Manual De Derecho De Las Sucesiones

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edición, 1980. edición, 1989. reimpresión, 1990. reimpresión, 1992. reimpresión, 1994. edición, 1996. edición, 1999.

© EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA SRL Lavalle 1208 - (1048) Ciudad de Buenos Aires ISBN: 950-508-285-1 Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 I M P R E S O

EN

LA

A R G E N T I N A

PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN La entrada en vigencia de la ley 24.779, que sustituye a la ley 19.134 e incorpora al Código Civil las normas sobre adopción (arts. 311a 340), fue posterior a la anterior edición del Manual. Tal circunstancia me ha exigido su revisión para adecuar las remisiones legales que interesan al derecho sucesorio. También he aprovechado la ocasión para insertar algunas nuevas referencias bibliográficas. EDUARDO A. ZANNONI

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN La presente edición del Manual mantiene las pretensiones que guiaron a la primera, como lo expuse en la advertencia preliminar. Desde aquella edición primigenia han transcurrido varios años y nuestro derecho positivo ha experimentado sensibles reformas: fundamentalmente, las de las leyes 23.264 y 23.515 que desactualizaron varios aspectos tratados en aquélla. En el ínterin, además, concreté la intención de publicar la tercera edición del Derecho de las sucesiones del cual he recogido no pocas cuestiones para esta segunda edición del Manual. Como lo hicimos con Gustavo Bossert en el Manual de derecho de familia, al final de cada capítulo he incluido la sugerencia de lecturas y el planteo de casos prácticos que permitirán intentar la aplicación de los conocimientos teóricos a la solución de problemas, tal como es presumible que se planteen al abogado o al juez. Se trata, obviamente, de lecturas y casos prácticos sugeridos, y por eso pueden proponerse otros, a criterio del profesor, como modo de evaluación eficaz del grado de preparación alcanzado por los alumnos. He suprimido, dentro de lo posible, un exceso de disquisiciones de orden doctrinal no fácilmente asequibles, tratando de hacer más fluida la lectura y comprensión de los temas. Aspiro, de este modo, a contribuir al imperativo didáctico que debe orientar la elaboración de una obra dirigida a quienes realizan los cursos de grado en la Facultad de Derecho. Pero, a la vez, incluyo la orientación bibliográfica general y especial necesaria para la profundización en cada capítulo.

X

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Es mi deseo que esta segunda edición del Manual supere a la primera y que, entonces, como cada profesor en el aula, sirva de guía útil y de estímulo a sus naturales destinatarios. EDUARDO A. ZANNONI

ADVERTENCIA A LA PRIMERA EDICIÓN Este Manual tiene como destinatario al estudiante del último curso de Derecho Civil de las Facultades de Derecho, en el que, siguiéndose el plan didáctico tradicional, se estudia la materia relativa a la sucesión hereditaria. Lo dicho no significa que el Manual no pueda, en algún caso, exceder su pretensión y ser útilmente consultado para requerimientos profesionales. Pero no ha sido escrito con esa intención. Al encarar mi cometido he tenido a la vista, y procurado satisfacer, las exigencias del curso en las distintas facultades y escuelas jurídicas del país que se expresan a través de sus respectivos programas de enseñanza. El apéndice bibliográfico, general y especial para cada capítulo, puede servir de orientación en la profundización de ciertos temas según los requerimientos de la cátedra en que el Manual se utilice. No se trata de un fichero bibliográfico exhaustivo, sino de una guía básica y elemental accesible, como material de estudio, al alumno. Aun cuando, dado el método expositivo didáctico, no he recurrido a las remisiones y citas al pie de página, el Manual presenta una síntesis del pensamiento nacional, e incluso extranjero si es del caso, indispensable para dotarlo de coherencia doctrinal. También consulta la doctrina judicial contenida en nuestros repertorios, aunque estimo que el análisis pormenorizado -y crítico, tal vez- de ella, es más bien empresa para un tratado destinado a ser utilizado más allá de las aulas universitarias. Esto no impide que el profesor, según su criterio, remita a sus alumnos a esos repertorios para la consulta de la jurisprudencia que muestra el derecho vivo y en constante evolución.

XII

ADVERTENCIA A LA PRIMERA EDICIÓN

Debo hacer notar que el Manual recoge, actualiza y completa, en los límites que acabo de expresar, mi Derecho de las sucesiones del cual se hicieron dos ediciones. En algunos casos he rectificado ideas, aunque no he considerado necesario dejar constancia específica de la rectificación en cada oportunidad. Tengo la intención, en un futuro no lejano, de emprender la tarea de preparar la tercera edición de aquel Derecho de las sucesiones, siguiendo la metodología adoptada hoy en el Manual, para completar y enriquecer así, una exposición sistemática que en él se limita al servicio a nuestros alumnos universitarios. EDUARDO A. ZANNONI

ÍNDICE GENERAL Prólogo a la cuarta edición Prólogo a la segunda edición Advertencia a la primera edición

Vil IX XI

CAPÍTULO PRIMERO

SUCESIÓN A) CARACTERIZACIÓN § § § § §

1. 2. 3. 4.

Concepto general 1 Sucesor. Definición legal 1 Normas generales que regulan la adquisición derivativa 2 Fuentes de la transmisión. Sucesión "inter vivos" y "mortis causa" 3 5. Sucesión particular y universal 5 B) SUCESIÓN UNIVERSAL

§ § §

6. Sucesión en el patrimonio 7. Fundamentos dogmáticos: la teoría del patrimonio-persona 8. Recepción en el derecho argentino a) Continuación de la persona del causante por el heredero b) Confusión de patrimonios c) Responsabilidad "ultra vires hereditatis" d) Presunción de aceptación pura y simple e) Admisión virtual de la teoría del patrimonio-persona f) Unidad sucesoria § 9. Sucesión en los bienes. Concepto § 10. Unidad patrimonial de la herencia

5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

XIV

ÍNDICE GENERAL

C) SUCESORES § § § § §

11. 12. 13. 14. 15.

§ § § §

16. 17. 18. 19.

§ 20.

Función jurídica del sucesor Heredero y legatario. Concepto La adquisición del heredero Adquisición existiendo pluralidad de herederos Consecuencias de la indivisibilidad de la adquisición a) La indivisibilidad del título hereditario b) La indivisibilidad de la gestión de la comunidad La adquisición del legatario El legado de cuota. Antecedentes El legatario de cuotas como sucesor universal no heredero Importancia de la distinción entre legatario particular y de cuota o parte alícuota Naturaleza del llamamiento a la nuera viuda. Remisión

10 11 12 12 14 14 14 15 16 16 17 19

D) TRANSMISIÓN HEREDITARIA § § § §

21. 22. 23. 24.

§ § § § §

25. 26. 27. 28. 29.

§ 30.

Adquisición "per universitatem" 19 Apertura de la sucesión 20 Vocación hereditaria 20 Titularidad de la vocación hereditaria y titularidad de la herencia 21 Vocación actual y eventual 21 Supuestos de conmoriencia 23 Supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento 24 Vocación legítima y testamentaria. Vocación legitimaria 25 Pactos sucesorios. Relación con la llamada vocación contractual 26 Pactos comprendidos en las prohibiciones legales 28 E) CONTENIDO DE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA

§ 31. Principio general § 32. Derechos y obligaciones inherentes a la persona del causante . § 33. Derechos y obligaciones que son el contenido de relaciones jurídicas patrimoniales intransmisibles a) Derechos reales b) Derechos personales § 34. Derechos y obligaciones intransmisibles por disposición legal

30 30 30 31 32 33

ÍNDICE GENERAL

XV

§ 35. Derechos y obligaciones intransmisibles por una cláusula contractual 34 § 36. Situaciones jurídicas y de hecho transmisibles 34 § 37. Derechos y deberes extrapatrimoniales 34 § 38. Derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de la muerte del causante 36 a) Derechos vinculados al llamamiento hereditario 36 b) Obligaciones vinculadas al llamamiento hereditario 36 c) Derechos y obligaciones que nacen desvinculados del llamamiento 36 F) LEY QUE RIGE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA § 39. Sistemas de unidad y pluralidad sucesoria. Sistemas mixtos . a) Sistema de la unidad sucesoria b) Sistema de la pluralidad sucesoria c) Sistema mixto § 40. El principio de la unidad en el Código Civil § 41. Fundamento tradicional § 42. Ley aplicable a la transmisión sucesoria de inmuebles § 43. Ámbito en que opera la "lex rei sitae" respecto de los inmuebles situados en la República § 44. Ley aplicable a la transmisión mobiliaria § 45. Fundamento de la distinción legal § 46. Jurisprudencia § 4 7 . Conclusiones. Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 § 48. Supuesto de particiones plurales en caso de concurrir herederos extranjeros y argentinos § 49. La unidad sucesoria en el derecho interno

36 37 38 38 38 38 40 42 43 44 46 47 48 49

G) PROCESO SUCESORIO. COMPETENCIA. FUERO DE ATRACCIÓN § § § §

50. 51. 52. 53.

Proceso sucesorio. Noción 51 Juez competente 52 Fuero de atracción. Jurisprudencia 52 Acciones concernientes a los bienes de la herencia hasta la partición 53 § 54. Garantías debidas entre coherederos (evicción y redhibición) e impugnación de la partición 54 § 55. Ejecución de las disposiciones testamentarias 55 § 56. Acciones personales contra los herederos 55

XVI

ÍNDICE GENERAL

§ 57. Exclusión de las acciones reales § 58. Caso de heredero único § 59. Subsistencia del fuero de atracción Lecturas y casos prácticos sugeridos

56 57 58 59

CAPÍTULO II

CAPACIDAD PARA SUCEDER A) PRINCIPIOS GENERALES § 60. Concepto § 61. Vocación hereditaria y capacidad para suceder § 62. Condiciones de eficacia de la vocación a) Que el titular de la vocación no sea incapaz para adquirir. b) Que la vocación no esté sujeta a resolución por disposición de la ley o del causante § 63. Las condiciones de eficacia en nuestro derecho positivo a) Supuestos de ineficacia de la vocación por incapacidad b) Supuestos de resolución de la vocación § 64. Distinción entre ineficacia y ausencia de vocación § 65. Efectos de la ineficacia y de la ausencia de vocación § 66. Deficiente terminología del Código Civil en esta materia

61 62 63 63 63 64 64 64 65 66 67

B) INCAPACIDAD PARA SUCEDER § § § § § § § § § § §

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Las pretendidas incapacidades absolutas para suceder Incapacidades relativas Fundamento general de las incapacidades Escribano y testigos Oficiales de buque Tutores Confesores Derogación de la incapacidad del padrastro Asociaciones no autorizadas Nulidad de las disposiciones en beneficio del incapaz Simulación a) Institución testamentaria en favor de un incapaz mediante interposición de persona b) Transmisión del dominio de bienes por contrato oneroso a un incapaz para suceder "mortis causa"

68 70 70 70 70 71 72 73 73 74 74 74 75

ÍNDICE GENERAL

§ § § § §

XVII

78. Personas que se presumen interpuestas 75 79. Momento en que debe existir la capacidad 76 80. Ley aplicable 77 81. Ley que rige la vocación hereditaria y ley aplicable a la capacidad para suceder 78 82. Excepciones a la aplicación de la ley extranjera en materia de incapacidad 78 C) INDIGNIDAD 1) PRINCIPIOS GENERALES

§ §

83. 84.

Concepto Antecedentes históricos 2)

§ § § § § § §

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

79 80

CAUSALES DE INDIGNIDAD

Homicidio Omisión de denuncia de la muerte violenta del causante Acusación criminal contra el causante Adulterio con la mujer del causante Abandono del difunto Atentados contra la libertad de testar Incumplimiento de los deberes asistenciales respecto de los hijos menores

82 83 83 84 85 85 86

3) DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD

§ § § § § § § §

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Problemas que plantea Carácter declarativo de la acción Legitimación activa ¿Puede ser intentada por los legatarios? Otros terceros Legitimación pasiva Momento en que debe existir la indignidad Indivisibilidad de la acción

87 87 87 88 89 89 90 91

4) EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD

§ 100. Efectos relativos a la sucesión de la que se es excluido § 101. La obligación restitutoria del indigno. Problemas que plantea H.

Zannoni.

Manual.

91 92

XVIII

ÍNDICE GENERAL

§ 102. El indigno como poseedor de mala fe § 103. Normas generales aplicables a la obligación de restituir a) En cuanto a los riesgos por pérdida o deterioro de los bienes b) Referente a la obligación de restituir los frutos c) Con respecto al reconocimiento de gastos realizados por el indigno d) Conforme a los gastos por mejoras § 104. Desde cuándo se deben los frutos o intereses § 105. Cesación de los efectos de la confusión § 106. Efectos respecto de los herederos del indigno. Remisión . § 107. Efectos respecto de terceros § 108. Validez de los actos realizados durante el tiempo intermedio. Concepto § 109. Perdón § 110. Posesión trienal de la herencia o legado

D)

93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 98 98

DESHEREDACIÓN

1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 111. Concepto

99

2) CAUSALES DE DESHEREDACIÓN y HEREDEROS QUE PUEDEN SER DESHEREDADOS

§ § § § § §

112. 113. 114. 115. 116. 117.

Principio general Taxatividad de las causales de desheredación Causales de desheredación a los descendientes Causales de desheredación a los ascendientes ¿Es desheredable el cónyuge? Prueba de las causales a) Que la causa de desheredación haya sido ya probada en vida del causante b) Que la causa de desheredación no haya sido juzgada en vida del causante

100 101 101 102 102 103 103 104

3) CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y SU EXTINCIÓN

§ 118. Situación del desheredado hasta la sentencia que declara probada la causal de desheredación § 119. Quiénes pueden accionar

104 104

XIX

ÍNDICE GENERAL

§ 120.

Efectos de la exclusión respecto de los descendientes del desheredado. Remisión § 121. Extinción de la desheredación por la reconciliación Lecturas y casos prácticos sugeridos

105 106 107

CAPÍTULO III

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA A) DERECHO DE OPCIÓN DEL SUCESIBLE § § § §

122. 123. 124. 125.

§ § § §

126. 127. 128. 129.

§ § § §

130. 131. 132. 133.

Principios generales La opción del titular de la vocación hereditaria Plazo para ejercer el derecho de opción Transcurso del plazo sin haberse ejercido el derecho de opción. Problema que plantea Fuentes del Código Civil. Tesis tradicionales Doctrina argentina. Jurisprudencia Situación de terceros interesados Desde cuándo los terceros interesados pueden intimar al titular de la vocación Efectos del silencio del intimado Forma de la intimación Apertura del proceso sucesorio por los terceros Transmisión del derecho de opción

109 110 111 111 111 113 114 115 115 116 116 116

B) ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 1)

§ 134. § 135. § 136.

CONDICIONES GENERALES.

FORMAS

Concepto Aceptación expresa y tácita Casos que implican aceptación tácita a) Actos de disposición b) Actos de administración § 137. La renuncia de derechos en favor de los coherederos como caso de aceptación tácita § 138. Actos meramente conservatorios § 139. Caracteres de la aceptación a) Unilateral

117 117 118 118 119 119 120 121 121

XX

§ 140. § 141. § 142. § 143.

ÍNDICE GENERAL

c) Irrevocable d) Pura y simple e) De efectos retroactivos Aceptación forzada Aceptación pura y simple y con beneficio de inventario. Concepto Efectos de la aceptación pura y simple Responsabilidad por el pago de los legados

121 122 122 122 123 124 124

2) CAPACIDAD PARA ACEPTAR

§ § § § §

144. Normas generales aplicables 145. Mujer casada 146. Concursados o fallidos 147. Inhabilitados judicialmente 148. Aceptación por mandato

126 126 127 127 128

3) NULIDAD DE LA ACEPTACIÓN

§ § § § § § § §

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Principios generales Nulidad por incapacidad del aceptante Vicios formales Vicios de la voluntad en general Dolo Violencia Error Error sobre los alcances del acto que provoca la aceptación tácita de la herencia § 157. Error sobre el contenido patrimonial de la herencia § 158. Efectos de la nulidad de la aceptación 4)

§ 159.

129 130 130 131 131 132 132 132 133 133

REVOCACIÓN DE LA ACEPTACIÓN

Acción revocatoria de los acreedores del aceptante

134

C) RENUNCIA A LA HERENCIA 1) CONCEPTOS GENERALES

§ 160. Concepto y efectos fundamentales § 161. Caracteres a) Expresa b) Formal

135 136 136 137

XXI

ÍNDICE GENERAL

§ 162.

§ 163. § 164. § 165.

c) Unilateral d) Irrevocable e) Indivisible f) Pura y simple Distinción entre la renuncia a la herencia y la renuncia a los derechos adquiridos por la aceptación. Eficacia, forma y revocabilidad Capacidad para renunciar Retractación de la renuncia Efectos de la retractación 2)

§ 166. § 167. § 168. § 169. § 170. § 171. Lecturas

137 137 138 138

138 140 141 142

NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA RENUNCIA

Supuestos de ineficacia de la renuncia Prescripción de la acción Ejercicio de la acción de nulidad Revocación de la renuncia Efectos de la revocación Prescripción de la acción revocatoria y casos prácticos sugeridos

143 144 144 145 145 146 146

CAPÍTULO IV

BENEFICIO DE INVENTARIO A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS. LEGISLACIÓN COMPARADA. LINEAMIENTOS DEL RÉGIMEN ARGENTINO § 172. Concepto § 173. El beneficio de inventario como consecuencia de la sucesión en la persona § 174. Caracteres fundamentales de la aceptación beneficiaría en el Código Civil, hasta la ley 17.711 § 1 7 5 . El beneficio de inventario en el Código Civil, luego de la ley 17.711

149 150 151 152

B) FORMA DE LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA § 176. § 177. § 178.

Plazo para aceptar la herencia y plazo para inventariar Subsistencia del beneficio luego de la partición Individualidad del beneficio de inventario

153 155 156

ÍNDICE GENERAL

XXII § § § §

179. 180. 181. 182.

§ 183. § 184. § 185. § 186. § 187. § § § §

188. 189. 190. 191.

Omisión del inventario Plazo para deliberar Casos en que el heredero no podrá renunciar La presunción de aceptación beneficiaría ante los casos de aceptación tácita Omisión, por el heredero, de los actos obligatorios que impone la administración beneficiaria La presunción de aceptación beneficiaria y los actos de disposición de bienes La presunción de aceptación beneficiaría y la suspensión de las acciones contra el heredero La aceptación beneficiaría y el supuesto de nulidad de la aceptación por error en el contenido patrimonial de la herencia La aceptación beneficiaría y la revocación de la aceptación fraudulenta Forma del inventario Prorrogabilidad del plazo para inventariar Nulidad del inventario Gastos del inventario

156 156 157 157 159 160 162 163 165 166 167 167 167

C) E L PROBLEMA DE LOS HEREDEROS BENEFICIARIOS DE PLENO DERECHO § 192. § § § §

193. 194. 195. 196.

§ 197.

Menores e incapaces. El problema antes de la reforma de la ley 17.711 El problema luego de la derogación del artículo 3364 Responsabilidad de tutores y curadores El caso de los menores sometidos a patria potestad Menores que carecen de representante legal al tiempo de la intimación Concursados y fallidos. Inoponibilidad de la aceptación pura y simple a los acreedores del concurso

168 168 169 169 170 170

D) EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA § § § § § §

198. 199. 200. 201. 202. 203.

Limitación de la responsabilidad del heredero Inexistencia de confusión de patrimonios Exclusión del activo sucesorio de los valores colacionables Inexistencia de confusión de créditos y deudas Acciones del heredero beneficiario contra la sucesión Acciones de la sucesión contra el heredero beneficiario

171 172 172 173 174 175

ÍNDICE GENERAL

XXIII

E) ADMINISTRACIÓN BENEFICIARÍA 1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 204. § 205.

Carácter de la administración Coexistencia de herederos beneficiarios y de herederos puros y simples o de dos o más herederos beneficiarios § 206. Crítica del sistema

175 177 178

2) FACULTADES DEL ADMINISTRADOR

§ 207. § 208. § 209. § 210. § 211. §212. § 213. § 214. § 215. § 216.

Principio general: administración liquidadora. Concepto.. Actos conservatorios Actos de administración ordinaria Actos de disposición Disposición de bienes muebles e inmuebles Gravámenes Transacción o sometimiento a arbitraje Aceptación de herencias Actuación judicial Realización de actos prohibidos a) Eficacia del acto en sí mismo b) Efectos respecto del beneficio de inventario

179 180 180 181 182 183 183 183 184 184 184 184

3) P A G O A ACREEDORES Y LEGATARIOS

§ § § § § § § § § § § § § §

217. Principio general 218. Verificación de los créditos 219. Orden de pago 220. Oposición al pago 221. Acción de los acreedores y legatarios en caso de pagos realizados por el heredero no obstante su oposición 222. Derecho del heredero de cobrar su crédito 223. Pago de los gastos de administración y liquidación 224. Derecho de los acreedores que se presentan tardíamente .... 225. Administración por los acreedores y legatarios 226. Caso de pluralidad de herederos beneficiarios 227. Caso en que existieran herederos puros y simples 228. Modo de ejercer la administración 229. Forma del abandono 230. Restitución del remanente al heredero beneficiario

185 185 186 187 187 188 189 190 190 191 191 192 192 193

XXIV 4)

§ § § §

ÍNDICE GENERAL

RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO BENEFICIARIO Y SANCIONES

231. Control al heredero beneficiario 232. Garantías exigibles al heredero 233. Caso en que el heredero no otorga garantías 234. Rendición de cuentas

193 193 194 195

F) FIN DEL BENEFICIO DE INVENTARIO § 235. § 236. § 237.

Causas Renuncia Pérdida del beneficio

195 195 196

CAPÍTULO V

SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS A) PRINCIPIOS GENERALES § § § § §

238. 239. 240. 241. 242.

Concepto Los dos modos de entender la separación Derecho argentino Casos en que la separación se produce de pleno derecho ... La separación de patrimonios supone la previa adjudicación de los bienes al heredero § 243. Alcance individual de la acción de separación de patrimonios § 244. Naturaleza jurídica de la separación § 245. Coexistencia de la separación con el beneficio de inventario

197 197 198 198 199 200 201 202

B) SUJETOS § § § § § § § § §

246. Quiénes pueden solicitar la separación. Principio general. 247. Exigencia de que se trate de un crédito "documentado" 248. Acreedores condicionales. Créditos sujetos a plazos 249. Legatarios 250. Heredero acreedor del difunto 251. Contra quiénes puede solicitarse la separación 252. Modo de ejercer la separación 253. La separación de patrimonios y la insolvencia del heredero 254. Concurrencia de acreedores del causante e insolvencia de la sucesión

203 204 205 205 206 207 207 208 209

XXV

ÍNDICE GENERAL

§ 255. § 256. § 257. § 258. § 259.

Caducidad de la separación de patrimonios ejercida por algunos acreedores de la sucesión si, posteriormente, se declara el concurso o la quiebra de la sucesión Efectos del concurso o la quiebra de la sucesión respecto de los herederos Sucesión concursada Cuestiones de competencia a) Sucesión concursada b) Concurso de la sucesión ¿Puede demandarse la separación contra el propio heredero?

210 210 210 212 212 212 213

C) OBJETO § § § §

260. 261. 262. 263.

Bienes sobre los que recae la separación Frutos Individualización de los bienes La separación respecto de bienes en particular

214 215 215 216

D) EJERCICIO DE LA ACCIÓN § 264. § 265. § 266.

§ § § §

267. 268. 269. 270.

Casos en que procede la separación Plazo en que debe pedirse la separación Juez competente a) Bienes adjudicados al heredero por partición, pero aún no entregados b) Bienes entregados al heredero Cómo se hace efectivo el beneficio Utilidad del inventario de los bienes Enajenación de bienes hereditarios Concurrencia de los acreedores y legatarios con los acreedores del heredero

217 217 218 218 218 219 219 220 221

E) EXTINCIÓN DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN § 271. La aceptación del heredero como deudor § 272. Otros casos de extinción Lecturas y casos prácticos sugeridos

CAPÍTULO

222 223 224

VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO § 273. Metodología del Código y materias comprendidas

225

ÍNDICE GENERAL

XXVI A) POSESIÓN HEREDITARIA § 274. § 275. § 276. § § § § § §

277. 278. 279. 280. 281. 282.

El problema Oponibilidad de la adquisición hereditaria Oponibilidad de pleno derecho o previo reconocimiento de la calidad de heredero Las normas del Código Civil Adquisición de la posesión hereditaria Posesión hereditaria de pleno derecho Posesión hereditaria conferida judicialmente Efectos de la posesión hereditaria Indivisibilidad de la posesión hereditaria B)

225 226 226 227 228 229 230 231 232

D E C L A R A T O R I A D E H E R E D E R O S O APROBACIÓN

JUDICIAL DEL TESTAMENTO § 283. Declaratoria de herederos. Concepto § 284. Caracteres fundamentales del proceso sucesorio § 285. Diligencias previas a la declaratoria de herederos o a la aprobación judicial del testamento a) Trámites previos a la declaratoria de herederos b) Trámites previos a la aprobación formal de testamentos § 286. Caracteres y efectos de la declaratoria de herederos § 287. Caracteres y efectos del auto aprobatorio del testamento.... § 288. Inscripción registral de la declaratoria o de la aprobación judicial del testamento

232 233 234 235 236 238 238 239

C) PETICIÓN DE HERENCIA § § § §

289. 290. 291. 292.

§ 293. § 294. § 295. § § § §

296. 297. 298. 299.

Concepto Acción de petición de herencia A quiénes se otorga la acción (sujetos activos) Ejercicio de la acción por el titular de una vocación eventual ante la inacción del llamado preferentemente Otros titulares de la acción Contra quiénes se otorga la acción (sujetos pasivos) La acción contra el poseedor de bienes que no invoca título hereditario Antecedentes históricos Las fuentes del artículo 3422 Doctrina nacional Conclusión

240 241 243 243 244 245 245 246 246 247 248

XXVII

ÍNDICE GENERAL

§ 300.

Juez competente para entender en la acción de petición de herencia a) Proceso sucesorio en trámite b) Proceso sucesorio concluido § 301. El problema de la prescriptibilidad de la acción a) Tesis de la prescriptibilidad b) Tesis de la prescriptibilidad entre coherederos c) Tesis de la imprescriptibilidad d) Nuestra opinión § 302. Efectos de la acción. Remisión

248 248 249 249 249 250 251 251 252

D) ACCIÓN POSESORIA HEREDITARIA § 303. § 304.

Concepto Las acciones derivadas del dominio o posesión de los bienes a titulo singular § 305. Efectos

253 254 254

E) HEREDERO APARENTE § 306.

Concepto general

255

1) RELACIONES ENTRE EL HEREDERO APARENTE Y EL HEREDERO REAL RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES RESTITUTORIAS

§ § § § § § §

307. 308. 309. 310. 311. 312. 313.

Principio general Buena o mala fe del heredero aparente Alegabilidad del error. Error de hecho y de derecho Caracterización de la mala fe Responsabilidad por pérdida o deterioro de bienes hereditarios Restitución de frutos Gastos y mejoras realizadas 2)

255 256 256 257 257 258 258

E F E C T O S DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL HEREDERO APARENTE

§ § § § § § §

314. Introducción 315. Normas del Código Civil 316. Actos de administración 317. Actos de disposición 318. Condiciones en que son oponibles al heredero real 319. Referencia exclusiva a inmuebles 320. Onerosidad

259 260 260 261 261 262 263

XXVIII

ÍNDICE GENERAL

§321.

Exigencia de la declaratoria de herederos o aprobación del testamento § 322. Buena fe del adquirente Lecturas y casos prácticos sugeridos

263 264 264

CAPÍTULO VII INDIVISIÓN HEREDITARIA A)

§ § § §

C O M U N I D A D HEREDITARIA

323. Concepto 267 324. Naturaleza jurídica: tesis de la personalidad de la sucesión . 268 325. Tesis que identifica la comunidad con el condominio 268 326. Crítica 268 B)

R E L A C I O N E S Q U E D E T E R M I N A LA C O M U N I D A D

HEREDITARIA § 327.

Distinción

270 1)

RELACIONES EXTERNAS

§ 328. Regulación legal § 329. Posesión de los bienes § 330. Reivindicación § 3 3 1 . Alcances § 332. Efectos de la sentencia que admite reivindicación § 333. Sentencia que rechaza la reivindicación § 334. La reivindicación de muebles § 335. Medidas conservatorias 2)

RELACIONES INTERNAS

§ 336. Concepto general § 337. Uso exclusivo de algunas cosas comunes § 338. Arrendamiento a uno de los coherederos de un bien comprendido en la comunidad hereditaria C)

§ 339.

270 271 271 272 273 273 273 273

274 274 275

A D M I N I S T R A C I Ó N D E LA HERENCIA

Gestión de la comunidad hereditaria

275

ÍNDICE GENERAL § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358.

XXIX

Principio general Diferencias con la administración en el condominio Los actos de disposición Administración a título de mandatario Administración sucesoria Compatibilidad entre las normas procesales y de fondo Administrador provisional y definitivo Designación de administrador Preferencia en favor del cónyuge supérstite Designación a propuesta de la mayoría de herederos Designación de un tercero Facultades y deberes del administrador Actos conservatorios Restricciones a la facultad de representar a los herederos... Retención y disposición de fondos Arrendamientos de bienes Personería para representar a los herederos en juicio Remoción del administrador Rendición de cuentas

275 276 276 277 277 278 279 280 281 282 283 283 284 285 285 286 287 287 288

D) SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS Y DEUDAS DIVISIBLES 1)

CONCEPTOS GENERALES

§ 359. § 360.

Normas legales 289 Exclusión de los créditos y las deudas divisibles de la comunidad 289 § 361. Fundamento de la divisibilidad 290 2)

§ § § §

DIVISIÓN DE LOS CRÉDITOS

362. Principio general 363. Derecho de persecución 364. Titularidad del crédito 365. Posibilidad de adjudicación del crédito en la partición a) Relaciones de los coherederos entre sí b) Relaciones de los coherederos con los deudores hereditarios § 366. Insolvencia del deudor posterior al pago parcial a uno de los coherederos § 367. La división de pleno derecho de los créditos y la posesión hereditaria

290 291 291 292 292 293 293 294

ÍNDICE GENERAL

XXX 3)

§ 368. § 369. § 370. §371. § 372. § 373. § 374. § 375.

Principio general Momento en que se dividen las deudas Nuestra opinión Divisibilidad de la deuda garantizada con hipoteca Pagos parciales Insolvencia de uno o más coherederos obligados Adjudicación de la deuda por partición Responsabilidad de los legatarios E)

§ 376. § 377.

DIVISIÓN DE LAS DEUDAS

295 295 296 297 298 299 299 300

C E S I Ó N D E D E R E C H O S HEREDITARIOS

Concepto 301 Falta de regulación legal de la cesión. Normas que se refieren a ella 302 § 378. Caracteres de la cesión 302 § 379. Objeto de la cesión 303 § 380. No comprende la calidad de heredero del cedente 304 § 381. La cesión y las deudas de la sucesión 304 § 382. Calidad del cesionario 305 § 383. Efecto declarativo de la partición respecto del cesionario ... 306 § 384. Forma de la cesión 308 § 385. Antecontrato de cesión de derechos hereditarios 308 § 386. Capacidad 308 § 387. Oponibilidad de la cesión 309 § 388. Criterios en punto a la notificación de la cesión 309 § 389. Caso en que la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento hubiera sido inscripta 311 § 390. Intervención de los cesionarios en el proceso sucesorio 312 § 391. Contenido de la cesión 313 § 392. La cesión y el derecho de acrecer 314 § 393. Bienes excluidos de la cesión 315 § 394. Responsabilidad por las deudas 316 § 395. Garantías debidas al cesionario 316 a) Cuando los derechos cedidos fuesen litigiosos o dudosos 317 b) Cuando la garantía por evicción se hubiese excluido expresamente entre cedente y cesionario 318 § 396. Limitaciones a la invocabilidad del alea de la cesión 318 § 397. Caso de disminución del acervo hereditario 319 Lecturas y casos prácticos sugeridos 321

XXXI

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO

VIII

DIVISIÓN DE LA HERENCIA A) PARTICIÓN § 398. § 399.

Concepto El principio de la división forzosa 1)

§ § § §

§ § § § § § § § § § §

323 324

SUPUESTOS DE INDIVISIÓN TEMPORAL

400. Espíritu del Código Civil 324 401. Antecedentes de la ley 14.394 325 402. Los casos de indivisión temporal en la ley 14.394 326 403. Indivisión impuesta por el causante 326 a) La indivisión de los bienes hereditarios, en general 327 b) La indivisión de un bien determinado 327 404. Término máximo de la indivisión 328 405. Partición anticipada 328 406. Forma de imponer la indivisión 328 407. Indivisión pactada por los herederos 328 408. Partición temporaria del uso y goce de los bienes indivisos. Remisión 329 409. Existencia de herederos incapaces 329 410. Partición anticipada 330 411. Indivisión impuesta por el cónyuge supérstite 330 412. Exigencia de la inscripción registral de estas indivisiones .. 331 413. Situación de los acreedores personales de los herederos 331 414. Constitución de sociedades en los casos de indivisión 332 2)

§ 415. § 416. § 417.

DERECHO DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

Concepto Fundamento Condiciones en que opera el derecho a) Que el acervo sucesorio esté integrado por un solo inmueble habitable b) Que el inmueble integre en su totalidad el acervo, sea propio del cónyuge premuerto o ganancial c) Que en el inmueble haya radicado el hogar conyugal, al tiempo de la apertura de la sucesión d) Que el valor del inmueble no sobrepase o exceda el que autoriza a constituirlo como bien de familia

333 333 334 334 335 335 335

XXXII

ÍNDICE GENERAL

e) Que el cónyuge concurra con otros herederos o legatarios f) Que se trate de sucesiones abiertas a partir de la entrada en vigencia del artículo 3573 "bis" § 4 1 8 . Invocación § 419. Facultades del habitador § 420. Extinción § 421. Oponibilidad a terceros § 422. Caso en que el cónyuge supérstite es titular de un inmueble propio

335 336 336 337 337 337 338

B) BIENES EXCLUIDOS DE LA PARTICIÓN § 423.

Cargas y derechos no susceptibles de división como relaciones jurídicas § 424. Las llamadas cosas comunes a la herencia § 425. Sepulcros § 426. Partición provisional: casos

339 340 340 340

C) TITULARES DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN § § § § § § § §

427. Principio general 428. Herederos 429. Acreedores de los herederos 430. Herederos del heredero fallecido 431. Legatario de cuota 432. Beneficiarios de cargos. Albaceas 433. Cesionarios 434. Imprescriptibilidad de la acción de partición

343 343 343 344 344 345 345 345

D) MODOS DE OPERARSE LA PARTICIÓN § 435. § 436.

Principio de partición en especie Partición en especie antieconómica

346 347

E) FORMAS DE LA PARTICIÓN § § § § § § §

437. 438. 439. 440. 441. 442. 443.

Concepto general Formas previstas Partición extrajudicial o privada Solemnidades de la partición privada. La partición mixta. Capacidad para acordarla Partición anterior a la declaratoria de herederos Valor de la inscripción registral de la declaratoria

348 349 349 350 351 352 352

ÍNDICE GENERAL § § § § § § § § § § § § § §

444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457.

XXXIII

Contenido de la partición 353 La llamada "sucesión extrajudicial" en el Código Procesal . 353 Casos en que se exige partición judicial 354 Supuesto en que existan herederos ausentes 355 Operaciones que comprende la partición judicial 356 Intervención de peritos 356 Formación de la masa. Distintos conceptos de masa 357 Designación de los peritos 359 Inventario y avalúo 359 Observaciones al inventario y al avalúo 360 Retasa 361 Licitación 361 Cuenta particionaria 362 Presentación y aprobación de la cuenta particionaria 363 F) NATURALEZA Y EFECTOS DE LA PARTICIÓN

§ § § § §

458. 459. 460. 461. 462.

Carácter de la partición 364 Principio legal 364 Carácter declarativo o traslativo y atributo de la partición .. 365 Nuestra opinión 365 Garantías debidas entre coherederos: evicción y vicios redhibitorios 366 § 463. Época en la que debe existir la causa de la evicción 366 § 464. Efectos de la garantía 367 § 465. Prescripción 368 G) NULIDAD DE LA PARTICIÓN § § § §

466. 467. 468. 469.

Partición privada Particiónjudicial o privada homologada judicialmente (mixta) Nulidades procesales Nulidad sustancial a) Partición nula por defecto de forma b) Partición nula por razón de incapacidad c) Partición anulable por incapacidad accidental § 470. Anulabilidad por vicios de la voluntad a) Error b) Error de derecho c) Dolo d) Violencia § 471. Lesión III. Zannoni, Manual.

368 368 368 369 369 370 370 370 371 371 372 372 372

XXXIV

ÍNDICE GENERAL

H) COLACIÓN 1)

§ 472. § 473. § 474.

§ 475. §476. § 477. § 478. § 479. § 480. §481. § 482. § 483.

Concepto Fundamento Formas de colacionar a) Sistema de la colación real b) Sistema de la colación del valor La forma de la colación en el Código Civil argentino Valor colacionable. Criterios La cuestión en el Código Civil La colación como obligación de valor Sistema de la ley 17.711 Críticas que merece la reforma El caso de pérdida de la cosa donada antes o después del fallecimiento del causante Mejoras que dan mayor valor a la cosa Deterioros 2)

§ § § § § §

PRINCIPIOS GENERALES

373 373 374 374 374 375 376 376 377 378 379 380 380 381

OBLIGADOS A COLACIONAR

484. 485. 486. 487. 488. 489.

Principio general Criterios tradicionales Criterio del Código Civil argentino El caso del cónyuge supérstite Colación por el representante Momento en que debe ser legitimario el beneficiario de la donación § 490. La colación en la sucesión testamentaria

382 382 383 383 384 385 386

3 ) A QUIÉNES ES DEBIDA LA COLACIÓN

§ 491. Principio general 387 § 492. Divisibilidad de la obligación 387 § 493. ¿Pueden demandar la colación los acreedores y legatarios? . 388 4)

§ § § §

494. 495. 496. 497.

O B J E T O DE LA COLACIÓN

Principio general Colación de sumas de dinero y cobro de créditos Percepción de frutos a título gratuito Jurisprudencia

390 390 391 391

ÍNDICE GENERAL § § § § § §

498. 499. 500. 501. 502. 503.

XXXV

Gastos no colacionables Gastos de curación y alimentación Pago de deudas del descendiente por el ascendiente Casos en que no tiene lugar la colación Dispensa de colación El caso del artículo 3604 del Código Civil. Remisión 5)

§ 504. § 505. § 506.

392 393 395 395 396 397

COLACIÓN DE DEUDAS

Concepto Normas legales de posible aplicación Nuestra opinión

397 398 399

I) PARTICIÓN POR ASCENDIENTES 1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 507. § 508. § 509. § 510. § 511. § 512. § 513.

Concepto y fundamento 400 Antecedentes históricos 401 Partición por donación y por testamento: caracteres distintivos fundamentales 402 Distinción en cuanto a los efectos traslativos 403 Distinción en cuanto a la eficacia de una y otra partición .. 404 Distinción en cuanto a la disponibilidad de los bienes por el ascendiente 404 Distinción en cuanto a la perfección del acto partitivo 405 2)

PARTICIÓN POR DONACIÓN

§ 514. Diferenciación con las simples donaciones § 515. Debe comprender a todos los descendientes § 516. Debe respetar la legítima de los descendientes § 517. El ascendiente debe colacionar § 5 1 8 . En virtud de la partición-donación, nace entre los descendientes la garantía de evicción § 519. Rige el derecho de representación § 520. Los descendientes están obligados al pago de las deudas del ascendiente § 5 2 1 . El ascendiente puede mejorar a uno de sus descendientes .. § 522. La partición no requiere comprender todos los bienes del ascendiente § 523. La partición debe ser, en principio, pura y simple § 524. Forma de la partición

405 406 406 407 407 407 407 407 408 408 408

XXXVI § 525. § 526.

INDICE GENERAL

Prohibición de partir subsistiendo la sociedad conyugal Nuestra opinión 3)

§ 527.

§ 528.

§ 529. § 530. § 531. § 532. Lecturas

PARTICIÓN POR TESTAMENTO

Normas aplicables 4)

409 409

412

INEFICACIA DE LA PARTICIÓN

Revocación a) Hijo nacido luego de la partición b) Premuerte del hijo excluido Supuestos de reducción y rescisión Fuentes del codificador Interpretación propiciada Partición por el tutor de los menores y casos prácticos sugeridos

413 414 414 414 415 416 417 418

CAPÍTULO IX

SUCESIÓN INTESTADA A) PRINCIPIOS GENERALES § 533. § 534. § 535. § § § § § §

536. 537. 538. 539. 540. 541.

Concepto Posible coexistencia de la sucesión legítima y la testamentaria Principios generales que rigen la sucesión legítima. Enunciación Sistema lineal Reformas que ha importado la ley 23.264 Órdenes hereditarios Llamamiento según el grado de parentesco Exclusión entre órdenes Calidad u origen de los bienes hereditarios a) Derecho hereditario del cónyuge supérstite b) Derecho hereditario del adoptante

421 422 422 423 424 426 427 428 429 430 430

B) DERECHO DE REPRESENTACIÓN § 542. § 543. § 544.

Concepto Naturaleza Sucesión por estirpes. Concepto

430 432 432

XXXVII

ÍNDICE GENERAL

§ § § § §

545. 546. 547. 548. 549.

§ 550. § 551.

§ 552. § 553.

Casos en que tiene lugar la representación. Premoriencia . Representación en caso de conmoriencía Representación del renunciante Representación del indigno y del desheredado Condiciones que debe reunir el representante a) Que sea hábil para suceder a aquél de cuya sucesión se trata b) Ser descendiente en grado sucesible, con relación al causante Obligación de colacionar a cargo del representante Órdenes en que opera la representación a) Línea descendente b) Línea ascendente c) Línea colateral Límite a la representación en la línea colateral La representación cuando todos se encuentran en igual grado habiendo prefallecido los ascendientes con vocación directa a) Entre descendientes b) Entre colaterales

434 434 435 436 438 438 438 438 439 440 441 441 441 442 445 446

C) ÓRDENES EN LA SUCESIÓN INTESTADA 1)

§ § § § §

554. 555. 556. 557. 558.

Extensión y concurrencia Hijos solos Hijos y nietos Concurrencia de descendientes con el cónyuge supérstite... Vocación del adoptado por adopción simple y sus descendientes en la sucesión del adoptante o los ascendientes de éste. 2)

§ § § § §

IV

559. 560. 561. 562. 563.

DESCENDIENTES

448

ASCENDIENTES

Extensión y concurrencia Concurrencia de ascendientes solos Ascendientes y cónyuge supérstite Vocación del adoptante Los derechos hereditarios y el origen de los bienes a) ¿Qué se entiende por bienes recibidos de la "familia de sangre" del adoptado? b) Operatividad de la subrogación real c) Supuesto en que el adoptado hubiese recibido bienes a título gratuito de su cónyuge

Zannoni. Manual.

446 446 447 447

449 450 452 453 454 454 455 455

XXXVIII

ÍNDICE GENERAL

d) Caso en que el adoptado por ambos cónyuges fuere hijo extramatrimonial de uno de ellos y lo heredara § 564. La legítima del adoptante 3)

§ 565. § 566. § 567.

§ 568. § 569. § 570. §571. § § § § §

572. 573. 574. 575. 576.

§ 577.

CÓNYUGE SUPÉRSTITE

Posición sucesoria del cónyuge supérstite Sistema original del Código Civil Exclusión del cónyuge supérstite en los gananciales que integran el acervo sucesorio concurriendo con descendientes y ascendientes. La ley de fe de erratas Reforma de las leyes 17.711 y 23.264 Causas de exclusión del cónyuge supérstite Matrimonio "in extremis" Cónyuges separados personalmente. Inexistencia de vocación entre divorciados Separación de hecho. Planteo general Fundamento de la exclusión La ley 17.711 La ley 23.515 Derecho alimentario del cónyuge supérstite separado personalmente o divorciado por alguna de las causas del artículo 203 Existencia de parientes obligados a prestar alimentos al enfermo 4)

455 456

456 456

457 458 458 458 460 462 463 464 465 466 466

PARIENTES COLATERALES

§ 578. § 579. § 580.

Posición sucesoria 467 Medios hermanos 468 Concurrencia de hermanos unilaterales y bilaterales a la sucesión 468 § 581. Concurrencia de primos hermanos de vínculo doble y de vínculo simple 469 5)

VOCACIÓN DE LA NUERA VIUDA SIN HIJOS EN LA SUCESIÓN DE SUS SUEGROS

§ § § §

582. 583. 584. 585.

El texto legal 469 Antecedentes 469 Naturaleza del llamamiento. Teorías 470 La nuera como sucesora universal por el objeto de su adquisición 471 § 586. La nuera como sucesora universal no heredera 471

XXXIX

ÍNDICE GENERAL

§ 5 8 7 . La cuota de la nuera como carga legal de la sucesión § 588. Inexistencia de la obligación de colacionar § 589. Concurrencia de la nuera con otros herederos. Determinación de la cuota § 590. Limitación del llamamiento. Ausencia de derecho de acrecer § 5 9 1 . Supuesto de indignidad o desheredación del marido premuerto § 592. Condiciones en que opera el derecho

472 472 472 473 473 473

D) HERENCIA VACANTE § 593. § 594. § 595. § 596. § 597. § 598. § 599. Lecturas

Concepto Principio legal Naturaleza del derecho del fisco Reputación de vacancia y declaración de vacancia Trámite de la reputación de vacancia Liquidación de la herencia Trámite de la declaración de vacancia y casos prácticos sugeridos

474 474 474 475 476 477 478 479

CAPÍTULO X

LEGÍTIMA A) CONCEPTOS GENERALES § 600. Legítima hereditaria. Noción 481 § 6 0 1 . El problema de la naturaleza de la legítima hereditaria 483 § 602. La cuestión en nuestro derecho 483 § 603. La interpretación integradora de las normas relativas a la legítima 484 § 604. ¿Hay derecho a la legítima con prescindencia de la transmisión hereditaria? 485 § 605. Réplica 485 § 606. ¿Se requiere que el legitimario sea heredero? 486 § 607. Réplica 486 § 608. ¿Puede afirmarse que la legítima se funda en un "derecho de sucesión" que no es necesariamente "hereditario"? 487 § 609. Réplica 488 § 610. ¿Es la legítima una parte de la herencia aunque se integra con bienes "no hereditarios"? 488

XL

§611.

ÍNDICE GENERAL

Supuestos casos de legitimarios no herederos en nuestro derecho 489 a) Caso del legitimario legatario 489 b) Caso del legitimario preterido 490 c) Caso del legitimario donatario 490 d) Caso de la nuera viuda 491 B) LEGITIMARIOS EN NUESTRO DERECHO

§ § § §

612. 613. 614. 615.

Herederos forzosos o legitimarios Descendientes Ascendientes Cónyuge

491 492 492 493

C) CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA § § § § § § § §

616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623.

Formación de la masa de cálculo Imputación de las deudas y cargas de la sucesión Concurrencia de legitimarios Porción legítima y cuota de legítima (individual) Porción disponible Mejora La mejora en el Código Civil Forma de disponer la mejora

493 495 495 496 497 498 498 500

D) DEFENSAS DE LA LEGÍTIMA 1) NORMAS IMPERATIVAS

§ 624. Disposiciones generales 501 a) Ineficacia de condiciones y gravámenes 501 b) Nulidad de pactos o convenios sobre la legítima futura, conforme al artículo 3599 501 c) Inoponibilidad de las transferencias presumidas como liberalidades 501 § 625. Inalienabilidad de la legítima 502 2) A C C I Ó N DE PRETERICIÓN

§ 626. Concepto. Antecedentes § 627. La ley 17.711 § 628. Preterición por institución a otro legitimario

504 505 506

ÍNDICE GENERAL

XLI

§ 629. Ejercicio de la acción derivada de la preterición § 630. Situación de los instituidos § 631. Quiénes pueden ejercer la acción

507 508 509

3) ACCIONES DE COMPLEMENTO Y REDUCCIÓN

§ § § § § § § § § § §

632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

§ § § § § §

643. 644. 645. 646. 647. 648.

Concepto Antecedentes de la acción de complemento Necesidad de compatibilizar ambas acciones Orden en que debe operar la reducción Situación del legatario de cosa cierta Reducción de las donaciones Naturaleza de la acción. Planteo Doctrina francesa clásica El problema en nuestra doctrina Caso en que el donatario conserva el bien donado Normas aplicables a la obligación de restituir a) Restitución de cosas ciertas b) Restitución de sumas de dinero Caso en que el donatario hubiese transferido el bien a terceros Legitimación para demandar la reducción: principio Limitaciones tratándose de descendientes Los acreedores del heredero Acción de reducción contra donaciones hechas al legitimario Prescripción de la acción

509 510 511 513 514 514 515 516 516 518 519 520 521 521 522 523 524 524 525

4) FRAUDES A LA LEGÍTIMA

§ § § § §

649. 650. 651. 652. 653.

§ 654. § 655. § § § §

656. 657. 658. 659.

El problema 525 Los negocios jurídicos en fraude. Concepto general 526 Fraudes a la legítima 526 Indicadores generales del fraude 527 Doctrina del "disregard", y su vinculación con el fraude a la legítima 528 Jurisprudencia 529 Asimilación del supuesto al caso de interposición fraudulenta de persona 529 Inoponibilidad del acto fraudulento 530 Integración de la legítima 530 Forma de la integración 530 Aplicabilidad a los casos de fraude en perjuicio del cónyuge supérstite sobre su parte en los gananciales 531

XLII

ÍNDICE GENERAL

5)

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO ENTRE LEGITIMARIOS

§ 660. El caso del artículo 3604 del Código Civil § 661. Mejora presumida por la ley § 662. Efectos 6)

531 532 532

O P C I Ó N EN FAVOR DE LOS LEGITIMARIOS

EN CASO DE LEGADO DE UN USUFRUCTO O DE RENTA VITALICIA

§ 663. § 664. § 665. § 666. § 667. Lecturas

La norma legal Condiciones de aplicación Ejercicio de la opción existiendo pluralidad de legitimarios Caso en que se hubiesen instituido diversos legados Carácter del legatario del usufructo o de renta vitalicia y casos prácticos sugeridos

533 533 534 534 535 535

CAPÍTULO XI

TESTAMENTOS A) PRINCIPIOS GENERALES § § § § § § § § § § § § §

668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680.

Vocación testamentaria La facultad de testar. Principio general Testamento. Concepto y definición legal Carácter unilateral Prohibición de los testamentos mancomunados o conjuntos La forma escrita Ineficacia del testamento nuncupativo El codicilo Formas extraordinarias o especiales Formas y solemnidades: distinción Opción del testador en cuanto a la forma de testar Especialidad de cada forma Ley aplicable a las formas del testamento a) En cuanto al tiempo b) En cuanto al lugar § 681. Inobservancia de las formas. Efectos § 682. Requisitos de la confirmación del testamento nulo § 683. Contenido del testamento

537 537 537 538 538 538 539 539 540 540 541 541 541 542 542 543 543 543

XLIII

ÍNDICE GENERAL

§ 684. § 685. § 686.

Disposiciones extrapatrimoniales Distinción entre testamento en sentido formal y sustancial. Modos en que pueden hacerse disposiciones patrimoniales en el testamento § 687. Síntesis

544 544 545 546

B) CAPACIDAD PARA TESTAR § 688. § 689. § 690. § § § § § § § §

691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698.

Principio general Edad "Perfecta razón". Interpretación de las normas generales del Código Civil Los artículos 3615 y 3616 del Código Civil La doctrina Pensamiento del codificador 4 qué dementes alude el artículo 3615 Carencia accidental de discernimiento Sordomudos interdictos Incapacidades para ciertas formas testamentarias Ley aplicable a la incapacidad para testar

546 546 548 550 551 551 552 553 553 553 554

C) CAPACIDAD PARA RECIBIR POR TESTAMENTO § 699.

Remisión

554

D) VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL TESTAMENTO § § § § § § §

700. 701. 702. 703. 704. 705. 706.

Aplicabilidad de normas generales Error Supuesto de error de derecho Dolo Violencia Simulación Ineficacia del testamento en razón de vicios de la voluntad del testador

554 555 556 557 558 559 559

E) FORMAS ORDINARIAS DE TESTAR 1) TESTAMENTO OLÓGRAFO

§ 707. § 708.

Concepto Cuándo hay testamento ológrafo

560 560

XLIV

ÍNDICE GENERAL

§ 709. Independencia intelectual de otros papeles o escritos del testador 560 § 710. Alcances del concepto de independencia intelectual 561 § 711. Testamento ológrafo contenido en cartas misivas 561 § 712. Redacción del testamento 562 § 713. Firma 562 § 714. Fecha 563 § 715. Importancia de la fecha en el testamento ológrafo 563 § 716. Nulidad por falta de fecha 564 § 717. Lugar 564 § 718. Escritura extraña al puño y letra del testador 564 § 719. Otorgamiento en distintas fechas 565 § 720. Otras formalidades 566 2) TESTAMENTO POR ACTO PÚBLICO

§ § § § § § § § §

721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729.

Concepto Ventajas e inconvenientes sobre el ológrafo Acto notarial Enunciaciones esenciales Lectura del testamento Firma Firma a ruego Interrupción del acto por muerte del testador Testamento en idioma extranjero

566 566 567 567 568 568 569 569 570

3) TESTAMENTO CERRADO

§ § § § § § §

730. 731. 732. 733. 734. 735. 736.

Concepto Ventajas Redacción del testamento Entrega del testamento El acta notarial Validez subsidiaria como testamento ológrafo Conservación del testamento

571 571 571 572. 572 573 573

F) TESTAMENTOS ESPECIALES § § § § §

737. 738. 739. 740. 741.

Concepto Testamento Testamento Testamento Testamento

militar marítimo en caso de epidemia a bordo de aeronaves

574 574 575 576 576

XLV

ÍNDICE GENERAL

G) TESTAMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO § 742.

Ley aplicable a la validez, al contenido y a la forma. nibilidad

Opo577

H) APERTURA Y PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTOS § 743.

Remisión

579

I) TESTIGOS EN LOS TESTAMENTOS § 744. § 745. § 746.

El problema Principio general Normas generales sobre la capacidad a) Sexo y edad b) Demencia declarada o privación de razón c) Sordomudez y otras enfermedades físicas d) Parentesco e) Residencia del testigo y conocimiento por el escribano. § 747. Normas específicas § 748. Capacidad putativa § 749. Momento de la capacidad Lecturas y casos prácticos sugeridos

579 579 580 580 581 581 582 582 583 583 584 584

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS EN GENERAL A) INSTITUCIÓN DEL SUCESOR § § § § § §

750. 751. 752. 753. 754. 755.

Concepto Sucesión en parte testada y en parte intestada Individualización del sucesor. Principio general Institución en favor de persona incierta Institución en favor de los parientes Institución en plural "a los parientes" existiendo sólo uno de grado más próximo al testador § 756. Institución en favor de los pobres § 757. Institución en favor del alma del testador

587 587 587 588 589 589 590 591

ÍNDICE GENERAL

XLVI § § § § § § § § § § § §

758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769.

Indelegabilidad en la institución del sucesor. Excepciones Naturaleza del llamamiento del sucesor instituido Cuándo hay institución de heredero Institución de heredero "in re certa" Institución de heredero "exceptio rei certae" Institución de la universalidad con asignación de partes Legado de remanente ¿Pueden instituirse herederos en la porción disponible? Tesis afirmativa Tesis negativa Nuestra posición Situación de los herederos instituidos

592 592 593 594 595 595 596 597 597 597 598 599

B) SUSTITUCIÓN DE SUCESORES § 770. Concepto. Clases de sustitución 600 § 771. Sustitución fideicomisaria. Concepto 602 § 772. Sustitución fideicomisaria y fideicomisos singulares. Ley 24.441 603 § 773. Efecto de la institución que contiene una sustitución fideicomisaria 604 § 774. Elementos constitutivos de la sustitución fideicomisaria y planteo de casos dudosos 604 § 775. Institución separada en la nuda propiedad y en el usufructo 605 § 776. La llamada disposición de "si sine liberis decesserit" 606 § 777. Instituciones sujetas a un plazo resolutorio 607 § 778. Institución sujeta a plazo resolutorio consistente en la muerte del legatario 608 § 779. Sustitución en el residuo de la herencia o "de eo quod supererit" 608 § 780. Sustitución vulgar. Diferencia con la fideicomisaria 608 § 781. Pluralidad de sustitutos del instituido y viceversa 609 § 782. Sustitución en partes desiguales. Sustitución vulgar recíproca 609 § 783. Efectos de la sustitución 610 C) MODALIDADES EN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS § 784. § 785.

Concepto general Crítica a la metodología legal

610 610

ÍNDICE GENERAL

XLVII

1) INSTITUCIÓN CONDICIONAL

§ 786. Concepto § 787. Normas aplicables a la institución condicional § 788. Condiciones expresamente prohibidas por la ley a) Relativas al domicilio b) Relativas al culto religioso c) Relativas al estado de familia § 789. Carácter de la enumeración § 790. Condición de no enajenar § 791. Prohibición de partir § 792. Condición de no impugnar el testamento o algunas disposiciones testamentarias § 793. Condición de renunciar a una herencia § 794. Condición de aceptar pura y simplemente la herencia § 795. Condición de colacionar § 796. Condición imposible § 797. Condición ilícita y condición imposible. Diferencias § 798. Condición contraria a las buenas costumbres § 799. Efectos de las condiciones prohibidas, imposibles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres § 800. Efectos en particular de la condición de no enajenar § 801. Limitación de la prohibición de enajenar en los legados particulares § 802. ¿Puede instituirse heredero bajo condición? § 803. Heredero instituido bajo condición suspensiva > § 804. Heredero instituido bajo condición resolutoria § 805. Carácter resoluble de la adquisición. Efectos

611 611 612 612 612 613 613 613 614 614 615 615 616 616 616 617 618 618 619 620 621 622 623

2) INSTITUCIÓN SUJETA A PLAZO

§ § § § § §

806. 807. 808. 809. 810. 811.

§ § § §

812. 813. 814. 815.

Concepto. Plazo suspensivo y resolutorio ¿Cabe la institución hereditaria a plazo? El plazo en la institución de legatario de cuota Asimilación del plazo incierto a la condición suspensiva ... Consecuencia que provoca tal asimilación Condición suspensiva o plazo incierto puestos a la ejecución del legado Diferencias entre el cargo y la condición Cargo y causa de la disposición El cumplimiento del cargo puesto como condición resolutoria Patrimonialidad del cargo

623 623 624 625 625 626 626 627 628 629

XLVIII

ÍNDICE GENERAL

§ 816. El cumplimiento del cargo puesto como condición suspensiva § 8 1 7 . El cargo en las disposiciones testamentarias § 8 1 8 . El cargo no funciona, en principio, como condición resolutoria en las disposiciones testamentarias § 819. Titulares de la acción para exigir el cumplimiento del cargo § 820. Acción revocatoria § 821. Cargo que es la causa final de la institución de heredero ... § 822. Cargos imposibles, ilícitos y contrarios a las buenas costumbres § 823. Posibilidad de que el legatario abandone el bien para liberarse del cumplimiento del cargo § 824. Responsabilidad del gravado

629 630 630 631 632 633 633 634 634

D) DERECHO DE ACRECER § § § §

§ § § § § § § §

825. 826. 827. 828.

829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836.

Concepto Campo de aplicación El derecho de acrecer y la institución de herederos Requisitos a) Unidad del llamamiento respecto del objeto sobre el cual recae el legado b) Llamamiento conjunto a dos o más legatarios sobre ese objeto c) Desaparición de uno o más colegatarios llamados conjuntamente Conjunciones Caso de la conjunción "verbis tantum" Sustitución de legatarios llamados conjuntamente Caso del legado de usufructo hecho conjuntamente Efectos del acrecimiento Cumplimiento de cargos Transmisión del derecho de acrecer Carácter subsidiario o supletorio de las normas sobre acrecimiento

635 635 636 637 637 637 637 637 639 640 640 641 641 642 642

E) INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS § § § §

837. 838. 839. 840.

El problema Normas legales supletorias Interpretación literal o gramatical Significación técnica de los términos empleados

643 644 644 645

XLIX

ÍNDICE GENERAL

§ 841. § 842. § 843. Lecturas

Interpretación en el contexto del testamento Incompatibilidad material entre disposiciones testamentarias Interpretación mediante elementos extrínsecos al testamento y casos prácticos sugeridos

CAPÍTULO

645 646 647 648

XIII

LEGADOS A) PRINCIPIOS GENERALES § 844. § 845. § 846.

Concepto Legado y cargo Prelegado

651 652 652

B) SUJETOS DEL LEGADO § § § § § § § §

847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854.

Concepto El testador El legatario Legatario acreedor del difunto Caso del legado remuneratorio Los herederos gravados Los legatarios de cuota Ausencia de herederos

653 653 653 654 654 655 656 656

C) ADQUISICIÓN DEL LEGADO § 855.

§ § § §

856. 857. 858. 859.

§ § § §

860. 861. 862. 863.

El legatario como adquirente. Precisiones a) Legado con efectos reales b) Legado con efectos obligacionales Adquisición del derecho y del objeto legado Legados que no importan un derecho sucesorio La entrega de la cosa en el legado con efectos reales Desde qué momento puede el legatario solicitar la entrega de la cosa Casos en que el legatario se encontrase detentando la cosa . Entrega del título en el legado de un crédito Aceptación de los legados Irrevocabilidad de la aceptación del legado •

656 657 657 657 658 658 659 659 660 660 661

L

§ § § § §

ÍNDICE GENERAL

864. 865. 866. 867. 868.

Retractación de la renuncia al legado Indivisibilidad de la aceptación del legado Pluralidad de legados Revocación de la renuncia al legado Gastos de entrega

661 661 661 661 661

D) OBJETO DE LOS LEGADOS § § § § §

869. 870. 871. 872. 873.

Legados particulares y de cuota Objeto de los legados particulares Cosas futuras Individualización del objeto legado Error en la designación del objeto legado

663 664 664 664 665

E) DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A LOS LEGADOS 1) LEGADO DE COSA CIERTA

§ § § §

874. 875. 876. 877.

§ § § § § § § § § §

878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887.

§ 888. § 889. § 890.

Concepto Objeto del legado Legado de cosas inciertas determinables Legado de cosas fungibles que se encuentran en determinado lugar indicado por el testador Legado de acciones Legado del usufructo de títulos de renta Legado de inmuebles. Alcance Agregaciones y edificaciones posteriores al testamento Legado de una casa con sus muebles Legado de una "hacienda de campo" Estado en que debe entregarse la cosa legada Frutos Pérdida o deterioro de la cosa Pérdida o deterioro de la cosa por culpa exclusiva de un heredero Reivindicación de la cosa Responsabilidad de los herederos después de la partición .. Evicción

665 666 667 668 668 669 669 669 671 671 672 672 673 673 674 674 675

2) LEGADO DE COSA AJENA

§ 891. Cosas ciertas y determinadas

675

ÍNDICE GENERAL

LI

§ 892. Legado de cosa ajena a adquirirse § 893. Caso en que el legatario hubiese adquirido la cosa

676 677

3) LEGADO DE COSA INDIVISA

§ 894.

Legado de cosa parcialmente ajena o que se tiene en condominio § 895. Adquisición por el testador de las restantes partes indivisas después del testamento

678 679

4) LEGADO DE UN BIEN GANANCIAL

§ 896. § 897.

Concepto Existencia de otros bienes en la masa de la sociedad conyugal

680 681

5) LEGADO DE COSA GRAVADA

§ 898.

Hipótesis comprendidas

681

6) LEGADO DE GÉNERO

§ 899. Concepto § 900. Noción de género y especie § 9 0 1 . Existencia del individuo comprendido en el género en el acervo hereditario § 902. Crítica a la distinción entre géneros determinados por la naturaleza y géneros determinados por la designación del hombre § 903. Supuesto de cosas inciertas fungibles 7)

§ § § §

682 682 683 684 684

LEGADO DE DAR SUMAS DE DINERO

904. Concepto 905. Exigibilidad 906. Modalidades 907. Inexistencia de las sumas legadas en el acervo sucesorio ...

684 685 685 685

8) LEGADOS QUE CONSISTEN EN PRESTACIONES PERIÓDICAS

§ 908. § 909. § 910.

Concepto Legado de renta Derecho del legatario sobre la renta correspondiente a cada período § 911. Exigibilidad § 912. Legado de alimentos § 913. Legado de beneficencia

686 686 686 687 687 688

LH

ÍNDICE GENERAL

9)

§ 914. § 915.

LEGADOS ALTERNATIVOS

Régimen legal Efecto retroactivo de la elección 10)

§ 916. § 917. § 918.

689 690

LEGADOS DE CRÉDITOS

Régimen legal Intereses Adquisición "via recta" del crédito por el legatario 11)

LEGADO DE LIBERACIÓN

§ 919. Concepto § 920. Créditos comprendidos § 921. Legado del instrumento de la deuda 12)

§ 922.

690 690 690

691 692 692

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Concepto

692

F) ORDEN DE PAGO DE LOS LEGADOS § 923. § 924. § 925.

El problema Insuficiencia del acervo hereditario Prelación en el pago de legados a) Legados de cosa cierta b) Legados remuneratorios c) Legados de cantidad Lecturas y casos prácticos sugeridos

CAPÍTULO

693 693 693 693 694 694 695

XIV

INEFICACIA DEL TESTAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS § 926.

Las categorías de ineficacia a) Nulidad b) Revocación c) Caducidad

697 697 697 697

A) NULIDAD § 927.

Aplicabilidad de las normas generales

698

Lili

ÍNDICE GENERAL

§ § § § §

928. Testamentos nulos y anulables 929. Nulidad total y nulidad parcial 930. Nulidad absoluta y nulidad relativa 931. Confirmación del testamento nulo por vicios de forma 932. Cumplimiento voluntario del testamento nulo por vicios formales § 933. Prescripción de la acción de nulidad relativa

698 698 699 700 700 701

B) REVOCACIÓN § 934. § 935.

Concepto Revocación de testamentos y legados 1)

§ § § § § § § § §

936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944.

§ 945. § 946. § 947. § 948. § 949. § 950. §951.

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

Precisión conceptual 703 Matrimonio ulterior del testador 703 Carácter de la revocación legal 704 Nulidad del matrimonio 704 Modo en que opera la caducidad 705 Revocación expresa 705 Testamento posterior 705 Nulidad del testamento revocatorio 706 Nulidad o caducidad de disposiciones del testamento revocatorio 707 Retractación del testamento revocatorio 708 Revocación tácita por destrucción o cancelación del testamento 708 Alteraciones por accidente o por el hecho de un tercero .... 710 Destrucción total debida a caso fortuito o por fuerza mayor 710 Destrucción total del testamento después del fallecimiento del testador 711 Rotura del pliego que contiene el testamento cerrado 712 Prueba relativa a la autoría de la rotura o cancelación del testamento 712 2)

§ § § § §

952. 953. 954. 955. 956.

701 702

REVOCACIÓN DEL LEGADO

Enajenación de la cosa legada Actos que comprende Nulidad de la enajenación Enajenación forzosa Caso del boleto de compraventa

713 713 713 714 714

ÍNDICE GENERAL

LIV § 957. § 958.

Revocación por ingratitud del legatario Amplitud de las causales a) Tentativa de muerte del testador b) Sevicia, delito o injurias cometidas contra el testador después de otorgado el testamento c) Injuria grave a la memoria del difunto

715 715 715 715 716

C) CADUCIDAD § § § §

959. 960. 961. 962.

Concepto 716 Prefallecimiento del instituido 716 Legado hecho "al título o a la cualidad del legatario" 717 Incumplimiento de la condición suspensiva o cumplimiento de la condición resolutoria a que se subordina el legado .... 718 § 963. Pérdida, destrucción o perecimiento de la cosa 718 § 964. Renuncia 718 § 965. Efectos de la caducidad 719 Lecturas y casos prácticos sugeridos 719

CAPÍTULO XV

EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. ALBACEAZGO A) ALBACEAS § § § § §

966. 967. 968. 969. 970.

§ 971. § 972. § 973. § 974.

Concepto La gestión del albacea en general. Conflictos Designación del albacea Albacea designado por los herederos y legatarios Albacea consular. Funciones a) Sellar los bienes muebles y papeles del difunto b) Nombrar albacea dativo Condiciones para que proceda la designación de albacea consular Caso en que el extranjero deje parientes colaterales Caso en que no existan herederos colaterales Cesación de la intervención del albacea consular a) Cuando se presentan los herederos ausentes b) Si, en definitiva, la herencia es declarada vacante

721 722 723 724 725 725 725 725 726 727 727 727 727

LV

ÍNDICE GENERAL

§ 975. § 976.

§ § § §

977. 978. 979. 980.

c) Si los parientes colaterales del difunto fuesen declarados herederos d) Si el causante hubiese testado y en el testamento hubiese designado albacea Nombramiento de albacea a quien desempeña un cargo y en razón de ese desempeño Caracteres del albaceazgo en el Código Civil a) Voluntariedad b) Indelegabilidad c) Onerosidad Capacidad para ser albacea Herederos y legatarios Incapaces de recibir por testamento Número de albaceas

727 728 728 728 728 729 729 729 730 730 731

B) FACULTADES DEL ALBACEA § 981. Distinción 1)

§ § § §

982. 983. 984. 985.

731

C A S O EN QUE LAS FACULTADES FUERON ESTABLECIDAS POR EL TESTADOR

Principio general Caso en que existan herederos Venta de bienes Caso en que no existan herederos 2)

732 732 732 733

C A S O EN QUE EL TESTADOR NO ESTABLECIÓ LAS FACULTADES DEL ALBACEA

§ § § § § §

986. 987. 988. 989. 990. 991.

Principio general Posesión de la herencia Pago de legados Pago de deudas Cumplimiento de cargos Demandas relativas a la validez del testamento y a la ejecución de sus disposiciones

733 734 734 735 735 736

C) DEBERES DEL ALBACEA § 992. § 993. § 994.

Medidas de seguridad e inventario de los bienes de la sucesión Responsabilidad Rendición de cuentas

737 738 738

LVI

ÍNDICE GENERAL

D) RETRIBUCIÓN DEL ALBACEA §

§ § § § §

§

995. Principio general a) Gratuidad dispuesta por el testador b) Retribución dispuesta por el testador 996. Legado remuneratorio al albacea 997. Legado hecho al incapaz de ser albacea 998. Retribución fijada en el testamento 999. Comisión fijada judicialmente 1000. Honorarios de los letrados del albacea a) Del letrado que patrocina al albacea b) Del apoderado o procurador del albacea 1001. Gastos por la ejecución del albaceazgo

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E) FIN DEL ALBACEAZGO § § § § §

1002. 1003. 1004. 1005. 1006.

Causas Ejecución completa del testamento Incapacidad sobreviniente Muerte Destitución a) Incapacidad para el cumplimiento del testamento b) Mala conducta en sus funciones c) Quiebra en los negocios § 1007. Renuncia

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Lecturas y casos prácticos sugeridos

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Bibliografía

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CAPÍTULO PRIMERO SUCESIÓN A)

CARACTERIZACIÓN

§ 1. CONCEPTO GENERAL. - Con el término sucesión -del latín: successio- se designan todos aquellos supuestos en que se produce el cambio o sustitución de uno e jnás sujetos jde una relación jurídica, o de un conjunto de relaciones jurídicas, en virtud de una transferencia o transmisión: cesión, enajenación, etcétera. La sucesión, de tal modo, provoca una modificación subjetiva de la relación jurídica aunque queda inalterado, en principio, su contenido y su objeto. § 2. SUCESOR. DEFINICIÓN LEGAL. - Desde este punto de vista se comprende la definición que, del sucesor en general, contiene la parte Ia del art. 3262 del Cód. Civil. Dice la norma que "las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores". El adquirente por sucesión recibe el contenido de la relación en las mismas condiciones jurídicas en que existía en cabeza de su anterior titular. Le serán oponibles, por tanto, los vicios que pudieren afectar al acto constitutivo de la relación (art. 3277), como asimismo los privilegios o preferencias de que goza (art. 3877). Tratándose de cosas, el adquirente sucede en todos los derechos correspondientes al anterior titular e inherentes al derecho real transmitido (conf. nota al art. 2096). También adquirirá los derechos accesorios del derecho personal I

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transmitido como lo dispone expresamente el art. 1458, respecto de la cesión de créditos. En suma, la sucesión emplaza al adquirente de los derechos transmitidos en la misma posición jurídica en que, respecto de ellos, se hallaba el transmitente. Y ello porque la adquisición derivada se produce en virtud de la transferencia a un nuevo titular de un derecho ya existente en favor de otro sujeto. De allí la famosa sentencia contenida en el Digesto: nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habeat, que recoge a la letra el art. 3270: "nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere". Aunque este principio reconoce numerosas excepciones fundadas en la apariencia jurídica y en holocausto a la seguridad del tráfico en beneficio de los terceros de buena fe -así, v.gr., arts. 1051, 970, 1967, 3310, 3430, etc.- consagra, en términos generales, la idea de invariabilidad de la relación jurídica transmitida. § 3.

NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA ADQUISICIÓN DE-

RIVATIVA. - Dentro del marco propio de la adquisición derivativa, son corolarios significativos las disposiciones de los arts. 3275 a 3278 que se refieren a la transmisión de los derechos en general. Según el primero de los artículos: "El acto jurídico por el cual una persona transmite a otra el derecho de servirse de una cosa después de haber transmitido este derecho a un tercero, es de ningún valor". En la nota, Vélez Sársfield ejemplifica el caso del arrendamiento: el anterior es preferido sobre el posterior. En tanto que el art. 3276 dice: "Las disposiciones tomadas por el propietario de la cosa relativamente a los derechos comprendidos en la propiedad, son obligatorias para el sucesor". Esta vez, la nota nos remite al art. 1498, calificada por algunos autores como un verdadero caso de obligación in rem scriptce,

SUCESIÓN

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en cuanto dispone que "enajenada la finca arrendada, por cualquier acto jurídico que sea, la locación subsiste durante el tiempo convenido". Otro caso típico es el de las servidumbres reales que, según el art. 3006, se consideran inherentes al fundo dominante y al fundo sirviente, y siguen con ellos a cualquier poder que pasen; no pueden ser separadas del fundo ni formar el objeto de una convención, ni ser sometidas a gravamen alguno. Es dable citar también el caso de la donación con cargo: tratándose de inmuebles y constando en el instrumento de adquisición las cargas impuestas por el donante, la revocación de la donación anula las enajenaciones, servidumbres e hipotecas consentidas por el donatario (art. 1855); en el caso de donación de bienes muebles, su revocación trae la nulidad de la enajenación hecha por el donatario, si el adquirente de los bienes donados conocía las cargas impuestas y sabía que no estaban cumplidas (art. 1856). El art. 3277 prescribe: "La violencia, el error, el dolo y las irregularidades de que adolezca el título del que transmite un derecho, pueden igualmente ser invocados contra el sucesor". El principio reconoce, sin embargo, diversas excepciones en el Código (arts. 970, 1967, 3310, 3430, etc.) y, luego de las reformas de la ley 17.711, pierde notables alcances con la modificación del art. 1051 que establece: "Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual; salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable". Finalmente, el art. 3278 expresa: "Un derecho revocable desde que se constituyó, permanece revocable en poder del sucesor". Es el caso típico del dominio revocable que define el art. 2663. § 4. FUENTES DE LA TRANSMISIÓN. SUCESIÓN "ÍNTER VIVOS" Y "MORTIS CAUSA". - Durante su vida, la persona ejerce la

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totalidad de sus derechos patrimoniales sobre objetos particulares. Esos objetos, particularmente considerados, son por principio transferibles. Respecto de las cosas, el art. 2336 dispone que "están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública", prohibición que puede provenir de la ley o de la voluntad (art. 2337). Además, "todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del crédito" (art. 1444), quedando a salvo los derechos inherentes a las personas que son intransmisibles (arts. 498, 1195 y 1445). De tal modo, pues, la dinámica del tráfico muestra permanentemente negocios jurídicos en que una persona transfiere -enajena, cede, etc.- un derecho patrimonial, y otra lo adquiere. Son, todos, casos de sucesión entre vivos, porque reconocen su causa (fuente), directa o indirectamente, en actos jurídicos cuya eficacia es contemporánea al otorgamiento, aunque sus efectos puedan diferirse o subordinarse a condición o con otras modalidades (conf. arg. art. 947, Cód. Civil). Pero el fenómeno sucesorio adquiere particular relevancia cuando el cambio o sustitución del sujeto de las relaciones jurídicas se impone en razón de su muerte. El fallecimiento provoca, inevitablemente, la extinción de la personalidad, y ello plantea, inmediatamente, el problema de la subsistencia o extinción del complejo de relaciones jurídicas existentes, de diversos modos, en el momento de la desaparición física de la persona. El derecho sucesorio debe, pues, regular los modos, caracteres y efectos de la atribución de esas relaciones jurídicas que, en vida, protagonizó como titular aquel de cuya sucesión se trata -expresión que traduce el aforismo latino is de cuius successione agitur, de donde proviene la designación de cuius, atribuida al causante de la sucesión-. He aquí planteado, sintéticamente, el problema de la sucesión mortis causa - o por causa de muerte-. Ella involucra todo

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SUCESIÓN

lo atinente a la atribución de las relaciones jurídicas cuya titularidad será, en su caso, continuada - y a veremos en qué condiciones y con qué alcances- por los sucesores. § 5. SUCESIÓN PARTICULAR Y UNIVERSAL. - C o n lo antedicho queda expresado el distingo que propone este parágrafo. La contraposición se logra deslindando básicamente el objeto sobre el cual recae la transmisión. Cuando se trata de la transmisión - y consecuente adquisición por el sucesor- de relaciones jurídicas singularmente consideradas (p.ej., el dominio sobre determinado bien, la titularidad de determinado crédito, etc.), se dice que opera una sucesión particular (o singular), porque de ella -la sucesión o transmisión- interesa sólo el contenido de esas concretas relaciones jurídicas. Diríamos, gráficamente, que la sucesión particular confina el contenido de la adquisición al objeto propio de la o las relaciones jurídicas transmitidas. Mientras tanto, en la sucesión universal, las relaciones jurídicas singulares aparecen subsumidas, integradas, en el conjunto de titularidades transmisibles del causante mediante su consideración a título universal, es decir, como universalidad. Ésta es la idea básica que se desprende del art. 3263, al disponer que "sucesor universal, es aquel a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona", y "sucesor singular, es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona". B)

SUCESIÓN UNIVERSAL

§ 6. SUCESIÓN EN EL PATRIMONIO. - Acabamos de ver que el art. 3263 define al sucesor universal como aquel a quien pasa (o se transmite) "todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona". Adviértase que, entendida literalmente, la norma alude a la sucesión en el patrimonio, que es, por definición, el conjunto de los bienes de una persona (art. 2312). Como a su vez el patrimonio es, en la teoría clásica, un atributo de la personalidad, se colige fácilmente la idea que sub-

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yace en la definición legal. Quien sucede a título universal, sucede, esencialmente, en la posición jurídica del causante como titular del patrimonio. Se considera al sucesor universal como si fuese (tal es la idea) el propio causante en orden al patrimonio en su integridad que no puede ya, por la muerte, atribuírsele. El sucesor universal, desde esta perspectiva subingresa, subentra -es decir, se coloca- en tal posición jurídica y viene a continuar, de ese modo, la subjetividad jurídica del causante reputándoselo erga omnes el titular del patrimonio. § 7. FUNDAMENTOS DOGMÁTICOS: LA TEORÍA DEL PATRIMONIO-PERSONA. - El fundamento teórico dogmático de la sucesión

universal, así entendida, es moderno. Fundamentalmente reconoce el aporte de la concepción del patrimonio debida a Zachariae y a Aubry y Rau, quienes, a su vez, recogieron la idea de la universitas romana, y que trascendió caracterizando al patrimonio como atributo de la personalidad con sus caracteres de universalidad, unidad, necesidad e indisponibilidad. Se reputa al heredero continuador de la personalidad patrimonial del difunto, de aquel de cuya sucesión se trata: del de cuius. La preocupación esencial tiende en todo caso a que la idea de continuación de la persona del difunto por sus herederos satisfaga la necesidad de transmitir las relaciones jurídicas activas y pasivas de que era titular el causante. Es así el heredero quien, por efecto de la transmisión hereditaria, se constituirá en deudor de todo lo que el causante debía, garantizando patrimonialmente su cumplimiento. Y culminando el proceso, la continuidad atribuida al heredero, en calidad de sucesor lo enfrentará con la confusión de patrimonios: se generará así la responsabilidad ultra vires hereditatis. § 8. RECEPCIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO. - Como decíamos, la teoría del patrimonio-persona trascendió al derecho sucesorio, dando sentido al fenómeno de la confusión de patrimonios del causante y del heredero. Con la muerte de la persona se opera, antes que la transmisión singular de los bienes indi-

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vidualmente considerados, la incorporación instantánea del contenido económico del patrimonio del difunto -en su activo y pasivo- al patrimonio del heredero. El heredero, así, es el continuador de la personalidad patrimonial del causante asumiendo su carácter; pero como el patrimonio es único e indivisible y no se concibe sino como atributo de la personalidad, el heredero en esa asunción ha incorporado a su patrimonio los bienes y también las deudas: surge la responsabilidad ultra vires hereditatis. a) CONTINUACIÓN DE LA PERSONA DEL CAUSANTE POR EL HEREDERO.

Dispone el art. 3417 que "el heredero que ha entrado en la posesión de la herencia, o que ha sido puesto en ella por juez competente, continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor", A su vez, el heredero, en esta línea de continuidad, transmite a sus sucesores el derecho de opción para aceptar o repudiar la herencia (art. 3316). El heredero, desde la muerte del autor de la sucesión, es propietario de ella, aunque ignore que la herencia se le ha deferido o sea incapaz (art. 3420). b) CONFUSIÓN DE PATRIMONIOS. El art. 3342 establece al respecto: "La aceptación de la herencia causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero; y trae la extinción de sus deudas o créditos a favor o en contra del difunto, y la extinción también de los derechos reales con que estaban gravados sus bienes a favor del difunto, o que le competían sobre sus bienes". c) RESPONSABILIDAD "ULTRA VIRES HEREDITATIS". Según el art. 3343: "El heredero que ha aceptado la herencia queda obligado, tanto respecto a sus coherederos como respecto a los acreedores y legatarios, al pago de las deudas y cargas de la herencia, no sólo con los bienes hereditarios sino también con los suyos propios". Concuerdan con esta norma los arts. 3431 y 3432. d) PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN PURA YSIMPLE. Por ello, "en todos los casos de aceptación tácita, la sucesión se considera aceptada pura y simplemente" (art. 3329). Como corolario "el sucesor universal no puede aceptar la herencia con beneficio de

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inventario, cuando ha hecho acto de heredero puro y simple" (art. 3359). e) ADMISIÓN

VIRTUAL DE LA TEORÍA DEL PATRIMONIO-PERSONA.

Ella se desprende de los arts. 3281 y 3363 del Cód. Civil. f) UNIDAD SUCESORIA. Por la cual "el derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros" (art. 3283). De igual modo, el llamado fuero de atracción (art. 3284), sin perjuicio de las excepciones al principio de la unidad (arts. 10, 11, 3470, etcétera). Quedan anticipados así los lineamientos básicos del sistema sucesorio adoptado por el Código Civil, cuyo desarrollo haremos oportunamente sin perjuicio de anticipar que, merced a la reforma operada en esta materia por la ley 17.711, algunos de sus postulados han quedado si no desvirtuados, por lo menos replanteados dogmáticamente. § 9. SUCESIÓN EN LOS BIENES. CONCEPTO. - A la construcción dogmática que parte de la premisa de que el heredero continúa la persona del causante, es decir que sucede en la subjetividad jurídica del causante - y que por ello se lo reputa sujeto de las relaciones jurídicas que tenían, por tal, al difunto con la consiguiente responsabilidad ultra vires-, se opone el sistema de la llamada sucesión en los bienes de filiación germánica. Para comprender la contraposición, es menester descubrir cuál es, sustancialmente, el presupuesto que diferencia a uno y otro sistema. En el de la sucesión en la persona el presupuesto de la sucesión es la supervivencia de la relación jurídica en el sujeto o sujetos que subentran en aquélla, y que, para el derecho, son considerados como el causante mismo (de ahí la idea de que el heredero continúa la persona del causante). En el sistema de la sucesión en los bienes, en cambio, a la muerte del sujeto su patrimonio recibe, en términos generales, la consideración de un activo con un pasivo constituido por obligaciones que pesan como cargas a liquidar. El heredero no subentra en

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SUCESIÓN

la posición jurídica del causante, permanece ajeno a ella, y recibe, una vez liquidadas las cargas, los bienes relictos. De este modo el presupuesto de la sucesión en los bienes es la adquisición del patrimonio como activo líquido, o adquisición de un conjunto de bienes, a diferencia de la sucesión en la persona, en que la adquisición es un fenómeno secundario, pues lo esencial es la continuación de las relaciones jurídicas en cabeza de los herederos. En el derecho contemporáneo tiende a prevalecer la concepción de la sucesión en los bienes en que la herencia es reputada un patrimonio sujeto a liquidación del que los herederos reciben, a la postre, los bienes que incorporan a su patrimonio una vez que la herencia ha sido liquidada, pagadas las deudas, cumplidas las mandas, etcétera. Pero hasta entonces -utilizamos una expresión gráfica más que jurídica- el patrimonio individual de cada heredero permanece distinto, ajeno diríamos, a las relaciones jurídicas sometidas a la liquidación hereditaria. No obstante, debe señalarse que, aun dentro de la concepción dogmática de la sucesión en la persona, se admite un modo especial de aceptar: el llamado beneficio de inventario, que, como lo veremos oportunamente, somete a la herencia a una administración liquidadora sin afectar la responsabilidad ultra vires del heredero. El beneficio de inventario, lo anticipamos desde ya, importa una solución transaccional entre las dos concepciones, permitiendo reputar al heredero, a la vez, como continuador de las relaciones jurídicas del causante, pero sin afectar su responsabilidad personal por las deudas o cargas de la herencia. § 10.

UNIDAD PATRIMONIAL DE LA HERENCIA.

- La herencia

como universalidad es incontestable en nuestro derecho positivo. El art. 3279 del Código proporciona la definición elemental al decir: "la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive". Y el art. 3281 precisa la naturaleza del conjunto de derechos activos y pasivos transmitidos: es - d i c e -

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"un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos". Sabido es, por otra parte, que el art. 2312 define el patrimonio como "el conjunto de los bienes de una persona". Este conjunto es, precisamente, el todo ideal a que se refiere el art. 3281. El todo ideal o conjunto que en la nota al art. 2312 Vélez Sársfield define, siguiendo la doctrina francesa clásica, como universalidad jurídica de los derechos reales y personales bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como bienes. "El patrimonio -añade en la misma nota- forma un todo jurídico, una universalidad de derechos que no puede ser dividida sino en partes alícuotas, pero no en partes determinadas por sí mismas, o que puedan ser separadamente determinadas". La unidad patrimonial de la herencia reside, pues, en su reducción al denominador común que cuantifica los valores involucrados en la suma de relaciones jurídicas singulares. Por eso dice la nota al art. 3281 que "si la sucesión a título universal abraza los derechos particulares contenidos en el conjunto de los bienes, no lo es sino como integrantes del conjunto que forma el objeto propio de la sucesión". La teoría del patrimonio-persona subsume de tal modo dos momentos distintos en la adquisición del sucesor: el de la adquisición de la herencia, como universalidad, incorporando al patrimonio una expectativa al todo o a una parte alícuota de aquélla (art. 3263), y sin consideración a su contenido especial ni a los objetos de esos derechos (art. 3281); y, en segundo término, la adquisición a título singular -uti singuli- de determinados bienes o derechos, lo que acaece con la subsiguiente partición y adjudicación (cfr. art. 3503). C)

SUCESORES

§ 11. FUNCIÓN JURÍDICA DEL SUCESOR. - Lo hasta aquí expuesto nos persuade de que la concepción dogmática del heredero como sucesor universal en el contexto de la teoría del lia-

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mado patrimonio-persona, obedece a permitir la sobrevivencia -digámoslo así- de la esfera patrimonial del causante fallecido mediante su atribución per universitatem. De ahí que se aluda a la sucesión en la persona del causante. § 12. HEREDERO Y LEGATARIO. CONCEPTO. - Esta función del sucesor es inherente a la subsistencia de las relaciones jurídicas (activas o pasivas) de que era titular el causante. Y ésa es, precisamente, la función que cumple el heredero. El heredero sintetiza en sí la continuación (jurídica) de la esfera patrimonial del causante y por eso mismo satisface una función social reconocida por el derecho. La ley organiza un sistema de llamamientos a suceder en el ámbito de la familia, sobre la base del parentesco, y permite también al mismo causante, en vida, instituir o nombrar a quienes según su voluntad recibirán la herencia una vez fallecido. Es decir que el derecho reconoce junto a herederos legítimos, a los llamados herederos testamentarios o instituidos. Como dice el art. 3280: "La sucesión se llama legítima, cuando sólo es deferida por la ley, y testamentaria cuando lo es por voluntad del hombre manifestada en testamento válido. Puede también deferirse la herencia de una misma persona, por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la ley". Pero además del heredero, el derecho de sucesiones mortis causa conoce otro tipo de sucesores. Se trata de los legatarios. Son aquellos que en el testamento reciben una liberalidad del causante: puede tratarse de una cosa cierta, uno o más derechos de crédito, etc., e incluso, una cuota o parte alícuota de los bienes (legatario de cuota). Los legatarios, a diferencia de los herederos, no son titulares de la herencia, sino terceros a quienes a título gratuito -aunque puedan imponérseles cargos, como en las donaciones; art. 3774- se les defiere uno o más bienes o derechos contenidos en la herencia. Por eso, a diferencia del heredero, el legatario es un adquirente; se lo considerará sucesor siempre y cuando adquiera efec-

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tivamente lo que el causante en su testamento le legó. En cambio el heredero, como sucesor, puede hacer adquisiciones o pérdidas. La sucesión del heredero se extiende a toda una situación objetiva de intereses que involucra deudas y diversas situaciones de hecho y posibilidades de modificación jurídica que no constituyen estrictamente adquisiciones. En la sucesión del heredero, las adquisiciones son una consecuencia del suceder; en la sucesión del legatario, las adquisiciones son la causa del suceder. El heredero adquiere porque sucede, mientras que el legatario sucede porque adquiere. § 13.

LA ADQUISICIÓN

DEL HEREDERO. - Acabamos de ex-

plicar cómo el heredero adquiere porque sucede. Ahí está la esencia de la sucesión universal: un carácter de naturaleza indivisible que asume la esfera patrimonial del causante que conserva una coherencia absoluta -sin perjuicio de las modificaciones, y los derechos y obligaciones que la muerte del de cuius provoca: extinción de obligaciones por confusión, obligación de cumplir con los legados, etc.- en la esfera patrimonial del heredero. Reiteramos: la adquisición de bienes o derechos es un efecto de la inherencia personal que lleva consigo la sucesión universal y que apunta a la satisfacción de un interés eminentemente económico-social en la subsistencia de las relaciones jurídicas más allá del fallecimiento del sujeto. § 14.

ADQUISICIÓN

EXISTIENDO PLURALIDAD DE HEREDEROS.

Si a la muerte del causante hay dos o más herederos, cada uno tiene potencialmente aptitud para sintetizar en sí la totalidad del conjunto de titularidades transmisibles del causante. Se suele decir que cada heredero tiene vocación - o llamamiento- al todo. Pero, simultáneamente, la presencia de los coherederos limita el contenido de su adquisición o de su responsabilidad a una cuota-parte o alícuota. Es así que se produce el fenómeno de comunidad hereditaria, cuyo estudio corresponde hacer más adelante, que provoca entre los herederos la cotitularidad de la herencia. Esta comu-

SUCESIÓN

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nidad recae, desde luego, en la universalidad, sin consideración a su contenido particular (art. 3281), y, al par que limita el contenido de la posterior adquisición a título singular que operará con la partición (art. 3503), coloca a cada coheredero en carácter de copartícipe en la totalidad de la herencia, mientras ésta permanece indivisa. Y esto trae consigo una consecuencia fundamental en el aspecto adquisitivo: durante el período de herencia indivisa, cada objeto singular de aquélla no es coparticipado en ese carácter por los herederos. Se participa en el todo, en el objeto ideal (universitas), dando lugar a lo que se ha llamado derecho sucesorio in abstracto. El derecho entero corresponde por cuotas abstractas - o sea, sin concretarse en bienes determinados, singulares- a cada titular; cada sucesor es titular de su cuota y, en este aspecto, la cuota forma parte de su patrimonio como entidad autónoma, separada de las cuotas de los otros comuneros. Pero la cuota no es un derecho con un contenido propio, sino la medida aritmética de un derecho. Por lo que, es evidente, los bienes, como atribución singular, no son, en concreto, coparticipados o coposeídos en el patrimonio individual de cada copartícipe o sucesor. Siendo así, el conjunto de cuotas abstractas integra el todo ideal sobre el que recae el objeto de la adquisición hereditaria. Se habla de ideal por oposición a real, concreto, singular. Y es aquí, entonces, donde caemos en cuenta de que la herencia, en las relaciones singulares que comprende, es autónoma del patrimonio de cada heredero. El patrimonio hereditario pertenece al conjunto de los herederos y de ello se deriva una radical separación entre la herencia indivisa y los patrimonios particulares de los coherederos. Y esto explica, también, la naturaleza de la sucesión existiendo pluralidad de herederos. Tradicionalmente se muestra el carácter adquisitivo en cada uno de ellos limitado por una parte alícuota del patrimonio o caudal relicto, que se deriva de la concurrencia de dos o más sucesores universales. Pero simultáneamente se explica la llamada vocación al todo, virtualizada

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ante la eventual renuncia, muerte o declaración de indignidad del coheredero sin tener quien lo represente. Su parte acrece a los demás coherederos, puesto que entre todos ellos existe una vocación solidaria. Sin perjuicio de desarrollar este tema en su lugar, adelantemos lo siguiente: la vocación solidaria no podría explicarse jamás como un mero hecho adquisitivo. La vocación al todo en la adquisición es también consecuencia de un llamamiento que tiende a completar la esfera patrimonial del causante y que potencialmente sintetiza cada heredero. § 15. CONSECUENCIAS SICIÓN. - Recayendo sobre

DE LA INDIVISIBILIDAD

DE LA ADQUI-

la universalidad y coparticipando todos los herederos en la totalidad de la herencia en forma indivisible, nace la comunidad hereditaria. Y, debido a que cada copartícipe ostenta un interés que, aunque limitado a su alícuota o cuota parte, se ejerce sin consideración al contenido particular de los bienes o derechos que integran la comunidad (art. 3281), fluyen dos consecuencias fundamentales: a) LA INDIVISIBILIDAD DEL TÍTULO HEREDITARIO. Aparece consagrada en el art. 3416, al disponer que "cuando muchas personas son llamadas simultáneamente a la sucesión, cada una tiene los derechos del autor de una manera indivisible, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión". La norma alude, obviamente, al llamamiento de los herederos, aunque no lo diga, pues sólo éstos son titulares de la herencia. b) LA INDIVISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD. Este corolario de la indivisibilidad del título hereditario queda traducido en el principio del art. 3451: "Ninguno de los herederos - d i c e - tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número, no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión". Para comprenderlo es menester tener en cuenta que lo que cada heredero incorpora a su patrimonio es la cuota o alícuota

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con valor patrimonial que, a su vez, es la medida del interés económico en las adquisiciones o de la responsabilidad por las deudas o cargas. Pero la herencia, como tal, es indivisible objetivamente mientras no acaezca la partición, y por eso el título hereditario y la gestión de la comunidad pertenecen a todos los coherederos, aunque cada uno de ellos reconozca en su patrimonio un interés o una responsabilidad limitada al valor de su alícuota. § 16. LA ADQUISICIÓN DEL LEGATARIO. - El legado, en términos generales, constituye una atribución patrimonial mortis causa que hace el causante en el testamento a favor de alguien. El beneficiario de esa atribución se denomina legatario. Cuando la mentada atribución patrimonial consiste en una adquisición del legatario, el bien, la cosa o el derecho se sustrae de la herencia y se adquiere a título singular como en cualquier otro caso de sucesión singular. Es decir, el legatario no es sino un tercero que sucede en la titularidad del derecho sobre el objeto legado, o sea el ius ad rem sobre él. De lo expuesto, se coligen los caracteres fundamentales del legado: a) Constituye, en principio, una liberalidad del causante, según lo explicita Vélez Sársfield en la nota al art. 3787: "el legado es un título de pura liberalidad y se presume que siempre es hecho animo donandi aun cuando sea a un acreedor del testador". b) Recae, en principio, sobre bienes particulares que se separan de la universalidad hereditaria para que pasen aisladamente al beneficiario que, como tal, es reputado sucesor particular en las cosas o derechos que se le defieren. c) El legado importa esencialmente una adquisición; cuando la sucesión es insolvente, los legados no pueden pagarse hasta que estén pagadas las deudas (art. 3797). d) Cuando se trata de un legado de cosa determinada, el legatario es propietario de ella desde la muerte del testador, y

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transmite a sus herederos el derecho al legado. Pero no tiene la posesión de la cosa, la que debe pedirse al heredero o albacea encargado de cumplir los legados (art. 3767). § 17. EL LEGADO DE CUOTA. ANTECEDENTES. - El causante, en su testamento, puede no sólo instituir herederos o legatarios particulares, sino, además deferir, también a título de legado, una cuota o parte alícuota de la herencia (así, el tercio, el cuarto, la mitad, etcétera). En Roma se conoció, en este sentido, el legatum partitionis que tenía por función asignar al beneficiario una cuota hereditaria, aunque sin la cualidad de heres. En el derecho germánico, regía el principio de que Dieu seul peut faire un héritier (sólo Dios puede hacer herederos), que era consecuencia de la copropiedad familiar. De tal modo el testamento - a diferencia del derecho romano- no podía contener institución de heredero, sino sólo disposiciones a título particular. Sin embargo, durante la Edad Media, irá lentamente afianzándose la idea de que cierta porción de la herencia puede ser objeto de actos de disposición mortis causa y nace así la propria portio o porción de libre disposición, denominada Freiteil. La influencia que ejerció el derecho romano permitió reconocer la eficacia de las disposiciones de última voluntad en que el testador disponía de su cuota libre o parte libre -Freiteil-: en un principio, en favor de la Iglesia a través de los legados para la salvación del alma, más adelante, denominada "legítima eclesiástica". § 18. HEREDERO.

EL LEGATARIO DE CUOTA COMO SUCESOR UNIVERSAL NO

- Se ha discutido si el legatario de cuota es un sucesor universal o particular. El art. 3263, al definir al sucesor universal como aquel a quien se transmite el todo o parte alícuota del patrimonio de una persona, sigue fundamentalmente a Zacharia?. Y esto importa sobremanera porque al decir que el sucesor universal es quien sucede en el todo o en parte alícuota del patrimonio se estaría calificando la naturaleza del llama-

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miento de ese sucesor universal que es el continuador de la persona del causante, ergo: el heredero. La tesis que identifica sucesor universal con heredero apunta a demostrar que el legatario de cuota, a diferencia de aquél, no es copropietario de una parte alícuota de la universalidad patrimonial de la herencia desde el momento mismo de la muerte del causante, sino un simple acreedor a recibir, una vez liquidada la herencia por los herederos, pagadas las cargas, etc., los bienes o valores que cubran o satisfagan su alícuota. De tal modo, el legatario de cuota o parte alícuota sería un sucesor particular en la titularidad de los objetos que se le adjudiquen en la partición de la herencia. Pero, hasta entonces, sería un simple tercero, titular de un crédito, pero nada más. Sin embargo, puede sostenerse que el legatario de cuota es sólo un sucesor universal en los bienes en tanto que el heredero es un sucesor universal en la persona en el sentido de que ocupa la posición jurídica del causante atribuyéndosele la esfera de acción de éste como sujeto del conjunto de relaciones y situaciones jurídicas transmisibles. Es claro: sostener que el legatario de cuota es un sucesor particular en los bienes que, a la postre, se le adjudiquen, es confundir el objeto de la adquisición de aquél, con la naturaleza de su llamamiento. El legatario de cuota, como el legatario particular, es un sucesor en los bienes: en esto estamos de acuerdo. Diríamos que en uno y otro coincide la naturaleza de su llamamiento. Pero el objeto de la adquisición del legatario de cuota "tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos" (art. 3281, Cód. Civil). O, como señala Vélez Sársfield en la nota al mismo art. 3281, "la sucesión universal puede (también) no abrazar la totalidad, sino una porción determinada de los bienes, porque esta porción tiene por base necesaria el conjunto total, como la fracción a la unidad". § 19. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE LEGATARIO PARTICULAR Y DE CUOTA o PARTE ALÍCUOTA. - La discusión en torno

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del carácter que reviste el legatario de cuota, tiene su razón de ser por las consecuencias que conlleva la adopción de una u otra tesitura. Si el legatario de cuota es un sucesor universal debe ser considerado desde la muerte del autor de la sucesión copropietario de la universalidad en la que el testador le ha asignado una participación, y, por lo tanto, copropietario de cada uno de los objetos particulares que componen la universalidad (art. 3264), teniendo su derecho de una manera indivisible (art. 3416), aunque sujeto todo al resultado de la partición (art. 3540), exactamente como los otros copropietarios -coherederos- que representan al difunto. Mientras tanto, el legatario particular -que Vélez Sársfield recuerda en el art. 3716- "no tiene más derechos ni cargas que los que expresamente se le confieran o impongan, sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos". Nuestra jurisprudencia, a pesar de que no se pronuncia definitiva y decididamente por el carácter de sucesor universal que reviste el legatario de cuota, le confiere diversas prerrogativas que lo asimilan, en mucho, a la situación del heredero en el juicio sucesorio. Por de pronto recordaremos que el legatario de parte alícuota está obligado al pago de las deudas en proporción a su cuota (art. 3499). Es verdad que el mismo artículo autoriza a los acreedores a optar entre exigir al legatario la parte que les corresponde en el crédito, o dirigirse sólo contra los herederos. Pero ello, se ha dicho, es un favor al acreedor que no le permite al heredero retener para pagar, ni autoriza al legatario de cuota a repeler la acción directa que por el monto de su alícuota intenta contra él, el acreedor. Por el contrario, el legatario particular, siendo la sucesión solvente, no es responsable por las deudas y cargas de la sucesión, aunque las deudas hubiesen sido contraídas para la adquisición, conservación o mejora de la cosa legada (art. 3796). Y, aun siendo la sucesión insolvente, los legatarios particulares no contribuyen con las deudas: el art. 3797 se limita a establecer que "los legados no pueden pagarse hasta que estén pagadas las deudas". Desde el momento en que el legatario de cuota es un sucesor cuya adquisición depende de la universalidad de la herencia,

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ha sido autorizado, obviamente, a promover el juicio sucesorio, a peticionar medidas precautorias tendientes a la conservación de los bienes, a intervenir como parte en cuestiones sobre inclusión o exclusión de bienes. Tiene intervención en la tasación y en la designación de perito tasador, y en la venta o remate de los bienes de herencia. La jurisprudencia, además, le ha conferido iguales derechos en la participación de nombramiento de administrador de la herencia, e incluso algún fallo le ha acordado una acción asimilable a la petición de herencia. § 20. REMISIÓN.

NATURALEZA

DEL LLAMAMIENTO

A LA NUERA

VIUDA.

- En nuestro derecho, el elenco de sucesores universales no herederos ha sido ampliado merced al derecho reconocido por el art. 3576 bis, incorporado por la ley 17.711, a la nuera viuda sin hijos en la sucesión de los suegros a recibir, en las condiciones de la norma, "la cuarta parte de los bienes que hubiesen correspondido a su esposo en dichas sucesiones". Por razones de método este tema lo trataremos al estudiar la sucesión intestada. D)

TRANSMISIÓN HEREDITARIA

§ 21. ADQUISICIÓN "PER UNIVERSITATEM". - Sabemos que, según el art. 3279, la sucesión "es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador ¿lama para recibirla". En la sucesión universal mortis causa no cabe hablar, propiamente, de una transmisión como medio de adquirir el dominio, conforme a los términos de los arts. 577 y 2601 del Cód. Civil. Hay, mejor, una atribución que supone adquisición en virtud de la ley -tanto en la sucesión legítima como testamentaria- del conjunto de titularidades transmisibles del causante. Y ese conjunto es adquirido como universalidad sin presuponer los modos singulares de transmisión y, consecuentemente, de adquisición de los objetos que integran la universalidad.

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§ 22. APERTURA DE LA SUCESIÓN. - Habiendo estudiado ya el objeto y los sujetos que vinculan la relación sucesoria, debemos ahora considerar el hecho fundamental de la adquisición. Debemos partir de un principio primordial y rector en esta materia: "la sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión, o por la presunción de muerte en los casos prescriptos por la ley" (art. 3282). Con lo que "la muerte, la apertura y la transmisión (adquisición) de la herencia se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles" (nota al art. 3282). Por eso es que se juzga que los herederos suceden inmediatamente al difunto, sin ningún intervalo de tiempo y como efecto retroactivo al día de la muerte del autor de la sucesión (art. 3415). Es más: el heredero, aunque fuese incapaz o ignorase que la herencia se le ha deferido, es, sin embargo, propietario de ella, desde la muerte del autor de la sucesión (art. 3420). Quiere decir esto que la adquisición de la herencia se produce o, mejor aún, se atribuye por la ley, ipso iure, de pleno derecho al heredero desde el momento en que el causante ha fallecido. El sistema de la ley, como se ve, es atribuir a los sucesores el conjunto de titularidades transmisibles del causante -la herencia- sin solución de continuidad desde el mismo momento de la muerte del causante. Mediante esta atribución jurídica se reputa que el patrimonio del causante no ha dejado de tener titular en ningún momento, o, lo que es lo mismo, que los bienes no se han tornado, por efecto del fallecimiento, en bienes sin dueño o titular (res nullius), con toda la secuela de consecuencias que ello aparejaría. § 23. VOCACIÓN HEREDITARIA. - La atribución de la herencia, fuere por la ley (sucesión legítima) o por el testamento del causante (sucesión testamentaria), se defiere a quienes son llamados a la adquisición. Este llamamiento que puede provenir, reiteramos, directamente de la ley o, en las condiciones que ella lo autoriza, del testamento del causante, es la vocación hereditaria.

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Ocurre, pues, que producido el fallecimiento de una persona, la ley o el testamento atribuyen a ciertas personas la titularidad de la vocación hereditaria o titularidad del llamamiento a suceder, lo cual los coloca, ipso iure, en condiciones de aceptarlo o renunciarlo. A nadie se le impone la calidad de heredero y es facultativo renunciar a tal calidad. La opción entre la aceptación y la renuncia constituye un derecho (art. 3313), y, si opta por esta última, se lo considera "como no habiendo sido nunca heredero; y la sucesión se defiere como si el renunciante no hubiese existido" (art. 3353). Pero "aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de la apertura de la sucesión" (art. 3344) e importa para el aceptante la renuncia irrevocable de la facultad de renunciar (art. 3341). § 24. TITULARIDAD DE LA VOCACIÓN HEREDITARIA Y TITULARIDAD DE LA HERENCIA. - Por lo expuesto, es conveniente distin-

guir entre la titularidad de la vocación y la titularidad de la herencia. El llamado tiene, frente a sí, una opción: el derecho de escoger entre aceptar o renunciar a la herencia. Mientras no lo ejerza, se mantiene una situación objetiva de herencia provisionalmente no aceptada. Durante el período de herencia no aceptada no existe, estrictamente, titular de la herencia -aunque se lo pretenda indeterminado, como lo señala la doctrina en general-, sino titular de la vocación hereditaria. La titularidad de la herencia recién se adquiere, aunque con efecto retroactivo, con la aceptación y por efecto de la vocación. § 25. VOCACIÓN ACTUAL Y EVENTUAL. - Cuando la ley organiza el sistema de llamamientos hereditarios, lo hace con base en una sucesión de órdenes. El primer orden es el de los descendientes (arts. 3565 y 3566). El segundo orden es el de los ascendientes solos o en concurrencia con el viudo o viuda (art. 3567). Con ambos órdenes concurre el cónyuge supérstite. Si existen el padre y la madre del causante, lo heredan por partes

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iguales. A falta de padre y madre, sólo entonces concurren los ascendientes más próximos en grado, por partes iguales, aunque sean de distintas líneas (art. 3569). El tercer orden es el de los parientes colaterales, hasta el cuarto grado (art. 3585). O sea que los hermanos sólo heredan a falta de descendientes, ascendientes o cónyuge -que excluye a los parientes colaterales; art. 3572-. El medio hermano, en la sucesión del hermano de doble vínculo, recibe la mitad de lo que corresponde al hermano de doble vínculo, en concurrencia con éste (art. 3586, ley 17.711). Todo ello, sin perjuicio del derecho de representación (art. 3549 y ss.), tanto en la línea descendente (art. 3557) como en la colateral en favor de hijos y descendientes de hermanos (art. 3560). Ahora bien, dentro de cada orden "el pariente más cercano en grado, excluye al más remoto, salvo el derecho de representación" (art. 3546), y, a su vez, cada orden es excluyeme de los anteriores. Pero, a su vez, el conjunto de sucesibles es llamado simultáneamente en referencia al momento de la apertura de la sucesión (art. 3282). Es decir, toda vocación hereditaria existe en cabeza de cada llamado desde el momento mismo de la muerte del causante. La vocación hereditaria del llamado en primer lugar y de los sucesibles en grados ulteriores coexiste simultáneamente desde la apertura de la sucesión, aunque sólo aquél posee un llamamiento actual a la herencia que le otorga el derecho de aceptar {delación). La vocación del llamado en segundo o ulterior grado es, pues, una vocación eventual, sin delación. El sistema de las vocaciones simultáneas explica cómo por renuncia o muerte del sucesible llamado en primer lugar, la herencia se defiere a los sucesibles de orden o grado ulterior, no desde o a partir de la renuncia o muerte de aquél, sino retrotrayéndose en todo caso al momento de la apertura de la sucesión. Dentro de nuestro Código estos conceptos aparecen claramente enunciados: "aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en la persona del aceptante, desde el día de la apertura de la sucesión" (art. 3344); en cambio, "se juzga al renunciante como no habiendo sido nunca heredero; y la suce-

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sión se defiere como si el renunciante no hubiese existido" (art. 3353). Como consecuencia del sistema de vocaciones simultáneas se colige que, mientras el llamado en primer lugar no ha aceptado la herencia y goza del derecho de opción (art. 3313), transmite ese mismo llamamiento a sus herederos. Así lo dice el art. 3316: "Toda persona que goza del derecho de aceptar o repudiar una herencia, transmite a sus sucesores el derecho de opción que le correspondía". Pero, si este llamado fallece sin haber aceptado, y no deja sucesores o representantes de éstos, la herencia se deferirá, obviamente, a los llamados en segundo grado; y aun cuando ellos hubiesen muerto antes, como la vocación hereditaria existía, eventualmente, desde el momento de la apertura de la sucesión, podrán ser representados por sus propios herederos, a quienes, en tal carácter, les será dado aceptar o renunciar a su vez la herencia, la que se reputará adquirida desde el momento de la apertura de la sucesión. § 26.

