La democracia no se construyó en un día 9786073187886

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“La salud de las democracias, cualquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario.” JOSÉ ORTEGA Y GASSET La rebelión de las masas

Introducción

Las elecciones de 2018 marcaron, en muchos sentidos, un parteaguas en la democracia mexicana. Punto de llegada y de partida, el proceso electoral más grande de la historia culminó con una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo federal, la conformación de una nueva mayoría en el Poder Legislativo, la reconfiguración del mapa político del país y el surgimiento de un nuevo equilibrio en el sistema de partidos. La tercera alternancia llevó a la presidencia de la República a un político de larga trayectoria; constructor él mismo, junto con muchas otras personas, de la transición mexicana y detonador de muchas de las reglas e instituciones del sistema electoral mexicano. En su tercera campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador dio el campanazo, al ganar holgadamente la presidencia y propiciar el triunfo de miles de candidatas y candidatos a muy diversos cargos públicos, postulados por un partido de reciente creación: Morena, que apenas en 2014 había obtenido su registro como fuerza política nacional. El proceso electoral de 2018 cerró diversos ciclos históricos: uno de 50 años, si se considera el movimiento estudiantil de 1968 como punto de arranque de la democratización de México; uno de 40 años, si se ubica en la reforma política de 1977 el inicio del tránsito del régimen político hacia la pluralidad; o uno de tres décadas, si se considera las elecciones de 1988 como el punto de quiebre de la transición. Lo cierto es que la democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018. Las condiciones democráticas estaban ahí, y gracias a ello fue posible el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial. En el triunfo del hoy presidente confluyen diversas circunstancias: su trayectoria y las decisiones que tomó luego de su segunda derrota electoral en 2012; la ruta y las decisiones que tomaron los tres partidos políticos que, hasta antes de 2018, habían dominado la vida política del país (PRI, PAN y PRD); la revolución digital que supuso el surgimiento de las redes sociales de internet como fenómeno de comunicación política y detonante de un nuevo activismo ciudadano, y el arbitraje del proceso desde el Instituto Nacional Electoral, no sólo como organizador de las elecciones, sino como garante de los principios de equidad, libre competencia, legalidad y certeza, necesarios para que el sufragio efectivo — el voto libre e informado— decidiera aquellos comicios. Como todo proceso histórico, los comicios de 2018 tienen antecedentes determinantes, episodios de conflicto, de negociación y de acuerdo entre los actores involucrados. En esta historia hay competidores (ganadores y perdedores), grupos de interés, actores protagónicos y millones de participantes anónimos. Casi nadie en México se quedó en calidad de mero espectador en aquel proceso político. Las razones del triunfo de López Obrador constituyen una historia que, si bien fue registrada en el día a día por todos los medios, aún requiere de una revisión analítica en retrospectiva y una reflexión que proyecte a futuro sus efectos y consecuencias en la vida democrática de México. Este libro fue concebido por sus autores desde el mismo 2018, con la idea de explicar el proceso electoral desde una doble —y por momentos contrastante— mirada de los acontecimientos. Por un lado, la crónica periodística desde una visión retrospectiva y, por otro lado, el testimonio del árbitro de aquella contienda electoral, con una visión académica y analítica de la secuencia de eventos y decisiones que hicieron posible la tercera alternancia en la historia de nuestra democracia. Con variaciones, el proyecto se mantuvo vivo en medio de acontecimientos que han modificado nuestra vida política y social, no sólo en México, sino en todo el mundo, hasta llegar a concretarse ahora, en el umbral de un nuevo proceso electoral que, como en 2018, volverá a ser el más grande, complejo y libre de la historia de la democracia mexicana. Este libro contiene ocho crónicas y siete ensayos que se complementan y dialogan entre sí, para construir un doble relato del proceso político que culminó con las elecciones de 2018. No es una obra en coautoría, sino dos libros en uno, en el que las lectoras y lectores pueden seguir el orden intercalado sugerido, o construir su propio índice, leyendo por un lado las crónicas del periodista y, por otro, los ensayos con las reflexiones y testimonios del presidente del INE.

Sin duda, el panorama político y el contexto social de México han cambiado profundamente en tres años, y la pandemia de covid-19 ha vuelto más complejos muchos de los procesos político-electorales que dan vida a nuestra democracia. Sin embargo, eso no le resta pertinencia a la revisión histórica del 2018. Narrar, explicar, analizar y debatir aquella elección se vuelve fundamental para entender cómo arribó México a la jornada electoral del 1 de julio y, de cara a los comicios del 6 de junio de 2021, revalorar nuestra democracia como un proceso evolutivo, una obra colectiva de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, y un patrimonio de todas y todos. La democracia no se construyó en un solo día. Ciudad de México, abril de 2021

PRIMERA PARTE

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El 1 de julio Ernesto Núñez Albarrán

Un impaciente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recarga la espalda en las rejas de las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al sur de la Ciudad de México. Su hijo Jesús Ernesto descansa su cabeza en la panza del candidato, arrugando su camisa blanca. Detrás del niño, Beatriz Gutiérrez Müller mata el tiempo haciendo comentarios sueltos, mientras su marido ve el reloj y alisa su pelo blanco con un peine que cada tres minutos extrae del saco color negro. Se ve inquieto. Los tres hijos mayores de López Obrador ( José Ramón, Andrés y Gonzalo) responden a los comentarios de Beatriz, y de vez en cuando le arrancan una sonrisa a su padre haciendo chistes. Son las siete de la mañana del domingo 1 de julio de 2018. La espera se vuelve larga y tensa. Detrás de López Obrador hay decenas de camarógrafos, fotógrafos, periodistas y curiosos tratando de atestiguar el momento de su voto. Del otro lado de la reja tres guardias de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resguardan el lugar, mientras se termina de instalar la casilla 0359. A la vista de los representantes de los partidos, los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla arman las urnas, montan las mamparas y abren los paquetes que contienen la lista nominal, las boletas electorales, los crayones, los sellos, la tinta indeleble. Fiel a su costumbre, Andrés Manuel López Obrador decide madrugar para ser el primero en votar en la casilla de la delegación Coyoacán a la que corresponde su antiguo domicilio. No ha actualizado su credencial, pero eso no le impide ser el primero de los candidatos presidenciales en emitir su sufragio y llenar con su imagen y su voz los noticieros de radio y televisión que a esas horas comienzan la cobertura especial de un día histórico para México. El tabasqueño había llegado minutos antes a la casilla ubicada en Insurgentes Sur, a bordo de un automóvil Jetta blanco, acompañado únicamente de su chofer y un asistente. Minutos después, en otros vehículos, llegaron sus familiares y César Yáñez, quien entonces aún era su colaborador más cercano. En el camino entre el Jetta y la reja de la Conagua, López Obrador responde preguntas que le hace la prensa en medio de empujones. Varios helicópteros sobrevuelan el lugar, y los camarógrafos que están a bordo envían a las televisoras imágenes en vivo de quien llega como favorito a la jornada electoral. “El pueblo de México va a decidir libremente”, anticipa el candidato, en declaraciones que son difundidas en vivo, minutos antes de que abran las casillas. “Va a ser una jornada histórica; más que una elección, es un plebiscito. La gente va a decidir entre más de lo mismo o un cambio verdadero, y nosotros pensamos que la gente nos va a dar su apoyo para iniciar la cuarta transformación de la vida pública del país”, dice confiado antes de reunirse con su esposa Beatriz y sus hijos. Transcurre más de una hora entre la llegada del candidato y la apertura de la casilla 0359, pero al fin ésta se termina de instalar. Antes de que los agentes de la PBI abran la reja, un muchacho vestido con un chaleco rosa, empleado del Instituto Nacional Electoral (INE), advierte a los cientos de reporteros que sólo podrán pasar los votantes. Afuera, otros ciudadanos que hacen fila para votar se quejan por el tumulto provocado por la prensa. Algunos son afines a López Obrador, y aprovechan la espera para echarle porras que serán transmitidas en radio y televisión. Otros no lo quieren, y gritan con fuerza: “Queremos votar, ¡ya váyase!” AMLO termina metiendo su boleta en la urna hasta las 8:48 horas, y no vota por él, sino por Rosario Ibarra de Piedra, quien fuera candidata presidencial del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982 y 1988, y fundadora del Comité Eureka en 1977, pionero en la búsqueda de desaparecidos en México. Después de votar, AMLO se despide de su familia y aborda el Jetta blanco para dirigirse a su oficina, en la calle de Chihuahua de la colonia Roma. El auto es seguido por reporteros trepados en motocicletas. En el camino, sobre Insurgentes, el candidato va leyendo unas cuartillas en las que lleva escrita una primera versión del discurso de la victoria. “Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia”, se alcanza a leer en la última página del documento, antes de tres “¡Viva México!” resaltados en negritas.

Andrés Manuel clava la mirada en las hojas mientras el coche va en movimiento, y cuando se da cuenta de que un reportero lo observa desde el otro lado de la ventanilla, abraza las hojas, sonríe con picardía, baja el cristal y dice: “¿Y tú qué ves?” AMLO está de buenas. En los cruceros de Insurgentes, frente al Parque Hundido, en Xola y pasando el Viaducto, las personas lo reconocen, se acercan al auto, le piden una selfie, le aprietan la mano o le sonríen a la distancia. “Estamos muy contentos, estamos por iniciar la cuarta transformación de México”, dice a los que alcanzan a acercarse cuando el Jetta se detiene en los semáforos. Al finalizar el trayecto, el candidato se encierra en su oficina y, mientras desayuna, es informado sobre las incidencias de la jornada. Lejos de ahí, en el búnker del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sus hijos y sus principales operadores electorales reciben reportes de todos los estados, revisan las cifras de las encuestas de salida y confirman tendencias. Para cuando AMLO salga a comer, a las 14:00 horas, ya tendrá ganada la elección presidencial.

INE: EPICENTRO DE LA JORNADA

En el edificio del INE, al sur de la Ciudad de México, los 11 integrantes del Consejo General se preparan para una jornada intensa. Son las siete de la mañana y, al tiempo que millones de ciudadanos comienzan a instalar las casillas en todo el territorio nacional, en la explanada del INE se realiza una ceremonia de honores a la bandera, a la que acuden los integrantes del Consejo, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), representantes de los partidos políticos, decenas de funcionarios del instituto, periodistas y observadores extranjeros. Flanqueado por la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, y el fiscal especial para la atención de delitos electorales, Héctor Díaz Santana, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, pronuncia un breve discurso en el que dimensiona la jornada: “Ha comenzado la movilización más grande de nuestra historia para la instalación de casillas a lo largo y ancho del territorio nacional”. Córdova se refiere a las 156 mil 807 casillas electorales que en esos momentos se están instalando en los 300 distritos electorales en los que se divide el país, y al millón 398 mil 525 ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla para recibir y contar los votos de 89.1 millones de ciudadanos convocados a votar ese día. A las ocho de la mañana el Consejo General se declara en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada y, en sus discursos iniciales, las tres consejeras y los ocho consejeros dan más cifras sobre el tamaño de la maquinaria electoral que ese día deberá funcionar como un sofisticado instrumento de precisión. En total, 89 millones 123 mil 355 ciudadanos están inscritos en la lista nominal (10 millones de electores más respecto de las elecciones presidenciales de 2012). El INE imprimió y distribuyó 93.9 millones de boletas; visitó a más de 12 millones de ciudadanos, capacitó a 2 millones 920 mil y, finalmente, seleccionó a un millón 400 mil personas para recibir y contar los votos. Desde el extranjero, 98 mil 854 mexicanos ya han enviado sus sufragios. La elección “más grande de la historia” determinará la renovación de la presidencia de la República, pero también el relevo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas, el Senado (128 integrantes), la Cámara de Diputados (500 legisladores), 27 congresos estatales (972 diputados), mil 596 presidencias municipales en 24 estados y 16 alcaldías en la Ciudad de México. En total, se votará para renovar 3 mil 406 cargos públicos, para los cuales hay más de 10 mil candidatos en contienda. Si se suman los síndicos, regidores, concejales y regidores étnicos que serán electos, la cifra de cargos suma 18 mil 299. Además de los consejeros, hablan representantes de partidos y representantes partidistas del Poder Legislativo. Así, la instalación del Consejo General dura tres horas y seis minutos. Para cuando se declara el primer receso de la sesión extraordinaria del 1 de julio, a las 11:06 horas, ya existen reportes que apuntan a una jornada sin incidentes mayores y con una participación masiva de votantes. En su intervención, Lorenzo Córdova destaca que el poder del voto ha sido tal que ha eliminado el derramamiento de sangre en la lucha política, ha desmontado el régimen de partido único y ha creado un sistema de partidos plural que le ha dado gobernabilidad y paz social al país. Ese sistema electoral, construido desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, está a prueba en la jornada de este 1 de julio. Lo saben todos los presentes. LA DERROTA DE ANAYA

A las 9:40 de la mañana Ricardo Anaya Cortés llega a la casilla 485 de la colonia Del Valle, en la ciudad de Querétaro. Vestido con pantalón gris, camisa blanca y saco azul marino —sin corbata—, el candidato de la coalición Por México al Frente carga a su hija María en los brazos. Su esposa, Carolina Martínez, camina unos pasos atrás, con sus dos hijos varones, Santiago y Mateo, vestidos exactamente igual.

Aunque la avanzada de Anaya llegó desde las 7:00 horas para negociar con el presidente de casilla el acceso de la prensa a la escuela donde se instaló el centro de votación, el candidato debe esperar dos horas, pues hay una fila enorme. Los que están formados antes de él hacen muecas y se quejan de que los medios no dejaban trabajar a los funcionarios de casilla, por lo que ésta empezó a funcionar después de las 9:00 horas. Anaya llega a la mesa donde le entregan sus boletas electorales a las 11:40. En la soledad de la mampara, marca los recuadros que llevan su nombre y el logotipo del Partido Acción Nacional (PAN), dejando en blanco los de sus aliados Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Posa ante los medios mostrando su voto, doblándolo y depositándolo en la urna que dice “Presidente”. Siempre cargando a su hija. Después, va a que le entinten el dedo y vuelve a posar, forzando una sonrisa, al lado de Carolina, María, Santiago y Mateo. Toda la familia muestra sus pulgares manchados con tinta indeleble. En un breve mensaje a los medios de comunicación, el panista pide al electorado “votar con convicción, votar pensando en México, votar pensando en sus hijos”, y evade media docena de preguntas de periodistas que quieren saber, desde ese momento, qué hará Ricardo Anaya si pierde las elecciones. “Vamos a ganar. Estoy lleno de esperanza. Estoy contento, estoy emocionado. Estoy seguro de que éste va a ser un gran día para la democracia, un gran día para México, y de que nos va a ir muy bien”, dice una y otra vez. Terminado el ritual del voto, Anaya anuncia que viajará a la Ciudad de México para reunirse con su equipo, y promete que volverá a hablar cuando la ley electoral se lo permita; es decir, cuando hayan cerrado las casillas en todo el país, después de las ocho de la noche. A las tres de la tarde el panista llega al “cuarto de guerra” que su equipo ha instalado en el hotel Camino Real de Polanco, y ahí conoce un primer avance de las cifras que, ya desde entonces, pintan un sombrío panorama para la coalición que encabeza. En el war room están Santiago Creel, Jorge G. Castañeda, Rubén Aguilar, Dante Delgado, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Agustín Basave… una constelación de políticos veteranos que contrasta con la juventud de los más cercanos al candidato, como Osiris Hernández y Andrea de Anda, y sus incondicionales en el PAN, Édgar Mohar, Damián Zepeda y Fernando Rodríguez Doval. En los pasillos y salones del hotel hay demasiada gente “dándole seguimiento” a la jornada: dirigentes y operadores de los tres partidos que conforman el frente; legisladores y candidatos a legisladores; el consultor Roberto Trad, el publicista Víctor Covarrubias y otros supuestos gurús electorales; Emilio Álvarez Icaza, Alfredo Figueroa y otros supuestos representantes de la sociedad civil; el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su equipo; además de asistentes y empleados de la campaña, que matan el tiempo viendo los partidos de octavos de final del Mundial de Futbol: España-Rusia y CroaciaDinamarca. Pese a los malos augurios, en los salones se sirven charolas con jamón serrano, salmón y diversos canapés; además de refrescos, café y galletas. Entre los múltiples salones rentados por la coalición, uno se habilita como sala de prensa, otro como salón de monitoreo, otro como war room y otro como espacio privado para el candidato. Hay uno más, acondicionado con tarima y más de 100 sillas, por si llegan simpatizantes del candidato a celebrar algo. A la larga, ese salón se quedará vacío. A las seis de la tarde, mientras Anaya permanece encerrado con su círculo más estrecho de colaboradores, los dirigentes partidistas Damián Zepeda (PAN), Dante Delgado (MC) y Manuel Granados (PRD) ofrecen una insólita conferencia de prensa para cantar el “triunfo” de la coalición en seis entidades: Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. En realidad, conforme pasan las horas, las malas noticias se van acumulando en el cuartel general del frente: en el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla (las cinco entidades con más electores), López Obrador suma el triple de votos de los que tiene Anaya. De los 15 estados gobernados por el PAN y el PRD, sólo en Guanajuato gana el candidato presidencial panista. De hecho, Guanajuato es la única entidad en la que no ganará López Obrador. Morena arrasa en la Ciudad de México, con una diferencia de dos a uno entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales. Los Yunes pierden Veracruz. Y los Moreno Valle apenas retienen Puebla. Graco Ramírez tendrá que entregar el gobierno de Morelos a Cuauhtémoc Blanco. Y Arturo Núñez dejará la Quinta Grijalva, en Tabasco, en manos del morenista Adán Augusto López. Chiapas ha cambiado el verde de Manuel Velasco por el color granate de Morena y Rutilio Escandón. En Jalisco se perfila como ganador Enrique Alfaro, candidato de MC, pero Anaya no se beneficia de ese triunfo, pues AMLO le saca 200 mil votos de ventaja. En Yucatán el PAN gana la gubernatura, pero AMLO suma 130 mil votos más que Anaya. Otros estados gobernados por el PAN, como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e incluso Querétaro (tierra natal de Anaya), son ganados por AMLO con cómoda ventaja. El desastre en las elecciones presidenciales arrastra, además, a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Anaya se perfila para ser el candidato panista menos votado desde 1994, y el PAN, para convertirse en una segunda fuerza política con grupos parlamentarios disminuidos. Antes de las ocho de la noche Anaya y sus múltiples asesores comienzan a discutir cómo y en qué momento deberá salir el candidato a reconocer la derrota y felicitar a López Obrador.

Ante la insistencia de algunos asesores que sugieren salir a las 20:00 horas —justo al cierre de casillas en los estados con horario del Pacífico—, Anaya recuerda el 2012 y la salida intempestiva de Josefina Vázquez Mota para avalar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Los panistas no quieren hacer lo mismo. El candidato y sus operadores más cercanos aseguran que pueden esperar a que el triunfo de AMLO se confirme con algo más que las encuestas de salida que, para esa hora, ya comienzan a inundar las pantallas de televisión. Unos recomiendan esperar a que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) acumule suficientes datos como para marcar tendencia clara, e incluso hay quien propone esperar a que Lorenzo Córdova dé a conocer los resultados del conteo rápido practicado por el INE; pero ese ejercicio, al ser un instrumento científico sofisticado, no estará listo sino hasta las 11 de la noche. Mientras divagan, los anayistas ven aparecer en los monitores de sus salones al priista José Antonio Meade, quien sale a reconocer la victoria de López Obrador y a desearle suerte. Algunos panistas confiaban en que el presidente Enrique Peña no dejaría que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) saliera prematuramente a levantarle el brazo a AMLO, pero Meade lo hace y, así, el tercer lugar en la contienda le gana la nota a Ricardo Anaya. Después de ver la imagen de Meade, acompañado de su esposa, Juana Cuevas, del líder del PRI, René Juárez, y del coordinador de campaña, Aurelio Nuño, al expriista Agustín Basave se le prende el foco: si Anaya no pudo salir primero que Meade ante los medios, sí podría ser el primero en llamar a AMLO para felicitarlo. A las 20:25 horas Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, aparece en las pantallas de televisión. Desde Monterrey, el candidato independiente también se adelanta al panista. Mientras tanto, Agustín Basave opera la llamada entre Anaya y López Obrador. La conversación es formal y fría; dura menos de cinco minutos. A las 20:38 horas Anaya aparece al fin en el salón del hotel acondicionado para la conferencia de prensa. “Ninguna democracia funciona sin demócratas; por eso, porque soy un demócrata, reconozco que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador”, dice Anaya, acompañado de su esposa Carolina y de los dirigentes Damián Zepeda, Manuel Granados, Dante Delgado y Emilio Álvarez Icaza. “Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.” Dicho eso, el panista se lanza en contra de Peña Nieto; recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó un caso de presunto lavado de dinero para orquestar una campaña y lastimar su candidatura. Y llama a los panistas a ser una oposición responsable desde el Congreso. El mensaje dura 4 minutos con 20 segundos, en los que sus acompañantes permanecen extrañamente sonrientes frente a decenas de camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Los colaboradores de Anaya le echan las últimas porras de la campaña; se acercan a saludarlo, fotografiarlo, tratar de reconfortarlo. Pero el candidato sale a toda prisa con su esposa, guiado por escoltas que lo conducen hasta su auto. Antes de las 10 de la noche, emprende el regreso a su casa de Santa Fe e inicia una especie de retiro de la vida pública. Su ausencia será notoria en los próximos meses, cuando el PAN haga el recuento de daños y se sumerja en una agria confrontación interna. EL CIUDADANO MEADE

“Estoy absolutamente seguro de que el día terminará con un triunfo para mí”, dice José Antonio Meade ante un grupo de periodistas que lo intercepta a las afueras de su casa de la colonia Chimalistac, en Coyoacán. Son las 9:28 de la mañana, y el “candidato ciudadano” postulado por el PRI emprende una breve caminata hacia la casilla 0272, acompañado de su esposa Juana Cuevas y su vocero Eduardo del Río. En el camino, algunos vecinos se acercan a saludarlo y darle ánimos. Estrechan su mano, le tocan el hombro, le dan palmaditas en la espalda. Colocado en un tercer lugar en las encuestas, el candidato del gobierno luce sonriente y jovial, vestido con saco y pantalón azul, camisa blanca y sin corbata. Un tímido grito de “Pepe presidente” se alcanza a escuchar cuando deposita su voto en la urna. Y al salir de la casilla dice que votó por quien considera que es el mejor candidato: “Yo mero”. Después, camina de regreso a casa y anuncia a la prensa que al mediodía acudirá con Juana y sus hijos a la capilla de San Sebastián Mártir —una joya arquitectónica del siglo XVI— para la misa dominical. —¿Va a rezar por su triunfo? —le pregunta un reportero. —No. Voy a rezar por México, como todos los domingos —responde el candidato. Al salir de la iglesia, nuevamente se encuentra con algunos reporteros que esta vez quieren saber de qué se trató la homilía, ante lo cual él solamente responde: “Sobre los milagros… justamente”. Y entonces, acompañado de Juana y sus hijos —Dionisio, José Ángel y Magdalena—, el candidato emprende otra caminata, esta vez a la casa de su padre, Dionisio Meade García de León, uno de los

hombres fuertes de la tecnocracia mexicana en el sexenio de Ernesto Zedillo. Dionisio Meade fue uno de los creadores del rescate bancario a mediados de los años noventa. Al igual que su hijo, estudió para abogado y economista, pero, a diferencia del hoy candidato presidencial, él sí se afilió al PRI y acumuló experiencia como legislador y operador político. En la contienda contra López Obrador y Anaya, se erigió en una especie de consejero informal de la campaña de su hijo. A la hora de la comida, la casa del patriarca de los Meade se convierte en un improvisado cuarto de guerra, donde el jefe de campaña, Aurelio Nuño, y Vanessa Rubio, jefa de la oficina del candidato, concentran la información que les llega desde la sede central del PRI. Vanessa Rubio, quizá la colaboradora de más confianza de Meade —exsubsecretaria de Hacienda y candidata plurinominal al Senado—, es la encargada de concentrar la información, filtrarla y pasar a Meade sólo aquellos datos que considera más relevantes. Después de comer un jabalí a las brasas servido con arroz y ensalada, y cuando aún había panqués Garibaldi y café sobre la mesa, el candidato y su equipo deciden partir rumbo a la sede nacional del PRI, en Insurgentes Norte. El candidato llega a la sede priista después de las 16:00 horas, para entonces la tendencia ya es muy clara en favor de López Obrador. En las pantallas colocadas en las oficinas que se habilitaron para Meade, en el tercer piso del edificio, se proyectan cifras de la elección federal, de los comicios en la Ciudad de México y las ocho entidades donde se vota por gobernador. A las 18:00 horas, cuando aún están abiertas las casillas de Baja California y Sinaloa, Meade ya tiene clarísimo que quedará en tercer lugar, con menos de 20% de los votos, y que AMLO podría rebasar 50 por ciento. Ni un solo estado ha sido ganado por el PRI; ni siquiera aquellos bastiones dominados por el grupo político en el gobierno, como el Estado de México o Hidalgo. De las ocho entidades donde se elige gobernador, el PRI pierde tres que gobernaba: Jalisco, Yucatán y Chiapas —en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, y no compite en las otras cinco: Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. En la Ciudad de México, el candidato priista a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arreola, es arrasado por Claudia Sheinbaum, y Meade suma apenas 600 mil votos en la capital, equivalentes a 12 por ciento. El PRI de Peña Nieto, que seis años antes celebró su regreso al poder en ese mismo edificio de Insurgentes Norte, se desmorona frente al efecto AMLO. Y Meade, economista pragmático y sin ambición política, propone reconocer de inmediato al ganador de la contienda. El candidato llama a Los Pinos, donde el presidente sigue la jornada acompañado del canciller Luis Videgaray, y acuerda con ellos reconocer sin reservas el triunfo del tabasqueño. Luego reúne en una oficina a Nuño, Rubio, Eruviel Ávila, y convoca al dirigente del PRI, René Juárez Cisneros, y a la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu Salinas, para comunicarles que saldrá a reconocer su derrota en punto de las 20:00 horas. “Pepe es muy ecuánime, muy claro en sus convicciones y en sus decisiones. Nos juntó al equipo cercano, estuvo René Juárez, estuve yo, y él tomó la decisión de que le gustaría salir antes, le gustaría marcar una pauta de responsabilidad democrática para el país, que creía que era muy importante”, narró Vanesa Rubio al Financiero Bloomberg en una entrevista de agosto de 2018. “Revisamos el discurso, y simplemente respiró hondo, asumió su papel en este momento histórico para el país y decidió salir ante los medios a hablar. Como buen economista y demócrata, sabes cuando los números son irreversibles, y tomó una decisión relevante para este país.” Meade baja a la carpa colocada en el patio de la sede priista, para comparecer ante los medios de comunicación, exactamente a las 20:07 horas, apenas después de que concluyera la votación en todo el territorio nacional. Aparece con Aurelio Nuño y René Juárez. Ninguno viste de rojo, el color que, por recomendación de mercadólogos contratados por el PRI, habían adoptado Meade y su equipo desde mediados de la campaña. “Hoy toca a la ciudadanía tomar las decisiones, y ya lo ha hecho —dice el candidato—. Éste ha sido sin duda el mayor reto de mi vida. Uno en el que puse todo mi empeño, capacidades, convicciones y corazón […] En este momento, habré de reconocer que fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría; él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo, y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos.” Con esas palabras, Meade se convierte en el primer actor político del país en anunciar el triunfo de López Obrador. Interrumpido por colaboradores que le gritan “Pepe-Pepe-Pepe”, el candidato usa los nueve minutos de su mensaje para hacer un reconocimiento a Peña Nieto y una defensa de su propia gestión como secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda del gobierno que acababa de ser reprobado en las urnas. Según Meade, la administración peñista entrega un país con una economía fuerte y finanzas públicas sanas, atractivo para las inversiones, que le apostó a la educación y le ganó terreno a la pobreza extrema. Meade lee sin interrupciones las líneas de reconocimiento y gratitud a Peña, al PRI, al PVEM y a su equipo, pero se le quiebra la voz cuando menciona a su esposa, quien vestida de rojo —ella sí con el color

del partido— sonríe mientras los pocos priistas presentes aplauden de pie en agradecimiento a su activismo en los ocho meses de una complicada campaña de proselitismo. Son las 20:30 cuando Meade abandona la sede del tricolor, dejando atrás un patio vacío y a oscuras, en el que militantes de a pie se consuelan unos a otros. Deambulan cabizbajos, fuman un cigarrillo tras otro, preguntándose cómo les irá con López Obrador, su excompañero de partido. Las estatuas de Benito Juárez y Plutarco Elías Calles son lúgubres testigos de la escena: una cuadrilla de trabajadores comienza a recoger sillas, bocinas, carpas, pantallas, logotipos del PRI y letreros que dicen “Meade presidente”. En la penumbra, desmontan el escenario de un festejo que no ocurrió. LA ELECCIÓN MÁS LIBRE DE LA HISTORIA

A las 11:06 horas Lorenzo Córdova declara un receso en la sesión permanente del Consejo General del INE, y 15 minutos después se traslada al estudio de televisión ubicado en el edificio D de la sede central del instituto. Se ve relajado mientras atraviesa la explanada en la que decenas de medios de comunicación han instalado carpas e improvisado estudios de radio y televisión para hacer la transmisión de la jornada electoral. Córdova emite un mensaje alrededor de las 12:00 horas que difunden en cadena nacional, en el que informa a la ciudadanía lo que se acababa de reportar ante el Consejo General: que se han instalado 156 mil 803 casillas; es decir, más de 99.9% de las previstas. A esa hora, sólo cuatro casillas de Oaxaca no pudieron instalarse. Córdova califica la jornada como “una auténtica fiesta de la democracia” y, con alivio, dice que el INE no tiene registro de incidentes graves. El presidente del INE recuerda a la ciudadanía que nadie puede tratar de comprar su voto, ya sea con dinero en efectivo o regalos, y advierte que la mejor garantía de la libertad del sufragio es la participación de los ciudadanos. “La mesa está puesta para que ésta sea la elección más libre de nuestra historia. Nos corresponde a todos los mexicanos estar a la altura de ese reto democrático”, enfatiza. Concluido el mensaje, el presidente del INE aborda una camioneta que lo lleva a su casa en Coyoacán, donde descansa unos cuantos minutos. Luego sale caminando hacia la Plaza de la Conchita, donde se ubica la casilla 0708, en la que se forma para emitir su voto. Ahí también hay periodistas, ante los cuales repite el reporte de saldo blanco. A las 12:45 sale de la casilla, y de regreso hacia el INE, sube su foto votando a su cuenta de Twitter, en la que informa que se está registrando una participación masiva en todo el país. “Celebrémoslo siendo pacientes con las y los funcionarios de casilla que nos dieron su domingo”, añade. A las 13:30 se reanuda la sesión del Consejo General, y a esa hora se ponen sobre la mesa algunos problemas relacionados con las casillas especiales, donde los votantes en tránsito han agotado en unas cuantas horas las 750 boletas disponibles en cada centro de votación. Dos horas más tarde un grupo de ciudadanos que no alcanzaron a votar en la casilla especial ubicada en la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, se traslada hasta la sede central del INE para protestar y exigir una boleta para poder votar, lo que es legalmente imposible. Una valla de granaderos es colocada en la sede de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur para resguardar el INE. Para ese momento la verdadera preocupación de las autoridades electorales no son esos incidentes menores, sino lo que se espera en las casillas a la hora del cómputo de votos frente a una participación masiva. Una de las novedades de esta elección es la casilla única; es decir, la instalación de una sola mesa directiva de casilla para contar los votos de la elección presidencial, las elecciones de senadores y diputados federales, y las de gobernador, diputado local y ayuntamientos en las entidades con elecciones concurrentes. Solamente Nayarit y Baja California Sur no celebran comicios locales, lo que quiere decir que en 30 entidades debe realizarse el cómputo de entre cuatro y seis elecciones distintas. Contar todos esos votos y llenar las actas correspondientes una vez concluido el cómputo de las diversas elecciones llevará toda la noche, por lo que el flujo de información podría ser mucho más lento que en los comicios de 2012. Ante esa complejidad, si el resultado de las elecciones presidenciales fuera cerrado, el INE y su consejero presidente no tendrían margen para cantar un resultado definitivo en la noche del 1 de julio. En los pasillos del INE se habla de evitar a toda costa el escenario de 2006, cuando Luis Carlos Ugalde salió en cadena nacional a decir que lo cerrado de la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador le impedía declarar un ganador de la contienda. Para las seis de la tarde, en los chats de muchos consejeros electorales, representantes de partidos y periodistas comienzan a circular resultados de encuestas de salida que, por ley, no pueden difundirse en medios de comunicación. Pero las cifras de esos sondeos son un indicativo de que esa noche no se aparecerá el fantasma de Ugalde en el INE. Las encuestas señalan una diferencia de más de 20 puntos a favor de López Obrador, con lo que se conjura cualquier posibilidad de un conflicto. Con esa tranquilidad, a las 20:00 horas Lorenzo Córdova vuelve a aparecer en cadena nacional, para informar sobre el cierre de casillas y explicar que sigue el cómputo de los votos en presencia de los representantes de los partidos acreditados en los centros de votación, y el traslado de los paquetes

electorales a las juntas locales del INE. Córdova anuncia que, a partir de esos momentos, comenzarán a fluir los datos en el PREP, y señala que será hasta las 23:00 horas cuando él mismo dé a conocer los resultados del conteo rápido, un ejercicio estadístico con el que podría anticiparse el ganador de la elección presidencial. “Estamos apenas en la fase de escrutinio y cómputo en las casillas, y por ello es muy importante que todos los actores políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía se conduzcan con un alto sentido de responsabilidad. En estos momentos nadie puede anticipar con absoluta certeza y precisión algún tipo de resultado”, advierte Córdova. El INE pide no anticipar victoria, derrotas ni festejos, pero son los propios derrotados (primero Meade, luego El Bronco y finalmente Anaya) quienes saldrán en los próximos minutos a levantarle el brazo a Andrés Manuel López Obrador. A las 20:45 horas la sesión del Consejo General del INE vuelve a reanudarse. Para ese momento ya se han pronunciado los candidatos derrotados. Ante los 11 consejeros y los representantes de los partidos el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presenta el informe sobre la jornada electoral, en el que se registraron 3 mil 780 incidentes, de los cuales más de la mitad fueron resueltos inmediatamente. Según las cifras del funcionario, finalmente se instaló 99.91% de las casillas; es decir, sólo 15 no lograron abrirse desde el inicio de la jornada. Sin embargo, Edmundo Jacobo también reporta que en 14 casillas se suspendió la votación definitivamente, por riesgo de violencia, robo o destrucción del material electoral. Las casillas donde se registraron los incidentes más graves del día están en Tapachula, Chiapas; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Pachuca, Hidalgo; Tuxtepec, Oaxaca; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Río Colorado, Sonora, y Puebla. En esta última entidad se reportan dos asesinatos, ataques a mano armada, robo de urnas y una serie de anomalías que contrastan con lo que ocurrió en el resto del país. A la larga, Puebla será la única elección de gobernador —de las nueve que se celebran ese día— que será impugnada ante el TEPJF. Al término del informe sobre el desarrollo de la jornada electoral ya no hay duda de quién es el ganador de las elecciones presidenciales: lo han dicho las televisoras, con sus encuestas de salida; los candidatos y partidos perdedores, y prácticamente todos los influencers, analistas y líderes de opinión. Pero el INE debe esperar los procedimientos legales y formales. Cerca de las 21:00 horas Córdova declara un nuevo receso en la sesión extraordinaria del Consejo General, pero antes anuncia que a las 23:00 dará a conocer los resultados del conteo rápido, con lo que se confirmarán oficialmente las tendencias dadas a conocer por los medios de comunicación. El presidente del INE aprovecha el receso para llamar al ganador de la contienda y confirmarle que en un rato más hará oficial su triunfo. Córdova aprovecha la llamada para pedir a AMLO que, antes de pronunciar su discurso de la victoria, espere la cadena nacional del INE y la que, segundos después, hará el presidente de la República para felicitarlo. Justo a las 23:00 horas, Córdova aparece en las pantallas y, de manera simultánea, los demás integrantes del Consejo General se reúnen en una sala de juntas para conocer, en voz de Edmundo Jacobo, el informe del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido. Los datos elaborados por el equipo de matemáticos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones de educación superior, contratado por el INE, son contundentes: Andrés Manuel López Obrador alcanza una votación que fluctúa entre 53 y 53.8% de los votos; Ricardo Anaya queda en segundo lugar, con un rango de 22.1 a 22.8%; José Antonio Meade se ubica en tercero, entre 15.7 y 16.3%, y Jaime Rodríguez, El Bronco, se ubica en cuarto, con un rango entre 5.3 y 5.5 por ciento. Córdova aclara que estos resultados son oficiales, pero aún no legalmente válidos, pues es preciso esperar los cómputos que se efectuarán a partir del miércoles 4 de julio en los 300 distritos en que se divide el país. Pero deja claro que la tendencia es definitiva para declarar ganador al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Cuando los consejeros electorales regresan a la sesión de Consejo General, cerca de las 23:30 horas, el primer cuadro de la ciudad ya es una fiesta, por lo que la lectura del informe sobre el conteo rápido —que ya todos conocen— se convierte en un trámite para poder concluir la jornada electoral. El informe leído por el secretario ejecutivo del INE da pie para que los partidos políticos de la coalición encabezada por el PRI, a través de su representación en el INE, fijen una postura oficial y legal sobre la jornada electoral, y reafirmen lo que acaba de decir Peña Nito en cadena nacional: el reconocimiento de los resultados y los deseos de éxito al candidato ganador. Después habla Horacio Duarte, el experimentado abogado mexiquense que representa a Morena en el INE, el mismo que representó a AMLO en 2006. Viejo lobo de la política, Duarte elogia la labor de los millones de ciudadanos que hicieron posible la jornada electoral con su labor como funcionarios de casilla. “No puede haber divorcio entre los gobiernos y las instituciones y los ciudadanos. Para Morena, el mandato más importante de esta elección es convertir ese hartazgo ciudadano en esperanza, en mecanismos para afianzar la democracia en nuestro país […] —dice—, obtener, según este informe, 31

puntos de diferencia en la elección presidencial no es un cheque en blanco, es el mandato de actuar con mucha responsabilidad, en un marco que permita la reconciliación del país.” El representante de Morena asegura que en esta elección el INE rinde “cuentas claras y buenas cuentas” a los ciudadanos. El panorama es diametralmente opuesto al de 2006, cuando Duarte abandonó el INE denunciando fraude electoral, y López Obrador mandó al diablo a esta y otras instituciones. La jornada del 1 de julio concluye a la medianoche. Después de que Córdova levanta la sesión de Consejo General, los presentes se ponen de pie y aplauden durante un minuto. “Viva México”, se alcanza a escuchar antes de que las consejeras y consejeros, representantes de partidos y funcionarios electorales se abracen y se feliciten por haber llevado a buen puerto la elección más grande y compleja de la historia. LA NOCHE DE AMLO

José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, sale de la casa de su padre alrededor de las cinco de la tarde sin despegar la vista de su teléfono. Cuando se le acercan los reporteros que hacen guardia en el lugar sonríe y pronuncia una sola palabra: “Vamos superrequetebién”. López Obrador termina de comer y abandona su hogar a las 17:30. Aborda el Jetta blanco y recorre la ciudad, desde Tlalpan hasta la colonia Roma, en menos de 30 minutos. Va feliz. Los reportes que anticipan su triunfo se los han dado directamente sus hijos, quienes coordinan los diversos cuartos de guerra que instaló Morena para dar seguimiento a los comicios. Además de Gonzalo, José Ramón y Andy, los principales responsables de la megaoperación electoral son Gabriel Díaz, Yeidckol Polevnsky, Tatiana Clouthier y los coordinadores en las cinco circunscripciones: Julio Scherer Ibarra, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Bertha Luján y Rabindranath Salazar. En ese momento aún no lo sabe con exactitud, pero AMLO está por rebasar los 30 millones 113 mil votos, la cifra más grande que haya alcanzado jamás un candidato a la presidencia. Morena ha ganado, además, la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos. Pelea Puebla. Tiene en la bolsa una decena de capitales estatales. Y aventaja en las elecciones de senadores y diputados federales. AMLO será presidente en condiciones no vistas desde antes de 1997; con una mayoría en las dos cámaras del Congreso de la que no disfrutaron Ernesto Zedillo —en la segunda mitad de su sexenio—, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hasta la calle de Chihuahua comienzan a llegar legisladores y dirigentes de Morena, periodistas, camarógrafos montados en motocicletas y cientos de simpatizantes y curiosos que son conminados a irse al Zócalo. Los operadores de la coalición Juntos Haremos Historia se reparten tareas. Unos se mantienen en los cuartos de guerra recibiendo y analizando reportes electorales que llegan desde estados y municipios, y emiten la orden de no descuidar las casillas por salir a festejar. Otros cruzan llamadas con el jefe de Gobierno interino de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, para que permita el acceso de la gente al Zócalo, que permanece resguardado por la policía para cuidar la megapantalla instalada para transmitir los partidos del Mundial de Futbol. Porfirio Muñoz Ledo arriba a la oficina del candidato y se reúne con él para revisar los dos discursos que leerá esa noche: uno en un salón del hotel Hilton Alameda, donde se encuentra congregado su equipo de campaña, y otro en la Plaza de la Constitución. También llegan Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier, quien coincide en el diagnóstico de José Ramón: “Vamos requetebién”. Adentro de la oficina, López Obrador comienza a recibir llamadas de felicitación: Anaya, Meade, El Bronco, Lorenzo Córdova, el presidente Peña Nieto… Afuera, los simpatizantes se enteran a través de sus teléfonos de los pronunciamientos de los tres candidatos perdedores; escuchan que Televisa y TV Azteca ya dieron a conocer encuestas de salida con una clara tendencia a favor de su líder. Pero siguen sin creerlo. Para las nueve de la noche el grupo de simpatizantes afuera de la casa de la colonia Roma ya es muy nutrido. De adentro les mandan decir que el festejo será en el Zócalo, pero ellos prefieren matar la espera cantando el “Cielito lindo” e improvisando nuevas consignas: “La mafia ya se va / de la silla presidencial”, “López Obrador / no la hagas de emoción”. Después de las 22:00 horas el candidato sale al balcón de la casona de la calle Chihuahua, vestido de traje y corbata, y acompañado de su esposa. Levanta los brazos, se abraza a sí mismo como muestra de cariño a los que lo vitorean, y se prepara para salir. Su recorrido hasta el hotel Hilton Alameda se convierte en una persecución de motos y coches. Decenas de personas salen a su paso para celebrar el triunfo. En el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Chapultepec, frente a la cantina La Rambla, su coche queda parado junto al Metrobús, del que desciende una docena de pasajeros para ir a tocarlo, tomarse una foto, felicitarlo. A AMLO se le mojan los ojos de la emoción y dice, por primera vez de muchas en esa noche: “No les voy a fallar”.

La llegada al Hilton ocurre en medio de una muchedumbre que toma por asalto las puertas y el lobby de ese hotel más bien fifí. López Obrador entra al estacionamiento subterráneo por una calle lateral; camina hasta el salón donde lo espera su equipo amplio de campaña. Gabriela Cuevas, Antonio Attolini, John Ackerman, las próximas secretarias y secretarios de Estado y un centenar más de invitados especiales ocupan las sillas frente a dos grandes pantallas donde aparece la imagen de Lorenzo Córdova, dando los resultados del conteo rápido. Cuanto el presidente del INE lee que el candidato Andrés Manuel López Obrador obtuvo una votación que se ubica entre 53 y 53.8% de la votación, estalla el festejo. Attolini brinca como saltamontes formando círculos en un rincón del salón. Los morenistas se abrazan, aplauden, levantan las manos, gritan con euforia; brotan las lágrimas, las porras, los vivas y el grito de batalla: “Es un honor estar con Obrador”. Andrés Manuel se queda inmóvil en su silla, rodeado de sus hijos, frente a las pantallas en las que se acaba de proyectar el mensaje pronunciado por el hijo de Arnaldo Córdova, uno de esos luchadores de la izquierda mexicana que ya no pudieron presenciar este hito. Coincidencias de la historia: a AMLO le tocó escuchar que al fin se le reconociera su triunfo en las elecciones presidenciales de voz del único hijo varón de un histórico del Partido Comunista, uno de los compañeros de las mil y una batallas del tabasqueño, que falleció en 2014 y ya no pudo ver el triunfo del movimiento, pero que ocupa un lugar especial en la mente y en los discursos del candidato. Afuera del hotel, en las banquetas y los carriles centrales de la avenida Juárez, los que no pueden entrar ven los mensajes en una pantalla: Lorenzo Córdova, Enrique Peña Nieto y, finalmente, el de su líder. Andrés Manuel habla frente a un centenar de reporteros, acompañado de su familia y con una mampara detrás en la que puede leerse: “Gracias, México, no les voy a fallar”. El mensaje ante los medios, transmitido en vivo por todas las televisoras, busca tranquilizar a los escépticos: “No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán toda las libertades individuales y sociales. En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México; el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal […] Siempre nos conduciremos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes”, promete el candidato. Asegura, también, que el próximo presidente de ninguna manera permitirá la corrupción ni la impunidad. “Sobre aviso no hay engaño”, remata. Después se traslada al Zócalo, donde ya lo esperan miles de personas que han ido llegando desde la tarde, en metro, en taxi, bicitaxi o por su propio pie. Nadie los ha convocado ni acarreado y, aunque no llenan por completo la plaza, juntos ofrecen la estampa de un Zócalo iluminado y repleto a la medianoche; una postal que aparecerá en todos los periódicos, portales y noticieros de televisión en México y el mundo. Casi a la medianoche, el candidato comienza a leer su discurso, el mismo que horas antes iba revisando en su coche: “Se decidió, el día de hoy, iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México”, asegura. “¡Triunfó la revolución de las conciencias!”, exclama. Sus palabras son replicadas con aplausos y gritos de una multitud eufórica que celebra, después de tres intentos fallidos, la victoria de su dirigente. En el Zócalo hay niños, ancianos, mujeres y hombres que visten camisetas de AMLO, agitan banderas y hacen sonar matracas, tambores y cornetas. Algunos de los presentes lloran, emocionados, cuando AMLO rememora las luchas previas: sus éxodos desde Villahermosa en los años noventa; la campaña por el Gobierno de la Ciudad de México en 2000; el desafuero en 2004; la campaña de 2006 y el plantón de Reforma, y la campaña de 2012. Ahora están ahí, escuchando que López Obrador les promete cumplir todos los compromisos. Y entre ellos se pellizcan, para comprobar que no es un sueño. “No les voy a fallar, no se van a decepcionar —asegura el tabasqueño—, soy muy consciente de mi responsabilidad histórica; no quiero pasar a la historia como un mal presidente.” Y cuando ya no tiene nada más que decir, remata con una de sus frases favoritas: “Amor con amor se paga; así como me quieren ustedes a mí, los quiero yo a ustedes… y un poquito más todavía”. Ya es 2 de julio cuando López Obrador abandona el primer cuadro para dirigirse a su casa. Algunos de sus simpatizantes permanecen hasta dos horas más en las calles del Centro. Ríen, cuentan anécdotas, beben, bailan y cantan. Al mediodía del lunes 2 de julio, en esa misma plaza, miles de mexicanos llorarán la derrota de México ante Brasil en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Otra vez se habrá esfumado el sueño del quinto partido. Pero el sueño de la cuarta transformación apenas habrá comenzado.

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El sentido y las rutas de la transición democrática en México Lorenzo Córdova Vianello

1. NATURALEZA DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN MÉXICO

La transición mexicana a la democracia fue un proceso muy particular. A diferencia de otros casos de cambio político en el mundo en los que la instauración de un régimen democrático que sustituye y se impone a un sistema autoritario ocurrió en un breve tiempo y a partir de una ruptura profunda con el pasado (piénsese en la transición española o en la chilena como ejemplos emblemáticos), la democratización del sistema político mexicano ocurrió de manera lenta, gradual, paulatina y sin quiebres radicales con el estado de cosas antes existente. Eso explica el que nuestra democratización haya ocurrido en un largo periodo que abarcó varias décadas en las cuales se fue dando una serie de cambios sucesivos que poco a poco transformaron nuestro sistema político a partir de una modificación paulatina de las reglas del juego de acceso y ejercicio del poder. La lógica que siguió la transición democrática fue la del gradualismo y la de la sucesiva acumulación de los cambios que se fueron instrumentando a través de una larga serie de acuerdos políticos. Para utilizar un símil, podríamos decir que el estudio de nuestra transición debe hacerse a partir del análisis de las sucesivas capas sedimentarias (como las que les permiten a los arqueólogos o los geólogos determinar las diferentes etapas históricas) que se fueron decantando a lo largo del tiempo. Frente a la transición española que ve en los Pactos de la Moncloa y en la consecuente Constitución de 1978 un parteaguas que marca un antes y un después, o la chilena, en donde el plebiscito del “No” en 1988 constituye un episodio fundacional, en el caso de México no podemos ubicar un momento o un evento específico gracias al cual hayamos dejado de ser el régimen autoritario que emanó de la Revolución mexicana y de sus secuelas políticas históricas y nos hayamos convertido en una democracia. No existe un instante fundacional, un punto de quiebre inequívoco en nuestra historia política que pueda de manera indubitable e incuestionable establecerse como fecha y hora de nacimiento de la democracia en México. Como ha sido evidenciado por varios estudios,1 el cambio democrático en México se articuló a través de una serie de reformas políticas (fundamentalmente electorales) que desde 1977 fueron transformando las reglas de acceso y de ejercicio del poder público y que, pausadamente, fueron provocando cambios en el sistema de partidos, en la modificación de los equilibrios políticos resultantes de las elecciones, en las condiciones de la competencia electoral, en las demandas de nuevos cambios a las mismas reglas del juego, en la creación de mecanismos e instituciones de control del poder, en el reconocimiento y garantía de nuevas libertades y derechos (muchos de los cuales, si bien estaban incorporados en la Constitución, habían sido hasta entonces letra muerta), etcétera. En suma, no obstante la pausa y el gradualismo con el que se fue gestando el cambio, éste ha sido profundo y radical. Nada tiene que ver el México de hoy con el que prevalecía políticamente hace cuatro décadas al inicio de la segunda mitad de los setenta, o incluso con el que a finales de los ochenta seguía evidenciando un mapa de la representación política prácticamente uniforme y monocolor; un país en donde, de cara a cada elección, había un ganador predeterminado y en donde la oposición jugaba un rol eminentemente testimonial. Hoy el concepto mismo de oposición es relativo. Se redefine con cada elección y se entrevera con el sistema de partidos a lo largo de todo el espectro político. Quien gobierna a nivel federal es oposición en muchos de los estados; quien ocupa el gobierno local no necesariamente cuenta con mayoría en el Legislativo, y los gobiernos municipales son un vitral multicolor que evidencia el intenso y diverso pluralismo político que cruza el país a nivel nacional, regional, estatal y local. 2. ¿DE DÓNDE VENIMOS?

El punto de partida de la transición democrática fueron los evidentes síntomas de agotamiento del régimen político autoritario, excluyente y en muchos sentidos autorreferencial que se había construido a lo largo del siglo XX como consecuencia de la Revolución mexicana y la serie de reacomodos políticos que se fueron asentando en el par de décadas que siguieron a la misma. El régimen posrevolucionario cuajó y vivió en una permanente contradicción entre el plano normativo que lo regía y la realidad política concreta en la que se ejercía o, si se quiere, entre el texto de la Constitución de 1917 y el ejercicio del gobierno tanto por lo que hacía al acceso al poder como por lo que hacía a su ejercicio. En efecto, el carácter “democrático” de la República Mexicana, fundado en elecciones periódicas para la renovación de los gobiernos y los cargos representativos, estuvo presente desde el texto originario de la Constitución (y el carácter libre del voto ciudadano en las leyes electorales correspondientes) y nunca en su vigencia han dejado de realizarse puntualmente comicios para renovar los cargos públicos electivos. El problema es que las elecciones y el sistema de partidos que existieron durante gran parte del siglo pasado en México difícilmente podrían enfrentar la más elemental prueba de democraticidad. Procesos electorales controlados por el gobierno, resultados frecuentemente alterados, opositores excluidos o incluso asesinados, un férreo control político gubernamental de los registros que permitían la existencia legal de partidos políticos y el acceso a la competencia electoral, la existencia de un partido mayoritario y omnipresente que se entreveraba con el aparato estatal y era difícilmente distinguible de éste, y no pocos casos de violencia electoral fueron la nota característica del sistema electoral mexicano posrevolucionario. Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y con una intensidad cada vez mayor con sus gestaciones posteriores,2 prácticamente la única vía de acceso a un cargo electivo era el ser candidateado al mismo por el así llamado “partido oficial” que, en consecuencia, devino en una poderosa maquinaria de control político. Por eso, en estricto sentido, el PNR y sus sucesores, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no fueron pensados originalmente como partidos, sino como auténticas maquinarias políticas de control social que permitieran articular el poder presidencial, procesar intereses y, de alguna manera, pacificar la política en la etapa postrevolucionaria. De ese modo, las elecciones, cuyos ganadores estaban generalmente predefinidos (salvo excepciones realmente extraordinarias), lejos de ser un mecanismo de control político de los gobernados que a través de su voto pudieran premiar o castigar las acciones de gobierno o la actuación de sus representantes, fungieron durante esa etapa de nuestra historia política como un mecanismo meramente legitimador y de reafirmación de un poder ejercido de manera vertical y concentrada. En este periodo, además, las elecciones se realizaron bajo un férreo control gubernamental y no estuvieron exentas de acusaciones de manipulación y de fraudes.3 Durante esta etapa de la historia, una revisión de los resultados oficiales de las elecciones y de la integración de los órganos de representación política federales y locales podría hacer suponer la existencia de una sociedad políticamente homogénea y de una disidencia al gobierno marginal o inexistente. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la diversidad y el pluralismo político e ideológico poco a poco fueron incrementándose, entrando en una tensión creciente hasta llegar a colisionar con el vertical, excluyente y refractario sistema político que se había consolidado a lo largo de las décadas posteriores a la Revolución. Así, las expresiones de disenso e inconformidad con el régimen fueron aumentando y derivaron en actos y manifestaciones de protesta que fueron puntual y sistemáticamente reprimidos. Así ocurrió, desde los últimos años cincuenta y hasta mediados de la década de los setenta, entre otras, con las movilizaciones del magisterio, de los médicos, de los ferrocarrileros, de electricistas, de académicos universitarios y de estudiantes, encontrando en las represiones a los jóvenes universitarios en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971 sus episodios más dramáticos y emblemáticos. Paralelamente, la impermeabilidad del sistema político que se expresaba en un inmovilismo en el sistema de partidos que contrastaba abiertamente con la creciente pluralidad de expresiones políticas e ideológicas en las décadas de los sesenta y setenta provocó varias escisiones radicales en el Partido Comunista Mexicano (PCM), que desde 1948 había visto cancelado su registro como partido político y había sido condenado a vivir en la clandestinidad, que optaron por la vía armada para combatir al régimen y alimentaron las diversas expresiones de guerrilla urbana y rural que marcaron esos años. Tal como ocurrió, también, con grupos radicales de derecha, que llegaron a emprender acciones de violencia contra el régimen desde lo años 30. Hay dos ejemplos que evidencian de manera muy clara el contraste entre la cerrazón que caracterizaba a ese sistema político y una sociedad cada vez más diversa y plural que no encontraba cauces institucionales para expresarse: en primer lugar el hecho de que el sistema de partidos permaneció cerrado a nuevas fuerzas políticas por casi un cuarto de siglo; en efecto, luego de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) obtuviera su registro en 1954, ninguna fuerza política fue reconocida legalmente sino hasta que, en 1978, se concedieron nuevos registros como consecuencia de la reforma política de 1977. Durante esos casi cinco lustros el sistema de partidos se acotó al PRI, el PAN, el Partido Popular Socialista (PPS) y el ya mencionado PARM. Sin embargo, desde las elecciones de 1958, y hasta los comicios de 1982, tanto el PPS como el PARM sistemáticamente presentaron a los mismos candidatos a la presidencia que postuló el PRI, con lo que rápidamente fueron

considerados como “partidos satélites” de la fuerza política gobernante, relegando como única auténtica oposición legalmente reconocida al PAN. El segundo ejemplo del carácter excluyente del régimen revolucionario que prevaleció durante gran parte del siglo pasado fue el hecho de que en las elecciones de 1976 sólo se presentó como candidato a la presidencia de la República José López Portillo, abanderado del PRI (también sostenido por el PPS y el PARM), dado que el PAN, luego de una serie de diferencias y conflictos internos, no logró los consensos necesarios para postular a un candidato presidencial. Nunca como entonces se había contrapuesto de manera tan nítida y contrastante el “país legal” (el que expresaban las instituciones, principalmente las representativas, que reflejaban un país monocolor y aparentemente homogéneo) con el “país real” (el que reflejaba a una sociedad cada vez más diversa y plural que no encontraba un cauce en el plano institucional). En ese contexto, la reforma política promovida y concretada al inicio del sexenio de López Portillo por su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, marcó el inicio de una serie de transformaciones que concretarían en las décadas posteriores el proceso de transición a la democracia. Si bien la reforma de 1977 no puede considerarse como una reforma fundacional por sus aún limitados alcances en clave democrática, sí fue la que desencadenó un ciclo de cambios paulatinos y graduales que se articularían en ocho grandes reformas electorales.4 En un temprano análisis sobre las causas, los límites y los beneficios de la reforma política promovida por Reyes Heroles, Arnaldo Córdova destacó, en 1986, la importancia de las pequeñas, pero muy concretas posibilidades que dicha reforma abrió a la lucha por la democracia, y explicó: La reforma política, sin embargo, fue positiva y en muy alto grado. Desde luego, es mucho mejor para todos, incluido el mismo sistema político establecido, que a una organización se le dé la posibilidad, por mínima que ésta sea, de participar en la competencia legal por el poder, a que se le ponga fuera de la lucha legal. Para la izquierda, muchos de cuyos grupos tendían a una subversión en la cual no tenían ninguna oportunidad de triunfar, pero que hacía un grave daño a la estabilidad del sistema, fue muy importante poder medir, pese a los fraudes electorales y a la manipulación del voto que el partido gobernante está acostumbrado a llevar a cabo, su presencia en la voluntad popular.... Pero mucho más importante para la formación cívica de los mexicanos resultaban las pequeñas pero muy concretas posibilidades que se abrían a la lucha por la democracia… antes los ciudadanos no tenían más opción que votar por el PRI o no votar y esto último era lo que por lo general hacían y, en gran medida, siguen haciendo. Quién gane y, por lo mismo, quién decida, no es ya la cuestión más importante, sino las posibilidades que la lucha electoral ofrece para una transformación democrática de México.5

3. LA RUTA DE LA TRANSICIÓN

A lo largo de cuatro décadas, las reformas electorales mencionadas fueron encauzando el proceso de democratización y de paulatino perfeccionamiento de los procedimientos democráticos. La comprensión cabal de esas transformaciones sólo puede ocurrir si se observa el conjunto y no si se hace un análisis aislado e independiente de cada una de esas reformas. No porque en lo individual no tengan características que las distingan de las otras y que les den identidad propia, ni porque no puedan ser objeto de estudio particular, sino porque las distintas reformas son parte de un largo y continuado proceso y porque cada una de ellas tuvo el propósito de ir resolviendo determinados problemas, necesidades y exigencias concretas que se fueron planteando como prioridades históricas a resolver en el contexto político específico en el que se fueron dando. Hay, por supuesto, muchas maneras de analizar y de explicar las reformas electorales que encauzaron el proceso de transición democrática a partir de 1977. La más recurrente es la de hacer un análisis puntual de cada una de ellas, de sus avances y eventuales retrocesos, así como revisar los cambios que fueron provocando tanto en el plano del sistema de partidos como en el de la representación política a nivel nacional, estatal y municipal. No pretendo en estas líneas una reconstrucción de ese tipo, sino más bien presentar ese proceso a partir de los grandes objetivos políticos que paulatinamente se fueron planteando como necesidades que resultaba indispensable resolver para poder encauzar, procesar y avanzar en la ruta de un cambio democrático. La transición mexicana, insisto en el punto, fue un proceso acumulativo de transformaciones, pero éstas tuvieron en distintos momentos lógicas y objetivos específicos consistentes en resolver determinados problemas heredados de nuestro pasado autoritario. En ese sentido, a lo largo de cuatro décadas de cambio político-electoral se han delineado ciertas prioridades que constituyeron los propósitos centrales de cada reforma. Ello no significa que cada una de ellas fuera monotemática, por supuesto; todas implicaron una revisión profunda de las reglas del juego democrático y supusieron acuerdos de largo alcance; sin embargo, también es cierto que en todas es posible identificar un elemento distintivo, vertebrador de la misma, que, visto en perspectiva, permite identificar desde una mirada omnicomprensiva objetivos específicos y eventualmente comunes entre ellas.

De este modo, se pueden identificar cuatro grandes propósitos articuladores de las reformas electorales: a) la inclusión y la representación de la pluralidad política en el ámbito institucional; b) la edificación de un sistema electoral confiable y creíble; c) la generación de condiciones de equidad en la competencia político-electoral, y d) la homogeneidad de las reglas y procedimientos electorales a nivel nacional (es decir, tanto en el plano federal como en el local). En las líneas sucesivas de este capítulo me ocuparé brevemente de las tres primeras. a) Inclusión y reflejo del creciente pluralismo Uno de los signos distintivos del régimen autoritario que se edificó en el periodo posrevolucionario fue su carácter excluyente y la consecuente negativa a abrir la vida institucional a alternativas políticas e ideológicas que no se encontraban expresadas en las opciones que podían intervenir en la vida electoral. Ese rasgo fue, como mencionamos, particularmente evidente justo en las épocas en las que crecientes manifestaciones de inconformidad se fueron presentando públicamente desde la segunda mitad de los años cincuenta y hasta bien entrada la década de los setenta, precisamente cuando el sistema de partidos se mantuvo estático e impermeable a nuevas alternativas. Si bien es cierto que en ese contexto se introdujo la figura de los “diputados de partido” en 1963 y que las reglas para acceder a esos espacios de representación en la Cámara de Diputados se ampliaron en 1973, en realidad se trató de una fórmula para permitirle un acceso siempre marginal y, en el fondo, intrascendente a la oposición (que era reconocida legalmente) a dicha instancia legislativa como una manera de mitigar el carácter excluyente y opresivo del régimen. En los hechos, esa figura nunca tuvo un propósito democratizador y sus efectos fueron meramente testimoniales.6 Desde este punto de vista, la primera gran necesidad que debía atenderse era, por un lado, la de abrir el sistema político a la diversidad ideológica que no encontraba un cauce institucional para expresarse y que corría el riesgo de desbordar las cerradas, escasas y excluyentes vías legales para hacer política (y que de hecho, con los movimientos guerrilleros de los años sesenta y setenta, y la enorme conflictividad política y social en las universidades, el campo, los sindicatos y las colonias populares, revelaba que ese desbordamiento estaba ya ocurriendo) y, por otro lado, que ese creciente pluralismo contara con mecanismos francos y eficaces para poder reflejarse en los órganos representativos del Estado en los que se tomaban las decisiones políticas, es decir, en el Congreso. Dicho de otro modo, el primer paso, indispensable para democratizar un sistema autoritario, vertical, excluyente y refractario a la diversidad política, como el que teníamos a mediados de la década de 1970, pasaba necesariamente por su apertura a expresiones políticas distintas a las existentes, por su reconocimiento legal, por permitir que las mismas compitieran electoralmente con las demás y por facilitar su acceso a la representación nacional. Apertura e inclusión fueron los objetivos primordiales en el entonces todavía largo camino por democratizar al régimen. Ésa fue, en efecto, la lógica que inspiró la reforma político-electoral de 1977, y las figuras concretas en las que se concretó ese propósito fueron el “registro condicionado” y la “representación proporcional”. El registro condicionado sirvió para flexibilizar los requerimientos que debían cumplir las organizaciones de ciudadanos que quisieran convertirse en partidos políticos, permitiendo que con el mero cumplimiento de ciertos requisitos mínimos (como demostrar que se trataba de fuerzas políticas con identidad propia y, por lo tanto, distintas a las existentes, o bien contar con documentos básicos, es decir, estatutos, declaración de principios y programa de acción, entre otras condiciones) pudieran obtener el reconocimiento legal como partidos y, por ello, la posibilidad de participar en las elecciones, en las que debían obtener un mínimo número de respaldos ciudadanos (votos) para mantener definitivamente dicho registro. La representación proporcional, por su parte, fue un mecanismo adicional al de los eventuales triunfos que por la vía de las elecciones de mayoría relativa en los distritos electorales hubieran obtenido los partidos políticos minoritarios, con la única condición de que fueran mínimamente representativos,7 que consistía en asignar un número determinado de escaños con base en el porcentaje de votos que hubiera obtenido cada uno de ellos. Así se garantizaba que todo partido que superara el umbral de votación de 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones respectivas tuviera acceso a la Cámara de Diputados.8 En un primer momento (con la reforma de 1977), la cuota de representantes populares elegidos mediante este nuevo principio se estableció en 100 sobre un número fijo de 400 diputados que integrarían la Cámara Baja federal.9 Más adelante (con la reforma de 1986), ese número se incrementaría a 200, con lo cual la Cámara de Diputados crecería a 500 legisladores en total: 300 electos en un número igual de distritos electorales por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional en cinco circunscripciones electorales a razón de 40 en cada una de ellas. De este modo, a partir de 1979, tres nuevas fuerzas políticas tuvieron la oportunidad de participar en las elecciones federales celebradas ese año mediante la figura de registro condicionado, y de ellas dos

alcanzaron también escaños en la Cámara de Diputados mediante el nuevo mecanismo de representación proporcional. La historia de los procesos electorales que se sucedieron reflejó que la apuesta original de apertura e inclusión sería exitosa para permitir la recreación de un permanente pluralismo político y de una creciente presencia de los partidos de oposición en los espacios de representación nacional. b) La construcción de una nueva institucionalidad y legalidad electoral para la democracia Las cuestionadas elecciones de 1988 significaron un parteaguas en la vida política nacional. El control de las elecciones por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral,10 la carencia de un listado de electores cierto y confiable, la falta de claridad en la designación y en la imparcialidad de los responsables de recibir y contar los votos en las casillas, la ausencia de transparencia y certeza en el cómputo de los sufragios, la decisión del órgano electoral de interrumpir la transmisión pública de la sumatoria de los votos del sistema informático diseñado para tal efecto con el propósito (se dijo) de “evitar malas interpretaciones” (que fue coloquialmente conocida como la “caída del sistema”) y la sesgada y parcial cobertura noticiosa de las campañas presidenciales11 son sólo algunos de los graves problemas que se presentaron y que fueron denunciados por la oposición como parte de un masivo fraude electoral. Más allá de entrar en los detalles de aquella polémica elección, lo cierto es que el sistema electoral hasta entonces vigente se demostró absolutamente inadecuado para poder gestionar una competencia política cada vez más intensa, un pluralismo creciente, y la impostergable necesidad de contar con comicios confiables, ciertos y, por ende, creíbles. Ése fue el principal propósito que buscaron atender las reformas de la primera mitad de los años noventa. Por ello no es casual que desde la reforma de 1989-1990 se planteara una total refundación del sistema electoral en tres planos: a) el de una radical reinvención institucional; b) el de una reformulación total de las normas y c) el de un replanteamiento de prácticamente todos los procedimientos electorales. En el plano institucional se crearon, por un lado, el IFE (1990) como un órgano constitucional fuera del control directo del gobierno (aunque su autonomía constitucional plena se lograría hasta 1996 con la salida del secretario de Gobernación como presidente del Consejo General del IFE) encargado de organizar todas las etapas de las elecciones, desde el levantamiento del padrón electoral hasta el cómputo de los votos, y, por otro lado, el Tribunal Federal Electoral como un órgano jurisdiccional encargado de revisar la legalidad de los actos del IFE y, más adelante, de calificar (es decir fungir como la última instancia) las elecciones de diputados y senadores (con la reforma de 1993) y luego, ya como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también las elecciones presidenciales (a partir de la reforma de 1996). En el plano de las normas, además de un cambio profundo del artículo 41 de la Constitución, se creó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), una extensa y detallada compilación de las reglas de funcionamiento de las autoridades electorales, así como de todos los pasos, términos y condiciones que debían seguirse puntualmente para organizar y llevar a cabo una elección. Se trató de una minuciosa “carta de navegación” que permitía a los operadores electorales, a los partidos y a la ciudadanía guiarse a través de los meses de organización de los procesos electorales y poder verificar paso a paso que la misma se realizaba correctamente. La premisa que fundaba esa lógica era acotar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades electorales en beneficio de la certeza y de la confianza. Finalmente, en el plano de los procedimientos se determinó la creación desde cero de un nuevo padrón electoral que, desde su confección primero, y en su actualización y depuración después, fuera permanentemente auditado por los partidos políticos para garantizar que no se excluyera a nadie (los “rasurados”, como se solía decir en aquella época) ni se incluyera a nadie que no debía estar (los “fantasmas”). Además, se comenzó el proceso de “ciudadanización” de las elecciones estableciendo que los funcionarios de las casillas debían ser designados mediante el azar (insaculación) sin otra criba más que fueran aptos para cumplir esa función (estar inscritos en el padrón electoral, ser de la sección a la que pertenecía la casilla, saber leer y escribir, etc.). Por otra parte, se establecieron las bases para poder contar con mecanismos de difusión preliminar de los resultados de las elecciones que, con el paso del tiempo, se convertirían en piezas claves e insustituibles de la certeza en torno a las elecciones: el PREP y los conteos rápidos. Por otra parte, para 1994 ya se había reconocido el derecho de la sociedad de participar mediante la observación electoral, a título individual o colectivo, así como la posibilidad de que extranjeros o entidades internacionales pudieran observar nuestras elecciones a través de la figura de los visitantes extranjeros. Entre muchos otros procedimientos que paulatinamente se fueron incorporando en aras de incrementar la transparencia, certeza y, por ello, confianza en los procesos y en los resultados electorales. c) La equidad en la competencia electoral

Para las elecciones de 1994 los cuestionamientos de irregularidades en la organización de los comicios disminuyeron considerablemente y la que Jorge Carpizo denominó la “feria de las desconfianzas” había logrado conducirse sin mayores sobresaltos por los cauces del renovado sistema electoral. A pesar de lo anterior, la ruta de construcción de confianza en torno a los procesos electorales y sus resultados seguiría produciendo cambios (en ocasiones mayores) a las instituciones, las reglas y los procedimientos, en las siguientes reformas electorales. No obstante, esas elecciones evidenciaron un nuevo problema que resultaba indispensable atender: el de la profunda inequidad en las condiciones de la competencia que prevalecía en nuestros comicios. En 1994 se realizó el primer ejercicio de fiscalización a las cuentas de campaña de los partidos políticos y candidatos de nuestra historia electoral,12 lo cual arrojó como resultado que el partido en el gobierno había erogado por sí solo casi 80% de todos los gastos de campaña.13 Incluso en su discurso de toma de posesión el presidente Ernesto Zedillo, principal beneficiario de esa disparidad de recursos erogados, reconoció la necesidad de construir “un sistema electoral más equitativo”.14 La nueva necesidad del proceso de transición, la construcción de un plano de competencia más equilibrado, se centró en dos grandes ejes: el del financiamiento de la política y el del acceso a los medios de comunicación masiva. La idea fue garantizar que todos los partidos políticos contaran con las mismas condiciones de entrada que les permitieran competir efectivamente por el poder público en las urnas. La equidad en la competencia supuso que todos tuvieran el mismo acceso a un piso mínimo de recursos financieros, en primera instancia, y que todos pudieran contar con un acceso básico a tiempos en radio y televisión para ofertar ante la ciudadanía sus planteamientos y propuestas políticas. La reforma de 1996 se enfocó en resolver el problema de la profunda disparidad económica que privaba en el sistema de partidos, apostando por un generoso financiamiento público, que a partir de entonces debía ser preeminente frente al financiamiento privado que podían recabar los partidos políticos, distribuido de manera equitativa entre los contendientes. A partir de una fórmula establecida para calcular una bolsa común de dinero público (que cambió a lo largo del tiempo),15 el monto resultante se distribuiría entre los partidos políticos con registro en un 30% de manera igualitaria y el 70% restante de manera proporcional al porcentaje de votación que hubieran obtenido en la elección de diputados federales previa, así como un 2% del total para los partidos de nueva creación. Se trata de un mecanismo de distribución que está vigente todavía hoy y que muy pronto generó resultados positivos incrementando la competitividad de los partidos políticos. No es casualidad que a partir de las elecciones de 1997 (las primeras en las que se aplicó la nueva fórmula de financiamiento) se incrementaron los triunfos de la oposición tanto en el plano local como en el federal. Es cierto que el viejo régimen político revolucionario mostraba claros síntomas de agotamiento, pero también lo es que, con las nuevas reglas introducidas en 1996, mismas que permitieron un piso de competencia más parejo, las posibilidades de triunfo de la oposición se multiplicaron. Los dos casos más emblemáticos en ese sentido son, por un lado, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, en la primera elección de jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (sin duda el cargo ejecutivo local más importante del país) y, por otro lado, la victoria de Vicente Fox, candidato del PAN en la elección presidencial de 2000, que significó la primera alternancia en la presidencia de la República de la historia moderna del país. Los dos triunfos de la oposición mencionados ocurrieron (e insisto, no es mera coincidencia) justo después de que el nuevo modelo de financiamiento empezó a surtir sus efectos. Vale la pena señalar que en la elección en la que ocurrió la primera alternancia en la presidencia, en virtud de las coaliciones electorales formadas de cara a la elección del año 2000, la Alianza por el Cambio que postuló a Vicente Fox, y la Alianza por México que candidateó a Cuauhtémoc Cárdenas,16 el monto de recursos públicos que tuvieron a su disposición los partidos políticos que las conformaron fue, en términos generales, el que recibió el PRI, que registró como candidato presidencial a Francisco Labastida. Si bien es cierto que la equidad en la competencia electoral no se reduce únicamente al tema de los recursos económicos que los contendientes tienen a su disposición, ni que el monto de dinero erogado sea el único factor determinante de los resultados electorales, también lo es el hecho de que, desde que hace casi cinco lustros se comenzaron a inyectar generosos recursos públicos a los partidos para generar una mayor equidad en la competencia electoral, el mapa político del país se transformó radicalmente, las expresiones de un cada vez más intenso pluralismo se multiplicaron y la alternancia se convirtió en un fenómeno cada vez más normal y recurrente. El otro plano en el que se inyectaron mayores condiciones de equidad en la competencia fue el de los mecanismos de acceso que los partidos políticos y los candidatos a algún cargo de elección popular tienen a los medios electrónicos de comunicación masiva, específicamente la radio y la televisión. A esa temática, entre muchas otras, se abocó la reforma de 2007-2008, misma que estableció un nuevo modelo de comunicación política. Si bien es cierto que desde la reforma de 1996 se introdujo —de manera paralela a la bolsa de financiamiento público— un número importante de spots en radio y televisión (10 mil) que debían ser adquiridos por el entonces IFE para distribuirlos entre los partidos políticos como un mecanismo de equidad, también lo es que la compra de espacios publicitarios en esos medios electrónicos de comunicación siguió siendo la principal manera mediante la cual los partidos políticos accedían a los mismos. Todo ello cambiaría radicalmente con la reforma constitucional de 2007.

Las elecciones presidenciales del año anterior, 2006, definirían en muchos sentidos el rumbo de los cambios electorales por venir. La irresponsabilidad con la que se condujo buena parte de los actores políticos; las intensas y sistemáticas acusaciones de fraude —nunca probado legal, académica o empíricamente— por parte de la coalición perdedora; los inéditos resultados sumamente cerrados entre el primero y el segundo lugar (un poco más de 233 mil votos, 0.56% de diferencia); la polarización y encono político del contexto preelectoral y de las campañas; los errores y omisiones de las autoridades electorales, en particular la falta de oportunidad y de incisividad en las explicaciones del IFE para desmontar la narrativa del fraude; las conductas irregulares de algunos actores políticos y, además, una serie de fenómenos relacionados con la centralidad que adquirieron la radio y la televisión y que se presentaron en proporciones no vistas hasta entonces —con lo que adquirieron un grave efecto disruptivo —, son elementos que se conjugaron, que marcaron profundamente esos comicios y que lastimaron de un modo muy importante la credibilidad tan trabajosamente construida por años en torno al sistema electoral. Por lo que hace a los medios electrónicos de comunicación: la presencia masiva de publicidad gubernamental en radio y televisión durante gran parte de las campañas electorales, la compra de publicidad hecha por los partidos políticos en cantidades no vistas hasta entonces (que disparó el gasto electoral de manera significativa [y que en el caso de algunos partidos políticos llegó a 70% de su gasto de campaña]), la profusión de las campañas de descalificación y la compra de publicidad política por parte de actores impedidos para ello por la ley [de manera particular una serie de grupos empresariales y el Consejo Coordinador Empresarial], fueron elementos que agravaron el de por sí tenso panorama político en el que se desarrolló la elección de ese año.17

Entre otras, ésas fueron las razones principales que detonaron que se instrumentara un nuevo modelo de comunicación política centrado en tres aspectos fundamentales: a) la prohibición absoluta de compra de publicidad político-electoral por parte de cualquier persona física o moral; b) el uso de los tiempos de transmisión que por ley los concesionarios de la radio y la televisión deben poner a disposición del Estado para que, a través de la gestión que el IFE (hoy el INE) haga de los mismos, sean distribuidos sin costo y de manera equitativa entre los partidos políticos (en un 30% de modo igualitario y el 70% restante de manera proporcional a la votación obtenida en la última elección de diputados federales), y c) la prohibición de transmisión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, además de que la misma en ningún momento puede ser personalizada (para evitar el uso de recursos públicos con el fin de promover la imagen de algún funcionario público). Por otra parte, la reforma impuso al IFE establecer un sistema de monitoreo de las transmisiones radiofónicas y televisivas para garantizar que la pauta de publicidad que la autoridad electoral definía efectivamente fuera transmitida y respetada por los concesionarios y, en caso contrario, se le dotó de la facultad de sancionarlos por violar sus obligaciones. Dicho monitoreo sirvió, además, para hacer un seguimiento de la cobertura noticiosa de las campañas electorales y detectar eventuales sesgos políticos tanto en los tiempos dedicados a las diversas actividades de proselitismo como en el tratamiento que se les daba. Se trató de un ejercicio que sin tener consecuencias jurídicas, sí constituyó un mecanismo de visibilización que les generaba a los medios un importante contexto de exigencia pública. La instauración del nuevo modelo no fue sencilla; por un lado, recibió el rechazo unánime de la industria de la radio y la televisión, afectada tanto en sus intereses económicos (la pérdida de una jugosa entrada de recursos producto de la compra de publicidad política hasta entonces vigente) como en su capacidad de incidencia política (si bien la ley establecía que a los partidos políticos no se les podía vender publicidad por encima de las tarifas comerciales, lo cierto es que los medios tenían la posibilidad de jugar políticamente diferenciando los costos o a través de un tratamiento diferenciado a los partidos y candidatos en sus coberturas noticiosas). Los años que siguieron a la reforma, aquellos en los que paulatinamente se instrumentó el nuevo modelo, fueron sumamente complicados y desgastantes para la autoridad electoral. Esa complejidad se dio tanto desde el punto de vista de construir la infraestructura física e informática que permitiera el monitoreo en tiempo real de miles de señales de radio y televisión en todo el territorio nacional (el INE es el único órgano del Estado mexicano que monitorea de manera censal —es decir, las 24 horas del día— las transmisiones de radio y televisión —incluidas la mayoría de las transmisiones de televisión restringida—), como en el plano de tener que establecer las reglas específicas de aterrizaje concreto del modelo, a través del Reglamento de Radio y Televisión del INE y de un complejo sistema de criterios jurídicos para resolver los múltiples litigios entre partidos y candidatos, pero también los procedimientos que se abrieron contra los concesionarios. Ello provocó además que los grandes intereses —económicos y políticos— afectados por las nuevas reglas emprendieran una ofensiva jurídica y mediática en contra de la reforma y, particularmente, en contra del órgano del Estado encargado de implementarla, el INE. No sólo se presentaron amparos, sino que incluso un grupo de intelectuales llevó el litigio contra el nuevo modelo de comunicación ante la justicia interamericana de derechos humanos aduciendo que aquél violaba la libertad de expresión; ello por no hablar de la narrativa que desde las principales cadenas de televisión y de radio se construyó en

contra de la reforma y de la autoridad electoral (incluso el dueño de uno de los grandes consorcios mediáticos argumentó que el uso de los tiempos del Estado por parte del INE para fines electorales constituía un “robo” en su perjuicio) acusando un pretendido carácter autoritario e iliberal de las nuevas reglas. Lo que no se dijo es que el modelo mexicano de comunicación política, si bien es radicalmente distinto del existente en los Estados Unidos (en donde, luego de la sentencia de la Suprema Corte de ese país en el caso Citizens United vs. Federal Electoral Commission de 2010, se permite que cualquier persona —incluso empresas— realice gastos electorales, entre otros, la compra de publicidad en medios electrónicos, bajo el argumento de que es una extensión de su libertad de expresión), es muy similar al que prevalece en prácticamente todas las democracias europeas y varias latinoamericanas. A la larga, y no sin tropiezos y un gran desgaste público, el INE logró concretar el modelo de comunicación política querido por la reforma de 2007-2008 y, con ello, inyectar una gran dosis de equidad en la competencia política. No sin resistencias, todavía hoy vigentes, los concesionarios de radio y televisión aceptaron cumplir con las nuevas reglas ya para las elecciones federales de 2015 y de 2018, y el grado de cumplimiento de la pauta de publicidad político-electoral que la autoridad electoral determinó alcanzó niveles superiores al 99 por ciento. 4. COROLARIO

Si bien la reforma de 2014 implicó un replanteamiento muy importante de nuestro sistema electoral, el conjunto de cambios a las reglas del juego democrático que se instrumentaron a lo largo de las décadas previas, que aquí hemos someramente detallado, provocaron un cambio radical en las condiciones de competencia electoral y potenciaron el pluralismo que refleja la riqueza política e ideológica de la sociedad mexicana. En ese periodo se fortaleció un auténtico sistema de partidos incluyente y diverso, se abrieron las puertas de la representación nacional, se crearon instituciones, reglas y procedimientos para generar garantías básicas a la libertad del sufragio y el conteo efectivo de los votos y se crearon condiciones equitativas para que las diversas fuerzas políticas estuvieran en grado de competir efectivamente por el poder público en las urnas. Se dice fácil, pero ello implicó una cantidad de tiempo, esfuerzos, luchas políticas y sociales, disposición a construir acuerdos y consensos, y una gran inversión en la construcción de un sistema electoral que, a la postre, transformó radicalmente el mapa político del país. Vale la pena insistir en que, gracias a esa gran apuesta colectiva de varias generaciones de actores políticos y sociales, el país transitó por la vía electoral de un régimen hegemónico autoritario y vertical a otro en donde la pluralidad política cruza todos los espacios del Estado tanto en el plano nacional como en el local… Y eso es una construcción común, no atribuible a una única fuerza política y, mucho menos, a una sola persona.

SEGUNDA PARTE

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El origen del INE Ernesto Núñez Albarrán

Era domingo 2 de diciembre de 2012. En el segundo día del sexenio de Enrique Peña Nieto la clase política se congregaba en el Castillo de Chapultepec para atestiguar la firma de un pacto inédito entre el PRI, el PAN, el PRD y el nuevo gobierno. “Histórico”, lo definían los perredistas Jesús Zambrano y Jesús Ortega y los panistas Gustavo Madero y Santiago Creel, principales promotores del llamado Pacto por México. El documento contenía 95 compromisos divididos en cinco capítulos: Derechos y libertades; Crecimiento económico, empleo y competitividad; Seguridad y justicia; Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y Gobernabilidad democrática. Entre los acuerdos del pacto, el 90 señalaba textualmente: “Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales”. Con esas 25 palabras se concebía un renovado modelo de arbitraje electoral que buscaba emparejar la calidad de la democracia a nivel estatal y municipal con la de los comicios federales. Era la semilla del Instituto Nacional Electoral que habría de sustituir al Instituto Federal Electoral. Esa autoridad nacional electoral había sido concebida por los partidos derrotados en los comicios de 2012 como una solución a lo que ellos denunciaban como la principal perversión del sistema político mexicano: la intromisión de los gobernadores en la vida democrática de sus estados y el control ejercido por ellos sobre las instituciones que deberían controlar al Poder Ejecutivo local. Las elecciones del 1 de julio de 2012 habían dejado saldos negativos en los dos principales partidos de oposición, y una necesidad de legitimación en el partido triunfador, cuyo candidato había sido acusado de comprar la presidencia con tarjetas Monex y de haber pactado su arribo al poder con las televisoras desde que era gobernador del Estado de México (2005-2011). En el PAN la caída de su candidata —Josefina Vázquez Mota— al tercer lugar en las elecciones presidenciales desató inmediatamente una confrontación entre el dirigente formal, Gustavo Madero, y el presidente de la República, Felipe Calderón, quien se asumía como líder natural del panismo y buscaba recuperar el control del partido. En el PRD la segunda derrota de Andrés Manuel López Obrador había profundizado las diferencias entre el candidato presidencial y los dirigentes que controlaban las estructuras partidistas a través de la corriente interna mayoritaria: Nueva Izquierda, dirigida por Jesús Zambrano —entonces presidente nacional del PRD— y Jesús Ortega. En el PRI el triunfo implicó un cierre de filas en torno a Peña Nieto y el priismo mexiquense al que pertenecía el presidente electo, previo reparto de posiciones en el gobierno, el partido y el Poder Legislativo. Peña regresó al PRI a Los Pinos, pero no contaba con mayoría en las cámaras del Congreso. En ese contexto, el Pacto por México nació —entre julio y agosto de 2012— como una idea original de Jesús Zambrano y Jesús Ortega, los Chuchos, que en agosto sugirieron a López Obrador la idea de convocar a un gran acuerdo nacional como una vía para impulsar una agenda “de transformación” y no repetir la estrategia de confrontación y aislacionismo seguida por la izquierda después de los comicios de 2006. El rechazo del excandidato a esa iniciativa implicó un rompimiento definitivo entre el lopezobradorismo y los Chuchos, y permitió a los dirigentes del PRD iniciar conversaciones con políticos priistas cercanos al presidente electo, buscando convergencias en torno a un acuerdo que definían como la versión mexicana de los Pactos de la Moncloa. El primer interlocutor de los Chuchos en el PRI fue el exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien puso la idea en la mesa de Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto y jefe del equipo de transición. En contraste, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, endureció su discurso hacia el PRI, planteando el peligro de que una nueva alternancia (esta vez del PAN al PRI) se convirtiera en un retroceso hacia el autoritarismo. Madero acusó al partido tricolor de comprar la presidencia “a tarjetazos” y de mantener vivos enclaves de autoritarismo en estados como Coahuila, Campeche, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, donde nunca había habido alternancia. Pero a finales de julio el panista

recibió una respuesta de Luis Videgaray: una invitación a comer, a la que también acudió el panista Santiago Creel, exsecretario de Gobernación y principal asesor político de Madero. Los encuentros paralelos entre perredistas y panistas con Videgaray derivaron en una primera reunión con las tres partes en agosto, a la que también asistió el exgobernador de Hidalgo y próximo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Según relata Jesús Ortega, en ese trípode se concibió la idea de llegar a un gran acuerdo nacional, que por primera vez incorporara en un solo documento las agendas de las tres fuerzas políticas mayoritarias. Para el PRI significaba la oportunidad de aprobar una serie de reformas a las que no habría accedido con los 213 diputados y los 51 senadores que había conseguido en las elecciones del 1 de julio. Cambios constitucionales que el propio PRI había negado a los gobiernos panistas, principalmente en materia laboral, energética, fiscal, telecomunicaciones, competencia económica… y una reforma educativa que sería presentada ante la sociedad como el argumento de peso para dar un primer golpe político y mediático al arranque del sexenio: la detención de la poderosa y polémica lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. Para los dirigentes del PAN y el PRD el Pacto por México se convertía en un valioso instrumento no sólo para hacer avanzar sus agendas programáticas, sino para afianzarse en sus respectivos partidos. No es casual que las negociaciones del pacto las hayan encabezado el panista Gustavo Madero a espaldas de Felipe Calderón, y el perredista Jesús Zambrano a espaldas de Andrés Manuel López Obrador. A las comidas en casa del priista José Murat, donde se fraguó el pacto, jamás acudieron Calderón, López Obrador o alguno de sus colaboradores. Los líderes naturales de la derecha y la izquierda mexicanas, que en los años noventa habían coincidido en su lucha contra el PRI, fueron excluidos del hito político con el que arrancaría el sexenio de Peña Nieto, lo que permitió a Madero y Zambrano monopolizar la interlocución con el nuevo gobierno y negociar con Videgaray y Osorio Chong un “gran acuerdo” al que bautizaron como Pacto por México. Aunque es muy importante distinguir las distintas actitudes de ambos dirigentes frente al pacto: mientras López Obrador lo desdeñó desde un primer momento y para siempre, Calderón refunfuñó por no formar parte de él y, cuando le fue posible, propició que sus operadores políticos en el Senado (Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez, entre otros) se involucraran en la negociación de las reformas, principalmente la energética. A partir de septiembre de 2012, ya con la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral, los negociadores incorporaron al trípode una mesa de redactores integrada por Aurelio Nuño por parte del gobierno electo, el panista Juan Molinar y el perredista Carlos Navarrete. De ese grupo redactor, al que jocosamente llamaban “mesa pony”, surgió el pacto que se firmó el 2 de diciembre, un documento de 19 cuartillas que, en su capítulo de “Gobernabilidad democrática”, contemplaba una nueva reforma político-electoral para atender los siguientes temas: • Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos. • Disminución en el monto de los topes de campaña. • Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral, y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate. • Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios. • Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción. • Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto. • Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales. UNA REFORMA ACCIDENTADA

A lo largo del primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto los negociadores del Pacto por México establecieron un método de trabajo que consistía en negociar y redactar las reformas legales en el seno de un consejo rector, que se reunía prácticamente en secreto en un edificio del Paseo de la Reforma, a instancias del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, quien fungía como articulador de los documentos. Las iniciativas se presentaban ante las cámaras del Congreso una vez que había acuerdo en las dirigencias nacionales de los tres partidos mayoritarios, sin socializar su contenido con los legisladores hasta que llegaban al pleno. A través de este método, los promotores del pacto lograron que se aprobaran tres reformas en unos cuantos meses: la educativa (febrero de 2013), telecomunicaciones (marzo) y financiera (abril).

