las claves de nuestro crecimiento económico pasado, que es lo mismo que comprender lo que ha significado que éste se sustentara de manera tan predominante sobre el sector de la construcción, y de cómo se ha permitido una burbuja inmobiliaria que es en buena medida responsable de la gravedad de la situación que padecemos actualmente.

Castillos de ladrillo, castillos de naipes Esa burbuja inmobiliaria que padecimos pudo encontrar su origen en motivos demográficos o sociales, así como en la entrada de España en la Unión Europea, pero su transformación en el mastodonte que llegó a ser vino en buena medida

desencadenada por desafortunadas políticas públicas, como aquella demencial Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar de la que todavía sus responsables hablan excelencias, o la fijación de bajos tipos de interés desde Europa para favorecer el crédito fácil y barato. Se produjo así lo que sin pudor podemos describir (y así se hace efectivamente en la calle) como «el enladrillamiento del país», un fenómeno de naturaleza especulativa que nos convirtió en una economía completamente dependiente del sector de la construcción como motor de crecimiento, siendo éste un sector que además ofrece una enorme capacidad de arrastre de otras actividades. Hay que recordar que hubo un momento en España que se construían más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Por eso, cuando la burbuja pincha, el efecto se extiende a toda nuestra economía, que se derrumba como un castillo de naipes sepultando miles de puestos de trabajo. Nuestro país pasó de crear millones de puestos de trabajo en los primeros años de este siglo (el milagro español..., pero los milagros no existen) a ser líder absoluto en la destrucción de empleo tras la explosión de la crisis. A lo que hay que añadir los graves efectos sobre el sector financiero, particularmente sensible tanto por la morosidad que provoca la pérdida de riqueza de las empresas y de los particulares hipotecados, como por el hecho de que los bancos se convierten en los principales propietarios de unos activos, las viviendas, en vertiginoso proceso de devaluación. Si además estos bancos se habían dedicado a especular con opacos productos financieros vinculados al crédito hipotecario, la ruina es ya completa. ¿No le quedaban al «milagro español» alternativas de escape? Pues ahí está nuestro grave problema de fondo. Otra particularidad del sector de la construcción, como del sector turístico —nuestra otra tabla salvavidas especialmente de cara al equilibrio exterior—, es que se trata de un sector intensivo en mano de obra, con muy poca innovación, y de escaso valor añadido. Y ésa es la verdadera naturaleza de nuestro tejido productivo, que fue sometido a un proceso de desindustrialización y desintensificación tecnológica porque no se invirtió eficientemente en una modernización industrial ni se apostó de manera decidida por la investigación o la innovación, los verdaderos terrenos que aportan las claves de la competitividad y la vía para salir de la crisis y del enorme lío en el que estamos metidos.

Mirarnos a nosotros mismos Así pues, queda patente que necesitamos la potenciación de nuevas actividades económicas para nuestro tejido productivo. Hay además una exigencia añadida que debe ser tenida en cuenta: la potenciación de nuevas actividades económicas se deriva también de la necesidad de promoción del mercado interno y la economía

doméstica, terrenos imprescindibles de abonar si lo que queremos es que España salga de la crisis económica en la que se encuentra inmersa. Mal andaremos si no somos capaces de defender nuestro propio mercado, si permitimos que nuestra propia riqueza, material y humana, se nos escape de las manos y redunde en beneficios que se escapan más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y desregulaciones, con su falta de atención al gasto social, y bajo la coartada de una globalización que lo es sólo de los grandes capitales, o de una competitividad basada exclusivamente en la reducción de los costes salariales, atendiendo a la exportación barata y no al consumo propio, es precisamente lo que favorecen. Estas dinámicas neoliberales imperantes en Europa operan bajo la lógica de que las economías nacionales deben ser competitivas en el exterior, a costa del deterioro de la demanda interna y del empobrecimiento local generalizado. Con relación a esto, España tiene hoy en día sus principales recursos capaces de generar ingresos bajo el dominio de intereses foráneos fruto de las privatizaciones llevadas a cabo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que una economía sólo puede ser competitiva de manera sostenida si primero consolida su propio mercado interno. Eso exige, económicamente, seguir apostando por el gasto público como manera de estimular la demanda doméstica, y políticamente, por la participación ciudadana en la resolución de las cuestiones que les atañen directamente. Por eso también creemos que hay que dar prioridad a la producción local y de proximidad, lo cual a su vez nos demanda nuevos patrones de producción, pero también de consumo, más responsables, sostenibles y ecológicos. Es una labor que tiene mucho de pedagógico. Todos los partidos políticos parecen de acuerdo en señalar la necesidad del cambio de nuestro modelo productivo, pero para los conservadores —y a la vista están sus políticas tecnológicas, educativas o culturales y su percepción del gasto social— parece que eso sólo significa volcarse en el exterior reduciendo nuestros salarios. Para nosotros, se trata de que éste es un buen momento para concentrarse en nosotros mismos. Por supuesto, no se trata de aislacionismo, y es todo lo contrario a la insolidaridad: consiste sencillamente en anteponer la satisfacción de la población española y el equilibrio territorial, sectorial y personal a los criterios puramente monetaristas. Sin duda, ésta nos parece la manera más digna de patriotismo.

Hora de modernizarse Con la guía de nuevos patrones de producción y consumo, y con la atención que merece nuestro mercado doméstico, urge ya apostar por un nuevo modelo

productivo, puesto que resulta más que evidente que España no va a recuperar los niveles de crecimiento y empleo basándose de nuevo en actividades vinculadas a la construcción, así como que la baza del turismo resulta claramente insuficiente. Es momento de citar nuevamente el Plan de Reactivación Económica del PSOE, en el que se explicita muy claramente esta línea de actuación, señalando el hecho evidente de que «España tiene que modernizar su economía, favoreciendo un modelo productivo más sostenible, competitivo y avanzado». En este sentido, consideramos valioso seguir profundizando de manera decidida y audaz en aspectos ya incorporados en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible (LES) generada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que lamentablemente el advenimiento de la crisis financiera no permitió desarrollar al anterior Gobierno: «Situar a la economía española sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social». Volviendo a las propuestas del PSOE, de cara a este objetivo se marcan como directrices la mejora de las instituciones económicas, un nuevo diseño de la política industrial y una renovación del tejido empresarial, donde tengan más peso las actividades de mayor valor añadido, más innovadoras y de mayor contenido tecnológico, aquellas que incorporen más conocimiento y resulten más sostenibles. Desde luego, está claro que necesitamos orientar nuestros recursos al desarrollo de actividades capaces de generar mayor valor añadido. En realidad, la identificación de estas actividades no es tan complicada: estaríamos hablando del refuerzo de los sectores de sanidad e investigación biomédica, del sector agroalimentario, de los sectores y empresas con mayor potencialidad exportadora y relacionados con las nuevas tecnologías y el cambio de modelo energético (energías renovables, ecoindustrias, tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología), de las industrias culturales y de los servicios sociales y de atención directa a las personas, aquellos que incorporan un componente más humano y cercano de conocimiento, habilidades personales y formación. Claro que, por mucho que la identificación de los nichos de empleo resulte nítida, admitimos que el cambio de modelo no es nada sencillo. Como decíamos antes, tiene mucho de tarea pedagógica, no meramente de puesta en marcha de medidas de estímulo económico, y su desarrollo alcanza una dimensión integral que afecta a sujetos muy diversos. Son imprescindibles múltiples recursos, tanto financieros como humanos, e incentivos para ponerlas en marcha. Consideramos que es fundamental una redefinición de la política industrial, tanto a nivel territorial como sectorial, y asociada al cambio tecnológico y a la dimensión globalizada de la

economía mundial. Necesitamos mercados y aprovechar sinergias productivas y sectoriales, esto es, interrelaciones entre unas actividades y otras, experiencia y conocimiento, apoyos logísticos, investigación. Y por supuesto, una demanda solvente, que es lo mismo que decir una población con ingresos adecuados y positivamente orientada a las nuevas actividades. ¿Excesivamente ambicioso? ¿Utópico teniendo en cuenta los recursos necesarios y la implicación asimismo de profundos cambios de actitudes? Asumimos el muy difícil reto, porque lo que es inviable es mantener el modelo actual y dejarnos llevar por las políticas neoliberales que, con el presente ya hipotecado, vienen a condenar nuestro futuro.

Por nuestras empresas y emprendedores Necesidad de financiación / Estímulo público / Crédito bancario No cabe duda de que para el nuevo modelo de crecimiento que propugnamos necesitamos de un tejido empresarial saneado y eficiente, así como transparente, democratizado y socialmente responsable. No se puede poner en duda que la inversión privada ocupa un papel fundamental en el desarrollo y el crecimiento de la economía y tiene una función determinante para generar un impacto económico y social positivo ahí donde se implanta. En nuestro país, son particularmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) el principal factor dinamizador de la actividad productiva y el empleo, pero en el momento presente, y observado nuestro modelo de crecimiento pasado, resulta patente la necesaria renovación del tejido empresarial, donde tengan más peso esas actividades de mayor valor añadido que señalábamos antes, más innovadoras y de mayor contenido tecnológico; es decir, aquellas que incorporen más conocimiento y resulten más sostenibles.

Pero... ¿cómo financiar? Desde luego hay que empezar reivindicando una necesaria simplificación de los trámites burocráticos para los procesos de creación de pymes, así como aligerar las exigencias hacia los autónomos. Pero siendo esto necesario, no es el quid de la cuestión en la estrategia de apoyo a nuestras empresas y emprendedores en el momento presente. Porque en este terreno nos encontramos con uno de nuestros particulares talones de Aquiles: la imperiosa necesidad de financiación que demandan, y de la que no disponen, nuestras pymes y los emprendedores. Como decíamos desde el principio, la falta de crédito para la economía real es

tanto causa como efecto de las terribles consecuencias que acarrea la actual crisis económica. En la propuesta del PSOE a la que venimos aludiendo se indica con pleno acierto que «una de las principales causas que lastran el crecimiento es la dificultad de las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito, no sólo para emprender nuevas inversiones generadoras de empleo, sino para financiar el circulante y poder mantener la actividad y los puestos de trabajo». No obstante, incluso en situaciones de crisis seguimos creyendo en la necesidad de financiación pública para las pymes y los emprendedores. Esto no es un gasto, es una inversión. Desde el partido socialista se apuntan medidas concretas valiosas a acometer de cara al estímulo que desde el ámbito público puede hacerse al crédito dirigido a nuestras pymes, tales como: Creación de un fondo público de 20.000 millones de euros para la financiación de las empresas (inversión y liquidez), el fomento del autoempleo, la iniciativa emprendedora y la internacionalización de las empresas, para lo cual se recurriría a fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Creación de una Agencia Financiera Pública que desarrolle y potencie nuevos instrumentos financieros (Sociedades de Garantía Recíproca, Capital Riesgo, Business Angels, Capital Semilla) con el fin de reducir la dependencia de las pymes respecto de la financiación bancaria. Pero no es suficiente, y del mismo modo que hay que tratar de reducir la dependencia de las pymes respecto de la financiación bancaria, tampoco es asumible que nuestras pequeñas empresas, nuestros emprendedores, o nuestros autónomos pasen a encontrarse en una situación de dependencia de las ayudas públicas. Se requiere asimismo de manera incuestionable que el sistema financiero privado cumpla su función de facilitar el crédito a la economía real. Esto desde luego guarda una relación directa con la imprescindible reforma y regulación del sistema financiero y las exigencias que debemos imponer a nuestros bancos, todo lo cual se aborda en el capítulo séptimo de este bloque económico. Por lo tanto, en el equilibrio encontraremos la virtud: el estímulo público es valioso, la recuperación de un sistema financiero realmente favorecedor del flujo del crédito a la economía real es imprescindible, y ambas dimensiones son complementarias en un horizonte en el que no hemos de perder la perspectiva de que serán el crecimiento económico y la creación de empleo los factores que en la práctica impulsarán de la manera más efectiva a nuestras empresas.

Pidiendo responsabilidades Inversiones positivas / Valores ecológicos

Hay que hacer alusión, máxime en un posicionamiento de regeneración ética y política, al valor que concedemos a la responsabilidad corporativa en los terrenos social y medioambiental (la sobreexplotación de los recursos característica de nuestros modelos de producción y consumo actuales es bien sabido que no es sostenible). Obviamente, se trata en buena medida de una responsabilidad privada, pero es importante incentivar y vigilar legislativamente estos planteamientos. No podemos dejar de lamentarnos por los datos que aportaba un reciente informe de Intermón Oxfam,* elaborado a través de investigaciones sobre el terreno en diferentes países en los años 2012-2013, y que pone en evidencia las malas prácticas de algunas empresas españolas en el exterior, a la vez que denuncia una actitud de «ojos cerrados» del actual Gobierno del PP, que «se abstiene de hacer evaluaciones del impacto real de los créditos que ofrece». No es cuestión de citar aquí a la empresas concretas (el informe, acorde lógicamente a su finalidad de denuncia, sí lo hace) porque nos interesa más el pecado que el pecador; lo que queremos es apuntar una serie de prácticas irresponsables que están lamentablemente al orden del día y a las que queremos poner fin. Este informe nos habla de explotación de trabajadores, acaparamiento de tierras, contaminación irreparable del medio ambiente o elusión fiscal. No nos parece tolerable. Si precisamente las empresas que han de ser vistas como un ejemplo del desarrollo empresarial y del emprendimiento en nuestro país, algunas de ellas líderes mundiales en su sector, y sobre las que el Gobierno ha puesto todo su empeño en apoyar, promocionando sus operaciones exteriores a través de la creación del Alto Comisionado de Marca España con el objetivo de mejorar la imagen del país, han hecho posible los beneficios en su cuenta de resultados gracias a las citadas prácticas, padecemos un grave problema. Económico y ético. Nuestras empresas deben ser agentes generadores de riqueza, pero no a cualquier precio. Creemos que la ética empresarial es la mejor manera de promocionar la «marca España», una ética que debe ser asumida tanto por las pymes, que son las que realmente más apoyo requieren en sus procesos de internacionalización, como por las grandes empresas, que en la práctica son las que reciben el impulso gubernamental a través de ese Alto Comisionado pero que, paralelamente, cometen las más denunciables malas prácticas con la connivencia del actual Gobierno. Un aspecto valioso del informe de Intermón Oxfam es que no se limita a la denuncia, también incluye recomendaciones relativas a la responsabilidad corporativa y lo que denominan inversiones positivas. Nada mejor para el lector sensible a estas cuestiones que acudir a la fuente original, pero nosotros no podemos dejar de citar algunas de estas recomendaciones de manera esquemática, tales como:

• Iniciar cualquier inversión integrando la premisa de que la actividad suponga un valor añadido para la comunidad y el medio ambiente. La inversión debe ser un catalizador para la innovación, la generación de crecimiento económico incluyente, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza. • Prever las repercusiones sociales y medioambientales derivadas de su producción a lo largo de toda la cadena de suministro, evitando las que sean potencialmente negativas e implicando a todos los actores en esa cadena de suministro en una actuación responsable ante situaciones no deseadas. • Establecer objetivos, estrategias y mecanismos para incluir a la pequeña agricultura en sus cadenas de suministro y garantizar que su incorporación genera beneficios para ellos, sus familias y sus comunidades. • Aplicar a todas sus actividades agrícolas una política de tolerancia cero frente al acaparamiento de tierras y agua y hacer pública esta determinación, así como su adhesión al cumplimiento de las directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. • Establecer normas y políticas que garanticen que las cadenas de suministro cumplen con las normas laborales internacionales de trabajo establecidas por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que recogen los principios rectores de las Naciones Unidas. • Asegurar que cualquier inversión respeta el principio de consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, y que se mantiene abierta una vía de comunicación permanente con las comunidades a lo largo de todo el tiempo en el que se desarrolle la actividad. La empresa deberá ser flexible para adaptarse a las peticiones de las comunidades, que deberán ser consensuadas entre ambas partes. • Adoptar medidas en materia de transparencia que permeen tanto sus políticas como prácticas incluyendo la publicación y actualización de actividades, datos sobre empleados, salarios, ayudas y subvenciones, desglosados para aquellos países donde opera. Además, deberá informar públicamente quiénes son sus proveedores y cómo funcionan sus cadenas de suministro.

Valores ecológicos «La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta, no hay economía que valga.» AL GORE

La responsabilidad medioambiental es un elemento esencial de la responsabilidad corporativa. La preservación, el cuidado y la promoción de los bienes comunes naturales deben ocupar un lugar protagónico dentro de un nuevo modelo de actividad productiva, puesto que estamos alcanzando unos niveles de producción y consumo basados en un déficit creciente de energía y materias primas no renovables, insostenibles e imposibles de ser extrapolados al conjunto de la población del planeta (de momento nos aprovechamos las sociedades occidentales a costa de los países pobres). El modelo energético de nuestras sociedades opulentas debe, necesariamente, sufrir cambios sustanciales. Aunque lo anterior, no nos engañemos, es algo ampliamente conocido, tristemente las políticas económicas imperantes están ignorando esta dimensión ecológica. Nosotros sí queremos incluirla, por sostenibilidad y supervivencia, y porque creemos que esa mentalidad ofrece también rentabilidad económica. El economista norteamericano John A. Laitner, experto en eficiencia energética, aboga por una tercera revolución industrial liderada por las tecnologías de energías renovables que ponga fin al derroche actual. Y apunta un dato de índole económica muy interesante de cara a nuestros planteamientos: sólo el ahorro por parte de las empresas en derroche de energía permitiría un incremento de la competitividad suficiente para contrarrestar los recortes salariales que proponen las recetas neoliberales para hacer a nuestras empresas más competitivas. Claro que lo anterior exige cambios fuertes de mentalidades, así como apostar no ya sólo por las políticas de fomento de las energías renovables, o de impulso del reciclaje, sino también por la inversión en investigación, innovación y reindustrialización, justo por lo que estamos abogando a lo largo de todo este capítulo.

Una responsabilidad privada que es asunto público Responsabilidad corporativa social y medioambiental sí, pero de partida parece que se trata de una responsabilidad privada, así que, al margen de publicitar las antes citadas recomendaciones de cara a las empresas de Intermón Oxfam, y que hacemos también nuestras, ¿qué podríamos hacer desde las instituciones públicas para que esto se aplique de manera real en la práctica? Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado, como parece ser la estrategia del actual Gobierno del PP. Debemos exigir vehementemente la subordinación del poder económico a las leyes democráticas y para ello hay que articular mecanismos legislativos que permitan la traslación de la gestión de los recursos de las oligarquías económicas a la sociedad en su conjunto. Al Gobierno le

corresponderá establecer los mecanismos de control y vigilancia pertinentes para evitar esas externalidades derivadas de una explotación corporativa que sólo atiende al beneficio a cualquier precio. Asimismo, en el marco de la política fiscal habrán de articularse las medidas pertinentes para evitar las fórmulas existentes de evasión fiscal (sobre este importante punto nos pararemos en el capítulo específico dedicado a la política fiscal a emprender). Y por supuesto, aquellas empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado deberán comprometerse públicamente con el respeto a los derechos humanos, y elaborar un plan específico sobre posibles impactos, con medidas previstas para hacer frente a posibles vulneraciones. También se puede actuar en positivo: estimulando las buenas prácticas. Nos referimos a la potenciación de las energías renovables, al reciclaje, a políticas de movilidad y transporte sostenibles, al fomento de la agricultura ecológica... Nuevamente, Intermón Oxfam nos aporta unas valiosas recomendaciones acerca de cómo debería ser un buen Plan Nacional sobre Empresas y Derechos, a saber: participativo, con el fin de garantizar la participación significativa de todos los interesados, sin excluir las comunidades afectadas por las actividades empresariales; práctico, es decir, que contenga medidas específicas para su efectiva aplicación en España por actores públicos (ministerios, entidades de apoyo a la internacionalización de las empresas, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID], etc.), y fuera de ella (oficinas diplomáticas, consejerías de comercio, representaciones permanentes, etc.); dotado presupuestariamente, de forma que se garanticen los recursos humanos y económicos necesarios para su efectiva implementación, y evaluado periódicamente, estableciendo la/s entidad/es responsable/s y procedimientos para la evaluación de su cumplimiento tanto por parte de las entidades públicas como por parte de los actores privados (empresas). Pero tampoco se trata de una responsabilidad exclusiva de la empresa privada bajo el control y estímulo gubernamental. Aquí más que nunca hay que apelar a la responsabilidad de todos. Creo que a nadie se le ha olvidado que este texto que proponemos nace bajo la máxima de que todos hemos de formar parte de la solución, y qué mejor ámbito para llevar esto a la práctica que el terreno de la responsabilidad social y medioambiental. La ciudadanía debe mostrar su fuerza y capacidad de lograr cambios a través de acciones de movilización exigiendo a las empresas mayor transparencia y rigor en su compromiso con los derechos humanos y con prácticas laborales y ambientales dignas. Por supuesto, también debe exigir al Gobierno mayor transparencia de los fondos públicos para monitorear el uso de los préstamos y otras modalidades de ayudas públicas otorgados a las empresas, o que el dinero de los contribuyentes no

cause o contribuya a que se causen violaciones de derechos humanos. Pero en este campo hay una exigencia directa que nos tenemos que hacer todos, relativa a los patrones de consumo y la sostenibilidad. Tenemos que cambiar nuestras maneras de comprar y consumir, reduciendo desechos alimentarios, racionalizando el gasto de agua y energía, consumiendo productos de comercio justo y, en general, promoviendo el consumo responsable. Pudiera parecer que nos estamos desviando de los habituales parámetros de una política económica, la de las herramientas macroeconómicas monetarias y fiscales, pero queremos recordar que bajo nuestra perspectiva esto también es economía.