SUPUESTOS DE CONMORIENCIA. - Relevante importan-

cia adquiere, en este tema, la teoría de los conmorientes, situación que prevé el art. 109: "Si dos o más personas -dice la norma- hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derecho entre ellas". Según la télesis de este principio, los derechos originarios de los presuntos herederos nacen desde la muerte de los distintos conmorientes no pudiendo demostrarse la prioridad en el fallecimiento de uno u otro, ya que la vocación sucesoria no puede ser invocada sino en favor de aquel que sobrevive al causante. El asunto implica resolver cuestiones atinentes al derecho de representación, tema a cuyo tratamiento específico nos remitimos. La norma del art. 109 importa la prohibición de alegar transmisión hereditaria alguna entre los conmorientes. Aunque la jurisprudencia, en los pocos casos en que ha debido abordar

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el problema, ha sostenido que la presunción del art. 109 es de carácter relativo -iuris tantum-; admitiendo prueba en contrario, entendemos que en realidad ese artículo, en lugar de establecer una presunción iuris tantum, consagra una norma dispositiva que sólo rige cuando se han agotado todos los medios para acreditar la prioridad de uno u otro fallecimiento. § 27. MIENTO. -

SUPUESTO DE AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECI-

Cuando se declara judicialmente la presunción de fallecimiento de una persona ausente en las condiciones del art. 22 de la ley 14.394, se fija el día presuntivo de ese fallecimiento, ordenándose la inscripción de la sentencia en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (arts. 26 y 27, ley citada). Similares normas contenía la ley 22.068, actualmente derogada, que preveía un régimen de excepción para los desaparecidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 6 de septiembre de 1979 (art. 6 o in fine), y cuya declaración de fallecimiento presunto producía los efectos civiles previstos por los arts. 28 a 32 de la ley 14.394 (art. 7 o ). El día presuntivo del fallecimiento del ausente determina la apertura de su sucesión, de modo que actualizarán su vocación los sucesibles que existan ese día. Si el ausente hubiese dejado testamento, se procede a su apertura y, en su caso, protocolización (art. 28, ley 14.394, y art. 3690 y ss., Cód. Civil). Los herederos recibirán los bienes previa información de inventario, pero quedan sujetos, en cuanto a su disponibilidad, a la prenotación prevista por el art. 28 de la ley 14.394. Dispone esa norma, en su párr. 3 o , que "el dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial". El período de prenotación cesa transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento del ausente (art. 30, ley 14.394), y, a partir de entonces, los herederos y legatarios podrán disponer libremente de los bienes.

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Es decir que durante el período de prenotación los herederos, y, en su caso legatarios, podrán adquirir mediante la partición el dominio de los bienes del ausente, pero esa adquisición tiene carácter resoluble. Se presenta aquí un caso de dominio revocable o resoluble a los términos del art. 2663, que se extinguirá si, eventualmente, reaparece el ausente (conf. art. 2668). § 28. VOCACIÓN LEGITIMARIA. - Según

LEGÍTIMA

Y TESTAMENTARIA.

VOCACIÓN

el art. 3280 del Cód. Civil, junto a la sucesión legítima, que es aquella deferida por la ley - o , en otros términos, la que tiene su causa (fuente) en el llamamiento que hace directamente la ley-, la sucesión se llama testamentaria cuando se defiere por voluntad del hombre manifestada en testamento válido. Mientras en la primera la vocación hereditaria resulta de las órdenes legales que hacen llamamientos a la adquisición de la herencia, el testamento es fuente de llamamientos específicos, reconociéndose así la voluntad del titular del patrimonio para disponer en ese carácter, para después de su muerte.

En nuestro derecho -dispone el art. 3606- toda persona capaz de manifestar su voluntad tiene la facultad de disponer de sus bienes por testamento, sea bajo el título de institución de herederos, o bajo el título de legados, o bajo cualquiera otra denominación propia para expresar su voluntad. Tal, el principio general. Consideradas independientemente, la vocación legítima y la testamentaria se desenvuelven en dos ámbitos distintos. Es más: en puridad, la vocación legítima aparecería siempre como supletoria de la testamentaria, ya que ésta trasciende en la consagración de la voluntad concreta del causante, manifestada en el testamento. La ley, entonces, sólo vendría a suplir la ausencia del testamento. Pero nuestro sistema legal establece, a su vez, que la vocación o llamamiento legítimos, sean imperativos para el causante respecto de ciertos herederos, llamados, por eso, forzosos (art. 3714), o más propiamente, legitimarios. De tal modo se restringe notablemente la libre disponibilidad del testador para después de su muerte. Esta restricción se logra mediante la previsión de una porción legítima, o parte alícuota

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de la herencia, de la cual esos herederos forzosos no pueden ser privados sin justa causa de desheredación (art. 3714). La porción legítima representa la sustracción de una cuota del patrimonio a la disponibilidad del testador, y su delación directamente por la ley a los legitimarios, como vocación, incluso, contra el testamento. En este sentido, "la capacidad del testador para hacer sus disposiciones testamentarias respecto de su patrimonio, sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima que la ley asigna a sus herederos", dice el art. 3591, de lo cual resultará que, existiendo a la muerte del causante titulares de vocación legítima, con llamamiento legitimario -es decir, descendientes, ascendientes o cónyuge supérstite; conf. art. 3593 y ss.-, la aptitud para disponer por testamento sólo comprenderá la porción disponible con la cual "el testador puede hacer los legados que estime conveniente, o mejorar con ella a sus herederos legítimos" (legitimarios, art. 3605). Todo lo cual nos está sugiriendo que, a la hora de estudiarse los alcances con que opera el derecho de testar, deben distinguirse dos situaciones radicalmente distintas, según sobrevivan o no al causante, titulares con llamamiento legitimario. En el primer caso, y como ese llamamiento es imperativo, el derecho de testar se limitará sólo a la porción disponible; en el segundo, el causante tendrá la libre disponibilidad por causa de muerte de su patrimonio y el llamamiento legítimo -en nuestro Código Civil, el de los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive; conf. art. 3585- será, sí, supletorio del que eventualmente hiciese el testador obrando con toda la amplitud que le acuerda el art. 3606, es decir, instituyendo herederos o legatarios. § 29. PACTOS SUCESORIOS. RELACIÓN CON LA LLAMADA VOCACIÓN CONTRACTUAL. - La vocación hereditaria, en nuestro de-

recho positivo, sólo puede tener su causa en la ley o en el testamento. Nuestro sistema repudia, en principio, los pactos sobre herencia futura como fuente de vocación hereditaria. Entre ellos, asumen especial relevancia los pactos sucesorios, constitutivos de verdaderos contratos cuyo objeto, según la defini-

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ción de Guastavino, es el todo o la parte de una herencia futura y cuyo contenido concierne a su organización, por referir a disposición o transferencia de derechos sucesorios eventuales o a reglas de distribución de la herencia o a otras cuestiones sucesorias. La prohibición genérica está contenida en el art. 1175: "No puede ser objeto de un contrato la herencia futura, aunque se celebre con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate; ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares". Esta norma se funda en un sólido principio que encuentra dispositivos concordantes en diversos artículos del Código Civil. "Las herencias futuras no pueden aceptarse ni repudiarse. La aceptación y la renuncia no pueden hacerse sino después de la apertura de la sucesión" (art. 3311). Por lo tanto, "el heredero presuntivo que hubiere aceptado o repudiado la sucesión de una persona viva, podrá sin embargo aceptarla o renunciarla después de la muerte de esa persona" (art. 3312), conforme al principio sustentado en la letra del art. 872 que, en particular, se repite en el art. 1175 recién transcripto. Además, no puede haber transacción sobre los derechos eventuales a una sucesión, ni sobre la sucesión de una persona viva (art. 848), ni pueden cederse las esperanzas de una sucesión (art. 1449). Sin embargo, hay que convenir que nuestro derecho positivo acepta, si bien restringidamente, ciertos supuestos, algunos de rancia tradición, aun en el grupo de legislaciones latinas. a) Institución contractual en convención prematrimonial, la recibió el art. 1217, inc. 4 o , del Cód. Civil, autorizando como objeto de la convención prematrimonial, "las donaciones que los esposos se hagan de los bienes que dejaren por su fallecimiento". La ley 17.711 derogó esta norma. b) Partición por donación hecha por el ascendiente, establecida en el art. 3514 y ss. del Cód. Civil. c) El pacto de reconocimiento de onerosidad de la transferencia de dominio entre legitimarios con reserva de usufructo o carga de renta vitalicia, en el supuesto del art. 3604 del Cód. Civil.

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d) Pactos de exclusión de herederos en la continuación de la sociedad constituida por el causante a que refiere el art. 1654, inc. 3 o , del Cód. Civil. Según la norma original sustituida por la ley 17.711, era válida la estipulación, en el contrato social, de "que la totalidad de las ganancias, y aun de las prestaciones a la sociedad, pertenezca al socio o socios sobrevivientes". Nuestra doctrina consideró que tal pacto sólo era oponible a los herederos del socio fallecido en tanto no afectase la legítima. La cuestión ya no tiene interés práctico, pues la ley 19.550 dispuso la nulidad de la cláusula por la que "la totalidad de las ganancias y aun de las prestaciones a la sociedad, pertenezca al socio o socios sobrevivientes". El mismo inc. 3 o dispone que es válida la estipulación de "que por fallecimiento de cualquiera de los socios, sus herederos sólo tengan derecho a percibir como cuota de sus ganancias una cantidad determinada, o que el socio o socios sobrevivientes puedan quedar con todo el activo social, pagándole una cantidad determinada"'. Esta disposición (que antes era el inc. 4 o del art. 1654) ha sido mantenida por la ley 17.711, pero añadiendo a la norma, a continuación, que la aplicación de esta estipulación, "no podrá afectar la legítima de los herederos forzosos". Recoge, así, las observaciones que había hecho la doctrina, antes de la reforma. § 30.

PACTOS COMPRENDIDOS EN LAS PROHIBICIONES

LEGA-

LES. - Debemos distinguir, por supuesto, los pactos o contratos sobre herencias futuras - o sobre la porción legítima futura- de aquellas obligaciones o contratos de los cuales nacen derechos condicionales o a término, respecto del fallecimiento de una persona. La licitud de estos últimos no está cuestionada, ni debe serlo, por cuanto su objeto no refiere a una herencia aún no deferida, en el sentido de universalidad o cuota alícuota de ella, en virtud de un derecho hereditario eventual. Así, por ejemplo, una obligación cualquiera puede estipularse exigible sólo a partir de la muerte del sujeto obligado, como la cláusula de pago para cuando el deudor muera; lo mismo ocurre con el seguro de

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vida. Otro ejemplo, a nivel positivo, lo constituye el contrato oneroso de renta vitalicia que está sujeto a un plazo resolutorio: la muerte de las personas designadas en el contrato (art. 2070). No estamos, aquí, en presencia de pactos sucesorios, sino de estipulaciones o modalidades por las que un acto jurídico, o la exigibilidad o resolución de un derecho se condicionan o difieren al fallecimiento de una de las partes o de un tercero. Mientras tanto, nuestro Código ha prohibido los acuerdos cuyo contenido refiera al conjunto de potestades, facultades, derechos o deberes que las partes se otorgan respecto de la herencia futura. Así, se distinguen los pactos institutivos, por los cuales el futuro causante conviene con la otra parte en designar a ésta o a un tercero su heredero o legatario; o mediante los que se instituyen recíprocamente entre sí las partes como herederas o legatarias. Constituyen los pactos in succedendo, admitidos como contratos sucesorios en los derechos alemán (§ 2274 y ss.), suizo (art. 494, Código de las Obligaciones) y austríaco (aunque en este último el Código Civil sólo lo admite entre cónyuges; cfr. art. 602). Se encuentran también los pactos renunciativos, que son realizados por el sucesible o heredero presuntivo que abdica de su derecho eventual a la herencia del contratante o de un tercero, sin cederlo a persona determinada. El § 2346 del Cód. Civil alemán estatuye, a este respecto, que "los parientes, así como el cónyuge del causante, pueden, por contrato con éste, renunciar a su derecho hereditario legítimo. El renunciante está excluido de la sucesión legítima como si ya no hubiese vivido al tiempo de la muerte del causante; no tiene ningún derecho a la legítima". Pero "la renuncia puede ser limitada al derecho de legítima" (§ 2346). Se puede hablar también de pactos dispositivos, por los cuales el sucesible cede su expectativa hereditaria en la sucesión no abierta de otra persona, o contrata sobre algún objeto comprendido en aquélla. Todos estos pactos deben considerarse involucrados en la prohibición del art. 1175.

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30 E)

CONTENIDO DE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA

§ 31. PRINCIPIO GENERAL. - La sucesión abraza la universalidad de los derechos patrimoniales del causante; así lo dispone, claramente, el art. 3417: "el heredero... es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor". Pero añade, inmediatamente, "con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión". Es claro, sin embargo, que el Código Civil no hace una enumeración de esos derechos no transmisibles por sucesión. Apenas el art. 498 contiene una inferencia al denominarlos derechos u obligaciones inherentes a la persona. Sin embargo, el art. 1195, al limitar el efecto de los contratos del cual nacen obligaciones inherentes a la persona de los contratantes, prevé varios supuestos en que ello puede ocurrir. Nos referiremos a ellos a continuación. § 32. DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA PERSONA DEL CAUSANTE. - Debemos entender por derechos y obligaciones

inherentes a la persona aquellos que únicamente en cabeza del titular al cual se atribuyen, satisfacen el fin tenido en vista al instituirlos. Por eso, enseña Galli, el concepto de transmisibilidad es incompatible con su existencia. Tal es el criterio rector del art. 1445: "Las acciones fundadas sobre derechos inherentes a las personas, o que comprendan hechos de igual naturaleza, no pueden ser cedidas". Debemos incluir aquí todas las relaciones jurídicas de carácter patrimonial que involucran prestaciones iñtuitu persona;. § 33. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SON EL CONTENIDO DE RELACIONES JURÍDICAS PATRIMONIALES INTRANSMISIBLES. - S I BIEN

la regla general es la de la transmisibilidad de los derechos y obligaciones patrimoniales del causante, hay aun así, ciertos derechos y obligaciones reputados por la ley intuitu persona;, es decir, inherentes a la persona del sujeto que goza del derecho o

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que está sometido a la obligación. Y, en este punto, hay que distinguir los derechos reales y los derechos personales. a) DERECHOS REALES. Mientras son transmisibles por sucesión las relaciones reales derivadas del dominio y del condominio, cosa distinta ocurre con sus desmembraciones: el usufructo, el uso y el derecho de habitación. Los arts. 2920 y 2921, en relación al primero disponen claramente: "el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario de cualquier manera que suceda" (art. 2920), por lo que "cualquiera que fuese el término asignado a la duración del usufructo, no deja de extinguirse por la muerte del usufructuario acaecida antes de ese término" (art. 2921). A su turno el art. 2969 hace aplicable lo dispuesto sobre la extinción del usufructo al uso y al derecho de habitación. En los tres supuestos, priva la idea de que estos derechos, como desmembraciones del dominio, son inherentes a la persona del usufructuario, habitador o usuario según el caso, en la medida en que están directamente establecidos en vistas a la satisfacción de las necesidades directas del titular. Amén de ello, se ha señalado que la desmembración del dominio no puede ser sino temporaria, para no disociar el dominio útil y el dominio directo indefinidamente, lo cual sería incompatible con la naturaleza del derecho de propiedad. Similares principios rigen en punto a las llamadas servidumbres personales, esto es aquellas que, según el art. 2972, se constituyen "en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble, y que acaba con ella". Si se acepta esta categoría de servidumbre, el art. 3004 del Cód. Civil establece que la facultad personal concedida al beneficiario de la servidumbre, "se extingue por la muerte de ese individuo" (así, p.ej., con la servidumbre de sacar agua; art. 3104). En materia de propiedad intelectual y artística, el autor transmite a sus herederos el producido económico o derechos patrimoniales (aunque con la limitación temporal que establece el art. 5 o , ley 11.723 -texto según ley 24.870-: setenta años a partir del Io de enero del año siguiente al de su muerte). Sin em-

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bargo, la ley confiere también a los herederos las facultades derivadas del llamado "derecho moral de autor" (v.gr., el derecho a la individualización de la obra; el derecho a que se respete la integridad de la obra; el llamado derecho al inédito, etc.; conf. arts. 2 o , 5 o , 9 o , 62 y concs., ley 11.723). b) DERECHOS PERSONALES. En términos generales, "los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales" (art. 1195, parte I a ), salvo que las obligaciones que nacieren de ellos - o sea las prestacionesfuesen inherentes a la persona, o que fuesen intransmisibles por una disposición expresa de la ley o del contrato o por su propia naturaleza. En cuanto a las prestaciones intuitu persona;, hay múltiples ejemplos, aunque en muchos casos la inherencia personal del obligado es relativa. Así, por ejemplo, aunque se concuerda en que el mandato como contrato constituye un negocio intuitu persona;, el mandatario puede sustituir en otro la ejecución del mandato (art. 1924), pero, en todo caso, el mandato se extingue por la muerte de dicho mandatario y las obligaciones emergentes del contrato no se transmiten a los herederos (art. 1963, inc. 2 o ). Inversamente, la muerte del mandante no transmite el carácter de tales a los herederos, pero el mandatario debe continuarlo -ergo, subsiste- cuando "el negocio que forma el objeto del mandato debe ser cumplido o continuado después de su muerte. El negocio debe ser continuado, cuando comenzado hubiese peligro en demorarlo" (art. 1980, Cód. Civil). Ejemplos similares pueden hallarse en otros contratos. Así, la prestación derivada del contrato de trabajo, la relación laboral misma, no es transmisible a los sucesores, aunque el fallecimiento hace nacer en cabeza de las personas a que refiere el art. 53 de la ley 24.241 el derecho a una indemnización por antigüedad (art. 248, ley 20.744). También se resuelve el contrato de locación de obra por fallecimiento del locador (art. 1640): su prestación es intuitu persona;, aunque "los herederos podrán continuar la construcción de la obra, cuando ésta no

SUCESIÓN

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exigiese en el empresario cualidades especiales" (art. 1641). Tampoco se transmite por sucesión universal la calidad de socio (art. 1670, Cód. Civil), salvo que los demás socios consintiesen en la sustitución o que estuviese convenida con el socio fallecido y fuere aceptada por el heredero (art. 1670, Cód. Civil, y art. 90, ley 19.550) sin perjuicio de lo dispuesto respecto de las sociedades anónimas (arts. 214 y 215, ley 19.550); cooperativas, con acuerdo del consejo de administración (art. 24, párr. 3 o , ley 20.337); sociedades de responsabilidad limitada (art. 155, ley 19.550), etcétera. § 34. DERECHOS Y OBLIGACIONES INTRANSMISIBLES POSICIÓN LEGAL. - El art. 1195 alude, asimismo, a los

POR DIS-

derechos y obligaciones intransmisibles por una disposición expresa de la ley. En general esa disposición prohibitiva parte de la consideración de la naturaleza del derecho o correlativa obligación, atendidas diversas circunstancias. Los casos citados en el acápite parten del carácter intuitu persona de la relación jurídica establecida. Pero se entremezclan otras valoraciones. Por ejemplo, las de índole ética, como en el caso de la revocación de las donaciones por ingratitud (art. 1858) que sólo puede ser demandada al donante y no a sus herederos, salvo que se continuase la acción entablada contra el donatario (arts. 1864 y 1865). En cambio, en materia de derechos y obligaciones emergentes de hechos o de actos ilícitos, si bien se transmite a los herederos la acción resarcitoria por los daños patrimoniales, la acción resarcitoria del daño moral sólo compete, en principio, al damnificado directo, es decir a la víctima del daño (art. 1078), salvo en los casos de homicidio, en que la misma norma acuerda a los herederos forzosos, damnificados indirectos, la reparación del daño moral. Pero si el damnificado directo inició la acción por reparación del daño moral, ella puede ser continuada por los herederos del damnificado. Tal es la solución que contiene el art. 1099, para el caso de los delitos "que no hubiesen causado sino agravio morar -como las injurias y la difamación- en el que "la acción civil no pasa a los herederos y 3. Zannoni, Manual.

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sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto". La sola excepción a esta regla está contenida en el art. 75 del Cód. Penal, para el caso en que la víctima de las calumnias o injurias hubiere fallecido sin poder intentar la acción, caso en el cual pueden entablarla el "cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes". Pero en tal caso, la acción penal no es iure hereditatis, sino que se confiere iure proprio. § 35. DERECHOS Y OBLIGACIONES INTRANSMISIBLES POR UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL. - Finalmente, el art. 1195 se refiere a

una intransmisibilidad derivada de una cláusula contractual. Rige, aquí, el principio de la autonomía de la voluntad (art. 1197). § 36.

SITUACIONES

JURÍDICAS Y DE HECHO TRANSMISIBLES.

-

No sólo integran el caudal relicto los derechos y obligaciones derivados de relaciones jurídicas, sino también ciertas situaciones de hecho transmisibles. Quizás el ejemplo más claro es el de la posesión que continúan los herederos, al menos en cuanto a la protección posesoria (conf. art. 3418, Cód. Civil), e, incluso a los fines de continuar la usucapión iniciada por el causante (art. 4004 y concordantes). § 37.

DERECHOS

Y DEBERES

EXTRAPATRIMONIALES.

-NOS

resta considerar los llamados derechos extrapatrimoniales. En este ámbito es evidente que no tiene sentido hablar de la transmisibilidad de los derechos individuales tanto civiles como políticos, puesto que ellos se extinguen con la persona y no se continúan por los herederos: éstos tienen conferidas similares expectativas como sujetos del derecho. Iguales conclusiones se imponen respecto de la posición que ocupaba el causante derivada del estado de familia. El emplazamiento respectivo asume, por su inherencia personal, un carácter esencialmente intransmisible. El estado civil, como pertenencia a una familia, o sea el conjunto de calidades de los individuos que integran el núcleo familiar y atañen a las relaciones parentales y en particular a las paterno-filiales y a las con-

SUCESIÓN

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yugales, constituye el conjunto de derechos subjetivos que se atribuyen a la persona en virtud de su emplazamiento familiar. Por estar a ella -y sólo a ella- atribuidos, procuran la tutela de su individualidad familiar (como persona) ante el orden jurídico. Así, entonces, el ejercicio de aquellos derechos subjetivos es intransmisible. Lo mismo cabe decir de las acciones de estado, aunque con ciertas reservas. Recordemos que son tales aquellas que implican una controversia o litigio sobre el estado de familia y que tienen por finalidad lograr un título de estado del cual se carece (llamadas acciones de estado de emplazamiento, como la reclamación de la filiación matrimonial o extramatrimonial -art. 254, Cód. Civil-) o aniquilar un título de estado falso o inválido (como las acciones de desconocimiento de la paternidad -arts. 258 y 259- o de simple negación de la paternidad -art. 260-, o nulidad de matrimonio -arts. 219 y 220-, etc.), o modificar el estado de familia de que se goza como es el caso de la acción de separación personal o divorcio (art. 202 y siguientes). No obstante la intransmisibilidad de las acciones de estado en general -consecuencia de su inherencia personal- existen algunos supuestos discutidos. Así, por ejemplo, la acción de impugnación de la paternidad se atribuye a los herederos del presunto padre, fallecido, si él ha muerto sin hacer la reclamación (art. 259, Cód. Civil). La acción de reclamación de la filiación (art. 254) puede ser continuada por los herederos del hijo, si éste la hubiese intentado, e, incluso, ser iniciada por ellos cuando el hijo desconocido por los padres hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. En estos casos se discute si la acción es considerada iure hereditatis, tesis que podría considerarse coherente desde la perspectiva de que los herederos no tienen la acción cuando ella hubiese caducado en vida del causante; o si, en cambio, debe reputarse iure proprio, por cuanto la circunstancia de que la ley emplee el término "herederos", para indicar titulares de la acción (p.ej., art. 259), no significa una transmisión por causa de muerte, sino una individualización de nuevos titulares.

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§ 38. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN COMO CONSECUENCIA DE LA MUERTE DEL CAUSANTE. - Así como ciertos dere-

chos y obligaciones se extinguen con el causante y no se transmiten a los herederos, existen otros que la muerte crea en cabeza de ellos. Algunos se vinculan al contenido mismo del llamamiento hereditario y otros están desvinculados, al menos directamente, de ese llamamiento. a) DERECHOS VINCULADOS AL LLAMAMIENTO HEREDITARIO.

ASÍ,

por ejemplo, las acciones tendientes a establecer ese llamamiento (como en la petición de herencia -art. 3422-) o para obtener la resolución del llamamiento de otros (como en las acciones de indignidad -art. 3304-, exclusión del cónyuge supérstite separado de hecho del causante -art. 3575-, etc.), o para asegurar la concurrencia igualitaria de los legitimarios (como en la colación -art. 3478-), o para obtener la partición (art. 3452), etcétera. b)

OBLIGACIONES

VINCULADAS AL LLAMAMIENTO

HEREDITARIO.

Tales son la obligación de responder por las cargas de la herencia cuando la aceptación ha sido pura y simple (art. 3431), el pago de los legados (art. 3767), el inventario (art. 3363), etcétera. c) DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DESVINCULADOS DEL LLA-

Entre otros, mencionamos el derecho real de habitación establecido en favor del cónyuge supérstite por el art. 3576 bis del Cód. Civil (ley 20.798); las prestaciones dinerarias en caso de fallecimiento previstas por la ley 24.557 de riesgos del trabajo, o el pago de seguros de vida (art. 143, ley 17.418); derecho a pensiones por muerte del afiliado a la caja de previsión social, etcétera.

MAMIENTO.

F)

L E Y QUE RIGE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA

§ 39. SISTEMAS DE UNIDAD Y PLURALIDAD SUCESORIA. SISTEMAS MIXTOS. - La sucesión universal, según lo vimos, importa

la adquisición del todo o parte alícuota del patrimonio del causante, sin consideración especial a su contenido ni al objeto de

SUCESIÓN

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los derechos (conf. art. 3281), constitutivo de la herencia (complejo coherente de titularidades, activas y pasivas, transmisibles del causante). El derecho sucesorio rige, precisamente, no el aspecto adquisitivo particular de cada una de las titularidades transmisibles (derechos de crédito, obligaciones, relaciones reales, etc.), sino el hecho fundamental del subingreso totalizante que resume la unidad patrimonial de la herencia. Y bien; esta adquisición está jurídicamente regida por la ley. El problema que nos ocupará a continuación es la determinación de la ley aplicable al derecho de sucesión. Pero al decir derecho de sucesión involucramos sólo lo relativo a este modo de adquirir: la vocación hereditaria, llamamiento ab intestato, regulación de las legítimas, colación, formas de participación, etcétera. La ley aplicable a cada relación jurídica singular se determinará por los principios generales (locus regit actum, lex rei sitce, etcétera). Lo que ocurre es que para hacer efectiva la adquisición de la herencia se requiere someter el contenido particular de las titularidades transmisibles a una ley. El problema se plantea cuando esas relaciones, tomadas singularmente, están o deben estar, conforme a los principios generales del derecho internacional privado, sometidas a una ley distinta de la que rige el derecho de sucesión. A partir de este planteo se conocen tres sistemas para resolver los conflictos de leyes que pudieren presentarse en caso de que el causante haya dejado bienes sometidos a diversas leyes: a) SISTEMA DÉLA UNIDAD SUCESORIA. Según éste, una sola ley debe regir lo atinente a la transmisión sucesoria por causa de muerte y esa ley determinará, por consiguiente, quiénes son los herederos del causante, la existencia de vocación hereditaria, cuantía de la legítima, forma de concurrir, modos de colacionar entre coherederos, validez sustancial y formal del testamento, etcétera. Esa única ley puede ser la de la nacionalidad o la del último domicilio del causante.

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b) SISTEMA DE LA PLURALIDAD SUCESORIA. Según éste, a cada bien singularmente considerado debe aplicarse la ley de su situación -lex rei sitie- de modo que su transmisión mortis causa operará conforme a esa ley. Y si existen bienes situados en diversos países, es decir, sometidos a diversas leyes, existirán consiguientemente tantos juicios sucesorios como países en que haya bienes. c) SISTEMA MIXTO. Según éste, los inmuebles del causante quedan siempre regidos por la lex rei sitce, no así los demás bienes cuya transmisión se regirá, en consecuencia, por la ley del último domicilio o por la de la nacionalidad del causante. El sistema mixto, en suma, conjuga la unidad y la pluralidad, excluyendo de aquélla a los bienes inmuebles, respondiendo a la clásica máxima debida a los posglosadores: mobilia sequuntur personam, inmobilia vero territorium. § 40.

EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL. - El

planteo del tema está íntimamente vinculado con el concepto institucional del patrimonio. Repetimos que el art. 3281, siguiendo la teoría del patrimonio-persona, dispuso que "la sucesión a título universal es la que tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos". Y en la nota al art. 3283, Vélez Sársfield reitera: "El patrimonio, considerado como unidad, es un objeto ideal, de un contenido indeterminado". Es que "si la sucesión a título universal abraza los derechos particulares contenidos en el conjunto de bienes, no es sino como integrante del conjunto que forma el objeto propio de la sucesión" (nota al art. 3281). § 41. FUNDAMENTO TRADICIONAL. - No reproduciremos aquí la historia de la evolución de los principios de la personalidad o territorialidad de la ley. De la concepción absoluta de uno u otro, los estatutarios distinguieron ya los estatutos personales o reales, y finalmente Savigny, a quien sigue muy de cerca Vélez Sársfield, expuso los lincamientos fundamentales de su tesis personalista basada en el domicilio - y no en la nacionalidad- que,

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SUCESIÓN

o

o

a través de Freitas, consagran los arts. 6 y 7 del Cód. Civil respecto de la ley que rige la capacidad e incapacidad de las personas, "sean nacionales o extranjeras". Decía, en efecto, Savigny: "En el derecho actual el domicilio determina regularmente el derecho territorial especial a que cada individuo se encuentra sometido. Así, pues -añadía-, el domicilio es realmente el motivo general que determina la aplicación del derecho privado y ha sido reconocido como tal por diversos autores". Si advertimos que Savigny sintió la profunda influencia del derecho romano es lógico que dijera que "las leyes sobre el derecho de sucesión pertenecen a los estatutos personales, pues tienen por objeto la persona, y sólo se ocupan de los bienes accesoriamente". Y, seguidamente, acude a la argumentación transcripta por Vélez Sársfield al pie del art. 3283: "El patrimonio considerado como unidad es un objeto ideal, de un contenido indeterminado. Puede componerse de propiedades, de derechos o cosas particulares, a créditos y deudas que tienen una existencia invisible. El patrimonio no está fijo en un lugar y no se le podría asignar el locus rei sitie. Considerar como tal el lugar en que está situada la mayor parte de los bienes sería una idea arbitraria, pues que ella no tiene nada de preciso, y también porque la parte menor de los bienes merece tanta consideración como la parte mayor. Si abandonamos el domicilio, no nos queda sino colocar el derecho a la sucesión, donde se encuentre cada uno de los bienes que lo componen. Pero cuando esos bienes están diseminados en lugares diferentes, tendríamos que admitir muchas sucesiones independientes las unas de las otras". A esta altura de los pensamientos no será difícil advertir que el tema está preñado de motivaciones que no son sino consecuencia de la propia teoría del patrimonio. Refiriéndose a ella, Spota razona así: toda persona tiene un patrimonio que es exclusivo, y que es único. Lógicamente, con rigor jurídico, es inconcebible que cuando se trata de la disposición de ese patrimonio por causa de muerte de su titular, entren a regir diversas leyes que regulen tantas sucesiones como países existan en los

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cuales el difunto haya dejado bienes. Al patrimonio único, a esa universalidad, le corresponde un juicio universal único y una sola ley que rija la sucesión del dueño de ese patrimonio. Para comprender convenientemente este tema, recordemos lo que ya decíamos al principio: el derecho de sucesión rige el hecho fundamental del subingreso totalizante que resume la unidad patrimonial de la herencia. Adaptando el pensamiento de Calandrelli podemos afirmar que al decir que la transmisión del patrimonio se rige por una única ley (la del último domicilio de su titular) no significa que los bienes particulares que lo constituyen se han de regir por esa ley: lo que significa es que el patrimonio pasará a las personas que esa ley indique; los bienes, en sí, continuarán sometidos al régimen territorial que les corresponda, lex rei sitie, en cuanto a naturaleza y carácter de la posesión, propiedad y sus desmembraciones, acciones posesorias, derechos reales, etcétera. El conjunto ideal del patrimonio pasará a las personas que la ley extranjera determine sin que por ello el orden público sufra. Es oportuno adelantar que Calandrelli, cuya opinión hemos transcripto, como otros juristas del derecho internacional privado, adoptan en esto la tesis de la unidad sucesoria con amplios alcances, lo que, ciertamente, no ha sido admitido pacíficamente a tenor de las excepciones que se consagran en la letra explícita de la ley. Lo veremos a continuación. § 42. MUEBLES. -

LEY APLICABLE

A LA TRANSMISIÓN

SUCESORIA

DE IN-

Respecto de los inmuebles, dice el art. 10: "Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República". Cuando Vélez Sársfield en el art. 3283 sienta el principio de la unidad, dice que "puede llamarse una excepción a este

SUCESIÓN

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principio general lo que está dispuesto respecto de la transmisión de los bienes raíces que forman parte del territorio del Estado, y cuyo título debe siempre ser transferido en conformidad a las leyes de la República". Si esto es así, aquella construcción dogmática efectuada sobre la base de la unidad del patrimonio halla aquí su excepción. En efecto, veníamos adelantando que, al hablar de derecho de sucesión, nos referíamos a la adquisición a título universal, como tal, sometido a una única ley, y sustancialmente diversa de la adquisición de derechos a título singular, comprometidos en la universalidad. El asunto más arduo es entonces delimitar convenientemente el ámbito de ese art. 10 y, particularmente, si se aplica a la adquisición a título universal. Se ha dicho muchas veces que si el codificador siguió a Savigny en el sistema personalista del domicilio al sentar el principio de la unidad en el art. 3283,i se apartó de ese mismo principio en el art. 10 inspirado en el pensamiento de Story, quien afirmaba: "Es convenido umversalmente que la lex rei sitce debe prevalecer con relación a todas las disposiciones de bienes inmuebles y a la naturaleza y a la extensión del interés que va a enajenarse. Por consiguiente, si la ley local prescribe que ninguna persona podrá disponer, por acta o por testamento, de más de la mitad, o de la tercera o cuarta parte de su propiedad inmueble, tales leyes son de obligación universal y no puede hacerse de ellas otra o mayor enajenación". Como se ve, Story no aplicaba la ley de la situación sólo a las transmisiones a título singular, sino que por razones del interés que va a enajenarse comprendía aun el derecho de sucesión universal: "Puede afirmarse que, independientemente de todo contrato expreso o implícito, ninguna propiedad puede adquirirse por efecto de la ley de ninguna otra manera, ni en ninguna otra extensión, o por ningunos otros medios, que los prescriptos por la lex rei sitce. Así -ejemplificaba- ningunos bienes en dote, o posesión por cortesía, o hacienda o interés heredables en bienes inmuebles pueden adquirirse sino por las personas y bajo las circunstancias que la ley local prescribe".

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Éste es el espíritu que puede considerarse latente en el art. 10, y hay en él una fuerte dosis de motivación política. Weiss, refiriéndose a este sistema, decía que procede de la concepción feudal de la soberanía según la cual toda ley de sucesión tiene por sí misma un carácter político que sufre necesariamente la influencia de la forma de gobierno y del régimen constitucional. Y añadía: "bajo un gobierno aristocrático, reconocerá privilegios de casta y de nacimiento; consagrará el derecho de primogenitura y favorecerá la institución de los mayorazgos y de las sustituciones. Bajo el gobierno democrático, al contrario, la ley de sucesiones reposará en la igualdad. Existe, pues, una razón de organización política para que así como el extranjero -o el no domiciliado, agregamos- obedece en el país las leyes de policía en vigor, la transmisión de los bienes que deja sea reglada por las leyes del país en que están situados. Si sucediera otra cosa, si las legislaciones extranjeras, inspiradas por ideas distintas de las del Código Civil, pudieran ser invocadas en nuestro territorio relativamente a los bienes situados en él, los principios esenciales sobre los cuales reposa hoy la sociedad se encontrarían comprometidos y minados". § 43. ÁMBITO EN QUE OPERA LA "LEX REÍ SIT&." RESPECTO DE LOS INMUEBLES SITUADOS EN LA REPÚBLICA. - Frente al princi-

pio de la unidad enunciado por el art. 3283, ¿cómo hacer jugar el art. 10? Aquí es donde nuestra doctrina se ha dividido. Los internacionalistas, en general, han entendido que el art. 10 no enerva el principio de la unidad tratándose de la transmisión a título universal aun cuando se comprometan bienes inmuebles. Centrándose en la teoría del patrimonio se ha dicho que "formado este ente ideal por cosas (muebles e inmuebles), créditos, deudas, acciones de compañías, obligaciones, etc., la misma dificultad de poderlos ubicar en el espacio excluye la probabilidad de subordinarlos a la lex rei sita*, y si se quisiera aplicar ésta por separado a cada uno de los bienes que lo forman, el concepto de patrimonio quedaría destruido".

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SUCESIÓN

Lo que ocurre es que todas estas opiniones parten de considerar la naturaleza personal de la sucesión universal; es decir, considerar que el objeto de la relación tiene fundamentalmente en cuenta a la persona, a través de uno de sus atributos inherentes a la personalidad: el patrimonio. Pero olvida que los inmuebles -en el caso que tratamos- es menester adjudicarlos, en definitiva, a título singular, reconociendo la legitimidad en el derecho a suceder. Y aquí, entonces, aparecen las determinaciones del orden público. No se diga, por otra parte, que Savigny en esto resulta contradictorio con Story. Es cierto que el principio personalista basado en el domicilio es la regla general. Pero el propio Savigny reconocía también varias excepciones, como los casos de primogenitura, sustituciones, etc., que si bien son casos de sucesión, las leyes que los contemplan tienen fuera del dominio del derecho puro un fin político y, por consiguiente, "revisten el carácter de leyes rigurosamente obligatorias". Éste, y no otro, es el sentido de la nota al art. 3598 traducido en la máxima que en ella se recuerda: quot sunt bona diversis territoriis obnoxia, totidem patrimonio intelliguntur. En este punto, nos parece atinada la reflexión de Lafaille: "si el codificador hubiese querido abrazar exclusivamente la tesis de Savigny, no habría introducido la excepción; si hubiera coincidido por entero con Story, no habría formulado la regla. Lo más razonable es pensar que Vélez Sársfield, combinando los dos sistemas, creyó defender el orden público, tal como él lo concebía". De modo que, tratándose de bienes inmuebles situados en el territorio de la República, el derecho de sucesión será exclusivamente regido por la ley argentina, a la cual deberán someterse los sucesibles cualquiera fuere el domicilio del causante. La regla de la unidad encontraría aquí una de sus más importantes excepciones ante los términos claros del art. 10. Tal ha sido, en definitiva, la jurisprudencia prevaleciente. § 44.

LEY

APLICABLE

A LA TRANSMISIÓN

MOBJLIARIA.

- El

art. 11 del Cód. Civil dispone: "Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de trans-

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portarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño". Respecto de esta norma y, particularmente, en cuanto a los llamados muebles de situación permanente, corresponde hacerse la misma pregunta que se hizo ya: ¿rige el derecho de sucesión a título universal? Fornieles afirma que así como el art. 10 comprende la transmisión por causa de muerte, dada la fuerza y generalidad de sus términos, nada hay en el art. 11 que suponga lo mismo; su redacción distinta y los antecedentes doctrinarios a que obedece demuestran que se refiere al régimen de muebles por actos entre vivos. Parecería que los bienes muebles de situación permanente no involucran una cuestión de orden público en lo que respecta al derecho aplicable. Así como los inmuebles están sujetos imperativamente a la ley del lugar de la situación, los bienes muebles por la propia naturaleza no tienen un asiento fijo territorial. Por eso los estatutarios comprendieron a éstos dentro de los estatutos personales, ya sea recurriendo a la ficción que los reputaba situados en el domicilio del propietario de ellos, o, en algunos casos, sosteniendo que los muebles carecen de situación (situ) por lo que correspondía considerarlos situados o ubicados en el domicilio del dueño. § 45. FUNDAMENTO DE LA DISTINCIÓN LEGAL. - Savigny y Story, las dos fuentes citadas al pie del art. 11, no resultan en esto coincidentes. El primero sostenía la aplicación de la ley de su situación respecto de los muebles cuyo destino es permanecer constantemente en el mismo lugar, como los muebles de una casa, una biblioteca, los instrumentos de labranza, etcétera. "Es verdad -decía- que el destino de estas cosas no es inmutable y que se las puede transportar de un lugar a otro, pero semejantes cambios son accidentales y están fuera de las intenciones y previsiones actuales del poseedor". Por ello se imponía, a su

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juicio, la aplicación de la lex rei sitce. En cambio, a las cosas que ocupan en el espacio un lugar indeterminado no habiendo idea precisa sobre el territorio en que se encuentran -Savigny daba el ejemplo del equipaje de un viajero que puede atravesar en un día diversos países-, y que son los que carecen de asiento fijo, no se les podría aplicar la lex rei sitas. Mientras tanto, Story, si bien partía de la premisa de que todas las leyes relativas a la propiedad, mueble o inmueble, entrarían bajo la denominación de leyes reales recordando a los estatutarios, consideraba que ello sería en muchos casos imposible y hasta inconveniente dada la naturaleza de los muebles. De ahí que propugnase la regla general de la aplicación de la ley del domicilio. Pero en las excepciones al principio resultó bastante cercano a Savigny. Exceptuaba Story del principio los muebles anexos permanentemente a inmuebles (similares a los propuestos por Savigny respecto de los muebles de la casa, la biblioteca, los instrumentos de labranza, etc.), y que no son sino los llamados inmuebles por accesión moral o intencional (art. 2316); la excepción alcanzaría también a los bienes muebles que debe considerarse que tienen localidad implícita, como "los contratos relativos a los fondos públicos o títulos de renta cuya naturaleza local requiere que se lleve a ejecución conforme a la ley local". Por supuesto que, llegados a este punto, correspondería indagar si estos principios fueron sostenidos para los casos de transferencia singular de los bienes en cuestión o si, además, comprendía a las transmisiones a título universal respecto de las que, como sabemos, Vélez Sársfield siguió el principio personalista del domicilio propiciado por Savigny. Pero aquí el intérprete se encontrará ante hitos poco orientadores. Mientras en la nota al art. 3598 el codificador proporciona un claro ejemplo de seguir el sistema de pluralidad, en el art. 3283, sabemos, ha plasmado el principio de la unidad. A su vez, el art. 11 poco aclara la cuestión, salvo que se adopte como módulo aquello de que ubi lex non distinguit..., lo que, en sí, poco prueba. En cuanto a las fuentes, mientras Savigny propiciaba el principio de la unidad, Story afirmaba rotundamente que "la sucesión y la

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herencia de bienes reales (?) se rigen exclusivamente por la ley del país en el que están actualmente situados". § 46. JURISPRUDENCIA. - Nuestra jurisprudencia, en esto, no puede considerarse definitiva hasta la fecha. Y ello porque no se ha pronunciado sobre los alcances precisos que deben atribuirse al art. 11, en función del art. 3283. Pero, de la lectura de los fallos más importantes, surge que, a través de la conceptuación de lo que debe entenderse por bienes muebles de situación permanente, en realidad ha dado preeminencia a la aplicación del art. 11, admitiendo, por consiguiente, el principio de la lex rei sitce a su respecto, aun tratándose de la transmisión mortis causa. Así, por ejemplo: los depósitos bancarios de dinero en cuenta corriente, a plazo fijo en cajas de ahorro, existentes a nombre del causante, se los reputa bienes muebles que no revisten el carácter de permanentes a que se refiere el art. 11 del Cód. Civil, y, por ende, su transmisión se rige por la ley del último domicilio del causante. En tal sentido, y siguiéndose el criterio de las antiguas Cámaras Civiles de la Capital en pleno en el caso "Walter de Hahn", se ha dicho que "el dinero en cuenta corriente no debe ser considerado con situación permanente por más que la cuenta no acuse transferencias demostrativas del propósito de transportarlo. La cuenta corriente no es una inversión que responda a la intención de mantener el dinero en esa situación; es, por el contrario, una ubicación de éste que responde al deseo de tenerlo fácil y rápidamente disponible". Pero, en cambio, "los valores y acciones emitidos por sociedades extranjeras radicadas físicamente en el exterior son regidos por las leyes del país en que están situados, aunque la sociedad que respecto de ellas se desempeña como fiduciaria y mandataria tenga su domicilio en el país". En el mismo fallo se dijo que el hecho de que los títulos y acciones puedan trasladarse físicamente no los excluye del ámbito del art. 11, porque esa posibilidad está implícita en el precepto. También "el crédito garantido con hipoteca debe considerarse mueble de situación permanente. La garantía hipotecaria le da al mutuo al cual

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SUCESIÓN

va anexa, una permanencia o estabilidad que proviene de la índole de ella. La inversión de dinero en préstamos con esa garantía pone de manifiesto la voluntad de inmovilizar esa inversión porque se prorroga el plazo mientras los servicios se pagan con regularidad o porque la ejecución y la liquidación del bien traen consigo una forzosa prolongación del plazo". De igual modo, las rentas provenientes del arrendamiento de un inmueble, en su calidad de créditos, deben considerarse de situación permamente. En todos estos casos la aplicación del art. 11 ha obligado a la iniciación del juicio sucesorio en el país para que, a través de él, los herederos hagan valer su derecho a la sucesión conforme a la ley argentina. §47.

CONCLUSIONES.

TRATADOS DE MONTEVIDEO DE 1889

Y 1940. - De todo lo expuesto resulta que los arts. 10 y 11 del Cód. Civil aparecen como excepciones de tan amplio alcance al art. 3283 y al principio de la unidad que, a la postre, corresponde concluir que aquéllas son, en realidad, la regla. Por otra parte, tal es la tendencia en el derecho comparado e, incluso, en los instrumentos internacionales reguladores del conflicto de leyes en materia sucesoria. Respecto de los países signatarios del Tratado de Montevideo de 1889 y, posteriormente, el de 1940, este último ratificado por la Argentina según decr. ley 7771/56, la ley de lugar de situación de los bienes hereditarios, al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate, rige la forma del testamento -aunque se admiten las formalidades solemnes con que dicho testamento se hubiese otorgado de acuerdo con la legislación de cualquiera de los Estados signatarios-, la capacidad del heredero o legatario para suceder; la validez y efectos del testamento, los títulos y derechos hereditarios, la existencia y proporción de las legítimas, la existencia y monto de los bienes disponibles y todo lo relativo a la sucesión legítima y testamentaria (arts. 44 y 45, incs. a a/, Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940). Destacamos que el Tratado de 1940 sigue el sistema territorialista ya establecido por el de 1889 que fuera, entonces, de-

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fendido por el delegado argentino Manuel Quintana, basándose en que el poder de la ley local debe ser el mismo sobre todos los muebles e inmuebles existentes dentro del territorio sujeto a su imperio. La única supresión que acusa el Tratado de 1940 sobre el de 1889 es el referido a la aplicación de la ley territorial respecto de la capacidad para testar (art. 45, inc. a, Tratado de 1889), de acuerdo con lo resuelto en el Congreso de Jurisconsultos de 1939, para concordar lo dispuesto en lo que establece el art. Io en cuanto "la existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas se rigen por la ley de su domicilio". § 48. SUPUESTO DE PARTICIONES PLURALES EN CASO DE CONCURRIR HEREDEROS EXTRANJEROS Y ARGENTINOS. - Se trata del su-

puesto previsto por el art. 3470 -que consagra una importante excepción al principio de la unidad de particiones- que dispone lo siguiente: "En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos últimos tomarán de los bienes situados en la República, una porción igual al valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen excluidos por cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales". Como bien se ha dicho, esta norma protege a los herederos argentinos o extranjeros aquí domiciliados contra las exclusiones de que puedan ser víctima en otros países. Hay en el art. 3470 un espíritu de protección a la población del país, regido por una ley liberal, contra los privilegios y resabios feudales que pudiesen existir en las legislaciones extranjeras, que el codificador conocía y previo. Es claro que si se admite que los arts. 10 y 11 someten irreductiblemente el derecho de sucesión a la legislación argentina, aun cuando el domicilio del causante al momento de su fallecimiento lo fuese en otro país, el art. 3470 pierde alcances porque de todos modos tal derecho de sucesión y, por lo tanto, la partición, estarán regulados por la ley argentina, sea cual fuere el domicilio de los herederos o su nacionalidad, cuando la transmisión comprenda inmuebles o muebles de situación permanen-

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SUCESIÓN

te en la República. Pero para quienes sostienen que los citados arts. 10 y 11 se aplican a los actos jurídicos a título singular y en ningún caso a la transmisión que por causa de muerte pudieran comprender esos bienes, es evidente que el art. 3470 constituye una excepción al principio de la unidad sucesoria. Finalmente, para los sostenedores de ambas posturas, el precepto tiene interés en cuanto establece un derecho de compensación o nivelación igualitaria a través de la partición de bienes existentes en el país y en favor de herederos argentinos o extranjeros con domicilio en la Argentina. En cuanto a las condiciones de aplicación de la norma, hay que tener presente que ella supone la concurrencia de herederos extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en la República. Sin embargo, y a nuestro juicio con buen criterio, se ha resuelto que "procede aplicar el art. 3470 para restablecer la igualdad de todos los hijos del causante, domiciliados en el país, cuando uno de ellos fue desheredado por una causa no consagrada en la ley argentina, mediante un testamento otorgado en el extranjero de acuerdo a la ley del otorgamiento donde se encontraba domiciliada la testadora". La misma solución habría correspondido aplicando al caso el art. 3286 en cuanto la capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio de la persona al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. El art. 3470 protege a los herederos argentinos en todo caso, estén o no domiciliados en el país, y a los extranjeros aquí domiciliados, estableciendo un régimen de igualdad en razón de la excepción o limitación al principio de la unidad de la sucesión que persigue la rectificación de una partición que vulnera la igualdad de los herederos argentinos o extranjeros radicados en el país. Y, como es lógico, no corresponde en el caso efectuar la distinción de bienes: todos los que se encuentren en el país -el art. 3470 no distingue aquí- estarán sujetos a esa partición. § 49.

LA UNIDAD SUCESORIA EN EL DERECHO INTERNO. -

Frente a las excepciones consagradas en los arts. 10 y 11 del Cód. Civil, el principio literal de la unidad que informa la pre4. Zannoni, Manual.

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ceptiva del art. 3283 podría plantear la cuestión de saber en qué medida aquéllas inciden dentro del país, suponiendo la existencia de inmuebles o, en su caso, muebles de situación permanente ubicados en distintos lugares, concretamente, en distintas provincias. Como recuerda Lafaille, los principios territoriales sumados al localismo y a los regímenes fiscales condujeron durante mucho tiempo a una pluralidad de sucesiones, más acentuada tal vez en el orden interprovincial que en el orden internacional. Mientras teóricamente -agrega el autor- se sustentaba con todo rigorismo el principio de la unidad y había quien restringía las excepciones hasta el extremo, las provincias obligaban en el hecho a iniciar un expediente sucesorio para autorizar la transmisión mortis causa de los bienes situados dentro de sus límites, con la demora y el recargo correspondientes. Y esto que recuerda Lafaille era tanto o más sintomático mientras se entendiese que la posesión hereditaria que otorgan los jueces era la posesión material de los bienes, correspondiendo, por lo tanto, a los tribunales de cada provincia el otorgamiento del título a la transmisión, lo que suponía, por consiguiente, la apertura de tantos juicios sucesorios distintos cuantas provincias fueren en las que el causante había dejado bienes. En cuanto a esto, puede decirse que actualmente ese pluralismo en el orden interno no es ya defendido. Los arts. 10 y 11 del Cód. Civil al someter los inmuebles y muebles de situación permanente a la lex rei sitce, constituyen excepciones a la aplicación extraterritorial de la ley extranjera; nada tienen que ver en el ámbito de validez espacial de la ley nacional porque, en este sentido, la lex rei sitce en cuanto a la naturaleza de los bienes, los derechos de las partes, capacidad de adquirirlos, modos de transferirlos, etc., es la misma en toda la Nación, conforme lo determinado por el art. 75, inc. 12, de la Const. nacional. En este sentido el propio art. 10 exige la exclusiva aplicación de las leyes del país; en cuanto al Código Civil éste es único en todo el territorio de la República. A mayor abundamiento conviene recordar que la ley nacional 927, que no ha sido derogada, establece que "el conocimien-

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SUCESIÓN

to de los juicios universales de concurso de acreedores y de sucesión, corresponderá en el territorio de la República a los jueces respectivos de aquella provincia, en la que el fallido tuviere su principal establecimiento al tiempo de la declaración de quiebra, o en la que deba abrirse en su caso la sucesión, según las disposiciones del Código Civil" (art. 2o). Y el art. 90, inc. 7o, del mismo Código, concordantemente con el art. 3283, en el ámbito interno es explícito: "£7 domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión". Todo lo cual sin perjuicio de que la aplicación del Código Civil corresponda a las jurisdicciones locales y que las leyes fiscales se apliquen conforme a la lex rei sita en cada caso. G) PROCESO SUCESORIO. COMPETENCIA. FUERO DE ATRACCIÓN

§ 50. PROCESO SUCESORIO. NOCIÓN. - El proceso sucesorio constituye, fundamentalmente, el medio realizador del derecho hereditario. Podríamos, pues, definirlo como el proceso judicial cuyo fin es el de asegurar que la transmisión (o adquisición) hereditaria se opera a la persona o personas cuya vocación resulta de la ley o del testamento válido del causante o testador. Ello nos da las pautas de por qué decimos que este proceso es el medio realizador del derecho sucesorio. Permite, mediante la instancia judicial, y, por ende, las garantías jurisdiccionales propias, la determinación de los elementos que legitiman la relación jurídica que regula la transmisión monis causa: tanto en lo referido a la vocación -legítima o testamentaria- como a la capacidad de los sucesores; la determinación de la masa transmitida, su composición y bienes o derechos que la integran; la determinación, asimismo, del pasivo, o sea, de las deudas y cargas; provee un régimen de administración, liquidación y partición de la masa en caso de indivisión. Además asegura debidamente la publicidad de la relación misma y garantiza el debido

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proceso en eventuales litigios o discusiones acerca del derecho hereditario, tales como las demandas que pudieren promover sucesores a quienes se desconoce la calidad de tales, o las reclamaciones que pudieren efectuar acreedores y legatarios para el cobro de sus créditos o el cumplimiento de los legados, o las demandas por colación, reducción, nulidad de la partición que pudieren suscitarse, etcétera. § 51.

JUEZ COMPETENTE. - D i s p o n e el art. 90, inc. 7 o , del

Cód. Civil, que "el domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión". Consiguientemente, el art. 3284, parte Ia, determina: "La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto". Al estudiar los sistemas de la unidad y pluralidad sucesoria, hubimos de detenernos sobre el sistema que sigue nuestro Código Civil (art. 3283 y nota) y las excepciones que al principio de la unidad consagra (arts. 10, 11 y 3470). Hemos de partir de la base, en este lugar, de que el art. 3283 nos enfrenta, sin duda, al sistema de la unidad en el derecho interno. Por ende, la competencia, en ese ámbito, corresponde al juez nacional o provincial del último domicilio del causante, sean los sucesores nacionales o extranjeros (domiciliados o no en el país). § 52.

FUERO

DE ATRACCIÓN.

JURISPRUDENCIA.

- En

su

oportunidad vimos que la unidad sucesoria, en el Código Civil, constituye corolario de la unidad e indivisibilidad del patrimonio. Ello provoca la necesidad de que un solo juez sea el que entienda en todas las cuestiones que hayan de plantearse en ocasión, o como consecuencia, de la transmisión hereditaria. Por esa razón, el Código Civil, además de establecer las reglas de competencia para el proceso sucesorio (art. 3283, parte Ia), establece la virtualidad que dicho proceso tiene de atraer, para ser resueltas por ese mismo juez, un sinnúmero de acciones que suponen procesos contenciosos vinculados a la transmisión sucesoria. A esto se llama fuero de atracción. Ya hemos de

SUCESIÓN

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ver en qué forma el Código establece que ciertas acciones que interesan a los bienes o parte de ellos, o el título a la adquisición hereditaria, deben dirimirse ante el tribunal que entiende en el proceso sucesorio. Sabemos que el objeto de la adquisición está constituido por la herencia, como unidad (conf. art. 3279 y concs.), sin consideración a su contenido particular ni al objeto de los derechos (considerados, por supuesto, singularmente). Ello confronta al requerimiento de la unidad de partición, pero, también, a que' durante el período de la herencia indivisa, la universalidad de los derechos activos y pasivos se sujeten a un proceso uniforme de liquidación, lo que comprende asimismo las demandas o acciones que interesen a la universalidad patrimonial. § 53. ACCIONES CONCERNIENTES A LOS BIENES DE LA HEo RENCIA HASTA LA PARTICIÓN. - E l art. 3284, inc. I , establece que

compete al juez del proceso sucesorio el conocimiento de "las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos". El artículo se refiere a las "demandas concernientes a los bienes"; pero la jurisprudencia, uniformemente, ha comprendido -por interesar también a los bienes, aunque en forma indirecta- a las demandas entre sucesores que se fundan en el llamamiento a la herencia. Como se ha dicho, dentro de la preceptiva, deben entenderse incluidas, especialmente, todas las causas suscitadas por las vocaciones en conflicto, y, en particular, entre vocaciones contrapuestas o desconocidas. En este sentido, la jurisprudencia ha entendido que el art. 3284, inc. Io, comprende las acciones por declaración de indignidad, por desheredación o nulidad del testamento; las de nulidad de la institución testamentaria, exclusión de la herencia, las de colación ejercidas por uno o varios herederos forzosos contra el que recibió el anticipo de herencia, y las de reducción; la demanda por exclusión del cónyuge supérstite en los casos de los arts. 3573, 3574 y 3575; la acción de petición de herencia; la

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acción por cumplimiento del contrato de cesión de derechos hereditarios, etcétera. También competen al juez las demandas en el proceso sucesorio, el conocimiento y decisión en todas las demandas tendientes a comprobar, declarar o constituir un estado de familia a fin de obtener la modificación de la declaratoria de herederos. Así, por ejemplo, el conocimiento en la demanda por reclamación de la filiación contra los herederos del causante, a los efectos de ejercer la petición de herencia, y, en general, quien pretende excluir a otro sucesor universal, para lo cual invoca un título propio que se le ha negado. En estos casos a dicha acción se acumula la de petición de herencia. § 54. GARANTÍAS DEBIDAS ENTRE COHEREDEROS (EVICCIÓN Y REDHIBICIÓN) E IMPUGNACIÓN DE LA PARTICIÓN. - El art. 3284, inc.

2o, incluye en el fuero de atracción a "las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, y las que tiendan a la reforma o nulidad de la partición". El artículo alude, como se ve, a todas las acciones que se deducen por irregularidades en la partición, ya se refieran a su nulidad o exijan su modificación. Así, por ejemplo, la partición puede ser impugnada por errores cometidos en la formación de las porciones o hijuelas, o atacada de nulidad si, por ejemplo, hubiera sido consentida por un incapaz, o fuera el resultado del fraude, violencia o dolo. En tales hipótesis, la acción debe deducirse contra la totalidad de las partes que intervinieron en ella y con la participación de sus sucesores universales o particulares, si hubiera sobrevenido una transmisión o enajenación. El artículo alude también a las "garantías de los lotes entre los copartícipes". La alusión abarca la garantía de evicción que el art. 3505 establece entre coherederos, como asimismo la garantía por vicios redhibitorios dispuesta por el art. 3515. Es debida a todo partícipe en la partición, incluso al legatario de cuota, que es un sucesor universal, y a la viuda que concurre a la sucesión de los suegros que, aunque no es heredera, es sucesora universal (art. 3576 bis, Cód. Civil).

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SUCESIÓN

§ 55.

EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.

-

El art. 3284, inc. 3 o , alude a "las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados". El juez del proceso sucesorio será competente para entender en la demanda por entrega de la cosa u objeto legado -el artículo es expreso-, pero también cuando se demanda su caducidad o revocación, o la nulidad del testamento, o a la demanda por reducción del legado o por cumplimiento del cargo. § 56.

ACCIONES

PERSONALES CONTRA LOS HEREDEROS. -

Fi-

nalmente el art. 3284, inc. 4 o , se refiere a "las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia". El inciso alude tanto a las acciones que se promuevan luego de la apertura de la sucesión contra los herederos, como a las demandas promovidas contra el causante, en vida de éste, las que deberán acumularse al proceso sucesorio, cualquiera sea su estado. Pero es importante destacar que el fuero de atracción no opera cuando los sucesores universales inician acciones contra terceros, como actores. Ello es así, por cuanto como lo ha entendido la jurisprudencia, el fuero de atracción como modificatorio de las reglas de la competencia, debe interpretarse restrictivamente. En los casos, pues, de acciones deducidas por los herederos contra terceros, deberán seguirse las reglas ordinarias de competencia. Pero, aun cuando las acciones deducidas por los herederos contra terceros deben radicarse ante el tribunal competente de acuerdo con las reglas generales, si el o los herederos fuesen reconvenidos, se ha juzgado que dicha reconvención -en cuanto se trata de una verdadera demanda- provocará la atracción del juicio al juez que entiende en el proceso sucesorio. En la economía interpretativa de la norma en estudio se comprenden las acciones personales de los acreedores del difunto. Así, se ha entendido, por ejemplo, que el juicio sucesorio ejerce fuero de atracción respecto de las demandas intentadas por co-

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bro de alquileres de la locación contratada con el causante, como asimismo la demanda de desalojo. Del mismo modo, las deudas a cargo del causante contraídas durante el matrimonio y por las cuales son ejecutables los bienes propios o gananciales de su administración (art. 1276, Cód. Civil; arts. 5o y 6o, ley 11.357); acciones de nulidad, resolución o cumplimiento de contratos celebrados por el causante; ejecuciones por cobro de impuestos, aunque hubiesen sido iniciados en otra jurisdicción; ejecuciones cambiarlas, etcétera. En todos estos casos el fuero de atracción se ordena a facilitar la liquidación del patrimonio hereditario tanto en beneficio de los acreedores como de los sucesores universales. La universalidad del proceso sucesorio atraerá asimismo las acciones que por razón de la materia o del monto son competencia de otro fuero. Así, por ejemplo, en la Capital Federal se ha resuelto que son atraídas por el proceso sucesorio las acciones que se fundan en el contrato de locación y que, regidas por las leyes de prórroga o de emergencia, su competencia se atribuye primero a la justicia nacional de paz y luego a la justicia en lo civil y comercial especial. § 57. EXCLUSIÓN DE LAS ACCIONES REALES. - El art. 3284, inc. 4o, del Cód. Civil, como subrayamos, alude a las acciones personales, no así a las reales. Estas últimas, por lo tanto, deberán radicarse ante el juez competente de acuerdo con las normas generales, sin que el proceso sucesorio ejerza fuero de atracción. Se trata de una aplicación analógica del principio lex rei sitie, en este caso en materia procesal, teniendo en cuenta, además, que las acciones reales interesan bienes singulares (a título singular) mientras la relación sucesoria comprende la herencia, sin consideración a su contenido particular ni al objeto de los derechos (art. 3281). Las acciones reales respecto de muebles y en la división de bienes comunes son de competencia del juez del lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de ellos. Cuando se trata de inmuebles, las acciones reales, posesorias, de restricciones y límites al dominio, de mensura,

SUCESIÓN

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de usucapión y de medianería, es competente el juez del lugar de ubicación del inmueble o de la mayor parte de él, o de uno de ellos si fuesen varios. En este último supuesto tendrá prelación el del último domicilio del demandado. Así, por ejemplo, se ha resuelto que el juicio sucesorio no ejerce fuero de atracción respecto de las acciones reales, como la reivindicación, o en el interdicto de recobrar la posesión, ejecución prendaria, etcétera. Con respecto al cobro de créditos con garantía hipotecaria, la jurisprudencia ha sido contradictoria, aunque, finalmente, se ha resuelto que el juez del proceso sucesorio debe entender en él, sobre la base de que la hipoteca es una garantía de un crédito que tiene carácter personal. § 58. CASO DE HEREDERO ÚNICO. - Dispone el art. 3285 del Cód. Civil que "si el difunto no hubiere dejado más que un solo heredero, las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que hubiere aceptado la herencia". Esta norma constituye una excepción indudable al fuero de atracción y se funda en que, tratándose de un único heredero, no se produce la división de pleno derecho de los créditos y deudas divisibles del causante con lo que desaparece el peligro de que los acreedores del causante deban concurrir a diversas jurisdicciones para reclamar el porcentual de sus créditos. Pero, a su vez, esta norma crea serios inconvenientes de orden práctico ya que si, como hemos visto, el fuero de atracción se ordena a facilitar la liquidación del patrimonio, en esta hipótesis los acreedores no tendrán otra vía que demandar al heredero al juez de su domicilio aunque la sucesión radique ante otro juez. La antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto que, en caso de existir un solo heredero, la disposición del art. 3585 comprendía también la competencia para entender en el proceso sucesorio del causante de modo que sería el domicilio de ese heredero el que determinaría el juez competente para su apertura. Sin embargo, la tesis no ha prevalecido. Con buenos argumentos la doctrina mayoritaria restringe el ámbito propio del art. 3585 a la competencia para

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entender en las acciones deducidas contra el heredero único. Pero la competencia para entender en el juicio sucesorio se rige por la norma del art. 3584. En ese sentido la misma Corte Suprema en 1968, volviendo sobre su antigua jurisprudencia, resolvió en la causa "Himmelpacher, Carlos" que "aun cuando el causante deje un solo heredero, la sucesión debe promoverse en el lugar del último domicilio de aquél. El art. 3285 - a ñ á d e selo fija la jurisdicción del juez al que corresponde entender en las acciones personales que se dirigen contra el heredero único aceptante de la herencia, pero no señala un principio distinto sobre la competencia judicial para el trámite sucesorio, que es la que resulta del último domicilio". § 59. SUBSISTENCIA DEL FUERO DE ATRACCIÓN. - El fuero de atracción subsiste hasta la partición mediante la cual cesa la indivisión hereditaria juzgándose, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3503, que "cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la partición, y que no ha tenido nunca ningún derecho en los que han correspondido a sus coherederos". Para que cese el fuero de atracción se requerirá que no subsista la indivisión respecto de ningún bien de la herencia. No bastará, pues, una partición parcial (art. 3453), ni la inscripción de la declaratoria de herederos o auto aprobatorio del testamento, aunque los herederos mayores de edad hubiesen decidido mantener los bienes en condominio. Ello debe resultar de una aplicación cabal de los principios del derecho hereditario. Mientras mediante el acto de la partición no se adjudiquen a título singular los bienes de la herencia, subsistirá ésta como objeto de adquisición a título universal, sin consideración a su contenido particular (conf. art. 3281). Incluso, desde este punto de vista, se ha resuelto que no cesa el fuero de atracción del proceso sucesorio aunque se haya aprobado la partición, si no aparecen inscriptas las hijuelas en el Registro de la Propiedad y existen trámites pendientes en lo relativo al pago de las deudas y cargas sucesorias.

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SUCESIÓN

Pero aun cuando hubiese cesado el fuero de atracción, éste se reabre si se trata de acciones que interesan a la relación sucesoria, como en el caso de inclusión de herederos preteridos, petición de herencia, nulidad de la partición, etcétera.

L E C T U R A S V CASOS P R Á C T I C O S

SUGERIDOS

LECTURA

Fallo de la CNCiv, Sala G, 16/5/84, LL, 1985-B-372. Analizar el fallo y redactar la demanda por la cual el cotitular de los certificados de depósito a plazo fijo reclama el importe de ellos. CASOS PRÁCTICOS

o) Juan y Roberto, vendedores mediante boleto de compraventa de un inmueble de que eran propietarios en condominio, fallecen con intervalo de pocos días. Ernesto, comprador del inmueble, debe demandar a los herederos de Juan y Roberto la escrituración. ¿Ante qué juez interpondrá la demanda? b) Felipe, insano interdicto, fue trasladado a una clínica psiquiátrica de la provincia de Córdoba, a pedido de su esposa Juana, curadora definitiva de su marido demente. Por indicación médica Felipe debió quedar definitivamente internado en la clínica, no obstante que, hasta su traslado, vivía en Buenos Aires donde continuó domiciliada Juana que, periódicamente, visitaba a su esposo en la clínica de Córdoba. Felipe fallece en la misma clínica. ¿Cuál ha de ser el juez competente para entender en el juicio sucesorio de Felipe? c) Carlos, acreedor de Luis, quien con sus hermanos Roque y Marta, ha sido declarado heredero en la sucesión de su padre fallecido, solicita se trabe embargo sobre un campo que integra la herencia de éste. ¿Es procedente el embargo solicitado? ¿Qué fundamentos daría para oponerse a la medida cautelar solicitada por Carlos? d) Susana fallece a consecuencia de un accidente automovilístico. Laura, sobrina soltera e incapacitada para el trabajo que vivía con Susana y recibía de ella sostén económico, consulta si puede demandar el resarcimiento de daños y perjuicios contra el responsable del hecho ilícito. ¿Qué daños puede acreditar? ¿Podrá reclamar el resarcimiento del daño moral?

CAPÍTULO II

CAPACIDAD PARA SUCEDER A) PRINCIPIOS GENERALES

§ 60. CONCEPTO. - La capacidad para suceder a título universal o monis causa puede ser entonces definida como la aptitud para ser titular de los derechos activos y pasivos que contiene la herencia a cuya adquisición se es llamado en el todo, en una parte alícuota o en un objeto determinado, en carácter de heredero o legatario. La definición propuesta enlaza con la terminología del propio Código Civil (art. 3279) al definir la sucesión universal como "la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta", etcétera. En esencia la capacidad sucesoria se traduce, para el sucesor, en la aptitud para investir monis causa las relaciones jurídicas que tuvieron por sujeto al causante. Advertimos en primer lugar que se trata -dentro de la clasificación tradicional de las aptitudes jurídicas- de capacidad de_ derecho o de goce, no^intejje^ndo aquí la aptitu¿del_jtej:&dejo, erTpUilicular, para ejercer por sí.^capagidad de^^hjfcbja^losdexecJiQS. que acuerda la investidura. La capacidad de hecho está regida •portas normas particulares que, en cada caso, la ley establece respecto de los actos jurídicos. Toda aptitud para adquirir es de derecho, independientemente del ejercicio de los derechos adquiridos, como el propio codificador lo señala en la nota al art. 949. Y, no exigiendo nuestro derecho cualidades personales o atributos diversos inherentes a la personalidad para que el sujeto-

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persona pueda asumir relaciones jurídicas por causa de muerte, es de toda evidencia que no puede hablarse de incapaces absolutos o incapacidades absolutas para suceder. Toda incapacidad de derecho en esta materia se traduce en prohibiciones y no existen prohibiciones generales en materia sucesoria. "Toda persona visible o jurídica -dispone el art. 3288-, a menos de una disposición contraria de la ley, goza de la capacidad de suceder o recibir una sucesión". En cuanto a las personas jurídicas, la disposición transcripta concuerda con la norma general establecida en el art. 41, en cuanto ellas "respecto de los terceros... gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos", etcétera. § 61.

VOCACIÓN HEREDITARIA

Y CAPACIDAD PARA

SUCEDER.

Si la capacidad para suceder es la aptitud (jurídica) para adquirir el conjunto de titularidades transmisibles del causante, y si la vocación hereditaria importa el llamamiento -legal o testamentario- a esa adquisición, se plantea de inmediato el problema de distinguir ambos conceptos. La doctrina ha solido afirmar que la capacidad es el presupuesto subjetivo de la vocación o más precisamente de la delación, es decir, de la vocación actual que permite a su titular aceptar o renunciar la herencia que se le defiere (ver § 25). Sin embargo, y merced a una suerte de distinción conceptual, se afirma que mientras la vocación hereditaria se agota, como tal, en el llamamiento para suceder, la capacidad se traduce en la aptitud jurídica que tiene el llamado, o sea el titular de la vocación, para adquirir la herencia. En síntesis, la distinción lleva a concluir que puede haber titulares de una vocación que son, sin embargo, incapaces para adquirir. Pero se olvida, al así pensar, que si la capacidad es presupuesto de la vocación, no puede haber estrictamente titulares de una vocación hereditaria que sean incapaces, porque ello contra-

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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dice lógicamente el carácter de presupuesto asignado a la capacidad. En suma, si la capacidad fuese presupuesto de la vocación, la ausencia de capacidad se traduciría, lisa y llanamente, en ausencia de vocación hereditaria. Es que, en realidad, la capacidad no constituye un presupuesto de la vocación, sino una condición de eficacia de ella. Si fuere su presupuesto, afectaría estructuralmente la existencia del llamamiento. Como es una de las condiciones de eficacia, puede acaecer que el llamado, en razón de incapacidad, no pueda eficazmente adquirir la herencia que se le defiere. § 62. CONDICIONES DE EFICACIA DE LA VOCACIÓN. - Denominamos condiciones de eficacia de la vocación hereditaria a los requisitos impuestos por la ley para que el llamamiento produzca, en plenitud, sus efectos propios. Y tales requisitos son, básicamente, dos: a)

QUE EL TITULAR DE LA VOCACIÓN NO SEA INCAPAZ PARA ADQUI-

RIR. Es decir, que el llamamiento no esté en contradicción con una norma legal imperativa que prohiba al llamado la adquisición del todo o una parte de la herencia o del legado. b) QUE LA VOCACIÓN NO ESTÉ SUJETA A RESOLUCIÓN POR DISPOSICIÓN DE LA LEY O DEL CAUSANTE. En tal supuesto, la ineficacia de

la vocación proviene de los efectos de la resolución del llamamiento sometido a una condicio iuris o a una condición resolutoria por voluntad del testador. Tanto la incapacidad como la resolución provocan la ineficacia de la vocación, pero con esta sustancial diferencia: mientras la primera, por derivar de una norma prohibitiva -como todas las que consagran incapacidades de derecho-, impide al titular de la vocación una adquisición válida, la segunda se limita a resolver, es decir, dejar sin efecto la adquisición ya operada en virtud de la condicio. Esto traduce, en consecuencia, la idea de que el incapaz no adquiere válidamente, en tanto que el titular de una vocación resoluble adquiere válidamente, pero su adquisición puede ser resuelta.

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§ 63. POSITIVO. -

LAS CONDICIONES DE EFICACIA EN NUESTRO

DERECHO

Veamos ahora de qué modo estos conceptos son aplicables en el contexto del derecho positivo: a) SUPUESTOS DE INEFICACIA DE LA VOCACIÓN POR INCAPACIDAD.

Todo parece indicar, lógicamente, que si se trata de titulares de vocación legítima -actual o eventual-, es decir, de quienes son llamados por la ley a la adquisición de la herencia, no es posible hablar de incapacidad. Existiría una contradicción normativa si imagináramos que la ley confiere llamamiento a quien, por otra norma, prohibe adquirir. En cambio, puede suceder que sea el causante quien, en su testamento, haya instituido a personas a quienes la ley prohibe recibir de él. En este caso la vocación, de fuente testamentaria, estará en contradicción con la norma prohibitiva. Esta contradicción se resolverá, por tanto, en la invalidez de la institución. Son los casos de los arts. 3664, 3686 y 3734 a 3741, que estudiaremos oportunamente. b) SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN DE LA VOCACIÓN.

Dijimos que

la

adquisición válida puede resolverse en razón de una condicio iuris o de una condición resolutoria en la institución. En nuestro derecho, la adquisición del llamado se resuelve en razón de la declaración de indignidad cuando hubiere incurrido en cualquiera de las causales que prevén los arts. 3291 a 3296. Es decir que las causales de indignidad que esas normas contemplan vienen a erigirse en condicio iuris de eficacia de la adquisición, aun cuando el heredero que incurrió en ellas puede hacer definitivamente irresoluble su adquisición en los casos de perdón del causante (art. 3297) o, simplemente, de posesión trienal de la herencia o legado (art. 3298). Ello porque, como dijimos, la adquisición del heredero que incurrió en causas de indignidad es, como tal, válida. Pero también puede resolverse la adquisición en virtud de una institución testamentaria sujeta a condición resolutoria, trátese de institución de heredero o de legatario (arg. art. 3610), aun cuando pueda ser discutible -se estudiará en su lugar- si la

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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institución de heredero puede sujetarse a una condición resolutoria. § 64. DISTINCIÓN ENTRE INEFICACIA Y AUSENCIA DE VOCACIÓN. - Los supuestos arriba mencionados deben distinguirse de

los casos en que existe ausencia de vocación, es decir, inexistencia de llamamiento. Aquí, fuere en virtud de la ley o por una disposición expresa del causante en el testamento, se deja sin efecto al momento de la apertura de la sucesión (art. 3282; ver § 22), una vocación que, de no existir el supuesto de hecho previsto por la ley o por esa disposición expresa del causante, se actualizaría plenamente permitiendo a su titular adquirir la herencia. Ello acaece en los casos de desheredación (arts. 3744 a 3749) en que el causante, por disposición expresa en su testamento y por alguna de las causales previstas por la ley, aniquila la vocación hereditaria del llamado por ella. De modo que, a la apertura de la sucesión, no existe llamamiento para el desheredado. Y también ocurre esto en los casos de exclusión del cónyuge supérstite de un matrimonio celebrado in extremis en las condiciones del art. 3573, o del cónyuge supérstite separado personalmente por su culpa o por causas objetivas previsto por el art. 3574. En tales supuestos la ley, en atención a las circunstancias por ella previstas, invalida objetivamente la vocación consagrada en favor del cónyuge supérstite en las disposiciones anteriores. Otro caso de ausencia de vocación es, a partir de la ley 23.264, el que consagra el art. 249, párr. 2o, del Cód. Civil, al establecer que eí reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama. Como se advierte, la ausencia de vocación se distingue de la ineficacia del llamamiento en que en este último caso existe la vocación aunque ésta no produce sus efectos propios, fuere por incapacidad del titular o por resolverse, luego, el llamamiento; 5. Zannoni, Manual.

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en la ausencia de vocación ha quedado sin efecto el llamamiento mismo, objetivamente considerado, al momento de la apertura de la sucesión. § 65. EFECTOS DE LA INEFICACIA Y DE LA AUSENCIA DE VOCACIÓN. - La distinción conceptual que realizamos no empece a

que tanto la nulidad de la institución de heredero o legatario por incapacidad (art. 1042), como la resolución de la vocación y consecuente adquisición, en los casos de indignidad (art. 3291 y ss.), culpabilidad del cónyuge supérstite en la separación de hecho (art. 3575), o institución sujeta a condición resolutoria (arg. art. 3610), y, finalmente, los supuestos de falta de vocación produzcan, todos, efectos retroactivos al momento de la apertura de la sucesión (art. 3282). Esto es así cuando por efecto de la nulidad, resolución o ausencia de vocación, deberá reputarse que la liquidación de los llamados en defecto de quienes ostentaron una vocación ineficaz -nula o resuelta- o de quienes pretendieron adquirir con base en una vocación que había quedado sin efecto, se producirá también desde el momento de la apertura de la sucesión, sin solución de continuidad. Ocurre lo mismo que en el caso en que el titular de una vocación actual renuncia a la herencia, y actualiza su vocación el titular de un llamamiento eventual. Éste, en virtud de esa actualización será reputado heredero, si acepta la herencia, desde el momento mismo de la sucesión (art. 3344) y se juzgará al renunciante como si nunca hubiera existido (art. 3353 -ver § 25-). En los supuestos de nulidad, resolución o ausencia de vocación, la adquisición de los titulares de un llamamiento eficaz se reputará tal con relación al momento mismo de la apertura de la sucesión. Sin embargo, la distinción efectuada entre los casos de ineficacia y de ausencia de la vocación son importantes en punto a los efectos de los actos realizados por quienes a partir de la apertura de la sucesión y hasta que su adquisición fue anulada, resuelta o declarada inexistente, opusieron un título aparentemente eficaz a la adquisición hereditaria.

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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a) En los casos de nulidad de la adquisición por incapacidad, deberán aplicarse las normas generales en punto a los efectos que produce la nulidad y sobre la base de que la nulidad vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1050). De modo que, entre los titulares de la vocación eficaz y el incapaz la situación quedará regida por el art. 1052 y concs., mientras que, respecto de terceros, será de aplicación el art. 1051. b) En los casos de resolución de la adquisición es preciso distinguir: cuando la resolución acaece por declaración de indignidad, el Código Civil establece un régimen especial de efectos de la resolución, teniendo en cuenta los hechos que la producen, en el art. 3305 y siguientes. Estas normas, a nuestro juicio, serán también aplicables a la análoga situación de la resolución de la vocación por culpabilidad en la separación de hecho (art. 3575). Aunque, en este último caso, la ley guarda silencio sobre el régimen legal aplicable, debe recurrirse a la mentada aplicación analógica ante similitud de circunstancias y por imperio del art. 16 del Cód. Civil. En cambio, cuando la vocación se resuelve por tratarse de una institución de heredero o legatario sometida a condición resolutoria, se aplicarán los efectos que produce ésta de acuerdo con las normas generales (arts. 3610, 553 a 557). c) En los casos de ausencia de vocación, nos hallaremos ante situaciones de herederos aparentes, a quienes, por tanto, se aplicará el régimen legal de tales (arts. 3425 a 3430 y concordantes). § 66. DEFICIENTE TERMINOLOGÍA DEL CÓDIGO CIVIL EN ESTA MATERIA. - Nuestro Código Civil se refiere a la incapacidad

para suceder en los arts. 3290 a 3310 y a los incapaces para recibir por testamento en los arts. 3733 a 3743. En realidad, sólo las previstas en los arts. 3664, 3686, 3734, 3736, 3738 (derogado tácitamente por la ley 11.357), 3739 y 3740 son incapacidades, pues resultan de normas prohibitivas

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que invalidan la institución que pudiere hacer el testador, como se explicó (ver § 63). En cambio, las normas de los arts. 3290 a 3310 no establecen incapacidades. La primera de esas normas plantea supuestos en que, por inexistencia del sucesor en el momento de la apertura de la sucesión, obviamente, la herencia no podrá deferírsele (ver § 67). Los restantes artículos se ocupan de la indignidad que, como hemos dicho, resuelve la vocación y, por lo tanto, la adquisición. Es prudente anticipar, pues, que el Código asimiló indebidamente los supuestos de ineficacia de la vocación a la noción de incapacidad. Ésta, si bien es causa de ineficacia, no agota sus fundamentos posibles, que pueden originarse también en un llamamiento o vocación resoluble, como ocurre en los casos de indignidad. B) § 67.

LAS

INCAPACIDAD PARA SUCEDER

PRETENDIDAS

INCAPACIDADES

ABSOLUTAS

PARA

- Aclarado lo anterior, y si es cierto que toda persona visible o jurídica goza, en general, de la capacidad para suceder, salvo prohibición especial, debe concluirse a priori que no pueden existir incapacidades absolutas en el sentido de que alguien, en cuanto persona para el derecho, sufra una verdadera capitis diminutio al estilo romano -como los esclavos, extranjeros, e t c para adquirir por sucesión universal. Sin embargo, el art. 3290 estatuye como principio que "el que no está concebido al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, no puede sucederle" y el que "estando concebido naciere muerto, tampoco puede sucederle". Ambos supuestos están involucrados en la ley bajo el rubro de incapacidades para suceder. Pero, a poco de reflexionar, se advierte que no hay tales.

SUCEDER.

Sabemos que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas de tal modo que antes de su nacimiento puedan adquirir algunos derechos como si ya hu-

CAPACIDAD PARA SUCEDER

69

biesen nacido (art. 70). Se trata, en puridad, del comienzo de la personalidad jurídica. Tales derechos no son sino los derivados de la adquisición de bienes por donación o herencia (cfr. art. 64). Y es por eso que si el hijo que se atribuye al causante fallecido naciese después de los trescientos días del fallecimiento no tendrá derechos en su herencia aun cuando se adujese que fue concebido por la madre mediante utilización post mortem de semen conservado del causante. En estos casos, de posible incidencia en los tiempos actuales en que pudiera recurrirse por la viuda a la inseminación artificial, es evidente que el nacimiento del hijo después de los trescientos días de la muerte hace presumir (iuris tantum; arg. art. 77, Cód. Civil) que él no estaba aún concebido cuando su padre biológico falleció. De tal suerte deberá aplicarse, en principio, la norma del antes transcripto art. 3290. Ahora bien: aunque la personalidad - a los efectos de la adquisición de derechos- comienza en el momento de la concepción, está sujeta a una verdadera condición resolutoria legal: el nacimiento sin vida. Los derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida -art. 70, Cód. Civil- sin interesar las condiciones de viabilidad posterior (art. 72). Por lo cual, si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieren existido (art. 74). De ahí que, es obvio, el que nace muerto no puede suceder porque resolviéndose los derechos a cuyo nacimiento con vida se subordinó su definitiva adquisición, no existe, literalmente, como sujeto. Y quien no está concebido al momento de la apertura de la sucesión, de igual modo es un no-sujeto como bien lo dice Rébora, por lo que, en ambos casos, no estamos frente a incapacidades, sino, propiamente, a inexistencia de sucesores. En cambio, "el hijo concebido es capaz de suceder" (art. 3290, parte I a ); disp sición sobreabundante al confrontársela con los principios generales: la adquisición quedará subordinada al nacimiento con vida.

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§ 68. INCAPACIDADES RELATIVAS. - Por definición, toda incapacidad de derecho proviene de una prohibición de la ley para la adquisición o goce de un derecho, y siempre es relativa a uno o más derechos determinados. En consecuencia, no existen incapacidades sino cuando la ley expresamente las establece, no pudiendo llegarse a ellas por vía de la interpretación analógica. Así ocurre también en el derecho sucesorio (art. 3289). § 69.

FUNDAMENTO

GENERAL DE LAS INCAPACIDADES.

-

Ha-

bíamos anticipado que, en nuestro Código, las auténticas incapacidades para suceder son las consagradas en los arts. 3664, 3686, 3734 y siguientes. Todas ellas, salvo el caso del art. 3734, como veremos, tienden a evitar que se consumen propósitos de captación de la herencia o del legado ejerciendo influencia en el ánimo o voluntad del testador para que haga determinadas instituciones en su testamento. En el caso de la incapacidad del tutor de menores de edad (ver § 72) juega, además, la protección a ellos, que se encuentran bajo la autoridad y dependencia de su representante legal. § 70. ESCRIBANO Y TESTIGOS. - Establece el art. 3664 que "el escribano y testigos en un testamento por acto público, sus esposas, y parientes o afines dentro del cuarto grado, no podrán aprovecharse de lo que en él se disponga a su favor". El artículo no invalida el testamento mismo, como ocurre en el derecho francés. Nuestra norma sigue, en cambio, el pensamiento de García Goyena, citado en la nota. Invalida la institución tratándose de un testamento por acto público, aunque algún fallo ha entendido que comprende igualmente al escribano y los testigos que intervienen en el acto del testamento cerrado. Pero si las personas que menciona el art. 3664 fuesen, a la vez, parientes del testador, por aplicación analógica de los arts. 3686 y 3739, podrían ser instituidas, como lo veremos al estudiar dichas disposiciones. § 71. OFICIALES DE BUQUE. - Entre los testamentos especiales, el Código prevé el testamento marítimo (art. 3679) y el

CAPACIDAD PARA SUCEDER

art. 3686 dispone que "son nulos los legados hechos mento marítimo a los oficiales del buque, si no fuesen del testador". Valen aquí las mismas consideraciones referirnos a la incapacidad del escribano interviniente tamento por acto público.

71 en testaparientes hechas al en el tes-

§ 72. TUTORES. - De conformidad con el art. 3736, parte P, "Los tutores de los menores de edad, no pueden recibir cosa alguna por el testamento de los menores que mueran bajo su tutela". Tal el principio general, que supone el testamento de un menor de edad -mayor de 18 años, por supuesto; art. 3614que instituye a su tutor. Agrega la norma: "Aun después que [los tutores] hubieren cesado en la tutela nada pueden recibir por el testamento de los menores, si las cuentas de su administración no están aprobadas". Por supuesto que, si acabase la tutela por la mayor edad del pupilo (art. 455, inc. 2 o ), y éste no le exigiera la rendición de cuentas, la incapacidad del ex tutor subsistiría mientras no haya prescripto la acción respectiva (art. 4025). Según la preceptiva en cuestión, aun luego de cesada la tutela será nula la institución si las cuentas no están aprobadas. Pero si las cuentas fueron presentadas y no fueron observadas en el plazo de treinta días (art. 465) habrán quedado tácitamente aprobadas, por lo que caerá la prohibición del art. 3736. En tal caso sostenemos que el testamento nulo en su origen por contrariar la prohibición queda confirmado si en el momento de la muerte del testador la tutela había concluido y las cuentas habían sido aprobadas. Rige en este caso el art. 3302 en cuanto "para calificar la incapacidad... se atenderá solamente al tiempo de la muerte de aquel a quien se trate de heredar". Estamos frente a un principio general en lo atinente al momento en que debe existir la capacidad del que enseguida nos ocuparemos. Están excluidos de la disposición del art. 3736 los ascendientes que son o han sido tutores de sus descendientes (art. 3737). Sostiénese que la excepción se justifica porque el ascendiente, posible heredero forzoso de su pupilo, no puede ser

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sospechado de recibir la herencia por captación: su institución deberá más bien presumirse fundada en la afección que une a los descendientes con los ascendientes. § 73. CONFESORES. - Prescribe el art. 3739 que "son incapaces de suceder y recibir legados: los confesores del testador en su última enfermedad; los parientes de ellos dentro del cuarto grado, si no fuesen parientes del testador; las iglesias en que estuviesen empleados, con excepción de la iglesia parroquial del testador, y las comunidades a que ellos perteneciesen". La jurisprudencia ha entendido, en cuanto a los confesores, que la incapacidad para suceder no es extensiva al sacerdote que confesó al testador en otras oportunidades, al llamado confesor habitual, ni al que le administrase los otros sacramentos o le ayudó con sus exhortaciones y demás consejos religiosos. La prohibición alcanza, extensivamente, a las iglesias en que los confesores estuviesen empleados; se sigue así lo establecido por el art. 613 del Proyecto español de 1851 y el art. 965 del Cód. de Chile. Dice García Goyena: "Se evitarán las persuasiones, sugestiones y fraudes con que se turba al enfermo y trueca la voluntad contra la afección dictada por la naturaleza en favor de la propia familia". La excepción en favor de la iglesia parroquial también aparece en el art. 965 del Código chileno y se funda en que, en tal caso, es razonable presumir que la institución obedece a un acto libre de presiones o sugestiones fraudulentas. Los parientes del confesor dentro del cuarto grado están comprendidos en la prohibición, salvo que lo fueren también del testador. En tal hipótesis cae la sospecha legal de captación. El testador pudo instituirlos en razón del parentesco y afección que el vínculo crea. Agreguemos, finalmente, que la misma incapacidad estudiada respecto de los confesores rige para "el ministro protestante que asiste al testador en su última enfermedad" (art. 3749). Nos sumamos a quienes extienden la incapacidad también a los ministros de otros cultos porque, si bien no están literalmente

73

CAPACIDAD PARA SUCEDER

comprendidos o involucrados, la ley civil no califica el culto, sino el ministerio disidente. § 74.

DEROGACIÓN

DE LA INCAPACIDAD

DEL PADRASTRO.

-

De los distintos supuestos de incapacidad, la ley 11.357 derogó tácitamente la emergente del art. 3738. Esta disposición establece que "el segundo marido de la viuda que se ha vuelto a casar y que conserva indebidamente la tutela -rectius: patria potestad, como lo señaló bien Machado- de sus hijos del primer matrimonio, es incapaz de recibir por el testamento de los hijos menores del primer matrimonio de su mujer". Esta previsión tendía a evitar que el padrastro de los hijos del anterior matrimonio de la viuda -que perdía la patria potestad sobre ellos en razón de las ulteriores nupcias (art. 308, texto original)- pudiera aprovechar de su influencia sobre la madre o sobre los mismos menores para obtener instituciones en su favor. Pero al disponer la ley 11.357 que la mujer viuda conserva y ejerce la patria potestad sobre los hijos de un matrimonio anterior, la doctrina en general consideró que el art. 3738 quedó tácitamente derogado. Sin embargo se concuerda en que si el padrastro ejerció de hecho influencia para obtener en su favor la institución del hijastro, ésta podría ser anulada probándose las maniobras empleadas por aquél para lograrla. § 75. ASOCIACIONES NO AUTORIZADAS. - El art. 3734 alude a las corporaciones no permitidas por la ley, disponiendo que ellas "no pueden adquirir por testamento"'. Esta norma se refiere -como surge de la nota del codificador y de la fuente, el art. 963, Cód. de Chile- a las asociaciones que no son personas jurídicas por carecer de autorización (art. 45 y ss., Cód. Civil). En consecuencia, el art. 3734 les impide recibir bienes por testamento, aunque, en estricto derecho, la prohibición resultaba de que, legalmente, eran simples asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, como decía el art. 46. Ahora bien, el art. 46 del Cód. Civil en el texto dispuesto por la ley 17.711, establece que las asociaciones que no tienen

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existencia legal como personas jurídicas son, sin embargo, suje-, tos de derecho. En este texto la reforma de 1968 recibió la evolución interpretativa de la doctrina que juzgó que las asociaciones no reconocidas, es decir, no autorizadas, si bien no son personas jurídicas, son personas de existencia ideal, o sea, sujetos de derecho; en consecuencia pueden ser titulares de un patrimonio y gozar de capacidad jurídica. A pesar de ello, subsiste la incapacidad emergente del art. 3734, que no ha sido derogado, para que tales asociaciones sean instituidas como sucesoras mortis causa. Pero queda a salvo el caso en que la institución se realice "con el fin de fundarlas, y requerir después la competente autorización" (art. 3735). § 76. NULIDAD DE LAS DISPOSICIONES EN BENEFICIO DEL INCAPAZ. - Ya habíamos anticipado que la incapacidad para suce-

der constituye un supuesto de ineficacia de la vocación (ver § 62), y que, en consecuencia, en este caso, la institución es nula. Así lo dispone el art. 3741, parte Ia: "toda disposición a beneficio de un incapaz es de ningún valor". Por lo tanto, si hipotéticamente el instituido incapaz hubiese entrado en posesión de los bienes de la herencia o del legado y realizado actos de disposición, serán aplicables a éstos las disposiciones generales en materia de efectos de la nulidad (arts. 1050 a 1052). § 77. SIMULACIÓN. - Podría ocurrir que, para encubrir al verdadero destinatario de la institución, el causante nombrase a un tercero interpuesto para que éste, después, transfiera los bienes recibidos al verdadero destinatario. De ocurrir esto, nos hallamos ante un caso típico de simulación a los términos del art. 955 del Cód. Civil. El art. 3741 prevé el caso y extiende la sanción de nulidad de la institución al incapaz, "ya se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso, o ya se haga bajo el nombre de personas interpuestas". En realidad la norma contempla dos supuestos distintos: a) INSTITUCIÓN TESTAMENTARIA EN FAVOR DE UN INCAPAZ MEDIANTE INTERPOSICIÓN DE PERSONA. Es claro que en tal hipótesis, aun-

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CAPACIDAD PARA SUCEDER

que no lo dijera el art. 3741, la institución es anulable (cfr. arts. 954 y 1045) una vez probada la simulación en la institución que tiene como destinatario real a un incapaz. Se está frente a un caso típico de simulación ilícita porque tiene por objeto una violación a la ley. b) TRANSMISIÓN DEL DOMINIO DE BIENES POR CONTRATO ONEROSO A UN INCAPAZ PARA SUCEDER "MORTIS CAUSA". Este supuesto escapa

estrictamente a las previsiones relativas a la incapacidad para suceder. Lo que la ley quiere evitar es que mediante la simulación de un contrato oneroso -v.gr., venta- una persona done bienes a quienes tienen incapacidad para recibir por su testamento. Pero, como bien apunta Borda, "cuando un traspaso gratuito de bienes se disimula bajo la apariencia de un contrato oneroso, el acto sincero no es de última voluntad, no es un testamento, sino una donación; y para considerar su validez o su nulidad habrá que juzgarlo a la luz de las reglas legales de este contrato". § 78.

PERSONAS

QUE SE PRESUMEN INTERPUESTAS.

- El

art.

3741 añade que "son reputadas personas interpuestas el padre y la madre, los hijos y descendientes, y el cónyuge de la persona incapaz". Esto significa que si el testador instituye a cualquiera de ellos, existe, ab initio, una presunción legal de que el instituido no es, en realidad, el verdadero destinatario de la institución, sino el incapaz. Pronto se descubre la razón de esta presunción. Dice el codificador en la nota al artículo que "las afecciones que unen a los ascendientes con los descendientes, al esposo con la esposa, hacen que sus intereses sean comunes, y por esto la ley presume que lo que se- ha dado al esposo o esposa, al padre y a los descendientes de una persona incapaz, se juzga dado al incapaz mismo". Lo que se discute arduamente es si la presunción legal es iuris et de iure o si admite prueba en contra. Vélez Sársfield, en la aludida nota, cita á Coin Delisle, Toullier, Voet y Vazeille, quienes sostenían, para el derecho francés, que se trata de una presunción -la del art. 911, Code, fuente de nuestra disposicióniuris et de iure. Y en este entendimiento diversos autores en

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nuestra doctrina, han sostenido igual posición. Sin embargo no es posible trasvasar la interpretación de la doctrina francesa clásica a nuestro derecho puesto que ella llegaba a esa conclusión en razón de que el art. 1352 del Code dispuso que "no se admite prueba alguna contra la presunción de la ley... a menos que haya autorizado la prueba contraria". En nuestro Código no existe norma similar. Por lo expuesto, y teniendo en consideración, además, que toda incapacidad debe interpretarse con alcance restrictivo, tendiendo a favorecer, como apunta Borda, la aptitud jurídica y la validez del acto, juzgamos que si bien ha de presumirse que la institución testamentaria en favor de las personas mencionar das por el art. 3741 encubre una institución en favor del incapaz, esa presunción admite prueba en contra. Es claro, no obstante, que esa prueba en contra será, las más de las veces, de imposible producción, por cuanto impondría al instituido la carga de demostrar un hecho negativo, o sea que la institución no es simulada. La parte final del art. 3741 señala que "el fraude a la ley puede probarse por todo género de pruebas". Es decir, se ad^ miten todo género de pruebas aunque se trate de medios probatorios sin las limitaciones que establece la ley para la prueba de los hechos jurídicos en general (p.ej., art. 1191 y siguientes). La restitución de los frutos percibidos por las personas interpuestas que dispone el art. 3742 es una lógica consecuencia de la nulidad, y, en sustancia, aplicación de lo dispuesto por el art. 1052 en cuanto establece que la anulación obliga a las partes a restituir lo que han recibido o percibido en virtud o como consecuencia del acto anulado. § 79.

MOMENTO EN QUE DEBE EXISTIR LA CAPACIDAD. -

Dos

artículos se ocupan del problema. Según el art. 3287, "la capacidad para adquirir una sucesión debe tenerse al momento en que la sucesión se defiere" (ello es, la apertura). Y el art. 3302 agrega, en idéntico sentido: "Para calificar la incapacidad o indignidad, se atenderá solamente al tiempo de la muerte de aquel

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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a quien se trate de heredar". Así se puede instituir heredero a alguien que, aunque no esté concebido en ese momento, lo esté en el momento de la muerte del testador. Por ejemplo, "instituyo como herederos a los hijos de mi cuñada". Los que, en el momento de la apertura de la sucesión, estén concebidos o hayan nacido, serán hábiles para suceder al testador aunque no lo hubieren estado en el momento en que éste redactó el testamento. En el Código Civil, sin embargo, existen situaciones referidas al punto que se apartan del principio general. Así, por ejemplo, el art. 3735 admite el testamento hecho en favor de las corporaciones que no tengan el carácter de personas jurídicas, cuando la sucesión o legado que se les defiere sea con el fin de fundarlas y requerir luego la competente autorización. El precepto coincide con el art. 47: "en los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación". § 80. LEY APLICABLE. - S i n perjuicio de que el derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros (art. 3283 -consagrando así el principio de la unidad sucesoria-), el art. 3286 establece que "la capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio de la persona al tiempo de la muerte del autor de la sucesión". Vélez Sársfield explícita como fuente a Savigny y remite al art. 7 o del Código. Este último dispone que "la capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República". Hemos quedado ya de acuerdo en que, en lo atinente a la capacidad para suceder -y, por ende, a las incapacidades-, debe entenderse por tal la capacidad de derecho, o aptitud hacia la titularidad (independientemente del ejercicio) para investir mortis causa las relaciones jurídicas transmisibles del causante.

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§81. LEY QUE RIGE LA VOCACIÓN HEREDITARIA Y LEY APLICABLE A LA CAPACIDAD PARA SUCEDER. - ¿Existe oposición entre

los arts. 3283 y 3286? En otras palabras: si el derecho de sucesión se rige por la ley del domicilio del causante, ¿no integra ese derecho de sucesión lo referente a la capacidad para adquirir por sucesión? Parecería que el art. 3286 consagra otra solución: la capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio del heredero. Esta solución concuerda, no obstante, con el principio formulado por el derecho internacional privado y se funda en que todas las cuestiones de capacidad se rigen por el estatuto personal del individuo. El propio Vélez Sársfield lo afirma en la nota al art. T: "El domicilio... determina el asiento jurídico de las personas para saber qué leyes rigen su capacidad de derecho". Para tratar de salvar la aparente antinomia, nos parece de capital importancia el distingo entre vocación y capacidad para suceder, que hicimos al iniciar este capítulo. El derecho de sucesión a que se refiere el art. 3283 interesa a la vocación hereditaria, como llamamiento por naturaleza objetiva, actual o eventual a la herencia. La vocación así entendida se rige por la ley del último domicilio del causante, ley aplicable a la adquisición. Pero la capacidad como condición de eficacia de esa adquisición se regirá por la ley del domicilio del heredero. En suma, las eventuales incapacidades que esa ley consagre serán oponibles al heredero aun cuando concurra a recibir una sucesión regida por otra ley que le confiere vocación; y viceversa: su capacidad para adquirir privará sobre toda eventual incapacidad establecida por la ley que rige la adquisición hereditaria. § 82. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANJERA EN MATERIA DE INCAPACIDAD. - La formulación del principio ge-

neral está, sin embargo, sujeta a varias excepciones, conforme a las normas que inspiran el orden público y, eventualmente, las disposiciones más favorables de nuestro derecho. Así: a) La ley extranjera -en nuestro caso la del domicilio del heredero- no será aplicable cuando fuere incompatible con el espíritu de la legislación del Código Civil (art. 14, inc. 2o). En

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CAPACIDAD PARA SUCEDER

este sentido, el art. 9 o del mismo Código establece: "Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales". b) Tampoco se aplicará la ley extranjera cuando las leyes del Código, en colisión con aquélla, "fuesen más favorables a la validez de los actos" (art. 14, inc. 4 o ). Si según la ley del domicilio -se ha explicado- una persona careciere de capacidad jurídica o de obrar, teniéndola esta persona con arreglo al derecho argentino, debe privar la ley argentina. c) Otra importante excepción, según los alcances que se atribuyen a los arts. 10 y 11 del Cód. Civil, resultará en caso de que el contenido de la herencia, regida por la ley del último domicilio del causante, comprenda bienes inmuebles o muebles con situación permanente en la República. El art. 10 somete los inmuebles a las leyes argentinas, respecto de su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, modos de transferirlos, etcétera. La pregunta queda en pie: el heredero domiciliado en el extranjero, ¿deberá conformar su capacidad a las leyes nacionales? Así, si se trata del tutor, cuyas cuentas no fueron aprobadas, que es instituido por el ex pupilo y que, según la ley del domicilio del heredero no resulta incapaz, ¿será, no obstante, juzgada su capacidad, en el caso, por el art. 3736? Entendemos que, considerando que los arts. 10 y 11 se aplican a la adquisición a título universal, por sucesión universal, no queda otro camino que considerar a dichas normas como excepciones al principio que venimos estudiando y, por lo tanto, la capacidad del heredero será juzgada por la ley de situación independientemente de toda consideración a la del domicilio. C)

INDIGNIDAD

1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 83. CONCEPTO. - Entre los incapaces, el art. 3291 y ss. del Cód. Civil enumera a los indignos. Para establecer si la in-

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dignidad configura una incapacidad para suceder es menester antes ubicar el criterio seguido por la ley al disponer la exclusión del indigno. Hay, en la noción de indignidad, un evidente juicio de reproche que la ley hace al llamado a suceder en función de actos que han agraviado la persona del causante. Pero, como se ha dicho, la ley se funda en circunstancias que afectan a sujetos de derecho con aptitud general para ser instituidos herederos o legatarios. En las causas de indignidad domina la idea de acto ilícito concreto al que se responde con la sanción civil de la pérdida de la herencia. Rébora ha definido la indignidad como "una anomalía de la vocación sucesoria que se manifiesta por la mediación de ciertas circunstancias; que traduce o puede traducirse en la ineficiencia de esa vocación y que, en consecuencia, impide o puede impedir que alguien invista la calidad de sucesor o que, habiéndola investido, la retenga". En realidad la indignidad, como lo veremos, sólo se especifica y efectiviza cuando ha sido declarada judicialmente: el estado potencial de indignidad no constituye ninguna anomalía de la vocación hereditaria, pues mientras no sea declarada judicialmente no surte ningún efecto jurídico. Las causas de indignidad que establece la ley sólo operan a través de invocación y prueba, y entonces resuelven la adquisición del heredero. Pero bien se advierte que sólo puede ser declarado indigno quien tiene vocación hereditaria y, por lo tanto, capacidad para suceder como condición de eficacia de aquélla. En caso de entenderse lo contrario, la institución misma sería inoperante: no tiene mayor sentido excluir como indigno a quien es incapaz para suceder o carece de vocación. De ahí la relevancia que asume el perdón del ofendido como extinción de la acción de indignidad (art. 3297) e, incluso, la posesión trienal de la herencia o legado (art. 3298). § 84. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. - La indignidad para suceder, en sus orígenes, aparece estrechamente vinculada con la desheredación. En el derecho romano junto con la exheredatio (desheredación), con la que se protegía el interés privado tute-

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lando el resentimiento personal del ofendido contra el ofensor (quien podía o no ejercer la facultad de desheredar), existía la indignidad que tutelaba más bien el interés público, ya que repugnaba a la conciencia social que se pudiera suceder a quien se había hecho víctima de ultrajes de cierta gravedad. Sin embargo, los romanos no concibieron la indignidad como incapacidad para suceder: indignus potest capere, sed non potest retiñere. Si el indigno adquiría, esa adquisición estaba sujeta a una verdadera caducidad en virtud de la cual quedaría excluido de la sucesión pasando los bienes al erario (cerarium). En el derecho intermedio francés, la indignidad se acercará notablemente en su fundamento a la desheredación, porque asume más el carácter de tutela del interés privado que del interés público, encontrando su justificación en la voluntad presunta del causante. En nuestro derecho, sería impropio asimilar plenamente a la indignidad como una desheredación que la ley pronuncia atendido el exclusivo interés privado recurriendo a la "voluntad presunta del causante". Evidentemente hay connotaciones objetivas que exceden la consideración que así la explica. Las causales de indignidad tienen autonomía en carácter de sanción civil constituyendo un conjunto llamado "a salvaguardar el ambiente sustancial de la ética común", como decía Rébora. Y así vemos que la indignidad opera aun en los casos donde la voluntad del causante es impotente para desheredar. Por ejemplo, el atentado contra el cónyuge del causante es, según el art. 3291, una causa de indignidad, pero no de desheredación (art. 3747). Otra prueba evidente de que en la consagración del instituto de la indignidad están presentes sobre todo consideraciones objetivas, reside en la circunstancia de que las causas de aquélla son inoponibles contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, "aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después" (art. 3297). Es decir, la indignidad opera aun en contra de lo que puede suponerse hubiese dictado la voluntad presunta del causante. 6.

Zannoni. Manual.

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En síntesis, pues, la indignidad es o constituye un modo por el cual se resuelven los derechos sucesorios adquiridos por el llamado. Diríamos, de otro modo: la adquisición de la herencia está subordinada a que el adquirente no sea calificado por sentencia como indigno por haber incurrido en hechos de indignidad, que según la ley tornen, por efecto de la resolución, ineficaz su vocación. 2) CAUSALES DE INDIGNIDAD

§ 85. HOMICIDIO. - Dice el art. 3291: "Son incapaces de suceder como indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o de su cónyuge, o contra sus descendientes, o como cómplice del autor directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia acordada al criminal, ni por la prescripción de la pena". La ley habla en primer lugar de condenados en juicio, y, como se trata del delito de homicidio, o tentativa, la jurisdicción criminal es privativa. Por ello no puede existir la causal de indignidad si no se aduce la condenación contra el heredero a quien se pretende excluir de la herencia. Tampoco, si el homicida falleció antes de la condena criminal, aun cuando la acción civil pudiese ser intentada o continuada contra los respectivos herederos, según el art. 1101. La causal de indignidad que estudiamos se limita a los supuestos de homicidio o tentativa, como autor o cómplice. Dentro de la previsión se incluyen los instigadores y coautores (art. 45, Cód. Penal), como los cómplices y encubridores. La ley no distingue las circunstancias que califiquen el delito desde el punto de vista penal, pero entendemos que la indignidad supone fundamentalmente el dolo específico o eventual. Así, quedan excluidos los casos de homicidio culposo o preterintencional (arts. 84 y 81, inc. Io, Cód. Penal), o los supuestos en que el homicida fuese inimputable (art. 34, inc. Io, Cód. Penal). Inexplicablemente el art. 3291 limita la causal de indignidad al delito o tentativa de homicidio cometido contra el cau-

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sante, su cónyuge y descendientes. Concordamos en que se ha omitido a los ascendientes, respecto de los cuales median las mismas razones morales. Debió también haberse previsto el caso del pariente colateral que mata a otro colateral de grado más próximo - o de igual grado- para ocupar su lugar en la sucesión. § 86. CAUSANTE.

OMISIÓN

DE DENUNCIA

DE LA MUERTE VIOLENTA DEL

- De conformidad con el art. 3292: "Es también indTgrWrde suceder, el heredero mayor de edad que es sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión y que no la denuncia a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o descendientes, marido o mujer, o hermanos del heredero, cesará en éste la obligación de denunciar". La ley hace alusión sólo al heredero mayor de edad; al menor -decía Martínez Paz- se lo reputa sin la capacidad necesaria para conocer sus deberes y velar por sus intereses. Pero, si llegare a la mayor edad y no se hubiese procedido con anterioridad de oficio o por denuncia de terceras personas, estaría obligado a denunciar la muerte violenta del causante. El plazo de un mes, en estos casos, debe entenderse que corre a partir del día en que el heredero tuvo conocimiento de la muerte y de sus causas. § 87.

ACUSACIÓN

CRIMINAL CONTRA EL CAUSANTE. - El

art.