Pero en abril iniciaron las campañas electorales en 14 estados de la República, y eso comenzó a tambalear el pacto. El 17 de ese mes el PAN denunció la existencia de una red de funcionarios públicos, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del gobierno de Veracruz, encargada de utilizar programas sociales para conseguir votos a favor del PRI. En una carta dirigida a Peña Nieto, el líder panista decía: “Los compromisos democratizadores y reformadores que suscribimos en el Pacto por México no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno, ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido”. Madero pedía la separación temporal del cargo de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; del gobernador de Veracruz, Javier Duarte; de los titulares del Programa Oportunidades, Liconsa y Diconsa, y los delegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Sedesol en Veracruz. Madero demandaba a Peña Nieto instruir a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instalar una mesa con los dirigentes de los tres partidos firmantes del pacto para dialogar sobre el caso Veracruz. La carta tuvo como respuesta la separación temporal del delegado de la Sedesol en Veracruz, Ranulfo Márquez, y seis funcionarios más. Pero esa medida no satisfizo a los panistas, que esperaban la renuncia de los funcionarios de primera línea en el equipo de Robles, además de una respuesta directa de Peña Nieto. En lugar de esa respuesta, el 19 de abril, en un acto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Zinacantán, Chiapas, Peña Nieto clavó una daga en el corazón del pacto, al pronunciar una de las frases que marcó su sexenio: “Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar, porque ya empezaron las críticas”. La frase de Peña Nieto encendió focos de alerta en la sede nacional del PAN, donde Gustavo Madero y sus colaboradores resintieron la respuesta como una afrenta política y personal, y en el PRD, que de inmediato se sumó a la indignación panista y acusó a Robles de actuar como secretaria de Asuntos Electorales del PRI. El 20 de abril Madero y Zambrano anunciaron que el PAN y el PRD no asistirían a eventos públicos del Pacto por México hasta que se atendiera satisfactoriamente el caso Veracruz. Y el pacto entró en crisis, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en un comunicado que el martes 23 de abril, a las 10:00 horas, se presentarían las iniciativas de reforma financiera contempladas en los compromisos 62 y 63 del acuerdo. Horas más tarde Madero anunció que el PAN no asistiría a la presentación de la reforma financiera y Zambrano declaró que la frase del presidente era “una carta de impunidad” para otros funcionarios priistas. En la noche del 22 de abril el gobierno federal decidió tomarse en serio la denuncia y, a la medianoche, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, publicó un mensaje desde Washington, a través de Twitter: “Para abrir un espacio al diálogo que permita superar las diferencias, @EPN suspende temporalmente actividades públicas del pacto. En consecuencia, se pospone por unos días la presentación de la reforma financiera, originalmente programada para hoy martes”. La confirmación de esta suspensión la hizo la Presidencia de la República, en comunicado oficial, cerca de las cinco de la mañana. En lugar de presentar la reforma financiera, los miembros del Consejo Rector del pacto sostuvieron una nueva reunión con el secretario Osorio Chong, mientras en el Senado legisladores del PAN y el PRD vapuleaban a Rosario Robles en una intensa comparecencia en la que la funcionaria negó participar en la red de funcionarios priistas destapada en Veracruz y descartó renunciar al cargo. Pero la crisis se prolongó dos semanas más. El PRI de Veracruz contraatacó dando a conocer audios en los que exhibía el uso que hacían los panistas de los programas sociales cuando eran gobierno. En las grabaciones que dieron a conocer involucraban al excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes y a su hijo —diputado panista—, quienes habían armado el caso Veracruz y lo habían entregado a Madero para hacer la denuncia. El PAN presentó una queja ante el IFE por el caso Veracruz el jueves 25, y sus legisladores exhibieron la red de priistas colocados en las delegaciones de diversas secretarías de Estado. Madero y Zambrano mantuvieron su tono de crítica al gobierno federal, aunque en privado se sentaron a la mesa, casi diariamente, con Osorio Chong, Videgaray, Nuño y Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. A esas reuniones acudían también los representantes de los partidos en el Consejo Rector: Santiago Creel, Juan Molinar, Alejandro Zapata y Marco Antonio Adame, por parte del PAN; Pablo Gómez, Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Ortega, por parte del PRD, y César Camacho, Héctor Gutiérrez de la Garza y Martha Tamayo, por parte del PRI. En esos encuentros surgió la idea de firmar un anexo al pacto; una serie de reglas adicionales que blindaran los procesos electorales permitiendo a los dirigentes de los partidos, y al gobierno federal, amarrar las manos a los gobernadores —quienes no eran firmantes del pacto—, a los cuales se señalaba como principales responsables del uso electoral de los programas sociales. “Nos reunimos en varias ocasiones, e hicimos una negociación nueva: si los asuntos electorales no deben ser obstáculo, entonces ¿qué hacer? Y construimos un adendum, con medidas que buscaban evitar

que prevalezcan los pequeños intereses sobre los objetivos superiores del pacto”, relató el perredista Jesús Ortega en una entrevista publicada en la Revista R (Reforma, 19 de mayo de 2013). “Los firmantes del pacto entendemos que éste tiene un valor tan importante que supera cualquier interés particular. Estamos convencidos de que sirve para las grandes transformaciones que México necesita. La conciencia de ello, el reconocimiento del valor del pacto, fue el elemento sustantivo para preservarlo.” Acordado el adendum, Madero llevó la propuesta a la Comisión Política del PAN el lunes 29 de abril, y de ahí salió con dos resolutivos: renegociar el pacto para blindarlo en el tema electoral, y adelantar la reforma político-electoral, programada originalmente para el segundo año del sexenio. El 1 de mayo Madero y Zambrano dieron a conocer un posicionamiento conjunto, con nuevas demandas: “Exigimos que la voluntad expresada en los compromisos expuestos en los comunicados y declaraciones difundidos en días anteriores se materialicen en hechos visibles y verificables. Vigilaremos que las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios públicos, así como las demandas de juicio político, sean atendidas conforme a derecho. Compartimos la convicción de que el Pacto por México es un instrumento útil y de que, en las actuales circunstancias, la responsabilidad de que se conserve y fortalezca depende del gobierno federal.” El 4 de mayo Javier Duarte anunció en Veracruz la separación de Salvador Manzur de la secretaría estatal de Finanzas. Y el 6 de mayo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que había girado citatorios a seis funcionarios involucrados en la denuncia en Veracruz. El martes 7 de mayo, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, reaparecieron las sonrisas, los abrazos y las palmadas en la espalda entre los artífices del pacto. El presidente Peña Nieto encabezó la firma del adendum, flanqueado por Madero y Zambrano, y acompañado por Osorio Chong, Videgaray, Nuño y el dirigente del PRI, César Camacho Quiroz. El adendum agregó 11 compromisos a los 95 pactados originalmente, entre los que destacaban el respeto a la ley y la limpieza electoral; el blindaje de los programas sociales y “darle prioridad máxima a la reforma político-electoral y la ley de partidos acordadas en los puntos 89 y 90 del pacto original”. Entre apretones de mano, carcajadas y elogios mutuos los “notables” del pacto confirmaban el compromiso de aprobar una reforma política que, según dijeron, debía permitir el tránsito de “una democracia electoral” a una “democracia de resultados”. El regreso a la cordialidad fue celebrado en una comida en Los Pinos el lunes 13 de mayo, en la que Madero, Zambrano y los demás integrantes del Consejo Rector del pacto fueron agasajados con varias botellas de vino Vega Sicilia, cortesía de la Presidencia de la República. En la comida se acordó que le correspondería al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentar la iniciativa de reforma constitucional que daría vida al INE contemplado en el compromiso 90 del pacto. Pero al día siguiente los políticos excluidos del pacto reaccionaron. En una inédita conferencia de prensa los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRD en el Senado, Ernesto Cordero y Luis Miguel Barbosa, presentaron una propuesta de reforma político-electoral de 30 puntos. Acompañados por legisladores opositores a las cúpulas partidistas (entre los que destacaban Roberto Gil, del PAN; Manuel Camacho, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del PRD) los coordinadores mencionaron temas como gobiernos de coalición, fiscalización anticipada de los recursos de campaña, ley de propaganda gubernamental, eliminación del fuero, segunda vuelta, reforma política del Distrito Federal y dotar al IFE de la facultad de atracción de procesos electorales locales. El documento llevaba como respaldo la firma de 40 senadores del PAN y el PRD. La presentación de los 30 puntos fue tomada como una afrenta por los dirigentes partidistas que negociaban el pacto. Cuestionado por los demás negociadores sobre el grado de control que tenía en sus bancadas, Gustavo Madero decidió dar un manotazo en la mesa, y el 19 de mayo removió a Ernesto Cordero de la coordinación de senadores del PAN, argumentando que lo había hecho quedar en ridículo. El perredista Jesús Zambrano también resintió el desafío de sus senadores, y sugirió al Consejo Rector convocar de inmediato a una reunión para redefinir la agenda de la eventual reforma política. Ahí se acordó modificar el mecanismo de negociación del pacto y abrir el debate convocando a una mesa de discusión pública dividida en tres ejes temáticos: ley de partidos políticos, leyes secundarias en materia electoral y régimen político. La mesa fue instalada el 28 de mayo, y a ella fueron convocados los senadores rebeldes al pacto, quienes habían prometido presentar su iniciativa de reforma política integral en la primera semana de julio. Los foros de discusión de la reforma político-electoral transcurrieron en paralelo a las campañas electorales en 14 entidades, que el 7 de julio renovaron ayuntamientos o congresos estatales. Después de esas elecciones, en las que el PRI refrendó su hegemonía en estados que gobernaba, como Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, los líderes del PAN y el PRD insistieron en la urgencia de una reforma que quitara a los gobernadores el control de los procesos electorales. “A casi un año del regreso del PRI a la presidencia y habiéndose realizado las elecciones locales del pasado 7 de julio en 14 entidades, se han redoblado las preocupaciones sobre la fortaleza, vitalidad y

futuro de la democracia mexicana […] Tengo la convicción de que el desarrollo democrático nacional se entrampó en los estados de la República. Y que hoy la república federal, paradójicamente, para dar un salto hacia adelante debe concentrar la totalidad de las elecciones federales y locales en una sola autoridad nacional electoral”, escribió el perredista Jesús Zambrano en un artículo para la revista de la Fundación Colosio, titulado “Reforma política o regresión”. Diez días después de los comicios, el 17 de julio, los 24 senadores afines a Ernesto Cordero y los 22 senadores del PRD hicieron pública su iniciativa de reforma político-electoral, que retomaba sus 30 puntos y dejaba fuera la idea de Madero y Zambrano de crear el INE. La iniciativa se formalizó ante la Comisión Permanente del Congreso el 24 de julio, e incluía propuestas como el gobierno de coalición, la segunda vuelta electoral, el jefe de gabinete, un sistema de fiscalización de gastos de campaña más expedito y el rebase del tope de gastos de campaña como causa de nulidad de una elección, la creación de la Ley de Réplica y la Ley de Propaganda Gubernamental, entre otras. Los proponentes enviaron copia de su iniciativa al presidente Enrique Peña Nieto, en la que le aseguraban que no buscaban reemplazar el pacto, sino institucionalizar una relación transparente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En los hechos, como lo declaró entonces el senador Manuel Camacho Solís, se trataba de llevar la reforma política al Senado, que era el espacio formal de negociación y proceso legislativo para un cambio constitucional como el que se pretendía. Sin embargo, al no ser una iniciativa proveniente del Pacto por México, ésta fue descalificada por el PRI, desconocida por las cúpulas del PAN y el PRD y enviada a Comisiones. El 13 de agosto los dirigentes del PRI, PAN y PRD, además del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondieron a los rebeldes instalando las mesas para la construcción de la reforma con base en siete temas: 1) las leyes secundarias de la reforma constitucional de 2012 pendientes de legislar en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular; 2) la nueva Ley General de Partidos; 3) los cambios en materia electoral; 4) la creación del Instituto Nacional Electoral; 5) cambio de régimen político; 6) reforma política del Distrito Federal, y 7) otros temas pendientes de legislar, como el fuero y la ley de propaganda gubernamental. Al instalar esas mesas, los miembros del Consejo Rector refrendaron el compromiso de que no se aprobarían otras reformas del Pacto por México prioritarias para el Ejecutivo —como la energética y la fiscal— sin que se aprobara antes la política. LOS ALCANCES DE LA REFORMA

Para octubre de 2013 la gran duda era si el Consejo Rector del Pacto por México presentaría o no una iniciativa “oficial” de reforma política, pues mientras el PRI aseguraba que ésta se estaba elaborando, Madero y Zambrano batallaban con la división en sus partidos. El 3 de octubre el líder priista César Camacho aseguró que el Consejo Rector presentaría su iniciativa integral en un plazo máximo de 10 días. Pero el 6 de octubre Madero lo desmintió, afirmando que no habría una propuesta del pacto, pues ya había materia suficiente en las iniciativas previamente presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El tiempo apremiaba a los senadores, por dos factores: primero, al Ejecutivo le interesaba cerrar el 2013 con las reformas fiscal y energética ya aprobadas; segundo, el 30 de octubre vencía el periodo de cuatro consejeros del IFE electos en 2008: Leonardo Valdés Zurita, quien fungía como presidente; Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero. Sus salidas se sumaban a la de Sergio García Ramírez, que había renunciado en febrero de 2013, por lo que el IFE quedaría descabezado y mutilado, con sólo cuatro consejeros: María Marván Laborde, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova Vianello y Benito Nacif. De acuerdo con los registros del proceso legislativo de la reforma político-electoral 2013-2014, ésta se terminó procesando con base en 36 iniciativas de diversos legisladores, algunas presentadas desde 2009. Pero tan sólo entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de 2013 fueron 14 las iniciativas presentadas para la reforma final. Del PRD surgió, el 20 de noviembre, la iniciativa de reforma política de la Ciudad de México, un amplio documento firmado por Alejandro Encinas, que ordenaba crear la primera Constitución de la capital del país, creaba el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y un régimen de mayor autonomía. Pero la reforma al artículo 41, que modificó la denominación de Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral, no tiene un autor claro. La idea provenía del documento original del Pacto por México, y estuvo todo el tiempo en las propuestas de las fracciones del PAN afines a Gustavo Madero, aunque su incorporación al documento final de la reforma ocurrió durante los trabajos en Comisiones. La creación del INE con un Consejo General que crecía de nueve a 11 integrantes —10 consejeros y un presidente— fue polémica desde el principio, pues algunos consideraban que sería inoperante la figura de un “súper IFE” que asumiera las labores de los 32 institutos electorales de los estados. Los gobernadores se opusieron desde un primer momento, y los presidentes de los institutos locales también se movilizaron en contra.

Al final, los legisladores optaron por una salida intermedia, un modelo híbrido que daba nacimiento al Instituto Nacional Electoral y a 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que sustituirían a los institutos locales y tendrían un grado de autonomía mayor respecto del Poder Ejecutivo local, al ser integrados por un consejo de seis integrantes y un presidente, nombrados desde el INE. La reforma incluía la sustitución del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) por una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la creación de una nueva Ley General de Partidos. El 3 de diciembre de 2013 el pleno del Senado aprobó el dictamen de reforma política, que implicaba modificar 30 artículos de la Constitución, con 107 votos a favor, 16 en contra y una abstención, y lo envió a la Cámara de Diputados, donde fue discutido, modificado y aprobado el 5 de diciembre. El 13 de diciembre el Senado aprobó en definitiva la reforma, que fue turnada a las legislaturas de los estados para su aprobación. Fue hasta el 22 de enero de 2014 cuando la Cámara de Diputados declaró la validez de la reforma constitucional, al avalarse en 18 legislaturas locales. Y el 31 de enero, en un evento en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma. La promulgación congregó de nuevo a los líderes partidistas, coordinadores parlamentarios y gobernadores. Y también a los cuatro consejeros que habían mantenido vivo al IFE en circunstancias complejas: Marván, Baños, Córdova y Nacif. A pesar de las críticas que en su momento se le hicieron a la reforma, los cambios fueron de fondo e implicaron un rediseño del sistema electoral mexicano. La reforma abarcó cuatro grandes temas: la ampliación de derechos ciudadanos de participación (candidaturas independientes y consulta popular); la construcción de gobierno y régimen político (gobiernos de coalición); la autonomía de órganos del Estado (Fiscalía General de la República —FGR— y Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social —Coneval—), y los temas electorales. El cuarto rubro es el más amplio, e implicó la creación de un sistema electoral “de doble tracción”, como lo denomina el politólogo Roberto Castellanos (La reforma político-electoral de 2014, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República). La creación del INE y los OPLE implicó cambios estructurales y redistribución de funciones; se otorgó al INE la facultad de atracción de procesos locales; se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional; surgió un nuevo modelo de fiscalización electrónico y alimentado en tiempo real por partidos y candidatos; se ampliaron las causales de nulidad, incorporando el rebase de topes de gastos de campaña, el uso de recursos de procedencia ilícita y la compra de cobertura en radio y televisión; se estableció como precepto constitucional la paridad de género en las candidaturas; se elevó de 2 a 3% el mínimo de votación necesario para conservar el registro de los partidos políticos nacionales, y se mantuvo el modelo de comunicación política de la reforma de 2007, que prohíbe el uso personalizado de la propaganda gubernamental, aunque nuevamente el Legislativo dejó pendiente —en un nuevo transitorio— la ley reglamentaria en la materia. DEL IFE MUTILADO AL INE RECARGADO

La negociación de la reforma política puso al IFE contra las cuerdas. El 31 de octubre de 2013, como estaba previsto, dejaron sus cargos el presidente Leonardo Valdés y los consejeros Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero, y el instituto comenzó a operar en condiciones extraordinarias con sólo cuatro consejeros: Benito Nacif y Marco Antonio Baños (electos desde 2008), María Marván y Lorenzo Córdova (electos en 2011). Los sobrevivientes se repartieron las presidencias de las comisiones operativas ordinarias del IFE y acordaron rotarse mensualmente la presidencia del Consejo General. El 5 de diciembre, al asumir la presidencia rotativa, María Marván se lanzó contra la reforma electoral que justo en ese momento comenzaba a discutirse en la Cámara de Diputados, al asegurar que el modelo electoral dejaría de ser sencillo y piramidal, para convertirse en “bizarro y fractal”. “Se hizo de esta reforma una ficha de cambio que se juega en la pista de una confusa reforma energética. No juzgo la pertinencia de ésta, pero afirmo categóricamente que en su naturaleza nada tiene que ver con la democracia y sus instrumentos. Los partidos políticos han hecho depender asuntos que no tienen nada que ver entre sí, sujetando una reforma de contenido político a los frenéticos tiempos financieros de la otra. Y, lo peor, mientras una —la política— precisa del consenso entre las fuerzas que se disputan el poder, la otra —la energética— podría ser aprobada solamente por dos fuerzas nacionales, PRI y PAN. Este hecho hacía incompatible, evidentemente incompatible, el nudo que ató para controvertirlas en condición mutuamente dependiente. Y éste es un error que la nación puede acabar pagando caro.” Ese mismo día Marván, Nacif, Baños y Córdova dieron a conocer sus observaciones a la minuta aprobada por el Congreso. Desde el primer párrafo, el documento de 16 cuartillas era lapidario: La minuta de reforma electoral carece de un modelo de institución electoral, lo cual genera incertidumbre sobre la capacidad de mantener altos estándares en la realización y regulación de los procesos electorales. La minuta contiene múltiples imprecisiones y poca claridad respecto a la división de competencias y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los órganos electorales locales. Esta falta de certeza en la distribución de competencias podría poner en riesgo la operación de las elecciones mexicanas.

En sus observaciones, los consejeros advertían que la minuta contenía omisiones e incongruencias en cuanto a la asignación de competencias al INE y a los OPLE, el proceso de designación de consejeros, la aplicación del nuevo modelo de fiscalización, la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional, la aplicación de las nuevas causales de nulidad, la organización de los procesos internos de los partidos para elegir a sus dirigencias, las candidaturas independientes y la reducción del umbral de votación para mantener el registro como partido político nacional. Hasta el cambio de nombre fue cuestionado por los consejeros: “El posible cambio en el nombre de la institución vulneraría la aceptación social de la autoridad y podría causar confusión con otras instituciones que ostentan las siglas INE. El cambio de nombre resulta innecesario y sería una pérdida de recursos públicos”. El 7 de enero de 2014, al entregar la presidencia rotativa del IFE a Lorenzo Córdova, María Marván insistió en que el instituto estaba en riesgo por la indefinición de las leyes secundarias de la reforma política; mientras que Córdova advertía que muchas de las tareas relacionadas con las elecciones federales intermedias de 2015 debían ponerse en marcha desde ese momento. Al asumir la presidencia del IFE, Córdova lanzó nuevas críticas al proceso de negociación de la reforma político-electoral, pues a diferencia de anteriores reformas, la de 2013-2014 no partió de un diagnóstico compartido, no fue discutida a plenitud por sus méritos, sino, en función de los tiempos de reformas de otra índole, fue rechazada unánimemente por los especialistas electorales más reconocidos y no procesó de forma integral los cambios constitucionales con las leyes secundarias. Sin embargo, en los momentos en que las legislaturas de los estados se encontraban procesando la reforma, Córdova advirtió que el cambio de paradigma era inminente, y no quedaba más que acatar la reforma y tratar de perfeccionarla en la discusión de las leyes reglamentarias. “Dentro de poco se abrirá una oportunidad para que, a través de la legislación secundaria, se solventen las imprecisiones, se aclaren las dudas, se resuelvan las incertidumbres y se trate de paliar los equívocos que se derivan de los cambios constitucionales. Pero ello implica un ejercicio de una enorme responsabilidad por parte de los actores políticos y de los legisladores federales. Y es que el haber resultado electos de un proceso electoral, no produce en automático expertos en materia electoral”, advirtió. El 7 de febrero hubo una nueva rotación en la presidencia del IFE, de Lorenzo Córdova a Marco Antonio Baños. Y tres días después el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial la reforma política, con lo que comenzaron a correr los plazos legales para la aprobación de las leyes secundarias y la designación del nuevo INE. Al mismo tiempo comenzaron los cabildeos entre los cuatro consejeros en funciones, los diputados, los líderes partidistas, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. El 17 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria y el procedimiento para los interesados. Cinco días después, acatando la reforma constitucional, que marcaba un nuevo procedimiento para designar a los consejeros electorales, se instaló un comité evaluador de los perfiles de los aspirantes al Consejo General, con Enrique Cárdenas Sánchez y Soledad Loaeza, propuestos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); José Antonio Lozano Diez y Tonatiuh Guillén, designados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tres especialistas designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja: Jorge Moreno Collado, Alejandro González Alcocer y Ricardo Becerra. Desde ese momento el diputado Ricardo Monreal, entonces adscrito a la bancada de MC, criticó el proceso, afirmando que los tres partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) se habían repartido los siete lugares del comité evaluador, lo que tendría un reflejo en el perfil del nuevo Consejo General. El periodo de registro de candidaturas quedó abierto hasta el 5 de marzo, y se fijó el 8 de abril como fecha límite para aprobar a los 11 consejeros. Uno de los primeros acuerdos a los que llegaron los partidos negociadores fue el de aprovechar la experiencia de los cuatro consejeros del IFE en funciones, como base para la integración del nuevo INE. Los dirigentes nacionales del PRI, César Camacho, y del PRD, Jesús Zambrano, así como el coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, hicieron diversos pronunciamientos públicos desde la promulgación de la reforma en el Castillo de Chapultepec, y durante todo el mes de febrero, pidieron a Marván, Baños, Córdova y Nacif quedarse en el instituto para establecer líneas de continuidad que serían cruciales para implementar el complejo modelo electoral surgido de la reforma política. Así, el 5 de marzo el INE informó oficialmente que la consejera y los tres consejeros habían decidido atender la convocatoria de la Cámara. Además de ellos, se inscribieron para participar en el proceso 303 aspirantes. El 1 de abril el comité evaluador entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 55 nombres distribuidos en 11 listas de cinco aspirantes, para que los coordinadores parlamentarios pudieran elegir a uno en cada quinteta. La negociación era complicada, pues debía designarse a un presidente y tres consejeros para un periodo de nueve años; cuatro consejeros para seis años, y tres consejeros para un periodo de tres años. Dos días después el pleno de la Cámara de Diputados conoció la propuesta final, armada por la Junta de Coordinación Política de acuerdo con el peso de cada partido en la Cámara baja.

En las propuestas del PRI figuraban cuatro nombres: Adriana Favela, exmagistrada del Tribunal Electoral en la Sala Regional de Toluca, para un periodo de nueve años; Marco Baños, consejero del IFE en funciones, y Enrique Andrade, asesor del exconsejero Francisco Guerrero, para un periodo de seis años, y para tres años a Beatriz Galindo Centeno, magistrada de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral. Desde el PRD se impulsaron tres candidaturas: Ciro Murayama, exasesor de José Woldenberg y especialista en temas electorales, para el periodo de nueve años; Pamela San Martín, asesora del exconsejero Alfredo Figueroa, para seis años, y Javier Santiago Castillo, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, para tres años. En el PAN las propuestas fueron el consejero en funciones Benito Nacif, para el periodo de seis años, y Arturo Sánchez, exconsejero el IFE y amigo de panistas como Juan Molinar, para tres años. La tercera carta del PAN originalmente era la consejera en funciones María Marván, pero al no lograr empatar sus propuestas con los periodos, los panistas prefirieron impulsar a José Roberto Ruiz Saldaña (abogado veracruzano, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral en el Distrito Federal y excolaborador del gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés), dejando fuera a Marván. A la postre, ella fue la única de los cuatro integrantes del último IFE que no pasó a formar parte del INE. Los partidos acordaron no vetar sus propuestas, para garantizar la aprobación en el pleno y consensar el cargo de consejero presidente para que éste tuviera el respaldo de todas las fuerzas políticas. Así, se optó por el consejero en funciones Lorenzo Córdova Vianello para una presidencia de nueve años al frente del INE. En la sesión de la Cámara de Diputados algunos legisladores exhibieron el acuerdo partidista del que surgía la nueva autoridad electoral. Ricardo Monreal pidió una moción suspensiva, argumentando que la propuesta de la Junta de Coordinación Política era un “vulgar y grosero reparto de posiciones” por parte de los tres partidos mayoritarios, firmantes del Pacto por México. “Quiero expresarles que nosotros no podríamos estar de acuerdo. Esta lista no va a ser aprobada por los diputados”, dijo el diputado y operador político de Andrés Manuel López Obrador —quien aparentemente se mantenía al margen de las negociaciones—, “esta lista ya está aprobada por el gobierno y sus aliados. Aquí simplemente será una comparsa. Ustedes no aprobarán nada”. Otros diputados que usaron la tribuna para exhibir el “arreglo cupular” del que surgía el INE que habría de conducir las elecciones presidenciales de 2018 fueron Manuel Huerta, del Partido del Trabajo (PT), y Alfonso Durazo, de MC, exsecretario particular de Vicente Fox que, a la postre, se convertiría en uno de los asesores más cercanos de López Obrador. La defensa estuvo a cargo de los coordinadores de los grupos mayoritarios: Manlio Fabio Beltrones, del PRI; Luis Alberto Villarreal, del PAN, y Silvano Aureoles, del PRD. El nuevo órgano electoral fue aprobado con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones. Beltrones, coordinador de la bancada del partido en el gobierno y en ese momento presidente de la Junta de Coordinación Política, tomó la palabra al final de la sesión y resumió, en una frase, el ambiente en el que nacía el nuevo INE: “Legisladores, amigos: no todo está bien, pero no todo está mal”.

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La reforma electoral de 2014 Lorenzo Córdova Vianello

PREMISA

La correcta comprensión de las intenciones y los alcances de las reformas electorales requiere de una lectura comprensiva del contexto político e histórico en el que se inscriben. Más allá de los propósitos de largo alcance, que sin duda los tienen, toda reforma busca resolver una serie de problemas concretos que se presentan en determinado momento como necesidades primordiales que demandan ser atendidas y resueltas. Sin duda, sólo a partir de una visión de conjunto pueden ser efectivamente valorados los alcances de nuestro proceso de cambio político, pero no puede obviarse el hecho de que las reformas en lo particular responden a determinadas coyunturas y a los resultados, positivos o negativos, así como a los faltantes que revelan la aplicación de las normas elección tras elección. En ese mismo sentido, la reforma de 2014 se explica, en particular, porque fue parte de un inédito arreglo político sobre una gran cantidad de temas plasmado en el así llamado Pacto por México. Es cierto que una de las características de las más recientes reformas que han modelado el sistema electoral mexicano en las últimas cuatro décadas es que han sido el resultado de grandes acuerdos, generalmente incluyentes, que se han fundado en una sólida base de consenso entre los diversos actores políticos en torno a las reglas del juego. En ese sentido, que la reforma de 2014 hubiera surgido de un gran arreglo político no es una característica original. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, el acuerdo que sustentó la reforma electoral de 2014 trascendió esa materia y ésta fue parte de un consenso político de una envergadura mucho mayor; de hecho, los temas electorales no constituían la materia central de los asuntos articulados en el Pacto por México, incluso podría decirse que se trataba de cambios accesorios respecto de las materias principales de una ambiciosa agenda de “reformas estructurales” (como se les llamaba). No tengo elementos para afirmar que los cambios electorales fueran una moneda de cambio para lograr construir un consenso en torno a los temas medulares de la reforma, a pesar de que en la opinión pública de entonces así se le consideraba, lo que sí es cierto es que de todos los temas que se incluían en la agenda del Pacto por México en donde más se había avanzado y en donde más frutos se habían tenido en las dos décadas previas —y, desde ese punto de vista, el menos urgente— era el ámbito electoral. De hecho, vale la pena anotar que la electoral no constituía originalmente ni la primera ni la primordial de las muchas reformas que se acordaron en los compromisos del Pacto por México firmados públicamente el 2 de diciembre de 2012 entre el PRI, el PAN y el PRD, los tres principales partidos políticos de ese entones (el PVEM se sumó un par de meses después). Originalmente, los cambios en materia electoral representaban una pequeña parte del conjunto de 95 “compromisos” y estaban recogidos en dos de ellos: el 89, que implicaba la creación de una Ley General de Partidos Políticos, y el 90, que planteaba una reforma electoral sobre una serie de temas específicos,1 lo que significaba que, además, se encontraban entre los últimos que debían procesarse legislativamente. Sin embargo, en pleno desarrollo de las elecciones locales en 14 estados, que culminarían con la votación del 7 de julio de 2013,2 los partidos de oposición acusaron una serie de irregularidades que comprometían la limpieza y la equidad electoral y consiguieron que el 7 de mayo de 2013 se firmara una adenda del Pacto por México, que implicó una serie de acuerdos concretos de cara a los comicios de ese año en materia de respeto a la ley, limpieza electoral, blindaje y uso de los programas sociales, observación de las elecciones y condiciones de equidad en la competencia. Además, se comprometió el adelanto de la reforma electoral frente a la ruta inicialmente acordada. LA NATURALEZA DE LA REFORMA

La reforma de 2014 tiene un doble carácter, a diferencia de las que la antecedieron: por un lado, continúa y refuerza una serie de temas que se habían planteado en reformas precedentes, manteniendo la lógica gradualista y progresiva con la que el cambio político-electoral se fue construyendo a través del tiempo.

Por ejemplo, implicó una serie de modificaciones al sistema de fiscalización de las finanzas partidistas y de los gastos de campaña que reforzaron la capacidad de auditoría y de investigación a cargo de la autoridad electoral que había sido tímidamente introducida en 1993, fortalecida en 1996 y llevada a otro nivel de exigencia y de capacidades institucionales en 2007. La reforma de 2014 hace de la fiscalización uno de sus ejes rectores y establece una serie de nuevas atribuciones y exigencias al renovado INE. En ese mismo sentido, las facultades contencioso-administrativas que se confirieron al INE para procesar las quejas y denuncias en contra de partidos políticos y candidatos, o las nuevas disposiciones, condiciones y exigencias en materia de participación política de las mujeres, reflejan ese carácter progresivo y continuista de una cadena de cambios que reforma tras reforma hicieron avanzar en clave democrática tanto las garantías de certeza y equidad en las contiendas electorales como la maximización y protección de los derechos políticos de las y los mexicanos. Sin embargo, por otra parte, la reforma de 2014 implicó una serie de cambios que se plantearon de manera disruptiva frente a la lógica que había prevalecido en la evolución previa de nuestro sistema electoral. Desde este punto de vista, los cambios de ese año representan una ruptura muy importante, el establecimiento de un nuevo modelo comicial, un parteaguas en el modo en el que había venido evolucionando el sistema electoral en el plano federal y de las entidades de la República. Si bien desde 1990 las reformas a la Constitución federal en materia electoral habían servido de acicate para los cambios a nivel estatal en esta materia y, al mismo tiempo, servían de referencia orientadora de los mismos, lo que se fue construyendo en el país fue un modelo en el que coexistían de manera simultánea y coordinada, 33 sistemas electorales (el federal y el de cada una de las entidades federativas)3 que, si bien en sus grandes líneas coincidían, tenían cada uno sus respectivas particularidades. Es cierto que había ciertas líneas de confluencia entre el sistema electoral federal y los sistemas electorales locales y de estos últimos entre sí. Por un lado, estaban los criterios que desde el artículo 116 de la Constitución se han establecido como parámetros vinculantes para todas las legislaciones electorales estatales y que establecen ciertas características comunes a todos ellos. Por otra parte, existieron ciertas atribuciones que, si bien le correspondían originalmente al IFE como parte de aquellas que tenía como autoridad federal, tales como la integración, actualización y depuración del padrón del Registro Federal de Electores y la consecuente emisión de la credencial para votar (que desde 1993 incorpora la fotografía de la persona registrada), fueron retomadas por las autoridades electorales locales como parte de los comicios estatales. De este modo, el padrón electoral en cada elección local era proporcionado al órgano estatal correspondiente por el IFE y la credencial emitida por éste era utilizada para efectos de identidad ciudadana en los comicios estatales. La única excepción a ese hecho fue el caso de Baja California, en donde desde 1991 (siendo entonces la primera y única entidad federativa gobernada por la oposición) se construyó un padrón electoral local que subsistió hasta 2006, cuando, luego de una reforma a la legislación electoral del estado, pasaron a utilizar, igual que el resto del país, el padrón y la credencial expedida por el IFE. Otra excepción a esa lógica federalizada de organización electoral fue el modelo de comunicación política que se estableció en la reforma de 2007, que otorgó al IFE la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión para fines electorales, tanto para los comicios federales como locales. Ello en virtud de que la regulación de las telecomunicaciones es una materia de competencia federal. A partir de entonces, fue una responsabilidad exclusiva del IFE (y más tarde del INE) proveer a los partidos políticos y a las autoridades electorales de cada estado los tiempos, de acuerdo con el modelo de distribución establecido, para la transmisión de sus promocionales tanto durante los procesos electorales locales como en tiempos ordinarios. Ese modelo esencialmente centralizado permitía que, manteniendo ciertas características comunes, cada sistema electoral pudiera tener también particularidades variables de entidad en entidad, lo que si bien permitía un importante grado de flexibilidad para que cada uno de ellos se ajustara a las diferentes realidades económicas, políticas y sociales del país, también trajo consigo un importante grado de disparidad y de diversa fortaleza tanto normativa como institucional, que en ocasiones se traducía en pocas garantías de autonomía e independencia en el ejercicio de la función electoral.4 Lo anterior, a pesar de que, desde 1996, se le concedió a la Sala Superior del entonces recién creado TEPJF la facultad de revisar, a través del Juicio de Revisión Constitucional, el apego de las decisiones de las autoridades electorales de los estados a los principios constitucionales que rigen esta materia. En los hechos, y dada la acentuada litigiosidad que se instaló entre los actores políticos, desde finales de los años noventa el TEPJF se convirtió prácticamente en una instancia obligada (la última) en las disputas jurídicas de aquellos comicios locales (estatales o municipales) competidos y con márgenes estrechos de victoria. Ese hecho le permitió al TEPJF homologar a través de su jurisprudencia y criterios relevantes la disparidad legislativa que caracterizó la evolución electoral mexicana desde los años noventa y hasta 2013. La reforma de 2014 rompió con ese modelo plenamente federalizado y estableció un único sistema nacional electoral que, a pesar de tener una dimensión federal y otra local, cuenta con un diseño normativo e institucional mucho más homogéneo y sistemático de lo que era en el pasado. El propósito declarado por los autores de la reforma fue que, al nacionalizar las elecciones, se lograría blindar el ejercicio de la función electoral frente a las posibles injerencias de los poderes políticos locales

(en particular de los gobernadores que, ante la crisis del viejo sistema presidencial, se habían convertido en los nuevos depositarios del poder político en un plano descentralizado). Para lograr lo anterior se pensó en que el otrora IFE, reconvertido en una autoridad nacional con competencias específicas y expresas en el ámbito de las elecciones estatales, blindara los procesos electorales locales frente a las indebidas injerencias de los actores políticos de las entidades federativas. Más allá de esa narrativa, que no deja de ser generalizadora como base de justificación de la reforma de 2014, lo cierto es que la evolución del modelo electoral mexicano había provocado una importante diversidad de normas, criterios, procedimientos, por un lado, y por otro, un diseño y capacidades institucionales de los órganos encargados de las elecciones locales muy diferentes de un estado a otro. En ese sentido, y siguiendo la lógica de las grandes necesidades que las distintas reformas electorales fueron resolviendo a lo largo de nuestra transición política, como una manera de explicar el sentido y la ruta del cambio democrático en México, se puede decir que la problemática que buscó resolver la última reforma electoral fue la de homogeneizar y estandarizar tanto las normas y los criterios jurídicos, los procedimientos técnicos y operativos, como la institucionalidad electoral en todo el país. Dicho en otras palabras, la intención de la reforma —expresamente señalada en la exposición de motivos— fue que los estándares de calidad y confiabilidad que se habían alcanzado en las elecciones federales se trasladaran de manera homogénea y sin excepción a todos los comicios locales; en primer lugar, la capacidad de resistir y de ser refractarios a las naturales tendencias de tratar de incidir y condicionar decisiones que, por su naturaleza, deben ser autónomas e independientes frente a las instancias de poder y de los partidos políticos, como condición primera de elecciones democráticas.5 Siguiendo la línea argumentativa que se propuso en el capítulo anterior, podríamos decir que los ejes sobre los cuales se articuló el proceso de construcción y de consolidación de la democracia mexicana en su dimensión electoral fueron, primero, la inclusión de la diversidad política e ideológica, así como la apertura de los espacios de representación popular a esa pluralidad; segundo, la construcción de una serie de reglas, procedimientos e instituciones que garantizaran la emisión de un voto libre por parte de la ciudadanía y el respeto del sentido de la voluntad popular expresada en las urnas; tercero, el establecimiento de condiciones de equidad en la competencia electoral que garantizara a todos los contendientes un mínimo piso parejo en la disputa por el poder político y, finalmente, la existencia de un entramado legal e institucional homogéneo y estandarizado a lo largo y ancho del país que permitiera la efectiva vigencia de los principios rectores de la función comicial (certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad) en las elecciones de todos los niveles de gobierno. LOS EJES DE LA REFORMA

La reforma de 2014 implicó una serie de modificaciones constitucionales y legales complejas y profundas, no sólo por el impacto evolutivo, por un lado, y transformador, por el otro, sino también por la cantidad de cambios normativos que supuso. Baste sólo con señalar que además de las modificaciones a muchos artículos constitucionales, implicó el establecimiento de tres nuevas leyes generales: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos —ambas derivadas del anterior Código Federal de Institucionales y Procedimientos Electorales (Cofipe)— y la Ley General en Materia de Delitos Electorales —que recogió y actualizó el catálogo de delitos electorales comprendidos en el otrora Título XXIV del Código Penal Federal—; la reforma a otra ley general: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la expedición de una nueva Ley Federal de Consulta Popular, para reglamentar esta nueva figura que había sido incorporada al texto del artículo 35 constitucional en 2012 como un nuevo derecho político de los ciudadanos. Son cuatro los temas que, si bien no agotan los alcances de la reforma, sí logran condensar los que con justicia pueden considerarse los cambios estructurales de la reforma de 2014: a) el nuevo sistema de fiscalización; b) el renovado modelo de contencioso electoral; c) el nuevo modelo de coorganización (INEOPLE) de las elecciones locales que supone la conformación de un Sistema Nacional de Elecciones bajo la rectoría del INE y el ejercicio de las “funciones especiales” a su cargo, y d) la nueva integración del Consejo General del INE y las nuevas mayorías calificadas que se requieren para la adopción de numerosas decisiones. El nuevo sistema de fiscalización La historia de la fiscalización se remonta a la reforma de 1993, cuando se establecieron las primeras reglas en la materia.6 En ese esquema aún embrionario y germinal que se aplicó por primera vez en las elecciones federales de 1994, la obligación de los partidos políticos se reducía a informar todos los ingresos obtenidos y los gastos realizados tanto fuera de los procesos electorales como durante las campañas en los informes anuales y de campaña —respectivamente— que debían entregar al IFE; por su parte, la autoridad electoral debía revisar esos informes (sin la posibilidad de realizar auditorías,

compulsas o allegarse mayor información) y dictaminar si los partidos habían cumplido con las reglas y prohibiciones que se establecieron en materia de financiamiento. La siguiente reforma, la de 1996, suplió muchas de las carencias hasta entonces existentes: creó una Comisión del Consejo General de carácter permanente encargada de procesar la revisión de cuentas de los informes ordinarios y de campaña pero también de vigilar en todo momento el cumplimiento de las normas relativas al financiamiento (y no sólo como consecuencia de la revisión de los informes); le otorgó al IFE la posibilidad de establecer a través de reglamentos y lineamientos las modalidades en las que los partidos debían reportar sus ingresos y gastos; abrió la posibilidad de exigirles a los partidos la presentación de informes detallados específicos a los partidos; permitió que el IFE realizara auditorías y visitas de verificación para comprobar la veracidad de lo reportado por los partidos; abrió la posibilidad de que se presentaran quejas y denuncias (con lo que se hizo a los partidos políticos copartícipes de la vigilancia de que sus adversarios cumplieran efectivamente sus obligaciones y las prohibiciones establecidas en la materia), y le dio al IFE la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos de oficio para investigar las posibles violaciones por parte de los partidos de alguna de las normas relativas a su financiamiento. Se trató de un avance sustantivo en la rendición de cuentas de los partidos. Sin embargo, un par de casos en los que se denunció una serie de violaciones en esta materia cometidas durante las campañas presidenciales del año 2000 evidenciaron las limitaciones que aún adolecía el modelo de fiscalización de entonces. Los asuntos conocidos como “Pemexgate” y “Amigos de Fox”, instruidos en contra de las campañas del PRI y del PAN-PVEM, respectivamente, pusieron a prueba las efectivas capacidades de fiscalización del IFE. Si bien es cierto que ambos casos fueron concluidos exitosamente y derivaron en las dos multas más cuantiosas impuestas —en el mundo entero— a partidos políticos,7 los mismos (y específicamente el caso Amigos de Fox) evidenciaron las zonas grises o lagunas que padecía la normatividad entonces vigente. Dos eran los principales problemas que se pusieron en evidencia. En primer lugar, el hecho de que la ley no era clara en exceptuar al IFE, en ejercicio de sus funciones de fiscalización a los partidos políticos, frente a la oposición, por parte de las autoridades bancarias y hacendarias, de los secretos bancario, fiduciario y fiscal que, argumentaban dichas autoridades, les impedían entregar al IFE las solicitudes de información relativas a transferencias bancarias realizadas o bien de la situación fiscal de las personas físicas y morales involucradas en las tramas de financiamiento ilícito. Se trató de negativas que el IFE tuvo que litigar en instancias jurisdiccionales (el Tribunal Electoral e, incluso, la Suprema Corte) para hacer prevalecer su autoridad como auditora de las cuentas partidistas y garante de la rendición de cuentas en materia electoral. Al final, luego de prácticamente un año de litigios judiciales, el IFE pudo acceder a la información que le era necesaria para resolver los casos e imponer, así, las sanciones que resultaron inéditas y ejemplares en la historia de la fiscalización. El segundo problema que se evidenció era que el IFE no podía requerir información a particulares de manera coercitiva, pues la legislación sólo preveía la obligación de las autoridades federales, locales y municipales a colaborar con las investigaciones del instituto, no así la de los particulares (personas físicas o morales), lo que supuso que cada vez que el IFE les hacía algún tipo de requerimiento de información, ésta se realizaba apelando a un “sano espíritu de colaboración” con los fines constitucionales y legales del IFE. La reforma de 2007-2008 corrigió esas deficiencias del modelo previo y representó una importante vuelta de tuerca en las facultades de fiscalización, aunque las nuevas reglas no estuvieron exentas de problemas, como mostraría la experiencia.8 El principal cambio fue la incorporación expresa en el texto del artículo 41 de la Constitución de que el IFE estaba relevado de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, por lo que en ningún caso podrían oponérsele en sus tareas fiscalizadoras. De igual manera, se incorporó en el Cofipe como una conducta ilícita la negativa, por parte de cualquier persona, a entregar información que el IFE le solicitara en el ejercicio de sus funciones, con la posibilidad de iniciar en su contra un procedimiento administrativo e imponerle sanciones en caso de resultar fundado. Adicionalmente, esta reforma determinó suprimir la figura de la Comisión de Fiscalización y crear un órgano especializado en la materia, la Unidad de Fiscalización, que gozaba de autonomía técnica al interior del IFE (hasta entonces las funciones de acompañamiento técnico a la comisión las había desempeñado la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos), la cual debía conducir las investigaciones relativas a las denuncias presentadas o iniciadas de oficio por la autoridad electoral, así como revisar los informes a través de los cuales los partidos reportaran sus ingresos y gastos ordinarios o de campaña a nivel federal, y someterlos a la consideración final del Consejo General. Las nuevas reglas incrementaron, sin duda, la capacidad técnica-contable del Instituto Federal Electoral, pero relajaron el control y la capacidad de conducir las investigaciones que el Consejo General tenía, a pesar de ser la autoridad que, a final de cuentas, debía resolver sobre todos los casos. Adicionalmente, durante la vigencia de esta reforma, a diferencia de la postura firme e inflexible que habían mantenido en la etapa previa tanto el IFE como la Sala Superior del Tribunal Electoral (con las anteriores integraciones de consejeros y de magistrados electorales), la autoridad administrativa y sobre todo la jurisdiccional asumieron una postura mucho más condescendiente con las eventuales irregularidades cometidas por los partidos políticos.

Dos casos son emblemáticos de lo anterior: por un lado, la exculpación lisa y llana que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó respecto de una importante multa de casi 200 millones de pesos que el IFE le había impuesto en enero de 2012 al PVEM por haberse beneficiado de propaganda prohibida en radio y televisión, bajo el argumento de que el instituto había cometido algunas faltas procesales, cuando lo que correspondía, en todo caso, era que el asunto se devolviera al IFE para que volviera a resolverlo corrigiendo dichas faltas. El otro caso que vale la pena señalar fue el asunto conocido como “Monexgate”, en donde el IFE, en enero de 2013, con una mayoría de cinco votos a cuatro, exoneró al PRI por un presunto gasto no reportado, decisión que fue confirmada, en revisión, por la Sala Superior del Tribunal Electoral.9 Con independencia del análisis jurídico puntual de esos casos (y de las inconsistencias jurídicas que, desde mi punto de vista, tuvieron las posturas finalmente prevalecientes), lo cierto es que en el imaginario colectivo cundió la idea de que las autoridades electorales en materia de fiscalización eran permisivas o incluso cómplices. Además, ello contribuyó a alimentar el irresponsable discurso que durante esos años sostuvieron algunos todos los partidos políticos (dependiendo de la elección de que se trataba y, por supuesto, de quiénes eran los ganadores y los derrotados) en el sentido de que los resultados electorales, lejos de ser el resultado de la voluntad libremente emitida por la ciudadanía, dependían en realidad del dinero utilizado en comprar sus votos ante la mirada complaciente del IFE y del Tribunal Electoral. En suma, el ciclo evolutivo de las normas en materia de fiscalización estaba lejos de haberse cerrado y por eso ése se convirtió en uno de los temas centrales de la reforma de 2014. Las novedades del modelo de fiscalización electoral establecido en la mencionada reforma, a pesar de su complejidad, pueden explicarse a partir de cuatro características que lo distinguen de sus evoluciones anteriores: 1) Una fiscalización de carácter nacional. Los cambios legales y constitucionales le dieron al INE la competencia exclusiva para fiscalizar todos los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel nacional, tanto a nivel federal como a nivel local. Con ello, el instituto se convirtió en una autoridad única en esta materia, sustituyendo las tareas que antes eran compartidas entre el otrora IFE (que fiscalizaba los recursos a nivel federal) y los órganos electorales de los estados (que hacían lo propio en cada una de las entidades federativas). Con ello la rendición de cuentas partidistas se vino a sumar a la función registral y a la administración de los tiempos de radio y televisión con fines político-electorales, como una función exclusiva del INE, con independencia de que se trate del ámbito federal o local. Lo anterior implicó que la revisión de los ingresos y gastos se hiciera a partir de entonces con una lógica integral que permitiera su regulación con normas y criterios comunes y su auditoría con los mismos parámetros y procedimientos. Ello, por un lado, vino a cerrar la pinza de los controles financieros al establecer una visión integral y única para el seguimiento de las transferencias de los recursos partidistas entre sus órganos nacionales y estatales (sin tener que depender del intercambio de información entre los 33 entes fiscalizadores —32 locales y uno federal— que eran corresponsables de dicha fiscalización anteriormente), y al homologar el grado de exigencia y la rigurosidad de los controles en el proceso de rendición de cuentas a nivel nacional a cargo integralmente del INE. Lo anterior, además, es congruente con el proceso de convergencia de calendarios electorales que determinó la reforma de 2014, en virtud del cual en los años recientes (desde 2015) hemos vivido un gradual proceso de ajuste de las fechas de los comicios estatales para hacerlas coincidir en fecha con la jornada electoral federal. Ello ha traído como consecuencia la simultaneidad de un número creciente de comicios y, por lo tanto, de actividades de proselitismo de candidatos locales y federales en muchas ocasiones compartiendo gastos de publicidad entre dos o más campañas, mismas que, por lo anterior, resulta pertinente que sean auditadas en sus cuentas por una única autoridad, con las mismas normas y criterios y con iguales procedimientos. 2) Una nueva Comisión de Fiscalización. La reforma de 2014 reintrodujo, además, la Comisión de Fiscalización como órgano del Consejo General a través del cual éste ejerce las facultades de supervisión, seguimiento, control técnico y todos los actos preparatorios de las resoluciones que aquél deberá tomar en esta materia. El diseño de la fiscalización que había establecido la reforma previa, la de 2007-2008, había relajado todo acompañamiento del Consejo General y de sus integrantes con derecho a voto a los trabajos de la Unidad de Fiscalización. Por ello, no era sino hasta que ésta terminaba su trabajo de revisión de los informes que presentaban los partidos, o bien hasta que concluía las investigaciones relacionadas con las quejas o los procedimientos oficioso, que iniciaba y presentaba los respectivos dictámenes o proyectos de resolución al Consejo General, cuando éste tenía conocimiento del trabajo de la Unidad de Fiscalización. Es cierto que se conformó un grupo de trabajo específico en donde los consejeros electorales tenían un relativo grado de interacción con el titular de la Unidad de Fiscalización, pero también que dicho grupo no constituía una instancia formal en la que se tuviera conocimiento de los avances y resultados del trabajo de dicha Unidad y, mucho menos, pudiera mandatársele la realización de determinadas diligencias o la apertura de ciertas líneas de investigación. Es decir, si bien es cierto que el Consejo General era la instancia de resolución

última en la materia en el ine y podía devolver los proyectos o los dictámenes que la Unidad de Fiscalización sometía a su consideración, o instruirle la realización de nuevas actuaciones, ello no podía ocurrir en el desarrollo de su tarea de auditoría, en virtud de la autonomía técnica de la que gozaba esa Unidad, sino hasta que formalmente se presentaban ante el propio Consejo General los asuntos (por cierto, la instancia en donde los propios sujetos auditados, los partidos políticos, tienen asiento, con voz pero sin voto). La reforma de 2014 buscó subsanar ese inconveniente y reestableció la Comisión de Fiscalización, como un órgano integrado exclusivamente por consejeros electorales10 y cuya Secretaría Técnica es ocupada por la persona titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, que conoce preliminarmente del trabajo del área, revisa y aprueba sus proyectos y dictámenes (pudiendo ordenar nuevas investigaciones, sugerir criterios o propuestas de sanción a las faltas cometidas), antes de que el pleno del Consejo General los conozca y los apruebe en definitiva. En ese sentido, en esta nueva etapa, si bien la Unidad de Fiscalización mantiene su autonomía técnica, los consejeros electorales ejercen una supervisión y revisión de sus trabajos de manera mucho más inmediata y directa a través de la mencionada Comisión de Fiscalización. 3) Fiscalización ex-durante, no ex-post. Una tercera característica del nuevo modelo de fiscalización tiene que ver con los tiempos en los que las tareas de revisión de los ingresos y gastos se realizan. En el modelo previo, los resultados de esas tareas se presentaban ex-post al ejercicio o al proceso electoral que se revisaba. Lo anterior resultaba (y aún resulta) inevitable para la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos ordinarios, pues, al igual que los ejercicios fiscales, los reportes financieros de los partidos políticos siguen un criterio de anualidad y, por lo tanto, el correspondiente ejercicio de auditoría sobre las finanzas requiere que el ciclo anual correspondiente haya concluido. Lo mismo ocurre con la revisión de la cuenta pública a cargo de la Cámara de Diputados o con la fiscalización superior de las cuentas públicas que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, también los informes de campaña eran revisados y dictaminados por el Consejo General del INE con posterioridad, es decir, una vez que el proceso electoral había concluido y los funcionarios electos habían tomado posesión de sus cargos. Así ocurrió, por ejemplo, con la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de la elección de 2012, cuyos informes correspondientes fueron entregados al IFE el 8 de octubre de ese año y el dictamen respectivo conocido y aprobado por el Consejo General el 15 de julio de 2013, o sea, prácticamente un año después de la fecha de los comicios y más de seis meses después de que el presidente de la República que había sido elegido en ellos había asumido el cargo. Con excepción de la revisión de los informes de precampaña, en los que se debían reportar las cuentas (ingresos y gastos) de las contiendas internas de los partidos políticos y que, en caso de evidenciarse faltas graves a las reglas del financiamiento, podían concluir con la sanción de negar o revocar el registro como candidato del infractor, todos los ejercicios de fiscalización hasta entonces tenían la característica de privilegiar la idea de exhaustividad por encima de la de oportunidad temporal en su desahogo. Para decirlo de otra manera, la ruta de la fiscalización y, en específico, la de las campañas electorales, seguía una distinta, con tiempos y lógicas diferenciadas, a la de los procesos electorales. En efecto, la fiscalización de los actos de proselitismo electoral se realizaba de manera autónoma, con posterioridad y sin vinculación alguna con los resultados que arrojaban los comicios y su proceso de calificación (o validación). El propósito de la fiscalización se centraba exclusivamente en determinar si había ocurrido alguna violación a las normas del financiamiento y, en su caso, en imponer las sanciones correspondientes (generalmente económicas) al partido político infractor, sin que ese hecho tuviera consecuencia alguna para la validación de las elecciones ni para la permanencia en los encargos públicos que alcanzaran los ganadores en las urnas. La reforma de 2014 cambió radicalmente esa lógica y entrelazó la fiscalización de las campañas con el resultado final de las elecciones. Desde la propia Constitución se mandató que el nuevo sistema de fiscalización debía contemplar las facultades y procedimientos para que la revisión de los ingresos y egresos de los partidos, coaliciones y candidatos se realizara de forma expedita y oportuna durante las campañas electorales.11 Incluso se estableció que el rebase de topes de campaña, en determinadas circunstancias, podía constituir una causal de nulidad de los comicios. Pero no sólo la revisión de las cuentas de campaña fue impregnada de la nueva lógica de la inmediatez; también ocurrió algo semejante con la fiscalización de las actividades ordinarias de los partidos políticos. En general todo el sistema se renovó a partir de la premisa de imponerles a los partidos políticos la obligación de reportar todos sus ingresos y gastos en “tiempo real”, es decir, en un cortísimo periodo de tiempo luego de que ocurrieran, con la finalidad de evitar que los partidos tuvieran la oportunidad de instrumentar mecanismos de ingeniería financiera (como las dobles contabilidades o el ajuste de cifras para hacerlas cuadrar artificialmente en sus reportes a la autoridad electoral)

que impidieran una fiscalización eficaz y abrieran la puerta a manejos opacos o hasta ilegales de sus recursos. Adicionalmente, la ley estableció una serie de nuevos informes que, si bien tienen un carácter preliminar (como los informes trimestrales de avance del ejercicio de los ingresos y gastos ordinarios, o los informes que cada 30 días deben presentarse durante las campañas electorales), sirven para que los partidos tengan que adelantar la información que posteriormente deben incluir en sus informes finales (anuales o de campaña), acotando su margen de maniobra financiera en estos últimos, y permitiendo al INE adelantar los ejercicios de compulsa de la información reportada con otras fuentes (como la información bancaria o fiscal de la que puede allegarse, o bien los testigos de gasto que el mismo INE recaba en su visitas y despliegues en campo). 4) La creación de un sistema informático de contabilidad. La nueva Ley General de Partidos Políticos estableció que debía establecerse un sistema de contabilidad de los partidos políticos, desplegado a través de un sistema informático, mediante el cual los partidos deberían hacer su registro contable en línea y el INE poder ejercer, a través del mismo, sus facultades de vigilancia y fiscalización. De acuerdo con la ley, dicho sistema debía permitir, entre otras cosas, lo siguiente: a) Asentar el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos que realizaran los partidos políticos, coaliciones y candidaturas; b) Registrar todas las operaciones presupuestarias y contables de los partidos, coaliciones y candidaturas; c) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones que los partidos, coaliciones o candidaturas realizaran con terceros; d) Facilitar el reconocimiento de todos los ingresos, gastos, activos, pasivos, así como del patrimonio de los partidos; e) Integrar de forma automática el ejercicio presupuestario; f) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada aportación; g) Generar en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y de cualquier otra información que permitieran la transparencia y la rendición de cuentas de las finanzas partidistas, de las coaliciones y de las candidaturas, y h) Registrar y controlar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles que constituyeran el patrimonio de los partidos.12 La idea central del nuevo modelo de fiscalización fue que los partidos políticos tuvieran que reportar en tiempo real (en un máximo de tres días) todas las operaciones financieras que realizaran para evitar que pudieran utilizar procedimientos de ingeniería contables con el propósito de ocultar ingresos o gastos, maquillar cifras o hacerlas cuadrar artificialmente. Para lograr lo anterior era necesario un sistema informático muy robusto y capaz de poder contener todas las operaciones contables de los partidos, coaliciones y candidaturas de manera permanente. Ello supuso una enorme carga para el INE, pues se tuvo que construir desde cero ese sistema informático, inédito en el país, para que los responsables de las finanzas partidistas y de las campañas pudieran reportar cualquier operación que realizaran, así como la documentación comprobatoria correspondiente que soportara cada uno de esos movimientos. Desde el principio se pensó que el diseño de ese sistema informático debía cumplir tres propósitos esenciales: a) permitir ordenar las finanzas a nivel nacional de los partidos, permitiéndoles un panorama completo de sus contabilidades tanto en el plano federal como en el estatal y municipal (o distrital, según su composición interna) y con ello un mayor control sobre sus estructuras responsables del manejo de recursos; b) permitir un mayor control por parte del INE de las gestiones financieras de los partidos pudiendo construir modelos de riesgo o bien identificar e investigar oportunamente operaciones sospechosas, y c) propiciar una mayor transparencia sobre los manejos de los recursos partidistas generando información pública con utilidad social de manera más oportuna. Para ello, desde el diseño inicial del sistema se decidió que el mismo debía contener tres módulos: uno contable en donde los partidos, coaliciones y candidaturas pudieran asentar todas sus operaciones junto con los documentos comprobatorios respectivos; uno de fiscalización que permitiera los cruces de la información asentada por los partidos con la recabada por otras fuentes (auditorías, información fiscal y financiera, informes especiales o datos de gasto recabados por los auditores del INE en el campo, entre otras) de cara a la elaboración de los dictámenes o las resoluciones correspondientes, y uno de transparencia, a través del cual el público pudiera tener acceso a la información recabada y auditada a través de los mecanismos de fiscalización. 5) Nuevas causales de nulidad de las elecciones por violaciones a las reglas de financiamiento. Otra novedad en materia de fiscalización fue que se establecieron desde la Constitución (artículo 41, base VI) tres causales específicas de nulidad de las elecciones: a) El rebase de los topes de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; b) La compra o adquisición de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley, y

c) El recibir o usar recursos de procedencia ilícita o bien recursos públicos en las campañas electorales. Los supuestos mencionados fueron desarrollados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde se especificó que la declaración de nulidad de las elecciones por parte de los tribunales electorales dependería de que las violaciones mencionadas fueran graves, dolosas y determinantes, por un lado, y que debían acreditarse de manera objetiva y material, es decir, no meramente suponerse, por el otro. El concepto de “determinancia” en materia electoral, es decir, establecer cuándo una conducta ilícita es determinante para definir el resultado de una elección, ha sido objeto de largas disquisiciones tanto académicas como jurisdiccionales y nunca se había alcanzado una definición clara sobre el tema. Sin embargo, la reforma de 2014, a la par de establecer las tres causales de nulidad mencionadas, fijó como criterio que debía presuponerse que esas violaciones eran determinantes cuando existiera una diferencia menor a 5% entre la votación obtenida por el primer lugar sobre la del segundo.13 El tema de las nulidades es sin duda controversial y no es nuevo. Desde 1994, cuando por primera vez se calificaron los comicios de legisladores federales por la vía jurisdiccional (facultad en aquel momento a cargo del Tribunal Federal Electoral), se anularon dos elecciones por causales genéricas de nulidad establecidas en la ley entonces vigente: las de diputados federales en Coahuila y Michoacán, ambas en 2003. Más tarde, en el año 2000, el TEPJF decidió anular la elección de gobernador de Tabasco aduciendo una causal abstracta (el cúmulo de irregularidades que se habían presentado durante el proceso electoral y, particularmente, durante la jornada electoral y los días siguientes que impedía saber con certeza y claridad si el verdadero resultado de la votación era el que reportaban las cifras oficiales). A partir de entonces, prácticamente en todas las elecciones competidas, en la etapa litigiosa, se demandó la nulidad de los comicios, como ocurrió en la elección presidencial de 2006. La reforma de 2007-2008 intentó cerrar la puerta a la causal abstracta de nulidad al establecer en el texto mismo de la Constitución (artículo 99, por lo que hace al TEPJF y 116 por lo que hace al ámbito estatal) que los tribunales sólo podían declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente previstas en las leyes. Sin embargo, muy pronto la Sala Superior del Tribunal Electoral interpretó esa prescripción en el sentido de que cuando se violaran de manera grave los principios constitucionales que rigen la función electoral, las elecciones eran susceptibles de ser anuladas (en lo que se conoce como nulidad por “violación a principios constitucionales”).14 Sobre el tema de la nulidad de las elecciones hay un amplio debate tanto en el plano de la opinión pública como en la discusión académica que ha acompañado la evolución de los criterios jurisprudenciales en la materia. Desde quienes han sostenido en su momento que las elecciones no podían anularse si no hay una causa expresamente contemplada en las leyes, hasta quienes hemos sostenido que toda elección democrática debe prever in extremis la posibilidad de su nulidad si los hechos que la sustentan son tan graves que desnaturalicen el carácter democrático de esos comicios; representando, en ese sentido, una especie de “válvula última de seguridad o de salvaguarda” del sistema democrático. Más allá de la discusión conceptual en torno a la nulidad de las elecciones, la reforma de 2014 estableció, con las tres causales mencionadas, un nuevo desafío a la fiscalización, pues todas ellas representan violaciones que están vinculadas con el manejo de los recursos en las elecciones: sea el exceso de gasto por encima de los montos permitidos en las tareas de proselitismo (los límites fijados por los topes de gasto de campaña); sea la adquisición de tiempos o de cobertura noticiosa en radio y televisión, prohibida terminantemente desde 2007 en materia político-electoral para cualquier partido o persona física o moral; sea el allegarse de recursos de procedencia ilícita (es decir, de fuentes prohibidas) para financiar sus actividades. Dado que a partir de esa reforma la validez (o su contrario, la nulidad) de las elecciones depende, entre otras, de que no se hayan cometido esas violaciones, y que su determinación depende de la revisión de las finanzas de los partidos, coaliciones, candidaturas o de eventuales aportaciones recibidas o gastos realizados durante las campañas electorales, se volvió imperativo que la revisión de las finanzas de los contendientes durante las campañas electorales por parte del INE concluyera antes de que los tribunales respectivos calificaran las elecciones, pudiendo, en caso de constatarse alguna de esas violaciones, determinar la invalidez (nulidad) de esos comicios. El nuevo modelo contencioso electoral Una de las tareas más complejas que le corresponde realizar a la autoridad administrativa electoral es la función arbitral, consistente en resolver las quejas y denuncias que se hacen de su conocimiento por la comisión de violaciones al marco legal que rige la materia electoral. Se trata de una función que corre paralela a la de ser el organizador de las elecciones (en la que existe un acompañamiento de todas las fuerzas políticas para que sea exitosa, pues nadie quiere que las elecciones naufraguen en el camino). Una función que, por su naturaleza adversarial, inevitablemente coloca a la autoridad electoral en una

posición de potencial conflicto con las partes (de entrada, con quien denuncia si la queja no prospera, o con quien es denunciado si la misma procede y se impone una sanción).15 Si bien esta función no es nueva (desde 1996 se le encomendó esta tarea al IFE), el paulatino aumento de la litigiosidad y de la competitividad electoral ha incrementado la relevancia del rol del INE como árbitro de las controversias entre los contendientes en las elecciones (y también fuera de éstas). A lo anterior se suma el hecho de que las quejas y denuncias siempre han tenido, más allá de la efectiva comisión o no de ilícitos electorales, un papel relevante en las estrategias político-electorales de los partidos políticos, y no me refiero únicamente al hecho de que la presentación de una queja tiene un efecto mediático evidente (la escena de uno de los contendientes mostrando públicamente el escrito de denuncia contra alguno de sus adversarios ante las oficinas de la autoridad electoral tiene un fuerte peso comunicacional), sino al hecho de que la presentación de quejas reiteradas en contra de actos presuntamente violatorios del marco legal crean la imagen de una elección desaseada y plagada de irregularidades que facilita la presentación de una impugnación contra el entero proceso en caso de derrota. En la lógica de esas estrategias, las quejas en lo particular que resulten procedentes terminan por jugar el papel de “pruebas preconstituidas” que abonan a la pretensión de descalificar el proceso electoral en su conjunto. En su momento, a principios de la década pasada, era frecuente que, una vez concluido un proceso comicial, los partidos políticos convinieran desistirse de muchas de las quejas que se habían presentado recíprocamente durante las campañas electorales, con lo que, ante el retiro de las respectivas demandas, la autoridad electoral terminaba por sobreseer los asuntos.16 Lo anterior revela la centralidad política y no sólo jurídica que terminan por tener las quejas dentro del esquema litigioso y de la planeación política que muchos actores hacen de sus campañas electorales. En un primer momento, las investigaciones que el IFE realizaba en relación con las quejas que los partidos presentaban durante las campañas electorales eran complejas y prolongadas. La lógica de la exhaustividad en las investigaciones y los escasos mecanismos con los que contaba la autoridad para allegarse de información de manera coactiva (como ocurría con los datos protegidos por los secretos bancario, fiduciario o fiscal, o bien con los que estaban en manos de particulares), provocaba que las quejas tardaran mucho tiempo en resolverse, la mayoría de las veces una vez que las elecciones habían concluido. Sin embargo, durante la elección presidencial de 2006, ante el cúmulo de denuncias de presuntas irregularidades durante las campañas y la consecuente crispación del ambiente político, el Tribunal Electoral decidió que el entonces IFE debía desahogar un procedimiento administrativo sancionador expedito, es decir, bajo una lógica abreviada (cuasisumaria), que le permitiera resolver las quejas que se le presentaran sobre posibles ilícitos en materia de propaganda electoral en tiempos muy breves y no con los procedimientos y los plazos ordinarios. La finalidad de esa decisión era que, a través de esos procedimientos especiales, pudiera producirse un efecto “reparador” respecto de las eventuales irregularidades cometidas por los contendientes durante las campañas electorales y se minimizaran sus potenciales efectos distorsionadores sobre la voluntad ciudadana que se expresaría en las urnas. La reforma de 2007-2008 recogió esa decisión jurisdiccional y distinguió tres tipos de procedimientos administrativos a cargo del otrora IFE: a) los procedimientos en materia de fiscalización; b) los procedimientos ordinarios sancionadores (POS), y c) los procedimientos especiales sancionadores (PES) que, a diferencia de los anteriores, suponían un procedimiento expedito de resolución de los asuntos denunciados. Ese modelo provocó una sobrecarga de trabajo de la autoridad administrativa electoral, que terminó por dedicar gran parte de su tiempo y funciones a desplegar esta función de árbitro de las controversias entre los partidos políticos; por no hablar del desgaste intrínseco para el IFE que, con el tiempo, implicó ese rol dadas las fáciles y frecuentes acusaciones de parcialidad que públicamente fueron realizando los partidos políticos inconformes con sus resoluciones. Un par de datos ilustran con claridad esa sobrecarga: por un lado, la multiplicación del número de sesiones que el IFE tuvo que realizar para resolver este tipo de controversias (en la elección de 2006 el Consejo General sesionó 30 veces, mientras que en la siguiente elección presidencial, de 2012, celebró 68 sesiones, la gran mayoría motivadas por la necesidad de resolver la creciente cantidad de procedimientos especiales sancionadores que se presentaron). Por otro lado, el crecimiento exponencial de procedimientos que el INE tuvo que desahogar durante los procesos electorales (en 2006 el IFE resolvió 773 quejas, de las cuales 755 eran procedimientos genéricos y 18 procedimientos especializados, mientras que en 2012 se resolvieron mil 437 quejas, de las que 66 eran procedimientos ordinarios y mil 371 procedimientos especiales sancionadores). Pero más allá del tema de la sobrecarga de trabajo adicional a la que la función contenciosa supone, el problema fundamental reside en que originalmente el diseño del Consejo General del IFE/INE fue pensado para ser un órgano de decisión que generara confianza política y transparencia en torno a la organización de las elecciones y, para ello, incluyó desde sus inicios a los competidores que participan en las mismas, es decir, los partidos políticos, en su seno. El propósito desde el principio fue que los partidos pudieran presenciar directamente (desde el “puente de mando” mismo de la institución encargada de llevar a cabo las elecciones) e incidir, con sus comentarios y propuestas, en todo el proceso de toma de las decisiones

que tenían que ver con la progresiva construcción de comicios legales, imparciales, ciertos y, por lo tanto, confiables. Para decirlo en otras palabras, la inclusión de los partidos políticos en el Consejo General, aunque a éstos no les corresponde decidir, pues el derecho a votar está reservado (desde 1996) a los consejeros electorales, resulta indispensable para construir confianza en torno a la función de organizar y realizar las elecciones, pues su participación en el seguimiento de las actividades y la deliberación colectiva cumple con una función de transparencia, credibilidad y, por ello, de legitimación del entero proceso comicial. Sin embargo, ese diseño resulta disruptivo para un órgano que debe cumplir funciones arbitrales. En ningún tribunal que sea realmente funcional las partes en litigio forman parte de la instancia encargada de resolverlo… salvo en el INE. Y ello tiene (ha tenido), inevitablemente, su costo, pues la confianza y la credibilidad pública de la institución electoral ha tenido su principal talón de Aquiles en la descalificación pública que los partidos inconformes han hecho a propósito de sus decisiones en los asuntos controversiales en donde han abundado acusaciones de parcialidad, sesgo político, favoritismo, etcétera, cuando las decisiones que toma o las resoluciones que emite no les son favorables. El aumento exponencial de los litigios y esa reiterada actitud de descalificación de los partidos al trabajo arbitral de la autoridad electoral provocó que en la reforma de 2014 se replanteara el diseño procesal de los procedimientos especiales sancionadores, hasta entonces circunscritos en su totalidad en el IFE, y se distribuyeran las diversas etapas del mismo entre el naciente INE y una nueva Sala del Tribunal Electoral (la Sala Especializada). La idea detrás de esa reforma fue que estos procedimientos, pensados para resolver la mayoría de los litigios derivados de las contiendas comiciales (ilícitos cometidos en la propaganda electoral, los spots, tiempos y cobertura noticiosa en radio y televisión, violaciones al principio de imparcialidad de los servidores públicos, uso político de programas sociales o propaganda gubernamental personalizada, principalmente), fueran conocidos e investigados por el INE a partir de renovadas y reforzadas facultades de investigación a cargo de una nueva Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que el propio INE, a través de una novedosa Comisión de Quejas y Denuncias integrada por tres consejeros electorales, decidiera si los asuntos denunciados conllevaban la emisión de medidas cautelares para preservar el orden jurídico presuntamente violado con los hechos denunciados y, con ello, suspendiera los actos o conductas motivo de la queja (o del procedimiento iniciado de oficio por la propia autoridad electoral, si fuera el caso) en tanto no se resolviera el fondo del asunto. El modelo implica que, una vez concluida la sustanciación del caso, el INE remitiera el expediente a la Sala Regional Especializada para que esa instancia judicial pronuncie una sentencia mediante la cual declare fundada o infundada la denuncia y, en su caso, imponga la sanción correspondiente. La idea fue despresurizar a la autoridad administrativa electoral al relevarla de la responsabilidad de que su Consejo General tuviera que resolver el fondo de esas quejas y transferirle esa carga a la nueva instancia judicial. Sin embargo, la experiencia pronto mostró que ese propósito se cumplió parcialmente, pues si bien el peso político de la determinación final sobre los casos a partir de entonces la asumió la Sala Regional Especializada del TEPJF, la relevancia que, para todo efecto práctico y político, pasaron a tener las determinaciones de la Comisión de Quejas en relación con las medidas cautelares que la misma podía conceder o no en los diversos asuntos denunciados resultó crucial, a pesar de tratarse de una resolución temporal e intraprocesal (dado que las medidas cautelares duran sólo hasta que el asunto de fondo se resuelve). Más aún, a diferencia del pasado, cuando era el pleno del Consejo General del otrora IFE el que debía asumir la carga del peso político de sus decisiones en los temas contenciosos, ahora la misma recayó en un órgano del Consejo General en el que sólo tres de sus 11 miembros toman la decisión correspondiente. Dicho de otro modo, el nuevo diseño procesal de los PES provocó que todas las implicaciones que conllevaba en el pasado la resolución de los asuntos a cargo del INE ahora se condensasen en las decisiones que la Comisión de Quejas toma respecto del otorgamiento o no de las medidas cautelares. La coorganización de las elecciones locales y el sistema nacional de elecciones Probablemente la columna vertebral de la nueva reforma electoral, y la razón que define la conversión del IFE en INE, es decir, de una autoridad federal en una de carácter nacional, es el haber hecho de éste un órgano con competencia para coorganizar los comicios locales (estatales y municipales) junto con las autoridades electorales de los estados, ahora definidos en la Constitución como Organismos Públicos Locales Electorales.17 Una manera sencilla de ilustrar el significado de ese nuevo carácter de ser un órgano nacional que tiene el INE puede ser la siguiente: por un lado, el nuevo instituto conservó todas las responsabilidades que tenía el IFE en la organización de las elecciones federales, de las que continúa siendo el único y exclusivo responsable; pero, por otro lado, el INE ahora también es responsable de realizar de manera directa una serie de actividades de las elecciones locales que antes estaban conferidas a los órganos electorales de cada entidad federativa. En este último caso (en el de las elecciones locales) las funciones de organización electoral quedan distribuidas, con el nuevo modelo, entre el INE y los OPLE.

Esa convergencia de atribuciones que implicó a dos autoridades de dos diversos órdenes de gobierno (el INE y los OPLE) en la organización de las elecciones de los estados dio lugar a un complejo, y no exento de tensiones, sistema en donde la coordinación resultó en un factor determinante del éxito en la organización de los comicios. En el plano de los comicios locales, al INE se le transfirieron fundamentalmente las siguientes atribuciones, de acuerdo con el artículo 41 constitucional: 1) La designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como la capacitación electoral; es decir, todo lo que tiene que ver con la selección de los ciudadanos que, estando inscritos en el listado nominal, son sorteados (insaculados) para ser los responsables de recibir y de contar los votos de sus vecinos, así como de su instrucción para cumplir con ese encargo. 2) La geografía electoral local, lo que supone que, tal como ocurría con las demarcaciones electorales federales (es decir la definición de las secciones, los distritos y las circunscripciones electorales), ahora el INE sería el responsable de definir los distritos y las correspondientes secciones electorales locales con los mismos criterios y metodología que aplica en el ámbito federal. 3) La construcción, actualización y depuración del padrón y lista de electores que ahora deviene un único instrumento tanto para las elecciones federales como para las locales. En este sentido, por la vía de los hechos y a través de convenios, el padrón electoral y la derivada lista nominal que el IFE tenía a su cargo era el mismo listado de electores que se utilizaba en los comicios locales (salvo el también ya mencionado caso de Baja California, que durante prácticamente tres lustros utilizó su propio padrón), pero a partir de la reforma de 2014 esa coincidencia se estableció desde la misma Constitución. 4) La ubicación de las casillas que, además, cuando las elecciones locales coincidieran con las federales, devendrían “casillas únicas”, es decir, un único centro de votación en donde se emitiría el voto tanto para elegir a los cargos electivos en el plano local como a los federales, a diferencia de los dos centros diferenciados que se instalaban anteriormente en el caso de elecciones concurrentes. 5) La definición de la reglas, lineamientos, criterios y formatos con los cuales se emitirían los resultados electorales preliminares y los conteos rápidos, se podrían realizar las encuestas y sondeos de opinión, se desplegarían las actividades de observación electoral, así como la impresión de documentos y producción de los materiales electorales (a cargo de los OPLE). 6) La fiscalización de los recursos que, como ya mencionamos, se convirtió en una atribución exclusiva del INE, con independencia de que se tratara de la revisión de las cuentas de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas a nivel local o federal. El resto de las funciones que completan la tarea organizativa de los comicios locales siguieron estando en manos de los órganos electorales estatales, tales como (de nuevo de acuerdo con el mencionado artículo 41 de la Constitución): 1) La definición y concreción de las prerrogativas que les correspondan a los partidos políticos a nivel local, así como a las candidaturas independientes; 2) Las tareas de educación cívica; 3) La preparación de la jornada electoral; 4) La impresión de la documentación y la producción de materiales electorales; 5) La realización de los escrutinios y cómputos a nivel distrital y municipal; 6) La declaración de validez y la correspondiente entrega de las constancias de mayoría en las elecciones locales; 7) El cómputo de las elecciones de gobernador; 8) La instrumentación de los mecanismos para emitir los resultados electorales preliminares y los conteos rápidos, verificar la realización de encuestas y sondeos de opinión, así como las actividades de observación electoral a partir de las reglas, criterios y lineamientos fijados por el INE; y 9) La organización y realización de los mecanismos de participación ciudadana que, en su caso, establezcan las legislaciones estatales. Como puede observarse, a partir de las diversas atribuciones que la Constitución le reserva al INE por un lado, y a los OPLE por el otro, la organización de las elecciones locales, a partir de la reforma de 2014, es una función compartida que impone a ambas instancias una estrecha coordinación y colaboración. Sin embargo, la relación que la reforma estableció entre la autoridad electoral nacional y las estatales no es de estricta suprasubordinación, e incluso la propia Constitución, en su artículo 116, establece que los OPLE gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Para decirlo de otra manera, la reforma no estableció una jerarquía expresa del INE frente a las autoridades electorales administrativas locales, aunque las atribuciones que le son conferidas constitucionalmente implican una función rectora de aquél frente a éstas.