Tecnología e innovación I+D+i / Salvar el CSIC A nadie se le escapa el papel central que en este proceso de transformación productiva que debemos emprender tienen la innovación y la tecnología. Estamos asistiendo a un lamentable descuido de nuestro talento investigador y científico y es imprescindible revertir tal dinámica porque de ello depende nuestro futuro. No se trata de un coste temporalmente prescindible, sino de una necesidad imperiosa como motor de nuestro crecimiento. De hecho, buena parte de los sectores identificados anteriormente como prioritarios en la transformación de nuestro modelo productivo requieren una importante apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Por lo tanto nos debemos oponer a las políticas que se están llevando a cabo de completo descuido de la I+D+i en nuestro país. Las políticas de austeridad no pueden justificar nunca las nefastas consecuencias para nuestro futuro que implica el actual rumbo, mejor dicho, la actual deriva. Sobran los motivos: porque estamos perdiendo nuestro talento, nuestro capital humano; porque no será posible la necesaria transformación de nuestro tejido productivo si no invertimos en este terreno; porque un modelo sostenible y social y medioambientalmente responsable demanda investigación y desarrollo; porque se trata de una apuesta por el conocimiento; porque el aprovechamiento de la tecnología no es sólo una cuestión de futuro, es nuestro presente. En esta dirección, recientemente salió una iniciativa ciudadana para «salvar el CSIC» que nos resulta pertinente apoyar. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sido durante años nuestro buque insignia en I+D+i, pero el fuerte descenso de inversión pública en este campo lo ha colocado en una posición sumamente delicada, al borde del colapso (lo cual afecta no sólo a la investigación y a la innovación en nuestro país, sino también a miles de empleos).

Se están paralizando convocatorias para proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, programas de contratación de jóvenes investigadores, aportaciones a distintos grupos de investigación, incluso proyectos ya en marcha. Luis Sanz, director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, alertaba de que si con los recortes y con la política de cofinanciación de las convocatorias públicas se llega a la confiscación definitiva de los fondos remanentes «se habrá quebrado el principio de justa confianza, que es la base del funcionamiento del buen gobierno, del mercado y de la sociedad». Además, la burocracia no está sabiendo adaptarse a la naturaleza plurianual de los proyectos de investigación, que exigen continuidad. Tenemos aquí un imprescindible campo de actuación que implica financiación pública, adaptación administrativa a la naturaleza plurianual de los proyectos de investigación y, probablemente, el estudio de una reforma de la propia institución; una institución de tres cuartos de siglo de antigüedad, con presencia en casi todas las comunidades a través de más de cien institutos entre propios y conjuntos (con comunidades, universidades...), que empleaba hasta hace poco a más de 14.000 personas en casi 4.000 proyectos, y que es el primer productor de artículos científicos de España. Efectivamente, nos unimos a esa iniciativa ciudadana para salvar el CSIC y que siga siendo el referente que deseamos. Como apuntan en la misma formulación de la iniciativa ciudadana, «en época de crisis económica hay que establecer prioridades, y en España está claro que la I+D+i no es una de ellas». Triste, pero cierto. Por supuesto, el cambio de modelo que propugnamos va en dirección opuesta. Debemos desarrollar sin falta una política general de estímulo a la I+D+i como vía de mejora de nuestra competitividad, así como favorecer el desarrollo de tecnología propia que nos haga menos dependientes. Contamos ya con alguna herramienta valiosa en la que hace falta profundizar, como el Estatuto de Joven Empresa Innovadora (JEI) previsto en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Dirigida a pymes de reciente creación y con un volumen de gastos de investigación correspondiente por lo menos al 15 por ciento del total de los gastos deducibles de impuestos, se les ofrece la oportunidad de exenciones diversas, como en las contribuciones sociales de los empleadores para los investigadores, técnicos y gestores de proyectos de I+D; o en el impuesto sobre la renta (exención completa durante tres años, seguido por una exención parcial del 50 por ciento durante dos años). Complementariamente a las medidas relativas al tejido productivo, desde el momento presente es hora ya de colocar la tecnología y la innovación en el centro mismo del sistema educativo y formativo, porque sin duda éste es un campo que guarda directa relación con la cuestión educativa. Y nosotros creemos en el

conocimiento y la educación, una cuestión tan fundamental que le dedicamos un apartado más en profundidad en otro lugar de este libro. Batería de propuestas Nuevo modelo productivo Conceder prioridad absoluta a la activación de las capacidades productivas de nuestra sociedad. Plan de estímulo económico para la puesta en marcha de nuevas actividades y formas de producción y consumo. Modelo de crecimiento orientado al mercado interno. Apuesta por nuevos yacimientos de empleo, tales como los servicios de atención directa a las personas y los servicios comunicacionales de la sociedad de la información. Refuerzo de los sectores de sanidad e investigación biomédica; sector agroalimentario; sectores y empresas con mayor potencialidad exportadora; sectores y empresas relacionados con las nuevas tecnologías y con el cambio de modelo energético (energías renovables, ecoindustrias, tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología), industrias culturales y servicios sociales. Redefinición de la política industrial, tanto a nivel territorial como sectorial, y asociada al cambio tecnológico y a la dimensión globa lizada de la economía mundial. Reforzamiento de las capacidades del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al desarrollo. Desarrollo empresarial y emprendimiento Financiación pública de la pequeña y mediana empresa. Simplificación de los trámites burocráticos para los procesos de emprendimiento y creación de pymes. Creación de un gran fondo europeo para pymes y distintas alternativas de financiación. Créditos a la exportación tras una estudiada selección de los sectores beneficiarios. Desarrollo del Estatuto de Joven Empresa Innovadora (JEI) previstoen la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Apoyo al cooperativismo. Responsabilidad corporativa y medioambiental Diseño de un Plan Nacional de Empresas y Derechos que sea participativo, práctico, dotado presupuestariamente y sometido a permanente evaluación. Control firme de «externalidades» y necesidad de un control más estricto a la explotación corporativa. Fortalecimiento de los mecanismos de control de los desechos contaminantes.

Articulación de incentivos a la responsabilidad social corporativa: una ética empresarial también puede ser «marca España». Potenciación del uso de energías renovables y el reciclaje. Políticas de transporte y movilidad sostenibles. Fomento de la agricultura ecológica. Tecnología e innovación Desarrollar una política general de estímulo a la I+D+i como vía de mejora de nuestra competitividad. Apostar por la inversión en I+D+i en el terreno del desarrollo de tecnología propia que nos haga menos dependientes. Apoyar una estrategia que saque del colapso en el que se encuentra el CSIC, y que implicará más financiación pública, adaptación administrativa a la naturaleza plurianual de los proyectos de investigación y una reforma de la propia estructura de la institución. Fomentar las nuevas tecnologías como vía de comunicación y colaboración entre personas: impulso del networking. Situar la tecnología y la innovación en el centro del sistema educativo y formativo.

4 Más allá de nuestras fronteras

Tal y como ya anticipábamos en la primera parte de este libro, antes de este bloque económico, muchos de los retos políticos no son en absoluto una cuestión exclusiva para España y vienen determinados por la globalización. En un discurso progresista no cabe eludir la dimensión internacional de la política y la economía, y las reivindicaciones de igualdad no pueden circunscribirse exclusivamente a dentro de nuestras fronteras. Atender con particular atención a nuestro propio mercado como recomendábamos antes es reivindicar las economías locales en su conjunto, con visión global e integradora. La dimensión económica está especialmente condicionada por esa globalización y por la necesidad de ir más allá de nuestras fronteras. Para empezar, porque la Unión Europea viene a representar el más determinante marco de actuación económica en el que nos movemos. En el presente capítulo queremos volver a situar a Europa en el centro del debate, para recordar el reto que representa esta alianza supranacional y lo importante que resulta el proyecto europeo que deseamos y queremos construir; y sobre todo queremos subrayar los fuertes condicionamientos económicos que ello implica, de manera que las estrategias de política económica (monetaria, fiscal) que hayamos de definir en los capítulos finales de este bloque económico habrán de referirse en buena medida no sólo al ámbito nacional, sino también al ámbito europeo. Y por supuesto, también necesitamos considerar la dimensión internacional de nuestra economía más allá del terreno europeo, asumiendo que vivimos en un mundo muy globalizado que influye decisivamente a la hora de aplicar las políticas nacionales. Se trata de identificar cuáles son las variables de funcionamiento de esta globalización y cuál es el escenario que se nos presenta para el comercio y las relaciones internacionales, con particular atención a la influencia cada vez mayor que van adquiriendo en la economía los países emergentes. Por todo ello, es necesario un posicionamiento que parta de propuestas relativas a la esfera internacional, y luego pasar a las ideas de mejora de nuestra particular posición competitiva dentro de este contexto.

Bajo condiciones europeas La incorporación de España a la Unión Europea / Los criterios de convergencia / El mantenimiento del euro / En defensa de los intereses nacionales / Un proyecto económico común y cooperativo En la parte dedicada a «ciudadanía y regeneración democrática» pretendemos poner sobre la mesa lo importante que ha de resultar en nuestro proyecto futuro el reto de Europa, subrayando la necesidad de incorporar al debate político y a las reformas nacionales la construcción europea, pero salvaguardando nuestra soberanía. Nos hacemos eco de ese mensaje, convencidos de que si hemos de proponer el modo de crear las condiciones adecuadas para el empleo y el bienestar en nuestro país, hemos de hacerlo asimismo para el espacio europeo en su conjunto. Aquí nos centraremos en el terreno específicamente económico, pero como punto de partida nos resulta imprescindible volver a reclamar la necesidad de garantizar la democratización y legitimación institucional a nivel de la Unión Europea, la importancia de establecer mecanismos de coordinación integral y, muy importante, establecer una estrategia cooperadora y de alianzas tanto entre países como entre fuerzas políticas. En este sentido, desde nuestra opción de izquierdas, abogamos por la necesidad de un socialismo europeo unido que haga frente a las directrices neoliberales de austeridad, proporcionando alternativas reales en favor de los intereses de los trabajadores, de las pymes, y de las personas en su conjunto, sobre los mandatos del capital, de las grandes empresas, y de los intereses monetarios y financieros que hoy por hoy son los principales protegidos por las exigencias de la troika.

Dentro de la Unión «Cuando una nación está en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime la última gota de sangre. Prenden fuego, hasta que finalmente la caldera explota. Han condenado pueblos a la muerte. No les preocupa si la gente vive o muere.» JOSEPH STIGLITZ Es bien sabido que, derivado de la pertenencia a la Unión Europea y a la eurozona, hemos perdido nuestra autonomía nacional en cuestión de política monetaria, delegada en el Banco Central Europeo (BCE), y los condicionantes son también

enormes de cara a nuestra política fiscal y al modo en que hemos de considerar nuestro mercado laboral. Desde la propia incorporación de España a la Unión Europea en 1986 comenzaron, lógicamente, a producirse importantes consecuencias para nuestra economía y nuestro modelo productivo. En aquel momento se aceptaron duras condiciones económicas y de competencia y, dadas nuestras singularidades, para poder competir en el nuevo contexto, se apostó por ese modelo de crecimiento basado en la construcción del que ya hemos hablado, y que exigió un fuerte endeudamiento con capital financiero internacional, principalmente alemán. Como suele decirse: de aquellos barros, estos lodos. Después llegaría la implantación de la moneda única, el euro, a lo que atenderemos en breve, pero ya sabemos que aquel modelo de crecimiento y el endeudamiento consiguiente que vinieron derivados de nuestra entrada en la Unión Europea se han convertido en el contexto actual de crisis económica en nuestro principal lastre, y dejan nuestra economía completamente a merced de las exigencias que nos imponen desde Europa y el FMI. Estos dictados de la troika que tan sumisamente está acatando el Gobierno de Mariano Rajoy por culpa de nuestra grave crisis de deuda no dejan de obedecer a una estrategia económica neoliberal que en realidad agrava nuestra situación, deteriora el crecimiento y destruye empleo. Se nos exigen unos principios de austeridad y reformas estructurales que están provocando el empobrecimiento de la mayor parte de la población y que benefician tan sólo a unos pocos, que son las grandes fortunas vinculadas al capital productivo (las grandes empresas) y financiero (la banca, y aquí es bueno recordar que nuestro endeudamiento parte sobre todo del crédito concedido por instituciones financieras alemanas, y a nadie se le escapa la capacidad de influencia de Alemania sobre los requisitos que nos imponen desde Europa). Estos planes de ajuste que en Europa se están imponiendo a países como Grecia, Portugal o España se asemejan considerablemente a las recetas que el FMI impuso a países latinoamericanos en la década de los ochenta, y más tarde en otros países emergentes o que padecían también de graves crisis de deuda. Los resultados, como bien nos demuestra el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, no hicieron sino contribuir a incrementar los niveles de desigualdad y pobreza,* mostrándose este autor convencido de que este camino no lleva sino al desastre social. Las premisas de que se parte son que necesitamos una consolidación presupuestaria y ganarnos la confianza de los mercados internacionales, abstracción esta última que no nos parece que atienda en absoluto a los problemas reales de la economía y de las personas. El caso es que a partir de tales postulados nos dicen que la falta de confianza de los mercados se debe al exceso de gasto y a unos salarios

altos que no nos hacen competitivos, y así terminan sirviendo a los intereses antes citados del capital productivo (particularmente las grandes empresas exportadoras) y financiero, e inician un desmantelamiento de los servicios públicos, del que, inevitablemente, se benefician intereses privados. Lo grave es que para que los países europeos en dificultades reciban asistencia financiera, la troika les (nos) impone como condición, como si no hubiera alternativas, y silenciando la discrepancia, estas duras medidas de ajuste basadas en privatizaciones, rebajas salariales y pérdida del poder del Estado. ¿Es esto lo que significa pertenecer a la Unión Europea? Es buen momento de preguntarnos por qué esto ha llegado a tal punto en el marco de una institución transnacional que, como su nombre indica, debiera haberse construido sobre los criterios de la unión, la cooperación y la solidaridad. Y, por supuesto, también hay que preguntarse si, ante el «chantaje» de los mercados y las imposiciones de quienes nos pueden (y deben) asistir, realmente no existen alternativas.

¿Criterios con criterio? Lo anterior es posible por el modo en que se ha construido esa Unión Europea y, muy especialmente, la naturaleza que ha tomado a partir de la firma del Tratado de Maastricht en 1992 y los criterios de convergencia derivados. A partir de este momento, la visión más tecnócrata imbuida de ideología neoliberal parece imponerse. La Comisión Europea y el BCE se dotan de un gran poder político y su capacidad de decisión se blinda sustancialmente a pesar de que son órganos cuyos representantes no son elegidos directamente por la ciudadanía. A pesar de que el tratado contó con el apoyo de la socialdemocracia, la arquitectura del mismo en materia económica bebe en gran medida de las propuestas neoliberales. Los criterios de convergencia relativos a déficit presupuestario y deuda pública, tasa de inflación, tipos de interés y tasas de cambio, son toda una declaración de principios neoclásicos que atienden exclusivamente a requisitos financieros y monetarios. La puntilla neoliberal llegaría con la necesidad de dar respuesta a la crisis económica y la crisis en la deuda nacional de varios países de la eurozona. Esta respuesta vino a través del llamado Pacto del Euro ratificado en junio de 2011, que favorece una concepción «flexible» del mercado laboral que redunda en salarios bajos, reformas en el sistema de pensiones, recortes de prestaciones sociales y, evidentemente, un límite para el déficit público. Por supuesto son necesarias reformas laborales, financieras y presupuestarias, y en ello estamos, pero en nuestra opinión esta formulación de principios en Europa

está dejando de lado otros ámbitos económicos que no sean los monetarios, de modo que representa a menudo un fuerte freno para el crecimiento y el empleo, provocándose fuertes desigualdades regionales dentro de la Unión Europea. A la vista está que los beneficios de las grandes empresas y la banca (particularmente la alemana) han redundado en pérdida de tejido productivo y capacidad de generar ingresos en los países periféricos. Además, no se está teniendo en cuenta la diversidad de las estructuras económicas de los diferentes países miembros, que cuentan a menudo con intereses opuestos en lo referente a la protección de sus economías domésticas, y las directrices neoliberales se imponen de tal forma que si un país decide aplicar en su jurisdicción medidas fiscales más equitativas relativas a protección laboral, o salarios, o política medioambiental, los inversores especulativos actúan contra ese país encareciendo su deuda y obligándole a ceder. Eso se nos antoja un poco injusto y abusivo, pero parecemos bastante atrapados por las implacables leyes de los mercados, ¿verdad? Desde luego, no nos sorprende que en la calle, sin los encorsetamientos característicos de la política, se hable cada vez más de la «Europa del capital», un modelo que difiere sustancialmente de esa visión idealizada que toma la Unión Europea como un proyecto integrador de los pueblos de Europa en instituciones comunes con el fin de avanzar en nuestros derechos políticos, económicos y sociales.

Moneda única, el ser o no ser Y por supuesto está la cuestión de la moneda única, el euro. De entrada podemos decir que creemos que existen indudables ventajas en contar con una moneda única, pero siempre que la unión monetaria esté bien diseñada y establezca los mecanismos compensatorios necesarios para evitar desequilibrios y desigualdades. No nos parece que el Pacto del Euro y sus recetas claramente liberales relativas a competitividad, empleo, gasto público y privatizaciones sean el camino adecuado. Es cierto que salir del euro conllevaría unos costes extraordinarios (serios problemas legales, estampidas bancarias, caos financiero, empobrecimiento inmediato...), pero si hemos de apostar por la moneda única, urge un cambio de política económica. La llegada del euro favoreció que nos llegara mucho más fácilmente el crédito, lo cual a su vez incidiría en nuestra burbuja inmobiliaria. Como nuestros bancos no disponían de depósitos suficientes para respaldar el volumen de préstamo que movían, el dinero terminó siendo pedido prestado a los bancos alemanes o del

«centro» de Europa, un fenómeno que compartimos con otros países «periféricos», como Italia o Grecia. Pero nuestra industria, ya lo hemos mencionado, como la de nuestros principales actuales compañeros de penurias, no era muy competitiva, así que los países que estábamos atrayendo el dinero, simultáneamente estábamos agravando nuestros déficits comerciales. Un juego peligroso que a nadie parecía preocupar, hasta que la crisis estalló, las burbujas pincharon, y se demostró que esa Europa asimétrica tenía un grave problema, máxime cuando no se cuenta con un sistema de integración fiscal, sólo hay unión monetaria. Ahora, la ortodoxia neoliberal trata a los países con graves déficits públicos de fiscalmente irresponsables y les impone el castigo de la austeridad, pero lo cierto es que la deuda pública en España sólo se disparó tras la llegada de la crisis, y por la necesidad de salvar al sistema financiero, y que tan desequilibrado está el país que continuadamente sufre un déficit en su balanza comercial y le hace propenso a sufrir crisis de deuda, como el que permanentemente disfruta de un superávit y le presta el dinero en el marco de una burbuja inmobiliaria, porque no es posible, a nivel global, que haya unos países con excedentes sin que haya necesariamente otros con déficit. La responsabilidad es compartida, y compartido es el ámbito común europeo en el que nos encontramos unos y otros y en el que hemos de alzar la voz para buscar soluciones. Con unión de verdad, no sólo de nombre, porque sólo con un giro en la política europea que imponga la cooperación, la armonía y el reparto equitativo de la riqueza será posible mantenernos dentro de una moneda común que se ha convertido hoy por hoy en una trampa para la clase trabajadora.

