Negocios de sombras. Red de poder hegemonica, contrabando, trafico de drogas y lavado de dinero en Nuevo Leon

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Negocios

de sombras

Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León

Negocios

de sombras

Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León

Carlos Antonio Flores Pérez

Datos de catalogación 364.157097213 F623n Flores Pérez, Carlos Antonio. Negocios de sombras : Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León / Carlos Antonio Flores Pérez.--Ciudad de México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2020, 688 páginas : tablas ; 23 cm. Incluye bibliografía, archivos, wikileaks (cablegate), documentos judiciales, boletines de prensa oficiales, Registro público de la propiedad, sitios web. ISBN: 978-607-486-603-2

1.Tráfico de drogas – México – Nuevo León. 2. Crimen organizado – México – Nuevo León. 3. Delincuencia – México – Nuevo León – Siglo xx. 4. Empresas y empresarios – México – Nuevo León – Historia. 5. Cervecería Cuauhtémoc – Historia – Nuevo León – Monterrey. 6. Nuevo León – Historia – Revolución, 1910-1917. I. t.

La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes avalados por el Comité Editorial del ciesas, que garantizan su calidad y pertinencia científica y académica.

Cuidado de la edición: Itzia Pérez Ruiz Diseño de portada y formación: Samuel Morales H.

Primera edición, 2020 D.R. © 2020 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Juárez 87, Col. Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan C.P. 14000, Ciudad de México www.ciesas.edu.mx

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, regis-

trarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

ISBN: 978-607-486-603-2 Impreso en México. Printed in Mexico.

Nota del autor La presente es una investigación académica realizada a partir de información pública disponible: fuentes bibliográficas, hemerográficas, genealógicas, judi­ ciales y archivos históricos públicos y privados de México y el extranjero. Los nombres y datos que aquí se consignan son los encontrados en ellas. La inclusión de todas las personas que aparecen mencionadas en las páginas siguien­tes, sea en la exposición sociohistórica o en el análisis de ­redes sociales elaborado, tiene como propósito exclusivo la reflexión académica y no implica que se les atribuya ningún criterio de culpabilidad judicial penal, civil o de otra ­especie. A menos que conste una sentencia condenatoria en su contra por los hechos aquí expuestos, parto del respeto a su presunción de inocen­cia. C ­ ualquier ­declaración de culpabilidad y/o responsabilidad judicial es materia exclusiva de los tribunales y escapa a los propósitos de estas páginas. Asi­mismo, y en función de esa misma prevención, manifiesto mi respeto a su derecho a la ­presunción de decoro, honorabilidad y buen nombre.

Agradecimientos

Deseo manifestar mi gratitud y reconocimiento a muchas personas e instituciones que contribuyeron de una forma u otra a que este trabajo viera la luz. Mi agradecimiento para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), por abrirme sus puertas, por creer en la importan­cia de este tipo de investigación y por brindarme las condiciones materiales para su desarrollo. Agradezco al personal del Archivo General de la Nación y de la Hemeroteca Nacional Digital su amable y diligente apoyo para la búsqueda y obtención de gran parte de la información que aquí se expone. Agradezco a mi amigo y colega Ben Smith, de la Universidad de Warwick, por su generosidad de compartir conmigo documentos obtenidos en los archi­vos nacionales de Estados Unidos, que resultaron de alta importancia para este trabajo. Le doy las gracias, también, a la historiadora Ángeles Magdaleno y a la periodista Anabel Hernández por ayudarme a ubicar —en el caso de Ángeles— y por compartir conmigo —en el caso de Anabel— algunos documentos par­ ticularmente relevantes para la investigación. De manera muy especial, manifiesto mi gratitud y reconocimiento a mi amigo, el Lic. José Luis Salazar Arévalo —uno de mis candidatos naturales para sumarse a la integración del equipo de Los Intocables, capítulo México—, por su permanente disposición para apoyarme a ubicar y analizar información genealógica de actores que permitió arrojar luz en relaciones familiares que de otro modo no se hubieran podido comprobar. Investigadores en el terreno como él, muy pocos. Agradezco a los jóvenes estudiantes que brindaron apoyo a la investigación de este trabajo, las más de las veces, a cambio de nada y sólo por compartir conmigo la esperanza de que con este esfuerzo en algo contribu­ya­mos a ­brindar mejores horizontes para nuestro México. Agradezco a ­Diego ­Godoy, de la ­Universidad de Texas, Estados Unidos, por su gran eficiencia para 9

obtener documentos judiciales en Estados Unidos. Le doy las gracias también a ­A lejandro Lerch, joven promesa que se forma en la Universidad de C ­ ambridge, en el Reino Unido, quien me ayudó también a obtener otros tantos documentos de las ­cortes penales estadounidenses y con quien compartí múltiples ­conversaciones sobre los temas centrales de este trabajo. Mi gratitud también para Jofrak Rodríguez, historiador neoleonés en formación en El Colegio de San Luis, con un gran potencial para la investigación histórica y para la ubicación de ­infor­mación, quien prestó apoyo para mis indagaciones en oficinas del ­Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, en Nuevo León. ­También, a Diana Xóchitl Gutiérrez Cañada, historiadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues ayudó con gran eficiencia a obtener información ­ge­nealógi­ca y a verificar en el ámbito local información hemerográfica que no se ­encontraba en los ­acervos nacionales. También a Miroslava Moreno Chávez, estudiante de historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por apoyarme a repro­ducir de último momento algunos expedientes del Archivo General de la Nación. Agradezco de manera muy especial a Maricela y a Santiago. A la primera, en particular, por ayudarme a procesar con paciencia, eficacia y dedicación incomparables la base de datos que permitió la integración del análisis de redes sociales que se presenta al final de este trabajo. Pero a ambos, les agradezco ante todo por la luz permanente que su presencia significa en mi vida.

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Para Maricela y Santiago. Siempre.

Índice

Nota del autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Primera parte. Análisis sociohistórico 1. Estado, redes de poder hegemónicas, configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines Ilícitos y lavado de dinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ¿Los márgenes del Estado?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Estado y redes de poder hegemónicas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Reconfiguración cooptada del Estado o configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Los indicadores de la configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 El ciclo del lavado de dinero y los circuitos económicos vulnerables. . . . . . . . . . . . . . . 78 2. Antecedentes históricos de Nuevo León. Poder político, empresariado y tráficos ilícitos, de sus orígenes a 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Nuevo León: del Nuevo Reino de León hasta 1890.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 La construcción de una red de poder hegemónica en Nuevo León, siglo xix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 La construcción del empresariado industrial neoleonés y el efecto de la Revolución mexicana. Del Porfiriato a 1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

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El inicio del auge industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Acero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 La Cervecería Cuauhtémoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 La Revolución mexicana y el empresariado neoleonés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 La conformación inicial de redes de poder político y económico en Nuevo León, tras la Revolución mexicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Las sucesiones en el poder local y federal en 1939 y 1940 y los circuitos del contrabando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3. Prácticas predatorias en la acumulación originaria de capital, en el noreste mexicano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apropiación irregular de tierras mediante la manipulación institucional: la hacienda El Infante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuración de circuitos económicos desde el poder, con intereses personales: el distrito de riego de El Mante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explotación laboral forzada en la producción de algodón en Matamoros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4. Actores de poder, tráficos ilícitos y configuración de circuitos institucionales para protegerlos en el noreste mexicano, décadas de 1940 a 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Los circuitos del contrabando y el tráfico de drogas en la década de 1940 . . . . . . . . 169 El alemanismo y la reconfiguración de los tráficos ilícitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 De generales revolucionarios y políticos: contrabando, tráfico de drogas y configuración de circuitos institucionales, décadas de 1940 a 1970 . . . . . . . . . . . . . . 178 Del contrabando de alcohol al tráfico de drogas: las conexiones de Monterrey con la frontera tamaulipeca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 El contrabando de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 La Primera Zona Aduanal con sede en Monterrey: la mecánica de los tráficos ilícitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 El echeverrismo y los tráficos ilícitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 La radiografía de los tráficos ilícitos de la dfs, en 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 5. La configuración de circuitos económicos en Nuevo León y la integración de recursos de procedencia ilícita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

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El empresariado neoleonés y la articulación de la red de poder hegemónica posrevolucionaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Sector agropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 La ganadería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Sectores industrial y de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 La industria azucarera y del alcohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Industria manufacturera y distribución comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Servicios de transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Banca y servicios financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 6. El tráfico de drogas en Nuevo León: del auge y ocaso de la red criminal de Juan García Ábrego a los preámbulos de la disputa por el estado . . . . . . . . . . . . . . 359 El tráfico de drogas en Nuevo León, de mediados de la década de 1980 a 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Nuevos liderazgos, redes añejas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Policía Judicial Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 La dinastía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 La Subprocuraduría Antinarcóticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Las redes sinaloenses del tráfico de drogas en Nuevo León en la década de 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 7. Nuevo León en las primeras décadas de 2000: la irrupción de nuevas subredes y la disputa por la hegemonía en los circuitos ilegales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Actores emergentes en la red de poder: alianzas añejas y nuevas convergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 El ascenso de los grupos conservadores en Nuevo León: algunos indicios de vinculaciones externas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Nuevos rostros, viejas prácticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Aduanas, tráficos ilícitos y subredes emergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Las aduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 La Presidencia Municipal de Reynosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 De policía estatal a empresario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 La proliferación de los casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 La legislación previa y su reconfiguración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Operadores cuestionables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 15

Nuevo León bajo fuego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 De la disputa por Nuevo Laredo a la confrontación por Nuevo León. . . . . . . . . . 485 El grupo rudo de San Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Segunda Parte. Análisis de redes sociales 8. Análisis de redes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Consideraciones preliminares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Red Modo 1 (relación actor-actor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Sociograma 1. La red N1 (876 vértices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 1. Componentes, brókeres y puentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Sociograma 2. Cut-vertex (absolute truncating vector) y puntos de articulación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 2. Grupos cohesionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Sociograma 3. Extracción de K-core 3 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Sociograma 4. Extracción de K-core 4 de la red N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Sociograma 5. Extracción de K-core 4 de la red N1 con vector de intermediación (betweenness) (acercamiento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Sociograma 6. Extracción de K-core 5 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Sociograma 7. Extracción de K-core 6 de la red N1 con vector de intermediación (betweenness). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Sociograma 8. Extracción de K-core 7 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Sociograma 9. Extracción de K-core 8 de la red N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Sociograma 10. Extracción de K-core 9 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Sociograma 11. Extracción de K-core 10 de la red N1 con vector de intermediación (betweenness). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Sociograma 12. Extracción de K-core 11 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Sociograma 13. Extracción de K-core 12 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Sociograma 14. Extracción de K-core 14 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Sociograma 15. Extracción de K-core 15 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Sociograma 16. Extracción de K-core 18 de la red N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Sociograma 17. Extracción de K-core 20 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Sociograma 18. Extracción de K-core 23 de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Sociograma 19. Extracción de K-core 39 de la red N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 3. n-clan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 16

Sociograma 20. Principales vértices que se traslapan en los clanes (2-clan) de la red N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Red Modo 2 (relación actor-organización). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Sociograma 21. Red Modo 2 (1 148 vértices) (actores y organizaciones). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Sociograma 22. Red Modo 2 (acercamiento 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Sociograma 23. Red Modo 2 (acercamiento 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Sociograma 24. Red Modo 2 (acercamiento 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Sociograma 25. Red Modo 2 (acercamiento 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Sociograma 26. Red Modo 2 (acercamiento 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Sociograma 27. Red Modo 2 (acercamiento 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Sociograma 28. Red Modo 2 (acercamiento 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Sociograma 29. Red Modo 2 (acercamiento 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Sociograma 30. Red Modo 2 con vector de grado saliente (weighted output degree), con despliegue en Y y con separación manual para mejor visualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Sociograma 31. Red Modo 2 con vector de grado saliente (weighted output degree), con despliegue en Y y con separación manual para mejor visualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 9. Análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Anexo: cifras de la lucha contra las drogas, 1963-1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Fuentes consultadas Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Hemerografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Sitios web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

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Índice de cuadros Cuadro 1.1 Los indicadores de la configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Cuadro 5.1 Comparación de valores correspondientes a la producción ganadera en dos estados de la frontera norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Anexo A.1 A.2

A.3

A.4

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Localización y destrucción de plantíos de mariguana. Estadística 1963-1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Estadísticas de decomisos de drogras psicoactivas, procesados y averiguaciones previas abiertas por delitos contra de salud (del 16 de febrero de 1963 al 15 de febrero de 1964). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Estadísticas de la Campaña Permanente de la Procuraduría General de la República contra los Estupefacientes y otras Drogas Peligrosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Esfuerzo nacional contra las drogas 1982, 1983 y 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Siglas y abreviaturas

(a) Alias aei Agencia Estatal de Investigación afi Agencia Federal de Investigación agenl Archivo General del Estado de Nuevo León agn Archivo General de la Nación aha Archivo Histórico del Agua aicm Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alm Archivo Presidencial de Adolfo López Mateos (agn) arc Archivo Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines (agn) asa Aeropuertos y Servicios Auxiliares Asarco American Smelting and Refining Company ass Archivo de la Secretaría de Salud atam Asociación de Técnicos Azucareros de México auc Autodefensas Unidas de Colombia Bancomer Banco de Comercio Banorte Banco Mercantil del Norte C4 Centro de Comunicación, Coordinación y Control Cadhac Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil Caintra Cámara de la Industria de la Transformación Canaco Cámara Nacional de Comercio cbp Customs and Border Protection cdg Cártel del Golfo Cefereso Centro Federal de Readaptación Social ceh-Colmich Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán

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ceimsa

Compañía Exportadora e Importadora Mexicana Sociedad Anónima cem Conferencia del Episcopado Mexicano Cenapi Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a laDelincuencia cia Central Intelligence Agency ciesas Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales cmhn Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cnbv Comisión Nacional Bancaria y de Valores cnc Confederación Nacional Campesina cng Confederación Nacional Ganadera Co. Company Coefi Configuración Originaria de Circuitos Institucionales del Estado con Fines Ilícitos Cofepris Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Cofetel Comisión Federal de Telecomunicaciones Conarte Consejo Para la Cultura y las Artes de Nuevo León Condumex Conductores Mexicanos Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana Crac Cruzada Regional Anticomunista ctm Confederación de Trabajadores de México cydsa Celulosa y Derivados Sociedad Anónima Cymsa Conexiones y Mangueras Sociedad Anónima D. F. Distrito Federal dea Drug Enforcement Administration dfs Dirección Federal de Seguridad dia Defense Intelligence Agency dif Desarrollo Integral para la Familia dof Diario Oficial de la Federación Envipe Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública epic El Paso Intelligence Center 20

fbi fbn feads

Federal Bureau of Investigation Federal Bureau of Narcotics Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Salud femospp Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ffyl Facultad de Filosofía y Letras Fobaproa Fondo Bancario de Protección al Ahorro Fomerey Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey gafe Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales gao General Accounting Office Gruma Grupo Maseca Humint Human Intelligence ica Ingenieros Civiles Asociados icce Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo ice Immigration and Customs Enforcement icij International Consortium of Investigative Journalists iiec Instituto de Investigaciones Económicas imce Instituto Mexicano de Comercio Exterior Inafed Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Inc. Incorporated incd Instituto Nacional para el Combate a las Drogas inegi Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática inherm Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ins Immigration and Naturalization Service ipab Instituto de Protección al Ahorro Bancario ips Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales itesm Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey lcr Archivo Presidencial de Lázaro Cárdenas del Río (agn) Ltd. Limited mac Archivo Presidencial de Manuel Ávila Camacho (agn) masa Mexicana de Autobuses Sociedad Anónima 21

mav mmh nara pacer pan pea Pemex pfp pgjdf pgr pib pjf pri prm Probursa Profmex pvem rce rg S. de R. L. de I. P. y C. V. S. N. C. S. A. S. A. de C. V. sae Sagarpa sat Sedena Sedue Segob sesnsp

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Archivo Presidencial de Miguel Alemán Valdés (agn) Archivo Presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (agn) National Archives and Records Administration Public Access to Court Electronic Records Partido Acción Nacional Población Económicamente Activa Petróleos Mexicanos Policía Federal Preventiva Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Procuraduría General de la República Producto Interno Bruto Policía Judicial Federal Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Mexicana Promotora y Operaciones Bursátiles Sociedad Anónima Consorcio Mundial para la Investigación sobre México Partido Verde Ecologista de México Reconfiguración Cooptada del Estado Record Group Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital Variable Sociedad Nacional de Crédito Sociedad Anónima Sociedad Anónima de Capital Variable Sistema de Enajenación de Bienes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, ­Pesca y Alimentación Servicio de Administración Tributaria Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Secretaría de Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

sfbndd sgs shcp siedo Simeprode stprm tlcan tsjt uabc uaifa uajt uam uanl uat Udem uedo ueidcs ugrnl unam Unesco unpasa ure usd Vamsa visa

Subject Files of the Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs Societé Génerale de Surveillance Secretaría de Hacienda y Crédito Público Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Tratado de Libre Comercio con América del Norte Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas Universidad Autónoma de Baja California Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Autónoma de Nuevo León Universidad Autónoma de Tamaulipas Universidad de Monterrey Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud Unión Ganadera Regional de Nuevo León Universidad Nacional Autónoma de México Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura Unión Nacional de Productores de Azúcar Sociedad Anónima Unidad de Respuesta Extrema Dólares estadounidenses Valores Monterrey Sociedad Anónima Valores Industriales Sociedad Anónima

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The people who run the organizations that supply the vices in American cities are members of the business, political, and law enforcement communities-not simply members of a criminal society.

Alan A. Block y William J. Chambliss Organizing crime

Introducción

Entre los especialistas mexicanos sobre temas de seguridad existe una discu­sión en torno a las condiciones que han generado la grave afectación que presenta el país en esa materia. En esta polémica subyacen al menos dos perspec­tivas, con frecuencia influidas por la formación disciplinaria de los participantes. Una ­corriente ha apreciado falencias o disfuncionalidades en la forma en que ­f uncio­na el Estado mexicano, según cabría esperar de la mayor parte de las teorías más difundidas y aceptadas en los ámbitos politológicos o sociológicos. La segunda, más identificada con autores de la antropología social, descree de los postulados que aquellas sustentan: observan, en el Estado en general y en el referente nacional, en particular, condiciones intrínsecas que parecen desmentir los criterios esenciales que, según la contraparte, dan vida y motivan a la operación de semejante entidad. En el argumento de los segundos la visión politológica tradicional sobre el Estado es una idealización que fetichiza ­relaciones de poder que, en múltiples casos de análisis, se apartan de manera fehaciente de los pretendidos principios contractuales entre la relación gobernantes-gobernados y de la búsqueda del interés público. Con todo, a pesar de la riqueza potencial que representa este enfoque, los esfuerzos por ofrecer una articulación conceptual y empírica que proporcione una base firme a esta perspectiva no han sido, ­desde mi punto de vista, del todo exitosos. Los hiatos y discrepancias ­obser­va­das no se han enmarcado en una reconceptualización del Estado o de elementos sustantivos de su concreción, sino en nociones más o menos laxas a las que se ha denominado, por ejemplo, los márgenes del Estado. Desde mi ­perspectiva, es otra construcción conceptual la que permite dotar a este enfoque de ­mayor solidez teórica, con identifica­ción sistemática de referentes empíricos, que muestran que las ­aparentes falencias, disfuncionalidades o contradicciones en el funcionamiento del aparato estatal pueden existir porque 27

son funcionales a quienes, en los hechos, lo configuran. No son los márgenes: es el núcleo del Estado. En una ­v isión ­desfetichizada y descarnada del Estado, que i­ mplica no sobredimensionar ni perderse en las propias abstracciones que nuestras ­disciplinas han creado para s­ istematizar el conocimiento y sus fronteras estable­cidas de manera artificial para ­enten­der dimensiones específicas de la actividad humana, aparecen de nuevo grupos de individuos e intereses concretos. En casos donde se aprecia una amplia d ­ iferenciación entre lo establecido de manera formal en las i­nstitu­ciones normati­vas y regulatorias con lo que ocurre en la vida cotidiana son, con frecuencia, tales indivi­duos y sus respectivos inte­reses los que configuran las definiciones y operación de aque­llas. Son la red de poder hegemónica, que nace vinculada a procesos de formación del Estado o a grandes transformaciones en el entramado político y económico. De un Estado no basado en principios liberales de contrato civil, sino ­esencialmente predatorio. En este enfoque, los intereses políticos y económicos no existen como sistemas separados: se retroalimentan en una alianza que con frecuencia no persigue otro propósito sustantivo que el beneficio de aquellos actores que detentan de facto la hegemo­nía política, esencialmente basada en una alianza entre los ­actores violentos que pudieron monopolizar la coerción dentro de un territorio y sus aliados económicos. Hege­monía que no debe ser entendida en un sentido gramsciano, como la construc­ción del consenso, sino en su sentido semántico elemental: ­supremacía, dirección, jefatura, imposición. Configuran las normas y su operación fáctica a través de instituciones que, en esta condición, no tienen ya la premisa de brindar una regulación igualitaria a los ciudadanos, sino proteger, sobre todo, los beneficios de la red social que las define, y administran, de manera formal o fáctica, los criterios de legalidad y/o permisividad sobre prácticas determinadas que les representan formas paralelas de acumulación de recursos. Incluso, configuran circuitos económicos con amplias condiciones favorables para su acumulación de capital, en función del control que ejercen sobre la capacidad regulatoria y de generación de infraestructura del aparato estatal, haciendo confluir en ellos los recursos e­ conómicos obtenidos por diversas vías, con independencia de su origen legal o ilegal. La red de poder hegemónica no es el Estado en su tradicional sentido institucional. Pero en determinados casos —donde redes sociales específicas gozan de condiciones permanentes de impunidad, acompañadas de otras tantas favorables que se derivan en su enriquecimiento permanente—, el análisis exclusivo 28

de la formalidad que representan las instituciones puede ser sólo un ejercicio de gimnasia teórica y metodológica que se limita a replicar la forma de abordar otro tipo de fenómenos naturales y sociales donde la apariencia y la constatación empírica no muestran divorcios equivalentes. Ni los átomos ni los astros tienen un propósito de ocultar su propia condición o ­borrar el rastro de sus interacciones. Probablemente lo mismo pueda decirse de otros fenómenos socia­les; ciertamente no es el caso del que nos ocupa. Por el contra­rio, p ­ olíticos, actores de seguridad y empresarios asociados con personajes vincula­dos con acti­ vidades ilícitas de las que todos obtienen ganancias irregulares suelen hacerlo de manera sistemática y permanente. Cuando se busca analizar la existencia y lógica de este tipo de interacciones, es difícil que se ­pueda ­derivar un resultado satisfactorio —en función de sus propias expectativas— de metodologías basadas en las correlaciones estadísticas de variables u otras ­equivalentes propias de los enfoques conductivistas o estructural-funcionalistas. Hay pocos persona­jes de interés por encuestar —si por ellos enten­demos a quienes pueden hablar con conocimiento de causa y no sólo de percepciones— y su número no es relevante en términos estadísticos. Tampoco hay bancos de datos distintos a los generados de manera oficial por las propias instituciones, que con frecuencia muestran sesgos notorios, más allá de que no son indicadores directos de aspectos sustantivos del fenómeno que se desea analizar. Por ello, la metodología seleccionada, a mi juicio la más adecuada para in­ dagaciones de esta naturaleza, es sociohistórica o institucionalista-­histórica. Ella permite, como se verá en este estudio, recuperar e interconectar una ­amplia cantidad de información concerniente a macroprocesos complejos relevantes para rastrear de manera empírica —a través de referentes históricos—, el surgimiento, la evolución y operación de subredes de poder específicas. El caso elegido para llevar a cabo el análisis fue el estado de Nuevo León, ubicado en el noreste de México. Nuevo León es una entidad emblemática del desarrollo empresarial mexicano. En la historia del país, ha sido la cuna de formación de una red de políticos y empresarios que han ejercido una i­ nfluencia no sólo estatal y regional, sino nacional. Nuevo León ha sido también el ­epicentro de múltiples actividades económicas, legales e ilegales, que trascienden sus p ­ ropias fronteras. Lo ha sido, sin embargo, de manera mucho más sutil de lo que ha ocurri­do con el caso de su entidad vecina: Tamaulipas. No obstante, no se pueden entender por completo las dinámicas de los tráficos ilícitos que ocurren en 29

ambas entidades —en concreto del contrabando de bienes comerciales, armas, alcohol y drogas psicoactivas ilegales— si se analiza uno y otro caso de manera aislada: se trata de una interacción donde la dimensión operativa de las activi­ dades ilícitas suele establecerse en el segundo de estos estados, pero la integración de los recursos de procedencia ilegal se realiza en la economía más vasta y compleja del primero. Por eso, a pesar de que el énfasis mayor del trabajo se orienta a Nuevo León, la referencia a Tamaulipas, en cuestiones rele­vantes para el tema que nos ocupa, será también frecuente. En menor grado, se hará también mención de hechos ocurridos en el vecino estado de Coahuila, también con fuertes y seculares interconexiones con Nuevo León, tanto en su historia política, como en la conformación de redes empresariales relevantes para este análisis. El trabajo es, en su primera parte, un análisis sociohistórico que ilustra la propuesta teórica que se expone en el primer capítulo. Por tanto, no debe esperarse una exposición secuencial estricta, del tipo que suelen realizar los historia­dores tradicionales. Tampoco una exposición pormenorizada de ­todos los hechos, actores, normas, concepciones y expresiones culturales relaciona­ dos con el universo de actividades vinculadas a los tráficos ilícitos en sus diversas modalidades. En cambio, se ofrece una exposición detallada de la existencia y operación de subredes de poder que conjuntaron a actores de poder político e institucional, empresarios y delincuentes en una interacción concertada para favorecer la comisión de actividades formalmente proscritas por la ley, la impunidad para los beneficiarios de ellas y la integración de los recursos obtenidos en la economía formal. Entre los propósitos centrales de esta exposición es la verificabilidad de las fuentes empleadas: documentos oficiales contenidos en el Archivo General de la Nación de México (agn) y en los archivos nacionales en Estados Unidos. En el primer caso, se investigó en el ramo Presidentes correspondientes a las administraciones de Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, que son las que cuentan con instrumentos de consulta detalla­dos. Asimismo, se revisó la versión pública de la información de múltiples actores relevantes para la investigación, en los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (dfs) y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (ips). En el caso de los archivos nacionales estadounidenses, los documentos consultados corres­pondieron al fondo de la Drug Enforcement Administration (dea)/Fede­ ral Bureau of Narcotics (fbn). Para la etapa más reciente, de los años 2006-2012, 30

debido a la escasa información equiparable, desclasificada por parte de las autoridades mexicanas, se consultaron los cables diplomáticos generados por personal del Departamento de Estado estadounidenses, desde su embajada en México y el consulado en Monterrey durante ese periodo, conocidos como cablegate y contenidos en el sitio web WikiLeaks. En el ámbito local, se acudió al Archivo General del Estado de Nuevo León y a la Casa de la Cultura Jurídica de esa entidad federativa. Sin embargo, en el primer caso, no se cuenta con información disponible para el periodo contempo­ ráneo. Y en el segundo, no se dio acceso a la consulta de información judicial resguardada en ese recinto, según se informó a ayudantes de investigación que acudieron a esa institución con ese propósito. Otra parte de la información se obtuvo a partir de documentación conteni­ da en las cortes penales federales de Estados Unidos, derivados de los juicios que ahí han tenido lugar en contra de algunos de los actores relevantes que aquí se han de analizar, adquiridos a través del programa Public Access to Court Electronic Records (pacer) u obtenidos en el archivo correspondiente establecido en Fort Worth, Texas. Dada la amplitud del periodo estudiado —con hechos relevantes ­rastreados desde la segunda mitad del siglo xix y otros tantos hasta 2018—, la etapa más antigua se basó en bibliografía generada por historiadores que se han ocupado de la entidad, mientras que la investigación histórica sobre la etapa contem­ poránea se realizó a partir de fuentes hemerográficas, que se focali­zaron ­sobre todo en los dos medios periodísticos de más larga data en el e­ stado: El Porvenir y El Norte. Ambas publicaciones cuentan con la ventaja de ser consultables en formato digital, lo que ofreció facilidades comparativas para el rastreo de ­información, aunque en el caso del primero el servicio contratado de ­hemeroteca fue suspendido de manera unilateral —y sin reembolso—. A lo largo de su trayectoria, ambos diarios han contado con una considerable cercanía ideológica con los circuitos empresariales neoleoneses. Sin embargo, tal filiación no fue obstáculo para la ubicación de datos relevantes, cotejados además con múltiples publicaciones de medios nacionales e internacionales susceptibles de consultarse en línea. Debido a la ubicación regional y a su impor­tante hemeroteca digital, también se consultó de manera sistemática al periódico El Siglo de Torreón y, para casos específicos, diversos medios impresos de Tamaulipas. 31

Vale la pena realizar algunas consideraciones sobre las fuentes empleadas, documentales, hemerográficas y un par de bibliográficas. La investigación ­sobre hechos pasados enfrenta, por definición, los límites que supone la impo­ sibilidad de acceder directamente a ellos, sin pasar de manera ­inexorable por la mediación del documento que los consigna, de archivo o de prensa. En ningu­no de los dos casos puede asumirse a la información como ­absolutamente pura e infalible: es generada por instituciones, empresas y/o individuos que pueden perseguir sus propios intereses, más allá de los criterios de o­ bjetividad y veracidad que deseamos los científicos sociales. No obstante, esperar tales carac­terísticas de investigaciones y análisis basados en métodos de carácter histórico o sociohistórico es desear lo imposible, porque escapa a su propia naturaleza y a la posibilidad de abordar sin intermediación alguna al objeto de estudio. Pero ésta es una cuestión metametodológica, es decir, que supera los límites del propio método y entra en un terreno de discusión epistémica a ­partir de la cual otros métodos podrían encontrar paradojas análogas. Ello equivaldría, por ejemplo, a demandar a los practicantes de métodos c­ uantitativos y estadísticos que garanticen que la respuesta de sus encuestados, referida a determi­nada percepción, es siempre veraz y que quienes la emiten no han falseado de origen su respuesta por ningún motivo. Es, pues, evidente que no es posible tampoco garantizar al cien por ciento una exigencia de este tipo. En este trabajo se procedió conforme a los estándares que impone, dentro de las limitaciones que acabo de señalar, el método sociohistórico: acceder a la mayor cantidad de fuentes para triangular, contrastar, corroborar y complementar la información tanto como fuera posible. Éste fue el procedimiento observado con todas las fuentes utilizadas, entre ellas, desde luego, las hemero­ gráficas. La mayor parte de ellas constituyen publicaciones impresas y/o digitales consolidadas y reputadas. Cabe señalar que, tanto en cuestiones hemerográficas como documentales, público no es necesariamente sinónimo de gratuito: algunos medios periodísti­ cos, fundaciones o servicios de archivo documental o noticioso nacionales o extranjeros requieren el pago de una membresía para su consulta. Esto no les resta seriedad alguna, es simple reflejo de las condiciones de acceso a la información vigentes en el entorno actual. Aun con costo, facilitan la ubicación de información remota, dispersa y/o no disponible por otras vías, a través de buscadores inteligentes que economizan presupuesto, tiempo y esfuerzo. Algunos 32

fueron revisados mediante la suscripción que el ciesas tenía con ellos, en la época en que se desarrolló la investigación que culmina con estas páginas. En la gran mayoría de los casos, esto se logró en función de mis propios recursos. De nuevo en lo referente específico a las fuentes hemerográficas, con pocas excepciones, los datos consignados son producto de notas informativas, no de editoriales, columnas o artículos de opinión. Cuando esto último fue el caso, se complementó con información adicional, de otras fuentes documentales archivísticas o de notas periodísticas que permitieran abundar al respecto, si en efecto se lograba ubicar alguna que fuera pertinente. En caso contrario, también expongo de manera puntual que la información en cuestión no ­permite establecer consideraciones más categóricas por no encontrarse otra que la c­ orrobore. Solamente encontrará el lector un par de casos semejantes, relacionados con declaraciones de dos personajes que fueron en diversos momentos juzgados y sentenciados por hechos ilegales: Dolores Estévez (a) Lola la Chata; y Óscar López Olivares (a) el Profe. Se trata de señalamientos complementarios que no alteran el eje principal de los hechos que aquí se analizan. En el primer caso, se trata de un telegrama enviado por Estévez al presidente Manuel Ávila Camacho, donde ella afirma haberle brindado algún tipo de apoyo al mandatario. En el segundo, es la propia referencia de un ex integrante de una red criminal, en el sentido de que un ex funcionario público —Carlos A ­ guilar ­Garza, detenido a su vez por delitos contra la salud y posteriormente asesi­ nado— h ­ abría f­ ungido en algún momento como su abogado. Tal información aparece en un libro de autoría del propio López Olivares, que no ha sido publicado formalmente, pero circula en redes sociales y páginas de libre posteo en internet. Más allá de si Aguilar Garza fungió o no como abogado de López Olivares, la participación de ambos en una misma red criminal está ampliamente documentada con otras fuentes, como podrá apreciarse. No toda información impresa, documental o periodística, puede asumirse necesariamente como veraz, sólo por el hecho de aparecer impresa en el papel o en los medios digitales. Ésta es una reserva razonable y cierta, ineludible de ser considerada en la generación de conocimiento a partir de fuentes históricas y no se pretende aquí argumentar lo contrario. ¿Qué ocurre, entonces, con los testimonios autoincriminatorios sobre hechos ilícitos, de actores ligados a actividades ilegales? Más aún, cuando su disponibilidad pública no es a través de los canales tradicionales. ¿Son éstos inexorablemente cuestionables o 33

falaces por no estar publicados por alguna editorial establecida? Considero que no debiera tampoco ser éste un criterio preestablecido. En todo caso, en la forma en que se les abordó en estas páginas no constituyen fuentes únicas y ­aisladas. En este trabajo, el libro de López Olivares es de importancia tangencial y sólo aparece citado una vez. No es el caso de las memorias de Germán Barrera González, personaje oriundo de Mier, Tamaulipas, escritas no para la circulación pública, sino destinadas a sus descendientes y amigos. Pude acceder a una copia de este documento gracias al apoyo de un informante de la región, que consternado por los hechos de violencia que han asolado ya por varios años a esa región de la frontera chica tamaulipeca, tuvo a bien solidarizarse con mis investigaciones sobre la gestación de las redes que aquí expongo y digitalizar para mí un ejemplar. Le daría el merecido crédito explícito si no hubiera sido su propia voluntad mantenerse anónimo. Se trata de un documento muy útil, donde Barrera González da cuenta de su participación en el contrabando de alcohol hacia Estados Unidos en la década de 1930, del apoyo recibido entonces por militares destacados en la región, su involucramiento en el contrabando de mercancías hacia México en los cuarenta, su papel en la creación del muni­ cipio de Miguel Alemán y sus inversiones en periodos posteriores. Este libro inédito permitió rastrear las actividades, relaciones e intereses económicos de otros integrantes de la red, en función de otras fuentes de información. Está disponible, para consulta, en el acervo digital de la Bilbioteca Ángel Palerm del ciesas, en la Ciudad de México. En regiones asoladas por continua violencia delictiva, y donde las estructuras institucionales y privadas dan cuenta de una compenetración secular entre actores legales e ilegales, no toda la información de esta naturaleza alcanza a llegar a los medios editoriales y/o de comunicación establecidos. No obstante, este tipo de testimonios escritos constituyen una veta rica que, manejada con las mismas reservas y criterios de complementación, triangulación con otras fuentes y verificación —hasta donde es posible— de lo ahí expuesto, aportan elementos útiles y relevantes para el análisis de los procesos en cuestión. Su empleo en una investigación sociohistórica, sin ser, desde luego, la predominante, tampoco puede desecharse de manera apriorística. No ocurre así con aquella que se obtiene con el uso mixto de otro tipo de metodologías que, si bien en este trabajo no fueron empleadas, bien podrían serlo en investigaciones semejantes. Piénsese, por ejemplo, en el resultado de la combinación con 34

métodos etnográficos o entrevistas semiestructuradas con informantes y los testimonios obtenidos por esa vía, que también son inéditos y a los que, en esencia, sólo se puede acceder mediante el trabajo publicado de quien haya realizado la investigación. En el caso que aquí nos ocupa, al menos, se trata de documentos que el lector puede revisar de manera directa y valorarlos en función de la complementación que realicé con otras fuentes publicadas en medios más tradicionales. Se consultaron también los sitios genealógicos Family Search y Geneanet, y se obtuvo información de diversas oficinas del Registro Civil para verificar líneas y vinculaciones de parentesco entre diversos actores de interés. El propó­ sito de referir el conjunto de los integrantes de redes de parentesco, como la identificada bajo la denominación general “Garza Sada”, o de los familiares y asociados de Aarón Sáenz Garza es facilitar la ubicación de algunos personajes de interés para esta investigación a la luz de las evidencias que habrán de ­presentarse en las siguientes páginas y su interrelación. Esto no supone en modo alguno que la mera pertenencia a una familia o empresa es signo inequívoco de la relación con el tipo de irregularidades sustantivas que forman el objeto central de estudio de este trabajo. De ninguna manera es esto lo que se afirma. Tampoco que las decisiones económicas y políticas que estos clanes familiares pudieron ejercer sobre sus inversiones y compañías representativas fueran tomadas y llevadas a cabo por igual por todos y cada uno de sus miembros. No se asume que su resultado les representase un beneficio a todos ellos, ni que éste fuera, en su caso, necesariamente equitativo. Un estudio que ponderara el papel específico de cada uno de los integrantes de esta red familiar, o de aquellos con mayor influencia en semejante tipo de decisiones, o del reparto de dividendos derivados de ellas entre sus integrantes, escapa al propósito de esta investigación. No obstante, el detalle genealógico permite, con la reserva mencionada, observar vinculaciones y continuidades que, sin estar presentes, podrían pasar desapercibidas. No es posible determinar de manera apriorística las responsabilidades relativas a una decisión, sea de carácter regu­lar o irregular, en redes familiares tan amplias. No obstante, la densidad de estas redes familiares y la continuidad de la participación conjunta de varios de sus integrantes en inversiones económicas específicas tampoco permiten ­sostener una afirmación en el extremo contrario. Cuando una red familiar controla estrechamente la gestión de los negocios de su propiedad y algunos de ellos 35

aparecen continuamente ligados con actores o actividades de perfil ilegal, es difícil sostener que semejante vinculación sea también mero producto de la casualidad. Las concesiones de distribución de productos emblemáticos no se otorgan s­ olas, ni de manera azarosa, por ejemplo. De ahí que resulte relevante constatar su dotación reiterada o sostenida a personajes con reconocidos antece­den­tes ilícitos en los circuitos del contrabando y otras modalidades de los tráficos ilícitos. Tampoco parece fortuito el empleo de violencia para amedren­ tar a la competencia o para mantener el control político y social del entorno de influencia. Asimismo, no parece serlo la omisión de medidas institucionales formalmente obligatorias para evitar la comisión de prácticas irregulares en las instituciones financieras adquiridas, o en las empresas de transporte, por ­ejemplo. Dado el carácter privado de este tipo de decisiones, no siempre fue posible documentar responsabilidades de individuos específicos: un deslinde seme­jante rebasa los medios de indagación de una investigación académica que tiene que restringirse necesariamente a las fuentes abiertas a la consulta pública. En el primer capítulo se expone el concepto propuesto de red de poder hegemónica, que hace referencia a los actores que de facto encabezan los procesos de formación del Estado y la configuración de sus instituciones esenciales en sociedad con actores de orden económico. Para instituciones regulatorias se desarrolla el argumento de los efectos que reviste la configuración ­original y sostenida de su funcionamiento, formal o factual, para beneficiar los intereses de la red de poder, en especial cuando aquellas facciones o subredes que las controlan están involucradas en actividades que, en principio, esos ­m ismos circui­tos institucionales debieran reprimir. Se explica cómo la continuidad de esta dinámica permite la existencia de condiciones de impunidad y de acumu­lación de capital ilícito virtualmente institucionalizados. Se ofrece una articu­lación de indicadores susceptibles de considerarse evidencia necesaria o suficiente para determinar la existencia de una red de poder vinculada con actividades ilícitas y de control de circuitos institucionales regulatorios, así como para evaluar la existencia de impunidad y acumulación de capital ilícitos institucionalizados. También, se muestran las definiciones de lavado de dinero y las etapas que lo integran. El segundo capítulo aborda los antecedentes históricos de Nuevo León, en especial, la conformación de un poder político directamente vinculado con el naciente empresariado neoleonés y las evidencias de la asociación entre actores 36

relevantes de estos dos ámbitos para realizar actividades de contrabando. Se analiza la evolución de las relaciones entre este empresariado y el poder local y central durante el Porfiriato, la Revolución y los gobiernos posrevolucionarios hasta finales de los años treinta, época en que una parte medular de las redes empresariales neoleonesas, encabezadas por la familia Garza Sada, utilizaron sus conexiones con los circuitos del contrabando para intentar deponer el gobierno cardenista y apoyar las aspiraciones políticas de Juan Andreu Almazán, con las que encontraban mayor afinidad. Se apreciará cómo semejantes c­ ircuitos estaban controlados por militares posrevolucionarios, quienes ­integraron una subred de poder vinculada a actores de poder federales y mantuvieron, durante las décadas siguientes, gran influencia sobre la región noreste y alcanzaron proyección política nacional. En el tercer capítulo se analizan las evidencias históricas que muestran la participación de actores sustantivos de esta misma subred en prácticas predatorias irregulares para la apropiación de tierras, e incluso, para la articulación de esquemas de explotación forzada de trabajadores algodoneros, amparados en su influencia sobre circuitos institucionales regulatorios. En el cuarto capítulo se analiza la interacción de redes de actores neoleoneses y tamaulipecos en el desarrollo de diversos tráficos ilícitos. Se podrá apreciar la transición de redes delictivas dedicadas al contrabando de bienes comerciales diversos y armas hacia el tráfico de drogas. Se muestra evidencia histórica que apunta a la continua participación de diversos actores políticos e institucionales federales y estatales en la protección de dichos ilícitos; ­también, la asociación de unos y otros con empresarios de primer orden. Incluso, cómo algunos de los operadores directos de los tráficos ilícitos se convirtieron, con el tiempo, en hombres reconocidos dentro de los círculos de negocios legales. Se analiza la influencia directa de estas redes sobre instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, así como aduanas, que constituyen instancias regulatorias fundamentales para la comisión de este tipo de actividades ilegales. El capítulo quinto es uno de los más amplios y complejos del trabajo: en él se ilustra la forma en que múltiples actores vinculados con actividades ilegales integraron sus recursos económicos en los sectores agropecuario, industrial y de servicios —comercio, transporte y finanzas— en Nuevo León, de manera directa o asociados con diversos empresarios. Como se verá, en algunos casos capitales parcialmente compuestos con fondos obtenidos de manera irregular 37

representaron ventajas competitivas de origen para sus dueños, como fue la producción ganadera bovina. Las conexiones de estos personajes con el ­aparato de poder central favorecieron no sólo la permisividad institucional para que estos recursos se integraran en esa actividad específica. También, para que se les dotara de manera preferente de infraestructura y condiciones favo­rables para el desarrollo y la rentabilidad de sus inversiones. En el caso del sector secundario, se podrá apreciar cómo los recursos de potencial origen ilegal se cana­lizaron fundamentalmente a la producción de bienes de consumo, así como la continuidad de las conexiones de beneficio mutuo que actores sustantivos de este sector mantenían con otros dedicados al contrabando. Relaciones análogas podrán apreciarse también entre banqueros y delincuentes dedicados a diversas modalidades de tráficos ilícitos —sobre todo el contrabando de mercancías y de drogas psicoactivas—, que derivó incluso en la integración de recur­sos ilícitos para la fundación o fusión de instituciones bancarias que, al paso del tiempo, evidenciaron graves problemas por la continuidad de prácticas de lavado de dinero procedente de ese mismo tipo de actividades. Asimismo, podrá apreciarse el uso de la infraestructura de transporte de carga y pasajeros, en compañías propiedad de los herederos dinásticos de la subred en cuestión, para la continuación de prácticas de tráficos ilícitos. En el sexto capítulo se analiza el auge y ocaso de la red criminal e­ ncabezada por Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas y su sobrino, Juan García Ábrego, que era la estructura delictiva local más vinculada con actores de poder político y empresarial, según permiten apreciar las evidencias históricas contenidas en los archivos mexicanos de la Secretaría de Gobernación, hasta 1985 —año en que desapareció la dfs—, y de la Corte Penal Federal de Houston, Texas, hasta finales de los noventa, cuando tuvieron lugar los juicios en contra del segundo de estos personajes y también, del ex subprocurador antinarcóticos de la pgr en el sexenio de Carlos Salinas, Mario Ruiz Massieu. Se detalla el papel desempe­ ña­do por actores especialmente relevantes de las instituciones de p ­ rocura­ción de justicia federal durante la época. Asimismo, se analiza la evolución y dinámica de las organizaciones delictivas en el noreste, tras la expulsión de ­García Ábrego del país y la gestación de las nuevas disputas por hegemonizar el tráfico de ­drogas en la región, entre organizaciones del noroeste y el noreste, que derivaría en un conflicto armado de proporciones inéditas en la historia reciente del país. 38

El séptimo capítulo muestra la emergencia de una subred de poder vinculada a diversos actores empresariales de Nuevo León, que desde finales de los años treinta auspiciaban el desarrollo de una opción política distinta al partido de la Revolución. Se podrá apreciar su relación con instituciones geopolíticas estadounidenses con quienes mantuvieron colaboración en la lucha contra el comunismo en los años sesenta, así como la continuidad de relaciones irregu­ la­res entre los nuevos gobernantes, empresarios y delincuentes. Se analiza el incremento de prácticas menos sofisticadas de lavado de dinero, a partir del establecimiento de casinos y casas de juego, y cómo su proliferación ocurrió en función de la colaboración de actores políticos de la subred emergente, asocia­ dos de manera directa con empresarios de casinos, ligados a su vez con grupos delictivos del occidente del país —en especial, el grupo encabezado por los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrantes del así denominado Cártel de Sinaloa—. Se examinan las condiciones que dieron lugar a la disputa entre organizaciones por Nuevo Laredo, Tamaulipas, que habría de trasladarse a Nuevo León, entre las organizaciones de los Beltrán Leyva, en contra de la de Osiel Cárdenas Guillén y Los Zetas, con graves hechos de violencia en su ­propia zona metropolitana, aumentados tras la fractura entre estos últimos y su anti­ guo líder. Finalmente, con información correspondiente a las ­fi ltraciones de los informes del Departamento de Estado estadounidense contenidas en el sitio web WikiLeaks, se analizan las acciones realizadas por un ­integrante del clan familiar Garza Sada, en su papel como alcalde de San Pedro Garza García que auspició la constitución de grupos vigilantes irregulares, así como la información que, de acuerdo con los datos de esa institución, los ligaba con actores delictivos del noroeste, pertenecientes a la misma red criminal con la que aparecía vinculada la subred emergente identificada con el Partido de Acción Nacional (pan): los mismos hermanos Beltrán Leyva. La profusión de notas al pie se debe al propósito específico que se persiguió a lo largo del trabajo, de que toda la información expuesta fuera susceptible de verificación por parte de quien accede a él. El público interesado puede encon­ trar en ellas las fuentes consultadas y, ocasionalmente, información complementaria de interés. Constituyen, pues, en su mayoría, materia de c­ onsulta para quien se interese en rastrear fuentes, más que lectura imprescindible. Asumo las imprecisiones que el trabajo pudiera tener, que se derivarían en todo caso de errores involuntarios; de ninguna manera por ningún propósito avieso. 39

En lo referente a la segunda parte de la obra, el análisis de redes sociales es una metodología cuantitativa distinta a la medición y correlación de ­atributos que se realiza con herramientas estadísticas. Este trabajo ofrece referentes cuantitativos sólidos de las relaciones descritas en el análisis sociohistórico. Su relevancia estriba en la posibilidad de medir estas relaciones y extraer de ellas consideraciones que favorezcan la comprensión de las relaciones e­ ntre los actores involucrados en el fenómeno de la operación de los tráficos ilega­les, la protección política a los mismos y la integración de los recursos de ­procedencia ilícita en la economía a través de entidades empresariales legales. Es claro que, sin el detalle sociohistórico que ofrece la primera parte de esta obra, la exposición que sigue resultaría demasiado esquemática y dejaría sin clarificar múltiples elementos. Por eso, se recomienda llegar a ella solamente tras ­concluir la lectura sistemática de aquél. La segunda parte constituye un esfuerzo ­adicional que pretende ser útil a aquellos de lectores que deseen valoraciones cuantitativas de la información, o encontrar sociogramas que le permitan navegar entre la multiplicidad de relaciones expuestas con mejor visualización de las mismas a partir de elementos gráficos. El trabajo no ofrece las formalizaciones matemáticas que van implícitas en las herramientas de análisis cuantitativo del software empleado: no es un libro de análisis matemático de redes sociales, sino un libro donde se analiza la información precedente con las herramientas de esta metodología. En un principio había considerado incluir un segundo anexo con la incorporación de un análisis de redes sociales: medidas de centralidad y sociogramas de las relaciones establecidas entre los actores mencionados en el trabajo. Al final, opté por desarrollarlo con mayor detalle en una segunda parte, emplean­do para ello el software Pajek 64 versión 5.05 (julio de 2018) y Ucinet versión 6.666. Recomiendo la lectura previa de la primera parte antes de abordar las gráficas y mediciones de contenido técnico que ofrece la segunda, pues el análisis de redes sociales que se muestra en aquella se basa en la información que aquí se expone en detalle. La segunda parte contiene un estudio relacional y cuanti­tativo, junto con su exposición gráfica en sociogramas. Tal información se desti­na al público especializado que tenga interés en este tipo de valoraciones, con medidas de centralidad, bicomponentes, análisis de grupos cohesionados y relaciones actor-organización, entre otros aspectos. Más allá del análisis cuantitativo, los sociogramas pueden resultar también útiles al lector que requiera alguna 40

ayuda gráfica para visualizar con mayor facilidad la profusión de relaciones a las que se hace mención en la primera parte. Finalmente, el Anexo ofrece una compilación de datos correspondientes a la lucha contra las drogas entre 1964 y 1983, que pueden ser de interés. En general, se recomienda la lectura secuencial de la obra, con objeto de identificar con mayor facilidad a actores, instituciones, empresas y organizaciones delictivas a las que se hará referencia recurrente en diversos puntos del texto. La información contenida en las siguientes páginas de este trabajo puede ser de interés para especialistas académicos en la materia. Asimismo, para el público en general, interesado en conocer aspectos cruciales, pero poco explorados de la evolución contemporánea del país, que han afectado su propio entorno personal y familiar, incluso de manera trágica. Este texto también podría ser de interés para quienes se desempeñan dentro de las ­instituciones de ­inteligencia para la seguridad nacional, o inteligencia criminal: proporciona elementos m ­ etodológicos para la ubicación y rastreo de redes de poder hege­ mó­nicas y su involucramiento en actividades ilícitas en función de indicadores concretos a detectar. También da cuenta de los efectos profundos y perniciosos que su configuración de circuitos institucionales con fines ilícitos ha tenido en el país. Los datos también podrían ser útiles para quienes se estrenan en las posiciones estratégicas de decisión en una nueva administración en 2018 y que han prometido una profunda transformación de los destinos nacionales. Tras la experiencia heredada de más de una década de estrategias de seguridad infructuosas para brindar a la sociedad mexicana mayores condiciones de tranqui­lidad y convivencia pacífica, semejantes actores pueden estar en búsqueda de elementos de análisis alternativos a los que hasta ahora han sido privilegiados en el país, que suelen limitar la concepción de la delincuencia organizada a sus sectores más operativos. Como se verá, la mayor parte de las veces no es en ellos donde se estructura el núcleo central que garantiza la impunidad, ni suelen ser tampoco sus principales beneficiarios. No se encuentra ahí a quienes gozan con mayor tranquilidad de la acumulación masiva de capital ilícito. Los segmentos dedicados a funciones operativas suelen ser siempre la parte más débil de la ecuación, aun en el caso de aquellos pocos que se integran como socios de sus contrapartes políticas y empresariales: la parte medular de la red de poder hegemónica. Focalizar los esfuerzos de procuración 41

y administración de justicia para desmantelar estos entramados resulta, desde luego, complicado, debido a que, con frecuencia, espacios esenciales de las instituciones correspondientes aparecen sujetas a una configuración deliberada para proteger intereses ilícitos y mantener su continuidad, situación que se ha mantenido prácticamente intocada al paso de las décadas. Desmantelar semejantes redes de impunidad e inyección de recursos ilícitos en la economía legal constituye un aspecto central para la construcción de un régimen democrático y sus instituciones. Una de las grandes interrogantes que atraviesa México es si una red de poder hegemónica vinculada a intereses y prácticas ilegales puede ser desmantelada y sujeta a la acción de la justicia penal y a la reparación del daño social generado, con apego a los principios y métodos de la democracia y a través de los mecanismos institucionales que, con obvia paradoja, se han encontrado bajo diseño y control de esa misma red, de manera secular. Existen elementos que mantienen en vilo la respuesta, pues como se verá, la red de poder surge en esencia como protagonista fundamental de procesos de formación del Estado, que son las más de las veces violentos. Si la respuesta a esta encrucijada es que la red de poder hegemónica se blinda ante los procesos democráticos formales y encuentra nuevos espacios para permear en ellos sus mecanismos de corrupción e impunidad, se entendería entonces que, de facto, semejante red sólo puede alterarse de manera sustantiva en función del estallido de nuevos hechos equiparables a aquellos que le dieron origen. En tales condiciones, las conclusiones inferidas apuntarían a escenarios estremecedores por su previsible carácter trágico. Deseo, de corazón, que estas humildes páginas, con el insumo que representan, contribuyan a fortalecer las posibilidades de una respuesta positiva a esta cuestión. Espero que en algo resulten útiles para el trabajo que deberían desarrollar en esta nueva coyuntura histórica las instituciones de procuración y administración de justicia mexicanas, sea por sí mismas o con el concurso internacional, para articular por fin un Estado democrático de derecho efectivo y funcional en suelo mexicano. A mi juicio, éste es el elemento central cuya resolución definirá el futuro de las generaciones de este país y que podría, desde ahora, comenzar a resolverse de manera positiva si estos mecanismos se ponen en marcha para satisfacer la enorme demanda de justicia por la que clama la sociedad mexicana. Esa misma gente a la que tanto debo y a la que reitero, con este trabajo, mi compromiso y servicio. 42

Primera parte Análisis sociohistórico

1. Estado, redes de poder hegemónicas, configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos y lavado de dinero1

El propósito de este capítulo es partir de una reflexión teórica sobre el Estado, a la luz de diversos debates que han tenido lugar en el círculo de colegas que anali­zan la evolución de la delincuencia organizada en México y su relación con el mismo. Se trata en esencia de una discusión entre las perspectivas de q ­ uienes rechazan los postulados teórico-conceptuales de buena parte de las teorías vigentes sobre el Estado —generalmente desde una adscripción disciplinaria distinta a aquellas que usualmente se han ocupado del estudio sistemático de la política— y otros que, desde estas últimas disciplinas advierten anomalías significativas entre diversos casos específicos y los referentes teóricos tradicionales, sin romper con aspectos esenciales que éstos implican. En función de lo anterior, este capítulo intenta tender un puente entre ambas perspectivas al reconocer que, en efecto, la segunda de estas corrientes suele abordar al Estado como una entidad idealizada y positiva, hecho que la historia y la cotidianidad desmienten con particular crudeza en múltiples ­casos. No obstante, expongo también lo que a mi juicio son inconsistencias de la posición alternativa, ante diversas preconcepciones ontológicas que parecen minar algunos de los análisis basados en ellas, la polisemia de algunos de sus conceptos esenciales y su dificultad para contrastarse con referentes empíricos específicos a partir de sus propios postulados, aun sin caer en el formalismo estrecho de tintes positivistas de los seguidores de otras tantas corrientes teórico-metodológicas. 1

La propuesta teórico-metodológica que aquí se expone fue publicada primero en Flores Pérez, Carlos Antonio (2019), “Hegemonic Power Networks and Institutional Configuration for Illicit Purposes”, en Third World Thematics: a TWQ Journal, Routledge Taylor and Francis Group, Londres, Reino Unido, disponible en , [consultada el 10 de abril de 2019].

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Si el Estado es una entidad predatoria, como lo establecen diversos autores —algunos de ellos igualmente inscritos en la corriente del i­ nstitucionalismo histó­r ico—, y resulta imposible entenderlo sin considerar su ­surgimiento y desarro­llo histórico en función de grupos de individuos concretos y sus ­respec­tivos intereses, entonces resulta fundamental recuperar en el ­análisis esas mismas dimensiones, en una perspectiva realista e i­ nstrumental del Estado. Propongo entonces el concepto de red de poder hegemónica, como definición susceptible de verificación empírica para analizar los hiatos y/o c­ ontradicciones aparentes entre determinados aspectos normativos y f­ uncionales del Esta­do y sus institucio­nes, con entrecruces no fortuitos entre las dimensiones de lo legal y lo ilegal. Analizo posteriormente, a partir de estas consideraciones, elementos teóri­ cos de mi propio trabajo previo que debo clarificar o ajustar. En concreto, si la reconfiguración cooptada del Estado —concepto que retomé entonces de la producción intelectual de otros colegas, y que percibo como generado en lo fundamental con el referente colombiano en mente— constituye más una ­confi­g u­ra­ción de origen de circuitos institucionales del Estado para favorecer la continuidad de actividades ilícitas y la acumulación de recursos ­procedentes de ellas en el caso mexicano. Como se verá, las implicaciones de una y otra ­condi­ción son distintas en aspectos sustanciales. En función de ello, ­propongo de m ­ anera alter­na­tiva y a partir de argumentos lógicos que muestran la diferencia de pre­misas e implicaciones en ambas categorías, el concepto de configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos. La reflexión se enfoca a un dilema: si el Estado evidencia simples disfunciona­lidades, de ­suerte que puede apreciarse en función de ellas su falla en la provisión de bienes p ­ olíticos esenciales, o bien, la dinámica que observa resulta de articu­ laciones más profundas donde ésta es considerablemente funcional para los intereses legales e ilegales de aquellas redes de poder que le ­instituyeron y han sido en general capaces de mantener una hegemonía histórica sobre él. Mientras que la ­primera afirma­ción es consecuente con la visión más tradicional del Estado, es decir aquella que lo consi­dera como idealmente positivo y producto del contrato civil, la segunda se adscribe más a una concepción también instrumental del Estado, donde éste aparece establecido a partir de premisas de poder más descarnadas.

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Dada la estrecha vinculación histórica de intereses de poder con otros de carácter económico en el surgimiento y la consolidación del Estado, su proyec­ción y protección de intereses específicos dentro y fuera de sus fronteras, se analiza también el efecto de todo lo anterior en la economía política articulada desde el Estado. Por ello, los apartados finales del capítulo se refieren a la promoción de la acumulación ilícita de ganancias a través de la configuración de circuitos institucionales, así como una exposición breve sobre la lógica y dinámica del lavado de dinero, como elementos de análisis necesarios antes de focalizarme en la exposición sociohistórica referente al caso de Nuevo León, México.

¿Los márgenes del Estado? En el institucionalismo histórico —corriente dentro de la cual se inscribe mi propio trabajo— el Estado suele concebirse como una entidad abstracta, autó­ no­ma, ocupada de macroprocesos políticos y basada en premisas generales. Éstas van desde el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio y la ­racionalidad burocrática weberianas, hasta las concepciones de un Estado subsi­d iario y construido por un contrato civil ideal, de igualdad ciudadana ante el aparato estatal y una clara diferenciación entre los intereses privados y los públicos propios de las teorías democrático-liberales del Estado.2 En la medida en que el análisis de esta corriente se ha orientado a macro­pro­ cesos políticos, es difícil que escape del todo a un carácter estructural-funcionalista, a pesar de la distinción nominal que se enuncia, por ejemplo, en algunos de sus trabajos más representativos.3 Su propósito no ha sido tradicionalmente categorizar, clasificar o explicar microprocesos o decisiones individuales. 2

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Una amplia variedad de investigaciones que pueden ser inscritas dentro del institucionalismo histórico son expuestas en Pierson, Paul y Theda Skocpol (2002), “Historical ­Institutio­nalism in Contemporary Political Science”, en Katznelson, Ira y Helen V. Milner (eds.), Political ­Science: State of the Discipline, W. W. Norton, Nueva York, eua. Ellos i­ ncluyen desde indagaciones genéticas del Estado hasta la discusión sobre la consolidación de regímenes democráticos. Véase Skocpol, Theda (1985), “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research”, en Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge, Nueva York, Melbourne y Madrid, p. 4. Aunque Skocpol diferencia a autores que centraban su análisis en la sociedad o que

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Autores de otras disciplinas que sí se centran usualmente en estos otros fenó­ menos, han advertido que, con frecuencia, varias de las premisas antes enunciadas no parecen cumplirse a cabalidad, especialmente en respuesta a trabajos de política comparada que aprecian condiciones de debilidad o disfun­cionalidad del Estado y sus instituciones en casos donde éste tuvo una formación tardía.4 Estos autores rechazan, desde análisis de nivel micro, estas premisas sobre el Estado que buena parte de las corrientes de la ciencia política y la sociología política afines al institucionalismo histórico suelen dar por sentadas. ­Observan, por el contrario que, con frecuencia, el monopolio de la violencia está lejos de existir en múltiples zonas de diversos países, incluso aquellos considerados desarrollados; que la pretendida racionalidad del Estado no se constata en múltiples verificaciones empíricas; que las burocracias estatales están lejos de ser coherentes, etcétera. Se han propuesto así algunas nociones que hacen referencia a márgenes del Estado o fetichismo del Estado. En lo referente al tema central que ocupa a estas páginas, algunos colegas han adoptado estos enfoques como instrumentos útiles para el análisis de actores y actividades ilícitas presentes en diver­sas latitudes.5 Aunque no deja de asistirles una parte de razón observo, sin embargo, ciertas dificultades o limitaciones que este enfoque teórico tiene de origen y me propongo argumentar en función de ello, no por celo disciplinario ni para defender la noción monolítica e ideal del Estado, sino para intentar avanzar en la

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rechazaban el uso del concepto de Estado y preferían el de gobierno (government), adjudicándoles el término de pluralistas (por su análisis de fuerzas sociales o políticas en competencia en la arena política) y estructural-funcionalistas, es claro que la inmensa mayoría de los trabajos del institucionalismo histórico no escapan tampoco a un enfoque esencialmente estructural-funcionalista. Veáse por ejemplo, desde la antropología del Estado, Das, Veena y Deborah Poole (2004), “State and its Margins. Comparative Ethnographies”, en Das, Veena y Deborah Poole, ­Anthro­pology in the Margins of the State, School of American Research Press-James Currey, Santa Fe y Oxford, p. 3; también Gupta, Akhil (2006), “Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State”, en Sharma, Aradhana y Akhil Gupta, The Anthropology of the State, Blackwell Publishing, Malden, Oxford y Victoria, p. 212; o Taussig, Michael (1992), “Maleficium: State Fetishism”, en The Nervous System, Routledge, Nueva York. En México, este enfoque ha sido adoptado especialmente por mi buen amigo y colega ­Salvador Maldonado. Véase Maldonado Aranda, Salvador (2010), Los márgenes del Estado mexicano: territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, Colmich, México.

comprensión —a partir de premisas algo distintas— de algunas de estas paradojas que atinadamente estos autores observan, preocupación analítica que compartimos. A mi juicio, las limitaciones de este enfoque son limitadas por tres ­causas esenciales: 1) el rechazo a la concepción de debilidad o disfuncionalidad del Estado está construida sobre premisas metateóricas de orden a­ xiológico o normati­vo, 2) la contradicción de rechazar postulados teóricos por ser ­excesivamente ideales y no empíricos y la pretensión de sustituirlos a partir de premisas igualmente ideales y no de construcciones teóricas del Estado basadas en un análisis empírico y 3) la ubicuidad y polisemia de la noción de margen del Estado y su insuficiente elaboración teórica que conducen a una limitada posibilidad de verificación empírica. En lo referente al primer punto, pareciera existir en estos autores determina­ das preconcepciones metateóricas que parecen permear inadvertidamente la lectura que se hace de los enfoques teóricos del institucionalismo histórico. Por ejemplo, existe cierta tendencia en trabajos como los de Das y Poole y Gupta a establecer una frontera entre los Estados europeos y otros de corte poscolonial, sin embargo, la noción de la debilidad o disfuncionalidad del Estado no parte de esta dicotomía, sino de diferencias de grado de i­ nstitucionalización o de carácter de aquello que se ha institucionalizado. Buena parte de los e­ jemplos que ofrecen estos autores son referentes de condiciones de debilidad del ­Estado, como Gupta aprecia por adelantado, pero rechaza sin mayor argumento teórico. A partir de ejemplos basados en trabajo etnográfico, en que diversos funcio­ na­rios menores locales ejercen prácticas corruptas o están sujetos a la ­presión de organizaciones sociales con presencia en su región, Gupta termina por cuestio­nar la idoneidad de conceptos como Estado y sociedad civil. Argumenta que esas categorías son incapaces de definir lo que considera límites borrosos que hay entre ambas, según los ejemplos brindados, pero aunque rechaza de manera proactiva el argumento de la corriente teórica a la que define como modernizadora, que interpretaría estos hechos precisamente como muestra de la falta de institucionalización de estructuras y procesos de Estado funcionales y apegados a los principios normativos formales en semejantes contextos, no consigue aportar elementos teóricos convincentes que se contrapongan a tal conclusión: se trata de Estados donde sus propias premisas de funcionamiento y existencia se encuentran limitadas, desdibujadas o son disfuncionales, factor 49

que es resentido en diversos momentos y de distinta manera por gobernantes y gobernados, pero tampoco son sustituidas por otro tipo de orden ­institucional alterno claramente definido y diferenciable.6 Tampoco el trabajo propone cate­ gorías conceptuales alternativas, sino que aparece permeado del léxico de la teoría política que rechaza formalmente. Este enfoque —que acusa una pretendida ideología eurocentrista que permea­ría las nociones de debilidad del Estado— parecería partir en todo caso de otra ideología inmanente: la de la construcción permanente de una imagen de comunidades en resistencia frente al Estado, que a decir de las propias Das y Poole, ha sido una imagen referencial común en muchos estudios de antropología política.7 Si para estos autores los conceptos de la teoría política sobre el Estado a la que se oponen parecen incapaces de explicar, por ejemplo, el efecto de las ­acciones de funcionarios burocráticos de baja jerarquía en la vida cotidiana de personas en contextos rurales —materia que no parece ser el objeto funda­ mental de análisis de semejante construcción teórica—, el enfoque que propo­ nen tampoco explica, por ejemplo, por qué las instituciones de seguridad y ­procuración de justicia de Costa Rica son considerablemente más apegadas al ­f uncionamiento formal y explícito del Estado de derecho según su propia normativa, menos violatorias de los derechos humanos y menos corruptas que las de sus vecinos de la misma región, Honduras o El Salvador, de manera que el Estado en Costa Rica pareciera más fuerte o funcional en términos comparados, siendo todos ellos Estados poscoloniales y no desarrollados. Otros trabajos antropológicos sí reparan en esta distinción de grado, como el de Josiah Heyman cuando expresa: “[…] how much capacity states actually have to pursue goals (as posited by various state theories) is an open question […] Illegal practices are particularly helpful in probing the edges of and lacunae in state capacities, as in the question of how state capacities are heightened or constrained by the illegal collusion of state agents and subjects […]”,8 de manera que su 6 7 8

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Gupta, op. cit., pp. 220-221. Das y Poole, op. cit., pp. 4-5. “[…] cuánta capacidad tienen los Estados realmente para alcanzar sus propios objetivos (como se establece en varias teorías del Estado) es una pregunta abierta […]. Las prácticas ilegales son particularmente útiles para probar los extremos y huecos de las capacidades del Estado, como lo son para la cuestión de cómo estas capacidades estatales son potenciadas o

planteamiento tiende puentes interdisciplinarios más sugerentes para la comprensión de los elusivos fenómenos que nos ocupan. A ello volveré más adelante. La reflexión sobre la mitificación del Estado en términos de su ­igualdad legal frente a todos los ciudadanos y el funcionamiento de los aparatos ­burocráticos en seguimiento estricto a la norma no es tampoco novedoso en los análisis sobre delincuencia. Ello ha sido analizado desde la sociología y la denominada nueva criminología, al menos desde inicios de los años ochenta.9 En lo referente a la concepción de márgenes del Estado en el trabajo de Das y Poole, la carga valorativa se hace también evidente al analizar algunos hechos en zonas de frontera en contextos de guerra o sequía extrema, en los que algunos de los jóvenes que los habitan recurren al tráfico de armas, de drogas o al contrabando como medios de supervivencia y para reclamar derechos económicos, en condiciones donde existe una pluralidad de entidades regulatorias no restringidas al Estado.10 Das y Poole rechazan la interpretación que las teorías políticas más tradicio­nales harían de semejantes condiciones en términos de la existencia de una economía informal, de corrupción y de muestras de la debilidad del Estado, pero la visión idealizada que ofrecen como alternativa no explica, por ejemplo, que no siempre semejantes acciones tienen que ver con estrategias de supervivencia de comunidades marginales —piénsese en las redes de contrabando en el noreste de México, en las que varios de los involucrados sustantivos han estado en condiciones de privilegio, según se verá más adelante, y no de marginalidad—. O bien, en las redes de trata de personas de dimensiones transfronteri­zas con fines de explotación sexual: ¿son aquí ­también los perpetra­dores elementos representativos de poblaciones marginales que buscan su supervivencia y recla­man derechos económicos valiéndose de una pluralidad de elementos regu­ladores? ¿Los otros reguladores alternos al Estado tienen la misma ­aceptación por parte de toda la población marginal? En otras palabras, si la regulación estatal no es legítima, ¿sí lo es en cambio la de los

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constreñidas por la colusión ilegal entre agentes y sujetos del Estado”. [Traducción libre del autor]. Heyman, Josiah M. y Alan Smart (1999), “States and Illegal Practices: an Overview”, en Heyman, Josiah McC., States and Illegal Practices, Berg, Oxford y Nueva York, pp. 2 y 15. Como ejemplo de la reflexión sobre este tema, véase Block, Alan A. y William Chambliss (1981), Organizing Crime, Elsevier, Nueva York, Amsterdam y Oxford, pp. 91-97. Das y Poole, op. cit., pp. 20-21.

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reguladores alternos, que en el ejemplo brindado debiera integrar no sólo la parte de la c­ omunidad que se beneficia de la trata, sino aquella otra que es victimizada por ella? El discurso de la resistencia anti-Estado en términos normativos y operativos deviene en aproximaciones relativistas o escépticas frente a toda fuente posible de legitimidad de cualquier regulación estatal que, sin embargo, parecen dotar de connotaciones axiológicas positivas per se y de manera general a toda población que, según este discurso, es asumida como marginal. En lo referente al segundo punto, la crítica que realizan estos autores sobre las concepciones de la teoría política tradicional del Estado parte de los hiatos que ésta evidencia cuando se aborda su verificación empírica. La práctica cotidiana del Estado dista considerablemente de su construcción discursiva:11 nociones esenciales del Estado, como el monopolio de la violencia legítima son contradichos de manera cotidiana: si bien de manera variable en términos de grado y afectación, múltiples países poseen zonas en las que la coacción violen­ ta está lejos de ser monopolizada por el Estado, de ser enteramente legítima o enfrenta procesos de legitimación competidos. Tampoco otros elementos centrales en la concepción del Estado son siempre unitarios, coherentes o igualitarios: con frecuencia es elusivo el carácter público de los intereses que persiguen diversas estructuras del Estado, que en términos de construcción normativa u operación cotidiana siempre están su­je­­tas a interpretación o manipulación; la justicia no siempre es ciega ni equita­ti­­va, etcétera. Se critica a la imagen del Estado que ha sido generada por la teoría políti­ca tradicional por ser un tipo ideal demasiado ideal, una reificación de una entidad menos abstracta y casi nunca basada en pactos civiles ­f undacionales establecidos con encomiables propósitos de libertad y justicia. Para ello, se some­te a tela de juicio varios de los postulados de la teoría política que ­abreva de la filosofía política contractual-liberal (Locke, Rousseau) o del E ­ stado moder­no (Kant, Hegel) a la luz de la cotidianidad del Estado empíricamente verificable.12

11 Gupta, op. cit., p. 212. 12 Das y Poole, op. cit., pp. 7-8. Otro ejemplo de semejante tendencia en este tipo de enfoque

puede apreciarse también en Mbembe, Achille (2001), On the post-colony, University of Cali­ fornia Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, pp. 10-11.

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Paradójicamente, a ésta muy relevante constatación, que podría permitir la concepción de teorías políticas alternativas basadas en un mayor sustento empírico, se oponen otros entramados conceptuales ideales caracterizados por grandes generalizaciones y derivados de concepciones que cuentan con un fuerte contenido filosófico, como la concepción de biopoder de ­Foucault­,13 que si bien tiene la fortaleza de presentar a las estructuras de autoridad como un dispositivo de poder que construye y aplica artificialmente criterios de norma­lidad y legalidad en función de los intereses de quienes lo sostie­nen, tiene t­ ambién la dificultad de ser demasiado amplio de suerte que, llevado a sus ­ú ltimas consecuencias, termina por ser empíricamente ­tautológico, con menor posibilidad de ser traducido en análisis empíricos con pretensiones de ­construir criterios intersubjetivamente comprobables, propósitos más ­apegados a la ciencia política o la sociología política. El análisis de otras teorías del Estado también inscritas dentro del institucionalismo histórico —que también se distancian de la visión ideal del mismo y apuntan a estudiarlo en función de los actores y procesos específicos involucrados en su surgimiento concreto— no son abordados, a pesar de que sus premisas pueden arrojar reflexiones más contundentes para su desfetichización. Piénsese en la concepción del Estado de Charles Tilly, por ejemplo, expuesta en la misma obra citada por los detractores de las teorías políticas tradicionales del Estado en su argumento en contra.14 Finalmente, en el tercer punto, la limitación del desarrollo teórico del enfoque, para analizar los fenómenos sustantivos que constituyen el eje de reflexión de este trabajo, se puede apreciar en el concepto de márgenes del Estado de Das y Poole, dada su ubicuidad y polisemia. En su obra colectiva donde abordan esta idea, Das y Poole definen a los márge­nes del Estado como “[…] sites where nature can be imagined as wild and 13 Das y Poole, op. cit., p. 26; también Rose, Nikolas (2006), “Governing ‘Advanced’ Liberal Demo­

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cracies”, en Sharma, Aradhana y Akhil Gupta, The Anthropology of the State, Blackwell Publishing, Malden, Oxford y Victoria, p. 149. La influencia de Foucault también está presente en el trabajo de Achille Mbembe. Véase Mbembe, op. cit., pp. 113, 115, 128, 134 entre otras. Tilly, Charles (1985), “War Making and State Making as Organized Crime”, en Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge. Sobre la referencia de este trabajo en los textos que lo critican, véase Gupta, op. cit., pp. 212, 239 y 242.

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uncon­trolled and where the state is constantly refounding its modes of order and lawmaking. These sites are not merely territorial: they are also, and perhaps more importantly, sites of practice on which law and other state ­practi­ces are colonized by other forms of regulation that emanate from the pressing needs of populations to secure political and economic survival”.15 La noción de márgenes parece sujeta a diversas interpretaciones y énfasis que exponen las propias coordinadoras de la obra emblemática del ­concepto, en los textos que ahí se presentan. Ellas las resumen en tres aproximaciones dife­ renciadas: 1) periferias que contienen poblaciones consideradas poco sociali­ zadas dentro de las concepciones normativas del Estado, 2) espacios, formas y prácticas a través de las cuales el Estado es experimentado y deconstruido por medio de la ilegibilidad de sus propios principios y prácticas, y 3) en la noción biopolítica derivada del pensamiento de Foucault, el espacio de construcción y resistencia entre la ley, la disciplina y los cuerpos que da pie a la definición y redefinición del Estado y los propios márgenes.16 Dentro del concepto de márgenes del Estado se integran pues, a un tiempo, zonas periféricas, poblaciones marginales en resistencia, mecanismos de control documental (legibilidad del Estado), y procesos de disputa normativa, sea en su definición o aplicación. En otras palabras, el término se aplica a una variedad de fenómenos que en alguna medida podrían vincularse, pero no existe en esta corriente una definición clara y diferenciada de los mismos ni una teorización en términos clasificatorios o explicativos sobre ellos, sino solamente la referencia descriptiva a casos que se asume en general que guardan algún tipo de similitud, aplicando para englobarlos a todos ellos un mismo término que, en esa condición, termina por ser excesivamente polisémico y poco discernible en sentido empírico. Los reputados especialistas en sociología criminal Alan A. Block y William C. Chambliss, expusieron en uno de sus trabajos clásicos que una buena definición 15 “[…] lugares imaginados como salvajes o fuera de control donde el Estado está constante-

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mente refundando sus modos de orden y validación normativa. No se trata solamente de espacios físicos, sino también de aspectos en los que la ley y otras dimensiones estatales son colonizadas por otras formas de regulación que surgen de las necesidades de sus poblaciones para asegurar la supervivencia política y económica”. [Traducción libre del autor], Das y Poole, op. cit., p. 8. Ibidem.

es capaz de aislar un conjunto de fenómenos relativamente homogéneos de una variedad de eventos relacionados pero significativamente diferentes. Una buena definición debía ser no tan estrecha como para hacerla trivial ni tampoco tan amplia para hacerla teórica y empíricamente inmanejable.17 A partir de esta consideración, es posible señalar que, más que tratarse de un término con pretensiones de claridad conceptual propias de los ­objeti­vos descriptivos, clasificatorios o explicativos de las ciencias sociales, los m ­ árgenes del Estado hacen referencia a una noción sobre un conjunto de fenómenos que, sin embargo, aparecen poco teorizados y difícilmente verificables ­empíricamente, dada su ubicuidad, cuando se les aborda desde otros márgenes: aquellos que se ubican entre la ciencia, la literatura y la política.18

17 Block, Alan A. y William J. Chambliss (1981), Organizing Crime, Elsevier, Nueva York, Ams­ 18

terdam, Oxford, p. 13. Véase la revisión que hace Lisa Stevenson a la obra de Das y Poole: Stevenson, Lisa (2007), “Review Work: Anthropology in the Margins of the State, by Veena Das, Deborah Poole”, Political and Legal Anthropology Review, vol. 30, núm. 1, mayo, pp. 140-144, disponible en línea: , [consultada el 27 de octubre de 2016]. Aunque la autora de la reseña muestra entusiasmo hacia el trabajo de Das y Poole, no deja de resaltar la ambigüedad del ­enfoque desde el cual se parte en tal obra: los márgenes de la ciencia, la literatura y la política, de manera que la elabo­ración, tal y como se aprecia en el trabajo, resulta también ambigua en términos de precisión conceptual, dada la polisemia de la misma categoría de análisis que pretenden resal­tar, así como su virtual ubicuidad. Tómese, como referente de esto, la afirmación de otro de los autores de la obra colectiva, Talal Asad, cuando observa: “The language of sta­tistics has become integral to the modern mode of government, which has ­learned to thrive on probabilities and risks, that is to say, on marginal spaces. That is why —as Das has argued— the entirety of the state is a margin. Or rather, the sovereign force of the law is expressed in the state’s continual attempts to overcome the margin”: El lenguaje de las estadísticas se ha vuelto integral para el modo de gobierno moderno, que ha aprendido a avanzar sobre probabilidades y riesgos —es decir, sobre espacios marginales—. Ésa es la razón —como Das ha argumentado— de que el Estado entero sea un margen. O más bien, la fuerza ­soberana de la ley está expresada en los esfuerzos continuos del Estado para superar el margen. [Traducción libre del autor]. Véase Asad, Talal (2004), “Where Are the Margins of the State?”, en Das, Veena y Deborah Poole, Anthropology in the Margins of the State, School of American Research Press-James Currey, Santa Fe y Oxford, p. 287. Si el margen abarca todo el Estado, o todo el Estado puede ser concebido como un margen, la precisión del concepto margen es demasiado ambigua y limitada su aportación analítica para la explicación e identificación empírica o taxonómica de los fenómenos que pretende

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Estado y redes de poder hegemónicas Los hechos que observan autores como Das y Poole son muy relevantes para mostrar las paradojas del Estado y su relación con actores determinados que ejercen una violencia esencialmente privada pero funcional o e­ xtensiva del ­Esta­do. No obstante, el desarrollo teórico conceptual que deriva de la ­observación de estos hechos es limitado frente a la teoría política más difundi­ da, que vería en ellas debilidades o disfuncionalidades del Estado; pero lo es ­también frente a otras alternativas que, desencantadas del formalismo de la anterior, podrían enfocar el análisis a la evolución verificable del ­Estado como aparato de poder extractivo instituido por redes hegemónicas que ­entrecruza transversal y funcionalmente con sus integrantes distintas ­dimensiones de la vida colectiva, de la legalidad e ilegalidad y entrecruza también de manera transversal la geografía del Estado, de manera que tales presuntos ­márgenes pueden ser un elemento constitutivo o fuente directa de beneficio para esas redes hegemónicas que, en función de ello, prohíjan su conservación y reproducción. La constatación empírica de los hiatos que muestra la teoría del Estado tradicional frente a su desempeño cotidiano debiera conducir entonces a una reconstrucción de la idea del Estado más apegada a su desarrollo histórico, que permita apreciar bajo otra perspectiva aspectos empíricamente ­verificables que parecieran desdibujarse a la luz de la imagen ideal que se ha tenido del mismo. Apunto algunos elementos que pueden permitir avanzar hacia ese propósito. En uno de sus trabajos politológicos, inscritos dentro del institucionalismo histórico, Charles Tilly evidenció que, en su desarrollo histórico, el Estado no fue el producto de un pacto civil derivado de la agregación de ­voluntades más o menos equivalentes, sino el resultado de la consolidación de una a­ rticulación de actores violentos que, en búsqueda de favorecer sus propios intereses extractivos, lograron primar sobre otros en un territorio determinado, apoyados por otros grupos no especializados en la violencia, pero que financiaron su proyecto bélico.19

19 56

abordar —preocupación central de otras disciplinas sociales—, con independencia del atractivo literario del término. Tilly, op. cit., p. 169.

La construcción del Estado aparece así como una analogía entre la v­ iolencia que otro tipo de actores —delincuentes, por ejemplo— ejercen sobre determina­ das poblaciones también con fines extractivos, es decir, para ­obtener ganancias materiales a costa de aquellos que la sufren, bajo pena de dejarlos a merced de violencias externas o bien, someterlos a la violencia que ellos mismos ­pueden desencadenar. La distinción entre los fundadores del Estado y semejantes delin­­ cuentes no se basa entonces en su naturaleza o actividad esencial, sino en el éxito y dimensión que unos y otros han logrado para establecer y refrendar su monopolio de la violencia sobre el territorio en que se asienta su población de referencia.20 En estas condiciones, la legitimación del aparato de control que constituye el Estado no aparece como factor determinante para su creación: se alcanza sobre todo por la aquiescencia de los otros poderes que podrían retar interna y externamente a esa pretensión monopólica y a la articulación de grupos que la detenta.21 En la construcción del Estado, la relación simbiótica entre el poder político en busca de la expansión externa de su dominio y del monopolio interno de los medios de violencia, junto con el poder económico que lo financiaba para lograr esos propósitos, fue esencial. Prácticamente toda dinastía exitosa contó con un grupo de familias que les proporcionaban capital financiero para sus empresas.22 Los gobernantes requerían, para mantenerse en el poder, de la cooperación de hombres fuertes locales, que a la vez eran potenciales enemigos debido a su propio control de hombres armados que podían operar en contra de aquellos. La forma de superar esta condición fue la creación y expansión de la b ­ urocracia central a las regiones que se encontraban bajo el dominio o la influencia directa de las fuerzas locales, así como el establecimiento de cuerpos de policía con lealtades hacia el centro, antes que hacia los hombres fuertes. Asimismo, la atracción hacia los beneficios de las cortes centrales y la virtual compra de los señores feudales fue fundamental para la consolidación del poder centralizado, con el monopolio de la violencia organizada y, gradualmente, su legitimación.23 20 21 22 23

Idem, p. 170. Ibidem, p. 171. Ibidem, p. 179. Ibidem, pp. 174-175.

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Los agentes del Estado emplean la violencia organizada en cuatro dimensio­ nes: 1) la guerra, como forma de eliminar o neutralizar a sus enemigos en el exte­rior del territorio que comandan, 2) la construcción del Estado, mediante la cual eliminan o subyugan a sus rivales al interior del territorio, 3) la ­protección de sus clientes, con la cual eliminan o neutralizan a los enemigos de éstos, y 4) la extracción, que les permite sostener en términos económicos las tres activida­des precedentes.24 En una línea similar, autores como Margaret Levi exponen que todo Estado tiene de origen una pretensión extractiva en términos materiales: todo Estado procura monopolizar los medios de violencia dentro de su territorio al tiempo que establece y hace cumplir reglas sobre la propiedad y la extracción de ganancia económica.25 Los gobernantes son predatorios en el sentido de que intentan extraer tanta ganancia como sea posible de sus poblaciones. Con independencia del fin personal o general que persigan, la acumulación de recursos por parte del Estado es la vía necesaria para conseguir sus propósitos.26 De todo lo anterior se desprenden varias consideraciones. La primera es que la idea del Estado como una abstracción, desligado de individuos ­concretos y sus respectivos intereses, igualitario en el trato hacia los ciudadanos y encarga­ do permanentemente de la protección de los intereses públicos generales aparece en efecto como un tipo de fetiche que hace poco clara la existencia y protección diferenciada, a través de sus normas e instituciones, de grupos e intereses privilegiados. En lo general, de acuerdo con Levi, prácticamente en ninguna ocasión el Estado ha emergido como una estructura diferenciada enteramente de su socie­dad. En su dimensión histórica, el Estado ha surgido cuando alguna organización que ya realiza algunas funciones identificables como estatales logra consolidarse en un territorio. Un aspecto prácticamente consensuado en la reflexión sobre el surgimiento del Estado es que el primer paso para su creación es la construcción de un monopolio sobre la violencia organizada más o menos 24 Idem, p. 181. 25 Levi, Margaret (1988), Of rule and Revenue, University of California Press, Berkeley, Los Án26 58

geles, Londres, p. 1. Idem, p. 3.

exitoso, pero el beneficio que ofrece este monopolio está ­desigualmente distribuido: no todos los actores se benefician por igual de él, ni tampoco todos los gobernantes ejercen esta condición con la misma lógica.27 A lo largo de la historia, semejantes monopolios de poder no han respondido por igual a la generalidad de las poblaciones sobre las que se asientan, ni están sujetos al control efectivo de todos ellos. Con frecuencia, se establecen y actúan en función de los intereses de quienes los ejercen y los apoyan.28 El poder de los gobernantes siempre requiere del apoyo de aliados de índole económica, o especializados en el manejo de la violencia, que en función de ello poseen recursos que les permitan preservarlo, sea porque les permiten reforzar esa pretensión monopólica de la violencia o financiarla.29 El propio grupo que consolida el poder tampoco es monolítico y no es raro que diversas facciones en su interior mantengan disputas. Los gobernantes requie­ren proporcionar algún beneficio a sus apoyos y aliados. De no hacerlo, y si no son capaces de encontrar otra base alternativa de apoyo, es muy ­probable que sean depuestos.30 Ciertamente existen diferencias casuísticas en el grado en que el ­Estado puede aparecer como el garante descarnado de los intereses de redes h ­ egemóni­cas que entrecruzan los ámbitos políticos, empresariales e incluso ilícitos. En general, si bien todos los gobernantes son predatorios en el sentido arriba definido, usualmente precisan de ofrecer algo a cambio de la extracción que realizan.31 Un tema relevante, que por lo pronto no se ha de explorar aquí a profundidad es, desde luego, qué condiciones favorecen la articulación de instituciones de Estado más equilibradas en términos de interés público y menos orientadas a favorecer en lo fundamental intereses privados específicos. Cada dimensión del uso de la violencia organizada estatal trajo consigo elementos institucionales distintivos: la externa con las Fuerzas Armadas, y la interna con las policías y los aparatos judiciales para imponer el orden a favor

27 Levi, op. cit., pp. 41-42. 28 Lane, Frederic C. (1958), “Economic Consequences of Organized Violence”, The Journal of 29 30 31

Economic History, vol. 18, núm. 4, diciembre, p. 405. Levi, op. cit., pp. 42-43. Véase también Tilly, op. cit., p. 183. Ibidem, pp. 45-46. Levi, op. cit., p. 11.

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de los intereses y de la propiedad de los grupos hegemónicos.32 Si bien puede afirmarse que los aparatos legislativos y judiciales constituyen las vías institucionales para articular la protección estatal de los intereses hegemónicos, al menos en algunos casos específicos tuvieron que constituirse gradualmente en elementos garantistas de equilibrio para evitar que el poder estatal ­avasalla­ra a otros grupos sociales en general e incluso a otros sectores de los grupos privilegiados. Como he señalado en otra parte, basado en el pensamiento de Guillermo O’Donnell, el Estado no se vuelve idílico en función de lo anterior, ni establece un absoluto trato igualitario en todas sus acciones sobre todos sus ciudadanos, pero en aquellos casos donde alcanza mayor estabilidad y ­enfren­ta menos conflictos sí es evidente que ha domesticado en alguna medida su violencia intrínseca y garantiza su supervivencia o paz interna brindando al menos garantías esenciales a todos ellos.33 Obviamente ésta no es la generalidad y es preciso atender a diferencias de grado en función de casos, incluso entre aquellos países desarrollados de Occidente. La distinción teórica entre si el Estado es una organización colectiva de beneficio general o se constituye fundamentalmente como un mecanismo de expropiación es estéril: el Estado es benéfico, en una lógica virtualmente contrac­tual, para aquellos que forman parte de la coalición hegemónica que ejerce el poder a través de las instituciones que ha creado o de las que se ha adueñado. Por el contrario, es al mismo tiempo un mecanismo más o menos descarnado de extracción —en función del tipo de forma de gobierno o régimen político— hacia aquellos que de facto y por diversas razones están excluidos.34 Los ordenamientos del Estado afectan la acumulación y distribución de riqueza a través de sus alianzas internas y esquemas taxativos diferenciados.35 En el interior del Estado, la protección de los intereses de los diferentes grupos 32 Tilly, op. cit., p. 181. 33 O’Donnell define esta cuestión como la reciprocidad entre Estado y gobernados que se

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constru­ye a partir de los deberes y derechos recíprocos que definen la condición de ciudadanía. Véase O’Donnell, Guillermo (1977), Apuntes para una teoría del Estado, cedes/ge/ núm. 9, Clacso, Noviembre, Buenos Aires, p. 37. Sobre mi propia reflexión al respecto, Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México, pp. 30-34. Levi, op. cit., pp. 46-47. Lane, op. cit., p. 416.

o clases sociales es también diferenciada, de manera que el aparato estatal privilegia los propios de sus aliados históricos frente al resto de la comunidad.36 Por tanto, en el análisis del Estado, resulta si no estéril, por lo menos insufi­ ciente aproximarse al mismo sólo desde una perspectiva institucional, sin rea­ li­zar un esfuerzo adicional de verificación empírica de las relaciones de poder y de privilegio que éste garantiza y establece en función de grupos, intereses e indi­v iduos específicos: con frecuencia, el Estado no es igualmente fuerte o igualmente débil para toda su comunidad referente, y aquello que aparece como disfun­cionalidad desde un punto de vista estructural-funcionalista, es en el fondo funcional para determinados sectores del entramado de ­individuos e intereses que lo comandan y que no empatan sus intereses fácticos con ­aquellos formalmente expuestos y reconocidos. Ello resulta especialmente relevante para la comprensión de las interfaces aparentemente contradictorias entre los ámbitos legales e ilegales y sus respectivos actores. Propongo, con ese objetivo, la necesidad de analizar aquello que podemos definir como las redes hegemónicas de poder. No se trata de una nueva ­etiqueta para estudiar aquellos sectores de la población que han sido definidos como élites o clase política por pensadores como Robert Michels, Gaetano Mosca o Vilfredo Pareto.37 No se trata de la élite de un partido (Michels), o los individuos más capacitados para determinada tarea (Pareto). La categoría tendría alguna semejanza con la noción de clase política de Mosca, pero se diferenciaría de ella en que no se trata exclusivamente de individuos directamente involucrados en decisiones políticas, sino que abarcaría a subredes específicas de empresarios e incluso de individuos que en principio podrían aparecer como pertenecientes a los sectores sociales subordinados, por lo que tampoco es esencialmente una mera extensión del análisis de la élite de poder que realizó en su momento C. Wright Mills38 sobre la sociedad estadounidense, aunque también abreva de su enfoque. A diferencia de ésta, no se limita a los principales tomadores de decisiones de la burocracia, la corporación empresarial y del ámbito militar, 36 Tilly, op. cit., p. 181. 37 Michels, Robert (1973), Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias

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oligár­quicas de la democracia moderna, 2 vols., Amorrortu Editores, Buenos Aires; Mosca, ­Gaeta­no (1984), La clase política, fce, México; Pareto, Vilfredo (1967) Forma y equilibrio sociales, Revista de Occidente, S. A., Madrid. Mills, C. Wright (2013 [1956]), La élite del poder, fce, México, pp. 321-323.

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sino que incluye también a actores de grupos formalmente subordinados e incluso no necesariamente ligados a actividades legales. La categoría que propongo entrecruza de manera transversal los espacios de mayor decisión en los ámbitos del poder político, gubernamental, militar, económico e incluso delictivo. Puede cruzar también umbrales de jerarquía social formalmente reconocidos. No es monolítica y se integra a su vez por varias subredes más o menos interconectadas entre sí, con concentración geográfica variable y es re-generable en términos generacionales. Recupera nociones aportadas desde la antropología política por Heyman: la existencia de redes ilícitas imbricadas con las redes de poder formal,39 sin asumir por ello que toda la red de poder hegemónica está necesariamente invo­ lucrada en el mismo grado y de la misma manera con actividades ilegales. Es posible que sólo subredes específicas tengan participación directa en hechos delictivos. Para Heyman, las prácticas ilegales no son el producto de comporta­ mientos anormales, ni de la subcultura de grupos estigmatizados. Las prácti­ cas ilegales no son exclusivas de criminales en un sentido tradicional. Varios tipos de ilegalidad son recursos empleados por diversos grupos sociales, étni­cos o clases en momentos determinados. Es, por tanto, necesario atender la diversidad de articulaciones en la interacción de estos grupos sociales y el Estado, partiendo de la premisa de la existencia de un Estado sin fines ­igualitarios en su dimensión empírica, distinto a la abstracción ideal que de él se ha construido, según se vio en páginas anteriores. Adicionalmente y en función de la misma premisa, analizar también los complejos intercambios entre los diversos actores que integran el entramado interno que define y opera las instituciones. Más aún, los intercambios que existen entre los Estados en materia de flujos y prácticas no sólo legales, sino también ilegales, en condiciones de asimetría de poder.40 Semejantes prácticas ilegales implican generalmente intercambios entre individuos concretos, de manera que la ilegalidad se articula a partir de redes sociales. Es preciso analizarlas en conjunto con la aplicación efectiva de las políticas estatales a través de múltiples cargos institucionales ocupados por

39 Heyman, op. cit., pp. 13-17. 40 Idem, p. 13. 62

diversas jerarquías de políticos, burócratas y oficiales de seguridad central y regional, que las definen y aplican según sus intereses específicos.41 En términos generales, podemos entender a las redes de poder ­hegemónicas como aquel conjunto de individuos que a) definen el sentido último de las instituciones normativas y funcionales del Estado, b) definen y gestionan los mecanismos y canales preferentes de acumulación económica en función de sus intereses específicos, y c) cuentan con la capacidad, en tanto red, de movilizar los recursos necesarios para respaldar los dos aspectos anteriores a partir del uso sistemático de la violencia organizada. La primera dimensión incluye la determinación de lo legal y lo ilegal, así como la medida en que las instituciones del Estado articulan y administran ­estos ámbitos.42 La segunda supone la sanción de patrones taxativos y de acumu­la­ ción específicos que son provechosos para los intereses de la red de poder hegemónica en general y/o para aquella subred mejor posicionada en ­términos de influencia y control de recursos. Finalmente, la tercera implica la posibilidad de imponer la coacción de la violencia organizada ­tendencialmente ­monopólica para mantener el sentido en la operación de la estructura institucional del Estado y los patrones de acumulación que desea la red de poder hegemónica y de los cuales se beneficia, generalmente en mayor medida que el resto de la sociedad. Estas redes hegemónicas de poder son, en palabras simples, las que definen y comandan las instituciones del Estado y obtienen de ello un beneficio m ­ ayor que el resto de los ciudadanos, no sólo en términos de un salario público —no todos sus integrantes son burócratas del Estado—, sino de acumulación g­ eneral de recursos. No son el Estado en sentido estructural o ideal-institucional, pero no es posible entender a cabalidad al Estado y su operación efectiva sin incluirlas en el análisis, más aún ahí donde las instituciones del Estado ­parecen más estre­chamente relacionadas con sus definiciones y ­d irectrices. Son esas redes hegemónicas de poder o sus descendientes las que han articulado históricamente y dan continuidad a ese entramado de relaciones instituciona­lizadas

41 Ibidem, pp. 15 y 17. 42 Obviamente los agentes estatales de jerarquía menor también son capaces de sesgar las

definiciones normativas y funcionales del Estado en favor de sus propios intereses, sin embargo, la posibilidad de incurrir en irregularidades significativas y contrarias a los designios de la superioridad jerárquica suele ser comparativamente más limitada.

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basadas en la coerción que entendemos por Estado.43 Son ellas las que se encuentran en condiciones para llevar a cabo una configuración normativa y funcional de las estructuras del Estado. Estas redes se convierten en hegemónicas debido a su participación ­directa en procesos de formación o consolidación del Estado. O bien, a partir de e­ ventos políticos de gran significación que implican definiciones f­ undacionales o refundacionales sobre la comunidad que integra al Estado, su entramado institucional e incluso ajustes económicos de gran profundidad. En su dimensión histórica, los Estados nacionales no surgen usualmente en un solo evento, sino que son el resultado de un proceso largo, con hechos no necesariamente ininterrumpidos o directamente relacionados. Desde una perspectiva estructural, algunos de los elementos que consideramos aspectos clave de la existencia del Estado pueden estar más consolidados que otros en periodos específicos. Condiciones semejantes pueden apreciarse e­ specialmente en contextos poscoloniales. Por tanto, en algunos casos, el surgimiento de una red de poder hegemónica puede trazarse hasta la época fundacional del ­Estado, por ejemplo, a partir del triunfo de una guerra de independencia. En otros casos, la red puede estar más ligada al resultado de una guerra civil o un golpe de Estado, e incluso a la restauración democrática tras el desmantelamiento de un régimen autoritario. Así como el Estado en su conjunto se desarrolla y consolida paulatinamente, la red de poder hegemónica también se integra de manera gradual. La red no es estática: puede transformarse e incorporar o desechar subredes y/o actores específicos. El poder o influencia específica de los actores y/o subredes depende tanto de su posición estructural dentro de la propia red como de los recursos específicos que mantengan bajo su control. Semejante poder puede aumentar o disminuir en función de ambos factores. Las redes de poder hegemónicas son capaces de definir los límites formales y reales de lo que es legal y lo que no lo es, y están en condiciones de ­administrar el reforzamiento estatal a tal frontera y la respuesta institucional efectiva a su inobservancia. Ellas también sancionan los patrones de acumulación de capital, dada su hegemonía fáctica sobre las instituciones regulativas dentro de 43 Su genealogía no debe entenderse sólo en función de herencias familiares, aunque en no pocas ocasiones así parece consistir.

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los límites territoriales en las que están asentadas. En función de ambas capa­ cidades, pueden favorecer la realización y continuidad de actividades ilícitas, como mecanismo para obtener para sí ganancias y recursos de diverso tipo. En otras palabras, la red puede aprovechar con fines rentistas su capacidad para determinar las normas y los límites de la legalidad, al tiempo que auspicia o protege actividades formalmente proscritas. La red de poder hegemónica no es simplemente el gobierno, porque no todos los burócratas, ni siquiera aquellos que alcanzan los mayores rangos institucionales, satisfacen necesariamente las premisas antes enunciadas. No obstante, algunos funcionarios o ex funcionarios gubernamentales y políticos de alto nivel pueden hacerlo en función de los recursos de poder acumulados y su posición estructural dentro de la red. La inclusión de actores privados dentro de la red de poder hegemónica, como es el caso de empresarios e incluso delincuentes, no implica necesariamente que cualquiera de estos actores, por el simple hecho de ser poderosos, sean consultados para definir normas o políticas. Sin embargo, algunos de ellos que sí cuentan con las conexiones adecuadas pueden, en efecto, estar en condiciones de participar en su definición —­usualmente en compañía de otros miembros de la red de poder d ­ irectamente insertos en las instituciones políticas y gubernamentales— de manera que logran beneficiar sus propios intereses grupales y disminuir los riesgos de penalización que pudieran recibir. Más aún, no es necesario que estas redes piensen en sí mismas como un grupo unitario. No obstante, en algunas ocasiones pueden tener una relativa autoconciencia de que existen.44 El concepto aquí propuesto pretende ir más allá de las generalizaciones amplias que en los análisis tradicionales suelen englobar a los actores en ­f unción de su relación con los medios de producción (capitalista vs. proletario); o su adscripción a los espacios institucionales (gobernante vs. gobernado), e i­ ncluso de aquella otra delineada por la frontera entre lo legal y lo ilegal —con ­f recuencia entrecruzada de manera continua— (empresario vs. delincuente). Estas 44 Por ejemplo, la red de poder hegemónica puede usar referentes para su autodenominación, aun si su membresía efectiva es esencialmente difusa. Considérese el caso de los grupos victoriosos en la Revolución mexicana, que solían denominarse a sí mismos como la ­familia revolucionaria, con lo que implicaban su pertenencia a su común pasado revolucionario. Véase Brandenburg, Frank (1967 [1964]), The Making of Modern Mexico, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, pp. 1-18.

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dico­tomías parecen unidimensionales e insuficientes para explicar rela­ciones complejas en las que pueden existir convergencias concretas entre indivi­duos específicos, no entre sujetos sociales abstractos. Por tanto, en lugar de forzar el análisis dentro de esas dicotomías tradicionales, puede resultar relevante tratar de identificar, a partir de evidencia empírica, la existencia de estas redes, cómo surgen, cómo se integran, cómo operan, cuáles son sus intereses legales —y eventualmente ilegales— y a través de qué instituciones y prácticas los preservan, etcétera. La verificación de la existencia de semejantes redes y subredes de poder hege­mónico puede lograrse empíricamente a través de una aproximación meto­ dológica sociohistórica. Sus características estructurales e ­interconexiones pueden ser graficadas y sujetas a medición con metodología de análisis de redes sociales.45 La categoría de análisis propuesta de redes de poder hegemónicas no persigue explicar las peculiaridades de las que se ocupan estudios etnográficos como los descritos en la primera parte de este capítulo —no es desde luego su propósito—, no atribuye necesariamente a estas redes la acción de personas o funcionarios gubernamentales de rango inferior en su actividad cotidiana y en el ejercicio de su respectiva agencia, pero permite apreciar que las p ­ aradojas que han sido identificadas como dimensiones marginales en términos geográ­ ficos y funcionales del Estado pueden ser el resultado de configuraciones espe­ cíficas en función de los intereses fácticos y no necesariamente formales de esas redes.46 Desde esta perspectiva, varios de los elementos de análisis que una y otra corriente comparten se derivarían no de los márgenes del Estado, sino de su núcleo esencial.

45 Scott, John (2013 [1991]), Social Network Analysis, 3a ed., Sage Publications, Londres, Thou46

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sand Oaks, Nueva Delhi y Singapur. Por ejemplo, Friman y Andreas sostienen que la regulación de determinadas actividades que realizan los sujetos a los que se identifica como delincuencia organizada pueden ser funcionales para intereses de Estado. Véase Friman, Richard H. y Peter Andreas (1999), “Introduction: International Relations and the Illicit Global Economy”, en The Illicit Global Economy & State Power, Rowman & Littlefield Publisher, Inc., Lanham, eua, p. 10.

Reconfiguración cooptada del Estado o configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos Entiendo por circuito institucional un conjunto de normas, leyes, reglamenta­ ciones, dependencias de gobierno y prácticas que en ellas tienen lugar, que regulan y administran desde el Estado determinadas interacciones sociales y/o bienes diferenciables. Por ejemplo, el conjunto de leyes, reglamentos, instituciones de seguridad y justicia involucradas que constituyen y hacen valer la prohibición de la producción, trasiego y venta de determinadas drogas psicoactivas, así como su sanción, constituye un circuito institucional, en la medida en que regula la materia, la hace valer en tanto disposición oficial y administra la coerción a quien la infringe. O bien, deja de hacerlo. Existe una variedad de circuitos institucionales que norman, administran y sancionan otras ­cuestiones diversas, desde la provisión privada de servicios, la competencia en telecomunicaciones, hasta las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo, que constituyen elementos que escapan al tema de interés de este trabajo y a las que se menciona sólo a modo de ejemplo. Un circuito institucional puede configurarse para, por ejemplo, penalizar más determinado tipo de interacción o sujeto que la lleva a cabo, al tiempo que es comparativamente benévolo u omiso con otras tantas prácticas, e incluso con las mismas, si es otro sujeto quien las realiza. Así como en la realidad cotidiana el Estado, a contracorriente de la visión idealizada que se tiene de él, no es totalmente capaz de hacer cumplir al ­ciento por ciento sus decisiones, tampoco cabe esperar que la configuración de circuitos institucionales, sea con fines legales o ilegales, sea absolutamente coherente e integral. Hay, por ejemplo, aspectos normativos que podrían trascender las preferencias de una red de poder hegemónica doméstica, pero que ésta debe acatar en funciones de convenciones internacionales signadas, presiones y asimetrías de poder. La configuración de circuitos institucionales con fines ilegales necesariamente implica un margen de ocultación que no incluye a todos y cada uno de los elementos que los integran, pues implica la promoción e implantación deli­ berada, pero no visibilizada ni reconocida, de medidas para favorecer el incum­ plimiento selectivo y discrecional de la legalidad oficialmente r­ econo­cida y nominalmente reforzada desde el aparato público. Otros esfuerzos distintos 67

al que se desarrolla en esta obra podrán, probablemente, dar ­cuenta de diferencias de grado en función de la comparación de casos específicos, pero seña­larlo permitirá evitar que se caiga en la expectativa reduccionista de dar por desconta­do que todo integrante de una corporación, por ejemplo, es ­partíci­pe inexorable de prácticas como las que aquí se han de describir. O, por el ­contra­r io, asumir que la no implicación de todo el personal en ellas basta para descartar el carácter sistemático de dichas acciones y, en función de ello, la categoría propuesta. Al abordar en un trabajo precedente la imbricación de actores e intereses legales e ilegales desde un punto de vista estructural-funcionalista y con la perspectiva del Estado que le es afín, recuperé el concepto de ­reconfiguración cooptada del Estado de Luis Jorge Garay para mostrar la disfuncionalidad institucionalizada de determinados circuitos institucionales a la luz de los propó­sitos formales del entramado estatal. Desde esta nueva perspectiva, con el Estado como extensión institucionalizada de los intereses de estas redes de poder hegemónicas, la disfuncionalidad formal antes señalada puede ser funcio­nal de facto para sus intereses conjuntos o de un conjunto de subredes determinadas. Y son estas redes, o determinadas subredes de ellas, las que se encuentran en condiciones de configurar e institucionalizar de origen esos circui­tos institucionales. O bien, en el caso de algunas subredes, de i­ ncrementar su propio poder y control de recursos dentro de la red de poder hegemónica — como expuse, tampoco la red es monolítica—, a partir de su alianza con otras subredes o con sectores alternativos, legales o ilegales, que están en condiciones de respaldarlos con recursos de prácticas características de la construcción de Estado —­capacidad de violencia y/o financiamiento de la misma—.47 47 Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico

de drogas en el estado de Tamaulipas, ciesas, México, pp. 40-42 y 49-56. Sobre el concepto de reconfiguración cooptada del Estado, véase Garay Salamanca, Luis Jorge, Eduardo Salcedo Albarán, Isaac de León Beltrán y Bernardo Gue­r rero (2008), La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, Fundación Método/Fundación Avina/Transparencia por Colombia, Bogotá, pp. 49-59. El referente empírico empleado para la construcción de este concepto fue esencialmente el del fenómeno de la vinculación entre actores institucionales e integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) en un pacto para modificar, según sus propios intereses, diversas disposiciones institucionales del Estado colombiano, de manera que la definición de reconfiguración cooptada del Estado se aprecia en sí misma bastante descriptiva de este proceso. En el caso mexicano, a la luz de las evidencias

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De cualquier manera, vale la pena señalar que la cuestión de la configura­ ción de origen de circuitos institucionales del Estado o, por el contrario, su recon­figuración cooptada parece tener, según sea el caso, implicaciones mayo­ res a las meramente sutiles que originalmente asumí en mi trabajo anterior, según lo expuesto en estas páginas. Ciertamente la mayor parte de la teoría política suele asumir las más de las veces que un Estado no opera, en lo abstracto, con fines criminales. No obstante, el trabajo de Tilly evidencia que en la historia de los Estados naciona­les, semejante condición no es infrecuente en los hechos, pues el Estado se desarrolla como extensión de las capacidades e intereses de un grupo violento que ha logrado el monopolio de los medios de coerción —que no es ­necesariamente legítimo desde su inicio— y aquellos capaces de financiar su expansión y consolidación.48 En casos en los que la articulación de tales intereses trasciende los límites formalmente trazados entre lo legal y lo ilegal, como se verá en la ­expo­sición histórica que se abordará en los siguientes capítulos, determinados circuitos institucionales bien pueden configurarse desde su origen para favo­recer dichos intereses, más allá de la tarea formal que les ha sido conferida, y permanecer orientados hacia su servicio al paso del tiempo, especialmente si la hegemonía de esa red y sus herederos dinásticos se ha preservado. Tales inte­ reses y las rela­ciones irregulares entre actores legales e ilegales que les son ­concomitantes s­ uelen permanecer en condiciones de clandestinidad y no formalmente e­ xpuestos, pues de lo contrario se rompería el discurso de la probidad institucional, la igualdad ciudadana ante la ley y, en consecuencia, la propia legitimidad que requiere todo Estado. Por el contrario, el término reconfiguración cooptada del Estado implica en su propia semántica que existen actores esencialmente diferenciables —la delincuencia y los oficiales del Estado— y que son los primeros o una alianza entre aquellos y los segundos los que alteran el funcionamiento de un Estado que

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históricas que se pueden apreciar en mi propio trabajo antes referido, el proceso simbiótico entre actores institucionales y delictivos y sus mutuos intereses parece haber derivado en una configuración de origen de determinados circuitos institucionales para garantizar la reproducción de prácticas ilegales y la obtención de rentas por parte de subredes de poder específicas. A ello volveré con más detalle. Tilly, op. cit.

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originalmente era, en general, probo y funcionaba de acuerdo con los criterios formales de procuración del bien común y la aplicación igualitaria de sus propias normas regulativas. No debe obviarse que los referentes empíricos de uno y otro caso —el colombiano en el de Garay et al. y el mexicano, en el mío— guardan similitudes en algunos aspectos, como la presencia de las organizaciones del tráfico de drogas y una aguda afectación por las mismas, pero evidencian también diferencias relevantes.49 Entre ellas, las características estructurales del Estado y el régimen políticos en uno y otro país. En Colombia, el concepto de la reconfiguración cooptada del Estado se desarrolló, sobre todo, a la luz del proceso de alianza entre las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) con actores políticos locales y nacionales en el proceso que ha sido designado como la parapolítica, ocurrido a mediados de la primera década del siglo xxi.50 Esta alianza intentaba controlar circuitos instituciona­les para beneficiar sus intereses políticos, económicos e incluso delictivos, dada la participación de diversos bloques de las auc en el tráfico de drogas. Sin ­embargo, hasta donde se ha podido verificar públicamente, el objetivo no se alcanzó: las altas jerarquías de las auc fueron procesadas por la justicia colombiana junto con sus cómplices políticos, e incluso las primeras fueron sujetas a extradición hacia Estados Unidos. En otras palabras, existían, en efecto, circuitos institucionales no controlados por esos intereses, que fueron capaces de resistir, de operar conforme a la norma y proceder judicialmente en su contra a partir de sus propias normas e instituciones. La red de poder hegemónica no parecía orgánicamente involucrada en la protección al tráfico de drogas, por ejemplo. O existieron subredes internas no inmersas en esa actividad ilegal, que pudieron hacerle contrapeso institucional a través de dependencias del Estado relativamente funcionales. Por el contrario, los procesos históricos descritos en mi trabajo anterior Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado 49 Los contrastes entre ambos casos ocuparon mi atención en una obra precedente. Véase 50

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Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México. Para un estudio acucioso de este proceso, véase Romero, Mauricio (2007), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Corporación Nuevo Arco Iris-­ Intermedio, Bogotá.

de Tamaulipas, y los que habrán de apreciarse en las presentes páginas, muestran condiciones de configuración de origen de circuitos institucionales con fines ilegales. Esta condición podría constituir un elemento de explicación muy relevan­te al mayor grado de impunidad comparativa en uno y otro caso: ­mientras que en Colombia algunos circuitos institucionales no sujetos a estos intereses pudieron impedir el mencionado proceso y judicializar a la mayor ­parte de los involucrados, en México prácticamente ninguna figura de autori­ dad política de los estudiados en estos dos trabajos ha sido sujeto a pena judicial por su presunta participación en la protección a las organizaciones del tráfico de drogas. Con frecuencia, ni siquiera han sido sujetos a investigación institucional. Si bien, en ambos casos, el colombiano y el mexicano, han existido nive­ les significativos de impunidad, ésta aparece mucho más institucionali­zada ahí donde influyentes subredes de la red de poder hegemónica han mantenido un control histórico de circuitos institucionales regulatorios de las actividades ilegales, como parece ser el caso mexicano. Tal diferencia también podría tener un impacto en la dimensión económica, pues si bien en ambos casos los flujos de capital procedentes de actividades ilíci­tas pueden constituir una constante no menor, en la segunda de las condiciones descritas el control institucional ejercido por la red de poder h ­ egemónica junto con la vinculación orgánica de varias de sus subredes más influyentes —con procesos de acumulación de capital obtenidos por vías ilícitas— podrían hacer de esta condición algo mucho más enraizado en la estructura económica del país en cuestión, e incluso ubicar a la gestión de lo ilícito desde el Estado, como la virtual articulación de una economía política ilegal prácticamente indiscernible de los procesos de acumulación formalmente sancionados. En la perspectiva de identificación cualitativa de causalidades de la concepción de rastreo de procesos, propuesta por James Mahoney,51 la diferencia podría exponerse en función de los siguientes enunciados lógicos: 51 Mahoney, James (2012), “The Logic of Process Tracing Tests in the Social Sciences”, Socio­

logical Methods & Research, 41(4), Sage, pp. 570-583. Mahoney establece una metodolo­g ía para llevar a cabo inferencias causales sobre casos específicos —es decir, no de correla­ ciones comparativas—, a partir de procedimientos enfocados al rastreo de procesos vincu­lados entre sí. Es decir, se trata de una metodología para la validación cualitativa de hipótesis. Para ello, sugiere la combinación de generalizaciones preexistentes y su verificación a partir de procedimientos de validación específicos, establecidos con indicadores

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Configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos (Coefi): (A ˄ B) ↔ (Ci ˄ Ii)

Donde: A= Red de poder hegemónica en vinculación con actividades ilícitas. B= Control o influencia sobre circuitos institucionales regulatorios. Ci= Acumulación institucionalizada de capital ilícito. Ii= Impunidad institucionalizada.

Esto es, en la Coefi, la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con actividades ilícitas, así como su control de circuitos institucionales regulatorios son elementos no sólo necesarios, sino además suficientes para la acumulación institucionalizada de capital ilícito, lo mismo que de la impunidad institucionalizada. Y viceversa, la presencia de la acumulación institucionaliza­ da de capital ilícito y la existencia de una impunidad institucionalizada son necesariamente producto de la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con actividades ilícitas y su control sobre instituciones regulatorias. La presencia de cualquiera de los binomios es suficiente para deducir que el otro también existe. Reconfiguración cooptada del Estado (rce) (A ˅ B) → (C ˅ I)

observables que son considerados lógicamente necesarios o suficientes para generarlos o deducir su presencia. Aquellos necesarios constituyen los elementos que de manera o­ bliga­da deben estar presentes para causar determinado efecto, en todas las ­circunstancias y condi­ ciones en las que éste puede tener lugar. Los suficientes implican aquellos factores que por sí mismos bastan para afirmar la causalidad en cuestión. Idealmente, la ausencia de las evidencias necesarias basta para desechar una hipótesis, aunque su presencia no nece­ sariamente asegura su cumplimiento, mientras que la presencia de aquellas consideradas suficientes basta para aportar elementos decisivos para confirmar la hipótesis. Véase Mahoney, op. cit., pp. 570-583.

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Donde: A= Red poder hegemónica en vinculación con actividades ilícitas. B= Control o influencia sobre circuitos institucionales regulatorios. C= Acumulación de capital ilícito. I= Impunidad.

Es decir, la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con activida­ des ilícitas, o bien, el control sobre circuitos institucionales regulatorios por parte de ésta u otros actores ilegales son elementos suficientes, pero no necesa­rios para dar lugar a la acumulación de capital ilícito o impunidad. Sin embargo, por sí mismos, la acumulación de capital ilícito, o bien, altos niveles de impunidad no son suficientes para asegurar la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con actividades ilícitas o su control sobre circuitos insti­tucionales regulatorios, pues pueden ser causados por otros factores distintos. Un elemento central a considerar en ambos casos es la diferencia que supone la institucionalización o no tanto de la acumulación de capital ilícito como de la impunidad. Por impunidad institucionalizada entiendo no sólo aquella que está representada por medio de mecanismos y estructuras legalizadas en el Estado para proteger a quienes abusan del poder —que es la definición de impunidad estructural con la que se concibe, por ejemplo, un sistema judicial de cortes militares separadas de las civiles—, o medidas específicas de amnistía o perdón —como ocurre en el caso de la impunidad estratégica—.52 Con este término hago referencia a la operación institucionalizada de mecanismos formales e informales enfocada deliberadamente a proteger y evitar la sanción ­penal de integrantes de la red de poder hegemónica involucrados en a­ ctividades ilegales o sus asociados, de manera sistémica, consistente y perdurable. En ella existe, además de mecanismos generales para evitar o atenuar la sanción o castigo de determinadas jerarquías de la alta burocracia o a integrantes de instituciones específicas, una inacción sistemática y permanente de leyes e instituciones judiciales que en lo formal tienen por fin explícito el de penalizar diversas interacciones oficialmente prohibidas, que sí son aplicadas, incluso con severidad, 52 McSherry, J. Patrice y Raúl Molina Mejía (1992), “Confronting the Question of Justice in Guatemala”, Social Justice, vol. 19, núm. 3 (49), Focus on Resistance, Rights and Justice (Fall), p. 3.

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a otros tantos actores que no forman parte de esas redes de poder hegemónicas o no son beneficiados por ellas. Es posible que un proceso exitoso de rce conduzca de facto a situaciones análogas a las de una Coefi, pues ahí ha tenido éxito la institucionalización de la acumulación de capital ilícito y de la impunidad. Sin embargo, en tanto esto no se logre y según lo expuesto anteriormente, el proceso puede abortarse y revertirse en la medida en que existan elementos de regulación institucional que escapan al control de la red de poder hegemónica o de las subredes de ésta que están involucradas con actividades ilegales. Por su parte, la dificultad para revertir una Coefi puede ser aún mayor, en la medida en que sería necesario romper el control histórico que ejerce la red de poder hegemónica (o subredes específicas de la misma) sobre los circuitos institucionales regulatorios de diversas actividades criminales y, con ello, ­iniciar apenas en el intento de fracturar sus patrones de acumulación de capital ilícito e impunidad profundamente institucionalizados. En el caso colombiano, por ejemplo, la relación irregular entre traficantes de droga y actores políticos apareció conformada, en términos históricos, en términos no simbióticos con la red de poder hegemónica, aun si desarrolló un poderío capaz de confrontar a ésta de manera directa. Piénsese en el caso de Pablo Escobar y el Cártel de Medellín. Fue precisamente la negativa de la red de poder hegemónica a integrar a Escobar lo que desató la violencia ­encarniza­da de éste, que ya había logrado acumular altas cantidades de capital ilícito y construir, en torno a sus intereses ilícitos, una impunidad considerable. En México, en cambio, esta relación irregular entre actores delictivos en sentido tradicional y actores de poder sí apareció de manera mucho más sistémica, más simbiótica en la historia del país.53 En consecuencia, dadas las divergencias anotadas anteriormente en términos de sus premisas e implicaciones, debo expresar que en el caso de México, los estudios realizados en mi trabajo precedente sobre Tamaulipas y el presente sobre Nuevo León, evidencian características más propias de una Coefi, que de una rce. Pretendo con ello justificar la propuesta del concepto de configuración ori­ gi­naria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos, que a la luz de lo 53 Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México.

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anterior muestra premisas e implicaciones diferenciadas y no menores f­ rente a las propias del de reconfiguración cooptada del Estado, que constituyó un elemento central de mi reflexión. Todo ello, desde luego, sin detrimento de la deuda intelectual que tengo hacia sus autores por su relevante contribución. La Coefi ocurre de manera paralela a la formación o consolidación del Estado, cuando una red de poder hegemónica, que ha logrado establecer el monopolio fáctico o tendencial de los medios de coacción sobre un ­territorio determinado, configura —de manera fundacional, temprana o en momentos cru­ciales de definición— circuitos institucionales específicos para g­ arantizar la continuidad de actividades ilícitas de las que obtienen dividendos. Al ­garanti­zar e institucionalizar la impunidad de sus integrantes involucrados y/o de sus asociados, permite la acumulación de capitales de origen ilícito que desde tem­pra­ no se fusionan con otros tantos recursos que obtienen de f­ uentes legales, de manera que los recursos ilegales constituyen una vía paralela y permanente de acumulación, que refuerza a su vez su preeminencia y control institucional, sin cancelar su participación en otras actividades económicas legítimas. Aquellos sectores de la red de poder hegemónica involucrados en prácti­cas ilícitas parecen enfocarse desde fases tempranas del surgimiento o consolidación del Estado en el control de instituciones estatales regulatorias y de promoción económica. Los circuitos institucionales que resultan relevantes para este propósito son tanto los judiciales, dada su importancia c­ entral para garantizar la impunidad de los actores involucrados en actividades ilega­les, como aquellos otros directamente relacionados con las actividades ­económicas en las que los integrantes de esa red tienen interés —y a donde se integran con ­f recuencia los capitales ilegales—, sea por su carácter regulatorio o propiciatorio. Por e­ jemplo, las aduanas y las direcciones encargadas de regular flujos comerciales, en el primer caso; o generación de infraestructura productiva o de transporte, transferencia de apoyos estatales, distribución de créditos orientados al sector, etcétera, en el segundo. La Coefi implica, pues, la conjunción de las dimensiones políticas y económicas del Estado en su aspecto esencial de articulación de la violencia institucionalizada, la generación de un orden jurídico interno y la promoción de la acumulación de capital, en función de los intereses de una red de poder hegemónica vinculada a actividades ilícitas.

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En estas condiciones y según la lógica expuesta en la concepción de la trayectoria dependiente (path-dependence) del institucionalismo histórico, la ocurrencia temprana de tal proceso y su consolidación histórica puede, en efecto, condicionar negativamente la posibilidad de que esta configuración originaria fuera revertida.54

Los indicadores de la configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos Páginas arriba señalé que los componentes de la Coefi son los siguientes: A= Red de poder hegemónica en vinculación con actividades ilícitas. B= Control o influencia sobre circuitos institucionales regulatorios. Ci= Acumulación institucionalizada de capital ilícito. Ii= Impunidad institucionalizada.

Para la indagación empírica de este proceso, cada uno de estos elementos puede analizarse en función de indicadores suficientes o necesarios para evidenciar su existencia, mismos que guiaron la indagación sociohistórica que se desarrollará en las siguientes páginas. A continuación, en el cuadro 1.1 se ofrece un breve esquema al respecto.

54 Pierson, Paul y Theda Skocpol (2002), “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, en Katznelson, Ira y Helen V. Milner (eds.), Political Science: State of the Discipline, W.W. Norton, Nueva York, pp. 693-721. También Pierson, Paul (2000), “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, The American Political Science Review, vol. 94, núm. 2 (junio), American Political Science Association, pp. 251-267.

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◆ Documentación oficial o no que muestre la existencia de una red social integrada (que los integrantes tengan relación directa entre sí o una distancia no intermediada por más de uno) por actores preeminentes de los tres ámbitos considerados (político-institucional, empresarial y delictivo). ◆ Documentos históricos, oficiales o no, que den testimonio de vínculos sociales cercanos, sostenidos entre actores institucionales, empresariales e ilegales (parentesco, relaciones sociales, profesionales, comerciales). ◆ Documentos históricos, oficiales o no, que den cuenta de relaciones de colaboración entre estos actores con fines políticos o económicos, legales o ilegales. ◆ Documentación jurídico/penal que dé cuenta oficial de relaciones simbióticas e irregulares entre actores institucionales, empresariales e ilegales. ◆ Documentación patrimonial que muestre la sociedad entre actores, con al menos uno de ellos directa y permanentemente involucrado en actividades ilícitas.

Fuente: Elaboración propia.

Evidencia suficiente

Evidencia necesaria

A= Red de poder hegemónica en vinculación con actividades ilícitas

◆ Designación institucional, por auspicios de la red, de funcionarios vinculados con actores delictivos en instituciones encargadas de regular una actividad ilícita en la que aquella tiene intereses. ◆ Perduración transgubernamental de integrantes de la red con antecedentes de vinculación con actividades ilícitas en las instituciones encargadas de regularlas.

◆ Actividades sostenidas de lavado de dinero por empresas de alta importancia y/o predominio sectorial. ◆ Sociedad empresarial entre actores vinculados con actividades ilícitas y empresarios de alto nivel. ◆ Propiedad directa o indirecta de empresas de alta importancia por parte de actores vinculados a actividades ilícitas. ◆ Vinculación recurrente de la infraestructura de empresas de alta importancia en la comisión de actividades ilícitas.

◆ Vinculación histórica de los ◆ Alta frecuencia de actividades y integrantes de la red con la formación prácticas propias de lavado de de instituciones o su desarrollo por dinero. periodos extensos. ◆ Existencia de escasos controles ◆ Relación social sostenida y simbiótica contra el lavado de dinero. entre actores pertenecientes a ◆ Débil aplicación o aplicación ámbitos formalmente incompatibles selectiva y discrecional del y con propósitos no institucionales. régimen anti-lavado de dinero. ◆ Facultad o influencia de integrantes de la red para designar a las altas jerarquías institucionales o a cargos institucionales estratégicos. ◆ Ascendencia jerárquica y/o influencia política o económica sobre circuitos institucionales regulatorios.

◆ Circuitos regulatorios que no penalizan —o lo hacen con benevolencia desproporcionada— irregularidades flagrantes de actores específicos identificados con la red de poder hegemónica. ◆ Negativa sostenida de autoridades a procesar o juzgar a actores delictivos determinados. ◆ Resistencia sostenida o bloqueo de autoridades para investigar a actores delictivos o relacionados con ellos. ◆ Desecho de causas penales y/o reversión continua de sentencias que favorecen a actores vinculados a actividades ilícitas. ◆ Causas penales contra actores o mención específica de ellos en relación con los ilícitos de interés en cortes fuera del control de la red.

◆ Altos niveles de impunidad en actividades ilícitas de interés. ◆ Penalización discrecional e inequitativa respecto a diversos actores frente a un mismo delito. ◆ Amplia perduración temporal de redes delictivas específicas.

B= Control o influencia sobre circuitos Ci= Acumulación Ii= Impunidad institucionalizada institucionales regulatorios institucionalizada de capital ilícito

CUADRO 1.1 Indicadores de la configuración originaria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos

El ciclo del lavado de dinero y los circuitos económicos vulnerables El lavado de dinero es una práctica que suele acompañar a aquellas otras que implican la comisión sostenida de delitos serios que tienen por fin la o­ btención de recursos económicos, como son el contrabando o el tráfico de drogas, por mencionar algunas de ellas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con ­éstas, su naturaleza y fases son, en comparación, menos difundidas o c­ onocidas. Debi­ do a que este trabajo aborda la integración de recursos e­ conómicos ilícitos en la economía legal, considero necesario dedicarle un breve apartado introductorio, con una exposición general de su definición y elementos esenciales. Por lavado de dinero se entiende el uso de dinero que se adquiere m ­ ediante una actividad ilegal, que oculta la identidad de quienes lo obtuvieron y lo transfor­ma en recursos que parecen provenir de una fuente legítima.55 El lava­ do de activos constituye esencialmente el tipo penal que incluye las diversas actividades encaminadas a legitimar recursos de procedencia ilícita y pretende integrarlos dentro de la economía legal.56 El lavado de dinero se desarrolla con tres actividades esenciales diferenciadas: colocación, estratificación e integración.57 La colocación supone el traslado físico del dinero o su cambio en otra moneda, o bien de alguna manera que se haga menos sospechosa a las instituciones encargadas de perseguir el delito.58 La colocación del dinero sucio se realiza fundamentalmente en ­empresas ­o ne­ gocios que implican una gran cantidad de intercambios con dinero en ­efectivo. Una opción para ello son, por ejemplo, los bancos e instituciones financieras.59 Otra es la compra de instrumentos monetarios como cheques o divisas, o ­bienes diversos sujetos a usuales y frecuentes transacciones con efectivo: joyas, propiedades inmobiliarias, mercancías diversas, etcétera.60 55 Madinger, John (2012), Money Laundering. A Guide for Criminal Investigators. Third Edition, 56 57 58 59 60 78

crc Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, Londres, Nueva York, eua, p. 5. Buscaglia, Edgardo (2015), Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, Debate, México, p. 33. Reuter, Peter y Edwin M. Truman (2004), Chasing Dirty Money. The Fight Against Money Laundering, Institute for International Economics, Washington D. C., eua, p. 3; Madinger, op. cit., p. 5. Reuter y Truman, op. cit., p. 25; Madinger, op. cit., p. 5; Buscaglia, op. cit., pp. 48-49. Madinger, op. cit., pp. 5-6. Buscaglia, op. cit., pp. 48-49.

La estratificación consiste en la realización de una serie de transformaciones a partir de inversiones o actividades de compraventa, que pueden no limitarse a las fronteras de un país en función de la capacidad y sofisticación de quienes las llevan a cabo, pero que persigue en todo momento marcar distancia entre el ilícito original que produjo el recurso, sus perpetradores y su destino final y beneficiarios, de manera que sea difícil mantener el rastro mediante investigaciones sobre su origen y destino.61 Esta etapa tiene un sinnúmero de posibilidades, desde transferencias interbancarias locales y sobre todo foráneas hacia paraísos fiscales, como la adquisición de bonos y acciones de compañías reales o de fachada y/o su respectiva creación, la integración de fideicomisos o la realización de autopréstamos.62 Finalmente, la integración consiste en la conversión final de los recursos de procedencia ilícita en bienes o inversiones de la economía formal legal, de manera que el beneficiario final puede aparentar un origen legítimo de la misma y, en función de ello, emplearla para inversiones de largo plazo y/o para financiar nuevas empresas, sean de corte legal o ilegal.63 Con mucha frecuencia, esta etapa final del lavado de dinero busca establecer esos recursos en las economías donde la propiedad privada cuenta con mayores garantías, rentabilidad y estabilidad, esto es, en los países más desarrollados.64 El capital proveniente de lavado de dinero se integra en los países desarrollados por las ventajas comparativas que representa la intercomunicación de su sistema financiero, la solidez de la protección a la propiedad privada y la existen­cia y resguardo del secreto bancario en condiciones de una relativamente escasa auditoría de cuentas.65 El ciclo del lavado de dinero se facilita cuando se cuenta con la cooperación y asistencia de actores gubernamentales, banqueros y negocios.66 Muchos de los lugares que han sido tradicionalmente santuarios de piratas o contrabandis­ tas en épocas pasadas, aún son lugares atractivos para las etapas iniciales del ciclo del lavado de dinero. Esto no es mera casualidad, pues el lavado de 61 62 63 64 65 66

Reuter y Truman, idem; Madinger, op. cit., pp. 6-7. Buscaglia, op. cit., pp. 48-49, Reuter y Truman, op. cit., p. 25; y Madinger, op. cit., pp. 6-7. Reuter y Truman, op. cit., p. 25; Madinger, op. cit., p. 7. Buscaglia, op. cit., pp. 48-49. Idem, p. 72. Madinger, op. cit., p. 10.

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dinero está estrechamente vinculado con la actividad comercial l­ egal. En todo caso, se trata de sitios con amplios intercambios comerciales que c­ arecen de ­regulaciones económicas apropiadas o donde éstas no son aplicadas de ­mane­ra ­consistente.67 Se trata también de lugares donde ha existido un arraigo ­h istórico de vincu­lación irregular entre autoridades, empresarios y ­delincuentes, que mantiene semejante dinámica sin mayor alteración ante el paso del tiempo, con frecuencia al heredar roles e intereses a sus respectivas dinastías, sea que los descendientes se mantengan dentro de sus funciones tradicionales o incluso las intercambien. Se aprecia así la perduración de negocios ilícitos ampa­rados por los herederos de una misma red social donde, en ocasiones, los ­descendientes de delincuentes se convierten en políticos, funcionarios o empre­sarios, y los de éstos a su vez mantienen los roles heredados o se convierten incluso en delincuentes tradicionales. El tipo penal del lavado de dinero tuvo su origen en la legislación estadouni­ dense que evolucionó gradualmente para combatir la dimensión financiera del delito o el crimen financiero en sí mismo, como el caso de la tipificación criminal de los procedimientos del lavado de dinero, con independencia del delito que originó el recurso ilícito.68 Hasta 1986, el lavado de dinero en Estados Unidos no era en sí mismo una actividad criminal. Algunas de las acciones relativas a él podían considerarse ilegales bajo otros conceptos y estatutos, pero el proceso de lavado no consti­ tu­ía un delito.69 A la luz de todo lo expuesto en este capítulo, las siguientes páginas se enfo­ carán a demostrar que, en el noreste de México, una subred de poder hegemónica estableció una configuración originaria de circuitos institucionales regulatorios del Estado con fines ilícitos (Coefi) para favorecer sus propios intereses, que incluían la acumulación de capital por vías ilícitas. Esta subred se valió de su control sobre dichos circuitos institucionales regu­latorios para a) garantizar impunidad a los circuitos ilegales en los que ­tenía participación; b) incorporar sus ganancias paralelas ilícitas en la 67 Idem, p. 10. 68 Para una visión panorámica de la evolución de esta legislación, véase Madinger, op. cit., 69 80

pp. 13-14. Madinger, op. cit., p. 23.

economía formal sin penalización por parte del Estado y c) reforzar su propia preeminencia en los espacios de poder político y económico. Lo anterior se evidenciará a partir de un análisis sociopolítico-histórico de los casos de Tamaulipas —que realicé en un trabajo anterior y del cual retomaré información pertinente remitiendo al lector a ese trabajo si desea profundizar al respecto—70 y de Nuevo León, donde se articularon subredes de poder he­ gemónicas que, a pesar de su participación histórica en diversas actividades ilegales —especialmente el contrabando y después el tráfico de drogas—, se han mantenido impunes gracias a la influencia política y/o el control que ­ejercen sobre sus respectivos circuitos institucionales regulatorios. A ello añado que estas mismas subredes han llevado prácticas análogas a las del lavado de dinero, aun si este tipo penal no existía todavía, entremezclando recursos con aparente origen ilegal con sus inversiones legales.

70 Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, op. cit. 81

2. Antecedentes históricos de Nuevo León. Poder político, empresariado y tráficos ilícitos, de sus orígenes a 1940

En este capítulo se aborda el desarrollo histórico de Nuevo León, con una visión panorámica de los aspectos característicos de la entidad, fundado originalmente como el Nuevo Reino de León en el periodo de la colonización española; su relación conflictiva con la metrópoli novohispana y su lucha constante por su supervivencia en condiciones de confrontación con los pueblos originarios establecidos en la región; su vinculación, por el contrario, con el Nuevo Santander —hoy Tamaulipas— y con el estado de Texas; su consolidación de mano del surgimiento del caudillo Santiago Vidaurri y la estrecha articulación de poder político y económico representado por éste y un conjunto de empresarios locales que sentaron las bases para una acumulación temprana de capital, a mediados del siglo xix. Podrá apreciarse, a partir de la investigación histórica de autores que han abordado el periodo, el papel no menor que en esa acumulación desempeñó el contrabando, actividad formalmente ilícita pero ampliamente beneficiosa para los empresarios vinculados con Vidaurri y tolerada por su gobierno. Se analizará la continuidad de estas relaciones cercanas entre el poder político y el económico aun tras el ocaso del poder de Vidaurri, enmarcado con el surgimiento de una nueva red empresarial que fundó a partir de 1890 empresas emblemáticas de la región y que se caracterizarían en ese periodo por su afinidad y cercanía con el régimen del general Porfirio Díaz y de su representante local, el general Bernardo Reyes. Finalmente, se analizará cómo, tras el estallido de la Revolución mexicana, las relaciones entre el empresariado neoleonés y los gobiernos revolucionarios se transformaron. Desde la confrontación inicial —con algunos m ­ omentos de ­d istensión debido a sus esperanzas en la figura política de Aarón Sáenz, pero que repuntaría de nuevo para alcanzar su cenit durante la presidencia del 83

general Lázaro Cárdenas— hasta alcanzar un nuevo esquema de ­confluencia y cooperación. Se estableció así una hegemonía estatal compartida entre acto­res posrevolu­cionarios cercanos a los intereses de ese empresariado y las ­fami­lias más repre­sentativas de la élite empresarial. Se podrá apreciar cómo en el contexto de esta pugna contra el gobierno cardenista y las medidas que le carac­terizaron, algunas familias emblemáticas del empresariado neoleonés auspiciaron un levantamiento armado en su contra, para apoyar la figura del general Juan A ­ ndreu Almazán, comandante militar en Nuevo León cercano a sus ­intereses, en el contexto de la sucesión presidencial de 1940. En lo ­referente a la preparación logística de ese levantamiento armado —y en e­ special, en el contra­bando masivo de armas que tuvo lugar para llevarlo a cabo—, los r­ eportes o­ ficiales tanto del gobierno mexicano como del estadounidense de la época pusieron de manifiesto la estrecha relación de estas familias con redes ­político-militares posrevolucionarias, ligadas a su vez con figuras delictivas ­locales dedicadas al contrabando, a las que brindaban protección para el desarrollo de tal actividad. Como se verá, en esta acción participaron grupos empresariales de primer nivel e­ stadounidenses, interesados también en revertir decisiones medulares del gobierno de Cárdenas —la expropiación petrolera, en este caso—. Este ­entramado de relaciones tempranas constituirá un elemento de atención central en la continuidad de esas relaciones en el desarrollo de otro tipo de tráficos ilícitos en los años siguientes, pues varios de los personajes involucrados mantuvieron su presencia en la r­ egión e incluso, en algunos casos, su participación en redes ilícitas, al tiempo que acrecentaban su influencia en los círculos políticos y empresariales del noreste.

Nuevo León: del Nuevo Reino de León hasta 1890 La geografía física del noreste mexicano tiene una delimitación clara: la zona comprendida al norte y este de la Sierra Madre Oriental, hasta llegar al golfo de México, que se extiende hacia el sur hasta llegar a La Huasteca. Las dinámicas socioeconómicas de la región integran al estado de Nuevo León, al norte de Tamaulipas y Coahuila, e incluso a la zona sur de Texas, estado que era parte del territorio mexicano durante la época colonial hasta su anexión a Estados Unidos.1 1

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Elizondo, Ricardo [1985], Fundación de pueblos en el Nuevo Reino de León, Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey, N. L., pp. 11-13, citado en Garza Guajardo, Celso

Los grupos indígenas que habitaban en la zona territorial que hoy comprende Nuevo León eran semisedentarios.2 Hacia el último tercio del siglo xvi los emigrantes europeos iniciaron las exploraciones que darían paso a la colonización de ese territorio. Las primeras expediciones estuvieron a cargo del capitán Alberto del Canto y, posteriormente, de Luis Carvajal y de la Cueva, un personaje de ascendencia judía, nacido en Portugal, que había realizado funciones administrativas para la Corona española.3 La fundación de Monterrey, capital del Nuevo Reino de León tuvo lugar el 20 de septiembre de 1596.4 La confrontación entre los nuevos colonizadores y los grupos indígenas locales fue constante y con frecuencia derivó en el despoblamiento y abandono de villas o haciendas. Hacia finales del siglo xvii, grupos de indígenas tlaxcaltecas fueron trasladados a la zona para favorecer su poblamiento, el cual también se dificultó por la aridez del terreno y la limitación en recursos minerales explotables, de manera que el interés del poder colonial central e ibérico hacia la región fue limitado. El sustento de los nuevos colonizadores estaría determinado por su propia labor agrícola y ganadera, en condiciones ­esencialmente autárquicas respecto al núcleo político y económico de la Nueva España, e incluso de las provincias más pobladas.5 En sus inicios, el Nuevo Reino de León dependió administrativamente de la Nueva España y en cuestiones religiosas, hasta finales del siglo xviii, del Obispado de Guadalajara. No fue sino hasta 1787, apenas poco más de treinta años antes del inicio de la lucha por la Independencia, que Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas quedaron integrados en las denominadas Provincias Internas de Oriente6 que, todavía en 1808, estaban notablemente despobladas, con no más de 150 000 habitantes en su totalidad.7

2 3 4 5 6 7

(comp.) [1989], Nuevo León. Textos de su historia, t. I, Gobierno del Estado de Nuevo León/ Instituto Mora, México, pp. 9-10. Cavazos Garza, Israel e Isabel Ortega Ridaura [2011], Nuevo León. Historia breve, Colmex/ fce, México, p. 25. Cavazos y Ortega, op. cit., pp. 27-28. Garza Guajardo, op. cit., pp. 31-32. Idem, pp. 31-32. Ibidem. Texas contaba apenas con 3 500 pobladores, por ejemplo. Véase Vizcaya Canales, Isidro [1972], Factores adversos para el desarrollo de las provincias internas en los últimos años de la dominación española, uanl, Monterrey, Nuevo León, citado en Garza Guajardo, op. cit., p. 142.

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Al promulgarse la primera Constitución del México independiente, el 4 de octubre de 1824, Nuevo León adquirió la condición de estado libre y ­soberano. En esa época, el estado continuaba escasamente poblado, con condiciones económicas precarias que dependían en lo esencial de actividades agrícolas y gana­ deras. Como en muchas regiones del país, comenzaba a gestarse una dispu­ta entre corrientes centralistas y federalistas; pero en la región, las c­ ondiciones de inestabilidad continuaban agudizadas, sobre todo, por incursiones de filibusteros texanos y de indígenas apaches y comanches.8 Estas luchas violentas contra los grupos indígenas de la región constituyeron un problema significativo hasta 1880, al grado que las condiciones cotidianas eran descritas por los cronistas de la época como de guerra viva.9 A la venganza por el despojo original de tierras de los primeros años, se añaden, hacia finales de este periodo, las incursiones de rapiña de grupos indí­ genas locales y de otros que, habiéndose asentado originalmente más allá del río Bravo, fueron gradualmente marginados hacia la zona que hoy constituye el noreste de México por los colonizadores anglosajones. Éstos establecieron intercambios con tales grupos indígenas, de manera que les proporcionaban armas y municiones a cambio de bienes diversos obtenidos con el despojo de los habitantes en los territorios mexicanos.10 Desde 1848, las incursiones violentas desde Estados Unidos, con fines de despojo sobre las poblaciones mexicanas, se incrementaron considerablemente. Tan sólo Guerrero, Tamaulipas, sufrió 60 de ellas entre 1848 y 1865. En Nuevo León, el gobernador neoleonés informó en 1850 que ese año habían sido menos frecuentes, pues sólo habían ocurrido 86 asaltos que afectaron 16 pueblos del estado. En 1852, estos ataques ­armados habían llegado sólo hasta El Topo, pero dos años más tarde llegaron hasta Lina­res, Montemorelos, Iturbide, Galeana y Dr. Arroyo. Como esas poblacio­nes t­ enían menos experiencia en lidiar con esa violencia, las bajas ocurridas entre los habitantes locales eran más cuantiosas. Por ejemplo, un asalto realizado en contra de una población de Galeana, Peñuelo, ocasionó más de 200 víctimas. Y en 1858, los ataques habían alcanzado las inmediaciones de Monterrey. De acuerdo con Cavazos Garza, entre 1848 y 1870, Nuevo León registró 809 incursio­nes 08 Idem, p. 283. 09 Ibidem, pp. 346-351. 10 Ibidem, pp. 346-351. 86

con un saldo total de 935 muertos. En un caso, en el asalto a Baján, el gobierno neoleonés reportó que no había quedado persona viva.11 Una constante de todas estas incursiones era la tolerancia de las auto­ridades estadounidenses establecidas, en contravención de lo acordado en el Tratado Guadalupe-Hidalgo, de evitar semejantes actos y ­resarcir a las p ­ oblaciones mexicanas victimadas. De acuerdo con Israel Cavazos Garza, dichas incursio­nes no eran reprimidas por los fuertes militares establecidos en las zonas ­cercanas a la frontera con México. Pero más aún, algunos militares estadounidenses cobraban entonces al gobierno de N ­ uevo León 80 pesos por p ­ ersona rescatada de las manos de los agresores y, en g­ eneral, tolera­ban que ­g rupos de texanos proveyeran de armas y municiones a esos grupos indígenas. No era raro, incluso, que algunos texanos se caracterizaran t­ ambién como nativos para participar directamente en las trapacerías c­ ometidas en suelo mexicano.12 Por su parte, el apoyo brindado a Nuevo León desde la capital mexicana era también precario. Las medidas adoptadas eran no solamente insuficientes: se veían virtualmente inutilizadas por la corrupción de distintas autoridades. En el primer caso, en 1849, por ejemplo, se establecieron colonias militares. No obstante, no contaban siquiera con la mitad de la tropa prevista. De 34 compañías que habrían de destinarse, sólo 11 se encontraban establecidas y la distancia entre las referidas colonias era de 25 o 30 leguas, lo que suponía una barrera en exceso permeable para las incursiones indígenas. En lo referente a la corrupción, el Congreso de Nuevo León observó, sobre las mismas colonias, que éstas resultaban inútiles dado el robo sistemático de las arcas gubernamentales por “[…] ese descaro y desvergüenza con que los empleados improvisan fortuna, al día siguiente de ocupar una aduana o un destino semejante […]”.13 Ante tales condiciones, el gobierno neoleonés y sus habitantes organizaron su propia defensa. El 20 de septiembre de 1850, se dio a conocer un plan de defen­sa, que disponía que en cada pueblo debía establecerse, de manera 11 Cavazos Garza, Israel (1964), “La incursiones de los bárbaros en el noreste de México,

12 13

­ urante el siglo xix”, en Humanitas. Anuario del Centro de Estudios Humanísticos, ­Monterrey, d N. L., México, Universidad de Nuevo León, pp. 343-356, citado en Garza Guajardo, op. cit., t. 1, pp. 353-354. Cavazos Garza, “La incursiones de los bárbaros...”, op. cit., citado en Garza Guajardo, idem, t. 1, pp. 346-351. Órgano Oficial, Monterrey, 13 de mayo de 1852, citado en Garza Guajardo, op. cit., p. 356.

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permanente, una fuerza armada preparada para repeler alguna invasión. En 1851, las autoridades del estado vecino de San Luis Potosí sugirieron el establecimiento de un plan de defensa colectivo, con recursos proporcionados por cada entidad y con coordinación operativa. El Congreso de Nuevo León aprobó la participación del estado en este plan, que se publicó en el Órgano Oficial de Monterrey el 26 de febrero de 1852. Fue suscrito por Antonio Hernández, Juan N. Arizpe, Santiago Vidaurri y Agustín Menchaca.14

La construcción de una red de poder hegemónica en Nuevo León, siglo xix En Nuevo León, como en otros estados del noreste, el Estado no surgió esencial­ mente a partir de la expansión del poder central, sino de las p ­ rácticas de construc­ción de Estado que emprendieron con mayor o menor éxito d ­ iversos caudillos locales y los grupos que los respaldaron, quienes mantuvieron una considerable autonomía frente al centro durante largos periodos, hasta el arribo del Porfiriato. En consecuencia, a la luz de lo analizado en el c­ apítulo a­ nterior, en esta etapa temprana de la vida nacional independiente, la red de poder hegemó­ nica que se articuló y consolidó en Nuevo León lo hizo sin especial conexión con aquella que comenzaba también a formarse en los estados más centrales de la República, en no pocas ocasiones, en franca contraposición con ella. En Nuevo León, la red de poder hegemónica comenzó a articularse en torno a la figura de Santiago Vidaurri. La invasión norteamericana había dejado a Nuevo León en condiciones lastimosas, con gran inestabilidad política y la economía virtualmente paralizada. El regreso de Antonio López de Santa Anna al poder había generado descontento en el país, lo que derivó en la rebelión que enarboló el Plan de Ayutla, en marzo de 1854. En Nuevo León, el levantamiento fue secundado por varios notables locales, entre ellos, Santiago Vidaurri, entonces secretario de Gobierno. Vidaurri tomó Monterrey desconociendo a Santa Anna y se declaró gobernador del estado. Logró pacificar el noreste y anexó Coahuila al estado de Nuevo León.15

14 Garza Guajardo, op. cit., t. 1, pp. 358-359. 15 Idem, pp. 429-430. 88

La expansión territorial del poder de Vidaurri no era bien vista por el gobier­ no central y se suscitaron enfrentamientos entre Vidaurri y el gobierno de Igna­ cio Comonfort. En 1857, el Congreso Constituyente reconoció la unificación de Nuevo León y Coahuila,16 pero la confrontación política se mantuvo y, de ­hecho, se agudizó más tarde, durante las guerras de Intervención y de R ­ eforma. Vidau­rri respaldó la intervención de Maximiliano de Habsburgo, lo que le valió el enfrentamiento con Benito Juárez, quien lo removió de la gubernatura —a la que volvió tras la celebración de un plebiscito—.17 La lejanía geográfica y política con el centro de la República había f­ avorecido anhelos separatistas entre los actores de poder del noreste. Los intentos de mayor importancia para fundar repúblicas en la región, separadas de México se llevaron a cabo entre 1861 y 1870, con Vidaurri a la cabeza, hasta que al cabo fue fusilado.18 No sólo Vidaurri albergó aspiraciones separatistas. También Antonio Cana­ les, neoleonés de nacimiento y padre de Servando Canales —quien sería el más relevante caudillo político del vecino estado de Tamaulipas en el siglo xix—, había intentado fundar una República del Río Bravo, con el apoyo ­extra­oficial de bandas de texanos armados, con agentes negociadores en San Antonio y otras ciudades texanas, sumados a sus propias fuerzas federalistas.19 Desde 1830, en el contexto de la dictadura de Santa Anna, gran cantidad de inmigrantes anglosajones se habían establecido en el territorio mexicano de Texas. ­Diver­sas alianzas entre anglosajones texanos y mexicanos de los estados que hoy constituyen el noreste pretendieron fundar nuevas repúblicas. De hecho, hacia finales de esa década, Stephen Austin, figura texana emblemática, observó:

16 Mendirichaga, Rodrigo (1985), Los cuatro tiempos de un pueblo, itesm, Monterrey, N. L., Mé17 18

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xico, p. 252. Garza Guajardo, op. cit., t. 1, pp. 429-430. Vigness, David M. (1982), La República del Río Bravo. Estudios de Historia del noreste, Fernando Garza Quirós (trad.), Editorial Alfonso Reyes, Monterrey, N. L. (Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística), pp. 181-191. Citado en Garza Guajardo, op. cit., t. 1, pp. 447-448. Vigness, David M. (1958), “A Texas Expedition into Mexico, 1840”, The Southwestern Historical Quarterly, vol. 62, núm. 1, julio, Texas State Historical Association, pp. 19-20. También Vigness, La República del Río Bravo, pp. 181-191.

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Las combinaciones en el Estado de Tamaulipas son muy amplias para formar una nueva república partiendo desde Tampico hasta el Pacífico y es probable que la ­capitulación en Béjar fuera hecha para promover ese objetivo […]. Si el partido gana, Texas podría llegar a ser un Estado de una confederación más pequeña y ho­­ mogénea, con mayor autonomía que la que pudiera tener como miembro de los Estados Unidos.20

Pero durante la hegemonía regional de Vidaurri, tales intentos tuvieron mayores visos de éxito. Esclavistas del sur estadounidense buscaron a Vidaurri para proponerle la fundación de una república independiente entre Estados Unidos y México y poder así recuperar a los esclavos fugitivos. También, en 1855, un grupo de texanos armados, encabezados por el capitán James Hughes C ­ allahan, incursionaron en Coahuila, con el pretexto de perseguir a indígenas ­merodeadores, pero con el objetivo de ofrecer a Vidaurri el apoyo de mil hombres armados para iniciar un nuevo movimiento secesionista.21 Si bien en esa ocasión Vidaurri no aceptó la propuesta del militar estadounidense, a ojos del gobierno central, su creciente poder y actitud autonomista mantuvieron latente la posibilidad de que encabezara la separación de los tres estados del noreste.22 El cambio en la ubicación de los límites fronterizos formales entre México y Estados Unidos, a partir de 1847, con la consecuente cercanía del mercado estadounidense, abrieron nuevas posibilidades de intercambios de todo tipo en la región noreste. Durante las guerras de Reforma y de Intervención, el ­comer­cio, el contrabando y el manejo de las cuentas aduanales proporcionaron a ­Vidaurri recursos para mantener sus tropas liberales —que emplearía además en la ­lucha contra las tribus locales que aún asolaban al estado—.23 Con el nuevo trazo de la frontera surgido a partir de 1847, comenzaron a establecerse en la ribera norte del río Bravo ciudades paralelas a otras existentes 20 Vigness, La República…, citado en Garza Guajardo, op. cit., t. 1, pp. 442-443. Sobre las rela­

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ciones entre texanos y mexicanos que pudieron dar origen a una nueva república, véase también Vigness, David M. (1954), “The Relations of the Republic of Texas and the Republic of the Rio Grande”, The Southwestern Historical Quarterly, vol. 57, núm. 3, enero, Texas State Historical Association, pp. 312-321. Mendirichaga, Rodrigo (1985), Los cuatro tiempos, op. cit., pp. 249-252. Idem. Garza Guajardo, op. cit., t. 1, p. 429.

del lado mexicano. Su motor fundamental era el contrabando hacia México.24 Los tráficos lícitos e ilícitos en la frontera noreste estimularon el comercio de Monterrey, que pronto se convirtió en un centro de distribución de mercancías extranjeras hacia el interior de la República.25 El gobernador Vidaurri demandaba el establecimiento de aduanas a lo largo de la frontera con Texas, entre Piedras Negras y Matamoros. ­Hasta 1885 se estableció una Gendarmería Fiscal con el fin de combatir el ­ilícito. En mayo de ese año, inició su funcionamiento en Monterrey la c­ omandancia de la primera zona aduanal, de las tres en que se dividió la frontera.26 Hacia 1873, la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte apuntó que a partir de 1848, el contrabando de mercancías procedentes de Estados Unidos e internadas en México se había incrementado de manera desmesurada. Refería además la existencia de “[…] partidas de contrabandistas, compuestas de americanos y mejicanos, que desafiaban toda persecución y que cometían las más atentatorias agresiones”.27 Según señala Francisco López Cámara, el principal centro para el contrabando procedente de Estados Unidos era Matamoros, Tamaulipas, situación favorecida por la ausencia de controles aduanales y policiales efectivos.28 Al frente de Matamoros, del lado estadounidense, se había fundado ­Brownsville, a decir del cónsul general prusiano Ferdinand Von Seiffert, era una ciudad […] cuya actividad es casi sólo el contrabando a México. Brownsville es hoy el depósito de todas las mercancías prohibidas destinadas a ingresar clandestinamente a la República. Desde allí se van río arriba hasta Camargo, donde, como en todas partes, la custodia es tan mala que la desfachatez de los yankees no encuentra

24 Cerutti, Mario (2006), Burguesía y capitalismo en Monterrey. 1850-1910, Fondo Editorial de 25 26 27 28

Nuevo León, Monterrey, México, p. 21. Mendirichaga, op. cit., pp. 247-248. Cerutti, op. cit., pp. 24. agenl, lnforme de la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte al Ejecutivo de la Unión, México, 1874, p. 100. Citado en Cerutti, Cerutti, Mario (2006), Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910), Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey, México, p. 23. López Cámara, Francisco (1967), La estructura económica y social de México en la época de la Reforma, Siglo XXI Editores, México, pp. 134-135. Citado en Cerutti, op. cit., pp. 23-24.

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obstáculos, y las mercancías, por Monterrey, se trasladan a Coahuila, Zacatecas y San Luis.29

Además de Matamoros, otros puntos de entrada de contrabando eran R ­ eynosa, Camargo y Mier, también en Tamaulipas. De nueva cuenta, las mercancías ilegales eran usualmente trasladadas a Monterrey.30 De acuerdo con Cerutti, en lo referente a Nuevo León, las “[…] menciones al contrabando son innumerables en los documentos revisados. Los historiadores locales […] coinciden abiertamente al afirmar que resultó un buen vehículo para sumar caudales”.31 El propio Vidaurri observó que muchos habitantes del estado no hacían otra cosa que dedicarse al comercio clandestino de mercancías extranjeras.32 Entre 1850 y 1890, se forma en Monterrey una burguesía local, integrada por familias entrelazadas que, sin embargo, se beneficiaron fundamentalmente del comercio en sus más variadas maneras, la especulación, el préstamo y la apropiación de tierras. En esta etapa, solamente incursionaron de manera tangencial en el desarrollo industrial.33 A decir de Mario Cerutti, Los hombres de negocios que sobresalen en Monterrey a partir de 1850 concentraron enormes caudales por medio de mecanismos que no requirieron de la producción capitalista, y frecuentemente sin entrar en contacto con producción alguna. Actuaban y se enriquecían a través del comercio en sus más variadas maneras, incur­sionaban en actividades especulativas, eran fuertes prestamistas, se apropia­ ban de vastas extensiones rurales como forma de preservar sus fortunas. Sólo de manera tenue, esporádica, realizaban inversiones en sectores productivos, sin alimentar la producción en gran escala que demanda e impone el capitalismo.34

29 Citado en Bernecker, Walther L. (1994), Contrabando. Ilegalidad y corrupción en el México

del siglo xix, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, México, pp. 126-127.

30 Alarcón Cantú, Eduardo (1990), Evolución y dependencia en el noreste: las ciudades fronte31 32 33 34

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rizas de Tamaulipas, El Colef, Tijuana, p. 16. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, p. 22. Cerutti, idem, p. 22. El autor remite a agenl, Circulares, 1855, 28 de agosto. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, p. 4. Cerutti, idem, p. 4. Hasta mediados del siglo xix, la industria en Nuevo León era limitada: se basaba en artesanías, trapiches, molinos y otros establecimientos de pequeña dimensión. En 1854 se fundó la primera gran fábrica textil, La Fama de Nuevo León, en Santa Catarina,

En términos generales, la burguesía regiomontana, en esta fase de su desa­ rrollo, entre 1850 y 1890, procuraba mantener una vinculación directa con la frontera estadounidense. En especial, se interesaba por tener presencia en Matamoros, Tamaulipas, puerto que le abría las puertas al tráfico procedente de Europa. A partir de 1880, se reorientó hacia Laredo por el arribo del ferrocarril y por la expansión comercial que Estados Unidos inició hacia esos años.35 En Monterrey, durante esa época, los grandes comerciantes ampliaron sus operaciones comerciales recurriendo con frecuencia al contrabando, y contribuyeron a la acumulación de sus fortunas al acaparar tierras arrebatadas a los indígenas o puestas en el mercado con las Leyes de Reforma: usufructuaron la deuda pública estatal y especularon con bonos y créditos ­g ubernamentales; también financiaban plantaciones agrícolas y aprovechaban a su favor la manipulación de las reglamentaciones aduaneras.36 En otras palabras, contribuyeron de manera directa al proceso de formación del Estado en la región, al aliarse con los actores que habían logrado crecientemente monopolizar la violencia organizada, a quienes financiaban y con quienes compartían intereses económicos, es decir, se constituyeron en una parte esencial de la red de poder hegemónica que comenzaba a integrarse en el noreste. Como muestra de lo anterior, en diciembre de 1857, Vidaurri reconoció, en su propia correspondencia dirigida al representante del estado ante el Congreso Nacional, que había otorgado contratos a su yerno, Patricio Milmo, y a Juan Clausen, para “[…] pagar los crecidos gastos de más de cinco mil hombres que tuve que levantar, montándolos, armándolos y pagándolos, y además estableciendo una maestranza que constantemente trabajó; y esa cantidad que importaron los contratos es nada en comparación de lo que gastó en esa misma revolución [contra Santa Anna] el Estado, el que hizo un gasto de más de un millón de pesos.37

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localidad cercana a Monterrey. Con un capital original de 150 000 pesos, sus fundadores fueron Gregorio Zambrano, Manuel María de Llano, Valentín Rivero, José Morell, Mariano Hernández y Luengas, Pedro Calderón, Ezequiel Stell, doctor J. Ángel Benavides y Clausen y Compañía. Véase Mendirichaga, op. cit., p. 248. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, p. 12. Cerutti, idem, p. 5. agenl, Corresponencia (de Vidaurri), Carta de Vidaurri a Miguel Blanco y Trinidad de la Garza y Melo, 1º de diciembre de 1857. Más datos al respecto hay en Correspondencia con el

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Según Vidaurri, los contratos habían sido aprobados por el propio gobierno fede­ral, el cual tenía la suspicacia de que los efectos introducidos mediante ellos se habían trasladado hasta la Ciudad de México como contrabando. Vidaurri declaró que el contrabando de mercancías tenía lugar a través de las aduanas de Tamaulipas y afirmaba que por Monterrey no se realizaba el contrabando.38 No obstante, como se verá más adelante, sus afirmaciones faltaban a la verdad. Mecanismos de acumulación de capital con escasa participación en activi­ dades productivas estuvieron también presentes en otras naciones de ­A mérica Latina y constituyen equivalentes a la dinámica adoptada en los países c­ entrales por sus respectivas burguesías nacientes, durante la fase de acumulación origi­ naria de capital, en la que existen actores que acumulan riqueza, pero aún no existen relaciones capitalistas de producción. En Nuevo León, la fase de produc­ ción capitalista inicia hasta 1890, cuando los hombres de negocios de Monterrey comienzan a conformar un modelo productivo i­ndustrializado.39 No obstante, como habrá de verse, prácticas equivalentes continuaron ­presentes en la región a lo largo de las décadas siguientes, con algunos actores que representan la continuidad de una parte de esa subred de poder hegemónica regional que aquí comenzaba a conformarse y otra que habría de irrumpir en el escenario nacional tras la Revolución mexicana. Entre los patriarcas empresariales que se caracterizaron por realizar las prácticas referidas entre 1850 y 1890, de acumulación de capital esencialmente por actividades comerciales, se cuenta a Patricio Milmo, Evaristo Madero, la familia Hernández y la familia Zambrano.40 Varios de estos personajes tenían relación personal directa con Santiago Vidaurri, de manera que, en ausencia de contactos sólidos con el poder c­ entral, una red de poder hegemónica, tal como la definimos en el capítulo anterior, comenzaba a conformarse con notable autonomía respecto a aquél, y con considerables lazos hacia el otro lado de la frontera.

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ministerio de Hacienda, 1857-58, 1º de diciembre de 1857. Véase Cerutti, Mario (1983), Economía de guerra y poder regional en el siglo xix. Gastos militares, aduanas y comerciantes en años de Vidaurri 1855-1864, Archivo General del Estado, Monterrey, México, pp. 200-201. Cerutti, Economía de guerra y poder regional…, pp. 200-201. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 5-6. Cerutti, idem, pp. 6-7.