3293 dispone que es también indigno "e/ que voluntariamente acusó o denunció al difunto, de un delito que habría podido hacerlo condenar a prisión, o trabajos públicos por cinco años o más". Se ha justificado la disposición diciendo que el que acusa o denuncia voluntariamente a otra persona, aunque obrara legalmente, demuestra una actitud moral hacia el reo que hace razonable su exclusión de la herencia. En realidad, el art. 727 del Code y las legislaciones que sirvieron de fuente a Vélez Sársfield, previeron la exclusión de quien hubiera dirigido contra el difunto una acusación capital "juzgada calumniosa". Es decir que, según esas fuentes, lo que

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se sanciona no es la denuncia de un delito, sino la acusación calumniosa. Se ha entendido, sin embargo, que aunque el codificador se apartó de las fuentes, hizo bien, pues no puede heredar quien es capaz de acusar criminalmente al de cuius, sin tener obligación de hacerlo. A pesar de ello es discutible la afirmación -compartida por nuestra doctrina, en general- de que el art. 3293 se apartó de sus fuentes. Adviértase que la norma alude a la acusación o denuncia de un delito que "podría" haber hecho condenar al difunto a una pena de prisión o trabajos públicos por cinco años o más. Podría, bien puede significar que la condena se habría impuesto al causante de no ser la denuncia calumniosa, como la exigían las fuentes. De todos modos, de aceptarse que comprende toda denuncia o acusación, la norma exige tres requisitos: en primer lugar, que la acusación sea voluntaria, por lo que no incurriría en esta causal quien al efectuarla obre en virtud de un deber legal de formularla; en segundo término, la acusación debe constituir jurídicamente denuncia, es decir presentación ante la autoridad competente a los fines de poner en su conocimiento la comisión del delito; finalmente, tal denuncia debe referirse a un delito cuya pena sea de prisión o reclusión por cinco años o más. Recordemos que no existiendo en nuestra ley penal sino las penas de prisión o reclusión (aunque esta última, según el art. 6o, Cód. Penal, se cumple con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto, pudiendo los recluidos ser empleados en obras públicas de cualquier clase, salvo las que fuesen contratadas por particulares), la hipótesis se limitará a los casos de denuncia de delitos cuya pena alcance o exceda ese término de prisión o reclusión. § 88. ADULTERIO CON LA MUJER DEL CAUSANTE. -Respecto del tema, el art. 3294 dice: "Es igualmente indigno el condenado en juicio por adulterio con la mujer del difunto". Se trata, es obvio, de condena criminal en los casos que preveía en el art. 118 del Cód. Penal. Pero el supuesto pierde virtualidad desde que la ley 24.453 derogó el tipo penal del adulterio.

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De acuerdo con los términos de la ley, se requería la condena en juicio criminal por el delito de adulterio, es decir que no bastaba alegar el hecho del adulterio si, en vida, el causante no había deducido la acción penal que sólo él pudo instar (art. 74, Cód. Penal, también derogado) y el indigno hubiere sido condenado. Tampoco bastará -aunque ha sido criticado por alguna doctrina- el adulterio probado en el juicio de divorcio que promovió el causante contra su esposa y del cual puede resultar probada la identidad del codelincuente de la mujer. § 89. ABANDONO DEL DIFUNTO. - Establece el art. 3295 que es también indigno "el pariente del difunto que, hallándose éste demente y abandonado, no cuidó de recogerlo, o hacerlo recoger en establecimiento público". Dos observaciones en torno de esta causal de indignidad. En primer lugar, que el término parientes empleado por la ley no sólo alude a quienes gozan de vocación legítima en carácter de tales a la sucesión del causante. También podría deducirse la acción contra el heredero instituido que incurrió en abandono. Se produce aquí, como varias veces en el Código Civil, la sinonimia accidental a que alude Rébora entre el término pariente con el término heredero (de igual modo que similar sinonimia se produce entre causante y testador). La segunda observación: el abandono a que alude el art. 3295 no es sólo el del demente interdicto, sino en general, el abandono frente a quien se encuentra afectado en sus facultades mentales de modo que, siendo notoria la carencia de discernimiento, la circunstancia de no haber promovido la correspondiente denuncia de la insania (art. 144, inc. 2 o , Cód. Civil), haya expuesto al insano a su propio perjuicio. Por eso la doctrina concuerda, en general, en considerar que si el heredero cuidó del enfermo, aunque no promoviera el juicio de insania, no está alcanzado por la causal de indignidad que estudiamos. § 90. ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE TESTAR. - También se incluye entre los incapaces para suceder al que "estorbó

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por fuerza o por fraude, que el difunto hiciera testamento, o revocara el ya hecho, o que sustrajo éste, o que forzó al difunto a que testara" (art. 3296). En general puede decirse que el fundamento de esta causa de indignidad se encuentra en el fin primordial perseguido por la ley respecto de la manifestación libre y espontánea de la última voluntad del causante. Todas las hipótesis suponen, de un modo u otro, el interés por parte de quien estorbó por fuerza o mediante maniobras dolosas para que el causante testara, revocara el testamento, o lo sustrajo para captar en su beneficio la herencia. § 91. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ASISTEN CÍALES RESPECTO DE LOS HIJOS MENORES. - La ley 23.264 ha incorporado al

Código Civil un artículo nuevo, el art. 3296 bis, que establece: "Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna". La iniciativa, contenida en el proyecto de los senadores Menem y Sánchez, que no recibió observaciones en el tratamiento legislativo, constituye una saludable reacción del derecho positivo contra quienes no asumieran voluntariamente su paternidad o maternidad o desatendieran los deberes asistenciales hacia sus hijos menores. Amplía el elenco de causales de indignidad -ésta aplicable exclusivamente a los padres- que trasciende en sanción al progenitor que se ha sustraído deliberadamente de los mentados deberes asistenciales. Desde luego que, en cada caso, y demandada la resolución de la vocación, deberá analizar el juez la conducta del progenitor que pretende heredar a su hijo. Así, por ejemplo, pudo reconocerlo a los 18 años de edad y haberle prestado alimentos hasta la mayoría de edad, pero si se prueba que el padre o madre sabiendo quién era su hijo se negaron a reconocerlo antes, el reconocimiento tardío -próximo ya el hijo a cumplir la mayoría de edad- denotará que, hasta entonces, existió un deber asístencial insatisfecho y declarará resuelta la vocación. Como en to-

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dos los supuestos de indignidad, han de ponderarse los hechos y conductas en función de las circunstancias del caso. 3) DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD

§ 92. PROBLEMAS QUE PLANTEA. - Hemos dicho ya que la indignidad que no supone incapacidad para suceder, conlleva a la ineficacia de la vocación. Dicha ineficacia no es sino la resolución de los derechos adquiridos por el heredero judicialmente excluido por causa de indignidad. Estamos en presencia de una condición resolutoria implícita en la adquisición hereditaria. Tal condición, con que opera toda adquisición en esta materia, exige que el sucesor no haya incurrido en alguna de las causales que lo califiquen de indigno y, por supuesto, que tal situación de encuadramiento de su conducta no haya sido objeto de declaración específica por juez competente. § 93. CARÁCTER DECLARATIVO DE LA ACCIÓN. - Las causas enumeradas en el párrafo anterior no operan de pleno derecho, ni podrá concebirse, en esencia, que operasen ipso iure dada la naturaleza del instituto. Como toda sanción, exige obviamente una acción a través de la cual se prueben los extremos alegados y un pronunciamiento que declare excluido al indigno. La acción de indignidad es, en efecto, declarativa en el momento de la apertura de la sucesión y, por efecto de la sentencia, se reputará al indigno como no habiendo sido nunca heredero, sin perjuicio del derecho de representación (art. 3301). La acción de indignidad debe sustanciarse pot-juicia ordinario en cuanto significa una modificación sustancial del título hereditario obtenido mediante la declaratoria de herederos, si ésta fue dictada. Se aplican aquí las normas generales en cuanto a las acciones en el juicio sucesorio. § 94. LEGITIMACIÓN ACTIVA. - Dispone el art. 3304 que "las exclusiones por causa de incapacidad o indignidad, no pueden ser demandadas sino por los parientes a quienes corresponda

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suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con él". La concepción de la norma advierte un criterio restrictivo. Al mencionar a los parientes llamados a suceder a falta del indigno o en concurrencia con él, pareciera limitar la acción sólo a los herederos legítimos, cuya vocación ab intestato hace la ley basándose en el vínculo de parentesco. Sin embargo, entendemos que también están legitimados todos los que, en concurrencia o con exclusión del indigno, tienen vocación hereditaria: así, el cónyuge supérstite, si es heredero; el heredero íñsfifmdo en testamento, desde que, aun cuando su vocación encuentra fundamento en un acto de última voluntad del causante, independientemente del vínculo de parentesco, goza -como lo dispone el art. 3 7 1 3 - tanto respecto de terceros como respecto de los coherederos "de los mismos derechos que los herederos legítimos" y "pueden ejercer todas las acciones que podría ejercer un heredero legítimo". En cuanto al cónyuge, si bien no es, como explicita el art. 3304, pariente, lo cierto es que dentro del orden sucesorio excluye a los colaterales (arts. 3572 y 3585): resultaría infundado no asimilarlo, pues, a los legitimados para promover la acción de indignidad. § 95.

¿PUEDE

SER INTENTADA

POR LOS LEGATARIOS?

-Más

delicada es la justificación de la acción para los legatarios. Según un criterio, si bien de acuerdo con los términos expresos del artículo deben ser parientes, penetrando en el espíritu de la ley se impone concluir que la acción también debe concederse a los legatarios. Se señala que la acción no sólo tiene por objeto la sanción moral para separar al indigno, sino la de no perjudicar a aquellos que concurren con él a la sucesión, o que antes fueron beneficiados por el de cuius. En sentido contrario y con fundamento en el carácter restrictivo del artículo, otro criterio excluye a los legatarios de la acción de indignidad, porque si se admite que la existencia de un interés es suficiente para conceder la legitimación activa, el art. 3304 se transformaría en letra muerta no obstante el evidente sentido limitativo que lo inspira. Adherimos a esta última po-

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sición, en la medida en que la norma estudiada presupone en el actor vocación para suceder en concurrencia o con exclusión del indigno; situación que no se advierte en el legatario, ni aun de cuota, dada la naturaleza de su llamamiento. Anotamos que Bibiloni en el art. 2903 de su Anteproyecto amplió la preceptiva otorgando la acción a los parientes, cónyuge o herederos y legatarios testamentarios y, en general, a "todo el que estuviese sujeto a una acción de reducción, o a la colación, en virtud del reclamo deducido, o eventual, del indigno". § 96. OTROS TERCEROS. - En cuanto a los deudores de la sucesión, el art. 3299 es explícito: "no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o de indignidad". Tampoco están legitimados los acreedores de la sucesión desde que carecen de todo interés jurídico, ni los acreedores de otros herederos podrán por vía de la acción subrogatoria demandar la indignidad del coheredero: estamos frente a una acción no ejercióle subrogatoriamente, a los términos del art. 1196 y, reiteramos, el ejercicio de la acción no satisface para ellos ningún interés legítimo. Digamos también que sólo se legitima la acción entre coherederos con vocación actual, o eventual actualizable por la exclusión del indigno. En este sentido es claro el artículo que estudiamos. Finalmente, el fisco, en ningún caso estará en condiciones de oponer la indignidad: ni aun cuando se trate del único heredero. Como bien lo dice Salas, el fisco no es un sucesor universal ni singular del difunto, sino que recoge los bienes en virtud de su dominio eminente; su adquisición es originaria, encontrándose en cierto modo en una situación similar a la del aprehensor (art. 2545). § 97. LEGITIMACIÓN PASIVA. - Veamos ahora, en torno de la legitimación pasiva, quiénes pueden ser declarados indignos. En este sentido, de una correcta hermenéutica de los textos legales, se desprende que todo sucesor mortis causa, legítimo o testamentario, universal o particular, es susceptible de exclusión

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por indignidad. El art. 3298 hace referencia concreta a la herencia o legado; igualmente, el art. 3300 dispone que "a los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno". Aquí es menester aclarar que, respecto de los legatarios, se superponen la eventual acción de indignidad con la de revocación del legado por causa de ingratitud cuyas causales están previstas en el art. 3843. Nos encontramos, sin duda, frente a una defectuosa técnica legislativa. En el derecho francés la indignidad queda reservada propiamente a la sucesión legítima; la revocación de los testamentos y liberalidades (donaciones y legados) se funda en la ingratitud del favorecido por aquéllos, acudiéndose a consideraciones análogas. En cambio, en nuestro derecho, el legatario podrá ser declarado indigno o bien los herederos podrán accionar derechamente pidiendo la revocación del legado según el art. 3843 por alguna de las causales que él enumera. § 98.

MOMENTO

EN QUE DEBE EXISTIR LA INDIGNIDAD.

- El

art. 3302 dispone que "para calificar la incapacidad o indignidad, se atenderá solamente al tiempo de la muerte de aquel a quien se trate de heredar". En realidad parecería que el codificador ha entendido referirse al principio general en materia de incapacidad. Así lo demuestra la nota que recuerda el principio de la regla catoniana. En materia de indignidad, sin embargo, hay casos en los que la conducta del indigno se virtualizará con tal entidad después del fallecimiento del causante. Tal, por ejemplo, la hipótesis de omisión de denuncia (art. 3292) e, incluso, en la de sustracción del testamento (art. 3296). Aquí la alegación de indignidad habrá forzosamente de referirse a hechos posteriores a la apertura de la sucesión. Ahora bien; el principio que venimos considerando tiene interés, desde otro punto de vista, en el sentido de que la acción de indignidad nace con la muerte del causante y no antes; pero puede, no obstante, nacer después: ya vimos algún caso, al que corresponde añadir, en general, la si-

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tuación del llamado en segundo o ulterior grado. La alegación de la indignidad recién será viable cuando se opere la delación en su favor. § 99. INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. - Desde nuestros primeros comentaristas se ha planteado el problema de la divisibilidad o indivisibilidad de la acción de indignidad. El problema se resume así: declarada la indignidad reclamada por uno de los herederos, ¿aprovechará a los que no la pidieron ni fueron parte en el juicio? En general se coincide en que la acción de indignidad es indivisible ya que el declarado indigno es excluido de la herencia y reputado como no habiendo sido heredero -con las salvedades que determinan los efectos patrimoniales en cuanto a los actos celebrados por el indigno mientras gozó de la posesión: art. 3305 y ss.-, sea quien fuere el que demandó esa declaración. Ella tendrá efectos erga omnes aun respecto de quienes no la solicitaron. Mal puede argumentarse con los efectos relativos de la cosa juzgada, como lo hace Machado, porque si la calidad de heredero es indivisible, la demanda aunque se incoe por uno solo de los coherederos pone en marcha un proceso en que se discute la ineficacia de la vocación y, es claro, la vocación hereditaria por definición es un llamamiento objetivo -actual o eventual- que, con referencia al heredero, está referido a la sucesión como subiñgreso o subrogación a la totalidad del conjunto de titularidades transmisibles del causante. De admitirse la tesitura contraria, hasta podría darse el caso de que el excluido por indignidad en juicio seguido por uno de los herederos no lo fuese en juicio ulterior iniciado por otro heredero sin que pudiese invocarse la cosa juzgada del primer juicio. 4) EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD § 100. EXCLUIDO. -

EFECTOS RELATIVOS A LA SUCESIÓN DE LA QUE SE ES

Comienza diciendo el art. 3303 que "el que ha sido declarado indigno de suceder no es excluido sino de la herencia

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de la persona hacia la cual se ha hecho culpable de la falta por la que se ha pronunciado su indignidad"'. Esta norma es clara y la nota ejemplificativa de Vélez Sársfield tiende a precisar su alcance: la declaración de indignidad para heredar al causante no privará al indigno de heredar, eventualmente, a quien o quienes recibieron la herencia o a sus herederos. "Así, el indigno de heredar a Pedro no lo es de heredar al heredero de Pedro. Así también, si Juan por causa de indignidad ha sido excluido de la sucesión de Antonio, y esta sucesión por cualquier causa pasa a Pablo, Juan podrá, en calidad de heredero de éste, recoger los bienes que originariamente hacían parte de la herencia de que había sido excluido" (nota al art. 3303). Y esto es así porque, como dice Martínez Paz, citando a Chabot, la indignidad es una calidad personal y relativa; no se refiere tanto al impedimento para recibir determinados bienes como a la asunción del carácter hereditario respecto de determinada persona. De ahí que no se admita una interdicción que va más allá de la causa que la motiva, impidiendo recibir bienes que se integraron en el patrimonio de otras personas respecto de las cuales aquel indigno no está sujeto a ninguna causal de indignidad. § 101. LA OBLIGACIÓN RESTITUTORIA BLEMAS QUE PLANTEA. - En lo patrimonial,

DEL INDIGNO.

PRO-

el indigno que ha entrado en posesión de los bienes "está obligado a restituir a las personas a las cuales pasa la herencia por causa de su indignidad, todos los objetos hereditarios de que hubiere tomado posesión con los accesorios y aumentos que hayan recibido, y los productos o rentas que hubiere obtenido de los bienes de la herencia desde la apertura de la sucesión" (art. 3305). El codificador reputa en la nota al art. 3305 al indigno como poseedor de mala fe siguiendo a Chabot. De acuerdo con el sistema de nuestra ley, ya hemos explicado que el indigno no es un incapaz para suceder, sino que su adquisición es resoluble si acaece, posteriormente, declaración judicial de indignidad. Esto podría hacer pensar -nosotros lo sostuvimos en otra oportunidad- que al declarado indigno deben

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aplicarse las normas generales que regulan la obligación restitutoria del poseedor de buena fe. Un examen más detenido del problema nos persuade de lo contrario. § 102.

EL INDIGNO

COMO POSEEDOR DE MALA FE. - E n

la

mencionada nota al art. 3305, dice el codificador que "el derecho siempre considera al indigno como un extraño a la familia que se ha apoderado de la sucesión, como poseedor de mala fe aun antes de la demanda que contra él se funda". Y reitera en la nota al art. 3307: "la posesión de los bienes (por parte del indigno) es una posesión de mala fe, reconocida como tal en el derecho, porque el indigno sabe que la ley lo excluye de la herencia". Conforme a estos pensamientos, estaríamos ante un caso en que la mala fe se presume (art. 2362 in fine), ya que el indigno que, como tal, es conocedor de la causa que hace ineficaz su vocación, no podría alegar estar persuadido de la legitimidad de su adquisición (arg. art. 2356). Pero es claro, esta presunción de mala fe no resulta de texto normativo expreso. Más allá de las notas a los arts. 3305 y 3307 recién transcriptas, sólo podría resultar de una aplicación analógica del art. 2356 que, recurriendo a una noción subjetiva de buena fe en la posesión de las cosas, exige que ella resulte de la creencia -persuasión- de su legitimidad: el titular de la vocación luego declarado indigno no puede alegar en su favor esa creencia, pues sabía o debía saber que su adquisición estaba sujeta a resolución. Las modernas doctrinas sobre el concepto de buena fe en la posesión pueden, en este sentido, acercarnos a una solución dogmática acertada. Al aludirse a la posesión de buena fe se hace referencia a una cualidad en el sujeto que posee que consiste en la creencia o confianza, de su parte, de que su posesión no lesiona ningún derecho ajeno. Y aunque esa buena fe por sí sola no es la que hace legítima su posesión, es no obstante, sublegitimante en el sentido de que produce efectos jurídicos típicos a ella atribuidos. De ahí la distinción entre poseedor de buena fe y poseedor de mala fe. Este último no goza de esa suerte de

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sublegitimación como cualidad nacida de su creencia o confianza en que su posesión no lesiona ningún derecho ajeno. Pues bien, desde este punto de vista el declarado indigno no puede pretender alegar, en su favor, la buena fe en su adquisición. Es verdad que la posesión trienal de la herencia o del legado producen la caducidad de la acción de indignidad, pero esta caducidad, de operarse, no altera, obviamente, el conocimiento de la situación por el heredero que incurrió en causal de indignidad, a la época en que la herencia se le defirió. Es decir que su adquisición -opere o no la caducidad de la acción de indignidad- nace ya, sin esa cualidad sublegitimante a que antes aludíamos y que, eventualmente, permite al poseedor alegar los efectos de la buena fe en su posesión. § 103. RESTITUIR. -

NORMAS GENERALES APLICABLES A LA OBLIGACIÓN DE

En consecuencia, regirán, respecto de la obligación restitutoria del indigno, las normas generales aplicables al poseedor de mala fe. El art. 3305 se refiere a la restitución de los objetos hereditarios y sus accesorios, con los aumentos que ellos hubiesen experimentado, y, además, los productos o rentas obtenidos de los bienes hereditarios, desde la apertura de la sucesión. Esta norma es consecuente con el carácter declarativo de la acción de indignidad y la retroactividad de sus efectos. A la restitución deben, además, aplicarse las siguientes disposiciones: a) EN CUANTO A LOS RIESGOS POR PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES. Se aplicará la norma del art. 2435. El indigno respon-

derá de la pérdida -ruina- o deterioro de los bienes aunque ocurriesen por caso fortuito, salvo que su ruina o deterioro hubiesen acaecido igualmente estando en poder de los herederos. b) REFERENTE A LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LOS FRUTOS.

aplicarán los arts. 2438 y 2439. tisfacer el valor de los frutos no sino los que por su culpa hubiese derecho a deducir los gastos de

Se

Es decir, el indigno deberá sasólo efectivamente percibidos, dejado de percibir. Sólo tiene cosecha, cultivo y extracción.

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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Además, debe indemnizar a los herederos de los frutos civiles (v.gr., intereses de capitales en dinero; rentas de inmuebles, etc.), que los bienes podrían haber devengado en favor de aquéllos. Similar principio consagra el art. 3306 (ver § 104). c) CON RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DE GASTOS REALIZADOS POR EL INDIGNO. Se aplicará el art. 2440. Es decir, sólo podrá re-

clamar los gastos necesarios hechos en bienes hereditarios, no así los gastos útiles o meramente voluntarios, salvo lo dispuesto en el art. 2441. d) CONFORME A LOS GASTOS POR MEJORAS. Se aplicará el art. 2441. El indigno sólo podrá repetir las mejoras útiles que hayan aumentado el valor de los bienes hereditarios, pero sólo hasta la concurrencia del mayor valor existente, el que, a su vez, podrá compensar con los frutos percibidos o dejados de percibir por su culpa (arg. art. 2438), y que, como sabemos, debe restituir. En lo relativo a las mejoras voluntarias, podrá retenerlas para sí si son separables, y con la separación no se causa perjuicio al bien en el cual se introdujeron. § 104.

DESDE CUÁNDO SE DEBEN LOS FRUTOS O INTERESES.

-

El art. 3305 establece que los productos o rentas se deben "desde la apertura de la sucesión". Seguidamente el art. 3306 dispone que el indigno debe "satisfacer intereses de todas las sumas de dinero que hubiere recibido, pertenecientes a la herencia, aunque no haya percibido de ellas intereses algunos". Como se ve, la ley no dispone expresamente desde cuándo se computarán los intereses por las sumas de dinero. En la doctrina existió una ardua controversia al respecto. Malpel sostenía que se debían desde la demanda de exclusión; Zachariae, Aubry y Rau, en cambio, entendían que los intereses debían computarse desde que el indigno percibió la suma de dinero que los devenga, aunque esa percepción fuese anterior o posterior a la demanda. Vélez Sársfield parece inclinarse, implícitamente, por esta última solución en la nota al art. 3306. A nuestro juicio, es la solución adecuada que, por otra parte, surge del propio

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

art. 3306: el indigno debe los intereses de las sumas de dinero que hubiere recibido. Es a partir de entonces que el capital puede devengar, para los herederos, intereses y no antes, pues no existían aún en el acervo hereditario, salvo como simples créditos, en su caso. § 105.

CESACIÓN

DE LOS EFECTOS DE LA CONFUSIÓN. -

Ex-

cluido el indigno, cesan, además, los efectos de la confusión como medio extintivo de obligaciones cuando la aceptación de la herencia lo fue sin beneficio de inventario (art. 862), por lo que "los créditos que [el declarado indigno] tenía contra la herencia o de los que era deudor el heredero excluido por causa de indignidad como también sus derechos contra la sucesión por gastos necesarios o útiles, renacen con las garantías que los aseguraban como si no hubieren sido extinguidos por confusión" (art. 3308). § 106.

EFECTOS RESPECTO DE LOS HEREDEROS DEL INDIGNO.

- En relación con los herederos del indigno, a éstos "se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad por todo el tiempo que falte para completar los tres años" (art. 3300). El artículo se refiere a los tres años requeridos para la purga de la indignidad por posesión de la herencia o legado; art. 3298 (ver § 110). Esta disposición, concordada con el art. 3307, que acuerda la acción reivindicatoría de los bienes de la sucesión contra los herederos del indigno y, más aún, con el art. 3301, que acuerda a los hijos del indigno derechos sucesorios por representación, la estudiaremos en el capítulo correspondiente al derecho de representación, adonde reenviamos.

REMISIÓN.

§ 107. EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS. -Veamos, finalmente, los efectos relativos de la declaración de indignidad respecto de terceros. El art. 3309 dispone: "Las ventas que el excluido por indigno de la sucesión hubiere hecho, las hipotecas y servidumbres que hubiere constituido en el tiempo intermedio, como también las donaciones, son válidas y sólo hay acción

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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contra él por los daños y perjuicios". Y agrega el art. 3310: "Las enajenaciones a título oneroso o gratuito, las hipotecas y las servidumbres que el indigno hubiese constituido, pueden ser revocadas, cuando han sido el efecto de un concierto fraudulento entre él y los terceros con quienes hubiese contratado". En sus relaciones con los terceros -dice Salas- el indigno es considerado como heredero hasta el día en que se declara su indignidad; los actos de administración o de disposición que haya realizado, sean a título oneroso o gratuito, mantienen su eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad del indigno frente a los llamados en su lugar. En este punto su situación es diferente de la del heredero aparente, cuyos actos de disposición (art. 3430, ley 17.711) pueden ser revocados. La diferencia, que ha sido criticada, se explica si se tiene en cuenta que el indigno era propietario de los bienes, aunque su título fuera resoluble, mientras que el heredero aparente, si bien goza de la posesión, no es propietario de la herencia: su derecho es aparente, dentro de la nomenclatura tradicional. La situación del indigno se asemeja más a la del donatario ingrato, cuyos actos reciben el mismo tratamiento (art. 1866). § 108. VALIDEZ DE LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL TIEMPO INTERMEDIO. CONCEPTO. - La ley valida los actos del in-

digno "durante el tiempo intermedio". ¿Qué debe entenderse por tal? O es el que transcurre hasta el momento de la declaración de indignidad o sólo hasta que se promueve la demanda por exclusión. El art. 1866 alude a la inoponibilidad de la revocación de las donaciones por ingratitud respecto de terceros por los actos de disposición hechos por el donatario "antes de serle notificada la demanda". Sin embargo, el codificador en la nota al art. 3309, siguiendo a Aubry y Rau, entiende que, siendo el indigno dueño efectivo de los bienes hereditarios - e insiste: "aunque el derecho lo suponga poseedor de mala fe al solo efecto de castigar su culpa o delito"-, el dominio sólo se revoca desde la sentencia que lo excluye de la sucesión, ex nunc. Nos adherimos a esta última interpretación que concilia mejor la se7. Zannoni, Manual.

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

guridad. Pero ocurre que la adquisición de la herencia puede consolidarse definitivamente, tornando inoponible la causa de indignidad. Dos son los únicos casos en que ello puede ocurrir. § 109. PERDÓN. - Dispone el art. 3297 que "las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes, no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después". Se trata tanto del perdón expreso en testamento posterior a los hechos que fundarían la declaración de indignidad, como el tácito que resultaría de una institución o mejora al heredero en cuestión. Nuestra ley exige que el perdón conste, o, mejor, surja inequívocamente de testamento posterior al hecho. Se pregunta, sin embargo: el perdón, o la reconciliación que no constan en testamento, pero cuya prueba es plenamente satisfactoria, ¿cumple la exigencia del art. 3297? Aplicando la letra expresa de la ley, parece imposible admitir otros medios de prueba de la reconciliación. Pero es evidente que la ley es inconsecuente frente al caso, similar, de la desheredación que sólo requiere la reconciliación, sin imponer formas ad solemnitatem. De todas formas el perdón a que se refiere el art. 3297 debe constar en un testamento posterior al hecho, y este testamento debe ser válido y no quedar revocado antes de la muerte del causante. Como ya dijimos, no requiere que el perdón sea expreso, sino que puede resultar, simplemente, de instituciones testamentarias hechas en favor del heredero que incurrió en la causal que permitiría excluirlo como indigno. § 110. POSESIÓN TRIENAL DE LA HERENCIA O LEGADO. - Reza el art. 3298: "La indignidad se purga con tres años de posesión de la herencia o legado". Debemos advertir que se trata de la posesión hereditaria (art. 3410 y ss.) y no de la posesión material de las cosas que integran el acervo hereditario (art. 2351). Algún fallo entendió, sin embargo, que el art. 3298 se refiere a la posesión material de los bienes, considerando "la redacción

99

CAPACIDAD PARA SUCEDER

del precepto, su naturaleza, y del hecho de no hacer distingos entre las distintas clases de herederos según el grado al equiparar a éstos con los legatarios". Más allá de los argumentos que se han dado para defender una u otra opinión, existe -como bien dice Salas- una razón dogmática que exige interpretar que el art. 3298 se refiere a la posesión hereditaria. Si se tratase de la posesión material de los bienes, el término correría independientemente para cada uno de los objetos particulares que comprende la herencia; la consecuencia necesaria de ello es que la acción podría prosperar con respecto a algunos bienes y no con respecto a otros, según que para cada uno de ellos hubiesen transcurrido los tres años de posesión con lo que el indigno se encontraría en una situación híbrida: sería heredero con respecto a los bienes en que el término se encontrase cumplido y no lo sería con respecto a los demás, contrariando los principios básicos en materia de herencia (arg. art. 3417). Todo ello nos persuade del absurdo que comporta el considerar la purga de la indignidad con base en la posesión material de los bienes: el heredero adquiriría parte de los bienes, pero ¿a qué título? No de sucesor, porque fue excluido. Es que estaríamos en presencia de un típico caso de interversión del título de la adquisición, cosa que, de ningún modo, surge de una interpretación coherente de la ley. Desde ya que, con referencia a los legados, no cabe hablar de la posesión hereditaria, y la alusión del artículo no puede menos que referirse a la posesión derivada de la entrega. El art. 3767 es expreso: "el legatario no puede tomar la cosa legada sin pedirla al heredero o albacea, encargado de cumplir los legados". D)

DESHEREDACIÓN

1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 111. CONCEPTO. - Hemos adelantado, en su oportunidad, que en nuestro derecho, como en la mayoría de las legislaciones

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

modernas de tradición romanista, existen herederos legitimarios llamados por nuestro Código herederos forzosos, que son aquellos "a quienes la ley reserva en los bienes del difunto una porción de que no puede privarlos, sin justa causa de desheredación" (art. 3714). La noción de heredero forzoso va íntimamente vinculada con la existencia de la legítima, o derecho de sucesión garantizado por la ley "a determinada porción de la herencia", según el art. 3591. Ahora bien, a la existencia de herederos legitimarios va unida, necesariamente, la institución de la desheredación. Desheredar no significa sino privar de la herencia -por más que el art. 3744 se refiera a la legítima- a quien según la ley y los principios de la sucesión ab intestato, tiene vocación legitimaria. Respecto de los herederos que, aunque legítimos, no sean legitimarios o forzosos, la desheredación no se requiere indispensablemente para privarlos de la adquisición: basta la simple voluntad del testador, que, instituyendo herederos, omite hacerlo en relación con quien o quienes a falta de testamento serían llamados a sucederlo. 2) CAUSALES DE DESHEREDACIÓN Y HEREDEROS QUE PUEDEN SER DESHEREDADOS

§ 112. PRINCIPIO GENERAL. - La desheredación se produce, pues, a través de una disposición expresa del causante en su testamento, mediante la cual, fundado en alguna de las causas previstas por la ley, priva al heredero forzoso de su llamamiento legítimo a la herencia. Al respecto, el art. 3745 establece claramente que "la causa de la desheredación debe estar expresada en el testamento. La que se haga sin expresión de causa, o por una causa que no sea de las designadas en este título, es de ningún efecto". De lo cual se colige que la desheredación no puede hacerse por otro acto jurídico que no sea, precisamente, un testamento, aunque la voluntad del causante constare en otro acto auténtico.

101

CAPACIDAD PARA SUCEDER

§ 113.

TAXATIVIDAD

DE LAS CAUSALES DE

DESHEREDACIÓN.

Los hechos que autorizan al testador a desheredar son los taxativamente previstos en el art. 3747 cuando se trata de la desheredación del ascendiente a su descendiente y en el art. 3748 cuando es el descendiente el que deshereda al ascendiente. El art. 3744 dispone que la desheredación sólo puede operar por dichas causales "y no por otras aunque sean mayores". Constituye ello una norma categórica que impedirá al testador fundar la exclusión o privación del llamamiento al heredero en actos que pueden, eventualmente, importar afrentas mucho más graves que las enumeradas legalmente. Si ellas no constituyen causales de indignidad y como tales fueran alegadas por los coherederos, es obvio que la vocación no sufrirá alteración alguna. Esto ha llevado a cierto sector de la doctrina a propugnar que la desheredación sea absorbida por la indignidad, ampliándose notablemente el elenco de supuestos que la provocan. Otros autores, si bien sostienen que ambas instituciones deben legislarse separadamente, opinan que deben ampliarse las causas de desheredación. Así, por ejemplo, estableciendo como tales, la negativa a alimentos al causante, las injurias graves, el desamparo o abandono, etcétera. §114.

CA ÚSALES DE DESHEREDA CIÓN A LOS

DESCENDIENTES.

El art. 3747 enumera, en tres incisos, las causas por las cuales los ascendientes pueden desheredar a los descendientes: Io) "Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente. La simple amenaza no es bastante". Según esta conceptualización, no bastan las injurias verbales, ni las amenazas que no signifiquen coacción, o la burla, el descrédito o la difamación. Se trata exclusivamente de "meter manos airadas en el padre para ferirle o para prendarle", a que refieren las partidas alfonsinas. Pero el concepto es por demás circunscripto, ya que, en todo caso, se requieren las vías de hecho: ofensas materiales. Pero, ¿qué duda cabe de la insuficiencia del precepto y la lenidad que emerge del contexto de la norma? Se requerirá en todo caso el elemento intencional que haga impu-

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

table al descendiente. Así, el hijo menor de catorce años y el demente, no podrían ser desheredados ya que carecen del discernimiento requerido para imputárseles la intencionalidad de las injurias de hecho. 2o) "Si el descendiente ha atentado contra la vida del ascendiente". No se requiere, como en el caso similar del art. 3291, la condena en juicio. Asimismo, basta la tentativa; pero sólo referida a la persona del ascendiente. El inc. 2 o del art. 3747 no hace extensiva la desheredación para el caso en que la tentativa de homicidio sea contra el cónyuge u otros parientes. 3o) "Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que merezca pena de cinco años de prisión o de trabajos forzados". Son aplicables, aquí, las consideraciones hechas valer respecto de similar causal de indignidad. § 115.

CAUSALES

DE DESHEREDACIÓN

A LOS

ASCENDIENTES.

En cuanto al descendiente "puede desheredar al ascendiente por las dos últimas causas del artículo anterior" (art. 3748). Siguiendo el tradicional concepto de autoridad paternal, el Código no ha admitido que las vías de hecho que el padre toma contra su hijo autoricen a éste a desheredarlo. Sin embargo, correspondería preguntarse hasta qué punto el criterio es sostenible; porque si es cierto que los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir moderadamente a sus hijos (art. 278), ello no descarta que aquéllos puedan incurrir en malos tratamientos previstos en el art. 307 como causa de privación de la patria potestad. § 116. ¿Es DESHEREDABLE EL CÓNYUGE? - Es evidente que, aunque el art. 3744 hable de herederos forzosos, la regulación específica de la desheredación en el Código Civil se refiere exclusivamente a la línea recta ascendente y descendente. La omisión del cónyuge, a nuestro juicio, no obedece sino a la sujeción del codificador a las fuentes de que se valió: fundamentalmente, las Novelas, la antigua legislación española y el Proyecto español de 1851. No pensamos que pueda creerse que

CAPACIDAD PARA SUCEDER

103

Vélez Sársfield obró explícitamente, atendiendo a que el cónyuge puede ser excluido por vía de la indignidad (art. 3304), como por consecuencia de haber sido declarado culpable de la separación personal (art. 3574) o de la separación de hecho (art. 3575). Son, en esencia, situaciones jurídicas distintas subsumibles todas en casos típicos de indignidad, alegables por los coherederos, quienes en todo caso pueden silenciar. Lo que ocurre es que el cónyuge, en la legislación española e incluso en el Proyecto español citado, ocupaba una posición distinta de la que le atribuyó Vélez Sársfield en el orden sucesorio (art. 3572), y en ningún caso era legitimario (art. 3595). Aquí está, en concreto, la verdadera razón de la omisión. Las fuentes de que se valió el codificador no incluían la desheredación del cónyuge, sencillamente porque éste no era heredero forzoso. Sólo se asignó porción legítima a los hijos y ascendientes. Pero Vélez Sársfield al confrontar esas fuentes olvidó seguramente que dentro de la definición general del art. 3744 -tomada del Proyecto de García Goyena- estaba incluido el cónyuge y, siguiendo la estructura de aquéllas, sólo involucró a los ascendientes y descendientes, en los arts. 3747 y 3748. Con lo cual, dado el carácter restrictivo con que debe interpretarse el instituto, es evidente que no cabe la desheredación del cónyuge por más que las causas que permiten desheredar sean comunicables analógicamente a él. § 117. PRUEBA DE LAS CAUSALES. - L a desheredación, sabemos, priva de llamamiento al desheredado. Pero se requiere que los coherederos prueben, en su caso, las causas expresadas por el testador. Al respecto, establece el art. 3746 que "los herederos del testador deben probar la causa de desheredación, expresada por él y no otra, aunque sé~a una causa legal, si la causa no ha sido probada en juicio en vida del testador". Es decir que pueden presentarse dos situaciones: a)

QUE LA CAUSA DE DESHEREDACIÓN HAYA SIDO YA PROBADA EN VIDA

DEL CAUSANTE.

Así, por ejemplo, si el descendiente fue conde-

104

MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

nado por el delito de lesiones contra el ascendiente, como la condena hace cosa juzgada a su respecto, los herederos no necesitarán probar, luego de su fallecimiento, la causa invocada. Ella surge inequívocamente de la condena misma, que se acreditará con la sentencia. b) QUE LA CAUSA DE DESHEREDACIÓN NO HAYA SIDO JUZGADA EN VIDA DEL CAUSANTE. En este caso es a cargo de los herederos, que

invocando la desheredación pretenden excluir al desheredado, probar la causa expresada por el causante en el testamento. El causante puede haberse limitado a invocar la causa, sin mencionar los hechos que la fundan, caso en el cual los herederos deberán, por supuesto, individualizarlos. Si el causante ha hecho la mención de las circunstancias que motivan la desheredación, y éstas fuesen negadas por aquel a quien la desheredación se opone, deberán probarse por quienes hacen valer la privación del llamamiento emergente de ella. 3) CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y SU EXTINCIÓN §(118.

SITUACIÓN

DEL DESHEREDADO

HASTA LA SENTENCIA

QUE DECLARA PROBADA LA CAUSAL DE DESHEREDACIÓN.

- Aunque

el desheredado controvierta la existencia de la causa invocada por el testador para desheredarlo, su exclusión lo priva de llamamiento ipso iure. Aunque se trata de un heredero forzoso, es decir, de un legitimario, carece provisionalmente de vocación y quienes accionan podrán obtener medidas precautorias en la acción para evitar que el desheredado pueda invocar su título de heredero. Si la sentencia reputa probada la causa y se dicta sentencia declarando la exclusión del desheredado, éste quedará en la misma situación del heredero aparente de mala fe (arg. art. 3428), y los eventuales actos de administración y disposición que hubiese realizado se regirán por las normas aplicables a él. § 119.

QUIÉNES

PUEDEN ACCIONAR.

- Implícitamente, el

contexto de nuestro Código Civil sugiere que la acción contra

CAPACIDAD PARA SUCEDER

105

el desheredado puede ser intentada por los coherederos (así, el art. 3746, que dispone que los herederos del testador deben probar la causa de la desheredación..., etcétera). Es decir que prima facie ninguna duda cabe: están legitimados activamente para accionar los llamados juntamente con el desheredado (cotitulares con él de vocación actual), o, en su caso, los titulares de vocación eventual actualizable por la exclusión del desheredado. También pueden accionar quienes, en virtud de la exclusión, actualizan su vocación por derecho de representación (art. 3749), es decir, los nietos del causante que desheredó a su padre. Finalmente, también podrán accionar los herederos instituidos. Pero, asimismo, en el Código no existen limitaciones para que eventualmente otros sucesores, como los legatarios o los acreedores de quienes pueden accionar, ejerciendo la acción subrogatoria (art. 1196), opongan al desheredado la privación de su vocación. Los primeros -los legatarios- pueden tener interés legítimo si, por la exclusión, se amplía la porción disponible del causante y debido a ello sus liberalidades dejan de ser inoficiosas. Los acreedores de quienes podrían accionar y no lo hacen, resguardan, obviamente, la solvencia de sus créditos por cuanto, por la exclusión del desheredado, su deudor acrecerá la alícuota hereditaria. Estimamos que, al no existir limitación legal de los legitimados para accionar, no puede aplicarse el criterio restrictivo que preside en materia de legitimación para oponer la indignidad. En este caso el art. 3304 sólo permite accionar a los parientes a quienes corresponde suceder a falta del indigno, como ya se estudió (ver § 94 a 96), resguardando los límites éticos que inspira el interés legítimo. En cambio, cuando es el propio causante el que ha expresado en el testamento su voluntad de excluir a uno de los herederos forzosos, la ausencia de vocación es alegable por todo aquel que tenga un interés legítimo, aunque fuese meramente patrimonial. § 120. EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN RESPECTO DE LOS DESCENDIENTES DEL DESHEREDADO. REMISIÓN. - Establece el art. 3749,

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

en el texto dispuesto por la ley 17.711, que "los descendientes del desheredado, heredan por representación y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes". Esta norma, en su evolución interpretativa, y junto a su similar prevista para el caso de indignidad (art. 3301) serán estudiadas en el capítulo correspondiente al derecho de representación, al cual reenviamos. § 121. EXTINCIÓN DE LA DESHEREDACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN. - Puede ocurrir que el causante haga su testamento en que

deshereda a uno de sus herederos forzosos, y que, con posterioridad, se produzca la reconciliación entre ambos, sin que medie revocación de la disposición testamentaria por la cual lo desheredó. Previendo tal caso es que el art. 3750 dice: "La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido quita el derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha". La reconciliación consiste en el perdón de las afrentas o agravios inferidos y, simultáneamente, en la aceptación del perdón por el ofensor. Por eso i la reconciliación requiere una relación recíproca y bilateral, restableciendo las afecciones ínsitas en el parentesco, a diferencia del perdón como causa de extinción de la indignidad que pudo no importar ese restablecimiento. Puede resultar de los más diversos hechos, puede ser expresa o tácita. Consiguientemente, la prueba de la reconciliación es amplia, a diferencia del perdón del ofendido en la indignidad, que debe resultar, inequívocamente, del testamento del causante (cfr. art. 3297; ver § 109). Esa reconciliación impedirá, para el futuro, alegar los hechos como causa de desheredación, y si ésta ya hubiese sido hecha, caduca ipso iure la disposición testamentaria que la contiene. En este caso, corresponderá al desheredado alegar como hecho impeditivo de la exclusión demandada en virtud de la desheredación caduca, la reconciliación posterior operada. Y a su cargo, por supuesto, estará la prueba de ella.

CAPACIDAD PARA SUCEDER

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LECTURAS Y CASOS PRÁCTICOS SUGERIDOS LECTURA Fallo de la CNCiv, Sala A, 14/12/55, LL, 81-655. Sistematice los argumentos en favor y en contra de la acción declarativa en el caso. Fallo de la CNCiv, Sala E, 29/6/65, LL, 120-173. Sintetice el caso. Vincule el tema con la incapacidad para recibir por testamento. CASOS PRÁCTICOS

a) Sonia, viuda de Hugo, da a luz a un hijo dentro de los trescientos días del fallecimiento de su esposo. Los padres de Hugo, herederos a falta de descendientes, pretenden excluir al hijo postumo afirmando que Sonia fue inseminada con semen de Hugo después de su fallecimiento. ¿Será proponible la acción, y en su caso con qué fundamento legal? b) Al fallecimiento de Roberto, que ya es mayor de edad, Zulema pretende heredarlo diciéndose su madre. Sin embargo, nunca lo reconoció formalmente en el Registro Civil si bien le dio trato de hijo desde su nacimiento, lo cuidó y alimentó durante toda la minoridad, viviendo juntos hasta el fallecimiento. ¿Prosperará la demanda de exclusión por indignidad fundada en el art. 3296 bis del Cód. Civil, que ha entablado contra Zulema la viuda de Roberto? c) A la muerte de Raúl, uno de sus hijos, sin aceptar, ni renunciar a la herencia, continuó ocupando la casa de propiedad de su padre que éste le facilitó años antes, en ocasión de casarse ese hijo. Cinco años después del fallecimiento de Raúl los restantes hijos promueven el proceso sucesorio e inician acción de indignidad contra su hermano acusándolo de haber impedido que su padre testara, forzándolo a no hacerlo. ¿Podrá el demandado invocar la caducidad de la acción con fundamento en el art. 3298 del Cód. Civil aduciendo que ha poseído la casa, que es un bien de la herencia, durante más de tres años? d) Rogelio, siendo a la sazón viudo, desheredó en un testamento a su hijo Claudio en razón de haberlo éste injuriado de hecho, castigándolo físicamente. Dos años después de ello, Rogelio contrae matrimonio nuevamente. A su fallecimiento, la viuda pretende excluir a Claudio de la sucesión de su padre. Claudio alega que la desheredación no es operante pues el testamento en que se hizo quedó legalmente revocado en virtud de lo dispuesto por el art. 3826 del Cód. Civil. ¿Qué sentencia dictaría en la causa?

I

I I

CAPÍTULO III

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA A) DERECHO DE OPCIÓN DEL SUCESIBLE

§ 122. PRINCIPIOS GENERALES. - No estará de más recordar los principios fundamentales ya estudiados en cuanto a la adquisición de la herencia: a) Dice el art. 3282: "La sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión", y la nota, mucho más gráficamente, reitera: "La muerte, la apertura y la transmisión -y, por ende, la adquisición- se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles". b) En consecuencia, "el heredero, aunque fuera incapaz, o ignorase que la herencia se le ha deferido, es sin embargo propietario de ella, desde la muerte del autor de la sucesión" (art. 3420). c) Pero esta propiedad, dijimos, está sujeta a una eventual resolución a través de la renuncia, juzgándose al renunciante como no habiendo sido nunca heredero (art. 3353). d) De lo que se desprende que, desde la apertura de la sucesión hasta la efectiva aceptación, el concepto de propiedad de la herencia satisface una exigencia atributiva del derecho en orden a la sustitución subjetiva del patrimonio del causante sin solución de continuidad. En otras palabras: la ley pretende que

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

el patrimonio no carezca de titular, instrumentando los principios fundamentales de la continuación de la persona del causante por el heredero y la confusión de patrimonios (arts. 3342, 3343, 3417, etcétera). e) Además, permite explicar el sistema de vocaciones simultáneas, el efecto retroactivo de la aceptación y renuncia, impidiendo toda consideración en torno de la herencia yacente. / ) Aunque, según se vio también, durante el período de la herencia provisionalmente no aceptada no existe, estrictamente, titular de la herencia, sino titular de la vocación hereditaria. Y, puesto que la calidad de heredero no viene impuesta, irrenunciablemente, por la ley o por el testador, la vocación o llamamiento pueden resolverse mediante un acto expreso de voluntad del llamado. Tal, el sentido de la renuncia. Correlativamente, la vocación o llamamiento pueden consolidarse definitivamente, mediante otro acto: la aceptación. Con lo cual queda claro el sentido con que debe entenderse el principio de que el heredero es propietario o titular de la herencia desde el momento de la apertura de la sucesión (art. 3420): a partir de la apertura, el llamado es titular de la vocación hereditaria y su derecho, respecto de %. herencia, se reduce a consolidar o resolver la vocación mediante la aceptación o renuncia, respectivamente. Por eso, también, la aceptación y la renuncia no pueden hacerse sino después de la apertura de la sucesión (art. 3311): tal es el instante en que para el sucesible aparece la causa o fuente del llamamiento. Y, consecuentemente, quien hubiere aceptado o renunciado la sucesión de una persona viva, podrá, sin embargo, aceptarla o renunciarla después de la muerte de esa persona (art. 3312). § 123. TARIA. - La

LA OPCIÓN DEL TITULAR

DE LA VOCACIÓN

HEREDI-

apertura de la sucesión, reiteramos, es un hecho: la muerte del titular del patrimonio. Dicho patrimonio, en tanto conjunto de titularidades transmisibles, se atribuye subjetivamente, desde el instante mismo de la apertura, a quienes, siendo

111

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

titulares de la vocación hereditaria están, además, posibilitados -por la llamada delación- para aceptar y asumir la calidad de herederos. Pero, según el viejo aforismo francés, nul n'est héritier qui ne veut (no es heredero sino el que quiere), puede acontecer que el llamado: a) no se pronuncie; b) que acepte, o c) que renuncie. § 124.

PLAZO

PARA

EJERCER

EL DERECHO

DE OPCIÓN.

-

Mientras el titular de la vocación hereditaria no se pronuncie, si bien la ley lo reputa propietario de la herencia desde el momento de la apertura, conserva el derecho de opción entre aceptar o renunciar. El art. 3313, fijando los límites temporales en que puede ejercer tal opción, establece: "£7 derecho de elegir entre la aceptación y renuncia de la herencia se pierde por el transcurso de veinte años, desde que la sucesión se abrió". Expresado en otros términos: la titularidad de la vocación o llamamiento otorga la opción entre la aceptación o renuncia de la herencia, pero la opción desaparece, o mejor, el derecho a optar, se extingue transcurridos veinte años desde la apertura de la sucesión. § 125. TRANSCURSO DEL PLAZO SIN HABERSE EJERCIDO EL DERECHO DE OPCIÓN. PROBLEMA QUE PLANTEA. - La pregunta sur-

ge inmediata: extinguido el derecho de optar, ¿la vocación hereditaria se consolida o se resuelve? O, como lo formula la doctrina tradicional: el heredero que ha dejado pasar los veinte años sin hacer la opción, ¿será considerado aceptante o renunciante? § 126.

FUENTES

DEL CÓDIGO

CIVIL.

TESIS

TRADICIONA-

LES. - E l asunto ha sido arduo. Nuestro art. 3313 reconoce como fuente el art. 789 del Cód. Civil francés, que redactado en términos genéricos, sujeta la facultad de aceptar o repudiar a un término de prescripción, sin establecer las consecuencias de la inercia del llamado. Vélez Sársfield, en la nota al art. 3313, recuerda la solución de parte de la doctrina y jurisprudencia francesas clásicas, que

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consideraban que, transcurrido el término sin que el sucesible hubiese optado, debía considerárselo aceptante de la herencia. Con el transcurso del plazo de veinte años desde la apertura de la sucesión, el heredero debe, según tal criterio, ser considerado aceptante (o sea que pierde el derecho de optar por la renuncia) porque la adquisición opera desde la apertura de la sucesión. Esa adquisición estará sujeta a resolución, pero, extinguido el derecho del llamado a optar por ella, lo que se pierde es la facultad de renunciar. El llamado queda en el statu quo. Según otra posición, el silencio del llamado a la sucesión podría excepcionalmente ser interpretado como renuncia a la herencia. Se trataría del caso en que el heredero, sabedor de que otros llamados han aceptado, se abstiene de aceptar por su parte y deja transcurrir el plazo legal. Para ese caso este sector de la doctrina entendía que "el silencio del heredero que se ha abstenido equivale a una renuncia de su parte y pierde la facultad de aceptar", como dice Vélez Sársfield en la citada nota al art. 3313. Finalmente, una tercera tesis entendía que el heredero que guarda silencio durante todo el término de que goza para ejercer el derecho de opción, debe ser considerado renunciante en todos los casos. Interpreta que imponer al llamado el carácter de aceptante importaría someterlo a una aceptación forzada que, además, y en virtud de la confusión de patrimonios, podría resultarle en extremo onerosa si la sucesión fuese insolvente. A esta posición se respondió, sin embargo, que considerar al llamado como renunciante por el solo hecho de su silencio, desconocería que la renuncia a la herencia no se presume. A pesar de ello en este siglo es ésta la apreciación que ha predominado en Francia considerándose que el derecho de opción importa una facultad única: la libre opción entre la aceptación y la renuncia. Esa facultad, indivisible, no es más que el derecho hereditario mismo, la condición de heredero del llamado a la herencia, y ése es el derecho que se prescribe, extinguiéndose, como los demás, por el transcurso del plazo.

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

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§ 127. DOCTRINA ARGENTINA. JURISPRUDENCIA. - A la vista de lo expuesto por Vélez Sársfield en la nota al art. 3313 y de los autores que sustentaban igual posición, es evidente que el codificador se adhirió a la tesis que, por principio, juzga aceptante al llamado que, transcurridos los veinte años durante los cuales puede ejercer el derecho de opción, no se hubiere pronunciado expresamente. Decimos por principio, ya que en la misma nota Vélez Sársfield hace la salvedad de que "en el caso en que el heredero que se ha abstenido, se encuentre en presencia de otros herederos que han aceptado la sucesión", supuesto en el cual, añade, "el silencio del heredero que se ha abstenido equivale a una renuncia por su parte y pierde la facultad de aceptar". El principio general estaría corroborado por la norma del art. 3315 al disponer que "la falta de renuncia de la sucesión no puede oponerse al pariente que probase que por ignorar, o bien la muerte del difunto o la renuncia del pariente a quien correspondía la sucesión, ha dejado correr el término de los veinte años designados". No es difícil colegir que, según esta norma, se tiende a proteger al llamado que no ejerció el derecho de opción por ignorar la apertura de la sucesión o la actualización de su vocación, y, para esos supuestos, la ley le permite aun después de los veinte años, renunciar. Lo que quiere decir el artículo es que la falta de renuncia, que lo debe considerar aceptante, le será inoponible si se da cualquiera de los casos de excepción, y, entonces, el llamado podrá todavía renunciar. Lógico corolario de reputar al llamado que no se pronunció como aceptante de la herencia. Nuestra jurisprudencia ha acogido la tesis expuesta por el codificador en la nota al art. 3313 en innumerables fallos. Si la herencia había sido aceptada por otros llamados, la abstención durante el transcurso del plazo del art. 3313 hace perder al sucesor el derecho de aceptarla: se lo reputa renunciante, sin que a ello obste lo establecido en el art. 4020. Pero, "transcurrido el plazo de veinte años sin que ninguno de los herederos acepte o renuncie la herencia, ésta queda adquirida por todos ellos en el preciso momento en que vence dicho término". 8. Zannoni, Manual.

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§ 128. SITUACIÓN DE TERCEROS INTERESADOS. - Se advierte a simple vista, que si los derechos de coherederos y terceros debieran quedar subordinados al larguísimo plazo de veinte años de que goza el titular de la vocación para optar, los resultados de la inseguridad en las relaciones jurídicas que, por fallecimiento del causante, quedan sin sujeto cierto, conducirían a verdaderos despropósitos. De allí que en la legislación comparada se advierta una tendencia a reducir considerablemente el término de opción. Así, por ejemplo, el Código Civil alemán en el § 1944 establece que la renuncia a la herencia "sólo puede realizarse dentro de seis semanas" que se extienden a seis meses si el causante ha tenido su último domicilio solamente en el extranjero, o si el heredero se encuentra en el extranjero al comienzo del plazo. Vencido el término, al llamado se lo considera aceptante. Similarmente, el art. 567 del Código suizo fija el plazo de opción en tres meses, con el mismo resultado. El art. 3314 de nuestro Código prevé la situación del interés de los terceros, al establecer: "Los terceros interesados pueden exigir que el heredero acepte o repudie la herencia en un término que no pase de treinta días, sin perjuicio de lo que se dispone sobre el beneficio de inventario". ^_ Se entiende por terceros interesados, los coherederos, acreedores del causante, legatarios e, incluso, los acreedores del heredero a quien se le ha reconocido el derecho de /iniciar el juicio sucesorio en ejercicio de la acción subrogatoría (art. 1196). Pero la jurisprudencia es prácticamente unánime en el sentido de que los acreedores hereditarios no pueden promover el proceso sucesorio sin previa intimación al o a los titulares de la vocación, para que acepten o renuncien a la herencia, conforme lo dispone el citado art. 3314. Dichos terceros, según resulta de la norma, pueden exigir que el heredero se pronuncie sobre la aceptación o la renuncia en un plazo que no exceda de treinta días. Dos problemas fundamentales implica la interpretación del artículo. El primero, referido al momento desde el cual puede intimarse al titular de

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la vocación; el segundo, atinente a la condición en que queda dicho titular si, en el término establecido, no se pronuncia expresamente ni por la aceptación ni por la renuncia. § 1 2 9 . DESDE CUÁNDO LOS TERCEROS INTERESADOS PUEDEN INTIMAR AL TITULAR DE LA VOCACIÓN. - Es evidente que los terce-

ros interesados sólo pueden exigir pronunciamiento del heredero una vez transcurridos los "nueve días desde la muerte de aquel de cuya sucesión se trate", durante los cuales "no puede intentarse acción alguna contra el heredero para que acepte o repudie la herencia" (art. 3357). Ello sin perjuicio de las medidas conservatorias que puedan instarse por dichos terceros para la seguridad de los bienes. Se trata del plazo "de llanto y luto", establecido por vez primera en las Novelas de Justiniano (Novela 115). Es el plazo acordado al dolor, y fue impuesto por Justiniano, se cuenta, movido por la dureza de un acreedor que aprehendió a un heredero cuando volvía del entierro de un hijo suyo, por deudas de éste. § 130. EFECTOS DEL SILENCIO DEL INTIMADO. - Si transcurrido el término establecido en el art. 3314 el requerido no acepta ni renuncia a la herencia deferida, ¿será juzgado aceptante o renunciante? Según nuestra opinión, la intimación prevista en el art. 3314 si bien implica, para el intimado, la obligación legal de expedirse (art. 919, Cód. Civil), constituye sólo el medio para dejar expeditas las acciones de los terceros contra aquél -salvo que renuncie expresamente a la herencia-. Pero el silencio del intimado no implica ni aceptación ni renuncia. El intimado conserva el derecho de opción. Si es demandado por terceros, quienes le oponen la calidad de heredero, entonces sí, será menester que se pronuncie expresamente, ya que el no hacerlo implicará aceptación tácita por haberse prestado a una demanda judicial "formada contra él como heredero" (art. 3325). Pero si renuncia, la demanda contra él será rechazada aunque, en este caso, se le impondrán las costas.

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§ 131. FORMA DE LA INTIMACIÓN. - El art. 3314 no establece formalidades para la intimación de los terceros interesados. De tal modo que no requiere solemnidades ni una forma determinada, salvo a los efectos de su prueba. Puede ser hecha de modo fehaciente (v.gr., mediante telegrama, o por diligencia notarial) o por mero instrumento privado. Sin embargo, en todo caso, deberá acreditarse que la intimación llegó efectivamente a conocimiento del titular de la vocación y que éste dejó transcurrir el plazo sin pronunciarse, para el evento de que pretendiera oponérsele la aceptación derivada de su silencio. § 132.

APERTURA

DEL PROCESO SUCESORIO POR LOS TERCE-

ROS. - De acuerdo con lo establecido por el art. 689 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, quien solicita la apertura del proceso sucesorio debe justificar prima facie su carácter de parte legítima en él y acompañar la partida de defunción del causante. Tratándose de los acreedores del causante - o de los acreedores del llamado a suceder que no ejerce el derecho de opción, por vía subrogatoria; art. 1195, Cód. Civil- ellos no pueden solicitar la apertura del proceso sucesorio sin previamente intimar a los titulares de la vocación en los términos del art. 3314. Y, aun así, para promover el proceso directamente ante la inacción de ellos, deberán esperar cuatro meses desde el fallecimiento del causante (art. 694). No obstante, y de acuerdo con esa misma norma, el juez puede ampliar o reducir ese plazo si las circunstancias lo aconsejan y, en todo caso, decretar medidas precautorias para seguridad de los bienes y documentación del causante (art. 690, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). § 133. TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE OPCIÓN. - En caso de fallecimiento del titular de la vocación sin haber ejercido el derecho de opción que le acuerda el art. 3313, éste, a su vez, transmite a sus propios herederos el derecho de opción de que goza. Tal es el sentido del art. 3316. O sea que, dentro del conjunto de titularidades transmisibles del causante con contenido patri-

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monial se encuentra, precisamente, el derecho de aceptar o repudiar una herencia deferida. Es lo que, en otras palabras, dispone el art. 3419: "£7 heredero que sobrevive un solo instante al difunto, transmite la herencia a sus propios herederos, que gozan como él la facultad de aceptarla o renunciarla".

B)

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

1) CONDICIONES GENERALES.

FORMAS

§ 134. CONCEPTO. - L a aceptación es el acto por el cual el titular de la vocación hereditaria exterioriza su voluntad de adquirir la herencia. Tal aceptación puede ser expresa, cuando el llamado declara positivamente esa voluntad o asume, directa o inequívocamente, el carácter de heredero del causante. Pero puede ser también tácita, cuando el llamado realiza actos o ejecuta hechos a título de heredero. § 135.

ACEPTACIÓN

EXPRESA

Y TÁCITA.-El

art.

3319,

en

términos generales, establece la distinción entre ambas formas de aceptación. "Es expresa - d i c e - la que se hace en instrumento público o privado, o cuando se toma título de heredero en un acto, sea público o privado, judicial o extra judicial, manifestando una intención cierta de ser heredero. Es tácita cuando el heredero ejecuta un acto jurídico que no podía ejecutar legalmente sino como propietario de la herencia". La aceptación expresa, como lo sugiere la propia expresión, supone que el titular de la vocación ha manifestado una intención cierta de asumir la calidad de heredero. Dicha intención debe manifestarse por escrito, en instrumento público o privado - e s decir, no bastan las manifestaciones verbales-, o tomando título de heredero en un acto escrito que, según la norma, tanto puede ser público o privado, judicial o extrajudicial. Se trata de tomar título de heredero manifestando una intención cierta de aceptar. Es el caso, más frecuente quizá, de la promoción del

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juicio sucesorio que efectúa el titular de la vocación acreditando su llamamiento -vocación legítima o testamentaria- y pidiendo al juez que se dicte declaratoria en su favor o se apruebe el testamento que lo instituye. La aceptación tácita, en cambio, resulta de la ejecución de actos jurídicos que el titular de la vocación no podía ejecutar legalmente sino como propietario de la herencia. No se trata, necesariamente, de actos jurídicos, ya que puede tratarse de simples hechos como la tala de bosques, cultivo de suelos, reparación de edificios, etc., a que alude el art. 3327. La noción de aceptación tácita es amplísima en nuestra ley. El Código, luego de dar el concepto general, enumera una serie de situaciones concretas en las que reputa aceptante al titular de la vocación. El fundamento de ello consiste en que la asunción de tales situaciones por el llamado implican, o llevan implícita, la intención de aceptar. § 136. CASOS QUE IMPLICAN ACEPTACIÓN TÁCITA. - Analicemos a continuación las hipótesis enumeradas en el Código: a) ACTOS cuentran:

DE DISPOSICIÓN.

Entre ellos, particularmente, se en-

1) La enajenación a título oneroso o gratuito de un bien mueble o inmueble de la sucesión (art. 3321); la cesión de los derechos hereditarios en favor de coherederos o de terceros (art. 3322); la transacción o el sometimiento a juicio de arbitros de un pleito que interesa a la sucesión (art. 3324). \ 2) Actos que suponen la constitución de gravámenes sobre bienes hereditarios, como constitución de hipotecas, servidumbres u otros derechos reales sobre los inmuebles de la sucesión (art. 3321); pago de deudas del causante con bienes o valores hereditarios, o cumplimiento de legados o cargas de la herencia (art. 3326). 3) Actos judiciales que suponen capacidad para disponer, como cuando el titular de la vocación se hace parte en juicios

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

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relativos a la sucesión en carácter de heredero (art. 3325); o demanda él mismo a sus coherederos por partición, o a los detentadores - o poseedores- de un bien hereditario para que sea restituido, o cuando ejerce un derecho cualquiera que pertenece a la sucesión (art. 3323). b) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. Ellos, si son definitivos, importarán aceptación: tal es el caso del llamado que exige o recibe lo que se debe a la sucesión (art. 3326); arrienda o percibe las rentas de bienes hereditarios y, en general, cuando administra como propietario de los bienes (art. 3327). En cuanto a los actos de administración provisionales o urgentes, no importarán aceptación (art. 3328). Así, por ejemplo, abonar los impuestos, hacer refacciones urgentes, poner a buen recaudo los papeles y valores del difunto, recoger una cosecha en planta que corre riesgos de perecer, etcétera. § 137. LA RENUNCIA DE DERECHOS EN FAVOR DE LOS COHEREDEROS COMO CASO DE ACEPTACIÓN TÁCITA. - Entre los casos de aceptación tácita, el art. 3322, en su parte 2 a , prevé un supuesto que ha creado divergencias interpretativas. Dice que "importa también aceptación de la herencia, la renuncia, aunque sea gratuita, o por un precio a beneficio de los coherederos". Se observa, en general, que parece existir una contradicción conceptual. En efecto, la renuncia a la herencia implica la resolución de la vocación, la abdicación voluntaria del contenido del llamamiento hereditario, que coloca al titular "como no habiendo sido nunca heredero" (art. 3353). Además, la renuncia, como tal, es un acto unilateral y aquí pareciera aludirse a una convención entre coherederos en favor de quienes, a título oneroso o gratuito, el renunciante se despoja de su llamamiento. Para comprender el sentido y los alcances del caso nos remitimos a su fuente: el art. 780 del Code. La disposición establece que se juzga que acepta quien renuncia, incluso gratuitamente, en favor de uno o varios coherederos o quien lo hace,

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por un precio, en favor de todos los coherederos indistintamente. Lo que ocurre es que, aquí, el término "renuncia" no está usado como sinónimo de resolución de la vocación o extinción del llamamiento. Se alude, en realidad, a la renuncia de derechos a que se refiere especialmente el art. 872 del Cód. Civil. Dispone éste que "las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular". Por definición, sólo se puede renunciar a los derechos de los cuales se es titular. Quien renuncia a título oneroso o gratuito los derechos hereditarios en beneficio de sus coherederos, lo hace porque se considera heredero, es decir, aceptante. La renuncia de derechos interesa, en este caso, una convención con eficacia entre el renunciante y los coherederos, pero inoponible a los terceros. Es decir que, para éstos, el renunciante a los términos del art. 3322 será considerado heredero con todas las consecuencias que la calidad de tal impone, sin perjuicio de que, entre coherederos, el renunciante se haya desprendido de los derechos de contenido patrimonial. Pero esta convención sólo será oponible entre ellos. Hemos de volver sobre este problema al considerar la forma de la renuncia a la herencia, y en ocasión de interpretar armónicamente los arts. 3345 a 3347 y 3349 (ver § 162). § 138. ACTOS MERAMENTE CONSERVATORIOS. - Como adelantamos, "los actos que tienden sólo a la conservación, inspección o administración provisoria de los bienes hereditarios, no importan una aceptación tácita, si no se ha tomado el título d\ calidad de heredero" (art. 3328). Es conveniente, pues, que si el titular de la vocación hereditaria cree prudente o necesario realizar estos actos y no desea perder el derecho de opción, lo haga en carácter de tercero asumiendo una simple gestión de negocios ajenos, en los términos del art. 2288. En el caso de actos conservatorios, puede pensarse, incluso, en un acto de enajenación involucrado: así, si, muerto el causante, es imperioso proceder a recoger la cosecha para su venta, el gestor lo reali-

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

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zara, en ese carácter, debiendo por supuesto dar cuenta de su administración a los herederos que eventualmente acepten la sucesión (art. 2296). § 139. CARACTERES DE LA ACEPTACIÓN. - La aceptación de la herencia constituye un acto jurídico: a) UNILATERAL. Ya que se perfecciona y produce sus efectos propios con la sola declaración de la voluntad del titular de la vocación o la ejecución de los actos que implican aceptación tácita, sin requerir consentimiento por parte de coherederos o de terceros (art. 946). b) INDIVISIBLE. Como dice el art. 3317, "la aceptación... no puede hacerse... sólo por una parte de la herencia. La aceptación o la renuncia hecha... sólo por una parte de la herencia equivale a una aceptación íntegra". El principio es inobjetable. Recordemos que, para el heredero, la adquisición es un hecho derivado de la sucesión: el titular de la vocación es, fundamentalmente, sucesor universal en tanto se subroga en la subjetividad jurídica del difunto. La adquisición es una consecuencia del suceder. De modo, pues, que el carácter de sucesor es indivisible: se es o no se es heredero. El contenido patrimonial de la herencia no puede fraccionarse o desmembrarse, salvo, por supuesto, en cuotas alícuotas de la universalidad y ante la concurrencia de varios llamados. c) IRREVOCABLE. En principio "la aceptación pura y simple -dice el art. 3 3 4 1 - importa la renuncia irrevocable de la facultad de repudiar la herencia". Ahora bien: estamos en presencia de una irrevocabilidad relativa. Como veremos, el art. 3340 prevé un caso especial de revocación -por vía de acción pauliana- intentable por los acreedores en caso de que la aceptación hubiese sido concertada en fraude de sus expectativas, agravando el pasivo del titular de la vocación mediante la adición de una sucesión "evidentemente mala" en "connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios" (ver § 159).

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d) PURA Y SIMPLE. La aceptación no admite modalidades, no puede hacerse a término ni bajo condiciones, como expresa el art. 3317. La aceptación o la renuncia sujeta a plazo equivalen a una aceptación íntegra, pero la aceptación efectuada bajo condición se tiene por no hecha. e) DE EFECTOS RETROACTIVOS. En función de los arts. 3282, 3341 y 3353, tanto la aceptación como la renuncia operan, consolidando o resolviendo el llamamiento del titular de la vocación, con carácter retroactivo al momento de la apertura de la sucesión. § 140. ACEPTACIÓN FORZADA. - Si bien, hemos visto, la aceptación es un acto voluntario del titular de la vocación, existe un caso en que la ley le atribuye el carácter de aceptante aun contra su voluntad. Es el caso que resulta del art. 3331: "El que aún no hubiere aceptado o repudiado la herencia, y hubiese ocultado o sustraído algunas cosas hereditarias teniendo otros coherederos, será considerado como que ha aceptado la herencia". El art. 792 del Cód. Civil francés, citado en la nota, similarmente expresa que "los herederos que hubieren ocultado o distraído efectos de una sucesión son privados de la facultad de renunciar a la misma, y siguen siendo herederos puros y simples, no obstante su renuncia, sin pretender parte alguna en los objetos distraídos u ocultados". La aceptación forzada es una sanción al titular de la vocación que hubiese ocultado o sustraído bienes -tal el sentido del término cosas, en nuestro art. 3 3 3 1 - que constituyen el contenido del acervo hereditario. Se trata de un acto &n fraude. Ahora bien; nuestra ley sólo establece la sanción para el caso en que exista pluralidad de herederos, evitándose así la discusión que, sobre el punto, se ha suscitado en el derecho francés. Es decir que el Código Civil restringe la noción de fraude constitutivo de ocultación de bienes sucesorios al fraude contra los coherederos, desatendiendo, sin duda, las consecuencias del fraude contra los acreedores y legatarios (en general, terceros) si existe un solo titular de la vocación -único llamado- o si, habiendo varios, nin-

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guno hace valer la aceptación forzada. Debemos entender que la hipótesis de aceptación forzada se aplica siempre que la ocultación o sustracción ocurran antes de que el titular de la vocación haya renunciado. En caso contrario, el hecho estaría regido por las normas comunes. § 141. ACEPTACIÓN VENTARIO. CONCEPTO. -

PURA Y SIMPLE Y CON BENEFICIO DE IN-

En cuanto a los efectos, la aceptación tradicionalmente puede clasificarse como pura y simple, y con beneficio de inventario. Esta última constituía, en la economía original del Código, fiel a los principios romanistas de la confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra vires hereditatis, un modo excepcional de aceptar. La aceptación pura y simple -que tanto podía ser expresa o tácita, según lo acabamos de ver- "causa definitivamente la confusión de la herencia con el patrimonio del heredero" (art. 3342), quien, en consecuencia, "queda obligado, tanto respecto a sus coherederos como respecto a los acreedores y legatarios, al pago de las deudas y cargas de la herencia, no sólo con los bienes hereditarios sino también con los suyos propios" (art. 3343). La aceptación con beneficio de inventario debía ser siempre expresa. Así lo establecía el art. 3363, derogado por la ley 17.711 y sustituido por un principio antitético. Por eso en todos los casos de aceptación tácita la sucesión se consideraba aceptada pura y simplemente (art. 3329). El llamado beneficio de inventario, cuyos antecedentes históricos se remontan al derecho justinianeo, constituía un remedio contra los efectos de la confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra vires hereditatis y, evitando aquélla, limitaba ésta a las fuerzas de la herencia, representadas por su activo. En función de este modo excepcional de aceptación, el inventario se exige en interés fundamental de herederos y legatarios, quienes toman participación en su trámite y confección (art. 3370). Como lo estudiaremos en el próximo capítulo, la ley 17.711 ha sustituido el texto de los arts. 3363 y 3366 del Código, presumiendo que toda aceptación es efectuada con beneficio de in-

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ventario. Se ha pretendido, así, introducir una verdadera mutación en los principios originales del sistema sucesorio instituyendo, por norma general, la responsabilidad intra vires, típica de la sucesión en los bienes. Sin embargo, como difce Maffía, y concuerda nuestra doctrina unánimemente, al pretender adoptar el régimen de la sucesión en los bienes sin modificar por completo en este punto la estructura del Código, imaginada en función de otras soluciones, se han introducido elementos de alteración que producen la desarmonía de normas y vacíos que podrán ocasionar serias perturbaciones. § 142. EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE. - Desde que en el sistema original del Código Civil se seguía el principio de la sucesión en la persona, y la aceptación beneficiaría constituía un modo excepcional de aceptar, sujeto a plazos y formalidades específicas, él art. 3329 establece que "en todos los casos de aceptación tácita, la sucesión se considera aceptada pura y simplemente". Y, por lo tanto: a) Causa definitivamente la "confusión de la herencia con el patrimonio del heredero"; y trae la extinción de sus deudas o créditos en favor o en contra del difunto, y la extinción también de los derechos reales con que estaban gravados sus bienes en favor del difunto, o que le competían sobre sus bienes (art. 3342). b) El heredero queda obligado, tanto respecto de sus coherederos como respecto de los acreedores y legatarios, al pago de las deudas y cargas de la herencia, no sólo con los bienes hereditarios, sino con los suyos propios (art. 3343). Es la responsabilidad ultra vires hereditatis. c) A estos dos efectos fundamentales débese agregar la irre- \ vocabilidad de la aceptación y su retroactividad al momento de la apertura de la sucesión (arts. 3341 y 3344). §

143.

RESPONSABILIDAD

POR EL PAGO DE LOS LEGADOS. -

En

virtud de la aceptación se adquiere, por el heredero, el conjunto de titularidades transmisibles del causante -"derechos activos y

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pasivos que componen la herencia", según el art. 3279-. Como efecto, también fundamental, el aceptante asume responsabilidad personal por las deudas y cargas de la herencia. Esta consecuencia exige algunas observaciones: a) Dispone el art. 3776 que "los herederos están obligados personalmente al pago de los legados en proporción de su parte hereditaria; pero son solidarios cuando la cosa legada no admite división". La idea de continuación de la persona del causante por el heredero, que conlleva a la responsabilidad ultra vires hereditatis, supone como consecuencia natural la responsabilidad ilimitada por el pago de los legados. Si la herencia ha sido aceptada pura y simplemente, los obligados deben verificar el pago de los legados en el momento en que lo exijan los legatarios, no pudiendo subordinarse dicho pago al resultado que arroje la previa liquidación de los bienes hereditarios desde que, como vemos, los herederos son personalmente responsables por el cumplimiento de los legados. Se ha criticado la norma en cuestión y esta crítica, una vez más, es la crítica al sistema de la sucesión en la persona. Los legados -se dice- no se deben sino después de la muerte del testador y por consiguiente no constituyen una deuda del causante, siendo más bien una obligación que éste impone al heredero. Que lo haga mientras el estado de su fortuna lo soporte, es comprensible; pero forzarlo a pagar una suma mayor es hacer liberalidades con dinero ajeno. El testamento -dice el art. 3607es un acto escrito por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. En esta hipótesis dispone de los suyos y además de los bienes del heredero. Sin embargo, como ya lo estudiamos, la adquisición del legado se opera desde el momento de la apertura de la sucesión, salvo casos especiales, y, respecto del gravado, el legatario no adquiere tan sólo el derecho a una prestación; mucho más: cuando el legado es de un objeto determinado en su individualidad, el legatario está autorizado incluso a reivindicarlo de terceros, como lo dispone el art. 3775. El art. 3343, que constituye la

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norma general, no distingue entre deudas hereditarias y cargas testamentarias. b) Pero este principio general no funcionará respecto de los herederos legitimarios, porque en tal caso éstos podrán oponer al legatario la reducción de toda disposición que mengüe su porción legítima (art. 3601). La capacidad del testador para hacer^ sus disposiciones testamentarias -reza el art. 3 5 9 1 - sólo se extiende hasta la concurrencia de la porción legítima que la ley asigna a sus herederos. 2) CAPACIDAD PARA ACEPTAR

§ 144. NORMAS GENERALES APLICABLES. - La norma general está contenida en el art. 3333: "Pueden aceptar o repudiar la sucesión todos los que tienen la libre administración de sus bienes". Tal el principio general. De suerte que los incapaces de hecho absolutos (art. 54), como los relativos, con la salvedad que resulta ahora del art. 135 del Cód. Civil (ley 17.711), respecto de los menores, mayores de 18 años, habilitados (art. 131, párr. 3o) y de los menores emancipados (art. 131, párrs. Io y 2 o ), no tienen capacidad para aceptar por sí la herencia que se les defiere, sino "bajo las condiciones y en las formas prescriptas por la ley para suplir su incapacidad" (art. 3333 in fine). De acuerdo con los principios generales, están sujetos a representación necesaria (art. 57) y promiscua del ministerio de menores (art. 59). § 145. MUJER CASADA. -Respecto de la mujer casada, el art. 3334 dispuso que "no puede aceptar ni repudiar la herencia \ sino con licencia del marido y, en su defecto, con la del juez. En todo caso no puede aceptar sin beneficio de inventario". Esta norma, ya derogada en virtud del art. 3 o , inc. / , de la ley 11.357, que otorgó a la mujer mayor de edad, casada, el derecho de aceptar herencias con beneficio de inventario sin necesidad de autorización marital o judicial, ha quedado definitivamente abrogada teniendo en cuenta el art. Io de la misma ley,

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sustituido por la ley 17.711 al disponer: "La mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado, tiene plena capacidad civil". Además, como lo veremos, la aceptación beneficiaría constituye, actualmente, una presunción genérica de la ley con el nuevo art. 3363. En cuanto a la mujer casada menor de edad, está sujeta al régimen de emancipación que le permite administrar y disponer de sus bienes (art. 135). § 146. CONCURSADOS O FALLIDOS. - Los fallidos no están impedidos de aceptar la herencia que se les defiere. El art. 111 de la ley 24.522 dispone, como norma general, que "el fallido puede aceptar o repudiar herencias o legados". Pero para el caso de aceptación pura y simple, y para evitar los efectos de la confusión de patrimonios -y, a través de la responsabilidad ultra vires hereditatis, el perjuicio para los acreedores del aceptante"los acreedores del causante sólo pueden proceder sobre los bienes desapoderados después de pagados los del fallido y los gastos del concurso" (art. 111, párr. 2 o ). En cuanto a la renuncia, "sólo produce sus efectos en lo que exceda del interés de los acreedores y de los gastos íntegros del concurso". Es decir que, no obstante la renuncia, si ésta sustrae bienes susceptibles de incrementar el activo de la masa patrimonial del fallido, el síndico actuará en el proceso sucesorio para procurar que se integre a ella la alícuota hereditaria que a éste corresponde como titular de la vocación. De lo cual se infiere que la renuncia es inoponible a los acreedores del concurso en aquello que suponga menguar el activo o impedir incrementarlo por la resolución de la vocación. § 147. INHABILITADOS JUDICIALMENTE. - L o s inhabilitados judicialmente, por embriaguez habitual o uso de estupefacientes, los disminuidos en sus facultades sin ser dementes y los pródigos (art. 152 bis), no pueden disponer de sus bienes por actos entre vivos y están sujetos a una cúratela sui generis, aplicándose en lo pertinente -reza el citado art. 152 bis- las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabi-

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litación. Pero los inhabilitados pueden por sí realizar actos de administración, salvo que la sentencia los hubiese limitado teniendo en cuenta las circunstancias que han conducido a la declaración. El art. 3333 en su letra dispone que pueden aceptar o renunciar una herencia "todos los que tienen la libre administración de sus bienes". Y bien, ¿cuál es la situación del inhabilitado? La aceptación pura y simple de la herencia entra, a nuestro juicio, dentro de la categoría de actos de disposición que, siguiendo a Orgaz, son todos aquellos que, importando o no una enajenación, alteran o modifican sustancialmente el capital de un patrimonio, por oposición o distinguiendo los actos de administración que, manteniendo la conservación de los capitales, tienen por objeto hacerles producir los beneficios de que ellos son susceptibles de acuerdo con su naturaleza y su destino. Nos parece que si la inhabilitación es una institución de protección, y allí reside la esencia de la incapacidad de obrar relativa a que se sujeta a los inhabilitados, todo acto de administración que, mediata o inmediatamente, importe asumir las consecuencias de un acto dispositivo, debe incluirse dentro de las exigencias de la ley en cuanto al asentimiento. Por lo tanto, faltando éste, el acto será nulo (art. 1042), aunque de nulidad relativa. Si el curador presta su asentimiento al acto, la aceptación tácita quedará confirmada; en caso contrario la aceptación se tendrá por no efectuada y el acto estará sujeto a declaración de nulidad (conf. art. 3335). § 148. ACEPTACIÓN POR MANDATO. - Dispone el art. 3330 que "la aceptación, sea expresa o tácita, puede hacerse por medio de un mandatario constituido por escrito o verbalmente". , En la nota, Vélez Sársfield apunta que, aun cuando no es válida V la aceptación hecha verbalmente (ver § 135), "no puede rechazarse un mandato verbal de aceptar la sucesión", pues "un mandato tal indica una voluntad positiva y de otra importancia que las palabras que hubiese empleado sin reflexión".

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La norma es ciertamente criticada por nuestra doctrina y, en tal sentido, los proyectos de reforma exigen que el mandato para aceptar herencias conste siempre por escrito. Concordamos con la crítica, aunque pensamos que el asunto carece de trascendencia, al menos práctica, habida cuenta de que, respecto de terceros, el mandato exigirá prueba, ya fuere por escrito o mediante ratificación del mandante. Sin embargo, creemos útil distinguir dos hipótesis. a) Tratándose de aceptación expresa, se requerirá siempre poder o mandato especial para el acto de aceptación (art. 1881, inc. 16), aunque lo fuere verbalmente según lo autoriza el citado art. 3330. b) Pero si el llamado otorgó mandato a otro para realizar, en su nombre, actos de administración o de disposición que suponen aceptación tácita de la herencia, entendemos que la validez de tales actos exigirá que el mandato se haya otorgado con las formalidades previstas para la ejecución por el mandatario, del acto de que se trate, conforme lo dispone el art. 1184, inc. 7o, que exige escritura pública. Bien dice Vélez Sársfield en la nota al art. 1873 que "en cuanto al mandato verbal su prueba no puede ser recibida, sino conforme a lo dispuesto respecto a las pruebas de las obligaciones". 3) NULIDAD DE LA ACEPTACIÓN

§ 149. PRINCIPIOS GENERALES. - Como todo acto jurídico, a los términos del art. 944, la aceptación de la herencia está sujeta a los principios generales en cuanto a su validez. Es, particularmente, un acto voluntario, que debe ser realizado con intención, discernimiento y libertad. De aquí que la teoría general de los vicios de la voluntad pueda ser aplicada en nuestro tema. En efecto: "Los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna" (art. 900, Cód. Civil). Sin embargo, como bien se ha dicho, en materia de nulidad de la aceptación deben distinguirse los supuestos de aceptación 9. Zannoni. Manual.

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expresa y los de aceptación tácita. Sólo la primera constituye un acto jurídico directamente encaminado a la adición por exteriorización positiva, expresa, del llamado. En cambio, la aceptación tácita se infiere de la realización de actos de administración o de disposición relativos a los bienes que componen la herencia. De modo que, en estos últimos supuestos, la validez de la aceptación dependerá de la validez del acto de administración o disposición de que se trate, que, de acuerdo con la ley, produce el efecto de una aceptación de la herencia. § 150. NULIDAD POR INCAPACIDAD DEL ACEPTANTE. - Aplicando los principios fundamentales, encontraremos las coincidencias con las normas específicas del art. 3335 y ss. del Cód. Civil. En cuanto a la nulidad por incapacidad del otorgante, debemos remitirnos a los arts. 1041 y 1042. "Son nulos -dice el primero- los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria". En cuanto al segundo, dispone: "Son también nulos los actos jurídicos otorgados por personas relativamente incapaces en cuanto al acto, o que dependiesen de la autorización del juez, o de un representante necesario". El art. 3335 confirma estos dispositivos generales al establecer que la nulidad de la aceptación puede ser demandada cuando ha tenido lugar "sin el cumplimiento de las condiciones prescriptas para suplir la incapacidad del heredero a cuyo nombre es aceptada la herencia". Se trata de nulidad relativa y es susceptible de confirmación (art. 1060). § 151. Vicios FORMALES. - Dispone el art. 3335 que "la nulidad de la aceptación, sea pura y simple, sea bajo beneficio de inventario, no puede ser demandada, y no debe pronunciarse sino cuando ha tenido lugar sin la observancia de las formas". \ Se alude aquí, básicamente, a las formas exigidas para la aceptación expresa que, según el art. 3319, debe ser hecha por escrito en instrumento público o privado. En otras palabras, la aceptación verbal sería nula, aun cuando, como vimos, se puede otorgar mandato verbal para aceptar la herencia (ver § 148).

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Pero también será nula o anulable la aceptación tácita si es nulo o anulable por vicios formales el acto de administración o de disposición del cual se infiere aquélla y la nulidad es declarada. Tal, por ejemplo, si el acto depende para su validez de la forma instrumental y fuesen nulos o anulables los respectivos instrumentos (arts. 1044 y 1045). § 152. VICIOS DE LA VOLUNTAD EN GENERAL. - Respecto de los vicios de la voluntad, el Código se refiere al dolo (art. 3336) y al miedo o violencia (art. 3337). En cuanto al primero, alude específicamente a la aceptación que "haya sido a consecuencia del dolo de uno de los coherederos, o de un acreedor de la herencia, o de un tercero", cuya nulidad podrá demandar el aceptante. Corresponde, obviamente, aplicar los principios generales respecto del dolo (art. 932). En cuanto al miedo o violencia, resultan aplicables los dispositivos que se refieren a la fuerza o temor, como causa de anulabilidad de los actos jurídicos (art. 936 y siguientes). § 153. DOLO.-Como decimos, deben aplicarse los principios generales en esta materia. Especialmente, el ardid o engaño sufrido por el llamado debe haber sido la causa determinante de la aceptación, y ésta, a su vez, le debe haber provocado un daño importante (art. 932, incs. 2° y 3o). El dolo puede provenir no sólo de un coheredero, sino de un acreedor de la herencia o de un tercero (art. 3336), resolviéndose de este modo la discusión suscitada en la doctrina francesa sobre si el ardid que autoriza a demandar la nulidad de la aceptación debe provenir de alguien con interés propio en la mentada aceptación -así, p.ej., un acreedor de la herencia que en miras a la solvencia del patrimonio del llamado, lo induce mediante engaños a aceptarla pura y simplemente-, como lo sostuvieron Chabot y Delvincourt. El codificador acepta la posición de la doctrina mayoritaria -Aubry y Rau, Demolombe, Vazeille, Duranton, e t c en el sentido de que el dolo puede provenir incluso de un tercero sin interés propio en la aceptación.

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§ 154. VIOLENCIA. - E l art. 3337 alude a la nulidad de la aceptación que ha sido el resultado de "miedo o de violencia ejercida sobre el aceptante". Este vicio no ofrece dificultades, siempre que sea el resultado de fuerza o intimidación con los caracteres señalados en los arts. 937 a 939. § 155. ERROR. - Más problemática viene a ser la hipótesis del error como vicio de la voluntad referida a la aceptación de la herencia. Nuestra doctrina admite la aplicación de los principios generales en materia de error esencial. Si bien se excluirá todo error de derecho (art. 923) o de hecho inexcusable (art. 929), la aceptación podrá ser anulada cuando recaiga el error sobre algún elemento esencial del acto voluntario. §

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ERROR SOBRE LOS ALCANCES DEL ACTO QUE PROVOCA

TÁCITA DE LA HERENCIA. - Por de pronto, el art. 3320, mitigando los efectos de la aceptación tácita nos muestra un ejemplo concreto de error invocable sobre la causa principal del acto (art. 926). En efecto: "Si el heredero presuntivo -dice el artículo- ha ejecutado un acto que creía o podía creer que tenía el derecho de ejecutar en otra calidad que en la de heredero, no debe juzgarse que ha aceptado tácitamente la herencia, aunque realmente no haya tenido el derecho de efectuar el acto, sino en calidad de heredero". Se trata de un típico caso de error, en virtud del cual, el acto al que se le atribuyen los efectos de aceptación, no debe ser referido a su ejecutante como sujeto del derecho de opción cuando, además de esta calidad, medien otras circunstancias que hayan podido determinarlo a obrar con propósitos extraños a lá intención de aceptar. Vélez Sársfield, en la nota al art. 3320, cita el caso, contenido en el Digesto, del hijo que estaba en posesión de un bien que él creía depender de la sucesión de su madre, pero que dependía de la sucesión de su padre. En tal caso no se juzgaba que había aceptado esta última sucesión. Otra situación, asimilable a la hipótesis del art. 3320, sería la siguiente: habiendo sido ambos cónyuges condenados por senLA ACEPTACIÓN

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tencia a escriturar un inmueble comprometido en venta (art. 1185), siendo el bien ganancial, y falleciendo uno de ellos luego de que la sentencia quedó firme sin que el supérstite, único titular de la vocación en nuestro ejemplo, haya aceptado la herencia, la circunstancia de que suscriba la escritura traslativa de dominio en cumplimiento de la sentencia no lo colocará en situación de aceptante. Es claro que el error deberá surgir de las circunstancias del caso. § 157. ERROR SOBRE EL CONTENIDO PATRIMONIAL DE LA HE-

RENCIA. - El art. 3338 contiene otra hipótesis de error sobre el objeto de la adquisición que permite al aceptante demandar la nulidad de la aceptación. Es el caso de la herencia que "se encuentra disminuida en más de la mitad por las disposiciones de un testamento desconocido al tiempo de la aceptación"'. Hay quienes consideran que se está frente a un caso típico de lesión, habida cuenta de que la disminución del acervo, por efecto de la aceptación pura y simple, lo colocaría en situación de obligado por las deudas y cargas ultra vires hereditatis contando con un activo hereditario menguado en más de la mitad y sujeto a cargas desconocidas al tiempo de la aceptación por las cuales el heredero debe responder, por ello, con sus propios bienes. Este artículo lo consideramos, particularmente, en el capítulo referido al beneficio de inventario y al estudiar la incidencia que pueda haber importado la reforma de la ley 17.711 que presume a toda aceptación, efectuada con beneficio de inventario: arts. 3363 y 3366 (ver § 186). § 158.

EFECTOS DE LA NULIDAD DE LA ACEPTACIÓN.

-Por

efecto de la nulidad de la aceptación el llamado recupera el derecho de opción que le confiere el art. 3313. Es decir que podrá, en el futuro, aceptar o renunciar. Los terceros interesados podrán, asimismo, intimarlo para que en el plazo del art. 3314 se pronuncie sobre la aceptación o la renuncia. En cuanto a los actos de administración o disposición realizados por el llamado, debe puntualizarse lo siguiente: si esos

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actos implican, por sí y autónomamente, actos de aceptación tácita posteriores al que provocó la aceptación cuya nulidad se impugna, provocarán la confirmación de esta última (art. 1063), pues el llamado practica actos de heredero, considerándose tal. No podría ir luego contra sus propios actos aduciendo el vicio en la aceptación. Esto, dejados a salvo los supuestos en que la nulidad de la aceptación se funda en incapacidad, caso en el cual regirán los principios generales en materia de efectos de la nulidad (ver § 65, a). Si, en cambio, la ineficacia se funda en la nulidad del acto de disposición o administración mismo, es innecesario destacar que, respecto a coherederos, el acto quedará sujeto a lo dispuesto por el art. 1052 y, respecto de terceros, a la norma del art. 1051. 4) REVOCACIÓN DE LA ACEPTACIÓN § 159. ACCIÓN REVOCATORIA DE LOS ACREEDORES DEL ACEPTANTE. - Especial interés reviste el caso del art. 3340 que supone

una aceptación fraudulenta del titular de la vocación hereditaria. Establece la norma: "Los acreedores del heredero podrán, en el caso que éste hubiese aceptado una sucesión evidentemente mala por una connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios, demandar en su propio nombre por una acción revocatoria la retractación de la aceptación"'. La preceptiva, es obvio, nos evoca un caso particular de fraude en los términos del art. 961 del Cód. Civil. Según este artículo todo acreedor quirografario -cuyo crédito sea de fecha anterior: conf. art. 962- puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos. En la hipótesis del art. 3340 el caso se especifica exigiendo una condición objetiva: que la herencia sea "evidentemente mala", y una condición subjetiva: el consilium fraudis, o connivencia fraudulenta entre el titular de la vocación y los acreedores hereditarios. A pesar del texto expreso, nuestra doctrina concuerda en su escasísima aplicación práctica, habida cuenta del requisito, exi-

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gido para accionar, de la prueba de la connivencia fraudulenta. Algunos autores admiten que, ante la aceptación del titular de la vocación, los acreedores del heredero se encuentran en situación desventajosa frente a los acreedores hereditarios, desde que éstos, para prevenir la insolvencia del aceptante, gozan del beneficio de la separación de patrimonios (art. 3433). Obligarles a soportar una situación que aumenta considerablemente el pasivo, es, en realidad, injusto. He aquí una de las consecuencias a que conduce la admisión de la responsabilidad ultra vires hereditatis. La acción revocatoria es prácticamente ilusoria no tanto por la prueba -ya dificultosa- de la requerida connivencia fraudulenta que autoriza a ejercer la acción pauliana, sino porque el heredero no tiene por qué complotarse, al decir de estos autores, con los acreedores del difunto para una aceptación que está en condiciones de llevar a cabo por sí solo y libremente. A mayor abundamiento, el aceptante estará siempre legitimado en el principio que consagra el art. 1071 en cuanto su aceptación constituye el ejercicio regular de un derecho propio que no puede constituir como ilícito ningún acto.

C)

RENUNCIA A LA HERENCIA 1) CONCEPTOS GENERALES

§ 160. CONCEPTO Y EFECTOS FUNDAMENTALES. - Como a nadie se le impone la calidad de heredero, el titular del llamamiento puede abdicar, declinar, ese llamamiento. El modo de hacerlo es renunciando a la herencia. De tal modo, la renuncia resuelve la vocación hereditaria juzgándose al titular del llamamiento "como no habiendo sido nunca heredero" (art. 3353). He aquí las consecuencias fundamentales: a) La sucesión se defiere como si el renunciante no hubiese existido (art. 3353 in fine), y, por aplicación de los principios de las vocaciones simultáneas, los coherederos del renunciante con vocación actual acrecerán la porción del renunciante y, co-

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rrelativamente, asumirán la responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia, de acuerdo con su parte, sin perjuicio de la aceptación beneficiaria. Ese acrecentamiento se reputa originario del llamamiento hereditario por la resolución retroactiva de la vocación del renunciante. Si, merced a la renuncia, se actualiza la vocación de otros llamados, éstos serán juzgados herederos desde la apertura de la sucesión. b) El renunciante no está obligado a colacionar las donaciones que, en vida, hubiese recibido del causante (art. 3355), ya que, por la renuncia, debe considerárselo un extraño con relación a los coherederos, dicha donación se imputará sobre la porción disponible (art. 3605) y sólo si excediere esta porción estará sujeto a restituir el exceso si fuere demandado por reducción. Si el causante lo hubiese mejorado con un legado, el mismo artículo que estudiamos lo faculta a aceptarlo -por supuesto que en calidad de legatario- en la medida en que no vulnere la porción legítima. c) Si bien, como renunciante, no está obligado por las deudas y cargas de la herencia, debe contribuir al pago de los gastos funerarios del causante siempre que fuese pariente obligado al pago de alimentos (arts. 2308 y 367). d) Pero a pesar de la resolución del llamamiento, como caso verdaderamente anómalo, sus hijos y descendientes pueden representarlo ocupando su lugar en la sucesión (art. 3554), y quedando entonces obligados a colacionar las donaciones que su ascendiente renunciante hubiese recibido del difunto (art. 3564). § 161. CARACTERES. - La renuncia a la herencia, como acto jurídico, se distingue por ser: a) EXPRESA. Dispone el art. 3345, parte Ia, que "la renuncia de una herencia no se presume", por lo que el silencio del titular de la vocación no puede ser interpretado como tal. La única excepción surge interpretativamente del contexto del art. 3313 y su nota, para el supuesto en que el llamado se hubiese

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abstenido de ejercer el derecho de opción durante el término de veinte años desde la apertura de la sucesión existiendo otros coherederos que aceptaron la herencia, en el cual la doctrina y la jurisprudencia prevalecientes -como vimos en § 127- lo reputan renunciante. b) FORMAL. A diferencia de la aceptación que, pudiendo ser tácita, no está sujeta a formas ad solemnitatem, la renuncia es un acto formal. El art. 3345, parte 2 a , establece que "para que sea eficaz respecto a los acreedores y legatarios, debe ser expresa y hecha en escritura pública en el domicilio del renunciante o del difunto, cuando la renuncia importa mil pesos". El art. 784 del Code exigía que la renuncia no se hiciera más que ante el secretario del tribunal de mayor cuantía del distrito en que se abrió la sucesión, en un registro especial a ese efecto. Esta formalidad tiende a satisfacer las exigencias de publicidad de la renuncia; es decir, facilitar su conocimiento por todo interesado. Vélez Sársfield prefirió la exigencia de la escritura pública cuando la renuncia importase más de mil pesos. Pero esta distinción según el monto ha quedado derogada en virtud del texto dado al art. 1184, inc. 6o, del Cód. Civil por la ley 17.711, que exige siempre la escritura pública cualquiera fuere el monto de la renuncia. En cuanto al valor y los alcances de la renuncia hecha en instrumento privado, ver § 162. c) UNILATERAL. La renuncia a la herencia, como acto jurídico, es unilateral según los términos del art. 946 del Cód. Civil. Se resuelve en una manifestación de voluntad, revestida de las formas ad solemnitatem establecidas por la ley, y no requiere integración con la voluntad de los demás coherederos. No aludimos aquí a la renuncia de derechos adquiridos mediante la aceptación (art. 3322, parte 2 a ; ver § 162). d) IRREVOCABLE. A dicha irrevocabilidad alude la parte Ia del art. 3347, y no podría ser de otro modo, si se tiene en cuenta que se juzga al renunciante como no habiendo sido nunca here-

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dero y la sucesión se defiere como si el renunciante no hubiese existido (art. 3353). Distinto es el caso de la renuncia de los derechos adquiridos mediante la aceptación que puede ser revocada mientras no fuese aceptada (ver § 162), y el caso, excepcional, de la retractación de la renuncia a la herencia, de la que nos ocupamos en el § 164. e) INDIVISIBLE. Como ya estudiamos al considerar la indivisibilidad de la aceptación (§ 139, b), el art. 3317 dispone que tanto ésta como la renuncia, no pueden hacerse sólo por una parte de la herencia. La aceptación y la renuncia, sólo por una parte de la herencia equivalen, ambas, a una aceptación íntegra. f) PURA Y SIMPLE. E S decir, no admite modalidades como la condición o el plazo (art. 3317). Pero la ley atribuye distintos efectos a la aceptación o a la renuncia según fuere hecha a término o sujeta a condición. En el primer caso, equivale a una aceptación íntegra. En el segundo, se tendría por no hecha (arg. art. 3317 in fine). Mientras tanto, la renuncia a los derechos adquiridos por la aceptación puede ser condicional o bajo reservas (art. 3318); ver § 162. § 162.

DISTINCIÓN

ENTRE LA RENUNCIA A LA HERENCIA Y LA

RENUNCIA A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LA ACEPTACIÓN.

EFI-

CACIA, FORMA y REVOCAB/L/DAD. - Habíamos anticipado (§ 137) que hay que distinguir entre la renuncia a la herencia y la renuncia a los derechos adquiridos por la aceptación. Esta distinción es fundamental para comprender y armonizar varias disposiciones que con deficiente metodología aparecen mencionando ambos actos y dan lugar a confusiones serias. a) En primer lugar nos enfrentamos con el art. 3346, que dispone: "la renuncia hecha en instrumento privado es eficaz y tiene efecto entre los coherederos". ¿Cómo armonizar esta norma con la de los arts. 3345 y 1184, inc. 6o, que categóricamente exigen la escritura pública?

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b) En segundo lugar advertimos que el art. 3347 establece que "la renuncia hecha en instrumento público es irrevocable", pero "la que se hace en instrumento privado no puede serle opuesta al renunciante por los coherederos, sino cuando hubiese sido aceptada por éstos". Aquí, aparentemente se alude a la irrevocabilidad derivada de la forma del acto. Pero esto parece contradecir el carácter unilateral que hemos atribuido a la renuncia, ya que se alude a la aceptación de la efectuada en instrumento privado por parte de los coherederos. c) Finalmente el art. 3349 colisiona también, aparentemente, con las normas ya citadas sobre la forma, al disponer que "entre los que tengan derecho a la sucesión, la renuncia no está sometida a ninguna forma especial. Puede ser hecha y aceptada en toda especie de documento público o privado". ¿Qué sentido tienen los arts. 3346, 3347 y 3349? Particularmente, ¿a qué clase de renuncia alude el art. 3347 que, hecha en instrumento privado, es oponible al renunciante cuando ha sido aceptada por los coherederos del renunciante? Lo cual se vincula, también, con lo dispuesto por el art. 3322 que, entre los supuestos de aceptación tácita de la herencia, considera tal, "la renuncia, aunque sea gratuita, o por un precio a beneficio de los coherederos". La doctrina francesa aludía a la renuncia que integra una convención entre los herederos. Explicaba que, si luego de haber aceptado, el heredero renunciara, esta renuncia se tiene por no sucedida -non avenue- respecto de terceros, para quienes aquella aceptación es irrevocable. De allí que también se reputara como aceptación tácita la renuncia, incluso gratuita, hecha por uno de los sucesibles en provecho de cualquiera de los coherederos. Vélez Sársfield siguió estos pensamientos, a la letra, en el art. 3322. La coherencia con las fuentes es notoria en el caso que nos ocupa. De ahí que podamos afirmar que el art. 3346 no alude a la renuncia de derechos hereditarios, sino a la renuncia a derechos adquiridos mediante la aceptación de la herencia. La

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diferencia es palmaria: la primera, resuelve la vocación hereditaria; la segunda opera a modo de una abdicación de los derechos que hace el titular de la vocación que consolidó ésta mediante la aceptación. Pero -he aquí lo fundamental- esta abdicación es ya inoponible a terceros, para quienes la aceptación es irrevocable (art. 3341). Juega sólo en las relaciones que la comunidad hereditaria origina entre los coherederos. En otras palabras: la mentada "renuncia" opera respecto de las relaciones internas que la aceptación de la herencia crea entre coherederos, pero no trasciende a las relaciones externas operantes entre dichos coherederos y terceros. El "renunciante" en los términos del art. 3346, continúa integrando la relación de comunidad hereditaria y su renuncia regirá exclusivamente entre coherederos a los efectos, por ejemplo, de excluirlo de la partición, o para permitirle repetir de aquéllos las sumas pagadas en virtud de la ejecución de deudas hereditarias, etcétera. Pero la renuncia del art. 3346 no actualizará el derecho de representación, según lo dispuesto por el art. 3554, ni impedirá que los acreedores hereditarios persigan al renunciante por el pago de las deudas en proporción a su alícuota (arts. 3188, 3490 y concs.), etcétera. Se ve claro, por consiguiente, que el caso es un supuesto de aplicación de la renuncia de derechos que legisla nuestro Código Civil en el art. 868 y siguientes. Y adviértase la concordancia en las regulaciones de ambas: no requieren forma especial (art. 873) y son retractables en tanto "no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace" (art. 875). § 163. CAPACIDAD PARA RENUNCIAR. - Como ya se ha explicado en el § 144, el principio general es que pueden aceptar o renunciar la sucesión todos los que tienen la libre administración de sus bienes (art. 3333). Pero la renuncia a la herencia y la renuncia a los derechos adquiridos por la aceptación (ver § 162) suponen, en realidad, actos de disposición. El renunciante, al abdicar de su llamamiento, dispone patrimonialmente de sus expectativas omitiendo

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una adquisición y por lo tanto alterando el capital de su propio patrimonio. De allí que, a pesar de lo expuesto por el art. 3333, debe aclararse que la renuncia exigirá integrar el poder dispositivo o, en su caso, suplir la incapacidad del renunciante según las normas generales: a) Los menores emancipados requerirán autorización judicial para renunciar, "salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad" (art. 135). b) Los inhabilitados judicialmente miento del curador (art. 152 bis).

necesitarán el asenti-

c) Los concursados y fallidos, si bien pueden renunciar por sí a la herencia que se les defiere, la renuncia será inoponible a los acreedores del concurso en cuanto implique disminuir la masa (art. 111, ley 24.522; ver § 146). § 164. RETRACTACIÓN DE LA RENUNCIA. - Un caso verdaderamente anómalo nos presenta el art. 3348: "Mientras que la herencia no hubiere sido aceptada por los otros herederos - d i c e - o por los llamados a la sucesión, el renunciante puede aceptarla sin perjuicio de los derechos que terceros pudiesen haber adquirido sobre los bienes de la sucesión, sea por prescripción, sea por actos válidos, celebrados con el curador de la herencia vacante; pero no podrá aceptarla cuando la herencia ha sido ya aceptada por los coherederos, o por los llamados a la sucesión, sea la aceptación de éstos pura y simple, o sea con beneficio de inventario, haya o no sido posterior o anterior a la renuncia". El artículo -leemos en la nota- supone una sucesión repudiada por un heredero, que no ha sido aceptada por otro, y declara que el primero podrá volver a aceptarla. Éste es un favor, porque el derecho supone que el heredero que renuncia nunca ha sido heredero, y por consiguiente, los que son llamados después que él o al mismo tiempo, son reputados haber sido siempre los únicos herederos. Éstos, por efecto de la renuncia del primero, son los herederos aun antes de la aceptación por su parte.

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En principio, pues, no se debería permitir a aquel que ha renunciado a la sucesión, reasumir un derecho del que los otros estaban investidos; mas la ley no debe detenerse ante esta idea -concluye Vélez Sársfield-, y preocupándose poco de un derecho que los nuevos herederos no han consolidado por una aceptación que no han manifestado intención de ejercer, debe permitir al primero destruir ese derecho por una aceptación subsiguiente. Pero si en el momento en que el heredero ha renunciado, un coheredero hubiere ya aceptado la herencia, como toda aceptación es por el todo de la sucesión, forzosamente, el renunciante no puede volver a aceptar la parte de herencia que había aceptado. El fin perseguido es evitar las herencias vacantes, pero, bien se ve, el favor concedido al renunciante se efectúa violentando el principio general de la irrevocabilidad. De modo que el caso podría formularse así: si bien el titular de la vocación resuelve su llamamiento con la renuncia, tal resolución no es definitiva mientras otros llamados, con vocación concurrente, o actualizada por la renuncia, no hubiesen aceptado la herencia. Por consiguiente, se ha dicho, la regla de la irrevocabilidad sentada en el art. 3347 sólo entra a regir luego de que la herencia ha sido aceptada por los otros herederos que han sucedido al renunciante. § 165. EFECTOS DE LA RETRACTACIÓN. - A pesar de la retractación, y aunque la aceptación se retrotraiga al momento de la apertura de la sucesión, el aceptante queda obligado a respetar - y le son oponibles- los derechos válidamente adquiridos por los terceros "celebrados con el curador de la herencia vacante", como dice el artículo que estudiamos. Además, la aceptación, a pesar de sus efectos retroactivos, no perjudica los derechos adquiridos por prescripción. En tal caso los derechos adquiridos por los terceros prevalecen sobre esa retroactividad. Así, si se ha realizado una prescripción ejtintiva en provecho de un deudor del difunto; o se ha proseguido una prescripción adquisitiva en provecho de un poseedor de un bien hereditario.

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Respecto de los actos válidamente celebrados con el curador de la herencia vacante, a consecuencia de la renuncia del titular de la vocación, subsistirán plenamente, y aquél deberá atenerse a ellos. 2) NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA RENUNCIA § 166.

SUPUESTOS DE INEFICACIA DE LA RENUNCIA.