De la unión a la cooperación «Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan.» EDUARDO PUNSET Antes decíamos que la Unión Europea ha dejado de ser para la ciudadanía un proyecto integrador de los pueblos de Europa en instituciones comunes con el fin de avanzar en nuestros derechos políticos, económicos y sociales. El desencanto europeo se plasma muy gráficamente en los altísimos índices de abstención que se van produciendo en las convocatorias electorales europeas, abstención que ha ido y que irá en aumento. Y también decíamos que no nos sorprende: el escepticismo es comprensible y está más que justificado porque tal ideal resulta en estos momentos muy difícil de creer. Aunque también tenemos que decir: ¿por qué no? Nos lo ponen

difícil, pero ése debe ser precisamente el referente, y aunque siendo realistas los avances no parece que vayan a llegar rápidamente, seguiremos reivindicándolo democráticamente. Debemos mostrarnos firmes al pensar que los condicionantes que padecemos y que hemos venido explicando no tienen por qué ser inamovibles y que siempre nos queda un margen para la defensa de los intereses nacionales y de la ciudadanía; unos intereses nacionales que encuentran su mejor defensa en el marco de una política económica europea común, con coordinación en materia fiscal, y basada en la cooperación y la equidad. La idea de cooperación solidaria es esencial, y de ella surgen las principales propuestas que hayan de plantearse. Pensar que nos necesitamos unos a otros, en ambas direcciones, nos parece una buena premisa; y bajo esa premisa creemos que los países con excedentes deben tirar de los que atraviesan dificultades de déficit, por ejemplo convirtiéndose en fuertes demandantes de exportaciones que ayuden a la recuperación de la competitividad en estos países periféricos. Y también asumiendo sus propias responsabilidades en la situación que padecemos: como decíamos antes, la crisis de deuda ha sido provocada por ambos lados. Dice Fernando Esteve Mora, profesor titular de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, que los desequilibrios externos son, como mínimo, cosa de dos, y que su corrección ha de ser, por lo tanto, también cosa de dos. La crisis de la deuda en la eurozona no es sino la otra cara de los continuados desequilibrios comerciales externos de cada país, pero internos a la zona. No obstante, la respuesta a la misma desde las instituciones europeas consiste en generalizar el malestar económico y social en los países deudores sin ganancia clara para los acreedores, lo cual representa un auténtico despropósito económico. Este enfoque nos parece ciertamente interesante, y por eso nos parece justa, como alternativa a la austeridad contractiva y el empobrecimiento, la propuesta que lanza este economista español (inspirada en modelos keynesianos) de crear una cámara de compensación interna en la eurozona que «penalice» también a los países de la zona en superávit estructural. Este tipo de ideas exige un proyecto europeo completamente diferente al actual. Una unión monetaria exige también una estructura política superior que intervenga cuando alguna de las piezas atraviesa por problemas. Para eso es necesario, partiendo de una profunda democratización de las instituciones europeas, avanzar en materia de coordinación en materia de políticas económicas y fiscales, por lo que demandamos un sistema fiscal europeo potente, unificado y progresivo que esté al servicio del equilibrio entre territorios, que garantice la demanda interna europea y apueste por el Estado del Bienestar.

Indudablemente, también son necesarios cambios en la política monetaria y transformaciones financieras de gran calado. Tienen que ofrecerse garantías de liquidez, una labor que ha de corresponder al BCE, que debe estar perfectamente preparado para comprar bonos gubernamentales de los países del euro. El BCE debe asumir, por tanto, una participación más activa. El referente de la Reserva Federal estadounidense es válido, asumiendo la responsabilidad del estímulo económico, comprometido con el pleno empleo, la sostenibilidad económica y la igualdad. Es necesaria, pues, una política monetaria expansiva por parte del BCE, igual que lo son profundas reformas en materia de regulación financiera y mecanismos de control de capitales, todos ellos aspectos que ocupan un lugar nuclear en este nuevo modelo europeo, y a los que volveremos más adelante y más en profundidad, en el capítulo dedicado a la política monetaria y las reformas financieras. El cometido de estas políticas macroeconómicas a nivel europeo es, retomando la idea inicial, que el modelo de crecimiento europeo debe cambiar y pasar a ser realmente cooperativo y coordinado. Necesitamos un plan a largo plazo que defina el modelo de sociedad que queremos, y los modos económicos de alcanzarlo. Los medios son esas propuestas que venimos lanzando relativas a democratización institucional, mayor regulación financiera, control de capitales, políticas fiscales más coordinadas, convenios colectivos a nivel europeo, y un mayor activismo para el BCE. El camino de lograrlo: una estrategia cooperadora basada en alianzas, tanto entre los países perjudicados por las imposiciones de las clases dominantes como de fuerzas políticas que no estén de acuerdo con la mentalidad neoliberal imperante que hoy en día está marcando lamentablemente las políticas europeas.

Un mundo globalizado Países emergentes y una nueva clase media mundial / Un nuevo escenario para el comercio internacional / Mundo global, ideas globales El nuevo escenario internacional que se ha ido configurando en los últimos tiempos marcado por la globalización ejerce, lógicamente, una influencia trascendental sobre el crecimiento económico de unos países y otros, sobre el comercio, sobre los mercados o sobre la tecnología y la innovación. Los cambios son extraordinariamente veloces, se está produciendo un desplazamiento hacia Asia del centro de gravedad económico mundial, y asistimos a la fuerte irrupción de una nueva clase media mundial que ha de marcar necesariamente los patrones de producción y consumo futuros, lo cual nos obliga al replanteamiento de nuestras

ideas sobre gobernanza mundial, democracia o justicia económica, y nos exige nuevas maneras de gestionar las diferencias políticas y culturales. Todas estas cuestiones necesariamente deben ser observadas con minuciosa atención y han de determinar las propuestas que hagamos de cara a la mejora de nuestra posición competitiva y nuestros intereses nacionales. Pero partiendo del hecho de que lo que puede emprender un país depende en gran medida de lo que hagan los demás, nuestra posición de partida es la adopción de mecanismos de cooperación internacional, coordinación macroeconómica y justicia económica global. En este sentido, sin necesidad de irse más lejos, nos interesan particularmente las recomendaciones de cambio en la esfera internacional que se promulgan desde la propia ONU con el fin de evitar que se sigan reproduciendo los problemas financieros y económicos que estamos viviendo. La primera exigencia que parte de la ONU hace referencia a la transformación de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Es fundamental la democratización de los mismos, unida al reforzamiento de las competencias de la propia ONU, para que los países menos desarrollados tengan una justa representación en los órganos de decisión, que ésta no dependa exclusivamente de la riqueza del país en cuestión. Sobre todo nos parece esencial la demanda hacia el FMI de que los préstamos de capital extranjero que llegan a países con problemas no condicionen las políticas nacionales como lo están haciendo hoy en día. En el marco de la actual crisis económica, la ONU alerta abiertamente de la imposibilidad de que los mercados por sí solos permitan la recuperación. Por eso, también este organismo se hace eco de la necesidad de mantener planes de estímulo como ayuda a los países pobres y más afectados por la recesión económica, facilitando su financiación y demandando de los países industrializados un porcentaje de sus presupuestos para la recuperación de estos países. En esta línea de lucha contra la pobreza y apoyo a los países más desfavorecidos, es importante la idea de renegociar la deuda externa que padecen, y no dejarla en manos de la banca internacional. Habría que estudiar los casos, pero parecen convenientes moratorias para la deuda externa de países con especiales dificultades, incluso cancelaciones parciales, aunque esta mentalidad solidaria no parece entrar en absoluto en los planes neoliberales, más complacientes con la banca internacional que con la población que padece los graves costes en estos países. Y por supuesto, uno de los terrenos principales de recomendaciones globales hace referencia a la necesidad de una mayor regulación financiera internacional que incluya cambios en el sistema de incentivos financieros, la persecución y el control de corrientes financieras ilícitas y, en general, el control de la ingeniería financiera. La cuestión financiera, como venimos comentando en diversos puntos de este texto,

ocupa un lugar central en la búsqueda de soluciones para la situación que padecemos, por lo que la abordamos más en profundidad en un capítulo específico. Lo cierto es que de los informes de la ONU se deduce que el modelo actual de Sistema Monetario Internacional (SMI) exige cambios sustanciales. Actualmente basado en el patrón dólar, la propia deuda de Estados Unidos lo hace muy vulnerable (se sostiene por el poderío político y militar de este país y porque, de momento, China está comprando esta deuda a cambio de ventas masivas de sus productos). Es necesario reformar el sistema de pagos internacional de manera que no dependa de una moneda sino de una cesta de títulos respaldados por varias de ellas y en acuerdos comerciales basados en la cooperación. Porque lo que está claro es que se necesitan nuevos valores para el comercio internacional basados en mecanismos de cooperación y no de mera competencia, y que permitan a los más débiles protegerse frente al enorme poder que hoy detentan los grandes capitales y empresas multinacionales, que han arrasado con los pequeños productores en infinidad de países, con gravísimas consecuencias para la población. En última instancia, los países ricos están colonizando a los más pobres, no ya mediante actuaciones militares, sino económicas. Eso es lo que está permitiendo la concepción del comercio internacional neoliberal, y es terriblemente injusto. Es fundamental la protección de las producciones nacionales para satisfacer las necesidades de las pymes, el patrimonio cultural propio y el medio ambiente, por lo que hay que reclamar un código de responsabilidad de las empresas multinacionales (cuestión de la que ya hablábamos a la hora de señalar la responsabilidad corporativa en el capítulo anterior) y, esencial, establecer mecanismos de cooperación que permitan a los más débiles protegerse, mientras los más ricos ayuden a quienes se han empobrecido mediante un sistema mundial de reparaciones. Seguro que muchos nos dirán que entramos en el terreno de lo utópico, pero para nosotros hay principios éticos irrenunciables que deben guiar los cambios, y aunque hayan de llegar muy poco a poco, debemos mostrar confianza en que la presión que ejerzamos colocando nuestras demandas como telón de fondo habrá de dar resultados a la larga.

Avanzando posiciones Economía abierta / Internacionalización y multilocalización empresarial / Multiculturalidad Economía abierta

Entendida la globalización de manera cooperativa de modo que, a diferencia de los resultados derivados de las políticas neoliberales, no beneficie exclusivamente a unos pocos países y a las grandes empresas y capitales, hemos establecido las reglas de juego, pero eso no es obstáculo para que, en defensa de los intereses económicos nacionales, contemplemos asimismo la globalización como una oportunidad en cuyo contexto debemos trabajar intensamente en la mejora de nuestra posición competitiva, terreno en el que padecemos fuertes deficiencias, fruto en gran medida de la debilidad de nuestro tejido productivo que comentábamos anteriormente. En este terreno, nuevamente, nuestra principal atención deben ser las pymes, al fin y al cabo nuestro principal granero de empleo y riqueza, y que tienden a ser las que mayores dificultades encuentran para competir internacionalmente en este mundo globalizado. Por ello, citando de nuevo las propuestas de la ONU, debemos proteger nuestra producción nacional con el objeto de atender las necesidades de las pymes, el patrimonio cultural propio y el medio ambiente. En esta dirección, el Plan de Reactivación Económica del PSOE se manifestaba claramente, proponiendo «elaborar una Estrategia para una Economía Abierta, con la meta de que nuestras exportaciones crezcan un 50 por ciento en los próximos diez años, potenciando el ICEX, renovando los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados hacia las economías emergentes, proporcionando créditos asequibles a las pymes exportadoras, y utilizando las multinacionales españolas para abrir los mercados internacionales al resto de nuestras empresas». Como se puede comprobar, son varios los pilares sobre los que sustentar esta estrategia de economía abierta: en primer lugar, por supuesto se toma en consideración la defensa de nuestro propio tejido productivo, con especial atención a las pymes, pero aprovechando el potencial de nuestras grandes empresas, y recordando la necesidad imperiosa de crédito asequible. Sobre estas cuestiones ya nos extendíamos en el capítulo anterior, y volveremos al peliagudo tema del crédito y la financiación en los últimos capítulos de este bloque económico, cuando nos centremos más en particular en las políticas macroeconómicas. Y desde dentro, hay que mirar hacia fuera: la potenciación de nuestras exportaciones, una faceta que no podemos descuidar porque resulta clave en nuestra supervivencia. Contamos con el ICEX, anteriormente conocido como Instituto Español de Comercio Exterior, ahora ICEX Exportaciones e Inversiones, cuya misión es fomentar las exportaciones de las empresas españolas, apoyar su internacionalización como vía para mejorar su competitividad, y atraer y promover inversiones exteriores en España, y que merece de la necesaria protección y potenciación: la excusa de la necesidad de austeridad aquí tampoco nos sirve porque se trata del organismo que debe dirigir esa estrategia de economía abierta.

Al respecto de nuestras exportaciones debemos contar con Europa, adonde, como ya decíamos, debemos alzar nuestra demanda de que los países con superávit actúen de demandantes y tiren de la productividad de los países periféricos en beneficio de todos los países de la Unión. Pero desde luego no podemos depender de Europa; en la propuesta del PSOE se tiene el acierto de referirse a los mercados de los países emergentes. Efectivamente, ahí se encuentran el futuro y las claves de nuestra supervivencia exterior. Pero son exigibles profundos cambios de políticas y de mentalidades; avanzar hacia una nueva concepción de internacionalización que trataremos de explicar a continuación.

Internacionales y multiculturales Estamos convencidos de que es imprescindible dar un salto, tanto cuantitativo como cualitativo, en los procesos de internacionalización: debemos pasar de exportar a países europeos a innovar, comprar, producir y vender (no meramente exportar) en y para los países emergentes, además de para los europeos. Esto significaría trascender el clásico concepto de internacionalización para emprender proyectos de multilocalización empresarial, que no deslocalización: a diferencia de la deslocalización, multilocalizar significa invertir en otros países manteniendo el empleo y los activos en tu país; de lo que se trata es de implantarse en el exterior, en aquellos mercados desde los que nos llega la competencia. Todo ello bajo una concepción de transnacionalización cooperativa. Vamos a tratar de explicar estas ideas brevemente. Hay que decir que este enfoque encuentra en nuestro país en Josu Ugarte, presidente de Mondragón Internacional, uno de sus principales impulsores, y nos parece que ofrece terrenos de debate interesantes que queremos contemplar como vías de mejora para el futuro. Extraemos sintéticamente algunas ideas que nos parecen muy valiosas, comenzando por la necesidad de diversificar el destino geográfico y sectorial de las exportaciones, pero manteniendo la industria en nuestro territorio como elemento generador de riqueza, empleo e innovación; la idea sería combinar esto con la implantación de estructuras productivas en países emergentes. Las empresas deben realizar importantes ajustes en su manera de operar, principalmente introduciendo en su forma de abordar las relaciones económicas internacionales un enfoque multicultural, y potenciando el desarrollo de capacidades profesionales y sociales en sus trabajadores adecuadas para responder a los retos de una economía abierta. Pero aparte de los cambios en la cultura empresarial, el rol de

Estado es fundamental. Se trataría de definir un sistema de internacionalización mixto, públicoprivado, que desarrolle las herramientas avanzadas y estratégicas y las ponga a disposición de las pymes. Este sistema tampoco requeriría de una inversión demasiado alta, puesto que los servicios podrían ser ofrecidos por empresas privadas y supervisadas por algún organismo público ya existente. La gran ventaja para las pymes es que dispondrían de servicios de un valor extraordinario a unos costes competitivos. Las pymes pagarían por esos servicios, mientras que la Administración podría financiar algún incremento mínimo de estructura por la nueva situación. ¿De qué servicios estaríamos hablando? Para empezar, del fortalecimiento de los servicios básicos de internacionalización para pymes, tales como organización de ferias, jornadas y encuentros, formación a trabajadores, análisis estratégicos y estudios de mercado... Un paso más allá lo supondría el impulso de servicios más avanzados para la multilocalización empresarial, tales como financiación básica para pymes, diplomacia corporativa, gestión de expatriados, servicios de implantación de empresas, creación de parques industriales... Y como servicios de mayor valor añadido, nos referiríamos a la oferta de servicios estratégicos a la transnacionalización que nos permitan anticipar los tremendos cambios que se avecinan y adaptarnos a ellos de manera eficiente, con especial atención a la I+D+i. Como dice Josu Ugarte, éste es un reto colosal, pero no hay alternativas: es evidente que actualmente no somos competitivos y sólo una apuesta firme por la internacionalización entendida en estos términos puede garantizar el futuro de nuestras empresas y el de nuestra economía. Salvar el bienestar de dentro a veces significa mirar afuera. Batería de propuestas Unión Europea Coordinación política y fiscal: Hacienda Europea. Un nuevo estatuto para el BCE. Mayor regulación financiera. Control de capitales. Impuestos sobre transacciones financieras. Convenios colectivos a nivel europeo. Exigencias bilaterales en relación con el problema de la deuda, tanto hacia el país con déficit como hacia el país con superávit.

Mundo global Democratización de los organismos internacionales para que los países menos desarrollados tengan una justa representación, y reforzamiento de las competencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Puesta en marcha de planes de estímulo como ayuda particularmente a los países más afectados por la recesión económica. Moratorias para la deuda externa de países con especiales dificultades. Regulación financiera internacional: • Cambios en el sistema de incentivos financieros. • Persecución y control de corrientes financieras ilícitas. • Control de la ingeniería financiera. Reforma del SMI basado en el patrón dólar. Nuevos valores para el comercio internacional: mecanismos de cooperación (y no de mera competencia) que permitan a los más débiles protegerse. Establecimiento de un código de responsabilidad de las empresas multinacionales. Protección de las producciones nacionales para satisfacer las necesidades de las pymes, el patrimonio cultural propio y el medioambiente. Mejora de la competitividad Elaborar una Estrategia para una Economía Abierta, con la meta de que nuestras exportaciones crezcan un 50 por ciento en los próximos diez años, potenciando el ICEX, renovando los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados hacia las economías emergentes, proporcionando créditos asequibles a las pymes exportadoras, y utilizando las multinacionales españolas para abrir los mercados internacionales al resto de nuestras empresas. Mantenimiento de la industria en nuestro territorio como elemento generador de riqueza, empleo e innovación, combinado con la implantación de estructuras productivas en países emergentes. Diversificación del destino geográfico y sectorial de las exportaciones. Fortalecimiento de los servicios básicos de internacionalización para pymes, tales como organización de ferias, jornadas y encuentros, formación a trabajadores, análisis estratégicos y estudios de mercado… Impulso de servicios más avanzados para la multilocalización empresarial: financiación básica para pymes, diplomacia corporativa, gestión de expatriados, servicios de implantación de empresas, creación de parques industriales… Oferta de servicios estratégicos a la transnacionalización que nos permitan anticipar los tremendos cambios que se avecinan y adaptarnos a ellos de manera eficiente, con especial atención a la I+D+i. Enfoque multicultural en las relaciones económicas internacionales.

Desarrollo de capacidades profesionales y sociales en las personas para responder a los retos de una economía abierta.