Patricio Milmo, por ejemplo, irlandés emigrado a México, era yerno de Vidaurri. Milmo se casó con la hija de Vidaurri en 1857 y la relación con su ­suegro, el gobernador neoleonés, le permitió obtener grandes ganancias durante la Guerra de Secesión estadounidense, factor que fue aprovechado por varios ­inte­g ran­tes de la red para enriquecerse.41 Milmo contaba con e­ stablecimientos comerciales en Matamoros, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila, que funcio­ na­­ban como un circuito comercial que tenía por vértice Monterrey. A partir de él, Milmo proveía de algodón a los confederados ­sureños y, en alguna ocasión en que éstos se retrasaron en el pago de sus deudas comerciales Milmo amenazó con embargarles todo el algodón y otros efectos que iban con ­destino a San Antonio, de Monterrey y de Piedras Negras. Como observa ­Cerutti, ­seme­jan­te acción sólo puede entenderse en función del apoyo que le brindaba, desde el poder político y militar regional, su suegro, Santiago Vidau­rri, con quien, a decir de este autor, había establecido un eficaz equipo comercial junto con otro empresario de la época: Evaristo Madero. Todos ellos aprovecharon considerablemente las oportunidades de negocios que les abrió la Guerra de Secesión estadounidense.42 La Guerra de Secesión de Estados Unidos acercó a los confederados sureños con Vidaurri, como medio para continuar a través de México con el comercio de algodón que la Unión les había bloqueado, al tiempo que intentaban obtener por la misma vía pertrechos bélicos. El presidente mexicano, Benito Juárez apoyaba a la Unión, mientras que Vidaurri, a pesar de su lealtad nominal al jefe de Estado, apoyó a los confederados, lo que permitió a sus allegados enriquecerse enormemente con este comercio. En 1862, cuando Juárez se ve precisado a establecer un gobierno itinerante por la invasión francesa, Vidaurri brindó extensa colaboración a los confederados del sur, lo que permitió que el grupo de negociantes que se vinculaba a él amasara considerables fortunas.43 El hermano de Patricio Milmo, Daniel Milmo, dirigía su propia compañía — Daniel Milmo y Cía.— desde 1869, junto con su compatriota, Santiago B ­ elden. Entre 1874 y 1878, la empresa estableció una filial en Ciudad Guerrero, Tamauli­ pas. Patricio Milmo, por su parte, orientó también sus intereses comerciales 41 Cerutti, idem, p. 7. 42 Cerutti, op. cit., pp. 9-10. 43 Saragoza, Alex M. (2008), La élite de Monterrey y el Estado mexicano 1880-1940, Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México, pp. 37-38.

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hacia Laredo, Texas, donde constituyó el Milmo National Bank, que representó el contacto directo con el sistema financiero de Estados Unidos; la Casa Patricio Milmo e hijos expandió sus intereses del sector comercial al financiero y a la explotación agropecuaria.44 Entre 1867 y 1890, Patricio Milmo articuló un imperio con vastos intereses ganaderos y mineros en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.45 La familia Madero, por su parte, tenía por patriarca a Evaristo Madero, abuelo de Francisco I. Madero, futuro iniciador de la Revolución mexicana. La fortuna de Evaristo Madero se incrementó de manera considerable durante su residencia en Monterrey, entre 1864 y los primeros años de la ­década siguiente, periodo en el que se convirtió en uno de los empresarios más ­relevantes de Nuevo León. Madero contaba con gran amistad con Vidaurri y, en 1857, era in­tegrante de la legislatura de Nuevo León-Coahuila. Antes de esta ­etapa, Madero radicaba en Río Grande, Coahuila, un punto fronterizo con Estados Unidos. Pocos años más tarde trasladó de nuevo su centro de operaciones a esa región. En 1865 había fundado en Monterrey la empresa Madero y Cía., en asociación con su yerno, Lorenzo González Treviño, que se estableció en el norte de Coahuila, en Parras, tras adquirir la hacienda El Rosario en 1869. Poste­riormente, compraron también la fábrica textil La Estrella. Para 1872, la empresa Madero y Cía. (o Casa Madero, como también fue conocida en los años siguientes), se estableció definitivamente en Parras, dedicándose al comercio, industria textil y vitivinicultura.46 En 1892, integrantes de la familia Madero volvieron a establecerse en Monterrey, donde fundaron el Banco de Nuevo León y participaron en empresas fabriles y mineras.47 Pero la familia Madero también participaba en otro tipo de circuitos empresariales formalmente proscritos, como el contrabando. Cerutti refiere un caso ocurrido en 1859 en el que Evaristo Madero estuvo involucrado. Funcionarios aduanales de Piedras Negras, Coahuila —que calificaban a Madero como un individuo “muy versado en el negocio del contrabando”— incautaron 3 400 pesos fuertes a un fletero que trabajaba para Madero que aseguró que ese dinero 44 45 46 47 96

Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 9-10. Idem, pp. 14-15. Ibidem, p. 11. Cerutti, op. cit., p. 12.

estaba destinado a pagar la introducción ilegal de mercancías procedentes de Estados Unidos. Los funcionarios hicieron referencia a “las grandes importaciones de efectos que el susodicho señor Madero ha hecho en los cuatro últimos años, las cuales nos parecen pueden ascender a más de ochenta mil pesos sin que haya exportado ningún numerario”.48 Madero acudió a Vidaurri en búsqueda de que le fuera restituida la cantidad incautada. Vidaurri maniobró para beneficiar los deseos de Madero, no obstante, según expone Cerutti, la presión de los funcionarios aduanales no permitió este resultado y el caso fue finalmente juzgado por las autoridades fiscales.49 Por su parte, la familia Zambrano estaba encabezada por Gregorio Zambrano, quien desde 1852 participaba en el ámbito de los negocios de Monterrey. Sus hijos, Eduardo y Emilio fundaron la empresa Zambrano Hnos. y Cía., a la que se incorporó más tarde su cuñado, Jesús González Treviño, quien se trasladó a Chihuahua y estableció su propia casa comercial con sucursal en D ­ urango. Emilio Zambrano se estableció en Matamoros de La Laguna, en Coahuila, donde también inició la firma Emilio Zambrano e Hijo. Años más tarde, otros integrantes de la familia, Adolfo, Onofre e Ildefonso iniciaron otras casas comerciales.50 En general, el origen de la bonanza de la familia Zambrano se identificaba con los intercambios comerciales facilitados por la Guerra de Secesión en Estados Unidos y por el cambio de la línea divisoria de la frontera. Los Zambrano se constituyeron también entre las principales familias beneficiadas con el régimen porfirista, periodo en el que el grueso de sus inversiones se enfocó en la minería, en sociedad con los Armendaiz, Belden, Ferrara, Madero y Milmo.51

48 Cerutti, Burguesía y capitalismo…, p. 24. El autor remite a agenl, Concluidos, documento 49 50 51

sobre “Comiso de un dinero y un carruaje de D. Evaristo Madero, 1859”, caja 48. Idem, p. 24. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 10-11. Fernández Pérez, Paloma y Andrea Lluch (eds.) (2015), Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España. Una visión de largo plazo, Fundación bbva, Bilbao, pp. 170-171. En 1890, esas familias fundaron la compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey, S. A. En 1899, los Zambrano eran copropietarios del Banco Mercantil, junto con los Ferrara, Hernández-Mendirichaga, Garza, Madero, Milmo, Rivero y Sada. En 1900 eran copropietarios de la Fundidora de Fierro y Acero y de la Compañía Ladrillera Unión. En 1909, los Zambrano participaron en la compañía Vidriera, junto con los Garza Sada.

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Sus hermanos fueron dueños o asociados de la firma Hernández Hnos. y Cía., que se fundó en Monterrey en 1861. Establecieron también la empresa Hernández Hnos. y Cía., de Matamoros, que en 1867 cambió su nombre a Sociedad en Comandita, con oficinas también en Brownsville. Hernández Hnos. Sucesores inició operaciones en Monterrey en 1871. Compañías relacionadas con la familia fueron también abiertas en Durango y Nuevo Laredo.52 Hacia finales de la década de 1860, las condiciones imperantes en Nuevo León, en el panorama político y económico, iniciaron una recomposición. La Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) había llegado a su fin y, con ella, la bonanza por el comercio del algodón con los confederados que representó para la red de Vidaurri. Además, durante la Intervención Francesa (1862-1867), el caudillo neoleonés respaldó a los europeos y dio la espalda a la causa ­juarista —en agradecimiento, los franceses nombraron a Vidaurri consejero real y posteriormente ministro de Hacienda—.53 El apoyo de Vidaurri a ­Maximiliano de Habsburgo frente al gobierno de Benito Juárez y su posterior relación con ­g rupos de esclavistas texanos que le incitaban a formar una república s­ eparada de México y Estados Unidos, explican en parte la razón por la que ése y varios de los gobiernos centrales siguientes fueran reacios a permitir que ­Nuevo León contara con un tramo fronterizo con Estados Unidos. El propio Juárez, ­confrontado con Vidaurri, decidió decretar la separación entre Nuevo León y Coahuila, como medida precautoria a las intenciones separatistas del norteño.54 Con el abandono francés de su empresa colonial en México y el triunfo de la República, el poderío de Vidaurri se desmoronó rápidamente. Murió fusilado por tropas juaristas comandadas por Porfirio Díaz.55

52 Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 8-9. 53 Saragoza, op. cit., pp. 39-40. 54 Mendirichaga, Rodrigo (1985), Los cuatro tiempos de un pueblo, itesm, Monterrey, N. L., Mé-

55 98

xico, pp. 249-258. También Tamayo, J. L. (selección y notas) (2017), Benito Juárez, documentos, discursos y correspondencia, vol. VIII, capítulo CVIII, documento 20, México, Senado de la República/inherm/uam Azcapotzalco. Hasta 1892, ya durante el Porfiriato, Nuevo León contó con una zona fronteriza, tras negociaciones entre el gobernador Bernardo Reyes y su homólogo coahuilense, Miguel Cárdenas. Véase Garza Guajardo, op. cit., t. I, pp. 3-4. Y hasta 1991 se estableció un cruce fronterizo con infraestructura moderna, en Colombia, Nuevo León. Saragoza, idem.

Mientras tanto, las condiciones de posguerra tras las guerras de Reforma y de Intervención habían deprimido en general la economía nacional. En el noreste, una crisis económica aguda se hizo presente a partir de 1865, con reper­ cusiones notables en Monterrey, tras el declive en el comercio del algodón con el sur estadounidense, recrudecida dos años más tarde con la ausencia de Vidau­ rri y la subsecuente inestabilidad local. El proceder de Vidaurri y los empresarios asociados a él muestra de m ­ anera clara la lógica expuesta más arriba de la constitución de una red de poder hegemónica y su gestión de actividades ilícitas con fines de beneficio p ­ ropio. El poder militar de Vidaurri le permitía controlar las rutas de comercio y gestionar­las a favor de los intereses de sus asociados: connotados comerciantes que tenían participación directa en el contrabando. En 1858, Tamaulipas había decretado la existencia de una zona libre para el comercio fronterizo. En 1861, el gobierno central aprobó su constitución, más como reconocimiento a una situación consumada que como resultado de una planeación específica. Hacia 1885, la zona libre comprendía un territorio de seis leguas desde la frontera hacia el sur, entre Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez, Chihuahua) y Matamoros, Tamaulipas. No obstante el beneficio que representó para determinados comerciantes, el efecto general era negativo: la situación de varias localidades fronterizas como Matamoros, Reynosa, Camargo y Mier era lastimosa. El contrabando que tenía lugar a lo largo de la zona libre colocaba a los comerciantes no involucrados en él en condiciones de desventaja absoluta, según se desprende de las indagaciones que en 1885 llevó a cabo la Comisión de la Cámara de Comercio de Monterrey que analizó la situación prevaleciente en la frontera norte.56 En cambio, la zona libre era favorable para la red de poder hegemónica constituida con Vidaurri a la cabeza. El establecimiento de la zona libre les permitió enfrentar a la competencia de aquellos contrabandistas texanos con los que no tenían vínculo y acotar la operación de otros tantos en su zona de influencia. Todo ello al tiempo que mantenían la operación de sus propias redes que participaban en esta actividad ilícita. Por ello en el propio Congreso de la Unión los 56 Vizcaya, Isidro (2006), Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución, 1867-1920, Fondo Editorial de Nuevo León, pp. 32-33.

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aliados de Vidaurri y los empresarios neoleoneses bloqueaban los intentos del entonces secretario de Hacienda, Matías Romero, por clausurar la zona libre.57 En esas condiciones, el poderío económico y político de Vidaurri y sus aliados se había reforzado mutuamente e incrementado de manera constante. No se trataba, pues, del combate generalizado al contrabando con propósitos de beneficio público, sino de su gestión con fines sectarios por parte de la propia red de individuos que compartían el control de los mecanismos de coerción efectiva en la región, así como intereses de tipo económico. Esta red se beneficiaba orientando el uso de la violencia oficial organizada junto con las normas y decisiones gubernamentales en función de sus propios intereses, entre los cuales, la misma actividad ilícita estaba integrada como medio sustantivo de acumulación. El legado de Vidaurri en lo referente a la construcción de vínculos estrechos entre política y negocios se mantuvo en el futuro, aunque con el declive relativo de algunos personajes identificados con este periodo y la continuidad o el surgimiento de otros tantos, años más tarde. También perduró la participa­ción de integrantes de alta significación de la red de poder hegemónica en tráficos ilegales como mecanismo paralelo de acumulación de recursos, como se verá más adelante. En el nuevo contexto, tras la desaparición de Vidaurri, esos mismos comerciantes neoleoneses, que anteriormente se habían beneficiado de su alianza con el caudillo, enfrentaron condiciones adversas. Algunos de ellos ­recurrieron nuevamente al contrabando como forma de paliar la situación económica desfavorable. Sin embargo, sin el respaldo de Vidaurri, las condiciones para realizarlo eran más precarias.58 Por lo menos, las que tenían ahora aquellos actores que lo habían llevado a cabo con una mayor protección por parte del poder local. Porque de cualquier manera, el contrabando se mantuvo. Pero ahora, sin el control de Vidaurri, los comerciantes de Monterrey perdieron el privilegio que tenían en el contrabando regional.59 Las medidas de control contra esta actividad en la frontera norte, a finales del siglo xix, tenían por efecto indirecto la vulneración de aquel 57 Saragoza, op. cit., pp. 36-37 58 Saragoza, Ibidem., pp. 42-43. 59 Saragoza, idem. 100

tipo de comerciante legal que no gozara de alianzas especiales y, en contraste, favorecían la continuidad de la actividad ilícita, pues al primero lo cargaban de requisitos administrativos, mientras que a los contrabandistas los sometía a un muy irregular sistema de vigilancia.60 Con la muerte de Vidaurri, el contrabando continuó pero de manera más descontrolada. Este contrabando más generalizado por las compras de pequeños consumidores, facilitado además por la conexión del ferrocarril —que en esa época conectó a Monterrey con Nuevo Laredo—, puso en situación crítica al comercio regiomontano al perder su atractivo para un mercado interno debi­ litado. En 1885, una publicación local comentó en sus páginas que familias de alcurnia de Monterrey estaban trasladándose a otras partes, dada la situación crítica que atravesaba la economía estatal, al punto —decía— que de continuar la tendencia, la ciudad quedaría convertida en un desierto.61 No obstante, cinco años más tarde, nuevas familias empresariales fundaron nuevas industrias que representaron una transformación en los mecanismos de acumulación de recursos en la región, añadiendo la actividad productiva a la meramente comercial. Todo ello, vinculado a la nueva red de poder hegemónica que, por primera vez en la historia del país, abarcaba su dimensión nacional: la que tenía como figura central al dictador Porfirio Díaz.

La construcción del empresariado industrial neoleonés y el efecto de la Revolución mexicana. Del Porfiriato a 1920 En Nuevo León, el Plan de Tuxtepec —la rebelión del general Porfirio Díaz—, fue respaldado por dos caudillos regionales: Francisco Naranjo y Gerónimo Treviño,

60 Por ejemplo, en 1871 se creó formalmente una fuerza móvil, denominada Contrarresguardo

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Aduanal (funcionaba desde 1850 de manera más irregular), que tenía por propósito evitar que las mercancías contrabandeadas se comerciaran en el interior del país, fuera de una zona libre, en lugar de actuar directamente en la frontera. Vizcaya, Los orígenes de la industrialización..., pp. 28 y 32. Vizcaya, Los orígenes…, pp. 32-33. Sobre el impacto de este tipo de contrabando en la economía regiomontana, véase también Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 22-24.

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quienes la secundaron en el estado.62 Tras su triunfo, Díaz se estableció como presidente de la República en 1876. Cuatro años después, en 1880, cedió tem­ poralmente el poder a Manuel González, tamaulipeco con quien mantenía amistad, para ejercerlo desde la sombra y retomarlo de manera directa al cabo de un cuatrienio, sin volverse a apartar de él desde 1884 hasta 1911.63 Durante el mandato de Manuel González en la Presidencia de la República, Gerónimo Treviño fue designado secretario de Guerra y fue sustituido del mando de la División del Norte, por el general Francisco Naranjo.64 En el gobierno de Manuel González comienza a apreciarse una gradual aceleración del desarrollo industrial en Nuevo León, con frecuencia asociado a la participación de núcleos de empresarios extranjeros. En 1885, de nuevo con Porfirio Díaz al frente del gobierno federal, en Nuevo León se modificaron las alianzas políticas, con el eclipse de los anteriores jefes de armas con poder regional y el arribo de otro militar a la gubernatura, el general jalisciense Bernardo Reyes, del todo fiel a Díaz.65 Díaz envió a Reyes para alinear el poder local a su favor, restando poder a los anteriores caudillos locales. A comienzos del segundo mandato de Díaz, ­Reyes llegó al estado con instrucciones de reinstaurar el orden, tras los c­ omicios locales de 1885, que habían derivado en enfrentamientos entre las fuerzas re­­pre­sentadas por los generales Treviño y Naranjo —que apoyaban a Genaro Garza García como candidato— y Viviano L. Villarreal, candidato del general Lázaro Garza Ayala. Tras diversos hechos de violencia, se declaró triunfador a Garza García y el general Reyes, con el respaldo de Díaz, generó oposición en su c­ ontra, hasta sustituirlo en el gobierno del estado, al ser nombrado gobernador provisional por el Senado. Reyes se mantuvo en funciones durante todo el periodo que correspondía a su predecesor, sin convocar a elecciones. En 1887 no se reeligió, permitiendo que Lázaro Garza Ayala figurara como gobernador del estado, pero conservó el poder militar. Reyes fue electo de nuevo gober­nador para el periodo de 1889-1891. 62 Montemayor, Andrés (1971), Historia de Monterrey, Asociación de Editores y Libreros de Monterrey, A. C., Monterrey, México, p. 213.

63 Krauze, Enrique (1987), Biografía del poder. Porfirio Díaz, místico de la autoridad, fce, México.

64 Sobre la relación de estos militares neoleoneses con el poder central durante esta época, 65 102

véase Rangel Frías, Raúl (1983), Gerónimo Treviño. Héroes y epígonos, Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 67-73. Rangel Frías, Gerónimo Treviño…, pp. 67-73.

A partir de entonces ocupó la titularidad del ejecu­tivo local mediante seis reelecciones sucesivas, hasta 1909, salvo un pe­riodo de dos años comprendido entre 1900 y 1902, cuando fungió como ­ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Díaz.66 En 1909, una manio­bra de Reyes, en los preámbulos de la sucesión presidencial de 1910, le valió ser removido de la guber­natura de Nuevo León por el propio Díaz, quien lo envió a una misión diplomática en Europa, en un tácito destierro, del que volvería años después, para morir en la rebelión contra el gobierno maderista dirigida por Victoriano Huerta.67 A finales de siglo, junto con el proceso de industrialización en Nuevo León, habría de consolidarse una burguesía regiomontana que derivó en un sector privilegiado, estrechamente emparentado con el poder político porfiriano y que habría de sobrevivir a éste, tras la Revolución.68 Distintos factores internos y externos favorecieron el auge industrial de Monterrey. Entre los primeros, el establecimiento de un arancel en Estados Unidos que favoreció la salida temporal de industrias metalúrgicas de ese país y su asentamiento en Monterrey al igual que la inversión de capitalistas ­extranjeros en condiciones adecuadas de estabilidad que el gobierno p ­ orfirista había ­generado. Entre los segundos, la alianza entre el gobierno del general Bernardo Reyes con los empresarios locales se reflejó en la expedición de leyes que protegían a la industria y le brindaban exenciones fiscales de largo plazo —­promulgadas en el estado entre 1888 y 1889—; además, había disponibilidad de capital de aquellos comerciantes que habían logrado sortear la crisis precedente. A ello debe añadirse la existencia de una mano de obra suficientemente ­calificada para el manejo de máquinas, la buena relación de Bernardo Reyes con el centro y su propia consolidación como gobernante local indiscutido y también la cercanía de Monterrey con la frontera estadounidense, factor que conectó rápi­damente la región oriental de Estados Unidos, de rápida industrialización.69 66 Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, pp. 287-290. 67 Mendirichaga, idem, pp. 317-318 y 323. 68 Flores Torres, Óscar (1987), “De la edad del acero a los tiempos revolucionarios. Dos em-

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presas industriales regiomontanas (1909-1923)”, en Cerutti, Mario (coord.), Monterrey Nuevo León; el Noreste. Siete estudios históricos, ffyl-uanl, Monterrey, Nuevo León, México, pp. 241-242. Vizcaya Canales, Isidro (2006), Los orígenes de la industrialización de Monterrey. Una historia económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución, 1867-1920, Fondo Editorial de Nuevo León, pp. 76-79.

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En once años se registró expansión industrial en Monterrey: en 1982 ­había 20 empresas en la ciudad y municipios aledaños, que representaban una in­ versión de 2 000 000 de pesos y para 1903 ya había 30 empresas sólo en Monterrey, con una inversión de 21 000 000 de pesos. Hacia 1903, el 80% del capital invertido era de mexicanos.70 En Monterrey, sólo los empresarios más ricos estuvieron en condiciones de sortear la crisis económica precedente. Uno de ellos era José Calderón, que hacia 1880 había incorporado al cuadro administrativo de sus empresas a Isaac Garza, Francisco G. Sada y José Muguerza.71 Isaac Garza nació en Monterrey y fue enviado a España a los doce años de edad para estudiar en diversas escuelas de comercio. A su regreso, en 1870, trabajó para un comerciante de San Luis Potosí. En 1874, José Calderón lo contrató para hacerse cargo de la contabilidad de su empresa comercializadora, la Casa Calderón, que mercaba telas, abarrotes, licores, cerveza, hielo y herramientas. Más tarde se hizo cargo del control general de las mismas.72 Francisco G. Sada era hijo del matrimonio formado por el abogado Francisco Sada —encargado de los asuntos legales de los negocios de José Calderón— y Carmen Muguerza, hermana de la esposa de Calderón, Francisca Muguerza. Francisco G. Sada pasó cinco años en Matamoros, Tamaulipas, al frente de las importaciones llevadas a cabo por la empresa de José Armendaiz, durante la época del auge algodonero que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo xix, en la región. En 1878 abandonó Matamoros para asentarse en Chihuahua, donde adquirió tierras y se asoció con la familia González Treviño. Dos años más tarde se trasladó a Saltillo, Coahuila, donde se hizo cargo, junto con Isaac Garza, de los negocios de José Calderón en este último estado.73

70 Vizcaya, idem, p. 82. 71 Saragoza, op. cit., pp. 45-46. 72 Reyes Salcido, Edgardo (2010), Don Isaac Garza, Fondo Editorial de Nuevo León-Nuevo León 73

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Unido-Secretaría de Educación de Nuevo León-femsa-Alfa, Monterrey, pp. 23 y 25. También Saragoza, op. cit., p. 46. Cerutti, Mario (2000), Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México, Siglo XXI Editores, México, p. 75; también Saragoza, idem, p. 46.

José A. Muguerza era hermano de la esposa de José Calderón. En 1882, a los 25 años, se incorporó a la empresa de su cuñado. Estableció estrecha amistad con Francisco G. Sada y, sobre todo, con Isaac Garza.74 Los tres personajes eran jóvenes ambiciosos, con amplia experiencia y cono­ cimiento de la dinámica comercial regional y habían acumulado un capital no desdeñable en condiciones en que pocas familias habían logrado sortear la ­crisis económica precedente.75 Familias como los Hernández, los ­Zambrano, los Madero, entre otras pocas, lograron mantener su predominio. Como se recor­ dará, varias de estas familias contaban con un conocimiento preciso de la forma de llevar a cabo el comercio transfronterizo, legal e ilegal. Semejante conocimiento parece haber sido retomado por la nueva generación de cuadros empresariales, como puede apreciarse en el caso de la experiencia de Francisco G. Sada en Matamoros, desde entonces, uno de los núcleos fundamentales de tráficos ilícitos. Más tarde este conocimiento se habría de demostrar con toda evidencia, según se verá más adelante.

El inicio del auge industrial El 21 de diciembre de 1888, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó la iniciativa del gobernador, Lázaro Garza Ayala, que estableció una exención de todo tipo de impuestos, hasta por siete años, a cualquier giro industrial que se fundara en la entidad durante los siguientes dos años y que tuviera un capital inicial que excediera los 1 000 pesos.76 Se exceptuaba la producción de bebidas alcohólicas. El 22 de noviembre de 1889, prácticamente al inicio de su nueva administra­ ción al frente del estado, el general Bernardo Reyes decretó una exención de impuestos hasta por 20 años, sobre cualquier establecimiento fabril que se pudiera considerar obra de utilidad pública.77 Con el respaldo del poder político representado por el general Bernardo ­Reyes, y dadas las condiciones de disponibilidad de capital interno e ­inversio­nes 74 75 76 77

Saragoza, pp. 46-47. Ibidem, pp. 46-47. Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 291. Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 292.

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externas, mano de obra susceptible de utilizarse en actividades industriales e infra­estructura que conectaba la producción regiomontana con otros polos económicos —sobre todo con Estados Unidos—, el auge industrial se disparó prácticamente desde la promulgación de las medidas expuestas en los párrafos anteriores. En 1896, la industria de Monterrey generó valores que sobrepa­saron los 12 900 000 pesos, cifra que en 1906 alcanzó casi 36 000 000 de pesos. La acti­ vidad industrial había dejado atrás, por mucho, a la agricultura y ganadería, en orden de importancia económica para el estado.78 En 1902, Nuevo León era el principal polo de producción industrial en el país, con el 13.4 % del total, mientras que el Distrito Federal y el Estado de México generaban el 11.7 % y el 11.2 % respectivamente.79

Acero En 1890, el surgimiento del auge industrial regiomontano tuvo dos v­ ertientes emblemáticas: la producción de acero y de cerveza. En el primer caso, se mencionó más arriba el efecto de un arancel impuesto en Estados Unidos — el Arancel Mackinley—, que penalizaba la importación de minerales m ­ exica­nos, y que tuvo el efecto de atraer al país a fundidoras estadounidenses que se estable­ cie­ron en México para abaratar sus costos. En ese mismo año, tres compañías solicitaron permisos a las autoridades locales para fundar res­pectivamente la Nuevo León Smelting and Manufacturing Company Limited; la Fundidora y Afinadora Monterrey y la Gran Fundición Nacional Mexicana. La primera de ellas, conocida como Fundición N° 1 o Fundición Juárez, inició labores en abril de 1891, tras recibir un terreno por parte del estado, junto con exenciones fisca­ les concedidas por 20 años. No obstante, sólo funcionó unos meses y dejó de hacerlo a partir de 1892.80 La Compañía Fundidora y Afinadora Monterrey, que después cambió su nombre a Compañía Metalúrgica Peñoles, fue conocida también como Fun­ dición N° 2. Juan Weber, Reinaldo Berardi y Francisco Armendaiz la fundaron. 78 En 1896, la agricultura en Nuevo León había producido 4 300 000 pesos; en 1906, 4 339 000, 79 80 106

frente a los 41 429 000 generados por la industria. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, p. 91. Cerutti, Burguesía y capitalismo…, pp. 91-93. Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, pp. 82-83.

Al igual que la anterior, también recibió una exención fiscal de 20 años, por parte del estado. Inició operaciones con un capital de 650 000 pesos, que en 1899 había ascendido a 3 800 000 y en junio de 1904, a 8 000 000. En 1895, el ­presidente de la Junta Directiva era Francisco Belden y el vicepresidente Vicente Ferrara.81 El 18 de octubre de 1890, Daniel Guggenheim solicitó la concesión para estable­cer la Compañía de la Gran Fundición Nacional Mexicana: G ­ uggenheim fue un empresario estadounidense nacido en Pensilvania, y que habría de f­ ormar parte de la National Security League en Estados unidos; se decía que sus estrategias de negocios podían afectar naciones enteras y con un telegrama p ­ odía hacer o deshacer un gobierno. Las primeras negociaciones que G ­ uggenheim realizó en búsqueda de la concesión correspondiente fue con la administración de Porfirio Díaz, quien finalmente le permitió importar su maqui­naria sin cobrarle im­puestos.82 El 20 de enero de 1891, la compañía r­ ecibió la misma exención fiscal por 20 años, por parte del gobierno del ­general B ­ ernardo Reyes. La planta, conocida como la Fundición N° 3 o la American Smelting and Refining Company (Asarco) había alcanzado, para 1909, un capital de 10 000 000 de pesos. En 1892, tenía la capacidad para refinar 65 000 toneladas de mineral anuales. En 1909 refinaba 400 000 toneladas al año.83 La Fundición de Fierro y Acero de Monterrey se constituyó hasta el 5 de mayo de 1900. Los socios fundadores fueron Eugenio Kelly, de Nueva York; Antonio Basagoiti y León Signoret, de la Ciudad de México y Vicente Ferrara, de Monterrey. El capital social con el que se fundó fue de 10 000 000 de pesos, distribuido en 100 000 acciones. El primer Consejo de Administración quedó integrado por Antonio Basagoiti, Isaac Garza, León Signoret, Vicente Ferrara, Adolfo Zambrano, Valentín Rivero y Gajá y Ernesto Madero como directores propietarios. Como directores suplentes, Francisco G. Sada, Constantino de Tárnava, Enrique Gorostieta, Tomás Mendirichaga, M. Cantú Treviño, León Honnorat, Joaquín Maiz, Fernando Izaguirre y Miguel Ferrara. Como

81 Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, p. 83. 82 Saragoza, op. cit., pp. 60-61. 83 Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, p. 83. Sobre Guggenheim, véase Davis, John H. (1994), The Guggenheims. An American Epic, S.P.I. Books, Canadá, p. 120.

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comisarios propietarios, Francisco Belden e Ildefonso Zambrano. Como comisarios suplentes, Francisco Armendaiz y José Negrete.84

La Cervecería Cuauhtémoc También en 1890, el 16 de diciembre, Isaac Garza y J. M. Schnaider solicitaron al gobierno estatal la concesión para establecer una fábrica de hielo y cerveza destinada a la exportación. La inversión inicial planteada era de 125 000 pesos. Se les concedió una exención fiscal por siete años. La Cervecería Cuauhtémoc inició operaciones a finales de 1891. En agosto de 1892, al mostrar un incremento notable en la inversión inicial, la exención fiscal recibida se extendió a 12 años.85 En sus inicios, la compañía produjo solamente 60 000 barriles de cerveza y 8 000 toneladas de hielo. No obstante, su expansión fue acelerada. Una década después de su fundación reportó un capital de 2 000 000 de pesos y hacia 1909, su capital nominal había alcanzado 5 000 000 de pesos, pero su valor real era estimado en 8 000 000 de pesos. En 1903, su producción anual de cerveza era de 100 000 barriles y 80 000 unidades diarias, con una producción adicional de 365 toneladas de hielo. En 1909, podía producir 300 000 barriles de cerveza al año, 300 000 unidades por día y 750 toneladas de hielo.86 El Consejo Directivo de la empresa quedó constituido por Isaac Garza (presidente), José A. Muguerza (secretario), José Calderón (tesorero), Alberto Sada (comisario) y Francisco G. Sada (gerente general).87 Derivada de las necesidades de embotellamiento de la industria cervecera, surgió otra compañía directamente ligada a ella, como parte de la cadena de producción. Se trató de la Fábrica de Vidrio y Cristales S. A. Esta compañía se constituyó el 20 de octubre de 1899, con un capital inicial de 100 000 pesos. La construcción de sus instalaciones inició en enero de 1901 y su producción de vidrio, en marzo de 1903. Su primer Consejo de Administración se integró por Isaac Garza (presidente), Luis Manero (secretario), Tomás Mendirichaga (tesorero), Guido Moebius, Manuel Cantú Treviño, Miguel Ferrara, Valentín Rivero y 84 85 86 87 108

Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, p. 85. Vizcaya, ibidem, p. 84. Vizcaya, idem. Vizcaya, ibidem, p. 85.

Gajá, Ernesto Madero y Adolfo Zambrano (consejeros) y Francisco Belden, José A. Muguerza y Fernando Martínez (comisarios).88 En 1909, la empresa integró a un nuevo grupo de empresarios regiomontanos que habían ­adquirido una patente que les permitía la fabricación automática de botellas, de manera que la fusión de ambos grupos dio paso a una nueva compañía: Vidriera Monte­rrey, que se fundó en ese año con un capital inicial de 1 200 000 pesos y ­contó con una exención fiscal por 12 años, concedida por el gobierno del estado. Su primer consejo de administración quedó formado por Isaac Garza, Juan F. Britting­ ham, Mariano Hernández (y Mendirichaga), Juan Terrazas, Francisco G. Sada; Arturo E. Fowle, Manuel Cantú Treviño, Juan Francisco Terrazas, José Belden y Roberto G. Sada, quien fue nombrado gerente general.89 De acuerdo con Alex Saragoza, en torno al núcleo conformado por Isaac Garza, Francisco G. Sada y José A. Muguerza, se integraría una red que por lazos matrimoniales añadiría también en su momento a las familias Zambrano, Madero, Hernández, González Treviño y Ferrara.90 Todos ellos compartirían intereses económicos en la Cervecería Cuauhtémoc, en los años por venir. Esta nueva red de empresarios industriales se configuró, como se ha visto, con notable interconexión interna durante los años de apogeo del Porfiriato. En el estado, su relación con el general Bernardo Reyes fue cercana aunque esencialmente pragmática, y los hombres de negocios vieron en la figura del militar el promotor y garante ideal de sus intereses económicos —pues funcionaba como intermediario con el poder central representado por Díaz—. En 1899, durante el preámbulo de la elección presidencial de 1900, los empresarios regiomontanos

88 Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, p. 86. 89 Vizcaya, Idem, p. 87. Roberto G. Sada García, nacido en 1885, era hijo de Francisco G. Sada

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Muguerza y de Mercedes García Fuentes. Se casó con Mercedes Treviño García, con quien procreó a Roberto Sada Treviño, Lydia Sada Treviño y Adrián Sada Treviño. Sus hermanos fueron José Rodrigo Sada García; Guillermo Sada García, Javier G. Sada García, Lorenzo G. Sada García, Francisco Leónides Sada García, Fernando Sada García, Margarita Sada García, María Sada García, Diego G. Sada García, Andrés G. Sada García, Salvador G. Sada García, Camilo G. Sada García, Luis G. Sada García, Francisco G. Sada García, Mercedes Sada García y María Teresa G. Sada García. Véase ficha genealógica de Roberto G. Sada García en el sitio web Geni, disponible en línea: , [consultada el 23 de junio de 2018]. Saragoza, op. cit., p. 109.

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organizaron una suntuosa recepción al general Díaz con el fin de mantener el favor político de su gobierno.91 Los empresarios regiomontanos fueron favorables a Díaz, mientras sus intereses económicos resultaban beneficiados.92 No deja de resultar paradójico que un integrante de ese mismo núcleo de familias —Francisco I. Madero, nieto de Evaristo Madero— fuera el iniciador de la Revolución mexicana, movimiento que modificó a profundidad las correlaciones de poder precedentes e hizo surgir una nueva red de poder hegemónica en el país —que tendría momentos de agudo desencuentro con estos empresarios, en los años siguientes hasta 1940—.

La Revolución mexicana y el empresariado neoleonés La rebelión maderista en Nuevo León concitó apoyos tardíos y menores, que surgieron sólo hasta abril y mayo de 1911.93 No obstante en 1913, tras la Decena Trágica, la nueva etapa del movimiento revolucionario sí causó efectos considerables en el estado. Al ser desconocido el gobierno de Victoriano Huerta por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, todo el noreste se convulsio­ nó, con el inicio de la lucha de las fuerzas constitucionalistas, encabezadas por éste. Con la expansión del movimiento, Monterrey quedó prácticamente aislado y comenzó a padecer escasez de mercancías esenciales. El 23 y 24 de octubre, los revolucionarios asediaron a Monterrey y estuvieron cerca de tomar la ­ciudad. Además de numerosas bajas, varias propiedades de familias consideradas contrarias a las causas de la Revolución fueron incendiadas. Aunque la toma no se concretó y fue repelida por el ejército federal, los daños se calcularon en 10 000 000 de pesos.94 El 20 de abril de 1914, Monterrey fue de nuevo asediada por tropas revolucionarias a cargo del general Pablo González. En esta ocasión, el resultado les fue favorable y los revolucionarios ocuparon la capital del estado. Con el triunfo del movimiento carrancista, el general Antonio I. Villarreal fue designado gobernador de la entidad. Más tarde, con la fractura entre las fuerzas revolucionarias, 91 Saragoza, op. cit., pp. 79 y 139. 92 Saragoza, op. cit., p. 139. 93 Treviño Villarreal, Héctor Jaime (1987), La rebelión maderista en Nuevo León, cihr/uanl, 94 110

Monterrey, pp. 11-14. También Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 321. Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, pp. 136-137.

la confrontación se hizo de nuevo presente en la ciudad. El 8 de ­enero de 1915, el general Felipe Ángeles, partidario de Francisco Villa, derrotó al general Antonio I. Villarreal en Ramos Arizpe, con lo que se generó un éxodo de autoridades municipales afines a Villarreal, en Monterrey. El día 15 de ese mismo mes, las tropas villistas entraron a Monterrey y el general Ángeles convocó a un plebiscito para elegir nuevas autoridades municipales, resultando triunfador José Videgaray, personaje cercano a la Cámara de Comercio local, integrada a su vez por el empresariado de Monterrey.95 El 13 de marzo de 1915, el propio Francisco Villa arribó a Monterrey, donde exigió reunirse con los integrantes de la Cámara de Comercio96 de la ciudad. Acusó a los hombres de negocios locales de encarecer las mercancías y les de­ mandó un donativo de 1 000 000 de pesos a entregar en seis días. Los empresa­ rios neoleoneses lograron reunir apenas 280 000 pesos y Villa, presio­nado por el avance de las fuerzas carrancistas comandadas por el general Álvaro Obregón, se retiró de Monterrey el día 24. Mientras la ocupación villista sobre 95 Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, pp. 322-324. 96 La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey se fundó el 29 de noviembre de 1911, en el

Salón de Acuerdos del Banco Mercantil de Monterrey. Los fundadores fueron: Fernando de Fuentes, de la sucursal del Banco Nacional de México; Rodolfo M. Garza, gerente del Banco de Nuevo León; José L. Garza, gerente del Banco Mercantil de Monterrey; Alfonso de Tárnava, por poder de P. Milmo e Hijos Sucs.; Ignacio Malo Best, de la sucursal del B ­ anco de Londres y México; Francisco G. Sada, gerente general de la Cervecería Cuauhtémoc; Valentín E. Treviño, por poder de Ernesto Madero y Hnos.; Emilio Ballí; Primitivo Gil Verga, por poder de El Modelo, S. A.; Francisco Armendaiz, Sucs.; J. Cram y Cía., R. A. Bremer Cía.; Alberto Sada, por poder de José Calderón y Cía. Sucs.; Langstroth Sucs.; Sandford y Cía. S. A.; López Zambrano Hnos.; Sucs. de Hernández Hnos.; Simond Picard y Hnos.; M. Cantú ­Treviño y Hnos., Sucs.; L. Carie y Cía.; Fabre Cattier y Cía.; Emilio Mellion y Cía.; J. ­Rosemblueth y Cía.; Cía. Ferretera de Monterrey El Barco, S. A.; E. V. Yzaguirre; J. C. Schwartz, por poder de A. Wagner Levien Sucs.; Cía. Manufacturera de Cerillos de Monterrey, S. A.; Black Morse Tobacco Co.; Guido Moebius; V. Rivero Sucs.; Arredondo y Valle; Manuel Garza Guajardo; Antonio Elosúa, por poder de María P. de Elosúa; R. de Martínez y Hno.; Prisciliano Elizondo; Fidel González, Belden y Escamilla; Derby Lumber C., S. A.; Holck y Cía.; Eleuterio de la Garza y Cía. Se nombró como como presidente y vicepresidente interinos a Pablo Cuchard y Tomás Mendirichaga, de la firma C. Holck y Cía., y de Sucs. de Hernández Hnos., respectivamente. A su vez, ellos designaron como secretario interino a Carlos Garza Cantú, de la compañía Eleuterio de la Garza y Cía. Véase Mendirichaga, Rodrigo (1983), 100 años de comercio en Monterrey, Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Monterrey, Monterrey, pp. 53-54.

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­ onterrey perduró, Raúl Madero, hermano de Francisco, fue designado goM bernador interino.97 Los diez años que transcurrieron entre 1915 y 1925 fueron de notable inestabilidad en Nuevo León. En ese periodo, 15 gobernadores se sucedieron al frente del ejecutivo local. Además, la economía enfrentó escasez de bienes, depreciaciones, interrupciones en las vías de comunicación y confiscaciones —lo cual alimentó el encono entre el empresariado regiomontano—.98 A la luz de los sucesos generales aquí descritos, vale la pena analizar la evolu­ ción específica de las interacciones que la red empresarial neoleonesa tuvo con las fuerzas revolucionarias, durante el desarrollo del movimiento armado. En 1911, a punto de derrumbarse el régimen porfirista, los empresarios neoleoneses enviaron un telegrama de apoyo incondicional a Porfirio Díaz. Entre los firmantes se encontraba los nombres de conocida prosapia: Garza Sada, Calderón, Muguerza, Rivero, Cantú-Treviño, Zambrano, Milmo, E ­ lizondo.99 No obstante, pocos meses después, tras la salida al exilio de Díaz y el ­triunfo indiscu­ tible de Francisco I. Madero, los mismos empresarios acudieron a r­ ecibirle en su arribo apoteósico a Monterrey y de hecho le ofrecieron una recep­ción de lujo.100 La revolución maderista había significado poca amenaza para la élite empresarial de Monterrey. Madero no pretendía establecer profundas transforma­ cio­nes sociales, sino reformas políticas.101 Pero después de 1913, la percepción de esta élite cambió radicalmente. Los empresarios que habían conformado el núcleo de influencia más notable en Monterrey eran ya para entonces la familia Garza Sada, con la C ­ ervecería Cuauh­témoc como su inversión principal.102 Esta red empresarial había 097 098 099 100 101 102

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Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 324. Vizcaya, Los orígenes de la industrialización…, pp. 140-141. Saragoza, op. cit., pp. 132-133. Saragoza, op. cit., pp. 132-133. Saragoza, op. cit., p. 133. La familia Garza Sada fue fundada por Isaac Garza Garza, quien nació el 3 de junio de 1853, hijo de Juan de la Garza Martínez —quien entonces fungía como alcalde de Monterrey— y de Manuela Garza. Isaac Garza contrajo matrimonio con María del Consuelo Sada Muguer­ za, en 1887. Con esa unión, el clan familiar formado con sus descendientes quedó integrado de la siguiente manera al engendrar ocho hijos: Consuelo, Isaac, Angelina, Eugenio, Rosario, Roberto, Carmen y Amparo. Consuelo Garza Sada —las fuentes no proporcionan su fecha de nacimiento— se casó con José Fernández Champion, con quien tuvo a su vez

c­ onstituido esta compañía sin demasiada intervención por parte del Estado, de manera que su relación con el poder político sería, antes y después de la Revolución, esencialmente pragmática. Enfrentados a la inestabilidad política y e­ conómica que había traído aparejado el movimiento armado, decidieron apoyar al g­ obierno de Victoriano Huerta.103 De hecho, Enrique Gorostieta, el futuro general cristero, consuegro de Francisco G. Sada, el gerente general de

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cuatro hijos: Sergio Fernández Garza, casado con Angélica Martínez Villarreal; Martha Fernández Garza, casada con Francisco Montemayor; Manuel Fernández Garza, casado con Margarita Larralde y Claudio Fernández Garza, casado con Alicia Lavín. Isaac Garza Sada —tampoco las fuentes precisaron su fecha de nacimiento— se casó con María Aurora Sepúlveda, con quien tuvo cinco hijos: Manuela Garza Sepúlveda, casada con Óscar Chabran; María Aurora Garza Sepúlveda; Isaac Garza Sepúlveda, casado con Teté Garza Villarreal; Lorenzo Garza Sepúlveda, casado con Beatriz Hinojosa; Javier Garza Sepúlveda, casado con Nora Calderón. Angelina Garza Sada, se casó en 1919 con Othón Páez, con quien tuvo siete hijos: Angelina Páez Garza, casada con Jesús E. Zambrano; Ida Páez Garza; Othón Páez Garza, casado en primeras nupcias con Esthela ­Treviño y en segundo matrimonio con Noemí Osuna; Adrián Páez Garza, casado con Carmen Martínez; Alberto Páez Garza, casado con Alicia Lobeira; Gerardo Páez Garza y Consuelo Páez Garza, quien murió en su infancia. Eugenio Garza Sada, nacido el 11 de enero de 1892, casado con Consuelo Lagüera Zambrano, con quien procreó ocho hijos: Eugenio Garza Lagüera, casado con Eva Gonda; Alejandro Garza Lagüera, casado con María del Consuelo Rangel; Alicia Garza Lagüera, casada con Héctor Navarro Eppen; Marcelo Garza Lagüera, casado con Esperanza Garza; Consuelo Garza Lagüera, casada con Alfonso Garza Valdez; Gabriel Garza Lagüera, casado con María Elena Rangel; David Garza Lagüera, casado con Yolanda Santos; Manuel Garza Lagüera, casado con Celina Rivero Santos. Rosario Garza Sada, nacida el 14 de marzo de 1893, se casó con Adolfo Zambrano, con quien tuvo dos hijos: Francisco Zambrano Garza, casado con Irma Rodríguez y Cecilia Zambrano Garza, casada con Enrique Putz. Roberto Garza Sada, nacido el 9 de diciembre de 1895, casado con Margarita Sada García el 11 de febrero de 1921. Con ella tuvo cinco hijos: Roberto Garza Sada (Jr.), casado con Carmen Delgado; Margarita Garza Sada, casada con Alberto Fernández Ruiloba; Dioni­sio Garza Sada, casado con María Teresa Medina; Bernardo Garza Sada, casado con Silvia de la Fuente y Armando Garza Sada, casado con Sylvia Sada Zambrano. Carmen Garza Sada se casó con Modesto Delgado Jr. en 1920 y tuvo con él a Jesús Delgado Garza, casado a su vez con Lucinda Navarro. Amparo Garza Sada murió a una temprana edad. Véase Reyes Salcido, op. cit., pp. 98-99 y las fichas genealógicas de Isaac Garza Garza y sus descendientes en el sitio web Geneanet, disponible en línea: , [consultada el 23 de junio de 2018]. Saragoza, op. cit., pp. 140-141.

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la Cervecería Cuauhtémoc, se integró al gabinete huertista y formó parte del mismo entre 1913 y 1914, como ministro de Justicia y, después, de Hacienda.104 A las exigencias monetarias de Villa hay que añadir que los jefes revolucio­ narios bajo el mando de Pablo González se habían apropiado también de ­varias de las mejores casas de la ciudad, una vez que ésta había caído en su poder. ­Gavillas armadas asolaban diversas regiones alrededor de Monterrey y nume­ ro­sas fincas urbanas y rústicas fueron confiscadas bajo la consigna de que sus propietarios habían apoyado la causa huertista. La emisión de ­moneda, por parte de cada grupo contendiente, causó la ruina de diversas familias, pues los distintos bandos no reconocían el valor de aquellas emitidas por los contrarios, de manera que repentinamente, era posible caer en el infortunio patrimonial absoluto. La industria virtualmente se paralizó y muchas familias abandonaron el estado.105 Los sucesivos gobiernos de villistas y carrancistas sometieron al empresariado neoleonés al pago forzoso de contribuciones, que incluso alcanzaban los 100 000 pesos a empresas individuales, una cantidad considerable para la época.106 El rechazo de los Garza Sada a los revolucionarios se agudizó tras la toma de las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc. El primer enfrentamiento tuvo lugar en octubre de 1913, cuando las tropas revolucionarias rodearon la ciudad y coparon a esta industria —que intentó resistir con sus propias fuerzas de seguridad privada, pues las fuerzas federales se habían replegado al centro de la ciudad—. La cervecería debió ceder 100 carabinas, ametralladoras, parque, pertrechos de guerra, caballos, mulas, transportes y dinero.107 Un nuevo evento tuvo lugar, con efectos más prolongados, por parte de las fuerzas encabezadas por Pablo González, a finales de abril de 1914, cuando és­tas invadieron la ciudad y tomaron también la Cervecería ­Cuauhtémoc. Los Garza Sada ofrecieron resistencia armada al asedio de las tropas 104 Flores Torres, Oscar (1987). “De la edad del acero…”, p. 243. También Saragoza, idem, p. 140. 105 Vizcaya, Los orígenes…, pp. 141-142. 106 Flores Torres, Oscar (1987), “De la edad del acero…”, pp. 244-245. Tras tomar la ciudad de

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Monterrey, Pablo González encarceló a una buena cantidad de empresarios locales y los obligó a pagar onerosas multas. También obligó al Banco de Nuevo León a prestarle 100 000 pesos a los rebeldes. Saragoza, op. cit., pp. 144-145. Flores Torres, Oscar (1987), “De la edad del acero…”, pp. 243-244.

revolucionarias, pero éstas finalmente lograron apoderarse de las instalaciones el 25 de abril. Los Garza Sada se exiliaron en San Antonio, Texas.108 El nuevo gobierno carrancista en el estado incautó fincas urbanas y rústicas de estos empresarios y estableció una administración gubernamental de la Cervecería Cuauhtémoc y de Cementos Hidalgo. En este ambiente, los Calderón, Garza y Sada se radicaron en Austin y Houston Texas de 1914 a 1916, ­temerosos de represalias, mientras que sus empresas sufrían una g­ rave decadencia.109 Tras su victoria, Pablo González ordenó que la Cervecería Cuauhtémoc e­ ntrara de nuevo en funciones bajo la intervención del gobierno constitucionalista y que la venta de su producto fuera retenida como pago de multas impuestas a sus propietarios ausentes.110 En Estados Unidos, los Garza Sada recurrieron a la ayuda del antiguo socio fundador de la empresa, Joseph Schnaider, con quien gestionaron el apoyo del gobierno estadounidense para presionar a los carrancistas a que ­devolvieran la cervecería a sus dueños. Schnaider aseguró al Departamento de Estado que él aún era uno de ellos, por lo que el secretario de esta dependencia, William ­Jennings Bryan escribió un telegrama al cónsul de Estados Unidos en Mon­ terrey, Philip Hanna, para solicitar su apoyo en la negociación con el ­gobierno carrancista para la devolución. Las gestiones del cónsul y de Schneider los llevaron a reunirse con el propio Venustiano Carranza, quien mostró poca disponibi­lidad para ceder a sus deseos, de manera que la intervención se mantuvo durante dos años.111 Desde 1914, el gobierno carrancista inició la devolución de algunas industrias y propiedades intervenidas al empresariado neoleonés, como Patricio Milmo y Francisco Armendaiz. No obstante, no fue sino hasta finales de 1916 que Carranza permitió a los Garza Sada recuperar el control de la Cervecería Cuauhtémoc.112 A la toma de la Cervecería Cuauhtémoc se añadió la huelga que estalló en 1918 también durante la administración del presidente Venustiano Carranza en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey —la otra empresa emblemática 108 109 110 111 112

Saragoza, op. cit., p. 144. Flores Torres, “De la edad del acero…”, p. 244. Saragoza, op. cit., p. 145. Saragoza, op. cit., pp. 145-148. Saragoza, op. cit., p. 149.

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de la élite empresarial regiomontana—. Desde la perspectiva conservadora de los Garza Sada y su red empresarial, este hecho evidenció que la nueva estructura de poder no ofrecía las mismas garantías a sus intereses que caracterizaba a la prolongada administración porfirista. Con el triunfo de las fuerzas revolucionarias, estos empresarios regiomontanos optaron por constituirse en un poder fáctico capaz de crear un escenario político y económico favorable a sus intereses;113 primero en su entorno inmediato y, después, en el país. En los hechos, esto implicó la contraposición perma­ nente de sus esfuerzos contra la puesta en marcha de múltiples principios de reivindicación social enunciados por la Revolución mexicana. La red de poder hegemónica que surgió a partir del movimiento armado, con subredes localizadas en las distintas regiones del país hasta abarcarlo en su conjunto, no integró a esta subred neoleonesa, con vínculos directos con el régimen anterior. Su avenimiento no tendría lugar hasta dos décadas más ­tarde, tras momentos de tensión considerables que estuvieron a punto de g­ enerar una nueva ruptura violenta en el país. En esta nueva dinámica, comenza­ron a ­apa­recer actores fundamentales para el tema central de este trabajo, que permitieron el nuevo funcionamiento de las antiguas prácticas del contrabando —que además de objetivos económicos incluyeron ahora propósitos insurrecciona­les—, en las que la red empresarial de Monterrey tenía ya una larga historia.

La conformación inicial de redes de poder político y económico en Nuevo León, tras la Revolución mexicana Entre 1920 y 1921, la recuperación de las finanzas estatales tuvo como vía primordial el cobro de altas cargas fiscales a la Cervecería Cuauhtémoc, que por otra parte había evidenciado una considerable evasión al fisco —el capital ­social y el activo fijo de la empresa implicaba que debía pagar un impuesto anual de 100 000 pesos, y solamente pagaba 6 000—. Una nueva disposición fiscal que entraría en vigor en los primeros meses de 1920 incrementaba el impuesto que la Cervecería Cuauhtémoc debería pagar: aproximadamente un millón 113 Saragoza, op. cit., pp. 134-135. 116

de pesos anuales. En un primer momento, esa tensión se diluyó con el derrocamiento del gobierno de Venustiano Carranza. En Nuevo León, el gobierno del ­general Porfirio González —quien había apoyado a Obregón en la rebelión contra C ­ arranza—, ofreció un nuevo acercamiento entre el grupo empresarial y el gobierno del estado; sin embargo, en 1921, aprobó nuevos impuestos sobre las herencias directas y la fabricación de bebidas alcohólicas. Ambas cuestiones afectaron de nuevo los intereses de la empresa.114 La Cervecería Cuauhtémoc encontró finalmente una fórmula para suavizar la política fiscal de la administración del gobernador Juan M. García en 1921, cuando el Congreso le negó a éste la partida presupuestal para crear una escue­ la de artes y oficios —una de sus principales ofertas de campaña—. El grupo empresarial ofreció el financiamiento respectivo y el gobernador aceptó contribuciones fiscales considerablemente menores a las previstas. Sin embargo, la sustitución del propio García, hacia 1922, derivó en que aun esas contribuciones fueran retenidas por la empresa cervecera, de manera que en los hechos el estado no recibía ninguno de los montos considerados.115 La propia dificultad de los gobiernos locales para mantenerse de manera estable en el poder favoreció que gradualmente comenzaran a configurarse nuevas alianzas entre éstos y los empresarios regiomontanos. Hacia 1923, esto tuvo por correlato una notable reducción fiscal que no era más que una exención que hacía recordar las otorgadas durante el régimen porfirista —­eliminadas por la Constitución de 1917—. Entre 1923 y 1927, el estado de Nuevo León había aceptado recibir de la cervecera sólo 50 000 pesos anuales por concepto de impuestos estatales y 18 000 pesos por otros tantos municipales durante diez años. En noviembre de 1927, el Congreso estatal declaró insubsistente la disposición, por anticonstitucional.116 Una de las empresas regiomontanas que más sufrió los efectos económicos de la Revolución fue la Fundidora de Fierro y Acero, al verse mermada su 114 Flores Torres, “De la edad del acero…”, pp. 250-251. Por otra parte, en los hechos, la Cerve-

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cería Cuauhtémoc aportaba una ínfima cantidad al fisco en 1921, considerando su magnitud: apenas 24 000 pesos. Casi un tercio menos que la Cervecería Moctezuma, empresa de menor dimensión que la primera, que contribuía con 33 000 pesos de impuestos. Idem, pp. 252 y 254-255. Flores Torres, “De la edad del acero…”, pp. 252-253. Ibidem, pp. 255-256.

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producción hasta 1916. No obstante, a diferencia de la Cervecería Cuauhtémoc, esta empresa siempre reconoció a los gobiernos revolucionarios. Incluso fabricó armamento para las tropas carrancistas.117 En contraste, en los esfuerzos por adquirir mayor influencia política y económica el grupo empresarial surgido en torno a la Cervecería Cuauhtémoc tendría especial relevancia. La familia Garza Sada inició desde entonces una disputa con el Estado para definir el rol de éste en la economía.118 La forma de conducir semejante disputa se caracterizó por el ­acercamiento —y en ocasiones franca cooptación— de generales revolucionarios que, confor­ me enriquecían su propio patrimonio se distanciaban gradualmente de los postulados sociales de la Revolución. Los empresarios neoleoneses p ­ romovieron las aspiraciones políticas de tales figuras, al extremo de auspiciar, cuando lo consi­ deraron favorable para sus intereses, una ruptura entre la red de poder hege­ mó­nica por medio de una rebelión armada. Al mismo tiempo c­ ontribuyeron de manera directa al surgimiento de opciones políticas distintas a las o­ frecidas por el naciente régimen posrevolucionario para que contendieran por la vía electoral. Entre 1920 y 1924, el gobierno de Álvaro Obregón poco hizo para someter la corrupción de sus antiguos compañeros de armas, convertidos ahora en gobernadores y caciques de las entidades federativas.119 En el periodo de volatilidad política en Nuevo León, comprendido entre 1920 y 1927, la sucesión de gobernantes le permitió a la red empresarial regiomon­ tana atestiguar la avidez de enriquecimiento personal que caracterizaba a ­muchos de ellos; esto constituía a un tiempo una molestia, dada la afectación predatoria de sus industrias por la corrupción de estos mismos gobernantes, pero como se verá, ofrecía también opciones de acercamiento y cooptación hacia el futuro. Algunos autores mencionan el caso de Porfirio G. González, gobernador de la entidad entre mayo de 1920 y febrero de 1921, a quien se ubica como organizador de redes de contrabando provenientes de Estados Unidos.120 Una de las 117 118 119 120

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Flores Torres, “De la edad del acero…”, pp. 258-260. Saragoza, op. cit., p. 159. Saragoza, op. cit., pp. 166-167. Gruening, Ernest Henry (1928), Mexico and its Heritage, Century Co., Nueva York, p. 319, citado en Saragoza, op. cit., pp. 166-167.

experiencias iniciales del empresariado neoleonés con los nuevos ­gobiernos revolucionarios fue aquella que tuvo con este gobernador pues intentó obtener de ellos un préstamo forzoso de 100 000 pesos. Este tipo de acciones incentivaron la decisión de los principales capitalistas locales de buscar el control de la política del estado.121 En Nuevo León, entre mayo de 1920 y octubre de 1927, el cargo de gobernador fue ejercido por seis personas distintas que no duraron en sus respectivos mandatos más de dos años. Incluso, entre abril de 1922 y octubre de 1923, durante la administración de Ramiro Tamez, en realidad cuatro individuos ejercieron el gobierno debido a ausencias diversas del gobernador. Además, el periodo de otro gobernador, Anastasio Treviño Martínez, duró sólo dos meses: octubre y noviembre de 1923. No fue sino hasta 1927 que el estado tuvo por primera vez, desde el estallido de la Revolución, un gobernante que duró el periodo completo correspondiente a su cargo.122 Entre 1920 y 1927 la élite empresarial regiomontana consideraba problemáticos al menos dos aspectos del nuevo régimen. Por principio, la inestabilidad del gobierno local, en la que diversas figuras se sustituían con rapidez entre sí, sin lograr consolidar ningún programa gubernamental. Por otra parte, en lo referente al gobierno nacional, los empresarios neoleoneses no lograban persuadir a las nuevas autoridades encabezadas por Obregón y Calles a adoptar políticas para el beneficio exclusivo de sus intereses empresariales. Uno de los principales puntos de confrontación fue la política obrera. En la defensa de sus intereses los capitalistas de Monterrey decidieron tener una participación directa en la política y apoyaron a personajes afines: en 1928, para suplir al malogrado caudillo Obregón en la nueva elección por la presidencia de la República, apoyaron al general neoleonés y ex gobernador de la entidad, Aarón Sáenz Garza.123 Aarón Sáenz Garza nació en Monterrey el 1° de junio de 1891 y era hijo de Juan Sáenz Garza y Concepción Garza González. Su padre había sido comerciante en pequeño y se desplazaba entre los pueblos y rancherías de Nuevo León y Coahuila para vender sus mercancías.124 Más tarde se dedicó también a la 121 122 123 124

Saragoza, idem, p. 167. Saragoza, op cit, p. 166. Saragoza, op. cit., p. 159. Salmerón Sanginés, Pedro, (2001), Aarón Sáenz Garza. Militar, diplomático, político, empresario, Miguel Ángel Porrúa, México, p. 28.

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pequeña cría de ganado y producción de leche en El Mezquital, Nuevo León, así como al cultivo de caña de azúcar y producción de piloncillo. También se desempeñó como administrador de una hacienda y de un molino.125 A diferencia de la mayor parte de los hombres que participaron en la Revolución, Aarón Sáenz Garza contaba con una formación profesional universitaria. En 1909, ingresó al Ateneo Fuente, en Saltillo, Coahuila, donde cursó estudios en derecho. En 1912, debido a la insuficiencia de alumnos, el gobernador Venustiano Carranza decidió cerrar las escuelas universitarias y becar a los pocos alumnos para que concluyeran sus estudios en la Ciudad de México. Sáenz, en su condición de presidente de la Sociedad de Alumnos del instituto, se dirigió a la capital del país con ese propósito junto con otros de sus condiscípulos.126 La Decena Trágica tomó a Sáenz a punto de iniciar el quinto año de su formación universitaria. Sáenz, convertido al maderismo desde su estancia en Saltillo, regresó a Coahuila, junto con Manuel Pérez Treviño para ponerse a las órdenes de Venustiano Carranza con quien se reunieron en Piedras Negras, Coahuila, al inicio del levantamiento constitucionalista.127 Sáenz fue enviado a Sonora, mientras que Pérez Treviño se incorporó a las fuerzas de Pablo González.128 Hacia mayo de 1913, aprovechando su formación universitaria, Aarón Sáenz se incorporó como secretario del general Álvaro Obregón en Sonora.129 De esta manera, se incorporó al círculo de confianza de los sonorenses hasta alcanzar también el grado de general dentro de las fuerzas c­ onstitucionalistas. Sáenz se mantuvo fiel a Obregón en la ruptura de éste frente a Carranza, en 1920, y durante su gobierno como presidente de la República, Sáenz fungió como subse­ cretario de Relaciones Exteriores y, hacia el final de su mandato, como ­secretario en ese mismo despacho.130 Plutarco Elías Calles lo ratificó como canciller en diciembre de 1924, cargo del que se separó para contender por la gubernatura de Nuevo León.131 125 Salmerón, idem, p. 29. 126 Salmerón, idem, p. 32 y 38-39. Una vez concluida la Revolución, Sáenz obtuvo el título de 127 128 129 130 131 120

abogado el 30 de diciembre de 1918, en la Universidad Nacional. Salmerón, op. cit., p. 92. Salmerón, idem, p. 39. Salmerón, ibidem, p. 40. Salmerón, idem, p. 44. Salmerón, idem, pp. 103 y 116-117. Salmerón, op. cit., pp. 118 y 130.

Con Calles, Sáenz tenía una cercanía incluso de carácter familiar: una hermana de Aarón Sáenz, Elisa Sáenz Garza, se casó con Plutarco Elías Calles Jr., hijo del futuro Jefe Máximo.132 Gracias a su vinculación cercana a Obregón y su participación en múltiples campañas militares en la región noroeste del país, Aarón Sáenz construyó una red de vínculos que, hacia 1917, le permitieron montar redes de comercialización de productos agrícolas asentadas en Sonora y Sinaloa, conectadas también con el noreste, en la Comarca Lagunera y Tamaulipas.133 De hecho, su participación en la Revolución le condujo a establecer intereses empresariales en Sinaloa, donde además contrajo matrimonio con Margarita Couret, hija de un médico francés radicado en Culiacán.134 Parte de los i­ ngenios azucareros que fundaría en el futuro radicaban en Tamaulipas y Sinaloa. La participación de Sáenz en el negocio azucarero inició cuando su padre compró una granja que convirtió en un ingenio azucarero en San Rafael, cerca de Xicoténcatl, Tamaulipas, en el mismo año en que el primero incursionaba en la política: 1918.135 Su visión, de combinar los cargos públicos con la promoción de sus i­ ntere­ses de negocios, le acercó a la perspectiva que en Nuevo León tenían los empresarios regiomontanos. En 1923, Sáenz había tenido la aspiración de ser electo gobernador de Nuevo León. Desde entonces, se estrecharon sus ­relaciones con los hombres de negocios de Monterrey. En su cargo como canciller, S­ áenz aprove­chaba los viajes que realizaba hacia Estados Unidos para hacer una escala en Monterrey y reunirse con los empresarios locales. El periódico El Porvenir lo ­cubría de elogios y promovía su figura dotándolo de cualidades presidenciales.136 En 1927, Sáenz contó con el apoyo del empresariado neoleonés para alcanzar la gubernatura del estado y, en reciprocidad, una vez obtenido el cargo, les retribuyó con planes para promover a la empresa, el compromiso de evitar nuevos 132 133 134 135 136

Saragoza, op. cit., p. 167; véase también Salmerón, op. cit., pp. 7 y 168-169. Salmerón, idem, p. 90. Salmerón, op. cit., p. 51. Hefley, James C., (1970), Aarón Sáenz. Mexico’s Revolutionary Capitalist, World Books Publisher, Waco, Texas, eua, Londres, Reino Unido, p. 93. Saragoza, op. cit., pp. 168-169.

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impuestos, facilidades fiscales y la disposición para generar un plan ­económico para Nuevo León con la concurrencia de los hombres de negocios locales.137 Mientras que Sáenz encabezaba el poder ejecutivo en el estado, el poder militar estaba a cargo del general Juan Andreu Almazán, quien comandaba desde 1926 la 7ª Zona Militar, con cuartel central en las inmediaciones de Monterrey, pero que entonces abarcaba también al estado de Tamaulipas. Almazán contribuyó a atemperar los excesos de los gobernantes revolucionarios en Nuevo León y había entablado una estrecha relación con el empresariado local —que veía en él y en el propio Sáenz los personajes que garantizaban sus intereses en el nuevo contexto político—, al grado que permitía evocar los tiempos de Bernardo Reyes.138 Almazán condujo la represión de las luchas laborales en la entidad y contri­ buyó, en cambio, a gestionar la construcción de carreteras ante Calles. Con ello incrementó su fortuna personal a través de la obtención de lucrativos contratos para una de sus empresas, la Constructora Anáhuac. Todo ello con el beneplácito de los empresarios regiomontanos.139 Hacia finales de los años 1920, la reelección de Obregón permitía prever una interlocución de primer nivel a través de Sáenz, de manera que la situación pare­cía favorable para los intereses de los hombres de negocios de Nuevo León. Esta situación se potenció incluso, cuando el asesinato del propio Obregón como presidente electo ubicó a Sáenz como el más probable can­ didato presi­dencial del recién creado Partido Nacional Revolucionario (pnr), en 1929.140 Sin embargo, sus expectativas se frustraron: a pesar de la cercanía entre Calles y Sáenz, el primero maniobró, junto con Emilio Portes Gil, para orientar el apoyo de las fuerzas revolucionarias hacia la candidatura de Pascual Ortiz Rubio. Sáenz acató la decisión y optó por cambiar sus proyectos políticos por 137 Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 356. Saragoza, op. cit., pp. 168-169. 138 Saragoza, op. cit., p. 169-170. En noviembre de 1928, en una recepción que le fue ofrecida en el

139 140 122

Café Colón de la Ciudad de México, Aarón Sáenz recibió el máximo elogio que le podía brindar la élite regiomontana: sus integrantes lo compararon —no sin paradoja por tratarse de un personaje conspicuo del nuevo gobierno revolucionario— ni más ni menos que con el general Bernardo Reyes, el antiguo gobernador porfirista de Nuevo León. Idem, p. 205. Saragoza, op. cit., pp. 169-170. Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 356. Saragoza, op. cit., p. 203.

la ruta del enriquecimiento personal. A partir de entonces construyó un vasto imperio empresarial que, en el futuro habría de desarrollarse a partir de su relación personal con los gobernantes en turno y con la clase política revolucionaria en su conjunto. En septiembre de 1929, con intereses asociados de Aarón Sáenz, la familia Elías Calles y Fernando Torreblanca, entre otros, se fundó la Compañía Azucarera del Mante, en Tamaulipas, en la localidad de ese nombre.141 Se trataba de la compañía que habría de iniciar la presencia predominante de Aarón Sáenz y su grupo empresarial en el mercado del azúcar, industria vital para el procesamiento de alcohol —factor que sería de interés para todas las empresas productoras de bebidas embriagantes, entre ellas, la Cervecería Cuauhtémoc—. Por su parte, los empresarios de Monterrey tomaron la falta de apoyo de Calles hacia Sáenz como una traición que les refrendaba la naturaleza veleidosa de los círculos políticos revolucionarios. Más tarde, cuando en 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, contraria a las posiciones conservadoras de los hombres de negocios neoleoneses, el encono con los gobiernos revolucionarios se agudizó.142 El disgusto de los empresarios del estado se incrementó porque el código en cuestión fue aprobado con la anuencia del propio Aarón Sáenz Garza, quien entonces fungía como secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio.143 En la opinión de los empresarios neoleoneses, Sáenz no sólo se había mostrado débil en la defensa de sus propias aspiraciones presidenciales, sino que a final de cuentas, había dado la espalda a los intereses de sus promotores al respaldar un código laboral contrario a sus intereses. En consecuencia, ­optaron por decantar su apoyo hacia Juan Andreu Almazán, a quien habrían de estimular sus propias ambiciones de alcanzar la Presidencia de la República. En la primera mitad de la década de los años 1930, la relación de los empre­ sarios regiomontanos con el régimen posrevolucionario se mantuvo tensa, a pesar del cada vez más notable conservadurismo de Calles quien, como Jefe Máximo, se había distanciado de las causas agraristas y sindicales. A pesar de este gradual viraje al conservadurismo por parte de Calles, diversas medidas 141 Salmerón, op. cit., pp. 222-223. 142 Saragoza, op. cit., p. 204. 143 Saragoza, idem, pp. 222-223. 123

de uno de los personajes que ocuparon la Presidencia durante el periodo, el tamaulipeco Emilio Portes Gil, artífice del Partido Socialista Fronterizo en su entidad natal, gobernante de la misma y orientado desde entonces a favorecer los derechos de los trabajadores, no contribuyeron a distender esta situación.144 La élite empresarial regiomontana entró en un desencanto con Calles, tras su maniobra para ungir a otro candidato presidencial por el pnr, distinto a la figura que ellos apoyaban: Aarón Sáenz. La disciplina de Sáenz ante Calles, durante el Maximato, terminó de enfriar el respaldo político que le habían brindado los hombres de negocios. En 1932, Francisco Cárdenas (sin relación familiar con Lázaro Cárdenas) resultó electo como gobernador en Nuevo León y su adopción de políticas pro empresariales y de represión de las demandas obreras fue bien acogida por los empresarios de Nuevo León, quienes lo respalda­ron sin éxito para mantenerse en la gubernatura, en oposición a la candidatura del hijo del propio Jefe Máximo.145 La animadversión de los hombres de negocios de Monterrey hacia Calles se agudizó debido a su selección de Lázaro Cárdenas como candidato presidencial, en lugar del predilecto de los empresarios regiomontanos, Juan Andreu Almazán. Los neoleoneses desconfiaban de Cárdenas por sus proyectos de educación socialista.146 La mayor confrontación entre los empresarios de Nuevo León y los gobiernos surgidos de la Revolución vino a mediados de la década de 1930, cuando el presidente Lázaro Cárdenas se emancipó del tutelaje callista, en 1935. El incremento de conflictos laborales tolerados o auspiciados por el gobierno de Cárdenas, el discurso inflamatorio de Vicente Lombardo Toledano y la política agraria y pro sindical de la administración federal llevaron al punto extremo la confrontación entre la élite empresarial y el gobierno. La política cardenista a favor de los trabajadores repercutió en la realización de varias huelgas en Nuevo León, que condujeron a enfrentamientos entre la élite empresarial y los gobiernos federal y estatal. Incluso, los empresarios realizaron un paro de dos días para manifestar su inconformidad a las medidas tomadas por el general

144 Saragoza, op. cit., pp. 212-213. 145 Saragoza, op. cit., pp. 235-236. 146 Idem, pp. 236. 124

Cárdenas. Consideraban que las expropiaciones, el reparto agrario, la educación socialista y la política obrera implantada conducían al socialismo.147 Una vez liberado de la influencia de Calles, y al tanto del rechazo del empresariado neoleonés a su visión de país y proyecto político, el general Cárdenas intentó apoyar a nuevas figuras políticas en Nuevo León, de manera que mantuvieran su disciplina a las instituciones posrevolucionarias, pero que también pudieran construir vías de avenimiento con los empresarios locales. La primera de esas figuras fue el gobernador Anacleto Guerrero, también general revolucionario. En las elecciones internas del pnr para elegir a su candidato para la gubernatura de Nuevo León en 1935, los empresarios respaldaron a un veterano revolucionario de poca trayectoria, Fortunato Zuazua, quien contendió contra el hijo de Plutarco Elías Calles. La campaña fue tensa y al final, el triunfador fue el vástago de Calles, aparentemente beneficiado de procesos fraudulentos.148 Para Cárdenas, Zuazua no era un candidato aceptable, pero tampoco lo era el hijo del Jefe Máximo, a quien el propio Cárdenas había expulsado del país en un enfrentamiento político que sepultó la hegemonía de Calles sobre la ­po­lí­tica nacional. Ceder la gubernatura de Nuevo León al hijo de Calles equivalía a enviar ante la clase política posrevolucionaria un mensaje de capitulación del gobierno cardenista ante Calles. Cárdenas, con el respaldo de su secretario de Gobernación, el ex presidente Emilio Portes Gil, maniobró para nulificar las elecciones y nombrar como gobernador interino a Gregorio Morales Sánchez y, finalmente, ungir al general Anacleto Guerrero como candidato al gobierno del estado para oponerse a Zuazua.149 Anacleto Guerrero fue declarado ­v ictorio­so en los comicios por la gubernatura del estado, en abril de 1936 —con métodos fraudulentos destinados a evitar el triunfo de Zuazua—, y el 1° de mayo, un mes después de que Cárdenas expulsara a Calles del país, rindió protesta como gobernador.150 Por su parte, la familia Garza Sada había apoyado con todo empeño la campa­ ña de Zuazua. En consecuencia, fueron ellos quienes recibieron la mayor parte de 147 Cavazos Garza, Israel e Isabel Ortega Ridaura [2011], Nuevo León. Historia breve, Colmex/ 148 149 150

fce, México, p. 207. Saragoza, op. cit., pp. 237-238. Mendirichaga, Los cuatro tiempos…, p. 366. Saragoza, op. cit., p. 238. Mendirichaga, Ibidem, p. 371. Saragoza, Ibidem, pp. 249-251.

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la andanada en contra que desató el líder sindical, Vicente Lombardo Toledano, líder de la Confederación de Trabajadores de México (ctm) y aliado entonces con Cárdenas, como parte de la estrategia para minar el poder empresarial en la entidad. El embate de Lombardo Toledano se focalizó en una de las empresas emblemáticas de la familia: Vidriera Monterrey.151 En 1936, las hostilidades entre el cardenismo y los empresarios de ­Monte­rrey se agudizaron en los ámbitos políticos y laborales, cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inválido el sindicato blanco de la Fundidora de Fierro y Acero. Tras escasos tres días de lo anterior, el pnr había designado a Anacleto Guerrero como su candidato a gobernador, y unos días más tarde, de nuevo, la Junta de Conciliación y Arbitraje falló en contra del sindicato blanco de Vidriera. El 6 de febrero de 1936, como represalia a las medidas de C ­ árdenas, los empresarios regiomontanos decretaron un paro de operaciones de los establecimientos comerciales de Monterrey.152 Al día siguiente del paro, el 7 de febrero, Cárdenas viajó personalmente a Nuevo León, donde se reunió con los empresarios más conspicuos de la entidad. No obstante éstos rechazaron el acuerdo propuesto por el presidente, quien justificó sus medidas argumentando que la organización corporativa de los obreros haría más fácil el manejo de la economía. Ante el rechazo de avenimiento, por parte de los empresarios, Cárdenas apoyó públicamente la huelga de los trabajadores de Vidriera, censuró las acciones de la élite y desacreditó su retórica anticomunista. Si bien esto constituyó un triunfo político inmediato para el general, el futuro habría de reforzar los sentimientos antigobiernistas de los sectores conservadores de Nuevo León, a los que habrían de sumarse otros tantos en el resto del país.153 A partir de entonces el empresariado regiomontano inició una estrategia embozada en la cual se alentaba el encono social, el sentimiento público en contra de los trabajadores, así como el miedo al comunismo, elemento discursivo ya para entonces presente. En respuesta al respaldo de Cárdenas a los trabajadores en la huelga en Vidriera, los Garza Sada, a través de Luis G. Sada y Joel Rocha, organizaron una estrategia nacional anticardenista, que incluía su 151 Saragoza, op. cit., p. 239 152 Ibidem, pp. 241-242. 153 Saragoza, idem, p. 243-244. 126

apoyo económico al sinarquismo fascista, el patrocinio a campañas de ­prensa y radio y la promoción de la formación de organizaciones conservadoras anti­car­ denistas entre estudiantes, mujeres y trabajadores. Todo ello junto con accio­ nes encaminadas a recuperar el control de los trabajadores neoleoneses ante los intentos de consolidación de la ctm en Monterrey.154 Aquí es importante abrir un breve paréntesis, que permitirá dimensionar deter­m inadas relaciones que parecen haberse potenciado después, en ­f unción de intereses y visiones compartidas. En su enfrentamiento en contra de Cárdenas y la ctm, el empresariado regiomontano, con la familia Garza Sada a la cabeza, utilizó con frecuencia una retórica anticomunista que pretendía infundir miedo a la sociedad neoleonesa haciendo referencia a una supuesta conspiración regida desde Moscú e identificando con ésta las medidas ­tomadas por el gobierno de Cárdenas. La élite empresarial emprendió una campaña soterrada en la que hacía aparecer a los líderes de la ctm como extensión de los bolcheviques rusos: estimulaba la publicación de información de esta naturaleza en periódicos locales afines a sus intereses —El Porvenir y El Sol— y adquiría los ejemplares para distribuirlos entre los trabajadores; mantuvo una estrategia equivalente en la radio; distribuyó diversos premios entre los obreros para mantenerlos leales a los sindicatos blancos; e incluso, a través de las mujeres de la red empresarial, llevó a cabo visitas caseras para repartir propaganda anticomunista entre las mujeres de sus empleados. Esta embestida anticetemista y anticomunista fue adoptada por los circuitos empresariales neoleoneses en general, pero fue más recalcitrante en las empresas de los Garza Sada: Cervece­ ría Cuauhtémoc y Vidriera.155 La élite empresarial neoleonesa, encabezada por los Garza Sada, había emprendido desde 1929 esfuerzos constantes para favorecer la articulación de los intereses empresariales y el combate al comunismo. Como se ha dicho, financiaron al movimiento sinarquista, que en Monterrey significaba repeler, mediante el uso de la violencia física, los intentos de penetración sindical

154 Saragoza, op. cit., pp. 242-246. En lo referente al financiamiento de los empresarios regio-

155

montanos proporcionado al sinarquismo, el autor remite a Edward Nathan al secretario de Estado, 18 de febrero de 1936, Monterrey, NAW.800/661; 29 de febrero de 1936, NAW.800/668, op. cit., p. 246. Saragoza, op. cit., pp. 246-247.

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cetemista.156 También financió la publicación de una revista denominada Acti­ vidad, que alababa al capitalismo y condenaba el comunismo en todas sus dimen­siones.157 Respaldó también a la organización conservadora Acción Cívi­ ca Nacional, que mantenía un discurso permanente de ataque contra el preten­ dido comunismo del general Cárdenas.158 Los empresarios regiomontanos veían a Cárdenas como un heraldo del socia­ lismo y estaban dispuestos a financiar incluso movimientos de d ­ erecha violentos, con tal de impedir la consolidación de su proyecto de nación, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),159 organi­za­ ción de coordinación empresarial creada en 1929, bajo el liderazgo de la fami­ lia Garza Sada y que mantuvo en todo momento una postura contraria al cardenismo.160 La afinidad del discurso y los intereses de los empresarios regiomontanos con aquellos de sus pares ubicados en Estados Unidos fue cada vez más confluyente. En ese país se educaron dos de sus figuras emblemáticas, los ­hermanos Eugenio y Roberto Garza Sada, pues ambos se graduaron en el Instituto Tecnológico de Massachussets (mit).161 La cosmovisión, los referentes de éxito y la ideología del empresariado neoleonés en lo concerniente a las relaciones sociales, el papel del Estado en la economía y la política en general eran partícipes de las mismas líneas esenciales del conservadurismo estadounidense más acendrado.162 Tales confluencias se hicieron manifiestas en la oposición del empresariado neoleonés a las políticas de Cárdenas, rechazo que fue bienvenido por el cónsul estadounidense en Monterrey, Thomas Bowman, quien en 1936 informó al Departamento del Trabajo de ese país de las acciones de la élite 156 157 158 159 160 161 162 128

Saragoza, op. cit., p. 246. Saragoza, idem, pp. 191-192. Saragoza, op. cit., pp. 22-24. Saragoza, op. cit., pp. 253-254. Sobre las acciones de violencia auspiciadas desde esta instancia, Saragoza remite a Thomas D. Bowman, cónsul general de Estados Unidos al Departamento del Trabajo, 17 de abril de 1936, México, NAW/FRC.850.4. Ibidem, p. 204. Reyes Salcido, Don Isaac Garza, p. 45. Saragoza refiere que Luis G. Sada había sido también graduado del mit, mientras que Roberto G. Sada (Roberto G. Sada García) lo era de la Universidad de Michigan. Véase Saragoza, op. cit., pp. 194-196. Saragoza, op. cit., pp. 194-196.

empresarial de Monterrey para contrarrestar las políticas de Cárdenas a favor de los trabajadores: Uno de sus planes es organizar una banda de espías que serían enviados a las organizaciones laborales para crearles discordias y problemas de carácter interno […] Ven las organizaciones laborales como nidos de comunistas. También se dará apoyo financiero y moral a los camisas doradas […]. Por supuesto aún es muy pronto para formarse una opinión sobre su éxito, pero resulta significativa como una ­señal del despertar de los patrones sobre la necesidad de una acción concertada.163

Todas estas condiciones habrían de agudizarse entre 1938 y 1940, con la naciona­lización petrolera decretada por Cárdenas en el primero de esos años, así como las respectivas sucesiones de poder tanto en el estado de Nuevo León como en la Presidencia de la República. En ese contexto, las ­v inculaciones irregu­lares de la élite empresarial neoleonesa, favorables para su acumu­lación económica, según se ha visto en páginas anteriores, serían también ­empleadas para apunta­lar sus intereses políticos. La persistencia de estas relaciones poten­cia­ría otro tipo de efectos económicos, políticos y de seguridad, a lo largo de las décadas por venir, según se verá a continuación. La sucesión presidencial de 1940 evidenció múltiples hechos que mostraron la continuidad en la vinculación de redes de tráficos ilícitos en los que participaban algunos connotados empresarios neoleoneses, militares de alta graduación surgidos de la lucha revolucionaria y contrabandistas comunes. En los años siguientes estas redes y sus operaciones ilícitas se potenciarían hasta alcanzar niveles inusitados.

Las sucesiones en el poder local y federal, en 1939 y 1940 y los circuitos del contrabando Tras tomar posesión como gobernador de la entidad en mayo de 1936, el ­general Anacleto Guerrero intentó suavizar la relación con los empresarios n ­ eoleoneses a través de fallos favorables a sus intereses, por parte de la junta local de 163 Thomas D. Bowman, cónsul general de Estados Unidos al Departamento del Trabajo, 17 de abril de 1936, México, NAW/FRC.850.4. Citado en Saragoza, op. cit., pp. 253-254.

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Conciliación y Arbitraje. Asimismo, en el ámbito federal, Cárdenas anunció la puesta en marcha de un programa de incentivos para la industria. No o­ bstante, la tensión continuó y se volvió violenta por parte de ambos bandos. A la luz de la aplicación de disposiciones expropiatorias aplicadas selectivamente en contra de callistas en la Laguna, los hombres de negocios de Monterrey transmutaron su desconfianza hacia Cárdenas por un odio feroz.164 A pesar de los signos de recuperación económica durante el gobierno de Cárdenas, y de las buenas utilidades que los industriales de Monterrey recibían durante el periodo, éstos aún consideraban que esos resultados eran más el producto de sus propias habilidades empresariales que de la plataforma econó­ mica que construía el gobierno cardenista —contra el cual continuaron ejerciendo una férrea oposición—.165 Hacia 1937, la velocidad de las reformas cardenistas comenzó a disminuir en Nuevo León. Incluso, debido a las concesiones del gobernador Anacleto Guerrero, la élite estableció un trato más cordial hacia él.166 Fuera por d ­ esacuerdos y enfrentamientos con las propias fuerzas cetemistas locales, o por algún acercamiento con el empresariado regiomontano, hacia 1937 Anacleto Guerrero dejó de apoyar a las manifestaciones radicales de los trabajadores e incluso, a través de la junta local, declaró ilegal un nuevo intento de huelga contra Vidriera.167 Los Garza Sada, aprovechando su éxito económico acumulado durante el sexenio, se unieron a otros actores que rechazaban la política cardenista, entre ellos a un ala del propio partido oficial, integrada por generales revolucionarios que se habían enriquecido en el poder y que ahora, transformados en hombres de negocios, tenían cada vez más intereses similares a los del empresariado 164 Saragoza, op. cit., pp. 250-251. Las expropiaciones dirigidas hacia la camarilla de Calles

165 166 167 130

ocurrieron todavía en 1939. Por ejemplo, el 23 de enero de 1939 la prensa regiomontana anunció el reparto agrario de tierras pertenecientes a las haciendas de El Mante (de la que se afirmaba que era propiedad de Plutarco Elías Calles, aunque era Rodolfo Elías Calles, hijo del ex mandatario, quien fungía como uno de los asociados de la familia de Aarón Sáenz en la Compañía Azucarera El Mante) y San Rafael (propiedad del mismo Sáenz y hermanos), entre otras. Véase El Porvenir (1939), “Reparto de haciendas de Sáenz, Calles y otros”, 23 de enero, Monterrey, p. 5 También El Porvenir (1939), “Compañía Azucarera Del Mante S. A.” (Desplegado), 21 de febrero, Monterrey, p. 8. Saragoza, p. 252. Idem, pp. 255-256. Ibidem, p. 254.

regiomontano que simpatía por las demandas de reivindicación social de la Revolución.168 El proyecto compartido era colocar a una figura más afín a sus intereses al frente de la Presidencia de la República. Uno de esos generales revolucionarios era el propio Anacleto Guerrero. Tras un inicial periodo de confrontaciones, el general Guerrero había mejorado ya su relación con el empresariado local. Tenía diferencias personales con el general Juan Andreu Almazán, comandante de la 7ª Zona Militar,169 pero en general, compartía la misma concepción favorable a los intereses del capital. En 1939, Prisciliano Almaguer, secretario general del Comité Estatal Número 20 del Partido Comunista Mexicano, escribió al presidente Lázaro Cárdenas y denunció que el gobernador Guerrero protegía a latifundistas, a sindicatos blancos y a la operación fuera de la ley de las iglesias. Almaguer afirmaba también que Guerrero apoyaba de manera irregular la precandidatura de otro general revolucionario, Bonifacio Salinas, para sucederle al frente del ejecutivo estatal.170 El general Bonifacio Salinas Leal nació el 14 de mayo de 1900 en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Tenía estudios máximos de 4° año de educa­ción primaria. Había ingresado al ejército revolucionario el 2 de julio de 1913, bajo las órdenes del general Porfirio González y tomó parte en ­diversos enfrentamien­tos durante la Revolución y la Guerra Cristera y, más tarde, con el grado de co­ronel, fungió como inspector de policía en Nuevo León, en 1927171 —en el periodo correspondiente a la administración de Aarón Sáenz—. En marzo de 1939, con el respaldo de la Confederación Nacional Campesina (cnc), aspiró a obtener la candidatura del Partido de la Revolución Mexicana (prm), nueva designación del antiguo pnr, para contender por la gubernatura del estado de Nuevo León.172 168 Idem, pp. 256-257. 169 Comunicaciones de José García a Anacleto Guerrero, fechada en julio 27 de 1935 y de Ana-

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cleto Guerrero a Lázaro Cárdenas, 29 de julio de 1937, Monterrey, Nuevo León. Archivo General de la Nación (agn), Archivos Presidenciales, Lázaro Cárdenas del Río (lcr), expediente 543.1/35. Comunicación de Prisciliano Almaguer dirigida al presidente Lázaro Cárdenas, 4 de mayo de 1939, Monterrey, Nuevo León, agn, lcr, expediente 543.1/35. En ese expediente constan varias denuncias sobre prácticas del gobierno de Anacleto Guerrero en contra de organizaciones de trabajadores. agn, ips, Versión pública del expediente de Bonifacio Salinas Leal, legajo único, foja s.n. El Porvenir (1939), “Se hizo cargo de la campaña en favor del Gral. Salinas el diputado Manuel Jasso”, 10 de marzo, Monterrey, p. 8.

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Aspiraciones de mayor proporción tenía también el general Juan ­A ndreu ­ lmazán, quien desde Monterrey estableció su propio comité de apoyo para A buscar la candidatura presidencial por parte del prm. Entre sus apoyos ­políticos visibles figuraba el ex gobernador, Francisco Cárdenas, quien fungió como presidente del comité estatal que apoyaba su candidatura, y Jesús María Salinas, en calidad de vicepresidente.173 La visión de Almazán y sus intereses personales lo hacían mucho más cerca­no a la red empresarial de Nuevo León que a Lázaro Cárdenas. Originario de Olinalá, en el estado de Guerrero, el general Juan Andreu Almazán tenía, entre otros intereses empresariales, participaciones en bienes raíces en Guerrero y Nuevo León, así como en la industria de la construcción. Según un r­ eporte de Gordon H. McCoy, agregado militar de Estados Unidos, fechado en agosto de 1939, la fortuna de Almazán se había consolidado durante su designación como secre­ tario de Comunicaciones, en 1930, pues había otorgado a su propia ­com­pañía el contrato para construir la carretera entre la Ciudad de México y ­Laredo. Contaba también con concesiones de construcción de caminos en Nuevo León, pesqueras en Soto La Marina, Tamaulipas y minas de plata.174 En abril de 1939, la prensa regiomontana recogió la noticia de un manifiesto publicado en periódicos nacionales, por Ignacio de la Torre, presidente del Comité Nacional Director Ejecutivo Pro-Almazán, en el que, además de ­apoyar la figura de su candidato, se llamaba a la rectificación, a que la Revolución conti­ nuara pero no sin frenos, sino de manera sensata y se tomaba partido por el desarrollo de la industria, en beneficio de la generalidad. Afirmaba que, para ello, la figura idónea era la del general Almazán, quien no tenía miedo de los “buitres del proletariado”.175 173 El Porvenir (1939), “Inicia su labor el Comité del C. Gral. Almazán”, 1° de abril, Monterrey,

p. 1. Reporte del agregado militar Gordon H. McCoy al Departamento de Estado. G2 Report, 174 “Who’s Who On Commissioned Personnel. Who’s Who On General Juan Andreu Almazán”, Mexico: n.p., 1 Aug. 1939. World Scholar: Latin America & the Caribbean. Disponible en línea: , [consultada el 24 de febrero de 2015]. Gale Document Number: GALE|SA5299437455. De acuerdo con el agregado militar, la fuente de su información era el contacto personal que tenía con el propio Almazán. La ubicación de las minas de plata del general Almazán no se especifican en el documento. 175 El Norte (1939), “Almazán es candidato constructivo y justiciero”, 4 de abril, Monterrey, p. 1.

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En semejante visión, poco importaba que en el ya macrocefálico estado, fuera de Monterrey, diversas zonas mostraran condiciones de pobreza aguda. Por ejemplo, en Anáhuac, donde en marzo de 1939, la población estuvo a punto de saquear el comercio de la ciudad, debido a condiciones de hambruna.176 En la visión del empresariado neoleonés, las exacciones sufridas por parte de las fuerzas revolucionarias eran innumerables y había llegado el momento de ponerles un freno desde adentro. Su perspectiva de la situación imperante se hizo manifiesta en una nota editorial publicada en el periódico El Norte, un día antes de la inauguración del Campo Militar de Reynosa —que entonces formaba parte de la 7ª Zona Militar, a cargo del general Almazán— en el inicio de una gira del mandatario, por el noreste de la República: Desde el triunfo de la revolución el mal se acentuó. Como los vencedores veían un enemigo en cada persona que tuviera algo, en cada persona que vistiera bien; y como los que pagan las contribuciones y hacen negocios que nece­sitan de la intervención de las oficinas del gobierno eran precisamente esas, los nuevos empleados salidos de las filas revolucionarias trataban al pueblo de México, como a su pueblo conquistado. Y en realidad así era. No se había ­l legado al poder por la elección de los habitantes; sino por medio de las armas: “Por mis pistolas”. Y desde entonces se sigue resintiendo este mal. Los empleados del Gobierno obran como delegados de un conquistador en pueblo conquistado.177

176 El Porvenir (1939), “A punto de saquear el comercio empujados por hambre en Anáhuac”,

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9 de marzo, Monterrey, p. 8. El gobernador Guerrero solicitó apoyo a la Federación y a la Cáma­ra Nacional de Comercio de Monterrey. Fue el apoyo brindado por ésta la que aparentemente distendió la situación: enviaron diez toneladas de maíz, cuatro de frijol, 500 kg de manteca, una tonelada de piloncillo, otra de arroz, 500 kg de café, entre otros. El Porvenir (1939), “Un auxilio humanitario”, 10 de marzo, Monterrey, p. 8. El crédito y las refacciones autorizadas por la Presidencia de la República, para atenuar la situación, resultaron insuficientes para aliviar la situación de la población del municipio, dedicada en general a la agricultura. El Porvenir (1939), “Manifestación de hambre en Anáhuac”, 14 de abril, Mon­ terrey, p. 4. El Norte (1939), Editorial “El gobierno hostil”, 22 de abril, Monterrey, p. 3. Prácticamente durante todo el tiempo que duró la gira de Cárdenas por el noreste, la prensa regiomontana, en especial El Norte, publicó editoriales que confrontaban postulados esenciales de las políticas del mandatario.

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En la inauguración del referido campo militar, el presidente Cárdenas recorrió las instalaciones en compañía del propio general Juan Andreu Almazán, también lo acompañaron el coronel Herón Ramírez, jefe del 13 Regimiento, el teniente coronel Tiburcio Garza Zamora, jefe de la guarnición de la plaza, el presidente municipal y el presidente de la Cámara de Comercio, funcionarios civiles, entre ellos Lauro Izaguirre, cónsul de México en McAllen, Texas, vecinos de la ciudad de Reynosa, e incluso militares de aquella localidad texana.178 Como se verá, varios de los presentes ya realizaban preparativos para apoyar la eventual insurrección de Juan Andreu Almazán. En 1939, la prensa regiomontana fue pródiga en alabanzas hacia la figura de Almazán, quien a mediados de junio obtuvo licencia en su cargo como comandante de zona militar, para iniciar formalmente su campaña a la Presidencia.179 De manera paralela, en Monterrey, el día 30 de ese mismo mes, la prensa local consignó la noticia de que el general Bonifacio Salinas Leal había sido elegido como candidato del prm al gobierno de Nuevo León.180 La contienda interna entre los precandidatos, Bonifacio Salinas y Juan Gutiérrez, líder s­ indical apoyado por la ctm, había arrojado múltiples irregularidades y acusaciones entre sus respectivos partidarios. La decisión final se tomó en el Consejo Nacional del partido en la Ciudad de México.181 Durante su visita a Monterrey, Cárdenas había evitado entrevistarse con uno u otro de los precandidatos como medio para ser neutral en el proceso. No obstante, tampoco parecía interesado en ahondar el cisma entre su g­ obierno y los empresarios regiomontanos al auspiciar la candidatura del cetemista Gutiérrez. De hecho, con la sucesión presidencial próxima, Cárdenas ya había guardado distancia relativa del propio Lombardo Toledano, partidario ­permanente de una retórica contraria a los intereses del capital, que era por tanto ­repudiado, junto con todos sus asociados, por los círculos empresariales en Nuevo León.

178 El Norte (1939), “Elogió el presidente al C. general Almazán”, 23 de abril, Monterrey, p. 1. 179 El Norte (1939), “Al Gral. Almazán le fue concedida ayer su licencia”, 17 de junio, Monterrey, 180 181

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p. 1. El Porvenir (1939), “Triunfó el general Bonifacio Salinas”, 30 de junio, Monterrey, p. 1. El Porvenir (1939), “Es candidato del prm para gobernador de Nuevo León el C. Gral. Bonifacio Salinas”, 30 de junio, Monterrey, pp. 1-2.

Diversas maniobras promovidas desde el gobierno del estado, a cargo del general Anacleto Guerrero, dieron lugar a que la candidatura de su amigo perso­ nal, Bonifacio Salinas Leal, fuera la única que se presentara a los comicios y, en consecuencia, fuera a su vez electo gobernador de manera directa.182 En su búsqueda de la candidatura al gobierno del estado, Salinas Leal había hecho lo posible por evitar la confrontación con el aspirante oficial a la Presidencia de la República, el general Manuel Ávila Camacho y, por supuesto, con el propio presidente Cárdenas. Se mantuvo siempre alineado dentro del discurso de apoyo a la candidatura del primero, una vez que fue designado candidato del Partido de la Revolución Mexicana (prm) —sin manifestar preferencia pública por Juan Andreu Almazán—. No obstante, en Nuevo León, la red política que respaldó la candidatura de Almazán era la misma que había apoyado a Bonifacio Salinas, y hacia finales de 1939, le solicitaba a este último su apoyo abierto, en el contexto de la posible ruptura del almazanismo con las instituciones.183 En un desplegado que el comité de apoyo a Almazán publicó en el periódico El Porvernir era explícita la referencia al respaldo brindado por los almazanistas en favor de la candidatura de Salinas Leal, al igual que el llamado a sostener sin ambages la causa de su candidato presidencial: Porque el Pueblo de Nuevo León está con nosotros, hablamos en su nombre. Porque en nuestras filas militan miles de partidarios del General Salinas, que le dieron su apoyo en la hora crítica, y lo llevaron al triunfo que hoy probablemente pretenderán aprovechar los eternos logreros de la política, nos consideramos autorizados para dirigir al nuevo Gobernante, estas palabras sinceras, que él tendrá la atingencia de entender, por encima de las interpretaciones torcidas que sus aduladores de última hora quisieran darles. Por eso decimos al General Salinas: sus amigos de ayer, que vieron en Ud. al abanderado de la Democracia que supo enfrentarse al candidato que el tiranuelo Lombardo Toledano intentó imponer a Nuevo León; sus verdaderos amigos y con ellos el Pueblo de Nuevo León, esperamos de Ud. que, guiado únicamente por el

­ onterrey, 182 El Porvenir (1939), “Hubo quietud durante la función electoral de ayer”, 31 de julio, M

183

pp. 4 y 7. El Porvenir (1939), “El almazanismo nuevoleonés habla al nuevo gobernante”, 5 de octubre, Monterrey, p. 1.

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patriotismo y el sentimiento del deber, sabrá elegir la senda que le marca el honor, entre las dos que se le presentan: o el respeto al Sufragio Efectivo, o la sumisión a la consigna de la Farsa Imposicionista, que otros gobernadores han aceptado ya. O con el Pueblo, o con los explotadores de la política y del liderismo [sic].184

Como se recordará, la red de apoyo a Almazán tenía como núcleo central a la élite empresarial de Monterrey, con la familia Garza Sada, dueños de la Cervecería Cuauhtémoc, a la cabeza.185 El general Cárdenas estaba al tanto de las actividades de apoyo a una eventual insurrección militar a favor de Almazán, de manera que el mismo 30 de junio de 1939 en que la candidatura del prm había sido concedida formalmente a Bonifacio Salinas Leal, Cárdenas designó a un personaje de su confianza, el general Miguel Henríquez Guzmán, como sucesor de Juan Andreu Almazán en la comandancia de la 7ª Zona Militar.186 La aún joven red de poder hegemónica, que había surgido con la ­Revolución mexicana, estaba a punto de una nueva fractura, derivada de la alianza de algunas subredes con elementos que habían sido desplazados de su propia condi­ ción hegemónica regional, alcanzada durante el Porfiriato. Ya desde 1938, a la Presidencia de la República llegaba información refe­rente a contrabandos masivos de armas por Tamaulipas para apoyar movimientos sedi­ciosos en contra del gobierno. En abril de ese año —prácticamente tras ser decretada la expropiación petrolera—, Francisco R. Rodríguez, un veterano de la Revolución cercano al general Cárdenas que radicaba en L ­ aredo, Texas, envió cartas personales al presidente, donde le transmitía información que le había proporcionado un agente confidencial de la Jefatura de la Guarnición de Nuevo Laredo. Se trataba de la introducción de contrabandos de armas y parque desde Estados Unidos a México por medio del teniente coronel Tiburcio Garza Zamora, comandante de la guarnición en Reynosa, ­Tamaulipas, y subordinado del comandante de la 7ª Zona Militar, Juan Andreu Almazán. ­Posteriormente, estas armas se consignaban al presidente municipal 184 Idem. 185 Saragoza, op. cit., pp. 169-170. 186 El Porvenir (1939), “Hoy se hará la entrega de la Séptima Zona Militar”, 30 de junio, Mon­ terrey, p. 4.

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de Monterrey y eran aparentemente destinadas a grupos sinarquistas, encabezados por el general Nicolás Rodríguez.187 Como se recordará, los empresarios neoleoneses brindaban financiamiento a estos grupos. Después, en agosto de 1939, el general Silvestre Pinal Villanueva, jefe de la Guarnición de Nuevo Laredo, reportó a la Presidencia de la República infor­ma­ ción que le había proporcionado Santiago A. Campbell, vicecónsul de ­México en Laredo, Texas, quien expuso actividades del mismo general Nicolás Rodríguez —uno de los líderes de los camisas doradas del sinarquismo— en esa ­región fronteriza para introducir armamento al país. La Presidencia turnó esa información a la Oficina de Información Política y Social de la Secretaría de Gobernación y su jefe, Cipriano Arriola, instruyó a dos de sus inspectores a indagar la cuestión, haciendo mención específica a que desde el extranjero se estaba fraguando una conspiración armada en contra del país.188 Apenas días antes, otras fuentes corroboraron información de este tipo y expusieron otras relaciones significativas a la luz de lo que se ha expuesto en páginas anteriores. La Presidencia de la República recibió un informe confidencial fechado el 16 de ese mes —enviado por un servicio de inteligencia establecido en la Secretaría de Hacienda que reportaba directamente al ­titular del ejecutivo federal—. Ahí se exponía que en Tecate, Baja California, una fábri­ca de aceite propiedad de un empresario de apellido Aldrete — ­ aparentemente se trata de Alberto Aldrete, fundador de la Cervecería Tecate, en esa localidad— se utilizaba como pantalla para el acopio y redistribución en gran escala de armas y municiones procedentes de Estados Unidos. Estas armas eran proporcionadas por la compañía petrolera Standard Oil, de California (empresa petrolera perteneciente a la familia Rockefeller) mediante un individuo de ­apellido Hardesty. Establecía que, en Ensenada, las armas se transportaban también en tanques de gasolina propiedad de un germano-americano de nombre Walter Houson, quien las trasladaba de San Diego a Ensenada o Tijuana. Más pertrechos bélicos eran trasladados desde San Diego, California, camuflados dentro de los carros-tanque de la empresa, y los transportaban hasta Tecate para 187 Francisco R. Rodríguez a Lázaro Cárdenas, 25 de abril de 1938, Laredo, Texas, agn, lcr, 188

564.3/10. Cipriano Arriola a Francisco J. Martínez Torres y Eliseo Castro Reina, 26 de agosto de 1939, agn, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (ips), 2-1/263.6 (721.1).

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posteriormente enviarse a Torreón, Coahuila, y Monterrey, Nuevo León, vía Ciudad Juárez, Chihuahua. Tan sólo en Monterrey, un estadounidense que labo­raba para la American Smelting & Refining Co. calculaba que se habían introducido alrededor de 1 000 rifles mensualmente a esa ­ciudad. También en Monterrey, la fábrica de cajas de cartón Titán, dependiente de la Cervecería Cuauhtémoc—la referencia explícita era a “la Carta Blanca”, pero esa cerveza era producida por la empresa perteneciente a la familia Garza Sada— i­ mporta­ba también grandes cantidades de armas camufladas en sus camiones, que después se distribuían desde sus instalaciones para apoyar la causa del general Juan Andreu Almazán. Procedimientos equivalentes se usaban para i­ ntroducir armas ocultas en pipas de gasolina en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamau­lipas.189 La fábrica de Empaques de Cartón Titán era propiedad conjunta de las familias Garza Sada, Muguerza, Zambrano, González y de la Cervecería Cuauhtémoc.190 De acuerdo con Óscar Flores Torres, Eugenio Garza Sada fue el presidente del Consejo de Administración de la Cervecería Cuauhtémoc, de Hojalata y Lámina y de Empaques de Cartón Titán.191 Por su parte, en Estados Unidos, el 26 de agosto de 1939, el cónsul de ese país en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Romeyn Wormouth, había enviado otro memorándum etiquetado como estrictamente confidencial al secretario de Estado de la administración Roosevelt. En él establecía que, en efecto, el juez de distrito John A. Valls, junto con oficiales de la oficina del sheriff, había detenido al ya referido general mexicano Nicolás Rodríguez unos días antes. ­Rodrí­g uez, quien se encontraba con dos individuos de Nuevo Laredo de nombre L ­ eonardo Alejandro y Baltazar Castillo, tenía documentación que evidenciaba que participaba 189 Informe Confidencial A-2, 16 de agosto de 1939, agn, lcr, 564.3/14. La conclusión de que

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se trata de un servicio de inteligencia establecido dentro de la Secretaría de Hacienda se basa en que, en ese mismo expediente, en unas fojas más adelante, existe también otro memorándum con características semejantes, fechado el 1° de agosto de 1939 y signado por el subsecretario, Eduardo Villaseñor, donde se informa al presidente Lázaro Cárdenas de múltiples actividades de contrabando de oro y armas en las que estaban involucradas ­d iversas compañías extranjeras, en diversas zonas del país, especialmente en el estado de Guerrero. Fernández y Lluch, Familias empresarias…, pp. 169 y 173. Flores Torres, Óscar (2010), Monterrey industrial, 1890-2000, udem, Monterrey, p. 124. ­Véase también Flores Torres, Óscar (2009), Monterrey, origen y destino; Monterrey, una ciudad internacional (1910-1980), Municipio de Monterrey, Monterrey, p. 201.

en una conspiración junto con otros elementos descontentos en México para iniciar una revolución armada en este último país. Añadía que el general Rodríguez era ahora partidario de Juan Andreu Almazán.192 La Oficina de Información Política y Social, adscrita a la Secretaría de Gobernación, también proporcionó informes al respecto en agosto de 1940. En un reporte dirigido al titular de ese servicio de inteligencia, el inspector Francisco J. Martínez Flores informaba sobre su investigación respecto a hechos no precisados, ocurridos en febrero de 1939, que sus superiores le habían ordenado indagar. El inspector observó que el teniente coronel Tiburcio Garza Zamora había sido relevado de sus funciones de comandante de la guarnición militar en Reynosa, por lo que sus investigaciones no habían podido realizar las indagaciones acostumbradas para evitar cobrar visibilidad a los ojos de éste y de quien aparentemente era también investigado por la dependencia: el cónsul de México en McAllen, Texas —como se recordará, quien desempeñaba ­entonces esa función era Lauro Izaguirre—. El inspector establecía que tanto Garza Zamo­ra como el referido cónsul habían sido partidarios de Almazán. Pero más aún, “[…] que el repetido Tte. Corl. Garza Zamora controló por mucho tiempo los contrabandos en la zona, y muy especialmente entre Reynosa y San Pedro Roma […]”.193 En un memorándum de la misma dependencia dirigido al general Lázaro Cárdenas, se le informaba que en octubre de 1939, se había introducido mediante camiones un cargamento de armas y municiones, en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en la misma fecha de la toma de posesión del general Bonifacio Salinas Leal como gobernador del primero de estos estados; los responsables eran el coronel Herón Ramírez y el teniente ­coronel Tiburcio Garza Zamora y las armas habían sido transportadas a un rancho ­propiedad del suegro del general Juan Andreu Almazán.194 El titular de la Oficina de Infor­ 192 Romeyn Wormouth al secretario de Estado, 26 de agosto de 1939, Nuevo Laredo, Tamau-

193 194

lipas, México, Political Report, World Scholar: Latin America & the Caribbean. Disponible en línea: , (consultada el 24 de febrero de 2015). Francisco J. Martínez Flores al jefe de la Oficina de Información Política y Social, 19 de agosto de 1940, Chihuahua, Chihuahua, agn, ips, caja 127, expediente 22. Sin autor, “Memorandum al Sr. Presidente de la República, como continuación a datos suministrados personalmente en Jiquilpan, Mich., en el mes de octubre”, s.f., s.l. El documento

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mación Política y Social, Cipriano Arriola, envió a su vez, en enero de 1940, un memorándum dirigido al inspector Francisco Martínez Flores, ­establecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que le ordenaba indagar al respecto.195 El 19 de junio de 1940, el inspector PS-1 de la Oficina de Información Política y Social de la Secretaría de Gobernación, escribió un memorándum al titular de la referida oficina, como respuesta a una orden expresa para que aportara información sobre el entonces teniente coronel Tiburcio Garza Zamora. Señala: El ya referido Tte. Corl. Garza Zamora ingresó al Ejército Nacional con el grado de Mayor, al rendirse al Gobierno el Gral. Juan Andrew Almazán; ha residido por más de quince años en Reynosa, Tamps., de los cuales la mayor parte ha sido Comandante de la Guarnición. Siempre ha sido hombre de absoluta confianza para el Gral. Almazán. Al separarse el Gral. Almazán de la Comandancia de la Zona Militar, el Tte. Corl. Garza Zamora obtuvo licencia y fue por dicha causa que dejó el mando de la Guarnición de Reynosa. En los pueblos ribereños del Río Bravo existe determinado número de p ­ ersonas que viven del contrabando; perseguirlos es más difícil que controlarlos: el Tte. Corl. Garza Zamora los controló, más que por otra razón por haber permanecido tanto tiempo como Jefe de las fuerzas federales de Reynosa. Este control lo ha perdido a medida que pasa el tiempo porque ya no puede ayudar en ninguna forma a los contrabandistas y éstos, por su idiosincrasia, siguen “trabajando” en la misma f­ orma que lo han hecho toda su vida. Existe, además, una causa que ha contribuido para que el Tte. Corl. Garza Zamo­ra pierda ese control y es la política seguida por el actual Gobernador del Esta­do [de Nuevo León], Gral. Bonifacio Salinas Leal. Este Señor General es oriundo de General Bravo, N.L., uno de los pueblos en donde viven algunos de estos contra­bandistas, conoce perfectamente la manera de vivir y proceder de ellos y para poder controlarlos, tengo informes que llamó a varios de ellos y les dijo que no los perseguirá por contrabandos puramente comerciales, ya que eso ­corresponde al Resguardo Aduanal, pero que le garantizaran que le darían aviso cuando se

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está marcado como “confidencial” y pertenece a la Oficina de Información Política y Social; aparentemente habría sido escrito a principios de 1940, agn, ips, caja 127, expediente 22, clasificación 2-1/266.7(72)/1. Cipriano Arriola a Francisco Martínez Flores, 11 de enero de 1940, México, agn, ips, caja 127, expediente 29.

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tratara de contrabandos de armas o parque, aunque ellos mismos los condujeran, que ya se buscaría la forma de hacer las cosas en la forma conveniente. El resultado ha sido determinante, porque no se ha sorprendido ningún contrabando en esta parte de la frontera durante el presente año. El Tte. Corl. Tiburcio Garza Zamora, ya mencionado, figura como candidato a diputado federal almazanista, por el Distrito Norte de Tamaulipas, a que corresponde la zona que controlaba anteriormente en todos sentidos, pero como teme verse envuelto en algún proceso de contrabando, que lo incapacitaría para tomar parte en las elecciones, ha dejado esas actividades, en apariencia, y si otra persona las atiende a nombre de él no será el mismo resultado que se obtenga, porque las gentes que se dedican a esas actividades no saben de intermediarios. […] El ya mencionado Tte. Corl. Garza Zamora perdió el control que tenía y dejó de ser un peligro.196

La proyección sólo se cumplió en parte. Garza Zamora no se confrontaría de nuevo con el régimen oficial, pero información subsecuente muestra que su rela­ción con el contrabando fronterizo no sólo se mantuvo, sino que habría de potenciarse considerablemente en los años por venir, según se verá más adelante. Se hizo también manifiesta la continuidad inmediata de la protección al contrabando introducido en Nuevo León desde Tamaulipas, provista ahora por el nuevo gobernador de la primera de estas entidades, el general Bonifacio Salinas Leal. Finalmente, en la sucesión presidencial de 1940, la victoria fue para el candidato de Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho y Juan Andreu Almazán claudicó en sus intenciones subversivas. Varios de sus partidarios retornaron al cobijo del oficialismo. Varios de los conspiradores, vinculados con el contrabando, no volverían a romper con el régimen, pero mantendrían sus intenciones de enriquecimiento personal por todas las vías posibles, sin reparar en su carácter legal o ilegal.

196 Inspector PS-1 al jefe de la Oficina de Información Política y Social, 19 de junio de 1940, Monterrey, Nuevo León, agn, ips, caja 127, expediente 30, fojas 32-33.

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En enero de 1941, tras el fracaso de sus maniobras políticas, Tiburcio ­Garza Zamora se incorporó como inspector de policía en Nuevo León197 todavía duran­ te el gobierno del general Bonifacio Salinas Leal en ese estado. Desde ahí reforzaría sus relaciones con algunos de sus superiores de armas que resulta­ron de vital importancia. Ambos consolidaron también sus relaciones con la red empresarial regiomontana, que finalmente encontró en la figura de Ávila Camacho y su vuelta a una posición más conservadora, condiciones de reconciliación con los gobiernos revolucionarios. De acuerdo con toda esta información, la élite empresarial más poderosa en el norte de México no había olvidado las prácticas que contribuyeron de manera significativa a su propia acumulación de fortuna entre finales del siglo xix y principios del xx. Las redes estaban activas y funcionaban con notable eficiencia, con el apoyo de subredes de poder hegemónico de la nación vecina, caracterizadas por su conservadurismo: se oponían de manera recalcitrante al propio ­gobierno establecido en esos años en ese país, a cargo de Franklin D. Roosevelt, lo mismo que al proyecto nacionalista encaminado a hacer realidad las reivindicaciones sociales postuladas por la Revolución mexicana durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pero estos hechos, que parecen perderse en la historia política de la primera mitad del siglo xx mexicano, cobran otra proporción cuando se da ­seguimiento a las redes de actores involucrados en la comisión de tráficos ilícitos en la ­región noreste de México en las décadas por venir, que se potenciaron en buena medida con la participación conjunta de varios de los actores aquí señalados. A modo de recapitulación: en el siglo xix, una red de políticos-militares y empre­sarios actuaron de manera coordinada para iniciar la acumulación de capital en la entidad. Primero, a partir del comercio transfronterizo que con frecuencia se desarrolló en torno a prácticas de contrabando, ya añejo en la r­ egión, pero poten­ciado a partir de entonces. Después, con el desarrollo indus­trial a manos de las redes de parentesco surgidas a finales de esa centuria y que t­ enían sólidos lazos con el poder político porfirista. La Revolución no ­a cabó con su supremacía local: en última instancia, esta subred ­f amiliar de e­ mpresarios se allegó con los nuevos militares surgidos de la 197 Valley Sunday Star Monitor Herald (1941), “Almazan Plans Lengthy Trip to Argentina in Short Time”, enero 26, p. 3.

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lucha armada y se alió con ellos para promover figuras políticas que garantizaran sus i­ ntereses. Esto inclu­yó la puesta en marcha de las redes de contrabando tejidas en la ­región, en contacto directo con ellos, para proveer de armas a una rebelión. Al paso de los años, estos nuevos políticos y militares se enriquecieron a su vez para confor­mar un nuevo sector empresarial más dependiente del ­régi­men, pero que no abandonó del todo sus antiguas alianzas con aquellos que da­taban de épocas prerrevolucionarias. Estos nuevos hombres de poder ejercie­ron funciones que les per­mitieron con­fi­g urar de manera formal e in­formal circuitos institucionales para la protección de ­tráficos ilícitos —en particular el contrabando de alcohol, b ­ ienes y armas, en beneficio propio y de sus antiguos asociados empresariales—, condición que les permitió canalizar recursos de procedencia ilícita dentro de la economía legal, como ­mecanismo paralelo de acumulación de capital, según se verá en los siguientes capítulos.

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3. Prácticas predatorias en la acumulación originaria de capital, en el noreste mexicano

Los tráficos ilícitos no fueron la única fuente de acumulación de capital, por parte de esta subred. En todo caso, deben verse como parte de un ­entramado más amplio que incluía también prácticas netamente extractivas. Resulta fundamental considerarlas para apreciar de mejor manera la integralidad del carác­ter predatorio de la red de poder hegemónica y su efecto en la configuración de los circuitos económicos y de poder en la región. Es altamente probable que éstas u otras prácticas más sofisticadas se hayan mantenido en el tiempo, más allá del periodo en el que sucedieron las que aquí se narran a modo de ejemplo. No obstante, el acceso a información pública que permita su análisis es más limitado o incluso nulo. De cualquier manera, al vincular la ­información anterior con la que aquí se expone será posible apreciar la confluencia de múltiples actividades ilegales o irregulares en la formación temprana de capitales que se inyectaron en la economía formal, lo cual se analizará con mayor deteni­ miento en capítulos siguientes. En su proceso de acumulación originaria de capital, esta subred de poder hegemónica que surgió tras la Revolución mexicana en el noreste del país, y que mantuvo gran influencia en esta región, realizó diversas prácticas de apropiación de bienes económicos por vías ilícitas o irregulares que dan cuenta de su carácter predatorio. En estas actividades se encuentran entremezcladas aquellas de carácter lícito e ilícito. En este último caso, ya sea a partir de la manipulación de normas o mecanismos regulatorios legalmente constituidos, para su apropiación, o bien, en una segunda dimensión, como plataforma para invertir recursos de procedencia variable —legal o ilegal—, en la producción económica formal. Estas prácticas dejaron no sólo una impronta en la forma de operar de diversos circuitos institucionales, sino que, en la lógica del concepto

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de trayectoria dependiente,1 parecen evidenciar una continuidad significativa en su evolución posterior, donde dicha interrelación parece lejos de ser c­ uestión pretérita, según se verá en capítulos posteriores. En ese contexto, al paso de los años, los recursos procedentes del contrabando y en su momento del tráfico de drogas fueron una vertiente de importancia creciente, pero ciertamente no única. El carácter predatorio de la red de poder hegemónica —y de la subred que aquí se describe, en particular— se refleja en su disposición para integrar diversas vías de enriquecimiento para favorecer sus propios intereses, con p ­ rescindencia de su origen. Las prácticas de apropiación irregular de bienes actuaron como plataforma sinérgica para potenciar la acumulación económica de esta subred de poder, junto con el contrabando de alta escala y, según parece mostrar la evidencia histórica proporcionada, con el tráfico de drogas y la propia rentabilidad de los negocios establecidos en la integración de los recursos dentro de la economía legal. Todo ello, en conjunto, contribuyó a reforzar la condición hegemónica de esta red de poder. Primero en la región noreste y después, su influencia se proyectó a nivel nacional. La consideración de estas prácticas resulta, pues, necesaria y deseable debi­ do a que fueron realizadas paralelamente por los mismos actores que, según la evidencia mostrada, ya aparecían ligados a los tráficos ilícitos. La ­acumula­ción originaria de capital, realizada por esta subred de poder hegemónica, comprendió la puesta en marcha de mecanismos predatorios de apropiación ilegal o irregular de bienes, en adición a recursos procedentes de otro tipo de ile­galidad: la derivada de la protección a los tráficos ilícitos, para ser invertidos en circuitos económicos legales donde estos actores tenían participación. Dada la integración de varios de estos actores dentro de la red de poder hegemónica establecida a nivel nacional como resultado de la Revolución y la capacidad que por definición esta red tiene para determinar regulaciones ­formales e informales, varios de estos circuitos económicos se configuraron, en lo doméstico, en función de sus respectivos intereses. Se estableció así un 1

Pierson, Paul (2000), “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, en The American Political Science Review, vol. 94, núm. 2 (jun.), American Political Science Association, pp. 251-267. También Pierson, Paul y Theda Skocpol (2002), “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, en Katznelson, Ira y Helen V. Milner (eds.), Political Science: State of the Discipline, W.W. Norton, Nueva York, pp. 693-721.

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patrón de acumulación de capital en el que confluyen de manera permanente recursos y prácticas ilegales con otros de orden lícito, en beneficio de la red de poder hegemónica en su conjunto, pero de manera más directa, de subredes de poder específicas. A continuación, se ofrece información que evidencia y ejemplifica tales mecanismos predatorios de apropiación ilícita o irregular de bienes en la región noreste del país, como elemento adicional de la acumulación originaria de capi­ tal de esta subred de poder hegemónica.

Apropiación irregular de tierras mediante la manipulación institucional: la hacienda El Infante La mayor parte de los referidos generales revolucionarios provenían de un ambien­te rural antes de iniciarse en la lucha armada. Con la excepción de Aarón Sáenz, que tenía estudios universitarios en derecho y quien alcanzó a obtener el título correspondiente a esa profesión, el resto contaba sólo con formación educativa primaria o secundaria. En el noreste, los generales revolucionarios no contaban con condiciones de capital ni de sofisticación empresarial que les permitieran competir con el complejo industrial ya maduro que representaban los empresarios de viejo cuño, como los conformados en torno al clan familiar Garza Sada y sus empre­ sas representativas. En consecuencia, su primera estrategia de inversión de capital se r­ elacionó con la producción agropecuaria. Y con ese propósito, el primer paso fue la acumu­lación de tierras para establecer nuevos latifundios, con frecuencia, mediante el despojo a sus propietarios legítimos. En general, la manera de reali­ zarlo fue a través de la manipulación del entramado institucional existente, para legalizar prácticas de despojo consumadas y/u operaciones de compraventa amañadas, según se podrá apreciar a continuación. Como mecanismo posterior de capitalización, hacia el sector agropecuario confluyeron los recursos obtenidos con múltiples prácticas ilícitas, pues resulta inconcebible que semejantes inversiones derivaran de ahorros obtenidos con sus percepciones salariales como funcionarios públicos, según puede considerarse en función de la desproporción entre éstos y los montos de las 147

operaciones efectuadas. En algunos casos, tal estrategia iba de la mano con el despojo d ­ irecto de tierras, ya sea de campesinos, beneficiarios del antiguo régimen o incluso terratenientes y extranjeros que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Los primeros, por el incumplimiento deliberado de las disposiciones agraristas de la Revolución: grandes proporciones de tierra fértil de los antiguos hacendados pasaban a ser propiedad de los nuevos jefes, en lugar de ser repartidas entre los campesinos, o bien, estos mismos arrebataban a las comunidades campesinas tierras de su pertenencia. Por otra parte, en lo referen­te a los extranjeros, las operaciones de despojo se originaron sobre todo en la década de 1940, por los controles establecidos contra la propiedad de nacionales de las potencias del Eje, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.2 Vale la pena hacer un paréntesis para analizar la dinámica de este tipo de ­operaciones de despojo, porque en ellas se pone de manifiesto con toda crudeza el carácter predatorio de varios de estos actores de la red de poder hegemónica que configuró a un tiempo circuitos institucionales del Estado y otros tantos de carácter económico, en función de sus propios intereses. Tal fue el caso, por ejemplo, del referido general Bonifacio Salinas Leal, quien se apropió de una hacienda denominada El Infante, en Coahuila, junto con otros 2

El 13 de junio de 1942, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley relativa a p ­ ropiedades y negocios del enemigo y su respectivo reglamento, como medida institucional para restringir las actividades económicas de los ciudadanos de los países del Eje, en el ­contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Ley facultaba al presidente de la República, a través de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito P ­ úblico, E ­ conomía Nacional, el procurador general de la República y el director del Banco de ­México, a i­ ntervenir los bienes de ciudadanos, súbditos o nativos de esos países dentro del terri­to­r io nacional, con independencia de su nacionalidad, si el ejecutivo federal lo consideraba de interés para la seguridad mexicana. Los titulares de estas dependencias conformaron una denominada Junta Intersecretarial. Para la administración de los bienes ya intervenidos el presidente Ávila Camacho determinó crear una Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, que estuvo integrada por seis personas, entre ellas el presidente del Banco de México. Esta junta se encargaría de comercializar o administrar p ­ ropiedades que hubieran sido intervenidas a los nacionales de los países con los que México había entrado en estado de guerra. Véase Diario Oficial de la Federación (1942), “Reglamento del artículo 8° de la ley relativa a propiedades y negocios del enemigo”, 13 de junio, Distrito Federal, M ­ éxico, pp. 6 y 9. Los integrantes fueron Luis Cabrera (presidente), Federico T. de Lachica (vicepresidente), Luis Topete Bordes (vocal secretario), Eduardo Villaseñor (titular del B ­ anco de México), Andrés Ortiz y Adolfo Desentis, según consta en la documentación oficial de la Junta (agn, mac, 550/35-4).

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personajes —Carlos F. Osuna y Juan Antonio Sáenz, hijo del g­ eneral Aarón Sáenz Garza—, mediante maniobras permitidas por sus contactos ­dentro del gobierno federal, en particular con el general Manuel Ávila ­Camacho y su secretario de Gobernación y futuro presidente de México, Miguel Alemán Valdés. De acuerdo con información contenida en el archivo presidencial de M ­ anuel Ávila Camacho, esta hacienda era propiedad de Elena Burchard ­Treviño y Olga Burchard Treviño de Bertouchlehn, nacidas en México y nietas del general Gerónimo Treviño, prócer de las gestas liberales del siglo xix. La ú ­ ltima había adquirido la nacionalidad danesa, por su matrimonio con el barón R ­ udolph Bertouchlehn, ministro del reino de Dinamarca. Desde Monterrey, las h ­ ermanas escribieron a la Presidencia de la República, en demanda de ayuda ante el despojo que la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera estaba efectuando.3 De acuerdo con la referida Junta, la hacienda tenía una extensión de 100 614 hec­táreas y un criadero de ganado mayor de alrededor de 6 000 reses Hertford. Era propiedad de la familia Burchard Treviño, lo cual había su­ barrendado la propie­dad al ciudadano alemán Maxim Von Knoop —quien la arrendó para la pro­ducción de ganado—. La finca había sido intervenida por decreto de la ­Junta Intersecretarial el 9 de septiembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación dos días después.4 Es decir, la propiedad afectada no pertenecía a extranjeros, sino a mexicanos. Más allá del dudoso origen de la intervención, la Junta había planteado originalmente dividir la propiedad en cuatro fracciones para ser ofertadas de manera independiente.5 No obstante, rectificó esta primera decisión. En lugar de fraccionar la propiedad, la Junta había recomendado venderla a quien

3 4

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Elena Burchard Treviño y Olga Burchard Treviño de Bertouchlehn a Manuel Ávila Camacho, 28 de septiembre de 1944, Monterrey, Nuevo León, agn, mac, 550/35-4. Oficio de Luis Topete Bordes a J. Jesús González Gallo, 8 de octubre de 1943, Ciudad de México. Véase también Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, “Memorándum relacionado con la finca ‘El Infante’ y su forma de venta que va a seguirse por la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera”, s.f., Ciudad de México. Ambos documentos se encuentran en agn, mac, 550/35-4. Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, “Memorándum relacionado con la finca ‘El Infante’ y su forma de venta que va a seguirse por la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera”, s.f., Ciudad de México, agn, mac, 550/35-4.

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garantizara conservar la integridad del semoviente de primera calidad —y en consecuencia tácita, de la propiedad—.6 Finalmente, la decisión siguió tal recomendación y la hacienda se puso en subasta. En el archivo presidencial de Manuel Ávila Camacho figura un memo­ rán­dum sin signatario ni fecha, donde se proporcionan detalles sobre el proceso de adjudicación de la finca que efectuó la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera. En él se establece que se recibieron 14 ofertas de compra, de las cuales se rechazaron desde un principio nueve, por manifes­tar interés en fracciones de la propiedad y no por ésta en su ­conjunto. De las ­cinco restantes, se eliminó la oferta del general Miguel S. González, quien sola­mente ofreció 650 000 pesos, así como la del general Porfirio Cadena, que propuso 990 119.52 pesos. De las tres ofertas remanentes, la primera correspondía a una socie­dad inte­g rada por los ya referidos Bonifacio Salinas Leal, Carlos F. Osuna y Juan A. S­ áenz. Ellos ofertaron 1 050 000.00 pesos de contado, más 1 200 000 pesos adicionales a c­ ubrir posteriormente en pagos parciales. La siguiente propuesta fue de Enrique Martínez Salinas, quien ofreció 1 100 000.00 pesos, sin agregar ningún pago posterior. Y, finalmente, Manuel Arrigunaga Peón, quien ofertó 1 100 000.00 pesos de contado y 1 500 000.00 pesos a plazos sin intereses.7 A pesar de que el criterio explícito de la Junta era adjudicar el bien a la parte que hiciera la mejor oferta por la totalidad de la finca, ésta fue otorgada a la sociedad de Bonifacio Salinas Leal, Carlos F. Osuna y Juan A. Sáenz. Los criterios para rechazar las otras ofertas fueron, en el primer caso, que Enrique Martínez Salinas tenía la calidad de ex gerente de un banco de Estados Unidos (Viguera Banking Co. de Eagle Pass). En el memorándum anónimo, su autor especuló incluso que Martínez Salinas pudiera ser de nacionalidad estadounidense porque, según afirmaba, las leyes de ese país obligaban a contar con esa nacionalidad para ocupar cargos gerenciales en instituciones bancarias. Por su parte, la oferta de Manuel Arrigunaga Peón fue desechada “[…] por considerarlo completamente ajeno al negocio ganadero”, no obstante que su oferta había sido la más alta de todas.8

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Oficio de Luis Topete Bordes a J. Jesús González Gallo, 8 de octubre de 1943, Ciudad de México, agn, mac, 550/35-4. Memorándum sin autor, s.f., s.l., agn, mac, 550/35-4. Idem.

La convocatoria de la adjudicación revelaba ya el carácter discrecional de la misma. Según consta en el memorándum, el punto ocho refería que “El Ejecutivo podrá, discrecionalmente, autorizar que no se formalice una venta, cuando a pesar de que la mejor oferta provenga de ciudadano mexicano por nacimiento o empresa privada formada íntegramente por mexicanos, considere que así conviene al interés del país”.9 Es posible concluir que la decisión final había sido determinada por influencias políticas directas, más allá de la propia Junta Intersecretarial. De hecho, un memorándum del 10 de noviembre de 1944, de la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, establece que ambas juntas habían originalmente adjudicado la propiedad al mejor postor, que en este caso era Manuel Arrigunaga.10 Aparentemente, la adjudicación final, que contravenía la anterior, habría sido favorecida por el mismo presidente Ávila Camacho, ante una c­ omunicación personal de Bonifacio Salinas Leal que consta en ese mismo expediente, fechada el 30 de septiembre de 1944, en la que le manifiesta su interés por adqui­rir la finca El Infante junto con Carlos F. Osuna y Juan A. Sáenz. En el archi­vo consta también la respuesta del secretario particular de Ávila Camacho, Jesús González Gallo, quien el 18 de octubre comunicó al general Salinas que el presidente había tomado nota de su interés.11 Apenas unos meses después de la transacción, el general Bonifacio Salinas Leal le envió un telegrama a la Secretaría Particular de la Presidencia de la Repú­blica, donde le recordaba sus gestiones —a través de Lauro Villalón, tamaulipeco ligado a la ya referida camarilla de generales de Tamaulipas y Nuevo León vinculada a los tráficos ilícitos y cuñado de Aarón Sáenz—, para solicitar que para el pago de ganado bovino de la hacienda El Infante sólo se consideraran animales que superaran una edad a la acordada con antelación, evidentemente, con el fin de disminuir el valor global de la cantidad a sufragar.12 9 Ibidem. 10 Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, “Memorándum para la 11 12

Presidencia de la República en relación con la subasta de la finca ganadera ‘El Infante’”, 10 de noviembre de 1944, agn, mac, 550/35-4. Carta de Bonifacio Salinas Leal a Manuel Ávila Camacho, 30 de septiembre de 1944, Monterrey, agn, mac, 550/35-4. Telegrama de Bonifacio Salinas Leal a J. Jesús González Gallo, 10 de enero de 1945, Mon­ terrey, agn, mac, 550/35-4.

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Ya en la siguiente administración federal, las hermanas Burchard, propietarias originales de la hacienda, escribieron también al ahora presidente Miguel Alemán para informarle el incumplimiento en las condiciones de pago, por la sociedad integrada por Salinas, Osuna y Sáenz.13 Incluso, en octubre de 1947, a través de su apoderado legal, Juan F. Burchard Espinosa, solicitaban al mandatario que instruyera a la Junta Intersecretarial para que la propiedad les fuera restituida, junto con las rentas obtenidas con su explotación.14 El general Salinas, Juan A. Sáenz y Carlos F. Osuna habían enviado de mane­ ra conjunta una carta al presidente Miguel Alemán, en la que aludían a difi­ cu­l­tades económicas en la explotación ganadera, derivadas de la crisis de la epidemia de fiebre aftosa, como motivo que había evitado que liquidaran a tiempo los adeudos contraídos. Señalaban que se habían comprometido a p ­ agar por la finca 1 500 000.00 pesos, cantidad que excedía a los 900 000.00 pesos que, según ellos, era el monto que la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extran­jera había establecido en la subasta. Solicitaban la gracia presidencial para que les concediera una prórroga para el pago de los adeudos, mientras se solucionaba el problema de la fiebre aftosa; asimismo, solicitaban que se les eximiera del pago de fianza por el monto adeudado, ya que según ­argumentaban, la propiedad constituía por sí misma una garantía para el pago “[…] y que los tres deudores son ampliamente solventes por la cantidad que corresponde a cada uno de ellos, evitándonos con esto el pago de la prima de dicha fianza”.15 Un año después, en septiembre de 1948, un nuevo memorándum de la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera detalló que, en efecto, Alemán recomendó la prórroga concedida. Todavía en esa fecha, el adeudo se mantenía y a él se había cargado el cobro adicional de intereses moratorios. En agosto de 1948 se estableció una nueva prórroga, que difería de nuevo el pago del 50% más intereses hacia fines de 1949, y el restante, a finales de 1950.16 13 Telegrama de Olga y Elena Burchard Treviño a Miguel Alemán Valdés, 8 de agosto de 1948, Monterrey, agn, mav, 652.11/9-4.

14 Extracto del telegrama dirigido por Juan F. Burchard Espinosa a Miguel Alemán Valdés, 27 de octubre de 1947, Monterrey, agn, mav, 652.11/9-4.

15 Memorándum del Gral. Bonifacio Salinas Leal, Carlos F. Osuna y Juan A. Sáenz a Miguel Alemán Valdés, 30 de julio de 1947, Ciudad de México, agn, mav, 652.11/9-4.

16 Memorándum de Manuel Moreno a la Junta de Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera, 3 de septiembre de 1948, Ciudad de México, agn, mav, 652.11/9-4.

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En síntesis, generales revolucionarios y sus familiares habían obtenido, por medio del despojo auspiciado desde las instituciones del Estado, una hacienda de grandes proporciones y que contaba además con un gran número de semovientes de alta calidad. Todo ello, sin que su oferta de compra fuera la mejor para acceder a ella mediante la subasta pública sino, con toda evidencia, a partir del favor de sus asociados políticos. Es preciso añadir que ello les valió obtener condiciones de pago notoriamente benignas, además de que no existe información adicional que compruebe que la deuda fuera pagada. En el archivo presidencial de Miguel Alemán no se ubicaron otros documentos que muestren si el adeudo fue finalmente cubierto o no. No obstante, lo que se pone de manifiesto, a lo largo de este caso, son prácticas y maniobras específicas que permiten analizar la utilización del aparato institucional para servir a los intereses de los miembros de la red de poder hegemónica. Salta a la vista el trato benevolente en extremo del presidente Miguel Alemán hacia los generales Bonifacio Salinas Leal, entonces comandante de la 8ª Zona Militar en Tamaulipas —y antiguo protector del contrabando— y Aarón Sáenz, quien tenía ya una importante fortuna acumulada en buena medida a partir de los favores gubernamentales. Alemán tenía deudas de amistad con ambos: Bonifacio Salinas Leal fue el jefe militar de las tropas que, en enero de 1946, reprimieron con brutalidad a un grupo de civiles desarmados que protestaba por un fraude electoral en León, Guanajuato, movilización que el régimen apreció como un nuevo escenario de posible sublevación de los grupos conservadores ligados al sinarquismo en contra del gobierno en el contexto de la sucesión presidencial en que Alemán figuraba como el primer candidato del Partido Revolucionario Institucional (pri), hasta entonces prm.17 Y Sáenz había sido coordinador de

17 Niblo, Stephen R. (2001), Mexico in the 1940’s. Modernity, Politics and Corruption, A Scholarly

Resources Public Inc., Wilmington, Delaware, pp. 152-159. En declaraciones a la prensa tras los hechos sangrientos, Salinas Leal expresó: “Desde que se planteó el problema electoral para la renovación de los poderes de León, un importante sector de esta ciudad, de filiación sinarquista, lanzó a la palestra política a uno de sus principales agremiados, Carlos A. Obregón, para Alcalde. En tales circunstancias anteriores, únicamente despertó en el pueblo su espíritu cívico, pero desgraciadamente al transcurrir los días, la campaña cívica emprendida fue tergiversada por los líderes de esa agrupación, señores Trueba Urbina y Sorsini, quienes aprovechando la participación de esos elementos fueron creando el ánimo de subversión

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finanzas en la campaña presidencial de Alemán (uno de sus hijos fue designado director de Crédito en la Secretaría de Hacienda en el gobierno alemanista).18 Estas condiciones serían favorables para la configuración de circuitos económicos ligados con la actividad agropecuaria o la agroindustria, donde fluyeron también recursos obtenidos o derivados de diversos tipos de tráficos ilícitos, según se verá en apartados posteriores. De nuevo, en lo referente a la apropiación irregular de tierras, en el caso de Aarón Sáenz Garza, una muestra de la manipulación de las instituciones para beneficiar los intereses de los integrantes de la red de poder hegemónica se hizo patente en la cancelación del decreto de expropiación del ingenio azucarero de El Mante, expedido por el presidente Lázaro Cárdenas, que fue otorgado de nuevo a Sáenz por encima del reparto de tierras ya iniciado en beneficio de las comunidades agrarias de la región.

Configuración de circuitos económicos desde el poder, con intereses personales: el distrito de riego de El Mante La gestación de la industria azucarera de El Mante es un buen ejemplo también de la confluencia de prácticas legales e ilegales en la articulación de circuitos económicos, con una lógica esencialmente predatoria y enfocada al beneficio sustantivo de los intereses de integrantes de la red de poder hegemónica. En este caso, algunos de los actores antes mencionados aparecen de nuevo, en la comisión de estas prácticas. Hacia 1927, en la zona considerada dentro del distrito de riego de El ­Mante, había 3 100 hectáreas abiertas al cultivo, 1 540 de riego y 1 560 de temporal. En 1928 se inició el cultivo de caña de azúcar en 427 hectáreas. Las zonas produc­ tivas estaban integradas dentro de las haciendas de San Rafael, Tanchipa,

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para el régimen, hasta insultar a la persona del ejecutivo Federal y a los miembros del ejército, a quienes califican de servidores de una dictadura imposicionista. La actitud de las fuerzas federales que comando, se concretó únicamente a actuar con apego a la ley y con el espíritu de justicia que siempre anima a los soldados de la Repú­ blica […]”. Véase El Informador (1946), “Hay muchos cadáveres perdidos en León, después de la matanza. Habla el general Salinas”, 5 de enero de 1946, Guadalajara, Jalisco, p. 1. Idem, pp. 168-179.

Cantón, Santa Elena, La Pepa y la Unión. El distrito de riego de El Mante ­estaba integrado por 19 500 hectáreas, de las cuales 16 400 eran agrestes. En 1929, su precio comercial era, para aquellas con derecho a riego, entre 14.28 pesos y 214.28 pesos por hectárea; y en el caso de las que no contaban con derecho a riego, entre 0.17 pesos y 15.00 pesos por hectárea. Si se consideraba un valor de 150.00 pesos para la hectárea de riego, 50.00 pesos para la de temporal y 10.00 pesos para la agreste, el valor de las tierras comprendidas dentro del distrito de riego rondaría los 473 000 pesos.19 Los propietarios de la época intentaron infructuosamente gestionar la construcción de una presa que permitiera el aprovechamiento del río Mante, para irrigar la región. No lo lograron hasta que funcionarios de primer nivel del gobierno revolucionario se percataron del potencial productivo de la zona. Ya en 1926, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, tenía propie­ dades agrícolas en la zona: 1 601 hectáreas de suelo seco y 147 de riego.20 Los trabajos se iniciaron por intereses personales del propio Plutarco Elías ­Calles, tras una visita que realizó a El Mante, durante 1927.21 El valor de las obras fue de aproximadamente cuatro millones y medio, erogados por la federación. El artículo 5° de la Ley sobre Irrigación con Aguas 19 López Zamora, Emilio (1939), La situación del distrito de riego de El Mante, Editorial Ramírez 20

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Alonso, México, pp. 13-14. Informe de la inspección reglamentaria a las obras de Juan Sáenz Garza y otros para utilizar las aguas del río Mante, Monterrey, febrero de 1926, Archivo Histórico del Agua, Aprovechamientos superficiales, caja 1315, expediente 17909, foja 143, citado en Méndez Medi­na, Diana Lizbeth (2015), “En los bordes de la corrupción: análisis de la conformación, fun­ cionamiento y expropiación de la Compañía Azucarera del Mante”, Región y Sociedad, año XXVII, núm. 62, El Colegio de Sonora, Hermosillo, p. 217. Aunque esta autora explícitamente pretende atenuar las implicaciones de diversos actos de corrupción que se hacen ­evidentes en la forma­ción de esta empresa azucarera, su sugerencia de apreciarlos como un mal necesario constituye, desde mi punto de vista, un juicio de valor que omite elementos esencia­les. Por ejemplo, que los beneficiados sustantivos a) no eran agricultores comunes, sino altos funcionarios y personajes ligados a ellos; y b) integrantes de una misma red f­ amiliar. La autora propone mantener flexibles los criterios de valoración legales e institucio­nales aplicados para analizar el caso, atenuados a la luz del interés mayor que suponía el hecho de generar una clase empresarial capaz de producir riqueza y crecimiento. Sin embargo, tal atenuante pierde solidez debido a que los beneficiarios de tal propósito eran, en esencia, los mismos actores que realizaban esas maniobras. López Zamora, La situación del distrito…, p. 14.

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Federales entonces vigente establecía que, cuando este tipo de obras se realiza­ ran por cuenta del erario federal, los propietarios estaban obligados a compen­ sar a la nación con una proporción de tierras beneficiadas equivalente a la diferencia existente entre el valor fiscal de las tierras, previo a la dotación de la infraestructura de riego, frente a aquel que alcanzaban gracias al mismo.22 En 1929, una vez concluidas las obras de irrigación, se realizaron opera­ ciones privadas de compraventa de tierras de las antiguas haciendas beneficiadas a 500.00 pesos la hectárea. Tan sólo en la hacienda Santa Elena se vendieron 900 hectáreas de calidad de suelo variable por un valor total de 400 000 pesos.23 El referido artículo 5° de la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales no se aplicó y el gobierno federal dejó de percibir el equivalente a 18 554 hectáreas, es decir, un valor aproximado de nueve millones de pesos.24 En 1929, los antiguos hacendados ocupaban ahora una posición minoritaria en la propiedad de la tierra. En ese año, existían 24 familias propietarias del distrito de riego de El Mante, sin contar la tierra que del mismo poseían pequeños propietarios y ejidatarios, que tenían respectivamente el 9.38% y el 12.69% de las tierras. En cambio, en el caso de las 24 familias, la de Elías Calles era la nueva propietaria del 11.85% de las tierras, la familia Osuna, del 12.67% y la familia Sáenz, del 6.75%. Por su parte, algunos de los antiguos propietarios, como José Chuk, dueño de la hacienda Cantón, quien promoviera o­ riginalmente la construcción de la presa, era dueño solamente del 2.02% de las tierras.25 De acuerdo con Salmerón, los principales beneficiarios de las obras de irrigac­ión fueron: la familia Osuna (encabezados por Carlos F. Osuna), propie­­ ta­rios de 2 513 ha; familia Elías Calles (Rodolfo y Plutarco Elías Calles Jr.), d ­ ueños de 2 331 ha; familia Hernández, con 1 898 ha; familia Sáenz (Juan ­Sáenz, padre de Aarón y Moisés Sáenz Garza, y los hijos de Josué Sáenz), con 1 357 ha; familia Chabrand, con 1 101; familia Bortoni, con 969; cuatro familias más, que no fueron identificadas por el autor, 2 067 ha; 14 medianos ­propietarios, con 2 800 ha; pequeños propietarios, con 1 925 ha; y pueblos y ejidos, con 2 469 ha, con una suma total de 19 357 ha.26 22 23 24 25 26 156

Idem, p. 14. Ibidem, p. 14. Ibidem, p. 15. Idem, p. 16. Salmerón Sanginés, op. cit., p. 222.

No puede omitirse el hecho de que las familias Elías Calles, Sáenz y Osuna estaban emparentadas por lazos matrimoniales entre sí. Carlos F. Osuna, hijo del general revolucionario de Mier, Tamaulipas, Gregorio Osuna, se casó con Ofelia Sáenz, hermana de Aarón Sáenz Garza y Elisa Sáenz Garza se casó con Plutarco Elías Calles Jr.27 Como se vio en el capítulo anterior, en 1927, Aarón Sáenz transitó de su cargo como secretario de Relaciones Exteriores a ser gobernador de Nuevo León, con Calles todavía como presidente de la República. En ese mismo año, Calles reformó la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, R ­ eglamentaria del Art. 27 de la Constitución el 11 de agosto de 1927. Entre otras medidas, decre­ tó que las tierras sembradas con caña azucarera eran inafectables.28 ­Según Salmerón, al menos desde 1925, el 40% de las tierras que constituían la zona del distrito de riego de El Mante se dedicaban al cultivo de caña de a­ zúcar; y el estudio de la Comisión Nacional de Irrigación que justificó las obras de infraestructura de riego en la región, establecía que se procuraba favorecer el desarro­ llo de ese cultivo.29 Hacia la misma época, no sólo Aarón Sáenz y su familia directa tenían intereses en la incipiente agroindustria azucarera. Una hija de Plutarco Elías Calles, Alicia, se había casado con Jorge Almada Salido, pertene­ ciente a la familia propietaria del ingenio azucarero de Navolato, Sinaloa.30 A la luz de todo lo expuesto hasta ahora, y a modo de paréntesis, no deja de resultar interesante un dato aparecido en la columna del periodista estadouni­ dense Drew Pearson, publicada en 1948 en el Washington Post y replicada en México por diversos periódicos —incluido El Porvenir, de Monterrey—, donde se hiciera mención del Cadillac cargado de opio del coronel Carlos I. Serrano. 27 Salmerón Sanginés (2001), Aarón Sáenz: militar, diplomático, político, empresario, Miguel Án-

28 29 30

gel Porrúa, México, p. 223. La relación de Aarón Sáenz con la familia Osuna, originaria de Coahuila, data de los inicios de la Revolución. Véase idem, pp. 39 y 168-169. Sobre el general Gregorio Osuna, véase Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2010 Tamaulipas, Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución; Personajes Ilustres de Tamaulipas, ­página web: , [consultada el 12 de octubre de 2017]. Sobre Carlos F. Osuna, Camp, Roderic Ai (2011), véase Mexican Political Biographies 1935-2009, The University of Texas Press, Austin, p. 722. López Zamora, op. cit., p. 18; Méndez Medina, op. cit., p. 234. Salmerón, op. cit., p. 222. López Zamora, op. cit., p. 18; Méndez Medina, op. cit., pp. 220-221.

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Además de este hecho, el columnista refirió la detención de un yerno del ­general Plutarco Elías Calles, Alejandro Ariza Lacy, por operar una planta procesadora de heroína en la Ciudad de México.31 Como es sabido, el estado de ­Sinaloa, donde las familias Calles y Sáenz tenían intereses e inversiones, ha sido ­históricamente uno de los principales centros productores de opiáceos y otras drogas en el país. De nuevo en 1929, ya con Calles como Jefe Máximo de la Revolución, las mismas altas figuras políticas que se asociaron para conformar la Compañía ­A zucarera del Mante, S. A., solicitaron préstamos al Banco de México, para construir el ingenio azucarero. En el otorgamiento del crédito participaron de manera ­activa el director y gerente Alberto Mascareñas, ex subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Calles y Eduardo Mestre Ghigliazza, consejero del ­Banco­. Posteriormente, ambos personajes se integrarían como ­cuadros directivos de la Compañía Azucarera del Mante.32 El crédito se otorgó con la palabra de los peticionarios como única garantía, como una operación comercial “[…] con lo cual se dará oportunidad a los interesados a esperar el funcionamiento de la sociedad financiera que en definitiva se haga cargo de este negocio”.33 El préstamo fue aprobado el 6 de septiembre de 1929, con seis votos a favor y uno en contra. Este último, del presidente del Banco de México, Manuel Gómez Morín, futuro fundador del Partido Acción Nacional, quien en protesta por la decisión presentó su renuncia al banco central al día siguiente.34 Por su parte, los ejidatarios del distrito de riego dedicados también al culti­ vo de caña de azúcar carecían de los medios apropiados para producirla en condiciones competitivas frente a la Compañía Azucarera del Mante: ésta se negaba a comprarles el producto como una forma de arrinconarlos hasta que la única opción viable era que los campesinos le subarrendaran las tierras; y 31 Pearson, Drew (1948), “Opium Pours Across Rio Grande”, Washington Post, 29 de febrero de 32

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1948, p. 5B. En lo referente a la prensa mexicana, véase Pearson, Drew (1948), “El carrusel de Washington”, El Porvenir, 5 de marzo, p. 3. Sobre la participación de Mascareñas y Mestre, véase Méndez Medina, op. cit., p. 222. Sobre el cargo de Mascareñas en la Secretaría de Hacienda, por designación de Plutarco Elías Calles, véase Ludlow, Leonor (2015), Grandes financieros mexicanos, lid Editorial Mexicana, México, versión electrónica, s.p. Archivo del Banco de México (abm, Actas del Consejo de Administración, libro 4, acta 219, 13 de septiembre de 1929, foja 116), citado en Méndez Medina, op. cit., pp. 222-223. Méndez Medina, op. cit., p. 223.

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cuando decidía comprar la caña sembrada por los ejidatarios, era en condiciones impuestas y verificadas de manera unilateral, por ella misma.35 El Decreto de Expropiación de los bienes de la Compañía Azucarera del Mante, S. A., fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1939, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Los considerandos sintetizaron las irregularidades cometidas: considerando que los cargos públicos deben ser desempeñados lealmente y no aprovecharse para propósitos de interés particular […]. considerando que la inversión por las Instituciones Nacionales de Crédito de capitales pertenecientes al Estado o al público mediante operaciones logradas por influencias de carácter político y para llenar propósitos predominantes de interés particular, debe calificarse como una notoria y censurable desviación del objeto que justifica la existencia de dichas Instituciones […]. considerando que la negociación agrícola industrial perteneciente a la Compañía Azucarera del Mante, S. A., fue establecida por un grupo de personas que emplearon para ello fondos obtenidos del Banco de México, valiéndose de la influencia de que disfrutaban gracias a su posición privilegiada y a los puestos públicos que servían. considerando que los cuantiosos préstamos obtenidos del Banco de México por los organizadores de la referida Empresa no fueron para fines de beneficio general, ni se concedieron dentro de las funciones para las cuales el Banco Central se estable­ció; carecieron, además, de garantía suficiente y se otorgaron cuando algunos de los fundadores de la Compañía desempeñaban funciones directivas en el Banco, habiendo logrado un aumento del préstamo inicial hasta cerca de once millones de pesos y ampliación de los plazos relativos a un límite total de ­diecisiete años, así como sucesivas reducciones del tipo de interés originalmente pactado, en forma de que actualmente el saldo del adeudo asciende todavía a más de nueve millones de pesos, incluyendo los intereses”.36

35 López Zamora, op. cit., pp. 18-19. 36 Diario Oficial de la Federación (1939), “Acuerdo que declara de utilidad pública la expropiación de los bienes de la Compañía Azucarera del Mante, S. A.”, 20 de febrero, México, p. 4.

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Cárdenas expropió la Compañía Azucarera del Mante y la puso en manos de los campesinos de la región y de los trabajadores que laboraban en ella, en el contexto de la confrontación con los grupos conservadores del noreste; en este caso, con los generales enriquecidos a partir de su paso por los cargos p ­ úblicos y su manipulación de las instituciones para beneficiar sus intereses indivi­duales. Así, las prácticas predatorias de una subred de poder encontraron la oposición de otra subred que fue capaz de neutralizar temporalmente estas maniobras, fuera por legítimos criterios éticos o por sus propios intereses en la disputa de poder. Más allá de lo anterior, no sería ésta la última vez que esta subred de ­poder aquí expuesta operara de manera predatoria para configurar circuitos econó­micos para su propio beneficio a partir de la definición o manipulación de diversas instituciones y entremezclando actividades lícitas con otras de dudo­sa calidad. Incluso, con algunas claramente delictivas, según se verá a continuación.

Explotación laboral forzada en la producción de algodón en Matamoros El 3 de agosto de 1949, Manuel Garza Zamora —ex alcalde de Reynosa, ex sena­dor de la República, partidario de Almazán y hermano de Tiburcio Garza Zamo­ra— escribió un telegrama al presidente Miguel Alemán. En nombre de la Cámara de Comercio de Reynosa, solicitó al mandatario que se les permitiera establecer una oficina de contratación de braceros en esa localidad así como instalar una filial en Hidalgo, Texas. El remitente argumentaba que la ­intención era facilitar el proceso administrativo para que los trabajadores migrantes fueran contratados de manera más eficiente, sin dilaciones ni prejuicios. No obstante, añadía que, mientras el procedimiento tenía lugar podían, si así lo deseaban, trabajar los campos algodoneros de los empresarios de la localidad, que también requerían mano de obra.37 Apenas un par de días antes, el 1° de agosto de 1949, el entonces ­presidente municipal de Matamoros, Ernesto Elizondo —personaje cercano al gobernador Raúl Gárate Legleu—, le dirigió al presidente de la República una petición 37 Telegrama de Manuel Garza Zamora a Miguel Alemán Valdés, 3 de agosto de 1949, Reynosa, Tamaulipas, agn, mav, 546.6/1-27.

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­similar. Solicitaba el aval presidencial para que las oficinas de ­contratación de braceros establecidas en Monterrey, Nuevo León, fueran reubicadas en Matamo­ros, Tamaulipas. En esta comunicación, el alcalde ­matamorense también mencionaba la posibilidad de que los trabajadores migratorios ­estacionados en la frontera en espera de la autorización de los documentos nece­sarios para el cruce al país vecino ayudaran, mientras tanto, en las labo­res de pizca de algodón en la zona. La petición del alcalde Elizondo era también suscrita por el general Juan N. Celis (jefe de la guarnición militar en M ­ atamoros), por Celestino Alemán (jefe de la oficina de Migración), Enrique V. Franklin (agente del Banco Agrícola), Jorge Polo Celis (subagente del Banco Ejidal), José María David (director gerente del Banco Agrícola en la localidad), Rodolfo Zolezzi (por parte de las Uniones de Crédito) y Luis H. Ávila (por la Asociación Algodonera).38 En el mismo expediente del agn del fondo documental de la Presidencia de Miguel Alemán Valdés, consta un informe que carece de fecha y remitente. En él se especifica que los grandes agricultores de la región de Río Bravo, Tamau­ lipas, del Banco de Crédito Ejidal y otras autoridades se habían reunido para tratar el problema de la falta de trabajadores dispuestos a participar en las labores de recolección de algodón de las plantaciones aledañas a Matamoros, factor que amenazaba la pérdida total de la cosecha. El documento añadía que era indispensable obtener la cooperación de los gobernadores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas —las zonas de las que provenía la mayor parte de la mano de obra migrante— para el traslado masivo de trabajadores, transportados a la región en camiones de carga. Se añadía que debían girarse órdenes a la Policía de Caminos, para que facilitara el libre tránsito de los mismos, sin obstrucciones. Se comentaba, ­además, que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de 400 migrantes mexicanos deportados apenas un día antes de rendirse el informe referido, mientras que en la región del Valle de Texas, los funcionarios de ese país calculaban que la cantidad de trabajadores migrantes ilegales era de 100 000. Aparentemente estas deportaciones se efectuaban de manera coordinada con las autoridades locales del lado mexicano. Se esperaba que continuasen durante la semana siguiente. No obstante, el informante exponía que los trabajadores deportados se 38 Ernesto Elizondo a Miguel Alemán Valdés, 1º de agosto de 1949, Matamoros, Tamaulipas, agn, mav, 546.6/1-27.

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negaban a trabajar en los campos de algodón de los terratenientes mexicanos, pero que éstos tampoco procuraban atraerlos con buenas ofertas de pago.39 En julio de 1949, Enrique V. Franklin —el agente del Banco Nacional Agrícola y Ganadero que suscribió el telegrama enviado por el alcalde matamorense a Alemán un mes más tarde—, le había escrito también al mandatario. En su misiva, Franklin le exponía al presidente que las acciones realizadas por las fuerzas federales para impedir que los trabajadores migratorios mexicanos cruzaran hacia Estados Unidos habían tenido sólo un éxito parcial para evitar la pérdida de la cosecha de algodón. Las acciones realizadas —no se precisa en qué consistieron— habían generado pánico entre los trabajadores. Se mencionaban abusos en contra de los agricultores matamorenses que se habían desplazado a otros lugares de la República en busca de pizcadores. En China, Nuevo León y Reynosa, Tamaulipas, los policías federales de tránsito les solicitaban fuertes cantidades de dinero por el traslado de cada trabajador, aun si contaba con documentación en regla.40 Otro telegrama del Banco Agrícola, también dirigido al presidente Miguel Alemán, solicitaba bonificaciones de impuestos para los productores de algodón, pretendidamente, para que los algodoneros pudieran pagar mejores salarios a los trabajadores, no obstante de que éstos les distribuían en pagos sólo el 10% del valor de la cosecha, mientras que en Estados Unidos el pago que recibían los pizcadores era equivalente al 26%. De pasada, el telegrama mencionaba que “[…] medidas violentas otras autoridades para obligar pizcadores trabajar determinados lugares y bajo precio han resultado contraproducentes claro pánico entre trabajadores mexicanos”.41 En el mismo expediente, titulado “Puntos para una solución” y que en letra manuscrita lleva la leyenda “Copia a Agricultura”, queda de manifiesto en un documento de trabajo contenido el enfoque coactivo de las posibles soluciones pensadas desde la administración o propuestas a la misma en beneficio de los agricultores de esa región tamaulipeca. En él, se proponía incrementar el núme­ro de soldados que resguardaban las riberas fronterizas de la región y 39 Documento titulado “Algodón”, sin remitente y sin fecha, agn, mav, 546.6/1-27. 40 Enrique V. Franklin a Miguel Alemán Valdés, 22 de julio de 1949, Matamoros, Tamaulipas, 41

agn, mav, 546.6/1-27. Banco Agrícola de Matamoros a Miguel Alemán Valdés, 23 de julio de 1949, Matamoros, Tamaulipas, agn, mav, 546.6/1-27.

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que al menos 150 estuvieran bajo las órdenes directas del jefe de Migración en Mata­mo­ros. Asimismo, la dotación de 10 jeeps modernos y al menos 15 lanchas de patrullaje. Además, la creación de un organismo encargado de distribuir “[…] los braceros que se consigan, de manera proporcional a las necesidades, entre los algodoneros de la zona”.42 El organismo propuesto estaría integrado por un representante del Banco de Crédito Agrícola, otro de la Asociación de Algodoneros, otro de colonos, uno más de ejidatarios, otro de pequeños agricultores, por el presidente municipal y por el jefe de Población.43 Es decir, sin ningún tipo de representación de los propios trabajadores. No puede obviarse la relación de cercanía de Alemán con los hombres de poder de la región. En algunos casos, ellos mismos o sus familiares evidenciaron intereses en la producción de algodón como el antes referido Manuel Garza Zamora, el hermano del general Tiburcio Garza Zamora, jefe de la guarnición en Reynosa. Con independencia de si tal organismo se creara o no en realidad, la visión ahí plasmada resulta relevante. Según el mismo documento, este organismo tendría la facultad de fijar por decreto el precio unitario para el kilogramo de algodón pizcado. Éste debería ser “[…] todo lo alto que las actuales c­ ircunstancias permitan, y su observancia evitaría la competencia entre los algodoneros de la zona si la demanda de brazos no es totalmente satisfecha”.44 El documen­ to p ­ roponía también que se giraran órdenes terminantes de la Secretaría de Comu­ni­caciones a los agentes de la Policía Federal de Caminos, para que éstos no detuvieran ningún camión que transportara braceros, a menos que el vehículo careciera de seguro de vida para cada uno de los trabajadores transportados. El documento contaba también con un recuento de hechos a los que ­atribuía la carencia de mano de obra para cosechar el algodón en la región. Entre ellas, refería la necesidad de hacer contrataciones de trabajadores en esta­dos del centro de la República, lo que implicaba cubrir el gasto del ­transporte de los contratados —factor que, según sus redactores, obligaba a reducir sus salarios hasta en un 50% respecto al que recibían los algodoneros estadounidenses—. Pero además, añadía la desconfianza de los trabajadores “causada en parte por 42 Documento “Puntos para una solución”, s.a., s.f., agn, mav, 546.6/1-27. 43 Idem. 44 Ibidem. 163

la campaña de prensa que acusa a los granjeros de Matamoros de dar malos tratos a los trabajadores de sus campos… [y que provoca] deserciones en masa de los campos de Matamoros […]”.45 En el mismo expediente consta también el recorte de una nota periodística que la Presidencia de la República recuperó y archivó. La nota corresponde al 21 de julio de 1949 y fue publicada por el periódico Novedades. Reproducía los testimonios de tres trabajadores agrícolas que recién habían arribado a ­Torreón, Coahuila, tras una estancia en los campos algodoneros aledaños a Matamoros, Tamaulipas. La nota destacaba que los trabajadores migrantes no eran solamente objeto de explotación y maltrato en el lado estadounidense, sino en la propia frontera norte del país, donde de hecho se les obligaba a trabajar en ­condiciones de virtual esclavitud. Los trabajadores Manuel Orte, Luciano Ubillo y Francisco Cardona narraron que se habían dirigido hacia Matamoros entusiasmados con las promesas de los enganchadores, que les ofrecieron 10 centavos por kilogramo de algodón pizcado, alimentos y otros beneficios. En las proximidades de Matamoros, el autobús en el que se transportaban fue detenido por un grupo de soldados, que los obligó a descender y los trasladó a unos campos de cultivo “[…] que al parecer son propiedad de algún alto jefe militar y ahí se les hizo trabajar por la fuerza sin darles habitación ni comida y pagándoles cualquier cosa por su trabajo”.46 La permanencia en esos campos algodoneros era forzada, no voluntaria: “[…] si alguno de los trabajadores intenta escapar de aquel infierno, es enviado a la cárcel o se le mata por ‘desertor’ y que se pudieron dar cuenta [los trabaja­ dores] de que en los poblados donde existen cárceles éstas se encuentran llenas de braceros”.47 Los trabajadores agrícolas que dieron el testimonio de su experiencia señalaron que las autoridades municipales eran participantes directas en estas prácticas: “[…] actúan como vendedores de esclavos, cobrando cinco pesos por cabeza cuando algún terrateniente les pide trabajadores. Aseguran que en esa forma vieron a más de quinientos braceros internados en la cárcel de 45 Ibidem. 46 Guzmán, Rodolfo (1949), “Denuncian una inicua explotación de braceros en la pizca de cam47 164

pos algodoneros de Matamoros, Tamps. Que las autoridades municipales los venden como si fueran esclavos”. Novedades, 21 de julio, p. 6 sección N-A. Véase agn, mav, 546.6/1-27. Idem.