-Dispo-

ne el art. 3350, en sus tres incisos, los distintos casos de anulación de la renuncia, la cual "el renunciante está autorizado a demandar en el término de cinco años". a) "Cuando ella ha sido hecha sin las formalidades prescriptas para suplir la incapacidad del renunciante a cuyo nombre ha tenido lugar". Los incapaces están sujetos a representación necesaria (art. 57) y promiscua del Ministerio Público (art. 59). Pero, además, los padres no podrían renunciar a la herencia deferida a sus hijos, en su nombre, sin autorización judicial (conf. art. 297), ni tampoco los tutores (art. 443, inc. 4o) y curadores (art. 475). b) "Cuando ha sido efecto de dolo o de violencia ejercida sobre el renunciante". Se aplicarán los principios generales que ya hemos estudiado en cuanto a la entidad de los vicios del consentimiento (art. 931 y ss., y 936 y ss., Cód. Civil). 3o) "Cuando por error, la renuncia se ha hecho de otra herencia que aquella a la cual el heredero entendía renunciar. Ningún otro error puede alegarse". Ésta es la enumeración de las causas de anulabilidad de la renuncia. No es, en realidad, taxativa. Recorriendo el articulado del Código encontraremos otras causas de ineficacia. Por de pronto la renuncia para ser eficaz respecto de acreedores y legatarios debe hacerse en escritura pública. Si la forma no fuere respetada, antes que nulidad existiría inoponibilidad del acto, sin perjuicio del efecto que pudiese tener entre coherederos (art. 3346). Otro caso es el de la renuncia hecha a término o sólo por una parte de la herencia que equivale a una aceptación

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íntegra o la renuncia condicional que se tendrá por no hecha (art. 3317). § 167. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. - E l renunciante puede demandar la nulidad de la renuncia dentro del término de cinco años desde que fue hecha (art. 3350), sea cual fuere el supuesto que la provoca. Tratándose de nulidad por vicios del consentimiento, la norma extiende el plazo de prescripción establecido por el art. 4030, que lo limita a dos años. § 168. EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. - Tratándose de renuncia hecha por el incapaz, deben distinguirse los casos: a) Renuncia hecha por el emancipado sin autorización judicial, o sin el asentimiento de su cónyuge mayor (arg. art. 135). Se trata de nulidad relativa, establecida por carencia de un elemento que atañe al poder de actuar, y en beneficio del propio emancipado. Por lo tanto, sólo éste, o sus herederos si el emancipado falleció pendiente el término de prescripción, y, eventualmente, sus acreedores por acción subrogatoria (art. 1196), podrían ejercer la acción de nulidad, atento lo dispuesto por el art. 1048. b) Renuncia hecha por el concursado o fallido. Es inoponible a la masa del concurso salvo en lo que exceda al interés de la masa (art. 111, ley 24.522; ver § 146). En tal caso, y conforme lo dispuesto por el art. 115 actuará el síndico en los trámites del proceso sucesorio en que esté comprometido el interés del concurso. c) Renuncia hecha por el inhabilitado sin asistencia del curador. La acción deberá ser intentada por éste, actuando en su representación. Se aplican a la inhabilitación las normas sobre la cúratela (conf. arts. 152 bis, y 411, por remisión del art. 475). d) Renuncia hecha por el tutor o curador, sin autorización judicial. En tal caso, el propio incapaz, sus parientes o el Ministerio Público de menores podrían reclamar al juez de la tutela o la cúratela por el acto (art. 414), a efectos de que se designe

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

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al menor o incapaz un tutor o curador especial (art. 397, inc. 4o) que demande la nulidad de la renuncia, sin perjuicio de la remoción del tutor o curador general (art. 457, inc. 3o). § 169. REVOCACIÓN DE LA RENUNCIA. - Los arts. 3351 y 3352 se refieren a la acción revocatoria de la renuncia, ejercida por los acreedores del renunciante. Dispone el primero de los artículos que "los acreedores del renunciante de una fecha anterior a la renuncia, y toda persona interesada, pueden demandar la revocación de la renuncia que se ha hecho en perjuicio de ellos, a fin de hacerse autorizar para ejercer los derechos sucesorios del renunciante hasta la concurrencia de lo que les es debido". La norma prevé, en verdad, dos situaciones correlativas: a) La acción pauliana, que supone implícita una renuncia fraudulenta -en perjuicio de los derechos de los acreedores de fecha anterior a la renuncia-. Debe entenderse que esta acción, por la que los acreedores piden la revocación de la renuncia, se sujeta a los principios generales (art. 961 y ss.), y especialmente la insolvencia del renunciante (art. 962, inc. I o ), es una condición fundamental para el ejercicio de la acción revocatoria. b) La acción subrogatoria (art. 1196), por la que los acreedores son autorizados para ejercer los derechos del renunciante hasta la concurrencia de lo que les es debido. Los acreedores, pues, se sustituyen al deudor sin adquirir, por supuesto, la calidad de herederos; obtienen tan sólo la ventaja pecuniaria que de ella hubiese resultado para el deudor, y ello, hasta la concurrencia de sus créditos (art. 3352). De aquí que "todo lo que quede de la porción del renunciante, o de la herencia misma, después del pago a los acreedores del heredero, corresponde a sus coherederos, o a los herederos de grado subsiguiente. Ni unos ni otros pueden reclamar del renunciante el reembolso de las sumas o valores pagados a sus acreedores" (art. 3352). § 170. EFECTOS DE LA REVOCACIÓN. - E l ejercicio de esta acción produce importantes efectos. Por de pronto, según cierta doctrina, en virtud de la subrogación, los acreedores aceptan 10. Zannoni, Manual.

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la herencia, pero esa aceptación es parcial, limitada hasta la satisfacción de los créditos. Pero, como aceptantes, los acreedores deberán allanarse a la colación de los valores que el causante hubiere anticipado al renunciante (art. 3476), y estarán legitimados para demandar Ja reducción de las donaciones inoficiosas y de las disposiciones testamentarias que mengüen la porción legítima (arts. 3600, 3601 y 1831). El principio de que las herencias no pueden aceptarse en parte, concluye, se quiebra cuando una necesidad práctica reclama lo contrario. Su justificación se halla en que, si la ley declara que la referencia sólo se acepta por el todo, es en defensa de los acreedores. Cuando el interés de ellos pide lo contrario, nace la excepción. § 171. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REVOCATORIA. - Se aplica la prescripción anual establecida por el art. 4033.

L E C T U R A S Y CASOS P R Á C T I C O S S U G E R I D O S LECTURA

Fallo de la CCiv2aCap, 1/3/46, JA, 1946-11-212. Analice los hechos de la causa. Sintetice los fundamentos del representante del Consejo Nacional de Educación y del juez de primera instancia. Suponiendo que usted fuese abogado del Consejo, ¿cómo fundaría los agravios de la sentencia de primera instancia? CASOS PRÁCTICOS

a) A la muerte de Fabián, su esposa Marta y los dos hijos del matrimonio, Raúl y Pedro, promovieron el proceso sucesorio obteniendo declaratoria de herederos en su favor. Con posterioridad, Raúl y Pedro en un escrito presentado al juez de la sucesión, renuncian a sus derechos hereditarios en favor de su madre. En el mismo escrito Marta acepta y pide que los bienes se le adjudiquen en exclusiva propiedad. 1) ¿Es válida la renuncia? 2) ¿Considera usted aplicable al caso la norma del art. 3341 del Cód. Civil? 3) ¿De qué modo argumentaría para requerir se revoque la resolución judicial que desestimara la petición de Marta? b) Iniciada una acción por cobro de alquileres contra el locatario, toma intervención en la causa la cónyuge, denunciando el fallecimiento del de-

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

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mandado. Se le consulta: /) ¿será posible proseguir el juicio contra el locatario fallecido? 2) ¿qué recaudos aconsejaría tomar como abogado del actor, acreedor de los alquileres? c) Diego, a la sazón concursado, renuncia a la sucesión de su padre. Si usted fuese abogado del síndico, ¿qué acción o acciones intentaría, supuesto el caso de que en virtud de la renuncia Diego dejase de recibir importantes bienes de la sucesión? ¿Ante qué juez intentaría la acción? ¿Qué efectos tendría dicha acción en relación a Diego?

CAPÍTULO IV

BENEFICIO DE INVENTARIO A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS. LEGISLACIÓN COMPARADA. LlNEAMIENTOS DEL RÉGIMEN ARGENTINO

§ 172. CONCEPTO. - Si la adquisición del heredero es consecuencia y no causa del suceder a título universal, puede ocurrir que, mediante la aceptación, y en virtud de la automática confusión de patrimonios que conlleva a la responsabilidad ultra vires hereditatis, el heredero asuma a título propio, como sujeto, las deudas del causante que con relación al conjunto de titularidad transmisible conforman una herencia insolvente. La insolvencia del patrimonio transmitido en forma de herencia habrá entonces de revertir, eventualmente, sobre el heredero mismo, y sus propios bienes, afectados a satisfacer una garantía de solvencia, serán ejecutables a título hereditario. Ello es consecuencia del principio romano de la sucesión en la persona, claramente establecido en los arts. 3342 y 3343 del Cód. Civil, que ya hemos estudiado. Como la idea de patrimonio no se concibe sin un sujeto, su titular, y desde que la cohesión de la universalidad del patrimonio hereditario no puede sino imputarse al sucesor, éste incorpora, en definitiva, a su patrimonio por confusión la calidad de sujeto activo o pasivo que correspondió al causante. El llamado beneficio de inventario se traduce en un modo de aceptación para el heredero, en virtud del cual el patrimonio de la herencia no pierde su unidad y, a la vez, no se confun-

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de, en su contenido de titularidades transmisibles, con el patrimonio del heredero. Su principal efecto lo constituye el hecho de que los bienes hereditarios pasan, se transmiten al heredero, pero permanecen distintos, o sea, separados de los bienes personales de él. Tal modo de aceptación supone una importante excepción a los principios de la sucesión en la persona, aunque, como veremos a continuación, es en su contexto - y no en el de la sucesión en los bienes- que se explica su verdadero sentido. De todos modos, el beneficio de inventario concluye por demostrar que la construcción del patrimonio-persona no se basa en ideas absolutas y, en mayor o menor medida, la universalidad patrimonial adquiere cohesión por sí misma como unidad finalista. § 173. EL BENEFICIO DE INVENTARIO COMO DE LA SUCESIÓN EN LA PERSONA. - Llegados a este

CONSECUENCIA

punto, corresponde advertir que el llamado beneficio de inventario que hace su aparición en la historia de las instituciones del derecho sucesorio con Justiniano es, como su nombre lo indica, un beneficio para neutralizar, o al menos atemperar respecto de ciertos here-^ deros, el principio de la responsabilidad ultra vires hereditatis, como consecuencia de la confusión de patrimonios. Y, como todo beneficio, es de carácter excepcional o específico en cuanto significa una abrogación, en el caso, de los principios generales. Es, en definitiva, una consecuencia de la adopción del principio de la sucesión en la persona. En el sistema germánico de la sucesión en los bienes, se encuentra ausente toda la construcción romana. Desde que, ab initio, no se funda en la ficción de la continuación en la persona, el derecho hereditario germánico parte de la premisa de que los bienes recibidos tutelan la responsabilidad (Haftung) del causante que asume el heredero. Tal responsabilidad se agota en los bienes recibidos y no se transmite al sucesor la deuda, sin perjuicio, claro está, del derecho persecutorio sobre los bienes relictos para hacer efectiva la responsabilidad.

BENEFICIO DE INVENTARIO

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§ 174. CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA EN EL CÓDIGO CIVIL, HASTA LA LEY 17.711. - Sobre las

bases expuestas debe comprenderse el beneficio de inventario legislado en nuestro Código en los arts. 3358 a 3409. Frente a la presunción general de aceptación pura y simple que surge de los artículos del mismo Código, y particularmente del art. 3329, la aceptación con beneficio de inventario se regía por claras pautas de tradición romanista, acogidas en las fuentes, especialmente el Código Civil francés (arts. 793 a 810) y el Proyecto español de 1851. a) En primer lugar, el beneficio era excepcional, ya que "la aceptación bajo beneficio de inventario -rezaba el derogado art. 3363- no se presume; debe ser expresa. El heredero que quiera aceptar la herencia bajo beneficio de inventario -continuaba el precepto-, debe declararlo así, ante el juez a quien corresponda conocer de la sucesión, en el término de diez días. Cualquier otra declaración no tendrá efecto alguno aunque sea un acto auténtico". b) El beneficio, además, dependía del inventario, para cuya facción el heredero gozaba de "tres meses contados desde la apertura de la sucesión, o desde que supo que la sucesión se le defería" (art. 3366). Confeccionado el inventario, el heredero tenía treinta días para deliberar sobre la aceptación o renuncia de la herencia. Si el heredero, habiendo deliberado, optaba por acogerse al beneficio, evitaba -como principio fundamental- la responsabilidad ultra vires. "El heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario -reza el art. 3371-, está obligado por las deudas y cargas de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de la herencia. Su patrimonio no se confunde con el del difunto, y puede reclamar como cualquier otro acreedor los créditos que tuviese contra la sucesión". c) El beneficio es, además, individual, puesto que según el art. 3360, "cuando son varios los herederos, el beneficio de inventario se concede separada o individualmente a cada uno de

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ellos. Uno puede aceptar la sucesión con el beneficio de inventario, mientras que otro la acepte pura y simplemente". En consecuencia, "la aceptación de la sucesión hecha por uno de los herederos con beneficio de inventario, no modifica los efectos de la aceptación pura y simple, hecha por otros, y recíprocamente. Los derechos y las obligaciones de cada uno de los herederos son siempre los mismos, tanto respecto de ellos como respecto de los acreedores y legatarios" (art. 3361). d) Como todo beneficio, la aceptación beneficiaría es renunciable; dispone el art. 3404 que "el beneficio de inventario cesa por la renuncia expresa de él, que haga el heredero en documento público o privado". Por ende, no modifica el principio de la continuación de la persona del causante por el heredero (art. 3365) ya que, cesando el beneficio -cesación que cabe incluso a título de sanción por la realización de actos prohibidos, como la ocultación de valores de la herencia u omisión fraudulenta en el inventario de algunas cosas de ella: art. 3405- se lo considera aceptante puro y simple (arts. 3408 y 3409). § 175. EL BENEFICIO DE INVENTARIO LUEGO DE LA LEY 17.711. - Irrumpiendo en

EN EL CÓDIGO

CIVIU

los nítidos perfiles del sistema del Código Civil, la ley 17.711 modifica los arts. 3363 y 3366. Se comienza por establecer que "toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario, cualquiera sea el tiempo en que se haga" (art. 3363, párr. Io). Y el art. 3366 añade: "El heredero perderá el beneficio si no hiciese el inventario dentro del plazo de tres meses contados desde que hubiese sido judicialmente intimado por parte interesada. Luego de hecho el inventario, el heredero gozará de un plazo de treinta días para renunciar a la herencia, vencido el cual se lo considerará aceptante beneficiario". Finalmente, "la realización de actos prohibidos en este Código al heredero beneficiario importará la pérdida del beneficio" (art. 3363, párr. 2 o ). La primera observación que nos sugiere tan trascendental reforma está motivada por la intuición de que el legislador ha

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BENEFICIO DE INVENTARIO

cuestionado, en última instancia, el sistema sucesorio basado en la trilogía conceptual del patrimonio-persona, la confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra vires hereditatis. Sin embargo, se ha valido de una institución típica en el contexto original del Código Civil, que tiene su sentido propio en los principios de la sucesión en la persona, cuyos presupuestos son, precisamente, los que el legislador cuestiona. Sin embargo, resulta lesionada la unidad sistemática del Código con la reforma de los arts. 3363 y 3366, frente a otras normas que no han sido derogadas o modificadas. Se producen colisiones fundamentales; así, por ejemplo, el art. 3363 cuando dispone que toda aceptación debe presumirse efectuada con beneficio de inventario, frente al art. 3329, en cuanto dispone que en todos los casos de aceptación tácita, la sucesión se considera aceptada pura y simplemente; o el mismo art. 3363 con el art. 3359 en la medida en que "el sucesor universal no puede aceptar la herencia con beneficio de inventario, cuando ha hecho acto de heredero puro y simple", etcétera. Las serias dificultades que apareja la reforma, deben ser consideradas en particular ante normas o principios implícitos que se conservan inalterados y que, sin embargo, de un modo u otro, exigen del intérprete tener en cuenta que las normas antiguas y las nuevas deben considerarse partes de un todo sistemático. Sin embargo, la irrupción de la ley 17.711 desfigura principios y soluciones que obligarán a una prolija reelaboración si se encara la modificación integral del Código. Veremos a continuación algunos problemas de hermenéutica que suscita el régimen del beneficio.

B) § 176. VENTARIAR.

F O R M A DE LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA PLAZO PARA ACEPTAR LA HERENCIA

Y PLAZO PARA IN-

- El principio general que presume que toda aceptación es beneficiaria, no altera el derecho de opción para aceptar o repudiar la herencia, según lo dispuesto por el art. 3313.

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

Pero a pesar del plazo de que extensamente goza el heredero para optar entre la aceptación o renuncia de la herencia, "los terceros interesados pueden exigir que el heredero acepte o repudie la herencia en un término que no pase de treinta días" (art. 3314). Si bien ésta es otra norma plenamente vigente debe ser concordada con el nuevo art. 3366 que dispone: "£7 heredero perderá el beneficio [de inventario] si no hiciese el inventario dentro del plazo de tres meses contados desde que hubiese sido judicialmente intimado por parte interesada". El problema que se plantea es el siguiente: si un interesado -p.ej., acreedor o legatario- intima al sucesible en los términos del art. 3314 para que ejerza el derecho de opción, tal intimación, ¿hace operar, simultáneamente, el plazo de tres meses para la realización del inventario? Si así fuese, el intimado gozaría del primer plazo para optar entre la aceptación o renuncia (treinta días), pero si aceptara, se computaría -desde el día de la intimación- el término para inventariar. Por nuestra parte, creemos que se impone otra solución. El art. 3314 refiere a la intimación que puede efectuar todo intere-' sado, no al heredero -que todavía no es tal- sino al pariente sucesible con vocación actual para que ejerza su derecho de aceptar. El art. 3366, en cambio, se coloca en la hipótesis del heredero que goza de la presunción beneficiaría por la aceptación ya efectuada. En efecto, al decir que "el heredero perderá el beneficio si no hiciese el inventario", presupone que tal beneficio es gozado por el heredero. Todo lo cual, sin perjuicio de advertir que exige que la intimación sea judicial. O sea que, intimado por los terceros interesados, según lo dispuesto por el art. 3314, el heredero que acepta la herencia, sin hacer otra manifestación, se presume beneficiario y si no se le intima a partir de la aceptación para que realice el inventario, conservará esa calidad por vía de la presunción del art. 3363 y siempre, claro está, que no realice actos prohibidos al heredero beneficiario.

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BENEFICIO DE INVENTARIO

§ 177. CIÓN. - Un

SUBSISTENCIA

DEL BENEFICIO

LUEGO DE LA

PARTI-

problema no resuelto se plantea con el plazo de que gozan los interesados para intimar a los herederos a la confección del inventario. En otras palabras, ¿prescribe o caduca ese derecho? A primera vista parecería correcto concluir que, en tanto los derechos respectivos en sí mismos no hayan prescripto, todo acreedor o legatario puede intimar al heredero para que realice el inventario, como asimismo hacer valer la responsabilidad ultra vires hereditatis respecto de los actos de dispo1 sic,ión concluidos por ese heredero. Pero podría ocurrir que acreedores desconocidos se presentaran luego de la liquidación del pasivo hereditario y habiendo sido adjudicados los bienes o valores. Dichos acreedores, ¿tienen ante sí la responsabilidad ilimitada del respectivo heredero, o sólo responden por el crédito en cuestión los bienes o valores adjudicados? A nuestro juicio la incomunicabilidad del pasivo hereditario con la responsabilidad personal del heredero, con sus propios bienes, queda fijada definitivamente desde el momento de la apertura de la sucesión por efecto del carácter retroactivo de la aceptación. Aun cuando la herencia ya esté adjudicada y los bienes se hayan integrado a título singular al patrimonio del heredero, aquella incomunicabilidad persistirá en miras al origen del crédito o deuda. Entendemos que ésta es la solución que se impone por ser el beneficio de la responsabilidad limitada del heredero el principio general: una vez adjudicados los bienes no es económicamente lógico que el heredero sufra la extensión de una responsabilidad que no tuvo durante el estado de indivisión. Y ello aunque en la ortodoxia de los principios jurídicos pudiera oponerse el carácter fungible de todos los elementos patrimoniales. Una fórmula expresa preveía el Anteproyecto de Bibiloni (art. 2972): "Pagados los acreedores y legatarios, los bienes excedentes pertenecen al heredero. Si posteriormente se presentase algún acreedor, el heredero sólo será responsable en la medida del enriquecimiento causado por los bienes hereditarios que ha recibido". El Proyecto de 1936 limitó aun más la responsabilidad: "Pagados los acreedores y le-

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gatarios, los bienes excedentes pertenecen al heredero, quien sólo será responsable por el valor recibido, si con posterioridad se presentase algún interesado". Es la solución también consagrada en el derecho italiano (art. 502). §

178.

INDIVIDUALIDAD

DEL BENEFICIO

DE INVENTARIO.

-

Digamos finalmente que -como ocurrirá normalmente- si existen varios herederos, la intimación deberá ser cursada a cada uno de ellos. Conforme al art. 3360, "cuando son varios los herederos, el beneficio de inventario se concede separada o individualmente a cada uno de ellos. Uno puede aceptar la sucesión con el beneficio de inventario, mientras que otro la acepte pura y simplemente". Todos, pues, gozan de la presunción del art. 3363 y la pérdida del beneficio será también a título individual. Claro que no será necesario realizar tantos inventarios como herederos existan. Nada obsta a que se adhiera al realizado por un coheredero. § 179. OMISIÓN DEL INVENTARIO. - Según el art. 3366., párr. Io, "El heredero perderá el beneficio si no hiciese el inventario dentro del plazo de tres meses contados desde que hubiese sido judicialmente intimado por parte interesada". No cabe duda de que, perdido el beneficio, deberá reputárselo heredero puro y simple. El plazo, en todos los casos, se computará a partir de la intimación. La aceptación podrá ser expresa o tácita (art. 3319 y ss.), puede haber sido incluso provocada (art. 3314), pero siempre importará, en principio, "la renuncia irrevocable a la facultad de repudiar la herencia" (arg. art. 3341). § 180. PLAZO PARA DELIBERAR. - Finalizada la facción del inventario, "el heredero gozará de un plazo de treinta días para renunciar a la herencia, vencido el cual se lo considerará aceptante beneficiario" (art. 3366, párr. 2 o ). El derogado art. 3366, en su concepción original, establecía que "el heredero tiene, para hacer el inventario, tres meses contados desde la apertura de la

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sucesión o desde que supo que la sucesión se le defería y treinta días para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia". Como toda aceptación se presume efectuada con beneficio de inventarío (art. 3363), en tanto el heredero no sea intimado para la confección de éste, no está obligado a hacerlo. Pero, una vez intimado, sea cuando fuere -y, por supuesto, mientras no haya perdido el beneficio- siempre estará posibilitado de renunciar. .

§ 181.

CASOS EN QUE EL HEREDERO NO PODRÁ

RENUNCIAR.

Es claro que para que el heredero pueda renunciar se requerirá que haya efectuado el inventario con las formalidades legales; que, además, no haya realizado actos que supongan la pérdida del beneficio (conf. art. 3363) o que haya renunciado a él, en cuyo caso será considerado aceptante puro y simple desde la apertura de la sucesión (arts. 3404 y 3408). § 182. LA PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA ANTE LOS CASOS DE ACEPTACIÓN TÁCITA. - Si bien el art. 3363 establece

que "toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario", deben tenerse presentes dos situaciones: en primer lugar, que la realización de actos prohibidos al heredero beneficiario importará la pérdida del beneficio (art. 3363, párr. 2 o ). En segundo lugar, es muy importante recordar que existen ciertos actos que resultan incompatibles con la administración beneficiaría y que, de realizarlos el heredero, habría aceptado tácitamente la herencia, pero sin gozar de la presunción en su favor: habría de reputárselo heredero puro y simple. El asunto trasciende y debe ser tenido presente habida cuenta de la experiencia que nos brinda el funcionamiento del proceso sucesorio a partir de la reforma. Los códigos de procedimientos no han sido adecuados y el trámite sucesorio no acusa sensibles cambios. La costumbre en torno a la realización de actos de administración y de disposición del heredero en el juicio sigue manteniéndose, y se olvida, muchas veces, que impor-

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taran, llegado el caso, la pérdida del beneficio en forma automática. Veamos algunos casos: a) Actos de disposición a título oneroso o gratuito de un bien mueble o inmueble de la herencia (art. 3321, parte Ia). Se lo considerará aceptante puro y simple si no obtuvo licencia o autorización judicial (art. 3393), y, en caso de inmuebles, sólo podrán venderse en remate público. Quedan exceptuados los muebles que no pueden conservarse y los que el difunto tenía para vender (art. 3393). b) Constitución de hipoteca, servidumbres u otros derechos reales sobre inmuebles de la sucesión (art. 3321, parte 2a). Perderá el beneficio y, por consiguiente, se lo reputará aceptante puro y simple si no obtuvo autorización judicial (art. 3390). c) Transacción o sometimiento a juicio de arbitros de un pleito que interesa a la sucesión (art. 3324). Perderá el beneficio el heredero que no haya sido autorizado por el juez de la sucesión a tales efectos (art. 3390). d) Ocultación o sustracción de bienes o valores de la sucesión (art. 3331). Dichos actos suponen aceptación desde que' existe toma de posesión de los bienes (art. 3327), pero el heredero será reputado aceptante puro y simple por aplicación de lo dispuesto por el art. 3405. e) Aceptación o renuncia de una herencia deferida al autor de la sucesión (art. 3389). Estamos en presencia de un caso que, si bien no ha sido previsto expresamente, constituye acto de adición o aceptación en tanto ese heredero que acepta o repudia lo hace válidamente invocando su carácter: está ejerciendo un derecho (conf. art. 3323) que pertenece a la sucesión. Si obra sin autorización judicial (art. 3389) habrá de reputárselo heredero puro y simple. Como bien lo señala Guastavino la presunción legal de aceptación beneficiaria no es suficiente para considerar derogada la prohibición, pues es posible la pérdida del beneficio y la consecuente responsabilidad ultra vires en la herencia deferida al causante.

BENEFICIO DE INVENTARIO

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En cambio, no son incompatibles con la presunción de aceptación beneficiaría: a) Los actos de administración de los bienes de la sucesión y el empleo de sus rentas y productos que haga el heredero como lo crea conveniente (art. 3388). b) Las demandas que el heredero interponga contra sus coherederos o contra los detentadores de un bien dependiente de la sucesión para que sea restituido a ella (art. 3323). c) La contestación de demandas judiciales relativas a la sucesión que se entablen contra el heredero (art. 3325). d) El requerimiento o percepción de lo que se debe a la sucesión (art. 3326). e) El arrendamiento de bienes de la sucesión, percepción de sus rentas y demás actos previstos en el art. 3327 que importan entrar en posesión de los bienes de la herencia. § 183. OMISIÓN, POR EL HEREDERO, DE LOS ACTOS OBLIGATORIOS QUE IMPONE LA ADMINISTRACIÓN BENEFICIARÍA. - Fundamen-

talmente, "el heredero beneficiario, que no hace abandono de los bienes, debe administrar la sucesión y dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios" (art. 3382). Involucrados en la obligación de administración, son deberes de la gestión que se extienden a todos los negocios de la herencia tanto activa como pasivamente: interrumpir y perseguir las acciones de la sucesión, interrumpir el curso de las prescripciones, tomar las medidas necesarias para prevenir la insolvencia de los deudores, pagar las deudas y cargas de la sucesión que sean legítimas, etc. (art. 3383). De conformidad con la dinámica impresa ahora por la ley 17.711, la omisión de estas obligaciones, o las consecuencias que emanen de "la responsabilidad de toda falta grave en su administración" (art. 3384), ¿supone paralelamente la pérdida del beneficio? Se impone la negativa. El art. 3385 prevé los remedios ante la administración culpable o el perjuicio que esa administra-

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ción causa a los intereses hereditarios, entre los que se destaca la fianza que debe prestar el heredero beneficiario por los perjuicios que cause su gestión a los herederos y legatarios, sin perjuicio de una eventual rendición de cuentas -cuyos gastos el art. 3386 imputa a cargo de la herencia-. En ningún momento el beneficio de inventario se pierde: lo que no implica descartar, al juego de los principios generales, la efectivización de la responsabilidad del heredero por su administración culpable o perjudicial. Es claro que hubiese sido preferible añadir la posibilidad de la remoción del administrador, como lo autorizaba el Anteproyecto de Bibiloni (art. 2969). El proyecto de la Comisión de 1936, incluso, sancionaba al heredero que contraviniere las normas que rigen la gestión de la herencia con la pérdida del beneficio (art. 1887). Si bien ello es así, a nivel del Código Civil, los códigos de procedimientos, al organizar la administración de la sucesión, suelen prever la remoción del administrador definitivo. § 184. LA PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA Y LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES. - El art. 3369, que no ha sido

derogado por el legislador de 1968, dispone: "Durante los plazos para hacer el inventario y deliberar, el heredero no puede vender ni los bienes raíces, ni los muebles sin autorización del juez, a no ser que él y la mayor parte de los legatarios acordasen otra cosa". La redacción del artículo e, incluso, su ambigüedad, merecieron la crítica de nuestros primeros comentaristas. Es claro que se lo explicaba en el contexto original del Código. Una primera impresión nos sugiere lo siguiente: si los arts. 3321 y 3393 del Cód. Civil reputan que la venta o acto de disposición a cualquier título de un bien mueble o inmueble de la sucesión de la herencia sin autorización judicial constituye hipótesis de aceptación pura y simple (art. 3321), pesando la prohibición incluso respecto de la venta de inmuebles salvo que mediare aquella autorización y en remate público (art. 3393), y si el art. 3406 dispone la pérdida del beneficio de inventario si el heredero hubiere vendido bienes inmuebles de la herencia sin

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atenerse a las disposiciones prescriptas, ¿cómo se concilia este art. 3369 con ellas, que aparece de algún modo autorizando esta vez la venta de muebles e inmuebles sin autorización judicial si así lo resuelven el heredero y la mayor parte de los legatarios? El codificador cita a García Goyena, art. 852. Pero esta fuente implica algo muy diverso en su contexto. El heredero beneficiario -en el Proyecto español de 1851- sólo debía limitarse a los actos de pura administración, requiriéndose para los demás la correspondiente venia judicial. En cuanto a los actos de disposición exigía la subasta pública si el heredero y la mayoría de los acreedores y legatarios no acordasen otra cosa. En el proyecto citado, pues, el acuerdo se limitaba a decidir sobre la forma en que se verificaría la venta -la que, si no había acuerdo, debía ser siempre en subasta pública-, y, además, como es lógico, presuponía el acuerdo mayoritario entre acreedores y legatarios. En cambio, en el Código Civil argentino la norma trasvasada e inserta en un ámbito que está perfectamente delimitado por los arts. 3321, 3393 y 3406, además de superflua es inconveniente y, dados sus términos, peligrosa. Se aplica durante los plazos para hacer el inventario y deliberar -en cambio, los arts. 3393 y 3406 aluden al heredero que aceptó con beneficio-, durante los cuales en la concepción primigenia de la ley, el heredero podía optar aún entre la aceptación o renuncia de la herencia. Así las cosas, su gestión estaba limitada a los actos tendientes sólo a la conservación, inspección o administración provisional de los bienes hereditarios (art. 3328) puesto que no importan, como tales, aceptación. Por eso era exacta la posición de Machado, al comentar el art. 3369. "El presente artículo -decía- se refiere al que tiene derecho para aceptar la herencia con beneficio de inventario o rechazarla, porque se encuentra dentro del término. ¿Cómo podría entonces enajenar los inmuebles sin permiso judicial? Luego -añade- la prohibición es absoluta a este respecto, y si lo hiciera se reputaría que ha hecho acto de heredero puro y simple, habiendo renunciado a aceptarla bajo beneficio de inventario". 11. Zannoni, Manual.

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De ahí que, incluso antes de la ley 17.711, el art. 3369 no debía conducir a una interpretación literal desnaturalizante de los principios generales contenidos en otras normas que ya hemos citado: la venta hecha en la forma indicada, es decir, sin autorización judicial y por la sola voluntad del heredero y la mayoría de los legatarios, es un acto que importa aceptación, pura y simple de la herencia, particularmente si se trata de inmuebles. Estos principios han de mantenerse, ahora, con la reforma. Pero, a no dudarlo, la supresión del art. 3369 habría evitado dudas y contradicciones porque, como sabemos, la presunción beneficiaria es de carácter general; y si no hay intimación para inventariar, ella se mantendrá hasta la liquidación y partición en que culmina la indivisión hereditaria. De modo que el artículo en estudio constituye un verdadero anacronismo ampliamente superado, repetimos, con lo dispuesto en los arts. 3321, 3393 y 3406. Sabido es, también, que según el régimen vigente, a pesar de lo que diga el art. 3369, los actos que enumera entran dentro de los prohibidos al heredero beneficiario, o, si se prefiere, entre los que presumen aceptación pura y simple de la herencia por aplicación literal del art. 3363. § 185. SUSPENSIÓN

LA PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA Y LA DE LAS ACCIONES CONTRA EL HEREDERO. - LA LEY

17.711 ha derogado el art. 3367, que disponía: "Durante estos plazos [para inventariar y deliberar, conf. art. 3366] no pueden los acreedores y legatarios demandar el pago de sus créditos y legados; pero el heredero puede cobrar los créditos hereditarios. Las acciones de dominio contra la sucesión pueden entablarse". Salvo estas últimas, el Código vedaba la iniciación de demandas contra los herederos beneficiarios. Siguiendo a la legislación de Partidas y al Proyecto de García Goyena (art. 823), Vélez Sársfield entendió proveer al sucesible llamado a inventariar y deliberar sobre la aceptación y renuncia de la herencia, de una verdadera excepción dilatoria: la defensa fundada en el art. 3367 -dijo un tribunal- debe ser ejercida antes y sin contestar la de-

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manda, en caso de que se iniciara, siendo su efecto el de una espera o tregua y no el rechazo de la demanda. Es evidente: durante los plazos para inventariar y deliberar el sucesible aún podía renunciar (en la concepción original del Código, se entiende). Pero perdería ese derecho sí se viese en la necesidad de contestar las demandas que se promoviesen por el cobro de los créditos (art. 3325). Reputándose de ahora en adelante la aceptación como presupuesto de la presunción beneficiaría, es comprensible que los acreedores y legatarios no sufran la suspensión de sus acciones individuales a fin de obtener el pago de los créditos y legados, sujeto todo a las normas de los arts. 3396 a 3403. § 186.

LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA

Y EL SUPUESTO DE NU-

LIDAD DE LA ACEPTACIÓN POR ERROR EN EL CONTENIDO

PATRIMONIAL

- El art. 3338 dispone: "Puede igualmente demandarse la nulidad de la aceptación, cuando la herencia se encuentra disminuida en más de la mitad por las disposiciones de un testamento desconocido al tiempo de la aceptación". Todos los autores recuerdan la fuente de nuestro artículo: el art. 783 del Cód. Civil francés, constituyendo una traducción casi literal. Y, también, debe partirse de la premisa de que su justificación -si la tiene, o si ésta es plena- se encuentra, y esto es esencial, en las consecuencias de la sucesión en la persona y, particularmente, en la confusión de patrimonios. En efecto, quien acepta la herencia que se le defiere por la ley, asume, en virtud de la responsabilidad ultra vires hereditatis, aquella situación de obligado al pago de las deudas y cargas de la herencia no sólo con los bienes hereditarios, sino también con los suyos propios (art. 3343). DE LA HERENCIA.

Pues bien, ¿qué ocurre si, aceptada la herencia, con tales alcances, sobreviene más tarde la aparición de un testamento -desconocido al tiempo de la aceptación, por supuesto- que agrava, en detrimento del patrimonio particular del heredero, las cargas de la sucesión! Conocidos los acreedores y créditos contra el causante, por ejemplo, el sucesible efectuó acto de adi-

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ción, aceptó, y al hacerlo tenía en cuenta, por supuesto, el monto del acervo con el cual satisfacer esos créditos. Especuló, es cierto, con una expectativa de valores. Pero he aquí que, de pronto, aparece un testamento por el cual el causante efectúa legados que importan la disminución de la mitad o más de los valores del acervo y que, por tanto, torna gravosa la situación patrimonial del aceptante. Aquí parece hallarse el fundamento del art. 3338: el error sobre el contenido patrimonial de la sucesión, que el Código Civil francés reputa lesión y que resulta una excepción al caso de aparición o descubrimiento de un testamento ignorado en el que a través de disposiciones hechas a título particular, se produce una minorización o desposeimiento de la mitad, al menos, de la herencia. Desde luego, y esto lo puntualiza la doctrina francesa y es argüible entre nosotros en los casos de aceptación pura y simple, una sucesión con un pasivo desproporcionado que el heredero desconozca, o que resultase que el difunto no era propietario de ciertos bienes que él creía formaban parte del caudal hereditario, no le da derecho a demandar la nulidad de la aceptación. Lo verdaderamente intrincado de la norma en cuestión es saber cuándo la aparición de un testamento desconocido por el here-' dero al momento de la aceptación y que disminuye en más de la mitad la herencia aceptada, permite invocar la lesión o, más propiamente, el error sobre el contenido de la sucesión. Si, aplicando la letra del art. 3338 en sus términos estrictos, entendemos que el error es invocable por el heredero siempre que la aparición de ese testamento ignorado le acarree un lucro cesante, es evidente que la hipótesis es aplicable a toda aceptación, incluso a la efectuada bajo beneficio de inventario; si, por el contrario, se impone considerar que la disminución en la mitad o más de la herencia se refiere al activo bruto de la sucesión, o sea bienes, deudas y cargas, sólo en caso de aceptación pura y simple cobrará vigor y relevancia el error porque, como decíamos, comprometerá la responsabilidad ultra vires. Recordemos que en nuestro derecho los herederos están obligados personalmente al pago de los legados en proporción de su parte heredi-

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taria (art. 3776), porque todos los que son llamados a recibir la sucesión o una parte alícuota de ella, sea en virtud de la ley, sea en virtud del testamento, están obligados al pago de los legados en proporción a su parte, salvas siempre las legítimas de los herederos forzosos (art. 3798). Siendo esta última la interpretación coherente del caso que contempla el art. 3338, sea que se considere que estamos frente a un caso de lesión, de error, o, como sostiene alguna doctrina, de una verdadera revocación que, en virtud de un acontecimiento sobreviniente, se acuerda al heredero fundado en el perjuicio que se le deriva de un hecho inimputable, es evidente que la presunción de aceptación beneficiaria excluye luego de la reforma de la ley 17.711 y en tanto el beneficio continúe, la causal de nulidad de la aceptación. Así caracterizada, es típica y exclusiva de los casos de aceptación pura y simple. § 187. LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA Y LA REVOCACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FRAUDULENTA. - El art. 3340 dispone: "Los acree-

dores del heredero podrán, en el caso que éste hubiese aceptado una sucesión evidentemente mala por una connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios, demandar en su propio nombre por una acción revocatoria la retractación de la aceptación". Estaríase en presencia de una hipótesis de fraude por parte del heredero que acepta. No obstante las citas que de la doctrina francesa hace el codificador al pie del artículo, ya estudiamos oportunamente que no tiene aplicación práctica. De todos modos, y subsistente aún formalmente la preceptiva, la presunción de aceptación beneficiaria excluye definitivamente su uso, salvo que el beneficio de inventario se perdiera por alguna causa legal y que la omisión del inventario, o la realización de actos de heredero puro y simple, etc., pudiesen ser interpretados -y probados- como parte del concierto o connivencia fraudulentos con los acreedores hereditarios. Así y todo, esto no tiene asidero lógico en los hechos, mientras constituya el ejercicio regular de un derecho propio (conf. art. 1071).

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§ 188. FORMA DEL INVENTARIO. - Establece el art. 3370 que "el inventario debe ser hecho ante un escribano y dos testigos con citación de los legatarios y acreedores que se hubiesen presentado". El Código Civil, como se ve, no exige que el inventario sea judicial aunque, en la práctica, la citación a los acreedores y, eventualmente, a los legatarios, se hiciese por orden del juez mediante edictos publicados en la forma acostumbrada. Sin embargo, el art. 716, inc. Io, del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación ordena que el inventario deberá hacerse judicialmente cuando la herencia hubiese sido aceptada con beneficio de inventario. Estamos frente a uno de los varios casos en que la ley formal se aparta de las normas de fondo imponiendo formas, o recaudos distintos de los exigidos por ésta. El término judicial, empleado por el Código, debe entenderse en tanto el inventario se practica por un escribano designado judicialmente (art. 719) y sujeto a aprobación judicial (art. 724). Las partes, los acreedores y legatarios y el representante de la Dirección General Impositiva -dispone el art. 7 2 1 - serán citados para la formación del inventario, notificándoselos por cédula, en la que se les hará saber el lugar, día y hora de la reali-» zación de la diligencia. El inventario se hará con intervención de las partes que concurran. El acta de la diligencia contendrá la especificación de los bienes, con indicación de la persona que efectúa la denuncia. Si hubiese título de propiedad, sólo se hará una relación sucinta de su contenido. Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formulasen los interesados. Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negasen se dejará constancia, sin que ello afecte la validez de la diligencia. Son, pues, formas esenciales del inventario para su validez: la intervención del escribano público (art. 997, Cód. Civil), nombrado por el juez de la sucesión (art. 719, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación); la citación de los legatarios y acreedores (art. 3370, Cód. Civil, y art. 721, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación); la comparecencia al acto y firma de dos testigos (arts.

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3370 y 1004, Cód. Civil); la firma de los herederos, legatarios y acreedores que comparezcan (art. 988, Cód. Civil, y art. 721, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación), salvo que alguno de ellos se negase a firmar, circunstancia de la que dará fe el escribano; la agregación de un testimonio del acta en el expediente de la sucesión a disposición de los interesados (art. 724, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación) y su aprobación judicial. Las reclamaciones de los herederos o terceros sobre inclusión o exclusión de bienes debe tramitarse por vía incidental (art. 725, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). En cuanto a la entidad del inventario mismo, si en él se hubiese hecho omisión fraudulenta de algunas cosas o bienes de la herencia (art. 3405), el heredero perderá el beneficio y será considerado aceptante puro y simple. § 189.

PRORROGABILIDAD DEL PLAZO PARA INVENTARIAR. -

En cuanto al plazo establecido por el art. 3366 para la realización del inventario, el Código admite su prorrogabilidad "si por la situación de los bienes o por otras causas no ha podido concluirse", debiendo toda prórroga ser resuelta por el juez que entiende en el juicio sucesorio, limitándose al tiempo indispensable para la conclusión (art. 3368). § 190. NULIDAD DEL INVENTARIO. - Siendo anulado el inventario, es evidente que el heredero, intimado en su oportunidad, deberá ser considerado en todos los casos liso y llano, puesto que habrá perdido el beneficio que le otorga la ley (art. 3366), no siéndole posible ya renunciar a su carácter de heredero (art. 3341). Es muy difícil que, declarada la nulidad, tenga derecho a intentar un nuevo inventario dentro del plazo. De ser así, salvo las hipótesis del art. 3405, no podría negársele el beneficio. § 191. GASTOS DEL INVENTARIO. - El art. 3386 establece que los gastos a que dé lugar el inventario son a cargo de la herencia. Es decir, se reputan cargas comunes de la herencia (ver art. 3474 y su nota), y, por lo tanto, si el heredero que realiza el inventario hubiese anticipado los fondos para esos gastos, podrá, luego, re-

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petírlos contra la masa, gozando, al efecto, de privilegio (art. 3386 in fine). C)

general

E L PROBLEMA DE LOS HEREDEROS BENEFICIARIOS DE PLENO DERECHO

§ 192. MENORES E INCAPACES. EL PROBLEMA ANTES DE LA REFORMA DE LA LEY 17.711. - Uno de los temas arduamente dis-

cutidos en la doctrina y en torno del hoy derogado art. 3364 del Cód. Civil, ha sido indudablemente el que plantea la situación del heredero incapaz, en especial si debe reputárselo beneficiario de pleno derecho. Esa norma disponía: "Aunque la sucesión corresponda a un menor de edad o a un incapaz, el tutor o curador debe hacer la declaración ordenada en el artículo anterior, y si no la hiciere, debe satisfacer a los acreedores de la sucesión los daños y perjuicios que su omisión les causare". La declaración era la del art. 3363, ello es, de acogimiento al beneficio, ante el juez a quien corresponde entender en la sucesión. Y la nota al art. 3364 precisaba: "Por las leyes de este Código, los menores y los incapaces no pueden aceptar una sucesión sino con el beneficio de inventario". § 193.

EL PROBLEMA LUEGO DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCU-

LO 3364. - Dado que, con la ley 17.711, "toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario" (art. 3363) parecería que el art. 3364 ha sido correctamente eliminado, ya que los tutores o curadores no necesitarán efectuar declaración alguna al aceptar por sus representados, para que dicha aceptación sea reputada en los términos generales del beneficio. Pero, paralelamente, surge un problema nuevo: si, como sabemos, el heredero pierde el beneficio al no hacer el inventario dentro del plazo de tres meses contados desde que hubiese sido judicialmente intimado por parte interesada (art. 3366, párr. I o ), ¿qué ocurrirá, si el representante legal del incapaz es intimado en la forma prescripta para inventariar y no procede a la facción del inventario en término?

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BENEFICIO DE INVENTARIO

Subsistiendo el carácter atribuido a esos incapaces de beneficiarios de pleno derecho, parecería inferirse que no deben perder el beneficio. Hubiera sido conveniente, se ha señalado, responsabilizar expresamente a los representantes legales por la omisión del inventario. En vez de la derogación del art. 3364 debió sustituirse la anterior norma por otra que responsabilizara a los representantes legales de los herederos respecto de los acreedores y legatarios por los perjuicios derivados de la omisión del inventario o del incumplimiento de las otras obligaciones inherentes al beneficio de inventario. § 194.

RESPONSABILIDAD

DE TUTORES Y CURADORES. -

Sin

embargo, para el caso de tutores y curadores, dicha responsabilidad está expresamente consagrada por la ley. Dispone el art. 413: "El tutor debe administrar los intereses del menor como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento de sus deberes". Además, el art. 450, inc. 4 o , prohibe absolutamente al tutor, aunque el juez indebidamente lo autorice, "aceptar herencias deferidas al menor sin beneficio de inventario". En nuestro sentir, procede calificar como incurso en culpa grave, amén de una eventual acción u omisión dolosa, la actitud remisa del tutor o curador en la facción del inventario: obligación, ésta del inventario, que es inherente a su administración (art. 417 y ss.) y que, para el caso de sucesión, torna aplicable, por otra vía, el art. 420: "Los bienes que en adelante adquiriese el menor por sucesión u otro título, deberá inventariarlos con las mismas solemnidades" (judicialmente). § 195.

EL CASO DE LOS MENORES SOMETIDOS A PATRIA POTES-

TAD. - A pesar de ello, la derogación del art. 3364 ha dejado subsistente el problema que plantean los menores sujetos a patria potestad y no a tutela, porque en las normas que regulan su administración no se prevé que los padres estén obligados a aceptar la herencia con beneficio de inventario cuando lo hacen por sus hijos; y si bien resulta del art. 3363 que el beneficio

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se presume con el solo hecho de aceptar, la no confección del inventario en el plazo de tres meses desde que hubiese existido intimación judicial, colocaría a esos hijos en situación de considerárselos aceptantes puros y simples. Sin embargo, como lo destacaba la doctrina anterior a la ley 17.711, el art. 450, inc. 4 o , del Cód. Civil, que prohibe a tutores aceptar herencias sin beneficio de inventario, es aplicable a los padres, pues no se advierte razón alguna para colocar en peor situación a los menores sujetos a la patria potestad que a tutela. Y si los padres no pueden aceptar pura y simplemente la herencia deferida al hijo, según la interpretación extensiva propiciada, es porque en el contexto de la ley ha de reputárselo como heredero que goza ministerio legis del beneficio de inventario. La aceptación beneficiaria del padre, por el hijo y en su representación, integra el conjunto de limitaciones que recaen sobre la gestión de los intereses que emana del ejercicio de la patria potestad, del mismo modo que los padres no pueden hacer remisión voluntaria de los derechos del hijo, ni pueden obligarlo como fiador de ellos o de terceros (art. 297, Cód. Civil). § 1 9 6 . MENORES QUE CARECEN DE REPRESENTANTE TIEMPO DE LA INTIMACIÓN. - Respecto de los menores e

LEGAL AL

incapaces que carecieren, al ser intimados, de un tutor, curador o representante legal, es evidente que no perderán el beneficio. Es que, en definitiva, tampoco pueden por sí aceptar o renunciar a la herencia (art. 3333) desde que no tienen la libre administración de sus bienes. En esos casos, a instancias del Ministerio Público de menores habrá de designárseles previamente un tutor ad hoc con conocimiento e intervención del defensor de menores (arts. 491, 492 y ss., Cód. Civil). § 197. CONCURSADOS Y FALLIDOS. INOPONIBILIDAD DE LA ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE A LOS ACREEDORES DEL CONCURSO. - EL

art. 111 de la ley 24.522 dispone que "en caso de aceptación, los acreedores del causante sólo pueden proceder sobre los bienes desapoderados, después de pagados los del fallido y los

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BENEFICIO DE INVENTARIO

gastos del concurso". Se afirma que esta norma, sin imponer directamente que los concursados y fallidos están obligados a aceptar con beneficio de inventario, establece un aislamiento de patrimonios y pospone los acreedores del causante a los del heredero fallido con relación a los bienes desapoderados. De la norma transcripta resulta que aun cuando el concursado o fallido aceptase pura y simplemente la herencia, esa aceptación sería inoponible a los acreedores del concurso, puesto que los acreedores personales del causante no podrían ejecutar sus créditos sino una vez satisfechos los de aquéllos.

D) § 198.

E F E C T O S DE LA ACEPTACIÓN BENEFICIARÍA LIMITACIÓN

DE LA RESPONSABILIDAD

DEL

HEREDERO.

Es éste el efecto fundamental por excelencia de la aceptación beneficiaria. El art. 3371 lo enuncia diciendo que "el heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario, está obligado por las deudas y cargas de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de la herencia". La expresión que dejamos subrayada ha sido tomada literalmente del art. 802 del Cód. Civil francés, y suscita una observación fundamental. La responsabilidad del heredero no se extiende "hasta" cubrir el valor de los bienes hereditarios, porque, de interpretarse literalmente el art. 3371, el heredero podría llegar a ser personalmente responsable, con sus propios bienes, hacia acreedores o legatarios si se hubiesen perdido o enajenado bienes sucesorios -se sobreentiende que en las condiciones que establece el art. 3393 y concs.- por la diferencia del valor resultante debido a la pérdida o enajenación por un precio inferior al del avalúo estimado en el inventario. La mentada interpretación literal del art. 3371 conduciría a la llamada responsabilidad pro viribus, o sea, contable o cuantitativa en función de valores computados en el caudal relicto hasta cuyo importe el heredero asume responsabilidad personal. La interpretación dada a la norma, en cambio, se limita a la res-

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ponsabilidad cum viribus hereditatis, esencialmente objetiva, que recae únicamente sobre los bienes relictos. Es precisamente por ello que la ley, al organizar la administración beneficiaría, rodea a los actos de disposición de los bienes de la herencia de recaudos que aseguren el derecho de terceros. Por ello se dijo acertadamente que la expresión el valor de los bienes utilizada por el art. 3371 no es el de tasación, porque éste es el valor estimativo de los bienes. Deberá considerarse el precio que se obtenga de ellos en remate público. Los bienes -observa nuestro autor- pueden estimarse en más o en menos, pero el heredero no responde por ese valor, sino por el precio que dieren a la venta. Por esa razón ni el heredero puede obligar a los acreedores a que tomen las cosas por el valor de la tasación, ni éstos tienen derecho a exigirle ese valor (art. 3392). § 199.

INEXISTENCIA

DE CONFUSIÓN DE PATRIMONIOS. -

Una

consecuencia, ya estudiada, de la responsabilidad limitada del heredero al caudal relicto es que no se produce la confusión de patrimonios. El patrimonio del heredero no se confunde con el del difunto, dice el mismo art. 3371. Y de allí resultará que los acreedores personales del heredero no pueden dirigirse contra la sucesión en su propio nombre, porque ésta (la herencia) es la' verdadera prenda de los acreedores que ha dejado el causante y deben ser pagados primero. Aquellos acreedores personales sólo tendrán derecho a embargar el remanente una vez pagadas las deudas y legados. § 200.

EXCLUSIÓN

DEL ACTIVO SUCESORIO DE LOS VALORES

COLACIONABLES. - Es un efecto de la responsabilidad limitada cum viribus que enuncia el art. 3372. El heredero "no está obligado con los bienes que el autor de la sucesión le hubiere dado en vida, aunque debiese colacionarlos entre sus coherederos, ni con los bienes que el difunto haya dado en vida a sus coherederos y que él tenga derecho a hacer colacionar". El art. 3372 debe interpretarse en el sentido de que el heredero no responde con los valores (y no con los bienes, como

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BENEFICIO DE INVENTARIO

se lee) que estuviese obligado a colacionar. Lo cual es evidente: dichos valores están fuera del caudal relicto y no constituirán para acreedores y legatarios parte del patrimonio del causante al momento de la apertura de la sucesión ni expectativa de solvencia de sus créditos o legados. A mayor abundamiento, conviene recordar que los valores colacionables sólo son debidos por el coheredero a su coheredero, no a los acreedores ni legatarios (art. 3478). § 201.

INEXISTENCIA

DE CONFUSIÓN

DE CRÉDITOS

Y DEU-

DAS. - A la separación de patrimonios subsigue la consecuencia de que el heredero, en sus relaciones con la herencia indivisa, mantiene inalterada su calidad de acreedor o deudor del causante. De allí que "puede reclamar como cualquier otro acreedor los créditos que tuviese contra la sucesión" (art. 3371), porque "la aceptación de la herencia con beneficio de inventario impide la extinción por confusión de los derechos del heredero contra la sucesión; y recíprocamente de los derechos de la sucesión contra el heredero. Éste conserva, como un tercero, todos sus derechos personales o reales contra la sucesión, y la sucesión conserva contra él todos sus derechos personales y reales" (art. 3373). Este principio se encuentra, asimismo, consagrado en los arts. 862 y 863 del Código. Y, en consecuencia: a) El heredero se subroga en los derechos del acreedor o legatario a quien hubiese pagado con su propio dinero (art. 3374). El art. 768, inc. 5 o , del Cód. Civil, establece, en efecto, que la subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor en su favor cuando el heredero que admitió (aceptó) la herencia con beneficio de inventario paga con sus propios fondos la deuda de la misma. b) El heredero puede reivindicar de un tercer adquirente las cosas suyas que el difunto hubiere enajenado (art. 3375). Se trata de un derecho atribuido al heredero beneficiario y no al aceptante puro y simple, desde que, en carácter de continuador

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de la personalidad del difunto, está obligado por la garantía de evicción. § 202.

ACCIONES

DEL HEREDERO BENEFICIARIO

CONTRA LA

- Corolario de lo dispuesto en los arts. 3371, parte última, y 3373, resulta el dispositivo del art. 3377. "Las acciones que el heredero beneficiario quiera intentar contra la sucesión -dice la norma-, serán dirigidas contra todos los herederos si los hubiere. Si hubiesen de ser intentadas por todos los coherederos, el juez nombrará un curador a la sucesión". Dos son las situaciones previstas en el dispositivo: SUCESIÓN.

a) Que la herencia hubiese sido aceptada con beneficio de inventario por un heredero y pura y simplemente por los demás. En caso de que el primero demandase a la herencia, ésta, a tales efectos, estaría representada por todos los coherederos aceptantes puros y simples. La confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra vires asumida en virtud de la aceptación lisa y llana hace de éstos acreedores y deudores personales de los créditos y deudas del causante (art. 3417), situación que no acaece respecto del heredero beneficiario que es reputado tercero a tales efectos, sin perjuicio de la representación que ejerce en los técminos del art. 3383. Pero esa representación, como es obvio, no le permite demandar y contestar o representar los intereses de la sucesión cuando él, personalmente, tiene un interés contradictorio con aquélla. b) El segundo supuesto consiste en que el heredero beneficiario fuese el único sucesor o que, habiendo varios, todos hubiesen aceptado con beneficio de inventario. En tal caso, nadie estará en condiciones de representar los intereses contradictorios que se generan entre el o los demandantes, reputados a tales efectos como terceros, y la herencia. No cabe sino la designación de un curador de los bienes (art. 488, Cód. Civil). Situación que no se da si la sucesión corresponde a un causante fallido (art. 3377 infine), o sea, desapoderado por la declaración de quiebra o por haber caído en concurso, por cuanto, en tal

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BENEFICIO DE INVENTARÍO

caso, el síndico o liquidador representa la masa del concurso (art. 111, ley 24.522). § 203. NEFICIARIO.

ACCIONES

DE LA SUCESIÓN CONTRA EL HEREDERO

BE-

- Es la situación inversa a la anterior, pero se determina por similares principios. "Las acciones de la sucesión contra el heredero beneficiario, pueden ser intentadas por los otros coherederos. Si no los hubiere, el pago de los deudas del heredero se hará en las cuentas que él presente de su administración" (art. 3378). E)

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARÍA 1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 204. CARÁCTER DE LA ADMINISTRACIÓN. - El primer problema se presenta al disponernos a caracterizar la administración del heredero beneficiario conforme a lo que surge del citado art. 3382. Dice Vélez Sársfield, recordando, sin duda, la polémica suscitada en la doctrina francesa: "Del carácter y del fin de esta administración depende la resolución de cuestiones importantes. Unos dicen que el heredero beneficiario está encargado de administrar y liquidar la sucesión para todos los interesados, como los síndicos lo están de liquidar la masa fallida; y que por lo tanto los acreedores no pueden, como sucede en los concursos, demandar ni hacer ejecuciones en los bienes hereditarios. Pero otros opinan -añade el codificador a renglón aparte- y con ellos estamos, que si la ley declara que el heredero administre la sucesión, es principalmente en su interés mismo, a fin de asegurarle la conservación del beneficio de inventario, y con las restricciones necesarias para garantir los derechos de los acreedores y legatarios. Mas esas restricciones, como el beneficio mismo de inventario, sólo son en interés directo del heredero. La venta de los bienes no es para él obligatoria, sino facultativa, y puesto que es libre para obrar, no es el representante de los acreedores. Podemos concluir, por lo tanto, que el heredero benefi-

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ciario, cumpliendo las condiciones de su beneficio, no es como los síndicos, el mandatario de los acreedores, y que éstos y los legatarios conservan el ejercicio de sus derechos individuales para ejecutar los bienes hereditarios" (nota al art. 3382). Tal el pensamiento del codificador. Sin embargo, a poco de reflexionar surgen graves objeciones. Si el heredero beneficiario no es un representante o mandatario de los acreedores y legatarios, ¿cómo se explica que pueda abandonar su administración precisamente a ellos? El art. 3379 lo admite expresamente. ¿No es ésta una prueba evidente de que el administrador actúa en interés de los herederos y legatarios? Si el heredero obrase sólo en su interés, no tendría sentido esta delegación, ni incluso, el abandono. Pero también es innegable que la administración beneficiaria, como lo puntualiza Vélez Sársfield, no se organiza al modo de la sindicatura en los concursos. El heredero beneficiario "tiene la libre administración de los bienes de la sucesión, y puede emplear sus rentas y productos como lo crea más conveniente" (art. 3388). Incluso, "los actos de enajenación y de disposición de los bienes, que hiciere el heredero beneficiario, como dueño de ellos, son válidos y firmes" (art. 3395). Es sabido que tales actos pueden importar la pérdida del beneficio si no se cumplen en las condiciones del art. 3393 (conf. art. 3406), pero ello no quita, ni con mucho, que la organización de la administración beneficiarla atienda a la garantía del heredero. Lo cual puede formularse así: el heredero beneficiario no comunica a su patrimonio las deudas y cargas de la herencia (art. 3371), mientras administre la sucesión de conformidad con los preceptos legales. Pero esta administración no impide que pueda ejecutar actos de heredero puro y simple, que serán oponibles a los acreedores y legatarios (salvo la responsabilidad por toda "falta grave" en la administración o su gestión "culpable" que dará derecho a reclamar fianzas u otras garantías por los perjuicios -arts. 3384 y 3385-) aun cuando pierda el beneficio de inventario. Ello nos indica que el heredero beneficiario es, simultáneamente, administrador en cosa propia, y, mientras satisfaga los

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preceptos legales referidos a la administración beneficiaría, obra también en beneficio de los acreedores y legatarios, puesto que es en interés de estos últimos que la ley impone las restricciones a la gestión libre de la comunidad, y señala la forma de realizar los bienes para satisfacer las deudas y cargas (art. 3396 y siguientes). Y, además de administrador, el heredero beneficiario es el liquidador de la herencia. Si bien no está obligado a vender los bienes muebles o inmuebles de la sucesión para satisfacer las deudas y cargas (conf. art. 3391), y puede afrontar el pasivo "de cualquiera otra manera que le convenga", ninguna duda cabe de que los acreedores y legatarios pueden, en definitiva, exigir la venta para cobrar su crédito o legado si de otra manera no se resolviesen sus expectativas. Es, en suma, el patrimonio de la herencia el que constituye la prenda de las deudas y cargas (art. 3371). § 205. COEXISTENCIA DE HEREDEROS BENEFICIARIOS Y DE HEREDEROS PUROS Y SIMPLES O DE DOS O MÁS HEREDEROS BENEFI-

CIARIOS. - Decíamos hace poco que el art. 3382, en su letra, supone la gestión por un único heredero aceptante: el beneficiario. Y señalábamos también el silencio de la ley ante dos situaciones: la que planteara la coexistencia de herederos aceptantes puros y simples con el beneficiario, y la que planteara, en su caso -hipótesis quizás ahora más frecuente- la coexistencia de dos o más herederos beneficiarios. Aquí hay que relacionar, inicialmente, algunas otras disposiciones. El art. 3361 establece que "la aceptación de la sucesión hecha por uno de los herederos con beneficio de inventario, no modifica los efectos de la aceptación pura y simple, hecha por otros, y recíprocamente. Los derechos y las obligaciones de cada uno de los herederos son siempre los mismos, tanto respecto de ellos como respecto de los acreedores y legatarios". Luego viene el art. 3383 que declara enfáticamente que el heredero beneficiario "es sólo el representante de la sucesión", y a quien compete, como sabemos, la administración (art. 3382). 12. Zannoni, Manual.

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Entiende nuestra doctrina, con razón, que cuando coexiste el heredero beneficiario con aceptantes puros y simples, todos quedan obligados a seguir los procedimientos de administración y liquidación fijados en la ley para el caso de herencias aceptadas con beneficio de inventario. Ante la coexistencia no es posible desdoblar la administración: lo contrario sería reducir el heredero beneficiario a un legatario del remanente -aun cuando no en el sentido del art. 3720-, coartado en su acción y privado de las funciones que la ley le confiere. Esto, además, traería aparejado un evidente perjuicio para los acreedores y legatarios, ya que para los aceptantes puros y simples no resultan imperativas las normas de la administración beneficiaría, con lo cual el beneficio -privado el heredero aceptante con beneficio de inventario de la gestión- se reduciría a una mera fórmula tendiente a excluir la responsabilidad ultra vires hereditatis. En la segunda de las hipótesis planteadas, ello es, que existan dos o más herederos aceptantes que gozan del beneficio de inventario sin involucrar la concurrencia, con ellos, de aceptantes puros y simples, creemos que se aplicará analógicamente la norma del art. 3451. La administración y liquidación de la sucesión corresponderá a todos, sin perjuicio de la aplicación, en el caso, de las normas procesales, sobre administración en cabeza de uno de ellos. Si coexisten varios aceptantes beneficiarios con herederos puros y simples, el administrador judicial será elegido poT la voluntad unánime de todos los beneficiarios, pero sólo de ellos. A falta de unanimidad, corresponde al juez designar al cónyuge supérstite -si conserva el beneficio- o a quien proponga la mayoría, salvo que mediaren motivos especiales, como reza el art. 709 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, que a su criterio fuesen aceptables para no efectuar ese nombramiento. § 206. CRÍTICA DEL SISTEMA. - El sistema de la administración beneficiaría es criticable desde diversos puntos de vista. Decía Bibiloni, en ocasión de elaborar el Anteproyecto: "hay que organizar una liquidación colectiva en beneficio de todos los

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interesados y no solamente en el del heredero, vigilada, y bajo la intervención activa de los acreedores y legatarios. Y la primera condición de ella es la verificación de los créditos, el pago autorizado por la aprobación de estados que determinen las prelaciones y la distribución proporcional, el depósito judicial de las sumas percibidas y la disposición de los bienes por vía de los recaudos que aseguren la renta y la leal enajenación de ellos". Por eso proponía Bibiloni, siguiendo las enseñanzas de Laurent y las propuestas de la "Société d'Études Législatives" de Francia, aplicar supletoriamente las disposiciones que regulan los concursos. Es el sistema que mejor garantiza la ejecución colectiva del patrimonio afectado a la satisfacción del pasivo excluyendo la responsabilidad ultra vires. Ello requeriría, sin duda, repensar todo el capítulo dedicado al pago a acreedores y legatarios estableciendo un procedimiento típicamente concursal en lo relativo a la realización de los bienes y un orden de preferencia basado en los privilegios que la ley otorga a ciertos acreedores, a la vez que organizando el prorrateo de los créditos quirografarios sobre la base de la previa verificación y declaración de admisibilidad por el juez de la sucesión. Porque, no puede caber duda, el patrimonio de la herencia debe afectarse a su fin específico que es la liquidación, y posterior distribución entre los herederos. Para esa afectación la ley debe prever instrumentos y órganos adecuados que salvaguarden, a la vez, el interés de los acreedores y legatarios como el de los herederos, que son, en definitiva, los titulares del patrimonio y a quienes corresponderá recibir el saldo, una vez satisfechas las deudas y cargas que lo gravan. 2) FACULTADES DEL ADMINISTRADOR § 207. CONCEPTO.

PRINCIPIO GENERAL: ADMINISTRACIÓN

LIQUIDADORA.

- De lo expuesto, y repasando el articulado del Código Civil (art. 3382 y ss.), advertimos que la aceptación beneficiaría pone a cargo del o de los herederos que así adquirieron la herencia la carga de administrarla con el fin de su liquidación.

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Es decir, se trata de una administración liquidadora, como lo ha puntualizado la doctrina, que, como contrapartida del beneficio para los herederos que sólo responden intra vires y cum viribus hereditatis (ver § 198), les exige una gestión que asegure, en interés de los acreedores y legatarios, una conveniente conservación del caudal relicto y una ordenada distribución del pasivo. § 208. ACTOS CONSERVATORIOS. - En este sentido el art. 3383, párr. 3 o , dispone que el heredero beneficiario "tiene derecho de hacer en los bienes de la sucesión todas las reparaciones urgentes, o que sean necesarias para la conservación de los objetos de la herencia". En puridad no se trata sólo de un derecho, es decir de una mera facultad, sino de una obligación, pues el heredero es personalmente responsable de toda falta grave en su administración (art. 3384). El art. 3385 considera el supuesto de administración culpable aludiendo al perjuicio de los intereses hereditarios. Y es innegable que no realizar las reparaciones urgentes o actos conservatorios de los bienes hereditarios, implica omitir en perjuicio de acreedores y legatarios actos que tienden a mantener la integridad del patrimonio hereditario. Sin embargo el alcance de la norma debe interpretarse en el sentido de que el heredero no requiere autorización judicial para realizar inmediatamente los gastos y reparaciones tendientes a la conservación de los bienes. Sin perjuicio de ello, deberá oportunamente rendir cuenta a los acreedores y legatarios que se lo exigieren, de los gastos realizados (art. 3382; ver § 234). § 209. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA. - Además de los conservatorios, el heredero beneficiario está también obligado a ejecutar los actos de administración ordinaria, es decir, aquellos que tienen por finalidad no sólo la conservación del capital del patrimonio hereditario, sino, además, la obtención de rentas, utilidades o productos que correspondan de acuerdo con su destino económico. El art. 3388, al efecto, establece que "e/ heredero beneficiario tiene la libre administración de los bienes

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de la sucesión, y puede emplear sus rentas y productos como lo crea más conveniente". Es decir que tampoco requiere autorización judicial para realizar estos actos. Ahora, si los herederos beneficiarios no se pusiesen de acuerdo sobre el modo de administrar, invertir o emplear las rentas, obviamente, será el juez del sucesorio quien deberá resolver (art. 3451). Entre tales actos de administración ordinaria el Código menciona específicamente: la percepción de sumas debidas a la sucesión, es decir, los pagos que a ella se hagan; la realización de pagos de deudas de la sucesión, o sea, deudas hereditarias, y también cargas de la herencia (art. 3383, párr. 2 o ). Por cierto que esos pagos deberán obedecer a deudas y cargas legítimas, dice la norma, a cuyo efecto los acreedores y legatarios podrían deducir eventualmente oposición, caso en el cual los pagos sólo podrán hacerse con autorización judicial (art. 3397). Pero, además, deben comprenderse entre los actos de administración ordinaria, todos aquellos que, según las circunstancias del caso, fuere conveniente realizar para mantener la productividad o rentabilidad de los capitales. Así, por ejemplo, la continuación del giro comercial o de la explotación agropecuaria que pueden implicar enajenaciones -venta de mercaderías, comercialización de cosechas, etc.- que no son actos de disposición. El art. 3393 alude a un caso: la venta de bienes muebles que el causante tenía para vender. Pero no es el único, pues deben quedar comprendidos todos los actos de enajenación que impliquen el ejercicio de la administración ordinaria de los bienes. § 210. ACTOS DE DISPOSICIÓN.-Los actos dispositivos, a diferencia de los de administración ordinaria, son aquellos que provocan una alteración sustancial del capital del patrimonio, o, como se ha dicho, que comprometen la existencia, individualidad o valor de un patrimonio o de alguno de sus elementos. Es obvio que, ante una administración liquidadora en atención especial al interés de acreedores y legatarios, los actos de dis-

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posición no pueden ser tolerados al libre arbitrio del o de los herederos beneficiarios. De allí que la ley exija para todos ellos la autorización judicial, es decir, del juez de la sucesión. Sin embargo, como veremos (§ 216), aunque el heredero beneficiario realizase actos de disposición sin requerir y obtener esa autorización, ellos serían válidos (art. 3395), sin perjuicio de que pierda el beneficio de inventario y responda ante acreedores y legatarios, desde entonces, ultra vires hereditatis (art. 3363, párr. 2 o , según ley 17.711). § 211.

DISPOSICIÓN

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. - Ya

hemos visto (§ 184) que en este supuesto corresponde aplicar las normas emergentes del art. 3393 y no las del art. 3369. Según aquél, el heredero beneficiario "puede enajenar los muebles que no puedan conservarse y los que el difunto tenía para vender; pero no podrá hacerlo con los de otra clase sin licencia judicial. La venta de los inmuebles sólo podrá verificarse en remate público". Es decir que la venta de bienes, fueren muebles -salvo los perecederos y los que el causante tenía para vender- o inmuebles, debe hacerse siempre con autorización judicial. Respecto de los inmuebles, en particular, la norma exige, además, que'la venta se haga en remate público. En cuanto a esta última exigencia, ha privado el criterio -adoptado también por nuestra ley para otras situaciones: v.gr., arts. 136 y 441, Cód. Civil- de que la subasta pública garantiza, previa tasación, un precio justo. La experiencia sin embargo demuestra que no es así. La venta particular puede importar la obtención de un precio muy superior al remate y es por eso que concordamos en que el juez podría autorizar al heredero beneficiario a vender extrajudicialmente, si, por analogía con lo dispuesto en el art. 442, la venta es más ventajosa, siempre que el precio fuere superior al de tasación realizada por martiliero designado de oficio por el juez (esta exigencia surge de la aplicación -también analógica- del fallo plenario de la Cámara Nacional Civil, referente a la venta extrajudicial de los bienes inmuebles de los menores sujetos a tutela).

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Sin embargo, creemos que como tal venta se produce en relación con una administración liquidadora, el juez debe dar intervención a los acreedores y legatarios que han hecho valer sus derechos, pues si mediare oposición de la mayoría de ellos, debe atenerse a la norma que exige el remate público. Téngase en cuenta que estamos ante un acto de administración extraordinaria, un acto de disposición, y debe ser atendido el interés de aquellos en cuyo beneficio se ha establecido la previsión. § 212. GRAVÁMENES. - Los gravámenes, como la prenda o hipoteca, constituyen derechos reales de garantía y suponen -como lo destaca la doctrina y la jurisprudencia- actos de disposición. Por ello, el art. 3390 establece que el heredero beneficiario no puede "constituir hipotecas y otros derechos reales sobre los bienes hereditarios... sin ser autorizado para estos actos por el juez de la sucesión". Adviértase que la norma no alude sólo a los derechos reales de garantía -hipoteca y prenda- sino, en general, a todos los que pudieren importar desmembraciones del dominio, como derechos de usufructo o uso, e incluso servidumbres reales. Así como lo destacamos a propósito de la venta, estimamos que el juez, antes de dar la autorización en su caso, debe dar intervención a los acreedores y legatarios y, en caso de oposición, resolver en consecuencia. § 213. TRANSACCIÓN O SOMETIMIENTO A ARBITRAJE. - Tampoco puede el heredero beneficiario, sin autorización judicial, hacer transacciones que interesen bienes hereditarios ni someter en arbitros negocios de la sucesión (art. 3390). § 214. ACEPTACIÓN DE HERENCIAS. - Dispone el art. 3389 que el heredero beneficiario "no puede aceptar o repudiar una herencia, deferida al autor de la sucesión, sin licencia del juez, y si el juez la diese, deberá hacerlo con beneficio de inventario". Es lógica la previsión, aunque actualmente toda aceptación se presumirá beneficiaria. Tiende a evitar que, por la confusión

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de patrimonios, los acreedores de la sucesión deferida al causante y aceptada por el heredero de éste, pudieren ejecutar bienes de su sucesión, afectando en consecuencia la solvencia del patrimonio. § 215. ACTUACIÓN JUDICIAL. - El heredero beneficiario es -dice el art. 3383- el "representante de la sucesión". Esto quiere decir que sólo él tiene personería para actuar en interés de la comunidad hereditaria, aunque existieren otros herederos que aceptaron pura y simplemente. Por supuesto que si los herederos beneficiarios son dos o más -situación habitual hoy en que toda aceptación se presume hecha con beneficio de inventariola actuación de los herederos es común, y se aplicarán las directivas del art. 3451 y concs. en cuanto a su gestión. Por lo expuesto, el o los herederos beneficiarios deben "intentar y seguir todas las acciones de la sucesión, y continuar las que estaban suspendidas, interrumpir el curso de las prescripciones, y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la insolvencia de los deudores" (art. 3383). Constituyen todos estos actos, a título ejemplificativo, consecuencias de la representación que ejerce el heredero beneficiario como representante de los intereses de la comunidad hereditaria y no requiere para su realización, autorización judicial. Si no ejerciere esa representación, asumirá responsabilidad personal por los perjuicios' que su inacción provoque a los acreedores y legatarios (art. 3384). § 216. REALIZACIÓN DE ACTOS PROHIBIDOS. - E n cuanto a la realización de dichos actos, hay que distinguir: a) EFICACIA DEL ACTO EN SÍ MISMO. Sobre este punto el art. 3395 establece que "los actos de enajenación y de disposición de los bienes, que hiciere el heredero beneficiario, como dueño de ellos, son válidos y firmes". Es decir que la ley atribuye plena eficacia al acto jurídico, pues el heredero beneficiario es el titular de la herencia, y en ese carácter lo ejecuta. b) EFECTOS RESPECTO DEL BENEFICIO DE INVENTARIO. Si bien el acto prohibido al heredero beneficiario es válido y firme, como

BENEFICIO DE INVENTARIO

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dice el art. 3395, produce, ipso iure, la pérdida del beneficio de inventario y hace surgir la responsabilidad ultra vires hereditatis en los términos del art. 3342. A este respecto, el art. 3406 alude a la pérdida del beneficio de inventario del heredero que hubiere vendido los bienes inmuebles de la herencia sin atenerse a las disposiciones prescriptas y, en cuanto a los muebles, deja librado al juez de la sucesión la apreciación de las circunstancias en que ellos fueron dispuestos para resolver si esa disposición "ha sido o no un acto de buena administración". Pero, en general, el art. 3363, párr. 2o, del Cód. Civil (texto según la ley 17.711), establece que la realización por el heredero de los actos prohibidos, implica la pérdida del beneficio. En el § 182 hemos enumerado los actos del heredero que quedan comprendidos en la previsión. 3)

P A G O A ACREEDORES V LEGATARIOS

§ 217. PRINCIPIO GENERAL. - Ya hemos visto que la administración del heredero es una administración liquidadora tendiente a la conservación del caudal hereditario y al pago de las deudas y cargas de la sucesión. En el sistema seguido por el Código Civil -inspirado en el Código Civil francés- el heredero beneficiario goza, no obstante, de amplísimas facultades como liquidador de la herencia, y esto ha motivado las críticas de nuestra doctrina, e incluso, la propuesta de Bibiloni, en el Anteproyecto, de aplicar subsidiariamente las disposiciones establecidas para los concursos, tanto para la verificación y abono de los créditos, como para la administración y realización de los bienes. A su vez, el art. 1883 del Proyecto de 1936 enumeró una serie de reglas para la administración beneficiaría, entre las cuales se destaca la posibilidad de que los acreedores y legatarios dispongan por mayoría de personas y capitales las normas para ejecutar la liquidación de la herencia. § 218. VERIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS. - En el sistema vigente corresponde al heredero beneficiario verificar la existencia

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y legitimidad de los créditos que se presentan para su cobro. Es decir, no existe un control externo, al tipo de la sindicatura concursal, para establecer esa verificación en representación de los intereses de los acreedores. § 219. ORDEN DE PAGO. - El principio general es que, salvo oposición de algún acreedor, "e/ heredero debe pagar a los acreedores y legatarios a medida que se presenten" (art. 3398, parte Ia). En realidad hay que distinguir el carácter de los créditos. a) En cuanto a los créditos privilegiados, el art. 3396 dispone que "el precio de la venta de los inmuebles será distribuido según el orden de los privilegios o hipotecas dispuesto en este Código". O sea que los acreedores privilegiados -fuere un privilegio general o especial, como el derivado de la prenda o de la hipoteca- en realidad no son pagados en el orden en que se presenten, sino siguiendo la gradación del privilegio de que gozan. Hay que aclarar, no obstante, que tratándose de créditos con privilegio general, ellos deberán ser satisfechos con la venta de cualquier bien, no sólo con la de inmuebles, como pareciera surgir del art. 3396 (así, p.ej., en los casos del art. 3879). Asimismo debe tenerse en cuenta que pueden existir créditos con privilegio general sobre los muebles (art. 3880), y los acreedores por cualquiera de esos conceptos podrán exigir la venta de tales muebles para ejercer su privilegio. b) A su vez, los legatarios "no pueden pretender ser pagados sino después que los acreedores hubiesen sido enteramente satisfechos" (art. 3400). A tal efecto debe recordarse que el art. 3797 dispone que "/os legados no pueden pagarse hasta que estén pagadas las deudas". Y, a su vez, existiendo diversos legados, su cumplimiento deberá hacerse en el orden establecido por el art. 3795. c) De modo que, en realidad, la norma del art. 3398, parte Ia, rige respecto de los acreedores quirografarios, quienes concurren a prorrata. Pero como el heredero debe pagarles a medida que se presenten, bien puede ocurrir que, no concurriendo

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todos simultáneamente, los que verifiquen su crédito con posterioridad se perjudiquen por la insuficiencia de bienes o valores para percibirlo íntegramente a pesar de que los que se presentaron con anterioridad hayan satisfecho el crédito cobrando totalmente. Al no existir el principio de la distribución proporcional, se da la posibilidad de que los acreedores o legatarios remisos puedan verse perjudicados por la actividad de otros más diligentes. § 220. OPOSICIÓN AL PAGO. - Los acreedores y los legatarios pueden oponerse a los pagos que pretende realizar el heredero. Al efecto dispone el art. 3397 que "si los acreedores, sean hipotecarios o quirografarios, hicieren oposición al pago de algún crédito hipotecario [debe entenderse de cualquier crédito, pues carece de sentido la distinción], el heredero hará el pago en conformidad a la resolución de los jueces". Es decir que la oposición constituye un auténtico incidente en el proceso de liquidación, que resuelve el juez. Cada oposición es individual, y tiende a resguardar el interés del acreedor oponente (art. 3399), pues en general, no implica sino la petición judicial de ser pagado antes que otro u otros, aunque así no se lo diga expresamente. Quiere decir, entonces, que la oposición aprovecha sólo a los acreedores que la hicieron y no a los demás. En tanto los legatarios no pueden oponerse al pago de créditos, salvo que cuestionasen su legitimidad, pues los legados se cumplen cuando todos los créditos han sido satisfechos. De modo que los legatarios no tienen interés en hacer oposición al pago de un crédito, ya que, cualquiera fuese el orden en que se satisfagan, ellos podrán pretender la entrega del legado si existiere remanente. Pero como los legados deben cumplirse en el orden del art. 3795, un legatario puede oponerse al pago de otros legados antes que el suyo o exigir que el remanente se distribuya entre los legatarios de igual clase a prorrata (art. 3401). § 221. ACCIÓN DE LOS ACREEDORES Y LEGATARIOS EN CASO DE PAGOS REALIZADOS POR EL HEREDERO NO OBSTANTE SU OPOSICIÓN.

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Puede ocurrir que el heredero realice un pago no obstante la oposición deducida por uno o más acreedores o legatarios. En tal caso, el art. 3402 establece que el heredero "es responsable personalmente del perjuicio que causare al acreedor o legatario". Es decir que si por efecto de ese pago no alcanzasen los bienes o valores restantes para satisfacer el crédito del oponente, el perjuicio será soportado por el heredero en forma personal. El acreedor tiene, pues, una acción directa contra él, quien responderá con sus propios bienes - e s obvio- por esos perjuicios. Pero además, y dejando a salvo la acción directa contra el heredero, el oponente puede dirigirse "contra los acreedores pagados sin necesidad de probar la insolvencia del heredero" (art. 3403). Se trata de una obligación concurrente del heredero y de los acreedores pagados no obstante la oposición y puede ser ejercida simultáneamente sin que exista beneficio de excusión de aquél respecto de éstos, y recíprocamente. Pues, como dice el art. 3403, parte Ia, el oponente puede dirigirse contra el heredero sin necesidad de probar la insolvencia de los acreedores pagados y contra éstos, como dijimos, sin necesidad de probar la insolvencia del heredero. § 222.

DERECHO

DEL HEREDERO DE COBRAR SU CRÉDITO.

-

Ya sabemos que, al no producirse la confusión de patrimonios, el heredero beneficiario conserva como cualquier tercero todos los derechos personales o reales contra la sucesión (art. 3373). Por eso, el art. 3398, parte última, dispone que "el heredero puede pagarse a sí mismo". Sin embargo, deberá hacerse el pago en conformidad con las normas generales, y, en caso de haber oponentes, no podrá retirar fondos o valores, sino una vez autorizado judicialmente. Además, mientras no haya efectuado ese retiro, los valores existentes deberán ser empleados en el pago a otros acreedores reclamantes, si los hay. Queda a salvo el derecho del propio heredero a hacer la oposición al pago que se le reclama para deferir la resolución de ese pago a la autorización judicial.

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§ 223. PAGO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN. - Todos los gastos realizados durante la administración son

cargas de la herencia. Así, por ejemplo, gastos de justicia, publicación de edictos, realización del inventario, etcétera. El art. 3386 dispone: "Los gastos a que dé lugar el inventario, la administración de los bienes hereditarios, o la seguridad de ellos, ordenados por el juez a la rendición de cuentas por parte del heredero, son a cargo de la herencia; y si el heredero los hubiese pagado con su dinero, será reembolsado con privilegio sobre todos los bienes de la sucesión". Es una disposición concordante y análoga a la establecida por el art. 3879 que, también, otorga privilegio general a los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores y los que causa la administración durante el concurso. Acotamos que la norma refiere literalmente a los gastos a que dio lugar el aseguramiento de los bienes, "ordenados por el juez a la rendición de cuentas por parte del heredero". La expresión debe ser entendida, en realidad, referida a los gastos que demanda la rendición de cuentas por el heredero que, también, constituyen cargas de la herencia. Pero "el heredero beneficiario no está autorizado a comprender en los gastos las sumas que le eran debidas por el difunto, ni las deudas de la sucesión que él hubiese pagado con su dinero. Si los bienes de la sucesión no bastan para pagar las deudas el heredero está sometido a soportar una pérdida proporcional, y no puede tomar de la sucesión las sumas que le son debidas como acreedor del difunto, o como subrogado en los derechos de otros acreedores" (art. 3387). El precepto tiende a destacar que los gastos allí mencionados no constituyen cargas de la herencia como los enumerados en el art. 3386. Además, y como consecuencia, que el heredero deberá sujetarse, a su respecto, a las normas generales de la liquidación. Si se paga a sí mismo deberá hacerlo como un acreedor más (ver § 221), si él paga una deuda de la sucesión quedará subrogado en los derechos del acreedor a quien pagó, y también en este caso deberá atenerse al proceso de liquidación de la herencia.

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§ 224. DERECHO TARDÍAMENTE. - El art.

DE LOS ACREEDORES

QUE SE

PRESENTAN

3398, parte 2 a , establece que "los acreedores que se presenten cuando ya no hay bienes de la sucesión, sólo tienen recurso durante tres años contra los legatarios por lo que éstos hubiesen recibido". La disposición es, de cierta manera, coherente con el principio de que los legatarios no pueden percibir sus legados, sino cuando han sido satisfechas las deudas (art. 3797). Por eso, si aparecieren acreedores a quienes no se hubiere pagado antes del cumplimiento de los legados, los legatarios deberán soportar, en el orden establecido por el art. 3795, la ejecución de los créditos impagos. Esta acción de los acreedores contra los legatarios prescribe a los tres años. El término debe computarse desde la entrega del legado al legatario que se demande, pues fue a partir de ese momento cuando se sustrajeron del caudal relicto los bienes o valores que están afectados preferentemente al pago de las deudas. § 225.

ADMINISTRACIÓN

POR LOS ACREEDORES

Y LEGATA-

- El o los herederos beneficiarios pueden liberarse de su obligación de liquidar las deudas y cargas de la herencia, abandonando esa gestión a los propios acreedores y legatarios. El término abandono, aquí utilizado, debe considerarse como sinónimo de apartamiento de la administración. Se justifica porque como el heredero beneficiario no está obligado personalmente por esas deudas y cargas, y responde sólo cum viribus hereditatis, se encuentra en una situación similar a la del tercer poseedor del inmueble hipotecado (conf. art. 3169). RIOS.

Es decir, pues, que el abandono no implica ni renuncia a la herencia ni la pérdida de la titularidad de los derechos. Así lo dispone claramente el art. 3379: "el heredero beneficiario puede descargarse del pago de las deudas y legados, abandonando todos los bienes de la sucesión a los acreedores y legatarios. Este abandono -agrega la norma- no importa una renuncia de la sucesión: aquél queda sometido a colacionar en la cuenta de partición con los coherederos, el valor de los bienes que en vida

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le hubiese donado el difunto; y puede exigirlos de éstos en todos los casos en que está ordenada la colación de bienes". § 226.

CASO DE PLURALIDAD DE HEREDEROS

BENEFICIARIOS.

Cuando los herederos beneficiarios son dos o más -hipótesis no contemplada expresamente por la ley que, en su letra, supone siempre que hay sólo un heredero con beneficio de inventario-, hemos dicho que la administración liquidadora la ejercen todos conjuntamente, por aplicación analógica del art. 3451 (ver § 205). En este caso, rige igualmente la regla de que ha de ser el juez de la sucesión quien resuelva las diferencias entre ellos relativas a la administración liquidadora que tienen a su cargo, sin perjuicio de que, conforme a las leyes procesales, hubiesen designado un administrador con facultades para llevarla a cabo. Pues bien, en tal caso, y para que procediese el abandono en favor de los acreedores y legatarios, se requeriría que todos los herederos beneficiarios resolvieran apartarse de la administración. Si uno o varios, individualmente, lo decidiesen así existiendo otros que reclaman continuar ejerciendo la administración, a éstos corresponderá proseguir el proceso de liquidación y los herederos que se apartaron recibirán el tratamiento de tales, de acuerdo con la norma del art. 3379. § 227.

CASO EN QUE EXISTIERAN

HEREDEROS PUROS Y SIM-

- Si todos los herederos beneficiarios hicieren abandono de la administración, existiendo herederos aceptantes puros y simples no corresponderá a éstos la administración, como algún autor equivocadamente lo ha sostenido. Pues es conveniente reiterar que la administración liquidadora en interés de los acreedores y legatarios impone responsabilidades y sanciones, y exige recaudos que los herederos puros y simples no están obligados a satisfacer, pues su responsabilidad es ultra vires hereditatis. De modo que el abandono, en este caso, en nada modifica ni altera la situación en que se encuentran los herederos puros y simples, quienes, como lo reconoce nuestra doctrina, esPLES.

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tan obligados a seguir los procedimientos fijados en la ley para la administración liquidadora. § 228.

MODO DE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN.

- H e c h a s las

salvedades que preceden, es claro que la administración liquidadora, por efecto del abandono por el o los herederos beneficiarios, se defiere a los acreedores y legatarios, quienes deben obrar - a falta de normas expresas- del mismo modo y con idénticas responsabilidades y restricciones que aquéllos. Es decir, asumirán la administración conjunta a tenor del art. 3451, sin perjuicio de que pudiesen proponer al juez de la sucesión y éste designar un administrador de entre ellos. La única norma del Código que contiene una pauta de esta administración es la del art. 3380, en cuanto establece que "abandonados los bienes de la sucesión por el heredero beneficiario, no pueden ser vendidos sino en la forma prescripta para el mismo heredero". Es decir que se aplicarán, al efecto, las exigencias del art. 3393 (ver § 211). Pero además, todo el proceso de liquidación estará sujeto a las restantes normas y el propio heredero beneficiario podrá oponerse a los actos que impliquen un apartamiento de ellas. Por efecto del abandono, además, los acreedores y legatarios asumen la representación de los intereses de la sucesión y deben, en consecuencia -igual que el heredero beneficiario- intentar y proseguir todas las acciones de la sucesión, contestar las demandas contra ellas, tomar las medidas precautorias para prevenir la insolvencia de los deudores de la sucesión, etc. (art. 3383). § 229. FORMA DEL ABANDONO. - Si bien la ley no determina qué formas deben los herederos cumplir para hacer abandono eficaz de la administración, entendemos que debe ser hecha por escrito y presentada al juez de la sucesión. Éste dispondrá que los acreedores tomen conocimiento del abandono, y citará a una audiencia para que ellos se hagan cargo de la administración, del mismo modo que se prevé en las leyes procesales para la designación de administrador de la sucesión.

BENEFICIO DE INVENTARIO

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Los acreedores y legatarios podrán exigir del heredero beneficiario la rendición de cuentas de los gastos realizados hasta entonces, y, mientras no sean rendidas, aquél mantendrá la responsabilidad establecida genéricamente en el art. 3384. § 230. RESTITUCIÓN DEL REMANENTE AL HEREDERO BENEFICIARIO. - Una vez liquidadas las deudas y cargas de la herencia,

los acreedores y legatarios deben devolver los bienes restantes al heredero beneficiario (art. 3381). En tal caso, también los acreedores y legatarios estarán obligados a rendir cuenta de su gestión, y estarán sujetos a las responsabilidades por la administración culpable que hubiese causado perjuicio a los herederos de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3384. 4) RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO BENEFICIARIO Y SANCIONES

§ 231. CONTROL AL HEREDERO BENEFICIARIO. - Si bien el heredero beneficiario es él, exclusivamente, el representante de los intereses de la sucesión (art. 3383), y tiene la libre administración de los bienes de ella (art. 3388), su gestión está sujeta al control de herederos y legatarios. Una de las manifestaciones más importantes de este control es el derecho que tienen aquéllos a oponerse al pago de créditos y deferir ese pago a la resolución del juez (art. 3397). Pero, además, ese control se ejerce permanentemente, aun respecto de los actos de pura administración por los cuales, ya se ha visto, el heredero es responsable en forma personal en caso de ser perjudicial a los intereses de los acreedores y legatarios (art. 3384). § 232. GARANTÍAS EXIGIBLES AL HEREDERO. - Por tal razón, el art. 3385 autoriza a los acreedores y legatarios a exigir al heredero fianza por el importe de los perjuicios que su administración les cause. El término fianza es comprensivo, en realidad, de toda garantía patrimonial por la administración del heredero. Éste podría ofrecer una prenda o hipoteca sobre bienes personales que garanticen adecuadamente la reparación de los 13. Zannoni, Manual.

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perjuicios que fundan la exigencia de los acreedores o legatarios, o cualquier otro tipo de caución que será aceptada por el juez de la sucesión. Como se ve, la garantía sólo es exigible cuando existe invocación de eventuales perjuicios por la administración culpable del heredero, y, en este sentido esa garantía sólo aprovechará al acreedor o legatario que la hubiese exigido y no a los demás. A tal efecto, el peticionante deberá acreditar sumariamente la entidad del posible perjuicio como un incidente dentro del proceso de administración y liquidación beneficiarla. § 233.

CASO EN QUE EL HEREDERO NO OTORGA GARANTÍAS.

-

Si el heredero no ofreciere fianza o garantía suficiente para responder por los perjuicios que su administración causa al acreedor o legatario que peticionó "los muebles serán vendidos, y su precio depositado, como también la porción del precio de los inmuebles que no se emplease en pagar los créditos hipotecarios" (art. 3385, parte 2 a ). Con esta medida se priva al heredero beneficiario del libre empleo de los fondos o valores existentes en el caudal relicto, a la vez que, en virtud del depósito, se asegura su permanencia en el acervo. Pero de esta norma no debe colegirse que los inmuebles no pueden venderse. Si así ocurriese, de acuerdo con las exigencias del art. 3393, el precio deberá ser también depositado. La solución es incompleta y des valiosa. Incompleta por-' que, de todos modos, no otorga al acreedor una garantía personal del heredero por los perjuicios resultantes de su administración culpable. Desvaliosa, sobre todo en épocas actuales de aguda depreciación monetaria, pues por el depósito el dinero obtenido por las ventas quedará inmovilizado quizá durante mucho tiempo con la pérdida de su valor. Creemos que a pesar de ello el juez podría autorizar el depósito que devengue intereses compensatorios, tales como el realizado en bancos o instituciones financieras a plazo fijo, a efectos de que se mitigue la des valorización del capital.

BENEFICIO DE INVENTARIO

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§ 234. RENDICIÓN DE CUENTAS. - El heredero beneficiario está obligado a rendir cuentas de su gestión a los acreedores y legatarios (art. 3382 infine). El Código Civil no establece plazos para esa rendición ni sanciones en caso de no rendirse en término. En cuanto a lo primero, serán aplicables las normas procesales que, en cada supuesto, establecen esa obligación a cargo del administrador de la herencia. En la Capital Federal se exige la rendición de cuentas trimestral y una rendición final (art. 713, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Si las cuentas son observadas, las observaciones se tramitan por incidente y el juez resolverá lo que corresponda. En cuanto a la sanción al heredero que no rindiere cuentas, o cuyas cuentas no fueren aprobadas, cabe distinguir. Si se trata de omisión de la rendición de cuentas, el art. 714 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación establece que esa conducta podrá ser considerada como mal desempeño de la administración, y el juez podrá disponer la remoción del heredero. Si se trata, en cambio, del rechazo de las cuentas presentadas, el heredero será personalmente responsable de las diferencias que surgieren en favor de la masa en virtud de lo dispuesto por el art. 3384, y los acreedores podrán exigirle garantías para responder de los perjuicios (art. 3385). F) FIN DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

§ 235. CAUSAS. - El beneficio de inventario cesa por renuncia que de él haga el heredero y por sanción en caso de haberse realizado actos prohibidos. En ambos casos, el efecto fundamental es que asume responsabilidad ultra vires hereditatis y queda emplazado, a partir de ese momento, como heredero aceptante puro y simple. § 236. RENUNCIA. - El beneficio de inventarío cesa por la renuncia de él, que haga el heredero en documento público o privado (art. 3404). Dicha renuncia puede acaecer en todo tiem-

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po y la ley no la subordina a formas esenciales: debe, no obstante, hacerse por escrito. § 237. PÉRDIDA DEL BENEFICIO. - A título de sanción, cesa el beneficio de inventario por la ocultación que hiciere el heredero de algunos valores de la sucesión y por la omisión fraudulenta en el inventario de algunas cosas de la herencia (art. 3405). Se trata de una garantía para los terceros interesados, habida cuenta de que sólo responden por las deudas y cargas de la herencia, los bienes constitutivos del caudal relicto. La pérdida del beneficio hará al heredero precisamente responsable, personalmente, ultra vires por esas deudas y cargas. Del mismo modo, "el heredero pierde el beneficio de inventario, si hubiere vendido los bienes inmuebles de la sucesión, sin conformarse a las disposiciones prescriptas. En cuanto a los muebles queda a la prudencia de los jueces, resolver si la enajenación de ellos ha sido o no un acto de buena administración" (art. 3406). Digamos, finalmente, que aunque el art. 3407 ha sido derogado, la coordinación del art. 3490 con el art. 3421 permite inferir la pérdida del beneficio en los casos allí contemplados, en la medida en que suponen aceptación pura y simple sobre la base de actos de herederos incompatibles con la presunción beneficiaría. Como efecto de la pérdida del beneficio -o la renunciael heredero será reputado como heredero puro y simple desde la apertura de la sucesión y, en consecuencia, asumirá, también con relación a ese momento, la responsabilidad ultra vires heredita- ' tis (arts. 3408 y 3409).

CAPÍTULO V

SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS A) PRINCIPIOS GENERALES

§ 238. CONCEPTO. - Hemos estudiado que, en virtud de los principios de la continuación de la persona del causante por el heredero y de la confusión de patrimonios, el heredero se transforma en acreedor o deudor personal de todo lo que el difunto era acreedor o deudor. Así surge claramente del art. 3417 que constituye un principio general dinamizado en el art. 3343. En ese contexto, la tradición jurídica ha implementado medios para evitar que los acreedores de la sucesión -es decir, acreedores del causante- concurran con los acreedores personales del heredero, viendo así menguada la garantía patrimonial que, para aquéllos, representaba el patrimonio del causante. Surge así la institución de la llamada separación de patrimonios que permite a los acreedores del causante, o acreedores de la sucesión, oponer un derecho de preferencia a cobrar ellos antes que los acreedores del heredero con los bienes que éste haya recibido de la herencia del causante. § 239.

LOS DOS MODOS DE ENTENDER LA SEPARACIÓN. - El

llamado beneficio de separación de patrimonios puede ser entendido de dos modos distintos: a) Como un derecho de preferencia de los acreedores hereditarios y de los legatarios, a obtener el cobro de sus créditos -o legados- en un procedimiento de liquidación colectiva del

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patrimonio de la herencia, en el cual estos acreedores y legatarios desplazan a los acreedores personales del heredero. Éste fue el sistema del derecho romano en que la separación de patrimonios era un incidente de la bonorum venditio realizada ante una sucesión insolvente. b) Como un derecho de preferencia ejercido individualmente por cada acreedor de la herencia sobre uno o más bienes de la herencia, para cobrar antes que los acreedores personales de los herederos, con el producido de su venta. Es el sistema germánico que no presupone la ejecución colectiva de la herencia. Este último ha sido, a la postre, el sistema seguido en el derecho moderno. Lo inauguró el Código Civil francés (art. 878 y ss.), y bajo su inspiración lo hizo el Código Civil italiano de 1865 (art. 2055), y también el de 1942 (art. 521), el Proyecto español de 1851 (art. 875), etcétera. § 240. DERECHO ARGENTINO. - Se ha dicho que ambos modos de conceptuar la separación de patrimonios -como sistema de liquidación colectiva de la herencia, de tradición romanista, o como preferencia ejercida individualmente por cada acreedor sobre uno o más bienes hereditarios a título singular, de tradición germánica- no se contraponen sino que pueden coexistir, pues a la única finalidad de la preferencia de los acreedores de la sucesión puede llegarse por los dos caminos. Es verdad que la separación de patrimonios legislada en e l , art. 3433 y ss. constituye un beneficio o preferencia individual del acreedor que la solicita. Y ello no depende de la extensión con que ese acreedor actúe, pues sabido es que "la separación de patrimonios puede ser demandada colectivamente contra todos los acreedores del heredero, o individualmente contra alguno o algunos de ellos, o colectivamente contra toda la herencia, o respecto de cada uno de los bienes de que ella se compone" (art. 3438). § 241. DERECHO. -

CASOS EN QUE LA SEPARACIÓN SE PRODUCE DE PLENO

No obstante, no es éste el único modo de obtener la

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separación de patrimonios. Ante la insolvencia de la herencia, cualquier acreedor hereditario puede solicitar el concurso de la sucesión (art. 2°, inc. Io, ley 24.522; ver § 254), con lo cual provocará la liquidación colectiva de la herencia, si se decreta su quiebra (art. 80, ley 24.522). Del mismo modo, los acreedores hereditarios pueden intimar al heredero a inventariar según los términos del art. 3366, caso en el cual -si no perdió el beneficio de inventario- obtienen también, de pleno derecho, la preferencia que les otorga la liquidación beneficiaría. Tanto el concurso o quiebra de la sucesión como el beneficio de inventario suponen situaciones en que la separación de patrimonios se produce de pleno derecho. Pero en ambos casos, se trata de una separación de patrimonios obtenida por un modo indirecto, que según los casos y como lo veremos oportunamente (§ 253) puede ser más conveniente al interés de los acreedores hereditarios. § 242. LA SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS SUPONE LA PREVIA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES AL HEREDERO. - En relación a este

tema, no suficientemente esclarecido por nuestra doctrina, conviene hacer una observación de suma importancia. Mientras la herencia se encuentra indivisa, los acreedores personales de los herederos no pueden ejecutar ni embargar ningún bien a título singular del acervo hereditario. Ello, por la sencilla razón de que mientras la herencia no sea adjudicada, el heredero deudor no es titular de bienes singulares contenidos en la universalidad hereditaria, sino sólo es titular de una alícuota, "sin consideración a su contenido especial", como lo señala el art. 3281 del Cód. Civil. Esto lleva a advertir que cualquier acreedor personal de un heredero, a lo sumo podrá embargar la cuota de éste, es decir, la alícuota de su deudor, pero deberá esperar a que se le adjudiquen los bienes en la partición para hacer efectiva la medida precautoria sobre ellos. Mientras subsiste la indivisión, los acreedores hereditarios no tienen un interés actual en solicitar la

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separación de patrimonios, pues ellos gozan del derecho a exigir que, antes de procederse a la partición, se separen bienes suficientes que garanticen el pago de sus créditos (hijuela de bajas que prevé el art. 3474), e incluso pueden oponerse a la partición extrajudicial de la herencia con fundamento en el art. 3465, inc. 2o, del Cód. Civil. Y como, reiteramos, antes de la partición los acreedores personales del heredero no pueden actuar sobre un bien de la herencia que pertenece a la comunidad, los acreedores hereditarios no tienen razón para demandar la separación, ni contra quién dirigirla (pues la separación no procede contra el propio heredero, según lo veremos en el § 259). Lo expuesto demuestra que la separación se plantea cuando los bienes hereditarios han sido ya incorporados a título singular al patrimonio del heredero deudor, pues es recién entonces que puede producirse el concurso entre ambos tipos de acreedores -es decir, los personales del heredero y los acreedores hereditarios- sobre esos bienes. Y los bienes deben considerarse ya adquiridos a título singular cuando la partición ha sido aprobada judicialmente o consentida por los herederos, aunque no se hayan entregado o perfeccionado los títulos que exigen, en su caso, la inscripción registral de ciertos bienes (inmuebles, art. 2505, Cód. Civil; automotores, art. Io, decr. ley 6582/58, etcétera). A partir de entonces, el beneficio de separación subsistirá mientras los bienes adjudicados estén en poder del heredero o del heredero del heredero (art. 3443). § 243. ALCANCE INDIVIDUAL DE LA ACCIÓN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS. - Esto, por otra parte, explica por qué, sustan-

cialmente, el beneficio de separación es individual en el sentido de que sólo beneficia al acreedor de la herencia o al legatario que la opone. Si la separación presupone que en el patrimonio del heredero deudor ya se encuentran adjudicados a título singular bienes hereditarios -o sea, bienes que le corresponden por título hereditario- es obvio que cada acreedor hereditario deba hacer valer, también individualmente, el beneficio. Porque, he ahí el meollo: el o los bienes sobre los cuales opondrá la prefe-

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rencia para ser pagado antes que los acreedores personales del heredero que pudieron haber embargado aquéllos, ya están desvinculados de la universalidad hereditaria: ya no existen en comunidad. Sólo pertenecen al heredero adjudicatario deudor y es precisamente por tal razón que sobre ellos pueden hipotéticamente concurrir las dos especies de acreedores. Ahora bien, ¿cómo entender entonces que el art. 3438 pueda decir que la separación puede ser demandada contra todos los acreedores del heredero y, colectivamente, contra toda la herencia? A primera vista pareciera que aquí se alude a la herencia como universalidad, sin consideración a su contenido particular, y aún no adjudicada. Creemos que constituye una interpolación del codificador que carece de sentido, salvo en el caso de un único heredero, o que se aluda a la separación pedida respecto de todos los bienes hereditarios adjudicados al heredero deudor, pues, como se ha explicado, mientras la herencia se encuentra en estado de indivisión, los acreedores personales de los herederos no pueden agredir los bienes sobre los cuales los acreedores hereditarios y legatarios tienen la preferencia dada por el derecho a oponerse a su adjudicación singular mientras no estén pagados sus créditos y legados, respectivamente. Una acción de separación de patrimonios ejercida "contra toda la herencia" mientras ésta se encuentra en estado de indivisión, carecería, pues, de objeto. Distinto es el caso en que, existiendo pluralidad de acreedores hereditarios, y ante la eventual insolvencia de la herencia, cualquiera de ellos solicite el concurso de la sucesión. Sobre esto, ver § 254. § 244. NATURALEZA JURÍDICA DE LA SEPARACIÓN. - El fundamento del beneficio reside en el reconocimiento del carácter preferente del título del acreedor hereditario sobre el acreedor personal del heredero, lo cual "encaja a la perfección dentro del concepto moderno de la herencia, ya que modernamente se entiende por haber hereditario lo que resulta a los herederos una vez deducidas las deudas y legados".

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Ahora bien, secularmente se discute si esa preferencia constituye, en sentido técnico, un privilegio. En nuestra doctrina también se ha sostenido que el beneficio de separación acuerda a los acreedores en cuyo beneficio se otorga -acreedores separatistas- un auténtico privilegio. Sin embargo, existen importantes argumentos que impiden esta caracterización. En primer término, todo privilegio nace concomitantemente con el crédito mismo, y no después. En el caso del beneficio de separación, la preferencia se hace efectiva después de la apertura de la sucesión. En segundo lugar, el privilegio dependería exclusivamente, de ser tal, del ejercicio de la acción de separación por el acreedor en cuyo beneficio se ha instituido; el privilegio se tiene y se conserva independientemente de que el acreedor realice gestión alguna. Finalmente, y para nosotros ésta es la objeción fundamental, el privilegio se da frente a acreedores del mismo deudor, mientras que el beneficio de separación mantiene la referencia del patrimonio del causante deudor frente a la insolvencia patrimonial de los herederos. El beneficio de separación pretende la incomunicabilidad de ambos patrimonios, en punto a las deudas, y de ahí que se otorgue la preferencia a los acreedores del causante, o acreedores de la herencia, a cobrar con los bienes del heredero que proceden de ella, sin que se inmiscuyan los acreedores personales del heredero. En esto, pues, consiste la separación: en una preferencia -como lo reconoce la mayoría de nuestra doctrina- que surge del reconocimiento que hace la ley de un título preferente en cabeza de los acreedores hereditarios para cobrarse sobre los bienes relictos, sin que esta preferencia implique la concesión de un privilegio del crédito en cuanto tal, que a este respecto conserva la misma naturaleza que tenía en su origen. § 245. COEXISTENCIA DE LA SEPARACIÓN CON EL BENEFICIO DE INVENTARIO. - Sabemos que según el art. 3363, "toda acepta-

ción de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inven-

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SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

tario, cualquiera sea el tiempo en que se haga". El beneficio se conserva mientras el aceptante no ejecute actos prohibidos por la ley al heredero beneficiario. En tales condiciones, parecería que el sistema induce a concluir que en nuestro derecho positivo existe una verdadera separación de patrimonios de pleno derecho, que neutraliza los efectos específicos de la institución originariamente concebida sobre la base de la responsabilidad ultra vires, corolario de la confusión de patrimonios, que erige al heredero en deudor personal de los acreedores de la herencia, en condiciones idénticas a las que soporta respecto de sus propios acreedores. Es verdad que, bajo el nuevo régimen, los acreedores de la herencia y los legatarios gozan de los derechos que les acuerda, en salvaguardia del pago de sus créditos, la administración beneficiaría. Sin embargo, es importante destacar que el beneficio de inventario no los asegura suficientemente, porque, en última instancia, él subsiste en beneficio o interés del o los herederos sin perjuicio de los efectos secundarios. En todo momento, éstos pueden incurrir en actos que provocan la pérdida del beneficio o hacer renuncia expresa sin que el interés de los acreedores lo impida. Es la separación de patrimonios y no el beneficio de inventario la institución que tutela y permite oponer la preferencia independientemente del interés hereditario. B)

SUJETOS

§ 246. QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA SEPARACIÓN. PRINCIPIO GENERAL. - Todo acreedor de la sucesión, sea privilegiado

o hipotecario, a término o bajo condición, o por renta vitalicia, sea su título bajo forma privada o conste de instrumento público (art. 3433), aunque sus créditos no sean actualmente exigibles, o aunque sean eventuales o sometidos a condiciones inciertas (art. 3434); el acreedor que sólo es heredero del difunto en una parte de la herencia (art. 3435) y los legatarios (art. 3436) tienen el derecho de demandar la separación de los patrimonios del difunto y del heredero contra todo acreedor de este último.

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Tenemos así delimitado, de acuerdo con expresos textos legales, los legitimados activamente para ejercer la acción de separación de patrimonios. Existen disposiciones, por otra parte, concordantes con el espíritu de la institución, pero que debemos aclarar en algunos de sus aspectos para darles su verdadero sentido. Debemos partir de la base de que el Código hace una descripción o, más bien, enumeración de los diferentes acreedores, la que no debe reputarse limitativa, sino meramente demostrativa. El beneficio se otorga a todo acreedor del difunto desde el privilegiado hasta el quirografario, y en especial a estos últimos, pues la separación tiene por objeto proteger a los que tengan menos garantidos sus créditos. § 247. MENTADO".