5 Cuestión de bienestar Finalmente, dentro de este marco de actuación que estamos definiendo para nuestra propuesta económica, no podemos dejar de citar el modelo de Estado del Bienestar que tanto nos ha costado alcanzar, en el que creemos, y que defendemos con vehemencia. Por eso, las propuestas económicas que formulemos siempre habrán de tener en el horizonte la importancia de mantener unos servicios públicos de calidad que cubran las necesidades de la población en materia de sanidad, educación, protección social o cultura. Aunque desarrollamos estas cuestiones en profundidad en otros apartados del presente libro, aquí, por su conexión con lo económico, recordamos su valor y su posición de guía para nuestros posicionamientos. No obstante, sí profundizaremos aquí particularmente en la cuestión de la vivienda, aspecto que, más allá de su consideración también como derecho inalienable, ofrece la singularidad de constituir el objeto central de algunos de los principales desencadenantes de la actual situación económica, como son la burbuja inmobiliaria y el descomunal crecimiento de la deuda hipotecaria, por lo que se constituye en uno de los pilares de actuación en materia económica.

En defensa de lo público Una cuestión ética / Derechos sociales y cohesión social / Inversión en servicios públicos

La salud, la educación, la alimentación, la vivienda o la cultura son derechos que, como señalábamos al inicio de esta parte económica, vienen recogidos dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC). Su defensa es, por tanto, una cuestión ética y de derechos humanos, por lo que, desde nuestro punto de vista, deben ser considerados servicios públicos universales, elementos incuestionables de nuestro Estado del Bienestar, y tratados como pilares fundamentales para mejorar nuestro capital humano, del cual dependen nuestro futuro y la cohesión social. Lamentablemente, con el pretexto de la austeridad, se está aprovechando para llevar a cabo una revolución ideológica que está laminando los grandes servicios públicos, dejando las pensiones y los servicios sociales reducidos a su mínima

expresión y entregando al sector privado buena parte del sector público, especialmente en sanidad. Sanidad, educación, prestaciones sociales y cultura reciben un análisis más pormenorizado en capítulos específicos dentro de este mismo libro; subrayamos aquí la necesaria defensa de lo público y de fortalecimiento del Estado del Bienestar, y asumimos como guía para las propuestas de índole económica que formulemos aquí tal necesidad de protección. En consecuencia, las estrategias de actuación macroeconómica, particularmente en su dimensión fiscal, habrán de formularse con la premisa de garantizar la inversión en los servicios públicos relativos a sanidad, educación, pensiones y dependencia, destinando por ley un porcentaje fijo de gasto del presupuesto de todas las administraciones. Para ello nos parece útil establecer un mecanismo en la Constitución Española para que estos gastos no puedan reducirse por debajo de un determinado nivel referenciado al PIB nacional, de manera que llegados a este nivel los recortes obligatoriamente deberán realizarse en otros ámbitos. Asimismo, abogamos por revertir las reformas realizadas sin consenso en recortes sociales, incluidas las privatizaciones de servicios. Con todo ello aspiramos a lograr el objetivo de que España converja en gasto social por habitante con el promedio de la Europa del euro, un punto en el que nos colocamos en el pelotón de rezagados y del que, siguiendo las imposiciones neoliberales, sólo cabe esperar un agravamiento de la situación. Estamos convencidos de que invertir en bienestar es invertir en progreso y en crecimiento, y lejos de representar un obstáculo, para nosotros ha de formar parte de la solución para salir de esta crisis.

Un lugar donde vivir Un derecho objeto de especulación / Alivio hipotecario / Actuaciones valientes De todos los territorios que vienen a conformar ese Estado del Bienestar que consideramos innegociable, y a los que se dedican capítulos específicos en otros puntos de este libro (sanidad, educación...), hay uno que queremos tratar especialmente en este bloque, por su especial vinculación con los orígenes de la situación económica que padecemos y porque las propuestas al respecto ofrecen actuaciones de naturaleza muy marcadamente económica. Hablamos de una cuestión tan importante y que ocupa un lugar tan predominante en el debate público como es la de la vivienda.

La cuestión de la vivienda es un terreno que, más allá de su consideración como derecho inalienable, es un bien convertido en objeto central de inversiones y prácticas especulativas sobre las que se elevó nuestra burbuja inmobiliaria, paralelamente al descontrolado crecimiento de la deuda hipotecaria, realidades que han desencadenado, o agravado, la actual situación de crisis económica. En consecuencia, como decíamos en la introducción al presente capítulo, hemos de considerarlo necesariamente como uno de los pilares de actuación a nivel de política económica. En España, dada la singularidad de su gran burbuja inmobiliaria, en combinación con las elevadísimas tasas de paro que han provocado grandes descensos en las rentas de la población, este problema adquiere una dimensión especial. Las medidas que viene adoptando el Gobierno español, amparadas en la excusa de la «estabilidad del sistema financiero», que es priorizada frente al drama humano que se está viviendo, son claramente insuficientes, y el propio BCE exhorta a adoptar «un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias. Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral». Es patente que nos enfrentamos a un muy grave problema de deuda privada derivado principalmente del préstamo hipotecario que supone no sólo un intenso quebradero de cabeza doméstico, también una preocupación internacional que reclama medidas de actuación inmediatas. La adoptada por el Gobierno del PP, como la Ley 1/2013 de «Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social» es a todas luces insuficiente, no actúa en ningún caso para el alivio de las cargas hipotecarias, y resulta muy restrictiva en sus supuestos antidesahucios, desoyendo completamente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba una proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Nosotros, en cambio, sí creemos que es momento de actuar directamente sobre la reducción y reestructuración de la deuda privada. Entre sus propuestas de reactivación de la economía, el PSOE proponía específicamente desarrollar un programa de reestructuración de la deuda hipotecaria para la primera vivienda de las familias, justificado en la falta de perspectivas de crecimiento junto a la

persistencia de elevadas tasas de desempleo en los próximos años, lo cual hace presagiar un aumento de la morosidad hipotecaria de las familias y del riesgo de desahucios, con la consiguiente multiplicación del número de viviendas adjudicadas al sistema bancario, incremento de la restricción crediticia, caída de los precios de la vivienda y pérdidas en el sistema financiero. Y sobre tal panorama, se proponía elaborar un programa para reestructurar la deuda de los hogares en línea con las recomendaciones del FMI en su informe Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2012, que toma como referencia la experiencia de Estados Unidos ante las crisis financieras de 1929 y 2008. Este programa consistiría en crear un Fondo para reestructurar la deuda de los hogares, dotado con 10.000 millones de euros, para hacer frente a una cartera de hipotecas en riesgo de impago renegociándose el alargamiento de plazos y reducciones del tipo de interés efectivo de la deuda y quitas. Las eventuales pérdidas se deberían asumir a partes iguales entre el Estado y la entidad que vende el crédito. El programa se aplicaría a las familias que tengan una hipoteca sobre su vivienda habitual a la que no puedan hacer frente por razones sobrevenidas como consecuencia de la crisis, con los límites que se fijen en cuanto a la cuantía de sus rentas disponibles y al precio de la vivienda. Esa línea de actuación nos parece adecuada. Hablaríamos de un programa global de ayuda al endeudamiento, que incluya una política de socorro hipotecario, y que ofrezca directamente ayuda a los prestatarios en problemas, refinanciando sus deudas y aliviando sus cargas. La propia Administración Obama creó un programa similar en 2009, el HARP (Programa de Refinanciación Asequible de la Vivienda), aunque en el caso español deberá hacerse de manera más audaz si cabe. Cabe esperar que los prestamistas no se muestren demasiado favorables a este tipo de iniciativas, pero el propósito pasa también por ahorrar a los mismos los costes de ejecución, lo cual, más allá de los particulares afectados, desde el punto de vista nacional, también habría de contribuir a mejorar la situación macroeconómica. Además, desde una perspectiva ética, nosotros hemos de colocarnos del lado de los ciudadanos que están atravesando por dificultades, a menudo con auténticos dramas personales y, en la mayor parte de los casos, de manera profundamente injusta y no por un tema de irresponsabilidad, como las mentalidades más reaccionarias quieren transmitir. Por eso nos parece fundamental escuchar a la ciudadanía, las voces de las personas afectadas, comenzando por la ILP antes referida, o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que merece todos nuestros respetos y a la que consideramos un interlocutor necesario. Así, complementariamente al programa global de ayuda al endeudamiento y al socorro hipotecario, o como parte del mismo, hay que estudiar medidas concretas y

valientes. Para empezar, nos parece imprescindible la reforma de la ley antidesahucios recientemente aprobada por el Gobierno del PP y claramente insuficiente y alejada de la normativa europea en este campo. Una nueva legislación al respecto debe ser aprobada, con enfoque humanista, y que tenga en cuenta la coyuntura presente de nuestro país, el grave problema de endeudamiento que padecemos, las limitaciones de nuestro actual sistema productivo y las altas tasas de desempleo que llevan a la precariedad a muchísimas personas, lo cual está en el origen de los impagos que se vienen produciendo, unido a condiciones a menudo abusivas en los contratos hipotecarios. Es justo emprender la paralización de los expedientes de desahucios en marcha, ofreciendo como principal vía de solución la dación en pago voluntaria, por supuesto con especial atención a los casos de vivienda habitual. Asimismo, nos parece conveniente la creación, en línea con propuestas que se están barajando en el debate público, y particularmente desde la ILP, de comisiones de arbitraje para evitar la pérdida de viviendas por razones sobrevenidas, dando la opción para el deudor que no pague por motivos ajenos a su voluntad de permanecer en su casa en régimen de arrendamiento durante cinco años, no pudiendo superar la cuota que abonará al banco el 30 por ciento de su renta. También, aunque para muchos pudiera resultar especialmente audaz, creemos que no podemos eludir el debate sobre la intervención directa en los stocks de viviendas propiedad de los bancos. Es cierto que eso implica romper con dinámicas imperantes, poner en entredicho contratos firmados y la llamada seguridad jurídica, e incluso poner en cuestión la propiedad privada. Pero el criterio a seguir ha de ser la justicia social y el bienestar, por lo que también hay que afrontar posibilidades extraordinarias en situaciones extraordinarias, como es la presente. Por eso nos parece positivo, y justo, el planteamiento de una casuística apropiada para emprender actuaciones de expropiación, según el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Menos agresivo, y en línea con el necesario fomento del alquiler social (y del alquiler en general), también contemplamos el posible recurso a utilizar como parque de viviendas sociales el excedente de viviendas vacías en posesión de las entidades financieras. Finalmente, y por eso de que más vale prevenir, es imprescindible actuar en la dirección de prohibir las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, y así hacer frente a la indefensión de los ciudadanos, que en la mayor parte de los casos han sido mucho más víctimas que responsables de sus impagos. Nuevamente entramos en ese terreno de la necesidad de regulación y control de las actuaciones de las entidades financieras, un asunto que parece recurrente. Volveremos a él.

Batería de propuestas Estado del bienestar Garantizar la inversión en los servicios públicos relativos a sanidad, educación, pensiones y dependencia, destinando por ley un porcentaje fijo de gasto del presupuesto de todas las administraciones. Por ello, se establecerá un mecanismo en la Constitución Española para que estos gastos no puedan reducirse por debajo de un determinado nivel referenciado al PIB nacional; llegados a este nivel los recortes obligatoriamente deberán realizarse en otros ámbitos. Se aspira a lograr el objetivo de que España converja en gasto social por habitante con el promedio de la UE-15. Desarrollo del cuarto pilar del bienestar: atención domiciliaria y dependencia. Revertir las reformas realizadas sin consenso en recortes sociales, incluidas las privatizaciones de servicios. Vivienda Reforma de la ley antidesahucios recientemente aprobada por el Gobierno del Partido Popular (PP) y claramente insuficiente y alejada de la normativa europea en este campo. Prohibición de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios para hacer frente a la indefensión de los ciudadanos. Fomento de la vivienda en alquiler social, con el posible recurso a utilizar como parque de viviendas sociales el excedente de viviendas vacías en posesión de las entidades financieras. Paralización de los expedientes de desahucios, aceptando la dación en pago voluntaria, con especial atención a los casos de vivienda habitual. Creación de comisiones de arbitraje para evitar la pérdida de viviendas por razones sobrevenidas. • Opción para el deudor que no pague por motivos ajenos a su voluntad de permanecer en su casa en régimen de arrendamiento durante cinco años, no pudiendo superar la cuota que abonará al banco el 30 por ciento de su renta. Planteamiento de una casuística apropiada para emprender actuaciones de expropiación, según el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercera parte

Hora de actuar

Es momento de buscar soluciones, de formular propuestas y soluciones, de actuar. En estos tiempos en que está tan devaluada, nosotros decimos que es hora de la política, y nos mantenemos firmes en la apuesta: la política es necesaria para gestionar un país, pero hablamos de una política real que atienda a las preocupaciones y necesidades reales de la población; es la política la que debe estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de sus políticos. Es momento de dejar de perdernos en discursos huecos, en tecnicismos, en cifras e indicadores que no representan las necesidades reales. Ése suele ser precisamente uno de los grandes inconvenientes de ese espeso universo de las políticas económicas, que a menudo terminan provocando un lógico desapego en la ciudadanía, con mucho de desinformación. La prima de riesgo o las cotizaciones bursátiles son indicadores que podrán aportar una información válida, en principio fría y matemática, pero no por ello menos susceptible de interpretaciones interesadas y manipulaciones ideológicas; porque la economía no es una ciencia exacta, tiene mucho de ciencia social. Vayamos más allá de los números, acudamos a las personas. Ya lo decíamos antes, la economía real son nuestros puestos de trabajo, la igualdad en nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar. No nos engañemos: no existen varitas mágicas para solucionar de un plumazo los graves problemas económicos que nos afectan. Pero sí hay principios y valores sobre los que sustentar propuestas que se conviertan en soluciones. Es por eso que reivindicamos la recuperación de una concepción humanista de la economía y recogemos la herencia intelectual del socialismo democrático frente a la mentalidad ultraconservadora defensora del capitalismo salvaje que sólo atiende al máximo beneficio a extraer de mercados sin control y que convierten la economía, y nuestra sociedad, en un campo de juegos regido sólo por el lucro y la avaricia. Dicho esto, nos tememos que sí, que debemos hablar un poco de macroeconomía, es decir, de finanzas, sistemas monetarios, tipos de interés o presupuestos, aunque sabemos que no suena divertido. La política macroeconómica, sustentada sobre las políticas monetaria y fiscal, es la manera con la cual un Gobierno trata de intervenir para corregir desajustes indeseados. Toda actuación económica pasa por la aplicación de las herramientas de política monetaria y fiscal a su alcance. Y también ha de ser así en nuestras propuestas con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo bajo los referentes de igualdad, bienestar y servicio público. A ello nos dedicamos en la parte final de este bloque económico. En todo caso, siendo la creación de empleo el objetivo prioritario actual para España, consideramos conveniente dedicar previamente un capítulo específico a esta cuestión y observar con cierto detenimiento aspectos relativos al mercado laboral

(condiciones para la creación de empleo, derechos de los trabajadores, condiciones salariales, empleo juvenil...), para terminar con sendos capítulos centrados en las cuestiones monetarias y fiscales. Creación de empleo digno y reformas financiera y fiscal son las grandes y fundamentales cuestiones con las que culminamos este bloque económico.

6 Mucho trabajo que dar El coste del desempleo Un precio demasiado alto Al referirnos al empleo aludimos, más allá de sus repercusiones económicas en términos de cifras de paro, salarios, ahorro, demanda o consumo, a una dimensión humana fundamental: el trabajo representa en nuestra sociedad el eje primero sobre el que gira el bienestar humano y una cuestión nuclear dentro de la realización personal. Ineludiblemente nos corresponde aquí la observación del empleo como componente básico de la estructura económica, pero no nos olvidemos de lo esencial: en el marco de la economía humana y la mirada ética que venimos propugnando, no podemos caer en un enfoque tan tecnócrata que obvie el hecho de que los costes del desempleo son realmente dramáticos sobre las personas que lo padecen, o mejor dicho con similares palabras, son realmente dramáticos precisamente porque los padecen personas, y no porque nos alteren unas cifras o indicadores macroeconómicos. Nos dice Paul Krugman que «hay un aspecto enormemente relevante para el bienestar humano: tener trabajo». Cuando una persona que desea trabajar no puede hacerlo padece un gran sufrimiento, no sólo por la pérdida de ingresos, también por la pérdida de confianza en la propia valía. Lamentablemente en nuestro país hemos sido testigos de comportamientos vergonzosos desde posiciones ultraconservadoras de auténtico desprecio y desconsideración hacia los parados, tratándolos de algún modo como «niños consentidos» o «vagos» o carentes de voluntad y de capacidad de esfuerzo. La realidad no puede ser más distinta en la inmensa mayoría de los casos, pero ese tipo de mentalidad consigue fomentar una estigmatización de las personas desempleadas y, muy importante, favorece su sumisión ante condiciones laborales indignas que benefician al gran empresario. Siempre hay cierto nivel de paro en una economía, incluso en épocas de bonanza económica, transiciones en las que los candidatos necesitan un tiempo para encontrar y aceptar un puesto de trabajo, a la vez que las empresas tienen nuevas necesidades y vacantes, de manera que en un período de tiempo no muy prolongado los parados consiguen recolocarse. Con la crisis esto ha cambiado radicalmente. Los datos nos muestran que cada vez hay más parados de larga duración, algo profundamente desmoralizador, y se está traduciendo en familias con todos sus

miembros sin trabajo y en niveles de una pobreza que está avanzando a pasos agigantados en el país, mientras las penurias, tanto financieras como psicológicas, se están extendiendo a lo largo y a lo ancho del territorio, provocando una humanamente insoportable ola de sufrimiento, malestar y tristeza (todo lo cual, a su vez, conlleva más efectos perjudiciales para el conjunto de la sociedad, efectos también económicos). El golpe a la dignidad de millones de personas es tremendo. Muy alejado de la realidad debe de estar un político para no percibir que eso está ocurriendo hoy en día en la calle.

Futuros inciertos Este desastre derivado del paro es hoy por hoy, tristemente, nuestro día a día; un drama humano presente que, además, conlleva gravísimos efectos futuros. No hay más que observar las dinámicas que se vienen produciendo. Por un lado, aprovechándose la precariedad y la desesperación de los parados, los estándares en condiciones laborales se están rebajando considerablemente, y la reforma laboral del Gobierno actual, con medidas clásicas del neoliberalismo impuestas por la troika y bien asumidas por ellos mismos, no hacen sino profundizar en esta injusticia. Estamos perdiendo de un plumazo derechos laborales que ha llevado mucho tiempo ganar, y eso es un golpe fatal para nuestro bienestar futuro. Con respecto a los cada vez más parados de larga duración, éstos entran en una dinámica muy dañina y viciosa: estar sin empleo largos períodos de tiempo lleva a los empleadores a no considerarlos aptos para el mercado laboral, con lo que su situación todavía se vuelve más dura y, a nivel global, provoca la pérdida de capacidad productiva en la economía. Asimismo, trabajadores especializados se están viendo obligados a aceptar trabajos muy por debajo de su cualificación, con la pérdida de un talento que nuestro país no está en condiciones de desperdiciar. Pérdida de talento es, obviamente, pérdida de futuro. Pero hablando de futuro, nada más trágico que la realidad a la que se enfrentan nuestros jóvenes ante la frustrante evidencia de que no encuentran dónde desarrollar sus conocimientos recién adquiridos; y mucho menos en condiciones dignas. Está comprobado que las carreras profesionales de los licenciados universitarios que se incorporan al mercado laboral en épocas de alto desempleo son significativamente peores a lo largo de todo su futuro. La pérdida de nuestro futuro es un precio muy alto como para que nos quedemos cruzados de brazos esperando que a largo plazo los mercados y las ideas de «flexibilización laboral» corrijan estos terribles desajustes que padecemos. Las

recetas de la derecha para el crecimiento económico pasan por un futuro más precario, porque se dedican no a reformar el mercado laboral, sino las propias relaciones laborales en favor del capital y en contra de los intereses de los trabajadores. No nos parece admisible. Por su importancia sobre la economía nacional, por humanidad y por principios, hemos de emprender una observación del mercado laboral con propuestas para la creación de puestos de trabajo en condiciones dignas y con la ineludible consideración de los derechos laborales de los trabajadores.