En efecto, el INE tiene la facultad de designar a los integrantes de los órganos de dirección de los OPLE, así como de removerlos en caso de que hayan incurrido en negligencia, ineptitud o descuido en el ejercicio de sus funciones, por conductas que pongan en riesgo los principios rectores de la función electoral (en primer lugar, la independencia e imparcialidad a la que están obligados), o bien por realizar acciones que generen o impliquen subordinación frente a terceros (es decir, renunciar a la autonomía). Lo anterior significó que los nombramientos de los consejeros electorales (incluyendo las presidencias) de los OPLE dejaron de ser designaciones con criterios principalmente políticos a cargo de los congresos locales, con el fin de evitar cualquier riesgo de subordinación política o de injerencia indebida de los actores políticos locales en órganos que deben ser autónomos e independientes frente a aquéllos. El que a partir de la reforma de 2014 fuera el Consejo General del INE, con base en reglas y procedimientos establecidos en la ley y en las normas reglamentarias que para tal efecto debería expedir el mismo órgano electoral nacional, tuvo el propósito de garantizar efectivamente la autonomía de las instancias electorales locales y prevenir cualquier dependencia y condicionamiento derivado del nombramiento frente a cualquier interés político local. Pero, además, el que el INE deviniera competente para decidir una eventual remoción de los consejeros de los OPLE lo hizo responsable de supervisar y, por ello, de garantizar la prevalencia de los principios rectores de la función electoral en su actuar de manera permanente. Para decirlo de otra manera, aunque no esté expresamente señalado en las normas, la facultad de poder remover por causas graves a los integrantes de los consejos generales de las autoridades electorales locales lleva implícita por parte del INE la revisión permanente de la actuación de dichos funcionarios locales y de su apego al marco normativo vigente, incluidas las reglas y criterios que el propio INE llegue a establecer. Adicionalmente, el rol del INE como instancia rectora del nuevo sistema electoral (ahora de carácter nacional) se deriva claramente de las que la ley define como “facultades especiales” a cargo del instituto: la atracción, la asunción y la delegación. La atracción es la capacidad que tiene el INE para allegarse a su competencia algún asunto de gran trascendencia que originalmente le corresponde resolver a algún OPLE cuando, por su relevancia, amerita ser resuelto por el Consejo General, o bien cuando, por tratarse de un asunto novedoso, amerita que se siente un criterio de interpretación específico. La característica de la atracción es que los criterios o disposiciones que se establezcan sobre algún asunto o materia resultan vinculantes para todas las autoridades electorales del país una vez que la decisión del INE queda firme, es decir, cuando haya prescrito el periodo para ser impugnada, o bien, cuando habiéndose impugnado, el Tribunal Electoral la haya confirmado. Esta facultad resultó ser fundamental para poder cumplir con el objetivo central de la reforma de 2014 de homogeneizar y estandarizar las reglas, criterios y procedimientos con base en los cuales se organizan y llevan a cabo las elecciones en todo el país, pues le permitió al INE prescribir de manera vinculante, a través de criterios específicos, o bien a través de lineamientos o reglamentos, cómo deben orientar su actuación las autoridades electorales en el ámbito de su competencia. La atracción, como todas las facultades especiales del INE, supone un procedimiento específico para poder ejercerse: en primer lugar, la misma tiene que ser solicitada por al menos cuatro consejeros electorales; en segundo lugar, la misma debe ser aprobada por el voto de al menos ocho de los 11 consejeros electorales. Por su parte, la facultad de asunción implica que el INE decida subrogarse a un OPLE, en relación con el ejercicio de funciones que éste tiene conferidas originalmente, pasando a asumirlas directamente. De acuerdo con la ley, existen dos tipos de asunciones: la primera es la asunción total, que implica que, antes del inicio formal de un proceso electoral local, y ante determinadas circunstancias graves (como factores que afecten la paz pública, pongan a la sociedad de una entidad federativa en riesgo o afecten la vigencia de los principios constitucionales que rigen la materia electoral), o bien frente a la falta de condiciones políticas idóneas derivadas de la indebida injerencia o intromisión comprobable de algún poder público que conlleve el riesgo de que el OPLE no pueda organizar debidamente la elección, el INE decida hacerse cargo en su integralidad de todas las tareas necesarias para llevar esos comicios a buen puerto. Este tipo de asunción implica, en consecuencia, que el órgano electoral local es completamente desplazado de la organización de la elección y ésta se convierte en una responsabilidad del INE. El segundo tipo es la asunción parcial, que implica que el INE decida realizar alguna actividad específica que forme parte de un proceso electoral local y que, en principio, la ley le reservaba como atribución a un OPLE, ante el riesgo que, de no asumirla, la misma no sea realizada adecuadamente y ponga en entredicho la buena conducción de los comicios. Los dos tipos de asunciones pueden ser conocidos por el Consejo General a petición ya sea de la mayoría de los consejeros del órgano electoral local de que se trate, o bien de cuatro consejeros del propio INE. Para que la asunción proceda, la misma tiene que ser aprobada por el voto de al menos ocho de los 11 consejeros electorales. La tercera facultad especial, y que de acuerdo con la ley tiene carácter excepcional, es la de delegación, misma que consiste, a diferencia de las dos anteriores, en que el Consejo General decida transferirle la responsabilidad de ejercer una atribución relativa a un proceso electoral, y que de entrada le corresponde a la autoridad nacional, a alguno de los OPLE. Para que la misma proceda, debe estar

antecedida de una evaluación que confirme las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del órgano local para poder ejercer debidamente la función que se le delega. Además, dicha delegación no puede ser permanente (es decir, opera sólo durante el proceso electoral específico en el que se decida) ni general (esto es, no puede delegarse una función determinada a todos los OPLE, sino que tiene que hacerse caso por caso). También en este caso, como ocurre con todas las facultades especiales, para que la delegación proceda se requiere que la misma sea aprobada por al menos ocho de los 11 votos posibles por parte del Consejo General del INE. Como puede comprenderse con claridad, las facultades especiales confirman el rol de ente rector que la reforma de 2014 le dio al INE respecto del sistema nacional de elecciones, pues las mismas le permiten, por un lado, emitir las directrices que los órganos electorales de las entidades federativas deben seguir en la organización, realización y calificación de los comicios locales y, por otro lado, supervisar la actuación de los OPLE y garantizar que todas las actividades de las que dependen elecciones libres, equitativas, ciertas y transparentes se cumplan puntual y efectivamente. La nueva integración del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del INE Finalmente, la reforma de 2014 implicó un cambio en el Consejo General del INE, al aumentar el número de consejeros electorales de nueve, como se había fijado para el IFE desde que se le confirió autonomía plena en 1996, a 11. Ese incremento de dos nuevos integrantes con derecho a voto fue justificado en la reforma por el considerable aumento de atribuciones que tuvo el INE frente a su antecesor. En efecto, la reforma de 2014 le confirió al nuevo organismo 74 atribuciones adicionales, además de preservar todas las que en su momento llegó a tener el IFE (con la única excepción de ya no resolver el fondo de los procedimientos especiales sancionadores, sino únicamente sustanciarlos y determinar lo que corresponda con las respectivas medidas cautelares, como ya se mencionó). Ese cambio trajo aparejada una nueva integración de las comisiones con las que cuenta, como órganos auxiliares, el Consejo General, cuyo número específico de integrantes, en algunos casos, se estableció directamente en la LGIPE,18 así como un aumento de las comisiones permanentes del propio Consejo General (fijadas en la ley).19 Adicionalmente, la LGIPE determinó la creación de tres nuevas unidades técnicas, con rango de direcciones ejecutivas y con presencia en la Junta General Ejecutiva, con derecho a voto en la toma de las decisiones de ese órgano ejecutivo/administrativo del INE. Se trata de las unidades técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. Finalmente, la reforma de 2014 en el plano legal (por lo que hace a la LGIPE) estableció una serie de decisiones que el Consejo General puede tomar sólo mediante votación calificada de ocho votos. Vale la pena mencionar que a lo largo de la vida del IFE como ente autónomo (de 1996 a 2014) la ley únicamente previó una sola decisión de su Consejo General que requería una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes (no del total de nueve votos posibles, es decir de consejeros electorales que lo integraban): el nombramiento del secretario ejecutivo a partir de la propuesta que le formulara al Consejo General su presidente. Sin embargo, la LGIPE, publicada más de tres meses después (el 23 de mayo de 2014) de la reforma constitucional (publicada el 10 de febrero de ese año), y casi dos meses después de que se instalara el nuevo Consejo General (cuyos miembros tomaron posesión el 4 de abril, con lo que, de acuerdo con el régimen transitorio de la reforma, implicó que terminaba la existencia legal del Instituto Federal Electoral y entraba en funcionamiento el nuevo Instituto Nacional Electoral), introdujo un número muy importante de decisiones que ahora requerían una votación de al menos ocho votos. Subrayo lo anterior porque supone una serie de complejidades inéditas en el proceso de decisión en el seno del Consejo General del INE y, además, constituye un elemento que incide directamente en la gobernabilidad de su máximo órgano de dirección. Hago notar que si bien ocho votos constituyen una mayoría calificada de dos terceras partes del total de los integrantes del Consejo General del INE (representa el 72.72%), el hecho de que se establezca en la ley un número concreto predeterminado y no uno relativo implica que la presencia o no de los consejeros a una sesión es determinante a efecto de la toma de esas decisiones específicas. Dicho en otras palabras, en principio, la ausencia a una sesión —incluso estando justificada— de cuatro de los 11 integrantes con derecho a voto del Consejo General vuelve de entrada imposible (a menos que se haga una interpretación, sin duda8 factible y razonable, desde un punto de vista funcional, pero de entrada contraria a la literalidad de la norma) la toma de alguna de las decisiones que requieren expresamente de ocho votos.20 Las decisiones que desde la reforma se encuentran en ese supuesto son las siguientes: el nombramiento del secretario ejecutivo; el nombramiento de los directores ejecutivos y de los titulares de las tres unidades técnicas previstas en la ley; el nombramiento de los consejeros electorales de los OPLE;

la eventual remoción de los mismos, y el ejercicio de cualquiera de las tres facultades especiales que le corresponden al INE (atracción, asunción —en cualquiera de sus dos modalidades— y delegación). Vale la pena mencionar que ese cambio radical de posturas frente a lo que había ocurrido durante los más de 17 años de vida del IFE obedeció a la molestia que algunos actores políticos tuvieron respecto a la autonomía que ejercieron los consejeros electorales del INE al tomar sus primeras decisiones (entre ellas, las primeras designaciones de miembros de su cuerpo directivo) a pocos días de haber tomado posesión y muchas semanas antes de que se concluyera el trabajo legislativo de las normas secundarias (las leyes generales) de la reforma. En otras palabras, elevar el grado de complejidad en la toma de algunas de las decisiones más relevantes que le corresponden al Consejo General, al grado de que la oposición de cuatro de sus integrantes podría impedir que esas decisiones se concreten, fue una decisión tomada por el Poder Legislativo federal como una respuesta al ejercicio pleno de la autonomía que el INE mostró desde sus primeras decisiones. En todo caso, ese nuevo requisito de mayorías calificadas para un número importante de decisiones habría de volver mucho más complicado el proceso de construcción de consensos entre los consejeros electorales en el contexto de la natural complejidad que caracteriza a todo órgano colegiado y, como veremos más adelante, también sería fuente de no pocas controversias y acusaciones de parte de los partidos políticos.

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2015: la prueba del ácido Ernesto Núñez Albarrán

El 4 de abril de 2014, al presidir la primera sesión del Consejo General del flamante Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova advirtió que la institución estaría a prueba permanentemente —sobre todo en las elecciones federales intermedias de 2015—, de cara a la gran cita electoral de 2018. “Las elecciones son la prueba del ácido de las normas, los procedimientos y las instituciones comiciales”, dijo frente a los 10 consejeros que, como él, acababan de tomar protesta del cargo, y frente a decenas de invitados especiales. Todos en la llamada “herradura de la democracia” estaban conscientes del reto que implicaba instrumentar una reforma electoral que, hasta ese momento, permanecía incompleta. Si bien 2014 traía consigo un calendario electoral relajado —el 6 de julio se renovarían alcaldías y congresos locales en Coahuila y Nayarit, y habría unas cuantas elecciones extraordinarias—, la reforma imponía una serie de tareas impostergables de cara a la elección federal de 2015, que iniciaría formalmente en septiembre. El reto era hacer del INE “un ancla de estabilidad política, certeza para todos los actores políticos y fortalecimiento democrático”. Para ello, era urgente que la Cámara de Diputados dotara al instituto de al menos tres instrumentos imprescindibles: la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nueva Ley General de Partidos Políticos y una nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales. Los tres ordenamientos, más una serie de reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, fueron aprobados en el Congreso durante abril y promulgados por el Poder Ejecutivo el 23 de mayo de 2014. A partir de ese momento, y durante los siguientes cuatro meses, el INE se dedicó a generar nuevos ordenamientos, modificar los 22 reglamentos con los que operaba el IFE, crear tres nuevas unidades (Fiscalización, Contencioso Electoral y Vinculación con los OPLE) y nombrar al presidente y seis miembros de los consejos de los OPLE en las 17 entidades que tendrían elecciones en 2015. El nuevo INE debía concluir el proceso de registro de tres nuevos partidos políticos e incorporarlos al sistema: el Partido Humanista, el Partido Encuentro Social (PES) y Morena, creado y dirigido por Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de su crítica a la reforma política surgida del Pacto por México y al reparto de cuotas partidistas en el nuevo INE, volvía a apostarle a las elecciones como vía para llegar al poder. Además, como una nueva atribución constitucional del INE era la de organizar los procesos internos de los partidos políticos, el nuevo instituto tuvo que llevar a cabo el proceso interno para que el PRD eligiera un nuevo Consejo Nacional, nuevos consejos estatales y municipales y delegados a su Congreso Nacional. Para los comicios perredistas del 7 de septiembre de 2014 el INE tuvo que garantizar la instalación de 8 mil 265 casillas en todo el país y generar condiciones para el voto de 4.5 millones de afiliados convocados a las urnas. Una de las principales críticas que enfrentó el INE en su nacimiento fue que las nuevas reglas electorales lo colocaron en vías de convertirse en un gigante burocrático, con 11 consejeros, una Junta General Ejecutiva, una Secretaría Ejecutiva, ocho comisiones permanentes, seis direcciones ejecutivas, 10 unidades técnicas, 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales ejecutivas (cada una de ellas con un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de Organización Electoral, un vocal del Registro Federal de Electores y un vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica). La multiplicación de cargos provocó la expansión del organigrama y, de acuerdo con registros del Órgano Interno de Control del INE, la nómina pasó de 12 mil 317 plazas en 2012 a 17 mil 697 en 2017. Otra crítica era que el “modelo híbrido” —como lo denominaron especialistas y consejeros— podría duplicar funciones y estructuras burocráticas entre las 32 juntas locales del INE y los 32 OPLE, que tendrían, a su vez, seis consejeros y un consejero presidente (designados desde el INE), además de su propia Junta General Ejecutiva, estructura y presupuestos propios. Para algunos críticos del modelo, este diseño no alcanzaría para quitar a los gobernadores el control de las elecciones en sus estados, como lo plantearon el PAN y el PRD desde el Pacto por México. Sin embargo, esto sí ocurrió: a la larga, el nuevo modelo provocó la mayor cantidad de alternancias locales de la historia: en 2015, de nueve gubernaturas que se eligieron, en cinco hubo cambio de partido político;

en 2016 ocho de 12 cambiaron de partido; en 2017 hubo alternancia en una de tres; en 2018 se registraron siete alternancias en nueve estados que renovaron su Poder Ejecutivo local, y en 2019 hubo dos alternancias, en Baja California y en los comicios extraordinarios de Puebla. A esas 23 alternancias a nivel estatal se sumaron 760 alternancias en diputaciones de congresos locales y 2 mil 302 alternancias en 3 mil 423 elecciones municipales celebradas entre 2015 y 2019. Pero en 2014 nadie podía prever que ése sería el resultado de la reforma político-electoral, y en el ambiente privaba el escepticismo, incluso entre los creadores del nuevo modelo. Entre abril y junio de 2014, cuando los nuevos consejeros electorales ya estaban en su cargo, las cámaras del Congreso procedieron a construir la legislación secundaria de la reforma política: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales —que sustituía al viejo Cofipe—, una nueva Ley General de Partidos Políticos, reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Además de una nueva Ley Federal de Consulta Popular. En las negociaciones, y al calor de las primeras decisiones del Consejo General del INE adoptadas de manera autónoma —como el nombramiento del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, en el que se desoyeron las propuestas de algunos partidos—, las fuerzas políticas decidieron poner un candado en la nueva LGIPE que, a la larga, causaría una tormenta. Para varias de las atribuciones del Consejo General, el legislador estableció como requisito la aprobación con mayoría de sus integrantes presentes en la sesión, pero en una en específico —la del artículo 101 de la LGIPE— se redactó textualmente que se requerirían los votos de ocho de los 11 consejeros: la elección de la presidencia e integrantes de los OPLE. El título segundo de la LGIPE, referente a los OPLE, establece complejos mecanismos de elección de los consejeros de dichos organismos, que constituyen engranes fundamentales del nuevo sistema nacional de elecciones. Esas normas establecen la relación entre el INE y los OPLE, determinan las atribuciones de uno y otros, y otorgan al INE un papel de rectoría que resulta crucial para la buena marcha de las elecciones en estados y municipios. Da al INE las facultades de convocar a los procesos de integración de los OPLE, nombrar a los integrantes y removerlos de sus cargos. Esto, con el objetivo de romper la correa de transmisión entre los OPLE y los gobernadores o los congresos de los estados, lo cual era el principal objetivo de la reforma de 2014. Sin embargo, el candado de los ocho votos, incluido a sugerencia del PRI y avalado por el PAN, creó las condiciones para uno de los primeros desencuentros en el nuevo INE. Éste ocurrió el martes 30 de septiembre de 2014, un día crítico para la novel institución. En una sesión de más de seis horas, el Consejo General aprobó la integración de 18 OPLE en medio de un intercambio de críticas y descalificaciones. En un acalorado debate, los representantes de la oposición (principalmente el panista Javier Corral y el perredista Guadalupe Acosta Naranjo) arremetieron contra los consejeros que, apenas cinco meses antes, sus partidos habían puesto en sus cargos. Desde la discusión de la orden del día, Corral y Acosta Naranjo denunciaron una supuesta intención de imponer autoridades electorales locales afines al PRI. Impugnaron que se pretendiera votar en bloque la integración de todos los OPLE y limitar a 14 minutos la discusión de los nombramientos. Acusaron que las ternas que se pondrían a discusión venían influenciadas por la opinión de los gobernadores y denunciaron la existencia de un bloque mayoritario de consejeros afín al partido oficial. —Quieren que sean desahogados en una sola discusión. ¿Cuál es el propósito de este debate? Sería contrario al espíritu que debe animar al Consejo General pretender que los aquí presentes agotemos la discusión sobre 126 propuestas, perfiles, en los turnos que el reglamento, por cierto, restringido en tiempos de duración, nos ha planteado. ¿En serio eso es lo que se quiere para no discutirlo, para no entrar a la especificidad de lo que este Consejo General quiere hacer al integrar estos órganos locales electorales? —cuestionó Corral. —Es obvio que hay un nuevo estilo ahora, por eso traje corbata roja, porque parece que aquí todo será rojo de aquí en adelante y hay que venir a la moda de los nuevos estilos y formas de decidir en este Consejo General, violentando su propia normatividad —ironizó Acosta Naranjo. En su defensa, Lorenzo Córdova aseguró que los candidatos a los OPLE habían sido examinados con criterios profesionales y rechazó que le debieran su designación a algún partido político. —Permítanme decirlo con todas sus letras: en esta designación no hay cuotas ni sesgos partidistas; para decirlo en breve, las consejeras y consejeros no le deben ningún favor a fuerza electoral o poder alguno —sostuvo el consejero presidente. Pero los representantes del PAN, PRD, Morena y el PT aseguraban tener pruebas de nexos partidistas de al menos 67 de los 126 consejeros que habrían de integrarse a los OPLE. —El antídoto contra la injerencia de los gobernadores en el proceso de selección de los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales simplemente no funcionó —acusó el representante del PT, Pedro Vázquez. —En Morena estamos convencidos de que las instituciones electorales siguen secuestradas, que el guion es parte de la restauración autoritaria que, como lo decía ya un representante, todo lo pinta de rojo. Sí, se empezó a pintar en diciembre del año 2012 con la firma del Pacto por México, y en esa línea van a transitar —advirtió el representante de Morena, Horacio Duarte.

—No escapa a mi conocimiento directo y personal el proceso de integración del Instituto Nacional Electoral, en sus dos etapas: la negociación primera en la mesa central del Pacto por México y su segundo paso en la Cámara de Diputados. Participé, defendí y avalé esta integración, consciente que del pacto se había llevado un sistema de cuotas partidistas a la Cámara de Diputados […] Confié en que no serían consejeros electorales puros, pero sí honorables, que les importaría su imagen, su dignidad frente al interés de sus amigos, familiares, relaciones o partidos políticos. Pero debo expresar aquí mi profunda decepción sobre la manera en que han actuado; este proceso de integración de Organismos Públicos Locales Electorales muestra la fragilidad de esta institución y lo vulnerable aún de nuestra democracia — acusó Corral. —Queríamos que los estados elevaran su rango y su nivel a la calidad del Instituto Federal Electoral, no queríamos bajar el Instituto Federal Electoral a la calidad de estados como Tabasco, como Oaxaca, como tantos estados donde se atropellan los derechos de los ciudadanos. Eso queremos que sea el Instituto Nacional Electoral y eso es lo que les pedimos y por eso votamos por ustedes, y ¡oh, decepción!, no lo están haciendo. Unos cuidan su imagen, otros cuidan los intereses de sus gobernadores y de sus partidos políticos. Es muy lamentable —reprochó Acosta Naranjo. En defensa del INE, el consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Vinculación con los OPLE, endureció el discurso, confrontó a los partidos y provocó que el PAN y el PRD lo acusaran de liderar una especie de bancada del PRI dentro del Consejo General, y de querer convertirse en un “vicepresidente de facto” en el INE. Baños aprovechó sus intervenciones para advertir que no serían los partidos políticos ni los legisladores quienes designaran a las 58 consejeras y los 68 consejeros que estaban por votarse. Y rechazó la hipótesis del supuesto bloque priista al interior del INE. —Hay quienes sugieren que cinco consejeros habrían podido determinar el rumbo de lo que la ley nos indica que debemos de votar al menos ocho consejeros electorales […] yo estoy seguro de que el verdadero bloque será de 11 y no de cinco —desafió Baños. El consejero Ciro Murayama aseguró que él en lo personal no se puso a consultar a los partidos sobre cómo iba a votar tras entrevistar personalmente a 117 candidatos a los OPLE. —Entiendo que en la confección de 18 listas y en la integración de 126 nombres haya sorpresas, desconcierto, incluso descontento de los actores políticos; pero así debimos actuar y así actuamos. No estábamos en la hora de la complacencia. No les pedí permiso, ni les pediré perdón por elaborar esta propuesta ni por hacer mi trabajo con equidistancia de todos ustedes —aclaró. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, comparó la decisión y la inconformidad de los partidos con la polémica desatada en el IFE histórico de José Woldenberg, cuando se decidió sancionar el Pemexgate y el caso Amigos de Fox. —El Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de esta atribución, no debe buscar la complacencia y el aplauso fácil. Se me preguntaba cuál había sido el éxito del Consejo General encabezado por el maestro José Woldenberg y, sin duda, fue el no ceder a las presiones de los partidos políticos. Así estamos pretendiendo actuar en este caso, tomando nuestras decisiones sin ignorar la voz de quienes serán los arbitrados […] pero sin determinar nuestras decisiones a partir del juicio de los partidos políticos — aseguró. Finalmente, los 11 consejeros aprobaron por unanimidad el proyecto general de integración de los OPLE y la conformación de dichos organismos en 11 entidades (Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán); pero en la votación estado por estado, la consejera Pamela San Martín votó en contra de la integración de los organismos en Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco. La primera gran decisión del INE adquiría el agridulce sabor de una manzana envenenada y, como advirtió al día siguiente el analista Jorge Alcocer, sentaba un mal augurio para el proceso electoral federal de 2015, que iniciaba formalmente el 1 de octubre de 2014. “El INE ha quedado dañado por sus creadores. El huevo de la serpiente, es decir el conflicto, está depositado. PAN y PRD reniegan de lo que hicieron, culpan a los consejeros del INE que con aplausos eligieron en San Lázaro, de no haber hecho lo que esperaban. Antes de empezar, las elecciones federales de 2015 tienen tache de fraudulentas; el INE quedó bajo fuego, descalificado por los dos mayores partidos de oposición. Singular forma de iniciar elecciones, mientras la inseguridad y la violencia se extienden sin freno”, escribió Alcocer (“INE bajo fuego”, Reforma, 1 de octubre de 2014). Aunque… todavía faltaba mucho por ver. Mientras el PAN y el PRD descalificaban al árbitro electoral que ellos mismos habían pactado con el PRI y con Enrique Peña Nieto, en Guerrero desaparecían 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y en el equipo de Aristegui Noticias se terminaba de cocinar la investigación de la Casa Blanca de Angélica Rivera, hechos que habrían de cambiar la historia del sexenio. El Pacto por México estaba muerto y Jorge Alcocer se preguntaba en las páginas de Reforma: “Después del pacto, ¿dónde quedó la política?” LA ELECCIÓN MÁS COMPLEJA

El 8 de diciembre de 2014 un grupo de maestros y normalistas de Guerrero tomó las instalaciones del INE en Chilpancingo y Tlapa, en protesta por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Los maestros evacuaron al personal del INE y del Instituto Estatal Electoral, cerraron las instalaciones, colocaron sellos, causaron destrozos y advirtieron que, si reabrían los edificios, regresarían para llevar a cabo acciones “más fuertes”. Desde el comienzo de sus movilizaciones, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomó las elecciones locales que se celebrarían en julio de 2015 como rehén, advirtiendo que no permitirían que éstas se llevaran a cabo en el territorio de Guerrero, donde estaban programados comicios federales —para elegir diputados— y estatales —para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales—. “Si no aparecen los 43, no hay elecciones”, advirtieron maestros y normalistas durante los dos días de asalto a las sedes de la autoridad electoral. En el Consejo General del INE, el 10 de diciembre los consejeros dedicaron un minuto de silencio en memoria de Alexander Mora Venancio, el único de los 43 normalistas identificado por los peritos que hicieron pruebas de ADN a los restos hallados en Cocula. En un intento por evitar que las elecciones fueran boicoteadas, Lorenzo Córdova leyó un discurso en el que aseguró que las autoridades electorales entendían y compartían la indignación social por la lamentable desaparición de los jóvenes. —El INE no se confronta con los ciudadanos, sino que son los ciudadanos los que, a través de una institución que es suya, construyen las bases para realizar ese momento en el cual pueden premiar o castigar las acciones de los gobiernos, respaldar o sancionar a los partidos y expresar su beneplácito o sus inconformidades con el estado de cosas en la sociedad: las elecciones —dijo Córdova, y añadió—: La viabilidad del Estado democrático en México depende de que no quede un solo resquicio de impunidad ante la criminal agresión a los jóvenes estudiantes normalistas. Sin embargo, las movilizaciones con el fin de impedir los comicios continuaron en Guerrero, y en los primeros meses de 2015 se extendieron a Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde la disidencia magisterial protestaba por la aplicación de la reforma educativa aprobada durante el primer año del sexenio de Peña Nieto. En enero de 2015 el panorama político era de total incertidumbre. El gobierno y los partidos habían dado por terminado el “ciclo reformador” del Pacto por México y el ambiente de diálogo y negociación fue sustituido por la confrontación marcada por el calendario electoral. El 7 de junio se elegirían 500 diputados federales; se renovarían las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Además se votaría por 641 diputados locales y 993 alcaldes en Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán y 16 jefes delegacionales en la Ciudad de México. Las primeras elecciones organizadas por el INE suponían algunas novedades —y complicaciones— adicionales al hecho de que se eligiera, por primera vez, tal cantidad de cargos federales y locales en una sola jornada. También por primera vez habría candidatos independientes en la boleta y la posibilidad de promover consultas populares. Se inauguraba la casilla única, con una sola mesa directiva para recibir y contar los votos de las elecciones federales y estatales. Se estrenaba el sistema de fiscalización operado desde el INE para todos los comicios, que obligaría a candidatos y partidos a hacer reportes en tiempo real, y a la autoridad electoral a sistematizarlos, analizarlos y aplicar sanciones en unas cuantas semanas; con la advertencia de que, esta vez, el rebase de los topes de gastos de campaña sería causa de nulidad. Morena, el partido de AMLO, estaría por primera vez en la boleta, junto con el PES y el Partido Humanista, que debían alcanzar 3% de la votación nacional para conservar su registro. Todo ello en un ambiente de desconfianza generalizada, tanto por el caso Ayotzinapa como por el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa. En ese contexto, el INE tuvo que enfrentar duras críticas por el costo que tendrían las elecciones. Para el ejercicio 2015 el instituto obtuvo de la Cámara de Diputados un presupuesto global de 18 mil 572 millones de pesos; de los cuales 13 mil 216 millones serían ejercidos por el instituto y 5 mil 356 millones por los partidos políticos. Al ser un año con elecciones federales, el monto era muy superior a los 11 mil 833 millones presupuestados en 2014; pero también superaba por mucho los 12 mil 180 millones aprobados para 2009, año de las anteriores elecciones federales intermedias, e incluso rebasaba los 15 mil 953 millones de 2012, cuando hubo elecciones presidenciales. En comparación con las últimas elecciones federales, y sin contar el presupuesto destinado a los partidos políticos, el gasto de operación del INE se incrementaría de 10 mil 661 millones de pesos en 2012 a 13 mil 216 millones en 2015. Las elecciones eran cada vez más caras y, a juzgar por lo ocurrido en Iguala —donde el alcalde perredista era el principal sospechoso de haber ordenado el ataque contra los normalistas—, cada vez resolvían menos problemas. Con el discurso antipolítica en auge, las campañas de 2015 transcurrirían con grupos de activistas llamando a anular el voto, y con maestros, estudiantes y grupos diversos boicoteando directamente las elecciones.

El 6 de enero, cuando el INE intentó abrir un módulo para tramitar la credencial para votar en Chilpancingo, la CETEG vandalizó la sede de la Junta del distrito 07, destruyendo y robando muebles y equipo de cómputo. Dos semanas después el llamado Movimiento Popular Guerrerense irrumpió en la sesión del Consejo Distrital 5, en Tlapa. Los manifestantes obligaron a los siete consejeros y a los representantes de los partidos a trasladarse al Zócalo de la localidad, donde fueron exhibidos ante un grupo de gente que les exigió comprometerse públicamente a que no se realizarían elecciones en Guerrero. Tres horas después fueron liberados bajo la promesa de no volver a sesionar en el Consejo Distrital. A nivel nacional, las precampañas revivieron viejos pleitos entre los partidos, por el uso de recursos públicos con fines electorales y por el tono, contenido y difusión de su propaganda electoral. El 18 de febrero los consejeros Lorenzo Córdova y Pamela San Martín intentaron que se aprobaran sendos acuerdos para impedir el uso electoral de los programas sociales, pero un bloque de consejeros encabezado por Marco Baños hizo que estos acuerdos se pospusieran, lo que provocó que siete partidos se levantaran de la mesa del Consejo General. Los representantes del PAN, PRD, Morena, PT, MC, PES y Partido Humanista —todos salvo el PRI, el PVEM y Partido Nueva Alianza (Panal)— volvieron a denunciar la conformación de un bloque de consejeros afín al gobierno priista; criticaron que éstos hubieran echado atrás el acuerdo sobre programas sociales y lamentaron que el INE sacara del aire spots del PRD, mientras toleraba las trampas del PVEM y de gobernadores priistas. La crisis estallaba en el INE a mediados de febrero, mientras la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaba a tomar las instalaciones del INE en Oaxaca, como parte de su “jornada de lucha” contra la evaluación de los maestros. A principios de marzo, los partidos regresaron poco a poco al Consejo General, atraídos por la posibilidad de que el INE aprobara una multa de más de 60 millones de pesos en contra del PVEM por el caso “Cineminutos”: la proyección de cortometrajes promocionales del PVEM en las salas de Cinemex y Cinépolis, gracias al patrocinio de una empresa ligada con Arturo Escobar, vocero de dicho partido. Otra decisión que distendió el ambiente fue la salida de Alfredo Cristalinas Kaulitz de la Unidad de Fiscalización, un funcionario que había permanecido seis años al frente del área y a quien se atribuían las deficientes investigaciones del caso Monexgate, que impidieron al instituto sancionar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Al anunciarse la salida de Cristalinas, el representante del PRD, Pablo Gómez, y el de Morena, Horacio Duarte, dijeron que había dejado, como última herencia, el contrato fallido con la empresa Scytl, con el que se debía de haber ejecutado la fiscalización en línea. Se trataba de un contrato por 61 millones de pesos que el INE revocó a la empresa española por no cumplir con la entrega de un módulo de contabilidad para iniciar el proceso, lo que ponía en riesgo la fiscalización en tiempo real. La oposición festejaba, pero Cristalinas fue sustituido el 1 de marzo en la Unidad de Fiscalización por Eduardo Gurza Curiel, otro funcionario con relaciones con políticos priistas, como el entonces director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza. Entre las discusiones que ocurrían en el INE por aquellos días, figuraba una muy peculiar: la coincidencia del calendario electoral con el de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que programó un partido amistoso entre México y Brasil justo para el domingo 7 de junio de 2015, día de la jornada electoral. Así, entre las demandas que se acumulaban en la mesa de consejeros de cara al arranque de las campañas, figuraba la de pedirle formalmente a la Femexfut reprogramar ese partido. AYOTZINAPA EN EL INE

El 26 de marzo de 2015, al cumplirse seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una representación de los padres de familia, sus abogados, estudiantes y activistas se presentaron en las instalaciones del INE. Llegaron en autobuses que estacionaron en las inmediaciones del edificio de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, bloquearon las vialidades y exigieron que una comitiva fuera recibida para entregar un documento en el que exigían la cancelación de las elecciones en el estado de Guerrero. “Primero se debe trabajar en restaurar el tejido social, alejándolo de los procesos clientelares de tipo electoral, lo que implicaría la muerte de los partidos, porque ya no habría votos por despensas”, se leía en la carta entregada a los consejeros electorales, en la que el movimiento sugería que, en lugar de celebrar comicios convencionales, se nombraran consejos populares municipales bajo el régimen de usos y costumbres. El movimiento estaba dolido con la autoridad electoral, porque apenas dos días antes se había difundido que uno de los normalistas desaparecidos figuraba en la lista de ciudadanos insaculados por el INE para fungir como funcionarios de casilla en los comicios del 7 de junio. “El gobierno se burla de nosotros, de nuestro dolor”, declaró Delfina de la Cruz Felipe, madre del normalista Adán Abraján de la Cruz, quien había sido visitada en su domicilio por personal del INE para

entregarle la notificación dirigida a su hijo. Según el diario La Jornada de Guerrero, otros tres estudiantes desaparecidos estaban en las listas de insaculados del INE. La manifestación de los padres de Ayotzinapa inició a las 12:00, y casi una hora después, 20 padres y madres de los normalistas ingresaron al edificio A del INE, para ser recibidos por Lorenzo Córdova; las consejeras Pamela San Martín, Beatriz Galindo y Adriana Favela; los consejeros Arturo Sánchez, Ciro Murayama, Enrique Andrade y Marco Baños, y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. En la reunión, Melitón Ortega —uno de los voceros del movimiento— sostuvo que permitir las elecciones en Guerrero significaría perpetuar las condiciones que dieron origen a la noche de Iguala. “Sería repetir las condiciones para que se sigan eligiendo narcopolíticos en Guerrero”, aseguró el representante de los familiares de los 43 normalistas. Las madres y padres presentes en la reunión ofrecieron testimonios desgarradores sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y los días, semanas y meses que siguieron. Relataron la angustia de no ver regresar a sus hijos y rechazaron por completo las conclusiones que en enero había dado a conocer la PGR sobre la supuesta incineración de los cuerpos de los 43 desaparecidos en el basurero de Cocula —la llamada “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam, desmentida por especialistas—, y calificaron sus seis meses de protesta como una tortuosa lucha en contra de la impunidad y el olvido. Los consejeros del INE escucharon durante más de una hora. Uno de los padres exigió a los consejeros ir a decirle “a su jefe Peña Nieto” que no permitirían las elecciones; una de las madres cuestionó a los consejeros que, mientras ellos habían podido estudiar en escuelas privadas, sus hijos habían desaparecido mientras trataban de cumplir su sueño de ser maestros de educación pública. Uno más dijo que, casi cinco meses después de la desaparición de sus hijos, ya estaban cansados de escuchar mentiras. Cuando Córdova tomó la palabra, comenzó aclarando que el INE es un organismo autónomo que no depende del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no ve a Peña Nieto como jefe. Después les habló de su formación en escuelas públicas, desde la primaria hasta el CCH y la UNAM, y les comentó que era hijo de maestros —Arnaldo Córdova y Ana Paola Vianello— y que él mismo era maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM. Los consejeros mostraron empatía con los manifestantes; les informaron que el INE había condenado públicamente los hechos y había exigido verdad y justicia en el caso, e incluso coincidieron con ellos en su rechazo a la “verdad histórica” de la PGR. Córdova les explicó que si cuatro de los normalistas habían sido seleccionados para fungir como funcionarios de casilla era precisamente porque el INE no los daba por muertos. “Para nosotros, como para ustedes, los muchachos están vivos, y por eso siguen en el padrón electoral”, explicó el consejero. Además, les dijo que reconocían su derecho a la manifestación, ofreció revisar su solicitud de cancelar las elecciones en Guerrero y prometió una respuesta institucional a sus demandas, aunque les recordó la importancia de garantizar y ejercer el derecho ciudadano al voto, precisamente como mecanismo para vigilar y sancionar a las autoridades. Una de las ofertas de los consejeros fue instalar una mesa permanente de diálogo con las madres y padres de los 43 y su abogado Vidulfo Rosales; mesa a la que el movimiento nunca asistió. En los siguientes días el INE turnó la petición de llevar a cabo las elecciones de autoridades municipales de Guerrero mediante usos y costumbres al gobernador y al presidente del Congreso de Guerrero, pues corresponde a las autoridades estatales organizar los procesos electorales locales. Y el 6 de abril de 2015 los 11 consejeros electorales firmaron una carta dirigida a las madres y padres de Ayotzinapa y a la Asamblea Nacional Popular anunciando, y explicando, su negativa a cancelar el proceso electoral. En la carta se exponían, ente otros, los siguientes puntos: Para el INE, sus hijos hoy en día están desaparecidos y los seguimos considerando ciudadanos con plenos derechos políticos y por ello seguirán formando parte del padrón electoral. Por esa razón es que sus nombres aparecieron en las listas de ciudadanos insaculados […] dar de baja del padrón a sus hijos habría sido una ofensa, una falta de respeto y un abuso de nuestra parte frente a la ley. No desconocemos que las elecciones por sí mismas no acaban con los problemas del país, como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades. No obstante, los procesos electorales permiten identificar públicamente a quiénes serán candidatos y, en su caso, a los partidos que los postulan […] La Constitución de la República ordena que las elecciones para renovar poderes que organiza el INE se realicen a través del voto directo y secreto, en las urnas. El INE por ningún motivo puede ignorar la Constitución, pues nos encontraríamos al margen de la ley. Justamente, cuando las autoridades se salen de la ley es cuando empieza la arbitrariedad y se abre la puerta a la violación de los derechos humanos. La Constitución no concibe un solo resquicio para que no haya elecciones, esto es, para que se suspenda o elimine el derecho de las y los ciudadanos a votar. En el sufragio nace la soberanía popular, por eso no se pueden cancelar las elecciones.

En la carta, de cuatro cuartillas, el INE explicó a los familiares de los desaparecidos que su intención era llevar adelante las elecciones y aseguró que su demanda de justicia no debería rivalizar con ese propósito institucional. Y advirtió: “Las amenazas de impedir las elecciones suscitan preocupación, porque pueden generar focos de conflicto que podrían afectar a la población en su conjunto. La violencia de ninguna manera contribuye a tener un país más justo y libre”. CAMPAÑAS DE LODO

Las campañas federales y las de gobernador en nueve estados arrancaron el 4 de abril, y ese mismo día tres funcionarios del INE en el distrito 05 de Tlapa, Guerrero, fueron retenidos por la CETEG. Las tomas de instalaciones y quema de vehículos del INE se reprodujeron en Chiapas, Michoacán y Oaxaca durante todo el mes de abril. Mientras tanto, el INE batallaba para concluir con el registro de candidatos, revisar sus informes de gastos de precampaña y para atender quejas de unos partidos contra otros por el contenido de sus spots de campaña. El 9 de abril el PAN colocó otra manzana envenenada en la mesa del Consejo General, al pedir formalmente la cancelación del registro del PVEM, por sus reiteradas violaciones a la ley electoral. En la queja del PAN, presentada ante la Oficialía de Partes del INE, se leía: Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de las recurrentes violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del PVEM, mismo que, al día de hoy, acumula multas por 180 millones de pesos. Solicitamos sea sancionado conforme la misma legislación, que establece que en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos: con la cancelación de su registro.

El PVEM, que desde la precampaña había violado la ley con la transmisión de miles de spots en espacios comprados bajo el pretexto de “informes legislativos” de sus senadores y diputados, mantuvo su desafío a las reglas electorales durante toda la campaña, repartiendo útiles escolares y tarjetas bancarias. A la petición del PAN de cancelarle el registro se sumaron el PRD, Morena y miles de ciudadanos que firmaron una petición en la plataforma change.org. Pese a todo, los consejeros electorales decidieron no discutir esta petición, sino hasta después de las elecciones del 7 de junio. Mientras tanto, proliferaron las acusaciones entre priistas, perredistas y panistas por el reparto de televisiones con la leyenda “Mover a México”, por los mensajes en los que la oposición usaba la imagen del presidente Enrique Peña Nieto para desacreditar al PRI, y por la participación de gobernadores en el proceso, principalmente el veracruzano Javier Duarte, el jalisciense Aristóteles Sandoval y el poblano Rafael Moreno Valle. En medio de las descalificaciones entre los partidos, un ingrediente novedoso irrumpió en el proceso: las candidaturas independientes. Jaime Rodríguez, El Bronco, logró derrotar al PRI en la contienda por la gubernatura de Nuevo León; Pedro Kumamoto ganó una diputación local en Jalisco; Manuel Clouthier, una diputación federal por un distrito de Sinaloa, y Alfonso Martínez Alcázar, la presidencia municipal de Morelia, Michoacán. También fue notoria la campaña del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos a la alcaldía de Cuernavaca. Sin conocimiento alguno sobre administración pública y con un discurso antipartidos, El Cuau logró imponerse en una plaza disputada tradicionalmente entre priistas y panistas. El 10 de abril, en la Secretaría de Gobernación, los dirigentes de nueve partidos políticos se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong para acordar condiciones de seguridad durante las campañas y la jornada electoral. Al gobierno y los partidos les preocupaban la integridad de sus candidatos y la desconfianza de la ciudadanía por el clima de incertidumbre que habían dejado los hechos de Iguala. Andrés Manuel López Obrador declinó la invitación, acusó a los líderes partidistas de ser “paleros del PRI”, y lamentó que una reunión relacionada con las elecciones se llevara a cabo en Gobernación, y no en el INE. Para el INE la principal preocupación seguía siendo la amenaza de boicot a las elecciones en cuatro estados, y el ataque sistemático de la CETEG y la CNTE a las instalaciones del instituto, con pérdidas materiales y agresiones en contra de sus funcionarios. Casi siempre cada día 26, al cumplirse un mes más de la desaparición de los normalistas, se recrudecían las acciones contra las elecciones. El 26 de abril no fue la excepción: maestros de la Sección VII de la CNTE vandalizaron las juntas distritales de Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ESPIONAJE Y CHANTAJE

El 19 de mayo una nueva crisis estalló en el INE. En la plataforma gratuita de videos YouTube un usuario registrado como Jon Doe subió el audio de una conversación telefónica entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina, bajo el título “Lorenzo Córdova espiado discrimina a pueblos indígenas”. La conversación entre el consejero presidente y el secretario ejecutivo (los dos funcionarios de mayor jerarquía en el INE) habría ocurrido el 25 de abril, después de un foro entre autoridades electorales y pueblos indígenas, al que Córdova asistió para escuchar las demandas de diversos grupos. En el audio se escuchaba el tono del teléfono marcando y, segundos después, la siguiente conversación: —Sí, presidente, a tus órdenes —dijo Jacobo. —Perdóname, perdóname, ¿puedes hablar? —contestó Córdova. —Sí, sí, dime, te escucho. —Nada, en camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas… —Eso, carajo, ja, ja, ja. —No mames, cabrón, no, no, hay que escribir unas crónicas marcianas desde el INE; ¡no mames! —Haciéndole honor; Ray Bradbury reloaded… —Exacto, ¡Ray Bradbury reloaded!, no mames… Es que, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que… a ver Edmundo, no voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Me decía: “Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí: o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones”. —No mames, ca… —A ver, es que cuando te estoy diciendo… es que ese güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vio mucho Llanero Solitario, cabrón, con Toro, no mames… Nomás le faltó decir: “Yo gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca”. No mames, cabrón, no mames, no, no, no, está de pánico. O acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí cabrón, eh… —Claro, claro, claro… —Pero bueno, ¿cómo van por allá?, ¿bien? —Bien, bien, vamos bien. Cuando llegues me dices. Ya Miguel Ángel tiene la instrucción de darte el relevo de la reunión… —No, no, no, en cuanto llegue, entro ahí y saludo. Tranquilo. —Ah, bueno, porque después nos vamos a tener que salir luego luego. —Ah, sí. Sale. —Bueno, gracias. —Abrazote —se despidió Córdova. —Igual, bye —cortó Jacobo. En unas cuantas horas el audio voló en Twitter y Facebook, y pasó por todos los portales de noticias y todas las estaciones de televisión y radio. El supuesto usuario Jon Doe abrió la cuenta de YouTube específicamente para subir esta conversación y no volvió a tener ninguna actividad. En un par de días más de 100 mil personas vieron ese video en la plataforma, pero el impacto real ocurrió en los medios masivos, a través de los cuales millones tuvieron acceso a la conversación privada entre Córdova y el secretario ejecutivo. Córdova y su equipo reaccionaron de inmediato: en una entrevista con Joaquín López Dóriga, en su noticiero del mediodía, el consejero admitió que sus dichos eran desafortunados, pero aseguró que éstos se habían hecho en una conversación privada, intervenida y difundida ilegalmente con todo el ánimo de golpear políticamente, no sólo a él, sino al INE en su conjunto. “No es casualidad que ocurra esto en un momento clave para una institución que está ejerciendo todas sus atribuciones para conducir una elección complicada, pero que está caminando por buen camino a menos de tres semanas de la jornada electoral”, declaró. A las 14:00 horas, desde la cuenta de Twitter @INEMexico, se informó que Córdova había interpuesto una denuncia ante la PGR por la intervención ilegal de conversaciones telefónicas privadas. “El @INEMexico manifiesta su indignación por estas prácticas y exige a las autoridades competentes la más exhaustiva investigación”, se leía en un segundo mensaje. Después, Córdova apareció en la sala de prensa del INE para leer un comunicado en los mismos términos: ofrecía una disculpa por las palabras empleadas en esa conversación privada, y exigía a las autoridades judiciales investigar quién había intervenido sus comunicaciones. “Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios. Mi respeto a los derechos indígenas y hacia toda minoría ha sido patente durante toda mi trayectoria como académico y como servidor público”, dijo. “Lamento mucho que, a unos días de celebrarse la jornada electoral, se intente desprestigiar mediante recursos ilegales a esta institución del Estado mexicano por ejercer a través de sus decisiones su autonomía”, añadió. Fue una larga tarde para Córdova, sus asesores y su entonces coordinador nacional de Comunicación Social, Alberto García Sarubbi, quienes tuvieron que hacer control de daños en un momento crucial, pues faltaba menos de un mes para las elecciones más complejas en la historia del INE.

Por la noche, Córdova acudió al programa de Carmen Aristegui —en CNN en español— para ampliar sus explicaciones. Ante cuestionamientos duros de la periodista, quien enfocó la entrevista en los dichos del funcionario, mas no en el acto de espionaje, Córdova informó que en abril se reunió con integrantes de la Gubernatura Nacional Indígena, quienes plantearon una añeja demanda: que los pueblos originarios contaran con una circunscripción propia —adicional a las cinco circunscripciones actuales—, para garantizar la llegada de diputados indígenas al Congreso de la Unión. Y que fue después de esa reunión cuando habló por teléfono con el secretario ejecutivo del INE, sí con expresiones desafortunadas, pero en un ámbito absolutamente privado. “Las referencias que yo hago son respecto a los dichos de una de las personas, ni siquiera de todos los interlocutores que estaban en la reunión, respecto de los cuales, insisto, y se puede dar cuenta de ello, hubo un trato absolutamente respetuoso, con independencia de que las peticiones que estaban haciendo no eran jurídicamente procedentes”, abundó. Nuevamente, el consejero consideró grave el espionaje sufrido y sugirió que éste se hacía con toda la intención de desacreditar al INE de cara a las elecciones federales intermedias. Las explicaciones no impidieron que Córdova fuera sometido a una intensa crítica en medios y en redes sociales. Analistas, editorialistas y caricaturistas le dedicaron múltiples espacios, e incluso los dirigentes de los partidos políticos lamentaron sus dichos. Sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) evitó condenar a Córdova, argumentando que no podía actuar en un caso derivado de un espionaje ilegal a las comunicaciones privadas de las personas. El viernes 22 de mayo Lorenzo Córdova recibió en sus oficinas a Hipólito García, líder de la Gubernatura Nacional Indígena, y a Mauricio Mata Soria, secretario de la Gubernatura y gran jefe de la comunidad chichimeca, a quien presuntamente se había referido en la conversación intervenida. El consejero se disculpó ante ellos; les explicó que había sido un mal chiste en una conversación privada, y que estaba muy apenado por haber empleado esas palabras. Los dirigentes indígenas se llevaron este mensaje a sus comunidades y, después de un fin de semana de deliberación, aceptaron las disculpas del funcionario. Filiberto Ku Chan, secretario general de la Gubernatura, declaró al diario Reforma el lunes 25 de mayo que, por consenso nacional, la Gubernatura de pueblos y comunidades indígenas había decidido aceptar la disculpa. “No tenemos nada contra él, pero no queremos dejar de decir que llevamos más de 500 años marginados y segregados”, añadió Ku Chan. La filtración de la conversación entre Córdova y Edmundo Jacobo ocurrió exactamente después de la aplicación de sanciones al PVEM, cuyas relaciones con las televisoras eran públicas y notorias. El 16 de mayo la Comisión de Quejas y Denuncias había determinado sancionar al PVEM por el incumplimiento de medidas cautelares relativas al retiro de la propaganda de sus vales de medicina. Y el 20 de mayo el Consejo General había aprobado una de las medidas más severas aplicadas por el órgano electoral en contra de algún partido en toda su historia. Con los votos de Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Arturo Sánchez y Javier Santiago, se determinó sancionar al PVEM con la suspensión de sus promocionales en radio y televisión durante los últimos tres días de las campañas electorales, por incumplir las medidas cautelares de la Comisión de Quejas y desacatar la orden de retirar su propaganda violatoria de las leyes electorales. En ese contexto, la televisión y la radio le dieron una vasta difusión al audio de Córdova, lo que causó un daño severo a su imagen pública. Años después de este episodio, el presidente del INE siguió siendo objeto de críticas, insultos y amenazas vertidas en redes sociales por haber usado esas palabras. La intervención de la conversación y su difusión puso en alerta a todos los consejeros del INE, quienes desde ese momento se supieron vulnerables frente a los grupos de interés afectados por las determinaciones del INE. Sin embargo, la filtración fracasó en su intentona de precipitar la renuncia de Córdova. El 24 de mayo, a dos semanas de la jornada electoral, las tres consejeras y siete consejeros aparecieron en la sala de prensa del INE cerrando filas con el consejero presidente, e hicieron público un pronunciamiento en el que externaban su inquietud por la ofensiva en contra del instituto. En días pasados se ha producido una serie de eventos que nos preocupan y alertan, porque evidencian que existe una premeditada intención de lastimar al Instituto Nacional Electoral y erosionar su credibilidad pública justo de cara a la realización de la elección y cuando estamos cumpliendo a fondo nuestras responsabilidades y ejerciendo nuestras atribuciones legales. Frente a esos hechos, las y los consejeros electorales cerramos filas y reprobamos todo intento por debilitar a la institucionalidad electoral. El INE repudia los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar, en lo individual y en lo colectivo, a los miembros del Consejo General. El país no se beneficia de estas conductas en un momento crucial para la reproducción pacífica de los poderes públicos.

La denuncia interpuesta por Córdova ante la PGR por la intervención ilegal de su teléfono particular y sus comunicaciones privadas —como suele ocurrir con las denuncias de espionaje en México —se quedó

archivada. UNA JORNADA DIFÍCIL

Dos días después, como todos los 26 de cada mes, arreciaron los ataques de los maestros disidentes a instalaciones del INE en Chiapas y Guerrero, como parte de las marchas y plantones realizados para recordar a los normalistas de Ayotzinapa. Y el 28 de mayo la asamblea nacional representativa de la CNTE acordó declararse en paro de labores en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, así como mantener su boicot a las elecciones del 7 de junio. El 31 de mayo en Juchitán, Oaxaca, un grupo de maestros de la Sección XXII de la CNTE robó y destruyó 5 mil boletas electorales. Mientras que en el distrito 02, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, un funcionario del INE fue despojado de 6 mil boletas. Ante estos ataques, el INE tuvo que pedir la reimpresión de la papelería electoral a Talleres Gráficos de México, para sustituirlas a unos cuantos días de los comicios. Además, anunció el cierre de nueve de sus 11 juntas distritales en Oaxaca y la habilitación de sedes alternas resguardadas por el Ejército y la Policía Federal. El 2 de junio escaló el conflicto, con manifestaciones de maestros en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, donde la sede del Registro Federal de Electores fue rodeada durante tres horas por manifestantes. En esas horas, Córdova cruzó llamadas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo; con los entonces gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y de Oaxaca, Gabino Cué, y con los gobernadores interinos de Michoacán, Salvador Jara, y de Guerrero, Rogelio Ortega. Públicamente, el miércoles 3 de junio —en la inauguración de la “megasala de prensa” instalada en las instalaciones del INE para la cobertura de la jornada electoral— Córdova pidió a las autoridades federales y estatales garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo de los comicios. “El INE no se victimiza; tan no nos victimizamos, que hemos cumplido con lo que mandata la ley y hoy estamos listos, a pesar de que hemos tenido instalaciones cerradas, de que hemos tenido bloqueos, de que hemos tenido que suspender actividades por razones de inseguridad o conflictividad social. No nos victimizamos, pero sí estamos padeciendo las circunstancias que todos ustedes conocen. La realización de las elecciones supone la existencia de condiciones de orden, de paz pública y de seguridad, y ésa no es una responsabilidad del INE, es una responsabilidad de las instancias federales y locales encargadas de procurar la paz pública en la sociedad”, declaró el consejero en el último día de las campañas. Las 72 horas que siguieron —en la llamada “veda” electoral— fueron de tensión en los estados donde los maestros y normalistas habían declarado la guerra a las elecciones. Por primera vez en la historia, las autoridades electorales se enfrentaban a la posibilidad de no instalar las casillas en distritos completos, ante el riesgo de que el boicot pusiera en riesgo a su personal en los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. El sábado 6 de junio la CNTE cumplió su amenaza. A pesar del despliegue de miles de elementos de la Policía Federal, los maestros bloquearon carreteras y se enfrentaron con policías en Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En la zona de La Montaña de Guerrero, según una crónica del periodista Jesús Guerrero (“Vigilan en Guerrero hasta con tanquetas”, Reforma, 7 de junio de 2015), la CETEG mantuvo vigente la amenaza de impedir la instalación de las casillas y quemar las boletas. En Tlapa la papelería electoral tuvo que ser resguardada por el Ejército en una bodega, y dos consejeros del distrito 05 renunciaron a sus cargos denunciando que nunca hubo condiciones para una elección en condiciones normales y con libertad para los votantes. En Tixtla normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa llevaron a cabo una manifestación en la que advirtieron que quienes participaran en las elecciones estarían traicionando la memoria de los 43 desaparecidos. En Chilapa —territorio disputado por cárteles del crimen organizado— los militares patrullaron en vehículos blindados. En Oaxaca la amenaza de impedir las elecciones por parte de la Sección XXII de la CNTE pendía sobre los 11 distritos de la entidad. Las juntas distritales que mantenían tomadas los maestros nunca fueron liberadas, los consejeros locales tuvieron que sesionar en sedes alternas y los paquetes electorales se distribuyeron prácticamente a escondidas de la Sección XXII (algunos paquetes se distribuyeron camuflados en bolsas de basura o en camionetas repartidoras de productos comerciales). En Huajuapan de León un grupo de maestros que mantenía tomada la Junta Distrital 03 se enfrentó con policías federales cuando éstos intentaron recuperar las instalaciones del INE. Y fue el único distrito en el que los funcionarios del INE no pudieron recuperar un número importante de boletas (hasta 70%, según funcionarios del instituto). En Tuxtepec y Tehuantepec, en la región del istmo, también hubo conatos de bronca. La víspera de la jornada electoral los consejeros electorales del INE mantuvieron reuniones hasta las dos de la madrugada, recibiendo reportes de los estados en conflicto. Hasta las primeras horas del 7 de

junio en Oaxaca se mantenían tomadas cuatro de 11 juntas distritales. Y en Guerrero prevalecía la alerta en el corredor Chilapa-Tlapa-Tixtla. Los consejeros y funcionarios del INE se tomaron un par de horas para ir a sus casas, descansar, bañarse y prepararse para el domingo electoral. A las cinco de la mañana, en reunión de mesa de consejeros, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, reportó que al fin se habían liberado las 11 juntas distritales de Oaxaca, por lo que, en principio, los 300 distritos electorales se declaraban listos para llevar a cabo los comicios federales. Y así lo comunicaron minutos después a los representantes de los partidos, convocados a esas horas de la madrugada. Ese día habrían de instalarse 148 mil 886 casillas en todo el país, para elegir 300 diputados federales de mayoría y 200 de representación proporcional; además de nueve gobernadores en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; 16 congresos locales, 871 ayuntamientos y 16 delegaciones en la Ciudad de México. Más de 83.5 millones de electores registrados en la lista nominal estaban convocados a las urnas. Era, por la concurrencia con procesos locales, el número de cargos en disputa y el potencial de votantes, la elección más grande que hubiera enfrentado el INE (antes IFE) en la historia, con 10 partidos políticos nacionales en la boleta y la novedad de la participación de 124 candidatos independientes a diversos cargos. Por ello, cuando a las 7:00 horas se llevó a cabo la ceremonia de honores a la bandera como preámbulo del inicio de la jornada electoral, el presidente del INE habló de la jornada electoral “más grande, compleja e incluyente de la historia de la democracia mexicana”. A una hora de que abrieran las casillas, Lorenzo Córdova hizo un último llamado a los contendientes, a los votantes y a los grupos inconformes con las elecciones a volver a confiar en el poder civilizatorio de las elecciones y en la utilidad de la vía democrática para transformar el futuro de México de manera pacífica. Después de las ocho de la mañana, al instalar la sesión extraordinaria del Consejo General, Córdova subrayó: “Lo que hoy está en disputa trasciende la complejidad técnica y la magnitud cuantitativa, va más allá de elegir a legisladores federales y gobernantes locales; no se trata sólo de una disputa entre partidos y candidatos, se trata de la apuesta de la sociedad por las elecciones y por la vía pacífica para resolver nuestras diferencias, lo que supone el rechazo total tanto a la violencia como a las pulsiones autoritarias”. Luego de leer su discurso, Córdova escuchó los reproches de los representantes de los partidos políticos de oposición, principalmente del perredista Pablo Gómez y el de Morena, Horacio Duarte, quienes se quejaron de la permisividad e inacción de la autoridad electoral, al no impedir ni sancionar conductas del gobierno federal, como el reparto de miles de televisiones envueltas en cajas impresas con la leyenda “Mover a México”, bajo el pretexto del apagón analógico. Aunque, en los hechos, desde febrero el INE había prohibido al Ejecutivo difundir mensajes sobre el reparto de las televisiones, y le había ordenado eliminar el eslogan del peñismo. “El INE tuvo en sus manos la gran oportunidad de reivindicar a las autoridades electorales; sin embargo, dejaron ir esa oportunidad histórica y hoy están en el descrédito, producto de sus omisiones, de su permisividad y su incapacidad de reaccionar ante temas coyunturales o de sensibilidad nacional. La autoridad electoral se convirtió en cómplice de la ilegalidad”, acusó Duarte. Acusaciones que fueron respondidas por el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien consideró contradictorio que los representantes del PRD y de Morena llamaran a votar con una mano, mientras con la otra se dedicaban a descalificar al árbitro electoral. El priista acusó a esos partidos de despreciar la voluntad popular y el esfuerzo de millones de ciudadanos que a esas horas ya cuidaban las casillas en todo el país, al descalificar de antemano su actuación, en previsión de una probable derrota electoral. “Nada puede haber más contradictorio que con una mano estar impulsando a los grupos que están en contra de las elecciones, de la legalidad y de la participación ciudadana, y con la otra pontificar sobre la democracia”, acusó el representante del PRI, recordando los nexos de Morena y el PRD con la CETEG, la CNTE y otros grupos que, en esos momentos, mantenían su boicot a los comicios en Guerrero y Oaxaca. El panista Francisco Gárate prefirió hablar de las condiciones inéditas en las que se llegaba a la elección, tanto por la complejidad del nuevo modelo electoral como por el ambiente de inconformidad ciudadana con el gobierno, la alta criminalidad, el estancamiento económico, los casos extremos de corrupción y la acción de grupos inconformes que —recordó— llegaron al extremo de la subversión, el vandalismo y el ataque directo a las autoridades electorales. “Hace apenas unas horas nos tenían a la nación entera con el aliento contenido respecto a si se podría llevar a cabo la elección en todo el país. Afortunadamente hemos sido informados hoy temprano, en el límite, de que se podrá realizar la elección en todo el país”, enfatizó el representante del PAN. Cuando los representantes de los partidos concluyeron sus posicionamientos, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dio lectura a un informe sobre la instalación de consejos locales y distritales, aclarando que sólo el distrito 11 de Oaxaca, correspondiente a Santiago Pinotepa Nacional, estaba por instalarse.

Casi a las 10:00 horas Lorenzo Córdova declaró un primer receso y convocó a reanudar la sesión de Consejo General a las 13:30 horas. Lo cierto es que esa jornada electoral, ciertamente inédita, sí registró hechos violentos que no se habían presentado en décadas, y que tampoco habrían de registrarse en las elecciones federales de 2018. A las 13:30 horas el secretario ejecutivo del INE informó que se habían instalado 146 mil 3 casillas, de las 148 mil 836 esperadas; es decir, 98.1%. Cuando habían transcurrido ya siete horas y media desde la apertura de los centros de votación, sólo 10 estados reportaban 100% de casillas instaladas, y se confirmaba que 88 casillas no pudieron entrar en operación por diversos conflictos, correspondientes a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango e Hidalgo. A lo largo del día el Consejo General del INE conoció diversos reportes sobre la imposibilidad de instalar las casillas en algunos distritos, incidentes graves en Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con mayor presencia de maestros), y ataques directos a los comicios incluso en estados donde no se habían registrado amenazas previas. En la noche, el informe final que presentó el secretario ejecutivo al Consejo General daba cuenta de 182 casillas que no pudieron instalarse desde el inicio, pertenecientes a 10 distritos de cinco entidades federativas: 137 en Oaxaca, 26 en Guerrero, 15 en Chiapas, 3 en Hidalgo y 1 en Chihuahua. Además, Edmundo Jacobo informó que 410 casillas tuvieron que ser suspendidas a lo largo del día; 145 por violencia alrededor de los centros de votación y 245 por robo o destrucción de paquetes electorales. La mayoría de las casillas que tuvieron que cerrar fueron atacadas por la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca (363); 29 fueron cerradas en Chiapas, 10 en Baja California Sur, 4 en Tabasco, 2 en Michoacán y 2 en Veracruz. A pesar de todo, el INE pudo reportar la instalación y funcionamiento de 148 mil 409 casillas —que representaban más de 99.84% de las que se debieron haber instalado en todo el país— y presumir un proceso exitoso que pudo superar el intento de boicot. LAS TRAMPAS DEL PVEM

Aquel domingo, después de instalar la sesión permanente del Consejo General y de transmitir un primer mensaje en cadena nacional sobre el avance de la jornada, Lorenzo Córdova salió de las instalaciones del INE, cerca del mediodía, rumbo a su casa. En el ambiente crispado con el que se desarrollaban los comicios, Córdova optó por ir a votar solo, sin convocar a los medios de comunicación, ni cumplir el viejo ritual de emitir el sufragio frente a cámaras y micrófonos. El consejero llegó a la casilla 0708 del distrito 24, en la Plaza de la Conchita de Coyoacán, acompañado de su esposa y su coordinador de medios. No había nadie en la fila cuando se acercó a la mesa directiva. En menos de cinco minutos recibió tres boletas para votar por diputado federal, diputado local y jefe delegacional; las marcó a solas en la mampara, las dobló y las depositó en las urnas correspondientes. Antes de retirarse, una escrutadora le alcanzó a reprochar por lo que dijo de los indígenas en la conversación filtrada en mayo. —Yo no pienso igual que usted de los indígenas —le dijo. —Yo tampoco pienso eso, y no hablaba de los indígenas, hablaba de una persona en una circunstancia determinada —respondió Córdova. Antes de abandonar el lugar saludó a un par de vecinos, se despidió de su esposa, y abordó su camioneta para regresar al INE. Una hora más tarde subió a Twitter imágenes de su voto, junto con el exhorto a los ciudadanos a ejercer su derecho. Los reportes que llegaban a su teléfono celular sobre las casillas instaladas, y las no instaladas, le confirmaban que la elección de diputados federales se desarrollaría en los 300 distritos, aunque con algunos incidentes. Pero mientras se trasladaba de Coyoacán a Tlalpan, una tormenta se gestaba desde Twitter. De cara al partido amistoso entre las selecciones de México y Brasil, que habría de jugarse a las 15:00 horas, Miguel El Piojo Herrera, director técnico de la Selección Mexicana, y los jugadores Oribe Peralta y Marco Fabián, usaron sus cuentas personales para llamar a apoyar a la Selección Mexicana usando frases similares a la propaganda del PVEM y hashtags empleados por este partido. “Apoyemos a la selección. No dejen de votar, vamos con los verdes”, tuiteó @MiguelHerreraDT desde muy temprano en la mañana. “Los verdes sí cumplen”, escribió en un segundo tuit. En el mismo tono, desde la cuenta de Oribe Peralta se lanzó el mensaje: “¡Arriba México! Antes que nada… ¡Vámonos a votar! Después, a ver a @MiSeleccionMX ¡Quiero un #MexicoVerde #PonteDeVerde”. Y desde la cuenta de Marco Fabián se remató: “¡Buenos días, México! ¡No dejen de ir a votar! Después, a disfrutar del partido, ¡hoy queremos ganar! #PonteDeVerde”. Los tuits del PVEM fueron denunciados por el PAN desde las 9:00 horas, en la instalación de la sesión extraordinaria del Consejo General, pero el escándalo se detonó hacia el mediodía, y provocaron que la

sesión de media jornada, convocada a las 13:30 horas —que en otros comicios hubiera sido un mero trámite que se despachaba en menos de una hora—, se prolongara hasta las cuatro y media de la tarde. Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo reanudaron la sesión centrando la atención en el tema de la instalación de las casillas y la revisión de la lista de personas autorizadas para levantar encuestas de salida; pero el representante del Poder Legislativo, Fernando Belaunzarán, diputado del PRD, introdujo el tema del PVEM. “Empezaron con propaganda ilegal antes de las precampañas, luego en veda electoral, y cuando acaban las campañas siguen con propaganda ilegal, de manera por demás desafortunada”, dijo Belaunzarán, quien comenzó a hacer un detallado recuento de los mensajes que artistas y deportistas estaban lanzando en Twitter desde el sábado y en la mañana del domingo. Como se discutía el tema de encuestas de salida, Córdova lo interrumpió, aplicando con rigor el reglamento de sesiones que impide a los presentes salirse del punto a discutir en la orden del día. Belaunzarán intentó seguir, incluso mencionando varias veces las palabras “encuestas de salida”, para tratar de poner su denuncia en la mesa. Pero fue interrumpido en cada intento, hasta que el perredista acusó que estaba siendo reprimido y censurado por el presidente del INE. Ocho veces el perredista y el consejero se turnaron en el uso de la palabra, argumentaron y contraargumentaron sobre la posibilidad de discutir el tema del PVEM. Belaunzarán invocó la Constitución para defender su derecho a la libertad de expresión, Córdova dijo que simplemente aplicaba el reglamento. La reunión se tensó, hasta que Belaunzarán cedió, lamentando que no se le permitiera llevar a la herradura de la democracia un tema que, para ese momento, se había convertido en el más comentado de los comicios. Córdova leyó varias veces el reglamento de sesiones del Consejo General, para pedirles a los representantes de los partidos ceñirse a los temas del orden del día. Pero el representante del PAN, Francisco Gárate, le hizo ver que, con la misma severidad con la que se le quitó la palabra a Belaunzarán, debían sancionarse las conductas del PVEM. Y otros consejeros electorales intervinieron para manifestar su disposición a que se ventilaran todos los temas relacionados con los comicios. Cincuenta minutos después, el consejero presidente puso a consideración del Consejo General la posibilidad de introducir un punto en el orden del día para que los partidos pudieran hablar sobre el desarrollo de la jornada electoral, e incluir en la agenda el caso del PVEM y otras denuncias sobre irregularidades y posibles delitos electorales. Mientras en el estadio Allianz de São Paulo México caía 2 a 0 frente a Brasil —en un partido en el que Oribe Peralta y Marco Fabián ni siquiera estuvieron en el 11 inicial—, en el INE los representantes de los partidos comenzaron un agrio debate sobre los tuits del PVEM. El representante del PAN recordó que su partido había interpuesto ya una queja por la difusión de mensajes del PVEM fuera de los tiempos de campaña, no sólo a través de tuits, sino por medio de call centers con llamadas del actor Raúl Araiza, mensajes SMS y pantallas en el Metrobús. Gárate acusó al PVEM de violar la Constitución, y puso en duda la capacidad y energía del INE para castigar esas conductas. “Que este instituto en realidad actúe con la premura que el caso amerita, en estas horas restantes de la jornada electoral”, exigió el panista. Fernando Belaunzarán reconoció la disposición de Córdova y los demás consejeros para abrir una ronda especial de intervenciones, y afirmó que el desafío permanente del PVEM al INE esta vez sí debería ser sancionado. “Se llevan al futbol entre las patas. La Selección Mexicana, que debería ser un punto de encuentro, ahora se ve afectada por esta campaña pagada. Así de chiquitos son los que hoy nos gobiernan, porque el Partido Verde, no se nos olvide, es partido en el gobierno”, sentenció el perredista. Javier Corral, representante legislativo del PAN, acusó al INE de no haber detenido a tiempo al PVEM, al imponerle multas económicas que no lo disuadieron para seguir violando la ley. “El Verde es el partido de la contumacia ilegal, de la impudicia como partido y actor electoral; desafiaron a la autoridad electoral como nadie, burlaron la legislación electoral en este proceso como nadie, y el INE llegó tarde”, acusó el panista. Dáner González, representante de MC, resumió la molestia de su partido en una frase. “Lo malo es que el Verde ya saló al Piojo, y el Piojo a la Selección, que va perdiendo”, dijo. Frente a las acusaciones del PRD, el PAN, Morena y MC, los representantes del PVEM, Carlos Puente y Jorge Herrera, intentaron una defensa inaudita: denunciar una “campaña negra” en contra de su partido, pues aseguraron que los tuits eran expresiones espontáneas de personajes en uso de su libertad de expresión. “No se espanten de las manifestaciones de mexicanas y mexicanos; incluso hay algunos comunicadores que están expresando tendencias de supuestos sondeos a favor, por ejemplo, de candidatos independientes; es algo que hoy está sucediendo en las redes, pero es para todos, esto no priva ni se le puede endosar como una estrategia al Partido Verde”, aseguró Carlos Puente. La consejera electoral Pamela San Martín fue la última en tomar la palabra en ese punto de la sesión, y aprovechó su turno para lamentar que algunos partidos no se hayan comportado a la altura de las

circunstancias en las que se desarrollaba el proceso electoral y a la altura de más de un millón de ciudadanos que, a esas horas del día, estaban trabajando como funcionarios de casilla, dispuestos a pasar la noche ahí contando los votos. “No olvidemos lo complicado que fue llegar a la jornada de hoy, particularmente esta última semana, en Oaxaca señaladamente, en Guerrero los últimos meses, en Chiapas esta semana, en Michoacán… Hoy tenemos una muestra por parte de las ciudadanas y los ciudadanos de una altura mucho mayor que la que de pronto hemos mostrado todas las instituciones y todos los partidos”, apuntó la consejera. Cuando faltaba menos de una hora para las seis de la tarde —hora del cierre de casillas—, Córdova decretó un nuevo receso, y convocó para reanudar a las 20:30 horas. Para ese momento, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya había recibido la denuncia del PAN para investigar los tuits del Piojo Herrera y otras personalidades, que de manera coordinada y usando los mismos hashtags habían inundado las redes sociales. Y según un comunicado del INE, la comisión había ordenado ya suspender esa propaganda y, con el voto en contra de la consejera Beatriz Galindo, argumentaba que los tuits excedían la libertad de expresión y ponían en riesgo la equidad en la contienda. Durante el receso, Arturo Escobar, dirigente en funciones del PVEM, se trasladó a la sala de prensa del INE para asegurar que su partido no había violado la ley, pues esos tuits no habían sido contratados o pagados. “Todo lo que hace el Verde está mal, todo lo que hacen los demás contra el Verde está bien”, dijo Escobar, victimizando a su partido. Semanas después, trascendió que los tuits difundidos a favor del PVEM en plena veda electoral habían sido pagados por una agencia de comunicación digital, tanto al Piojo Herrera y sus seleccionados como a personalidades del mundo del espectáculo. A petición de diversos partidos, la investigación se profundizó y, meses después, las autoridades electorales pudieron comprobar que entre el 4 y el 7 de junio de 2015 se usaron las cuentas de 42 “personalidades” para difundir tuits que habrían alcanzado 163 millones 819 mil impactos en beneficio del PVEM. El caso llegó hasta la Sala Especializada del TEPJF, que resolvió en definitiva hasta el 18 de noviembre de 2016, con una multa de 7 millones de pesos en contra del PVEM. En el acuerdo de los magistrados, se lee textualmente: La estrategia propagandística dirigida a beneficiar al partido infractor mediante la difusión de tuits por parte de diversas personas famosas pudo incidir en los procesos federal y locales que transcurrían al momento en que se desplegó la campaña publicitaria considerada como ilegal, aunado a que el partido político participó en la difusión de los mensajes de dichos sujetos, sin que haya presentado un deslinde para desvirtuar la presunción de que no se trató de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de las libertades de expresión y de información.

EL FINAL

Al filo de las 21:00 horas Córdova reinició la sesión del Consejo General. Se veía aliviado, como quien acaba de pasar un difícil examen. Edmundo Jacobo leyó el informe de casillas instaladas, reportando el funcionamiento de 99.84% de las casi 149 mil casillas que debían instalarse en todo el país. A pesar de las casillas no instaladas, los graves incidentes previos, el robo y destrucción de urnas, boletas y actas, y del uso de las redes para irrumpir en el juego electoral, el balance era positivo. La jornada electoral había transcurrido en relativa calma, y los consejeros electorales manifestaban su beneplácito porque, en general, se había sorteado el intento de sabotaje a los comicios. Incluso cuando el perredista Pablo Gómez tomó la palabra no lo hizo para criticar al INE, sino para descalificar a la CNTE, por desvirtuar su lucha gremial poniendo en la mira a las elecciones. Para ese momento el PREP decía que había votado 42% de los ciudadanos; cifra que subiría a 47.7% en los resultados oficiales, lo que superaría el porcentaje de participación de las dos elecciones federales intermedias anteriores: 2003 (41.6%) y 2009 (44.6%). Córdova levantó la sesión cuando ya pasaban de las 21:00 horas. Consejeros y representantes de partidos se pusieron de pie, aplaudieron, y abandonaron poco a poco la sala del Consejo. En los pasillos todos respiraban con una mezcla de satisfacción y expectativa, un sentimiento que Fernando Belaunzarán definió en una frase: “Acaba de concluir 2015, el 2018 ha comenzado”.

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2015: el año en que la democracia estuvo en peligro Lorenzo Córdova Vianello

PREMISA

La elección de 2015, la primera realizada bajo el sistema electoral establecido en la reforma de 2014, tuvo una enorme relevancia al ser el banco de pruebas de la viabilidad y pertinencia de las nuevas reglas.1 Es natural que las elecciones sean el laboratorio en donde se verifica la idoneidad de las reglas del juego político plasmadas en las normas comiciales. Sin embargo, la polémica y la crítica en medio de las cuales nació la reforma de 2014 elevaron el contexto de exigencia para que sus resultados fueran exitosos en su primera aplicación práctica. En efecto, no pocas fueron las voces que señalaron que la reforma resultaba impracticable o incluso inconveniente para la consolidación de la democracia constitucional en el país. Varios fueron los problemas que muchos advertían: desde el riesgo que representaba para la nueva autoridad electoral la sobrecarga de atribuciones que se le encomendaron, hasta la inviabilidad e impracticabilidad de las nuevas reglas vista su complejidad. Hubo quien consideró que su fracaso era inminente ante el galimatías que suponían las atribuciones entreveradas del INE y de los OPLE para concretar las elecciones estatales. Numerosas fueron las voces que la tachaban de un atentado al federalismo al implicar la intromisión de una instancia nacional (el INE) en el ejercicio de la soberanía estatal expresada en los comicios locales. Algunos señalaron el riesgo que suponía que el INE se convirtiera en responsable, en gran medida, de las elecciones estatales y municipales, al llevar a escala nacional los conflictos políticos locales que antes se resolvían y contenían en una escala local o a lo sumo regional. Unos más, simple y llanamente, descalificaron la reforma al considerarla un “mazacote”.2 Por ello, la elección de 2015 adquirió una relevancia fundamental, pues de sus adecuados resultados dependía el juicio sobre la pertinencia y subsistencia de las renovadas reglas del juego democrático. Dicho de otro modo, de los buenos resultados que arrojara el sistema electoral en 2015 dependía que el mismo entrara en una fase de asentamiento y consolidación a la luz del arreglo político plasmado en la Constitución el año anterior, o si, en caso contrario, debía reabrirse con urgencia el quirófano legislativo para realizar una operación correctiva del rumbo que se había decidido con la reforma. Un desafío adicional lo representaba el hecho de que en el proceso electoral de 2015, a pesar de ser la primera elección de la que se hacía cargo el INE como un órgano renovado y con competencias muy relevantes en la organización de los comicios locales, más de la mitad de las entidades del país tuvieran algún tipo de elección concurrente con la de la Cámara de Diputados. En total fueron 17 en los se eligió algún cargo local de manera simultánea con las diputaciones federales.3 En todos esos estados se renovaron los congresos locales y sus ayuntamientos (o jefaturas delegacionales, en ese entonces, en el otrora Distrito Federal) y en nueve entidades, además, la gubernatura.4 Lo anterior no pasaría de ser un dato meramente anecdótico, o un hecho que suponía una mayor intensidad de la contienda política por lo que estaba en juego, si no fuera porque la reforma de 2014 estableció un cambio radical en la operación de los comicios al fijar que, cuando ocurrieran elecciones coincidentes, la votación emitida para los cargos federales y locales se emitiría en una misma casilla (la llamada “casilla única”) y no, como había ocurrido hasta entonces, en dos mesas de votación diferentes, una administrada por el órgano electoral federal y la otra por el órgano local correspondiente. En ese sentido, el establecimiento de la casilla única, que reviste una lógica y razonabilidad innegables, pues facilita el ejercicio del voto, ya que la ciudadanía puede sufragar para los cargos locales y federales en un único lugar y en un mismo acto y no está obligada a hacer dos trámites ante dos instancias (mesas directivas de casilla) distintas, tiene también una dimensión operativa mucho más compleja que la que está detrás de la instalación y funcionamiento de una casilla “normal”. En efecto, por ley las casillas únicas se integran por más funcionarios (para una casilla normal, la ley prevé una composición de cuatro propietarios —un presidente, un secretario y dos escrutadores— y tres suplentes,

es decir, un total de siete personas; una casilla única requiere la presencia, además de un segundo secretario y de un escrutador adicional, o sea, de nueve personas), lo cual puede parecer un asunto menor, pero si se piensa que se trata de ciudadanos que deben ser insaculados, visitados y capacitados en sus domicilios, y que la elección federal de 2015 supuso la instalación de 148 mil 848 casillas, estamos hablando de un esfuerzo técnico y operativo mayúsculo. En virtud de la concurrencia entre elecciones locales con la federal, en ese año 56% del total de las mesas de votación aprobadas fueron casillas únicas (83 mil 735), lo que significó que la operación de las mismas requirió a más de 165 mil ciudadanos adicionales a los que habrían sido necesarios de no existir (como había ocurrido hasta antes de la reforma) esa figura. La sola mención de los grandes números de la operación electoral da cuenta del tamaño de ese esfuerzo: para ese proceso comicial el INE sorteó y visitó en su domicilio a 10 millones 982 mil 804 ciudadanos, de entre quienes, luego de habérseles capacitado, se seleccionó a 1 millón 209 mil 847 personas, entre propietarios y suplentes, que tuvieron a su cargo recibir y contar los votos de sus vecinos. Las casillas únicas implicaron una complejidad adicional, pues al ser los centros receptores del voto correspondiente tanto a los comicios federales como a los locales, el número de elecciones cuyos sufragios debían escrutarse en cada centro de votación aumentó y, en consecuencia, también el número de actas que los funcionarios de casilla debían llenar. En suma, incluso ese órgano básico de toda elección y en donde el modelo electoral mexicano ha cifrado la clave de la transparencia y la certeza en torno a los comicios (en virtud de que son órganos integrados, no por funcionarios electorales, sino por ciudadanos comunes que son sorteados y debidamente capacitados para cumplir con esa función, y que son quienes reciben y cuentan los votos), adquirió una complejidad mayor tanto en su integración como en su funcionamiento respecto al diseño que había tenido hasta entonces. Por otra parte, las de 2015 también fueron elecciones en las que se estrenaron algunas nuevas figuras que maximizaron los derechos políticos de los ciudadanos, como las candidaturas independientes, la posibilidad de realizar consultas populares sobre asuntos de gran relevancia pública, así como la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas cumpliendo con el principio de paridad de género que se estableció en la Constitución con la reforma de 2014. Todas estas novedades implicaron una serie de actuaciones específicas para el INE, como el tener que verificar el cumplimiento del número mínimo de apoyos ciudadanos requeridos por los aspirantes a una candidatura independiente, sin importar que se tratara de candidaturas a cargos locales o federales (pues la compulsa de esos apoyos debía hacerse contra el padrón electoral a cargo del INE), o la verificación de la validez de las firmas ciudadanas de apoyo a las consultas populares que se presentaran ante las cámaras del Congreso de la Unión, o bien, el revisar que la postulación paritaria cumpliera con las reglas de estar debidamente distribuida en los distritos o municipios en los que cada partido tuviera una competitividad alta, mediana o baja (para evitar de ese modo que alguna fuerza política pretendiera cumplir con el principio de paridad postulando a las candidaturas de un mismo género en circunscripciones con pocas posibilidades de triunfo, burlando así el propósito de la reforma de permitir que un mayor número de mujeres llegara efectivamente a cargos de elección popular). Las elecciones de 2015 fueron las primeras en las que se instrumentaron candidaturas independientes en todo el país luego de que esa figura, tras una década de discusión, fuera establecida en la Constitución en 2012 como una manera alternativa de competir por puestos de elección popular frente a las postulaciones hechas por los partidos políticos que, hasta entonces, habían mantenido el monopolio de las candidaturas. Si bien los requisitos para obtener una candidatura independiente dependían de la regulación que cada legislación, local y federal, hacía de esa figura, y que el número de apoyos ciudadanos requeridos para alcanzarla generalmente ha sido criticado por excesivo por sus defensores, las elecciones de 2015 demostraron su viabilidad. En efecto, en 2015 para todos los tipos de cargos de elección popular que se disputaron en el país (diputaciones federales y locales, gubernaturas y alcaldías) hubo alguna candidatura independiente que logró su registro e incluso llegó a ganar la elección. Así, lograron ganar las elecciones de gobernador en Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de diputado federal, Manuel Clouthier Carrillo; de diputado local en Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, y de presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, todos ellos por la vía independiente. Por su parte, también vale la pena señalar que en 2014 se presentaron cuatro solicitudes de consultas populares (figura incorporada en la Constitución en 2012) que pretendían llevarse a cabo, conforme lo establecía el artículo 35 constitucional, de manera simultánea a la elección federal y cuyos respectivos respaldos ciudadanos fueron entregados al INE para su validación. Esas solicitudes de consultas populares versaban sobre los siguientes temas: una de ellas planteaba el posible aumento del entonces salario mínimo; otra, la posibilidad de reducir el número de legisladores electos por representación proporcional, y las dos restantes eran variantes que planteaban la eventual revocación de las reformas que en materia energética se habían realizado al amparo del Pacto por México. En total, el INE tuvo que capturar los datos de más de 16 millones de ciudadanos que respaldaban esas cuatro solicitudes (presentadas en papel) y validarlas contrastándolas con los registros del padrón electoral en un brevísimo tiempo de apenas 30 días (establecido por la Ley Federal de Consulta Popular). Es curioso, pero de la verificación realizada por el INE resultó que alrededor de la tercera parte de los respaldos ciudadanos de cada una de las pretendidas consultas populares era falsa.5 Finalmente, ninguna de las consultas

mencionadas se llevó a cabo, pues en los cuatro casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las preguntas respectivas versaban sobre temas que, de acuerdo con lo establecido por la Constitución, no podían ser sometidos a la consideración de los electores, con lo que se evidenció el error de diseño de esta figura que, en vez de someter los temas y las cuestiones a consultar a la criba de constitucionalidad a cargo del máximo tribunal del país y luego, en caso de proceder, realizar la verificación a cargo del INE, establecía (y sigue hoy estableciendo, a pesar de que esa figura fue objeto de una revisión en su diseño constitucional en 2019) absurdamente un orden inverso. En efecto, el gasto y el esfuerzo realizado para verificar las firmas por parte del INE en 2014 resultaron innecesarios.6 Por otra parte, la elección de 2015 representó un nuevo paradigma en lo que a conquista de derechos políticos para las mujeres se refiere, ya que fue la primera elección en la que se aplicó el principio de paridad en las candidaturas introducido en la reforma electoral de 2014 al texto constitucional. La paridad es la última estación —hasta ahora— de una larga historia de conquistas graduales y paulatinas que se plasma en la incorporación de acciones afirmativas, de resoluciones judiciales y de cambios legislativos que se fueron concretando a lo largo de un cuarto de siglo. Lo que inició con una mera recomendación legal a los partidos políticos para que promovieran a su interior la participación de las mujeres —a mediados de los años noventa— poco a poco avanzó hacia el establecimiento de cuotas de género en las candidaturas y su paulatino incremento, la integración de listas de candidatos en las que los géneros se alternaran (listas de “cremallera”), el impedimento de que las candidaturas que se postulaban para cumplir con las cuotas tuvieran a suplentes de un género distinto (para evitar la repetición del bochornoso y execrable caso de las “Juanitas” —a finales de la década pasada—, que implicó postular a mujeres como candidatas propietarias a diputadas para que, una vez ocupado el cargo, renunciaran para que sus suplentes varones tomaran posesión del mismo), el que los partidos no pudieran pretextar sus procedimientos de democracia interna para incumplir con las cuotas, entre muchos otros episodios, y se coronó —hasta el momento, pues la agenda de la consecución de la plena igualdad y del empoderamiento político de las mujeres sigue abierta— con la constitucionalización del principio de paridad. Si bien el avance fue innegable, la elección de 2015 supuso la puesta en práctica del principio de paridad, con todas las complejidades y, hay que decirlo, resistencias que implicó, dejando en claro todos los avances que el mismo trajo consigo,7 pero también las áreas de oportunidad que el INE completaría más adelante, mediante una serie de importantes acciones afirmativas, de cara a las elecciones de 2018. Los primeros comicios organizados por el INE en 2015 revistieron, además, una serie de complejidades adicionales a las antes mencionadas. En primer lugar, el breve tiempo que el INE tuvo para concretar y echar a andar sus nuevas y complicadas facultades. En segundo término, el enrarecido y violento contexto político y social en el que se realizaron. En tercer lugar, la crispación política que generó el juego de un partido político que con su actuar estiró las reglas al límite y, con frecuencia, rayó en el terreno de la ilicitud. Y, finalmente, la instrumentación de una inédita y difícil relación institucional de coordinación con los OPLE de la que dependía la calidad de las elecciones locales. En este capítulo centraré la explicación de las elecciones de 2015 a partir del análisis de cada una de estas cuatro complejidades mencionadas. LOS PROLEGÓMENOS DE LA ELECCIÓN. LOS PRIMEROS DESAFÍOS QUE EL INE TUVO QUE SORTEAR

No apenas se concretó la reforma de 2014 con la expedición de las leyes reglamentarias, a finales de mayo de ese año el INE comenzó los trabajos preparatorios de la elección de 2015, no sólo en términos de la planeación requerida, sino también con el ejercicio de varias de sus nuevas e inéditas facultades. Tres fueron los temas que, en primera instancia, ocuparon de manera muy importante la atención de la autoridad electoral. Primero, la realización de la elección interna del PRD para renovar sus dirigencias nacionales y locales en septiembre. De manera simultánea con lo anterior, realizar el nombramiento de las y los consejeros de los OPLE de las 17 entidades que tendrían procesos electorales en 2015 de manera concurrente con la elección federal de diputados, más los de un OPLE adicional (Zacatecas) que el Tribunal Electoral mandató que el INE designara en esa primera ronda de nombramientos.8 Y, finalmente, para poder echar a andar la nueva fiscalización nacional en tiempo real, se tuvo que construir a contrarreloj un novedoso sistema informático de contabilidad que no tenía una referencia ni a nivel nacional ni en el plano internacional. 1. La elección interna del PRD Organizar la elección del PRD representó para el INE un desafiante reto en múltiples sentidos: primero, por la intensa conflictividad interna que había caracterizado a ese partido que sistemáticamente había provocado impugnaciones a sus procesos de selección de dirigentes, que con mucha frecuencia eran dirimidos en instancias judiciales. En segundo lugar, por el breve tiempo con el que se tuvo que organizar

esa elección, es decir, poco más de dos meses y no los cuatro que la Ley General de Partidos Políticos estableció.9 Y, finalmente, porque el estatuto del partido mencionado establecía un complicado mecanismo de postulación de candidaturas que suponía no sólo el registro de planillas, sino también de los llamados “lemas” y “sublemas” que volvían sumamente complicada la capacitación de quienes serían funcionarios de casilla, así como el cómputo de los votos. La elección interna del PRD tuvo que organizarse de manera muy expedita, pues entre la firma del convenio entre el INE y ese partido (ocurrida el 7 de julio de 2014) y la jornada de los comicios internos (llevada a cabo el 7 de septiembre de ese año) transcurrieron apenas dos meses.10 Si bien los costos, por ley, corren a cargo del partido, la estructura del INE a nivel nacional tuvo que volcarse a llevar a cabo las tareas de insaculación de los militantes que habrían de ser funcionarios de casilla, capacitarlos, diseñar e imprimir las boletas correspondientes, verificar los registros de los candidatos, proveer de insumos a las mesas de votación, vigilar la operación de 8 mil 269 casillas, diseñar y operar el PREP correspondiente, realizar el cómputo a nivel distrital de las distintas elecciones y oficializar los resultados. Se trató, como puede verse, de una elección en plena forma que, aunque a una escala reducida, implicó un despliegue a nivel nacional de todo el aparato electoral del INE durante varios meses y hasta apenas a unos días del inicio del proceso electoral 2014-2015. La elección interna del PRD fue llevada a cabo en tiempo y forma, los cómputos de los votos se realizaron y entregaron al partido puntualmente y, por primera vez en casi una década, la renovación de sus dirigencias ocurrió sin sobresaltos, con una litigiosidad poselectoral muy reducida y con resultados aceptados por todas las corrientes internas. 2. La selección de los consejeros electorales de 19 OPLE El nombramiento de los integrantes de los consejos generales de los OPLE constituyó un importante reto para la nueva autoridad electoral nacional. Más aún tratándose de la primera ronda de nombramientos que se realizaron en septiembre de 2014 (en la víspera del inicio del proceso electoral del año siguiente que arrancó, por una disposición transitoria de la reforma, en la primera semana de octubre de ese año). Se trató de una atribución inédita que, dada la falta de un antecedente de alguna función similar, en muchos sentidos implicó comenzar desde cero. Es cierto que se tenían como antecedente las reglas y procedimientos de los concursos de incorporación al Servicio Profesional Electoral, mismos que se fueron perfeccionando a lo largo de más de dos décadas, hasta hacer de éste un cuerpo de profesionales de la función electoral que constituye no sólo uno de los pilares fundamentales del IFE/INE, sino también una de las anclas más importantes de la certeza y confianza con la que se han realizado los procesos electorales en los tiempos recientes; sin embargo, el perfil de funcionarios especializados en las tareas sustantivas de los comicios no necesariamente coincide con el que se requiere para los integrantes de un órgano de dirección colegiado de una institución electoral. La primera decisión que tomó el INE sobre este tema fue que el nombramiento de los integrantes de los consejos generales de los OPLE se haría de manera diferenciada privilegiando las designaciones de las autoridades locales de aquellos estados que tendrían elecciones concurrentes con la elección federal de diputaciones en 2015 y dejando para un segundo momento (un año después) el nombramiento de los restantes consejeros. Esa decisión obedeció a racionalizar tiempos y esfuerzos, ya que la integración de 19 OPLE (los de las 17 entidades que tendrían elecciones locales en 2015, más el de Oaxaca, que tenía que organizar una serie de procesos de designación de autoridades municipales mediante el régimen de sistemas normativos internos —o usos y costumbres— y el de Zacatecas que, si bien no tendría procesos electorales sino hasta un año más tarde, se hizo por mandato del Tribunal Electoral) implicaba designar de manera simultánea a 133 consejeros electorales.11 Finalmente, en septiembre de 2014 el INE realizó el nombramiento de 126 integrantes de los órganos electorales locales luego de un proceso que implicó cuatro fases que se establecieron en la convocatoria emitida para tal efecto: a) la revisión de documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las y los aspirantes; b) la realización de un examen de conocimientos, que desarrolló y calificó el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval); c) la realización de un ensayo sobre temas electorales específicos, que fue evaluado por una institución de educación superior de prestigio nacional e internacional (que en esa primera ocasión fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), y d) entrevistas presenciales con cada aspirante finalista que hubiera superado las etapas anteriores y que corrieron a cargo de los consejeros electorales del INE. No se trató de un proceso fácil por al menos cuatro razones: en primer lugar porque, como señalé arriba, se trató de un procedimiento nuevo para el INE y porque se tuvieron que adaptar muchas de las reglas, metodologías y procedimientos que se habían venido consolidando a lo largo de los años para la selección y evaluación de los miembros del Servicio Profesional Electoral, pero su adecuación a nombramientos de diversa naturaleza e índole implicó un análisis y adopción de buenas prácticas existentes en las evaluaciones del ámbito académico y de organismos internacionales (como la Organización de las Naciones Unidas). Al final se logró un procedimiento suficientemente robusto que,

con algunas modificaciones, ha subsistido hasta ahora y ha permitido construir una masa crítica profesional y, en su amplia mayoría, confiable en los órganos de dirección de los OPLE. En segundo lugar, por la escasez de tiempo que le imponía al INE el tener que realizar las designaciones mencionadas antes del arranque de los procesos electorales (es decir, antes de que iniciara el mes de octubre de 2014), aunado al inesperado y altísimo número de personas que atendieron a la convocatoria realizada: 3 mil 557 aspirantes se inscribieron para concursar por las 126 plazas que debían designarse. En tercer lugar, se trató de nombramientos que, conforme a las nuevas reglas, el Consejo General del INE debía realizar con una votación de al menos ocho de los 11 votos posibles de los consejeros electorales del INE y eso impuso, obligatoriamente, un mecanismo de construcción de consensos internos que no estuvo exento de tensiones y de naturales “estira y afloja” entre los integrantes con derecho a voto.12 Como ocurre con toda decisión que requiere de mayorías calificadas (y su correspondiente reverso de la moneda: la consecuente posibilidad que una minoría, en este caso de cuatro, pueda impedir la toma de las decisiones), las propuestas que finalmente se votaron implicaron una importante negociación entre los consejeros en donde, si bien las evaluaciones (el examen y el ensayo) de cada aspirante fueron el piso de toda discusión, los diversos juicios sobre los perfiles —naturales en todo órgano colegiado— tuvieron que ponderarse y matizarse recíprocamente en aras de conseguir un consenso que resultara viable y aceptable para todos, o al menos para la gran mayoría de quienes tenían derecho a voto en el Consejo General. Además, por tratarse de la primera designación que el INE realizaba, los nombramientos tenían que ser diferenciados entre sí, para poder permitir la rotación periódica de esos cargos. En efecto, en cada OPLE por única ocasión tres de las designaciones serían para un periodo de tres años, otras tres para seis años y finalmente la última, correspondiente a quien ocuparía la presidencia del consejo respectivo, se haría por siete años. Ese hecho le añadió una complejidad adicional a la construcción del proyecto de acuerdo que tenía que ser presentado al Consejo General del INE. A lo anterior había que sumar el hecho de que el INE estableció en las convocatorias emitidas que, aun cuando entonces no había una norma que lo obligara (la reforma constitucional que estableció el principio de paridad de género en los órganos colegiados se aprobaría hasta 2019), los nombramientos de los consejeros que se hicieran debían maximizar en la medida de lo posible (se trata de órganos impares) la igualdad entre mujeres y hombres. Al final las designaciones se lograron con un amplio consenso (los consejeros electorales de 11 estados fueron nombrados por unanimidad y los de las siete entidades restantes tuvieron un solo voto en contra),13 aunque en medio de fuertes y graves acusaciones por parte de algunos representantes de partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo. Y es que —y en ello reside la cuarta complejidad que quiero subrayar— se trató de la primera vez que las fuerzas políticas estuvieron excluidas del proceso de designación de los consejeros de las instancias electorales locales, como consecuencia de la reforma electoral de 2014. Hasta entonces, hay que recordarlo, esos nombramientos se hacían en el seno del Poder Legislativo de cada entidad a partir de una negociación entre los partidos políticos ahí representados y en virtud de la correlación de fuerzas existente en cada entidad. En ese sentido, los nombramientos eran el resultado de acuerdos políticos entre partidos políticos. La reforma de 2014 pretendió sustraer de esos espacios naturalmente políticos esas designaciones y transferirlas a una instancia ajena a la política local para que se privilegiaran, en principio, las capacidades técnicas por encima de eventuales lealtades políticas: el Consejo General del INE, convertido en el órgano rector del sistema nacional de elecciones. Hasta ahí todo parece tener sentido. Sin embargo, era natural y obvio que los distintos partidos políticos presentes en el Consejo General tuvieran sus propias opiniones respecto de cada una de las propuestas concretas que se llevaron como resultado de los consensos construidos entre los consejeros electorales para ser votados en el pleno del Consejo, y que, en consecuencia, las analizaran y juzgaran políticamente a partir de sus respectivas afinidades o disensos. De ese modo, y a pesar de que, como se mencionó, los nombramientos tuvieron un altísimo grado de consenso entre los consejeros electorales, las descalificaciones y las acusaciones fueron particularmente intensas por parte de las representaciones de los partidos políticos de oposición en la sesión realizada el 30 de septiembre de 2014 y en los días, semanas y meses siguientes.14 Se trató de la primera gran decisión controversial que habría de tomar el INE de cara al proceso electoral de 2015 que arrancaría precisamente pocas horas después de haber sido tomada en medio de un ambiente políticamente muy tenso y enrarecido. 3. La construcción del sistema informático de fiscalización El Sistema Integral de Fiscalización (SIF) representó, como se mencionó, una importantísima característica del nuevo modelo de revisión de las cuentas partidistas. De hecho su construcción y puesta en marcha operativa representó un auténtico desafío para el INE, porque el mismo quedó definido en las leyes generales (la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos) que se publicaron el 23 de mayo de 2014 y ahí se estableció que debería entrar en funciones para las elecciones de 2015: un tiempo casi imposible de cumplir si se toma en cuenta que no existía en el país un desarrollo

informático que pudiera servir de base para el nuevo sistema y que, por su novedad y complejidad, habría requerido mucho más tiempo para su desarrollo, prueba e instrumentación. Contrario a la exitosa tradición que había seguido en los últimos años su antecesor, el IFE, de realizar la construcción y del desarrollo de todos los sistemas relacionados con la operación electoral a través de su propia Unidad Técnica de Servicios de Informática (desarrollos in-house), el INE decidió, ante la falta de tiempo impuesta por la ley, lanzar una licitación internacional para contratar los servicios de alguna empresa informática que pudiera aportar sus propios desarrollos para lograr construir el SIF en los estrechísimos plazos establecidos. La licitación la ganó la filial mexicana de la empresa española Scytl, que aceptó el reto, no menor, de construir el sistema en apenas unos meses (del 30 de septiembre de 2014 a mediados de mayo de 2015, justo antes de la jornada electoral federal).15 Vista la complejidad de sistema que se le encargó, se pactó con la empresa una serie de entregas parciales de los varios desarrollos que lo componían, la primera de las cuales, consistente en el Módulo de Contabilidad, se estableció para el 14 de diciembre de 2014 (las siguientes dos entregas correspondían a los Módulos de Fiscalización y de Transparencia). Sin embargo, dicha entrega no ocurrió en tiempo y, ante la clara omisión que ponía en riesgo inminente la posibilidad de contar con el sistema informático que mandataba la ley y que representaba uno de los primeros y más importantes desafíos que el naciente INE debía enfrentar y superar con éxito, se decidió rescindir el contrato con Scytl y aplicarle la pena convencional por incumplimiento establecida en el mismo. El dilema no fue menor: la empresa insistía en que se fijara un nuevo calendario de entregas, aprovechándose claramente de la difícil situación en la que la misma empresa había colocado al INE (es decir, el riesgo de no contar con el sistema si no se mantenía el contrato y el desarrollo informático con Scytl). La empresa informática de origen catalán sabía perfectamente que los tres meses que habían pasado desde la firma del contrato hacían prácticamente imposible echar a andar un plan b y orillaban al INE —así lo esperaban— a renegociar los términos y tiempos de las entregas. El INE, por su parte, ante el incumplimiento, exigió a los directivos de la empresa que le mostraran los desarrollos informáticos que habían hecho hasta ese momento, es decir, que le dieran acceso a su sandbox en la que el sistema estaba siendo construido, para poder constatar los avances. En respuesta, Scytl únicamente mostró a los técnicos del INE una serie de láminas de una presentación en las que ilustraba cómo se verían las pantallas del sistema y cuáles serían las funcionalidades de éste. ¡Una auténtica tomadura de pelo! El INE inició de inmediato los trámites de rescisión del contrato, que se concretaría el 13 de febrero de 2015, y detonó una ruta alternativa para resolver el grave problema que el incumplimiento del proveedor había provocado. Para ello se entró en contacto con las máximas autoridades de la UNAM. El 26 de diciembre de 2014 sostuve, como presidente del INE, una primera reunión con José Narro, rector de la UNAM, quien un par de días después convocó a una reunión en la torre de Rectoría con los directores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la máxima casa de estudios, con los cuales se comprometió todo el apoyo de la UNAM en lo que definió como un “rescate en el Popo”, en donde un órgano autónomo del país —la UNAM— sale en apoyo a otro órgano autónomo del Estado —el INE—, del que dependía la estabilidad política de México. Ante la notificación de la rescisión del contrato, Scytl desató una ofensiva mediática contra el INE. A mediados de enero de 2015 Pere Vallès, CEO de la empresa, apareció en el noticiero de Carmen Aristegui señalando que “no hay razones técnicas” para revocar el contrato, que iban a demostrar que “el INE no está preparado para iniciar este proyecto”, que el sistema que el INE iba a desarrollar (con el apoyo de la UNAM) “no va a cumplir con la ley”,16 incluso llegó a afirmar que “en el INE no hay una voluntad real de

que este proyecto sea un proyecto de éxito”,17 o que “hay veces que en este tipo de instituciones hay intereses políticos que son contrapuestos y hay veces que hay participantes en este tipo de proyectos que no tienen los intereses perfectamente alineados”.18 El directivo incluso alardeó: “Mostraremos un sistema el 3 de marzo (como estaba establecido) y lo pondremos a disposición de los partidos políticos y asociaciones”.19 Por supuesto, nada de ello ocurrió, ni siquiera la amenaza de interponer una denuncia en contra del INE por la rescisión mencionada que hizo el directivo de la empresa en la entrevista señalada. Es más, no sólo no se impugnó jurídicamente la rescisión, sino que ni siquiera se controvirtió la multa que le impuso el INE el 27 de mayo de 2015 por 2 millones 314 mil pesos, con lo que quedó evidenciado que la decisión de la autoridad electoral mexicana había sido la correcta.20 Por otra parte, el SIF resultó un desarrollo exitoso que pudo aplicarse, en una primera versión que más adelante tendría una importante y continuada evolución, para registrar los ingresos y los gastos realizados en las campañas electorales de 2015, gracias a la colaboración y respaldo de la UNAM, que se reveló, una vez más, como un aliado estratégico del INE.