Matamoros, esperando que alguien fuera por ellos mediante el pago indicado por las autoridades, para salir a trabajar”.48 En 1949, los municipios de Reynosa y Matamoros eran colindantes. No fue sino hasta marzo de 1953 que se creó el municipio de Valle Hermoso, que los separa en la actualidad.49 En 1949, el jefe de la guarnición en Matamoros era el general Juan N. Celis; el general Tiburcio Garza Zamora ejercía el mismo cargo en la guarnición de Reynosa; y ambos dependían de la comandancia de la 8ª Zona Militar a cargo del general Bonifacio Salinas Leal.50 Como se ha visto, a través de su herma­ no Manuel, el general Tiburcio Garza Zamora aparece directamente ligado a los intereses de esos agricultores algodoneros locales. Por su parte, el alcalde de Matamoros, Ernesto Elizondo, era una figura cercana al general Raúl Gárate Legleu,51 entonces gobernador del estado y, como se verá más adelante, integrante de la misma camarilla de militares a la que pertenecían tanto Tiburcio Garza Zamora como el comandante de zona militar, Bonifacio Salinas Leal.52 Dada la proporción de las actividades mencionadas, resulta del todo improbable que ninguno de estos tres militares de alta graduación, con autoridad directa sobre el estado, desconociera esas prácticas que a todas ­luces constituían un ilícito y que, a la luz de las figuras legales a­ hora vigentes configuran el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, p ­ ropio de la delincuencia organizada. Se trataba de facilitar el traslado masivo de trabaja­dores agrícolas hacia la región, evitar mediante el uso del ejército su salida hacia Estados Unidos bajo el pretexto de la tramitación de sus documentos y, mientras tanto, someterlos a explotación laboral forzada en las plantaciones algodoneras ligadas con estos personajes. Tal estrategia era 48 Ibidem. 49 Sitio web oficial Todos por Tamaulipas (s.f.), “Valle Hermoso”, disponible en línea: , [consultada el 11 de septiembre de 2015]. Recuérdese el telegrama enviado por el alcalde de Matamoros a Miguel Alemán, suscrito también por el referido general. Ernesto Elizondo a Miguel Alemán Valdés, 1º de agosto de 1949, Matamoros, Tamaulipas, agn, mav, 546.6/1-27. Véase también Sedena, Hoja de servicios del C. Tiburcio Garza Zamora, pp. 8-9. De la Garza Treviño, Ciro (1975), La Revolución mexicana en el estado de Tamaulipas, t. II, Librería de Manuel Porrúa, México, pp. 754-756. agn, dfs, Versión pública del expediente de Bonifacio Salinas Leal, foja 29.

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del todo ­redituable para los interesados, a la luz de las estrechas vinculaciones que tenían las autoridades castrenses, políticos nacionales y locales, así como empresarios agrícolas de la zona. Recapitulemos: políticos y militares posrevolucionarios una vez c­ onvertidos en empresarios utilizaron sus conexiones e influencias políticas para apropiarse de recursos económicos con alto potencial productivo. Manipularon las ­normas legales o su interpretación para despojar a los legítimos propietarios de haciendas; o para obtener préstamos irregulares por parte de institucio­nes que no estaban facultadas para concedérselos; para obtener laudos favorables para su oferta sobre propiedades inmuebles —aun si había postulantes que ofrecían mejores ganancias—, entre otras cosas. Es decir, configuraban ­formal e ­informalmente circuitos institucionales regulatorios, en este caso, del ré­g imen de propiedad, de las funciones de banca central y de las disposiciones para el manejo de bienes del enemigo —en el contexto de la Segunda Guerra Mundial—. Se trata de los mismos políticos-militares y empresarios que forman parte de la subred de poder que configuraban también, en función de sus propios in­tereses, los circuitos regulatorios del comercio transfronterizo y de seguridad. En otra dimensión, militares destacados en la región, junto con sus parientes, solicitaban al poder central que les brindara condiciones para aprovechar la estancia de trabajadores agrícolas a favor de su propia producción agrícola de algodón, mientras aguardaban el permiso para trasladarse a Estados U ­ nidos a participar en actividades semejantes. Los mismos militares y empresarios, con amplia injerencia en las instituciones locales, estaban en condiciones de acelerar o retardar tales autorizaciones. Y según la evidencia presentada, a cantidades indeterminadas de trabajadores se les obligó a cultivar los campos algodoneros que eran propiedad o estaban ligados a estos mismos actores de poder que solicitaban el favor de la federación para estos fines. Se trataba de los mismos militares-políticos que habían establecido su control sobre la zona fronteriza donde estos hechos tenían lugar: ex gobernadores de Nuevo León, sus subordinados y sus familiares que comenzaban a conformar un nuevo empresa­r iado local. Todos ellos, integrantes de la subred de poder hegemónica en el nores­te ­mexicano durante esa época. Y como se ha visto, era esta misma subred de poder la que gracias a su influencia regional y conexión con el centro, se apropiaba de manera irregular de activos económicos y protegía también el contrabando 166

de alta escala de bienes —y en el futuro, también de drogas psicoactivas— en la región. A lo anterior añadieron entonces, según lo expuesto en este apartado, prácticas que hoy se identificarían como parte del delito de trata de personas con fines de explotación laboral forzada. La lógica predatoria de la forma de ejercer el poder político, de emplear la violencia organizada del Estado, de concebir la actividad empresarial y de configurar un circuito económico con la confluencia de prácticas legales e ilegales para el enriquecimiento exclusivo de los integrantes de la red de poder hegemónica quedan, pues, plenamente al descubierto.

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4. Actores de poder, tráficos ilícitos y configuración de circuitos institucionales para protegerlos en el noreste mexicano, décadas de 1940 a 1970

En este capítulo se analizará la evolución de las redes dedicadas a la ­comisión de diversos tráficos ilícitos en Nuevo León y su vinculación operativa con las propias del estado de Tamaulipas. Se podrá apreciar el rol sustantivo que ­desempeñaron, para la consolidación de estas actividades ilícitas, varios ­actores de poder estatales y federales. Se ilustra así la conformación de una subred de poder hegemónica con fuertes rasgos predatorios en el noreste de la República, que incluía a miembros destacados del poder político y ­militar posrevolucionario, hombres de negocios y delincuentes tradicionales, que ­configuró de manera temprana circuitos institucionales —las aduanas, institu­ cio­nes de seguridad, procuración y administración de justicia— para brindar protección a diversos tipos de tráficos ilícitos. En el caso de Nuevo León, la dinámica de los tráficos ilícitos fue más s­ util que aquella desarrollada en Tamaulipas. La reducida geografía fronteriza de Nuevo León y la ausencia de puntos de cruce formalmente establecidos en este periodo en su territorio favorecieron que la mayor parte de la logística ­opera­ti­va de dichos tráficos tuviera lugar en el vecino estado de Tamaulipas. En consecuencia, en este periodo y hasta el siglo xxi, las mayores evidencias de su operación corresponden a esta última entidad —decomisos, arrestos y violencia, entre otros indicadores—. Sin embargo, como se verá, las redes delictivas, que tenían su expresión operativa más clara en Tamaulipas, se extendían también a Nuevo León, donde se ubicaba su epicentro económico.

Los circuitos del contrabando y el tráfico de drogas en la década de 1940 La relación entre actores institucionales y políticos con el contrabando y el tráfico de drogas no se inventó en la década de 1940, pero sí entró en un proceso 169

de centralización, correlato de aquel que el propio régimen político consolidó durante esa época.1 La protección de actores del Estado al contrabando y al tráfico de drogas —que inició disperso y tuvo como actores sustantivos a militares posrevolucio­ narios y hombres fuertes de las regiones—, gradualmente se fue rearticulando en mecanismos más centralizados, con una logística funcional y territorial más amplia. La información pública disponible en los archivos oficiales, en Mé­ xi­co y fuera del país, no obstante su carácter fragmentado y limitado, a­ rroja evidencia significativa de la existencia temprana de este tipo de prácticas. En función de ella se puede advertir, por ejemplo, que hacia la década de 1940, los tratos irregulares de traficantes y funcionarios institucionales no es ya una cuestión exclusiva de algunos actores de seguridad apostados en ­puntos ­ais­lados y lejanos de la geografía nacional. Algunos documentos ­brindan in­di­ cios que parecen apuntar a la posible compenetración ya existen­te en ­espacios de primera relevancia en los círculos y procesos de poder d ­ urante la prime­ra mitad de esa década. Considérese, a modo de ejemplo, así sea ­solamen­te como indicio embrionario de dinámicas que habrían de alcanzar niveles ­mucho más altos de frecuencia y magnitud en las décadas siguientes, el telegrama de Dolo­ res Estévez, Lola la Chata, identificada como la principal ­expendedora de d ­ rogas psicoactivas en la capital del país, dirigido desde la ­prisión de la ­Ciudad de México al presidente Manuel Ávila Camacho y su espo­sa. En el ­mensaje, Esté­vez se inconformaba por su detención e inminente traslado a las Islas Marías: Usted Señor Presidente y respetable Señora, consideran “delito” o “­mordida” a lo siguiente? […] haber colaborado sincera, desinteresadamente su c­ ampaña presidencial y recibir en premio mi cooperación un busto de ud. bronce que ­conservo cariñosamente como un recuerdo […] haber respondido efectiva y realmente patriótico llamado al pueblo mexicano para dar alojamiento y sustento jóvenes conscriptos? Justifico con pruebas todo lo anterior [sic].2

1

2

Astorga, Luis (2002), “The Field of Drug Trafficking in Mexico”, en Globalisation, Drugs and Criminalisation. Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. Management of Social Transformations, Unesco, p. 57. Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en c­ risis: c­ rimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México, pp. 165-166. Dolores Estévez Zulueta al Gral. de División Manuel Ávila Camacho y a la Sra. Soledad Orozco de Ávila Camacho, 6 de julio de 1945, Penitenciaría del Distrito Federal, agn, mac, 549.44/1006.

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La información es magra y no permite, en este caso, realizar afirmaciones concluyentes por no haberse encontrado otros elementos de corroboración sobre los dichos de Dolores Estévez. En cualquier caso, otro indicio lo ofreció una mujer que también escribió al presidente Ávila Camacho, quejándose de que sólo a los traficantes pobres y sin influencias se les enviaba a las Islas Marías, mientras que otros, más opulentos e influyentes, seguían transportando con impunidad bienes de contrabando y drogas desde Nuevo Laredo y Monterrey hacia la Ciudad de México. Entre ellos, citaba a uno de los proveedores de Lola la Chata: Rufino Vargas, un directivo de actividades turísticas con oficinas en el Hotel Regis. Según la remitente, Vargas se amparaba en su relación con un individuo de apellido Ricardi, hermano de una mujer del extinto general ­Maximino Ávila Camacho, hermano a su vez del presidente.3 No obstante, la información disponible muestra que el proceso de centralización logística de la protección institucional hacia los tráficos ilícitos alcanzó mayor sofisticación y recurrencia en la siguiente administración, con Miguel Alemán Valdés al frente del gobierno.

El alemanismo y la reconfiguración de los tráficos ilícitos La influencia de la camarilla de Miguel Alemán en el desarrollo de los tráficos ilícitos en el estado de Tamaulipas se ha demostrado de manera detallada en otros trabajos.4 En el caso de Nuevo León, vale la pena atender a estas ­evidencias, dado el papel que tuvo la administración alemanista en la confor­ mación de un nuevo empresariado en el país ligado de manera estrecha a los gobiernos revolucionarios, así como en la reconstrucción de puentes de entendimiento entre el poder central y aquella otra parte de los empresarios ­locales que h ­ abían antecedido a la Revolución y se habían opuesto con ferocidad a sus propuestas sociales más sustantivas. Más aún, por la relación cercana y la 3 4

Lucía Núñez al presidente Ávila Camacho, 7 de agosto de 1945, sin dirección, agn, mac, 564.3/12. Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del t­ ráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, ciesas, México, pp. 96-128 y 164-167. También hay varias evidencias que apuntan a la participación de Alemán y/o su círculo cercano en la protección al tráfico de drogas en Astorga, Luis (2003), Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente, Grijalbo, México, pp. 53, 57-58 y 295.

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alianza política que sostuvieron con Alemán varios de los generales revolucionarios directamen­te involucrados con la protección a los tráficos ilícitos en el ­noreste del país. En este apartado se aporta evidencia panorámica que apunta a la participa­ ción directa del círculo inmediato de Miguel Alemán Valdés en el ­desarrollo tem­prano del tráfico de drogas, según se muestra a continuación. Por e­ jemplo, el 22 de septiembre de 1946, el agente antinarcóticos A. M. Monroy le escri­bió al comisionado del Buró de Narcóticos del Departamento del Tesoro estadouni­ dense (fbn), Harry Anslinger, para proporcionarle información que le había rendido un informante de nombre Luis R. León, quien se desempeñaba como guardacostas en el puerto de Veracruz; la guardia costera —dependiente de la Armada mexicana—aseguró un yate privado estadounidense Blue Eagle, que contenía drogas psicoactivas ilegales por carga exclusiva, en su mayoría, opio y morfina. El yate fue escoltado hacia la capitanía de puerto y se ridieron los informes pertinentes a la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. S­ egún el informante, a la capitanía de puerto se presentó el propio gobernador del ­estado, Miguel Alemán Valdés, quien solicitó la liberación del yate; petición que se rechazó pues el ejecutivo local no tenía jurisdicción sobre las autoridades ­navales. Según el mismo reporte, dos días después, el capitán del puerto recibió órdenes desde la Ciudad de México que le indicaban liberar la embarcación, la cual permaneció sin vigilancia algunos días en Veracruz y partió con rumbo indeterminado.5 Por otra parte, el 26 de enero de 1948, ya con Alemán como presidente de la República, el agente secreto DJCTE2646987 escribió un memorándum para el fbn, en el que narraba las indagaciones directas que había realizado 5

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Informe de A. M. Monroy a Harry Anslinger, 22 de septiembre de 1946, Phoenix, Arizona, National Archives and Records Administration (nara), dea, sfbndd, rg 170 Box 22. Los hechos relatados en el informe no parecen cercanos, en términos temporales, a la fecha del mismo, pues existen puntos que evidencian alguna imprecisión: por ejemplo, Alemán dejó de ser gobernador de Veracruz en abril de 1939 y el informe relata que los hechos habrían sucedido en la época de la Guerra Mundial (se entiende que la segunda), que no inició sino hasta septiembre de ese año. De cualquier manera, como se verá, no era ésta la única referencia a las posibles actividades irregulares, en materia de drogas ilícitas, de Alemán y su círculo cercano. Agradezco a Benja­m in Smith, profesor de la Universidad de Warwick, por su generosidad al compartir este documento conmigo. La información había sido también citada en Astorga, Luis (2003), Drogas sin fronteras…, p. 58.

con altos funcionarios mexicanos en relación con la lucha contra el tráfico de drogas en los estados de Sinaloa, Sonora y Durango, quienes le habrían proporcionado datos que, según aseguraba, estaban plenamente confirmados. Uno de sus informantes era Óscar Borbécker, quien según el redactor del memorándum había sido juez de la Corte de Primera Instancia en Tijuana, Baja California. De acuerdo con su versión, la estrategia perseguía en realidad desplazar a las organi­zaciones criminales vinculadas con el general Abelardo L. Rodríguez — gobernador de Sonora y ex presidente de la República—, quien, según la ­f uente, estaba ligado al productor de películas estadounidense Louis B. Mayer en el tráfico de drogas hacia ese país. Como contraparte, se pretendía ­consolidar a grupos relacionados con personajes cercanos a Miguel Alemán: Pasquel, P ­ arra y Serrano.6 Se trataba de Jorge Pasquel, Enrique Parra ­Hernández y Carlos I. S­ erra­no. La fuente narró que un yate presidencial de nombre ­Talismán se había incendiado cuando se dirigía a Santa Barbara, California, con un carga­mento de drogas instalado a bordo con el auspicio del gobernador de Baja ­California Jorge V. Aldre­te. Añadía que el incendio de este yate se debía a diferen­cias ­inter­nas entre “los grandes traficantes”, y que a este hecho se atribuía la ­remoción de Aldrete como gobernador de la entidad.7 Alberto V. Aldrete —el nom­bre c­ orrecto— fue depuesto del gobierno del estado con el argumento público de su participación en el tráfico de drogas.8 El gobernador defenestrado era el fundador de la Cervecería Tecate, en Baja California, en 1944 —que comenzó a operar en las instalaciones de una antigua fábrica de 6

7 8

Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, ­sfbndd, rg 170 Box 23. De nuevo, agradezco la generosidad de Benjamin Smith, profesor de la Universidad de Warwick, por compartir este documento conmigo. Es posible que el ­mencionado Óscar Borbécker sea el mismo personaje que en el trabajo de Astorga figura con el nombre de Óscar Dorbecquer, con el cargo de fiscal de Distrito en Mexicali. Véase Astorga, Drogas sin fronteras…, p. 56. Dorbecquer aparece ligado al personaje que ­brindó la informa­ción sobre el barco Blue Eagle, Luis R. León, quien habría trabajado para él. De acuerdo con Astorga, Dorbecquer y León eran o habían sido funcionarios públicos y partici­paban en actividades delictivas, entre ellas el tráfico de drogas y de autos robados; ­además, tenían disputas con otros funcionarios gubernamentales también involucrados en el contra­bando de drogas ilegales. Véase Astorga, idem, pp. 56-61. Idem. Noticiero de Ciudad Victoria (1947), “Los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua complicados en el contrabando de drogas. Así como el ex gobernador del territorio norte de Baja Califor­ nia, Alderete”, 17 de noviembre, Ciudad Victoria, Tamaulipas, p. 1.

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aceite de su propiedad—. Como se vio en el capítulo anterior, Aldrete aparecía ligado en el contrabando de armas que hacia finales de la década de 1930 se introducía por esa zona, para apoyar la rebelión de Juan Andreu Almazán, y que se trasladaban, entre otros puntos, a los almacenes de la fábrica Empaques de Cartón Titán, en M ­ onterrey, Nuevo León.9 En 1954, la Cervecería Tecate fue adquirida por la Cervecería Cuauhtémoc.10 En las mismas indagaciones del autor del memorándum, el gobernador de Sinaloa, Pablo Macías, le insinuó el financiamiento de campañas políticas por productores de drogas y apuntó a Serrano y Parra, y añadió que él no estaba conforme en recibir órdenes de los contrabandistas y, por ello, los perseguía.11 La prensa señalaba al propio Macías como protector del tráfico de drogas y afirmaba que la Procuraduría General de la República lo investigaba por esta cuestión. El desplazamiento o subordinación de una subred de poder con inte­­reses en el tráfico ilícito, por otra, era el propósito central de las acciones antidrogas de las autoridades, que con sus mecanismos punitivos buscaban encarecer el opio, según expresó otro de los personajes entrevistados por el agente que redactó el memorándum: el Dr. Rafael Pascacio Gamboa,12 quien había sido gobernador de Chiapas entre 1940 y 1944 y en la administración alema­nista fungía como secretario de Salubridad y Asistencia; en su opinión, los nuevos dueños del negocio eran el coronel Serrano y compañía.13 En otro caso, en Durango, el hijo del gobernador saliente comentó al ­autor del memorándum que el nuevo gobernador había hecho una promesa a Carlos I. Serrano de mantener la producción de opio en los pueblos de la s­ erranía. Añadió, 09 Informe Confidencial A-2, 16 de agosto de 1939, agn, lcr, 564.3/14. 10 Véase página web del Gobierno del Estado de Baja California: , [consultada el 28 de octubre de 2018]. Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170 Box 23. El Mañana de Nuevo Laredo (1947), “El gobernador de Sinaloa complicado en el tráfico de drogas. Los aviones para llevar narcótico son del Gral. Macías Valenzuela, al que antes se le había acusado del asesinato del coronel Loaiza”, 14 de noviembre, Nuevo Laredo, Tamaulipas, pp. 1 y 4. Noticiero de Ciudad Victoria (1947), “Los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua complicados…”, p. 1. Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170 Box 23.

además, que prácticamente todos los diputados locales también eran productores de opio —hecho verificado por el propio ­procurador ­general de la República, Francisco González de la Vega—. Según el ­testimonio, el propio ­González de la Vega coincidió en que la estrategia contra las drogas desarrolla­da por las autoridades nacionales parecía encaminarse a ­liberar de ­competencia a “los grandes peces” para que pudieran monopolizar la p ­ roducción y venta de drogas.14 Más allá de que tal actividad nunca logra ser monopolizada por completo, lo expuesto en el memorándum parece evidenciar la implantación, desde el aparato institucional, de hegemonías específicas sobre la producción y el tráfico de drogas a nivel nacional. En esta articulación logística de los circuitos adecuados, las aduanas desempeñaban un punto fundamental. En el memorándum referido, el Dr. Pascacio señalaba, por ejemplo, que el ferrocarril Benjamín Hill, en Mexicali, Baja Cali­fornia, sería un medio ideal para la exportación de drogas hacia el extranjero.15 El general Aarón Sáenz, a quien se ha hecho referencia ya en capítulos anteriores, escribió una carta el 7 de marzo de 1947 al ya presidente Miguel Alemán Valdés, donde solicitaba que se nombrara jefe de la Oficina Federal de Hacienda en Baja California a Benjamín R. Hill, hijo del general revolucionario Benjamín Hill. El objetivo tácito de permitir su enriquecimiento al amparo del erario federal y de su posición gubernamental era bastante visible: se solicitaba ese nombramiento o, como alternativa, el de agente de la Lotería Nacional en Tijuana.16 A finales de febrero de 1947, Rogerio de la Selva, secretario particular del presidente Miguel Alemán, le escribió directamente al secretario de Salubridad y Asistencia, Rafael Pascacio Gamboa, para informarle sobre la solicitud de Hill para ser nombrado agente de la Lotería Nacional en Tijuana, y le exponía que, por acuerdo de Alemán, se le solicitaba acceder a dicha petición.17 La insis­ tencia en las gestiones de los interesados ante el presidente de la República se 14 Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, 15 16 17

rg 170 Box 23. Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170 Box 23. Aarón Sáenz a Miguel Alemán Valdés, 7 de marzo de 1947, México, D. F., agn, mav, exp. 710.1/57. Memorándum de Rogerio de la Selva al Srio. de Salubridad y Asistencia Dr. Rafael P. Gamboa, 28 de febrero de 1947, México, D. F., agn, mav, exp. 710.1/57.

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debían a que era éste quien determinaba quién ocupaba semejantes posiciones: el 17 de enero de 1947, recién iniciado el gobierno alemanista, María ­Teresa Muro, secretaria particular del secretario de Hacienda había informado a Hill: “Me instruye el titular de Hacienda a efecto de que en su nombre me dirija a ­usted para decirle que el señor Presidente de la República ha designado ya a las personas que ocuparán los cargos que usted pretende desempeñar, deplorando por tanto el que le sea imposible satisfacer su deseo”.18 En el expediente contenido en el Archivo General de la Nación no se concluye si las gestiones de Hill y sus promotores tuvieron éxito. De cualquier manera, en trabajos precedentes he mostrado ya la atención directa del presidente Miguel Alemán en la designación de funcionarios aduanales, como fue el caso de diversas aduanas en Tamaulipas.19 Tal patrón se confirma en el caso aquí expuesto. Varios de los actores sustantivos que participaron en la configuración origi­ nal de circuitos institucionales del Estado para proteger estos tráficos ilícitos tenían también gran relevancia política y económica en el noreste.20 Tanto en Tamaulipas como en Nuevo León, el ya mencionado senador Carlos I. ­Serrano, a quien la información antes expuesta le atribuía relación directa con los circui­ tos del tráfico de drogas, era un personaje de gran notoriedad. D ­ iversos a­ utores han señalado la detención de un automóvil Cadillac de su propie­dad, que transportaba decenas de latas rellenas de opio, en Laredo, Texas.21 ­Según la prensa regiomontana, días antes de que el automóvil fuera detenido en el lado estadounidense Serrano y su Cadillac fueron vistos en el lujoso Hotel ­A ncira, en Monterrey, Nuevo León. Serrano había solicitado a los periodistas no ­publicar su presencia en la ciudad, con el argumento de que efectuaba un viaje de incógnito.22 El automóvil fue asegurado a Francisco Gurrola, sobrino de Juan Ramón Gurrola, quien aparecía formalmente como propietario. Sin embargo, el propio 18 19 20 21 22

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María Teresa Muro a Benjamín R. Gil [sic], agn, mav, exp. 710.1/57. Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 134-137. Flores Pérez, ibidem, pp. 115-178. Astorga, Drogas sin fronteras…, p. 59; Niblo, Stephen R. (2001), Mexico in the 1940’s. Modernity, Politics and Corruption, A Scholarly Resources Public Inc., Wilmington, Delaware, pp. 259-260. El Porvenir (1948), “Altos funcionarios mexicanos contrabandistas de drogas. Enorme revuelo provocó en esta ciudad una noticia de Washington. El automóvil del Corl. Carlos I. Serrano, dice la revelación, fue detenido por conducir opio”. 7 de marzo de 1948, Monterrey, p. 1.

coronel Serrano hizo gestiones ante autoridades diplomáticas e­ stadounidenses de la Embajada en México —de hecho, amenazó a un empleado especial de apellido Peña, dentro de un automóvil lleno de pistoleros— para que le ­restituyeran el Cadillac.23 Vale la pena señalar que fuentes de seguridad estadounidenses afirmaban, sin ambigüedad alguna, que el coronel Carlos I. Serrano, personaje ligado de manera estrecha al presidente Miguel Alemán, tenía participación directa en el tráfico de drogas. Por ejemplo, el representante del Departamento del Teso­ro estadounidense en la Ciudad de México, D. J. DeLagrave, escribió un reporte en el que consideraba a Serrano la figura política de mayor importancia i­ nvolucrada en el tráfico de drogas. Asimismo, lo señalaba como el colector de ganancias privadas irregulares para el presidente.24 Además, añadió DeLagrave, a pesar del incidente del cargamento de opio referido, el coronel Carlos I. Serrano mantuvo su amistad con Juan Ramón Gurro­la y de hecho lo promovió como segundo hombre en importancia de “[…] una organización tipo Gestapo controlada por Serrano, la Dirección Federal de Seguridad”.25 A Carlos I. Serrano se lo reconoce como el jefe real de la policía política ­creada el 2 de enero de 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán: la D ­ irección ­Federal de Seguridad (dfs), que en décadas siguientes tendría ­especial ­relevancia en la configuración logística del tráfico de drogas en México.26 En 1951, en un reporte sobre México, otra agencia de inteligencia creada en 1947, pero en este caso

23 From Will S. Wood, Acting Commissioner of Narcotics, to Mr. Timmons and Mr. Wood, May 5 of 1948, s.l. nara, dea, sfbndd, rg 170 Records dea, Box 160.

24 Extract from report dated December 26, 1947, from Mr. D. J. DeLagrave, Treasury Representative at Mexico City, Mexico, nara, dea, sfbndd, rg 170 Records dea, Box 160.

25 Extract from report dated December 26, 1947, from Mr. D. J. DeLagrave, Treasury Representa-

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tive at Mexico City, Mexico, nara, dea, sfbndd, rg 170 Records dea, Box 160. Traducción libre del autor. La referencia más amplia era: “If Gurrola had a secret compartiment built into Col. Serrano’s car without his knowledge, and filled it with opium without his k­ nowledge, it is difficult to understand that he has not been punished for such a crime committed against one of the most important politicians in Mexico. On the contrary, G ­ urrola has r­ emained in close and friendly contact with Serrano, who has had him promoted to second chief of a Gestapo-like organization controlled by Serrano, the Federal Security Police”. Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México, pp. 158, 178-180, 186-190.

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en Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (cia), también vinculaba explícitamente al coronel Serrano con el tráfico de drogas.27 A pesar de tal conocimiento, por consideraciones geopolíticas de otra natu­ ra­leza a las que se hará referencia más adelante, Estados Unidos no operó en contra de la subred política de Miguel Alemán Valdés. De hecho, mantuvo estrecha colaboración con ella, más allá del término de su mandato. Y, como se verá, esos nexos irregulares estuvieron lejos de desincentivar la cooperación con sus integrantes. Por el contrario, éstos parecen haber sido en extremo funcionales para la red de poder hegemónica en aquel país y la promoción hemis­ férica de sus intereses y estrategias de seguridad, según se verá más tarde.

De generales revolucionarios y políticos: contrabando, tráfico de drogas y configuración de circuitos institucionales, décadas de 1940 a 1970 En páginas anteriores se pudo apreciar la afinidad de perspectivas e i­ ntereses entre el empresariado tradicional neoleonés y algunos generales revolucio­na­ rios que ejercieron el gobierno estatal hasta finales de la década de 1930. La hegemonía fáctica de los generales revolucionarios sobre las instituciones polí­ ticas del estado, su presencia permanente en los circuitos políticos y de segu­ ridad en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, la protección directa de varios de ellos sobre las actividades del contrabando y su participación en la fundación de grandes empresas en la región marcaron de manera inexorable las condiciones de evolución política y económica del noreste, entretejiendo de manera estrecha los intereses de actores legales y otros tantos formalmente proscritos, pero tolerados y auspiciados en los hechos. En el noreste mexicano, las redes dedicadas al contrabando de alta escala, aquellas que contaban con la protección de actores del Estado y que estaban vinculadas a poderosos hombres de empresa, evolucionaron con el tiempo hacia el tráfico de drogas, cuando el mercado de este tipo de sustancias comenzó gradualmente a mostrar su creciente rentabilidad. Estas redes, gracias a su conexión con las altas esferas de poder institucional y económico, se constituyeron con el tiempo en las estructuras criminales más poderosas en esta nueva 27 cia (1951), Situation report: Mexico, 24 de enero, p. 69. 178

actividad. En una etapa inicial, la protección al tráfico de drogas por ­parte de actores del Estado fue brindada por aquellos generales revolucionarios que habían establecido una hegemonía regional gracias a su integración dentro de la red de poder hegemónica nacional. Estos mismos generales protegían el contrabando de alta escala. Como se recordará, la participación de algunos de estos militares se había hecho manifiesta en el momento en que esos circuitos del contrabando se emplearon temporalmente para la introducción masiva de armamento, con fines sediciosos y en contra del gobierno del general Lázaro Cárdenas, según se vio en capítulos previos. En lo referente a la hegemonía local de estos generales revolucionarios, es preciso destacar el fuerte carácter endogámico del liderazgo ejercido en las instituciones políticas y militares de la región, especialmente, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, entre la década de 1930 y la de 1950. Considérese, por ejemplo, que el general Anacleto Guerrero Guajardo, tras ceder el gobierno esta­ tal al también general Bonifacio Salinas Leal en 1939, fungió como coman­dante de la 8ª Zona Militar, con asiento en Tamaulipas de enero de 1942 a ­diciembre de 1946.28 En 1947, fue sustituido en ese mismo cargo por el propio Salinas Leal, quien desempeñaba esa función cuando Miguel Alemán Valdés defenestró al gobernador tamaulipeco Hugo Pedro González y lo sustituyó por un general tamaulipeco, el hasta entonces subsecretario de la Defensa ­Nacional, Raúl Gárate Legleu.29 La cercanía de Bonifacio Salinas Leal con Miguel ­A lemán le permitió promover ante éste, junto con el general Raúl Gárate y con la ayuda del senador Carlos I. Serrano, a Tiburcio Garza Zamora como candidato al gobierno del estado para sustituir, al término de su mandato, a Gárate.30 ­Aunque la maniobra no tuvo éxito y Alemán optó por brindar su apoyo a otra figura, el interés de este grupo de militares y políticos del noreste por mantener 28 agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacleto Guerrero Guajardo, dfs, legajo único, 29

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foja 5. González, Hugo Pedro (1983), Portesgilismo y alemanismo en Tamaulipas, iih-uat, Ciudad Victoria, pp. 20, 58-64, 70-72, 78-79 y 129-134; Alvarado Mendoza, Arturo (1992), El portesgilismo en Tamaulipas. Estudio sobre la constitución de la autoridad pública en el México posrevolucionario, Colmex, México, pp. 76-77; Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, ciesas, México, pp. 115-128. De la Garza Treviño, Ciro (1975), La Revolución mexicana en el estado de Tamaulipas, t. II, Librería de Manuel Porrúa, México, pp. 738-740 y 744.

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su presencia al frente de los principales circuitos institucionales de la región sí fructificó. Prácticamente todos ellos volvieron a ocupar cargos federales de primer orden, como legisladores federales en representación de sus respectivos estados, o como miembros del ejército. Garza Zamora y Bonifacio Salinas se convirtieron en poderosos caciques con amplia influencia en la política y en las instituciones de Tamaulipas y Nuevo León.31 En el noreste, pues, se conformó una subred de políticos y militares que mantuvieron alta incidencia en los circuitos institucionales políticos y de segu­ ri­dad de la región. Estaba conformada por Raúl Gárate Legleu, Anacleto Guerrero Guajardo, Bonifacio Salinas Leal, Tiburcio Garza Zamora y, aunque hacia los años 1940 ya no se desempeñaba en el servicio público, a ella debe a­ ñadirse, en función de las inversiones en sociedad con Garza Zamora y por la participación de su cuñado —Lauro Villalón de la Garza— en esta misma camarilla, a Aarón Sáenz Garza.32 31 Además de permanecer al frente de la guarnición en Reynosa durante varios años, Garza Za-

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mora fue diputado federal y comandante de la Zona Militar en Navojoa, en Chihuahua y en Monterrey. Incluso, la dfs estableció que formó parte del Estado Mayor Presidencial durante el mandato de Adolfo López Mateos. Véase agn, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, dfs, legajo único, foja 61. Bonifacio Salinas Leal, por su parte, sería gobernador del territorio de Baja California Sur, comandante de la 5ª Zona Militar con sede en Guadalajara, Jalisco, entre otros cargos. Véase agn, dfs, Versión pública del expediente de Bonifacio Salinas Leal, legajo único, foja 19. Además, el delegado de la ­Dirección Federal de Seguridad (dfs), Ricardo Condelle Gómez, en un memorándum fechado el 30 de abril de 1969 y enviado al director federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, observó que Bonifacio Salinas había establecido un cacicazgo político en Nuevo León tras concluir su periodo como gobernador y había tenido gran influencia desde 1940, hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). También agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacle­to Guerrero Guajardo, legajo único, foja 10. Con menor visibilidad, el g­ eneral Raúl Gára­te se desempeñó como senador de la República tras ocupar la ­g ubernatura de Tamaulipas, agn, dfs, Versión pública del expediente de Raúl Gárate Legleu, legajo ­ú nico, foja 1. El gene­ral Anacleto Guerrero Guajardo fue senador por el estado de Nuevo León entre octubre de 1952 y septiembre de 1958. También fue gerente general del Banco del ­Ejército, agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacleto Guerrero Guajardo, legajo único, fojas 6 y 32. Sobre la existencia de esta camarilla, véase agn, dfs, Versión pública del expediente de Raúl Gárate Legleu, legajo único, foja 7. De acuerdo con la dfs, Anacleto Guerrero formaba parte del grupo político que habría de encabezar en Nuevo León Bonifacio Salinas Leal, agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacleto Guerrero Guajardo, legajo único, foja 32. Sobre la participación de Lauro Villalón de la Garza en esta camarilla, así como su relación con Tiburcio Garza Zamora y su parentesco con Aarón Sáenz Garza, véase Memorándum del

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En esta misma subred participaban Juan Nepomuceno y Roberto ­Guerra Cárdenas, de Matamoros, Tamaulipas, conspicuos contrabandistas de artícu­ los comerciales, armas y drogas psicoactivas, según un memorándum ­escrito en 1960 por el coronel Manuel Rangel Escamilla, director federal de ­Seguridad.33 Juan N. Guerra, como era también conocido el referido Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, es reconocido como el líder operativo fundador de la organización que décadas después, en la de 1980 y en la siguiente, sería identificada coloquialmente como el Cártel del Golfo. Su sobrino era Juan García Ábrego. Junto con Tiburcio Garza Zamora, los hermanos Guerra Cárdenas ­f ungían como distribuidores exclusivos de la cerveza Carta Blanca, el producto emblemá­ tico de la Cervecería Cuauhtémoc de la familia Garza Sada.34 ­Incluso, vehícu­ los formalmente empleados para la distribución de este producto también se utilizaban para el contrabando. Tal fue el caso de un contrabando de café y/o drogas incautado en Miguel Alemán, Tamaulipas, transportado en un ­camión con los logos de esa empresa y bebida específica, hecho que generó el ­desacuerdo que tuvo por desenlace el asesinato del teniente coronel Octavio Villa Coss, a manos del propio Juan N. Guerra.35 De acuerdo con información

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coronel Manuel Rangel Escamilla, 11 de octubre de 1960, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, foja 40. También Documento de la dfs sobre el Municipio de Reynosa, s. f., Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, foja 50. Asimismo, dfs, Memorándum sobre el panorama político del estado de Tamaulipas, 17 de julio de 1961, Documento de la dfs sobre el Municipio de Reynosa, s. f., Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, foja 59. Memorándum del coronel Manuel Rangel Escamilla, 11 de octubre de 1960, Versión públi­ ca del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, foja 36. La vincula­ción de estos personajes con la camarilla mencionada queda de manifiesto ­también en el informe de Felipe Santos González al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director fede­ral de Seguridad, con fecha del 22 de marzo de 1962 y dirigido desde la Ciudad de ­México. Véase agn, dfs, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, legajo único, fojas 63-74. Sobre la participación de los hermanos Guerra Cárdenas en la distribución de Carta Blanca, véase Memorándum del coronel Manuel Rangel Escamilla, 11 de octubre de 1960, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, fojas 35- 36. Sobre el papel de Tiburcio Garza Zamora en la distribución del mismo producto, véase documento dfs, “Municipio de Reynosa, Tamps”, s.f., en la misma versión pública, foja 49. Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Los Villa se enfrentan a los contrabandistas. Dos hermanos más colaboran con Trinidad, jefe de vigilancia. Amplias facultades les dio el presidente,

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transmitida a la Presidencia de la República, Juan N. Guerra era protegido por el mismo gene­ral Tiburcio Garza Zamora, quien lo resguardaba en su rancho y lo m ­ ante­nía informado de la evolución del proceso judicial fincado en su contra por el homicidio.36 A la luz de los procesos descritos en páginas anteriores, no puede desdeñar­ se como mera casualidad ni hecho fortuito la vinculación de uno de los princi­ pa­les contrabandistas y traficantes de drogas de la región (Juan N. G ­ uerra) con uno de los más conspicuos actores políticos y de seguridad ya i­ dentificado como protector del contrabando (Tiburcio Garza Zamora) y ­ligado ­d irectamente al funcionamiento de estas redes para el ­aprovisionamiento clandestino de armas introducidas al país por el auspicio de una familia de e­ mpresarios (los ­Garza Sada): utilizaba la infraestructura de la compañía de la que estos ú ­ lti­mos son dueños y los primeros distribuidores (Cervecería Cuauhté­moc), mantenía ­nexos activos con los tráficos ilícitos de alta escala y, según la eviden­cia, con la infraestructura de transporte de la compañía de ­nuevo i­ nvolucrada. Por el contrario, tal conexión parece apuntar a la ­continuidad en la intervención de los mismos actores en prácticas ilícitas como medio paralelo de ­acumulación de recursos. Resulta difícil entender de otra manera la ­parti­ci­pación ­formal, en esta cadena de distribución de un producto legal, de un reco­nocido ­delincuente, como Juan N. Guerra, con fama pública de homicida, contrabandista y t­ raficante de drogas, sin enmarcarla dentro de actividades paralelas de tráficos ilícitos que no habían sido en el pasado ajenas a ninguno de los actores involucrados.

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al que prometieron no ejercer venganza”, 14 de mayo, Matamoros, pp. 1 y 3. Aunque la prensa tamaulipeca sólo informó sobre un contrabando de café, la de Nuevo León expuso que se trataba de tráfico de drogas. Véase El Porvenir (1960), “Cae abatido a balazos un hijo del general Francisco Villa. Están fugitivos los victimarios”, 15 de abril, Monterrey, p. 2. La prensa neoleonesa identificó a Juan N. Guerra como autor de cinco homicidios, contrabandis­ta y con amplias conexiones con el tráfico de drogas. Celador aduanal a Adolfo López Mateos, 24 de abril de 1960, agn, Adolfo López Mateos (alm), 541/248, foja sin numerar. Aunque el informante ubica al rancho Hualala en Reynosa, éste en realidad está localizado en el municipio de San Fernando. En 1960, el municipio de Río Bravo no se creaba aún, de manera que los municipios de Reynosa y San Fernando eran colindantes. De cualquier manera, el referido rancho no se encuentra en la zona limítrofe de entonces.

Lo mismo puede afirmarse también de la relación del mismo Juan N. ­Guerra con la Casa Madero, de la familia Madero que, según se vio en p ­ áginas a­ nteriores, había contribuido a su acumulación originaria de capital con una ­participación no desdeñable en el contrabando. En julio de 1962, la ­prensa de Nuevo León y ­Tamaulipas dio cuenta de la visita de varios empresarios de Tampico, Tamau­ lipas, a la fábrica y bodegas de San Lorenzo de la Casa M ­ adero, en P ­ arras, Coahui­la, por invitación de su propietario, Evaristo Madero. Casa Madero era una i­ ndus­tria vitivinícola de primer orden. Los empresarios t­ ampiqueños ­es­ta­ban enca­bezados por Juan N. Guerra, representante de esa compañía en la Zona No. 12, correspondiente a Tampico y la región.37 ­Incluso, una fotografía de Juan N. Guerra y sus acompañantes, descendiendo de un avión fue publicada por varios diarios locales.38 De vuelta a la relación de los referidos generales revolucionarios con los circuitos del contrabando, según se vio en páginas anteriores, desde 1940, la Oficina de Información Política y Social, antecesora de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, tenía conocimiento de la relación de patronazgo y protección de Tiburcio Garza Zamora y Bonifacio Salinas Leal con los contrabandistas, como se vio con anterioridad.39 La relación cercana de Juan N. Guerra con el general Anacleto Guerrero Guajardo está consignada también en la prensa regiomontana: el primero era par­te del grupo de militares, políticos, empresarios y personajes del mundo aduanal que asistía regularmente a los festejos ofrecidos por el ex gobernador.40

­ icolás 37 Los acompañantes de Guerra eran “Don Jonás Ortega, Don Maximino Ortega, Don N

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Hernández, Don Nicanor Fernández, Don Matías Brito y Don Felipe Yee Hernández. También aparecen Don Luis Sánchez Martínez y Don Alejandro González de Cd. Madero, Tamps., así como Don Antonio Torre y Don Óscar de Luna de Cd. Valles, S.L.P. a quienes acompaña el Sr. Don Juan N. Guerra, representante de esta empresa en la Zona No. 12 que corresponde a Tampico y la región”. El Mundo (1962), Pie de foto, 26 de julio, Tampico, p. 7. El Porvenir (1962), “Huéspedes de Casa Madero, S. A.”, 24 de julio, Monterrey, p. 6. También El Norte (1962), “Invitados de Casa Madero a Parras”, 24 de julio, Monterrey, p. 4A. Inspector PS-1 al Jefe de la Oficina de Información Política y Social, 19 de junio de 1940, Monterrey, Nuevo León, agn, ips, caja 127, expediente 30, fojas 32-33. El Porvenir (1957), “Brillante festejo al general de División y senador Anacleto Guerrero en su onomástico. Ambiente de franca cordialidad privó entre todos los asistentes al agasajo”, 14 de julio, Monterrey, p. 2. Se hablará de ello con más detalle en el siguiente capítulo.

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En el siguiente capítulo se hará una exposición más detallada de esta relación, cuando se muestre la integración de capitales ilícitos en el sector agropecuario.

Del contrabando de alcohol al tráfico de drogas: las conexiones de Monterrey con la frontera tamaulipeca En el noreste mexicano, prácticamente en todos los testimonios históricos disponibles sobre el desarrollo de los tráficos ilícitos, la constante es, desde el término de la Revolución y hasta finales de la década de 1950, el rol fundamen­tal desempeñado por los generales revolucionarios en la ­articulación de ­actividades ilícitas y en la protección a aquellos individuos que alcanzaron ­mayor relevancia en ellas, en gran medida, gracias a tales apoyo. Esto tuvo lugar, en especial, en las localidades fronterizas que se constituyeron como ­puntos tradicionales de cruce estratégico de armas, telas y productos de vestua­rio, electrodomés­ticos y drogas psicoactivas, como Matamoros, Reynosa, Mier — escindida para conformar el municipio de Miguel Alemán— y Nuevo ­Laredo, que tuvieron relación estrecha con el epicentro económico de la región: Monterrey. Mier, Tamaulipas, proporciona un buen ejemplo de lo anterior. La red de traficantes en la que ocupaban un sitio conspicuo los hermanos Guerra Cárde­nas se extendía a esa localidad. Los documentos censales, ­bautismales y de d ­ efunción muestran diversos elementos que apuntan a Matamoros, T ­ amaulipas, como sitio de proveniencia o residencia temprana de los padres de Juan N. Guerra, Plácido Guerra Lerma y María Eloísa Cárdenas Benavides.41 No obstante, en una entrevista que concedió a un periodista estadounidense a mediados de la década de 1990, Juan N. Guerra manifestó que su padre era nativo de Mier, 41 Con base en la revisión de documentos bautismales y censales contenidos en el sitio web

, la fe de bautismo de María Eloísa Cárdenas Benavides, fechada el 8 de noviembre de 1895, fue emitida por la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, en Matamoros (Indexing Project [Batch] Number: I04065-0; System Origin: Mexico-EASy; Source Film Number: 1511749; Reference Number: p. 96). En el censo de 1930, Plácido Guerra Lerma afirmó ser oriundo de Matamoros. No obstante, en su certificado de defunción, fechado el 24 de marzo de 1962 y llenado con información proporcionada por su hijo, Roberto Guerra Cárdenas, se señala que Guerra Lerma había nacido en una localidad no precisada de Texas, Estados Unidos. (Film Number: 2116933; Digital Film Number: 4028431; Image Number: 02642; Reference Num­ber: 13575).

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Tamaulipas.42 Sus operaciones se extendían a la región —fue en Miguel A ­ lemán, municipio escindido de Mier, donde se incautó el camión repartidor de la Cervecería Cuauhtémoc, que portaba el contrabando de café y/o drogas que motivó el asesinato del coronel Octavio Villa Coss—.43

El contrabando de alcohol En Mier, uno de los principales actores dedicados a los tráficos irregulares, previo al propio Juan N. Guerra, fue Germán Barrera González, personaje que había nacido el 11 de octubre de 1901 en El Frontón, Texas, localidad ubicada frente a Los Guerra, en Mier, Tamaulipas —lugar al que sus padres, Benito Barre­ra González y Francisca González Barrera, se trasladaron al poco tiempo de su nacimiento—. Su familia provenía de migrantes neoleoneses de los muni­ cipios de Marín o de Dr. González —el propio Germán Barrera no proporcio­ na el dato con exactitud—, e incluso del poblado de Topo Chico, cercano a ­Monterrey. Germán Barrera tenía parentesco con alguna rama de las familias Guerra de la región: su bisabuela se llamaba Basilia Barrera Guerra.44 Como suele suceder en las localidades pequeñas, donde los lazos de parentesco se traslapan y entrecruzan, con el devenir de las uniones los apellidos se repiten o invierten (considérese por ejemplo el caso de Advento Guerra Barrera, sobrino de Germán Barrera González).

42 The Brownsville Herald (1996), “‘Destiny’ Made Juan N. Guerra Rich, Powerful”, 26 de ene43 44

ro, Brownsville, Texas, disponible en línea: , [consultada el 4 de enero de 2018]. Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Los Villa se enfrentan a los contrabandistas. Dos hermanos más colaboran con Trinidad, jefe de vigilancia. Amplias facultades les dio el presidente, al que prometieron no ejercer venganza”, 14 de mayo, Matamoros, pp. 1 y 3. Barrera González, Germán (1972), Breves apuntes de mi vida, s.e., Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México, p. 9. Este texto fue proporcionado al autor por una persona ligada a la descendencia de Germán Barrera González. Se trata de unas memorias del p ­ ersonaje, ­editadas por él mismo, con fines de circulación exclusiva entre sus allegados, no con propósi­ tos comerciales. En ellas, ofrece testimonio de su vida, enriqueciéndolas con fotografías de él, de su familia y asociados. En ellas, reconoce haber participado como contrabandista de alcohol hacia Estados Unidos y relata sus relaciones con militares mexicanos encargados de resguardar la frontera. Puede accederse a una versión digital de este texto en la Biblioteca Ángel Palerm, del ciesas, Unidad Ciudad de México.

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En Mier, Tamaulipas, Germán Barrera González inició su fortuna a partir de actividades de contrabando y sería el patriarca de una familia que mantuvo gran ascendiente en la escena política y empresarial de esa zona de la frontera tamaulipeca, con estrechos lazos con Nuevo León. Varios de los herederos del círculo social y de colaboración de Germán Barrera González formarán parte en el futuro de la red delictiva que se extendió en todo el noreste, con fuerte presencia en Tamaulipas y Nuevo León, en la que ocupaban un lugar destacado los hermanos Guerra Cárdenas, e incluso, su sobrino, Juan García Ábrego. La participación de Germán Barrera González en el contrabando de licor hacia Estados Unidos es expresada por él mismo: Durante los años de 1929 a 1933 se estableció en los Estados Unidos de Norteamérica, la época del estado seco, ley que promulgó el Presidente Hoover y derogó el también Presidente Roosevelt, esto permitió que algunos como el suscrito pudieran hacer la venta de licores para E.U. de Norteamérica, circunstancia que me sirvió para hacerme de los segundos centavos que gané, pues los primeros fueron con el algodón y fue así como logré iniciar ya de 1938 para adelante, negocios de otra naturaleza […].45

Barrera González expresó en sus memorias el favor recibido de un militar que le permitió continuar con sus actividades de contrabando de licor hacia Estados Unidos en el contexto de la Prohibición derivada de la Ley Volstead, mientras que otros competidores fueron sacados del juego por discrecionalidad de un general: Se me pasaba referirme a un hecho que tuvo gran significaci6n en mi vida, al establecerse en E.U. de Norteamérica el estado seco y en Mayo de 1931 conducí [sic] yo una carga de licor entre Mier y Guerrero y fui aprehendido por soldados del ejército y conducido posteriormente a la ciudad de Monterrey, N.L., siendo Jefe de las opera­ciones el Gral. Eulogio Ortiz, quien estaba ausente de la Jefatura porque había salido a unas maniobras en Puebla, por lo que tuve que estar en calidad de arrestado todo el mes de mayo, pues dicho señor regresó hasta los días primeros de Junio, pero

45 Barrera González, Breves apuntes…, p. 12. En éste y los siguientes fragmentos de las memorias de Germán Barrera González, se guarda textual la redacción del autor, aun con los errores ortográficos o gramaticales que contenía el original.

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recuerdo que yo le explique entonces al Jefe de Estado Mayor Coronel ­Martínez Murillo, la urgencia que tenia de estar en mi casa, porque se acercaba la fecha de nacimiento de mi segundo hijo, (German Jr.) entonces el Coronel me permitió bajo palabra de honor, que viniera y estuviera el tiempo necesario hasta que mi hijo naciera y me presentara de nuevo, como así fue, el día 2 de Junio de 1931 nació German Jr., y el día 4 del mismo me presente otra vez en la Jefatura de O ­ peraciones, en donde no estuve más que unos minutes pues no tarde nada en arreglar mi asunto, pues el Gral. Ortiz estaba muy bien impresionado de mi caso y me ­acuerdo que le llamó muy fuerte la atención y le hizo un e­ xtrañamiento muy ­singular al Teniente Coronel que me aprehendió Sr. Rubén Carrillo, pues ­según el yo llevaba todos mis papeles en orden. Esta buena impresión se debió a lo s­ iguiente: los gobier­nos de México y Estados Unidos acababan de celebrar un convenio inter­na­­­cio­nal, en donde uno y otro debían protegerse en el contrabando, o sea que ­México combatiera el tráfico de licores y ellos el de telas y calzado, que era en ese tiempo lo que más manejaban los contrabandistas del rumbo. Muy pocos días después de celebrado este convenio estábamos en la ciudad de Monterrey más de treinta comerciantes en licores, aprehendidos por los miembros del ejército nacional, que eran los que traían la campana y sucedió un caso muy curioso, no sé porque razón intimó conmi­go el Coronel Martínez Murillo, así que cuando ­todos los presos pidieron amparo a la Justicia Federal, contra actos de la Jefatura de Operaciones de Monterrey, a mí me aconsejó el Coronel Martínez Murillo que no lo hiciera y fui el único que no firmó la solicitud de amparo, es muy importante hacer notar que los días que pasé allí, fueron duros por que los demás ­compañeros de prisión me veían como un enemigo de ellos, entonces el Coronel me puso en una celda muy apartada de ellos, un día fueron puestos todos en el tren rumbo a México, escoltados por miembros del Ejército, habiendo quedado yo únicamente. Eso creo que haya sido la razón por la cual el Gral. Ortiz, cuando se enteró de todo me tuvo muchas consideraciones, pues apenas estuve en su presencia dio orden de que me pusieron en libertad, me entregaran la camioneta que me habían recogido y palabras textuales del General Ortiz al Coronel Carrillo mi aprehensor “Váyase usted a hacerse cargo de su gente que tiene en Mier y ayude a este hombre”, desde entonces hasta el día que se fue Carrillo, ya no tuve ningún problema.46

46 Barrera González, Germán (1972), Breves apuntes de mi vida, s.e., Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México, p. 13

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El general Eulogio Ortiz, villista de origen y converso a los constitucionalistas, apoyó el Plan de Agua Prieta de Obregón y en lo subsecuente mantuvo lazos cercanos con Plutarco Elías Calles. En 1929, combatió la rebelión escobaris­ta en el noreste, junto con Juan Andreu Almazán.47 También era amigo de Bonifacio Salinas Leal, con quien coincidió como comandante de la 7ª Zona Militar con sede en Monterrey, cuando Salinas Leal era gobernador de Nuevo León. En 1940 había apoyado la nominación del general Manuel Ávila Camacho a la Presidencia de la República y, en 1946, al frente de la comandancia militar en Nuevo León, Eulogio Ortiz apoyó la candidatura presidencial de Miguel ­A lemán, junto con los generales Bonifacio Salinas Leal, entonces gobernador en funciones de Nuevo León y Anacleto Guerrero, ex gobernador de Nuevo León y comandante de la Zona Militar en Tamaulipas.48 Según reportó el consulado estadounidense en Monterrey, en 1945, en esa misma posición, Eulogio Ortiz había sido, junto con el empresario Prisciliano Elizondo y F ­ ederico ­Gómez, direc­tor del diario El Porvenir, uno de los principales anfitriones del ex p ­ residente cubano Fulgencio Batista, en su visita a esa ciudad. 49 Durante su paso por la comandancia militar en Nuevo León, el general Ortiz entabló también cercana amistad con el empresario farmacéutico de origen alemán Guido Otto Moebius, de Monterrey,50 cuya familia era propietaria de Fábricas Apolo y accionistas de 47 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inherm) (2014), 48 49

50

Diccionario de generales de la Revolución, t. 2, inherm, México, pp. 776-778. Santos, Gonzalo N. (1984), Memorias, Grijalbo, México, pp. 477-481, 647-650, 837. Henry S. Waterman, cónsul americano, al secretario de Estado, Monterrey, 12 de marzo de 1945, Visita a Monterrey del general Fulgencio Batista, ex presidente de Cuba, disponible en línea: , [consul­ tada el 4 de enero de 2018]. Según esa misma fuente, el referido empresario Prisciliano Elizondo, a su vez, había sido especialmente cercano a las administraciones de Bonifacio Salinas y su sucesor, Arturo B. de la Garza. Plasencia, Enrique (2002), “Eulogio Ortiz: la domesticación de la violencia”, Revista de la Universidad de México, enero, unam, México, p. 17. El autor también refiere la vinculación que se hizo de Moebius con el régimen nazi. Para los archivos mexicanos al respecto, r­ emite a agn, ips, caja 114, expediente 21/261/2. El general Eulogio Ortiz era reconocido por su violencia y arbitrariedad, con diversos testimonios de ello en su participación en la Guerra Cristera, en la represión al movimiento vasconcelista. Murió mientras fungía como comandante de la Zona Militar en Querétaro en 1947: fue atropellado por un automóvil durante su participación en la campaña contra la fiebre aftosa. Véase inherm, Diccionario de generales…, p. 78. Plasencia, “Eulogio Ortiz…”, pp. 15-16 y 20. Muestras de su crueldad pueden apreciarse en el

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Vidriera de Monterrey, S. A., del Banco Mercantil de Monterrey y de la Compañía Minera de San Pablo.51 Guido Otto Moebius fue identificado como espía y colaborador de los nazis y participante en actividades de contrabando de recursos estratégicos realizadas por agentes del Reich en la frontera entre México y Estados Unidos.52 A la luz de lo anterior, resulta significativa la cercana rela-

51 52

testimonio de la tortura a la que sometió personalmente a Librado Rivera, anarquista compañero de Ricardo Flores Magón, véase Poole, David (s. f.), “Librado Rivera”, así como las cartas testimoniales del propio Rivera, enviadas desde la prisión a los periódi­cos Verbo Rojo, el 10 de marzo de 1929 y Avante, el 15 de abril del mismo año, disponibles en línea: , [consultada el 5 de enero de 2018]. Garza Luna, Adriana y Enrique Tovar Esquivel (2009), “Guido Moebius y Las Fábricas ­Apolo. Un industrial alemán en Monterrey”, Boletín de Monumentos Históricos, tercera época, núm. 15, enero-abril, pp. 139-140. Secretaría de Gobernación, Departamento de Investigación Política y Social, expediente Moebius, abril de 1942, agn, ips, caja 114, expediente 21/261/2. Según el periodista Juan Alberto Cedillo, Moebius estaba ligado al contrabando de mercurio, metal ­estratégico envia­do por esta vía desde México hacia la Alemania nazi, hecho que fue descubierto por los servicios de inteligencia estadounidenses. No obstante, la ausencia de las fuentes ­específicas emplea­das por este autor para exponer lo anterior no permitió verifi­car la información. Véase Cedillo, Juan Alberto (2013), Los nazis en México. La Operación Pastorius y nuevas revelaciones de la infiltración al sistema político mexicano, Debate, México, versión ebook, ­capítulo 1 (s.p.). Sin embargo, la filiación pronazi de Moebius y su colaboración fueron r­ econocidas por él mismo en una entrevista que concedió a un reconocido historia­dor, quien no dudó en denominarle Gauleiter [líder de zona] de la Célula ­H itleriana ­Regiomontana. ­Véase Pérez Montfort, Ricardo (2001), “Algunas ideas sobre las relaciones germano-mexicanas en la primera mitad del siglo xx”, en Bieber, León E. (coord.), Las rela­ ciones germano-mexicanas desde el aporte de los hermanos Humboldt hasta el presente, ­Colmex/Servicio Alemán de Intercambio Académico/unam, México, pp. 153-154. Si bien el propio Pérez Montfort, así como otros historiadores —por ejemplo Radkau, Verena (1988), “Los nacionalsocialistas en México”, en Von Mentz, B., V. Radkau, D. Spenser y R. Pérez ­Montfort, Los empresarios alemanes, el tercer Reich y la oposición a Cárdenas, ciesas, México, pp. ­182-190— minimizan el interés de la Alemania nazi por desestabilizar a México, juicio con el que coincido, no puede olvidarse que en algunos casos específicos, como el del referido industrial Guido Otto Moebius, el personaje era parte de un círculo social adverso en extremo a Cárdenas y a las reformas sociales y económicas por él impulsadas, como lo era la élite del empresariado neoleonés, que de facto maniobraron para deponerle. Naturalmente, esta animadversión parece más el producto de las tendencias conservadoras de la élite empre­sa­­rial neoleonesa que un interés directo del régimen nazi, que en general tendría puesta su atención en la desestabilización de Estados Unidos, no la de México. En todo caso, lo que me interesa resaltar en este trabajo no es en sí mismo el carácter pro nazi

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ción de Moebius con el general Eulogio Ortiz, quien según se ha visto, había facilitado la continuación de la actividad de algunos contraban­distas fronteri­zos, como Germán Barrera González, de Mier, Tamaulipas y que, en función de lo anterior, aparece también como uno de los militares que protegían el desarrollo del contrabando. Guido Otto Moebius fue detenido por agentes de la Secretaría de Gobernación y concentrado a Perote, Veracruz. En su ­defensa, los generales Eulogio Ortiz y Anacleto Guerrero enviaron comunicaciones a la Presidencia de la República en 1942, ofreciendo garantías por su probidad. ­Según expusieron, Moebius era cuñado de Juan Enríquez Rodríguez, secretario particular del general Anacleto Guerrero.53 De nuevo en el recuento de Barrera González, a partir del estallido de la Segun­da Guerra Mundial, las mismas redes operaron, mediante los mismos lugares donde estaban establecidas, para llevar a cabo un contrabando de ­bienes de primera necesidad que, en las condiciones propiciadas por el conflicto, esca­ sea­ban del lado mexicano de la frontera: La segunda guerra trajo también para los que supimos aprovechar un movimiento comercial muy considerable, pues había algunos productos vitales entonces que

53

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de Moebius, sino sus ligas con las redes de contrabando en las que estaban conectados de manera directa políticos y generales revolucionarios, contrabandistas y empresarios de primer nivel. No deja de llamar la atención, sin embargo, la existencia de una ideología conservadora, que encontró afinidad en determinados sectores de las instituciones y el e­ mpresariado ya no alemán, sino estadounidense, al término de la Segunda Guerra ­Mundial. Según le narró a Pérez Montfort, la estancia de Moebius en Perote fue en realidad bastante suave: podía trasladarse a correr juergas al puerto de Veracruz los fines de semana. Véase Pérez Montfort, “Algunas ideas…”, p. 154. Al frente de la Secretaría de Gobernación, la dependencia encargada de supervisar la reclusión, estaba Miguel Alemán, quien tenía nexos sentimentales con Hilda Kruger, espía de la Alemania nazi y encargada de facilitar los ­referidos contrabandos, según expone el periodista Cedillo en su trabajo citado. Hacia octubre de 1944, Moebius había recuperado su libertad por disposición de Miguel Alemán. Véase carta de Guido Otto Moebius a Eduardo Ampudia, 24 de octubre de 1944, México, D. F., agn, ips, caja 114, expediente 21/261/2, foja 53. Memorándum de Eulogio Ortiz al presidente de la República, 7 de mayo de 1942, Querétaro, Querétaro, Secretaría de Gobernación; también telegrama del general Anacleto Guerrero al presidente de la República, 8 de mayo de 1942, Tampico, Tamaulipas, Departamento de Investigación Política y Social, expediente Moebius, abril de 1942, agn, ips, caja 114, expediente 21/261/2, fojas 16-18.

escaseaban, se puso en marcha lo que se llama “mercado negro”. Antes de 1938 me había asociado con Jesús García Gutiérrez, que era otro hombre sobresaliente en la región, para establecer un almacén de abarrotes en Estación Aldamas, N. L., para este fin hablé con Jesús Ramírez Guerra, hijo de mi tío Hilario Ramírez, quien vivía y vive aún en Monterrey, por lo que vino a platicar conmigo a ­A ldamas, no ­ abiendo podido entendernos, entonces alguien me recomendó a Agustín Quih roga, que estaba trabajando para Dn. Aarón Sáenz en Estación Rascón, S. L. P., ­platicamos, le gustó mi idea y nos entendimos. Mi plan consistía y así se lo expuse, en lo siguiente, formar una sociedad de carácter anónima en donde todos los posibles clientes pudieran adquirir acciones, de esta manera tendríamos una clientela asegurada que tendría gran interés en comprar en el negocio puesto que era socio del mismo, una vez arreglados empezamos a trabajar. Pero no tardó mucho este señor en ponerse en contacto con José Ma. Barrera, de Misión y la misma idea y plan la llevaron a Reynosa, lo desarrollaron y es esto lo que actualmente es Quiroga y Ramírez. Esto no es ni será jamás para mí motivo de disgusto, ni mucho menos resentimiento, pero sí estoy seguro que fue una idea que concibió el suscrito y que la desarrollaron exactamente y con mucha capacidad Quiroga y Ramírez, una vez que éste dejó el trabajo para ir a formar parte del nuevo negocio en Reynosa, Tamps., entonces invité a Advento Guerra mi sobrino, quien ya estaba trabajando conmigo en forma meritoria pues no tenía sueldo, y al poco tiempo se entendió y compró las propiedades de Cecilio Vela, en estación Aldamas, N. L., me informó de sus planes y yo estuve conforme y de acuerdo con ellos, habiéndole entregado la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos) como compensación por el tiempo que había estado trabajando conmigo y para que empezara su negocio”.54

Las ganancias obtenidas en ésta y otras actividades económicas no debieron ser menores. En el mismo documento, Germán Barrera González narra que en 1936, con el apoyo de Antonio Nassar, en Reynosa, fue nombrado d ­ istribuidor de los productos de la compañía petrolera El Águila. Tras la expropiación petrolera en 1938 fue nombrado distribuidor de los hidrocarburos de Pemex para los municipios de Camargo y Mier, que entonces incluía al actual municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Asimismo, en 1947 inició las gestiones y alianzas empresariales que permitieron, dos años más tarde, establecer en el recién 54 Barrera González, Breves…, pp. 12-13. 191

creado municipio de Miguel Alemán, una sucursal del Banco Mercantil del Norte, S. A. de Matamoros, Tamaulipas, institución financiera a la que se asoció junto con su sobrino Advento Guerra Barrera, Juan González Flores y Toribio Guerra Ramírez.55 Resulta difícil suponer, a la luz de tal acumulación de recursos, que el contrabando de licor hacia Estados Unidos, con que inició sus actividades G ­ ermán Barrera González fuera de las características humildes y rudimentarias propias de los tequileros, según la denominación popular referida en algunos trabajos históricos sobre el contrabando en la frontera noreste,56 con algunas pocas bote­ llas de bebidas embriagantes cargadas en el lomo de una mula. Sin descartar esta dimensión del contrabando transfronterizo, resulta imposible obviar que aquellos personajes que prevalecieron en actividades de tráficos ilícitos ­durante décadas y alcanzaron a labrar mayores fortunas fueron aquellos que contaron, por una parte, con la protección de actores institucionales, políticos y de segu­ ridad; y por otra, con la fuente de mayor escala para el aprovisionamiento y/o comercialización de bienes intercambiados de manera ilegal a través de la frontera, así como para invertir sus ganancias en los circuitos económicos formalmente establecidos. En otras palabras, aquellos que formaban parte de alguna subred dentro de la red de poder hegemónica. Como muestra de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el municipio de Mier se escindió para constituir el de Miguel Alemán por maniobras de los personajes antes señalados, que eran capaces de configurar no sólo circuitos institucionales para beneficiar sus intereses particulares, sino la propia división política de la geografía local. El municipio de Miguel Alemán se constituyó el 11 de octubre de 1950,57 como resultado de una pugna entre el gobernador Raúl Gárate y Horacio Terán, su futuro sucesor, y sus respectivos allegados. El diputado del distrito, Valentín Barrera, cercano al gobernador Gárate, se ­había confrontado con el presidente municipal de Mier, Marcial Garza Sarabia, m ­ otivo por el cual Gárate había maniobrado para defenestrarle de la alcaldía. Garza Sarabia, asesorado por Horacio Terán, se amparó ante la Suprema Corte de 55 Barrera González, Breves…, pp. 12 y 14. 56 Díaz, George T. (2015), Border Contraband. A History of Smuggling Across the Rio Grande, 57

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University of Texas, Press Austin, Texas, pp. 93-95. Sitio web oficial del municipio: , [consultada el 5 de enero de 2018].

Justicia y fue repuesto en el cargo. Con la creación del nuevo ­municipio, Gára­ te y la familia Barrera garantizaban la continuidad de su i­nfluencia en una zona que, entre otras cosas, representaba un espacio estratégico para los cruces fronte­rizos irregulares.58 En las décadas siguientes, las f­ amilias ­Guerra y Barre­ra mantuvieron el control político de ese municipio y alta influencia en el ­veci­no Mier: entre 1950 y 2007, el municipio de Miguel Alemán fue ­gobernado por 20 alcaldes, de los cuales, 12 tenían uno u otro apellido, o ambos. Por ­ejemplo, el primer presidente de la junta de administración civil del municipio (1950-1951) fue precisamente José Barrera González, hermano de Germán Barre­ra ­González; el siguiente (1952-1954), Toribio Guerra Ramírez, era otro de sus allegados; después, el siguiente presidente municipal (1955-1957), Advento Guerra B ­ arrera, futuro diputado federal y empresario, era su sobrino, según se ha visto ya; ­Wenceslao Ramírez Guerra, alcalde entre 1958 y 1960, era también cercano a Germán Barrera; y el presidente municipal de 1961 a 1962, Juan Barre­ ra González, era su hermano.59 Los hermanos Guerra Cárdenas, sus asociados y sus dinastías se consolida­ ron desde entonces y hasta mediados de los años 1990, como los más conspicuos contrabandistas de bienes comerciales, armas y drogas en el noreste del país, en buena medida, gracias a la protección inicial que recibieron de esta subred de poder hegemónica. La logística de sus operaciones no se limitaba a Tamaulipas. En ocasiones, el epicentro de la dinámica partía de Nuevo León.

58 Esta confrontación y su resultado en la creación del municipio de Miguel Alemán están

59

narradas por un testigo privilegiado, parte de los círculos de poder tamaulipeco, como fue Ciro de la Garza Treviño. Véase De la Garza Treviño, Ciro (1975). La Revolución mexicana en el Estado de Tamaulipas, t. II, Librería de Manuel Porrúa, S. A., México, pp. 754-755. Véase Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, Estado de Tamaulipas, ­M iguel Alemán, disponible en línea: , [consultada el 5 de enero de 2018]. A pesar de ser oficial, la página contiene algunos errores de fecha y nombre. Por ejemplo, el nombre ­correcto del alcalde de Miguel Alemán en el periodo 1952-1954 no es Toribio Guerra Pérez, como está consignado ahí, sino Toribio Guerra Ramírez. Y Wenceslao Ramírez Guerra no fue presi­ dente municipal de 1958 a 1968, sino de 1958 a 1960. Véase La Prensa (2010), “Honrarán memoria de ex alcaldes fallecidos”, 26 de octubre, Miguel Alemán, Tamaulipas, ­d isponible en línea: , [consultada el 5 de enero de 2018]. Sobre el parentesco de Germán Barrera González y sus hermanos José y Juan, véase Barrera González, Breves…, p. 9.

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La Primera Zona Aduanal con sede en Monterrey: la mecánica de los tráficos ilícitos En diciembre de 1970, la dfs reportó la realización de una barbacoa que tuvo lugar el 24 de diciembre en Cerralvo, Nuevo León, en el rancho de ­Juventino González Ramos, y que tuvo como propósito acordar la organización de t­ ráficos ilícitos de diversa naturaleza, de manera coordinada con la Primera Zona del Resguardo Aduanal, con sede en esa ciudad, específicamente con el ­capitán Alfonso Domene, alto funcionario de la misma.60 De acuerdo con el delegado de la dfs en el estado, Ricardo Condelle, uno de sus informantes estuvo presen­te en la reunión y logró identificar a varios de los concurrentes. Al convite asistieron traficantes connotados, oficiales aduanales y políticos —o sus representantes—. El delegado de la dfs en Nuevo León, Ricardo Condelle, i­ nformó al titular de la corporación, el capitán Luis de la Barreda Moreno, que en la ­reunión habían estado presentes el anfitrión, Juventino González Ramos, en representación del ex gobernador neoleonés Eduardo Livas Villarreal (1961-1967), ex secretario particular de Bonifacio Salinas Leal, durante el mandato de este último.61 También asistió Rafael Sierra de la Garza, presidente municipal en f­ unciones de Reynosa, Tamaulipas —el feudo de influencia inmediato del general ­Tiburcio Garza Zamora—. Sierra de la Garza había sido ungido alcalde por instancias del candidato a gobernador de Tamaulipas, Manuel Antonio Ravizé, designado a su vez por instancias de Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y uno de los más fuertes aspirantes a sucederlo, en 1970.62 60 Ricardo Condelle, delegado en Nuevo León, a Luis de la Barreda Moreno, titular de la dfs, 61 62

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28 de diciembre de 1970, Monterrey, Nuevo León, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. La influencia de Martínez Manautou en la desig­ nación de Ravizé fue expuesta directamente por este último en una entrevista concedi­da a la prensa tamaulipeca. Véase Diario de Nuevo Laredo (1986), “Tamaulipas es un botín de caciques”, 23 de marzo, Nuevo La­redo, pp. 1 y 6, sección C. Por su parte, la nominación de Sierra de la Garza a la Presidencia Municipal de Reynosa, por instancias de Manuel A. Ravizé, fue expresada por el propio Sierra en entrevista con César Humberto Isassi Cantú.

A la referida reunión también asistió el capitán Alfonso Domene Flor ­Milán, quien fungía como segundo comandante del Resguardo Aduanal y que se ­reunía con políticos que habían apoyado las aspiraciones presidenciales de Emilio Martínez Manautou, como José Cruz Contreras, ex presidente municipal de la misma Reynosa, Tamaulipas y ex secretario general de Gobierno durante la administración de Norberto Treviño Zapata. El hermano de Alfonso Domene, José Juan Domene, había sido oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia, mientras Martínez Manautou fue su titular. José Juan Domene y Martínez Manautou eran amigos cercanos, aclaraba el reporte.63 El capitán Domene había estado al frente del Resguardo Aduanal en Reynosa, Tamaulipas, cargo del que, según el reporte, fue removido por maniobras del comandante Alberto Vessi, quien lo sustituyó en esa plaza. Pero ahora, gracias a su nueva ubicación, como segundo al frente de la Primera Zona de ­Resguardo Aduanal, influía de manera directa a su titular, Fidel Cuéllar Treviño, quien había “[…] aceptado ya cantidades de dinero muy respetables que le lleva el Cap. Domene pero no aparece en las reuniones que se han tenido”.64 Fidel Cuéllar Treviño era un personaje que había sido inspector general de policía en Tamaulipas. Fue designado al frente de la Primera Zona Aduanal el 14 de diciembre de 1970, a pocos días de haber iniciado la administración eche­verrista. Tras dejar la policía tamaulipeca y hasta antes de ser nombrado, ­Cuéllar se dedicaba a la agricultura y ganadería.65 El delegado Condelle observaba que el comandante Fidel Cuéllar Treviño era compadre de otro de los asistentes a la reunión referida: Juan N. Guerra “[…] ­famoso contrabandista, lenón y traficante de Matamoros, generoso contribu­ yente de la Pre-campaña de su amigo el Dr. Martínez Manautou y del Sr. José

63 64 65

Véase Isassi Cantú, César Humberto (2005), Palabras recuperadas. Reynosa y sus presidentes, Monterrey, México, p. 59. El sucesor de Sierra de la Garza en la Presidencia Municipal de Reynosa fue Manuel el Meme Garza González, sobrino de Tiburcio Garza Zamora. Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Idem. El Porvenir (1970), “Fidel Cuéllar jefe de II Zona Fiscal en Monterrey”, 15 de diciembre, Monte­r rey, p. 10A. La nota denomina erróneamente la demarcación, que era en realidad la Primera Zona Aduanal con sede en Monterrey. Según la misma nota, el nombramiento tuvo lugar desde el sábado 12 de diciembre, pero se hizo efectivo el lunes 14, fecha en que formalmente Cuéllar ocupó la oficina.

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Juan Domene”.66 De hecho, Condelle hacía suyas las palabras del ­a gente del Ministe­r io Público Federal en Reynosa, Lic. Regino Vargas, quien se expresaba así del comandante de la Primera Zona de resguardo Aduanal: “Fidel ­Cuéllar Treviño reconocido como contrabandista es un triste mandadero de Juan N. Guerra”.67 Además de Guerra, otros operadores de los tráficos ilícitos que asistie­ron a la reunión fueron: Mario Flores Lara, “coludido en el tráfico de braceros, m ­ illonario por este sucio negocio, desde hace tiempo asociado en los negocios turbios del Lic. Juventino González Ramos [el mismo Juventino González quien habría sido el anfitrión de la reunión y fungido como represen­ta­ción del ex gobernador Livas Villarreal]”.68 También Lino González Pérez, “lenón, traficante de drogas y contrabandista, concesionario de la Cervecería ‘Corona’ [Modelo] en la Villa de Guadalupe, Nuevo León”.69 Un informe posterior de la misma dfs, redactado años después, mostraba un carácter menos subordinado del referido comandante Fidel Cuéllar Treviño. Pero además, el reporte permite apreciar con claridad la confluencia del contrabando de armas, bienes comerciales y el tráfico de drogas en el noreste del país. Como se verá, varios de los personajes mencionados en páginas anteriores participaban en estas actividades ilícitas de manera indistinta. Con fecha del 2 de julio de 1974, la dfs preparó un informe bajo el t­ ítulo “Indi­cador. Paso del contrabando de armas, municiones, drogas y mercancías varias”. El documento constituía un análisis detallado de la dinámica de ­estos tráficos ilícitos en los estados fronterizos. El análisis focalizaba de manera indi­v idual los casos de Baja California, Sonora y Chihuahua y, de manera ­integra­da, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es decir, la región noreste. En el p ­ ropio índice del documento se muestra que el análisis de esta región era más porme­norizado: no sólo se abordaban rutas o nombres aislados, como era el caso de los dos primeros estados. En el noreste, el informe daba cuenta de p ­ uestos de control, la integración del personal de la Primera Zona Aduanal

66 Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino 67 68 69 196

González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Idem. Idem. Ibidem.

y su desempeño, así como los “Nexos y relaciones con personas en aduanas y ciudades fronterizas”, es decir, los vínculos de protección a los tráficos ilícitos.70 El reporte iniciaba con el señalamiento de coincidencia: las personas involucradas en el tráfico de drogas eran también quienes se encargaban de contrabandear armas y municiones: En el trabajo que se nos ha encomendado con respecto al tráfico de drogas en el que intervienen tanto ciudadanos mexicanos como de otras nacionalidades princi­ palmente norteamericanos que las transportan hasta la frontera con los Estados Unidos, hemos encontrado que a la vez que realizan esa actividad están interviniendo también en forma muy preponderante en el tráfico de armas y municiones. Los traficantes norteamericanos de drogas han encontrado mejores r­ esultados económicos en sus transacciones, entregar armas y municiones a cambio de enervantes que los traficantes mexicanos de drogas venden en territorio nacional también con buenos dividendos.71

El documento desestimaba una preocupación del gobierno federal de la época: que los grupos subversivos que operaban en el país estuvieran involucrados de manera orgánica en el tráfico de drogas y armas. De hecho, el reporte señalaba de manera explícita lo siguiente: A lo largo de un año y medio de actividades no hemos encontrado una base segura para afirmar que sean grupos subversivos los que se dediquen en forma permanente al tráfico de drogas enervantes como medio de obtener dinero y armas. Se ha podido precisar que los traficantes de drogas reciben armas que venden a precios elevados en diferentes lugares de nuestro país y que muchas de ellas van a parar a manos de grupos subversivos que las obtienen por medio de agentes de compra que tienen destacados en diversos puntos clave del tráfico de armas y de los que no se sospecha su conexión con los grupos señalados, pues las adquieren en forma aislada, de una en una o en cantidades pequeñas”.72

70 Informe de la dfs titulado “Indicador. Paso del contrabando de armas, municiones, drogas 71 72

y mercancías varias”, 2 de julio de 1974, s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, legajo único, caja 313, foja 1. La versión pública se realizó en 2017. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 2. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 2-3.

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Es probable que el año y medio de investigación aludido se refiriera ante todo a las pesquisas para combatir a los grupos guerrilleros, mientras que el tiempo dedicado de manera específica a indagar la dinámica de los tráficos ilíci­tos fuera menor pues, según exponen sus propios remitentes, la ­información que presentaban “[…] no es en definitiva un estudio completo dado que comenzamos a abordarlo hace aproximadamente dos meses, pero creemos que los datos que se aportan pueden ser el principio de un buen paso para formar opinio­nes y que por parte de la superioridad se puedan precisar las medidas que deben tomarse a fin de reprimir la entrada ilegal de armas al país, que es ya en forma cada vez más creciente”.73 A pesar del poco tiempo de investigación invertida y de las cautas palabras introductorias para la presentación de la información, el informe a continuación apuntaba a aspectos centrales del problema: Toda la frontera con los Estados Unidos puede considerarse como la zona por donde se introducen armas o sean los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, encontrándose inmiscuidos en el tráfico de armas los principales contrabandistas de variada mercancía, traficantes de drogas y autoridades locales y federales. Por lo que respecta a autoridades federales, se menciona a la Policía Judicial Federal y a los Administradores de las Aduanas así como los encargados de ­zonas aduanales, que son los más directamente conectados con el problema porque no les pasa inadvertido y, sin embargo lo permiten y en no pocas ocasiones lo protegen”.74

El informe daba cuenta de su propia metodología de investigación y establecía que su contenido era el resultado de la información de prensa recopilada a lo largo de 18 meses y enriquecida con los datos obtenidos a partir de las visitas periódicas realizadas en las diversas ciudades fronterizas y de otras entidades federativas del país para obtener información sobre el tráfico de drogas, misma que había sido proporcionada a los agentes “[…] por contactos, de absoluta

73 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 3. 74 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 3. 198

veracidad y las observaciones que se han realizado por otros medios”.75 De manera implícita, el documento dejaba ver el poco interés institucional en inda­gar esta dimensión de los tráficos ilícitos en el país —una constante que se mantiene en general hasta el presente—. Los investigadores mencionaban que los huecos en la información presentada se debían en primer lugar “[…] al corto tiempo que tenemos de trabajar este aspecto y, en segundo a que carecemos de los medios de investigación más apropiados y concienzudos”.76 En el análisis sobre la dinámica de los tráficos ilícitos, en Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas, el documento establecía: Estas tres Entidades [sic] por su situación geográfica están íntimamente ligadas en­ tre sí en el tráfico de enervantes, armas, municiones y mercancía cuya entrada al país está prohibida. Si en las Entidades [sic] que ya se han mencionado [Baja California, Sonora y Chihuahua] hemos señalado la complicidad de autoridades federales, por lo que respecta a estos tres Estados [sic] esta complicidad reviste caracteres mucho más graves según se desprende de la información que hemos recibido”.77

Las referencias a la protección a los tráficos ilícitos brindada por actores de instituciones de seguridad federal era una constante presente en todos los estados 75 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 4. En materia de

76 77

inte­l igencia, constituían fuentes vivas (humint), abiertas, cerradas y posiblemente con ­trabajo encubierto. Respecto al significado de estas categorías en el trabajo de inteligencia —­esencialmente análogo o similar al que emplean en general el resto de agencias encargadas de realizar estas funciones en el Occidente—, se puede consultar, con fines meramente ilustrativos, el siguiente sitio web sobre el ciclo de inteligencia, de la Academia de Policía británica: , [consultado el 10 de enero de 2018]; para una exposición más detallada: Metscher, Robert y Gilbride Brion (2005), Intelligence as an Investigative Function, International Foundation for Protection Officers, s.l., disponible en línea: , [consultada el 10 de enero de 2018]; sobre el valor de las fuentes abiertas para la investigación de inteligencia, puede revisarse a Akhgar Babak, P. Saskia Bayerly Fraser Sampson (eds.) (2016), Open Source Intelligence investigation. From Strategy to Implementation, Springer, Cham, Suiza, pp. 5, 7, 24-27 y 71, 133-134. También Carter, David L. (2012), Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies, CreateSpace Independent Publishing Platform, s.l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 4. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 13-14.

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fronterizos, pero en la región noreste mostraba una articulación ­mayor y más compleja, según la evaluación de los investigadores que redactaron el documento. En esta región, la protección a estas actividades estaba organizada ­desde las oficinas de la Primera Zona Aduanal, con sede en Monterrey, N ­ uevo León: “En razón de lo anteriormente expuesto vamos a señalar en primer tér­mino, la actuación de las autoridades aduanales cuya jurisdicción c­ orresponde a la Prime­ra Zona Aduanal con sede en Monterrey, N. L. y en segundo sus n ­ exos con contrabandistas de drogas, armas y mercancías y con la Policía Judicial Federal”.78 Según establecía el informe, la Primera Zona Aduanal integraba a los e­ sta­dos de Coahuila y Tamaulipas, con sus vastas zonas fronterizas, así como a N ­ uevo León y San Luis Potosí. En estos estados, los puntos de revisión aduanal ­estaban ubicados de la siguiente manera, de acuerdo con el mismo ­documento: en Coahuila, uno en Ciudad Acuña y otro en Piedras Negras. La Primera Zona Aduanal había establecido además un puesto de control en el km. 122 de la ­carre­tera Monclova-Monterrey. En Tamaulipas, las aduanas se encontraban en Nuevo ­Laredo, que tenía a su vez dos puestos de control: El Álamo, ubicado en la ­carretera Nuevo Laredo-Ciudad Anáhuac-Villa Aldama-Monterrey, m ­ ientras que el otro se encontraba en la carretera Nuevo Laredo-Sabinas H ­ idal­go-Ciénega de Flores-Monterrey, en Mamulique, Nuevo León. El puesto de control que correspondía a la aduana de Miguel Alemán, Tamaulipas, se localizaba en la ­carretera Miguel Alemán-Apodaca-Monterrey, en el punto denominado Papagayo, en Nuevo León. Por su parte, dependiente de la aduana en Reynosa estaba el punto de control ubicado en la carretera Reynosa-­Monterrey, en un sitio llamado Guadalupe. El punto de control que correspondía a la aduana de ­Matamoros estaba en la carretera Matamoros-Las Norias-Ciudad ­Victoria-Monterrey y lo operaba un grupo móvil al que se le denominaba Volanta y que recorría la ­carretera entre Ciudad Victoria y Monterrey. Además de estos puntos de control, operaban otros grupos móviles, así como otro de inspección en Monterrey. Su labor consistía en vigilar autobuses, trenes de pasajeros y de carga, en complementación con los establecimientos ya expuestos.79 El documento vuelve a mencionar al comandante Fidel Cuéllar Treviño, de quien antes se hizo referencia como titular de la Primera Zona Aduanal, pero 78 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 14. 79 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 14-15. 200

añadía un detalle relevante: “El Comandante de la Primera Zona Aduanal es el señor Fidel Cuéllar Treviño, que se dice compadre y recomendado de ­Enrique Cárdenas González y también asegura haber sido designado por el señor Presidente de la República”.80 En 1974, fecha en que se redactó el documento, Enrique Cárdenas González era el subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal en la Secretaría de ­Hacienda y Crédito Público, es decir, el responsable jerárquico de las aduanas del país. Cárdenas González había sido amigo de juventud del entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, quien en 1975 lo seleccionó como candidato del partido oficial al gobierno de Tamaulipas, cargo que ejerció entre 1975 y 1981.81 Vale la pena recordar lo anterior, así como la relación de la que, según el documento de la dfs en comento, presumía el comandante Fidel Cuéllar, a la luz de lo que se expondrá en breve. El informe continuaba señalando que Cuéllar Treviño tenía bajo sus ó­ rdenes directas a cinco comandantes: Plácido Martínez, Heriberto Sánchez, Salvador Díaz Infante, Ramón Quintanilla y David Castillo Castillo. Los cuatro primeros habían sido recomendados directamente por Cuéllar para ejercer su cargo, mientras que Castillo fue designado por la superioridad.82 El círculo inmediato de colaboradores del comandante Cuéllar Treviño estaba dedicado a los tráficos ilícitos. El informe hacía referencia explícita no sólo ya al contrabando de artículos comerciales o armas, sino al tráfico de drogas: El Cabo luis garza de la garza, adscrito también a la Primera Zona Aduanal tiene antecedentes criminales y de tráfico de drogas con conexiones en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamps. ariel guerra, celador y ayudante de confianza de Cuéllar Treviño, por sus antecedentes está considerado como traficante de drogas. Dos hermanos de éste, Francisco (alias [testado] y El [testado] cuyo nombre se ignora, ambos de apellido Guerra,

80 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 16. 81 Camp, Roderic Ai (2011), Mexican Political Biographies 1935-2009, 4ª ed., University of Texas, 82

Austin, p. 153. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 16.

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son señalados en Ciudad [Miguel] Alemán como traficantes de drogas, armas y contrabandistas de mercancía ilegal. el flaco guerra [hermano de Ariel] tiene un bar en Monterrey denominado el napoles en la calle de Zaragoza, donde desde hace tiempo se sabe que se distribuyen drogas. a ariel guerra, por sus conocimientos y relaciones en el contrabando y tráfico de drogas enervantes se le señala como el intermediario entre Fidel Cuéllar Treviño y los traficantes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas así como con los de Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Coahuila.83

El nombre completo de el Flaco Guerra era Héctor Santiago Guerra ­Barrera, herma­no de Francisco Guerra Barrera y Ariel (en la prensa regiomontana apare­ce mencionado como Uriel) Guerra Barrera. El periódico El Porvenir daba c­ uenta desde 1958, de acciones criminales de Héctor Santiago Guerra B ­ arrera (a) el Flaco o el Chago o el Chango. En ese año, asesinó de cuatro balazos a su amigo Alfonso García Garza, en una cantina y frente a múltiples testigos. Santiago Guerra era propietario de una granja avícola en Mier, Tamaulipas, pero es­ta­ ba avecindado en Monterrey, con domicilio en la colonia Las Mitras y, según la nota periodística, se le conocía por su carácter pendenciero.84 El h ­ omicida había logrado huir y la prensa no consignó posteriormente que hubiera sido detenido. Por el contrario, según evidenciaba la información de prensa, las ­actividades de Santiago Guerra eran, al menos desde finales de la década de 1950, más cercanas a lo descrito por el reporte de la dfs sobre los tráficos ilícitos, que a la crianza de aves de corral. En septiembre de 1959, alrededor de un año después del referido homicidio, Santiago Guerra ocupó de nueva cuenta la atención de los periódicos de Monterrey. En esta ocasión, por la incautación de 100 toneladas de telas introducidas al país de manera irregular. Elementos de inspección fiscal federal habían detenido a Salvador Treviño Narro y a su esposa, Celina 83 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 16-17. 84 El Porvenir (1958), “Acribilla a tiros a su amigo íntimo y huye luego a escape. Héctor Guerra comete un asesinato alevoso”, 18 de marzo, Monterrey, p. 2.

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Ferrigno de Treviño, quienes almacenaban las telas contrabandeadas en el domi­cilio de otro cómplice prófugo. De la pareja referida, la mujer confesó dedi­ carse por años a la introducción de telas y ropa desde Estados Unidos y señaló que Santiago Guerra (a) el Chango, con domicilio en Parras 286, colonia Las Mitras, Monterrey, habría de recoger la mercancía en esa ciudad.85 Héctor Santiago, Francisco y Ariel (o Uriel) Guerra Barrera, eran hijos de Santiago Guerra Tamez,86 un personaje involucrado en el tráfico de vehículos robados en Estados Unidos, en el que participaban también ex soldados de ese país.87 Según se ha visto en el informe de la dfs, esta institución ubicaba a Héctor Santiago, Francisco y Ariel (o Uriel) como contrabandistas de bienes y armas y como traficantes de drogas. El último de ellos les brindaba cobertura desde su posición como ayudante del comandante Fidel Cuéllar Treviño, titular de la Primera Zona de Resguardo Aduanal, con sede en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el informe, todos los principales contrabandistas de armas, drogas y mercancía ilegal en la zona eran amigos personales del subsecretario 85 El Porvenir (1959), “Contrabando por 100 toneladas, en telas. Ramificaciones en Monterrey”,

86

87

9 de septiembre, Monterrey, p. 2. La ubicación de domicilios reportados es relevante para la indagación de la relación entre inmuebles y propietarios, verificable a través de las respectivas oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad. Así se evidencia en el mensaje luctuoso por el deceso del propio Santiago Guerra Tamez, fallecido el 10 de junio de 1967 en Mier, Tamaulipas, a los 56 años de edad. Sus deudos eran su viuda, Natividad Barrera de Guerra, y sus hijos: Alicia, Héctor Santiago, Francisco, Ramiro Uriel e Hilda. El Porvenir (1967), Anuncio luctuoso “Ayer a las 20:00 horas dejó de existir en Cd. Mier, Tamps. el señor Santiago Guerra Tamez”, 11 de junio, p. 4A. El 14 de octubre de 1948, la prensa regiomontana dio cuenta de Lee Barton Williams y de Donald W. Ramsey, ex soldados estadounidenses detenidos por el Servicio Secreto de Monte­r rey, quienes encabezaban una banda de ladrones de automóviles. Tras la detención, tres de los vehículos que habían sido robados fueron restituidos a sus respectivos dueños, pero el cuarto, un Mercury Club Coupé, no había sido siquiera recuperado: se encontraba en poder de Santiago Guerra Tamez, personaje al que la nota consignaba como un influyente de Reynosa, quien había ocultado el auto en Agualeguas, Nuevo León, le había cambiado el número de motor y había evitado la incautación del vehículo al presentar un comprobante de empeño ante la agencia del Ministerio Público. De acuerdo con el diario, “Al parecer, su “influencia” [de Guerra Tamez] es tan grande que no ha sido molestado en lo más mínimo”. El Porvenir (1948), “Agrávase la situación de los ex soldados norteamericanos ladrones de automóviles. En cambio, Pantoja y demás miembros de la banda de roba-carros se encuentran ya en libertad”, 14 de octubre, p. 14 (numeración de la Hemeroteca Nacional Digital).

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Enrique Cárdenas González y del comandante Fidel Cuéllar Treviño.88 Estos individuos, y sus respectivos puntos de operación, incluían a “Juan N. ­Guerra, compadre de Fidel Cuéllar Treviño”, como figura principal en Matamoros, Tamaulipas.89 En Miguel Alemán, Tamps., figuraban Emilio Guerra, concesionario de la Cer­ veza xx (entonces producida por la Cervecería Moctezuma, empresa con sede en Orizaba Veracruz, que décadas después se fusionó con la Cervecería Cuauhté­ moc); una persona a quien sólo se identificaba por el apellido ­Sandoval, que tenía en propiedad un rancho avícola en la región; Alejandro Cano, oriundo de Veracruz que fungía como celador aduanal en Miguel Alemán y era considera­ do traficante de drogas; los referidos hermanos Francisco y Héctor Santiago Guerra; así como otro individuo de apellido Quintanilla.90 En Nuevo Laredo: juan gonzález (alias [testado]) mencionado como el más importante de todos los traficantes en esa región, con residencia en Monterrey, en la calle de Bolívar colonia Chepe Vera y que tiene oficinas en el Edificio Santos situado en la Ave. Madero de la propia ciudad de Monterrey donde dice dedicarse a la compra y venta de terrenos. Es compadre de Cuéllar Treviño y tiene unas bodegas en la Ave. Universidad frente a la Universidad de Nuevo León. Además tiene un rancho ganadero en Agualeguas, N. L. en el que se dice tiene también unas bodegas muy grandes que, al parecer, son la primera escala de la mercancía que por esa zona entra ilegalmente al país.91

El informe añadía que todas estas personas poseían camiones tráiler para el transporte de mercancía de contrabando, entre la que se incluían armas de todos los calibres.92 88 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 24. 89 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 24. 90 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 25. Sobre la cer-

91 92 204

veza xx, producida por la Cervecería Moctezuma y su posterior fusión con la Cervecería Cuauhtémoc, véase Flores, Óscar (2000), Monterrey industrial, 1890-2000, Udem, Monterrey, México, pp. 219 y 224. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 25-26. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 26.

Estos personajes tenían presencia reconocida y de conocimiento público en los tráficos ilícitos desde varios años atrás. El 27 de agosto de 1960, 14 años antes del informe de la dfs, El Porvenir, de Nuevo León, publicó un amplio repor­taje titulado “Las Maffias [sic] del contrabando”, escrito por el ­periodista Alfredo Leal Cortés. Aquí aparecen los nombres con sus respectivos alias, que se encuentran testados en la versión pública consultada en el agn. En la publi­ ca­ción, se establecía que “La organización más importante del ­contrabando en México se encuentra ubicada en la región situada entre Nuevo Laredo, ­Reyno­sa, Miguel Alemán y Monterrey. Naturalmente que se habla y menciona a las ciudades claves, sin que por ello se olvide a los otros puntos. Le sigue en impo­r tancia el puerto de Veracruz, después la Zona Libre—Baja California— y finalmente Progreso”.93 No sin un dejo de candor, el periodista se preguntaba: “¿Cómo caerles? ¿Dónde agarrarlos? ¿Cómo demostrarles? Son las interrogaciones que todos los días tiene el Gobierno. Se saben los nombres de los jefes, pero jamás se los han demostrado porque su fuerza llega hasta quitar y poner comandantes de Aduanas, jefes de Aduana y se sabe de uno que otro director de Aduanas que estuvo en complicidad y entendimiento con ellos”.94 Se mencionaba, por ejemplo, a Santiago Guerra “[…] que es el jefe más poderoso. Vive en Monterrey, los vistas, los comandantes, todo ser viviente de aquellas regiones sabe, asegura y calla las ocupaciones del señor Guerra, cuyos dominios se miden en cientos de millones de pesos”.95 Se mencionaba también a Juan González (a) el Chapeado, quien junto con Onésimo Ríos eran “[…] otros dos señores de mando absoluto en esas ocupaciones […]”.96 En lo referente a la capital regiomontana, el reportaje señalaba: “En Monterrey los Canavati, padre e hijo, han sido acusados y hasta existen actas en la Secretaría de Hacienda”.97 Y en Miguel Alemán, Tamaulipas, el periodista identificaba a Ermilo Guerra como el contrabandista más importante, pero mencionaba también a Ramiro Barrera, quien “[…] tiene un rancho que colinda con la frontera, circunstancia 93 Leal Cortés, Alfredo (1960), “Las Maffias [sic] del contrabando”, El Porvenir, 27 de agosto, 94 95 96 97

pp. 2-5 sección B. Idem, p. 4B. Ibidem, p. 4B. Ibidem, p. 4B. Idem, p. 4B.

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que aprovecha a las mil maravillas, pues por su casa tiene su particular ­aduana y frontera. Directamente —del otro lado— mete los camiones a su casa, sin que jamás se lo hayan impedido, aunque este es un hecho público y notorio”.98 ­Éstos, según la publicación, eran […] los importantes, los amigos de gobernadores, de altos funcionarios. Los que no tienen recato en gritar a todo pulmón que el dinero lo compra todo. Aunque también con una sonrisa de perdonavidas dan a entender que no hay vacilaciones para quitar de en medio al que estorbe.99

[Y remataba:] Claro, ellos son inocentes, pero quien tenga curiosidad suficiente puede investigar en los archivos de la Secretaría de Hacienda y encontrará informes, consignaciones que nadie jamás supo, porque la justicia también puede detenerse.100

Estos operadores a gran escala de los tráficos ilícitos estaban en una ­dimensión muy distante de aquel contrabando realizado al detalle por minoristas: “Y como en todos lados hay humildes, este papel lo representan las ‘­chiveras’. Quienes llevan ese particular nombre son mujeres que tienen desde los ­d iecio­cho hasta los cincuenta y cinco años. Ellas contrabandean en corta pero en rápida escala, ya que hacen tres viajes a la semana, con uno o dos velices. Y también pagan su cuota: cincuenta pesos por la pasada del puente, cincuenta pesos por llegar al kilómetro 50, otros cincuenta a la caseta y la misma ­cantidad al llegar al camión.101 En lo referente a los primeros individuos señalados, aquellos que llevaban a cabo los tráficos ilícitos de alta escala en el noreste de la República, se trataba 98 Ibidem, p. 4B. Es probable que se trate de una errata en el nombre de pila, y que se trate del 99 100 101

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mismo personaje al que aludió el informe de la dfs varios años después: Emilio Guerra, agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 25. Idem, p. 4B. Idem, p. 4B. Leal Cortés, “Las Maffias [sic]…”, pp. 4B-5B. Según establecía el periodista, también entre estas contrabandistas al menudeo había jerarquías: “La más importante es ‘la artista’, le sigue Higinia y ‘Pina la gordita’. Su número rondaba las quinientas personas.

esencialmente de una misma red criminal que operaba en la región de manera conjunta o coordinada, desde finales de la década de 1950, con mucha anteriori­dad al informe de la dfs. Y sus operaciones no se limitaban a la fronte­ ra tamaulipeca. En mayo de 1963, por ejemplo, una nota periodística dio cuenta de la incautación de un contrabando de armas, municiones, artículos electrodomésticos y mercancías diversas, por un valor de 10 000 000 de pesos, por parte de la Policía Judicial Federal. La mercancía se transportaba en dos camiones tráiler procedentes de Veracruz e iba a ser entregada en la Ciudad de México. Los destinatarios eran Santiago Guerra y Juan González. No obstante, el único detenido fue el conductor de uno de los vehículos, de nombre Carlos Cárdenas. El segundo de los camiones logró darse a la fuga, según los agentes policiales, que se mostraron elusivos ante la prensa y reticentes a confirmar la existencia del contrabando. Según la nota, Santiago Guerra y Juan González habían ­estado ya involucrados en otro contrabando descubierto en 1962. Se esperaba que el expediente del caso fuera consignado al juez de Distrito para que éste librara órdenes de aprehensión en su contra.102 La prensa no informó con posterioridad si, en efecto, esta medida tuvo o no lugar. El caso es que esta red criminal continuó operando por muchas décadas más. De acuerdo con el testimonio de Óscar López Olivares (a) el Profe, uno de los principales operadores de Juan N. Guerra y Juan García Ábrego en la década de 1980, el primero de ellos tenía amistad y colaboración con Juan González (a) el Chapeado, y asistía con frecuencia a las carreras de caballos organi­zadas por este último en su rancho de Agualeguas, Nuevo León.103 Como se observó más arriba, ambos eran compadres del comandante Fidel Cuéllar Treviño, titu­lar de la Primera Zona Aduanal con sede en Monterrey, en la década de 1970. Héc­tor Santiago Guerra Barrera, oriundo de Mier, provenía de los mismos entramados sociales y de parentesco del antiguo ­contrabandista, Germán Barrera González ubicado, en Mier y Miguel Alemán, Tamaulipas. Su hermano, ­Francis­co Guerra Barrera, sería identificado años después como parte medular de la organización de Juan N. Guerra —quien también poseía vínculos 102 El Nacional (1963), “Contrabando por más de 10 millones fue descubierto”, 11 de mayo, D. F., 103

México, p. 4. El Norte (1995), “Data de juventud amistad de los Salinas con capo”, 7 de junio, Monterrey, versión electrónica.

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familiares en Mier, Tamps.— y de su sobrino, Juan García Ábrego. 104 Según se ha visto, esta red criminal tenía un arraigo de décadas en el noreste del país y capacidad de operación que alcanzaría proporciones nacionales y trasnacionales al correr del tiempo. ¿Cómo logró perdurar tanto tiempo tal red delictiva? El informe de la dfs en 1974 aporta información relevante de la protección de actores institucionales recibida en su dimensión operativa más directa. En esa época, desde la Primera Zona de Resguardo Aduanal, el comandan­ te Fidel Cuéllar había maniobrado al interior de las aduanas para facilitar la designación de funcionarios afines en los puntos de control: al secretario general de la representación en Monterrey del sindicato de Trabajadores de Hacienda, Flavio Perales Galván, secretario de la Federación de Sindicatos de ­Trabajadores al Servicio del Estado (fstse) en Nuevo León, le permitía estar inscrito en nómi­na de sueldos y viáticos sin asistir a laborar, pero además le permitía d ­ esignar a una persona en cada uno de los puntos de control, de manera que el b ­ eneficiario recibiera parte de las igualas irregulares que se ­obtenían y r­ epartían periódicamente por permitir el contrabando. Estos designados de Perales Galván le proporcionaban el 50% de la cantidad que recibieran como iguala por este concepto, pero además el propio comandante Fidel Cuéllar le hacía partícipe de lo recaudado de esta manera, al proporcionarle directamente parte de esta colecta irregular. 105 Fidel Cuéllar había establecido un esquema de reparto paralelo de los recur­ sos obtenidos por la protección a los tráficos irregulares, distribuido desde la Primera Zona Aduanal entre los agentes de la Policía Judicial Federal y del Ministerio Público Federal en Monterrey: “Cada una de las casetas de control considera dentro de lo que ellos denominan ‘polla’ a un elemento ficticio más, al que se asigna la participación que debe entregársele a la Policía Judicial Fede­ ral y al Agente del Ministerio Público Federal”.106 El informe de la dfs también proporcionaba una estimación de las cuotas entregadas a estos elementos de la Procuraduría General de la República: “Se calcula 104 El Porvenir (1995), “Revela fbi nexos de los Salinas con traficantes”, 19 de junio, Monterrey, 105 106 208

p. 2 sección Nacional. También El Informador (1995), “csg sabía de la relación de su her­mano con García Ábrego”, 6 de junio, Guadalajara, México, p. 8A. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 17-18. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 18.

que cada una de las casetas aporta aproximadamente la cantidad de dos mil a dos mil quinientos pesos diarios para la mencionada Policía Judicial y Agente del Ministerio Público Federal.”107 De acuerdo con el informe, un problema logístico adicional que r­ equería solu­ ción para mantener sin inconvenientes el flujo del contrabando era la ­rela­ción que la Primera Zona Aduanal guardaba con otras tantas que le eran colindantes, con sedes respectivas en el entonces Distrito Federal y en ­Guadalajara. En el primer caso, el administrador de la aduana en la Ciudad de ­México era Feliciano Guerra, oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ­designado en el cargo por el subsecretario Enrique Cárdenas González, de quien era ­amigo ­personal. Y al frente del Resguardo Aduanal de la misma zona había sido designa­do, “­felipe garcía […] originario de Matamoros, Tamps., viejo Co­mandante Aduanero con lazos de amistad y compadrazgo con los principales trafi­cantes y contrabandistas de esa región y con antecedentes criminales, entre ellos su participación en la muerte del Tte. Corl. Villa Coss”.108 En efecto, en 1960, en Tamaulipas, Felipe García Segovia, comandante del Resguardo Aduanal en Reynosa, había convencido al teniente coronel Villa Coss de asistir al bar de Juan N. Guerra para arreglar una controversia derivada de la detención de un camión de la Cervecería Cuauhtémoc que transportaba un ­contrabando (de café, de acuerdo con la prensa tamaulipeca, o de drogas, según la versión de un ­periódico regiomontano, tal como se vio en páginas anteriores). Felipe García Segovia e­ stu­vo presente en el momento del asesinato de Villa Coss, sentado a la misma mesa donde aduanales y contrabandistas discutían, cuando Juan N. Guerra disparó a V ­ illa.109 Después fue detenido durante la averiguación de los hechos y salió libre bajo fianza, para ser absuelto más tarde, por el juez Primero Mixto de Primera Instancia, Raúl Rodríguez Luna.110 En esa época, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público Eduardo Garduño 107 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 18. 108 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 19. 109 Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Consignación del ‘caso Piedras Negras’”, 16 de abril, Ma110

tamoros, Tamaulipas, pp. 1-2; Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 155, 158 y 160. El Regional de Matamoros (1960), “Juan N. Guerra es buscado en C. Reynosa”, 17 de abril, Matamoros, Tamaulipas, p. de policía. También El Regional de Matamoros (1960), “Que la Máquina no mató al militar. En libertad el comandante de la Aduana de Ciudad Reynosa, Tamps”., 20 de abril, Matamoros, Tamaulipas, p. de policía.

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había creado un sistema de sobrevigilancia aduanal para supervisar el funcionamiento probo de las coman­dancias de Resguardo Aduanal. Al frente había designado a su suegro, el coronel Enrique Carrola Antuna, quien tras realizar una investigación, denun­ció que Octavio Villa Coss había sido asesinado en una celada tendida por contrabandistas y los aduanales que se encontraban en contubernio con los ellos. Entre estos ­ú lti­mos, mencionó directamente a Felipe García Segovia.111 La presión de Carrola Antu­na derivó en que García Segovia fuera removido de la aduana de Reynosa y trasladado en un avión por agentes de la Policía Judicial Federal a la Ciudad de México.112 La prensa tamaulipeca dio cuenta de cambios en las aduanas l­oca­les, en las que, paradójicamente, quienes eran removidos eran los ele­mentos que contaban con un historial limpio, mientras que se ratificaba a aquellos que eran cuestionados en su probidad.113 A los pocos meses de estos hechos, tanto el subsecretario Garduño como el jefe del servicio de sobrevigilancia aduanal, su suegro Carrola Antuna, abandonaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces encabezada por Antonio Ortiz Mena.114 Y, como se ha visto, la carrera de García Segovia se mantuvo ascendente, al punto de recibir el cargo de administrador aduanal en la capital del país, a mediados de la década de 1970. De nuevo en estos años, el reporte sobre los tráficos ilícitos de la dfs señalaba que, además de los referidos Feliciano Guerra y Felipe García, el comandante Fidel Cuéllar estaba en contacto permanente con Alejandro Cerisola, segundo comandante del Resguardo Aduanal en el Distrito Federal, quien tenía “[…] antecedentes de fraude en la ciudad de Nogales, Son., el año de 1966”.115 La dinámica de la protección brindada por estos funcionarios al contrabando queda asentada en el informe de la dfs:

111 Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Enérgica batida al contrabando dispone el gobierno 112 113 114 115 210

federal”, 26 de abril, Matamoros, Tamaulipas, pp. 1 y 3. Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Limpia general de elementos inmorales en las aduanas. Nombran a Juventino Paredes en lugar de F. García Segovia. Enfrentará el gobierno a los contra­bandistas pistoleros fronterizos”, 29 de abril, Matamoros, Tamaulipas, p. 1. Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Destituye la aduana a los mejores y escoge a los peores”, 2 de septiembre, Matamoros, Tamaulipas, pp. 1 y 4. Noticiero Diario de la Tarde (1960), “Modificará Hacienda su política en las aduanas”, 29 de septiembre, Matamoros, Tamaulipas, pp. 1 y 4. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 19.

A todos los mencionados anteriormente principalmente a Cerisola, Cuéllar Treviño les envía recomendados de absoluta confianza para que se les permita la llegada a la ciudad de México con vehículos que transportan contrabando entre el que disfrazado se encuentran armas. La misión de feliciano guerra, Administrador de la Aduana de México, de felipe garcía, Jefe del Resguardo Aduanal y de alejandro cerisola, Segundo Comandante del mismo resguardo, es la de disimular la inspección principalmente de los carros de carga de ferrocarril y trailers que vienen a México procedentes de la frontera de Tamaulipas y Nuevo León. Tratándose de carros de ferrocarril, estos son descargados en los patios de Tlalnepantla, sin que entren a la Ciudad de México.116

En lo referente a la Zona Aduanal con sede en Guadalajara, el informe de la dfs señalaba que Esteban Cott, administrador de la aduana, era originario de Reynosa, Tamaulipas, pero además, yerno del propio Fidel Cuéllar. Según el reporte, Cuéllar optó por no ubicar puestos de control en San Luis Potosí adscritos a su propia oficina, como correspondía, sino que fuera la zona aduanal vecina, bajo el control de Cott, quien los estableciera.117 Según el informe, Cuéllar Treviño también había neutralizado, a través de sobornos periódicos, a la inspección que debía ejercer el jefe de ­v isitadores aduanales, José Braña, quien, a decir del informante de los agentes de la dfs, reci­bía del propio Cuéllar una iguala mensual de 25 000 pesos, así como informa­ción de otras personas que tenían almacenes con contrabando para que Breña pudiera extorsionarlos.118 De acuerdo con la dfs, la protección que brindaba el comandante Cuéllar a los contrabandistas operaba con el siguiente sistema: fidel cuéllar treviño opera en la siguiente forma: Tiene conexión con un grupo de traficantes cuyos nombres serán mencionados más adelante [en este trabajo se mencionaron ya en párrafos anteriores], el cual m ­ ediante “­a rreglo particular” con el citado Comandante pueden pasar contrabando al interior del país por

116 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 20. 117 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 20. 118 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 21. 211

cualquiera de las casetas aduanales que están bajo su control. Además del “arreglo particular” que desde luego es económico, al llegar a las casetas tienen la obligación de hacer un pago en efectivo de acuerdo con el vehículo que se conduce: trailer, $8 000.00 camión, $6 000.00 automóvil, $4 000.00 La “Polla” o contribución que se recaude en cada caseta es repartida de la siguiente manera: 50% para el Comandante Cuéllar Treviño. Del 50% restante se hacen tantas partes como integrantes de las casetas sean, incluyendo al representante de Perales Galván, la parte de este mismo y la corres­ pondiente al Agente del Ministerio Público Federal y la de la Policía Judi­cial Federal. Por otro lado el Comandante o Encargado de la Caseta tiene la obligación, a su vez, de entregar al Comandante Cuéllar Treviño el 50% de su participación. En lo que respecta a las igualas que recibe por permitir el contrabando de mercancía que se embarca por express en ferrocarril, nuestro informante calcu­la que se le dan no menos de $25 000 pesos a la semana por este concepto teniendo como encargado de confianza en el lugar de salida de los embarques al Celador alfredo nava romero. Por lo que hace a la carga enviada por carro cerrado en Ferrocarril, se ­ignora la cantidad que recibe pero se calcula que el contrabando que de esa zona ingresa por este medio al país es por lo menos el 50% del total por lo que s­ upuestamente la iguala debe corresponder al porcentaje de contrabando. Todo esto explica clara­ mente el por qué de sus nexos principalmente con el personal de la Aduana de México. Manifiesta nuestro informante que en cálculo aproximado cada garita deja un promedio en bruto de 20 a 25 mil pesos diarios.119

119 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 21-23. 212

El control de los puntos de revisión en la Primera Zona Aduanal, por parte del comandante Cuéllar Treviño, estaba determinado por su designación de allegados directos, partícipes en este esquema de corrupción piramidal: En Nuevo Laredo, Tamps., el Administrador de la Aduana es isidro gonzález saldaña, originario de Matamoros, recomendado de Cárdenas González y amigo personal de Fidel Cuéllar Treviño. El Jefe del Resguardo Aduanal de esta Aduana es césar de la garza, hijastro de Fidel Cuéllar Treviño. En Ciudad Alemán, Tamps., el Administrador de la Aduana es el lic alberto s. betancourt, originario de Tamaulipas, amigo personal de Cárdenas González y de Fidel Cuéllar Treviño. La Aduana de Reynosa, Tamps., está a cargo de un señor solís bolaños, recomendado de Cárdenas González y también amigo personal de Fidel Cuéllar Treviño. El titular de la Aduana de Matamoros, Tamps., el señor mario botti, originario de la misma ciudad, recomendado de Cárdenas González. El Comandante del Resguardo Aduanal de este lugar es un señor de apellido rodriguez, cuñado de Enrique Cárdenas González y amigo personal de Fidel Cuéllar Treviño. En Ciudad Acuña Coah., el Administrador de la Aduana es un señor apellidado tafich, recomendado de Cárdenas González. El Segundo Comandante de nombre javier morales fue cesado hace año y medio por responsabilidad en contrabando en Ciudad Alemán, Tamps., y por órdenes del propio Cárdenas González se le reinstaló hace seis meses radicándolo en Ciudad Acuña, Coah. Un hermano de Javier Morales es el Segundo Comandante en Matamoros, Tamps.120

El informe de la dfs continuaba con la exposición de la identidad de los principales contrabandistas y traficantes de drogas que operaban en la geografía correspondiente a la Primera Zona Aduanal, así como sus respectivos puntos de operación principales, que fueron referidos en páginas anteriores de este mismo apartado. Tras ello, el reporte concluía señalando que los agentes encargados tenían por propósito profundizar las investigaciones para contar con mayores detalles sobre

120 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, fojas 23-24. 213

la dinámica de los tráficos ilícitos, sus operadores y protectores.121 No se cuenta, sin embargo, con evidencia de continuidad en el trabajo de ­investigación que estos agentes llevaron a cabo. Un documento similar a­ unque mucho más reducido, con la referencia a los principales contrabandistas y traficantes de drogas, redactado por agentes de la dfs, donde algunos de los perso­najes involucrados fueron nuevamente mencionados, fue escrito cuatro años más tarde, en 1978, ya bajo una nueva administración federal.122

El echeverrismo y los tráficos ilícitos La reiterada mención del subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal, Enri­que Cárdenas González, en el informe de 1974 de la dfs permite considerar que los agentes percibían que el esquema de corrupción descrito no podía ser implantado de manera aislada por el comandante Fidel Cuéllar. No obstante, es probable que no tuvieran entonces la posibilidad de vislumbrar hasta dónde llegaban, en efecto, los vínculos de los que el referido Cuéllar se ­vanagloriaba. El 1° de agosto de 1976, la prensa de Monterrey, en sus páginas sociales, dio c­ uenta de la boda de Liz Cuéllar Mijares y de Rogelio Salazar Valdez. Se trataba de la hija de Fidel Cuéllar Treviño y Matty G. Mijares de Cuéllar. El ­matrimonio civil ­había tenido lugar en la residencia de la familia Cuéllar Mijares, en Río Na­zas, en la colo­nia Santa Engracia, del municipio de San Pedro Garza García, ­Nuevo León. El enlace se celebró el 30 de julio del mismo año, y había “[…] ­reunido a distinguidas familias tanto de Tamaulipas como de la localidad […]”.123 La boda congregó a varios miembros de la política local y nacional de primer nivel. Como padrinos figuraron, con sus respectivas esposas, Luis Echeverría Álvarez, presiden­te de la República; el general de División Federico Amaya Rodríguez, ex comandan­te de la 7ª Zona Militar con sede en Monterrey entre 1971 y 1972 —un m ­ ilitar l­igado con actividades de tráfico de drogas y de extorsión—;124 121 agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 27. 122 agn, dfs, Versión pública del expediente de Héctor Guerra. 123 El Porvenir (1976), “Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”, 1° de agosto, Monterrey, pp. 1 y 8, tercera sección.

124 Aguayo Quezada, Sergio (2001), La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en

México, Grijalbo, México, p. 217. En la comandancia de esa zona militar, el general Federico Amaya sustituyó al general Tiburcio Garza Zamora. Había sido jefe del Estado Mayor Presidencial con el presidente Lázaro Cárdenas. Alcanzó la senaduría por Nuevo León en 1976.

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­Enrique Cárdenas González, ya entonces gobernador de Tamaulipas; Leopoldo González Sáenz, presidente municipal de Monterrey; Luis M. Farías, entonces senador y ex gober­nador de Nuevo León; Eduardo Livas Villarreal, también ex gobernador de Nuevo León; Óscar Reyes Retana, director de Aduanas entre 1972 y 1976 y futuro subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal en el siguiente ­sexenio;125 Juan Gastélum Castro, yerno de Cárdenas González; Francisca Guajardo, viuda de Tiburcio Garza Zamora; y también, Juan N. Guerra, de quien las insti­tuciones mexicanas tenían antecedentes de su carácter de contrabandista y traficante de drogas y quien, como se ha visto, tenía en efecto relación personal con el comandante Fidel Cuéllar Treviño.126 La mecánica de la protección al contrabando desde las aduanas muestra la manera en que se organizaban tráficos ilícitos de armas, municiones y mercan­cías diversas hacia el interior del país, a través de delincuentes que recibían protección institucional, con algunos de ellos que departían y socializaban — como integrantes de la red de poder hegemónica—, con actores gubernamentales que entre sus funciones sustantivas tenían la de combatir la actividad formal­mente ilegal a la que aquellos se dedicaban y perseguirlos de manera penal. Con todo lo expuesto, se puede apreciar que la misma red encargada de los tráficos ilícitos que fluían hacia el interior del país era, en esencia, la misma que tomaba parte de los tráficos ilícitos de exportación, como el tráfico de drogas. En este caso, la regula­ción no era exclusiva de las aduanas, sino de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, como la propia dfs, la Policía Judicial Federal, los agentes del Ministerio Público Federal, el ejército, que en

125 126

Véase Camp, Mexican Political Biographies…, pp. 47 y 373. Sobre otras versiones que ligaron a Amaya con el tráfico de drogas en los años siguientes, véase por ejemplo, ­Proceso (1997), “Proceso judicial contra el coronel Pablo Castellanos y el capitán Miguel Ángel Hernández, acusados de sustraer información presuntamente secreta. Documentos de Inte­ligencia Militar involucran en el narcotráfico a altos jefes, oficiales y tropa del Ejército”, 28 de julio, consultado en CD. También Proceso (1997), “Aunque irritada, aceptó la posibilidad de una entrevista con Proceso que ya nunca se realizó,” “No soy narca, pero si hablara, embarraría a muchos militares”, dijo Irma Ibarra por teléfono horas antes de morir”, 2 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 17 de enero de 2018]. Camp, Mexican Political Biographies…, p. 797. El Porvenir (1976), “Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”, 1° de agosto, Monterrey, pp. 1 y 8, tercera sección.

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este caso no sólo reci­birían igualas, sino que constituían el eje institucional de la protección sobre los flujos ilegales para articular una mecánica y logística como la descrita en lo referente al contrabando. La impunidad, como referencia recurrente de varios actores que podrían considerarse como netamente delictivos en un sentido tradicional, se explica pues en función de estas relaciones de encubrimiento. Resulta i­ nverosímil que un personaje como Juan N. Guerra socializara con un presidente de la Repú­blica —que entre otras cosas había sido secretario de Gobernación y subsecreta­rio en la misma dependencia desde 1958, a cargo, por tanto, del ­aparato de inteligen­ cia civil, la dfs—,127 con comandantes de zona militar, con ­subsecretarios de In­ vestigación y Ejecución Fiscal y con directores de aduanas, y que ninguno de ellos supiera de los antecedentes criminales del personaje. Lo expuesto en los párrafos anteriores cumple con los criterios de las premi­ sas teóricas expuestas en el primer capítulo de este trabajo, pues se verifica el criterio de la existencia de documentos históricos, oficiales o no, que dan cuenta de las relaciones de colaboración entre estos actores, que tenían roles formalmente incompatibles, en función de fines ­políticos o económicos, legales o ilegales, como evidencia necesaria de la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con actividades ilícitas. Pero además, los nombramientos efectuados en los puntos de vigilancia aduanal, a los que se refiere el informe de la dfs de 1974, así como el esquema piramidal de p ­ agos por permitir los tráficos ilícitos constituyen elementos que satisfacen los criterios de evidencia suficiente del control o influencia sobre circuitos institucionales regulatorios de la subred de poder analizada, pues muestra 1) la designación institucional, por auspicios de la red, de funcionarios vinculados con actores delictivos en instituciones encargadas de regular una actividad ilícita en la que aquella tiene intereses (el subsecretario Cárdenas González, el comandan­te Cuéllar Treviño y los subordinados que designó ex profeso en los puntos de revi­sión aduanal) y 2) Perduración transgubernamental de ­integran­tes de la red con antecedentes de vinculación con actividades ilícitas, en las ­instituciones encargadas de regularlas (aduanal Felipe García, asentado en Matamoros en 1960 y promovido a administrador de Aduanas en la Ciudad de México en la década de 1970, así

127 Camp, Mexican Political Biographies…, pp. 282-283. 216

como el propio Cárdenas González, ungido gobernador, con un periodo de gestión transexenal, al término del gobierno de Echeverría). Sin embargo, estos arreglos constituyen un acomodo de la subred de poder local de generales y políticos establecida en el noreste, frente a la victoria en la nominación como candidato oficial de Luis Echeverría, un personaje con quien tenían vínculos previos, como se verá, pero que no era su opción ­sucesoria predilecta al final de la administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). En la sucesión presidencial de 1970, la apuesta de la camarilla de generales a la que pertenecían Bonifacio Salinas Leal y Tiburcio Garza Zamora fue por el tamaulipeco Emilio Martínez Manautou quien, según se vio en el informe del delegado de la dfs en Nuevo León, Ricardo Condelle, recibía apoyo financiero de su amigo Juan N. Guerra para sostener sus aspiraciones políticas.128 La pertenencia de Juan N. Guerra y de su hermano Roberto a esta misma camarilla fue reportada también con antelación, por la propia dfs, según se expuso con anterioridad.129 No obstante lo anterior, el triunfo de Luis Echeverría en la sucesión presidencial de 1970 no significó la debacle para esta subred de poder, aun cuando su candidato, Emilio Martínez Manautou, sí fue sujeto a ostracismo.130 Los vasos comunicantes entre las distintas subredes que integraban la red de poder hegemónica permitían la reconversión de los integrantes de aquellas que habían apostado por candidaturas fallidas. Sobre todo, cuando algunas de estas subredes podían ofrecer elementos atractivos de consideración, como era su experiencia y participación en actividades con promisorias expectativas de 128 Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino Gon-

129

130

zález Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Sobre el apoyo de los generales Bonifacio Salinas Leal y Tiburcio Garza Zamora a la precandidatura de Martínez Manautou, véase Informe del agente anónimo de la dfs dirigido al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, d ­ irector federal de Seguridad, sobre el medio político y social de Nuevo León, 15 de abril de 1969, México, D. F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, foja 154. También Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 181, 205 y 207. Martínez Manautou y Tiburcio Garza Zamora eran cercanos, e incluso fueron compañeros en la XLIV Legislatura del Congreso de la Unión. Informe de Felipe Santos González al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director federal de Seguridad, con fecha del 22 de marzo de 1962 y dirigido desde la Ciudad de México. ­Véase agn, dfs, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, legajo único, fojas 63-74. Flores Pérez, Historias…, p. 205.

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ganancia económica, con independencia de su carácter lícito o ilícito, según se ha hecho manifiesto a lo largo de las últimas páginas. En su gira por Nuevo León como candidato presidencial, en abril de 1970, Luis Echeverría fue recibido y homenajeado en el municipio de San Nicolás de los Garza por Aarón Sáenz Garza, flamante empresario azucarero; por T ­ iburcio Garza Zamora, comandante de la 7ª Zona Militar; por Alfonso Martínez Domínguez, entonces presidente del pri y futuro gobernador del estado; y por el gobernador en funciones, Eduardo Elizondo.131 En la misma gira proselitista, Echeverría también visitó el municipio de Hualahuises, Nuevo León, donde fue convidado a un desayuno en la huerta Edna Laura, junto con miembros selectos de los círculos políticos del estado. Allí, señaló que desde su juventud, cuando colaboraba con el general Rodolfo Sánchez Taboada, había establecido lazos de amistad con integrantes de la subred de interés para este trabajo: […] el licenciado Echeverría evocó la época en que, siendo colaborador del ­general Rodolfo Sánchez Taboada, tuvo la oportunidad de iniciar una cordial amistad, “con muchas personas que en esta mesa ahora comparten lo grato de la unión: el general Bonifacio Salinas Leal, el licenciado Eduardo Livas Villarreal, José S. ­Vivanco, Hilario Contreras Molina, licenciado Armando Arteaga Santoyo y otros más n ­ aci­dos o no en Nuevo León, como Tiburcio Garza Zamora o Gilberto Flores Muñoz, con quienes sigo manteniendo una amistad que yo considero como siempre”.132

Estas relaciones resultan significativas a la luz de lo expuesto y lo que se verá en el capítulo siguiente, cuando se aborde la configuración de circuitos eco­nó­ micos y/o la integración de recursos ilícitos en actividades económicas ­legales, concretamente en el ramo agropecuario. En las mismas fechas durante las ­cuales Echeverría realizaba su gira proselitista en el estado, también se hacían los últimos preparativos para la inauguración de la feria denominada Exposición Nuevo León 70, una muestra de la pujanza económica de la entidad, en la que ocuparía un sitio especial la exhibición de ganado, organizada por la Unión 131 El Porvenir (1970), “El trabajo, único camino de la Revolución”, 14 de abril, Monterrey, p. 10B. 132 El Porvenir (1970), “Ante la miseria del sur, arremete le contra la deshonestidad”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11, segunda sección.

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Ganadera Regional, con la que tenían estrechos lazos varios de los nombrados y en la que participarían como expositores con los mejores animales de sus establos. El propio candidato Luis Echeverría iba a visitar la exposición, y para su inauguración se encontraba ya presente en el estado el subsecretario de Ganadería, Manuel Guzmán Willis, en representación del presidente ­Gusta­vo Díaz Ordaz.133 En la feria ganadera participaron personajes como Juan N. G ­ uerra y Juan González (a) el Chapeado, a los que se hizo referencia en páginas anteriores como contrabandistas de armas, bienes y drogas. La prensa anunció su participación en carreras de caballos en las que competían sus respectivos ejemplares. A la exposición de 1970, donde departían sin mayor i­ nconveniente contrabandistas de drogas y bienes diversos junto con sus asociados de la política y la empresa, asistió el candidato presidencial del pri, quien como se ha v­ isto, tenía vínculos cercanos con varios de ellos y habría de reforzarlos ­durante su administración.134 En 1975, Enrique Cárdenas González dejó el cargo de subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal para ocupar la gubernatura de Tamaulipas. Le sucedió el entonces teniente coronel Jorge Carrillo Olea, que se había desempeñado directamente en el entorno de Luis Echeverría, como parte del E ­ stado Mayor Presidencial, donde fue jefe de la Sección Segunda, encargado de la función de inteligencia.135 Casi al finalizar el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), ­Carrillo Olea anunció que todos los administradores de aduanas y comandantes de Resguardo Aduanal serían cambiados de lugar. Según adujo el funcionario, la razón del movimiento era fortalecer la lucha contra el contra­bando y aseguró que la dependencia obraría con rigor en caso de encontrar corrupción entre sus integrantes. Como ejemplo de los cambios, Carrillo Olea puso a Óscar Argüe­lles Gutiérrez al frente de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, pues su antecesor había incurrido en irregularidades que le habían hecho acreedor a la

133 El Porvenir (1970), “Guzmán W. por gdo en el acto inaugural. 260 expositores con productos

por un valor de 220 millones”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11. También El Porvenir (1970), “Echeverría recorrerá la Expo-70 y observará la Exhibición de Cebú”, 12 de abril, Monterrey, p. 12B. El 134 Porvenir (1970), “Expo Nuevo León 1970”, 28 de abril, Monterrey, p. 3B. 135 Camp, Mexican Political Biographies…, pp. 164 y 153.

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pérdida de confianza, por parte de la institución.136 En las décadas siguientes, diversos medios de prensa y de periodismo de investigación publicaron textos donde ofrecían evidencia que apuntaba a la relación del propio Carrillo Olea, al frente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (incd) de la pgr y del hermano de Óscar Argüelles Gutiérrez, Sergio Ramón Argüelles Gutiérrez, industrial dueño de finsa, con la red de Juan N. Guerra y Juan García Ábrego, en la década de 1990.137

136 El Heraldo de México (1976), “Serán cambiados todos los administradores de aduanas y co137

mandantes de resguardo. ‘Con el fin de acabar con los viejos’ anuncia Carrillo Olea”, 12 de marzo, Ciudad de México, p. 13. Sobre Carrillo Olea, un documento del Centro de Investigación Antinarcóticos, de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, titulado “Avances en el análisis de la información sobre el narcotráfico en México” lo s­ eñalaba e­ xplícitamente como protector de la red criminal de Juan N. Guerra y Juan García Á ­ brego desde que o­ cupaba la titularidad del incd, en el sexenio 1988-1994. Se agregaba además que durante su mandato como gobernador de Morelos, favorecía las operaciones de una c­ onstructora propie­dad de José Guadalupe Cantú Martínez, a quien señalaba como ­cuñado y ­prestanombres de Juan García Ábrego. El mismo documento mencionaba al referido ­Sergio Argüelles Gutiérrez como prestanombres y lavador de dinero de García Ábrego. El autor tuvo acceso al documento citado por las fuentes periodísticas. Entre las investigaciones periodís­ticas que repro­dujeron fragmentos del mismo se distingue por su ­profundidad: Boyer, Jean François (2001), La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual, Grijalbo, México, pp. 111-115; también Veledíaz, Juan (1998), “La red ­política del narco: Carrillo Olea, Hank, Federico De la Madrid. Informe secreto de inteligencia militar”, ­Milenio Semanal, 18 de mayo, México, pp. 26-33. Sobre Argüelles, una nota hacía referencia a un ­documento del fbi, que detallaba la estructura operativa y financiera de la organización de García Ábrego y en esta última, incluía a este empresario: “Otra parte de la información es ­dedica­da a los familiares de Juan García Ábrego y la última sección es un reporte sobre el modo financiero de operar de la banda, donde se incluyen reconocidos personajes, como Sergio Argüelles”. Véase Reforma (1995), “Desconocía fbi a ‘El Borrado’”, 17 de octubre, México, versión electrónica. Sobre el parentesco entre Sergio Ramón A ­ rgüelles Gutiérrez y Óscar Manuel Argüelles Gutiérrez, que es el nombre completo de ambos personajes, los dos son hijos de Francisco Argüelles de la Garza y Aleja de la Garza. Véase sitio web , [consultado el 29 de enero de 2018]. Óscar Argüelles falleció el 25 de mayo de 2005.

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La radiografía de los tráficos ilícitos de la dfs, en 1978 Tras el término de la administración de Luis Echeverría (1970-1976), en junio de 1978, un nuevo reporte de la dfs proporcionó una relación de personas dedicadas al tráfico de drogas, contrabando de artículos extranjeros, armas y robo de automóviles en la región noreste del país. Estaba firmado por el comandante Rafael Chao López. En Monterrey, Nuevo León, el documento mencionaba a juan gonzález (a) [testado], tráfico y contrabando. chochi [sic] canavati, tráfico y contrabando. ramiro guerra, tráfico y contrabando. miguel pulido, garitos. homero gutiérrez, contrabando.138

Añadía también puntos de reunión comunes de contrabandistas y traficantes de drogas: el restaurante Manolín, ubicado en la Calzada Madero y el restaurante Houston, en la esquina de Zaragoza e Isaac Garza. En Miguel Alemán, Tamaulipas, el documento señalaba a juan lópez ayala, tráfico de pastillas. dr. roberto lópez ayala, tráfico de pastillas. wenceslao ramírez guerra, e hijo; renta pipa para contrabando y tráfico. benito barrera e hijo; agente aduanal y contrabandista. plácido ambrosio ramírez, contrabandista. eloy garza guerra, contrabandista. Yonke en la Col. Lindavista en donde se presume que compran y deshuesan carros robados roberto gonzález moreno y francisco valdez entre otros. elías garcía, contrabando de cigarros y whisky. manolo mercado (periodista), se dedica al tráfico de pastillas y extorsionador.

138 Rafael Chao López al director federal de Seguridad, “Se adjunta relación de personas conectadas con el narcotráfico y contrabando de artículos extranjeros, así como de robo de automóviles”, 24 de junio de 1978, México, D. F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Héctor Guerra (realizada en 2017), foja 2.

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ángel isidro salinas, contrabando de leche en polvo. reynaldo sepúlveda, contrabando de leche en polvo. manuel balderas y óscar canales, contrabando de leche en polvo. ismael peña lucero, Jefe del Grupo de la Judicial del Edo., se dedica al tráfico de drogas y a la jugada. lic. israel garza, traficante y contrabandista. Tiene camiones refrigeradores que los utiliza para el tráfico de drogas. juan gilberto [testado], contrabando de huevo. miguel reyna alanis, proporciona financiamiento a traficantes. carlos ramírez guerra, Jefe de Tránsito Mpal., extorsionador de traficantes y contrabandistas. víctor sandoval, tráfico de drogas. gustavo cantú, tráfico de drogas. césar gamez v., tratante de blancas y contrabandista. miguel ángel viveros, tratante de blancas y traficante. juan garcía y su esposa [testado], tratante de blancas y traficante. evangelina martínez vda. de cantú, dueña del Hotel San Juan, traficante de “polvo”. leonel capo ortega, carros chuecos y contrabando de refacciones. bruno peña, traficante y renta ranchos para guardar cargamentos de droga. hipólito cortes, celador Aduanal, se dedica al contrabando. guillermo solórzano, cabo del Resguardo Aduanal; se dedica al contrabando. óscar hernández, tráfico de drogas. rubén hinojosa moreno, tráfico de drogas. noé santos santos, e hijos, dueño del Hotel Presa del Azúcar; traficante. virgilio ramírez, contrabandista. héctor barrera ramírez, agiotista. andrés y raúl garcía, (a) [testado]; contrabando. amando guerra, cuñado del prieto garcía y hermano del Pdte. Mpal. de Cd. Miguel Alemán; traficante. hermilo (a) [testado], contrabando. josé luis navejar, tráfico. toribio y ediel guerra, tráfico. humberto reynoso, cabo Aduanal; contrabando.139

139 Idem, fojas 2-3. 222

En Mier, Tamaulipas, a samuel macías (a) [testado], contrabando. onésimo taméz, tráfico. igefredo [sic] salinas, Celador Aduanal; contrabando. josé ramírez estrinjel, Cabo Aduanal; se dedica al contrabando del café. beto kentz, taller en donde hacen clavos y cambian la numeración en los m ­ otores de automóviles. tiburcio ramírez estrinjel, Celador Aduanal; se dedica al contrabando.140

En Camargo, Tamaulipas: homero tijerinas, y su hermano e hijo, ex Jefe de Población, extorsionador y traficante. arturo ramírez (a) [testado] traficante y extorsionador, protegido y ayudante de mario flores lara, jefe de Policía y Tránsito en el Edo., actualmente administrador de sus ranchos. armando hinojosa, traficante. fernando martínez (a) [testado], traficante.141

El documento también proporcionaba el nombre de algunos mexico-­americanos que traficaban drogas en la región: alfonso hinojosa, tiene una ladrillera en Miguel Alemán; trafica con mariguana y pastillas. horacio garza (a) [testado]; tiene una ladrillera en Los Ángeles, Tamps., tráfico; así como su contador ariel peña, se dedica al tráfico. josé manuel garcía, Roma, Texas; tráfico. víctor garcía, tráfico. ariel garcía, tráfico.142

140 Ibidem, fojas 3-4. 141 Idem, foja 4. 142 Idem, foja 4. 223

Mencionaba entre ellos también a José Garza, Álvaro Zaragoza y Eligio Moreno, entre otros de quienes sólo se proporcionaba un nombre de pila o un alias que, por las disposiciones de transparencia aplicadas en el agn durante la época en que tuvo lugar esta investigación, aparecen testados, de manera que se omite su reproducción. La relación enviada por Rafael Chao López, de traficantes y contrabandistas que operaban en la región en las zonas de Mier, Miguel Alemán y Camargo, Tamaulipas, continuaba: mario flores lara, Jefe de la Pl. [sic] Jud. [sic] del Edo. De Tamaulipas; se dedica a las carreras de caballos, gallos, en un lugar denominado “Los Quicos” en la salida a Monterrey, N. L. antonio sandoval, Jefe de Grupo de la Pol. Rural de Cd. Miguel Alemán; se dedica al tráfico de drogas y a la compra de automóviles robados, así como a los garitos clandestinos. ramón garcía, se dedica al tráfico de mariguana, cocaína, compra de a­ utomóviles robados y tiene una cantidad considerable de armas las cuales ha adquirido a cambio de mariguana. Este individuo tiene su domicilio en Obregón y 6ª en Cd. Miguel Alemán. guadalupe garcía, se dedica al tráfico de drogas. armando garcía (a) [testado], también se dedica al tráfico de drogas. ramiro barrera, tráfico de drogas. juan josé ramírez, tráfico de drogas. armando garza, con domicilio en Guardado de Abajo, Tamps., se dedica al tráfico de drogas. homero garcía, con domicilio en Guardado de Abajo, Tamps., se dedica al tráfico de drogas. antonio moreno, con domicilio en Guardado de Abajo, Tamps., se dedica al tráfico de drogas y armas. noé gonzáles, manuel gonzález, eleazar gonzález, guadalupe gonzález, gilberto gonzález, toda esta familia se dedica al tráfico de drogas y al contrabando de mercancía extranjera. Tienen el apodo [testado]. aarón peña, protegido del ex Procurador; se dedica al tráfico de drogas. josé salinas moreno (a) [testado], dueño del Joe Bar en la Cd. de Miguel Alemán, Tamps., se dedica al tráfico de drogas. 224

sandalio peña, conocido jugador de caballos; se dedica al tráfico de cocaína en Cd. Miguel Alemán. camilo martínez, se dedica al tráfico de drogas. lito cano, contrabando y drogas. agustín cano, joaquín cano, contrabando. orel chapa, (a) [testado]. Ayudante de toño sandoval y césar rivera (a) [testado]; estas personas se dedican al tráfico y a la compra de autos robados. plácido ambrosio ramírez, ex Pdte Mpal. De Cd. Miguel Alemán; renta sus ranchos ubicados en las márgenes del Río para pasar droga a los Estados Unidos. mireya ramírez, trabaja en la Compañía Mexicana de Aviación; se dedica al tráfico de drogas. david márquez, se dedica al tráfico de drogas. [Testado] peña, se dedica al tráfico de drogas.143

Finalmente, el documento hacía de nuevo referencia específica a Cd. Mier, Tamaulipas, donde operaban: javier gonzález garcía, (a) [testado]; dueño del Restaurant “Tío Beto”, este individuo se dedica al tráfico de mariguana, cocaína, pastillas y compra de autos robados. El Restaurant es el punto de reunión de la mayoría de narcotraficantes de la región. lauro gonzález garcía, hermano del anterior; se dedica al tráfico de drogas. ismael garza (a) [testado]; se dedica al tráfico de drogas, así como gonzalo, fidel y [testado]. baldomero vela (a) [testado]; dueño del Restaurant “La Casa del Sol”, se dedica al tráfico de drogas. artemio gonzález (a) [testado]; traficante y prófugo de la justicia por delitos contra la salud así como de homicidio por haber dado muerte a René Barrera el día 30 de diciembre de 1977. arnoldo gonzález, conocido narcotraficante. rosbel garcía y hermanos (a) [testado]; conocidos narcotraficantes. paco guerra, héctor guerra (a) [testado], tráfico de drogas.

143 Idem, foja 5. 225

abel y [testado] moscorro (a) [testado]; conocidos narcotraficantes. [Testado] cruz, tráfico de drogas. héctor hinojosa, tráfico de drogas. nato camargo, tráfico de drogas. josé y armando (a) [testado], conocidos narcotraficantes. roger gonzález, conocido narcotraficante. mario sahen, se dedica al tráfico de mariguana.144

En otras palabras, la dfs, con el comandante Rafael Chao López había de­ sarrollado un virtual censo de los personajes dedicados a los tráficos ilícitos en la región noreste. Prácticamente toda la red de contrabandistas y ­traficantes que habían operado en la región desde décadas atrás, y que aparecían ­expuestos en el informe precedente de la dfs, continuaban haciéndolo cuatro años d ­ espués. Varios de ellos tenían relación de cooperación con las familias González ­Barrera, Guerra Cárdenas y Guerra Barrera. Se ha hecho ya referencia a la relación entre los hermanos Héctor Santiago y Francisco Guerra Barrera, Juan González (a) el Chapeado y Juan N. Guerra Cárdenas. Y en lo que concierne a la familia del contrabandista Germán Barrera González, con influencia directa en Mier y en Miguel Alemán, Tamaulipas, en sus memorias hace frecuente referencia, por ejemplo, a Wenceslao Ramírez Guerra, que en el reporte figura vinculado al tráfico de drogas y al contrabando. A Toribio Guerra Ramírez, alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas entre 1952 y 1954, se le menciona como traficante de drogas en el reporte de Chao López, junto con Ediel Guerra Hinojosa. Toribio Guerra Ramírez y Ediel Guerra Hinojosa aparecen ligados en cuestiones patrimoniales en el poblado de Los Guerra, Miguel Alemán, Tamaulipas. Tras el deceso del primero, el segundo fue su albacea.145 Por otra parte, el contrabandista de a­ rmas Juan González, que tenía por sede de operaciones Monterrey, Nuevo León, tenía por nombre completo, según la dfs, el de Juan González Flores y aparece ligado con la familia Canavati.146 En 144 Idem, foja 6. 145 Véase Periódico Oficial (2005), “Edicto, Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, Distrito Judi-

146

226

cial, Cd. Miguel Alemán, Tam.”, 31 de mayo, Ciudad Victoria, Tamaulipas, p. 1, sección Avisos judiciales y de interés general, disponible en línea: , [consultada el 21 de diciembre de 2020]. Informe de investigación, 15 de noviembre de 1972, s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro Canavati, legajo único, fojas 1-9.

el informe de Chao López, Juan González y un individuo a quien se identifica como Chochi Canavati son señalados como partícipes en el contrabando y en el tráfico de drogas, según se vio más arriba. En el capítulo siguiente se hará mención más extensa a la relación de Juan González, los Canavati y otros allegados políticos de gran trascendencia. En cualquier caso, Wenceslao Ramírez, Toribio Guerra y Juan González Flores son personajes que aparecen en las memorias de Germán Barrera González y que alcanzarían posiciones de relevancia en los ámbitos políticos y económicos de la región.147 En esencia, en esta época los tráficos ilícitos se llevaban a cabo en función de las interacciones de una red de individuos que compartían intereses y participación en estas actividades, sin que se articulara una estructura criminal con un modelo organizacional burocrático, como suele representársele en el imaginario colectivo, oficial o mediático, y que se ha además representado bajo la denominación frecuente y errónea de cártel. A finales la década de 1970, la articulación de los tráficos ilícitos cuenta ya con un elemento centralizador —las directrices establecidas por la red de poder hegemónica, instrumentadas desde estructuras institu­cionales específicas del aparato de gobierno—, pero aún no parecía operar plenamente la lógica de territorios controlados con pretensiones monopólicas por alguna organización criminal. Al parecer, la adopción de esta lógica será posterior y es probable que para ello haya desempeñado un papel fundamental la consolidación de relaciones preferenciales entre actores de poder y algunos integrantes en este hábitat criminógeno, pues fue esta relación la que les permitió en el futuro alcanzar mayor preeminencia, e incluso primar por encima de sus antiguos asociados y potenciales competidores.148 De estos actores, aquellos que contaban con los mejores contactos con los ámbitos de poder fueron los que alcanzaron mayor dimensión y crecimiento económico. El establecimiento de organizaciones más articuladas y con pretensiones de hegemonía territorial —siempre de la mano de actores 147 Barrera González, Breves apuntes…, p. 44. 148 Juan N. Guerra y Juan García Ábrego se desembarazaron, con el apoyo de actores de segu-

ridad federales y locales, de antiguos asociados vueltos rivales, como fue el caso de Casimiro Espinosa Campos (a) el Cacho y de Fernando Martínez (a) el Aguacate. Véase Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 228-234 y 251-252. Fernando Martínez aparece ya mencionado como traficante de drogas en el informe de Chao López, en 1978, según se vio más arriba.

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institucionales— es una derivación de este proceso, a través de la administra­ ción de la violencia organizada del aparato institucional, que no tenía por fundamento, al menos en lo referente al control de estos tráficos ilícitos, la aplicación formal de la norma legal, sino su regulación favorable a los intereses de la red de poder hegemónica. Como se ha podido apreciar a lo largo de estas páginas, el tratamiento del aparato institucional hacia los delincuentes tradicionales no se caracterizó, a lo largo de este periodo, por su homogeneidad. Algunos de ellos, lejos de ser penalizados, como formalmente cabría esperar, departían con los acto­res de poder político y económico como uno más de sus integrantes, según se e­ xpuso en pági­ nas anteriores y como se verá en los capítulos siguientes. ­Censos ­criminales, como el que representa el informe de Rafael Chao López, no ­perseguían la aplicación estricta de la ley, sino la regulación de un negocio ilegal, e ­incluso el ­aprovechamiento de sus potenciales ganancias. Por ejemplo, en el propio ­informe de Chao López destaca la ausencia de la familia de Juan y Roberto Guerra Cárde­nas, en Matamoros. Pero este hecho no se deriva de que Chao ­desconociera sus actividades, sino de su cooperación con ellos. Esta colaboración se había alcanzado no sin unos primeros encontronazos. El comandante Rafael Chao López inició actividades en el noreste de la República como jefe de grupo de la dfs, por instrucción directa de Miguel Nazar Haro.149 Chao había sido enviado para “detectar las múltiples actividades de contrabando de armas y cartuchos que en la zona fronteriza de esa entidad se realiza.”150 Se le había comisionado junto con otros dos elementos de la institución. El director Nazar señalaba: “Es ampliamente conocido que en el Estado de Tamaulipas, independientemente del contrabando de armas, en forma coti­d iana y coludidos con autoridades federales, se llevan a cabo diversos contra­bandos de artículos eléctricos de manufactura norteamericana, que existe tráfico ilegal de indocumentados hacia los E.U.A. y principalmente el traslado de enervantes hacia dicho país”.151

149 De Miguel Nazar Haro, director federal de Seguridad, al capitán Fernando Gutiérrez 150 151 228

­Barrios, 28 de mayo de 1981, México, D.F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Emilio Martínez Manautou, legajo 2, fojas 88-91. Idem. Ibidem, foja 90.

Se olvidaba el nuevo director de la dfs que la propia corporación había mostrado precisamente que semejante contrabando de armas no era, en su dimensión de mayor escala, independiente del que se llevaba a cabo con ­bienes eléctricos y armas, según se vio en los reportes de 1974 y 1978, el último, a cargo de su propio encomendado, Chao López. El director federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, pretendía refutar las denuncias que el gobernador Emilio Martínez Manautou había enviado al secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, por las que ahora el subsecretario Gutiérrez Barrios le pedía cuentas. Según Nazar, “Desde que el agente rafael chao lópez incursionó en esa entidad, fue objeto de ­amenazas anónimas que intentaron que esta Dirección concentrara a sus elementos obvia­mente porque al investigar el contrabando de armas es susceptible de que se conozca la identidad y el monto de las actividades delictuosas de dichas autoridades.152 Nazar insistía: Toda ves [sic] que estos elementos han continuado en ese lugar, poniendo a disposición de las autoridades militares las armas localizadas en forma seudo-oficial se ha insistido en supuestos delitos de estos elementos, denuncias que se han investigado y que carecen de fundamento ya que en ninguna ocasión hay quien afirme o identifique a los agentes de la dfs, se ha dicho que ha habido asaltos ­cuyos productos giran de los $200.00 a los $8,000.00, balaceras en varios centros de prostitución, robos de vehículos y lo inexplicable es que ningún agente de esta dfs ha sido detenido ni identificado.153

Sin embargo, las quejas no venían solamente de las autoridades locales. Dentro de la propia Secretaría de Gobernación, también la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (ips) envió informes donde describía las acciones de extorsión monetaria y robo de vehículos que encabezaba un grupo de agentes y auxiliares de la dfs, a cargo del comandante Rafael Chao López.154 En abril de 1979, la ips envió un informe desde Matamoros, Tamaulipas, donde daba 152 Idem, fojas 90-91. 153 Idem, fojas 90-91. 154 Estado de Tamaulipas; Información de Nuevo Laredo, 19 de febrero de 1979, agn, ips, caja 1753-B, expediente 10, foja 87.

229

cuenta de irregularidades cometidas por agentes de la dfs en la localidad, bajo el mando de Rafael Chao: los agentes y colaboradores de ésta habían llegado a Matamoros en febrero para investigar el homicidio del celador aduanal Mateo Briseño Cortés y el secuestro del comerciante Raúl Garza Cantú. Detuvieron a Lucía Guerra de López y a sus hijos, Doria Elia y Fermín Francisco, originarios del ejido La Sierrita, los cuales habían permanecido incomunicados ocho horas junto con su padre, José María López Morales. Como medio de presión para obtener información de parte de esta familia, para continuar con sus pesquisas, los agentes de la dfs incendiaron su domicilio. Rafael Chao había forma­do en torno a sí un grupo de colaboradores auxiliares que le apoyaban en este tipo de acciones. Estaba integrado por “[…] varios conocidos delincuentes entre los que se nota Jesús Quintanilla, Conrado García Lozano, Ernesto ­Longoria (a) “La Molleja”, Casimiro Espinosa Sánchez (a) “El Cacho” y Sergio García (a) “El ­Quekón”.155 En el mismo mes de febrero, este grupo irrumpió “[…] en un palenque clandestino que era regenteado por Jesús Roberto Guerra Velasco y obligaron a las personas que ahí se encontraban a que les entregaran una fuerte cantidad de dinero y más tarde utilizando un camión de redilas las trasladaron a la Cárcel Municipal donde se les impuso una multa de $150,000.00”.156 Jesús Roberto Guerra Velasco, futuro presidente municipal de ­Matamoros, Tamaulipas (1984-1987), era sobrino de Juan N. Guerra y primo de Juan ­García Ábrego, pues su padre era Roberto Guerra Cárdenas. Casimiro Espinosa Campos —no Sánchez, como el propio documento corregía en páginas p ­ osteriores—, (a) el Cacho, era un antiguo asociado de Juan N. Guerra y Juan García ­Ábrego. El Cacho Espinosa y García Ábrego traficaban mariguana en sociedad, no ­obstan­te, por diferencias —probablemente del tipo de la descrita aquí— G ­ uerra y ­García Ábrego rompieron con Casimiro Espinosa y lo ­mandaron asesinar algu­nos años más tarde. El atentado en su contra fue efectuado, en un primer momento, por Óscar López Olivares, asociado de Juan García Ábrego.157 ­Desde mayo de 1979, la actitud del comandante Chao hacia personajes 155 Investigaciones Políticas y Sociales, estado de Tamaulipas. Información de Matamoros.

“Actos de Integrantes de la Dirección Federal de Seguridad destacados en la entidad”, agn, ips, caja 1753-B, expediente 10, fojas 103-104. Idem, fojas 103-104. 156 United States vs. Juan García Ábrego, CR. NO . H-93.167-SS, United States District Court 157 for the Southern District of Texas, Houston Division, Appendix A to the United States

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cercanos a Juan N. Guerra y Juan García Ábrego se había transformado. Según ­informó la ips, en ese mes, Chao López y dos elementos a su cargo armados con ­metralletas, detuvieron en Valle Hermoso al contador Antonio Barrientos Hernández, por unas deudas no liquidadas a Óscar López Olivares. La deuda había sido denun­ciada oficialmente ante el agente del Ministerio Público Federal en Nuevo ­Laredo, Luis Esteban García Villalón —sobrino de Lauro Villalón, personaje ligado a los generales vinculados al contrabando durante el alemanismo— y, en el ­f uturo, también implicado como asociado de Juan García Ábrego. Chao no había ­hecho sino una exhibición de fuerza para presionar en favor del pago de la deuda a sus nuevos asociados.158 En los años por venir, el comandante Rafael Chao López no hostilizó de ­nuevo a la red delictiva encabezada por Juan N. Guerra y Juan García ­Ábrego. De hecho, cooperó de manera directa para facilitar el tráfico de cocaína en la que algunos de sus allegados también participaban, en contacto con la fami­ lia de Juan N. Guerra, como fue el caso del ex coordinador de Agencias del ­M inisterio Público Federal de la pgr en materia de la lucha contra el tráfico de drogas en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, José Carlos ­A guilar ­Garza.159 Tras el primer atentado contra el Cacho, Rafael Chao López asignó elementos armados para custodiar a Óscar López Olivares, en concreto al agente Emilio López Parra,160 futuro comandante de la pjf vinculado ­también con García Ábrego. Y según su testimonio, el abogado defensor de ­Óscar López Olivares fue el propio José Carlos Aguilar Garza, quien gracias a un amparo logró su absolución.161 Chao encubrió el cargamento de cocaína que

158

159 160 161

Memorandum in Support of its Answer to Motion for New Trial and to 2255 Motion and its request for rule 8(A) determination, pp. 2 y 4. Investigaciones Políticas y Sociales, estado de Tamaulipas, Información de Valle Hermoso, 30 de mayo de 1979, agn, ips, caja 1753-B, expediente 10, fojas 107-108. Sobre García Villalón, United States vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93.167-SS, United States District Court for the Southern District of Texas, Houston Division, Appendix A…, pp. 6 y 29-30. Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 216 y 224. “Asunto: Enfrentamiento a Balazos entre Casimiro Espinosa Campos y Óscar López Olivares”, 16 de mayo de 1984, Matamoros, Tamaulipas, agn, dfs, Versión pública del expediente de Casimiro Espinosa Campos, legajo único, fojas 1-2. López Olivares, Óscar (s.f.), El Cártel del Globo, Recopilación de Olga Lydia Alanís, s. e., s. l., disponible en línea: , [consultada el 22 de enero de 2018], p. 93.

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transportaba Aguilar Garza en una avioneta que se accidentó, a mediados de la década de 1980, en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León.162 De acuerdo con testimonios de los testigos presentados por los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, durante el juicio de Juan García Ábrego, en 1996, el comandante Rafael Chao López le brindaba protección a sus actividades de tráfico de drogas desde la década de 1970.163 Y, según expusieron los mismos testimonios, el comandante Emilio López Parra era un amigo de antaño de Juan García Ábrego, que le brindaba apoyo en sus actividades de tráfico de drogas e incluso fungió años más tarde, a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, como su contacto para el pago a altos funcionarios de la pgr por la protección brindada a sus operaciones.164 Pero, en todo caso, la buena fortuna de la red delictiva en la que participa­ ban los hermanos Guerra Cárdenas, los hermanos Guerra Barrera, Juan González (a) el Chapeado y su continuación hacia las décadas de 1980 y 1990, dependió, más que de la benevolencia de comandantes de policía federales y locales, de relaciones que habían comenzado a establecerse a finales de la década de 1950. En esas décadas, dichas relaciones rendirían los mayores dividendos, cuando los herederos de algunos políticos de primer nivel durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos alcanzaron la cúspide del poder político en México. Estos herederos retomaron, con creces, las redes ilícitas que el echeverrismo había usufructuado de manera temporal en la década de 1970. En diciembre de 1960, el Porvenir de Nuevo León publicó la noticia de la inauguración de un negocio automotriz dedicado a la venta de automóviles, servicios mecánicos y venta de refacciones, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Al acto acudieron el entonces gobernador de Nuevo León, Raúl Rangel Frías, y el de Tamaulipas, Norberto Treviño Zapata. Estuvieron presentes también distinguidos hombres de negocios de la región, incluso de Roma y Río Grande, en Texas. Entre los locales, destacó la presencia de Germán Barrera González, de Gilberto, Gustavo, Leonel y Catarino Guerra Barrera. Después de 162 Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 216-217. 163 United States of America vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, United Stated Dis164

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trict Court, Southern District of Texas, Houston Division, Testimonio de Francisco Pérez Monroy, doc. 336, pp. 132-134 y testimonio de Carlos Reséndez, doc. 338, pp. 29-30. U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, testimonio de Carlos Reséndez, doc. 338, pp. 23-24 y 28.

todo, el director y presidente del Consejo de Administración del nuevo ­negocio era Advento Guerra Barrera, sobrino de Germán Barrera González y ­partícipe temprano en sus actividades de contrabando. Y los consejeros eran Juan Gonzá­ lez Flores —a quien la dfs consideraba un contrabandista de ­armas de alto nivel, según se vio en párrafos anteriores—; Eulalio Guerra ­Barrera, Heriberto González Rodríguez, Gustavo Guerra Barrera y Carlos Salinas Lozano,165 hermano del secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano, padre del futuro presi­ dente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y cuñado del entonces secre­ tario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena. En otras palabras, era muy estrecha la vinculación al más alto nivel de decisión de las secretarías de Estado encargadas de otorgar los permisos de importación y exportación de mercancías y del control de las aduanas del país, respectivamente: dos instituciones regulatorias estratégicas para el desarrollo del contrabando. Carlos Salinas Lozano ocuparía el cargo de tesorero general del estado de Nuevo León, durante la administración del gobernador Eduardo Livas ­Villarreal (del 4 de octubre de 1961 al 3 de octubre de 1967),166 quien a su vez declaró, al paso del tiempo, haber sido notificado de su designación como candidato al gobierno del estado por el hermano de aquél, el secretario Raúl Salinas Lozano —integrante del gabinete presidencial de Adolfo López Mateos—, hecho que muestra la relación cercana entre el ministro y el futuro gobernador.167 En 1970, a Carlos Salinas Lozano se le mencionaba con insistencia para fungir como suplente en la candidatura senatorial del general Bonifacio Salinas Leal, de quien Livas fue secretario particular cuando el militar ejerció el cargo de gobernador del estado; función en la que, según los reportes de la Secretaría de Gobernación, estaba en trato directo con los contrabandistas fronterizos, 165 El Porvenir (1960), “Autos fronterizos afirma el avance de Ciudad Alemán. Abre sus puertas

poderosa negociación. Dos gobernadores y hombres de negocios de Nuevo León, Tamps., y Texas se reúnen”, 14 de diciembre, Monterrey, p. 8. 166 El Porvenir (1966) “El tesorero general del estado en Apodaca”, 13 de mayo, Monterrey, p. 2B. Carlos Salinas Lozano no fue el primer funcionario que se hizo cargo de esa dependencia en la administración de Livas, aunque sí figuró en la terna que el gobernador presentó al Congreso del Estado para seleccionar a quien habría de ejercer esa responsabilidad. El ­primer tesorero fue Eduardo Elizondo, futuro sucesor de Livas. Véase El Porvenir (1961), “Livas expone un programa realista, dirigido a integrar el campo”, 5 de octubre, Monterrey, pp. 1 y 8, segunda sección. El 167 Porvenir (1984), columna “Audiencia pública”, 18 de junio, Monterrey, p. 2B.

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según se ha visto ya.168 Y, como se recordará, en 1970, el delegado de la dfs informaba del envío de emisarios del ex gobernador Livas a las reuniones que tenían lugar en Nuevo León para organizar el contrabando de manera coordinada con la Primera Zona Aduanal. En noviembre de 1972, en un informe sobre el contrabando de armas, la dfs señaló la participación del ya referido Juan González Flores, quien aparecía ligado a la familia Canavati. Según la dfs, su domicilio se ubicaba en la calle de Tulancingo 1548 norte, en la colonia Las Mitras, sector norte, en Monterrey, Nuevo León.169 Esta dirección es la misma en la que, según denuncias ciudadanas dirigidas al presidente López Mateos en 1963, vivía Juan González (a) el Chapeado, que también entonces era referido como participante directo en actividades del contrabando auspiciadas por la familia Canavati.170 Según los datos contenidos en el Registro Público de la Propiedad de Mon­ te­r rey, Nuevo León, en las escrituras 1907 volumen XI, fechadas el 24 de mayo de 1971, entre 1958 y 1971 ese inmueble era propiedad de una ­sociedad ­a nónima ­denominada Fincas Nuevo León, S. A. La casa había sido vendida por Juan Manuel González y su esposa, Manuela Herrera de Garza a Raúl González ­Herrera.171 Más tarde, en 1971, Fincas Nuevo León hacía una nueva ­transacción con el inmueble. Ahora, el gerente general era Homero Juan González Herrera.172 De acuerdo con el acta de nacimiento núm. 218, foja 218 del libro I, t. I del Archivo General del Registro Civil del Estado de Nuevo León, registrada el 28 168 El Porvenir (1970), “Política; Hoy y mañana las convenciones del pan.- Presuntos candidatos

169 170 171 172

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del partido azul.- Registra el pri a sus candidatos al Congreso. Apoyo del parm a cerda Muñoz.- Registra el pps a Vladimir Sánchez.- Exhortación del delegado del pri”, 11 de abril, Monterrey, pp. 1 y 9, segunda sección. Informe de investigación, 15 de noviembre de 1972, s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro Canavati, legajo único, foja 4. José Pérez Mendoza al presidente Adolfo López Mateos, s. f., s. l., agn, alm, expedien­ te 564.3/7. La fecha de entrada del documento en las oficinas de la Presidencia de la República es del 9 de julio de 1963. Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Registro núm. 516 de 1958, Monterrey, Nuevo León, México. Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Escritura Pública núm. 1907, 24 de mayo de 1971. Expedida por la Notaría Pública núm. 10, a cargo del Lic. Enrique Martínez Torres, en Monterrey, Nuevo León, México.

de septiembre de 1943 en Agualeguas, Nuevo León, Homero Juan González Herrera nació el 28 de julio de 1943, en el municipio de Agualeguas, Nuevo León. Sus padres eran Juan M. González y Manuela Herrera. Sus abuelos pater­nos, Platón González y Carmen Garza; y maternos, Ramón Herrera y Eligia Pérez.173 En consecuencia, la operación de compraventa referida se trataba de una transacción en la que Juan Manuel González Garza y su esposa, Manuela Herrera de González, vendían su propiedad a sus propios hijos a través de la fachada de una sociedad anónima denominada Fincas Nuevo León, cuyos gerentes eran esos mismos vástagos. Lo que parecería una digresión respecto al tema central que nos ocupa, está lejos de serlo: uno de los contrabandistas más relevantes, ligado también a Juan N. Guerra y a Héctor Santiago y Francisco Guerra Barrera, era el referido Juan González (a) el Chapeado,174 que según la información obtenida, era Juan Manuel González Garza, nacido en Agualeguas, Nuevo León, el 24 de agosto de 1911 y en 1972 propietario, en ese mismo municipio, del rancho ganadero La Gloria, según el registro de marca publicado en el Periódico Oficial del Estado.175 Agualeguas, Nuevo León, un municipio que en 1970 tenía una población total de 5 506 personas —la villa de Agualeguas tenía 2 502 y el rancho La Gloria, propiedad de Juan Manuel González Garza, tenía 14—.176 El mismo municipio donde en 1974 fue detenido su ex alcalde, Vicente Canales Garza, con más de una docena de individuos armados con rifles de asalto M-1, escopetas ­recortadas, rifles 30-30, pistolas 9 mm, dos básculas y prensas para empaquetar.