Nuestro talón de Aquiles Recortes, ajustes y reforma laboral / Derechos laborales y protección / Actuaciones favorables para la creación de puestos de trabajo / Políticas salariales y modalidades contractuales / Empleo juvenil Este apartado que abordamos ahora es seguramente uno de los más importantes de este libro. El desempleo es el mayor drama que está padeciendo nuestro país; un drama económico y, ante todo, humano, por lo que la promoción de políticas de creación de empleo digno es el elemento crucial de toda actuación económica que diseñemos. ¿Y qué se está haciendo al respecto? La reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP, inscrita en la política de ajustes y recortes marcada por Europa, no parece que esté dando en absoluto resultados positivos más allá de algún espejismo estacional. Se está destruyendo todavía más empleo y, algo a tener muy en cuenta, se está precarizando. La austeridad está sirviendo como pretexto para que la ideología más liberal trate de laminar, al igual que ocurría con la parcela de los servicios públicos, los derechos laborales. Lo que está haciendo la derecha no es reformar el mercado de trabajo, sino las propias relaciones laborales en contra de los derechos de la clase trabajadora. Y particularmente dolorosos, porque afectan al escalafón más débil, son los efectos sobre la protección social a desempleados, o relativa a las pensiones, que busca ser reducida a su mínima expresión. Resulta imprescindible revertir el proceso.

Por derecho propio Tenemos claro que hay que actuar con determinación para promover políticas de creación de empleo pero, y esto es fundamental, tenemos que establecer las nuevas

condiciones favorables para ello sin atentar contra los derechos de los trabajadores. La necesidad de creación de empleo se ha convertido en una cantinela, una demanda aparentemente universal, pero parece haber grupos de intereses que en realidad no parecen estar por la labor; al contrario, la existencia de altas tasas de desempleo les beneficia porque ello hace mucho más vulnerable a la clase trabajadora que, apurada, se ve obligada a rebajar su debidas exigencias, aceptando condiciones muy desfavorables, con pocos derechos laborales reconocidos y, desde luego, con bajos salarios. Así que todo el mundo habla de crear empleo, pero éste no termina de crearse y lo que se oferta es de muy baja calidad, lo cual no es independiente del hecho de que algunos estén obteniendo grandes beneficios con la situación. A nosotros nos parece que hay bastante de mezquino en la filosofía neoliberal que trata el trabajo como una mera mercancía que se compra y se vende y cuyo coste hay que rebajar por todos los medios, caiga quien caiga. Nos parece que hemos dejado claro que lo que para algunos es una mercancía con la que especular, para la mayoría representa una dimensión humana esencial sobre la que se sostiene su supervivencia, bienestar y realización personal. Los neoliberales sostienen que esa flexibilización del mercado laboral basada en reducción de costes y frías leyes de oferta y demanda es capaz de encaminar la economía hacia el pleno empleo, pero Keynes ya nos demostró que eso es una falacia precisamente por la especial naturaleza del trabajo, en la que va incluida la dignidad de las personas y porque, en el debate económico, esos trabajadores precarios son asimismo los consumidores, de modo que las empresas, por mucho que escatimen beneficios de los salarios de sus empleados, se van a enfrentar a un problema de demanda a la hora de colocar sus productos y servicios en una sociedad empobrecida. La consecuencia es que no se produce crecimiento. Es decir, las recetas relativas al mercado laboral procedentes de la troika y que se plasman en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP parecen encaminadas exclusivamente a una reducción de costes salariales que ha de convertir a nuestro país en un productor de bajo coste orientado al mercado exterior (del que se favorecen un reducido número de empresas): como no se puede devaluar la moneda, se devalúa el empleo, y ello con las implicaciones que tiene de descuido del mercado doméstico y de nuestra demanda interna, rebajándose los derechos y la dignidad en las condiciones laborales de nuestra clase trabajadora. Esto no es admisible ni económica ni éticamente. Por eso nos parece que como primera propuesta relativa al mercado laboral resulta fundamental la revisión de la reforma laboral y recuperar la libertad de la negociación colectiva, atacada sistemáticamente por la derecha en forma de

desprestigio de las organizaciones sindicales, con el objetivo claro de debilitar la defensa de los trabajadores. Por supuesto que en todos los lados se han cometido errores y se hace necesaria la autocrítica, pero el desapego y la mala imagen que en parte de la sociedad han calado respecto de los sindicatos obedece a una clara estrategia por parte de la derecha con el fin de obtener ventajas para la patronal, frente a una asustada y debilitada clase trabajadora. No estamos pidiendo nada revolucionario, se trata de derechos por los que se ha luchado mucho, desde hace tiempo, de derechos que ya fueron conquistados y que se están perdiendo. Se trata de algo tan básico como asegurar —y con la actual reforma laboral del PP eso no ocurre— que las modificaciones de las condiciones de trabajo se asuman previo acuerdo entre trabajadores y empresarios, en condiciones equitativas, y respetando unas condiciones mínimas.

¿Cuáles son las condiciones? Estas condiciones para la creación de empleo digno pasan en primer lugar por un cambio en nuestro modelo productivo, acorde a lo que apuntábamos en el capítulo tercero del presente bloque económico y que venimos reiterando constantemente. Pero también hay medidas a considerar específicamente referidas al mercado laboral. Si volvemos a atender al Plan de Reactivación Económica del PSOE, se nos dice que es necesaria una nueva política de empleo, y que ésta ha de articularse en torno a tres ejes fundamentales: frenar la destrucción de empleo facilitando la flexibilidad; implementar políticas para facilitar la creación de empleo, especialmente para los jóvenes, y mejorar las ayudas a los desempleados. Efectivamente: mantenimiento, creación y protección son tres valiosas ideas sobre las que diseñar un plan de actuación en materia de empleo. Eso sí, este plan de actuación no es sólo una responsabilidad pública, las responsabilidades sin duda son compartidas, y ahí cabe incluir a los diferentes agentes sociales. Creemos que las medidas que propongamos atañen a actuaciones a desarrollar por la Administración Pública a través de programas públicos de empleo o servicios de colocación, pero que también deben referirse a las empresas, al fin y al cabo los agentes empleadores, a quienes cabe demandar determinados compromisos y que deben verse asimismo incentivadas en la creación (y en la no destrucción) de puestos de trabajo. Es importante el estímulo a nuestras empresas en favor del mantenimiento y la creación de empleo. En la lucha contra la destrucción de puestos de trabajo, el PSOE proponía en su plan una moratoria de los despidos por causas económicas

durante 2013, 2014 y 2015, ofreciendo un «Programa Extraordinario de Mantenimiento del Empleo». Éste consistiría en ayudas a las empresas en dificultades que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optasen por una reducción de jornada, con una reducción proporcional el salario, y costeándose el puesto de trabajo que se mantiene a partes iguales entre el empresario y el Estado (pudiendo ascender al 60 por ciento la parte del Estado en el caso de trabajadores mayores de cincuenta años). Al margen de los detalles concretos de la propuesta relativos a porcentajes y cifras, siempre susceptibles de debate y ajuste, nos parece que ésta es una vía de actuación muy interesante, puesto que actúa incentivando el propio comportamiento positivo de las empresas. En esta misma línea, no para evitar la destrucción de empleo, sino para favorecer la contratación, desde el PSOE también se proponen bonificaciones para las empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten nuevos trabajadores desempleados ampliando el tamaño de su plantilla y manteniéndola. Concretamente, el Plan de Reactivación Económica del PSOE fija la bonificación para tres años en el 100 por cien de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 por ciento el segundo y el 50 por ciento el tercero. Pero del mismo modo que consideramos que las empresas han de ser beneficiarias de ciertas ayudas y apoyos, también creemos que es exigible una responsabilidad por su parte. En la consideración de que la obtención del máximo lucro no está por delante de otros valores, nos parece fundamental ejercer también un cierto control sobre las mismas, muy especialmente sobre los despidos en las empresas con beneficios. Con respecto a la actuación directa por parte de la Administración en la creación de empleo y la colocación de personas paradas, nos parece valioso reflexionar sobre el rol de los servicios públicos de empleo, potenciándolos. Algo que nos parece imprescindible es trabajar en el fortalecimiento de su eficacia, ya que está comprobado que apenas recolocan entre el 2,5 por ciento y el 10 por ciento de los parados, porcentajes escasísimos máxime si se compara con el funcionamiento de este tipo de servicios en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, los servicios británicos llegan a recolocar hasta el 60 por ciento, lo que es clara muestra de que contamos con un amplísimo margen de mejora. En combinación, como complemento sería también conveniente dar un desarrollo práctico al Real Decreto 1796/ 2010 del Gobierno de Zapatero, que regulaba las agencias privadas de colocación, lo cual exigiría un mínimo de las partidas presupuestarias. Finalmente, entre los ejes de actuación que señalábamos antes, nos queda la cuestión de la protección hacia los desempleados, algo que nos parece

completamente necesario y que trasciende a criterios meramente financieros, pues hablamos de auténticos dramas humanos. Debemos volver a los niveles de prestación por desempleo y protección social previos a la reforma laboral del PP, así como reforzar programas públicos de recualificación y asistencia a desempleados como el programa de Recualificación Profesional (PREPARA) y los programas de Renta Activa de Inserción.

Tiempo y dinero Las actuaciones descritas definen una nueva orientación de política laboral encaminada al mantenimiento y la creación de puestos de trabajo pero, lo venimos diciendo hasta la saciedad, no sólo se trata de crear puestos de trabajo, también de que éste sea digno. Es decir, además de que, por supuesto, no se relaje la normativa relativa a salud laboral y derechos adquiridos de los trabajadores, hay que aspirar a que el trabajo resulte estable y con unas condiciones salariales justas, vigilando los abusos que la situación presente está favoreciendo. Y es que no es sólo la falta de trabajo, también la precariedad que padecen muchos de quienes sí tienen un puesto de trabajo es causa de perjuicios y dramas intolerables. Uno de los graves problemas que padece el mercado de trabajo en nuestro país es el exceso de temporalidad, una cuestión que además afecta con especial virulencia a los más jóvenes dificultando enormemente su desarrollo profesional. España no es sólo el país europeo con las cifras de paro más alarmantes, también es el que muestra un mayor porcentaje de empleo temporal precario, y se nos antoja que ambas cuestiones están bastante relacionadas. Es evidente que, en situaciones de crisis y recesión, quienes primero pierden su empleo son los trabajadores temporales. Podría aducirse que esto es debido a nuestra estructura económica tan dependiente de sectores característicamente estacionales como el turismo, o dependientes de un boom como el de la construcción, vinculado a la burbuja inmobiliaria. Eso lo explica sólo en parte, porque lo cierto es que en nuestro país se ha permitido a las empresas desde hace mucho tiempo contratar como temporales a trabajadores con menos derechos y en permanente rotación, pero que ocupaban un puesto igual de fijo y con las mismas responsabilidades, aunque desde luego más barato, que el de los demás. Son trabajadores que cobran menos, reciben menos formación, son más vulnerables al despido y recibirán menos indemnización si ésta se produce. La perfecta definición de la precariedad. Por supuesto, con toda lógica, también resultan menos productivos. Por lo tanto, eliminar el exceso de temporalidad y mitigar esa fuerte dualidad

entre trabajadores fijos y temporales debe ser prioritario en la reforma laboral. Claro que buscar la igualación en las condiciones laborales de los trabajadores no significa rebajar los beneficios de los más favorecidos, que es a lo que apunta la reforma laboral del PP abaratando el despido de todo trabajador, sino mejorar las condiciones de quienes padecen la precariedad. Un despido barato (ese trabajo flexible como prefieren describirlo cínicamente algunos) no sirve para crear empleo, sino para destruirlo. En la lucha contra la temporalidad tienen un papel fundamental las modalidades contractuales de las que dispongamos. Este asunto estuvo recientemente en el centro del debate público, puesto que en España existe una enorme, excesiva, diversidad al respecto. Alguna voz desde Europa habló del efecto positivo que el «contrato único» podría conllevar para nuestro país. Fue una propuesta casi unánimemente rechazada por nuestros agentes sociales, que a todas luces apuntaba a una igualación por abajo según criterios de gusto neoliberal. Sin embargo, no nos parece fuera de lugar volver a traer a colación un asunto que, creemos, también puede abordarse desde una perspectiva de izquierdas. Lo que importa son los valores y criterios de los que se parte. La idea de un contrato único, o de una reducción sustancial de las modalidades contractuales de que disponemos, podría ser estudiada siempre y cuando se igualen los contratos no por abajo, sino por arriba, con el fin de luchar contra la precariedad y la temporalidad. En este sentido, sería necesario mantener indemnizaciones por despido crecientes según la antigüedad en la empresa del trabajador, y la creación de bolsas o cuentas de prestación por desempleo de las que ese trabajador sería beneficiario. De lo que también estamos convencidos es de que resulta necesaria la reforma de los actuales contratos de formación y de prácticas, y de la regulación de las prácticas no laborales en las empresas, para facilitar efectivamente la contratación de jóvenes con necesidades de formación básica o profesional o de titulados sin experiencia laboral. En estos casos, las empresas que utilicen estos contratos podrían acceder a créditos bonificados. Y de la dimensión «tiempo» debemos pasar necesariamente a la otra gran coordenada de la fuerza de trabajo: el salario. La correcta definición de una política salarial está siempre en el ojo del huracán, puesto que en torno a ella giran conceptos como justicia, productividad, competitividad, capacidad de consumo, costes o rentabilidad, que a menudo parecen enfrentarse entre sí. Los economistas neoliberales, con una estricta mentalidad focalizada en los costes de producción, recomiendan la moderación salarial como vía de mejora de la competitividad, pero esto sólo es verdad para las grandes empresas exportadoras muy poco dependientes del mercado interno. Por el contrario, para las pymes en

realidad la reducción de los salarios termina traduciéndose en precariedad, menos demanda interna, descenso del consumo y pérdida de ventas. Promover la rebaja salarial es, por tanto, una manera de empobrecer no sólo a la clase trabajadora, sino a la economía en su conjunto, algo especialmente preocupante en situaciones de crisis. Si añadimos la supresión de ayudas o prestaciones sociales y la disminución del gasto público, todo lo cual conforma el credo neoliberal que está aplicando el Gobierno del PP, la crisis se estanca. Esto ya se comprobó durante la Gran Depresión de los años treinta, y la manera de salir de ese círculo vicioso fue precisamente adoptando las medidas contrarias: estímulo económico público, creación de empleo y protección social. Si lo que se busca es aumentar la competitividad exterior, en vez de hacerse reduciendo los salarios con el efecto de empobrecimiento que ello conlleva y que hemos explicado, existe otra vía: el aumento de la productividad. Aunque éste es un terreno más resbaladizo y a menudo difícil de cuantificar, y sobre el que caben muy diversas actuaciones: jornada laboral, gestión de las organizaciones, participación del trabajador en la toma de decisiones, clima laboral, medidas de motivación..., y también un salario satisfactorio. Es decir, que lo contrario a la moderación salarial puede no sólo favorecer la demanda interna, algo imprescindible, sino también, y precisamente, ser de ayuda en la mejora de nuestra competitividad. La realidad es que la participación de los salarios en la renta nacional ha caído drásticamente en España en los últimos años. Nuestro salario medio es de los más bajos de Europa, y las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas son de las más acusadas. Éste es el modelo que padecemos y el que ha dado lugar a un tejido productivo extremadamente debilitado y a un mercado laboral en estado de excepción. Resulta significativo que, tras la reforma laboral de PP, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) haya desaconsejado ahondar en la devaluación salarial en España, puesto que comporta el riesgo de deprimir más el consumo y castigar el empleo, y alerte de que si se prosigue ajustando sueldos es muy posible que España tenga más problemas para cumplir con su objetivo de déficit, al deteriorarse más la situación económica y aumentar la pobreza, y se lamente de que las medidas de contención salarial no hayan ido acompañadas de un incremento de la protección a los parados. En definitiva, la propia OIT pide más énfasis en las políticas activas de empleo. La estrategia neoliberal de reducir los salarios no va a favorecer ni el crecimiento económico ni la creación de empleo, sino todo lo contrario, además de acentuar la precariedad, las desigualdades y las injusticias sociales. En contraste, nosotros creemos que es necesario aumentar el salario mínimo a niveles equiparables a los de los países europeos con similar PIB, y adoptar medidas

encaminadas a reducir progresivamente el abanico salarial, para lo cual hemos de valernos en buena medida de herramientas fiscales, como se verá en el último capítulo de este bloque económico, además de apoyar la ya antes citada negociación colectiva. En definitiva, nosotros estamos convencidos de que mejorar las condiciones de temporalidad y salarios de los trabajadores, a lo que tan reacia se muestra la clase empresarial, ha de resultar beneficioso en términos de productividad y, en consecuencia, en términos económicos. Lamentablemente, esa mentalidad empresarial excesivamente conservadora, incapaz de mitigar su deseo de obtener la máxima sumisión del trabajador, parece no querer darse por aludida.

¿Generación perdida? Por último, a la hora de proponer ideas para la creación de empleo, no podemos dejar de dedicar un espacio específico al empleo juvenil, problemática a la que ya hemos aludido puntualmente en apartados anteriores. Hace tiempo que venimos constatando el grave riesgo de encontrarnos con toda una generación perdida de jóvenes con serias dificultades para conseguir un trabajo digno y emanciparse. Puede que esa concepción de generación perdida resulte un tanto melodramática y tampoco conviene exagerar, pero no cabe duda de que nos enfrentamos a un serio problema que actualmente padece el conjunto de Europa, pero que se acentúa especialmente en España, el país junto con Grecia con mayor desempleo juvenil en toda la Unión Europea, con prácticamente la mitad de su juventud activa en paro (por el 25 por ciento del conjunto de Europa). Hasta el momento, cuando se ha abordado particularmente el problema del desempleo juvenil en nuestro país, las medidas adoptadas han ido en la línea de ofrecer bonificaciones a las empresas para contratos juveniles, y de flexibilización en los contratos, lo que en la práctica ha redundado en una mayor temporalidad y no ha logrado reducir los enormes niveles de desempleo entre los jóvenes, ni mucho menos facilitar su inserción laboral estable y su desarrollo profesional. Los más formados recurren a la búsqueda de trabajo en el extranjero, con la consiguiente pérdida de talento para nuestra economía. Ante tal grave situación parece que son necesarias propuestas más audaces. Puesto que el problema, aunque no tan grave como aquí, es extensible a toda Europa, desde la Unión Europea se ha decidido adoptar una política activa al respecto, dedicando fondos por 6.000 millones de euros a este problema. España será de los países que más dinero reciba, 1.900 millones de euros, pero no parece claro que sea suficiente teniendo en cuenta el alto número de jóvenes

parados con que contamos y el hecho de que la partida tendrá que repartirse en un momento en el que los servicios públicos de atención a parados están colapsados, y las políticas activas de empleo, bajo mínimos tras los recortes sufridos (de hecho, la cuantía de lo que recibimos con este plan no alcanza siquiera la cifra que se ha recortado a políticas activas de empleo en los dos últimos años). Además, la recepción de fondos exige el diseño de un plan de empleo juvenil que especifique cómo gastar ese dinero, un plan que el Gobierno de Mariano Rajoy no termina de definir pero que parece apostar por la rebaja selectiva de cotizaciones para los contratos de jóvenes, es decir, seguir con esa política de bonificaciones a empresas cuyos resultados no están siendo los esperados. Otra idea que se baraja desde Europa, lanzada por el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor (el mismo que sugirió lo del contrato único para España), es promover la llamada «Garantía Juvenil de Empleo», consistente en desarrollar los mecanismos necesarios para que cualquier joven que esté en paro reciba en un plazo máximo de cuatro meses alguna oferta de empleo o de formación adecuada a su perfil. Esta iniciativa se ha comprobado exitosa en países como Austria, Suiza, Finlandia o Suecia, pero son países que de entrada tenían muy bajas tasas de desempleo, y la materialización de esa iniciativa en España parece más dudosa. Por supuesto, cualquier ayuda procedente de Europa ha de ser bien recibida, y la idea de contar con préstamos más baratos a empresas que contraten a jóvenes parados a través de la financiación del BEI debe verse positivamente, pero mucho nos tememos que necesitamos un auténtico cambio en nuestro mercado laboral para atajar el desempleo juvenil (y el desempleo global) y no meras soluciones transitorias. Por eso nos parece necesario apostar por soluciones de calado más estructural, mejorar las políticas activas de empleo con directrices especiales hacia los más jóvenes, así como las opciones de formación de las personas en paro, en combinación con replanteamientos en torno al sistema educativo con el que contamos. Es cierto: los jóvenes necesitan un plan de choque con fondos suficientes y que provoque efectos desde el principio pero, en definitiva, lo que se merecen es lo mismo que el conjunto de la clase trabajadora: un cambio de modelo productivo y un mercado laboral equitativo y justo que no admita la precariedad. Alcanzar eso es el gran reto.