LA CONTUMACIA DEL PVEM

Durante el proceso electoral 2014-2015 el PVEM mantuvo una conducta contumaz mediante una reiterada violación a las normas electorales que garantizan la equidad de la contienda. Lo hizo con una reiteración y un cinismo nunca antes vistos en la historia electoral, al amparo de un financiamiento público generoso que le permitió absorber las reiteradas sanciones que el INE le impuso por esas violaciones a la Constitución y a la ley (en 2015 al PVEM le correspondieron 323 millones 233 mil 851.62 pesos de financiamiento público federal para gastos ordinarios,21 más un monto similar por la vía del financiamiento público a nivel local en las entidades federativas) y de una coalición parcial con el partido en el gobierno, el PRI, de cara a la elección intermedia, la primera que había de organizar el INE. Esa conducta del PVEM derivó en un gran número de quejas en su contra interpuestas por otros partidos políticos, así como de procedimientos oficiosos iniciados por el INE a través de la recién creada Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Durante 2014 se presentaron cuatro quejas, mientras que durante los primeros meses de 2015, hasta la jornada electoral, se interpusieron 153 denuncias por una gran variedad de violaciones a la Constitución y a la ley.22 Lo anterior provocó que el INE iniciara 87 procedimientos en los que varias de las quejas mencionadas se acumularon por tratarse de denuncias relativas a las mismas conductas. Las infracciones cometidas a las normas abarcaron una multiplicidad de temas: violaciones de diverso tipo a las reglas de propaganda gubernamental en radio y televisión; transmisión de propaganda política en los periodos prohibidos por la ley; distribución de propaganda utilitaria (kits de útiles escolares) que violaba la disposición legal de que la misma sólo puede ser producida con materiales textiles; utilización de propaganda prohibida (como fue el caso de la distribución de papel para envolver tortillas con publicidad partidista); uso indebido de los datos del padrón electoral para enviar propaganda partidista a la ciudadanía; entrega de dádivas a través de tarjetas de beneficios (Premia Platino); beneficiarse indebidamente mediante la apropiación en su propaganda de decisiones legales o gubernamentales (como la posibilidad de que vales de medicamentos emitidos por el IMSS y el ISSSTE pudieran ser canjeados en farmacias), así como el reiterado desacato de las numerosas medidas cautelares que emitió en su contra la Comisión de Quejas y Denuncias. Un auténtico rosario de irregularidades de todo tipo fue cometido por el PVEM, que durante meses desafió abierta y cínicamente las reglas de la competencia electoral. Todas esas irregularidades fueron detectadas y sancionadas por el INE y por la Sala Especializada del TEPJF. En conjunto, se le impusieron al PVEM multas que rebasaron los 500 millones de pesos y se hicieron efectivas mediante reducciones de la mitad del financiamiento público ordinario que le correspondía a ese partido (el límite máximo de retenciones permitido por la ley). El análisis integral y sistemático de la secuencia de irregularidades que durante meses cometió el PVEM durante la segunda mitad de 2014 y la primera de 2015 ameritaría un estudio exhaustivo y específico que hasta hoy no se ha realizado. Sin embargo, aquí me limito a mencionar tres de las principales irregularidades cometidas tanto por su trascendencia como por su relevancia. 1) El “encadenamiento” de los “informes de labores” de diversos legisladores del PVEM. Desde 2007 la Constitución establece en su artículo 134, párrafo séptimo, la prohibición de que la propaganda gubernamental sea personalizada, es decir, incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción individualizada de cualquier servidor público. La única excepción a esa regla general es la que preveía el artículo 242 de la LGIPE, que en su quinto párrafo señala —a partir del 11 de mayo de 2018 esa norma se transfirió, en sus términos, al artículo 14 de la nueva Ley General de Comunicación Social— que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los promocionales para darlos a conocer que se difundan en los medios de comunicación no serán considerados propaganda siempre que: a) se limiten a una vez al año; b) se transmitan en estaciones y canales de cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico en el que el servidor público o representante ejerza su cargo; c) su difusión no rebase los siete días previos ni los cinco posteriores a la fecha del informe de que se trate; d) dicha difusión no tenga fines electorales, y e) la difusión de los mismos no se realice dentro del periodo de campaña electoral. Sin embargo, desde finales de septiembre el PVEM adoptó la estrategia de escalonar la promoción en radio y televisión de presuntos informes de labores de varios de sus legisladores, lo que le llevó a tener una presencia continuada en esos medios —adicional a los tiempos que le correspondían como parte de sus prerrogativas—, y por ende una sobreexposición respecto a lo que legalmente tenía permitido, durante varios meses. Así, con el pretexto de la promoción del informe de labores del senador Carlos Puente, se transmitieron promocionales en los que había una clara identidad con la campaña propagandística del PVEM (y que continuaría como eje publicitario durante las campañas electorales de 2015) del 23 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2014; los promocionales del informe del diputado Enrique Aubry de Castro se transmitieron del 5 al 17 de octubre; la publicidad del informe de la diputada Ana Lilia Garza se emitió del 17 al 29 de octubre; la propaganda del informe de la senadora María Elena Barrera se transmitió del 30 de octubre al 11 de noviembre; siguió entonces la propaganda del informe del senador Pablo Escudero transmitida del 13 al 25 de noviembre; después se emitieron los

promocionales del diputado Rubén Acosta entre el 27 de noviembre y el 9 de diciembre y, finalmente, la publicidad correspondiente al informe de la diputada Gabriela Medrano se difundió del 11 al 23 de diciembre. Durante ese periodo el INE acreditó la difusión de 258 mil 398 promocionales a lo largo de 81 días. Cabe mencionar que, con independencia de que se trataba de promocionales que correspondían a presuntos informes de labores de los legisladores mencionados, todos los spots que se transmitieron tenían una misma identidad gráfica —todos hacían mención al PVEM e incluían su emblema—; además, sin excepción, la publicidad incorporaba el eslogan “El Verde sí cumple”, que coincidía con el que el partido incluía en su propaganda institucional. El 24 de octubre varios partidos políticos (MC, PES, PT, PRD y Morena) presentaron las primeras quejas en contra del PVEM y de los legisladores Ana Lilia Garza, Enrique Aubry de Castro y Carlos Puente, acusándolos de violar los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución, y 242, párrafo 5, de la LGIPE, además del indebido uso de la pauta de transmisión del partido denunciado y solicitando al INE, en consecuencia, el dictado de medidas cautelares para interrumpir la transmisión de los promocionales correspondientes. Dos días después el senador Javier Corral, consejero del PAN ante el INE, interpuso una queja relacionada con los mismos hechos solicitando también que se emitieran medidas cautelares. Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró, el 27 de octubre, que la transmisión de los mensajes de los legisladores del PVEM denunciados se ubicaba dentro de la hipótesis de excepción que la legislación electoral preveía para la propaganda gubernamental, al tratarse de publicidad relacionada con la presentación de informes de labores de servidores públicos y, por lo tanto, decidió no dictar las medidas cautelares que se habían solicitado por los denunciantes. Como mencionamos en el capítulo relacionado con la reforma electoral de 2014, uno de los dilemas que trajo consigo las nuevas reglas fue que, si bien el INE ya no era responsable de resolver el fondo de las quejas relacionadas con el modelo de comunicación política (radio y televisión) ni con la propaganda electoral, pues ahora esa decisión le corresponde a la Sala Regional Especializada del TEPJF, la determinación sobre si se emiten o no medidas cautelares en esos procedimientos sí se mantuvo como competencia del INE a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, la cual se integra únicamente por tres de los funcionarios con derecho a voto en el Consejo General; es decir, bajo el nuevo régimen dicha responsabilidad recae no en todos consejeros electorales, sino sólo en algunos, con independencia de que sus criterios y consideraciones sean compartidos por el resto. Unos días después, el 31 de octubre, el senador Corral amplió su queja e incorporó también a la senadora María Elena Barrera entre los legisladores denunciados, volviendo a pedir medidas cautelares para todos los casos, solicitud que, de nueva cuenta, fue negada por la Comisión de Quejas y Denuncias. Los denunciantes impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral la negativa de la Comisión de Quejas y Denuncias de emitir medidas cautelares y, mediante sentencias emitidas el 6 y el 7 de noviembre, dicha sala confirmó la negativa de esa comisión, por lo que los promocionales de los informes de los legisladores del PVEM continuaron transmitiéndose con base en la secuencia temporal antes mencionada. Debido a esas resoluciones, los legisladores del PVEM continuaron su estrategia. En los siguientes días comenzaron a transmitirse los promocionales relativos al presunto informe de labores de otro legislador, el senador Pablo Escudero, luego los del diputado Rubén Acosta y más adelante los de la diputada Gabriela Medrano. Los tres casos fueron denunciados sucesivamente por Javier Corral y por Pablo Gómez, representante del PRD ante el Consejo General, pidiendo otra vez medidas cautelares para todos los casos, mismas que fueron negadas por enésima ocasión por la Comisión de Quejas y Denuncias. Finalmente, en lo que parecía la ulterior repetición del mismo guion, la negativa a dictar medidas cautelares contra los spots del informe de labores de la diputada Medrano fue también recurrida ante el Tribunal Electoral; sin embargo, en esta ocasión la Sala Superior cambió radicalmente su criterio y revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias ordenándole, el 19 de diciembre de 2014, que se ordenara de manera inmediata la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados. El inesperado cambio de criterio se fundó en los siguientes argumentos: a) Los promocionales relativos a los informes de los legisladores deben estar referidos a la actividad individual de cada uno de ellos, y no a los logros legislativos, o de otra índole, del partido como tal o del grupo parlamentario al que pertenecen. b) Los hechos que se denuncian deben ser valorados por la autoridad electoral en su contexto y, por ello, ponderarse el impacto que tiene en otros bienes jurídicos tutelados, tales como la equidad en las contiendas electorales. c) En el caso específico, además, resulta evidente que los hechos denunciados formaban parte de una estrategia de comunicación política diseñada para burlar las limitaciones legales que

establece el artículo 134 constitucional y procurar una campaña permanente a favor del partido político a partir de actos concatenados y sistemáticos.23 Dicha sentencia marcó la pauta para la actuación del INE y de su Comisión de Quejas y Denuncias a partir de ese momento, pues no sólo se dictaron las medidas cautelares ordenadas en esa resolución, sino que en los muchos casos que se sucedieron cambió radicalmente la actitud de tolerancia que se había tenido hasta ese momento frente a la sistemática lógica de sacar provecho de conductas que transgredían las normas por parte del PVEM. Además, las resoluciones de fondo que recayeron sobre los asuntos mencionados tanto por parte de la Sala Regional Especializada del TEPJF como por el Consejo General del INE en relación con los gastos realizados (en el ámbito de la fiscalización) implicaron la imposición de sanciones económicas muy cuantiosas que se repetirían en los varios casos que la mencionada actitud contumaz del PVEM mantendría en los meses siguientes. 2) La publicidad partidista a través de Cineminutos y de otros medios de propaganda. El 29 de diciembre de 2014 Javier Corral presentó una nueva queja contra el PVEM por la difusión de la campaña “El Verde sí cumple” desplegada a través de múltiples vías publicitarias: espectaculares, anuncios en casetas telefónicas, autobuses y otros vehículos de transporte público, cartelones, inserciones en revistas, así como en promocionales conocidos como “Cineminutos” que se proyectaban antes del inicio de películas en algunas de las principales cadenas de cines del país. Todo lo anterior, se señalaba en la denuncia, implicaba una violación a las reglas de propaganda política (artículo 41 constitucional) y de la prohibición de propaganda gubernamental personalizada (artículo 134 de la Carta Magna). En esta ocasión, a la luz de los nuevos criterios establecidos por el Tribunal Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en sesión realizada el 31 de diciembre de 2014, otorgó las medidas cautelares que había solicitado el denunciante y ordenó la suspensión inmediata de la difusión de los referidos “Cineminutos”, así como el retiro de toda la propaganda fija que había motivado la denuncia. Las semanas siguientes fueron jurídicamente muy intensas. Las denuncias en contra del PVEM se sucedían una tras otra; el dictado de medidas cautelares por parte del INE ahora era recurrente; las impugnaciones en contra de las resoluciones que le resultaban adversas por parte del PVEM se presentaban sistemáticamente; la Sala Regional Especializada del TEPJF comenzó a resolver el fondo de los asuntos determinando la ilicitud de las conductas realizadas por el PVEM, aunque aplicó sanciones irrisorias, como amonestaciones públicas; los partidos que lo habían denunciado recurrieron esas resoluciones ante la Sala Superior, y ésta reiteradamente ratificó las medidas cautelares que el INE emitía y revocó las resoluciones de la Sala Especializada para que se impusieran al PVEM sanciones económicas cada vez más abultadas. En una de las múltiples sentencias que emitió la Sala Superior en contra del PVEM se sintetizó, de manera muy puntual, la lógica infractora que ese instituto político había instrumentado. Vale la pena citarla por su claridad: … esta Sala Superior advierte que la propaganda denunciada guarda identidad con el contenido de publicidad que ha sido objeto de análisis por este órgano jurisdiccional previamente (SUP-REP-19/2014, SUP-REP-21/2015 y SUPREP-76/2015), cuyos elementos comunes son los temas denominados “el que contamina paga y repara el daño”, “no más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “cadena perpetua a secuestradores”, además de las leyendas “sí cumple”, “ley aprobada” la frase “Verde sí Cumple”, los cuales en diversos momentos han sido declarados ilegales. Dichos elementos han sido característicos de la estrategia publicitaria del partido, ya que independientemente del medio en que se difundan o el sujeto que la contrate la identifique… permiten advertir una sistematicidad en la misma. En ese sentido, para este órgano jurisdiccional es claro que en la propaganda denunciada existe identidad en cuanto a sus elementos esenciales con la que ha sido previamente denunciada y analizada respecto del Partido Verde Ecologista de México, por lo que la misma se debe estudiar en el contexto de una estrategia integral y sistemática a través de la cual el instituto político denunciado ha buscado posicionarse de manera indebida frente a la ciudadanía, publicidad que estudiada integral y conjuntamente genera un uso abusivo de los medios de comunicación social, eludiendo con ella restricciones legales que trastocan los valores protegidos por el artículo 41 de la Constitución Federal. Lo anterior, ya que desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos, según consta en autos, el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.24

Durante ese periodo, las multas al PVEM comenzaron a acumularse de manera vertiginosa. Muy pronto la suma de las sanciones impuestas pasó de las decenas de millones de pesos a los cientos de millones. A ello contribuyó de manera decisiva el que, al resolver la queja en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/66/2015, el 13 de mayo de 2015 el Consejo General consideró que se

había acreditado que el PVEM había recibido aportaciones prohibidas por parte de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para la difusión de la campaña “El Verde sí cumple” a través de presuntos informes legislativos desde octubre de 2014 hasta marzo de 2015, imponiéndole, en consecuencia, una sanción equivalente a 322 millones 455 mil 711.06 pesos.25 3) El desacato a medidas cautelares. La actitud del PVEM no cambió a pesar de la serie de sanciones que se le impusieron sucesivamente, desde finales de diciembre de 2014, a lo largo de varios meses. De hecho, incumplió en un par de ocasiones las medidas cautelares que había dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Dicho incumplimiento dio origen a que el INE decidiera iniciar de oficio dos procedimientos ordinarios sancionadores. El primero de ellos se inició porque el PVEM fue omiso en realizar acciones eficaces para acatar la orden de suspender la transmisión de “Cineminutos”, así como para retirar la propaganda relativa a la campaña “El Verde sí cumple” en diversos medios publicitarios, como le había sido ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias el 31 de diciembre de 2014. El mismo concluyó con la imposición del Consejo General del INE de una sanción de más de 67 millones de pesos el 6 de marzo de 2015, misma que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral luego de que fuera impugnada por el PVEM. El segundo de los procedimientos ordinarios sancionadores mencionados se instauró en contra del PVEM por desacatar una vez más las medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió, en esta ocasión el 27 de febrero de 2015, ordenándole que realice las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para retirar la propaganda por medio de espectaculares y demás propaganda fija y colocada en los medios móviles, que contenga el logotipo del PVEM, la leyenda “El Verde sí cumple”, “Vales de medicina”, “Propuestas cumplidas” o “Propuesta cumplida”, “Vale de medicina”, así como en las que reproduzca o difunda propaganda que contenga las mencionadas frases, tales como vallas, autobuses de transporte público, parabuses, Sistema de Transporte Colectivo Metro, y en la plataforma electrónica denominada YouTube perteneciente a dicho instituto político en que se aloje propaganda de la misma naturaleza.26

El PVEM no demostró haber realizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a esas instrucciones, con lo que incurrió en una conducta ilegal reincidente. En razón de lo anterior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral decidió presentar a la consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias un anteproyecto de resolución mediante el cual se dejaban de lado las sanciones económicas que se habían reiteradamente impuesto al partido, consistentes en la reducción de hasta 50% de las ministraciones de su financiamiento público (fracción III del inciso a, párrafo 1, del artículo 456 de la LGIPE), para escalar a un siguiente nivel: la interrupción de la transmisión de la propaganda electoral en radio y televisión (fracción IV de la norma mencionada) por el tiempo restante de las campañas electorales, es decir, por 18 días. Sin embargo, en la sesión realizada el 16 de mayo de 2015 la mayoría de los miembros de la mencionada comisión rechazó esa propuesta y planteó una vez más una sanción pecuniaria, en esta ocasión por 116 millones 861 mil 465.24 pesos, que se plasmó en el proyecto que se sometió a la consideración del Consejo General. El 20 de mayo el máximo órgano de dirección del INE discutió la propuesta de sanción de la Comisión de Quejas y Denuncias, y aunque por mayoría se reintrodujo como sanción al PVEM la suspensión de su propaganda, fracasó la propuesta que algunos sostuvimos de que la misma fuera por 12 días (es decir, por los días que para entonces faltaban hasta la conclusión de las campañas electorales), y prevaleció mayoritariamente el que la interrupción durara solamente los últimos tres días de las campañas electorales. Al final, esa sanción terminó por ser meramente simbólica, pues luego de ser recurrida ante el TEPJF la Sala Superior redujo el plazo de la suspensión de la propaganda a un solo día. Ante la cantidad de irregularidades cometidas por el PVEM, el 29 de abril de 2015 un grupo de ciudadanos presentó al Consejo General del INE una solicitud para que dicho órgano determinara la pérdida de registro del partido mencionado en virtud del conjunto y magnitud de las violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y las leyes electorales en el marco de los comicios que estaban en curso. Dicha solicitud fue acompañada de más de 139 mil firmas que bajo el rubro #QuitenRegistroAlVerde fueron recabadas a través de la plataforma Change.org. En tal virtud, el Consejo General decidió, mediante acuerdo del 20 de mayo de 2015, analizar el inicio de un procedimiento de pérdida de registro del PVEM, que sería conocido por dicho órgano el 12 de agosto siguiente (sobre dicho procedimiento me referiré más adelante, en el tercero de los colofones de este capítulo). LA SALIDA DE LA MESA DEL CONSEJO GENERAL DE SIETE PARTIDOS POLÍTICOS

La reiterada conducta ilegal y desafiante del PVEM, aliado político del entonces partido en el gobierno, provocó entre las fuerzas opositoras una profunda inconformidad con la reacción tardía del INE en ponerle un alto a la actitud contumaz que ese partido sostuvo durante meses. Aun cuando desde finales de diciembre de 2014 el INE dejó de lado la tolerancia que hasta entonces había tenido y se comenzaron a tomar medidas cada vez más severas en contra del PVEM, el malestar había echado raíces entre la oposición. Ese malestar provocó una gran tensión en el seno del Consejo General, en donde reiteradamente se expresaron las protestas por la dilación del INE, y particularmente de la Comisión de Quejas y Denuncias por tomar cartas frente a las transgresiones del PVEM. La inconformidad de la oposición se materializó, además, en un hecho inédito en la historia del órgano electoral cuando el 18 de febrero de 2015 los representantes y los consejeros del Poder Legislativo de siete de los 11 partidos se levantaron de la mesa del Consejo General. La gota que derramó el vaso fue la decisión de la mayoría de consejeros electorales de posponer para una sesión posterior la discusión y aprobación de dos puntos del orden del día agendados originalmente para esa sesión. Se trataba de dos puntos centrales en la garantía de la equidad en las campañas electorales que iniciarían pocas semanas después. El primero de los acuerdos pospuestos implicaba la emisión de una serie de normas reglamentarias tendentes a garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos establecidas por el artículo 449, párrafo 1, inciso c, de la LGIPE en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo acuerdo pospuesto implicaba la solicitud del apoyo y colaboración de los titulares del Ejecutivo federal, los ejecutivos locales, presidentes municipales y jefes delegacionales, para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apegaran a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales en el marco del proceso electoral federal y los procesos electorales locales de ese año. La propuesta de posponer esos acuerdos provocó una intensa y ríspida discusión entre un grupo de consejeros, con el respaldo de los representantes del PRI y del PVEM, que apoyaban esa propuesta, por un lado, y el resto de los consejeros, así como de las representaciones y consejerías del Poder Legislativo, entre otros, del PAN, PRD y Morena, por el otro. Luego de varias rondas de debate, con seis votos a favor de la posposición y cinco en contra (entre ellos el mío como presidente del Consejo General), se decidió que ambos acuerdos fueran presentados en una sesión posterior del Consejo. Eso detonó que la oposición en su conjunto se retirara de la sesión y abandonara en protesta el Consejo General; únicamente permanecieron en la “herradura de la democracia” los representantes del PRI, PVEM y Panal. La postura de la oposición fue planteada por el senador del PAN Javier Corral: Con el propósito de informar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que como ustedes mismos lo han podido observar, hemos tomado la decisión varios consejeros del Poder Legislativo en este Consejo General y representantes de distintos partidos políticos, de retirarnos de esta sesión en signo de inconformidad y protesta por la posposición de los puntos 9 y 12 que luego se ordenaron como 1 y 2, y luego se han pospuesto, finalmente. En el proceso electoral anterior un acuerdo de neutralidad fue aprobado en junio del año 2011, incluso, 90 días antes de que iniciara el proceso electoral, ahora estamos en el mes de febrero, han pasado etapas fundamentales del proceso electoral, han pasado las precampañas y esta dilación, esta táctica dilatoria de un bloque de consejeros electorales, lo único que abona es a la inequidad de las contiendas electorales. Nos retiramos de la sesión, consejero presidente.27

Acto seguido, las representaciones de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Morena, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Humanista se retiraron de la sesión del Consejo General. Se trató de un hecho muy grave, no porque no hubiera ocurrido antes en la historia del INE el que algún partido político hubiera abandonado el espacio colegiado del Consejo General (el 16 de noviembre de 1998 el representante del PRI, en protesta porque una mayoría de consejeros decidió darle trámite a la propuesta del PRD de reabrir el análisis de los gastos de campaña del entonces partido gobernante, se retiró de la mesa y no volvió a ella sino hasta el 16 de marzo del año siguiente, tres sesiones más tarde), sino porque nunca había ocurrido que siete partidos, es decir, toda la oposición en su conjunto, lo hubieran hecho y menos aún en pleno proceso electoral federal. Ante esas circunstancias, tomé la decisión de decretar un receso en la sesión para entablar una interlocución con las representaciones partidistas y construir de inmediato las condiciones de su regreso a la mesa. Luego de una crispada e intensa reunión de alrededor de una hora en la oficina del PRD en la sede del INE, en donde se habían congregado todos los representantes de los partidos de oposición y en donde escuché, además de los reclamos, las primeras de una serie de condiciones para reincorporarse a los trabajos del Consejo General y de sus comités y comisiones, regresé a la sala de la “Herradura” para reiniciar y desahogar el resto del orden del día de esa sesión.

A partir de ese momento, y durante los días siguientes, desplegué un intenso diálogo con las presidencias de los partidos políticos a través de múltiples reuniones, por un lado, y con sus representaciones ante el INE, por el otro, para tratar de construir las condiciones que permitieran que los siete partidos políticos regresaran a la mesa. Al inicio de la siguiente sesión del Consejo General, realizada el 25 de febrero de 2015, sin la presencia aún de los siete partidos, señalé lo siguiente: La sesión pasada de este Consejo General, producto del debate y de la aprobación de la mayoría de este Consejo General para posponer la discusión y aprobación de dos Acuerdos vinculados con la materialización del principio de imparcialidad que rige las contiendas electorales, 7 de los 10 Partidos Políticos Nacionales representados en esta mesa se levantaron de la misma, se ausentaron de las comisiones y grupos de trabajo a los que por ley tienen acceso, y se pronunciaron públicamente sobre diversas decisiones tomadas por esta autoridad electoral. Abandonar la sesión del Consejo General es, a mi juicio, un hecho de la mayor relevancia para el cumplimiento del mandato constitucional y legal del Instituto Nacional Electoral y para la recreación de la vida democrática en el país; que se hayan retirado de la mesa del Consejo General provocó momentáneamente un efecto indeseable en nuestra democracia, que se interrumpiera momentáneamente el debate público entre los partidos políticos y la autoridad electoral. Los consejeros electorales no podemos ser refractarios a las inquietudes expresadas por los partidos políticos en esta mesa y en la arena pública […] Sin embargo, desde el momento mismo en que ocurrió el retiro de la mesa de 7 partidos políticos, se tendieron de inmediato puentes de interlocución; esos puentes no se han roto, y se ha procurado un intercambio de puntos de vista o consenso de los consejeros electorales, a través de la presidencia del Consejo General. La comunicación no se ha interrumpido, los puentes de comunicación han estado permanentemente tendidos y así ocurrirá, por eso, por la centralidad de esta mesa, es importante que los partidos políticos regresen a la misma […] Que se expresen los consensos y los disensos, legítimos todos ellos de los partidos políticos con las decisiones que toma esta autoridad electoral. La mesa de Consejo General no es sólo un simple espacio para el debate político; esta mesa expresa el pacto fundacional del sistema democrático de nuestro país; esta mesa sintetiza el esfuerzo de varias generaciones de mexicanos para que la democracia se practique y la deliberación que la misma supone, se dé con inclusión, de cara a la sociedad y con reglas conocidas por todos. Esta mesa, desde mi perspectiva, constituye el espacio privilegiado previsto por la Constitución Política y por la ley para ventilar en público ante los ciudadanos, todos los puntos de vista y todas las posiciones políticas existentes en el país. Con la presencia de los partidos políticos en esta mesa, el pluralismo político de México está representado plenamente y éste es el mejor espacio para que el mismo sea escuchado. Al respecto, quiero señalar que como presidente de este órgano, considero que una de mis principales funciones es escuchar a todas las partes sin prejuicios y sin fobias, así ha ocurrido en estos días y así seguirá ocurriendo; es parte del mandato constitucional y legal que corresponde a la presidencia del Consejo General, así, además lo he venido reiterando en estos siete días, con el respaldo de las consejeras y los consejeros electorales que integran este Consejo General. Hoy ratifico mi compromiso con ustedes, con todos los que están presentes y los que todavía no regresan a esta mesa, para intensificar la disposición al diálogo con la finalidad de favorecer la deliberación y las decisiones que tomemos en el Consejo General. Además, es importante subrayar dos aspectos que estuvieron presentes en estos días, en los que se interrumpió la deliberación pública con todos los partidos políticos. […] Apego a la ley y diálogo son por tanto premisas que el día de hoy refrendamos una vez más las consejeras y consejeros electorales. Estoy consciente que la intensidad de las contiendas y que las imprecisiones o vacíos en la legislación electoral, como lo relativo a la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, por ejemplo, seguirán generando tensiones en el debate en este Consejo General, pero esas tensiones y los contextos de exigencia que todos los partidos políticos presentan, expresan en ejercicio de su derecho, no solamente son bienvenidas, sino que enriquecen las decisiones de este Consejo General. Y eso es indispensable, más en momentos tan difíciles como los que está viviendo nuestro país. Las contiendas electorales, lo he dicho en otros espacios, y hoy es oportuno que lo reitere aquí, suponen dos momentos antagónicos: uno para la confrontación política, pero otro también para los acuerdos; la democracia implica deliberación y contraste, estrategias y decisiones; disensos y acuerdos; y todo ello, dentro de un marco legal que garantice equidad y canalice las diferencias de los consensos por cauces institucionales.

Como acabo de mencionar, el Instituto Nacional Electoral no debe ni puede permitirse ser impermeable e insensible a las preocupaciones de los partidos políticos, de ninguno de ellos. El Instituto Nacional Electoral debe escuchar y atender esas preocupaciones sin perder nunca de vista que la esencia de la imparcialidad como principio rector de su actuación significa que sus decisiones no pueden estar condicionadas por ningún actor político. Ésa es la naturaleza misma de un órgano, en el que todos los partidos políticos forman parte del mismo. Lo digo sin reparos y con modestia, la comunicación entre los partidos políticos, insisto, entre todos ellos, y quienes tomamos las decisiones deben aceitarse y mejorarse. No somos refractarios a la autocrítica, nos lo demanda la complejidad del proceso electoral que está en curso. El país atraviesa por momentos complicados de su vida política, social, económica e, incluso, de seguridad. Todos lo sabemos y, por ello, no podemos permitirnos que las elecciones se conviertan en un problema más, ello detonaría la irremediable erosión de la convivencia democrática entre los mexicanos. Cuidar las elecciones y los principios en los que la misma se basa, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, certeza, máxima publicidad, y de manera muy particular, la equidad en las condiciones de la competencia, no es sólo cumplir con un mandato constitucional, sino reconstruir la ruta civilizatoria que nos hemos dado para procesar nuestro pluralismo político. Por eso, no podemos obviar lo sucedido en estos días, y sin que ello signifique de ninguna manera una subordinación de esta autoridad a las pretensiones de ningún actor político, estamos en la ruta de mejorar nuestros procesos, de procurar una comunicación más fluida con todos los actores, y ratificar que el actuar del Instituto Nacional Electoral se ciñe de manera irrestricta a un actuar imparcial. No pedimos, no lo hemos hecho, no lo haremos, cheques en blanco; es importante el escrutinio, y los contextos de exigencia a la autoridad electoral son siempre bienvenidos, pero más importante es ratificar permanentemente el compromiso de todos los actores con el pacto político que encarna esta mesa, la mesa en la que de manera privilegiada se procesa la pluralidad política en la organización de las elecciones en nuestro país.28

En esa misma sesión se aprobaron sin modificaciones, además, los acuerdos cuya posposición en la sesión previa habían detonado la protesta de los siete partidos y su posterior retiro de la mesa del Consejo General. El mismo día, al cabo de la mencionada sesión, recibí un escrito suscrito por las representaciones de los siete partidos en el que se exponían 15 puntos a los que solicitaban respuesta. Entre ellos, destaco los siguientes: 1) se denunciaba la actuación de un bloque de consejeros que se habían desapegado de los principios de imparcialidad para favorecer al PRI y al PVEM, por lo que exigían el cese de esas conductas; 2) se afirmaba también que la impunidad de la que gozaba el PVEM había producido un daño irreparable a la equidad de la contienda electoral frente a la que había existido pasividad por parte de los consejeros electorales, por lo que exigían su descalificación de la competencia política; 3) se demandaba, además, la salida del titular de la Unidad de Fiscalización (que venía desde el IFE) y la presentación de una propuesta al Consejo General de quien pudiera ocupar esa área; 4) se pedía que se intensificaran las investigaciones, así como su exhaustividad por parte de la Unidad de lo Contencioso Electoral y, 5) se pedía una mayor interacción con las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo en el proceso de discusión y de construcción de las decisiones al interior del INE. Un par de días después, el 27 de febrero, di respuesta a ese oficio, señalando que los partidos políticos eran esenciales para la vida democrática del país, pues ellos representan en gran medida la pluralidad de la sociedad mexicana y son el conducto para resolver sus diferencias y los problemas que la aquejan. Por ello asumía, como presidente del INE, la responsabilidad de encontrar un cauce institucional para atender sus reclamos a través del diálogo. En ese sentido, les comuniqué tres medidas que se habían adoptado: en primer lugar, la aprobación en el Consejo General de los acuerdos sobre imparcialidad y uso de los programas sociales (que habían originado el diferendo con ellos); en segundo lugar, que había recibido y aceptado la renuncia del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien, desde que había conducido la investigación del caso Monex un par de años antes, había sido objeto de importantes críticas, y que en los días siguientes llevaría la propuesta de un nuevo responsable del área al Consejo General y, en tercer lugar, que había instruido al secretario ejecutivo y al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que todos los partidos pudieran acceder y conocer, a través de mecanismos informáticos, la información sobre el estado que guardaban las quejas y los avances de las investigaciones en curso. Para el 1 de marzo, cuando el Consejo General volvió a sesionar, cuatro de los partidos que se habían retirado, el PAN, MC, el PES y el Partido Humanista, volvieron a la mesa. En dicha sesión, en la que se presentó y aprobó el nombramiento de Eduardo Gurza como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, señalé lo siguiente: … no estamos en un momento cualquiera, esta coyuntura exige la mayor responsabilidad y la mayor seriedad de los actores que quieren que México sea y que siga siendo una nación democrática, o para decirlo de otro modo, el proceso electoral es uno de los muy pocos elementos que pueden producir confianza, participación amplia e inyectar aire fresco en la sociedad mexicana, el proceso electoral es parte de la solución a nuestras

crisis, una oportunidad para discutir y decidir el país al que aspiramos y queremos ser, una vía hacia un futuro menos ominoso que el presente. Que las elecciones sean la parte de la solución depende de nosotros, de las autoridades electorales, pero, también de manera muy importante de los partidos políticos, y es aquí donde deseo detenerme para hacer un énfasis. No tiene ningún sentido institucional ni político, negar la importancia de que siete partidos políticos hayan, hace algunos días, abandonado la herradura del Consejo General. Es un hecho, como lo he sostenido, que lamento y que he intentado resolver desde el primer minuto en que estos partidos abandonaron la sesión. No sólo porque estoy obligado legalmente a preservar la unidad del Consejo General, sino porque su presencia, es, ha sido y será siempre necesaria para la discusión, para equilibrar los acuerdos y, sobre todo, para constatar y verificar que el entramado electoral está bien hecho. La presencia de los partidos políticos en la autoridad electoral desde el momento mismo de su conformación en 1990 supuso que ustedes estuvieran aquí, precisamente para auditar, para acompañar, para vigilar todas y cada una de las decisiones y poder, por la vía jurisdiccional, impugnar todas aquellas, insisto, todas aquellas con las que alguno de ustedes no esté de acuerdo. El principal trabajo de la autoridad electoral es generar los consensos en torno a cada pieza, a cada eslabón de la elección, por eso importa tanto su revisión y presencia no hay mejores ni más eficaces testigos y fiscales del proceso que los partidos políticos. Como todos saben, en el Instituto Nacional Electoral todo está a discusión a evaluación e incluso, impugnación y los partidos políticos cuentan con todas las garantías materiales y legales para ello. Esta semana, conocimos los 15 puntos que resumen el malestar de los partidos que abandonaron el Consejo General y creo que todos, absolutamente todos, pueden ser atendidos y aclarados con la misma mecánica en los circuitos internos de la institución, comenzando por esta mesa. […] Permítanme hacer una convocatoria a todos los partidos políticos, a los 10 partidos políticos nacionales, a renovar el compromiso democrático, a revisar y a atenernos estrictamente a la ley, aceptar los errores y corregir anomalías lo más pronto posible. Es una convocatoria para que mandemos todos una señal de concordia, justo en estos tiempos difíciles de irritación y desconfianza, incluso, respecto de la política. Lo dije y lo reitero, sólo a las corrientes más antidemocráticas conviene la interrupción del diálogo y de los trabajos en el Instituto Nacional Electoral y la suspensión de las elecciones. Estoy convencido que restablecer la plenitud del Consejo General es nuestra mutua obligación. Todos los consejeros vamos a redoblar esfuerzos para que así sea. Los convoco de aquí en adelante a una conversación abierta, todo lo franca que sea posible y todo lo ríspida que sea necesaria, pero que necesita hoy más que nunca la recreación de nuestro pluralismo y la confianza colectiva en el futuro político y pacífico de nuestra nación. Quiero agradecer que en ningún momento se haya interrumpido la disposición al diálogo en estos días por parte de ninguno de los 10 partidos políticos. Han sido días de una intensa interlocución con todas las fuerzas políticas en lo individual y en lo colectivo por parte del Instituto Nacional Electoral y de su presidencia. Reconozco el paso adelante de los cuatro partidos políticos que hoy se reincorporan a esta importante sesión en donde, como decía, se tiene previsto designar al nuevo titular de la Unidad de Fiscalización. Su reincorporación, sin duda, refuerza a esta institución de la que todos los partidos políticos son parte y un componente fundamental. Somos respetuosos de los planteamientos de quienes aún no regresan a esta mesa, lo he venido diciendo con insistencia en estos días, la autoridad electoral no debe, no puede ser refractaria e insensible a las preocupaciones y posiciones de ninguno de los partidos políticos; sin embargo, confío en que pronto se establezca la normalidad plena de los trabajos de este máximo órgano de dirección. La responsabilidad compartida de cuidar a nuestra democracia en los frágiles momentos de convivencia pacífica que vive nuestra sociedad nos lo demanda a todos.29

El 5 de marzo de 2015 los tres partidos restantes (PRD, Morena y PT) anunciaron públicamente que se reincorporaban a las tareas del Consejo General, y al día siguiente el máximo órgano de dirección del INE volvió a sesionar con la presencia de todos los representantes de los partidos políticos nacionales. No sin tensiones, pero gracias a la interlocución con todas las fuerzas políticas, al diálogo y a la construcción de consensos (gracias a la política, para decirlo en breve), se cerró así uno de los momentos más complicados en la historia del INE.

LA INÉDITA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y EL INTENTO DE BOICOT DE LAS ELECCIONES

A los desafíos propios de echar a andar una reforma con la complejidad de la de 2014 y la falta de referentes previos que pudieran servir de orientación para la activación de muchas de las nuevas atribuciones, debe sumarse otro hecho que probablemente fue el principal desafío que enfrentó la democracia mexicana durante el proceso electoral 2014-2015: la creciente y desbordante conflictividad social que, como nunca en el pasado reciente, puso en riesgo la viabilidad misma de la elección en buena parte del país. El gobierno de Enrique Peña Nieto había comenzado con éxito político, al concretar grandes acuerdos políticos y conseguir en muy poco tiempo una serie de reformas (estructurales, se les llamó) en un amplio abanico de temas, de las que la reforma electoral de 2014 formó parte. Sin embargo, tres hechos convergieron creando un inesperado y complicado escenario que acabaría marcando ineludiblemente el resto del sexenio y de paso el contexto en el que las elecciones de 2015 terminarían por llevarse a cabo. En primer lugar, las protestas magisteriales de varias secciones agrupadas en la CNTE, disidentes de la dirigencia magisterial del SNTE que había acompañado al gobierno en las negociaciones y en el sentido de la reforma educativa, quienes se oponían rotundamente a la instrumentación de dicha reforma y, específicamente, a los mecanismos que la misma establecía para el otorgamiento de plazas por concurso y a la evaluación docente. Las más aguerridas de las secciones opositoras a las nuevas normas educativas fueron las de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que expresaron su inconformidad con importantes y permanentes movilizaciones públicas (marchas, plantones, bloqueos, mítines y un sinfín de acciones de inconformidad social). En ese contexto, muy rápidamente las elecciones de 2015 se convirtieron en objeto de esas acciones de protesta, a través de la amenaza reiterada de impedir su realización si no se daba marcha atrás en la reforma educativa. El INE y su personal de campo —en particular los miembros de la estructura ejecutiva y administrativa en los órganos delegacionales locales y distritales, así como los capacitadores-asistentes electorales (CAE) y los supervisores electorales (SE)—, acostumbrados a lidiar con una serie de complejidades como los fenómenos climáticos adversos, las dificultades de las vías y medios de comunicación deficientes, la apatía y el descontento ciudadano y la inseguridad que asola muchas zonas del país y en donde la presencia de la autoridad del Estado y la vigencia del Estado de derecho son promesas no concretadas, ahora tenían que enfrentarse a una serie de amenazas, muchas veces cumplidas a través de agresiones directas, “confiscación” o destrucción de materiales electorales y hasta de vehículos, vejaciones y retenciones, entre otros. Bien pronto se difundió y cobró carta de naturalización entre esos movimientos sociales el asumir como justificado y legítimo el discurso contra las elecciones y las consecuentes acciones encaminadas a boicotearlas, incluso de manera violenta, en algunas zonas del país, de no dar el gobierno marcha atrás en la instrumentación de los cambios constitucionales en materia educativa. El segundo hecho que marcaría un antes y un después fueron los ominosos acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ese evento inaceptable cimbró al país y al gobierno y se convirtió en la cara más trágica e intolerable de la violencia, de la impunidad y de la crisis del Estado de derecho y de los derechos humanos en el país. Los hechos y la condena e indignación social generalizada bien pronto se tradujeron en importantes manifestaciones de protesta y de demanda de justicia a lo largo y ancho del territorio nacional. La titubeante y poco convincente respuesta del gobierno federal, que atrajo las investigaciones relevando en la práctica de toda responsabilidad a las autoridades del estado de Guerrero, exacerbó los ánimos de amplios sectores sociales que empezaron a dirigir sus críticas contra la actuación de las instancias ministeriales federales y, al fin y al cabo, al gobierno de Peña Nieto. Las contradicciones entre los resultados públicos de las indagatorias de las autoridades mexicanas y los que preliminarmente arrojaron las del Comité de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enrareció aún más el ambiente. En breve tiempo, las protestas de los familiares de los jóvenes desaparecidos y de los grupos de apoyo que se articularon en torno a ellos fueron adoptadas también por los grupos de maestros opositores a la reforma educativa, particularmente por los integrantes de la CETEG, alineados con la CNTE, y por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), con lo que, a las amenazas de impedir las elecciones si no daba marcha atrás la reforma educativa, se sumó la demanda de justicia por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. A lo largo de todos los meses que implicó la organización del proceso electoral, prácticamente desde su inicio a principios de octubre de 2014, el personal del INE en Guerrero tuvo que enfrentar un ambiente sumamente tenso y adverso. La toma de las instalaciones distritales por grupos de manifestantes se convirtió en una práctica recurrente, particularmente en Chilpancingo, la capital del estado, y en Tlapa de Comonfort, la entrada a la región de La Montaña. En una lógica de empatía con los movimientos de protesta y con la demanda de justicia que enarbolaban, en varias ocasiones diversas instancias del INE (desde los órganos colegiados en el estado de Guerrero y a nivel nacional tanto el Consejo General en cuanto órgano, como los consejeros en lo particular) se pronunciaron clara y abiertamente por el esclarecimiento pleno de los hechos y por el castigo a los responsables.30

Un tercer elemento, que vendría a sumarse a los anteriores en una oleada de indignación pocas veces antes vista en el país, fue la revelación periodística de la adquisición de una mansión en las Lomas de Chapultepec (la llamada “Casa Blanca”) realizada por la esposa del presidente Peña Nieto a un contratista del gobierno federal. Más allá de la exoneración que las autoridades responsables de combatir los actos de corrupción hicieran a la postre del caso, el escándalo que trajo consigo contribuyó a complicar más el escenario político, de por sí sumamente convulso, que estaba sirviendo de contexto para las primeras elecciones a cargo del INE. Si bien el enrarecido ambiente social prevaleció durante muchos meses, pues las protestas por los hechos de Iguala adquirieron una escala nacional (el día 26 de cada mes se convirtió en una fecha simbólica en la que sucedían marchas y concentraciones en demanda de justicia, muchas de ellas encabezadas por las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, en diversas ciudades del país), y los bloqueos y manifestaciones de la CNTE contra la reforma educativa tuvieron un carácter casi permanente en Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, fue en realidad en esta última entidad en donde las tareas de organización de la elección se vieron constantemente comprometidas desde prácticamente el inicio del proceso electoral. Las instalaciones distritales del INE se convirtieron en uno de los objetivos principales de las movilizaciones, con tomas recurrentes, cierres simbólicos y amenazas a los trabajadores del instituto para que no siguieran adelante con los trabajos de organización de la elección. Si bien las acciones de protesta se concentraron de manera particular en la capital y la cabecera municipal de Tlapa, las agresiones contra el personal del INE ocurrieron en varias zonas del estado. Las manifestaciones de inconformidad social muy pronto congregaron una serie de demandas múltiples y variadas, desde temas con un alcance nacional, como la oposición a la reforma educativa y la indignación y clamor de justicia por la desaparición de los 43 normalistas, hasta asuntos locales y de coyuntura específica, como demandas de seguridad en algunas comunidades, respeto y reconocimiento a policías comunitarias o la adopción de sistemas normativos internos (usos y costumbres) para el ejercicio del gobierno municipal en algunos casos (como ocurrió en Ayutla de los Libres). Sin embargo, a pesar de la diversidad de reclamos y demandas, todas esas expresiones de inconformidad coincidieron en asumir que impedir las elecciones era una manera válida de luchar por sus objetivos. El INE tuvo que entrar en una difícil y no siempre exitosa lógica de interlocución y diálogo con las diferentes organizaciones sociales en el estado, tratando de convencerlas de que la ruta de impedir las elecciones lejos de permitir alcanzar los objetivos, muchos de ellos absolutamente legítimos, que se perseguían con los reclamos, en realidad erosionaban las conquistas democráticas y abonaban el terreno para la proliferación de voces y expresiones autoritarias. La postura del INE podía resumirse de la siguiente manera: “Si la amenaza del boicot a las elecciones pasa de la mera amenaza retórica, corremos el riesgo de echar por la borda los avances democráticos que ha logrado el país… [Hoy el nuestro es] un sistema electoral que tiene que hacer las cuentas con una serie de resabios históricos, culturales, económicos e incluso políticos, que trascienden a una agenda netamente electoral pero que es indispensable atajar para poder consolidar una democracia menos desigual”.31 El objetivo fue siempre el de mantener, en la medida de lo posible, abiertos los canales de comunicación y tratar de explicar cuál era nuestra esfera de competencia y, por ende, las limitaciones institucionales para poder atender las distintas demandas que se planteaban, encauzar a los diversos movimientos con las autoridades competentes y, en su caso, acompañar sus peticiones. Pero, además, siempre se trató de explicar y hacer comprender que la vía de interrumpir la lógica y los ciclos democráticos de elecciones periódicas, lejos de resolver los problemas que inspiraban esas movilizaciones de protesta, agregarían un componente adicional que abría la puerta a una espiral de bloqueo, falta de canales de entendimiento y, finalmente, de soluciones violentas. En ese sentido, durante el proceso electoral 2014-2015 el INE tuvo que convertirse en una especie de mediador con múltiples actores sociales, es decir, asumir un inédito y desconocido rol de interlocución social que tuvo que desplegarse de manera paralela a la per se complicada tarea de organizar elecciones con un novedoso marco legal. En Guerrero resultó fundamental el papel que jugaron en la interacción con los diversos grupos sociales los consejeros electorales del consejo local, personalidades todas ellas reconocidas en el estado y con arraigo y ascendencia social, así como el vocal ejecutivo local David Delgado. En ocasiones el INE fue exitoso en esa interlocución, en otras no. Y fue en estos casos en los que la viabilidad de las elecciones se llevó al límite. En Tlapa de Comonfort los intentos por frenar la realización de la elección fueron recurrentes y con acciones cada vez más agresivas. El 20 de diciembre de 2014 miembros del MPG retuvieron durante varias horas a los consejeros electorales del distrito 05 —con cabecera en esa ciudad— cuando se disponían a realizar exámenes para la contratación de capacitadores y supervisores electorales, hasta que no se determinó la suspensión de las evaluaciones, una situación que se sumaba a la suspensión de dicho examen en el distrito 09 (Chilpancingo) que se había decidido unos días antes por no tener tampoco las condiciones de seguridad necesarias.32 Unas semanas después, el 20 de enero de 2015, integrantes del MPG en Tlapa nuevamente actuaron en contra del INE cuando irrumpieron en una sesión del Consejo Distrital que se realizaba en una sede alterna, pues las instalaciones de la Junta Distrital habían sido tomadas días antes. Los integrantes del

Consejo Distrital fueron retenidos otra vez luego de que los agresores amagaran con incendiar la casa en donde sesionaban y, con amenazas, fueron trasladados a la plaza central de la ciudad en donde fueron obligados a un “diálogo” en el que se les exigió que públicamente se manifestaran en contra de las elecciones y se comprometieran a no volver a sesionar. Sólo entonces fueron liberados.33 Más tarde, el 4 de abril, un nuevo episodio se sumó a la escalada de actuaciones contra la realización de las elecciones. Ese día dos funcionarios del INE, el vocal ejecutivo del distrito, Salvador Basurto, y su auxiliar, Alberto Lirio González, fueron detenidos y llevados a la sede del Ayuntamiento, tomada por el MPG, en donde se pretendió que Basurto firmara un documento en el que se comprometiera a no realizar actividad electoral alguna. Ante su negativa, los activistas decidieron llamar a la policía comunitaria para que los funcionarios electorales fueran sometidos a un “juicio popular” y llevados a la “cárcel comunitaria” de Espino Blanco en el municipio de Malinaltepec para ser “reeducados”. Luego de un enfrentamiento con un grupo de jóvenes, familiares y trabajadores del INE en las afueras del Ayuntamiento, Salvador Basurto logró escapar, no así Alberto Lirio González, quien fue golpeado y llevado a la mencionada cárcel comunitaria.34 Si bien González fue liberado el día siguiente gracias a la interlocución que de inmediato estableció el INE a través de múltiples canales con el MPG y con la intermediación del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el episodio ilustra los inéditos niveles de tensión que el conflicto social alcanzó en esa zona en donde, sobra decir, los candidatos de los partidos políticos prácticamente no pudieron realizar actividades de proselitismo durante el periodo de campaña. Sin embargo, las labores de organización de la elección continuaron a pesar del ambiente hostil. Como parte de las estrategias para poder avanzar en las etapas del proceso electoral, todas las juntas distritales de Guerrero, y varias en distintas partes del país en donde las protestas sociales amenazaban con impedir el desarrollo de la función electoral, recibieron la instrucción de encontrar y habilitar sedes alternas para poder continuar, en caso de desalojo, los trabajos de los consejos distritales. En algunos casos, como en el ya mencionado de Tlapa, Guerrero, la toma de las instalaciones se convirtió en permanente y eso obligó al consejo de ese distrito a sesionar de manera prácticamente clandestina y sin una sede fija hasta que, con la llegada de los materiales electorales, se habilitó una bodega a las afueras de la ciudad como recinto alterno, en donde se desplegó una fuerte presencia militar. La ley dispone que la salvaguarda y el cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional (artículo 216, párrafo 1, inciso d), por ello la producción de esos documentos electorales, su traslado y resguardo, si bien son una responsabilidad legal del INE, son todas ellas actividades que cuentan con el respaldo y acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. De hecho, de cara a cada proceso electoral federal, se tienen que acondicionar dormitorios, cocina y baños en las instalaciones de cada una de las 300 juntas distritales para el personal militar que cumple con esa función que, usualmente, es un pelotón (10 soldados y un oficial) en cada junta. Sin embargo, vista la conflictiva situación en Guerrero, la presencia militar para la protección de la documentación electoral se incrementó en prácticamente todos los distritos. Vale la pena señalar que la función legal de las fuerzas armadas durante las elecciones no es la salvaguardia de las instalaciones y el personal del INE, sino expresa y exclusivamente de las boletas electorales. En ese sentido, la presencia del personal militar en las sedes del instituto se despliega hasta el momento en que esos documentos se reciben y resguardan, lo que ocurre en las semanas previas a la jornada electoral. El despliegue militar, por obvias razones, si bien no supuso incidentes directos, sí incrementó la tensión que implicaban las manifestaciones y las protestas que realizaban las organizaciones sociales movilizadas en contra de la realización de las elecciones. Interludio 1: La reunión con los padres y madres de los 43 El caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tuvo un impacto nacional e internacional sin precedentes. La barbárica brutalidad de los hechos, la evidenciada complicidad de las autoridades municipales y locales con los grupos de la delincuencia organizada, las controvertidas indagatorias conducidas por las autoridades ministeriales, las contradicciones que pusieron sobre la mesa los integrantes del grupo de expertos de la CIDH, entre otros hechos, enrarecieron profundamente el ambiente político y social y provocaron múltiples expresiones de solidaridad con las víctimas, así como una gran indignación pública. Como mencioné antes, el caso bien pronto provocó que la demanda de justicia y de presentación de los jóvenes desaparecidos que enarboló el movimiento encabezado por los familiares de los estudiantes, bajo la consigna de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, concitara la solidaridad y, al cabo, la confluencia de otras movilizaciones y de otras causas. Con el paso de las semanas, el planteamiento de impedir las elecciones también se asoció con la demanda de esclarecer los inaceptables hechos de Iguala y la aparición de los estudiantes, exigida por los familiares de los normalistas. No fueron pocas las muestras de empatía con ese movimiento y la legitimidad de sus exigencias que se hicieron desde el INE a través de múltiples pronunciamientos. Sin embargo, las movilizaciones siguieron planteando la presentación con vida de los 43 estudiantes como condición para permitir la instalación de las casillas.

El movimiento de padres y madres de los normalistas decidió acudir a las instalaciones centrales del INE en la Ciudad de México el 26 de marzo de 2015 y reunirse con los consejeros del instituto. Se trató de

una reunión intensa y dramática pero muy respetuosa en la que los altos funcionarios del INE recibimos a una comitiva de 20 familiares. En ella, primero se expresaron los posicionamientos del movimiento en voz de Melitón Ortega (tío de uno de los jóvenes desaparecidos y vocero del movimiento), quien además entregó un documento en el que oficializaban una serie de planteamientos y demandas, entre ellas el que las autoridades locales en Guerrero se eligieran a través de usos y costumbres y no a través de elecciones; luego, una a una se narraron las desgarradoras historias y reclamos en voz de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos y, al final, escuchamos las palabras de un joven estudiante, compañero de los normalistas, quien cerró las intervenciones de los visitantes comentando el contraste que le producía el entusiasmo con el que hacía poco había tramitado por primera vez su credencial para votar con fotografía, con el desencanto con la democracia que para él suponía la desaparición de sus compañeros. En las intervenciones de las madres y los padres presentes se apuntaban reclamos al gobierno federal y en particular al presidente Peña Nieto —el jefe del INE, se dijo—, el recordatorio de la importancia que para la formación de cualquiera tenían los maestros (justo la profesión para la que se formaban sus hijos en la Normal de Ayotzinapa), el que sus hijos estudiaban en una escuela pública porque carecían de recursos para una educación privada, así como el reclamo de que, presuntamente, los funcionarios del INE habían visitado a uno de los familiares de los normalistas para notificarle que el joven desaparecido había sido sorteado para ser funcionario de casilla en la elección en curso, lo que era una desatención, si no una burla, frente al dolor de las víctimas. Se trató de relatos dramáticos e impactantes. Los consejeros habíamos decidido dar una respuesta única a la comitiva de padres y madres y me correspondió, como presidente del instituto, hacer uso de la palabra en nombre mío y de mis compañeros. Inicié mi intervención señalando que el INE les daba la bienvenida a ellos y al diálogo permanente con todos los actores políticos y sociales del país y mencionando la importancia de construir puentes de entendimiento para buscar consensos con todas las posturas y soluciones a los legítimos reclamos que provenían de la sociedad. Además, señalé la solidaridad y la empatía con la que el INE veía sus demandas, mismas que habíamos expresado reiteradamente los consejeros electorales en nuestros posicionamientos públicos desde meses atrás. Expliqué que el INE era un ente autónomo y que, por lo tanto, no dependíamos del gobierno federal ni éramos responsables de sus decisiones. También mencioné que, en lo personal, había tenido el privilegio, por una afortunada decisión de mis padres, de estudiar a lo largo de toda mi formación en escuelas públicas y que yo mismo era maestro en la UNAM e hijo de maestros en la misma Universidad Nacional, con lo que el respeto y aprecio por el magisterio, como profesión, era parte consustancial de mi formación y desarrollo profesional. Además, señalé que si bien era cierto que cuatro de los jóvenes estudiantes habían sido insaculados para ser funcionarios de casilla, nos habíamos percatado de ese hecho porque una de nuestras capacitadoras electorales, familiar de uno de los normalistas, había identificado su nombre en una de las notificaciones que debían ser entregadas y, en consecuencia, advirtió del hecho a las autoridades del Consejo Distrital 7 en Chilpancingo (que tiene jurisdicción en el municipio de Tixtla, en donde se ubica la Normal Isidro Burgos), quienes decidieron, luego de identificar que otros tres estudiantes desaparecidos habían resultado sorteados, no entregar las notificaciones correspondientes. De ese modo, la visita a los domicilios de los cuatro jóvenes normalistas insaculados no ocurrió en realidad, aunque la capacitadora del INE sí había comentado el hecho con los familiares, con lo que la noticia errónea de la visita domiciliaria se había incluso difundido por la prensa.35 Les expliqué que la única manera por la que el INE puede dar de baja a un ciudadano del padrón electoral es por orden de un juez al determinar su sujeción a un proceso penal, o bien por fallecimiento, y que para el INE los jóvenes normalistas estaban desaparecidos, no muertos, por lo que sus nombres seguían registrados en dicho padrón y, por lo tanto, podían haber sido insaculados, como en los hechos había ocurrido en cuatro casos. Por lo que hacía a la demanda de sustituir las elecciones de las autoridades locales por designaciones mediante el mecanismo de usos y costumbres —o sistemas normativos internos—, les comenté a los padres que esa decisión no la podía tomar el INE, sino que le correspondía constitucionalmente al Congreso de Guerrero, pero que el INE transmitiría su petición a dicho poder y manifestaría su simpatía y acompañamiento.36 Al cabo de la reunión, el INE asumió el compromiso con los padres y madres de los normalistas de responder el escrito que habían presentado de manera formal en los días siguientes y de mantener abiertas las puertas del diálogo todas las veces que lo consideraran necesario. El 7 de abril los 11 consejeros electorales del INE dimos respuesta al documento que nos habían entregado en la reunión relatada. En dicha misiva, entregada, como se nos había solicitado, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señalamos: Como todos los mexicanos, nosotros desde el INE hemos acompañado su reclamo de que se haga justicia y se castigue con todo el peso de la ley a todos los responsables de los inaceptables hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados.

En ese sentido, sin demeritar el contexto tan doloroso y complejo que ustedes como padres y madres están enfrentando, las elecciones son la vía que nosotros nos hemos dado en nuestro país para que sean las y los ciudadanos de Guerrero y no otros poderes no electos los que decidan quiénes han de gobernarnos. […] Las amenazas de impedir las elecciones suscitan preocupación porque pueden generar focos de conflicto que podrían afectar a la población en su conjunto. La violencia de ninguna manera contribuye a tener un país más justo y libre. Nosotros consideramos que su reclamo como padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y el trabajo de miles de ciudadanos que se realiza en el INE no deben rivalizar ni contraponerse; las elecciones son una oportunidad para identificar los pendientes en materia política y, a partir de un debate abierto e incluyente, construir alternativas para su solución. El día de las elecciones todos los mexicanos somos realmente iguales y el voto de cada uno vale exactamente lo mismo, así sea de una mujer o de un hombre, de un campesino o de un empresario, de un estudiante o de un obrero. Esa igualdad que nos dan las elecciones no debemos cancelarla. Nuestro país no será más justo sin elecciones, si le quitamos a las personas su derecho al voto. Estamos convencidos de que las voces que ustedes han levantado, la valiosa solidaridad que han movilizado, las conciencias que han despertado por un México sin violencia y justo, deberían servir para que nuestro país sea más y no menos democrático. […] Les invitamos a que su valiosa voz ayude a tener unas elecciones más vigiladas, más exigentes a los candidatos, más severas contra la simulación, es decir, genuinas y al servicio del pueblo. Les invitamos a construir a través de esta vía el futuro del país que queremos vivir.

Si bien en dicho escrito les reiteramos nuestra intención de volver a reunirnos, los representantes de los padres de los 43 estudiantes no procuraron el encuentro al que desde el INE estábamos dispuestos. Por otra parte, aunque en entrevista uno de los abogados cercanos al movimiento de familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, señaló que en Guerrero existía un clima adverso para la realización de las elecciones,37 lo cierto es que a partir de entonces el impedir la realización de las elecciones dejó de formar parte de su agenda de demandas. Incluso vale la pena señalar que de cara a las elecciones extraordinarias en el municipio de Tixtla, realizadas el 29 de noviembre de 2015, luego de que el TEPJF anulara las elecciones ordinarias del 7 de junio de ese año porque había dejado de instalarse la mayoría de las casillas (en dichas elecciones se logró instalar apenas 20% de las mesas de votación previstas), el movimiento de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos se manifestó por la realización de los comicios a pesar de que algunos grupos pretendían nuevamente impedirlos. Interludio 2: La llamada El 23 de abril de 2015, mediante una “operación hormiga”, alrededor de un centenar de personas ingresó a las instalaciones centrales del INE so pretexto de diversos trámites; así, el grupo denominado Gubernatura Indígena Nacional inició en la explanada del instituto un acto de protesta en el que exigían ser recibidos por las autoridades del órgano electoral. El director de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto, Patricio Ballados, recibió a los manifestantes en el auditorio del INE para conocer y atender sus demandas, ahí retuvieron al funcionario y amenazaron con no liberarlo hasta que el presidente del instituto los recibiera. Luego de un par de horas de negociación, se acordó que al día siguiente recibiría personalmente a una comisión de representantes de esa organización. El viernes 24 de abril tuvo lugar esa reunión, encabezada por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostentaba como gobernador de los pueblos indígenas del país (más adelante tuvimos conocimiento de que, se decía, tenía vínculos con la Confederación Nacional Campesina, una de las organizaciones corporativas del PRI en el Estado de México). Su exigencia era que, como compensación por la explotación, abusos e invisibilidad de la que habían sido objeto los pueblos originarios del país, el INE les entregara diputaciones federales. Incluso me presentaron un escrito en el que se plasmaba su planteamiento. Les expliqué que tanto la Constitución como la legislación electoral señalaban expresamente que la única vía para acceder a espacios a la Cámara de Diputados era mediante el voto popular a través de candidaturas postuladas por los partidos políticos o bien de la novedosa figura de las candidaturas independientes, pero que, para esas alturas, por lo avanzado del proceso comicial, la única posibilidad que tenían era que algún partido sustituyera a alguno de sus candidatos para postular a miembros de su organización. Su respuesta fue que no querían nada con los partidos y que era una responsabilidad del instituto cumplir con la deuda histórica frente a los pueblos indígenas, con su derecho constitucional a la libre representación y con los compromisos internacionales del Estado mexicano, otorgándoles diputaciones federales. Les expliqué entonces que el INE no podía apartarse del mandato legal a menos que el Tribunal Electoral o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en cuanto órganos facultados para controlar la constitucionalidad de sus decisiones) determinaran lo contrario, pero que el documento que me habían

presentado no representaba una petición formal en los términos establecidos por el artículo 8 constitucional, por lo que les sugerí que, con la asistencia de uno de los asesores de la presidencia del INE, reformularan su escrito para estar así en grado de poder darles una respuesta oficial que pudiera servirles como base para una impugnación ante las instancias jurisdiccionales mencionadas y, finalmente, frente a instancias internacionales, lo cual ocurrió tal como se les propuso. Fue una reunión larga en la que insistieron en que el INE debía asignarles directamente diputaciones, o bien, en su defecto, crear una circunscripción indígena para que ellos pudieran elegir a sus representantes populares sin tener que recurrir a los partidos políticos o a las candidaturas independientes. Frente a los señalamientos de imposibilidad por parte del INE para atender su petición, porque todas ellas requerían que se cambiara el marco constitucional y legal vigente, alguno de los asistentes sugirió que el INE les entregara algún tipo de “apoyo” que les permitiera calmar el enojo y molestia de sus representados, los integrantes de los pueblos originarios del país; situación que también fue rechazada por nuestra parte. Luego de las explicaciones que les expuse, otro de los asistentes, Mauricio Mata Soria, quien se ostentó como “gobernador de la nación chichimeca”, amenazó con que, si el INE no les entregaba las diputaciones que ellos pedían, no permitirían que se llevaran a cabo las elecciones que estaban en puerta. Luego de un intenso y prolongado diálogo, y una vez que me entregaron su petición reformulada, se acordó la ruta que seguiría su solicitud (una respuesta en sentido negativo a sus planteamientos que pudiera ser objeto de impugnación jurisdiccional) y con el compromiso de mantener la comunicación y el diálogo, los dirigentes de la Gubernatura Indígena Nacional se retiraron. Al cabo de la reunión sostuve una llamada telefónica con el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, en la que le relaté el complejo y en ocasiones ríspido encuentro. Lamentablemente, no escatimé en expresiones groseras y de mal gusto al referirme a mis interlocutores, en particular a uno que, al expresarse, simulaba la pronunciación de quien no domina el español; pasando por alto las advertencias que varios me habían hecho en el sentido de que en México el espionaje telefónico es una práctica que, dados los altos índices de impunidad imperantes, es difundida y recurrente. Lo obvio ocurrió: estaba siendo espiado y mis comunicaciones telefónicas eran intervenidas y grabadas. Unas semanas después, la noche del 18 de mayo, buscando en internet las reseñas de las declaraciones que había hecho durante ese día, me topé con un video en YouTube titulado “Lorenzo Cordova [sic] espiado discrimina a pueblos indígenas”, se trataba de una pieza que, para ese momento, contaba con apenas una decena de reproducciones y en la que se reproducía parte de la llamada telefónica que casi un mes antes había tenido con el secretario ejecutivo. La mañana siguiente, el 19 de mayo, recibí la llamada de un familiar que me comentaba que un amigo suyo, quien trabajaba en un conocido semanario político, le había comentado que desde el día anterior las redacciones de varios medios tenían un audio muy delicado en el que se me exhibía en una situación altamente comprometedora. Ante la gravedad del asunto, reuní a mi equipo más cercano, le compartí el video con el audio de la intervención telefónica aludida, y preparamos un plan de respuesta. Curiosamente, los noticieros matutinos no reportaron el hecho, y fue hacia las 12:30 horas cuando estalló la noticia. Luego de conceder algunas entrevistas en los noticieros de mayor audiencia del mediodía explicando que había sido objeto de un acto de espionaje ilegal, de reconocer lo desafortunado de mis expresiones en una conversación privada y de ofrecer una disculpa pública por mis dichos a quienes pudieran sentirse agraviados por ellos, decidí convocar a una rueda de prensa en la que pudiera exponer mi postura institucional. Para entonces las redes sociales eran un hervidero. En un abrir y cerrar de ojos el video referido tenía decenas de miles de reproducciones y la noticia se esparcía haciendo énfasis no tanto en el hecho de que el presidente del INE en pleno proceso electoral había sido espiado y cuestionando las razones y la autoría del hecho (el cual considero grave), sino más bien en las desafortunadas expresiones y el carácter discriminatorio con el que me refería a mis interlocutores de la reunión antes mencionada. Sin duda se trató de una acción bien concertada y planeada. Por un lado, se me exponía públicamente como alguien insensible con la causa indígena y como un discriminador, cuando una de mis líneas de trabajo como académico y uno de los ejes de mis publicaciones habían sido, además de la democracia y las cuestiones electorales, los derechos fundamentales como mecanismos de defensa de las minorías frente a los poderes públicos y privados. Por otro lado, llama la atención que el momento en que se filtró esa grabación producto de una intervención ilegal de mis comunicaciones telefónicas fue justamente el día previo a que en el Consejo General se discutiera la sanción al PVEM con motivo del segundo desacato a las medidas cautelares en relación con los “Cineminutos” y la propaganda alusiva a la campaña “El Verde sí cumple”, lo que había puesto sobre la mesa la disyuntiva que debía dirimir el Consejo General respeto a una multa de grandes proporciones, o bien la inédita suspensión de la propaganda de ese partido en radio y televisión por el resto del proceso electoral que algunos consejeros sosteníamos como necesaria (episodio al que he hecho referencia en “La contumacia del PVEM” del presente capítulo). Finalmente, llamaba la atención que, si por mis modestos medios personales había descubierto que se había filtrado en un video de YouTube una grabación obtenida ilegalmente, es decir, como resultado de un delito, las autoridades correspondientes no hubieran actuado oportunamente.

En la conferencia de prensa que ofrecí ese día (19 de mayo de 2015) por la tarde, leí el siguiente comunicado: Muy buenas tardes, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Este mediodía se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de una llamada telefónica privada que sostuve con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el pasado 24 de abril. En esa conversación privada —insisto— obtenida ilegalmente, hice alusión a una reunión celebrada en las instalaciones del instituto ese mismo día. Al teléfono me referí, de manera desafortunada y poco respetuosa, hacia uno de los interlocutores de aquella reunión. Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca, y sin rodeos, a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos y filtrados indebidamente a la opinión pública. Mi respeto a los derechos indígenas y hacia toda minoría ha sido patente a lo largo de mi trayectoria como académico y como servidor público. Debo decir que, como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral lamento mucho que, a unos días de celebrarse la jornada electoral, se intente desprestigiar mediante recursos ilegales a esta institución del Estado mexicano por ejercer, a través de sus decisiones, su autonomía. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes a todos ustedes.

Ese mismo día presenté la denuncia penal correspondiente ante la otrora Procuraduría General de la República por el delito de intervención de las comunicaciones privadas, consciente de que, ante una práctica tan difundida, era muy probable que las indagatorias dieran pocos resultados. De hecho, tres años después, durante las campañas electorales de 2018, solicité a la PGR, en mi carácter de denunciante y de agraviado en mis derechos, acceso a la investigación correspondiente para conocer los avances de las indagatorias penales. En ese sentido, y luego de una entrevista con el subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, fui informado de que el único resultado de las indagatorias conducidas eran que el servidor desde el cual se había subido a la plataforma de YouTube el video con la grabación ilegalmente obtenida de mi conversación telefónica estaba situado fuera del país. Además, me pidieron (tres años después de la denuncia) que les proporcionara el aparato telefónico desde el cual había hecho la llamada, mismo que no estaba en mi poder desde hacía tiempo. Es probable que hoy la indagatoria siga abierta —no tengo ni idea— y seguramente sin mayores avances, en lo que representa el enésimo ejemplo de la impunidad frente a hechos delictivos. Por otra parte, además de una serie de entrevistas sobre el tema que ofrecí en esos días, convoqué a una reunión a los integrantes de la Gubernatura Indígena Nacional a quienes me había referido de manera desafortunada e irrespetuosa en la llamada telefónica que me había sido ilegalmente intervenida y grabada, para ofrecerles una disculpa personal. El viernes 22 de mayo recibí a Hipólito Arriaga Pote y a Mauricio Mata Soria, junto con otros dirigentes de esa agrupación, en las oficinas del INE para, con la presencia de un representante del Conapred, ofrecerles una disculpa formal por mi manera de referirme a ellos en mi conversación telefónica privada que, intervenida y grabada ilegalmente, fue hecha del conocimiento público. Un par de días después, el domingo 24 de mayo de 2015, los 11 consejeros de INE, junto con el secretario ejecutivo, ofrecimos una conferencia de prensa en donde cerramos filas frente a los intentos de desacreditar a los miembros del Consejo General. En dicho evento leí el siguiente pronunciamiento conjunto: Hoy estamos exactamente a dos semanas de la realización de una de las jornadas electorales más complejas de los últimos años. El tamaño de la elección, la instrumentación de la reforma electoral de 2014, un contexto social y de seguridad adverso, además de una intensa litigiosidad entre los partidos políticos durante las campañas electorales, constituyen las notas distintivas del presente proceso electoral. A pesar de ello, el Instituto Nacional Electoral ha venido haciendo su trabajo puntualmente. Las cifras más recientes de la segunda etapa de capacitación nos permiten afirmar que estamos en una ruta firme para instalar la totalidad de las casi 149 mil casillas que tenemos previstas para que el 7 de junio, con el apoyo de 1 millón 210 mil ciudadanos y ciudadanas que han sido insaculados y preparados para ello, podamos recibir el voto de millones y millones de mexicanos. El trabajo de campo que desde finales de enero estamos realizando en todo el país se ha podido desarrollar sin incidentes que lamentar. Hoy los consejos distritales operan en sus instalaciones en los 300 distritos del país. Se aprobaron el padrón electoral y el listado nominal que usaremos en las elecciones y que son los más depurados y los de mayor cobertura y actualización que hayamos tenido. El pasado jueves terminó la delicada labor de distribución de los documentos y materiales electorales que se encuentran ya resguardados en las bodegas de todas y cada una de las juntas distritales. La fiscalización avanza como estaba programado y el sistema informático de contabilidad de los ingresos y gastos de los partidos políticos está funcionando adecuadamente. El Consejo General y la Junta General Ejecutiva han venido adoptando

todos los acuerdos, reglamentos, lineamientos y directrices necesarios para que la elección llegue a buen puerto. Algunas decisiones del Consejo General han sido controvertidas e impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en muchas ocasiones éste las ha confirmado, en otras las ha revocado o modificado. Eso es normal en el ámbito de nuestra institucionalidad democrática y habla no de una autoridad sesgada en sus decisiones, sino de un sistema de controles jurídicos que refuerza la certeza en los procesos electorales y elimina cualquier resquicio de discrecionalidad. En suma, el balance hasta ahora es positivo y nos permite asegurar que las elecciones avanzan por buen camino y anticipar que, una vez más, las mismas serán el espacio privilegiado para que las y los mexicanos podamos decidir el futuro de nuestro país en paz y libertad. Todo es producto de un trabajo coordinado que ha involucrado a todos los que formamos parte del Instituto Nacional Electoral, sus consejos locales y distritales, su Servicio Profesional Electoral y ahora también los Órganos Públicos Locales Electorales. En especial, las buenas noticias son el resultado también de la construcción de acuerdos, de la colaboración y diálogo entre quienes integramos el Consejo General. No obstante, en días pasados se han producido una serie de eventos que nos preocupan y alertan, porque evidencian que existe una premeditada intención de lastimar al Instituto Nacional Electoral y erosionar su credibilidad pública justo de cara a la realización de la elección y cuando estamos cumpliendo a fondo nuestras responsabilidades y ejerciendo nuestras atribuciones legales. Frente a esos hechos, las y los consejeros electorales cerramos filas y reprobamos todo intento por debilitar a la institucionalidad electoral. El INE repudia los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar, en lo individual y en lo colectivo, a los miembros del Consejo General. El país no se beneficia de estas conductas en un momento crucial para la reproducción pacífica de los poderes públicos. Somos por definición un cuerpo plural y por ello existen distintos puntos de vista entre nosotros. La gran mayoría de los acuerdos que el Consejo ha adoptado han sido por unanimidad, aunque en algunos temas las decisiones se han tomado por mayoría. Ello es parte de la naturaleza misma de un órgano colegiado. Sin embargo, si algo une de manera compacta a este colegiado, es su compromiso con la sociedad mexicana porque las elecciones se lleven a cabo de manera puntual, precisa, ordenada y con pleno apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad. Con todo, como señalamos, las elecciones están en marcha y por buen camino. A 14 días de la jornada electoral, llamamos a los partidos y candidatos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a motivar una deliberación pública intensa e informada que invite a la ciudadanía a votar de forma masiva y reflexiva para confirmar que en México sólo a través del sufragio y en paz es como se decide quién ha de gobernar y ocupar los cargos de representación popular. El INE ha hecho su trabajo y lo continuará haciendo con toda energía y convicción democrática.