173 Acta de nacimiento núm. 218, foja 218 del libro I, t. I del Archivo General del Registro Civil 174 175

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del Estado de Nuevo León, registrada el 28 de septiembre de 1943 en Agualeguas, Nuevo León. El Norte (1995), “Data de juventud amistad de los Salinas con capo”, 7 de junio, Monterrey, versión electrónica. Acta de nacimiento núm. 78, año 1911, Archivo del Registro Civil de Agualeguas, Estado de Nuevo León, Nacimientos, año 1911-1920, vol. s.n., 22 de mayo de 1969. Disponible en línea: , [consultada el 21 de abril de 2017]. Sobre el rancho La Gloria, en Agualeguas y la marca que registró su propietario, Juan Manuel González Garza, véase Periódico Oficial (1972), “Tesorería General del Estado (fierros, marcas y señales), 29 de noviembre, Monterrey, p. 9. inegi (2010), Nuevo León. Compendio Censal Siglo xx, CD, Aguascalientes, México.

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Desde 1973, su último año de gobierno, Canales Garza brindaba protección a contrabandistas y traficantes de drogas que operaban en la región.177 Todo ello en los años en los que Juan González (a) el Chapeado, nativo de Agualeguas y con propiedades y operaciones en la localidad, era reconocido por los servicios de inteligencia mexicanos como un poderoso ­contrabandista y traficante de drogas, ligado también a autoridades aduanales y políticas. Agualeguas, el municipio de origen del traficante Juan González y de los hermanos Salinas Lozano, influyentes personajes de la política estatal y nacional. En agosto de 1973, la prensa neoleonesa, en sus notas sociales, dio a ­conocer otro evento significativo: el enlace matrimonial de Homero Juan González Herrera —el gerente de Fincas Nuevo León e hijo de Juan Manuel González Garza— con Rosa María García Fuentes. Entre los padrinos figuraba, junto con su esposa Cora G. de Salinas, uno de los integrantes de ese poderoso clan familiar oriundo de Agualeguas: el ya mencionado Carlos Salinas Lozano, tío del futuro presidente de México.178 Si Juan González tenía por segundo ­apellido Flores, estaba ligado a Carlos Salinas Lozano en el negocio automotriz inaugu­rado en Miguel Alemán, Tamaulipas, según pudo observarse más arriba. Si su verdadero nombre era Juan Manuel González Garza, como se desprende de la investigación en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil, tenía lazos cercanos y directos con el mismo Carlos Salinas Lozano, según se demuestra en este evento social. Dada la manipulación para evitar el rastreo patrimonial, que realizó Juan Manuel González Garza en la conformación de la sociedad anónima 177 Excélsior (1974), “Un ex alcalde y 15 más, protegían a narcotraficantes en Nuevo León. Los detu-

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vo la PJ, tenían quince armas”, 1° de abril, México, D. F., p. 17. El Informador (1974), “Un ex alcalde en un grupo ‘protector’”, 1º de abril, Guadalajara, p. 7-A. No era, ciertamente, el primer caso de presidentes municipales de Agualeguas que contaban con un grupo de delin­cuentes a su servicio o estaban ligados a ellos. Ya desde 1940, durante la gubernatura del general Bonifacio Salinas Leal, la prensa neoleonesa dio cuenta de hechos de sangre auspiciados por el entonces alcalde: “[…] de quien se ha dicho al Gobierno que es el protector de varios sujetos malvivientes que tienen asolados a los habitantes del mencionado Municipio”. El presidente municipal, Gil Cadena (1939-1940), protegía a sujetos que habían baleado y causado graves heridas a pobladores de la localidad. Véase El Porvenir (1940), “También en Agualeguas se vive bajo el terror”, 13 de enero, Monterrey, p. 4. El Porvenir (1973), “Emotivas ceremonias del enlace García-González”, 3 de agosto, Mon­ terrey, p. 7 sección C. En esa publicación hemerográfica aparece una foto de los recién casados junto con sus familiares, entre ellos el referido Juan Manuel González Garza.

Fincas Nuevo León, S. A., no puede descartarse que, en realidad, Juan Manuel González Garza y Juan González Flores sean en realidad la misma persona, pues la utilización de nombres y apellidos falsos es un hecho corriente entre los participantes en actividades delictivas para dificultar su identificación pública. En todo caso, Óscar López Olivares, ex colaborador de Juan García Ábrego y testigo protegido de las autoridades estadounidenses, señaló que Juan N. ­Guerra era asiduo asistente a las carreras de caballos organizadas en Agualeguas por Juan González (a) el Chapeado, quien le habría presentado a Raúl y Carlos Salinas Lozano.179 Según la prensa, Juan M. González y señora fueron, a su vez, padrinos en la boda de Francisco Guerra Barrera, también contrabandista y traficante de drogas y hermano de Héctor Santiago Guerra Barrera. Es muy probable que el referido padrino fuera precisamente Juan Manuel González Garza, pues Héctor Santiago Guerra Barrera contrabandeaba armas, drogas y mercancías en alianza con aquél, según se ha visto ya. Francisco Guerra Barrera contrajo matrimonio en 1968 con Cleotilde Elizondo García, hija de Armando Elizondo Zambrano, ex presidente municipal de Apodaca, Nuevo León (1949-1951).180 Francisco Guerra, miembro de una nueva generación de personajes dedicados al tráfico de drogas —quien contaba con educación comercial formal—, se ligó con Juan García Ábrego, sobrino de Juan N. Guerra, y fue parte de su red criminal.181 Desde el sexenio 179 El Norte (1995), “Data de juventud amistad de los Salinas con capo”, 7 de junio, Monterrey, 180

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versión electrónica. El Norte (1968), “La distinguida señorita Cleotilde Elizondo y el señor Francisco Guerra unen sus vidas”, 4 de febrero, Monterrey, p. 5, sección A. Sobre Armando Elizondo Zambrano y su carácter de presidente municipal de Apodaca, véase El Universal (1949), “En todo el Edo. de Nuevo León fue tranquila la transmisión del poder público”, 7 de enero, México, D. F., p. 13, segunda sección. Así consta también en la página oficial del gobierno del municipio de Apodaca: , [consultada el 26 de enero de 2018]. Valle, Eduardo (1995), El segundo disparo. La narcodemocracia mexicana, Océano, México, pp. 121-122 y 171-172. También Figueroa, Yolanda (1996), El capo del Golfo. Vida y captura de Juan García Ábrego, Grijalbo, México, pp. 114, 147, 148 y 262. Francisco Guerra Barrera se graduó como contador privado de la Academia Superior de Comercio de Monterrey el 2 de julio de 1954. El Porvenir (1954), Anuncio “Contadores de comercio; contadores privados”, 10 de julio, Monterrey, p. 6. También el hijo de Juan Manuel González Garza, Homero Juan González Herrera, tenía formación contable. El Porvenir (1967), “Recibe carta de pasantes la generación 1962-1967 de la Facultad de Comercio y Administración de la unl”, 23 de octubre, Monterrey, p. 6C.

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1988-1994, pero sobre todo tras el fin del periodo presidencial correspondiente, los medios de comunicación publicaron diversas evidencias y testimonios que apuntaban a la estrecha relación de la familia Salinas y estos personajes.182 Más adelante se analizará con más detalle el resultado de estas relaciones, en los años siguientes. Por el momento, basta con señalar que, como ocurría tradicionalmente, y según se ilustró en páginas anteriores, el control de los circuitos i­ nstitucionales regulatorios resultaría determinante y estratégico para el desarrollo de los tráfi­cos ilícitos. El 6 de julio de 1964, la prensa de la Ciudad de México dio cuenta de la asistencia de figuras políticas para emitir su sufragio en la elección presidencial. Fue el caso, por ejemplo, del secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano quien, acompañado de su ayudante, Enrique Guinea Rivero, acudió a la casilla para emitir su voto.183 Con viejas prácticas renovadas, Enrique Guinea Rivero fue designado director general de Aduanas al comienzo del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.184 Enrique Guinea nombró, en su momento, comandantes aduanales que, según investigaciones ­judiciales en Estados Unidos, brindaron apoyo a las operaciones de la red delictiva de Juan García Ábrego y de don Francisco, el nombre por el que se identificaba a Francisco Guerra Barrera.185 A modo de recapitulación: entre las décadas de 1940 y 1970, los tráficos ilíci­tos en la región noreste contaron con el apoyo y participación permanente de una 182 El Norte (1995), “Data de juventud amistad de los Salinas con capo”, 7 de junio, Monterrey,

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versión electrónica. El Norte (1991), “Acusan a Juan N. Guerra de traficar droga a eu. Responsabilizan al capo de contrabandear 3.5 toneladas de mariguana en el último bimestre”, 25 de octubre, Monterrey, versión en línea (de paga); Proceso (1997), “Un gran jurado en Hous­ ton ventilará lo que puede convertirse en el mayor escándalo narcopolítico. Testimo­n ios obtenidos por el Departamento de Justicia: Raúl Salinas Lozano, sus hijos Carlos, Raúl y Adriana, los herma­nos Ruiz Massieu y Colosio, ligados a los principales capos”, 17 de febrero de 1997, versión CD. The New York Times (1997), “Secretary to Mexican Patriarch Discloses Links to Drug Barons”, 26 de febrero, Nueva York, disponible en línea: , [consultada el 26 de enero de 2018]. El Nacional (1964), “Los secretarios de Estado acudieron a las urnas”, 6 de julio, México, D. F., p. 6. El Nacional (1988), “Nuevos nombramientos”, 7 de diciembre, México, D. F., p. 1. Reforma (1996), “Involucran con narcos a ex vocero presidencial”, 16 de febrero, versión electrónica.

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red de actores que incluía a antiguos generales revolucionarios que le brindaron protección; actores delictivos en sentido tradicional, que se ­encar­ga­­ban de llevarlos a cabo; y empresarios que, según la evidencia, tendrían contacto con unos y otros como forma de obtener ventajas para sus propios negocios: fuera con la provisión de insumos o mercancías a la venta, o para la ­d istribución de sus propios productos. Durante esta época, las actividades de los ­contrabandos tradicionales de armas y bienes diversos confluían cada vez más con las del tráfico de drogas. Con frecuencia, los actores que evidencian mayor perduración e importancia se dedicaron de manera indistinta a una u otra actividad. Estos actores configuraron circuitos institucionales regulatorios para favorecer estas prácticas: aduanas, instituciones de s­ eguridad, procuración y administra­ción de justicia. Al mismo tiempo, a pesar de la i­ncompatibilidad formal de roles que algunos guardaban entre sí, mantienían una convivencia social estrecha, de manera que constituyeron una red social conexa y perdurable. Los lazos construi­dos durante ese periodo se extendieron a las décadas siguientes, donde los herederos familiares y políticos de varios de los actores que en este tiempo alcanzaron relevancia, reeditaron, en las siguientes décadas, prácticas análogas. Se da cuenta así de la existencia de una red social muy peculiar: una subred de poder en la que convergen una vez más actores ligados de manera directa a la comisión de los tráficos ilícitos y otros integrantes de instituciones que, en principio, debían encargarse de regular aspectos estratégicos para el d ­ esarrollo de tales flujos comerciales. Con una adición: la existencia de negocios en la economía legal, en las que unos y otros aparecen asociados, como se verá con mayor detalle en el siguiente capítulo. Es preciso, pues, atender a la forma en que los recursos de procedencia dudosa de los miembros de esta subred se integraron en la economía formal y la manera en que configuraron incluso algunos circuitos económicos para favorecer sus intereses.

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5. La configuración de circuitos económicos en Nuevo León y la integración de recursos de procedencia ilícita

A lo largo de las últimas páginas, se ha mostrado ya el carácter irregular —y en ocasiones francamente criminal— de parte de los recursos que a­ cumularon los integrantes sustantivos de una subred de poder con amplia influencia regional en el noreste del país. También, en capítulos precedentes se mostró la lógica de funcionamiento de la actividad conocida como lavado de dinero: la colocación de los recursos ilícitos en alguna actividad económica legal que implique un amplio número de transacciones con moneda en efectivo; la estratificación, que es la continuidad de operaciones encaminada a transformar el dinero para hacer confuso su rastro y dificultar la identificación de su origen ilícito; y la i­ntegración, que implica su conversión final en recursos aparentemente l­ícitos, que permiten su usufructo inmediato o su inversión de largo plazo en la economía legal. En este capítulo se mostrará cómo estos mismos actores, que acumulaban capital por vías diversas, entre ellas algunas claramente ilíci­tas, invirtieron sus recursos en actividades económicas de largo plazo, lo que en términos funcionales equivale a una práctica de lavado de dinero, aun si el tipo penal no estaba contemplado en la legislación nacional e internacional. No se trata aquí de sentar las bases de ningún argumento jurídico, pues una investi­gación de semejante naturaleza escapa al propósito, alcances y fuentes de este trabajo. Sin embargo, en términos de análisis sociohistórico, tal ­indagación resul­ta relevante porque permite apreciar la configuración de esquemas de acumulación de capital y de predominio en la competencia económica, basados en la operación sinérgica de actividades lícitas e ilícitas en las que tenía intereses la subred de poder aquí analizada. En algunos casos, esto incluyó la promoción directa de apoyos institucionales gestionados a partir de los cargos públicos de sus integrantes, o bien, de sus conexiones políticas con otros ­tantos in­tegran­tes de la red de poder hegemónica. Por tanto, la promoción directa 241

desde el aparato institucional de actividades económicas donde actores de la subred analizada integraban sus recursos económicos de diversa proceden­ cia, constituye un elemento significativo de análisis en la conformación de una acti­v idad económica dirigida. Como se ha visto, el carácter irregular e incluso delictivo de los recursos de varios integrantes de esta subred de poder, no era desconocido para los responsables institucionales de perseguir y sancionar las prácticas ilícitas en las que aparecían relacionados semejantes beneficiarios de la promoción económica estatal. Puede apreciarse que, mientras más temprana fue la puesta en marcha de esta inyección de recursos de procedencia irregular en la economía legal, más parece haber conjuntado la fase de colocación con la integración final del recur­ so ilícito. La razón es que la fase de estratificación surge y se hace cada vez más compleja en función de la existencia y aplicación genuina de un r­ égimen penal en contra de la inversión de recursos obtenidos de manera ilegal en la economía. En ausencia de éste o con una aplicación laxa del mismo, la necesidad de operaciones de estratificación es menor y éstas son prácticamente innecesarias. El flujo de recursos de procedencia ilegal, como se verá, no necesariamente se limitó a un periodo fundacional de la acumulación de capital de varios de estos actores; por el contrario, según muestra la evidencia reunida, mantuvo continuidad a lo largo del tiempo, de manera que sus beneficiarios ­conservaron una ventaja frente a competidores económicos que no aparecen involucrados en actividades ilícitas. Tal condición ha constituido también un elemento fundamental para el refuerzo de la hegemonía de la red de poder. La configuración de circuitos económicos a partir de tales condiciones fue variable en función de lo propicia que fuera la actividad económica en cuestión. Por ejemplo, en algunas actividades del sector primario (agropecuarias), se trata virtualmente de una configuración integral, en la que el capital acumula­do de manera irregular permitió ventajas iniciales al favorecer la obtención de bienes de producción de mayor calidad; a ello se añadió la inversión estatal para generar infraestructura e incluso para fijar términos favorables de intercambio económico, como precios de compra y/o crédito. En el caso del sector secundario, en este periodo, no parece tratarse ­tanto de una configuración del circuito económico, sino de un auspicio general a partir de facilidades fiscales no diferentes a las recibidas en general por los industriales. De acuerdo con la información obtenida, los flujos de origen ­ilegal se 242

canalizaron fundamentalmente a la producción de bienes de c­ onsumo. De cualquier manera, aun sin una configuración integral de la actividad e­ conómica, se pone de manifiesto la tolerancia e incluso la complicidad para prácticas de contrabando que beneficiaban a la producción de algunos de esos bienes. En el sector terciario, se pueden apreciar dos mecanismos de c­ onfiguración de circuitos económicos. El primero es también a partir de la protección al con­ trabando y comercialización de bienes introducidos de manera irregular al país, con el establecimiento de cadenas logísticas protegidas desde las áreas sustantivas del aparato gubernamental encargadas de reprimir tales prácticas y con el empleo de la infraestructura legalmente constituida, como ­empresas comercializadoras y de transporte. Por otra parte, el segundo mecanismo fue en el ámbito de los servicios financieros, al permitir la constitución de institu­ciones ban­ carias bajo la titularidad de varios de los miembros de esta subred de p ­ oder, que habían acumulado parte de sus fortunas gracias a diversas ­actividades de origen ilegal y que, en varios casos, aparecían aún ligados a ellas. La permi­sividad oficial ante el establecimiento de instituciones ­bancarias funda­das desde su inicio con capital que en parte era ­presumiblemente de origen ilícito se deriva de que sus titulares eran integrantes de la red de poder hegemó­nica. Y con el tiempo, esta permisividad permitió también poten­ciar la retroa­limentación en el circuito de los flujos de capital de carácter lícito e ilícito y el lavado de dinero dentro del sistema financiero nacional. Más aún, cuando las redes de contrabando de bienes identificadas con la subred de ­poder que aquí se estudia comenzaron a orientarse cada vez más al tráfico de drogas. Por lo pronto, en las siguientes páginas de este apartado se muestran, a modo de ejemplo, casos que ilustran la dinámica general de la integración de ­recursos ilícitos en los diversos sectores económicos en Nuevo León: fue la entidad que atrajo una mayor cantidad de inversiones de esta naturaleza en la región noreste dada su dimensión y dinamismo económico y, además, varios de los inte­grantes de esta subred, como se verá, pertenecían o estaban asociados con diversas familias de gran prestancia empresarial en ese estado. Determinar los montos o proporciones del capital de origen ilícito r­ esultaría desde luego atractivo. No obstante, semejante indagatoria requiere acceso a fuentes privadas, como récords financieros y contables que no estuvieron al alcance de una investigación de esta naturaleza, con independencia de que es y ha sido un hecho usual la existencia de prácticas de doble contabilidad, 243

mani­pulación y/o destrucción de este tipo de información por parte de ­aquellas orga­nizaciones económicas empleadas dentro de la lógica del lavado de ­d inero,1 de manera que, más que enfocarnos en cantidades específicas, la meto­dología del trabajo apunta a la evidencia que muestra la participación de los i­ nversionis­tas en prácticas ilegales previas o simultáneas a la inversión. Incluso en las investigaciones judiciales en contra del lavado de dinero se puede emplear evidencia circunstancial para vincular los fondos con una actividad ilegal citada en el código. Se sigue una estrategia de investigación doble: una para probar la existencia de la transacción financiera; otra para probar la actividad ilegal subyacente.2 La existencia de un delito previo como mecanismo de generación de los recursos es un elemento central del lavado de dinero.3 Como se ha visto, son numerosas las fuentes públicas y oficiales que apuntan a semejantes precedentes como fuente paralela de acumulación de capital de los actores aquí analizados y donde se aprecia una variedad de conductas ilegales que hacen virtualmente imposible, con los elementos de investigación disponibles, determinar la proporción en que cada uno de estos ilícitos contribuyó a la inversión. Después de todo, como observa Edgardo Buscaglia, […] si bien es correcto categorizar y tipificar delitos, también es necesario compren­ der que el lavado de dinero se abastece de los flujos patrimoniales derivados de todos los demás tipos de delitos, es decir, muchas veces no es posible separar el lavado de dinero proveniente de drogas del derivado de la trata de personas y tampoco es posible diferenciar a funcionarios corruptos (políticos o no) de las ­redes criminales a las cuales pertenecen. Estas personas a menudo bloquean inves­ti­ gaciones sobre lavado de dinero o delitos electorales y a la vez redactan leyes y generan mecanismos institucionales pantalla para simular que se está combatiendo estos delitos […].4

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Madinger, John (2012), Money Laundering. A Guide for Criminal Investigators. Third Edition, crc Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, Londres, Nueva York, eua, pp. 85-87 y 108. También, Department of Treasury (1994), Financial Investigations. A Financial Approach to Detecting and Resolving Crimes, U.S. Government Printing Office, Washington, pp. 178-179. Madinger, op. cit., p. 27. Buscaglia, Edgardo (2015), Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, Debate, México, p. 33. Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política…, pp. 92-93.

De manera que difícilmente se puede esperar de una investigación académica individual aquello que no siempre es posible lograr aun con los ­recursos mayores de dependencias gubernamentales encargadas de llevar a cabo indaga­ciones judiciales y periciales en esta materia. No obstante, en términos de análisis sociohistórico, la evidencia acumulada resulta significativa para ilustrar las operaciones encaminadas a configurar circuitos económicos o integrar capital acumulado por actores de la red de poder hegemónica involucra­ dos en actividades ilegales.

El empresariado neoleonés y la articulación de la red de poder hegemónica posrevolucionaria Es preciso partir de una distinción entre el tipo de empresariado surgido antes de la Revolución mexicana, del que se proporcionó ya una semblanza pormenorizada en páginas anteriores, y otro que surgió esencialmente a partir del enriquecimiento de los generales que participaron en esa lucha. Una vez que los gobiernos posrevolucionarios se orientaron definitivamente hacia políticas más favorables a la visión del empresariado, las confrontaciones entre los primeros y el régimen llegaron a su fin, al tiempo que, según la evidencia histórica que ha de mostrarse, se fortaleció la confluencia de intereses entre ambos tipos de empresarios con el auspicio de personajes dedicados a diversos tráficos ilícitos, con lo que, según las mismas evidencias, obtuvieron beneficios económicos. La relación social sostenida y verificada entre actores que tenían por respon­ sabilidad institucional combatir las prácticas ilícitas de personajes con los que tenían estrecha conexión, constituye un indicador sustantivo —­según se ex­ puso en el primer capítulo— de la existencia de una red de poder ­hegemónica en vinculación con actividades ilícitas, al igual que la asociación con ­actores empresariales específicos en condiciones en las que con ­frecuencia, éstos también aparecen ligados a prácticas ilícitas, sea por sí mismos o por la vincula­ción de la infraestructura de sus empresas con actividades ilegales. En los a­ partados siguientes se expondrá evidencia histórica relacionada con varios de los ­actores de mayor relevancia en esta subred y su participación en circuitos institucionales y empresariales. 245

Como expuse en el primer capítulo, el concepto que propongo de red de poder hegemónica considera que ésta no es monolítica. También, que las s­ ubredes que la integran no poseen un carácter estático o el mismo peso específico, sino que éstos pueden variar a lo largo del tiempo. Señalé, asimismo, que la red de poder hegemónica incluye no solamente a actores que ejercen de mane­ ra ­d irecta el poder político, sino también a empresarios que se asocian a los prime­ros en la construcción y/o consolidación del Estado. Por otra parte, como se vio en el tercer capítulo, una parte sustantiva del empresariado neoleonés no se viculó originalmente a la lucha r­ evoluciona­ria que terminó por consolidar la existencia de un Estado nacional en México, sino que se le enfrentó de manera sostenida desde 1913 hasta 1940. En consecuencia, en términos del análisis conceptual que expuse a comien­ zos de este trabajo, puede considerarse que elementos representativos y especialmente influyentes del empresariado original de Nuevo León —aquel que surgió y se consolidó con anterioridad a la Revolución mexicana— p ­ odrían haber sido incluidos dentro de la red de poder hegemónica solamente a partir del resultado de la sucesión presidencial de 1940. Cabe señalar que, en todo caso, parecen haberse mantenido desde entonces, y hasta finales de siglo, en las zonas periféricas de la red, siempre en alianza con actores y fuerzas ­externas a la misma, como mecanismo de presión. A lo largo de esta etapa, este tipo de empresariado no adquirió un carácter simbiótico con los r­ epresentantes del poder político, como sí lo hizo su contraparte que surgió después de la R ­ evolución en otras partes del país y que también tendría su correlato en la entidad —como el representado por Aarón Sáenz y Bonifacio Salinas—, en condiciones de mayor centralidad estructural respecto a la red en su conjunto. La relación del empresariado neoleonés de viejo cuño con el poder político revolucionario ­a lcanzó niveles de entendimiento inéditos hasta finales la década de 1980, cuando una camarilla política con raíz en el noreste —especialmente en Nuevo León y Tamaulipas— y que poseía estrechas relaciones con aquél y otras facciones del empre­sariado local, obtuvo la Presidencia de la República. Finalmente, la relación con el poder político sería directa, entre 2000 y 2012, con el arribo a la Presidencia del Partido Acción Nacional, una iniciativa políti­ca vinculada desde su origen con el empresariado neoleonés encabezado por la familia Garza Sada. De todos modos, el arribo a la Presidencia del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), que emprendió desde el inicio de su gobierno un retorno al 246

conservadurismo y la gradual neutralización de varias de las políticas cardenis­ tas que tanto habían incomodado al empresariado neoleonés, se tradujo en una nueva etapa de cooperación entre los gobiernos posrevolucionarios y este s­ ector tradicional de los hombres de negocios de la entidad. Más aún, con las oportuni­ dades de enriquecimiento personal abiertas por su triunfo en la Revo­lu­ción, varios generales se dedicaron a montar empresas y a acumular f­ortunas que, en gran medida, fueron el resultado de su cercanía y afinidad con los d ­ ecisores polí­ticos, lo que les permitió acumular considerables recursos. Esta tendencia se potenció a partir del periodo presidencial de Miguel Alemán ­Valdés ­(1946-1952), periodo en el que se consolidaron varios de estos empresarios surgidos con los gobiernos de la Revolución. Varios autores coinciden en la necesidad de establecer diferenciaciones entre los grandes empresarios nacionales, en función de su forma de vincularse con el Estado. En términos generales, esta distinción establece disimilitudes de carác­ter regional u origen, así como la propensión a confrontar o, por el contrario, respaldar distintas manifestaciones de intervención estatal en la economía. De cualquier manera, las diversas concepciones marcan un contraste entre la facción del empresariado que se desarrolló originalmente en Nuevo León —que ha sido identificada coloquialmente como el Grupo Monterrey y que tiene por núcleo central a la familia Garza Sada y sus ramificaciones—, con aquella otra surgida a partir de su vinculación con Miguel Alemán y su camarilla política, mucho más simbiótica respecto al poder político posrevolucionario.5 En el primer caso, se trata de un grupo que promueve el liberalismo económi­ co a ultranza, al tiempo que el conservadurismo político en t­ érminos de estabilidad y orden, aunque no necesariamente de las instituciones democrá­ticas. Su origen y evolución ha sido menos dependiente del Estado, frente al cual han mantenido con frecuencia una línea contestataria. Se benefician de la promoción económica del Estado, las facilidades crediticias e impositivas, así como de

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Salas-Porras, Alejandra y Adriana Sandoval (2002), “Avenidas de desarrollo de los grandes grupos empresariales mexicanos”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 64, núm. 1 (enero-marzo), unam, México, pp. 141-143. También Luna, Matilde, Ricardo Tirado y ­Francisco Valdés, 1987, “Businessmen and Polities in Mexico, 1982-1986”, en Anzaldúa Montoya, ­R icardo y Sylvia Maxfield (comps.), Government and Private Sector in Contemporary Mexico, California, Centre for U. S.-Mexican Studies, pp. 13-44.

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la infraestructura que provee, pero no mantienen una relación endogámica de dependencia y vinculación orgánica, como es el caso de la fracción alemanista.6 Esta fracción, por su parte, está integrada por aquellos empresarios que lograron encumbrarse amparados por el poder político emanado de la ­Revolución en una lógica endogámica en la que, validos de su pertenencia a los grupos re­ vo­lucionarios victoriosos o su cercanía con ellos, establecieron víncu­los direc­ tos con los diversos gobiernos en turno que les permitieron obtener contratos o concesiones favorables. Prácticas semejantes ocurrieron desde los años treinta, pero alcanzaron su máxima expresión durante la a­ dministración de ­Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Esta red empresarial se caracteriza por su ­simbiosis con diversas áreas gubernamentales. Se asentó fundamentalmente en la Ciudad de México, pero tuvo ramificaciones muy relevantes en las ­entidades federativas. De acuerdo con Salas-Porras y Sandoval, ejemplo de empresas pertenecientes a esta categoría en las entidades de la República, serían Moli­nos Azteca (Maseca), de Roberto González Barrera —protegido del general Bonifacio Salinas Leal— en Nuevo León, y Bachoco, en Sonora, propiedad de la familia Robinson-Bours.7 En un contexto de fuerte participación del Estado, la fracción alemanista se identificó como aquella beneficiada por las prácticas proteccionistas de la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador. En su momento, el nacionalismo empresarial y la orientación al mercado interno que afirmaban representar se articuló en torno a una industria protegida, en la que varios de los e­ mpresarios más sustantivos habían acumulado su fortuna fundamentalmente a partir del favor político, más que de su propia capacidad para c­ ompetir con sus pares.8 A la luz de tal descripción, en esta última categoría debe incluirse también al ya mencionado general neoleonés Aarón Sáenz Garza y sus familiares, quienes fincaron un emporio empresarial construido esencialmente a partir de las conexiones políticas de su fundador, primero, a partir de su participación como cabeza de la Unión Nacional de Productores de Azúcar S. A. (unpasa),

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Salas-Porras y Sandoval, op. cit., pp. 155-156. Salas-Porras y Sandoval, idem, pp. 159-160. Idem, p. 162.

organismo creado en 1938 por auspicios gubernamentales —dirigido por Sáenz o bajo su influencia directa durante varias décadas—.9 También fue el caso de los generales Bonifacio Salinas Leal y Tiburcio Garza Zamora, quienes acumularon concesiones gubernamentales en las siguientes décadas, como se verá en detalle más adelante. En Nuevo León, los grupos empresariales que surgieron bajo el cobijo de Miguel Alemán no desplazaron de ninguna manera al empresariado prerrevolu­ cionario: crecieron de manera paralela aprovechando su propia relación con el poder político. No hubo de su parte ningún intento por competir o sustituir a los hombres de negocios de viejo cuño. Por el contrario, varios de estos ­nuevos políticos-empresarios se constituyeron como elementos de contacto con el régi­men. Más aún, el pasado compartido en términos de apuesta política en su apoyo a la candidatura de Juan Andreu Almazán y su participación directa en las redes de contrabando empleadas para respaldar su eventual i­ nsurrección se tradujo en que ambos tipos de empresariado mantuvieran contactos e intere­ ses compartidos en las redes dedicadas a los tráficos ilícitos. Procedo ahora a exponer evidencias de la integración de capital ilícito y/o configuración de circuitos económicos de la economía formal, en función de las distintas categorías o sectores en los que generalmente se le divide.

Sector agropecuario La ganadería La ganadería en Nuevo León ha constituido históricamente una de las principales actividades de colocación e integración de recursos de procedencia ilícita 9

El propósito de unpasa era “1. Coordinar los esfuerzos para el desarrollo y crecimiento de la industria azucarera. 2. Comprar toda la azúcar producida dentro del territorio nacional a un precio de liquidación para su posterior comercialización interna y externa. 3. ­A lmace­nar los excedentes de las zafras (absorbiendo todos los costos) para garantizar el abasto nacional a lo largo del año. En caso de desabasto este organismo realizaba las i­ mportaciones necesarias”. Véase Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2001), La agroindustria azucarera en México, Cámara de Diputados, Ciudad de México, septiembre. Disponible en línea: , [consultada el 7 de junio de 2017].

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en la entidad. Como se podrá apreciar, en esta actividad confluyeron de manera fundacional las inversiones de varios de los integrantes de la subred de poder que aquí se estudia y de quienes, según se ha visto en páginas anteriores, es posible considerar que parte de su capital se derivaba de su participación en diversas prácticas irregulares, fueran predatorias o de tráficos ilícitos. La ganadería constituye un polo de atracción para estas actividades por varias razones, entre ellas: el uso frecuente de transacciones en efectivo, el poco control relativo de la existencia efectiva de semovientes, la ubicación aislada y rural de los establecimientos que permite la habilitación de infraestructura de transporte y almacenamiento clandestino, así como el origen rural de varios de los inversionistas fundacionales en el periodo posrevolucionario. En 1950, Nuevo León era la penúltima entidad fronteriza con menor desarro­­ llo y potencial agropecuario. El capital total que representaba el sector agrope­ cuario en el estado era de 815 525 837 pesos, cifra menor a la de Tamaulipas (1 042 030 632 pesos), Coahuila (1 076 342 491 pesos), Sonora (1 139 260 202 pesos) y Chihuahua (1 690 317 730 pesos). Sólo excedía a la propia de Baja California (660 291 846 pesos).10 En lo referente al valor de las tierras, Nuevo León también ocupaba el penúl­ timo lugar de los estados fronterizos: Baja California (495 968 590 pesos), Nuevo León (563 294 877 pesos), Coahuila (656 475 937 pesos), Tamaulipas (671 293 557 pesos), Sonora (703 756 506 pesos) y Chihuahua (1 163 655 367 pesos).11 Por lo que respecta al valor de los ganados, aves y colmenas, Nuevo León mejoró un lugar en el rango al constituirse como la antepenúltima entidad: Baja California (40 608 478 pesos), Tamaulipas (153 147 047 pesos), Nuevo León (173 884 024 pesos), Sonora (224 070 127 pesos), Coahuila (229 759 008 pesos) y Chihuahua (292 382 944 pesos).12 No obstante, si se revisa el cuadro 5.1, se hacen de manifiesto paradojas notables.

10 Secretaría de Industria y Comercio (1959), Censos agropecuarios. 1. Totales comparativos 11 12 250

en 1930, 1940 y 1950; 2. Por entidades y distritos económicos agrícolas en 1950, Secretaría de Industria y Comercio, México, pp. 37-41. Idem. Ibidem.

CUADRO 5.1 Comparación de valores correspondientes a la producción ganadera de los estados de la frontera norte (1950) Estados de la Cabezas Valor de la Ventas de frontera norte de ganado producción productos bovino ganadera ganaderos (pesos) Baja California 102 332 66 446 869 22 223 154 Chihuahua 1 193 284 131 871 674 94 602 563 Coahuila 466 848 82 664 299 61 136 560 Nuevo León 435 158 87 184 099 65 283 307 Sonora 880 543 64 394 158 47 026 416 Tamaulipas 470 040 55 642 740 38 345 758

Ventas de Producción Valor de la ganado en de leche producción pie (pesos) (litros) de leche (pesos) 1 759 642 31 073 282 21 839 195 40 001 090 185 254 765 110 367 932 24 385 320 102 176 716 60 922 643 12 661 381 110 233 761 66 446 869 26 991 333 78 696 839 51 942 684 12 613 745 70 331 905 40 013 094

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Industria y Comercio (1959), Censos agropecuarios. 1. Totales comparativos en 1930, 1940 y 1950; 2. Por entidades y distritos económicos agrícolas en 1950, Secretaría de Industria y Comercio, México, pp. 48-53.

Como se ha visto, Nuevo León, que ocupaba el penúltimo lugar en cuanto a capital total agropecuario, valor de tierras, cabezas de ganado bovino; y antepenúltimo lugar en términos de valor de ganados, aves y colmenas y en venta de ganado de a pie, era también, según la estadística oficial, y a pesar de lo anterior, la segunda entidad con mayor valor de producción ganadera, de ­producción de leche (tanto en litros como en pesos). Según estas cuentas, Nuevo León ­tenía prácticamente la mitad de cabezas de ganado que Sonora (435 158 frente a 880 543); sin embargo, la superaba de manera notable en todos los rubros, excepto en el valor total del ganado (173 884 024 pesos frente a 224 070 127 pesos) y en la venta de ganado de a pie (12 661 381 pesos frente a 26 991 333 pesos). Existen al menos dos hipótesis que permitirían explicar tal paradoja: la primera es que algunos ganaderos neoleoneses contaban con ganado de calidad superior capaz de generar una producción mucho mayor que sus compe­ti­dores, aun si la concentración era inferior en número. Queda por explicar por qué este fabuloso ganado no superaba en valor total al de otras entidades ­fe­de­­ra­tivas que rendía una producción considerablemente menor. Es posible que ese tipo de ganado estuviera concentrado en un número r­ educido de g­ anade­ros y que, por tanto, no excediera al valor menor en términos u ­ nitarios, pero m ­ ayor en términos globales, de los semovientes que poseían sus contrapartes de otras entidades. 251

La segunda posibilidad es que el valor de productos de continua comerciali­ zación que implicaban operaciones con dinero en efectivo, como la compra de carne y leche, en el caso de Nuevo León, estuviera inflado para permitir la justificación de ingresos provenientes de otras vías. En cualquier caso, ambas posibilidades no necesariamente se excluyen entre sí, si se considera a quienes figuraban entre los principales inversionistas de la ganadería en esos años, el tipo de ganado que criaban y los apoyos para la generación de infraestructura que obtenían de personajes afines dentro de las instituciones gubernamentales encargadas del ramo, según se verá a continuación. El 12 de mayo de 1936, con el decreto del general Lázaro Cárdenas, se publi­ có la Ley de Asociaciones Ganaderas que determinaba de interés público la promo­ción de la ganadería y, por tanto, el funcionamiento de las agrupaciones que constituyeran los ganaderos del país.13 En Nuevo León, como ­resultado de esta disposición, el 20 de enero de 1937, durante el gobierno del general ­A nacleto Guerrero Guajardo, se publicó la Ley de Ganadería del estado de Nuevo León, que creó las juntas de ganaderos en cada municipio, con una Junta Central de Ganaderos en la capital del estado. Esta Junta Central se c­ onstituyó el 12 de diciembre de 1940, durante la gubernatura del general Bonifacio Sali­ nas Leal, y fue presidida por el empresario Joel Rocha, quien en 1906 había funda­do la compañía Salinas y Rocha, junto con su cuñado, Benjamín Salinas.14 La Unión Ganadera Regional de Nuevo León se constituyó el 14 de febrero de 1944, durante el gobierno de Arturo Bonifacio de la Garza y Garza (1943-1949), quien había sido secretario general de Gobierno durante la administración de su predecesor en el ejecutivo local, el general Bonifacio Salinas Leal, y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León durante la gestión del general Anacleto Guerrero.15

13 Diario Oficial de la Federación (1936), “Ley de Asociaciones Ganaderas”, 12 de mayo, sección 14

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segunda, p. 1. De la Garza González, Arturo (2010), Historia de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Lo que viví… así lo recuerdo, Editora El Sol, Monterrey, México, p. 17. Sobre Joel Rocha, Benja­m ín Salinas y la fundación de Salinas y Rocha, véase Flores, Óscar (2009), Industria, comercio, banca y finanzas en Monterrey 1890-2000, Udem/Asociación Mexicana de Historia Económica, D. F., México, pp. 15-16. De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, p. 11.

Aunque la sucesión en el poder derivó en fuertes confrontaciones entre Bonifacio Salinas y Arturo B. de la Garza por cuestiones de predominio político, ambos compartían originalmente vínculos e intereses. Según la historia de la Unión Ganadera Regional, que escribió su hijo, Arturo B. de la Garza y Garza es reconocido por el impulso que brindó a la organización.16 Sin embargo, ­murió poco tiempo después de concluir su gobierno, el 26 de junio de 1952, a los 47 años de edad. Aunque su hijo, Arturo de la Garza González, mantuvo presen­cia formal en la organización, la influencia mayor fue ejercida, durante los años posteriores inmediatos al deceso, por los generales Bonifacio Salinas Leal y Anacleto Guerrero como caciques políticos de la entidad, de quienes se ha ­hablado ya de manera extensa en páginas anteriores.17 16 De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, pp. 8 y 10. Las confrontaciones

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entre Bonifacio Salinas Leal y su antiguo colaborador y sucesor Arturo B. de la Garza, ­quedan de manifiesto en los documentos existentes en los archivos presidenciales de Manuel Á ­ vila Camacho y de Miguel Alemán Valdés, en el Archivo General de la Nación. En 1943, por ejemplo, diversas comunicaciones enviadas por ambos personajes al presidente Ávila Cama­cho p ­ onen de manifiesto que chocaron por posicionar a sus allegados en la ­reparación o manteni­m iento de infraestructura ferroviaria. Véanse cartas y telegramas diversos en agn, mac, exp. 513/2-1. Incluso, el grado de animadversión entre ambos personajes —o por lo m ­ enos de Bonifacio Salinas hacia su sucesor—, quedó a la vista en una comunicación que Ignacio Belloc Cuéllar, amigo personal del general Salinas, escribió al presidente Ávila Camacho. Según el extracto que se hizo de la misma por parte de la Secretaría ­Particular de la Presidencia, en ella, Belloc le expone que “[…] después de una larga conversación que tuvo con el Gral. Bonifacio Salinas Leal, sobre el Gobierno del Edo. de N. L. llegó a la conclusión de que el actual Gobernador Lic. Arturo de la Garza debe ser eliminado por incom­petencia, falta de visión administrativa y carencia de energía y enfermedad. El más indicado para h ­ acer tal cambio es el propio Gral. Salinas, que puede hacerlo en sigilo y con habilidad”. Ignacio Belloc Cuéllar al C. Presidente (extracto de la Secretaría Particular de la P ­ residencia de la República), 24 de mayo de 1944, Monterrey, Nuevo León, agn, mac, expe­d iente 543.1/18. Según expuso el propio De la Garza González, “Tuve la suerte que a la edad de 20 años me eligieran Consejero de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, nunca supe la causa, pues no estuve presente en la Asamblea en la que se me designó y no había estado presente en ninguna anterior, supuse que hubo inquietudes entre los ganaderos en el cambio del Consejo Directivo en el que resultó electo Don Ramón Ruiz Fernández, hombre de buen tra­to, que supo conciliar a todos en bien de la Unión Ganadera. Nunca se me ocurrió preguntar cómo fui electo o quién me propuso. Me imagino, que por el respeto y aprecio que le tenían a mi padre y por llevar su nombre, fui propuesto para formar parte del Consejo”. De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, p. 13.

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Anacleto Guerrero fue presidente de la Unión Ganadera Regional de ­Nuevo León (ugrnl) entre 1951 y 1957. Era un “[…] entusiasta criador de ganado ­Cebú”.18 Por su iniciativa se creó en la entidad una policía ganadera que se mantuvo bajo su mando. El diputado Jesús Garza Cantú se quejó de su pro­ceder en telegramas dirigidos al presidente Adolfo Ruiz Cortines y al secretario de la Defensa Nacional, general Matías Ramos —quien había sido comandante de zona militar en Nuevo León—: “[…] patrulleros armados civiles, dícense [sic] Policía Ganadera al mando general Anacleto Guerrero, recorren ­impunemente ciudad Monterrey y carretera Monterrey-Cadereyta-Reynosa en automóviles particulares armados con armas largas y acompañados diversas ocasiones miembros Ejército […]”.19 El quejoso informó al presidente Ruiz Cortines del asalto a un establecimiento comercial de su propiedad cometido por […] seis individuos armados al mando pistolero llámase Homero Mendoza, quie­nes ostentándose como policía ganadera mando general Guerrero, asaltaron restaurant propiedad su servidor tiene instalado carretera Monterrey-Reynosa […]citadas gavillas armadas operan con tolerancia autoridades militares, policía federal caminos, policía local estado Nuevo León y policía ganadera, habiendo desatado ola temor y desconfianza […].20

En 1953, la prensa local dio cuenta de la toma de protesta de la mesa directi­ va de la ugrnl. En ella quedó como presidente el general Anacleto Guerrero. Francisco G. Sada García —quien ya entre 1947 y 1949 había encabezado la organización— fue designado como integrante del Consejo de Vigilancia. Y como 18 De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, p. 25. 19 Diputado Jesús Garza Cantú a Enrique Rodríguez Cano, secretario de la Presidencia de la 20

República, 8 de mayo de 1954, México, D. F., agn, arc, expediente 512.51/151. Diputado Jesús Garza Cantú a Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, 8 de mayo, México, D. F., agn, arc, expediente 512.51/151. En este documento se expone un diferendo entre el referido diputado y los representantes de una Cooperativa de Autotransportes Monterrey-Cade­reyta-Reynosa que acusaban a Garza Cantú de malversación de fondos, cuando fungió como gerente de la misma. Según un reporte de la dfs fechado en 1965, el general Anacleto Guerrero había sido el fundador y principal socio de la compañía, que en algún momento se convirtió en cooperativa, pero había dejado de serlo. Tras ello, el general Guerrero era de nueva cuenta su propietario, agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacleto Guerrero Guajardo, foja 33.

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delegado ante la Confederación Nacional de Uniones Ganaderas del país, se nombró a Lauro Villalón de la Garza, cacique en San Fernando, Tamaulipas, ex diputado federal y cuñado de Aarón Sáenz, de quien se ha hecho mención ya como integrante de la subred política que se analiza en este trabajo. Villalón se había desempeñado en la misma función en la ugrnl durante la presidencia de Francisco G. Sada García, entre 1947 y 1949.21 En San Fernando, Tamaulipas, también tenía un rancho ganadero denomi­ nado El Canelo el coronel Carlos I. Serrano. En febrero de 1948, la prensa de Monterrey consigna la adquisición del rancho por parte de Serrano y su visita a la ciudad, no sin cierto candor a la luz de los hechos expuestos en páginas anteriores: “[…] en el Gran Hotel Ancira estuvo hospedado ayer el Coronel y Senador Carlos I. Serrano acompañado de su secretario particular y varias personas más. Por si a ustedes les interesa, el Coronel Serrano acaba de adquirir en la cantidad de un millón quinientos mil pesos el Rancho el canelo, conceptuado como el mejor de Tamaulipas. Este rancho es ganadero ciento por ciento y la inversión del citado Senador considérase futurista en grado superlativo, pues realizará formidable negocio cuando desaparezca el fantasma de la aftosa […]. ¡que coincidencia! Hace apenas unos días llegó a Monterrey el General Anacle­to Guerrero, también nos visita el Senador Serrano y me acaban de dar aviso que en el Ancira se encuentra el General Bonifacio Salinas Leal […]. ¿Estará tramándose algo relacionado con la próxima campaña política?”.22

Más allá de lo escrito por el columnista, otras fuentes señalan también al rancho El Canelo, en San Fernando, Tamaulipas, como propiedad de Carlos I. Serra­ no: así lo estableció un memorándum de 1960 de la dfs, firmado por su propio director, el coronel Manuel Rangel Escamilla, quien no obstante ­a firmaba que Serrano no era sino el testaferro, y que el propietario era en realidad el ex 21 El Porvenir (1953), “El general Anacleto Guerrero seguirá al frente de la Unión Regional 22

Ganadera”, 12 de febrero, Monterrey, p. 8. Sobre la presidencia de Francisco G. Sada en la ugrnl, véase De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, pp. 21 y 25. Garrós, Armando (1948) columna “Hoteles y conexiones varias”, El Porvenir, 4 de febrero, Monterrey, p. 10.

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presidente Miguel Alemán.23 En cualquier caso, la propiedad le fue expropiada a Serrano en 1972, según la misma dfs, que reportó el acto realizado por autoridades del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Según la misma fuente, el rancho tenía una extensión de 5 000 hectáreas de tierras de pastizal y contaba con un número de 3 154 cabezas de ganado charoláis.24 De nuevo en 1948, dos días después de publicada esta columna, el mismo periódico regiomontano consignó en primera plana la visita del coronel ­Serrano a Monterrey, procedente de Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. En Tamaulipas, había dado seguimiento a los trabajos de desmonte, ­contemplados en el programa de recuperación económica nacional, además de adquirir, s­ egún se ha visto, el rancho ganadero en San Fernando. En Monterrey, las autoridades locales, entre ellos el gobernador De la Garza, el jefe de zona militar, general Matías Ramos y el secretario particular del mandatario estatal, Eduardo Livas —futuro gobernador—, le brindaron a Serrano una recepción de Estado y lo llevaron a recorrer diversas obras públicas.25 Un mes más tarde, la prensa local dio a conocer el caso del Cadillac lleno de opio, propiedad del coronel Serrano, ya referido en capítulos previos. De acuerdo con la historia de la ugrnl, Serrano mantuvo frecuentes transacciones con ganaderos neoleoneses y se cuenta entre los principales introduc­ tores de ganado cebú y charoláis al estado de Nuevo León.26 De hecho, según se reporta en el trabajo de De la Garza González, entre los principales compradores de ganado de importación de alta calidad a mediados de la década de 1940, se aprecia, de manera constante, a Bonifacio Salinas Leal, Anacleto Guerrero y Arturo B. de la Garza.27 Los buenos oficios del gobernador De la Garza ante el coronel (y ganadero) Serrano y el presidente Miguel Alemán le valieron la posibilidad de gestionar condiciones favorables para los ganaderos neoleoneses frente a la crisis genera­ da por la fiebre aftosa. Por ejemplo, en 1949, Alemán autorizó descuentos por

23 agn, dfs, Versión pública del expediente de Miguel Alemán Valdés, legajo 1, foja 41. 24 agn, dfs, Versión pública del expediente de Carlos I. Serrano, legajo 1, fojas 93-97. 25 El Porvenir (1948), “Estuvo en Monterrey el senador Carlos I. Serrano. Lleva gratísima im26 27 256

presión de las obras realizadas por el gobernador”, 4 de febrero, Monterrey, p. 1. De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, pp. 458 y 470-471. De la Garza González, ibidem, pp. 458 y 464-465.

medio millón de pesos, con la posibilidad de reducir tres millones de pesos más, para favorecer la engorda de semovientes y la venta de carne.28 Muestras de las consideraciones especiales que recibieron los ganaderos de Nuevo León tras la crisis de la fiebre aftosa que afectó en general a la actividad ganadera en el país, puede apreciarse en el trabajo de De los Reyes.29 Estas medidas que eximían al ganado neoleonés de controles dispuestos para otros productores, así como la obtención favorable de créditos para montar la indus­tria de la carne fueron decididas por gestiones del gobernador De la Garza, con la venia del secretario de Agricultura y Ganadería, el coahuilense Nazario Ortiz Garza, del subsecretario encargado del ramo, Óscar Flores Sánchez y del presi­ dente Miguel Alemán.30 La historia de la ugrnl escrita por De la Garza González muestra la presencia del secretario Nazario Ortiz Garza en diversos actos de la organización y/o en la dotación de infraestructura agropecuaria. Como encargado del ramo, no resulta sorpresiva su presencia en actividades semejantes, tanto más que era oriundo del estado vecino, Coahuila. No obstante, a la luz de las consideraciones establecidas en el impulso del sector agropecuario, resulta interesante la información que en referencia a él consigna Luis Astorga. De acuerdo con este autor, información de 1931 señala que Nazario Ortiz Garza, entonces goberna­ dor de Coahuila, y su hermano, Francisco Ortiz Garza, quien era presidente municipal de Torreón, tenían estrecha relación con Antonio Wong Yin, uno de los principales traficantes de drogas en ese estado. Wong Yin era dueño del Casino Chino en Torreón y era compadre de Nazario Ortiz Garza.31 En lo referente al chihuahuense Óscar Flores Sánchez, subsecretario encargado de la ganadería y la lucha contra la fiebre aftosa designado por Miguel Alemán,32 futuro gobernador de Chihuahua y procurador general de la República, 28 El Porvenir (1949), “Medio millón de pesos para la ganadería. Frutos de la visita del presi29 30 31 32

dente Lic. Alemán”, 27 de abril, Monterrey, p. 11. De los Reyes Patiño, Reynaldo (2014), La economía ganadera de Nuevo León: propiedad de la tierra, producción y mercados en la época posrevolucionaria, Conarte, Monterrey, pp. 115-116. Idem, p. 163. Astorga, Drogas sin fronteras..., p. 170. El autor remite a Memorándum Confidencial, Departa­ mento de Salubridad Pública, México, D. F., 16 de junio de 1931, en Archivo de la Secretaría de Salud (ass), Fondo Salubridad Pública (FSP), Sección Servicio Jurídico (ssj), c. 28, exp. 6. Alemán Valdés, Miguel (1987), Remembranzas y testimonios, Grijalbo, México, pp. 279-282.

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informes de la dfs daban cuenta de su cercanía con personajes dedicados al tráfico de drogas en ese estado.33 En Nuevo León, la cooperación de funcionarios del ramo agropecuario con los ganaderos se mantuvo al finalizar el sexenio de Miguel Alemán. La relación con algunos de ellos era especialmente cercana. En 1954, el secretario de Agricultura y Ganadería, Gilberto Flores Muñoz, realizó una visita al estado de Nuevo León. Anacleto Guerrero —quien además de dirigir la ugrnl se daba tiempo para ser senador de la República— y Bonifacio Salinas Leal encabe­ zaron la recepción junto con el gobernador José S. Vivanco. La visita sirvió para refrendar amistades: “Antes de llegar a la Hacienda Soledad de la Mota, propiedad del señor Ing. Plutarco Elías Calles Jr., [Flores Muñoz] hizo una breve visita a los ranchos ‘El Mirador’ y ‘El Coyote’, propiedad de los Generales de División Bonifacio Salinas Leal y Anacleto Guerrero, personas con quienes el señor Flores Muñoz cultiva estrecha amistad”.34 Al día siguiente de esa reunión, la prensa regiomontana destacó otras actividades del secretario de Agricultura y Ganadería: el referido Flores Muñoz visitó el municipio de Galeana, junto con el gobernador José S. Vivanco, el coman­ dante de la zona militar, general Alejo González, el general Bonifacio Sali­nas Leal, el general Tiburcio Garza Zamora —entonces jefe de la g­ uarnición ­militar en Reynosa, Tamaulipas, según confirmaba la propia nota p ­ eriodís­t ica—. ­También acompañaron en la gira los tamaulipecos Carlos Osuna y Lauro ­V illa­lón de la Garza,35 quienes, como se ha visto, eran familiares de Aarón Sáenz. Todos ellos, parte de la subred de poder que aquí se analiza y todos con partici­pación en la ganadería en Nuevo León, sin importar su residencia en Tamaulipas o en este último estado.36 33 agn, Versión pública del expediente de Raúl Mendiolea Cerecero, dfs, legajo 1, fojas 155-169. 34 El Porvenir (1954), “El secretario de Agricultura visita el estado de N. León junto con el go-

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bernador Vivanco”, 4 de mayo, Monterrey, p. 8. Según la dfs, el rancho El Coyote se ubicaba entre los municipios de China y General Terán, en Nuevo León. Véase agn, dfs, Versión pública del expediente de Anacleto Guerrero Guajardo, foja 32. El Porvenir (1954), “El gobernador del estado y el ministro de Agricultura visitan Raíces Nuevo León”, 5 de mayo, Monterrey, p. 1. Aun antes de fungir como comandante de la Zona Militar en Nuevo León, Tiburcio Garza Zamora socializaba con frecuencia en el circuito de los ganaderos de esa entidad, según se puede apreciar en De la Garza González, Historia de la Unión Ganadera…, pp. 78, 199, 200 y 543. Arturo de la Garza González, autor de esa Historia y una de las principales figuras de

Todos ellos tenían interés en obtener el apoyo gubernamental para fortalecer la ganadería en Nuevo León, actividad en donde tenían inversiones. Anacleto Guerrero gestionó el apoyo de su amigo el secretario Gilberto Flores Muñoz para establecer un centro de inseminación artificial en el municipio de Guadalupe, en las instalaciones de la ugrnl, con la concurrencia del gobierno estatal y los ganaderos locales. El costo de la obra se estableció en 140 000 pesos y, además, la Secretaría de Agricultura se comprometió a proporcionar siete toros de raza y un caballo pura sangre para mejorar la producción ganadera de los ganaderos neoleoneses.37 Un año más tarde, en 1956, ya concluida la obra, Gilberto Flores Muñoz visi­ tó de nueva cuenta el estado. En esa ocasión, fue acompañado en su gira por el ex gobernador José S. Vivanco —para entonces designado gerente general de la ceimsa— y por el general Tiburcio Garza Zamora, entre otros personajes. En esa visita, Flores Muñoz se comprometió a gestionar ante el Departamento Agrario la inafectabilidad de las tierras en posesión de los ganaderos neoleoneses, así como facilidades en el pago de impuestos cobrados por la dependencia a su cargo. También se ofreció a invertir recursos de su secretaría en la construcción de un campo experimental agropecuario administrado por la universidad del estado. Ofreció incluso aportar recursos para la construcción de nuevas obras de irrigación y hacerse cargo de las mismas, en caso de que la Secretaría de Recursos Hidráulicos no contara con fondos para llevarlas a cabo.38 En noviembre del mismo 1956, la ganadería neoleonesa se vistió de ­plácemes para la clausura de la XI Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial de Nuevo León. El acto de clausura estuvo a cargo del subsecretario de Ganadería, Lauro

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la ugrnl refiere el apoyo que recibió del diputado Manuel Garza González, futuro subsecretario de la Reforma Agraria —con el hidalguense Jorge Rojo Lugo como secretario—, para alcanzar la presidencia de la Confederación Nacional Ganadera (cng). Manuel el Meme Garza González era hijo de Manuel Garza Zamora y sobrino de Tiburcio Garza Zamora. Véase Camp, Roderic Ai (2011) Mexican Political Biographies 1935-2009, 4ª ed., University of Texas Press, Austin, p. 372. La misma publicación de Arturo de la Garza González muestra la cercanía de Manuel Garza González con los ganaderos neoleoneses. Véase Historia de la Unión Ganadera…, pp. 14, 342-343, 356-357 y 589. A Jorge Rojo Lugo, la periodista Yolanda Figueroa lo identificó como compadre de Roberto Guerra Cárdenas, hermano de Juan N. Guerra. Véase Figueroa, El capo del Golfo…, p. 35. El Porvenir (1955), “En breve funcionará el centro de inseminación”, 28 de julio, Monterrey, p. 2. El Porvenir (1956), “Gran impulso se le dará en Nuevo León a la industria agropecuaria. Así lo ofreció el S. de Agricultura”, 16 de abril, pp. 1 y 7.

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Ortega, en representación del presidente de la República y del secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz. En el acto estuvieron presentes el gobernador Raúl Rangel Frías, el ya mencionado ex presidente de la República y ex gobernador de Sonora y Baja California, general Abelardo Rodríguez y los generales Bonifacio Salinas Leal y Anacleto Guerrero, entre otros. El general Abelardo Rodríguez señaló que Nuevo León no sólo sobresalía por su i­ ndustria, sino como demostraba en esa ocasión, por su destacada actividad pecuaria. Plutarco Elías Calles Jr. observó que la mejora de este ramo productivo era notoria cada año. Y Juan Sáenz Garza, hermano de Aarón Sáenz Garza —y también ganadero— señaló que a pesar de la difícil situación que atravesaba la ganadería en el país, Nuevo León demostraba su progreso en la materia con esta exposición, que había sido superior a las anteriores.39 A la clausura de la exposición habían acudido más de 50 000 personas.40 El acto sirvió como marco para nuevos compromisos por parte de la Secretaría de Agricultura a cargo de Gilberto Flores Muñoz, expresados por conducto del subsecretario de Ganadería, Lauro Ortega. Este último informó que la depen­dencia iba a proporcionar 2 000 ejemplares ovicaprinos para que sirvieran como sementales y pies de cría para los ganaderos neoleoneses, y los pondrían en disponibilidad en el centro de experimentación establecido en Raíces, en el municipio de Guadalupe. Anunció además nuevos créditos y subsidios, así como la disposición de no permitir la exportación de alimento para ganado.41 39 El Porvenir (1956), “No sólo en la industria se destaca N. L. Presenta nueva fase de progreso: 40 41

la ganadería”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. El Porvenir (1956), “Más de 50,000 personas presenciaron la clausura de la exposición”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. El Porvenir (1956), “Dos mil ejemplares de raza ovicaprina a N. L. Eso será parte del Programa Enfocado al Fomento de la Ganadería en el Edo.”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. En agosto de 1974, un memorándum de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (ips) de la Secretaría de Gobernación expuso diversos hechos de violencia ligados al tráfico de drogas en Nayarit. En él se menciona el asesinato del caballerango del ex gobernador y ex secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz. Según el memorándum, se presumía la participación del referido caballerango en el tráfico de drogas y se establecía que también estaba involucrado en tal negocio el capitán Sergio Flores, director de Seguridad del Estado y hermano de la esposa del gobernador en funciones. Véase memorándum “Situación que priva en el estado de Nayarit a consecuencia del tráfico de drogas y automóviles propiciado por altos funcionarios del estado ante la complacencia del gobernador”, 29 de agosto de 1974, Distrito Federal, agn, ips, caja 969, expediente 2, folio 383. Una denuncia anónima

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En síntesis, se trata de la promoción de una actividad económica por parte del Estado a través de su acción directa. A simple vista, tales medidas parecieran no suponer diferencia frente a otros casos en función de la lógica del de­ sarrollo estabilizador, en la que diversas ramas productivas eran directamente propiciadas y favorecidas desde las instituciones gubernamentales. No obstante, a la luz del tema que ocupa a este trabajo, esta configuración de circuitos económicos tiene otra dimensión, a juzgar por otras actividades y relaciones de los actores involucrados que tenían lugar de manera paralela a su participación en la economía lícita. contenida en el mismo expediente señalaba que el referido capitán Sergio Flores era el director de la Policía Judicial del Estado y que realizaba actividades de tráfico de drogas con el conocimiento del Lic. Luna Vázquez, procurador General de Justicia del Estado. En la sucesión presidencial de 1958, Gilberto Flores Muñoz fue uno de los prospectos a suceder a Adolfo Ruiz Cortines. Contó con el apoyo de personajes como Francisco Galindo Ochoa y el sinaloense Leopoldo Sánchez Celis; según Luis M. Farías, en Nuevo León lo apoyaba el ex gobernador José Vivanco. Véase Farías, Luis M. (1992), Así lo recuerdo, fce, México, pp. 71 y 79. Flores Muñoz mantuvo estrecha relación con los integrantes de la subred de poder del noreste. La prensa de las décadas siguientes consigna su presencia en actos sociales y políticos. Entre los primeros, como asistente en la boda de la hija del ex gobernador José Vivanco en 1968, donde departió con Bonifacio Salinas Leal, Carlos I. Serrano y Tiburcio Garza Zamora. Entre los segundos, a la gira de campaña presidencial de Luis Echeverría en Monterrey, en 1970, en la que el entonces candidato presidencial fue recibido por ­Bonifacio Salinas Leal, Eduardo Livas, Tiburcio Garza Zamora, junto con el propio Flores Muñoz. Véase El Porvenir (1968), “Distinguidas personalidades en la boda Vivanco Loza-García Alanís”, 14 de julio, Monterrey, pp. 1 y 4, sección Sociales; también El Porvenir (1970), “Ante la miseria del sur, arremete LE contra deshonestidad”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11 segunda sección. En esa misma gira, Gilberto Flores Muñoz y Anacleto Guerrero recibieron a Echeverría en su visita a la exposición ganadera Exposición Nuevo León 70; véase El Porvenir (1970), “Echeverría recorrerá la Expo-70 y observará la exhibición de cebú”, 12 de abril, Monterrey, p. 12 segunda sección. Gilberto Flores Muñoz murió asesinado a machetazos, junto con su esposa, en octubre de 1978. Su nieto, Gilberto Flores Álvarez, fue inculpado por el hecho. La defensa de Flores Álvarez corrió a cargo del abogado Enrique Fuentes León, a quien años después medios de comunicación y procesos judiciales en Estados Unidos ligaron con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Sobre la defensa jurídica de Fuentes León hacia Flores Álvarez, véase la crónica periodística del caso: Leñero, Vicente (1997), Asesinato: el doble crimen de los Flores Muñoz, Plaza y Valdés, México, pp. 304, 413, 421, 424, 433 y 435-436. Sobre la relación de Fuentes León con traficantes de droga: Proceso (2002), “La tenebrosa carrera de Enrique Fuentes León”, 12 de enero, México, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017].

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Por ejemplo, resulta interesante considerar el círculo cercano al secretario Flores Muñoz. El 25 de octubre de 1955, el cónsul estadounidense en Jalisco escribió un memorándum al Departamento de Estado, en el que informaba sobre un grupo dedicado a la producción y tráfico de opio asentado en Ayutla, en ese mismo estado; expuso que un informante había reportado que el líder de la organización era un individuo de nombre Alfonso Jiménez, personaje de quien destacó su alta inteligencia pero, además, su amistad con el secretario de Agricultura y diversos senadores de la República —a quienes no nombró—. En la época del reporte, ese funcionario era Gilberto Flores Muñoz. Aunque el cónsul afirmaba no estar en condiciones de garantizar la veracidad de la infor­ mación, señalaba que el informante parecía racional, respetable y motivado únicamente por su conciencia cívica.42 Pero en el caso del noreste, esa subred de poder que recibía el apoyo constante del secretario de Agricultura Flores Muñoz a sus proyectos a­ gropecuarios tenía también relaciones de interés, a la luz del tema que ocupa a este trabajo. En 1957 el general Anacleto Guerrero, senador y todavía presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León en ese año, celebró su cumpleaños en su rancho El Coyote. El festejo fue magno e inició desde la noche del 12 de julio, para continuar a la mañana siguiente. Concurrieron personajes conspicuos y poderosos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Entre los asistentes, la prensa destacó la presencia de Manuel Flores, oficial Mayor del gobierno del estado, con la representación del gobernador; José Luis Lozano, presidente municipal de Monterrey; el general Domingo Martínez, comandante de la VII Zona Militar; el diputado federal Ángel Lozano; Alfonso Cantú Treviño, gerente general de la Línea de Transportes Monterrey-Cadereyta-Reynosa, propiedad del homenajeado; el general Tiburcio Garza Zamora, de Reynosa, Tamaulipas; y del mismo estado, pero de Matamoros, el multicitado Juan N. Guerra, el oficial aduanal Francisco Yarritu y Antonio Escamilla, ganadero matamorense, ex comandante de la policía estatal en Tamaulipas; también estuvo presente el jefe de la Oficina Federal de Hacienda en Reynosa, Guillermo García González.43 42 William P. Hudson, cónsul americano, al Departamento de Estado, 25 de octubre de 1955, 43

Guadalajara, Jalisco, nara, sfbndd, rg 170, Box 161. El Porvenir (1957), “Brillante festejo al general de División y senador Anacleto Guerrero en su onomástico. Ambiente de franca cordialidad privó entre todos los asistentes al agasajo”, 14 de julio, Monterrey, p. 2. En 1965, el ganadero y ex policía Antonio Escamilla y el celador

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El celador aduanal Manuel Yarritu falleció, en noviembre de 1972, en un rancho en las inmediaciones de Matamoros, Tamaulipas. Según el Heraldo de Brownsville, el deceso ocurrió de manera accidental debido a una intoxi­cación por gas butano que le causó la muerte mientras dormía. Su c­ uerpo fue encontrado por la mañana “[…] por sus amigos Juan N. Guerra y ­Fidel Cuéllar Treviño (este último, comandante de la Primera Zona Aduanal con sede en Monterrey y en cuyo rancho ‘El Jorongo’ sucedieron los hechos”.44 Del comandan­te Fidel Cuéllar Treviño, encargado de la Primera Zona Aduanal, se habló en detalle en el capítulo precedente. Consta con este hecho un elemento más que confirma su relación con el conspicuo contrabandista y traficante de drogas Juan N. Guerra, a la que ahora se añaden las evidencias de la relación de éste con integrantes de la subred de poder de interés para este t­ rabajo, la cual tenía participación directa en la producción ganadera de la entidad. En el capítulo 1 de este trabajo, señalé dos indicadores como evidencia necesaria para determinar la existencia de una red de poder hegemónica en

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aduanal Manuel Yarritu Flores protagonizaron una balacera en el rancho El Tahuachal — que era propiedad de Juan N. Guerra—, en la que Yarritu salió herido. En ocasiones, las diversas notas de prensa transcriben de manera distinta los nombres. Por ejemplo, el rancho Tahuachal, ubicado en las inmediaciones de Matamoros, es denominado “Tlahuachal”, en El Porvenir, de Monterrey. El apellido del aduanal en la prensa de Brownsville es Yarritu, mientras que El Porvenir escribe “Yarritou” al reportar la asistencia de un Francisco Yarritou al cumpleaños del general Anacleto Guerrero. En todo caso, otras notas de prensa consignan la cercanía de Juan N. Guerra con un aduanal de nombre Manuel Yarritu, que convivía también con el ex comandante de policía convertido en ganadero, Antonio Escamilla, quien también acudió al festejo del militar. En función de lo anterior, y dada la asistencia de otros funcionarios fiscales tamaulipecos, es muy probable que Francisco Yarritou sea el aduanal Manuel Yarritu; o bien, que Francisco y Manuel fueran personas distintas, pero parientes cercanos, dado que ambos compartirían un apellido muy poco común en Matamoros, Tamaulipas. Sobre la balacera en el Tahuachal, véase El Heraldo de Brownsville (1965), “Balacera en El Tlahuachal arrojó un saldo sangriento”, 19 de julio, Brownsville, Texas, Estados Unidos, p. 1; también El Heraldo de Brownsville (1965), “Notas diversas de la Cd. de Matamoros, Tamaulipas”, 20 de julio, Brownsville, Texas, Estados Unidos, p. 1. S­ obre la relación de Juan N. Guerra con Manuel Yarritu, véase además la nota de prensa que consignó la asistencia de este último a la boda de la hermana de Guerra: Noticiero Diario de la Tarde (1956), “Elegante enlace del señor Edemir Hernández y la señorita Leonor Guerra”, 9 de abril, Matamoros, Tamaulipas, p. 5. El Heraldo de Brownsville (1972), “Informan del deceso de conocido aduanal en San F ­ ernando, Ta. [sic]”, 27 de noviembre, Brownsville, Texas, p. 1.

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vinculación con actividades ilícitas: 1) documentación, oficial o no, que muestre la existencia de una red social integrada (que los integrantes tengan relación directa entre sí o una distancia no intermediada por más de un actor) por actores preeminentes de los tres ámbitos considerados (político-institucional, empresarial y delictivo). Y 2) documentos históricos, oficiales o no, que den testimonio de vínculos sociales cercanos, sostenidos entre actores institucionales, empresariales e ilegales (parentesco, relaciones sociales, profesionales, comerciales). También propuse como indicador del control o influencia sobre circuitos institucionales regulatorios, por parte de la red o subred de poder, la relación social sostenida y simbiótica entre actores pertenecientes a ámbitos formalmente incompatibles y con propósitos no institucionales. Un evento social como el que se reporta en estas notas de prensa satisface tales ­indicadores. Se evidencia aquí la existencia de una red social en la cual los integrantes tienen una relación directa o con intermediación no mayor a un individuo. Coparticipan actores políticos, empresariales y delictivos que comparten una relación social sostenida. Y el control o la influencia sobre circuitos institucionales regulatorios se pone de manifiesto con la socialización de actores pertenecientes a roles que, en lo formal, son a todas luces incompatibles. ¿Cómo explicar, con sentido distinto, la confluencia de actores políticos y de seguridad de primer orden de los ámbitos federal, estatal y municipal, con otros de quienes existía conocimiento público y vasto de su participación en actividades delictivas? Más aún, ¿qué explicación alternativa verosímil puede ofrecerse a la reunión y convivencia amistosa entre autoridades militares y fiscales —que cuentan entre sus funciones aquellas de orden aduanal— y el contrabandista más conspicuo de la región noreste? La presencia de Juan N. Guerra en tal celebración no fue fortuita. En 1964, una nueva nota de Sociales, que cubrió otro festejo del onomástico del general Anacleto Guerrero da cuenta también de su participación. La celebración contó además con la asistencia del gobernador del estado, Eduardo Livas Villa­ rreal —secretario particular del general Bonifacio Salinas Leal durante su gobierno en Nuevo León y secretario general de Gobierno del gobernador Artu­ro B. de la Garza—; el secretario particular del gobernador Livas, Juventino González Ramos; el Ing. Plutarco Elías Calles Jr.; el general J. Trinidad ­Rodríguez López, comandante de la VII Zona Militar; los generales de División M ­ arciano Gonzá­lez y Jaime Quiñones; el abogado y futuro juez Ramiro Tamez y el 264

referido ex comandante de policía estatal y ganadero, Antonio Esca­milla, ­entre otros.45 Para entonces, la visibilidad pública de Juan N. Guerra como ­homi­cida, contraban­dista y traficante de drogas era un hecho inobjetable, tras la gran cantidad de información de prensa que circuló en 1960 con motivo del asesina­to del teniente coronel Octavio Villa Coss, como antes se vio. Y tal conocimiento tenía como correlato la confirmación de su carrera delic­tiva, hecho del ­conocimiento de las instituciones de seguridad de la época, de acuerdo con los memorándums de la dfs expuestos en páginas anteriores. ­Resulta, pues, inverosímil que las principales autoridades políticas, fiscales y de seguridad igno­raran quién era el personaje y lo admitieran dentro de su círcu­lo de ­sociali­zación ­inmediata. Por el contrario, como se ha visto, las eviden­cias muestran las relaciones de protección directa que semejantes actores de poder brindaban a Guerra y las diversas modalidades de tráficos ilícitos en las que participaba. La presencia de actores con antecedentes delictivos en los circuitos gana­ deros de Nuevo León se mantuvo constante en los años siguientes. En 1970, conspicuos contrabandistas y traficantes de drogas, como Juan N. Guerra y Juan González (a) el Chapeado, asistían a las exposiciones ganaderas de Nuevo León, donde participaban en carreras de caballos, sin que ninguna autoridad los inco­modara.46 Como se ha visto, esto no puede atribuirse a su anonimato pues, al contrario, sus antecedentes delictivos eran del todo conocidos en las institucio­nes de gobierno. En ese mismo año, en su gira por el noreste del país, como candidato presidencial, Luis Echeverría fue invitado por Arturo de la Garza González para recorrer el mismo evento: la Exposición Nuevo León 70, en espe­cial, la exhibición de ganado cebú, en la que participaban ­distinguidos criadores de ganado, como el general Anacleto Guerrero y Gilberto Flores Muñoz.47 En síntesis, en la actividad ganadera en Nuevo León confluyeron actores no sólo del estado, sino de la región, que de manera paralela integraban una red social que tenía participación en actividades ilegales y que, en la amplia mayoría 45 El Porvenir (1964), “Emotivo homenaje al Gral. Anacleto Guerrero por su cumpleaños”, 14 de

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julio, Monterrey, p. 8. Sobre los cargos desempeñados por Eduardo Livas Villarreal en las administraciones estatales de Bonifacio Salinas Leal y Arturo B. de la Garza, véase Camp, Mexican Political Biographies…, p. 538. El Porvenir (1970), “Expo Nuevo León 1970”, 28 de abril, Monterrey, p. 3B. El Porvenir (1970), “Echeverría recorrerá la Expo-70 y observará la Exhibición Cebú”, 12 de abril, Monterrey, p. 12B.

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de los casos, difícilmente pueden considerarse dedicados a la p ­ roducción ganadera como actividad sustantiva y primordial. Varios de los principales promotores y benefactores de la ganadería en Nuevo León fueron ­i ntegrantes de esta subred que brindaba protección a actividades formalmente proscri­tas, entre ellas el contrabando y el tráfico de drogas. Pero más aún, que en f­ unción de sus conexiones políticas y/o cargos públicos configuraron un c­ ircuito ­económi­co legal —la misma ganadería— para su propio beneficio sustantivo, en condiciones donde confluyeron sus recursos de procedencia ilícita, lícita y, además, el apoyo del aparato institucional del Estado para generar infraestruc­ tura y brindarles condiciones favorables de producción y comercialización. De acuerdo con la Historia de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León de Arturo de la Garza González, en los años siguientes al periodo aquí descri­to, incluso hasta la década de 1970, personajes como Carlos I. Serrano y T ­ ibur­cio Garza Zamora —a quien según se ha visto ya, se ligaba directamente como protector de Juan N. Guerra— mantuvieron una amplia presencia en los c­ ircuitos ganaderos de Nuevo León. También lo hizo el tamaulipeco ­Advento Guerra ­Barrera, oriundo de Mier y cacique de Miguel Alemán, Tamaulipas, ­emparentado con el contrabandista Germán Barrera González, con quien participaba en actividades políticas y económicas —ambos ligados a otra ­familia de interés para el trabajo que nos ocupa, de quienes se habló en el capítulo precedente—.48 La actividad ganadera constituyó un polo de atracción para aquellos per­ sonajes dedicados a los tráficos ilícitos, vinculados con la evolución genealógica de estas redes. Como se recordará, Juan Manuel González Garza, quien según la investigación en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Civil fue Juan González (a) el Chapeado, era propietario del rancho ganadero La Gloria, en Agualeguas, en la década de 1970, según se vio en el capítulo anterior. Y Héctor Canales Garza, hermano del ex alcalde de esa localidad, Vicente Canales Garza, detenido en 1973 por su participación en el tráfico de drogas, 48 La presencia de Tiburcio Garza Zamora en las actividades de la urgnl puede observarse en

Garza González, Historias de la Unión Regional Ganadera…, pp. 78, 199, 200 y 543; la de Carlos I. Serrano en idem, pp. 14, 84, 200, 343, 458 y 470-471. La de Advento Guerra ­Barrera, en idem, p. 83. Advento Guerra Barrera era propietario del rancho ganadero 26 de ­marzo, ubicado en el municipio de General Bravo, Nuevo León. En diciembre de 1976, quedó registra­ da en la Tesorería General del estado la marca de sangre del ganado que criaba en dicha finca. Véase Gobierno del Estado de Nuevo León (1976), Periódico Oficial, 31 de diciembre, Monterrey, p. 2.

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con armas de alto poder y básculas y prensas para pesar y empaquetar droga, fue pre­sidente de la Asociación Ganadera Local del mismo municipio.49 Héctor Canales Garza asistió a la boda de Homero Juan González Herrera, hijo de Juan Manuel González Garza (a) el Chapeado, en agosto de 1973.50 La confluencia de ingresos legales e ilegales en la actividad ganadera de Nuevo León bien puede haber constituido a un tiempo un atractivo para otros grupos delictivos que irrumpieron en el estado hacia las p ­ ostrimerías del siglo xx e inicio del siguiente. Grupos que iniciaron su estrategia de d ­ esplazamien­to de las antiguas hegemonías a sangre y fuego, estableciendo primero un c­ ontrol con pretensiones monopólicas de los tráficos ilícitos, los giros negros y la vulnera­ ción de los mecanismos de lavado de dinero de sus adversarios. G ­ rupos que han sufrido múltiples fracturas entre sus propios integran­tes, cada una de ellas acompañada de nuevos escenarios de violencia a lo largo de esta nueva época. Semejante condición pudo traducirse en una vulnerabilidad para a­ lgunos personajes ligados a esta rama agropecuaria, fuera por su participación ­efectiva en estos circuitos o porque así lo percibieron esos nuevos grupos criminales. Arturo de la Garza González, hijo del gobernador Arturo B. de la Garza, ex dipu­tado federal, ganadero y ex presidente de la ugrnl fue asesinado en 2011 a los 74 años de edad. Hombres armados lo extrajeron de las instalaciones de la ugrnl el 27 de enero de ese año.51 Su asesinato conmocionó a la alta sociedad neoleonesa y a sus círculos políticos. Su cadáver, hallado pocas horas después de ser privado de su libertad y hallado en la autopista a Reynosa, Tamaulipas, presentaba dos balazos en el rostro y un mensaje a la altura del pecho, con la leyenda “Esto le va a pasar a los que apoyan a los Z. Atte. cdg”.52 El occiso había sido presidente de la Confederación Nacional Ganadera en 1977 y en Nuevo León poseía los ranchos Presa Nueva, La Sonora, Guayacán, El Martillo, y El Salado en el municipio de China. En la prensa regiomontana, fotos suyas apare­ cen junto con el general Lázaro Cárdenas, lo mismo que con el ex presidente 49 Garza González, Historias de la Unión Regional Ganadera…, p. 625. 50 El Porvenir (1973), “Emotivas ceremonias del enlace García-González”, 3 de agosto, Mon­ 51 52

terrey, p. 7 sección C. El Norte (2011), “Revelan plagio de empresario ganadero”, 28 de enero, Monterrey, p. 1. También El Norte (2011), “Ojalá que ya pare esto”, 30 de enero, Monterrey, p. 1. El Norte (2011), “Llega crimen a la élite regia. Matan horas después de plagiarlo al ganadero Arturo de la Garza”, 29 de enero, Monterrey, p. 1.

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Carlos Salinas de Gortari. Adrián y Arturo, algunos de sus hijos, de apellido Garza Tijerina, han sido presidente de la propia ugrnl y diputado local y ­federal, respectivamente.53 En un correlato de las implicaciones que posee la lógica de la concepción histórico-institucionalista de la trayectoria dependiente, la confluencia de recursos lícitos e ilícitos en la actividad ganadera, que según se ha visto fue una característica fundacional de la ganadería moderna en el estado de Nuevo León, podría haberse mantenido y terminado por cobrar facturas a sus participantes y beneficiarios en condiciones distintas a aquellas en las que semejantes circuitos económicos surgieron y se consolidaron. Por otra parte, en lo referente a las implicaciones que en términos de economía política tendría la configuración de circuitos productivos con la confluencia de recursos lícitos e ilícitos en beneficio de integrantes de la red de poder hegemónica, no deja de resultar significativo un hecho verificable: la constante mención en los medios de comunicación y fuentes de información sobre los presuntos vínculos de diversos funcionarios que han fungido como responsables de instituciones regulatorias del ramo agropecuario con actores ligados a la producción de cultivos ilícitos en diversas zonas del país. En ocasiones, estos últimos aparecen incluso como beneficiarios de programas y estímulos gubernamentales enfocados a dicha actividad.54 53 El Norte (2011), “Entre la ganadería y la política. Arturo de la Garza González (1936-2011)”, 54

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29 de enero, Monterrey, p. 4, sección Local. Además de lo ya expuesto en referencia a Nazario Ortiz Garza (secretario de Agricultura) y su subsecretario Óscar Flores Sánchez y del también secretario de Agricultura Gilberto Flores Muñoz, considerénse, por ejemplo, los siguientes casos. El del sinaloense Antonio Toledo ­Corro, ex gobernador sinaloense y secretario de la Reforma Agraria entre 1978 y 1980 —gana­dero también—. Véase Camp, Mexican Political Biographies…, p. 950. Respecto a notas periodís­ticas que mencionan nexos irregulares en relación con él, véase Proceso (1993), “Con Vega Alvarado volvió la narcopolítica al estilo de Toledo Corro”, 23 de enero, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]; Los Angeles Times (1987), “­Corrupt Police are No. 1 Target: Mexico Tries to End Reign of Drug Lords in Sinaloa”, june 23, disponi­ble en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]. También destaca el caso del tamauli­ peco Manuel Garza González, sobrino de Tiburcio Garza Zamora, a quien se hizo referencia más arriba: fue subsecretario de la Reforma Agraria entre 1976 y 1979. Véase Camp, Mexican Political Biographies…, p. 372; en el caso de Garza González, los señalamientos

tuvieron lugar sobre todo por las declaraciones del subprocurador antinarcóticos Mario Ruiz M ­ assieu, en 1994, derivadas de las investigaciones por la muerte de su hermano, el secretario general del pri, José Francisco Ruiz Massieu. El fiscal hizo referencia a un complot en el que habrían estado mezclados intereses políticos y del tráfico de drogas y señaló como implicados al ex gobernador Enrique Cárdenas González y al senador Manuel Garza Zamora. Véase El País (1994), “Los asesinos del secretario del pri planeaban matar a otros dos políticos”, 7 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]; Proceso (1994), “El c­ rimen de la calle de Lafragua”, 8 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]. Piénsese también en Carlos Hank González, secretario de Agricultura entre 1990 y 1994. Véase Camp, Mexican Political Biographies…, pp. 458-459. Sobre la información de medios que ha vinculado a Hank con el tráfico de drogas, véase, por ejemplo, Martínez José (1999), Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de poder, impunidad y corrupción, Océano, México, pp. 233-286. También Proceso (2011), “Los Hank: estir­pe de corrupción”, 4 de junio, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]. Inclu­so, después de 2000, con el arribo de gobiernos federales de origen distinto al pri, ­d iversos ­medios de comunicación publicaron información que apuntaba a vinculaciones irregulares por parte de funcionarios a cargo de instituciones encargadas del ramo agropecuario y/o el beneficio de sus programas a traficantes de droga y/o sus familiares. Respecto a Javier Usabiaga, secretario de Agricultura durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), véase Proceso (2010), “Asoma la narcopolítica”, 4 de abril, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]; también La Jornada (2010), “Acepta Sagarpa: los subsidios concentrados, inerciales, ­políti­cos y antiecológicos”, 18 de septiembre, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]. Información sobre programas para el campo de las instituciones gubernamentales de a­ dministraciones subsecuentes, que beneficiaban a traficantes de droga y sus familiares ha aparecido en múltiples ocasiones en la prensa nacional, véase El Universal (2009), “Procampo financia narcos y familiares”, 28 de julio, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]; Excélsior (2015), “Subsidian a hermanos de El Chapo; siguen en padrón de ProAgro. Jesús y Ofelina Guzmán Loera han obtenido del programa para campesinos pobres más de $500 mil desde 1997; también reci­bieron recursos en 2014”, 20 de julio, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]; también Revista Emeequis (2016), “El gobierno mexicano sí apoya a los narcos. Concesiones de agua para El Azul y aeródromo para El Mayo”, 22 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017].

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Sectores industrial y de servicios Por su propia dinámica de operación —cadena de producción sistemática, con cuantificación precisa y verificable de insumos y productos, además de conoci­ miento tecnológico especializado— el sector industrial supone la e­ xistencia de circuitos económicos de mayor complejidad. En general, en este sector, ­resul­ta más complicada la posibilidad de configurar circuitos económicos en­ te­ros. Sólo uno de ellos, el del azúcar, muestra condiciones indudables de una configuración desde el poder en beneficio directo de algunos integrantes de la subred en cuestión. Puede señalarse que el sector industrial no fue la opción preferente de integración de capital de origen ilícito. Sin embargo, no estuvo enteramente exento de ello. Existen indicios de la participación y/o ­asociación de actores involucrados en actividades irregulares que participaron de d ­ istinta manera en esta actividad. La lógica del desarrollo estabilizador y de la susti­ tu­ción de importaciones auspició decisiones políticas que p ­ ermitieron que algu­nos de los integrantes de la subred analizada participaran en actividades industriales; esto sucedió con el apoyo constante de sus conexiones ­políticas para obtener condiciones de producción o comercialización favorable. Los más exitosos conformaron complejos empresariales que trascendieron la actividad productiva y se extendieron también al sector servicios, con actividades banca­ rias y financieras, así como turísticas y de transporte. Aquellas ramas del sector industrial donde existió la participación de integrantes de la subred de poder que se analiza fue generalmente la producción de bienes de consumo. En pocos casos se trató de un involucramiento directo de estos actores en la actividad productiva en sí misma. Con mayor f­ recuencia, esta participación tuvo lugar en la interfase entre los sectores secundario y terciario, con la comercialización de productos. A veces se trataba de una alianza entre algunos integrantes de la subred de poder con industriales —éstos sí, expertos añejos en su materia— para apoyarlos en la obtención de insumos para la producción o la distribución de sus productos. En otros casos, consistía en el uso de la infraestructura de ­distribución de los productos legales de determinadas empresas para llevar un tráfico clandes­tino y paralelo de diversos tipos de bienes ilícitos o sujetos a regulaciones no observadas. La participación conjunta y simbiótica entre empresarios, actores institucionales y personajes de reconocida participación en los tráficos 270

ilícitos luce poco fortuita y, por el contrario, rendía beneficios diferenciados pero compartidos, de manera que difícilmente se puede suponer, por ejemplo, que los empresarios desconocieran el riesgo de que su infraestructura de distribución fuera empleada para el transporte de bienes ilícitos al estar asociados con traficantes de pública fama criminal. Resulta, pues, poco verosímil el argumento alternativo de que tales empresarios desconocieran del todo las actividades en las que incurrían sus asociados. De hecho, algunos industriales participaron directamente en los circuitos del contrabando para introducir bienes necesarios para la manufactura de productos en sus respectivas empresas —vinculados siempre con actores de poder y con personajes de perfil netamente delictivo—. Según los antecedentes expuestos a lo largo de estas páginas, la participación en tales prácticas —o en otros casos al menos su tolerancia— apuntan más a la puesta en marcha de mecanismos de capitalización paralelos que brindaron elementos adicionales para reforzar hegemonías económicas y políticas. En el sector terciario se establecieron sociedades entre figuras empresariales y otras institucionales vinculadas a los tráficos ilícitos. Incluso, en ocasiones, estos nexos se establecieron también con los propios delincuentes en su ­sentido más tradicional en la fundación o expansión de instituciones financieras, especialmente orientadas a la prestación de servicios bancarios. Las casas mercantiles en las que participaron actores directamente involucrados con los tráficos ilícitos alcanzaron gran importancia y su capitalización puede apreciarse por algunas inversiones de carácter emblemático, como la construcción de edificaciones que en su momento fueron consideradas ejemplo del progreso económico y social de sus respectivas entidades. Semejante bonanza abrió paso al camino de la prestancia política en algunos casos. Existieron también inversiones de actores relevantes para el objeto de interés de este estudio en el ramo de los servicios de transporte terrestre e incluso aéreo, que a la luz de sus vinculaciones con los tráficos ilícitos constituye un factor de evidente atención. Más aún, porque ocasionalmente trascendió información pública que muestra la utilización de esta infraestructura para tráficos ilícitos de gran escala. En el caso de los sectores industrial y de servicios, el énfasis no será su análisis individual, sino el de aquella evidencia públicamente disponible de inver­ siones en las que participaban actores pertenecientes a la subred de poder analizada, involucrados directamente en tráficos ilícitos o vinculados en una 271

relación simbiótica con otros tantos personajes dedicados a ellos. Se preten­ de así brindar una visión de conjunto respecto a indicios que, si ­f ueran sólo ­consi­derados de manera aislada, por ámbito sectorial o por suceso, ­podrían ­pasar desa­­percibidos. Si bien constituyen evidencia ­circunstancial, su repeti­ ción, la asocia­ción innegable con personajes de quienes existía i­ nforma­ción pública de su actividad ilícita, y más aún, la existencia de i­ nformes gubernamenta­les de instituciones de seguridad que lo confirman, son ­elementos que permiten apreciarlos desde una perspectiva más amplia aun a pesar de las limita­ciones que presenta una investigación sociohistórica basada en fuentes públicas. Por todo lo anterior, en las páginas siguientes la exposición de hechos privi­ legiará el análisis por relaciones entre actores e inversiones, así como los indicios de irregularidades relevantes para el tema de este trabajo, más que diseccionarlos de manera global por sector, que sería propio de un análisis econó­mico o de historia económica que requerirían otro tipo de información más general y que no constituyen el propósito de este estudio, precisamente por diluir la perspectiva relacional y de conjunto que en este caso se desea destacar.

La industria azucarera y del alcohol La industria azucarera está ligada a la del alcohol por constituir un insumo bási­ co para la fabricación de este último producto. Entre los ­empresarios azuca­re­ ros del país, entre las décadas de 1930 y 1980, una de las figuras ­emblemáticas era el general Aarón Sáenz Garza, de quien ya se ha hecho amplia referencia. Propietario de ingenios azucareros en distintas partes del país —de manera ­sustantiva en Sinaloa y Tamaulipas—, Aarón Sáenz había combinado su cargo de secretario de Industria, Comercio y Trabajo con el de presidente del Con­ sejo de Administración de la Compañía Azucarera del Mante durante el sexenio de Pascual Ortiz Rubio. En 1932, Sáenz estableció la fundación de la entidad Azúcar S. A., empresa pública que sustituyó a la Compañía Estabilizadora del Mercado del Azúcar y el Alcohol, S. A., que había sido generada poco antes para sortear los efectos de la crisis económica surgida en 1929 y que a comienzos de los años treinta había afectado las condiciones de comercialización del azúcar en el país.55 El propósito de la medida era obligar a productores y trabajadores 55 Salmerón Sanginés, Pedro (2001), Aarón Sáenz Garza. Militar, diplomático, político, empresario, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 224-226.

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del ramo a aceptar y observar las disposiciones regulatorias que el gobierno central estableciera: mediante decreto presidencial, los productores de azúcar estaban ahora obligados a entregar su producción total a Azúcar, S. A., para que fuera comercializada por esta compañía. Es decir, un monopolio gubernamental del azúcar. El propio Sáenz fue nombrado gerente general de la institución prácticamente desde su creación. En 1933, la compañía ya fijaba los precios nacionales del azúcar y dictaba estrategias para abaratar su producción, fijar su precio e integrar su consumo como parte de la dieta cotidiana de todos los habitantes del país.56 En las décadas siguientes, Sáenz desempeñó un papel fundamental en el desa­rrollo de la industria azucarera. En 1938 unpasa, a la que se hizo ya referencia en un apartado anterior, sustituyó a Azúcar, S. A., con los mismos propó­sitos generales. Y Sáenz se mantuvo al frente del organismo.57 Gracias a sus contactos gubernamentales, Sáenz logró fijar, con el favor del gobierno, los precios de compra a la producción cañera de los ejidos y pequeños productores. Tras el gobierno cardenista, las condiciones de compra en general fueron siempre ­favorables a los grandes empresarios del ramo, entre ellos el propio Sáenz.58 De hecho, durante la administración de Manuel Ávila Camacho se emitieron decre­tos para obligar a que los campesinos de las zonas aledañas a los ingenios azucareros cultivaran caña de azúcar y se la vendieran a éstos.59 A pesar de los propósitos expresos del organismo dirigido por Sáenz por estabi­l izar la producción y los precios, el mercado del azúcar en el país entró de ­nueva cuenta en condiciones deficitarias en la primera mitad de la 56 Idem, pp. 226-227. 57 Ibidem, p. 229. 58 En los archivos presidenciales es posible observar las frecuentes comunicaciones de agrade­

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ci­m iento que dirigía Sáenz a Miguel Alemán, por ejemplo, por su influencia en la fijación de los precios de compra a los productores directos de caña, insumo básico de esta industria. Véase, Telegrama de Aarón Sáenz al presidente Miguel Alemán Valdés, 17 de enero de 1949, México, D. F., agn, mav, expediente 523.1/43. Otro tanto ocurrió con su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, a quien también Sáenz agradecía su intervención para fijar los precios del azúcar. Véase Telegrama de Aarón Sáenz al presidente Adolfo Ruiz Cortines, 22 de julio de 1954, México, D. F., agn, arc, expediente 521.8/102. Espinosa D., Gisela (1993), “La reforma agraria y el nuevo decreto agroindustrial”, en Bartra, Arman­do Juan M. Aurrecoechea, Gisela Espinosa y Lorena Paz Paredes (coords.), De haciendas, cañeros y paraestatales: cien años de historia de la agroindustria cañero-azucarera en México, 1880-1980, unam, México, p. 143.

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década de 1940, por insuficiencia en el abasto para el consumo doméstico. El periodo de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una disminución general de la pro­ducción de azúcar y el rechazo de los campesinos a producir caña debido a sus bajos precios. De acuerdo con Espinosa, el desabasto interno, así como la presión de Estados Unidos para que México incrementara su producción de azúcar, con­dujeron al decreto que obligaba a los campesinos de diversas zonas a c­ ulti­var caña y a venderla a los ingenios azucareros.60 En los hechos, estas dispo­siciones permitieron la agudización de las prácticas rentistas de los grandes productores, amparados por la política gubernamental, en una dinámica que ­a lgunos autores han calificado de especulación ­multimillonaria.61 Entre ellas se en­contraba, por ejemplo, la exportación clandestina de azúcar. Las razones o­ bjetivas del desabasto difícilmente pueden encontrarse en otra c­ ausa: entre 1940 y 1945, la producción neta de azúcar se incrementó de manera considerable. En 1940, el país produjo 294 176 toneladas de azúcar; cinco años más tarde, en 1945, la cifra fue de 373 070 toneladas.62 Sin embargo, la exportación del producto al mercado negro internacional, con precios más atractivos, generó desabasto en el país. Fue necesaria la importación de azúcar para el consumo interno, a precios considerablemente más altos que los manejados por los productores nacionales.63 De acuerdo con Salmerón, entre las razones de la escasez doméstica de ­azúcar se encontraba su empleo para la fabricación de alcohol y su exportación para surtir las fábricas de explosivos estadounidenses. Según refiere ese autor en su investigación para la biografía de Sáenz, Joaquín Redo, un integrante de una familia sinaloense dedicada a la industria del azúcar y ­asociada con A ­ arón Sáenz, le informó que fue el propio Sáenz quien acordó con la ­contraparte estado­u nidense —previsiblemente militares— la exportación masiva de ­a lcohol con estos propósitos. Salmerón expone: 60 Espinosa, “La reforma agraria…”, pp. 142-143. 61 Bartra, Armando, Juan Manuel Aurrecoechea y Lorena Paz Paredes (1993), “Los cincuenta, una década de crecimiento estable”, en Bartra (et al.), De haciendas, cañeros…, p. 160.

62 Las cifras se toman de estadísticas de la propia unpasa, publicadas en 1980, citadas en

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Igartúa, Gabriela (1987), “La crisis de la industria azucarera”, en Paré, Luisa, Graciela Flores Lúa, Gabriela Igartúa, Francis Mestries y Jorge Morett (coords.), El Estado, los cañeros y la industria azucarera, unam/uam, México, p. 28. Maturana Medina, Sergio e Iván Restrepo (1970), El azúcar: problema de México. Un estudio regional de Michoacán, Centro de Investigaciones Agrarias, México, pp. 38-39.

En comunicación verbal al autor, don Joaquín Redo añade un factor más entre los causales de la escasez: los ingenios de Los Mochis, El Dorado y La Primavera, en Sinaloa, los más cercanos a los Estados Unidos, aumentaron su producción de a­ lcohol en detrimento de la de azúcar para surtir a las fábricas de pólvora y explosi­vos del país vecino, sobre todo durante 1941. Según don Joaquín, la exportación en gran escala de alcohol, acordada por Aarón Sáenz, habría sido muy importante para nuestros vecinos en los primeros meses de su participación en la guerra, pero no hay rastros de ella en la historiografía del periodo: es éste un tema por investigar.64

En efecto, la historiografía más tradicional no se ha ocupado de investigar este tipo de información que evidencia hiatos de gran importancia en el conoci­ miento que se tiene de procesos que han definido la historia ­contemporánea. En este caso, la posible activación de redes de tráficos clandestinos entre ­ambos países sancionados de facto, si bien de manera informal, por ­personajes emble­máticos de la red de poder hegemónica en México y contrapartes extran­ je­ras aún por precisar en momentos definitorios del orden geopolítico global posterior a la Segunda Guerra Mundial. Que la declaración provenga de un empre­sario de ese ramo industrial, perteneciente a una familia asociada con el personaje en cuestión y directamente involucrada en esa dinámica productiva y comercial durante la época constituye un valor adicional. 64 Salmerón, op. cit., p. 242. Sobre los Redo: Diego Redo formó parte de los empresarios que

junto con Aarón Sáenz constituyeron la Compañía Azucarera, S. A., en 1932. Joaquín Redo era su hermano, ambos con inversiones azucareras en Sinaloa, como el mismo Sáenz. La familia Redo fue propietaria del ingenio azucarero Eldorado, en el municipio de Culiacán y tenían inversiones en esa industria desde el siglo xix. De hecho, en los albores del siglo xx, fueron cofundadores de la Unión Azucarera de Sinaloa, que comercializaba de manera exclusiva el azúcar y el alcohol producidos por los ingenios sinaloenses. Esta organización se estableció en Mazatlán y fue integrada por The Almada Sugar Refining Company, Redo y Cía., Destiladora Savalle, Zakany Sucesores, y Francisco Orrantia y Sarmiento. Véase Aguilar Aguilar, Gustavo (1992), “Sinaloa, la industria del azúcar. Los casos de La Primavera y Eldorado”, Clío, núm. 5, enero-abril, uas, Sinaloa, pp. 65-66 y 69. A decir de este autor, “Los Redo y los Almada, propietarios de las haciendas azucareras en el distrito de Culiacán, eran hombres dinámicos, con una visión diferente a la de los terratenientes tradicionales, en lo que se refiere al mundo de los negocios. Contaban con una amplia experiencia en las transacciones comerciales, la especulación y las operaciones financieras, elementos que fueron de singular importancia cuando se convirtieron en empresas agro-industriales”., véase idem, p. 66. También Martínez Barreda, Alonso (1994), “Los Redo: una familia empresarial posrevolucionaria”, Clío, vol. 2, núm. 12, pp. 112-113.

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Existe alguna documentación que muestra que la posibilidad de obtener en México recursos estratégicos para los intereses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial fue al menos contemplada en alguna d ­ ependencia gubernamental de Estados Unidos, aunque no se cuenta con otra que muestre oficialmente el cumplimiento final de tales planteamientos. Astorga muestra, por ejemplo, que en 1942, W. C. Logan, secretario Ejecutivo del C ­ omité de Coordinación para México —Coordination Committee for Mexico, una ofici­na interna del Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, organización dependiente de la Presidencia estadounidense y con Nelson Rocke­feller como titular—, envió un documento al cónsul de ese país en Mazatlán, preguntándole por la factibilidad de conseguir en la zona recursos estratégicos para el esfuerzo bélico, entre ellos, el azúcar y el opio.65 En esa época, en Sinaloa, la lucha contra el agrarismo se había s­ ignificado en la constitución de grupos armados financiados y provistos de pertrechos por múltiples hacendados, mineros empresarios azucareros, mexicanos y 65 W. C. Logan, Executive Secretary, Coordination Committee for Mexico, a Gordon Dunlap,

United States Consulate, Mazatlán, México, D. F., 9 de febrero de 1942, “Strategic and Criti­ cal Materials List as of January 10, 1942”, dea, sfbndd, 1916-1970, rg 170, nacp, citado en Astorga, Drogas sin fronteras…, p. 235. Nelson Rockefeller fungió como titular de la ociaa entre 1940 y 1944; de 1944 a 1945 fungió como subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Véase Zamora, Emilio (2008), Claiming Rights and Righting Wrongs in Texas: Mexican Workers and Job Politics during World War II, Texas A & M University Press, eua, p. 262 nota 14. Pertenecía al complejo empresarial familiar que integraba a la Standard Oil Company de California, involucrada en 1939, según se ha visto, en el contrabando de armas para apoyar la rebelión de Juan Andreu Almazán, operación en la que tomaban parte Tiburcio Garza Zamora, subordinado de éste y Eugenio Garza Sada y su sobrino Dionisio Garza Sada, al frente de la fábrica Empaques de Cartón Titán. Sobre Nelson Rockefeller y su relación con la Standard Oil Company de California, véase Rockefeller Brothers Fund (1978), Annual Report, Rockefeller Brothers Fund, Nueva York, eua, p. 69. En una entrevista concedida al periodista James W. Wilkie, Juan Andreu Almazán declaró tener contacto personal con altos funcionarios de la Standard Oil Company desde su gestión como secre­ tario de Comunicaciones y Obras Públicas. Véase Wilkie, James W. (1974), “El complejo militar-industrial en México durante la década de 1930; diálogo con el general Juan Andreu Almazán”, Revista Mexicana de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, vol. 20, núm. 77, julio-septiembre. Es posible acceder al texto en línea en el sitio web del Consorcio Mundial para la Investigación sobre México (Profmex): , [consultado el 4 de noviembre de 2018].

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estadounidenses. Estos grupos armados identificados como dorados —en alusión a los grupos sinarquistas— no perseguían fines políticos específicos más allá del exterminio de agraristas. En 1939, el secretario de Gobernación de Cárde­ nas, Ignacio García Téllez, envió informes sobre estos grupos a su homólogo de la Defensa Nacional. En uno de ellos, se expone: La bandera que enarbolan los levantados en armas no tiene ningún fin político inmediato como por ejemplo llevar a la Presidencia de la República a determinada persona o al Gobierno del Estado, su grito de guerra es matar agraristas y desar­ mar­los hasta su exterminio total y para su sostenimiento no ocurren al saqueo de los hogares de los agraristas asesinados; en los cami­nos no asaltan a nadie para hacerse de dinero para sostenerse en el campo, no asaltan camiones para despojar­los de la mercancía que conducen y todo el mundo señala a los ricos como sus sostenedores, pero es muy difícil adquirir el nombre de uno solo que siquiera se sospeche de él como de los que dan ayuda monetaria para el sostenimiento de los antiagraristas […].66

Los principales cabecillas de semejantes grupos eran Manuel Sandoval (a) el Culiche; Rodolfo Valdez (a) el Gitano; Jesús Tirado; Ricardo Magaña (a) el Chaquetas; Germán Tirado; Alejandro Gil, y otro individuo apodado Zapata. Tenían presencia en diversas zonas del sur del estado, particularmente en las inmediaciones de Mazatlán.67 Sus financiadores eran varios hacendados, mineros y empresas agrícolas locales. Entre ellas, la Compañía Azucarera Haas Hnos.68 Desde esa época y en los años por venir, el Culiche y el Gitano ­f ueron identificados como personajes vinculados al tráfico de drogas psicoactivas.69 ­Guillermo Haas Canalizo y Antonio Haas de la Vega eran dueños de esta compa­ñía, que había fundado el ingenio azucarero El Roble. En 1945, Aarón Sáenz los integró, junto con Manuel Suárez y Jorge Almada Salido, en la Compañía Central 66 Ignacio García Téllez, secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa Nacional, “Se

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transcriben informes sobre actividades de grupos rebeldes y contrabando de armas y parque en el estado de Sinaloa”, 11 de octubre de 1939, agn, ips, expediente 2-1/266.7 /723.1)/1, foja 2 (50 en el expediente compilado). Idem. Ibidem, foja 10 (58 en el expediente compilado). Astorga, Drogas sin fronteras…, pp. 132-135.

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Sanalo­na, un gran complejo agroindustrial azucarero construi­do bajo los designios de la unpasa, por instrucciones del presidente Ávila Camacho.70 ­Salvo el caso de Manuel Suárez, que tenía relaciones personales con los ­Ávila C ­ amacho, la intermediación política ejercida por el neoleonés Aarón ­Sáenz respecto a los demás ­asociados lo constituía en el líder indiscutible de esta ­a grupación de empre­sarios. Para 1970, Sáenz era socio mayoritario de la Compañía A ­ zucarera de Navolato, S. A. y de la Compañía Azucarera de Los Mochis, S. A. en el e­ sta­do de Sinaloa. Pero también de la Compañía Azucarera del Río Guayalejo, en el municipio de Xicoté­ncatl, Tamaulipas.71 Sus intereses de inversión y su ­infraestructura de produc­ción y comercialización agroindustrial se localizaban pues, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Hacia 1946, Sáenz tenía también un papel rele­vante en los ­circui­tos internacionales de comercio del azúcar: en febrero de ese año, la prensa mexica­na publicó la noticia de su visita a La Habana para gestionar la compra al gobierno cubano de 100 000 toneladas de azúcar y su i­ mportación a México.72 Sáenz tenía una posición privilegiada en el sector dada su alta participación productiva, comercial y regulatoria en la industria del azúcar y del alcohol —en este último caso, todavía en 1954, Sáenz figuraba como presidente de la Sociedad Nacional de Productores de Alcohol, S. de R. L. de I. P. y C. V.—. También tenía una intermediación de primer nivel con otros actores políticos, empre­ sa­riales e incluso algunos con clara vinculación con los tráficos ilícitos, como el general Tiburcio Garza Zamora, con quien se asoció para fundar un banco en los años cincuenta, como se verá más adelante, así como con Lauro Villalón de la Garza, cacique de San Fernando, Tamaulipas, vinculado a Garza Zamora y al general Bonifacio Salinas Leal y cuñado de Sáenz. La relación de Sáenz con actores identificados como encubridores o partícipes en tráficos ilícitos —entre ellos el contrabando de armas, bienes y d ­ rogas—, fue constante. Con el general Abelardo Rodríguez, a quien informantes del 70 Luna Lujano, Benjamín (2002), Origen y ocaso del Ingenio Rosales, 1945-1997, La Crónica de 71 72

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Culiacán, Culiacán, pp. 64-65. Idem, pp. 66-67. Con el tiempo, el ingenio azucarero de El Mante volvería a ser propiedad de la familia Sáenz a través del consorcio empresarial Grupo Sáenz, del que los descendientes de Aarón Sáenz constituyen los principales directivos. El Siglo de Torreón (1946), “Las gestiones para comprar azúcar cubana”, 6 de febrero, Torreón, p. 11.

Buró Federal Antinarcóticos vinculaban con el tráfico de drogas, según se vio en el capítulo anterior, tenía una relación de amistad y ambos acudían en conjunto a las exposiciones ganaderas neoleonesas.73 En 1946, Aarón Sáenz y el referido Manuel Suárez habían adquirido el periódico Novedades, para venderlo a los pocos días a Jorge Pasquel, amigo de Miguel Alemán y, como se recordará, personaje relevante en el tráfico de drogas en esa época.74 Como se verá más adelante, algunas empresas del sector terciario, ligadas a Sáenz o a sus descen­ dientes, aparecieron en los años siguientes involucradas en tráficos ilícitos que por su dimensión o naturaleza difícilmente podrían considerarse fortuitas. El entrecruce de circuitos económicos legales e ilegales ofrece en ocasiones ejemplos que permiten atisbar la presencia de actores que escapan a la mera racionalidad económica del intercambio comercial lícito o ilícito y ­representan otros factores de interés, como los sugeridos por el empresario Redo en la exportación clandestina de alcohol, enmarcados en intereses geopolíticos de otra naturaleza, pero no disociados de estas actividades. En noviembre de 1961, el cadáver del norteamericano Luis Melchor Vidal Jr. fue encontrado semienterrado en el km. 31 de la carretera que une a la Ciudad de México con Cuernavaca, Morelos. Su viuda, Teresa Carrasquillo F ­ igueroa, viajó desde Nueva York a la primera de estas ciudades para recuperar el c­ uerpo de su esposo. La mujer declaró que Vidal se encontraba en México para ­tratar con Aarón Sáenz un negocio relacionado con el azúcar.75 Vidal, era ahijado del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y desempeñaba 73 Sobre la amistad entre Sáenz y Rodríguez, véase Granados Chapa, Miguel Ángel (1982),

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“Los barones de la banca”, Nexos, 1o de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 13 de febrero de 2018]. Sáenz fue regente del Departamento Central (gobernante del Distrito Federal) durante la administración presidencial de Rodríguez. Sobre su participación conjunta en las ferias ganaderas de Monterrey, véase El Siglo de Torreón (1956), “Mañana clausuran una exposición”, 24 de noviembre, Torreón, p. 1. Otro de los participantes era Gonzalo N. Santos, vinculado también con actividades de contrabando. Véase su propio testimonio en Santos, Gonzalo N. (1984), Memorias, Grijalbo, México, p. 756. Sobre Pasquel, véase Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170, Box 23. Sobre la transferencia del periódico, El Siglo de Torreón (1946), “Novedades” fue vendido a Jorge Pasquel”, 10 de junio, Torreón, p. 1. El Siglo de Torreón (1971), “Un complot de gángsters políticos pudo ser la causa de un asesinato”, 24 de noviembre, Torreón, p. 8.

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activi­da­des informales de representación comercial de su gobierno. Pero también parti­cipaba como agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (cia) para la distribución de armas con fines de combate a las guerrillas comunistas en Guatemala, Nicaragua y Honduras y a los grupos anticastristas en Cuba. Para ello usaba como frente dos compañías: la Paint Company of America y la American Sucrose Company. En estas actividades estaba ligado a Joel David Kaplan, a su vez sobrino de Jacob Merril Kaplan, un magnate azucarero estadounidense que estableció fundaciones que permitían la ­transferencia de recursos financieros de la cia a diversas organizaciones en América Latina.76 La naturaleza de esa transferencia de recursos a través de la fundación de J­ acob Merril Kaplan (J. M. Kaplan) se investigó y confirmó por el propio Congreso estadounidense, pues la fundación había p ­ ermanecido exenta de impuestos desde 1946 y los legisladores deseaban determinar si los fondos de la cia se utilizaban para promover los intereses de ese país, o de los individuos involucrados. Los congresistas del comité de investigación, ­Wright Patman y James Roosevelt declararon que la agencia se mostraba reacia a propor­cionar información suficiente para el buen desarrollo de la indagatoria. Según la investigación, el acuerdo para transferir fondos con estos propósitos había comenzado a operar en 1959 y había finalizado en 1964.77 Antes del asesinato, Kaplan tenía también una compañía denominada Afratronics Incorporated, una empresa dedicada a proveer asistencia para el desarrollo electrónico e industrial de naciones africanas, pero que no reportaba bienes ni instalaciones físicas, sólo una dirección postal en Nueva York.78

76 The Herald of Freedom (1972), “The Kaplans of the cia”, 24 de noviembre, vol. XII, núm. 9, 77

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pp. 1-4. Disponible en , [consultada el 9 de febrero de 2018]. Washington Post (1964), “Hearing Looks into cia Role in Tax Probe of Charity Fund: Exempt since 1946”, 1º de septiembre, Washington, p. A13. Obtenida a través de ProQuest Historical Newspapers: Washington Post. 18 de agosto de 1971, agn, dfs, Versión pública del expediente de David Joel Kaplan, foja 12. The New York Times (1971), “How an Heir Escaped Jail by Plane”, 6 de septiembre, Nueva York, p. 1, disponible en línea: , [consultada el 9 de febrero de 2018].

David Joel Kaplan fue considerado el culpable del asesinato de Vidal por las autoridades mexicanas; se le detuvo en Madrid, en 1962,79 y se le encarceló en la penitenciaría de Lecumberri, y posteriormente se le transfirió, en abril de 1969, a la de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.80 Según el New York Times, en el año en que ocurrió el asesinato, David Joel Kaplan era p ­ residente de la American Sucrose Company y Vidal, su tesorero.81 En una entrevista concedida a la periodista Pearl González, para el periódico The News, Kaplan señaló que Vidal contrabandeaba armas tanto para los grupos anticastristas como para otros que apoyaban al régimen revolucionario cubano en Nueva York, hecho que le había valido una severa golpiza. Pero en el bosquejo de una nota deri­vada de otras entrevistas que Kaplan le concedió a la periodista, reconoció también la participación de su compañía en el tráfico de licores: Todo el mundo en el negocio sabe que el alcohol es un subproducto de la melaza. Esto conduce derecho al contrabando de licores. Todos los contratos involucrados en nuestro negocio son secretos, porque la mayor parte de ellos involucra a altos funcionarios de casi todos los países a los que nuestro negocio ha exportado. Esta es una de las formas en que hacen dinero.82

Pero Kaplan dio a conocer otra actividad ilícita adicional a este contrabando de alcohol, en la que, según su versión, Vidal tenía también participación: el tráfico de drogas. El bosquejo de la nota periodística continuaba: “Ésta puede ser la forma en que los Kaplan endulzaron su fortuna en los viejos tiempos, pero 79 The Billings Gazette (1971), “Did cia Pull off Mexican Jail Break?”, 31 de agosto, Billings, Mon80 81 82

tana, Estados Unidos, p. 10C. Informe de la dfs “Antecedentes de David Joel Kaplan”, agn, dfs, Versión pública del expediente de David Joel Kaplan, foja 10. The New York Times (1971), “How an Heir…”. “Everyone in business knows that alcohol is a by-product of molasses. This led straight to bootlegging. All the contracts involved in our business are secret since most of them ­involve high officials of nearly every government our business has exported to”. Traducción libre del autor. La nota periodística referida y el bosquejo de otra nota por publicar, donde se reproduce esta declaración se encuentra en un documento del Harold Weisberg Archive; disponible en línea: , [consultada el 9 de febrero de 2018].

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Joel Kaplan ha dicho que Vidal estaba también involucrado en narcóticos y la manera más obvia de contrabandear heroína pura que vale miles de dólares la onza es en grandes cargamentos de azúcar”.83 La periodista daba también seguimiento a información que aparentemente ligaba a Kaplan con la fallida invasión a Playa Girón (Bahía de Cochinos), Cuba, y se había entrevistado con el fiscal de New Orleans Jim Garrison, quien realizaba indagaciones paralelas sobre la muerte del presidente estadounidense John F. Kennedy, según se muestra en un reporte de agentes de campo de la cia y sus informantes, en la Ciudad de México, en 1967. Estos últimos sugerían que la embajada estadounidense ejerciera algún tipo de protesta por la información publicada por la periodista.84 También la dfs vigilaba a la periodista González y a otro de sus colegas, John Raymond, quien trabajaba para la publicación estadounidense denominada Ramparts, de San Francisco, California, según consta en un reporte de esta cor­ poración. La dfs consideraba a estos periodistas como personajes ligados con los círculos comunistas, opinión que, según ella, compartían las autori­­ dades estadounidenses.85 Raymond, que había sido asignado por Ramparts 83 “This may be the way the Kaplans sweetened up their fortune in the old days, but Joel

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Kaplan has said that Vidal was also involved in narcotics and the easiest and most obvious way to smuggle pure heroin worth thousands of dollars an ounce is with large shipments of sugar”. Traducción libre del autor, idem. Otros medios también reprodujeron los señalamientos de Kaplan que vinculaban a Vidal con el tráfico de drogas. Véase por ejemplo, Anderson Sunday Herald (1972), “Complete ‘Kaplan Caper’ Remains a Mystery After ‘Copter Prison Break’”, 19 de marzo, p. 12. La fuente de esta nota era Associated Press (ap), con información enviada desde la Ciudad de México. En otros se mencionaba la participación de Vidal en el tráfico de drogas, sin informar la fuente. Véase The Examiner (1971), “Wife Talks in ‘Copter Jailbreak’”, 26 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 9 de febrero de 2018]. De la estación de la cia en México al director de la cia, Contact report lirobbin 1 and 2, 14 de diciembre de 1967, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 12 de febrero de 2018]. La ficha del documento se puede también ver en el sitio web de la Fundación Mary Ferrell: , [consultada el 12 de febrero de 2018]. Informe titulado “Asunto: se informa sobre John Raymond”, dirigido al director federal de Seguridad, 9 de mayo de 1967, agn, dfs, Versión pública del expediente de Victor Stadter, foja 24.

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— la primera publicación que confirmó la transferencia de fondos de la cia a través de la Fundación Kaplan— para averiguar la historia de Kaplan y el asesina­to de ­Vidal, abandonó México con urgencia. Argumentó que su vida corría peligro y que ­había sido explícitamente advertido por mexicanos de aspecto amenazador para no continuar con sus investigaciones. Raymond, que se quejaba de no reci­bir apoyo de la embajada de su país, expresó: “Es obvio […] el gobierno mexicano tiene algo que ocultar y los americanos les están ayudando”.86 En lo referente a las relaciones de los empresarios azucareros Vidal y Kaplan con los tráficos ilícitos, es de considerarse el hecho de que este último se evadió de la prisión de Santa Martha Acatitla en un helicóptero que descendió libremente en el patio de la penitenciaría y lo recogió, junto con el venezolano Carlos Contreras, también evadido. El helicóptero los trasladó a ambos a Actopan, Hidalgo, donde Kaplan abordó un avión piloteado por Victor Stadter en dirección a Brownsville y Contreras abordó otro rumbo a Guatemala. El New York Times informó que Stadter había sido convicto por la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, por la venta de narcóticos.87 Los agentes de la dfs proporcionaron mayores datos a sus superiores sobre la operación que condujo a la fuga. El helicóptero involucrado era un Bell 47G matrícula N7079c, propiedad de la empresa Natrola Service Inc., registrada en Caftr, Wyoming, Estados Unidos. Salió del aeropuerto de McAllen el 17 de agosto de 1971 y llegó diez minutos más tarde a Reynosa, Tamaulipas. El piloto, cuya identidad aparece testada en el documento consultado, declaró a las auto­ ridades migratorias que su destino final era Ciudad de México, pero a la torre de control del aeropuerto reynosense le entregó un plan de vuelo dirigido a La Pesca, Soto La Marina, Tamaulipas. La avioneta que había sacado a Kaplan era una Cessna 180, matrícula N9462X, propiedad de Inter City Air Couriers, con oficinas en Phoenix, Arizona. No obstante, la dfs señaló tener conocimiento de que la aeronave era en realidad propiedad de A Four E. Rental Equip N.R., con 86 Las notas de la Pearl González no parecen estar disponibles en el medio original en el que

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fueron publicadas. Es posible que éste no se encuentre más en circulación. De cualquier manera, puede accederse a esta información en línea, en el Harold Weisberg Archive, véase , pp. 18 y 21. The New York Times (1971), “How an heir…”.

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domicilio registrado en Apartado Postal P.O. Box n° 1995. El piloto era, en ­efecto, Victor E. Stadter, con domicilio en 3502 Granada, en El Monte, California.88 En 1973, ya en Estados Unidos, el prófugo Kaplan, a quien todavía se le mencionaba como un millonario con extensos intereses en la industria azucarera en el Caribe, brindó una entrevista a un medio de comunicación de ese país. Reconoció su participación en el tráfico internacional de armas, sin embargo, señaló hacerlo para los grupos guerrilleros apoyados por el presidente cubano Fidel Castro, en América Latina. Negó que su escape hubiera sido organizado por la cia y afirmó que fue su propia familia la que se encargó de realizar los arreglos.89 ­Peculiares contactos para empresarios azucareros: en mayo de 1976, la dfs reportó el ingreso de una nueva aeronave piloteada por Victor Stadter, desde El Paso, Texas, con dirección a Culiacán, Sinaloa. Se trataba de una ­avioneta N5625D, en la que viajaba con un individuo de apellido Peterson, quien se encon­traba libre con una fianza de 25 000 dólares por delitos contra la s­ alud. La dfs señalaba: “Estas personas, se tiene conocimiento que actualmente ­están en Culiacán, Mazatlán o Guaymas, al parecer se dedican al transporte de ­drogas heroicas, y no han regresado a los eua, ya que Las Vegas y en El Paso, etc., etc., les están esperando las autoridades americanas, por lo cual, esta gente se encuentra en los lugares antes mencionados”.90 A Victor Stadter “[…] un sospechoso por drogas texano desde hace mucho tiempo […]”, las autoridades estadounidenses le incautaron 2.1 millones de dólares lavados en una compañía de su propiedad, Luftrenser Ltd. El hecho tuvo lugar varios años después, en 1994, como resultado de investigaciones de diversas agencias del gobierno estadounidense que detectaron operaciones de lavado de dinero de esta compañía en los estados de California, Texas y las

88 Documento titulado “Fuga de los reos, Joel David Kapplan [sic] Klempner y Carlos Antonio

89 90

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Contreras Castro, de la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla”. 19 de agosto de 1971, Ciudad de México, agn, dfs, Versión pública del expediente de Victor Stadter, fojas 2-5. La avioneta que había utilizado el venezolano Contreras para dirigirse a Guatemala —él mismo era piloto aviador—, era una aeronave propiedad de Aquilans Flg. Club Inc., con matrícula N9364, empresa con dirección en apartado postal P.O. Box 1061M, en Pasadena California. The New Mexican (1973), “J. Kaplan Emerges to Relate Adventure”, 18 de abril, Santa Fe, ­Nuevo México, p. A15. Reporte de la dfs titulado “Asunto: estado de Chihuahua, 25 de mayo de 1976”, dirigido al ­director federal de Seguridad, agn, dfs, Versión pública del expediente de Victor Stadter, foja 9.

Channel Islands.91 Las autoridades de ese país no detuvieron a Kaplan ni lo incomodaron en absoluto por tráfico de armas y/o de drogas, ni por su evasión de una prisión mexicana, ni tampoco se tiene noticia de afectación alguna a su negocio del azúcar. Aarón Sáenz Garza mantuvo intacta su hegemonía en los circuitos industriales del alcohol y el azúcar hasta 1977, cuando la Financiera Nacional Azucare­ra lo acusó de adeudar, junto con Pablo Machado y Sergio Suárez — cabezas de otros grupos azucareros—, la cantidad de 2 333 millones de pesos. La denuncia del organismo dio lugar a acciones judiciales por instrucciones del titular de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera nombrado en la administra­ ción del presidente José López Portillo, el ya mencionado Gilber­to Flores Muñoz.92 Por acuerdo presidencial, se decretó la intervención g­ ubernamental en la conduc­ción de los ingenios azucareros de Sáenz, con la i­ntegración de una Sociedad de Fomento Industrial que formó un Consejo de Administración ­encabezado por un representante del gobierno federal, para supervisar el funcio­ namiento y las finanzas de los ingenios de Xicoténcatl, Tamaulipas, Los Mochis, ­Sinaloa, Coacalco, Morelos, y Coatotolpan, Veracruz. El a­ deudo de S­ áenz rondaba los 1 000 000 000 de pesos y aunque Flores Muñoz aclaró que el propósito no era expro­piar los ingenios, sino depurarlos y sanearlos, en los ­hechos, el 50% del capi­tal se integró con fondos del Estado, a través de la ­capita­l i­­zación de los adeudos (y el 50% restante, con la aportación de las a­ cciones todavía bajo el control de la familia Sáenz).93 La amistad entre ­Sáenz y ­F lores Muñoz se había roto en la sucesión presidencial de 1952, cuando ­Sáenz no respal­dó las a­ spiraciones presidenciales de este último, de manera que en esta ocasión, ­Flores Muñoz fue especialmente duro con Sáenz, a decir de perso­najes cercanos a ambos.94 Apenas tres años más tarde, Flores Muñoz fue asesinado junto con su esposa, en su propia residencia. Se inculpó a su nieto, Gilberto Flores Álvarez, 91 Department of the Treasury (1996), Treasury Forfeiture Fund. Annual Report Fiscal Year 1996, Washington, D. C., p. 9.

92 El Porvenir (1977), “Machado dice es infundada la denuncia de adeudo millonario”, 29 de abril, Monterrey, 8A.

93 El Porvenir (1977), “Descartan definitivamente la posibilidad de importar azúcar”, 9 de junio, Monterrey, p. 4A.

94 Villa Godoy, Sergio (2008), “Agridulces memorias de un peregrino XIII. Quesería: contigo crecí”, en atam, Asociación de Técnicos Azucareros de México, México, p. 35.

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como autor del crimen. No obstante, una docena de psiquiatras y psicó­logos determinaron, en dictámenes enviados al juez que instruyó la causa, que Flores Álvarez no evidenciaba haber cometido el hecho que se le imputaba.95 El general Aarón Sáenz Garza murió en febrero de 1983.96 No obstante, sus descendientes recuperaron su posición en la industria azucarera — en 1992, incluso, el control del ingenio azucarero de El Mante, Tamaulipas—.97 Y el 30 de marzo de 2006, la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera de México eligió a Aarón Sáenz Hirschsfeld, nieto de Aarón Sáenz Garza, como nuevo presidente de la organización.98 La familia había diversificado sus intereses hacia los ámbitos financieros, turísticos y de transporte, como se verá más adelante. Los circuitos de producción de azúcar y alcohol, así como algunos de sus personajes sustantivos de ambos lados de la frontera tenían, pues, entrecruces insospechados con actores dedicados a los tráficos ilícitos. Y, según se desprende, estas prácticas constituían un mecanismo alterno para su capitalización paralela. Pero más aún, se imbricaban también con las operaciones encubiertas de otro tipo de actores más allá de las fronteras mexicanas. Como se verá en otros casos, no eran éstos los únicos empresarios del noreste que aparecen vincu­lados a estrategias geopolíticas donde confluyen a un tiempo tráficos ilícitos y acciones clandestinas de actores que aprovechaban la existencia y operación de estas redes ilícitas para sus propios intereses, fueran institucionales o derivados de sus ambiciones de poder. Con frecuencia, el fondo de los primeros no es sino una instrumentalización de los segundos, y aquellas redes de poder hegemónicas que tienen control sobre aparatos institucionales más poderosos, con capacidad de proyectar su poder f­ uera de sus fronteras, pueden apuntalar o derruir a sus asociados o ­adversarios en naciones sujetas a condiciones de subordinación fáctica en condiciones de asimetría de poder. El ­análisis ­teórico de esta cuestión y el acopio de evidencia histórica para rastrear la manipulación de regímenes prohibicionistas sobre determinadas sustancias 95 El Porvenir (1980), “Doce científicos aseguran que es inocente Gilberto Flores A”., 8 de mayo, 96 97 98

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Monterrey, p. 2A. El Siglo de Torreón (1983), “Aarón Sáenz fue sepultado”, 28 de febrero, Torreón, p. 1. Véase el sitio web del Grupo Sáenz: , [consultado el 13 de febrero de 2018]. Reforma (2006), “Elige industria azucarera nuevo líder”, 30 de marzo, México, versión electrónica.

en el contexto internacional, su eventual confluencia con la proyección geopolítica de intereses de redes de poder hegemónicas a través de la política exterior y de defensa que promueven desde sus países, así como la configuración de circuitos institucionales que brindan una penalización comparativamente blanda o selectiva a la integración final de recursos de procedencia ilícita en su economía, son sin embargo, cuestiones que requieren una investigación específica, basada en otros contextos y fuentes distintos a aquellos de los que aquí nos ocupan. Por lo pronto, cierro el paréntesis donde apunto este tema pendiente para enfocarme de nuevo en el noreste mexicano. En lo referente a la industria de producción de bebidas embriagantes, en páginas anteriores se han hecho menciones aisladas a la participación de perso­najes ligados a los tráficos ilícitos como distribuidores exclusivos de los produc­tos de compañías dedicadas a este ramo entre las décadas de 1930 y 1980: el general Tiburcio Garza Zamora y sus protegidos, los hermanos Juan N. Guerra y Roberto Guerra Cárdenas, todos eran distribuidores exclusivos de la Cervecería Cuauhtémoc.99 En 1959, un anuncio de la propia Cervecería Cuauh­té­­moc en Tamaulipas establecía que en Reynosa, Manuel Garza Zamora y Cía. era concesionario de la empresa y en Río Bravo, lo era Manuel Garza González y Cía.100 Se trataba, pues, del hermano y el sobrino del general Tiburcio Garza Zamora, el antiguo partidario del general Juan Andreu Almazán, con quien se había efectuado parte de las actividades del contrabando de armas enviado por la ­Standard Oil Company de California —de la familia ­Rockefeller— para respaldar su rebelión y que años después aparecía también ligado a los ­herma­nos ­Guerra Cárdenas, según se ha visto ya.101 Desde la década de 1940, un homó99 Memorándum del coronel Manuel Rangel Escamilla, 11 de octubre de 1960, Versión públi100 101

ca del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, fojas 35-36. También, documento de la dfs titulado “Municipio de Reynosa, Tamps”., s.f., idem, foja 49. Noticias Periódico Independiente (1959), Anuncio, 27 de octubre, Reynosa, p. 4. La narración que se hizo de este hecho permite observar que no sólo dentro de la región noreste se apreciaban este tipo de vinculaciones. Como se recordará, parte del ­contrabando de armas se realizaba con la ayuda de Alberto Aldrete, de Tecate, Baja California, quien sería productor de la cerveza del mismo nombre. Alberto Aldrete fungió como gobernador de Baja California y aparecía ligado al tráfico de drogas, según se vio con anterioridad. De hecho, esa vinculación fue, según la prensa, la causa de su remoción como gobernador de la entidad, durante el gobierno de Miguel Alemán. Como se recordará, informantes del Buró Federal Antinarcóticos de Estados Unidos señalaron que la causa había sido un diferendo

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nimo de Manuel Garza González, ligado a la Casa Escamilla, aparece como distribuidor de la Cervecería Cuauhtémoc.102 Se ignora si en este caso existe también relación familiar, probabilidad a la que alude la coincidencia de apellidos, aunque claramente se trata de homónimos distintos, pues el hijo de Manuel Garza Zamora nació en 1933, en Reynosa, de manera que no podría desempeñar esa función en 1945.103 En 1960, el gerente de relaciones públicas de la Cervecería Cuauhtémoc era Jorge Canavati.104 Denuncias dirigidas en la misma época a la Presidencia de la República vinculaban de manera directa a Jorge Canavati, a su hermano Jesús Canavati y a su padre, Pedro Canavati, en el contrabando con Juan ­González (a) el Chapeado, como se verá con más detalle en el siguiente apartado.105 Juan N. Guerra era también representante de la Casa Madero, industria viti­ vi­nícola de Evaristo Madero, empresario radicado en Coahuila con ­estrechas relaciones empresariales y familiares con sus pares neoleoneses. Guerra enca­ bezaba grupos de hombres de negocios —se ignora cuál sería su actividad espe­ cí­fica para visitar bodegas e instalaciones de Casa Madero, por invitación del propio Evaristo Madero—.106 En 1970, Lino González Pérez, otro de los personajes a los que se hizo referencia en el capítulo anterior y que, según el delegado de la dfs, Ricardo ­Conde­lle, era un traficante de drogas y lenón que asistía junto con Juan N. ­Guerra a las reuniones entre delincuentes, funcionarios y personeros de políticos para orga­nizar el contrabando de conformidad con todos ellos, también era concesio­nario de la Cervecería Modelo.107

102 103 104 105 106 107

entre Aldrete y los personajes ligados a Alemán, derivados de la quema de un yate cargado de drogas psicoactivas. Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170 Box 23. También, Noticiero de Ciudad Victoria (1947), “Los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua complicados en el contrabando de drogas. Así como el ex gobernador del territorio norte de Baja Califor­n ia, Alderete”, 17 de noviembre, Ciudad Victoria, Tamaulipas, p. 1. El Tiempo de Laredo (1945), “La Cervecería Cuauhtémoc dará un banquete a la Comitiva de Nuevo Laredo”, 21 de enero, Laredo, Texas, p. 1. Camp, Mexican Political Biographies…, p. 372. El Porvenir (1960), columna “Aeropuerto”, 30 de noviembre, p. 10. Raúl Pérez Gil al presidente Adolfo López Mateos, s.f., s.l.. El documento quedó registrado en la Presidencia de la República el 9 de julio de 1963, agn, alm, expediente 564.3/7. El Norte (1962), “Invitados de Casa Madero a Parras”, 24 de julio, Monterrey, p. 4A. Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10.

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En cuanto a la Cervecería Modelo, una empresa con sede y gestación origi­nal en el centro del país, su propietario, Pablo Aramburuzabala también era socio del ex gobernador tamaulipeco Emilio Martínez Manautou, y ambos eran propietarios de las compañías Rostuca Holdings y Aída, Ltd.108 ­Martínez ­Manautou, el antiguo beneficiario de la cooperación económica de Juan N. G ­ uerra para su precampaña electoral, según el delegado Condelle, había ­abierto estas empresas fachada en las Bahamas, para sacar del país 55 000 000 de dólares, con los que contaba tras su paso por la gubernatura de Tamaulipas, ­transfiriendo el dinero, según consta en un juicio que se llevó a cabo en Suiza, en 1995, a las compañías de administración de capitales de un ex ejecutivo de Citibank y ahora tratante de arte, de nombre Roberto Polo.109 De la parte correspondiente a Pablo Aramburuzabala, su precario estado de salud le impidió testificar en el juicio y en su lugar acudió su esposa. Aparentemente, su interés era extraer su capital del país ante el riesgo del congelamiento de cuentas hacia el final de la administración de José López Portillo. El porqué de su asociación con Martínez Manautou en una operación que, además de extraer el capital del suelo nacional asemejaba a una práctica de estratificación de lavado de dinero, nunca quedó aclarado públicamente. El empresario murió en ese mismo año. En todo caso, es posible considerar que, en general, la vinculación de los empresarios cerveceros con actores vinculados a la protección a los tráficos ilícitos o a su comisión directa ofrecía ventajas de mercado no ortodoxas. Por ejemplo, la dfs reportó que el general Tiburcio Garza Zamora, […] como distribuidor exclusivo de la Cervecería Cuauhtémoc, garantiza[ba] que la cerveza Carta Blanca fuera consumida en la mayor parte del Municipio, pero principalmente en las zonas de tolerancia de la Ciudad de Reynosa, donde les entregan las bebidas alcohólicas que provienen de los almacenes y tiendas de p ­ ropiedad del Gral. […]. Este militar efectúa el financiamiento de dichos centros de vicio, contando con la complicidad del Lic. alfonso tijerina, que es su asesor jurídico, ­persona que les allana todos los obstáculos que se les presentan; quienes se niegan a expender estos productos son sometidos a toda clase de coacciones violentas.110

108 Proceso (1993), “Cómo operaba Martínez Manautou para sacar su riqueza del país. A los

‘paraísos fiscales’ efectivo, acciones, obras de arte, joyas y oro”, 15 de febrero, versión CD. 109 Flores Pérez, Historias de polvo y sangre…, pp. 281-284. 110 Documento titulado “Municipio de Reynosa”, s. f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, foja 49.

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El ejercicio de la violencia para forzar la distribución de un producto comercial de una empresa con la que estaba asociado implicaba una irregularidad no m ­ enor. No obstante, en los años siguientes, la incautación de cargamentos cuantio­sos de drogas psicoactivas pone de manifiesto el uso de la infraestructu­ ra de transporte empleado por las industrias cerveceras para la comisión directa del tráfico de drogas. Dados los antecedentes y las relaciones aquí expuestas, así como la magnitud de los cargamentos, es razonable la hipótesis de que ­personajes de dichas empresas, con jerarquía considerablemente mayor a la de los meros operadores de los vehículos, conocían, participaban, o al menos toleraban semejante actividad. En lo referente a las primeras dos posibilidades —que se tuviera conocimiento del hecho o participación directa en él—, la ­causa sólo podía ser la captación paralela de recursos, en este caso, ­provenien­tes de una actividad ilícita. La última opción, la tolerancia o aceptación tácita bajo coerción, parece menos probable en un contexto en el que la violencia asociada al tráfico de drogas era menos generalizada y frecuente. Las más de las veces, la prensa mexicana no r­ eporta detalles sobre la mercancía en la que era ocultada la droga transportada; y menos aún la deno­minación de las compañías que aparecían relacionadas o involucradas con el hecho. En consecuencia, no debe asumirse en modo alguno que los ­ejemplos mostrados constituyen los ú ­ nicos casos en que los productos de este circuito industrial —y previsiblemente su infraestructura de t­ ransporte— estuvieron implica­dos. Se trata solamente de casos en los que se hace m ­ ención explícita de los mismos. Por ejemplo, en agosto de 1989, la pjf incautó 1 044 kg de mariguana transportados en un tráiler Kenworth empleado para la ­exportación de ­cerveza en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Según la nota que dio a conocer el hecho, el vehículo había sido cargado en Jalisco y tenía por destino Laredo, Texas.111 Desde 1935 la Cervecería Cuauhtémoc había adquirido una c­ ompañía cervecera en Guadalajara, que finalmente terminó constituyéndose en otra más de sus fábricas en 1954.112

111 El Siglo de Torreón (1989), “La pjf incautó mil 44 kilos de mariguana. Era transportada en 112

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un tráiler que contenía cerveza de exportación”, 2 de agosto, Torreón, p. 61. Pérez Sánchez, Beatriz, Andrés Guzmán Sala y Armando Mayo Castro (2012), “Evolución histórica de la Cervecería Cuauhtémoc: un grupo económico de capital nacional”, Hitos de Ciencias Económico-Administrativas, septiembre-diciembre, año 18, núm. 52, ujat, Villa­ hermosa, pp. 127 y 129.

Y en 1970, esta Cervecería estableció una planta en Guadalajara.113 En esa época, la Cervecería Moctezuma tenía una planta en Jalisco. En 1954, la Cervecería Modelo también adquirió una produc­tora local, Cervecería La Estrella, de manera que también contaba con una fábrica en la entidad.114 Si bien, en este primer cargamento asegurado no se especifica la compañía a la que pertenecía la cerveza en la que iba c­ amuflada la droga, en un siguiente hecho sí se da cuenta de ello: en mayo de 1992, otro tráiler ­Kenworth, con placas 773-XN fue incautado por la pjf en las inmediacio­nes de la feria ganadera de Guadalupe, Nuevo León. ­Transporta­ba 768 kg de mariguana disi­mulados entre cientos de cajas de cerveza y lucía en sus costados el anuncio de Carta Blanca.115 Hechos semejantes, con la infraestructura de transporte utilizada por la industria cervecera para introducir cargamentos de drogas psicoactivas por el noreste continuaron presentándose en los siguientes años. Por ejemplo, en marzo de 2001, otro tráiler fue incautado en Nuevo León, en la carretera entre General Bravo y Doctor Coss, con una carga de casi cinco toneladas de mariguana distribuidas en 1 205 cajas de cartón de cerveza Corona, producto de la Cervecería Modelo. Estaban destinadas a Camargo, Tamaulipas.116 En el noreste, las ligas añejas entre los círculos de producción de bebidas alcohólicas con contrabandistas y traficantes de droga dieron incluso nuevos elementos de atención aun a principios de 2018. En febrero de este año, elemen­ tos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal sitiaron una empre­sa transportista del presidente municipal de Parras, Coahuila, Evaristo Armando 113 Véase sitio web de la Cervecería Cuauhtémoc: . En 1985, según el mismo sitio web de la Cervecería Cuauh­ té­moc-Moctezuma, la primera adquirió a la segunda. En 1989, año en que se decomisó el referido cargamento de mariguana, la prensa de Guadalajara presenta anuncios que hacen referencia a instalaciones de la Cervecería Moctezuma en esa ciudad, aunque debido a la fusión citada, se trataba ya del mismo grupo cervecero. Véase información de la Cámara de la Cerveza en el siguiente sitio web: , [consultado el 14 de febrero de 2018]. El Siglo de Torreón (1992), “La pjf aseguró mariguana empaquetada en Nuevo León”, 17 de mayo, Torreón, p. 5. También El Siglo de Torreón (1992), “Decomisaron más de 700 kilos de mariguana en Nuevo León”, 18 de mayo, Torreón, p. 10. El Norte (2001), “Dan a narcotráfico otro macrogolpe. Decomisan Rural y pgr casi 5 toneladas de mariguana”, 14 de marzo, Monterrey, p. 12B. La marca del producto se observa con toda claridad en las fotos. La nota de prensa no hace mención explícita al mismo.

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Madero Marcos, tras la incautación de un tráiler de la misma compañía carga­ do con una tonelada de mariguana. Según informó el secretario g­ eneral de ­Gobierno del Estado, José María Fraustro Siller, el decomiso tuvo lugar en la carre­tera Saltillo-Torreón.117 El alcalde Evaristo Madero Marcos es descendiente directo de la familia del patriarca empresarial Evaristo Madero Elizondo, y por tercera ocasión gobernaba el municipio de Parras (2003-2005, postulado por el pan; ­2010-2013, por el pvem, y a partir de enero de 2018, de nueva cuenta por el pvem).118 Su línea de transportes de carga, ­Transportes Evaristo Madero se esta­bleció en 1985 y en la actualidad cuenta con 120 unidades, con sede en el km 1.5 de la carretera Parras-Paila, en Parras de la Fuente, Coahuila y ­puntos de control establecidos en Saltillo, Monterrey, San José Iturbide, Parras yT ­ orreón. Proporciona sus servicios a Vitro, Peñasquito-Goldcorp, Vitromex y a Peñoles, entre otros.119 En 2004, el alcalde Evaristo Arman­do Madero Marcos inauguró, en Casa Madero, un festejo familiar de los descendientes de Evaristo Madero Elizondo, de los que él mismo formaba parte desta­cada.120 Casa 117 El Demócrata (2018), “Sitia la Marina empresa del alcalde Evaristo Madero; buscan drogas;

Decomiso de un tráiler cargado de mariguana lleva directo al edil de Parras de la Fuente”, 2 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero de 2018]. También El Diario de Coahuila (2018), “Sí es del alcalde de Parras tráiler detenido con droga”, 7 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero de 2018]. Sitio web del Gobierno del Estado de Coahuila: , [consultado el 15 de febrero de 2018]. También sitio web del Insti­t uto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed): , [consultado el 15 de febrero de 2018]. 119 Ver sitio web de la compañía Transportes Evaristo Madero, en sus pestañas “Sobre noso­ tros” y “Clientes”. Disponibles en línea: y [consultados el 15 de febrero de 2018]. 120 La reunión, que tenía siete años de no realizarse, incluyó festejos de diverso tipo con los familiares como protagonistas principales, e incluso contó con la presencia, como invitado especial, del renombrado historiador Enrique Krauze, biógrafo del patriarca empresarial. El Siglo de Torreón (2004), “Se reúnen los Madero”, 6 de junio, Torreón, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero].

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Madero, la empresa vitivinícola de la que era propietario en la década de 1950 otro Evaristo Madero —Evaristo Madero González— y a la que Juan N. Guerra llevaba, por invitación del primero, a distintos individuos a visi­tar sus bodegas, según se vio con anterioridad. Pocos meses después, en la misma Casa Madero, el alcalde Evaristo Arman­ do Madero Marcos festejó también —con dinero del erario, según él mismo reconoció— el cumpleaños del presidente municipal de Saltillo, Humberto ­Moreira, hecho que marcó el inicio público de las actividades políticas de éste, en su búsqueda de la candidatura al gobierno de Coahuila, que finalmente obtuvo.121 En 2010, cuando el ejército encontró fosas clandestinas en Parras, el alcalde Madero Marcos expresó: “Para nosotros fue sorprendente porque no nos imaginábamos que en Parras existiera eso, ya que Parras es una de las ciudades más tranquilas de todo el estado, nos sorprendió porque no teníamos conocimiento de que estuvieran esas narcofosas allí sembradas […].”122 En 2014, Evaristo Made­ro Marcos recibió el nombramiento de administrador local de Recaudación de Parras Coahuila, por parte del gobernador, Rubén Moreira.123

Industria manufacturera y distribución comercial A fines de diciembre de 1936, apareció una nota en el periódico El Porvenir, de Nuevo León, donde se exponía que Pedro Canavati, un habitante de Nuevo Laredo, Tamaulipas, había interpuesto un amparo ante el juez de Distrito de Nuevo León, contra actos del juez segundo de Distrito de aquella población tamaulipeca pues había dictado un auto de formal prisión en su contra por el delito de contrabando. El acto judicial se derivaba de la introducción ilegal al país de mercancía extranjera, con valor de 5 107.36 pesos y, según Canavati, los responsables materiales del ilícito habían sido obligados a declarar en su contra por presiones del comandante de Resguardo Aduanal y por el administrador 121 La Jornada (2004), “Admite alcalde que pagó fiesta privada con dinero público”, 26 de 122 123

septiembre, Torreón, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero de 2018]. El Norte (2011), “Asombra en Parras hallazgo de narcofosas”, 22 de enero, Monterrey, versión en línea. Véase la página en Twitter del propio gobernador Rubén Moreira: , disponible en línea [consultada el 15 de febrero de 2018].

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de la Aduana en Nuevo Laredo.124 El amparo le fue concedido a principios del siguiente año por el juez Pedro González, quien consideró que se habían desva­ necido las causas por las que se le imputaba tal delito.125 Ésta fue la primera ocasión en que algún integrante de la familia Canavati aparecía públicamente li­gado con cuestiones de contrabando. La familia Canavati estaba integrada por migrantes sirios, libaneses y palestinos establecidos en varias localidades del sur de Texas y el norte de México, y que tenían participación en la industria textil y el comercio de telas y ropa. Según el Censo de Estados Unidos correspondiente a 1940, en Laredo, Texas, residía Pedro Canavati, entonces de 49 años, quien encabezaba a una familia integrada por su esposa, María R. Canavati (42) y los hijos de la pareja: Jorge (21), Nicolás (18), Elena (13), Anita (11), Alicia (8), Jesús P. (24), Rasa (21), y Elías (4).126 La familia tenía antecedentes itinerantes. Por ejemplo, su hijo Jorge había nacido el 30 de noviembre de 1917 y fue bautizado en Torreón, Coahuila. En su acta de bautizo se establece que sus abuelos eran Abdalá Canavati y María J. de Canavati, por línea paterna y Demetrio Raheb y Sofía H. de Raheb, por la materna.127 En Laredo, Texas, Pedro Canavati era propietario de una empresa deno­ minada Casa Canavati, que en 1937 estableció uno de los almacenes de r­ opa más grandes de la localidad, denominado El Puerto de Liverpool, en la esquina de las calles Convento y Lincoln, y que anunciaba ­cotidianamente sus productos en la prensa local.128 Por su parte, ésta destacaba el rápido c­ reci­miento de 124 El Porvenir (1936), “Pedro Canavati pidió amparo al J. Distrito”, 31 de diciembre, Monterrey, p. 6. 125 El Porvenir (1937), “La J. Federal amparó a Pedro Canavati”, 15 de enero, Monterrey, p. 4. 126 “United States Census, 1940”, Sitio web FamilySearch , [consultado el 16 de mayo de 2016], Pedro Canavati, Ward 4, ­Laredo, Justice Precinct 1, Webb, Texas, United States; citing enumeration district (ED) 240-37, sheet 26B, family 473, nara digital publication T627 (Washington, D. C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 4160. Registro Bautismal núm.o 1, correspondiente al 1° de mayo de 1918, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Torreón, Coahuila. Los registros mexicanos y estadounidenses tenían complicaciones para escribir los apellidos árabes. Por ejemplo, en esta acta el apellido materno aparece como Rajegb. En otros registros, se traduce como Raheb. En este trabajo empleo este último, pero con certeza se trata de las mismas personas, dada la coincidencia de integrantes de la familia. El Tiempo de Laredo (1937), “Pronto abrirá su nueva tienda”, 24 de junio, Laredo, Texas, p. 1. También El Tiempo de Laredo (1937), Anuncio “El Puerto de Liverpool”, 11 de julio, Laredo, Texas, p. 1.

la empresa, que se ubicaba entre las líderes en el comercio de ropa en L ­ aredo, con la mayor cantidad de mercancía, y con una alta demanda por parte de clientela mexicana, así como la eficiente administración de Jesús Canavati, hijo del fundador.129 La influencia de Pedro Canavati no sólo estaba presente en Laredo, sino en la ciudad vecina de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la Casa Canavati realizaba también celebraciones decembrinas que reunían a lo más selecto de la sociedad de ambas localidades fronterizas, entre ellos, por ejemplo, el alcalde de esta última ciudad, Pablo Peña, así como el general Leopoldo Dorantes, comandante de la guarnición.130 La afluencia económica alcanzada por Pedro Canavati a finales de la década de 1930 le permitía ya desde entonces ausentarse temporalmente de sus negocios para realizar viajes de placer a Nueva York por un mes, junto con su esposa.131 Pero también, pocos años después, participar en a­ ctividades promovi­das por la sociedad laredense para apoyar la moral de los c­ ombatientes ­estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.132 Después de todo, su hijo ­Nicolás había sido seleccionado para formarse como piloto aviador de ­g uerra en la mari­na estadounidense, tras abandonar sus estudios en leyes en la U ­ niversidad de Texas en Austin y enlistarse como voluntario en esa ­institución ­arma­da.133 Al graduarse de sus cursos de aviación militar, fue puesto en r­ eserva, e­ stacionado periódicamente en diversas bases navales dentro de ese país,134 y terminó por integrarse también al negocio familiar de ropa.135 Aunque se ­g raduó como copi­loto de 129 The Laredo Times (1937), “La Casa Canavati Growth Has Been Rapid, Deserved”, 23 de no130 131 132 133

134 135

viembre, Laredo, Texas, p. 9. El Tiempo de Laredo (1937), “Posada de la Casa Canavati”, 24 de diciembre, Laredo, Texas, p. 1. El Tiempo de Laredo (1939), “Personales”, 25 de agosto, Laredo, Texas, p. 1. The Laredo Times (1942), “uso Drive Starts Tuesday. Army Relief Dance Committees”, 7 de septiembre, Laredo, Texas, p. 1 The Laredo Times (1942), “Nicolás Canavati to Navy Air School”, 23 de octubre, Laredo, Texas, p. 1. También El Tiempo de Laredo (1943), Fotografía “El cadete de aviación naval, Nicolás (Cono) Canavati, hijo del Sr. Pedro Canavati y la Sra. María R. de Canavati…”, 12 de ­septiembre, Laredo, Texas, p. 1. The Laredo Times (1944), “Cono Canavati Commisioned Navy Ensign”, 18 de abril, Laredo, Texas, p. 1. El Tiempo de Laredo (1944), “Regresó a su base el oficial Canavati”, 29 de diciembre, Laredo, Texas, p. 1. The Laredo Times (1944), Anuncio “Nancy Dress Shop”, 6 de agosto, Laredo, Texas, p. 8. También The Laredo Times (1944), Anuncio “The High Life Shop”, 17 de diciembre, Laredo, Texas, p. 2.

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avión bombardero hacia el final de la Segunda G ­ uerra, sin que e­ xistan registros en la prensa de que se le hubiera finalmente d ­ estinado al frente.136 En noviembre de 1944, al tiempo en que Jorge Canavati participaba en acti­ vidades para honrar a los veteranos de guerra estadounidenses, Jesús C ­ anavati se nacionalizó como ciudadano de ese país.137 En 1946, Jesús Canavati fue designado entre los principales dirigentes de los Caballeros de Colón en la localidad.138 Por su parte, Elena Canavati (Helen, según apareció su nombre en la prensa estadounidense), anunciaba su boda con Encarnación Tafich, hijo de Abraham Tafich y propietario de una fábrica de ropa en Monterrey, Nuevo León.139 Las uniones entre ambas familias fueron varias. De hecho, el apellido materno de Pedro Canavati era Tafich. También, por ejemplo, en 1946, dos primas Canavati (María Elena y Olga, hija de Espiridión Canavati y Emilia Fraige de Canavati) se casaron con dos hermanos de apellido Tafich, Encarnación y Demetrio ­Tafich Tagle, respectivamente, ambos hijos de Abraham Tafich y Narcisa Tagle.140 En Monterrey, la familia Canavati tenía otra rama directa: aquella encabe­ za­da por Espiridión Canavati, hermano de Pedro,141 y también gozaba de pres­ 136 El Tiempo de Laredo (1945), “Graduado copiloto de bombarderos”, 3 de abril de 1945, Laredo, 137 138 139 140 141

Texas, p. 1. Para el primer punto, The Laredo Times (1944), “Legion Christmas Cheer Plans for Army Shut-ins Outlined by post here”, 17 de noviembre, Laredo, Texas, p. 1. Sobre el segundo, “51 New Citizens Take Naturalization Oath”, 17 de noviembre, Laredo, Texas, p. 1. The Laredo Times (1946), “General Chairmen Named by K. of C.”, 6 de enero, Laredo, Texas, p. 1. The Laredo Times (1945), “Miss Helen Canavati to wed November 23”, 20 de octubre, Laredo, Texas, p. 15. El Tiempo de Laredo (1946), “Desposorios de las hermanas Olga y María Canavati”, 22 de noviembre, Laredo, Texas, p. 1. Aunque el título las menciona como hermanas, la información de la nota muestra que eran primas. Pedro Canavati (nació el 29 de junio de 1890) y Espiridión Canavati (nació en 1891 o 1892, los registros no ofrecen una fecha precisa) eran ambos originarios de Bethlehem (Belén), Palestina, e hijos de Abdala Canavati y María Tafich de Canavati. Véase Registro B ­ autismal de Jorge Canavati, hijo de Pedro Canavati, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ­Torreón, Coahuila, Acta núm. 1, 1° de mayo de 1918. También, el Registro de Matrimonio de Espiridión Canavati y Emilia Fraige, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Torreón, Coahuila, Acta núm. 42, 30 de enero de 1916. Las búsquedas se realizaron en el sitio web . Véase también el árbol genealógico de Pedro Canavati disponible en línea: , [consultado el 27 de febrero de 2918).

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tigio y reconocimiento entre los círculos políticos y económicos de la l­ ocali­dad. En 1947, Anuar Canavati, gerente de la empresa Canavati S. A., de la que ­fungía como presidente Tofic Canavati, inauguró el Edificio Juan Canavati. Al acto acudieron Eduardo Livas, en representación del gobierno del estado; Félix Gonzá­lez Salinas, presidente municipal de Monterrey; el general Matías Ramos, comandante de la 7ª Zona Militar, así como el general Manuel Reyes Iduñate, comandan­ te de la 6ª Zona Militar con sede en Torreón, Coahuila; también el propio Pedro Canavati y múltiples integrantes de la comunidad palestina.142 Sin embargo, en agosto de 1947, la Casa Canavati en Laredo, Texas, fue embargada por las autoridades fiscales de Estados Unidos, debido al adeudo de impuestos por parte de sus dueños, Pedro Canavati (161 876.16 dólares) y su esposa (162 031.06 dólares).143 Por el contrario, en México, específicamente en Nuevo León, el panorama económico de la familia Canavati se mostraba promisorio: en 1948, la Casa Madero estableció sus oficinas en Monterrey en el Edificio Juan Canavati, propiedad de los integrantes de la familia del mismo apellido. A la inauguración acudieron, entre otros, el gerente general de Casa Madero, José Luis Salinas; Miguel Talavera, auditor general; Héctor Garza Madero, contador general de la empresa; José Cantú Farías, gerente de la Cámara Nacional de Comercio; Carlos de la Garza, gerente del Banco General de Monterrey; Raúl A. ­González, del Banco Mercantil de Monterrey; Jesús A. Velasco, del Banco de Monterrey; Antonio L. Rodríguez, presidente del Crédito Industrial de Monterrey; Miguel Margáin Zozaya, gerente del Crédito Industrial de Monterrey; Ángel O ­ rdizola e­ Ignacio Martínez, del Banco de Nuevo León; José Sandoval, del B ­ anco de M ­ éxi­co; Aurelio P. Ferrara, jefe de la Oficina Federal de Hacienda; G ­ abriel Olaz, publicista del periódico El Porvenir; Porfirio M. González, gerente de la C ­ ervecería ­Cuauhtémoc, S. A.; Jesús Zambrano, gerente de Empaques de Cartón Titán; Enri­que C. Livas, Diego. G. Sada; Jesús G. Sada; Joel Rocha; Guillermo Zambrano; Rafael Hernández, de Parras, Coahuila; así como numerosos miembros de la familia Madero, entre ellos, los miembros del Consejo de Administración de la

142 El Porvenir (1947), “Inauguración del Edificio ‘Juan Canavati’”, 8 de mayo, Monterrey, Nuevo 143

León, p. 11. The Laredo Times (1947), “U.S. Seizes Casa Canavati”, 28 de agosto, Laredo, Texas, p. 1.

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Casa Madero, S. A.: Salvador Madero, Enrique Madero, Daniel C. Madero, Benjamín Madero, Horacio G. Madero y Manuel Madero, entre otros.144 Para entonces, Nicolás Canavati, hijo de Pedro Canavati y veterano de la Marina estadounidense, era además un activo promotor de actividades depor­ tivas. En 1950, adquirió el club de beisbol Apache, en Laredo, Texas.145 En el mismo año, en México, su tío, Anuar Canavati era propietario del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey, en sociedad al 50% con Jorge Pasquel, amigo de Miguel Alemán —según se ha visto, vinculado con los tráficos ilícitos—.146 Con Miguel Alemán, Anuar Canavati desarrollaba directamente actividades filantró­picas en 1952, como la construcción de la denominada Ciudad de los Niños, en Monterrey.147 La prestancia económica y social de la familia Canavati se puso de manifiesto en diciembre de 1953, cuando una obra iniciada por el ya difunto Espiri­dión Canavati llegó finalmente a buen término: la inauguración del Hotel Ambassa­ dor en Monterrey, en la esquina formada por las calles de Hidalgo y Galeana. Este hotel de gran lujo fue uno de los más importantes de la época que la ­prensa calificó como majestuoso y como orgullo arquitectónico de la ciudad, con 7 p ­ isos, 150 habitaciones y 20 fastuosas suites. A la muerte de Espiridión ­Canavati, que había llegado a Monterrey en 1922 y fundado las fábricas de cami­sas Perfecto y, posteriormente, Camisas Manchester, su viuda e hijos se encargaron de regentear el hotel a través de Inversiones ECA, S.A., la ­compañía familiar que fungía como propietaria, con dos razones sociales operando el ­establecimiento: Hotel Ambassador, S. A. y Operadora Regiomontana, S. A., que controlaba el

144 El Porvenir (1948), “Solemnemente fueron inauguradas ayer las oficinas de la Casa Madero,

S. A. Asistieron al acto prominentes personalidades de la banca, el comercio y la industria de Monterrey”, 2 de junio, Monterrey, p. 12. 145 Laredo Times (1950), “Canavati Buys Apache Baseball Club. Top Team is Promised Laredo Fans”, 10 de enero, Laredo, Texas, p. 1. Sitio web de los Sultanes de Monterrey (2015), “Recordando a un grande; Anuar Canavati, el 146 hombre que salvó al béisbol mexicano”, 26 de marzo, disponible en línea: , [consultada el 19 de abril de 2016]. El mismo artículo está también disponible en línea en la siguiente página: , [consultada el 27 de febrero de 2018]. 147 El Porvenir (1952), columna “Bazar de novedades”, 16 de marzo, Monterrey, p. 6.

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restaurante y el bar.148 El personal directivo de Hotel Ambassa­dor, S. A. estaba conformado por Sabás E. Canavati, como director gerente; ­Roberto E. Canavati, como gerente; José Sosa, subgerente; Pedro Canavati y Jorge A. Cana­vati como consejeros; Pedro Saldívar Jr., como auditor y contador general y Teófilo Bichara, como apoderado jurídico. Por su parte, Operadora Regiomontana, S. A. tenía como personal directivo a Víctor E. Canavati, como gerente y a Abraham Marcos, como subgerente.149 Menos atención mereció a la prensa la detención, apenas seis meses antes de esta inauguración, de Jesús Canavati, un hijo de Pedro Canavati, empresa­rio manufacturero y comercial de productos textiles y consejero del Hotel Ambassador, S.A. Junto con otro afluente sirio-libanés de nombre Jorge Talgie; Jesús Canavati aparecía como responsable de un cuantioso contrabando de ropa de nylon a bordo de un tráiler en la carretera México-Laredo, descubierto e incautado por autoridades aduanales; había sido detenido cuando acudió a recoger la mercancía en la terminal de la empresa de autotransportes de carga denominada Central de Líneas.150 En agosto de 1955, el ex celador aduanal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Wenceslao Ramírez García, escribió al presidente Adolfo Ruiz Cortines para quejarse de su remoción, determinada por el director general de Aduanas, Jesús Arizmendi Marquina. Según el quejoso, había sido removido junto con un cabo aduanal, acusados de haber permitido la salida irregular de un camión ­cargado con cemento hacia Estados Unidos. Además de negar tal falta, el aduanal argumentaba que los motivos reales de su remoción eran las propias corrupte­las de Arizmendi. Entre ellas, el seguimiento que los ahora ex funcionarios habían realizado de Jesús Canavati, quien “[…] desde el año de 1947 se dedica a introducir de contrabando al país, toda clase de telas extranjeras, en carros completos del Ferrocarril, que son custodiados por un celador hasta la ­Capital, a quien le

148 El Porvenir (1953), “Inicia sus actividades el Hotel Ambassador”, 4 de diciembre, Monterrey, 149 150

p. 25. El Porvenir (1953), “Un nuevo motivo de orgullo para Monterrey. Hoy abre sus puertas al público el modernísimo Hotel Ambassador”, 4 de diciembre, Monterrey, p. 23. El Porvenir (1953), “Dos millonarios detenidos por un gran contrabando”, 3 de junio, Monterrey, p. 1.