Recortando a mayores El futuro de las pensiones / Más ingresos y más cotizantes

Dentro de esta mirada a los ejes que vertebran el mercado laboral y el empleo, damos un salto de nuestros jóvenes a nuestros mayores, las personas que tras una larga trayectoria laboral llegan al momento de su jubilación, con los derechos derivados que ello implica. Ahora mismo, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones corre peligro, por lo que inevitablemente es un tema de debate candente, muy en relación asimismo con el concepto del Estado del Bienestar, la protección social y los servicios públicos abordados en el capítulo anterior. Recientemente, el grupo de expertos del Gobierno español sostenía en sus recomendaciones la línea de recorte de gasto público propia de las recetas neoliberales, y abogaba por que las pensiones pierdan poder adquisitivo en los tiempos de crisis, incluso que lleguen a quedarse prácticamente congeladas. En aras de la sostenibilidad del sistema, estos expertos proponían desvincular las pensiones de la evolución de los precios y ligarlas a la salud de las cuentas públicas, estableciendo además que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Por si fuera poco, se pretendería también aplicar la reforma sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. El resultado de tales propuestas sería una patente y significativa reducción de la pensión media sobre el salario medio, ofreciéndose como única alternativa los planes de pensiones privados, lo cual viene a significar desde nuestra perspectiva una modalidad más de desmantelamiento de lo público en favor del negocio y el beneficio privados. No cabe duda de que la sostenibilidad de las pensiones es un tema controvertido y delicado, pero debemos recordar que, aunque desde los planteamientos más liberales se nos presentan estas recetas casi como ineludibles, no existe consenso al respecto: ni político, ni económico, ni mucho menos social.

No sólo es cuestión de gasto Las recetas de los «expertos del Gobierno», y de la ideología neoliberal en general, hacen hincapié en una única vía de actuación para salvar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones: aceptar la reducción en el nivel de pensión pública complementándolo con el ahorro privado (lógicamente, esto para quien pueda permitírselo, y no parecen tiempos como para que la clase trabajadora pueda plantearse a menudo la posibilidad de desviar parte de sus muy mermados ingresos a planes de pensiones privados que, no lo olvidemos, son además un negocio para entidades financieras, con lo que una vez más somos testigos de recomendaciones que favorecen en una misma dirección). Sin embargo, ésta no deja de ser una de las posibles maneras de actuar cuando

faltan fondos. Nos hablan de gastar menos, pero también podemos hablar de buscar soluciones para ingresar más; y sí que existen posibilidades en esta dirección. Por un lado, se puede actuar adoptando medidas para que el propio sistema obtenga una recaudación mayor de los cotizantes con los que cuenta; por otro, fomentando actuaciones encaminadas a elevar precisamente ese número de cotizantes. A nosotros nos interesa muy especialmente la reflexión en estas vías de actuación porque, reconociendo las dificultades y siendo todo lo realistas que haya que ser, partimos de dos premisas necesarias. En primer lugar, y lo reiteramos nuevamente, la defensa de lo público y del bienestar como punto de partida del debate en torno al futuro de nuestro sistema de pensiones. Y en segundo lugar, una lógica honestidad al respecto de que no se pueden cambiar las reglas del juego en mitad de partido: si son imprescindibles ajustes o recortes, estas reformas habrán de aplicarse sobre futuros pensionistas conocedores de antemano del funcionamiento del sistema de pensiones que regirá su futuro. Para que el sistema obtenga más ingresos, la principal manera de lograrlo es de una gran obviedad: creando empleo digno. Con más puestos de trabajo y con trabajadores percibiendo salarios adecuados se contará con más ingresos y recursos para sostener el sistema de pensiones. Por lo tanto, esta línea de actuación se basa en lo de siempre, en el hecho de que promover políticas de creación de empleo es lo crucial, tanto para las pensiones como para todo el funcionamiento económico. Ideas en esa dirección es lo que hemos tratado de aportar en el apartado previo. En todo caso, con independencia de la evidente necesidad de políticas de creación de empleo, hoy por hoy y dadas las tremendas tasas de paro que padecemos, que han reducido drásticamente el número de cotizantes, creemos que sería conveniente también que se aportaran ingresos complementarios al sistema de pensiones a través de la propia estructura impositiva, y no basarlo exclusivamente en las aportaciones de los cotizantes. Por supuesto que esto también sufre una enorme dependencia del nivel de ingresos de la población en general, pero es un complemento perfectamente asumible si contáramos con una adecuada política fiscal, terreno cuyas propuestas dejamos para el final de esta parte económica. Pero además hay que demandar en este delicado terreno una especial amplitud de miras y una necesaria visión a largo plazo: la sostenibilidad del sistema de pensiones está ligada a nuestra estructura demográfica y al envejecimiento de la población, y a una adecuada proporción entre población activa e inactiva. Por eso, más allá de las reformas urgentes que deban ser adoptadas, también es fundamental invertir en el fomento de la natalidad y en el rejuvenecimiento del mercado laboral, que son reformas que incidirían en el incremento de cotizantes. ¿Cómo se puede conseguir esto con políticas gubernamentales? Pues en buena medida a través de

políticas de igualdad y conciliación (tales como permisos de paternidad y maternidad igualitarios, equiparación de las condiciones de la mujer en el mercado laboral...) y de servicios públicos gratuitos (guarderías, educación...). Se alegará que con ello volvemos a disparar el gasto público; nosotros consideramos que se apuesta por la inversión productiva. Batería de propuestas Negociación colectiva Revisión de la reforma laboral para recuperar la libertad de la negociación colectiva y asegurar que las modificaciones de las condiciones de trabajo se asuman previo acuerdo entre trabajadores y empresarios. Servicios de colocación y programas públicos Potenciación de los servicios públicos de empleo. Es necesario trabajar en el fortalecimiento de su eficacia, ya que apenas recolocan entre el 2,5 por ciento y el 10 por ciento de los parados, mientras que los servicios británicos llegan hasta el 60 por ciento, lo que es muestra de que tenemos un amplísimo margen de mejora. En combinación, como complemento, sería también conveniente dar un desarrollo práctico al Real Decreto 1796/2010 del Gobierno de Zapatero, que regulaba las agencias privadas de colocación, lo cual exigiría un mínimo de las partidas presupuestarias. Fortalecimiento del programa PREPARA y los programas de Renta Activa de Inserción. Recuperación de la protección de los mayores de cincuenta y cinco años. Recuperación de los niveles de prestación por desempleo y protección social previos a la reforma laboral del PP. Empresas Ayudas a las empresas en dificultades que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optasen por una reducción de jornada, con una reducción proporcional del salario, y costeándose el puesto de trabajo que se mantiene a partes iguales entre el empresario y el Estado (pudiendo ascender al 60 por ciento la parte del Estado en el caso de trabajadores mayores de cincuenta años). Bonificaciones para las empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten nuevos trabajadores desempleados ampliando el tamaño de su plantilla y manteniéndola (el Plan de Reactivación Económica del PSOE fija la bonificación para tres años en el 100 por ciento de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 por ciento el segundo y el 50 por ciento el tercero). Control de despidos en las empresas con beneficios.

Estudios de viabilidad en torno al reparto del trabajo y la disminución de la jornada. Modalidades de contratación Surge también un debate en torno a las modalidades contractuales, de las que existe una excesiva diversidad en España. Esto está especialmente relacionado con el problema de la temporalidad, que particularmente afecta al empleo juvenil, y cuyo combate debe ser una prioridad de nuestra reforma laboral. Se puso sobre la mesa el debate del contrato único, algo que pensamos que también podría considerarse desde una perspectiva de izquierdas, una idea que podría ser estudiada siempre y cuando se igualen los contratos no por abajo, sino por arriba, con el fin de luchar contra la precariedad y la temporalidad. En este sentido, sería necesario: • Indemnizaciones por despido crecientes. • Bolsas o cuentas de prestación por desempleo de las que el trabajador sería beneficiario. Reforma de los actuales contratos de formación y de prácticas, y regulación de las prácticas no laborales en las empresas para facilitar la contratación de jóvenes con necesidades de formación básica o profesional y de titulados sin experiencia laboral. Las empresas que utilicen estos contratos podrían acceder a créditos bonificados. Políticas salariales Con respecto al propugnado descenso de salarios por parte de las posiciones liberales, nosotros consideramos que un descenso generalizado de los salarios sólo beneficia a la competitividad de las grandes empresas exportadoras y a cierta élite empresarial, pero no al conjunto de nuestra economía, puesto que si se ingresa menos, se gasta menos, se vende menos, se recauda menos, el nivel de deuda se mantiene y no hay crecimiento. La propia OIT ha desaconsejado ahondar en la devaluación salarial en España, puesto que comporta el riesgo de deprimir más el consumo y castigar el empleo, y alerta de que si se prosigue ajustando sueldos es muy posible que España tenga más problemas para cumplir con su objetivo de déficit, al deteriorarse más la situación económica y aumentar la pobreza, lamentando que las medidas de contención salarial no hayan ido acompañadas de un incremento de la protección a los parados, por lo que pide más énfasis en las políticas activas de empleo. Aumento del salario mínimo a niveles equiparables a los de los países europeos con similar PIB. Reducción progresiva del abanico salarial mediante la aplicación de medidas fiscales y con la negociación colectiva como herramienta. Empleo juvenil Préstamos más baratos a empresas que contraten a jóvenes parados a través de la financiación del BEI en el marco de la Unión Europea.

Mejorar las políticas activas de empleo con directrices especiales hacia los más jóvenes, así como las opciones de formación. Pensiones Defensa de lo público y del bienestar como premisa de debate en torno al futuro de nuestro sistema de pensiones. No se pueden cambiar las reglas del juego en mitad de partido: si son imprescindibles ajustes o recortes, estas reformas habrán de aplicarse sobre futuros pensionistas conocedores de antemano del funcionamiento del sistema de pensiones que regirá su futuro. Aportar ingresos complementarios al sistema a través de la estructura impositiva y no basarlo exclusivamente en las aportaciones de los cotizantes. Esto guardaría una relación directa con la política fiscal que hayamos de proponer. Necesaria visión a largo plazo: la sostenibilidad del sistema de pensiones está ligada a nuestra estructura demográfica y al envejecimiento de la población, y a una adecuada proporción entre población activa e inactiva. Por eso, más allá de las reformas urgentes que deban ser adoptadas, es fundamental invertir en el fomento de la natalidad y el rejuvenecimiento del mercado laboral (reformas para el incremento de cotizantes). Esto se consigue en buena medida a través de políticas de igualdad y conciliación (permisos de paternidad y maternidad igualitarios, equiparación de las condiciones de la mujer en el mercado laboral…) y de servicios públicos gratuitos (guarderías, educación…).

7 Vigilando nuestras finanzas Es momento de abordar ya una de las columnas vertebrales de toda actuación macroeconómica: la política monetaria. La política monetaria consiste en la gestión del dinero, el crédito y el sistema bancario de un país por parte de su banco central, y se vale principalmente de los tipos de interés para poder fijar el nivel de oferta monetaria, e influir así en los precios, los niveles de inversión y el gasto de una economía y, en consecuencia, sobre su PIB. No obstante, siendo España parte de la Unión Europea y la moneda común, la política monetaria queda básicamente delegada en Europa y el BCE. Por lo tanto, en este terreno nos toca inevitablemente volver a reflexionar en torno a la idea de la Europa que queremos, y las demandas que en el sentido de la política monetaria deben hacerse en el marco institucional europeo, observando asimismo qué autonomía y alternativas al respecto nos quedan como país. Asimismo, en relación con la dimensión monetaria de la economía hay que hacer referencia a lo concerniente al sistema financiero, que, como se ha podido ir comprobando a lo largo de nuestro discurso en este bloque económico, es un tema recurrente en relación con el origen y la naturaleza de la crisis económica que padecemos y en la formulación de soluciones. En directa relación con lo anterior, habrá de traer nuevamente a consideración una prioridad en materia económica como es la financiación bancaria y la necesidad de que fluya el crédito a la economía real.

De nuevo, Europa La autonomía que nos queda / BCE / Banco de España Al estar España en el seno de la Unión Europea y la eurozona, es sabido que no contamos con capacidad de actuación a nivel de política monetaria de cara a posibles intervenciones sobre nuestra moneda o sobre las tasas de interés. Pero esto no significa que no debamos manifestarnos en este sentido y demandar medidas en materia monetaria o financiera, pues se trata de herramientas fundamentales que, en combinación con la política fiscal (a la que condicionan), construyen nuestra política económica. Debemos movernos en el ámbito institucional europeo, por lo que vuelve a

surgir con fuerza el debate en torno a Europa, y que anticipábamos en el capítulo cuarto del presente bloque económico: mecanismos de coordinación, control de capitales, criterios de convergencia, continuidad en el euro... son las cuestiones sobre las que nos posicionábamos y que conviene recordar en el terreno de la política monetaria demandada. La conclusión básica a la que llegábamos allí es la importancia de desplazar el concepto de unión hacia una cooperación transnacional que implique mayor coordinación política, regulación financiera, control de capitales y una nueva consideración de lo que debe ser el BCE. Puesto que aquí focalizamos ya el debate en la cuestión monetaria, nos interesa particularmente volver a esta última cuestión relativa al BCE, institución clave en nuestro devenir económico pero a la que debemos demandar un giro en sus políticas, incluso un cambio en sus estatutos, y un posicionamiento decididamente orientado hacia el mantenimiento del bienestar y la igualdad en los países miembros de la Unión.

Una falsa neutralidad como pretexto Hay que tener en cuenta que el BCE, la administración encargada de gestionar la política monetaria de los 17 países miembros de la Unión, es una institución políticamente independiente de los representantes democráticos como manera de evitar que la política monetaria europea sirva para otorgar réditos políticos a los gobernantes. Así, estaría a cargo de técnicos o expertos que se limitarían a usar su independencia para ejecutar los objetivos marcados por las instituciones políticas democráticas. No obstante, esta digna premisa de neutralidad resulta dudosa en la práctica. Realmente, no existe una política económica puramente técnica y neutral; siempre termina respondiendo a los intereses de quienes ocupan los órganos de gobierno políticos, o de los grupos de influencia corporativos. Está también más que constatado que quienes ocupan los puestos de banqueros centrales usan su poder de manera acorde a sus preferencias ideológicas, y que quienes apuntan a posicionamientos más conservadores (estricta prioridad al control de la inflación ante la reducción del desempleo) suelen obtener posteriormente a abandonar el cargo jugosas recompensas (muy frecuentemente en el sector financiero). Además, en el caso concreto del BCE, el hecho de que su único objetivo principal sea la estabilidad de los precios, y que el resto de objetivos queden subordinados a éste, resulta significativo del posicionamiento ideológico de partida. En virtud de su objetivo principal, y puesto que la política monetaria no es independiente de otras políticas económicas, en la actualidad el BCE mantiene

secuestrada la política fiscal de los países de la eurozona, con lamentables resultados para los países más afectados por la crisis, como es el caso de España. La actualidad nos lo demuestra: el estímulo monetario que necesitan los países es concedido no sólo bajo la condición de una rigurosa reducción del déficit, el BCE también impone el modo de hacerlo con medidas fiscales y laborales a su gusto (que es el gusto neoliberal). Bajo su mandato, y sin legitimidad democrática, nos están determinando políticas a las que, nos guste o no, no podemos responder con nuestros votos. Es decir, el BCE (como el FMI), bajo la coartada de la independencia, se ha convertido en un poderoso órgano de expansión de la ideología más conservadora, del neoliberalismo y el monetarismo más radicales. Por eso nos parece fundamental que sus actuaciones respondan a las limitaciones que hayan de imponer nuestros representantes elegidos democráticamente para conformar el Parlamento Europeo, porque si no lo hacen estos poderes democráticos lo harán sectores económicos bien organizados que responden a intereses privados. Propugnamos un cambio de estatutos del BCE que le obliguen a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y aboguen por un sistema financiero que proteja a los Estados miembros frente a la especulación financiera, además de reiterar la necesidad de una política monetaria expansiva por parte del BCE que garantice la liquidez adecuada a los países del euro. Nos parece que, al fin al cabo, nada puede ser más razonable desde un posicionamiento de regeneración... ¡democrática!

¿Qué hay de lo nuestro? Dentro de la escasa autonomía que nos queda en política monetaria, reivindicamos asimismo el reforzamiento de las funciones del Banco de España en sus tareas de control, supervisión y previsión. Las experiencias previas, y especialmente en nuestro país en torno a la burbuja inmobiliaria, nos demuestran que la necesidad de herramientas de supervisión de las entidades bancarias es prioritaria. Además, dada la concentración de la actividad financiera en España en unos pocos grupos bancarios, se impone asimismo la vigilancia de sus actuaciones para evitar acuerdos y condiciones que supongan prácticas oligopolísticas. Por otro lado, ha quedado demostrado que las agencias de rating que operan internacionalmente responden a intereses privados y se han comprobado ineficaces, por lo que consideramos que debería estudiarse la creación en el marco nacional, bajo la responsabilidad del Banco de España, de un departamento de riesgos macroeconómicos y financieros, lo cual guarda estrecha relación con el meollo de la cuestión: la necesaria regulación de un sistema financiero que está en el origen de la gravísima crisis económica que

padecemos. Pasemos a hablar de ese asunto...

Regulaciones justas y necesarias Instituciones financieras / Banca pública, banca ética Hagamos un necesario paréntesis en las posibilidades con que contamos en materia de política monetaria para centrarnos en el sujeto protagónico de la misma y que es objeto en los últimos tiempos de tanto debate y controversia: la banca. Decimos necesario paréntesis porque, visto lo ocurrido y cómo hemos llegado hasta la situación presente, nos parece esencial definir un nuevo modelo regulatorio para las instituciones y los mercados financieros, unas reglas del juego que no nos conduzcan al desastre y que nos permitan efectivamente plantearnos estrategias monetarias de cara a una economía real y productiva, no especulativa.

La banca siempre gana «Las políticas que nos han llevado a donde estamos, aunque nunca han hecho demasiado por la mayoría de la gente, en cambio sí han funcionado muy bien para unas pocas personas situadas en lo más alto.» PAUL KRUGMAN Es un lugar común... ¡Cuántas veces habremos oído esta expresión en los últimos tiempos para resumir, ya sea en tono jocoso o, sobre todo, resignado, la crisis actual! Que se trate de una expresión propia del ámbito del juego no nos parece casual en esta economía de casino a la que hemos llegado en las últimas décadas. Ya hemos explicado en el diagnóstico de la situación cómo la desregulación financiera y la codicia de unas élites han sido la principal causa de la actual crisis económica que padecemos. En realidad, en buena medida se trataría de recuperar regulaciones y restricciones ya existentes desde los años treinta del siglo pasado y que fueron derogadas en las últimas décadas por la fiebre desregularizadora de los neoliberales, con resultados que saltan a la vista. Los bancos estaban sujetos a reglas que prevenían que se utilizaran los fondos de sus depositantes en negocios con bastante similitud a los juegos de azar, y era tajante la distinción entre la banca de inversión y la banca ordinaria receptora de depósitos que no podía usar para especular en los mercados de valores, quedando limitada al negocio del préstamo.