EXIGENCIA DE QUE SE TRATE DE UN CRÉDITO "DOCU-

- E l art. 3433 señala que el derecho a demandar la separación de patrimonios se acuerda a "todo acreedor de la sucesión... sea su título bajo firma privada, o conste de instrumento público". Aquí el término título está tomado en sentido de instrumento, es decir, título en sentido formal y no como causa de la obligación. Pues bien, la exigencia legal pareciera indicar -así lo interpreta la doctrina en forma prácticamente unánimeque para demandar la separación de patrimonios el crédito debe surgir de un instrumento público o privado ("firma" privada, dice la norma, aunque en realidad alude a "forma" privada). Sin embargo la mención de la forma en que consta el crédito, que hace el art. 3433, no lo es para erigir en exigencia de que se trate de crédito emergente de un instrumento público o' privado. Lo que la norma señala es que aunque el título del acreedor no haga fe y pruebe contra terceros con el vigor del art. 994 del Cód. Civil, es igualmente oponible a los acreedores del heredero en la acción de separación de patrimonios aunque, obviamente, deberá probar su existencia. No parece que el art. 3433 haya querido dar en este caso a la forma un carácter que exceda su naturaleza meramente ad probationem. Si el crédito alegado no fuese debidamente instrumentado, el acreedor del heredero puede exigir la ejecución del bien so-

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bre el cual se ha ejercido la separación ofreciendo garantía suficiente de devolver lo recibido en favor del acreedor de la sucesión, del mismo modo que lo prevé el art. 3434 para el caso de los créditos condicionales. § 248. ACREEDORES CONDICIONALES. CRÉDITOS SUJETOS A PLAZOS. - Es lógico, dentro del sistema de la ley, que los acree-

dores bajo condición pueden ejercer este derecho por cuanto, pendiente la condición suspensiva, el titular del crédito puede proceder a todos los actos conservatorios necesarios y permitidos por la ley para la garantía de sus intereses y de sus derechos (art. 546, Cód. Civil). Lo mismo puede decirse de los acreedores a término, o de una prestación periódica en carácter de renta vitalicia, aunque sus créditos no sean actualmente exigibles, o aunque sean eventuales o sometidos a condición. El sentido de garantía de la institución admite perfectamente que estos acreedores, que tienen sus derechos condicionados o cuya exigibilidad se difiere al cumplimiento de un plazo, puedan tomar medidas para que, en caso de que adquieran los derechos, estén en condiciones de hacerlos efectivos. Por esa razón es, precisamente, que si los acreedores del heredero dan fianza de devolver lo recibido si la condición se cumple en favor del acreedor de la sucesión, éstos pueden ser pagados con los bienes hereditarios (art. 3434, Cód. Civil). Resulta congruente, asimismo, que también se haya conferido el derecho a los acreedores de renta vitalicia por cuanto de no ser garantido el capital que la produce, podrían verse privados de los beneficios que por el contrato se les había otorgado, ya que la obligación de pagarla sólo se extingue por la muerte de la persona en cabeza de quien ha sido constituida. § 249. LEGATARIOS. - En cuanto a los legatarios es lógico que gocen del beneficio de separación con respecto a los acreedores del heredero y con el objeto de cobrarse preferentemente a ellos, pues si bien es cierto que no eran acreedores del difunto, es el propio causante quien, por acto de última voluntad, ha es-

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tablecido la forma de distribuir sus bienes. Sin embargo, corresponde distinguir entre los legatarios de parte alícuota, los de cantidad y los de objeto determinado, para advertir que el beneficio no tiene razón de ser respecto de estos últimos, ya que ellos son propietarios de los bienes desde la apertura de la sucesión (art. 3766) y, por lo tanto, sólo solicitan al heredero gravado la entrega de la cosa legada. Incluso más: si el legado es de un objeto determinado en su individualidad, el legatario está autorizado a reivindicarlo de terceros detentadores (art. 3775). Sí, en cambio, la separación de patrimonios es de gran interés para los legatarios de cantidad y de cuota, por cuanto debiendo cobrar ellos después de haber sido pagados los de objeto determinado (art. 3795), deben poder hacerlo con preferencia a los acreedores personales del heredero; sobre todo ahora que la presunción de aceptación beneficiaria se presume. Y si el heredero es responsable por las deudas y cargas de la sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que ha recibido de la herencia (conf. art. 3371), obvio resulta otorgar la preferencia a los legados, que constituyen la carga primordial. § 250. HEREDERO ACREEDOR DEL DIFUNTO. - Dijimos, por último, que el art. 3435 concede la separación de patrimonios al heredero del difunto en una parte de la herencia cuando fuere, a la vez, acreedor de aquél. La nota del codificador dice que el heredero que es al mismo tiempo acreedor del difunto tiene para el pago de su crédito, deduciendo su porción viril, los mismos derechos que cualquier otro acreedor. Entendemos, n o ' obstante, que esta disposición no tiene razón de ser. El heredero se encuentra suficientemente protegido con el beneficio de inventario en virtud del cual su patrimonio no se confunde con el del difunto y, por lo tanto, puede reclamar como cualquier acreedor los créditos que tuviese contra la sucesión (art. 3371). Así también lo determina el art. 3373, en cuanto "la aceptación de la herencia con beneficio de inventario impide la extinción por confusión de los derechos del heredero contra la sucesión; y recíprocamente de los derechos de la sucesión con-

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SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

tra el heredero. Éste conserva, como un tercero, todos sus derechos personales o reales contra la sucesión, y la sucesión conserva contra él todos sus derechos personales y reales". Tampoco responde el art. 3435 al espíritu de la separación de patrimonios, porque la institución tiene por objeto proteger a los acreedores del difunto a fin de que éstos se cobren sobre los bienes de la herencia, con preferencia a los acreedores del heredero. Si el heredero obtiene la separación, podría cobrar su crédito con preferencia a sus acreedores personales, pero a la vez éstos podrían hacer efectivo su crédito tanto contra el patrimonio del propio deudor, como sobre las sumas que él hubiese obtenido como resultado de la separación. Es decir que habría desaparecido la aparente protección acordada a este acreedor, y heredero del difunto. Tal es la solución que se desprende de la interpretación del art. 3435. § 251.

CONTRA QUIÉNES PUEDE SOLICITARSE LA

SEPARACIÓN.

Según el art. 3438, "la separación de patrimonios puede ser demandada colectivamente contra todos los acreedores del heredero, o individualmente contra alguno o algunos de ellos". El propio sentido de la institución nos hace ver que solamente se puede demandar la separación contra los acreedores del heredero, pues, como bien lo dicen los arts. 3433 y 3436, la acción tiene como único objeto que los acreedores hereditarios o los legatarios se cobren con preferencia a los acreedores del heredero. Sobre la posibilidad de demandar la separación contra el propio heredero, ver § 259. § 252.

MODO DE EJERCER LA SEPARACIÓN.

- El acreedor he-

reditario puede limitarse a ejercer su acción contra otro u otros acreedores personales de los herederos, individualizando un bien en especial, o diversos bienes adjudicados al heredero en la sucesión, oponiendo su preferencia para ser pagado con su ejecución.

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En el sistema del Código Civil francés (art. 2111) y del Código Civil italiano de 1942 (art. 518), cuando la separación se ejerce sobre un inmueble se procede a realizar la correspondiente inscripción registral. El art. 518 del Código italiano, específicamente, establece que tal inscripción debe hacerse "del modo establecido para inscribir la hipoteca". De allí que la doctrina reconoce que el "vínculo de separación, análogo a la hipoteca, sigue al inmueble, aunque pasa a terceras manos". Tratándose de bienes muebles, en cambio, si bien no está prevista la inscripción, el juez ha de tomar las medidas conservatorias pertinentes para seguridad del acreedor (art. 517). En nuestro derecho, en cambio, no está prevista la inscripción registral de la separación de patrimonios que afecta a uno o más bienes de la herencia y que tiende a la indisponibilidad del bien por parte del heredero y, también, a la oponibilidad del beneficio respecto de tercero, es decir, erga omnes. Como el heredero, a su vez, no deja de ser el propietario de los bienes -en los términos del art. 3417- será menester que, además de la separación, el acreedor solicite las medidas precautorias adecuadas -como la anotación de la litis- que garanticen la publicidad del beneficio respecto de terceros (ver § 268). § 253. LA SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS Y LA INSOLVENCIA DEL HEREDERO. - Es indudable que, así pensada, la separación de

patrimonios altera el patrimonio del heredero como universalidad. Dentro de ese patrimonio se distingue una masa de bienes -los recibidos por herencia- que, en punto a la responsabilidad, por deudas de la herencia, son ejecutables con preferencia por los acreedores hereditarios y legatarios. Pero por hipótesis se presupone que esa preferencia se ejerce individualmente contra otro u otros acreedores del heredero que, también individualmente, pretendan embargar cualquiera de aquellos bienes. Ahora bien, ¿qué ocurriría si ante la insolvencia del heredero, cualquiera de sus acreedores personales solicitase su quiebra (art. 80, ley 24.522), o el mismo heredero deudor pidiese su concurso? Esta eventualidad plantea un delicado problema por-

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que, en la hipótesis, el acreedor de la herencia o el legatario se hallarían ante un deudor que puede eventualmente ser desapoderado de los bienes (de todos los bienes por supuesto, entre ellos de los que recibió hereditariamente), y consecuentemente, sin posibilidad de hacer valer su preferencia. Si se tiene en cuenta que el art. 111 de la ley 24.522 establece que "los acreedores del causante sólo pueden proceder sobre los bienes desapoderados, después de pagados los del fallido y los gastos del concurso", los acreedores hereditarios deberán plantear la separación de patrimonios ante la posibilidad del desapoderamiento del heredero y para evitar que por aplicación del art. 111 de la ley 24.522, queden postergados y sólo puedan cobrar después de pagados los acreedores del heredero fallido y los gastos del concurso. Es claro que se trata, en este caso, de una separación de patrimonios colectiva porque, desapoderado el heredero fallido, los acreedores separatistas no pueden ejecutar y cobrar individualmente con el producido de la ejecución sobre bienes individualmente considerados. Los bienes desapoderados integran la masa del concurso o quiebra del heredero fallido y serán liquidados de acuerdo con las normas del derecho concursal, pero ejercida oportunamente la separación de patrimonios -es decir, planteada antes del desapoderamiento, o, en su caso, antes de la aceptación de la herencia por el heredero fallido que hace operante de pleno derecho el art. 111, ley 24.522, si hubiese aceptado pura y simplemente la herencia- los acreedores separatistas harán efectiva su preferencia sobre los acreedores del concurso. § 254. CONCURRENCIA DE ACREEDORES DEL CAUSANTE E INSOLVENCIA DE LA SUCESIÓN. - En el sistema de la ley se supone

que cada acreedor separatista, individualmente, ejerce su derecho a solicitar la separación contra acreedores personales de los herederos. Pero bien puede ocurrir que la sucesión tenga un abultado pasivo, a punto tal que la insolvencia haga verosímil que los bienes hereditarios sean insuficientes para garantizar a cada uno de los acreedores el cobro de su crédito. Puede ocu14. Zannoni, Manual.

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rrir asimismo que algunos acreedores lo hayan ejecutado embargando bienes sucesorios y aparezcan luego otros, que adviertan que difícilmente puedan hacer efectivo su respectivo crédito. En tal supuesto cualquier acreedor de la sucesión puede solicitar el concurso o la quiebra de la sucesión, como lo prevén los arts. 2o, inc. Io, y 80, de la ley 24.522. Como se advierte, en este caso se está frente a un recurso para obtener una adecuada liquidación del patrimonio hereditario, por hipótesis insolvente, entre los acreedores hereditarios. En otras palabras, el concurso de la sucesión, o de la herencia, no requiere la colisión con acreedores personales de los herederos (pues si éstos han aceptado con beneficio de inventario, aquéllos no podrían ejecutar los bienes relictos sino una vez que los acreedores hereditarios y los legatarios hubiesen liquidado las deudas y cargas de la sucesión); basta con que cualquier acreedor de la sucesión pruebe la cesación de pagos, la insolvencia de la herencia y provoque, entonces, el concurso de la sucesión de conformidad con las reglas de la ley concursal. En tal caso la liquidación será colectiva y con sujeción a los principios de la pars condicio creditorum. § 255.

CADUCIDAD

DE LA SEPARACIÓN

DE PATRIMONIOS

EJER-

CIDA POR ALGUNOS ACREEDORES DE LA SUCESIÓN SI, POSTERIORMENTE, SE DECLARA EL CONCURSO O LA QUIEBRA DE LA SUCESIÓN. - Es

evidente que, en la hipótesis planteada en el parágrafo anterior, la preferencia del acreedor separatista que invocó y obtuvo a su favor la separación de patrimonios, caducará. Ello es consecuencia de que la separación de patrimonios importa el derecho de preferencia ejercido individualmente por uno o más acreedores -en el sentido de que sólo a él aprovecha- y, en cambio, el concurso o la quiebra imponen la liquidación colectiva según las normas de la ley 24.522 y con sujeción, como se dijo, a la pars condicio creditorum. § 256.

EFECTOS DEL CONCURSO O LA QUIEBRA DE LA SUCE-

- El concurso o la quiebra de la sucesión no provoca el de los herederos, claro está, en tanto SIÓN RESPECTO DE LOS HEREDEROS.

SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

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gocen del beneficio de inventario (art. 3363). La liquidación de la herencia se realizará, concurriendo los acreedores del causante sin interesar el patrimonio de los herederos ni afectar a los acreedores de éstos, por las normas de la ley concursal. Pero el concurso o la quiebra pueden extenderse a los herederos que hubieren renunciado o perdido el beneficio o aceptado la herencia pura y simplemente en virtud de la confusión de los patrimonios. Respecto de este supuesto, se distingue: a) Si sólo uno o algunos herederos perdieron el beneficio de inventario y otros no, la doctrina considera que el concurso de la sucesión procederá en tanto se pruebe no sólo insuficiencia de los bienes de la herencia, sino también la insolvencia de los herederos que aceptaron pura y simplemente o que renunciaron o perdieron el beneficio de inventario, pues en caso de no ser así, en virtud de la confusión de patrimonios, estos herederos responden a los acreedores hereditarios con sus propios bienes (arts. 3342, 3343, 3431, 3432 y 3417). b) Pero si todos los herederos han aceptado pura y simplemente la herencia o han perdido o renunciado al beneficio, hay autores que consideran que basta con probar la insolvencia del acervo hereditario y no el de los herederos, teniendo en cuenta que las deudas se dividen de pleno derecho y que cada heredero responde sólo por su porción viril (art. 3490 y ss.) sin verse afectado por la insolvencia eventual de su o sus coherederos (art. 3495). Otros autores han reputado en cambio que en tal supuesto se presenta una situación idéntica al caso en que sólo uno o algunos herederos han perdido el beneficio. Produciéndose la confusión de patrimonios, debería probarse también la insolvencia de los herederos. Éstos, de todos modos, deben, según esta tesis, ser citados conforme al art. 84 de la ley 24.522, y salvo que probaren su solvencia para hacer frente al pago de su porción viril, el concurso de la sucesión implicará también el personal de ellos. § 257. SUCESIÓN CONCURSADA. - Si el causante fallece estando ya concursado por sus acreedores o declarado en quiebra,

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opera la norma del art. 105 de la ley 24.522: "los herederos sustituyen al causante, debiendo unificar personería. En el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la persona que represente a los herederos en la quiebra". Es claro que, en este caso, los acreedores hereditarios gozarán de la separación de patrimonios de pleno derecho, pues los acreedores del heredero o herederos sólo podrán ejecutar sus créditos en el caso de que en el proceso concursal hubiere un remanente, y deberán hacerlo, por supuesto, en el proceso sucesorio, no en el concurso. § 258. CUESTIONES DE COMPETENCIA. - Deben distinguirse básicamente dos supuestos distintos: a) SUCESIÓN CONCURSADA. Si el causante falleció encontrándose fallido o en concurso, la letra del art. 105 de la ley 24.522 es clara: los herederos comparecen al proceso concursal, unificando personería, y sustituyen al fallido o concursado. De modo, pues, que coexisten el proceso concursal o de falencia y el proceso sucesorio sin que opere fuero de atracción. En efecto, los titulares de la vocación hereditaria promoverán el proceso sucesorio hasta la declaratoria de herederos y, a partir de ese momento, los trámites sucesorios quedarán suspendidos hasta que en el concurso o la quiebra se resuelva lo pertinente. Los herederos estarán representados en el proceso concursal o de falencia y en él se liquidará el patrimonio del causante, pues "mientras no se paguen las deudas no existirán bienes que puedan recoger los herederos". b) CONCURSO DE LA SUCESIÓN. Aquí la situación es más compleja porque, por hipótesis, el concurso sobreviene al proceso sucesorio ya abierto. En las provincias en que existe la unificación de los fueros civil y comercial, la cuestión es relativamente simple, pues el mismo juez tiene competencia para entender en el juicio sucesorio y en el concursal. Pero donde la competencia se mantiene separada, como ocurre en la Capital

SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

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Federal, el problema es agudo: ¿el proceso sucesorio atrae al concurso -arg. art. 3284, inc. 4o, Cód. Civil- o, por lo contrario, es el juez competente para entender en el concurso el que debe entender también en la sucesión? La tesis de que el concurso o la quiebra deben tramitar ante el juez del sucesorio, se basa en la norma del art. 3284, inc. 4o, que establece la competencia de éste para entender de las acciones personales de los acreedores del difunto hasta la partición. En otro sentido se ha resuelto que aun cuando existe fuero de atracción entre juicios universales, como lo son el concurso y el sucesorio, por razones de economía procesal es conveniente que el sucesorio tramite ante el juez que entiende en el concurso. Esta conveniencia resultaría de la circunstancia de que la finalidad del proceso sucesorio no es, en principio, la liquidación colectiva de un patrimonio, sino su transmisión a los sucesores universales y su partición ulterior, que aun así no es obligatoria, pues los herederos pueden convenir en mantenerse en indivisión. § 259. ¿PVEDE DEMANDARSE LA SEPARACIÓN CONTRA EL PROPIO HEREDERO? - Conforme lo que resulta de la nota al art.

3433 pareciera que puede demandarse la separación contra el heredero. "Suponemos en todo esto -dice Vélez Sársfield- que haya acreedores del heredero; pero si no los hubiere, la separación de patrimonio puede pedirse contra el mismo heredero". Nuestra jurisprudencia no ha sido uniforme en la interpretación de este punto. En algún caso se ha dicho que la demanda de separación de patrimonios del causante y del heredero, sólo puede intentarse por acreedores del causante contra acreedores del heredero y no contra herederos directamente. En otro caso, sin embargo, se expresa que la acción se da no sólo contra los acreedores del heredero, sino también contra este mismo. No hay razón alguna, a pesar de la nota del codificador, para que se conceda la separación de patrimonios en contra del

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heredero en caso de que éste no tuviese acreedores personales. La seguridad de los créditos de los acreedores del difunto se encuentra plenamente garantizada por los términos del art. 3443, parte 2 a , al disponer que "los acreedores y legatarios pueden pedir todas las medidas conservatorias de sus derechos, antes de demandar la separación de los patrimonios". Los acreedores del causante podrían ser perjudicados solamente por la enajenación u ocultación de los bienes del causante hecha por el heredero, dado que no tiene, como suponemos, acreedores personales. Entonces, con las medidas conservatorias que los acreedores pueden solicitar sobre los bienes hereditarios -embargos preventivos, anotación de litis, prohibición de enajenar, etc.- quedan tales acreedores plenamente garantizados, pues estas medidas les aseguran la intangibilidad del haber sucesorio. C) § 260.

BIENES

OBJETO

SOBRE LOS QUE RECAE LA SEPARACIÓN. - El

art. 3438 dice que la separación podrá ser demandada colectivamente contra toda la herencia o respecto de cada uno de los bienes de que ella se compone. Esta hipótesis, dice Lafaille, "presupone que haya bienes de la masa en poder del aceptante, sea el único llamado a la sucesión o concurra con otros. Cuando estos valores han sido enajenados para el pago de cargas hereditarias o por distinto motivo, no cuadra ya dividir los acervos que de todas maneras habrían quedado confundidos. Se produciría entonces una verdadera imposibilidad". Sobre lo que debe entenderse por bienes de la herencia se refiere el art. 3441: "La separación de los patrimonios no puede aplicarse sino a los bienes que han pertenecido al difunto, y no a los bienes que hubiese dado en vida al heredero, aunque éste debiese colacionarlos en la partición con sus coherederos; ni a los bienes que proviniesen de una acción para reducir una donación entre vivos".

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Esta disposición es lógica y guarda relación con los principios generales. La garantía de los acreedores la constituye la masa de bienes que se encuentran en el patrimonio del deudor. Para nada deberán tenerse en cuenta, pues, aquellos que hayan salido de su patrimonio por un acto regular de disposición. No es posible, por tanto, que por la muerte del causante los acreedores vieran mejorada la solvencia patrimonial, lo que ocurriría si también debieran responder por las deudas de aquellos valores resultantes de la colación entre coherederos o de la reducción de donaciones inoficiosas. § 261. FRUTOS. - En general, serán objeto de la separación de patrimonios todos los muebles e inmuebles del causante y los distintos valores que tuvieran o que fueran susceptibles de apreciación económica, el dinero efectivo, etcétera. Ahora bien, por expresa disposición del art. 3439 la separación alcanza a los frutos naturales o civiles que los bienes hereditarios hubiesen producido después de la muerte del autor de la sucesión, con tal que su origen e identidad se encuentren debidamente comprobados. Del mismo modo, comprenderá el precio de los bienes vendidos por el heredero antes de la demanda de separación, cuando aún es debido por el comprador, y los adquiridos en reemplazo de los de la herencia cuando constase el origen y la identidad (art. 3440). Se trata de una consecuencia de la subrogación real. § 262. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES. - Vimos anteriormente que la separación de patrimonios tenía como único objeto evitar la confusión de los patrimonios pertenecientes al causante y al heredero, y también que, por efecto de la aceptación de la herencia, el heredero asuma la libre disponibilidad de los bienes que se le han adjudicado en la partición. Pero, producida la confusión de patrimonios -en la aceptación pura y simple-, la separación sólo podrá llevarse a cabo, o a lo sumo hacerse efectiva, respecto de los bienes que sea posible individualizar. De modo que los que hubieran salido del patrimonio

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del heredero han sido válidamente enajenados, salvo el caso de convivencia fraudulenta con el adquirente, y, a la vez, los bienes que se confundieron con los del heredero han entrado a formar parte definitivamente del patrimonio de aquél, escapando a la separación. Por las razones expuestas es que el art. 3439 al referirse a los frutos producidos por los bienes hereditarios después de la apertura de la sucesión, agrega que la separación se aplicará con tal que su origen e identidad se encuentren debidamente comprobados. Concordante con la disposición citada, el art. 3440 expresa que "sí el heredero hubiese enajenado los inmuebles o muebles de la sucesión, antes de la demanda de separación de patrimonios, el derecho de demandarlos no puede ser ejercido respecto a los bienes enajenados, cuyo precio ha sido pagado. Pero la separación de patrimonios puede aplicarse al precio de los bienes vendidos por el heredero, cuando aún es debido por el comprador, y a los bienes adquiridos en reemplazo de la sucesión, cuando constase el origen y la identidad". Sin embargo, "la separación de patrimonios no se aplica a los muebles de la herencia que han sido confundidos con los muebles del heredero, sin que sea posible reconocer y distinguir los unos de los otros" (art. 3442). § 263.

LA SEPARACIÓN RESPECTO DE BIENES EN

PARTICULAR.

Vimos que la separación, según el art. 3438, puede demandarse respecto de cada uno de los bienes de que se compone la herencia. Si el acreedor o los acreedores estiman que sus créditos podrán ser saldados con el importe que resulte de la realización de uno solo de los bienes particulares que componen la herencia, es lógico que la separación la pidan sólo respecto de ese bien. Por el contrario, si estiman que necesitarán del producido de todos los bienes a que nos acabamos de referir, ellos pedirán el beneficio respecto de toda la herencia. Sin embargo, es útil recordar que el procedimiento es aquí también individual, de modo que la separación pedida contra uno de los bienes de la herencia no importará que los demás queden sujetos a aquélla.

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SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

D) § 264.

CASOS

EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN.

- El

art.

3444 establece que "la separación de los patrimonios puede ser demandada en todos los casos que convenga al derecho de los acreedores". El principio es, pues, absoluto y no existe limitación alguna. Toda vez que un acreedor de la sucesión tema que el heredero del difunto sea insolvente, o no siéndolo, que tenga a su vez muchas deudas, tiene derecho a demandar la separación. De modo que los acreedores pueden ^siguiendo con el art. 3444- "demandar la separación del patrimonio del deudor del patrimonio del fiador, cuando el deudor ha heredado al fiador; y si el fiador ha heredado al deudor, los acreedores pueden demandar la separación del patrimonio del deudor del patrimonio del fiador". Estas disposiciones tienen por objeto mantener incólume la garantía de los acreedores evitando que sus derechos puedan verse perjudicados si se produce la confusión entre los patrimonios de un deudor poco solvente con el de un fiador solvente, o viceversa. Los llamados a decidir si solicitarán o no la separación serán los propios interesados, o sea, los acreedores y legatarios del difunto. Queda entonces en sus manos la actitud a asumir frente a la posible confusión de sus bienes. § 265.

PLAZO EN QUE DEBE PEDIRSE LA SEPARACIÓN.

-

La

separación de patrimonios puede pedirse mientras los bienes, según dice el art. 3443, "estén en poder del heredero, o del heredero de éste". El art. 4019 establece expresamente la imprescriptibilidad de la acción "mientras que los muebles de la sucesión se encuentran en poder del heredero" (inc. 5 o ). Es claro que si bien es imprescriptible la acción, el heredero o su causahabiente pueden prescribir adquisitivamente las cosas por interversión de su título. La separación puede pedirse, como acota Segovia, cuando los bienes estén en poder del heredero o del heredero de éste, y así sucesivamente, pues la circunstancia

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de que por acontecimientos casuales o extraordinarios hayan tenido lugar rápidas transmisiones, no debe menoscabar el beneficio acordado al acreedor. Queda a salvo, como caso especial, el pedido de concurso de la sucesión (art. 2 o , inc. Io, ley 24.522) que sólo puede solicitarse dentro de los seis meses del fallecimiento del causante. § 266. JUEZ COMPETENTE, - Hemos analizado, en el § 258, los problemas de competencia que suscitan el concurso de la sucesión y la sucesión concursada. Pero corresponde establecer cuál es el juez competente ante el cual demandar u oponer la preferencia que constituye la separación de patrimonios. Cuando la separación se ejerce, como será lo habitual, sobre bienes individualizados, habrá que distinguir dos hipótesis: a) BIENES ADJUDICADOS AL HEREDERO POR PARTICIÓN, PERO AÚN NO ENTREGADOS. Aunque la partición haya sido concluida extra-

judicialmente por los herederos (art. 3462), o haya sido aprobada judicialmente, puede acaecer que los bienes adjudicados no hayan sido aún entregados al heredero. Sus acreedores personales pueden, no obstante, trabar embargo sobre ellos y tomar las medidas precautorias para evitar que el heredero realice a su respecto actos de disposición. En este supuesto, el beneficio de separación deberá oponerse ante el mismo juez del sucesorio, pues subsiste su competencia (art. 3284). De modo que si el embargo se hubiese ordenado por otro juez, ante el cual tramita la ejecución del crédito, el juez deJ sucesorio deberá dar preferencia a la demanda de separación de patrimonios, y así lo comunicará al juez que ordenó el embargo. A su vez, ante el juez sucesorio tramitará la ejecución de la deuda o el cumplimiento de la carga de la herencia que funda el beneficio. b) BIENES ENTREGADOS AL HEREDERO. En este caso no subsiste ya el fuero de atracción del juez del proceso sucesorio. Si, por hipótesis, un acreedor de la herencia o un legatario, no hubiese sido satisfecho, tendrá que oponer el beneficio, si un acreedor personal del heredero pretende ejecutar un bien recibido por

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herencia, ante el juez que entiende en la causa que motiva la ejecución. § 267. CÓMO SE HACE EFECTIVO EL BENEFICIO. - El beneficio de la separación de patrimonios se hace efectivo con la petición del acreedor hereditario, formulada ante el juez competente, oponiendo su crédito -exígible o sujeto a condición o a término: conf. art. 3433- al de los acreedores del heredero, sea sobre un bien o sobre todos los que constituyen el acervo. La preferencia, se ha dicho, no requiere demanda formal, pues sobre el beneficio no hay contienda, sin perjuicio de que pueda haber litigios sobre la existencia y legitimidad del crédito mismo. La palabra demandar de que se vale el art. 3433 significa, según la nota del codificador, precisamente pedir al juez, reclamar, invocar, oponer. El ejercicio por el acreedor de la herencia del derecho a demandar la separación de patrimonios resulta del mero hecho de reclamar la preferencia anexa a su crédito. Así, se ha resuelto que la tercería de mejor derecho deducida por el acreedor privilegiado de la herencia en la ejecución contra el heredero, seguida por un acreedor común de este último, comporta la demanda de separación de patrimonios. § 268. UTILIDAD DEL INVENTARIO DE LOS BIENES. - Ahora bien, ello no obsta a las medidas conservatorias a que alude el citado art. 3443. Entre ellas, se destaca el inventario de los bienes recibidos por sucesión, que tendrá por objeto dejar constancia de cuáles son los que provienen de ella y evitar en esa forma su confusión con los propios del heredero. El inventario, sin embargo, no garantiza definitivamente la separación por cuanto los muebles tienen aún la posibilidad de confundirse con los del heredero y los inmuebles pueden ser enajenados. En consecuencia, es necesario completarlo con otras medidas conservatorias que impidan al heredero perjudicar a los acreedores de su causante. Las medidas conservatorias podrán consistir, en lo que se refiere a los bienes muebles, en el embargo y depósito de éstos

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y, en lo que se refiere a los inmuebles, en la anotación de litis, prohibición de enajenar, etc., en el Registro de la Propiedad Inmueble. Por otra parte, débese tener en cuenta que el inventario tiene utilidad cuando se ejerce el derecho a demandar la separación respecto de todos los bienes hereditarios adjudicados al heredero y no cuando se hiciese sólo con respecto a algún o algunos bienes determinados, especialmente si se trata de inmuebles, porque su individualización es perfectamente posible sin necesidad de recurrir a él. Con ello, el acreedor obtiene también una ventaja, porque, aunque soporta los gastos del inventario (art. 3433 in fine) se le evita una erogación innecesaria. A nuestro entender, el inventario, de realizarse, deberá atenerse a las mismas formalidades que para el caso del beneficio de inventario, y a fin de que los interesados puedan fiscalizarlo, evitando que el heredero oculte bienes recibidos por sucesión que disminuirían su garantía. § 269.

ENAJENACIÓN

DE BIENES HEREDITARIOS.

- En el

es-

tudio que estamos realizando debemos contemplar las enajenaciones hechas antes y después del pedido de separación. No cabe duda de que el heredero ha podido disponer libremente de los bienes hereditarios, desde que se le adjudicaron y que esas enajenaciones son perfectamente válidas, salvo naturalmente el caso en que se hubiesen hecho en connivencia dolosa con los terceros adquirentes, pues entonces procedería la acción revocatoria del art. 961. El Código, en el art. 3443, contempla, como ya vimos, esta posibilidad al establecer que "la separación de patrimonios puede demandarse, mientras los bienes estén en poder del heredero, o del heredero de éste"; con lo cual reconoce validez a los actos de disposición hechos con anterioridad al ejercicio de la acción. Y el art. 3440 aleja toda duda al respecto confirmando lo expresado: "Si el heredero hubiese enajenado los inmuebles o muebles de la sucesión, antes de la demanda de separación de patrimonios, el derecho de demandarlos no puede ser ejercido respecto a los bienes enajenados, cuyo precio ha sido pagado".

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Debemos distinguir si se tomaron medidas conservatorias. El heredero, por el hecho de la separación de patrimonios, no deja de ser propietario - e s obvio- de los bienes comprendidos en la herencia. Ya en otro lugar hemos aclarado el alcance de la institución, que no es otro que establecer en favor de los acreedores de la sucesión un derecho de preferencia para ser pagados con los bienes quedados al fallecimiento del causante, con prioridad a sus acreedores personales. El heredero -como que no es en su beneficio la separaciónviene a ser en cierta forma extraño a la propia separación, y la medida, en el fondo, no limita sus facultades de disposición. De manera, pues, que él podría enajenar también los bienes de la herencia, y las enajenaciones así efectuadas tendrían plena validez, salvo siempre en caso de connivencia fraudulenta con los adquirentes. Las medidas conservatorias -embargo, anotación de litis, depósitos, etcétera- tienden precisamente a no hacer ilusoria la garantía en favor de los acreedores hereditarios. § 270.

CONCURRENCIA

DE LOS ACREEDORES

Y

LEGATARIOS

- Dice el art. 3446: "Los acreedores y legatarios que hubiesen demandado la separación de los patrimonios, conservan el derecho de entrar en concurso sobre los bienes personales del heredero con los acreedores particulares de éste, y aun con preferencia a ellos, en el caso en que la calidad de sus créditos los hiciere preferibles. Y los acreedores del heredero conservan sus derechos sobre lo que reste de los bienes de la sucesión, después de pagados los créditos del difunto". CON LOS ACREEDORES

DEL HEREDERO.

Esta disposición faculta a los acreedores y legatarios que hubieran demandado la separación para concurrir con los acreedores del heredero, cuando los bienes recibidos por éste no alcanzaran para abonar lo que a ellos se les adeuda, lo que hasta puede llegar a excluir a los propios acreedores del heredero cuando los acreedores hereditarios tuviesen privilegio.

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Asimismo, los acreedores del heredero conservan sus derechos sobre lo que reste de los bienes recibidos en la sucesión, después de pagados los créditos del difunto, debido a que la masa hereditaria se ha asimilado al patrimonio del heredero y la separación sólo ha tenido por objeto dar a los acreedores del causante un derecho de preferencia para cobrar sus créditos. De modo, pues, que si una vez pagados aquéllos resultara todavía un saldo, éste sería ejecutable por los créditos personales del sucesor. El problema del concurso de los acreedores hereditarios con los acreedores del heredero fue, tradicionalmente, materia de debate. Hubo quienes negaron todo derecho del acreedor o legatario del difunto para concurrir con los acreedores del heredero sobre los bienes propios de éste, en razón de que, por la separación, aquéllos habían dejado de tener al heredero por deudor. Otros, en particular los autores franceses antiguos, pensaban, siguiendo a Papiniano, que los acreedores y legatarios de la herencia sólo podrán cobrarse sobre los bienes del heredero una vez que sus acreedores personales hubiesen sido satisfechos. Ésta era la doctrina corriente anterior a la codificación, mediante la cual los acreedores personales del heredero venían a gozar de un beneficio similar al de los acreedores hereditarios, sobre el patrimonio de la herencia. Pero, como dijimos, el Code eliminó esta doble separación de patrimonios, eliminación mantenida por Vélez Sársfield en nuestro Código Civil. E) EXTINCIÓN DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN § 271.

LA ACEPTACIÓN DEL HEREDERO COMO DEUDOR. - Se-

gún el art. 3447, "el derecho de los acreedores de la sucesión a demandar la separación de los patrimonios, no puede ser ejercido cuando ellos han aceptado al heredero por deudor, abandonando los títulos conferidos por el difunto". El art. 879 del Cód. Civil francés dispone, en el mismo sentido, pero explicitando quizá más directamente la idea que encierra, que la sepa-

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ración no puede ser pedida "cuando hay novación en el crédito contra el difunto por la aceptación del heredero como deudor". El codificador en la nota señala que sigue al modelo francés, aun cuando añade la exigencia de que los acreedores hereditarios abandonen los títulos conferidos por el difunto. Y acierta, en este sentido, con lucidez, en cuanto agrega que la novación de que habla el Code no puede resultar sino de ese abandono, o sea, "abandonando el acreedor sus antiguos derechos para obtener del heredero una nueva obligación". En otras palabras, Vélez Sársfield consideró que la separación es un beneficio en razón del título de la obligación; pero que si el propio acreedor acepta que el heredero asuma esa obligación a título propio (expromisión novatoria) como una nueva obligación (art. 815, Cód. Civil) se está ante un caso de novación. Sin embargo, corresponderá, en cada caso, establecer si existe esta novación por cambio de deudor que, en principio, lo es con criterio limitativo. Buena prueba de ello lo demuestra el art. 3448 al establecer que si el acreedor recibe los intereses vencidos de la deuda de cualquiera de los herederos, no se juzga por esa sola circunstancia que ha aceptado a éste por deudor. Debe recordarse, a mayor abundamiento, que "/a novación no se presume" (art. 812, Cód. Civil), y que, por lo tanto, en principio sólo se inferirá de la declaración expresa (a la que, en este caso particular, se asimila la entrega de los títulos de la obligación por el acreedor a los herederos). § 272. OTROS CASOS DE EXTINCIÓN. - También se extingue el beneficio o preferencia por la renuncia que haga el acreedor hereditario, puesto que, como todo derecho establecido en su beneficio, es renunciable (art. 872, Cód. Civil). Además, habrá imposibilidad jurídica de ejercer la preferencia cuando el heredero enajenó los bienes muebles o inmuebles sobre los cuales no se habían tomado medidas conservatorias o sobre los muebles que se hubiesen confundido con los del heredero (art. 3442); o sobre el precio ya pagado al heredero por la enajenación (art. 3440), etcétera.

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L E C T U R A S Y CASOS P R Á C T I C O S SUGERIDOS LECTURA

a) Fallo de la CCivCom Rosario, Sala IV, 23/9/74, JA, 25-1975-529. Sintetice la cuestión planteada, y los fundamentos de la sentencia. Intente formular, también sintéticamente, el ámbito de aplicación del art. 3406 frente a la venta de un bien mueble sin autorización judicial fuera de los casos previstos en el art. 3393. b) Fallo de la CNCiv, Sala F, 31/5/79, LL, 1979-D-497. Sistematice los fundamentos relativos a la preeminencia del juez del concurso sobre el juez de la sucesión, y a la inversa. Dé su propia conclusión. CASOS PRÁCTICOS

a) Aníbal, heredero declarado en la sucesión de su madre, vende un inmueble de la herencia sin sujetarse a la exigencia del art. 3393 del Cód. Civil. Un acreedor de la sucesión demanda la nulidad de la venta aduciendo que se trata de un acto prohibido al heredero. 1) ¿Es procedente la acción de nulidad? 2) ¿Cómo contestaría la demanda que, en su caso, se entablara contra el comprador del inmueble? b) En la sucesión de Gastón, son declarados como herederos sus hijos Silvia, Luis y Saúl. Silvia y Luis exigen a Saúl que colacione el valor de un campo que su padre le donara en vida. Supuesto el caso de que la colación se haga efectiva, ¿será responsable Saúl ante los acreedores de la sucesión -si es que conserva el beneficio de inventario- por el valor del campo que ha debido colacionar? c) Aldo y Javier son declarados únicos herederos en la sucesión de su hermano Octavio. El causante, en un testamento, legó una finca a Gregorio, quien se presenta pidiendo la entrega del bien. Sin embargo, un acreedor del causante se opone a la entrega demandando el pago de una deuda _ y obteniendo el embargo preventivo de la finca. /) ¿Qué aconsejaría a Gregorio, como abogado, si pretendiese oponerse a la pretensión del acreedor? 2) ¿Podría obtener el cumplimiento del legado? 3) ¿Tendría relevancia, para la solución del caso, la existencia de otros bienes del acervo que alcanzasen para garantizar el pago de la deuda? 4) En caso afirmativo, ¿aconsejaría alguna acción contra Aldo y Javier?

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO § 273.

METODOLOGÍA DEL CÓDIGO Y MATERIAS COMPRENDI-

DAS. - El Título IV de la Sección Primera del Libro Cuarto del Código Civil, bajo el rubro "De los derechos y obligaciones del heredero", se ocupa en realidad de la materia relativa a la posesión hereditaria, la petición de herencia y los efectos de los actos realizados por el heredero aparente. Como se verá, esta materia no se vincula a los derechos u obligaciones del heredero, sino, más bien, con los medios jurídicos de oponer, frente a terceros, la adquisición hereditaria. A) POSESIÓN HEREDITARIA

§ 274. EL PROBLEMA. - En virtud de la aceptación, el llamado adquiere la herencia. Esa adquisición -lo sabemos- es atribuida por la ley desde el momento mismo de la muerte del causante, sin solución de continuidad (art. 3344). Pero, ¿puede ejercer desde ese mismo instante los derechos que la ley le atribuye como heredero? ¿Pueden los terceros, a su vez, exigirle el cumplimiento de las obligaciones que como heredero le corresponden? En otras palabras, ¿basta la aceptación de la herencia para que el heredero sea, ipso iure, considerado en el pleno ejercicio de los derechos y responsable del cumplimiento de las obligaciones que la herencia contiene? El tema que nos ocupa tiene que responder a estos interrogantes. 15. Zannom, Manual.

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§ 275.

OPONIBILIDAD

DE LA ADQUISICIÓN

HEREDITARIA.

-

Como vemos, la cuestión radica en determinar de qué modo y con qué recaudos el heredero opone su carácter de tal. Cuando se trata del dominio de cosas singularmente consideradas el ejercicio de los derechos reales sobre ellas exige la posesión. En algunos casos la sola posesión no basta; es menester que la adquisición del derecho real conste o surja de un título (en sentido formal), ello es un instrumento con las solemnidades exigidas por la ley. Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos reales sobre inmuebles que deben constar en escritura pública (art. 1184, inc. I o ), inscripta en los registros públicos (art. 2505, según ley 17.711). Pues bien, en nuestro caso lo que el heredero adquiere es el todo o una parte alícuota de una universalidad del patrimonio del causante. Sucede, pues, al de cuius y, para los terceros, debe ser considerado, en lo sucesivo, como el titular de las relaciones jurídicas de que él era titular. ¿Requiere para ello de un título o instrumento en el que conste que es heredero? En caso afirmativo, ¿quién otorga ese título? § 276. OPONIBILIDAD DE PLENO DERECHO o PREVIO RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE HEREDERO. - A estas preguntas se

dan, fuera de todo marco legislativo, dos posibles respuestas. a) Una posibilidad es que cuando la vocación o llamamiento a la herencia es atribuida directamente por la ley en razón de un vínculo de parentesco con el causante (p.ej., el caso de los hijos), se considere que la prueba de ese vínculo -mediante el título de estado correspondiente- es suficiente para que el llamado sea considerado, sin otro trámite, heredero. b) Otra posibilidad es que la ley exija al llamado el reconocimiento previo de su vocación ante un juez o un oficial público competente para que éstos declaren que el llamado es, efectivamente, heredero. En este caso el juez o el oficial público competente examinarán el vínculo de parentesco de quien se considera llamado a la herencia con el causante o, si se tratara

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de instituidos en el testamento de éste, analizarán ese testamento; además, se cerciorarán, mediante un adecuado sistema de publicidad, que no hay otros llamados preferentemente (o sea, titulares de una vocación hereditaria actual). Finalmente, declararán quiénes son los herederos, y sólo a partir de ese momento, ellos podrán ejercer como tales los derechos hereditarios. En el primer caso, el título de heredero deriva del título de estado que acredita el vínculo de parentesco del llamado con el causante. En el segundo, el título está constituido por el instrumento que contiene la declaración efectuada por el juez u oficial público, en el sentido de que determinadas personas son herederos del causante. El peso de la tradición jurídica ha provocado que se considere que el título de heredero atribuye la posesión de la herencia. Así como respecto de las cosas singularmente consideradas, el ejercicio de los derechos reales sobre ellas exige su posesión, se ha pretendido utilizar la figura de la posesión de la herencia, para significar que ella es necesaria para el ejercicio de los derechos que resultan de la calidad de heredero. Pero bien se ve que el término posesión así utilizado es poco menos que metafórico, pues no alude al corpus, sino a un título formalmente idóneo para oponer la adquisición hereditaria, aun sin existir por parte del heredero la posesión física, corporal, de las cosas que la herencia comprende (y que, de todas maneras, no agotan su posible contenido). § 277. LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL. - Invocando una supuesta legislación española para Indias que, respecto de ascendientes y descendientes, no exigía el apoderamiento o entrega de la posesión de los bienes hereditarios por los jueces, Vélez Sársfield en el art. 3410 dispuso que ellos entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces e, incluso, aunque ignorasen la apertura de la sucesión y su llamamiento. La ley 17.711 colocó al cónyuge supérstite en igual situación.

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El art. 3410, en efecto, dispone: "Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendiente y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia". En cambio, "los otros parientes llamados por la ley a la sucesión -es decir, los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive; art. 3585, ley 17.711- no pueden tomar la posesión de la herencia, sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión" (art. 3412). Del mismo modo, "los que fuesen instituidos en un testamento sin vicio alguno, deben igualmente pedir a los jueces la posesión hereditaria, exhibiendo el testamento en que fuesen instituidos" (art. 3413). Estas disposiciones se refieren, no a la adquisición de la herencia por la aceptación, sino a la oponibilidad de la adquisición erga omnes. En un caso, el del art. 3410, los ascendientes y descendientes y el cónyuge del causante gozan de título oponible sin necesidad de declaración judicial alguna. 'En los demás, los de los arts. 3412 y 3413, los herederos tienen que pedir al juez competente (que será el del último domicilio del causante -art. 3284-) que los declare herederos previa justificación del título a la sucesión, como dice el art. 3412 infine. § 278.

ADQUISICIÓN

DE LA POSESIÓN HEREDITARIA.

- Que

la

posesión hereditaria otorga al heredero un título oponible respecto de la adquisición de la herencia, es algo que no puede dudarse, puesto que implica, simultáneamente que el heredero puede ejercer: a) las acciones posesorias del difunto, aun antes de haber tomado de hecho posesión de los objetos hereditarios, sin estar obligado a dar otras pruebas que las que se podrían exigir al difunto (art. 3418), y b) que el heredero puede ejercer todas las acciones que dependen de la sucesión, demandar a los deudores y detentadores de los bienes hereditarios, pudiendo ser demandado por los acreedores hereditarios y otros interesados en la sucesión (art. 3414).

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Pues bien, la adquisición de la posesión hereditaria supone que el heredero es reputado tal frente a terceros, a quienes, en ese carácter, puede oponer su adquisición, y por quienes puede, también, ser requerido o demandado. § 279. POSESIÓN HEREDITARIA DE PLENO DERECHO. - Tratándose de descendientes y ascendientes y del cónyuge, éstos no necesitan un reconocimiento judicial del llamamiento hereditario. Teóricamente su vínculo con el causante es suficiente título que acredita la adquisición hereditaria. Decimos teóricamente, pues, de todos modos, no debemos olvidar que la transmisión hereditaria opera, como dijimos (ver § 10), en dos niveles: el de la adquisición de la herencia, como universalidad y, más adelante, el de la adquisición a título singular de determinados bienes o derechos adjudicados mediante la partición. Obsérvese que la posesión hereditaria de pleno derecho, si bien puede permitir un reconocimiento de la calidad de heredero respecto de la universalidad, no es suficiente, en cambio, para atribuir título oponible respecto de cada uno de los bienes que la integran, singularmente considerados. Así, por ejemplo, siguiendo lo dispuesto por la actual ley de registro de la propiedad inmueble -ley 17.801-, toda transmisión de derechos reales sobre inmuebles para ser inscripta y anotada en el registro, tiene que resultar de instrumentos constituidos por escritura notarial o resolución judicial o administrativa (arts. 2o, inc. a, y 3o, inc. a). Sabemos, además, que según el art. 2505 del Cód. Civil "la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda", no siendo oponibles tales adquisiciones o transmisiones mientras no estén registradas. La inscripción de las transmisiones de bienes inmuebles, más allá de la tradición, se exigió desde antiguo a partir de la ley 1893 en la Capital Federal y fue organizada

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por las provincias de modo similar con la creación de los registros inmobiliarios. Todo esto supone que el heredero, a despecho de las normas generales sobre propiedad y posesión de la herencia -como universalidad-, para poder oponer y hacer efectiva la adquisición de los bienes inmuebles que comprenda la sucesión - a título singular- será menester peticionar judicialmente el reconocimiento de su calidad de heredero para que, previa adjudicación, el juez ordene a los registros la anotación o inscripción del dominio. Otro tanto ocurrirá en todos los casos que interesen bienes registrables (automotores, p.ej., según los arts. Io y 14, decr. ley 6582/58, texto ordenado según decr. 1114/ 97), o si se pretende gravar dichos bienes (para el caso de hipoteca, art. 3128, Cód. Civil), o constituir derechos reales de usufructo, servidumbre, etc. (art. 1184). Esto explica, en síntesis, la insuficiencia de la posesión hereditaria de pleno derecho como título a la adquisición a título singular de los bienes comprendidos en la universalidad hereditaria. Pero, en cambio, permite a los herederos que gozan de ella, oponer, sin necesidad de intervención judicial previa, los derechos y acciones dependientes de la universalidad como tal. § 280.

POSESIÓN HEREDITARIA CONFERIDA JUDICIALMENTE.

-

Mientras tanto, los demás herederos legítimos que no sean ascendientes o descendientes del causante, o el cónyuge, y los herederos instituidos, tienen que pedir al juez la posesión hereditaria, justificando su título a la sucesión (arts. 3412 y 3413). Ello implica que "mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia, los herederos que deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que dependen de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes hereditarios. No pueden -tampoco- ser demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en la sucesión" (art. 3414). Se ve claramente que a lo que tiende la posesión judicial de la herencia es a otorgar al heredero un título que le permita

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oponer los derechos y las acciones dependientes de la universalidad y, a su vez, someterlo a las demandas que contra él como heredero dirijan los terceros. Y este título es dado judicialmente mediante la declaratoria de herederos o, en su caso, la aprobación del testamento respecto de los herederos instituidos en él. Decíamos en el parágrafo anterior que los herederos que gozan de la posesión hereditaria de pleno derecho, no necesitaban estrictamente esa declaratoria. Pero ocurre, reiteramos, que antes de ella, los regímenes de publicidad registral no permiten inscribir, es decir, registrar, la adquisición del dominio u otros derechos reales sin un previo control de legalidad y en su caso de mérito, judicial. La declaratoria de herederos ha venido a constituirse así, mediante las normas de publicidad registral, en el título requerido para acreditar, frente a terceros, la adquisición de los derechos registrables. En tal sentido se la exige para todos los herederos sin distinción. § 281. EFECTOS DE LA POSESIÓN HEREDITARIA. - Establece el art. 3417 que "el heredero que ha entrado en la posesión de la herencia, o que ha sido puesto en ella por juez competente, continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión. Los frutos y productos de la herencia le corresponden. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto". Obvio es destacar que el art. 3417 no debe interpretarse literalmente, cual si por efecto de la posesión hereditaria el heredero continuara la persona del difunto y fuera propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, o, similarmente, que los frutos y productos de la herencia le pertenezcan o se le transmitan los derechos eventuales que pudieran corresponder al causante, porque está en posesión de la herencia. En realidad este artículo, correctamente interpretado, supone, a la luz del verdadero alcance del instituto, que

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el heredero es reputado propietario, acreedor o deudor, etc., en consideración a la vocación que el vínculo de parentesco con el causante públicamente le confiere, a los efectos de la oponibilidad de la transmisión hereditaria que tiene como consecuencia un título, al menos provisional, para ejercitar acciones respecto de terceros o enajenar válidamente. En esencia, el verdadero contenido jurídico de la saisine está plasmado en los arts. 3414 y 3418, el primero interpretado a contrario sensu. Como se ve, ya se trate de herederos que tengan de pleno derecho la posesión de la herencia o se trate de los que la obtengan mediante la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento, el contenido de su título es idéntico, y en ambos casos también su efecto relativo operará desde el día de la muerte del causante, es decir, desde la apertura de la sucesión (conf. art. 3415). § 282.

LA INDIVISIBILIDAD DE LA POSESIÓN HEREDITARIA. -

Dispone el art. 3416 que "cuando muchas personas son llamadas simultáneamente a la sucesión, cada una tiene los derechos del autor de una manera indivisible, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión". Explicaban al respecto Aubry y Rau que la limitación que significa la cuota parte del coposeedor se refiere exclusivamente a las relaciones entre los herederos, pero no respecto de los terceros, frente a quienes cada cual goza y padece la situación del poseedor del todo. Sin embargo, hemos de estudiar en su oportunidad que la indivisibilidad es también relativa, debido al principio de la división ipso iure de los créditos y deudas divisibles de la herencia (ver § 367). B) DECLARATORIA DE HEREDEROS O APROBACIÓN JUDICIAL DEL TESTAMENTO

§283. DECLARATORIA DE HEREDEROS. CONCEPTO. - La declaratoria de herederos es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce el carácter de herederos legítimos. Como

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su nombre mismo lo sugiere, se trata de una sentencia declarativa, ya que tiene por objeto declarar la existencia de los presupuestos que son el fundamento del derecho a heredar por parte de quienes se incluyen en ella, y en esa declaración agota su contenido. Es decir, la declaratoria de herederos importa la culminación del control de legalidad y de mérito que realiza el juez en el proceso sucesorio. Este, como vimos (§ 50), tiene por fin fundamental asegurar que la transmisión hereditaria se opera a la persona o personas cuya vocación resulta de la ley o del testamento válido del causante. En este último supuesto, el juez, al aprobar en cuanto a sus formas el testamento, otorga título a los instituidos en él. § 284.

CARACTERES FUNDAMENTALES DEL PROCESO SVCESO-

RÍO. - En virtud de lo dicho, es importante caracterizar la naturaleza del proceso sucesorio, pues es en él donde la declaratoria de herederos, o la aprobación del testamento se dictan, y es a través de ese proceso como los llamados a la sucesión obtienen el título que les permite oponer frente a terceros la adquisición hereditaria. El proceso sucesorio es, como tradicionalmente se lo define, un proceso de jurisdicción voluntaria. Con esta denominación la doctrina procesalista comprende, en general, todos aquellos procesos en que la intervención judicial se requiere, no para dirimir un conflicto litigioso, sino para legitimar, determinar o constituir ciertas relaciones jurídicas, conforme a la ley. La función del juez en el proceso sucesorio no es, en principio, la de dirimir -o componer- un conflicto de intereses basado en la pretensión de uno de los interesados frente a la resistencia del otro. Ello no significa que, abierta la instancia judicial del proceso sucesorio, no puedan presentarse -y frecuentemente ocurre- controversias o litigios que se suscitan de la invocación de derechos que importan verdaderos conflictos de intereses y de voluntades, propios del proceso contencioso. Así, por

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ejemplo, piénsese en el caso del hijo extramarrimonial del causante no reconocido por éste que reclama la filiación sobre la base de lo dispuesto en el art. 254 del Cód. Civil, para poder, una vez obtenida la sentencia que lo constituye en el estado de hijo, oponer su vocación hereditaria a los otros coherederos con quienes concurrirá o a quienes excluirá. O piénsese igualmente en una demanda de colación ejercida por uno de los herederos legitimarios contra el que recibió en vida del causante una donación que deba reputarse como anticipo de herencia (arts. 3476 y 3483, Cód. Civil). Del mismo modo, supóngase que algún acreedor reclama contra los herederos el pago de una deuda del causante que ellos no reconocen como tal, o que se opone a la adjudicación de los bienes por no estar satisfecho ese crédito (art. 3475, Cód. Civil), etcétera. En todos estos casos el juez que entiende en el proceso sucesorio habrá de dirimir el conflicto de intereses planteado para poder, en definitiva, asegurar la legitimidad de la relación sucesoria. Sin embargo, conviene advertir que, en hipótesis como las planteadas, no es que el proceso sucesorio deje de constituir una instancia de jurisdicción voluntaria, sino que (en virtud del fuero de atracción -art. 3284, Cód. Civil-) la ley impone al mismo juez la obligación de dirimir litigios que interesen a la mejor satisfacción del derecho hereditario, pero que por su naturaleza importan una contienda o litis. § 285. DILIGENCIAS PREVIAS A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS O A LA APROBACIÓN JUDICIAL DEL TESTAMENTO. - Correspon-

de analizar por separado ambas hipótesis, pues las diligencias previas no son comunes. Cuando el causante no ha testado, o en su testamento no ha instituido herederos (conf. art. 699, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación), se aplican normas referentes a la sucesión ab intestato (sin testamento). Cuando el causante testó se aplican las normas de la sucesión testamentaria. La primera culmina en la declaratoria de herederos, la segunda en la aprobación del testamento o declaración de validez formal de éste.

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a)

TRÁMITES PREVIOS A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS.

235 Debe-

mos señalar que el Código Civil no contiene disposiciones de fondo sobre la declaratoria de herederos. Si bien el art. 3412 se refiere a la posesión de la herencia otorgada judicialmente, no se alude a la declaratoria como tal. En esta materia, los códigos de procedimiento de las provincias han mantenido la institución, conocida de la antigua legislación española, y han reglamentado los trámites procesales para su dictado. Promovido el proceso sucesorio ante el juez competente (art. 3284 -ver § 51-), éste dicta una resolución que se denomina providencia de apertura de la sucesión -o auto de apertura de la sucesión- (art. 699, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Esta providencia ordena la citación de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que en el término de treinta días lo acrediten. A este efecto, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación manda al juez que ordene la notificación por cédula, oficio o exhorto, a los herederos denunciados por el que promovió el proceso sucesorio, si su domicilio fuere conocido. Además, dispone que se publiquen edictos por tres días en el Boletín Oficial y en otro diario del lugar del proceso, en los cuales se haga saber la existencia de él y se cite por el término de treinta días a herederos y acreedores para que comparezcan a hacer valer sus derechos. Cumplido el término -que se computa en días hábiles desde el último de publicación edictal- el juez de la sucesión, a petición de parte interesada, analizará el vínculo de quienes han comparecido haciendo valer su vocación hereditaria y dictará la declaratoria de herederos en favor de quienes la hubieren acreditado satisfactoriamente. Como se advierte, el juez analiza en estos casos la prueba del parentesco que es fuente de la vocación legítima y que confiere, según los órdenes establecidos por la ley (art. 3565 y ss.), los llamamientos a la herencia del causante. La prueba del parentesco ha de producirse según los medios establecidos por el Código Civil, del mismo modo que la prueba del vínculo conyugal si fuese del caso. Sin perjuicio de ello, los códigos de procedimientos suelen admitir el reconocimiento

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de coherederos que no pudiesen justificar su vínculo. Este reconocimiento, al solo efecto de intervenir en el proceso sucesorio, debe ser otorgado por unanimidad de los herederos mayores de edad que han acreditado su vocación (conf. art. 701, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). b) TRÁMITES PREVIOS A LA APROBACIÓN FORMAL DE TESTAMENTOS.

Cuando el causante ha testado y en el testamento ha instituido herederos, los trámites previos deben lograr, además, acreditar la autenticidad del instrumento que contiene el testamento. Como lo estudiaremos oportunamente, el Código Civil admite tres formas ordinarias de testar: el testamento por acto público (art. 3651 y ss.), el testamento ológrafo (art. 3639 y ss.) y el testamento cerrado (art. 3665 y siguientes). Además admite una serie de testamentos especiales (art. 3672 y siguientes). Cuando el causante ha testado por acto público, el testamento, por definición, está protocolizado, es decir, incorporado al protocolo del escribano público interviniente (art. 3654, Cód. Civil). La escritura pública y sus testimonios hacen plena fe (art. 1010, Cód. Civil) de la celebración del acto, no sólo entre las partes, sino también respecto de terceros (arts. 994 y 995, Cód. Civil). De modo, pues, que la sola presentación del testamento ante el juez bastará para acreditar el llamamiento. Distinta es la situación tratándose de testamento ológrafo, cerrado o especial, cuya protocolización debe ordenar el juez del último domicilio del testador (art. 3691, Cód. Civil). Respecto del testamento ológrafo, el art. 3692 del Cód. Civil dispone que, si estuviese cerrado, será abierto por el juez y se procederá al examen de testigos que reconozcan la letra y firma del testador. Resultando identidad a juicio de los testigos, el juez deberá rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandará que se entregue con todas las diligencias hechas, al escribano actuario y que se den copias a los interesados. Cuando se trate de un testamento cerrado, cualquier interesado podrá pedir al juez su apertura (art. 3693, Cód. Civil), pero el juez la ordenará previo reconocimiento que el escribano y los testigos intervi-

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nientes hicieren de sus firmas y de la del testador. Si no pueden comparecer todos los testigos que firmaron la cubierta -cinco, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3666, Cód. Civil-, ya fuere por muerte o ausencia, bastará el reconocimiento de la mayor parte de ellos y del escribano. Si por iguales causas no pudieron comparecer la mayor parte de los testigos, o todos ellos, o el escribano, el juez debe hacerlo constar así y admitir la prueba de objeto de letra. Cumplido ello, el juez rubricará el principio y fin de cada página del testamento y ordenará su protocolización (arts. 3694 y 3695, Cód. Civil). En las hipótesis de testamentos especiales, hay que distinguir: cuando se trate de testamentos otorgados por acto público ante jueces de paz o ante oficiales municipales, en la campaña (en que, obviamente, resulta imposible para el testador acudir ante un escribano público), se los debe mandar a "protocolizar a solicitud de parte, sin ninguna otra diligencia previa" (art. 3690, Cód. Civil). El criterio de la ley es razonable puesto que el testamento, en tales casos, consta en instrumento público y constituye un acto auténtico. Si se tratare de un testamento consular -es decir, otorgado en el extranjero por el causante ante el cónsul-, el mismo lo "remitirá al juez del último domicilio del difunto en la República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio" (art. 3637, párr. 2o, Cód. Civil). Tratándose, en cambio, de un testamento militar -otorgado en las circunstancias que prevé el art. 3672 del Cód. Civil, en tiempo de guerra- una vez fallecido el testador, debe ser remitido por intermedio del cuartel general y con el visto bueno del jefe del Estado Mayor, al Ministerio de Defensa, debiendo el ministro remitirlo al juez del último domicilio del testador para que lo haga protocolizar. Si no se conociere el último domicilio del testador, corresponderá remitir el testamento a uno de los jueces de la Capital Federal, para que éste lo haga protocolizar (art. 3677). Es importante destacar que el testamento militar sólo se protocolizará en caso de fallecimiento del testador, como lo hemos destacado, por cuanto sólo conserva validez durante la acción bélica o hasta noventa días después.

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Si el testador sobreviviere, el testamento caduca de pleno derecho (art. 3676, Cód. Civil). Igual norma se aplica para los testamentos marítimos (art. 3684, Cód. Civil). § 286. HEREDEROS.

CARACTERES

Y EFECTOS DE LA DECLARATORIA

DE

- La declaratoria es, pues, una sentencia -aunque pronunciada en un proceso voluntario- en la que el juez, relacionando el hecho del fallecimiento del causante, el vínculo acreditado de quienes se pretenden sucesores y las disposiciones legales que regulan la transmisión hereditaria, declara herederos legítimos a los titulares del llamamiento que les defiere la herencia. Por su propio carácter, es importante destacarlo también, la declaratoria no hace cosa juzgada, a pesar de tratarse de una sentencia. Y ello es así por cuanto es dictada en un juicio no contencioso y por ende no perjudica a terceros. Así, por ejemplo, nada impide que la declaratoria sea modificada aun cuando esté ejecutoriada, si con posterioridad otro heredero no incluido en ella y no denunciado en su oportunidad acreditase el vínculo; del mismo modo un heredero incluido en la declaratoria puede ser desplazado por el titular de una vocación preferente -mediante, v.gr., la acción de petición de herenciaque actualizó su llamamiento a la sucesión del causante. Al afirmarse que la declaratoria no perjudica a terceros, no quiere decirse que no sea plenamente oponible a terceros. Son dos conceptos distintos: no perjudica a terceros en cuanto, como acabamos de verlo, todo aquel que invoque derechos hereditarios podrá hacerlos valer y obtener la modificación de la sentencia ^ aun cuando ésta estuviese firme. Pero, en tanto, es plenamente oponible a terceros en el sentido de que constituye el título que acredita la adquisición hereditaria y permitirá oponer esa adquisición erga omnes. En este sentido debe entenderse que la declaratoria hace cosa juzgada contra terceros o con relación a terceros como lo ha sostenido la jurisprudencia dominante. § 287. TESTAMENTO.

CARACTERES

Y EFECTOS DEL AUTO APROBATORIO DEL

- El auto aprobatorio del testamento -cuando el pro-

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ceso sucesorio ha sido abierto con base en el testamento- cumple, en nuestro derecho, la virtualidad de conferir la posesión hereditaria a los herederos instituidos (art. 3413, Cód. Civil), y el auto aprobatorio, con los mismos alcances que la declaratoria respecto de los titulares de la vocación legítima, confiere título oponible a la adquisición hereditaria. Si el testamento acompañado no agotara los llamamientos -por comprender, v.gr., sólo legados de cosa cierta o de cuota-, es evidente que por aplicación del art. 3280 in fine del Cód. Civil, corresponderá tramitar la sucesión intestada en la parte en que el testador no dispuso de sus bienes, y, a tales efectos, independientemente del auto aprobatorio del testamento el juez deberá dictar la declaratoria de herederos incluyendo a los titulares de vocaciones legítimas que hayan comparecido acreditando el llamamiento ab intestato. En estos casos, sin embargo, los trámites de apertura y protocolización del testamento, no interferirán en los trámites de la sucesión intestada, y los titulares del llamamiento legítimo podrán obtener declaratoria aun cuando el testamento en cuestión esté pendiente de aprobación. Ello así, sin perjuicio de que los legatarios instituidos - o herederos concurrentes con los legítimos, en su c a s o - soliciten y obtengan las medidas de seguridad o precautorias que garanticen sus derechos. § 288. APROBACIÓN

INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DEL TESTAMENTO. - La publicidad

O DE LA

registral de la declaratoria de herederos o de la aprobación judicial del testamento no importa un requisito para su oponibilidad. Sin embargo, la legislación registral inmobiliaria prevé en algunos casos la registración de ellas, en tanto inciden "sobre el estado o la disponibilidad jurídica de los inmuebles" (art. 30, inc. b, ley 17.801). En tal caso, la inscripción registral de la declaratoria o del auto aprobatorio del testamento deben relacionarse con el folio de los inmuebles que corresponda (art. 31), y permite a los herederos disponer de ellos, aun durante el estado de indivisión, mediante el trámite del denominado tracto abreviado (art. 16, inc. b).

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La inscripción de la declaratoria si bien le otorga una publicidad distinta de la que resulta del expediente sucesorio, sometida al principio de la fe pública registral, no altera, sin embargo, el carácter jurídico en que se encuentran los bienes en razón del fallecimiento de su titular ni, por ende, puede considerarse como trámite suficiente para la cesación de la comunidad hereditaria por la constitución de condominio entre quienes aparecen en la declaratoria. Ver lo que explicamos en el § 443. Tampoco puede reputarse que la inscripción registral derla declaratoria o de la aprobación judicial del testamento sea requisito para reputar de buena fe a los terceros que contratan con el que después resulta ser heredero aparente (ver § 321). El art. 3430 sólo exige la declaratoria o el auto aprobatorio de la validez del testamento que hacen a la constitución del título oponible a terceros, el cual no está sujeto a inscripción ni le es aplicable el art. 2505 del Cód. Civil, aunque el acto de disposición interese inmuebles. El título acredita el llamamiento a la herencia como universalidad. El art. 2505 dispone sobre la publicidad registral de la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles singularmente considerados y la erige como modo de oponer, frente a terceros, esa adquisición o transmisión. C) PETICIÓN DE HERENCIA

§ 289. CONCEPTO. - Sabemos que, a la muerte del causante, pueden sobrevivirle titulares de vocación actual, y de vocación eventual (ver § 29). Así, por ejemplo, el difunto puede haber dejado hijos y simultáneamente sobrevivirle también sus hermanos. Estos últimos integran el orden de los colaterales y son excluidos por aquéllos (arts. 3565 y 3585). Puede ocurrir también que el difunto haya dejado uno o más hijos no reconocidos espontáneamente, que a la muerte de su pretendido padre o madre intentan una acción de reclamación de la filiación (art. 254, Cód. Civil), en tanto los herederos rehusan reconocerle el

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carácter de hijos, controvirtiendo su llamamiento a la herencia. También pudiera ocurrir que el causante no hubiera dejado herederos forzosos, sino sólo parientes colaterales hasta el cuarto grado -p.ej., hermanos- y que, en consecuencia, dispuso por testamento instituir como sus herederos a terceros. En casos como los propuestos -que, ciertamente, no son los únicos- puede plantearse un conflicto relativo al carácter excluyente o concurrente de la vocación hereditaria de unos frente a la de los otros. ¿Qué ocurriría si los hermanos del causante, justificando su vínculo con él, hubiesen obtenido declaratoria de herederos en su favor, y más tarde los hijos reclamasen para sí, excluyéndolos, el título de herederos? ¿Qué sucedería si aquel hijo no reconocido triunfase en la acción de reclamación de la filiación y, entonces, pretendiese concurrir a la sucesión con otros hijos del causante? ¿Qué pasaría si los herederos testamentarios opusiesen a los hermanos del causante su llamamiento preferencial derivado del testamento? Puede ocurrir que ante la pretensión de quienes se consideran con llamamiento preferente o concurrente a adquirir la herencia, los que han gozado hasta entonces del título hereditario se allanen a ella. En ese caso el conflicto se resuelve modificando la declaratoria de herederos, si la hubo, o, simplemente, reconociendo el derecho preferente del pretensor, sin perjuicio de la obligación de restituir que pesará sobre aquéllos con los alcances que luego veremos. Pero también puede acontecer que, por diversas circunstancias, quienes gozan de la posesión hereditaria, del título de herederos, nieguen reconocer al peticionante su vocación preferente o concurrente. En tal caso éste se verá en la necesidad de plantear una acción típica del derecho hereditario contra quienes gozan de la posesión de la herencia. Es la llamada acción de petición de herencia. § 290. ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. - Descripta así la situación, parece claro que la acción de petición de herencia controvierte el carácter excluyeme o concurrente de la vocación hereditaria. Í6.

Zannoni, Manual.

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El art. 3423 alude a ella diciendo que "la acción de petición de herencia se da contra un pariente del grado más remoto que ha entrado en posesión de ella por ausencia o inacción de los parientes más próximos; o bien, contra un pariente del mismo grado, que rehusa reconocerle la calidad de heredero o que pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él". Dos observaciones en relación a esta norma. La primera, atinente a la redacción de su última parte. Dice que la acción se da contra un pariente del mismo grado que rehusa reconocer al accionante "la calidad de heredero o que pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él". Así redactada la disposición, pareciera conferir la acción a quien no está en posesión de la herencia y pretende obtenerla. La fuente, Aubry y Rau, de donde Vélez Sársfield tomó muchas de las disposiciones en la materia, aluden en realidad al pariente que rehusa reconocer al accionante la calidad de heredero a quien pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él. Y éste es el auténtico sentido de la disposición, pues la petición de herencia no puede darse sino contra quienes oponen al accionante la posesión de la herencia y controvierten su llamamiento preferente o concurrente. La segunda observación es acerca de los alcances de la norma. De su lectura pareciera desprenderse que sólo se da contra los parientes que, en razón de la vocación legítima, han obtenido la posesión de la herencia. No es así, sin embargo. También puede darse contra un heredero instituido en el testamento aprobado judicialmente. Por ejemplo, si se aduce la nulidad o revocación del testamento aprobado judicialmente (art. 3826 y ss.), o porque el instituido es incapaz para recibir por testamento (arts. 3734, 3736, 3739 y ss.), o por haber incurrido en la comisión de hechos que lo hiciesen indigno, con posterioridad a la confección del testamento (art. 3297), etcétera. También estaremos en presencia de heredero aparente, si el instituido ha perdido su vocación por revocación del testamento por otro de fecha posterior (art. 3828); o si el instituido lo ha sido en testa-

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mentó posterior declarado nulo (art. 3830), o retractado en la hipótesis del art. 3831, etcétera. § 2 9 1 . A QUIÉNES SE OTORGA LA ACCIÓN (SUJETOS ACTIVOS). De lo expuesto, podemos esquematizar, con toda generalidad, los sujetos a quienes se otorga el ejercicio de la acción de petición de herencia: a) Al titular de una vocación legítima actual contra quien le niega llamamiento preferente y ha obtenido posesión de la herencia. Por ejemplo, al hijo extramatrimonial no reconocido que pretende excluir a los parientes colaterales del causante, quienes, a su vez, le niegan el carácter de hijo del causante. En este caso deberá obviamente acumular a la acción de petición de herencia la de reclamación de la filiación extramatrimonial (art. 254, Cód. Civil). b) Al titular de una vocación legítima actual contra quien le niega llamamiento concurrente. En el caso anterior se daría este supuesto si, por ejemplo, la vocación del hijo extramatrimonial fuere controvertida por los hijos matrimoniales del causante con quienes aquél concurre (art. 3565). c) Al titular de una vocación testamentaria contra quien opone una vocación legítima insubsistente. Es el caso de los herederos instituidos en el testamento del causante que hacen valer su llamamiento contra los parientes colaterales que no son herederos forzosos y que, por lo tanto, son excluidos por aquéllos. § 292. EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL TITULAR DE UNA VOCACIÓN EVENTUAL ANTE LA INACCIÓN DEL LLAMADO PREFERENTE-

MENTE. - Siempre respecto de los sujetos de la acción, el art. 3424 plantea y resuelve la hipótesis en que el titular de la vocación actual no ejerciera la petición de la herencia contra quien ha obtenido título hereditario. Para tal situación, prevé: "En caso de inacción del heredero legítimo o testamentario, la acción corresponde a los parientes que se encuentran en grado

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sucesible, y el que la intente no puede ser repulsado por el tenedor de la herencia, porque existan otros parientes más próximos". En otras palabras: la ley legitima para peticionar al titular de una vocación eventual, es decir, no actualizada por renuncia o fallecimiento de quien goza de vocación actual, cuando éste permanezca inactivo y, en consecuencia, niega al demandado el derecho a oponer como defensa la eventualidad de esa vocación. La interpretación literal de la norma, lleva a concluir que el demandado por petición de herencia no puede alegar que el actor ostenta una mera vocación eventual. Claro que, como señalaba atinadamente Bibiloni, ante una alegación de esa naturaleza, corresponderá citar a quienes gozan de llamamiento actual pese a su inacción, a los efectos de hacerles conocer la existencia del pleito. Si a pesar de ello, mantienen su inacción, la acción de petición de herencia proseguirá y el juez hará lugar a ella, en su caso, en favor de los titulares de un llamamiento eventual. Lo cual no impedirá que, en lo sucesivo, éstos deban restituir los bienes a los titulares del llamamiento actual, siempre que no los hubieren adquirido por prescripción (ver § 301, d). § 293. OTROS TITULARES DE LA ACCIÓN. - También gozan de la acción de petición de herencia: a) Los cesionarios de quienes tienen vocación excluyente o concurrente contra quienes han obtenido posesión de la herencia. La cesión de los derechos hereditarios implica aceptación de la herencia (art. 3322, Cód. Civil), y coloca al o a los cesionarios en la misma situación jurídica que los herederos cedentes en lo atinente a los derechos patrimoniales comprendidos en la cesión. Pero, en tal caso, el accionante deberá probar el llamamiento preferente o concurrente de su cedente, y, además, el título de la cesión. b) Los acreedores del titular de una vocación preferente o concurrente que no acciona; en este caso por ejercicio de la acción subrogatoria que les otorga el art. 1196 del Cód. Civil.

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c) Los legatarios de cuota, respecto a su llamamiento a una parte alícuota de la universalidad, si éste fuera controvertido por los herederos o por el albacea. § 294. CONTRA QUIÉNES SE OTORGA LA ACCIÓN (SUJETOS PASIVOS). - S e g ú n lo que surge del art. 3423, antes transcripto, es

evidente que la petición de herencia se confiere básicamente contra quien niega al accionante su vocación preferente o concurrente. Además, la acción se confiere también contra quien tiene vocación suficiente en lo exterior, pero insuficiente en lo esencial (caso, p.ej., del titular de una vocación legítima no legitimaria frente a quien ha sido instituido heredero en el testamento del causante). § 295. LA ACCIÓN CONTRA EL POSEEDOR DE BIENES QUE NO INVOCA TÍTULO HEREDITARIO. - El art. 3422, después de disponer,

con carácter general, que el heredero tiene acción para que se le restituyan las cosas hereditarias poseídas por otros como sucesores universales del difunto -es decir, invocando su carácter de sucesores universales- añade que la acción también se da contra "los que tengan de ellas la posesión con los aumentos que haya tenido la herencia; y también para que se le entreguen aquellas cosas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, etc., y que no hubiese devuelto legítimamente a sus dueños". El primer problema a dilucidar, según los términos de la norma transcripta, es si la acción se otorga sólo contra quien detenta la herencia invocando un título hereditario (pro herede) o, si, también, la petición de herencia se da contra quien posee bienes u objetos de la herencia, por cualquier título, incluso, al simple poseedor (pro possessores). Aparentemente, el art. 3422 comprendería a ambos, o sea, a quienes invocan título universal a la posesión "como sucesores universales del difunto" y, asimismo, a quienes tienen la posesión de las cosas hereditarias -"de ellas", en la terminología del art. 3422- por cualquier título.

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§ 296. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. - Si recurrimos a los antecedentes históricos, advertiremos que la hereditatis petitio o vindicatio generalis en el derecho romano se otorgaba en favor de todo heredero ab intestato o testamentario, civil o pretoriano, contra el poseedor pro herede, es decir, contra quien arrogándose calidad de heredero, invocando un título universal, se apropiaba de ciertos bienes que de derecho o de hecho pertenecían a la herencia {corporis possessor), o se negaba a pagar lo adeudado al de cuius invocando su condición de heredero (iuris possessor). Pero también la petición de herencia se dio contra el pro possessor, es decir, contra quien no invocaba ningún título en\ que fundar su posesión, ni singular, ni universal, como el ladrón y el poseedor violento. Lo cual no era sino consecuencia de aquella institución conocida como usucapió pro herede: la hereditas, y, particularmente, la hereditas iacens (herencia yacente) era un objeto de adquisición por usucapión y, lo mismo, los objetos particulares. Desaparecida en el derecho moderno la usucapió pro herede como título autónono de adquisición de la herencia y siendo la posesión de la herencia el reconocimiento jurídico de la calidad de heredero, es obvio que la herencia, como objeto de adquisición, sólo reconoce la posesión en quien ha obtenido título hereditario. La posesión de algunos bienes de la universalidad, a título singular, escapa de un modo u otro a este concepto. En otras palabras: sólo cabe hablar de posesión hereditaria cuando el objeto sobre el que ella recae comprende "un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos" (art. 3281). Es verdad que, en virtud de la petición de herencia, los objetos particulares comprendidos en la universalidad deberán ser restituidos al titular de la vocación hereditaria, pero ello es como efecto de la restitución a título hereditario. § 297. LAS FUENTES DEL ARTÍCULO 3422. - Este artículo reconoce como fuente a Aubry y Rau, quienes definían la petición de herencia diciendo que era "una acción real por la que una persona que se pretende llamada a la herencia reclama de aquel

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o aquellos que han tomado posesión, obrando como sucesores universales del difunto o como causahabientes de tales sucesores, la restitución de todo o parte de los objetos que componen la herencia". Y el art. 1264, párr. último, parte Ia, del Cód. Civil chileno, también tenido a la vista por el codificador, establece que "el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias". No hay duda, por tanto, de que, según las fuentes que preceden a nuestro artículo, la petición de herencia se ha considerado como una acción que tutela el llamamiento a la herencia -entendida ésta como objeto de adquisición distinto de los bienes singulares que integran la universalidad-, contra quien a igual título se pretende llamado excluyente o concurrentemente. Una acción típica para controvertir un título distinto del título de adquisición singular, que reconoce, a su vez, modos diversos de operarse. § 298. DOCTRINA NACIONAL. - Tal es el sentido de la interpretación dada a nuestro artículo por la doctrina mayoritaria. Ahora bien, el art. 3422 luego de explicitar que la acción de petición de herencia se da contra quienes poseen las cosas hereditarias "como sucesores universales del difunto", añade: "o de los que tengan de ellas la posesión". Ellas, literalmente, parece aludir a las cosas mismas; a primera vista y al referirse a quienes de ellas (las cosas) tengan la posesión, no distinguiría el carácter del poseedor. Si admitiésemos la petición de herencia contra todo poseedor -por cualquier título- de los objetos de la herencia (salvo el caso en que el poseedor invoque su carácter de sucesor universal del causante), toda la naturaleza de la acción quedaría desvirtuada. Fornieles mismo se pregunta: "¿Cómo explicar una petición de herencia contra quien no posee a título de heredero?". Y responde con un ejemplo: "Si el difunto viviese -dice- habría tenido que accionar por reivindicación y suministrar la prueba de su derecho de propiedad para

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vencer en el pleito. ¿Por qué, entonces, producida su muerte, se dispensaría al heredero de una prueba a la que estaría obligado su autor?". Pero además debe tenerse en cuenta que el art. 3421 confiere al heredero las acciones posesorias o petitorias que corresponderían al causante (ver § 303). Será, pues, inevitable ejercerlas. El art. 3422 contendría, en rigor, un error gramatical. Ellas debe ser sustituido por ellos, en la lectura de la norma, atribuyéndose a Vélez Sársfield un error de copia. La atribución no es arbitraria si se consultan las fuentes tenidas a la vista, por el codificador, ya que, al decir de Lafaille, cuando al artículo que comentamos se le reintegra su verdadero contenido como surge de las fuentes (Aubry y Rau y art. 1264, Cód. Civil de Chile, citado en la nota), se comprende que no ha podido ser ése el pensamiento del legislador. § 299. CONCLUSIÓN. - La hermenéutica adecuada enseña, pues, que la acción puede dirigirse contra quienes poseen la herencia como sucesores universales del difunto -invocando vocación o llamamiento actual a la adquisición- reclamando la restitución de las cosas hereditarias, y también contra quienes de ellos, hubieren recibido la posesión. Aubry y Rau aludían a los causahabientes de los sucesores universales, es decir, que la posesión de las cosas u objetos de la herencia derive de una adquisición a título universal. Éstos son los cesionarios de los derechos sucesorios, que, si bien no adquieren por la cesión la calidad de herederos, son sucesores universales por el objeto de su adquisición: en el "todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona" (conf. art. 3263). § 3 0 0 . JUEZ COMPETENTE PARA ENTENDER EN LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. - Se suelen distinguir dos supuestos, se-

gún que la demanda se interponga en dos momentos distintos del proceso. a) PROCESO SUCESORIO EN TRÁMITE. En tal hipótesis, y mientras subsista la indivisión entre los herederos, es competente pa-

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ra entender en la petición el juez de la sucesión por aplicación del art. 3284, inc. Io. Dispone la norma que ante ese juez deben entablarse "las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos". Entre estos juicios, acota Lafaille, está la demanda por excelencia que concierne a todo acervo y que es la petición hereditaria. b) PROCESO SUCESORIO CONCLUIDO. Una vez terminado el proceso sucesorio, cesa el fuero de atracción dispuesto por el art. 3284; aquí la solución no es pacífica. La Cámara Civil Ia de la Capital, en diversos fallos, declaró competente al juez que había entendido en el juicio sucesorio, aun cuando éste ya estuviese archivado. Como la demanda se entabla contra un heredero, se dijo en un fallo de primera instancia -confirmado por los fundamentos en la Cámara- que parecería lógico que fuese competente el juez de turno, "pero como se aclara de inmediato que ella es con el propósito de excluirlo de la sucesión, cabe admitir el nexo existente que demuestra la causal de que por simplicidad y economía del procedimiento sea el juez de la sucesión, aun terminada, el que deba entender en este juicio, por aplicación del art. 3284 del Cód. Civil". En cambio, la Cámara Civil 2 a mostró una jurisprudencia contradictoria. En algunos fallos reputó que era competente el juez de la sucesión, pero en otros consideró que correspondía entender al juez del domicilio del demandado. § 301.

EL PROBLEMA DE LA PRESCRIPTIBILIDAD

DE LA AC-

- ¿Es prescriptible la acción del titular de la vocación hereditaria que pretende controvertir su llamamiento preferente o concurrente a quien o quienes han obtenido título hereditario? CIÓN.

a) TESIS DE LA PRESCRIPTIBILIDAD. Según esta tesis debe partirse del principio general de que todas las acciones son, en nuestro derecho, prescriptibles salvo las enumeradas en el art. 4019 del Cód. Civil. Debe, además, vincularse los arts. 4023 y 4024. El primero establece la prescripción de las acciones personales, y

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el segundo prevé la prescripción de la acción de los hijos y demás descendientes del ausente con presunción de fallecimiento para hacer valer sus derechos. En la redacción original de ambos artículos la prescripción era de diez años entre presentes y veinte entre ausentes. En la nueva redacción, dispuesta por la ley 17.711, el término de la prescripción es de diez años para todas las hipótesis. Precisamente la norma del art. 4024 estableció la prescripción para que los hijos y descendientes del ausente con presunción de fallecimiento pudieran ejercer -o "hacer valer", como dice textualmente- sus derechos, que no son sino los emergentes del llamamiento hereditario contra quienes hubiesen obtenido la posesión definitiva de los bienes de aquél. Hoy no se alude a la posesión definitiva, pero debe acotarse que al quedar sin efecto el período de prenotación del art. 30 de la ley 14.394, el dominio adquirido por los sucesores del ausente sería pleno. Pues bien, si Vélez Sársfield previo la prescripción de la acción de petición de herencia en ese supuesto especial, sería porque para él la imprescriptibilidad no era de la esencia de la acción. b) TESIS DE LA PRESCRIPTIBIUDAD ENTRE COHEREDEROS. Esta posición considera que la acción sería prescriptible en los supuestos previstos por los arts. 3460 y 4020. Si bien ambas normas aluden a la prescripción de la acción de partición contra el coheredero que ha poseído a nombre propio (art. 4020), es decir, obrando como único propietario (art. 3460), se estaría en realidad ante supuestos de petición de herencia. Se ha dicho, en relación con el precepto del citado art. 3460 que la verdad es que, cuando la indivisión cesa de hecho, el poseedor pretende ser el único heredero y que, en tales condiciones, el excluido no puede intentar la acción de partición que supone el reconocimiento de su calidad hereditaria y que es imprescriptible, sino que debe intentar la acción de petición, que supone el desconocimiento de su calidad hereditaria y que en este caso es prescriptible. Se añade que la petición de herencia es prescriptible,

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por aplicación de los arts. 3460, 3461 y 4020, entre coherederos, o entre un poseedor con vocación eventual (virtual) y un heredero con vocación preferente, pero sería imprescriptible entre un poseedor sin vocación sucesoria y quien, como heredero, la tiene suficiente. Como matiz, en esta posición, se sostiene que en principio la acción es imprescriptible, ésta queda aniquilada por la aplicación de otras normas que hacen a la insubsistencia de la vocación hereditaria. Así, por interpretación del art. 3313 y su nota, el titular de la vocación que, ante la aceptación de otros llamados, no ejerció el derecho de opción durante el término de veinte años, pierde el derecho a la herencia y, por lo tanto, la acción de petición de herencia. Del mismo modo, y por aplicación de la misma norma, el autor citado reputa que quedaría insubsistente la vocación del llamado si, en el mismo término, otros poseyeron los bienes como sucesores universales del coheredero o sí la herencia hubiese sido declarada vacante. Tampoco podría ejercerse contra el llamado indigno si poseyó la herencia durante tres años como lo prevé el art. 3298. Finalmente prescribiría durante el término de la usucapión la adquisición efectuada por titulares de un llamamiento eventual que poseyeron los bienes hereditarios intervirtiendo su título (art. 4016, Cód. Civil). c) TESIS DE LA IMPPESCPIPTIBILIDAD. ES sostenida por la mayoría de la doctrina. Fue planteada inicialmente, considerando que la petición de herencia es la reivindicación de un patrimonio, y que no está sujeta a extinguirse por el mero transcurso del tiempo, aunque pudiera operarse la prescripción adquisitiva con respecto a cada uno de los bienes particulares. Es decir que el poseedor no podría oponer al actor la prescripción de la acción de petición de herencia, como tal, pero sí podría oponer, en su caso, la prescripción adquisitiva de los bienes singularmente poseídos. d) NUESTRA OPINIÓN. A nuestro juicio las dificultades se presentan al no distinguir cabalmente los dos niveles en que opera la adquisición hereditaria. Por un lado el titular de la voca-

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ción hereditaria tiene llamamiento a la universalidad del patrimonio del causante, sin consideración a su contenido particular y al objeto singular de los derechos contenidos en ella (art. 3263). Por otro lado, y como consecuencia, el heredero es considerado sucesor singular respecto de los bienes que se le adjudiquen mediante la partición (art. 3503). Ello así, debemos recordar que la petición de herencia, como tal, tiene sustento en el llamamiento a la herencia, no en la propiedad singular de cada bien o derecho particularmente considerado. De modo que la petición podría prescribir sólo si ese llamamiento se extinguiera por el transcurso del tiempo. Si ese llamamiento no se extingue, la petición de herencia tampoco, aunque el poseedor de los bienes hereditarios pudiese oponer, una vez transcurrido el término de la usucapión, la prescripción adquisitiva de ellos operada en su favor. Tal es lo que ocurre en los supuestos de los arts. 3460 y 4020. De esas normas no se puede extraer que ha prescripto la acción para reclamar el título hereditario. Lo que ha prescripto es la acción para pretender, a título singular, y por partición, la atribución de los bienes poseídos por otros coherederos como dueños exclusivos o "a nombre propio", como dice el art. 4020. Por lo expuesto, nos adherimos a la tesis que juzga imprescriptible la acción, con las excepciones previstas expresamente en el art. 4024, es decir, cuando la acción pretende ser intentada por los hijos y descendientes del ausente con presunción de fallecimiento y cuando la ejercen los herederos instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento. Concordamos con la doctrina mayoritaria en que estos supuestos rompen el esquema de la imprescriptibilidad absoluta, pero de lege lata no cabe otra interpretación. Es que, en puridad, cabría sostener que, en estos casos, lo que ocurre es que se extingue el llamamiento y no la acción petitoria hereditaria. § 302. EFECTOS DE LA ACCIÓN. REMISIÓN. - Este tema lo consideramos en el § 306 y ss., al ocuparnos de las relaciones entre el heredero aparente y el heredero real, y entre éstos y ter-

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ceros, en virtud de la obligación de restituir establecida en el art. 3425 y siguientes. D) ACCIÓN POSESORIA HEREDITARIA

§ 303. CONCEPTO. - El art. 3421, después de otorgar al heredero la acción de petición de herencia para "que se le entreguen todos los objetos que la componen"', alude a una acción posesoria "para ser mantenido o reintegrado en la posesión de la herencia". La disposición, a primera vista, se nos muestra como inexplicable. Este texto -se ha dicho, con razón- es una de las expresiones más notorias de la confusión de ideas imperante en torno a la posesión hereditaria. Dejándose llevar por la fuerza de las palabras el codificador creó al lado de la acción petitoria (equivalente a la reivindicatoria) una acción posesoria (equivalente a las posesorias comunes), entendiendo que en la primera sólo está en juego el título a la herencia y en la segunda la posesión de ella. Pero olvida que la posesión hereditaria es precisamente el título, la investidura. La observación es atinada. Además, constituiría un despropósito suponer que sobre la herencia -como universalidad- puede el heredero ejercer corpus de la posesión de las cosas particulares. Una universalidad jurídica -decían Aubry y Rau- no es susceptible como tal, es decir, como expresión de la idea de unidad de los bienes de una persona, ni de posesión, ni de cuasiposesión. Es que el patrimonio como unidad, como conjunto de bienes singulares, no es susceptible de derecho real. Las universalidades de bienes no pueden ser poseídas como un todo, sino que la posesión recae sobre cada cosa por separado. El único modo en que puede entenderse el artículo es atribuyendo a la protección posesoria un sentido específicamente diferente del que surge de la propia nota. El heredero, que goza de las acciones posesorias que hubiesen correspondido al autor de la sucesión si estuviese vivo, goza, además, de tutela posesoria persona] respecto de las cosas de la herencia, conside-

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radas a título singular. Pero esto no era necesario decirlo, pues queda perfectamente claro en el contexto de la adquisición hereditaria misma. § 304.

LAS ACCIONES DERIVADAS

DEL DOMINIO O POSESIÓN

- En virtud de la posesión de la herencia, el heredero es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión (conf. art. 3417). El heredero, además, no sucede sólo en la propiedad, sino también en la posesión del difunto. "La posesión que éste tenía -reza el art. 3418- se le transfiere con todas sus ventajas y sus vicios. El heredero puede ejercer las acciones posesorias del difunto, aun antes de haber tomado de hecho posesión de los objetos hereditarios, sin estar obligado a dar otras pruebas que las que se podrían exigir al difunto". En consecuencia, el heredero puede hacer valer los derechos que le competen por medio de las acciones posesorias o petitorias que corresponderían al causante si estuviese vivo (art. 3421). DE LOS BIENES A TÍTULO SINGULAR.

§ 305. EFECTOS. - P o r aplicación de los arts. 3417, 3418 y 3421 que estudiamos, el heredero goza de la protección posesoria: la posesión del sucesor universal -dice el art. 2475- "se juzgará siempre unida a la del autor de la sucesión; y participa de las calidades que ésta tenga". Así, pues, el heredero estará legitimado para intentar las acciones de restitución (art. 2487) y, para establecer su posesión anual (art. 2473), "puede unir su posesión [su posesión es la que confiere el art. 3418] a la de la persona de quien la tiene, sea a título universal, sea a título particular" (art. 2474). En cuanto a la acción de despojo (art. 2490), competerá al heredero del mismo modo que hubiese competido al difunto si viviese; para aquél la desposesión violenta o clandestina, no habiendo transcurrido el año desde el despojo (art. 2493) de la posesión del causante, lo legitima en el ejer-

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cicio de la acción y, por supuesto, aunque la posesión en la que sucede no fuese anual, pública, continua, pacífica, etc., según se desprende de los arts. 2373 a 2481. Pero, igualmente, el heredero podrá ser demandado directamente por despojo, si la posesión del causante no fue anual y se obtuvo violenta o clandestinamente o por restitución, en los casos que procediere. E)

HEREDERO APARENTE

§ 306. CONCEPTO GENERAL. - Nuestro Código no define, estrictamente, al heredero aparente. Pero es posible proponer la definición que surge del art. 3423 al mencionar al sujeto pasivo de la acción de petición de herencia. Según este artículo, asume el carácter de heredero aparente el pariente de grado más remoto que ha entrado en posesión de la herencia por ausencia o inacción de los parientes más próximos, o un pariente del mismo grado que rehusa reconocerle la calidad de heredero pretendiendo ser también llamado a la sucesión en concurrencia con él. 1) RELACIONES ENTRE EL HEREDERO APARENTE Y EL HEREDERO REAL RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES RESTITUTORIAS

§ 307. PRINCIPIO GENERAL. - Como la petición de herencia controvierte el título de heredero, tiende a lograr el reconocimiento de la vocación preferente o concurrente respecto de quien obtuvo una investidura oponible a la adquisición hereditaria. Desplazado de la posesión, o debiendo compartir su llamamiento, el vencido en la petición de herencia está obligado, siguiendo la letra del art. 3425, a entregar todos los objetos hereditarios que estén en su poder, con las accesiones y mejoras que ellos hubiesen recibido, aunque sean por su propio hecho. Quedan comprendidas, asimismo, las cosas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, etc., y que no hubiese devuelto a sus dueños (art. 3422 in fine).

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§ 308.

BUENA O MALA FE DEL HEREDERO APARENTE.

- En

la

regulación de los efectos que, entre las partes, produce la petición de herencia, y vinculada específicamente a la obligación de restitución, la buena o mala fe del poseedor de la herencia desempeña un papel fundamental. Los arts. 3426 y 3427 distinguen el elemento intencional, con base en la norma general del art. 3428. "El poseedor de la herencia es de buena fe - d i c e cuando por error de hecho o de derecho se cree legítimo propietario de la sucesión cuya posesión tiene. Los parientes más lejanos que toman posesión de la herencia por la inacción de un pariente más próximo, no son de mala fe, por tener conocimiento de que la sucesión está deferida a este último. Pero son de mala fe, cuando conociendo la existencia del pariente más próximo, saben que no se ha presentado a recoger la sucesión porque ignoraba que le fuese deferida". § 309.

ALEGABILIDAD

DEL ERROR.

ERROR

DE HECHO Y DE

- La preceptiva en cuestión se aparta, en algunos aspectos, de los principios generales. Sabemos que, a los efectos de la prescripción adquisitiva, el art. 4006 define la buena fe como "la creencia sin duda alguna del poseedor de ser el exclusivo señor de la cosa". Y como se aplican las disposiciones relativas a la buena fe de la posesión de las cosas, la norma nos remite, obligadamente, al art. 2356. Sin embargo, resulta que, según ella, "la posesión es de buena fe cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad". El art. 3428, como vemos, admite, además, la alegación del error de derecho.

DERECHO.

Lafaille imaginaba el caso de una persona que puede creerse con título hereditario por desconocimiento de las leyes, siendo, por tanto, poseedor de buena fe. Así, un hermano, que en ciertas legislaciones europeas es preferido al cónyuge supérstite, podría imaginar que ese régimen se encuentra vigente en la República y poseer la sucesión en esa inteligencia. En tal hipótesis, u otras similares, desde que no juega el principio general del art. 20, el error recae sobre «1 derecho que rige el llamamiento

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO

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a la herencia. Es claro que, aun cuando se admita el error o la ignorancia del derecho, deberíamos preguntar con qué latitud opera su excusabilidad. El art. 929 -referido, es lógico, al error de hecho- exige que exista razón para errar, no admitiendo su alegación "cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable". Borda propugna la distinción entre error de derecho excusable e inexcusable para el caso y, por tanto, desecha el ejemplo de Lafaille. Pero si el heredero instituido en un testamento por acto público -ejemplifica a su vez- hubiera entrado en posesión de la herencia y más tarde se declara la nulidad del testamento por un defecto formal (p.ej., falta del número de testigos exigidos por la ley), el heredero puede muy bien ser considerado poseedor de buena fe, no obstante que su creencia de ser legítimo heredero se basa en un error de derecho. § 310. CARACTERIZACIÓN DE LA MALA FE. - La buena fe del poseedor de la herencia debe presumirse (art. 2362). Éste es el principio general. Ahora bien, los titulares de una vocación eventual, o sea llamados en segundo o ulterior grado, no son de mala fe porque conozcan, al obtener u oponer su investidura, que existen titulares de un llamamiento preferente o, en su caso, concurrente. La mala fe sólo se juzga cuando aquéllos saben que éstos no se han presentado a ejercer sus derechos porque ignoraban que la sucesión se les defería. Bibiloni, en el art. 3014 de su Anteproyecto mejoró la fórmula: "El poseedor es de mala fe cuando sabe, o debe saber, que existen herederos preferentes o legatarios a quienes no se ha hecho citar para que concurran a usar de sus derechos". § 311. RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES HEREDITARIOS. - Decíamos que los efectos de la buena o ma-

la fe se proyectan con vinculación a la obligación de restitución que pesa sobre el heredero aparente: a) El poseedor de buena fe no debe ninguna indemnización por la pérdida o el deterioro que hubiese causado a las cosas 17. Zannoni, Manual.

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hereditarias, a menos que se hubiese aprovechado del deterioro, y, en este caso, sólo es responsable hasta el provecho que hubiese obtenido. Sería el caso del heredero que hace demoler un edificio construido sobre un inmueble de la herencia y vende los materiales de la demolición. No será responsable por el hecho sino hasta el valor del provecho que obtuvo de la venta, es decir, el precio percibido por los materiales (art. 3426, parte I a ). b) El poseedor de mala fe, en cambio, está obligado a reparar todo daño que se hubiese causado por su hecho; responde, por tanto, de la pérdida o deterioro de los objetos hereditarios aun cuando ocurran por caso fortuito, salvo que la pérdida o deterioro hubiesen tenido igualmente lugar si esos objetos se hubiesen encontrado en poder del heredero (art. 3426, parte 2 a ). § 312. RESTITUCIÓN DE FRUTOS. - Tal como resulta del art. 3427, que reenvía a las normas generales sobre posesión, el poseedor de buena fe sólo es responsable de los frutos percibidos a partir de la notificación de la demanda por petición de herencia (art. 2433). En cambio, "el poseedor de mala fe está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir, sacando los gastos de cultivo, cosecha, o extracción de los frutos" (art. 2438). Del mismo modo, "está igualmente obligado a indemnizar al propietario de los frutos civiles que habría podido producir una cosa no fructífera, si el propietario hubiese podido sacar un beneficio de ella" (art. 2439). § 313. GASTOS Y MEJORAS REALIZADAS. - E n cuanto a las mejoras, el art. 3427 también nos remite a los principios generales. Así, pues, "los gastos necesarios o útiles serán pagados al poseedor de buena fe" (art. 2427). El mismo art. 2427 aclara: "Son gastos necesarios o útiles, los impuestos extraordinarios al inmueble, las hipotecas que lo gravaban cuando entró en la posesión, los dineros y materiales invertidos en mejoras necesarias o útiles que existiesen al tiempo de la resti-

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tución de la cosa". Pero "los gastos hechos por el poseedor de buena fe para la simple conservación de la cosa en buen estado, son compensables con los frutos percibidos y no puede cobrarlos" (art. 2430). En este sentido, se ha resuelto que los gravámenes municipales y la contribución territorial son impuestos ordinarios o de carácter general, comprendidos entre los gastos de conservación a cargo del poseedor de buena fe que goza del inmueble hasta que lo restituye a su propietario. En cambio, "el gasto de pavimento es una mejora necesaria que valoriza de modo permanente el inmueble; no puede, pues, incluirse dentro de los gastos de conservación que el art. 2430 permite compensar con los frutos percibidos. Están comprendidos, en cambio, en lo que el art. 2427 conceptúa como impuestos extraordinarios y cuyo importe tiene derecho a reclamar el poseedor de buena fe". En cambio, el poseedor de mala fe sólo tiene derecho a ser indemnizado de los gastos necesarios hechos en la cosa y goza del derecho de retención hasta ser pagado de ellos (art. 2440). Debemos atender al concepto de mejora necesaria que resulta del art. 591, en tanto proporciona un criterio general de interpretación. 2) EFECTOS DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL HEREDERO APARENTE

§ 314. INTRODUCCIÓN. - Tócanos ahora analizar los efectos de la petición de herencia respecto de los actos de administración o disposición que hubiere ejecutado el heredero aparente, mientras gozó de título hereditario. Aquí es forzoso que destaquemos que juega el llamado derecho aparente, que de un modo u otro rompe el antiguo aforismo incorporado con jerarquía de principio, según el cual "nadie puede transmitir un derecho mejor o más perfecto que el que tiene". Respecto de terceros, los actos del heredero aparente, es decir, de quien gozó del reconocimiento de la posesión de la herencia, deben escapar a la rígida concepción subjetivista del principio. Está en juego la estabi-

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lidad de las relaciones jurídicas, lo que modernamente se ha dado en llamar la seguridad de tráfico. § 315. NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL.-ha materia está expresamente regulada en nuestro Código Civil, en los arts. 3429 y 3430. El primero se refiere a los actos de administración realizados por el poseedor de la herencia -heredero aparente-, respecto de su oponibilidad al titular de la vocación hereditaria, ello es al heredero real. El segundo se refiere a los actos de disposición de bienes inmuebles a título oneroso. Sin perjuicio de estudiar por separado las distintas hipótesis, debemos anticipar que, en la consideración de tales actos y como, en definitiva, se trata de la tutela de la apariencia y la buena fe respecto de terceros, carece de trascendencia la buena o la mala fe del heredero aparente: en las condiciones establecidas por la ley, serán oponibles al heredero real tenga o no buena fe, y ésta, por supuesto, independientemente de que hubiese obtenido declaratoria de herederos o aprobación judicial del testamento. La buena o la mala fe será juzgada entre heredero aparente y heredero real, a efectos de regular la obligación de restitución, conforme las pautas ya estudiadas del art. 3428. § 316. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. - Dispone el art. 3429 que "el heredero está obligado a respetar los actos de administración que ha celebrado el poseedor de la herencia a favor de terceros, sea el poseedor de buena o mala fe". Debemos entender por actos de administración, como ya sostuvimos, los que, importando o no una enajenación, implican la conservación del capital de un patrimonio haciéndole producir los beneficios de que ellos son susceptibles de acuerdo con su naturaleza y destino. Así, por ejemplo, la administración de un viñedo importa la enajenación del fruto. El capital del patrimonio permanece inalterado, pero su fruto, la uva, es enajenado después de la cosecha en virtud de un acto típico de administración. El art. 3429 establece la oponibilidad, en cuanto a los terceros, de los actos de administración, y ello no obstante, repe-

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timos, a las obligaciones que existan entre el heredero aparente y el real, respecto de la restitución. Así, por ejemplo, en el caso de los frutos del viñedo, la oponibilidad y validez del acto no impedirán la aplicación del art. 3427. Ahora bien: ¿se requiere, para la oponibilidad del acto, la buena fe del tercero"? El art. 3429 está concebido en términos amplios. Sin embargo, la doctrina, a nuestro juicio con razón, entiende que por aplicación de los principios generales debe exigirse la buena fe, sobre todo a la vista del art. 953 que invalida genéricamente los actos jurídicos cuyo objeto perjudique los derechos de un tercero. § 317. ACTOS DE DISPOSICIÓN. - Aun cuando la ley no ha definido qué se entiende por actos de administración y por actos de disposición, se ha aceptado tal distinción conceptual, de acuerdo con un criterio económico básico: el acto de administración (también llamado de administración ordinaria) es el que tiene por finalidad la conservación del capital de un patrimonio, o la obtención de sus utilidades o rentas de acuerdo con su destino económico. En cambio, los actos de disposición (o actos de administración extraordinaria) provocan una alteración, un cambio sustancial en el capital del patrimonio. Desde esta perspectiva, pues, ha de comprenderse básicamente el art. 3430. En él se alude a los actos de disposición de inmuebles realizados por el heredero aparente. Es conveniente apuntar que tales actos pueden constituir enajenaciones o no. Así, por ejemplo, la constitución de servidumbre es un acto de disposición, como lo es también el usufructo (conf. notas a los arts. 2807 y 3002). Tales actos de disposición quedan comprendidos en el ámbito del art. 3430 aunque no sean propiamente enajenaciones del inmueble. En esto, como lo veremos, la reforma de la ley 17.711 ha ampliado el ámbito de la norma. § 318. RO REAL. -

CONDICIONES

EN QUE SON OPONIBLES AL

HEREDE-

Veamos ahora los requisitos establecidos por el art. 3430 para que funcione la oponibilidad del acto de disposición: "Los actos de disposición de bienes inmuebles a título one-

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roso efectuados por el poseedor de la herencia, tenga o no buena fe, son igualmente válidos respecto al heredero, cuando el poseedor ha obtenido a su favor declaratoria de herederos o la aprobación judicial de un testamento y siempre que el tercero con quien hubiese contratado fuere de buena fe. Si el poseedor de la herencia hubiese sido de buena fe, debe sólo restituir el precio percibido. Si fuese de mala fe, debe indemnizar a los herederos de todo perjuicio que el acto haya causado. Será considerado tercero de buena fe quien ignorase la existencia de sucesores de mejor derecho o que los derechos del heredero aparente estaban judicialmente controvertidos". A la simple lectura se advierten modificaciones de importancia respecto del texto original. El art. 3430, en su concepción original, establecía: "Los actos de enajenación de bienes inmuebles a título oneroso que hubiese hecho el poseedor de la herencia, tenga o no buena fe, son igualmente válidos respecto al heredero, cuando el poseedor es pariente del difunto en grado sucesible, y ha tomado la herencia en esta calidad por ausencia o inacción de los parientes más próximos, y cuando la posesión pública y pacífica de la herencia ha debido hacerle considerar como heredero, siempre que el tercero con quien hubiese contratado hubiera tenido buena fe. Si el poseedor de la herencia hubiese sido de buena fe debe sólo restituir el precio que se le hubiere pagado. Si fuese de mala fe debe indemnizar a los herederos de todo perjuicio que la enajenación haya causado". § 319. REFERENCIA EXCLUSIVA A INMUEBLES. - En primer lugar, el acto de disposición tiene que referirse a bienes inmuebles. Y es obvio, pues respecto de los muebles rige la presunción de propiedad que emerge de la posesión (art. 2412), no imperando, por ende, el principio del nemo plus iuris que enuncia el art. 3270 (art. 3271). De modo que los actos de disposición que afecten a bienes muebles gozan de la tutela mobiliaria específica que garantiza el derecho de los terceros. Quedan excluidos de esta disposición los muebles registrables, en la medi-

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da en que el dominio sobre ellos sólo se constituye mediante su registro, como el caso de los automotores. Es censurable que la ley 17.711 no haya incluido estos bienes en la preceptiva del artículo que consideramos. No obstante, por la importancia que estos bienes asumen en el tráfico económico y, aunque su carácter -frente a la distinción entre muebles e inmuebles- no se ha precisado jurídicamente, entendemos que corresponde aplicar analógicamente el art. 3430 en las condiciones que él presupone. § 320. ONEROSIDAD. - El acto de disposición debe ser a título oneroso. Tal es la solución tradicional. Entre quien quiere evitarse un perjuicio -el verdadero heredero- y el que quiere conservar un lucro -el donatario-, la ley opta por proteger al primero. O, dicho de otro modo: si la oponibilidad de los actos del heredero aparente se basa en la tutela de la buena fe y salvaguardando la seguridad de tráfico, esa seguridad no se justifica, en detrimento de las expectativas del heredero real, cuando los terceros se han beneficiado gratuitamente sin prestación alguna de su parte. § 321. EXIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS O APROBACIÓN DEL TESTAMENTO. - El texto original del art. 3430

aludía a los actos del poseedor de la herencia cuando "la posesión pública y pacifica de la herencia ha debido hacerle considerar como heredero". La ley 17.711, restringiendo sin duda el ámbito de la posesión hereditaria de pleno derecho, ha sustituido la preceptiva exigiendo que el heredero haya obtenido en su favor "declaratoria de heredero o aprobación judicial de un testamento". Con el nuevo texto legal quedan aclarados dos problemas: a) En primer término, el relativo a la extensión que debe darse al concepto de heredero aparente. El art. 3430 sustituido parecía restringir la noción apenas al "pariente del difunto en grado sucesible". Ya tuvimos ocasión de estudiar este asunto (ver § 305). Todo aquel que goza de un título oponible a la adquisición puede asumir frente a terceros carácter de heredero

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aparente. Con ello involucramos al heredero instituido en testamento que ha sido aprobado judicialmente. b) En segundo término, se exige la posesión de la herencia conferida por los jueces. Aquella posesión "pública y pacífica", que comprendía incluso a los parientes que gozan de la saisine, sólo prefigura un título hábil para el ejercicio de actos de disposición si se ha dictado declaratoria o aprobación del testamento. Siendo así, se restringe el ámbito del art. 3410 y sus correlativos: la posesión de pleno derecho sólo tendrá utilidad en materia de actos de administración, pagos de deudas de la sucesión, percepción de créditos, legitimación contractual activa o pasiva, y aun para configurar con mayor nitidez la buena fe del tercero que concurre con el heredero aparente a celebrar actos de administración de la herencia. § 322. BUENA FE DEL ADQUIRENTE. - Finalmente, se exige la buena fe del tercero contratante. La reforma ha precisado las pautas para evaluar esa buena fe, exigiendo que el tercero ignore la existencia de titulares de una vocación preferente; o, aun cuando la ignorase, que los derechos sucesorios del poseedor de la herencia no se encuentran judicialmente controvertidos. LECTURAS Y CASOS PRÁCTICOS SUGERIDOS LECTURA

Fallo de la CNCiv, Sala A, 18/10/65, JA, 1966-11-65. Sintetice los hechos de la causa. Funde las razones por las cuales si el heredero aparente hubiese transferido el dominio del bien al tercero no se aplicaría la misma solución. Señale qué incidencia puede tener la caracterización del boleto de compraventa como acto de disposición. CASOS PRÁCTICOS

á) Héctor, que vive en el extranjero, ha tomado conocimiento del fallecimiento de su padre, ocurrido hace ya algunos meses, en la República Argentina. En el ínterin sus hermanos, Germán y Paula, han promovido el juicio sucesorio y han obtenido en su favor declaratoria de herederos,

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sin denunciar la existencia de Héctor. /) ¿Deberá Héctor promover acción de petición de herencia? 2) ¿Germán y Paula deben ser considerados, hasta entonces, herederos aparentes? b) Al fallecimiento de Gregorio, sus hijos José, Roque y Daniel, hallan entre los efectos de su padre seis pagarés vencidos suscriptos a su orden. Consultan si pueden ejecutarlos sin necesidad de promover el proceso sucesorio. c) En la sucesión de Jorge, le suceden su esposa Catalina y sus hijos Esteban y María Isabel, quienes han obtenido declaratoria de herederos en su favor. Con posterioridad, Esteban inicia, individualmente, acción reivindicatoría de un inmueble cuya propiedad, afirma, era de su padre. 7) ¿Podrá oponérsele falta de legitimación activa para demandar, solo, la reivindicación? 2) ¿Qué alcances tendrá la sentencia que en su caso se dicte haciendo lugar a la reivindicación? d) Damián continuó ocupando después de la muerte de su padre, una casa que éste le facilitó en comodato. Sus hermanos, Ignacio y Ernesto, pretenden que abone un canon por la ocupación del bien. Consultan si pueden exigir ese canon a partir de la muerte de Damián.