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veníamos siguiendo desde Houston, Texas, hasta Laredo, Texas, donde tiene una gran tienda”.151 Una nueva denuncia llegó a las oficinas de la Presidencia de la República en la siguiente administración, a cargo de Adolfo López Mateos. En a­ gosto de 1959, Alfredo Gómez Urcaza escribió al mandatario para exponerle los nombres de contrabandistas de productos textiles y la forma en que operaban, en su introducción ilegal de estas mercancías desde el noreste mexicano y hasta la Ciudad de México. Según el denunciante, el principal contrabandista era Pedro ­Canavati, con domicilio en Apeninos #2725, col. Jardín, en Monterrey, Nuevo León y con establecimientos de negocios en Padre Mier #361-Pte. y Modesto Arreola #540 Pte. Junto con sus hijos, Jesús P. Canavati, radicado en Laredo, Texas; Jorge C ­ anavati, avecindado en Monterrey, con domicilio en Río Guadal­quivir #211 Ote., col. Del Valle; y Nicolás Canavati, con dirección en Río Danu­bio #215, col. Del Valle, también en Monterrey, Pedro había amasado una fortuna superior a los 100 000 000 de pesos “[…] hechos de puro contrabando”.152 Gómez Urcaza también hacía alusión a la protección que los ­contrabandos r­ ealizados por la f­ amilia Canavati recibían del propio director general de ­Aduanas, Jesús Arizmendi Marquina, quien a decir del denunciante recibía f­ uertes pagos periódi­cos para permitir la introducción de la mercancía al país, lo mismo que sus principales subordinados. En Laredo, Texas —continuaba la denuncia—, se concentraban los bienes a ser contrabandeados, entre los que se encontraban no sólo textiles, sino aparatos electrodomésticos. Los comandantes aduanales de Miguel Alemán, Tamaulipas, y de Monterrey —en este caso se mencio­na­ba explícitamente a un comandante de nombre Artemio Salas—, eran compadres de Canavati y recibían valiosos obsequios a cambio de permi­tir la ­introducción de los contrabandos. Monterrey actuaba como punto de concentración de mercan­cías de contrabando que posteriormente se ­redis­tribuían a otras partes de la República. De acuerdo con Gómez Urcaza, los ­Canavati ­habían decidido establecerse en México después de la clausura de la Casa Cana­vati en Laredo, Texas, por evasión fiscal —hecho que, en efecto, fue referido en páginas anteriores— y desde su arribo a México 151 Wenceslao Ramírez García al presidente Adolfo Ruiz Cortines, 10 de agosto de 1955, México, 152

D.F., agn, arc, expediente 703.2/390. Alfredo Gómez Urcaza al presidente Adolfo López Mateos, 5 de agosto de 1959, México, D. F., agn, alm, expediente 564.3/7.

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habían operado regularmente actividades de contrabando. A ellos pertenecía el c­ ontrabando de 7 800 relojes suizos que, según nota de El Porvenir adjunta al mensaje dirigido al presidente López Mateos, fueron decomisados por autoridades aduanales apenas unos días antes de enviarse la misiva, sin que ningún contrabandista ­hubiera sido detenido. El decomiso había tenido lugar en la Hacienda Santa Bertha, pro­piedad del ex diputado Santiago González. Según la misma denuncia, los Canavati contaban con operadores para la introducción del c­ ontrabando desde la frontera tamaulipeca: Los encargados de manejar estas mercancías por el río, y pasadas [sic] después en camiones o aviones son los contrabandistas Ramiro y Octavio Barrera, Juan González alias Juan El Chapeado, Santiago Guerra y Ramón Rodríguez, este último contrabandista radica en Los Guerra, Tamaulipas y por el rancho de este Sr. que está en dicho pueblo pasan todas las mercancías cuando son pasadas y transporta­ das en camiones, pues este rancho tiene la gran ventaja que colinda con el río hasta Roma, Texas, siendo el movimiento de mercancías en la mayoría de los casos de noche o en la madrugada en combinación con el comandante del Resguardo Sr. Alejandro Bernal Garza […]”.153

Juan González (a) el Chapeado, Santiago Guerra y Ramiro Barrera, junto con su hermano Octavio. Se trataba, pues, de los mismos personajes a los que se hizo referencia en el capítulo anterior, involucrados en el contrabando masivo de productos textiles y aparatos electrodomésticos, pero también, como se vio ya, de armas y drogas psicoactivas ilegales. En efecto, Santiago Guerra (a) el Chango (es decir, Santiago Guerra ­Barrera), avecindado en Parras 286 col. Las Mitras, en Monterrey, apareció involucrado en un contrabando de 100 toneladas de telas introducidas al país desde Estados Unidos valuado en 2 500 000 pesos, incautado en la Ciudad de México. Según la nota de prensa que informó del caso, la mercancía se destinaba a las compañías Operadora de Hoteles, S. A., Hotel del Prado, Hotelera Mexicana, S. A., Hotel Bamer, Hoteles Nacionales, entre otros —y se habían vendido a la manufacturera textil Casa Armand—.154 153 Idem. 154 El Porvenir (1959), “Contrabando por 100 toneladas, en telas. Ramificaciones en Monterrey”, 9 de septiembre, Monterrey, p. 2.

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El 20 de junio de 1960, una nueva comunicación se le envió al ­presidente López Mateos, donde se denunciaban las actividades de contrabando dirigi­ das por Pedro Canavati —a quien se mencionaba como propietario de la ­negociación Mayson, S. A., ubicada en Allende #130 Ote., Monterrey—. Según la misma, Jesús P. Canavati, hijo de Pedro, había sido detenido por las autorida­ des aduanales en la cuesta de Mamulique y estaba ya en libertad por falta de méritos, según habían dictaminado autoridades judiciales, al parecer de Nuevo Laredo, que habían exigido el pago irregular de 50 000 pesos en efectivo para ­exculpar a Canavati y responsabilizar, en cambio, a su ayudante, José Mendoza. Se adjuntaba también el recorte de una nota de periódico donde se informaba del decomiso de un contrabando con valor de 500 000 pesos —consistente en ropa, electrodomésticos y pelotas de beisbol—, que estaba en cajas de una negociación denominada Hollywood Smart Shop, que el informante señalaba como propiedad de Jesús Canavati en Laredo, Texas. El contrabando había sido incau­tado por aduanales destacados en la garita de Miguel Alemán, ­Tamaulipas. Según la denuncia, el operador de los contrabandos en esa zona era Juan González (a) el Chapeado, quien contaba con el apoyo del comandante aduanal en esa localidad, Alejandro Bernal Garza. La introducción irregular de mercancía se realizaba dos veces por semana.155 Otras denuncias equivalentes que señalaban a Pedro Canavati y a sus h ­ ijos Jesús, Jorge y Nicolás, como partícipes del contrabando en gran escala ­también fueron enviadas a la Presidencia de la República durante el mandato de ­Adolfo López Mateos.156 Incluso, en 1961, la Cámara Textil se quejó ante las autorida­ des por la competencia desleal que sufrían debido a los contrabandos de casi­m ires y telas introducidos de manera fraudulenta con la compli­cidad 155 Anónimo al presidente Adolfo López Mateos, 20 de junio de 1960, Monterrey, Nuevo León,

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agn, alm, expediente 564.3/25. Según el periódico El Porvenir, oficiales del Resguardo Aduanal habían detenido a Jesús Canavati Raheb con un contrabando de collares, sujeta cuellos, sujeta corbatas, que ocultaba en el doble fondo de su automóvil Oldsmobile modelo 1959. El comandante Artemio J. Salas Casso estableció que Canavati no había proporcionado ninguna documentación que mostrara la importación legal de esas mercancías. Véase El Porvenir (1960), “Contrabandea ‘chucherías’”, 8 de junio, Monterrey, p. 2. Ramón Vargas Rodríguez al presidente Adolfo López Mateos, 7 de diciembre de 1959, Monterrey, Nuevo León, agn, alm, expediente 564.3/16. También Armando Pérez Ibarra al presidente Adolfo López Mateos, 21 de diciembre de 1962, Monterrey, Nuevo León, agn, alm, expediente 564.3/16.

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de autoridades aduanales. En Jalisco, Roberto Robles Guerrero hizo referencia explí­cita y pública a Pedro Canavati, de quien señaló que autoridades ­aduanales habían requisado en sus almacenes en Monterrey cuantiosa mercancía de contra­bando. No obstante, exponía, no se realizó ninguna consig­nación ­penal, a pesar de que la pgr afirmó que había investigado los contrabandos cuyo ­centro de operación era Monterrey y había hecho referencia explícita a los almacenes de Pedro Canavati.157 En ningún caso las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito ­Público, con Antonio Ortiz Mena al frente, ni de la Secretaría de Industria y Comercio, con su cuñado, Raúl Salinas Lozano, como titular, evidenciaron ocuparse en mayor medida de las denuncias recibidas en la Presidencia de la Repú­blica. Por el contrario, el 15 de octubre de 1960, la prensa nacional ­publicó la noticia del inicio de la II Asamblea de la Asociación Mexicana de Exportadores de Café, evento que inauguró el secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano, quien presidió la reunión, junto con Héctor Hernández, ­d irector de Comercio de esa dependencia; Justo Fernández, empresario cafe­te­­ro; Efrén Cervan­tes Altamirano, director de Aduanas de la Secretaría de H ­ acienda; Artu­ro Gómez Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colom­bia; Andrés Uribe, presidente Mundial de Propaganda del Café, y, no sin paradoja, el licenciado Jorge Canavati, representante de México en la Oficina Panamericana del Café e hijo de Pedro Canavati Tafich.158 En esos mismos años, y como se expuso con anterioridad, Jorge Canavati fungía como gerente de Relaciones Públi­ cas de la Cervecería Cuauhtémoc.159 Y a la luz de los a­ ntece­den­­tes e­ xpuestos, no deja de resultar significativo el ­contrabando de café —o droga— que dio lugar al asesinato del teniente coronel Octavio V ­ illa Coss: este contrabando fue incautado en abril de 1960 en Miguel Alemán, Tamau­lipas, en un camión dis­tribuidor de productos de esa misma c­ ervecería propiedad de los hermanos Juan Nepomuceno y Roberto Guerra Cárdenas, reco­nocidos contrabandistas de drogas y mercancías diversas que ­operaban en la misma red delictiva junto con Juan González (a) el Chapeado y con ­Santiago Guerra Barrera, vinculados 157 El Informador (1961), “Censuró a los cómplices de los contrabandistas”, 31 de octubre, Gua158 159

dalajara, pp. 1 y 5. El Nacional (1960), “La Reunión del café inició sus trabajos ayer”, 15 de octubre, México, D. F., pp. 1 y 2. El Porvenir (1960), columna “Aeropuerto”, 30 de noviembre, Monterrey, p. 10.

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a su vez con la familia Canavati, según se acaba de mostrar. Juan González (a) el Chapeado, oriundo de Agualeguas, Nuevo León, asociado a Pedro Canavati, contrabandeaba armas en alianza con un regiomon­tano de nombre José Luis González Lozano, avecindado en Matamo­ros, quien las obte­nía de los exceden­ tes del ejército estadounidense y las introdu­cía al país por vía marítima.160 Carlos Salinas Lozano, hermano del secretario Raúl, del mismo apellido, futuro padrino de boda del hijo de Juan González (a) el Chapeado, según se ha visto ya, tenía también otros espacios de socialización con la familia Canavati. En 1963, Carlos Salinas Lozano y Jesús Canavati eran integrantes de la mesa directiva del Club Rotario de Monterrey.161 Un año más tarde, Jorge Canavati fungía como agregado comercial de la Embajada de México en Washington, y como tal se dirigió a los miembros de la Cámara de Comercio de Brooklyn, señalándoles que México era una “tierra favorita de oportunidades” para los hombres de negocios del mundo. Y añadió: “Tengo pruebas fehacientes de que cada día que pasa, el comercio entre México y los Estados Unidos está floreciendo como nunca”.162 Las oportunidades florecían, lo mismo que el comercio entre ambas nacio­ nes, incluso el ilegal. En mayo de 1972, la Policía Judicial Federal incautó electro­ domésticos y 6 000 cajetillas de cigarros introducidas de ­contrabando y

160 dfs, documento “Antecedentes”, s. f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro

Canavati, legajo único, foja 1. El 161 Porvenir (1963), “Elige nuevo presidente el Rotario de Monterrey”, 7 de febrero, Monterrey, p. 6. Existían dos primos con el nombre de Jesús Canavati: Jesús P. Canavati, hijo de Pedro Canavati y avecindado en Laredo, Texas; y Jesús A. Canavati [Jesús Abraham Canavati Fraige], avecindado en Monterrey e hijo de Espiridión Canavati y Emilia Fraige de Canavati. La nota no precisa mayores datos sobre cuál de ellos era el referido en la información. No se trata, sin embargo, de personas inconexas, sino que son primos hermanos y pertenecen a una red familiar bastante cohesionada, como puede apreciarse en sus frecuentes reuniones, a las que asisten integrantes de la familia tanto de Laredo como de Monterrey, entre ellos los mencionados primos de nombre Jesús. Véase, por ejemplo, The Laredo Times (1949), “Canavati-Allem Wedding Solemnized at St. Agustin”, 5 de octubre, Laredo, Texas, p. 3. The Laredo Times (1949), “Miss Rosie Jacamán Weds Jose Canavati”, 4 de diciembre, Laredo, Texas, p. 19. Sobre el nombre completo de Jesús A. Canavati, véase El Norte (2005), “Dan adiós al padre de Canavati”, 24 de marzo, Monterrey, p. 2B. 162 El Informador (1964), “Tierra de oportunidades para hombres de negocios del mundo”, 7 de octubre, Guadalajara, pp. 1 y 6.

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almacenados en una casa propiedad de Jesús Canavati.163 Pocos meses más tarde, la Primera Zona de Resguardo Aduanal, con el comandante Fidel ­Cuéllar Treviño al frente, decomisó muebles y mercancías extranjeros a bordo de un camión de mudanzas, enviados por Carlos Marcos con destino a Puebla. Los bienes llevaban membretes de un establecimiento comercial ubicado en ­Laredo, Texas, propiedad de Jesús Canavati. Desde ahí, habían sido enviados a Monterrey.164 En febrero de 1976, un contrabandista que fue detenido volvió a m ­ encionar a Jesús Canavati entre los grandes introductores de mercancía ilegal al país, junto con otros propietarios de establecimientos comerciales ubicados en Lare­ do, Texas.165 Sin embargo, los señalamientos sobre la participación de la familia C ­ anava­ti en el contrabando de alta escala no eran sólo de medios de comunicación, ni tampoco se limitaban al tráfico ilícito de textiles y electrodomésticos. En un documento de la dfs, que aparece sin fecha, pero que por la información conte­ ni­­­da parece corresponder a mediados de los años sesenta, esta corporación estableció que Pedro Canavati estaba asociado en el contrabando de telas con José Luis González Lozano, un contrabandista de armas de alto poder, ­textiles y bienes electrodomésticos, asociado a su vez con el ya referido traficante Juan González.166 Pero en los informes de la dfs correspondientes a 1974 y 1978, Juan González (a) el Chapeado, colaborador de los Canavati en el contrabando, aparece también involucrado en el tráfico ilícito de drogas y armas.167 163 El Porvenir (1972), “La Judicial Federal decomisa contrabando. Lo guardaban en una casa”, 164 165 166

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10 de mayo, Monterrey, p. 2A. El Porvenir (1972), “Contrabando por más de 100 mil capturado”, 1° de octubre, Monterrey, p. 2. El Porvenir (1976), “Contubernio en banda dedicada al contrabando. Aduanales, judiciales y policías de Caminos”, 26 de febrero, Monterrey, p. 2A. La dfs proporcionó el nombre de Juan González Flores y ubicó su domicilio en Tulancingo 1548 Nte., col. Las Mitras, en Monterrey, Nuevo León. Como se vio en el capítulo anterior, ese inmueble aparecía como propiedad de Juan Manuel González Garza, y en denuncias envia­ das a la Presidencia de la República en la administración de Adolfo López Mateos, ése era el domicilio que habitaba el contrabandista Juan González (a) el Chapeado, por lo que puede concluirse que se trata del mismo personaje. Véase Informe de investigación, s.f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro Canavati, legajo único, foja 4. dfs, documento “Antecedentes”, s. f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro Canavati, legajo único, foja 5.

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De hecho, en el informe de 1978, redactado por Rafael Chao López, se mencio­na explícitamente a un individuo denominado como Chochi Canavati, como partícipe directo no sólo en el contrabando, sino en el tráfico de drogas, desde Monterrey, Nuevo León, junto con el referido Juan González y Ramiro ­Barrera.168 Como se vio en páginas previas, Juan González y Ramiro Barrera, junto con Santiago Guerra Barrera (Héctor Santiago Guerra Barrera) estaban ligados con la familia Canavati en el contrabando desde décadas atrás, de ­mane­ra que si bien no fue posible identificar con claridad a qué integrante de la familia se hacía referencia específica con el diminutivo de Chochi, éste era parte del círculo familiar de Pedro Canavati y sus hijos. En un evento social ­realizado para celebrar el próximo enlace matrimonial de una mujer de ­nombre María Elena Saide, en 1955, la prensa regiomontana reportó la asistencia de múltiples integrantes de las familias Saide, Marcos y Canavati, entre ellos en este último caso a Jorge Canavati y al referido Chochi Canavati.169 Se trata de una red familiar donde los nombres de pila se repiten con frecuen­ cia entre primos y entre padres e hijos. Ello, más el uso de iniciales dificul­ta en ocasiones la ubicación de individuos específicos. No obstante, su ­integración y cohesión se evidencia en los continuos eventos sociales donde se reunían. En las crónicas sociales queda de manifiesto su membresía y, en algunos casos, las identidades y relaciones de parentesco cobran mayor forma. Tal fue el caso, por ejemplo, de la boda de Jorge A. Canavati, nieto de Pedro Canavati Tafich, quien se casó con Graciela Von Borstel en La Paz, Baja California Sur, en abril de 1970. A la boda acudieron, entre otros, los padres del novio: Jorge Canavati y Mary K. de Canavati; su hermana Dorothy Canavati de Assad y su respectivo esposo, Jesús A. Assad. También sus tíos, Nicolás Canavati y su esposa Nelda Nasta de Canavati; Jesús A. Canavati y Virginia Tafich de Canavati. También las señoras Annie I. de Saide, Elena G. de Tafich, Rosa T. de Canavati, ­señoritas Angelina 168 Informe de la dfs titulado “Indicador. Paso del contrabando de armas, municiones, drogas y

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mercancías varias”, 2 de julio de 1974, s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, legajo único, caja 313, foja 25. También Rafael Chao López al director federal de Seguridad, “Se adjunta relación de personas conectadas con el narcotráfico y contrabando de artículos extranjeros, así como de robo de automóviles”, 24 de junio de 1978, México, D. F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Héctor Guerra, legajo único, foja 2. El Porvenir (1955), “Elegante fiesta de despedida en el ZaZarak”, 16 de octubre, Monterrey, p. 24 [según numeración del documento digitalizado, consultado en la Hemeroteca Nacional Digital].

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Kabande y sus primas; Patricia Faraón Canavati y Viviana Tafich Cana­vati y el señor Jacobo Marcos.170 En todo caso, el interés por el seguimiento genealógico expuesto en estos párrafos no constituye digresión alguna: en la misma boda, entre los padrinos del novio figuró su primo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, hijo de Jesús A. Cana­ vati (Jesús Abraham Canavati Fraige) y Virginia Tafich de Canavati, es decir, sobrino-nieto de Pedro Canavati, quien tras la muerte de su hermano ­Espiridión (padre de Jesús A. Canavati) figuraba como el patriarca de la familia.171 En 1970, Jesús Ricardo Canavati Tafich era contralor general del S­ istema de Transporte Colectivo (Metro) en la Ciudad de México, en el inicio de la r­ egencia del regiomontano Alfonso Martínez Domínguez, en la capital del país. A mediados de la década de 1970 regresó a Monterrey, para d ­ esempeñarse como contralor general de la Presidencia Municipal de esa localidad y, después, como director ejecutivo del Fideicomiso Fomento Metropolitano de M ­ onterrey (­Fomerey).172 Pero hacia 1979, Ricardo Canavati iniciaba ya una promisoria carre­ra política. En ese año realizaba una campaña electoral para alcanzar la Presidencia Municipal de San Nicolás de los Garza. No obstante, su c­ recimiento en el ámbito público tendría lugar a finales de la década de 1980, cuando la ­Confederación de Trabajadores de México (ctm), la principal central obrera del pri, lo postu­ló, junto con Alfonso Martínez Domínguez, para ­ocupar un escaño en el Senado de la República.173 Las columnas políticas locales insistieron que tal n ­ ominación se obtuvo gracias a las gestiones personales del ex secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano, con su hijo, Carlos Salinas de Gortari, el candidato presidencial del pri en 1988.174 170 El Porvenir (1970), “Asistieron a evento social en La Paz, B. C.”, 23 de abril, Monterrey, p. 3C. 171 El Porvenir (1970), “Distinguida boda Von-Borstel-Canavati”, 23 de abril, Monterrey, pp. 1C

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y 6C. La relación filial de Jesús Ricardo Canavati Tafich y Jesús A. Canavati y Virginia Tafich de Canavati se confirma por el Acta de nacimiento núm. 2137, libro 6, Oficialía 1, con fecha de registro del 13 de octubre de 1943, en el municipio de Monterrey, estado de Nuevo León. Los segundos son padres del primero, quien nació el 8 de octubre de 1943. Documento titulado “Antecedentes del Lic. Jesús Ricardo Canavati Tafich (a) ‘Riqui Cana­ vati Tafich’”, agn, dfs, Versión pública del expediente de Jesús Ricardo Canavati Tafich, legajo único, foja 32. El Norte (1988), “Apoya ctm a Canavati y md”, 29 de febrero, Monterrey, versión electrónica. El Porvenir (1987), columna “Audiencia pública”, 22 de diciembre, Monterrey, p. 2B. También El Porvenir (1988), columna “Audiencia pública”, 29 de febrero, Monterrey, p. 2B; El ­Porvenir (1988), columna “Audiencia pública”, 4 de marzo, Monterrey, p. 2B. El Porvenir (1988),

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En efecto, la relación entre Raúl Salinas Lozano y Ricardo Canavati Tafich, y la deuda de este último hacia el primero, fue reconocida explícitamente ­cuando el propio Senado de la República lo promovió como su presidente, en 1990. En una entrevista, a pregunta expresa sobre su relación con el ex secretario de Industria y Comercio, Canavati Tafich respondió: “Desde hace muchos años me ha ayudado mucho don Raúl Salinas, a quien considero mi amigo y estoy seguro que también me considera su amigo”.175 Como se ha visto, las relaciones de los hermanos Salinas Lozano con la familia Canavati y sus allegados databa de tiempo atrás. La carrera ascendente de Canavati Tafich no fue obstaculizada por los múlti­ ples antecedentes que vinculaban directamente a su familia con los tráficos ilícitos. Poca atención recibió, por ejemplo, la detención, en 1982, de ­Jacque­line Jacaman Canavati en Nuevo Laredo, junto con varios individuos, entre ellos, otros laredenses y cinco colombianos que transportaban ­cocaína.176 En Mon­ te­rrey, la prensa no reportó este caso, que ponía de manifiesto la participación de integrantes de la familia Canavati en otras expresiones de los tráficos ilícitos. Pero, como se ha dicho, en Nuevo León, hechos semejantes no obstaculiza­ron la ascendente carrera política de Ricardo Canavati. Por el contrario, en 1991, fue designado subsecretario de Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue); y de 1992 a 1994, coordinador de Análisis Sectorial de la Secre­ taría de Desarrollo Social. Ambas, como parte del equipo i­nmediato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, futuro candidato presidencial del pri, ­asesinado el 23 de marzo de 1994.177 columna “Audiencia pública”, 11 de agosto, Monterrey, p. 2B. El Porvenir (1988), columna “­Audiencia pública”, 25 de septiembre, Monterrey, p. 2B. En todas estas fechas, el columnista insistió en la estrecha amistad entre Canavati Tafich y Salinas Lozano. 175 El Porvenir (1990), “‘No llevo prisa para la gubernatura’: Canavati”, 7 de diciembre, Mon­ terrey, p. 4A. 176 El Mañana de Nuevo Laredo (1982), “Caerán más personas conocidas de ambos Laredos involucradas en el tráfico de drogas. Profundizan investigaciones policías de México, eu y Colombia. Hay más gentes detenidas consideradas como peces gordos. De muy alta pureza la cocaína incautada: peritos de la pgr”, 28 de marzo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, p. 4, cuarta sección. También El Mañana de Nuevo Laredo (1982), “Presos dos narcotraficantes más en el caso de los colombianos”, 31 de marzo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, p. 5, cuarta sección. Jacamán Canavati fue liberada, no así su primo y tío, Carlos Emilio Jacamán Sáenz y Alfredo Jacamán Batarse. 177 Camp, “Mexican Political Biographies…”, p. 145.

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En la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, Canavati Tafich fue designado coordinador de Invitados Especiales.178 Más tarde, tras el homicidio del candidato presidencial, la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio de la pgr lo entrevistó, en sus investigaciones sobre el crimen, según consta en el tomo Entorno político y narcotráfico. Según Canavati, el propio presidente Salinas lo acercó al equipo de Colosio, a mediados de su gobierno, con la instrucción de cuidarlo.179 Canavati le proporcionaba a Colosio un avión para su traslado personal, lo mismo que a su esposa, quien se sentía hostigada por la vigilancia impuesta por Salinas, tras el homicidio. Incluso, utilizó un avión de Canavati para salir del país.180 De acuerdo con Canavati, durante su malograda campaña p ­ residencial, Colosio había solicitado a Raúl Salinas Lozano que su hijo, Raúl Salinas de Gortari, se abstuviera de participar en política.181 La relación de Raúl Salinas Lozano con Colosio se enfrió por esta misma causa, según el recuento de Canavati en su declaración ministerial: Recuerdo que en una ocasión ya estando en campaña con Luis Donaldo, se estableció una reunión en mi casa entre Don Raúl Salinas Lozano, el licenciado Luis Donaldo Colosio, Enrique Régules y un servidor, por esa época se especulaba que el ingeniero Raúl Salinas de Gortari quería ser senador por el Estado de Nuevo León, en la reunión el licenciado Colosio le dijo a Don Raúl Salinas Lozano en ­forma cordial y por demás respetuosa, que fuera el amable conducto para pedirle a su hijo el ingeniero Raúl Salinas de Gortari que se abstuviera de participar en política, sin poder precisar o recordar si se refería a política estatal o en general, notando que Don Raúl Salinas Lozano se extrañó del comentario y parecía desconcertado, no recuerdo si al respecto hizo algún comentario Don Raúl Salinas Lozano, mi percep­ción es que a partir de ese momento y a raíz del comentario de Luis Donaldo se enfrió la

178 Sitio web del diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich (Partido Verde Ecologista de México), 179 180 181

LXIII Legislatura, disponible en línea: , [consultada el 5 de marzo de 2018]. Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio (2000), Informe de la Investigación del Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio ­Murrie­ta. Tomo IV. Entorno político y narcotráfico, pgr, México, p. 110. Idem, pp. 276-278. Ibidem, pp. 322, 325 y 356-357.

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relación y el afecto de Don Raúl hacia Luis Donaldo, ya que no volvió a expresarse de él como su hijo, como antes lo hacía.182

Por su parte, la relación de Canavati Tafich con Raúl Salinas de Gortari tuvo un tropiezo hacia la mitad del sexenio 1988-1994, cuando, según expresó, le aconsejó retirarse temporalmente del país, para evitar el daño a la imagen del gobierno de su hermano debido a las versiones que lo involucraban en diversos negocios cuestionables: “[…] a Raúl Salinas de Gortari lo conocí antes que al licenciado Carlos Salinas de Gortari y tenía una relación de afecto y de simpatía con él, la tuve por varios años hasta el segundo año de administración de Carlos Salinas que se sintió conmigo, él quiso romper esa relación, porque en alguna ocasión le sugiero yo respetuosamen­ te y con la mejor intención que se fuera del país a estudiar o a vivir o a trabajar en alguna otra parte, le expliqué en esa ocasión que lo creyera o no, era lo menos importante del caso, pero lo traían en muchos chismes y comentarios de toda ­clase de negocios, que yo pensaba que eso lo perjudicaba mucho a él y a su hermano Carlos, me hizo la pregunta de que si me lo había pedido su hermano Carlos, que si lo hacía por instrucciones de él o que si me había ocurrido a mí, yo le contesté que lo hacía por respeto y por afecto a él, que nadie me lo había pedido, se molestó y enojó conmigo, en ese momento opté por retirarme del lugar donde estábamos platicando […] en virtud de que estaba cerca la Navidad, un día me pregunta Don Raúl que qué me regalaba porque yo era una persona difícil y todavía yo de buena fe le dije que quiero que me contente a su hijo Raúl, y me dijo que con todo gusto, se lo pide a su hijo y el ingeniero no acepta contentarse conmigo y lamentablemente se viene un resfrío […]”.183

No dejan de resultar interesantes las palabras que Canavati añadió a ese testimonio: “[…] quiero aclarar que yo aspiraba a una amistad con el ingeniero Salinas, mas en ningún momento a ser cómplice de ningún tipo de acciones o negocios de él”.184 182 Idem, p. 356. 183 Ibidem, p. 357. 184 Idem, p. 357. 310

A pesar de lo expresado por Canavati Tafich, sus propias relaciones no deja­ ban de ser interesantes, en el contexto de la campaña presidencial de 1994. Tras el asesinato del candidato Colosio, las indagaciones de la ­Subprocuraduría ­Especial confirmaron su relación con Rolando y Roberto Castillo Gamboa —el primero ex diputado federal en la LIII Legislatura, donde coincidió con ­Canavati—. A ­ mbos eran hermanos de Ricardo Castillo Gamboa (a) el Perro Chico, compadre de Humberto García Ábrego y amigo de Juan García Ábrego y Juan N. Guerra.185 Las indagaciones de la pgr eran esencialmente elementales: más que una investigación policial en forma, que necesariamente incluiría peritajes de comunicacio­nes, patrimoniales y de entorno social, se limitaba con frecuencia a tomar declaración de diversos individuos, antes que comprobar su veracidad o falsedad con medios adicionales que una fiscalía tiene a la mano: por ejemplo, las líneas correspondientes a entorno político y narcotráfico se ­desestimaron con sorprendente candidez ante la negativa de varios actores de sostener ­v ínculos irregulares con traficantes de drogas reconocidos, a pesar de que inda­gaciones previas de la propia dependencia ponían de manifiesto dicha p ­ articipación en la actividad ilegal.186 185 pgr, Informe de la investigación del homicidio… (Tomo IV)..., pp. 380-383. 186 Eduardo Valle realizó investigaciones especiales sobre la organización de Juan García Ábrego

por instrucciones directas del entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo MacGregor. En ellas, evidenció la relación de los referidos hermanos Castillo Gamboa con esta red criminal, especialmente de Ricardo, quien según dichas indagaciones formaba parte de ésta. A la Suprocuraduría Especial le bastó la negativa verbal de Ricardo Castillo Gamboa sobre su participación en las actividades ilegales de los hermanos García Ábrego, a pesar de su cercanía y amistad manifiesta y confirmada, y de las indagaciones previas de Valle. Según se desprende del informe, no realizó investigaciones adicionales sobre la versión de que Rolando Castillo Gamboa tuvo participación en la campaña presidencial. La Subprocuraduría Especial descartó esta línea de investigación por la simple negativa de otros entrevistados, que afirmaron no conocerlo y por su presunto desempeño de un empleo ajeno a la campaña. Todo ello, a pesar de que sí confirmó la colaboración directa en la campaña de Juan Reséndez Bertoloucci, hermano de Carlos Reséndez Bertoloucci, uno de los principales colaboradores de Juan García Ábrego en actividades de lavado de ­d inero, cuyo testimonio ante las autoridades estadounidenses dio paso a la condena judicial que recibió este último en una Corte Federal en Houston, Texas, en 1996. Más adelante se hará referencia al testimonio rendido entonces por éste y otros testigos de la fiscalía estadounidense. Juan Reséndez se había integrado a la campaña de Colosio en la Coordinación Logística, en el área de alimentación, hospedaje y atención a los invitados especiales, tarea que necesariamente se vinculaba también con el área a cargo del propio Canavati, pues la

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La pgr también desestimó, por ejemplo, otro indicio peculiar del entorno de Canavati: su adquisición de un inmueble propiedad del abogado Enrique Fuentes León en el fraccionamiento Lomas Altas, en la Ciudad de México. Se trataba de un apartamento que había sido originalmente propiedad de Carlos Hank González, ex secretario de Turismo y de Agricultura en la administración de Salinas. El inmueble se había vendido a través de una inmobiliaria —Inmobiliaria Grahan, S. A. de C. V.— y Canavati negó ante la Subprocuraduría Especial tener contacto o conocimiento previo con Fuentes León.187 El referido abogado se encontraba prófugo de la justicia mexicana y fue detenido en Estados Unidos el 19 de octubre de 1994, día en que sostuvo una conver­sación con el agente especial del Immigration and Naturalization Service (ins), todavía en funciones en esa época, en la que intentó sobornarlo con 10 000 dóla­res para permanecer en ese país. Pero, además, afirmó te­ner conocimien­ to sobre el asesinato del candidato y anunció que hacia agosto de ese mismo año sobrevendrían nuevos asesinatos de políticos.188 Un mes después, el secrelabor manifiesta de este último era precisamente la atención a invitados especiales. Sobre las indagaciones de Valle, véase Valle, Eduardo (1995), El segundo disparo. La narcodemocracia mexicana, Océano, México, pp. 174, 299 y 309; también Proceso (1994), “El ex asesor de Carpizo en la pgr describe la red de complicidades oficiales con el zar de la cocaína”, 13 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sobre Juan Reséndez Bertoloucci, véase pgr, Informe de la investigación del homicidio (Tomo IV)…., pp.377-380. Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio 187 (2000), Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio M ­ urrieta, Tomo I. El crimen y sus circunstancias, pgr, México, p. 283. Según la prensa mexicana, el inmueble se ubicaba en el número 277 de la calle Paseo Lomas Altas, en el fraccionamiento Lomas Altas. El costo de la transacción fue de 900 000 dólares y la operación se realizó ante el notario público 164 del D. F., Antonio Velarde Violante. En la nota de prensa, la inmobiliaria involucrada figura como Inmobiliaria Brisa, S. A. de C. V., que era presuntamente propiedad de Enrique Fuentes León. Véase Proceso (1995), “Reclusorio Sur, nueva residencia de Fuentes León tras 24 años de investigaciones y órdenes de aprehensión”, 16 de enero, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. La 188 frase expresada por un funcionario del ins que rindió testimonio durante el juicio a Fuentes León y que refería lo que éste había dicho a los agentes encubiertos de ese organismo antes de ser detenido fue “I know how they killed Colosio” [Sé cómo mataron a

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tario general del pri, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesi­nado. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Fuentes León había sido visto en compañía de Manuel Muñoz Rocha —cinco oficiales de seguridad, tres del ins y dos de la policía de San Antonio, lo identificaron posteriormente en fotos como el hombre que estaba presente en el momento del arresto—.189 Muñoz Rocha era un ex d ­ iputado federal tamaulipeco prófugo de la justicia por su presunta impli­ cación en el asesinato de Ruiz Massieu; contaba con una añeja vinculación con Raúl Salinas de Gortari, cuñado del occiso. Antes de su detención, Fuentes León estaba bajo investigación del ins y de la dea. Un agente encubierto de esta última institución se reunió en varias ocasiones con él, fingiendo ser un traficante de cocaína; Fuentes León le ofreció sus servicios para lavar dinero procedente del tráfico de drogas a través de sus cuentas en una compañía denominada Casa de Blanc, en la Ciudad de México.190 Según informa­ción periodística, Enrique Fuentes León había sido abogado de Juan García Ábrego en una causa que éste sostuvo en contra de Agapito González Cavazos, cacique sindical en Matamoros, Tamaulipas.191 Una red social muy peculiar constituía pues el entorno del empresario y político Canavati Tafich, quien siempre negó tener conocimiento o participación directa en las actividades irregulares en las que estaban involucrados sus integrantes. La Subprocuraduría Especial de la pgr desestimó la grabación de los agentes encubiertos proporcionada por las autoridades estadounidenses correspondientes a las declaraciones de Fuentes León sobre el asesinato del candidato Colosio y la predicción de que vendrían más muertes de políticos. En peritajes realizados a la grabación por encargo de la pgr, la institución obtuvo resulta­dos ambiguos: una confirmaba lo expuesto por los agentes estadouniden­ses; otra exponía que Fuentes León expresó en realidad todo lo contrario: que no tenía Colosio]. Véase U.S.A. vs. Enrique Fuentes León, SA94-CR516M y SA94.CR377, US District Court for the Western District of Texas San Antonio Division, December 1st, 1994, Vol. VII, Detention Hearing, p. 24. U.S.A. vs. Enrique Fuentes León, SA94-CR516M y SA94.CR377, Vol. VII, pp. 26-31. 189 U.S.A. vs. Enrique Fuentes León, SA94-CR516M y SA94.CR377, Vol. VIII, p. 148. 190 Proceso (2002), “La tenebrosa carrera de Enrique Fuentes León”, 12 de enero, México, dis191 ponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018].

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conocimiento sobre la autoría del crimen. La Subprocuraduría puso ­además en entredicho la credibilidad del testimonio de Fuentes León con el argu­ mento que su secretaria proporcionó, en el sentido de que solía ­exagerar sus ­relaciones y contactos políticos.192 No debían ser tan ­desdeñables, sin embar­go, pues en su búsqueda por establecerse legalmente en Estados ­Unidos —intentó obtener ­asilo político—, Fuentes León contó con el apoyo y las ­gestiones del ­sena­dor esta­dounidense Lloyd Bentsen —uno de los principales negociadores del T ­ rata­do de Libre Comercio de América del Norte y futuro secretario del ­Tesoro— y de George W. Bush, hijo del entonces presidente estadounidense y que años después ocuparía ese mismo cargo.193 192 pgr, Informe de la investigación del homicidio… (Tomo I)…, pp. 283-287. 193 Proceso (1998), “Acusa al gobierno de Zedillo de ignorar la conexión Muñoz Rocha-Fuentes

León”, 26 de septiembre, México, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sobre esto y las presuntas gestiones de m ­ iembros de la ­familia Bush a favor de Fuentes León, también El Universal (1999), “Apoyaron los Bush a Enrique Fuentes León”, 9 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Además, Reynolds, J­ ulia y Eduardo Valle (1999), “The Price of a Favor”, El Andar Magazine (1999), disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]; y Reynolds, Julia (2000), “Los amigos de Bush”, El Andar Magazine (2000), disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. La amistad de George H. W. Bush con Raúl Salinas Lozano y Carlos Salinas de Gortari queda manifiesta en esta última nota. Aparentemente, la relación de amistad entre integrantes de ambas familias es extensa. De hecho, en 1995, Jorge C. Castañeda, entonces profesor de la unam, y futuro canciller en la siguiente administración, escribió en la prensa estadounidense sobre la rela­ción social entre Jeb Bush, hijo y hermano de los presidentes del mismo apellido, con Raúl Salinas de Gortari. Castañeda afirmaba que Jeb Bush y su esposa visitaron a Raúl Sali­nas de Gortari y su respectiva familia varias veces, en el rancho Las Mendocinas. Véase Castañeda, Jorge C. (1995), “Perspective on Mexico: Did Someone Say ‘I Told You So’?: As the Incompetence and Scandal in the Salinas Revolution is Revealed, the U.S. must not Make Things Even Worse”, Los Angeles Times, 7 de marzo, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2019]. Castañeda, hijo a su vez de otro ex canciller, ha tenido especial acceso para confiden­cias dentro de los círculos políticos mexicanos que le permitieron e­ ntrevistar a numerosos integrantes de la élite política de este país, como consta en su libro La ­herencia —donde obtuvo testimonios inéditos y directos de afinidades, lealtades y d ­ isputas en la selección presidencial de su respectivo sucesor, práctica usualmente ­negada—. Véase Castañeda, Jorge C. (1999), La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en Méxi­co, Extra-Alfaguara, México. Estos anteceden­tes y el prestigio del medio donde p ­ ublicó tal información abonan a la

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No obstante, los negocios dudosos y los personajes cuestionables en el entorno del clan Canavati venían de tiempo atrás, según se ha podido apreciar en estas páginas. Y la afluencia económica de la familia parecía provenir de algo más que la fabricación y comercialización de ropa. En 1995, la prensa mexicana dio a conocer la existencia de una d ­ enomina­da Operación Tecolote, a cargo del ingeniero Pedro Peregrino de la Fuente, director de Telecomunicaciones de la pgr. Según la nota, al menos desde 1992, la pgr había instalado centros de escuchas telefónicas en varias entidades de la República. En ese año, en Monterrey, el encargado del centro correspon­diente era Teodoro Rodríguez Villatoro. El centro estaba montado en el d ­ espacho 301 del edificio de la fábrica de camisas Manchester. Rodríguez Villa­toro escribió una comunicación a Víctor E. Canavati Fraige, representante de la empre­sa, para solicitarle una llave para que los agentes pudieran ingresar a las instalacio­nes las 24 horas del día, pues en días previos a la misiva uno de ellos había tenido que saltar la malla ciclónica que resguardaba el lugar y, al ser sorprendido por la policía local, había sido detenido temporalmente. Según exponía la nota, el propósito de la instalación de ese centro era rastrear a la organización de Juan García Ábrego.194 A la muerte de Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas de Colosio —la viuda falleció poco tiempo después que su esposo, aquejada por una enferme­ dad terminal—, Ricardo Canavati Tafich brindó apoyo económico a Hilda ­Elisa

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credibilidad de ésta. En 2015, la periodista Dolía Estévez solicitó a Kristy Campbell, la vocera de Jeb Bush —entonces en precampaña para obtener la candidatura republicana a la Presidencia de la República— comentar sobre la amistad entre éste y Raúl Salinas de Gortari. No recibió respuesta desmintiéndola. Véase Estévez, Dolía (2015), “Jeb Bush’s Mexican Connections”, Forbes, 7 de abril, d ­ isponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2019]. Sobre Lloyd ­Bentsen y su cercanía con Carlos Salinas y la negociación del Tratado de Libre Comercio, véase ­Salinas de Gortari, Carlos (2000), México, un paso difícil a la modernidad, 4ª ed., Plaza y Janés, México, pp. 130, 182-183. Proceso (1995), “En Monterrey ‘alambrean’ desde el Palacio de Gobierno hasta domicilios particulares. La ‘Operación Tecolote’: 120 centros de espionaje telefónico coordinados por la pgr”, 9 de enero, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018].

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Riojas, tía de los hijos del candidato, los cuales quedaron bajo su custodia legal.195 Según expuso un medio de comunicación, Canavati acogió a Luis Donaldo Colosio Riojas virtualmente como un hijo adoptivo.196 El 18 de julio de 2009, Luis Donaldo Colosio Riojas se unió en ­matrimonio con María de la Luz García Luna, hija de Eduardo Filiberto García ­Villalón, ex alcalde de San Fernando, Tamaulipas. Al enlace, celebrado en el Club I­ ndustrial de San Pedro Garza García, Nuevo León, asistieron diversos perso­najes ­cercanos al fallecido candidato presidencial priísta, en 1994. ­Entre ellos, ­Enrique ­Régules, empresario ligado a Raúl Salinas Lozano y Raúl S­ alinas de Gortari; Arturo ­Montiel, ex gobernador del Estado de México; Rogelio M ­ ontemayor, ex ­director de Pemex y ex gobernador de Coahuila; Alfonso Durazo, ex ­secretario particu­ lar de Luis Donaldo Colosio y del presidente ­Vicente Fox y mencionado por Andrés Manuel López Obrador, tras las elecciones presidenciales de 2018 en las que obtuvo la victoria, como su próximo secretario de Seguridad Públi­ca Federal, y Ricardo Canavati Tafich, cuyos hijos también ­estuvieron presentes en la ­cere­monia.197 Firmaron como testigos de la ceremonia B ­ altasar H ­ inojosa 195 La Jornada (1996), “Los hijos de Luis Donaldo, olvidados por los colosistas”, 19 de marzo,

196 197

México, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. También El Universal (2018), “Los amigos de Colosio que apoyaron a sus hijos tras su muerte”, 23 de enero, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sin Embargo (2011), “Los ‘Juniors’ se resbalan en la red”, 15 de julio, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. El Universal (2009), “La discreta boda de Luis Donaldo Colosio Riojas”, 20 de julio, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. También Sifuentes, Martín (2009), columna “En vivo”, en Reporteros en Red, 22 de julio, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sobre la mención de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública Federal por parte del candidato triunfador de los comicios de 2018, Andrés Manuel López Obrador, véase La Jornada (2018), “ssp tendrá sólo 3 subsecretarías: Durazo”, 14 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 8 de agosto de 2018]; también El Economista (2018), “Ya no habrá crimen uniformado en la Policía Federal, afirma Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo Secretario de Seguridad Pública, afirmó que en el próximo gobierno federal emprenderá una depuración de la Policía Federal”, 10 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 8 de agosto de 2018]. Alvarado, Martha Isabel (2009), columna “Libre expresión”, en Reporteros en Red, 19 de julio, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sobre la trayectoria de Baltasar Hinojosa, véase su sitio web: , disponible en línea, [consultada el 7 de marzo de 2018]. Representación del Estado de Tamaulipas en Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de agosto de 2016]. Luis Esteban y Eduardo Filiberto García Villalón son hijos de Luis E. García y Bertha Villalón, hermana de Lauro Villalón de la Garza. Como éste, Bertha fue hija de Filiberto Villalón y Celia de la Garza. La información sobre los hermanos García Villalón se puede consultar en el sitio web del Registro Civil de Tamaulipas, , [19/05/2014 03:01:33 p.m.]: Acta de nacimiento núm. 261, libro 2, Oficialía 1 de San Fernando, Tamaulipas, a nombre de Luis Esteban García Villalón, con fecha de registro del 10 de septiembre de 1945 y fecha de nacimiento del 4 de agosto de 1945. También, Acta de nacimiento núm. 99, libro 1, Oficialía 1 de San Fernando, Tamaulipas, a nombre de Eduardo F. García Villalón, con fecha de registro del 8 de mayo de 1947 y fecha de nacimiento del 12 de abril de 1947. La relativa a Bertha Villalón consta en el sitio web “Family Search”, correspondiente a información obtenida en el Censo Nacional de 1930, en San Fernando, Tamaulipas, que puede ser consultada en línea: .

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actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de cocaína que realizaba la organización criminal encabezada por Juan García Ábrego, sobrino de Juan N. Guerra.201 En los años siguientes, integrantes de la familia Canavati continuaron apareciendo en situaciones comprometidas. En junio de 2010, integrantes de la Marina detuvieron a Francisco Martínez Cárdenas, hijo del ex ­gobernador de Nuevo León Alfonso Martínez Domínguez. Martínez Cárdenas había f­ ungido como director de alcoholes en el municipio de Monterrey en 2003, y su d ­ etención obedeció a su participación como integrante de un grupo de ­choque que había articulado el entonces presidente municipal de San Pedro G ­ arza G ­ arcía, Mauricio Fernández Garza, descendiente de la familia Garza Sada, para confrontar a grupos de la delincuencia organizada dedicados al tráfico de drogas que habían irrumpido en el escenario estatal con ­inusitad­a violencia, según se verá más adelante. Con él fue detenido Sabás Canavati Dahuabe, integrante del mismo grupo y quien había colaborado con el hijo del ex ­gobernador en la oficina de alcoholes.202 En 2014, Daniel Canavati Dahuabe, habitante de San Pedro Garza García y hermano del antes mencionado Sabás, apareció asesinado por estrangulamiento y con huellas de tortura en el m ­ unici­pio ­metropolitano de Guadalupe, Nuevo León. Se encontraba en libertad bajo fianza por ­portación de arma de fuego. Ambos eran hijos de Sabás Canavati Fares y de Tania ­Dahuabe de Canavati.203 Sabás Canavati, hermano del occiso, fue a su vez asesinado con 14 balazos en un restaurante en San Pedro Garza García, la noche del 5 de abril de 2018.204 En Coahuila, el empresario Manuel Munib Bitar Canavati fue vinculado con un caso mundial de operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal ­realizadas por una firma de abogados —Mossack Fonseca— desde Panamá, ­conocido 201 U. S. A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SS, Doc. 443 Appendix A: 29-30. 202 La Jornada (2010), “Marinos detienen y trasladan al DF a hijo de ex gobernador de Nuevo 203 204

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León”, 28 de junio, México, D. F., p. 14. El Norte (2014), “Revelan que ahorcado está bajo fianza”, 30 de diciembre, Monterrey, versión electrónica. También El Norte (2015), “Dicen adiós a Daniel”, 1º de enero, Monterrey, versión electrónica. sdp Noticias (2018), “Video: Ejecutan a quemarropa a empresario en San Pedro Garza ­García”, 6 de abril, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 6 de abril de 2018].

como los Panamá Papers o Paradise Papers. Junto con José Muller Iduñate, ­ itar Canavati había incorporado, con el apoyo de esta firma, una sociedad B de apuestas en línea en Malta: Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014. También operaban Playdoit Online Casino, una empresa de juego en línea, basada en Coahuila, donde los centros de apuesta de esta naturaleza están prohibidos. En esa compañía participaba también su pariente, Jorge Salo­món Bitar Iduñate.205 Este último era descendiente del general ­Manuel Reyes Iduñate, ex integrante del Estado Mayor del general revolucionario Emilio Made­ro, y próximo también a la familia de Pedro Canavati a finales de la década de 1940, época en la que Reyes Iduñate figuraba como comandante de la VI Zona Militar con sede en ese estado.206 En Coahuila, la familia Tafich, ligada a los Canavati, según se ha visto, tuvo sus propias historias de interés. Jesús Manuel Bitar Tafich —en otras notas aparece como Manuel de Jesús Bitar Tafich—, empresario hotelero, fue procesado por cargos de lavado de dinero de la organización de Amado Carrillo Fuentes, a finales de la década de 1990.207 En Nuevo León, las relaciones de la familia Canavati con la estructura de poder local continuaron siendo cercanas. Por ejemplo, el vocero de seguridad de la administración del gobernador Rodrigo Medina y ex excretario ejecutivo 205 Vanguardia (2017), “Involucran a coahuilenses en ‘Paradise Papers’, Investigación señala a

dos empresarios originarios del estado y uno más cuya familia está ligada a ahmsa”, 6 de noviembre, Saltillo, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. 206 El Siglo de Torreón (2012), “X Encuentro de cronistas”, 11 de noviembre, Torreón, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Como se recordará, el general Reyes Iduñate figuró entre los asistentes a la inauguración del Edificio Juan Canavati, en 1947, según se expuso más arriba. Proceso (1997), “Bitar Tafich niega los cargos en su contra y dice que, según Amado Carrillo, hizo 207 una proposición al gobierno para retirarse del narco”, 21 de septiembre, México, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]; The Brownsville Herald (1998), “Security Firm Allegedly has ties to Traffickers”, 13 de noviembre, Brownsville, Texas, p. A22; El Norte (2001), “De comandante a ‘embajador’ del narcotráfico”, 25 de marzo de 2001, Monterrey, versión electrónica. Proceso (2005), “Amado Carrillo me veía como un padre”, 19 de junio, México, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018].

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del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, Jorge Domene Zambrano, estaba casado con Claudia Canavati. Jorge Domene Zambrano, emparentado a su vez con el capitán Alfonso Domene, funcionario aduanal que apoyaba el contrabando desde Monterrey, de quien se habló en el capítulo anterior, y con José Juan Domene, funcionario ligado a finales de la década de 1960 a Emilio Martínez Manautou. El referido Domene Zambrano fue vinculado a proceso judicial por peculado y ejercicio indebido de funciones, en junio de 2017.208 En suma, en este apartado se aprecia nuevamente, la vinculación entre actores políticos responsabilizados de regular el comercio y combatir el contrabando en relación directa con industriales manufactureros que ­comerciali­za­ban sus propios productos, unos y otros vinculados con contrabandistas y traficantes de drogas. Más aún, se promovieron las carreras políticas de personajes pertenecientes a las familias involucradas en estos ilícitos, al paso del tiempo y de la mano de los mismos personajes que, en su momento, ­debieron reprimir las actividades ilegales en las que aquellas tenían participación. Se cumplen así dos criterios necesarios para considerar la existencia de una red de poder vinculada a actividades ilícitas: 1) documentación, oficial o no, que muestre la existencia de una red social integrada (que los integran­tes tengan relación directa entre sí o una distancia no intermediada por más de un actor) por actores preeminentes de los tres ámbitos considerados (­político-institucional, empresarial y delictivo); y 2) documentos históricos, oficiales o no, que den testimonio de vínculos sociales cercanos, sostenidos entre actores institucionales, empresariales e ilegales (parentesco, ­relaciones sociales, profesionales, comerciales). Pero también, de evidencia suficiente de acumulación institucionalizada de capital ilícito: sociedad empresarial entre actores vinculados con actividades ilícitas y empresarios de alto nivel; ­propiedad directa o indirecta 208 Milenio (2017), “Queda Jorge Domene vinculado a proceso. El ex vocero de seguridad de Rodrigo Medina enfrenta un procedimiento judicial por peculado y ejercicio indebido de funciones; seguirá el proceso en libertad”, 13 de junio, D. F., México, disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018]. Sobre su rela­ ción con Claudia Canavati, véase Look El Horizonte (2016), “Boda de ­Cristy y Bernardo”, s.f., disponible en línea: , [consultada el 7 de marzo de 2018].

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de empresas de alta importancia por parte de actores vinculados a actividades ilícitas, y vinculación recurrente de la infraestruc­tura de empresas de alta importancia en la comisión de actividades ilícitas. Se puede considerar también que existió en este caso evidencia necesaria de la existencia de impunidad institucionalizada: amplia perduración temporal de redes delictivas específicas. Pero también se cumple un indicador de evidencia suficiente: circuitos regulatorios que no penalizan —o lo hacen con benevolen­cia desproporcionada— irregularidades flagrantes de actores específicos identificados con la red de poder hegemónica. Todo ello con el atisbo adicional de posibles alianzas trasnacionales entre redes de poder que cuentan con intereses que trascienden las fronteras formales de las soberanías nacionales y que, según la evidencia, parecen conectadas con personajes claramente ligados a actividades ilícitas.

Servicios de transporte Un factor fundamental para la comisión de tráficos ilícitos es la existencia de medios de transporte eficientes. No resulta entonces sorprendente que varios de los actores mencionados a lo largo de estas páginas hayan tenido participación o propiedad en compañías de transporte de pasajeros o de carga. Se han mencionado ya algunos casos aislados: el general Anacleto Guerrero y su línea de autobuses que operaba entre Monterrey y Reynosa; la empresa de ­transporte de carga del descendiente de la familia Madero, Evaristo Armando Madero Marcos. Pero uno de los ejemplos más significativos del uso de infraestructura de transporte de alto nivel, de empresas legalmente constituidas, para el de­sarrollo de tráficos ilícitos (contrabando e incluso tráfico de drogas), lo proporcio­nan de nueva cuenta compañías ligadas a la familia Sáenz. En 1946, la Compañía Mexicana de Aviación nombró a uno de sus principales accionistas, Aarón Sáenz Garza, como su presidente.209 Hacia abril de 1958, Aarón Sáenz Garza figuraba aún como presidente del Consejo de Administración de la empresa.210 No fue sino hasta junio de 1962 que Sáenz fue sustituido, tras 16 años de ocupar tal posición, por el coronel Pedro A. Chapa, residente de 209 El Siglo de Torreón (1946), columna “Microscopio”, 26 de febrero, Torreón, p. 4. 210 Diario Oficial de la Federación (1958), Aviso de la Compañía Mexicana de Aviación, S. A., 23 de abril, México, D. F., p. 22.

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Matamoros, Tamaulipas y de Brownsville, Texas, y hasta entonces vicepresidente.211 Aarón Sáenz era cofundador y accionista de la empresa, también lo fue de otra competidora, Aeronaves de México, conocida como Aeroméxico, sin embargo, fue en la primera donde mantuvo intereses por mayor tiempo. ­Sáenz se contó entre los socios que lograron que la C ­ ompañía Mexicana de Aviación fuera nacionalizada.212 Un grupo de empresarios —entre ellos el general A ­ belar­do Rodríguez—, encabezados por Sáenz, adquirieron el 45% de la aerolínea —hasta entonces propiedad de Pan American Airways— en ­d iciembre de 1944; en febrero de 1946, los accionistas m ­ exicanos poseían el 55% de la compañía.213 A través de su empresa afianzadora, Fianzas Atlas, Sáenz participó direc­tamente en la expansión de la red aeroportuaria de ­México, al ­proporcionar garantías financieras a los proyectos de c­ onstrucción o r­ econversión de 34 aero­puertos en el país. Con el establecimiento del ­aeropuerto en Balbuena, en la Ciudad de México, inauguró, entre sus primeras rutas, la de México-Tampico-Monterrey. Los vuelos de Mexicana, como se conocía comúnmente a la Compañía Mexicana de Aviación, se extendieron pronto a Brownsville, Los Ángeles, Guatemala, San Salvador y San José, en sus destinos internacionales; así como Veracruz, Minatitlán, Ixtepec, Tapachula, Monterrey, Villahermosa, Tampico y Tuxpan, entre otros puntos nacionales.214 Aun sin ejercer la presidencia del Consejo de Administración de la C ­ ompañía Mexicana de Aviación, Sáenz se mantuvo como uno de sus miembros y copropie­tario de la aerolínea. De hecho, a comienzos de la década de 1970 integró a su yerno, Julio Hirschfeld Almada, como integrante de ese mismo organismo rector de la empresa.215 De nueva cuenta, en la conducción de esta empresa, Sáenz solía solicitar favores a sus contactos políticos para obtener ventajas sobre sus competidores. Por ejemplo, en septiembre de 1960, en su calidad de presidente del Consejo 211 El Heraldo de Brownsville (1962), “Nuevo presidente de la cma es el Sr. P. A. Chapa”, 6 de junio, 212 213 214 215 322

Brownsville, Texas, p. 1. Salmerón, Aarón Sáenz…, pp. 220 y 266. Ruiz Romero, Manuel (2006), Mexicana. La primera siempre será la primera, Clío, México, pp. 128 y 152. García Gómez, María José y Alejandro Mayagoitia (2014), Fianzas Atlas, cuando la confianza hace historia (1936-2011), Fianzas Atlas, México, pp. 30-31, 40 y 117. Salmerón, Aarón Sáenz…, p. 274.

de Administración de la Compañía Mexicana de Aviación, Sáenz escribió una comu­nicación al presidente Adolfo López Mateos, solicitándole su intervención para que no se permitiera a su competidora, Aeronaves de México, operar la ruta México-Monterrey-San Antonio, Texas, que por tres años había mantenido de manera exclusiva la empresa de Sáenz.216 Se ignora cuál fue la determinación final al respecto, pero el 6 de abril de 1972, a bordo de un avión comercial procedente de San Antonio, Texas, fueron encontradas tres toneladas de ropa, televisores y otros aparatos electrodomés­ ticos de contrabando, que no evidenciaban consignatario alguno.217 El avión pertenecía a la Compañía Mexicana de Aviación. El subsecretario de Investi­ga­ ciones y Ejecuciones Fiscales, Enrique Cárdenas González —de quien se habló ampliamente en el capítulo anterior— señaló que los responsables del contrabando eran los tripulantes de la aeronave —pilotos y sobrecargos—.218 El contrabando venía oculto en compartimentos sellados, lo que contradijo versiones del jefe de Resguardo Aduanal del Aeropuerto, Tiberio de la Garza, quien en días previos había concedido una entrevista a los medios de comuni­ ca­ción y mencionaba que los responsables del contrabando que tenía lugar en el aeropuerto eran los pilotos, azafatas y mecánicos, quienes, según afirmó, introducían los aparatos electrodomésticos y bienes de consumo en el fuselaje del avión, para sustraerlo una vez que aterrizaba y descendían los pasajeros. Afirmó también que al aeropuerto capitalino llegaba todos los días un ­promedio de 350 integrantes de diversas aerolíneas, y que cada uno de ellos transportaba un televisor, una cámara fotográfica o un par de botellas de whisky.219

216 Aunque no se conserva el telegrama original remitido por Sáenz, sí figuran los extractos

217 218 219

de información de respuesta y reenvío que suscribió, como contestación al mismo, la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, donde se sintetiza la petición. Véase Donato Miranda Fonseca, secretario particular del presidente de la República, a Walter C. Buchanan, secretario de Comunicaciones y Transportes, México, D. F., 2 de septiembre de 1960, agn, alm, expediente 511.6/10. El Sol de México (1972), “Nadie sabe nada de un contrabando de 3 toneladas que llegó de Texas”, 7 de abril, México, p. 8. Excélsior (1972), “En compartimentos sellados, no en el fuselaje del jet, traen contrabando”, 6 de abril, México, pp. 4 y 18. El Sol de México (1972), “Descubren en el Aeropuerto nueva forma de contrabando”, 31 de marzo, México, p. 8.

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Nunca quedó clara la composición específica del contrabando hallado. El subsecretario Cárdenas señaló que en el último mes se habían incautado bienes introducidos por el personal de las aerolíneas con valor a 1 500 000 pesos y evadió responder con precisión el señalamiento que le realizaron los reporteros en el sentido que ese tipo de contrabando solía consistir en pequeños ­a rtículos de poca importancia.220 Cárdenas minimizó el cargamento —que según él m ­ ismo oscilaba entre tres y cuatro toneladas— y señaló que su valor no exce­día a 1 000 000 de pesos. Incurrió en contradicciones manifiestas al referirse a las investigaciones para descubrir quiénes habían sido los responsables de intro­ducir la mercancía —a pesar de haber explícitamente inculpado antes a la tripu­lación—, pero manifestó su seguridad de que en pocas horas caerían algunos contrabandistas.221 Por su parte, funcionarios de la Compañía Mexicana de Aviación y del Departamento de Carga y Operaciones del aeropuerto, de los que la nota de ­prensa no proporcionó identidad, estuvieron en los almacenes de la aduana de la termi­nal capitalina, pero manifestaron desconocer quién era el c­ onsignatario de la mercancía y quién la colocó a bordo, lo que, según observó el redactor de la nota, era una “[…] versión que se consideró ingenua y de mal gusto”.222 En efecto, las explicaciones proporcionadas por las autoridades aduaneras y el personal de la aerolínea eran poco convincentes: ¿cómo podría ­introducir la tripulación y ocultar dentro de la nave un cargamento de tal ­d imensión, que integraba además voluminosos artefactos electrodomésticos, como los ­televiso­res de la época? Una operación semejante requería no sólo de contra­ bandistas en su sentido tradicional, sino del contubernio del personal de aduanas del aeropuerto, así como de aquellos encargados de transportar carga dentro del mismo, es decir, del propio personal operativo de las terminales y aerolíneas involucradas. En 1972, año en que tuvieron lugar estos hechos, la dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa), la entidad paraestatal encargada de supervisar todas las operaciones logísticas de los aeropuertos del país estaba bajo el mando de Julio Hirschfeld Almada, quien había sido 220 Excélsior (1972), “En compartimentos sellados…”, p. 18. 221 El Nacional (1972), “No pasa del millón de pesos el contrabando descubierto en el aeropuer222 324

to: Cárdenas González”, 7 de abril, p. 8. Idem.

designado titular de esa institución en 1970, por el presidente Luis Echeverría. Como se recordará, Hirschfeld era yerno de Aarón Sáenz Garza e integrante, junto con él, del Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Aviación.223 Y como se vio en el capítulo anterior, en la administración de la aduana de la Ciudad de México, por designación del subsecretario Cárdenas González, se desempeñaba su amigo, Feliciano Guerra, de Nuevo Laredo, Tamaulipas y, en el Resguardo Aduanal correspondiente a la misma capital del país, Felipe García Segovia, de Matamoros, Tamaulipas, amigo de contrabandistas, entre ellos, Juan N. Guerra.224 Entre 1966 y 1976, el cuñado de Aarón Sáenz Garza, Lauro Villalón de la Garza, tamaulipeco con base de influencia en San Fernando y a quien la dfs consideraba parte de la misma camarilla de personajes entre las que figuraba Juan N. Guerra y su hermano, también fungió como miembro del Conse­jo de Administración de la Compañía Mexicana de Aviación.225 En los años siguientes, las estrategias de nacionalización y posterior repriva­ tización de diversas empresas, adoptadas por el gobierno federal, a­ fecta­ron a varias de las firmas de las que los familiares de Sáenz eran ­propietarios o copropie­tarios originales. Tal fue el caso de la Compañía Mexicana de ­Aviación. No obstante, como ocurrió con el caso de sus intereses azucareros, los procesos de reprivatización no fueron por completo ajenos a la voluntad de los ­Sáenz. Mientras que en el caso de la industria azucarera recuperaron la propiedad de la corporación, en el caso de la Compañía Mexicana de Aviación mantuvieron una alianza con sus nuevos dueños formales, a quienes asesoraron en la adquisición de la empresa. De acuerdo con la versión expresada por Gerardo de Prevoisin —empresario que adquirió del gobierno la Compañía Mexicana de Aviación, en su repri­vatización—, su participación en el transporte civil aéreo se derivó de una invitación de Aarón Sáenz Couret, hijo de Aarón Sáenz Garza, quien ­había sido miembro del Consejo de Administración de la compañía e invitaba

223 Julio Hirschfeld Almada fungió como titular de asa de diciembre de 1970 a junio de 1973.

224 225

Véase el directorio histórico de la empresa, disponible en línea: , [consultada el 5 de diciembre de 2016]. Sobre el nombramiento de Hirschfeld en asa y en el Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Aviación, véase Salmerón, Aarón Sáenz…, p. 274. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, idem, foja 19. Ruiz Romero, Mexicana… 218, 225 y 236.

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a De Prevoisin a participar en la puja por la empresa, en la década de 1990.226 En 1989, Aarón Sáenz Couret formaba parte del Consejo de Administración de la aerolínea.227 Años después, el propio De Prevoisin fue consignado y recluido en prisión por los cargos de administración fraudulenta de esa compañía.228 La Compañía Mexicana de Aviación —ahora denominada Corporación Mexicana de Aviación— fue sujeta a rescate gubernamental a mediados de 1996, en el esque­ma del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), reconfigu­rado posteriormente en Instituto Bancario de Protección al Ahorro (ipab), d ­ urante la administración del presidente Ernesto Zedillo.229 Más allá de la administración fraudulenta posterior a su reprivatización, la Compañía Mexicana de Aviación continuó relacionada frecuentemente con los tráficos ilícitos. En particular, con el tráfico de drogas de alta escala. En abril de 1990, en uno de sus aviones, se halló una tonelada de mariguana.230 Hacia 2007, la prensa mexicana publicó información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la pgr, que señalaba que entre 2000 y 2007 se detectó un total de 46 cargamentos de droga en aviones comerciales, 23 de ellos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Incluso se tenían ubicadas algunas aerolíneas y vuelos de especial atención. Por ejemplo, entre 2004 y 2007, se aseguraron de manera reiterada al menos cinco cargamentos de cocaína en el vuelo 374 de Mexicana 226 Revista Fortuna (2004), “Entretelones de la aviación mexicana”, marzo, disponible en línea: 227 228

229 230

, [consultada el 5 de diciembre de 2016]. Ruiz Romero, Mexicana…, p. 244. El Universal (2002), “Dictan sentencia a Gerardo de Prevoisin. Dan a ex presidente de Aeroméxico cinco años seis meses de cárcel por administración fraudulenta; debe reparar el daño ocasionado, estimado en 196 millones de pesos”, 4 de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 9 de marzo de 2018]. De Prevoisin llegó a tener la propiedad tanto de Aerovías de México (Aeroméxico), como de la Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana de Aviación), pero según la indagación, sus decisiones administrativas estaban diseñadas para favorecer a la primera. La Jornada (1998), “El ex zar de la aviación, de los que dijeron haber donado fondos al pri”, 6 de agosto, México, disponible en línea:, [consultada el 9 de marzo de 2018]. Ruiz Romero, Mexicana…, p. 244. El Siglo de Torreón (1990), “Incautaron más de una tonelada de mariguana”, 8 de abril, pp. 1 y 3G.

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de Aviación, procedente de Venezuela.231 Tan sólo en febrero de 2007, en ese vuelo arribaron al aeropuerto de la capital del país 25 maletas que en conjunto transportaban aproximadamente una tonelada de cocaína.232 En octubre de 2006, 300 paquetes de cocaína, también en el mismo vuelo de esa aerolínea.233 En 2004, 90 kg de cocaína; y en diciembre de 2003, 407 kg de cocaína y heroína —en la nota no se precisaron las cantidades de una u otra droga—. En ambos casos, en el mismo vuelo y aerolínea.234 El uso reiterado de la infraestructura de la aerolínea para introducir carga­ mentos masivos de cocaína satisface el criterio de evidencia suficiente propues­to en el primer capítulo de este trabajo (vinculación recurrente de la infraestructura de empresas de alta importancia en la comisión de actividades ilícitas). Cantidades de droga semejantes no eran, evidentemente, actividades de aficionados o mulas. La tonelada de cocaína incautada en febrero de 2007, en las maletas encontradas en el vuelo de Mexicana de Aviación, era propiedad de Reynaldo Zambada García (a) el Rey Zambada, sinaloense hermano de Ismael Zambada García (a) el Mayo.235 En noviembre de 2005, la aerolínea se adjudicó, a través del ipab, a un precio menor al de su valor comercial, al entonces presidente del Grupo Posadas, Gastón Azcárraga Andrade. A saber, ya sin la presencia de integrantes de la familia Sáenz entre los inversionistas.236 Gastón Azcárraga Andrade era hijo del 231 El Universal (2007), “Aumenta el uso de aeropuertos para el tráfico de drogas: pgr”, 2 de 232 233

234 235 236

mayo, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de marzo de 2018]. El Universal (2007), “Decomisan 500 kilos de cocaína en el aeropuerto”, 17 de diciembre, ­México, disponible en línea: , [consultada el 12 de marzo de 2018]. En esta nota, se expuso que, entre 2004 y 2007, habían tenido lugar siete incautaciones de grandes cargamentos de droga en ese vuelo de la Compañía Mexicana de Aviación. El Universal (2007), “Las aerolíneas predilectas del narco”, 22 de diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de marzo de 2018]. El Universal (2007), “Aseguran casi 1 ton de cocaína en el aicm”, 7 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 12 de marzo de 2018]. El Norte (2008), “Ligan a ‘El Rey’ a tráfico en aicm”, 22 de octubre, Monterrey, p. 6, sección Nacional. Ruiz Romero, Mexicana…, p. 285. Tras la adquisición, el Consejo de Administración del ­Grupo Mexicana estuvo integrado por Ricardo Maldonado, Christian Checa, Sergio Monte­ro Querejeta, Emilio Romano, Gastón Azcárraga Andrade, Enrique Castillo Sánchez-Mejorada,

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fundador del Grupo Posadas, Gastón Azcárraga Tamayo y nieto del e­ mpresario Gastón Azcárraga Vidaurreta. El patrimonio de este último, junto con el de su hermano, Emilio Azcárraga Vidaurreta, comenzó a labrarse por el padre de ­ambos, Mariano Azcárraga López de Rivera, funcionario aduanal en el ­nores­te del país a comienzos del siglo xx y administrador de la aduana de ­Nogales, ­Nuevo Laredo y Veracruz.237 Su descendiente, Gastón Azcárraga Andrade, fue nombrado presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Nego­cios, en mayo de 2005.238 Graduado en la Universidad de Harvard, Gastón Azcárraga Andra­de formaba parte de los 100 hombres más ricos de México; la Promotora Mexicana de Hoteles, fundada en 1967 por su padre, transformada después en Grupo Posadas, era uno de los principales consorcios hoteleros del país, que incluía a Fiesta Americana y Fiesta Inn. En 2014, la pgr giró orden de a­ prehensión en su contra por el cargo de operaciones con recursos de ­proceden­cia ilícita, el tipo penal que la legislación mexicana utiliza para designar el lavado de ­dinero. Azcá­rraga había sustraído indebidamente capital de Mexicana de Aviación para adquirir acciones del Grupo Posadas.239 Bajo la directriz de Azcárraga, la aerolínea fue de nuevo a la quiebra. El empresario, por su parte, había incorporado en Las Bahamas —un paraíso ­fiscal y para el lavado de dinero— la empresa Sunwild Limited. También en esas ­islas cari­beñas abrieron su propia compañía fachada otros miembros del Grupo P ­ osadas, como Manuel Borja Chico, Luis Barrios Sánchez y Gabriel Elías

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Álvaro Fernández Garza, Ricardo Amtmann Aguilar, José Carlos Azcárraga A ­ ndrade, Braulio Arsuaga Losada, Ángel Losada Moreno, Manuel Borja Chico y Fernando Loera Aguilar. Idem, p. 286. Olivares Arriaga, María del Carmen (2002), Emilio Azcárraga Vidaurreta. Bosquejo biográfico, uat-iih, Tamaulipas, pp. 48-50. Emilio Azcárraga Vidaurreta, hermano de Gastón Azcárra­ ga Vidaurreta, se casó con Laura Milmo, hija del antiguo empresario irlandés afincado en Monterrey, Patricio Milmo. La Jornada (2005), “Gastón Azcárraga Andrade, nuevo presidente del cmhn”, 21 de mayo, disponible en línea: , [consultada el 13 de marzo de 2018]. Reforma (2014), “Millonario fugitivo”, 21 de febrero, disponible en línea: , (consultada el 13 de marzo de 2018, acceso de paga]. También Milenio (2014), “¿Quién es Gastón Azcárraga?”, 20 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 13 de marzo de 2018].

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Guzmán, quienes fundaron la sociedad South American Investment, Ltd. el 25 de junio de 1998.240 Mayores investigaciones sobre tráficos ilícitos efectuados con la infraestructura de la aerolínea no fueron realizadas. Por lo menos, no existe r­ egistro público de ellas en los medios de comunicación. No obstante, los diversos inte­grantes de la red familiar Azcárraga no aparecían siempre ajenos a la participa­ción en dichos negocios. El 26 de agosto de 1971, oficiales de la aduana de Estados U ­ nidos detuvieron un automóvil en el puente internacional en Laredo, Texas. Su conductor, Luis Alberto Azcárraga Milmo, transportaba 24 libras de heroína. Azcárra­ga Milmo estaba conectado con una banda de ­traficantes que operaba desde San Antonio, Texas, identificada como Los Dons y encabezada por Jesús Carrasco Santoy, a quienes les llevaba la mercancía.241 ­Aparentemente, Azcárraga Milmo se fugó de la prisión federal de Laredo a los pocos meses de encontrarse recluido en ella. Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta para su búsqueda en México, según señaló la prensa de la capital mexicana, que se apresuró a decir que el personaje portaba un pasaporte falsificado.242 No obstante, en el seguimiento que la prensa e­ stadounidense dio al caso no consta en ningún momento que las autoridades de Estados ­Unidos pusieran en duda su identidad. Por su parte, la familia Sáenz no figuraba ya en los espacios principales de la aeronáutica comercial masiva, pero mantuvo una compañía de aerotransporte denominada Aviones, S. A. de C. V. Desde 1994, su director general era Antonio Federico Mariscal Sáenz, quien también ha fungido como miembro del Consejo de Administración de Fianzas Atlas, la compañía de seguros fundada por Aarón Sáenz y conservada por sus descendientes.243

240 Proceso (2016), “La élite mexicana se oculta en el país caribeño”, 21 de septiembre, disponible 241

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en línea: , [consultada el 13 de marzo de 2018]. Moore, John y Reed Holland (1973), “The Laredo-San Antonio Heroin Wars”, Texas Monthly. Drugs and Death in South Texas: the Spread of Mob War from Laredo to San Antonio, agosto, ­volume 1, t. 7, p. 47. También se puede consultar la versión en línea: , [consultada el 13 de marzo de 2018]. El Universal Gráfico (1971), “Buscan aquí al narcotraficante Luis Alberto Azcárraga, huido de Laredo”, 14 de diciembre, México, p. 4. Así consta en un documento de Fianzas Atlas titulado “Notas de revelación de información adicional a los estados financieros”, correspondiente a 2012, disponible en línea: , [consultado el 13 de marzo de 2018]. También figura como Antonio Mariscal Sáenz en García y Mayagoitia, Fianzas Atlas…, p. 141. Agradezco a la periodista Anabel Hernández haberme compartido el documento registral donde aparece la información que se refiere. En su investigación periodística documentó en detalle el caso de la empresa Aviones, S. A. de C. V. y las evidencias que la ligaban con operaciones de tráfico de drogas de la familia Zambada García. Véase Hernández, Anabel (2010), Los señores del narco, Grijalbo, México, pp. 539-547. Véase Departamento del ­Distrito Federal, Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el D. F., folio mercantil núm. 0077601, sección Comercio, vol. 253, t. [ilegible], fojas 32, Asiento 19. Usualmente, para la localización del documento en el referido Registro basta localizar el folio mercantil. Idem. Ibidem.

de ­aeronaves, adquirir y enajenar por cualquier título, toda clase de aviones y aeronaves n ­ uevos y usados, refacciones, materiales, accesorios y otros […]”.247 Posteriormente, el 1º de diciembre de 1995, por escritura 12986 firmada ante el notario 162 del D. F., Enrique A. Muñoz Barradas, la empresa ­Aviones, S. A. de C. V., representada por Aarón Sáenz Couret, designó apoderados a Anto­nio Mariscal Sáenz y a Ángel David Rosero Martínez, a quienes les transfirió poder para actos de administración, pleitos y cobranzas. El 28 de junio de 1999, según consta en la escritura 17154 firmada ante el mismo notario público, Antonio Federico Mariscal Sáenz, en representación de la compañía, p ­ rotocoli­zó el acta de su asamblea realizada el 10 de julio de 1998, donde fueron nombrados los miembros de su Consejo de Administración: presidente, Antonio Maris­cal Abascal; secretario, Antonio Mariscal Sáenz; Hortensia Romero Mariscal y Á ­ lvaro Mariscal como integrantes y Juan Carlos Sabines Zoydo como comisa­rio. Finalmente, el 8 de agosto de 2007, en la escritura 24658, con fecha del 16 de julio de 2007, registrada ante el notario foráneo 113, José Ortiz Girón de Nezahualcóyotl, Estado de México, Antonio Federico Mariscal Sáenz, como delegado de la asamblea de accionistas de Aviones, S .A. de C. V. protocolizó el acta de su asamblea ge­ neral extraordinaria del 29 de junio de 2007. En ella, se nombró presidente de los órganos administrativos de la compañía al propio Antonio Federico Mariscal Sáenz; secretario, a Alejandro Federico Mariscal Romero; vocales, a Hortensia Romero de Mariscal y a Álvaro Mariscal Sáenz.248 Se trata, pues, de la constitución de una empresa habilitada para adquirir y refaccionar aeronaves de todo tipo, nuevas y usadas, fundada por los hijos de Aarón Sáenz y mantenida, durante las décadas siguientes, bajo el dominio de sus descendientes, en conexión con la afianzadora Fianzas Atlas, propiedad también de la misma familia. Todo esto viene a cuenta y resulta relevante, porque en abril de 2008, el perió­d ico Reforma publicó información donde se mencionaba de nueva cuenta el uso de la organización de Reynaldo Zambada García (a) el Rey Zambada, de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la descarga de cocaína procedente de Sudamérica y de precursores químicos provenientes de Europa y Asia. El mismo traficante sinaloense de ­drogas, 247 Idem. 248 Idem. 331

herma­no de Ismael Zambada García (a) el Mayo, que aparecía relacionado en los frecuen­tes aseguramientos de cargamentos masivos de cocaína, en los ­aviones de la Compañía Mexicana de Aviación procedentes de Venezuela, a los que antes se hizo referencia. Sin embargo, según consta en la Averiguación Previa PGR/­SIEDO/UEIDCS/132/2008 citada en esa nota de prensa, en este caso, estas o ­ peraciones adicionales se realizaban en los hangares de la empresa Aviones, S. A. de C. V., propiedad de los descendientes del general Aarón Sáenz Garza.249 En la fecha en que apareció la nota de prensa, la pgr confirmó que se investiga­ban las operaciones realizadas en el hangar de esa empresa, a donde en marzo de 2008, vehículos oficiales habían escoltado un cargamento de 600 kg de efedrina procedente de Holanda, en el vuelo KL685, de la aerolínea KLM. Sin embargo, estableció que aún no lograba confirmar que el hangar fuera propiedad de Ismael Zambada García o de alguno de sus familiares o prestanombres. La pgr insistió en que no había elementos contundentes que confirma­ ran que se ­había utilizado un hangar del aeropuerto con estos propósitos. No obstante, un perita­je realizado por integrantes de la propia Procura­duría, el 5 de diciembre de 2008 — dos días posteriores a la aparición de la nota de prensa— confirmó la presencia de restos de cocaína en un avión con matrícula ­X A-UIJ, posicionada en la plataforma de la empresa Aviones, S. A. de C. V.250 En la indagatoria reali­zada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuen­cia Organizada de la pgr, quedaron confirmadas las mismas relaciones de p ­ ropie­dad de esa compañía, basadas en el folio mercantil 77601. La investigación de la ­Procuraduría condujo al aseguramiento provisional de múltiples bienes ligados con las operaciones de la red criminal de la familia Zambada García, princi­palmente bienes muebles electrodomésticos, varios vehículos terres­tres de carga, e incluso un par de embarcaciones de doble motor fuera de borda. No obstante, ninguna aeronave o inmueble propiedad de Aviones, S. A. de C. V. o arrendada por la compañía figura entre los bienes enlistados.251 Tampoco ninguno de sus accionistas o ejecutivos fue sujeto a proceso penal. 249 Reforma (2008), “Descargaba droga ‘El Rey’ en aicm”, 3 de diciembre, p. 1. 250 Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/404/2008. La información fue compartida con 251

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el autor por una fuente de prensa que solicitó mantenerse anónima. Diario Oficial (2011), Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, Edicto, 26 de diciembre, segunda sección, México, D. F., pp. 107-109.

Banca y servicios financieros Varios de los personajes a los que se ha hecho referencia en páginas anteriores tuvieron participación directa en actividades bancarias y financieras, sea como fundadores, socios, asociados locales; o tras el proceso de nacionalización y reprivatización que tuvo lugar en la década de 1980 y principios de la siguiente, como adquirientes. La participación directa de algunos de estos personajes en los tráficos ilícitos, o su asociación con otros tantos que los llevaban a cabo, permite conside­rar que, en casos determinados, la colocación de recursos provenientes de actividades ilegales en los circuitos financieros alcanzó proporciones v­ irtualmen­te fundacionales, donde los capitales lícito e ilícito confluyeron para crear institucio­nes del ramo. Tal escenario implica condiciones de mayor profundidad que las descritas generalmente para la etapa final del lavado de dinero: en este caso, la institución bancaria no sólo se utiliza para la integración final del recurso, sino que en sí misma constituye una opción para su colocación e integración directa, y apoya además a nuevas inversiones que no constituyen solamente un proceso de estratificación, sino un paso adicional para establecer su hegemonía económica en los sectores donde tuvieron interés. Al paso del tiempo, varias de las instituciones financieras que se fundaron de esta manera, o recibieron de manera temprana capitales de origen dudoso, mantuvieron una participación significativa en actividades de lavado de dinero, como se verá más adelante. En el primer caso, en la fundación de una institución bancaria como ­socio de capital, se parte de la premisa de que la participación de un individuo clara­mente relacionado de manera sostenida con la comisión de actividades d ­ elictivas, o con su protección con fines de obtener una renta económica, es sufi­ciente para considerar que fue fundada en parte con recursos ilegales. Debe recordarse que, en el proceso de lavado de dinero, la fuente ilícita de origen de un capital lo mantiene en tal calidad, sin importar cuántas veces ha sido reconver­tido en dis­tintas inversiones. Si un personaje involucrado en una actividad ilegal obtiene un recur­ so con el que después funda una compañía formalmente legítima y después con ello adquiere una tercera, la cadena del lavado de dinero se mantiene, a ­pesar de que la segunda de ellas pudiera parecer la fuente de la riqueza con la que se adquiere la tercera, pues el capital original fue en parte o totalmente ilícito. 333

Como se ha mencionado en este trabajo, la disección de proporciones es t­ rabajo de contadores con acceso a los libros de contabilidad efectiva — que no necesariamente coincide con la formal— de empresas y personajes ­semejantes. En la medida en que tal fuente de información y tal trabajo de indagación reba­san los propósitos de esta investigación, el hecho básico a considerar es la ­imposibilidad fáctica de que, por ejemplo, personajes que devengaban un s­ alario fijo derivado de su función pública, por alto que ese sueldo fuera, ­tuvieran como resultado de ello, condi­ciones de acumulación suficientes para ­f undar o adquirir compañías de tal propor­ción. En el derecho civil, la extinción de domi­nio parte precisamente de la premisa de que, más allá de la indagación de las diversas operaciones de estra­tificación de las que se vale el proceso de lavado de dinero, la simple imposibilidad de demostrar el origen lícito de un patrimonio económico es suficien­te para asumir que éste fue de carácter ilegal. En lo referente a las actividades subsecuentes de lavado de dinero, que algunas de estas instituciones bancarias exhibieron en tiempos posteriores a su reprivatización, incluso tras su adquisición por parte de nuevos grupos empresariales, se puede considerar que su repetición y/o dimensión muestran también un criterio de evidencia suficiente, pues representan la utilización continuada de la infraestructura de una compañía de alta importancia —como un banco o una institución de seguros— para la comisión de actividades ilegales. Todo ello en un contexto de inexistencia original de mecanismos institucionales de control de este tipo de inversiones, en una etapa inicial y hasta finales del siglo xx, para seguir después con medidas laxas de regulación que favorecieron la preservación de elementos cruciales para su continuidad, como el secreto bancario, condiciones todas que han favorecido y favorecen la reproducción de prácticas de lavado en el país. El primer ejemplo a considerar es la fundación del Banco de Reynosa. El 1° de julio de 1957 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal autorizó a los generales Aarón Sáenz Garza y Tiburcio Garza Zamora a constituir esta institución financiera, para ejercer funciones de banca y crédito con un capital social inicial de 4 000 000 de pesos.252 252 Diario Oficial de la Federación (1957), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Autoriza­ ción concedida a los señores Aarón Sáenz, Tiburcio Garza Zamora, Agustín Quiroga y ­Rolando Vega, para constituir la sociedad que se denominará Banco de Reynosa, S. A.”, 1° de julio, México, D. F., pp. 2-3.

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Según informó la prensa regiomontana, esta nueva institución tenía por propósito refaccionar actividades comerciales y agrícolas de amplias zonas de Nuevo León y Tamaulipas, con ligas estrechas con las instituciones financieras del primero de estos estados.253 La liga directa era con el Banco General de Monterrey, que había ­comenzado a operar en esa ciudad el 23 de junio de 1945, con la asociación de c­ apitales de Carlos de la Garza Gómez, Rafael L. Valdés, Aarón Sáenz Garza y los ­hermanos Jorge, Alberto y Hernán Sada Gómez, entre otros. De nueva cuenta, Aarón S­ áenz formó parte del Consejo de Administración de esta institución financie­ra, que inició actividades con un capital autorizado de 3 000 000 de pesos. En 1957, el capital de la empresa ascendía a 6 000 000 de pesos. En ese año, los i­ntegrantes de su Consejo de Administración eran: Jorge Sada Gómez, presidente, Carlos ­Garza Cantú, Aarón Sáenz Garza, Antero Valdés Gómez, Jesús Guzmán, Juan A. ­Sáenz, Eugenio Domínguez, Héctor M. Sáenz, Eduardo Busta­mante, Rolando Vega, Rafael L. Valdés, Carlos de la Garza Gómez y ­Pedro Zorrilla.254 Se trataba, esencialmente, de una asociación de capitales entre el círculo ­inversionista usual ligado a Aarón Sáenz (sus parientes c­ onsanguíneos o políticos: Juan A. Sáenz, Héctor M. Sáenz y Rolando Vega, así como su ­socio habitual, ­Eduardo Bustamante), junto con integrantes de la familia Sada G ­ ómez, hijos a su vez de Alberto Sada Muguerza, con presencia itinerante e intereses en Parras, ­Coahuila y Monterrey, Nuevo León.255 El Banco de Reynosa constituía una filial del Banco General de Monterrey. Su gerente era Serapio Barrera Peña y el presidente del Consejo de Administración

253 El Porvenir (1957), “Aarón Sáenz y otras personas abrirán el ‘Banco de Reynosa’”, 4 de julio, Monterrey, p. 7.

254 El Porvenir (1957), “Importa tres millones de pesos el edificio del Banco General. Inaugura el gobernador las nuevas instalaciones”, 1º de mayo, Monterrey, p. 10.

255 Véase árbol genealógico de Jorge Sada Gómez en el sitio web Geneanet, disponible en línea: , [consultada el 5 de abril de 2018].

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era Manuel Garza Zamora.256 En 1968, cambió su denominación social a la de Banco General de Tamaulipas.257 La participación de Aarón Sáenz en la banca era más temprana. En 1932 fundó el Banco Azucarero, para refaccionar a ese ramo agroindustrial. Esa institución se convirtió en el Banco de Industria y Comercio, en 1941.258 A lo largo del tiempo, a la par de esta inversión tenía otras tantas en i­ nstituciones bancarias locales de menor dimensión. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1967, Aarón Sáenz, en representación del Banco de Industria y Comercio —del que en los hechos era el principal inversionista—, adquirió 51% de las acciones del Banco de Culiacán, en el estado de Sinaloa, que integró al consorcio del que ­formaban parte el Banco General de Monterrey, el Banco General de Tamaulipas, el B ­ anco del Sur, Promotora Industrial Financiera General de Monterrey, Seguros Atlas, ­Fianzas Atlas y el Banco Inmobiliario Atlas. En el momento de su adquisición, este b ­ anco contaba con sucursales en Culiacán, Navolato, Los Mochis y Guasave. El Banco de Culiacán incrementó su capital social a 8 000 000 de pesos en 1968 y cambió su denominación a Banco General de Sinaloa.259 Desde 1966, el Banco de Industria y Comercio, con Sáenz a la cabeza, tomó el control accionario del Banco del Sur, del Banco General de Sinaloa, del ­Banco General de Tamaulipas y la Financiera General de Monterrey —una institución ligada al Banco General de Monterrey—. Cuando transformaciones legales permitieron la participación de los mismos bancos en diversas ­modalidades de 256 Idem. Alberto Sada Muguerza, padre de Jorge Sada Gómez, era hermano de María Consue-

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lo Sada Muguerza, casada a su vez con Isaac Garza Garza, uno de los patriarcas fundado­ res del núcleo familiar Garza Sada. Véase árbol genealógico de Alberto Sada Muguerza en el mismo sitio web: , [consultado el 5 de abril de 2018]. Ambas genealogías fueron realizadas por Omar Soto Rodríguez, integrante del Proyecto “Familias novohispanas. Un sistema de redes”, a cargo de los investigadores Javier Sanchiz (iih-unam) y Víctor Gayol (ceh-Colmich) y Omar Soto Rodríguez (amgh). Diario Oficial de la Federación (1968), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo que modifica la concesión otorgada a Banco de Reynosa, S. A., por cambio de denominación social”, 20 de febrero, México, p. 3. El nombre completo de la nueva denominación social fue Banco General de Tamaulipas, S. A. Institución de Depósito y Ahorro. García y Mayagoitia, Fianzas Atlas…, p. 74. Aguilar Aguilar, Gustavo (1999), “El Banco de Culiacán: su importancia y participación en el desarrollo bancario de la ciudad (1933-1968), Clío, vol. 6, núm. 25, pp. 22-23.

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operaciones crediticias, el Banco de Industria y Comercio cambió su denomi­ nación a Banca Confía, con el mismo grupo de asociados a la cabeza. El g­ rupo empresarial mantuvo de manera formalmente separada a Fianzas Atlas y Seguros Atlas. Pero, esencialmente, se trataba de los mismos p ­ ersonajes que e­ staban a cargo de las decisiones fundamentales del consorcio bancario-financiero. Por ejemplo, en 1979, el Consejo de Administración de Fianzas ­Atlas estaba integra­ do por Rolando Vega Sáenz —director ejecutivo de Banca Confía—, Aarón ­Sáenz Hirschfeld. 260 Y en 1980, el Consejo de Administración de ­Banca Confía se formaba por los siguientes consejeros propietarios: Aarón ­Sáenz Garza, Eduardo Bustamante, Aarón Sáenz Couret, Carlos Maldonado Elizondo, Julio Hirschfeld Almada, Anthony Zollino, Rolando Vega Íñiguez, Pablo Machado Llosas, Héctor M. Sáenz Couret, Héctor V. Santos, Manuel Sosa de la Vega, Eneko Belausteguitoitia, Esteban Ruiz ­Bello, ­Carlos Gutiérrez Nieto, Ernesto Amimann, José María de Izaurieta, Ernesto Sota García, Jorge Orozco Lainé, Ignacio Gómez Urquiza y Víctor Manuel Giorgana. Los suplentes eran Aarón Sáenz Hirschfeld, José Antonio Alcocer, Fernando ­Lemman Meyer, Anto­nio G. Maris­cal, Julio Hirschfeld Sáenz, Felipe Mora Navarro, ­Rolando Vega Sáenz, Alfonso Romandía Macías, Héctor Sáenz Muñoz, Rafael D. Barquer­a , Juan ­A ntonio Garduño, Iker Belausteguigoitia, Roberto Landa Guth, ­Guiller­mo Urres, Luis G. Aguilar Bell, Jesús José San Vicente Ruy, Arturo Gunter, Amado Llaguno M., Jaime Skinfield Fernández e Ignacio Mendoza ­Salinas.261 ­Esencialmente, Banca Confía era una institución bancaria controlada plenamente por la familia de Aarón Sáenz Garza, como lo era también Fianzas Atlas, hasta que la nacionalización bancaria, decretada por el presidente José López Portillo en 1982, modificó la situación. Con este proceso, Banca Confía dejó de estar bajo el control de la familia Sáenz. La administración del presidente Miguel de la Madrid indem­nizó a los antiguos propietarios, pero permitió que inversionistas pri­vados adquirieran un 30% de las instituciones bancarias.262 A finales de septiembre de 1986, Banca Confía estaba bajo el control gubernamental mayoritario, con Jaime Serra Puche como presidente del Consejo Directivo y una mayoría de consejeros 260 Idem, p. 74. 261 El Porvenir (1980), “1979 fue un buen año Confía”, 8 de mayo, Monterrey, p, 2A. 262 Concheiro Bórquez, Elvira (1996), El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista, iiec-UNAM-Era, México, p. 93.

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propietarios “Serie A”, es decir, funcionarios gubernamentales. Entre los empresarios, que formaban la “Serie B” de ­integrantes del mismo organismo, no se contaba ya con la presencia de los asociados originales.263 El 2 de mayo de 1990, el proceso de reprivatización de la banca inició, cuando Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar los artículos 28 y 123 constitucionales. En ese mismo año se modificó la Ley del Servicio Público de Banca y Crédito y la nueva legislación permitió el surgimiento de un tipo de banca denominado universal, que permitía la opera­ción simultánea de instituciones bancarias, casas de bolsa, a­ seguradoras, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, almacenadoras, casas de cambio, afianzadoras y sociedades operadoras de sociedades de inversión, bajo la dirección de un mando unitario y como propiedad de un mismo grupo inversionista. La banca dejó de constituirse como concesión del Estado para brindar un servicio público y se transformó en actividad privada que solamente requería autorización gubernamental.264 La familia Sáenz mantenía prestancia empresarial pues Rolando Vega ­Íñiguez encabezaba entonces el Consejo Coordinador Empresarial. Había sido directivo de Banca Confía. 265 Aunque La familia intentó obtener de nueva cuenta el control de alguna institución bancaria, como fue el caso del B ­ anco del Atlántico. Sin embargo, no resultaron beneficiarios en la puja, aunque se ­sumaron a los grupos inversionistas beneficiarios de esa adjudicación.266 ­Según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a un amparo directo, en julio de 1992, al Consejo de Administración de Banco del A ­ tlántico pertenecían, entre otros, Julio Hirschfeld Sáenz, Rolando Vega Í­ ñiguez, Rolando 263 Los consejeros propietarios “Serie A” eran: Víctor Manuel González Guzmán, Rogelio Car-

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ballo Millán, Adrián Lajous Martínez, Manuel Sosa de la Vega, Francisco Gil Díaz, Hugo García Blake, Eduardo Mac Gregor Beltrán y Alfredo Phillips Olmedo. Los de la “Serie B”, Manuel Arango Arias, Carlos Maldonado Elizondo, Antonio Ruiz Galindo, Alejandro Cumming Solivera y Othón Ruiz Montemayor. Carlos Salinas Lozano figuraba como miembro del Consejo Consultivo del banco, en Monterrey, Nuevo León, donde el director regional era Roberto Garza Castellanos. El Porvenir (1986), “Banca Confía Sociedad Nacional de Crédito. Estado de contabilidad al 30 de septiembre de 1986”, Monterrey, 10 de noviembre, p. 5. Concheiro, op. cit., pp. 97-98. Concheiro, op. cit., pp. 95. Concheiro, op. cit., pp. 102-103. Los principales accionistas del Banco del Atlántico fueron Alonso de Garay G., Jorge Rojas Mota, Raymundo Leal Márquez y Francisco López Riestra.

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Vega Sáenz, Héctor Sáenz Couret y Aarón Sáenz Couret. ­También, Luis ­Canavati Fraige, integrante de otra familia de interés para el tema que nos ocupa.267 La vertiente de las inversiones financieras de las familias directamente emparentadas con los Garza Sada, que originalmente se habían asociado con los Sáenz, mantuvo otra ruta y formaron instituciones bancarias distintas. En 1974, la Financiera del Norte, el Banco de Nuevo León y el Banco del País se fusiona­ ron para crear un nuevo banco: Banpaís. Financiera del Norte fue ­creada en 1937 por la Vidriera Monterrey, la empresa original de la que creció el G ­ rupo ­Vitro. Adrián Sada Treviño fue presidente de Banpaís hasta 1982. Con el proceso de reprivatización de la banca, Sada Treviño se colocó a la cabeza de Banca Serfin. Y Eugenio Garza Lagüera, que había sido presidente de Serfin, e integrante del Grupo Visa —derivado de la Cervecería Cuauhtémoc—, y accio­nis­ ta principal del grupo financiero Valores Monterrey (Vamsa), se convirtió en el nuevo presidente de Bancomer.268 Por su parte, Andrés Marcelo Sada Zambrano, presidente del Grupo ­Cydsa y nieto de Francisco G. Sada Muguerza y cofundador del Banco ­Mercantil de Monterrey, adquirió Banca Confía.269 No obstante, la figura más visible de la adquisición y el presidente formal del nuevo grupo constituido era otro personaje perteneciente a otra familia del empresariado neoleonés, aunque comparati­ vamente menos poderosa que la red familiar Garza Sada. Su ­nombre era ­Jorge Lankenau. En agosto de 1991, el propio Lankenau dijo en una conferencia de prensa que Banca Confía había sido adquirida por 32 familias asentadas mayoritariamente en Guadalajara y Monterrey. No se clarificó la distribución proporcio­nal de los accionistas. Sin embargo, en la enunciación de sus participan­tes, la red de integrantes y parientes directos de la red familiar G ­ arza Sada ­ocupaba un lugar significativo.270 267 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2001), “Presupuestos procesales. Su examen oficioso

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en segunda instancia, debe ser conforme a las reglas que rigen el recurso de apelación y el de revisión oficiosa (Legislación del Estado de Jalisco), Amparo Directo 2972/2000 María Gricel Rivas Uribe”, Semanario Judicial de la Federación, novena época, t. XIII, marzo, p. 1663. Concheiro, op. cit., pp. 101-103. Concheiro, op. cit., p. 99. Sobre el parentesco entre Francisco G. Sada Muguerza y Andrés Marcelo Sada Zambrano, véase Flores, Óscar (2009), Monterrey origen y destino, Municipio de Monterrey, Monterrey, p. 202. Todas las familias mencionadas fueron Garza Sada, Canales Clariond, Clariond, ­Reyes; Garza González, Lankenau Rocha, Maiz Mier, Sada Zambrano, Zambrano, Treviño

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Otro grupo de empresarios de Nuevo León, dedicados a la agroindustria, obtuvo la adjudicación de otro banco: Banco Mercantil del Norte, conocido también como Banorte, que fue adquirido por el Grupo Maseca.271 El Grupo Maseca, también conocido como Gruma, es un consorcio de empresas que se desarrolló originalmente en torno a la producción de harina de maíz para tortillas con la empresa Molinos Azteca, S. A., pero que en sus primeras etapas integraba también Armadora Azteca S. A. y Constructora Azteca, S. A. Tenía por figura central a un neoleonés que había nacido en el muni­cipio de C ­ erralvo en 1930: Roberto González Barrera. Según la Dirección de Investi­ gaciones Políticas y Sociales (ips) de la Secretaría de Gobernación, en la década de 1970, el propietario efectivo de estas empresas era el general Bonifacio S­ alinas Leal,272 ex gobernador de Nuevo León, ex comandante de la Zona M ­ ilitar en Tamaulipas y, según reportes de la misma dependencia de la S­ ecretaría de Gobernación, protector del contrabando, a comienzos de la década de 1940. Se ha hecho amplia referencia a él en capítulos anteriores de este trabajo. Según el mismo reporte, González Barrera era ahijado de Bonifacio Salinas. En 1959, el General Bonifacio Salinas Leal había sido designado ­gobernador del territorio federal de Baja California Sur por nombramiento presidencial. En su gestión, recibió el apoyo y asesoría del entonces diputado del Estado de México Carlos Hank González y del propio González Barrera.273 Con el t­ iempo,

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­ uerra, Salas Benavides, Benavides Pompa, Camarena Legaspi, Cueva Barrera, DelgaG do Navarro, Elizondo López, Escamez Ferreiro, Fernández Garza, Gerber, García Gámez, ­Garza Treviño, García Sada, García Ponce, González Sada, Gutiérrez Muguerza, Leaño Reyes, Espinoza, Martínez Garza, Ochoa de Anda, Santos de Hoyos, Sánchez Camorlinga, Serur y Vizcaíno Gutiérrez. Véase La Jornada (2003), “La bomba Lankenau, que manchó funcionarios, a ­punto del olvido”, 8 de diciembre, en línea: , (consultada el 5 de abril de 2018). Concheiro, op. cit., p. 100. Reporte de la ips firmado por las iniciales J. J. B. A., 26 de marzo de 1974, Distrito Federal, agn, ips, Versión pública del expediente de Carlos Hank González, fojas 1-3. Sobre el lugar y fecha de nacimiento de Roberto González Barrera, así como su asociación con el general Bonifacio Salinas Leal, véase Castaño Raquel (2010), “Roberto González Barrera”, en L ­ udlow, Leonor (coord.), 200 emprendedores mexicanos. La construcción de una nación, Vol. II, Siglo xx, Lid Editorial Mexicana, México, pp. 463-467. cnn-Expansión (2007), “González Barrera, el banquero improbable”, 29 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 6 de abril de 2018].

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Hank González y González Barrera se convirtieron en consuegros, con el matri­ monio entre sus hijos, Carlos Hank Rohn y Graciela González Moreno.274 González Barrera contó con el apoyo del secretario de Hacienda y Crédito Público del sexenio de Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, quien lo apoyó a gestionar un préstamo de 100 000 000 de dólares mediante Nacional Financiera, un organismo gubernamental, para que pudiera continuar operando su industria alimenticia, en lugar de venderla al propio gobierno.275 Tanto Antonio Ortiz Mena, como su cuñado, el ex secretario de Industria y Comercio del gobierno de López Mateos, se convirtieron en asesores de Gruma.276 El Banco Mercantil de Monterrey, antecedente original de Banorte, fue fundado en noviembre de 1899. Inició operaciones con un capital social de 2 500 000 pesos. Su primer Consejo de Administración estaba integrado por Tomás Mendirichaga, como presidente; Lorenzo González Treviño, como consejero propietario; Francisco G. Sada y José A. Muguerza, como ­consejeros suplen­tes; Valentín Rivero y Gajá, como secretario; Antonio V. Hernández como gerente; José L. Garza, quien se desempeñó como contador de la institución y también Mariano Hernández y Mendirichaga, aunque la fuente consultada no precisa en qué posición.277 En el recuento oficial de su historia, el Grupo Financie­ro Banorte ofrece poca información respecto a sus accionistas princi­pa­les. En la versión oficial sólo se expresa, por ejemplo, que hacia 1938, su asamblea de accionistas nombró a Benjamín Salinas como administrador propietario.278 Se relatan en esencia procesos generales, con poca referencia a actores concretos. Se expone, por ejemplo, que en 1941 el Banco Mercantil de Monterrey estableció sucursales fuera de esa ciudad: en Reynosa, ­Tamaulipas y en Linares, Nuevo León. También dio inicio su participación en el capital ­social del Banco Mercantil de Tamaulipas, que tenía su sede en Ciudad ­Victoria y sucursales en Mante, Tamaulipas y en San Luis Potosí.279 En parte, esto ­puede ­deberse a que las ins274 Reforma (2012), “Afianza la familia control de Gruma”, 14 de diciembre, México, versión en línea (de paga).

275 cnn-Expansión (2007). “González Barrera…”. 276 Idem. También, Castañeda, Jorge (1999), La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México, Extra-Alfaguara, México, pp. 206 y 432.

277 Banorte (2009), 110 años Grupo Financiero Banorte, Clío, México, pp. 29-37. 278 Idem, p. 51. 279 Ibidem, p. 55. El Banco Mercantil de Tamaulipas se estableció el 9 de agosto de 1941, con sede en Victoria, Tamaulipas. Diario Oficial de la Federación (1941), “Secretaría de Hacienda

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tituciones bancarias que le dieron origen sufrieron fusiones aun estando bajo el control gubernamental, tras la nacionalización de la banca. Por ejemplo, el Banco Mercantil de Monterrey se fundió con el Banco Regional del Norte,280 en 1985-1986, para dar lugar al Banco Mercantil del N ­ orte, S. N. C. (­Sociedad Nacional de Crédito), es decir, el antecedente directo de Banorte.281 Otra ­posibilidad parece desprenderse de lo expresado por Rober­to González Barrera en una entrevista realizada poco después de que el g­ obier­no federal le adjudicara el banco, en junio de 1992.282 El banco fue vendido en 1 775 779 000 000 de pesos, inversión que se esperaba recuperar en 12 años. El grupo encabezado por Roberto González Barrera adquirió el 66% de las acciones, mientras que el resto se encontraba en la bolsa.283 Aunque el conjunto de inversionistas eran formalmente 350, las notas de prensa proporcio­naron muy pocos datos de los asociados. Entre ellos figuraba, por ejemplo, Juan Anto­nio González Moreno — hijo

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y Crédito Público, Concesión otorgada al C. Lic. Ángel Santos Cervantes para establecer el Banco Mercantil de Tamaulipas, S. A.”, 9 de agosto, p. 2. En el Diario Oficial de la Federación, el registro más temprano de esta institución es del 13 de diciembre de 1946. Véase Diario Oficial de la Federación (1946), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Autorización concedida a los señores Manuel Santos, Gregorio Garza Guzmán, José de la Mora y Eloy S. Vallina a organizar el Banco Regional del Norte S. A.”, 13 de diciembre, p. 5. Banorte, 110 años…, p. 66. Diario Oficial de la Federación (1985), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se fusiona Banco Regional del Norte S. N. C., Institución de Banca Múltiple, con Banco Mercantil del Norte, S. N. C., Institución de Banca Múltiple”, 19 de diciembre, p. 5. En esa misma fecha, tras la fusión, la nueva entidad se denominó Banco Mercantil del Norte S. N. C., que en 1992 cambió a Sociedad Anónima, quedando como Banco Mercantil del Norte S. A., que es el actual Banorte. Véase Diario Oficial de la Federación (1992) “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se transforma Banco Mercantil del Norte, S. N. C., en Banco Mercantil del Norte, S. A.”, 4 de junio, p. 2. No confundir con el Banco Mercantil del Norte S. A., una institución homónima que operaba ya en 1948 con domicilio central en la Ciudad de México y que en ese año recibió a­ utorización de la Secretaría de Hacienda para extender sus operaciones a Matamoros, Tamaulipas. El permiso se concedió en específico a Carlos Argüelles Zolezzi y Manuel Ochoa Mayo. En 1956, esta institución cambió de nombre a Banco de Comercio de Tamaulipas S. A., y en 1977 se fusionó con Financiera Bancomer S. A. Más adelante se hará referencia al ­desarrollo de esta institución financiera, pues es también de interés para el tema de este trabajo. El Norte (1992), “Adjudican Banorte a Roberto González. Grupo de 350 inversionistas encabezados por el presidente de Maseca, paga $1.7 billones por el banco, 4.25 veces valor en libros”, 15 de junio, Monterrey, p. 1. El Norte (1992), “‘Pagamos un precio razonable’: González”, 15 de junio, Monterrey, p. 1.

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de González Barrera—, ­Federico Graf Campos y también Jacobo Zaidenweber, Alfonso Pandal, Julio César Villarreal y ­Policarpo Elizondo.284 No obstante, los porcentajes mayoritarios en que se ­d istribuyeron las acciones, según señaló el propio González Barrera, i­ndicaban que personas que formaban parte de su ­núcleo más íntimo se contaban entre las principales propietarias de la institución: “La compra del Banco significa también una buena inversión en lo personal: porque los socios no son el Grupo Maseca (Gruma), sino mi familia y yo […]. Yo pedí, en lo personal, autorización a la Secretaría de Hacienda, para tener un 10 por ciento del Banco. Mi hijo Roberto y mi hijo Juan Antonio tienen 1 por ciento cada uno. En total, tenemos el 12 por ciento”.285 Otros allegados también eran accionistas importantes: Rodolfo Barrera había obtenido también un 10%, previo permiso especial de la Secretaría de Hacienda. Alberto Santos de Hoyos —empresario regiomontano ligado a la industria azucarera y a la fábrica de galletas Gamesa— tenía casi un 5%. Su hermano Roberto y su hermana Yolanda, tenían participaciones individuales menores.286 Paradójicamente, aunque González Barrera explícitamente había señalado que sus socios en Gruma no eran los mismos que habían adquirido el banco, la prensa reportó que fue esta corporación la que liquidó el adeudo pendiente, en noviembre de 1992, pocos meses después de la adjudicación.287 La red social de Roberto González Barrera resulta de interés para este traba­ jo, por la nutrida presencia de varios de los personajes aquí referenciados desde la década de 1960. En mayo de 1969, en la boda de su hija estuvieron presen­tes Carlos Hank González y Guadalupe Rohn de Hank, Bonifacio Salinas Leal y Altagracia Cantú de Salinas Leal, Tiburcio Garza Zamora y Francisca Guajardo de Garza Zamora, Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari de Salinas Lozano, Eduardo Livas Villarreal e Idalia Cantú de Livas, Juventino González 284 Estos personajes fueron mencionados como accionistas sin mayor abundamiento del por-

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centaje bajo su control. Véase El Norte, “Adjudican Banorte […]”, p. 1; también El Norte (1992), columna “Nombres, nombres… y nombres/Traza Roberto González Futuro”, 14 de agosto, versión en línea (de paga). El Norte (1992), “Entrevista/Roberto González B./ ‘Recuperaremos en 6 años lo invertido’ ”, 16 de junio, versión en línea (de paga). Idem. El Norte (1992), “Liquida Maseca compra de Banco”, 20 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga).

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Ramos e Hilda Moreno de González Ramos, Juan A. Sáenz y Ana María ­Aguirre de Sáenz, entre otros.288 Las familias habían formado estrechos lazos de socialización que se mantendrían al paso del tiempo: en septiembre de 1993, en Monterrey se reunieron Idalia Cantú de Livas (esposa del ex gobernador Eduardo Livas), Graciela Moreno de González Barrera (esposa del empresario harinero y banquero de ese apellido), Hilda Moreno de González Ramos (esposa de Juventino González Ramos, ex secretario particular del gobernador Eduardo Livas), Guadalupe Rohn de Hank (esposa de Carlos Hank), Mina de García Valseca (esposa de un empresario de medios de comunicación), Graciela González de Hank (hija de Roberto González y nuera de Carlos Hank), Blanca de Sánchez Celis (esposa del ex gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis), con Altagracia Cantú de Salinas Leal, viuda del general Bonifacio Salinas Leal, para realizar una visita a un museo que exhibía las pertenencias del ya para entonces difunto militar.289 Con alguna excepción, prácticamente todos los consortes de estas damas habían sido señalados por su relación con los tráficos ilícitos y, en el caso de varios de ellos, en documentos de dependencias oficiales, según se ha visto a lo largo de estas páginas. Estas relaciones tempranas habían rendido frutos 20 años después, incluso en el proceso de adjudicación del banco. Tanto la asignación como el incremento de las utilidades de la institución bancaria parecían ir de la mano del tráfico de influencias: el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, quien encabezaba el Comité de Desincorporación Bancaria,290 se convertiría años después en presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte. Fue sustituido por Carlos Hank González —nieto del ex funcionario del mismo nombre y del propio González Barrera—.291 Carlos Hank González, secretario de Agricultura en la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari —y 288 El Porvenir (1969), “Distinguida boda González Moreno-Hernández”, 25 de mayo, Monterrey,

pp. 1 y 7, tercera sección. El 289 Norte (1993), columna “Blanco y negro. El alcalde de Monterrey, Lic. Benjamín Reyes Clariond, su esposa Luly Domene de Clariond y sus hijos…”, 11 de septiembre, Monterrey, versión en línea (de paga). Sobre Hilda Moreno de González Ramos, véase El Norte (2001) “Reconocen sus méritos”, 26 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga). 290 El Norte, “Liquida Maseca…”. 291 Proceso (2014), “Carlos Hank sustituye a Guillermo Ortiz en Banorte”, 20 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 9 de abril de 2018].

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consuegro de Roberto González Barrera— desempeñó un papel importante para f­ acilitar a Gruma la importación de maíz para la producción de h ­ arina y tortillas, pero también para colaborar en la reestructuración de créditos ­agrícolas y en la rehabilitación de huertas citrícolas, a través de Banorte y de una ­organización de productores encabezada por Pablo Livas Cantú, hijo del ex gobernador E ­ duardo Livas ­Villarreal.292 El hermano de Pablo, Eduardo L ­ ivas Cantú, se había integrado, desde 1972, como director financiero de Gruma y entre 1994 y 1999 se desempeñó como su director general.293 También fungió como consejero propietario en el Consejo de Administración de Banorte.294 En julio de 2018, la Comisión Federal de Competencia autorizó la fusión sin condicionantes de dos de las entidades financieras más grandes del país: ­Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González y Grupo Finan­ciero Interacciones, encabezado por su padre, Carlos Hank Rohn. ­Banorte adquirió Interacciones en una operación valuada en 16 557 000 000 de pesos. La unión de ambos consorcios daría lugar al segundo banco más grande en México, en función del tamaño de sus activos, cartera de créditos y depósitos.295 En agosto de 2018, después de las elecciones presidenciales de ese año, que derivaron en el triunfo de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional ­ onterrey, 292 El Norte (1993), “Levanta imperio tortillero con relaciones y méritos”, 25 de enero, M

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versión en línea (de paga). El Norte (1992), “Ofrece sarh dar apoyos a citricultores”, 16 de septiembre, Monterrey, versión en línea (de paga). Así se detallaba en su información personal como conferencista en el “Monterrey Business and Investment Forum. The Hub for the Mexican Revival”, realizado en Nueva York, los días 18 y 19 de marzo de 2014. Disponible en línea: , [consultada el 16 de mayo de 2014]. De hecho, Livas Cantú sustituyó en el cargo al propio Roberto González Barrera: véase también El Norte (1994), “Asume Eduardo Livas Cantú Dirección General de Gimsa”, 24 de febrero, Monterrey, versión en línea (de paga). Camp, Mexican Political Biographies…, p. 538. También Grupo Financiero Banorte (2014), “Asamblea general ordinaria anual de accionistas”, p. 1, disponible en línea: , [consultada el 9 de abril de 2018]. El Financiero (2018), “Sin condiciones, fusión de Banorte Interacciones”, 9 de julio, disponible en línea: , [consultada el 31 de julio de 2018]. También Expansión (2018), “Marcos Ramírez, ceo de Banorte: “Estas oportunidades se dan una vez en la vida”, 30 de julio, disponible en línea: , [consultada el 31 de julio de 2018].

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(Morena) Andrés Manuel López Obrador, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, propuesta por este último para desempeñarse como secretaria de Gobernación en su gabinete, Olga Sánchez Cordero, renunció a su cargo como integrante del Consejo de Administración de Banorte.296 Jesús Canavati Fraige, padre de Ricardo Canavati Tafich, integrante de una red familiar con múltiples miembros involucrados en actividades de tráficos ilícitos, de quienes se habló en extenso en apartados anteriores, era socio accio­ nis­ta de Banorte.297 Como se expuso con anterioridad, Luis Canavati Fraige, su hermano, fue miembro del Consejo de Administración de Banco del Atlánti­co en la década de 1990, en compañía de integrantes de la familia de Aarón ­Sáenz Garza.298 En 1993, Banorte, junto con el Banco Internacional, bch y Promex de Guadalajara eran las instancias bancarias a través de las cuales se realizaban las subastas de lotes de vehículos ilegales decomisados y bajo custodia de la Secre­ taría de Hacienda y Crédito Público.299

296 Forbes (2018), “Olga Sánchez Cordero deja el Consejo de Banorte para irse al Senado. Quien

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será la futura secretaria de Gobernación se unió al consejo administrativo del banco en 2016”, 2 de agosto, disponible en línea: , [consultado el 6 de agosto de 2018]; El Economista (2018), “Sánchez Cordero renunció a su cargo en la ­administración de G ­ rupo Finan­ciero Banorte. Futura secretaria de Gobernación en México”, 2 de agosto, disponible en línea: , [consultado el 6 de agosto de 2018]; Reforma (2018), “Deja Sánchez Cordero consejo de Banorte”, 3 de agosto, versión en línea (de paga). Proceso (2000), “Informe de Dolores Padierna para la próxima Legislatura. El gobierno tapó las irregularidades de Banorte”, 13 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 9 de abril de 2018]. Luis Canavati Fraige era, como Jesús Abraham Camavati Fraige, hijo de Espiridión Canavati y Emilia Fraige. Véase sitio web Family Search: , [consultado el 26 de octubre de 2018]. El Norte (1993), “Subastará Hacienda vehículos ilegales”, 12 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga). En esa época, los vehículos asegurados y bajo control de la shcp no eran los incautados a los traficantes de droga, sino aquellos introducidos de manera irregular al país. La transferencia obligatoria de los bienes muebles e inmuebles asegurados por diversas instituciones federales, incluida la pgr, al Sistema de Enajenación de Bienes (sae),

Otros asociados de antaño, menos visibles, también aprovecharon las relaciones para hacer negocios. Algunos, con cariz francamente irregular. Por ejemplo, en 1993, el alcalde del municipio de Guadalupe, Nuevo León, R ­ amiro Guerra Guerra, adquirió 38 vehículos sin someter el proceso a licitación pública. Los compró a la comercializadora automotriz de su primo, Advento Guerra —descendiente de Advento Guerra Barrera, de Miguel Alemán, Tamaulipas— pero, además, había endeudado al municipio al obtener financiamiento por 17 225 000 nuevos pesos (para entonces se habían reducido tres ceros a la moneda nacional, para ajustar su valor), por parte de los bancos Confía, Serfín y Banorte. Alrededor del 10% de esa cantidad estaba desaparecida, según informó la Contaduría Mayor de Hacienda del estado.300 En Miguel Alemán, Tamaulipas, Germán Barrera González, el tío de Adven­ to Guerra Barrera, directamente vinculado con el contrabando, según se vio más arriba, también gestionó la apertura en sociedad de una sucursal del ­Banco Mercantil del Norte, S. A., una institución que operaba en Matamoros, ­Tamaulipas, por auspicios de Carlos Argüelles Zolezzi y Manuel Ochoa Mayo.301 Con el tiempo Banco Mercantil del Norte S.A. fue absorbido por el ­Banco de ­Comercio de Tamaulipas y, posteriormente, por el Banco de C ­ omercio (­Bancomer).302 De hecho, de las acciones que Barrera González adquirió del Banco Mercantil del

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institución desconcentrada de la administración pública federal y perteneciente al sector coordinado por la shcp, se estableció con posterioridad. El Norte (1993), “Detectan irregularidades en cuentas de Guadalupe”, 21 de diciembre, Monterrey, versión en línea (de paga). Sobre la apertura de la sucursal en Matamoros del Banco Mercantil del Norte, S. A., véase Diario Oficial de la Federación (1948), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ­Autoriza­ción otorgada al Banco Mercantil del Norte, S.A., para dedicarse al ejercicio de la banca y depósitos de ahorro, en Matamoros, Tam.”, 21 de junio, Ciudad de México, p. 1. Sobre la apertura de la sucursal en Miguel Alemán, Tamaulipas, en sociedad con Germán Barrera González, véase Barrera González, Germán (1972), Breves apuntes de mi vida, s.e., ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México, p. 14. Diario Oficial de la Federación (1956), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo que modifica la autorización otorgada al Banco Mercantil del Norte, S. A., por cambio de denominación”, 30 de noviembre, Ciudad de México, p. 10. En 1977, el Banco de Comercio de Tamaulipas se fusionó con Financiera Bancomer S. A. Véase Diario Oficial de la Federación (1977), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio por el que se revoca la concesión otorgada al Banco de Comercio de Tamaulipas, S. A., por fusión con Financiera Bancomer, S. A.”, 1° de diciembre, Ciudad de México, p. 14.

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Norte, S. A., cedió algunas a Advento Guerra Barrera, Juan Gon­zález Flores y a Toribio Guerra Ramírez. Como se recordará, tanto Juan González Flores como Toribio Guerra Ramírez figuraban como contraban­distas y traficantes de ­drogas en reportes de la dfs de la década de 1970. No obstante, su participación en los tráficos ilícitos era de más larga data, como se ha visto antes.303 De nuevo en la década de 1990, con cinco instituciones bancarias recién privatizadas en manos de grandes inversionistas neoleoneses, los empresarios de ese estado controlaban prácticamente la mitad de la clientela de la banca nacional. Captaban el 39.9% de los depósitos en el sistema bancario nacional, equivalentes a 100.7 billones de pesos. Sus activos ascendían a 162.3 billones de pesos. Las instituciones bancarias controladas por empresarios ­regio­mon­tanos eran: Bancomer, vendido en 7.8 billones de pesos a Grupo ­Vamsa, ­encabezado por Eugenio Garza Lagüera y con cerca del 25% de la captación bancaria ­nacional y el 33.9% de la clientela nacional; Banca Serfin, adjudicado en 2.9 billones de pesos al Grupo Financiero Serfin, dirigido por Adrián Sada González y con el 15.6% de la captación bancaria nacional y el 13.2% de los clientes bancarios del país; Banca Confía, adquirido en 892.2 mil millones de pesos por Grupo Financiero Ábaco, con Jorge Lankenau al frente y el 3.4% de la c­ aptación nacional y el 1.9% de la clientela; Banorie (Banco de Oriente), comprado en 223.2 mil millones de pesos por el Grupo Margen, encabezado por los hermanos Margáin Berlanga y con el 0.7% de la captación nacional y el 0.2% de la clientela, y Banorte, ad­quirido en 1.77 billones de pesos a la coalición representada por Roberto González Barrera y con el 1.5% de la captación y 1.9% de la clientela.304 Signos de alerta de manejos irregulares comenzaron a manifestarse en el fraude masivo cometido desde Banca Confía, con la transferencia de inversiones de pequeños y medianos ahorradores del banco, a fondos offshore ubicados en paraísos fiscales. En principio, el dinero invertido serviría para financiar un

303 Informe de investigación, s.f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Pedro Cana-

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vati, legajo único, foja 4. También Rafael Chao López al director federal de Seguridad, “Se adjunta relación de personas conectadas con el narcotráfico y contrabando de artículos extranjeros, así como de robo de automóviles”, 24 de junio de 1978, México, D. F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Héctor Guerra (realizada en 2017), fojas 2-3. El Norte (1992), “Monterrey es líder en Bancos”, 16 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga).

proyecto inmobiliario en Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas defraudados nunca recibieron el dividendo ni el reembolso esperado.305 Jorge Lankenau fue detenido por el propio director de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, Américo Meléndez. Se le imputaba el delito de delincuencia organizada en modalidad de banda, junto con dos ejecutivos del Grupo Ábaco, Raúl Monter Ortega y Eduardo Camarena Legaspi.306 El juez primero de Distrito de Monterrey, Abraham Calderón Díaz le había otorgado tres suspensiones provisionales (amparos), para evitar su detención por otros delitos.307 El mismo juez Calderón Díaz fue encargado del proceso en contra de Lankenau. Y de acuerdo con la misma nota que publicó esta información, el hermano de ­Jorge Lankenau expuso que éste había sido engañado por el ­gobernador en funciones, Fernando Canales Clariond, quien le había r­ ecomendado al r­ eferido Raúl Monter, quien había trabajado para Canales durante dos años, en la Cámara de Comercio. Raúl Monter presidió posteriormente al Partido Acción Nacional (pan) en Nuevo León, la misma organización política que p ­ ostuló a Canales Clariond. Tiempo atrás, el gobernador había recomendado a Monter para que se integrara a Grupo Financiero Ábaco-Confía. Canales Clariond reco­noció su cercanía con Monter y haber hecho esa recomendación.308 En 1997, Fernando Canales Clariond y su hermano Marcelo, eran accionistas del Grupo Financiero Ábaco, al que se había integrado formalmente Banca Confía.309 305 La Jornada (1999), “Políticos y empresarios de nl acusados de millonario fraude”, 28 de oc306 307 308

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tubre, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. Reforma (1997), “Encarcelan a Lankenau”, 18 de noviembre, México, versión en línea (de paga). La Jornada (1997), “El juez regiomontano le concedió una nueva suspensión provisional”, 1º de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. El Porvenir (1997), “Turnan caso Lankenau del DF a Nuevo León; La juez Olga Sánchez se declara incompetente en el caso; Proceso sería llevado por el juez Abraham Calderón Díaz; Se considera que el delito, aunque federal, se cometió aquí; Rechaza el juez Calderón concederle amparo al ex banquero; Reconoce Canales dar recomendación de Monter a Lankenau”, 28 de noviembre, Monterrey, p. 1. Proceso (1997), “Grupos industriales y financieros como Abaco, en la contienda política y en la Comisión Estatal Electoral”, 17 de mayo, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018].

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Raúl Monter se evadió de la justicia y permaneció nueve años fuera del país, en Canadá; litigó su causa desde ahí, hasta recibir el perdón judicial de quienes lo acusaban por el fraude. Regresó a México en diciembre de 2006.310 No obstante, según los testimonios vertidos en la prensa en 1999, derivados de otros procesos judiciales vinculados con estas operaciones fraudulentas, en ellas habrían participado, además de Jorge Lankenau Rocha —titular del Consejo de Administración del Grupo Ábaco, el grupo financiero que había adquirido el banco—, otros de sus integrantes, y asociados, como Ignacio Santos, hermano del senador priísta y empresario azucarero Alberto Santos de Hoyos, copropietario de Banorte. También, por ejemplo, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (pan), Rogelio Sada Zambrano, uno de los principales promotores de la iniciativa gubernamental para convertir en deuda pública el rescate bancario que tuvo lugar en la administración del presidente Ernesto Zedillo, conocida como Fobaproa; Consuelo Canales de Valdez, hermana de Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León (1997-2003); Enrique Zambrano Benítez, representante de un acaudalado círculo empresarial conocido como el Grupo de los Diez y ex presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra); Andrés Marcelo Sada Zambrano, principal accionista de Cydsa; Humberto Garza, propietario de la fábrica de muebles famsa; José Maíz Mier y José Maíz García, empresarios constructores y propietarios del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey; entre otros descendientes de las familias más afluentes de la élite empresarial neoleonesa, como Claudia Siller de Segovia, Gertrudis Sada de Escama, Beatriz Sada de Mayrl o vástagos de políticos locales, como Eduardo Elizondo Barragán, hijo del gobernador priísta de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo (1967-1971), y además hermano del tesorero en funciones del estado durante esa época, y futuro gobernador de la entidad (2003), Fernando Elizondo Barragán, sucesor de Canales Clariond.311

310 Proceso (2006), “Regresa a Monterrey el panista Raúl Monter tras nueve años de exilio”, 16 de

311

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diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. La Jornada (1999), “Políticos y empresarios de nl acusados de millonario fraude”, 28 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018].

El testimonio fue brindado por el director de una de las instituciones filiales del banco, Ignacio Santos, quien compareció como testigo en un juicio mercantil promovido por el empresario Librado Ayala Uribe, a quien la Casa de Bolsa Ábaco-Confía le había defraudado con 7 000 000 de dólares. Según Santos, muchos de los empresarios que originalmente le habían interpuesto una demanda en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, se habían beneficiado de las operaciones fraudulentas. Santos señaló a un total de 58 individuos, entre empresarios y políticos vinculados a Banca Confía, que emplearon los recursos transferidos a paraísos fiscales para financiar el referido proyecto inmobiliario, sin reembolsarlo con posterioridad.312 Finalmente, Jorge Lankenau permaneció ocho años en prisión y fue prácticamente el único personaje que enfrentó semejante resultado por el fraude cometido, tras la exoneración de otro implicado, en 2001. Murió en junio de 2012.313 Transacciones de esta naturaleza ponen de manifiesto la reiteración de operaciones ilícitas en el seno del sector bancario y financiero encabezado por varias de las redes familiares que se han revisado en este trabajo. Aunque la nacionalización bancaria pudo haber alterado la propiedad directa de familias es­pecíficas sobre algunos bancos que antes de ella eran de su propiedad, el ­hecho distintivo es la repetición de prácticas ilícitas amparadas por redes en las que convergen empresarios y actores de poder. Desde finales de la década de 1980, la red de poder hegemónica nacional, y especialmente aquella asentada en el norte del país, comenzaba a rebasar los límites usuales de la vincula­ción ­políti­ca con el partido oficial, con la creciente importancia de figuras a­ sociadas al partido de oposición conservador con profundas raíces regionales en el ­noreste, ya convertidas en factores de poder. Sin embargo, las irregularidades no se limitaron a tráficos de influencia o transferencias de recursos fraudulentos. Hacia 1998, una acción encubierta de grandes proporciones desarrollada de manera simultánea en Estados Unidos, México y Colombia, denominada Operación Casablanca, mostró la profunda vinculación del sistema bancario 312 Idem. 313 El Universal (2001), “Exoneran a involucrado en fraude Ábaco-Confía”, 28 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. Excélsior (2012), “Muere el empresario regiomontano Jorge Lankenau”, 16 de junio, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018].

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mexicano —en el que los capitales neoleoneses tenían particular primacía, según se ha visto— en el lavado de dinero del tráfico de drogas. El 18 de mayo de 1998, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert E. Rubin y la procuradora general de ese país, Janet Reno, anunciaron la culminación de la operación más grande y exhaustiva llevada a cabo en contra del lavado de dinero, en el que bancos mexicanos estaban ligados con esta actividad para blanquear las ganancias ilícitas procedentes del tráfico de drogas de los denominados Cártel de Cali (Colombia) y Cártel de Juárez (México). En lo referen­te a este último país, la Corte Federal de Distrito en Los Ángeles, California, dio a ­conocer el enjuiciamiento formal en contra de 26 ejecutivos bancarios involucrados, pero además, directamente en contra de tres bancos mexicanos: Banca Confía, Bancomer y Banca Serfín.314 Se trataba, pues, de tres bancos controlados por grandes inversionistas neoleoneses, que los habían adquirido apenas seis años ­antes, en el proceso de reprivatización. Esencialmente, por la red familiar tejida, a través de parentescos directos, en torno a la familia Garza Sada, los antiguos propietarios de la Cervecería Cuauhtémoc que, según se ha visto, mantenían desde largo tiempo atrás relaciones cercanas con personajes claramente identificados con los tráficos ilícitos, especialmente en sus expresiones de contrabando y tráfico de drogas. Tanto Serfin como Bancomer contaban con sucursales en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses esperaban incautar alrededor de 110 000 000 de dólares al confiscar cuentas bancarias abiertas en ese país y relacionadas con las referidas instituciones financieras mexicanas.315 La acusación que fincaron los fiscales federales del Departamento de Justicia estadounidense fue por conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de instrumentos monetarios y motivar, ayudar y hacer que un acto ilícito fuera cometido. Se estableció en contra de Víctor Manuel Alcalá Navarro, Ernesto Martín de la Torre, Sergio Alcalá Navarro, Juan Carlos Alcalá Navarro, Javier Alcalá Navarro, Rosendo Ramírez Linares, Carlos Novelo Correa, Jorge Reyes Ortega González, Carlos Escoto Alcalá, Manuel Barraza León, Eliseo Aréchiga 314 U.S. Department of Treasury (1998), “U.S. Customs Service Takes Down Major Drug Traffic-

315 352

kers, Corrupt Banks and Bankers in Largest Drug Money Laundering Case Ever”, 18 de mayo, U.S. Department of Treasury Center Press, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. Idem.

Fregoso, Javier Nava, Alberto Estrada González, Miguel Barba Martín, Jorge Milton Díaz, Gildardo Martínez López, Luis Carlos Rivas, José Ángel Cázares, Óscar Monraz Sustaita, José Ángel Ponce, Juan Carlos Pérez, Sergio Licón Gándara, Armando Medrano Rayas, Manuel Pazzi Salas y José Jesús Tostado Ramírez, Rigoberto Ley Gutiérrez, José Calderón Fernández, José Arnoldo Muñoz Tirado, Manuel Gándara Farías, Leonardo Favela Quezada, Katy Kissel Belfer, Enrique Méndez Ureña, David Loera, Mario Valdovinos Ramírez y Fernando Barragán Reyes, todos ellos gerentes, asesores o funcionarios en diversas instituciones bancarias del país; pero también, específicamente, contra Bancomer, S. A.; Confía, S. A. y Banca Serfín, S. A., como entidades bancarias y financieras.316 El 18 de mayo de 1998, en un comunicado oficial, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Raymond Kelly, informó que se trataba de funcionarios de 12 bancos comerciales mexicanos. Bancomer, Banca Serfin y Confía habían sido procesadas por participar en el esquema diseñado para el lavado de dinero.317 Según la acusación, al menos desde el 15 de julio de 1996 y hasta mayo de 1998, los referidos gerentes bancarios, con pleno conocimiento de lo que estaban realizando y voluntad explícita para llevarlo a cabo, habían conspirado y actuado de manera concertada para efectuar transacciones financieras con activos que constituían ganancias obtenidas por actividades ilícitas, con objeto de ocultar o disfrazar su origen ilegal. También habían transferido fondos a Estados Unidos, a sabiendas de que eran producto de una actividad ilegal.318 Un grupo de estos individuos, encabezado por Víctor Manuel Alcalá Navarro (a) Dr. Navarro, con experiencia en la gestión bancaria, contactaba a personal activo en esas instituciones financieras, para que éstos aceptaran la colocación de dinero procedente de la venta de drogas —se mencionaba ­específicamente al Cártel de Cali—, en cuentas bancarias en México y las Islas Caimán y la posterior expedición de cheques para ser cambiados en Centro y Sudamérica.

316 U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et al.]; 98-CR-00509, United States District Court 317

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for the Central District of California, October 1997, Doc. 3, Indictment, p. 1. U.S. Department of Treasury (1998), “Statement of Under Secretary for Enforcement Raymond Kelly”, 18 de mayo, U.S. Department of Treasury Center Press, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et al.], 98-CR-0059, Doc. 3, pp. 7-8.

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Alcalá Navarro cobraba una cuota de entre el 3.5% y el 4% por cada operación de lavado de dinero.319 En relación con los bancos acusados de manera directa, varios de los involucrados declararon a agentes investigadores encubiertos que contaban con contactos en semejantes instituciones bancarias, que les ayudarían a organizar el proceso de lavado.320 En alguna ocasión, uno de ellos, Carlos Escoto Alcalá, indicó a otro agente encubierto que una de sus funciones era incrementar la captación de fondos para Bancomer y que esperaba que podría levantar al banco al aceptar depósitos provenientes del tráfico de drogas.321 En todo caso, la repetición y continuidad de las operaciones de colocación y estratificación de dinero proveniente del tráfico de drogas en los referidos bancos condujo a su enjuiciamiento como entidades. Como resultado final del juicio, tanto Bancomer S. A., como Banca Serfin, S. A., se declararon culpables de los cargos por los que se les acusaba. Aceptaron pagar una multa de 500 000 dólares cada uno, más la confiscación de 16 287 086.72 dólares (Bancomer) y de 9 582 523.14 dólares (Banca Serfin). En ambos casos, parte de la sentencia fue que estas instituciones aceptaban desarrollar y adoptar un programa inte­ gral antilavado de dinero a la altura de los estándares internacionales y las leyes aplicables, y a satisfacción de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal estadounidense. Por otra parte, las autoridades estadounidenses confiscaron 12 187 224.13 dólares a través de un acuerdo civil alcanzado con Banca Confía, que en el proceso de ser adquirida por Citicorp, optó por aceptar esa resolución y evitar mayores encausamientos legales.322 Las autoridades mexicanas protestaron de manera airada ante una opera­ ción encubierta de la que se enteraron una vez que las acusaciones fueron planteadas. La integridad del sistema bancario mexicano había quedado en entre­dicho, argumentaron. Incluso, el referido gobernador de Nuevo León —y ex miembro del Consejo de Administración de Grupo Ábaco-Confía—, ­Fernando Canales Clariond, declaró que el gobierno estadounidense había incurrido en 319 320 321 322

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U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et al.], 98-CR-0059, Doc. 3, pp. 9-10. U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et a.l], 98-CR-0059, Doc. 3, p. 15. U.S.A. vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et al.], 98-CR-0059, Doc. 3, p. 22. U.S.A.vs. Víctor Manuel Alcalá Navarro [et al.], 98-CR-0059, Doc. 919, Judgement and Pro­ bation Commitment Order, March 30, 1999. También U.S.A. vs. $12,187,224.13 United States currency (Seized from Accounts of Confía, S. A.), CV 98-5697-ABC (CWX), United States District Court for the Central District of California Western Division, April 1, 1999, Doc. 18, p. 1.

una falta de respeto hacia México.323 El ex canciller mexicano durante la admi­ nis­tración de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Solana, señaló que la ad­mi­nis­ tración del presidente estadounidense William Clinton tenía i­ ntereses ocultos en la realización de esa operación, y añadió: “Hay una intención de golpear a México porque lo que dicen que recuperaron es una cantidad pequeñísima, es menos de una milésima de los dólares que se maneja en Estados Unidos el narcotráfico”.324 La protesta rindió frutos y el 2 de julio de 1998 se firmó un acuerdo entre la procuradora estadounidense Janet Reno y su homólogo mexicano, Jorge Madrazo, denominado Carta de Brownsville. El memorándum de entendimiento que se derivó de ella preveía una mayor cooperación para intercam­biar información y recuperar la confianza entre ambos países, en sus actividades de lucha contra el tráfico de drogas. Esto implicaba proporcio­ nar, de manera anticipada, información sobre las actividades que una u otra de las partes pudieran considerar sensible en la materia.325 La cooperación y la recupe­ración de la confianza prevista por tal documento fue acogida con escep­ticismo por algunos congresistas en Estados Unidos. En marzo de 1999, un congresista del estado de Indiana expresó su preocupación sin ambages: “Va a ser muy difícil reconstruir la confianza cuando tienes potencialmente arruinada cada base sobre la que se ha intentado desarrollarla a lo largo de déca­das, cuando tienen al hermano del presidente involucrado en el asesinato de un candidato presidencial, cuando nos enteramos de que la gente que ­tienen en las altas jerarquías militares están enriqueciéndose del cártel de la droga”.326 En otras palabras, para algunos observadores externos, los límites de 323 El Siglo de Torreón (1998), “Gobierno de eu incurrió en una falta de respeto hacia México: Canales C.”, 23 de mayo, Torreón, Coahuila, p. 9.

324 El País (1998), “México protesta por la operación de eeuu contra el blanqueo de dinero”, 325

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21 de mayo, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. U.S. Senate (1999), “Update of U.S.-Mexican Counternarcotics Efforts, Statement of Benjamin F. Nelson, Director, International Relations and Trade Issues, National Security and ­I nternational Affairs Division, Testimony before the Caucus on International Narcotics ­Control”, marzo 4, United States General Accounting Office, p. 6, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. U.S. House of Representatives (1999), “Mexico is not Aggressive in Drug Enforcement”, Congressional Record, Proceedings and Debates of the 105th Congress, 1ª sesión, vol. 145, ­parte 3, marzo 3, Exposición del congresista Mark E. Souder, pp. 3457-3459, disponible en

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la cooperación tradicional se hacían evidentes con la multiplicidad de indicios que mostraban la existencia de una red de poder hegemónica estrechamente vincu­lada a diversas actividades ilícitas, responsable de la configura­ción de circuitos institucionales para protegerlas y, de manera simultánea, de la articulación de circuitos económicos formales para integrar en ellos las ganancias ilegales obtenidas. Para recapitular: tras la Revolución, en la subred en análisis se advierten al menos dos grandes clústeres —en el lenguaje del análisis de redes sociales impli­can grupos con condiciones estructurales semejantes— del e­ mpresariado neoleonés: la primera, con raíces prerrevolucionarias, que nunca se sintió del todo cómoda con el régimen que emanó del movimiento armado, pero contem­ porizó con él y mantuvo lazos con militares y políticos surgidos de éste, además de que tenían coincidencia con ellos en términos de acumulación de capital. Estos últimos formaron la segunda vertiente, que dependió más de sus conexio­ nes con el aparato de poder para amasar sus fortunas. Ambas subredes mantuvieron nexos e intereses económicos compatibles e incluso, en algunos casos, interconectados. Además, con posibles diferencias de grado, una y otra rama mantuvieron ligas con actores involucrados en tráficos ilegales, de los que también, según la evidencia analizada, parecían beneficiarse. Este beneficio parece haberse canalizado en las tres ramas de la actividad económica: agropecuaria, industrial y de servicios. En el caso del clúster más dependiente de su vinculación con el poder central, esto pudo apreciarse, por ejemplo, en la colocación e integración de recursos en actividades ganaderas —por parte de los generales revolucionarios que aparecían ligados a los operadores de los tráficos ilícitos—. Con el tiempo, las inversiones de algunos de ellos se expandieron a la actividad industrial hasta alcanzar posiciones destacadas en la producción de harinas refinadas. También a los servicios, dentro del ramo de las instituciones financieras que fundaron; e incluso en otras modalidades de actividad terciaria, en el transporte de carga y pasajeros, terrestre y aéreo. línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. Traducción libre del autor de la declaración en ­inglés: “It is going to be very difficult to rebuild a relationship of trust when you have ­potentially blown every single source you have worked to develop over decades when they have the ­brother of the President being involved in the assassination of a presidential candidate, when they have people high up in their military, we learn that they are on the take from the drug cartel”. Véase p. 3459.

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En el caso del clúster más añejo, su participación en la industria agropecuaria fue más bien tangencial: su fortuna inició, desde su origen, en la actividad industrial. Algunas de sus empresas, pertenecientes a este ramo, m ­ antuvieron, según la información mostrada, relación con actores ligados a los tráficos i­ líci­tos, sea como distribuidores exclusivos de sus productos o como publirrela­cionistas, aparentemente, con gente unida a sus propios círculos de actividad. También incursionaron en el ramo de los servicios, con alta influencia en el ámbito financiero. Cabe señalar que, con independencia del clúster del cual se trate, la información mostrada permite apreciar una mención frecuente de varias de las empresas en cuestión en hechos ilícitos reiterados. En ocasiones, se trata solamente de indicios aportados por los medios de comunicación. Sin embargo, en otros casos se trata de sentencias judiciales, como el caso de la acusación contra múltiples instituciones bancarias mexicanas en un tribunal federal estadounidense, a finales de la década de 1990, que se consignó en páginas anteriores. En México, tales hechos no tuvieron sino efectos penales aislados. Con base en todo lo anterior, es posible considerar que, de acuerdo con las evidencias presentadas, se corroboran los indicadores necesarios y suficientes para sostener la hipótesis de la existencia de acumulación institucionalizada de capital ilícito, como se propuso en el primer capítulo de este trabajo. En el primer caso, en lo referente a indicadores que constituyen evidencia necesaria, la información reunida demuestra la alta frecuencia de actividades y prácticas propias de lavado de dinero en las tres divisiones de la producción económica de Nuevo León —agropecuaria, industrial y de servicios—; la exis­ tencia de escasos controles contra dicha práctica y la débil aplicación o el ca­ rác­ter selectivo del régimen para atacarla, cuando éste ya operaba en el país. Por otra parte, la información también muestra actividades sostenidas de lavado de dinero por parte de empresas de alta importancia y/o ­predominio sectorial en los tres ámbitos de la producción económica de la entidad. T ­ ambién, la sociedad empresarial entre actores vinculados con actividades ilícitas y ­empresarios de alto nivel, que alcanzaron no solamente proyección dentro del estado, sino a nivel nacional. Finalmente, también mostró la propiedad directa o indirecta de empresas de alta importancia por parte de actores vinculados a actividades ilícitas. En otras palabras, aportó evidencia sustantiva que, según los criterios enunciados con anterioridad, es suficiente para considerar la existencia de acumulación institucionalizada de capital ilícito. 357

6. El tráfico de drogas en Nuevo León: del auge y ocaso de la red criminal de Juan García Ábrego a los preámbulos de la disputa por el estado

A mediados de los años ochenta, Nuevo León ofrecía múltiples evidencias que daban cuenta de la creciente operación de grupos dedicados al tráfico de drogas en la entidad. Hasta 1996, la más arraigada y preponderante fue la red delicti­va que tenía a Juan N. Guerra y su sobrino Juan García Ábrego como las figuras de mayor visibilidad, comúnmente identificada como el Cártel del Golfo. No obstante, en el estado también operaron grupos delictivos con base original en el occidente del país. En especial, aquella articulada en torno a Amado ­Carrillo Fuentes, del denominado Cártel de Juárez. Ambas organizaciones delictivas parecen haber contado en esencia con las mismas redes de protección y de inte­g ración de sus recursos ilegales en la economía formal. En este capítulo se analiza la dinámica del tráfico de drogas en el estado, así como las evidencias de interacción irregular entre las redes delictivas más relevantes y aquellos actores institucionales que les brindaron protección. Asimismo, la relación de estos últimos y aquellos otros de perfil empresarial a quienes se ligó en su momen­to con operaciones de integración de capitales de procedencia ilícita en la economía formal. Como se podrá observar, las operaciones ilícitas de algunos de los actores delictivos —en sentido tradicional— más poderosos e influyentes crecieron y perduraron por su pertenencia o conexión con la subred de poder hegemónica que ejerció un control directo sobre los circuitos institucionales estratégicos para los tráficos ilícitos. Se podrá también apreciar la conexión entre los circui­ tos económicos ilegales y otros de carácter legal, a la luz de la exposición reali­ zada en capítulos previos.

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El tráfico de drogas en Nuevo León, de mediados de la década de 1980 a la de 1990 En este apartado se hará una revisión de la forma en que operaban los actores más tradicionalmente delictivos de la subred de poder durante esta época y su manera de conducirse con aquellos otros dedicados a los tráficos ilícitos, con los que ejercían intermediación. A comienzos de 1985, la Dirección General de Control de Estupefacientes, dependiente de la Segunda Subprocuraduría de la pgr, informó la cantidad de cultivos ilícitos erradicados y drogas incautadas en la Zona 11, con sede en Nuevo Laredo, que integraba a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamauli­ pas. Según esa fuente, en lo referente a opiáceos, en los tres años precedentes, no se había erradicado en la zona ningún plantío de amapola. Sólo se aseguró 1 kg de semilla de adormidera en 1984 y 4 kg de heroína en 1983 y otros 13 en 1984. En ese último año, se desmanteló en la zona un laboratorio para procesar heroína. Y en el caso de la mariguana, en 1982 se erradicaron 4 plantíos y una superficie de 6 ha; en 1983, 7 plantíos y una superficie de 80 ha, y en 1984, 24 plantíos y 4 ha. En 1983 se aseguraron 6 kg de semilla, c­ ifra que ascendió a 180 kg en 1984. En lo referente a mariguana seca, en 1982 se aseguraron 8 161 kg, 14 289 en 1983 y 24 594 en 1984. En el caso de la cocaína, en 1982 se habían asegurado solamente 2 kg en la zona. Un año más tarde, no se incautó ninguno. Pero en 1984, la cifra reportada fue de 301 kg. En lo concerniente a armas, en 1982 se aseguraron 96 armas largas y 188 cortas; en 1983, 47 largas y 135 cortas; y en 1984, 11 largas y 17 cortas. En 1982, se decomisaron 143 vehículos terrestres, uno aéreo y dos marítimos; en 1983, solamente 105 vehículos terrestres, y en 1984, 73 vehículos terrestres y uno aéreo. En lo referente a detenidos por delitos contra la salud, en 1982 se detuvo a 717 personas (696 nacionales y 21 extranjeros), en 1983 a 663 personas (633 nacionales y 30 extranjeros), y en 1984 a 699 (690 nacionales y 9 extranjeros).1

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Procuraduría General de la República, Segunda Subprocuraduría, Dirección General de Control de Estupefacientes, Dirección de Reconocimiento y Verificación, Reporte enviado a la Unidad de la Crónica Presidencial, 8 de enero de 1985, fojas 25-26, agn, mmh, Clave de identificación 170302, caja 2, expediente 01.

Estas cifras muestran que la Zona 11, es decir, el noreste del país, no era la zona donde se había incautado la mayor cantidad de mariguana en la f­ rontera norte. En la Zona 7, con sede en la ciudad de Chihuahua, en 1982 se habían asegu­rado 6 976 kg; 907 en 1983 y 8 119 067 kg en 1984. En la Zona 8, con sede en Tijuana, se habían asegurado 2 776 kg en 1982; 2 375 kg en 1983 y 105 955 kg en 1984. En la Zona 9, con sede en Hermosillo, se aseguraron 1 497 kg en 1982; 12 243 kg en 1983 y 78 919 kg en 1984.2 No obstante, en relación con la cocaína, la Zona 11 era la región donde se produjeron los aseguramientos más significativos del periodo: en la Zona 7 (Chihuahua), fueron incautados 2 kg en 1983 y 1 kg en 1984, mientras que en 1982 no hubo aseguramiento alguno de esta droga. En la Zona 8 (Tijuana), sólo se decomisaron 6 kg en 1982, 5 en 1983 y 4 en 1984. En la Zona 9 (­Hermosillo), sólo se incautaron 5.5 kg del alcaloide en 1984, sin ninguna cantidad en los dos años precedentes. Incluso, en la Zona 6, con sede en Culiacán, Sinaloa, sólo se aseguraron 0.003 kg de cocaína en 1984, sin ningún registro en los dos años previos. En la Zona 1 (Oaxaca), se decomisaron 26 kg en 1983. En la Zona 2 (Chilpancingo), sólo 0.07 kg en 1984. La Zona 3 (Uruapan) no presentó ningún ase­g uramiento de cocaína. Tampoco la Zona 5 (Durango). En el caso de la Zona 4, con sede en Guadalajara, sólo se aseguraron 1 kg en 1983 y 4 kg en 1984. La Zona 12 (Tuxtla) registró 5 kg decomisados en 1982, 1 kg en 1983 y 0.001 en 1984. Aparentemente, la cocaína tenía al centro del país como p ­ rincipal ­punto de almacenamiento y posterior distribución: en la Zona 10, con sede en la Ciudad de México, se incautaron 386 kg de esa droga en 1982, 49 kg en 1983 y 145 kg en 1984.3 Al tratarse de una droga de producción externa al país, localizada en el sur del continente, la dinámica del tráfico de drogas muestra signos de a­ lteración. Regiones del sur del país, como la Zona 1, con sede en Oaxaca, muestran asegura­ mientos más relevantes que otras regiones con amplio historial en el tráfico de drogas en ellas producidas, como las Zonas 2 (Chilpancingo), 3 ­(Uruapan), e incluso aquellas con poderosas redes delictivas claramente asenta­das en su interior, como las Zonas 4 (Guadalajara, Jalisco) y 6 (Culiacán, Sinaloa). Aparentemente, la introducción de la droga no era tampoco por vía terrestre, pues 2 3

Idem, fojas 17, 19 y 21. Ibidem, fojas 5-27.

361

las principales incautaciones de cocaína tampoco tenían lugar en la frontera sur, es decir, en la Zona 12 (Tuxtla, Chiapas). La droga era introducida por vía aérea, fuera en avionetas que repostaban en estados no fronterizos del sur de la República; concentrada en la Ciudad de México —es posible que también se introdujera directamente por vía aérea a la capital del país—, para trasladarse posteriormente a la frontera noreste, a Tamau­ lipas, el punto de cruce fronterizo hacia Estados Unidos más cercano al entonces Distrito Federal, nuevamente por vía aérea o terrestre. Según esta nueva tendencia, y dada la alta demanda y rentabilidad del mercado de la cocaína más allá de las fronteras nacionales, este nuevo ­producto fue el que favoreció el apogeo de la red delictiva de Juan N. Guerra y Juan G ­ arcía Ábrego, por encima de la ventaja comparativa que representaba para otras ­redes criminales el acceso directo a los procesos de producción de drogas culti­ va­das de manera doméstica. Hacia 1988, la quinta parte de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos lo hacía por México. Diez años después, la p ­ roporción se había incrementado a dos terceras partes. Y hacia 1996, el kilogramo de ­cocaína costaba en Colombia 1 200 dólares, mientras que en Reynosa, Tamaulipas alcanzaba 6 000 dólares y tras el cruce fronterizo por el río Bravo, en esa misma región, en McAllen, Texas, se cotizaba en 10 000 dólares.4

Nuevos liderazgos, redes añejas En Nuevo León, varios de los actores sustantivos de los que se ha hablado en páginas anteriores habían fallecido a principios de la década de 1980: el 9 de octubre de 1982 murió el general Bonifacio Salinas Leal,5 y apenas unos meses después, el 27 de febrero de 1983, el general Aarón Sáenz Garza.6 En ese mismo mes y año, en Matamoros, Tamaulipas, entraba en funciones el Centro de Observación y Tratamiento para los Menores Infractores “Roberto

4 5 6 362

Allen, Christian M., (2005), An Industrial Geography of Cocaine, Routledge, Latin American Studies, Nueva York, eua y Oxon, Reino Unido, pp. 31 y 75. El Siglo de Torreón (1982), “Murió el Gral. Salinas Leal”, 10 de octubre, Torreón, pp. 1-2, sección A. El Siglo de Torreón (1983), “Aarón Sáenz fue sepultado”, 28 de febrero, Torreón, pp. 1-2, sección A.

Guerra Cárdenas”, nombre que recibió para honrar a su fallecido fundador, el hermano de Juan N. Guerra.7 En 1984, el comandante de la pjf en Nuevo León era Guillermo González Calderoni, sustituido en octubre de ese año por el comandante ­Nicolás Flores Almazán, quien se desempeñaba en Guadalajara, Jalisco.8 Apenas en mayo de ese mismo año, la prensa neoleonesa había publicado la noticia del fallecimiento de Casimiro Espinosa Campos (a) el Cacho, un traficante de d ­ rogas —y según se vio en capítulos anteriores, colaborador del comandante de la dfs Rafael Chao López— que murió al ser trasladado por vía aérea a Monterrey, desde Matamoros, Tamaulipas. En esa localidad, Espinosa Campos había sido sujeto a dos intentos de asesinato con arma de fuego, uno de ellos mientras se encontraba hospitalizado en la Clínica Raya, donde se reponía de las heridas que le había causado Óscar López Olivares (a) el Profe, un asociado de Juan García Ábrego.9 Y en febrero de 1985, en Nuevo León, una avioneta matrícula XB-NEB —hasta un mes antes propiedad de la tienda departamental Salinas y Rocha— se desplomó con el ex coordinador de la campaña antinarcóticos en la Zona 11, José Carlos Aguilar Garza, Miguel del Bosque Cardona, el comandante de la dfs Carlos Manuel Arteaga García y el piloto de la aeronave, Manuel Amozorrutia Silva. Según la prensa neoleonesa, el agente del Ministerio Público Federal negó que la avioneta transportara drogas.10 Sin embargo, años después, tras su ­propia detención, el comandante Rafael Chao López confesó posteriormente que, en efecto, transportaba 600 kg de cocaína y que él personalmente coordinó la extracción del alcaloide de la aeronave accidentada, con objeto de proteger la carga

07 El Heraldo de Brownsville (1982), “Ocho delincuentes juveniles estrenan nuevo reclusorio”, 08 09

10

13 de octubre, Brownsville, Texas, p. 12A. El Porvenir (1984), “Nuevo jefe en la pjf”, 26 de octubre, Monterrey, p. 21A. El Porvenir (1984), “Investigan muerte de ‘El Cacho’; lo trasladan a esta ciudad y fallece en el hospital”, 20 de mayo, Monterrey, p. 16A. Sobre el atentado, véase Flores Pérez, Carlos Anto­ nio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el esta­do de Tamaulipas, ciesas, México, pp. 228-234. El Porvenir (1985), “Niega mp que transportara droga avioneta estrellada”, 9 de febrero, Monterrey, p. 8A. Según la nota, la avioneta había sido vendida un mes antes a uno de los tripulantes, según se estableció informalmente por las autoridades locales pertenecientes a la pgr. No proporcionaron la identidad específica.

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y exculpar a los tripulantes.11 Tanto el coordinador de agentes del Minis­terio Público Federal, José Carlos Aguilar Garza, como el comandante de la dfs Rafael Chao López, tenían relación estrecha de ­colaboración con Juan N. Guerra y Juan García Ábrego. El piloto del avión accidentado, Manuel Amozorrutia —quien se desempeñaba como comandante de la Aeronáutica Civil en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y combinaba ese trabajo con el ­servicio de transporte particular de Carlos Aguilar Garza—, declaró oficialmente que éste junto con su socio Del Bosque habían adquirido la aeronave. ­También, que Aguilar Garza se desempeñaba, en el momento del accidente, como funciona­rio de la Dirección Federal de Seguridad. Más aún, que Aguilar Garza junto con Juan N. Guerra habían decidido el ataque contra Casimiro Espinosa Campos, porque éste no se había subordinado a las instrucciones de Guerra en el tráfico de ­drogas. Por otra parte, según el testimonio de testigos colabora­dores de la fiscalía estadounidense en el juicio contra Juan García Ábrego, en 1996, la relación de éste con Rafael Chao López era también estrecha y añeja.12 Según Carlos Reséndez Bertoloucci, su amigo de juventud, colaborador en el tráfico de drogas y posterior testigo en su contra, durante el juicio, Juan García Ábrego inició sus operaciones en el tráfico de drogas en la década de 1970; en 1976, el propio Reséndez le vendió una carga de aproximadamente 300 kg de mariguana que encontró abandonada en su rancho, por la que recibió 50 000 pesos. Hacia 1985 o 1986, Reséndez comenzó a trabajar de tiempo completo bajo las órdenes de Juan García Ábrego en el tráfico de drogas. Dada la estrecha amistad entre ambos, Reséndez le presentó a Fernando Martínez (a) el Aguacate, otro traficante de drogas. Martínez deseaba la autorización de García Ábrego para traficar cocaína en la zona, quien aceptó con la condición de cobrar 200 000 dólares por cada avioneta cargada con cocaína que aterrizara en su 11 El Norte (1989), “Delata Chao a otros quince implicados”, 13 de julio, Monterrey, versión di12

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gital (de paga). La declaración ministerial de Amozorrutia se encuentra reproducida en: , [consultada el 1º de mayo de 2018]. En lo referente a la relación entre Rafael Chao López y Juan García Ábrego, véase U ­ nited ­States of America vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, testimonio de Francisco Pérez M ­ onroy, 3 de octubre de 1996, Houston, Texas, doc. 336, pp. 132-134; y testimonio de Carlos Reséndez Bertoloucci, 1º de octubre de 1996, Houston, Texas, doc. 338, pp. 29-30.

zona de operación. A cambio de ese pago, García Ábrego ­aseguraba que Martínez no tendría ningún problema con la policía mexicana en sus acti­v idades de tráfico de cocaína. Reséndez declaró en el juicio que semejantes pagos tuvieron lugar y que él en persona acompañó a Martínez a entregarlos a García Ábrego, en Matamoros, y que éste ordenó que fueran entregados a uno de sus ayudantes: José Luis Sosa Mayorga (a) el Cabezón.13 La red delictiva de García Ábrego no era la única involucrada en el ­tráfico de cocaína. Según el testimonio de Reséndez, otras aeronaves descendían en ranchos de Soto La Marina, Tamaulipas —una región donde también los ­trafican­tes vinculados a García Ábrego descargaban droga—, pero sin ­acuerdo con él, sino con otros personajes, como Octavio Barrera. En tales casos, el pago de 200 000 dólares no era prerrogativa de García Ábrego. No obstante, al ser des­cubiertos, se les obligaba a pagar en especie con parte del cargamento de ­cocaína.14 La razón: a Juan García Ábrego se le consideraba el jefe de las opera­ciones de tráfico de drogas en el cruce fronterizo de Matamoros. Según Reséndez, García Ábrego era “[…] el jefe ahí en ese lugar […]. Era el que daba las órdenes a todos. Tenía el lugar bajo control, bajo su control”.15 Hacia 1985-1986, otras redes delictivas traficaban cocaína desde Tamauli­ pas hacia Houston, Texas, e incluso la transportaban desde ahí hacia C ­ alifornia. Ése era el caso, por ejemplo, de la red de Sergio Gómez (a) el Checo, que inicialmen­te traficaba mariguana, pero que para esa fecha se había involu­crado ya en el negocio de la cocaína. En un principio, Gómez adquiría la cocaína del Cártel de Medellín; no obstante, su organización fue absorbida por la de Óscar Malherbe y Luis Medrano —asociados integrantes de la red criminal de G ­ arcía Ábrego—, quienes indicaron a Gómez que no podía comprar más cocaína al Cártel de Medellín, sino que tenían que optar por sus propios proveedores: el Cártel de Cali.16

13 U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 259-266. 14 U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 272-273. 15 En la transcripción del testimonio, Reséndez refiere a García Ábrego como “the boss there 16

at that place […] He was the one who give orders for all around. He had the place under control, under his control”, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, p. 274. Testimonio de Carlos Rodríguez, 30 de septiembre de 1996, Houston, Texas, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 43-51.

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De acuerdo con el testimonio de Carlos Rodríguez, uno de los ­operadores de la organización de Sergio Gómez —ambos continuaron operando en el ­tráfico de cocaína vinculados a la organización de Malherbe y Medrano— la cocaína se introducía mediante aviones Turbo Commander, empleados por los trafican­ tes colombianos para transportar la droga. Estos aviones aterrizaban en diversos ranchos ubicados en Soto La Marina, Tamaulipas. Cada uno de ellos transportaba entre 800 kg y una tonelada de cocaína. En ocasiones, la operación de descarga se realizaba mediante el aterrizaje de dos y hasta tres aeronaves de este tipo, cada una con una carga de cocaína de tales ­proporciones.17 Una vez realizado el aterrizaje en pistas de terracería o hierba, la droga se ­colocaba en avionetas Cessna 206, con menor capacidad de carga. Se le trasladaba a Matamoros, cerca del cruce fronterizo, mediante viajes reiterados de este tipo de avionetas.18 Carlos Rodríguez añadió un detalle de interés. Según expuso, una ­docena de miembros de la Marina mexicana establecían un perímetro de seguridad en el área circundante a la pista donde habrían de aterrizar los aviones T ­ urbo Commander colombianos. Estos militares estaban coludidos con un indivi­ duo de nombre Rafael Olvera (a) Rafles, quien había sido integrante de la ­A rma­da y ahora, ya ligado a la organización de García Ábrego, estaba a ­cargo de la contabilidad de la droga descargada en Soto La Marina y trasladada a Matamo­ros. Según el testimonio, los marinos ayudaban a trasladar la cocaína a Matamoros.19 Uno de los ranchos utilizados para la descarga de cocaína era el Verde Grande, en Soto La Marina, al sur de Matamoros. Según el testimonio de Carlos Reséndez, en ese rancho aterrizaban avionetas repletas de cocaína cuya carga era distribuida al 50% para García Ábrego, y el 50% restante se repartía entre Fernando Martínez (a) el Aguacate y Mario Garza. En el rancho se efectuaban de manera paralela actividades agropecuarias, concretamente la cría de ­gana­do. La propiedad fue finalmente cedida a García Ábrego, por sus asociados, 17 Testimonio de Carlos Rodríguez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, 18 19

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doc. 328, pp. 51-58. Testimonio de Carlos Rodríguez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 58-61. Testimonio de Carlos Rodríguez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 60-63.

Martínez y Garza. Reséndez identificó varios de los ranchos que la red criminal utilizaba para descargar cocaína colombiana en Tamaulipas: El Venadito, La Herradura, Dos Hermanos, El Centenario, así como uno del que no ­proporcionó el nombre, pero que era propiedad de un individuo de nombre Luis Ferrell, todos ellos en Soto La Marina. También el rancho El Tesoro, en el municipio de San Fernando.20 Según Rodríguez, Óscar Malherbe y Luis Medrano tenían que estar enterados de cada aterrizaje de aviones colombianos que transportaban cocaína hacia Soto La Marina, y obligaban a ceder dos terceras partes del 27% que constituía el porcentaje obtenido por Gómez y Rodríguez. Malherbe y Medrano controlaban la plaza, en nombre de García Ábrego. La organización efectuaba pagos tanto a las corporaciones policiales como a integrantes del ejército, para evitar que interfirieran en sus operaciones. Las autoridades encargadas de la seguridad y la represión al tráfico de drogas, simplemente no debían encontrarse cerca del sitio donde tenía lugar la descarga y el traslado de la cocaína. En su testimonio rendido durante el juicio, Rodríguez afirmó haber trasladado personalmente al menos 50 toneladas de cocaína, a cuenta de la red criminal de García Ábrego.21 En todo caso, el apoyo recibido no era solamente de autoridades mexicanas. Rodríguez —quien formó parte del ejército de los Estados Unidos— estableció que uno de sus contactos, Federico Munguía, traficaba cocaína de la organiza­ ción hacia Houston, Texas. Lo hacía con el apoyo de un grupo perteneciente a la Guardia Nacional de los Estados Unidos.22 Por su parte, el agente de la dea, Joseph DuBois, uno de los primeros oficiales estadounidenses que entraron en contacto con García Ábrego para arrestar­lo tras su traslado a Estados Unidos, y quien también rindió testimonio en el juicio que se siguió en contra suya, expuso que éste le aseguró que sus ­operaciones de tráfico de cocaína iniciaron en 1987 y que nunca excedieron los 200 kg, como carga máxima; que los aviones colombianos descargaban la 20 Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, 21 22

doc. 338, pp. 4-7 y 12-14. Testimonio de Carlos Rodríguez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 63-66, 69-71 y 94. Testimonio de Carlos Rodríguez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 328, pp. 95-96 y 101.