Todo cambió especialmente a partir de los años ochenta y las fiebres desreguladoras de la era Reagan y Thatcher, que marcaron el rumbo de la economía mundial. Se acentuaría poco después con el enorme potencial de negocio (especulativo) que abrían las nuevas tecnologías a golpe de clic de ratón. Se nos vendieron las innovaciones financieras como maravillosas opciones de mejora de la eficiencia, pero realmente lo que representaron fue un estímulo para las conductas de riesgo. En pocos años, todas estas operaciones financieras sin control que inundaron los mercados de activos tóxicos, productos financieros muy opacos y arriesgados, llevarían al colapso al sistema financiero, arruinando a bancos e inversores y desencadenando una crisis de crédito y económica. El precio final, como es sabido, lo han terminado pagando la mayor parte de los ciudadanos y las pequeñas empresas, amén de los Estados que han tenido que acudir al rescate de esa banca, provocando descomunales déficits públicos que los colocan a merced del FMI o el BCE y sus exigencias de austeridad. Mientras tanto, para los grandes financieros y una pequeña élite, que son precisamente los artífices de estos modelos de negocio, este proceso de desregulación financiera e incremento del endeudamiento ha reportado pingües beneficios.

Control y ética Visto lo visto, queda fuera de toda duda que son absolutamente exigibles medidas encaminadas a crear adecuados mecanismos de control y supervisión bancaria en el marco de una serie de reformas fundamentales del sistema financiero. Tras los excesos cometidos que han canalizado el ahorro hacia la actividad especulativa y no productiva, creando artificialmente una deuda que está a punto de colapsar la economía mundial, se impone ya mismo el someter a las finanzas a determinados patrones de comportamiento ético y responsable. Por eso pensamos que es necesario crear una ley de ética bancaria y financiera que imponga la transparencia y el buen uso de los fondos e impida que los bancos sean instrumentos del fraude y la evasión fiscal. Esto debe ir acompañado de una clara separación entre banca comercial (de depósitos y que debe dedicarse a financiar la actividad económica) y banca de inversión, promocionándose nuevos tipos de instituciones financieras vinculadas a las finanzas personales y los mercados locales. En este sentido, nos parece que resulta conveniente estudiar la posible nacionalización de antiguas cajas de ahorros, y asegurarse de que lleven a cabo una actividad financiera vinculada efectivamente al desarrollo regional y local. Sobre la premisa de ese modelo de banca debemos articular los mecanismos de control de capitales y supervisión de actividades financieras. Está claro que debe

mostrarse mayor severidad sobre las operaciones financieras especulativas, engañosas e ilícitas, y que es fundamental el control de la ingeniería financiera, sometiendo a auditorías independientes todo el complejo mercado de productos financieros derivados, prohibiéndose determinadas prácticas especulativas. Se podrían hacer necesarias medidas como la implantación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, las ganancias de capital y los beneficios extraordinarios de la banca (algo que debe realizarse a nivel internacional), o la introducción de coeficientes de caja más altos. Evidentemente algo así exige una vigilancia permanente pero, lamentablemente, los organismos que debieran llevar a cabo esta tarea, como el BCE (tal y como hemos visto en el apartado anterior), son ellos mismos a menudo responsables o favorecedores de las tácticas de los grandes financieros y especuladores. Si queremos una correcta vigilancia del sistema financiero, es necesario, como decíamos antes, un control social mucho más directo y democrático de organismos como el BCE. Y a nivel nacional, también nos parece importante demandar esa labor de vigilancia al Banco de España, particularmente de posibles prácticas oligopolísticas por parte de los grandes grupos bancarios españoles que han concentrado la actividad financiera. En definitiva, lo que aquí propugnamos es la idea de una banca ética y transparente, que asegure el buen uso de sus fondos y cuya función se sustente en las necesidades productivas, y no especulativas, de la economía. Asimismo, no rehuimos el debate que abogue por la necesidad de afrontar con valentía la instauración de una verdadera banca pública que, lógicamente, se rija por los criterios descritos de responsabilidad, transparencia, ética y bien común.

Crédito para la economía real Inyecciones de dinero / Un rescate con sentido Hemos dicho al principio del capítulo que la política monetaria gestiona el dinero, el crédito y el sistema bancario de un país. Así que puede que no quede elegante, pero vamos a hablar de dinero. Y de crédito. Sobre el sistema bancario y su necesaria regulación acabamos de extendernos, y lo hemos hecho con anterioridad porque nos condiciona enormemente la prioridad final que en este momento hay que otorgar a la política monetaria, y es que fluya el crédito hacia la economía productiva, lo cual redunde finalmente en crecimiento económico. En buena medida, esa economía real la representan nuestras pymes, ya lo apuntábamos en el capítulo tercero de este bloque económico cuando atendíamos a nuestro tejido productivo. En aquel capítulo aportábamos ideas para facilitar el

acceso al crédito de las empresas y emprendedores sin que éstos sean tan dependientes de la financiación bancaria, pero ya avisábamos que tales medidas no pueden ser suficientes y que resulta imprescindible que el sistema financiero privado cumpla con esa función de facilitar el crédito a la economía real. Pero ese crédito que debe fluir de nuestro sistema bancario a nuestras unidades productivas parece que no llega. A estas alturas todos somos conscientes de la situación crítica que ha atravesado (y atraviesa) nuestro sistema bancario, derivado en gran medida de prácticas especulativas e irresponsables, y que hemos terminado pagando todos con dinero público, necesitando también la intervención de Europa. Dado el punto al que llegamos, por mucho que nos lamentemos de que nunca debimos haberlo alcanzado, el rescate a la banca resultó necesario, pero los resultados positivos para nuestras empresas no se materializan. Sin duda, ese rescate debería haberse hecho en términos de exigencias hacia la banca mucho más firmes, de modo que la ayuda pública que ha recibido redunde en beneficio real para los contribuyentes. Por eso, desde la política y los gobiernos, demasiado cautivos de los intereses financieros, debieran demandarse esas exigencias con una valentía y una firmeza que, de momento, no se están produciendo, y nosotros asimismo reiteramos con vehemencia esa idea de una banca ética orientada a la economía productiva y facilitadora de crédito a empresas y ciudadanos. Y también desde la política monetaria europea caben nuevas actuaciones valiosas en este sentido, empezando por establecer mecanismos de financiación más directa entre el BCE y las empresas. Lo que se necesita es que se apueste decidida y prioritariamente por el estímulo de la economía frente al intransigente control inflacionario actual. De hecho, la posibilidad de soportar una tasa de inflación algo más elevada podría incluso conllevar ciertos beneficios, ya que reduce la carga de la deuda (nuestro más grave problema), y redundaría precisamente en facilitar el flujo de préstamo hacia las pymes y los particulares. Nos parece que, al fin y al cabo, frente a los miedos que la deuda actual que padecemos provoca en la concesión de crédito, estimular el crecimiento económico no es sino, precisamente, la mejor vía para evitar que el incremento de la morosidad en el sistema financiero obligue a nuevos procesos de recapitalización. Claro que las medidas monetarias expansivas que apreciamos útiles, lo serán mucho más si vienen acompañadas por un estímulo fiscal que hoy por hoy Europa no permite en los países pertenecientes a la Unión. Es momento por fin de hablar en profundidad de la política fiscal que más nos conviene, es decir, de gastos e ingresos, de equilibrios presupuestarios, de distribución de rentas. De igualdad.

Batería de propuestas Europa Cambio de estatutos del BCE que le obliguen a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y aboguen por un sistema financiero que proteja a los Estados miembros frente a la especulación financiera. Necesidad de una política monetaria expansiva por parte del BCE que garantice la liquidez adecuada a los países del euro. Concesión de licencia bancaria al MEDE como medida para frenar la especulación. Sistemas financieros Ley de ética bancaria y financiera que imponga la transparencia y el buen uso de los fondos e impida que los bancos sean instrumentos del fraude y la evasión fiscal. Separación clara entre banca comercial (de depósitos) y banca de inversión. Mayor severidad sobre operaciones financieras especulativas, engañosas e ilícitas. Control de la ingeniería financiera sometiendo a auditorías independientes todo el complejo mercado de productos financieros derivados, prohibiéndose determinadas prácticas especulativas. Nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, las ganancias de capital y los beneficios extraordinarios de la banca. Introducción de coeficientes de caja más altos. Promoción de nuevos tipos de instituciones financieras vinculadas a las finanzas personales y los mercados locales. Vigilancia por parte del Banco de España de posibles prácticas oligopolísticas por parte de los grandes grupos bancarios españoles que han concentrado la actividad financiera. Exigencias efectivas hacia la banca rescatada de hacer fluir el crédito a la economía productiva.

8 Recaudación y reparto El capítulo final de este bloque económico lo dedicamos a la política fiscal, puesto que se trata de la herramienta de actuación macroeconómica fundamental de la que disponemos como país, a pesar de las restricciones que nos impone Europa, para emprender medidas que apuesten por el crecimiento y el empleo. La política fiscal consiste en la fijación de los niveles de impuestos y gastos con el fin de influir en los resultados macroeconómicos. Resulta en consecuencia necesario que atendamos a los dos componentes de toda política fiscal: los gastos y los ingresos. A partir de ambos componentes observaremos, por un lado, las alternativas con que contamos a la asfixiante austeridad que imponen las políticas neoliberales de la troika y, por otro lado, la identificación de las posibles vías de financiación con que contamos dada la grave crisis de deuda que padecemos, pero que nos resultan necesarias para emprender las medidas que garanticen el modelo de crecimiento y bienestar en el que creemos. Finalmente, habrá que observar con atención el sistema impositivo español con el objetivo de que nos resulte de la máxima utilidad, lógicamente como vía de ingresos, pero también como vía para avanzar en la igualdad y la cohesión social.

Una mirada en dos direcciones Gastos e ingresos Abordar el sistema fiscal y las actuaciones al respecto del mismo implica tomar en consideración sus dos componentes: los gastos y los ingresos. No se trata por tanto, en contra de lo que nos quieren hacer creer los ideólogos neoliberales mediante la imposición de medidas de austeridad, exclusivamente de recortes en el gasto público, sino también de cómo obtener los ingresos y la financiación que permitan acometer los gastos sociales e inversiones públicas que estimemos convenientes, de acuerdo con el objetivo que nos hemos marcado de crecimiento, creación de empleo y reducción de las desigualdades. Evidentemente, la estructura fiscal está estrechamente vinculada al endeudamiento público, y no se nos escapa que estamos inmersos en una seria crisis de deuda, tanto pública como privada. No obstante, España antes de la crisis no padecía un nivel de deuda pública sobre el PIB significativamente alto, y éste ha

venido creciendo precisamente como consecuencia de la propia crisis, ya sea por el descenso de los ingresos procedentes del sistema recaudatorio, ya sea por la necesidad de acudir en ayuda de nuestro sistema financiero. El gran engaño que nos quieren colar es que la crisis europea es fruto de una irresponsabilidad fiscal, pero no es así, y a lo largo de todas estas páginas lo hemos tratado de explicar. Por eso estamos convencidos de que debemos aplicar, porque existen, alternativas a esa austeridad impuesta supuestamente para restaurar la confianza de los mercados pero que en la práctica está obstaculizando seriamente la recuperación y provocando el desorbitado incremento del paro y nuevas depresiones. Por el contrario, bajo nuestro punto de vista, el estímulo fiscal resulta fundamental; un estímulo fiscal que creemos que debe ir, efectivamente, unido a una racionalización del gasto (que no es, o no tiene por qué ser, lo mismo que recortes en gasto social e inversiones públicas), así como a la lucha contra el fraude y a la revisión del sistema impositivo del que disponemos (algo necesario tanto como vía de ingresos como de avance en la lucha contra las desigualdades). Todas estas cuestiones articulan el presente capítulo.

Alternativas a la austeridad El estímulo fiscal / Racionalización del gasto / Redimensionamiento de las administraciones públicas En contra de las recetas neoliberales basadas en la desregulación, las privatizaciones y los recortes de gasto público que nos han conducido a la situación actual y resultan profundamente injustas, muchos economistas al margen de esta ideología imperante en los últimos tiempos apuestan por el crecimiento, la creación de empleo y el fortalecimiento del Estado del Bienestar a través del estímulo fiscal y el incremento del gasto público para compensar el descenso de la demanda privada y del consumo. En estos momentos no es otro que el gasto gubernamental el que puede tirar de la economía y sacarnos de la depresión, mientras que los recortes no harán sino deprimir todavía más nuestros ingresos futuros. Sin embargo, no podemos negar que la situación en España actualmente es delicada y no nos queda más remedio (además de demandar a un nivel europeo una política monetaria expansiva en la línea apuntada en el capítulo anterior, combinada con un incremento del gasto en Alemania y los países acreedores que no están en recesión para tirar así del conjunto de la economía europea) que someter nuestro gasto público a cierto control y racionalización.

Racionalización no son recortes No nos equivoquemos: la racionalización del gasto no implica la drástica política de recortes encaminada a destruir nuestro Estado del Bienestar; y el Estado del Bienestar es innegociable, así como otros principios tales como la lucha contra la pobreza o la inversión productiva en I+D+i y en educación. Se trata tanto de una cuestión ética, por motivos evidentes, como económica, pues es una manera de no hipotecar nuestro futuro y fomentar el crecimiento, el consumo privado y el empleo. Estamos convencidos de que, de hecho, la política más eficiente sería que el sector público compensara la falta de demanda privada hasta que la inversión privada, el consumo y las exportaciones netas puedan sostener un crecimiento normal. Por todo ello es imprescindible la reforma de nuestro sistema fiscal (en lo que profundizaremos al final de capítulo) y la búsqueda de la máxima eficiencia en los programas de gasto público. Es evidente que el control del gasto debe ser una premisa fundamental, ya que parte del déficit de las administraciones se debe a una inadecuada planificación y elección de la inversión. Es imprescindible realizar inversiones productivas, es decir, aquellas que sean necesarias y eficaces y aporten al ciudadano ventajas tangibles, bienestar y utilidad en su vida cotidiana. Proponemos sin demora que se aprueben nuevas normas, y más rigurosas, para evaluar el control del gasto público de manera que implique realmente una mejora en la provisión de los bienes y servicios, así como la introducción de criterios de eficiencia y mejora del funcionamiento y de la operatividad en la Administración Pública. En este sentido, nos parece que puede resultar particularmente necesaria la aplicación de nuevas tecnologías, un terreno que hoy por hoy todavía no estamos sabiendo aprovechar convenientemente. Útiles resultarán también los estudios de viabilidad de todas las infraestructuras programadas, garantizando que aporten rentabilidad económica y social, y no beneficios privados, criterio al que a menudo parecen haber respondido en la práctica muchos proyectos. Por supuesto, estas propuestas exigen un principio del que mucho se habla, pero que no termina de demostrarse que se esté aplicando: la transparencia, tanto en la gestión del dinero público y los servicios públicos de cara a la ciudadanía como, por supuesto, en la financiación de los partidos políticos, un gravísimo problema de patente actualidad que está provocando la lógica indignación de la ciudadanía, que además de sentirse estafada no percibe que llegue la necesaria asunción de responsabilidades políticas. Asimismo, en torno a la cuestión de la eficiencia en el gasto reaparece la necesidad de la que hemos venido hablando en otros puntos de este texto acerca del necesario redimensionamiento de las administraciones públicas para dotarlas de una

mayor eficiencia, evitando duplicidades y suprimiendo instituciones ineficaces. Este redimensionamiento puede suponer, sí, determinados recortes, pero no en los servicios que consideramos más valiosos, y también puede redundar en incrementos de empleo en colectivos tales como docentes y médicos, o personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre otras cosas, se hará necesaria una redefinición de organigramas y competencias, con reducción de asesores, cargos de confianza y de libre designación. A modo de ejemplos, por aportar algunas cifras de referencia, nos parece que sería perfectamente factible y valiosa la reducción de al menos el 50 por ciento de todos los cargos de designación política o asimilados, la reducción de cargos electivos en un 25 por ciento, lineal para todas las administraciones, o la posibilidad de fusión de entidades locales en otras de mayor tamaño, suprimiendo las diputaciones provinciales, consells y cabildos cuyas funciones puedan ser asumidas por el Gobierno de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Yendo todavía un poquito más allá, apostamos por la posibilidad de la supresión del Senado y la creación de un comité de representación autonómica cuyos miembros, en número de dos por comunidad autónoma, serán designados de entre los miembros de los Parlamentos autonómicos. Estas ideas no creemos que vayan en contra de la necesaria defensa de lo público que venimos propugnando; al contrario, se trata de adelgazar de donde sobra para fortalecer y garantizar con mayor eficiencia y viabilidad los servicios públicos que representan el núcleo de nuestro Estado del Bienestar. Nos parece que la racionalización del gasto es la mejor respuesta inmediata a las estrictas medidas de austeridad, pero por supuesto no es algo sustitutivo sino complementario de esas otras alternativas de las que venimos hablando, como las herramientas de política monetaria disponibles que comentábamos en el capítulo anterior dirigidas a asumir como posibilidad cierta subida controlada de las tasas de inflación, o el acometimiento de manera seria y reflexionada de la reestructuración de la deuda, tanto pública como privada, ese duro caballo de batalla. Sobre deuda, déficit y financiación vamos a hablar un poco más a continuación.

Vías de financiación El sistema de financiación bancaria / La financiación del sector público / Déficit y deuda pública Abogamos, decíamos, por el estímulo fiscal y el mantenimiento del gasto público en terrenos innegociables, pero somos conscientes del grave problema de deuda que

atravesamos y de la necesidad de obtener, por tanto, vías de financiación que garanticen los ingresos adecuados para tales gastos. Por ello proponemos un análisis profundo en torno a la cuestión de la deuda en España, tanto privada como pública, sin los característicos sesgos ideológicos neoliberales, y en torno a las alternativas de financiación con las que contamos. En la financiación de nuestra economía estaríamos refiriéndonos a distintas dimensiones que se ven implicadas: la financiación bancaria, en estrecha relación con la deuda privada y las necesidades de crédito de empresas y ciudadanos; la financiación de esos servicios públicos que, como venimos repitiendo, consideramos incuestionables, y la financiación del déficit y la deuda pública que soportamos. Sobre lo primero, la deuda privada, principalmente de naturaleza hipotecaria, y las necesidades de financiación de nuestras empresas (y nuestra economía productiva en su conjunto), que demandan crédito bancario urgentemente, ya hemos apuntado ideas en los capítulos sexto (política de vivienda y reestructuración de la deuda hipotecaria) y tercero y séptimo (financiación de pymes) del presente bloque económico. Lo segundo, la financiación de los servicios públicos, guarda relación con el sistema impositivo con el que contemos, lo cual abordaremos al final de ese capítulo. Ahora es momento de profundizar en la peliaguda cuestión del déficit público, que tanto condiciona todo lo anterior.

Gasto y déficit: ángeles y demonios Ya hemos explicado que el alto nivel de déficit público que soportamos es más una consecuencia de la crisis económica y de la urgente necesidad de rescatar a nuestro sistema financiero que de un excesivo e irresponsable gasto en servicios públicos, cuestión en la que no estamos, ni mucho menos, al nivel de muchos países europeos (tenemos uno de los niveles de gasto público social per cápita más bajos de la Unión Europea). Sin embargo, un exacerbado miedo al déficit público domina el discurso político y la gestión neoliberal, aunque existan numerosos estudios que apuntan al hecho de que en un contexto de depresión son mucho más graves los perjuicios derivados del desempleo que de la deuda, cuya carga no será tan terrible si su incremento fuera menor que el que experimentara la economía. Y es así como se nos están imponiendo inflexiblemente la austeridad y el cumplimiento de unos exigentes objetivos de déficit, como si de ello dependiera todo nuestro futuro. Pero a la vez, como decimos, muchos expertos, en cuya dirección nos hemos alineado, apuestan precisamente por el gasto público como vía de estímulo de

nuestra demanda, de la creación de empleo y del crecimiento. Sin ir más lejos, el premio Nobel Paul Krugman considera que, mientras que los males derivados del desempleo son terribles, algo que no se nos escapa a nadie, el daño causado por el déficit es más hipotético que real, y que en un contexto de depresión económica no debe ser considerado un problema. Si se tomaran medidas encaminadas realmente hacia el crecimiento, la deuda podría incluso seguir incrementándose sin que ello suponga un problema, siempre y cuando lo haga más lentamente que la inflación y el crecimiento. ¿Cómo es posible tal disparidad de posicionamientos en torno a un mismo concepto, visto como la salvación por unos y como el mal absoluto por otros? Pues primero, porque la economía no es esa ciencia exacta que los tecnócratas quieren hacernos creer que es; y segundo, porque hay mucho de intereses y de ideología en los diferentes postulados. Los neoliberales no creen en lo público, nosotros sí; ellos defienden con uñas y dientes las medidas que garanticen el beneficio privado, nosotros hablamos de la necesidad de regular y poner controles al lucro desmedido y a la especulación en favor de criterios de igualdad y solidaridad. Vamos a explicarnos un poco más, porque en esta cuestión de la perversa deuda pública también nos están vendiendo demasiados mitos y falacias, sobre todo en relación con ese mágico concepto de la confianza de los mercados que ha de justificar cualquier sacrificio por nuestra parte.