*** Conforme se fue acercando el 7 de junio, día de la elección, las acciones de protesta y de boicot de los comicios se propagaron a lo largo de varias entidades. Las tomas y daños a módulos de atención ciudadana, el cierre de oficinas distritales o estatales del INE o las irrupciones en ellas y la destrucción de mobiliario o documentación, el robo, retención y destrucción de vehículos, las agresiones al personal (tanto al que realizaba trabajo de campo como a quienes desempeñaban sus labores en oficinas), fueron hechos cada vez más frecuentes en diversas entidades del país. Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Oaxaca son algunos de los estados en los que se presentó el mayor número de actos violentos, que se sumaron a Guerrero, y en donde el INE enfrentó diversas dificultades para avanzar en la organización electoral. Si bien el eje vertebral de los actos de protesta y de las acciones encaminadas a impedir las elecciones fueron las bien organizadas secciones sindicales magisteriales agrupadas en la CNTE en esos estados, también confluían en ellas otras agrupaciones sociales de muy diversa índole y, en ese sentido, aunque su causa principal siempre fue la revocación de la reforma educativa, otros temas, muchos de carácter local, se sumaron a la agenda de demandas que abanderaban. Por esa razón, la interlocución e intento de diálogo que el INE tuvo que desplegar con esos actores era muy diversa, regionalizada y sumamente compleja.38 A ello debe sumarse que el ambiente de tensión que producían los actos de violencia volvió mucho más complejo el trabajo de los capacitadores y supervisores del INE para convencer a los ciudadanos que resultaron insaculados para integrar las mesas directivas de casilla como funcionarios. El temor por las inciertas condiciones de seguridad, a sufrir represalias, o simplemente el descontento con la vía democrática que las protestas incentivaban, provocó que en 2015 la tasa de rechazo a fungir como funcionarios de casilla se incrementara prácticamente al doble frente a las elecciones anteriores (en 2015 el índice de rechazo durante la primera etapa de capacitación fue del 15.83% comparado con el 7.98% de 2012).

El 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro y que históricamente había servido como la efeméride que detonaba una serie de movilizaciones magisteriales para ejercer presión y conseguir mejoras a sus condiciones de trabajo y prestaciones —a poco más de tres semanas de la jornada electoral —, coincidió con la llegada de la documentación electoral, resguardada por elementos militares, a las bodegas de las 300 juntas distritales del INE, lo que incrementó la tensión y los riesgos de enfrentamientos con los miembros de la CNTE que se movilizaban para impedir las elecciones. En Michoacán la decidida actuación del vocal ejecutivo del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, el importante despliegue de fuerzas de seguridad presente en el estado para combatir a la delincuencia organizada y la disposición a negociar condiciones para permitir la continuación de las operaciones electorales por parte del magisterio contribuyeron a destensar el ambiente y a facilitar el trabajo de campo en la etapa final de la organización de los comicios. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en Chiapas y Oaxaca. En la primera de esas entidades la toma y destrozos en las instalaciones distritales de la capital (particularmente de los dos distritos electorales de Tuxtla Gutiérrez, el 06 y el 09) continuaron hasta los días previos de la elección ante la pasividad y omisión de las autoridades estatales. Vale la pena recordar que Chiapas es la única entidad del país, desde el surgimiento del movimiento zapatista en los años noventa, en donde el resguardo del material electoral no lo realizan el Ejército y la Marina, sino la policía estatal, que, a pesar de las comunicaciones que tanto la presidencia del INE como el vocal ejecutivo del instituto en la entidad, Édgar Arias Alba, tuvieron con el gobierno del estado, brilló por su ausencia ante los actos de vandalismo en contra de las instalaciones electorales y la destrucción de documentación electoral. Los diversos relatos que después de la elección hacían los funcionarios y consejeros del instituto en esa entidad dan cuenta de las muchas dificultades que tuvieron que enfrentar el día de la elección y durante los días previos en varias zonas y municipios de la entidad, tales como la retención y encierro por más de un día que sufrieron los miembros del Consejo Distrital del INE en Bochil (02), o el robo de paquetes electorales en el mismo distrito de Bochil y en el de Ocosingo (03). No obstante, conforme se acercaba la elección, el verdadero desafío para las elecciones de ese año lo representó la movilización magisterial en Oaxaca, sede de la combativa y muy bien organizada Sección XXII del SNTE, que en muchos sentidos ha representado la columna vertebral de la CNTE, misma que, como ninguna otra, lanzó una ofensiva en contra de la organización de las elecciones que, por primera vez en la historia del país, puso en riesgo la realización de éstas en prácticamente todo ese estado. Después del 15 de mayo las movilizaciones se intensificaron en toda la entidad con la amenaza de impedir las elecciones y de tomar las 11 sedes distritales del INE en la entidad y destruir la documentación electoral. Los 10 días previos a la elección fueron inéditos en la vida de la institución con una situación literalmente llevada al límite. El viernes 29 de mayo el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y yo tuvimos una reunión en las oficinas del INE en la Ciudad de México con el vocal ejecutivo del instituto en Oaxaca, Roberto Heycher Cardiel, en la que nos informó que la Sección XXII había decidido, a partir de los resultados de la “consulta a las bases”, tomar las oficinas de las 11 juntas distritales en el transcurso de la noche del domingo y la madrugada del lunes para evitar que el personal del INE pudiera realizar la distribución de los paquetes electorales a los presidentes de las casillas en sus domicilios como lo prevén las normas. Esa información se confirmaría unos días después con un oficio sin número, del que el INE obtuvo una copia, fechado en Oaxaca el domingo 31 de mayo, en el cual se dice: El Comité Ejecutivo de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con fundamento en las bases estatutarias en vigor, de acuerdo a los resultados de la consulta a las bases de este MDTEO [Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca], Convocan a las estructura [sic] del CES de cada región, a los cuadros intermedios y compañeros de base del MDTEO a participar en la concentración masiva en los 11 distritos electorales del estado, el día de hoy domingo 31 de mayo del año en curso emergentemente [sic]. Objetivo: —Cumplir con la definición del MDTEO de boicotear las elecciones evitando sacar la papelería. —Nombrando [sic] brigadas de vigilancia. Los exhortamos a cumplir con responsabilidad a este llamado para fortalecer nuestro movimiento democrático magisterial oaxaqueño. Firmaron ese oficio los profesores Rubén Núñez Ginez, secretario general, y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez, secretario de Organización.

La LGIPE establece, en su artículo 269, que en el periodo de cinco días previos al anterior de la elección (es decir, a partir del lunes previo al domingo en que se celebra la jornada electoral) los presidentes de los consejos distritales, a través de los capacitadores (convertidos ahora en asistentes electorales), deben entregarles los paquetes con toda la documentación y materiales necesarios para la operación de las casillas a los ciudadanos designados como presidentes de las mismas para que los resguarden y se encarguen de trasladarlos al lugar fijado para instalar la mesa de votación el día de la elección. El propósito de la CNTE era tomar las instalaciones del INE para impedir esa distribución de los paquetes

electorales justo en la víspera del plazo legal para ello. Ante ello, el vocal ejecutivo nos pidió la autorización para sacar dichos paquetes de las sedes distritales para evitar que su inminente toma impidiera la distribución y, en consecuencia, la posibilidad de instalar los centros de votación. Así ocurrió y el domingo 31 de mayo, aprovechando que ese fin de semana era de pago de quincenas, y que los domingos solían disminuir las actividades de protesta de los profesores y su capacidad de movilización, se operó un sigiloso traslado de los paquetes electorales de las bodegas de las 11 juntas distritales de la entidad para ser resguardados en sedes alternas, en las casas de los capacitadores y de los supervisores o de otros funcionarios del instituto, entre otros lugares. En el distrito 03, en Huajuapan de León, algunos de los paquetes que lograron sacarse de las instalaciones del INE llegaron a esconderse incluso en un basurero en donde fueron ocultados bajo los desechos, para luego desde ahí distribuirlos individual, discreta y cautelosamente a los presidentes de las casillas en los días subsecuentes. Se trató de una operación exitosa que permitió poner a buen recaudo todos los paquetes electorales fuera de las juntas distritales del instituto, en todos lados salvo en el distrito de Huajuapan de León, en donde algunos profesores se percataron de ello y dieron la voz de alarma. En muy poco tiempo, gracias a su aceitada capacidad de movilización, y a pesar de ser un día inhábil, cerca de 2 mil profesores se reunieron ante esas oficinas y tuvo que interrumpirse el traslado de los paquetes; sólo 30% logró sacarse de la sede distrital. En el transcurso de la mañana del día siguiente, a temprana hora, tal como habíamos sido advertidos, ocurrió la toma de todas las juntas distritales del INE en Oaxaca. Los días posteriores fueron terribles para el personal del INE, habiéndose percatado de que las bodegas de las juntas del INE estaban vacías, los enardecidos profesores provocaron numerosos destrozos a los inmuebles y quemaron muebles y documentos. En coordinación con el secretario de la Defensa Nacional, acordamos la salida del personal militar asignado al resguardo de la documentación electoral (que ya no se encontraba en las bodegas) para evitar cualquier acto de provocación y de eventual violencia en 10 de las 11 oficinas distritales con el compromiso de su regreso en la noche del día de la elección cuando las boletas y otros documentos volvieran a concentrarse en las mismas. A partir de entonces se desató una cacería en contra del personal del INE a cargo de grupos de choque de la sección sindical; los capacitadores o funcionarios identificados eran perseguidos, retenidos, agredidos, con la esperanza de poder “canjearlos” por los paquetes electorales para destruirlos. Por seguridad, el vocal ejecutivo del INE en el estado tuvo que mantenerse en continuo movimiento en el territorio y coordinar los trabajos finales de la organización electoral a la distancia y con extremada discreción y precauciones para evitar ser detenido por el movimiento magisterial. En Huajuapan la tensión se vivió al máximo. En esos días hubo varios choques entre los profesores y elementos de la Policía Federal que fueron desplegados para proteger la Junta Distrital. En esas instalaciones, a diferencia de lo que había pasado en el resto de los distritos, el personal del Ejército permaneció resguardando 70% de los paquetes electorales que no habían podido sacarse de la bodega. Mientras tanto, en la Ciudad de México se decidió volver a imprimir con urgencia las boletas y las actas correspondientes en Talleres Gráficos de México para que, en caso de mantenerse el bloqueo de la junta mencionada, pudiéramos contar con la documentación suficiente para dotar a las mesas de votación en ese distrito. De manera paralela, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se estudiaba cuál era la manera más eficaz para destruir la documentación que se hallaba en la bodega de la Junta Distrital de Huajuapan en caso de que las instalaciones cayeran en manos de los maestros. Los mismos funcionarios que dedican gran parte de sus esfuerzos a diseñar los mecanismos de seguridad más eficaces para evitar la falsificación de las boletas y las actas electorales ahora tenían que idear el modo más efectivo para destruirlas. En la Ciudad de México se volvieron a armar los paquetes electorales correspondientes ante los miembros del Consejo Distrital que fueron trasladados a la capital para tal propósito. Luego fueron llevados al vecino distrito de Tehuacán, en Puebla, para desde ahí, cruzando la frontera estatal, entregarlos a los presidentes de casilla respectivos en los días previos a la elección. El vocal ejecutivo del distrito de Huajuapan de León, Reynaldo López Martínez, más tarde relató que esa distribución de la documentación electoral se hizo en camionetas que habían rotulado con los logotipos de una conocida marca de alimento para mascotas para evitar su detención por parte del movimiento magisterial y en ocasiones, incluso, con el resguardo de miembros de un club local de karate que se ofrecieron como voluntarios para que la elección pudiera salir adelante. Conforme se acercaba la jornada electoral, Oaxaca se convirtió en un auténtico campo de batalla. La tensión y la confrontación crecían minuto a minuto. El viernes 5 de junio por la tarde la Secretaría de Gobernación anunció un imponente despliegue de efectivos de diversas corporaciones de seguridad federales (Policía Federal, Ejército y Marina) para dar paso a las condiciones necesarias para que la elección pudiera llevarse a cabo. Ello provocó que en las horas siguientes en varias zonas del estado los contingentes del movimiento magisterial se replegaran y que, en otras, el riesgo de una confrontación violenta disminuyera. El sábado por la noche, en la víspera de la elección, las zonas de riesgo para las elecciones se habían reducido a cuatro distritos electorales: Teotitlán de Flores Magón, Huajuapan de León, Juchitán y Santiago Pinotepa Nacional.

En esas horas cruciales recibí un correo electrónico del vocal ejecutivo del distrito de Teotitlán, César Gil de Ita, en el que me señalaba que no existían condiciones para que las elecciones se llevaran a cabo. Hasta ese momento, hacia las seis de la tarde, sólo 20% de los paquetes electorales había sido entregado a los presidentes de las casillas; grupos de personas, algunas de ellas armadas, recorrían la cabecera distrital para destruir los paquetes electorales, y ante ello algunos presidentes que ya tenían en su poder los paquetes electorales, por temor, los estaban abandonando en la vía pública; y, además, los miembros de su Consejo Distrital, ante la situación, le habían comunicado que no acudirían a la sesión de instalación del órgano en la mañana siguiente, con lo que se comprometía la validez de la elección en ese distrito. Por ello, le solicitaba al Consejo General del INE que cancelara las elecciones en Teotitlán. Vale la pena señalar que nunca se habían cancelado unas elecciones. En ese contexto, los consejeros electorales decidimos llevar al extremo la decisión y permitir hasta el último momento la posibilidad de que las votaciones pudieran llevarse a cabo. Tres fueron las consideraciones fundamentales: en primer lugar, la cancelación de las elecciones en ese momento habría implicado una peligrosa demostración que habría validado la lógica del boicot de las elecciones y habría provocado que en otros distritos electorales se intensificaran las protestas para conseguir el mismo propósito; en segundo lugar, cancelar las elecciones en ese momento habría implicado que la noticia de inicio de la jornada electoral del día siguiente fuera la de la cancelación de las elecciones en algunos lugares, mandando un pésimo mensaje, y en tercer lugar, se optó por dar todo el tiempo posible para que pudieran, en el extremo, generarse las condiciones mínimas de seguridad para que la votación pudiera llevarse a cabo. Ese día terminé la jornada revisando, en el trayecto a mi domicilio, el proyecto de acuerdo con el que, si hubiera sido necesario, en las primeras horas del domingo el Consejo General cancelaría las elecciones en tres distritos de Oaxaca (Teotitlán de Flores Magón, Juchitán y Santiago Pinotepa Nacional) y sosteniendo, cerca de las dos de la mañana, una llamada telefónica con el secretario de Gobernación que me pedía que diéramos tiempo, unas horas más, a las fuerzas del orden desplegadas en el estado para hacer su trabajo antes de cancelar las elecciones. La ruta que habíamos planeado en el INE era reunirnos los consejeros electorales a las 5:00 de la mañana del domingo 7 de junio, para hacer un breve balance de la situación; a las 5:30 habíamos citado a los representantes de los partidos políticos y a los consejeros del Poder Legislativo para compartirles nuestro diagnóstico y, en su caso, sesionar a las 6:00 en el Consejo General para cancelar las elecciones si fuera necesario; proceder a las 7:00 a la ceremonia cívica de honores a la bandera y volver a sesionar a las 8:00 para instalar la sesión permanente de seguimiento de la jornada electoral. Sin embargo, para fortuna del proceso democrático en el país, en el transcurso de esa noche el despliegue de las fuerzas del orden en el estado propició el repliegue de las organizaciones sociales que buscaban boicotear la realización de las elecciones. A las 4:40 de la mañana del 7 de junio me reuní con el secretario ejecutivo, quien me confirmó que las condiciones para avanzar con la elección estaban dadas en todos los distritos de Oaxaca, a pesar de que había zonas donde las casillas no podrían instalarse. El último reporte hasta ese momento, proveniente de Teotitlán de Flores Magón, señalaba que durante la noche se había entregado un 40% adicional de paquetes electorales (para alcanzar 60%), faltando aún varias horas para el inicio de la votación, y que el Consejo Distrital ya estaba reunido y listo para iniciar la jornada electoral. Para compartir esas noticias nos reunimos primero los consejeros electorales y luego con los restantes miembros del Consejo General para informarles que las elecciones se llevarían a cabo en los 300 distritos del país. Incluso el malogrado sarcasmo de un representante de un partido político que nos reclamó: “¿Y para informarnos eso nos convocaron a estas horas de la mañana?”, fue una buena manera de iniciar ese día. La eventual sesión de las 6:00 de la mañana no se llevó a cabo y, de ese modo, se conjuró el mayor riesgo que la democracia mexicana había enfrentado hasta ese momento. Si bien es cierto que en el transcurso de ese 7 de junio no pudieron instalarse 178 casillas electorales (de 148 mil 833 casillas aprobadas), y hubo algunos episodios aislados de violencia, frente al ambiente que había prevalecido en los meses y semanas previas, la elección transcurrió en relativa calma, logrando incluso una participación ciudadana en las urnas de 47.7%, una cifra mayor que en las dos últimas elecciones intermedias. Frente a los graves e inéditos riesgos que amenazaron su viabilidad, las elecciones de 2015 fueron a todas luces exitosas. Sin embargo, un problema jurídico subsistió tras la jornada electoral en el caso de los tres distritos del estado de Oaxaca antes mencionados. En efecto, a pesar de los esfuerzos que realizó la estructura del INE para que las elecciones tuvieran lugar, del compromiso de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla para que dichos centros de votación operaran y del trabajo de las fuerzas de seguridad federales desplegadas en el estado para generar las condiciones de orden público necesarias para que los comicios se llevaran a cabo, en las tres demarcaciones electorales mencionadas el número de casillas que no pudieron instalarse fue mayor al 20% de las que los respectivos consejos distritales del INE habían originalmente aprobado. Eso colocaba a los tres distritos en una de las causas de nulidad expresamente establecidas en la legislación electoral.39 Los resultados de las tres elecciones de diputados de esas demarcaciones fueron impugnados ante el Tribunal Electoral aduciendo, precisamente, la causal de nulidad referida. El dilema no era menor, porque podía generarse un efecto demostración para quienes sostuvieron la lógica de boicotear las

elecciones: aunque hubieran fracasado en el intento por impedir que la jornada electoral se llevara a cabo, bastaba lograr que una quinta parte de las casillas dejara de instalarse para que el efecto fuera el mismo, es decir, que la elección no fuera validada jurídicamente. Sin embargo, la Sala Regional Xalapa, primero, y la Sala Superior, después, tomaron una decisión muy relevante al conocer el caso, pues establecieron el criterio de que nadie puede beneficiarse con la nulidad de las elecciones debido a causas provocadas por sí mismo. En ese sentido, se estableció que la causal legal de nulidad de una elección por no haberse instalado 20% o más de casillas en un distrito sólo opera cuando la responsabilidad de que ello hubiera ocurrido resulta directamente imputable a la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones (en el caso concreto que nos ocupa, el INE), no al partido político o actor social que hubiera realizado actuaciones encaminadas a impedir la instalación de casillas con el propósito de beneficiarse de una eventual nulidad de la elección.40 El criterio mencionado implicó que los comicios en los tres distritos señalados fueran declarados válidos, con lo que el intento de boicot de las elecciones fracasó también en el ámbito jurisdiccional. LOS COLOFONES DE LA ELECCIÓN DE 2015

Los efectos y derivaciones de las elecciones de 2015 no sólo constituyeron los prolegómenos de las elecciones de 2016, sino que muchos de ellos ocurrieron una vez que habían dado inicio los procesos electorales de 13 entidades federativas, los primeros que el INE organizaba (junto con los OPLE) en toda su historia sin el amparo de los comicios federales. Son cuatro los temas que, aun cuando son derivaciones de las elecciones analizadas en este capítulo, constituyen un puente para los procesos electorales del año siguiente. Primer colofón: Para el complicado contexto en el que transcurrieron, las elecciones de 2015 fueron exitosas en múltiples sentidos: en primer lugar porque pudieron realizarse, no sin los complejos contratiempos mencionados antes, en la totalidad de los distritos electorales. En segundo lugar porque la participación ciudadana en las urnas aumentó, poco, pero aumentó: frente a 41.32% en 2003 y 44.76% en 2009, el 7 de junio de 2015 votó 47.72% de la lista nominal,41 a pesar del enrarecido ambiente político y social de ese año. En tercer lugar porque las nuevas figuras constitucionales que se aplicaron por primera vez, las candidaturas independientes, por un lado, y el principio de paridad de género en las candidaturas que postularon los partidos políticos, por el otro, resultaron exitosas. Hubo personas que lograron su registro como candidatos independientes para todos los tipos de cargos que estuvieron en disputa, y en cada uno de esos tipos de cargos hubo al menos un candidato independiente que se alzó con el triunfo. Por su parte, la paridad en las candidaturas provocó que en la Cámara de Diputados se pasara de 37% de legisladoras mujeres en la LXII Legislatura (2012-2015) a 42.6% en la Legislatura siguiente (2015-2018). En cuarto lugar, en cinco de las nueve elecciones en las que estuvieron en disputa los gobiernos estatales, el 55%, ganó un partido (o coalición de partidos) distinto al que gobernaba, con lo que se inauguró una realidad que en los años siguientes se consolidaría: el periodo (2015-2019) con mayor alternancia política en la historia de la democracia mexicana. Sólo en cuatro estados el partido en el gobierno refrendó su triunfo en 2015, Baja California Sur (PAN), Campeche (PRI en coalición con el PVEM), Colima (PRI coaligado con el PVEM y Panal, aunque esos comicios fueron anulados por la Sala Superior del TEPJF y tuvo que convocarse a elecciones extraordinarias en enero de 2016 en las que el PRI refrendó su triunfo) y San Luis Potosí (PRI-PVEM-Panal). En las otras cinco entidades los partidos ganadores fueron muy variados: en Guerrero el PRD le entregó el gobierno al PRI (en alianza con el PVEM); en Michoacán el PRI se lo entregó al PRD (coaligado con el PT, con el Panal y con Encuentro Social); en Nuevo León el PRI cedió el gobierno al primer, y hasta ahora único, gobernador que llegó por la vía de una candidatura independiente, Jaime Rodríguez Calderón; en Querétaro el PRI dejó su lugar al PAN y en Sonora el PAN se lo cedió al PRI (en alianza con el PVEM y el Panal). Esos resultados refrendaron la pluralidad política que se había instalado (y que aún prevalece) en el país y también el que en democracia los triunfos ni son absolutos, ni son de una vez y para siempre; así como el poder se gana en las urnas, en las mismas urnas también se pierde. De este modo, de las nueve gubernaturas que se diputaron, el PRI (y sus aliados) terminó ganando cinco; el PAN, dos; el PRD, una; y la restante fue para un independiente. Segundo colofón: Después de los comicios del 7 de junio se llevaron a cabo las elecciones locales del estado de Chiapas el 19 de julio. Esas elecciones se realizaron de manera desfasada del resto porque así se estableció en un artículo transitorio de la Constitución local en el proceso de adecuación de la legislación electoral del estado a los cambios que impuso la reforma federal de 2014. Aunque ese desfase fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país permitió que por única ocasión las mencionadas elecciones pudieran ocurrir en una fecha distinta, y se estableció que los comicios locales, en adelante, coincidieran con los federales.

En Chiapas se renovaron tanto los ayuntamientos como el Congreso local, con la particularidad de que la legislación estatal preveía que en la integración del Poder Legislativo local debía incluirse la elección de un “diputado migrante” elegido por los chiapanecos residentes en el extranjero a través de una votación directa. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado (IEPC) decidió instrumentar un sistema de votación electrónica para recibir la votación por ese diputado migrante, cuyo desarrollo y operación fue encomendado a una empresa: DSI Elecciones. Al cabo de la elección se descubrió que en el manejo del sistema informático para realizar la elección de ese diputado migrante se había permitido un fraude, tanto en el registro de los ciudadanos chiapanecos que pretendían votar desde el extranjero (con datos de registros absolutamente inverosímiles, sea por los lugares en los que se habían registrado varios votantes, sea por el número total de inscritos que, de una elección a otra, pasaron de apenas un poco más de mil electores a más de 17 mil) como por la manipulación de cifras por parte de la empresa contratada y la falta de controles y supervisión sobre la actuación de la misma tanto por parte de la Comisión de Voto de los Chiapanecos Residentes en el Extranjero, de las áreas ejecutivas respectivas, e incluso del mismo Consejo General del OPLE. Además, las investigaciones que sobre esas acusaciones realizó el INE evidenciaron que el dueño de la empresa a la que se le había encomendado la realización y operación del sistema de voto desde el extranjero, Vicente Manzur Molina, era el primo hermano del candidato a diputado migrante del PVEM, Roberto Pardo Molina, quien se alzó fraudulentamente con la victoria. Por otra parte, el Consejo General del OPLE de Chiapas (el referido IEPC) fue omiso en aplicar el principio de paridad de género en las candidaturas a las alcaldías, como lo había mandatado la Sala Xalapa del TEPJF. Esa instancia jurisdiccional le impuso al IEPC la obligación de verificar que el número de candidatos a las presidencias municipales que registrara cada fuerza política fuera paritario (y que en las alcaldías en las que se postulara a sus candidatas mujeres el partido tuviera un mismo índice de competitividad electoral que aquellas en las que postulaban candidatos varones), lo que se conoce como paridad horizontal, y que también existiera alternancia entre mujeres y hombres en las listas de candidatos en orden de prelación que se registraban para integrar los cabildos de cada municipio, es decir, paridad vertical. El Consejo General el OPLE, aduciendo que las complejidades culturales y políticas del estado hacían muy complicado acatar ese mandamiento judicial terminó por incumplirlo, razón por la que el TEPJF le dio vista al INE para que iniciara un procedimiento de remoción en contra de los consejeros locales. Por ambas razones: el fraude en la votación del diputado migrante y el autorizar registros de candidaturas sin verificar efectivamente el cumplimiento del principio de paridad, el INE instauró un procedimiento de remoción de los integrantes del OPLE de Chiapas en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral.42 Se trató del primer caso en el que el INE aplicó sus facultades de remoción en contra de consejeros electorales locales a los que, apenas unos meses antes, había designado. La investigación sobre el asunto le llevó algún tiempo al INE aunque, finalmente, el 19 de febrero de 2016, se presentó a la consideración del Consejo General del INE un proyecto para destituir a todos los integrantes del OPLE de Chiapas imputándoles negligencia y violaciones graves a la normatividad electoral, tanto por desacatar el criterio de paridad en el registro de candidaturas de los partidos políticos que le había instruido el Tribunal Electoral, como por la falta de supervisión de la integración del padrón de votantes desde el extranjero. Sin embargo, luego de un intenso debate, el Consejo General del INE aprobó únicamente la destitución de tres de los integrantes del órgano electoral chiapaneco, uno de ellos por unanimidad y otros dos por una votación de ocho votos contra tres. Respecto de los otros cuatro consejeros locales (incluyendo a la presidenta del OPLE), sólo siete consejeros electorales nos pronunciamos por su destitución y los cuatro restantes lo hicieron en contra, con lo que no se alcanzó la votación calificada de ocho votos que la ley exige para dichas remociones.43 Venturosamente, esa decisión fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y ésta determinó, el 12 de mayo de 2016, que las irregularidades cometidas por el órgano local eran imputables a todos los integrantes de ese colegiado y, por lo tanto, le ordenó al INE la remoción de los cuatro consejeros restantes, confirmando, además, la destitución de los otros tres que había determinado antes dicho instituto, instrucción que se acató unos días después, el 18 de mayo. El referido episodio, al que se sumaría unos meses después la remoción de la presidenta del OPLE de Colima,44 fue importantísimo en el proceso de asunción, por parte del INE, de la rectoría del sistema nacional de elecciones, misma que se consolidaría a lo largo del proceso electoral de 2016. Tercer colofón: Como señalé anteriormente, el 12 de agosto de 2015 el Consejo General resolvió el procedimiento que se había iniciado el 20 de mayo previo, a propósito de la demanda de un grupo de ciudadanas y ciudadanos para retirarle el registro al PVEM por la violación grave, reiterada y sistemática de las normas electorales. La decisión de la mayoría de los consejeros (siete contra cuatro votos) fue la de no determinar la pérdida del registro del PVEM. Las razones de mi voto las expuse en extenso en un artículo que publiqué en septiembre de 2015. Años después, sigo pensando que fue una decisión correcta y sigo suscribiendo los argumentos que en su

momento me llevaron a ella. En ese sentido, me parece pertinente reproducir aquí el texto que entonces escribí para explicar públicamente mi postura: La polémica decisión del Consejo General del INE de no retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México, tomada el pasado 12 de agosto, ha desatado una amplia discusión pública, más animada por una serie de juicios que se habían venido construyendo a lo largo de los meses que pasaron luego de la presentación de la solicitud de un grupo de ciudadanos que por una refutación de los argumentos de fondo que llevaron a la mayoría del Consejo a rechazar esa petición. Estoy convencido que toda resolución de autoridad en un contexto democrático debe discutirse y criticarse. Ésa es parte de la esencia de la rendición de cuentas que debe alimentar la recreación y consolidación de una democracia. Por eso me parece importante, no en un ánimo justificatorio, sino en una lógica de explicación pública de las razones que, en lo personal, orientaron mi decisión, reiterar las reflexiones que hice en el Consejo General sobre el tema. Insisto en una premisa: a lo largo de toda mi vida académica y como funcionario electoral he mantenido una lógica de privilegiar los derechos políticos en una clave garantista. Los derechos son, ante todo, derechos de las minorías frente a las mayorías (incluso cuando éstas actúan en nombre de una pretendida razón superior, el beneficio colectivo, o la defensa de causas que se suponen justas). Toda reflexión sobre la procedencia o no de la solicitud de retirarle el registro al PVEM debería partir de una premisa básica: dicho partido ha venido cometiendo a lo largo de varios meses, empalmados con el proceso electoral de 2014-2015, una serie de violaciones graves a la legislación electoral para obtener una posición de ventaja respecto de sus competidores de cara a las elecciones del 7 de junio pasado. Ésa es una realidad fehaciente e insoslayable. Esa retahíla de conductas ilegales ha sido conocida repetidamente por el Consejo General del INE, así como por las salas competentes del Tribunal Electoral y ha ameritado la imposición de 26 sanciones que han venido acumulando un monto total de penas económicas de 597.5 millones de pesos en contra de su partido. Aunque algunas de las penas que el INE le ha impuesto al PVEM han sido recurridas y el Tribunal Electoral aún debe pronunciarse, lo cierto es que ese partido es, hoy por hoy, el segundo partido más multado por sus continuadas violaciones a la ley de nuestra historia democrática (superado sólo por el PRI como consecuencia del caso Pemexgate) y el partido más sancionado durante un proceso electoral por ilícitos cometidos durante el mismo. Los casos Pemexgate y Amigos de Fox implicaron sanciones que fueron impuestas tres años después de la realización de las conductas ilegales; el PVEM fue hoy duramente penado durante el mismo proceso electoral y en gran medida antes de que las elecciones en las cuales pretendían beneficiarse de su actuar ilegal se llevaran a cabo. En otras palabras, las aportaciones que el PVEM recibió de entes prohibidos, la entrega de materiales de propaganda no permitidos por la ley, el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por el INE, la entrega de despensas, la adquisición indebida de propaganda en medios electrónicos, y la difusión de promocionales de sus legisladores diseñados como propaganda política, entre otros, son conductas que fueron sancionadas y que dieron lugar a que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolviera que tales violaciones habían sido sistemáticas. Las sanciones que se le han impuesto a ese partido por esas razones, insisto, alrededor de 600 millones de pesos, suponen un monto cercano a dos años del financiamiento público ordinario al que tiene derecho. Es una falacia, pues, hablar como algunos lo hacen de impunidad (literalmente: “falta de castigo”) para dichas conductas. En consecuencia, el problema sobre el que el Consejo General tenía que pronunciarse es si el conjunto de actuaciones ilegales que fueron cometidas colman la hipótesis prevista en la ley de gravedad y de sistematicidad necesarias para determinar la pérdida de su registro como partido político (artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos). Por lo que hace a la sistematicidad de las conductas cometidas por el PVEM me parece que no hay mucho que decir: a lo largo de los meses y de cara a la elección ese partido asumió una actitud recurrente de transgredir las normas para obtener una ventaja indebida frente a sus competidores durante la contienda electoral. El punto, desde mi perspectiva, estriba en determinar si la gravedad del conjunto de conductas es tal como para ameritar que el INE, por la vía administrativa, decrete la pérdida de su registro. La pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido político. Es una sanción radical, suma y en los hechos trascendente, pues sus efectos no se circunscriben sólo al partido político al que se le aplica o a su dirigencia, sino que alcanzan a los derechos de sus militantes y simpatizantes. Dicho de otro modo, la pérdida del registro de un partido es equivalente en el sistema de partidos a lo que la nulidad de una elección es al sistema electoral. Es y debe ser una solución última, extrema, indispensable para salvaguardar la integridad y subsistencia del sistema de partidos del mismo modo que la nulidad de una elección es la salida ineludible para que una democracia siga siendo una democracia. Todo sistema democrático debe tener válvulas de seguridad últimas; mecanismos que deban ser utilizados como un recurso extremo para salvaguardar su subsistencia ante situaciones límite. El impedir a un partido tener vida jurídica y competir electoralmente (como ocurre en varias constituciones que proscriben, por

ejemplo, la existencia de agrupaciones políticas con ideologías antidemocráticas) o el expulsar a un partido del sistema de competencia política —al igual que la nulidad de una elección— son ejemplos de esos recursos extremos contemplados en la ley para resguardar, al límite, la subsistencia del sistema democrático. Pero precisamente por su naturaleza radical, son recursos a los que se debe echar mano de manera comedida, cuando sea absolutamente inevitable y no pueden ni deben abaratarse. Y es que determinar la pérdida de un registro —igual que la nulidad de una elección— supone una decisión que afecta derechos fundamentales. Si nos tomamos los derechos en serio hay que saber que su afectación o restricción es una medida que debe evitarse siempre que se pueda o, dicho al revés, que debe hacerse de manera excepcional y extrema. Anular una elección significa que los derechos fundamentales expresados en los votos no cuentan, que están viciados de tal modo que deben “tirarse a la basura” y volver a repetirse; por eso los hechos que deberían llevar a una nulidad tienen que ser de una gravedad y una afectación radical. Del mismo modo, retirar un registro a un partido político implica que los centenares de miles de derechos fundamentales de asociación de ciudadanos que, por las razones que sean, decidieron concurrir para sustentar ese registro, son anulados; que los derechos fundamentales de libertad política de miles —o millones— de ciudadanos que simpatizan, por buenas o malas razones, insisto, con esa opción política se quedan sin opción o están forzados a simpatizar con otras alternativas. Por eso el retiro de un registro es una pena trascendente, porque no afecta sólo al partido, sino los derechos políticos fundamentales de millones de ciudadanos. No pretendo menospreciar la gravedad de las conductas cometidas por el Partido Verde y su actitud desafiante a la autoridad y a las reglas del juego democrático, pero ni en lo individual, ni en conjunto, me parece que los ilícitos en que incurrió hayan puesto en riesgo la supervivencia de nuestra democracia. Sí, trató de aprovecharse del juego en “fuera de lugar” recurrentemente, por eso fue sancionado del modo en que ocurrió. El Partido Verde violó la ley, pero no obstaculizó ni impidió la recreación de la democracia; los ciudadanos participaron en la vida democrática, los órganos de representación política se integraron y los ciudadanos pudieron acceder a los poderes públicos. El PVEM violó la ley y por eso fue sancionado, lo hizo de manera grave y, por eso, fue sancionado gravemente, pero el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses no puso en riesgo ni al sistema democrático ni al Estado constitucional, precisamente lo que, en el ámbito comparado, ha ocurrido cuando se ha echado mano del recurso punitivo por parte del Estado de retirarle el registro a algún partido. Por definición los sistemas democráticos suponen la inclusión del mayor número de ciudadanos en el juego político. Por eso la lucha por la democracia se ha centrado a lo largo de más de tres siglos en la paulatina extensión del estatus de ciudadanía y, por ende, de la titularidad de los derechos políticos fundamentales que la misma supone. De esa lógica intrínseca y definitoria de la democracia se desprende el que la pluralidad política de una sociedad deba tener un adecuado reflejo en el sistema de partidos y, a través de éste, en los espacios de representación política. Una sociedad plural supone una pluralidad de alternativas entre las cuales decantarse y recrearse. Por eso es importante que en una democracia el sistema de partidos esté abierto y permita periódicamente que nuevas alternativas tengan la oportunidad de constituirse y consolidarse, a partir de adhesiones ciudadanas a su proyecto, como alternativas políticas. Por eso no es conveniente que, como ocurre actualmente, las puertas del sistema de partidos se abran sólo cada seis años. Por eso es una decisión sumamente delicada el retirarle el registro a un partido político. Esa lógica incluyente de la democracia es precisamente la que inspiró a lo largo de más de tres décadas el rumbo del cambio político en el país. Una lógica que dejó atrás los tiempos en los que era el Estado, y no los ciudadanos a través de sus derechos de afiliación y de voto, quien decidía qué partido ingresaba o salía del sistema político y que con la revocación del registro del Partido Comunista Mexicano en 1948 tuvo su último ejemplo en nuestro país, en un contexto y en un tiempo autoritario en el que la democracia constitucional, con todos los pendientes que hoy todavía tiene, era entonces una quimera. Termino rechazando el argumento de que, con su decisión, el INE volvió “letra muerta” la hipótesis legal de pérdida del registro. La posibilidad está ahí, sigue vigente, y nada impide que, si fuera el caso, la misma pueda aplicarse. Pero estoy convencido de que tendrá que aplicarse sólo cuando resulte inevitable y no exista una alternativa para preservar el orden democrático.45

Cuarto colofón: Al término de los cómputos distritales de las elecciones de diputados, realizados por los 300 consejos distritales del INE a partir del miércoles posterior a la jornada electoral, se confirmó que de los 10 partidos políticos nacionales con registro, dos de ellos (el Partido Humanista y el PT) habían obtenido una votación menor al 3 por ciento. El Partido Humanista tuvo 856 mil 903 votos, es decir, 2.14% de la votación total emitida, esto es, la suma de todos los votos extraídos de las urnas (que alcanzó 39 millones 872 mil 757 sufragios), o bien 2.5998% de la votación válida emitida, que equivale al total de votos menos los sufragios nulos y los emitidos a favor de candidatos no registrados (que fue de 37 millones 919 mil 492 votos).46 Por su parte, el PT alcanzó 1 millón 134 mil 447 sufragios, es decir 2.84% del total de votos y 2.9917% de la votación válida emitida.

Con ello, preliminarmente, se abría la posibilidad de que ambos partidos no alcanzaran el porcentaje mínimo de votos que la Constitución establece en su artículo 41 para mantener el registro (3% de la votación válida emitida).47 En esos momentos, a falta de que las impugnaciones que se presentaran fueran resueltas por las salas del Tribunal Electoral y, en consecuencia, las cifras de votación pudieran modificarse, al Partido Humanista le faltaban 280 mil 682 votos para conservar su registro como partido político nacional y al PT únicamente 3 mil 138. En virtud de lo anterior, el Consejo General del INE activó el 16 de junio de 2015 el estado de prevención previsto en la LGIPE para los partidos que se encuentran en posibilidad de perder el registro, mediante el cual se designan interventores que supervisan el uso de los recursos partidistas y autorizan cualquier gasto.48 Semanas más tarde, el 19 de agosto, el Tribunal Electoral resolvió los medios de impugnación que se habían interpuesto, decidiendo anular la elección de diputados federales correspondiente al distrito 01 de Aguascalientes porque el gobernador del estado había realizado, junto con miembros de su gabinete, un recorrido en un autobús en dicha demarcación electoral el día de la jornada electoral, poniendo en riesgo —a juicio del Tribunal Electoral— la equidad en la contienda electoral, un dato que, si bien de entrada nada tenía que ver con la situación de riesgo en la que se encontraba el registro del PT como partido político, a la postre resultaría fundamental en esa historia. Unos días más tarde, el 23 de agosto, contando ya con los resultados definitivos de la elección (luego de que el Tribunal Electoral hubiera resuelto las impugnaciones presentadas), el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, excluyendo de la misma a los partidos Humanista y del Trabajo por encontrarse en el supuesto de potencial pérdida del registro y, por lo tanto, sin derecho a participar en la distribución de las diputaciones por ese principio. El Partido Humanista, a pesar de las impugnaciones que presentó, estaba muy lejos de alcanzar el monto de votos requerido para salvar su registro. Uno tras uno el Tribunal Electoral desestimó sus recursos y finalmente el INE determinó el 3 de septiembre (a través de su Junta General Ejecutiva) la cancelación de su condición de partido político nacional.49 La decisión mediante la que el INE asignó diputados de representación proporcional excluyendo de la misma al PT fue impugnada por ese partido y resuelta por la Sala Superior del TEPJF a favor del instituto el 28 de agosto de ese año, confirmando que el partido recurrente no tenía derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional, pues la misma, de acuerdo con el artículo 54, fracción II, de la Constitución, solamente se hace entre los partidos que hubieran alcanzado 3% del total de la votación válida emitida, y el PT no se encontraba en ese supuesto. Con los resultados de la elección de diputaciones federales definitivos, el INE, a través de la Junta General Ejecutiva, el órgano que tenía el mandato legal para determinar la pérdida de registro de un partido político por encontrarse en el supuesto constitucional de no haber alcanzado 3% de la votación válida emitida (como había venido ocurriendo desde 1990 durante la existencia del IFE), aprobó el 3 de septiembre de 2015 la resolución en la que se cancelaba el registro al PT.50 En efecto, los resultados finales y definitivos de la votación arrojaban los siguientes datos: la votación válida emitida (es decir, el total de votos emitidos, menos los votos nulos y los votos por candidatos no registrados) de la elección de diputaciones de mayoría relativa fue de 37 millones 546 mil 341 sufragios, en tanto que el PT sumaba 1 millón 124 mil 818 votos, 2.9958%, mil 573 menos de los que la Constitución exigía. Por lo que hacía a los resultados de la votación de diputaciones por el principio de representación proporcional, la votación válida emitida alcanzaba un total de 37 millones 911 mil 262 votos y, en este caso, el PT había obtenido 1 millón 134 mil 101 sufragios, 2.9915%, una diferencia de 3 mil 237 respecto de lo que requería para mantener su registro. Los resultados eran incuestionables, si por un margen exiguo el requisito constitucional no había sido alcanzado, los miembros de la Junta General Ejecutiva votamos por la cancelación del registro del PT. Sin embargo, una serie de decisiones extrañas, por decir lo menos, habrían de ocurrir en los días siguientes. Por obvias razones, el PT ejerció su derecho a impugnar la resolución mencionada (al igual que una gran cantidad de militantes y de representantes de dicho partido ante diversos OPLE), en lo que parecía la última ocasión que podía hacerlo en su calidad de partido político. El 23 de octubre la Sala Superior decidió revocar la resolución de la Junta General Ejecutiva, argumentando que no era el órgano competente, de acuerdo con la ley, para determinar la pérdida del registro de un partido político, sino que ésa era una atribución que le correspondía al Consejo General. Lo sorprendente de esa sentencia fue no sólo que iba en contra de la práctica que durante un cuarto de siglo había estado operando (la Junta General Ejecutiva del IFE había sido el órgano que había determinado, elección tras elección, la cancelación del registro de aquellos partidos —casi una decena— que no habían alcanzado el porcentaje de votos requeridos para mantenerlo), sino que además desconoció (o si se quiere, reinterpretó) una redacción legal (que venía desde el Cofipe de 1990) con una claridad incuestionable. En efecto, el artículo 94, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece un listado de siete causas por las cuales un partido político puede perder su registro, enumeradas en una serie de incisos que van del a al g. El inciso b de dicho precepto legal señala: “Son causa de pérdida de registro de un

partido político: […] b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales…” Por otra parte, el subsecuente artículo 95 del mismo ordenamiento legal establece (como lo había hecho, se insiste, en los cinco lustros previos el anterior Cofipe) en su párrafo 1: “Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente…”51 Y para mayor distingo, el párrafo 2 de dicho precepto señala: “En los casos a que se refieren los incisos […] e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior [es decir, aquellos incisos respecto de los que la resolución no le corresponde a la Junta General Ejecutiva del INE], la resolución del Consejo General del instituto sobre la pérdida del registro […] de un partido político […] se publicará en el Diario Oficial de la Federación”. Es decir, la Ley General de Partidos Políticos establece con claridad en qué casos la resolución sobre la pérdida del registro de un partido político le corresponde a la Junta General Ejecutiva y en cuáles otros le corresponde al Consejo General. En acatamiento a esa “extraña” sentencia de la Sala Superior, que estableció que el pronunciamiento de la Junta General Ejecutiva debía someterse, con posterioridad, a la consideración del Consejo General, ambos órganos resolvieron consecutivamente confirmar la pérdida del registro del PT. La Junta General lo hizo el 4 de noviembre de 2015 (luego de darle al PT un periodo de derecho de audiencia —no establecido en la ley—, como lo había determinado el TEPJF), y el Consejo General el 6 de noviembre, ratificando la decisión de la Junta General Ejecutiva. Para entonces, en diversos momentos, los dos órganos del INE habían votado tres veces por quitar el registro al PT por no haber alcanzado, como lo dice la ley, 3% de la votación en alguna de las elecciones ordinarias federales. Sin embargo, el PT volvió a impugnar la resolución del Consejo General ante la Sala Superior. En su resolución, emitida el 2 de diciembre de 2015, la máxima autoridad jurisdiccional del país consideró que el cálculo del porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos para definir si mantienen o bien si pierden su registro, no debía hacerse como lo dice la ley, y como se había siempre hecho invariablemente hasta entonces, es decir, tomando en cuenta la votación obtenida en la elección ordinaria (artículo 94, párrafo 1, inciso b, antes citado), sino que, si se hubiera anulado alguna elección distrital (como había sido el caso en 2015 con la anulación, antes mencionada, del distrito 01 de Aguascalientes), se tenía que contemplar, también, la votación válida emitida en la elección extraordinaria correspondiente para hacer, sólo entonces, el cálculo correspondiente, ya que “se debe determinar el alcance de lo dispuesto en la porción normativa en el sentido de que la votación total emitida implica tener en consideración la total válida emitida en los 300 distritos electorales, porque es la votación de éstos de donde se obtiene ese total”.52 El 6 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la elección extraordinaria para la diputación federal del distrito 01 de Aguascalientes y el 9 concluyó el respectivo cómputo distrital sin que los resultados fueran impugnados. Cabe mencionar que, curiosamente, el PRD y MC decidieron no postular candidatos en esa elección extraordinaria, a pesar de haberlo hecho en los comicios ordinarios que fueron anulados, con lo que contribuyeron a que la distribución de los votos emitidos tuviera una dispersión menor. En la elección extraordinaria del 6 de diciembre el PT obtuvo una votación de 14 mil 046 sufragios, una cifra muy superior a los 3 mil 246 votos que había recibido el 7 de junio en la elección ordinaria en el mismo distrito. Con esos resultados, la votación para el PT aumentó de 1 millón 124 mil 818 a 1 millón 138 mil 864 sufragios, lo que equivalía, respecto de la nueva votación válida emitida (sumando los votos de la elección extraordinaria) que alcanzó los 37 millones 652 mil 222 votos, a 3.0247% del total, con lo que el PT mantuvo su registro. Un dato curioso es que, habiendo salvado su registro en esas condiciones tan “atípicas”, en las 13 elecciones ordinarias que se celebraron en 2016 en tres estados, Aguascalientes, Chihuahua y Baja California, el PT se coaligó para prácticamente todos los cargos que en ellos se disputaron con el PRI, incluyendo las candidaturas a gobernadores en las dos primeras entidades. Quinto (y último) colofón: Como se señaló anteriormente, la elección de gobernador de Colima fue anulada por el Tribunal Electoral. La elección de junio de 2015 fue muy competida y los resultados finales arrojaron una exigua diferencia entre el primero y segundo lugares. El candidato priista (postulado en coalición con el PVEM y el Panal), Ignacio Peralta obtuvo 39.82% de la votación, mientras que el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, alcanzó 39.65% de los sufragios. La diferencia entre ambos fue de apenas 503 votos. Al conocer las impugnaciones sobre esos comicios, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró, a partir unas grabaciones que fueron ofrecidas como pruebas, que había habido una injerencia indebida de funcionarios públicos en la elección, por lo que decidió, en votación dividida, anular dichos comicios. No se trataba en sí de una decisión inédita, en tanto que no era la primera elección anulada por la autoridad jurisdiccional federal —y más allá de la polémica que se generó porque de manera poco ortodoxa se había hecho público un proyecto de sentencia en el que se validaba la elección y, de último momento, se cambió por uno que optaba por la nulidad—, sin embargo, de manera inusitada, en la resolución se definió que la elección extraordinaria debía ser asumida, y por

ello organizada en su totalidad, por el INE. Se trataba de la primera vez que la asunción total, nueva atribución del INE introducida en la reforma de 2014, se activaba, con la peculiaridad de que no había sido una decisión de la autoridad administrativa electoral, sino producto de una sentencia del Tribunal Electoral. La elección extraordinaria en Colima se llevó a cabo el 17 de enero de 2016, luego de que el INE se hiciera cargo de todos los actos de organización del proceso, incluyendo, de manera subrogada (en virtud de la asunción que el instituto acordó en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral) los que al OPLE de esa entidad le habría correspondido hacer. Afortunadamente, en un engrose de la sentencia, se incluyó la determinación de que los costos derivados de la organización de la elección, tratándose de comicios exclusivamente locales, serían cubiertos por las finanzas del estado y no correrían a cargo del presupuesto del INE. La elección transcurrió sin mayores contratiempos e incluso le permitió al INE introducir algunas novedades en el formato del debate que se llevó a cabo entre los candidatos a gobernador unos días antes de la jornada electoral. En dicha elección, como había ocurrido en los comicios ordinarios que fueron anulados, volvió a ganar el candidato del PRI-PVEM-Panal, ahora también apoyado por el Partido del Trabajo, sólo que en esta ocasión la diferencia entre el primer y segundo lugar tuvo un margen mayor: el candidato de la coalición mencionada obtuvo 43.23% de los votos, mientras que el del PAN 39.53 por ciento.

TERCERA PARTE

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Todo apuntaba hacia 2018 Ernesto Núñez Albarrán

Las elecciones de 2015 dejaron diferentes saldos para el gobierno de Enrique Peña Nieto, para los partidos y para las autoridades electorales. El PRI mantuvo la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 203 curules, apenas 10 menos que las ganadas en 2012. Y a nivel estatal perdió las gubernaturas de Michoacán, donde ganó el PRD, Querétaro, que devolvió al PAN, y Nuevo León a manos del expriista Jaime Rodríguez, El Bronco — postulado como independiente—; recuperó Guerrero y Sonora, mantuvo Campeche y San Luis Potosí, y tuvo que defender Colima en tribunales luego de que el PAN impugnara su triunfo. Pese a todo, el PRI no resintió un voto de castigo a la administración Peña Nieto, o al menos no como se hubiera previsto después de Ayotzinapa y la Casa Blanca. La votación del tricolor en la elección de diputados federales apenas bajó de 29.8% que había obtenido en 2012, a 29.1% en 2015. El PAN cayó de 25.8% de la votación nacional a 21%, y perdió cinco diputados, para quedar en 109. Perdió Sonora, pero recuperó Querétaro, y vio cómo dos exmilitantes ganaban por la vía independiente: Alfonso Martínez Alcázar la alcaldía de Morelia y Manel J. Clouthier un distrito de Sinaloa. El PRD fue el partido más castigado, debido a la aparición de Morena en el escenario político. Su votación total en las elecciones federales cayó del 16.4% obtenido en 2012 a 10.8%, bajando de 8 a 4 millones de votos, y de 103 a 61 diputados. Perdió la gubernatura de Guerrero y recuperó la de Michoacán. Y en la Ciudad de México fue desplazado por Morena como primera fuerza política, al obtener 19.8% de la votación de diputados, frente a 23.6% del partido de López Obrador. En las elecciones locales de la capital del país el PRD sólo ganó seis de las 16 delegaciones, y colocó 17 diputados en la Asamblea Legislativa, tres menos que Morena. En la que fue su primera elección, Morena obtuvo 3.3 millones de votos a nivel nacional (equivalentes a 8.3%) y se convirtió en la cuarta fuerza política del país, desplazando a partidos de más antigüedad: PVEM (6.9%), MC (6%), Panal (3.7%) y el PT, que con 2.84% no alcanzaba a mantener el registro como partido político nacional. El PES, de reciente creación, apenas salvó el registro, con 1.3 millones de votos (3.3%), y el Partido Humanista, que también debutaba, obtuvo 856 mil votos (2.1%) y perdió la posibilidad de mantenerse como partido nacional. Para el INE, el aprendizaje a partir del conocido método de ensayo y error continuó durante algunos meses más. El 19 de julio Chiapas fue a comicios locales para renovar sus 41 diputados locales y 119 ayuntamientos, en la única elección que no se homologó con las federales del 7 de junio, por determinación del Congreso local. La entidad ya había sido un dolor de cabeza en los comicios federales, tanto para las autoridades electorales como para la Secretaría de Gobernación, por las movilizaciones magisteriales, la quema de material electoral y la toma de instalaciones del INE. Sin embargo, un mes y 12 días después los maestros permitieron que los comicios transcurrieran en paz y, coincidentemente, el PVEM del gobernador Manuel Velasco se llevó los 24 distritos electorales locales y la mitad de los municipios, lo que otorgaba al joven mandatario una cómoda mayoría para la segunda mitad de su sexenio. Sin embargo, la actuación del OPLE de Chiapas fue tan irregular en ese proceso que el INE investigó a los siete consejeros que integraban el organismo por no garantizar la paridad de género en la integración de las fórmulas de las candidaturas y por irregularidades en la conformación de la lista nominal. Y en febrero de 2016 el INE destituyó a tres consejeros y tres meses después a los otros cuatro que integraban el OPLE. En agosto de 2015 la elección de diputado federal por el distrito 01 de Aguascalientes fue anulada por la Sala Regional del TEPJF, luego de que el PAN acreditara que la intervención del gobernador priista de la entidad, Carlos Lozano de la Torre, generó inequidad en el proceso. Las elecciones se repitieron el 6 de diciembre y el PAN ganó el distrito al PRI por una diferencia de apenas 65 votos; pero el verdadero ganador fue el PT, que en esa elección extraordinaria obtuvo los votos necesarios para que, en el recuento final, superara 3% de la votación nacional, necesario para salvar su registro.

En octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió anular las elecciones de gobernador en Colima, luego de que el PAN presentara pruebas de la interferencia del gobierno estatal a favor del priista Ignacio Peralta. El proceso extraordinario fue asumido en su totalidad por el INE, que determinó que la jornada electoral se efectuara el 17 de enero de 2016, por lo que la actividad electoral no se detuvo ni en las fiestas navideñas. Finalmente, el candidato priista ganó los comicios extraordinarios, superando por más de 10 mil votos al panista Jorge Luis Preciado, quien esta vez reconoció la derrota. Hasta el 24 de enero de 2016 —cuando Peralta recibió la constancia de mayoría— concluyó el tortuoso proceso electoral 2015, la “prueba del ácido” del nuevo árbitro y del nuevo sistema electoral, que aún vivirían otras sacudidas. LA CAÍDA DE BELTRONES

En 2016 el priista Manlio Fabio Beltrones era un personaje mitológico de la política mexicana. Sonorense nacido en 1952, priista desde los 16 años y diputado a los 30, en 1988 fue subsecretario de Gobernación al lado de Fernando Gutiérrez Barrios, un ícono de la vieja guardia priista. Cercano a Raúl Salinas, Beltrones era gobernador de Sonora en marzo de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. La leyenda cuenta que Beltrones fue el primero en interrogar a Mario Aburto, presunto asesino solitario del excandidato presidencial. Los hechos dicen que Beltrones desapareció de la escena pública durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien rompió con el salinismo. Fue hasta 2003 que Beltrones reapareció en las ligas mayores de la política, como diputado federal, cercano al entonces líder priista Roberto Madrazo. En 2006 Beltrones se convirtió en senador y coordinador del PRI, y durante el sexenio de Felipe Calderón ocupó varias veces la presidencia del Senado. Junto con Emilio Gamboa, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, se convirtió en pieza clave para las negociaciones legislativas con el gobierno panista de Calderón, quien les debe a ambos la posibilidad de tomar protesta tras su polémica elección. En 2012 Beltrones aspiró a la candidatura presidencial priista, pero fue arrollado por la ola peñista. Sin embargo, se convirtió en coordinador de los diputados del PRI y, junto con Emilio Gamboa, quien se hizo coordinador de los senadores del tricolor, fue pieza clave para que el presidente Enrique Peña sacara adelante las reformas del Pacto por México. Cuando dejó la diputación para convertirse en dirigente nacional del PRI, en agosto de 2015, algunos lo comenzaron a ver como un posible candidato presidencial de cara al 2018. En enero pocos dudaban que ese “peso completo” de la política tendría un 2016 de ensueño, para él y para su partido, pues de los 12 estados en los que se renovarían las gubernaturas, en nueve había gobernadores priistas: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En dos de los tres estados gobernados por la oposición el tricolor tenía un fuerte implante y enfrentaba a gobiernos aliancistas (PAN-PRD) que habían fracasado: Sinaloa y Oaxaca. En Puebla la batalla sería contra el panista Rafael Moreno Valle, un expriista que para entonces había construido una sólida estructura electoral en su estado. Pero las campañas de 2016 se vieron impactadas por un tema que el PRI y el gobierno de Peña Nieto creían haber sacado de la agenda en 2015: la corrupción. A los escándalos de la Casa Blanca de Peña Nieto y la casa de Malinalco de Luis Videgaray —que el gobierno había afrontado con una dudosa investigación a cargo de Virgilio Andrade y con la aprobación de una iniciativa ciudadana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción— siguieron los escándalos de los gobernadores priistas Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo. Las acusaciones por desvío de fondos federales, enriquecimiento inexplicable, uso de empresas fantasma e irregularidades en la contratación de obra pública fueron temas recurrentes en las campañas locales, y el “clan” de gobernadores afines a Peña Nieto pronto mostró que, lejos de ser un activo para el PRI, sería un lastre que derrumbaría a su partido y a su experimentado dirigente. Beltrones había batallado para negociar las candidaturas con los gobernadores de su partido, con las dirigencias y sectores del PRI en cada estado y con Los Pinos, donde el presidente insistió en imponer a candidatos como Baltazar Hinojosa en Tamaulipas, Lorena Martínez en Aguascalientes y Alejandro Murat en Oaxaca. Además, el PAN y el PRD emprendieron una estrategia de alianzas bajo un modelo que ya les había funcionado en 2010: ir juntos, con un expriista. Así, postularon a Carlos Joaquín en Quintana Roo, Miguel Ángel Yunes en Veracruz y José Rosas Aispuro en Durango. La alianza con el PAN significó para el PRD el rompimiento con corrientes internas y sectores de izquierda, que se fueron en definitiva con Morena, partido que peleó solo en las 12 entidades impulsando liderazgos ciudadanos, más que políticos tradicionales. El 5 de junio de 2016 el PRI sufrió una derrota histórica: entregó al PAN las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, y también perdió en Puebla. Recuperó Oaxaca y Sinaloa, y refrendó Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas. Dos semanas después Beltrones presentó un informe detallado a la Comisión Política Permanente del PRI, en el que defendió los resultados, por haber sido el partido más votado de la jornada y haber ganado cinco de 12 gubernaturas, la mayoría en siete de 12 congresos locales y 262 de 541 ayuntamientos en

disputa. En los siete estados perdidos —aseguró— el PRI sufrió un tropiezo electoral, pero no una derrota política. Sin embargo, en su discurso de 13 cuartillas y 2 mil 800 palabras anunció su renuncia al cargo, admitiendo que la ciudadanía había dado un mensaje a políticas públicas erróneas y castigado a políticos que incurrieron en excesos. “Es urgente y prioritario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos, legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI, que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad”, dijo, para después advertir que el PRI debía someterse a un profundo proceso de reflexión y transformación de cara al 2018. “Mi vocación es la política y seguiré en ella. No obstante, toca hoy hacer una pausa necesaria”, añadió. Y la pausa se prolongó durante años. EL SURGIMIENTO DE ANAYA

Para 2016 el panista Ricardo Anaya Cortés era aún un aprendiz de la política. Nacido en 1979, creció en Querétaro, e inició su carrera en 1997, como director del Instituto Municipal de la Juventud, con el alcalde de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. En el año 2000 fue candidato a diputado local por un distrito de la sierra queretana y perdió. En 2003 se convirtió en secretario particular del gobernador Garrido Patrón, y en 2009 fue electo diputado local. Al mismo tiempo, ejerció como presidente estatal del PAN. Fue hasta 2011 que saltó a la escena política nacional, como subsecretario de Turismo, invitado por el presidente Felipe Calderón. Y en 2012 apareció en las listas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, donde rompió con los calderonistas y se acercó al grupo del entonces dirigente panista Gustavo Madero. Los maderistas lo arroparon y lo promovieron para convertirse en presidente de la Cámara de Diputados en septiembre de 2013, y en mayo de 2014 apareció en la fórmula con Madero para derrotar a Ernesto Cordero en la contienda por la dirigencia nacional del PAN, lo que significó la derrota definitiva de Calderón dentro del partido. Fue coordinador de la bancada panista, secretario general y presidente interino del PAN, y en agosto de 2015 fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Su primer acto como dirigente fue traicionar a Madero, al entregarle a Marko Cortés —y no a su mentor— la coordinación del grupo parlamentario en San Lázaro. En enero de 2016 pocos creían que el llamado “chico maravilla” pudiera derrotar al PRI-gobierno, al experimentado Beltrones y al presidente Enrique Peña Nieto. Pero lo hizo. En la noche del 5 de junio, cuando aún se contaban los votos de una intensa jornada electoral en 14 entidades, Ricardo Anaya acudió a una mesa de debate convocada por el periodista Joaquín López Dóriga en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Estaban presentes, también, el entonces dirigente perredista Agustín Basave y el priista Manlio Fabio Beltrones. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, declinó la invitación. Apenas inició la discusión, Anaya aseguró que las alianzas PAN-PRD, que esa noche se levantaban con victorias importantes, habían nacido para conjurar el peligro del populismo representado por López Obrador, y para sacar del poder al PRI “corrupto e ineficaz”. Y durante hora y media presentó datos, fotografías, gráficas… evidencias de la corrupción de los gobernadores del PRI, de la guerra sucia emprendida por ese partido y de la falta de resultados del peñismo. Al menos cuatro veces usó las palabras “PRI corrupto e ineficaz”, tal como se lo habían aconsejado los asesores que prepararon a Anaya para un debate que, en su equipo, consideraban clave de cara al futuro. Cuando el “joven Anaya” exhibió declaraciones de Beltrones hechas como líder de la oposición en 2008 y 2009, contrastadas con declaraciones hechas como líder del partido en el gobierno, en temas fundamentales como la reforma energética o la política fiscal, el sonorense se derrumbó y acusó al panista de actuar así por culpa de su juventud. —La juventud no debe ser refugio para actuar así —dijo Beltrones. —Tú crees que la juventud es un defecto, ¿verdad? —respondió Anaya. Sonriente y con siete gubernaturas en su cuenta, el dirigente panista festejó esa noche con su equipo una “victoria histórica”: nunca el PAN había ganado tantas posiciones en una sola jornada electoral y, además, había logrado vencer al PRI en cuatro entidades que nunca había perdido ese partido, cuatro de los enclaves autoritarios de los que se hablaba antes del Pacto por México y de la creación del INE: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Esta victoria permitió a Anaya declarar que el PAN estaba de regreso y comenzar a construir, ya en serio, su candidatura presidencial de 2018. “INE-LANDIA”

Para el INE la del 5 de junio era una jornada más de seguimiento que de involucramiento directo, pues en los 13 estados en los que se renovaban gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos la responsabilidad directa del proceso corría a cargo de los OPLE.

Sólo las elecciones de diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México eran competencia directa del INE. Se trataba de un proceso extraordinario para elegir a los 100 legisladores que habrían de redactar la primera Constitución de la capital del país. Unos comicios en los que Morena desplazó al PRD como primera fuerza política de la ciudad, y que dieron al partido de López Obrador el control del órgano redactor de la Constitución. La jornada, sin embargo, suponía una nueva prueba para el modelo INE-OPLE creado en 2014; esta vez, con mil 819 cargos en disputa, 8 mil 214 candidaturas registradas por partidos y 308 candidatos sin partido. Los comicios convocaban a votar a 37.3 millones de electores en 14 entidades, e implicaban instalar 68 mil centros de votación y movilizar a 476 mil ciudadanos como funcionarios de casilla. En ese contexto, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, hizo un último llamado a la civilidad pasadas las 8:00 horas de ese domingo, durante la instalación de la sesión extraordinaria con la que se daría seguimiento a la jornada. El consejero aseguró que era natural que la lucha por el poder político generara fricciones entre los competidores, pero advirtió que no respetar las reglas, en un contexto tan vigilado como el de ese momento, no beneficiaría a ningún partido y sólo desacreditaría a la gobernabilidad democrática. “Lo que hemos vivido en las últimas semanas refleja que la normatividad electoral con la que contamos para la recreación de la democracia contribuye más a la imparcialidad, a la equidad y a la competencia que las reglas del modelo anterior”, dijo, con una buena dosis de optimismo. En contraparte, durante la sesión extraordinaria del Consejo General los representantes del PRD, Dolores Padierna y Pablo Gómez, y el de Morena, Horacio Duarte, señalaron las deficiencias del modelo y los vicios que aún no lograban desterrarse: campañas de lodo; circulación de dinero no fiscalizado; captura de los OPLE por parte de los gobernadores en estados como Puebla, Tlaxcala y Veracruz; proliferación de propaganda y guerra sucia mediante llamadas telefónicas masivas (call centers); reparto de despensas y dinero en efectivo para comprar el voto por parte del gobierno perredista en la Ciudad de México, e intervención del gobierno federal por parte del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se le acusaba de haber hecho declaraciones en contra del dirigente de Morena en pleno periodo de veda electoral. “Sugeriría, consejeras y consejeros de este instituto, que no se venda al país la idea de que en todas partes los comicios ocurren en condiciones normales y tranquilas, porque no lo es”, dijo con vehemencia la senadora Dolores Padierna. “Las dudas se han manifestado aquí, desde hace mucho tiempo, sobre la fragilidad, la fiabilidad y la imparcialidad de los Organismos Públicos Locales… Capturados por los gobernadores, varios OPLE poco sirven a la democracia y a los intereses del país”, añadió. Al final de los comicios, sin embargo, el INE pudo reportar la instalación de 68 mil 17 casillas; es decir, sólo 11 no pudieron abrirse, lo que contrastaba con las cifras de 2015, en las que se contaban por decenas las casillas boicoteadas. Las alternancias en ocho de las 12 gubernaturas que estuvieron en juego (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz) hablaban de un sistema electoral en el que los gobernadores ya no podían garantizar la permanencia de su partido en el poder a pesar de las conductas denunciadas por fuerzas políticas que en una entidad eran gobierno y en otra oposición. Los señalamientos por compra y coacción del voto con programas sociales y uso de recursos públicos y estructuras gubernamentales para beneficiar a los candidatos oficiales no se tradujeron en impugnaciones relevantes ante los tribunales electorales o, al menos, no en litigios en los que se pidiera la nulidad de los comicios. Esto permitió al INE cerrar el capítulo 2016. Pero al darle vuelta a la página del expediente comicial los periodistas, analistas políticos y opinadores encontraron una joya mediática: la decisión de construir una nueva sede para el INE, un proyecto anunciado desde finales de 2015 que causó críticas desde el principio y cuya construcción debía haber iniciado en mayo de 2016. El proyecto consistía en reutilizar los terrenos actuales del INE —ubicados al sur de la Ciudad de México— con dos edificios nuevos de 14 pisos más los cuatro ya existentes, para albergar oficinas para 3 mil 210 trabajadores. El “conjunto Tlalpan” o “ciudad INE” tendría, además, un estacionamiento de mil cajones, 2 mil 400 metros de áreas verdes, una sala de usos múltiples que cada tres años albergaría la “macrosala” de prensa que tradicionalmente se instala para la cobertura de las elecciones federales, espacios deportivos para los trabajadores y una “plaza de la democracia” de uso peatonal abierta al público. Desarrollar el proyecto —asignado en octubre de 2015 al arquitecto Héctor de la Peña López— costaría mil 100 millones de pesos, de los cuales el INE afirmaba contar ya con 719 millones aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 2015, y una previsión de 762 millones solicitados a los diputados en el proyecto presupuestal de 2016 que servirían para concluir la obra y construir juntas locales en cinco entidades. El INE defendió el proyecto argumentando que la sede en uso se había edificado desde 1991, cuando en las oficinas centrales del IFE laboraban menos de mil personas, y 24 años después en el INE había más de mil 600 empleados en oficinas centrales, más los ubicados en otros cuatro inmuebles en otros puntos

de la ciudad. Sin las nuevas instalaciones, el instituto seguiría gastando más de 80 millones de pesos anuales en rentas de edificios, sólo en el Distrito Federal. Sin embargo, pronto el proyecto fue bautizado como “INE-landia” por algunos medios y opinadores, quienes argumentaron que era una obra cara, innecesaria, faraónica, lujosa y poco transparente. En un documento titulado “10 mitos sobre el nuevo edificio del INE”, el instituto calificó como falsos esos señalamientos; aclaró que el proyecto había sido concursado mediante un esquema avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el que participaron 53 propuestas, denominado “Concurso Nacional de Ideas”, y aseguró que la obra era importante para la operación del instituto, generaría un patrimonio público y un servicio ambiental en la zona sur de la ciudad y permitiría ahorrar el dinero erogado en rentas. El 29 de junio de 2016, 24 días después de las elecciones, las puertas del INE se abrieron para que representantes de 28 empresas recorrieran las instalaciones en uso y la zona donde se proyectaba levantar las dos torres. Y el 20 de julio se lanzó la convocatoria para la licitación de la obra, a la que respondieron 24 empresas. El 25 de agosto se anunció que Tadco Constructora, S. A. de C. V., AKF México y BA Architecture habían ganado el concurso con una propuesta de 55.4 millones de pesos sólo para el desarrollo del proyecto ejecutivo (planos, estudios hidrológicos, análisis topográfico y técnico de la obra). Además se licitó un estudio técnico del polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan (un millón 174 mil pesos) y se adjudicó de manera directa un estudio de actualización catastral y un plan maestro a BulAu Arquitectos (4.2 millones de pesos). Se dijo entonces que los trabajos empezarían el 29 de agosto de 2016, con el objetivo de concluir a mediados de 2019, con una pausa en el primer semestre de 2018 para no afectar la organización de las elecciones presidenciales de ese año. En esas fechas, en el vestíbulo del edificio A del INE se exhibía una maqueta del proyecto. “Conjunto Tlalpan”, le llamaba oficialmente el instituto, mientras los críticos insistían en llamarle “INE-landia”. Mientras tanto, las elecciones de Estados Unidos acaparaban la atención nacional, ante el discurso antimexicano del candidato postulado por el Partido Republicano, Donald Trump. En septiembre el presidente Enrique Peña Nieto invitó a Trump a Los Pinos, lo que provocó fuertes críticas que derivaron en la caída del operador de esa visita: el secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien había sido el cerebro económico y político de la administración peñista. El 7 de septiembre, al tomar posesión como nuevo secretario de Hacienda en sustitución de Videgaray, José Antonio Meade presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto para 2017 que contemplaba un recorte de 240 mil millones de pesos. El 8 de noviembre de 2016 Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, y al día siguiente el dólar se disparó de 18 a casi 21 pesos. Dos días después la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, con una reducción de 0.7% respecto al año anterior, y con recortes en diversas áreas. Para el INE la disminución fue de 300 millones de pesos. Durante todo diciembre los analistas económicos y el propio gobierno advirtieron una y otra vez que el siguiente sería un año de turbulencia económica y sacrificios para todos. El primer día de 2017, cuando faltaban dos semanas para la investidura de Trump, comenzaron las turbulencias. El gobierno de Peña Nieto adoptó una de las medidas más impopulares del sexenio: un alza de 20% en el precio de las gasolinas y el diésel —derivada del alza internacional de los precios de los combustibles—, que provocó desabasto, manifestaciones espontáneas en las principales ciudades del país y saqueos en centros comerciales de la zona metropolitana del valle de México. En el marco del llamado gasolinazo, el INE presentó a la sociedad un plan de austeridad que incluía la reducción de 10% en el sueldo de los consejeros y la suspensión de algunas prestaciones a altos funcionarios, como la telefonía celular; además de la cancelación del proyecto de nueva sede. El miércoles 11 de enero Lorenzo Córdova reunió a los integrantes del Consejo General en una sala del INE, y tras tres horas de análisis y discusión las y los consejeros comparecieron ante la prensa para anunciar que el proyecto ya no se ejecutaría y que los mil 70 millones de pesos que había guardado en un fideicomiso para construir la nueva sede serían devueltos a la Tesorería de la Federación. “El INE, como un organismo autónomo, no es ni puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al país, ni permanecer al margen de las exigencias para afrontar con la máxima sensibilidad y responsabilidad el delicado momento que atraviesa nuestra nación”, anunció Córdova. “Reiteramos la pertinencia de la propuesta de construcción y concentración de las oficinas centrales en las instalaciones de Viaducto Tlalpan, pero las consejeras y consejeros entendemos que la situación actual de la economía del país exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos”, añadió. Entre sus más allegados, Córdova se quejaba por la oportunidad perdida de construir una nueva sede que, a la larga, generaría ahorros y modernizaría al instituto, pero el desmoronamiento de “INE-landia” le permitió concentrarse de lleno en el futuro, y evitó que la imagen del INE se siguiera erosionando. La incertidumbre económica anunciada con los gasolinazos y la inestabilidad política derivada de la llegada de Trump a la Casa Blanca marcaban el inicio de 2017, un año con elecciones en tres estados gobernados por el PRI: Coahuila, Estado de México y Nayarit. Comenzaba así la última estación, antes de 2018.

ESTADO DE MÉXICO: EL INFIERNO

Defenestrado Beltrones, el equipo más cercano al presidente Enrique Peña Nieto decidió tomar las riendas de la estrategia política del PRI rumbo a 2017 y 2018. Y no era para menos, pues el calendario señalaba que habría elecciones municipales en Veracruz (donde no podrían darse el lujo de una nueva derrota) y comicios para renovar las gubernaturas de tres entidades en poder del tricolor: Coahuila, Nayarit y el Estado de México, tierra del presidente. Con más de 11 millones 312 mil electores registrados en la lista nominal en ese año, el Estado de México era la joya de la corona: la entidad con más votos, la más poblada del país y con el producto interno bruto más grande; terruño de Peña Nieto y de prominentes funcionarios de su administración, y cuna del Grupo Atlacomulco. Era, según todos los analistas, el “laboratorio” de 2018. El primer paso de la estrategia del peñismo fue colocar a uno de los suyos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Se trataba del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza — un burócrata priista discípulo de Luis Videgaray, que había sido secretario particular de la presidenta del Tribunal Federal Electoral, Maricarmen Alanís, entre 2007 y 2011—, quien asumió la dirigencia del PRI el 12 de julio de 2016. Después del nombramiento de Ochoa Reza el grupo más cercano a Peña Nieto comenzó a sostener reuniones semanales en Los Pinos para planear una operación gubernamental que impidiera una derrota en el Estado de México, donde los acechaban la posibilidad de una nueva alianza PAN-PRD y Andrés Manuel López Obrador y Morena, que amenazaban con dar la pelea electoral con un arma sencilla pero efectiva: Delfina Gómez, una maestra de origen humilde —hija de un albañil— que había sido alcaldesa de Texcoco y que se perfilaba como candidata a gobernadora impulsada por dos viejos lobos de la política y expertos operadores electorales de Morena, los experredistas Horacio Duarte e Higinio Martínez. Ante ese panorama, Peña Nieto pidió a su jefe de Oficina, el también mexiquense Francisco Guzmán Ortiz (conocido como Frank), que coordinara una estrategia de posicionamiento del PRI en la entidad, aún sin candidato, en la que participarían el PRI nacional y estatal, el gobierno del Estado de México y varias secretarías de Estado. Así, a partir de agosto de 2016, 24 dependencias del gobierno federal se volcaron en el territorio mexiquense para repartir tarjetas bancarias con apoyos económicos de programas sociales, organizar ferias de servicios los fines de semana, inaugurar obra pública y transmitir en la entidad una lluvia de spots promoviendo obras de infraestructura. Según documentó el diario Reforma en notas publicadas entre septiembre y noviembre de 2016, y en un reportaje publicado el 20 mayo de 2017 (“Planeó Presidencia estrategia en Edomex”, de la reportera Claudia Salazar), en la operación participaron secretarías encabezadas por prominentes operadores priistas, como la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (cuya titular era Rosario Robles), Desarrollo Social (Luis Miranda), Agricultura y Desarrollo Rural (José Calzada), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Rafael Pacchiano, del PVEM, entonces aliado del PRI), Educación Pública (Aurelio Nuño), Economía (Ildefonso Guajardo), Salud (José Narro), Trabajo y Previsión Social (Alfonso Navarrete Prida) y Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza). Además, habrían participado los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Banobras, Bansefi, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Según documentó Reforma, en su “cruzada” para no perder el Estado de México, el grupo de Los Pinos organizaba eventos masivos para la entrega de despensas y registro de beneficiarios en municipios estratégicos. Un documento de la Presidencia de la República dejó constancia de siete ferias en las que se “atendió” a más de 33 mil personas, celebradas en Toluca (20 de agosto), Valle de Bravo (3 de septiembre), Ixtlahuaca (10 de septiembre), Tultepec (24 de septiembre), Chalco (1 de octubre), Huixquilucan (8 de octubre) y Zinacantepec (15 de octubre). Las fotografías y videos publicados en Reforma dejaban ver a cuadrillas de funcionarios vestidos con chalecos rojos, con el gobernador priista Eruviel Ávila a la cabeza, repartiendo tarjetas bancarias y anotando a los pobladores en listas. Todo ante la mirada silenciosa de las autoridades electorales, que en esos meses poco hicieron para impedir lo que algunas voces opositoras ya calificaban como una anticipada y descarada compra del voto. El gobierno de Peña Nieto aprovechaba esos eventos para placear a sus precandidatos a la gubernatura, que hacia finales de 2016 eran: el titular de la Profeco, Ernesto Nemer; la secretaria general del PRI, Carolina Monroy; la secretaria de Educación del gobierno estatal, Ana Lilia Herrera; el propio Frank Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, y el diputado federal Alfredo del Mazo, sobre quien recaería finalmente la candidatura. En los albores del 2017, mientras el “gasolinazo” permitía que Peña Nieto y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ajustaran el presupuesto —a costa de su popularidad en las encuestas—, en los partidos políticos se definían alianzas y candidaturas de cara a la última escaramuza antes de la gran batalla de 2018. El PRI destapó a Alfredo del Mazo para el Estado de México; a Miguel Ángel Riquelme en Coahuila y a Manuel Cota en Nayarit.

El PAN y el PRD, que habían advertido que repetirían la dosis de alianzas que les había funcionado en 2016, finalmente sólo lograron coaligarse en Nayarit. En Coahuila el perredismo local boicoteó los intentos de acuerdo de su lideresa nacional, Alejandra Barrales, y en un criticado movimiento terminó postulando a una maestra de nombre Mary Telma Guajardo, conocida por ser comadre del gobernador priista Rubén Moreira, quien se jugaba en esa elección la posibilidad de ser llevado a juicio, como ocurrió con los exmandatarios de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, derrotados en 2016. En el Estado de México la posible alianza PAN-PRD comenzó a desvanecerse desde el 20 de enero. Ese día —en el que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos— Ricardo Anaya acudió a Los Pinos a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su principal consejero político, Santiago Creel Miranda. Anaya confirmó la reunión 10 días después de ocurrida y aseguró que ésta sirvió para expresar al gobierno la disposición del PAN a apoyar un pacto de unidad nacional frente a Trump. Sin embargo, en la reunión también se abordaron asuntos electorales —como el repunte de Morena y López Obrador en las encuestas— y, entre otras cosas, ahí se acordó que el PAN no iría en alianza con los perredistas en el Estado de México, aunque para ese momento Josefina Vázquez Mota —la más probable candidata panista a la gubernatura— era la puntera en la mayoría de las encuestas. El “pacto de Los Pinos” entre Anaya y Peña, que según el periodista Salvador García Soto (El Universal, 30 de enero de 2017) también incluía un acuerdo para frenar a AMLO de cara al 2018, terminó en leyenda. Lo cierto es que del lado del PRD también había grupos operando en contra de una alianza con los panistas, principalmente la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), dirigida por Héctor Bautista, quien terminó ganando la partida a la corriente Nueva Izquierda e impulsando como candidato al exalcalde de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda. Para marzo de 2017 Alfredo del Mazo terminó siendo candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES contra una oposición fragmentada, en el escenario ideal diseñado desde Los Pinos. Josefina Vázquez Mota, tal como le ocurrió en las presidenciales de 2012, vino de más a menos luego de que se revelara que había recibido mil millones de pesos después de las elecciones de 2012, provenientes de la SHCP (Luis Videgaray), para financiar un programa de ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por el PRD, Juan Zepeda fue un candidato entusiasta y con dotes de orador y polemista, pero sin estructura ni posibilidades reales de triunfo. El candidato rockero y migrante, criado en Neza, se dedicó a cuestionar a la candidata de Morena, y terminó siendo la revelación de la campaña por su carisma y por una inusitada proyección de su imagen. El PT postuló a Óscar González Yáñez y, además, desde el priismo mexiquense se promovió la participación de la empresaria Teresa Castell de Oro Palacios como candidata sin partido. Al final, la competencia real para el PRI vino de la candidata de Morena, quien hizo una campaña memorable en contra del Grupo Atlacomulco y del aparato del gobierno federal, acompañada casi en todo momento por López Obrador. Para derrotar a la maestra Delfina el peñismo volcó todas sus baterías, principalmente en los municipios más pobres del estado, colindantes con Guerrero y Michoacán, donde fueron notorios los repartos de despensas, animales de granja, materiales de construcción, semillas, fertilizantes y dinero. La campaña de Del Mazo entregó miles de “tarjetas rosas” a amas de casa, con la promesa de que, pasados los comicios y en caso de que Del Mazo fuera gobernador, comenzarían a depositarse recursos mensualmente. El 15 de mayo la organización civil Ahora, dirigida por Emilio Álvarez Icaza, presentó al INE una denuncia en contra del PRI y el gobierno federal por el reparto de miles de tarjetas; algunas de Banorte, con depósitos de 2 mil pesos mensuales de febrero a mayo, y otras en las que comenzaría a fluir el “salario rosa” de mil 200 pesos bimestrales después de la campaña. La organización Ahora exigió al INE que su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) investigara las cuentas de los partidos que postularon a Del Mazo y las cuentas asociadas a las tarjetas bancarias repartidas en campo por los operadores priistas y por funcionarios del gobierno federal. La misma organización creó el sitio de internet www.elciclo.ahora.si para explicar una supuesta trama de corrupción por más de 3 mil 700 millones de pesos, ligada a la concesión y el financiamiento de proyectos carreteros que involucraban a los polémicos consorcios señalados en otros escándalos —Grupo Higa y OHL— y a los priistas que gobernaron el Estado de México de 2005 a 2011 y que llegaron a la presidencia en 2012: Enrique Peña, presidente; Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Alfredo del Mazo, exdirector de Banobras y candidato a la gubernatura. Según el relato de la organización ciudadana, esos personajes habrían desviado mil 600 millones de pesos de aquella cuenta en 2017, para utilizarlos en la campaña priista del Estado de México. La denuncia pública estuvo acompañada de una queja presentada el 15 de mayo ante la Comisión de Fiscalización del INE, una denuncia de hechos presentada el 1 de junio ante el fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto, y un recurso en el Tribunal Electoral exigiendo que se obligara al INE a atender su queja.