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cocaína en el estado de Tabasco, donde él, con sus propias aeronaves, la trasla­ daba a Soto La Marina. Según el agente, García Ábrego afirmó realizar estas operaciones con el apoyo de la Policía Judicial Federal, que concentraba a sus agentes lejos del área donde se descargaba la droga. García Ábrego aseguró al oficial de la dea haber dejado de traficar cocaína en junio de 1989 y haberse establecido en Chicago, Illinois, en 1990.23 Las respuestas de García Ábrego parecían orientarse a disminuir su propia importancia y la de sus conexiones en las estructuras de poder mexicanas ante los ojos de las autoridades estadounidenses. Existían también indicios de sus relaciones más allá de la frontera mexica­na. A pregunta expresa de la fiscalía estadounidense sobre señalamientos de García Ábrego sobre corrupción de autoridades estadounidenses que f­ avore­cieran a su organización, el agente especial DuBois observó que aquél no hizo señalamientos específicos; sin embargo, declaró que Juan García Ábrego recor­dó que había conocido al sheriff del Condado de Cameron, Alex Pérez, en el rancho El Tahuachal, propiedad de Juan N. Guerra.24 No obstante, en el caso de México, la evidencia judicial muestra que los apoyos de la organización iban mucho más allá de los operativos de las institu­ ciones de seguridad desplegadas en el terreno. Francisco Pérez Monroy, otro de los asociados de Juan García Ábrego en el tráfico de drogas, quien además era su primo —sobrino también de Juan N. Guerra—, estableció que se dedicó a esta actividad, directamente bajo la dirección de García Ábrego, desde 1980 hasta 1993.25 A comienzos de ese periodo, Pérez Monroy y García Ábrego parti­ci­paban de manera conjunta en el negocio de transportes. Pérez se encarga­ba de esperar, en las inmediaciones del rancho el Soliseño —ubicado cerca de la frontera y propiedad de García Ábrego— el arribo de las avionetas 23 Testimonio de Joseph DuBois, 7 de octubre de 1996, Houston, Texas, U.S.A. vs. Juan García 24 25

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Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 350, pp. 131-132 y 142-144. Testimonio de Joseph DuBois, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 350, p. 140. Testimonio de Francisco Pérez Monroy, 3 de octubre de 1996, Houston, Texas, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 336, pp. 91-92 y 99. En la transcripción, Pérez Monroy menciona al bar Piedras Negras, como propiedad del tío de ambos. No obstante, por error del mecanógrafo se traduce el nombre del propietario como “Juan Aguirre”, en lugar de Juan N. Guerra.

que transportaban mariguana, para descargarlas y trasladar después su carga al referido rancho. Se trataba usualmente de una avioneta Cessna 206, pilo­ teada por Óscar López Olivares (a) el Profe. En ese periodo, realizaban entre 5 y 10 v­ iajes de transporte de mariguana por año, según el periodo estacional de cosecha. Pérez Monroy estableció que habría realizado un total de 20 o 30 operaciones de descarga y traslado de mariguana, con una carga de 500 kg en promedio, cada uno de ellos, hasta 1984. Posteriormente, la hierba se enviaba a Estados Unidos, a través del puente, disimulada en vehículos terrestres. Según el ­testimonio de Pérez Monroy, García Ábrego tenía también varias avionetas Cessna 206 en el aeropuerto La Rosita, en Matamoros, a poca distancia de un establecimiento de transporte de carga, donde tenía entre 20 y 30 camiones tráiler.26 Según Carlos Reséndez, el nombre de la compañía era Transportes del Golfo.27 El poder de Juan García Ábrego le permitió ordenar el asesinato de dos de sus antiguos asociados: un comandante de la dfs, Tomás Morlett, y el propio guardaespaldas del capo, Saúl Hernández. Eric Linares, uno de los principales pistoleros de García Ábrego los asesinó afuera del bar Piedras Negras, de Juan N. Guerra, en Matamoros. La razón: que Morlett y Hernández realizaban opera­ciones de tráfico de drogas a espaldas de García Ábrego, según le relató éste a su primo Pérez Monroy.28 En consecuencia, es posible considerar que G ­ arcía Ábrego no era solamente un traficante más bajo extorsión de las ­f uerzas de segu­ridad mexicanas. De hecho, la garantía de protección que brindaba a quienes se asociaban con él, la posibilidad de traficar sin ser sujetos a las accio­nes punitivas del aparato gubernamental, confirma la buena relación que a su vez tenía con actores institucionales clave. En el juicio en contra de García ­Ábrego, su primo Francisco Pérez Monroy expresó que en la red de protección de la que aquél gozaba participaban también el comandante de la Policía Judicial F ­ ederal, Emilio López Parra; el director de Enlace y Concertación de la ­Dirección General de Investigación de Narcóticos de la pgr, Luis Esteban 26 Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-16727 28

SSS, doc. 336, pp. 93-97 y 124-125. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, p. 16. Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167SSS, doc. 336, pp. 100-103.

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García Villalón y Javier Coello Trejo, subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en la pgr. De hecho, según Pérez Monroy, Luis Esteban García Villalón —sobrino de Lauro Villalón de la Garza, el antiguo cacique de San Fernando li­gado a Tiburcio Garza Zamora y a Aarón Sáenz Garza— y Emilio López ­Parra ayudaban directamente a García Ábrego en el traslado de drogas, según le refi­rieron el propio López Parra y Fernando Herrera, encargado de la administra­ción del dinero de la organización. Según expuso el testigo Pérez Monroy, en ocasiones, García Villalón y López Parra acudían personalmente a recibir los aviones con los envíos de cocaína colombiana. García Ábrego enviaba dinero y obsequios a Coello Trejo, a través de García Villalón y López Parra.29 Según el testimonio de Carlos Reséndez, el propio García Ábrego le había señalado que Coello Trejo estableció una cuota mensual de 1 500 000 dólares, como pago por permitir las operaciones de tráfico de drogas de la organización. El conducto para hacerle llegar los pagos a Coello eran Luis Esteban García Villa­lón y Emilio López Parra.30 De acuerdo con Reséndez, García Ábrego también enviaba dinero y r­ egalos a un individuo de apellido Galindo Ochoa. Se trataba, al parecer, de Arturo Galindo Ochoa Musa, un hijo del ex vocero presidencial de José López Portillo, Francisco Galindo Ochoa, que tenía también otro hijo que trabajaba como coman­dante en la Dirección General de Aduanas en Matamoros, Antonio Galindo Ochoa Musa. Según Reséndez, a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, el primero de estos hijos de Galindo Ochoa desempeñaba alguna función dentro de la pgr.31 La figura de Francisco Galindo Ochoa y la mención explícita de sus hijos en el juicio a García Ábrego, como parte de los funcionarios que le b ­ rindaban protección, cobra relevancia porque este personaje pertenecía al círculo de 29 Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-16730 31

SSS, doc. 336, pp. 126-132. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, p. 28. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 27-28. Sobre Arturo Galindo Ochoa Musa, véase El Norte (1996), “La red de ‘lavado’ de dinero de García Ábrego: ‘Lavar’ ajeno”, 18 de septiembre, Monterrey, versión en línea (de paga). Sobre Antonio Galindo Ochoa Musa, véase Prensa de Reynosa (1987), “Antonio Galindo Ochoa, nuevo segundo Com. del Resguardo Adua­nal. Le dio posesión el administrador de la Aduana Hugo Ramón Pimentel”, 28 de febrero, Reynosa, p. 6D.

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amistades cercanas de políticos de la administración de Carlos Salinas de Gor­ ta­ri, según se puede constatar en el tomo correspondiente al entorno polí­tico y de narcotráfico contenido en el informe de la pgr sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Según este documento, Galindo Ochoa formaba ­parte de un grupo de políticos y empresarios que se reunía periódica­mente en casa de algu­no de sus integrantes, al que se denominó Grupo de los Diez. A esas reuniones ­acudían regularmente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Luis Donal­do Colosio Murrieta (presidente del pri y secretario de Desarrollo Social), Carlos Hank González (secretario de Turismo y después, secre­ ta­r io de Agricultu­ra), Carlos Hank Rohn (Interacciones), Francisco Galin­do Ochoa, ­Roberto Gonzá­lez Barrera (Gruma y Banorte), Manlio Fabio Bel­trones (subsecre­tario de Gobernación y gobernador de Sonora), Emilio Gamboa P ­ atrón (secretario de Comunicaciones y Transportes), Francisco Rojas Gu­tiérrez (director general de Pemex); Gilberto Borja Navarrete (Ingenieros Civiles Asociados, ica) y Juan Francisco Ealy Ortiz (El Universal).32 García Ábrego proporcionaba también pagos a diversos comandantes de la Policía Judicial Federal. Reséndez mencionó, además de López Parra y G ­ arcía Villalón, a Salvador Peña Galván y a un comandante de apellido Ventura.33 No obstante, hacia 1989 o 1990, la cuota enviada por García Ábrego a C ­ oello Trejo dejó de llegar en orden. Según Reséndez, Coello no estaba recibiendo la cantidad íntegra, lo que ocasionó que varias propiedades de García Ábrego fueran aseguradas por las autoridades y la Subprocuraduría Antinarcóticos de la pgr iniciara operativos para capturarlo.34 Esta presión condujo a que ­García Ábrego se desplazara de Matamoros para establecerse por poco tiempo en Monterrey, Nuevo León, donde permaneció un par de meses, para trasladarse a McAllen, Texas y, después, en mayo de 1990, se radicó en las afueras de Chica­go, Illinois, en el departamento 27 de los Indian Head Park Apartments,

32 Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio 33 34

(2000), Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio ­Murrieta. Tomo IV. Entorno político y narcotráfico, pgr, México, pp. 147, 322, 328-340. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 27-28. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 31-32.

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con la ayuda de Héctor Elizondo (a) la Vaca y Francisco Pérez Monroy, quienes previamente habían radicado en esa ciudad estadounidense.35 Según Pérez Monroy, López Parra y García Villalón intentaban arrestar a García Ábrego, pues una libreta de contabilidad asegurada a éste y en poder de Coello, mostraba las diferencias entre las cantidades que el traficante les entregaba y las que hacían llegar al subprocurador.36 López Parra y García Villalón fueron arrestados. De acuerdo con el testimonio de Carlos Reséndez, García Ábrego recuperó las propiedades que le habían asegurado con la a­ yuda de personajes ligados a Rafael Chao López, quienes lo apoyaron a hacer las gestiones necesarias. Reséndez señaló también que las propiedades de García Ábrego habían sido recuperadas del gobierno a través de un individuo de nombre Luis Ramírez.37 Mientras radicó en Chicago, García Ábrego daba instrucciones a Óscar Malher­be, a su hermano Humberto García Ábrego (a) Chichi y también a Ricardo Aguirre, personaje encargado de lavar su dinero, quien transfirió 25 000 000 de dólares de sus cuentas en Monterrey, Nuevo León, a otras tantas en Nueva York, en Estados Unidos, y después a las Islas Caimán.38 Luis Esteban García Villalón y Emilio López Parra fueron detenidos el 24 de mayo de 1990. La prensa neoleonesa informó del caso y reprodujo la versión oficial de la pgr, según la cual, García Villalón recibía el dinero del entonces coman­dante de la pjf en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Emilio López Parra, quien lo recibía a su vez de Juan García Ábrego y uno de sus ­lugartenientes, de nombre Luis Medrano. Según la versión oficial, se trataba de una maniobra por la que García Villalón y López Parra engañaban a los traficantes y les hacían creer que el pago les garantizaba operar sin sobresaltos, al tiempo que se embolsaban todo el dinero recibido para su propio provecho. En el momento de su arresto, García Villalón fue detenido con 2 400 000 dólares 35 Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-16736 37 38

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SSS, doc. 336, pp. 139-143. Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167SSS, doc. 336, p. 153. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 29-30. Testimonio de Francisco Pérez Monroy, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167SSS, doc. 336, pp. 147-155.

en efectivo, en su automóvil. La pgr aseguró que la detención se derivó de la información que proveyeron los traficantes Elías García García (a) el Profe y ­Sergio Gómez (a) el Contador, capturados en enero de ese año. Del subprocurador Coello ­Trejo no se realizó mención alguna.39 Años después, en abril de 1997, el ­traficante colom­biano Juan Carlos Ramírez Abadía (a) Chupeta, integrante del Cártel de Cali, brindó un testimonio juramentado ante fiscales mexicanos en el que expu­so que los cargamentos de cocaína que la organización enviaba a ­México ­contaban con la protección del subprocurador Javier Coello Trejo y de su cerca­no colaborador, el comandante Guillermo González Calderoni, quienes recibían pagos periódicos de las organizaciones delictivas.40 Durante la celebración del juicio en contra de García Ábrego, la fiscalía estado­u nidense inquirió a Carlos Reséndez sobre los acuerdos existentes para la importación de cocaína colombiana a México. Su respuesta fue que ­exis­tía un acuerdo entre los traficantes colombianos y las autoridades mexica­ nas para introducir ese producto. Según Reséndez, el propio García Ábrego y otros ­integrantes del grupo delictivo le informaron que los colombianos debían ­ceder en especie a García Ábrego entre el 40 y el 50% de la cocaína introducida a México.41 De nuevo en 1991, en enero, García Ábrego había regresado a radicar en Monterrey. Se ocultaba primero en una quinta propiedad de Mario Benavides; después se estableció en un inmueble que adquirió ubicado en Río La Silla 39 El Porvenir (1990), “Acusan de cohecho a funcionario de pgr; responsabilizan a Luis E. 40

41

­ arcía Villalón de recibir 2 millones 400 mil dólares de narcotraficantes”, 25 de mayo, MonG terrey, p. 1A. Miami Herald (1997), “Cali Cartel Trafficker Names ex -Mexican Officials as Smugglers”, 18 de mayo, Miami, Florida, p. 1A. También Miami Herald (1997), “Ex Hero of Mexican Drug Enforcement Denies Wrongdoing”, 18 de mayo, Miami, Florida, p. 24A. Asimismo, El ­Tiempo (1997), “Chupeta implica a ex funcionarios. Un jefe del Cártel de Cali preso en Colombia identificó a altos ex funcionarios mexicanos que recibían dinero del narcotráfico, informó el domingo el periódico The Miami Herald”, 18 de mayo, Bogotá, Colombia, disponible en línea: , [consultada el 4 de mayo de 2018]. También The Orange County Register (1997), “Jailed Drug Kingpin Implicates Mexico Officials in Trade”, 19 de mayo, California, Estados Unidos, p. 16. Ramírez Abadía también señaló como colaborador de estas actividades al comandante de la pgr Guillermo Salazar Ramos. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 46-47.

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3820, en la misma ciudad; también habitaba ocasionalmente en una casa en la calle Chipinque, en la colonia Del Valle, en Monterrey, donde residía su esposa.42 Una vez en Nuevo León, García Ábrego envió a Carlos Reséndez a entrevistarse con Luis Esteban García Villalón, a quien exigió la devolución de las ­cantidades no entregadas a Coello, que había sustraído de la cuota periódica que el t­ raficante enviaba al subprocurador. García Villalón reintegró en bienes y en ­moneda ­nacional el equivalente a 10 000 000 de dólares. Los bienes fueron entre­gados por su hermano, Eduardo García Villalón, quien transfirió a García ­Ábrego un rancho en la carretera Monterrey-Miguel Alemán, así como varios ­depar­tamen­­tos en la colonia Del Valle, en la primera de esas localidades. El dinero fue reinvertido en cuentas de banco a nombre de testaferros en Monterrey y, ­posteriormente, de esas cuentas se giraron cheques en blanco que se e­ ntregaron al hermano de Juan, Humberto García Ábrego; otros cheques fueron endosados a Víctor García, un individuo que manejaba negocios legales de García Ábrego, entre ellos otra línea de transporte, en Monterrey.43 Mientras radicaba en la capital de Nuevo León, García Ábrego adquirió, a través de Víctor García, el rancho Las Amarillas, de aproximadamente 4 500 ­hec­táreas, donde tenía incluso caballos de carreras. También adquirió el rancho El Coyote, en la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas; los ­ranchos El Venado y La Pita, cerca de Monterrey, en Nuevo León.44 Mientras García Ábrego se ocultaba en sus diversos ranchos en las inmediaciones de Monterrey, Carlos Reséndez se hacía acompañar de Humberto Reyes Pérez, un antiguo agente del Ministerio Público Federal convertido en notario público en Matamoros, que visitaba al primero para realizar la transferencia legal de sus propiedades.45 Juan García Ábrego fue detenido la noche del 14 de enero de 1996, en una casa ubicada en el municipio de Juárez, a 13 km de Monterrey. Tras su captura, 42 Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, 43 44 45

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doc. 338, pp. 36-38 y 40. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 42-47. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 47 y 49 y 51-52. Testimonio de Carlos Reséndez, U.S.A. vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, doc. 338, pp. 87-88.

lo trasladaron de inmediato a Estados Unidos con el argumento de que tenía la nacionalidad estadounidense. En una reunión con diversas autoridades políticas, el presidente Ernesto Zedillo declaró que la pronta expulsión había obe­ de­ci­do a motivos de seguridad nacional: expresó que García Ábrego estaba en condiciones de articular medidas inmediatas de desestabilización del país. A la luz de los eventos de 1994 y de los apoyos dentro de la red de poder que tenía el traficante, el argumento no parecía desmesurado.46 Por su parte, Coello Trejo abandonó su cargo de subprocurador antinarcóticos en la pgr en octubre de 1990. Fue designado al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, en ese mes.47 Tras la difusión mediática de su ­protección al tráfico de drogas, que se hizo pública durante el desarrollo del juicio en contra de García Ábrego, el ex subprocurador Javier Coello Trejo envió una misiva al procurador general de la República, en octubre de 1996. Coello se manifesta­ba indignado por las imputaciones que le hacían los testigos protegidos de la fiscalía estadounidense y proporcionó datos sobre su desempeño institucional de 15 años en diversos cargos de la pgr y sus acciones en contra de los grupos delictivos en la Subprocuraduría Antinarcóticos, incluido el de García Ábrego, como el arresto de Luis Esteban García Villalón.48 En los hechos, la pgr no inició ninguna investigación formal en su contra. Óscar López Olivares, quien había fungido como testigo protegido de las autoridades judiciales en Estados Unidos afirmó que la información que ligaba a Coello con el tráfico de drogas era múltiple y que la pgr contaba con ella. Añadió que, en Estados Unidos, t­ anto Francisco Pérez Monroy como el ex comandante Guillermo González Calderoni se desempeñaban como testigos protegidos del Departamento de Justicia; y que ambos habían identificado a Coello como uno de los protectores de las actividades de tráfico de drogas de Juan García Ábrego.49 En 2017, Javier Coello Trejo fungía como abogado defensor del ex director de Pemex, 46 El Norte (1996), “Fue por seguridad nacional”, 17 de enero, Monterrey, p. 1. 47 Proceso (1990), “Impugnan los empresarios la designación de Coello”, 20 de octubre, Ciudad 48 49

de México, versión en línea: , [consultada el 7 de mayo de 2018]. El Norte (1996), “Entrega Coello ‘pruebas’ de su lucha contra narcos”, 5 de octubre, Mon­ terrey, versión en línea (de paga). El Norte (1996), “Tiene Procuraduría pruebas suficientes contra Coello”, 23 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga).

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Emilio Lozoya, a quien se ligó públicamente con el esquema de corrupción internacional de la empresa Odebrecht.50 Y en el ámbito estatal neoleonés, el entonces gobernador Sócrates Rizzo renunció a su cargo el 18 de abril de 1996, apenas unos meses después de la captura de García Ábrego,51 tras que su procurador general de Justicia, David Cantú Díaz, había dimitido de esa función. El homicidio del abogado Leopoldo del Real —personaje ligado con traficantes de droga y comandantes de policía, entre ellos Rafael Chao López—, ocurrido apenas tres días después del arresto de Juan García Ábrego, había derivado en la publicación de misivas de denuncia del propio del Real sobre los nexos de la Procuraduría estatal con el tráfico de drogas, así como acuerdos incumplidos por el gobernador referentes a la manipulación de decisiones jurídicas para favorecer los intereses del abogado asesinado.52 Mario Benavides Caballero, coordinador de la Policía Judicial del Estado, subordinado del procurador Cantú Díaz y del gobernador Rizzo, también fue implicado en el asesinato de del Real. El fbi lo vinculó con Juan García Ábrego y con el comandante Guillermo González Calderoni.53

50 Nación 321 (2017), “Él es el abogado que se atrevió a defender a Emilio Lozoya, ex director

51 52 53

de Pemex”, 18 de agosto, Ciudad de México, versión en línea: , [consultada el 7 de mayo de 2018]; sobre Lozoya: El Economista (2017), “#Video Odebrecht pagó 10 millones de dólares a Lozoya, asegura delator. Salen a la luz videos en los que ejecutivos de la empresa Odebrecht confiesan cómo pagaron 10 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos”, 5 de diciembre, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 7 de mayo de 2018]. La Jornada (1996), “Renuncia Rizzo García en nl”, 18 de abril, México, disponible en línea: , [consultada el 25 de mayo de 2018]. El Norte (1996), “Renuncia David Cantú”, 29 de enero, Monterrey, versión en línea (de paga); El Norte (1996), “Involucra a David Cantú otra carta de del Real”, 12 de marzo, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (1996), “Lo implica el fbi con García Ábrego”, 22 de febrero, Monterrey, versión en línea (de paga).

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Policía Judicial Federal La relación entre el comandante de la pjf Guillermo González Calderoni y Juan García Ábrego ofrece también información de interés. Originario de Reynosa, Tamaulipas, González Calderoni, también tenía estrecha amistad personal con Juan García Ábrego. En junio de 1991, el procurador general de la República, Igna­cio Morales Lechuga, informó que la institución investigaba el patrimonio de cuatro comandantes de la Policía Judicial Federal, debido a lo inexplicable de su cuantía. Se trataba de Guillermo González Calderoni, José María Larrazo­lo, Guillermo Salazar y Javier Malandrino [sic].54 Con excepción del último personaje, cuyo apellido puede estar mal enunciado, los demás comandantes tenían ligas con Juan García Ábrego.55 En febrero de 1993, la prensa regiomontana publicó que la pgr había cateado y confiscado un rancho y dos residencias de González Calderoni, ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas. En concreto, la nota refirió que 76 agentes de la pjf habían cateado un domicilio de su pertenencia en Monterrey, así como la empresa Auto Líquidos de Cadereyta, de la cual también era propietario. La Contraloría General de la Federación había instruido tal medida, al indagarlo por enriquecimiento ilícito. La nota añadió que la dea investigaba al ex coordinador regional de la pgr por brindar protección a traficantes de droga, entre ellos, Juan N. Guerra y Juan García Ábrego. La pgr también lo indagaba por su posible participación en el asesinato de José Carlos Aguilar Garza, el antiguo coordinador de Agentes del Ministerio Público Federal en la Zona 11 que se había convertido también en traficante de cocaína, vinculado también a Guerra y García Ábrego. Paradójicamente, según resaltó la nota, Guillermo González Calderoni era entonces el policía con mayor número de incautaciones de drogas a lo largo de los diez años previos. En septiembre 54 El Porvenir (1991), “Clausuran edificio de la pjf. Ordenan investigar fortunas de altos jefes 55

judiciales; entre ellos se menciona a González Calderoni y José María Larrazolo”, 7 de junio, Monterrey, p. 4. En el caso de José María Larrazolo Rubio, véase Houston Chronicle (1991), “Mexico =fficial Vows to Probe Drug Lord’s Corruption Claims”, 31 de mayo, Star Edition, Houston, Texas, p. 1, sección A. En el caso de Guillermo Salazar Ramos, además de las declaraciones del colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía ya mencionadas, también la prensa neoleonesa publicó la información encontrada por la pgr donde aparecía una nómina pagada por la organización de García Ábrego, donde figuraba el referido comandante. Véase El Norte (1996), “El cuaderno de ‘El Amable’”, 18 de febrero, Monterrey, versión en línea (de paga).

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de 1991, fue designado agregado legal de la pgr en San Antonio, Texas, y esto causó molestia en algunos circuitos institucionales estadounidenses que afirmaban poseer evidencia incuestionable de la liga de este comandante con el tráfico de drogas.56 En mayo de 1994, el Tribunal Colegiado del Cuarto Distrito, con sede en Monterrey, ordenó la liberación de los bienes que la pgr le había incautado a González Calderoni. El magistrado de dicho tribunal, Juan Manuel García Salas, expresó que la orden de aprehensión en contra del comandante policial seguía en pie y que éste, al parecer, se ocultaba en San Antonio, Texas. A través de sus abogados, González Calderoni había interpuesto un amparo para lograr la restitución de sus propiedades, mismo que le fue concedido por la jueza cuarto de Distrito, Luz Patricia Córdova Hidalgo.57 En octubre de 1994, la pgr valuó los bienes de González Calderoni en 11 700 000 nuevos pesos. Éstos incluían 10 camiones tráiler, 500 cabezas de ganado y múltiples propiedades inmuebles, como ranchos y residencias. Una fortuna poco usual para un funcionario de la Procuraduría que en ella siempre había ocupado cargos dentro de las áreas enfocadas a la lucha antinarcó­ticos: primer comandante de la pjf en Monterrey, Ciudad Juárez y Tuxtla G ­ utiérrez; subde­­ legado de la pjf en Guadalajara; director de Investigación contra el N ­ arco­trá­fico, de la pgr y director de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima, en la mis­ma institución.58 González Calderoni fue detenido en McAllen, Texas, cuando se dirigía ­hacia una de sus residencias en ese lugar, tras arribar al aeropuerto de esa localidad, procedente de Las Vegas, Nevada. Radicaba en Texas desde hacía más de un año. En Estados Unidos se le acusaba por los cargos de tortura y abuso de autori­ dad. Fue recluido en la cárcel de Hidalgo, en Texas.59 El ex comandante enfrentó un juicio de extradición hacia México. Su abogado, Tony Canales —el mismo que defendió a Juan García Ábrego pocos años después— llamó a testi­ficar a diversas personas, que expusieron argumentos con los que intentaba probar que era riesgoso su envío a México. Entre ellos figuró, por ejemplo, el agente 56 El Norte (1993), “Confiscan bienes a comandante de la pgr. Catean en Nuevo León y Tamau57 58 59 378

lipas propiedades de Guillermo González Calderoni”, 9 de febrero de 1993, Monterrey, p. 1. El Porvenir (1994), “Liberan bienes a González Calderoni”, 19 de mayo, Monterrey, p. 1. El Porvenir (1994), “Valúa la pgr bienes de Calderoni en N$11 millones”, 17 de octubre, Monterrey, p. 12. El Porvenir (1994), “Detienen en eu a Calderoni”, 21 de septiembre, Monterey, p. 1.

del fbi, Claudio de la O, que brindaría después testimonio en contra de García Ábrego. El agente de la O declaró que González Calderoni había tenido una sóli­ da colaboración con agencias estadounidenses como el fbi y la dea y destacó que h ­ abía sido él quien había detenido a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, tras el asesinato del agente de la dea Enrique Camarena. En su segunda audiencia judicial ante la Corte Fede­ral, González Calderoni expuso que “Ser extraditado en estos m ­ omentos a México para enfrentar la justicia del país sería matarme”. El magistrado ­estado­u nidense Peter Ormsby determinó que no era prudente concederle la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario mientras duraba el proceso, de modo que, tras la audiencia, fue remitido nuevamente a la Penitenciaría de Río Grande, en el condado de Starr, Texas.60 Finalmente, a González Calderoni se le concedió la libertad bajo fianza en Estados Unidos en diciembre de 1994.61 En la misma fecha en que la prensa regio­montana dio a conocer esta noticia, publicaba también información de fuentes de la pgr que exponían que el ex diputado Manuel Muñoz Rocha, a quien se atribuía oficialmente entonces la autoría intelectual del a­ sesinato del entonces secretario general del pri y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, había establecido su domicilio en Texas, Estados Unidos desde hacía al menos un año. Muñoz Rocha fue ubicado en Brownsville por agentes federales de ese país que lo tenían cercado. Según su testimonio, la intervención del entonces procurador general de la República, Humberto Bení­tez Treviño ante el fbi derivó en que los agentes levantaran la vigilancia y Muñoz Rocha se evadiera. La nota también reprodujo versiones que circularon en noticieros televisivos mexicanos, según las cuales, Muñoz Rocha había sido dete­nido en San Antonio, Texas, pero que fue liberado porque los agentes que lo capturaron 60 El Siglo de Torreón (1994), “Asegura González Calderoni que si lo extraditaran en estos

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momentos a México sería para matarlo”, 23 de septiembre, Torreón, p. 14. Véase también The Brownsville Herald (1994), “Judge Again Denies Bail for Mexican Official”, 6 de octubre, Brownsville, Texas, p. 11. Miguel Ángel Félix Gallardo afirmó haber tenido amistad con González Calderoni y consideró que éste lo había traicionado con su detención. Véase La Jornada (2009), “Félix Gallardo acusa al extinto González Calderoni de repartir plazas a narcos”, 9 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 13 de noviembre de 2018]. El Porvenir (1994), “Sale Calderoni bajo fianza”, 3 de diciembre, Monterrey, p. 1.

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no sabían de quién se trataba62 —San Antonio, Texas, ­donde González Calderoni había fungido como agregado de la pgr y tejido sus redes de colaboración más estrechas entre las agencias estadounidenses—. El ­cónsul mexicano de la época, Humberto Hernández Haddad, ha documentado profusamente la detención en esa localidad, de Enrique Fuentes León, quien en el momento de su arresto estaba en compañía de Muñoz Rocha. Como se recordará, Fuentes León era el abogado que ofreció sus servicios de lavado de dinero a un agente estadounidense encubierto y afirmó tener información sobre los asesinatos políticos de alto nivel que ocurrieron en México, en 1994.63 En diciembre de 1994, el juez federal Peter Ormsby rechazó el pedido de extradición en contra de Guillermo González Calderoni y determinó su libertad, además de la devolución de la fianza que éste había pagado, por 1 000 000 de dólares en propiedades.64 González Calderoni gozaba de una estrecha relación con agentes policiales de la dea, quienes le ayudaron desde que se fugó a ese país, en 1993. ­Héctor ­Berrellez, agente de la dea a cargo de la investigación del asesinato de su compañero en esa institución, Enrique Camarena Salazar, en 1985, así como Phil Jordan, ex director del epic, el centro de inteligencia estadounidense ubicado en El Paso, Texas, brindaron entrevistas al semanario Proceso, en 2013. En ellas expusieron que el asesinato de Camarena había sido ordenado y ­ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (cia), debido a que el ­agente de la dea asesinado descubrió las operaciones de financiación y aprovisio­na­ miento de armas a la Contra nicaragüense con recursos provenientes de la 62 El Porvenir (1994), “‘Liberó Benítez a Muñoz Rocha’. Ubicaría pjf en Estados Unidos al pre63

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sunto asesino de Ruiz Massieu”, 3 de diciembre, Monterrey, p. 1. Hernández Haddad evidenció la existencia de una solicitud de extradición en contra de Muñoz Rocha, dirigida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (sre) a las autoridades de Estados Unidos, hecho que confirma que se había ubicado al diputado prófugo en Brownsville, Texas. La sre no notificó al respecto al entonces cónsul en San Antonio, no dio seguimiento a la causa, ni tampoco proporcionó oficialmente copia correspondiente a la pgr, de manera que, en 2009, la acción penal en contra de Muñoz Rocha prescribió sin que se diera continuidad, por parte de funcionarios mexicanos y estadounidenses, a su orden de detención y posterior juicio de extradición. Hernández Haddad, Humberto (2014), Colosio y Ruiz Massieu veinte años después, Editorial Rostros, México, pp. 18-23, 26-32, 34- 35, 40-42, 77-81 y 246-247. El Porvenir (1994), “Rechazan extraditar a González Calderoni”, 22 de diciembre, Monterrey, p. 1.

venta de cocaína de traficantes colombianos y mexicanos en Estados ­Unidos —entre estos últimos, la organización de Rafael Caro ­Quintero—. También asegura­ron que el primer individuo en descubrir esta complicidad fue el comandante de la pjf, Guillermo González Calderoni, con quien sostenían ­amistad y a quien ampararon en su fuga hacia Estados Unidos, donde permaneció durante 1993: lo convirtieron en informante e intentaron evitar su extradición hacia México. En la opinión de estos agentes, las imputaciones por corrup­ción en contra de González Calderoni eran infundadas.65 Más allá de la paradójica relación que, según reconocían oficiales estadouni­ denses, había llevado González Calderoni con las agencias de ese país, sus nexos con actores preeminentes de la administración presidencial de Carlos ­Salinas de Gortari también son dignos de destacarse. Apenas unos meses más tarde de su liberación en Estados Unidos, la prensa mexicana publicó ­información sobre investigaciones que encausaba la pgr sobre las ­propiedades y negocios de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del ex presidente de la Repú­blica, y de ­Mario Ruiz Massieu, ex subprocurador antinarcóticos de la pgr, y sus relaciones con Guillermo González Calderoni y Juan García Ábrego. En el caso de estos dos últimos, la nota de prensa refirió que, según la ­Averiguación Previa AMPFE/0013, González Calderoni protegía las operaciones de ­tráfico de drogas del segundo desde que fungía como primer comandante de la pjf en ­Monte­rrey, Nuevo León. Según la prensa, Raúl Salinas de Gortari había establecido una amplia red de inversiones en Nuevo León, valiéndose de prestanombres.66 En 1996, la prensa regiomontana dio a conocer que, según fuentes de la pgr, dos averiguaciones previas se habían detenido, debido a que a­ puntaban a la existencia de sociedades constituidas entre Juan Chapa Garza, ­Humberto ­García Ábrego, Guillermo González Calderoni y Raúl Salinas de ­Gortari. ­Según esta información, González Calderoni había establecido diversas empre­sas en Monterrey —de transporte, constructoras, bodegas, incluso poseían un ­edificio en el centro de la ciudad—, asociado con Raúl Salinas de Gortari. Según los infor­ mantes dentro de esta procuraduría, la relación entre González Calderoni y los 65 Proceso (2013), “A Camarena lo ejecutó la cia, no Caro Quintero”, 13 de octubre, núm. 1928, 66

México, pp. 6-9. El Porvenir (1995), “Indagan sobre negocios de Raúl Salinas en nl”, 18 de marzo, Monterrey, p. 10. Los datos correctos de la Averiguación Previa citada podrían ser: AMPFE/001/3.

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hermanos García Ábrego estaba comprobada y ­constaba en la ­Averiguación Previa AMPFE/001/3, en donde se establecía que los vínculos ­podían haber iniciado cuando el primero estuvo al frente de la pjf en ­Monterrey, en 1985. La nota no consignó detalles de cuáles eran las ­propiedades de González Calde­ roni y de Humberto García Ábrego, pero señaló que, según expusieron extra­ oficialmente los funcionarios de la Procuraduría General de la República, la información apuntaba a su asociación con Raúl Salinas de ­Gortari. Señalaban también como socio de los hermanos García Ábrego a Juan Chapa Garza, el propietario del Grupo Empresarial Aztlán, que operaba desde Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León.67 En 1995 el periódico El Financiero expuso parte de la información que el ex policía había proporcionado al fbi como parte de su acuerdo de protección a cambio de datos sobre las operaciones del tráfico de drogas en México y la participación de funcionarios y políticos de este país. Según la nota, de acuerdo con la información provista por las fuentes del fbi, González Calderoni había aceptado cometer asesinatos políticos por órdenes de Raúl Salinas de ­Gortari. Tal fue el caso de Francisco Javier Ovando y Román Gil Heráldez, quienes se encargaban de la estrategia de protección del voto del Frente Democrático Nacio­ nal, cuyo candidato era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las ­elecciones presidenciales de 1988. Según lo expuesto por González Calderoni, él personalmente se encargó de montar el operativo para asesinarlos, hecho que fue perpetrado por sicarios de la organización de Juan García Ábrego.68 Un año más tarde, González Calderoni concedió entrevistas al periodista Miguel Badillo. En la primera de ellas negó su participación en estos hechos, pero afirmó tener información incontrovertible que mostraba la relación de Raúl con las organizaciones del tráfico de drogas. Sostuvo que las ­acusaciones en su contra en México eran una represalia por parte de los hermanos Salinas de Gortari, debi­do a que había proporcionado a las instituciones de justicia ­estadounidenses elementos que mostraban sus vínculos con el tráfico de drogas. Añadió, sin embargo, que ni las autoridades mexicanas ni las 67 El Porvenir (1995), “Frenaron investigaciones en Mty porque implicaban a Raúl Salinas”, 26 68

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de agosto, Monterrey, p. 2. El Financiero (1995), “González Calderoni, el brazo ejecutor de Raúl Salinas, autor intelectual del asesinato de Ovando: fbi”, 2 de julio de 1995, México, p. 18.

estadounidenses parecían interesadas en proceder en consecuencia y someter a los Salinas a juicio penal.69 En diciembre de 1996, Guillermo González Calderoni proporcionó una entrevista directa al periodista Sam Dillon, de The New York Times, en la que señalaba que Luis Medrano, lugarteniente de Juan García Ábrego, le había confirmado personalmente haber realizado pagos a Raúl Salinas de Gortari en 1991 para obtener el control de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoal­cos, Veracruz, con el fin de operar desde ahí la descarga y trasiego de cocaína. El ex comandante policial también declaró haber realizado escuchas clandestinas a las llamadas telefónicas del entonces candidato presidencial opositor, ­Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —hijo del general Lázaro Cárdenas del Río— a pedido de Raúl Salinas de Gortari durante la campaña electoral de 1988. ­Declaró haber detenido a Joaquín Hernández Galicia, entonces dirigente máximo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (stprm) con la acusación falsa de acopiar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y coaccionarlo para obtener su confesión. Todo ello, bajo las instrucciones del subprocurador general de la República, Javier Coello ­Trejo, quien también le ordenó capturar al traficante sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo. Según narró González Calderoni, a pregunta manifiesta de por qué lo quería detener ahora, mientras que no deseaba hacerlo antes, Coello le habría explicado que el proceso de certificación que el gobierno estadounidense llevaba a cabo para calificar la cooperación de otros gobiernos en la lucha contra las drogas se encontraba cerca. El periodista Dillon recordó en la nota que ese arresto resultó en múltiples loas en Estados Unidos, por parte de la admi­nistración de George Bush, hacia su homólogo mexicano. Y en México, esa acción, le valió a González Calderoni una invitación a la residencia oficial de Los Pinos, donde el presidente Carlos Salinas de Gortari le premió con una bonificación equivalente a 100 000 dólares.70 69 Badillo, Miguel (1996), “Carlos se apoyó en el brazo del narcotráfico para ejercer el poder.

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Los Salinas, ‘socios’ de García Ábrego en el negocio de la droga. González Calderoni dispuestos a aportar ‘pruebas contundentes’. El triunvirato Carpizo, Morales Lechuga y csg fabricaron delitos”, El Financiero, 17 de junio, México, p. 42. También Badillo, Miguel (1996), “Salinas y Carpizo fabricantes de delitos”, El Financiero, 18 de junio, México, p. 31. Dillon, Sam (1996), “A Fugitive Lawman Speaks: How Mexico Mixes Narcotics and Politics”, The New York Times, 23 de diciembre, disponible en línea: , [consultada el 9 de mayo de 2018]. Idem. Ibidem.

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tráfico de drogas, por anteponer su interés en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan). Según consigna la nota de ­prensa, el embajador estadounidense James R. Jones sostuvo una reunión con el presi­dente Salinas en 1994, poco tiempo después de que el gobierno mexicano solici­tara la extradición de González Calderoni. En ella, el embajador le habría expresado al presidente mexicano que el ex comandante poseía tanta mala infor­ mación de su administración que podría derrumbar su gobierno. El agente ­estadounidense que proporcionó esta información al periodista expresó que el mandatario mexicano no se inmutó.73 Por su parte, el ex subprocurador Javier Coello Trejo también fue consultado por el periodista para brindar su versión respecto a las imputaciones que le hacía su anterior subordinado. Coello negó que el líder sindical Hernán­dez Galicia hubiera sido sujeto a presiones por parte de la pgr, y aunque ­admitió haberse reunido con González Calderoni en las ocasiones que éste refirió, ma­ ni­festó que no recordaba el contenido de las conversaciones que ­sostuvieron. Expresó: “Seré honesto, no recuerdo, pero estoy seguro de que Joaquín Hernández no fue presionado. Quiero al comandante Calderoni, pero no sé por qué está diciendo esto”.74 Y en lo referente al mensaje que presuntamente le habría transmitido al presidente Salinas, por parte de González Calderoni, Coello Trejo remató: “Yo no era el mensajero de nadie. Y no creo que sea correcto recordar historias sobre eventos pasados. Creo que nos debemos mantener leales a nuestras instituciones y respetuosos de nuestros líderes”.75 Raúl Salinas de Gortari fue detenido el 28 de febrero de 1995 por agentes de la pgr. Se le imputaba la autoría intelectual del asesinato del ex ­gobernador de Guerrero y entonces diputado federal y secretario general del pri, José 73 De acuerdo con Dillon, las palabras textuales del embajador fueron “Gonzalez Calderoni

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has so much bad stuff on your administration that it could bring down your Government,” (“González Calderoni tiene tantas malas cosas de su administración que podría derrumbar a su gobierno”, traducción libre del autor). Idem. Las palabras textuales en la nota en inglés fueron: “I’ll be honest, I don’t remember, but I’m sure Joaquin Hernandez was not pressured. I love Commander Calderoni, but I don’t know why he’s saying this”. Véase idem. “I was nobody’s messenger […] And I don’t think it’s correct to remember stories about events that have passed. I believe we should remain faithful to our institutions, and respectful of our leaders”. Véase ibidem.

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Francisco Ruiz Massieu. Tras un interrogatorio de pocas horas, fue internado en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Como cómplice en la coautoría intelectual, se identificó al diputado tamaulipeco ya mencionado, Manuel Muñoz Rocha, que tiempo después fue ubicado en los Estados Unidos, según se vio más arriba.76 En México, la defensa de Raúl Salinas de Gortari, a cargo de José Luis Nassar Daw (o Nazar Daw, hijo del ex director de la dfs, Miguel Nazar Haro), señaló que las declaraciones de González Calderoni no afectaban el proceso que se seguía en México en contra de su cliente, porque, afirmó, se trataban de declara­ ciones de oídas.77 La controversia no continuó. Guillermo González Calderoni fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en McAllen, Texas, en febrero de 2003, frente a las oficinas de su abogado.78

La dinastía A los procesos que se le seguían a Raúl Salinas por enriquecimiento ilícito y por el homicidio de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, se le añadieron posteriormente otros con la acusación de recibir recursos procedentes del tráfi­co de drogas. Estas investigaciones fueron incluso de carácter internacional, pues se extendieron también a Estados Unidos y Suiza. El 15 de noviembre de 1995, Paulina Castañón Ríos Sertuche, esposa de Raúl Salinas de Gortari, fue detenida en Suiza cuando intentaba extraer 83 900 000 dólares de una cuenta de banco abierta en ese país a nombre de Juan ­Guillermo Gómez Gutiérrez, un nombre falso utilizado por Raúl Salinas amparado en un pasaporte expedido por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.79

76 El Norte (1995), “Rompen Zedillo y csg. Arresta la pgr a Raúl Salinas de Gortari”, 1º de mar77 78 79

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zo, Monterrey, p. 1. El Porvenir (2001), “Niegan acusación de Calderoni”, 27 de agosto, Monterrey, p. 3. El Porvenir (2003), “Ejecutan a González Calderoni”, 6 de febrero, Monterrey, p. 1. El Norte (1995), “Arrestan a esposa de Raúl”, 24 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (1995), “Cronología / Los pasos de la detención”, 16 de diciembre, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (1995), “‘Ahondará’ Procuraduría en los narconexos”, 28 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga).

Tras un proceso de investigación que duró dos años y medio, en julio de 1998, Valentin Roschacher, jefe de la policía antidrogas de Suiza declaró que la institución tenía pruebas de que Raúl Salinas había recibido dinero de parte de los traficantes de drogas y expuso que dependía de la procuradora general suiza, Carla Del Ponte, determinar si eran suficientes para someterlo a juicio.80 Al final del proceso, en octubre de 1998, el gobierno suizo confiscó 114 400 000 dólares que Raúl Salinas de Gortari tenía depositados en un banco de ese país (89 900 000 dólares) y en una de sus sucursales ubicada en Londres, Reino Unido (24 500 000 dólares). De nueva cuenta, Valentin Roschacher, el jefe de la agencia antidrogas del país helvético, expuso que Raúl Salinas había articulado un esquema centralizado de protección de los cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica con destino a Estados Unidos, que cruzaban por México, durante el sexenio presidencial de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Según expuso Roschacher, mientras que en un inicio la cuota estable­cida por el hermano del entonces presidente a los traficantes colombianos de los cárteles de Medellín y de Cali era de 300 000 dólares por cada carga recibida en México, incrementó después el pago exigido al 30% e incluso el 40% del valor del cargamento. El funcionario expuso que Raúl Salinas permitió el uso de camiones gubernamentales y de vagones de ferrocarril —entonces una empresa paraestatal— para el transporte de cocaína. Añadió que Salinas utilizaba seis identidades y dos pasaportes falsos para lavar el dinero obtenido por el cobro a las diversas organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, proceso que realizaba a través de un complejo entramado de cuentas bancarias en México, Suiza, Estados Unidos y otros siete países. De acuerdo con el jefe policial, 78 testigos incriminaron a Raúl Salinas en el tráfico de drogas (60 con declaraciones firmadas y 18 anónimas). Los testigos no se conocían entre sí ni sabían lo que los demás estaban exponiendo. El esquema de protección se estableció en 1988 y operó hasta 1994, con un rendimiento de 500 000 000 de dólares obtenidos por el encubrimiento. Además de esa cantidad, otros montos de dinero ilícito se pagaban a miembros de las instituciones mexicanas de seguridad y justicia, para que permitieran el trasiego de drogas. Las operaciones de lavado de dinero 80 El Norte (1998), “Prueban que recibe Raúl dinero del narcotráfico. Asegura jefe de Policía

Antidrogas Suiza que caso está concluido; señala que procuradora de su país decidirá si lo enjuician”, 17 de julio, Monterrey, p. 1.

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continuaron hasta 1995, cuando Raúl Salinas fue arrestado en México.81 De acuerdo con una nota del Washington Post, una de las organizaciones criminales que gozó de tal protección fue la de Juan García Ábrego.82 Con Raúl Salinas ya en prisión, la procuradora suiza Del Ponte no interpuso una acción criminal para que éste fuera juzgado en territorio helvético, sino únicamente la confiscación del dinero hallado en las referidas cuentas. Por ­su parte, Raúl Salinas y sus abogados afirmaron que el dinero ­depositado en ese país era producto de un fondo en el que habían participado varios ­empresarios mexicanos y que lo habían otorgado a Raúl Salinas, para su administración, entre ellos, Carlos Peralta, dueño de Iusacell; Roberto González Barrera, de Gruma y Banorte, y Carlos Hank Rohn, el hijo del secretario de Turis­mo y posteriormente secretario de Agricultura en el gobierno de Carlos Salinas, ­Carlos Hank González. Las autoridades suizas señalaron que el argumento era implau­sible y dejaba sin explicar la razón por la que el referido Salinas empleó identidades diversas avaladas por documentos de identificación falsos, así como el complejo entramado de operaciones de transferencia de los recursos.83 Uno de los socios del supuesto fondo era Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y de las tiendas de electrodomésticos Elektra, heredero también de la fortuna de hombres de empresa neoleoneses. Las indagaciones suizas encontraron transferencias de las cuentas de Raúl Salinas a Ricardo Salinas 81 Los Angeles Times (1998), “Swiss Allege Raul Salinas is a Drug Kingpin”, 21 de octubre, Los Ánge-

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les, California, Estados Unidos disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]; ­SourceMex (1998), “Swiss Government Confiscates US$114 Million In Raul Salinas de Gortari’s Bank Accounts”, 28 de octubre, disponible en línea (de paga) , [consultada el 14 de mayo de 2018]. The New York Times (1998), “­Saying Salinas Aided Traffickers, Swiss Seize $90 Million”, 21 de octubre, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. La Jornada (1998), “Raúl, el hermano mayor, protector de cárteles, señala Del Ponte”, 21 de octubre, ­México, disponible en línea: , [consul­tada el 14 de mayo de 2018]. Washington Post (1997), “Swiss Link Raul Salinas to Mexican Drug Cash”, 4 de abril, Washington, Estados, Unidos, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. Idem.

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Pliego, lo que ponía en entredicho la versión de Raúl Salinas, debido al carácter inverso de la transferencia, que lo ubicaba como emisor, no receptor. Una de las hipótesis de los ­investigadores suizos era que el capital sirvió para la adquisición de tv Azteca, empresa deriva­da de la privatización de Imevisión, la compañía de televisión estatal, privatizada en el sexenio de Carlos Salinas.84 Según expuso Irma Salinas ­Rocha, tía abuela de Salinas Pliego, en el momento de la adquisición éste no contaba con suficiente capital para adquirir la compañía. Desde su perspectiva, el empre­sario recibió el respaldo de Hugo Salinas Rocha, tío abuelo de Ricardo y hermano de Irma. La familia había amasado su fortuna a partir de la fundación de la compañía de fabricación y comercialización de muebles Salinas y Rocha, en Monterrey, propiedad de Benjamín Salinas Westrup y Francisco Rocha, anti­g uos integrantes de la élite empresarial regiomontana. Según recordaba Irma Salinas, su padre le recomendaba no indagar en la historia ­familiar, “[…] pues no vaya a ser que tengamos antepasados piratas o bandidos”. 85 Según Irma Salinas, Raúl Salinas Lozano le había afirmado que tenían lazos de ­parentesco, que ella desestimó según sus propias investigaciones. En 2003, Raúl Salinas inter­puso un juicio civil a través del despacho Collado y Asociados, ­mediante el que demandaba a Ricardo Salinas Pliego la devolución del préstamo de 29 800 000 dólares que el primero habría otorgado al segundo en 1993, para la adquisición de Imevisión.86 Entre los empresarios que presuntamente habían contribuido al fondo de inversión se contaba al ex banquero José Madariaga y al propio Enrique Salinas de Gortari, hermano de Carlos y Raúl.87 José Madariaga había fundado ­Promotora 84 Reforma (1996), “Otro socio de Raúl. Parte de un rompecabezas aún incompleto sobre las

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relaciones de negocios entre Raúl Salinas de Gortari y una decena de grandes empresarios mexicanos, las autoridades han comprobado que el hermano del ex presidente transfirió 30 millones de dólares a las cuentas de Ricardo Salinas”, 28 de junio, México, p. 14A. Proceso (1993), “La historia familiar de Salinas Pliego, contada por su tía abuela, Irma Salinas Rocha”, 24 de julio, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. La Jornada (2003), “Demanda Raúl Salinas al dueño de tv Azteca el pago de 29.8 ­m illones de dólares. Representa el préstamo que le hizo al empresario en 1993 para la compra de la televisora”, 17 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018]. Idem.

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y Operaciones Bursátiles (Probursa) en 1973, presidido la Bolsa Mexicana de Valores entre 1984 y 1986 y adquirido el Multibanco Mercantil de México en 1987. En ese año, al ocurrir una crisis en el sistema bursátil m ­ exicano o­ casionada por una defraudación masiva, Probursa había sido una de las compañías con más acusaciones por operaciones fraudulentas. ­Madariaga se había asociado con Raúl Salinas y con Abraham Zabludowsky en la fundación de la compañía transportista Mexicana de Autobuses (masa), en 1989.88 En lo referente a Enrique Eduardo Guillermo Salinas de Gortari, se trataba del hermano menor de la familia, un ingeniero civil que se había mantenido lejos de la atención pública, sin desempeñar cargos gubernamentales. A princi­ pios de diciembre de 2004, su cadáver fue encontrado en el interior de un automóvil, víctima de homicidio por asfixia por sofocación por obstrucción de las vías respiratorias altas, en la colonia Ampliación Tecamachalco, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.89 Dada la ubicación del cuerpo, la autoridad que intervino para indagar el crimen fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a cargo del ex subprocurador general de la República y ex subsecretario de Gobernación durante la administración de Carlos Salinas, Alfonso Navarrete Prida, que en la fecha del asesinato fungía como procurador general mexiquense. N ­ avarrete Prida señaló que la hipótesis más sólida era que Enrique Salinas había sido ­asesinado por personas que poseían información que podía dañarlo e inten­ taron extorsionarlo.90 De acuerdo con la información que brindó su hermana Adriana Salinas de Gortari en las indagatorias penales TOL/DR/I/821/2005 y AM/HUIX/1/1156/04, en 2005, antes de su muerte Enrique le había manifestado su preocupación por las cuentas bancarias de su hija, abiertas en Europa, a la luz de una orden de 88 El Universal (2002), “Madariaga, historia de un banquero polémico”, 25 de abril, disponible 89 90

en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018]. La Jornada (2004), “Hallan muerto por asfixia a Enrique Salinas de Gortari; llevaba horas desaparecido”, 7 de diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018]. La Crónica de Hoy (2004), “La hipótesis más fuerte en la muerte de Enrique Salinas es que intentaban extorsionarlo: Navarrete Prida”, 8 de diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018].

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arresto que en contra del occiso había girado el juez de instrucción del Tribunal de Gran Instancia en París, Francia, el 23 de abril de 2004. Estaba muy molesto porque decía que su ex esposa, Adriana Lagarde lo había demandado y con ello ponía en riesgo la situación de la familia ante los tribunales.91 Las autoridades francesas habían iniciado una investigación en contra de Enrique Salinas, su entonces esposa Adriana Lagarde, y Raúl Salinas de Gortari, por lavado de ­dinero. El 29 de enero de 1996, el Tracfin, la unidad para el de rastreo al lavado de dinero del Ministerio de Finanzas de Francia les había fincado ­formalmente una acusación, tras recibir información del banco Société Générale, donde Adriana Lagarde había abierto cuentas con la recepción de grandes cantidades de dinero procedentes de México, las cuales posteriormente transfería a ­cuentas de banco en Suiza. Los movimientos bancarios superaban el límite de los 100 000 francos que en 1993 requerían identificación y explicación detallada del origen del recurso y el propósito de las transferencias, según la legislación francesa. En 2004, agentes policiales franceses trataron de ubicar a Salinas o a Lagarde en la residencia que habían registrado como domicilio en París. El intento fue infructuoso: se encontraban ya en México.92 A principios de 2005, en el mes de enero, Adriana Leonor Lagarde Lozano, la ex esposa del finado Enrique Salinas, abandonó México para ocultarse de la orden de arresto girada en su contra por el gobierno francés, por la investigación de operaciones de lavado de dinero que involucraban cuentas bancarias francesas y suizas por un monto de 7 600 000 dólares, según dio a conocer el fiscal general mexiquense Alfonso Navarrete.93 91 Reforma (2014), “Dejan impune crimen de Enrique Salinas”, 15 de diciembre, México, versión 92

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en línea (de paga). The New York Times (2004), “French Sought Salinas Brother Before Killing”, 8 de diciembre, N ­ ueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018]. El Siglo de Torreón (2004), “Mantiene Francia caso contra Enrique Salinas. Desde 1996 se le abrió al hermano del ex presidente un proceso judicial por lavado de dinero”, 10 de diciembre, Torreón, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018]. El Universal (2005), “Abandonó el país la ex esposa de Enrique Salinas de Gortari”, 26 de enero, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de mayo de 2018].

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En mayo de 2009, la periodista Carmen Aristegui entrevistó al ex ­presidente Miguel De la Madrid, quien afirmó que estaba arrepentido de haber seleccionado como sucesor a Carlos Salinas de Gortari y que los hermanos de éste, Raúl y Enrique, estaban relacionados con traficantes de drogas. Incluso, señaló que el asesinato del último de ellos podía deberse a tales relaciones. Presionado por el establecimiento político priísta, el propio De la Madrid se apresuró a desestimar de inmediato sus propias declaraciones al afirmar que estaba convaleciente de su mermada salud.94 Incluso, el propio Carlos Salinas de Gortari hizo señalamientos públicos en los que consideraba un abuso de confianza la realización de la entrevista en condiciones en las que a su juicio, su antecesor exhibía una condición precaria de salud —por más que el audio de la misma no permitiera cuestionar la lucidez de De la Madrid—.95 El asesinato de Enrique Salinas permaneció impune. Dos integrantes de la Dirección General de Despliegue Regional de la recién creada Agencia F ­ ede­ral de Investigación (afi), que ubicaron el domicilio del occiso a pedido de la Inter­pol, fueron detenidos. Sin embargo, se les liberó tras no determinarse su par­ticipación en el homicidio y la investigación del caso no aportó mayores datos. La citada oficina de la afi estaba a cargo de Luis Cárdenas Palomino, ­dependiente a su vez del titular de la corporación, Genaro García Luna, personajes que ejercieron la mayor influencia en las instituciones de seguridad civil en la administración panista de Felipe Calderón (2006-2012). Las investigaciones del fiscal Navarrete apuntaron incluso a Humberto Castillejos, primo de Cárdenas Palomino y asesor de los procuradores Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora. Castillejos se convirtió en el consejero jurídico de la Presidencia de la República, durante la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).96 De nuevo en la década de 1990, en lo referente al fondo de inversión presunta­ mente cedido a Raúl Salinas de Gortari para su administración, otro socio era también Adrián Sada González, del Grupo Financiero Serfin, corpo­rativo al que se hizo referencia en el capítulo anterior, uno de los bancos mexicanos 94 Reforma (2009), “Liga a csg con narco y se echa para atrás”, 14 de mayo, México, p. 1. 95 Reforma (2009), “Advierte Salinas ‘abuso de confianza’”, 15 de mayo, México, p. 6. 96 Reforma (2014), “Dejan impune crimen de Enrique Salinas”, 15 de diciembre, versión en línea (de paga).

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acusados formalmente en Estados Unidos por lavado de dinero procedente del tráfico de drogas en 1998, según se vio. Adrián Sada González es hijo de Adrián Sada Treviño —quien encabezó en su momento el grupo de empresarios que adquirió Serfin, durante el proceso de privatización bancaria y presi­ dió Vitro hasta 1991— y nieto de Roberto G. Sada.97 En las investigaciones reali­zadas por las autoridades suizas, que contaron con el apoyo de la dea, en Estados Unidos, se determinó la transferencia de 15 000 000 de dólares de Raúl Salinas al empresario Adrián Sada González, figura principal del corporativo Vitro y del Grupo Financiero Serfin. A través del vocero de Vitro, Ulrich Sander, Sada negó original­mente haber participado en ningún fondo de inversiones con Raúl S­ alinas. No obstante, en una entrevista con el periodista Miguel ­Badillo, realizada en julio de 1996, Sada aceptó haber recibido la transferencia de los 15 000 000 de dólares referidos, aunque declinó abundar sobre la naturaleza del proyecto de inversión y los bancos participantes. Aseguró que había devuelto la cantidad a Salinas de Gortari, tras frustrarse la pretendida inversión y pagó desplegados en la prensa nacional para deslindar a Vitro-Serfin de la t­ ransacción, argumentando que se había tratado de una mera transfe­rencia personal. Con el argumento del respeto al secreto bancario, Sada tampoco q ­ uiso abundar sobre la cuenta por aproximadamente 2 000 000 000 de dólares que Raúl Salinas de Gortari había abierto en Banca Serfin, aunque confirmó que tenía una relación estrecha con el referido Raúl y su hermano Carlos.98

97 El Universal (2008), “Muere Adrián Sada Treviño, presidente honorario de Grupo Vitro”, Méxi­

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co, 14 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. También Expansión (2008), “Fallece Adrián Sada Treviño”, 14 de octubre, México, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. Badillo, Miguel (1996), “La relación con Raúl y Carlos fue estrecha, reconoce. Adrián Sada, sin reservas”, El Financiero, 7 de julio, México, p. 20. Véase también Proceso (1996), “El empresario regiomontano y el hermano del expresidente: algo más que vínculos ‘­estric­tamente personales’”, 13 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. Sobre la relación entre Raúl Salinas de Gortari y Adrián Sada González, véase también Contralínea (2012), “Vitro: adiós al imperio de los Sada. La relación con Raúl Salinas y las transferencias identificadas en las investigaciones sobre lavado de dinero, fueron el inicio de la debacle del legendario Grupo Vitro, que ahora pasaría a manos de Roberto Hernández y Alfredo Harp”, 31 de julio, México,

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A principios de julio de 2002, la prensa mexicana informó que las autoridades suizas habían determinado entregar a la pgr la custodia de los 114 000 000 de dólares decomisados a Raúl Salinas de Gortari, tras las investigaciones reali­ zadas por la fiscalía de ese país sobre su procedencia ilícita. Así lo confirmó la entonces subprocuradora general de la República, María de la Luz Lima Malvido. El juez suizo Paul Perraudin, quien supervisaba el proceso, determinó la transferencia a México, bajo la premisa de que el gobierno mexicano continuaría la indagatoria. La prensa destacó que, hasta esa fecha, Raúl Salinas no enfrentaba en México acusación alguna por el dinero que se le había ­encon­trado en Suiza: el juicio por enriquecimiento ilícito que se le había fincado en el país se ocupaba solamente de los bienes que le habían sido incautados dentro del territorio nacional.99 En junio de 2002, la propia pgr solicitó al gobierno suizo mantener el aseguramiento de los fondos incautados en las referidas ­cuentas.100 La entrega efectiva se dilató aún varios años. Todavía en 2004, el juez Perraudin esperaba que la justicia mexicana condenara a Raúl Salinas por los recursos detectados en las cuentas suizas. El juez Perraudin expresó: “Según nuestra investigación, los fondos detectados en Suiza (105 millones de dólares) procedían de México y tendrían por origen los cárteles del narcotráfico y el desvío de fondos públicos”.101 En otras palabras, las autoridades judiciales suizas no exculparon a Raúl Salinas de Gortari y continuaron señalando que los recursos que había depositado en los referidos bancos procedían del t­ ráfico de drogas y el mismo juez señaló que “[…] corresponde a los jueces mexicanos determinar y sancionar los hechos para que el dinero pueda confiscarse y repar­tirse”. 102 No obstante, en México, la suerte de Raúl Salinas había comenzado a cambiar desde algunos años antes. En junio de 2005, los magistrados José Nieves

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disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. El Norte (2002), “Da Suiza a pgr dinero de Raúl”, 7 de junio, Monterrey, p. 1. El Universal (2002), “Mantendrá Suiza bloqueo a Salinas. Responde positivamente a una petición de la pgr. Confirma la dependencia que ese país delegó a México la responsabilidad de investigar el origen del dinero asegurado”, 7 de junio, México, disponible en línea: , [consultada el 16 de mayo de 2018]. La Jornada (2004), “Fondos bloqueados en Suiza podrían regresar a México”, 9 de diciembre, disponible en línea: , [consultada el 16 de mayo de 2018]. Idem.

Luna Castro, Adalid Ambriz Landa y Manuel Baraibar Constantino, pertenecientes al Segundo Tribunal Colegiado con sede en Toluca, Estado de ­México, otorgaron un amparo definitivo a Raúl Salinas de Gortari, exculpándolo de cualquier responsabilidad en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Esta decisión permitió su excarcelación al anular la sentencia de 27 años y 6 meses de prisión que le había dictado el magistrado federal Tomás Hernández Franco, el 16 de julio de 1999. Esta sentencia ya representaba una reducción considerable de la que le había impuesto el 21 de enero de 1999 el juez tercero de Distrito de Toluca, Ricardo Ojeda Bojórquez, quien lo había condenado a 50 años de prisión por la autoría intelectual del homicidio.103 En 2007, el único juicio pendiente en su contra en México era por el delito de enriquecimiento ilícito, que continuaba en desarrollo tras 12 años de haber iniciado. La pgr le encontró 40 inmuebles y una docena de cuentas bancarias que, al ser aseguradas, alcanzaban los 161 000 000 de pesos.104 En ese mismo año, el juez Perraudin informó a funcionarios mexicanos que estaba por concluir el plazo legal de 12 años que permitía a Suiza m ­ antener incautado dinero de origen sujeto a investigación por su presunto origen ilícito. La pgr no había realizado las debidas investigaciones y diligencias a las que se había comprometido para someter el caso a proceso judicial dentro de México, por lo que Raúl Salinas y su esposa Paulina Castañón podían inclu­so ­recuperarlo. El gobierno suizo sólo transferiría el dinero a su homólogo mexicano si éste presentaba una petición formal, lo que a su vez significaba que demostraba el origen ilícito de los recursos, según establecía la legislación helvé­tica.105 Desde 2002, las autoridades suizas habían compartido con sus homó­logas mexica­nas el expediente judicial del caso. Incluso, enviaron un avión a México, con múltiples cajas en las que estaban depositadas las 300 carpetas con los legajos judiciales y los elementos de prueba sobre el origen ilícito de los fondos, según dio a conocer el portavoz del Departamento Federal de Justicia de Suiza, Folco Galli, 103 La Jornada (2005), “Raúl Salinas, exonerado del homicidio de Ruiz Massieu”, 10 de junio, Mé104 105

xico, disponible en línea: , [consultada el 14 de mayo de 2018]. El Norte (2007), “Resta a Raúl Salinas un juicio en México. Lleva casi 12 años caso por enriquecimiento. Suman $161 millones bienes y cuentas involucrados en el litigio”, 28 de diciembre, Monterrey, p. 12. Proceso (2008), “Devolución inminente”, 3 de febrero, núm. 1631, México, pp. 26-29.

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quien indicó que el 27 de noviembre de ese año se haría entrega de los mismos a la subprocuradora mexicana Lima Malvido y al emba­jador de Suiza en México.106 El proceso judicial en Suiza —no disponible al público— fue el P79130/94, que determinaba la confiscación de los ­recursos encontrados en 17 cuentas de los bancos Pictet, Rothschild, Julius Baer, ­Citibank, Banque ­Genevoise de Gestion y sbs —transformado p ­ osteriormente en ubs—, entre el 3 de noviembre de 1995 y el 28 de agosto de 1996, transferidos d ­ esde México por Raúl Salinas de Gortari y su esposa, Paulina Castañón, con recur­sos ilícitos obtenidos, según la autoridad suiza, del tráfico de drogas y de sustracciones al erario público.107 Para todo efecto práctico, las autoridades mexicanas no habían dado seguimiento a la investigación y a la causa penal en México. En junio de 2008, las autoridades suizas le entregaron el dinero a la pgr, que ofreció devolverlo a los empresarios que presuntamente habían formado parte del fondo de inversión para que lo administrara Raúl Salinas, a condición de que probaran su legítima procedencia. Del monto total, que entre nuevas cuentas halladas e intereses rondaba ya los 150 000 000 de dólares, Suiza entregó aproximadamente la mitad al empresario Carlos Peralta, quien logró demostrar la procedencia de 74 000 336 dólares que transfirió a Salinas y que fueron reintegrados a la empresa Lagness Investment Limited, propiedad de Peralta. Los 75 678 000 dólares restantes ingresaron a la Tesorería de la Federación de México. Según la nota de prensa, la propiedad se atribuyó a Carlos Hank Rohn y a Roberto González Barrera. Sin embargo, éstos no hicieron la reclamación correspondiente ante el gobierno suizo ni ante la Procuraduría mexicana.108 En el desahogo de las causas penales por enriquecimiento ilícito (37/1997-I y su acumulada 54/2002) que se seguían en contra de Raúl Salinas de G ­ ortari, la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto ­Tribu­nal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal —la misma que 106 Proceso (2002), “El miércoles llega el expediente de Raúl Salinas a México”, 26 de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 16 de mayo de 2018]. Proceso (2006), “pgr: indolencia en Suiza”, 16 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 16 de mayo de 2018]. Proceso (2008), “Devolución inminente”, 3 de febrero, pp. 26-29. 107 Reforma (2008), “Regresa Suiza dólares de rsg”, 19 de junio, México, p. 11. También Reforma 108 (2008), “‘Era dinero de Hank y de González’”, 19 de junio, México, p. 11.

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exoneró al ex presidente Luis Echeverría por la acusación establecida en su contra en el sexe­nio de Vicente Fox, por genocidio—, le concedió diversos amparos. En agosto de 2006 modificó el auto de formal prisión para evitar que le fueran suspen­didos sus derechos políticos. En agosto de 2013, el titular del Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos López Cruz, determinó que era verificable que Salinas se había enriquecido e incrementado sustancialmente su patrimonio entre enero de 1985 y abril de 1992, periodo en el que desempe­ ñó un cargo en el servicio público. No obstante, señaló que la pgr no acreditó plenamente que esa acumulación se haya realizado por prácticas ilegales en el desempeño de sus responsabilidades públicas. Aunque el juez ­admitió el desvío de recursos pertenecientes a la partida secreta de la Presidencia de la República —un fondo que permitía discrecionalmente al titular del Ejecutivo el empleo de recursos—, exoneró nuevamente a Raúl Salinas por el destino final que estas transferencias tuvieron: sus cuentas bancarias personales. Según la sentencia absolutoria, Raúl Salinas había declarado tener en México un patrimonio equivalente a 60 000 dólares al tipo de cambio de 1983, en el inicio de sus funciones públicas. En 1992, al concluir su gestión en el último cargo público desempeñado, reportó oficialmente un patrimonio de 52 000 000 de dólares. Un incremento de 339 veces, sin contar las cuentas en el extranjero.109 En el ­desahogo del caso, incluso su supuesto contador y prestanombres, Juan Manuel Gómez Gutiérrez —prácticamente el mismo nombre que aparecía en uno de los pasaportes que utilizaba Raúl Salinas: Juan Guillermo Gómez Gutiérrez—, también fue exonerado.110 Atrás habían quedado los diferendos familiares causados, por ejemplo, por las distintas apreciaciones que los hermanos Raúl y Adriana Salinas de Gortari tuvieron respecto a expresiones públicas realizadas por el ex presidente ­Carlos Salinas, en las que éste se dijo lastimado y solicitaba a su hermano mayor explicar a la sociedad las conductas irregulares en las que pudo haber incurrido, hecho que fue percibido por Raúl Salinas como una condena moral y, en conse­cuencia, una tácita aceptación del origen ilegal de los recursos acumulados, cuestión que su defensa intentaba controvertir. Sin revelar el origen de la 109 Proceso (2013), “Usted disculpe y tome su dinero”, 4 de agosto, núm. 1918, México, pp. 11-13. 110 Proceso (2013), “Raúl, de la mano de Carlos, símbolo de la impunidad”, 4 de agosto, núm. 1918, México, pp. 10.

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grabación, la conversación telefónica sostenida entre los dos primeros se hizo pública el 10 de octubre de 2000 en el noticiero nocturno de mayor audiencia en el país. En un diálogo cada vez más tenso, Raúl Salinas espetó a su hermana: Eso me lastima mucho en mi defensa, porque una reprobación moral es lo que más daño me hace. He venido trabajando con mucho esfuerzo para demostrar que los fondos son lícitos, que no cometí delitos, y si me reprueba moralmente, pues me causa un daño. Creo además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa, y la voy a dar, Adriana: le voy a tomar la palabra nada más; ya tomé la decisión de cuándo. No va a ser ni ahorita ni mañana, pero le voy a tomar la palabra, y lo voy a aclarar todo, todo. […] Todo lo voy a aclarar: de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y adónde fueron. Porque creo que, efectivamente, la sociedad merece una aclaración completa, y creo que más mentiras no ayudan. […] Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Con esas mentiras a mí solamente me dañan, y nadie se lo cree.111

En 2009, la pgr confirmó oficialmente que la Averiguación Previa iniciada en 1998 en contra de Raúl Salinas de Gortari (307/MPFEADS/98), por delitos contra la salud, había sido archivada y que no existía ya ninguna averiguación abierta en su contra por cargos semejantes. La investigación había sido abierta por el fiscal José Luis Santiago Vasconcelos, quien en la administración de Vicente Fox (2000-2006) fue designado subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (siedo). Según las fuentes consultadas dentro de la pgr por el diario Reforma, la decisión de archivar la investigación fue tomada por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora —futuro ­ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, quien consideró que la indagatoria carecía de elementos inculpatorios para proceder a un juicio penal.112 111 Citado textualmente en Proceso (2013), “Conversación mortal”, 4 de agosto, núm. 1918, México, p. 9.

112 Reforma (2009), “Archivan pesquisa de rsg por narco. Resultan insuficientes declaraciones de testigos”, 17 de mayo, México, p. 2.

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Más allá de las cuentas halladas en Suiza y de las propiedades incautadas en México a Raúl Salinas, también circularon otros señalamientos que apuntaban a la configuración de circuitos institucionales para la protección de tráficos ilícitos, en una lógica muy similar a la ya analizada en capítulos anteriores. Por ejemplo, en diciembre de 1995, un grupo de integrantes del antiguo Resguardo Aduanal adscritos a Reynosa, Tamaulipas, dirigieron una carta al presidente Ernesto Zedillo, en la que señalaban que las aduanas de la frontera norte estaban controladas por una red de funcionarios que debían su lealtad a Raúl Salinas y que permitían todo tipo de contrabandos. Según la misiva, desde 1988, esta red había realizado reconfiguraciones institucionales para garantizar su hegemonía sobre las aduanas: pretendían desaparecer al Resguardo Aduanal y sustituirlo con una Policía Fiscal Federal; implantaron un sistema de revisión basado en un semáforo que, a decir de los quejosos, era manipulado. Según la carta, los personajes que manejaban el sistema aduanero para su provecho personal eran Raúl Salinas; Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en la administración de Carlos Salinas; Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos en ese mismo gobierno; Antonio Sánchez Goicochea, ex oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda; Ramiro Sosa Lugo, ex director general de Personal de esa dependencia; Arístides Salazar Gris, director de Relaciones Laborales de la Dirección General de Personal de la shcp; Luis Manuel Gutiérrez Levy, adminis­ trador de la Policía Fiscal Federal y Pedro Rodríguez Miravete, administrador de Recursos Centrales de la Administración General de Aduanas.113 Los señalamientos aparecieron de manera extemporánea y, a la luz de la detención del propio Raúl Salinas en febrero de 1995, resulta difícil asumir que semejante esquema pudiera haber tenido duración transexenal sin sobresalto. No obstante, un hecho que resulta insoslayable es que el clúster central de esta subred de poder que alcanzó la Presidencia en 1988 sí tuvo un interés en el control directo del sistema aduanal: el 6 de diciembre de ese año, a menos de una semana de iniciar la nueva administración presidencial, Enrique Guinea Rivero fue nombrado director general de Aduanas, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propuesta fue hecha directamente por el presidente Carlos

113 El Norte (1995), “Denuncian que Raúl controla las aduanas de la frontera norte”, 9 de diciembre, Monterrey, versión en línea (de paga).

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Salinas y contó con la ratificación del Senado de la República.114 El secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, le dio posesión al nuevo funcionario el 8 de diciembre, cuando sustituyó a José Scali García, quien ejercía la titularidad de las aduanas mexicanas desde el 19 de junio de 1986.115 Enrique Guinea Rivero tenía por antecedente personal haber sido el jefe de ayudantes del secretario de Industria y Comercio durante la administración 1958-1964, el neoleonés Raúl Salinas Lozano. En tal calidad acompañó a su jefe a emitir su sufragio en los comicios presidenciales de 1964.116 El único registro previo que pudo localizarse respecto a Enrique Guinea corresponde al 25 de diciembre de 1958, recién iniciada esa administración presidencial. El viernes 19 de ese mes, ocurrió una explosión de gran magnitud en el restaurante La Ronda, ubicado en Génova 39, en la colonia Benito Juárez de la Ciudad de México, en la denominada Zona Rosa. El lugar era propiedad de Enrique Guinea y de Víctor Cano Faro. En esa fecha, en el segundo piso del restaurante, un grupo de funcionarios agasajaba al Ing. Javier Barros Sierra, ­recién designado secretario de Obras Públicas en el gabinete federal. A las 22:00 horas, un estallido hirió a 27 personas y cinco resultaron muertas. Los propietarios dijeron estar cubiertos por un seguro. Las versiones recogidas por la prensa hablaron de un atentado en contra de los funcionarios reunidos en el segundo piso del establecimiento; también se dijo que exiliados cubanos arrojaron un explosivo en contra de un funcionario de ese país o que se trataba de un atentado terrorista.117 En el Diccionario biográfico del gobierno mexicano de 1989, el currículo de Enrique Guinea no enuncia su función como ayudante de Raúl Salinas ­Lozano. Destacan, por ejemplo, sus antecedentes como agente de la Policía Judicial ­Federal entre 1940 y 1946, como asesor para Asuntos Internacionales en la Secretaría de Gobernación, entre 1958 y 1964, época en que, según se ha visto, era 114 El Nacional (1988), “Califica los nombramientos por primera vez el Senado”, 7 de diciembre, 115 116 117 400

México, p. 2; El Nacional (1988), “Nuevos nombramientos”, 7 de diciembre, México, p. 1. El Nacional (1988), “Enrique Guinea Rivero, nuevo director general de Aduanas”, 9 de diciembre, México, p. 3. El Nacional (1964), “Los secretarios de Estado acudieron a las urnas. Destacan los funcionarios nuestra madurez cívica. Salinas Lozano cumplió como ciudadano”, 6 de julio, México, p. 6. Jueves de Excélsior (1958), 25 de diciembre, México, p. 37.

el ayudante personal del referido funcionario, quien lo nombró director general para Asuntos de Aduanas y Aranceles del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (imce), cuando lo presidió entre 1980 y 1982.118 En 1988, dada la cercanía con su antiguo jefe, el ex secretario de Industria y Comercio Raúl Salinas Lozano, el nombramiento de Enrique Guinea no ­dejaba de resultar interesante a la luz de la forma en que operaron los circuitos del contrabando durante el sexenio 1958-1964, que se ha revisado con ­anterioridad. Más aún si se tienen en cuenta las reiteradas versiones que, según se vio, ligaban al ex funcionario con personajes dedicados a los tráficos ilícitos desde la época de su gestión al frente de la referida dependencia gubernamental. De acuerdo con Roderic Ai Camp, en 1988, la Dirección General de Aduanas de la shcp, a cargo de Enrique Guinea, nombró, como director de A ­ duanas —encargado de las operaciones—, a José Liébano Sáenz Ortiz, funcionario que posteriormente sería convocado a integrarse como oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, en el equipo de trabajo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien lo incorporó a su campaña presidencial en calidad de vocero. Tras el homicidio de Colosio, Sáenz mantuvo la misma función en la ­campaña electo­ral de Ernesto Zedillo, quien lo nombró su secretario particular una vez alcanzada la Presidencia de la República, en 1994. A finales de ese nuevo sexe­ nio, circularon en la prensa estadounidense imputaciones de testigos prote­ gidos que habían rendido testimonio para autoridades estadounidenses y mexicanas, que ligaban a Liébano Sáenz con la protección al tráfico de drogas, así como al ex secretario de Agricultura en la administración de Carlos Salinas, Carlos Hank González. La entonces procuradora estadounidense Janet Reno dijo que no conocía la información completa y lamentó la filtración hecha a la prensa, señalando que era indebido acusar categóricamente a alguien con una investigación incompleta; no exoneró oficialmente a los personajes aludidos, pero dio a Sáenz el beneficio de la duda en un gesto de buena voluntad hacia su contraparte mexicana, el entonces procurador Jorge Madrazo. Por su parte, el general Barry McAffrey, funcionario que coordinaba en Estados Unidos el 118 Presidencia de la República (1989), Diccionario biográfico del gobierno mexicano, 3ª ed., Presi­ dencia de la República, Unidad de la Crónica Presidencial, México, p. 164. Sobre la titulari­ dad de Raúl Salinas Lozano en el imce, véase Camp, Roderic Ai (2011), Mexican Political Biographies 1935-2009, 4ª ed., University of Texas at Austin-Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, Austin, p. 872.

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esfuerzo contra las drogas, afirmó que no había leído los reportes de su propio gobierno y señaló que los intercambios oficiales entre México y su país eran más relevantes que lo escrito por un periodista.119 Por su parte, la pgr archivó el caso y entró en contradicciones al utilizar parte de los testimonios vertidos para fincar responsabilidad penal a determinados inculpados distintos a

119 El cargo de Sáenz en la Dirección General de Aduanas, en 1988, aparece confirmado en Camp,

Mexican Political Biographies…, p. 862. Sobre la incorporación de Sáenz al equipo de Colosio, véase El Norte (1993), “Anuncia Colosio cambios en el pri”, 14 de diciembre, Monte­r rey, p. 1. Sobre su función en la campaña colosista, El Norte (1994), “Atentado a Colosio: notifican muerte 40 minutos después”, 24 de marzo, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (1994), “Asesinan a Colosio”, 24 de marzo, Monterrey, versión en línea (de paga). En lo referente a su incorporación como secretario particular del presidente Z ­ edillo, El Norte (1994), “El gabinete de Ernesto Zedillo”, 1º de diciembre, Monterrey, versión en l­ ínea (de paga). Sobre las versiones en la prensa estadounidense sobre la presunta relación, Golden, Tim (1999), “Mexico Clears a Top Official of Graft, but Doesn’t Convince the U.S.”, The New York Times, 2 de junio, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. Sobre los señalamientos a Carlos Hank: ­Washington Post (1999), “Prominent Mexican Family Viewed as Threat to the U.S.”, 2 de junio, Washington D. C., Estados Unidos, p. A1, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. También Insight (1999), “Family Affairs. U.S. Lawmen Say Billionaire Power Bróker Carlos Hank Gonzalez and Sons Protect Narcotraffickers. A Secret Probe is Under Way, but Details have Leaked”, 29 de marzo, Estados Unidos, pp. 10-13 y 31. Sobre los señalamientos de Janet Reno, El Norte (1999), “Censura Janet Reno los ataques a Liébano. Dice procuradora de eu que es injusto acusar a alguien con base en ‘informes fragmentados’”, 5 de junio, Monterrey, p. 1; también El Norte (1999), “‘No he visto el informe de Hank’, Admite Janet Reno, la existencia de un informe sobre el político mexiquense”, 5 de junio, Monterrey, p. 3A; también The New York Times (1999), Reno Calls a Mexican Drug Inquiry Valid”, 5 de junio, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. En El Norte, se publicó una nota donde se afirmaba que Sáenz había sido exonerado de toda relación con el tráfico de drogas. Sin embargo, en su contenido las únicas versiones categóricas vertidas en ese sentido correspondían a funcionarios de la pgr, no al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Véase El Norte (1999), “Exoneran a Liébano de lavado de dinero”, 6 de febrero, Monterrey, p. 2A. Sobre las declaraciones de Barry McAffrey: El Norte (1999), “Rechaza McAffrey informes sobre Liébano. Lamenta zar antidrogas de eu lo publicado con respecto a Liébano Sáenz y Hank González”, 4 de junio, Monterrey, p. 1A.

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Sáenz y, en su caso específico, cuestionó incluso la salud mental de los mismos testigos.120 De nuevo en el sexenio de Carlos Salinas, Enrique Guinea también nombró a Antonio Galindo Musa como segundo comandante aduanal en Matamoros, Tamaulipas. Como se vio más arriba, Galindo Musa tenía relación directa con Juan García Ábrego.121 En Tijuana, Baja California, designó a Roberto Alcides Beltrones Rivera —hermano del entonces subsecretario de Gobernación y futuro gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera— ­administrador de la aduana fronteriza de esa ciudad.122 A mediados de la década de 1990, los periodistas Sam Dillon, Craig Pyes y Tim Golden, de The New York Times, publicaron varias notas donde vinculaban al gobernador Beltrones con el tráfico de drogas.123 Aunque el gobernador tuvo diversos intercambios con el diario, éste nunca se retractó de su versión.124

120 Boyer, Jean François (2001), La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mun-

do actual, Grijalbo, México, pp. 148-151. Prensa de Reynosa (1987), “Antonio Galindo Ochoa, nuevo segundo Com. del Resguardo 121 Adua­nal. Le dio posesión el administrador de la Aduana Hugo Ramón Pimentel”, 28 de febrero, Reynosa, p. 6D. Véase también El Norte (1996), “Involucran con narcos a ex vocero presidencial”, 16 de febrero, Monterrey, p. 1. 122 El Nacional (1989), “Promete el director de aduanas mano dura contra la corrupción”, 6 de enero, México, p. 6. Dillon, Sam y Craig Pyes (1997), “Drug Ties Taint 2 Mexican Governors”, The New York 123 ­Times, 23 de febrero de 1997, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. El segundo gobernador aludido era el general Jorge Carrillo Olea, ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (incd) de la pgr, órgano que sustituyó a la antigua Subprocuraduría Antinarcóticos a cargo de Javier Coello Trejo, también durante el sexenio de Carlos Salinas. También Golden, Tim y Julia Preston (1997), “U.S. Officials Divided Over Mexican Governor Who’s Reportedly Linked to Drug Trade”, The New York Times, 26 de junio, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. 124 Proceso (1999), “El objetivo del ‘New York Times’ fue exhibir a la justicia estadounidense, no al general Cervantes, dice Tim Golden”, 20 de marzo de 1999, México, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018].

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Al inicio de su gestión, en agosto de 1989, Guinea removió a 34 ­f uncionarios de las aduanas del país, con el argumento de que todo integrante de las aduanas que no cumpliera con los requisitos de honestidad y productividad sería cesado de sus funciones. Negó que se tratara de un desquite político y agregó que se trabajaría para evitar el contrabando de aparatos electrodomésticos y de armamento.125 Aparentemente, todavía en 1990 las evidencias de c­ orrupción en las aduanas eran múltiples. A principios de ese año, el vocero de la shcp ­declaró que se había separado de sus funciones a otros 40 aduanales y ­anunció que se formaría una nueva Policía Fiscal Federal, encargada de realizar las ­labores de revisión correspondientes.126 En junio de 1990, el subsecretario Gil Díaz anunció medidas drásticas para frenar la corrupción en la Dirección Gene­ral de Aduanas. No obstante, ratificó a Enrique Guinea al frente de la m ­ isma, a­ unque nombró a un coordinador de esa Dirección, Jorge Enrique Loera, persona de su confianza.127 La Policía Fiscal Federal se creó por modificaciones al reglamento interior de la shcp, el 30 de octubre de 1990, en sustitución del Resguardo Aduanal y permaneció dependiente de la Dirección General de Aduanas.128 El 29 de ­enero de 1991, Enrique Guinea fue sustituido por Luis Manuel Gutiérrez Levy —hasta entonces administrador de la Aduana en Guadalajara, Jalisco— como director general de Aduanas.129 En esa época y ligados con el subsecretario Francisco Gil Díaz, un nuevo grupo de funcionarios establecieron su control sobre las aduanas del país, mismo que consolidaron años después, cuando el propio Gil Díaz fue designado secretario de Hacienda y Crédito Público, en la administración de Vicente Fox. Como se verá más adelante, en su momento, estos actores aportaron nuevos elementos de interés para el objeto central de esta investigación. 125 El Informador (1989), “No es un desquite la remoción de aduanales”, 4 de agosto, Guadala126 127 128 129

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jara, Jalisco, p. 9A. El Norte (1990), “Creará la shcp Policía Fiscal”, 10 de enero, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (1990), “Combatirán corrupción en aduanas”, 7 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). Diario Oficial de la Federación (1990), “Secretaría de Hacienda. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, 30 de octubre, México, pp. 16 y 27 (transitorio cuarto). El Informador (1991), “Gutiérrez Levy nuevo director de Aduanas”, 30 de enero, Guadalajara, 2C.

La Subprocuraduría Antinarcóticos Finalmente, otro de los casos emblemáticos que permiten apreciar las confi­ guraciones de circuitos institucionales por parte de la subred de poder hegemónica con mayor influencia durante el sexenio 1988-1994, con objeto de proteger la continuidad de prácticas ilegales —en este caso, el tráfico de drogas—, fue el del subprocurador Mario Ruiz Massieu, encargado de la lucha antidrogas de la Procuraduría General de la República en la última parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En otros espacios he expuesto con mayor extensión los detalles del caso y remito a ese trabajo al lector interesado.130 Me limito en esta ocasión a señalar lo más sustantivo. Hacia finales del sexenio, el presidente Carlos Salinas designó a su ex concuño, Mario Ruiz Massieu, como subprocurador Antinarcóticos en la pgr. Después del asesinato de su hermano, el diputado federal y hasta entonces secre­tario general del pri, José Francisco Ruiz Massieu, Mario fue encargado de las investigaciones del homicidio. El subprocurador renunció a la pgr y apuntó a la existencia de una conspiración para asesinar a su hermano.131 No obstante, a pocos meses de haber concluido la administración de Salinas, el 3 de marzo de 1995, Mario Ruiz Massieu fue arrestado en el ­aeropuerto Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando intentaba abordar un ­v uelo hacia España y portaba una cantidad de dinero que excedía los límites de recur­ sos que podían ingresar a Estados Unidos sin ser declarados ante las autoridades fiscales.132 Después de su renuncia, ocurrida el 23 de noviembre de 1994, la pgr había iniciado una pesquisa en su contra por su presunta protección al tráfico de drogas. Esta investigación tuvo a su vez un efecto en Estados Unidos: debido a la información que las instituciones involucradas en la lucha contra las drogas de ese país habían compartido con el ex supbrocurador, iniciaron sus propias 130 Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del trá131 132

fico de drogas en el estado de Tamaulipas, ciesas, México. Puig, Carlos (2014), “Ruiz Massieu, el crimen perfecto”, Nexos, 1º de septiembre de 2014, disponible en línea: , [consultada el 21 de mayo de 2018]. United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, document 1, p. 2.

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indagaciones. A su arribo a Estados Unidos, las autoridades judiciales contaban ya con información que alertaba sobre un proceso complejo de lavado de dinero que involucraba a Ruiz Massieu y a varios de sus colaboradores d ­ irectos. Entre ellos, a Jorge Stergios, que había fungido como visitador general de la pgr —un cargo establecido formalmente para vigilar el correcto desempeño de los funcionarios de la Procuraduría en las entidades federativas— quien había hecho múltiples depósitos de dinero en la cuenta 08100355370, a nombre de Mario Ruiz Massieu abierta en el Texas Commerce Bank, en Houston, Estados Unidos. El Departamento de Justicia inició un proceso para incautar los 9 041 598.68 dólares que se encontraron en la referida cuenta.133 El proceder de Stergios había sido en sí mismo causa de alerta: el ex funcio­ nario había realizado 24 depósitos en efectivo; el primero de ellos el 28 de abril de 1994, por 264 940 dólares, de los cuales, 228 300 dólares estaban constitui­dos en paquetes de billetes de 20 dólares unidos por ligas y envueltos en plástico, que los fiscales estadounidenses identificaron semejantes a aquellos usualmente involucrados en las transacciones de drogas.134 El monto que Stergios había reportado oficialmente a los funcionarios migratorios había sido solamente de 416 771 dólares, que equivalía apenas al 5% de la cantidad total encontrada en las cuentas de Ruiz Massieu. Las cifras excedían con mucho lo que ambos funcionarios podían justificar con base en sus percepciones como ­servidores ­públicos en 1994: 100 000 dólares (Ruiz Massieu) y 50 000 dólares (Stergios). Además, los fiscales estadounidenses confirmaron que, tras el arresto de Ruiz Massieu, Stergios había visitado a los ejecutivos bancarios que administraban la cuenta para indagar sobre la posibilidad de transferir los fondos a un tercer país, como Suiza, sin dejar rastro. Las investigaciones de los fiscales del Departamento de Justicia estadounidense determinaron la existencia de información confiable que mostraba que los recursos depositados en la cuenta del ex subprocurador procedían del encubrimiento a operaciones del tráfico de drogas que éste hacía desde su cargo en la Procuraduría mexicana, razón por la que entablaron un juicio civil para incautarle el dinero hallado.135

133 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 1, pp. 1-2. 134 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 1, p. 4. 135 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 1, pp. 7, 8-10 y 11. 406

Los fiscales Jesse Rodríguez y Susan Beth Kempner obtuvieron distinto tipo de evidencia incriminatoria en contra de Ruiz Massieu. Entre ella, el testimonio de testigos colaboradores que confirmaron que habían estado presentes en transacciones relacionadas con drogas en las que el ex subprocurador tuvo parte. Uno de ellos era, por ejemplo, Marcos Torres, quien declaró haber presenciado la realización de pagos mensuales por 15 000 000-20 000 000 de dólares que Juan García Ábrego enviaba a Ruiz Massieu a cambio de que éste permitiera sus operaciones de tráfico de drogas.136 Otro de los testigos era una mujer: Magdalena Ruiz Pelayo, quien fue detenida en el aeropuerto Newark, en Nueva Jersey, en 1992, cuando intentó intro­ducir varios kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Por esos hechos fue arrestada y enjuiciada, junto con sus cómplices: su propio hermano, Ramón Ruiz Pelayo y Carlos Enrique Cervantes de Gortari, primo del entonces ­presi­dente, Carlos Salinas de Gortari. Cervantes de Gortari fue sentenciado por esta causa a 15 años de prisión y sus coacusados recibieron una condena de 12 a 17 años de cárcel.137 Ruiz Pelayo había sido secretaria personal de Raúl Salinas Lozano, el ­padre de Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Ruiz Pelayo había aceptado comparecer ante la Corte para testificar en contra de Mario Ruiz Massieu. Rindió su testi­ monio el 11 de julio de 1996 en una prisión federal estadounidense, ante los fiscales, un agente del fbi, oficiales de aduanas de ese país y su propio abogado. En sus declaraciones afirmó que había atestiguado la realización de un pago efectuado por Juan García Ábrego a Mario Ruiz Massieu para continuar operando el tráfico de drogas y permanecer libre. Afirmó que había entregado 136 pbs (1997), “Mexican News Reports on the Scandals”, 16 de febrero de 1997, disponible en 137

línea: , [consultada el 22 de mayo de 2018]. Los Angeles Times (1997), “U.S. Trial Foretold Depth of Mexico Drug Corruption. Crime: Ex-president’s Cousin Jailed for Narcotics in ’93. Case Suggests America Turned Blinde Eye to Broad Problema”, 27 de febrero, Los Ángeles, California, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultado el 6 de noviembre de 2018]. También Los Angeles Times (1997), “Smuggler May Shed Light on Level of Corruption. Mexico: Documents Give Glimpse into Alleged Drug ­Payoffs among top Officials. Many on Both Sides of the Border Hope U.S. Civil Trial Will offer Details”, 4 de marzo, Los Ángeles, California, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 6 de noviembre de 2018].

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personalmente dinero procedente del tráfico de drogas al hermano de Mario, el ex secretario general del pri, José Francisco Ruiz Massieu, cuando fungía como gobernador de Guerrero. También declaró que entregó cantidades de dinero procedente del tráfico de drogas a Mario Ruiz Massieu, en cifras que fluctuaban entre 300 000 dólares y 1 000 000 dólares, por instrucciones de Raúl S­ alinas Lozano. Asimismo, que Raúl Salinas Lozano, Juan N. Guerra y Juan ­García Ábrego estaban asociados en el tráfico de drogas y que el dinero e­ ntrega­do a José Francisco —entonces yerno de Salinas Lozano— pertenecía a ellos y tenía como propósito realizar inversiones en infraestructura turística en ese estado, o inmobiliaria en otros lugares, incluso en Texas, Estados Unidos. La testigo afirmó estar segura de que ese dinero provenía del tráfico de drogas porque había presenciado múltiples reuniones en las que se tomaban decisiones referentes a estas actividades. Según afirmó, en ellas estaban presentes Raúl Salinas Lozano, su hijo, Raúl Salinas de Gortari, los hermanos Ruiz Massieu y Juan García Ábrego.138 De alguna manera indeterminada, el testimonio de estos testigos de la fiscalía estadounidense se filtró a la prensa mexicana, que lo publicó en febrero de 1997. Conforme los procedimientos judiciales usuales, los fiscales estadounidenses habían compartido copias de las declaraciones de Ruiz Pelayo y otros testigos con la juez encargada del caso, Nancy F. Atlas, y con el abogado de­ fensor de Ruiz Massieu, Tony Canales —el mismo abogado que había defendido a Juan García Ábrego apenas unos meses antes—. Conversaciones soste­nidas entre la juez Atlas, los fiscales y la defensa, registradas oficialmente en la transcrip­ción del juicio, evidencian que el documento publicado en la ­prensa mexi­cana era fidedigno y coincidía con aquel que contenía los testimonios

138 Proceso (1997), “Un gran jurado en Hous­ton ventilará lo que puede convertirse en el mayor escándalo narcopolítico. Testimonios obtenidos por el Departamento de Justicia: Raúl Salinas Lozano, sus hijos Carlos, Raúl y Adriana, los herma­nos Ruiz Massieu y Colosio, ligados a los principales capos”, 17 de febrero, México, disponible en línea: , [consultada el 22 de mayo de 2018]. También The New York Times (1997), “Secretary to Mexican Patriarch Discloses Links to Drug Barons”, 26 de febrero, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 22 de mayo de 2018].

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rendidos por los testigos.139 En la discusión, se hizo manifiesto, además, que Magdalena Ruiz Pelayo temía por la seguridad de su familia en México y se mostraba ahora reacia a testificar formalmente en el juicio.140 Los fiscales no desecharon el testimonio, pero finalmente no convocaron a Ruiz Pelayo a testificar en el juicio. De cualquier manera, tras el desahogo de la evidencia presentada por la fiscalía y de escuchar los argumentos de la d ­ efensa, el jurado concluyó que la mayor parte del dinero encontrado en la cuenta bancaria de Mario Ruiz Massieu era, en efecto, producto de la protección que había brindado al tráfico de drogas. Sólo podía demostrarse un origen diferente al anterior en el caso de 1 100 000 dólares de los 9 041 598.68 dólares d ­ epositados. En función de este veredicto, la juez Atlas dictó la confiscación del dinero ilícito.141 Y en un documento posterior, en el que rebatió las acciones legales emprendidas por la defensa de Ruiz Massieu para evitar el cumplimiento de la sentencia, la juez Atlas expuso claramente su conclusión del caso: Existió una conspiración. La Corte encuentra que el gobierno probó, por una preponderancia de evidencia creíble, que durante un periodo no posterior a 1990 y hasta 1994, existió una conspiración para distribuir y vender cocaína y mariguana en los Estados Unidos mediante el transporte de narcóticos desde México, con la recepción de pagos en México, por su venta. Los co-conspiradores incluían a ciertos funcionarios dentro de la pgr. Entre ellos, de manera no limitativa, el ­declarante Massieu, sus subordinados (Stergios [visitador general de la pgr] y Adrián Carrera Fuentes [director general de la pjf]), Roberto Loyo ([funcionario de la pgr] quien aparentemente llevaba dinero al declarante Massieu) y varios otros oficiales identificados y no identificados que trabajaban para la Policía Judicial Federal Mexicana (pjf) con la autoridad para aplicar las leyes de narcóticos mexicanas e investigar violaciones a ellas. Asimismo, otros individuos con responsabilidades policiales en el ámbito local. Entre los co-conspiradores se incluye a varios traficantes de drogas, entre ellos Juan García Ábrego, Adriano Felix, Amado Carrillo Fuentes e individuos que trabajaban para ellos. Si bien la identidad de muchos de estos co-conspiradores no fue establecida por el gobierno, testimonios no rebatidos en

139 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 125, pp. 16, 18, 29-30. 140 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 125, pp. 4, 5, 28-29. 141 United States of America vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 195, pp. 1-7. 409

el juicio establecieron que numerosos funcionarios, desde policías locales hasta los más altos niveles de decisión de la pjf [pgr], incluido el subprocurador general de la República, recibían pagos en efectivo a cambio de permitir a los traficantes el transporte de narcóticos durante periodos específicos. La evidencia estableció que los traficantes de narcóticos usaron dinero en efectivo derivado de la venta de narcóticos en los Estados Unidos para pagarle a estos funcionarios.142

En otras palabras, la conclusión de la juez Atlas confirmaba la configuración de circuitos institucionales para proteger la comisión y continuidad de prácticas ilícitas —el tráfico de drogas— por parte de algunos individuos integrados en la red de poder hegemónica mexicana, especialmente en esa subred de poder que ejerció la Presidencia de la República entre 1988 y 1994, periodo en el que mantuvo gran ascendiente en el funcionamiento de las dependencias de gobier­ no y en la designación de sus altos niveles de decisión. La configuración de circuitos institucionales para favorecer la operación de tráficos ilícitos de aquellos delincuentes mejor vinculados con la subred 142 La versión textual en inglés es: “A Conspiracy Existed. The Court finds that Government

proved by a preponderance of the credible evidence that during the period starting no later than 1990 through at least 1994, a conspiracy existed to distribute and to sell cocaine and marijuana in the United States by transporting the narcotics through Mexico and receiving payment for the sales in Mexico. Co-conspirators included certain officials within the pgr, including but not limited to Claimant Massieu, his subordinates (including Stergios and Adrian Carrera Fuentes), Roberto Loyo (who allegedly carried money to Claimant Massieu), various other named and unnamed officials working within the Mexican Federal Judicial Police (mfjp) with authority for investigating violations of and enforcing Mexico’s narcotics laws, and other individuals with local law enforcement responsibilities. Co-conspirators also included various narcotics traffickers, including Juan Garcia Ábrego, Adriano Felix, Amado Carrillo Fuentes, and individuals who worked for them. While the identities of many of the coconspirators was not established by the Government, ­unrebutted testimony at trial established that numerous officials, from the local police up through the ­highest ranks of the mfjp, including the Deputy Attorney General, received payments of cash in exchange for allowing the traffickers to transport narcotics during specified periods. The evidence established that the narcotics traffickers used cash obtained from the sale of narcotics in the United States to pay these officials”. (Traducción libre del autor. Se advierte en la referencia a “Adriano Felix” una incorrección en la pronunciación. La referencia correcta ­parece ser “­A rellano Félix”, la familia que durante esa época traficaba la mayor parte de droga que ingresaba a Estados Unidos por Tijuana, Baja California). United States of A ­ merica vs. $9 041 598.68, H-95-3182, doc. 214, pp. 20-21.

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de poder permitió que fueran éstos los que se encumbraran frente a su propia compe­tencia. En 1996, el periódico El Financiero publicó algunos extractos de las declaraciones de Juan García Ábrego ante los fiscales e­ stadounidenses, donde el traficante expuso que, en el cénit del sexenio 1988-1994, los ­agentes de la pjf, por órdenes de su director en jefe, Adrián Carrera Fuentes, le ­vendían el 90% de la cocaína incautada a otras organizaciones delictivas y sólo ­consignaban ante el Ministerio Público Federal el 10% restante. Se rehusó, no obstante, a reconocer su vinculación con los hermanos Salinas.143 Mario Ruiz Massieu, el ex jefe del visitador Stergios y del director de la pjf Carrera Fuentes, ex concuño de Raúl y de Carlos Salinas de Gortari, se suicidó en septiembre de 1999, mientras permanecía bajo custodia de agentes de seguridad federales en Estados Unidos. Apenas un mes antes de su muerte había iniciado un juicio penal en su contra, con 25 acusaciones por lavado de dinero.144

Las redes sinaloenses del tráfico de drogas en Nuevo León en la década de 1990 La misma subred de poder que protegió las operaciones de Juan N. Guerra y Juan García Ábrego también estableció estrategias para rearticular la dinámi­ ca del negocio de las drogas en el occidente del país: obligó al declive de deter­ mi­­nados liderazgos delictivos y propició la consolidación de otros tantos con los que tenían contacto cercano a través del uso focalizado de la acción ­policial y la procuración de justicia. Como se recordará, personajes como Miguel Ángel F ­ élix Gallardo, una de las principales figuras del tráfico de drogas en el o­ ccidente del país, fue detenido por Guillermo González Calderoni —por instruc­ciones del subprocurador Javier Coello Trejo—, a pesar de que en ocasiones previas no se le había querido arrestar, según el testimonio del propio ­González Calderoni.

143 Badillo, Miguel (1996), “La Procuraduría, gran abastecedora de cocaína, revela el capo. pgr 144

y sct, principales aliados del Cártel del Golfo en el salinismo”, El Financiero, 4 de marzo, México, p. 44. Texas City Sun (1999), “Former Mexican Prosecutor Commits Suicide in the us”, 16 de septiembre, Texas City, Texas, p. 6.

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La recomposición de liderazgos auspiciada por la propia acción de las insti­ tuciones punitivas del Estado tuvo como correlato la ascendencia de otras figuras delictivas ya presentes, que escalaron en la jerarquía de los grupos occi­dentales del tráfico de drogas de la mano de actores institucionales que operaban por directrices de la red de poder. Fue el caso del sinaloense Amado Carrillo Fuentes, quien en 1989 se hallaba detenido por acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, sin enfrentar acusación ni compurgar sentencia, paradójica­ mente, por delitos contra la salud.145 En 1989, el jefe de Seguridad del Recluso­rio Oriente era Adrián Carrera Fuentes, quien fue presentado a los reclusos Amado Carrillo y a Miguel Ángel Félix Gallardo por los hermanos Raúl y V ­ íctor Manuel Patiño Esquivel, custodio superior y jefe de los Servicios de Apoyo del mismo establecimiento penitenciario. Carrera Fuentes fue posteriormente, entre otros cargos, director del Reclusorio Oriente y, a mediados de 1993, ­director de Aprehen­siones de la pjf. Pocos meses después, en agosto, fue nombrado director general de la pjf, gracias al apoyo recibido por el entonces subprocurador Antinarcóticos, Mario Ruiz Massieu. Carrera Fuentes había fungido en 1981 como delegado de la oficina de Tránsito de Guerrero en el puerto de Acapulco. En esa función entró en contacto con el entonces secretario general de Gobierno, José Francisco Ruiz Massieu, quien años después lo recomendó con su hermano para desempeñarse en la pgr. De hecho, la presentación ­formal del nuevo direc­tor al personal de la corporación de policía estuvo a cargo del subprocurador Mario Ruiz Massieu y del visitador general, Jorge Stergios, quienes anunciaron cambios de personal en las delegaciones estatales. Una vez nombra­do, Adrián Carrera Fuentes se comprometió con Amado Carrillo —quien ya había salido libre y le había requerido su colaboración— a nombrar agentes de la pjf como sus escoltas y a no ordenar operativos en su contra. No pudo, sin embargo, comprometerse a nombrar subdelegados de la pjf a petición de Carrillo ­Fuentes: ésta era prerrogativa del subprocurador Ruiz Massieu.146 145 Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desa146

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fíos para la consolidación democrática, ciesas, México, pp. 195 y 200-203. La Jornada (1998), “Carrera Fuentes, recurrente blanco de sobornos de Amado Carrillo”, 26 de diciembre, disponible en línea: , [consultada el 25 de mayo de 2018]. Aunque la información de La Jornada refiere el nombramiento de Carrera Fuentes como director general de la pjf en octubre, otras

A principios de la década de 1990, algunos agentes de la pjf, auxiliares —­madrinas—,147 o subcomandantes que no estaban plenamente integrados en la red de protección articulada para favorecer las operaciones de Juan G ­ arcía Ábrego y asociados, llevaron a cabo algunas acciones de hostigamiento en contra de estos últimos. Tal fue el caso de Fabián Campos Martínez, madrina de Guadalupe Gutiérrez López, segundo comandante de la pjf. Tras operar en Tamaulipas —y mantener algunas rencillas con Juan García Ábrego y Óscar Malher­be—, Gutiérrez López fue transferido a Nuevo León, a donde trasladó a sus colaboradores de confianza. Ahí, en una fecha imprecisa, según ­narró otro de sus subordina­dos, Gumaro Garza de la Garza, Campos Martínez — quien ya había estado ­preso por su asociación con un ex comandante de la dfs ­dedicado a traficar droga y extorsionar traficantes—148 capturó a Juan Chapa Garza y al abogado Agapito Garza Salinas cuando el primero se disponía a verificar la descarga de cocaína de una aeronave procedente de Colombia; el segundo, ­re­co­nocido abogado de traficantes de droga, fue mencionado por Garza de la Garza como encargado de lavar el dinero de Chapa Garza.149 Campos Martínez despojó a Chapa —relacionado con el Grupo Aztlán, empresa vinculada a Juan García Ábrego— de dinero, joyas e incluso de un avión bimotor.150 Juan Chapa Garza había estado preso en la Central Texas Parole Violators Facility en Bexar, Texas, una prisión administrada por el sector privado, de la que escapó para dirigirse a México, junto con algunos cómplices.151 En la primera mitad

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148 149 150 151

fuentes señalaron que sustituyó al hasta entonces titular de la corporación, Rodolfo León Aragón, en agosto de 1993. Véase El Norte (1993), “Tiene la pjf nuevo director”, 26 de agosto, ­Mon­terrey, versión en línea (de paga). Sobre la presentación a cargo de Ruiz Massieu y Stergios, véase El Norte (1993), “Prevén cambios en la Judicial Federal”, 26 de agosto, Monterrey, versión en línea (de paga). En el argot policiaco mexicano se denomina así a los individuos que sin formar parte oficial de la corporación, auxilian a los agentes y/o comandantes para realizar indagaciones, interro­gatorios —que en este contexto usualmente incluyen tortura, e incluso cometer ilícitos diversos con fines de enriquecimiento privado—. El Porvenir (1989), “Captura a narco con amplio ‘currículum’”, 18 de octubre, Monterrey, 16A. El Norte (1997), “Revela Gumaro conexión entre ejecuciones y narcos”, 15 de agosto, Monterrey, p. 19B. Idem. La información presente en la nota anterior se expone con más detalle en la Declaración Ministerial rendida por Gumaro Garza de la Garza el 16 de julio de 1997, que consta en la Averiguación Previa PGR/008/97, comúnmente conocida como Maxiproceso. The Paris News (1990), “Alleged Drug Kingpin Escapes Jail”, 16 de abril, Paris, Texas, p. 4A.

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en la década de 1990, Juan Chapa Garza estableció en Coahuila un consorcio empresarial denominado Grupo Aztlán, que evidenció ligas con Juan García Ábrego y, poten­cial­mente, con políticos mexicanos, incluido Raúl Salinas de Gortari, según informó la prensa neoleonesa en su momento.152 Tras diversas amenazas e incluso atentados en contra de sus allegados, ­Fabián Campos devolvió el producto de la extorsión. Fue trasladado a Quintana Roo, donde entró en contacto con otro ex funcionario de la pjf, Alcides Ramón Magaña (a) el Metro, quien figuraba entre los integrantes de esta Procuraduría que habían sido enviados para fungir como escoltas de Carrillo Fuentes. De hecho, Ramón Magaña se convirtió en uno de sus operadores reconocidos, al establecer la logística para el trasiego de cocaína desde Quintana Roo hasta el norte, a lo largo del golfo de México. Parte de esas rutas incluyeron a Monterrey, en Nuevo León y a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fabián Campos se integró a la red de funcionarios de la pgr que colaboraban con la organización criminal de Amado Carrillo Fuentes, vinculado a el Metro.153 Tras la remoción de García Ábrego del país y el arresto de figuras centrales de la red de protección que le dio cobijo, las condiciones estaban dadas para una acelerada reconfiguración del tráfico de drogas en el noreste del país. Uno de los primeros síntomas fue precisamente el asesinato del ya referido a­ bogado Agapito Garza Salinas, formalmente el apoderado legal del Grupo Aztlán, ocurrida en diciembre de 1996, en Monterrey.154 Se trataba de una acción ligada a Fabián Campos Martínez (a) el Cachorro, quien aspiraba a regresar como subdelegado de la pjf a Nuevo León y quien, a decir de Gumaro Garza, fue responsable su muerte, junto con su hermano Julio.155 En el noreste, los principales integrantes de la organización de Amado Carri­ llo Fuentes eran, hacia 1997, el tamaulipeco Gilberto Salinas Doria (a) el Güero Gil y el sinaloense Albino Quintero Meraz, que operaban de manera coordinada 152 El Norte (1994), “Chapa Garza: un hombre discreto”, 7 de noviembre, Monterrey, versión en 153 154 155

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línea (de paga). También El Porvenir (1995), “Frenaron investigaciones en Mty porque implicaban a Raúl Salinas”, 26 de agosto, Monterrey, p. 2. pgr (1999), Boletín 274/99, 2 de septiembre, México. El Siglo de Torreón (1996), “Consternación por crimen de Agapito Garza Salinas”, 5 de diciembre, Torreón, p. 60. El Norte (1997), “Revela Gumaro conexión…”. También El Porvenir (1997), “Involucran a fede­ ral en crimen de Agapito Garza”, 17 de junio, Monterrey, sección Justicia, p. 1.

con Alcides Ramón Magaña aun tras la muerte del propio A ­ mado Carrillo, el 4 de julio de 1997.156 Salinas Doria fue detenido por la pgr en febrero de 1999.157 Por su parte, Albino Quintero Meraz continuó operando el trasiego de cocaína en Veracruz y Tamaulipas —específicamente en Reynosa— hasta 2002, ­cuando fue detenido por el ejército en el primero de estos estados. En esta última enti­ dad estableció una alianza con una figura local que había emergido en el escenario del tráfico de drogas tamaulipeco en 1998: Osiel Cárdenas Guillén.158 En Nuevo León, la organización de Amado Carrillo expandió operaciones a través del hermano de éste, Vicente Carrillo Fuentes, el propio Albino Quintero Meraz y de Ismael Zambada García.159 El escenario era ya distinto: en 2000, el pri había perdido la Presidencia de la República. La lógica funcional del tráfico de drogas en el país, en lo ­referente a las dinámicas de configuración institucional para proteger el negocio, se h ­ abían modificado de manera radical. La red de poder hegemónica se ­transformó también para incluir a sectores que tradicionalmente se habían ­encontrado fuera, o a lo más, en lugares periféricos, dada su emergencia y sus crecientes triunfos electorales fuera del partido oficial. En Nuevo León, Fernando Canales Clariond, el ex accionista del Grupo Ábaco —que incorporó a Banca Confía— obtuvo la gubernatura del estado postulado por el Partido Acción Nacional, en octubre de 1997. Se desempeñó en el cargo hasta enero de 2003, cuando se integró al gabinete presidencial de Vicente Fox como secretario de Economía.160 El 19 de enero de 2001, un traficante sinaloense, Joaquín Guzmán Loera (a) el Chapo, escapó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en ­Jalisco,161 ­hecho que marcaría los preámbulos de una rearticulación de los grupos

156 Reforma (1999), “Gilbert Salinas: de policía a narcotraficante”, 21 de abril, versión en línea 157 158 159 160 161

(de paga). También Reforma (2000), “Dan 33 años de prisión a capo de Cártel de Juárez”, 22 de noviembre, versión en línea. pgr (1999), Boletín 069/99, 10 de marzo de 1999, México. Reforma (2002), “Detiene el ejército a ‘El Beto’”, 28 de mayo, versión en línea. El Norte (2002), “La ‘Conexión’ Regia”, 8 de enero, Monterrey, p. 21. El Norte (1997), “Cambio histórico”, 3 de octubre, Monterrey, p. 1. En lo referente a su incorporación como secretario de Economía del gabinete federal, El Norte (2003), “Deja nl para ir con Fox”, 11 de enero, Monterrey, p. 1. Reforma (2001), “Protagoniza ‘El Chapo’ un escape de película”, 21 de enero, Ciudad de México, p. 1.

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delictivos de esa parte del país, con repercusiones también en el noreste, dada la expansión que habían tenido a finales de la década de 1990. Un día después, el entonces gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, confirmó que asistiría como invitado especial —el único goberna­dor mexicano convocado— a la toma de posesión de la Presidencia de los ­Estados Unidos de su amigo, el ex gobernador texano George W. Bush. Asistía sin ninguna representación oficial, sólo en función de la amistad que le unía con el nuevo mandatario estadounidense, quien le llamaba compadre.162 En febrero de 2001, Ariel Herrera Bustamante, el hermano del ex procurador tamaulipeco durante la gestión del gobernador Manuel Cavazos Lerma (19931999), José Guadalupe Herrera Bustamante —quien repetiría posteriormente en el cargo durante la administración de Eugenio Hernández Flores (2005-2010) y llegaría a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad— se amparó en Nuevo León para evitar ser detenido. La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (uedo) de la pgr había identificado a Ariel Herrera como el autor material de un atentado en contra de Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, una reconocida abogada de traficantes de droga que radicaba en Monterrey.163 También en febrero, otro abogado fue asesinado en San Pedro Garza ­García, Nuevo León. Se trataba de Fausto de Jesús Medina Alvarado, un sinaloense, a quien mataron en el estacionamiento de un centro comercial; lo hizo un sicario encapuchado al propinarle varios disparos, entre ellos un tiro de gracia en la 162 El Norte (2001), “Yarrington va a toma de posesión”, 20 de enero, Monterrey, p. 15A. El enton­

163

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ces gobernador de Coahuila, el priísta Enrique Martínez, afirmó que también había sido convocado, pero aseguró que tenía compromisos más apremiantes en su estado que le impidieron asistir. Sobre Ariel Herrera Bustamante y los señalamientos que lo implicaron en el atentado contra Raquenel Villanueva, El Norte (2001), “Pide amparo fallido ejecutor de Raquenel”, 17 de febrero, Monterrey, p. 15B. También Proceso (2007), “Tamaulipas: un procurador con historia”, 9 de septiembre, disponible en línea: , [consultada el 25 de mayo de 2018]. Sobre el exprocurador José Guadalupe Herrera Bustamante y su nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas (tsjt), véase Proceso (2010), “Ex ­procurador de Tamaulipas es ahora magistrado”, 6 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 25 de mayo de 2018].

frente, y escapó en un vehículo que estaba en marcha y donde lo esperaba un cómplice.164 Las primeras indagaciones sobre el homicidio pusieron de manifiesto que los ejecutores provenían del estado de de Culiacán, Sinaloa.165 También en febrero de 2001, en Monterrey, la prensa publicó la noticia de la detención de un presunto defraudador de nombre Juan José Rojas Cardona quien, agregó, era buscado no solamente por una orden de aprehensión ­dictada en su contra por el juez segundo de lo Penal con sede en San Pedro Garza García —a raíz de una denuncia interpuesta en contra de Rojas Cardona por el apoderado legal de la Casa de Cambio Arbitraje—: según expuso el fiscal Fernando Domínguez Jaramillo, adscrito a la oficina del procurador general de Justicia del estado, Rojas Cardona —quien contaba con 13 alias diferentes que usaba en el país y en el extranjero— también era buscado por la Agencia Central de Inte­ ligencia (cia), de Estados Unidos, razón por la que afirmó que la detención se informaría también a la pgr.166 Se trataba de un personaje que cobró relevan­ cia en los años siguientes, vinculado a la apertura de una cadena de casinos en Nuevo León y otras partes del país, con conexiones de primer interés para el objeto de esta investigación. Por su parte, en abril de 2001, Marcelo Vázquez, presidente de la industria hotelera en Nuevo León, se manifestó en contra de la apertura de casinos en el estado. Rafael Quintanilla, director de la agencia de viajes Turismo Vasconcelos secundó su apreciación, con el argumento de que podría abrir condiciones para el incremento del lavado de dinero y el crecimiento de la prostitución en la entidad.167 También en abril de ese año, la pgr, en voz del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos señaló que se realizarían próximamente operati­vos de la pgr para intentar la captura de Osiel Cárdenas Guillén, quien ya era el principal operador del tráfico de drogas en Tamaulipas. Durante la conferencia, el fiscal Santia­go Vasconcelos hizo referencia a la detención de Gilberto García Mena (a) el June, un traficante ligado a Cárdenas Guillén, que efectuaba el 164 El Norte (2001), “Ejecutan encapuchados a abogado en San Pedro”, 14 de febrero, Monterrey, 165 166 167

p. 1B. El Norte (2001), “Vienen de Sinaloa a matarlo”, 14 de febrero, Monterrey, p. 8B. El Porvenir (2001), “Detienen aquí a defraudador buscado por la cia”, 20 de febrero, Mon­ terrey, sección Justicia, p. 1. El Norte (2001), “Rechazan instalación de casinos”, 26 de abril, Monterrey, p. 2A.

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trasiego de drogas en Camargo y Miguel Alemán, Tamaulipas. Hizo también r­ eferencia a la detención previa de este personaje por un teniente de nombre Javier ­Quevedo Guerrero, quien lo había dejado en libertad sin justificación.168 A pesar de ser tamaulipeco, el June había residido muchos años en Nuevo León. ­Inclu­so mani­festó que tenía una bodega en el Parque Industrial Mitras y otra en la ­Colonia Central de Carga. En ambas almacenaba mariguana.169 García Mena fue deteni­do el 9 de abril en el poblado de Guardados de Abajo, en Tamaulipas, por un operativo con participación de militares.170 el June reconoció su vinculación con la organización de Osiel Cárdenas.171 Según publicó la ­prensa de la época, éste había articulado una organización integrada por ladrones, secuestradores y ex policías de diversas corporaciones de Tamaulipas, si bien distante en dimensiones a la de Juan García Ábrego.172 El mismo día en que la prensa regiomontana publicaba la información proporcionada por el subprocurador Santiago Vasconcelos sobre García Mena, el 13 de mayo de 2001, en el palenque de la Expo Feria de Guadalupe —del que la abogada Raquenel Villanueva era representante legal—, en la zona metropolitana de Monterrey, tuvo lugar una balacera que duró al menos 10 minutos, tras concluir el show del cantante Vicente Fernández.173 La información que reprodujo la prensa era confusa. Días después señaló que sicarios de el June habían acudido a asesinar a un individuo de n ­ ombre Gilberto López, a quien apodaban el Yeyo, en represalia porque éste había dela­ tado a García Mena para que fuera capturado. La prensa señaló que la incursión ­armada había tenido un carácter militar, pues los gatilleros eran ex ­militares.174 La prensa sólo había acertado parcialmente en esta última afirmación. El 168 El Norte (2001), “Van tras el jefe del Cártel del Golfo”, 11 de abril, Monterrey, versión en línea 169 170 171 172 173 174 418

(de paga). El Norte (2001), “Tenía ‘El June’ base regia”, 13 de mayo de 2001, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Detienen a capo del Cártel del Golfo”, 10 de abril de 2001, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Confiesa ‘El June’ caer en nl”, 9 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Reviven en 4 años al Cártel del Golfo”, 7 de mayo, Monterrey, p. 1. El Norte (2001), “Balacera duró como 10 minutos”, 14 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (2001), “Es Raquenel la abogada del palenque”, 14 de mayo, Monte­r rey, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Buscaban a ‘El Yeyo’ sicarios de ‘El June’”, 15 de mayo, Monterrey, p. 1.

nombre correcto de el Yeyo era Edelio López Falcón, quien también era de origen tamaulipeco y de quien la procuradora general de Justicia de Nuevo León en funciones, Alida Bonifaz Sánchez, se apresuró asegurar que no tenía cuenta pendiente en este estado.175 El grupo de aproximadamente 15 individuos que había incursionado en el palenque de la Expo Feria de Guadalupe empleando rifles de asalto —al menos cinco AK-47, dos AR15 Galil y un MP5— y tácticas de comando eran, en ­efecto, ex militares, pero no obedecían a Gilberto García Mena, sino a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén, quien atribuía a el Yeyo la delación que había conducido a la detención de el June.176 Los Zetas habían realizado su primera acción punitiva en el área metropolitana de Monterrey. Apenas tres días después del incidente, el 16 de mayo, la prensa regiomonta­ na publicó también que más de 50 elementos pertenecientes a la pgr, a la Fuerza Aérea y al personal de la VII Zona Militar del Ejército realizaron un o­ perativo en el Aeropuerto del Norte, para asegurar un avión Hawker ­125-1A ma­trícula XA-FRP, proveniente de Acapulco, Guerrero, que había ­ignorado todas las instruc­ciones de la torre de control de varios aeropuertos a su paso, desde su sali­da en ese puerto hasta su arribo en Monterrey. La aeronave, que contaba con un plan de vuelo abierto, había despegado de Acapulco a las 13:30 horas con tres pasajeros y dos tripulantes. Aterrizó en Monterrey ­aproximadamente a las 16:00 horas. Tras el aterrizaje y el operativo, las fuerzas de seguridad sólo detuvieron a cuatro personas: dos individuos de origen sinaloense y la t­ ripulación. Según refirió la prensa, testigos de los hechos expusieron que, tras aterrizar en la pista 02, el avión pasó por enfrente de varios hangares, deteniéndose frente a uno de ellos. Ahí, según las mismas personas que atestiguaron el movimiento, descendieron los pasajeros antes de que arribaran los militares, mientras que los tripulantes permanecieron en el interior de la nave. Los pasajeros detenidos eran Rubén Hernández López, Guillermo Morales Uribe —ambos de Guasave y El Rosario, Sinaloa, respectivamente—, así como los pilotos Mauricio Valdés Macías, de San Nicolás, y Sergio Abraham González López, de Monterrey, 175 Reforma (2001), “‘Yeyo’ no debe nada en el estado.- Alida”, 5 de junio, México, versión en lí176

nea (de paga). Reforma (2001), “Utiliza comando cinco armas potentes”, 17 de mayo, México, versión en línea (de paga).

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ambos del estado de Nuevo León. Los sinaloenses aseguraron tener contratos de trabajo en el área metropolitana de Monterrey como c­ ocineros. En el interior del avión se encontró también una bolsa de polvo blanco no identificado con un peso menor a una onza.177 Días más tarde, la prensa reprodujo información que le proporcionaron las fuentes que habían atestiguado los acontecimientos: que con la ayuda del piloto del avión, tres pasa­jeros más lograron evadir a los elementos de la pgr y del ejército. La torre de control había indicado a la aeronave que se dirigiera a la plataforma principal tras el aterriza­je, pero ésta tomó la pista de taxeo G y se detuvo frente al hangar Azor, que se ubica en el extremo del Aeropuerto del Norte en dirección a ­Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según las indagaciones, el copropietario del avión era Raúl Téllez, quien se dedicaba al nego­cio de la fumigación en sociedad con su yerno, ­A lberto González, y radicaba en El Mante, Tamaulipas. Antes se había desempeñado como piloto particular de un regiomontano de nombre Archibaldo Rullán y recientemente había adquirido dos jets ejecutivos Hawker. Por la presunción de operaciones vinculadas con el tráfico de drogas, la uedo de la pgr atrajo la investigación del caso.178 El juez sexto de Distrito dictó una orden de arraigo en contra de los detenidos y la prensa neoleonesa publicó también que una de sus fuentes en el caso dijo que uno de los pasajeros prófugos podía ser un capo del tráfico de drogas que huía de Acapulco hacia su base de operaciones, en el norte del país.179 El gobernador Canales Clariond manifestó su indignación por la fuga y criticó por ella a los militares que realizaron el operativo.180 Mientras tanto, su secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau, reclamaba a la Secretaría de Gobernación federal —a cargo del también panista Santiago Creel M ­ iranda— que no hiciera nada para evitar la proliferación de casinos y casas de juego en la entidad.181 177 El Norte (2001), “‘Caza’ Ejército avión en Aeropuerto del Norte. Aseguran aeronave pgr y 178 179 180 181

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militares; detienen a los cuatro ocupantes”, 17 de mayo, Monterrey, p. 1. Reforma (2001), “Confirman: escapan tres sospechosos del avión”, 19 de mayo, México, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Escapa ‘pez gordo’ de avión detenido. Revelan que narcotraficante venía huyendo de Acapulco”, 20 de mayo, Monterrey, p. 1B. El Norte (2001), “Critica gobernador a militares por fuga. Cuestiona Canales que 3 pasajeros de avión huyeran delante de soldados”, 23 de mayo, Monterrey, p. 1B. El Norte (2001), “Exigen a Gobernación actuar contra casinos. Afirma Coindreau que dependencia no hace nada para frenar apuestas”, 22 de mayo, Monterrey, p. 1B.

Un par de semanas después, el periódico El Norte publicó que la uedo ya había logrado confirmar que el presunto capo que se había fugado del avión era un integrante del Cártel de Juárez, a quien consideraron lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes y de Juan José Esparragoza Moreno (a) el Azul.182 La información cobró mayor precisión en una siguiente entrega. La uedo confirmó que entre las personas que huyeron de la aeronave asegurada el 16 de mayo de 2001 en el Aeropuerto del Norte, en Monterrey, figuraba Arturo Beltrán Leyva, a quien identificó entonces como lugarteniente del Cártel de Juárez, pero que, según expuso también, estaba asociado con Joaquín Guzmán Loera (a) el Chapo.183 El 11 de julio de 2001, de un ataque al corazón, había muerto en ­Matamoros —libre y tras salir de un hospital en Brownsville— Juan N. Guerra Cárdenas. Así lo informó oficialmente su sobrino, César Dávila Guerra, presidente de la Cáma­ra de Comercio de Matamoros.184 Unos días antes, a finales de junio de 2001, la prensa regiomontana publicó que la dea focalizaba su atención en Monterrey, ciudad que ubicaba como un importante centro de lavado de dinero para operaciones de tráfico de drogas entre México y Colombia.185 El alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, y el de San Pedro Garza García, Gerardo Garza Sada —descendiente directo de la familia Garza Sada, a la que se ha hecho múltiple referencia en páginas ante­ riores—, coincidieron en que el tráfico de drogas y el lavado de dinero eran una realidad innegable en el área metropolitana de Nuevo León, por ser ésta uno de los centros financieros y empresariales más importantes del país.186 182 El Norte (2001), “Ligan a prófugo de avión con el Cártel de Juárez. Afirman que uedo cuenta con 183 184

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identidad de ‘pez gordo’; sería lugarteniente de Vicente Carrillo”, 14 de junio, Monterrey, p. 1B. El Norte (2001), “Identifican a ‘pez gordo’ que huye de avión en nl. Señala uedo a Arturo Beltrán como la persona que escapa el 16 de mayo del Aeropuerto del Norte; aseguran es miembro del Cártel de Juárez”, 3 de agosto, Monterrey, p. 1. El Heraldo de Brownsville (2001), “Muere presunto jefe del mundo del narcotráfico”, 12 de julio, Brownsville, Texas, pp. 1-2. También El Universal (2001), “Falleció el fundador del Cártel del Golfo”, 12 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 25 de mayo de 2018]. El Norte (2001), “Tiene dea desde el 99 a Monterrey en la mira. Aparece la ciudad como punto clave entre Colombia y eu para operativos de lavado de dinero”, 25 de junio, Monterrey, p. 1. Reforma (2001), “Sufre Monterrey narcotráfico creciente.- Felipe”, 26 de junio, México, ­versión en línea (de paga).

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En junio de 2001, otra nota de prensa de Nuevo León expuso la proliferación de centros cambiarios en el área metropolitana de Monterrey, que operaban de facto con escasos controles regulatorios. Se trataba de figuras mercantiles jurídicamente distintas a las casas de cambio, que no requerían autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar. Se trataba de opera­ cio­nes en efectivo que excluían la posibilidad de transferencias entrantes y salientes desde cuentas bancarias, pero en los hechos mostraban una gran flexibilidad para el cambio de moneda en efectivo, una vez que ya se encontraba presente en el territorio nacional.187 El escenario era muy inestable y con alto potencial para el estallido v­ iolento. 1) Por las transformaciones en la red de poder y la ruptura de las antiguas reglas institucionalizadas que mantenían el acceso y el ejercicio del mismo dentro de límites más o menos establecidos y predecibles. 2) Por la irrupción de actores con nuevos recursos políticos, económicos e incluso de violencia, y con menor dependencia y disposición a transigir con las normas usuales de autoridad. 3) Por la presencia de nuevos liderazgos dentro de los circuitos delic­tivos operati­vos y su reemplazo de los antiguos jefes —debido a que fueron ­arrestados, extra­d itados o ya habían muerto—. 4) Por la presencia de funcionarios federales y estatales habituados a anteponer sus propios intereses, con frecuencia corrup­tos y rentistas, antes que un criterio básico de institucionalidad e interés público, siempre relativo a la luz de la trayectoria dependiente que, según se ha visto en estas páginas, evidencia la evolución del caso mexicano. Y 5) por la existencia de un empresariado acostumbrado virtualmente desde su origen a entremezclar vías de acumulación legales e ilegales en estrecha simbiosis con las figuras políticas —que no actuó como elemento de contención del problema a través de medidas integrales de reconstrucción institucional, sino que, como se verá, recurrió a soluciones de fuerza enfocadas ante todo a la protección de sus propios intereses y privilegios—. En las condiciones descritas, la red de poder aparecía menos ­cohesionada y su hegemonía, en consecuencia, más mermada frente a aquella ejercida en otras épocas. Nuevas subredes emergentes aspiraban ahora a establecer la 187 El Norte (2001), “Proliferan centros cambiarios en nl. Advierten que falta de controles facilita que estos negocios puedan ser utilizados para lavado de dinero”, 2 de julio, Monterrey, p. 8B.

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propia en un contexto de circuitos institucionales menos coherentes, con una posibilidad de configuración menos predecible y, con frecuencia precarizados en función de ambos factores. El resultado fue la violenta confrontación entre subredes que deseaban esta­ blecer como hegemónicas sus propias prácticas ilícitas —que incluían, pero no se limitaban al tráfico de drogas, sino que sumaban actividades de lavado de dinero más elementales y estrategias de dominio territorial esencialmente predatorias—, con aquellas otras que se habían consolidado antes y sus respec­ tivos intereses políticos, económicos e ilegales. Fue así que estalló la guerra por Nuevo León. Una confrontación armada entre grupos delictivos diversos y entre éstos y actores de seguridad institucionales federales y estatales —con frecuencia comprometidos de manera irregular con unos u otros—, que causó honda zozobra entre los pobladores de un estado que se preciaba de contar con niveles de seguridad propios del mundo desarrollado. En el siguiente capítulo se expondrán algunos de sus episodios más relevantes para los propósitos de esta investigación, aquellos donde se puede apreciar la irrupción de nuevas subredes en la red de poder hegemónica en el noreste y las pugnas por el ­control de circuitos ilegales. Recapitulemos: en las décadas de 1980 y 1990, la red delictiva que predominó en el desarrollo del tráfico de drogas en el noreste mexicano estuvo inte­ gra­da de manera sustantiva por los herederos dinásticos de aquellas otras que habían dominado el contrabando de mercancías y sustancias psicoactivas ilegales en los años precedentes. Como entonces, según la evidencia, recibieron la protección y el respaldo de actores de poder que eran, a su vez, ­también los herederos dinásticos y/o funcionales de otros tantos que en los años previos también habían configurado la operación y dinámica de instituciones regulatorias —aduanas, corporaciones policiales, órganos de procuración y administración de justicia— para favorecer la continuidad de tales a­ ctividades ilícitas, de las que eran beneficiarios. Se trata de una misma subred, donde los integrantes que desempeñan cargos políticos nombran, a lo largo del tiempo y de manera transgubernamental, a personajes afines en puestos clave que les permi­tieron encubrir y garantizar la impunidad de sus asociados que se ­dedicaban a la comisión de tráficos ilícitos. Como resultado de esta ­continua ­influencia, se ­aprecia, como constante, la ausente o insuficiente disposición de las i­nstituciones mexicanas a investigar y procesar judicialmente las 423

actividades de estas redes. Cuando lo hicieron, salvo excepciones, las causas en general se desvanecieron. Cabe destacar que cuando este tipo de procesos tuvieron lugar fue por acusación de otros tipos penales, y no por la modalidad de delitos contra la salud o delincuencia organizada. La participación de los integrantes de la red, en este tipo de delitos, sólo pudo documentarse, en ­f unción de causas y sentencias penales, cuando el aparato judicial que los procesó no era el mismo sobre el cual tenían influencia: el de una nación extranjera. Durante el periodo, la presencia de organizaciones sinaloenses en la región parece no haber derivado en un choque directo entre ellas y aquella hasta entonces predominante en el noreste, porque en buena medida compartían la misma red de protección. Esto es, en las jerarquías superiores de decisión, ­los mismos ­actores que brindaban protección e impunidad a la organización de Amado Carrillo Fuentes, que operaban en Nuevo León, eran los mismos que hacían lo propio con la de Juan García Ábrego. La información expuesta en este capítulo satisface, pues, los criterios de indicadores que constituyen evidencia necesaria de una condición de impunidad institucionalizada, según se estableció en la propuesta teórica desarrollada en el primer capítulo: muestran los altos niveles de impunidad de la que gozaron actores ligados a actividades ilícitas de interés para este trabajo, con una penalización discrecional e inequitativa por parte de las instituciones de justicia y de seguridad regulatorias, que permitió la amplia perduración temporal de redes delictivas específicas. Más aún, buena parte de la información mostrada constituye evidencia suficiente de esa misma condición de impunidad institucionalizada: circuitos regulatorios que no penalizan —o lo hacen con benevolencia desproporcio­ nada— irregularidades flagrantes de actores específicos identificados con la red de poder hegemónica; negativa sostenida de autoridades a procesar o ­juzgar a actores delictivos determinados; resistencia sostenida o bloqueo de auto­ridades para investigar a actores delictivos o relacionados con ellos; dese­cho de causas penales y/o reversión continua de sentencias que favorecen a acto­res vincu­ lados a actividades ilícitas, e incluso, causas penales contra a­ ctores o mención específica de ellos en relación con los ilícitos de interés en cortes fuera del control de la red y que en México no fueron juzgados por tales delitos.

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7. Nuevo León en las primeras décadas de 2000: la irrupción de nuevas subredes y la disputa por la hegemonía en los circuitos ilegales

A lo largo de las dos décadas pasadas, Nuevo León sufrió escenarios ­inéditos de violencia criminal. Nuevas redes delictivas emergieron, con ­intenciones de ­es­ta­ble­­cer un control sobre los circuitos ilegales en los que, como se ha visto, confluían desde hace tiempo intereses de actores de poder político y ­económi­co. En medio de la confrontación, una de las constantes a resaltar es la ­v irtual ­ino­pe­rancia de las instituciones de seguridad, especialmente las estatales. Como se verá, esta inoperancia con frecuencia fue el resultado de la desarticulación de los esquemas de respuesta institucionales derivado de la protección a redes delictivas diferentes. Pero también, influyó la reedición de prácticas para garantizar la impunidad por parte de actores de poder emergentes y de antigua presencia, que en ocasiones también tuvieron intereses confluyentes. En escenarios de intereses confrontados, la diferencia obedecía a su vez a un proceso de redefinición de los elementos esenciales que daban cohesión y certidumbre a la red de poder hegemónica mexicana: la alternancia en la Presidencia de la República, alcanzada por primera vez en la historia contemporánea del país, fue el referente de la irrupción de nuevas subredes de poder, en ocasiones ligadas también a nuevos actores con intereses ilícitos o a otros antiguos, pero que emergían con una lógica de operación distinta en un contexto de redefinición de las reglas y los límites aceptables para llevarlas a cabo. La red de poder tuvo que incluir a actores emergentes y aprender a ­d irimir sus diferencias a través de circuitos institucionales hasta entonces formalmente existentes, pero subordinados en la práctica a otras reglas fácticas e institucionalizadas, con apariencias de una democracia rudimentaria y con una institucionalidad diseñada y administrada en lo esencial para proteger los intereses de la red de poder. Una red que nunca fue monolítica pero que, comparativamente, era hasta entonces más homogénea y cohesionada. 425

Los procesos de incorporación gradual de subredes distintas a aquellas tradicionalmente formadas dentro del antiguo régimen, su creciente control de recursos políticos y económicos basado en credenciales académicas y pericias técnicas —y no tanto en las alianzas y procesos de socialización caracte­rísticos de la posrevolución—, se caracterizó por la creciente convergencia de las nuevas políticas gubernamentales con las perspectivas promovidas d ­ esde tiempo atrás por actores políticos ajenos al partido oficial. A pesar de la ­a­parente diferenciación que cabría esperar por su militancia partidista, unos y otros tenían afinidad de enfoques, intereses y alianzas, de manera que, de facto, subredes emergentes pertenecientes a fuerzas políticas de oposición se alinearon con frecuencia con aquellas subredes adscritas al partido oficial que habían ­manteni­do la mayor influencia dentro de las instituciones gubernamentales federales desde mediados de la década de 1980. En Nuevo León —como en el resto de México, en general—, diversos políti­ cos del pan tenían más proximidad de intereses y programas con aquellos acto­res institucionales que habían gobernado al país y al estado desde el pri en los años precedentes a la alternancia, de la que tenían con los representantes más tradicionales de ambos partidos. En general, es posible advertir que unos y otros sostenían alianzas con los mismos círculos empresariales, varios de los cuales tenían vinculaciones irregulares con circuitos ilegales, como se ha visto con anterioridad. Según la evidencia, varios de estos actores ­emergentes compartían con sus homólogos de viejo cuño la disposición a beneficiarse a través del ejercicio del gobierno, mediante la configuración de circuitos regula­ torios y económicos afines a sus intereses que en ocasiones incluían actividades ilegales. La diferencia de identidades, lealtades y adscripciones institucionales favoreció condiciones menos estables en esas configuraciones, que fueron contesta­ das por otras subredes, sus respectivos operadores delictivos y segmentos de las fuerzas de seguridad aliadas con ellas. No todas las redes delictivas que emergieron contaban con una relación directa con actores conspicuos de la red de poder con presencia o influencia en Nuevo León. Por el contrario, algunas de ellas, como Los Zetas, virtualmente impusieron en la entidad estrategias de violencia encaminadas a subordinar a aquellas instituciones de seguridad que protegían la operación de grupos rivales­. Ésta fue su lógica de confrontación contra la organización de los hermanos 426

Beltrán Leyva, originalmente parte de la red delictiva rearticulada en torno a Joaquín Guzmán Loera, quienes, según la evidencia, sí parecían contar con sólidos contactos con la estructura de poder local y federal. En las siguientes páginas, se presentarán diversos hechos que dan ­cuenta de la vinculación entre algunos actores de poder emergentes y actores empresa­ riales involucrados en circuitos de legalidad cuestionable a los que ya se ha hecho referencia. Se mostrarán también indicios de la cooperación entre algunos de estos actores y otros pertenecientes a circuitos institucionales ajenos al país, pero garantes de los intereses de seguridad geopolítica de la potencia hegemónica que, no sin paradoja, parecieran haber obviado las vinculaciones irregulares de sus aliados mexicanos para emplearlos en la promoción de sus propias priori­ dades estratégicas. Asimismo, se exhibirá la confluencia entre los intereses de actores de su­ bredes emergentes y aquellas otras de antigua consolidación en la ­manipulación de casos judiciales para garantizar impunidad de personajes específicos o para configurar circuitos regulatorios para favorecer tráficos ilícitos o para promover la proliferación de establecimientos de alta vulnerabilidad para prácti­cas de lavado de dinero. Finalmente, se evidenciará la irrupción de nuevos actores delictivos con prácticas delictivas predatorias y sus disputas por establecer nuevas hegemonías en los circuitos de los tráficos ilegales y en la integración económica de recursos de procedencia ilícita.

Actores emergentes en la red de poder: alianzas añejas y nuevas convergencias El ascenso de los grupos conservadores en Nuevo León: algunos indicios de vinculaciones externas Apenas un día después de tomar posesión como nuevo presidente de la República, el panista Vicente Fox programó el 2 de diciembre un acto multitudinario en Monterrey, Nuevo León. El poder empresarial regiomontano había desempeñado un papel importante en su triunfo electoral, hecho que se vio 427

reflejado en la cercanía que el nuevo titular del ejecutivo sostendría, durante toda su administración, con los hombres de negocios neoleoneses. En la visita anunciada, Fox se reunió con el gobernador Canales Clariond y su secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau García.1 El acto implicaba un reconocimiento directo a la importancia de diversos actores de Nuevo León en la conquista de la Presidencia de la República, por parte del pan. Se trataba de una gesta que inició muchos años atrás, cuando la propia familia Garza Sada, dueños de la Cervecería Cuauhtémoc, de ­quienes se ha hablado en extenso en capítulos anteriores, decidieron ejercer una oposición activa a los gobiernos revolucionarios al apoyar la fundación y desarrollo de la opción opositora que representaba ese partido, desde la sucesión presiden­ cial de 1939.2 A pesar del avenimiento con el régimen posrevolucionario tras la conclusión del gobierno del general Lázaro Cárdenas, los Garza Sada y diversos individuos de su entorno cercano mantuvieron nexos sólidos con el pan. De hecho, algunos de estos últimos ocuparon posiciones políticas de elección postulados por ese partido. Es el caso, por ejemplo, del abogado Ricardo Margáin Zozaya, que además de mantener una colaboración directa con Eugenio Garza Sada —fue de hecho quien pronunció el discurso fúnebre tras el asesinato de éste, en los años setenta, en los que esta familia y el grupo empresarial construido en torno a ella recriminaron al presidente Luis Echeverría la adopción de políticas contrarias a sus intereses conservadores—, fue postulado como candidato a senador de la República por el pan.3 Los Garza Sada y personajes como ­Margáin, que aparecen históricamente ligados al surgimiento de este partido en Nuevo León, también formaban parte de grupos de corte conservador católico y anticomunista. En un memorándum de la dfs fechado el 6 de julio de 1965 y firmado por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, la dirigencia de una organi­zación denominada Cruzada Regional Anticomunista (Crac) estaba constitui­da por Bernardo Jiménez (presidente de la Cámara Patronal de Monterrey), Carlos 1 2 3

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El Siglo de Torreón (2000), “Encabezará Fox evento masivo en Monterrey el 2 de diciembre”, 30 de noviembre, Torreón, p. 11. Saragoza, Alex (2008), La élite de Monterrey y el Estado mexicano 1880-1940, Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México, pp. 261 y 264-265. El Porvenir (1952), Anuncio “Los candidatos de la ciudadanía libre”, 18 de mayo, Monterrey, p. 3.

Maldonado (presidente de la Cámara de la Transformación), Alfonso Garza (presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo León), Eugenio Garza Sada, Roberto G. Sada, Camilo Sada, Miguel Arce, Rómulo Garza, Andrés Sada, Dionisio G. Sada, Andrés Marcelo Sada Zambrano y Rogelio Sada Zambrano. Su mesa directiva estaba integrada por Rogelio Sada Zambrano (presidente), Rafael R. Páez (secretario general), Armando Ravize (tesorero), y, como vocales, Lázaro R. de la Garza, Arturo Pérez Ayala, Luis Santos de la Garza, Ricardo Margáin Zozaya, Francisco Martínez, Mario Cortés, Carlos Sánchez Cordero, Ernesto Casasús, Juventino Rodríguez y Encarnación Espinosa.4 Esta organización tenía estrechos vínculos con la Unión Neoleonesa de Padres de Familia y el Movimiento Familiar Cristiano, que recibía a su vez apoyo de agrupaciones católicas como los Caballeros de Colón, las Hijas de María, la Unión Cívica de Católicos, de grupos conservadores como la Unión Nacional ­Sinarquista —que, como se vio, fue financiada en sus inicios por este c­ írculo de empresarios neoleoneses—, así como órdenes del clero regular, como la ­Orden de Jesús, la Orden de San Francisco y los Dominicos.5 La actitud de estos grupos empresariales respecto a los gobiernos posrevo­ lucionarios siempre mantuvo alguna ambivalencia: cercanía, en tanto sus intereses económicos resultaran beneficiados con políticas afines y, en caso con­ trario, presión a través de organizaciones conservadoras como las citadas, con un brazo de acción política electoral encarnado en lo esencial en el pan. Las cuestiones referentes al sector energético les eran especialmente atracti­vas y relevantes. En 1955, el director de Pemex, Antonio J. Bermúdez, se reunió con industriales y altos directivos de empresas de Monterrey en una visita reali­zada en los campos petroleros de Reynosa, Tamaulipas. En ella, el funcionario informó del interés del entonces presidente de la República por garantizar que los empresarios neoleoneses continuaran recibiendo el gas natural a un precio subsidiado de 7.5 centavos el millar de pies cúbicos, en lo que calificó como una contribución al progreso y desarrollo de la industria. Prometió también la pronta terminación de un oleoducto que conectara 4

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Memorándum del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director federal de Seguridad, titulado “Aspectos económicos, políticos y sociales del estado de Nuevo León”, 6 de julio de 1965, México, agn, dfs, Versión pública del expediente de Ricardo Margáin Zozaya, legajo único, fojas 15-25, realizada en 2017. Idem, foja 19.

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Tampico y Monterrey y que pudiera proveer a esta última ciudad con 25 000 barriles ­d iarios. Destacó que, de los 249 pozos petroleros localizados en los ocho años previos, 49 se encontraban perforados y produciendo; 18 de ellos se ­encontraban en Reynosa, Tamaulipas. En la visita estuvieron presentes el gobernador tamau­lipeco, Horacio Terán Zozaya, Jesús G. Castañeda (presidente municipal de Reynosa), el general Tiburcio Garza Zamora (comandante del 11° Regimiento de Caballería) y también, por parte de los empresarios regiomontanos, Virgilio Garza, Eugenio Clariond Garza —padre de Benjamín Clariond Reyes Retana, futuro gobernador de Nuevo León por el pri (1996-1997), de Eugenio Clariond Reyes Retana, copropietario, con José Madariaga Lomelín, de Probursa (1991) y presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (1998), y tío de Fernando Canales Clariond, gobernador del mismo estado por el pan (1997-2003) y secretario de Economía y también de Energía en el gabinete de Fox6— y Ricar­do Margáin Zozaya.7 En la década de 1950, Margáin Zozaya tenía buena relación con los g­ enerales Aarón Sáenz y Tiburcio Garza Zamora. Fue invitado a la boda del hijo del primero, en 1958, donde convivió con ambos, con el general Bonifacio Salinas Leal y con Lauro Villalón de la Garza.8 En páginas previas se ha señalado que el núcleo empresarial de la familia Garza Sada tenía también sólidas relaciones con esta camarilla de militares y políticos. Compartía con ellos no sólo intereses generales de orientación hacia el capital, sino, según se ha visto, conexión o participación aparente con los circuitos de los tráficos ilegales. Junto con los funcionarios y empresarios del periodo de Miguel Alemán, formaban el entramado de actores e intereses que pueden considerarse parte medular de la derecha mexicana, que incluía a personajes dentro del partido oficial, y también dentro del principal partido de oposición, el pan.

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Roderic Ai (2011), Mexican Political Biographies 1935-2009, 4ª ed., University of Texas at Austin- Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, Austin, pp. 144 y 212. El Porvenir (1955), “La industria de Monterrey continuará recibiendo gas combustible a bajo precio. Una visita a los campos petroleros de Reynosa, Tamps”., 26 de mayo de 1955, Monterrey, p. 2. El Porvenir (1958), “Distinguido enlace civil y religioso de la bella Srita. Ma. de los Ángeles Cavazos y el Sr. Juan A. Sáenz”, 26 de octubre, Monterrey, p. 4.

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En el México de la época, estos antecedentes no fueron óbice para que algu­ nos de estos personajes entraran en contacto con otras redes trasnacionales ancladas en instituciones creadas en función de los intereses geopolíticos de la potencia hegemónica. En la articulación de grupos conservadores bajo la bandera anticomunista, algunos de estos actores interactuaron con circuitos institucionales extranjeros que, no sin paradoja, parecen haber hecho, en el mejor de los casos, omisión de su vínculo con los tráficos ilícitos, en tanto ­f ueran funcionales para la causa sustantiva de evitar la expansión de los intereses soviéticos en América Latina. En México, la primera estación de la Agencia Central de Inteligencia (cia) se abrió en diciembre de 1950, bajo la responsabilidad de E. Howard Hunt, es decir, durante el sexenio de Miguel Alemán. Entre 1947 y 1969, la agencia mantu­vo centros de operaciones en la Ciudad de México, Monterrey, Nogales y ­Mérida.9 A pesar de los antecedentes que ligaban a los colaboradores directos de Miguel Alemán Valdés en el tráfico de drogas,10 el propio Winston Scott, jefe de la ­estación de la cia en México durante la mayor parte de las décadas de 1950 y 1960, buscó en agosto de 1958, a través del embajador Robert C. Hill y de un hombre de confianza del propio Alemán, el apoyo del ex presidente para el desarrollo de actividades anticomunistas en México.11 El hecho tuvo reper­cu­ siones para el resto del subcontinente latinoamericano, fuera de las fron­teras mexicanas. Según consta en uno de los pocos trabajos que han abordado en detalle el recuento de las operaciones de la cia en México, a comienzos de 1963, un 09 Así lo refiere Anne Goodpasture, la asistente directa de Winston Scott, uno de los jefes de

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estación que mayor duración tuvo en el encargo. Goodpasture proporcionó, tras la muerte de su jefe, el documento que éste había redactado sobre la historia de esa oficina en México. Véase Morley, Jefferson (2010), Nuestro hombre en México: Winston Scott y la historia oculta de la cia, Taurus Ediciones, México. El documento de Scott, citado en el libro, se puede consultar en From Anne Goodpasture, Mexico City Station History, Excerpts, ­November 16, 1978, disponible en línea: , [consultada el 4 de junio de 2018], p. 19. Memorándum del agente secreto DJCTE2646987, 26 de enero de 1948, nara, dea, sfbndd, rg 170 Box 23. También cia (1951), Situation report: Mexico, 24 de enero, p. 69. From Anne Goodpasture, Mexico City Station History, Excerpts, November 16, 1978, ­d ispo­n ible en línea: , [consultada el 4 de junio de 2018], pp. 381-382.

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agente de esa institución, de nombre David Atlee Phillips —un personaje que participó en la puesta en marcha de operaciones psicológicas para favorecer el éxito del golpe militar contra el general Jacobo Arbenz en Guatemala—, dirigía una operación encubierta con ramificaciones en México. Las acciones esta­ ban encaminadas a derrocar el gobierno de Fidel Castro en Cuba, quien había ­llegado al poder el 1° de enero de 1959. Los planes incluían el apoyo encubierto a disiden­tes cubanos situados fuera del territorio estadounidense, con objeto de que su incursión a la isla cumpliera finalmente el propósito de deponer a C ­ astro tras el fallido intento ocurrido el 15 de abril de 1961 en Bahía de Cochinos.12 En febrero de 1963, el ciudadano cubano Juan Carlos Corbea Hernández fue detenido en Veracruz por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del estado. Los días 1 y 2 de ese mes, rindió declaración ministerial ante éstos y agentes de la Policía Judicial Federal. Corbea afirmó que pertenecía al Frente Independiente Democrático de Asilados Cubanos, dirigido por Antonio Varona y José Miro Cardona, quienes residían en Miami, Florida, en Estados Unidos. Según su propio relato, fue designado como jefe reorganizador para atender los campos de entrenamiento que tenían establecidos en México, y acudía a recibir instrucciones en la casa de asilados cubanos ubicada en el Club Cubano, en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México —la misma donde se hallaban las oficinas principales de la Secretaría de Gobernación del gabi­ nete federal—. Dijo que contaban con campos de entrenamiento para cubanos ­anticastristas en Tabasco, Chiapas y Campeche, y que en Cárdenas, T ­ abasco, en un lugar deno­m inado Mal Paso, se encontraban 400 cubanos recibiendo ­entrenamiento subversivo; además, que por conducto de Ricardo Margáin ­Susaya (Zozaya), cada mes les llegaban medicinas, zapatos y ropa donadas por personas pertenecientes a la Asociación de Padres de Familia y la Institución Benéfica de Padres de Familia, de Monterrey, Nuevo León. No se trataba de campamentos improvisados, cada uno tenía aparatos de telecomunicaciones y los pertrechos de municiones se les entregaban en cargas que descendían en paracaídas, d ­ esde aeronaves.13 Las declaraciones respectivas se le enviaron 12 Morley, Nuestro hombre en México…, pp. 99, 206-214. 13 Los informes constan en un expediente de la Dirección de Investigaciones Políticas y Socia­ les de la Secretaría de Gobernación: Oficio de Respuesta de Ramón Canedo A., secretario particular del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, al secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, Manuel del Río González, 14 de febrero de 1963, México,

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al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. No existe ninguna información ­posterior que permita concluir si se tomó alguna medida para clausurar esos campos de entrenamiento subversivo en los que, según se ha visto, algunos de los empresarios regiomontanos eran donadores en especie directos. Gustavo Díaz Ordaz fue identificado, desde su cargo como secretario de Gobernación, como i­ntegrante del programa litempo, que estableció el propio jefe de la estación de la cia para reclutar informantes de alto nivel en México.14 Por su parte, Ricardo M ­ argáin Zozaya fungía, en 1963, como apoderado legal de Fianzas Monterrey, una compañía que ese año celebró su vigésimo aniversario, con la presencia en el b ­ anquete de Jorge C. Rivero (presidente del Consejo de Administración), Margarita Sada de Garza, Francisco F. Maldonado (miembro de la directiva de la e­ mpresa), Eugenio Garza Sada, Dolores Aranda de Maldonado, Roberto Garza Sada y Enrique Treviño García (gerente de la compañía).15 Este hecho muestra indicios de las relaciones de apoyo entre redes de poder hegemónicas más allá de los límites fronterizos de los Estados nacionales a las que se hizo referencia en el primer capítulo de este trabajo. Redes de poder hegemónicas o subredes especialmente influyentes, capaces de configurar circuitos institucionales con la facultad de proyectar sus intereses más allá de sus propias fronteras y reforzar a otras tantas redes o subredes asociadas a ellas dentro de aquellos otros países bajo su influjo. Y, en ocasiones, con interacciones relevantes en dinámicas de legalidad cuestionable o francamente ilegales.

Nuevos rostros, viejas prácticas En el referente aquí analizado, la subred de empresarios conservadores que integraban la Cruzada Regional Anticomunista posee, pues, vinculaciones

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agn, ips, caja 2907 B, expediente 5. Agradezco a la historiadora Ángeles Magdaleno por haberme provisto la información necesaria para ubicar este documento, ya que actualmente no se encuentra catalogado dentro de los instrumentos de consulta del Archivo General de la Nación de México. Morley, Nuestro hombre en México…, pp. 129-135. El Porvenir (1963), “Fianzas Monterrey celebra con un festival su vigésimo aniversario”, 30 de junio, Monterrey, p. 6. En la nota se escribe de manera incorrecta el nombre de la esposa de Roberto Garza Sada como “Margarita Garza de Sada”. El correcto es Margarita Sada (García) de Garza.

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­d irectas con actores geopolíticos trasnacionales, además de su contacto con los circuitos ilícitos a los que se ha hecho mención en las páginas anteriores. Pero, además, algunos de ellos formaban parte o se asociaban de manera direc­ ta con el grupo de empresarios y políticos adscritos al pan que alcanzaron el poder en la entidad en 1997 y ejercieron de manera compartida el mismo, a ­nivel nacional, a partir de diciembre de 2000. Andrés Marcelo Sada Zambrano, integrante de la Crac, era el presidente del Grupo Cydsa, que adquirió Banca Confía, a principios de los los noventa. Era hermano de Rogelio Sada Zambrano, diputado federal por el pan, también miembro de la Crac.16 De manera gradual, en esta red de poder emergente empezaron a confluir actores de fuerzas políticas distintas, pero pertenecientes a los mismos circuitos de interés económico, algunos de ellos, con antecedentes claros de i­ legalidad. Por ejemplo, como se vio en el capítulo cinco, en esa misma adquisición de Banca Confía participó la familia Canales Clariond, de la que formaba parte Fernando Canales Clariond, el nuevo gobernador de Nuevo León ­perteneciente al pan, que entró en funciones en 1997.17 Como se ha visto, integrantes de la familia de este político-empresario también habrían ejercido cargos políticos en el gobier­ no estatal, como su primo, Benjamín Clariond, ex gobernador de la entidad. La vinculación de Banca Confía en el lavado de dinero del tráfico de drogas, expuesta en la Operación Milenio y de la cual se habló en extenso en páginas 16 La Jornada (1999), “Desechan denuncia por fraude a ahorradores de nl”, 13 de noviembre,

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Monterrey, disponible en línea: , [consultada el 4 de junio de 2018]. Sobre el parentesco de Rogelio y Andrés Marcelo Sada Zambrano y su conexión directa con el núcleo familiar Garza Sada, ambos son nietos de Francisco G. Sada Muguerza, hermano de María Consuelo Sada Muguerza, esposa de Isaac Garza Garza, patriarcas de la familia Garza Sada, padres de Eugenio Garza Sada. Véase árbol genealógico de Andrés Marcelo Sada Zambrano, disponible en línea en el sitio web geni: , [consultada el 4 de junio de 2018]; de su padre, Andrés G. Sada García, disponible en ­l ínea: ], y de su abuelo, Francisco G. Sada Muguerza, disponible en línea: , [consultada el 4 de junio de 2018], y de C ­ onsuelo Sada Muguerza, disponible en línea: , [consultada el 4 de junio de 2018] . La Jornada (2003), “La bomba Lankenau, que manchó funcionarios, a punto del olvido”, 8 de diciembre, en línea: , [consultada el 5 de abril de 2018].

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anteriores, tuvo relativamente una visibilidad menor en la prensa neoleonesa. No obstante, el caso de defraudación en la que se vieron involucrados algunos de sus directivos, como Jorge Lankenau y Raúl Monter Ortega, tuvo un mayor seguimiento. El caso de Monter amerita una breve exposición, pues es relevante a la luz de los nuevos cambios políticos ocurridos en Nuevo León en 1997 y en el país a partir de 2000. En ellos se podrá apreciar de nueva cuenta las a­ cciones u omisiones de actores políticos emergentes e institucionales locales bajo su ­influencia directa para salvaguardar de penalización judicial a una de las fi ­ guras de poder relevantes en el estado, vinculada aparentemente a la comisión de actos ilícitos en circuitos empresariales a los que se ha hecho referencia en estas páginas. Raúl Monter había sido el presidente del Comité Directivo Estatal del pan en Nuevo León y tenía una estrecha vinculación con el gobernador Canales Clariond, también socio de Banca Confía. En enero de 2001, el procurador ge­ ne­ral de Justicia del estado, José Santos González, declaró que la institución a su cargo contaba con pruebas documentales, contables y testimoniales, que demostraban la responsabilidad de Monter en los delitos de fraude y delincuencia organizada, que se le atribuían por sus acciones dentro del consorcio Ábaco, en el desarrollo de operaciones fraudulentas con compañías off-shores.18 Tras las acusaciones en su contra, Monter huyó del país y se estableció en Canadá, donde fue detenido en mayo de 2001, por petición de las autoridades mexicanas que solicitaron su extradición por enfrentar causas penales en los ámbitos federal y local.19 A principios de 2001, José Luis Coindreau el s­ ecretario general de Gobierno de Nuevo León —segundo en jerarquía en la entidad, bajo las órdenes del gobernador Fernando Canales Clariond, amigo de Monter—, confirmó que existía una orden de aprehensión en contra de este último y virtual­mente le advirtió que, de presentarse a comparecer ante la justicia, debería hacerlo con una orden de amparo, para evitar su detención.20 Mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) aseguraba que Monter sí 18 El Norte (2001), “Sí es responsable Monter de ilícito. Afirma procurador que pruebas incul19 20

pan a ex directivo de Ábaco”, 9 de enero, p. 1B. El Norte (2001), “Cae Monter en Canadá; tramitarán extradición”, 23 de mayo, Monterrey, p. 1. El Norte (2001), “Advierte Coindreau que Monter tiene una orden de aprehensión. Señala secretario de Gobierno que ex dirigente del pan debe llegar amparado o lo arrestarán”, 1º de enero, Monterrey, p. 3B.