La mágica confianza de los mercados Es sabido que para financiar el déficit público se recurre al mercado de deuda pública. La teoría nos dice que cuando la deuda es demasiado elevada se duda de la solvencia de un país, de manera que los inversores ya no quieren comprar sus bonos por miedo a futuros impagos. La ortodoxia neoliberal reduce el asunto a una cuestión de confianza, y por eso nos imponen medidas para rebajar el déficit. Una disminución de las expectativas de futuro endeudamiento tiraría hacia abajo del tipo de interés, lo cual favorecería la inversión. Además, los consumidores habrían de prever un descenso en la carga impositiva, se sentirían más ricos, y gastarían más. Sin embargo, esa doctrina de que el recorte en el gasto gubernamental incrementa la confianza y favorecerá el proceso descrito no se ha demostrado cierta. Para empezar porque no sólo es necesario que efectivamente se dé un crecimiento en la confianza en nuestra economía, también es imprescindible que éste se produzca con la suficiente intensidad como para compensar el efecto depresor de una rebaja en el gasto gubernamental. A la vista está que con la drástica pérdida de puestos de trabajo que estamos viviendo, los recortes salariales y las limitaciones en los

servicios sociales, esto es muy poco verosímil. Por el contrario, a nosotros nos parece que nada otorgará más confianza que un crecimiento de la economía real, con creación de empleo y prosperidad, y eso, como venimos repitiendo machaconamente, no se consigue con austeridad y recortes. Y tampoco ayuda mucho creer en esa mágica confianza cuando el mercado de deuda pública es un contexto donde en buena medida nos enfrentamos también a las actividades especulativas de los mal regulados mercados financieros, un tema recurrente en lo que respecta a la actual crisis económica, y sobre el que venimos alertando constantemente. Los Estados se ven obligados a endeudarse y los especuladores aprovechan la situación para especular y hacer grandes negocios con ello. No se trata tanto de una irresponsabilidad en el gasto público por parte de los gobiernos (buena parte del cual es necesario y deseable) como de la indefensión en unos mercados financieros que necesitan un mayor control y regulación. Sin embargo, es precisamente en gasto público donde nos exigen recortar, es decir, que han convertido el problema de la deuda pública en una herramienta para transferir dinero público a manos privadas: socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. Por eso, el problema de déficit que padecemos y del que hacen bandera los neoliberales como condicionamiento económico para toda actuación que queramos emprender, exige, por una mera cuestión de justicia, que sea resuelto depurando responsabilidades sobre quienes realmente las tienen, y no haciendo que sea la población más desfavorecida (y no culpable, olvidemos ya la cínica cantinela del vivir por encima de nuestras posibilidades) quien soporte la carga. En consecuencia, nosotros creemos que es imprescindible auditar la deuda española de modo independiente para depurar responsabilidades e identificar su origen y sus verdaderos beneficiarios; y a partir de dicha auditoría estudiar la reestructuración de la misma.

Equilibrar cuentas Ahora ya, con las ideas claras, vamos efectivamente a estudiar qué caminos pueden tomarse para luchar contra el déficit, porque tampoco podemos negar que existe un problema en ese terreno para nuestra economía, y que aparte de abordar la cuestión de la reestructuración de la deuda que comentábamos antes, demanda medidas correctoras y preventivas. Para empezar, a la hora de contabilizar el déficit público nos queremos permitir una «trampa», pero una trampa lógica, razonable y necesaria porque no queremos bajo el mismo paraguas del déficit y su mala prensa (alimentada permanentemente desde posiciones de derecha) que se incluyan conceptos necesarios e

imprescindibles. A lo que nos referimos es a que nos parece necesario lograr que, a la hora de contabilizar el déficit público, se excluya el porcentaje de gasto público destinado a inversión productiva, I+D+i y educación (la llamada «regla de oro»). Y a partir de aquí ya podemos empezar a hablar de equilibrios de cuentas y racionalización del gasto. Pero no sólo de gasto. Al fin y al cabo, para equilibrar las cuentas del sector público y reducir el déficit, se puede actuar con relación al gasto, pero también, lógicamente, con relación a los ingresos. Es perfectamente posible seguir apostando por el gasto público en los terrenos necesarios, incrementándolo de hecho como incentivo para nuestra economía, y reducir a medio plazo nuestro déficit, siempre y cuando los ingresos se terminen incrementando en mayor cuantía. En el terreno de los ingresos, las posiciones neoliberales acuden a la fórmula de las privatizaciones, algo lógico cuando uno de sus objetivos es desmantelar el sistema de servicios sociales públicos. Por obtener ingresos inmediatos se venden empresas rentables a precios inferiores a los de mercado, y aunque se alude a criterios de eficiencia y productividad, la realidad ha demostrado que esto no sólo no ocurre sino que además provoca reestructuraciones de plantilla y un debilitamiento del Estado y la pérdida de herramientas de control económico y de servicios fundamentales, cuya gestión pública resulta especial útil para afrontar situaciones de crisis. Nosotros ya hemos repetido muchas veces que hay una dimensión pública que nos parece imprescindible mantener y potenciar, y la vía de las privatizaciones no es una vía eficaz de ingresos sino una manera de transferir a manos privadas, que no tienen otro fin que el lucro, unos recursos públicos cuya gestión exige criterios de equidad y servicio social, con la consiguiente pérdida de beneficios para el ciudadano. Si lo que queremos es incrementar los ingresos, éstos serán el resultado directo del crecimiento económico y de medidas encaminadas al mismo, además de la adecuada reforma del sistema impositivo que abordamos a continuación.

Terminando por el principio: la igualdad como criterio Fiscalidad progresiva / Paraísos fiscales / Por la igualdad Explicábamos antes que una política fiscal drásticamente restrictiva como manera de atajar el déficit en tiempos de depresión no compensa; a corto plazo porque deprime el consumo y provoca desempleo y un descenso en la recaudación, y a largo plazo porque atenta contra el Estado del Bienestar, los servicios sociales y la economía productiva, con los costes que ello implicará. Se necesita, por tanto, un nuevo rumbo para nuestra política fiscal que permita

el mantenimiento del gasto en terrenos imprescindibles (Estado del Bienestar y servicios sociales, formación, I+D+i, estímulo de la economía productiva...), bajo los parámetros de control y racionalización de las inversiones y lucha contra la evasión fiscal, y con el principio de igualdad y justicia social como guía.

Reforma fiscal, ya «Esta crisis nos ha recordado a todos que sin vigilancia el mercado puede descontrolarse y que una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos.» BARACK OBAMA En España se está pidiendo a gritos, con bastante más urgencia que en los países que nos rodean, una reforma fiscal que aumente los ingresos estatales como manera de parar la insensata política de recortes. Pero incrementar los ingresos no es sinónimo necesariamente de aumentar los impuestos, algo que hay que evitar a toda costa en lo tocante a las clases medidas y a los trabajadores; lo fundamental es aumentar las bases impositivas (es decir, potenciar el crecimiento y el empleo y no permitir la rebaja sistemática de los salarios) y, desde luego, conseguir que paguen impuestos todos los que tienen que pagarlos y que lo hagan en la medida que en justicia les corresponde. La reforma que demandamos debe darse cuenta de las múltiples fallas de un sistema fiscal cuya exigible progresividad se está viendo mermada en los últimos años, con una cuestionable proporción de impuestos directos e indirectos, con excesiva permisividad hacia el fraude y la evasión fiscal, y con todo un compendio de exenciones y deducciones fiscales sin justificación, y que precisamente parecen estar proliferando durante la crisis. Algunos ejemplos: En 2011* los gigantes empresariales españoles pagaron por el impuesto de sociedades sólo el 3,5 por ciento de los beneficios que habían declarado, gracias a las habilidades de sus excelentes asesores fiscales, amparados en recursos a su alcance derivados de sucesivas reformas del citado impuesto. En el año 2012** Hacienda recaudó por rentas de salarios 4,5 veces más que por rentas de capital y de empresas juntas y los impuestos aplicados a las pensiones supusieron ese mismo año 1,62 veces más que las citadas rentas de capital y de empresas. Los datos nos demuestran también que la crisis está repercutiendo drásticamente en todos los capítulos de ingresos fiscales, excepto en los que tienen que ver con el trabajo. Es evidente que los que más tienen son quienes más se están sabiendo proteger

de las cargas impositivas, que están recayendo precisamente sobre las clases más desfavorecidas, lo cual atenta contra la supuesta intencionalidad solidaria de un sistema que está perdiendo su progresividad y que no parece garantizar el necesario criterio de justicia fiscal exigible. En consecuencia, la reforma fiscal es uno de los grandes retos políticos y económicos que deben ser abordados con la máxima urgencia. Puesto que aquí se trata de aportar algunas soluciones, sugerimos una serie de propuestas que, desde una perspectiva progresista e igualitaria, nos parecen útiles de cara a dicho modelo fiscal en su objetivo de distribución equitativa de la renta y disminución de las desigualdades: • Intensificar la progresividad de los impuestos sobre la renta y los beneficios, eliminando privilegios fiscales y revisando las deducciones. • Integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento. • Gravar la riqueza recuperando los impuestos sobre el patrimonio o el de sucesiones con un mínimo homogéneo para todas las comunidades autónomas, considerando la exención en los tramos más bajos. • Equiparar la fiscalidad que soportan las rentas del capital a la de las rentas del trabajo. • Aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas. • Eliminar los privilegios y exenciones fiscales de los que gozan las actividades y bienes de la Iglesia católica. • Revisar la carga impositiva relativa al IVA, por ejemplo reduciendo el IVA de las actividades culturales y otras.

Paraísos fiscales Pero la justicia fiscal a la que aspiramos se enfrenta a un problema gravísimo que impide el correcto funcionamiento del sistema fiscal y la obtención de los pertinentes ingresos para financiar nuestros servicios públicos e inversiones. Se trata de la economía sumergida y, muy especialmente, el fraude fiscal, favorecido por la existencia de paraísos fiscales y complejos instrumentos financieros amparados por la laxa normativa existente. Los paraísos fiscales facilitan la evasión fiscal, una práctica ilegal consistente en no registrar ganancias que deberían ser gravadas con algún tipo de impuesto; así como la elusión fiscal, que consiste en las posibilidades que se ofrecen a las

empresas y grandes fortunas de diversificar los territorios donde pagar sus impuestos, algo que sí es legal, aunque a menudo muy cuestionable éticamente, y notablemente perjudicial para los propósitos de la justicia fiscal que deseamos. Además, la existencia de los paraísos fiscales empuja a la baja la presión fiscal en todos los países, ante el temor de una fuga de capitales, lo que provoca en la práctica que sean quienes más difícil tienen eludir los impuestos (las clases medias y trabajadoras) quienes terminan soportando la financiación y la sostenibilidad del sistema impositivo. En consecuencia, es necesaria, y urgente, la adopción de medidas firmes contra el fraude fiscal y contra la elusión y evasión de impuestos, porque lamentablemente los paraísos fiscales se hallan más activos que nunca y son una auténtica amenaza para la democracia y la justicia económica global. El asunto de los paraísos fiscales se ha convertido en una preocupación internacional, como bien se hacía eco el presidente de la República Francesa, Françoise Hollande, al implorar recientemente en el marco del G-8 una fiscalidad más justa, una actividad económica más transparente y unas relaciones comerciales más fuertes, señalando específicamente su deseo de que haya avances en la lucha contra la evasión y el fraude fiscales y contra los paraísos fiscales. En el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G-20 se vienen debatiendo asimismo propuestas oficiales en este sentido, que deberían prosperar. Es éste un asunto sin duda complejo, pero ineludible, que exige la cooperación internacional para el intercambio automático de informaciones entre las administraciones tributarias con el fin de combatir el blanqueo de dinero y los flujos ilícitos de capital. Resulta necesario el fin de la opacidad, esto es, la eliminación del secreto bancario y la identificación y denuncia de los paraísos fiscales que existen en el mundo y de las empresas y fortunas que los utilizan. Y también a nivel nacional hay actuaciones que pueden resultar valiosas, como el incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal, la creación de una oficina específica de lucha contra el fraude, el aumento de las inspecciones fiscales y de trabajo a las empresas, especialmente las grandes, o la penalización a los bancos que no declaren los bienes de sus clientes en el extranjero (al modo de lo que ya se está aplicando en Estados Unidos, con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, la FACTA).

La igualdad como criterio «Reducir la desigualdad es lo mejor que cualquier Gobierno puede hacer.»

SUSAN GEORGE La justicia fiscal que propugnamos nos parece no sólo una excelente herramienta con beneficios económicos, también es una toma de posición en favor de la igualdad y la cohesión social. La cruzada neoliberal que han impuesto en todo el mundo las ideologías más conservadoras en las últimas décadas, además de habernos llevado al borde de un precipicio financiero y económico, trae consigo asimismo un rasgo muy distintivo: el incremento de las desigualdades. Los argumentos con que la derecha trata de vendernos las bondades del libre mercado a ultranza se han demostrado falsos; la riqueza no ha revertido en la mayoría de la población, sino todo lo contrario. Durante todas estas últimas décadas de desregulaciones y libre mercado a ultranza se han acentuado las desigualdades enormemente. Las reglas del libre mercado a ultranza, lejos de crear una economía armoniosa, han convertido a los ricos en todavía más ricos, y han llevado a la clase trabajadora a la precariedad convertida en objeto de usar y tirar. Como dice Paul Krugman, «el rápido aumento de los ingresos de la minoría acaudalada refleja los mismos factores sociales y políticas que fomentaron la laxitud en la regulación financiera», es decir, el giro a la derecha de la política económica mundial en los últimos tiempos ha favorecido paralelamente la crisis financiera y el incremento de las desigualdades sociales, fenómenos interdependientes que se alimentan mutuamente. A nivel salarial, grandes ejecutivos, banqueros, especuladores y poseedores de grandes capitales han visto elevarse sus ingresos espectacularmente y han hecho (o incrementado) enormes fortunas sin que ello responda a lo que supuestamente deben responder los modos de fijar los salarios: la aportación de valor añadido o producto marginal a la producción global. Mientras que desde el FMI o la patronal se demanda moderación salarial, los ingresos de los de arriba quedan libres de los fundamentos de contribución a la economía productiva. Por eso, a las propuestas redistributivas de la riqueza que aportábamos en materia fiscal (que, reconozcámoslo, al estar basadas en impuestos siempre provocan suspicacias entre la población en general), correctoras a posteriori de desigualdades, debemos añadir la idea de la «predistribución», es decir, medidas encaminadas a vigilar las elevadas e injustas diferencias de ingresos que se producen en nuestra economía, estableciendo topes salariales para determinados puestos en las élites empresariales, elevando salarios mínimos, controlando flujos de capitales desorbitados, etcétera. Lo que es patente es que la profunda injusticia de la desigualdad, facilitadora de precariedad, marginalidad y miseria, ha de provocar necesariamente indignación y reacciones, a menudo muy dignas de ser atendidas, como nos han demostrado

diversos movimientos ciudadanos en nuestro propio país, pero también capaces de conllevar efectos muy dañinos, como el auge de los fundamentalismos religiosos o de ideologías excluyentes y ultraderechistas. Por eso subrayamos nuestra apuesta por el socialismo democrático como necesaria vía para hacer frente a las radicales propuestas neoliberales que tanta desigualdad han traído consigo, y como forma más eficaz de detener las ideologías más autoritarias. Creemos que el socialismo del siglo XXI, en España y en el mundo, consiste en abrir terceras vías con el fin de alcanzar la justicia política y económica que en los últimos tiempos nos han arrebatado. Esperamos haber aportado nuestro granito de arena en esta parte económica. Batería de propuestas Racionalización del gasto público Nuevas normas más rigurosas para evaluar el control del gasto público de manera que implique realmente una mejora en la provisión de los bienes y servicios. Estudios de viabilidad de todas las infraestructuras programadas, garantizando que aporten rentabilidad económica y social. Transparencia en la gestión del dinero público y servicios públicos de cara a la ciudadanía. Introducción de criterios de eficiencia en la Administración Pública y mejora de su funcionamiento a través de la aplicación de nuevas tecnologías y procesos de transparencia. Transparencia en la financiación de los partidos políticos. Redimensionamiento de las administraciones públicas Racionalización profunda de las administraciones para dotarlas de una mayor eficiencia, evitando duplicidades y suprimiendo instituciones ineficaces. La reducción del tamaño pueden suponer recortes pero también incrementos en colectivos tales como docentes, médicos y personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Redefinición de organigramas y competencias, y reducción de asesores, cargos de confianza y de libre designación y de empresas públicas deficitarias. A modo de ejemplos:

• Reducción como mínimo del 50 por ciento de todos los cargos de designación política o asimilados.

•

Reducción de cargos electivos en un 25 por ciento lineal para todas las administraciones.

• Fusión de entidades locales en otras de mayor tamaño, suprimiendo las diputaciones provinciales, consells y cabildos cuyas funciones puedan ser asumidas por el Gobierno de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

•

Supresión del Senado y creación de un comité de representación autonómica cuyos miembros, en número de dos por comunidad autónoma, serán designados de entre los miembros de los Parlamentos autonómicos.

Deuda pública y déficit Auditoría independiente de la deuda española. Determinación de las posibilidades de reestructuración de la deuda. Coordinación entre países afectados para la reestructuración de la deuda. Exclusión, a la hora de contabilizar el déficit público, del porcentaje de gasto público destinado a inversión productiva, I+D+i y educación. Fraude fiscal Intercambio automático de informaciones entre las administraciones tributarias para combatir el blanqueo de dinero y los flujos ilícitos de capital. Fin de la opacidad: eliminación del secreto bancario e identificación y denuncia de los paraísos fiscales que existen en el mundo y de las empresas y fortunas que los utilizan. Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal. Creación de una oficina específica de lucha contra el fraude. Aumento de las inspecciones fiscales y de trabajo a las empresas, especialmente las grandes. Penalización a los bancos que no declaren los bienes de sus clientes en el extranjero (al modo de lo que ya se está aplicando en Estados Unidos con la FACTA). Justicia fiscal y equidad Intensificar la progresividad de los impuestos sobre la renta y los beneficios, eliminando privilegios fiscales, revisando las deducciones y estableciendo un sueldo mínimo. Integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento. Gravar la riqueza recuperando los impuestos sobre el patrimonio o el de sucesiones con un mínimo homogéneo para todas las comunidades autónomas, considerando la exención en los tramos más bajos. Equiparar la fiscalidad que soportan las rentas del capital a la de las rentas del trabajo. Aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Eliminar los privilegios fiscales con que cuenta la Iglesia católica. Revisar la carga impositiva relativa al IVA, por ejemplo reduciendo el IVA de las actividades culturales y otras.

Notas * La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable. Informe de Intermón Oxfam n.º 34, junio de 2013.

* «El rumbo de la reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina», Joseph Stiglitz, Revista de la CEPAL. 2003.

* Datos extraídos del artículo de Carlos Elordi «¿Hasta cuándo los españoles van a soportar la injusticia fiscal?», publicado en Eldiario.es el 6 de agosto de 2013.

** Ibídem.

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