En paralelo, el PAN y Morena denunciaron que Eruviel Ávila mantenía los eventos públicos para entregar recursos de programas sociales, y repartía todo tipo de apoyos: desde la tarjeta “la efectiva” hasta vales para hacerse estudios clínicos de laboratorio. A finales de mayo Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez descalificaron al OPLE del Estado de México por desatender sus quejas y otorgarles al gobernador y a su partido patente de corso para llevar a cabo todo tipo de acciones tendientes a coaccionar el voto y, por separado, pidieron al INE atraer la elección, demanda que no procedió en el Consejo General. La desconfianza de los partidos en las autoridades electorales locales —no sólo las del Estado de México, sino también las de Coahuila, Nayarit y Veracruz— era tanta que el PAN, Morena y el PRD solicitaron al presidente del INE que convocara a una sesión extraordinaria del Consejo General, que no estaba prevista, para que durante todo el domingo pudiera darse seguimiento a los comicios desde las oficinas centrales del instituto. El sábado 3 de junio, horas antes de los comicios, en locales de Morena y en algunos sitios donde se instalarían casillas —marcadamente en el municipio de Tlalnepantla— aparecieron cabezas de cerdo cortadas y ensangrentadas, cruces bañadas de pintura roja y coronas fúnebres. Además, Morena denunció amenazas telefónicas a sus simpatizantes y operadores, y en el municipio de Tejupilco la policía estatal llevó a cabo operativos en los hoteles donde se hospedaban los militantes de Morena que operarían en el sur del estado como representantes de casilla. Al día siguiente, en plena jornada electoral, se reportaron múltiples incidentes, amenazas, acusaciones de acarreos, denuncias por la aparición de grupos de choque alrededor de los centros de votación y conatos de violencia en municipios como Ecatepec, donde Ricardo Monreal —entonces jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ciudad de México— advirtió que el PRI tenía preparada una estrategia para violentar la elección en la noche, cuando Morena resultara ganador en ése y otros municipios de la zona metropolitana del valle de México. En la sesión del INE los partidos replicaron los incidentes y lamentaron que la antesala de 2018 quedara marcada por las irregularidades observadas en la campaña: compra del voto con tarjetas bancarias, uso de programas sociales por parte de los gobiernos federal y estatal, rebase de topes de gasto de campaña, financiamiento ilegal y por debajo de la mesa, una fiscalización deficiente por parte del INE y un control descarado de los OPLE por parte de los gobernadores. En su libro El infierno electoral (Grijalbo, 2018), Bernardo Barranco —quien fungía como consejero de la Junta Local del INE en el Estado de México y fue testigo directo del proceso— recapituló todas las irregularidades ocurridas antes y durante la campaña, y el día de la jornada electoral. Y concluyó que se trató de una operación multimillonaria para mantener a un grupo en el poder. “Fue un infierno electoral mexiquense. Ahí se dieron los abusos más arbitrarios de que se tenga memoria. Más que una elección de Estado se dio un fraude sistémico, pues todo el aparato de gobierno se abocó de manera fraudulenta a coaccionar el voto ciudadano ante la mirada tibia de las autoridades electorales”, escribió Barranco. Según el analista, el 4 de junio el INE efectuó la sustitución de 5 mil 386 funcionarios de casilla que no se presentaron a abrir los centros de votación, lo que implicó habilitar a personas tomadas de las filas que recibieron un curso exprés para ser escrutadores, secretarios y presidentes de casilla. Ello minaba la certeza del proceso, pues implicaba que en al menos 3 mil 800 casillas no estarían los funcionarios insaculados y capacitados conforme a los rigurosos estándares de la ley electoral. Aquella noche del 4 de junio Del Mazo se alzó con una polémica victoria, con 2 millones 40 mil votos (equivalentes a 34.7%), contra un millón 870 mil de la candidata de Morena (31.8%). El perredista Juan Zepeda quedó en tercer lugar (18.4%) y la panista Josefina Vázquez Mota se hundió al cuarto sitio (11.6 por ciento). Los resultados permitían ver que Delfina Gómez triunfó en los municipios conurbados del valle de México (tanto en el oriente como en el norte de la zona metropolitana) y que el PRI había mantenido la gubernatura gracias al voto de los municipios rurales, más pobres y más alejados. Una investigación publicada en febrero de 2018 en Revista R, del diario Reforma, reveló cómo en municipios de alta marginación se registraron niveles de participación atípicos, no sólo en comparación con los promedios históricos de la entidad, sino en la historia electoral de México. En San Andrés Timilpan, por ejemplo, votó 76.2% de la lista nominal. En esos mismos municipios la votación a favor del candidato priista duplicaba su promedio estatal de 34 por ciento. Dos ejemplos: en San Felipe del Progreso, donde votó 66% de los 86 mil electores registrados, 58% sufragó por Del Mazo. Y Villa Victoria, donde la participación fue de 70%, dio a Del Mazo 30 mil sufragios, equivalentes a 72% de los que se emitieron en todo el municipio. Morena impugnó las elecciones ante el Tribunal Electoral, denunciando un catálogo amplio de irregularidades y presentando testimonios de personas que confesaban haber vendido su voto. El colectivo ciudadano Ahora arreció en sus denuncias y en sus señalamientos hacia el INE, al que acusó no sólo de haber sido pasivo, sino cómplice de la elección de Estado más descarada del sexenio. El 14 de julio la Comisión de Fiscalización del INE consideró improcedente la queja de este grupo de activistas en contra del PRI y del gobierno de Peña Nieto y, en menos de una semana, Álvarez Icaza reunió a un grupo de intelectuales y políticos en una conferencia de prensa para exigir que los consejeros

electorales renunciaran a sus cargos, por haber permitido una elección que, según dijeron, era el preámbulo de un gran fraude en 2018. Entre los denunciantes se encontraban desde el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas hasta el exconsejero del IFE Alfredo Figueroa, pasando por académicos como Denisse Dreser y Sergio Aguayo o activistas como Ana Lucía Riojas y Alfredo Lecona. Curiosamente, Delfina Gómez y Morena en general —los principales agraviados en esos comicios— mantuvieron su reclamo en las instancias legales, sin manifestaciones públicas, marchas o plantones. El rijoso AMLO, recordado por la toma de Reforma tras las elecciones de 2006, optaba por los tribunales como única vía para denunciar el fraude y tratar de echar abajo la victoria del PRI. Los consejeros del INE se mantuvieron en sus cargos, explicando —a toro pasado— que muchas de las medidas que debieron tomarse para frenar la intervención gubernamental en el proceso correspondían al OPLE y no al INE. En julio el Consejo General también aprobó el dictamen de la UTF, en el que se detectó que los partidos ocultaron 228 millones de pesos que gastaron en sus campañas. Esto significaba que una cuarta parte del dinero ejercido en las elecciones de las cuatro entidades no fue reportado a la autoridad electoral. Tan sólo en el Estado de México la cifra no reportada llegaba a 171.1 millones de pesos. La panista Josefina Vázquez Mota ocultó 52.7 millones de pesos; el priista Del Mazo, 50.8 millones; el perredista Juan Zepeda, 47.4 millones, y la morenista Delfina Gómez, 8.4 millones. El informe revelaba la capacidad del INE para detectar esta falta, por la que los partidos se hicieron acreedores a multas por más de 670 millones de pesos. Pero también dejaba ver la incapacidad institucional para detener este flujo de dinero irregular, que provocaba sanciones pero no impedía el acceso al poder de quienes cometían las irregularidades. Un dato acentuaba la desconfianza de la oposición en las labores de fiscalización del INE: el hecho de que el titular de la UTF fuese Eduardo Gurza Curiel, un funcionario que había sido miembro del Consejo Directivo de Banobras en 2013, cuando el titular del banco era nada menos que Alfredo del Mazo. Cuatro meses después de estas elecciones, Gurza renunció al cargo en medio de críticas y descalificaciones. El 14 de septiembre de 2017, 72 horas antes de la toma de protesta del nuevo gobernador del Estado de México, la Sala Superior del TEPJF validó el triunfo de Del Mazo. A propuesta de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, los magistrados consideraron infundados los recursos de impugnación que presentaron Morena, el PAN, el PRD y el PT, y rechazaron declarar la nulidad de los comicios. La “operación Los Pinos” había dado resultado, pero a un alto costo, tanto para el gobierno de Peña Nieto y los contribuyentes como para las autoridades electorales. COAHUILA: EL PURGATORIO

En paralelo al proceso mexiquense, en Coahuila se vivía otro infierno. El gobernador priista, Rubén Moreira, se aprestaba para dejar como sucesor a su exsecretario de Gobierno Miguel Riquelme Solís, un ingeniero de entonces 46 años que había sido diputado local (20062007), secretario de Desarrollo Regional de La laguna con el polémico Humberto Moreira (2008-2009), diputado federal (2009-2011) y que fungía como alcalde de Torreón cuando fue destapado como candidato del PRI a la gubernatura. Riquelme enfrentó en campaña al panista Guillermo Anaya, exsenador, exdiputado federal y candidato a la gubernatura en 2011, cuando Rubén Moreira le ganó por casi 300 mil votos de diferencia. En esta segunda elección, Guillermo Anaya capitalizó el desprestigio de los hermanos Moreira para crear una narrativa de campaña similar a la que usó el PAN en 2016: en contra de la corrupción, el nepotismo y los abusos de poder. La noche del 4 de junio el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, cantó victoria en aquella entidad, asegurando que los coahuilenses habían dado una lección a los Moreira. Y aunque los votos registrados en las actas darían una ventaja de casi tres puntos porcentuales al candidato priista, la noche del 4 de junio el PAN tuvo elementos para adjudicarse la victoria, generar un ambiente de incertidumbre en torno al resultado y llevar el proceso a tribunales, donde finalmente el PRI afianzó la gubernatura. A las tres de la mañana del lunes 5 de junio la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León Farías, dio a conocer las tendencias del conteo rápido de las elecciones de gobernador, que colocaban al panista Guillermo Anaya en primer lugar, con un límite inferior de votación de 36.64% y un límite superior de 39.08%, y al priista Miguel Riquelme en segundo lugar, con un límite inferior de 34.74% y un límite superior de 37.34 por ciento. Es decir, había un cruce entre el primero y segundo lugar, por lo que la tendencia de ese ejercicio estadístico no podía considerarse definitiva. Ataviada con un saco color verde agua y un collar de perlas colgando de su cuello, la consejera presidenta abrió el sobre sellado del comité técnico del conteo rápido y leyó que el nivel de confianza del ejercicio era de 95%, y que Guillermo Anaya estaba a la cabeza en los comicios.

Cautelosa, la funcionaria enfatizó: “La voluntad de las y los ciudadanos se decantó principalmente por dos opciones, de forma tan cerrada que el conteo rápido no permite desprender una tendencia clara a favor de uno de los dos contendientes más votados […] derivado de los resultados del conteo rápido que acabo de leer, nadie tiene elementos para declararse ganador. Sólo será el cómputo del cien por ciento de las actas de las casillas lo que determinará con claridad quién obtuvo más votos. Hago un llamado respetuoso a los actores a esperar los resultados oficiales”. Sin embargo, para ese momento los panistas ya festejaban en las calles de Torreón, Saltillo y otras ciudades coahuilenses, mientras que los priistas también se decían ganadores, a pesar de verse sacudidos por esas cifras. Para ese momento el PREP avanzaba lentamente y mostraba una elección cerrada. Con sólo 50% de las actas computadas, el candidato panista tenía 37.29% de los votos y el priista 37.22 por ciento. Fue hasta las cuatro de la tarde del lunes cuando el PREP mostró una cifra que terminaría pareciéndose más al resultado oficial: el priista Riquelme contaba con 38.3% de los votos y el panista Anaya con 36.8%. En ese momento el IEC detuvo el PREP y dio a conocer que se habían procesado ya las 3 mil 628 actas de la elección. Pero en realidad el PREP sólo mostraba el resultado de 2 mil 609 actas contabilizadas (equivalentes a 71.9%), pues en las demás había “inconsistencias” que impedían incluirlas en el programa. Gabriela de León trató de explicar esta anomalía argumentando que era una elección compleja, con siete candidatos en disputa, y con muchas probabilidades de que se cometieran errores en el llenado de las actas. Aunque en Nayarit, Veracruz y el Estado de México los PREP se detuvieron con más de 97% de avance, ella consideró “normal” que el de Coahuila se parara con menos de 72 por ciento. El martes 6 de junio miles de panistas marcharon para reclamar la limpieza de la elección, y un día después, cuando comenzaron los cómputos distritales, los panistas denunciaron que los paquetes habían sido violados, por lo que se retiraron de los cómputos asegurando que no estarían ahí para avalar un fraude. Anaya consiguió que los candidatos de otras fuerzas políticas se sumaran a su reclamo de limpieza electoral y, junto con Armando Guadiana, de Morena; José Ángel Pérez, del PT, y los independientes Javier Guerrero y Lucho Salinas, creó el Frente por la Dignidad de Coahuila. El OPLE de Coahuila declaró ganador a Riquelme el jueves 8 de junio, con un total de 482 mil 891 votos (38.19%), frente a 452 mil 31 votos de Guillermo Anaya (35.74%). Y aunque la consejera Gabriela de León aseguró que se había recontado 91% de los paquetes electorales, este proceso ya no fue validado por la oposición, que desde el principio anunció que llevaría el proceso al TEPJF. Pese a todo, el domingo 11 la consejera presidenta entregó al priista la constancia de mayoría. “Lo único que están buscando es limpiar esa elección, pero ya no hay manera de darle certeza. Los datos del cómputo no van a coincidir con el PREP ni con el conteo rápido, porque los paquetes fueron alterados”, advirtió en aquel momento el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda. El panista acusó al INE de hacer oídos sordos a la demanda de atraer el proceso completo, o al menos ciertas etapas, y lamentó que no se le impusiera al órgano local un PREP y un conteo rápido confiables, y consejeros que no estuviesen ligados al PRI y a la familia Moreira. “El INE fue demasiado laxo con los OPLE, cuando había claras evidencias de sus vínculos con los gobiernos priistas. Le pedimos al INE que asuma a plenitud sus facultades, intervenir con fuerza, con determinación. Es un llamado que hemos venido haciendo, no de ahora, durante todo el proceso. La democracia hoy en México está a prueba en Coahuila. Si se toleran estos abusos, el mensaje que se manda es que el voto no importa”, acusaba Zepeda en plena crisis poselectoral. El PAN, Morena y los candidatos independientes presentaron 42 impugnaciones a la elección de gobernador ante el Tribunal Electoral del estado de Coahuila, acusando diversas irregularidades, entre las que destacaba un gasto excesivo del candidato priista, quien habría rebasado el tope de gastos de campaña en más de 5%, con lo que procedería legalmente la anulación del proceso. Desde julio, cuando el INE dio a conocer el dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre los gastos de las campañas en 2017, los consejeros advirtieron que en Coahuila tanto el PRI como el PAN habían rebasado el tope de gastos de campaña, que en esa entidad era de 19 millones 242 mil pesos —una cifra irrisoria si se compara con los más de 280 millones de pesos autorizados como tope de gastos en el Estado de México. Pero fue el 5 de octubre cuando el Consejo General determinó que el PRI sí había rebasado el tope, con un gasto de 2 millones de pesos por arriba de los 19 millones autorizados. Al ser un rebase de más de 10% del tope, esto abría la puerta a la anulación de los comicios. Sin embargo, el PRI impugnó la decisión del INE ante el TEPJF, que ordenó al instituto recalcular algunos conceptos de gasto, y el 20 de octubre el INE tuvo que acatar la resolución del tribunal y fijar una nueva cifra, en la que el rebase del PRI era de apenas 1.61 por ciento. El 25 de octubre el tribunal estatal desechó las impugnaciones y declaró ganador al priista —como lo preveía la oposición—, por lo que el PAN y el Frente por la Dignidad de Coahuila recurrieron al tribunal federal.

El 30 de octubre el Consejo General del INE determinó nuevamente que el PRI sí había rebasado el tope de gastos de campaña, esta vez en 9.21%, al contabilizarle la producción y difusión de 84 videos subidos a Facebook no reportados originalmente por la campaña del candidato. Estos videos habrían costado un millón 461 mil pesos, según calculó la Comisión de Fiscalización del INE, por lo que la campaña de Riquelme habría ejercido, en total, 21.01 millones de pesos, es decir, 1.77 millones de pesos más de lo autorizado. Con esta resolución el INE volvía a abrir la puerta a la anulación, por lo que el PRI lo acusó de dejarse presionar por sus opositores y de querer “lavarse la cara” luego de las pifias ocurridas con el conteo rápido y el PREP. Los priistas, que incluso habían conseguido que en agosto el presidente Peña Nieto recibiera a Riquelme en Los Pinos (aún sin la calificación del proceso), recurrieron nuevamente al Tribunal Electoral, que en cuestión de días volvió a enmendarles la plana a los consejeros. En su sesión del 24 de noviembre seis de los siete integrantes de la Sala Superior (Janine Otálora, Mónica Soto, José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata e Indalfer Infante) fueron desechando, una a una, las resoluciones del INE de las que se desprendían los montos con los que el PRI habría rebasado los topes de gastos de campaña. En total, los magistrados descontaron al priista gastos por un millón 802 mil pesos respecto a lo que había determinado el INE, por lo que la cifra final quedó incluso por debajo del tope 0.16 por ciento. Con la voz discordante del magistrado Reyes Rodríguez, la Sala Superior desechó acuerdos del Consejo General que tenían que ver con gastos no reportados en publicidad en Facebook y pago a representantes de casilla. Además, se consideraron infundadas las denuncias de la oposición por el reparto de tarjetas rosas, la parcialidad del OPLE de Coahuila y las irregularidades ocurridas durante la jornada electoral y el cómputo de votos. Al poner punto final a la elección, la presidenta del Tribunal, Janine Otálora, aseguró que no se aportaron elementos suficientes para acreditar dichas irregularidades. Y advirtió que sus sentencias no pueden obedecer a presiones de partidos, medios o redes sociales. “Obedecen a razones de derecho”, decretó la magistrada. Como ocurrió con otras resoluciones del INE que fueron corregidas durante 2017 por el Tribunal Electoral (como un intento que se hizo en septiembre para aprobar un acuerdo de “cancha pareja” que le amarrara las manos al gobierno federal en el tema de programas sociales), la sentencia de Coahuila dejaba maltrecho al árbitro electoral de cara a la gran cita de 2018. El PRI y Peña Nieto festejaban por haber mantenido en sus manos Coahuila y el Estado de México, aunque habían acusado recibo de los intentos del INE por acreditar el rebase de topes de gastos de campaña de su candidato. El PAN y el PRD lamentaban el mal precedente y acusaban tibieza del INE y captura de los OPLE. Y Morena acumulaba argumentos para descalificar al sistema electoral en general. A diferencia de lo ocurrido un año antes, en 2017 nadie aplaudió al INE, ni perdedores, ni ganadores. En ese agrio otoño, Lorenzo Córdova reunió a su equipo en la presidencia del Consejo General con un propósito muy claro: tomar nota de los errores cometidos y evitar repetirlos. A partir de entonces, el presidente del INE creó un “cuarto de paz” para dar seguimiento semanal al proceso electoral de 2018 que, en términos oficiales, había arrancado desde el primer día de octubre. La elección más grande de la historia estaba a la vuelta de la esquina.

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Las elecciones de 2016 y 2017: del cielo al suelo Lorenzo Córdova Vianello

PRELUDIO: DEL “ACOMPAÑAMIENTO DE FRONTERA” AL REGLAMENTO DE ELECCIONES; EL VIRAJE EN LA RELACIÓN DEL INE CON LOS OPLE

En las elecciones de 2015, al ser la primera ocasión en la que se ponía a prueba para los comicios locales el modelo de organización conjunta entre el INE y los OPLE, el instituto tomó la decisión de asumir sus nuevas atribuciones en ese terreno con una relativa cautela. Al no ser el único responsable de la organización de esas elecciones (como ocurría —y aún hoy ocurre— con los comicios federales), sino de sólo una parte de las actividades que, encadenadas, integran el proceso electoral en su conjunto, quedando las restantes a cargo del OPLE respectivo, se decidió que las tareas del INE debían limitarse a cumplir y supervisar sólo aquello que le estaba encomendado sin incidir mayormente en lo que le correspondía realizar a la instancia local. Digamos que en ese primer “aterrizaje” de las normas de la reciente reforma se asumió que al INE le tocaba responsabilizarse sólo de lo que expresamente le estaba conferido constitucional y legalmente en el plano de los comicios estatales, manteniendo una relación de total independencia con los OPLE — entidades que gozan de plena autonomía constitucional— y estableciendo de común acuerdo con ellos, a través de los respectivos convenios que se suscribieron para tal efecto, los mecanismos de coordinación necesarios para que las elecciones llegaran a buen puerto. Se asumió, para decirlo con otras palabras, que la organización de las elecciones locales debía entenderse como una serie de “pases de estafeta” continuados y coordinados entre una autoridad y otra que permitieran concretar esa secuencia de actos concatenados que, paso a paso, permiten ir construyendo, de manera acumulativa, el entero proceso electoral. Así, por ejemplo, si bien la selección y capacitación de los ciudadanos que fungirían como funcionarios de casilla le correspondía al INE, para poder llevar a cabo esa tarea éste dependía de que el OPLE hubiera diseñado e impreso a tiempo la documentación para llevar a cabo esa capacitación. Del mismo modo, aunque el aprovisionamiento y distribución de los materiales electorales a los presidentes de las casillas le tocaban al INE, la adecuada confección de los correspondientes paquetes electorales requería que la boletas y actas de las elecciones locales a cargo del OPLE se le hubieran entregado oportunamente. Así, con independencia de que el INE fuera responsable de la operación de las casillas y del apoyo y respaldo a los funcionarios de éstas (a través de sus capacitadores-asistentes electorales) a lo largo de toda la jornada electoral y hasta el escrutinio y cómputo de los votos, el llenado de actas respectivas y la integración de los paquetes correspondientes, el posterior traslado y resguardo de los mismos —por lo que hacía a los comicios locales— era competencia exclusiva de los OPLE. En ese sentido, el INE asumió que su vinculación con los OPLE debía fundarse en lo que podría definirse como un “acompañamiento de frontera”, es decir, en asumir la responsabilidad institucional en la elección local sólo por lo que legalmente le tocaba, sin inmiscuirse en lo que les correspondía a estos últimos y sin supervisar a priori su actuación, limitándose a cuidar, en todo caso, que estuvieran suficientemente afinados los mecanismos de coordinación entre ambas instancias. Esa primera experiencia reveló que la precisión y la calidad técnica con la que se realizaban las tareas electorales no eran las mismas entre un OPLE y otro ni entre muchos de éstos y el INE. En muchas ocasiones se identificó un notorio descuido en ciertos detalles y procedimientos que, aunque en primera instancia podían parecer menores, la experiencia a nivel federal enseñaba que constituían una de las claves fundamentales en el proceso de construcción de confianza en torno a los procesos electorales a lo largo del tiempo. En otros casos se identificó una desorganización preocupante que provocó que el personal del INE tuviera que suplir las fallas y omisiones cometidas en los tramos de control de los OPLE. Un buen ejemplo de lo anterior ocurrió en Michoacán cuando, ante la inminente entrega de los paquetes electorales a los presidentes de casilla, mismos que debían contener los materiales correspondientes a las elecciones federales y a las locales, varios de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del

estado hicieron entrega a los consejos distritales del INE de la documentación electoral con retraso y en absoluto desorden, razón por la cual la tarea del conteo, sellado y agrupamiento (enfajillado) de las boletas correspondientes a cada una de las casillas para las elecciones locales —una tarea de elemental orden y disciplina que tenía que hacer el OPLE y de la que dependía que cada una de las casillas recibiera el mismo número de boletas que de potenciales electores inscritos— tuvo que ser realizada a contrarreloj por el personal del INE, lo cual retrasó la entrega de los paquetes. A lo anterior debe sumarse el hecho de que entre el cuerpo de funcionarios de los órganos electorales locales, tanto técnicos como operativos —muchos de los cuales venían desde antes de la reforma— y también entre varios consejeros electorales designados por el INE, se instaló una lógica de celo y desconfianza frente al personal y rol del INE. Se trató de una especie de sentimiento localista y anticentralista que cundió entre las filas de algunos organismos locales, alimentado por cierto por las muchas voces que insistían en que la reforma de 2014 constituía un atentado a la lógica del federalismo que establecía la Constitución y una tendencia nociva hacia un centralismo en materia electoral. A lo anterior debe sumarse también una recíproca desconfianza de parte del personal del INE que, acostumbrado a las exigencias que implicaban la supervisión y evaluación propia de un Servicio Profesional Electoral que tenía más de dos décadas operando y madurando, veía con un dejo de autoridad y, en no pocas ocasiones, hasta de superioridad, el trabajo realizado por los organismos locales. En suma, se trató de un coctel de actitudes que, en algunos casos, provocó que la colaboración que la Constitución y la ley obligaban en la organización de las elecciones locales fluyera de manera muy difícil y complicada. Recuerdo que, para ilustrar ese hecho, en las reuniones de planeación para preparar las elecciones de 2016 que sostuvimos los consejeros electorales del INE tanto con los miembros de los consejos de los OPLE, como con la estructura descentralizada del INE, señalé en repetidas ocasiones que el buen éxito de las elecciones locales dependía de que ambas instancias asumiéramos la tarea compartida que nos imponía el nuevo modelo electoral sin vocaciones “supremacistas”, por un lado, ni “soberanistas”, por el otro. Si bien sería incorrecto e injusto hacer un juicio sumario y general sobre el papel que desempeñaron todos los OPLE en las elecciones de 2015, pues el grado de fortaleza institucional, de vocación y ejercicio de su autonomía así como de capacidades técnicas y operativas que heredaron de las instituciones que les antecedieron eran muy variadas, también lo es que los muchos detalles y ámbitos de mejora que evidenciaron esas elecciones le constataron al INE que la lógica de “acompañamiento de frontera” y de deslinde puntual de las responsabilidades que le correspondían a la instancia nacional frente a las de las autoridades electorales locales no resultaba funcional para darle plena viabilidad a la reforma de 2014. Se consideró, a la luz de esa primera experiencia electoral, que el INE debía asumir un rol de coordinación y definición de reglas y procedimientos mucho más claro y enfático, así como una supervisión mucho más puntual de las tareas a cargo de los OPLE para poder llevar a buen puerto los procesos electorales en el marco del nuevo sistema nacional electoral. Dicho de otra manera, si bien se asumió en primera instancia que el funcionamiento de ese sistema debía partir de la corresponsabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias —definidas por la Constitución y la ley— de las autoridades nacional y locales, luego de las elecciones de 2015, al INE le resultó evidente que debía asumir un rol “rector” del mismo y establecer, en consecuencia, una serie de directrices y modalidades claras y precisas conforme a las cuales los OPLE debían desarrollar sus atribuciones, así como la supervisión de que las mismas se realizaran oportunamente y conforme a los principios rectores de la función electoral fijados por la Constitución. Es cierto que ni la Carta Magna ni la legislación secundaria le atribuyen expresamente al INE la categoría de ente rector del sistema nacional electoral, pero el conjunto de sus atribuciones, en particular las especiales (atracción, asunción y delegación), desde un punto de vista funcional, permiten desprender esa naturaleza. En efecto, si el INE nombra a los consejeros electorales de los OPLE y puede removerlos si incurren en omisiones o incumplimientos graves de los principios constitucionales que regulan las tareas electorales, resulta inherente a esa atribución la revisión y valoración permanente de su actuación (o, dicho de otro modo, si no se les supervisara, ¿cómo podría determinarse si sus actos se ajustan a lo mandatado constitucionalmente?). Además, las atribuciones especiales encomendadas al INE refuerzan la tesis de la rectoría del sistema a su cargo. Así pues, si el órgano nacional puede atraer asuntos a su consideración para establecer criterios que resultan vinculantes para todas las autoridades electorales, claramente tiene una facultad para emitir directrices sobre cuáles criterios deben orientar el trabajo de los OPLE. Por otra parte, la facultad de asunción parcial o total de las atribuciones que, de entrada, están legalmente conferidas a los órganos locales, implica el juicio de la autoridad nacional sobre si éstos están capacitados y tienen condiciones suficientes para ejercerlas, y, al revés, la facultad de delegación supone la evaluación a cargo del INE sobre la capacidad de un OPLE para confiarle tareas que, inicialmente, le están encomendadas al instituto. En suma, se trata de atribuciones que evidencian que en la relación entre el INE y los OPLE, si bien no hay una jerarquía de suprasubordinación determinada por la ley, y en términos constitucionales éstos son autónomos, sí existe una potestad en manos del primero para definir reglas y criterios a los que los segundos deben ajustarse, así como para supervisar que efectivamente estos últimos los cumplan. En síntesis, justo lo que las funciones de un órgano rector suponen.

Bajo esa lógica el INE se preparó para las elecciones de 2016. La primera labor que realizó fue construir un complejo elenco de normas secundarias que fijaran con claridad y puntualidad todas y cada una de las modalidades específicas bajo las que debían realizarse las elecciones, tanto federales como locales, en el país, estructuradas todas en un voluminoso Reglamento de Elecciones. En dicha norma se detallaron los procedimientos que debían llevarse a cabo, sus modalidades de tiempo y forma, así como quiénes eran responsables de ejecutarlos. En ese sentido, muchas de sus disposiciones resultaron del ejercicio de la facultad de atracción por parte del Consejo General para que sus disposiciones tuvieran un carácter obligatorio para los OPLE. Dicho reglamento se compuso de 443 artículos (piénsese, para tener una referencia, que la LGIPE tiene 493) y de 22 anexos. El listado de temas que reguló el Reglamento de Elecciones era tan variado como el que abarcaba la misma LGIPE y en el mismo se detallaron paso a paso todos los trabajos, con sus modalidades, tiempos, especificidades y responsabilidades, de organización y desarrollo de un proceso electoral.1 Así, el Reglamento de Elecciones compiló un mundo de normas al que se sumaron, además, los ya mencionados anexos de índole muy variada entre los cuales se establecían diversos lineamientos, criterios, formatos, modelos y protocolos que buscaron regular, sistematizar, pero ante todo homogeneizar y estandarizar todas las actividades que las autoridades comiciales del país, sin importar si se trataba del INE o de alguno de los OPLE, debían realizar para organizar una elección. El Reglamento de Elecciones es, en ese sentido, la expresión más clara y concreta del propósito de la reforma de 2014: que todas las elecciones se hicieran del mismo modo y con los mismos estándares de calidad con independencia de su naturaleza, federal o local, y de la entidad federativa de que se tratara. Ese rol de rectoría que asumió a partir de 2016 el INE se reforzó con las decisiones de remover a los consejeros del OPLE de Chiapas y más tarde a la consejera presidenta de Colima (a las que con el tiempo seguirían varias otras destituciones), así como con la encomienda de asumir y realizar la elección extraordinaria de gobernador en Colima, hechos todos anteriormente relatados. En efecto, a partir de entonces, todos los OPLE asumieron que tanto la calidad de su trabajo como la pertinencia y ajuste de sus decisiones y actuación a las directrices fijadas en la Constitución, las leyes y el Reglamento de Elecciones serían revisadas (con independencia de los recursos jurisdiccionales que se presentaran en contra de ellas ante la justicia electoral local o federal) por el INE. Así ocurrió en las elecciones locales de 2016. El 5 de junio de 2016 se llevaron a cabo elecciones en 13 entidades federativas además de la inédita elección de la Asamblea Constituyente del otrora Distrito Federal. Excluyendo al extraordinario proceso electoral de la capital —del que nos ocuparemos más adelante—, los comicios para renovar poderes locales involucraron a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Se trató de un conjunto de procesos electorales en donde destacaba la gran cantidad de gubernaturas que estaban en juego: 12 de las entidades mencionadas (todas salvo Baja California) renovarían a su Ejecutivo local. se elegirían 12 congresos locales (con excepción de Puebla) y alcaldías en 10 casos (todos menos Puebla y Veracruz). En suma, 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 966 alcaldías representaban el universo de cargos públicos que debían renovarse en las urnas ese año. Se trató, por otra parte, de procesos electorales en donde había una alta expectativa, porque cinco de los 12 estados en los que se disputaban gubernaturas jamás habían conocido la alternancia en el partido en el gobierno. El PRI, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, había gobernado ininterrumpidamente en Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Además, dado que no habría elecciones federales, en 2016, por primera vez desde su creación, los esfuerzos del INE podían centrarse exclusivamente en las tareas relativas a la organización de los diversos comicios locales y en hacer un seguimiento y una supervisión puntual del trabajo de los OPLE involucrados en los mismos a la luz de las nuevas regulaciones establecidas por el Reglamento de Elecciones que, en muchos casos, resultaban inéditas en el plano estatal. Las de 2016 resultaron elecciones sin precedentes en muchos sentidos, pues implicaron que, en algunos casos, por primera vez se instrumentaran figuras como los conteos rápidos, o bien figuras ampliamente ensayadas en el plano federal, como la obligatoria existencia de comités técnicos que acompañaran la realización de los respectivos PREP. Por otra parte, comparativamente con la turbulencia social que acompañó a las elecciones del año anterior, los comicios de 2016 resultaron mucho menos complicados desde el punto de vista de la organización electoral. Dejando de lado el problema de la violencia criminal que desde hacía una década asolaba al país luego de que, a finales de 2006, el gobierno federal decidiera emprender la “guerra al narcotráfico”, y provocara una escalada en la inseguridad y en el número de asesinatos (que, como a todos los ámbitos de la vida social, afectó la operación electoral, volviendo mucho más complejo y delicado el trabajo territorial que de cara a cada elección la autoridad electoral —el IFE antes y el INE después— estaba obligada a desplegar), y que implicó redoblar las precauciones y cuidados para proteger al personal desplegado en las entidades en las que habría elecciones, el trabajo de campo en 2016 fue mucho más sencillo que en los comicios de 2015. Los problemas electorales que enfrentó el INE fueron mucho más focalizados y se centraron esencialmente en prevenir que la intrusión de los poderes políticos locales en el funcionamiento de algunos OPLE pudiera comprometer su autonomía y, por ende, poner en riesgo las condiciones de equidad

en la competencia y, eventualmente, la certeza de los resultados. Un caso emblemático de las inercias que, en el ámbito local, se venían arrastrando desde antes de la reforma de 2014 y que resultaban refractarias a la lógica y propósitos que la misma buscaba concretar es el caso de Durango, que, si bien no fue el único, sí es el ejemplo más claro —y también el más extremo— de cómo tuvo que intervenir el INE para garantizar la autonomía e independencia de la función electoral a cargo de un OPLE frente a las intromisiones de intereses políticos externos. INTERLUDIO: LA REQUISA A CARGO DEL INE DEL OPLE DE DURANGO

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango entró en la segunda ronda de nombramientos de consejeros electorales que culminó con las designaciones respectivas por parte del Consejo General del INE a principios de septiembre de 2015. Ese segundo conjunto de nombramientos involucró la definición de los consejeros de los órganos electorales locales correspondientes a aquellos estados que tendrían comicios en 2016, entre ellos el OPLE de Durango. Vale la pena mencionar que los institutos electorales de esas entidades mantuvieron, durante el primer año de vigencia de la reforma de 2014, a las mismas estructuras directivas (es decir, a los integrantes de sus respectivos consejos generales y a los miembros de sus cuerpos de dirección) que habían venido operando desde antes de los cambios constitucionales de ese año, con lo que, a pesar de esa reforma que cambió radicalmente, el modelo de organización de las elecciones, en más de una decena de órganos locales, se pospuso por casi un año y medio su renovación orgánica. Hay que resaltar también que muchos de esos funcionarios participaron en los procesos de selección que el INE llevó a cabo para designar a los nuevos consejeros de los OPLE; en algunos casos, muy pocos, hubo quien logró trascender el cambio e incorporarse a los nuevos cargos nombrados por el Consejo General del INE a la luz de las nuevas reglas establecidas por la Constitución. En Durango, sin embargo, aunque lo intentaron, ninguno de los anteriores consejeros repitió en su encargo, así que quien fue designado como nuevo presidente del Consejo del OPLE fue un funcionario que provenía de las filas del Servicio Profesional Electoral del IFE/INE, en donde había desarrollado una larga carrera. No obstante, a pesar de la renovación total del órgano, el nuevo colegiado tuvo problemas de funcionamiento desde un inicio, pues tres de los siete miembros decidieron establecer una cercana relación con el gobierno del estado, manteniendo incluso reuniones periódicas con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y complicar sistemáticamente aquellas decisiones del Consejo que, de acuerdo con las normas locales, o bien por las regulaciones establecidas por el INE, requerían de una mayoría calificada de cinco votos. Así ocurrió, por ejemplo, con el malogrado intento por renovar a buena parte de los integrantes del cuerpo directivo del instituto. En efecto, a pesar de que en un primer momento dichos funcionarios, provenientes casi en su totalidad del anterior IEPC, fueron ratificados en el cargo por el nuevo Consejo General, vista su ineficiencia y la reiterada intención que mostraron por entorpecer la operación institucional y por boicotear las decisiones que se tomaban por el máximo órgano de dirección, se hizo un intento para nombrar a nuevos funcionarios, el cual se vio frustrado porque no se alcanzaron los cinco votos necesarios para sustituir a la secretaria ejecutiva y a la mayoría de los directores ejecutivos. A ello contribuyó una serie de decisiones del Tribunal Electoral del estado (entre cuyos nuevos magistrados, vale la pena señalar, se encontraba el anterior presidente del Instituto Electoral, quien luego de intentar infructuosamente convertirse en consejero en el proceso de selección llevado a cabo por el INE fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Durango por el Senado de la República), órgano que, reiteradamente, emitió sentencias revocando las decisiones del IEPC. Así, tanto la presidencia del OPLE como los tres consejeros y consejeras electorales que constituían una exigua mayoría en el Consejo se enfrentaron a un ambiente adverso tanto en el plano interno como en el externo. Por un lado, dentro del órgano, la situación de ingobernabilidad era causada a la par por los tres consejeros restantes —los que eran abiertamente cercanos al gobierno estatal—, y por una estructura directiva que, empoderada, se comportaba de manera negligente y era renuente a acatar las instrucciones y directrices tanto de la presidencia del instituto como del Consejo, llegando a ocultarles y negarles información. Por otro lado, en el ámbito externo, el IEPC enfrentaba tanto la recurrente intromisión del gobierno del estado, a través de los consejeros que le eran cercanos y de una presión permanente por la vía de las asignaciones presupuestales que les eran recurrentemente escamoteadas, como la abierta hostilidad del Tribunal Electoral local que no sólo se expresaba a través de la frecuente revocación de los acuerdos adoptados por el IEPC (lo que, podría asumirse de entrada, forma parte de las atribuciones que tiene un órgano de control de legalidad), sino de la sorprendente facilidad y reiteración con la que comenzó a emitir medidas correctivas y de apremio en contra de los consejeros del OPLE, tales como amonestaciones, multas y amenazas de arresto. Un par de anécdotas sirven para ilustrar claramente la anómala y hasta disfuncional situación que se vivía en ese OPLE. Un primer ejemplo es que, en alguna reunión de trabajo que consejeros del INE sostuvimos con los siete miembros del Consejo del IEPC, les preguntamos cuál era el estado financiero de la institución, para poder saber si las ministraciones que correspondían a su presupuesto estaban siendo

entregadas por el gobierno local y así poder cumplir con los pagos correspondientes a una serie de servicios prestados por proveedores correspondientes al proceso electoral, pregunta a la que ninguno de los consejeros locales supo responder, indicándonos que la responsable de administración del instituto (funcionaria que venía de la gestión anterior del IEPC) no les compartía esa información a pesar de ser requerida para ello. En esa reunión estaba presente la directora de Administración, frente a quien señalamos que esa situación era inaceptable. Un segundo ejemplo tiene que ver con el complicado proceso de remoción y nombramientos de la Secretaría Ejecutiva y de varios de los titulares de las direcciones ejecutivas del IEPC que tuvo que realizar directamente el Consejo General del INE en un hasta entonces inédito ejercicio de sus facultades especiales de atracción para darle gobernabilidad al OPLE de Durango, vista la situación de empantanamiento a la que se había llegado para tomar decisiones y la franca intromisión de intereses externos que comprometían la actuación de ese organismo a pocas semanas de que se llevara a cabo la jornada electoral del 5 de junio de 2016. La historia de este ejemplo puede resumirse de la siguiente manera: 1) El 9 de octubre de 2015 el Consejo General del INE aprobó, mediante el ejercicio de su facultad de atracción, los “Lineamientos para la designación de los consejeros distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPLE” (mediante el acuerdo INE/CG865/2015).2 El propósito de dichos lineamientos fue fijar, ante la diversidad de procedimientos, requisitos y criterios que las normas locales establecían, una regulación unificada a la que se ajustaran los OPLE en la designación de los titulares de sus áreas ejecutivas —secretaría y direcciones ejecutivas—, así como de los integrantes de sus órganos desconcentrados. Entre dichas normas se estableció —a semejanza de lo que la LGIPE señala para el INE— que el nombramiento de los titulares de las áreas ejecutivas tenía que hacerse con al menos el voto de cinco de los siete integrantes de los consejos generales de los OPLE a propuesta de la respectiva presidencia del Consejo (Lineamiento 11); ello con el propósito de exigir el máximo consenso posible en dichas designaciones. 2) Sin embargo, en el caso de Durango, lejos de generar un estímulo para la construcción de consensos en el Consejo General del OPLE, en virtud de la actitud particular asumida por los tres integrantes del colegiado a los que antes se hizo mención, ese requisito se convirtió en un mecanismo mediante el cual dichos consejeros impidieron sistemáticamente que las propuestas que se sometían a su consideración pudieran aprobarse, dejando como única alternativa viable, para que dicho OPLE no cayera en una situación de incumplimiento de la norma establecida por el INE, la ratificación de la secretaria ejecutiva y de la mayoría de los directores ejecutivos que venían de la integración anterior a la reforma de 2014, misma que el Consejo General del IEPC aprobó en enero de 2016. 3) A partir de entonces dichas áreas ejecutivas, y en particular la secretaria ejecutiva del instituto, se dedicaron a entorpecer abiertamente el trabajo del órgano electoral local, mediante desacatos directos de instrucciones de la presidencia o del mismo consejo (como en el caso en que luego de que un proyecto de resolución de una queja fuera rechazado por el pleno del Consejo General, la secretaria ejecutiva omitió presentar un nuevo proyecto con un sentido distinto a como se lo había instruido la presidencia del órgano), o bien a través de omisiones producto de una notable negligencia o de una actitud deliberada (tales como no señalar aspectos fundamentales en los informes circunstanciados que el OPLE tenía que rendir ante el Tribunal Electoral cuando sus acuerdos eran impugnados, rendir informes circunstanciados sin todos los documentos o sin firma, con lo que carecían de validez legal, o bien el no firmar actuaciones que requerían su rúbrica dentro de procedimientos sancionadores, entre otras). 4) Lo peor es que, lejos de identificar a la responsable de esos graves errores procesales, el Tribunal Electoral local se ensañó en sus resoluciones en contra de algunos consejeros (por cierto, aquellos que no habían mostrado una actitud condescendiente con el gobierno local), a quienes amonestaron y apercibieron con una sorprendente facilidad y, en particular, en contra del presidente del IEPC, al que no sólo amonestaron en repetidas ocasiones, sino que además multaron dos veces e incluso amenazaron con arrestar por reincidir en faltas que eran claramente atribuibles a la secretaria ejecutiva. En suma, una actitud francamente hostil, abiertamente encaminada a minar la autoridad del órgano administrativo electoral y de su presidencia. 5) La acumulación de conductas indebidas provocó que el Consejo General del IEPC determinara remover a la secretaria ejecutiva el 28 de abril de 2016. Sin embargo, luego de que la funcionaria destituida impugnara esa decisión, el Tribunal Electoral la revocó mediante sentencia del 9 de mayo y le ordenó al OPLE su inmediata restitución en el cargo. Ese hecho fue la gota que derramó el vaso y provocó la inmediata intervención del Consejo General del INE, que había venido siguiendo con preocupación los eventos que se habían sucedido hasta ese momento. 6) El mismo día que el IEPC acató la sentencia mencionada y restituyó en su cargo a la secretaria ejecutiva, el 13 de mayo de 2016 (a casi tres semanas de la jornada electoral), el Consejo General del INE decidió mediante el acuerdo INE/CG364/2016 ejercer la facultad de atracción para

“verificar el cumplimiento de los criterios de designación y el desempeño de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección del organismo público local de Durango”; además, tomar “las decisiones pertinentes, a fin de darle funcionalidad a la estructura del OPLE en Durango, una vez que se allegue de los documentos necesarios”, y, finalmente, instruir “al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral para que proponga a la Junta General Ejecutiva la designación de funcionarios de este instituto dotados de fe pública para acompañar el trabajo del citado organismo electoral local, en el proceso electoral que se está desarrollando”.3 7) A la luz del acuerdo mencionado, se compiló información sobre la conducta tanto de la secretaria ejecutiva como de otros titulares de las áreas ejecutivas del IEPC y se planteó tomar un nuevo acuerdo en el que, nuevamente en ejercicio de la facultad de atracción —es decir, subrogándose al OPLE—, el Consejo General del INE determinaría su destitución. Justo en la víspera de que se convocara la sesión correspondiente, la controvertida secretaria ejecutiva del órgano electoral de Durango presentó su renuncia el 16 de mayo de 2016. Junto a ella, dimitieron de su encargo varios de los directores ejecutivos que venían de la anterior administración del instituto. 8) Finalmente, una vez desatada la intervención del INE, el propio Consejo General del órgano electoral nacional decidió, mediante el enésimo ejercicio de su capacidad de atracción, emitir el 18 de mayo el acuerdo INE/CG402/2016 mediante el cual se designó como secretario ejecutivo provisional del OPLE de Durango a un experimentado funcionario del Servicio Profesional Electoral del INE, a quien se le comisionó para tal efecto. Además se instruyó a la Junta General Ejecutiva del propio INE para que cubriera las vacantes de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del IEPC de Durango pudiendo, para tal efecto, comisionar a otros miembros del mencionado servicio civil de carrera.4 Así ocurrió, y en los días siguientes fueron designados varios funcionarios del INE como responsables de las direcciones Jurídica, de Administración, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral del órgano electoral del estado. Como puede verse, en el caso de Durango se trató, auténticamente, de una intervención directa del INE para salvaguardar la autonomía constitucional del OPLE frente a una serie de intereses políticos que comprometieron abiertamente su actuar apegado a los principios rectores de la función electoral, en particular el de independencia. Fue una suerte de requisa en la que el INE tuvo que sustituir al Consejo General del IEPC en la toma de una serie decisiones de las que dependía su funcionamiento autónomo e imparcial. Con ello, además, por tratarse de determinaciones de la autoridad electoral nacional, se sustrajeron las posibles impugnaciones contra las mismas del ámbito de competencia del Tribunal Electoral del estado, pues los actos del INE sólo pueden ser revisados por las salas del TEPJF. Si bien a lo largo de los años ha habido otros casos en los que el INE ha tenido que intervenir apoyando de múltiples modos la actuación de diversos OPLE, ningún caso iguala al que aquí se ha descrito. Como colofón de este interludio, tal vez vale la pena mencionar que en las elecciones de 2016 Durango experimentó, por primera vez en su historia, una alternancia en la gubernatura. LOS RESULTADOS ELECTORALES DE 2016: LA FIESTA DE LA ALTERNANCIA

Los resultados de los comicios de 2016 trajeron consigo un grado de alternancias nunca visto. Sólo para hablar del plano de las gubernaturas: de 12 ejecutivos locales que se eligieron,5 en ocho hubo un cambio de partido ganador. Además de los cinco estados en los que, como señalamos antes, siempre había gobernado un único partido, cuatro vivieron por primera vez en su historia un triunfo de una fuerza política opositora. De esas cinco entidades en las que hasta entonces la alternancia en el Ejecutivo era un fenómeno desconocido, sólo en Hidalgo el partido gobernante refrendó su triunfo, mientras que en Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, ocurrió por primera vez una victoria de la oposición.6 Sin embargo, el PRI, a pesar de haber sufrido lo que algunos calificaron como una “derrota histórica”,7 también fue beneficiario de esa inédita alternancia, pues logró recuperar las gubernaturas de Oaxaca y de Sinaloa. Es decir, aunque el PRI fue efectivamente el partido que sufrió más derrotas electorales en 2016, el fenómeno de alternancia no fue unidireccional, sino que benefició en mayor o menor medida a todos los partidos políticos sin excepción. Otra manera de analizar ese fenómeno es ver cómo cambió el mapa político de esos 12 estados: antes de los comicios, en nueve gobernaba el PRI (y sus aliados electorales)8 y en los tres restantes, coaliciones entre el PAN, el PRD y Convergencia/MC.9 Luego de las elecciones de 2016 el PRI y sus aliados pasaron a gobernar cinco estados,10 el PAN (sin coaligarse) tres,11 y en coalición con otros partidos, cuatro.12 Un último modo de analizar esos resultados es el siguiente: el PRI (y sus aliados) refrendó en las urnas sus gobiernos en tres estados; dos más implicaron la entrega del poder de coaliciones gobernantes PANPRD-MC al PRI; en seis casos el PRI cedió el gobierno al PAN o a coaliciones partidistas que le eran opositoras, y en un caso el PAN ratificó su triunfo previo.

Como quiera verse, en 2016 se reafirmó el intenso pluralismo político que cruzaba al país y cómo en México las épocas de ganadores y perdedores absolutos había quedado muy atrás y que los triunfos y las derrotas electorales son conceptos efímeros que se redefinen en cada ciclo comicial. En general, vistos los resultados de las elecciones de ese año, se generó la idea de que la reforma de 2014 y la participación del INE en los procesos comiciales locales habían contribuido de manera eficaz a garantizar que el voto se respetara a nivel local y a generar condiciones para que se desarrollaran contiendas justas. La cantidad de alternancias que ocurrió ese año fue una buena prueba de que los cambios electorales instrumentados en la última reforma habían sido positivos y habían permitido avanzar un paso más en el proceso de consolidación y asentamiento de la democracia en el país. Del mismo modo, el monopolio del poder que había detentado en algunos estados un único partido, el PRI, se había erosionado en varios de ellos, y el número de entidades que no habían conocido aún un cambio de fuerza política en el gobierno a lo largo de su historia se redujo solamente a cinco a partir de las elecciones de 2016. En apenas un año el PRI había pasado de una victoria consistente en los comicios de 2015, tanto en el plano federal como en el estatal, a una serie de descalabros electorales en 2016 que trajeron como consecuencia, incluso, la renuncia de Manlio Fabio Beltrones como presidente de ese partido, presentada el 20 de junio, apenas 15 días después de la jornada electoral, por los malos resultados obtenidos. El cambio de perspectiva que el INE había decidido en cuanto a su rol en las elecciones locales respecto a los comicios previos, mucho más presente y cercano al trabajo de los OPLE, acompañándolos y supervisando de manera más cercana sus funciones electorales, así como la emisión del Reglamento de Elecciones, resultaron efectivos en generar claridad y certeza en el Sistema Nacional Electoral. LA ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el cual se concretó el viejo anhelo de restituir a la capital de la República su pleno estatus constitucional como entidad integrante del pacto federal a la par del resto de los estados. Cabe recordar que se trató de uno de los compromisos que se habían establecido en el Pacto por México (Reforma del Distrito Federal) y que tardó más de tres años en concretarse, y que suponía convertir al otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, entidad federativa sede de los poderes federales (artículo 44 de la Constitución). El régimen transitorio de dicho decreto estableció que la Constitución de la futura Ciudad de México debía ser elaborada y votada por una Asamblea Constituyente a más tardar el 31 de enero de 2017 con el voto de al menos las dos terceras partes de sus miembros. Dicho órgano debía integrarse por 100 diputados constituyentes, de los cuales 60 debían ser elegidos mediante el voto secreto, universal y directo de los ciudadanos de la capital de la República, según el principio de representación proporcional, a través de una lista de candidatos (propietarios y suplentes) presentada por los partidos políticos, así como por candidaturas independientes registradas mediante fórmulas (propietario y suplente). Además, 14 legisladores constituyentes serían designados por la Cámara de Diputados y 14 más por la de Senadores, de entre sus miembros, por los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada una de ellas. Seis diputados constituyentes adicionales deberían ser designados por el presidente de la República y seis más por el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. La elección de las 60 diputaciones que debía realizarse el 5 de junio de ese año (es decir, de manera concurrente con las de las otras 13 entidades antes señaladas), de acuerdo con dicho decreto, quedaba bajo la responsabilidad del INE. En ese sentido, el Consejo General del instituto tenía, de acuerdo con el régimen transitorio mencionado, la responsabilidad de emitir “la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación de este Decreto”, en la que debía establecer “las fechas y los plazos para el desarrollo de las etapas del proceso electoral”.13 Además, se estableció que “el proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deberán regular el proceso en atención a la finalidad del mismo y, en consecuencia, el instituto podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación electoral a fin de garantizar la ejecución de las actividades y procedimientos electorales”.14 Finalmente se estableció también que todas las decisiones que el INE tomara en relación con la elección de dichos legisladores constituyentes, así como los resultados de la misma, podían ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del TEPJF. Es decir, en una paradoja no menor, la reforma política de la Ciudad de México excluyó de la elección de su Asamblea Constituyente a las autoridades electorales locales (el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal). La tarea que se le encomendó al INE fue complejísima tanto desde el punto de vista operativo como desde la perspectiva normativa.15 Por un lado, se le impuso el tener que preparar, organizar y realizar la elección de los legisladores constituyentes de la capital del país en un tiempo extremadamente breve. En

condiciones normales, partiendo del hecho de que la LGIPE establece que las elecciones deben realizarse el primer domingo de junio del año de que se trate, y que el inicio del respectivo proceso electoral debe ocurrir en la primera semana de septiembre del año anterior, el periodo legal previsto para desarrollar todas las etapas de un proceso ordinario es de nueve meses. Sin embargo, dado que la reforma que nos ocupa se publicó el 29 de enero de 2016 y el INE determinó el inicio del proceso electoral apenas seis días después, el 4 de febrero, la organización de la elección (incluyendo la determinación de las reglas específicas para llevarla a cabo) tuvo que desarrollarse en sólo cuatro meses para poder cumplir el mandato de realizar la jornada electoral el 5 de junio de ese año. Se trató de todo un logro para llevar a cabo una elección en la segunda entidad más poblada del país, que involucró un padrón electoral de 7.5 millones de potenciales votantes, la instalación de 12 mil 789 casillas, la insaculación de 975 mil ciudadanos, de entre los cuales se capacitó a 177 mil, para finalmente designar como funcionarios de casilla a 89 mil 500. El segundo gran problema que el INE tuvo que resolver fue de tipo normativo. En efecto, la reforma constitucional le dejó al instituto la responsabilidad de definir y reglamentar, aplicando en lo conducente y en lo posible lo establecido en la LGIPE, los plazos, reglas y procedimientos para esa elección en específico. Además, se le encomendó normar el procedimiento para elegir a los futuros legisladores constituyentes bajo una inédita base de proporcionalidad pura a partir de listas de candidatos, pero incluyendo adicionalmente candidaturas independientes. Es decir, se le encomendó construir un sistema electoral exprofeso para la ocasión, que en lugar de ser mixto como el que sirve para integrar las cámaras del Congreso de la Unión o los congresos de los estados (en parte con base en el principio de mayoría relativa y en parte con el de representación proporcional), debía ser exclusivamente proporcional. El problema fue que, al encomendársele al INE el diseño en específico de ese mecanismo de asignación proporcional de los escaños de la Asamblea Constituyente, se rompió desde los artículos transitorios de la propia Constitución federal uno de los principios básicos de todo sistema democrático: las reglas deben ser acordadas y plasmadas anticipadamente en las leyes, lo que significa, por ende, que aquéllas han sido pactadas y aceptadas mediante el más amplio consenso posible de los actores políticos, es decir, por quienes se someterán a las mismas. En el caso de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ese consenso sólo radicó en los trazos generales contenidos en los artículos transitorios de la Constitución, mientras que la regulación específica fue delegada al órgano encargado de organizar la elección, el INE. Además, lo anterior ocurrió en un tiempo muy breve, pues el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en la materia le dio al instituto 15 días para emitir la convocatoria respectiva en la que debían establecerse las fechas y plazos de las distintas etapas del proceso electoral. Es decir, no se trató de un ejercicio pausado y reposado, sino que muchas de las decisiones que suponían circunstancias inéditas tuvieron que tomarse de manera intempestiva y prácticamente siempre sobre la marcha. Por un lado, aunque elección tras elección federal el IFE y luego el INE habían venido asignando curules, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, por el principio de representación proporcional, el escenario de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México era novedoso porque implicaba la presencia de fórmulas de candidaturas independientes, que en las elecciones ordinarias únicamente compiten por escaños de mayoría relativa (en las cuales se gana o se pierde). En este caso, a partir de las directrices generales que estableció el régimen transitorio de la reforma constitucional de enero de 2016, el procedimiento que se tuvo que seguir fue distinto, pues el cociente natural tuvo que definirse consecutivamente dos veces. Me explico: en condiciones normales el sistema proporcional establecido en la Constitución para integrar la Cámara de Diputados implica en términos generales un proceso en dos pasos: primero se determina un cociente natural, el cual resulta de dividir la votación entre el número de escaños por distribuir y, en consecuencia, se le asignan tantos representantes a cada partido político como número de veces contenga su votación dicho cociente. En segundo término, y sólo si habiendo hecho lo anterior quedaran curules por repartir, éstas se distribuyen mediante el mecanismo de “resto mayor”, es decir el remanente de votos no utilizados que tenga cada partido una vez hecha la distribución de cargos por el cociente natural, correspondiéndole el o los cargos restantes al partido que tenga el resto de los votos más grande. En el sistema que tuvo que instrumentarse en la Ciudad de México para la asignación de los legisladores constituyentes el proceso constó de tres pasos y no sólo de dos. En primer término se distribuyeron las curules que correspondieran a las candidaturas independientes a partir de la definición de un cociente natural derivado de dividir el total de votos válidos entre 60 (el número total de escaños a elegir), y de asignar en consecuencia las curules correspondientes a todas aquellas candidaturas independientes que hubieran superado dicho cociente. En segundo lugar, se volvió a calcular un nuevo cociente natural descontando a la votación válida emitida los sufragios a favor de las candidaturas independientes y, a partir del mismo, se asignaron los escaños que les correspondieran a los diversos partidos contendientes a partir de las listas de candidaturas que hubieran presentado. Finalmente, en tercer lugar, si existieran aún curules por repartir, éstas se distribuirían conforme a los “restos mayores” obtenidos tanto por los candidatos independientes que no hubieran alcanzado en primera instancia un escaño como por los partidos políticos.

Por lo que hace a las candidaturas independientes, el decreto de reforma constitucional estableció que, para poder acceder a las mismas, los aspirantes tenían que recabar un número de firmas de apoyos ciudadanos equivalentes a 1% del listado nominal de la Ciudad de México (73 mil 792 apoyos cada uno). En total se presentaron 75 solicitudes de ciudadanos interesados en contender por esa vía. El INE estableció como parte de la documentación comprobatoria requerida que cada apoyo ciudadano fuera presentado en una hoja por separado, debidamente foliada, en la que se indicaran los datos personales de la persona que respaldaba la candidatura (apellidos, nombre, clave de elector y número de la credencial [OCR o CIC], su firma, así como el nombre del candidato independiente). Asimismo, se pedía que se anexaran las copias de la credencial para votar en el mismo orden que el folio de cada una de las cédulas de respaldo. Luego de ser impugnados esos requisitos, la Sala Superior del TEPJF determinó (en el expediente SUPRAP-71/2016 y acumulados) que el solicitar por parte del INE la copia de la credencial de elector era una carga excesiva para los candidatos independientes ya que, además de que no estaba establecido en el decreto, era desproporcional e innecesaria. En su sentencia, el tribunal adujo que la compulsa de las cédulas no se realizaría contra la copia de la credencial, sino con las listas nominales en poder de la autoridad, por lo que se trataba de una exigencia que no abonaba a la plena eficacia del derecho a ser votado, además de que existían otros mecanismos para verificar el apoyo ciudadano. Lo anterior implicó un problema grave para la verificación del apoyo ciudadano por parte del INE, pues al no tener más que el nombre y la clave de elector, cualquier error en la captura por parte de los candidatos independientes, o de quienes los apoyaban, implicaba la falta de coincidencia con los datos de las listas nominales contra los que se debían compulsar para su validación, sin tener un documento de respaldo (la copia de la credencial) con el cual eventualmente subsanarlo. Así, en un primer momento, el INE calificó como procedentes 11 candidaturas independientes. Sin embargo, al resolver una serie de nuevas impugnaciones la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que ante las inconsistencias en la captura por parte del INE debía garantizarse el derecho de participación política, que había una duda razonable y que el INE se había excedido en su valoración para no dar por buenos los apoyos ciudadanos, razón por la cual ordenó el registro de otras 10 candidaturas para un total de 21 que aparecieron en la boleta electoral. La paradoja fue que varias de las candidaturas independientes que fueron admitidas ni siquiera habían presentado originalmente (es decir, valoración del INE aparte) el número de respaldos ciudadanos exigido por el decreto, o bien se dieron por buenos apoyos de personas que no vivían en el entonces Distrito Federal, sino en otras entidades federativas, por no hablar de que, al hacer un ejercicio aleatorio de verificación de los apoyos ciudadanos y entrevistar a las personas en sus domicilios, alrededor de 30% dijo no haber respaldado alguna candidatura independiente. Los resultados electorales del 5 de junio de 2016 demostraron que, en medio de una baja participación ciudadana, de apenas 28%, y a pesar de la expectativa que habían generado, las candidaturas independientes resultaron poco atractivas para los electores capitalinos. En total, las 21 candidaturas sin partido recibieron apenas 8.3% del total de votos emitidos y el candidato más votado obtuvo 21 mil 443 votos, logrando el único lugar asignado por esa vía al contar con uno de los restos mayores de votos que le permitió alcanzar un escaño en el órgano constituyente. Hay que señalar, además, que ninguna de las candidaturas independientes tuvo siquiera como votos el número de firmas que dijo haber recabado para registrarse. Por su parte, la votación obtenida y los escaños alcanzados por partido, del más al menos votados se muestran en el cuadro 1.

16

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se instaló e inició sus labores el 15 de septiembre de 2016, y concluyó sus actividades con la aprobación de la Constitución vigente para la capital de la República el 21 de enero de 2017. LOS COMICIOS DE 2017: LOS VAIVENES DE LA CONFIANZA ELECTORAL

En 2017 se llevaron a cabo únicamente elecciones en cuatro entidades federativas, lo que contrastó con las cargadas agendas comiciales que habían caracterizado los dos años anteriores. En dos estados, Coahuila y Nayarit, se renovaron las respectivas gubernaturas, así como los congresos locales y los ayuntamientos; en el Estado de México, sólo la gubernatura, y en Veracruz, únicamente los municipios. Vale la pena mencionar que las tres gubernaturas en juego estaban ocupadas por el PRI que venía, como lo indicamos antes, de una importante debacle electoral en 2016, y dos de esos estados (Coahuila y Estado de México) jamás habían vivido una alternancia en el Poder Ejecutivo. Vale la pena mencionar, además, que las de 2017 eran las últimas elecciones antes de que el INE se abocara de lleno a las elecciones de 2018, que serían las más grandes de nuestra historia, tanto por el número de electores como por la puesta en juego política (el número de cargos en disputa y la renovación de la presidencia de la República). Por otra parte, la del Estado de México representaba la elección más relevante de las que se realizarían en 2017 desde el punto de vista de los simbolismos políticos, pues, además de ser la entidad federativa más poblada del país, era la entidad de origen del presidente Enrique Peña Nieto. En suma, las elecciones de ese año representaban la última estación política de relevancia de cara a los comicios presidenciales de 2018. NAYARIT

El de Nayarit es un caso particular. Se trata del estado que, antes de la reforma de 2014, contaba probablemente con la institucionalidad electoral más precaria de todas las entidades federativas. El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Nayarit hasta antes de la mencionada reforma se integraba por cinco miembros: un consejero presidente y cuatro consejeros electorales; de ellos, el único que ejercía su cargo de manera permanente era el primero, mientras que los consejeros electorales fungían como tales sólo durante la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos electorales y fuera de éstos nada más en los casos previstos por la ley electoral del estado y a convocatoria del presidente del consejo. De hecho, los consejeros electorales no gozaban de una remuneración permanente, sino de una dieta de asistencia. En realidad, salvo el consejero presidente y poco más de una decena de funcionarios, el resto del personal del IEE, incluidos los cuatro consejeros electorales, tenían un carácter temporal en el encargo, restringido esencialmente a la duración de los procesos electorales, y eventualmente a algunas tareas adicionales fuera de éstos, como la distritación electoral local.17 En ese mismo sentido, la Constitución del estado preveía en su artículo 91 entonces vigente que en el Tribunal Superior de Justicia funcionaría una Sala Constitucional-Electoral que sería competente de conocer todos los asuntos relativos a la constitucionalidad de leyes y actos de las autoridades locales y también de todas las impugnaciones electorales que se presentaran por vía jurisdiccional. Es decir, no había en el estado un órgano judicial electoral específico, sino que esa materia se le confería al mismo órgano que tenía la función de juzgar la constitucionalidad de leyes y actos a nivel local.

Más allá de la particularidad del diseño constitucional electoral previo a la reforma de 2014, ésta trajo como consecuencia un crecimiento de la estructura de los órganos electorales, pues, por un lado, el órgano superior de dirección del IEE aumentó su número a siete consejeros electorales (incluyendo a su presidencia) y adquirió un carácter permanente y no restringido a los periodos electorales. Por otro lado, se tuvo que instituir un Tribunal Estatal Electoral que se ocupó, de manera exclusiva, de los litigios en la materia. Ello trajo como consecuencia un incremento del costo que para el erario estatal tuvo la nueva institucionalidad electoral, que bien pronto se tradujo en una severa precariedad presupuestal que dichos órganos tuvieron que enfrentar. La situación se volvió crítica durante la elección de 2017, al grado de que el IEE no tenía recursos presupuestales suficientes para pagar la nómina de las estructuras desconcentradas, los consejos municipales, que la propia legislación electoral local preveía. Por otra parte, la falta de profesionalización que caracterizaba al cuerpo directivo del órgano electoral se convirtió auténticamente en un potencial factor de riesgo para el cumplimiento de todos los requisitos normativos que el modelo nacionalizado de elecciones imponía (en particular todos los procedimientos y requisitos que estableció el Reglamento de Elecciones expedido por el INE y que eran inéditos en la historia electoral del estado) y, por ende, para la certeza y viabilidad de las elecciones locales. Ante esa situación, el INE tuvo que tomar cartas en el asunto. Se tomó la decisión de comisionar a un total de 47 funcionarios del Servicio Profesional Electoral del INE adscritos en entidades vecinas para apoyar la realización de la elección nayarita. De entre ellos, 20 vocales secretarios distritales fueron designados, mediante la facultad de asunción por parte del Consejo General del INE, como vocales secretarios de los consejos municipales del IEE (ese nombramiento se realizó a petición del Consejo General del OPLE dado que, argumentó, no contaba con personal especializado para desempeñar esas funciones); por otra parte, se comisionó a otros 13 vocales secretarios y a 14 vocales de organización electoral de juntas distritales del INE para que cumplieran tareas de asesoría y orientación al personal del instituto local en temas jurídicos y de organización electoral. Cabe mencionar, además, que, debido a la precaria situación financiera del OPLE, se optó desde el INE por la figura de la comisión y no de la licencia de esos funcionarios, de modo que, a pesar de que muchos de ellos cumplieron funciones que legalmente le corresponden al órgano local, sus salarios continuaron siendo cubiertos por el INE. En el mismo sentido de garantizar las mínimas condiciones de suficiencia técnica de la elección local, la Junta General del INE autorizó a uno de sus funcionarios electorales más experimentados18 una licencia sin goce de sueldo para que, durante seis meses, ocupara la Dirección de Organización Electoral del OPLE de Nayarit y condujera, desde ese cargo, toda la operación del proceso electoral. La falta de experiencia y de profesionalización del personal del IEE de Nayarit, derivada del hecho de que, hasta antes de la reforma de 2014, era un órgano “de temporal”, es decir, que fuera de procesos electorales subsistía con un Consejo General en receso, y que cobraba forma (mínima) sólo de cara a cada elección, provocó también que luego de una petición informal se le recomendara al órgano de dirección del OPLE designar temporalmente a otra destacada funcionaria del Servicio Profesional del INE, en situación de retiro, como secretaria ejecutiva del IEE. Dicha designación tuvo que ser ratificada por el Consejo General del INE en ejercicio de su facultad de atracción luego de que un partido político impugnó su designación aduciendo la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos legales para ocupar el cargo. La intención de esa enésima intervención del INE fue sustraer del ámbito local la discusión —que evidentemente se había generado entre los actores políticos locales acostumbrados a una organización electoral menos robusta— en torno a las inéditas exigencias técnicas y operativas que suponía participación del INE, por primera vez, en una elección local.19 El caso de Nayarit fue un ejemplo adicional de la pertinencia de que el INE fungiera como coorganizador de las elecciones locales, en algunos casos como asegurador de la autonomía de los órganos electorales estatales, en otros, como el que nos ocupa, como garante de la calidad técnica y de las condiciones mínimas de viabilidad operativa de las elecciones en las entidades federativas. Finalmente, la elección transcurrió sin mayores incidentes y se concretó, de nueva cuenta en el estado, una alternancia en la gubernatura al ganar esa elección Antonio Echevarría García, candidato de una coalición encabezada por el PAN (junto con el PRD, el PT y un partido local, el Partido de la Revolución Socialista), con 38.60% de los votos, frente al candidato del PRI —partido gobernante en el estado—, Manuel Humberto Cota Jiménez (postulado en coalición con el PVEM y Panal), que obtuvo 26.33% de los votos, y otros seis candidatos —tres de ellos independientes—. COAHUILA

Las elecciones en Coahuila presentaron una serie de dificultades particulares; algunas de ellas derivadas de la complejidad de las normas electorales estatales, otras de las condiciones políticas locales, unas más de la falta de pericia en la instrumentación de muchas de las nuevas prácticas que el proceso de estandarización de las elecciones en el país les impuso el INE a los OPLE y, finalmente, las que se desprendieron de la reiterada posibilidad de que los topes de gastos de campaña fueran rebasados en

virtud de los resultados que trajeron consigo las nuevas capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral nacional. Dos fueron los problemas fundamentales que marcaron el proceso electoral de Coahuila, y en específico, la elección de gobernador. Por un lado, el desarrollo del conteo rápido que, por primera vez en la historia del estado, se realizó para conocer las tendencias de votación de la candidata y los candidatos registrados para competir por la gubernatura y, por otro lado, los resultados de la fiscalización que el INE realizó a las campañas por la gubernatura y el eventual rebase de los topes de gastos de campaña que abría la posibilidad de que dicha elección se encontrara en los supuestos constitucionales de nulidad. El conteo rápido de la elección de la gubernatura de Coahuila Uno de los principales cambios que trajo consigo el Reglamento de Elecciones aprobado el 7 de septiembre de 2016 fue que, en su artículo 357, párrafo 2, los OPLE quedaron obligados a realizar conteos rápidos en las elecciones de gubernaturas o de Jefatura de Gobierno en el caso de la Ciudad de México. Hasta entonces había sido potestad de las autoridades electorales de los estados realizarlos, y, en los hechos, era hasta ese momento una práctica muy poco socorrida y más bien esporádica en el ámbito local. Esa que en muchos casos resultó una absoluta novedad fue una de las consecuencias de la homologación y estandarización de criterios y procedimientos que trajo consigo la reforma de 2014 y la constitución del sistema nacional electoral que derivó de aquella. El mencionado reglamento no se limitó a establecer que en todas las elecciones en las que se renovara una gubernatura debería realizarse un conteo rápido, es decir, un “procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, cuyo tamaño y composición se establecen previamente, de acuerdo a un esquema de selección específico de una elección determinada, y cuyas conclusiones se presentan la noche de la jornada electoral”,20 sino que, además, se fijaron todas las características esenciales que debían cumplirse al instrumentar ese ejercicio, tales como la obligación de crear un Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora) con la finalidad de brindar asesoría para el diseño, implementación y operación del conteo rápido; las reglas básicas que deberían cumplirse en el diseño, en la instrumentación y en la operación del ejercicio; las características que debían tener las muestras que se utilizarían y las modalidades para su definición; la asignación del personal que recolectaría la información de la que se nutriría el conteo rápido; los múltiples informes que deberían presentarse al Consejo General del OPLE correspondiente y la publicidad que debería dárseles; así como las reglas generales para la difusión de los resultados que el conteo rápido arrojara. Todo ello partió de un principio básico: la credibilidad de una elección depende, en primera instancia, de que se haga pública toda la información de manera oportuna, cierta y confiable, relacionada con los resultados electorales (con independencia de que se trate de datos preliminares). Por ello, además de la obligación de realizar programas de resultados electorales preliminares, se incorporó de manera vinculante la realización de conteos rápidos cuando estuviera en disputa la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo local. Así ocurrió en Coahuila por primera vez en 2017. Sin embargo, algo pasó y el conteo rápido, en vez de convertirse en un elemento generador de certeza, como está llamado a ser, se convirtió en un elemento de incertidumbre y, por ello, de disputa e incertidumbre en relación con los resultados y con la limpieza y transparencia de la elección en su conjunto. A ello contribuyó una serie de factores, algunos atribuibles a un diseño legal barroco y disfuncional, otros a las condiciones particulares del estado (entre ellos la actuación de las autoridades de seguridad pública), y unos más a una falta de pericia en el procesamiento de la información, de la consistencia de la muestra recogida y de la oportunidad en salir a dar los resultados del conteo rápido por parte del OPLE. De un informe que conoció el Consejo General del INE el 5 de septiembre de 2017, en relación con los conteos rápidos realizados en las elecciones de gubernaturas de ese año, se desprende una serie de problemáticas que incidieron negativamente en el adecuado funcionamiento de ese ejercicio en Coahuila. Los puntos más relevantes en ese sentido fueron los siguientes: 1) Si bien los tres miembros del Cotecora tenían una sólida formación académica, nunca habían participado en un ejercicio de esta naturaleza ni en el nivel local ni a nivel nacional, por lo que la falta de experiencia práctica jugó un papel fundamental para resistir las presiones de diversos actores que, en virtud del retraso en la llegada de información de la muestra que tuviera suficiente consistencia estadística, los llevó a dar resultados antes de tiempo. 2) Un segundo elemento que complicó la realización del conteo rápido tiene que ver con el número de partidos políticos con registro (nueve partidos con registro nacional y seis más con registro local),21 el número de candidaturas a la gubernatura que se registraron (cinco de ellas fueron postuladas por partidos y coaliciones y dos fueron candidaturas independientes que cumplieron con los requisitos legales), así como las coaliciones que se conformaron. Para la elección de gobernador se registraron dos coaliciones, una de ellas, articulada en torno al candidato del PRI,

Miguel Riquelme, y se conformó por siete partidos; la otra, que postuló al candidato del PAN, José Guillermo Anaya, por cuatro.22 Lo anterior no pasaría de ser anecdótico, salvo por el hecho de que, en virtud del sistema de coaliciones y de modalidades del voto presente el sistema en nuestro país, mismo que permite que un voto sea válido aun cuando se marque la boleta varias veces (por varios partidos) siempre y cuando se crucen los logos de aquellos partidos que postulen al mismo candidato, las posibilidades de votar válidamente se multiplican. En el caso de la elección de gobernador en Coahuila en 2017, en virtud de las dos coaliciones antes mencionadas, un elector tenía ¡147 modos válidos de votar por los siete candidatos registrados!, 127 maneras diferentes de votar por Miguel Riquelme y 15 modos distintos de votar por José Guillermo Anaya, más una manera de votar válidamente por los cinco aspirantes restantes. Ese problema se presentó porque los electores pudieron votar por uno de los partidos que integraban alguna de las coaliciones o por cualquiera de las combinaciones posibles de partidos que formaban parte de la misma coalición, multiplicando las posibilidades. Obviamente, eso volvió mucho más compleja la tarea de capacitación de los funcionarios de casilla, el escrutinio de los votos que tuvieron que realizar al término de la votación y, por supuesto, el llenado de las actas de escrutinio y cómputo al término de la jornada electoral. Ésa fue una de las razones por las que el cierre de las casillas, el armado de los respectivos paquetes electorales y su traslado a las sedes distritales del OPLE ocurrió más tarde de lo esperado y de lo que había ocurrido en comicios previos. A ello contribuyó también que la participación ciudadana fue particularmente alta (61.57%, es decir, 16.57% más que la elección previa en esa entidad), con lo que el escrutinio en las casillas, por el mayor número de boletas a ser contabilizadas, requirió más tiempo. El análisis que arroja el mencionado informe del INE señala que si bien el conteo de votos emitidos para cada cargo electivo en condiciones normales toma aproximadamente una hora con 30 minutos, en el caso de Coahuila el escrutinio de los votos de cada una de las tres elecciones requirió entre dos horas y media y tres horas. 3) La mala planeación del conteo rápido influyó también provocando modificaciones en la definición de la muestra, así como en la toma de decisiones sobre la marcha. En efecto, en un primer momento se pensó que el ejercicio estadístico para calcular las tendencias en la elección de la gubernatura podía también utilizarse, a partir de la misma técnica, modelo y muestra, para conocer las proyecciones de las elecciones de las dos principales alcaldías del estado, Saltillo y Torreón. Así, se determinó que, de las 3 mil 626 casillas que se instalarían en toda la entidad, 694 serían el total de la muestra para llevar a cabo el conteo. Estamos hablando de una muestra muy grande, de casi 20% del total, lo que, de entrada, anticipaba que deberían pasar muchas horas luego del cierre de la votación para recopilar la información necesaria para calcular las tendencias de votación. De las 694, tomando en consideración que en ese momento aún se tenía el objetivo de estimar los resultados para los ayuntamientos, 218 casillas corresponderían a Saltillo, 213 a Torreón y las 240 faltantes al resto de la entidad. Finalmente, por recomendación del INE, los conteos rápidos para los ayuntamientos mencionados fueron cancelados antes de la jornada electoral debido a la complejidad logística y operativa que representaban, además del escenario complicado que se hizo patente durante los simulacros que se realizaron para el conteo de la gubernatura. No obstante, el Comité Técnico manifestó también que, aun sin realizarse las estimaciones de ayuntamientos, se necesitaban datos de al menos 490 casillas distribuidas en toda la entidad para poder calcular los resultados para la gubernatura (una muestra aun así muy grande de casi 14%). Para asegurar la representatividad de la muestra, los 38 municipios del estado se agruparon en 16 estratos que tomaron en consideración su ubicación y la cantidad de casillas instaladas en cada uno; así, todos los estratos tenían entre 220 y 249 casillas que serían instaladas. En suma, las 490 casillas debían proceder de los 16 estratos, ya que en caso de que no se tuviera información de alguno de ellos, los resultados podrían tener un sesgo que afectara su nivel de precisión. 4) Lo anterior provocó que la muestra requerida para el conteo rápido fluyera de manera muy lenta. Además, lo reñido de la elección de gobernador generó que, ante el retraso en la emisión de las tendencias, se creara un ambiente de incertidumbre y de mucha presión hacia el OPLE para que apurara el trabajo del Cotecora. 5) Al retraso antes explicado en el escrutinio en las casillas, algunos de los funcionarios de casilla abandonaron su labor por cansancio. En otros casos más se dio el robo de algunos paquetes electorales y también hubo quien los abandonó ante actos de violencia provocada por grupos de personas que amedrentaban a funcionarios de casilla ante la actuación pasiva de elementos de la policía en los puntos de acopio del material electoral. Hubo un momento, en la noche de la elección, en que las autoridades electorales no tenían noticia de la ubicación precisa de algunos cientos de paquetes electorales, aunque luego fueron ubicados y debidamente resguardados. 6) Finalmente, pasadas las dos de la mañana del día siguiente a la elección (mucho más tarde de lo previsto), y en medio de una gran presión generada por el retraso, el Comité Técnico decidió entregar los resultados del conteo rápido con una muestra recabada de 379 casillas (apenas

54.61% del total y más de 100 casillas debajo del mínimo requerido según lo estimado), lo que le permitió a la presidenta del OPLE comunicarlos públicamente. 7) De acuerdo con esa información, los rangos de la votación obtenida por los dos candidatos punteros se traslapaban. El porcentaje de votación estimado para José Guillermo Anaya (de la coalición encabezada por el PAN) se ubicaba entre un mínimo de 36.64% y un máximo de 39.08%, mientras que el Miguel Riquelme (postulado por el PRI y sus aliados) entre un mínimo de 34.75% y un máximo de 37.41 por ciento. Así, aunque el cruce de los intervalos impedía definir estadísticamente a un ganador de la elección, y a pesar de que la presidenta del OPLE así lo manifestó, se generó entre muchos la percepción de que el candidato del PAN aventajaba la elección. 8) El clima de incertidumbre aumentó considerablemente cuando unas horas después, hacia las cuatro de la tarde del lunes 5 de junio, cerró el PREP, con apenas 72% de las actas computadas, las cuales revelaban que Anaya tenía 36.81% de los votos, mientras que Riquelme alcanzaba 38.32%. Si bien estos resultados eran aún preliminares y no reportaban los datos de más de una cuarta parte de las casillas, las reacciones de descalificación de la elección y las acusaciones de fraude no se hicieron esperar. Unos días después, al terminar los cómputos distritales de la elección de gobernador, que son los que tienen validez legal, los resultados arrojaban que Guillermo Anaya había obtenido 36.41% de los votos, frente a 38.89% de Miguel Riquelme. Con ello, por primera vez en México, la votación obtenida como resultado de los cómputos oficiales por los dos candidatos punteros se ubicaba fuera de los rangos que había estimado el conteo rápido. 9) El informe realizado por el INE concluyó que, si bien no hay evidencia para afirmar que el diseño estadístico del conteo rápido de Coahuila hubiera sido inadecuado, el ejercicio no funcionó debido a que el flujo de datos que recibió el Cotecora no representaba efectivamente lo que sucedía en campo, por lo que sus cálculos resultaron deficientes para conocer la tendencia de la votación. Además, el INE demostró que a la misma hora en que el Comité Técnico decidió integrar el informe del conteo rápido, en el PREP ya estaban disponibles los datos e imágenes de 186 actas de casillas correspondientes a la muestra que había sido definida para dicho conteo y que no estaban reportadas ni, en consecuencia, valoradas en la estimación estadística del mismo. El INE decidió hacer un ejercicio en el que las proyecciones del conteo rápido que se habían realizado con los resultados de las 379 casillas antes mencionadas se complementaban con los de las 186 que estaban reportadas en el PREP (con lo que la cobertura de la muestra con la que se realizaba la estimación aumentaba de 54.61 a 81.41%). Los resultados que arrojó ese nuevo ejercicio fueron que el porcentaje de votación a favor del candidato Anaya (PAN) se ubicaba entre un mínimo de 35.6% y un máximo de 37.4%, mientras que el del candidato Riquelme (PRI) entre un límite inferior de 36.7% y uno superior de 38.7%. Es decir, en el caso del primero de los dos candidatos la votación finalmente obtenida estaba contenida en los rangos estimados y en el del segundo la diferencia era estadísticamente irrelevante y, en todo caso, se reflejaba que, con independencia de lo cerrado de la votación y del traslape de los rangos, el candidato del PRI aventajaba al del PAN y no al revés, como lo indicaba el informe que había presentado el Cotecora. La fiscalización de las campañas de los candidatos a la gubernatura El segundo tema controversial de la elección de la gubernatura en Coahuila tuvo que ver con la fiscalización de las campañas. Uno de los aspectos que la reforma de 2014 no previó fue la definición de reglas y criterios comunes para calcular los topes de gastos de las campañas en el país. Si bien la LGIPE es clara en establecer las reglas que el Consejo General del INE tiene que seguir para determinar los topes de gastos de campaña de las elecciones federales (presidencia, diputaciones y senadurías),23 no hay, sin embargo, algún parámetro de referencia para que las legislaciones locales señalen los criterios que deberán prevalecer en las elecciones locales respecto del máximo gasto permitido en las campañas respetivas. De este modo, el Congreso de cada entidad, sin tener un criterio orientador sobre el tema, puede fijar indistintamente las reglas que cada OPLE tendrá que aplicar para fijar esos topes de gastos. El resultado ha sido una gran heterogeneidad de criterios y, en consecuencia, de montos que, hay que decirlo, van en sentido contrario del propósito de homogeneizar y estandarizar las condiciones de operación de las elecciones y de la competencia política. El asunto se agrava porque bajo las normas vigentes son los OPLE los que definen, a partir de la heterogénea regulación estatal en la materia, los topes de gastos de campaña de las elecciones que se realicen en sus respectivas entidades, pero es el INE la única autoridad fiscalizadora a nivel nacional y, por lo tanto, la instancia que tiene que revisar las cuentas de campaña y determinar, en cada caso, si los candidatos han rebasado o no los topes de gastos que se hayan fijado. Y cuando hay elecciones locales concurrentes con las elecciones federales, o bien coincidentes con las de otras entidades, explicar que aunque las reglas de fiscalización son las mismas y pueden tener implicaciones distintas a partir de esa

diferenciación de topes de gastos, resulta no sólo complicado, sino en ocasiones algo que aparentemente carece de un mínimo sustento lógico ante la opinión pública. Un buen ejemplo de lo anterior ocurrió precisamente en las elecciones de gobernador que se realizaron en 2017. Mientras que en el Estado de México se estableció un tope de gastos de campaña muy alto, en Coahuila se fijó uno demasiado bajo. En el primer caso el monto alcanzó 285.57 millones de pesos, y en el segundo apenas 19.42 millones. Si bien el número de electores en cada una de las entidades no es un factor legal para definir los límites de gasto permitido, sí es un parámetro útil para contrastar las profundas diferencias existentes en los ejemplos mencionados. En el cuadro 2 puede observarse la disparidad de criterios que operaron en las elecciones locales para gubernaturas del año que analizamos.