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tenía responsabilidad en las operaciones fraudulentas de Ábaco Casa de Bolsa (corporativo al que se adscribió Banca Confia),21 la Procuraduría General de Justicia del estado se deslindaba de su captura y la atribuía a ­gestiones exclusivas de su homóloga federal.22 Por su parte, el presidente estatal del pan en Nuevo León, Carlos Domínguez Ahedo, manifestaba que las puertas del partido estaban abiertas para su regreso.23 El caso Monter movilizó incluso a las ­principales figuras del pan en el centro del país: entre los actores que maniobraron para favorecer su causa y evitar su penalización por la justicia mexicana ­figuraba el ex candidato presidencial de ese partido en 1994 y, en 2001, senador de la República, Diego Fernández de Cevallos —y amigo personal de Carlos ­Sali­nas de Gortari—. El senador Fernández de Cevallos —quien originalmente había representado a los presuntos defraudados— enviaba ahora misivas asegurando la probidad de Monter ante el juez canadiense encargado de dictaminar su solicitud de libertad bajo fianza.24 El litigio se postergó por algunos años. En declaraciones posteriores correspondientes a 2003, el dirigente del pan en Nuevo León, Domínguez Ahedo, manifestó su amistad estrecha con Monter y advirtió que el juicio de extradición de éste tendría por resultado la exposición de responsabilidades de integrantes del pri y del pan en el estado y sus respectivas familias en las ­transacciones fraudulentas atribuidas a Monter. Refirió, por ejemplo, al círculo familiar del candidato a gobernador del pri, Natividad González Parás: “Puede haber panistas y priístas muy distinguidos porque la propia familia de Natividad González Parás (candidato a la gubernatura por la Alianza Ciudadana) está en estos casos, como muchas familias de panistas, ya veremos para cuál lado salpican más”.25 En enero de 2004, las autoridades judiciales canadienses fallaron en c­ ontra de la solicitud de extradición planteada por el gobierno de Nuevo León. El juicio 21 22 23 24

25

El Norte (2001), “Monter sí es responsable.- cnbv”, 1º de junio, Monterrey, p. 1. El Norte (2001), “Se deslindan de captura de Monter”, 26 de abril, Monterrey, 11B. El Norte (2001), “Puertas de an están abiertas para Monter”, 8 de mayo, Monterrey, p. 1B. El Norte (2001), “Apoya ‘Jefe’ Diego a Monter ante juez”, 16 de junio, Monterrey, p. 1. S­ obre la amistad entre Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari, véase El Siglo de ­Torreón (2005), “Admite Fernández de Cevallos amistad con Carlos Salinas”, 7 de s­ eptiembre, ­Torreón, Coahuila, disponible en línea: , [consultada el 11 de noviembre de 2018]. El Norte (2003), “Salpicará caso Monter a priístas y panistas”, 24 de febrero, p. 1B.

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había empezado apenas el 12 de noviembre de 2003, tras la presentación de 13 solicitudes de aplazamiento.26 Entrevistado por la prensa neoleonesa un día después de este fallo, ­Monter señaló que no podía aún trasladarse a Nuevo León mientras quienes lo acusaban de fraude ahí no se desistieran de sus demandas y negó que la administra­ción de Canales Clariond hubiera integrado un expediente con fallas deliberadas para que las autoridades canadienses no tuvieran otra opción que desechar la solicitud de extradición.27 En diciembre de 2004, Julio César Franco, juez segundo de Distrito en Ma­ te­ria Penal en Nuevo León, concedió un amparo a favor de Raúl Monter para evitar su detención por el delito de asociación delictuosa que se le atribuía en el ámbito local. La administración del gobernador panista Canales Clariond había concluido en 2003, fecha en que inició la propia de su sucesor, el priísta Natividad González Parás.

Aduanas, tráficos ilícitos y subredes emergentes Las aduanas En mayo de 2001, la revista Proceso publicó una entrevista realizada al entonces diputado federal por Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien había dirigido la Administración General de Aduanas durante 11 meses, hacia el final de la admi­nistración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A Fayad se le atribuía haberse beneficiado por las prácticas de corrupción que perduraban en esa institución. Según Fayad, antes del término de aquella administración, ha­bía entregado un documento al entonces secretario de Hacienda, José ­Á ngel Gurría Ordoñez, donde le informaba de los altos niveles de corrupción que afectaban al organismo institucional a su cargo. Fayad señaló que un grupo de personas que habían colaborado con el subsecretario de Ingresos, 26 El Norte (2004), “Gana Monter batalla a nl. Al grito de ‘yes, yes, yes!’, el regio festeja que Ca27

nadá deseche su extradición”, 22 de enero, Monterrey, p. 1. El Norte (2004), “Ir a Monterrey es ir a la cárcel”, 23 de enero, Monterrey, versión en línea (de paga).

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­ rancisco Gil Díaz, en la administración federal 1988-1994 —en la PresidenF cia de Carlos Salinas de Gortari— habían mantenido de facto el control sobre el aparato ­aduanero desde ese periodo. Fayad había sido sustituido por Álvaro Quintana Elordouy, pariente del propio secretario Gurría Ordoñez y se había desempeñado previamente como administrador regional del noroeste de la Administración General de Aduanas, cuando Gil Díaz fungía como subse­cretario de Ingresos. Mencionó también dentro de esta red de funcionarios a Luis Manuel Gutiérrez Levy, director general de Aduanas por cuatro años durante la admi­nistración salinista y dos más en la de Zedillo, y en 2001 nombra­do oficial mayor de la shcp. También al sucesor de Gutiérrez Levy, Luis Carlos Moreno Durazo, vinculado con Alma Rosa Moreno, titular del Servicio de Administra­ción Tributaria (sat) de la shcp, en el sexenio 1994-2000 y embajadora en Reino Unido en la administración Fox. A Guillermo González ­Ávila, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la shcp en la recién iniciada administración de Vicente Fox, en la que Francisco Gil Díaz había sido d ­ esignado secretario de Hacienda. Fayad mencionó en particular a José ­Guzmán Montalvo, a quien él había removido de la oficina de Operación del Despacho Aduanero —el área encargada del control operativo de las aduanas— y que, en el nuevo gobierno fue nombrado titular de la Administración General de Aduanas.28 Hacia agosto de 2003, el propio Guzmán Montalvo, al frente de esa institución, reconocía que el 30% de las importaciones totales del país se hacían de manera irregular y estimó en un billón de pesos el valor del contra­ban­do, pues sólo el correspondiente a la rama textil y del vestido rondaba los 100 000 000 000 de pesos. Frente a ello, en 2002, por ejemplo, la institución apenas había logrado decomisar mercancías con un valor de 2 428 000 000 de pesos.29 En diciembre de 2004, el administrador de la aduana en Monterrey, Renán Rodríguez Tolentino, señaló que el contrabando de mercancía ilegal era 28 Proceso (2001), “Miembros del equipo de Gil Díaz, tocados por el contrabando”, 5 de mayo, 29

México, disponible en línea: , [consultada el 9 de junio de 2018]. La Jornada (2003), “Irregularidades en 30% de importaciones, reconoce la Administración de Aduanas. El contrabando en México es de un billón de pesos, aseguran industriales”, 7 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 9 de junio de 2018].

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un problema que ya había rebasado a las autoridades aduanales. Añadió que los tratados de libre comercio habían virtualmente abierto las puertas de las fronteras y que el 90% de la mercancía que ingresaba al país no era sujeta a revisión.30 Según la misma nota que reprodujo estas declaraciones, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) había señalado unos días antes que el contrabando genera­ba a sus agremiados pérdidas por 300 000 000 de pesos diarios; y el director de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León, Guillermo Dillon, expuso que esta actividad ilegal provocaba pérdidas por 5 000 000 000 de dólares en el ramo textil, en todo el país.31 Apenas unos días antes de estas declaraciones, el semanario Proceso consignó información sobre las investigaciones conducidas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (siedo) de la pgr, en la Averiguación Previa P/PGR/SIEDO/UEDCS/182/04, sobre el robo de un embarque de 35 toneladas de pseudoefedrina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (aicm). El cargamento, que provenía de China, había arribado a este aeropuerto y se entregó al personal de la Agencia Aduanal Montal­vo y Montalvo, S. C., propiedad de Rafael Montalvo, con domicilio fiscal en Galeana # 401, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien era además tío del administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, oriundo de Tampico, Tamaulipas e hijo del notario público Carlos A. Guzmán Azcárraga.32

30 El Norte (2001), “Rebasa el contrabando a Aduana de Monterrey”, 9 de diciembre, Monterrey, 31 32

p. 1B. Idem. Proceso (2004), “El narco, hasta la médula”, 5 de septiembre, México, disponible en línea: , [consultada el 9 de junio de 2018]. El padre de José Guzmán Montalvo, Carlos A. Guzmán A ­ zcárraga, ­forma ­parte de la red familiar de Emilio Azcárraga Vidaurreta y Emilio Azcárraga ­M ilmo, también proveniente de Tampico, Tamaulipas, según consta en el testimonio de uno de sus integrantes, de nombre Francisco Azcárraga López, quien ha estado al frente de T ­ elevisa del Golfo a lo largo de 40 años. En una publicación donde se narra la trayectoria de Azcárraga López, se aprecia a éste departiendo con el ex gobernador tamaulipeco y ex ­subsecretario de Inves­ tigación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Hacienda, Enrique Cárdenas ­González, en compañía de Carlos Guzmán Azcárraga y otros miembros de esa familia. Véase Chic Magazine (2013), “Francisco Azcárraga; Un hombre con legado”, 14 de abril, núm. 241, Tamaulipas, pp. 24-27, disponible en línea: , [consultada el 13 de noviembre de 2018].

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De acuerdo con las indagaciones de la pgr, las operaciones de la Agencia Aduanal Montalvo y Montalvo, S. C., respecto al cargamento, mostraban aspectos irregulares que daban lugar a sospecha. Después de que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (sat, donde estaba ahora adscrito el organismo encargado de las aduanas) recibieron de manera satisfactoria la documentación del pedimento y tras realizarse las verificaciones ­documentales y de seguridad correspondientes —la autorización de la Secretaría de Salud para la importación del precursor químico, y la propia de la pgr para el traslado físi­co del cargamento a las instalaciones de la agencia—, la carga fue ­entregada ya liberada a la agencia aduanal. No obstante, fue transferida a un recinto del pro­pio aeropuerto, en lugar de trasladarla de inmediato a las insta­laciones del importador, la empresa sica, administrada por María del Rocío Alpuche. P ­ ermaneció dentro del aeropuerto durante varias semanas, dentro de un contenedor, hasta que, en la madrugada del 22 de junio de 2004, seis sujetos in­gresaron a las instalaciones del aicm —resguardadas, entre otros, por elementos del sat y de la Policía Federal Preventiva— en un camión de carga color rojo y con placas 091BV4, propiedad de la empresa Maldonado Padilla, amagaron al personal de vigilancia y forzaron las puertas del tráiler para extraer 139 de los 160 paquetes en que estaba empacada la carga de pseudoefedrina. La siedo presumía que los ladrones contaban con información de funcionarios aduanales involucrados en la recepción de la sustancia y con la complicidad de elementos encar­gados de la vigilancia de la zona del aicm donde estaba almace­nado el precursor químico. La siedo, con la preocupación concurrente de la dea, mantenía dos hipótesis principales: un autorrobo, o bien, que alguna organización del tráfico de drogas hubiera sobornado a funcionarios de la shcp para sustraer la sustancia empleada para la fabricación de metanfetaminas.33 Pocos meses después del robo, cuando aún las investigaciones continuaban, fue asesinado José Noé Garduño Fernández, subadministrador de Aduanas en el aicm, hecho que dificultó la continuidad de las indagaciones. En este caso, la investigación, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), turnada a la pgr, implicó como responsables a un individuo de nombre Juan Carlos Ochoa Luque, quien se acreditó como capitán primero del ejército adscrito al Estado Mayor Presidencial —aunque la Presidencia de la 33 Proceso, “El narco, hasta la médula”. 440

República negó que se desempeñara en ese organismo castrense—, a Jorge Alberto Amezcua Sánchez, a Sergio Quintana Hernández, a Luis Daniel García Arzate, y a Hugo Francisco González Zeledón, empleado de la Administración General de Aduanas.34 En enero de 2008, el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales multó al ex administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, con 15 salarios mínimos (700 pesos de la época), por negarse a acudir como testigo en el juicio en contra de la esposa de Zhenli Ye Gon, un empresario chino nacio­ nalizado mexicano, acusado por tráfico masivo de pseudoefedrina, y otros indiciados. Según la nota que informó del hecho, Guzmán Montalvo se negaba a asistir por consejo de sus propios abogados, pues temían la existencia de una ­orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con la misma ­información, el Ministerio Público Federal contaba con documentos de la Comisión F ­ ederal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, que evidenciaba la cobertura oficial de la Administración General de Aduanas a importaciones ilegales de pseudoefedrina gestionadas por Unimed Pharm Chem de México, S. A. de C. V., la empresa de Ye Gon, a través de acciones irregulares del ex coordinador central de Contabilidad y Glosa de la institución, José Alfonso Torres Cabello, colaborador directo de Guzmán Montalvo. Según la nota, estos dos personajes tuvieron conocimiento, desde noviembre de 2005, de información oficial que alertaba sobre la falsificación de permisos de importación de productos químicos por parte de esta compañía, lo que implicaba su penalización y baja del padrón de importadores autorizados. No obstante, Torres Cabello habría permitido la operación de la compañía durante más de un año adicional, de manera que Ye Gon introdujo alrededor de 110 toneladas de pseudoefedrina a México, de las cuales, sólo 19 fueron incautadas, en diciembre de 2006. Ye Gon fue acusado formalmente por el gobierno mexicano de encabezar una organización dedicada al trasiego de pseudoefedrina para la fabricación de metanfetaminas.35 Según el semanario Proceso, con base en las investigaciones de la pgr, los vínculos de Ye Gon incluían no solamente a José Guzmán Montalvo, sino a 34 Ibidem. 35 La Jornada (2008), “Multan a jefe aduanal, a quien vinculan al caso Zhenli Ye Gon”, 18

de enero, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018].

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los propios hermanos Bribiesca Sahagún, e incluso a la propia Martha Sahagún, madre de aquellos y esposa del presidente Fox (2000-2006). De acuerdo con esta fuente, basada en información de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEDS191/2006, Guzmán Montalvo permitió la ­realiza­ción de al menos 600 operaciones de contrabando de precursores químicos por p ­ arte de Ye Gon, quien realizaba sus operaciones de importación a través de los agentes aduanales Roberto Quintanilla Salazar, Uriel Martínez y Hum­berto López Rodrí­ guez. Este último gestionaba la introducción de la mercancía del empresario de origen chino a través de la agencia aduanal Roma Vazeli, S. A., establecida en Mon­terrey, Nuevo León, y dirigida por el mencionado Roberto ­Quintanilla. Humberto López Rodríguez era hermano de Juan Carlos López Rodrí­g uez, cercano colaborador de Guzmán Montalvo y, como se verá, ­contacto de éste con los hermanos Bribiesca Sahagún. En su intento por deslindarse de las operacio­nes de Ye Gon, los agentes aduanales Roberto Quintanilla y Uriel Martínez contra­ taron como defensor jurídico al ex subpro­curador Antinarcóticos durante parte del sexenio de Carlos Salinas, Javier Coello Trejo, de quien se ha hablado ya con anterioridad. En la defensa de sus clientes, Coello Trejo exhibió documentos suscritos por Ye Gon en su calidad de representante de las compañías Unimed Pharm Chem y Unimed Pharmaceutical, donde recomienda que sea Humberto López Rodríguez —hermano del funcionario aduanal entonces ligado a Guzmán Montalvo—, quien se encargara de gestionar en julio de 2006, el envío del primer cargamento de pseudoefedrina que importaban sus compañías desde China. El cargamento ingresó al país por Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con el semanario, Ye Gon remitió una comunicación al administrador de la aduana en ese puerto, para notificarle que las compañías que representaba legalmente cedían los derechos de la guía amparada con el No. 851334939, correspondiente al contenedor No. TEXU707415-4 en que se trasladaba el precursor químico, al agente aduanal Humberto López ­Rodríguez y/o la Agencia Aduanal Roma Vazeli, S. A., para que realizaran los trámites necesarios para la introducción de la mercancía. El 30 de junio de 2006, López Rodríguez liberó la mercancía adquirida por Unimed Pharm Chem México, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.36 Según el medio de comunicación, la pgr identificó a Zhenli Ye Gon como el principal enlace del Cártel de Sinaloa con proveedores de pseudoefedri­na 36 Proceso (2007), “Un aduanero cooperador”, 15 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de junio de 2018].

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proveniente de China, de acuerdo con la información contenida en las fo­ jas 426-431 del tomo 35 del expediente PGR/SIEDO7UEDO191/2006, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal. Según Proceso, en ese mismo expe­d iente quedó documentado el envío del oficio 005553 de la Comisión ­Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) al administrador general de Aduanas José Guzmán Montalvo —sellado como información ­confidencial, remitido el 29 de noviembre de 2005 y firmado por el comisionado de Autorización S­ anitaria de la Cofepris, Miguel Lombera González—; en él se notificaba a Guzmán Montalvo de la posible falsificación cometida por Unimed Pharm Chem México, S. A. de C. V., una empresa de Ye Gon, del permiso de importación No. 1-81167-2005 expedido por la Cofepris.37 Los supuestos productos a introducir aparecían como: 5 000 kg de dihidroestreptomicina y sus sales, 20 000 kg de enrofloxacina base y sus sales, 25 000 kg de naproxeno y sus sales y 10 000 kg de penicilina procainica, y 3 000 kg de cloranfenicol. Es decir, antibióticos y desinflamatorios. Las sustancias importadas podían ser de naturaleza muy distinta: precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.38 Aunque el oficio mencionado alertaba de una irregularidad potencialmente grave, Guzmán Montalvo no tomó medidas sino hasta el 21 de junio, cuando notificó de la cuestión a la Unidad de Control de Gestión de la Aduana de ­Lázaro Cárdenas, Michoacán. El semanario Proceso remarcó la relevancia de que el funcionario fuera requerido para rendir testimonio en la referida causa penal.39 De cualquier manera, Guzmán Montalvo no enfrentó mayores inconvenientes judiciales. De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en 2015 fungía como notario público en Tampico, Tamaulipas.40 Durante su gestión, a Guzmán Montalvo se le vinculó con múltiples irregularidades cometidas por el personal aduanal a su cargo, según consignó P ­ roceso 37 38 39 40

Idem. Idem. Ibidem. Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas (2015), “Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, Secretaría General, Acuerdo Gubernamental mediante el cual se concede al Licenciado José Guzmán Montalvo, titular de la Notaría Pública Número ciento ocho (108), con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado y residencia en Tampico, Tamaulipas, licencia para separarse de sus funciones naturales por el término de un año renunciable; asimismo, se autoriza al Licenciado Carlos Guzmán Azcárraga, para que actúe en funciones de Notario Público (Anexo)”, 16 de abril, Ciudad Victoria, p. 3.

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con información de una tarjeta informativa interna de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se hacía, por ejemplo, referencia a su relación con Francisco Guerra Medina, administrador de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, a quien se le atribuía el establecimiento de acuerdos mediante el pago previo de cuotas irregulares. Asimismo, con Javier García Morlet, quien en 1995 había realizado donaciones de mercancía embargada en combinación con el contratista Eugenio Alfonso Martínez Benavides. También, con el ya mencionado Juan Carlos López Rodríguez quien, según la información de la tarjeta referida reproducida en la nota del semanario, había permitido en 1998 la introducción de al menos 300 camiones tráiler con cargamentos de mercancía ­subfacturada, en el puente fronterizo en Colombia, Nuevo León. Con Carlos Tirado Enríquez, administrador de la Aduana en ese mismo punto de la frontera, en 1999, a quien se le atribuía tramitar pedimentos falsos para la acreditación de camiones sin carga. La tarjeta señalaba también que 45 de los 47 administradores aduanales removidos de las 47 oficinas aduanales que integraban el país, eran amigos personales o parientes de José Guzmán Montalvo. Mencionó expresamente al administrador en Reynosa, Tamaulipas, Héctor Mena; y al de Ciudad del Carmen, Campeche, Roberto Montalvo Riancho.41 Un año más tarde, en octubre de 2005, el mismo semanario Proceso publicó una nota donde señalaba que las complicidades en la introducción de mercancía de contrabando alcanzaban, lo mismo que antaño, a esferas de poder más altas que la titularidad de la Administración General de Aduanas. En ese año, una comisión especial de la Cámara de Diputados encabezada por la dipu­tada Martha Lucía Micher Camarena, que indagaba los negocios de Manuel ­Bribiesca Sahagún —hijo de Martha Sahagún Jiménez, esposa del presidente Vicente Fox— recibió informes de agentes aduanales que aseguraban que el propio José Guzmán Montalvo apoyaba la comercialización ilegal de mercancía incautada por las aduanas, realizada por el hijo de la consorte presidencial.42 Asimismo, el semanario Proceso señaló que contaba con informes confiden­ ciales elaborados por ex funcionarios de alto rango de la Administración 41 Proceso, “El narco, hasta la médula”. 42 Proceso (2005), “‘Modus operandi’ en Aduanas”, 9 de octubre, México, disponible en línea: , [consultada el 10 de junio de 2018].

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­ eneral de Aduanas, donde se describían las presuntas irregularidades comeG tidas con la mercancía de contrabando por Bribiesca Sahagún, al amparo de las relaciones que su madre tenía con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y con el administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo. Tanto la Presidencia de la República, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negaron categóricamente la existencia de tales actividades y aseguraron que se trataba de calumnias.43 De acuerdo con la nota, Bribiesca recibió hasta 2003 el apoyo de otro funcionario aduanal: Juan Carlos López Rodríguez, amigo de Guzmán Montalvo, oriundo como éste de Tampico, Tamaulipas, y designado por él como administrador central de Investigación Aduanera. Entre sus funciones, López Rodríguez tenía la facultad de embargar a empresas importadoras y cancelar permisos de importación. Según la información del semanario, empresas que habían dejado de operar por disposición de esta área institucional —y que, por tanto quedaban fuera de revisión alguna—, eran utilizadas por Bribiesca para introducir mercancía extranjera. El 10 de abril de 2004, López Rodríguez fue inhabilitado para ocupar un cargo público, después de que la Contraloría Interna del Servicio de Administración Tributaria documentó sus irregularidades. No obstante, a su salida de la administración pública fue nombrado ­representante de la empresa francesa Societé Génerale de Surveillance (sgs) en Monterrey, Nuevo León. La referida empresa recibió un contrato por 30 000 000 de dólares para poner en marcha un programa denominado Valunet, empleado por la Administración General de Aduanas para valuar las mercancías importadas a México, por conducto de terceros países. sgs había sido favorecida por López Rodríguez cuando fungía como alto funcionario aduanal, con contratos para realizar esta función de valuación de mercancía importada. Más aún, Juan ­Carlos López Rodríguez fue designado director general de la compañía Logistik Free Trade Zone, que tenía por accionista principal al regiomontano Fernan­ do Villarreal. Esta empresa, junto con sgs operaban dos Recintos Fiscales Estratégicos, una figura que establecía una especie de zona libre, creada por la administración foxista, en la que se podía introducir mercancía extranjera y

43 Idem. 445

mantenerla depositada ahí hasta por dos años, con exenciones fiscales que no debían ser cubiertas sino hasta que saliera de los referidos centros.44 Un par de meses después de la aparición de esta nota, Proceso publicó otra más donde expuso que la comisión especial de la Cámara de Diputados que indagaba el caso contaba con información adicional sobre las irregularidades y que incluso había citado a comparecer al administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo. Se le solicitó aclarar sí los hermanos Bribiesca Sahagún habían realizado operaciones de contrabando, así como las razones que condujeron a la creación de la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal —un área del sat donde se mantenían resguardados los bienes contrabandeados incautados por las a­ duanas y que fue creado por modificaciones al reglamento interno del Servicio de Admi­ nis­tración Tributaria (sat) el 22 de marzo de 2001—. Según la nota, esta n ­ ueva área había realizado cuantiosos donativos en especie a la ­Presidencia de la República y se presumía que desde ahí se destinaban a la Fundación Vamos México, dirigida por Martha Sahagún de Fox.45 La mercancía de fácil comercialización ubicada en contenedores resguardados en las instalaciones aduane­ras de Pantaco, en la Ciudad de México, se ofertaba a comercializadoras y vendedo­ res de contrabando en la capital del país. Formalmente se registraba como mercancía donada a Vamos México. Se calculaba que de esta manera se obtenían alrededor de 15 000 000 de pesos semanales, de los que un 25% se distribuía entre el personal aduanero en Pantaco.46 Según la nota, la relación de los hermanos Bribiesca Sahagún con los circuitos aduanales no era nueva: Fernando Bribiesca Sahagún había sido novio de una hija del general Luis Vicente Domínguez, quien se desempeñó en la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera (uaifa) de la propia Administración General de Aduanas. Pero, además, el mayor de los hermanos, Manuel, 44 Ibidem. 45 Proceso (2005), “Al descubierto, la trama del contrabando”, 4 de diciembre, México, dispo-

46 446

nible en línea: , [consultada el 10 de junio de 2018]. Sobre la creación de la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal, véase Diario Oficial de la Federación (2001), “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria”, 22 de marzo, México, pp. 119-120, Segunda Sección. Proceso (2005), “Al descubierto…”.

tenía amistad personal con Sergio Amaury Flores Pérez, quien fungió en la década de 1990 como jefe de Operación Aduanera en Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Flores Pérez, quien también había fungido como d ­ irector de Tránsito Municipal en la primera de estas localidades tamaulipecas, era ahijado de Martha Sahagún y había presentado a Manuel Bribiesca con Juan Carlos López Rodríguez, uno de los operadores de Guzmán Montalvo.47 Flores Pérez había sido también subadministrador aduanal en Guadala­ jara, Jalisco, y en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. Era amigo personal del ex presidente municipal de Reynosa, por el pan, Francisco García Cabeza de Vaca — también amigo de los Bribiesca Sahagún—, actual gobernador de Tamaulipas quien entonces, en su calidad de alcalde, lo puso al frente de la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal de aquella localidad. En su campaña p ­ residencial en 2006, Felipe Calderón nombró a García Cabeza de Vaca como su enlace con los presidentes municipales pertenecientes a su partido.48

La Presidencia Municipal de Reynosa En Tamaulipas, las relaciones del alcalde mostraban algunos antecedentes de interés: René Izaguirre Rodríguez, quien fungiera como subcoordinador operativo de la policía de Monterrey, abandonó ese cargo para desempeñarse como escolta de García Cabeza de Vaca durante su campaña electoral y, tras el triunfo de éste, fue nombrado subdirector operativo de la policía de ­Reynosa, pero fue asesinado con siete disparos en la cabeza antes de ocupar el cargo. Era el nieto del ex cónsul de México en San Antonio, Lauro Izaguirre Balli.49 Diversos 47 Idem. 48 Proceso (2006), “La sombra de los hijos de Martha Sahagún. Primera de dos partes”, 5 de j­ unio, 49

México, disponible en línea: , [consultada el 10 de junio de 2018]. René Javier Izaguirre Rodríguez, nacido el 20 de octubre de 1960, era hijo de Lauro ­A ntonio Izaguirre Skidmore y María del Socorro Rodríguez. Véase Acta de ­nacimiento núm. 3195, ­libro 16, registrada el 21 de agosto de 1968 en Reynosa, Tamaulipas, curp ­iarr601020htszdn01. Lauro Antonio Izaguirre Skidmore, nacido el 2 de febrero de 1921 en Rio Grande, Texas, era a su vez hijo de Lauro Izaguirre Balli y Leslie Skidmore. Véase el Certificado de ­nacimiento con folio 12383, registro núm. 35, expedido en la ciudad de Rio Grande, Texas, c­ ondado de Starr, el 6 de febrero de 1921, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018].

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medios de comunicación mencionaron también que era cuñado del ex comandante de la pjf oriundo de Reynosa, Tamaulipas, Guillermo González ­Calderoni, de quien se hizo referencia en extenso.50 González Calderoni tenía, en efecto, relación con la familia Izaguirre. En Estados Unidos, su abogado había sido Roberto Yzaguirre —una variación en la escritura con que se identifica a los integrantes de ese grupo familiar en México y Estados Unidos—, el mismo abogado que años más tarde ­defendería también a Osiel Cárdenas Guillén, a quien, paradójicamente, se atribuía el asesi­nato del malogrado René Izaguirre, en 2005.51 González Calderoni había contraído segundas nupcias con la presentadora de Telemundo Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés, Señorita Sinaloa y Señorita México en 1985, con quien procreó dos hijos.52 Pero su primer matrimonio fue con María Teresa Yzaguirre Rodríguez, nacida en 1967, hija de Lauro Antonio Yzaguirre Skidmore y nieta del cónsul Lauro Yzaguirre Balli. Guillermo González Calderoni tuvo varios 50 La Crónica de Hoy (2005), “Sicarios de Osiel ejecutaron a jefe policiaco de Reynosa ­porque

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edil se negó a poner a uno de los suyos; era cuñado de González Calderoni”, 5 de e­ nero, ­México, disponible en línea: , ­[consultada el 15 de junio de 2018]; Proceso (2006), “Un soldado de Calderón”, 19 de mar­zo, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]; El Universal (2005), “Nuevo León, rehén del narco”, 4 de octubre, México, disponible en línea, , [consultada el 15 de junio de 2018]; La Jornada (2005), “Asesinan al recién ­nombrado director de la policía en Reynosa. René Izaguirre era cuñado de González Calderoni”, acusado de proteger a narcos y fallecido en 2003”, 5 de enero de 2005, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. La Crónica de Hoy (2003), “La policía de Texas, sin pistas sobre homicidio de González Calde­ roni”, 6 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. Sobre la defensa de Osiel Cárdenas, por parte del mismo abogado Robert Yzaguirre, véase El Nuevo Heraldo (2007), “Abogado de McAllen defenderá a Osiel Cárdenas”, 28 de enero, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. El Periódico de México (2006), “Confían aún en Texas esclarecer homicidio de González Calderoni”, 6 de febrero, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. Sobre la trayectoria de la reina de belleza, véase el siguiente sitio web: , [consultado el 15 de junio de 2018]; también 956 La Revista (2011), “Wonder Moms!”, edición 14, p. 28, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018].

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hijos con María Teresa Yzaguirre Rodríguez, reina de belleza en Reynosa, e­ ntre ellos, Guillermo González Yzaguirre con quien su padre fundó la empresa Pyda Foods L. C., en 1993.53 René Izaguirre —el cuñado de González Calderoni asesinado poco antes de que asumiera el cargo como alto funcionario de policía en la Presidencia ­Municipal de Reynosa a cargo del panista Francisco García Cabeza de Vaca— , ­había trabajado por varios años bajo las órdenes del extinto comandante ­fede­ral, antes de incorporarse al equipo de trabajo del candidato a alcalde. Ya ­integrado al círculo de colaboradores de García Cabeza de Vaca, otro de sus cuñados, Raúl Guerra, fue asesinado. Y el hermano de éste, había huido de su domicilio después de que una partida de militares cateara una de sus ­resi­den­­cias en el desarrollo de una investigación de tráfico de drogas en la que se ­empleaban vehículos que tenían superpuestos los logos de Pemex.54 En 2009, el propio García Cabeza de Vaca, amigo de los hermanos Bribiesca Sahagún y coordinador de los presidentes municipales panistas en la c­ ampaña presidencial de Felipe Calderón, figuraba como precandidato al gobierno de Tamaulipas. No obstante, el semanario Proceso publicó información de interés sobre su pasado: el alcalde tenía antecedentes delictivos: fue detenido el 2 de septiembre de 1986 en McAllen, Texas, por haber despojado, en compañía de tres cómplices —Antonio Barba Villanueva (a) el Toño Barba, asesinado el 20 de agosto de 1999; Alfredo Cerda Ramos (a) el Paya, asesinado el 9 de ­octubre de 1998, y Alberto Gómez (a) la Chona, muerto a tiros en 2000—, a Emilio Rodríguez y Diana Ramírez de armas que éstos transportaban en un vehículo. Los hechos se registraron en el expediente criminal 03645237 del estado de Texas; el número de caso fue el 86/4632 en la oficina del sheriff, en Mcallen, y el fbi lo

53 Véase el sitio web , [consultado el 15 de junio de 2018]. Sobre el matrimonio de González Calderoni con María Teresa Yzaguirre Rodríguez, y la paternidad de ambos sobre Guillermo González Yzaguirre, véase Acta de nacimiento núm. 4608, libro 24, registrada el 22 de septiembre de 1976 en la Oficialía 0002 en Reynosa, Tamaulipas, a nombre de Guillermo González Izaguirre (Yzaguirre), nacido el 9 de agosto de 1970 en esa localidad. Proceso (2009), “Tamaulipas: Rastros de narco en el precandidato panista”, 16 de diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018].

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registró también con la clave 76915EA9. Al ahora gobernador se le asignó en ese momento el número de detenido 33696.55 De acuerdo con el mismo semanario, la siedo, de la pgr, realizó una ficha informativa interna sobre el asesinato de Izaguirre Rodríguez. Según esta información, el hecho se debió a que, con el intento de designarlo, el alcalde García Cabeza había faltado a un compromiso establecido con la organización de Osiel Cárdenas Guillén, que habría proporcionado financiamiento para su campaña a cambio de nombrar al jefe operativo de la policía municipal.56 En cualquier caso, esa red delictiva mantuvo presencia en Reynosa, Tamaulipas, durante la gestión del alcalde (2005-2007), con Gregorio Sauceda Gamboa (a) don Goyo o Caramuela, como principal figura. De hecho, el alcalde permitió el uso del estadio de beisbol Adolfo López Mateos para que Osiel Cárdenas Guillén festejara a los infantes de la localidad y les obsequiara regalos el 30 de abril de 2006.57 En diciembre de 2015, el periódico El Norte publicó información sobre la declaración que rindió Antonio Peña Argüelles, testigo colaborador de la justicia estadounidense en el caso seguido en contra del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. La declaración se realizó el 23 de enero de 2012, en San Antonio, Texas, frente al agregado de la pgr en esa ciudad, Kepler ­Barrón Arteaga, y la fiscal mexicana Guillermina Cabrera Figueroa. Su contenido fue anexado a la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009. Peña Argüelles afirmó que había sido el intermediario entre Francisco García Cabeza de Vaca y Héctor Sauceda Gamboa (a) el Caris —hermano de Gregorio Sauceda Gamboa (a) don Goyo o Caramuela y, como él, integrante de la organización de Osiel Cárdenas—. Según el testimonio, Peña Argüelles medió de manera personal la entrega de un pago por 500 000 dólares, efectuado por Héctor Sauceda, en apoyo a la campaña de García Cabeza de Vaca, quien aspiraba a ser electo alcalde de Reynosa. De acuerdo con el mismo Peña Argüelles, García Cabeza de Vaca tenía amistad con el gobernador Yarrington, quien gestionó apoyo 55 Idem. 56 Ibidem. 57 Idem. Véase también La Crónica de Hoy (2006), “El Cártel del Golfo organiza fiesta para niños

de Reynosa”, 30 de abril, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. En esta nota se puede incluso obser­ var imágenes de la celebración en el estadio referido.

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electoral para favorecer a éste, y no al candidato de su propio partido, Humber­to Valdez Richaud. Peña Argüelles añadió que, a cambio, García C ­ abeza de Vaca se había comprometido a ubicar o mantener en cargos estratégicos de la policía del municipio a personas que brindaban apoyo a la organización criminal.58 El círculo cercano a García Cabeza de Vaca continuó evidenciando hechos de interés, aun después de concluido su mandato. Alfredo Leal Guerra, ex subdirector operativo de Seguridad Pública en el Municipio de Reynosa y quien fungiera como escolta personal de García Cabeza de Vaca fue detenido el 12 de agosto de 2009 en San Juan, Texas, cuando transportaba una cantidad de cocaína que se reportó de entre 22 y 25 kg.59 También en ese año se publicó información relevante sobre el suegro y cuña­ do de García Cabeza de Vaca, Manuel Gómez Reséndez y Manuel Gómez García, quienes fueron sujetos a investigación por parte de la pgr. Según consta en la Averiguación Previa PGR/TAMPS/rey-1/519/05, en una empresa ligada a ellos, denominada Intertransport Inc. S. A. de C. V., se almacenaba combustible emanado de los pozos de gas natural, que era traficado en el mercado negro.60 Por otra parte, durante su gestión, el círculo cercano del alcalde ­participaba también en inversiones legales con socios distinguidos ya mencionados en páginas previas. Hacia 2005, Amaury Flores Pérez, el antiguo aduanal y jefe policiaco de Reynosa, habría ayudado a consolidar la relación entre García Cabeza de Vaca y Manuel Bribiesca Sahagún: en conjunto, crearon la ­Compañía Difu­so­ra

58 El Norte (2015), “Revelan narcopago por Dls. 500 mil a senador del pan”, 17 de diciembre,

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Monterrey, p. 1. También El Norte (2015), “Acusan a panista de nexo con cdg. El senador Francisco García Cabeza de Vaca recibió 500 mil dólares del narco para su campaña en 2004, de acuerdo con un testigo de la dea”, 17 de diciembre, Monterrey, p. 8. Proceso (2009), “Tamaulipas: Rastros de narco en el precandidato…”. Véase también El Universal (2009), “Cae con droga en Texas ex comandante de policía de Reynosa”, 19 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]; Hora Cero (2009), “Detienen en Texas por narco a ex comandante y escolta de Cabeza de Vaca”, 20 de agosto”, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]; Proceso (2009), “Detienen con 23 kilos de cocaína a exjefe de la policía en Reynosa”, 20 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. Proceso (2009), “Tamaulipas: Rastros de narco en el precandidato…”.

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del Noreste de México y el Corporativo Radio Norte, en el que también ­aparece como socio Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del entonces alcalde.61 A García Cabeza de Vaca también se le relacionó con compañías que habría utilizado para obtener contratos de obra pública en sociedad con los ­hermanos Bribiesca Sahagún: Grupo Inmobiliario Cava, S. A. de C. V., que tenía por representante a María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger —es decir, la madre del ex alcalde—, así como con la empresa Sierra Gorda Construcciones, S. A. de C. V., encabezada por un proveedor de la Presidencia Municipal de Reynosa durante su gestión, Salvador González.62 Estos antecedentes en un personaje cercano al primer círculo de las familias presidenciales de las administraciones 2000-2012 son dignos de atención al poner de manifiesto que aquellas subredes de poder emergentes que se habían instalado en los circuitos institucionales de decisión más relevantes ­mantenían también nexos cercanos con personajes ligados a otros de índole ilegal o incluso formaban parte directa de ellos. Asimismo, evidencian la posible canalización de recursos de procedencia aparentemente irregular en inversiones legales, un patrón que se ha expuesto a lo largo de este trabajo.

De policía estatal a empresario En Nuevo León, estas relaciones tuvieron su propio correlato. El 27 de noviembre de 2005, el periodista Ricardo Ravelo publicó una nota en el semanario Proce­so, que se reprodujo íntegra en el periódico regiomontano El Norte. En ella, expuso el testimonio que le proporcionó la abogada Silvia Raquenel Villa­nueva Fraustro, según la cual, el 31 de enero de 2003, acudió al centro de espectáculos La Fe Music Hall, a un festejo organizado para recaudar fondos en beneficio del Instituto Nuevo Amanecer, una asociación de beneficencia privada para apoyar a niños con parálisis cerebral —que tenía entre sus consejeros a ­A lberto Santos

61 Idem. La nota periodística remite al acta constitutiva de Corporativo Radio del Norte (acta

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3393, vol. CXXII), firmada en la Notaría Pública 147 de Reynosa, Tamaulipas, el 24 de octubre de 2005; y a la propia de Compañía Difusora del Noreste (acta núm. 219, vol. III), registrada en la Notaría Pública 274 de Reynosa, Tamaulipas, el 8 de noviembre de 2005. Ibidem.

de Hoyos, entonces senador en funciones por el pri—. En el esta­blecimiento, según la versión de la abogada, recibió una llamada de un antiguo amigo suyo que la invitaba a un privado dentro del mismo centro nocturno. Se trataba de Jaime Gamaliel Valdez Martínez, un ex agente de la Policía Judicial de ­Nuevo León que formalmente se había convertido en empresario de espectácu­los, pero a quien la pgr ubicaba como personaje ligado al tráfico de drogas, en especial, a Edgar Valdez Villarreal (a) la Barbie, el jefe de sicarios de Arturo ­Beltrán ­Leyva, que disputaba el noreste contra la organización de Osiel Cárdenas Guillén. S­ ilvia Raquenel Villanueva aseguró que, al ingresar al priva­do donde se encontraba su amigo, Valdez Martínez estaba en compañía de Fernando ­Bribiesca Sahagún, el hijo menor de Martha Sahagún de Fox, quien estudiaba en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), en esa ciudad. Incluso, según Raquenel, elementos del Estado Mayor Presidencial custodiaban el lugar donde se efectuaba esa reunión.63 El 16 de enero de 1995, un hermano de Jaime Gamaliel Valdez Martínez de nombre Francisco Javier, que también fungía entonces como agente de la Policía Judicial de Nuevo León, fue detenido con el comandante Gustavo de León Pérez, mientras transportaban 74 kg de mariguana dentro de una patrulla de la institución.64 Ambos fueron absueltos y puestos en libertad.65 En esa época, a los hermanos Valdez Martínez se les asociaba con un traficante de drogas llamado Zeferino Peña Cuéllar (a) don Zefe, que operaba en Nuevo Laredo, Tamau­lipas, y que, años después, se habría ligado, según la pgr, a Osiel

63 Ravelo, Ricardo (2005), “Las amistades peligrosas. Relata Raquenel Villanueva su encuen­

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tro con Fernando Bribiesca”, 27 de noviembre, Monterrey, p. 16. La nota fue reprodu­cida en el diario con la autorización del semanario Proceso, donde apareció origi­nalmente. La versión correspondiente en este último medio puede consultarse en el sitio web de su hemeroteca (con suscripción): . El Norte (2001), “Investigan a ministeriales”, 23 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga). El Porvenir (2003), “Tendría Jaime Valdez antecedentes por drogas”, 3 de febrero, Monterrey, p. 1, sección Justicia. Este medio refiere que el comandante Gustavo de León Pérez y Javier Valdez Martínez ya no eran integrantes de la Policía Judicial de Nuevo León cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, no especifica entonces cómo trasladaban presuntamente la droga en una patrulla de la corporación.

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Cárdenas Guillén.66 En notas periodísticas de finales de 2001, a Zeferino Peña Cuéllar se le ligaba con Edelio López Falcón, antagonista de Osiel Cárdenas Guillén.67 En la madrugada siguiente a la reunión relatada por la abogada Villanueva Fraustro, el 1° de febrero de 2003, el ejército sitió por 15 horas la casa de Valdez Martínez ubicada en Cerrada de Picachos 6243, en el fraccionamiento C ­ umbres Quinta Real, donde detuvo a la propia Raquenel Villanueva y a un vigilante de nombre Arturo Molina Solís, a quienes trasladó a la Ciudad de México. La abogada había acudido en calidad de defensora de Valdez Martínez, quien le pidió trasladarse a su domicilio, para darle asistencia legal. Los militares permi­tieron que la familia de Jaime Valdez —su esposa María Eugenia Meza de ­Valdez y sus dos hijos menores de edad— salieran del inmueble. Según informó el go­bernador del estado, Fernando Elizondo Barragán, la operación tenía el propó­sito de encontrar a personas relacionadas con el tráfico de drogas. Según fuentes de la pgr, la detención de la abogada obedecía a que había intentado sustraer armas de fuego del domicilio de Valdez Martínez. En la versión de la abogada, ella había entregado a los militares un arma y dos teléfonos celulares que se encontraban en la finca.68 En la entrevista que concedió al periodista Ravelo, Raquenel Villanueva aseguró que al rendir su declaración ministerial en las instalaciones de la siedo, en la Ciudad de México, como parte de la Averiguación Previa 27/2003, el agente del Ministerio Público Federal, Martín Levario Reyes, se rehusó a asentar en el documento la afirmación de la abogada de que Jaime Gamaliel

66 Ravelo, “Las amistades peligrosas…”. Sobre la posterior relación de Zeferino Peña Cuéllar

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con Osiel Cárdenas Guillén, véase pgr (2001), Boletín 859/01. “La pgr desarticula en su to­ talidad una célula de la organización criminal comandada por Osiel Cárdenas Guillén”, 14 de diciembre, México. El Norte (2001), “Operan en Tamaulipas; ajustan cuentas en nl. Confirman que sicarios al mando de Osiel Cárdenas querían liquidar a Zeferino Peña, brazo derecho de ‘El Yeyo’”, 1º de noviembre, Monterrey, p. 1B. El Porvenir (2003), “Sitian casa de empresario. Buscaban armas y drogas. Detienen a Raquenel Villanueva”, 2 de febrero, Monterrey, p. 1, sección Local. Reforma (2003), “Se llevan a Raquenel al llegar a operativo”, 2 de febrero, México, versión en línea (de paga); también Ravelo, “Las amistades peligrosas…”.

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Valdez Martínez estaba reunido con Fernando Bribiesca Sahagún en el centro de espec­táculos La Fe, horas antes de la acción militar en el domicilio del primero.69 Durante la realización del operativo militar —en el que también participaron elementos de la pgr— Valdez Martínez salió caminando del inmueble acompañado de un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito, donde había tramitado un amparo en contra de su detención.70 La medida cautelar fue dictada por el juez Guillermo Vázquez Martínez, con el argumento de que el operativo violaba las garantías de libre tránsito de Valdez Martínez. No fue sino hasta el día siguiente cuando los militares entraron al domicilio con una orden de cateo, cuando Valdez ya no se encontraba en el sitio.71 Vázquez Martínez era el mismo juez que, en abril de 2003, estaba encargado de determinar si otorgaba órdenes de aprehensión en contra de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la dfs, a quienes la Fiscalía Especial para los ­Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) acusaba por la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre a quien se vinculó en su momento con el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, durante la represión a los grupos subversivos en la década de 1970, conocida comúnmente como la guerra sucia. El juez Vázquez Martínez desechó el proceso y la Femospp apeló la decisión ante el Tribunal Unitario de Nuevo León.72

69 Ravelo, “Las amistades peligrosas…”. 70 El Norte (2003), “Sitia Ejército casa 16 horas y dejan ir al ‘sospechoso’. Montan Sedena y pgr 71 72

macrooperativo; detienen a Raquenel y la llevan a México”, 2 de febrero, Monterrey, pp. 1 y 7. El Norte (2003), “Recibe petición juez polémico”, 23 de abril, Monterrey, p. 3A. El Norte (2003), “Rehúsan detener a ex jefes de dfs. Apela Fiscalía Especial la negativa del juez; dejan decisión a un tribunal de Nuevo León”, 23 de abril, Monterrey, p. 3A. Sobre Jesús Piedra Ibarra y el asesinato de Eugenio Garza Sada, véase Proceso (2003), “Los últimos días de Jesús Piedra Ibarra”, 4 de mayo, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de junio de 2018]; El Universal (2001), ““Desapareció” Federal de Seguridad a Jesús Piedra”, 24 de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de junio de 2018]; La Jornada (2012), “El ex titular de la dfs falleció sin ser castigado, deplora Rosario Ibarra. Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa”, 28 de enero, México, p. 4, disponible en línea: , [consultada el 17 de junio de 2018].

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Jaime Gamaliel Valdez Martínez escapó a dos intentos de asesinato posterio­res a estos hechos. El primero, en agosto de 2003, cuando sicarios le dispa­raron una ráfaga de 21 tiros de rifle de asalto AK-47 mientras se encontraba en el restaurante La Cascada, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Sólo una bala alcanzó a herirlo, entonces.73 Según trascendió años más tarde, Valdez Martínez habría entrado en conflicto con los traficantes sinaloenses con quienes originalmente tenía lazos: atribuyó este intento de asesinato a José Luis Carrizales Coronado (a) el Tubi, a quien identificó como uno de los partici­ pantes en el atentado en su contra. También habían participado en el ataque Francisco Carlos Esquivel Maldonado (a) el Capi Esquivel y Miguel ­Á ngel Alanís Caballero (a) la Chiva.74 Tan sólo unos años antes, parecía convivir y ­colaborar con ellos sin problema: considérese al respecto que, según expuso la prensa, Valdez Martínez se encontraba reunido con Dionisio Román García (a) el ­Chacho —aliado de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa—, la noche del 13 de mayo de 2001, cuando Los Zetas intentaron asesinar en un palenque a Edelio López Falcón (a) el Yeyo, traficante asociado con los sinaloenses”.75 Un segundo atentado en contra de Valdez Martínez tuvo lugar en ­noviembre de 2005, cuando francotiradores dispararon en su contra cuando llegaba a su domicilio ubicado en la colonia Sendero de las Colinas. Aunque resultó herido, de nuevo sobrevivió al intento de asesinato.76 Finalmente, el 15 de junio de 2006 elementos de la Policía Federal Preventiva (pep) capturaron a Jaime Gamaliel Valdéz Martínez, junto con Luis David González García y Clemente Jesús Angulo Santos. Al momento de su detención, 73 El Norte (2003), “Se salva de 21 balazos; busca Policía a ‘La Chiva’”, 4 de agosto, Monterrey, 74

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p. 9B. Reforma (2005), “Acusa a narcocomando de intentar ejecutarlo”, 28 de agosto, México, versión en línea (de paga). José Luis Carrizales Corona (a) el Tubi fue a su vez asesinado en 2010, tras su traslado del penal de Puente Grande, en Jalisco, al reclusorio de Nuevo Laredo. Se le identificaba como sicario del Cártel de Sinaloa. Véase El Norte (2010), “Matan a ‘El Tubi’. A un día de ser absuelto, lo llevan a Nuevo Laredo y lo asesinan”, 1º de septiembre, Monterrey, p. 1. El Norte (2003), “Se salva de 21 balazos…”. Sobre la relación entre Dionisio Román García y los Beltrán Leyva, véase Proceso (2010), “La detención de La Barbie”, 30 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de agosto de 2018]. Reforma (2005), “Fallan francotiradores ejecución en nl”, 23 de noviembre, México, versión en línea (de paga).

portaban armas de fuego, hecho que condujo al cumplimiento de una orden de cateo otorgada por el juez cuarto de Distrito de Nuevo León. Ésta se llevó a cabo en el domicilio donde fueron detenidos. En el lugar se hallaron otras seis armas y cartuchos clasificados como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. El juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal dictó una orden de arraigo en su contra, dentro del expediente SA18/1006-III, por 90 días. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Pena­les Federales en el Estado de México emitió una orden de aprehensión deri­vada de la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/103/2006, parte de la causa penal 58/2006, por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, que fue cumplimentada por la siedo, y que derivó en su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.77 Según el periódico La Jornada, la pgr identificaba a Valdez Martínez como uno de los principales asociados de Edgar Valdez Villarreal (a) la Barbie, jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, que tenía entre sus centros de operaciones al estado de Nuevo León.78 De nueva cuenta, las relaciones de actores relevantes que formaban parte de las subredes de poder emergentes en el país y en el noreste, en ­particular, o que tenían nexos directos con ellos, parecían contar con vinculaciones ­irregulares con actores delictivos ligados a los tráficos ilícitos y, según la ­evidencia, reproducían las prácticas de encubrimiento y lavado de dinero que habían carac­ terizado a aquellos otros pertenecientes a la parte más añeja y consolidada de la red de poder hegemónica, según se ha visto a lo largo de estas páginas. La configuración de circuitos institucionales regulatorios para favore­cer la ­mul­ti­­plicación de establecimientos ligados al lavado de dinero, como es el caso de los casinos, brindará un nuevo ejemplo de lo anterior. 77 pgr (2006), Boletín 945/06, “Trasladan al ‘Altiplano’” a tres personas detenidas con armas

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de fuego en Nuevo León. A Jaime Gamaliel Valdez, Luis David González García y Clemente de Jesús Angulo Santos se les atribuye la comisión de los delitos de Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como Posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas”, 20 de julio, México. La Jornada (2006), “A La Palma, sicario del cártel de Sinaloa”, 21 de julio, disponible en línea: , [consultada el 17 de junio de 2018].

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La proliferación de los casinos La legislación previa y su reconfiguración En México, el artículo 1° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947 —recién iniciada la administración de Miguel Alemán Valdés— prohibió en todo el territorio nacional los juegos de azar y con apuestas. En su artículo 2°, esta misma ley permitió la celebración de carreras de animales —lo que permitió la operación legal de hipódromos y galgódromos— y, en el artículo 3°, determinó que la reglamentación, autorización, control y vigilancia en la materia era competencia del ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación.79 A pesar de la prohibición formal, la propia legislación establecía un resqui­ cio para que operaran algunas casas de juego en su artículo 4°: “No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Esta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse”.80 Según esta ley, todas las autoridades estatales y municipales, incluidas sus respectivas fuerzas públicas, estaban obligadas a apoyar a la Secretaría de Gobernación del poder ejecutivo federal, en su aplicación y observancia (­artícu­lo 10). La misma dependencia podía autorizar el cruce de apuestas en espectáculos realizados en ferias regionales (artículo 11) y determinaba el monto de la participación de las ganancias que correspondería al erario público —que se emplearía en apoyo de prevención social y asistencia pública—, con independencia de los cobros fiscales (artículo 5°). A los propietarios de locales de juego o sus administradores, que no contaran con la autorización expresa de la Segob para operar, se les impondrían penas de tres meses a tres años de prisión y multa de quinientos a diez mil pesos (artículo 12).81

79 Diario Oficial de la Federación (1947), “Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, Ley Fe80 81 458

deral de Juegos y Sorteos”, 31 de diciembre, México, p. 3. Idem. Ibidem.

Al considerar el trato benigno de esta ley —promulgada en los albores del alemanismo— hacia las carreras hípicas o de galgos no puede obviarse el interés que integrantes del círculo de Alemán tenían en este tipo de establecimientos: el Casino Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, donde se celebraban este tipo de carreras, fue propiedad de Enrique Parra Hernández, a quien se consideraba prestanombres del propio Miguel Alemán. Ambos tenían ­estrecha relación con uno de sus propietarios, Johnny Alessio, personaje a quien se ligó en su momen­ to con la mafia italo-americana.82 Posteriormente, el referido casi­no sería adquirido por Jorge Hank Rohn, el hijo de Carlos Hank González, ex secre­tario de Agricultura en la administración de Carlos Salinas de Gortari, ex regente de la Ciudad de México durante la propia de José López Portillo y ex gobernador del Estado de México.83 Ésta fue la única norma legal que reguló la operación de este tipo de centros de apuesta, mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, adscrita a la Subsecretaría de Gobierno, hasta el 20 de marzo de 1974, cuando se creó la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, instancia generada para vigilar la operación de estas actividades —aun las de mayor rentabilidad e importancia en este tipo de giro—, dependiente de la misma Secretaría.84 A comienzos de la primera década de 2000, diversos intercambios públicos dieron cuenta de posturas encontradas en lo referente a la aceptación de la apertura legal de centros de juego y apuestas. En abril de 2001, representantes del sector turístico neoleonés como Marcelo Vázquez, presidente de los 82 Lupsha, Peter A. (1995), “Trasnational Narco-corruption and Narco-investment. A focus on

83 84

Mexico”, Trasnational Organized Crime Journal, primavera, disponible en línea: , [consultada el 24 de junio de 2018]. Sobre la propiedad de Parra Hernández respecto al Casino Agua Calien­te, así como su asociación empresarial con Alemán, véase memorándum signado por el director federal de Seguridad, teniente coronel Manuel Rangel Escamilla, “Memorándum. Se informa sobre el resultado de la investigación referente al Lic. Enrique Parra Hernández,”, 23 de mayo de 1959, México, D. F., agn, dfs, Versión pública del expediente de Enrique P ­ arra Hernández, legajo 1, fojas 1-2. Martínez, José (1999), Las enseñanzas del profesor: indagación de Carlos Hank González. Lecciones de poder, impunidad y corrupción, Océano, México, pp. 161-173. Diario Oficial de la Federación (1974), “Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, como un organismo encargado de la vigilancia en materia de carreras de caballos de pura sangre y galgos”, 20 de marzo, México, D. F., pp. 2-3.

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hoteleros del estado y Gerardo Estrada, presidente de la cámara restaurantera de la entidad, junto con los gobernadores de Veracruz y Aguascalientes, ­Miguel Alemán y Felipe González, respectivamente, se manifestaron en contra de la instalación de casinos en el país. Así se pronunció incluso Mario de Gasperín Gasperín, presidente de la Comisión Episcopal Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano (cem).85 No obstante, en Monterrey la opinión de este jerarca católico no era compartida por otros tantos: el empresario José María Guardia, al frente de los centros de juego y apuesta denominados Club 21 — uno de ellos funcionaba en Monterrey desde 1997— recibió una recomendación suscrita por Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar de México y secretario general del cem, dirigida al alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú. El obispo solicitaba al alcalde entrevistarse con Guardia y aceptar el trámite solicitado para abrir nuevos casinos en la localidad a su cargo. A cambio de que le fuera concedido el permiso de uso de suelo para la apertura del establecimiento en la Calzada Madero, Guardia ofreció contribuir con 50 000 pesos mensuales para el dif del municipio e, incluso, duplicar el salario de los policías regiomontanos para que brindaran seguridad. El día anterior a la publicación de la nota, el alcalde y el cabildo de Monterrey visitaron el centro de apuestas Caliente —de la cadena vinculada a Jorge Hank Rohn, ubicada en la avenida Gonzalitos—, acompañados de Ramón Cevallos de Cima, director de ­relaciones gubernamentales del Grupo Caliente.86 85 Reforma (2001), “Rechazan instalación de casinos”, 26 de abril, versión en línea (de paga). 86 El Norte (2001), “Respalda la iglesia a dueño de casinos. Avala obispo auxiliar de México a

José María Guardia”, 20 de junio, Monterrey, p. 1B. José María Guardia, amigo personal del ex director federal de Seguridad y secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, recibió autorización de este último para operar casas de apuesta cuando fungía como encargado de la política nacional, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Guardia fue señalado en 2003 por el ex procurador general de la República, Jorge Carpizo, quien le atribuyó lavar dinero del tráfico de drogas. En 1990, Gutiérrez Barrios le otorgó la concesión del galgódromo de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta entonces bajo control de Johnny ­A lessio, personaje también ligado a la operación del hipódromo y Galgódromo Agua Caliente, en Tijuana, Baja California. Véase Fortuna (2005), “José María Guardia, ¡Me pueden ­l lamar el zar de los casinos!”, septiembre, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. También Revista Emeequis (2011), “Los zares del azar”, 4 de septiembre, núm. 262, México, p. 36, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018].

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En octubre de 2004, durante la administración panista de Vicente Fox, el gobierno federal promulgó un reglamento de la Ley Federal de Juegos y ­Sorteos.87 En los hechos, el reglamento era mucho más extenso y detallado que la propia ley a la que hacía referencia y, de facto, sancionaba la apertura de múltiples opciones en lo referente a centros de juego y apuestas en las más diversas modalidades. Para todo efecto práctico, este reglamento se convirtió en la norma reguladora de este tipo de establecimientos, facultad que recayó nueva­mente en la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Gobierno y su dependiente, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos. Vicente Fox estableció por decreto el reglamento en uso de las facultades que le confería el art. 89 constitucional, por lo que no fue necesaria su aprobación por parte del Congreso de la Unión. Sólo acompañaron con su rúbrica el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz, quienes firmaron el decreto el 13 de septiembre de 2004, junto con el propio Fox.88 Se trataba, pues, de la configuración de un circuito institucional con alto riesgo para la canalización de recursos de procedencia ilícita, diseñado por integrantes de las subredes emergentes, ahora integradas a la red de poder hegemónica. En las sanciones previstas para irregularidades e incumplimientos, el reglamento preveía esencialmente sanciones de tipo administrativo, que iban desde el establecimiento de suspensiones, multas, hasta la cancelación del permiso para operar. Sólo de manera ocasional se hizo referencia, por ejemplo, a ­arrestos (arts. 147 y 148). Entre las infracciones consideradas graves se incluyó, en el artículo 151, la fracción IV: “Cuando el permisionario, o bien, alguno de sus accionistas o beneficiarios sean condenados por delitos dolosos de índole patrimonial, fiscal o relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.89 El reglamento estableció también, en su artículo 29, la obligación de los permisionarios de presentar periódicamente sus estados financieros trimestrales y anuales y de denunciar ante las autoridades competentes y notificar a la Secretaría de Gobernación conductas 87 Diario Oficial de la Federación (2004), “Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, Regla88 89

mento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, 17 de septiembre, México, D. F., pp. 2-31. Idem, pp. 2 y 31. Ibidem, p. 31.

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o prácticas de usuarios que pudieran constituir actividades de delin­cuencia organizada u operaciones con recursos de procedencia ilícita —lavado de ­d inero—.90 El incumplimiento de esta medida también se consideró una irregularidad grave, según el artículo 151, fracción II.91 Según el reglamento, la Secretaría de Gobernación estaba facultada, según el artículo 21, para otorgar permisos para la apertura de este tipo de establecimientos, en función de que los solicitantes reunieran diversos requisitos, entre ellos, tratándose de personas físicas, “Declarar, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.92 La Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Gober­ nación, quedó formalmente obligada a integrar una Base de Datos de Juegos y Sorteos, en la que debía reportar los permisos otorgados y sus modificaciones, las sanciones impuestas por la Segob derivadas del reglamento, la identidad de los permisionarios y los operadores de sus respectivos centros, los procedi­ mientos de sanción administrativa ya determinados o en curso, entre otros elementos de información.93

Operadores cuestionables A pesar de lo anterior, en la prensa neoleonesa se publicó una nota que infor­ maba que las disposiciones regulatorias eran, de facto, letra muerta en la zona metropolitana de Monterrey, pues los centros de juego y casas de apuesta funcio­naban a la vista de todos, sin que la Secretaría de Gobernación e­ fectuase ninguna clausura. Estos establecimientos operaban sin que la dependencia les hubiera otorgado ningún permiso formal.94

90 Idem, p. 11. 91 Ibidem, p. 30. 92 Idem, p. 7. La cita corresponde a la fracción III, inciso b, del artículo 21 del referido 93 94

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reglamento. Artículo 17, op. cit., pp. 6-7. El Norte (2004), “Alertan en nl por permisos para casinos”, 20 de diciembre, Monterrey,­ p. 27A.

A finales de 2004, diputados federales del pri —Héctor Gutiérrez y ­Claudia Ruiz Massieu, la hija de José Francisco y sobrina de Mario Ruiz Massieu— impug­naron la constitucionalidad del referido reglamento ante la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista, otra diputada federal integrante de la Comisión de Turismo, Margarita Martínez, manifestó: “Yo me imagino que algunos dipu­tados están coludidos con gente que ya tiene en este momento trabajando los minicasinos o las casas de apuesta, para que nosotros no poda­ mos sacar la Ley de Juegos y Sorteos, para que regule completamente esto y que vengan ganancias al estado y al municipio”.95 A los pocos meses, el 14 de abril de 2005, mataron a tres individuos afuera del restaurante Los Arcos, en la Avenida Ignacio Morones Prieto, en Monterrey. Se trataba de José Cruz Fuentes Gaona, Luis Martín Moreno Rodríguez y Juan Daniel Favela, quienes fueron asesinados por dos sicarios.96 José Cruz Fuentes Gaona, de 36 años, era un ex capitán de la Policía Federal de Caminos que se presentaba a sí mismo como inversionista inmobiliario; Juan Daniel Favela, de 33 años, residente en McAllen, Texas, era investigado por la dea y la pgr por su participación en el tráfico de drogas en la frontera mexicana y en Chicago, Estados Unidos; Luis Martín Moreno Rodríguez, de 35-37 años, residente de­ ­Monterrey, estaba también sujeto a investigación por parte de la delegación de la pgr en Nuevo León.97 El vehículo de Fuentes Gaona —donde éste quedó tendido tras el ataque— era un automóvil bmw 330i sedán. Según las investiga­ ciones posteriores al asesinato, el carro —del que no aparecen las placas en las notas periodísticas— pertenecía a María Eugenia Garza Díaz, quien ­a firmó haberlo vendido dos semanas antes a Fuentes Gaona. El círculo c­ ercano de María Eugenia Garza Díaz era, sin embargo, interesante. Una foto de la prensa r­ egiomontana la mostró en el acto inaugural del restaurante Mision Grill —propiedad de su familia—, el 22 de junio de 2000. Junto a ella se encontraba Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León y Edelio López Falcón 95 Idem. 96 El Norte (2005), “Piden papas y soda, luego ejecutan a 3. Acechan sicarios a víctimas en ne-

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gocio de hamburguesas”, 15 de abril, Monterrey, p.1 B. En esta primera nota que consignó el hecho, una de las víctimas figura como Rubén Rodríguez. El nombre correcto es el que notas posteriores consignaron: Luis Martín Moreno Rodríguez. El Norte (2005), “Seguían por narco a los 3 ejecutados. Asesinados eran investigados por la dea y la pgr”, 16 de abril, Monterrey, p. 1B.

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(a) el Yeyo, el traficante de drogas aliado de los hermanos Beltrán Leyva, a quien Los Zetas intentaron asesinar en un palenque, mientras se encon­traba en compañía de Dionisio Román García (a) el Chacho y de Jaime Gamaliel Valdez ­Martínez.98 Los asesinados en el restaurante de inversión sinaloen­se Los Arcos, se habían reunido con el canadiense Luc Pelchat —residente en San ­Pedro Garza García— y con los estadounidenses Praxedis Jáuregui Zepeda — radicado en Las Vegas, Nevada— y Cherie Carter-Scott, para negociar posibles i­ nversiones de casinos en la zona metropolitana de Monterrey.99 Investigac­iones posteriores mostraron que en el domicilio del inversionista inmobiliario —y ex policía fede­ral— José Cruz Fuentes Gaona se encontraban cajas con armas, incluida una ametralladora de colección, doscientos ochenta y seis cartuchos de diversos calibres, tres sujetadores para mira láser, un silenciador, drogas y un chaleco antibalas.100 El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás (pri), demandó al secretario de Gobernación Santiago Creel (pan) investigar los casinos y c­ entros de apuesta que operaban en la entidad, así como el cese en la expedición de nuevos permisos para este tipo de establecimientos.101 De manera paralela a estos hechos, en el Congreso de la Unión se ­d iscutía una iniciativa de ley encaminada a presentar una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que permitiera formalmente la instalación de casinos en el país. Sin embargo, el triple asesinato en Nuevo León derivó en la expresión de ­reparos por parte de algunos legisladores —incluso del propio pan—, como en el caso del diputado César Jáuregui, quien señaló que con la apertura de casinos, facilitada por esta ley, se abriría una nueva puerta para el lavado de dinero ­procedente del tráfico de drogas.102 El impacto del hecho ocasionó la virtual suspensión de la discusión sobre el tema en el Congreso.103 98 El Norte (2005), “Tiene dueña de bmw ‘amistades peligrosas’”, 16 de abril, Monterrey, p. 1B. 99 El Norte (2005), “Fue el canadiense enlace entre ejecutado e inversionistas de eu”, 19 de abril, 100 101 102 103 464

Monterrey, p. 1B. El Norte (2005), “Revela cateo la ‘otra cara’ de corredor inmobiliario”, 19 de abril, Monterrey, pp. 1 y 6B. También El Norte (2005), “Hallan arsenal en casa de ex capitán ejecutado”, 21 de abril, Monterrey, p. 1B. El Norte (2005), “Exige Nati a Creel investigar casinos. Pide gobernador indagar operación de casas de apuesta y negar nuevos permisos en nl”, 19 de abril, p. 1A. El Norte (2005), “Advierten riesgos de instalar casinos”, 18 de abril, Monterrey, p. 7A. El Norte (2005), “Ejecuciones congelan ley de casinos”, 18 de abril, Monterrey, p. 1A.

En los hechos, se trataba de legislar sobre una realidad ya existente. Dirigentes de organizaciones privadas, como Jesús Marcos Giacomán, presidente de la Cámara de Comercio en Monterrey y Alfredo Sada, presidente del Conse­ jo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A. C., y diputados locales, como el priísta José Isabel Meza, presidente de la Comisión de Gobernación, externaron preocu­pación por la operación de facto de casinos en la entidad. Varios de ellos, a pesar de su carácter suntuoso, operaban de manera ilegal, como era el caso del Casino Club Havana, ubicado en la Colonia Leones, en Monterrey. La nota de prensa que publicó esta información incluía una fotografía que mostraba al referido establecimiento, con dimensiones y decoración externa que difícil­ mente podrían pasar desapercibidos ante los ojos de las autoridades. Otros centros de juego operaban también con notoriedad visual, pero protegidos por una orden de amparo, como el caso de un casino del Grupo Caliente. ­Solicitaban la regulación federal con apego a la norma jurídica.104 En otra entrevista, el mismo Jesús Marcos Giacomán declaró: “Les estamos dando un dulce a los narcos con los casinos […]. Traerán [los casinos] más inseguridad y más narcotráfico porque es una manera más fácil de lavar dinero”.105 En enero de 2006, Carlos Abascal Carranza, sucesor de Creel en la Segob — éste había ya abandonado el cargo para buscar la candidatura presidencial del pan— entregó al gobernador González Parás un informe sobre la ­materia. A pesar de la demanda que el gobernador neoleonés presentó al secretario C ­ reel para evitar que se otorgaran nuevos permisos para el establecimiento de casas de juego y apuestas en Nuevo León, la dependencia autorizó la a­ pertura de 65 centros más, 10 de ellos en ese estado. La medida fue sancionada en mayo de 2005, menos de un mes después del triple asesinato en Monterrey, ­todavía con Creel como titular de la Segob.106 En abril de 2005, el propio Santiago Creel Miranda aseguraba, como secretario de Gobernación: “Quiero ser muy enfático: en el caso de los casinos, la Secretaría de Gobernación jamás ha autoriza­ do actividades de casinos en el país. Y los combatiremos en la medida en que identifiquemos algún lugar en donde se esté dando este tipo de actividad 104 El Norte (2005), “Urgen controlar casas de apuestas. Llaman dirigentes de ongs y diputados 105 106

locales a legislar actividades de casinos”, 1 de abril, Monterrey, p. 4B. El Norte (2005), “Rastrean el nexo narcos y casinos”, 17 de abril, Monterrey, p. 1A. El Norte (2006), “Entregan a Nati reporte de casinos. Recibe de la Secretaría de Gobernación expediente solicitado desde 2005”, 18 de enero, Monterrey, p. 5 sección Local.

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[narcotráfico]. Inmediatamente procederemos a su cierre”.107 El funcionario solicitó además que ciudadanos y autoridades que atestiguaran la presencia y operación de este tipo de establecimientos, lo denunciaran ante la d ­ ependencia a su cargo. Cuatro años después, el 28 de noviembre de 2010, una filtración masiva de cables de oficinas del Departamento de Estado de Estados Unidos, ­conocida como cablegate y publicada en el sitio web WikiLeaks, del australiano Julian Assange, permitió conocer información y perspectivas del gobierno esta­ dounidense, en lo referente a diversos países, incluido México.108 Uno de los cables, firmado por un funcionario de apellido Williamson (previ­ siblemente Bruce Williamson, entonces cónsul general en Monterrey), remitido con fecha del 8 de abril de 2009, señaló que, en Monterrey, las prácticas de lavado de dinero parecían trasladarse de las instituciones bancarias y financieras a otros negocios con alto manejo de efectivo. Añadió que Monterrey se conside­ raba un destino preferente para la transferencia masiva de recursos ilícitos y lavado de dinero proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con las apreciaciones de los informantes consultados por los funcionarios del C ­ onsulado estadou­nidense que operaban en el sector industrial de Nuevo León, las tendencias de operación en estas prácticas ilegales mostraban transformaciones de interés. El cable estableció que, aunque las autoridades mexicanas sólo perseguían a los lavadores de dinero de manera intermitente, nuevas disposiciones legales adoptadas en el país, junto con mecanismos de autocontrol en el ramo financiero, derivaron en que el lavado de dinero se concentrara ahora menos en el sector bancario y las casas de cambio, al optarse por negocios con alto manejo de efectivo: bienes raíces, venta de automóviles, gasolineras, comercio de productos básicos, agricultura, casinos y joyería.109 107 El Norte (2005), “‘Cierran’ puertas a casinos”, 20 de abril, Monterrey, p. 2A. 108 The Guardian (2010), “us Embassy Cables Leaks Sparks Global Diplomatic Crisis”, 28 de

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noviembre, Londres, Reino Unido, disponible en línea: , [consultada el 28 de junio de 2018]. El País (2010), “La mayor filtración de la historia deja al descubierto los secretos de la política exterior de eeuu”, 28 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 28 de junio de 2018]. El texto original establece: “1. (SBU) Summary. Monterrey is a major destination for illegal bulk money transfers and money laundering from the United States. Although Mexico only intermittently prosecutes money launderers, our industry contacts believe that dueto

La versión de las fuentes —en apariencia, integrantes o analistas del sector industrial y financiero de la entidad— podía representar una visión proclive a orientar la atención hacia otros ámbitos económicos de carácter emergente, más allá de las evidencias que mostraban una vinculación de larga data entre los circuitos financieros e industriales de alto nivel en el estado y el lavado de dinero. Esta perspectiva no deja de resultar paradójica ya que, según las ­mismas fuentes, las instituciones financieras consolidadas no tendrían otra barrera o ­disuasivo para continuar con semejantes prácticas que el ­autocontrol y un régimen punitivo incompleto y aplicado de manera heterogénea por parte de las auto­ridades competentes.110 En todo caso, según el cable, la disuasión rela­tiva sería, para compañías no financieras, la sensibilidad de los ­mecanismos punitivos estadounidenses, pues muchas eran de propiedad extranjera o se articu­ laban en función de la exportación hacia ese país, lo que ponía en r­ iesgo la continuidad de sus operaciones, en caso de ser ligadas con el lavado de dinero.111

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corporate self regulation and Mexican laws, money laundering is no longer concentrated in banks and money exchange houses but instead occurs in businesses specializing in cash transactions (commercial real estate, car dealerships, gas stations, commodities, ­a griculture, casinos, and jewelry)”. (“1. (SBU) Resumen. Monterrey es un destino principal para transferencias masivas de dinero ilegal y lavado de dinero desde Estados Unidos. Aunque México sólo de manera intermitente impulsa procesos judiciales en contra de los lavadores de dinero, nuestros contactos en la industria creen que, debido a la auto-regulación y a las leyes mexicanas, el lavado de dinero no se concentra más en los bancos y casas de cambio, sino que se lleva a cabo en negocios que se especializan en transacciones en efectivo (bienes raíces comerciales, venta de automóviles, estaciones de gasolina, bienes básicos, agricultu­ra, casinos y joyería)”.) [Traducción libre del autor. Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey137_a, 8 de abril de 2009, Monterrey, ­Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 6 de julio de 2018]. Idem. Ibidem. Apreciaciones similares, en el caso del sector financiero, podrían ser menos optimistas: a pesar de las evidencias e incluso, de los casos juzgados en Estados Unidos referentes al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, por parte de instituciones financieras mexicanas con representación en ese país, no existen ejemplos donde alguna de estas instituciones haya recibido una sanción que implicara su clausura u otra medida definitiva. Por ejemplo, la Oficina de la Contaduría General de Estados Unidos (gao, por sus siglas en inglés), generó un reporte en octubre de 1998, titulado “Private Banking. Raul Salinas, City Bank and Alleged Money Laundering”, donde determina que Citibank México ayudó a Raúl Salinas de Gortari a transferir entre 90 y 100 millones de dólares a Citibank Nueva York, Citibank Londres y Citibank Suiza, entre 1992 y 1994. También, a fundar una

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Sin embargo, más allá del eventual sesgo en la apreciación de las fuentes consultadas, es también factible encontrar que, en efecto, algunos grupos emergentes mostraban proclividad a realizar prácticas de lavado de dinero en actividades menos complejas, involucradas de manera directa con el manejo de efectivo. Fue el caso de la operación de casinos y establecimientos de juego. No obstante, para ello, precisaron también de actores capaces de configurar la regulación institucional de este tipo de giros, particularmente atractivos para el lavado de dinero. Como se verá, según las evidencias, contaron, en efecto, con tal apoyo. Otro de esos cables provenientes del consulado estadounidense en Mon­ terrey, fechado el 2 de julio de 2009 y firmado aparentemente por el mismo autor, B. Williamson, era más preciso: informaba a los funcionarios centrales del Departamento de Estado de ese país sobre los vínculos de candidatos del pan con los dueños y operadores de casinos en Nuevo León, en el contexto de las elecciones de medio sexenio que tenían lugar en ese año para elegir legisladores federales. Según el resumen del documento —expresado en un lenguaje un tanto críptico—, a pesar de que el entonces presidente de la República reclamaba a los gobernadores de oposición por eludir una participación sólida en la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas, y de que el presidente nacional del pan en funciones, Germán Martínez, culpaba al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, de la escalada de violencia que ya para entonces era manifiesta en la entidad, funcionarios y candidatos del compañía para inversiones offshore denominada Trocca en las Islas Caimán, a través de Cititrust; a establecer cuentas de inversión en Citibank Londres y Citibank Suiza. Todo ello, sin solicitar referencias bancarias de Raúl Salinas, preparar un reporte financiero suyo u otras medidas establecidas en la política de ese banco de “conoce a tu cliente”, como práctica para evitar el lavado de dinero. Además, facilitó que Salinas utilizara otra identidad para la transferencia de fondos desde México, de manera que éste concentrara fondos en Citibank Nueva York antes de ser enviados a las cuentas offshore de la referida compañía Trocca. La gao concluyó que no podía determinar si Citibank había infringido alguna ley o regulación, más allá del principio de “conoce a tu cliente”, que era una disposición voluntaria y no legalmente obligatoria. Véase United States General Accounting Office (gao) (1998), Report to the Ranking Minority Member, Permanent Subcomittee on Investigations, Committee on Governmental Affairs, U.S. Senate. Private Banking. Raúl Salinas, Citibank, and Alleged Money Laundering, United States General Accounting Office, Washington, D. C., E ­ stados Unidos, Octubre 30, pp. 3-4, disponible en línea: , [consultada el 6 de julio de 2018].

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pan mostraban faltas de transparencia. Añadió que la muerte de uno de los ­operadores de los hermanos Beltrán Levya en el municipio de San Pedro Garza García ponía de manifiesto el efecto pernicioso de los casinos en el desarrollo de las campañas políticas.112 El documento refirió que el 26 de junio de 2009, un grupo del Ejército mexicano había detenido a Omar Ibarra Lozano (a) el 34 o el Caballo, a quien se identificaba como uno de los asesinos de Marcelo Garza Garza, el titular de la Agencia Estatal de Investigación, ocurrido en 2006. Ibarra había sido arrestado pocas horas después del asesinato de otro individuo de nombre Rogelio Garza Cantú (a) el Diablo o el Zar de los Table-dance. Según informantes de los investigadores estadounidenses adscritos al Consulado de ese país en ­Monterrey, el arresto de Ibarra ocurrió cuando éste venía de reunirse con José Rojas ­Cardona, quien junto con su hermano Arturo fueron considerados por el personal diplomático norteamericano como los mayores operadores de casinos en el área metropolitana de Monterrey.113 El informe destacó que el propio José Rojas Cardona había sido objeto de un atentado en el otoño de 2007, en el municipio de San Pedro Garza García. Añadió que, con el asesinato de Garza Cantú, su casino ya no podría operar, pues la concesión era otorgada personalmente por la Secretaría de Gobernación del 112 La referencia textual es: “Summary. During this year’s midterm elections, President Calde-

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ron has accused opposition party governors of skimping in the war against the ­cartels and pan party president German Martinez has directly blamed Nuevo Leon Governor Gonzalez Paras (pri) for the increased violence in that state. However, at the local level pan party officials often times are lacking in transparency. The death of a Beltran-Leyva cartel boss in San Pedro has brought renewed attention to the pernicious influence casinos play in campaign politics. End Summary”. (“Durante las elecciones de medio término de este año, el presidente Calderón ha acusado a los gobernadores pertenecientes a los partidos de oposición de escatimar en la guerra contra los cárteles y el presidente del pan Germán Martínez ha culpado directamente al gobernador de Nuevo León González Parás (pri) por el incremento de la violencia en ese estado. Sin embargo, en el nivel local, funcionarios del pan con frecuencia carecen de transparencia. La muerte de uno de los jefes del Cártel Beltrán Leyva en San Pedro ha traído atención renovada a la influencia perniciosa que juegan los casinos en las campañas políticas. Fin del resumen”.) [Traducción libre del autor]. Informe de B. Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey259, 2 de julio de 2009, Monterrey, Nuevo León. Disponible en línea: , [consultada el 28 de junio de 2018]. Idem.

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ejecutivo federal, hecho que permitiría la consolidación de Rojas Cardona sobre la operación de los casinos en Monterrey y los municipios conurbados.114 El reporte expuso que los casinos se utilizaban con frecuencia para el ­lava­do de dinero procedente de actividades ilícitas. Añadió que, según la fuente de información de la representación diplomática —a quien los investigadores ­concedieron suficiente crédito para reproducir su versión en el documento—, los hermanos Rojas Cardona poseían estrechos vínculos con la organización de tráfico de drogas de los hermanos Beltrán Leyva. Además, poseían también estrechas conexiones con funcionarios locales del pan, que permitían la opera­ ción de los Rojas Cardona en una región que, de otra manera, estaría controlada por el Cártel del Golfo.115 La fuente indicó que los hermanos Rojas Cardona habían proporcionado financiamiento ilegal, 2 500 000 de dólares, tanto, a Adalberto Arturo M ­ adero Quiroga —alcalde de Monterrey (2006-2009, pan), en funciones en la fecha en que se envió el reporte— y a Zeferino Salgado Almaguer, entonces presi­ dente municipal de San Nicolás de los Garza (2006-2009, pan), en el área ­metropolitana de Monterrey. Los hermanos Rojas Cardona habían donado a este último un helicóptero y publicidad gratuita para su campaña y, según añadió el informe, existían versiones que tanto Madero Quiroga como ­Salgado Almaguer recibían un porcentaje mensual de las ganancias de los casinos de los Rojas Cardona.116 El reporte concluyó señalando que los traficantes de drogas, los operadores de los casinos y políticos corruptos integraban un triángulo de autoprotección que dificultaba que oficiales honestos encargados de aplicar la ley pudieran afectar a la delincuencia organizada. Señaló que una forma en que el gobierno mexicano 114 Ibidem. 115 La nota textual es: “Casinos are profitable cash businesses and often used to launder illicit

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profits. According to our source, the Rojas brothers have close ties to the Beltran-Leyva Cartel. The connection to the Beltran Leyva Cartel and separate ties to pan politicians allow the Rojas brothers to operate in an otherwise Gulf Cartel region”. (“Los casinos son negocios lucrativos que manejan efectivo y que son con frecuencia utilizados para lavar ganancias ilícitas. De acuerdo con nuestra fuente, los hermanos Rojas tienen estrechas relaciones con el Cártel Beltrán Leyva. La conexión con el Cártel Beltrán Leyva y la relación aparte que tienen con políticos del pan permite a los hermanos Rojas operar en una región de otra manera controlada por el Cártel del Golfo”.) [Traducción libre del autor], idem. Ibidem.

podría atacar a las organizaciones del tráfico de drogas era revisar su política para la concesión de licencias de operación a casinos.117 Juan José Rojas Cardona fue detenido en San Pedro Garza García, Nuevo León, por efectivos de la Policía Ministerial del estado en 2001. Se le acusaba de defraudador —se le habían identificado al menos 13 alias— pero, según la nota, además era buscado por la Agencia Central de Inteligencia (cia) de Estados Unidos.118 El 9 de noviembre de 2007 fue víctima de un atentado en el que resultó herido y uno de sus escoltas perdió la vida.119 En la fecha del ataque en su contra, Juan José Rojas Cardona operaba al menos dos casinos en Nuevo León: uno denominado Las Palmas Miravalle, en Monterrey, y otro identificado como Bella Vista, en San Nicolás de los Garza, los cuales permanecieron abiertos y sin mayor novedad después del intento de asesinar a Rojas.120 En abril de 2008, la prensa neoleonesa confirmó que Rojas Cardona había obsequiado con un helicóptero al municipio de San Nicolás de los Garza y que regenteaba, desde hacía seis años, el único casino que funcionaba en la localidad.121 También, que una empresa de Rojas Cardona denominada Tango Media había manejado la propaganda política del entonces candidato a alcalde del municipio, Zeferino

117 La nota textual fue: “Comment. The traffickers, the casino operators, and corrupt politi-

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cians form a self-protective triangle, which makes it difficult for honest law enforcement officers to get at organized crime. One way for the Mexican government to strike back at the cartels would be to take a fresh look at its policy on casino licenses. End Comment”. (“Comentario. Los traficantes, los operadores de casinos y políticos corruptos forman un triángulo de autoprotección, que dificulta que oficiales de policía honestos lleguen a la delincuencia organizada. Una manera para que el gobierno mexicano ataque a los cárteles sería dar una nueva mirada a su política sobre las licencias para casinos”). [Traducción libre del autor]. Idem. El Porvenir (2001), “Detienen aquí a defraudador buscado por la cia”, 20 de febrero, Mon­ terrey, sección Justicia, p. 1. El Norte (2007), “Asegura ‘zar de casinos’ no tener enemigos”, 11 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 1. También El Norte (2007), “Retumban balas en Valle Oriente”, 10 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 5. El Norte (2007), “Y sus casinos, como si nada”, 10 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 5. El Norte (2008), “Es Rojas Cardona ‘dueño’ de la plaza”, 1º de abril, Monterrey, sección Local, p. 1.

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Salgado y, en la fecha de ser publicada, producía también propaganda gubernamental para la alcaldía a su cargo.122 Juan José Rojas Cardona nació el 12 de agosto de 1967 en Pachuca, Hidalgo, México. Su padre, Javier Rojas, trabajaba como supervisor de la compañía Oral B, en esa localidad y, por sus habilidades técnicas, fue trasladado a West Liberty, Iowa, Estados Unidos, en 1969. El joven Rojas Cardona estudió en la Universidad de Iowa, donde incluso fue presidente del senado estudiantil, en 1988.123 El 30 de septiembre de 1991, la policía de Iowa acusó a Rojas Cardona de robo en segundo grado por haber enviado un cheque falsificado a una persona que lo había ayudado a fundar una empresa de telemarketing. Tres m ­ eses después, una segunda acusación por robo y siete más por falsificación le ­f ueron fincadas por obtener de manera fraudulenta los cheques de pago de sus emplea­ dos.124 Pero, además, el 11 de febrero de 1994, Juan José Rojas Cardona fue detenido en los alrededores de Orongrade, Nuevo México, Estados Unidos, por agentes de la patrulla fronteriza, que encontraron 17 libras de mariguana en el vehículo que conducía.125 Rojas Cardona fue detenido y, según estableció la magistrada Ann Yalman, debido a su condición de indigencia financiera, ­recibió el apoyo de un defensor público.126 A Rojas Cardona se le otorgó el beneficio para esperar en libertad el de­ sahogo del proceso en su contra bajo la figura de liberación en reconocimiento personal o fianza no garantizada.127 El 15 de junio de 1994, Rojas Cardona se declaró culpable de los cargos y continuó libre, en espera de que le fuera dictada la sentencia, que podía ser de prisión por un tiempo no mayor a 5 años, una 122 El Norte (2008), “Es ‘cliente’ de Rojas desde su campaña. Maneja empresa del ‘Zar’ imagen 123 124 125 126 127

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de Zeferino”, 4 de abril, Monterrey, p. 1. The Gazette (2014), “Fall From grace. Misstep at UI was Tipping Point that Plunged ‘Pepe’ Rojas-Cardona into Alleged Life of Crime in Mexico”, 3 de abril, disponible en línea: , [consultada el 29 de junio de 2018]. Idem. Ibidem. La información de este medio de comunicación es corroborada por United States of America vs. Rojas-Cardona, Jose Juan, Criminal Complaint, Case 2: 94-mj-00056-JHG, United States District Court, District of New Mexico, document 1, p. 1. United States of America vs. Rojas-Cardona, Jose Juan, CR-94-56M (Case 2:94-cr-00080-LH), document 2, p. 1. United States of America vs. Rojas-Cardona, Jose Juan, Criminal Complaint, Case 2: 94-mj00056-JHG, document 9, pp. 1-3.

multa no mayor a 250 000 dólares o libertad condicional por un periodo de entre 3 y 5 años.128 No obstante, Rojas Cardona no se presentó el 15 de noviembre de 1994 a la prisión del Condado Johnson como le correspondía hacerlo según el acuerdo alcanzado. Escapó a México y las autoridades estadounidenses expi­ dieron una orden de arresto en su contra.129 El 6 de febrero de 1996, el juez LeRoy Hansen decretó la incautación de la fianza por 5 000 dólares que había depositado el prófugo Rojas Cardona. No obstante, según consta en la fecha en que se archivó el documento, el 27 de octubre de 1998, el mismo juez decretó el desvanecimiento de la acusación criminal en su contra.130 Con base en esta resolución, el juez James A. Parker concedió la anulación de la orden de arresto en contra de Rojas Cardona, el 2 de diciembre de 1998.131 La razón por la que se concedió el desvanecimiento de la causa penal y, en consecuencia, de la orden de arresto, no queda manifies­ta en los ­documentos legales del juicio. El juez LeRoy Hansen, nacido en ­Audubon County, Iowa, en 1933, fue nominado para encabezar la Corte Federal Distrital, en el Distrito de Nuevo México, por el presidente George H. W. Bush, el 20 de marzo de 1992. Su confirmación por el Senado de Estados Unidos tuvo lugar el 25 de septiembre y tomó posesión el 2 de octubre del mismo año. El juez Hansen ascendió al status Senior el 18 de abril de 2003. 132 En ese mismo año, tomó parte del juicio en contra David Hudak, un canadiense experto en 128 El caso figuró después como United States of America vs. Rojas-Cardona, Jose Juan, Criminal No. 94-80-LH, In the District Court of the United States for the District Court of New Mexico, Plea Agreement, p. 2. 129 United States District Court for District of New Mexico/Las Cruces, U.S.A. vs. Rojas Cardona, Juan, Warrant for Arrest of Defendant, Case 2:94-cr-0008-L-H, Docket No. 94-056M-01 94-80LH, document 42, p. 1. El documento establece con claridad la autorización para que cualquier U.S. Marshal u otro oficial autorizado llevara a Rojas ante la Corte, por haber violado las condiciones del acuerdo judicial para que permaneciera en libertad antes de la realización del juicio. La orden fue fechada el 26 de octubre de 1994. Véase también The Gazette, “Fall from grace...”. 130 United States District Court for District of New Mexico, U.S.A. vs. Jose Juan Rojas Cardona, Order Dismissing Indictment Without Prejudice, Criminal 94-80 LH, document 39, p. 1. United States District Court for District of New Mexico, U.S.A. vs. Jose Juan Rojas Cardona, 131 Order Quashing Arrest Warrant, Criminal 94-80 LH, Document 41, p. 1. 132 History of the Federal Judiciary, Biografical Directory of the Federal Judges (s.a.), “Hansen Curtis, LeRoy”, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018].

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antiterrorismo, acusado de haber sustraído 2 400 cabezas de misil adquiridas a la compañía Halliburton Corp., con sede en Houston, Texas, en 1994. El juez John Conway, que había tratado el caso, se excusó sin proporcionar ­razones. Había determi­nado, por ejemplo, que el jurado podría escuchar cómo ­Halliburton Corp. estaba involucrada en la venta de las cabezas de misil a Hudak, pero no debía conocer sobre el rol del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, en su calidad de ejecutivo en jefe de la compañía, cuando la transacción tuvo lugar. Los medios señalaron la posibilidad de que el juez LeRoy Hansen —quien ya había puesto bajo sello diversa información concerniente al caso— juzgara el asunto.133 En 2009, el mismo juez LeRoy ­Hansen juzgó otra querella judicial, en este caso, establecida entre una compañía denominada Realtimezone, Inc. contra Halliburton Energy Services, Inc., en la oficina de Albuquerque, perteneciente a la Corte Federal Distrital en Nuevo México.134 Esta aparente digresión no es tal, pues resulta relevante contextualizar la evolución del caso judicial en contra de Rojas Cardona en Estados Unidos y los personajes que participaron en el derrotero que tomó. Después de todo, en ese país, Rojas Cardona no era simplemente un prófugo por un cargamento de poca monta de mariguana. En 2012, medios de comunicación internacionales dieron a conocer que el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos Barack Obama —quien buscaba la reelección— habían devuelto donaciones por 200 000 dólares, otorgadas por los hermanos de Juan José Rojas Cardona, Carlos y Alberto Rojas Cardona, residentes en Chicago, Illinois, Estados Unidos.135 133 Free Republic (2003), “Judge Removes Self From Hudak Trial (Antiterrorism Expert on Trial 134

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for Arms Violation), 18 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. Realtimezone, Inc., vs. Halliburton Energy Services, Inc., Case Number 1:2009cv00630, New Mexico District Court, Albuquerque Office, Bernalillo County, 26 de junio de 2009. Véase Justia Dockets & Filings, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. bbc News (2012), “Obama Campaign Returns Funds Linked to Mexico Fugitive”, 12 de febrero, Londres, Reino Unido, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]; también The New York Times (2012), “Obama to Return Major Donations Tied to Fugitive”, 6 de febrero, Nueva York, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el

En México, Rojas Cardona construyó nexos directos con actores políticos y sociales notables. Por ejemplo, la revista Proceso publicó una foto donde posa junto con el cardenal Norberto Rivera Carrera; con el arzobispo Emilio Berlié Belauzarán, de Yucatán; con Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, entonces senador de la República por Durango (2006-2012, pan); y con Iván Garza Téllez, entonces director del Registro Nacional de Miembros del pan.136 Según la información que dio a conocer la revista, Rojas Cardona había aportado recursos a las campañas presidenciales de los tres partidos más importantes del país en 2006. No obstante, la mayor parte de las compañías de las que era propietario se establecieron entre 2004 y 2006. De acuerdo con el semanario, varias de las actas constitutivas contaban con la firma de a­ utorización de la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores —una formalidad prevista por la legislación mexicana para el registro de empresas en el país— en Nuevo León, Sandra Pámanes Ortiz, que en la fecha en que se publicó la nota figuraba como presidenta estatal del pan.137 En la empresa Tango Publicidad y Medios de México, S. A., el accionista mayoritario era su hermano, G ­ erardo Alberto Rojas Cardona, y un socio minoritario era el panista José Serrano Monto­ya, liga­do a su vez con los senadores, también panistas, Guillermo ­A naya Llamas, de Coahuila y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, de Durango. Este último había fungido como coordinador general de la campaña para alcanzar la presidencia nacional del pan del senador Gustavo Madero Muñoz, quien utilizó los servicios de Tango Publicidad y, en efecto, encabezó ese instituto político entre 2010 y 2014. Según Proceso, Dorador también fue el presunto canal de transmisión del financiamiento proporcionado por Rojas Cardona a la campaña del referido Gustavo Madero, presidente de este mismo partido.138

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8 de julio de 2018]; cnn (2012), “Obama Campaign Returning Contributions from Donors tied to Fugitive”, 7 de febrero, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. Proceso (2011), “El gran corruptor y sus corrompidos”, 11 de septiembre, núm. 1819, México, p. 6. Idem. Ibidem, p. 9. También, La Prensa de Monclova (2017), “Delegado del pan en Coahuila, toda una ‘fichita’”, 22 de marzo, disponible en línea: , [consultada el 29 de junio de 2018].

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Según el semanario Proceso, el financiamiento que habría recibido Gustavo Enrique Madero Muñoz para alcanzar la dirigencia del pan en 2010, de parte de Rojas Cardona, favoreció que una vez como presidente del instituto nombrara a Iván Paul Garza Téllez como director del Registro Nacional de Miembros, el padrón de integrantes de ese partido. Garza Téllez había fungido como director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el periodo 2006-2009, durante la gestión de Zeferino Salgado Almaguer. Se le ligaba también a Juan José Rojas Cardona con otro per­sonaje que fungió como alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, y con un consejero de la judicatura neoleonesa, Raúl Gracia Guzmán, quien ­según la información de la revista, intermediaba la relación con Rojas Cardona.139 Gustavo Enrique Madero Muñoz es hermano de Evaristo Madero Muñoz, padre a su vez de Evaristo Armando Madero Marcos, el alcalde de Parras, Coahuila, al que se hizo referencia en el capítulo anterior, al que algunas notas de prensa identificaron como propietario de una línea de camiones de carga en los que fue asegurado un cargamento de varias toneladas de mariguana.140 Gustavo Enrique Madero Muñoz es tío paterno del referido alcalde Madero Marcos. La genealogía de la influyente familia Madero inicia con Evaristo ­Madero Elizondo (1823-1911) —el antiguo asociado del caudillo neoleonés S­ antiago ­Vidaurri, vinculado al contrabando—, que se casó en dos ocasiones. La ­primera, con Rafaela Hernández Lombraña, con quien tuvo siete hijos, entre ellos: ­Francisco Madero Hernández (1849-1916) y Evaristo Madero ­Hernández (18651936). Francisco Madero Hernández se casó el 28 de enero de 1873 con ­Mercedes González Treviño en Parras, Coahuila. Con ella tuvo 16 hijos, e­ ntre ellos Francisco Ignacio Madero González —el prócer revolucionario— y Evaristo Madero 139 Proceso, “El gran corruptor…”, p. 9. 140 El Demócrata (2018), “Sitia la Marina empresa del alcalde Evaristo Madero; buscan drogas;

Decomiso de un tráiler cargado de mariguana lleva directo al edil de Parras de la Fuente”, 2 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero de 2018]. También véase El Diario de Coahuila (2018), “Sí es del alcalde de Parras tráiler detenido con droga”, 7 de febrero, disponible en línea: , [consultada el 15 de febrero de 2018].

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González, quien vivió entre 1890 y 1964 y se casó a su vez con Susana Porraz Abadie ­(1897-1985) el 14 de agosto de 1918. Evaristo Madero González era el personaje que en los años cincuenta había invitado a Juan N. Guerra y su comitiva de ­hombres de ­negocios a Casa Madero, en Parras, Coahuila, como se vio en capítulos a­ nte­riores. E ­ varisto Madero González procreó con Susana Porraz Abadie a E ­ varisto Madero Porraz. Este último se casó con Consue­lo Mu­ñoz Terrazas y es, por tanto, padre a su vez de Gustavo Enrique Madero Mu­ñoz, p ­ residente del pan y senador de la República —a quien se atribuía la recepción de financiamiento por parte de Rojas Cardona, personaje procesado por tráfico de drogas en Estados Unidos y ligado a los hermanos Beltrán Leyva en México— y Evaristo Madero Muñoz. Este último fue padre de Evaristo Armando Madero Marcos, el mencionado presidente municipal de Parras, Coahuila, a quien la prensa de ese estado señaló como propietario de un tráiler incautado con un cargamento de mariguana.141 El ex alcalde de Monterrey, Adalberto ­Madero Quiroga, a quien las fuentes del Departamento de Estado estadounidense identificaban como asociado de Rojas Cardona, forma parte de esta misma red familiar. En 2013, José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila, junto con Rodrigo Madero Covarrubias, se encontraban entre los principales socios de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, dueña y operadora de casinos en el país, en otro momento ligada a Rodrigo Aguirre Vizzuett, hijo del ex regente capitalino en tiempos de Miguel de la Madrid, Ramón Aguirre Velázquez. Doce 141 La información genealógica de la familia Madero se rastreó en el sitio web , [consultada el 5 de ­julio de 2018]. Parte de la información también provino del apartado correspondiente a Gustavo Enrique Madero Muñoz, en la página web de la Dirección General de Servicios de Docu­mentación, Información y Análisis de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en la información correspondiente a los integrantes de la 46 Legislatura, letra M. El documento está disponible en línea: , [consultada el 5 de julio de 2018], p. 471. Véase también el sitio informativo de la familia Madero, disponible en línea: , [consultado el 5 de ­julio de 2018] También, del obituario de la Sra. Isabel Marcos de Madero, esposa de E ­ varisto ­Madero Muñoz y madre de Evaristo Armando Madero Marcos, con esquela fúnebre publi­ cada el 28 de febrero de 2011 en las Capillas Benito M. Flores, S. A., disponible en línea: ­, [consultada el 5 de julio de 2018].

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años después, la prensa coahuilense destacó que los hermanos Madero D ­ ávila y Made­ro Covarrubias, parientes de Gustavo Enrique Madero Muñoz y de Adalberto Madero Quiroga, pretendían reabrir un casino en Saltillo, mediante un amparo en contra de una disposición legal aprobada en 2012, que prohibió la operación de este tipo de giros en ese estado.142 De acuerdo con notas periodísticas, mientras fungía como alcalde de Monterrey, Adalberto Madero autorizó el establecimiento de una casa de juego de grandes proporciones: el Casino Royale. Según las mismas fuentes, la ­operadora era precisamente Atracciones y Emociones Vallarta, S. A., propiedad, entre otros, de sus primos —también parientes cercanos de Gustavo Madero, senador y líder del pan— Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila.143 La relación formal entre Atracciones y Emociones Vallarta y el Casino Roya­le estaba plagada de omisiones y registros incompletos, empezando por la propiedad y autorización de la compañía operadora de casas de juego. En 2011, según informaron medios de comunicación especializados en el ramo, la ­Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Segob tenía registrado a Rodrigo Aguirre Vizzuett y a una empresa denominada VH Entretenimiento S. A. de C. V. como los propietarios de Atracciones y Emociones Vallarta. No obstante, en una entrevista telefónica con Milenio Televisión, Aguirre Vizzuett se deslindó de esta última compañía, y afirmó que la familia Madero se había apropiado de ella. Cymsa Corporation, la empresa propiedad de Raúl Rocha 142 El Heraldo de Saltillo (2013), “Parientes de Gustavo Madero aseguran que abrirán un casino

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en Saltillo”, 3 de septiembre, Saltillo, disponible en línea: , [consultado el 6 de julio de 2018]. También Sin Embargo (2013), “Perfil. Las oscuras relaciones de Madero”, 21 de mayo, México, disponible en línea: , [consultado el 6 de julio de 2018]; sdp Noticias (2014), “El casinero Madero, de los Madero del pan y el Casino Royale, ahora con más negocios”, 13 de enero, México, disponible en línea: , [consultada el 6 de julio de 2018]. Sobre la relación de Aguirre Vizzuett con Atracciones y Emociones Vallarta, S. A., véase El Universal (2013), “Casinos, negocios sin reglas claras. Segob tiene registros desactualizados sobre quiénes detentan 31 permisos para operar en centros de apuesta”, 8 de abril, México, disponible en línea: , [consultada el 6 de julio de 2018). sdp Noticias “El casinero Madero, de los Madero del pan y el Casino Royale…”.

Cantú, que operaba el Casino Royale, se había asociado con Atracciones y Emociones Vallarta para abrir y mantener en funcionamiento esa casa de juego. La última de estas compañías, en efecto, contaba en su Consejo de Administración a Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila, primos del ex alcalde Adalberto Madero y del dirigente nacional del pan, Gustavo Madero.144 El 26 de agosto de 2011, el Casino Royale fue incendiado por una célula de Los Zetas, como represalia a la negativa de los dueños a pagar una extorsión de 130 000 pesos semanales. Los criminales rociaron con gasolina el interior del establecimiento e impidieron la salida de las personas que se encontraban en el lugar. Los medios de comunicación reportaron un saldo de víctimas mortales de entre 52 y 61 personas.145 Otros medios reportaron que el Casino Royale, que figuraba como ­propiedad de Raúl Rocha Cantú, operaba sin permisos ni las medidas de seguridad adecuadas. La causa del ataque, según estas notas, era que Rocha Cantú se había negado a pagarle a Los Zetas extorsiones que alcanzaban los 140 000 dólares.146 Tras el crimen, Rocha Cantú tramitó amparos ante el juez quinto de Distrito en Materia Penal, Jesús Fraustro, para evitar su detención. Los amparos fueron promovidos por varios de sus familiares, entre ellos su padre, Raúl ­Rocha Rodríguez. De acuerdo con la nota que informó de esta medida, el Casino Royale era operado por la empresa Cymsa Corporation y/o Entertainmet Enterprises of Mexico, propiedad de Raúl y Jorge Rocha Cantú.147 144 El Diario del Juego (2011), “Quiénes son los dueños del Casino Royale”, 27 de agosto, dis-

ponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. 145 Excélsior (2011), “Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado”, 26 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2011]; El Siglo de Torreón (2011), “La ­venganza del Casino Royale”, 5 de septiembre, Torreón, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. 146 La Jornada (2011), “Casino Royale, sin permisos ni medidas de seguridad suficientes: peritaje de la pgr”, 13 de septiembre, México, p. 13, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. 147 El Norte (2011), “Tramitan amparos dueños del Royale. Buscan evitar detenciones de los ­Rocha Cantú tras 52 muertes que deja el atentado”, 7 de septiembre, Monterrey, p. 1 sección Local.

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Raúl Rocha Rodríguez, padre de los hermanos Rocha Cantú, era un abogado amigo personal de Lino González Pérez, el personaje identificado como uno de los asistentes a la reunión efectuada para organizar el contrabando de acuerdo con los lineamientos de la Primera Zona Aduanal, en Monterrey, según expuso el delegado de la dfs en el estado, Ricardo Condelle, en 1970. Lino González Pérez, a quien el delegado señaló como traficante de drogas, fue uno de los presen­tes, junto con Juan N. Guerra.148 Hacia 2016, González Pérez figuraba como empresario inmobiliario en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Pertenecía, junto con su amigo Raúl Rocha Rodríguez, a un denominado Club Delta 24, que reunía periódicamente a sus integrantes para celebrar su amistad. En ese año, Rocha era el presidente y González el encargado de relacio­nes públicas.149 Lino González Pérez, amigo del fundador de Cymsa, fue asesinado de múlti­ ples disparos de bala que le efectuaron por la espalda dos hombres. El ­homicidio ocurrió a pocas cuadras de la Presidencia Municipal de Guadalupe, en el cruce de Avenida Constituyentes de Nuevo León y la Avenida Constitución, el 7 de septiembre de 2017.150 Raúl Rocha Rodríguez había fundado la compañía regiomontana Conexiones y Mangueras, S. A. de C. V., para proveer a la industria con este tipo de productos. En 1990, había cedido la dirección general de la empresa a su hijo, Raúl Rocha Cantú, que a lo largo de 14 años había expandido la operación con 10 sucursales, que proveían sus productos a 38 ciudades en el país para satisfacer la demanda del ramo metalmecánico, automotriz, cementero, siderúrgico, electrónico y químico.151 De manera paralela a este brillante desarrollo industrial, la familia Rocha Cantú era también dueña de la empresa Entertainment

148 De Ricardo Condelle Gómez al director federal de Seguridad cap. Luis de la Barreda Moreno, 149 150 151

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28 de diciembre de 1970, Monterrey, Nuevo León, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único, fojas 9-10. El Norte (2016), “Celebran su amistad”, 13 de febrero, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (2017), “Acribillan sicarios a un empresario”, 8 de septiembre, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (2004), “Certifican calidad internacional de Cymsa. El personal, la tecnología, infraestructura, experiencia y enfoque al cliente, la colocan como una de las empresas líderes a nivel nacional”, 20 de junio, Monterrey, p. 2, sección G.

Enterprises of Mexico, S. A. de C. V., la compañía que operaba al Casino Royale,152 junto con Atracciones y Emociones Vallarta. El atentado en el Casino Royale mereció la visita directa de Felipe Calderón y varios miembros de su gabinete presidencial, el 26 de agosto de 2011, para montar una guardia simbólica y depositar una ofrenda floral en memoria de las víctimas. Antes de su arribo a Monterrey, Calderón había decretado tres días de luto nacional, como muestra adicional de condolencia por el crimen.153 A pesar del luto, el gobierno de Felipe Calderón concedió licencias para el funcionamiento de casinos y casas de juego aun horas antes de concluir su periodo. La beneficiaria fue la empresa Producciones Móviles, que recibió autorizaciones vigentes hasta 2037. Entre enero de 2004 y noviembre de 2012, es decir, durante los sexenios en que el pan ejerció el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación otorgó 14 permisos para la apertura de este tipo de establecimientos.154 Con el retorno del pri al gobierno federal, la Secretaría de Gobernación clausuró en abril de 2014 los casinos Palmas Miravalle y Palmas Cumbres, que eran propiedad de Juan José Rojas Cardona en Monterrey, después de que revocó el permiso para operar casas de apuesta que concedía esa dependencia.

152 Reporte Índigo (2013), “Raúl Rocha: confesiones del dueño del Royale”, 27 de enero, Mé-

xico, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. bbc News (2011), El dolor que deja en México el ataque al Casino Royale”, 26 de ­a gosto, 153 Londres, Reino Unido, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]; también Expansión (2011), “Calderón declara luto nacional por ataque al Casino Royale en Monterrey. En conferencia de prensa, el presidente dijo que los autores del crimen eran ‘verdaderos terroristas’”, 26 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]; Expansión (2011), “Monterrey: Calderón deja ofrenda en Casino donde murieron 53 personas”, 26 de agosto, México, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018] . 154 La Jornada (2014), “Gobiernos panistas otorgaron 14 permisos para operar casinos. Algunos tienen vigencia ilimitada y otros vencen hasta 2037. Calderón entregó licencias unas horas antes de dejar el poder”, 12 de enero, México, p. 11, disponible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018].

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También le cerró uno más en Cancún, Quintana Roo.155 Rojas Cardona tramitó un ­amparo que perdió en definitiva en noviembre de 2014, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D ­ istrito Federal emitió un fallo en contra de su empresa, Entretenimiento de México, S. A. de C. V. La resolución determinó el cierre definitivo de 26 casinos que ­Rojas Cardo­na mantenía funcionando en el país, entre ellos, Palmas Escobedo, ­Palmas Guadalupe, Palmas Santiago, Palmas Bellavista y Palmas Monterrey, en el estado de Nuevo León.156 Las subredes de poder emergentes que alcanzaron a controlar recursos institucionales estratégicos, como el gobierno federal, no fueron penalizadas. No obstante, la propia que alcanzó la victoria electoral en 2012 parecía desplazar a los allegados de las precedentes de la posibilidad de mantener las prácticas irregulares y la relación aparentemente privilegiada con actores y subredes criminales específicas. De cualquier manera, a lo largo del periodo 2000-2012, la información ­aportada satisface nuevamente los criterios de evidencia necesaria para demostrar la acumulación institucionalizada de capital ilícito, al mostrar los siguientes criterios: 1) alta frecuencia de actividades y prácticas propias de lavado de ­d inero en los circuitos del juego y las casas de apuestas, 2) existencia de escasos controles contra el lavado de dinero, con la inoperancia de los mecanismos r­ egulatorios establecidos y 3) Débil aplicación o aplicación selectiva y discrecional del régimen antilavado de dinero, con la permanente inobservancia de la Segob y de las autoridades locales en lo referente a sus obligaciones de investigación previa del historial de aspirantes a concesionarios y la posterior supervisión de la operación de tales establecimientos. Satisface también los siguientes criterios de evidencia suficiente para la exis­ tencia de acumulación institucionalizada de capital ilícito: 1) sociedad empresarial entre actores vinculados con actividades ilícitas y e­ mpresarios de alto nivel —piénsese en el caso Cymsa y su relación con Atracciones y Emociones Vallarta— y 2) propiedad directa o indirecta de empresas de alta importancia por parte 155 Proceso (2014), “Clausuran casinos del ‘Zar’ Rojas Cardona”, 24 de abril, México, disponible

en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018]. 156 Milenio (2014), “Rojas Cardona pierde ‘imperio’ de 26 casinos”, 6 de noviembre, México, dispo­n ible en línea: , [consultada el 8 de julio de 2018].

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de actores vinculados a actividades ilícitas, como fue, por ejemplo, el caso de Rojas Cardona. Resta ahora realizar un breve recuento de algunos de los hechos más significativos de la guerra por Nuevo León, que permitirá mostrar evidencias nece­sa­ rias y suficientes sobre la continuidad de la impunidad institucionalizada, como producto de la vinculación de las subredes de poder consolidadas y emergentes con intereses delictivos contrapuestos y la configuración de circuitos institucionales para brindarles protección.

Nuevo León bajo fuego El 22 de abril de 2001, el periódico regiomontano El Norte publicó como nota principal la realización de una cabalgata “contra el narco” en la que ­participaron los gobernadores de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. Se trataba de un acto simbólico con el que pretendían mostrar unidad de c­ riterios en el combate a la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y los hechos de violencia que afectaban cada vez más sus entidades federativas.157 Siete días más tarde, el mismo diario publicó una entrevista con el gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, quien solicitó mayor presencia de elementos de la pgr y un sellamiento integral de la frontera norte para evitar que las organizaciones delictivas se desplazaran a aquellos puntos donde la presencia de operativos en su contra fuera menor. Presumió de haber creado en su estado cinco subprocuradurías para descentralizar la investigación de los delitos, además de quintuplicar el presupuesto asignado por el gobierno estatal al rubro de seguridad pública. También, de separar de sus funciones a 2 000 policías de las corporaciones del estado por sospecha de colusión con la delincuencia.158 ­Difícilmente se podía imaginar entonces que el mismo ­hombre que 157 El Norte (2001), “‘Galopan’ contra el narco. Realizan cabalgata gobernadores de Nuevo León, 158

Coahuila y Tamaulipas. Pactan Canales, Martínez y Yarrington actuar ‘a todo galope’ para frenar entrada de cárteles”, 22 de abril, Monterrey, p. 1. El Norte (2001), “No vamos a encubrir a nadie. Tamaulipas, como la mayoría de los estados fronterizos, ha sido afectada por el narcotráfico. Tomás Yarrington, gobernador del estado, afirma en entrevista que mientras el narco tenga por donde transitar, será difícil que se

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se ­jactaba de llevar a cabo tales estrategias contra el crimen en su estado enfrentaría, años más tarde, múltiples evidencias incriminatorias en relacióncon la protección a la organización criminal de Osiel Cárdenas Guillén y al grupo delic­tivo p ­ aramilitar que constituyó en un principio su guardia personal, Los Zetas, causa por la que enfrenta un juicio penal en Estados Unidos.159 De cualquier manera, el gobernador Canales Clariond, de Nuevo León, secundó la moción de su homólogo Yarrington.160 Al igual que este último, Cana­ les también solicitó mayor presencia de la pgr en su entidad federativa, así como mayor intercambio de información para casos ligados al tráfico de drogas o al terrorismo.161 En general, a pesar de los hechos de violencia que habían ocurrido ya en el área metropolitana de Monterrey, la percepción oficial en esa época era que el estado de Nuevo León mantenía condiciones de seguridad bastante aceptables. Así lo expresó Adolfo Aguilar Zínser, coordinador de Seguridad Nacional de la recién estrenada administración de Vicente Fox.162 En los hechos, las condiciones locales mostraban ya signos de alerta significativos. La disputa por Nuevo León inició como una extensión de la confrontación entre organizaciones delictivas que operaban en Tamaulipas, pero tenían intereses o buscaban resguardo en Nuevo León. El epicentro de la disputa tuvo lugar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la zona de intercambio comercial por vía terrestre más importante entre México y Estados Unidos.163

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termine”, 29 de abril, Monterrey, p. 18A. Véase también El Norte (2001), “Demandan s­ ellar frontera al narco. Promete Yarrington castigar a funcionarios que tengan nexos con el ­crimen organizado”, 29 de abril, Monterrey, p. 1. United States District Court, Southern District of Texas, Brownsville Division, United ­States of America vs. Tomás Yarrington Ruvalcaba and Fernando Alejandro Cano Martínez, Criminal No. B-12-435-S1, document 20, Superseeding Indictment. El Norte (2001), “Apoya Canales sellar frontera al narco”, 30 de abril, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (2001), “Pide Canales para nl más vigilancia federal”, 29 de abril, Monterrey, p. 1. El Norte (2001), “Afirman que figura nl entre estados más seguros”, 6 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). Por el puente fronterizo de Nuevo Laredo cruzaban diariamente 13 000 camiones en promedio, en ambos sentidos, así como 1 800 vagones de carga de ferrocarril, lo que representa el 40% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Por Nuevo Laredo se trafican 52% de los pedimentos aduanales establecidos en la frontera entre México y el estado de Texas, Estados Unidos. Nuevo Laredo cuenta con 500 agencias aduanales y 250 líneas

De la disputa por Nuevo Laredo a la confrontación por Nuevo León La disputa inició entre dos redes criminales oriundas de la entidad que pretendían hegemonizar el tráfico de drogas por Nuevo Leredo, Tamaulipas: Los Chachos, encabezados por Dionisio Román García Sánchez (a) el Chacho, y Los Texas, con Arturo Martínez Herrera (a) el Texas, como líder. Cada facción contaba con antecedentes y respaldos distintos. García Sánchez era hijo de un comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, Óscar García Tene­y uque, y él mismo se habría desempeñado como agente de la corporación. Según señalan algunas fuentes, Dionisio Román García Sánchez contaba con algún grado de apoyo por parte de la organización de Juan García Ábrego.164 Tras el traslado de éste a Estados Unidos, la organización de el Chacho ­mantuvo alianzas con traficantes sinaloenses.165 En esta época, las redes de traficantes sinaloenses atravesaban un proceso de rearticulación. Algunos de sus integrantes, como Arturo Beltrán Leyva, eran identificados aún por los periodistas y por las propias autoridades como miembros del Cártel de Juárez que conformaron en su momento junto con Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, tras la muerte de éste, no se mantuvieron leales a su sucesor: Vicente Carrillo Fuentes. Por este motivo algunas fuentes iden­ tifican a el Chacho García Sánchez como aliado del Cártel de Juárez, aunque en realidad se alineaba con la naciente red delictiva que habría de ser conocida como Cártel de Sinaloa, representada por la alianza entre los hermanos

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de transporte. Es el mayor puerto terrestre entre México y Estados Unidos, con tres puentes vehiculares y uno de ferrocarril. Véase sitio web del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (icee): , [consultada el 16 de julio de 2018]. El Norte (2002), “‘El Chacho’. De ladrón de autos a capo de la frontera. Aseguran que Dionisio Román García Sánchez era dueño de la mitad de Nuevo Laredo”, 16 de mayo, Monterrey, p. 11B. También se describen aquí aspectos de la trayectoria de Dionisio Román García Sánchez, entre ellos, que su padre fue comandante de la pje de Tamaulipas y su alianza con grupos sinaloenses, véase El Universal (2002), “Buscan desmantelar banda de narcos”, 31 de ­marzo, México, disponible en línea: , ­[consultada el 15 de julio de 2018].

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Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno.166 En Nuevo Laredo, Los Chachos contaron con la alianza de los hermanos Beltrán Leyva y de su operador en la entidad, Edgar Valdez Villarreal (a) la Barbie, un mexico-americano que encabezó su brazo ejecutor en el noreste de la República, en Tamaulipas y Nuevo León y, después, en el centro y sur del país. Valdez Villarreal era un distribuidor de drogas en pequeña escala en Laredo, Texas, Estados Unidos, que se surtía con el Chacho García Sánchez, en la vecina ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Un amigo de éste, de nombre ­Javier Martínez Pérez, lo presentó en una reunión celebrada en la Ciudad de México con Jaime Gamaliel Valdez Martínez, ex comandante de la Policía Judicial de Nuevo León y con Arturo Beltrán Leyva. Como se vio en el capítulo ante­rior, Arturo Beltrán Leyva tenía presencia verificada en Nuevo León al menos desde 2001. A Edgar Valdez Villarreal se le encomendó disputar la plaza de Nuevo Laredo a Osiel Cárdenas Guillén, a favor de la red de traficantes sinaloenses. Este intento se intensificó una vez que este último fuera detenido por autoridades federales el 14 de marzo de 2003: los traficantes sinaloenses enviaron, según el testimonio de Javier Martínez Pérez, a 200 pistoleros coordinados por Edgar Valdez Villarreal (a) la Barbie, un texano de nombre Diego Alberto Hernández Pérez y un ex agente de la Policía Judicial de Tamaulipas, Eloy Treviño.167 Sin 166 Como evidencia de este proceso, véase la información proporcionada por el subprocurador

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de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la pgr en 2003, José Luis Santiago Vasconcelos en El Universal (2003), “Los cárteles se reorganizan. Luego de la captura de 16 de sus jefes, siete organizaciones luchan por mantener su territorio; han s­ urgido nuevos grupos que buscan el control”, 20 de abril, México, disponible en línea: , [consultada el 16 de julio de 2018]. Reforma (2010), “El más violento mexico-americano”, 30 de agosto, Monterrey, p. 6, s­ ección Nacional. Un recuento menos detallado, pero que señala también la relación de V ­ aldez Villa­ rreal con García Sánchez y los Beltrán Leyva aparece en New Yorker (2015), “An ­A merican Drug-Lord comes home”, 21 de octubre, Estados Unidos, disponible en línea: ­, [consultada el 15 de julio de 2018]. En esta última fuente se narran contactos de Valdez Villarreal con agencias estadounidenses que implícitamente le permitieron continuar operan­do a cambio de que colaborara en la detención de Arturo Beltrán Leyva o de Joaquín Guzmán Loera, a cambio de acuerdos judiciales que le permitieran conservar parte de sus ganancias y reducción de condenas. Aparentemente, ninguno de esos acuerdos fue forma­l izado y, en consecuencia, tras su detención ocurrida el 30 de agosto de 2010, en Lerma, Estado de México, Valdez

embargo, la contraparte resistió y la Barbie se trasladó a Acapulco, Guerrero, en 2004, lugar a donde se extendió la confrontación. Ahí contó con la protección de agentes de la Agencia Federal de Investigación (afi), la corporación enca­bezada por Genaro García Luna que sustituyó a la Policía Judicial Federal dentro de la pgr.168 Edgar Valdez Villarreal (a) la Barbie fue detenido el 30 de agosto de 2010, en Lerma, Estado de México,169 tras que su jefe, Arturo Beltrán Leyva —de quien aparentemente se había separado ya— fue muerto a tiros por fuerzas de la Armada de México en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009.170 Había roto con la organización de Joaquín Guzmán Loera por atribuirle a éste la delación que condujo a la captura de su hermano, Alfredo Beltrán Leyva (a) el Mochomo, en enero de 2008, en Culiacán.171 Esta ruptura derivó incluso en la alianza de Arturo Beltrán con sus antiguos enemigos, Los Zetas.172 De regreso a finales de la década de 1990, en Nuevo Laredo, la otra facción en disputa estaba encabezada por los hermanos Arturo Martínez Herrera Villarreal fue extraditado a Estados Unidos en 2015. En 2018, se le sentenció a 49 años en prisión, en ese país. Respecto a su detención, véase Reforma (2010), “Cae ‘La Barbie’”, 31 de agosto, México, p. 1. Y en lo referente a su extradición y condena, véase Reforma (2015) “Extraditan a ‘La Barbie’”, 1 de octubre, México, p. 1; y bbc News (2018), “US Drug Lord ‘La Barbie’ Sentenced to 49 Years”, 11 de junio, Londres, disponible en línea: , [consultada el 15 de julio de 2018]. 168 Reforma (2010) “Hizo de Acapulco su centro de mando”, 31 de agosto, México, p. 6 sección Nacional. Reforma (2010), “Cae ‘La Barbie’…”, 31 de agosto, p. 1. 169 Reforma (2009), “Matan a Beltrán Leyva”, 17 de diciembre, p. 1. 170 Reforma (2008), “Cae operador de ‘El Chapo’”, 22 de enero, México, p. 1. En lo referente al 171 rompimiento, véase Reforma (2008), “Colocan ‘narcomantas’ en plazas en disputa. Exhiben los Beltrán Leyva protección a ‘El Chapo’ Guzmán”, 27 de agosto, México, p. 6, sección Nacional. 172 Informe de Garza [previsiblemente Anthony Garza, embajador de Estados Unidos en México durante la época], Embajada de Estados Unidos en México, referencia 08Mexico1766_a, 9 de junio de 2008, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Según este cable, el personal de inteligencia de Estados Unidos también consideraba probable la hipótesis de que el propio Joaquín Guzmán Loera hubiera decidido delatar a Alfredo Beltrán Levya, preocupado por la atención negativa que generaba para la organización la proclividad a la violencia de alto impacto de la que hacían uso corriente en sus operaciones sus hasta entonces asociados. Sobre el rompimiento, véase también Reforma (2008), “Investigan pactos de Beltrán con ‘Zetas’”, 24 de noviembre, versión en línea (de paga).

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(a) el Texas y Guillermo Martínez Herrera (a) el Borrado. La prensa tamaulipeca evidencia aspectos de su trayectoria delictiva al menos desde 1980. En mayo de ese año, Arturo Martínez Herrera agredió a pistoletazos a un policía del ­estado, dejándolo al borde de la muerte.173 En julio de ese mismo año, la ­prensa neolare­dense ubicaba a Arturo Martínez Herrera como líder de uno de los 20 grupos de traficantes de personas que operaban en esa localidad.174 Los Texas fueron otra organización delictiva que creció amparada por la protección de actores institucionales, si bien no alcanzó las proporciones de la red delic­tiva Guerra-García Ábrego. Por ejemplo, en 1981, los hermanos Martínez ­Herrera agasajaron al agente del Ministerio Público José Ángel Cortés Delgado por facili­tar su l­iberación tras encontrarse en prisión por la golpiza al agente ­policial.175 También recibieron la ventaja de sentencias reducidas que permitie­ron su liber­tad bajo fianza cuando fueron detenidos por infracciones a la Ley Gene­ral de Población —por tráfico de personas— a pesar de que algunos de ellos fueron detenidos en flagrancia por agentes de la pjf bajo el mando del coordi­nador de agentes del Ministerio Público Federal, José Carlos Aguilar ­Garza, de quien se ha hablado ya en capítulos previos.176 En agosto de 1982, la prensa de Nuevo Laredo publicó una nota donde afirmaba que el jefe de la dfs en la l­ocalidad, Víctor Manuel Huerta, cobraba 50 000 pesos mensuales a 173 El Mañana de Nuevo Laredo (1980), “Buscan afanosamente a ‘El Texas’”, 25 de mayo, Nuevo

Laredo, p. 6, segunda sección. El 174 Mañana de Nuevo Laredo (1980), “20 bandas de pateros explotan humanos en Nuevo Lare­ do”, 7 de octubre, Nuevo Laredo, pp. 1 y 4, segunda sección. El 175 Mañana de Nuevo Laredo (1980), “Batida contra los pateros ordena Gobernación. Comida de Los Texas a Cortés D.”, 12 de julio, Nuevo Laredo, pp. 1 y 8, segunda sección. El 176 Mañana de Nuevo Laredo (1981), “‘Los Texas’, detenidos; hermetismo de Aguilar G. Ojalá no sea otra extorsión”, 7 de enero, Nuevo Laredo, pp. 1 y 4, segunda sección. Sobre su consignación, véase: El Mañana de Nuevo Laredo (1981), “Consignaron al juzgado de distrito a los pateros ‘Los Texas’”, 14 de enero, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección. También El Mañana de Nuevo Laredo (1981), “Difícil que ‘Los Texas’ queden libres: M. Cerda”, 16 de enero, Nuevo Laredo, p. 1, segunda sección, y El Mañana de Nuevo Laredo (1981), “Decretan auto de formal prisión contra los pateros ‘Los Texas’”, 20 de enero, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección. Sobre su sentencia y posterior reducción de pena: El Mañana de Nuevo Laredo (1981), “Sentencian 10 y 6 años de cárcel a los hermanos ‘Los Texas’”, 21 de junio, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección; y El Mañana de Nuevo Laredo (1981), “Libres los Texas; mediante argucias les redujeron la sentencia. Estuvieron en ‘La Loma’ sólo nueve meses”, 8 de octubre, Nuevo Laredo, p. 7, cuarta sección.

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Arturo Martínez Herrera (a) el Texas, por permitirle operar el tráfico de personas en la región.177 Una Corte Penal Federal en Estados Unidos les fincó una acusación formal por identificarles como responsables del homicidio de varios indocumentados en las inmediaciones de Houston, Texas, en 1982,178 e incluso se solicitó formalmente a la pgr su detención y procesamiento por ese delito, según expuso la prensa local.179 A pesar de todos los antecedentes, en ese mismo mes y año los hermanos Martínez Herrera concedieron una entrevista pública a El Mañana de Nuevo Laredo en las propias instalaciones del periódico. Negaron su parti­cipación en el tráfico de personas y en cualquier tipo de actividad ilícita.180 A juzgar por lo acontecido durante los siguientes 15 años, la petición no tuvo mayor efecto: a lo largo de ese periodo —y a pesar de su plena identificación por parte de las autoridades estatales y federales mexicanas y estadouni­ denses, la estructura criminal de Los Texas había variado sus actividades ilegales del tráfico de personas hacia el tráfico de drogas—. En 1994, Guillermo Martínez Herrera (a) el Borrado, quien encabezaba un convoy de seis camionetas con hombres armados, asesinó al comandante de la pjf Luis del Moral Zamudio, quien detuvo el vehículo en el que viajaba el delincuente con la pretensión de realizar una revisión de rutina.181 Tras el asesinato, efectivos de la pgr ­catearon los domicilios de Guillermo Martínez (a) el Borrado, a quien habían detenido tras el asesinato del comandante de la pjf. En ellos incautaron 31 armas largas entre las que figuraban varios fusiles de asalto AK-47, 6 armas cortas, un lanzagranadas y 2 185 cartuchos. Aseguraron también 89 vehículos, 12 ­cajas de tráiler y 9 plataformas. Los agentes reportaron asegurar

177 El Mañana de Nuevo Laredo (1982), “50 mil mensuales exige la dfs a los pateros para que

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operen libremente. Los que han arrestado, porque no habían pagado la ‘cuota’. Mundo Salinas y Arturo Martínez ‘El Texas’, los que trabajan sin ser molestados”, 19 de agosto, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección. El Mañana de Nuevo Laredo (1982), “Cayeron al fin ‘Los Texas’”, 25 de agosto, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección. Diario de Nuevo Laredo (1983), “Autoridades tras El Texas Martínez”, 7 de octubre, Nuevo Laredo, p. 8C. El Mañana de Nuevo Laredo (1982), “Somos ajenos a las imputaciones de la Border Patrol”, 26 de agosto, Nuevo Laredo, p. 5, segunda sección. Reforma (1994), “Acribillan a judicial. Se enfrentan agentes de la Judicial Federal con presuntos narcotraficantes”, 19 de julio, México, p. 6A.

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únicamente 2.14 kg de cocaína y 10 kg de mariguana.182 Arturo Martínez Herrera fue dete­nido el 19 de agosto de 1994, por agentes de la pjf, cuando circulaba por la carretera Ribereña número 2, en el tramo Piedras Negras-Nuevo Laredo, en las inmediaciones de la primera de estas ciudades, en Coahuila.183 El agente del Ministerio Público Federal Miguel Ángel Chávez Cantú lo consignó ante el juez cuarto de Distrito, Fernando Amorós, por al menos ocho delitos federales, que incluían acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.184 La pgr le incautó la compañía Transportes de Carga Sayro, ­ubicada en la Avenida 1 # 620, col. Central de Carga, en Piedras Negras, Coahuila. En ella, los agentes federales decomisaron tres tráilers, un tanque-pipa, nueve ­estructuras tipo jaula para tráiler, así como quince plataformas, según dio a c­ onocer en su momento el delegado de la institución en la entidad, Roberto Soltero Acuña.185 Arturo Martínez Herrera (a) el Texas fue recluido en el Centro Federal de Rea­daptación Social (Cefereso) en Puente Grande, Jalisco, donde el 21 de enero de 1997, el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito lo condenó a 40 años de prisión por acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas ­A rmadas, delitos contra la salud, almacenamiento de cartuchos en cantidad mayor a la permitida y asociación delictuosa.186 Ahí entró en contacto con Joaquín Guzmán ­Loera (a) el Chapo y con Luis Héctor Palma Salazar (a) el Güero, con quienes se

182 Reforma (1994), “Catean casas de narcos”, 24 de julio, México, p. 4A. 183 El Norte (1994), “Atrapa pgr a jefe de banda ‘Los Texas’”, 20 de agosto, versión en línea (de 184 185 186

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paga). El Norte (1994), “Consignan ante juez al ‘Texas’”, 23 de agosto, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (1994), “Confiscan empresa a presunto narco”, 25 de agosto, Monterrey, versión en línea (de paga). pgr (1997), Boletín 049/97, “La pgr informa que Arturo Martínez Herrera (a) ‘El Texas’, integrante del cártel de Tamaulipas, fue sentenciado a 40 años de prisión”, 23 de enero. La cifra oficial de armas de fuego incautadas fue de 36. El nombre de la compañía de transportes de carga requisada era Autotransportes Sairo, donde se encontraron 10 kg de mariguana, según el referido boletín. La pgr atribuía a Los Texas operar en los estados de Tamaulipas y Coahuila. Véase también El Norte (1997), “Dan 40 años a ‘El Texas’”, 24 de enero, Monterrey, p. 4A.

alió para establecer una red de corrupción entre los funcionarios penitenciarios que les permitió mantener el control de la prisión.187 En 2001, a menos de un mes de la fuga de el Chapo Guzmán, la pgr fincó acusaciones penales en ­contra de 72 individuos que habían colaborado de alguna manera para facilitar la evasión, entre ellos, Héctor Luis Palma Salazar (a) el Güero Palma y Arturo Martínez Herrera (a) el Texas.188 En 2008, este último fue condenado a dos años y medio de prisión adicionales por ayudar al escape de el Chapo ­Guzmán del penal federal de Puente Grande, en Jalisco.189 Hacia la misma época, otro tanto hacía el hermano de Arturo, Guillermo Martínez Herrera (a) el Borrado, quien se apropió también del control del Centro de Readaptación Social conocido como La Loma, en Nuevo Laredo, Tamau­lipas, desde donde dirigía sus actividades ilegales al frente de Los Texas y mantenía al personal de vigilancia trabajando a su servicio. El Borrado llegó a instalar cámaras de circuito cerrado para monitorear el acceso a la zona de la prisión donde habitaba, desde el interior de la misma.190 Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, tras que la P ­ olicía Federal Preventiva tomó el control del penal, sofocando un motín que había organizado para evitar que se le cambiara de penal.191 Así, pues, entre 1998 y 2001 los traficantes sinaloenses tenían, por separado, alianzas con los líderes de las dos principales facciones delictivas que controlaban el tráfico de drogas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 7 de febrero de 1998, individuos armados secuestraron en Nuevo Laredo a José Clemente Ortiz Medina, un operador de Dionisio Román García Sánchez (a) el Chacho, que fue liberado al poco tiempo. El 26 de marzo del mismo año, agentes de la pjf catearon la casa de Ortiz Medina, donde hallaron 10 kg de cocaína, poco 187 Proceso (2014), “El Chapo: Puente grande, puerta abierta”, 22 de febrero, México, disponible en

línea: , [consultada el 16 de julio de 2018]. 188 El Norte (2001), “Acusa la pgr a 72 por fuga de ‘El Chapo’”, 20 de febrero, Monterrey, p. 1. 189 El Norte (2008), “Culpan a ‘Texas’ de fuga”, 31 de julio, Monterrey, p. 14. 190 Reforma (2000), “Consignan a 15 trabajadores del penal de Nuevo Laredo”, 26 de mayo, Méxi­ co, p. 1, sección Nacional. El Norte (2000), “Habitaba ‘El Borrado’ una celda súper lujosa”, 19 de mayo, Monterrey, p. 18A. El Norte (2000), “Inician juicio a ex director de La Loma”, 29 de mayo, Monterrey, p. 22A. Reforma (2000), “Trasladan a ‘El Borrado’ al penal de Almoloya”, 18 de mayo, México, 8A. 191 También pgr (2000), Boletín 249/00, 17 de mayo.

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más de 125 000 dólares y armas largas. El cateo se realizó con la asistencia del defensor legal de Ortiz Medina, Alberto García Gárate, quien afirmó que, en medio del operativo, un comandante no identificado de la pjf lo llevó aparte fuera de la casa y le informó que, por el bien de todos, era mejor que el Chacho García Sánchez cediera la plaza, porque el Güero Palma —amigo y asociado de el Chapo Guzmán, ambos traficantes sinaloenses— estaba interesado en ella.192 En 1998, la organización de Los Texas disputaba ya la hegemonía por Nuevo Laredo, Tamaulipas a Los Chachos.193 Tras el vacío dejado por la expatriación de García Ábrego en 1996, dos grupos delictivos tamaulipecos se enfrentaban entre sí, cada uno con conexiones con traficantes sinaloenses que terminaron in­ tegrados en una misma organización: el denominado Cártel de Sinaloa. Y en entre 1998 y 1999, Osiel Cárdenas Guillén, un ex auxiliar meritorio (madrina) de la pjf a quien algunas fuentes identificaban como entrenador de perros encargados de detectar droga, para esa corporación, consolidaba su 192 Nájar, Alberto (1998), “La guerra por la frontera chica”, La Jornada, 13 de diciembre, dispo193

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nible en línea: , [consultada el 16 de julio de 2018]. Proceso (1999), “Según la pgr, las principales organizaciones fueron ‘desmanteladas’. En su lucha por el creciente mercado interno, los cárteles de la droga siembran la muerte en el norte de México”, 17 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 15 de julio de 2018]. En 1999, el semanario Proceso apreciaba ya en Nuevo Laredo una pugna entre grupos delictivos vinculados a traficantes sinaloenses y otros tantos oriundos de Tamaulipas. Entre estos últimos menciona a Los Texas. Es probable, sin embargo, que las afiliaciones y alianzas que la nota consigna no sean precisas, dado el periodo de rearticu­lación de los grupos delictivos en el que fue redactada. Por ejemplo, la información señala que, en Nuevo Laredo, las organizaciones disputantes eran la de Dionisio García (a) el ­Chacho, enfrentado a Los Texas, de los hermanos Martínez Herrera, hecho que, como se ha visto, ha sido confirmado por diversas fuentes. No obstante, afirmaba también la dispu­ ta entre Humberto García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, y Juan José Esparra­ goza Moreno (a) el Azul, entonces identificado como parte del Cártel de Juárez. Si bien no es posible descartar sin más esta afirmación, no se localizó mayor información pública que permita determinar el eventual papel desempeñado por Humberto García Ábrego y su red familiar en los circuitos del tráfico de drogas tras la expatriación de su hermano, ni su disputa con Esparragoza Moreno. Como se verá, la confrontación entre los traficantes sinaloenses y tamaulipecos estuvo encabezada, en el caso de estos últimos, por la organi­zación de Osiel Cárdenas Guillén, quien no evidencia vínculos cercanos a la familia de García Ábrego ni a su red delictiva.

propio control del tráfico de drogas en Matamoros, Tamaulipas. Osiel Cárdenas era un asociado de Salvador Gómez Herrera (a) el Chava, a quien acabaría asesinando para adueñarse de sus operaciones de tráfico de drogas, según refirieron ­testigos protegidos que vieron de cerca su ascenso.194 Cárdenas Guillén consolidó su poder sobre Matamoros y, después, sobre varias regiones estraté­g icas para el negocio ilícito amparado por un grupo de ex integrantes de ­f uerzas espe­ciales del ejército convertidos en agentes de la pjf, a los que ­había c­ ontratado para formar el brazo armado de su organización: Los Z ­ etas. Se trataba de ex miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (gafe) del Ejército Mexicano, un cuerpo militar que se había creado en agosto de 1990, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.195 La prensa de ­Brownsville, Texas, aseguró que buena parte de ellos se habían formado en la Escuela de las Américas, instalada en Fort Benning, tras la reubicación de esa institución desde Panamá. Según The Bronwsville Herald, Los Zetas estuvie­ron conformados originalmente por 31 individuos que pertenecieron al gafe, de los cuales, al menos un tercio había recibido entrenamiento por parte de las fuerzas armadas estadouni­denses.196 Las autoridades mexicanas y estadounidenses han rechazado oficialmente que Los Zetas hubieran sido entrenados en Estados Unidos.197 Osiel Cárdenas y su organización empezaron también a disputar Nuevo Lare­do a la luz de una traición cometida por Dionisio Román García Sánchez (a) el Chacho en febrero de 2002. Cárdenas había acordado el cruce de dos 194 El Norte (2003), “Logra Osiel ascenso veloz tras asesinar a sus aliados”, 15 de marzo, Mon-

terrey, p. 2A. Secretaría de la Defensa Nacional (1990), Acuerdo 32288, Sedena, México, disponible en 195 línea: , [consultada el 16 de julio de 2018]. The Brownsville Herald (2003), “U.S. Trained. Hired Assassins Learned Trade in U.S.-Run 196 School of the Americas. Cartel Enlists Ex-Elite Soldiers”, 19 de octubre, Brownsville, Estados Unidos, pp. A1-A10. Un 197 rastreo de los antecedentes militares de Los Zetas, donde se rechaza su entrenamiento por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos puede apreciarse en El Norte (2004), “Muestran ‘Los Zetas’ poderío. Entre la lista de 31 sicarios hay cinco ex tenientes y subtenientes del Ejército, 3 ex sargentos y 3 ex cabos identificados, y el resto fueron soldados rasos”, 12 de septiembre, Monterrey, p. 19A.

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toneladas de cocaína por Nuevo Laredo con el Chacho, quien aparentemente había aceptado la operación, según refirió un integrante de su red criminal convertido en testigo colaborador, con la clave de identificación “Rafael”. A pesar del acuerdo, agentes de la pjf asociados con el Chacho intentaron detener a los integrantes de Cárdenas Guillén. Los miembros de la organización de Osiel Cárdenas lograron desarmar a los policías, pero no ejercieron violencia en su contra. Éstos los sometieron a una persecución para detenerlos. ­Eduardo Costilla (a) el Coss, uno de los lugartenientes de Cárdenas Guillén a cargo de esa operación, les indicó por radio a sus subordinados que se replegaran del l­ugar sin confrontar a los policías aliados con el Chacho. Como resultado de esta acción, Osiel Cárdenas ordenó a Arturo Guzmán Decena (a) el Z 1, ­entonces al frente del grupo armado, concentrar la acción de Los Zetas en Nuevo Laredo, para arrebatarle la plaza a Los Chachos, que para entonces estaban ya plenamen­ te aliados al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Milenio, de los michoaca­nos ­A rmando Valencia Cornelio y Luis Valencia, quienes también tenían intereses por posicionarse en esa plaza fronteriza.198 Fue así como empezó la guerra por Nuevo Laredo, entre las organizaciones de Osiel Cárdenas Guillén y de los traficantes sinaloenses y michoacanos, que se extendería después a Nuevo León y, posteriormente, a gran parte del país. En Nuevo Laredo, esto tuvo por efecto inmediato la confrontación de ­Cárdenas Guillén con los asociados de los anteriores: Los Chachos y los remanentes de Los Texas.199 198 El Universal (2005), “Cárteles en guerra al norte del país”, 26 de junio, México, disponible en

línea: , [consultada el 16 de julio de 2018]. También Nájar Alberto (2005), “La guerra del Narco por dentro. Dos toneladas de coca en el inicio de la disputa por Nuevo Laredo”, Masiosare- La Jornada, 10 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018]. Reforma (2003), “Azota a Nuevo Laredo escalada de violencia”, 2 de agosto, México, p. 6A. 199 Reforma (2003), “Vive Laredo guerra de cárteles”, 11 de agosto, México, p. 12A. Sobre la embestida contra los remanentes de Los Texas, Heriberto Lazcano Lazcano (a) Lazca, el líder de Los Zetas tras la muerte de Arturo Guzmán Decena, ordenó en marzo o abril de 2005 a Miguel Ángel Treviño Morales (a) el Z 40, atacar a las células que aún quedaban de ellos en Nuevo Laredo, para afianzar el control de la organización de desertores militares sobre esa localidad, según atestiguó el testigo protegido “Karen”. Véase Padgett, Humberto (2013), “Yo maté con el Z-40: la historia de ‘Karen’”, Sin Embargo, 17 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018].

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Varios de los integrantes de la organización de Dionisio Román García Sánchez (a) el Chacho se refugiaron en Nuevo León, donde fueron perseguidos por Los Zetas. Ése fue el motivo de la irrupción del grupo armado en el palenque de la exposición ganadera en Guadalupe, el 6 de mayo de 2001, para asesinar a Edelio López Falcón (a) el Yeyo, asociado de García Sánchez.200 Finalmente, Los Zetas lo mataron en el restaurante Café Madoka, en el cruce de Golfo de Cortés y Tarascos, en el fraccionamiento Monraz, de Guadalajara, Jalisco.201 Desde 2002, la pgr afirmó que buscaba a integrantes de Los Chachos en Nuevo León.202 Según evidencian los resultados, Los Zetas tuvieron mayor suerte en la búsqueda o eran más diligentes. El 2 de abril de 2003 asesinaron a entre seis y nueve integrantes de la organización rival, en Nuevo León.203 El Chacho fue asesinado por Los Zetas el 13 de mayo de 2012. En la madru­ gada de ese día, uno de sus comandos irrumpió en el domicilio ubicado en Hono­rato de Balzac # 151, en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, donde mató a Juvenal Sánchez Torres (a) el Juve, asociado del Chacho, y secuestró a cinco integrantes más de la organización, entre ellos el propio Chacho. El cadáver de Dionisio Román García Sánchez fue encontrado en una brecha del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por la tarde de esa misma fecha.204 El 14 de marzo de 2003, un operativo militar detuvo a Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros Tamaulipas.205 Prácticamente de inmediato se le envió al Centro Federal de Readaptación Social La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México.206 El 19 de enero de 2007, Cárdenas Guillén fue entregado en extradición a Estados Unidos, junto con otros líderes del tráfico de drogas internados en 200 El Norte (2001), “Buscaban a ‘El Yeyo’ sicarios de ‘El June’”, 15 de mayo, Monterrey, p. 1. 201 El Norte (2003), “Ejecutan a ‘El Yeyo’ en Jalisco”, 7 de mayo, Monterrey, p. 1. También La

202 203 204 205 206

Cróni­ca de Hoy (2003), “Ex militares habrían asesinado a ‘El Yeyo’”, 8 de mayo, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018]. El Norte (2002), “Busca pgr en Nuevo León a ‘Los Chachos’”, 15 de octubre, Monterrey, p. 13B. El Norte (2003), “Cobran deuda a ‘Los Chachos’”, 4 de abril, Monterrey, p. 1. El Norte (2002), “Tenían ‘Chacho’ y ‘Juve’ cuentas pendientes en nl”, 15 de mayo, Monterrey, p. 1B. El Norte (2003), “Dan golpe a Cártel; enciende nl alerta. Captura el Ejército en Matamoros a Osiel Cárdenas en medio de una balacera”, 15 de marzo, Monterrey, p. 1. El Norte (2003), “Encarcelan a Osiel en La Palma. Revelan que sicarios detenidos eran militares desertores”, 16 de marzo, Monterrey, p. 16A.

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prisiones mexicanas.207 Entre la fecha de su captura y 2009, su organización se mantuvo unificada. No obstante, según dieron a conocer ­medios mexicanos y estadounidenses, en ese año, Cárdenas Guillén pactó con la fiscalía federal de Estados Unidos un acuerdo de colaboración, mediante el cual se comprometía a declararse culpable, entregar 50 000 000 de dólares obtenidos con sus actividades ilegales, así como información de sus antiguos subordinados a cambio de beneficios judiciales. En 2010, la Corte Federal de Houston, Texas le dictó una sentencia de 25 años —benévola, en c­ onsideración de la cantidad, tipo y dimensión de delitos de los que era responsable—.208 En Nuevo León, se superpusieron dos conflictos armados de proporciones no vistas desde los años de la Revolución: la lucha entre las organizaciones occi­ dentales y sus aliados locales en contra de Los Zetas y el denominado Cártel del Golfo —en esta nueva versión, los traficantes tradicionales más ligados a la familia Cárdenas Guillén—; y la lucha derivada de la fractura entre estas dos últimas agrupaciones, especialmente agudizada hacia 2010. En esta violencia, que comenzó a gestarse hacia 1998 y que carece de una fecha clara de término, la entidad se vio inmersa en un baño de sangre sin precedentes, que incluyó virtualmente la afectación general del panorama de seguridad del estado. Ya en 2007, el incremento de la violencia era inocultable y las estrategias de amedrentamiento desplegadas por las organizaciones delictivas habían pasmado prácticamente a las fuerzas de seguridad locales —que ya no estaban dispuestas a investigar incluso actos delictivos de menor proporción—, como a los propios medios de comunicación.209 No sin paradoja, antes del agudo repunte de 2011, el interés público en el tema de la violencia asociada a las organizaciones del tráfico de drogas parecía 207 El Norte (2007), “Entregan a capos esposados de pies y manos”, 21 de enero, Monterrey, p. 5, 208

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sección Nacional. Corchado, Alfredo y Kevin Krause (2016), “Acuerdo mortal. El trato entre un capo y Estados Unidos provocó una guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo que bañó de sangre a México y se resintió en el norte de Texas”, The Dallas Morning News, 14 de abril, Dallas, Texas, Estados Unidos, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018]. También El Norte (2016), “Acuerdo Osiel-eu agrava violencia”, 15 de abril, Monterrey, p. 1. Informe de Moreno, Consulado de Monterrey, referencia 07Monterrey527_a, 18 de mayo de 2007, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018].

decrecer cuando las organizaciones en disputa focalizaron sus acciones homi­ cidas en contra de vendedores de droga al menudeo y a quienes les debían ­d inero. Así lo reportó en 2008 el Consulado de Estados Unidos, que ­consideró que la población neoleonesa se había acostumbrado a la violencia, a la que desestimaba por centrarse en actores de bajo rango, mientras que las fuerzas estatales y municipales habían cesado de desarrollar tareas sustantivas en la materia, a pesar —o precisamente por ello— de que 29 funcionarios de seguridad de dichas instituciones habían sido ejecutados entre el 1° de enero y el 12 de marzo de ese año.210 Después de 2010-2011, la atención resurgiría debido al notable aumento de hechos de violencia que ocurrió en ese periodo. Un recuento medianamente detallado de los múltiples hechos de violencia que ocurrieron en el estado durante ese periodo excede los límites posibles de este trabajo y requiere de una obra específica, por lo que aquí se atendieron únicamente algunos de sus aspectos detonadores y hechos sustantivos. Baste señalar, que estos conflictos armados resquebrajaron el panorama de seguridad de la entidad. Por ejemplo, en lo referente a algunos de los delitos de alto impacto, el total de homicidios dolosos reportados en Nuevo León por la Procura­ du­ría General de Justicia en 1997 fue de 163; los secuestros 5; las extorsio­nes 8; los vehículos robados con violencia 159 y sin violencia 2 670. En 2011, el año de mayor violencia en el contexto de la confrontación, los homicidios dolosos reportados por la fiscalía estatal fueron 2 003; los secuestros 51; las extorsiones 61; los vehículos robados con violencia 11 911 y sin violencia 9 132.211 Cabe destacar que, en 2011, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2012, la cifra negra de delitos — los delitos no reportados a la autoridad— fue del 94%; la tercera más alta a nivel nacional, sólo inferior a la de Guerrero (96.2%) y Veracruz (94.1%).212 210 Véase Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 08Monterrey121_a, 12 211

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de marzo de 2008, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Segob-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, Segob-sesnsp, 20 de junio, México, s.p. disponible en línea: , [consultada el 18 de julio de 2018]. inegi (2012), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), s.f., disponible en línea: , [consultada el 18 de julio de 2018]. Los datos se descargan en documento de Excel, en la pestaña “Tabulados”, numeral “III Denuncia del Delito”. Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 08Monterrey458_a, 12 de octubre de 2008, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Ningún grupo delictivo reivindicó la autoría del ataque. El personal diplomático estadounidense dijo como hipótesis que la acción podría haber sido efectuada como represalia por los esfuerzos antinarcóticos del gobierno de ese país, en general, y por iniciativas en la materia —no precisadas en el cable— por parte del propio Consulado, en particular. Las altas horas de la noche en que tuvo lugar el ataque, así como el hecho de que la granada no hubiera explotado por no habérsele extraído la espoleta, sugería al personal consular que se había tratado únicamente de un mensaje de amedrentamiento. En 2009, personal del ­Departamento de Segu­r idad Interior (Department of Homeland Security) y del U.S.A. Immigration and ­Customs Enfor­ cement (ice) adscrito Consulado reportó también que había sido sujeto de seguimientos personales en vehículos e intentos de actores no identificados por ingresar al domicilio de uno de ellos. Véase Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey80_a, 17 de febrero de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Informe de Williamson B., Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey14_a, 12 de enero de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. La granada que se empleó fue distinta a la utilizada en el ataque al Consulado, en 2008. La que se arrojó a las instalaciones de Televisa era una granada militar de Estados Unidos tipo M67. El cable

Aún hoy día suceden hechos de violencia derivados de las dinámicas de fragmentación y confrontación entre organizaciones que tuvieron lugar a lo l­ argo de la primera década de este siglo, así como de aquellas otras de carácter delictivo que han proliferado desde entonces como la extorsión, los secuestros, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.215 Todos estos datos dan cuenta de la grave crisis de seguridad que enfrentó Nuevo León en este periodo de aguda confrontación entre organizaciones criminales y de éstas contra el aparato de seguridad del Estado en sus distintos ámbitos de gobierno. En estas disputas, cada una de las organizaciones participantes tuvo apoyos irregulares de actores institucionales. No todas ellas tenían una consolidación equivalente: mientras que los grupos occidentales identificados con Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, por ejemplo, contaban con larga trayectoria y múltiples contactos con el aparato de poder, la estructura criminal de Osiel Cárdenas, más caracterizada por su condi­ción emergente, construyó de manera gradual ese tipo de conexiones.216

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especificó que cinco granadas de este tipo se habían decomisado en una casa de seguridad del Cártel del Golfo, días después del ataque a la sede consular. Desde 2008, el Consulado de Estados Unidos reportó el aumento de las quejas de organizaciones mexicanas de Derechos Humanos —la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la ong Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (Cadhac)— referentes al incremento de detenciones arbitrarias derivadas de la guerra contra las drogas. No obstante, destacó las diferencias estadísticas que presentaban una y otra y aseguró que en la comisión de este tipo de hechos violatorios la responsabilidad recaía esencialmente en las policías estatales y municipales, eximiendo de responsabilidad al Ejército mexicano. Véase Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 08Monterrey182_a, 10 de abril de 2008, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. En una llamada telefónica a un noticiero nacional, realizada desde la penitenciaría federal de Almoloya de Juárez, Cárdenas Guillén expresó su apreciación sobre un combate s­ esgado en su contra, por parte de las autoridades de la pgr. Véase Reforma (2004), “Acusa Osiel a pgr de chantaje”, 19 de octubre, México, versión en línea (de paga). No obstante, el diario El Norte mostraba elementos que apuntaban a su relación cercana con miembros del Ejército de alto rango. El periódico ejemplificó con el caso del general Ricardo Martínez Perea, a quien se le formó un juicio castrense por la presunción de proteger a Cárdenas Guillén, con base en los hechos imputados a sus subordinados, el capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz y el teniente de la misma arma Javier Antonio Quevedo Guerrero, quienes fueron relacionados también con el traficante de drogas. El Norte (2003), “Revelan nexos de Osiel

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En el primero de los casos mencionados, el apoyo recibido parece haber trascendido diferencias de partido en el gobierno estatal, en Nuevo León. La evidencia parece corroborar lo anterior. Desde 2007, por ejemplo, un informe secreto del Consulado de Estados Unidos en Monterrey reportaba una escalada de violencia sin precedente en la ciudad: 33 asesinatos en menos de tres meses, de los cuales, 15 habían sido policías. Cinco de ellos, en eventos separados, durante el transcurso de la semana previa a la redacción del informe. Pero además destacaba un hecho específico: los cuerpos de dos hombres no identificados fueron encontrados el 20 y 21 de marzo de ese año, con mensajes adosados. En ambos casos hacían referencia al secretario general de Gobierno de Nuevo León, Rogelio Cerda Pérez, y al procurador general de Justicia del Estado, Luis Carlos Treviño de la administración del gobernador Natividad Gonzá­lez Parás (2003-2009, pri). Señalaban que los asesinatos continuarían hasta que ambos funcionarios dejaran de proteger a altos miembros del Cártel de Sinaloa —el reporte no indicó su identidad— y amenazaban con asesinar a la fami­lia de Cerda. El informe precisaba que los contactos del personal diplomático dentro de las instituciones estatales de seguridad estaban de acuerdo en que Rogelio Cerda podría estar potencialmente involucrado en actividades ilegales y corrupción. Éstas parecían incluir a los hermanos del propio gobernador y al Cártel de Sinaloa. Señalaron que carecían de apoyos por parte de la Secretaría General de Gobierno para su labor en contra de la delincuencia organizada. Añadieron que el procurador Carlos Treviño y Héctor Santos, el director de la Unidad de Investigación del estado, estaban paralizados por miedo a posibles represalias violentas si indagaban los asesinatos de alto impacto que habían tenido lugar.217 En 2006, Marcelo Garza y Garza, el titular de la Agencia Estatal de Investigación (aei) fue asesinado. Se responsabilizó del hecho a

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con Ejército y la pgr”, 25 de marzo, Monterrey, p. 16A. Y en 2005, otra publicación del mismo medio señaló que un documento del fbi informaba que, en Coahuila, Los ­Zetas operaban con el apoyo del ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, un general del Ejército mexicano: El Norte (2005), “Liga fbi a Macedo con ‘Zetas’. Revelan que pistoleros operaban en Coahuila con la ‘bendición’ del ex titular de la pgr”, 11 de diciembre, Monterrey, p. 1. Informe de Moreno, Consulado de Monterrey, referencia 07Monterrey334_a, 23 de marzo de 2007, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018].

Omar Ibarra Lozano (a) el 34 o el Caballo, sucesor en esa plaza de Héctor Huerta Ríos (a) la Burra y de Rodolfo López Ibarra (a) el Nito. Tanto éstos como Ibarra Lozano fueron los miembros de la organización Beltrán Leyva destinados a encabezar durante esa época las operaciones en el municipio de San Pedro Garza García. Las fuentes del Consulado estadounidense en Nuevo León vinculaban al secretario general de Gobierno de la administración priísta, pero también a varios funcionarios y políticos panistas, con el Cártel de Sinaloa,218 del que entonces formaba parte el grupo delictivo de los hermanos Beltrán Leyva. Rogelio Cerda Pérez renunció a la Secretaría de Gobierno del estado de ­Nuevo León el 4 de julio de 2007, tras desempeñarse en el cargo desde el 25 de noviembre de 2005. El semanario Proceso precisó información de interés, complementaria a la consignada en el cable del Consulado que hacía ­referencia al secretario general de Gobierno. Señaló, por ejemplo, que en distintas ­ocasio­nes durante la gestión de Cerda aparecieron restos humanos con mensajes o ­mantas en la vía pública donde los victimarios y redactores exigían a él y al procu­rador Luis Carlos Treviño Berchelmann dejar de proteger a Héctor Huerta, al Chapo Guzmán, a la Barbie y a Arturo Beltrán Leyva. Cerda Pérez fue sustituido en el cargo por el entonces diputado federal, Rodrigo Medina de la Cruz, quien se había desem­peñado al frente de una institución estatal de inteligencia y como secretario técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad estatal. A la postre, Medina se convirtió en el sucesor de Natividad González Parás en el gobierno del estado.219 En 2011, tras la filtración de WikiLeaks y con la información del C ­ onsulado circulando en la opinión pública, el ex gobernador González Parás desesti­ mó el contenido de la filtración publicada en WikiLeaks y su ex secretario ­general de Gobierno, Rogelio Cerda Pérez, ya convertido en diputado federal por el pri, negó categóricamente sostener semejantes vínculos irregulares.220 218 Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey259_a, 2 de julio

de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Proceso (2007), “Mensajes del narco empujan la renuncia del secretario general de Gobier219 no de nl”, 6 de julio, disponible en línea: , [consultada el 17 de noviembre de 2018]. La 220 Jornada (2011), “En Nuevo León, consulado y ex funcionarios tratan de controlar los daños”, 11 de febrero, México, p. 2, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018].

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La ­autoridad mexicana no proporcionó evidencia de mayores investigaciones y la información del caso, como es usual, terminó por diluirse. En 2007, el informe del Consulado estadounidense destacaba también el asesinato del coordinador operativo de la policía del municipio de San Pedro Garza García, el 14 de marzo de ese año. Desde la perspectiva del redactor del reporte, esto podía deberse a que la autoridad local intentaba frenar la distribu­ ción de drogas al menudeo en el municipio que, aparentemente, aportaba ya ganancias significativas a las organizaciones criminales, debido al alto poder adquisitivo de sus pobladores.221 Según trascendió posteriormente en la ­prensa, el coordinador de la policía de San Pedro, Benjamín Espinosa Velázquez, habría sido ejecutado tras descubrir las vinculaciones de agentes de la policía ­municipal con los Beltrán Leyva.222 Fue asesinado, junto con su esposa, dos días antes de comparecer como testigo en un juzgado federal, por la investigación de un homicidio aparentemente relacionado con la delincuencia organi­ zada. Según una nota que publicó información sobre el asesinato, Espinosa había sido infil­trado en la Unidad de Respuesta Extrema (ure), un grupo táctico especial de la policía de San Pedro Garza García, para detectar elementos que tuvieran nexos con los criminales.223 A pesar de hechos de violencia específicos de la organización Beltrán Leyva en contra de funcionarios de seguridad estatales y municipales que pudieran obstaculizar sus operaciones o descubrir sus relaciones dentro del aparato insti­tucional, es posible apreciar diferencias sustantivas. En Nuevo León, la estra­tegia de expansión territorial de Los Zetas siguió una lógica ascendente, que empezaba por el control de las policías municipales.224 Esto implicó 221 Informe de Moreno, Consulado de Monterrey, referencia 07Monterrey334_a, 23 de marzo

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de 2007, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultado el 22 de julio de 2018]. El nombre del f­ uncionario policial era Benjamín Espinosa Velázquez. Véase La Crónica de Hoy (2007), “Ejecutan a jefe policiaco en centro de Monterrey”, 15 de marzo, México, disponible en línea: , [consultada el 22 de julio de 2018]. Reforma (2010), “Matan a operador de Beltrán Leyva en nl. Afirman que sicario perteneció a grupo de élite de la policía de San Pedro”, 27 de mayo, México, p. 4, sección Nacional. Reforma (2007), “Acribillan en nl a jefe policiaco”, 15 de marzo, México, p. 2, sección Nacional. Como muestra de lo anterior, en abril de 2007, el Ejército detuvo a 113 policías integrantes de corporaciones de municipios del norte del estado, en la zona rural cercana a Tamaulipas.

un gran despliegue de violencia, como estrategia de amedrentamiento para, en cambio, obtener el apoyo forzado de funcionarios policiales locales. Pero no parecen evidenciar contactos políticos sustantivos dentro de Nuevo León, d ­ urante esa época. No obstante, en la primera etapa de la guerra, su contraparte, encabezada en la entidad por Arturo Beltrán Leyva y Edgar Valdez Villarreal, parece haber contado con conexiones de mayor nivel, tanto a nivel estatal, como Véase El Norte (2007), “‘Sorprende’ a alcaldes detención de policías”, 17 de abril, M ­ onterrey, versión en línea (de paga). También, en noviembre de 2009, la pgr aprehendió a los ex secre­ tarios de Seguridad Pública de los municipios de Monterrey, Amador Medina Flores; de Guadalupe, José Santos Almaraz Ornelas y de Montemorelos, Alejandro Arturo Esparza Contreras, por brindar protección a Los Zetas. Véase Reforma (2009), “Caen ex secretarios por proteger Zetas”, 19 de noviembre, versión en línea (de paga). Véase también el caso del ataque a 10 policías municipales de China, Nuevo León, en el contexto de la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas: se asumía que estaban al servicio de estos últimos. Véase El Norte (2010), “Levanta comando a 10 polis de China”, 27 de marzo, Monterrey, p. 8, s­ ección Seguridad. En marzo de 2010, en medio de esa misma confrontación entre estructuras delictivas hasta entonces asociadas, la Secre­taría de la Defensa Nacional declaró que tenía ubicadas a 19 corporaciones de policía en 19 municipios de Tamaulipas y Nuevo León, que estaban al servicio de alguna ­organización criminal, principalmente de Los Zetas. En Nuevo León, las p ­ olicías municipa­les señaladas por colaborar con algún grupo delictivo estaban en Monterrey, Apodaca, ­Escobedo, Gua­da­lupe, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Santa Cata­rina, Los Ramones, China y Benito Juárez. En Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Reynosa, ­Matamoros, Camargo, Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Mier y Guerrero. Véase El Norte (2010), “Vigilan por apoyo a narco a policías de 19 municipios”, 8 de marzo, Monterrey, p. 1. En ese mismo mes y año apareció decapitado, junto al cadáver de su hermano también asesinado, el ex ­presidente municipal de Agualeguas, Nuevo León (19861988), Heriberto Omar Cerda C ­ adena, quien se había convertido en director de policía de ese municipio. Los restos del ex alcalde y de su hermano aparecieron junto a la patrulla del ­primero, en donde estaban estampadas las letras “cdg (Cártel del Golfo)”, lo que parecía hacer ­referencia al anuncio de que esa ­organización intentaba arrebatarle el control de los municipios del norte de Nuevo León a Los Zetas, atacando su red de protección policial. Véase El Norte (2010), “De­c a­pita narco a jefe policiaco”, 27 de marzo, Monterrey, p. 1; también La Jornada (2010), “Deca­pita el ‘cdg’ al director de la policía de Agualeguas, nl”, 27 de ­marzo, México, p. 7, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018]. El interés de Los Zetas por sobornar a las policías muni­cipales y obtener su cooperación también se puede encontrar en la narrativa de un ex militar convertido en policía municipal de Nuevo Laredo, después, en sicario de Los Zetas y finalmente en el testigo protegido “Karen”. Véase Padgett (2013), “Yo maté con el Z-40”, Sin Embargo, 17 de julio, México, disponible en línea: , [consultada el 17 de julio de 2018].