CAPÍTULO VII

INDIVISIÓN HEREDITARIA A) COMUNIDAD HEREDITARIA

§ 323. CONCEPTO. - S i concurren dos o más sucesores a adquirir una misma herencia, o una parte de ella, se configura la llamada comunidad hereditaria. En virtud de esta comunidad, y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal, el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos. Pero es importante destacar que esta comunidad no significa que cada bien reproduzca, singularmente, una situación de copropiedad o cotitularidad en concreto. El derecho hereditario in abstracto, como vimos (§ 14), recae sobre el complejo de titularidades transmisibles como una totalidad patrimonial. Ahora bien, en la medida en que el patrimonio de la herencia, así considerado, se sujeta a un régimen especial de administración o gestión, en cuanto al uso, disfrute y disposición de los bienes particulares, el conjunto de titularidades se proyecta con autonomía respecto del patrimonio de cada uno de los sucesores. Es decir: la comunidad recae in abstracto en las cuotas o alícuotas de la universalidad hereditaria, pero la coherencia del conjunto se mantiene, a nivel de cada bien y de cada derecho, en referencia a la herencia misma y no al patrimonio de cada sucesor. La situación de herencia que se crea desde el momento mismo del fallecimiento del titular del patrimonio se impone a los sucesores y no depende de su voluntad o su exclusivo interés,

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sino en la medida en que se satisfacen los requerimientos del tráfico económico-jurídico que exigen la liquidación y la adjudicación de los bienes sin desmedro de la unidad patrimonial. § 324. NATURALEZA JURÍDICA: TESIS DE LA DE LA SUCESIÓN. - Esta unidad patrimonial indujo,

PERSONALIDAD

antaño, a atribuir personalidad al patrimonio hereditario. Es decir, a reputar que se estaría frente a un sujeto de derechos, al que se denomina sucesión, que los herederos sólo administran y representan. La idea habría sido tomada de la tradición romanista que consideraría la herencia yacente como la continuadora de la persona del causante. De modo que la herencia -la sucesión- mantendría algo así como la personalidad incorporada del difunto. § 325.

TESIS QUE IDENTIFICA LA COMUNIDAD CON EL CONDO-

- Con más insistencia se ha buscado la identificación entre la comunidad hereditaria y el condominio. Admitido por la jurisprudencia en diversos casos que la sucesión no tiene una personalidad propia, distinta de los herederos del causante, se ha afirmado, sin embargo, que la indivisión es un condominio en el sentido lato de copropiedad o concurrencia de varias personas con un derecho igual sobre una misma cosa. Ello así, y tomando en consideración el complejo de relaciones que el causante deja a su muerte, el dominio de éste quedaría convertido en condominio por la pluralidad de titulares que origina la apertura de la sucesión, así como los derechos de propiedad sobre bienes propiamente dichos quedan convertidos en comunión de bienes que no son cosas. MINIO.

§ 326. CRÍTICA. - Sin embargo, la situación de herencia, en la que el conjunto de bienes singulares cobran coherencia como parte de la universitas, determina siempre un especial modo de ser de la adquisición del sucesor universal. Ya nos lo sugiere el art. 3281: la sucesión universal tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido especial. Y la nota aclara: "Si la sucesión a título universal abraza los derechos particu-

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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lares contenidos en el conjunto de los bienes, no es sino como integrante del conjunto que forma el objeto propio de la sucesión". Es decir, pues, que la comunidad -si hay tal- recae a lo sumo en la universalidad "como objeto propio", y los bienes particularmente considerados son referidos a ella y no al interés subjetivo personal y excluyente de los pretendidos condóminos. Esta situación de herencia que impide desmembrar antes de la partición la universalidad que integran el conjunto de titularidades del causante, es anterior y necesaria a la atribución del dominio de los bienes a título singular. Es anterior, porque a partir de esa situación de herencia se organiza el reconocimiento del derecho a suceder y, por tanto, el título de sucesor; permite establecer la cuantía y extensión del derecho; funcionaliza la tutela de terceros e incluso de sucesores que fueren desconocidos o que no hubiesen sido denunciados, etcétera. Y es necesaria, porque la situación de herencia constituye la etapa en la adquisición del dominio, en la que mediante la organización del proceso sucesorio se satisfacen expectativas de publicidad que el derecho ha juzgado imperativas antes de conferir el pleno ejercicio de los derechos que emergen de la calidad de sucesor; sobre todo, las relativas a la publicidad registral (conf. art. 2505, Cód. Civil; arts. 2o, inc. a, y 3 o , inc. a, y concs., ley 17.801; arts. Io, 14 y concs., decr. ley 6582/58, ratif. por ley 14.467, y sus modificatorias, texto ordenado por decr. 1114/97). A estas consideraciones se añaden las que la doctrina ha hecho tradicionalmente para diferenciar la comunidad del condominio: éste sólo recae sobre cosas (art. 2674), en tanto que la comunidad hereditaria comprende derechos y bienes inmateriales; en el condominio prevalece la decisión de la mayoría de los condóminos (art. 2700), mientras que en la comunidad se exige la unanimidad (art. 3451); en el condominio la alícuota del condómino es inalterable; los herederos, en cambio, tienen llamamiento eventual al todo. A esta altura nos percatamos -y así es, en efecto- de que durante el estado de indivisión cada heredero es titular de una cuota de herencia, pero esa cuota, si bien representa su derecho

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sobre el patrimonio hereditario no se reproduce, como decíamos, sobre cada uno de los elementos singulares que lo componen. El coheredero tiene derecho a una alícuota del patrimonio hereditario, pero no a una porción de cada una de las cosas determinadas que forman parte de aquél, y puede ocurrir fácilmente que, al hacerse la partición, cualquiera de dichas cosas resulte adjudicada por entero a otro coheredero (conf. art. 3472). Y si el heredero dispone de sus derechos hereditarios, está disponiendo de su alícuota, no de derechos concretos sobre bienes particulares comprendidos en la universalidad. Bien resulta del art. 2160: "En la cesión de herencia el cedente sólo responde por la evicción que excluyó su calidad de heredero, y no por la de los bienes de que la herencia se componía". He aquí un ejemplo que muestra palmariamente el objeto de la adquisición universal, a partir del axioma del art. 3416 que declara la indivisibilidad de la propiedad y la posesión de los bienes durante la subsistencia de la comunidad hereditaria. B) RELACIONES QUE DETERMINA LA COMUNIDAD HEREDITARIA

§ 327. DISTINCIÓN. - Deben diferenciarse las siguientes relaciones: a) Las que, frente a terceros, permiten a cada coheredero oponer la cotitularidad sobre la comunidad hereditaria como objeto único. A ellas las denominaremos relaciones externas. b) Aquellas que, entre coherederos, permiten a cada uno asumir frente a los demás la cotitularidad de su cuota en la comunidad. Se las conoce como relaciones internas. 1) RELACIONES EXTERNAS

§ 328. REGULACIÓN LEGAL. - A este tipo de relaciones el Código Civil ha dedicado tan sólo dos normas: el art. 3449 y el art. 3450, parte Ia. El primero referido a la posesión de los bienes de la herencia y el segundo a los alcances de la reivindicación.

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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§ 329. POSESIÓN DE LOS BIENES. - Establece el art. 3449 que "si hay varios herederos de una sucesión, la posesión de la herencia por alguno de ellos, aprovecha a los otros". A pesar de que la norma refiere a la posesión de la herencia, se está aludiendo a la posesión de los bienes, ya que la primera no es sino el título de heredero, reconocido a los efectos de la oponibilidad y ejercicio de los derechos hereditarios. En efecto, siguiendo a la doctrina francesa que, a partir de Pothier reputaba que la posesión de los bienes de la herencia se comunica entre los coherederos, Vélez Sársfield consagró un principio de indudable trascendencia. Y es que, cuando cualquiera de los coherederos, a título de tal, posee un bien particular comprendido en la comunidad, no lo hace en concepto de dueño exclusivo, sino como miembro de la comunidad a la que corresponde el derecho sobre la cosa. O, como varias veces lo hemos recordado ya, cuando varias personas son llamadas simultáneamente a la sucesión, "cada una tiene los derechos del autor de una manera indivisible, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión1'' (art. 3416). Este principio es fructífero en consecuencias. Por de pronto, todas las defensas posesorias que ejerciera el heredero aprovechan a la comunidad; la interrupción de prescripciones, la percepción de frutos, los gastos y mejoras -sin perjuicio del crédito en favor de quien los efectuó- siguen la condición del bien y forman parte de la comunidad, etcétera. § 330. REIVINDICACIÓN. - El art. 3450 dispone, en su parte Ia, que "cada heredero, en el estado de indivisión, puede reivindicar contra terceros detentadores los inmuebles de la herencia". Hasta aquí, el precepto concuerda con lo establecido, para la reivindicación del condómino, por el art. 2679: "Cada uno de los condóminos -dice esa norma- puede reivindicar, contra un tercer detentador, la cosa en que tenga su parte indivisa; pero no puede reivindicar una parte material y determinada de ella". Pero el art. 3450, después de otorgar la acción reivindicatoría al heredero, añade: "y ejercer hasta la concurrencia de su

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parte, todas las acciones que tengan por fin conservar sus derechos en los bienes hereditarios, sujeto todo al resultado de la partición". La inteligencia del precepto se oscurece, así, pues aparentemente admite a priori dos interpretaciones literales. La primera interpretación permitiría inferir que la norma prevé la acción reivindicatoría ejercida por el coheredero contra terceros, sin limitación, y además, el resto de las acciones conservatorias (p.ej., como medidas precautorias), pero estas últimas ejercidas por cada coheredero sólo hasta la concurrencia de su parte. La segunda interpretación reputa que tanto la mentada acción reivindicatoría que tiene el coheredero contra terceros, como las medidas conservatorias lo son sólo en su interés correspondiente, de su alícuota, y no más allá. § 331. ALCANCES. -Durante el estado de indivisión, ninguno de los coherederos es cotitular en el dominio de los inmuebles -en general, de los bienes- de la herencia singularmente considerados: su sucesión tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido particular (art. 3281). Y si bien el art. 3264 establece que los sucesores universales son al mismo tiempo sucesores particulares relativamente a los objetos particulares que dependen de la universalidad en la cual ellos suceden, durante el estado de indivisión ninguno de los sucesores puede oponer un título suficiente al dominio a título singular. Además, no debe perderse de vista que el art. 3416, al consagrar la indivisibilidad de la propiedad y la posesión, en cabeza de todos y cada uno de los herederos, viene, una vez más, a suministrar un criterio rector. Si, como sabemos, la sucesión tiene por objeto un todo ideal, no es posible que, actuando el heredero en salvaguardia del derecho sobre un bien a título singular para la masa hereditaria, pueda reputársele obrando en los límites de una cuota que no está referida a ese bien singular, sino a la comunidad a título universal. De acuerdo con este criterio, compartido por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, el coheredero reivindica para la comunidad. El interés del reivindicante no es una cuota parte

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INDIVISIÓN HEREDITARIA

sobre el bien, sino el bien mismo independientemente de que lo haga en la medida de un interés determinado por las relaciones internas entre los coherederos, que quedará satisfecho en la partición. § 332. CIÓN. - Por

EFECTOS DE LA SENTENCIA

QUE ADMITE

REIVINDICA-

aplicación de estos principios, si la acción reivindicatoría progresa, el bien es reivindicado en su totalidad para la comunidad hereditaria, dado el carácter indivisible del dominio sobre el cual recae la acción. Es de destacar que la sentencia que acoge la reivindicación aprovecha a todos los coherederos, no porque el demandante haya obrado en nombre y representación de éstos, sino porque al reingresar el inmueble a la masa de bienes de la herencia, su valor acrecentará el patrimonio a dividir, sobre el que cada heredero tiene derecho a una porción ideal, que eontendrá un mayor valor en la medida en que la masa esté integrada por más bienes. § 333. SENTENCIA QUE RECHAZA LA REIVINDICACIÓN. - P e r o si la demanda del coheredero es rechazada, la sentencia no hace cosa juzgada contra los restantes coherederos que no fueron parte en el juicio, pues es evidente que la sentencia desfavorable que se dictara en la reivindicación, no podría ser opuesta a los que no participaron en el juicio, precisamente porque el copropietario reivindicante actúa en su propio interés y no en representación de los demás. § 334. LA REIVINDICACIÓN DE MUEBLES. - Aunque el art. 3450 se refiere sólo a la reivindicación de inmuebles, es obvio que dicha reivindicación también puede ser intentada respecto de los muebles de acuerdo con los principios generales. § 335. MEDIDAS CONSERVATORIAS. - Queda por considerar todavía el alcance con que el art. 3450, parte 2 a , acuerda al coheredero el ejercicio, "hasta la concurrencia de su parte", de todas las acciones que tengan por fin conservar sus derechos en los 18. Zannoni, Manual.

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bienes hereditarios. Por de pronto, cuadra señalar que esa referencia que limita la acción del coheredero hasta la concurrencia de su parte, nada tiene que ver con la reivindicación, aludida en la parte Ia del artículo. Las mentadas acciones conservatorias juegan, en realidad, en las relaciones internas entre coherederos, en las que cada uno de ellos ostenta un interés en la comunidad representado por su cuota. Desde esta perspectiva, debe considerarse que las acciones concedidas a cada coheredero en las relaciones recíprocas con los restantes apuntan a garantizar los derechos de participación en la comunidad y pueden consistir en medidas cautelares, inventarios, embargos o secuestros si es del caso, las que en definitiva prosperarán en la medida del interés del peticionante, y sujeto todo al resultado de la partición. 2) RELACIONES INTERNAS

§ 336. CONCEPTO GENERAL. - Las relaciones internas que genera la comunidad hereditaria, en su múltiple y variada apreciación, están determinadas por la circunstancia de que cada heredero, frente a los demás coherederos, ostenta un interés en la participación, uso y disfrute del acervo compatible con el derecho de aquéllos; limitado a su alícuota hereditaria, en la medida de ese interés. § 337.

Uso EXCLUSIVO DE ALGUNAS COSAS COMUNES. - Es

posible que, producido el fallecimiento del causante, un heredero permanezca en el uso exclusivo de un bien de la herencia (v.gr., un hijo del causante que, en vida de éste, habitaba gratuitamente -como comodatario- un inmueble de su propiedad) o que de hecho lo utilice en su propio beneficio después del fallecimiento. ¿Podrían los demás coherederos reclamar a quien utiliza en su exclusivo beneficio una compensación en dinero por ese uso? La jurisprudencia, en general, ha resuelto que como el derecho al uso y goce de las cosas comunes pertenece por igual a todos los comuneros (arg. art. 2684, Cód. Civil), la privación

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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que unos sufren en beneficio de otros puede serles compensada en dinero. Adviértase que la solución es lógica, pues si el bien no estuviese ocupado los herederos podrían resolver alquilarlo, por ejemplo, obteniendo la comunidad, de ese modo, una renta. Pero esa compensación en dinero sólo se podrá fijar en la sentencia con retroactividad a la demanda -y no desde que la utilización comenzó-, "pues por el tiempo anterior debe considerarse que existe consentimiento tácito en una ocupación gratuita". § 338. ARRENDAMIENTO A UNO DE LOS COHEREDEROS DE UN BIEN COMPRENDIDO EN LA COMUNIDAD HEREDITARIA. - L a d o c t r i n a

y jurisprudencia prevalecientes aceptan que un heredero puede ser locatario de un bien hereditario durante la indivisión. A través de la locación, en el caso que nos ocupa, se vinculan dos patrimonios con intereses no coincidentes -al menos en cuanto al acto-: el patrimonio de la herencia, como comunidad, que está sujeto a un régimen especial de gestión y administración, y el patrimonio del coheredero locatario que, sin perjuicio de la expectativa a su cuota abstracta en la comunidad, satisface su interés de uso y goce exclusivo de un bien que aún no se le atribuye a título singular. C) ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA

§ 339. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA. - La situación de herencia que provoca la apertura de la sucesión y se extiende hasta la partición de los bienes indivisos y su adjudicación a los herederos, conlleva necesariamente, la exigencia de una gestión -en términos amplios- de la comunidad hereditaria. Se trata, en suma, del conjunto de actos que comprenden la conservación, administración e incluso disposición del conjunto de titularidades que se asumen en la universalidad patrimonial y que forman la comunidad hereditaria. § 340. PRINCIPIO GENERAL. - Es por eso que, siguiendo la tradición romanista, el art. 3451 del Cód. Civil establece: "Nin-

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guno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número, no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión". Este principio traduce el llamado ius prohibendi contenido en un texto de Papiniano y que sintetiza la idea que el derecho romano tuvo de la comunidad. Este ius prohibendi no se manifiesta en realidad como exigencia del consentimiento general de todos los comuneros ante actos de disposición material, sino como el derecho o facultad que cada comunero tiene para prohibir a los demás lo que éstos intentan realizar. § 341. MINIO. - Se

DIFERENCIAS

CON LA ADMINISTRACIÓN

EN EL CONDO-

apartó el codificador aquí de los principios consagrados para la administración del condominio normal, a cuyo respecto el art. 270 admite las determinaciones tomadas por los condóminos que representan la mayoría absoluta (art. 2705) de los valores de la parte de los condóminos en la cosa común. Justificando tal temperamento - y criticando a quien, como Segovia, entendía que no hay razón valedera para excluir este principio a la administración de la comunidad hereditaria, por lo menos si todos los herederos son mayores de edad y capaces; arg. art. 3462 y ss.- reputaba Machado que "por ser necesaria, la comunidad se distingue en sus efectos de la creada por la libre voluntad de los contratantes, en que, con razón, se ha debido suponer una especie de autorización que los unos se den a los otros para obrar en bien de todos, sujetando sus decisiones a la mayoría de intereses". Concluía, en este sentido, que "cada heredero debe conservar y conserva una libertad compatible con la comunidad forzada, y las decisiones de la mayoría de estos asociados ocasionales, que no se han elegido, y que tal vez no se conocen, no deben obligarlos". § 342. Los ACTOS DE DISPOSICIÓN. - Es evidente que del espíritu del art. 3451 resulta que los actos de disposición no pue-

277

INDIVISIÓN HEREDITARIA

den resolverse sin el consentimiento unánime de los herederos, ya que los poderes del juez para resolver las diferencias, en caso de no existir unanimidad, se limitan a la administración. Quizás hubiera sido preferible utilizar el término gestión, que comprende tanto los actos de verdadera administración -aun importando enajenaciones- y los conservatorios. Todo ello sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, el acto de uno de los herederos obligue a los demás por la vía indirecta de la versio in rem (art. 2306) o a título de beneficios por una gestión de negocios que se transforme en su utilidad (art. 2297). § 343.

ADMINISTRACIÓN

A TÍTULO DE MANDATARIO.

-

La

aplicación de estos principios no excluye, claro está, la oponibilidad de los actos celebrados por uno de los coherederos con mandato o autorización expresa de los otros. Tratándose de actos que los herederos pueden llevar a cabo sin requerir la intervención judicial, como reconocimiento de obligaciones, percepción de rentas o frutos, pago de deudas, disposición de bienes no registrables, etc., el administrador extrajudicial o mandatario de los coherederos habrá de ejecutarlos requiriendo el consentimiento de todos aquéllos (conf. art. 3451). Además, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 3462, será menester que todos los herederos estén presentes y sean capaces: habiendo coherederos menores o incapaces o ausentes no serían oponibles a éstos los actos que, suponiendo aceptación de la herencia, no se realizaron "bajo las condiciones y en las formas prescriptas por la ley para suplir su incapacidad" (art. 3333 in fine), lo que requerirá (estando impedidos de manifestar su voluntad debido a la incapacidad o ausencia -arts. 1041 y 1042-) la intervención del Ministerio Público, sin perjuicio de la de los representantes necesarios (arts. 57 y 59). § 344. ADMINISTRACIÓN SUCESORIA. - A pesar de que en el espíritu del Código la indivisión pretende ser una situación pasajera, una communio incidens, ninguna duda cabe de que la regla básica del art. 3451 ha resultado, al cabo, insuficiente. Y

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en nuestro derecho ha ocurrido, al igual que en el francés, el fenómeno observable de situaciones de indivisión prolongadas en el tiempo que no resisten la carencia de regulación de la comunidad. La gestión conjunta, por otra parte, tampoco satisface siempre el interés de los comuneros sujetos a la regla de la unanimidad. En el derecho francés la carencia de normas orgánicas en el Code ha sido suplida por una acción constante de la jurisprudencia. Así, como recuerdan Planiol y Ripert, ha buscado soluciones justas y prácticas, convalidando los actos de uno de los herederos en caso de necesidad, y aun siempre que su intervención útil no hubiere producido objeción por parte de los coherederos. Ha restringido, aplicando reglas del abuso del derecho, el ius prohibendi, y reconociendo entonces en el conjunto de la administración un poder de apreciación y control que llega a permitir el nombramiento de un depositario o un administrador judicial en caso de actos de los comuneros perjudiciales a los intereses comunes, etcétera. En nuestra jurisprudencia, se observa igualmente esa tendencia aun cuando los códigos de procedimientos locales se hayan ocupado de regular la administración sucesoria supliendo la parquedad de las normas de fondo. La ley procesal en el ámbito de cada provincia provee así a la aplicación del Código Civil en su respectiva jurisdicción, conforme lo establecido en el art. 75, inc. 12, de la Const. nacional. § 345. DE FONDO. -

COMPATIBILIDAD

ENTRE LAS NORMAS PROCESALES

Y

Dentro del proceso sucesorio -decíamos- los códigos de procedimientos han dedicado preceptos expresos a la administración de la comunidad hereditaria por parte de los sucesores. Debe partirse, en el estudio de la ley adjetiva, de la directiva básica del art. 3451. Es ésta que, en principio, la administración corresponde a todos los coherederos declarados tales obrando unánimemente. Ello significa que, aun cuando exista un administrador designado en el proceso, siguen siendo todos los

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herederos los que actúan en el interés de la comunidad. El administrador designado o propuesto al juez por aquéllos es un representante con facultades generales a través del cual la acción de los sucesores queda unificada en la acción del administrador. Aunque ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión (art. 3451, parte Ia), la unanimidad de ellos puede decidir la administración en cabeza de uno (o varios), sin que tal decisión vulnere el precepto general. En puridad, la decisión no podría ser tomada sino por unanimidad, pues la decisión y los actos del mayor número no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento (art. 3451, parte 2a). Pero, previendo esta situación, la ley otorga al juez de la sucesión la facultad de resolver "las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión" (art. 3451 in fine). § 346. ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y DEFINITIVO. - Cabe distinguir^ al respecto, dos grandes etapas dentro del proceso sucesorio: a) Desde la apertura de la sucesión hasta la declaratoria de herederos, o, en su caso, aprobación judicial del testamento, y sin perjuicio de las normas relativas a la posesión hereditaria de pleno derecho (conf. art. 3410 y ss.), no existe todavía reconocimiento judicial del carácter de heredero que permita oponer un título suficiente relativo a la adquisición de la herencia cuando las leyes exigen dicha declaratoria. En el contexto propio del proceso sucesorio podrá hablarse, si se quiere, de quienes han justificado prima facie su llamamiento a la sucesión, su vínculo con el causante, su vocación hereditaria, y, por ende, su interés en la comunidad. Pero será después de la declaratoria de herederos cuando, procesalmente, se perfeccione el título hereditario -que si la ley de fondo lo reconoce de pleno derecho respecto de algunos sucesores y respecto de ciertos actos, no resulta suficiente para oponerlo a terceros ante requerimientos de publicidad registral respecto de la transmisión de los bienes singulares- para asumir la gestión de la comunidad y, como conse-

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cuencia, el poder de administrar los intereses de la sucesión, como reza el art. 3451. b) La segunda etapa transcurre, pues, desde la declaratoria de herederos a la aprobación judicial del testamento, hasta la partición durante la cual se desarrollan las secuencias del proceso sucesorio tendientes a realizar la participación concreta de cada sucesor en la comunidad. Durante la primera etapa el juez de la sucesión puede, a pedido de parte interesada, nombrar un administrador. La jurisprudencia primero, y los códigos de procedimientos después, han denominado a este administrador como provisional, por cuanto en su designación sólo han intervenido quienes han justificado prima facie su llamamiento a la herencia (conf. art. 692, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). En cambio, a partir de la declaratoria de herederos o la aprobación judicial del testamento, cobra virtualidad plena el art. 3451 y, entonces, el administrador se llama definitivo (conf. art. 709) por cuanto en su designación han intervenido quienes ya han comprobado su llamamiento. Por eso, el administrador provisional cesa en su función una vez dictada la declaratoria de herederos y se procede a designar al definitivo, sin perjuicio de que aquél pueda ser ratificado por los herederos declarados. § 347.

DESIGNACIÓN

DE ADMINISTRADOR.

- Referido al ad-

ministrador provisional, el art. 692 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, establece que "el nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite o en el heredero que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo. El juez -concluye la norma- sólo podrá nombrar a un tercero cuando no concurrieren estas circunstancias". En cuanto al administrador definitivo, el art. 709 dispone que, "si no mediare acuerdo entre los herederos... el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento".

INDIVISIÓN HEREDITARIA

281

Ambas normas se dirigen fundamentalmente al juez, estableciendo un orden de prelación en la designación de administrador: a) Si la unanimidad de los herederos se pronuncia sobre quién administrará los intereses de la comunidad, el juez debe nombrar al propuesto, según imperativo del art. 3451. b) Si no existe unanimidad, ya el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación derogado preveía la designación del cónyuge supérstite o del heredero que ajuicio del juez fuese más apto para el ejercicio del cargo (art. 643). La jurisprudencia entendió que a falta de acuerdo, e interpretando el art. 3451, corresponde al juez, de oficio, nombrar el administrador, ya que es éste el llamado a decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración. Lo cual no invalidaba la decisión de la mayoría, salvo que a criterio del juez la minoría invocase motivos justificados que hiciesen inconveniente tal designación. § 348.

PREFERENCIA EN FAVOR DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. -

Tanto el art. 692 como el art. 709 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación dan preferencia al cónyuge supérstite aun contra la decisión de la mayoría, si no se invocasen razones de inidoneidad (conf. art. 709), a las que deben asimilarse las causas graves que a criterio del juez hiciesen inconveniente tal designación. La jurisprudencia anterior mantiene vigencia, pues, en lo relativo al fundamento de la preferencia, por el carácter de partícipe en la sociedad conyugal disuelta que tiene el cónyuge y, por lo tanto, por ser la persona que tiene mayores intereses en el patrimonio que debe administrarse. También resulta aprovechable la jurisprudencia en lo atinente a las causas que obstan a la designación del cónyuge supérstite, como, por ejemplo, hallarse sujeto a juicio de insania; carecer de aptitudes físicas indispensables, como ocurre por su avanzada edad, o falta de aptitudes técnicas, etcétera. También se ha juzgado que obsta a la designación la circunstancia de que el cónyuge tenga intereses opuestos a la masa de herederos, o

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haya ocultado bienes hereditarios, o cuando los bienes propios del causante superan notablemente a los gananciales y el cónyuge supérstite no haya tenido intervención en la administración, o cuando los cónyuges hubiesen estado separados de hecho, o pendiente un juicio de divorcio no sustanciado por el fallecimiento del causante, o si se controvierte la calidad de cónyuge del causante, etcétera. En cambio, se ha juzgado que no obsta a la designación del cónyuge supérstite: la oposición de la mayoría que no se encuentre fundada en causas de inhabilidad o sospecha; el divorcio, cuando fue declarado por culpa exclusiva del causante; encontrarse pendiente de liquidación una anterior sociedad conyugal del causante, etcétera. § 349. DEROS. - A

DESIGNACIÓN A PROPUESTA DE LA MAYORÍA DE HERE-

falta de cónyuge supérstite, o si éste fuera inidóneo o renunciase, el art. 709 establece que el juez debe designar al administrador que proponga la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que a su criterio fuesen aceptables para no efectuar ese nombramiento. De este modo, ahora la decisión de la mayoría tiene virtualidad normativa en el proceso sucesorio como ya lo había aceptado la jurisprudencia mayoritaria anterior a la reforma, que entendía que, aun cuando el art. 3451 establece que la decisión y los actos del mayor número no obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento, la propuesta mayoritaria es un elemento de la decisión del cual no puede el juez prescindir por cuanto representa la decisión de quienes reciben la mayor parte de los bienes. Es verdad que existió una corriente jurisprudencial que, sobre la base del art. 3451, entendió que, a falta de unanimidad de los herederos en la propuesta, el juez debe proceder a la designación del heredero que a su juicio aparezca como el más apto para el desempeño de la administración con prescindencia absoluta de la decisión de la mayoría. Pero no parece conveniente justificar esta tesis, sobre todo habida cuenta de que aun el heredero propuesto por la mayoría puede no ser designado si, co-

INDIVISIÓN HEREDITARIA

283

mo lo prevé el art. 709, se invocasen motivos atendibles que no aconsejasen la designación. Además, conviene recordar que la designación del administrador mantiene incólume la facultad de cualquier heredero de ejercer el ius prohibendi ante los actos del administrador impidiendo, de este modo, quebrar el espíritu del art. 3451. § 350. DESIGNACIÓN DE VN TERCERO. - El art. 709 no alude a la designación de un tercero, no heredero, cuando existiesen motivos serios que hiciesen inconveniente la administración por los herederos. La jurisprudencia, con carácter excepcional, lo admite en casos como éstos: si existen intereses contradictorios entre los herederos; o si el juez juzga que todos ellos son incapaces para el desempeño del cargo; o cuando los herederos se imputan mutuamente haber cometido defraudaciones, tales como la ocultación dolosa de bienes. En algunos casos se ha juzgado que la enemistad entre los coherederos que obstaculiza la marcha regular del proceso, permite la designación de un tercero, o cuando sólo existen dos herederos y ambos reclamen para sí la administración invocando condiciones especiales para hacerlo. Aun cuando el art. 709 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación no aluda a la designación de un tercero, en hipótesis como las planteadas, entendemos que, por aplicación analógica del art. 692, referido a la designación de administrador provisional, el juez puede hacerlo fundando, lógicamente, su decisión. § 351.

FACULTADES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR.

-El

administrador no tiene, ni debe tener, en principio, más facultades que las que los herederos -en el momento de la propuesta de su designación o posteriormente- le confieran. En efecto: "ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión", dice el art. 3451; tampoco lo tendrá el administrador si los actos de gestión de la comunidad hereditaria no le han sido encomendados, autorizados o consentidos por todos los herederos.

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De interpretarse lo contrario, puede caerse en equívocos que desnaturalizarán lamentablemente los principios en juego. Así, por ejemplo, si se sostiene, como algunos fallos lo han hecho, que el administrador es el representante de los herederos se vulnerará sin ambages el axioma de que la administración corresponde en conjunto a todos ellos. Esto no significa, claro está, que los herederos no puedan conferir mandato o autorización judicial o extrajudicial al administrador para que realice ciertos actos en su nombre. Pero entonces, bien se ve, la representación no emana de la circunstancia de que el mandatario sea el administrador, sino del hecho de que ha sido autorizado, expresamente por los herederos, para representarlos o actuar en su nombre. En otras palabras: el carácter de administrador, sin más, no confiere poderes o facultades que en su conjunto continúan perteneciendo a los herederos. Y por ello, tampoco la calidad de administrador obliga por los actos de administración o disposición ejecutados sin su consentimiento. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la gestión útil. § 352. ACTOS CONSERVATORIOS. - Por eso, con buen criterio, el art. 712 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación dispone que "el administrador de la sucesión sólo podrá realizar actos conservatorios de los bienes administrados". Éste es el principio general. Lo que ocurre es que a nivel del Código Civil nada se ha regulado acerca de esta administración, a diferencia de lo que acontece con el administrador beneficiario cuyas facultades, limitaciones y deberes merecieron algún detenimiento (conf. art. 3382 y ss.), y, por su carácter, representa a la sucesión (art. 3383), incluso para los actos de disposición (art. 3395). Si, en cambio, el art. 3451 no concede a ninguno de los herederos el poder de administrar, obvio resulta que el administrador sólo limita su esfera de acción legítima al ámbito de aquellos actos indispensables para la conservación de los bienes indivisos dentro de un estricto concepto de utilidad. Pero, a partir de esta formulación, se hacen presentes innúmeras situaciones

INDIVISIÓN HEREDITARIA

285

en que resulta difícil deslindar, incluso, la propia naturaleza del acto. Por eso, ha dicho un tribunal que "si bien el administrador de una sucesión no tiene, en general, otras facultades que las de mera conservación, el alcance de este término varía considerablemente según la naturaleza de los bienes hereditarios y el peligro mayor o menor que pudiera resultar de una paralización demasiado prolongada". Así, se ha resuelto que el administrador de una sucesión en que existe un fondo de comercio debe considerarse autorizado para vender mercaderías y aun adquirir las indispensables para ir reponiendo lo que falte, y, en general, para actuar en todo lo relativo a la administración del negocio en funcionamiento, a menos que los interesados reclamen el inmediato cese de las actividades. Y, aun en este caso, son legítimos los actos del administrador conducentes al cese, como preavisar a los empleados con la anticipación que establece la ley. § 353. RESTRICCIONES A LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LOS HEREDEROS. - No se puede asimilar el administrador a un man-

datario por la circunstancia de que, en determinados momentos, y debido a la naturaleza de los bienes que componen el caudal relicto, pueda realizar actos de administración general. No se pierda de vista que la administración subsiste siempre en cabeza del conjunto de coherederos, obrando unánimemente -o, en su caso, resolviendo el juez las diferencias suscitadas entre ellos-, conforme la hermenéutica adecuada del art. 3451. Una cosa es que, dentro de los actos de conservación quepa involucrar los de administración, y que, aun la administración normal, implique actos de enajenación; otra muy distinta es reputar al administrador de la herencia algo más que un mero ejecutor de la voluntad del conjunto de coherederos o de las decisiones de los jueces, en caso de desacuerdo de aquéllos. § 354.

RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE FONDOS. - El art.

712,

después de sentar el principio general de que el administrador sólo puede realizar, por sí, actos conservatorios de los bienes

286

MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

administrados, contiene las principales obligaciones en atención a la naturaleza de sus funciones. En cuanto a la retención y disposición de fondos de la sucesión, asimila su función a la del administrador o interventor judiciales, y, por ende, sólo podrá retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración, entendiéndose por tales los que habitualmente se invierten en el bien, sociedad o asociación administrados. Los gastos extraordinarios serán autorizados por el juez previo traslado a los herederos, salvo que su postergación pudiere irrogar perjuicios, caso en el cual, después de efectuados, se dará inmediata noticia al juzgado (art. 225, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Así, por ejemplo, y como ya lo había reconocido la jurisprudencia anterior, el administrador está facultado para retener fondos con destino al pago del impuesto a la herencia; hacer reparaciones; cancelar hipotecas; pagar sueldos, etcétera. § 355. ARRENDAMIENTOS DE BIENES. - L a jurisprudencia anterior era controvertida en cuanto a la facultad del administrador de la sucesión para arrendar bienes de la herencia. Parte de la doctrina sostenía que, dado el carácter transitorio de esta administración, es explicable que se excluya el derecho de entregar los bienes en arrendamiento, que, fuera de otros reparos, suscitan el muy grave de dificultar la venta y aun la subdivisión de los inmuebles. Además, vigente la legislación de emergencia en materia de locaciones, este contrato dejó de constituir, para un amplio sector de la doctrina, un mero acto de administración normal. El art. 712 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación preceptúa, expresamente, que el administrador de la herencia "no podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos". De la lectura del artículo resulta que la locación debe ser aceptada por unanimidad, y no por la simple mayoría. Por nuestra parte pensamos que, más allá de la buena inspiración de la preceptiva, corresponde tener en cuenta la disposición general del art. 3451 que en todo caso acuerda al juez la

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INDIVISIÓN HEREDITARIA

facultad de resolver las divergencias sobre la administración si los herederos no acuerdan, unánimemente, actos de gestión específicos. § 356. PERSONERÍA PARA REPRESENTAR A LOS HEREDEROS EN JUICIO. -Concluye el art. 712 del Cód. Proc. Civil y Com. de

la Nación estableciendo que "cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el juez para promover, proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al juzgado de esa circunstancia en forma inmediata". En esta materia creemos que es oportuno deslindar los actos de administración normal que impliquen la iniciación o prosecución de causas en juicio, de aquellos otros supuestos en los que la intervención del administrador se origina por demandas entre coherederos o de éstos a terceros, o recíprocamente, por derechos emergentes de situaciones ajenas a la administración normal. El art. 712, que comentamos, se refiere, en realidad, a las últimas. En cuanto a la facultad para estar en juicio por el ejercicio de la administración normal, es evidente que no puede cuestionarse la personería del administrador. Por ejemplo: las demandas de desalojo de un inmueble de la herencia, constitución como parte de un juicio iniciado por el causante, interposición de un interdicto para recuperar la posesión, etcétera. § 357.

REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR. - E l

art. 714

del

Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación establece que "la sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el art. 709". Este último refiere a la forma para la designación, como lo vimos ya. Con lo cual, es evidente, la remoción procederá si todos los herederos, por unanimidad, lo solicitan: se tratará de reasumir la administración conjunta del acervo que les compete según el art. 3451 o delegarla en otra persona.

288

MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

Pero además la remoción procede, de oficio o a petición de parte, cuando la actuación del administrador "importare mal desempeño del cargo" (art. 714). En esta situación y "si las causas invocadas fueren graves y estuviesen prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se regirá por lo dispuesto en el art. 709". Así, se entendió que constituye "mal desempeño del cargo", la disposición que en su provecho efectúe el administrador de los bienes que administra, o la mora en la rendición de cuentas (art. 713). Y, aun sin importar mal desempeño, se ha juzgado procedente el pedido de remoción fundado en que el heredero designado caiga en situación de concurso, o pierda la calidad de heredero por haber sido excluido de la sucesión. § 358. RENDICIÓN DE CUENTAS. - El derogado art. 682 del antiguo Código Procesal Civil de la Nación disponía que el administrador debe rendir cuentas toda vez que se le exija. El art. 713 del actual le obliga a rendirlas trimestralmente, "salvo que la mayoría de los herederos hubiere acordado fijar otro plazo". La exigencia parece excesiva porque implica una gestión onerosa, sobre todo cuando en la herencia se comprenden establecimientos comerciales o industriales, lo cual, literalmente, exigirá hacer inventarios, balances, etc., cada tres meses. Con todo, la previsión constituye un avance respecto de la norma anterior, ya que el sistema de rendiciones periódicas mantiene la información necesaria y legítima de los herederos y permite evaluar la gestión del administrador. Quizá hubiera sido preferible establecer períodos más largos (v.gr., un año), que no obliguen al administrador a elevar sus informes basándose en cuentas no del todo sistematizadas y que reflejen el estado real y comparativamente elocuente del giro. Los ejercicios anuales son, en este sentido, los más adecuados. Todo ello sin perjuicio de las rendiciones excepcionales o derivadas de actos específicos para los cuales el administrador hubiese sido autorizado.

289

INDIVISIÓN HEREDITARIA

D) SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS Y DEUDAS DIVISIBLES 1) CONCEPTOS GENERALES

§ 359. NORMAS LEGALES. - Hasta aquí hemos considerado que la comunidad hereditaria está integrada por el conjunto de titularidades transmisibles del causante -bienes y derechos activos y pasivos- sin exclusión. Desde este punto de vista la universalidad patrimonial de la herencia forma el todo ideal sobre el cual, en caso de concurrir dos o más herederos, recaen las cuotas abstractas como medidas de la participación en valor en la comunidad, "sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de esos derechos" (art. 3281). Sin embargo, en el sistema de nuestra ley quedan excluidos de la comunidad hereditaria y, por ende, no están sujetos a esta indivisión, los créditos y las deudas divisibles que forman parte del caudal relicto. En efecto, dispone el art. 3485 que "los créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario, se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual uno de ellos es llamado a la herencia". Respecto de las deudas, "cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación pagando su parte en la deuda" (art. 3491). E, incluso, "si muchos sucesores universales son condenados conjuntamente en esta calidad, cada uno de ellos será solamente considerado como condenado-en proporción de su parte hereditaria" (art. 3492). § 360.

EXCLUSIÓN

DE LOS CRÉDITOS Y LAS DEUDAS

DIVISI-

BLES DE LA COMUNIDAD. - Se descubre así que los créditos que el

causante tenía, siendo divisibles, es decir, aquellos cuyo objeto lo constituye una prestación susceptible de cumplimiento parcial (art. 667) -p.ej., sumas de dinero; art. 6 6 9 - se atribuyen en cabeza de los herederos en proporción a su parte, y por ello en esa proporción, cada heredero está autorizado para exigir, como tal, su pago. Lo mismo ocurre con las deudas: cada heredero es 19.

Zannoni, Manual.

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deudor sólo en proporción de su parte y por ello se libera pagando esa parte en la deuda. Es decir, pues, que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes indivisos, los créditos y las deudas divisibles son atribuidos desde la apertura de la sucesión como relaciones jurídicas singulares asumidas a título hereditario. Como consecuencia es correcto afirmar que ni los créditos que forman parte del activo hereditario, ni las deudas que constituyen su pasivo, integran de suyo la adquisición a título universal cuando se dividen de pleno derecho entre los sucesores. No hay, respecto de ellos, cuotas abstractas en la comunidad, sino atribuciones concretas que identifican desde la muerte del causante a los sujetos activos o pasivos de la relación creditoria u obligacional. § 361.

FUNDAMENTO

DE LA DIVISIBILIDAD.

-La

división

ipso iure (de pleno derecho) de los créditos y las deudas divisibles del causante no es, ciertamente, un principio necesario en la estructura de la relación sucesoria. Incluso, puede decirse que la divisibilidad ha sido consagrada en los códigos que, en esta materia, han seguido la tradición romanista. Los códigos del grupo germánico (Cód. Civil alemán, § 2058; Código austríaco, art. 820; Código suizo de las Obligaciones, arts. 603 y 609, etc.), por el contrario, han establecido la responsabilidad solidaria entre los coherederos por las deudas de la herencia. Así, el art. 602 del Cód. suizo de las Obligaciones establece expresamente que "todos los derechos y obligaciones comprendidos en la sucesión permanecen indivisos hasta la partición". 2) DIVISIÓN DE LOS CRÉDITOS

§ 362. PRINCIPIO GENERAL. - Como ya adelantamos, el art. 3485 establece que los créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual cada uno de ellos es llamado a la herencia.

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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Estudiaremos, a continuación, el régimen jurídico que se desprende del principio, y los problemas y dificultades que plantea. Las críticas al sistema de la división deben hacerse, es obvio, a partir de sus propias consecuencias en el contexto sucesorio. § 363. DERECHO DE PERSECUCIÓN. - Dispone el art. 3486: "Desde la muerte del autor de la sucesión, cada heredero está autorizado para exigir, hasta la concurrencia de su parte hereditaria, el pago de los créditos a favor de la sucesión". Es el primer corolario evidente del principio de la divisibilidad. Todo crédito, en esas condiciones, se atribuye fraccionado a cada coheredero desde la apertura de la sucesión y no integra, por eso, la comunidad hereditaria. La atribución, claro está, lo es por la alícuota de participación en la comunidad, llamada porción viril, pero el crédito queda desarticulado de aquélla y se incorpora al patrimonio del coheredero en esa medida. Como consecuencia, y por aplicación de las normas generales, el deudor del crédito hereditario no se libera de la obligación respecto de los demás coherederos si paga la totalidad a uno de ellos. "El deudor que hubiese pagado toda la deuda a uno solo de los acreedores -dispone el art. 675-, no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor". Como consecuencia, el art. 3488 establece que "el deudor de un crédito hereditario se libra en parte de su deuda personal, cuando paga a uno de los herederos la parte que éste tiene en ese crédito". Todo ello, sin perjuicio de que si el deudor hubiese pagado la totalidad del crédito a un coheredero, podrá invocar el error esencial, a los términos del art. 790, inc. 6o, y ejercer el derecho de repetición. § 364. TITULARIDAD DEL CRÉDITO. - De los principios hasta aquí expuestos que acepta la doctrina mayoritaria, se colige sin dificultad que el coheredero que ha percibido el importe o la prestación en proporción a su parte, a la vez que libera al deudor en esa parte (conf. art. 3488), incorpora directamente a su patrimonio el valor percibido.

292 § 365. PARTICIÓN. -

MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

POSIBILIDAD

DE ADJUDICACIÓN

DEL CRÉDITO EN LA

Sin embargo, y a pesar de que los créditos divisibles se atribuyen a cada coheredero divididos en su respectiva porción viril, diversas normas del Código Civil prevén la adjudicación de ellos por partición. Esto, a primera vista, parecería un contrasentido. ¿Cómo puede hablarse de adjudicación de un crédito divisible si éste se transmite ya dividido en cabeza de cada heredero? A pesar de ello, el art. 3469 ordena al partidor de la herencia formar la masa de los bienes hereditarios, reuniendo "los créditos, tanto de extraños como de los mismos herederos, a favor de la sucesión". Y el art. 3471 dispone que "las deudas a favor de la sucesión - e s decir, los créditos-, pueden adjudicarse a cada uno de los herederos, entregándoles los títulos de los créditos". En tal caso, y debido al efecto declarativo de la partición, se juzgaría, por aplicación del art. 3503, que el heredero adjudicatario del crédito ha sucedido en él directa e inmediatamente al difunto. Todas estas disposiciones parecen chocar contra la norma del art. 3485. Para explicar esta aparente contradicción se han formulado diversas tesis, aunque nosotros consideramos que deben distinguirse: a) RELACIONES DE LOS COHEREDEROS ENTRE SÍ. E S innegable que los créditos divisibles, al igual que cualquier otro bien integrante del caudal relicto, son recibidos por los herederos por vía de la sucesión. Dicho en otras palabras, esos créditos son adquiridos como consecuencia de la transmisión hereditaria. Esto, que es de Perogrullo, significa que el valor del crédito integra también la masa de cálculo sobre la cual se determinará la cuantía y extensión de la hijuela de cada heredero. Esta determinación interesa sólo a las relaciones entre los coherederos y a efectos de asegurar la justicia del acto partitivo. Si uno de ellos cobró el importe de su parte en el crédito, ese importe debe computarse en su hijuela porque integraba la masa de cálculo

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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sobre la cual se determinó su cuantía y extensión. Del mismo modo, nada impide que en esa hijuela se adjudique a uno de los coherederos la totalidad del crédito. Esta adjudicación integra, por tanto, la partición del acervo en los términos del art. 3503. b) RELACIONES DE LOS COHEREDEROS CON LOS DEUDORES HEREDI-

En otro plano, el art. 3485 regula la división de pleno derecho de los créditos divisibles en cuanto a la oponibilidad de la porción viril ante los deudores. Es decir, permite a cada uno de los coherederos oponer con independencia de la indivisión o de la comunidad, un derecho ya incorporado a su patrimonio y, consecuentemente, ejercer hasta la concurrencia de aquella porción viril, las acciones tendientes a su cobro en su propio beneficio y con independencia de las acciones que puedan o no deducir los demás coherederos. Así explicada la situación resulta que la adjudicación del crédito a uno de los coherederos es, simultáneamente, declarativa (a tenor del art. 3503) entre los coherederos y atributiva en las relaciones entre el heredero adjudicatario y el deudor. Pero aquí se alude a la atribución de un título para hacer efectiva la totalidad del referido crédito, pero no a la atribución del crédito mismo que, por el efecto declarativo de la partición (art. 3503), se entenderá recibido in totum del causante como consecuencia de la transmisión hereditaria. TARIOS.

§ 366. INSOLVENCIA DEL DEUDOR POSTERIOR AL PAGO PARCIAL A UNO DE LOS COHEREDEROS. - Este deslinde no permite so-

lucionar el conflicto que se plantearía si, con posterioridad al pago parcial hecho a uno de los coherederos, el deudor cayese en la insolvencia. Los que no cobraron es obvio que soportarán la insolvencia sobreviniente del deudor, pero ello no impedirá que el importe percibido por el heredero que cobró sea descontado en su hijuela y que en la masa de cálculo para la partición se excluya, debido a la insolvencia del deudor, el valor total del crédito. Si, con posterioridad a la partición, el crédito pudiera ser satisfecho en la parte no cobrada, el valor aprovechará ex-

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elusivamente a los herederos que tuvieron que soportar la anterior insolvencia del deudor. § 367. LA DIVISIÓN DE PLENO DERECHO DE LOS CRÉDITOS Y LA POSESIÓN HEREDITARIA. - Ante la división de pleno derecho de

los créditos divisibles del causante, y conservando la coherencia de tal fraccionamiento, parece evidente que cada coheredero, durante la situación de herencia, sólo puede individualmente accionar en procura de la satisfacción hasta la concurrencia de la parte que, de acuerdo con los principios generales, interesa su alícuota. Pero ello plantea inmediatamente un interrogante: ¿cuándo queda determinada la parte o porción que a cada coheredero corresponde? El principio, en la letra del Código Civil es claro: "Desde la muerte del autor de la sucesión, cada heredero está autorizado para exigir, hasta la concurrencia de su parte hereditaria, el pago de los créditos a favor de la sucesión" (art. 3486). Es decir, que los créditos divisibles no integran la masa indivisa, sujeta a gestión conjunta por los herederos (conf. art. 3451). De acuerdo con el principio romanista, cada coheredero es titular a título singular de su parte en el crédito, juzgándose que lo ha recibido directamente del causante y que no ha estado sometido a la indivisión que genera la comunidad hereditaria. Es "en calidad de propietarios" -dice Vélez Sársfield en la nota al art. 3486- que los herederos pueden reclamar el pago de su parte hereditaria en los créditos pertenecientes a la herencia. A esta alícuota o porción viril, como la denomina el Código Civil francés recordado al respecto, en la nota al art. 3490, se le aplican, es obvio, los principios de la divisibilidad de la obligación. Porción viril es una fracción cuyo denominador es igual al número de herederos: pro numero virorum. Es lógico concluir, por tanto, que esa parte sólo habrá quedado determinada cuando los titulares de la vocación hereditaria hayan consolidado la adquisición aceptando la herencia, o cuando, de una forma u otra, ejerzan el derecho de opción que les acuerda el art. 3313. Mientras tanto, existe una expectativa que se nutre en la condicionalidad con que se ha operado la adquisición que, sujeta a

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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resolución por la renuncia (art. 3353), incide en la extensión del título del crédito divisible en cabeza de cada coheredero o, mejor aún, de cada cotitular de la vocación. Respecto de los deudores, demandados por cada coheredero, según su porción hereditaria, ha de convenirse, pues, que están facultados para exigir se determine el interés en que éste pretende encontrarse legitimado para accionar. Virtualidad, en suma, que se desprende de la divisibilidad de la obligación misma, según la cual si el deudor demandado hubiese pagado a un solo acreedor la totalidad de la deuda no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor (art. 675). Ello nos confronta a la exigencia que, en todo caso, asume la declaratoria de herederos como el título necesario que debe obtener el coheredero demandante, para así poder acreditar ante el obligado la extensión de su derecho a la prestación debida. 3) DIVISIÓN DE LAS DEUDAS

§ 368. PRINCIPIO GENERAL. - El Código Civil argentino en el art. 3485, sólo alude, estrictamente, a la divisibilidad de pleno derecho de los créditos divisibles. Es decir: no contiene una preceptiva de carácter general que declare la división de las deudas. Sin embargo, normas como las contenidas en los arts. 3488, 3489, 3491 a 3496, etc., implican ciertamente la división, obligando a precisar las relaciones que devienen de la divisibilidad. Como a propósito de los créditos, analizaremos separadamente tales relaciones. § 369. MOMENTO EN QUE SE DIVIDEN LAS DEUDAS. - El tema está contemplado en el art. 3490: "Si los acreedores no hubieren sido pagados, por cualquiera causa que sea, antes de la entrega a los herederos de sus partes hereditarias, las deudas del difunto se dividen y fraccionan en tantas deudas separadas cuantos herederos dejó, en la proporción de la parte de cada uno; hayase hecho la partición por cabeza o por estirpe, y sea el heredero beneficiario o sin beneficio de inventario".

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

A esta norma se contrapone el art. 3491 en cuanto dispone que "cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación pagando su parte en la deuda". Y, acudiendo al pensamiento del propio codificador, ninguna duda puede caber de que consideró que la división se produce, al igual que los créditos, desde el momento de la apertura de la sucesión. Es bien clara la nota al art. 3475: "como las deudas se dividen entre los herederos -dice-, si uno de ellos ofrece al acreedor su parte en la deuda reclamada, el embargo cesará en los bienes que se le hubiesen adjudicado". De la confrontación de estas normas, e incluso de las fuentes citadas por Vélez Sársfield, se han destacado dos posiciones en torno del momento en que se dividen las deudas: una sostiene, apoyándose en el art. 3490, que la división opera luego de la partición si la deuda no hubiere sido pagada, como consecuencia de la entrega a los herederos de su parte hereditaria. La segunda entiende que la división opera desde el fallecimiento del causante, con lo cual cobran sentido cabal las disposiciones que son su consecuencia: admisión del pago parcial (art. 3491), proporcionalidad de la condena (art. 3492), necesidad de interpelación a cada coheredero (art. 3493), confusión, hasta la concurrencia de la parte hereditaria, de la deuda del coheredero en favor de la sucesión (art. 3494), etcétera. § 370. NUESTRA OPINIÓN. - Al afirmarse que las deudas se dividen con la partición, y en la proporción de la parte de cada coheredero, como resulta del art. 3490, se confunde la indivisibilidad de las deudas con la acumulación de acciones que, durante la indivisión de la herencia, pueden ejercer los acreedores hereditarios para obtener de cada coheredero el pago total de la deuda. Mientras subsiste la indivisión, las acciones personales contra los herederos están sujetas al fuero de atracción (art. 3284, inc. 4 o ), lo cual permite a los acreedores acumular subjetivamente las demandas contra los coherederos y, así, ejecutar los créditos por la totalidad. Recaída sentencia, el art. 3492 es indu-

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fNDrVISIÓN HEREDHARIA

bitable: cada coheredero será solamente considerado como condenado en proporción a su parte. Pero, claro, como en la partición -sea judicial o extrajudicial- "deben separarse los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión" (art. 3474), es lógico que los acreedores puedan oponerse, como lo autoriza el art. 3475, a que se entreguen a los herederos sus partes hereditarias, mientras aquéllas no fuesen satisfechas. Todo ello nos demuestra que la comunidad hereditaria permite, mientras subsiste, la unificación de las acciones. Esto es resultado de la afectación de dicha comunidad al pago de las deudas y cargas de la herencia. Y no podría ser de otro modo, habida cuenta de que la acumulación subjetiva se funda en la propia situación de herencia y el vínculo que une a los coherederos en razón de la comunidad. Una vez verificada la partición, la unidad se descompone y desde entonces, el acreedor deberá accionar separadamente contra cada uno de los coherederos deudores, por su parte en la deuda. Éste es el exacto sentido que cabe atribuir al art. 3490. Por ende, si durante el estado de indivisión uno de los coherederos ofrece al acreedor el pago de su parte en la deuda, éste no podrá rehusarse, a tenor de lo dispuesto en el art. 742. Bien se ha señalado que quienes creen que la división de las deudas se opera después de la partición, se ven en la necesidad de sostener, contra el texto expreso del art. 3491, que si un heredero quisiera pagar su parte antes de que aquélla se lleve a cabo, el acreedor obraría legalmente rehusando el pago parcial. Es una consecuencia -continúa- a que obliga el punto de vista falso en que se colocan, y si no fuera bastante clara la ley, con recurrir a su fuente se desvanecería cualquier duda, pues el artículo está tomado de Demolombe, y ya sabemos que para este autor las deudas se dividen inmediatamente y desde el mismo día de la apertura de la sucesión. § 371.

DIVISIBILIDAD

DE LA DEUDA GARANTIZADA

CON HIPO-

- La divisibilidad de los créditos contra los herederos no empece a la indivisibilidad de la garantía real constituida, como TECA.

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en el caso de la hipoteca. Establece el art. 3112 del Cód. Civil que "la hipoteca es indivisible; cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella". Recogió aquí Vélez Sársfíeld el antiguo aforismo recordado por Dumoulin: "Hypotheca est tota in toto et in qualibet parte", y que, con posterioridad, ha recibido atenuación en el mismo Código con la adición que al mencionado artículo incorporó la ley 11.725. Aludiendo a la indivisibilidad de la hipoteca del codificador, precisamente en la nota al art. 3112, ejemplifica: "Tiene lugar (la indivisibilidad) pasivamente cuando el deudor deja dos herederos, y el uno paga la porción viril de la deuda, mas por esto la hipoteca no se habrá purgado por mitad. El acreedor conservará su hipoteca sobre todo el inmueble, y podrá hacerlo vender para pagarse de lo que aún se le debe". Ello significa que si durante la indivisión, o después de la partición, el acreedor recibiere pagos parciales a cuenta de la deuda del causante (conf. arts. 3491 y 3492), la garantía real subsistirá, no obstante, íntegra por el saldo. No debe, pues, confundirse la divisibilidad de la deuda con la indivisibilidad de la hipoteca. Así, el acreedor puede ejecutar el saldo del crédito a cada uno de los coherederos por su parte hereditaria y subastar el inmueble. Si el producto no alcanzare para cubrir la deuda, no hay que decir que no siendo solidaria entre los coherederos responderán por el saldo insoluto sólo en proporción de su parte. § 372. PAGOS PARCIALES. - Con lo anteriormente expresado en el § 369 queda claro que el acreedor de una deuda del causante, que, con su fallecimiento, se divide de pleno derecho entre sus coherederos, está obligado a recibir el pago parcial de cada uno de éstos por la parte hereditaria en que se halla obligado, debiendo, además, otorgar carta de pago suficiente. Porque "cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación pagando su parte en la deuda" (art. 3491). Y si la demanda hubiese sido dirigida contra todos, cada uno "será solamente

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INDIVISIÓN HEREDITARIA

considerado como condenado en proporción de su parte hereditaria" (art. 3492). Sería plenamente eficaz el pago por consignación (art. 757, inc. Io), en caso de que el acreedor rehusase recibir el pago de uno de los coherederos, o dar recibo por esa parte que desobligue a quien paga. § 373.

INSOLVENCIA

DE UNO O MÁS COHEREDEROS

OBLIGA-

DOS. - S e g ú n el art. 3495: "La insolvencia de uno o de muchos de los herederos no grava a los otros, y los solventes no pueden ser perseguidos por la insolvencia de sus coherederos". Es una consecuencia de la divisibilidad contenida como principio general en el art. 677 del Código: "si uno o varios de los codeudores fueren insolventes, los otros codeudores no están obligados a satisfacer la parte de la deuda que a aquéllos correspondía". Esto no significa que, durante la indivisión, en la medida en que todo el patrimonio hereditario es la garantía común de los acreedores, éstos no estén facultados para embargar bienes suficientes hasta cubrir el importe de la totalidad del crédito. La divisibilidad del crédito no empece a que su ejecución afecte el activo de la comunidad, siendo que, en la partición -como dispone el art. 3474- deben separarse los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión. Siendo éstos insuficientes (como si la sucesión fuera insolvente), la responsabilidad personal de cada coheredero en caso de aceptación pura y simple sólo alcanzará a su parte en la obligación. Aquí opera plenamente el art. 3495: la insolvencia personal de un coheredero no revertirá en perjuicio de los demás. § 374. ADJUDICACIÓN DE LA DEUDA POR PARTICIÓN. - Establece el art. 3497: "Si uno de los herederos ha sido cargado con el deber de pagar la deuda por el título constitutivo de ella, o por un título posterior, el acreedor autorizado a exigirle el pago, conserva su acción contra los otros herederos para ser pagado según sus porciones hereditarias".

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Es decir que la adjudicación de la deuda, en la partición, por la cual uno de los herederos toma a su exclusivo cargo el pago de la totalidad, no desobliga a los demás coherederos por su parte. Se trata, simplemente, de la inoponibilidad de esa adjudicación. El acreedor puede por supuesto demandar al heredero que ha tomado a su cargo el pago total de la deuda (conf. art. 676), pero, en caso de insolvencia -estando personalmente obligado con sus bienes- nada obstará a que dirija su acción contra los demás coherederos por su parte. Y ello, aunque "por la partición no hubiese en realidad recibido sino una fracción inferior a esta parte, salvo sus derechos contra sus coherederos" (art. 3498). § 375. RESPONSABILIDAD DE LOS LEGATARIOS. - Debemos partir del principio general de que los legados no se pagan sino después de satisfechas o deducidas las deudas (conf. art. 3797). El art. 3499 dispone que "los legatarios de una parte determinada de la sucesión están obligados al pago de las deudas en proporción a lo que recibieren". Se alude aquí al legatario de cuota, es decir, a aquel que, por la naturaleza de su adquisición, sucede en una parte alícuota del patrimonio hereditario. Su responsabilidad por las deudas "en proporción a su parte", como se desprende del art. 3499, se resuelve, en realidad, en la contribución proporcional a los efectos de determinar su cuota. Es decir: la alícuota se establece sobre el activo líquido, y es obvio entonces que la deducción de las deudas importa proporcionalmente una contribución en el pasivo. Pero esta contribución no opera ultra vires hereditatis. Sin embargo, "los acreedores pueden también exigirles lo que les corresponde en el crédito, o dirigirse sólo contra los herederos" (art. 3499, parte 2 a ). Se establece aquí una opción en favor de los acreedores: éstos están facultados a dirigir la acción contra los legatarios de cuota en proporción de su alícuota o, en cambio, demandar a los herederos haciendo abstracción del legado y dividiendo la deuda entre ellos exclusivamente. En este caso, los herederos "tendrán recurso contra los legatarios por

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301

la parte en razón de la cual están obligados a contribuir al pago de las deudas" (art. 3499 in fine). Este recurso se ejercerá en la deducción proporcional de la alícuota a título de contribución que corresponde al legatario. En cuanto a los legatarios de cosa cierta o de sumas determinadas de dinero no son, en principio, obligados a contribuir con las deudas. Pero si los bienes del patrimonio hereditario no alcanzasen a cubrir el pasivo (art. 3502), o si, satisfecho éste, el valor del legado excediere la porción disponible en caso de existir herederos legitimarios (art. 3602) el legatario estará sujeto a la reducción proporcional del legado en el orden que establece el art. 3795.

E)

C E S I Ó N DE DERECHOS HEREDITARIOS

§ 376. CONCEPTO. - A partir de la aceptación de la herenx cia y hasta la partición, cada heredero es titular de una cuota o parte alícuota de la herencia aun cuando tenga llamamiento o vocación potencial al todo. Explicamos oportunamente que durante ese lapso, el de la herencia indivisa, los bienes y derechos que la componen no son atribuidos singularmente, en concreto, en el patrimonio de cada coheredero. La cuota, por el contrario, es la medida aritmética del derecho que recae sobre la universalidad sin consideración a su contenido particular (art. 3281). Pero esta cuota tiene un contenido económico referido a la cuantía de los bienes hereditarios y si bien no se ejerce sobre cada uno de ellos a título singular atribuye expectativas para recibir, por partición de la herencia, los valores que satisfagan esa cuota. Pues bien, ésta como todo derecho de contenido patrimonial es susceptible de cesión. El art. 1444 del Cód. Civil establece que "todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del crédito". La cesión de derechos hereditarios, es decir, de la cuo-

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ta hereditaria en todo o en parte, es una especie dentro de la figura genérica de la cesión de derechos de la que la cesión de créditos es también una especie. Constituyendo una especie de la cesión de derechos, la cesión de derechos hereditarios es un contrato por el cual el titular del todo o una parte alícuota de la herencia, transfiere a otro el contenido patrimonial de aquélla, sin consideración al contenido particular de los bienes que la integran. § 377. FALTA DE REGULACIÓN LEGAL DE LA CESIÓN. NORMAS QUE SE REFIEREN A ELLA. - Vélez Sársfield en la nota a del

art. 1484 dijo que juzgaba impropio regular en el título de la cesión de créditos lo relativo a la cesión de las herencias y anunció que reservaba esa materia para el Libro Cuarto. Pero no lo hizo así. Por tanto, sólo existen normas aisladas sobre el instituto. Son ellas: el art. 1175, que prohibe los contratos sobre herencias futuras; el art. 1449, que, concordantemente, prohibe ceder las esperanzas de sucesión; el art. 1184, inc. 6o, que alude a la forma en que debe ser concluida la cesión de herencias; los arts. 2160 a 2163, que regulan la garantía de evicción debida por el cedente de derechos hereditarios; el art. 3322, que reputa aceptación tácita la cesión; finalmente, el art. 3732 en forma indirecta, al considerar sin valor las disposiciones del testador que establezcan la inenajenabilidad de todo o parte de la herencia. § 378. CARACTERES DE LA CESIÓN. - S e trata de un contrato traslativo, formal, gratuito u oneroso y aleatorio. Es traslativo porque, al igual que la cesión de créditos (art. 1457), transmite los derechos en ella comprendidos por la sola fuerza del contrato mismo. Es decir que no es un contrato meramente consensual que obliga a transferir los derechos como parecería surgir de la impropia definición del art. 1434. La cesión produce, por sí, la transmisión de los derechos hereditarios al cesionario. Es formal porque exige, siempre, la escritura pública (art. 1184, inc. 6o; ver § 384 y siguientes).

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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Puede ser gratuito u oneroso, ya que si la cesión se hace por un precio cierto en dinero se equipara a la compraventa (art. 1435), y si se la hace a cambio de otra cesión o de una cosa, se regirá por las normas de la permuta (art. 1434). Finalmente, si la cesión es a título gratuito, se le aplicarán las normas sobre la donación (art. 1437). Es aleatorio porque su contenido es variable e incierto, en concreto, hasta el momento de la partición. Se ha sostenido que en lo atinente a la existencia de la herencia y a la parte cedida, la cesión es naturalmente conmutativa, pero que en cuanto al contenido o consistencia de ella existe un factor de riesgo, en el sentido de que económicamente se ganará más o menos según cuál sea la composición de la herencia transmitida. § 379. OBJETO DE LA CESIÓN. - De acuerdo con la definición que hemos dado del contrato (§ 376), y que en términos generales es compartida por la doctrina, es evidente que el objeto de la cesión no son los bienes o derechos a título singular contenidos en la herencia cedida, sino el todo o una parte alícuota en su consideración a título universal. Es así, en efecto: si el contenido de la sucesión universal recae en el todo o en una parte alícuota del patrimonio del causante, lo que se cede es, precisamente, ese contenido o una cuota de él, sin consideración a su contenido particular. La cesión sólo puede hacerse, con estos caracteres, a partir de la apertura de la sucesión y hasta la partición de los bienes que integran el caudal relicto. Antes de la apertura de la sucesión, rige la prohibición de ceder derechos hereditarios futuros (art. 1449), por lo cual, de hacérsela, sería nula y de nulidad absoluta (art. 1047, Cód. Civil) por constituir un pacto sucesorio proscripto por nuestro derecho positivo (ver § 29 y 30). Después de la partición tampoco cabe la cesión de derechos hereditarios como tal, pues por efecto de la adjudicación se han asignado a cada heredero bienes singularmente considerados. Es decir, a partir de entonces el heredero hace suyos los bienes que se le han adjudicado (art. 3503), y entonces podrá transferirlos

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según los modos típicos de disponer las cosas o los derechos a título singular. Asimismo, durante la indivisión hereditaria, si hay pluralidad de herederos, uno de ellos no puede ceder sino el todo o parte de su cuota abstracta en la universalidad. O sea, no puede comprender, singularmente, un bien o un derecho en particular porque el propio cedente no lo ha incorporado, en ese carácter, a su patrimonio, sino que depende de aquella universalidad. Distinto es si el conjunto de los herederos disponen por unanimidad (art. 3451) la venta o, en general, la transferencia de un bien, porque entonces concurren al acto la totalidad de los llamados a la universalidad. En nuestro derecho positivo, respecto de inmuebles, la legislación registral autoriza esa transferencia y la inscripción del dominio del bien al adquirente por el trámite del llamado tracto abreviado (art. 16, incs. a y b, ley 17.801). § 380.

No COMPRENDE LA CALIDAD DE HEREDERO DEL CE-

DENTE. - Si quien cede el todo o una parte alícuota es el heredero, la cesión comprende sólo el contenido patrimonial de la herencia, pero no la calidad de heredero del cedente. Por la aceptación de la herencia el titular de la vocación consolidó su llamamiento, que es irrevocable (art. 3341). Lo único que puede transmitir, ceder, es el contenido de su adquisición, que está sujeta, es obvio, al resultado de la partición, pero no su carácter de sucesor del causante. § 381.

LA CESIÓN Y LAS DEUDAS DE LA SUCESIÓN. - La

ce-

sión de derechos hereditarios, en tanto comprende la universalidad de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta (art. 3279), contiene también el pasivo hereditario. De ahí que los acreedores hereditarios tengan acción directa contra el cesionario. Sin embargo, cuadra advertir que el cesionario no llega a ser deudor personal como puede serlo el heredero aceptante puro y simple en razón de la responsabilidad ultra vires hereditatis. Como lo cedido no es

INDIVISIÓN HEREDITARIA

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la calidad de heredero, éste continúa siendo, en tal caso, responsable ultra vires por las deudas y los acreedores de la sucesión pueden, en tal carácter, ejecutar contra él sus créditos. Sin perjuicio de ello, en las relaciones entre el heredero cedente que pagó las deudas y el cesionario, obligado a contribuir en ellas en la medida de su adquisición (ver § 394), se actualizará la acción de repetición correspondiente. § 382. CALIDAD DEL CESIONARIO. - Hemos dicho que la cesión es traslativa de los derechos que, sobre la universalidad hereditaria, tiene el heredero cedente. El legatario, en suma, es adquirente en una universalidad. Sucede al cedente en la universalidad cedida, y, por ende, es un sucesor universal de aquél. Cierta parte de la doctrina y algunos fallos sostienen, equivocadamente, que el cesionario de derechos hereditarios es un sucesor a título particular del cedente. El error de base en que se incurre al así afirmar es no distinguir cabalmente el objeto cedido. Cabría sostener que la cesión ubica al cesionario como sucesor particular si el negocio fuese meramente declarativo entre las partes -es decir, negocio de obligación, no traslativo- que obliga al cedente a transferir singularmente todos y cada uno de los bienes que reciba de la herencia. En tal caso, el cesionario, acreedor del cedente, tendría sólo un título para exigir de su deudor la transmisión de los bienes de acuerdo con el modo que, a título singular, se requiere para cada uno de ellos (tradición de los inmuebles, inscripción registral en su caso -art. 2505-, transferencia del crédito adjudicado por partición, etcétera). Pero las cosas no ocurren así en la cesión de derechos hereditarios. En virtud de ella, el cesionario sucede en la posición jurídica del cedente, respecto de la herencia, y no en los bienes singularmente comprendidos en ella. En otras palabras, el objeto de la cesión es la universalidad y el cesionario, por lo tanto, tiene título a ella: en el aspecto activo recibe la misma posesión indivisible que tenía el heredero (arts. 3416 y 3449), y en igual calidad puede reivindicar los inmuebles de la sucesión o proseguir la reivindicación iniciada por aquél (art. 3450), puede ser 20. Zannoni, Manual.

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demandado por las deudas de la sucesión (art. 3490; aun cuando no asuma responsabilidad ultra vires hereditatis -ver § 381-), pues está obligado a contribuir en ellas, puede ser demandado por petición de herencia (art. 3422), etcétera. La resistencia a reputar al cesionario de derechos hereditarios como sucesor universal proviene de confundir el objeto con la causa de la sucesión. En relación al objeto, la sucesión es a título particular o a título universal, según que comprenda un objeto particular del que transmite, o el todo o la parte alícuota del patrimonio de otra persona (art. 3263). En relación con la causa de la sucesión, ella puede ser entre vivos o por causa de muerte. Considerar que sólo puede haber sucesión universal mortis causa implica confundir el objeto de la sucesión con la causa del suceder. Y si puede haber sucesión universal o particular mortis causa, ¿por qué no puede haberla también entre vivos? No puede argumentarse en contra, diciendo que el art. 3280 proscribe la sucesión universal por contratos, porque el sentido de esa nota es explicar los alcances de la norma que alude a las fuentes de la sucesión mortis causa. Lo que esa nota aclara, con relación al artículo, es que no existe, en nuestro derecho, vocación hereditaria contractual mortis causa, o, lo que es lo mismo, que no puede contratarse con una persona su futura sucesión. Nada más. Por el objeto de su adquisición, el cesionario de derechos hereditarios adquiere el todo o la parte alícuota del acervo hereditario sub specie universitatis, que, en el patrimonio del cedente, existe también sub specie universitatis. Y, salvo que la razón se salga de quicio, es forzoso concordar en que el cesionario adquiere lo mismo que el cedente transfiere. § 3 8 3 . EFECTO DECLARATIVO DE LA PARTICIÓN RESPECTO DEL CESIONARIO. - La discusión pareciera ser puramente académica

si no fuese porque incide en un aspecto trascendente: el carácter o efecto declarativo de la partición. Según el art. 3503, se juzga que cada heredero ha sucedido sólo e inmediatamente en los objetos que se le adjudiquen en la partición y que el derecho a esos

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bienes cada cual lo tiene "exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus coherederos". Los autores que afirman que el cesionario es sucesor particular del cedente se ven constreñidos a sostener, además, que la cesión es sólo un título que requiere, también, del modo para que la transferencia o enajenación se efectivice. El modo -se ha dicho- es necesario para que se opere la transmisión de cada bien, y se cumplirá en forma diferente según la naturaleza de cada objeto (tradición o inscripción según la naturaleza de los bienes). Pero ello significa negar, explícita o implícitamente, el carácter traslativo de la cesión, y, por supuesto confundir el objeto sobre el cual recae. Porque, en efecto, lo que el cesionario reciba a título singular no lo será por la tradición del cedente, sino por partición, como todo sucesor universal. Pero, entonces, ¿operan respecto del cesionario los efectos declarativos de la partición en los términos del citado art. 3503? x Hay algo que es evidente y que -de algún modo- demuestra la coherencia con que Vélez Sársfield aplicó los principios generales, a pesar de que no legisló orgánicamente sobre la cesión. Se trata del art. 2160 en el cual se establece que "eZ cedente sólo responde por la evicción que excluyó su calidad de heredero, y no por la de los bienes de que la herencia se componía". Bien se ve, pues, que legalmente no se reputa al cedente como tradens a título singular, pues, si lo fuese, no se explicaría por qué razón queda liberado de responder por la evicción de los bienes que reciba por partición el cesionario. Es que el cedente responde de su llamamiento a la herencia (su calidad de heredero dice la norma), pero no -salvo por supuesto que expresamente se haya pactado; ver § 396- de la composición patrimonial del acervo. Al ceder el todo o una parte alícuota en la universalidad, sustituye en otro, el cesionario, la relación jurídica que crea la transmisión de bienes mortis causa y aunque no transfiere su título (el de heredero, que no es cesible), la cesión constituye un título para adquirir los bienes por partición en el contexto de esa relación jurídica creada por la transmisión mortis causa. Ello explica, en suma, que, para el

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cesionario, la partición sea también declarativa en los términos del art. 2503 y que a su respecto jueguen las normas de evicción entre copartícipes (arts. 3505 a 3510). § 384. FORMA DE LA CESIÓN. - Establece el art. 1184, inc. 6o, que deben hacerse por escritura pública "Za cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios". En cuanto a la renuncia de la herencia, nos ocupamos oportunamente de ella (ver § 161, b). En lo relativo a la renuncia de los derechos adquiridos por la aceptación -supuesto del art. 3322- remitimos al § 162. § 385.

ANTECONTRATO

DE CESIÓN DE DERECHOS

HEREDITA-

RIOS.-El art. 1184 del Cód. Civil enumera contratos - o , más generalmente, actos jurídicos- que deben ser celebrados en escritura pública. Sin embargo, y ante lo dispuesto por el art. 1185 y ss., se advierte que la inobservancia de esta forma (la escritura pública), no provoca, en principio, la nulidad del acto, como tal, en los términos del art. 1044, y con los efectos de los arts. 1050 y 1052. La ineficacia del acto atañe a la producción de sus efectos propios lo cual no obsta a que la ley le reconozca validez para que las partes intervinientes exijan el cumplimiento de la forma. Del contexto resulta que la forma no obsta a que la cesión realizada en instrumento privado estuviese sujeta a las disposiciones generales del art. 1185. O sea, constituiría un típico precontrato o antecontrato de cesión que faculta a las partes a exigir su otorgamiento en forma. § 386. CAPACIDAD. - Se aplicarán las normas referentes al contrato. Si la cesión es onerosa, se requerirá la capacidad para vender o para permutar en el cedente y la capacidad para comprar o para adquirir por permuta para el cesionario (arts. 1357 y ss., y 1439). Si la cesión es gratuita, el cedente requerirá la capacidad para donar y el cesionario capacidad para aceptar donaciones (art. 1804 y siguientes).

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Los menores emancipados no pueden ceder los derechos hereditarios sin asentimiento del cónyuge mayor de edad, o en su caso sin autorización judicial (art. 135, Cód. Civil). Los inhabilitados judicialmente requieren, también, el asentimiento del curador (art. 152 bis). Rigen también las prohibiciones establecidas por el art. 1442 en cuanto fueren aplicables. Particularmente la prohibición de ceder "a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza, deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubiesen ejercido sus oficios; ni a los demás funcionarios de la administración de justicia, de acciones judiciales de cualquier naturaleza, que fuesen de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen". § 387. OPONIBILIDAD DE LA CESIÓN. - Hemos explicado que la cesión de derechos hereditarios es traslativa en el sentido de que transmite los derechos en ella comprendidos por fuerza del contrato mismo (§ 378). Cuando se trate de la cesión de créditos, la ley ha previsto la notificación al deudor cedido como condición de oponibilidad de la cesión a su respecto y respecto de terceros que tengan interés en impugnar la cesión (art. 1459), sin que a esa notificación equivalga el conocimiento indirecto de la cesión por el deudor cedido (art. 1461). Cuando se trata de la cesión de derechos hereditarios, ¿se requiere alguna publicidad o notificación? y, en su caso, ¿a quién? La oponibilidad de la cesión interesa al cesionario, respecto de los demás herederos, para hacer valer su derecho a intervenir en el proceso sucesorio hasta la partición (ver § 390), respecto de terceros que pudieran contratar, hacer pagos, etc., al cedente, considerándolo aún titular de su parte en la herencia, y, también respecto de otro eventual cesionario en caso de cesiones sucesivas. § 388.

CRITERIOS

EN PUNTO A LA NOTIFICACIÓN

DE LA CE-

- Ha suscitado divergencias la cuestión respecto de saber si la cesión de derechos hereditarios requiere notificación:

SIÓN.

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a) Ciertos fallos han reputado que la publicidad de la cesión se obtiene en razón de su forma: la escritura pública. De tal modo no requeriría ninguna otra formalidad: la cesión de acciones y derechos hereditarios realizada en documento auténtico, produce efectos contra terceros desde la fecha del mismo y no desde su presentación al juicio sucesorio. Se sostiene, también, que no es mediante la presentación de la cesión al juicio sucesorio, en el que no son parte los acreedores personales del heredero cedente, que éstos han de impedir el fraude a sus derechos, pues ya tienen por la ley otras acciones -la de simulación o la pauliana- para obtener el amparo de sus derechos. b) Otra posición aplica la publicidad concerniente a la transferencia de cada uno de los bienes que componen el acervo hereditario. De modo que si en la herencia hay inmuebles, debería inscribirse la cesión en el Registro de la Propiedad (art. 2505), si hay automotores, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (arts. Io y 14, decr. ley 6582/58, t.o. decr. 1114/97 y sus modificatorias), etcétera. Pero ello es un despropósito, pues, como sabemos, la cesión no abarca ciertos y determinados bienes, a título singular, sino una cuota de la herencia. A pesar de todo, este criterio fue el que prevaleció en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 1979. c) La jurisprudencia tradicional y la doctrina mayoritaria de los autores, han considerado en cambio que la escritura pública de cesión debe ser agregada al expediente sucesorio que constituye el medio más apropiado de su publicidad. En el proceso sucesorio, en efecto, se concentra todo lo relativo a la existencia, cuantía y extensión de los derechos hereditarios, y entonces la agregación a él del testimonio de la escritura pública de la cesión coloca a todos los interesados en la posibilidad de conocerla y, si fuere el caso, impugnarla. Al no contener el Código Civil normas específicas que regulen la materia, la cesión no requiere inscripciones regístrales para que surta efectos respecto de terceros, pero es menester que su publicidad resulte de

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la presentación del testimonio de la escritura en el juicio sucesorio. Esta publicidad ha sido considerada suficiente para preferir al cesionario ante conflictos con terceros, y eventuales cesionarios sucesivos de la misma parte de la herencia. § 389. APROBACIÓN

CASO EN QUE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS O LA DEL TESTAMENTO HUBIERA SIDO INSCRIPTA. - Oportu-

namente vimos que la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad no pone fin a la indivisión hereditaria (ver § 288), y también estudiamos ya que esa inscripción cumple una función de publicidad que no es imperativa según el derecho vigente, pero que, de hacerse, goza del beneficio de la fe pública registral. Sabemos que, según el art. 29 de la ley 17.801, todo asiento sirve como prueba de la existencia de la documentación que lo originara. En nuestro caso, de la declaratoria de herederos o del auto de aprobación formal del testamento. Para este caso, algunos fallos han entendido que inscripta la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad, la cesión de los derechos hereditarios es inoponible a los terceros si no es también inscripta en ese registro. Hacemos notar que algunas leyes regístrales, como por ejemplo, la ley 17.417 para la Capital Federal, prevén, entre otras registraciones especiales, la de "cesión de acciones y derechos hereditarios, anteriores a la respectiva declaratoria o testamento (art. 58, inc. d). Sin embargo, no siendo obligatoria esta inscripción, ni la de la declaratoria misma, es obvio que la solución resulta discutible si el testimonio de la cesión se hubiera oportunamente agregado a los autos sucesorios, aunque no se hubiese inscripto. Además, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el ámbito de la Capital Federal, por el decr. 2080/80, reglamentario de la ley 17.801 y se tendrá una idea cabal de la confusión de conceptos que provoca. El art. 105 del citado decreto establece que "una vez registrada la declaratoria o el testamento, no se tomará razón de acciones y derechos hereditarios con relación al asiento de dominio".

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Semejante disposición constituye recepción de la tesis que afirma que la toma de razón de la declaratoria en la matrícula correspondiente a los inmuebles integrantes del acervo transforma la comunidad hereditaria en condominio (ver § 443), con lo cual termina por desnaturalizarse la función que esa declaratoria cumple. Independientemente de los errores sustanciales que esta norma contiene, es de hacer notar que su aplicación lleva a impedir la cesión con posterioridad a la inscripción de la declaratoria con lo que, siguiendo por ese camino, se exigirá al coheredero la venta a título singular de su parte indivisa en el inmueble (que se juzga en condominio si hay más de un heredero). Y, de este modo, se quiebra el principio del art. 3451, que es norma de fondo, por un decreto reglamentario. Todo lo cual nos permite sostener que la disposición del art. 105 del decr. 2080/ 80, es inconstitucional y deberá, en caso de suscitarse un recurso por la denegatoria del Registro de la Propiedad, a inscribir la cesión, dejar de aplicarse ordenando judicialmente la inscripción. § 390. INTERVENCIÓN DE LOS CESIONARIOS EN EL PROCESO SUCESORIO. - El cesionario, por la naturaleza del llamamiento, no

adquiere el carácter de heredero, sino sólo el de sucesor del cedente. Según el contenido de su adquisición, es titular del todo o una parte alícuota del patrimonio hereditario. Queda dicho, también, que la cesión puede ser total -es decir, de todo el contenido patrimonial de derechos y obligaciones hereditarias que correspondían al cedente- o parcial. En el primer caso se ha juzgado por la jurisprudencia que el cesionario queda colocado en el lugar del cedente y adquiere el derecho de intervenir en el juicio sucesorio respectivo para hacer efectiva la cesión de derechos hereditarios que invoca. Cuando la cesión es sólo parcial -como si el heredero, v.gr., cediese un quinto o un tercio de sus derechos hereditarios- el cedente conservará, como es lógico, el derecho de continuar interviniendo en el juicio, pues continúa siendo propietario de la porción de la herencia no cedida. Y el cesionario parcial de derechos hereditarios teóricamente debiera tener idénticos derechos por la parte de su alícuota.

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Sin embargo, invocando razones de orden procesal y para evitar el conflicto entre el heredero y los cesionarios parciales, la jurisprudencia ha entendido que no es parte en el proceso por tratarse de un simple acreedor. Puede, sin embargo, en el carácter expresado y en ejercicio de la acción subrogatoria, solicitar las medidas de vigilancia tendientes a suplir las omisiones o negligencias de los herederos y, también, como cualquier acreedor del heredero, solicitar la partición. § 391. CONTENIDO DE LA CESIÓN. - Lo transmitido mediante la cesión de derechos hereditarios es el contenido de la adquisición patrimonial a título universal del cedente. Por ende, la determinación de ese contenido, salvo exclusiones expresas previstas en el contrato, debe referirse al momento de la apertura de la sucesión que es el instante en que se produce la adquisición mortis causa, y, además, a los acrecentamientos, frutos, productos, etc., que el acervo hereditario incorporara antes de la partición de los bienes. Si no ha habido exclusión de ningún bien o derecho comprendido en la alícuota del cedente, la doctrina es unánime en el sentido de que el cedente deberá al cesionario el precio obtenido por la venta de un bien hereditario antes de la cesión. Es claro, ese precio se subroga en el lugar del bien dispuesto y si el cedente lo ha hecho suyo, lo debe al cesionario. Otro tanto ocurrirá si un bien de la sucesión fue permutado. En este caso se deberá al cesionario el valor del bien recibido a cambio y no el bien mismo, puesto que él no está en la universalidad hereditaria. Si, por hipótesis, el cedente, antes de la cesión hubiese dispuesto a título gratuito de un bien hereditario, hay quienes sostienen que nada se debe al cesionario, puesto que la liberalidad no aprovechó patrimonialmente a aquél. Otros, en cambio, entienden que si el cesionario ignoraba a la época de la cesión ese acto de disposición, el valor del bien dispuesto se deberá en todo caso al cesionario, pues de lo contrario se podría estar amparando un obrar de mala fe que aprovechó al cedente, permitiéndole

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realizar una liberalidad sin emplear bienes de su patrimonio personal. Mientras tanto, si el cesionario sabía que el bien había salido del acervo gratuitamente antes de la cesión, no podrá pretender ningún valor en el reemplazo. Adherimos a esta solución. En cuanto a los frutos obtenidos antes de la cesión por el cesionario, algunos autores entienden que se aplican los arts. 1416 y 583 del Cód. Civil. Según ellos, antes de la cesión (que por su carácter traslativo -ver § 378- se equipararía a la tradición), al cedente pertenecerían todos los frutos percibidos, naturales o civiles, salvo los pendientes al momento de la cesión que pertenecerían al cesionario. Discrepamos de este criterio porque si hemos quedado de acuerdo en que la cesión de derechos hereditarios transmite el contenido patrimonial de la alícuota hereditaria con referencia a la apertura de la sucesión, los frutos o rentas devengados a partir de entonces se deben entender percibidos en razón de la comunidad hereditaria subsistente al momento de la cesión, salvo que se los hubiera excluido expresamente en el contrato. Mientras tanto, la pérdida o deterioro de los bienes hereditarios habrá de soportarlos el cesionario, en su parte, del mismo modo que la soportaría el cedente, salvo que éste hubiera obtenido provecho, caso en el cual deberá su valor por el principio de la subrogación real. § 392. LA CESIÓN Y EL DERECHO DE ACRECER. - Hemos visto que la cesión sólo transmite al cesionario el contenido patrimonial de la adquisición hereditaria, pero no la calidad de heredero del cedente. En consecuencia, éste sigue, a tales efectos, manteniendo incólume el llamamiento legítimo o testamentario en todo lo que no sea materia de la cesión. Puede ocurrir que el cedente acrezca, con posterioridad a la cesión, su porción hereditaria por la muerte de un coheredero sin quien lo represente, o por la resolución de su llamamiento por indignidad, etcétera. También puede ocurrir que el cedente acrezca en razón de una adquisición, posterior a la cesión,

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en carácter de sustituto (en la sustitución vulgar), o por un llamamiento testamentario ignorado en la época en que se hizo la cesión. Estos acrecentamientos son, por supuesto, posteriores a la cesión ya realizada y reconocen su fundamento en el llamamiento hereditario que, no obstante la referida cesión, conserva el cedente. Pareciera, pues, que los aumentos hubieran de pertenecer al heredero (cedente), pues su causa radica en la calidad de heredero, que no es transmisible, como dijimos. Pero, a la vez, ocurre que todo acrecentamiento opera en relación al momento de la apertura de la sucesión al cual refiere toda adquisición patrimonial a título hereditario. Y la cesión, también lo dijimos, transmite el contenido patrimonial de la adquisición como universalidad sin consideración a su contenido particular (art. 3281). Creemos que no pueden proponerse soluciones uniformes a priori. Si la cesión comprendió la totalidad del contenido de la adquisición, sin reserva alguna, los acrecentamientos posteriores que experimente el llamamiento del heredero cedente a título hereditario, pertenecerán al cesionario. Pero si el acrecentamiento -que no es estrictamente tal, en realidad- se obtuviese por otro título, como, por ejemplo, por una mejora o por un legado, pertenecerán al cedente, ya que él cedió el contenido patrimonial de su adquisición hereditaria, o sea a título de heredero. Lo mismo ocurrirá si la cesión se hizo con exclusión expresa de los acrecentamientos posteriores que pudieren beneficiar al cedente por cualquier título. Regirán aquí las cláusulas contractuales con base en el principio de la autonomía de la voluntad (art. 1197). § 393. BIENES EXCLUIDOS DE LA CESIÓN. - De la cesión de derechos hereditarios quedan excluidos los llamados por el codificador títulos o cosas comunes a toda la herencia, como los diplomas, premios, medallas, correspondencia, manuscritos, fotografías, recuerdos de familia (nota al art. 3473). Estas cosas no están sujetas estrictamente a partición, ni se adjudican, sino

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que quedan en depósito de los herederos que los interesados elijan para su conservación. Además, la cesión puede excluir también algún bien o ciertos bienes de la universalidad o cuota que comprende. Regirá también aquí la autonomía de la voluntad (art. 1197). § 394.

RESPONSABILIDAD

POR LAS DEUDAS. - Por supuesto

que el cesionario deberá contribuir al pago de las deudas y cargas hereditarias, y sólo podrá ejercer su derecho a concurrir a la partición sobre el activo líquido una vez deducidas esas deudas y cargas (conf. art. 3474). Los acreedores hereditarios conservarán su acción contra el heredero cedente, por supuesto, pero también podrían dirigir su acción contra el cesionario como, para un caso análogo -el de los legatarios de cuota- lo prevé el art. 3499. Pero como el cesionario no asume responsabilidad ultra vires hereditatis, ya que ella es consustancial del título hereditario cuando la herencia fue aceptada pura y simplemente, y ese título no es transmisible, no podrán ejecutarse bienes particulares del cesionario. Su responsabilidad se limita a la contribución en el pago en proporción de la alícuota cedida mediante deducción proporcional del activo (ver § 375). Pero si el heredero cedente hubiese pagado con bienes propios la deuda, tendrá derecho a repetir contra el cesionario, que de lo contrario se vería beneficiado por la circunstancia de que esa deuda no se imputa sobre el caudal relicto. Claro que para que el cedente pueda ser ejecutado en sus bienes propíos, tiene que haber perdido previamente el beneficio de inventario o haber asumido voluntariamente el pago. En este segundo caso, se coloca como cualquier tercero, en carácter de subrogado en los derechos del acreedor a quien pagó, como lo establece el art. 3374, pudiendo en consecuencia repetir el pago contra los herederos. § 395.

GARANTÍAS DEBIDAS AL CESIONARIO. - El principio

general está contenido en el art. 2160, que dispone: "En la ce-

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sión de herencia el cedente sólo responde por la evicción que excluyó su calidad de heredero, y no por la de los bienes de que la herencia se componía. Su responsabilidad será juzgada como la del vendedor". Se alude a la evicción, en los términos del art. 2091, y en este sentido se debe considerar que si el cedente, después de la cesión, resolviese el llamamiento hereditario -v.gr., por indignidad- responderá ante el cesionario que, obviamente, perderá todo contenido patrimonial de la cesión. Ésta es la única evicción reconocida por la ley, quedando excluida la de los bienes particularmente considerados, ya que la cesión comprende la adquisición a título universal. Pero la evicción, después de la partición, operará entre el cesionario y los demás herederos conforme las normas del art. 3505 y siguientes. En cuanto a las normas aplicables, el art. 2091 establece que serán las que regulan la evicción entre comprador y vendedor. Entendemos que la norma prevé el caso de la cesión onerosa, pues si fuese gratuita, aun cuando no hay norma expresa, deberán aplicarse las disposiciones que regulan la evicción entre donante y donatario (conf. arts. 1437, 2145 y siguientes). Pero no existirá o se restringirá la garantía de evicción a cargo del cedente: .. a)

CUANDO LOS DERECHOS CEDIDOS FUESEN LITIGIOSOS O DUDOSOS.

Ello está contemplado en el art. 2161. Así, por ejemplo, si el demandado por indignidad cediese sus derechos hereditarios sujetos a resolución, no responderá al cesionario de la extinción de su llamamiento, pues, al momento de la cesión, su vocación era dudosa y había litigio sobre ella. El art. 2162 deja a salvo el caso en que el cedente "sabía positivamente que la herencia no le pertenecía, aunque la cesión de sus derechos fuere como inciertos o dudosos". En este caso, "la exclusión de su calidad de heredero le obliga a devolver al cesionario lo que de él hubiere recibido, y a indemnizarlo de todos los gastos y perjuicios que se le hayan ocasionado". Constituye esta previsión una aplicación del principio de la buena fe contractual (art. 1198) y sanciona a quien, de acuerdo con las circunstancias del caso,

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no podía dudar razonablemente de la inexistencia de su llamamiento o de la causa de su resolución. b) CUANDO LA GARANTÍA POR EVICCIÓN SE HUBIESE EXCLUIDO EXPRESAMENTE ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO. En este caso, el cesio-

nario sólo tendrá derecho a repetir lo que pagó al cedente y éste queda exonerado de pagar daños y perjuicios (art. 2163). Pero esta norma se aplicará sólo en los casos en que la cesión no se haya hecho sobre derechos litigiosos o dudosos, pues en ese caso rige el art. 2161, con la salvedad del art. 2162. Bien entendido que la exclusión de la garantía operará siempre que el cedente no haya obrado de mala fe (conf. art. 2099). § 396. LIMITACIONES A LA INVOCABILIDAD DEL ALEA DE LA CESIÓN. - Hemos dicho que el contrato de cesión de derechos he-

reditarios es aleatorio (§ 378). Pero, es claro, gracias al principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden modificar el alea natural del contrato. Así, por ejemplo, podría convenirse que el cedente no asume garantía de evicción ante la eventual resolución de su llamamiento hereditario, aun cuando no existiese todavía litigio sobre ella (caso del heredero que es demandado por indignidad con posterioridad a la cesión). Si ya hubiera litigio, es obvio, la limitación surge del art. 2161, como vimos (§ 395, a). Inversamente, el cedente puede garantizar al cesionario la transmisión de bienes específicamente determinados, que integran el acervo hereditario, con lo que se disminuye el alea normal de la cesión. En este último caso, cabría preguntarse si el cedente no responde también de evicción respecto de esos bienes. Creemos que la respuesta afirmativa se impone, como lo consagró el Anteproyecto de 1954 (art. 1146). Sin embargo, la invocabilidad del alea por las partes encuentra ciertos límites derivados de la buena fe negocial. Así, por ejemplo, no podría el cesionario invocar el alea de la cesión, si ésta se hubiera obtenido a título oneroso en supuestos de lesión (art. 954, Cód. Civil), o si ha mediado dolo, error o violencia, es decir, vicios del consentimiento, etcétera.

INDIVISIÓN HEREDITARIA

§ 397.

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CASO DE DISMINUCIÓN DEL ACERVO HEREDITARIO. -

El alea natural o propia de la cesión supone, ya se sabe, un factor de riesgo o incertidumbre acerca de la composición -y en su caso, cuantía- de la alícuota cedida. Así como en determinadas circunstancias hemos visto que esa alícuota puede acrecer en beneficio del cesionario (§ 392), también podría ocurrir que se viera disminuida por circunstancias desconocidas al tiempo de la cesión. Si ello ocurre por la necesidad de soportar deudas del causante, y no hubiese mediado por parte del cedente dolo que invalide la cesión, es obvio que la necesidad de satisfacer esas deudas con el activo (que se ve correlativamente menguado) integra el alea normal de la cesión. Pero distinto sería si, con posterioridad a la cesión, apareciese un testamento, desconocido por el heredero cedente, en el cual el causante hubiese dispuesto de su herencia de modo que disminuyera sustancialmente la cuantía del llamamiento de aquél. Distinguiremos tres posibles supuestos: a) Que el heredero cedente fuese titular de una vocación no legitimaria -v.gr., un hermano del causante- y que, en razón del testamento, queda sin efecto su vocación legítima porque en él se instituye a otras personas. En este caso, es obvio que funcionará la garantía de evicción del art. 2160 si la cesión hubiere sido onerosa, pues el cedente ha quedado excluido de su calidad de heredero. Si la cesión hubiere sido gratuita, es aplicable el art. 2145 que descarta recurso alguno contra el cedente. b) Que el heredero cedente conservase su vocación legítima no legitimaria, pero que en el testamento el causante hubiese hecho disposiciones que disminuyeran notablemente la cuantía de su adquisición. En principio esta disminución es intrínseca al alea del contrato de cesión, y, en la medida que no quede excluida la calidad de heredero del cedente (conf. art. 2160), la composición final del acervo a partir no incide en la validez de la cesión. Pero si en la cesión se hubiese garantizado al cesionario la adquisición de algún bien concreto que luego aparece, por ejemplo, legado en el testamento del causante, funcionará la

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evicción pues deberá interpretarse que no integró el alea aceptada por las partes la posibilidad de no recibir ese bien (arg. art. 1197, Cód. Civil; ver también § 396). Alguna duda ha suscitado el caso en que, en virtud del testamento desconocido al tiempo de la cesión, la herencia "se encuentra disminuida en más de la mitad" (art. 3338). Para ese caso, ya hemos estudiado que la norma citada admite al heredero demandar la nulidad de la aceptación de la herencia. Además, hemos explicado que el supuesto se aplica sólo cuando la herencia hubiese sido aceptada pura y simplemente (§ 186). Ahora bien, siendo que el cesionario de derechos hereditarios no responde ultra vires hereditatis no le está dado demandar la nulidad de la aceptación del heredero cedente. Además, el cesionario no puede por sí accionar para dejar sin efecto la vocación hereditaria de aquél, pues no es la calidad de heredero lo cedido. Y tampoco, a nuestro juicio, podrá plantear la nulidad de la cesión, ya que no hay vicio constitutivo -excluido el caso de dolo o de error que hagan anulable el acto por supuesto- en el acto jurídico. En suma, la disminución de la herencia deberá soportarla el cesionario, quien toma a su cargo el alea natural del contrato y dentro de esa alea está, lógicamente, la posibilidad de que el causante haya dispuesto de parte de sus bienes que se sustraen a la adquisición del heredero cedente. c) Si se tratase de un heredero legitimario, cedente de su alícuota hereditaria, el testamento del causante no puede afectar a la porción legítima que le corresponde. Si la afectara, fuere en razón de legados inoficiosos, o incluso por existir donaciones de tal carácter sujetas a la acción de reducción (art. 3600), entendemos que el cesionario puede ejercer dicha acción para reducir los legados o las donaciones como titular de la acción subrogatoria que le confiere el art. 1196 del Cód. Civil. Si la cesión transmitió, por el carácter traslativo, los derechos en ella comprendidos, la acción de reducción debe poder ser ejercida subrogatoriaménte, pues tiene por objeto dejar incólume la cuantía y extensión de esos derechos que, en este caso, comprenden la adquisición en razón de la porción legítima del heredero cedente.

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LECTURAS Y CASOS PRÁCTICOS SUGERIDOS LECTURA a) Fallo de la CNCiv, en pleno, 26/2/86, LL, 1986-B-155, y ED, 117311. Sintetice los argumentos del voto de la mayoría y de la minoría. Analice en relación a la forma exigida para la cesión de derechos hereditarios, las normas de los arts. 1185 y 3346 del Cód. Civil. b) Fallo de la CNCiv, en pleno, 24/12/79, LL, 1980-A-327. Analice la doctrina del fallo ante la disposición del art. 105 del decr. 2080/80. CASOS PRÁCTICOS

a) Al fallecimiento de José, uno de sus tres hijos, Santiago, consulta si puede iniciar -como heredero de su padre- juicio de cobro de alquileres contra un inquilino que adeuda varios períodos vencidos. No habiendo promovido aún proceso sucesorio, ¿qué aconsejaría usted? Si Santiago promoviese la acción, ¿qué defensas opondría usted como abogado del inquilino demandado? b) Imagine que, en el caso anterior, el inquilino moroso abonó, a requerimiento de Santiago, la suma adeudada por alquileres vencidos con más sus intereses moratorios. ¿Queda liberado el deudor frente a los restantes herederos de José? En caso negativo, ¿qué acciones -y contra quién- aconsejaría a éstos promover? ¿Aconsejaría la promoción previa del juicio sucesorio? En caso afirmativo, ¿a qué fin? c) Rosa firmó en instrumento privado un contrato por el cual Ignacio y Pedro, heredero de Mario, le ceden sus derechos hereditarios. Rosa consulta si puede presentarse al juicio sucesorio a tomar intervención en calidad de cesionaria. ¿Qué respuesta daría usted? d) Al tiempo de partir los bienes de la sucesión, Diego y Fabián presentan una petición aLjuez para que, en la hijuela del coheredero Antonio, se computen los valores locativos correspondientes por la ocupación exclusiva de un inmueble del acervo por parte de Antonio, desde el fallecimiento del causante, y durante casi dos años. ¿Es procedente la petición? Funde en doctrina y jurisprudencia la contestación de una eventual demanda en ese sentido como abogado de Antonio.

2!.

Zannoni. Manual.

CAPÍTULO

VIH

DIVISIÓN DE LA HERENCIA A) PARTICIÓN

§ 398. CONCEPTO. - El contenido de la adquisición a título universal, representado por el todo o una parte alícuota de la herencia, obtiene, mediante la partición o división existiendo pluralidad de sucesores, una atribución concreta entre ellos de las titularidades comprendidas en la herencia. La abstracción representada por la cuota en la universalidad -como objeto de adquisición distinto de cada uno de los bienes singulares que componen la herencia- se concreta, en efecto, en derechos exclusivos sobre determinados objetos de adquisición que, así, se incorporan al patrimonio del sucesor a título singular. Aunque habitualmente la partición está precedida por una situación de herencia indivisa -comunidad hereditaria-, y le pone fin, la resuelve, mediante la adjudicación de determinadas titularidades a cada sucesor, no es forzoso que ello ocurra. A la muerte del causante, una partición hecha por el ascendiente entre sus descendientes en su testamento, por ejemplo, puede impedir ab initio, la relación de comunidad o indivisión hereditaria, sin perjuicio de los trámites que se requieren para la aprobación judicial del testamento y la inscripción de los bienes así divididos (conf. art. 3533). Por eso se ha definido la partición como el negocio jurídico que impide o pone fin a la comunidad hereditaria mediante la distribución entre los coherederos de las titularidades activas contenidas en la herencia.

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

§ 399. EL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN FORZOSA. - No debe sorprendernos, a esta altura, que toda situación de comunidad hereditaria prevea un fin más o menos próximo en la partición. Hemos recordado ya el pensamiento explicitado por el codificador: "la comunión -decía en la nota al art. 3 4 5 1 - es una situación accidental y pasajera que la ley en manera alguna fomenta...; es un estado puramente pasivo en que los copropietarios de la herencia no están unidos sino por la cosa misma y no por su voluntad (dejando) a cada uno con toda su independencia de acción, el derecho de no procurar sino sus intereses particulares". Y por eso mismo, de inmediato, en el art. 3452, Vélez Sársfield impuso el principio de la división forzosa: "Los herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, pueden pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia, no obstante cualquiera prohibición del testador, o convenciones en contrario". Principio inconculcable en la letra, tiene sus importantes limitaciones, como lo veremos, aun denotando el prius que informa la preceptiva. "Nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión", reza el art. 815 del Code, citado por el codificador en la nota al art. 3452. Independientemente de las críticas -fundadas, por cierto- a que ha dado lugar el principio de la división forzosa, sobre las que nos detendremos al hablar de las excepciones dentro y fuera del Código Civil (conf. art. 2694, art. 51 y ss., ley 14.394, etc.), es evidente que este culto a los intereses individuales constituyó una de las directrices de la codificación moderna en el derecho privado, en la cual -como recuerda Sohm"influyó decisivamente la mentalidad romana que estaba atosigada por una 'sed rabiosa de partir'". Así pasó a los códigos modernos a partir del Code (arts. 681 y 984, Cód. Civil italiano de 1865; art. 893, Cód. Civil español; § 2042, Cód. Civil alemán). 1) SUPUESTOS DE INDIVISIÓN TEMPORAL

§ 400. ESPÍRITU DEL CÓDIGO CIVIL. - Ya sabemos que, tal su letra, el art. 3452 legitima a los herederos, sus acreedores y

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

325

a todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, a pedir "en cualquier tiempo la partición de la herencia, no obstante cualquiera prohibición del testador, o convenciones en contrario". El art. 3453 admitirá a su turno la denominada partición parcial cuando una parte de los bienes hereditarios no fuese susceptible de división inmediata, pudiéndose, en este caso, "demandar la partición de aquellos que son actualmente partibles". El alcance de la norma -para cuya redacción Vélez Sársfield se apartó del precedente francés: art. 815, Cade- se circunscribe exclusivamente a la indivisión hereditaria. En materia de condominio lo único que prohibe el Código Civil es la renuncia de una manera indefinida al derecho de los condóminos para pedir la división, "pero les es permitido convenir en la suspensión de la división por un término que no exceda de cinco años, y de renovar este convenio todas las veces que lo juzguen conveniente" (art. 2693). Resulta sugestivo que, incorporado aquí el principio del art. 815 del Cód. Civil francés, y extendido en el art. 2694 al caso en que la copropiedad se hubiere constituido por donación o testamento, nuestro codificador lo negase en el art. 3452. Sobre todo si se tiene en cuenta que la doctrina francesa -así, Aubry y Rau, citados en las notas a los arts. 2693 y 2694concordaba, a la sazón, en que las reglas relativas a la partición de las sucesiones y sus efectos se aplican, en general, a la partición de las cosas singulares. § 401. ANTECEDENTES DE LA LEY 14.394. - En nuestro derecho, a despecho de la norma del art. 3452 del Cód. Civil que, como vemos, constituye un ejemplo típico de protección del interés individual en la comunidad hereditaria, diversas leyes dictadas en este siglo fueron mitigando su categórica preceptiva. La ley 9677, que creó un régimen de viviendas para empleados y obreros, estableció que "en caso de fallecimiento del adquirente, el cónyuge sobreviviente no podrá ser obligado a la división de la propiedad por los otros herederos" (art. 19). Y, similarmente, "en caso de fallecimiento de ambos cónyuges, los

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

hijos no podrán dividirse la propiedad mientras haya menores de edad" (art. 20). Del mismo modo, la ley 10.284 creó el llamado lote de hogar -antecedente del actual bien de familia- que denominaba propiedad de la familia, estableciendo en el art. 4 9 que mientras en ella hubiese hijos menores o mujeres solteras, el lote no podría enajenarse ni dividirse sino cuando todos llegasen a la mayoría de edad. El Anteproyecto de Bibiloni previo una serie de normas relativas a la indivisión que son, en buena parte, la fuente inmediata de los dispositivos de la ley 14.394 y que fueron seguidas por el Proyecto de 1936. § 402.

LOS

CASOS DE INDIVISIÓN

TEMPORAL

EN LA LEY

14.394. - Llegamos, así, a la ley 14.394 que constituye el hito más importante en la materia. En efecto, de la conjugación de las normas sobre el bien de familia (arts. 34 a 50) y las atinentes a diversos casos de indivisión de bienes hereditarios (arts. 5 1 a 56), se colige un notable avance sobre la legislación anterior y un decidido embate contra el principio rector del art. 3452. En este sentido la ley prevé diversos casos en que la indivisión sobre ciertos bienes integrantes del acervo hereditario puede prorrogarse temporalmente. Son ellos: a) la indivisión impuesta por el causante; b) la indivisión pactada por los herederos, y c) la indivisión impuesta por el cónyuge supérstite. § 403.

INDIVISIÓN

IMPUESTA POR EL CAUSANTE. - El art.

51

de la ley 14.394, establece que "toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios, por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste".

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

327

Como se ve, la norma constituye una importante excepción al principio del art. 3452, y, además, al del art. 3598, según el cual el causante no puede imponer gravámenes ni condiciones a la porción legítima de los legitimarios. El art. 51 permite al causante imponer la indivisión aun a los herederos forzosos, con lo cual ella puede afectar bienes que se computan en la legítima hereditaria, como lo previo Bibiloni. Dos son los supuestos contenidos en el precepto: a) LA INDIVISIÓN DE LOS BIENES HEREDITARIOS, EN GENERAL.

En

el párr. Io, parte Ia, del art. 51, se alude a la indivisión impuesta por el causante de los bienes hereditarios. Puede tratarse de bienes determinados e individualizados por él, o de todos los que componen el acervo (salvo, por supuesto, los que se dividen de pleno derecho, como los créditos divisibles -art. 3485-). Esta indivisión se torna, entonces, en forzosa, aun cuando los bienes afectados a ella se adjudiquen e inscriban a nombre de los herederos, pues deberá serlo en condominio (conf. art. 2715). Pero la indivisión forzosa es temporaria y no podrá exceder de diez años desde la apertura de la sucesión -que es desde cuando opera la disposición del causante que la impone-. Si excediera, la indivisión sólo será oponible a los herederos durante ese lapso máximo. b) LA INDIVISIÓN DE UN BIEN DETERMINADO. ES el supuesto del art. 51, párr. Io, parte 2a. Puede tratarse de un establecimiento de cualquier índole -la enumeración legal es ejemplificativao de un bien que constituya una unidad económica. Es evidente que la finalidad es evitar los perjuicios que acarrea la partición de bienes que integran un complejo comercial, industrial, agrícola, etc., que funciona como unidad económica. La ley no establece si el causante debe ser el único propietario de ella o si puede imponer la indivisión de bienes en los cuales a él sólo corresponde una parte como socio, condómino, etcétera. Creemos que en estos últimos casos, la indivisión no podrá ser opuesta a terceros si contraría normas contractuales o societarias que permiten a los restantes socios o condóminos dividir el bien

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

o liquidar la sociedad. En tal supuesto será operante el párr. último del art. 51 que comentamos (ver § 405). § 404.

TÉRMINO

MÁXIMO DE LA INDIVISIÓN.

- El

causante

puede imponer esta indivisión por un plazo máximo de diez años desde su fallecimiento, y, en el caso de que la disponga respecto de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, etc., podrá hacerlo, existiendo herederos menores hasta que todos ellos alcancen la mayoría de edad, aun cuando el término exceda de diez años. § 405. PARTICIÓN ANTICIPADA. - Sin embargo, "el juez podrá autorizar la división, total o parcial a pedido de la parte interesada y sin esperar el transcurso del plazo establecido, cuando concurran circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero" (art. 51, párr. 2 o ). Quedan aquí involucrados todos los casos en que, conforme a las circunstancias, pudiera ser conveniente o necesario proceder a la partición anticipada de los bienes indivisos. Además, los terceros podrán invocar un interés legítimo para hacer cesar la indivisión. Así ocurriría si, tratándose de una sociedad colectiva, en comandita simple o de capital e industria, el socio fallecido hubiese impuesto la indivisión de la cuota social que a él correspondía. Los restantes socios podrán, no obstante, peticionar la liquidación de la sociedad debido a la resolución parcial como lo prevé el art. 90 de la ley 19.550. § 406. FORMA DE IMPONER LA INDIVISIÓN. - Aunque no surge del texto del art. 51, entendemos que el causante sólo puede imponer esta indivisión en testamento válido y no por otros actos entre vivos. Y así lo creemos pues la indivisión constituye una cláusula sobre el modo de operarse la transmisión hereditaria que no puede ser objeto de actos entre vivos, sino sólo del testamento (conf. art. 3607). § 407.