Como puede observarse, Nayarit y el Estado de México tienen una cierta coincidencia si se comparan sus topes de gastos de campaña para las elecciones de sus gubernaturas en relación con sus respectivos listados nominales (24.29 pesos por elector frente a 25.23), pero Coahuila tiene un tope de gastos proporcionalmente mucho menor, alrededor de 2.5 veces por debajo de los dos primeros. Más allá de la razón legal que mencionábamos antes (es decir, el hecho de que, al no haber una regla común, las normas estatales pueden basarse en criterios distintos), lo que sí es cierto es que la diferencia mencionada trajo como consecuencia que en el Estado de México resultara casi imposible alcanzar el tope de gastos (como veremos más adelante), mientras que en Coahuila el rebase del límite establecido, al ser tan bajo, no resultaba para nada difícil. Y así ocurrió, en efecto. A los bajos topes de gastos de campaña en Coahuila debe sumarse también el hecho de que las facultades fiscalizadoras del INE se reforzaron e incrementaron gradualmente en cuanto a su capacidad de identificar gastos no reportados (que a la larga se ha convertido en el principal motivo de sanción a los partidos políticos en la fiscalización de sus recursos) en los informes de ingresos y egresos que los partidos y candidaturas deben presentar ante la autoridad electoral. En efecto, el INE ha mejorado su capacidad de detección de erogaciones que buscan ocultarse de distintas maneras y con diversas acciones. Destaco aquí tres de ellas: 1) La identificación de gastos subvaluados. Es frecuente que los partidos políticos reporten en el Sistema Integral de Fiscalización primero, y en sus informes de gasto después, montos correspondientes a diversos servicios prestados por distintos proveedores con precios por debajo del promedio de mercado como una manera de buscar disminuir los costos de una campaña electoral o, incluso, como un potencial espacio de corrupción (como podría ser pagar el diferencial con recursos que no se reportan como ingresos a la autoridad electoral). Por eso el INE desarrolla una matriz de precios, a partir de la información que le es reportada por conceptos de gasto similares por el conjunto de los partidos políticos, o incluso recurriendo a investigaciones de mercado, con el fin de compararlas con las erogaciones que cada instituto político presenta en sus respectivos informes y, en caso de existir diferencias sustanciales, las mismas se consideran montos que pretendieron ocultarse y que, por lo tanto, son egresos no reportados contablemente. 2) Las verificaciones en campo. La UTF de manera periódica, pero en particular durante las campañas electorales, destaca a una serie de auditores a tareas de campo para que identifiquen y registren “conceptos de gasto”, es decir, propaganda, espectaculares, pintas en bardas, etc., que son debidamente fotografiadas, detalladas e incluso georreferenciadas en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (Simei); además realizan visitas de verificación a las casas de campaña de los candidatos y a los actos de proselitismo y mítines, que los partidos políticos y las diversas candidaturas deben reportar oportunamente en su calendario de eventos, y en todos los casos levantan actas circunstanciadas de lo ocurrido; de esa manera, al momento de revisar los informes de gasto, el INE cuenta con elementos objetivos que permiten una compulsa mucho más precisa y documentada de lo que ocurrió en realidad en una campaña (por lo que hace a las erogaciones realizadas) y lo que se reporta como gastos por parte de los sujetos auditados. 3) Acceso a gastos realizados en redes sociales y páginas de internet. El INE ha establecido canales de comunicación fluidos y efectivos con las compañías que gestionan las principales plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter y Google, principalmente, para allegarse información de

los gastos realizados en ellas para promocionar mensajes relacionados con las campañas y los diversos actores políticos. Esto es particularmente relevante si se toma en cuenta que los gastos de campaña (y en general los gastos en publicidad) han tenido una migración creciente desde los medios de comunicación electrónicos tradicionales (radio y televisión) hacia las plataformas digitales. Además, el INE realiza monitoreos sistemáticos en diversas páginas de internet para identificar publicidad (banners, ventanas emergentes, etc.) relacionada con partidos políticos o campañas electorales e identificar así objetos de gasto en el ambiente digital, que son compulsados con la información que los partidos políticos y los candidatos reporten en sus respectivos informes. Todo lo anterior provocó que las campañas de 2017 fueran auditadas de manera más puntual e intensa que en el pasado. Ello trajo consigo que en Coahuila, en donde se fijaron topes de campaña relativamente bajos, el riesgo de rebase de los mismos aumentara de manera muy importante. De hecho, así ocurrió. La coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por el PRI, reportó un gasto en la campaña de su candidato a gobernador, Miguel Riquelme, por 17 millones 315 mil 458.46 pesos. Sin embargo, el INE identificó gastos que no habían sido reportados por un total de 3 millones 416 mil 276.08 pesos, más otros gastos derivados de la queja por un monto de 32 mil 650 pesos lo que implicaba una suma de 20 millones 764 mil 384.54 pesos, es decir, un monto superior en 1 millón 521 mil 905.97 pesos al tope de gastos permitido (19 millones 242 mil 478.57 pesos), equivalente a 7.91% de rebase del límite legal. También la campaña del candidato de la coalición encabezada por el PAN, Alianza por Coahuila, José Guillermo Anaya, se ubicó en un supuesto similar, pues aunque se había informado un gasto de 16 millones 143 mil 432.86 pesos, el INE detectó gastos no reportados por un monto de 3 millones 977 mil 335.37 pesos, lo que sumaba un gasto total de 20 millones 120 mil 768.23 pesos, un rebase respecto al límite permitido de 878 mil 289.66 pesos, que equivalía a un porcentaje de 4.56% de exceso. Si bien los dos principales candidatos se encontraban en una situación contraria a la ley, el rebase del tope de gastos por parte del ganador de la elección abrió la puerta para que en la opinión pública se discutiera sobre si ese hecho podía traer consigo la posibilidad de que los tribunales electorales anularan la elección. En el seno de la Comisión de Fiscalización, primero, y del Consejo General, después, se dio una intensa discusión sobre si los conceptos de gastos no reportados que se habían identificado tenían sustento o no y sobre cuáles eran los criterios con los que se debían calcular los montos de esas erogaciones que se sumarían a los gastos de campaña; todo ello en medio de una intensa guerra discursiva entre los partidos que integraban las dos principales coaliciones contendientes; por un lado, los ganadores de la elección acusaban al INE de querer construir un escenario a modo, a partir de la fiscalización, para que se anulara la elección; por el otro, los perdedores sostenían que el trabajo del INE tenía sustento legal y técnico. Paradójicamente —como veremos más adelante—, la postura de esos partidos —y de otros contendientes—, en el caso de la fiscalización de la elección de gobernador en el Estado de México, que se realizaba de manera simultánea a la de Coahuila (y a la de Nayarit), era exactamente inversa: quienes acusaban la labor del INE en este caso, en el otro la defendían. La discusión se centró en argumentos técnicos muy complejos y variados. Sin embargo, en el caso de la campaña del candidato ganador en la elección de Coahuila, dos fueron los conceptos fundamentales que componían el monto no reportado y que llevaron al INE a determinar el rebase de los topes de gastos de campaña. Por un lado, la información que le fue entregada al INE por Facebook (a través de su filial en Irlanda que entonces administraba todos los pagos por publicidad de la plataforma a nivel global), luego de que el instituto le solicitara datos sobre los montos erogados para pagar la promoción de la campaña de Riquelme en esa red social, arrojaba una diferencia importante respecto a lo que la coalición había reportado en su informe de gastos como pago a un intermediario presuntamente encargado de gestionar la compra de esa publicidad. Por otro lado, la contabilización de los pagos realizados a los representantes de casilla del PRI por su función de vigilancia durante la jornada electoral en los centros de votación, que, el partido aducía, había sido a título gratuito. En este caso, el problema consistía en que, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara que todas las erogaciones realizadas por los partidos políticos durante la jornada electoral debían contabilizarse como gastos de campaña, el INE estableció en el artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización que la actividad de los representantes de casilla o los representantes generales que un partido despliega durante la elección debía considerarse como remunerada a menos que se le entregara a la autoridad electoral, en el momento del registro de dichos representantes, un formato, firmado individualmente, en el cual se hiciera constar la gratuidad de la función desempeñada por cada uno de esos representantes.24 Dicho en otras palabras, lo que las normas de fiscalización establecen es que esa actividad, en principio, debe asumirse como pagada a menos que el partido político entregue a la autoridad los referidos “comprobantes de gratuidad”, firmados individualmente por cada uno de los representantes partidistas que cumplieron dicha función sin que mediara pago. Sin embargo, en el caso de la campaña de Riquelme, que ganó la elección de gobernador en Coahuila (aunque lo mismo ocurrió, por cierto, en el caso de la campaña de Anaya, su principal opositor), el INE detectó, luego de una serie de procedimientos oficiosos, que el PRI (y, por su parte, también el PAN), más allá de su dicho en el sentido de que todos sus

representantes habían desempeñado su función gratuitamente, carecía de miles de formatos de gratuidad.25 Las resoluciones que el INE emitió determinando el rebase de los topes de gastos de las dos principales campañas a la gubernatura de Coahuila fueron impugnados ante el Tribunal Electoral, el cual revocó muchas de las consideraciones que el instituto había formulado. En relación con los gastos detectados y que Facebook le había notificado al INE, la Sala Superior consideró que la información entregada no acreditaba de manera cierta e indubitable el pago realizado por la coalición o por el intermediario contratado para ello a dicha red social y que el INE no había agotado sus facultades de investigación. Además, señaló que el instituto no había verificado si la totalidad del monto reportado por Facebook correspondía a un gasto hecho sólo durante la campaña o si abarcaba una temporalidad mayor. Por esas razones el tribunal decidió revocar lisa y llanamente la irregularidad, contraviniendo así muchos de sus precedentes en los que ante la existencia de una duda ordenaba al INE aclarar su resolución o realizar nuevas investigaciones para cumplir con el principio de exhaustividad, bajo el argumento de que, de lo contrario, permitiría a la autoridad fiscalizadora que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto, lo que implica una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Por lo que hace a los gastos relacionados con los pagos de los representantes generales y de casilla, el tribunal también revocó la decisión del INE al considerar que se había hecho una valoración indebida de la prueba y que todos los formatos de gratuidad que habían sido entregados de manera posfechada al INE suponían, en todo caso, una falta formal y, a diferencia de lo que el instituto había considerado (que en realidad eran documentos fabricados con posterioridad), debían ser tomados en cuenta para justificar la actuación no remunerada de esos representantes.26 El resultado de las resoluciones de la Sala Superior es que los montos de gasto se modificaron sustancialmente. En el caso de la campaña de la coalición Por un Coahuila Seguro, que postuló a Miguel Riquelme, los montos no reportados se redujeron a 2 millones 289 mil 303.46 pesos, para sumar un total de gastos de 19 millones 707 mil 011.92 pesos, es decir, un rebase de 464 mil 533.35 pesos, equivalente a 2.41% respecto del tope autorizado. En el caso de la campaña de la coalición opositora Alianza por Coahuila, que propuso como candidato a José Guillermo Anaya, sus gastos no reportados terminaron por sumar 3 millones 977 mil 335.37 pesos, con lo que el gasto total alcanzó 20 millones 120 mil 768.23 pesos, rebasando el tope permitido por 878 mil 289.66 pesos, es decir, 4.56%. Lo anterior sacó a la elección de la gubernatura de Coahuila de la hipótesis constitucional de una eventual nulidad por rebase del tope de gastos de campaña y convalidó los resultados. ESTADO DE MÉXICO

Las elecciones del Estado de México concentraron la mayor atención de los comicios que se realizaron en 2017. No era para menos, se trata de la entidad más poblada del país, una de las que generan una parte importante de la riqueza nacional y, en muchos sentidos, la entidad federativa políticamente más relevante (junto con la Ciudad de México) y además un símbolo histórico del priismo. Por otro lado, el Estado de México era la más emblemática de las entidades que nunca habían vivido localmente el fenómeno de la alternancia en la gubernatura, por lo que las expectativas en los resultados de la disputa electoral de 2017 eran elevadísimas desde todos los puntos de vista: por un lado, desde la lógica del priismo, conservar el gobierno en ese estado en particular constituía una reivindicación frente a la debacle electoral del año anterior y una manera de reposicionarse de cara a la elección presidencial de 2018. Por otra parte, desde la perspectiva del panismo significaba ratificar la secuela triunfadora que implicó arrebatarle al PRI varios de sus bastiones históricos en 2016 de cara a la contienda presidencial y renovar su presencia en la entidad que le había llevado en la década anterior a construir una hegemonía política en todos los municipios del norte y del poniente del valle de México (el “cinturón azul”). Finalmente, para Morena, el triunfo en el Estado de México representaba la oportunidad de consolidarse como una fuerza política emergente capaz de disputarles efectivamente el poder en las urnas a los partidos tradicionales, y específicamente al partido en el gobierno, en el estado que le era simbólicamente más representativo, ante lo que ya entonces se prefiguraba como el tercer intento de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, por conseguir la presidencia de la República el año siguiente. Simbólica y políticamente, los comicios del Estado de México resultaban de suma importancia para todos los competidores pues, además de sus dimensiones electorales (el padrón de dicha entidad representa 12.5% del total de los electores del país) y de su relevancia política y económica, un triunfo ahí sería visto como la definición del carril preferencial en el que se iniciaba la carrera por la presidencia de la República en 2018. Eso le dio una enorme relevancia y seguimiento puntual a nivel nacional de todo lo que ocurría en esos comicios; a la par, los partidos políticos echaron mano de todos sus recursos para tratar de obtener los mejores resultados en la elección de la gubernatura mexiquense. Los programas sociales

Uno de los principios más relevantes, pero a la vez más complicados de concretar en el contexto de los procesos electorales, es el de la equidad en las condiciones de la competencia. Los altos índices de pobreza que aquejan al país y la oceánica desigualdad que caracterizan a la sociedad mexicana son un triste recordatorio de que el ideal de justicia social que abanderó la Revolución mexicana y que se plasmó como un principio de actuación a cargo del Estado en la Constitución de 1917 sigue siendo una promesa incumplida del proceso de modernización del país y, sin duda, un problema irresuelto que afecta la calidad y el buen funcionamiento del sistema democrático. En ese sentido, nuestro país reproduce puntualmente ese disruptivo triángulo compuesto por la democracia, la pobreza y la desigualdad al que se refiere como el principal desafío de los regímenes políticos latinoamericanos el conocido estudio del PNUD, coordinado por Dante Caputo en 2004, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos.27 En ese sentido, uno de los temas más disruptivos sobre los procesos electorales ha sido el del uso de recursos, principalmente públicos, aunque no sólo de este tipo, para tratar de incidir en el sentido de la voluntad ciudadana a partir de lo que de manera generalizada se conoce como “compra del voto”. Se trata de un fenómeno que ni es nuevo ni es exclusivamente mexicano. Desde sus orígenes, una de las críticas fundamentales a la democracia es que la autonomía individual que ésta presume, es decir, el hecho de que en ella cada individuo expresa su voluntad política en plena libertad (que es lo contrario de la heteronomía, esto es, la situación en la que la voluntad individual es determinada externamente por un tercero —el heteros—), en realidad es una quimera que difícilmente se cumple en la realidad pues las conciencias individuales suelen ser manipuladas a partir de múltiples mecanismos, y una precaria condición económica coloca a los individuos en una situación de vulnerabilidad en el ejercicio pleno —y autónomo— de su voluntad política. No es una casualidad que el mismo Juan Jacobo Rousseau, uno de los grandes teóricos de la democracia moderna, hubiera afirmado en El contrato social que una de las condiciones de esa forma de gobierno es que no haya nadie tan rico como para poder comprar las voluntades de los otros, ni nadie tan pobre como para verse obligado a vender a otros su propia voluntad por necesidad.28 Por esa razón, desde 1994, el Código Penal fue reformado para incluir como delito la conducta de quien “solicita votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa”, conducta delictiva que incluyó, con la reforma de 2014, también el uso o condicionamiento de los beneficios de programas sociales con la finalidad de coaccionar el sentido del voto.29 En ese sentido, con la reforma de 2007 se modificó el artículo 134 de la Constitución para elevar al máximo rango normativo la obligación de todos los funcionarios públicos, federales, estatales y municipales, de conducirse con imparcialidad en el manejo de los recursos públicos que administran, “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Los niveles de pobreza que siempre han aquejado al país y el consistente fracaso de las políticas públicas encaminadas a combatir ese flagelo (que en el mejor de los casos han implicado una reducción marginal de las tasas de pobreza)30 han provocado que uno de los principales problemas que enfrenta la política mexicana y la credibilidad de los procesos electorales tenga que ver con la creación y utilización de clientelas políticas, así como con la explotación de las necesidades materiales de la gente con propósitos electorales. Por eso, desde los primeros procesos electorales que encaró en 2015, el INE decidió aprobar, de cara al inicio de las campañas electorales, una serie de disposiciones que buscaban reforzar las prohibiciones constitucionales y legales a las que hemos hecho referencia. Así, en el marco del proceso electoral federal de 2015, el INE aprobó tres disposiciones en ese sentido (retomando y potenciando una serie de medidas que, en su momento, el IFE había adoptado durante 2011 y 2012 de cara a las elecciones presidenciales de ese último año). En un primer momento, el 25 de febrero de 2015, se tomaron dos acuerdos: en uno se emitió una serie de normas reglamentarias del principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos para evitar su incidencia en las contiendas electorales (INE/CG66/2015),31 y en el otro se solicitó el apoyo y la colaboración de los titulares de los ejecutivos federal, estatales y municipales para garantizar que el uso de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apegara a los fines, objetos y reglas de operación publicadas para evitar su utilización con fines electorales en los procesos comiciales que se estaban llevando a cabo (INE/CG67/2015).32 En un segundo momento, el 27 de mayo de 2015, el Consejo General del INE aprobó otro acuerdo por el que se establecieron medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como las acciones que generaran presiones sobre los electores (INE/CG319/2015),33 tales como reforzar en la comunicación social del nstituto principios como la secrecía y la libertad del sufragio, que nadie puede inducir o solicitar el voto a favor o en contra de algún partido, candidato o coalición, que los regalos o las dádivas no comprometen de ninguna manera el sentido del voto y que esas conductas constituyen delitos electorales, que los beneficios de los programas no pertenecen a ningún partido político o gobierno y no están condicionados a votar en un determinado sentido; además, se ordenó publicitar los mecanismos para denunciar ante las autoridades de procuración de justicia cualquier ilícito electoral, y se especificó una serie de instrucciones para los presidentes de las mesas directivas de casilla

para que, en su calidad de autoridades electorales, garantizaran las condiciones de no presión a los electores que acudieran a su respectivo centro de votación. Adicionalmente, en el marco de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el Consejo General del INE tomó un acuerdo (el INE/CG94/2016)34 en el que, además de recoger las prevenciones que se habían emitido el año previo mediante las determinaciones antes mencionadas, se incluyó una prohibición expresamente dirigida a los servidores públicos que tenían bajo su responsabilidad la ejecución de programas sociales especificando, además, el significado jurídico y los alcances de conceptos como “coacción del voto” y “compra del voto”.35 Con esos precedentes en mente, y a pesar de que habían sido emitidos en el marco de elecciones realizadas bajo la responsabilidad directa del INE (en 2015, como señalamos en el capítulo “2015: El año en que la democracia estuvo en peligro”, si bien hubo elecciones locales en 17 entidades federativas, las mismas se desarrollaron concurrentemente con las elecciones federales de diputados, por un lado, y en 2016 las elecciones de la Asamblea Constituyente fueron organizadas de manera exclusiva por el INE), de cara a los comicios locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, el Consejo General ejerció su facultad de atracción para establecer, el 13 de enero de 2017 mediante el acuerdo INE/CG04/2017, una serie de mecanismos que contribuyeran a evitar acciones que pudieran generar presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad, durante los procesos electorales locales mencionados.36 Con ello, a pesar de que ese tipo de regulación le hubiera correspondido establecerla al instituto sólo en el ámbito de las campañas federales, y a los OPLE en las correspondientes campañas locales, en virtud del respectivo ámbito de competencia, el Consejo General, vista la importancia del tema, decidió establecer un piso normativo común a todas las contiendas electorales ejerciendo su facultad extraordinaria de atracción para homologar las reglas y condiciones en todas las elecciones locales de ese año. En dicho acuerdo se incorporó, a diferencia de los que se habían emitido los años anteriores, una nueva disposición que permitía establecer específicamente los supuestos en los cuales la operación de programas sociales implicaría un indicio y, por ende, la presunción de que su uso tendría fines político-electorales contraviniendo, en consecuencia, las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Así, en los acuerdos undécimo, décimo segundo y décimo tercero de esa resolución se estableció que: Undécimo. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícita o explícitamente, la promoción de un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales, se considerará que puede ser contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. Décimo segundo. En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos oficiales. De acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es deber de los sujetos obligados, entre ellos las entidades públicas federales y locales, publicitar la información relativa a los programas sociales en sus portales en internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. De igual forma, de acuerdo con los artículos 29 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Coahuila de Zaragoza, 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 38 de la Ley de Planeación del estado de Nayarit, así como 16 a 18 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los respectivos programas de desarrollo, así como las reglas de operación de los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o gacetas oficiales. Para efectos de la materia electoral se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la actualización de alguna infracción constitucional y/o legal. Décimo tercero. En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, en relación con el artículo 449, párrafo 1, inciso e), de la Ley General, se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecidos en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

El periodo de prevención que el mencionado acuerdo estableció para evitar que la violación del principio de imparcialidad y el uso de recursos públicos y programas sociales pudiera incidir negativamente en las condiciones de equidad de la competencia política se limitó al periodo de las

campañas electorales. Sin embargo, en el Estado de México tanto el gobierno federal como el de la entidad multiplicaron los actos de entrega de beneficios de diversos programas sociales en los meses previos y, particularmente, las semanas anteriores al día del inicio del periodo de campaña (3 de abril). Además, ello ocurrió con una inédita presencia de miembros del gabinete federal encabezando la entrega de dichos apoyos. Un diario de circulación nacional en esos días hizo un recuento de las numerosas visitas de altos funcionarios federales en los siete meses previos al inicio de las campañas, destacando que la secretaria de Desarrollo Social había visitado el Estado de México para entregar apoyos sociales al menos 27 veces, el jefe de la Oficina de la Presidencia lo había hecho en 17 eventos públicos, el secretario de Educación en 15 ocasiones, el de Gobernación en ocho giras había entregado apoyos a policías o anunciado programas de seguridad, e incluso el presidente y su esposa habían participado personalmente en esas entregas o anunciado públicamente obras, apoyos y beneficios a la población de esa entidad.37 Ese activismo llevó a varios partidos de oposición a denunciar una “elección de Estado” y a demandar al gobierno federal frenar el activismo de sus funcionarios en la entidad.38 Sin embargo, lejos de atender esos reclamos, la presencia y el activismo de los secretarios de Estado entregando apoyos de programas sociales, e incluso promoviendo la afiliación masiva de nuevos beneficiarios a algunos de ellos, se intensificó y se extendió hasta las últimas horas previas al arranque de las campañas electorales.39 Si bien es cierto que la entrega de los apoyos que suponen los programas sociales no puede suspenderse ni siquiera durante las campañas electorales, pues ello implicaría una afectación grave a las condiciones socioeconómicas de sus beneficiarios, el marco normativo vigente sí establece que la publicidad relativa a dichos programas se suspenda durante el periodo legal de proselitismo electoral, para evitar socavar el piso de equidad que debe prevalecer durante las contiendas políticas. Ante esa situación y ante el riesgo de que el intenso e inédito activismo antes mencionado pudiera continuar incluso en el periodo de campaña, el INE decidió atender la petición que le hizo un partido político (el PAN) y reforzó el 5 de abril de 2017, dos días después del inicio de las campañas electorales del Estado de México, el acuerdo del 13 de enero de ese año mediante la adición de una tesis que la Sala Superior del Tribunal Electoral había emitido unos meses antes.40 En dicho criterio se había establecido que a pesar de que no existía el deber de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, la misma no podía realizarse en eventos masivos o mediante modalidades que pusieran en riesgo la imparcialidad, equidad y neutralidad que debe privar en las elecciones.41 A pesar de las medidas anteriores emitidas por el INE, la competencia para conocer de las eventuales quejas sobre las conductas contrarias al principio de imparcialidad y al uso político de los programas sociales en el contexto de las elecciones locales corresponde a los OPLE a través de los procedimientos especiales sancionadores locales. En ese sentido, al tratarse de procesos electorales locales, el INE sólo es competente para conocer únicamente de las denuncias relacionadas con las violaciones al modelo de comunicación política o con los asuntos de fiscalización que son competencia exclusiva de dicha instancia nacional. En los procesos electorales de 2017 si bien se presentaron ante el INE algunas denuncias relacionadas con el uso de los programas sociales y con la intervención indebida de funcionarios federales en la elección del Estado de México, aquél las turnó al organismo electoral de esa entidad, que es legalmente la autoridad competente, para que fueran atendidas. Ello, a pesar de ser normal y legalmente correcto, provocó, en el contexto de una campaña electoral muy intensa y competida, que se generara la sensación de que el INE no estaba cumpliendo a cabalidad con su función de arbitrar la contienda y sancionar las irregularidades. A ese malestar contribuyó, en buena medida, que de manera previa al arranque de las campañas se hubiera desplegado la presencia y la ingente entrega de recursos a través de programas sociales a los que antes hacía referencia. Los resultados electorales y los cómputos distritales Los cerrados resultados para la gubernatura del Estado de México que arrojó el PREP al cabo de la jornada electoral del 4 de junio de 2015 provocaron que el clima de tensión y los tonos del discurso entre los actores políticos que se había cultivado desde antes de las campañas electorales y de manera cada vez más fuerte durante las mismas se enardeciera y volviera previsible una muy complicada etapa poselectoral. De acuerdo con los resultados preliminares arrojados por el PREP, la diferencia entre los dos candidatos más votados resultó menor a 3% de la votación: el candidato de la alianza conformada por el PRI, PVEM, Panal y PES, Alfredo del Mazo Maza, había obtenido 33.72% de la votación, mientras que Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena, había alcanzado 30.82% de los votos. Lo anterior abrió la puerta a una serie de acusaciones respecto de la veracidad de los resultados y sobre la legitimidad de una elección marcada por una serie de irregularidades que iban desde el uso político de los programas sociales (acusación alimentada por el ya mencionado activismo en la entidad de altos funcionarios del gobierno federal) y la compra generalizada del voto, hasta la actuación sesgada de las autoridades electorales, particularmente el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al que se le imputaba, entre otras cosas, no haber investigado con diligencia las denuncias contra la violación del

principio de imparcialidad por parte de funcionarios locales y federales (incluyendo el mencionado uso políticamente sesgado de los programas sociales en favor del candidato del PRI). Tampoco el INE escapó de los reproches de los partidos de oposición que le achacaban el no haber intervenido de manera oportuna para evitar la comisión de esas irregularidades. También entre los partidos políticos de oposición se generó un ambiente de tensión, pues si bien casi todos coincidían en denunciar una elección de Estado en la que habían prevalecido irregularidades que habían vulnerado la equidad de la contienda favoreciendo al PRI, los resultados —particularmente el tercer lugar obtenido por Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato del PRD, que en los datos del PREP había obtenido 17.79% de los votos— mostraban que, si se hubiera concretado una alianza entre Morena y el PRD, como se había planteado en algún momento del proceso electoral, la izquierda hubiera podido vencer al partido gobernante en la entidad y haber propiciado la primera alternancia de la historia en el gobierno local. En los días que siguieron a la jornada electoral y de cara a los cómputos distritales que iniciaban el miércoles 7 de junio, Morena exigió abrir todos los paquetes electorales y recontar los votos emitidos. Ante ello, los consejeros electorales nacionales decidimos mandar un mensaje desde el INE a favor de realizar un recuento lo más amplio posible como una manera de distender el ambiente político y propiciar la mayor credibilidad y transparencia posible a los resultados electorales. Así lo hicimos mediante declaraciones individuales de varios miembros del Consejo General y a través de un comunicado de prensa emitido el mismo 7 de junio en el que se fijaba con toda claridad la postura institucional. En el mismo se señalaba: El INE está a favor de la mayor apertura de paquetes electorales y recuento de votos siguiendo las causales establecidas en la ley. […] Los cómputos distritales y municipales están a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad. El Instituto Nacional Electoral se pronuncia por la mayor apertura de paquetes electorales y recuento de votos siguiendo las causales establecidas en la ley, a efecto de generar la mayor transparencia y certeza en los resultados finales de las elecciones.42

No obstante, las autoridades correspondientes del IEEM decidieron abrir un número menor de paquetes electorales para realizar el recuento de votos correspondiente, si se le compara con el porcentaje de recuentos realizados en la misma jornada electoral en otras entidades. Incluso, en la víspera de los cómputos distritales la cifra de casillas que habrían de recontarse se modificó a la baja respecto de las previsiones iniciales, lo que incrementó la polémica sobre el tema hasta entre los integrantes del Consejo General del órgano electoral local.43 En el cuadro 3 puede verse cómo el porcentaje de casillas recontadas en la elección de la gubernatura del Estado de México es el más bajo de los cómputos realizados en las elecciones que se llevaron a cabo el 4 de junio de 2017, con apenas 18.45% del total, frente al 77.14% de la homóloga elección en Coahuila y el 100% de recuentos en Nayarit.

Lo anterior es todavía más contrastante si se piensa que las diferencias (tomando en cuenta el cómputo final) entre el primer y el segundo lugar en las contiendas por las gubernaturas fueron las que se muestran en el cuadro 4.

Es decir, si bien en Coahuila la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar fue un poco menor que en el Estado de México (2.44% frente a 2.87%), en el primer caso se recontó 77.14% de las casillas (cuatro veces más) ante el 18.45% del segundo. El contraste es aún más evidente en el caso de Nayarit, en donde a pesar de que la diferencia de votos entre el ganador y su inmediato competidor fue de 12.27%, se decidió, por certeza, que el recuento en el cómputo distrital fuera del 100% de las casillas. No omito recordar que, en este último caso, el INE había decidido que decenas de sus funcionarios fueran comisionados para realizar tareas fundamentales en los órganos del OPLE, situación que fue determinante para que el recuento, en aras de la transparencia y certeza en los resultados electorales, fuera total.44 Quiero ser claro: rara vez los recuentos de votos modifican los resultados electorales y, cuando lo hacen, si acaso cambian el sentido de unos cuantos votos, subsanando eventuales errores cometidos por los funcionarios de casilla. Así ocurrió en los casos que aquí se analizan. La historia de los recuentos evidencia que las y los ciudadanos que cuentan los votos la noche de la elección en las casillas lo hacen bien y sin sesgos políticos. Los recuentos, en ese sentido, han servido, más bien, para desmentir las acusaciones de quienes afirman que en las casillas se manipula la voluntad de los electores expresada en las urnas, porque una y otra vez han terminado por reafirmar que el escrutinio y cómputo en las casillas es correcto. Así, los recuentos han tenido un propósito esencial: desmontar las acusaciones de presuntos fraudes. La fiscalización de las campañas electorales A pesar de que los gastos realizados en las campañas electorales del Estado de México fueron notoriamente más altos que en el resto de las entidades, debe recordarse que, como se señaló anteriormente, en esta entidad se tuvo un tope de gastos sumamente alto si se compara proporcionalmente con el número de electores registrados. El monto de gasto legalmente autorizado para las campañas de la gubernatura de ese estado fue de 285 millones 566 mil 771.27 pesos, una cantidad de dinero que difícilmente podía alcanzarse y que representaba 66.5% (en pesos corrientes, es decir, sin el cálculo del índice inflacionario) de la cifra que el año siguiente el INE determinaría como el tope de gastos de campaña para la elección presidencial, que sería de 429 millones 633 mil 325 pesos. Más allá de ese hecho, en el Estado de México todas las candidaturas a la gubernatura presentaron en sus respectivos informes de campaña subreportes respecto al gasto realmente realizado, es decir, omitieron comunicar al INE la totalidad de las erogaciones realizadas. En 2017, como se comentó antes al analizar el caso de la elección de Coahuila, el INE desplegó un importante esfuerzo en campo para identificar y documentar el gasto que los distintos candidatos realizaban a lo largo de sus respectivas campañas y poder así compulsar esos conceptos de gasto con lo que al cabo efectivamente reportaban en sus informes. En el caso de los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México, el monto de gasto no reportado que el INE logró identificar fue el más alto detectado hasta ese momento: 174 millones 708 mil 91.90 pesos. En el cuadro 5 puede verse la distribución de esa cantidad en cada una de las campañas.

Como puede advertirse, la campaña más omisa en reportar su gasto real fue la de Josefina Vázquez Mota (PAN) con 52.2 millones de pesos, seguida por la de Alfredo del Mazo (candidato de la coalición encabezada por el PRI) con 51.2 millones, en tercer lugar se ubica Juan Manuel Zepeda (PRD) con 47.4 millones, en quinto sitio Delfina Gómez con 12.8 millones, le sigue Óscar González Yánez con 10.75 millones y finalmente la única candidata independiente que apareció en la boleta, Teresa Castell, con un poco más de 325 mil pesos. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos no reportados, y que supusieron multas muy importantes para los partidos políticos respectivos, en ningún caso el total de gastos (lo reportado más lo no reportado y que la fiscalización del INE logró identificar) se acercó siquiera al elevadísimo tope de campaña que de acuerdo con las normas electorales locales había fijado el IEEM. El candidato que más gastó, Alfredo del Mazo (167.3 millones de pesos), apenas alcanzó 58% del gasto legalmente autorizado. *** Otro tema que causó gran controversia tanto en la campaña de la gubernatura del Estado de México como en la de Coahuila fue el de la distribución masiva, por parte del PRI, de una serie de tarjetas que

prometían a quien las recibía una serie de beneficios futuros condicionados al triunfo del PRI en la elección. El INE analizó las denuncias que presentaron Morena, en el primer caso, y el PAN, en el segundo, en dos planos, el de la compra y coacción del voto al representar potenciales dádivas para tratar de incidir en el sentido del voto de los electores, y en el de objetos de gasto con un fin no partidista, es decir, en el marco de la revisión de las cuentas de campaña en la fiscalización de éstas. Respecto del primero de los dos enfoques, el de la entrega de dádivas, el INE remitió ambos casos a los respectivos OPLE para que resolvieran sobre el punto, sin embargo, respecto del segundo planteamiento, el relativo a la licitud de los gastos realizados en la promoción y difusión de las mencionadas tarjetas, el Consejo General tuvo una intensa discusión en su sesión del 14 de julio de 2017. El debate se centró en definir si las diversas tarjetas utilizadas en Coahuila (denominadas Mi Monedero Rosa, Mi Monedero y Mi Tarjeta de Inscripción) y en el Estado de México (las tarjetas Salario Rosa y Tarjetas con Todo) debían ser consideradas propaganda electoral y, por lo tanto, gastos lícitos en el marco de las campañas, o bien si eran promesas de dádivas, es decir, actividades prohibidas por la ley y, en consecuencia, los recursos invertidos en las mismas representaban gastos para fines no partidistas (con independencia de las eventuales responsabilidades que los OPLE les impusieran por intentos de presión o compra del voto en el ámbito de sus competencias). En el caso de Coahuila, la mayoría de los consejeros electorales consideramos que la entrega de las mencionadas tarjetas constituía un claro acto prohibido por la ley pues implicaba una promesa de dádiva a cambio de un determinado resultado electoral. En la mencionada sesión sostuve que “desde mi punto de vista, es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido […] De cara a 2018, más vale ir generando certezas, y no podemos permitir que este tipo de gastos sean considerados como un gasto de campaña”. En ese sentido señalé que, si bien le correspondería al Instituto Electoral de Coahuila resolver si había existido compra o coacción del voto porque “el uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral de la entidad de que se trate”. También consideré que las tarjetas entregadas por la coalición Por un Coahuila Seguro, al tratarse de una dádiva, representaba un gasto sin objeto partidista, lo cual contravenía lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, inciso n, de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que los partidos políticos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.45 Esa postura prevaleció por seis votos contra cinco de quienes consideraron, por el contrario, que la entrega de tarjetas debía ser considerada como un acto de propaganda electoral y, por lo tanto, una conducta permitida por la legislación.46 Sin embargo, al resolver en la misma sesión el asunto correspondiente al Estado de México, una nueva mayoría de consejeros electorales decidió que en este caso sí estábamos frente a actos de propaganda electoral y, por ello, ante gastos permitidos por la ley en el marco de las campañas. La diferencia con el caso anterior, a juicio de esa mayoría, fue que en Coahuila la entrega de los diversos tipos de tarjetas estuvo acompañada de la recopilación de los datos personales de los ciudadanos por parte de los promotores de ese beneficio, mientras que en el Estado de México las tarjetas eran acompañadas solamente de un cuestionario en el que se les preguntaba a las personas qué tipo de beneficio preferían recibir en el futuro dentro de una lista predefinida, o bien se les cuestionaba cuáles de todas las propuestas que hacía el candidato a la gubernatura les parecían más importantes. Esa diferencia —sutil e intrascendente desde mi punto de vista— llevó a algunos de los consejeros que habían apoyado la sanción en el caso de Coahuila a considerar que en el Estado de México se estaba ante propaganda permitida por la ley. Los argumentos de quienes sosteníamos que, si bien había alguna varianza en el modo en el que en ambas entidades se habían promovido y entregado los diversos tipos de tarjetas, ello no obviaba el hecho de que en ambos casos se trataba de una promesa de beneficios materiales futuros condicionados a un resultado electoral determinado que encajaba en la hipótesis de la promesa de dádiva, y no fueron compartidos por la mayoría de los consejeros que votaron por exonerar a los partidos que integraban la coalición que postuló a Alfredo del Mazo.47 Públicamente resultó muy complicado explicar las diferencias entre ambos casos y la sensación que permeó en el ambiente fue que la autoridad electoral actuaba con condescendencia con el PRI en la elección del Estado de México al no haber impedido el uso de los programas sociales, no haber determinado el rebase de los topes de gastos en su campaña de gobernador y haber permitido el reparto de las referidas tarjetas de beneficios validando su utilización en las elecciones. COROLARIO

En un solo año el INE pasó de un contexto de reconocimiento generalizado respecto de su suficiencia y capacidad para concretar los objetivos de la reforma electoral de 2014 y por haber creado las condiciones para un conjunto de alternancias en el ámbito local no vistas hasta entonces en 2016, a un conjunto de críticas generalizadas por no haber garantizado condiciones equitativas de la competencia electoral en los comicios de 2017. A pesar de que en el estado de Nayarit sí se concretó una alternancia en el

gobierno, la denuncia de fraude por parte de Morena en el Estado de México, que encontraba su contraparte en las acusaciones que en el mismo sentido hacía el PAN en las elecciones de Coahuila, crearon un ambiente políticamente muy complicado para el INE a unas semanas del inicio de las elecciones de 2018. En primer término, esas críticas llevaron al INE a tomar, en muy breve tiempo, una serie de acuerdos con los que se reforzaron y en muchos sentidos se replantearon las normas que garantizan la existencia de condiciones de equidad de la contienda política, a la luz de los problemas que se habían identificado en las elecciones de 2017. En segundo lugar, se asumió que era indispensable reformular las estrategias de comunicación pública del INE para poder explicar de manera más clara y asertiva el sentido de sus decisiones o las razones que las subyacían; la experiencia de ese año dejó en claro, para decirlo de alguna manera, que cuando la autoridad electoral trataba de explicar algún problema que se había presentado, en realidad se estaba, ante todo, haciendo un control de daños. Para el INE explicar significaba construir un discurso público que, de manera oportuna, fuera anticipando los sucesos que previsiblemente ocurrirían durante el proceso electoral y, en la medida de lo posible, anticiparse a las descalificaciones que pudieran presentarse a su actuación a partir de la generación de mucha información de manera clara, sencilla y atinente. En tercer lugar, el 2017 le dejó al INE la lección de que tenía que desplegar y fortalecer la comunicación no sólo con los partidos políticos sino con diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con los medios de comunicación para tratar de construir alianzas y cercanías que permitieran demostrar que el instituto no era un órgano ensimismado y falto de autocrítica sino, por el contrario, sensible a las preocupaciones, sugerencias y demandas que desde los distintos sectores sociales se le formulaban. Además, con ello se abría la puerta para multiplicar los espacios en los cuales se pudieran explicar públicamente las razones y objetivos perseguidos por nuestras decisiones y establecer los canales de comunicación y de confianza para ser sensibles a las preocupaciones que esos sectores pudieran externar. Ese cambio de actitud resultaba fundamental para poder enfrentar de mejor manera el enorme desafío que presentaba la que, por múltiples razones, se avizoraba sería la elección más grande, compleja y desafiante de nuestra historia hasta ese momento: los comicios de 2018.

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El país a tercios Ernesto Núñez Albarrán

EL AGANDALLE DE ANAYA

En el Teatro del Pueblo Alí Chumacero, en Tepic, no cabía un alma más. Era 19 de septiembre de 2017, y el empresario Antonio Echevarría García acababa de rendir protesta como gobernador de Nayarit. Hijo del exmandatario Antonio Echevarría Domínguez y de la senadora Martha Elena García —ambos panistas —, “Toño” asumía el primer cargo público de toda su vida. Pese a su inexperiencia, el contador era el orgullo de los dirigentes partidistas que atestiguaban su ungimiento. Como lo había hecho su padre en 1999, Echevarría sacó al PRI del palacio de gobierno gracias a una alianza entre PAN y PRD; sólo que esta vez la coalición unía a un PAN desprestigiado tras dos sexenios en el poder federal y un PRD desfondado por la fuga de cuadros lopezobradoristas. En el recinto, habilitado como sede del Congreso estatal, Toño prometía combatir la corrupción y construir un “nuevo tiempo” para la entidad, ante la mirada complaciente de quienes ocupaban las primeras filas: 15 gobernadores; el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, y el líder de MC, Dante Delgado; además de senadores, diputados y exgobernadores panistas y perredistas. Los principales líderes del Frente Ciudadano por México estaban ahí congregados, con sus teléfonos celulares listos para difundir su júbilo aliancista en las redes sociales, convirtiendo la toma de protesta del nayarita en una muestra de músculo político. Todo era sonrisas, apretones de mano, besos en las mejillas, selfies y palmadas en las espaldas. Pero a las 13:15 horas comenzaron a vibrar los teléfonos y a circular tarjetas entre los invitados con una noticia que los hizo ponerse de pie y mirarse unos a otros con expresiones de asombro y preocupación. Antonio Gali y Rafael Moreno Valle, gobernador y exgobernador de Puebla, fueron los primeros en abandonar el evento. Los siguió el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Después se fue Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y representante del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quien llegaba ese día de Nueva York y no pudo viajar a Tepic. Anaya, Barrales, Dante, junto con Santiago Creel, Jesús Zambrano, Marco Adame, Guadalupe Acosta Naranjo y otros operadores del frente opositor empezaron a intercambiar entre ellos los datos e imágenes que llegaban a sus teléfonos. Un sismo magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos, acababa de provocar el derrumbe de decenas de edificios. Aún no se conocía la cifra de muertos. Los gobernadores emanados de alianzas PAN-PRD en 2016 (el veracruzano Miguel Ángel Yunes, el duranguense José Rosas Aispuro y el quintanarroense Carlos Joaquín) también se fueron. Los lugares especiales en la verbena popular preparada para celebrar el regreso de la alianza PAN-PRD al gobierno nayarita se quedaron vacíos. La fotografía del “poder real” del Frente por México —una alianza entre derecha e izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2018— ya no pudo ser tomada. La idea de una alianza PAN-PRD-MC para las elecciones de 2018 había sido comentada durante más de un año por dirigentes, legisladores, gobernadores y eso que llaman “liderazgos” de los tres partidos; es decir, exdirigentes, exgobernadores y exlegisladores con peso político, voz y voto en los órganos directivos partidistas. La semilla del frente había sido puesta sobre la mesa por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, exdirigentes perredistas conocidos como “los Chuchos”, desde principios de 2016, y cobró gran impulso tras las elecciones locales de ese año, en las que la alianza había sido exitosa en Durango, Quintana Roo y Veracruz. En esa lógica, Nayarit era la cereza de un pastel en el que todos buscaban asegurar una jugosa rebanada. Y aunque 2017 dejó ver nítidamente los límites del frente en Coahuila y el Estado de México (donde las dirigencias locales del PAN y el PRD fueron incapaces de pactar candidaturas comunes), la idea fue adoptada y desarrollada por Dante Delgado (MC), Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Barrales (PRD), Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla,

y otros que veían en el frente una especie de “tercera vía” entre el PRI gobernante y el avance popular —y populista— de López Obrador. Los artífices del frente tenían con qué hacer cifras alegres a esas alturas de 2017: 16 entidades eran gobernadas por panistas o perredistas, y en esos estados vivían 42.1 millones de ciudadanos mayores de 18 años. Es decir, se calculaba que 48.6% de los potenciales electores de 2018 era gobernado ya por el frente a nivel local. No contaban con que en la Ciudad de México, Morelos y Tabasco (gobernados por los perredistas Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez y Arturo Núñez), Morena ya había desplazado al PRD para convertirse en primera fuerza; lo mismo que en Veracruz, donde el panista Miguel Ángel Yunes presumía contar con más de 2 millones de votos para aportarle al frente. Aun así, el experimento sonaba atractivo, o al menos era la opción más viable para competir. Haciendo una operación aritmética, sin consideraciones políticas, los dirigentes del frente calculaban que en 2015 un total de 15.1 millones de electores ya habían votado por el PAN, el PRD y MC en las elecciones federales, por lo que aseguraban contar con una sólida base de votantes. Según sus constructores, el potencial del frente era enorme, por lo que valía la pena cuidar los métodos de selección de candidatos, y plantear primero la plataforma y después las personas, dejando la puerta abierta a personalidades de la sociedad civil sin militancia partidista. “Lo ideal es un candidato que no sea de ninguno de los partidos, pero si no encontramos a un personaje que nos unifique a todos, lo que debemos encontrar es un método que legitime al candidato del frente”, explicaba entonces el perredista Fernando Belaunzarán, uno de los operadores de la alianza. Sin embargo, dos semanas después de Nayarit —ya en octubre—, el frente sintió otra sacudida, cuando los operadores de Margarita Zavala filtraron a algunos medios que la exprimera dama renunciaría a su militancia de 32 años en el PAN. Zavala tomó la decisión el martes 3 de octubre, después de una tensa reunión con Ricardo Anaya, en la que le puso un ultimátum al joven dirigente panista, quien llevaba más de un año evadiendo la definición del proceso interno para elegir la candidatura presidencial del PAN. —Es urgente definir un método de elección, Ricardo. Te lo vengo pidiendo hace más de un año, desde las elecciones de 2016. Cuando decidamos, López Obrador ya nos va a llevar mucha ventaja —advirtió Zavala. —No son los tiempos —respondió, lacónico, el aún dirigente panista. —¿Y cuándo serán esos tiempos, Ricardo? —preguntó Zavala. —… —Que el PAN tome sus propias definiciones, conforme a sus estatutos —insistió ella, ante el silencio del dirigente. —Esa decisión no puede tomarla el PAN unilateralmente, corresponde a los tres partidos del frente — insistió el queretano. —Pues entonces me voy —amenazó Zavala, quien se veía apremiada por los tiempos, pues el 8 de octubre era el límite establecido por el INE para el registro de intención de los aspirantes a una candidatura presidencial por la vía independiente. Anaya se encogió de hombros. —¡Renuncia, y compite en igualdad de condiciones! —conminó la esposa del expresidente Felipe Calderón. Pero Anaya no se movió ni un centímetro y le hizo ver, con su silencio, que la puerta del PAN era muy ancha. Desde julio de 2016 el joven panista había definido una hoja de ruta con su equipo más cercano en la construcción de su proyecto presidencial: conformación y registro del Frente por México ante el INE, en septiembre de 2017; foros para elaborar el proyecto de país, de mediados de octubre a mediados de noviembre; redacción del convenio de coalición y definición de métodos para elegir a los candidatos de la coalición, noviembre-diciembre; precampañas, a partir del 14 de diciembre, y elección, en febrero de 2018. A Zavala le quedaban cinco días para tomar la decisión más importante de su carrera política. A Anaya el calendario le daba todavía dos meses para ocupar la dirigencia nacional panista, construir el frente y placearse en los foros de consulta de los que surgirían los documentos básicos de la coalición. Además, en ese momento estaba concentrado en una batalla legal y mediática con el periódico El Universal, que en agosto había publicado un caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucraba al dirigente panista y su familia. Anaya denunció en tribunales a El Universal, exigiéndole derecho de réplica por las 22 notas de primera plana —todas ellas negativas— que le había dedicado en dos meses. Envuelto en la polémica, el líder del PAN cortó de tajo la plática con Zavala. —Lamento mucho tu decisión, pero eres libre de hacer lo que decidas —le habría dicho el queretano. Puesta contra las cuerdas, Zavala renunció al partido al que se había afiliado cuando tenía 16 años; el partido de su padre, Diego Zavala, y en el que conoció y se enamoró de Felipe Calderón y de la política. Toda una paradoja: un joven recién llegado a las filas panistas echaba del partido a una veterana, integrante de las familias tradicionales que construyeron el partido en los peores tiempos de la

resistencia opositora. Pero, al final, Zavala se fue sola. El viernes 6 de octubre, mientras la exprimera dama hacía pública su renuncia en Facebook, los panistas Ernesto Ruffo, Luis Ernesto Derbez y Juan Carlos Romero Hicks (quienes también habían levantado la mano como aspirantes a la presidencia) acudieron a la sede panista a cerrar filas con Anaya, quien se había atrincherado en su despacho para hacer decenas de llamadas a dirigentes estatales, alcaldes, legisladores y a los 12 gobernadores panistas para hacer un control de daños. Un miembro del equipo de Anaya recuerda que, a pesar de la confianza en la hoja de ruta trazada por el dirigente, en el grupo había inquietud por que la renuncia de Margarita provocara una fractura en el partido. “Algunos estaban enojados, otros muy enojados, pero con todos se habló, se comentó el tema y no hubo ninguno que decidiera romper el frente”, aseguró el panista. El intercambio de críticas y descalificaciones entre anayistas y calderonistas tuvo una cobertura mediática extraordinaria. Durante cuatro días Zavala estuvo en entrevistas y mesas de análisis denostando a Anaya por haber abusado de su posición como dirigente para cerrarles el paso a otros aspirantes a la candidatura, y finalmente, el 12 de octubre, acudió al INE a presentar su solicitud de inscripción como aspirante sin partido a la presidencia. “Este proyecto depende de los ciudadanos, no del dedazo de un presidente ni del capricho personal de un iluminado, ni de un arreglo cupular”, dijo al presentar su solicitud, en un intento por diferenciar su proyecto de las tres grandes coaliciones que ya se perfilaban rumbo a 2018. La operación de Anaya y su equipo evitó la renuncia de otros cuadros panistas, pero la salida de Zavala agitó las aguas entre los otros aspirantes a la candidatura presidencial del frente. El domingo 8 de octubre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo en rueda de prensa que el frente no estaba en riesgo por la renuncia de Zavala, pero advirtió que el candidato presidencial de la coalición debía ser electo mediante un método democrático. Mancera, uno de los artífices del frente, descartó buscar la candidatura independiente y, aunque prometió quedarse en el gobierno de la ciudad para atender la emergencia surgida del sismo, dijo que participaría en el proceso que acordaran los tres partidos para definir candidato. Al día siguiente Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, y el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle se reunieron para discutir la decisión de Zavala, con quien ocho días antes habían firmado una carta exigiendo que la ciudadanía decidiera al candidato del frente. El perredista michoacano demandó un método abierto y democrático, y dedicó un tuit a los líderes formales del PAN y el PRD, quienes seguían ganando tiempo desde sus cargos partidistas: “Hago un respetuoso llamado a @RicardoAnayaC y a @Ale_BarralesM para que definan sin ambigüedad su papel: líderes partidistas o candidatos”. Moreno Valle grabó un video que subió a redes sociales pidiendo a Anaya, Barrales y Dante Delgado apertura y diálogo para encauzar la contienda interna por las candidaturas de la coalición, y les advirtió que las imposiciones debilitarían el proyecto. Y el martes 10 el panista poblano fue más allá: concentró en un hotel de Paseo de la Reforma a 40 alcaldes afiliados a la Asociación de Autoridades Locales de México que, encabezados por el edil de Durango, Ramón Enríquez, y el de Puebla, Luis Banck, hicieron un pronunciamiento a favor de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, para definir la candidatura presidencial. El exgobernador quería llevar la contienda a sus terrenos, pero Alejandra Barrales y Dante Delgado enfriaron sus ímpetus. Barrales, con quien Anaya tenía un acuerdo desde 2017 para ayudarse mutuamente a conquistar las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, propuso definir primero el proyecto y después los métodos para elegir las candidaturas. Es decir, sugería seguir pateando el bote, aunque su declaración pública fue que en el frente no habría ningún dedazo. Lo mismo declaró Dante Delgado, líder de MC y quien desde agosto se había convertido en uno de los principales artífices del frente, con Anaya a la cabeza. Dante fue el creador del nombre con el que finalmente fue registrada la coalición PAN-PRD-MC ante el INE: Frente Ciudadano por México. Y también era el operador principal de las “travesuras” del frente en el Congreso: cerrarle el paso a la ratificación de Raúl Cervantes —colaborador cercano de Enrique Peña Nieto— como fiscal general de la República, y crear un bloque opositor para evitar que el PRI colocara en el Presupuesto de Egresos de 2018 partidas especiales en publicidad oficial y programas sociales de corte electorero. Estos temas legislativos, más los foros regionales para confeccionar la plataforma, dieron a Anaya y Barrales tiempo suficiente para diferir la decisión de las candidaturas. Moreno Valle hizo un último intento por presionar a Anaya para organizar una contienda entre ellos, cuando el viernes 17 de noviembre convocó a Margarita Zavala y a Miguel Ángel Mancera a tomarse un café en el restaurante Balmoral de Polanco, con la real intención de tomar una fotografía que su equipo de prensa se encargó de difundir ampliamente. Aunque la foto fue difundida unas horas antes de que los consejos nacionales del PAN y el PRD se reunieran para tomar decisiones sobre las candidaturas, Ricardo Anaya se aferró a su hoja de ruta, aprovechando el control que ejercía sobre los órganos de decisión del PAN.

Anaya se separó de la dirigencia nacional del partido hasta el 9 de diciembre, para iniciar una precampaña que en realidad fue un solitario round de sombra. El 7 de enero de 2018 Moreno Valle declinó públicamente a sus aspiraciones presidenciales. No quiso avalar a Anaya, y el 11 de febrero el “chico maravilla” apareció como candidato único en la boleta de la elección de candidato a la presidencia de la República del PAN. Para abonar al ridículo, la dirigencia panista colocó al centro de la boleta la foto del candidato único: Anaya, con su chaleco azul marino y una sonrisa forzada y, arriba de ésta, una absurda leyenda: “Marque su decisión”. La “jornada electoral” panista se convirtió en motivo de escarnio, con decenas de memes exhibiendo lo absurdo que resultaba instalar mil 245 casillas y convocar a 281 mil militantes para votar por una sola opción. El dirigente provisional panista, Damián Zepeda, trató de defender el ejercicio, asegurando que los niveles de participación (72.4% del padrón de militantes panistas) habían sido históricos. En las redes, los propios militantes se burlaban de sus dirigentes, al fotografiar sus boletas con leyendas como “this is insulting and unacceptable”, la frase de un spot de precampaña en la que el PAN presumía a su gallo como un joven tecnócrata y políglota. Mientras tanto, en el PRD las cosas también crujían. El 4 de diciembre Silvano Aureoles anunció que declinaba sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Miguel Ángel Mancera, en un último intento por provocar unas elecciones primarias que obligaran a Ricardo Anaya a competir contra los demás aspirantes de los partidos de la alianza. Pero cuatro días después los dirigentes nacionales de los partidos del frente anunciaron un acuerdo de sus órganos directivos mediante el cual se determinó que el PAN asumiera la candidatura presidencial y el PRD la de la Ciudad de México. Eliminado así de la contienda, Mancera anunció el 9 de diciembre que no participaría más en el frente y que dedicaría su tiempo a concluir el cargo para el que había sido electo en 2012. Aseguró que su compromiso total sería con la reconstrucción de la capital, pero tres meses después apareció como candidato a una senaduría de lista nacional, postulado no por el PRD, sino por el PAN. Con el fuero constitucional garantizado, dejó el gobierno de la ciudad el 29 de marzo y no volvió a criticar la falta de democracia al interior del frente. Alejandra Barrales se separó del cargo de presidenta nacional del PRD hasta el 30 de diciembre, y el 17 de enero de 2018 fue designada candidata a la Jefatura de Gobierno por la dirigencia estatal del PRD, por ser la mejor posicionada en las encuestas en un proceso en el que también participaron Salomón Chertorivski y Armando Ahued, dos exfuncionarios de primer nivel en el gabinete de Mancera. La exsenadora fue confirmada como candidata en febrero, y a diferencia de lo que ocurrió con Anaya, ella sí logró que sus competidores internos le levantaran el brazo y avalaran el proceso, pese a la evidente inequidad en la que éste se llevó a cabo. Tal como lo habían planeado desde principios de 2017, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales lograron las anheladas postulaciones por los partidos de la coalición Por México al Frente, pero sus candidaturas nacieron heridas de muerte. LA ANTICIPADA DERROTA DE MEADE

El sábado 12 de agosto de 2017 Miguel Ángel Osorio Chong supo, en definitiva, que no iba a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Aquel día el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue sede de la XX Asamblea Nacional del PRI, convocada para adaptar los documentos básicos del partido al perfil de un candidato sin militancia, sin arraigo y sin discurso priista. Con la reforma a los estatutos se abrían los candados para que el candidato presidencial pudiera ser un simpatizante y no un militante con más de 10 años de antigüedad en el partido y cargos de dirección partidista, como se estipulaba antes. Con el presidente Enrique Peña Nieto como testigo, el PRI aprobó una reforma operada con meses de anticipación por Enrique Ochoa —dirigente partidista— y Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas, en ese momento secretaria general del partido. Todo, según el guion de lo que suelen ser esas asambleas priistas: una semana de deliberación en mesas donde se planchan los acuerdos previamente tomados en la cúpula, y un evento multitudinario en el que los “delegados” de los estados y los sectores avalan a mano alzada las modificaciones a los documentos básicos, prácticamente sin leerlos. Las camisetas y las gorras rojas uniformaban a la militancia; las chamarras y los chalecos del mismo color distinguían a los dirigentes e invitados especiales, que se placeaban en medio de mantas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Movimiento Territorial y el Frente Juvenil Revolucionario, esquivando señoras gritonas, batucadas, cornetas y matracas. Fue una escandalosa asamblea en la que el único discurso atendido por todos —o casi todos— fue el del “primer priista” del país, a quien los presentes aplaudieron rabiosamente, como en los mejores tiempos del presidencialismo mexicano.

Pero ese día el ritual del acarreo, la porra y la bufalada tricolor tenía como único y paradójico objetivo convertir al PRI en un partido menos priista. “Modernizarlo”, decían algunos. “Descafeinarlo”, advertían otros. Para ese momento eran varios los beneficiarios de la eliminación de candados en el gabinete peñista: Aurelio Nuño, secretario de Educación; Enrique de la Madrid, de Turismo; José Narro, de Salud, y José Antonio Meade, de Hacienda. Funcionarios más bien alejados del priismo tradicional, sin cargos de elección popular en su haber ni experiencia como dirigentes partidistas. Ante la falta de un liderazgo claro y de un alfil que hubiese despuntado durante el sexenio, cualquiera podía soñar con ser el tapado, pero todo parecía indicar que la XX Asamblea había sido hecha a la medida del secretario de Hacienda, quien ya se mencionaba como el elegido por Peña Nieto para ser —o intentar ser— su sucesor, y quien ni siquiera se tomó la molestia de vestirse de rojo para la ocasión. Enfundado en una chamarra verde olivo, el aún tapado sonreía con timidez frente a los contingentes de priistas que alguien envió a rodearlo al final del evento para estrecharle la mano, abrazarlo, levantarle el brazo o pedirle una selfie. Deshabituado a esos rituales, el exsecretario de Energía y de Hacienda en el sexenio panista de Felipe Calderón se esforzaba por mantenerse simpático frente a la masa, mientras era observado a la distancia por su padre Dionisio, ese sí, un viejo priista de la época del salinismo y el zedillismo. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salía silenciosamente del Palacio de los Deportes con sus 26 años de militancia tricolor a rastras. Desencajado, el exgobernador de Hidalgo observaba de reojo la cargada y el besamanos en honor a Meade, con los veteranos Augusto Gómez Villanueva, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Joel Ayala, líder de los burócratas, como principales protagonistas. A partir de ese día Meade intensificó las reuniones que esporádicamente sostenía con sus colaboradores para planear su candidatura; comenzó a trabajar en serio en la construcción de una imagen pública de presidenciable y a diseñar una agenda que lo mantuviera en los reflectores. El 21 de agosto convocó a la prensa en sus oficinas de Palacio Nacional para develar un retrato de Luis Videgaray —su antecesor en la SHCP—, como parte de un ritual que sirve para inmortalizar a los encargados de dicha cartera en las paredes de la Galería de Secretarios. Aunque en realidad se trató del preámbulo de una especie de destape, pues tres días después el canciller Videgaray hizo lo propio con Meade en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cartera que ocupó al inicio del sexenio peñista. Para la ceremonia, la SRE convocó al cuerpo diplomático acreditado en México, pagó 190 mil pesos por el retrato y promocionó el evento como “un merecido homenaje a quien fue un extraordinario canciller de México”. Sin la venia de Peña Nieto, Videgaray había decidido jugar con el destape de su amigo Meade, pero tres semanas después de la develación de los retratos una tragedia puso a prueba al gobierno federal, y especialmente a Meade. Los sismos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, y del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero, provocaron decenas de muertos, miles de damnificados y cuantiosos daños en infraestructura, pero también exhibieron a un gobierno mal parado para enfrentar contingencias de ese tipo. En la Ciudad de México, el 19 de septiembre sacó a la calle a una sociedad civil ávida de ayudar, que no encontró en sus autoridades una guía para canalizar la solidaridad. Como ocurrió en 1985, los jóvenes rebasaron al gobierno; sólo que esta vez iban armados con teléfonos celulares que les permitieron organizarse en tiempo real a través de redes sociales, y denunciar la descoordinación y los intentos por medrar políticamente con la tragedia. El caso más notorio fue el del colegio Enrique Rébsamen, al sur de la Ciudad de México, donde murieron 19 menores y siete mujeres adultas, y donde el gobierno federal dio todas las facilidades a Televisa para transmitir en vivo el rescate de una niña supuestamente atrapada en los escombros, de nombre Frida Sofía. Mientras las cámaras enfocaban el hueco por donde los topos y rescatistas de la Secretaría de Marina sacarían en cualquier momento a la niña que luchaba por su vida, en una carpa habilitada como centro de operaciones del “rescate”, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aguardaba para cubrirse de gloria. Pero luego de más de 24 horas de espera, fue el propio Nuño quien tuvo que declarar que no habían logrado contactar a los padres de Frida Sofía y que probablemente habría una confusión. “Nos urge poder contactar a los papás de Frida Sofía, si es que así se llama, o de cualquier niña que esté desaparecida”, dijo el secretario en la madrugada del 21 de septiembre a los conductores de Televisa Denise Maerker y Joaquín López Dóriga, poniendo en duda la historia que durante un día y medio mantuvo a muchos mexicanos pegados a sus televisores y que, al mediodía, fue desmentida en definitiva por la Marina, cuyos mandos tuvieron que confirmar que ya no había nadie con vida bajo los escombros del Rébsamen. Nuño, quien aún acariciaba sueños presidenciales, tuvo que salir de escena después de ese fiasco, y meses después aún enfrentaba cuestionamientos por haber alimentado el mito de Frida Sofía.

Pasadas las pifias de la emergencia, cuando el panorama de los daños comenzaba a aclararse, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Meade coordinador de los trabajos para la reconstrucción. El 27 de septiembre el secretario de Hacienda encabezó una primera reunión en Los Pinos, en presencia del presidente y con la asistencia de empresarios, gobernadores, representantes de la sociedad civil y otros miembros del gabinete. Y el 4 de octubre fue el encargado de anunciar el plan de reconstrucción para la Ciudad de México, en presencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Coordinar la reconstrucción desde la SHCP obligó a Meade a dividirse entre las negociaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2018 —que debían culminar antes del 15 de noviembre — y los eventos de la mesa de coordinación para ejecutar más de 6 mil 500 millones de pesos destinados a atender la tragedia. Una circunstancia que fue aprovechada por su equipo para convertir sus comparecencias públicas en un destape permanente. Sin embargo, conforme pasaban los días, el nerviosismo se iba apoderando de las huestes priistas, ávidas de una definición ante los movimientos a favor de Ricardo Anaya en el frente PAN-PRD-MC y la inminente candidatura de López Obrador. Ya en octubre, y para tratar de disipar las dudas, el equipo de Meade hizo circular un video en el que se elogiaban los atributos del presunto candidato: cinco veces secretario de Estado, miembro de dos gabinetes, preparado con licenciaturas y posgrados, pero a la vez sencillo y cercano a la gente, capaz “hasta de subirse al metro”. Pero el “destape” en WhatsApp sólo abonó a la confusión, pues las señales contradictorias seguían multiplicándose. Un día, mientras Meade se afanaba en decirles a los medios que estaba concentrado en la reconstrucción, sus amigos Javier Lozano y Ernesto Cordero —senadores panistas afines a Felipe Calderón— declaraban que Meade sería un buen presidente. Otro día, el 17 de octubre, una reunión en Los Pinos del presidente Enrique Peña Nieto con medio centenar de periodistas —convocada originalmente para dar a conocer el Plan Nacional de Reconstrucción— terminó en un nebuloso intercambio de señales cruzadas: Meade sentado dos lugares a la izquierda del presidente; Osorio Chong, dos lugares a la derecha; Aurelio Nuño y José Narro sentados un poco más lejos; Rosario Robles a un lado de Nuño, y el presidente tratando de explicar y defender la “liturgia priista”. Las crónicas del día después se centraron en las declaraciones de Peña sobre la tradición del tapado, y no en los trabajos de reconstrucción, supuestamente dirigidos por el secretario de Hacienda, quien todos los días, muy temprano, asistía a un cuarto de guerra con sus más allegados para darle seguimiento a la carrera presidencial. En el aire flotaba la inminente salida de Agustín Carstens del Banco de México, quien desde un año antes había anunciado que dejaría el cargo el primer día de diciembre de 2017, lo que provocaba que algunos analistas, funcionarios y legisladores señalaran a Meade como un perfil mucho más apto para Banxico que para asumir la candidatura de un partido en el que ni siquiera militaba. En ese ambiente, el PRI definió que el 27 de noviembre celebraría una convención de delegados para “elegir” a su candidato presidencial; sin embargo, una semana antes continuaban las señales encontradas: el 22, el canciller Luis Videgaray organizó una nueva reunión con el cuerpo diplomático acreditado en México, en la que presentó a Meade como uno de los mexicanos “más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y éxitos de la política pública en México en las últimas décadas”. Empeñado en destapar a Meade, y cerrarle el paso a Osorio Chong —su antagonista desde inicios del sexenio—, Videgaray comparó al secretario de Hacienda nada más y nada menos que con Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo de la Revolución y fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR, después PRI) en 1929. Pero Peña Nieto seguía jugando al tapado, divertido con su papel de primer priista y aferrado al ritual del dedazo y el destape. El mismo día que Videgaray elogiaba a Meade, Peña Nieto le decía a la fuente presidencial, durante un viaje a La Paz: “No se despisten, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos”. Una situación desconcertante que se prolongó hasta el 27 de noviembre, cuando Meade renunció a la SHCP para, al fin, protagonizar el ritual anhelado por Peña Nieto: por la mañana salió de las oficinas de la SHCP; se trasladó desde el Palacio Nacional a Los Pinos manejando su propio automóvil y con la carta de renuncia en un fólder; llegó puntual al salón Adolfo López Mateos para participar en el anuncio que haría Peña Nieto frente a los medios de comunicación, escuchar el nombre de su sucesor (su amigo José Antonio González Anaya), los elogios y las palabras de aliento que hasta entonces el presidente se había guardado: “Le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender”. Después se fue a los rumbos del Monumento a la Revolución para que, en un tiempo récord, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la CTM y la CNC lo adoptaran como su candidato, en un ritual que hace años le hubiera tomado meses a cualquier tapado y que, gracias a sendas llamadas de Peña Nieto a los líderes Joel Ayala, Carlos Aceves del Olmo y el veterano Augusto Gómez Villanueva, se le materializó a Meade en unas cuantas horas. Ya con el respaldo de los sectores a su trayectoria no priista, Meade selló su pacto con el partido que decidió postularlo, con una petición: “Háganme suyo”.

Una frase que fue recogida en todos los medios, aunque en su war room la recomendación era distanciarse lo más posible del tricolor. Un día después Meade comió con Osorio Chong para limar asperezas, pero sobre todo para tomarse la foto que querían ver los priistas como signo de unidad. Pese a los “nuevos tiempos”, Peña Nieto logró que nadie con peso real en el PRI cuestionara el dedazo, y desde el gobierno federal se operó una campaña de medios para saturar a la opinión pública con noticias sobre el candidato del tricolor, “el candidato de la esperanza”. Al oficializarse la candidatura, se desató la cargada: los 13 gobernadores del PRI se reunieron de inmediato con Meade; Aurelio Nuño renunció a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para coordinar la campaña y el gobierno federal hizo un gasto millonario en publicidad oficial, principalmente en aquellos medios que otorgaron la cobertura más favorable al abanderado priista. La revista Zócalo documentó, meses después, que entre el 4 y el 11 de diciembre de 2017 el gobierno de Peña erogó 31.2 millones de pesos por inserciones gubernamentales en El Universal, el diario que había desatado la campaña contra Ricardo Anaya y al que Meade otorgó su primera entrevista exclusiva como precandidato. Meade, por su parte, inició su precampaña prometiendo un combate “frontal y definitivo” a la corrupción como principal oferta política, o al menos la más notoria en sus primeros discursos. El no priista pedía a los militantes del tricolor ser autocríticos y cambiar las realidades que duelen y ofenden a la sociedad, pero además de eso tenía otra misión que parecía imposible: reanimar a un partido alicaído y derrotado, el PRI más débil de cara a unas elecciones presidenciales. En 1994 Ernesto Zedillo fue a las elecciones presidenciales con 29 gobernadores priistas; Francisco Labastida, en 2000, con 21 gobernadores del tricolor; Roberto Madrazo, en 2006, con 17, y Enrique Peña Nieto, en 2012, con 20. Meade se encaminaba a 2018 en un escenario con 14 gobernadores priistas, luego de las derrotas acumuladas en el sexenio de Peña Nieto: Michoacán, Nuevo León y Querétaro, en 2015; Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en 2016, y Nayarit en 2017. Con 761 ayuntamientos gobernados y 11 de las 32 capitales estatales. Además, Meade sería el abanderado de una alianza endeble entre el PRI, el PVEM y el Panal, pues el acuerdo alcanzado por las cúpulas partidistas nacionales no se replicó a nivel local. El PVEM postuló a sus propios candidatos a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y el Panal sin Elba Esther Gordillo era un mero emblema que los operadores priistas se empeñaron en incorporar con el único fin de presentar ante la sociedad una coalición de tres partidos, como las que se perfilaban para Anaya y López Obrador. Encarcelada por el gobierno de Peña Nieto desde 2013, la maestra ordenó a sus huestes en el magisterio crear la organización Redes Sociales Progresistas, que apoyó la campaña de AMLO. Con Luis Castro Obregón como líder nacional, y sin la fuerza total del sindicato de maestros, el Panal hizo una campaña marginal a favor de Meade y terminó perdiendo el registro como partido político nacional, al no alcanzar por sí mismo el 3% de la votación en los comicios del 1 de julio. Como síntoma de su fragilidad, la coalición Meade, Ciudadano por México fue registrada ante el INE en el último minuto del 13 de diciembre, fecha límite para el registro de coaliciones. A la medianoche los dirigentes Enrique Ochoa (PRI), Carlos Puente (PVEM) y Luis Castro (Panal) entregaron a los consejeros del INE un montón de papeles desordenados en los que manifestaban su intención de postular a Meade e ir en alianza parcial por las senadurías y diputaciones federales. Casi al mismo tiempo —en el primer minuto del 14 de diciembre—, Meade arrancó su precampaña en San Juan Chamula. Su equipo escogió Chiapas por ser la entidad con los más altos índices de pobreza y por el simbolismo de un lugar en el que Luis Donaldo Colosio había planeado arrancar su campaña en 1994. Además era un estado que también tendría elecciones estatales, que en 2012 dio a Enrique Peña Nieto más de un millón de sufragios y que hasta esa fecha era gobernado por una alianza PRI-PVEM. Para comenzar a difuminar su imagen de tecnócrata y político de escritorio, los estrategas ataviaron a Meade con un traje típico, lo presentaron acompañado de su esposa Juana Cuevas y pidieron al gobernador Manuel Velasco (del PVEM) estar en el evento con un nutrido público de beneficiarios de sus programas sociales. Manuel Velasco apareció en el mitin acompañado de su esposa, la cantante Anahí, y gritaba eufórico “vamos a ganar” frente a las cámaras de televisión; pero meses después fue el primero en boicotear la alianza, al romper el acuerdo con el PRI estatal y registrar a su fiel colaborador Fernando Castellanos (alcalde de Tuxtla Gutiérrez) como candidato del PVEM a la gubernatura del estado. Los meses de precampaña y campaña demostrarían, poco a poco, los escasos apoyos reales con los que contaba Meade en su aventura presidencial. AMLO: LA TERCERA ES LA VENCIDA

El día del temblor de 8.2 grados que sacudió a Chiapas, Oaxaca, Tabasco, la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador estaba en Europa, en una inusual gira

internacional como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Acompañado del empresario Alfonso Romo, el dirigente morenista voló hasta el viejo continente para reunirse en Londres con el líder del partido laborista inglés, Jeremy Corbyn, y para visitar Ampuero, un municipio de 4 mil 200 habitantes ubicado en la comunidad de Cantabria, al norte de España, en donde nació su abuelo materno. La gira incluyó una primera parada en Washington D. C., para asistir al Woodrow Wilson Center —visita obligada para políticos mexicanos en la capital de Estados Unidos—, y una escala final en Nueva York, donde se reunió con empresarios y comunidades hispanas. El terremoto del 7 de septiembre de 2017 —el sismo más intenso en un siglo— lo tomó por sorpresa en Cantabria, desde donde envió sus condolencias vía Twitter y donde comenzó a maquinar la idea de donar recursos de Morena para atender a los damnificados. A esas alturas nadie en México dudaba que López Obrador sería candidato presidencial por tercera vez. No en vano el 20 de septiembre de 2015 se había convertido en el líder nacional de su partido (Morena), lo que le había dado una plataforma idónea para tener importante exposición mediática, tanto por sus giras de trabajo, sus asambleas informativas y su acompañamiento a candidatos en elecciones locales, como por su aparición en los spots difundidos en los tiempos oficiales de dicho partido. Desde el extranjero, AMLO habló de Donald Trump y de las comunidades mexicanas en el exterior, y calificó de absurda la comparación que acababa de hacer el presidente Enrique Peña Nieto entre el proyecto de Morena y la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los sismos de septiembre opacaron la gira internacional con la que López Obrador y su equipo pretendían darles la vuelta a las críticas que se le hacían por ser un político sin roce internacional, pero le abrieron una nueva oportunidad para imponer agenda en la opinión pública. El 14 de septiembre el dirigente de Morena propuso donar a los damnificados 20% de los recursos que su partido recibiría para las campañas de 2018, provocando una inmediata negativa de consejeros del INE, que aclararon que las prerrogativas que reciben los partidos sólo pueden ser empleadas en fines partidistas. Cinco días después, mientras AMLO polemizaba por su idea de donar, ahora mediante las dietas de sus legisladores en la Cámara de Diputados y los congresos estatales, un nuevo sismo sacudió el centro del país, esta vez con repercusiones graves en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Los terremotos despertaron la solidaridad ciudadana y la correspondiente crítica a un gobierno que lucía pasmado y rebasado, pero también generó el reclamo a los partidos políticos por embolsarse cada año miles de millones de pesos que bien podrían ir a parar a la atención de este tipo de emergencias. Al ritmo de los reclamos en las redes sociales, y a escasos nueve meses de los comicios, los dirigentes del PRI, PAN, PRD, MC y PVEM comenzaron una especie de puja por ver quién mostraba más “generosidad” con los damnificados. Algunos dirigentes sugirieron reducir, o incluso eliminar, el financiamiento público y usar esos recursos para atender la emergencia nacional. Pero ante la imposibilidad legal de regresar recursos o hacer donaciones de manera directa, fue el INE quien indicó el camino a los partidos para mostrar su solidaridad con los damnificados: renunciar anticipadamente a las ministraciones que cada mes les entrega el instituto, para reintegrar ese dinero a la Tesorería de la Federación y, así, poder destinarlo al fondo abierto por el gobierno federal para la reconstrucción. Mediante ese mecanismo, según informó el INE en mayo de 2018, el PRI renunció a 258 millones de pesos, el PAN a 195 millones, MC a 50 millones, y el PVEM y el PES a 10 millones cada uno, para sumar una bolsa total de 525.3 millones de pesos que fueron destinados a un fondo para la reconstrucción. Sin embargo, López Obrador y Morena decidieron utilizar su propio mecanismo, al margen de la advertencia que hizo el INE por las restricciones legales en el manejo de los recursos partidistas. El 24 de septiembre Morena anunció la apertura de una cuenta para que sus simpatizantes hicieran donativos que se destinarían a los damnificados por los sismos. El fideicomiso Por los Demás 73803 quedó abierto con la cuenta del Banco Afirme 133-121-765, y a través de ella se pretendía recaudar y distribuir 103 millones de pesos. Los garantes del manejo transparente de dichos recursos serían escritores y artistas como Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Jesusa Rodríguez, Paco Ignacio Taibo II y Pedro Miguel, todos ellos integrados al comité técnico del fideicomiso, que en los hechos era manejado por el abogado Julio Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García. Según López Obrador, de esta manera se garantizaría que los donativos (por 2 mil 400 pesos) llegaran de manera directa a más de 45 mil personas. “Es la vía más eficaz y segura para apoyar a los damnificados”, dijo en un video en el que pidió a sus simpatizantes “poner su granito de arena”. Pero en los hechos el fideicomiso fue alimentado por los propios dirigentes de Morena, mediante sospechosas transacciones bancarias y posibles triangulaciones de recursos de empresas y particulares. Según la investigación que hizo el INE meses después, a la cuenta se transfirieron 44.4 millones de pesos en efectivo mediante depósitos de 50 mil pesos cada uno, realizados por las mismas personas con minutos e incluso segundos de diferencia, en diversas sucursales de Banco Afirme. Además, se habrían recaudado otros 34 millones de pesos mediante transferencias y cheques bancarios. Los 78 millones 818 mil pesos recaudados entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 habrían sido extraídos de la cuenta y repartidos por operadores de Morena durante las campañas de 2018, sin que se confirmara la ayuda directa a los damnificados.

Para la UTF del INE, el fideicomiso Por los Demás pudo haber sido, en los hechos, un mecanismo de financiamiento ilegal de las campañas de Morena, por lo que en julio de 2018, ya con AMLO como presidente electo, el Consejo General del INE le impuso una multa al partido por más de 197 millones de pesos debido a las irregularidades detectadas. Al discutir esa multa hubo quienes llegaron a comparar el fideicomiso de Morena con casos graves de financiamiento irregular de campañas, como los Amigos de Fox y el Pemexgate. El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, presentó detalladamente el dictamen de la UTF, y fue prolífico en detalles sobre el modus operandi de quienes manejaron el fideicomiso: Acudimos a los videos de las cajas bancarias, donde se aprecia un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso, fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue. Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12 millones y medio de pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con Morena, o bien son legisladores de las bancadas del partido político, o fueron sus candidatos en el proceso electoral 2017-2018 […] En los egresos del fideicomiso, al 31 de mayo de 2018 habían salido 64 millones y medio a través de cheques de caja, que, al ser cambiados en efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero; aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate, cuando se cobró dinero en efectivo; no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña, por ejemplo. Eso sí, es preciso señalar que documentamos que, por instrucción del comité técnico del fidecomiso, las personas físicas que cobraron los cheques, en su enorme mayoría, 80% tiene relación directa con Morena, son miembros de órganos directivos, están en su nómina o son militantes o candidatos; lo anterior permite concluir que se trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí alrededor del mismo partido político. Como se puede ver, no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela, se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este fidecomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido político […] Estamos frente a una conducta que tiene nombre: fraude a la ley, y el fraude siempre implica dolo; por ello, se propone sancionar al partido por 197 millones de pesos que representan el 250% de los ingresos recibidos en esta operación al margen de la ley. Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia democrática.

El acuerdo, en el que se pedía dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, fue aprobado con 10 votos a favor y uno en contra del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. La multa fue calificada por AMLO y el representante de Morena ante el Consejo General del INE, Horacio Duarte, como una “vil venganza” del INE tras el triunfo apabullante de su coalición. Los consejeros electorales defendieron la legalidad y la congruencia de su decisión, pero dos meses después la multa fue revocada por el TEPJF, cuyos magistrados consideraron que no estaban fundadas las sospechas de los auditores del INE. Para López Obrador el tema de los sismos le significó la oportunidad de diferenciarse de los demás partidos políticos, mostrarse como un político distinto y líder de un movimiento sui géneris que no actuaría conforme a los cánones de la política tradicional. Sin embargo, el tema del fideicomiso también demostró hasta dónde sería capaz de estirar la liga en su desafío a las leyes e instituciones electorales. Tras los sismos, él prosiguió con su proselitismo encabezando actos como dirigente nacional de Morena, en una cada vez más abierta campaña como precandidato único en su partido. El 20 de noviembre —día del aniversario de la Revolución y una de las fechas clave en el calendario lopezobradorista— el inminente candidato reunió a 10 mil delegados de Morena en el Auditorio Nacional y, ante los medios de comunicación, dio a conocer su Proyecto de Nación 2018-2024, acompañado de especialistas, empresarios e intelectuales que colaboraron en el diseño de su programa de gobierno. Días después Morena emitió la convocatoria para elegir a su candidato presidencial mediante el método de encuestas, y López Obrador anunció que se registraría como aspirante el 12 de diciembre, día de la Virgen morena. Aunque en un principio se anotó como posible competidor el polémico diputado Gerardo Fernández Noroña, al final el líder se registró como candidato único. Una parte fundamental de los preparativos para el arranque de la precampaña fue la negociación de la alianza con el PT y el PES, dos incómodos pero necesarios compañeros de viaje que exigieron sendas cuotas de legisladores para participar en la coalición que sería bautizada como Juntos Haremos Historia. En particular, se cuestionó que López Obrador aceptara aliarse con el PES, un partido conformado por grupos evangélicos. Dentro del propio Morena hubo algunas voces críticas a la decisión que ya había tomado López Obrador, pues la organización dirigida por Éric Hugo Flores ofrecía como moneda de cambio una coalición local en Morelos en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y

exalcalde de Cuernavaca, posicionado en primer lugar en las encuestas a pesar de su cuestionada gestión como edil. La idea de arrebatarle esa entidad a la coalición PRD-PAN y al entonces gobernador Graco Ramírez (uno de los críticos acérrimos de López Obrador dentro del PRD) bastaba para aliarse con un partido conservador y confesional. El día del arranque de las precampañas (14 de diciembre) López Obrador hizo otro movimiento estratégico: presentó al gabinete que lo acompañaría en caso de ganar la presidencia, con ocho hombres y ocho mujeres, entre las que se encontraban la exministra Olga Sánchez Cordero, en Gobernación; María Luisa Albores, en Desarrollo Social; Graciela Márquez, en Economía; Carlos Urzúa, en Hacienda; Luisa María Alcalde, en Trabajo y Previsión Social; Alejandra Frausto, en Cultura; Irma Eréndira Sandoval, en la Función Pública; Esteban Moctezuma, en Educación; Javier Jiménez Espriú, en Comunicaciones y Transportes; Josefa González-Blanco, en Medio Ambiente y Recursos Naturales; Víctor Villalobos, en Agricultura y Desarrollo Rural; Jorge Alcocer, en Salud; Román Meyer, en Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Miguel Torruco, en Turismo; Rocío Nahle, en Energía, y Héctor Vasconcelos, en Relaciones Exteriores. De ellos, sólo Vasconcelos no sería confirmado en el gabinete un año después. Esta salida de AMLO, mostrando al equipo con el que haría gobierno, contrastaba totalmente con los arranques en falso de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, quienes a esas alturas eran incapaces de nombrar siquiera a un posible titular de Gobernación o de Hacienda. Otro golpe de inicio fue dado por Morena en la publicidad que comenzó a difundirse desde el primer día de las precampañas presidenciales. Impedido originalmente para aparecer en los spots de precampaña, por tratarse de un precandidato único, López Obrador y sus estrategas encontraron una ingeniosa manera de estar presente en la propaganda de Morena, al incorporar la frase “estaríamos mejor con… ya sabes quién”, en clara alusión al dos veces candidato presidencial y a una frase que se hizo popular en México tras sus derrotas en las elecciones de 2006 y 2012. Y aunque al final el INE tuvo que autorizar que aparecieran en los spots de precampaña los tres precandidatos únicos (Meade, Anaya y AMLO), “ya sabes quién” marcó la agenda de precampaña de inicio a fin, con propuestas claras y llamativas, como la descentralización de todo el gobierno federal moviendo las secretarías de Estado a 20 entidades; becas de 3 mil 600 pesos a jóvenes; la Ley de Amnistía a algunos delincuentes acusados por delitos menores, y la abrogación de la reforma educativa. AMLO transitó la precampaña imponiendo los temas de conversación. Un día era su propuesta de “constitución moral”; otro, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que el gobierno de Peña Nieto había comenzado a construir en Texcoco desde 2016. Un día se mofaba del presidente, recomendándole tomar una pastilla de Amlodipino —una conocida medicina para la hipertensión—, y otro, grababa un video en Veracruz esperando que emergiera un submarino cargado con el oro de Moscú, como jocosa respuesta a las filtraciones sobre una supuesta intención de Rusia de apoyar su campaña. Mientras todos hablaban de él, de sus propuestas y de sus ocurrencias, las encuestas comenzaban a registrarlo como candidato puntero, con ventajas cada vez más amplias sobre Meade y Anaya. El 15 de febrero ya contaba con un respaldo de 42% del electorado, según la encuesta de Reforma, que ponía a Anaya en segundo lugar con 32%, y a Meade en tercero, con 18 por ciento. Para mediados de abril, con dos semanas en campaña y a punto de celebrarse el primer debate entre candidatos presidenciales, la misma encuesta registraba los siguientes datos: AMLO, 51%; Anaya, 31%; Meade, 18 por ciento. López Obrador se registró como candidato presidencial ante el INE el 16 de marzo de 2018, y comenzó sus actividades proselitistas formales el 1 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al pie del monumento a su prócer, Benito Juárez, arrancó su tercera campaña —la definitiva—, prometiendo desterrar la corrupción y la impunidad. Nada parecía interponerse entre él y la presidencia.