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en determinados municipios específicos. Algunas de ellas, conectadas con la subred que había alcanzado la victoria electoral con los gobiernos emanados del pan y los grupos empresariales que históricamente habían promovido a ese partido, según se verá a continuación. Hacia 2010, uno de los elementos de atención fue el alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza.

El grupo rudo de San Pedro Según la información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación (Inafed), en 2005 —la más actualizada disponible—, el municipio de San Pedro Garza García, ubicado en el área metropolitana de Monterrey, era el que reportaba un Producto Interno Bruto (pib) per cápita más alto de todo el país, con 33 813 dólares (239 269 pesos mexicanos de la época).225 El municipio se ha ubicado de manera consistente como el que concentra a la población con mayor ingreso en México, e incluso de América Latina, en los años recientes. De ello se jactó en 2012 su presidente municipal, Mauricio Fernández Garza en una entrevista concedida a un medio de comunicación internacional.226 Por lo menos desde 1967, el municipio fue gobernado la mayor parte del tiempo por los apellidos de abolengo en Nuevo León. Entre esa fecha y hasta 2018, varios de los alcaldes han llevado por apellido Zambrano, Margáin, Garza Sada y Garza Fernández. Mauricio Garza Fernández es hijo de Alberto Fernández Ruiloba, quien se cuenta entre los fundadores del Partido Acción Nacional en Nuevo León, y de Margarita Garza Sada, hija a su vez de Roberto Garza Sada

225 Segob-Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sitio web del Sistema Nacional de Información, disponible en línea: , [consultada el 18 de julio de 2018]. Pestaña “Descarga de Base de Datos”, Finanzas pib Municipal 2005 (descarga de documento en Excel). Infobae (2012), “La ciudad más rica de México y América Latina es también la más segura. En 226 San Pedro Garza García, los índices de criminalidad están a la baja, la policía es confiable, y el crimen organizado mantiene al mínimo sus actividades”, 18 de abril, Buenos Aires, Argenti­ na, disponible en línea: , [consultada el 18 de julio de 2018].

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—hermano de Eugenio Garza Sada— y Margarita Sada García. Es pues, nieto directo de la familia Garza Sada.227 De hecho, esa red familiar había controlado directamente el gobierno del municipio al menos desde 1989, según puede apreciarse en la sucesión de alcaldes electos desde entonces.228 En ese año, Mauricio Fernández Garza ocupó por primera vez el cargo de alcalde de esa localidad (1989-1991). Su sucesor fue Rogelio Sada Zambrano (1992-1994), integrante de la misma familia amplia, de quien se ha hablado ya con anterioridad. A éste lo sucedió Fernando Margáin Berlanga (1994-1997), futuro senador de la República (tomó posesión en 2003) e hijo de Ricardo Margáin Zozaya,229 colaborador de Eugenio Garza Sada y ligado a los grupos conservadores y anticomunistas en el país. Como se recordará, Margáin Zozaya fue mencionado como distribuidor de apoyo material a grupos de cubanos anticastristas que preparaban un nuevo intento de invasión a Cuba, en los años sesenta. Margáin Berlanga es además cónyuge de Alejandra Sada de Margáin.230 Su sucesor fue María Teresa García Segovia de Madero (1997-2000), 227 Véase el sitio genealógico Geneanet con la información de Margarita Garza Sada: , [consultado el 18 de julio de 2018]. Sobre el papel de Alberto Fernández Ruiloba en el desarrollo del pan en Nuevo León, véase Pérez Franco, Aminadab Rafael (2007), Quiénes son el pan, Fundación Rafael Preciado A. C., p. 128. También Milenio (2007), “En Nuevo León la fortuna de cinco familias fundó el partido”, 15 de abril, disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018], y Milenio (2014), “Margarita Garza Sada, una vida única”, 26 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018]. 228 Esta sucesión puede apreciarse en Dávalos Siller, José (2015), Ayuntamientos y presidentes municipales de San Pedro Garza García, Nuevo León, 1883-2015. Actualizado al 22 de mayo de 2015, Gobierno de San Pedro Garza García, s.f., San Pedro Garza García, Nuevo León, pp. 7-8, disponible en línea: , [consultado el 19 de julio de 2018]. Milenio (2015), “El pan es más mío que de ellos: Fernando Margáin”, 15 de enero, Monterrey, 229 disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018]. También Milenio, “En Nuevo León la fortuna de cinco familias…”, op. cit. Sobre su cargo de senador por la LIX Legislatura, véase el sitio web del Sistema de Información Legislativa: , [consultado el 19 de julio de 2018]. El 230 Norte (2015), “Juntos celebran la Navidad”, 31 de diciembre, Monterrey, versión en línea (de paga).

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quien desarrolló su carrera política dentro del pan con cercanía a Gerardo Garza Sada, que la sucedió en el cargo de presidente municipal de San Pedro para el periodo 2000-2003. Más aún, María Teresa García Segovia, quien se desempeñó como embajadora de México en Canadá durante el gobierno de Vicente Fox, estaba casada con Manuel Madero Madero, ex director de r­ ecursos humanos de Vitro, una de las empresas del clan familiar Garza Sada.231 Entre 2000 y 2003, el presidente municipal de San Pedro Garza García fue ­Gerardo Garza Sada, hijo de Alfonso Garza Garza, presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo León e integrante, de la Cruzada Regional Anticomunista, según la dfs,232 y de Susana Sada Narro, hija de Jesús Sada Muguerza y Sara Narro Gómez.233 El sucesor de Gerardo Garza Sada fue Alejandro Páez Aragón (2003231 El Norte (2017), “Disfruta cada instante de la vida”, 17 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga). Manuel Madero Madero nació el 3 de diciembre de 1935, en Parras, ­Coahuila. Era hijo de Manuel Madero Garza (1905-1975) y de Nieves Madero Muñoz (1911-1999). A su vez, Madero Garza era hijo de Manuel Madero Farías (1873-1965) y de Delfina Garza Villarreal (1886-1912); mientras que Nieves Madero Muñoz lo era de Daniel Madero Farías (1886-1935) y de María Nieves Muñoz Terrazas (1889-1985). Véase la genealogía de Nieves Madero Muñoz, realizada por Omar Soto Rodríguez en la página web Geneanet: , [consultada el 19 de julio de 2018]. Manuel Madero Farías fue hijo de Evaristo Madero Elizondo (1823-1911) y su segunda esposa, Manuela Farías Benavides (1851-1894), quienes contrajeron matrimonio en 1871. En lo referente a la época contemporánea, María Nieves Muñoz Terrazas es hermana de Consuelo Muñoz Terrazas, madre de Gustavo Enrique Madero Muñoz. Por tanto, el senador y ex presidente del pan, Gustavo Enrique Madero Muñoz y María Nieves Madero Muñoz son primos hermanos. Es también prima de Evaristo Madero Muñoz y, por tanto, tía del alcalde ya mencionado de Parras, Coahuila: Evaristo Armando Madero Marcos. Memorándum del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director federal de Seguridad, ti232 tulado “Aspectos económicos, políticos y sociales del estado de Nuevo León”, 6 de julio de 1965, México, agn, dfs, Versión pública del expediente de Ricardo Margáin Zozaya, legajo único, fojas 15-25, realizada en 2017. Sanchiz, Javier y Víctor Gayol, Seminario de Genealogía Mexicana, genealogía de Susana 233 Sada Narro: [consultada el 19 de julio de 2018]; y de Alfonso Garza: , [consultada el 19 de julio de 2018]. Véase también Proce­so (1988), “No se tomó en cuenta a los empresarios; la industria textil, la más afectada: G ­ erardo Garza Sada”, 28 de mayo, México, disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018]. En esta última fuente se menciona que ­A lfonso Garza era accionista mayoritario de Conductores Monterrey, una compañía filial

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2006), yerno de Dionisio Garza Sada, pues contrajo matrimonio con la hija mayor de éste, María Teresa Garza.234 Dionisio Garza Sada, quien también fun­g iera como direc­tor de la Empresa de Cartón Titán, de la que su tío, E ­ ugenio Garza Sada era presidente del Consejo de Administración, es hijo de Roberto Garza Sada.235 Es padre, junto con María Teresa Medina, de Dionisio Garza Medina, ex presidente y director general de Alfa y ahora, tras la reforma energética realizada en el sexenio 2012-2018, inversionista en hidrocarburos a través de la compañía Jaguar Exploración y Producción, con intereses en 3 358 km2 de campos de gas húmedo, petróleo ligero y ultraligero en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.236 Dionisio Garza Sada también es progenitor de Luis Garza Medina, sacerdote católico ex vicario de los Legionarios de Cristo, estrechamente ligado a su fundador, el cura Marcial Maciel.237 Alejandro Páez Aragón es cuñado de ambos, de Condumex. Alfonso Garza Garza formaba parte del Consejo de Administración de la compañía Kir Alimentos, junto con Armando Garza Sada, Diego Sada y Adrián Sada T ­ reviño. Véase Palacios Hernández, Lyija Isabel (2000), Crecimiento y diversificación de la gran industria en Monterrey, 1970-1982, tesis de maestría en Metodología de las Ciencias, (uanlffyl), División de Estudios de Posgrado, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pp. 86-87, disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018]. Proceso (1985), “En Monterrey, inconformidad pero aceptación: de la hegemonía del Grupo a 234 la del Gobierno”, 30 de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 19 de julio de 2018]. También El Norte (2006), “A punto de Navidad”, 24 de diciembre, Monterrey, p. 6, sección Vida. Flores Torres, Óscar (2009), Monterrey, origen y destino; Monterrey, una ciudad internacional 235 (1910-1980), Municipio de Monterrey, Monterrey, pp. 201 y 267. 236 El Financiero (2017), “Jaguar, el debut petrolero de Dionisio Garza”, 14 de julio, México, dispo­ nible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. 237 Proceso (2002), “La burguesía de nl, en la antesala de los Legionarios de Cristo (­Segunda parte)”, 23 de diciembre, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. También Vanguardia (2014), “Sale ex brazo derecho de Maciel de la cúpula legionaria”, 17 de abril, Saltillo, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018], y El Universal (2014), “Remueven Legionarios de Cristo a ex vicario de Maciel”, 15 de abril, México, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. Al igual que su mentor Maciel, el sacerdote Luis Garza Medina también fue acusado de

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Dionisio Garza Medina y Luis Garza Medina. Páez Aragón comparte con este último cuñado la pertenencia directa a grupos católicos de ­Monterrey, en su caso, a la sección de Señores del Regnum Christi.238 Su suegro, ­Dionisio Garza Sada figura, junto con el ex gobernador Fernando Canales Clariond, e­ ntre los personajes regiomontanos que tenían inversiones offshore en el paraíso fiscal de Las Bahamas, según documentaron el periódico alemán Z ­ üddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (icij), en la filtración documental que fue conocida como Bahamas Leaks.239 Canales Clariond, como director de la empresa Yukali, Subsidiary Corp., incorporada el 16 de septiembre de 2015. Y Dionisio Garza Sada, como accionista de Vercors Private Limited, ligada a Singapur y creada en 2005.240 abusar sexualmente de menores por una de sus presuntas víctimas en Connecticut, Estados Unidos. Véase Debate (2016), “Mano derecha de Marcial Maciel, es acusado de abuso sexual”, 7 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]; también Hartford Courant (2016), “New Sexual Abuse ­Lawsuit Filed Against Legionaries of Christ”, 29 de octubre, Hartford, Connecticut, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018] y Catholic Herald (2017), “Judge Allows Lawsuit to Proceed Against Legion of Christ”, 10 de enero, Londres, disponible en l­ ínea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. 238 Así lo manifiesta en su página web: , [consultada el 21 de julio de 2018]. 239 Euronews (2016), “‘Bahamas Leaks’ modo de empleo”, 22 de septiembre, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. Aunque la utilización de cuentas o inversiones extranjeras como las involucradas en esta filtración no es en sí misma una garantía de un proceder ilegal o ilegítimo, semejantes estructuras offshore son, con muy alta frecuencia, utilizadas para ocultar ­activos, para evadir impuestos en los países de origen, o para lavar dinero procedente de activi­dades delictivas. Los documentos pueden ser revisados en el sitio web del icij: , [consultado el 21 de julio de 2018]. 240 Posta (2016), “Fernando Canales y Dionisio Garza Sada están en ‘Bahamas Leaks’, Empre­ sarios regios figuran en la lista de 431 mexicanos que tienen inversiones en ese paraíso fiscal”, 21 de septiembre, México, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. También Aristegui Noticias (2016), “Al menos 431 mexicanos aparecen en #Bahamas Leaks”, 21 de septiembre, México, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018].

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Fernando Margáin Berlanga repitió en el cargo como presidente municipal del municipio en el periodo 2006-2009 y le sucedió Mauricio Fernández ­Garza, para el siguiente trienio (2009-2012). De 2012 a 2015, el nuevo alcalde fue Rober­ to Ugo Ruiz Cortés, quien era un militante panista nacido en 1972, que tenía por experiencia haber sido, durante 20 meses, secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García en la administración de Fernández Garza, una posición que, según artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es una designación propuesta al Ayuntamiento por el presidente municipal en funciones. En otras palabras, había sido nombrado en ese cargo por solicitud del propio Fernández Garza. Ruiz Cortés tenía también por experiencia previa ser abogado del Grupo Ábaco-Confía y haber sido funcionario del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) del gobierno del estado, durante la administración de Fernando Canales Clariond.241 Y en el periodo 2015-2018, la localidad fue gobernada de nuevo por Mauricio Fernández Garza. Éste es el entramado de relaciones políticas, empresariales y familiares que ha gobernado al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que lleva 30 años bajo el dominio del partido al que estos personajes han estado más directamente ligados: el pan.242 San Pedro Garza García, la localidad donde residía tradicionalmente el personal diplomático del Consulado de Estados Unidos, en Monterrey.243

241 El Norte (2012), “Uno de ellos será candidato”, 22 de marzo, Monterrey, versión en línea (de paga).

242 243

Respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de ­Nuevo León, su contenido está disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018]. Sobre el papel de Ruiz Cortés como subordinado de ­Fernández Garza, pueden consultarse las actas de sesiones del cabildo, durante la gestión de Fernández Garza. Como ejemplo, puede verse el Acta núm. 3 de la Tercera Sesión ­Solemne realizada el 4 de noviembre de 2011, disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018]. Reforma (2017), “Presume el pan dar a San Pedro 30 años de logros”, 8 de septiembre, versión en línea (de paga). Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 08Monterrey458_a, 12 de octubre de 2008, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultado el 22 de julio de 2018].

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Mauricio Fernández Garza ha gobernado ese municipio en tres ocasio­nes. Había formado parte del Consejo de Administración del Grupo F ­ inanciero ­Ábaco-Confía, del que eran también integrantes el ex gobernador ­Fernando ­Canales Clariond y Raúl Monter —el ex presidente del pan en el estado—, presidido formalmente por Jorge Lankenau.244 Con una fortuna valuada en 800 000 000 de dólares en 2011, Fernández Garza ha sido i­nversionista y ­m iembro del Consejo de Administración de empresas como Grupo Alfa, ­Versax, ­Hylsamex, ­Sigma Alimentos, Alpek y Pigmentos y Óxidos, y del Grupo ­Financiero Bancomer. También formó parte del Grupo Conductores de Monterrey (Conductores ­Monterrey, filial de Condumex), de Dispersiones Múltiples, de la International ­Textil Corporation y de dos empresas establecidas en La Habana, Cuba: Uniser y Comercializadora de Puros. Fundó también la compañía Especialidades Cerveceras, que vendió a la Cervecería Cuauhtémoc, controlada entonces por su tío, Eugenio Garza Lagüera.245 Durante su primera gestión (1989-1991) fue víctima de un atentado con un explosivo camuflado en un regalo enviado a su casa, que hirió a un menor de edad sin que el alcalde resultara lesionado.246 La autoría fue adjudicada a Mario Joaquín Águila Muñoz, quien afirmó que era inocente y que había emitido una confesión bajo tortura.247 El propio Fernández Garza aseguró que el autor intelectual era otra persona, aunque no proporcionó detalles para identificarlo.248 Diez años más tarde, en 2011, el periódico El Economista publicó información sobre Fernández Garza, quien tras haber sido senador de la República 244 La Jornada (2003), “La bomba Lankenau, que manchó a funcionarios, a punto del olvido”, 8 de 245 246 247 248

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diciembre, México, disponible en línea: , [consultada el 21 de julio de 2018]. El Economista (2011), “Regio con “r” de arrojo”, 16 de febrero, México, disponible en línea: , [consultada el 6 de julio de 2015]. El Norte (1991), “Atentan contra Mauricio”, 1º de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (1991), “Consignan a Águila con tres pruebas”, 6 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (1991), “Reitera Águila Muñoz: ‘Soy inocente’”, 6 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). El Norte (1991), “Rehúsa Mauricio abogar por Águila”, 7 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). También El Norte (1991), “Demandan a Mauricio revelar sospechosos”, 10 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). El requerimiento le fue realizado en declaración ante los medios por el entonces procurador general de Justicia de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya.

(1994-2000) y candidato a gobernador de Nuevo León en 2003, fungía de ­nuevo como alcalde de San Pedro Garza García. Mauricio Garza Fernández había realizado en años recientes diversas declaraciones que fueron recogidas por el referido diario. Entre ellas: “Nadie tiene la más maldita idea de lo que estamos viviendo, por lo que hay que tomar en serio el llamado del presidente Felipe Calderón de que estamos en una guerra”.249 En septiembre de 2009, muy cerca del inicio de la nueva administración municipal que habría de inaugurarse el 31 de octubre, el cónsul estadounidense en Monterrey, Bruce Williamson, se reunió con el alcalde electo de San Pedro, Mauricio Fernández. En el encuentro, éste le expuso una visión pesimista sobre la vinculación entre las altas autoridades políticas asentadas en la capital del estado y la delincuencia organizada. Señaló que, en el municipio, la organización de Arturo Beltrán Leyva era la dominante y controlaba a la policía muni­ ci­pal, mientras que otras corporaciones en el área estaban bajo la influencia del Cártel del Golfo. Según Williamson, Fernández estimó que la organización Beltrán Leyva deseaba mantener el municipio como santuario de residencia para sus familias, aunque reconoció que también habían cometido ahí algunos secuestros y mantenían sujetos a extorsión a múltiples negocios. Por ejemplo, todos los restaurantes en la localidad pagaban por protección cantidades que fluctuaban entre 50 000 y 100 000 pesos al mes. Fernández añadió que el Centro de Comunicación, Coordinación y Control (C4) de San Pedro Garza García había sido corrompido por la delincuencia organizada; que las cámaras de vigilancia de la ciudad sólo cubrían una de las 24 vialidades que conducían a ella; que 7 radios de comunicación policial se habían extraviado y que los policías municipales habían descubierto la forma de desconectar los localizadores gps de sus patrullas. Que 72 policías municipales de San Pedro tenían vínculos de corrupción con la delincuencia, que 32 habían sido ya removidos y planeaba hacer lo mismo con 40 adicionales. El cónsul señaló, con una nota en el reporte, que la sede diplomática había logrado establecer con otros informantes que pruebas poligráficas realizadas en 2006 evidenciaban que una quinta parte de los policías de San Pedro habían cometido delitos o aceptado sobornos de la delincuencia organizada. Y añadió que, a pesar de que esta información era del conocimiento del alcalde en funciones —Fernando Margáin Berlanga— no 249 El Economista, “Regio con “r”…”. 511

había realizado esfuerzos para separar de su cargo a estos oficiales que, previsiblemente, después de los años transcurridos, eran aún más.250 De acuerdo con el cónsul, Fernández afirmó que la delicuencia le hizo un ofrecimiento de 50 000 000 de dólares, para financiar su campaña, y aseguró que lo había rechazado. Consideró que otros alcaldes electos de la zona no habían tenido otra opción que aceptar el dinero, y mencionó como ejemplo al presidente municipal electo de Monterrey, Fernando Larrazabal.251 Fernández aprovechó para promocionar ante el diplomático su estrategia de seguridad. Aseguró haberse reunido con funcionarios de alto nivel, como Jorge Tello Peón, entonces asesor de Seguridad Nacional del presidente Felipe Calderón; con el general Luis Moreno Serrano, la autoridad militar más alta en ese año en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y con ­Javier Treviño Cantú, jefe del equipo de transición para el gobierno recién ­electo de Nuevo León, que estaría a cargo de Rodrigo Medina (pri), que formara parte a su vez de la administración precedente de Natividad González Parás. Según Fernández, había consenso entre todos ellos de que contaban con un periodo máximo de un año para poner en marcha una estrategia conjunta para r­ evertir la grave crisis de seguridad que atravesaba la entidad. De lo contrario, sería muy difícil después recuperar el terreno perdido.252 Uno de los puntos centrales de la estrategia de Fernández, según expuso el cónsul Williamson en su reporte, era nombrar al general retirado Miguel Gonzalo Adalid Mier, como secretario de seguridad Pública Municipal. Adalid Mier había desempeñado altos cargos en las instituciones de seguridad del país, como secretario de Seguridad Pública en Michoacán, jefe de Estado Mayor de la pfp y subsecretario y secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. En el recuento del cónsul, Fernández le había planteado que Adalid Mier sería el rostro público de la institución, que favorecería la confianza ciudadana debido a su trayectoria en los ámbitos de su competencia. Sin embargo, un subsecretario 250 Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey344_a, 17 de sep251 252

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tiembre de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultado el 23 de julio de 2018]. Idem. Idem. La frase en inglés, que escribió el cónsul en su reporte, fue “[…] otherwise it would be difficult to reclaim lost ground”. “[…] de otra manera sería difícil reclamar el terreno ­perdido”. Traducción libre del autor].

bajo su jerarquía, otro veterano del ejército, encabezaría un grupo de expertos en la obtención de información de las actividades y ubicaciones de la delincuencia organizada. La información de inteligencia obtenida sería proporcionada a un escuadrón de reacción integrado por 13-15 elementos dirigidos de manera no oficial por el propio alcalde, sin figurar en la nómina formal del municipio. De acuerdo con el informe, el cónsul Williamson le habría comentado los riesgos que había enfrentado Colombia por el involucramiento de fuerzas privadas en actividades de orden policial, así como la tendencia de dichos grupos a ­cometer abusos. Fernández respondió que la unidad de inteligencia estaba operando ya y había permitido ubicar al nuevo jefe de la organización de Arturo Beltrán Leyva en la localidad, y que el escuadrón de reacción estaba ya parcialmente establecido y desarrollaba ya algunas tareas que no precisó.253 Fernández aseguró que se había reunido con un conjunto de empresarios conocidos como Grupo de los Diez para contar con su apoyo en el pago del equipo y los salarios de la unidad de inteligencia y el escuadrón de reacción. Señaló que aún necesitaba 1 400 000 dólares para la unidad de inteligencia y 500 000 más para la unidad de reacción. Confiaba que la contribución de los empresarios permitiría financiar toda la estrategia, pues las compañías de alto nivel preferían gastar esos recursos en incrementar la seguridad del municipio, en lugar de pagar por protección a las propias organizaciones delictivas. Según el informe, en reuniones posteriores sostenidas entre el personal consular y el general Adalid Mier, éste último había indagado por la posibilidad de recibir recursos de la Iniciativa Mérida para equipo, entrenamiento y exámenes de control de confianza.254 El cónsul Williamson pareció salir parcialmente convencido por los planteamientos de Fernández Garza. Señaló que, en función de la conversación sostenida, las cosas parecían contradecir los cargos que se hacían en la campaña en contra del ahora alcalde electo, en el sentido de que habría de pactar con los Beltrán Leyva si resultaba triunfador en los comicios. Consideraba también que la reducción en las operaciones de la organización Beltrán Leyva en el municipio, derivadas de la estrategia de Fernández, podría causarles molestia a sus líderes. No obstante, al menos potencialmente, el incremento en las 253 Ibidem. 254 Idem. 513

condiciones de seguridad desincentivaría la incursión de otras organizaciones delictivas —como La Familia Michoacana que, según algunos informantes del cónsul, también deseaba ingresar a la localidad— hecho que ayudaría a la propia protección de los familiares de los delincuentes sinaloenses.255 En octubre de 2009, un mes después de redactar el reporte anterior, el mismo cónsul estadounidense en Monterrey, Bruce Williamson, envió un nuevo cable a sus superiores en el Departamento de Estado. En este caso, daba ­cuenta de una reunión con el presidente municipal electo de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, para transmitirle información de la dea: una alerta sobre un posible intento para asesinarlo, por parte de una organización del tráfico de drogas.256 La reunión tuvo lugar el 9 de octubre de ese año, en el propio edificio de gobierno del municipio. El cónsul le dijo a Fernández que la dea había ­obtenido información de que un lugarteniente de una organización criminal estaba buscando la aprobación de sus jefes para asesinarlo. El diplomático solicitó al alcal­ de mantener la confidencialidad de quién le advertía de semejante amenaza, es decir, que no refiriera que la alerta se la había dado el propio Consulado estadounidense. De acuerdo con el recuento del cónsul Williamson, Fernández lució sorprendido, pero no demasiado. Respondió que una facción de la organización de los Beltrán Leyva en la localidad había roto con ésta y se había aliado con Los Zetas, y que estaban establecidos en el municipio cercano de Santa Catarina, Nuevo León. El alcalde añadió que esta facción era encabezada por Héctor Saldaña (a) el Negro, quien controlaba 220 puntos de venta de drogas en San Pedro que, según afirmó, estaban anteriormente bajo la supervisión de la abogada Silvia Raquenel Villanueva. Según Fernández, Saldaña se oponía a su intento por eliminar la actividad de la delincuencia organizada en el municipio. Añadió que Saldaña pretendía regresar a la localidad hacia el 19 de octubre, y que tanto el Ejército mexicano como la organización Beltrán Leyva tenían cada uno planes para matarlo. No obstante, el cónsul atrajo la atención del desti­ natario del informe sobre este último punto: Fernández Garza había cambiado el sentido de esta afirmación en diversas ocasiones durante la conversación. En 255 Ibidem. 256 Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey379_a, 15 de octubre de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018].

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una de ellas, según declaró el diplomático, había señalado que su escuadrón de chicos malos de San Pedro planeaba asesinar al Negro Saldaña.257 Fernández le preguntó a un acompañante del cónsul de apellido Conoffs — presumiblemente un agente de la dea—, si era Saldaña el actor al que se ­refería la información sobre el intento de asesinarlo. Añadió que él mismo ya había persuadido a la organización Beltrán Leyva que mantener al municipio libre de operaciones delictivas favorecía su propio interés. Destacó que el propio Artu­ro Beltrán Leyva había vivido en San Pedro Garza García desde 1998 hasta 2005, y que muchos de sus familiares aún residían en la localidad. De acuerdo con el cónsul, Fernández señaló que Arturo Beltrán había reconocido que era positivo mantener una localidad segura para sus familiares, y que incluso el propio Joaquín Guzmán Loera (a) el Chapo podía establecerse en ella. Afirmó que representantes de la organización Beltrán Leyva se habían comunicado esa misma mañana y que no habían manifestado ningún descontento con las operaciones anticrimen que estaba planeando.258 El cónsul explicó a sus superiores que, si bien Fernández Garza tomaría posesión hasta el 31 de octubre de 2009, en los hechos ya había asumido todo el control de la policía municipal. Williamson afirmó también que Fernández le había dicho que su escuadrón de chicos malos era el responsable de la muerte de dos secuestradores, cuyos cuerpos habían sido encontrados poco tiempo antes a las afueras del municipio, con un mensaje de advertencia para otros delincuentes posiblemente interesados en realizar ese tipo de actividades ­ilícitas en San Pedro. Según señaló el cónsul, las autoridades federales y estatales habían detenido a un individuo a quien inculpaban como responsable de esos dos asesinatos.259 El cónsul concluyó su informe al señalar que Fernández estaba ­jugando un juego peligroso: que los arreglos que aparentemente había hecho con ­ciertas organizaciones criminales podrían no durar debido al constante flujo y ­reflujo de eventos delictivos en la región y que, tarde o temprano, sus aliados del ­cártel podrían tornarse en contra de él. Añadió que las autoridades militares y de la próxima administración estatal priísta parecían satisfechas con el rol 257 Idem. 258 Ibidem. 259 Idem. 515

protagónico de Fernández, en la medida en que éste les restaba visibilidad y atención en lo referente a sus propios esfuerzos para establecer un modelo funcional de seguridad pública.260 El 31 de octubre, tras tomar posesión como alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, integrante de la red familiar Garza Sada, anunció que Héctor Saldaña (a) el Negro había aparecido muerto en el Distrito Federal. Señaló: Me acaban de informar que El Negro Saldaña, quien aparentemente era quien estaba pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era quien encabezaba secuestros en San Pedro Garza García […]. Aquí van a entender por las buenas o por las malas, no aceptamos ningún tipo de secuestro en San Pedro Garza García, y lo pagarán con su propia cara […]. Sé que las atribuciones están ancladas en la Constitución, a mí me competen unas, al estado otras y a la Federación otras, yo simplemente les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no me competen, vamos a agarrar el toro por los cuernos […]. Esto no es un juego y aquellos que traten de burlar a la autoridad trabajando en el secuestro y solicitando piso la pagarán con su propia cara […]”.261

A juzgar por toda la información expuesta en páginas anteriores, al cónsul ­Williamson le había costado aparentemente ver el bosque más allá del árbol. Sin embargo, hechos como el anterior comenzaron a cambiar la perspectiva oficial de la diplomacia estadounidense. El 3 de noviembre de 2009, el mismo cónsul Williamson envió un nuevo reporte sobre Fernández Garza, con una visión mucho más desencantada en lo concerniente a los métodos y conexiones del alcalde. En él, exponía:

260 Ibidem. 261 La Crónica de Hoy (2009), “Matan en el df a líder del cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo

León”, 1º de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018]. También Proceso (2009), “La anunciada muerte de ‘El Negro’ Saldaña”, 2 de noviembre, México, disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018].

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1. (C) Resumen. En su discurso de toma de posesión, el 31 de octubre, el alcal­de de San Pedro (y anterior senador federal del pan) Mauricio Fernández, alabó la ejecución de cuatro presuntos narcotraficantes cuatro horas antes del descubrimiento de sus cuerpos en el Distrito Federal de México. La revelación de ­Fernández, combinada con sus señalamientos previos de que ha organizado fuera de los libros un escuadrón de “chicos malos” en San Pedro (un suburbio de clase alta de Mon­terrey), ha hecho aún más claro que, como alcalde, planea un contundente, pero mal encaminado enfoque contra la delincuencia organizada. Con base en grabaciones de audio que salieron a la luz durante la campaña de Fernández para alcanzar la alcaldía, en el sentido de que negociaría con los carteles, y en nuestras propias conver­saciones con él, creemos que el escuadrón de “chicos malos” de Fernández tiene vínculos con el cártel de Arturo Beltrán Leyva.262

El cónsul refería que Fernández —a quien calificó como integrante del “influ­ yente clan Garza Sada”— había deducido, en la conversación que sostuvie­ron cuando fue alertado por el personal diplomático de la amenaza en contra de su vida, que ésta provenía de Héctor y Alan Saldaña, cuadros renegados de la organización Beltrán Leyva. Dijo que el alcalde había solicitado y obtenido protección de las autoridades militares en el estado. El 27 de octubre, en un rápido encuentro que tuvo con el cónsul, Fernández le comentó que ya no se preocupaba por los Saldaña, pues “ya los habían agarrado” en la Ciudad de México, sin 262 [Traducción libre del autor]. Véase Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, re-

ferencia 09Monterrey412_a, 3 de noviembre de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 24 de julio de 2018]. La referencia textual en el idioma original fue: “1. (C) Summary. In his O ­ ctober 31 inauguration address, San Pedro Mayor (and former pan federal Senator) ­Mauri­cio Fernandez lauded the execution of four suspected narco-traffickers four hours prior to the discovery of their bodies in the Mexico’s Federal District. Fernandez’s revelation, combined with his prior public statements that he has organized an off-the-books ‘bad-boy’ squad in San Pedro (an upper-class suburb of Monterrey), has made it even ­clearer that as mayor he plans a hardhitting, but wrong-headed, approach to organized crime. Based on an audiotape which surfaced during Fernandez’s mayoral campaign, to the effect that he would negotiate with the cartels, and our own conversations with him, our belief is that Fernandez’s “bad-boy” squad (his terminology) has links to the Arturo Beltran Leyva cartel. In any event, Fernandez has sparked controversy in Monterrey, with some applauding him and others, including many of his fellow incoming mayors, labeling him misguided”.

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precisar quiénes los habrían capturado. Tres días más tarde, el 30 de octubre, policías de San Pedro comentaron a un informante —“rso”, cuya identidad completa no fue expuesta en el documento— que los hermanos Saldaña estaban muertos.263 En su reporte, el cónsul Williamson refirió una conversación que tuvo con el recién designado procurador general de Justicia del Estado de la nueva administración estatal priísta, quien públicamente había señalado apoyar a ­Fernández. El funcionario le comentó que él veía a la policía municipal de San Pedro Garza García tan corrupta e infiltrada por la delincuencia como todas las otras corporaciones locales de la región.264 También mencionó el contenido de una entrevista que tuvo con el alcalde saliente, Fernando Margáin Berlanga, el 23 de octubre de 2009, sobre la ruta que podría tomar su sucesor, Mauricio Fernández. Además de señalar los lazos personales y familiares que lo unían con éste y del carácter de fundadores del pan en la entidad que los padres de ambos tenían, Margáin comentó que debía esperarse una gestión controvertida porque Fernández era excéntrico. Pero además que por ser integrante del influyente clan Garza Sada de Monterrey, Fernández no veía la necesidad de respetar las restricciones institucionales con las que operaban otras autoridades. Recordó también el atentado con explosivos que sufrió en su domicilio, durante su gestión anterior al frente del municipio.265 El informe señaló que, con base en la cercanía demostrada entre el alcalde Fernández y la organización Beltrán Leyva, la representación diplomática consideraba que el escuadrón de chicos malos del presidente municipal tenía víncu­ los directos con ese grupo criminal. Adujo, para tal apreciación las propias declaraciones de Fernández Garza en el sentido de que había recibido garantías de los Beltrán de que cooperarían para limpiar a San Pedro de secuestradores, además de que dijo también que había recibido llamadas telefónicas de representantes de la estructura delictiva.266 No deja de resultar irónico que el cónsul también se quejara tácitamente de que Fernández no había respetado la solicitud de secrecía respecto a la fuente del alertamiento sobre la amenaza en contra suya. Por el contrario, había 263 264 265 266 518

Idem. Ibidem. Idem. Idem.

dado múltiples entrevistas a medios de comunicación señalando que el Consulado estadounidense le había proporcionado una grabación de la amenaza de los Saldaña. Según observó el diplomático, en San Pedro Garza García vivía todo el personal de ese país directamente contratado por el Consulado.267 El informe concluía que, a pesar de su preeminencia social, Fernández ­podría ser llamado a declarar por la pgr sobre su conocimiento en lo referente a la muerte de los Saldaña. Añadió que la representación diplomática pensaba que el aparente acuerdo entre Fernández y los Beltrán era tenso y representaba peligro para él, que la supervivencia del alcalde dependía de su capacidad para mantenerse en buenos términos con los Beltrán Leyva. Y puntualizó que, irónicamente, las acciones del alcalde desestabilizarían más a la localidad, en lugar de brindarle mayor seguridad. El 12 de noviembre de 2009, el propio embajador estadounidense, Carlos Pascual, envió un reporte desde la Ciudad de México a diversas autoridades de ese país, entre ellas el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (cia), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (dia) y el Consejo de Seguridad Nacional. En él hacía referencia a la autoimplicación que Fernández Garza había realizado sobre sí mismo al declarar públicamente sobre la muerte de los presuntos traficantes de drogas horas antes de que sus cuerpos se descubrieran en la capital del país. Informaba también de la condena pública de diversas autoridades mexicanas a las prácticas de vigilantismo que estaba alentando Fernán­ dez, aunque también señaló que, dadas las conexiones de éste con la cúpula del gobierno panista, las investigaciones judiciales del caso podrían —utilizó un eufemismo— desarrollarse con lentitud. El embajador también destacó la tendencia de Fernández a mezclar verdades y mentiras al referirse a los hechos. Por ejemplo, señaló que, en efecto, el alertamiento sobre la amenaza en su contra le había sido dado por parte del personal consular en Monterrey, pero rechazó que éste le hubiera proporcionado grabación alguna.268 El 18 de noviembre de 2009, en un siguiente reporte confidencial dirigido a sus superiores en la embajada estadounidense y el Departamento de Estado, así como a las oficinas centrales de otras instituciones, como la dea, el fbi y 267 Ibidem. 268 Informe de Pascual, Oficina no precisada, referencia 09Monterrey3208_a, 12 de ­noviembre

de 2009, Ciudad de México, disponible en línea: , [consultada el 24 de julio de 2018].

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el Homeland Security, entre otras, un desencantado cónsul Bruce Williamson informó que el 13 de noviembre, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (cbp) le habían negado la entrada a Estados Unidos al alcalde Mauricio Fernán­ dez Garza, en Brownsville, Texas. El alcalde de San Pedro viajaba acompañado por una mujer de nombre Aleyda Ortega Peza; pretendía pasar unos días de descanso dedicado a la pesca en la Isla del Padre, Texas. Una revisión ­realizada al vehículo y pertenencias de ambos evidenció su posesión de 6 g de m ­ ariguana y 209 pastillas que las pruebas preliminares identificaron como la droga conocida como éxtasis, por parte de Ortega, y una pipa llena de mariguana en la maleta de Fernández. Éste reconoció ante los oficiales hacer uso ocasional de la yerba y ambos fueron penalizados con una multa de 5 000 dólares, que después se redujo a 500. También se revocaron sus visas, antes de que regresaran a México.269 El cónsul destacó que estos hechos se reportaban a sólo 17 días de su toma de posesión, y refirió de nuevo las conversaciones previas que había ­sostenido con el alcalde Fernández, donde éste abogaba por medidas extrajudiciales para eliminar a la delincuencia organizada, mientras que más tarde apareció que tenía colaboración con la organización Beltrán Leyva y dio a conocer de manera pública la muerte de cuatro integrantes rebeldes del grupo delictivo.270 Para concluir, señaló que, dado el comportamiento errático y su aparente desdén por la ley, la sede diplomática se preguntaba si Mauricio Fernández Garza concluiría su periodo de gestión, al que le faltaban prácticamente los tres años de gobierno previstos.271 Ni el cónsul ni el embajador estadounidenses podían adivinar, cuando escribieron sus reportes en 2009, que Arturo Beltrán Leyva moriría tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas en diciembre de ese mismo año, muy poco tiempo después del envío de sus respectivos informes. Es probable que tampoco contaran con toda la información que, según se ha podido apreciar en las páginas anteriores, mostraba que el entramado de relaciones de apoyo y complicidad de las que habían gozado los Beltrán se situaban 269 Informe de Williamson, Consulado de Monterrey, referencia 09Monterrey435_a, 18 de no270 271 520

viembre de 2009, Monterrey, Nuevo León, disponible en línea: , [consultada el 24 de julio de 2018]. Idem. Ibidem.

por encima de una presidencia municipal y que los desecharon una vez que su proclividad a la violencia y/o indisciplina los dejó de hacer funcionales como socios. También, que los antecedentes, orígenes y conexiones de Fernández Garza lo constituían como algo más que un mero alcalde rico y excéntrico y que su familia poseía añejos nexos con los operadores clave de las estructuras delictivas trasnacionales más poderosas que se habían desarrollado en la región a lo largo de la evolución del Estado mexicano, en algunos casos —y no sin sorpresa—, con el evidente conocimiento de instituciones de seguridad estadounidense a las que reportaban ahora información semejante, según se expuso en diversos puntos de este trabajo. El 20 de marzo de 2010, el periódico nacional Reforma publicó en su p ­ rime­ra plana las condiciones de caos vial inducido que había sufrido el día anterior Monterrey, que incluyó el robo con violencia de 60 vehículos utilizados por delincuentes para bloquear el tránsito en múltiples calles y avenidas de la ciudad. Señaló que habían ocurrido 31 bloqueos, y añadió que los hechos fueron favorecidos por policías vinculados con las organizaciones criminales. Los denominó polizetas. Aparentemente, los hechos se habían derivado de un enfrentamiento entre militares y pistoleros de un individuo apodado el Piojo —no se proporcionó su identidad—, quien figuraba como líder de Los Zetas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.272 En la misma primera página del periódico, se informaba también sobre la detención, por parte de elementos de la Secretaría de Marina, de Alberto Mendo­za Contreras (a) el Chico Malo, en un operativo en San Pedro Garza García, quien estaba identificado como el jefe de la organización Beltrán Leyva en esa localidad desde finales de 2009. Justamente el inicio del periodo del alcalde, Mauricio Fernández Garza. De hecho, según expuso la publicación, Mendoza Contreras había formado parte del denominado grupo rudo,273 que operaba para Fernández y que, con toda probabilidad, era el mismo al que hacían referencia los cables del personal diplomático estadounidense.

272 Reforma (2010), “Vive Monterrey narcocaos vial. Facilitan ‘polizetas’ 31 bloqueos en la ciu273

dad. Roban criminales unos 60 vehículos con violencia para taponar las calles”, 20 de marzo, Monterrey, p. 1. Reforma (2010), “Cae capo de Beltrán”, 20 de marzo, Monterrey, pp. 1 y 6, sección Nacional y 6 sección Gente.

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El alcalde Mauricio Fernández, en entrevista con los medios, reclamó ese mismo día que se focalizaran operaciones en San Pedro Garza García. Y en lo que parecía ser una toma de partido, declaró: “¿Y los demás municipios, como que por qué tanta cargada sobre San Pedro? […]. Qué bueno que al final de cuentas se combatan a los grupos delictivos, pero y de todas las organizaciones Zetas, ¿a cuántas han agarrado en Santa Catarina o en Monterrey?”.274 En una entrevista radiofónica realizada el 22 de marzo, Mauricio Fernández Garza reconoció que se había entrevistado personalmente al menos en tres ocasiones con Mendoza Contreras, quien —aseguró— le había proporcionado información de inteligencia valiosa y veraz para el municipio de San Pedro Garza García. Aseguró que sólo lo conocía como Beto y como informante ocasional en posesión de datos relevantes, no como capo del tráfico de drogas. Añadió que no conocía ni su nombre completo ni su apodo: el Chico Malo. Cuando fue inquirido sobre si conocía su afiliación con los Beltrán Leyva, argumentó que él sólo sabía que Beto contaba con información de interés y que él no solicitaba curriculum vitae a quien le proporcionaba este tipo de insumo.275 Un día después, Fernández volvió a declarar ante los medios de prensa y reconoció haber pagado a Mendoza Contreras por la información que le proveía, sin revelar la cantidad. Y añadió que la ciudadanía no debería sorprenderse por estas prácticas, que se realizaban en otros países, e incluso por agencias internacionales, como la cia.276 Hacia finales de abril de 2010, Fernández Garza anunció que había disuelto a su grupo especial.277 En mayo de ese mismo año, el Ejército abatió a Pedro Velázquez Amador (a) la Piña, quien era considerado operador de la ­organización Beltrán Leyva y había sido integrante de la Unidad de Respuesta Extrema (ure) de San Pedro Garza García, entre 2000 y 2005.278 274 Reforma (2010), “Reclama Fernández se apunte a San Pedro”, 20 de marzo, México, p. 6. 275 Reforma (2010), “Revela alcalde que ‘Chico Malo’ era de sus rudos”, 23 de marzo, México, p. 1. 276 Reforma (2010), “Defiende a su ‘chico malo’… y además le pagaban. Reconoce Fernández que 277 278

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pagó por datos a hombre detenido ligado a los Beltrán. ‘Si tiene cola yo no lo sé’, dice edil de San Pedro”, 24 de marzo, p. 6, sección Nacional. El Norte (2010), “Ya no se ocupa a rudos.- Mauricio”, 22 de abril, Monterrey, p. 1. También El Norte (2010), “Provoca la caída del ‘Chico Malo’ extinción de rudos”, 23 de abril, Monterrey, p. 1, sección Local. Reforma (2010), “Matan a operador de Beltrán en nl. Abate Ejército a ‘La Piña’ tras tiroteo en Monterrey. Afirman que sicario perteneció a grupo de élite de la policía de San Pedro”, 27

Un mes más tarde, el 26 de junio de 2010, elementos de la Secretaría de Ma­ri­na detuvieron a Francisco Martínez Cárdenas —hijo del ex gobernador ­neoleonés Alfonso Martínez Domínguez—, ex director de Alcoholes del municipio de Monterrey entre 2003 y 2006 durante la administración del edil ­R icardo ­Canavati Tafich. Horas antes, habían detenido también a Sabas ­Canavati Dahuabe, quien señaló que trabajaba para Martínez Cárdenas. A ambos se les relacionó como integrantes del grupo irregular formado por el alcalde Mauricio Fernández Garza.279 En declaraciones iniciales, Fernández Garza señaló que Francisco Martínez Cárdenas fungía como su colaborador honorario y no cobraba en la nómina del municipio. En un primer momento, no refirió la tarea concreta que desempe­ ña­ba y se limitó a decir que lo apoyaba con la gente que conocía en los bares y discotecas de la localidad.280 Sin embargo, un día después recordó mayores detalles y precisó que le colaboraba también desde el área de Alcoholes, de la administración municipal: “Paco me ayudaba a juntar lana, que era voluntaria, de 5 mil a 100 mil pesos. Puntualmente me ayudaba a recolectar el dinero que utilizaba para grupos de inteligencia y en su momento a los grupos rudos”.281 Respecto a Canavati Dahuabe, Fernández Garza negó que éste fuera colaborador del hijo del ex gobernador Martínez Domínguez en las tareas que éste realizaba para la recolección de financiamiento de los grupos clandestinos que había montado en San Pedro Garza García. Expuso: “Decían que el muchacho Canavati trabajaba para él y no es cierto. Lo que pasa es que el muchacho de

279 280 281

de mayo, México, p. 4, sección Nacional. La nota reprodujo la muerte violenta por asesinato, enfrentamiento o la detención por vínculos con la delincuencia de al menos siete de los integrantes de esta unidad. Entre ellos, Miguel Ángel Román (a) el Mico, quien fue detenido el 21 de septiembre de 2006 por su presunta participación en el asesinato del director de la aei, Marcelo ­Garza, en ese año. Fue liberado dos meses más tarde, el 3 de noviembre, por falta de pruebas. También El Norte (2010), “Es capo muerto otro ex poli de ‘élite’. Mata Ejército a líder de los Beltrán en San Pedro. Dice Mauricio que narco abatido en San Jerónimo tenía infiltrada a la Policía Municipal”, 27 de mayo, Monterrey, p. 1. El Norte (2010), “Detiene Marina a un hijo de amd”, 27 de junio, Monterrey, p. 1. La frase textual fue: “Él me ayudó con gente en los antros o cosas por el estilo, que él los conocía, pero no como asesor”. Véase El Norte (2010), “Era hijo de amd voluntario.- Mauricio”, 28 de junio, Monterrey, p. 1. El Norte (2010), “Acepta Mauricio que hijo de amd le ‘juntaba lana’. Asegura alcalde que usaba dinero para pagar a grupos rudos y de inteligencia”, 29 de junio, Monterrey, p. 1, sección Local.

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19 años andaba aparentemente pidiendo piso a título personal y nos echaba la culpa que era a nombre de nosotros o culpa de Paco […]”.282 Según la nota que reprodujo sus declaraciones, la Secretaría de Marina publicó un comunicado donde daba cuenta de que había detenido a Francisco Martínez, a Canavati Dahuabe, a Servando Cantú Canales (a) el Largo, a Rafael Alejandro Barragán Martín (a) Palma 14 y a José Juan Torres Guerra (a) Palma 15. De acuerdo con la nota, la institución había dado a conocer también que a los detenidos se les ­decomisaron 3 vehículos, 6 armas largas, 2 armas cortas, 27 cargadores, más de 1 000 cartuchos de diferentes calibres y equipos de comunicación, aunque no precisó quiénes eran sus portadores específicos.283 El 1° de julio de 2010, la pgr anunció que los detenidos estaban bajo la fi ­ gura de arraigo, concedida por un juzgado federal. Se les investigaba por delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A los indiciados se les vinculaba con Alberto Mendoza Contreras (a) el Chico Malo o Palma 22 y con la organización Beltrán Leyva.284 El 13 de diciembre de 2010, el diario regiomontano El Norte publicó la noticia de que Francisco Martínez Garza había sido liberado y ya se encontraba en Nuevo León. Los términos de su liberación, según expuso el medio, no eran conocidas.285 Sabás Canavati Dahuabe también salió libre, aunque no se localizaron detalles al respecto en los medios de comunicación. La prensa regiomontana consignó el asesinato de su hermano —quien aparentemente se encontraba libre bajo fianza—, Daniel Canavati Dahuabe, cuyo cadáver apareció con muestras de tortura y estrangulamiento, en diciembre de 2014.286 De Sabás Canavati sólo existieron noticias adicionales que informaron de su boda con Brenda González Treviño, en mayo de 2017, de la que dieron cuenta

282 283 284 285 286

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Idem. Ibidem. El Norte (2010), “Arraigan al hijo de amd”, 2 de julio, Monterrey, p. 1. El Norte (2010), “Sale libre el hijo de amd”, 13 de diciembre, Monterrey, p. 1. El Norte (2014), “Revelan que sampetrino estaba bajo fianza”, 30 de diciembre, Monterrey, p. 5, sección Seguridad. También El Norte (2014), “Dicen adiós a Daniel Canavati. Más de 200 personas se reúnen en las Capillas Valle de Paz el lunes 29 de diciembre para despedir a Daniel Canavati Dahuabe, joven sampetrino de 21 años de edad que fue localizado sin vida en un lugar del municipio de Guadalupe, causando consternación entre sus familiares y amigos”, Suplemento Sierra Madre, 2 de enero, p. 48.

las páginas de sociales de los periódicos locales;287 y después, de su asesinato, en un restaurante ubicado en el mismo municipio de San Pedro Garza G ­ arcía, donde departía, junto con su esposa y con otro matrimonio, el 5 de abril de 2018. En la nota publicada por diario El Norte, se informaba que el occiso era descendiente de Sabás Canavati Fraige, quien había fundado el Hotel Ambassador en 1943, del que la familia fue propietaria hasta 1997, y de Espiridión Canavati, quien en 1939 había creado la empresa de camisas Manchester. También se hizo referen­cia a los hechos que lo habían ligado al grupo clandestino organizado por el alcalde Mauricio Fernández Garza, que condujeron a su detención, en 2010.288 En lo referente a este último —y a pesar de las dudas del cónsul Williamson, respecto a la posibilidad de que terminara su mandato—, Fernández Garza no sólo había concluido aquel periodo, sino que había resultado nuevamente e­ lecto para presidir el municipio de San Pedro Garza García, entre 2015 y 2018. En su campaña, en mayo del primero de esos años, Fernández Garza concedió una entrevista al periódico El País. En ella, volvió a señalar su afición por la rude­za, a la que definió en dos etapas: la obtención de información de inteligencia y lo que denominó intolerancia. Y afirmó: “Me tocó entrar en la peor época, ­había dos secuestros por semana, era un descontrol y yo le di reversa a todo eso. ­Ataqué de frente. Cuatro delincuentes son los que han anunciado matarme y los cuatro están muertos. El score va 4-0”.289 En términos del esquema teórico que se presentó en el primer capítulo, es posible sostener que un suceso político de gran importancia e impacto, como la alteración de condiciones esenciales de funcionamiento del régimen político que alcanzó su punto referencial en el arribo de una fuerza política distinta al pri a la Presidencia de la República en 2000, significó la inclusión final de una subred hasta entonces esencialmente periférica, a la red de poder hegemónica. 287 El Norte (2017), “Amor a la orilla del mar”, Suplemento Sierra Madre, 26 de mayo, versión en 288 289

línea (de paga). El Norte (2018), “Balean a sampetrino ligado a grupo ‘rudo’”, 6 de abril, Monterrey, p. 1. También Reforma (2018), “Todo está ‘de maravilla’… pero piden apoyo militar”, 7 de abril, Mon­ te­r rey, versión en línea (de paga). El País (2015), “Un dinosaurio al norte de México. El dos veces alcalde del municipio más rico de México se jacta de su dureza contra el narco, busca el poder por tercera vez”, 19 de mayo, disponible en línea: , [consultada el 24 de julio de 2018].

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Se aprecia que los intereses legales e ilegales de distintas subredes que la inte­ gran trascienden las barreras formales en las que se suele enfocar el análisis politológico convencional. Van más allá de la confrontación formal de los parti­ dos políticos y trascienden los límites de gestión establecidos sin alterar en lo esencial su protección, aun si algunos operadores específicos parecen sustituirse o cambian de facto. Se aprecia también cómo la subred emergente que ahora controlaba los principales recursos de poder federales y locales configuró circuitos institucionales de manera formal e informal ligados a operadores sustantivos de actividades ilegales —como el caso del grupo irregular creado por el alcalde Mauricio Fernández Garza, integrante directo de las familias de mayor poder económico y político de Nuevo León—; por tanto, esta subred ha estado relacionada de manera subrepticia, a lo largo de su evolución, con actores dedicados de manera sustantiva a la comisión de actividades ilegales. A modo de recapitulación: con el cambio de poder en 2000, las fuerzas políticas emergentes alcanzaron las posiciones institucionales de mayor influencia en el poder central federal y en la entidad. Varios de sus integrantes estaban directamente ligados con aquella subred de familias de larga trayectoria empre­sarial, que databa desde el siglo xix y que nunca fueron del todo afines al régimen posrevolucionario. Estas familias tomaron parte activa en la conformación del pan, un partido de centro-derecha a través del cual alcan­zaron altos cargos gubernamentales electivos. Y, mediante ellos, ejercieron nuevo control sobre instituciones regulatorias de seguridad y justicia. A ­ parentemente, esta nueva subred de poder también tenía sus propias conexiones con ac­tores dedicados a la comisión de actividades ilegales, como el tráfico de drogas: integrantes de organizaciones delictivas sinaloenses que pretendían establecer su control hegemónico en la frontera noreste, en disputa violenta contra aquella que surgió del vacío relativo que dejó la organización tamaulipeca hasta en­tonces predominante en la región. Esta situación condujo a esce­narios de ­v iolencia inéditos en el Nuevo León y a nuevas manifestaciones de ­im­bri­cación de la economía ilegal y legal: la subred de funcionarios emer­gentes en control de instituciones estatales y municipales y sus aliados delictivos occiden­tales establecieron mecanismos nuevos —si bien más elementales— para lavar recursos de procedencia ilícita —como casinos, por ejemplo—. Al mismo tiempo, intentaban repeler a sus rivales del noreste, que para entonces ya empleaban a una 526

estructura delictiva con perfil paramilitar para atacar sus activos económicos y expulsarlos de la región y que habían construido una red de impuni­dad ­básica, pero funcional, dentro de las corporaciones policiales de varios municipios. A partir del resultado electoral del 2000, la red de poder hegemónica parece haber incluido a actores institucionales emergentes fuera de la pertenencia al hasta entonces partido oficial (pri). En Nuevo León, familias conspicuas contaban con integrantes que alcanzaban posiciones políticas de alta jerarquía en gobiernos priístas o panistas, de manera que sus intereses estaban ­representados y garantizados por los gobiernos de una u otra fuerza. En lo referente a los ámbitos ilícitos neoleoneses, esto se reflejó en que la organización sinaloense parece haber contado con mayor apoyo y protección de actores institucionales, sin distinción de partido en los gobiernos estatal y locales, que aquella ­obtenida por su rival tamaulipeca. Ambas terminaron finalmente escindidas y produjeron nuevos escenarios de confrontación violenta como ­correlato de sus respectivas disputas intestinas. En cualquier caso, de ese apoyo y p ­ rotección institucional parecen haber formado parte figuras de poder integrantes de los círculos de familias empresariales más tradicionales de la entidad, en funciones de gobierno en municipios metropolitanos de alto nivel de ingresos, según los indicios aquí revisados. La evidencia reunida en este apartado satisface los criterios de los indicadores propuestos en al inicio de este trabajo: indicadores de evidencia ­necesaria para considerar a) La presencia de una red de poder hegemónica vinculada a actividades ilícitas dada la información que pone de relieve la existencia de una red social con intermediación entre actores no superior a uno, de actores ­pertenecientes a los tres ámbitos considerados: político-institucional, empresarial y delictivo. b) El control o influencia de circuitos institucionales regulatorios dada la influencia directa de integrantes sustantivos de las subredes analizadas sobre dependencias gubernamentales estratégicas para el desarrollo de las activida­des en las que tenían interés, legales e ilegales. Asimismo, en este último ­r ubro, se aportan también indicadores de evidencia suficiente: la designación, por auspicios de la subred, de funcionarios vinculados con actores delictivos en instituciones encargadas de regular una actividad ilícita en la que aquella tiene intereses, como el caso de la policía sampetrina, según pudo apreciarse en páginas anteriores.

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Segunda Parte

Análisis de redes sociales

8. Análisis de redes sociales

Consideraciones preliminares La estructura de relaciones entre actores, expuesta en la parte precedente de este trabajo, puede ser sujeta a representación gráfica y medición mediante el análisis de redes sociales. Una red social es una estructura compuesta por un conjunto de actores, en la que algunos de sus integrantes están conectados por uno o más tipos de relación.1 Los datos que se analizarán en las páginas siguientes son derivación directa del trabajo sociohistórico sobre la red de poder hegemónica involucrada en la configuración de circuitos institucionales para proteger tráficos ilícitos e integrar capital ilícito en la economía formal en la región noreste de México, con énfasis en el estado de Nuevo León. En esta segunda parte se ofrece una versión abreviada del análisis de redes sociales de las relaciones entre los ­actor­es considerados relevantes por tener participación sustantiva o por ofrecer un elemento importante de contexto. Todos los datos relacionales aparecen de manera explícita en páginas anteriores, o bien, se derivan de las trayectorias curriculares expuestas en el diccionario biográfico de políticos mexicanos de Roderic Ai Camp.2 La primera que se analiza es una red simple, simétrica, de modo 1, ­conexa y no direccionada. Esto implica varias cuestiones. La primera, que en la m ­ edición y graficado correspondiente no se consideró más que el contacto relacional 1 2

Knoke, David y Song Yang (2008), Social Network Analysis, 2ª ed., Sage Publications, Los Ángeles, Londres, Nueva Delhi, Singapur, p. 8. Camp, Roderic Ai (2011), Mexican Political Biographies 1935-2009, 4ª ed., University of Texas at Austin- Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, Austin.

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entre actores —personajes concretos, en este caso—, aun si su significado y complejidad son mayores y si en ellas se encuentran superpuestas relaciones de distintos tipos (parentesco, asociación empresarial, colaboración en la ­f unción pública, etcétera). En este caso, el propósito es sólo la medición relacional de esa estructura y su visualización. Esta red está integrada por 876 vértices (­ac­to­res), que constituyen a su vez una selección de todos los personajes a los que se hizo referencia en la primera parte. Los criterios para ello fue que no se tra­ta­ra solamente de personas mencionadas por mera referencia contex­t ual, sino que fueran a­ ctores sustantivos en los procesos descritos; o bien, tuvieran algún v­ ínculo de relevancia que resultara necesario considerar para mostrar ­conexio­nes directas o indirectas que podrían escapar a la ­v ista sin hacerlas m ­ anifiestas (por ejemplo, parentescos o vínculos políticos de interés). Es s­ imétrica: si A tiene contacto con B, B tiene contacto con A, y así suce­sivamente. Es de un modo, pues en este primer caso sólo se consideran relaciones actor-actor y no actor-organización. Es conexa porque no aparecen actores o conjuntos de ­acto­res aislados totalmente del resto. No es direccionada, porque no se asume un sentido de direccionalidad en la relación entre los actores, por lo que todos los vínculos de la red están constituidos como aristas, no como arcos. Para el análisis de esta red se desarrollaron mediciones de centralidad: grado (degree), cercanía (closeness), e intermediación (betweenness). También se examinaron los componentes de la red (components y bi-components), los puentes (bridges) y los brókeres (cut-vertex). Se identificaron también grupos cohe­sivos dentro de la red mediante la depuración de K-cores. Asimismo, se analizó la integración de n-cliques y de n-clan, en ambos casos, con distancia geodésica de 2. En esta versión impresa pueden consultarse solamente a­ lgunos socio­g ramas. Las tablas con las mediciones, por su extensión, no se ­integraron al texto. La segunda de las redes analizadas es una de modo 2 (actor-organización), simple, inconexa y direccionada. En este caso, se incorporaron 272 entidades que incluyen instituciones o funciones gubernamentales, empresas u organi­ za­­ciones empresariales, agrupaciones sociales y estructuras delictivas. En este caso se realizó la medición de grado de entrada (weighted input degree), como forma de medir cuáles de esas entidades mostraban un mayor número de ­vérti­ces afiliados. 532

Todos los sociogramas y mediciones de las siguientes páginas son ela­bo­­ ración propia. El software empleado para el análisis y graficado de la infor­ mación fue Pajek64© versión 5.05 (julio de 2018)3 y Ucinet© para Windows versión 6.666.4 La recopilación de información que se expuso en la primera parte tuvo lugar de manera equiparable a la técnica de bola de nieve que se emplea para compilar datos para el análisis de redes sociales, con la diferencia de que, en lugar de recibir información de fuentes vivas que refirieran a su vez a otras tantas, se indagó en documentos y hemerografía información de personajes que estuvieran a su vez ligados con determinados actores y procesos. Esto significa que el análisis relacional hace referencia a los datos disponibles que pudo identificar el autor y a los cuales tuvo acceso, en relación con el tema y el área de interés. Por ello, esta parte del trabajo es un elemento deseable, pero com­ plementario al análisis sociohistórico previo: si se accede a ellos sin el panorama previo, los números y las gráficas no siempre permiten encontrar aspectos su­ti­les de rele­vancia o, por el contrario, pueden favorecer inferencias apresuradas que requieren matizarse. No deben, pues, extraerse conclusiones más allá de las que se derivan directamente del análisis relacional de la información aquí contenida. Por ejemplo, no debe proyectarse o minimizarse la importancia de d ­ eter­mi­nado actor encontrado aquí en determinada correlación, dentro de otros contextos estatales o regionales donde su relevancia pueda variar en función de las vinculaciones que ahí mantuviera. O bien, los aspectos relacionales no deben tomarse como elemento de juicio único, sin considerar factores externos a su medición, como son atributos específicos del individuo o de la función que desempeña. Si bien la graficación por cortes de temporales podría haber sido meritoria, el balance sobre el esfuerzo adicional requerido, el calendario de trabajo y el resultado a obtener disuadieron su realización. Hubiera sido necesario r­ egistrar de manera prácticamente manual, en una aplicación de edición de texto, la ­presencia temporal de cada uno de los actores y las relaciones conside­rados 3 4

Mrvar, Andrej y Vladimir Batagelj, Pajek64 5.05, noviembre 1996-julio 2018, . Borgatti, S.P., Everett, M.G. y Freeman, L.C. (2002). Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Analytic Technologies, Harvard, MA.

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—en conjunto, alrededor de 5 000—, para su posterior procesamiento en el ­software. El producto habría sido tan sólo algunos sociogramas más, y el tiempo planteado para proponer la publicación de la obra era ya apremiante, pues la primera parte se concluyó muchos meses antes que la segunda. Espero que, si se sigue la secuencia de lectura sugerida, el lector encontrará más fácil identificar los periodos de influencia de los actores contemplados, pues éstos se muestran en el análisis sociohistórico. Más allá de lo anterior, espero que estos elementos adicionales abonen a llenar el virtual vacío que existe en el panorama mexicano de trabajos académicos que incorporen el análisis de redes sociales en relación con temas como el que se aborda en esta obra.5

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Una excepción es el trabajo notable, pero prácticamente único hasta ahora, realizado por Garay Salamanca, Luis Jorge y Eduardo Salcedo-Albarán (2012), Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México, Debate, México. También Salcedo Albarán, Eduardo y Luis Jorge Garay ­Salamanca (2016), Macrocriminalidad. Complejidad y resiliencia de las redes criminales, ­iUniverse, s. l.

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Colores de la partición: 1 Funcionario/político (marrón); 2 Militar (verde oscuro); 3 Policía/función ministerial/aduanero operativo (azul); 4 Empresario (amarillo); 5 Delincuente (rojo); 6 Funcionario extranjero (verde claro); 7 Parentesco de relevancia (lila); 8 Rol desconocido (gris oscuro); 9 Abogado (café claro); 10 Empresario extranjero (anaranjado); 11 Cubanos anticastristas (negro); 12 Eclesiástico (morado). Fuente: Elaboración propia.

RED MODO 1 (relación actor-actor) Sociograma 1. La red N1(876 vértices)

1. Componentes, brókeres y puentes Un componente está definido por la posibilidad de que cualquier vértice que lo integre puede conectarse con otro a través de uno o más caminos; pero ­ningún camino puede conectar a ninguno de sus miembros con otro fuera de ese subconjunto específico.6 Un puente es una línea cuya remoción incrementaría el número de componentes de la red,7 mientras que un bróker o intermediador (cut-vertex) es un vértice cuya eliminación incrementaría también el número de componentes de la red.8 Un bi-componente (bi-component) es un componente que integra al menos tres vértices, sin que alguno de ellos constituya un cut-vertex.9 Aunque la red N1 tiene un solo componente con sus 876 vértices, 817 de ellos están distribuidos en 46 grupos (bi-componentes) de al menos tres elementos; cada uno podría separarse del conjunto original si se suprimieran vértices específicos y sus correspondientes líneas incidentes. Es preciso acotar, como limitación obvia de este tipo de análisis relacional, que esta aplicación se hace cargo de las relaciones manifiestas en el texto, sin contar con otras que pueden poseer algunos actores, que no aparecen mencionadas en él. Este hecho atenúa, por tanto, la posibilidad de que, en efecto, determinados vértices se separen del componente original con la mera sustracción de alguno de ellos. Piénsese, por ejemplo, en el caso ofrecido por el bi-componente 1, en el que dos ex gobernadores (los hermanos Humberto y Rubén Moreira) aparecen vinculados a la red a través de un presidente municipal (Evaristo Armando Madero Marcos). Es obvio que, en los hechos, los dos primeros difícilmente podrían desconectarse de la red al sustraer la intermediación del tercero, pues poseen relaciones con otros integrantes del subgrupo más numeroso que aquí no se consideraron porque no se analizaron a profundidad las estructuras relacionales de ­Coahuila, sino de Nuevo León. En cualquier caso, el procedimiento permite apreciar grupos de actores interrelacionados de manera directa. 6 7 8 9

Scott, John (2013 [1991]), Social Network Analysis, 3ª ed., Sage Publications, Londres, ­ ousand Oaks, Nueva Delhi y Singapur, pp. 100-101. Th De Nooy, Wouter, Andrej Mrvar y Vladimir Batagelj (2005), Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge University Press, eua, p. 140. Idem, p. 141. Ibidem.

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 2. Cut-vertex (absolute truncating vector) y puntos de articulación

2. Grupos cohesionados Para el análisis de grupos cohesionados se realizó el proceso de extracción de componentes y K-core. Un K-core es una subred máxima en la que cada vértice tiene al menos un grado k dentro de la misma. Al remover progresivamente los K-cores de menor grado dentro de la red y tras la ubicación de componentes fuertes (strong components) en la subred resultante, se aprecian grupos cohesionados de vértices.10

10 De Nooy, Wouter, Mrvar y Batagelj, Exploratory Social Network Analysis…, pp. 70-72. El término “máximo” se refiere a la mayor cantidad de vértices que satisfacen el criterio (el grado considerado).

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 3. Extracción de K-core 3 de la red N1

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 4. Extracción de K-core 4 de la red N1

541

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 5. Extracción de K-core 4 de la red N1 con vector de intermediación (betweenness) (acercamiento)

542

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 6. Extracción de K-core 5 de la red N1

543

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 7. Extracción de K-core 6 de la red N1 con vector de intermediación

544

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 8. Extracción de K-core 7 de la red N1

545

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 9. Extracción de K-core 8 de la red N1

546

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 10. Extracción de K-core 9 de la red N1

547

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 11. Extracción de K-core 10 de la red N1 con vector de intermediación (betweenness)

548

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 12. Extracción de K-core 11 de la red N1

549

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 13. Extracción de K-core 12 de la red N1

550

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 14. Extracción de K-core 14 de la red N1

551

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 15. Extracción de K-core 15 de la red N1

552

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 16. Extracción de K-core 18 de la red N1

553

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 17. Extracción de K-core 20 de la red N1

554

Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 18. Extracción de K-core 23 de la red N1

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 19. Extracción de K-core 39 de la red N1

3. n-clan En una n-clique, algunos de los vértices podrían estar unidos por un c­ amino geodésico que incluya a otros tantos fuera de la clique. En un análisis de r­ elacio­nes sociales, semejante condición no siempre es deseable. Por tal razón, una forma de fortalecer el criterio que implica la definición de clique y evitar el anterior inconveniente, es la búsqueda y análisis de n-clan. En un n-clan, un número de vértices (usualmente igual o mayor a 3) deben estar también conectados entre sí de manera directa o con una distancia geodésica no mayor a 2. Sin embargo, en este caso, sólo se considera válida la intermediación por vértices que formen parte del propio subgrupo.11

11 Wasserman, Stanley y Katherine Faust (1994), Social Network Analysis. Methods and applications, Cambridge University Press, eua, p. 261.

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 20. Principales vértices que se traslapan en los clanes (2-clan) de la red N1

Red Modo 2 (relación actor-organización) Una Red Modo 2 implica una relación entre actores y su afiliación a otros elementos (participación en eventos, pertenencia a organizaciones o ­agrupaciones, etcétera). La Red Modo 2 que aquí se analiza refleja la afiliación de los 876 vérti­ces que integran la red N1 en 272 entidades: instituciones, empresas, organizaciones delictivas o bienes patrimoniales.

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 21. Red Modo 2 (1 148 vértices) (actores y organizaciones)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 22. Red Modo 2 (acercamiento 1)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 23. Red Modo 2 (acercamiento 2)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 24. Red Modo 2 (acercamiento 3)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 25. Red Modo 2 (acercamiento 4)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 26. Red Modo 2 (acercamiento 5)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 27. Red Modo 2 (acercamiento 8)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 28. Red Modo 2 (acercamiento 9)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 29. Red Modo 2 (acercamiento 12)

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 30. Red Modo 2 con vector de grado entrante (weighted input degree), con despliegue en Y y con separación manual para mejor visualización

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Fuente: Elaboración propia.

SOCIOGRAMA 31. Red Modo 2 con vector de grado saliente (weighted output degree), con despliegue en Y y con separación manual para mejor visualización

9. Análisis de datos

En lo referente a la red N1, el primer punto a destacar es su carácter conexo: todos los vértices que la integran poseen caminos geodésicos que, de manera directa o a través de diversas intermediaciones, los conecta con cualquiera de los demás, sin que ninguno de ellos esté aislado. El análisis de las medidas de centralidad muestra aspectos interesantes. Por ejemplo, tanto el grado, como la cercanía y la intermediación muestran de manera variable la importancia específica de un conjunto de actores. Sin embargo, cada una de ellas refleja aspectos distintos que es preciso considerar. En la medición de grado (all degree), los actores que se destacan por el valor más alto (igual o superior a 40) son Sáenz Garza, Aarón; Sáenz Couret, Aarón; Guerra Cárdenas, Juan N.; Vega Íñiguez, Rolando; Sada Muguerza, Francis­co G.; Sáenz Couret, Héctor Manuel; Maldonado Elizondo, Carlos; Sosa de la Vega, Manuel; García Ábrego, Juan; Sada García, Roberto G.; Bustamante, ­Eduardo; Garza Garza, Isaac; Garza Sada, Eugenio; Salinas de Gortari, Raúl; Vega ­Sáenz, Rolando; Hirschfeld Almada, Julio; Garza Zamora, Tiburcio; Sáenz Hirschfeld, Aarón; Salinas de Gortari, Carlos; Sada Zambrano, Rogelio. En este caso, se aprecia un valor relevante de actores empresariales que contaban con un alto número de vértices adyacentes. Este conjunto incluye a fundadores de dos subredes de familias empresariales, como Francisco G. Sada e Isaac Garza ­Garza —patriarcas de los Garza-Sada— y Aarón Sáenz, cabeza de la familia Sáenz Couret y su red de parentesco. Estas dos subredes de parentesco y empresariales se destacaron también en el análisis de grupos cohesionados por extracción de K-cores, donde ellas fueron las que mostraron mayor grado de conexión entre vértices, ­a lcanzando incluso conectividad máxima (todos conectados con todos). Más allá del parentesco, que en principio favorece afinidades de relaciones e intereses sin ser 571

inexorable, la cohesión interna de estas subredes se refuerza por su partici­ pación en consejos de administración de empresas bajo su control, hecho que ­aumenta el valor específico que en esta medida poseen actores como Aarón Sáenz Couret, Rolando Vega Íñiguez o Manuel Sosa de la Vega, por ejemplo. El carácter formal y el conjunto de relaciones explícitas que representa la pertenen­cia a un consejo de administración incrementa de manera notoria el grado de los actores que los integran. En la medición de grado, destaca también que sólo dos actores netamente delictivos se incluyen en el conjunto que arroja los valores más altos: Juan N. Guerra Cárdenas y su sobrino Juan García Ábrego. Salvo los dos generales posrevolucionarios Bonifacio Salinas Leal y Tiburcio Garza Zamora, ningún actor militar o del ámbito de seguridad se integra entre los individuos con mayor valor en el vector grado. Sí es el caso, sin embargo, de personajes que desempeñaron una función públi­ca de alto nivel en el ámbito civil. Por ejemplo, el ex presidente Carlos Sali­ nas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari. En lo referente a la medición de cercanía (closeness), los 25 actores que tuvieron valoración superior a 0.28 fueron Guerra Cárdenas, Juan N.; Garza Zamora, Tiburcio; Salinas Leal, Bonifacio; Salinas Lozano, Raúl; Salinas de Gortari, Raúl; Sáenz Garza, Aarón; Villalón de la Garza, Lauro; Livas Villarreal, Eduardo; Echeverría Álvarez, Luis; Salinas Lozano, Carlos; Salinas de Gortari, Carlos; Guerrero Guajardo, Anacleto; Guerra Cárdenas, Roberto; García Ábrego, Juan; Margáin Zozaya, Ricardo; González Barrera, Roberto; Vega Íñiguez, Rolando; Hank ­González, Carlos; López Mateos, Adolfo; Flores Muñoz, Gilberto; Gil Díaz, Francisco; Martínez Manautou, Emilio; González Calderoni, Guillermo; Maldonado Elizondo, Carlos y Sosa de la Vega, Manuel. Estos actores son los que muestran caminos geodé­sicos más cortos en términos comparativos. Es decir, quienes más fácilmente podrían ser alcanzados por otros integrantes de la red en su conjunto. En este caso, los miembros de la red de parentesco y familiar Garza-Sada sólo están presentes a través de Ricardo Margáin Zozaya, quien además de participar en las empresas del clan, desempeñó también funciones políticas. Esta condición parece derivarse de la menor conexión política que este núcleo tuvo, en términos comparativos, con los funcionarios y políticos del régimen posrevolucionario y de su baja participación directa dentro de los espacios gubernamentales. Lo contrario ocurre en el caso del grupo conformado alrededor de 572

Aarón Sáenz Garza. Tal es el caso de Lauro Villalón de la Garza, Rolando Vega Íñiguez, Carlos Maldonado Elizondo y Manuel Sosa de la Vega. Aparecen también con altos valores de cercanía los miembros fundadores de la camarilla de generales que, según la información expuesta en la ­primera parte de este trabajo, estaban ligados a los tráficos ilícitos: Tiburcio Garza Zamora, Bonifacio Salinas Leal y Anacleto Guerrero Guajardo. Hay evidencia de la conexión directa del primero y el último de estos generales con otro de los personajes que muestran un alto grado de cercanía: el contrabandista y tra­ficante de drogas Juan N. Guerra Cárdenas, quien aparece ligado a Salinas Leal a tra­ vés de ambos, aunque es muy probable que también existiera relación ­d irecta de éste con Guerra. En todo caso, de no ser así, existía una relación de distancia geodésica 2 entre ambos personajes, hecho al que se hará r­ e­fe­rencia más adelante al reflexionar sobre los datos correspondientes a n-clan. En esta misma condición se encuentran tanto Aarón Sáenz Garza —quien p ­ osee relacio­nes directas con Tiburcio Garza Zamora— y Bonifacio Salinas Leal — conectado con Lauro Villalón, cuñado de Sáenz Garza—. Muestran alto grado de cercanía otros dos actores con antecedentes delictivos: Juan García Ábrego, sobrino de Juan N. Guerra, y el hermano de este último: Roberto Guerra Cárdenas, quien sí desempeñó funciones gubernamentales en la administración estatal. En una sucesión generacional, otros individuos ligados a los antiguos gene­ rales aparecen también con alto grado de cercanía: Carlos Hank González, Roberto González Barrera y Raúl Salinas Lozano. Algunos integrantes de los círculos familiares cercanos a estos personajes, en particular al último de ellos, evidenciaron también un alto y equivalente valor de cercanía: Carlos Sali­ nas Lozano, Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari. Un funcionario policial mostró también un valor alto de cercanía: G ­ uillermo González Calderoni, lo mismo que dos alto funcionarios federales: de las administraciones de Carlos Salinas y Vicente Fox, en cargos hacendarios, Francisco Gil Díaz; y en el gabinete federal de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, Emilio Martínez Manautou, quien también se desempeñó como gobernador de Tamaulipas. Finalmente, un alto nivel de cercanía evidenciaron varios ex presidentes de la República: el mencionado Salinas de Gortari, así como Adolfo López Mateos y Luis Echeverría Álvarez. 573

Todos estos actores ofrecen caminos de acceso a otros tantos en los tres ámbitos de acción sustantiva: gobierno y poder político, empresa económica legal, e incluso circuitos ilegales a partir de su conexión con vértices identifica­ dos como operadores directos de actividades ilícitas. Respecto a la intermediación (betweenness), 33 actores mostraron ­niveles superiores a 0.03: Guerra Cárdenas, Juan N.; Sáenz Garza, Aarón; Garza ­Zamora, Tiburcio; García Ábrego, Juan; Gil Díaz, Francisco; Salinas de G ­ ortari, Raúl; Guzmán Montalvo, José; Margáin Zozaya, Ricardo; Salinas Lozano, Raúl; ­Salinas Leal, Bonifacio; García Sánchez, Dionisio Román (a) el Chacho; Sali­nas de Gortari, Carlos; Beltrán Leyva, Arturo; Villalón de la Garza, Lauro; Salinas ­Lozano, Carlos; Livas Villarreal, Eduardo; Fernández Garza, Mauricio; Madero González, Evaristo; Cuéllar Treviño, Fidel; González Flores, Juan (a) el Chapeado o González Garza, Juan Manuel; Sada Muguerza, Francisco G.; Guzmán Azcárraga, Carlos A.; Echeverría Álvarez, Luis; Sáenz Couret, Aarón; Alemán Valdés, Miguel; Madero Muñoz, Gustavo Enrique; Cárdenas Guillén, Osiel; Canavati Tafich, Jesús Ricardo; Azcárraga Vidaurreta, Gastón; Azcárraga Andrade, Gastón; Madero Elizondo, Evaristo; Sada García, Roberto G. y González Calderoni, Guillermo. En este caso, además de la presencia reiterada de algunos de los ­generales revolucionarios presentes ya en otras mediciones (Tiburcio Garza Zamora, ­Aarón Sáenz Garza y Bonifacio Salinas Leal), se destaca la inclusión de v­ arios ­tipos de actor en general: a) personajes reconocidos por su alta influencia políti­ca como presidentes de la República (por ejemplo Miguel Alemán V ­ aldés, Luis Eche­verría Álvarez o Carlos Salinas de Gortari); b) altos ­f unciona ­r ios guber­namentales federales (Raúl Salinas Lozano, Francisco Gil Díaz) o locales (­Eduardo Livas Villarreal, Mauricio Fernández Garza); c) políticos (Gustavo E ­ nrique Madero Muñoz. Pero también c) actores que ligan a grupos empresaria­les con otros tantos o con actores institucionales (Francisco G. Sada Muguerza, Gastón Azcárraga Vidaurreta y Roberto G. Sada García). El vector de intermediación parece encontrarse más diluido en la red en general debido a la conectividad que ésta muestra. De cualquier manera, debe resaltarse el alto valor de intermediación que muestran algunos actores identi­ficables con claridad como delincuentes tradicionales: Juan N. Guerra ­Cárdenas; Juan García Ábrego; Dionisio Román (a) el Chacho; Arturo Beltrán Leyva; Juan González Flores (a) el Chapeado o Juan Manuel González Garza y 574

Osiel Cárdenas Guillén. Todos ellos intermediaban la relación de los i­ ntegrantes de sus propias estructuras criminales con otros segmentos de la red. Una condición equivalente ocurre con la inclusión de funcionarios que de­sempeñaban funciones de conexión y coordinación entre actores pertenecientes a diferentes ámbitos: por ejemplo, Fidel Cuéllar Treviño, Guillermo González Calderoni o José Guzmán Montalvo, todos ellos en tareas de seguridad aduanal o policial. Esta apreciación se refuerza con los datos arrojados por el análisis de bi-componentes y brókeres. El análisis de bi-componentes produjo 46 de ellos, de los cuales, el mayor contiene 645 integrantes. El que le sigue en dimensión posee 13, y otro más con 7 vértices, mientras que la mayor parte de los demás se man­ tienen entre los 3 y 4 miembros. Existe, pues, una amplia mayoría de inte­grantes de la red en su conjunto que muestran una notable conectividad, de manera que su separación del resto de bi-componentes la deja ­prácticamente indemne. La mayor parte de estos bi-componentes está formada por actores interrelacionados entre sí, pero que en sí mismos no mostrarían conectividad con el resto de la red —según la información que se pudo obtener—. Se ­trata generalmente de actores empresariales u operativos. Estos últimos pueden ser institu­cionales o delictivos en sentido tradicional, o una mezcla de ambos. Un ejemplo de un bi-componente formado por empresarios es el número 40, integra­do por 13 empre­sarios: Checa, Christian; Borja Chico, ­Manuel; ­Montero Querejeta, Sergio; Romano, Emilio; Castillo Sánchez-­Mejorada, E ­ nrique; Fernán­dez Garza, Álvaro; Amtmann Aguilar, Ricardo; Azcá­rraga Andra­de, José Carlos; Arsua­ga Losada, Braulio; Losada Moreno, Ángel; Maldonado, Ricardo; Azcárraga Andrade, ­Gastón; Loera Aguilar, Fernando. En este caso, la ­conexión del componente con la red es a través de Manuel Borja Chico y de Gastón Azcárraga Andrade, quienes se constituyen, por tanto, como intermediadores (brókeres) en la relación. Un bi-componente integrado por actores institucionales de carácter opera­ tivo puede ejemplificarse con el número 27, con 7 integrantes: Cuéllar Treviño, Fidel; Castillo Castillo, David; Díaz Infante, Salvador; Quintanilla, Ramón; Martínez, Plácido y Sánchez, Heriberto. Todos ellos era comandantes aduanales que operaban bajo la coordinación de Fidel Cuéllar Treviño, que constituía su intermediador con el resto de la red. El bi-componente 20 muestra un caso con 7 vértices, integrado sólo por delincuentes en sentido tradicional y su red de protección policial operativa 575

inmediata: Cárdenas Guillén, Osiel; Treviño Morales, Miguel Ángel (a) el Z 40; Almaraz Ornelas, José Santos; Medina Flores, Amador; Esparza Contreras, Alejandro Arturo; Lazcano Lazcano, Heriberto (a) Lazca; Guzmán Decena, Arturo (a) el Z 1. Es decir, integrantes del grupo delictivo de Osiel Cárdenas y directores de policía municipal a su servicio. En este caso, Osiel Cárdenas fungía como el cut-vertex (bróker) de estos actores con la red. Algunos bi-componentes aislados están integrados por actores que se mencionaron de manera tangencial, aunque relevante, en los hechos d ­ escritos: algunos funcionarios extranjeros, e incluso un grupo de rebeldes cubanos anti­ castristas que se entrenaban en México para intentar el derrocamiento del ­régimen de Fidel Castro, en la isla caribeña. Es preciso señalar que se alude a las relaciones explícitas que pudieron documentarse a lo largo de la investigación que nutrió a este trabajo. Es probable que varios de estos integrantes de bi-componentes contaran de suyo con otras relaciones de conexión con otros miembros de la red.1 Sin embargo, en un ­análi­sis relacional como el que realiza este tipo de herramienta metodológica, con base exclusiva en la información que se logró verificar y que fue expuesta en la primera parte, su conexión con el resto de la red, al menos en el caso de Nuevo León, aparece limitada a los brókeres señalados o inexistente. En cualquier caso, el análisis de redes sociales realizado en lo referente a bi-componentes y brókeres permite apreciar la futilidad de estrategias contra la delincuencia organizada basadas en la lógica de la decapitación de organizacio­ nes criminales en su dimensión operativa: el bi-componente mayor —donde se encuentran los actores que articulan la protección institucional de mayor nivel para garantizar impunidad e integración de recursos ilícitos— sigue intac­to y sus puntos de intermediación con los segmentos operativos vuelven a articularse con relativa facilidad. En lo referente al análisis de grupos cohesionados, la extracción de K-­cores permitió encontrar segmentos de la red con alta conexión. Como se señaló, en algunos casos se trata de redes de parentesco y de participación empre­sarial. Las primeras son relevantes porque, sin ser determinantes inexorables, sí 1

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Piénsese, por ejemplo, en el caso de los referidos directores de seguridad pública municipal, de quienes no se cuenta con información sobre si fueron impuestos a las alcaldías por acción del grupo delictivo de Osiel Cárdenas, o debían su nombramiento a conexiones específicas con otros actores institucionales.

permiten plantear la hipótesis de la existencia de afinidades, lealtades y a­ lgún grado de comunión en intereses patrimoniales —aunque también de d ­ isputa, desde luego—. La pertenencia a una misma red familiar, no siempre electiva, no deter­mina una coherencia colectiva en toda acción emprendida por cada uno de sus miembros. Sin embargo, cuando a esta dimensión de las r­ elaciones ­socia­les se añade la pertenencia a instancias de coordinación de la acción colec­tiva caracterizadas por una racionalidad orientada a fines, seme­jante ­acción deja de ser solamente una afiliación fortuita o afectiva para ­a lcanzar ­fi nes ­concretos. Por ello, la pertenencia a un consejo de ­administración se añade como elemento relevante, además del parentesco. Y cuando la empresa aparece con frecuencia ligada a hechos ilícitos a lo largo del tiempo, existe en quienes las dirigen, negligencia o participación. Las conexiones continuadas directas o con distancia geodésica no mayor a 2 con actores delictivos parece apuntar a la segunda de estas posibilidades. Por ello, aunque se realizó la medición de n-clique (n=2), la restricción que representa la propia de n-clan (n=2) se constituye probablemente como la ­mejor herramienta para apreciar no sólo la existencia de estas relaciones, sino su p ­ erduración, cuando en el mismo clan aparecen los vínculos que unen ge­neraciones de actores. En los n-clanes se observa la confluencia de actores políticos, de seguridad, empresariales y delictivos y su continuidad. Es decir, la categoría analítica propuesta en la primera parte de este trabajo, un subcon­ junto de la red de poder hegemónica mexicana que operó la configuración de circuitos institucionales para proteger actividades ilegales e integrar en la economía legal recursos ilícitos obtenidos a través de ellas, está integrado en los 2-clan aquí expuestos. No existe un valor numérico específico que determine de manera rígida la pertenencia o no a esta red, pero la gradación de los valores de los vértices que integran los 2-clan en lo referente a su grado saliente (output degree), es decir, su traslape en varios de ellos, permite apreciar aspectos de interés. Por ejemplo, los 10 vértices que se traslapan en mayor medida en los 2-clan son, en orden descendente, Garza Zamora, Tiburcio; Salinas Leal, Bonifacio; Livas Villarreal, Eduardo; Guerra Cárdenas, Juan N.; Salinas Lozano, Raúl; Guerrero Guajardo, Anacleto; Sáenz Garza, Aarón; Echeverría Álvarez, Luis; Villalón de la Garza, Lauro y Alemán Valdés, Miguel. Es decir, los generales revolucionarios de la camarilla político-militar del noreste (Garza Zamora, Salinas Leal y Guerrero 577

Guajardo); un político militar y empresario ligado a ella (Sáenz G ­ arza), un empresario liga­do a la misma (Villalón de la Garza), un ex ­gobernador formado bajo su dirección (Livas Villarreal); dos presidentes de la ­República ­(Echeverría y Alemán) y un ex secretario de despacho, padre de otro presidente ­(Salinas Lozano). En el caso espe­cífico del noreste, con énfasis en Nuevo León, sólo un ­delincuente, en sentido tradicional, forma parte de este selecto grupo: Juan N. Guerra Cárdenas. Si la valoración se extiende a los primeros 25, se añadirían entonces, también en orden decreciente: Flores Muñoz, Gilberto; González Barrera, Roberto; Osuna, Carlos F.; Vivanco, José S.; Salinas Lozano, Carlos; Salinas de G ­ ortari, Raúl; Gárate Legleu, Raúl; Serrano, Carlos I.; Hank González, Carlos; Ortiz, Eulo­gio; García Ábrego, Juan; Rodríguez, Abelardo L.; González Flores, Juan (a) el Chapeado o González Garza, Juan Manuel; Salinas de Gortari, Carlos y Calles, Plutarco Elías (Jr.). Es decir, un secretario de despacho y aspirante a la candidatura presidencial, ligado a los generales revolucionarios referidos (Flores Muñoz); un empresario industrial y banquero ligado a uno de esos militares y a otros altos funcionarios federales y estatales (González Barrera, ligado a Sa­linas Leal, ­Livas Villarreal, Salinas Lozano, Salinas de Gortari y Hank González); otros militares revolucionarios (Ortiz y Gárate Legleu), dos de ellos integrantes de la camarilla de militares políticos (Gárate Legleu y Serrano); otros dos presidentes de la República (Abelardo Rodríguez y Carlos Salinas de Gortari); el hijo de otro más (Calles Jr.); así como dos delincuentes tradicionales más (Juan Gonzá­lez y García Ábrego). En contraste, aunque otros de los actores tuvieron conexión con los an­ teriores, su nivel de traslape fue considerablemente menor. Por ejemplo, Ricardo Margáin Zozaya aparece en el número 26, pero Francisco G. Sada Muguerza se ubica en el 56 y los demás integrantes de la red de parentesco y empresarial Garza-Sada se ubicaron en posiciones de menor cuantía. Esto implica que, si bien coincidieron en general con los actores más sustantivos, sea por c­ onexión directa o por intermediación con una distancia geodésica no mayor a 2, su interacción fue comparativamente menor. Como se recordará, según se vio en la primera parte, no fue sino hasta finales de la década de 1990 e inicios del siglo xxi que las fuerzas políticas más claramente identificadas con este subconjun­to comenzaron a ocupar posiciones de gobierno, en las que tomaron parte direc­ta algunos de sus miembros, como Mauricio Fernández Garza, que en este caso ocupó el lugar 227. 578

En lo referente a delincuentes tradicionales, esta expansión sólo implicó la inclusión de dos personajes con alta conexión política: Juan García Ábrego, sobrino de Juan N. Guerra y Juan González (a) el Chapeado, amigo y asociado de este último. Es significativo que la gran mayoría de delincuentes tradiciona­ les —incluso varios de aquellos que se consideran inmensamente poderosos por auto­ridades y medios de comunicación— evidenciaron niveles de ­traslape ­mucho menores: Arturo Beltrán Leyva, en el puesto 146; Joaquín Guzmán ­Loera (a) el Chapo, en el 168; Amado Carrillo Fuentes, en el 228; Ismael Zambada García (a) el Mayo, en el 248; Osiel Cárdenas Guillén en el 254; Édgar Valdez Villarreal (a) la Barbie, en el 279; Arturo Guzmán Decena (a) el Z 1 aparece en la posición 628; Heriberto Lazcano Lazcano (a) Lazca, en la 629; Miguel Ángel Treviño Morales (a) el Z 40, en la 630; Reynaldo Zambada García (a) el Rey, en la 704; y Gilberto García Mena (a) el June, en la 756. Probablemente algunos de ellos mostrarían un nivel de traslape mayor en 2-clan correspondiente a un análisis de redes sociales con información de la interacción de actores de otras zonas de la República, pues formaban parte de estructuras delictivas ­asentadas en lo sustantivo en otras regiones, hecho que pudiera evidenciar mayor influencia y conexión con los ámbitos políticos y económicos dentro de ellas. No es el caso, sin embargo, en el noreste del país, en particular en Nuevo León y Tamau­lipas. La información expuesta a lo largo de la primera parte del trabajo muestra que varios de estos actores contaron con una considerable cobertura de actores institucionales para llevar a cabo sus actividades ilícitas, así como con una conexión relevante con otros tantos de orden empresarial, con los que habrían inte­g rado recursos económicos ilícitos en ­establecimientos ­legales. No o­ bstante, el nivel de traslape sensiblemente menor permite consi­derar que se trata de condiciones transitorias, donde los actores que más perduran, que garantizan la impunidad y gozan con mayor estabilidad de los beneficios obteni­dos con actividades ilegales, son aquellos que se mantienen de manera más fija dentro de los clanes imbricados: sobre todo, políticos, altos funcio­ na­r ios y empresarios, mientras que la mayor parte de delincuentes, en sentido t­ radicional, son reemplazados. Dada la continuidad de actores sustan­tivos ­dentro de la estructura traslapada de los clanes, se puede considerar también que los sobre­saltos —choques violentos— que pueden derivarse de estos procesos de reemplazo rara vez afectan de manera sustantiva a los integrantes más estables de esas subredes: sus efectos se focalizan, la mayor parte de las veces, 579

en los mismos segmentos operativos, tanto en sentido delictivo tradicional, como en el de intermediación institucional. Actores con roles institucionales que fungían como coordinadores operati­ vos entre ámbitos distintos no muestran un nivel de traslape equiparable a las jerarquías más altas, aunque el valor que ofrecen no es deleznable. De ellos, los que muestran mejor ubicación en el ranking son Fidel Cuéllar Treviño, en la posición 46 y Guillermo González Calderoni, en la 53. Esto podría ­derivarse del hecho de que su influencia ocurrió dentro de periodos más acotados, de ma­nera que sus interacciones son, sobre todo, con personajes relevantes de tempora­ lidades específicas (1970-1976 en el caso de Cuéllar y 1988-1994 en el caso de González Calderoni). En relación con la Red Modo 2 que se mostró en páginas anteriores, la enti­ dad que mostró mayor afiliación fue la de gobierno estatal (vértice 881), con grado de entrada de 65. Esto significa que 65 actores de la red N1(876 ­vérti­ces) ­de­sempeñaron cargos en el ejecutivo estatal, sea como ­gobernadores, ­secretarios generales o de despacho (con excepción de funciones de p ­ rocuración de justicia o de seguridad pública, que cuentan con sus propios vértices para denotar afiliación). Esto cobra sentido porque se focalizó el análisis con énfasis en un contexto estatal-regional. El segundo vértice que recibió mayores actores afiliados fue Banca Confía. En esa entidad bancaria se articuló una amplia confluencia de actores ­ligados con Aarón Sáenz Garza (vértice 62). El valor de grado de entrada sería aún mayor si se hubiera considerado su integración con Grupo Ábaco (18 vértices) tras la nacionalización y reprivatización bancaria, con la sustitución de los an­ te­riores por varios integrantes de las subredes de parentesco y empresariales Garza-Sada y Canales Clariond. El tercer vértice con mayor afiliación fue Aduanas (vértice 877), con 54 vérti­ ces afiliados. Como se vio a lo largo de la primera parte de este trabajo, la ins­ titución federal que, bajo sus distintas denominaciones, se ha encargado de la administración y operación de las aduanas del país ha sido de manera constante una entidad donde confluyen intereses y actores involucrados en la protección a los tráficos ilícitos. Su alto valor de grado entrante se deriva de la minuciosa investigación realizada por los agentes del grupo especial de la D ­ irección ­Federal de Seguridad en la década de 1970, que permitió incorporar a un alto número

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de funcionarios y oficiales aduanales.2 De igual manera, es resultado de las investigaciones periodísticas del semanario Proceso, correspon­d ientes a tráficos ilícitos en los que presuntamente había participación de la Administración General de Aduanas en la primera década del siglo xxi.3 Investi­gaciones con detalle equiparable sobre otras instituciones —la Procuraduría General de la República (pgr), por ejemplo, ubicada en la posición 10 de esta categoría, con 26 actores afiliados—, no existen o no están disponibles al público, pero previsiblemente hubieran determinado valores semejantes o mayores de grado entrante. El Congreso Federal (vértice 894), listado en cuarto lugar, empata en reali­ dad con Aduanas, pues también posee 54 vértices afiliados. En este caso, la conclusión a destacar es la alta cantidad de individuos de interés en este ­trabajo que ejercieron cargos legislativos federales (diputados o senadores), es decir actores políticos. De hecho, 12 de las primeras 36 entidades con mayor ­nivel de afiliación implicaron el desempeño dentro de instituciones públicas ­civi­les: ­1. Gobierno estatal (vértice 881; 65 vértices afiliados); 3. Aduanas (v. 877; 54 vértices a­ fi­liados); 4. Congreso federal (v. 894; 54 v. afiliados); 5. Presidentes ­municipales (v. 880; 44 vértices afiliados); 10. pgr (v. 904; 26 vértices a­ filiados); 17. ­Presidentes (v. 897; 21 vértices afiliados); 21. shcp (v. 882; 18 vértices ­a filiados); 27. Procuradurías entidades federativas (v. 901; 11 vértices afiliados); 28. Instituciones federales agropecuarias (v. 886; 10 vértices afiliados); 31. Segob (v. 902; 9 vértices afiliados); 35. Secretaría de Industria y Comercio/Secofi/Economía (v. 887; 8 vértices afiliados); y 36. Policías municipales (v. 898; 8 vértices afiliados). De ellas, sólo aduanas, la pgr, las procuradurías de justicia estatales y las policías municipales desempeñaban tareas sustantivas de seguridad (Segob hace referencia a secretarios de despacho, la Dirección Federal de Seguridad 2 3

Informe de la dfs titulado “Indicador. Paso del contrabando de armas, municiones, drogas y mercancías varias”, 2 de julio de 1974, s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra, legajo único, caja 313, foja 1. La versión pública se realizó en 2017. Las notas de investigación periodística fueron múltiples y la información fue retomada en la primera parte. Como ejemplo, véase Proceso (2001), “Miembros del equipo de Gil Díaz, tocados por el contrabando”, 5 de mayo, México, disponible en línea: , [consultada el 9 de junio de 2018].

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(dfs) cuenta con su propio nodo de afiliación, el cual no figuró en estas primeras posiciones). Esto no implica, desde luego, que las instituciones de seguridad tengan una importancia menor; el análisis refleja simplemente la importancia de la participación de actores políticos en los hechos de interés que se relatan en el trabajo. De las instituciones de seguridad, aquella que mostró mayor nivel de afilia­ ción (grado entrante) de actores relevantes para este trabajo fue el Ejército ­(vértice 879), que se ubicó en la posición 6 de la lista, con 38 vértices afiliados que, en su mayoría, eran generales posrevolucionarios, comandantes de zona militar o con alta responsabilidad política, entre ellos presidentes y gobernado­ res de origen militar. Este hecho es congruente con la información mostrada en la primera parte de este trabajo, en la que los generales revolucionarios y posrevolucionarios desempeñaron un rol fundamental en la configuración de circuitos institucionales de protección a los tráficos ilícitos y la integración de capital de origen ilícito en la economía formal. En lo referente a las organizaciones delictivas en sentido tradicional (es decir, con la consideración exclusiva de delincuentes operativos), dos de ellas aparecen entre las primeras 10 entidades con mayor grado entrante: en el sépti­ mo lugar, la Organización de Sinaloa (Cártel de Sinaloa) (v. 1084; 35 vértices afiliados); y la organización Guerra/García Ábrego ocupó el lugar 9 (v. 1049; 27 vértices afiliados). No obstante, esta condición requiere tomar en cuenta que, en el caso del Cártel de Sinaloa, la facción interna que tuvo mayor presencia en el noreste fue la articulada en torno a Arturo Beltrán Leyva (v. 567), de ­manera que se consideró también como entidad específica la Organización Beltrán ­Leyva (v. 1147). Ésta se ubica en la posición 12, con 26 vértices afiliados. En ­cambio, en lo referente a la organización Guerra/García Ábrego, la mayor ­parte de los actores afiliados que se consideraron en el análisis fueron ­integrantes de la red criminal de Juan García Ábrego, que aparecieron mencionados en el juicio penal realizado en contra de este jefe criminal en Houston Texas, en 1996.4 La red criminal de Juan N. Guerra, que operó con antelación a la década de 1980 se identifica con menor claridad, pues varios de los actores delictivos con los que tenía interacción y/o colaboración no necesariamente estaban, en sentido estricto, bajo sus órdenes, de manera que varios de ellos se ubicaron dentro de 4

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United States of America vs. Juan García Ábrego, CR. NO. H-93-167-SSS, United Stated ­District Court, Southern District of Texas, Houston Division.

la categoría de delincuentes sin organización identificada (v. 893). Es el caso, por ejemplo, de algunos actores relevantes que operaban en Miguel Alemán, Tamaulipas, como Germán Barrera González (v. 163); Wenceslao Ramírez Guerra (v. 792); Emilio Guerra (v. 809) o incluso Lino González Pérez (v. 191), en Monterrey, con quien Guerra se reunió en 1970, según informe de la dfs,5 para acordar la logística de los contrabandos bajo la guía de funcionarios aduanales, según se vio en la primera parte este trabajo. Si se incluyen actores semejantes, el grado de entrada de la organización Guerra/García Ábrego la ubicaría en posición aún más alta. En lo referente a entidades empresariales, varias de las que se ubicaron entre los primeros 25 lugares de grado de entrada mostraron, según la información expuesta en la primera parte, participación de actores aparentemente ligados a actividades ilegales en la formación de sus capitales, en su toma de decisiones o en la distribución de sus productos. Después de Banca Confía, la siguiente empresa con mayor grado entrante en orden decreciente fue, en el lugar 8, Banorte (v. 999; 29 vértices afiliados). En la posición 13, Vitro (v. 923; 25 vértices afiliados). En la posición 18, Compañía Mexicana de Aviación Corpora­ ción Mexicana de Aviación (Mexicana de Aviación) (v. 1025; 21 vértices afiliados). La inclusión de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (v. 922; 20 vértices afiliados) en el lugar 19 se debe a la exposición genealógica de actores ligados a la formación histórica de capital en Monterrey. En el lugar 22 se encuentra el referido Grupo Ábaco (v. 1045; 18 vértices afiliados). En el sitio 23 se ubica Aviones S. A. de C. V. (v. 1032; 17 vértices afiliados), una compañía propiedad de los descendientes de Aarón Sáenz, a la que se ligó con el desembarco de drogas psicoactivas ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.6 En la posición 24, Madero y Compañía o Casa Madero (Monterrey, N. L.) (v. 913; 14 vértices afiliados), empresa encabezada por Evaristo Madero, quien invitó a un grupo de empresarios encabezados por Juan N. Guerra a visitar sus instalaciones y bodegas en Parras, Coahuila,7 según se vio en la primera parte. Y en el puesto 25, la Cervecería Cuauhtémoc (v. 929; 14 vértices afiliados), la

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Ricardo Condelle a Luis de la Barrera, agn, dfs, Versión pública del expediente de Lino González Pérez, legajo único (2017), fojas 9-10. Reforma (2008), “Descargaba droga ‘El Rey’ en aicm”, 3 de diciembre, p. 1. El Norte (1962), “Invitados de Casa Madero a Parras”, 24 de julio, Monterrey, p. 4A.

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empresa de la que el general Tiburcio Garza Zamora y los hermanos Roberto y Juan N. Guerra Cárdenas eran distribuidores.8 Es relevante señalar que una entidad que recibió una considerable afiliación (grado de entrada en relación con 19 vértices) fue el vértice 888, que denominé organización Canavati. Se trata de los integrantes de la red de parentesco y empresarial Canavati directamente identificados como partícipes en ­activida­des de tráficos ilícitos, así como sus operadores directos. Entre los primeros, personajes como Pedro Canavati (v. 190) o sus hijos Jesús (v. 189), Jorge (v. 188) y Nicolás (233); entre los segundos, Juan González Flores (a) el Chapeado o Juan Manuel González Garza (v. 161) y Santiago Guerra Barrera (a) el Chango, (a) el Flaco o (a) el Chago (v. 237). Según se vio en la primera parte, estos dos últimos actores mantenían relación con Juan N. Guerra y la dfs los consideraba traficantes de drogas, no sólo contrabandistas de mercancías textiles.9 Finalmente, es de notar la alta ubicación en el listado decreciente de grado de entrada que evidencian organizaciones políticas (11. pan, v. 1046; 26 v­ értices afiliados) y sociales conservadoras (15. Crac, v. 1075; 24 vértices a­ filiados) y (16. agrupaciones católicas, v. 1076; 23 vértices afiliados). En este caso, el resultado obedece al intercambio de diversas generaciones de integrantes de los ­círculos empresariales de Nuevo León, que participaban en organizaciones de corte confesional y anticomunista, ligados además con el pan desde su f­ undación y que comenzaron a ejercer funciones de representación legislativa desde la dé­ca­da de 1960 y, sobre todo, de gobierno municipal y estatal a partir de la década de 1990. Esto pone de manifiesto la inclusión en la red de poder hegemónica de un conjunto de actores que, hasta esos años, no formaban parte de ella (no estaban en condiciones de configurar circuitos institucionales para su virtual beneficio exclusivo). Naturalmente, la inmensa mayoría de los ­actores políticos considerados no estaban afiliados al pan, sino al partido oficial: el pri y sus anteriores denominaciones. Por ello, hacer un recuento específico al respecto hubiera sido redundante.

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9 584

Documento titulado “Municipio de Reynosa”, s. f., s. l., agn, dfs, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, foja 49. También, Memorándum del coronel Manuel Rangel Escamilla, 11 de octubre de 1960, Versión pública del expediente de Tiburcio Garza Zamora, agn, dfs-ips, dfs, legajo único, fojas 35-36. agn, dfs, Versión pública del expediente de Francisco Guerra.

Conclusión

En una nota periodística donde hacía remembranzas de su vida, Margarita Garza Sada, hija de Roberto Garza Sada y sobrina de Eugenio Garza Sada, recordaba que a casa de su padre o a la suya propia acudían integrantes no precisados de las familias Rockefeller, Rothschild y Marcus (propietarios de las tiendas departamentales Neiman Marcus), empresarios acaudalados, como Emilio Azcárraga Milmo, también, ex presidentes de la República, como Miguel Alemán Valdés, Vicente Fox y Felipe Calderón, o secretarios de despacho eminentes, como Antonio Ortiz Mena. Rememoraba que en una cena en su domicilio, organizada para homenajear a Azcárraga, Alemán y Ortiz Mena, su hijo, Mauricio Fernández Garza, fungió toda la noche como fotógrafo.1 Años después, en 2016, tras el paso de Fernández Garza por la alcaldía de San Pedro Garza García, dos de los integrantes de su grupo especial fueron juzgados y sentenciados en Estados Unidos por colaborar en el asesinato en ese país de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado de Osiel Cárdenas Guillén, ocurrido en 2013.2 Si es permitido hacer una metáfora, a lo largo de estas páginas pudo constatarse que, con conexiones generalmente mantenidas fuera del alcance de la atención pública, el penthouse tiene elevadores directos que lo conectan con los sótanos. 1 2

Milenio (2014), “Margarita Garza Sada, una vida única”, 26 de agosto, disponible en línea: , [consultada el 1º de agosto de 2018]. Se trataba de Jesús Gerardo Ledezma Cepeda, de 59 años, y su primo, José Luis Cepeda Cortés, de 60. Ambos fueron juzgados en la Corte de Southlake, Texas. El hijo de Ledezma Cepeda, Jesús Gerardo Ledezma Campano, de 32 años, se declaró culpable y brindó testimonio en contra de su padre y tío. A todos ellos se les mencionó como integrantes del grupo rudo del alcalde Mauricio Fernández Garza. Véase El Norte (2016), “Declaran culpables a rudos en Texas”, 14 de mayo, p. 1. También El Norte (2016), “Dan 20 años a ‘rudo’”, 20 de agosto, Monterrey, p. 1.

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Y pudo vislumbrarse la aparente identidad de algunos de sus operadores, que permanecen en la oscuridad, lejos del escrutinio. En el desarrollo de este trabajo se pudo verificar la configuración formal e informal de circuitos institucionales para proteger los intereses confluyentes de orden legal e ilegal de subredes que forman parte de la red de poder hegemónica que se entronizó en el país desde finales de la Revolución mexicana. Más allá de diferencias ideológicas o programáticas, estas subredes heredaron de manera virtualmente dinástica esos intereses que perduraron bajo su protección al paso del tiempo, y permitieron la acumulación de capitales por vías que combinaban las inversiones legítimas con recursos que, según las evidencias mostradas, parecen derivarse, con alta probabilidad, de operaciones ilegales. En la transición hacia el nuevo siglo, la red de poder terminó por incorporar a una subred surgida en el noreste del país, durante el Porfiriato, con Nuevo León como epicentro: formada en torno a figuras empresariales y conservadoras, mantuvieron relaciones ambiguas con los gobiernos posrevolucionarios y articularon una nueva fuerza política —el pan— que conquistó la Presidencia de la República en 2000. Entre esas ambigüedades se cuentan las conexiones esencialmente simbióticas con integrantes de las subredes de poder posrevolu­ cionarias pero, además, con actores sustantivos de diversas modalidades de tráficos ilícitos: de manera específica, el contrabando de armas, bienes, alcohol, e incluso drogas. En Nuevo León, la estructura política y empresarial que se consolidó s­ urgió de la mano de una red de poder que combinó el poder político, la empresa y los circuitos ilegales en una dinámica compleja de refuerzo mutuo, con decisio­ nes y prácticas que tuvieron influencia no sólo en esa entidad, sino en los otros estados de la región noreste —Tamaulipas y Coahuila—, pero más aún, en el país en general. El Estado, considerado como entidad ideal abstracta y en esencia positiva contrasta con el cúmulo de evidencias desmitificadoras que, en referentes concretos como el caso mexicano, muestran ante todo los intereses d ­ escarnados de poder y de orden material de aquellos actores que en los hechos le han dado vida, que han actuado en busca de su beneficio específico antes que en favor de la procuración liberal de un interés público formalmente plausible pero inob­servado. Otro tanto ocurre con la visión idealizada que se tiene sobre su contraparte en el sector privado. Sin generalizar, antecedentes como los aquí 586

analizados permiten sostener que, en muchos casos, las fortunas acumuladas deben menos a la innovación, a la laboriosidad, a la calidad del producto y/o servicios ofertados, que a la asociación con actores de poder para ­obtener condiciones ventajosas de desarrollo y mercado; incluso, con la vinculación clandestina adicional con actores delictivos como forma de prevalecer sobre competidores y obtener vías paralelas de acumulación al aprovechar la infraestructura de almacenamiento, transporte y comercialización para obtener ganan­cias a través de otros bienes distintos a aquellos con los que formalmente se opera. Esta lógica reviste una característica del esquema de formación de capital en México que rebasa los criterios de la economía política, clásica y ­marxista. En el caso de la primera, la acumulación formal no es sólo producto del libre juego del mercado: actores específicos gozan de apoyos ilegítimos desde el aparato de Estado, por parte de sus asociados, pero más aún, complementan su ingreso y capacidad de competencia por vías de acumulación alterna basadas en la provisión de servicios y bienes proscritos. En el caso de la segunda, aquí el capital no se forma con base en la explotación del trabajo como forma de extracción del plusvalor: el excedente se deriva del incremento de valor que tienen los bienes realizados a lo largo de la geografía en que se transporta, exclusivamente determinado por su carácter ilegal y por la cadena de sobornos que está asociada su trasiego. Este esquema institucionalizado de acumulación de capital que hace confluir y complementarse aquellos de carácter legal e ilegal no necesariamente es exclusivo de México y otros estudios podrían realizarse para determinar si otras latitudes están aquejadas por prácticas semejantes. No obstante, su continuidad no puede entenderse sin la existencia y perduración histórica de una red de poder hegemónica con carácter particularmente predatorio que ha regido los destinos del país, de manera dinástica, por una centuria. Como fue posible constatar a lo largo de estas páginas, en esa red de poder confluyen actores políticos, empresariales y delictivos, con intereses coincidentes que protegen en función de acciones concertadas. La red de poder hegemóni­ca, como elemento central para comprender el surgimiento, la configuración y evolución fáctica del Estado, puede no serlo tanto en otras experiencias históricas. Sin embargo, puede ser una herramienta conceptual relevante y útil para analizar casos donde el Estado, lejos de evidenciar la procuración 587

fehaciente del interés público, ejercita rasgos importantes de carácter preda­ torio hacia su población o segmentos significativos de ella, al tiempo que exhi­be también condiciones de alta afectación de delincuencia organizada e impunidad que favorecen en particular y de manera sistemática a actores de poder y a sus asociados. En el análisis que nos ocupa, es difícil considerar que los casos r­ evisados sean resultado de pura coincidencia fortuita: la reiteración de hechos vincula­dos a dinastías familiares específicas apunta a una continuidad de la que, evidentemente, sólo puede conocerse de manera intermitente mediante informa­ción pública, pero que, dada su repetición, permanece como una constante. La información reunida satisfizo todos los criterios e indicadores sugeridos como evidencia necesaria y suficiente para considerar la existencia de una red de poder hegemónica vinculada con actividades ilícitas, su capacidad para configurar formal e informalmente circuitos institucionales regulatorios, así como la existencia de capital e impunidad institucionalizadas. Todos, salvo aquellos en los que se demuestra la copropiedad patrimonial de bienes y/o empresas entre actores delictivos e institucionales y empresariales. Esta limitación no es en sí misma atribuible al trabajo. Semejante tipo de documentación requiere la realización de indagatorias judiciales y/o gubernamentales y su disponibilidad pública. En el caso mexicano, ninguna de las dos condiciones están cumplidas, de manera que la investigación sociohistórica se limita a captar, hasta donde le es posible, documentos y evidencias que, por su propia naturaleza, no fueron generados con el propósito de satisfacer criterios académicos, sino que perseguían otros objetivos, con su propia lógica y orientación en función de ellos. Pero ésa es, en general, una circunstancia que enfrenta no sólo éste, sino cualquier trabajo que emplee metodología sociohistórica y fuentes de datos históricos, en la medida en que se trata de la reconstrucción de eventos pretéri­ tos, sólo sujetos de percepción a través de fuentes indirectas, como es la propia documentación histórica.3 No obstante, para subsanar esta condición, en el análisis de la evidencia recolectada se procedió de manera riguro­sa a una triangulación de fuentes que permitiera verificar lo acontecido y los ­personajes involucrados, de manera que unos y otros están confirmados por 3

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Simiand, François (2003 [1903]), “Método histórico y ciencia social”, Empiria, Revista Metodológica de Ciencias Sociales, núm. 6, p. 166.

una multipli­­cidad de elementos coincidentes en lo sustancial. Todos los documentos consultados y referidos a lo largo del trabajo son de origen oficial y son diversos. Resulta difícil atribuir a todas ellas, dada su abundancia y varie­dad, un sesgo deliberado y sostenido a lo largo de décadas, para todos y cada uno de los actores referidos. La selección de las fuentes hemerográficas fue lo más amplia posible, in­tentando hacer compatible su accesibilidad y prestigio con la consigna detallada de los hechos reportados. No se discriminó n ­ inguna fuente de ­información por criterios ideológicos. El valor de cada una de las fuentes consideradas es en sí mismo alto, pero el resultado que se obtuvo a través de su articulación y contraste brinda una base sólida de certeza sobre la cual se elaboró el análisis. Probablemente, en algún futuro del país, otras instancias de investigación, con otros propósitos y otros medios, puedan beneficiarse con los insumos que aquí se aportaron, como punto de partida para indagaciones de mayor profun­ didad. La certidumbre y precisión que requieren otro tipo de finalidades distintas a la academia, como es el caso de aquella con fines de judicialización pueden aunar a una metodología e información del tipo que aquí se expone, sus propios instrumentos y fuentes de investigación. Esto requiere del ­empleo y dedicación de instituciones de investigación e inteligencia que, espero, en alguna medida también hayan podido encontrar en estas páginas una fuente positiva para el desarrollo de su trabajo sustantivo, que a mi juicio, debiera trascender, no sólo las malas prácticas en las que se las ha involucrado en este país, como reflejo de esa configuración originaria de circuitos institucionales que he expuesto aquí, sino, incluso, las propias concepciones tradicionales de seguridad nacional —con sus reminiscencias de Guerra Fría—, para buscar aquellas más amplias e integrales de la seguridad humana. Otros trabajos han desarrollado con amplitud las interacciones entre los ámbitos de poder y delictivo, en función de diversas condiciones posibles de relación y condicionamiento, como elemento esencial para el crecimiento y perduración de organizaciones delictivas emblemáticas en países afectados de manera crónica por este fenómeno.4 4

Véase por ejemplo Astorga, Luis (2003), Drogas sin fronteras. Los expedientes de una ­g uerra permanente, Grijalbo, México; Garay Salamanca, Luis Jorge (ed.) (2012), Narcotráfico, corrup­ción y Estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia,

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En este trabajo se demostró la relevancia de incluir en el análisis una pieza que no suele abordarse, que es la integración del capital ilícito en las actividades de la economía formal.5 Y, junto con ello, el papel desempeñado, con ese propósito, por miembros del sector empresarial. La coyuntura crítica que representó la Revolución mexicana y su resultado a través de la articulación de una red de poder hegemónica que integró los intereses de dominación política y acumulación económica de actores que así configuraron circuitos institucionales y económicos, generó una trayectoria dependiente que se reforzó a lo largo del tiempo por venir. Debido a que los mecanismos de acumulación contemplados incluían actividades proscritas por la ley, la configuración para protegerlos, a través de prácticas formalmente irregulares dentro de las instituciones destinadas a regularlas, sentó las condiciones para el desarrollo paulatino de problemas crecientes de impunidad, en una trayectoria dependiente autorreforzada.6 Prácticas equivalentes a lavado de dinero sirvieron, en el caso estudiado, para fincar el desarrollo de empresas emblemáticas que tuvieron por epicentro el noreste del país —Nuevo León, en concreto— pero alcanzaron relevancia

5

6

Guatemala y México, Random House Mondadori, México; Duncan, Gustavo (2014), Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México, Debate, Bogotá, Colombia; Durán Martínez, Angélica (2018), The Politics of Drug Violence: Criminals Cops and P ­ oliticians in Colombia and Mexico, Oxford University Press, Nueva York; Godson, Roy y John Bailey (eds.) (2003), Menace to Society. Political-criminal Collaboration around the World, Transaction Publishers, eua; Flores Pérez, Carlos Antonio (2013), Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, ciesas, ­México, y Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, ciesas, México. Autores como Vadim Volkov se han enfocado a analizar, en el caso ruso, el efecto del empleo de la violencia criminal en la configuración del capitalismo postsoviético. Véase Volkov, Vadim (2002), Violent Entrepreneurs: the Use of Force in the Making of Russian Capitalism, Cornell University, eua. Se aplica aquí, con base en la información histórica reunida, una inferencia de causalidades basada en el análisis lógico de evidencia histórica para explicar el macroproceso que constituye el surgimiento, la evolución y el resultado de las operaciones de la red de poder hege­mónica y de algunas de las subredes que, dentro de ella, se desarrollaron en Nuevo León. Sobre la trayectoria dependiente, su relación con coyunturas críticas y la inferencia de causalidades por análisis lógico de evidencia histórica, véase Mahoney, James (2000), “Path Dependence in Historical Sociology”, Theory and Society, vol. 29, núm. 4, agosto, Springer, pp. 510-515.

590

nacional e incluso proyección internacional. En algunos casos, este tipo de acciones se multiplicaron virtualmente en la fundación de circuitos económicos específicos en la economía neoleonesa, como pareció ser el caso, por ejemplo, de la ganadería bovina en la entidad. En grado menor, pero también de manera relevante, tales prácticas se desarrollaron en otros sectores, tanto en la produc­ ción industrial, como en el comercio y la dotación de servicios financieros. Coyunturas críticas posteriores, como el arribo de los gobiernos civiles a mediados de la década de 1940, la transición hacia una economía global de la década de 1980 y la alternancia en el poder presidencial en 2000 no alteraron en general los rendimientos crecientes de una configuración original de circui­tos institucionales orientados a favorecer la ganancia privada, aun por vías delictivas y la impunidad. Evidencia como la aportada muestra la insuficiencia que implica aproximar­ se a la noción de delincuencia organizada solamente en función de los grupos que participan de manera directa en la comisión del delito. Si las actividades ilegales requieren de la acción protectora de actores institucionales para su continuidad y rentabilidad, el producto que se genera de ellas no está desti­ na­do a resguardarse sino a invertirse en la economía legal. Sin embargo, las ­proporciones alcanzadas en algunos casos, como parece ser el que ahora nos ocupa, pone también de manifiesto las limitaciones del entramado j­urídico ­penal vigente para abordar fenómenos históricos de tal magnitud, con el involu­cramiento múltiple de tantos personajes sustantivos pertenecientes a todos los ámbitos que dan vida a una sociedad. En los ejemplos analizados en este trabajo, aquellos actores delictivos que aparecen más exitosos en términos de fortuna y crecimiento de su propia red criminal fueron, de manera invariable, quienes contaron con asociados di­rec­ tos en los ámbitos de poder político y económico. El tipo de contactos y su nivel jerárquico, así como la longevidad de su carrera criminal ubica a algunos de ellos como los elementos más representativos de la dimensión más c­ laramente delictiva de la red de poder hegemónica. Una de las figuras más emblemáticas al respecto sería, por ejemplo, la de Juan N. Guerra Cárdenas, vinculado lo mismo a altos funcionarios federales y estatales, que a militares y empresarios de primer nivel. El concepto de red de poder hegemónica no invalida de ninguna m ­ anera la división funcional de sus miembros en relación con sus roles sociales más 591

sustan­tivos, aunque a veces la distinción entre ellos puede ser tenue. Así, por ejemplo, es lógico que la mayor parte de las acciones de configuración institucional sean realizadas de manera sustantiva por aquellos actores que se ­de­sempeñan en esas estructuras o inciden directamente sobre ellas; así como la inversión de los activos obtenidos, sea mediante actividades legales o ­ilegales, termine por efectuarse sobre todo por aquellos actores que desarrollan un rol e­ specífico dentro de la actividad económica en la economía formal. Lo es también que la comisión operativa de las acciones delictivas, como los ­tráficos ilícitos o el ­ejercicio de la violencia, se lleve a cabo por aquellos actores con forma­ción y expe­riencia para ello, y no por secretarios de despacho u hombres de ­empresa. En todo caso, la cuestión central es el carácter simbiótico con que operan y prote­gen sus intereses compartidos y complementarios en los ámbitos legal e ilegal. De acuerdo con la información revisada, son aquellos actores que parecen haber desempeñado un papel de intermediación entre ámbitos ­formalmente incompatibles quienes ejercieron un rol central para la continuidad de las prác­ ti­cas ilícitas. Se trata de actores que, aunque pertenecían en esencia a uno de los ámbitos considerados, mantenían un estrecho contacto con los otros, de manera que constituyen elementos fundamentales para la orientación de la acción concertada. Colaboradores políticos de extrema confianza, parientes directos de figuras de primer orden, integrantes de familias empresariales en contacto directo con actores delictivos, etcétera. En los distintos casos aquí revisados, unos u otros desempeñaron ese rol que permitía el intercambio de información, la organización de propósitos y medidas, así como el flujo y repar­to de beneficios. En los ámbitos establecidos de manera formal —el poder ­político y la empresa— ninguno de esos actores intermediarios aparece como el más relevante del mismo, sino ligado a decisores de mayor jerarquía pero que, de esta manera, establecen una distancia mayor entre sí mismos y las actividades con potencial comprometedor. La red de poder configura y administra la regulación y penalización de ac­ tividades específicas, pero aun en condiciones de alta impunidad requiere ­mantener una apariencia mínima de apego a la legalidad. Una razón para ello es, desde luego, el deseo de evitar escenarios de desbordamiento social que puedan conducir a su reemplazo. Otra es su propio carácter no monolítico de la propia red de poder: las faltas judicialmente punibles de una subred pueden 592

ser empleadas por otra para arrebatarle los recursos que controla. Tal parece haber sido, en efecto, la lógica de penalización de actores específicos que se pudo apreciar en el trabajo, orientada sobre todo a favorecer el ascenso de otra subred al manejo de recursos institucionales o económicos codiciados, más que a finiquitar una práctica ilegal o castigar determinada conducta por estric­ ta causalidad jurídica. ¿Existe preeminencia de algunas facciones dentro de la red de poder hege­ mó­n ica? Las distintas subredes que la integran se disputan entre sí y eventualmente controlan recursos diferenciados, tanto en términos institucionales, como en relación con circuitos económicos específicos. Tales recursos son ­heterogéneos y ganan o pierden preferencia en condiciones específicas de la época y el entorno. Algunas subredes parecieron contar con la visión y capacidad para establecer una configuración amplia y sinérgica de circuitos institucionales, económicos y, según la evidencia, incluso ilegales. Así se aprecia, por ejemplo, en los periodos de 1946-1952 y 1988-1994. En ambos casos, el estableci­ miento de grandes procesos de articulación económica parece haberse complementado de otros tantos de configuración de circuitos ilegales vinculados a los anteriores, hecho que al parecer favoreció la consolidación de subredes de influencia muy profunda y duradera. En otras etapas tal articulación ­aparece menos integral o el resultado fue menos exitoso. Piénsese, en este último caso, el resultado de los primeros 12 años del presente siglo en los que, según se ha visto, las prácticas de articulación entre actividades legales e ilegales como forma de acumulación se mantuvieron presentes, pero sin consolidar una influen­ cia de largo plazo. ¿Ha existido una figura central dentro de la red de poder hegemónica mexicana? Dentro de los recursos institucionales disponibles en el régimen político mexicano, la más relevante ha sido la Presidencia de la República y, supeditadas a ella, las secretarías de despacho del gabinete federal. La subred que alcan­za la Presidencia de la República goza de preeminencia frente a las d ­ emás. F ­ iguras políticas que ejercieron ese cargo, como el caso de Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari, parecen haber mantenido una influencia t­ ransexe­nal, además de evidenciar especial interés en el tema central de este trabajo, según se ha visto a lo largo de estas páginas. La configuración ­origina­ria de circuitos institucionales del Estado con fines ilícitos no puede enten­derse sin las decisiones que tomaron y las acciones que llevaron a cabo el primero y su grupo de 593

allegados cercanos, por ejemplo. La prevalencia de una red de poder hegemónica vinculada a intereses ilícitos y la existencia de una impunidad institucionalizada en las décadas más recientes, no pueden concebirse sin las decisiones y prácticas que tuvieron lugar en el sexenio del segundo, como contraparte, según se vio en el desarrollo de los capítulos precedentes. No ­obstante, la preeminencia no implica univocidad. Diversos actores tanto del ámbito ­político como del empresarial muestran también relevancia e influen­cia no des­deñable aunque sin alcanzar las propias de un presidente de la República. Tal fue el caso, por ejemplo, de Aarón Sáenz Garza, o los propios integrantes de la familia Garza Sada, aun con la ambigüedad con que se desempeñaron tradicionalmente en relación con el régimen. La preeminencia virtualmente incontestable de la Presidencia de la Repú­ blica no se mantuvo incólume entre 2000 y 2018, años en que el régimen mexicano ha experimentado la alternancia del pri al pan y viceversa en la titula­ridad del ejecutivo federal, con una incógnita abierta ahora con el ­resulta­do del proceso electoral de 2018, con el triunfo en los comicios de otro partido. Sin em­ bargo, a lo largo de ese periodo, la continuidad de los intereses ilegítimos de la red de poder se mantuvo. No resulta del todo extraño, si se considera el cúmulo de evidencia proporcionada en el último capítulo, donde se destaca la confluen­cia de intereses ilícitos entre las subredes añejas identificadas con el pri y aquellas de carácter emergente, pertenecientes al pan en Nuevo León. Tal continuidad aparece como uno de los factores relevantes a considerar en el surgi­miento y, sobre todo, en la dinámica y potenciación de la violencia crimi­ nal que se multiplicó en ese estado a lo largo de las dos décadas precedentes. En ese contexto, las complicidades y los asociados de la red de poder ­hegemóni­ca resultan un elemento inexorable para el análisis, según pudo constatarse. Una indagación más detallada sobre la forma en que opera una red de p ­ oder hegemónica sólo puede alcanzarse a través de la entrevista directa a una diversidad de actores que puedan ser conceptualizados como tales en ­f unción de los criterios propuestos: personajes con capacidad para configurar de mane­ra ­formal o informal circuitos institucionales para favorecer intereses ­priva­dos con los que se encuentran asociados, incluso si semejantes intereses son de carácter ilegal. No resulta fácil imaginar qué candidatos relevantes y con conoci­ miento de causa y forma puedan aceptar someterse de modo v­ oluntario a semejante tipo de interrogatorio, por lo que es previsible que información de 594

esta naturaleza sólo pueda derivarse de procesos judiciales de justicia transicional equiparables a aquellos que se siguieron, por ejemplo, en el caso de Colombia para indagar a la denominada parapolítica. El deseo de conocimiento académico se acompaña también de una preocupación por recuperar los destinos de un país para el bienestar de su población, deseo que hago manifies­to y explícito, que no resta la pretensión de objetividad del trabajo que aquí se ha desarrollado, pero que pone en claro mi propia posición personal ante el tema que se aborda. Si semejante escenario ocurre, y si en caso de acontecer, el mecanismo derivado no llega a ser finalmente configurado por la misma red de poder en función de la protección los intereses históricos que aquí se han evidenciado, es una interrogante que permanece aún sin respuesta. Finalmente, esta investigación logró aportar también algunos indicios de un aspecto tan paradójico como sorprendente. Se trata de los contactos entre subredes de poder mexicanas con participación en actividades ilícitas y otras externas al país —estadounidenses, en particular— pero con intereses dentro de México. Esto se hizo manifiesto, desde los contactos para importar armas con el fin de apoyar una rebelión armada en contra de Lázaro Cárdenas, entre las familias Garza Sada y la Standard Oil Company de la familia ­Rockefeller, en Estados Unidos, hasta la ayuda solicitada por Winston S­ cott, jefe de la es­ ta­ción de la cia, a Miguel Alemán para tareas anticomunistas en México, a pesar de que la institución del primero sabía, desde 1951, que el más e­ strecho ­colabo­ra­dor y asociado del segundo —Carlos I. Serrano— tenía partici­pación en el tráfico de drogas. Incluye también las aparentes gestiones de Lloyd ­Bentsen para apoyar el otorgamiento de asilo político a Enrique F ­ uentes León, lo mismo que el desvanecimiento de la causa penal en contra de Juan José Rojas Cardona, traficante de drogas y empresario de casinos, por parte de un juez nominado en el cargo por el presidente estadounidense George Bush —cuyo hijo, el t­ ambién presidente George W. Bush se preciaba de su entrañable amistad con el gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, procesado por proteger al tráfico de drogas—. Y a ello hay que incluir la cooperación de personajes ­ligados a la familia Garza Sada —como el caso de Ricardo Margáin Zozaya— en el apoyo material a los grupos anticastristas que la cia entrenaba en México, en los mismos años que uno de los distribuidores de la empresa emblemática de esa familia, la Cervecería Cuauhtémoc, era un reconocido homicida, contrabandista y traficante de drogas: Juan N. Guerra. 595

Resulta difícil establecer un juicio categórico al respecto, pues no e­ xiste en México información adicional que muestre de manera conclusiva si esas relaciones obedecieron a la anteposición de los intereses geopolíticos a otros de orden judicial; o si bien, entremezclados con éstos se encuentran eventual­ mente acuerdos y complicidades de los que algunos actores externos a México puedan haberse beneficiado, enmarcados en la secrecía e incluso clandesti­ nidad con que operan semejantes circuitos institucionales. Lo que p ­ are­ce incon­trovertible es que, por la razón que fuera, diversas dependencias de ­seguridad, de inteligencia y de aplicación de la ley estadounidenses han contado con información plena sobre las complicidades de actores de p ­ oder p ­ olítico y empresarial mexicanos con poderosos delincuentes sin que, las más de las veces, tal conocimiento se haya traducido en una disposición para ­proce­sar­los penalmen­te. En tal sentido, el juicio en contra de Tomás Yarrington constituye una honrosa excepción. Probablemente —dentro de la lógica analítica de este trabajo— tampoco más allá del norte de la frontera mexicana la red de poder hegemónica sea monolítica y algunas subredes estén más dispuestas a colaborar con las causas más legítimas de la población de su vecino del sur para generar una América del Norte próspera, basada en la confianza y el respeto mutuos, como elementos irrestrictos para la dignidad y la convivencia humanas. Quizás su propia información y sus propios análisis muestren que las mismas redes de poder hegemónicas que han expoliado por décadas a su vecino del sur sean ­extensión de otras tantas que también han generado efectos graves e indeseados en su propio país, en función de su control sobre circuitos punitivos, bélicos y fi ­ nancie­ros. Otros investigadores con mejores condiciones de ubicación geográfica o financiamiento para gestionar o tener acceso a información desclasificada en los archivos estadounidenses o de otros países podrán abundar al respecto en trabajos adicionales. En cualquier caso, quizás sea tiempo de mirar las cosas con nuevos ojos y arrojar finalmente la luz de la razón, del conocimiento y la justicia sobre ese entramado de complicidades que tanta miseria y tanto dolor han causado, medrando sin pudor y hasta la náusea con sus negocios de sombras.

596

Anexo: cifras de la lucha contra las drogas, 1963-1984

Drogas psicoactivas ilegales CUADRO A.1 Localización y destrucción de plantíos de mariguana Estadística 1963-1964 Lugar Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Cañada Las Juntas (ocho plantíos) Cerro Blanco (un plantío) Sin nombre (cuatro plantíos) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Paso de las Parotas (un plantío) Sin nombre (un plantío) Cañón de San Juan Bautista (un plantío) Cañón de Agua del Toro (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Paso del Toro (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (un plantío) Sin nombre (cuatro plantíos) Sin nombre (tres plantíos) Total: 39 plantíos

Municipio y estado Campeche, Camp. Colima, Col. Guadalupe y Calvo, Chih. Nazas, Dgo. Valle de Santiago, Gto. Guadalajara, Jal. Tingambato, Mich. Tingambato, Mich. Zacapu, Mich. Yurécuaro, Mich. Yurécuaro, Mich. San Marcos Huecahuzco, Mor. Villa de Santiago, N. L. Villa de Santiago, N. L. Atlixco, Pue. Tequisquiapan, Qro. Tampico, Tamps. Veracruz, Ver. Córdoba, Ver. Tantoyuca, Ver. Zongolica, Ver. Huatusco, Ver. Mérida, Yuc. Villa García, Zac.

Superficie en m2 50 10 8 500 200 800 30 10 350 150 100 500 350 3 000 150 200 1 100 30 1 000 100 200 300 50 150 10 700 26 980

Fuente: Procuraduría General de la República (1964), Memoria de la Procuraduría General de la República, 1963-1964, que presenta al H. Congreso de la Unión el subprocurador primer substituto, encargado del despacho, C. Lic. Oscar Treviño Ríos, pgr, México, p. 220.

597

Aguascalientes 12 Baja California 292 Baja California 4 Sur Campeche 9 Coahuila 27 Colima 9 Chiapas 19 Chihuahua 88 Distrito Federal 271 Durango 18 Guanajuato 74 Guerrero 51 Hidalgo 10 Jalisco 45 México 48 Michoacán 64 Morelos 36 13 Nayarit Nuevo León 69 Oaxaca 5 Puebla 19 Querétaro 7 Quintana Roo 17 -

1 0.200000 5 12.040000 12.146000 2.882920 12 170.459961 45 1 537.806485 11.115000 15 696.706500 9 16.585000 1 4.143220 1 14.600600 0 2.563190 11 160.409609 3 48.367000 4.577000 6 2 227.425900 0.900200 2 14.067000 1 17.472425 7.201250 5 500

10 000

180 000

-

273.625000 778.537156 0.059000

6 9 -

-

0.520000 0.887000

5.205000

- 80 000 11.200000 - - - 3.210008 - 0.124985 0.043552 1.135400 - - - - - 3.000000 4.800000 - 50 000 1.700000 -

- - 2.400876 12.200000 0.534520 - 4.350750 0.634000 4 24 5 17 138 198 16 43 44 8 36 43 37 29 5 50 5 10 2 14

5 123 4 6 32 8 24 104 233 18 89 68 11 46 48 75 38 38 71 5 21 8 17

9 266 3 3 31 7 17 96 165 2 55 40 10 34 47 44 11 13 25 5 21 6 10

8 130 1

11 2

3 1 10 133 16 11 54 12 1 31 24 42

10 2

(Continúa)

3 24 1 18 99 198 25 43 44 8 8 41 37 30 8 51 5 2 3 14

2 12 4

(del 16 de febrero de 1963 al 15 de febrero de 1964)

817.046000

7 509.982122

1

19

1 735 155

195 500

Kg

130 000

Kg

Kg

Opio

Kg

0.011200

3.048061 57.461758 7.004872 1.135400

0.001410

Kg

1 124

20

5 61 45 5 78 1 42 5

Núm.

1 827

20

40 76 124 14 145 1 134 35

Núm.

Heroína Cocaína Procesos Procesados

13.420000 0.918000 0.000790 2.298000 0.000600

Kg

Semilla Amapola Morfina Mariguana

1 089

20

62 9 13 127 1 54 13

528

-

8 1 100 1 13 31 10

Posesión Viciosos

Modalidad

937

9

28 86 5 73 1 50 5

Averiguaciones Previas

Amapola

CUADRO A.3 Estadística de la Campaña Permanente de la Procuraduría General de la República contra los Estupefacientes y otras Drogas Peligrosas* (del 1° de septiembre de 1971 al 31 de agosto de 1972)

Fuente: Elaboración propia con información de la Estadística de Estupefacientes proporcionada por la Visitaduría General de la pgr, disponible en Procuraduría General de la República (1964), Memoria de la Procuraduría General de la República, 1963-1964, que presenta al H. Congreso de la Unión el subprocurador primer substituto, encargado del despacho, C. Lic. Oscar Treviño Ríos, pgr, México, pp. 220-223.

Zacatecas Totales

Kg

12 2 2 7 4

25.005000 72.560000 225.963843 0.011830 129.715533 0.004850 184.433900 41.350750

M

Mariguana

H

Reos

San Luis Potosí 28 Sinaloa 68 Sonora 124 Tabasco 14 Tamaulipas 147 Tlaxcala 1 Veracruz 96 31 Yucatán

Estados

CUADRO A.2 Estadística de decomisos de drogas psicoactivas, procesados y averiguaciones previas abiertas por delitos contra la salud

(Continuación)

Plantíos destruidos Superficie en m2 Plantas destruidas Opio Morfina Heroína

9 246 41 233 287 1 226 311 989 40 kg 200 g 13 kg 36 kg 523 g Cocaína

Cantidad asegurada Mariguana Plantíos destruidos Superficie en m2 Plantas destruidas Mariguana asegurada Mariguana incinerada Semilla asegurada Hashish Almácigos destruidos Otros aseguramientos Pastillas tóxicas (anfetaminas y barbitúricos) Polvo de anfetamina lsd-25 Peyote Hongos Vehículos detenidos Automóviles Avionetas Barcos Personas inculpadas Detenidos Nacionales Extranjeros Extranjeros deportados

154 kg 605 g 4 367 11 223 948 187 078 362 151t 819 kg 141 t 695 kg 121 kg 330 g 565 kg 700 g 33 40 428 972 400 g 647 pzas. 19 kg 900 g 2 kg 653 18 3 2 503 1 988 515 184

*Fuente: Procuraduría General de la República (1972), datos tomados de la Memoria de la Procuraduría General de la República, 1971-1972, Que presenta al H. Congreso de la Unión el titular de la misma, C. Lic. Pedro Ojeda Paullada, pgr, México, p. 135.

CUADRO A.4 Esfuerzo nacional contra las drogas 1982, 1983 y 1984* Plantíos asperjados y superficie Nacional en contraste con Zona 11 Nuevo Laredo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

600

Amapola 1982 Plantíos Superficie (ha)

Plantíos Superficie (ha)

1983

Nacional 16 776 1 002

Zona 11 Nacional Zona 11 24 470 1 886 Mariguana 1982 1983 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 11 746 4 22 024 7 801 6 1 971 80

1984 Nacional 24 333 1 834

Zona 11 -

1984 Nacional Zona 11 18 807 24 2 506 4

Aseguramientos Nacional en contraste con Zona 11 Nuevo Laredo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) Amapola (derivados) 1982 1983 1984 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Semillas (kg) 13 105 188 1 Opio (kg) 45 49 72 Morfina (kg) 10 Heroína (kg) 5 9 4 25 13 Mariguana (derivados) 1982 1983 1984 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Semillas (kg) 767 632 6 11 081 180 Planta seca (kg) 71 173 8 161 78 061 14 289 8 560 025 24 594 Hashish (kg) 1 205 Otras drogas 1982 1983 1984 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Depresores 321 201 18 238 334 820 154 572 758 069 23 017 (cápsulas o pastillas) Estimulantes 1 887 172 769 60 26 633 5 011 (cápsulas o pastillas) Peyote (kg) 41 352 333 30 lsd 25 145 1 383 (dosis, papeles, pastillas) Cocaína (kg) 400 2 325 458 301

Decomisos Nacional en contraste con Zona 11 Nuevo Laredo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) Armas

(Continúa)

601

(Continuación)

Largas Cortas Total Cartuchos

Terrestres Aéreos Marítimos Total

Heroína Otros

1982 1983 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 591 96 273 47 912 188 611 135 1 503 284 884 182 46 613 4 304 32 357 2 106 Vehículos 1982 1983 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 546 143 532 105 14 1 13 3 2 4 563 146 549 105 Laboratorios desmantelados 1982 1983 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 11 2 2 2 2 -

1984 Nacional Zona 11 470 11 361 17 831 28 46 334 8 167 1984 Nacional Zona 11 515 73 8 1 7 530 74 1984 Nacional Zona 11 6 1 -

Presuntos responsables detenidos Nacional en contraste con Zona 11 Nuevo Laredo (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) 1982 1983 1984 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Nacional Zona 11 Nacionales 3 873 696 4 627 633 10 016 690 Extranjeros 159 21 267 30 208 9 Total 4 032 717 4 894 663 10 224 699 Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de la Crónica Presidencial, Procuraduría General de la República, Segunda Subprocuraduría, Dirección General de Estupefacientes, Dirección de Reconocimiento y Verificación, 8 de enero de 1985, agn, mmh, núm. de serie 17.03.02.00, vol. 02, exp. 01.

602

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ros de avión huyeran delante de soldados”, 23 de mayo, Monterrey, p. B. 2001 “Reconocen sus méritos”, 26 de mayo, Monterrey, versión en línea (de paga). 2001 “Monter sí es responsable.- cnbv”, 1 de junio, Monterrey, p. 1. 2001 “Afirman que figura nl entre estados más seguros”, 6 de junio, Monterrey, versión en línea (de paga). 2001 “Ligan a prófugo de avión con el Cártel de Juárez. Afirman que uedo cuenta con identidad de ‘pez gordo’; sería lugarteniente de Vicente Carrillo”, 14 de junio, Monterrey, p. 1B. 2001 “Apoya ‘Jefe’ Diego a Monter ante juez”, 16 de junio, Monterrey, p. 1. 2001 “Respalda la iglesia a dueño de casinos. Avala obispo auxiliar de México a José María Guardia”, 20 de junio, Monterrey, p. 1B. 2001 “Tiene dea desde el 99 a Monterrey en la mira. Aparece la ciudad como punto clave entre Colombia y eu para operativos de lavado de dinero”, 25 de junio, Monterrey, p. 1. 2001 “Proliferan centros cambiarios en nl. Advierten que falta de controles ­facilita que estos negocios puedan ser utilizados para lavado de dinero”, 2 de julio, Monterrey, p. 8B. 2001 “Identifican a ‘pez gordo’ que huye de avión en nl. Señala uedo a Arturo Beltrán como la persona que escapa el 16 de mayo del Aeropuerto del Norte; aseguran es miembro del Cártel de Juárez”, 3 de agosto, Monterrey, p. 1. 2001 “Operan en Tamaulipas; ajustan cuentas en nl. Confirman que sicarios al mando de Osiel Cárdenas querían liquidar a Zeferino Peña, brazo derecho de ‘El Yeyo’”, 1º de noviembre, Monterrey, p. 1B. 2001 “Investigan a ministeriales”, 23 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga). 2001 “Rebasa el contrabando a Aduana de Monterrey”, 9 de diciembre, Mon­ terrey, p. 1B. 2002 “La ‘Conexión’ Regia”, 8 de enero, Monterrey, p. 21.

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“‘El Chacho’. De ladrón de autos a capo de la frontera. Aseguran que Dioni­ sio Román García Sánchez era dueño de la mitad de Nuevo Laredo”, 16 de mayo, Monterrey, p. 11B. “Tenían ‘Chacho’ y ‘Juve’ cuentas pendientes en nl”, 15 de mayo, Monterrey, p. 1B.

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“Certifican calidad internacional de Cymsa. El personal, la tecnología, infraestructura, experiencia y enfoque al cliente, la colocan como una de las empresas líderes a nivel nacional”, 20 de junio, Monterrey, p. 2, sección G. “Muestran ‘Los Zetas’ poderío. Entre la lista de 31 sicarios hay cinco ex tenientes y subtenientes del Ejército, 3 ex sargentos y 3 ex cabos identi­

ficados, y el resto fueron soldados rasos”, 12 de septiembre, Monterrey, p. 19A. 2004 “Alertan en nl por permisos para casinos”, 20 de diciembre, Monterrey, p. 27A. 2005 “Dan adiós al padre de Canavati”, 24 de marzo, Monterrey, p. 2B. 2005 “Urgen controlar casas de apuestas. Llaman dirigentes de ongs y Diputados locales a legislar actividades de casinos”, 1º de abril, Monterrey, p. 4B. 2005 “Piden papas y soda, luego ejecutan a 3. Acechan sicarios a víctimas en negocio de hamburguesas”, 15 de abril, Monterrey, p. 1B. 2005 “Seguían por narco a los 3 ejecutados. Asesinados eran investigados por la dea y la pgr”, 16 de abril, Monterrey, p. 1B. 2005 “Tiene dueña de bmw ‘amistades peligrosas’”, 16 de abril, Monterrey, p. 1B. 2005 “Rastrean el nexo narcos y casinos”, 17 de abril, Monterrey, p. 1A. 2005 “Ejecuciones congelan ley de casinos”, 18 de abril, Monterrey, p. 1A. 2005 “Advierten riesgos de instalar casinos”, 18 de abril, Monterrey, p. 7A. 2005 “Exige Nati a Creel investigar casinos. Pide gobernador indagar operación de casas de apuesta y negar nuevos permisos en nl”, 19 de abril, p. 1A. 2005 “Fue el canadiense enlace entre ejecutado e inversionistas de eu”, 19 de abril, Monterrey, p. 1B. 2005 “Revela cateo la ‘otra cara’ de corredor inmobiliario”, 19 de abril, Monterrey, pp. 1 y 6B. 2005 “‘Cierran’ puertas a casinos”, 20 de abril, Monterrey, p. 2A. 2005 “Hallan arsenal en casa de ex capitán ejecutado”, 21 de abril, Monterrey, p. 1B. 2005 “Liga fbi a Macedo con ‘Zetas’. Revelan que pistoleros operaban en Coahuila con la ‘bendición’ del ex titular de la pgr”, 11 de diciembre, Monterrey, p. 1. 2006 “Entregan a Nati reporte de casinos. Recibe de la Secretaría de Gober­ nación expediente solicitado desde 2005”, 18 de enero, Monterrey, p. 5, ­sección Local. 2006 “A punto de Navidad”, 24 de diciembre, Monterrey, p. 6, sección Vida. 634

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“Entregan a capos esposados de pies y manos”, 21 de enero, Monterrey, p. 5, sección Nacional. “‘Sorprende’ a alcaldes detención de policías”, 17 de abril, Monterrey, versión en línea (de paga). “Asegura ‘zar de casinos’ no tener enemigos”, 11 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 1. También El Norte (2007), “Retumban balas en Valle Oriente”, 10 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 5. “Y sus casinos, como si nada”, 10 de noviembre, Monterrey, sección Local, p. 5. “Resta a Raúl Salinas un juicio en México. Lleva casi 12 años caso por enriquecimiento. Suman $161 millones bienes y cuentas involucrados en el litigio”, 28 de diciembre, Monterrey, p. 12. “Es Rojas Cardona ‘dueño’ de la plaza”, 1º de abril, Monterrey, Sección local, p. 1. “Es ‘cliente’ de Rojas desde su campaña. Maneja empresa del ‘Zar’ imagen de Zeferino”, 4 de abril, Monterrey, p. 1. “Culpan a ‘Texas’ de fuga”, 31 de julio, Monterrey, p. 14. “Ligan a ‘El Rey’ a tráfico en aicm”, 22 de octubre, Monterrey, p. 6, sección Nacional. “Vigilan por apoyo a narco a policías de 19 municipios”, 8 de marzo, Monterrey, p. 1. “Decapita narco a jefe policiaco”, 27 de marzo, Monterrey, p. 1. “Levanta comando a 10 polis de China”, 27 de marzo, Monterrey, p. 8, sección Seguridad. “Ya no se ocupa a rudos.- Mauricio”, 22 de abril, Monterrey, p. 1. “Provoca la caída del ‘Chico Malo’ extinción de rudos”, 23 de abril, Mon­ terrey, p. 1, sección Local. “Es capo muerto otro ex poli de ‘élite’. Mata Ejército a líder de los Beltrán en San Pedro. Dice Mauricio que narco abatido en San Jerónimo tenía infiltrada a la Policía Municipal”, 27 de mayo, Monterrey, p. 1. “Detiene Marina a un hijo de amd”, 27 de junio, Monterrey, p. 1. “Era hijo de amd voluntario.- Mauricio”, 28 de junio, Monterrey, p. 1. “Acepta Mauricio que hijo de amd le ‘juntaba lana’. Asegura alcalde que usaba dinero para pagar a grupos rudos y de inteligencia”, 29 de junio, Monterrey, p. 1, sección Local. 635

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“Arraigan al hijo de amd”, 2 de julio, Monterrey, p. 1. “Matan a ‘El Tubi’. A un día de ser absuelto, lo llevan a Nuevo Laredo y lo asesinan”, 1 de septiembre, Monterrey, p. 1. “Sale libre el hijo de amd”, 13 de diciembre, Monterrey, p. 1. “Asombra en Parras hallazgo de narcofosas”, 22 de enero, Monterrey, versión en línea. “Entre la ganadería y la política. Arturo de la Garza González (1936-2011)”, 29 de enero, Monterrey, p. 4, sección Local. “Llega crimen a la élite regia. Matan horas después de plagiarlo al ganadero Arturo de la Garza”, 29 de enero, Monterrey, p. 1. “Revelan plagio de empresario ganadero”, 28 de enero, Monterrey, p. 1. También El Norte (2011), “Ojalá que ya pare esto”, 30 de enero, Monterrey, p. 1. “Tramitan amparos dueños del Royale. Buscan evitar detenciones de los Rocha Cantú tras 52 muertes que deja el atentado”, 7 de septiembre, Monterrey, p. 1, sección Local. “Uno de ellos será candidato”, 22 de marzo, Monterrey, versión en línea (de paga). Respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, su contenido está disponible en línea: , [consultada el 23 de julio de 2018]. “Dicen adiós a Daniel Canavati. Más de 200 personas se reúnen en las Capillas Valle de Paz el lunes 29 de diciembre para despedir a Daniel Canava­ ti Dahuabe, joven sampetrino de 21 años de edad que fue localizado sin vida en un lugar del municipio de Guadalupe, causando consternación entre sus familiares y amigos”, Suplemento Sierra Madre, 2 de enero, p. 48. “Revelan que ahorcado está bajo fianza”, 30 de diciembre, Monterrey, versión electrónica. “Revelan que sampetrino estaba bajo fianza”, 30 de diciembre, Monterrey, p. 5, sección Seguridad. “Dicen adiós a Daniel”, 1º de enero, Monterrey, versión electrónica. “Revelan narcopago por Dls. 500 mil a senador del pan”, 17 de diciembre, Monterrey, p. 1.

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“Acusan a panista de nexo con cdg. El senador Francisco García Cabeza de Vaca recibió 500 mil dólares del narco para su campaña en 2004, de acuerdo con un testigo de la dea”, 17 de diciembre, Monterrey, p. 8. “Juntos celebran la Navidad”, 31 de diciembre, Monterrey, versión en línea (de paga).

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“Celebran su amistad”, 13 de febrero, Monterrey, versión en línea (de paga). “Acuerdo Osiel-eu agrava violencia”, 15 de abril, Monterrey, p. 1. “Declaran culpables a rudos en Texas”, 14 de mayo, Monterrey, p. 1. “Dan 20 años a ‘rudo’”, 20 de agosto, Monterrey, p. 1. “Amor a la orilla del mar”, Suplemento Sierra Madre, 26 de mayo, versión en línea (de paga). 2017 “Acribillan sicarios a un empresario”, 8 de septiembre, Monterrey, versión en línea (de paga). 2017 “Disfruta cada instante de la vida”, 17 de noviembre, Monterrey, versión en línea (de paga). 2018 “Balean a sampetrino ligado a grupo ‘rudo’”, 6 de abril, Monterrey, p. 1. El Nuevo Heraldo 2007 “Abogado de McAllen defenderá a Osiel Cárdenas”, 28 de enero, disponible en línea: , [consultada el 15 de junio de 2018]. El País 1994 “Los asesinos del secretario del pri planeaban matar a otros dos políticos”, 7 de octubre, disponible en línea: , [consultada el 23 de noviembre de 2017]. 1998 “México protesta por la operación de eeuu contra el blanqueo de dinero”, 21 de mayo, disponible en línea: , [consultada el 12 de abril de 2018]. 2010 “La mayor filtración de la historia deja al descubierto los secretos de la política exterior de eeuu”, 28 de noviembre, disponible en línea: , [consultada el 28 de junio de 2018]. 2015 “Un dinosaurio al norte de México. El dos veces alcalde del municipio más rico de México se jacta de su dureza contra el narco, busca el poder 637

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“Estuvo en Monterrey el senador Carlos I. Serrano. Lleva gratísima impresión de las obras realizadas por el gobernador”, 4 de febrero, Monterrey, p. 1. “Altos funcionarios mexicanos contrabandistas de drogas. Enorme revuelo provocó en esta ciudad una noticia de Washington. El automóvil del Corl. Carlos I. Serrano, dice la revelación, fue detenido por conducir opio”. 7 de marzo de 1948, Monterrey, p. 1. “Solemnemente fueron inauguradas ayer las oficinas de la Casa Madero, S. A. Asistieron al acto prominentes personalidades de la banca, el comercio y la industria de Monterrey”, 2 de junio, Monterrey, p. 12. “Agrávase la situación de los ex soldados norteamericanos ladrones de automóviles. En cambio, Pantoja y demás miembros de la banda de roba-­ carros se encuentran ya en libertad”, 14 de octubre, p. 14 (numeración de la Hemeroteca Nacional Digital). “Medio millón de pesos para la ganadería. Frutos de la visita del p ­ residente Lic. Alemán”, 27 de abril, Monterrey, p. 11. Columna “Bazar de novedades”, 16 de marzo, Monterrey, p. 6. Anuncio “Los candidatos de la ciudadanía libre”, 18 de mayo, Monterrey, p. 3. “El general Anacleto Guerrero seguirá al frente de la Unión Regional Ganadera”, 12 de febrero, Monterrey, p. 8. “Dos millonarios detenidos por un gran contrabando”, 3 de junio, Mon­ terrey, p. 1. “Un nuevo motivo de orgullo para Monterrey. Hoy abre sus puertas al público el modernísimo Hotel Ambassador”, 4 de diciembre, Monterrey, p. 23. “Inicia sus actividades el Hotel Ambassador”, 4 de diciembre, Monterrey, p. 25. “El secretario de Agricultura visita el estado de N. León junto con el gobernador Vivanco”, 4 de mayo, Monterrey, p. 8. “El gobernador del estado y el ministro de Agricultura visitan Raíces Nuevo León”, 5 de mayo, Monterrey, p. 1. Anuncio “Contadores de Comercio; contadores privados”, 10 de julio, Monterrey, p. 6. “La industria de Monterrey continuará recibiendo gas combustible a bajo precio. Una visita a los campos petroleros de Reynosa, Tamps.”, 26 de mayo de 1955, Monterrey, p. 2. “En breve funcionará el centro de inseminación”, 28 de julio, Monterrey, p. 2. 639

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“Elegante fiesta de despedida en el ZaZarak”, 16 de octubre, Monterrey, p. 24 [según numeración del documento digitalizado, consultado en la Hemeroteca Nacional Digital]. “Gran impulso se le dará en Nuevo León a la industria agropecuaria. Así lo ofreció el S. de Agricultura”, 16 de abril, pp. 1 y 7. “Dos mil ejemplares de raza ovicaprina a N. L. Eso será parte del Programa Enfocado al Fomento de la Ganadería en el Edo.”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. “Más de 50,000 personas presenciaron la clausura de la exposición”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. “No sólo en la industria se destaca N. L. Presenta nueva fase de progreso: la ganadería”, 26 de noviembre, Monterrey, p. 1. “Importa tres millones de pesos el edificio del Banco General. Inaugura el gobernador las nuevas instalaciones”, 1º de mayo, Monterrey, p. 10. “Aarón Sáenz y otras personas abrirán el ‘Banco de Reynosa’”, 4 de julio, Monterrey, p. 7. “Brillante festejo al general de División y senador Anacleto Guerrero en su onomástico. Ambiente de franca cordialidad privó entre todos los asistentes al agasajo”, 14 de julio, Monterrey, p. 2. “Acribilla a tiros a su amigo íntimo y huye luego a escape. Héctor Guerra comete un asesinato alevoso”, 18 de marzo, Monterrey, p. 2. “Distinguido enlace civil y religioso de la bella Srita. Ma. de los Ángeles Cavazos y el Sr. Juan A. Sáenz”, 26 de octubre, Monterrey, p. 4. “Contrabando por 100 toneladas, en telas. Ramificaciones en Monterrey”, 9 de septiembre, Monterrey, p. 2. “Contrabando por 100 toneladas, en telas. Ramificaciones en Monterrey”, 9 de septiembre, Monterrey, p. 2. “Cae abatido a balazos un hijo del general Francisco Villa. Están fugitivos los victimarios”, 15 de abril, Monterrey, p. 2. “Contrabandea ‘chucherías’”, 8 de junio, Monterrey, p. 2. Columna “Aeropuerto”, 30 de noviembre, Monterrey, p. 10. “Autos fronterizos afirman el avance de Ciudad Alemán. Abre sus puertas poderosa negociación. Dos gobernadores y hombres de negocios de Nuevo León, Tamp., y Texas se reúnen”, 14 de diciembre, Monterrey, p. 8.

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“Livas expone un programa realista, dirigido a integrar el campo”, 5 de octubre, Monterrey, pp. 1 y 8, segunda sección. “Huéspedes de Casa Madero, S. A.”, 24 de julio, Monterrey, p. 6. “Elige nuevo presidente el Rotario de Monterrey”, 7 de febrero, Monterrey, p. 6. “Fianzas Monterrey celebra con un festival su vigésimo aniversario”, 30 de junio, Monterrey, p. 6. “Emotivo homenaje al Gral. Anacleto Guerrero por su cumpleaños”, 14 de julio, Monterrey, p. 8. “El tesorero general del estado en Apodaca”, 13 de mayo, Monterrey, p. 2B. Anuncio luctuoso “Ayer a las 20:00 horas dejó de existir en Cd. Mier, Tamps. el señor Santiago Guerra Tamez”, 11 de junio, p. 4A. “Recibe carta de pasantes la generación 1962-1967 de la Facultad de Comercio y Administración de la unl”, 23 de octubre, Monterrey, p. 6C. “Distinguidas personalidades en la boda Vivanco Loza-García Alanís”, 14 de julio, Monterrey, pp. 1 y 4, sección Sociales. “Distinguida boda González Moreno-Hernández”, 25 de mayo, Monterrey, pp. 1 y 7, tercera sección. “Política; Hoy y mañana las convenciones del pan.- Presuntos candidatos del partido azul.- Registra el pri a sus candidatos al Congreso. Apoyo del parm a cerda Muñoz.- Registra el pps a Vladimir Sánchez.- Exhortación del delegado del pri”, 11 de abril, Monterrey, pp. 1 y 9, segunda sección. “Echeverría recorrerá la Expo-70 y observará la Exhibición de Cebú”, 12 de abril, Monterrey, p. 12B. “El trabajo, único camino de la Revolución”, 14 de abril, Monterrey, p. 10B. “Guzmán W. por gdo en el acto inaugural. 260 expositores con productos por un valor de 220 millones”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11. “Ante la miseria del sur, arremete le contra la deshonestidad”, 17 de abril, Monterrey, pp. 1 y 11, segunda sección. “Asistieron a evento social en La Paz, B. C.”, 23 de abril, Monterrey, p. 3C. “Distinguida boda Von-Borstel-Canavati”, 23 de abril, Monterrey, pp. 1C y 6C. “Expo Nuevo León 1970”, 28 de abril, Monterrey, p. 3B. “Fidel Cuéllar jefe de II Zona Fiscal en Monterrey”, 15 de diciembre, Monterrey, p. 10A. “La Judicial Federal decomisa contrabando. Lo guardaban en una casa”, 10 de mayo, Monterrey, p. 2A. 641

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“Contrabando por más de 100 mil capturado”, 1° de octubre, Monterrey, p. 2. “Emotivas ceremonias del enlace García-González”, 3 de agosto, Mon­ terrey, p. 7 sección C. “Contubernio en banda dedicada al contrabando. Aduanales, judiciales y policías de Caminos”, 26 de febrero, Monterrey, p. 2A.

“Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”, 1° de agosto, Monterrey, pp. 1 y 8, tercera sección. 1976 “Distinguida boda Cuéllar Mijares-Salazar”, 1° de agosto, Monterrey, pp. 1 y 8, tercera sección. 1977 “Machado dice es infundada la denuncia de adeudo millonario”, 29 de abril, Monterrey, 8A. 1977 “Descartan definitivamente la posibilidad de importar azúcar”, 9 de junio, Monterrey, p. 4A. 1980 “1979 fue un buen año Confía”, 8 de mayo, Monterrey, p, 2A. 1980 “Doce científicos aseguran que es inocente Gilberto Flores A.”, 8 de mayo, Monterrey, p. 2A. 1984 “Investigan muerte de ‘El Cacho’; lo trasladan a esta ciudad y fallece en el hospital”, 20 de mayo, Monterrey, p. 16A. 1984 Columna “Audiencia pública”, 18 de junio, Monterrey, p. 2B. 1984 “Nuevo jefe en la pjf”, 26 de octubre, Monterrey, p. 21A. 1985 “Niega mp que transportara droga avioneta estrellada”, 9 de febrero, Monterrey, p. 8A. 1986 “Banca Confía Sociedad Nacional de Crédito. Estado de contabilidad al 30 de septiembre de 1986”, Monterrey, 10 de noviembre, p. 5. 1987 Columna “Audiencia pública”, 22 de diciembre, Monterrey, p. 2B. 1988 Columna “Audiencia pública”, 29 de febrero, Monterrey, p. 2B. 1988 Columna “Audiencia pública”, 4 de marzo, Monterrey, p. 2B. 1988 Columna “Audiencia pública”, 11 de agosto, Monterrey, p. 2B. 1988 Columna “Audiencia pública”, 25 de septiembre, Monterrey, p. 2B. 1989 “Captura a narco con amplio ‘currículum’”, 18 de octubre, Monterrey, 16A. 1990 “Acusan de cohecho a funcionario de pgr; Responsabilizan a Luis E. García Villalón de recibir 2 millones 400 mil dólares de narcotraficantes”, 25 de mayo, Monterrey, p. 1A. 1990 “No llevo prisa para la gubernatura: Canavati”, 7 de diciembre, Monterrey, p. 4A. 642

1991

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