INDIVISIÓN

PACTADA POR LOS HEREDEROS. - El

52 de la ley 14.394 dispone que "los herederos podrán

art.

convenir

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

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que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los copartícipes. Si hubiese herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales, no tendrá efecto hasta la homologación judicial. Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido. Cualesquiera de los herederos podrá pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas". La suspensión de la partición de todos o algunos bienes hereditarios integra, en términos amplios, el poder dispositivo de los herederos. Pero, aunque no resulta en forma expresa del art. 52, entendemos que debe ser resuelta por la unanimidad de ellos, por aplicación del principio del art. 3451. Se trata, en efecto, de modificar una expectativa a la división de los bienes de la comunidad hereditaria respecto de la cual la decisión del mayor número no podría obligar a los que no han prestado su consentimiento. Entendemos, por lo demás, que la naturaleza del acto excede los marcos de una administración ordinaria que autorizase al juez a decidir las diferencias entre los coherederos. § 408. PARTICIÓN TEMPORARIA DEL USO Y GOCE DE LOS BIENES INDIVISOS. REMISIÓN. - La disposición en estudio permite

que los herederos, aun cuando convengan permanecer en indivisión respecto a los bienes, dispongan la partición temporaria del uso y goce de ellos. Se trata de lo que en la doctrina se conoce como partición provisional, prevista por el art. 3464. Remitimos al comentario que hacemos en el § 426. § 409. EXISTENCIA DE HEREDEROS INCAPACES. - Como la indivisión debe ser acordada por la unanimidad de ellos (art. 3451), en caso de existir entre éstos incapaces, deberá intervenir su representante legal. En tal hipótesis el pacto de indivisión exige homologación judicial. Esta norma es concordante con el principio general del art. 3465, a contrario sensu. Si habiendo herederos menores o incapaces las particiones* deben ser judi-

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

ciales, parece razonable que también sea judicial el pacto de in5 división. Claro que el art. 52 no impone que el convenio, comq ' tal, sea judicial, sino que sea homologado por el juez. Es decir que podrá ser concluido extrajudicialmente con intervención de sus representantes, pero deberá ser presentado al juez de la su* cesión para su homologación, con intervención, por supuesto, del ministerio de menores o incapaces, para valorar su conveniencia. § 410. PARTICIÓN ANTICIPADA. -Como en el caso del art, 51, cualquiera de los herederos puede solicitar judicialmente la división siempre que mediaren causas justificadas. Deberá traT tarse de razones que hagan al interés patrimonial comprometido, en la indivisión, sobrevinientes al convenio que lo dispuso. § 411.

INDIVISIÓN IMPUESTA POR EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. -

El art. 53 de la ley 14.394 prevé dos supuestos en los cuales eí cónyuge supérstite puede oponerse a la partición de determinados bienes indivisos en razón del fallecimiento de su esposo o esposa, y, también, por un plazo máximo de diez años: a) Siempre que "en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole tal que constituya una unidad económica", siempre que el cónyuge supérstite "lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte". Esta última alusión no exige, a nuestro juicio, que el establecimiento sea calificado de ganancial. Pue^ de ser propio del cónyuge premuerto, pero en el cual el supérstite realizó inversiones, ampliaciones, etc., que eventualmente pueden dar lugar al reclamo por recompensas. Lo que se exige, sí, es que de un modo u otro el cónyuge supérstite haya contribuido a su formación, acrecentamiento o evolución económica, para poder exigir su indivisión. Y por esa razón la misma norma que comentamos establece que "durante la indivisión, la administración del establecimiento competerá al cónyuge sobreviviente". Como se ve, se parte del supuesto de que ya en vida de ambos esposos, el supérstite intervenía de un modo u otro en la gestión del establecimiento

331

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

y es por eso que, dispuesta la indivisión, será él quien retendrá la administración. Pero, como en el caso de los arts. 51 y 52, "a instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión". b) Asimismo, el cónyuge supérstite puede pedir la indivisión, durante diez años, de "la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos" (art. 53 in fine). Se requiere que se trate de inmueble ganancial y que, a la época del fallecimiento, fuese la residencia habitual de los esposos. Esta previsión tiende a proteger el hogar conyugal, como tal, más allá del valor patrimonial del inmueble en que asienta la casa habitación. Esta previsión se complementa actualmente con el derecho de habitación conferido al cónyuge supérstite, en las condiciones previstas por el art. 3573 bis del Cód. Civil, que introdujo la ley 20.798 (ver § 415 y siguientes). § 412. INDIVISIONES.

EXIGENCIA

DE LA INSCRIPCIÓN

REGISTRAL

DE ESTAS

- El art. 54 establece, en este sentido: "la indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo". Ello significa que toda medida de embargo sobre los derechos de los copartícipes anotada antes de la inscripción permitirá el procedimiento ejecutivo consiguiente e, incluso, el ejercicio de la acción de partición por vía subrogatoria para la percepción del crédito, conforme a lo dispuesto en el art. 3452. Es decir que la indivisión es inoponible a terceros antes de la inscripción de ella en relación a los bienes que comprende. § 413. HEREDEROS.

SITUACIÓN

DE LOS ACREEDORES

PERSONALES

DE LOS

- Siéndoles oponible la indivisión a partiT de su ins-

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cripción, "los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismos pero sí podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondiente a su respectivo deudor" (art. 55, ley 14.394). § 414.

CONSTITUCIÓN

DE SOCIEDADES EN LOS CASOS DE INDI-

VISIÓN. - E l art. 28 de la ley 19.550 dispone que "cuando en los casos legislados por los arts. 51 y 53 de la ley 14.394, existan herederos menores de edad, éstos deberán ser socios con responsabilidad limitada. El contrato constitutivo deberá ser aprobado por el juez de la sucesión". La redacción de esta norma es confusa, pues parece partir del supuesto de que en los casos de indivisión de establecimientos comerciales, industriales, etc., los herederos deben constituir una sociedad para su explotación y giro cuando entre ellos hay menores y éstos deben ser siempre socios con responsabilidad limitada. Por nuestra parte creemos que no es necesario que se constituya tal sociedad cuando la indivisión recae sobre bienes susceptibles de permanecer en condominio. Los herederos pueden permanecer simplemente en condominio y, en este caso, se estará, en lo que atañe a los bienes, a un condominio de indivisión forzosa temporal (art. 2715). Ahora bien, si los herederos resolviesen constituir una sociedad (lo que se exigirá si se trata de un establecimiento o fondo de comercio) aportando sus partes alícuotas, podrán hacerlo; pero existiendo entre ellos herederos menores, el tipo social deberá asegurar que éstos sean socios con responsabilidad limitada (sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, siendo los herederos menores comanditarios, etcétera). Y si en la sociedad interviniere el representante legal del menor y se planteare un conflicto de intereses entre ambos, deberá designarse al menor un tutor especial para la celebración del contrato y para el contralor de la administración de la sociedad si dicha administración fuere ejercida por aquél (art. 28, párr. 2 o , ley 19.550).

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

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En caso de que se constituya una sociedad que no asegure la responsabilidad limitada del o de los herederos menores, la ley dispone que deberá transformarse y que los socios mayores de edad serán solidaria e ilimitadamente responsables por el perjuicio que sufran aquéllos (art. 29, párr. 2 o ). 2) DERECHO DE HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

§ 415. CONCEPTO. - La ley nacional 20.798, promulgada el 27 de septiembre de 1974, ha incorporado al Código Civil un artículo nuevo, el art. 3573 bis, que se inserta en el Capítulo III, Título IX de la Sección Primera del Libro Cuarto de dicho Código, que regula el derecho de sucesión entre cónyuges. Este artículo nuevo dispone textualmente: "Si a la muerte del causante éste dejare un solo inmueble habitable como integrante del haber hereditario y que hubiera constituido el hogar conyugal, cuya estimación no sobrepasare el indicado como límite máximo a las viviendas para ser declaradas bien de familia, y concurrieren otras personas con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita. Este derecho se perderá si el cónyuge supérstite contrajere nuevas nupcias". § 416. FUNDAMENTO. - El artículo transcripto viene a incorporar a nuestro derecho positivo, a su modo, un nuevo instituto que se inserta en el contexto de la reacción del legislador contra el principio de la partición forzosa, consagrado, en términos generales, por el art. 3452 del Cód. Civil. Por supuesto, el texto incorporado por la ley 20.798 no importa impedir la adjudicación del inmueble que constituyó el hogar conyugal. En efecto, el derecho real de habitación que se acordará al cónyuge supérstite, dándose las circunstancias o presupuestos previstos por la norma legal, no impide la adjudicación o atribución a título singular del bien como medio de hacer cesar la indivisión hereditaria. El art. 3573 bis no impide la adjudicación del inmueble, sin perjuicio de acordar al cónyuge

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supérstite el derecho real de habitación vitalicio en tanto no contraiga nuevas nupcias. Pero como se dijo al fundar el proyecto de ley, se pretende impedir que el cónyuge supérstite quede sia habitación al producirse el fallecimiento de su consorte en virtud de su concurrencia con otros herederos con quienes deba compartir el inmueble, los que, en la mayoría de los casos -se apunta-, exigen su venta para percibir su legítima o alícuota, o bien para pagar las costas, quedando el cónyuge supérstite sin habitación. La inspiración del legislador, coincidimos, tiene motivaciones asistenciales que protegen la vivienda del cónyuge supérstite. Se ha ideado para ello la previsión -ex lege y, por lo tanto, importando una excepción al principio del art. 2949, Cód. Civilde una desmembración del dominio que pudiera corresponder, mediante acto particional, a otro u otros sucesores (herederos o legatarios) o a éstos y al propio cónyuge, en condominio, según el caso. Esa desmembración no afecta a las relaciones jurídicas en cuanto a la nuda propiedad, la que podría ser objeto de actos de disposición o gravamen. Pero al conferir el derecho real de habitación asegurará al cónyuge supérstite el ejercicio de las facultades acordadas al habitador (arts. 2948, 2950 y ss., Cód. Civil), oponibles a terceros si la constitución del derecho ha sido debidamente registrada (conf. art. 2505, Cód. Civil, y art. 2o, inc. a, ley 17.801). § 417. CONDICIONES EN QUE OPERA EL DERECHO. - Para que el cónyuge supérstite pueda oponer el derecho se requiere: a) QUE EL ACERVO SUCESORIO ESTÉ INTEGRADO POR UN SOLO INMUEBLE HABITABLE. Ello no obsta a que existan otros bienes, co-

mo los muebles del ajuar, que son accesorios (conf. art. 3763), en su caso dinero, e, incluso, otros bienes de escaso valor siempre que no permitan al cónyuge supérstite satisfacer sus necesidades de habitación. El art. 3573 bis sólo exige que el acervo esté integrado por un solo inmueble habitable; no que esté constituido por un solo inmueble habitable.

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

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Las IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil recomendaron expresamente que "el derecho se ejercerá cuando el causante deje solamente un inmueble habitable como integrante del acervo hereditario. No obstante -se añade-, corresponderá igualmente cuando, a pesar de existir otros bienes, éstos fueran insuficientes para satisfacer necesidades habitacionales del cónyuge supérstite". b) QUE EL INMUEBLE INTEGRE EN SU TOTALIDAD EL ACERVO, SEA PROPIO DEL CÓNYUGE PREMUERTO o GANANCIAL. O sea, sin que par-

tes alícuotas del mismo correspondan a terceros, parientes o no, extraños a la relación de comunidad determinada por la sucesión universal. Si así fuese, el derecho acordado al cónyuge supérstite por el art. 3753 bis sería inoponible a esos terceros, ajenos a la relación jurídica sucesoria y a quienes, obviamente, no se les puede obligar a soportar la desmembración del dominio en la totalidad del bien en el que participan en una parte indivisa. Así ocurriría, por ejemplo, si el inmueble se encontraba en condominio entre el causante y terceros que no concurren a recibir por sucesión universal. c)

QUE EN EL INMUEBLE HAYA RADICADO EL HOGAR CONYUGAL, AL

Conforme el art. 3282 y su nota, ésta se produce desde la muerte del autor de la sucesión. TIEMPO DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN.

d) QUE EL VALOR DEL INMUEBLE NO SOBREPASE O EXCEDA EL QUE AUTORIZA A CONSTITUIRLO COMO BIEN DE FAMILIA. Para ello habrá que

atenerse a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 14.394 y a las reglamentaciones locales (arts. 34 infine, y 42, ley 14.394). A tal efecto deberán tenerse en cuenta los avalúos a la época de la apertura de la sucesión y podrá aceptarse la valuación fiscal del bien si las reglamentaciones locales remiten a ella para establecer el límite a la constitución del bien de familia. e)

QUE EL CÓNYUGE CONCURRA CON OTROS HEREDEROS O LEGATA-

Si fuese el único heredero o excluyese a los parientes colaterales (art. 3572), evidentemente el art. 3573 bis carecería de

RIOS.

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MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

virtualidad puesto que recibiría el dominio pleno y exclusivo del inmueble. Lo mismo ocurrirá si, no obstante concurrir con otros coherederos, el bien le es adjudicado al cónyuge supérstite por partición con exclusividad -lo cual supone, obviamente, que a los restantes coherederos se les asignan otros bienes que integran el acervoya que, no obstante esa concurrencia, no requiere oponer a aquéllos el derecho real de habitación acordado por la norma legal. f) QUE SE TRATE DE SUCESIONES ABIERTAS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ARTJCULO 3573 "BIS". Respecto de las sucesiones

abiertas con anterioridad, y aunque la partición de la herencia se realizase luego, el derecho de habitación no operará. En efecto, sea cual fuere la naturaleza material del derecho acordado al cónyuge supérstite, éste debe considerarse contenido en la transmisión de las titularidades transmisibles del causante. Como el derecho aplicable es el vigente al día del fallecimiento y como nuestra ley, con anterioridad, no preveía esta desmembración del dominio, es forzoso considerar que se trata de una situación jurídica consumada (conf. art. 3 o , Cód. Civil) al momento de entrar en vigor el art. 3573 bis. Así lo ha resuelto, en fallo plenario, la Cámara Nacional Civil al declarar que "el derecho real de habitación consagrado por el art. 3573 bis (ley 20.798), no es reconocido al cónyuge supérstite cuando el causante falleció con anterioridad a la sanción de la ley 20.798". § 418. INVOCACIÓN. - El derecho real de habitación no opera ipso iure. Requerirá invocación expresa del cónyuge supérstite oponiendo su derecho a coherederos y legatarios antes de consentir en el proceso sucesorio cualquier acto que suponga incompatibilidad con la conservación del mismo. Normalmente lo será antes de consentir la partición o venta del bien (conf. art. 3475 bis, Cód. Civil), o su adjudicación en plena propiedad a los herederos (art. 3503, Cód. Civil), o a alguno de ellos, etcétera. No pensamos que deba ineludiblemente oponerse con la aceptación de la herencia o antes de la designación de administrador.

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§ 419. FACULTADES DEL HABITADOR. - El derecho de habitación, así acordado, permitirá al cónyuge supérstite habitar el inmueble juntamente con su familia (conf. arts. 2953 y 2963), pero no podrá ceder el derecho de habitación ni alquilarlo (art. 2963 in fine). En este caso los coherederos, en su calidad de nudos propietarios, quedan liberados del pago de las cargas, de las contribuciones y reparaciones de conservación del inmueble, que competen al habitador (art. 2968). Asimismo, el cónyuge goza de las acciones posesorias (art. 2876), incluso contra los herederos que impidiesen el ejercicio del derecho de habitación (conf. art. 2489). También de las acciones reales, si es condómino (art. 2679) o, antes de la partición, en carácter de coheredero (art. 3450). § 420. EXTINCIÓN. - El derecho de habitación está sujeto, por supuesto, a las causales de extinción establecidas respecto del usufructo y aplicables a aquél (conf. art. 2969). Además, el art. 3573 bis incorpora otra causal de extinción, específica del caso: el nuevo matrimonio del cónyuge habitador. Discrepamos con la solución, pues este nuevo matrimonio no tiene por qué hacer presumir la cesación de las necesidades del habitador, sobre todo cuando el supérstite es el viudo y no la viuda. Además, indirectamente, favorece la unión concubinaria como un modo de eludir la prohibición legal. § 4 2 1 . OPONIBILIDAD A TERCEROS. - Es importante destacar algunos aspectos relativos a la oponibilidad frente a terceros del derecho real de habitación acordado por el art. 3573 bis del Cód. Civil. Como se desprende de los mismos fundamentos del proyecto (ver § 416), es claro que se trata de una norma que regula las relaciones que genera la comunidad hereditaria, respecto del cónyuge supérstite beneficiario de una carga legal que pesa sobre herederos y legatarios. Pero el inmueble, como tal, no deja de integrar la universalidad "sin consideración a su contenido particular" (conf. art. 3281), sin perjuicio de que entre coherederos o legatarios el 22. Zannoni, Manual.

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cónyuge supérstite pueda oponer el derecho real de habitación como circunstancia impeditiva de la partición en especie o la venta (conf. art. 3475 bis), que importe privarle de habitar el inmueble. En tanto, para los acreedores hereditarios esta opción es inoponible en la medida en que, para ellos, antes de la partición, la herencia como universalidad es la garantía de sol» vencía de sus créditos y que para proceder a dicha partición deben separarse bienes suficientes para el pago de las deudas (art. 3474). En tanto, para los acreedores de los herederos la opción efectuada por el cónyuge supérstite que importa la desmembración del dominio, confiriendo a éste el derecho de habitación y a aquéllos sólo la nuda propiedad, es plenamente oponible: la partición sólo comprenderá esa nuda propiedad para los herederos y, por ende, los acreedores no pueden embargar el derecho de habitación que se ha desmembrado. Es importante advertir también que, a nuestro juicio, la ¡«Ícripción registral del derecho de habitación que hace a su oponibilidad a terceros (conf. art. 2505, Cód. Civil, y art. 2o, inc. a, ley 17.801) interesará primordialmente luego de la partición. Mientras subsiste la comunidad hereditaria, para los acreedores de la sucesión es inoponible, como hemos dicho; para los acreedores de los herederos, como éstos sólo podrán ejecutar sus créditos sobre los bienes o valores que se adjudiquen a su deudor, la desmembración del dominio que confiere al cónyuge supérstite el derecho de habitación, les será oponible al constituirse antes de la partición o aprobarse ésta judicialmente. En lo sucesivo, la inscripción registral será necesaria para que la desmembración del dominio sea oponible a terceros de conformidad con lo dispuesto por el citado art. 2505 del Cód. Civil. § 422. CASO EN QUE EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE ES TITULAR DE UN INMUEBLE PROPIO. - En tal supuesto, no previsto por la norma

en estudio, resultaría antifuncional acordar el derecho de habitación por la sola circunstancia de que ese bien, literalmente, no integra el acervo hereditario. Por ello las IV Jornadas Sanrafaelinas recomendaron no acordar el derecho cuando el cónyuge

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supérstite posee, a título propio, otros bienes que le permitan satisfacer su necesidad de habitación. B)

B I E N E S EXCLUIDOS DE LA PARTICIÓN

§ 423. CARGAS Y DERECHOS NO SUSCEPTIBLES DE DIVISIÓN COMO RELACIONES JURÍDICAS. - En principio todos los bienes que

componen el caudal relicto, y que forman la comunidad hereditaria, son susceptibles de partición. Sin embargo, a pesar de la amplitud del precepto, debemos advertir sobre ciertos casos de indivisibilidad -más allá de los casos de previsión de indivisiones temporales- por la naturaleza de la cosa o del derecho. Así, pues, Vélez Sársfield nos advierte en la nota al art. 3452 que el principio de la división forzosa no tiene aplicación respecto de las cosas indivisibles, como las servidumbres prediales. He aquí un caso: el art. 3007, precisamente, establece que "las servidumbres reales son indivisibles como cargas y como derechos, y no pueden adquirirse o perderse por partes alícuotas ideales, y los propietarios de las diferentes partes pueden ejercerlas, pero sin agravar la condición de la heredad sirviente". Se trata, en realidad, de asignar a la servidumbre real "como carga y como derecho" el carácter impropio de cosa, cuando lo correcto sería advertir que, en cuanto tal, es insusceptible de integrar la comunidad de bienes. "No es condominio -dice el art. 2674- la comunión de bienes que no sean cosas". La indivisibilidad, como recuerda Lafaille, se basa en la naturaleza misma de la relación jurídica, inadecuada para ejecutarse por partes, siendo clásico el ejemplo de la servidumbre de paso. Hechas estas precisiones, conviene destacar que no porque la cosa sea indivisible está excluida de la partición como, repetimos, señala impropiamente el codificador. Las cosas indivisibles también son atribuibles porque por partición no debe entenderse sino la cesación de la comunidad hereditaria, mediante la adjudicación a título singular de los bienes a los coherederos. Que no sean susceptibles de división material no empece a que

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puedan atribuirse en condominio singular, o que la adjudicación se resuelva en la venta del bien y la distribución proporcional de su producido entre los comuneros (conf. art. 3475 bis). En el ejemplo propuesto de la indivisibilidad de las servidumbres reales, ésta se refiere al ejercicio del derecho, en la medida en que no son susceptibles de goce parcial, o por partes alícuotas. Es claro: se trata de una relación, no de un bien, que pesa o se disfruta en cabeza de todos los sujetos de modo indivisible. § 424.

LAS LLAMADAS COSAS COMUNES A LA HERENCIA.

-

Sin

embargo, en ciertos casos priva la indivisibilidad o la exclusión de algunos bienes de la partición en cuanto para los herederos asumen no tanto un valor económico -aun cuando objetivamente lo tuviesen- sino afectivo o espiritual. Son los llamados títulos o cosas comunes a toda la herencia como los diplomas, premios o medallas, correspondencia, manuscritos, etc., del causante, o retratos de familia, a que hace mención el codificador en la nota al art. 3473. Esos "títulos o cosas comunes a toda la herencia, deben quedar -dice el artículo citado- depositadas en poder del heredero o herederos que los interesados elijan". Representan, en efecto, una unidad basada en criterios que escapan, estrictamente, a lo patrimonial teniéndose en cuenta su valor afectivo. Por eso, tampoco se adjudican, sino que se depositan para su conservación. Si los herederos no conviniesen entre ellos quién o quiénes conservarán en su poder tales objetos "el juez designará al heredero o herederos que deban guardarlos" (art. 3473 in fine). § 425. SEPULCROS. -Atención especial merece el caso de los sepulcros. El vacío de nuestra legislación de fondo sobre la materia ha provocado arduas polémicas en torno de su naturaleza. A partir de la secularización de los cementerios, éstos han quedado como bienes del dominio de los municipios. El cementerio, como tal, constituye entonces un servicio público que puede definirse como la prestación obligatoria de sepultura, gratuita o remunerada, temporal o perpetua, sometida a la po-

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licía municipal, reglamentariamente establecida. Entonces, es del caso preguntarse si el terreno destinado a cementerios corresponde al dominio público o privado de las municipalidades. El art. 2344 se limita a establecer que "son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades. Son enajenables en el modo y forma que las leyes especiales lo prescriban". Las normas municipales no ofrecen criterios que permitan afirmar el dominio público o privado de los cementerios. En general, se alude a ellos sólo como fuente de recursos. En la Capital Federal, no fue sino con la ordenanza 17.225 de 1960 cuando se definió a los cementerios de la Municipalidad de Buenos Aires como bienes del dominio público municipal, agregándose que "los particulares no tienen sobre las sepulturas otros derechos que los que derivan del acto administrativo municipal que los otorgó, sin que, en ningún caso, tales actos administrativos importen enajenaciones" (art. Io), principio que recoge, luego, la ordenanza 27.590 de 1973 derogatoria de la anterior. Pero hasta que tal ordenanza se dictara, la jurisprudencia había elaborado largamente el problema de la naturaleza jurídica de los sepulcros, bóvedas o panteones concedidos a perpetuidad o temporalmente a particulares. Reconocido que los sepulcros constituyen un valor económico y forman parte del patrimonio de su titular, la jurisprudencia ha concluido que cuando se conceden a perpetuidad son bienes que no se encuentran fuera del comercio, siendo enajenables aun cuando estén sujetos a restricciones impuestas por el destino particular que los caracteriza. Lo cual no empece a su transmisión hereditaria, tanto a herederos como a legatarios. Sin embargo, cuando la transmisión hereditaria crea la cotitularidad del bien en dos o más sucesores del causante, por su naturaleza, el sepulcro, bóveda o panteón no pueden dividirse materialmente. En este sentido, la jurisprudencia es uniforme: "El condominio sobre sepulcros está sometido a indivisión forzosa, a menos de mediar razones graves o especiales -como, p.ej., encontrarse desocupado- o estar de acuerdo todos los interesados".

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§ 426. PARTICIÓN PROVISIONAL: CASOS. - El art. 3464 establece que "la partición se reputará meramente provisional, cuando los herederos sólo hubiesen hecho una división de goce o uso de las cosas hereditarias, dejando subsistir la indivisón en cuanto a la propiedad. Tal partición -añade el artículo-, bajo cualesquiera cláusulas que se haga, no obstará a la demanda de la partición definitiva que solicite alguno de los herederos". Podemos, así, caracterizar esta partición como partición de frutos o productos, o del uso particular de los bienes. Un caso especial lo tenemos en la previsión del art. 52 de la ley 14.394, al cual hacíamos referencia antes, que, luego de admitir la communio prorrógala entre los herederos por un plazo máximo -aun cuando prorrogable- de diez años, deja a salvo el derecho de partir entre ellos el uso y goce de los bienes. Si bien, por efecto de esta partición cada coheredero se conduce como si fuese propietario exclusivo, percibiendo para sí los frutos e intereses, la indivisión, concluida en cuanto al disfrute, subsiste en cuanto a la propiedad; incluso, podría caracterizarse a cada coheredero como mero poseedor precarista, cuya atribución de uso y goce puede modificarse totalmente cuando sobrevenga la partición definitiva en cuanto a la propiedad de los bienes. Por eso, la doctrina reputa que, en sustancia, la partición provisional constituye un acto de administración. Distinto es el caso de la llamada partición provisional respecto del heredero condicional, a que se refiere el art. 3458: "Los herederos bajo condición -reza la norma-, no pueden pedir la partición de la herencia hasta que la condición se cumpla; pero pueden pedirla los otros coherederos, asegurando el derecho del heredero condicional. Hasta no saber si ha faltado o no la condición, la partición se entenderá provisional". Estamos en presencia, en realidad, de una partición condicional, sujeta a las normas generales que admiten la institución bajo condición suspensiva. El derecho condicional, dice el artículo, deberá ser asegurado por los demás coherederos, con lo que se

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admitirán las medidas de seguridad que el art. 546 prevé respecto del acreedor cuya prestación está sujeta a condición suspensiva. C)

TITULARES DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN

§ 427. PRINCIPIO GENERAL. - La partición puede ser pedida -dice el art. 3452- por "los herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes". § 428. HEREDEROS. - No debe sorprender que los primeros legitimados para solicitar la partición sean los herederos, pues "la comunidad hereditaria deja a cada uno con toda su independencia de acción, el derecho de no procurar sino sus intereses particulares" (nota al art. 3451). Dentro de las ideas que presiden la communio incidens se trata de un estado puramente pasivo que debe resolverse en la materialización concreta que resulta de la adjudicación. La partición satisface esa expectativa individual, y, por eso, el art. 3452 la prevé "en cualquier tiempo". § 429. ACREEDORES DE LOS HEREDEROS. - También puede ser pedida la partición por los acreedores de los herederos. Éstos, para poder perseguir los bienes de su deudor, ejecutando la obligación, requieren de la previa partición, puesto que sólo entonces quedan individualizados o determinados los que, definitivamente, corresponden al obligado en pleno dominio. Durante la indivisión no les es dado, como a los acreedores del causante, oponer su título a la comunidad exigiendo que se separen bienes suficientes para el pago de la deuda (art. 3474), ni tampoco oponerse a la entrega de los bienes hasta quedar satisfecho su crédito (art. 3475). Es decir: mientras los acreedores de la herencia ejecutan su acreencia directamente sobre bienes de la comunidad indivisa puesto que toda ella es garantía de solvencia del crédito -sin perjuicio de la divisibilidad entre los herederos: art. 3488 y concs.-, y hasta pueden hacer efectiva su preferencia, sobre los acreedores personales de los herederos,

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para cobrar sobre tales bienes mediante la separación de patrimonios (art. 3433 y ss.), el acreedor del heredero necesita determinar qué bienes se adjudicarán a su deudor. No le sería dado embargar parte del activo indiviso que pertenece en común a dos o más coherederos. Por eso se ha caracterizado la acción de partición demandada por los acreedores del heredero, como un típico caso de subrogación, a los términos del art. 1196, por cuanto ejercen un derecho de su deudor de contenido patrimonial. Para su procer dencia -se ha sintetizado en un fallo- es menester que el acreedor actúe en nombre de su deudor y no en el propio, que tenga interés en actuar, que el deudor sea negligente en el ejercicio d§ su derecho y que el crédito invocado sea cierto, exigible y líquido. Debe aclararse, sin embargo, que se trata de un caso típico de sustitución procesal por la cual el acreedor comparece a juir ció "en nombre propio por un derecho ajeno", ante la negligencia del heredero en provocar la partición. La jurisprudencia más reciente no ha juzgado menester que el acreedor obtenga, como recaudo previo al ejercicio de la acción oblicua, la subrogación judicial. § 430. HEREDEROS DEL HEREDERO FALLECIDO. - Entre los legitimados para pedir la partición debemos incluir, además, a los herederos del heredero fallecido durante la indivisión. En tal caso, "bastará que uno de éstos pida la partición: pero si todos ellos lo hicieren, o quisieren intervenir en la división de la herencia, deberán obrar bajo una sola representación" (art. 3459). § 431. LEGATARIO DE CUOTA. - Sin duda el legatario de cuota se encuentra entre quienes el art. 3452 ha legitimado para provocar la partición, ya que, por la naturaleza de su adquisición, su expectativa depende de una alícuota del patrimonio de la herencia. Los legatarios particulares, en cambio, no se encuentran en esta situación porque el objeto de la liberalidad les pertenece a título singular desde la apertura de la sucesión tra-

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tándose de cosas determinadas (art. 3766), pudiendo, incluso, reivindicarlo de terceros detentadores (art. 3775). Su interés, pues, se agota en la demanda por entrega de la cosa legada (art. 3767), independientemente de la indivisión hereditaria. § 432. BENEFICIARIOS DE CARGOS. ALBACEAS. - En cambio, los beneficiarios de cargos o mandas impuestas por el testador al heredero y que dependen de la división de la herencia, tienen, como es lógico, interés en demandar la partición. Se hallan, pues, entre los que, según el art. 3452, tienen derecho declarado por la ley en la sucesión. Del mismo modo, el albacea designado en el testamento, está legitimado a tenor de lo dispuesto en el art. 3851 y concordantes. § 433. CESIONARIOS. - Los cesionarios también pueden instar la partición, dado que son titulares de una cuota parte de la universalidad. § 434.

IMPRESCRIPTIBILIDAD

DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.

-

Establece el art. 3460 que "la acción de partición de herencia es imprescriptible, mientras que de hecho continúe la indivisión; pero es susceptible de prescripción, cuando la indivisión ha cesado de hecho, porque alguno de los herederos, obrando como único propietario, ha comenzado a poseerla de una manera exclusiva. En tal caso la prescripción tiene lugar a los veinte años de comenzada la posesión". Mientras subsiste el estado de indivisión no opera plazo alguno prescriptivo para pedir la partición. Es esto consecuencia del principio de la indivisibilidad de la posesión (art. 3449, ver § 329) y la indivisibilidad de los derechos que competen a los herederos (art. 3416). La parte 2 a del art. 3460 no alude, en rigor, a la prescriptibilidad de la acción de partición, sino a la prescripción adquisitiva del heredero que intervirtió su título y poseyó el bien como propietario exclusivo, en los términos del art. 4015. No siendo así, queda descartada la posesión pro suo, como afirmaba Duranton, y exclusiva, ya que no se trata sino

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del goce o disfrute de una parte separada de los bienes que puede interpretarse como el efecto de un consentimiento expreso o t&» *> cito de los coherederos. , >. Como lógico corolario de lo anterior, si alguno de los coheí. ¡ rederos hubiese usucapido pro suo, a título de propietario, un inmueble de la sucesión (art. 4015), la obligación de partir sub- 1 siste respecto de los demás bienes comprendidos en la indivií 1 sión. Tal es el sentido de la norma contenida en el art. 346í¡ ] Y hay que tener presente que el bien adquirido por prescripción ] adquisitiva por parte del coheredero que lo poseyó a título de | dueño deja de integrar, por eso, la comunidad hereditaria por lo -j que no se le computará en la hijuela del adquirente. Recordé- \ mos que la prescripción es un modo originario de adquirir la propiedad: no se la reputará derivada de la del causante; el modo es independiente del carácter de sucesor universal. \ D ) MODOS DE OPERARSE LA PARTICIÓN

§ 435. PRINCIPIO DE PARTICIÓN EN ESPECIE. - La conclusión de la indivisión hereditaria atribuye, hemos dicho, a título singular, los bienes o titularidades del causante en una cuantía y extensión que están determinadas por el monto de la alícuota o cuota particionaria que resulta del llamamiento hereditario. Esta atribución singular de bienes o derechos -exceptuados los créditos divisibles, que no son susceptibles de partición por cuanto se atribuyen divididos de pleno derecho; art. 3485- puede hacerse de dos modos fundamentales: en especie, es decir, adjudicando los bienes, o en valor, o sea, reduciendo los bienes a dinero mediante la venta de ellos. El primer medio es el que resulta del contexto propio de la estructura del acto particional, si bien Vélez Sársfield no previo expresamente el problema. La ley 17.711, supliendo el silencio del Código, introdujo el art. 3475 bis que establece en su párr. Io: "Existiendo posibilidad de dividir y adjudicar los bienes en especie, no se podrá exigir por los coherederos la venía de ellos".

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El texto viene a convalidar con carácter normativo la jurisprudencia prácticamente unánime anterior a la reforma, que estructuró ciertos principios básicos que pueden sintetizarse así: a) Como regla general, todo heredero tiene derecho a exigir que su porción hereditaria le sea adjudicada en especie, aun contra la voluntad de la mayoría de los coherederos. b) La partición, de ser posible, debe ser hecha en especie, salvo que por la naturaleza de los bienes, su cuantía, su calidad, etc., de su división resultare perjuicio para ellos o para los propios coherederos. c) Pero, si existe imposibilidad de división material de los bienes, debiendo adjudicárselos en condominio, cualquiera de los coherederos podría oponerse habida cuenta de que, por aplicación de las normas del condominio, ninguno de los condóminos está obligado a permanecer en indivisión, salvo que la cosa común se encontrase sometida a indivisión forzosa (art. 2692). Por aplicación de estos principios se resolvió que si en la sucesión existe un negocio cuya división en especie es imposible, corresponde su venta si cualquiera de los interesados lo solicita; o si el inmueble no es susceptible de división material sin pérdida de su valor y para igualar la parte de cada condómino, es necesario compensar su hijuela con crédito de uno en favor del otro; o tratándose de acciones de diverso valor patrimonial, no susceptible de descomposición en partes, etcétera. § 436. PARTICIÓN EN ESPECIE ANTIECONÓMICA. - Pero el art. 3475 bis, párr. 2°, añade, además que "la división de bienes no podrá hacerse cuando convierta en antieconómico el aprovechamiento de las partes, según lo dispuesto en el art. 2326". Este último artículo, al calificar las cosas divisibles, establece que son tales las que "sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma". Y la ley 17.711 agregó: "No podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y

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aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar, 1 en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad eco-\ % nómica". • •-» . j Ello corresponde, en materia de inmuebles, a las autorida- j des locales respecto de los bienes situados en sus respectivos J territorios, debiendo entenderse que, tratándose de poderes no 1 delegados a la Nación (conf. arts. 121 y 125, Const. nacional), .; las provincias conservan la atribución de dictar las reglamenta- > ciones que, respetando la garantía constitucional de la propiedad "¡ (art. 17, Const. nacional), se desenvuelven en el ámbito de sus • poderes propíos. Mientras tales reglamentaciones no se dicten, ; la directiva del art. 3475 bis, sólo cobra virtualidad como cuestión de hecho, sin perjuicio de las normas dictadas en ejercicio del poder de policía municipal en materia de inmuebles urbanos! Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que la interpretación de la norma no conduce a sostener que, en los casos allí previstos, la adjudicación impone un condominio forzoso o una indivisión forzosa. Sostenemos que al párr. 2° del art. 3475 bis, debió agregársele el término en especie (es decir: "la división de bienes no podrá hacerse en especie cuando convierta en antieconómico el aprovechamiento..."), para indicar que, en esos casos, al ser imposible partir o dividir el bien, no cabrá sino su reducción a valor en caso de que cualquiera de los adjudicatarios se opusiese a la adjudicación en condominio.

E)

F O R M A S DE LA PARTICIÓN

§ 437. CONCEPTO GENERAL. - En tanto que por modo de la partición debemos entender el contenido del acto particional, por forma de la partición aludimos al conjunto de solemnidades que deben observarse en su celebración o conclusión (conf. art. 973, Cód. Civil). Desde este punto de vista, la partición es un acto formal, aun cuando los herederos la convengan extrajudicialmente (conf. art. 3462). Pero las formas varían, insertando al acto partido-

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nal dentro del proceso sucesorio en los casos que prevé el art. 3465. Entonces la partición puede conceptuarse, a la vez, como acto jurídico sustancial y como acto procesal, en la medida que se alcanza a través de diversas etapas procesales que requieren actividad jurisdiccional. Ello, a su vez, significa la coordinación de varios actos autónomos (inventario, avalúo, designación de peritos, etc.), con vistas a la producción de un efecto conjunto o final como es la resolución que aprueba u homologa la cuenta particionaria. § 438. FORMAS PREVISTAS. -Atendiendo a ello, en principio se han distinguido genéricamente dos formas relevantes del acto particional: la partición realizada por los herederos extrajudicialmente, y la partición judicial, en los casos previstos en el art. 3465. No son, sin embargo, las dos únicas formas. El art. 3514 y ss. acoge la institución conocida como partición hecha por los ascendientes entre sus descendientes, recibida por nuestro derecho patrio a través de las Partidas que trasvasaron, a su vez, el derecho romano sobre la divisio parentum inter liberos justinianea y las Constituciones de Constantino y Teodosio. Esta partición puede ser hecha por donación o por testamento. Finalmente, también se caracteriza una denominada partición mixta, en cuanto participa de los caracteres de la partición extrajudicial, pero requiere la aprobación judicial. Es el caso del art. 3515, que autoriza a los ascendientes que nombren tutores a sus descendientes menores, para que hagan los inventarios, tasaciones y particiones de sus bienes extrajudicialmente presentándolas después a los jueces para su aprobación. § 439. PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL O PRIVADA. - Dispone el art. 3462, reformado por la ley 17.711, que "si todos los herederos están presentes y son capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes". La unanimidad a que se alude en la norma -superando así las discusiones suscitadas en la interpretación del texto derogado

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al conferir virtualidad a la decisión de la mayoría de los herederos, contados por personas- interesa tanto a la forma como al contenido del acto parúcional. Se requiere que los herederos, presentes y capaces, acuerden por unanimidad realizar la partición de la herencia extrajudicialmente, y, además, que también por unanimidad, acuerden el contenido del acto, o sea el modo de efectuarla. § 440. SOLEMNIDADES DE LA PARTICIÓN PRIVADA. TICIÓN MIXTA. - En cuanto a la forma no son libres los

LA

PAR-

herederos - a pesar de lo que establece el artículo- para disponer sobre ella. El art. 1184, inc. 2 o , modificado por la ley 17.711, exige que sea hecha en escritura pública, "salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de la sucesión". La salvedad, prevista por la reforma, tiene en cuenta las interpretaciones divergentes que había provocado el artículo anteriormente, en la medida en que exigía en las particiones extrajudiciales de herencias cuyo importe superase los mil pesos, o en las que hubiese inmuebles, la escritura pública bajo pena de nulidad. Recordamos un importante plenario de las Cámaras Civiles de la Capital en el cual se resolvió que, aun cuando el acto particional se hiciese por instrumento privado, la posterior presentación al juez de la sucesión para su homologación o aprobación cumple con la exigencia formal. Si no se hubiere dado a la aprobación judicial, "el instrumento privado en que se conviene la forma de dividir los bienes comunes, vale en tanto no se celebre la escritura pública, como una división de uso y goce". Con base en este criterio, el art. 1184, inc. 2o, admite ahora sin duda la partición concluida en instrumento privado, pero requiere que medie presentación al juez de la sucesión. Juzgamos que es aprovechable la jurisprudencia que entendía que "tanto en la división del condominio como en la partición de las sucesiones se admiten las divisiones privadas que, luego de presentarse al tribunal, son formalmente aprobadas por éste. Pero dicha aprobación es fundamental, pues la decisión judicial así motivada constituirá el título de propiedad del adjudicatario, no

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bastando la sola presentación sin el auto homologatorio posterior". Claro que, en este caso, la partición, en realidad, es, más bien, mixta, reconociendo un título judicial: el auto homologatorio. Además de la unanimidad, el art. 3462 exige que los herederos que convienen entre sí la partición, estén presentes y sean capaces. Ello no impide que el acto sea concluido mediante la representación por mandato, aun cuando se ha opinado que "el acto de apoderamiento debe ser especial si la partición implica celebrar uno cualquiera de los negocios jurídicos patrimoniales previstos en el art. 1881". Tampoco impide la ratificación de lo actuado por otros coherederos, obrando éstos como gestores: la ratificación tiene efecto retroactivo. § 441. CAPACIDAD PARA ACORDARLA. - La capacidad requerida plantea, luego de la ley 17.711, la situación de los menores emancipados. Según el art. 3456, a los menores emancipados debía nombrárseles un curador "sea para formar la demanda de partición, sea para responder a la que se entable contra ellos". Sin embargo, el nuevo status de capacidad emergente de los arts. 131, 134 y 135 del Cód. Civil, reformados en 1968, evidentemente supone la derogación tácita del art. 3456: los emancipados -por matrimonio o habilitación de edad- adquieren capacidad de administración de los bienes adquiridos a título gratuito antes o después de la emancipación. La naturaleza del acto particional no puede considerarse, en principio, de disposición, por cuanto tiende sólo a fijar el contenido particular de la adquisición hereditaria. Es cierto, como se ha apuntado, que la partición puede constituir una suerte de acto de enajenación, cuando, al determinarse la cuota de cada heredero, se puede hacer sufrir a éste los perjuicios de un genuino acto de disposición. Entendemos que, si de la partición surgiesen indicios de que se está disponiendo de bienes hereditarios o de cualquier modo se instrumenta un acto de disposición, se requerirá, respecto del emancipado, el asentimiento del cónyuge mayor de edad (conf. art. 135), o, en su defecto, autorización judicial (conf. art. 135 in fine).

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§ 442. PARTICIÓN ANTERIOR A LA DECLARATORIA DE HERE~ DEROS. - Los acuerdos sobre la partición pueden concluirse, en-

tre los herederos, incluso con anterioridad a la declaratoria de herederos o a la aprobación judicial del testamento, sin perjuicio de que su oponibilidad exija, por razones de publicidad registral, el reconocimiento posterior del carácter hereditario. Por eso se ha resuelto que "los convenios entre herederos, adjudicando bienes de la herencia, son plenamente eficaces aunque se formalicen con anterioridad a la declaratoria". Ello, por supuesto, no representa obstáculo alguno para que los terceros, como los acreedores de la herencia, ejerciendo el derecho que les confiere el art. 3475, formulasen oposición ante el juez del sucesorio, en cuyo caso corresponderá que la partición se realice judicialmente (art. 3465). § 443. VALOR DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA DECLARATORIA. - Es interesante destacar, a propósito de lo anterior,

que la inscripción de la declaratoria de herederos en los registros públicos, no pone fin a la comunidad hereditaria como alguna doctrina y algunos fallos lo han sostenido, a nuestro juicio equivocadamente. Quienes así piensan, parten de considerar que la naturaleza de la indivisión hereditaria es la misma del condominio, y que por tanto -se sostiene- la inscripción de la declaratoria que constituye el título de heredero y el reconocimiento de la transmisión hereditaria en los registros públicos, como el inmobiliario, pone fin a la comunidad, transformándola en un condominio entre los coherederos respecto de los bienes determinados a los que alude la inscripción. Pensamos que se parte de un error inicial: la comunidad hereditaria no es asimilable al condominio a título singular en los bienes particulares. La inscripción de la declaratoria, por sí, no puede tener por efecto atribuir, singularmente, derechos exclusivos o por una parte indivisa sobre los bienes registrables cuyo título obra en el registro de que se trate. Además, de aceptarse esta tesitura, resultaría que si en el acervo existen, a la vez, bienes registrables y no registrables, la declaratoria inscripta tendrá el efecto de poner fin par-

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cialmente a la comunidad respecto de los primeros; no así, en cambio, respecto de los segundos. Por ello, participamos del criterio sustentado en la jurisprudencia mayoritaria que entiende que la comunidad hereditaria permanece subsistente hasta tanto no se efectúe la partición. § 444.

CONTENIDO

DE LA PARTICIÓN. - En lo relativo al

contenido de la partición corresponderá considerar, en cada caso, si el acuerdo vulnera o no la esencia de la misma. Así, se ha considerado que la división no altera los principios que rigen la partición hereditaria por el hecho de que en ella se asignen a los bienes valores distintos de los que le han sido atribuidos en la tasación; tampoco se encontraría afectada por la desigualdad de los lotes, aun cuando alguno de ellos no alcanzara a cubrir la legítima del adjudicatario; o porque se adjudiquen a un heredero las sumas que le fueron adelantadas después del fallecimiento del causante, etcétera. Del mismo modo, la unanimidad de los herederos puede disponer la venta de algunos o de todos los bienes de la sucesión a efectos de distribuir su producido; hacer efectiva la colación que cualquiera de ellos debiese a los demás, imputándosele en su hijuela los valores donados en vida por el causante; determinar los valores con que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3474, deberán atenderse las deudas y cargas, etcétera. § 445. LA LLAMADA "SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL" EN EL CÓDIGO PROCESAL. - Reglamentando la norma del art. 3462, el Códi-

go Procesal Civil y Comercial de la Nación ha incorporado la preceptiva referida a lo que denomina sucesión extrajudicial que, evidentemente, constituye una aplicación de los principios que acabamos de estudiar. El art. 698 del citado Código establece que, aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos fuesen capaces y hubiere conformidad entre ellos, los ulteriores trámites del proceso sucesorio podrán continuar extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes. En tal supuesto, las ope23.

Zannoni. Manual.

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raciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación deben efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que corresponden. Se trata, fundamentalmente, de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a cuyo efecto se requerirá la tramitación administrativa de la liquidación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y demás impuestos aplicables. Cumplidos estos recaudos, el art. 698 autoriza a los letrados de los sucesores a solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos. Si durante la tramitación extrajudicial, se suscitan desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos, corresponde resolver, obviamente, al juez de la sucesión. § 446. CASOS EN QUE SE EXIGE PARTICIÓN JUDICIAL. - Establece el art. 3465 que las particiones deben ser judiciales: "I o ) Cuando haya menores, aunque estén emancipados, o incapaces, interesados, o ausentes cuya existencia sea incierta; 2°) cuando terceros, fundándose en un interés jurídico, se opongan a que se haga partición privada; 3o) cuando los herederos mayores y presentes no se acuerden en hacer la división privadamente". Es lamentable que en ocasión de la reforma no se haya adecuado esta norma a los dispositivos concordantes del Código Civil que han quedado modificados o sustituidos. Así, es impropio hablar de herederos "mayores" -terminología que guardaba concordancia con el art. 3462 original-, siendo que corresponde aludir a los herederos "capaces". Del mismo modo, resulta anacrónico que se conserve la previsión de la partición judicial cuando entre los herederos haya menores emancipados, pues, según vimos, y salvo que la partición implique actos de disposición (que requerirán el asentimiento del cónyuge mayor de edad, o, en su defecto, autorización judicial -conf. art. 135-), el emancipado tiene la libre administración de los bienes adquiridos a título gratuito. La exigencia de la partición judicial existiendo incapaces interesados, constituye directiva general: "Toda partición en que

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los menores estén interesados -dispone el art. 437, al legislar sobre la administración de la tutela-, sea de muebles o de inmuebles, como la división de la propiedad en que tengan una parte proindiviso, debe ser judicial". La norma, aplicable a la cúratela (art. 475), prohibe absolutamente al representante de los incapaces, aunque el juez indebidamente lo autorizase, "hacer o consentir particiones privadas en que sus pupilos sean interesados" (art. 450, inc. 7 o ). Y, tanto el tutor como el curador, asumiendo la representación del incapaz están obligados a "provocar... la división de la herencia en que [el menor o el incapaz] tuviese alguna parte" (art. 436). Claro que "si el tutor o curador lo es de varios incapaces que tienen intereses opuestos en la partición, se les debe dar a cada uno de ellos un tutor o curador que los represente en la partición" (art. 3455). Del mismo modo, si el propio tutor o curador tuviesen, en la partición -p.ej., en razón de haber sido instituidos legatarios-, intereses contrapuestos a sus representados, se tornará aplicable la directiva general del art. 61. Es decir, "dejarán éstos [los representantes] de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales". § 447.

SUPUESTO EN QUE EXISTAN HEREDEROS AUSENTES.

-

Si entre los titulares de la vocación existen ausentes, hay que distinguir el caso de ausentes con presunción de fallecimiento (art. 26, ley 14.394), y de simples ausentes (art. 19). En el primer caso, "la acción de partición corresponde a los parientes, a quienes se ha dado la posesión de los bienes del ausente" (art. 3457, parte I a ), de conformidad con lo que dispone el art. 28 de la ley 14.394. En el segundo caso, "no habiendo el ausente constituido un representante, el juez nombrará la persona que deba representarlo, si no fuese posible citarlo" (art. 3457, parte 2a). Pero la distinción es importante por cuanto, tratándose de ausentes con presunción de fallecimiento, los representantes legales ejercerán el derecho de opción (art. 3313) que correspondía a ellos. En cambio, respecto del simple ausente, sólo se podrá representarlo con facultades para aceptar la herencia si se

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hubiera instado la declaración judicial de ausencia (art. 15 y ss., ley 14.394), caso en el cual "las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores" (art. 20, ley 14.394). Si no es así, resultará aplicable el art. 3463 que al aludir a herederos ausentes -es decir, a los titulares de la vocación denunciados, pero que no han comparecido al proceso sucesorio-, se limita a exigir el nombramiento de un defensor que lo represente. § 448.

OPERACIONES

QUE COMPRENDE LA PARTICIÓN

JUDI-

- La partición judicial comprende tres operaciones sucesivas: el inventario de los bienes que integran el acervo hereditario; su avalúo, y, finalmente, la partición propiamente dicha, mediante la adjudicación. Las normas aplicables a este tipo de operaciones están contenidas, en lo fundamental, en el Código Civil y reglamentadas en el contexto del trámite sucesorio por los códigos de procedimientos. Las iremos analizando sucintamente. CIAL.

§ 449. INTERVENCIÓN DE PERITOS. - Tanto la tasación, como la partición, se hará -disponen los arts. 3466 y 3468- por peritos nombrados por las partes. Resulta, pues, que la intervención de peritos aparece como de carácter necesario en las hipótesis del art. 3465, o sea, cuando la partición requiere trámite judicial y, por ende, aprobación u homologación. Pero es importante destacar que no son idénticas las funciones del tasador a las del partidor. El primero se desempeña como un verdadero perito en el sentido procesal, o sea, como auxiliar del juez en la función técnica de valuación de bienes. El partidor -aun cuando pueda ser la misma persona- obra por delegación judicial, a tenor de las normas de fondo y procesales, proponiendo el contenido del acto particional que aprobará u homologará el juez. Pero también, cumple la función de inventariador, pues "debe formar la masa de los bienes hereditarios, reuniendo las cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los

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DIVISIÓN DE LA HERENCIA

mismos herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de éstos deba colacionar a la herencia" (art. 3469). En realidad, en los códigos de procedimientos esta función de inventariar se prevé simultáneamente con la de avaluar, pudiendo la partición efectuarse con posterioridad, una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo. Pero el art. 3469 nos obliga a precisar la composición de la masa hereditaria susceptible del inventario y avalúo. § 450. MASA. - En

FORMACIÓN

DE LA MASA.

DISTINTOS

CONCEPTOS DE

general tenemos que distinguir diversas acepciones o alcances del concepto de masa: así, cuando nos referimos a la masa hereditaria, comprendemos el conjunto de titularidades transmisibles del causante cuyo conjunto forma la herencia. Pero de esta masa hereditaria se excluyen en la partición los créditos divisibles del causante, puesto que ellos se transmiten divididos ministerio legis (art. 3485). Aun cuando estrictamente se excluyen de la partición, nada impide, por supuesto, que se adjudiquen por entero a uno de los herederos, entregándosele el título del crédito, como dispone y prevé el art. 3471. Ya estudiamos (ver § 359 y ss.) los alcances y la naturaleza de esta adjudicación. Finalmente, la masa hereditaria, deducidas las deudas y cargas (conf. art. 3795), es decir, reducida al activo líquido constituido por los bienes, e incrementada por los valores colacionables, que se imputan o computan como lo dispone el art. 3477, forma la masa de cálculo de la porción legítima (art. 3602). El art. 3469 constituye, pues, una directiva general para el inventariador y avaluador en la formación de la masa cualquiera fuese su alcance. En efecto, la formación de la masa hereditaria propiamente dicha, incluidos los créditos divisibles, servirá para determinar, en el acto de la partición, los valores o bienes adjudicables a cada heredero, según las normas de concurrencia (art. 3565 y siguientes.). Aunque los créditos estén excluidos por principio de la división, su inclusión en la masa hereditaria es incontestable, pues constituyen valores patrimoniales que for-

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man parte del activo. Otra cosa es que, por estar de pleno derecho divididos, no se los incluya en la masa partible, es decir, en las operaciones de partición. A su vez, en la función de determinar tanto la legítima como la porción disponible del causante, el art. 3469 exige que se compute lo que cada uno de los herederos debe colacionar a la sucesión. Debiera haber agregado también las donaciones efectuadas a terceros, sujetas a reducción, de acuerdo con la regla del art. 1830 y siguientes. Para la determinación del activo líquido, así como también" de la masa partible propiamente dicha, "deben separarse los bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión" (art. 3474). De modo que, de no existir dinero efectivo u otro tipo de solución con los acreedores hereditarios, habrá de formarse lo que se ha dado en llamar hijuela de bajas integrada por los bienes o valores que se estimen suficientes para atender a las deudas y cargas. Claro que, de todos modos, queda a los acreedores el derecho a exigir que no se entreguen a los herederos sus porciones hereditarias, ni a los legatarios sus legados, hasta no quedar ellos pagados de sus créditos (art. 3475). Una vez determinada la masa hereditaria -incluidos los legados-, efectuada la liquidación para la formación del activo líquido (ya fuese mediante el pago a los acreedores hereditarios con dinero de la sucesión, o la venta de bienes, o mediante la formación de la hijuela de bajas), y computados los valores donados en vida por el causante tanto a legitimarios (colación) como a terceros, se está en condiciones de calcular la legítima y, por ende, la porción disponible. Si una vez calculadas resultase que el causante ha efectuado legados cuyo valor (incluido, como dijimos, en la masa) excede la porción disponible, deberán pagarse, en el orden que establece el art. 3795, previa deducción de las cargas e imputación de las cargas comunes (como gastos causídicos, impuestos, edictos, honorarios, etc.) a la masa hereditaria y los gastos funerarios a la porción disponible. Huelga destacar que, si determinada la porción disponible, resultara que ésta ha quedado cubierta con donaciones hechas en vida a terceros, los legados se reputarán inoficiosos. Si las donaciones

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excedieran, a su vez, la porción disponible, se reducirán de acuerdo con las reglas generales. § 451. DESIGNACIÓN DE LOS PERITOS. - No contiene el Código Civil normas relativas a la designación de los peritos. Es ésta materia que regulan, específicamente, los códigos de procedimientos. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la designación de perito inventariador, y avaluador o tasador y partidor en audiencia que fija el juez de la sucesión una vez dictada la declaratoria de herederos o aprobado el testamento (art. 697). El inventariador debe ser escribano (art. 719); el partidor, en cambio, debe tener título de abogado (art. 727). En cuanto al perito avaluador, si bien el Código no es expreso, debe suponerse que puede ser el mismo escribano, por cuanto el art. 722 determina que "siempre que fuere posible las diligencias del inventario y avalúo se realizarán simultáneamente". Pero pueden nombrarse peritos tasadores -así, contadores, ingenieros, e t c . - según la naturaleza de los bienes a valuar. Tanto para la designación del inventariador, del avaluador y del partidor, "bastará la conformidad de la mayoría de los herederos presentes en el acto. En su defecto, el inventariador será nombrado por el juez" (art. 719, al cual remiten los arts. 722 y 727). Las normas recogen la jurisprudencia que entendía que no existiendo unanimidad entre los herederos en la propuesta del perito, el juez debía nombrar al que propusiese la mayoría de los interesados. En efecto: el art. 719 sólo autoriza al juez a designar de oficio los peritos en defecto de una propuesta mayoritaria, que debe entenderse computada por personas (al aludirse a los presentes). § 452. INVENTARIO Y AVALÚO. - El inventario constituye, en los términos del art. 3469, la reunión de las cosas existentes en el acervo hereditario y los créditos en favor de la sucesión. Implica una descripción de los bienes, y normas de buena práctica aconsejan proceder con la enumeración de los

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de mayor liquidez, como el dinero, títulos y créditos, para proseguir luego con Jos muebles, semovientes e inmuebles. Este inventario puede hacerse antes de la declaratoria de herederos o aprobación del testamento a petición de parte interesada. Se lo denomina inventario provisional (art. 717, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Una vez dictada la declaratoria o aprobado el testamento se hace el inventario definitivo -con citación por cédula a los herederos, legatarios, acreedores y el representante del fisco; art. 721- aunque, con la conformidad de las partes puede asignarse carácter de definitivo al inventario provisional (art. 718), o sustituirse por una denuncia de los bienes. El avalúo de los bienes inventariados debe hacerse tomándose en cuenta el valor a la fecha de la realización. Pero si hubiere conformidad de las partes "se podrá tomar para los inmuebles la valuación fiscal y para los títulos y acciones, la cotización del mercado de valores" (art. 723). Tratándose de los bienes muebles de la casa habitación del causante, la valuación por peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados (art. 723, párr. 2o). § 453. OBSERVACIONES AL INVENTARIO Y AL AVALÚO. -Realizados el inventario y avalúo de los bienes y agregados al expediente sucesorio, se los pondrá de manifiesto en secretaría del tribunal por cinco días, notificándose a las partes por cédula. Si en ese lapso no se formulasen observaciones, el juez los aprobará sin más trámites (art. 724). Pero, dentro del término señalado, los herederos o terceros interesados -acreedores hereditarios, legatarios, el fisco, e t c pueden observarlos. Si se planteare la cuestión sobre la inclusión de bienes en el inventario o se pretendiere la exclusión de alguno, el trámite se sustanciará por la vía incidental (art. 725, párr. Io). Si las reclamaciones versan sobre el avalúo, el juez de la sucesión deberá convocar a las partes y al perito a una audiencia para que se expidan. El juez resolverá luego de ella (art. 725, párr. 2o). Si quien impugnó el avalúo no comparecie-

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re a la audiencia, se lo tendrá por desistido de la oposición, con costas. Si el inasistente fuese el perito, perderá el derecho a cobrar honorarios, cualquiera que sea la resolución que se dicte al respecto (art. 725, párr. 3o). Finalmente, trátese de la observación al inventario o al avalúo, si las cuestiones planteadas requirieran, por su naturaleza, sustanciación más amplia, el juez podrá imprimirle en todo caso trámite de incidente o disponer esa sustanciación por las normas del proceso sumario (art. 725, párr. 4 o ). § 454. RETASA. - El art. 3466, parte 2a, establece que "el juez puede ordenar una retasa particular o general, cuando alguno de los herederos demuestre que la tasación no es conforme al valor que tienen los bienes". El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no contiene previsiones sobre esta retasa que puede comprender alguno o algunos bienes de la herencia, o todos ellos. El art. 725 se limita a disponer que, en caso de que las partes (herederos, legatarios, acreedores hereditarios y representantes de la Dirección General Impositiva -conf. arts. 721 y 722-) reclamasen sobre el avalúo, se convocará a una audiencia a los interesados y el perito para que se expidan sobre la cuestión promovida, resolviendo el juez lo que correspondiere. Si las observaciones requiriesen, por su naturaleza, sustanciación más amplia, la cuestión tramitará por juicio sumario o por incidente, siendo irrecurrible la decisión que dicte el juez. A pesar de la poca práctica del procedimiento de la retasa, nada impide que las partes puedan pedirla, ya que la norma procesal es amplia, y el juez que debe resolver "lo que correspondiere", puede hacer lugar a la solicitud. § 455. LICITACIÓN. - Es otro procedimiento al cual puede acudir el heredero que no está conforme con la avaluación, de uno o varios bienes hereditarios. El art. 3467 del Cód. Civil, derogado por la ley de reformas, disponía: "Cada uno de los herederos tiene el derecho de licitar algunos de los bienes hereditarios, ofreciendo tomarlos por mayor valor que el de la tasa-

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ción; y en tal caso se le adjudicarán por el valor que resultare en la licitación. De este derecho -concluía el artículo- no puede usarse, cuando los herederos, teniendo conocimiento de la tasación, nada le han opuesto y la partición se ha hecho por el valor regulado de los bienes". El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dictado con anterioridad a la ley 17.711, previo también la licitación en los términos del art. 3467, disponiendo para su realización la convocatoria a una audiencia a la que deben concurrir los herederos y el cónyuge. "En dicha audiencia -establecía la última parte del art. 752- se licitará entre los herederos que comparecieren y al mejor postor, el bien cuya adjudicación se hubiere solicitado, de conformidad con las normas sobre división de la herencia". La ley 22.434 derogó esa norma. Ahora bien, cabe preguntarse si los herederos pueden, después de la derogación del art. 3467 y del art. 752 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, valerse de este procedimiento para el caso de observar el avalúo de alguno o algunos bienes. Pareciera que tal derogación conlleva el espíritu de eliminar la licitación. Entendemos que con la supresión de la norma, se ha imposibilitado que uno o algunos herederos puedan, como lo autorizaba el artículo, exigirla. El vacío, no obstante, y por aplicación del art. 3462, no impide que la unanimidad de los herederos presentes y capaces, a quienes se autoriza a partir en la forma y por el acto que juzguen conveniente, resuelvan licitar algunos bienes de la comunidad. Y, claro está, dicha licitación no deberá ser necesariamente judicial. Puede hacerse extrajudicialmente, del mismo modo que el avalúo de los bienes. § 456. CUENTA PARTICIÓNARIA. - La cuenta particionaria constituye la operación por la cual, luego del inventario y avalúo, el perito partidor computa la masa contable a los fines de la partición de los bienes. Como ya hemos visto, esa masa, a los fines de la partición requiere, en su caso, la formación de la masa de cálculo de la porción legítima y en su caso, la hijuela de bajas generales (ver

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

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§ 450). De modo que la cuenta particionaria se elabora en diversas etapas, que, sintéticamente, son: a) Constancia de los prenotados o supuestos, en que el partidor realiza una relación breve de las actuaciones del expediente sucesorio en que consta la fecha de fallecimiento del causante, herederos declarados, cuota de participación de ellos, etcétera. b) El cuerpo general de bienes en que detallará, en partidas numeradas, los bienes que integran el acervo y su valor, cuya suma determinará el valor total del cuerpo de bienes. En su caso deberá agregar a ese valor los valores colacionables que imputará en la hijuela del heredero obligado a hacerlo. c) Las bajas generales constituidas por las deudas a cargo de la sucesión, los legados y las cargas comunes de la herencia, también detallados en partidas numeradas. El total de bajas generales, restado al valor del cuerpo general de bienes permitirá establecer el saldo partible. d) La adjudicación, finalmente, constituye la formación de las hijuelas o lotes de cada heredero, a partir del monto que le corresponde en su haber mediante la atribución en su hijuela de bienes suficientes para cubrirla. Si debe colacionar, se imputarán en ella los valores correspondientes y se atribuirán bienes por la diferencia. § 457. CIONARIA. -

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PARTI-

Presentada la cuenta particionaria al expediente de la sucesión, se pone de manifiesto por diez días en secretaría del tribunal notificándose a los interesados por cédula. Si no hubiere observaciones, previa vista al ministerio pupilar, si hay menores interesados, el juez aprobará la partición (art. 731, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Si se dedujesen oposiciones, el juez citará a audiencia a las partes, al ministerio pupilar si correspondiese, y al partidor para procurar un avenimiento. La audiencia se llevará a cabo cualquiera fuere el número de interesados que concurriere, pero si no asiste quien impugnó la cuenta particionaria, se lo tendrá por

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desistido de la impugnación, con costas. Si el perito no asistiere, perderá su derecho a percibir honorarios. Si los interesados no lograsen ponerse de acuerdo, el juez resolverá lo que corresponda dentro de los diez días (art. 732). F)

NATURALEZA Y EFECTOS DE LA PARTICIÓN

§ 458. CARÁCTER DE LA PARTICIÓN. - La partición asigna o fija los derechos que, con exclusividad, corresponden a cada coheredero por su participación en la comunidad hereditaria. De este modo, la asignación o fijación -accertamento de la doctrina italiana- elimina la incerteza del contenido de la adquisición respecto de los bienes singularmente considerados. El accertamento o declaración de certeza, determina, en concreto, la parte que corresponde a cada uno, eliminando por lo tanto el derecho abstracto que, sólo como cuota o alícuota de la universalidad, preside durante la situación de herencia indivisa. § 459. PRINCIPIO LEGAL. - El art. 3503 dispone que "se juzga que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la partición, y que no ha tenido nunca ningún derecho en los que han correspondido a sus coherederos; como también que el derecho a los bienes que le han correspondido por la partición, lo tiene exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus coherederos". Esto nos obliga a vincular coherentemente la relación que existe entre la partición y la situación de herencia indivisa. Porque, a no dudarlo, desde la apertura de la sucesión hasta la partición, cada heredero fue titular de una alícuota del todo y su situación jurídica de titularidad dependía de su calidad de comunero, de miembro de la comunidad hereditaria. El objeto de la adquisición fue, entonces, la cuota parte, que lo habilitó para participar de la administración de la indivisión (art. 3451), ejerciendo, como cualquier otro coheredero, el ¿MÍ prohibendi, que le permitió aprovechar la posesión gozada por otro comunero (art. 3449), que, en fin, legitimó la reivindicación por el todo de

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cualquier inmueble comprendido en la comunidad (art. 3450). Pero no actualizó un derecho exclusivo, materialmente determinado, sobre ningún bien a título singular, pues, precisamente, su adquisición lo era a título universal, "sin consideración a su contenido especial", como reza el art. 3281. § 460. CARÁCTER DECLARATIVO O TRASLATIVO Y ATRIBUTIVO DE LA PARTICIÓN. - Ello ha planteado la cuestión de saber si la

partición es meramente declarativa como parece surgir del transcripto art. 3503, o si, además, es traslativa o atributiva por cuanto ella misma constituye en cabeza de cada sucesor universal el título de adquisición singular de los bienes que se le adjudicaron. § 461. NUESTRA OPINIÓN. - L o que induce a confusión es que la partición, es cierto, origina o crea una situación jurídica diversa de la existente durante la comunidad, que sustituye el régimen jurídico de la indivisión por el de varias propiedades distintas y determinadas. Pero ello en nada invalida la naturaleza declarativa de la división de la herencia: su causa justificadora se halla en la eliminación de la incerteza, como función económico-jurídica. Lo que ocurre es que, sólo luego de la partición, cada heredero adquirirá derechos exclusivos sobre los bienes considerados singularmente. Sólo a partir de la adjudicación quedará desvinculado (relativamente) de la calidad de comunero. ¿Significa ello constituir un nuevo derecho? La respuesta negativa se impone, y ya lo hemos dicho: no hay en la adjudicación la creación de un derecho distinto del que se justifica en la cuantía del llamamiento hereditario; es sobre la base de ese derecho que la partición fija el contenido patrimonial de la adquisición hereditaria a título singular. Antes de la partición, el contenido patrimonial era idéntico (ya que está dado por la cuantía del llamamiento), aun cuando fuese diversa la situación jurídica por depender de la indivisión y por recaer a título universal, sobre una alícuota del patrimonio transformado en objeto de la comunidad hereditaria.

366 § 462. GARANTÍAS Y VICIOS REDHIBITORIOS.

MANUAL DE DERECHO DE LAS SUCESIONES

DEBIDAS ENTRE COHEREDEROS:

EVICCIÓN

- Los arts. 3505 y 3510, respectivamente, se refieren a la garantía de evicción y por vicios redhibitorios. Establece el primero: "Los coherederos son garantes, los unos hacia los otros, de toda evicción de los objetos que les han correspondido por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a la partición". El art. 3510 dispone a su vez: "Los herederos se deben garantía de los defectos ocultos de los objetos que les han correspondido, siempre que por ellos disminuyan éstos una cuarta parte del precio de la tasación". Tradicionalmente se ha sostenido que la consagración de estas garantías debidas entre coherederos, no se compadece con el efecto declarativo de la partición, según el cual -siguiendo la letra del art. 3 5 0 3 - "se juzga que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la partición". Sin embargo, como bien se ha afirmado las garantías a que aluden los artículos en estudio no resultan de la circunstancia de que haya una transferencia de dominio: se fundan exclusivamente en el principio de la igualdad que es de la esencia misma de toda partición. § 463. ÉPOCA EN LA QUE DEBE EXISTIR LA CA USA DE LA EVICCIÓN. - Se exige que la evicción o la turbación de derecho en el

goce pacífico reconozca una causa anterior a la partición. Es interesante apuntar que esta norma demuestra que el deber legal de recíproca garantía no podría nunca explicarse por el principio de la declaratividad de la división, ya que en caso contrario, la apertura de la sucesión marcaría el momento en que cada heredero ha sucedido solo e inmediatamente al causante: el período de indivisión resultaría teóricamente irrelevante. Otro tanto cabe acotar respecto de la garantía de solvencia de los créditos consagrada en el art. 3509. Comprendiendo todo crédito, incluso el que ministerio legis debe reputarse dividido de pleno de-

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recho desde la apertura de la sucesión, no parece lógico que los coherederos estén obligados a garantizarse, no sólo la existencia, en el día de la partición, de los créditos hereditarios que les han correspondido, sino también de la solvencia, a esa época, de los deudores de esos créditos. Incluso, hasta pareciera quedar cuestionada la división automática de esos créditos. Sin embargo, como "las deudas a favor de la sucesión, pueden adjudicarse a cada uno de los herederos, entregándoles los títulos de los créditos" (art. 3471), esos valores integran o pueden integrar el acto particional, como vimos, quedando involucrados en la obligación de garantía recíproca. § 464. EFECTOS DE LA GARANTÍA. - En términos generales, "la garantía de los coherederos es por el valor que tenía la cosa al tiempo de la evicción" (art. 3506, parte I a ). Creemos, a pesar de la literalidad de la norma, que se reedita aquí similar problema al que, antes de la reforma del art. 3477 se había suscitado en torno del cómputo de los valores colacionables. Hemos de estudiarlo en su lugar (ver § 476 y ss.), y concordantemente, creemos que deben aplicarse los principios que rigen toda obligación de valor. Agrega el artículo que "si a los coherederos no les conviniese satisfacer este valor, pueden exigir que se hagan de nuevo las particiones por el valor actual de los bienes, aunque algunos de ellos estuviesen ya enajenados". Los demás artículos regulan específicamente los efectos de la prestación de la garantía, sin perjuicio de remitir a las normas generales sobre evicción entre copartícipes (arts. 2140 a 2144). La obligación recíproca entre los coherederos por la evicción -dispone el art. 3508- es en proporción de su haber hereditario, comprendida, por supuesto, la parte del que ha sufrido la evicción. Es decir que, en esa parte, todos los copartícipes sufrirán, cada uno en la medida de su cuota, la mengua del valor. Pero si alguno de los herederos resultase insolvente, la pérdida será soportada entre el garantizado y los restantes coherederos. El art. 3511 no permite que los herederos convengan la exención de garantía recíproca respecto de la totalidad de los bienes heredi-

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tarios, pero deja a salvo la renuncia respecto de un caso determinado de evicción. Se aplicarán, en esto, las normas generales (art. 2099 y siguientes). § 465. PRESCRIPCIÓN. - L a acción de garantía prescribe por el término de diez años contados desde el día en que la evicción ha tenido lugar (art. 3513). Respecto de los vicios redhibitorios, al no existir otro término distinto, entendemos que rige el plazo de prescripción establecido por el art. 4041. G)

NULIDAD DE LA PARTICIÓN

§ 466. PARTICIÓN PRIVADA. - Cuando la partición tiene lugar privadamente, es decir, sin intervención alguna del juez de la sucesión en los casos que la ley así lo autoriza (que son los del art. 3462, ver § 439), la doctrina no discute que participa de los elementos comunes de todo acto o negocio jurídico. En consecuencia, le serán aplicables las normas y principios generales relativos a la invalidez e ineficacia de aquél. § 467. PARTICIÓN JUDICIAL O PRIVADA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE (MIXTA). - En cambio, cuando la partición es judicial

(art. 3465), o concluida por instrumento privado presentado al juez de la sucesión (art. 1184, inc. 2o), su naturaleza participa, a la vez, de un acto jurídico sustancial y de un acto procesal en la medida en que se alcanza a través de diversas etapas procesales que requieren actividad jurisdiccional. Ello a su vez significa la coordinación de varios actos autónomos (inventario, avalúo, designación de peritos, etc.), con vistas a la producción de un efecto conjunto o final como es la resolución que aprueba u homologa la cuenta particionaria. § 468. NULIDADES PROCESALES. - D e tal modo, el proceso partitivo, en sus distintas y sucesivas etapas, puede ser atacado de nulidad en relación al acto procesal viciado y en las condiciones que prevén los códigos de procedimientos (art. 169 y ss.,

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Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). No deducida la nulidad del acto procesal, éste queda consentido, y, salvo que en el término previsto por la ley el juez la declarase de oficio (conf. art. 172), la preclusión impedirá su ulterior impugnación. Además, la resolución judicial que aprueba la partición adquiere, una vez firme, carácter de cosa juzgada material, por lo que no será susceptible de impugnación procesal. § 469. NULIDAD SUSTANCIAL. - Sin embargo, y aunque hubiese adquirido la eficacia de la cosa juzgada como acto o negocio procesal, y por supuesto también cuando es realizada privadamente entre los herederos (art. 3462), la partición puede estar afectada por vicios que atañen a los presupuestos de validez sustancial. En general, la jurisprudencia acepta estas ideas, y, salvo algún fallo aislado, se considera que como la adjudicación es un acto jurídico comprendido dentro del concepto del art. 944 del Cód. Civil, es susceptible de ser anulado con arreglo a los principios generales que lo gobiernan. En consecuencia, no debe ignorarse que las hijuelas pueden haberse formado mediante una partición nula o anulable (arts. 1040, 1044 y 1045, Cód. Civil). El Código Civil no contiene normas específicas relativas a la nulidad de la partición (salvo la rescisión de la partición por ascendientes que no interesa aquí; ver § 529 y ss.), por lo que se debe acudir a la aplicación de las normas generales en punto a la ineficacia. Veamos, así, algunos supuestos: a) PARTICIÓN NULA POR DEFECTO DE FORMA. Sabemos los casos en que la partición debe ser judicial (art. 3465). Podría ocurrir que los herederos mayores y capaces realizasen partición privada de los bienes, no obstante haber mediado oposición judicial o extrajudicial de algún tercero interesado (v.gr., acreedores hereditarios, legatarios, el mismo albacea, etcétera). En tal caso, como la escritura pública que contiene el acto de partición (conf. art. 1184, inc. 2o, Cód. Civil), implica el título en virtud del cual, formalmente, los herederos oponen el dominio a tí24. Zannooi, Manual.

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tulo singular de los bienes adjudicados, deberá ser demandada su nulidad por no ajustarse a la forma prevista por la ley. Otro tanto ocurriría si la partición se realizara privadamente no obstante existir un heredero ausente que no está debidamente representado. b) PARTICIÓN NULA POR RAZÓN DE INCAPACIDAD. Cuando la partición interesa a incapaces debe ser judicial. Si fuese concluida privadamente, aun con la intervención del representante legal del incapaz, la partición será nula por no respetarse el proceso partitivo. Otro tanto acaecerá si el incapaz interviene directamente por sí. No ha de ser frecuente que ello ocurra, pero podría preverse el supuesto en que un interdicto, no obstante la sentencia de interdicción, actuase en el proceso sucesorio sin que conste su interdicción o que ella fuese ocultada maliciosamente por los restantes coherederos. La partición, en este caso, será nula tanto fuere concluida judicialmente o en forma privada. c) PARTICIÓN ANULABLE POR INCAPACIDAD ACCIDENTAL.

En

los

supuestos del art. 1045 del Cód. Civil, la partición podría ser anulada si cualquiera de los intervinientes en ella sufriese de incapacidad accidental, es decir, se encontrase por cualquier causa privado de razón al tiempo de consentirla. Del mismo modo si cualquiera de los intervinientes fuese, luego, declarado insano -es decir, interdicto-, la partición en que antes intervino podrá ser anulada si la causa de interdicción existía públicamente en esa época (art. 473). Como se ve, en estos casos se trata, simplemente, de aplicar las normas generales. En realidad la cuestión más interesante se plantea en torno de la anulabilidad de la partición por vicios de la voluntad, ello es, error, dolo o violencia, y, en su caso, lesión (art. 954, Cód. Civil). § 470.

ANULABILIDAD

POR VICIOS DE LA VOLUNTAD. - El

in-

terés que revisten los distintos casos de anulabilidad por vicios de la voluntad, reside en que se aplican, indistintamente, a la

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partición privada como a la judicial. En este último caso, y aunque la partición hubiese sido aprobada, es decir, homologada por el juez de la sucesión, la cosa juzgada que esa homologación implica no enerva la alegación ulterior de vicios de la voluntad que afectan la partición como acto jurídico. a) ERROR. Puede ser el caso más frecuente, y en nuestro Código Civil no existe norma que excluya su alegación, a diferencia del Code que previo, en cambio, la lesión en la partición (conf. art. 887). Por supuesto que, admitida la alegación del error esencial, éste podría recaer sobre cualquiera de los presupuestos del acto peticional: así, el error sobre la naturaleza del acto mismo (art. 924), sobre las personas que intervienen en él (art. 925), etcétera. Pero el más significativo ha de ser, sin duda, el error que recaiga sobre el contenido del acto particional, es decir, sobre su objeto (art. 927). Debe tratarse de error esencial, por supuesto, y lo será siempre que afecte la esencia misma de la partición. Tal, por ejemplo, si en el inventario y avalúo de los bienes, algunos hubiesen sido tasados de acuerdo con valores fiscales, y otros con valores reales, desconociéndolo el impugnante a quien se adjudican en su hijuela valores inferiores a los que le corresponden de acuerdo con las normas de igualdad en la partición. También se ha resuelto que corresponde anular la partición por error sobre la cualidad sustancial del objeto sobre la que recae, si se describió al bien adjudicado como llano y apto para el pastoreo y la agricultura, resultando, luego, que se trataba de tierra árida y montañosa, etcétera. b) ERROR DE DERECHO. Se discute en la doctrina en qué casos es alegable el error de derecho. La doctrina tradicional, al juego de'los arts. 20 y 923 del Cód. Civil, ha considerado que como consecuencia de que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, no es alegable, salvo los casos en que la ley expresamente lo prevé, este tipo de error. Sin embargo, la doctrina más moderna ha considerado que los arts. 784, 858 y 3428 del Cód. Civil, constituyen aplicaciones no taxativas de supuestos en que el error de derecho obsta

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a la formación de la voluntad en el acto jurídico. Siguiendo el pensamiento de Vélez Sársfield en la nota al art. 923, podrían admitirse todos aquellos supuestos en que el error de derecho sea esencial, y siempre que con su invocación no se pretenda eludir el cumplimiento de la ley. Haciendo aplicación de estas premisas, la jurisprudencia ha admitido la nulidad de la partición basada en error esencial de derecho. Así, por ejemplo, en un caso, se resolvió en ese sentido cuando por error se consideraron gananciales, bienes que eran propios del causante, resultando afectada la porción hereditaria de los hijos legítimos. c) DOLO. Obviamente, el dolo, como vicio del acto voluntario (art. 931 y ss., Cód. Civil), puede afectar el acto partitivo, fuere que provenga de un coheredero o de un tercero y que mediante él logre aprovecharse del error o engaño en perjuicio de otro coheredero. Deben darse las condiciones del art. 932. Además, y por el carácter indivisible de la partición, la anulabilidad fundada en el dolo de uno de los coherederos o de un tercero hará caer toda la partición, pues, como se ha señalado, resultaría contradictorio que un consentimiento nulo en sí pudiera ser válido respecto de uno de los copartícipes e ineficaz respecto de otro. d) VIOLENCIA. Respecto de la fuerza o intimidación (art. 936 y ss., Cód. Civil), se aplicarán, también, los principios generales. § 471. LESIÓN. - Hasta la sanción de la ley 17.711 hubo de discutirse en nuestro derecho la virtualidad que asumía la lesión subjetiva como causa de anulabilidad de los actos jurídicos. Dicha ley, al incorporar la anulabilidad de los actos jurídicos en caso de lesión (art. 954, Cód. Civil), plantea su aplicabilidad a la partición hereditaria. La doctrina, en general, ha entendido -con razón- que la anulabilidad por lesión comprende los actos bilaterales onerosos, caso en el cual la acción se dirige a proteger a cualquiera de las partes siempre que se haya encontrado en un estado de

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inferioridad -necesidad, inexperiencia, ligereza- aprovechado por la otra parte. La partición, si bien no es atributiva de derechos (ver § 461) entre los coherederos, es, sí, un acto jurídico plurilateral indivisible en el cual interviene la voluntad de cada uno de ellos en vistas al accertamento o fijación del contenido a título singular en bienes o derechos, cuyo presupuesto es la cuantía dada por la naturaleza del llamamiento. En estas condiciones si uno de los coherederos invocara la lesión, con fundamento en el aprovechamiento de su necesidad, inexperiencia o ligereza, por parte de otro u otros coherederos, sería viable la acción que prevé el art. 954, caso en el cual el accionante podrá demandar la nulidad de la partición o su reajuste equitativo. En el primer caso, es decir, si sólo se demandase la nulidad, los demandados podrán ofrecer el reajuste de la partición salvando, en ese caso, el interés del accionante. H)

COLACIÓN

1) PRINCIPIOS GENERALES

§ 472. CONCEPTO. - La colación, en nuestro derecho positivo, corresponde ser definida como la imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante a cualquiera de los herederos forzosos que concurren a la sucesión, respecto de la parte o porción que al beneficiario de la donación (donatario) corresponde en la herencia. En virtud de esta imputación se añaden en la masa hereditaria todos los valores donados por el causante a cualquiera de los legitimarios que tienen llamamiento a la herencia, los que, es obvio, se deben sumar al valor total constitutivo del caudal relicto. § 473. FUNDAMENTO. - La colación pretende mantener, dentro de lo posible, la igualdad entre los herederos legitimarios. De allí, la entidad del llamado anticipo de herencia: "Toda donación entre vivos -dispone el art. 3476- hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante, sólo importa

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una anticipación de su porción hereditaria". No se requiere, por supuesto, partir de una presunta voluntad del de cuius, según la cual las donaciones que efectuó en vida no tuvieron por fin mejorar al heredero, sino sólo anticiparle los valores de la futura sucesión. Más allá de toda situación presumida a priori -y por lo tanto ficticia- el fundamento de la colación debe hallarse en una directiva del derecho hereditario, verdadero estándar jurídico, virtualizada en la ley que pretende mantener la igualdad entre los legitimarios (sin perjuicio de que el testador pueda quebrarla mejorando a cualquiera de ellos en los límites de su porción disponible). Se trata, quizá, de una reminiscencia que apunta al fundamento mismo del derecho sucesorio basado en la copropiedad doméstica, de origen germano, frente al cual todos los herederos están en situación de igualdad. Dicha igualdad se obtendrá incorporando en primer lugar el valor colacionable al caudal relicto, acreciendo la masa hereditaria como si el bien existiese realmente en el patrimonio del causante en el momento de su muerte y, finalmente, adjudicando ese mismo valor al heredero afectado a quien se le da de menos, figurando en su hijuela como ya recibido. Colacionar es, por tanto, poner o agrupar ciertas donaciones al relictum a fin de formar la masa a dividir. § 474. FORMAS DE COLACIONAR. - Por definición suponemos que la colación se realiza computando los valores entregados en vida por el causante al heredero legitimario que concurre a la sucesión, adjudicándoselos como ya recibidos en carácter de anticipo de herencia. Dijimos que en virtud de esta imputación se reúnen en la masa hereditaria, aunque tan sólo sea en forma ficticia, todos los bienes donados por el causante a cualquiera de los herederos legitimarios, los que, así, se deben sumar al valor constitutivo del caudal relicto. Esta reunión en la masa hereditaria de los bienes, puede hacerse de dos formas sustancialmente diferentes: a) SISTEMA DE LA COLACIÓN REAL. Desde que "colacionar", etimológicamente deriva del verbo "conferir" (confero), que signi-

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fica poner o agrupar ciertas donaciones al relictum a fin de formar la masa a dividir, el llamado sistema de la colación real propicia el aporte de los bienes in natura, devolviéndose o aportándose a la masa. La colación se traduce en la obligación que pesa sobre el heredero de restituir, reponer, integrar, en la masa partible la liberalidad recibida en especie: el bien será puesto realmente de nuevo en la masa partible y sufrirá la suerte de la partición como si no hubiese salido del patrimonio del difunto. Es que, en tal caso, el donatario -obligado a colacionar- no adquirió irrevocablemente la propiedad de la cosa donada, sujeta siempre a su resolución por fallecimiento del donante. b) SISTEMA DE LA COLACIÓN DEL VALOR. En contraposición al anterior, éste parte de la base de que el bien donado, el crédito transferido, etc., se consideran definitivamente adquiridos por el beneficiario desde que el donatum se verificó. Se trata tan sólo de referirlo -en una reunión ficta con el caudal relicto- para computar su valor y acreditarlo a la hijuela del heredero. Así expuesto, sucintamente, se advierte que mientras el sistema de la colación real o en especie es el procedimiento que mejor respeta la igualdad en la partición -ya que todos los herederos gozarán de idénticas expectativas para obtener el bien sujeto a colación-, constituye en cambio un sistema económicamente perjudicial porque el beneficiario sabe que estará obligado a devolver el bien y, por ende, no goza de ningún derecho definitivamente adquirido sobre él. Y, considerándose que no ha salido del patrimonio del difunto, la colación en especie además de hacer soportar los riesgos a la sucesión -pérdida, deterioros, etc.-, es peligrosa para los terceros que hubiesen contratado sobre el bien con el favorecido o beneficiario de la donación. § 475. LA FORMA DE LA COLACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. - Nuestro Código Civil exige la reunión a la masa he-

reditaria de los valores dados en vida por el difunto (art. 3477 in fine). Adopta, pues, el sistema de la colación ficticia o ad

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valorem. "Designamos -dice Vélez Sársfield- los valores da* dos en vida por el difunto y no las cosas mismas como lo dispone el Código francés. La donación fue un contrato que transfirió la propiedad de las cosas al donatario, y éste ha podido disponer de ellas como dueño. Ese dominio no se revoca por la muerte del donante y los frutos de las cosas donadas deben pertenecer al donatario aun después de abierta la sucesión. Lo mismo decimos -agrega la nota- cuando se ha dado dinero: el donatario no debe intereses a la sucesión desde que ella se abra; porque ese dinero es suyo y sólo está obligado a tomarlo en cuenta de la herencia que le corresponda". § 476. VALOR COLACIÓNABLE. CRITERIOS. - E l art. 3477, tal como fue concebido por el codificador, nada decía sobre el momento al cual debía referirse el valor colacionable. La disyuntiva es clara: ¿debe hacerse según el valor que el bien donado tenía cuando la donación se efectuó, o, en cambio, debe referirse al tiempo de la apertura de la sucesión o al tiempo en que se realizan las operaciones particionalesl Son tres momentos distintos, en cada uno de los cuales los bienes pueden asumir valores económicos diversos. § 477. LA CUESTIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL. - Ninguna norma legal previo expresamente a qué momento debía referirse el cálculo del valor colacionable. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia acudieron a la directiva del art. 3602 relativo al modo de calcular el valor de la legítima. Dicha norma establecía que para calcular la legítima, "al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el que tenían las donaciones del mismo testador al tiempo en que las hizo". Y es claro, si para calcular la legítima se computaban las donaciones según su valor al tiempo en que se hicieron, parece evidente que idéntico criterio debía imperar cuando las donaciones a un heredero legitimario se computaban para establecer el valor a colacionar. La lógica interna de este principio parece evidente: el valor de la donación que se imputará en la hijuela del coheredero do-

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natario se calcula al momento de aquélla, pues desde esa fecha lo donado se ha incorporado definitivamente al patrimonio del heredero, soportando él los riesgos. En otras palabras: si la cosa o el bien donado se deteriora o pierde con posterioridad a la donación, o si, inversamente, aumenta de valor, ello perjudica o beneficia -según el caso- al dueño: res perit domino, las cosas acrecen o perecen para su dueño. Sin embargo, el problema habría de mostrar otra faceta. El aplicar la directiva del art. 3602 del Cód. Civil para determinar el valor colacionable habría de provocar soluciones de flagrante injusticia cuando la diferencia de valores de los bienes proviene de circunstancias extrínsecas y generales, como lo eran la depreciación monetaria y, otras veces, la alteración de los valores de mercado de los bienes. Frente a esta realidad, conspira contra la tutela de la igualdad de los herederos el hecho de que, mientras los bienes constitutivos del caudal relicto -quedados a la muerte del causante- se avalúan, como es obvio, a la época del fallecimiento, los valores colacionables se computan al momento en que la donación se efectuó. Si existe un lapso más o menos dilatado entre éste y el fallecimiento, acaecerá que coexisten dos criterios diversos de valor, que puede beneficiar o perjudicar al favorecido por la donación del causante, ya que a su respecto se imputarán en la hijuela valores inferiores o superiores a los reales, compitiendo con los que en la actualidad deben ser considerados en la masa partible. § 478. LA COLACIÓN COMO OBLIGACIÓN DE VALOR. - Ante tales circunstancias la doctrina, y también la jurisprudencia, recurrieron a la hoy ya clásica consideración de las obligaciones de valor, reputándose que la que pesa sobre el coheredero forzoso que fue beneficiado en vida por una donación del causante, lo es. Se argumentó en tal sentido que si bien el art. 3602 disponía que las donaciones, a los efectos del cálculo de la legítima, debían hacerse considerando el valor al tiempo de la donación, tal norma sólo excluía las variaciones intrínsecas del valor del bien donado (es decir, alteración en los elementos materiales de

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los bienes, como pueden ser mejoras introducidas o deterioros sufridos, o en su contorno o contexto que la valorizan o deprecian). Mientras en cuanto a ellas rige la máxima res perit domino, no ocurre lo mismo respecto de las variaciones extrínsecas del valor, provocadas por las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda, mediante la cual se cuantifica o cal* cula el valor de las cosas. Sobre esta base, entonces, se consideró que si bien ha de tomarse el valor intrínseco que tenían las cosas al tiempo de la donación, la liquidación de ese valor, en dinero, debe practicarse al momento de la partición y teniendo en cuenta las alteraciones del poder de cambio de la moneda operada desde la donación hasta que se practica esa liquidación. Se lograba así una solución razonable y equitativa en materia de colación, pues se conjugaban las dos directivas fundamentales: en primer lugar, que toda variación intrínseca del valor de lo donado beneficia o perjudica al donatario, ya que el bien se encuentra en su patrimonio en plena propiedad; en segundo lugar, las variaciones extrínsecas del valor son adecuadamente computadas al momento de la partición para evitar que coexistan criterios desiguales respecto de los bienes que integran el acervo o caudal y a los que salieron del patrimonio del causante por causa de sus donaciones. § 479. SISTEMA DE LA LEY 17.711. -Sirvan las anteriores consideraciones para aprehender el sentido de la reforma de la ley 17.711 al art. 3477. Este último tiene ahora dos párrafos dedicados al asunto. Los valores colacionables "deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no en poder del heredero. Tratándose de créditos o sumas de dinero, los jueces pueden determinar un equitativo reajuste según las circunstancias del caso". Concordantemente, el art. 3602, a los efectos de la determinación de la masa de cálculo de la legítima, respecto de las donaciones efectuadas en vida por el causante, remite al art. 3477. Los criterios se han unificado explícitamente.

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§ 480. CRÍTICAS QUE MERECE LA REFORMA. - No obstante inspirarse en los antecedentes expuestos, la reforma merece reparos. En primer término, si bien es lógico que para calcular el valor de la porción legítima de los herederos forzosos se tome en cuenta el valor de los bienes que integran el caudal relicto al momento de la muerte del causante, y, por ende, también se calcule a ese momento el valor de las donaciones, no lo es tanto cuando se trata de las donaciones cuyo valor debe ser colacionado entre coherederos. Nos explicamos: si se trata de donaciones a extraños, sujetas a eventual reducción, es lógico que la muerte del causante marque el momento en que, junto a los bienes del caudal relicto, se establezcan los valores. Llevar esa avaluación al momento de la partición de los bienes, que quizá puede sobrevenir años más tarde, sería someter a los extraños a la relación sucesoria -donatarios extraños, repetimos- a contingencias que no tienen por qué soportar. En cambio, la obligación de colacionar, como que integra la partición al imputarse el valor donado en la hijuela del coheredero forzoso donatario, forma parte de las relaciones internas de comunidad. Parecería lógico, entonces, que tanto los bienes constitutivos del caudal relicto como los valores colacionables, destinados a integrar una sola cuenta particionaria, se calculen, como corresponde, al tiempo de la partición. No ocurre así ahora: estrictamente las donaciones colacionables se valúan al tiempo de la apertura de la sucesión (art. 3477), en tanto que los bienes del caudal relicto se avaluarán al momento de la partición. Como se ve sin esfuerzos, a pesar de su loable propósito, la reforma no ha acertado a dar una directiva que permita la utilización de un único criterio de valor en el contexto de las operaciones particionales en que se da el cálculo del valor colacionable. Esto se salva, por supuesto en parte, recurriendo a la consideración de la obligación de valor -del mismo modo que se hizo con anterioridad a la reforma- y reputando que si bien el valor colacionable se calcula al tiempo de la apertura de la sucesión, es decir, al momento de la muerte del causante, este valor es actualizable al momento de la partición. No obstante,

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los desajustes pueden sobrevenir en razón de no aplicarse idénticos criterios para la liquidación de los valores. §481. DESPUÉS

EL CASO DE PÉRDIDA DE LA COSA DONADA ANTES O

DEL FALLECIMIENTO

DEL CAUSANTE.

- P u e d e OCUITÍr q u e

el bien donado al heredero forzoso se pierda o destruya totalmente antes del momento de la apertura de la sucesión, o que, existiendo en poder del heredero la cosa en ese momento, se pierda antes de la partición. El art. 3477 dispone que el valor de la cosa debe computarse sea que la cosa exista o no en poder del heredero. El art. 3477 pareciera, en su letra, establecer una regla absoluta: si los valores deben computarse en todos los casos, sea que la cosa exista o no en poder del heredero, éste deberá colacionar incluso en el caso de pérdida de ella por caso fortuito que hubiese acaecido igualmente encontrándose en poder del donante. Si se interpretara de este modo el precepto, la solución será injusta a la vista del fundamento de la obligación de colacionar. Nosotros creemos que lo equitativo es considerar que si la cosa pereció por caso fortuito, no deberá ser colacionado su valor (salvo que el heredero hubiese aprovechado de esa pérdida, como si hubiese cobrado una indemnización en razón de un seguro). De tal suerte, la disposición del art. 3477 se aplicará cuando la cosa donada no exista en el patrimonio del coheredero donatario, por haberla enajenado, o por haberla perdido por causas a él imputables, casos en los cuales la excepción al principio res perit domino carecería de aplicación. § 482.

MEJORAS

QUE DAN MAYOR VALOR A LA COSA. - Si

las

cosas acrecen para su dueño, parece elemental que el mayor valor que ellas adquieran por mejoras realizadas por el coheredero donatario con posterioridad a la donación, no deben aprovechar a la masa hereditaria. En esto también el derecho comparado muestra soluciones expresas que, lamentablemente, no han sido previstas en nuestra ley. Así, el art. 748 del Cód. Civil italiano de 1942 establece que deben deducirse en favor del dona-

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tario los valores empleados en mejoras, como también las expensas extraordinarias -gastos- que ha debido soportar para la conservación de la cosa ante circunstancias que no le son imputables. Por nuestra parte creemos que, a pesar del silencio de nuestra ley, si bien el cómputo del valor del bien donado, a los fines de la colación, se hace en el momento de la apertura de la sucesión, deberán deducirse las mejoras realizadas por el donatario, pues ellas han sido costeadas por su patrimonio: lo contrario sería un despojo en flagrante contradicción con la garantía constitucional de la propiedad. En cambio, se computarán los aumentos naturales que haya experimentado el bien (v.gr., aluvión o avulsión), pues igualmente habrían ocurrido de encontrarse él en poder del donante. § 483. DETERIOROS. - Como los valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, puede ocurrir que con posterioridad a la donación y antes del fallecimiento del donante, la cosa haya disminuido su valor en razón de deterioros -en sentido lato-, e, incluso por otras circunstancias. Así, por ejemplo, tratándose de una explotación agropecuaria, puede ocurrir que el inmueble se haya desvalorizado por falta de adecuados cultivos, sequías, explotaciones irracionales. En otro caso, por ejemplo, acciones de una sociedad anónima, puede ocurrir que su valor haya disminuido en razón del concurso o la quiebra de ella, etcétera. Aplicándose el mismo criterio que para el caso de pérdida de la cosa (ver § 481), en principio la disminución del valor de la cosa en el momento de la apertura de la sucesión perjudica al propietario de ella, salvo que se probare que tal disminución hubiese ocurrido del mismo modo encontrándose en poder del donante, es decir, en los supuestos de caso fortuito. Es la solución expresa del art. 748 del Cód. Civil italiano: "el donatario queda obligado por los deterioros que, por su culpa, han disminuido el valor del inmueble" (norma que también se aplica a los muebles, según el art. 749).

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2) OBLIGADOS A COLACIONAR

§ 484. PRINCIPIO GENERAL. - Nuestro Código extiende la obligación de colacionar respecto de todo legitimario: "Los as-* cendientes y descendientes, sean unos y otros legítimos o naturales, que hubiesen aceptado la herencia con beneficio de inventario o sin él, deben reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto'" (art. 3477, parte I a ). § 485. CRITERIOS TRADICIONALES. - Para comprender la extensión de la norma débese incursionar en las fuentes históricas del instituto. El derecho romano consideraba que la obligación se fundaba en la voluntad presunta del de cuius que deseaba que sus bienes se distribuyesen por igual entre quienes naturalmente estaban llamados a sucederlo. Siendo éstos los descendientes, les impuso la colación cuando en vida habían recibido de él una liberalidad o donatum, considerando que tal había sido efectuada como un anticipo de herencia. Los demás herederos -v.gr., agnados- no soportaban esa presunción y, de haberse beneficiado en vida del causante con una liberalidad suya, ésta no se computaba como anticipo de herencia. El derecho escrito, de inspiración romana, conservó en sus textos estos principios y así lo recibió la antigua legislación española. En cambio, el derecho consuetudinario mantuvo los principios consolidados en los pueblos germánicos a partir de la copropiedad familiar. La colación rebasaba, entonces, el orden de los descendientes - a l menos en numerosas costumbres- porque se exigía la igualdad perfecta entre todos los que concurrían a suceder en la herencia, llamados, originariamente, a redistribuirse los bienes coposeídos familiar o domésticamente. Se trata, como se ve, de apuntar al diverso fundamento de la obligación de colacionar. Pero, adoptada la igualdad perfecta, surgían dos corolarios significativos: a) El heredero renunciante también estaba obligado a colacionar lo recibido a título gratuito por el causante. Y ello, porque mal podía quebrarse la igualdad acudiendo al expediente

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de la renuncia y beneficiándose, como extraño, de valores que habrían de reputarse siempre como anticipo. b) El causante, en su testamento, no podía mejorar a ninguno de los herederos ni dispensarlo de colacionar, porque en todo esto no jugaba la voluntad del testador, sino, sustancialmente, el interés familiar de mantener la igualdad entre todos los herederos. § 486. CRITERIO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. ~ El Code adoptó una fórmula transaccional admitiendo el sistema consuetudinario de la colación respecto de todo heredero, aunque, paralelamente, permitió al causante mejorarlo "hasta la concurrencia de la parte de libre disposición" (art. 844) y dispuso, además, que el heredero que renuncie a la sucesión puede conservar la donación entre vivos o reclamar el legado hecho a él, siempre dentro de la porción disponible (art. 845). En cuanto a esto último, el art. 3355 de nuestro Código sigue fielmente al art. 845 del francés. Pero mientras éste - y a decíamos- extiende la obligación de colacionar a todo heredero, el art. 3476 limita idéntica obligación a los herederos forzosos, o sea, los legitimarios, en cuanto la ley les reserva una porción legítima en la herencia. Tales son, precisamente, los ascendientes y descendientes legítimos y naturales o extramatrimoniales. Quedan excluidos los parientes colaterales dentro del cuarto grado (art. 3585), quienes no tienen legítima, y sólo concurren ab intestato. § 487. EL CASO DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. - La omisión del cónyuge ha provocado vacilaciones y opiniones encontradas en la doctrina. Quizá dicha omisión se funde en que, durante el matrimonio, los esposos no pueden hacerse donaciones el uno al otro (art. 1807, inc. Io) y, en cuanto a las que pudieren comprender las convenciones prematrimoniales (art. 1217, inc. 3o), se afirma que al momento de estipularse, los contrayentes no son cónyuges y por ende falta el elemento esencial, el carácter de heredero forzoso en el momento en que se las ha efectuado. To-

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davía no se ha realizado el matrimonio; por lo tanto, los que han de ser cónyuges, en ese momento, son simples terceros en la relación jurídica. Aunque, quienes así sostienen, dejan a salvo la reducción, si procediese. No obstante, consideramos que si bien los esposos no pueden celebrar entre sí contrato de donación porque, de efectuarse, al estar prohibido por el art. 1807, inc. Io, sería nulo, las donaciones que eventualmente pudiesen hacerse mediante convención prematrimonial están condicionadas para su eficacia a la celebración del matrimonio (art. 1288) y, entonces, tales liberalidades quedan consolidadas precisamente cuando los cónyuges asumen, en ese carácter, la calidad de herederos legitimarios entre sí. Por ende, parece justo que el cónyuge supérstite, beneficiario de las donaciones propter nuptias colacione su valor en concurrencia con los demás herederos. El Anteproyecto de Bibiloni consagró la obligación de colacionar respecto del cónyuge cuando concurre con los hijos y descendientes (art. 3057), llamados a la sucesión ab intestato. En cambio, el Proyecto de 1936, en el art. 1951 amplía la obligación de colacionar cuando el cónyuge concurre con ascendientes. § 488. COLACIÓN POR EL REPRESENTANTE. - La obligación de colacionar rige, además, en la hipótesis en que un descendiente concurre a la sucesión representando a su padre o ascendiente premuerto o excluido que fue, a su vez, beneficiario de una donación del causante. El art. 3482 dispone que "cuando los nietos sucedan al abuelo en representación del padre, concurriendo con sus tíos y primos, deben traer a colación todo lo que debía traer el padre si viviera, aunque no lo hubiesen heredado". Con esa solución, se mantiene la igualdad de los herederos a quienes no perjudicará la premoriencia de su coheredero, representado en la sucesión por sus descendientes. Y si bien es cierto que éstos se ven abocados a imputar como recibido el valor colacíonable, no lo es menos que dicho valor lo habrán de computar, en definitiva, por derecho propio en la sucesión del representado a cuyo patrimonio se incorporó. La solución con-

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traria conduciría a que los representantes se beneficiasen doblemente: recibiendo el valor colacionable por el representado en su sucesión, sin descontarlo cuando asumen la representación para ocupar el grado de aquél en la sucesión del abuelo. En cambio, "los padres no están obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes, lo donado a un hijo por aquéllos" (art. 3481, parte I a ). Estas personas -se ha dicho- no han recibido la liberalidad ni tampoco representan al beneficiario: faltaría todo antecedente para exigirles la colación y ella no puede ser impuesta por el testador, sino que ha de resultar de las relaciones legales. Por eso, tampoco están obligados a colacionar el esposo o la esposa lo donado a su consorte por el suegro o la suegra; en todos los casos "aunque el donante disponga expresamente lo contrario" (art. 3481, parte 2 a ). § 489. MOMENTO EN QUE DEBE SER LEGITIMARIO EL BENEFICIARIO DE LA DONACIÓN. - El art. 3476, ya lo vimos, establece

que son colacíonables las donaciones hechas a todo heredero forzoso que concurre a la sucesión del donante. Cabe preguntarse si el carácter de tal, es decir, de legitimario, debe existir a la época de la donación o a la época de la apertura de la sucesión. Porque bien puede ocurrir que el causante hiciese una donación a quien, en ese momento, no es su sucesibíe legitimario, pero llega a serlo después. Los casos en que ello puede ocurrir son, en nuestro derecho, varios: a) el de las donaciones hechas a la persona con la que el donante, luego, contrae matrimonio. En este caso el donatario, con posterioridad a la donación queda emplazado como cónyuge del donante y, como sabemos, en legitimario (art. 3595); b) aquel en que el donante de bienes a un menor, lo adoptase luego -fuere por adopción simple o plena-, hipótesis en la que el adoptado queda equiparado al hijo biológico en la sucesión del adoptante, y, como tal, en legitimario (art. 323, Cód. Civil, ley 24.779), y c) aquellos en que el causante hizo donaciones a legitimarios sin vocación actual en el momento de la donación; por ejemplo, al nieto viviendo su padre que luego prefallece. 25. Zannoni, Manual.

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A primera vista, y por definición, parecería que lo que se colaciona es el anticipo de herencia, y para que haya tal es menester que el beneficiario sea heredero forzoso al tiempo en que se le hace la donación. El art. 3476 parece ser categórico: "Toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante, sólo importa una anticipación de su porción hereditaria". Quien no es heredero forzoso -diríamos, mejor, sucesible en carácter de legitimarioa la época en que se le hizo la donación, parecería que no puede estar recibiendo un anticipo de su legítima (porción hereditaria, dice el art. 3476), ya que no la tiene en ese momento. Sin embargo, nuestro Código Civil -bien lo destaca Vélez Sársfield en la nota al art. 3478- no siguió fielmente la tradición romanista de la colación según la cual ésta se funda en la voluntad presunta del causante. En la nota al art. 3478, citada, dice el codificador que "la colación no se ordena sino para establecer la igualdad entre los herederos". Y para preservar esa igualdad se impone considerar que colacionan quienes son herederos forzosos al tiempo de la apertura de la sucesión, aun cuando no lo hubiesen sido a la época de la donación. Así lo estableció el art. 846 del Cód. Civil francés y, aunque no exista norma expresa en nuestro derecho, la directiva ha de ser la misma. Sostenemos, en suma, que la colación entre legitimarios se funda en una concurrencia objetiva de intereses que, salvo mejora fundada en la voluntad expresa del causante en su testamento, exige como estándar mantener la igualdad de todos los legitimarios que actualizan su vocación en la sucesión del donante. Y por eso, quienes recibieron una donación de él, la colacionarán. Ese estándar sólo cede ante la potestad dispositiva del causante, que, en el testamento y en los límites de su porción disponible, dispensa al donatario de colacionar. § 490. LA COLACIÓN EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA. - Dispone el art. 3713: "Los herederos instituidos... no están obligados a colacionar las donaciones que, por actos entre vivos, les

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hubiere hecho el testador". Ante un texto expreso, como el citado, concordante con las ideas directrices expresadas por Vélez Sársfield (ver nota al art. 3478), la opinión que sostiene que el heredero instituido debe colacionar, debe ser desechada. Sin embargo, si por un testamento se instituyese a los propios legitimarios, no cabe duda de que estarían obligados a colacionar las liberalidades, siéndoles exigida la colación por los coherederos conforme a los principios generales y salvo mejora expresa dispuesta en el testamento. Pero, en la hipótesis, la obligación emerge de la calidad de legitimarios que revisten los instituidos de conformidad con lo establecido en el art. 3476. 3 ) A QUIÉNES ES DEBIDA LA COLACIÓN

§ 4 9 1 . PRINCIPIO GENERAL. - Debe considerarse, como se ha dicho, que todos los herederos que están obligados a colacionar, tienen derecho, a su vez, de demandarla. Se trata de derechos y obligaciones recíprocos. Por eso dice el art. 3478 que "la colación es debida por el coheredero a su coheredero". Esta norma supone: a) Que la colación no opera de pleno derecho. En razón del interés que tutela el instituto -la igualdad entre coherederos- la colación debe ser demandada por el coheredero en cuyo favor existe. Si no lo hace, nada obsta a validar una verdadera renuncia de su derecho, que no está prohibida, y que, dados los términos del art. 873 del Cód. Civil, puede ser tácita en la interpretación de los actos que induzcan a presumirla (art. 874). b) Que la colación reviste naturaleza de acción personal, verdadero derecho de crédito -dado el sistema de colación ad valorem; ver § 4 7 5 - existente en cabeza del coheredero. § 492. DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN. - La obligación de colacionar es, además, divisible. Siendo un crédito en valor, su prestación es susceptible de cumplimiento parcial (art. 667). Esto significa que, existiendo varios herederos, y demandando

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algunos la colación y otros no, el partidor practicará distintas operaciones, formando una masa con agregación de los valores colacionables para extraer de ella la hijuela o hijuelas del o de los herederos reclamantes, y otra masa sin esta agregación para sacar el monto que toca a los demás. La hijuela del heredero, parcialmente sometida a colacionar, se verá disminuida tan sólo en la parte en que reciba aumento la del que formuló el reclamo. § 493.

¿PUEDEN

DEMANDAR LA COLACIÓN LOS

ACREEDORES

- Luego de establecer que la obligación de colacionar es recíproca entre coherederos, el art. 3478 concluye diciendo que la colación "no es debida ni a los legatarios, ni a los acreedores de la sucesión". Y LEGATARIOS?

a) Respecto de los acreedores adviértase, en primer lugar, que la norma comprende a los acreedores de la sucesión, o sea, acreedores hereditarios. En cuanto a los acreedores del heredero, pueden demandar la colación en nombre de su deudor, legitimados en la acción subrogatoria por la cual les es permitido "ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona" (art. 1196). Así como esos mismos acreedores pueden demandar la revocación de la aceptación cuando proviene de una connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios respecto de una herencia gravosa para el heredero (art. 3340), o, en su caso, la revocación de la renuncia que se ha hecho en perjuicio de ellos (art. 3351), nada impide, creemos, que subrogándose en los derechos del heredero remiso y en cuyo favor deben colacionar los demás coherederos, los acreedores personales estén legitimados por vía de la acción oblicua para demandar la colación. Su interés, es obvio, residirá en el acrecimiento de la hijuela de su deudor que, por la colación del coheredero obligado, habrá de producirse necesariamente. En cuanto a los acreedores del difunto -acreedores hereditarios-, a pesar de la norma genérica que contiene el art. 3478 que estamos comentando, el 3483 los legitima para demandar la

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colación "cuando el heredero, a quien la colación es debida, ha aceptado la sucesión pura y simplemente". En este caso, al producirse la confusión de patrimonios, las deudas del causante -el pasivo hereditario- se comunican al pasivo del patrimonio del heredero. Los acreedores hereditarios son, al mismo tiempo, acreedores del o de los herederos. El interés desaparece cuando el heredero acepta con beneficio de inventario: para los acreedores del difunto los actos celebrados por el causante en vida, aunque debiese colacionarlos, les son oponibles y válidos, y, además, ese heredero "no está obligado con los bienes que el autor de la sucesión le hubiere dado en vida, aunque debiese colacionarlos entre sus coherederos, ni con los bienes que el difunto haya dado en vida a sus coherederos y que él tenga derecho a hacer colacionar" (art. 3372). Desaparecen así las expectativas patrimoniales en torno de los bienes que salieron del patrimonio del difunto antes de su muerte. b) El caso de los legatarios es, en principio, distinto a pesar de lo que dispone el art. 3483. Téngase presente que, en primer lugar, habiendo el causante instituido legatario - y existiendo herederos legitimarios, que es nuestro caso-, resultará ineludible determinar si el legado es oficioso, ello es, si comprende y no excede la porción disponible del testador. Esto significa que en todos los casos será menester computar las donaciones sujetas a colación efectuadas por el causante. Es lo que dispone el art. 3602, ya que para fijar la legítima -y, en consecuencia, la porción disponible- "al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el que tenían las donaciones". Pero este cómputo a efectos de determinar la porción legítima, no compromete la colación entre coherederos, aunque, respecto del legatario exista una computación como si la colación hubiese existido a través de la reunión ficticia de relictum y donatum. Aclarado esto, se comprende cuál es el alcance del art. 3483. Sólo si los bienes quedados a la muerte del testador no alcanzasen a cubrir el legado y el heredero ha aceptado puramente la herencia (ya que en este caso está obligado personalmente al pago del legado en proporción de su parte hereditaria;

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art. 3776), el legatario como acreedor de la manda podrá demandar la colación en caso de inactividad del heredero ejerciendo una acción subrogatoria. Se repite, sustancialmente, la situación ya considerada para los acreedores, a tenor de lo dispuesto en el art. 1196. Recuérdese que, por la colación del heredero obligado, la parte del coheredero acrecerá proporcionalmente en su hijuela -condición insoslayable para lograrse la igualdad- y, por tanto, esa medida responderá personalmente por el cumplimiento de los legados o mandas. Finalmente, cuando el causante, en su testamento, ha instituido legatario de parte alícuota -v.gr., legatario del quinto- debe entenderse, salvo disposición en contra del testador, que se refiere a la alícuota de los valores del patrimonio quedado a su muerte sin consideración a los anticipos hechos en vida a los legitimarios, que no forman parte del caudal relicto en el momento de la apertura de la sucesión. 4) OBJETO DE LA COLACIÓN

§ 494. PRINCIPIO GENERAL. - La colación comprende, siguiendo literalmente el art. 3476, toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso, o sea, todo contrato por el cual el causante hubiere transferido, a título gratuito, de su libre voluntad, la propiedad de una cosa (art. 1796). De ahí resulta, como premisa de interpretación, que sólo las liberalidades que tienen por objeto transmitir la propiedad de una cosa son colacionables. Premisa de interpretación que, como veremos luego, muestra diversas excepciones, como en el caso de las sumas de dinero o créditos cedidos a título gratuito por el causante. Pero "las otras liberalidades enumeradas en el art. 1791, que el difunto hubiese hecho en vida a los que tengan una parte legítima en la sucesión, no están sujetas a ser colacionadas" (art. 3479). § 495.

COLACIÓN

DE SUMAS DE DINERO Y COBRO DE CRÉDI-

TOS. - Sin embargo, a pesar de la aparente simplicidad del sistema, deben puntualizarse algunos supuestos que comprometen

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verdaderas liberalidades colacionables; tal el caso de las sumas de dinero -que no comprendan, es claro, los regalos de costumbre; art. 3480-, cuya colación ha sido prevista, ahora expresamente, en el art. 3477. Del mismo modo si el causante hubiese cedido o transferido, a título gratuito, créditos que percibió el legitimario. A dicha cesión, en tal carácter, se le aplicarán las normas de la donación (art. 1437). También deberán ser colacionadas las sumas o valores que el causante haya donado en vida como rentas de su capital; por ejemplo, los dividendos de acciones en sociedades comerciales y las acciones mismas si fueran transferidas a título gratuito. En cambio no deben colacionarse los frutos percibidos de la cosa donada: la donación transfirió el dominio y los accesorios como los frutos percibidos y aprovechados por el donatario se incorporan a su patrimonio. § 496.

PERCEPCIÓN

DE FRUTOS A TÍTULO GRATUITO. -

Un

caso particular plantea el supuesto en que el causante haya permitido al heredero legitimario percibir los frutos, gratuitamente, que produce un bien de su propiedad. A primera vista pareciera que el usufructo está excluido de la colación. El art. 1791, inc. 8o, considera que no son donaciones "todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas". Tal el caso del comodato, por ejemplo. Aunque el usufructo que se constituye por contrato a título gratuito (art. 2812, inc. Io) no comprende la enajenación de la nuda propiedad de la cosa (art. 2814), no es menos cierto que el usufructuario percibe los frutos naturales, industriales o civiles de los objetos sobre los que se establece el usufructo (art. 2863) y entonces esos frutos constituyen una donación colacionable, como el propio Vélez Sársfield lo percibe en la nota al art. 2255. El art. 1791, inc. 8o, quedaría reservado a los actos de comodato o préstamo de uso que no comprenden los frutos percibidos por la cosa. § 497. JURISPRUDENCIA. - El criterio jurisprudencial puede resumirse así: los actos de liberalidad que no disminuyen el

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patrimonio, aunque sólo dejen de aumentarlo, no son donaciones. Y así, por ejemplo: a) El abandono por parte del causante de un negocio por imposibilidad económica de continuar su explotación y consiguiente aprovechamiento de los hijos que se hicieron cargo del mismo, no revisten entidad de liberalidad colacionable. b) Tampoco son colacionables las donaciones remuneratorias hechas a un legitimario sin perjuicio de que los coherederos tengan derecho a investigar si hubo exceso en la remuneración del servicio, cuando perjudicase sus legítimas, para reducirlas, en lo que excediere. c) No son colacionables las sumas de dinero que el padre entregó a su hijo al emanciparlo para el ejercicio del comercio. d) No son colacionables los intereses del dinero. Y, puesto que la colación y la donación son institutos paralelos aunque no iguales, el art. 3602 sólo puede aplicarse a la colación en lo que no difiera de la donación. § 498. GASTOS NO COLACIONABLES. -Dispone el art. 3480: "No están sujetos a ser colacionados los gastos de alimentos, curación, por extraordinarios que sean, y educación; los que los padres hagan en dar estudios a sus hijos, o para prepararlos a ejercer una profesión o al ejercicio de algún arte, ni los regalos de costumbre, ni el pago de deudas de los ascendientes y descendientes, ni los objetos muebles que sean regalo de uso o de amistad". La claridad de la norma exime, en general, de mayores comentarios. Se trata de gastos que, en cada caso, responden a imperativos asistenciales o responsabilidades procreacionales derivados de la patria potestad o, en fin, como en los casos de los regalos de costumbre, situaciones que exceden el ámbito estricto de la donación. Lo que puede plantear más dificultades, ante el caso, es el criterio de interpretación con que debe aprehendérselo según las directivas generales del artículo en estudio.

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Es aquí donde la decisión judicial se torna dificultosa, puesto que, en definitiva, no se trata sino de interpretar en concreto la pauta general normativamente brindada. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires resolvió un caso en el cual el padre había entregado una suma de dinero a uno de sus hijos para habilitarlo en una sociedad. Se discutía si se trataba de un anticipo de herencia. Hubo de argumentarse por el recurrente que la entrega del dinero encuadraba dentro de los "gastos hechos por el padre para preparar al hijo a ejercer una profesión", en este caso, su incorporación a la sociedad comercial. Con buen criterio, sin embargo, la Corte entendió que se trataba de una liberalidad colacionable. "La ley -argumentó el doctor Argañarás- ha querido excluir de la colación lo que los padres han podido gastar en la alimentación, curación, educación y estudios (sentido lato) de sus hijos; porque en verdad no se trata de una liberalidad sino del cumplimiento de un deber legal". Pero, en el caso, se consideró que "ni se trata de gastos hechos para preparar al ejercicio de una profesión ni de expensas que los padres, por otro concepto, tienen obligación de hacer en favor de sus descendientes (art. 270)". § 499. GASTOS DE CURACIÓN Y ALIMENTACIÓN. - Un arduo problema interpretativo se ha suscitado en derredor del art. 3480, en cuanto dispone que "no están sujetos a ser colacionados los gastos de alimentos, curación, por extraordinarios que sean, y educación". La frase: "por extraordinarios que sean", ¿comprende sólo los gastos de curación o también los de alimentación? En un antiguo fallo de la Cámara Civil 2a de la Capital, se dijo que los términos "por extraordinarios que sean" empleados por el art. 3480, no aluden solamente a las sumas entregadas al heredero forzoso para gastos de curación, sino que tienen un alcance amplio y comprenden también las entregas por alimentos". Dijimos que el art. 3480 no ofrece dificultades en su interpretación general, en cuanto las exenciones que formula a la obligación de colacionar tienen en cuenta que los gastos aludi-

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dos constituyen el cumplimiento de una obligación legal derivada del vínculo jurídico de parentesco. He ahí la directiva o estándar jurídico que debe motivar el criterio hermenéutico. Decía Acuña Anzorena, comentando el fallo a que hemos aludido, que conviene distinguir, dentro del concepto amplio de alimentos, aquello que se da como necesario para la subsistencia, habitación y vestuario del heredero, de lo que se acuerda al mismo para la asistencia a las enfermedades. "La prestación de alimentos, en sentido estricto, comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la percibe, según se desprende del art. 372 del Cód. Civil. En sentido amplio, también lo necesario para la asistencia en las enfermedades" (conf. art. 372 infine). Pero Vélez Sársfield, en el art. 3480, distingue, concretamente, los gastos de alimentación y los de curación. "¿Por qué esta discriminación?", se pregunta Acuña Anzorena. "Muy sencillamente: porque en lo primero no se conciben gastos extraordinarios, es decir, gastos que salgan del orden o regla natural o común. Entre personas de una misma condición, social o de fortuna, lo que insumen unas en sustento, habitación y vestuario, guarda por lo general proporción con lo que gastan otras, habituadas todas por costumbre o necesidad a un mismo régimen de vida. Tratándose de gastos de enfermedad, ninguna proporción es concebible y no puede establecerse a priori un límite en los mismos como natural o común, porque en ellos todo es imprevisible y extraordinario, y por excesivos que resulten, siempre están dentro de la obligación de asistencia que la ley impone". Y añade: "Si el codificador hubiese querido equiparar unos y otros gastos y eximirlos de la colación 'por extraordinarios que sean', le hubiese bastado con referirse simplemente a gastos de alimentación, sin distinción alguna, ya que por la ley su prestación comprende a unos y otros (arts. 267 y 372); pero desde el momento en que los diferencia, es sin duda, con el fin de someterlos a un distinto criterio de interpretación". Concordamos plenamente con las anteriores consideraciones. Fácil resultaría para el causante, en vida, beneficiar ilimi-

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tadamente a uno de los herederos legitimarios a tenor de alimentos, realizando gastos en su favor que exceden en mucho la noción que involucra la obligación asistencial y que debe presidir todo criterio de interpretación. Es que, en última instancia, el concepto de alimentos en la ley es por naturaleza estricto: los gastos que los exceden, podrán, si se quiere, interpretarse "como regalos de costumbre", pero jamás como alimentos, por lo menos si no se quiere desnaturalizar los conceptos que se juegan en la utilización de la nomenclatura. § 500.

PAGO DE DEUDAS DEL DESCENDIENTE

POR EL ASCEN-

- El art. 3480 declara no sujetas a colación las erogaciones que el ascendiente hubiese hecho para pagar las deudas de los descendientes, y recíprocamente. Aquí, es conveniente no perder de vista un presupuesto fundamental de interpretación. Es cierto que, en la letra, la ley no pone límite al pago de deudas de los ascendientes y descendientes, lo que induciría a creer que todo pago por cuantioso que fuere queda comprendido entre los gastos no colacionables. DIENTE.

La jurisprudencia, sin embargo, ha entendido que las deudas a que se refiere en el art. 3480 son las de poca importancia, las que lógicamente guardan una relación con la importancia de las demás excepciones a la colación mencionada en el mismo artículo, pero en ningún caso puede aceptarse que entre ellas se admitan los gastos que excedan lo que, normalmente, se interpreta como intención pietate debita ductus. O, como se ha sostenido, sólo el pago de deudas menores asimilables a los gastos ordinarios de familia son las que admiten su caracterización de típicos gastos no colacionables. § 501.

CASOS EN QUE NO TIENE LUGAR LA COLACIÓN. -

Di-

versas situaciones, que de un modo u otro ya hemos considerado, nos muestran los casos en que no procede la colación: a) Respecto del titular de la vocación que renuncia a la herencia. Dicha renuncia resuelve su llamamiento y, según el art.

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3355, "puede retener la donación entre vivos que el testador le hubiere hecho". Ya vimos cómo se trata de una excepción de los principios de la igualdad perfecta que, en el antiguo derecho francés, obligaban a colacionar al renunciante e impedían toda mejora. Entiéndese que si esa donación entre vivos -que se imputa a la porción disponible del causante, debido a la renuncia del beneficiario- supera la parte de libre disposición, estará sujeta a reducción, según los principios generales. b) Tampoco colaciona el declarado indigno, ni el desheredado, ni en general todo aquel que por resolver su vocación no participa con los demás coherederos en la liquidación del caudal relicto. Todo lo cual sin perjuicio de que, si el causante en vida hubiese intentado la revocación de la donación por ingratitud (art. 1958), los herederos puedan continuarla (conf. arg. art. 1099). § 502. DISPENSA DE COLACIÓN. - Debemos incluir, asimismo, el caso de mejora que se opera mediante la dispensa de colación acordada por el causante. Oportunamente estudiaremos el concepto de mejora (ver § 621) que requiere cláusula expresa en el testamento. "La dispensa de la colación -establece el art. 3484- sólo puede ser acordada por el testamento del donante, y en los límites de su porción disponible". Quiere decir que las donaciones que el causante hubiese hecho en vida al legitimario que acepta la herencia se imputan en principio a su porción hereditaria, como anticipo de herencia (art. 3476). Pero, si en el testamento del donante se le dispensase de colacionar el valor de la donación, éste se imputará a la porción disponible a título de mejora. Cuando hablamos de dispensa de la colación nos referimos siempre a una donación hecha en vida por el testador, es decir, a una donación ya existente. Cuando el causante mejora en su testamento a cualquiera dé los legitimarios mediante un legado, no existe, en rigor, dispensa de colación, sino institución testamentaria en la porción disponible. Por eso el art. 3355 estable-

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ce que el heredero que renuncia a la sucesión puede "reclamar el legado que [el testador] le hubiere dejado, si no excediere la porción disponible que la ley asigne al testador". La dispensa sólo puede acordarse en el testamento del donante (conf. art. 3484). Debe establecerse o formularse de modo tal que, claramente, no deje dudas sobre la intención de mejorar al donatario aun cuando no se diga expresamente que se mejora al legitimario. Pero, eso sí, la dispensa no puede hacerse sino en el testamento. En esto nuestro Código se aparta de la mayoría de los códigos civiles que admiten la cláusula de mejora en el acto de la donación. Por ende, es revocable por testamento posterior a aquel en que se estableció la dispensa: la cláusula de mejora participa de las características y naturaleza del testamento mismo. § 503. EL CASO DEL ARTÍCULO 3604 DEL CÓDIGO CIVIL. - Como caso anómalo, el art. 3604 constituye una excepción al deber de colacionar la liberalidad presumida por la ley en las enajenaciones que el causante hubiese efectuado en favor de los herederos forzosos, con carga de usufructo o de una renta vitalicia. En efecto, en las condiciones del artículo, el valor de los bienes enajenados en plena propiedad será imputado -presumida la liberalidad- a la parte de libre disposición del enajenante y sólo el excedente será traído a la masa a través de • la colación. Se trata de un caso de mejora presumida por la ley, en abierta y franca oposición al art. 3484. Sobre el tema, nos remitimos a su consideración (§ 660 y siguientes). REMISIÓN.

5) COLACIÓN DE DEUDAS

§ 504. CONCEPTO. - Hemos dicho, al definir la colación, que ésta constituye la imputación de las donaciones realizadas, en vida, por el causante, en favor de cualquier legitimario, respecto de la parte o porción que a éste corresponde en la herencia del donante. Tal es el concepto tradicional de colación. Sin embargo, en qué medida el art. 3477, al aludir a la reunión en

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la masa hereditaria de " / O Í valores dados en vida por el difunto", no comprende también las deudas del heredero legitimario para* con el causante. Dichas deudas, debe entenderse, son córrela-, tivas a un crédito que existía en cabeza del causante proveniente de "valores dados en vida" por él, credendi causa y que el he* redero está obligado, como deudor, a satisfacer. La pregunta es ésta: ¿corresponde imputar la deuda en la, hijuela del deudor heredero "compensando" dicha deuda en la adjudicación en favor de los demás coherederos? El asunto es im-> portante cuando el heredero deudor es insolvente. De admitirse la colación de la deuda en la liquidación, los coherederos no so* portarán su eventual insolvencia; ello es, gozarán de un verda-: dero derecho de preferencia para satisfacer el crédito que adquieren en su carácter de sucesores del causante acreedor, descontando en la hijuela del deudor el importe de la deuda. Si, por el contrario, la colación no fuere admitida, a los coherederos, en su calidad de acreedores del heredero deudor, no les será dado sino concurrir con los demás acreedores personales de éste a cobrar a prorrata o, en su caso, a soportar su insolvencia. § 505. NORMAS LEGALES DE POSIBLE APLICACIÓN. - Nuestro Código no alude directamente a la colación de las deudas en ningún dispositivo expreso. Hasta qué punto el codificador la excluyó de la economía del instituto sería harto discutible. No cabe duda de que tuvo a la vista el art. 829 del Cód. Civil francés que la prevé expresamente, y, sin embargo, no reprodujo directiva similar. También el Código Civil italiano de 1865 (art. 991) consagraba explícitamente la colación de las deudas del heredero aunque, como decimos, Vélez Sársfield nada reguló al respecto. Y es más: en la nota al art. 3479 decididamente manifiesta que "nosotros en esta parte seguimos las disposiciones de las leyes que hasta ahora nos rigen, que sólo obligan a colacionar los bienes que han sido objeto de una verdadera donación entre vivos". Es claro que, a su vez, podría responderse que en este caso Vélez Sársfield no hace sino explicar la exclusión de las liberalidades no colacionables que enumera el art. 1791 y que

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están excluidas de la imputación; no alude, se diría, a la colación de las deudas: la nota al art. 3479 clarifica el sentido del art. 3470, y nada más. Pero, partiendo de una concepción amplia del concepto "valores" a que se refiere el art. 3477, que, según algunos autores constituye una consagración directa y general de la colación de deudas, se ha afirmado también que de la hermenéutica adecuada de otras disposiciones del mismo Código es dable concluir la factibilidad de esa imputación. Se acude a los arts. 3469 y 3494. Según el primero, "el partidor debe formar la masa de los bienes hereditarios, reuniendo las cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los mismos herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de éstos deba colacionar a la herencia". El art. 3494, además, añade: "La deuda que uno de los herederos tuviere a favor de la sucesión, lo mismo que los créditos que tuviere contra ella, no se extinguen por confusión, sino hasta la concurrencia de su parte hereditaria". Para esta doctrina ambas normas constituirán una consagración directa y particularizada de la colación de deudas: en la primera, al establecerse la reconstitución de la masa partible mediante la inclusión de los créditos contra los herederos; en la segunda, al disponerse la posibilidad de la imputación de la deuda del heredero en la parte hereditaria del mismo. § 506. NUESTRA OPINIÓN. - A nuestro juicio, se hace evidente aquí, una vez más, la necesidad de distinguir adecuadamente las relaciones que provoca la comunidad hereditaria y que oportunamente (ver § 327 y ss.) explicamos: relaciones internas y relaciones externas. a) Entre los coherederos, y dentro del ámbito de las relaciones internas de comunidad, la colación de la deuda es perfectamente viable. Valen, a su respecto, todas las consideraciones ya realizadas: desde que el art. 3477 ordena colacionar todos los valores dados en vida al coheredero por el causante y que el art. 3469 dispone la reunión en la masa hereditaria de los créditos a favor de la sucesión, los demás pueden exigir que el deudor co-

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lacione su deuda y que, por consiguiente, se impute en su hijuela, como ya recibido, el importe del crédito que contra él tiene aquélla. Esta colación pueden resolverla, por unanimidad, los herederos y si son todos capaces y están presentes, no obstará a la partición extrajudicial. Si no hay unanimidad (por oponerse, sea el caso, el heredero a quien se le exige la colación), la partición deberá ser judicial (art. 3465), y el juez podrá aprobar la colación en la medida que ella preserva la igualdad de todos los herederos forzosos. b) Pero si los acreedores personales del heredero insolvente que debería colacionar se oponen a este modo de partir, en la medida que la colación supone adjudicar a ese heredero menos bienes que los que le corresponderían de no hacerlo, los herederos no podrán imponerla y deberán, por lo tanto, concurrir con aquéllos y, en su caso, soportar a prorrata la insuficiencia de los bienes que se le adjudiquen al deudor. Porque, en efecto, si bien la colación es admisible entre coherederos como un modo de mantener la igualdad de la partición, no puede trascender a las relaciones externas en perjuicio de los acreedores personales del heredero deudor, que son, obviamente, extraños a las relaciones que crea la comunidad hereditaria. I) PARTICIÓN POR ASCENDIENTES 1) PRINCIPIOS GENERALES § 507.

CONCEPTO Y FUNDAMENTO. - E l

art. 3514 y ss. del

Cód. Civil prevén otra forma de partir los bienes: la partición efectuada por los padres u otros ascendientes entre sus descendientes. Esta modalidad, conocida como partición por ascendientes, resulta del acto por el cual un ascendiente dispone por sí mismo la forma de dividir su herencia entre los descendientes, presuntos herederos forzosos o legitimarios, estableciendo o asignando los bienes que a cada uno corresponderá en su lote.

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El art. 3514 a este respecto dispone: "El padre y madre y los otros ascendientes, pueden hacer, por donación entre vivos o por testamento, la partición anticipada de sus propios bienes entre sus hijos y descendientes". Al fundamento de esta previsión alude la nota del codificador al artículo. Dice allí Vélez Sársfield que "los padres sustituyen su voluntad ilustrada a la decisión de la suerte, puede decirse, para atribuir a cada uno de sus hijos el bien que conviene a su carácter, a su profesión, o a su posición pecuniaria". O, como se ha dicho, la ley ha considerado que el padre es el más habilitado para juzgar los merecimientos o aptitudes de cada uno de sus hijos, y a ese efecto lo autoriza para hacer la partición de sus bienes. Se argumenta, asimismo, en favor de este modo de partir, que evita conflictos futuros en cuanto a la partición hereditaria, simplifica trámites y gastos causídicos, etcétera. A pesar de ello, con buenas razones se ha señalado que, no obstante su escasa aplicación en nuestras costumbres jurídicas, la institución de la partición por el ascendiente suele ser vehículo del favoritismo de éste respecto de alguno o algunos de sus descendientes en desmedro de otros, lo que obviamente resulta, a la postre, fuente de conflictos: la rescisión y la nulidad de la partición (especialmente cuando es por acto entre vivos) conspiran contra la estabilidad de los derechos adquiridos y particularmente afectan el tráfico. § 508. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. - Se trata, así, de una institución sin mayor arraigo en la práctica, aunque con una larga trayectoria histórica que nuestro codificador reconoció, como surge de la lectura de la nota al art. 3514. Es claro que los fundamentos que inspiraron esta potestad atribuida a los ascendientes para dividir, por donación o por testamento, los bienes entre sus descendientes, no pueden hoy juzgarse sin atender al contexto histórico que, en su tiempo, hubo de justificarla en la práctica. La divisio parentum ínter liberos del derecho justinianeo, antecedente histórico de la partición por testamento, vino a representar una suerte de reacción contra el excesivo rigor formal del testamento según el derecho civil y el pretoriano. La No26.

Zannoni, Manual.

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vela 107, Capítulo III, citada por Vélez Sársfield, preveía, en efecto, que el testamento del ascendiente, aun cuando fuese irregular en cuanto a las formas, era válido y obligatorio en lo relativo a la división de los bienes prevista por el testador siempre que el testamento estuviese datado, escrito y firmado por éste y no violase la reserva de la legítima o cuarta Falcidia. Esto se aplicaba cuando el ascendiente instituía a sus descendientes -liben- mencionándolos en el testamento. Se exigía, al respecto, que el nombre de los hijos estuviese escrito de mano del propio testador. En cuanto a la partición por donación, el antecedente debemos situarlo en la institución conocida como démission de biens del antiguo derecho consuetudinario francés. Esta démission consistía en el abandono general de los bienes que una persona efectuaba en favor de sus herederos presuntivos, quienes adquirían la propiedad de aquéllos. No era estrictamente una donación, pero sin duda importaba para el demitente desprenderse del dominio de todos sus bienes, aun cuando generalmente se establecía en su favor la reserva de un usufructo o una renta que debían prestar los beneficiarios de la démission. Podía o no comprender la partición, pero se exigía en todo caso que el abandono fuese hecho en favor de todos los herederos presuntivos del demitente, según el orden establecido por la ley y, por supuesto, que fuese aceptado por ellos. La démission era revocable ante la ingratitud de los beneficiarios o el incumplimiento de las cargas establecidas. La divisio ínter liberos aparece regulada en las Partidas (Partida VI, Ley VII, Título I, y Ley IX, Título XV) con las mismas características del derecho justinianeo, y la démission de biens aparece implicada como antecedente del propio Código Civil francés de 1804 (art. 1075 y ss.), en cuyo contexto sin duda se inspira Vélez Sársfield, al legislar ambas formas de partición. § 509. PARTICIÓN POR DONACIÓN Y POR TESTAMENTO: CARACTERES DISTINTIVOS FUNDAMENTALES. - En un mismo capítulo,

y con deficiente técnica, el Código Civil regula ambas formas

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de partir siendo que existen sustanciales diferencias en la naturaleza de cada una. Cuando se trata de la partición por donación, estamos en presencia de un contrato (conf. art. 3523), que "debe hacerse en las formas prescriptas para las demás donaciones de esa clase" y, por ende, requiere la aceptación de los donatarios (art. 3516) y la entrega absoluta y transmisión del dominio de los bienes a ellos. Como todo contrato, la partición por donación es irrevocable en principio (art. 3522), sin perjuicio de la revocabilidad en caso de inejecución de cargas y condiciones impuestas por el donante o por causa de ingratitud, a cuyo efecto se aplicarán las normas generales en materia de donación (conf. art. 1848 y siguientes). Cuando se trata de la partición por el testamento estamos en presencia de un acto de disposición mortis causa que, unilateralmente, afecta el modo de operarse la transmisión hereditaria en favor de los descendientes. Este modo encierra un carácter estructural dispositivo-atributivo, como lo señala parte de la doctrina italiana, pudiendo sostenerse que la herencia se defiere ya dividida entre los descendientes. Lo que ocurre es que el testador "sustituye enteramente la propia actividad a la de los codivisionarios" o, en su caso, a la del partidor, pero ello no obsta para que a partir de la apertura de la sucesión los herederos gocen de un llamamiento a la universalidad, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión de la herencia, como lo establece el art. 3416 del Cód. Civil. De sostenerse lo contrario, la partición por testamento implicaría sustituir la naturaleza del llamamiento de los descendientes, transformándoselos en simples legatarios que reciben, a título singular, los bienes atribuidos en la partición. Se trata, en suma, de una partición vinculante entre los coherederos para la formación de los lotes o hijuelas y, además, un modo de impedir la comunidad. De estas diferencias fundamentales, se coligen otras distinciones inevitables. § 510.

DISTINCIÓN

EN CUANTO A LOS EFECTOS

TRASLATIVOS.

La partición por donación "sólo podrá hacerse por entrega ab-

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soluta de los bienes que se dividen, transmitiéndose irrevocablemente la propiedad de ellos" (art. 3516). Es decir que la donación del ascendiente tiene efectos traslativos respecto de los descendientes, quienes adquieren definitivamente el dominio de los bienes donados, salvo revocación de la donación en los casos previstos por el art. 3522. Dichos bienes, pues, no formarán la masa hereditaria al fallecimiento del ascendiente. En cambio, los bienes que el ascendiente parte entre sus descendientes mediante el testamento forman parte de la herencia, sujetándose los herederos, durante la etapa de liquidación, a las normas generales sobre gestión y administración (conf. art. 3449 y ss., Cód. Civil), pago de las deudas y cargas hereditarias, etcétera. §511.

DISTINCIÓN

EN CUANTO A LA EFICACIA DE UNA Y OTRA

PARTICIÓN. - La partición por donación, aceptada por los descendientes (conf. art. 3516 infine), no requiere que al fallecimiento del donante aquéllos acepten la herencia; los donatarios podrán, en lo sucesivo, renunciar a la herencia del ascendiente. Claro que, a tenor de lo dispuesto por el art. 3355, en este caso la donación implicará una liberalidad-imputable sobre la porción disponible del causante, sujeta por ende a reducción en caso de exceso. En cambio, la partición por el testamento implica la aceptación de la herencia por los descendientes, ya que, como lo sostiene la doctrina clásica, dicha partición reconoce un llamamiento hereditario limitándose a atribuir los bienes. La renuncia a la herencia resuelve el llamamiento, juzgándose al renunciante "como no habiendo sido nunca heredero", según lo dispuesto por el art. 3353. § 512. DISTINCIÓN EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES POR EL ASCENDIENTE. - Hemos dicho ya que la partición

por donación transmite irrevocablemente los bienes a los donatarios. Mientras tanto la partición por testamento no supone, para el testador, quedar privado de la libre disponibilidad de los bienes. Esto resulta una consecuencia de la revocabilidad que encierra todo testamento y, a su vez, del hecho de que, como

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DIVISIÓN DE LA HERENCIA

acto de última voluntad (art. 947), su eficacia está diferida al fallecimiento del testador. De ahí que (y siendo que "el testamento es revocable a voluntad del testador hasta su muerte" -art. 3824, parte Ia, Cód. Civil-) "la partición hecha por testamento está subordinada a la muerte del ascendiente, el cual durante su vida puede revocarla. La enajenación que él hiciera en vida, de alguno de los objetos comprendidos en la partición, no la anula si quedan salvas las legítimas de los herederos a quienes esas cosas estaban adjudicadas" (art. 3531). § 513. PARTITIVO. -

DISTINCIÓN

EN CUANTO A LA PERFECCIÓN DEL ACTO

Mientras la partición por donación requiere la aceptación de los donatarios, la partición por testamento es vinculante y obligatoria para los descendientes en caso de que acepten la herencia. Por lo que, como dicen quienes citan la doctrina francesa, aquéllos sólo podrían renunciar a la partición renunciando a la herencia. 2) PARTICIÓN POR DONACIÓN § 514.

DIFERENCIACIÓN

CON LAS SIMPLES DONACIONES.

-

Al

reglar esta materia, nuestro codificador advierte en la nota al art. 3514 que la facultad acordada a los ascendientes para dividir sus bienes no debe confundirse con la facultad de disponer a título gratuito que la ley acuerda dentro de ciertos límites a todas las personas capaces. Y añade: "esta prerrogativa... es ciertamente independiente de la facultad de disponer, pues que ella se aplica aun a la porción de bienes no disponibles", refiriéndose, sin duda, a la legítima de los herederos forzosos. Ello nos obliga, en primer lugar, a distinguir la particióndonación de otras donaciones que pudiere efectuar el ascendiente a sus descendientes y que, escapando a la estructura del acto particional, deberán ser reputadas como anticipo de herencia (art. 3476). La distinción es trascendental. Esta última se configura frente a "toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante", la que,

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obviamente, se imputa a su legítima, y su valor resultará colacionable si los demás herederos legitimarios que concurren a la sucesión lo demandaren (conf. arts. 3477, 3478 y concordantes). En cambio, la partición-donación constituye el acto por el cual el ascendiente impide, total o parcialmente, que ciertos bienes integren la comunidad hereditaria, mediante su transferencia a los descendientes. Creemos que, para lograr la cabal distinción, debemos tener presente que en ambos casos nos encontramos frente a donaciones. Esto es lo que tienen de común ambos supuestos. Pero, además, la partición-donación, para ser tal y producir sus efectos propios, debe configurarse en torno a los caracteres de todo acto particional. § 515.

DEBE

COMPRENDER A TODOS LOS DESCENDIENTES.

-

Por ello establece el art. 3528: "Si la partición no es hecha entre todos los hijos legítimos y naturales... y los descendientes de los que hubiesen fallecido..., será de ningún efecto". Es decir que, tratándose de una partición, estamos ante un acto plurilateral o colectivo que comprende, unitariamente, a los hijos y descendientes de éstos, en caso de premoriencia de sus padres, que concurren a recibir del ascendiente a título de donación. Como éstos deben, individualmente, aceptar la partición mediante la donación que su ascendiente les hace, la falta de aceptación de cualquiera provocará, por supuesto, la nulidad del acto en tanto partición, aun cuando valgan la o las donaciones que otros descendientes hubiesen aceptado. Pero, como bien lo señalan Ripert y Boulanger para el caso, el acto ha perdido ya su carácter originario y no constituirá sino una yuxtaposición de donaciones separadas que estarán sujetas a colación (art. 3476). § 516.

DEBE RESPETAR LA LEGÍTIMA DE LOS

DESCENDIENTES.

Se refiere implícitamente a esta exigencia el art. 3536, al prever la rescisión de la partición que "no salva la legítima de alguno de los herederos". La legítima a que alude la ley es, fundamentalmente, la legítima individual de cada coheredero conforme las

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normas de concurrencia. En cuanto a la legítima global o cuota de legítima, las otras donaciones que pudieren afectarla estarán sujetas a reducción de acuerdo con los principios generales (conf. art. 3600). § 517. EL ASCENDIENTE DEBE COLACIONAR. - Corresponde que el ascendiente impute a la masa de sus bienes -dice el art. 3530- las donaciones que hubiese hecho a sus descendientes observándose respecto de la colación lo dispuesto en el art. 3476 y siguientes. Se observan las normas generales en materia de colación, puesto que la partición no puede hacerse en desmedro de la igualdad de todos los descendientes. § 5 1 8 . EN VIRTUD DE LA PARTICIÓN-DONACIÓN, NACE ENTRE LOS DESCENDIENTES LA GARANTÍA DE EVICCIÓN. - Ésta tiende a pre-

servar, en definitiva, la igualdad de los lotes. Se aplicarán, a nuestro juicio, las normas generales (art. 3505 y ss.), y por los mismos fundamentos que hemos explicado en este capítulo (ver § 462). § 519. RIGE EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN. - Ello es así, conforme a lo dispuesto por el art. 3525. Según esta norma, la partición (por donación o por testamento) "sólo puede tener lugar entre los hijos y descendientes legítimos y naturales, observándose el derecho de representación". § 520. Los DESCENDIENTES ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DE LAS DEUDAS DEL ASCENDIENTE. - El art. 3519 consagra con esta

disposición una diferencia sustancial de efectos entre la donación ordinaria y la partición-donación. La responsabilidad es intra vires, y no tiene lugar "cuando los acreedores encuentran en poder del ascendiente, bienes suficientes para satisfacer sus créditos" (art. 3520, Cód. Civil). §521. CENDIENTES.

EL ASCENDIENTE

PUEDE MEJORAR A UNO DE SUS DES-

- En este caso, conforme a lo dispuesto por el art.

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3524; pero dicha mejora no valdrá por cláusula hecha en el acto de la donación si, de acuerdo con el art. 3484, el ascendiente no imputa el valor, a título de mejora, en cláusula expresa de su testamento. Entendemos que de este modo se zanja la ardua cuestión interpretativa sobre la aparente contradicción entre los dos términos del citado art. 3524. La partición-donación puede beneficiar a algún descendiente sobre los demás con la porción disponible, pero no importará mejora la cláusula inserta en la donación, si el testamento del ascendiente no dispensa de colacionar el valor recibido, de acuerdo con la regla del art. 3484. § 522. LA PARTICIÓN NO REQUIERE COMPRENDER TODOS LOS BIENES DEL ASCENDIENTE. - Según establece el art. 3518, "los que

el ascendiente adquiera después, y los que en la donación, se dividirán a su muerte, para las particiones ordinarias". Es decir bienes, deberá tramitar el juicio sucesorio ción de acuerdo a las normas generales. § 523.

no hubiesen entrado como está dispuesto que, respecto de esos y realizarse la parti-

LA PARTICIÓN DEBE SER, EN PRINCIPIO,

PURA Y SIM-

PLE. - Por cuanto, como hemos visto, transmite irrevocablemente la propiedad de los bienes a los donatarios. El art. 3517 prohibe especialmente las condiciones que dependan de la sola voluntad del disponente, o el cargo de pagar otras deudas que las que el ascendiente tenga al tiempo de hacerla, o la reserva de disponer más tarde de las cosas comprendidas en la partición. La prohibición conllevaría a la nulidad de la partición que incluyese tales condiciones (conf. art. 530, Cód. Civil), u otras no enumeradas en el art. 3517 que impliquen desnaturalizar los efectos traslativos e irrevocables de la partición. Sin embargo, podrían admitirse las cláusulas de indivisión (art. 51 y ss., ley 14.394). § 524. FORMA DE LA PARTICIÓN. - En cuanto a ella dice el art. 3523 que "la partición por donación debe hacerse en las formas prescriptas para las demás donaciones de esa clase".

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Por supuesto, si la partición interesa bienes inmuebles la escritura pública es ineludible (conf. art. 1810, inc. Io). Pero aun cuando no comprendiese inmuebles, el art. 1184, inc. 2 o , del Cód. Civil, exige la escritura pública a toda partición extrajudicial de herencia. En cuanto a la salvedad que dicho artículo -según la ley 17.711- establece respecto de los convenios particionales por instrumento privado presentados al juez de la sucesión a los efectos de su homologación, entendemos que no se aplica a la partición-donación por el ascendiente, por cuanto la causa de la transmisión es un contrato y no la sucesión del ascendiente. Si bien como donación podría no exigir la escritura pública, como acto particional está sujeto a esa forma en virtud del citado art. 1184, inc. 2 o . § 525. CONYUGAL.

PROHIBICIÓN

DE PARTIR SUBSISTIENDO

LA

SOCIEDAD

- Dispone el art. 3526: "La partición por el ascendiente entre sus descendientes, no puede tener lugar cuando existe o continúa de hecho la sociedad conyugal con el cónyuge vivo o sus herederos". Primariamente, el precepto aparece justificado en que la subsistencia de la sociedad conyugal impide partir, de modo actual, bienes gananciales (a éstos se refiere la norma). Pero aclaremos que tampoco permitiría partir los propios -sino por testamento y comprendiendo al cónyuge: conf. art. 3527- puesto que de esa forma se excluiría al esposo o la esposa del ascendiente que dona de su derecho a heredar en concurrencia con los descendientes (art. 3570), no siendo permitida la donación entre ellos durante la subsistencia de la sociedad conyugal (art. 1807, inc. I o ). Sin embargo, hay autores que han sostenido que si, subsistente la sociedad conyugal, ambos cónyuges conjuntamente realizaran la partición por donación, ésta no sería atacable y no regirían las razones del art. 3526. Trataremos, a continuación, de demostrar la improcedencia de esa tesis. § 526. NUESTRA OPINIÓN. - Durante la sociedad conyugal, cada cónyuge administra y dispone de los bienes gananciales por

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él adquiridos (conf. art. 1276, Cód. Civil); antes de la ley 17.711, dicha administración se atribuía al marido, salvo los gananciales de administración "reservada" a la mujer (art. 2Ü, ley 11.357) y los propios de ella mediante revocación del mandato tácito. De modo que la partición-donación no podría, en rigor, ser efectuada sino por el cónyuge a quien compete la gestión (administración y disposición) del bien o los bienes gananciales de que se tratase. El otro, a lo sumo, podría prestar el asentimiento -conformidad con el acto ajeno-, pero no el consentimiento, ya que no tiene la disponibilidad de esos bienes, por más que sean gananciales. Sus derechos patrimoniales se actualizan sólo por la disolución de la sociedad conyugal. Es decir, su participación es eventual a ese momento y de conformidad con las normas de la liquidación (art. 1313 y concs., Cód. Civil). Pero media, además, otra razón fundamental. Aun suponiendo por hipótesis que la ley admitiese la partición-donación, subsistente la sociedad conyugal y mediando asentimiento del cónyuge no administrador de los bienes comprendidos en la partición, estaríamos en presencia de una típica renuncia, durante el matrimonio, a los gananciales y a los derechos sobre ellos, que invalida el art. 1218 del Cód. Civil. En efecto: disponer, entre los cónyuges, este modo de partir los gananciales sería introducir una forma de partición no contemplada en el art. 1291. Si comprendiese todos los bienes -por hipótesis- resultaría que los cónyuges disuelven la sociedad sin que concurra separación judicial de bienes. Finalmente, otra disposición, el art. 1805, da claro sentido al problema. Dispone la norma que "el padre y la madre, o ambos juntos, pueden hacer donaciones a sus hijos de cualquier edad que éstos sean. Cuando no se expresare -agrega el artícul o - a qué cuenta debe imputarse la donación, entiéndese que es hecha como un adelanto de la legítima". Esto significa a las claras que si padre y madre donan en vida bienes entre sus hijos, subsistiendo la sociedad conyugal, no se está frente a una partición irrevocable sino ante un anticipo de herencia.

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Adviértase que esta norma no está en pugna con la prohibición de renunciar a los gananciales o a la partición de la sociedad conyugal sin que medie disolución por separación judicial de bienes. El art. 1805 se limita a prever el caso en que cualquiera de los cónyuges o ambos juntos donen. Este último caso, por supuesto, sólo podrá darse cuando se trate de bienes que sean copropiedad de ambos cónyuges. Y sólo puede donar, es claro, quien puede disponer. Y puede disponer el titular del bien, no el otro cónyuge. Su eventual asentimiento (conf. art. 1277, Cód. Civil, ley 17.711) no es un acto de disposición, sino, reiteramos, la conformidad en el negocio jurídico ajeno. Si lo anterior no bastase para convencer de que subsistiendo la sociedad conyugal no es posible la partición por el ascendiente, valdrán algunas acotaciones sobre normas concordantes que demuestran, sin lugar a dudas, los alcances de la preceptiva del art. 3526: a) El art. 3525 establece que la partición, sea por donación entre vivos o por testamento, sólo puede tener lugar entre los hijos y descendientes legítimos y naturales, observándose el derecho de representación. Este precepto, como se ve, determina las únicas personas que deben ser comprendidas en estas particiones, salvo el caso del art. 3527. b) Pero el art. 3527, citado, añade que "no habiendo manifiestamente gananciales en el matrimonio, la partición por testamento debe comprender no sólo a los hijos legítimos y naturales, y a sus descendientes si aquéllos no existen, sino también al cónyuge sobreviviente". Hemos subrayado expresamente los párrafos más sobresalientes que atañen a la interpretación del precepto, y que demuestran, en concordancia con los arts. 3525 y 3526, dos cosas: en primer lugar, que la preceptiva de este último reconoce una única excepción en el caso de partición por testamento, "cuando no hubiese manifiestamente gananciales del matrimonio", y en ese caso la partición debe comprender al cónyuge. ¿Y si hay gananciales? Pues entonces no es posible la

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partición, ni por testamento y menos aún por donación, porque como el art. 3525 sólo la admite entre los hijos y sus descendientes, el padre o madre estarían disponiendo de bienes indivisos que no son de su exclusiva propiedad. He ahí el verdadero sentido del art. 3526. Éste no distingue entre partición por donación y por testamento; no podría hacerlo sin perder coherencia con la norma que le antecede y con la que le sigue. c) Pero también del análisis del propio art. 3529 resulta confirmado, diríamos, el art. 3526. Aquél dispone que "e/ hijo nacido de otro matrimonio del ascendiente, posterior a la partición..., anulan la partición". Es elemental preguntarse por qué Vélez Sársfield alude al hijo de otro matrimonio y no, eventualmente, a un hijo del mismo matrimonio que nazca con posterioridad a la partición. El espíritu aparece claro en el contexto: el codificador no supuso esta última hipótesis por la simple razón de que durante el matrimonio no admite la partición-donación (art. 3526). Presume, pues, que la partición ha sido realizada por quien enviudó o al menos obtuvo separación judicial de bienes y, con posterioridad, contrajo nuevo matrimonio. Pero, claro está, la partición la supone realizada cuando ya no subsistía la sociedad conyugal. 3) PARTICIÓN POR TESTAMENTO

§ 527. NORMAS APLICABLES. - Hemos dicho que, con deficiente técnica, Vélez Sársfield, en un mismo capítulo legisló sobre la partición por ascendientes, tanto mediante donación como por testamento, resultando así una serie de normas comunes a ambas formas que confunden, muchas veces, las específicas de cada modalidad. Por nuestra parte, ya nos detuvimos anteriormente en los caracteres distintivos básicos que deben reconocerse al analizar la partición por donación o por testamento (ver § 509 y siguientes). a) Rigen, por supuesto, las normas de capacidad para testar (arts. 3611, 3613 y ss., Cód. Civil), forma del acto (art. 3622 y

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ss.), limitación a los hijos y descendientes del testador (art. 3525), salvo el caso en que se partan bienes propios, en cuyo caso debe comprenderse al cónyuge sobreviviente (art. 3527), etcétera. b) Se aplican, por disposición expresa: la responsabilidad de los herederos por las obligaciones del testador (art. 3532), y las garantías de evicción y vicios redhibitorios que se deben, entre sí, los coherederos por las porciones recibidas por ellos (art. 3533). Por aplicación de este principio, y habida cuenta que la enajenación de algún bien comprendido en la partición no anula ésta si se salva la legítima del heredero a quien el bien estaba adjudicado (conf. art. 3531), el art. 3534 dispone: "si éste [el ascendiente], después de la partición por testamento, hubiese enajenado objetos que hacían parte de la porción de uno de los descendientes, le es debida la garantía de los objetos enajenados". c) Recordemos a propósito de la cláusula de mejora, que, en virtud de lo dispuesto por el art. 3524, se admite sin discusión la posibilidad de que el testador mejore con su porción disponible a uno cualquiera de los descendientes comprendidos en la partición. Si hubiese efectuado en vida una partición por donación entregando a uno de ellos bienes que es su intención sean imputados sobre la porción disponible, deberá dispensar de colacionar en forma expresa en el testamento, incluyendo esa dispensa como cláusula de mejora, de acuerdo con la regla del art. 3484. 4) INEFICACIA DE LA PARTICIÓN

§ 528. REVOCACIÓN. - La revocación de la partición del ascendiente se aplicará en los casos previstos en el art. 3522, ello es, inejecución de las cargas y condiciones impuestas o por causa de ingratitud. Es claro que tal revocación interesa supuestos de partición-donación, como la misma norma lo establece, y serán de aplicación, según ya lo dijimos, las normas gene-

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rales en materia de revocación de donaciones por ingratitud del donatario (art. 1858 y ss., Cód. Civil). Por supuesto, la revocación de la donación pronunciada contra uno de los descendientes, dejará subsistente la partición efectuada en favor de los demás. Otro supuesto de revocación es el previsto en el art. 3521 al disponer que "la partición por donación entre vivos puede ser revocada por acción de los acreedores del ascendiente, con las solas condiciones requeridas para revocar los actos por título gratuito". La revocación no debe confundirse con supuestos de nulidad de la partición que pudiere fundarse en la falta de las formas exigidas para el acto (conf. arts. 1184, inc. 2o, y 1810, inc. Io), o en la subordinación de la partición a condiciones prohibidas por el art. 3517, o por no haber tenido lugar entre todos los hijos y descendientes del donante (art. 3528), etcétera. a) HIJO NACIDO LUEGO DE LA PARTICIÓN. Un caso especial es el previsto por el art. 3529. Dispone éste que "el hijo nacido de otro matrimonio del ascendiente, posterior a la partición, y el hijo postumo, anulan la partición"'. Como se ha señalado, ello tiende a proteger la intangibilidad del principio de igualdad entre todos los descendientes del causante cuya sucesión, en definitiva, se defiere a la muerte y no antes. b) PREMUERTE DEL HIJO EXCLUIDO. El art. 3529, parte 2 a , prevé el caso de premuerte del hijo'o descendiente excluido de la partición: "La exclusión de un hijo existente al tiempo de la partición -dice el artículo-, pero muerto sin sucesión antes de la apertura de la sucesión, no invalida el acto". Como se ha dicho, se trata de un excluido que muere antes del testador y que no deja descendencia con llamamiento a la sucesión del testador. No se lesiona en el caso el principio de la igualdad de concurrencia, por lo que el artículo concluye disponiendo que "la parte del muerto se divide entre los otros herederos". § 529. SUPUESTOS DE REDUCCIÓN Y RESCISIÓN. - Se ha discutido si, en el contexto de la partición por el ascendiente, re-

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ducción y rescisión constituyen, en suma, acciones identificadas por sus efectos. El art. 3536 prevé: "La partición por donación o testamento, puede ser rescindida cuando no salva la legítima de alguno de los herederos"'. El art. 3537, en cambio, dice: "Los herederos pueden pedir la reducción de la porción asignada a uno de los partícipes, cuando resulte que éste hubiese recibido un excedente de la cantidad de que la ley permite disponer al testador. Esta acción sólo debe dirigirse contra el descendiente favorecido". Hay autores que han sostenido que, en realidad, la acción prevista por el art. 3536 no constituye rescisión (en el sentido dado por la fuente, el Código Civil francés de 1804, que aludía en el art. 1080 a la lesión en más de un cuarto en perjuicio del heredero), y que su efecto no es dejar sin virtualidad toda la partición, sino sólo "salvar la legítima" del heredero afectado. En este sentido coincidiría con la reducción, como acción de derecho común. Otros autores, asimilando también ambos supuestos, sugieren que la partición no salva la legítima de alguno de los herederos, cuando otro u otros tienen asignada una porción que excede la disponible. Según esta posición, los arts. 3536 y 3537 aludirían a hipótesis idénticas, aunque se concedan dos acciones con alcance diverso. La rescisión anula la partición, exigiendo por consiguiente una nueva partición, mientras la reducción sólo perseguiría completar la legítima del heredero perjudicado. Se trataría de dos acciones distintas, concedidas para un solo caso. Finalmente, tratando de distinguir dos supuestos distintos se ha sostenido que se interprete el art. 3536 como referido a casos en que por omisión, preterición, etc., la legítima del actor no ha sido "salvada", es decir, literalmente, prevista. En cambio, el art. 3537 aplicaría la reducción del derecho común a casos en que la legítima, si bien prevista o "salvada", no ha sido completada, cubierta o llenada. § 530. FUENTES DEL CODIFICADOR. - Tratando de salvar la dificultad interpretativa, se ha recurrido a las fuentes del art. 3536, que habrían sido Aubry y Rau, según la cita de Vélez

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Sársfield al comentar precisamente los arts. 1078 y 1079 del Code. Al confrontar ambas normas, en su redacción original, advertimos lo siguiente: el primero alude a la nulidad de la partición que no se hubiere hecho entre todos los hijos que existieren en la época de la muerte y los descendientes de los premuertos; el art. 1079, en cambio, prevé la impugnación de la partición por "causa de lesión mayor de la cuarta parte", y también en el caso en que resultara, de la partición y de las disposiciones hechas como mejora, que uno de los copartícipes obtiene una ventaja mayor que la permitida por la ley (o sea, en definitiva, superior a la porción disponible). Según las enseñanzas de Aubry y Rau, aplicadas a la interpretación de las normas señaladas, la acción de rescisión comprende el supuesto de lesión en más del cuarto que sufre el heredero respecto de la parte que le debió corresponder (caso del art. 1079, parte Ia); la acción de reducción -que ellos denominan especial- se acordaría "cuando de la formación de las hijuelas, más las liberalidades hechas a título de mejora -libéralités préciputaires- a uno de los copartícipes resulta que este último ha recibido un beneficio que excede de la porción disponible". En el primer caso, la lesión conlleva a la nulidad de la partición, como efecto de la rescisión; en el segundo, sólo a la reducción del exceso. § 531. INTERPRETACIÓN PROPICIADA. - Al no haber previsto Vélez Sársfield la lesión, la interpretación de los arts. 3536 y 3537 y, sobre todo, su concordancia, sigue siendo dificultosa. No pueden trasvasarse criterios interpretativos foráneos basados en textos que, aun cuando hayan sido tenidos a la vista por el legislador, no han recibido consagración normativa. Pero, al menos, y ante la necesidad de compatibilizar ambos textos, cabe destacar: a) Que el art. 3537 guarda bastante similitud con la previsión del párr. 2 o del art. 1079 del Code en su redacción original. Alude, así, al caso de reducción de la porción asignada a uno de

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DIVISIÓN DE LA HERENCIA

los partícipes quien, además de los bienes comprendidos en su hijuela, ha recibido por otras liberalidades (p.ej., donaciones sujetas a colación), valores que, en conjunto, superan la porción disponible. Entonces se acuerda una acción para reducir los valores incluidos en la partición del ascendiente, hasta dejar salvada la legítima global de los descendientes (o sea, los 4/5 en caso de concurrir sólo descendientes legítimos o 9/10 en el supuesto de que concurriesen hijos o descendientes legítimos y extramatrimoniales). Pero adviértase: sigue siendo ésta una reducción especial, como la llamaban los autores franceses. Nada impediría que el o los coherederos afectados accionasen, por vía de la reducción común, respecto de los bienes donados por el ascendiente en vida, sin afectar por ello la partición misma. b) En cambio, el art. 3536 comprenderá -residualmentelos casos en que la legítima no se salva, recurriendo a este expediente de la reducción. Un solo supuesto es posible: que la legítima esté afectada por donaciones efectuadas a terceros que no reciben en la partición por el ascendiente, o, en su caso, por legados, también a extraños, que superen de tal forma la porción disponible que impiden que los coherederos satisfagan su legítima. La rescisión, en el supuesto, dejará sin efecto la partición y exigirá un nuevo acto particional una vez incluidos los bienes o valores que salvan la porción legítima. Ello sin perjuicio de la subsistencia de la acción de reducción ordinaria (arts. 3600 y 3601). § 532.

PARTICIÓN

POR EL TUTOR DE LOS MENORES. - El

art.

3515, dentro del capítulo de la partición por ascendientes, prevé el caso en que, por testamento, éstos nombren tutores a sus descendientes menores, autorizándolos "para que hagan los inventarios, tasaciones y particiones de sus bienes extrajudicialmente, presentándolas después a los jueces para su aprobación". Hay aquí, se ha señalado, una delegación de la facultad de partir los bienes, que el testador ascendiente hace en el tutor que nombra. Pero al respecto conviene señalar la relatividad con 27. Zannoni, Manual.

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que opera la previsión: la tutela -aun la dada por los padresrequiere siempre confirmación judicial (art. 399), y, además, en todo caso se requiere que el inventario y avalúo de los bienes del pupilo sea judicial, "a menos que antes del discernimiento de la tutela se hubiera hecho ya el inventario y tasación de ellos" (art. 408). Adviértase, finalmente, que el art. 3465, inc. Io, exige en todo caso la partición judicial cuando hay herederos menores, por lo que, en definitiva, las facultades del tutor se limitarán a proponer las adjudicaciones en la instancia judicial. Sustituirá, en suma, a los peritos, pero no obviará el trámite exigido por las disposiciones generales, de conformidad con las normas legales citadas.

LECTURAS Y CASOS PRÁCTICOS SUGERIDOS LECTURA

Fallo de la CNCiv, Sala C, 2/3/77, ED, 78-328. Sintetice los temas que ocuparon al tribunal. Desarrolle la evolución interpretativa atinente al cálculo del valor colacionable consultando la doctrina citada en el fallo. Si el valor colacionable, en lugar de ser una suma de dinero fuese el valor de un inmueble donado por el causante quince años antes, ¿cómo adecuaría el fundamento del fallo siguiendo su misma doctrina? CASOS PRÁCTICOS

a) Marta renunció a la herencia de su esposo prefallecido. No obstante consulta si puede invocar el derecho de habitación que le confiere el art. 3573 bis del Cód. Civil, a efectos de evitar que el inmueble donde ella continuó habitando sea vendido como lo piden Felipe y Hugo, los hijos del causante, y herederos declarados en la sucesión. Dé el fundamento de su respuesta. b) Un acreedor de la sucesión consulta si puede oponerse a la desmembración del dominio de la casa habitación en que habita la viuda del causante quien ha solicitado se le acuerde el derecho real de habitación previsto en el art. 3573 bis del Cód. Civil. c) Fallecido Carlos, le suceden sus hijos Gabriela, Roque y Tito. Carlos había facilitado a Tito una importante suma de dinero para afrontar el pago de deudas con terceros. Debido a ello sus hermanos Gabriela y Ro-

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que le exigen que colacione la deuda. Realizados los cálculos respectivos resulta que Tito no recibirá bienes en su hijuela. Un acreedor de Tito consulta si puede oponerse a la colación de la deuda. ¿Qué aconsejaría usted? d) Dictada declaratoria de herederos en favor de Alberto, Paula y Damián, ésta es inscripta en relación a diversos inmuebles que integran la herencia del causante. Alberto desea que uno de los inmuebles sea vendido para distribuirse el producido, a lo que Paula y Damián se oponen. Alberto consulta si puede demandar, contra éstos, la de división del condominio. Dé la respuesta y el fundamento.

CAPÍTULO IX

SUCESIÓN INTESTADA A) PRINCIPIOS GENERALES

§ 533. CONCEPTO. - Se denomina sucesión intestada o ab intestato a aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, sin intervenir la voluntad del causante expresada en su testamento válido. Es decir que la sucesión intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante que instituya herederos. Sin embargo, cuadra advertir que la vocación legítima, o llamamiento legal a la adquisición hereditaria, no sólo suple la ausencia de testamento -puesto que, de ser así, dicho llamamiento bien podría encuadrarse como régimen supletorio-, sino que, cuando los herederos o llamados por la ley gozan, además, de una vocación legitimaria (ver § 28), resulta imperativo para el causante, en el sentido tradicional de que no puede excluirlos "sin justa causa de desheredación" (conf. art. 3714). Salvo aquellos regímenes que admiten la absoluta libertad testamentaria, el derecho sucesorio se organiza primordialmente con base en el llamamiento legítimo de los legitimarios, que nuestro Código denomina herederos forzosos: son tales, los descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite. Los parientes colaterales que tienen llamamiento o vocación legítima no son herederos forzosos, ya que en nuestra ley no gozan de "un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la heren-

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cía", como reza el art. 3591. Para éstos el régimen de la sucesión ab intestato es, realmente, supletorio de la sucesión testamentaria. § 534. POSIBLE COEXISTENCIA LA TESTAMENTARIA. - Puede ocurrir

DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA Y

que el causante haga un testamento que no agote el contenido de la herencia. Así, por ejemplo, si instituye legatarios, o si nombra herederos que deben concurrir con los legítimos. En este último caso en la misma sucesión existirían vocaciones legítimas y testamentarias. En el derecho moderno no rige la clásica definición romana: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nadie puede morir en parte testado y en parte intestado). En el derecho romano había incompatibilidad entre ambas sucesiones porque el título de heredero (heres), era lo esencial y, como consecuencia de tal título, se producía la transmisión del patrimonio del de cuius. Si en el testamento éste había designado heredero en una parte de los bienes, el título lo absorbía todo. Del mismo modo el testador que tenía heredes sui no podía hacer testamento válido sin mencionarlos, bien sea para decir que fuesen sus herederos, bien para desheredarlos: sui heredes instituendi sunt, vel exheredandi. En el derecho moderno, en cambio, el testamento no es incompatible con el régimen de la sucesión ab intestato. La herencia -reza nuestro art. 3280- puede deferirse "por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la ley". Si en el testamento, el causante no instituye heredero, "sus disposiciones deben cumplirse; y en el remanente de sus bienes se sucederá como se ordena en las sucesiones intestadas" (art. 3710).

TIMA.

§ 535. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA SUCESIÓN LEGÍENUNCIACIÓN. - Hemos de estudiar a continuación los

principios fundamentales que gobiernan el llamamiento ab intestato, ello es, la vocación legítima. Tales principios fundamentales podrían sintetizarse en las siguientes proposiciones:

SUCESIÓN INTESTADA

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a) La vocación legítima se basa en la prelación o sucesión de órdenes de llamamiento, y dentro de cada orden, el grado de parentesco con el causante. b) Dentro de cada orden, actualizan su vocación los parientes de grado más cercano al causante. O, como dice el art. 3546, "el pariente más cercano en grado, excluye al más remoto, salvo el derecho de representación". c) Los parientes que integran un orden ulterior en la prelación, no actualizan su vocación sino a falta de todo pariente en el orden preferente. d) La vocación legítima constituye fuente de un llamamiento a la adquisición hereditaria, sin atender de los bienes que componen la herencia (art. 3547). Es claro que estas proposiciones no son absolutas, y, como principios fundamentales, reconocen excepciones que oportunamente consideraremos. § 536. SISTEMA LINEAL. - Todo orden hereditario está integrado por el conjunto de consanguíneos del causante en referencia a líneas o ramas específicas de parentesco. Nuestro derecho, de orientación romanista, organiza el cómputo de parentesco sobre la base lineal. Y, sobre esa misma base, organizará más tarde el orden del llamamiento hereditario. "La proximidad del parentesco se establece por líneas y grados" (art. 346). Siendo el grado, el vínculo jurídico creado por la generación biológica, "se llama línea la serie no interrumpida de grados" (art. 347 infine). Es así que "hay tres líneas: la línea descendente, la línea ascendente y la línea colateral" (art. 349), tomándose como base, claro está, la persona de cuyo parentesco se trata en relación con los demás consanguíneos. Manteniendo la coherencia del sistema lineal del parentesco debemos concordar que, en el orden sucesorio, esos órdenes parentales se reproducen a los efectos de actualizar el llamamiento hereditario. Tales son, también, los tres órdenes sucesorios fundamentales. Pero, apartándose de las leyes españo-

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las, Vélez Sársfield hizo del cónyuge supérstite un orden anómalo o atípico. En efecto: el cónyuge no actualiza su vocación, como lo veremos, excluyendo llamamientos ulteriores, sino en el caso de no existir descendientes - o ascendientes- en cuyo caso es un orden excluyente de los parientes colaterales. Pero concurre con descendientes (arts. 3570 y 3576) y ascendientes (art. 3571). El art. 3545 no pretende clasificar, por cierto, los órdenes sucesorios en el Código. Pero, al enumerarlos y confrontando luego las formas de concurrencia puede lograrse un criterio general de prelaciones. La citada norma establece: "Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. No habiendo sucesores los bienes corresponden al Estado nacional o provincial". § 537. REFORMAS QUE HA IMPORTADO LA LEY 23.264. - E n el régimen original del Código Civil, la vocación hereditaria legítima era tributaria de la discriminación entre parientes legítimos e ilegítimos contenida en los arts. 365 y 366 y entre hijos y descendientes legítimos e ilegítimos (art. 240 y siguientes). En ese contexto, y a la hora de organizar el régimen de la sucesión, el Código distinguía entre hijos legítimos y naturales, para acordar a éstos en caso de concurrir juntos a la sucesión de su padre o madre, sólo la mitad de lo que correspondía a aquéllos (art. 3579, modificado por el art. 8o, ley 14.367). Además, los hijos naturales -extramatrimoniales en general a partir de la vigencia de la ley 14.367- no excluían a los ascendientes legítimos del causante, sino que concurrían como lo determinaba el art. 3580. Finalmente, el derecho sucesorio de los descendientes extramatrimoniales quedaba limitado a hijos y nietos y no a otros descendientes (art. 3582). A su vez, el derecho sucesorio de los ascendientes extramatrimoniales quedaba limitado a los padres naturales (art. 3584). Respecto de los parientes colaterales, la ley 17.711 dispuso que la vocación se limitaba a los

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hermanos extramatrimoniales acordando derecho de representación sólo a los descendientes legítimos del hermano prefallecido (art. 3585, párr. 2o). En este aspecto, la ley 23.264 ha debido adecuar las disposiciones del Código Civil al nuevo contexto no discriminatorio entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y a partir de la supresión de la distinción entre familia legítima e ilegítima -y por consiguiente a los parientes de una y otra-, ha sustituido y derogado, según el caso, las normas que habían organizado el derecho sucesorio mortis causa. a) Por un lado, y dado que la filiación matrimonial y la extramatrimonial producen los mismos efectos, el derecho hereditario de los descendientes se organiza sin distinguir entre legítimos e ilegítimos. En consecuencia, el Capítulo I del Título IX, Sección Primera del Libro Cuarto (arts. 3565 y 3566) se titula ahora: "Sucesión de los descendientes", en lugar de "Sucesión de los descendientes legítimos" que era el título original (art. 8o, ley 23.264). Asimismo, se derogan los Capítulos IV y V del mismo Título (arts. 3577 a 3584), que se ocupaban de la "Sucesión de los hijos naturales" y de los padres naturales (art. 18, ley 23.264). b) Habiendo quedado derogado el art. 3582, el derecho de sucesión de los descendientes extramatrimoniales no queda reducido a los nietos, ni tampoco está sujeto a la inexistencia de generaciones naturales ininterrumpidas como lo dispuso la ley 14.024. c) En consecuencia, el derecho de representación en la línea de los descendientes operará sin limitación, ya se trate de descendientes matrimoniales o extramatrimoniales. En la línea colateral, el derecho de representación opera en favor de los hijos y descendientes de hermanos, hasta el cuarto grado (art. 3585). Corresponde señalar que, al imperio de lo dispuesto en el art. 3 o del Cód. Civil, las nuevas disposiciones de la ley 23.264, se aplicarán a las sucesiones abiertas con posterioridad a su vigencia, esto es, el Io de noviembre de 1985 -puesto que la ley

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fue publicada el 23 de octubre de 1985 en el Boletín Oficial sin establecer fecha de entrada en vigor, rigiendo en consecuencia lo establecido en el art. 2o, Cód. Civil-, de modo que en relación a las sucesiones deferidas con anterioridad operará la ultraactividad de las disposiciones legales anteriores. § 538. ÓRDENES HEREDITARIOS. - A partir de la vigencia de la ley 23.264, el esquema de los órdenes hereditarios es el siguiente: á) El primer orden está integrado por los descendientes del causante, trátese de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales, o de los descendientes de éstos que acudirán por derecho de representación (art. 3566). La representación es admitida sin límite en la línea descendente (art. 3557), y, como dijimos en el parágrafo anterior, sin que obste al derecho de representación la existencia de generaciones extramatrimoniales ininterrumpidas. A su vez los descendientes excluirán, fueren matrimoniales o extramatrimoniales, a los ascendientes, pues ha desaparecido la concurrencia entre el orden de los hijos -o nietos- naturales y ascendientes legítimos que preveía el art. 3580, hoy derogado. b) El segundo orden es el de los ascendientes, fueren matrimoniales o extramatrimoniales (conf. art. 3567). Heredan a falta de descendientes, y de acuerdo con la directiva del art. 3559, no opera en este orden el derecho de representación: el ascendiente de grado más próximo excluye al más remoto. Al acordarse el derecho sucesorio a los ascendientes, sin distinción, no operará ya la limitación a los padres en el caso de los naturales (art. 3584, derogado), ni tampoco corresponderá distinguir entre progenitores que al tiempo de concebir al hijo tenían o no aptitud nupcial, como lo entendieron la doctrina y la jurisprudencia prevalecientes antes de la reforma, interpretando los alcances de los arts. 10 y 11 de la ley 14.367. En este aspecto la ley 23.264 ha sido coherente con la supresión de las discriminaciones entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial.

SUCESIÓN INTESTADA

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c) El cónyuge supérstite concurre con los descendientes, aunque en este caso es excluido en los bienes gananciales que, por liquidación de la sociedad conyugal, hayan correspondido al prefallecido (art. 3576). Se mantiene la solución que esa norma preveía para el caso de concurrir el cónyuge supérstite con hijos legítimos, pero ahora sin distinguir entre matrimoniales y extramatrimoniales, dado que se han suprimido las calificaciones. El cónyuge supérstite concurre también con los ascendientes, pero en este caso sin distinguir entre ascendientes matrimoniales o extramatrimoniales, según la norma del art. 3571: el cónyuge supérstite heredará la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de los gananciales que correspondan al fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes. Finalmente, a falta de descendientes o ascendientes, el cónyuge supérstite tiene vocación preferente a los parientes colaterales y los excluye (art. 3572). d) El orden de los parientes colaterales se integra por los que se encuentran dentro del cuarto grado, desapareciendo también la distinción entre colaterales legítimos y extramatrimoniales. El derecho de representación opera sólo en favor de hijos y descendientes de hermanos, fueren éstos o aquéllos matrimoniales o extramatrimoniales, hasta el cuarto grado (art. 3585). Los medio hermanos en concurrencia con hermanos de doble vínculo recibirán la mitad de lo que corresponda a éstos (art. 3586), aunque unos sean matrimoniales y otros extramatrimoniales, pues no existe ya la exclusión que determinaba el art. 3582 en razón de la promiscuidad de vínculos. § 539.

LLAMAMIENTO SEGÚN EL GRADO DE PARENTESCO. -

Dentro de cada orden, "el pariente más cercano en grado, excluye al más remoto, salvo el derecho de representación" (art. 3546). Quiere decir, entonces, que sólo tienen vocación o llamamiento actual, dentro de su orden hereditario, los consanguíneos más próximos al causante. Así, si una persona muere dejando tres hijos y ocho nietos ninguna duda cabe de que todos tienen llamamiento dentro del primer orden hereditario, pero

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sólo los hijos actualizan su vocación excluyendo a sus hijos -nietos del causante-, quienes gozan, mientras la herencia no hubiese sido aceptada por aquéllos, de un llamamiento eventual, pero no concurrente. Esta norma, enunciada como principio fundamental, es absoluta "salvo el derecho de representación" (ver § 542 y siguientes). § 540. EXCLUSIÓN ENTRE ÓRDENES. - A su vez, cada orden es excluyente de los ulteriores. Y ello interesa desde dos puntos de vista. En primer lugar, y en general, nos permite afirmar que mientras existan parientes con vocación actual o eventual que integran un orden preferente, no actualizan su vocación los parientes del orden subsiguiente. Pero, además, hay que tener presente que la regla de que el pariente de grado más cercano excluye al más remoto se aplica sólo cuando se trata de establecer la actualización del llamamiento dentro de cada orden; es decir, no juega entre órdenes. O sea que si en el momento de la apertura de la sucesión sobreviven al causante parientes de un orden ulterior que se encuentran en grado más cercano al de otros parientes de un orden preferente, sólo actualizan su vocación estos últimos. Con lo cual podríamos concluir que la prelación del grado opera en cada orden independientemente de que existan en un orden ulterior consanguíneos de grado más cercano. O, de otro modo: la actualización de la vocación o llamamiento de los parientes de un orden ulterior está subordinada a la inexistencia de parientes en el orden preferente, cualquiera sea el grado de parentesco de consanguinidad en que los últimos se encuentran con relación a los consanguíneos del orden ulterior. Quiere decir, entonces, que la regla del art. 3546 no se comunica entre órdenes excluyentes. Así, pues, si muerto el causante le sobreviven sólo nietos, pero, además, sus padres, aunque éstos se encuentren en primer grado de consanguinidad en línea recta con respecto al causante y los nietos en segundo actualizan el llamamiento (en este caso por derecho de representación) los últimos, que integran el primer orden (arts. 3566 y 3567), excluyendo a los ascendientes que se hallan en un orden ulterior.

SUCESIÓN INTESTADA

§ 541.

CALIDAD

429 U ORIGEN DE LOS BIENES HEREDITARIOS.

-

El art. 3547 establece como principio fundamental que "en las sucesiones no se atiende al origen de los bienes que componen la herencia". La regla puede sintetizarse diciendo que el patrimonio hereditario, a la muerte del causante, forma una unidad, en la que no se distinguen categorías de bienes para asignarles determinados herederos o sucesores. El principio constituye una consecuencia de la reacción contra los mayorazgos de la época medieval que tanto conoció el derecho español y que importó a América. Parece que el origen debe encontrarse en el derecho de los francos, que, originariamente, llamaba a suceder en los feudos al primogénito del causante, al hijo mayor, con vinculación indefinida del patrimonio y del título honorífico en la misma línea de preferencia. Luego, este primitivo "mayorazgo" se extendió a través de la permisión de las vinculaciones por las que la propiedad de ciertos bienes se perpetúa según condiciones establecidas por su dueño. Siguiendo al Code, que entroniza la reacción liberal contra las vinculaciones de filiación nobiliaria y feudal, el Código Civil argentino recogerá similar espíritu al que ya en 1813 motivara la enfática declaración de la Asamblea General Constituyente a través de la ley que prohibió "la fundación de mayorazgos en las Provincias Unidas, como asimismo toda especie de vinculación que no teniendo un objeto religioso o de piedad transmita la propiedad a los sucesores sin facultad de enajenarla". Tal el sentido más profundo que trasunta el art. 3547. Pero, ya veremos que a pesar del principio de la unidad de la herencia, según la cual no se atiende al origen de los bienes que la componen, existen en el contexto del derecho sucesorio dos excepciones importantes. Adelantemos desde ya que esas excepciones no se han fundado en una concepción aristocrática o feudal, sino en motivaciones diversas que, según se estudiará, conjugan principios arraigados del derecho histórico. Suprimida la institución de la reserva (arts. 237 y 238, Cód. Civil, trasvasados después a los arts. 115 y 116, ley 2393) y la sucesión

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en los bienes reservados (art. 3590) derogada por la ley 17.711, los casos son los siguientes: a) DERECHO HEREDITARIO DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. Sobre la parte de bienes gananciales que integran el acervo sucesorio una vez liquidada la sociedad conyugal disuelta, o sea, la que de acuerdo con esa liquidación corresponde al prefallecido. El art. 3576 establece que "en todos los casos en que el viudo o viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondieran al cónyuge prefallecido". b) DERECHO HEREDITARIO DEL ADOPTANTE. El segundo caso es, a partir de la ley 17.711, el derecho hereditario del adoptante que, derogándose el art. 16 de la ley 13.252, consagró el art. 3569 bis del Cód. Civil en la sucesión del adoptado. Sin embargo, "el adoptante hereda al adoptado, salvo respecto de los bienes que éste hubiere recibido a título gratuito de la familia de sangre". Similar preceptiva reprodujo el art. 24 de la ley 19.134, y ahora el art. 333 del Cód. Civil (ley 24.779). En ambos supuestos, como se ve, la ley rompe el principio de la unidad de la herencia distinguiendo el origen de ciertos bienes constitutivos del caudal relicto para excluir a determinados sucesores. B)

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

§ 542. CONCEPTO. - Los regímenes sucesorios de orientación romanista, que organizan la sucesión por causa de muerte conforme al sistema lineal, defieren la adquisición a los llamados en cada línea por partes iguales, sin atender al origen de los bienes hereditarios. Es la llamada concurrencia por cabeza -in capita- de los titulares de la vocación. Pero ¿qué ocurriría si cualquiera de ellos hubiese prefallecido al causante o, en todo caso, si abierta la sucesión resolviese la vocación? Evidentemente la adquisición se limitaría a los demás llamados en igual grado provocando como consecuencia que, si el prefallecido o

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el que resolvió su vocación tenía descendientes, esa línea perdería el beneficio de recibir una cuota o parte de los bienes. O, en otros términos: la rama del prefallecido o del titular de la vocación resuelta no sería beneficiaria de la transmisión porque los bienes del causante se distribuirían en las otras ramas, a partir de los hijos del difunto que consolidaron su llamamiento mediante la aceptación. A pesar de que tal sería la consecuencia inobjetable de la aplicación ortodoxa del principio del art. 3546, la ley ha preferido evitarla considerando que la rama del prefallecido o del llamado que resolvió su vocación no debe ser privada de participar en la transmisión de los bienes del causante. En consecuencia, actualiza la vocación de los descendientes del titular de la vocación original, a efectos de que ellos reciban, en conjunto, la misma parte que hubiese correspondido a su ascendiente en la sucesión. Esas vocaciones se actualizan mediante el denominado derecho de representación, por el cual, según define el art. 3549, "los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido". Esta situación, unida a las circunstancias que determinan el llamamiento, han permitido a la doctrina tradicional distinguir la sucesión por derecho propio y por derecho de representación (jure proprio y iure reprcesentationis). Se sucede por derecho propio cuando siendo uno solo el heredero o cuando siendo varios, todos, sin embargo, descienden del mismo tronco inmediato. Se sucede por representación cuando, aunque no sea más que uno de los varios individuos a quienes corresponde la sucesión, no desciende del mismo tronco del que descienden los otros y viene en lugar de su antecesor. Ocurre que cuando la herencia se defiere a los sucesores que fundan o reconocen su vocación legítima en la circunstancia de ser, todos, los parientes del difunto más cercanos en grado, el llamamiento es, por así decir, originario. Si, en cambio, uno - o varios- de esos parientes ha prefallecido o por otra circunstancia resuelve su llama-

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miento, sus descendientes concurren con los otros parientes unificando su vocación en la cuantía y extensión de su ascendiente, recibiendo un llamamiento derivado de la vocación originaria inexistente o resuelta. § 543. NATURALEZA. - Este denominado derecho de representación ha sido involucrado por la doctrina italiana como un supuesto de lo que se ha dado en llamar vocación indirecta. La vocación indirecta comprende diversos casos en los cuales un sujeto que habría venido a suceder, no sucede efectivamente, porque no puede o no quiere, y otro, por la voluntad de la ley o del testador -caso de las sustituciones- hereda en lugar suyo. En otros términos: al aludir a una vocación indirecta no se pretende afirmar que el así llamado -"indirectamente"- a la adquisición no asuma un derecho propio a la sucesión. Se dice que la vocación es indirecta porque en cierto sentido se refiere a otro llamamiento, al que podríamos denominar directo, que ha fallado, ya sea en su origen (en caso de premoriencia) o después de la apertura de la sucesión. Pero, aun inexistente, el elemento objetivo de esa vocación fallida sirve para que la ley determine el contenido de la vocación efectiva. Esta referencia a una vocación anterior, preexistente, aunque fallida, es esencial para instrumentar la excepción al principio general, según el cual los parientes más cercanos en grado excluyen a los de grado más remoto. Por consiguiente, los derechos sucesorios de éstos se determinan, en cuanto a su existencia, cuantía y posición respecto del causante, por referencia a los de aquellos ascendientes suyos que los excluirían de la herencia de haber heredado. § 544. SUCESIÓN POR ESTIRPES. CONCEPTO. - Al conceptuar el derecho de representación, el art. 3549 alude a los hijos de un grado ulterior que son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto. La representación -se sostiene- equivale a un derecho sucesorio por estirpe, desde que todos los hijos de una persona premuerta, cualquiera sea su número, reciben la misma parte de

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su progenitor. Así surge del art. 3563: "En todos los casos en que la representación es admitida, la división de la herencia se hace por estirpe. Si ésta ha producido muchas ramas, la subdivisión se hace también por estirpe en cada rama, y los miembros de la misma rama". Se contrapone, así, a la sucesión por cabeza -in capita-, en la cual cada heredero goza de un llamamiento a la adquisición hereditaria cuya cuota parte se determina en función del número de coherederos, concurriendo cada uno individualmente a recibir una cuota equivalente en extensión a las demás. C C

/ A

A

\ B

D

y\ B

/ jí

Fig. 1

0

\ \A Ñ

Fig. 2

Fig. 3

En la Fig. 1, suponemos que a la muerte de C le sobreviven sus tres hijos: A, B y D, quienes, conforme al art. 3565, heredan a C por derecho propio y en partes iguales. Es decir que la alícuota importará, para cada uno, el equivalente en valor a 1/3 del acervo. Supongamos, en cambio que, habiendo premuerto D, al momento de la apertura de la sucesión de C, le sobreviven sus hijos A y B y los nietos N, M y Ñ, hijos de D. Tal es la hipótesis de la Fig. 2. Estos nietos actualizarán su vocación en la sucesión de C, "representando" a su padre prefallecido y concurrirán con A y B a recibir la misma parte de la herencia a la cual su padre -D- habría sucedido (conf. art. 3549). Entonces, heredarán por estirpe, correspondiéndoles 1/9 a cada uno, del tercio que constituye el contenido de la vocación hipotética que se está representando. 28. Zannoni, Manual.

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Pero el art. 3563 agrega que si la estirpe "ha producido muchas ramas, la subdivisión se hace también por estirpe en cada rama". La norma supone una representación sucesiva. En la Fig. 3 se gráfica el caso en que, a la muerte de C, le sobreviven sus hijos A y B, sus nietos N y M y los bisnietos X e Y. Por premuerte de D, en el caso anterior, dijimos que cada nieto recibiría 1/9 del total del acervo, al participar in capita del contenido de la vocación correspondiente a la estirpe del hijo D, premuerto. Pero ocurre ahora que uno de esos nietos, Ñ, también ha prefallecido al causante. En ese caso sus hijos actualizarán su vocación recibiendo, en conjunto, la parte que hubiese correspondido a su padre. Es decir, 1/18 cada uno. Queda claro, en los ejemplos propuestos, cómo la ley atribuye a quienes actualizan una vocación por representación ("representantes") un llamamiento referido en consideración al contenido que habría tenido el derecho de la persona intermedia; derecho que, por otra parte, se considera como referencia a una vocación que ha quedado puramente hipotética al efecto de determinar, precisamente, la extensión del llamamiento en la sucesión por estirpes. § 545. CASOS EN QUE TIENE LUGAR LA PREMORIENCIA. - Hasta lo que llevamos dicho,

REPRESENTACIÓN.

sabemos que, respecto del representado, el requisito fundamental para que se actualice la vocación por representación es la premoriencia. Esto significa que debe haber fallecido prematuramente, antes de la apertura de la sucesión de que se trata. Si falleciese después, como titular del llamamiento, transmitiría el derecho de opción a sus propios herederos (art. 3316), quienes en tal caso poseen llamamiento directo a su sucesión. De allí, la norma general del art. 3554, parte Ia: "no se puede representar sino a las personas muertas", porque viventis non datur reprcesentatio. § 546.

REPRESENTACIÓN

EN CASO DE CONMORIENCIA.

-

Sa-

bemos que el Código Civil dispone en el art. 109 que si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cual-

SUCESIÓN INTESTADA

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quier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna entre ellas. En el tema que nos ocupa -derecho de representación- el problema es de sumo interés. Supongamos que en un accidente mueren padre e hijo. Si se aplica ortodoxamente la dogmática sucesoria, como el padre no transmitió derechos sucesorios al hijo, los descendientes de éste no pueden pretender representarlo, ya que la representación, por definición, tiende a que los representantes sucedan juntos a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido (art. 3549). De modo, entonces, que la herencia se defiere a los ascendientes del padre (art. 3567). Esta solución peca de inconveniente e injusta en diversos aspectos y por ello ha sido criticada, admitiéndose, no obstante, el derecho de representación por el juego interpretativo del art. 3550 en cuanto al fundamento del llamado derecho de representación y las excepciones al principio de que no se puede representar sino a personas muertas que enuncia el art. 3554 (arts. 3552, 3301 y 3749). Por ello, compartimos la idea expuesta por algunos autores, en el sentido de que nuestra ley no exige que el representado muera con anterioridad al causante, aunque por ser éste el caso más común, el art. 3557 se refiere a él en forma ejemplificativa. En cambio, los arts. 3549, 3554 y 3562, que delinean la institución y sus efectos, no hacen mención alguna de la premoriencia. La ley requiere solamente que el representado no viva al momento de la apertura de la sucesión, y por definición en la conmoriencia se cumple tal requisito. § 547. REPRESENTACIÓN DEL RENUNCIANTE. - La fuerza de las ideas que inspiran a la "representación" han debido considerar ilógica la representatividad de quien renuncia a la herencia, resolviendo su llamamiento hereditario. En efecto, si se juzga al renunciante como no habiendo sido nunca heredero y la sucesión se defiere como si el renunciante no hubiese existido, ¿cómo admitir que sea "representado" por sus descendientes?

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La idea es, no obstante, engañosa. Recordemos que el concepto de representación fue identificado por los juristas medievales en todos los casos en los cuales, según las fuentes romanas, la sucesión se defería por estirpes. Conforme a esta premisa, que no obedecía sino al afán de extender los principios por analogía, se imaginaba que el representante ocupaba el lugar y grado que hubiese correspondido al representado. Pero si éste había por cualquier motivo resuelto su vocación, extinguido el llamamiento, nadie podía ocupar su lugar y grado. Lo que ocurre es que, como lo puntualiza el art. 3550, "e/ representante tiene su llamamiento a la sucesión, exclusivamente de la ley y no del representado". Y ello, en sus términos más puros, significa tanto como que la sucesión por estirpes se funda exclusivamente en una vocación que ha quedado hipotética para permitir la referencia necesaria que viabilice la transmisión hereditaria a los descendientes de quien, o bien no llegó a ser titular de vocación alguna -caso de premoriencia- o resolvió su llamamiento, como en la hipótesis de la renuncia. No hay vocación real representada, sino vocación inexistente o resuelta cuyo contenido objetivo determina la cuantía y extensión del llamamiento por representación. § 548.

REPRESENTACIÓN DEL INDIGNO Y DEL DESHEREDADO.

Establece el art. 730 del Cód. Civil francés, que sirvió de fuente a Vélez Sársfield al redactar el art. 3301, que "viniendo los hijos del indigno a la sucesión por derecho propio y sin el auxilio de la representación, no son excluidos por las faltas de su padre". Era ésta otra de las excepciones que el mismo droit coutumier concibió para adecuar su concepto del derecho de representación. Reaccionando contra la tendencia que negaba a los hijos del indigno la representación de su padre, se elaboró una justificación de tipo general la cual se afirmaba en que, siendo la indignidad consecuencia de una culpa, la pena no podía extender sus efectos a la prole inocente. Pero el Código Civil francés recogió esa justificación en forma retaceada. Sólo cuando los hijos del indigno vienen a la

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sucesión "por derecho propio y sin el auxilio de la representación" es que no son excluidos por la culpa de su padre. Tal es el caso de estirpe única, o sea, hijos o descendientes que, declarada la indignidad de su ascendiente, no concurran con los tíos u otros descendientes de estirpe diversa. Cuando Vélez Sársfield tradujo el art. 730 del Code por un error estableció que "los hijos del indigno vienen -en lugar de vénant, 'viniendo' en la fuente francesa- a la sucesión por derecho propio y sin el auxilio de la representación, no son excluidos por las faltas de su padre". Pero, así escrito, la pregunta era inevitable: ¿no es que los nietos y demás descendientes actualizan su llamamiento, según el art. 3566, siempre por representación? Si se interpretaba literalmente el art. 3301 ocurría que heredaban por cabeza, lo cual, produciría resultados arbitrarios. Así, si el causante había dejado dos hijos, uno de ellos declarado indigno que tiene a su vez cuatro descendientes, la herencia se distribuiría dando a los hijos del indigno, en conjunto, cuatro quintos en lugar de la mitad. Y, además, no estarían obligados a colacionar las donaciones que el causante hubiere hecho en vida a su padre. Similar era el caso del desheredado, aunque el art. 3749 no aludiera al ius repr&sentationis. Para salvar estos inconvenientes, la ley 17.711 ha modificado acertadamente ambas normas. El art. 3301 dispone: "Los hijos del indigno vienen a la sucesión por derecho de representación, pero el indigno no puede en ningún caso reclamar sobre los bienes de la sucesión el usufructo y administración que la ley acuerda a los padres sobre los bienes de sus hijos". Y el art. 3749, similarmente, estatuye: "Los descendientes del desheredado, heredan por representación y tienen derecho a la legítima que éste hubiera tenido de no haber sido excluido. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes". Con la adecuación de ambas normas, deben considerarse modificados, a su vez, el art. 3554, que dispone, como vimos, que no se puede representar sino a personas muertas, con excep-

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ción del renunciante, y, fundamentalmente, el art. 3556 que establece que no se puede representar sino a las personas que habrían sido llamadas a la sucesión del difunto. Tanto el indigno y el desheredado han resuelto su vocación no obstante lo cual, sus descendientes actualizan la vocación para recibir la misma parte que a él hubiese correspondido en contenido y extensión. Pero, en los dos casos, los bienes que correspondan a aquéllos no serán usufructuados por el indigno o desheredado ni tendrán su administración mientras durare la minoría de edad de los hijos. Se trata de no beneficiarlos en la hipótesis con el derecho que, normalmente, les confiere el ejercicio de la patria potestad. § 549.

CONDICIONES

QUE DEBE REUNIR EL

Con relación al representante, a) TRATA.

REPRESENTANTE.

se exige:

QUE SEA HÁBIL PARA SUCEDER A AQUÉL DE CUYA SUCESIÓN SE

Es decir que no esté sujeto a causas de resolución de su vocación que, aun siendo indirecta, o referida en su contenido a la del representado, es asumida iure proprio con relación al causante (art. 3551). b) SER DESCENDIENTE EN GRADO SUCESIBLE, CON RELACIÓN AL CAUSANTE. Esto importa sólo en la línea colateral, ya que los pa-

rientes tienen vocación legítima sólo hasta el cuarto grado inclusive. De modo que no podría representar a un ascendiente quien se hallase en quinto o ulterior grado, con relación al causante. Ahora bien; vinculado con esto, el art. 3556 establece: "No se puede representar sino a las personas que habrían sido llamadas a la sucesión del difunto". Tal norma recoge la idea de ficción que inspira a la representación; como decíamos, queda virtualmente afectada por los arts. 3301 y 3749, que admiten la representación del indigno y del desheredado que han resuelto su llamamiento o carecen de vocación en la sucesión del causante. § 550. SENTANTE. -

OBLIGACIÓN

DE COLACIONAR

A CARGO DEL

REPRE-

El art. 3564, en concordancia con lo dispuesto por el art. 3482, establece: "Cuando los hijos vengan a la sucesión

SUCESIÓN INTESTADA

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por representación, deben colacionar a la herencia lo que el difunto ha dado en vida a sus padres aunque éstos hubiesen repudiado la sucesión". El principio que obliga a colacionar al representante lo donado por el causante al hijo premuerto que representa, es un típico caso de colación por otro, en el cual como la aceptación de la herencia ubica al representante en la estirpe indivisible, la imputación de la donación debe serlo por el total de lo donado por el causante al representado, aun cuando algunos llamados renunciasen a la herencia. De modo que, desde este punto de vista, la sucesión por estirpes determina para los titulares de la vocación indirecta la necesidad de imputar a su hijuela las liberalidades colacionables que el causante hizo en vida al ascendiente. Se mantiene así la igualdad entre estirpes, fin primordial de la colación, por cuanto la extensión del llamamiento por representación se determina, decíamos, en cuanto a su cuantía y contenido por referencia al de los ascendientes que excluirían a los representantes de haber podido heredar (ver § 488). § 551. ÓRDENES EN QUE OPERA LA REPRESENTACIÓN. - Dice el art. 3557: "La representación es admitida sin término en la línea recta descendente, sea que los hijos del difunto, aunque de diferentes matrimonios, concurran con los descendientes de un hijo premuerto, sea que todos los hijos del difunto, habiendo muerto antes que éste, se encuentren en grados desiguales o iguales". En cambio, "la representación no tiene lugar en favor de los ascendientes. El más próximo [en grado] excluye siempre al más remoto" (art. 3559). Y en lo referente a la línea colateral, "la representación sólo tiene lugar a favor de los hijos y descendientes de los hermanos, bien sean de padre y madre o de un solo lado, para dividir la herencia del ascendiente con los demás coherederos de grado más próximo" (art. 3560). Siguiendo la tradición del derecho romano y del derecho español se excluye la representación en la línea ascendente. Y ello obedece a que la tendencia a la transmisión hereditaria pretende siempre favorecer, como decíamos, a la posteridad, o sea

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a los descendientes en quienes se perpetúan las relaciones de dominio. Y el afán de no privar a ninguna línea o rama de la descendencia del causante de la adquisición no se justifica, en iguales términos, cuando se trata de la sucesión de los ascendientes. Si se discutiera esta solución, lo cierto es que los códigos que siguen los principios romanistas de la sucesión lineal establecen que el ascendiente del causante no puede ser representado (art. 925, Cód. Civil español; art. 741, Cód. Civil francés, etcétera). Graficando cada caso: X -\ r

A

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Y

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c Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

a) LÍNEA DESCENDENTE. Considerando que a la muerte de C le sobreviven sus hijos A y B y los nietos X e Y, hijos de D, prefallecido, éstos concurrirán a la sucesión con A y B, por estirpe (ver § 544), actualizando así su vocación (Fig. 4). Es éste el caso más simple. Pero el asunto puede complicarse en la hipótesis que ilustra el gráfico de la Fig. 7:

Fig. 7

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SUCESIÓN INTESTADA

A la muerte de C, sólo le sobrevive su hijo B, los nietos R y S, hijos de A, prefallecido; los nietos N y Ñ, hijos de D, también prefallecido, y los bisnietos X e Y, hijos del nieto M, premuerto. El art. 3557, recordemos, establece que la representación es admitida sin término en la línea recta descendente, sea que los hijos del difunto concurran con los descendientes de un hijo premuerto, sea que todos los hijos del difunto, habiendo muerto antes que éste, "se encuentren en grados desiguales o iguales". El caso de nuestro ejemplo aparece justamente aclarado en la nota: "En línea recta -dice Vélez Sársfield- se sucede en virtud de la representación con los de grado más próximo, como cuando concurre el nieto con sus tíos a la herencia del abuelo; o con los de grado más remoto, como se verifica cuando los nietos descendientes de un hijo, suceden con los bisnietos descendientes de otro hijo del abuelo común". Era la solución del derecho justinianeo y de la antigua legislación española (Ley III, Título XIII, Partida VI). b) LÍNEA ASCENDENTE. En la línea ascendente no opera el derecho de representación. El más próximo excluye siempre al más remoto. Entonces, si a la muerte de C sólo le sobreviven su padre A y los abuelos maternos X e Y habiendo premuerto B, éstos serán excluidos por A, aplicándose el principio general del art. 3546 (Fig. 5). c) LÍNEA COLATERAL. El art. 3560 aplica los principios de la representación en favor de "los hijos y descendientes de los hermanos, bien sean de padre y madre o de un solo lado, para dividir la herencia del ascendiente con los demás coherederos de grado más próximo". En el caso más simple, de la Fig. 6, los sobrinos del causante C, X e Y, hijos del hermano premuerto B, actualizarán su vocación representando a su padre en la sucesión del tío concurriendo con A. § 552.

LÍMITE A LA REPRESENTACIÓN

EN LA LÍNEA

COLATE-

RAL. - Pero el art. 3560, al extender el derecho de representación a los hijos y descendientes de hermanos, ha sido causa de dificultades de interpretación en lo que hace a los alcances de aquél.

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Sin embargo, debe interpretarse que la representación en la línea colateral existe en favor de los hijos y descendientes de hermanos hasta el cuarto grado, y esta limitación viene impuesta por cuanto más allá no existe habilidad o vocación sucesoria entre los parientes y, según el art. 3551, el representante debe ser hábil para suceder a aquel de cuya sucesión se trata. Ya nos detuvimos en este requisito específico (ver § 549). El art. 3560 estaría limitado, pues, en cuanto alude a los hijos y descendientes, por el art. 3551 que, en concordancia con el art. 3585 impide el llamamiento ius reprcesentationis más allá del cuarto grado, equivale a decir hasta los sobrinos nietos. Tal ha sido, desde principios de siglo, la jurisprudencia prácticamente unánime. § 5 5 3 . LA REPRESENTACIÓN CUANDO TODOS SE ENCUENTRAN EN IGUAL GRADO HABIENDO PREFALLECIDO LOS ASCENDIENTES CON VOCACIÓN DIRECTA. - Desde el comienzo del capítulo hemos parti-

do del presupuesto de que, al menos en su origen, determinó la sucesión por estirpes luego conocida como derecho de representación. Y dicho presupuesto es la excepción al principio según el cual los parientes más cercanos en grado excluyen a los más remotos, acogido literalmente en el art. 3546. Quiere esto decir que la sucesión por representación impide que, sobreviviendo al causante descendientes de un hijo o un hermano prefallecido, éstos sean excluidos por los tíos en la sucesión del causante. Pero simultáneamente, todo parece indicar que, si al causante sólo le sobreviven tales descendientes, habiendo prefallecido todos los hijos o hermanos, titulares de la vocación directa, el arbitrio de la representación resulta innecesario. Gráficamente: Ah

M

Fig. 8

N

Fig. 9

SUCESIÓN INTESTADA

443

En la Fig. 8, suponemos que a la muerte de C sólo sobreviven sus nietos R y S, hijos de A; X, hijo de B; Y y Z, hijos de D. De modo que todos los hijos de C han prefallecido y los nietos se encuentran en igual grado en la sucesión. En la Fig. 9 el ejemplo es similar en la línea colateral. A la muerte de C, le suceden sus sobrinos M, N y Ñ, hijos de A, e Y y Z, hijos de B. En este caso han prefallecido A y B, por lo que los sobrinos no concurren con tíos. Para ambos casos, se reitera la pregunta: ¿heredan por derecho propio o ius reprcesentationisl El art. 3557, en cuanto a la línea descendente, dispone que la representación es admitida "sea que todos los hijos del difunto, habiendo muerto antes que éste, se encuentren en grados desiguales o iguales". Y en la nota, el codificador es terminante: "En este último caso -dice- los descendientes del difunto siendo iguales en grado, la representación no podría tener por fin hacer subir a los unos y a los otros a un grado más próximo. Su objeto, en tal caso, sólo es introducir la división de la herencia por estirpes, a fin de mantener la igualdad entre las diferentes ramas de la descendencia, y que los nietos no tengan entre todos los de una estirpe, mayor porción de la herencia que la que habría tenido su autor". La nota es ilustrativa. Por un lado nos muestra que Vélez Sársfield se adhirió a la teoría de la ficción para justificar la institución de la representación, ficción que se virtualiza en hacer subir a los descendientes al lugar y grado que corresponde, o correspondía al premuerto en la familia del causante. Y en la nota transcripta puntualiza, conforme a tales ideas, que cuando al causante sobreviven sólo descendientes de sus hijos que se encuentran en igual grado, "la representación no podría tener por fin hacer subir a los unos y a los otros a un grado más próximo". Con lo cual confirma el carácter restrictivo que la institución posee como excepción al principio general del art. 3546. Mas, a pesar de ello, y aun cuando los descendientes de ulterior grado no requiriesen de la representación para heredar, Vélez

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Sársfield la consagra "al solo objeto -concluye- de introducir la división de la herencia por estirpes". Lo cual quiere decir que, a pesar de que la plena razón de ser de la representación reside en evitar la regla proximiores excludant remotiores, lo esencial es simplemente que los derechos sucesorios de ciertos herederos se determinan, en cuanto a su existencia, cuantía y posición respecto del causante, por referencia a los de aquellos ascendientes suyos que los excluirían de la herencia de haber podido heredar. Y entonces, el ius reprcesentationis consagra la "participación igualitaria de las estirpes" que son, más que los individuos, las que se entienden llamadas a la herencia. Lo mismo ocurre cuando se trata de la sucesión en la línea colateral. El art. 3561 establece que "quedando hijos o descendientes de dos o más hermanos del difunto, heredarán a éste por representación, ya estén solos y en igualdad de grados, o ya concurran con sus tíos". Convengamos que, sin esta norma, la conclusión no sería del todo aceptable ya que, al establecer la representación, el art. 3560 dice que ésta tiene lugar en favor de los hijos y descendientes de hermanos para dividir la herencia del ascendiente con los demás coherederos de grado más próximo. Retornando, entonces, a los casos que proponen los gráficos de las Figs. 8 y 9, es evidente que, en ambos, los nietos y sobrinos actualizan la vocación por estirpes. Y aquí reside la importancia del distingo. Si, en el ejemplo propuesto (Fig. 8) los nietos R, S, X, Y y Z fueran titulares de un llamamiento a la adquisición in capita, por cabeza, cada uno recibiría 1/5 en valor del total del acervo hereditario. Heredando, en cambio, por estirpe, como el contenido, cuantía y extensión del llamamiento lo establece cada estirpe, y éstas son tres -las de los hijos A, B y D, todos prefallecidos-, a cada estirpe corresponde 1/3 del total del acervo al que, en cada una, los nietos concurren por cabeza. De modo entonces que mientras los nietos R y S, hijos de A, e Y y Z, hijos de D, recibirán 1/6, X, único hijo de B, recibirá 1/3.

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SUCESIÓN INTESTADA

Similar es la hipótesis de la Fig. 9. Aquí los sobrinos de C concurrirán también por estirpes, recibiendo M, N y Ñ, hijos de A, 1/6 del total del acervo, mientras que Y y Z, 1/4 cada uno. Si actualizasen su vocación por cabeza, recibirían cada uno 1/5 de ese acervo. Y, en el caso en que, habiendo premuerto todos los hijos o hermanos del causante, los descendientes de éstos se encuentren en grados desiguales:

HB

7\ N

Fig. 10

M

Fig. II

a) ENTRE DESCENDIENTES. A la muerte de C, le sobreviven: sus nietos R, hijo de A, premuerto; M, hijo de B, premuerto; N, hijo de D, premuerto; los bisnietos, X, Y y Z, hijos del nieto 5, premuerto; O, P y Q, hijos del nieto Ñ, premuerto, y finalmente, sus tataranietos U y V, hijos del bisnieto Q, prefallecido. En tanto la división de la herencia se hace por estirpe en cada rama, se procederá de la siguiente forma: a la estirpe de A (1/3 del total del acervo), concurre el nieto /?, en 1/6; los bisnietos X, Y y Z dividirán por cabeza la parte que hubiese correspondido a su padre, 5, en la estirpe, o sea 1/6; de modo que cada uno recibirá 1/18. La estirpe de B, la recibe íntregramente el nieto M (1/3 del total del acervo). Finalmente, en la estirpe de D, suceden N, en 1/6; O y P, en 1/18, representando a su padre Ñ, y

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los tataranietos del causante í / y Ven 1/36 del total del acervo {Fig. 10). b) ENTRE COLATERALES. Las estirpes de A y B, hermanos premuertos de C, concurren recibiendo: 1/4 X, hijo de A, y un 1/8 los sobrinos N y M, hijos de Y. En tanto los sobrinos R, S y T concurrirán recibiendo, en la estirpe de B, 1/6 del total del acervo, cada uno (Fig. 11). Quiere decir que, habiendo reducido la ley 17.711 el llamamiento en la línea colateral hasta el cuarto grado (art. 3585), actualizan la vocación: / ) los hermanos, por derecho propio y los hijos y descendientes de éstos, hasta el cuarto grado, es decir, sobrinos y sobrinos nietos, que heredan siempre por estirpe representando a su padre concurriendo o no con tíos y tíos abuelos (conf. art. 3561); 2) los primos, a partir de los cuales se encontrarían "los demás parientes colaterales", que originalmente tenían vocación hasta el sexto grado (y que en la legislación de Partidas llegaban al décimo, y en las Novelas de Justiniano era ilimitada). Pero limitándose la vocación o llamamiento al cuarto grado, aquí se detiene la habilidad sucesoria y no cabe, por ende, hablar de representación. C)

Ó R D E N E S EN LA SUCESIÓN INTESTADA 1) DESCENDIENTES

§ 554. EXTENSIÓN Y CONCURRENCIA. - E l orden de los descendientes comprende a los hijos (art. 3565) y descendientes (art. 3566) del causante y al adoptado (art. 333, Cód. Civil, ley 24.779) y sus descendientes (art. 334, Cód. Civil). Concurren con los descendientes el cónyuge supérstite del causante, como titular de la vocación, exclusivamente sobre la parte de los bienes propios constitutivos del acervo hereditario (arts. 3570 y 3576). § 555. HIJOS SOLOS. - S e g ú n el art. 3565: "Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes

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SUCESIÓN INTESTADA

iguales". Es decir que el acervo hereditario se distribuirá, en alícuotas ad valorem, en tantas partes equivalentes como hijos concurran. Suponiendo la hipótesis de cuatro hijos: /

A

B

/

25%

25%

\\

D

E

I

25%

25%

/

C

A

B

D

E

\ \

Alícuota hereditaria

Concurrencia Fig. 1

§ 556. HIJOS Y NIETOS. - En este caso se aplican los principios de la representación y la división por estirpes, correspondiendo a los nietos del hijo prefallecido, en conjunto, "la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido" (art. 3549).

Concurrencia

Alícuota hereditaria Fig. 2

§ 557. SUPÉRSTITE.

CONCURRENCIA

DE DESCENDIENTES

CON EL CÓNYUGE

- Según el art. 3570: "Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión, la misma parte que cada uno de los hijos". Debemos señalar sin embargo que, cuando el cónyuge supérstite actualiza su llamamiento en concurrencia con los descendientes se rompe el principio de la unidad de la herencia, ya que aquél no tendrá, como dice el art. 3576, parte alguna en la división de gananciales que correspondiesen al cónyuge prefallecido.

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De modo entonces que por la muerte, y habiendo quedado de pleno derecho disuelta la sociedad conyugal (art. 1291), los gananciales son liquidados, aplicándose lo dispuesto en el art. 1315, ello es: "se dividirán por iguales partes entre marido y mujer, o sus herederos, sin consideración alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes algunos".

c / A

// \\ I

Cs

/

/

\ D

l \

A

B

25%

25%

\ \

Cs

D

I

25%

25%

/

B.P.

B.G.

Alícuota hereditaria

Concurrencia Fig. 3

Se distinguen dos masas de bienes: los propios del causante (B.P.) (art. 1271), a cuya adquisición concurren por cabeza el cónyuge supérstite (Cs) y los hijos legítimos A, B y D (art. 3570). Sobre los bienes gananciales (B.G.), al cónyuge supérstite se le liquida la mitad en las operaciones de liquidación de la sociedad conyugal disuelta (art. 1315) y la otra mitad integra el acervo sucesorio al cual concurren sólo los hijos (en un 33% de ella, cada uno), quedando excluido el cónyuge supérstite (art. 3576). § 558. VOCACIÓN DEL ADOPTADO POR ADOPCIÓN SIMPLE Y sus DESCENDIENTES EN LA SUCESIÓN DEL ADOPTANTE O LOS ASCENDIENTES DE ÉSTE. - El art. 334 del Cód. Civil, según ley 24.779,

establece que "el adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos". Esta norma debe ser interpretada, en la actualidad, en el contexto de la reforma de la ley 23.264 en que se ha eliminado

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SUCESIÓN INTESTADA

toda discriminación entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales a los efectos sucesorios, y por ende se ha derogado expresamente el art. 3582 que limitaba el derecho de sucesión de los descendientes extramatrimoniales. De tal modo corresponde señalar que el adoptado y sus descendientes, sin discriminación, heredan al adoptante o a los ascendientes de éste en las condiciones establecidas por la ley. Aclaramos que la norma transcripta es sólo aplicable a la adopción simple y no a la plena, pues en este caso, el adoptado adquiere en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico y esta filiación sustituye a la de origen (art. 323, Cód. Civil, ley 24.779). a) El adoptado hereda al adoptante, aunque no lo explicita aquí el art. 334 del Cód. Civil, en razón de que es reputado hijo biológico en los términos del art. 329. b) El adoptado y sus descendientes pueden llegar a heredar, por representación, a los ascendientes del adoptante pero en este supuesto no serán herederos forzosos. A pesar de que la adopción simple no crea vínculo de parentesco entre el adoptado y la familia consanguínea del adoptante (conf. art. 329, Cód. Civil), la disposición legal consagra a los efectos hereditarios vocación por derecho de representación en favor del adoptado o de sus descendientes en los casos que corresponda, en la sucesión de los ascendientes del adoptante. c) En cambio los descendientes del adoptado gozan de vocación en la sucesión del adoptante, pero además son herederos forzosos, como lo establece el art. 334 del Cód. Civil. 2) ASCENDIENTES

§ 559. EXTENSIÓN Y CONCURRENCIA. - El orden de los ascendientes comprende: a) Al padre y madre del difunto, por partes iguales o, existiendo sólo uno de ellos, al padre o madre sobreviviente en el todo de la herencia (art. 3568). 29. Zannoni, Manual.

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b) A falta de padre y madre del difunto, a los ascendientes más próximos en grado por iguales partes aunque sean de diferentes líneas (art. 3569). Los ascendientes concurren con el cónyuge supérstite, quien, en este caso, actualiza su vocación hereditaria sobre la parte de gananciales correspondientes al premuerto (art. 3576). En cambio, los ascendientes son excluidos por los hijos y descendientes del causante (art. 3566). Son éstos, titulares de la vocación del primer orden, excluyente de los ulteriores. § 560. CONCURRENCIA DE ASCENDIENTES SOLOS. - El padre y la madre del difunto lo heredarán por iguales partes, dispone el art. 3568. A falta de padre y madre "/o heredarán los ascendientes más próximos en grado, por iguales partes, aunque sean de distintas líneas" (art. 3569). Con estas normas, nuestro Código descarta la transmisión de los bienes según la línea a que pertenecen las ramas paterna y materna del causante, es decir, conforme al antiguo principio paterna paternis, materna maternis que, en el derecho germánico, se aplicaba a los Magschaft (herederos, parientes consanguíneos a partir de los abuelos y sus descendientes), distinguiéndose los Magen paternos y maternos. De este modo la estirpe regula la transmisión de los bienes, es decir, la herencia se reparte en dos partes o alícuotas iguales "por mitad entre los ascendientes de la línea paterna y los ascendientes de la línea materna", como lo dispone el art. 746 del Cód. Civil francés. Por el sistema de nuestra ley, en cambio, los ascendientes más próximos en grado heredan por iguales partes y sin tener en cuenta a qué estirpe pertenecen:

A

B C

Concurrencia

Alícuota hereditaria

SUCESIÓN INTESTADA

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Y, no operando el derecho de representación, por cuanto el ascendiente más próximo en grado excluye al más remoto (art. 3559).

Alícuota hereditaria

Concurrencia Fig. 5

En caso de concurrencia de ascendientes de grado más remoto a los padres:

/

R

s \

/

25%

25%

\\

X 25%

Y

I

25%

/

\

Alícuota hereditaria

Concurrencia Fig. 6

Finalmente, al no distinguirse entre las distintas ramas (paterna o materna), se aplica la división por cabeza:

s

- Y

X

1.U

/ /

\