CUARTA PARTE

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La preparación de la elección de 2018 Lorenzo Córdova Vianello

PREMISA: LAS DIMENSIONES Y LA COMPLEJIDAD DE LA ELECCIÓN DE 2018 Y EL INE DE CARA A ÉSTAS

Las elecciones de 2018 fueron el ejercicio de renovación democrática del poder más grande que hasta entonces se había realizado en México. Los efectos de la paulatina homologación de calendarios propiciados por la reforma de 2014 implicaron una cada vez mayor convergencia entre las elecciones estatales y los comicios federales. De ese modo, en la jornada electoral del 1 de julio de 2018 se produciría la renovación de poderes públicos electivos más grande llevada a cabo en el país hasta ese momento: además de las elecciones federales para renovar la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, coincidirían en esa fecha los comicios para renovar diversos poderes locales en 30 entidades federativas (con la excepción de Baja California y Nayarit, los únicos estados en los que no hubo comicios locales).1 Ello implicó un inédito desafío logístico para el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que, paralelamente a las actividades para realizar las elecciones federales, tuvieron que desplegarse actividades de coordinación con 30 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y armonizar esas tareas con una serie de plazos y fechas establecidas en las respectivas legislaciones locales que no necesariamente coincidían ni eran congruentes entre sí. De hecho, en una inédita decisión que generó una natural tensión entre los órganos electorales (administrativos y jurisdiccionales) del país, el INE tuvo que ejercer su facultad de atracción para homologar algunas de las fechas más relevantes de los calendarios electorales locales (el término de las precampañas, el término del plazo para recabar los apoyos ciudadanos de las candidaturas independientes y las fechas para que los OPLE realizaran el respectivo registro de las candidatas y candidatos a cargos de elección popular) para permitir que algunas actividades de los comicios estatales a cargo del INE, como la verificación de los apoyos de las candidaturas independientes o la fiscalización de las precampañas locales, pudieran realizarse en tiempo y forma de cara a las campañas electorales. Dicha coordinación fue sumamente compleja. Un ejemplo ilustra claramente el punto: piénsese en que para poder llevar a cabo la capacitación de los millones de ciudadanos necesarios para operar las “casillas únicas” que estableció la reforma de 2014 y en las que se recibiría la votación tanto de las elecciones federales como de las locales, a cargo de los miles de capacitadores-asistentes electorales (CAE) y supervisores electorales (SE) que el INE contrataría para tal efecto, se utilizan manuales y documentación de capacitación relativos a las elecciones federales (que por ley le corresponde elaborar y producir al INE) y a las elecciones locales (cuya confección e impresión le corresponde a cada uno de los OPLE). Ello implica que la producción de esos materiales de capacitación tiene que estar terminada al mismo tiempo para permitir que los CAE puedan realizar debidamente su trabajo de capacitación a los futuros funcionarios de casilla. Un retraso en la producción de esos materiales por parte de un OPLE puede suponer que los CAE tengan que regresar —como llegó a ocurrir en varias ocasiones— al domicilio de algún ciudadano para completar su capacitación, alterando la programación de su trabajo y, con ello, poner en riesgo la debida integración de las casillas y la calidad del trabajo que los funcionarios de las mismas tienen que desarrollar el día de la jornada electoral. El punto puede parecer menor, si se piensa en casos aislados, pero si se ve en su conjunto el enorme trabajo de campo que supone la organización de una elección a escala nacional, como ocurrió en 2018, se entiende la necesidad de una coordinación sumamente aceitada entre las diversas autoridades. Un descuido o un desfase puede poner en riesgo la entera operación electoral. Vale la pena hacer, desde ahora, un breve recuento de los números que supuso el proceso electoral 2017-2018 para poder dimensionar el gran trabajo logístico y de campo que implicó el que para entonces fue el proceso electoral más grande de la historia democrática del país. La cifra de la que se desprende el volumen de una elección es el número de potenciales electores inscritos en el listado nominal; para 2018, el mismo incluyó a 89 millones 123 mil 355 ciudadanos, el

número más alto en la historia electoral del país, de los cuales 5 millones 662 mil 482 eran personas de entre 18 y 20 años que podrían participar por primera vez en una elección federal. Lo anterior determina el número de casillas que deben instalarse, pues la legislación es explícita en señalar que el número máximo de electores (y por ende de boletas a cada cargo de elección en juego) para cada uno de esos centros de votación es de 750 (con la única excepción de las casillas especiales, que pueden estar dotadas de hasta mil 500 boletas para los electores en tránsito). Ello propició que para la elección de 2018 el INE previó instalar 156 mil 807 casillas,2 de las cuales 150 mil 439 fueron casillas únicas (96%), es decir, centros de votación habilitados para recibir tanto la votación correspondiente a las elecciones federales como la de las elecciones locales concurrentes. El dato es relevante porque, como señalamos anteriormente, las casillas únicas requieren por ley un número de funcionarios mayor a las casillas ordinarias (aquellas en las que se emite la votación para un solo tipo de elección, federal o local, según sea el caso), pasando de siete personas en estas últimas (cuatro propietarios —presidente, secretario y dos escrutadores— y tres suplentes) a nueve en las primeras (seis propietarios —se suman un segundo secretario y un escrutador adicional— y tres suplentes). Así, el número de funcionarios de casilla requeridos para la elección de 2018 fue de un millón 400 mil 22 personas.3 Para llegar a ese número, la ley establece que el INE tiene que insacular a un número de ciudadanos equivalente a 13% del listado nominal (una cifra que en 2018 casi alcanzó los 11.6 millones de electores), para que, a partir de visitas domiciliarias, pueda notificar a cada uno de ellos y, a partir de su aceptación y verificación del cumplimiento de los requisitos legales, capacitarlos, seleccionarlos, y finalmente asignarles los distintos roles que supone ser funcionario de casilla. Se trató de un ejercicio de campo inmenso que para 2018 significó visitar en sus domicilios a 12 millones 941 mil 187 ciudadanos (incluyendo a los requeridos para operar las casillas en las que se escrutarían y computarían los votos remitidos por los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero). De entre ellos, 2 millones 763 mil 471 fueron declarados aptos y debidamente capacitados para fungir como funcionarios de casilla, más de un millón de los propietarios y suplentes requeridos legalmente para fungir como responsables de la operación de la totalidad de las casillas que se instalarían el 1 de julio de 2018 en todo el país. Para realizar ese trabajo de campo el INE contrató, luego de una convocatoria pública y un proceso de selección, a 38 mil 766 capacitadores y a 6 mil 277 supervisores. Para esa elección, el INE ordenó la impresión a Talleres Gráficos de México de más de 281.7 millones de boletas para los cargos federales de elección en disputa, más de un millón 277 mil actas de casilla y casi seis millones y medio de documentos adicionales para ser utilizados el día de la elección. Todo ello bajo el resguardo de elementos del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina. Un dato poco conocido es que la documentación electoral, que de acuerdo con la ley tiene estatus de seguridad nacional, desde su llegada a las bodegas de cada una de las sedes de los 300 consejos distritales del INE y hasta su destrucción al cabo de la elección, es custodiada por efectivos de dichas instituciones. En las elecciones de 2018 más de 3 mil miembros del Ejército y de la Marina cumplieron esa función y fueron alojados durante varias semanas en espacios especialmente dispuestos para ellos en las oficinas distritales del INE (un pelotón, es decir, 10 soldados y un oficial, en cada uno de los 300 consejos distritales). Por otro lado, las de 2018 fueron las primeras elecciones federales en donde se aplicaron las reglas para el voto de los mexicanos desde el extranjero, que fueron maximizadas por la reforma de 2014. En efecto, si bien desde 2005 se había incluido en la ley esa modalidad de votación y había sido ya instrumentada en las elecciones de 2006 y 2012, en 2018 fue la primera vez en la que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieron votar no sólo por un candidato a la presidencia de la República, como había venido ocurriendo, sino también por los integrantes del Senado. Además, tal como lo estableció la reforma de 2014, el INE comenzó, desde febrero de 2016, a tramitar credenciales en el extranjero a través de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los ciudadanos mexicanos que residen fuera del país. El trámite es complejo porque corresponde a los 150 consulados de México en el mundo recibir la solicitud y la documentación necesaria para el registro en el sistema informático consular (el mismo que se utiliza para tramitar los pasaportes y, en Norteamérica, la matrícula consular) y transferir el archivo electrónico de esa solicitud al Registro Federal de Electores del INE que tiene a su cargo la verificación de la información, producción de la credencial para votar con fotografía y, finalmente, su envío al domicilio del ciudadano en el extranjero a través de servicios de paquetería (por seguridad, su titular, una vez recibida la credencial, tiene que realizar la activación de la misma para concluir el trámite con el fin de que tenga plena validez para sus fines político-electorales y como documento de identidad). El hecho de que la credencial no hubiera podido tramitarse fuera del país en el pasado había sido identificado como el principal obstáculo al que se había enfrentado el voto desde el extranjero, porque ejercer ese derecho implicaba que dicho documento se hubiera obtenido en México y estar en posesión de éste para poder hacer los trámites correspondientes. La reforma de 2014 venturosamente permitió la tramitación de la credencial fuera del país (a pesar de las complejidades logísticas que tuvo que asumir el INE), maximizando así las posibilidades de ejercicio de ese derecho. Para 2018 casi un millón de credenciales se habían tramitado, dos terceras partes de las mismas se habían activado y 181 mil 256 ciudadanos solicitaron ser inscritos en la lista nominal de electores residentes en

el extranjero y recibieron, en consecuencia, su correspondiente paquete postal con las boletas y sobre con porte pagado para remitir su voto al INE.4 Adicionalmente al reto logístico y operativo que hemos delineado, las de 2018 fueron elecciones en las que estuvo en juego el número de cargos públicos más grande hasta entonces disputado en una sola jornada electoral. Un total de 18 mil 299 cargos de elección popular habrían de renovarse mediante el voto emitido el 1 de julio de 2018, 629 de ellos en el plano federal (la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones) y 17 mil 670 en el ámbito local de las 30 entidades federativas que tendrían algún tipo de elección (entre ellos: ocho gubernaturas, laJefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones locales, mil 596 presidencias municipales, 16 alcaldías —de la Ciudad de México—, mil 237 concejales, mil 664 sindicaturas, 12 mil 13 regidurías, 19 regidores étnicos, 24 presidencias de juntas municipales, 24 sindicaturas de juntas municipales y 96 regidurías de juntas municipales). Lo anterior suponía una compleja tarea de arbitraje político a cargo de las autoridades electorales federales y locales del país, en virtud de la gran apuesta política que estaba en juego para los diversos partidos nacionales y locales en las elecciones de 2018. Así, si bien la “joya de la corona” de esos comicios la representaba la presidencia de la República, también es cierto que la disputa política de ese año era, por sus dimensiones, también inédita. Por otra parte, ante una disputa electoral de tales proporciones, las capacidades del INE en sus funciones como ente fiscalizador exclusivo de las campañas federales y locales, como de administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines político-electorales y como árbitro de las quejas y denuncias contra partidos políticos y candidatos, así como contra servidores públicos por eventuales violaciones al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución, se someterían en 2018 a una prueba definitiva desde su establecimiento como autoridad electoral de carácter nacional con la reforma de 2014. De cara a ese enorme e inédito desafío en términos organizativos y de arbitraje electoral, y teniendo en cuenta las críticas que se habían hecho a la actuación del INE en las elecciones de 2017, y particularmente las acusaciones de pasividad frente a las presuntas vulneraciones a las reglas de equidad en esas contiendas, se generó entre los miembros del Consejo General la convicción de que era indispensable adoptar ciertas medidas que sirvieran para atemperar esas acusaciones de cara al proceso electoral de 2018 y mandar el mensaje de que el INE ejercería a plenitud su rol como árbitro de la competencia electoral y como garante de las condiciones de integridad que deben prevalecer en la misma. Más allá de las diferencias que al interior del máximo órgano de dirección del INE se pudieran haber tenido respecto de temas específicos relativos a los comicios de 2017, como la fiscalización de las campañas, sus alcances y sus consecuencias, existió un acuerdo unánime entre los consejeros electorales en el sentido de que el gran desafío que representaban las futuras elecciones requería una actuación mucho más proactiva de parte del INE. Además, la centralidad que el instituto estaba llamado a tener en los siguientes comicios implicaba un rol mucho más solícito en las tareas regulatorias, de supervisión y de arbitraje. No debe perderse de vista que las cuatro elecciones de 2017 eran elecciones locales en donde las competencias del INE, si bien relevantes, también estaban acotadas constitucionalmente. En ese sentido, como ya lo he explicado, aunque funciones como la de capacitar a los funcionarios de casilla, instalar los centros de votación, administrar los tiempos del Estado en radio y televisión y fiscalizar las campañas en las elecciones locales están bajo la responsabilidad del INE, las actividades que mayor controversia generaron en esos comicios, tales como la difusión de los resultados preliminares a través de los conteos rápidos, la vigilancia y eventual sanción a funcionarios públicos que violen el principio de imparcialidad, el uso político de programas sociales o el recuento de los votos en las sesiones de cómputo distritales, son competencia exclusiva de los organismos electorales de las entidades federativas. Lo anterior no es fácil de comprender públicamente, pues la presencia del INE en el imaginario colectivo cuando se habla de elecciones es muy fuerte, lo cual explica en buena medida que las exigencias, los reclamos y las inconformidades suelen dirigirse a esa autoridad sin un deslinde razonado de su verdadera competencia sobre el asunto. Además, como en el nuevo modelo electoral el INE es quien designa a los titulares de los OPLE, la actuación y decisiones de estos últimos muchas veces suelen responsabilizársele directa o indirectamente al primero. Sin embargo, para 2018 el escenario cambiaría radicalmente. Aunque en la jornada electoral del 1 de julio coincidiría un número nunca visto de elecciones locales, todas ellas se realizarían bajo el paraguas de las elecciones federales que, como hemos insistido, son, en todos sus actos y procesos, responsabilidad exclusiva del INE. Ello significaba que las elecciones federales serían las que impondrían las pautas, tiempos y directrices a las que tendrían que ajustarse los procesos electorales de cada una de las 30 entidades que renovarían simultáneamente a sus autoridades electas. Dicho en otras palabras, a pesar de la coexistencia de legislaciones electorales locales con sus particularidades y especificidades, las reglas y procesos de las elecciones federales tendrían un inevitable efecto ordenador de todos los comicios a realizarse ese año. Un buen ejemplo de lo anterior es el que tiene que ver con los calendarios electorales. Aunque cada legislación estatal definía un calendario específico para sus respectivas entidades, había

procesos comunes que imponían la necesidad de que todos ellos se ajustaran a partir de los tiempos fijados en la norma federal. Así ocurría, por ejemplo, con el término de los periodos de precampaña, o bien del lapso para que ocurriera el registro de candidaturas que, de no estar sincronizados, impedía de facto la fiscalización a cargo del INE o la administración de los tiempos en radio y televisión, que inevitablemente imponían una sintonía de plazos y fechas de las elecciones locales entre sí y entre éstas y los comicios federales. Ese hecho llevó al INE, en su momento, a tener que ejercer su facultad de atracción para establecer dicha homologación. En ese sentido, el papel del INE como ente rector del sistema nacional de elecciones tendría que desplegarse en toda su extensión de cara y durante el proceso electoral de 2018, tanto en su papel de organizador de las elecciones como en el de árbitro de la contienda, lo que implicaba un rol mucho más activo en el seguimiento y supervisión del trabajo que realizarían los OPLE en sus respectivos ámbitos de competencia y en ambos planos (como coorganizadores de los comicios estatales y como árbitros de las contiendas locales). Al cabo de las elecciones de 2017 no fueron pocos los señalamientos que se le hicieron al INE en el sentido de que no había ejercido su “autoridad moral” para elevar el costo, mediante su señalamiento, al activismo de los altos funcionarios federales en el reparto de beneficios de programas sociales. Sin embargo, para el INE resultaba claro que su “autoridad moral” dependía, para ser eficaz y tratándose de un órgano del Estado, de la existencia de una “base legal”, y ésta le correspondía, en el caso señalado, al órgano electoral local. Sin embargo, a partir de septiembre de ese año, con el arranque del proceso electoral federal, la competencia legal del INE se expandía en todo el territorio nacional, y si bien había asuntos que les corresponderían en específico a los OPLE, el INE adquiría, en virtud de la cobertura en todo el territorio de las elecciones federales, una responsabilidad legal de cuidado de la buena marcha de todos los comicios que concurrían con aquéllas. De lo anterior se desprendía no una “autoridad moral”, sino una de tipo legal que ejerceríamos a plenitud. Ése fue el espíritu con el que el Consejo General del INE decidió tomar, de cara al arranque del proceso electoral 2017-2018, una serie de acuerdos que tenían la finalidad expresa de regular e impedir algunas de las conductas disruptivas que podrían lindar en la ilegalidad y que se habían producido en los recientes comicios. LAS BASES DE LA EQUIDAD ELECTORAL: LA CONSTRUCCIÓN DE LA “CANCHA PAREJA”

Siguiendo la lógica antes mencionada, el INE emitió en los tres meses que mediaron entre las elecciones locales del 4 de junio de 2017 y el arranque del proceso electoral federal 2017-2018, el 8 de septiembre de ese año, cuatro acuerdos que se consideraron fundamentales para garantizar el principio de equidad en la competencia electoral que estaba por iniciar. El primero obedecía a una sentencia del Tribunal Electoral que obligaba al INE a emitir lineamientos para regular la aparición de los dirigentes o los voceros de los partidos políticos en la propaganda de radio y televisión; el segundo establecía una serie de reglas a las que deberían ajustarse todas aquellas personas que aspiraran a una candidatura y que coloquialmente denominamos “acuerdo de cancha pareja”; el tercero implicó una serie de modificaciones al Reglamento de Fiscalización del INE para prohibir el uso de tarjetas que ofrecían beneficios dependiendo de los resultados electorales, al considerar que se trataba, en los hechos, de dádivas prohibidas por la ley; el cuarto, finalmente, conjuntó en un documento dos decisiones que en los anteriores procesos electorales se habían tomado por separado, incluyendo ahora en un solo acuerdo una serie de criterios que se habían sostenido previamente, tanto por INE como por el Tribunal Electoral, respecto de las conductas de los servidores públicos que se consideraba violaban el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 constitucional, por un lado, y las condiciones a las que debían ajustarse los programas sociales para no ser considerados, en principio, como mecanismos con una finalidad políticoelectoral prohibida por la ley, por el otro. Lineamientos para regular la aparición de dirigentes y voceros partidistas en radio y televisión El modelo de comunicación política introducido en la reforma de 2007 implicó un aumento muy importante de los partidos políticos en la capacidad de acceso a los medios electrónicos convencionales de comunicación (radio y televisión), así como de su presencia en los mismos, a partir de entonces garantizada por la distribución equitativa de una parte importante de los tiempos oficiales que están a disposición de los entes del Estado. El propósito, como hemos señalado, fue que ni el dinero, es decir, su capacidad económica, ni la voluntad —frecuentemente sesgada, o interesada políticamente— de los concesionarios fueran condicionantes para poder tener presencia en dichos espacios de comunicación. Esos cambios supusieron que la presencia mediática de los partidos políticos se multiplicara tanto en los periodos ordinarios como, en particular, durante los periodos de proselitismo electoral (precampañas y campañas).

Lo anterior implicó que los diversos partidos políticos desplegaran diferentes estrategias de publicidad política en los tiempos que a partir de la fórmula de distribución de los mismos el IFE primero, y el INE después, les ponía a disposición. Con el otorgamiento del registro a los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Solidario y Humanista, el 9 de julio de 2014, la bolsa de tiempo que la ley prevé para el conjunto de partidos tuvo que redistribuirse para incluir a esos nuevos institutos políticos. En el caso específico de Morena, muy pronto desplegaron como estrategia mediática incluir en sus spots de radio y televisión a su figura política más conocida y emblemática, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente, primero de su Consejo Nacional y después de su Comité Ejecutivo Nacional. Al poco tiempo, el Partido Acción Nacional (PAN) decidió también incluir la figura de quien para entonces era su presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya Cortés, en los promocionales pautados en sus respectivos tiempos de radio y televisión, lo que provocó una polémica respecto a si dichas apariciones en la publicidad de los partidos políticos implicaban una promoción indebida de esos dirigentes partidistas. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una serie de quejas en contra de Morena y del PAN, argumentando que la presencia de sus respectivos dirigentes en sus promocionales de radio y televisión implicaban actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de la pauta. En general, la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD) del INE desestimó las reiteradas solicitudes de medidas cautelares para suspender la transmisión de esos promocionales, decisiones que fueron impugnadas por el PVEM ante la autoridad jurisdiccional en la materia. Ello, aunado a que la resolución del fondo de las quejas le correspondía a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al tratarse de procedimientos especiales sancionadores, provocó que en breve tiempo se emitiera por parte de las salas del tribunal una serie de criterios que convalidaban la aparición de los dirigentes de los partidos políticos en su propaganda. En un primer momento, el 17 de enero de 2015, el PVEM denunció al PAN y a Ricardo Anaya Cortés aduciendo que con el promocional “Gobiernos del PAN” se cometían actos anticipados de campaña al promover a dicho partido político de cara a las elecciones federales de junio de ese año, siendo que en ese momento transcurría el periodo de precampañas; además se aducía que en dicha publicidad se hacía un uso indebido de la pauta porque se hacían consideraciones sobre temas políticos de manera abierta y no dirigida exclusivamente a la militancia de ese partido, como debía ocurrir en las precampañas; adicionalmente se acusaba que la aparición de Ricardo Anaya en la pauta del partido constituía una promoción personalizada prohibida por la Constitución al tratarse de un servidor público, pues era diputado federal. En su momento, la CQyD negó las medidas cautelares solicitadas al considerar que se trataba de un promocional en el que se hacía un posicionamiento del partido político sobre temas generales y Ricardo Anaya aparecía en el mismo en su calidad de presidente del partido y no de diputado federal. Por su parte, la Sala Regional Especializada del TEPJF, al resolver el fondo del asunto, confirmó que en el caso no existía una violación a las reglas en virtud de que: a) no había elementos para considerar que había actos anticipados de campaña al no existir en el promocional denunciado un llamado expreso al voto ni una referencia específica a la elección; b) no había un uso indebido de la pauta porque era lícito que los partidos difundieran en su propaganda ideas, criterios o manifestaciones sobre temas de interés general, y c) la aparición de Ricardo Anaya en el spot era lícita y no suponía una promoción personalizada prohibida por las normas, pues la misma ocurría en su calidad de dirigente partidista y no de servidor público.5 Más adelante, el 23 de febrero, el PVEM presentó una queja en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador sosteniendo que en un spot (titulado “El camino”) pautado en la etapa de “intercampaña” (el periodo que media entre el final de la etapa de precampañas y el inicio de las campañas electorales) se había incurrido en un acto anticipado de campaña atribuible al mencionado dirigente partidista con el propósito de posicionarlo indebidamente de cara a la elección presidencial de 2018 y se había incurrido en un uso indebido de la pauta por realizar proselitismo en un periodo no permitido por la ley. La CQyD concedió las medidas cautelares solicitadas y ordenó el retiro del promocional denunciado porque, al contener la frase “En Morena tu voto sí vale”, se consideró que se estaba haciendo un llamado expreso al voto por ese partido en una etapa de la elección en la que el proselitismo electoral aún estaba prohibido (periodo de intercampañas). Por su parte, la Sala Regional Especializada, en la sentencia en la que resolvió el fondo de la queja, consideró que, efectivamente, Morena había incurrido en un acto anticipado de campaña al hacer un llamado, con la frase antes mencionada, al voto por ese partido y por lo tanto a un posicionamiento indebido del mismo ante la ciudadanía de manera previa al inicio de las campañas electorales, en un periodo, el de intercampañas, en el que los promocionales de los partidos sólo pueden incluir mensajes genéricos y de carácter informativo. Sin embargo, al analizar la participación de Andrés Manuel López Obrador en el spot referido la sala consideró que la misma no constituía una irregularidad al tratar de posicionarlo indebidamente mediante su sobreexposición en los promocionales del partido de cara a su eventual candidatura presidencial. Lo anterior por dos razones fundamentales: primero, porque dicha candidatura constituía un hecho futuro de realización incierta, además de que en esos momentos no existían elementos suficientes para sostener fehaciente y jurídicamente dicha pretensión y, segundo, porque “esta Sala Especializada al resolver el procedimiento SRE-PSC-15/2015, determinó que los

presidentes o dirigentes partidistas válidamente pueden aparecer en los promocionales pautados por los partidos políticos, pues ejercen una función importante al interior de los institutos políticos y no son servidores públicos, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador para el partido político Morena”.6 El criterio que hasta entonces había sostenido la Sala Regional Especializada del TEPJF fue confirmado por la Sala Superior al conocer de la impugnación contra dicha sentencia, al sostener que “no se está ante una conducta individual de Andrés Manuel López Obrador, como lo pretende hacer ver el recurrente, sino que su conducta tiene relación con la actividad que desarrolla como dirigente de Morena, cumpliendo las directrices de ese partido político, máxime si se tiene en cuenta que las palabras que expresa están insertas en un promocional producido por el aludido partido político y pautado en las prerrogativas de radio y televisión que le corresponden, de ahí que la responsabilidad solamente recae en ese instituto político y no en el ciudadano, por lo que es apegada a derecho la resolución controvertida en el sentido de no sancionar al aludido ciudadano”.7 Finalmente, al resolver una nueva impugnación presentada por el PVEM en contra de la decisión de la CQyD del INE de no suspender la transmisión de otro promocional de Morena en el que nuevamente aparecía Andrés Manuel López Obrador, la Sala Superior fue contundente en ratificar el criterio jurisdiccional que se había venido estableciendo. El PVEM afirmó en su recurso que la aparición reiterada del dirigente partidista mencionado con fines político-electorales para influir en las preferencias electorales era contraria a la legislación electoral al poner en desventaja al resto de los contendientes en clara contravención del principio de equidad. Sin embargo, la Sala Superior consideró que la aparición de López Obrador en los promocionales del partido no era per se una violación a las normas electorales, en la medida en la que de éstas no se desprendía ninguna prohibición en ese sentido, siendo en consecuencia válido que para posicionarse de cara a la ciudadanía los partidos políticos pudieran valerse de la imagen de alguno de sus militantes. En ese sentido, se sostuvo que no hay limitación para que los partidos políticos puedan involucrar en su propaganda a sus miembros, siempre y cuando respeten las propias restricciones que el propio ordenamiento jurídico les impone, ya que una propaganda en principio lícita pudiera perder ese carácter, si llegara a involucrar elementos encaminados precisamente a evadir las restricciones previstas para su difusión […] Lo manifestado, en el caso a estudio, cobra una mayor relevancia si se toma en cuenta que el ciudadano cuestionado no ocupa cargo público alguno, que pudiera hacer patente una potencial violación al principio de imparcialidad, pues actualmente se desempeña como presidente del Consejo Nacional de Morena […] Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que tampoco se encuentra registrado como candidato a un cargo de elección popular, que permitiera deducir que está pretendiendo obtener una ventaja indebida, frente al resto de los contendientes dentro del presente proceso electoral federal.8

Con base en ese criterio, el INE resolvió las quejas que se presentaron en los meses siguientes en contra de las reiteradas apariciones en los promocionales de sus respectivos partidos tanto de Ricardo Anaya, que luego de haber ocupado interinamente la presidencia del PAN durante cuatro meses (del 30 de septiembre de 2014 al 20 de enero de 2015) fue electo como presidente de dicho partido el 21 de agosto de 2015, como de Andrés Manuel López Obrador, que el 20 de noviembre de 2015 dejó el cargo de presidente del Consejo Nacional y se convirtió en presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sin embargo, en marzo de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral matizó el criterio que hasta entonces había sostenido. En una sentencia en la que se resolvió una impugnación presentada por dos ciudadanos en contra de la negativa de la CQyD de suspender la transmisión de un promocional de Morena en el que nuevamente el protagonista era Andrés Manuel López Obrador, la sala consideró que a partir de un análisis del contexto específico de cada promocional, la aparición en ellos de los dirigentes partidistas podría implicar un indebido posicionamiento de éstos y, en consecuencia, un uso de las prerrogativas partidistas de tiempo en radio y televisión contrario a la norma. En el promocional referido, López Obrador sostenía lo siguiente: No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en televisión, me quieren borrar; mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año… ya compraron un avión presidencial, de lujo, para 280 pasajeros… no lo tiene ni Obama… cuesta 7 mil 500 millones de pesos, en 2018 lo vamos a vender; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar; Morena es la esperanza de México.

A juicio del Tribunal Electoral, en ese spot se contenían elementos suficientes para considerar que implicaba un posicionamiento indebido de López Obrador en relación con un proceso electoral específico (el presidencial de 2018), tanto por la centralidad de su persona como por su contenido, por lo cual ordenó la suspensión del promocional referido. En su argumento central, la Sala Superior concluía que de esta forma, el solo hecho de que las personas cuya imagen o voz aparecen en un promocional no sean servidores públicos, sino dirigentes partidistas y que utilicen los tiempos de radio y televisión otorgados al

partido, no impide que se actualice un supuesto de uso indebido de la prerrogativa del partido por un posicionamiento indebido de personas o dirigentes, puesto que, como se ha indicado, la finalidad de la pauta no implica la promoción personalizada o centralizada de una persona, sino, atendiendo a las circunstancias y a la etapa del proceso electoral en que se difundan, su finalidad debe orientarse a la difusión de los principios, valores, ideología, precandidaturas o candidaturas de un partido político, así como para promover la participación, el debate y la deliberación de la ciudadanía.9

En esa misma línea, más adelante, en la sentencia SUP-REP-575/2015 del 2 de noviembre de 2016, la propia Sala Superior consideró, al conocer en última instancia de una queja del PVEM en contra del PAN y de Ricardo Anaya, su presidente nacional, por la reiterada presencia de éste en los promocionales de su partido, que la aparición de dirigentes en la propaganda partidista no era lícita per se, sino que debía ajustarse a una serie de criterios que la hicieran devenir tal. Ello en virtud de que el uso de la prerrogativa que tienen los partidos políticos de acceder a espacios en radio y televisión responde a las finalidades de cada etapa del proceso electoral y de cada modalidad de los tiempos en que se pauten sus promocionales (sea que se trate de tiempos ordinarios, de campaña o de precampaña). Por ende, en principio, no se justifica que un dirigente sea una especie de “vocero” o “portavoz” exclusivo, sobre todo si existe proximidad con algún proceso electoral, considerando la posibilidad de que la aparición en los promocionales de las pautas del partido conlleve la intención de promocionarse anticipadamente con miras a postular su candidatura en un proceso inminente.

Por tal razón, la Sala Superior consideró “conveniente vincular al Instituto Nacional Electoral, para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, corregir, las conductas que resulten contrarias a los principios y fines que rigen y orientan el modelo de comunicación política.10 Esa postura fue reiterada muy pronto por la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral que inició sus funciones el 4 de noviembre de 2016. En la sentencia SUP-REP-198/2016 del 28 de diciembre de ese año, derivada de una impugnación del PAN en contra de Morena, por la constante aparición de Andrés Manuel López Obrador en sus promocionales de radio y televisión y la consecuente vulneración al principio de equidad y la sobreexposición de dicho dirigente nacional, dicha instancia judicial determinó que en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-REP-575/2015, se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, en aras de salvaguardar los principios constitucionales que rigen la materia electoral, a la brevedad, emita los lineamientos pertinentes que regulen los criterios a los que se deberá ajustar la Comisión de Quejas y Denuncias y demás órganos del propio Instituto Nacional Electoral en relación con el uso debido de las pautas de los partidos políticos en radio y televisión”.11

En virtud de lo anterior, el INE comenzó a elaborar un conjunto de directrices en las que se establecieron los criterios a los que los partidos debían ajustarse en la elaboración de sus promocionales en radio y televisión en los que aparecieran sus dirigentes. Hasta ese momento varios partidos políticos habían recurrido a la aparición de sus presidentes o voceros nacionales en los spots que pautaban en sus espacios en los medios electrónicos de comunicación. Así había ocurrido con Enrique Ochoa, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Agustín Basave, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Carlos Puente, vocero del PVEM, pero sin duda ninguno con la reiteración y sistematicidad de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. El problema para el INE se encontraba entonces en emitir una serie de criterios que normaran adecuadamente la aparición de los dirigentes partidistas en sus promocionales, dando cumplimiento, así, a las sentencias del Tribunal Electoral, sin caer en los dos extremos en los que la discusión pública del tema presentaba: no establecer reglas que aparecieran como dirigidas específicamente contra dos actores políticos, los presidentes del PAN y de Morena, que claramente se perfilaban entonces como sus potenciales candidatos presidenciales, por un lado, pero tampoco caer en la omisión que algunos acusaban de permitir que esos dos actores políticos aprovecharan su condición de dirigentes para romper las condiciones de equidad de la futura contienda electoral por la presidencia de la República en 2018. Así, el 20 de julio de 2017 el Consejo General del INE aprobó, mediante el acuerdo INE/CG337/2017, los “Lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-198/2016”. En ellos se establece, en el quinto lineamiento, numeral 4, una serie de reglas que debían respetar los partidos políticos si pretendían que sus dirigentes o voceros aparecieran en sus promocionales en radio y televisión, que consistían esencialmente en lo siguiente:

1) La aparición de los dirigentes y voceros en los spots partidistas debería estar acompañada de una referencia clara de su carácter como tales. 2) Dicha presencia en los promocionales del partido político en ningún momento podría ser usada para la promoción o el posicionamiento público de sus dirigentes o voceros, es decir, su aparición debería seguir un objeto institucional encaminado a difundir los planteamientos y posturas del partido. 3) Durante los periodos ordinarios (es decir, fuera de los tiempos de precampaña, intercampaña y campaña) sería normal que, dado que no son momentos de proselitismo electoral, la presencia de los dirigentes y voceros se intensificara, pero siempre y cuando no existiera una centralidad única de éstos y se cumpliera con la finalidad de mensajes genéricos que expresaran los puntos de vista de su respectivo partido. 4) Durante los periodos de precampaña y de campaña, la aparición de dichos dirigentes y voceros partidistas estaría permitida eventualmente siempre y cuando se privilegiara la exposición de las precandidaturas y de las candidaturas del partido con apego a los límites legales a la propaganda electoral. 5) Durante el periodo de intercampañas la participación de los dirigentes y voceros también estaría permitida, siempre y cuando no se distorsionara el carácter genérico que deben tener los promocionales partidistas en dicho tiempo. 6) Sin embargo, cuando un dirigente o vocero partidista fuera también aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular no podría aparecer en los promocionales del partido político desde el inicio formal del proceso electoral (primera semana de septiembre del año previo a la elección), para evitar que dicha presencia pudiera alterar las condiciones de equidad en la contienda electoral por implicar una posición de ventaja indebida y pudiera incurrir en actos anticipados de precampaña. 7) Si los dirigentes o voceros partidistas fueran precandidatos o candidatos podrían aparecer en los promocionales de su partido político durante las precampañas o las campañas siempre y cuando se indicara dicha calidad y contaran con su registro correspondiente. 8) Finalmente, si los dirigentes o voceros partidistas ocuparan una precandidatura o una candidatura no podrían aparecer en los promocionales correspondientes al periodo de intercampaña, pues ello implicaría un posicionamiento anticipado de cara a la ciudadanía y podría implicar un acto anticipado de campaña.12 En síntesis, la idea central que perseguía el INE era que la posibilidad de que dirigentes y voceros partidistas pudieran aparecer en los promocionales de su partido político no se tradujera en una ventaja indebida de cara a una contienda electoral en caso de que dichas personas tuvieran la aspiración de postularse a una candidatura. Por ello se estableció la idea de que el inicio formal de un proceso electoral (establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales —LGIPE— en el momento en que el Consejo General del INE sesionara para tal propósito en la primera semana de septiembre del año previo al de la elección) implicaba entrar en una fase especial, distinta a los periodos ordinarios, en donde el principio de equidad en la contienda adquiría un valor particular y, por lo tanto, estaba sujeto a una tutela especial por parte de las normas y las autoridades electorales. En ese sentido, si alguna persona que ocupara un cargo de dirigencia o de vocería partidista tenía la intención de contender por una candidatura de su partido, la aparición en los promocionales correspondientes podía alterar las condiciones de equidad en la competencia interna (precampañas) o externa (campañas), por lo que debía dejar de aparecer su voz, nombre o imagen en dichos espacios publicitarios, desde el inicio de ese periodo de prevención. Además, su eventual aparición en los spots partidistas en el periodo de precampañas y de campañas habiendo obtenido su registro como precandidato o candidato supondría el tener que ostentarse con esa calidad (la de aspirante a una candidatura o a un cargo de elección popular) y no con la de dirigente o vocero de su partido político. Sin embargo, los lineamientos referidos fueron impugnados por los partidos Morena, del Trabajo, Encuentro Social y de la Revolución Democrática, por considerar que el INE se había excedido en su facultad regulatoria. La Sala Superior, mediante sentencia emitida el 25 de septiembre de 2017, unas semanas después de que había iniciado el proceso electoral federal 2017-2018, revocó el acuerdo cuestionado. Según esa instancia jurisdiccional, los lineamientos que había mandatado elaborar debían estar dirigidos únicamente a regular los criterios de actuación y vigilancia de sus órganos internos como la CQyD en esta temática (cómo detectar la centralidad del sujeto, de qué elementos se apoyaría para determinar la direccionalidad del discurso, cómo valorar la coherencia narrativa, etc.), sin embargo, a juicio de la Sala Superior, el INE no hizo eso, y se excedió al regular otros aspectos no ordenados, como los contenidos y características que debían tener los promocionales en radio y televisión, identificar la clase de propaganda, el tipo de mensajes o la aparición de dirigentes, además de reiterar aspectos previstos en la ley y pretender regular derechos fundamentales y establecer prohibiciones no contempladas en las normas.13 A bien ver, el alcance del mandato que el Tribunal Electoral le dio al Consejo General del INE en las sentencias SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-198/2016 es sin duda discutible, pues si bien es cierto que en

esta última se hace una referencia expresa a la vinculación para que el INE “emita los lineamientos pertinentes que regulen los criterios a los que se deberá ajustar la Comisión de Quejas y Denuncias y demás órganos del propio Instituto Nacional Electoral en relación con el uso debido de las pautas de los partidos políticos en radio y televisión”, también lo es que la base de esa resolución y a la que expresamente se alude y se remite es la primera de esas sentencias, misma que estableció un mandato más amplio e integral para el INE, consistente en que en el ámbito de su competencia se “adopten las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, corregir las conductas que resulten contrarias a los principios y fines que rigen y orientan el modelo de comunicación política”.14 En todo caso, siendo la última instancia jurisdiccional en la materia, los lineamientos a los que hacemos referencia fueron revocados y el asunto, a pesar del mandato instruido al INE unos meses antes de emitir dicha regulación, archivado como total y definitivamente concluido; es decir, la sala no le ordenó al INE volver a emitir esas normas con las limitaciones que a su juicio debían tener (regular únicamente los criterios de su CQyD en esta materia). Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral En la misma sesión del 20 de julio de 2017 el Consejo General del INE aprobó otro acuerdo, conocido coloquialmente como reglas de “cancha pareja”, que resultó complementario a los lineamientos en los que se establecían las reglas para la aparición de los dirigentes y voceros en los promocionales de los partidos políticos. El propósito fue establecer condiciones de equidad no sólo entre los dirigentes partidistas, que por tal condición podían aparecer en los tiempos a los que sus partidos tenían derecho como prerrogativa en la radio y la televisión, sino entre cualquier persona que, utilizando recursos públicos o privados, buscara promocionarse para obtener con ello una ventaja indebida de cara a la futura contienda electoral. Dicho en otras palabras, la premisa de este acuerdo fue que las condiciones de equidad en la competencia no se restringieran únicamente a aquellas personas que, por su calidad de dirigentes de los partidos políticos, podían aprovecharse de los recursos y prerrogativas que estaban a su alcance por tener tal condición, sino también a aquellas que, aspirando a una futura candidatura, y teniendo a su disposición recursos económicos (directos o indirectos, propios o de terceros), podían desplegar campañas publicitarias con el propósito de posicionarse públicamente y con ello obtener una posición de ventaja de manera anticipada. La presunción de que ello podía ocurrir y alterar las condiciones de equidad en la competencia no era una preocupación abstracta del INE, pues desde finales de 2016 y durante todo 2017 varios personajes públicos, bajo diversos pretextos, habían hecho un despliegue publicitario muy importante y francamente cuantioso. Así pasó, por ejemplo, con Margarita Zavala (que meses después aspiraría a la candidatura presidencial del PAN y, al fracasar en su intento, renunciaría a su militancia en ese partido y lanzaría su candidatura independiente a la presidencia de la República), quien, desde finales de octubre de 2016, desplegó una importante campaña publicitaria en radio, televisión, prensa, internet y espectaculares de su libro autobiográfico Margarita: Mi historia (y más adelante, a partir de octubre de 2017, repetiría con la promoción de su nuevo texto Es la hora de México), o bien con Rafael Moreno Valle, que realizó una ostentosa y abrumadora estrategia de difusión multimedia para promover su libro, también autobiográfico, La fuerza del cambio. Para el INE quedaba claro que, más allá de los legítimos derechos a la libertad de expresión y a contratar publicidad para promover productos editoriales, tomando en cuenta la cercanía del proceso electoral, todos esos despliegues propagandísticos, de no estar sujetos a algún tipo de reglas, podían llegar a tener un efecto distorsionador en la competencia política. Además debe tomarse en cuenta, como señalé al final del capítulo anterior, que luego de las elecciones locales de 2017 se había generado un contexto de exigencia hacia el INE para que desplegara a plenitud sus competencias y atribuciones para garantizar la integridad del proceso electoral federal (que era de su exclusiva responsabilidad) de 2018. Por eso, sensible a esa demanda pública, el Consejo General del INE decidió de manera unánime aprobar un acuerdo mediante el cual, ejerciendo su facultad especial de atracción, se estableció una serie de lineamientos para garantizar condiciones de equidad en las contiendas electorales federales y en las que habrían de realizarse en 2018 de manera concurrente en 30 entidades federativas. El propósito de la resolución INE/CG338/2017 del Consejo General, mediante la que se expedían los “Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”,15 era explícito: Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la difusión de propaganda que se realice o difunda en cualquier medio, que implique promoción y posicionamiento de un partido político o de una persona para la obtención de una precandidatura o candidatura y, en su caso, el voto en los procesos electorales locales y federales; asimismo, establecer los mecanismos para prevenir, investigar y, en su caso, corregir y sancionar

aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen las contiendas electorales [primer lineamiento].

En ese sentido, la resolución del INE entendía la equidad, principio constitutivo del sistema democrático y de la competencia electoral, como la existencia de un punto de partida entre los contendientes basado en condiciones de igualdad y de justicia sin que se presentaran, en consecuencia, ventajas o influencias indebidas sobre los electores. Ello implicaba que ninguno de los competidores se beneficiara de la difusión de la propaganda fuera de los pasos que la propia legislación electoral establecía, así como, por supuesto, la neutralidad que la misma Constitución les impone a las autoridades públicas (cuarto lineamiento). Retomando la idea que se había sostenido en las reglas relativas a la aparición de los dirigentes y voceros en los promocionales de los partidos políticos, en el sentido de que el inicio formal del proceso electoral suponía la activación de un periodo especial de prevención en el que se activaban las garantías de integridad de las elecciones, dicho acuerdo del INE estableció que los lineamientos entrarían en vigor el 8 de septiembre de 2017, fecha en la que daría inicio el proceso que culminaría con la jornada comicial del 1 de julio de 2018, momento a partir del cual se activaría la serie de prohibiciones y regulaciones que los mismos fijaban. Esencialmente, los lineamientos establecieron lo siguiente: 1) Todo aspirante a una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular tenía prohibido realizar, promover, comprar, adquirir, aprovecharse o beneficiarse de cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario pagado, con independencia del medio utilizado para su difusión, antes de los plazos legales establecidos para las precampañas y para las campañas. En ese sentido, cualquier conducta contraria a ello sería presumida por el INE como un acto anticipado de precampaña o de campaña según fuera el caso. 2) Por su parte, los aspirantes a una candidatura independiente sólo podrían realizar actos propagandísticos encaminados a recabar los apoyos ciudadanos exigidos por la ley mediante las formas y dentro de los plazos expresamente establecidos en la legislación electoral. 3) Quedaban excluidas de las prohibiciones anteriores todas las expresiones realizadas en las redes sociales y en los otros medios de comunicación siempre y cuando no mediara un pago para difundirlas o promocionarlas, pues se presumía —salvo prueba en contrario— que los mismos estaban amparados por las libertades de expresión y de prensa. 4) Por otro lado, y a partir de la complicada pero aleccionadora experiencia que le había dejado a la autoridad electoral el episodio del encadenamiento de los informes de labores de diversos legisladores del Partido Verde Ecologista en el proceso electoral 2014-2015,16 se estableció que, una vez iniciado un proceso electoral, quedaba prohibida la difusión de los informes de labores de cualquier servidor público salvo en aquellos casos en que hubiera una obligación legal del rendirlos en una fecha o plazo determinado, atendiendo, obviamente, las reglas aplicables en cuanto a la temporalidad (siete días antes y cinco días después de la fecha de realización del informe) y a la espacialidad (únicamente dentro de la demarcación territorial correspondiente a la jurisdicción en la que el servidor público se desempeña) en la que dicha difusión estaba legalmente permitida. Además, en el caso de los informes de gestión de los grupos parlamentarios se estableció que debían presentarse sólo una vez al año y dentro de un periodo inmediato razonable luego del término del año legislativo correspondiente, sin que los mismos pudieran realizarse de manera escalonada o secuencial (como había hecho el PVEM en los últimos meses de 2014) ni tener un fin electoral en sus contenidos. 5) Se determinó que en ningún caso aquellos servidores públicos que aspiraran a competir por algún cargo de elección podrían asistir a actos en los que se entregaran beneficios de programas sociales o realizar eventos masivos en los que se difundieran o inauguraran obras públicas a partir del inicio del proceso electoral (a partir de la experiencia de la inédita e inusitada presencia de funcionarios federales de primer nivel en los actos de entrega de beneficios de programas sociales en las semanas previas al inicio de las campañas electorales en el Estado de México unos meses antes). Para el INE, la violación a lo anterior sería considerado como un acto anticipado de precampaña o de campaña, según fuera el caso, y los gastos correspondientes a dichos actos serían contabilizados dentro de los topes de gasto respectivos. 6) Finalmente, se estableció, en concordancia con lo señalado por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que toda la propaganda gubernamental debía tener, desde el momento del inicio del proceso electoral, un carácter institucional así como fines informativos, educativos o de orientación social y, por lo tanto, no debía incluir la exaltación, promoción o justificación de ningún programa o logro obtenido por algún gobierno o administración específica, ni beneficiar de manera personalizada a algún servidor público o partido político en particular. En caso contrario, se estableció que dicho beneficio sería contabilizado en los topes de gasto correspondiente a la precampaña, campaña o al partido político respectivo.

Los lineamientos de “cancha pareja” provocaron una gran reacción en contra por parte de varios partidos políticos. En los días posteriores a su aprobación, los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Revolucionario Institucional impugnaron la resolución del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que, mediante la sentencia SUP-RAP-232/2017 y Acumulados,17 revocó el 30 de agosto de 2017, con una mayoría de cinco votos, el mencionado acuerdo del INE aduciendo centralmente que los referidos lineamientos transgredían el principio de reserva de ley e invadían el ámbito constitucional de competencias del Poder Legislativo (vale la pena señalar que dos magistrados coincidieron con las razones del INE y con el argumento de que contaba con facultades constitucionales para regular la materia). Además, según la mayoría de los integrantes de la sala, se creaban categorías y regulaciones que modificaban las reglas previstas en la Constitución y en las leyes electorales en materia de propaganda electoral, propaganda gubernamental, rendición y difusión de informes de labores de los servidores públicos. Ello en virtud de que el acuerdo impugnado, opinó la mayoría de los magistrados, introducía requisitos y categorías distintos a los previstos en el marco normativo que, además, impactaban en los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información. Recopilación de criterios para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en su actuación, así como en el uso de recursos públicos y programas sociales El 5 de septiembre de 2017 el Consejo General aprobó una resolución, en ejercicio de su facultad de atracción, para fijar una serie de criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la contienda en el conjunto de procesos electorales —federales y locales— de 2018.18 No se trató de una decisión nueva, sino que en la misma se recogía una serie de decisiones que el IFE/INE había venido adoptado a través de 19 acuerdos desde 2008, de cara a cada elección que le había tocado organizar, para garantizar la legalidad de la propaganda gubernamental, del uso de los programas sociales, la imparcialidad en evitar el uso de los recursos públicos por parte de los gobiernos y entes del Estado, los actos anticipados de campaña, así como vigilar la propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos.19 La idea fue recopilar en un único documento normativo reglas y criterios que ya habían sido establecidos en comicios anteriores, que habían cobrado definitividad por no haber sido impugnados, o bien que, habiéndolo sido, habían sido confirmados o modificados por el Tribunal Electoral, y que, en consecuencia, habían servido para normar la actuación de la autoridad administrativa electoral (el IFE, primero, y el INE, después) a lo largo de los años. Vale la pena subrayar ese punto, es decir, que en su gran mayoría se trataba de normas que ya eran conocidas, que ya habían sido aplicadas y que su reiteración y ratificación, elección tras elección, constituía una práctica recurrente llevada a cabo por la autoridad administrativa electoral. Es cierto, como veremos más adelante, que algunas de esas reglas y criterios se modificaron para ampliar su ámbito de protección y garantía de los principios de imparcialidad y de equidad en las contiendas electorales frente a lo que había ocurrido en ocasiones anteriores; también lo es que el Consejo General aprovechó la ocasión para, a partir de experiencias de comicios más recientes, introducir alguna disposición novedosa, pero se trató de algunos pocos nuevos criterios o disposiciones, pues en su inmensa mayoría se trató de reglas previas ya vigentes que fueron convalidadas y reiteradas de cara al nuevo proceso electoral. El acuerdo mencionado fue prolijo en detallar el tipo de conductas que suponían alguna violación a las reglas de imparcialidad en sus funciones o en la gestión de los recursos y de los programas sociales bajo su responsabilidad. En ese sentido, más con una lógica sintética que exhaustiva, su contenido podría resumirse de la siguiente manera: 1) En relación con el principio de imparcialidad al que están obligados constitucionalmente todos los servidores públicos, el Consejo General estableció que el mismo se contravendría si algún funcionario, desde el inicio de los procesos electorales, condicionara a cualquier ciudadano, de manera individual o colectiva, con la entrega o suspensión de algún bien, servicio, realización de obra pública o bien el otorgamiento de alguna dádiva o recompensa, con la promesa de emitir su voto a favor o en contra de algún partido o candidatura, de participar o no en algún evento político o electoral, de realizar proselitismo o abstenerse de hacerlo, o bien de no cumplir con sus funciones de funcionario de casilla. 2) En ese mismo sentido, se entendería vulnerado ese principio (el de imparcialidad) por parte de aquel funcionario que ordenara, autorizara, permitiera o tolerara el uso de recursos humanos, materiales (incluyendo entre éstos a los medios de comunicación social oficiales de cualquier naturaleza) o financieros a su disposición para incidir, de cualquier manera, en el ejercicio o el sentido voto, así como en la realización de actividades de promoción político-electoral de cualquier naturaleza.

3) De igual modo, se estableció que desde el inicio de las precampañas y hasta el término de la jornada electoral estaría prohibida la realización de informes de labores de cualquier funcionario, que su realización no podría conllevar fines electorales ni influir de algún modo en la equidad de la competencia electoral, que deberían verificarse dentro de un tiempo razonable respecto del término del periodo de gestión informado, que no podrían implicar un encadenamiento o escalonamiento con los informes de otros miembros de un mismo cuerpo colegiado y, finalmente, que debía tratarse de un auténtico y genuino ejercicio de rendición de cuentas y no de un mecanismo de promoción personalizada encaminado a incidir en la competencia electoral entre los partidos y actores políticos. 4) Por otro lado, en relación con la propaganda gubernamental, el acuerdo estableció que la que se difundiera desde el inicio del proceso electoral y hasta la conclusión de la jornada comicial, en concordancia con lo establecido en la legislación electoral, debería tener un carácter institucional y fines educativos o de orientación social, quedando, en consecuencia, prohibida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido por algún gobierno o por alguna administración específica y, en ese sentido, no podría contener frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 5) En relación con los programas sociales, se consideró que cuando su ejecución y consecuente reparto de bienes, servicios o recursos careciera de reglas de operación publicadas en términos de la normatividad aplicable, o bien no se ajustaran estrictamente a las mismas, se estaría ante un indicio para considerar que su uso podría obedecer a fines electorales prohibidos. En ese sentido, se estableció que, para evitar programas sociales de “temporal”, es decir, creados con claros propósitos electorales, todos los que operaran durante 2018 debían haber sido contemplados en los respectivos presupuestos federal y locales, salvo aquellos que supusieran la entrega de bienes y servicios destinados a atenuar o resolver los efectos provocados por desastres naturales, que estuvieran relacionados con acciones en materia de protección civil, servicios educativos o de salud, siempre y cuando no supusieran fines electorales y su gestión se realizara de manera imparcial. Adicionalmente se estableció que, para poder tener claridad de los programas sociales en operación y aquellos que estuvieran planeados y aprobados en los términos antes mencionados, las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno que tuvieran a su cargo la operación de algún programa social debían informar al INE y a los OPLE correspondientes qué programas sociales estaban en ejecución, cuáles eran sus reglas de operación, su padrón de beneficiaros y los calendarios de entrega o reparto de los bienes o servicios involucrados. Del mismo modo se consideró que cualquier operación de algún programa social durante el periodo electoral o uso de su respectivo padrón de beneficiarios sin ajustarse a las reglas de operación que lo rigieran sería considerado contrario al principio de imparcialidad. Todo lo anterior bajo el entendido de que el incumplimiento de esas disposiciones implicaría un indicio en las respectivas indagatorias o procedimientos a cargo de las autoridades electorales (INE y OPLE) de que el programa social que se encontrara en ese supuesto podría tener un presumible uso político electoral prohibido. 6) También se estableció que desde el inicio de las precampañas (en los relativos acuerdos anteriores —como el que tuvo vigencia durante las controvertidas elecciones del Estado de México en 2017— se había establecido como momento para hacer valer este criterio el arranque del periodo de campaña) los beneficios de los programas sociales no podrían ser entregados en eventos masivos o mediante modalidades que supusieran una afectación del principio de equidad en las contiendas electorales. 7) Finalmente, y en concordancia con lo que se incluiría en los días siguientes en las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, se estableció que la entrega de tarjetas o de cualquier otro tipo de instrumento que supusiera el ofrecimiento a la ciudadanía de determinados beneficios personales, o su eventual incorporación como beneficiaros a un eventual programa social futuro, de manera condicionada a un determinado resultado electoral, sería considerada como una violación directa al mencionado principio de equidad. La resolución que compiló el conjunto de criterios enunciados generó una reacción en contra por parte de muchos actores políticos y de grupos de interés pocas veces antes vista. En los días siguientes a su adopción por el Consejo General del INE, la resolución mencionada recibió una cascada de recursos de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por parte de las personas más diversas: dos partidos políticos (el PRI y el PVEM), cinco gobiernos estatales (Aguascalientes —gobernado por el PAN—, Coahuila, Colima, San Luis Potosí y Sinaloa —con gobiernos emanados del PRI—), tres consejerías jurídicas (la del Ejecutivo federal, la del Ejecutivo del estado de Tlaxcala y la del gobierno del estado de Guanajuato), 11 ayuntamientos (Aguascalientes, Jesús María, San José de Gracia, Calvillo —del estado de Aguascalientes—, Morelia, Charo, Lagunillas —de Michoacán—, Parral —de Chihuahua—, Huixquilucan —del Estado de México—, Centro —de Tabasco— y Monterrey —de Nuevo León—), 14 síndicos y regidores del ayuntamiento de Monterrey en lo individual, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), TV Azteca, Televisora del Valle de México (Canal 40), el director del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad y hasta el representante del partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral de Michoacán presentaron en total 40 impugnaciones.

Sin lugar a dudas, de entre la diversidad de sujetos que se inconformaron contra estas reglas que simple y sencillamente buscaban hacer prevalecer los principios de equidad e imparcialidad de los que depende la integridad de toda elección democrática, llama la atención el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal hubiera impugnado la resolución del INE, pues implicaba, más allá de las consideraciones de derecho que pudieran hacerse, una abierta diferencia, con inevitables lecturas políticas, entre la autoridad electoral y el Poder Ejecutivo sobre un tema tan delicado como la imparcialidad con la que deben conducirse los funcionarios públicos y ejercerse los recursos del Estado. Al resolver las impugnaciones mencionadas, mediante la sentencia del 5 de octubre de 2017,20 la Sala Superior del TEPJF falló a favor de los quejosos, argumentando centralmente que, por un lado, el INE había inobservado el principio de reserva de ley, al haber pretendido normar materias que eran de competencia exclusiva del Poder Legislativo y, por otro lado, por haber establecido con los criterios aprobados una indebida restricción de los derechos fundamentales. Por esas razones la sala revocó la resolución del INE. De nada valió el hecho de que, como señalamos antes, prácticamente todos los criterios que habían sido recogidos por el Consejo General en la resolución comentada, con excepción de un par de ellos, habían sido establecidos con anterioridad (muchos de ellos incluso por parte del mismo tribunal), jurídicamente habían quedado firmes y válidos y habían sido aplicados en procesos electorales federales y locales. Es interesante subrayar que el magistrado Reyes Rodríguez, en un largo y bien argumentado voto particular, se apartó de la decisión del resto de sus compañeros de sala enfatizando el hecho de que el INE, y antes el IFE, había “diseñado e implementado consistentemente a lo largo de su historia institucional, una política pública encaminada a salvaguardar la equidad en la contienda electoral, lo que necesariamente ha implicado definir algunos de los alcances de normas constitucionales y legales, en particular respecto a la propaganda gubernamental y a la imparcialidad en el uso de recursos públicos [lo que implicaba no sólo una] justificación desde una perspectiva histórica, sino también normativa y practica”.21 Reformas al Reglamento de Fiscalización para prohibir el uso de tarjetas de beneficios futuros condicionados a determinados resultados electorales Finalmente, el 8 de septiembre de 2017, el día en que dio inicio el proceso electoral federal, el Consejo General aprobó un cuarto acuerdo para tratar de resolver, en consonancia con el último punto mencionado en el análisis de la resolución anterior, otro problema que, si bien no era nuevo, se había presentado de manera particularmente disruptiva en los comicios de ese año: la práctica, como parte de la propaganda de campaña de algunos partidos políticos, de entregar a la ciudadanía tarjetas que prometían distintos beneficios (lentes, apoyos a madres solteras, etc.) en caso de concretarse el triunfo electoral por dichos partidos. Se trató de un tema que, como se relató previamente, había generado una amplia polémica pública, pues la diferencia entre una propaganda electoral y la promesa de dádivas era, en el mejor de los casos, muy difícil de establecer (de hecho para algunos, entre los que me encuentro, y así lo manifesté en mis votos en los casos de Coahuila y del Estado de México que llegaron al Consejo General, se trataba de una conducta claramente violatoria de la ley) y que habían provocado una intensa discusión, así como posturas divididas, en el seno del máximo órgano de dirección del INE. No obstante, más allá de las posturas que se sostuvieron en el Consejo General, se generó un consenso entre sus miembros en el sentido de que era una práctica de frágil legalidad que convenía regular con toda claridad de cara a las elecciones de 2018. Por esa razón, dicho órgano, además de incluir esa conducta como prohibida en la resolución comentada en el apartado anterior, aprobó una serie de reformas y adiciones al Reglamento de Fiscalización para, entre muchos otros aspectos, prohibir la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda que en la percepción de la ciudadanía implicara un beneficio directo en un futuro inmediato condicionado a la existencia de un resultado electoral determinado, por no cumplir con la finalidad de la propaganda electoral. Lo anterior con base en lo establecido en la LGIPE que, al regular dicha propaganda, prohíbe de manera expresa y estricta, en su artículo 209, párrafo 5, la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, por sí o por interpósita persona. La referida reforma al Reglamento de Fiscalización22 incluyó la adición de un artículo, el 143 Quater, que bajo el rubro “Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas”, estableció que: 1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para entregar por sí o por interpósita persona, cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio. 2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto sin objeto partidista, o bien, no vinculado a actividades para la obtención de apoyo ciudadano o del voto.

Si bien varios partidos políticos impugnaron las modificaciones al Reglamento de Fiscalización ante la Sala Superior, el artículo citado fue impugnado específicamente sólo por el PRI y el PVEM, bajo el argumento de que el INE se había extralimitado en su facultad reglamentaria al establecer una serie de prohibiciones que, en su caso, le correspondía fijar al legislador ordinario (violación al principio de reserva de ley); además, se sostuvo que era incorrecto prohibir la distribución de tarjetas, pues, a su juicio, las mismas representaban propaganda que presentaba un programa que sería instrumentado como política pública, y dicha prohibición resultaba desproporcional, pues restringía la libertad de expresión de los candidatos al impedirles expresar sus ideas políticas contenidas en las plataformas electorales para obtener el voto. En su sentencia SUP-RAP-623/2017 y Acumulados del 27 de diciembre de 2017,23 la Sala Superior una vez más les dio la razón a los partidos impugnantes al considerar que el INE había incurrido, también en este caso a su juicio, en una transgresión al principio de reserva de ley al regular un aspecto que escapaba a su facultad que en materia reglamentaria le corresponde al Poder Legislativo. Además, el tribunal consideró que la prohibición que el Consejo General había establecido nada tenía que ver con su atribución constitucional de fiscalizar los ingresos y los egresos de los partidos, candidatos, precandidatos y aspirantes a un cargo público. En tal virtud, la sala le ordenó al INE reformular el mencionado precepto del reglamento, reproduciendo prácticamente en sus términos lo que establece el ya mencionado artículo 209, párrafo 5, de la LGIPE, para quedar de la siguiente manera: 1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para entregar por sí o por interpósita persona cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio. 2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto prohibido y deberá computarse a los gastos de campaña. En síntesis, como puede verse, los esfuerzos del INE por construir reglas que propiciaran un terreno equilibrado (una “cancha pareja”) para todos los competidores y que impidieran que actores políticos que tenían prohibido intervenir en la contienda electoral —en primer lugar los servidores públicos— y por hacer prevalecer con ello los principios constitucionales de equidad y de imparcialidad, a través de la aprobación de los cuatro acuerdos antes mencionados, fueron revocados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. No obstante el mensaje político estaba claro: el INE no permitiría, desde su función de guardián de las contiendas electorales, que los mencionados principios constitucionales se vulneraran. En ese sentido si bien los instrumentos normativos mencionados habían sido declarados contrarios al principio de reserva de ley, es decir, se había considerado que el INE no era competente para emitirlos, muchos de los criterios que en ellos se habían recopilado seguían siendo válidos, ya sea porque no había habido un pronunciamiento expreso y específico en contrario por parte de la Sala Superior respecto de muchos de ellos, o bien porque muchos habían sido incluso establecidos o ratificados por múltiples sentencias y hasta jurisprudencias de la misma sala en el pasado y podrían, en consecuencia, ser aplicados por los órganos del INE al conocer, en su momento, de las eventuales impugnaciones que se fueran presentando durante el proceso electoral en curso. EL MODELO DE COMBATE A LA DESINFORMACIÓN

Como hemos señalado, los problemas que se llegaron a presentar en las elecciones locales de 2017 y las críticas que se le formularon al INE en consecuencia, implicaron que, de cara al proceso electoral presidencial, el instituto tomara una serie de decisiones (como la serie de acuerdos que hemos analizado en el apartado anterior) que permitieran mejores condiciones y garantías para la integridad de los comicios y que mandaran el mensaje claro de que el INE no escatimaría esfuerzos y asumiría un papel proactivo en la conducción de la que sería la elección más grande de la historia hasta ese momento. Uno de los ámbitos en los que esa actitud institucional se manifestó fue en el de su comunicación social. La experiencia reciente había sido profundamente aleccionadora: si bien los problemas más evidentes que se habían presentado en los comicios locales de Coahuila y el Estado de México habían sido puntualmente explicados por el INE a través de informes y comunicados de prensa o de declaraciones públicas (me refiero principalmente a la inédita falta de precisión del conteo rápido en Coahuila, a las condiciones legales y la competencia local —del OPLE— ante la intensa y aparatosa campaña de entrega de beneficios de programas sociales en el Estado de México, o la profunda diferencia en los topes de gastos de campaña establecidos en ambas entidades que abrieron la puerta a un potencial rebase en un caso a diferencia de lo que ocurrió en el otro), quedó claro que una auténtica explicación a cargo de la autoridad electoral debe ser oportuna y asertiva y no sólo reactiva frente a los problemas. Es decir, 2017 dejó bien clara la lección de que si el INE quería explicar verdaderamente la elección por venir tenía que desplegar una inédita capacidad pedagógica y utilizar una claridad narrativa

particular para ilustrar, de manera anticipada, todas las etapas y procedimientos —algunos técnicamente muy complejos— que se llevan a cabo para organizar una elección. En ese sentido, el desafío era realizar esa tarea de explicación aclarando, de manera anticipada en la medida de lo posible, las posibles circunstancias que pueden presentarse a lo largo de un proceso electoral e ilustrando los posibles escenarios que pueden ocurrir para que, cuando se verificaran, la ciudadanía tuviera claridad y por ello certeza de lo que estaba pasando. Dicho de otra manera, de cara al proceso electoral de 2018, el INE asumió que uno de los principales antídotos contra la desconfianza es que los actores políticos, pero sobre todo la ciudadanía, tengan claridad de todas las actividades, procesos y mecanismos que la ley dispone y que el instituto tiene que instrumentar, así como la razón de ser que tiene cada uno de ellos en la organización de elecciones libres, ciertas, justas, transparentes y por ello confiables y creíbles. En ese sentido, reforzar la tarea comunicacional de la autoridad electoral con esa vocación pedagógica y anticipatoria resultaba fundamental para enfrentar de mejor manera las elecciones de 2018, sobre todo ante el polarizado y estridente ambiente político que implicaba la disputa por la presidencia de la República en las urnas. Así, además del desafío técnico, logístico y organizativo derivado de las dimensiones mismas de la elección, del número y tipo de cargos públicos en contienda, debido al contexto político en que ocurriría el proceso electoral y a los antecedentes internacionales de esfuerzos articulados de desinformación deliberada (es decir, el contexto de lo que algunos han llamado “posverdad” y la proliferación y penetración que han llegado a tener las noticias falsas) que se habían venido presentando en las elecciones y ejercicios plebiscitarios en los años previos, el INE tuvo también frente a sí, en los comicios de 2018, un reto comunicacional mayúsculo. En efecto, la elección de 2018 se llevó a cabo en un contexto informativo y comunicacional radicalmente distinto al de apenas una década atrás, marcado ahora, en gran medida, por la generalización del uso de internet y por la irrupción de las redes sociales en un lugar preponderante dentro de las estrategias político-electorales. Ello exigió de parte del instituto un cuidado especial en su estrategia de comunicación, y una definición clara respecto del papel que tendría que jugar para enfrentar los posibles intentos de desinformación deliberada, en particular dentro del ámbito digital, como había ocurrido, de manera disruptiva y preocupante, en los comicios en prácticamente todo el mundo desde 2016 (específicamente a partir de las comentadas experiencias del referéndum sobre el Brexit, el plebiscito sobre la paz en Colombia y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese año). Primer interludio: el mundo de las redes sociales y la deliberación democrática La difusión de internet y la creciente conectividad a la misma, por un lado, y la irrupción, rápida proliferación y acceso masivo a las redes sociales como nuevo medio de comunicación, por el otro, revolucionaron dramáticamente la manera de interactuar colectivamente. Dicho impacto fue tan radical que se ha generalizado la idea de que resulta inevitable el advenimiento de formas más “horizontales” y participativas de democracias bajo la pretendida ilusión de avanzar (ilusoria y falsamente —digo yo—) hacia una especie de democracia directa bajo la forma de e-democracy en donde todas las personas podrían participar sin intermediarios en la toma de las decisiones públicas. Seamos claros: la potencia comunicacional de las redes sociales es innegable. La posibilidad que estos medios brindan para que un mensaje pueda ser difundido, que pueda tener un gran alcance, y la inmediatez con la que ello puede ocurrir, representa un antes y un después en el ámbito de la comunicación humana. Eso, para bien o para mal, es una realidad insoslayable y forma parte del ecosistema social del mundo contemporáneo. Por otra parte, no hay prácticamente ningún ámbito de la convivencia social que sea ajeno o que no haya sido impactado, en mayor o menor grado, por el surgimiento y exponencial difusión del uso de las redes sociales. El ámbito de la política no es la excepción; al contrario, probablemente éste representa el terreno en donde las redes sociales han tenido una proliferación, un uso intensivo y efectos innegables. La Primavera Árabe es un ejemplo recurrente de cómo las redes sociales permitieron que se multiplicaran las manifestaciones de protesta en contra de varios de los regímenes autoritarios del norte de África y de Medio Oriente hasta el derrocamiento de muchos de ellos a principios de la década pasada. La potencia comunicativa de las redes sociales y su inmediatez fueron una de las causas de que las múltiples expresiones de protesta pudieran llevarse a cabo exitosamente burlando los mecanismos de control social y de represión a cargo las fuerzas del orden desplegadas en su contra, hasta hacer caer uno tras otro a varios de esos regímenes no democráticos. Sin embargo, es un hecho que, si bien las redes contribuyeron decisivamente a derrocar a algunas de esas autocracias (otras, como Siria o Libia, entraron a un periodo de inestabilidad e incluso de sangrientas guerras civiles), su presencia no ha logrado consolidar regímenes democráticos en esas latitudes. Si acaso la única mediana excepción en la región ha sido el caso de Túnez, en donde en medio de esfuerzos extraordinarios y con el respaldo de organismos internacionales (como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— de la región árabe y el Consejo de Europa, a través de su Comisión de Venecia) han venido estableciéndose,

con grandes esfuerzos, las condiciones mínimas de integridad electoral para tratar de enraizar ciclos comiciales estables. Es más, luego de la caída de muchas de las dictaduras como resultado de la Primavera Árabe, y del innegable rol que tuvieron las redes sociales en ese proceso, muchos de esos países vivieron un periodo de exacerbación del radicalismo islámico y en varios surgieron poderosos asentamientos del Estado Islámico. Es decir, las redes sociales han demostrado que no bastan para fundar o instaurar la democracia. Y es que, si bien es cierto que las redes sociales en muchos sentidos han horizontalizado la discusión pública, ello no significa necesariamente que la hayan democratizado. En efecto, si asumimos que una discusión democrática parte del hecho de ser incluyente y las redes sociales han provocado que numerosas personas que habían permanecido ajenas o habían sido excluidas del debate público puedan finalmente participar del mismo, también es verdad que ello ocurre de manera parcial, pues, como señala con acierto Michelangelo Bovero, “el vasto océano de la comunicación política 2.0 inevitablemente tiende a fragmentarse en una multitud de círculos cerrados, autorreferenciales, propensos a convertirse en grupos identitarios excluyentes y a menudo belicosos, entre los cuales los intercambios son limitados, esporádicos y difíciles, si no es que del todo ausentes”.24 En realidad, son relativamente pocas las personas que en el mundo de las diversas redes sociales logran generar opiniones que trasciendan los “sacos” o esclusas en que tienden a convertirse las comunidades de seguidores, como es el caso de los llamados influencers o bien de quienes disponen de los recursos a veces orgánicos, muchas veces artificiales (como las granjas de bots o las comunidades organizadas de trolls). Así, a pesar de que de entrada aparentaba ser un mecanismo nivelador e incluyente, en los hechos termina por ponerse en evidencia que en el mundo digital no todos son iguales o, para decirlo de otro modo, que hay algunos que son “más iguales” que los demás. Pero incluso aceptando que, salvo el “pequeño” detalle apenas mencionado, las redes sociales permiten una debate público más incluyente, las mismas carecen de otros dos elementos de los que depende una auténtica discusión democrática: por un lado, la existencia de un mínimo de información sobre los asuntos a discutir que se encuentre al alcance de todos y que permita, en consecuencia, que exista un mínimo plano de interacción y entendimiento (porque de otro modo esa discusión se vuelve un auténtico diálogo de sordos, probablemente estridente e improductivo) y, por el otro, que todos los que intervienen en esa discusión asuman de manera responsable su participación en la misma (y ello significa asumir que la discusión tiene un mínimo de reglas para ser ordenada y que las opiniones vertidas tienen una serie de consecuencias de las que cada uno debe hacerse cargo). Ninguna de estas dos características adicionales de un debate democrático está garantizada por las redes sociales, al contrario; de un lado, en la mayoría de los casos las discusiones que se dan en ellas son desordenadas, sin presentar ni sustentar opiniones en información verificada, a partir de puntos de vista más emocionales que objetivos, con más estridencia y descalificaciones que con argumentos. De otro lado, es frecuente que los participantes en una discusión eludan cualquier tipo de responsabilidad democrática en la misma, al amparo del anonimato que las propias redes permiten (cuando no son incluso participantes falsos producto de mecanismos robotizados de interacción en esos espacios). *** Todo lo anterior supuso para el INE definir una serie de estrategias que le permitieran, sin perder de vista el complejo y diverso entorno comunicacional, ser efectivo en su propósito de explicar de manera clara, oportuna y efectiva la serie de procesos técnicos y operativos, así como las decisiones con las que se construye, paso a paso, una elección en nuestro país. El ecosistema informativo en el que el INE debía comunicar y dar a conocer a todo el país el desarrollo de la elección, en todas sus etapas y complejidades, exigió, como mencionamos anteriormente, un cambio de enfoque: partir de la concepción de que la gran complejidad del sistema electoral mexicano debía ser desmenuzada y explicada a toda la ciudadanía —y a todos los actores políticos y sociales, incluyendo a los medios de comunicación— con claridad y sobre todo con un muy afinado sentido de oportunidad y, en la medida de lo posible, de anticipación. En particular, el INE tuvo que resolver una cuestión: ¿cuál sería el enfoque con el que enfrentaría el desafío que representaban las estrategias de desinformación intencionada, particularmente las que se desplegaban en el entorno digital? La solución implicaba dos posibles alternativas: por un lado, tratar de regular la información difundida en medios (tradicionales y digitales) y redes sociales digitales, a través del establecimiento de prohibiciones y sanciones a aquellas prácticas perniciosas —como había venido ocurriendo en algunos países, como Francia, China, Egipto, Vietnam, Tailandia, entre otros, en donde las noticias falsas y la desinformación intencional durante los procesos electorales han llegado incluso a criminalizarse—, lo que, sin embargo, podría derivar en restricciones indebidas al ejercicio de la libertad de expresión. O bien, por otro lado, tratar de confrontar la desinformación que se difundiera sobre las elecciones con información es decir, con una explicación puntual, oportuna y veraz del proceso electoral, sus etapas, tiempos, actores y responsables. El INE tuvo claro desde un inicio que esta segunda opción era la más adecuada y que debía instrumentarse no de manera aislada, sino de forma articulada y sumando esfuerzos coordinados con diversos actores sociales.

Fue así como el INE construyó una estrategia comunicacional estructurada en torno a dos pilares: en primer lugar, la articulación de una narrativa de la elección basada en el desarrollo de una serie de eventos sucesivos articulados en lo que se denominó la “cadena de confianza” del proceso electoral y, en segundo lugar, el despliegue de una política de comunicación basada en un esfuerzo de pedagogía pública, inédita por parte del INE. La así llamada cadena de confianza es, en síntesis, el conjunto de etapas, decisiones y actividades a cargo del INE que están mandatadas por la legislación electoral y que tienen el propósito de que la elección pueda llevarse a cabo desplegando paso a paso todas las garantías y salvaguardas para que haya una contienda electoral justa, equilibrada, apegada a derecho y en la que el voto libre por parte de la ciudadanía pueda ejercerse sin cortapisas, así como el efectivo y cierto conteo de dichos votos para definir quiénes ocuparán los cargos electivos de gobierno y de representación política. Así, cada una de esas actividades constituye un eslabón de esa cadena que debe cerrarse perfectamente para poder dar paso al siguiente, en un proceso paulatino y escalonado de etapas ciertas y definitivas sobre las que se edifica todo el proceso electoral y que tienen el propósito de evitar fraudes en las elecciones. La idea o concepto de cadena de confianza tuvo como fin dar un sentido lógico y narrativo a ese conjunto de etapas y decisiones para facilitar su comunicación y explicación a la ciudadanía. El número de actividades, actores, procesos, decisiones y fechas que tienen lugar en un proceso electoral federal es de tal magnitud (resultado de décadas de evolución del sistema electoral con el propósito de inyectar certeza en las elecciones e inocular la endémica desconfianza que prevalece) que resultaba necesario articular una narrativa que ordenara y facilitara la explicación y comprensión de los vericuetos y recovecos del sistema electoral nacional. El concepto de cadena de confianza fue uno de los principales recursos empleados para ello. El otro pilar de la estrategia de comunicación del INE de cara a la elección de 2018, y que es consustancial al enfoque del que también surgió la idea de la cadena de confianza, fue el despliegue de un intenso esfuerzo de pedagogía pública para explicar y difundir, de forma sencilla y por todos los medios disponibles, pero con atención especial a las redes sociales digitales, el “ABC” de las elecciones. Hacer pedagogía pública de la elección implicó para el INE no sólo informar con efectividad y abonar así a la credibilidad y confianza en la elección; significó también apoyar la construcción de un ecosistema informativo que favoreciera la calidad de la información generada por otros actores y elevara el costo social de desinformar de manera intencionada. El INE también reconoció que debía adaptarse al cambio generacional y de dinámicas comunicacionales: explicar los procesos básicos de la elección no podía hacerse sólo con instrumentos tradicionales como entrevistas, comunicados o ruedas de prensa. Para ello, el INE desplegó una amplia estrategia de difusión en medios digitales y especialmente en redes sociales: desde la grabación de breves videos hasta la participación en entrevistas y difusión de actividades por medio de Facebook Live, pasando por la explicación de conceptos electorales y democráticos básicos a partir de infografías, mecanismos interactivos y breves cápsulas informativas, llegando incluso a utilizar breves piezas musicales de rap. Para decirlo en breve, el INE tuvo que adecuar el lenguaje y la forma de comunicar para tener acceso a los medios de comunicación actuales y transmitir los mensajes que debía difundir con claridad y oportunidad a una población con un perfil de acceso a medios muy diferente al de elecciones previas. Desde el inicio del proceso electoral federal, en el INE se tuvo claro que las estrategias de desinformación deliberada (las genéricamente llamadas fake news), que de forma intencionada difunden masivamente información que se sabe falsa para generar confusión entre el público e influir o manipular actitudes, creencias o preferencias de los ciudadanos hacia candidaturas, instituciones y gobiernos, eran un riesgo latente a la luz de lo que había ocurrido de manera incluso disruptiva en los procesos electorales recientes en todo el mundo, y ello imponía definir y planear acciones institucionales bien estructuradas para hacerles frente. El riesgo de no definir y echar a andar estrategias para contrarrestar las prácticas de desinformación intencionada que buscaran afectar el contexto informativo del que se nutriría la elección era que éstas podían llegar a trastocar la confianza en las instituciones comiciales y, al final, incluso en los mismos resultados electorales. Dicha estrategia se articuló sobre la base de tres grandes ejes que tenían el propósito de generar un terreno adverso para la proliferación de la desinformación y las verdades a medias o mentiras en toda forma que se generaran durante el proceso electoral tratando de afectar la integridad del mismo. Se trató de tres mecanismos que buscaban, en consecuencia, potenciar la generación y difusión de información cierta y verificada tratando de maximizar su impacto y contrarrestar el potencial nocivo de las noticias falsas. En suma, se buscó concretar la estrategia de combatir la desinformación con información (que, a la postre, en el plano internacional se identificaría como el “modelo mexicano de combate a la desinformación”). Es importante señalar que los esfuerzos institucionales que suponían dicha estrategia estaban centrados en contrarrestar aquella información errónea relacionada con la organización del proceso electoral o con la actividad del INE, no respecto de los partidos, coaliciones o candidatas y candidatos, para evitar cualquier acusación de parcialidad por parte de la autoridad electoral. En todo caso, el INE

conocería de eventuales acusaciones relacionadas con los contendientes a través de las quejas que se presentaran durante la contienda electoral en las que le correspondía ejercer una función arbitral. Por otra parte, cada uno de los tres ejes que integraban la mencionada estrategia estaba, además, estrechamente engarzado con el enfoque de pedagogía pública y la construcción de la cadena de confianza como recurso narrativo y comunicacional. Dichos ejes fueron: a) establecer alianzas con los gestores de las redes sociales digitales de mayor penetración en el país; b) promover y respaldar las iniciativas que desde la sociedad y los medios de comunicación se hicieran para verificar información, y c) aprovechar el despliegue territorial del INE durante la jornada electoral (el momento más delicado de todo el proceso comicial) para generar insumos informativos verificados para contrarrestar la desinformación que se generara a lo largo de la misma. Los convenios con Facebook, Twitter y Google La decisión de firmar convenios de colaboración con los gestores de las tres principales plataformas de redes sociales a nivel global fue inédita. En efecto, el INE fue la primera institución electoral en el mundo en hacerlo y sentó un precedente en esta materia.25 La relación con los gestores de las plataformas digitales no era nueva. Con Google, por ejemplo, el instituto había tenido colaboración desde 2009 para permitir que los electores pudieran ubicar las casillas que les correspondían a través de las herramientas de geolocalización que ofrece su plataforma, o bien para utilizar sus páginas de búsqueda para promover el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía, por no hablar de que algunas quejas que el IFE, y después el INE, conoció habían implicado la suspensión de promocionales que se alojaban en la plataforma de videos YouTube. Por otra parte, con Facebook y con Twitter desde años atrás el INE había sostenido comunicación para solicitarles información relacionada con pagos para la promoción de mensajes en sus respectivas plataformas, ello en el marco de las investigaciones relacionadas con la fiscalización de las campañas electorales o de los ingresos y gastos de los partidos políticos. De ese modo se tomó la decisión de construir alianzas con los principales gestores de redes sociales para potenciar la información que el INE quería colocar de cara a la elección de 2018, para poder enfrentar con mayor precisión y contundencia los casos de desinformación que se enfrentaran, y para generar mejores condiciones para el ejercicio del voto libre (que por definición no es sólo aquel que se ejerce en ausencia de coacción o condicionamientos externos, sino también el que se sustenta en información suficiente, puntual y oportuna). Los estudios disponibles revelaban con claridad en qué dirección tenía que enfocar sus esfuerzos el INE: en 2018 México era un país en donde, si bien había sectores importantes de la población que no estaban interconectados —y lo siguen estando—, el acceso a internet estaba entonces al alcance de dos de cada tres personas (de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía —Inegi—, en 2018 había 74.3 millones de personas, 65.8% del total de la población mayor a seis años, que eran usuarios de internet);26 dichos usuarios estaban conectados a la red por más de ocho horas diarias en promedio;27 86.9% de esos usuarios utilizaba la red para obtener información y 77.8% para conectarse a alguna red social.28 De entre éstas, Facebook era la que tenía un peso mayor entre los usuarios de redes sociodigitales al alcanzar a un 98% de éstos, YouTube (administrada por Google) 82% y Twitter 49 por ciento.29 El primero de los convenios se firmó con Facebook el 3 de febrero de 2018 luego de varios meses de interlocución con sus directivos en México, Estados Unidos y su sede de Irlanda. En virtud de éste se desarrollaron las siguientes actividades conjuntas: 1) Apoyo en la difusión de la convocatoria para que la ciudadanía eligiera los temas a tratarse en el tercer debate presidencial, así como recepción de propuestas y análisis de los resultados. 2) Capacitación para instrumentar adecuadamente las transmisiones de Facebook Live mediante las cuales funcionarios del INE atendieron dudas de la ciudadanía. 3) Habilitación del botón “Elector Informado”, herramienta cívica de Facebook que permitía redirigir al usuario a las plataformas del INE, donde se podía encontrar información útil sobre la jornada electoral. 4) Instrumentación del “Megáfono Electoral”, herramienta que buscaba promover la participación ciudadana mediante el voto recibiendo una alerta por parte de la red social el 1 de julio de 2018 invitándolos a votar y a compartir que ya habían ejercido ese derecho ciudadano. 5) Capacitación al personal del INE que monitoreaba las redes sociales con el propósito de identificar y contrarrestar información incorrecta que, por su rápida diseminación en el ámbito digital, podía resultar nociva para el adecuado desarrollo del proceso electoral. 6) Transmisión de los tres debates presidenciales. 7) Transmisión de las tres cadenas nacionales del presidente del INE durante la jornada electoral.

8) Organización de talleres con medios nativos digitales sobre temas electorales, y sobre mecanismos y habilidades para detectar información imprecisa o falsa, lo que incluyó la difusión de la serie #ABCElectoral, mediante la que se explicaba el concepto de cadena de confianza y las actividades que el INE desarrollaba en la organización de la elección. 9) Potenciación de la difusión de los materiales informativos sobre el proceso electoral realizados por el INE. 10) La instalación de un espacio de transmisión en directo desde las instalaciones del INE en el marco de la llamada “Feria de medios”, para ser utilizado por medios nativos digitales. 11) Facilitar y agilizar los mecanismos de información relacionada con los gastos electorales de partidos y candidaturas en el marco de la fiscalización a cargo del INE.30 Segundo interludio: El INE, las redes y la crítica Cabe señalar que la decisión de suscribir convenios con las plataformas de redes sociales —en particular con Facebook— suscitó algunas críticas en la opinión pública, pues si bien en general se reconoció el esfuerzo que el INE estaba realizando, hubo quien señaló que el instituto había pecado de “inocencia” al apostar por establecer alianzas con empresas con pocos escrúpulos y compromiso democrático.31 Las críticas que se enderezaron contra el INE se centraron en tres argumentos centrales: en primer lugar, que el convenio no aportaba nada y no hacía mención alguna al combate a las noticias falsas (fake news), sin embargo, ese reproche olvidaba que la estrategia de combate a la desinformación que el INE buscaba instrumentar y que había acompañado el anuncio de la firma del convenio mencionado (así como los que se negociaban con las otras plataformas), implicaba generar información precisa, oportuna y debidamente dirigida a los usuarios de redes sociales como la manera de contrarrestar la información falsa o distorsionada que circulara en las redes y no la supresión de los mensajes que la difundieran. En efecto, el convenio no hacía una referencia específica a las noticias falsas, pero toda la lógica de maximizar la capacidad de difusión del INE a través de las plataformas de las redes sociodigitales perseguía ese propósito. En segundo lugar, se criticó que el INE hubiera suscrito un acuerdo con las redes, en primera instancia con Facebook, en un momento en que las mismas estaban siendo objeto de una serie de críticas por su rol durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, cuando las estrategias de desinformación y, en particular, la presunta injerencia rusa en dichos comicios habían aprovechado la penetración de las redes sociales para incidir en las preferencias de los electores y su “compromiso democrático” se encontraba en entredicho. En específico se acusaba que el INE, de manera “incauta”, estaba siendo funcional a las estrategias de las empresas que gestionaban las redes sociales para tratar de recuperar credibilidad pública, sin obtener nada a cambio. En ese sentido vale la pena comentar que para nadie era una novedad que desde un par de años atrás había una discusión global sobre el potencial disruptivo que las redes sociales estaban teniendo en el marco de los procesos electorales en el mundo, y que ello había potenciado las críticas a las mismas; sin embargo, nadie podía negar la creciente penetración que alcanzaron las redes sociales y la potencia comunicativa que éstas tenían, así que, en la lógica de maximizar el alcance de la información relacionada con las elecciones, era normal y natural que el INE, como estaba ocurriendo con prácticamente todas las autoridades electorales del mundo, buscara establecer un entendimiento con las plataformas que las gestionaban. No es casual, en efecto, que siguiendo el primigenio ejemplo del INE, en los meses posteriores a las elecciones mexicanas de julio de 2018 un sinnúmero de autoridades electorales de América Latina siguieran esos pasos y establecieran convenios con las principales empresas administradoras de redes sociales (como ocurrió con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el Tribunal Electoral de Panamá, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y la Cámara Nacional Electoral de la Argentina, entre muchos otros). En tercer lugar, se acusó al INE de no transparentar la información y ocultar los verdaderos propósitos del convenio con Facebook, en virtud de que en el mismo se incluía una cláusula de confidencialidad para las partes. En una lógica propia de las teorías de la conspiración, se intentó levantar la sospecha sobre la autoridad electoral de haber llegado a algún arreglo oscuro con su contraparte. En realidad las cosas eran mucho más sencillas de lo que se suponía, como tuvo que explicar el INE para desmontar esas sospechas: al tratarse de una empresa estadounidense, a pesar de tener filiales en varios países, resultaba natural para Facebook incluir dicha cláusula en el convenio, sin embargo, a petición del INE, se incluyó en la misma que la única salvedad era que dicha confidencialidad no contraviniera las normas o las leyes que obligaban a las partes, y al estar sujeta al principio constitucional de máxima publicidad la autoridad electoral mexicana no estaba en condiciones de reservar la información de ese convenio específicamente, razón por la cual se hizo público en sus términos. Lo que estaba ocurriendo en realidad es que la irrupción y el crecimiento exponencial de las redes sociales estaba generando en el mundo una cada vez mayor transferencia de gastos de publicidad desde los medios tradicionales de comunicación (prensa, pero sobre todo radio y televisión) hacia los entornos digitales, lo que llevó a que el convenio con Facebook (la red social con mayor penetración en México y

en el mundo) fuera cuestionado, en gran medida, por la encarnecida batalla comercial que se estaba dando respecto de los ingresos por concepto de publicidad. Sin embargo, apenas unas semanas después de haber suscrito el convenio con Facebook, a mediados de marzo de 2018, se hizo público un suceso que enrareció aún más el ambiente. Me refiero al notorio escándalo que provocó la revelación, hecha por algunos connotados diarios de peso internacional (como The New York Times y The Guardian), de que la compañía británica Cambridge Analytica había utilizado la información personal de millones de usuarios de esa plataforma digital, relacionada con sus aficiones y preferencias, puesta a su disposición por Facebook presuntamente con fines académicos, para generar anuncios políticos diferenciados y dirigidos de manera específica a esos usuarios para tratar de incidir en sus preferencias electorales durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Con ello se violaron no sólo las reglas de uso de dicha red social, sino también las normas de diversos países sobre la privacidad de datos personales. El escándalo adquirió tales proporciones que incluso la empresa y sus directivos fueron llamados a comparecer por diversas comisiones de investigación parlamentarias en Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo anterior avivó los cuestionamientos públicos de algunos a la decisión del INE. Incluso hubo quien intentó sugerir que el convenio que el instituto había suscrito, dada la mencionada cláusula de confidencialidad antes mencionada —y que, como señalamos, no tenía ningún efecto práctico—, en realidad podía implicar la entrega de información personal de los ciudadanos mexicanos bajo resguardo del INE a Facebook,32 lo cual, además de haber sido ilegal, era falso y evidenciaba los intentos de desprestigiar a la autoridad electoral que algunos emprendieron. Más aún, el 21 de marzo de 2018, justo antes de inaugurar el foro “Mejorando la conversación electoral: Alternativas para combatir la desinformación”, que el INE organizó junto con el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, algunos en la presidencia del INE tuvimos conocimiento de que estaba por difundirse la noticia falsa de que el mencionado convenio había implicado la entrega a Facebook de los datos del padrón electoral. En tal virtud, se decidió aprovechar la importante cobertura mediática que estaba teniendo la inauguración del mencionado foro para desmentir anticipada y oportunamente esa eventual noticia errónea con la idea de desactivarla o restarle su potencial efecto nocivo. En mi intervención en la inauguración del evento mencioné: “Hemos tenido conocimiento de que justo el día de hoy estamos, probablemente, en vísperas de un evento de desinformación masiva, intensiva, que busca desacreditar a las autoridades electorales, concretamente al Instituto Nacional Electoral, y eventualmente, no sé con qué propósito, generar confusión en el proceso electoral más grande de nuestra historia”. Y más tarde, en una rueda de prensa insistí: “Hemos sabido que [se busca] plantear que en México los datos que custodia celosamente el Instituto Nacional Electoral, es decir los datos del padrón electoral, están siendo puestos a disposición de esa plataforma social, lo cual es, lo digo con todas las letras y con mucho énfasis, categóricamente falso. El convenio que se ha suscrito con Facebook […] tiene el único propósito de generar información validada por el Instituto Nacional Electoral que pueda ser colocada oportunamente dentro de la plataforma de Facebook para poder contrarrestar una eventual desinformación que ocurre en las redes”.33 *** El segundo de los convenios suscritos por el INE fue el memorándum de entendimiento con Twitter, el cual se firmó el 23 de marzo de 2018 y con base en el mismo se pactaron las siguientes actividades coordinadas con el INE: 1) La transmisión a través de Periscope de los tres debates presidenciales, lo que supuso la primera vez que eventos de ese tipo se difundieran a través de esa herramienta. 2) La instrumentación de una página (llamada LEX) mediante la cual, durante los debates presidenciales, los usuarios de esta red social pudieron acceder a contenido concentrado sobre esos eventos que incluía comentarios de periodistas, videos y diversos materiales multimedia. 3) Maximización de la información que el INE generó sobre los momentos y eventos más importantes del proceso electoral. 4) Capacitación a medios de comunicación —particularmente medios digitales— y al personal del INE sobre las mejores maneras de identificar en esta red social información falsa o incorrecta, su potencial efecto disruptivo a partir de su grado de diseminación y las mejores prácticas para potenciar la información del INE enfocada a contrarrestar sus efectos. 5) La difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a través de Periscope. 6) La creación de hashtags específicos para ordenar y promover la discusión en Twitter tanto de los debates presidenciales como del proceso electoral (por ejemplo: #DebateINE, #Elecciones2018 o #EleccionesMéxico). 7) La transmisión de las tres cadenas nacionales que realizó el presidente del INE durante el 1 de julio de 2018.

8) La colocación de una pantalla específica en la macrosala de prensa en el INE durante la jornada electoral para que los periodistas pudieran seguir la conversación en la red a lo largo del día de la elección. 9) Difusión de diversos materiales digitales de información sobre el proceso electoral del INE. 10) Entrega de toda la información relacionada con gastos para promocionar mensajes relacionados con partidos políticos o candidaturas para efectos de las tareas de fiscalización de las campañas electorales a cargo del INE.34 Finalmente, el 27 de marzo de 2018 el INE signó un convenio de colaboración con Google en el que se pactaron las siguientes actividades: 1) La transmisión de los tres debates presidenciales a través de YouTube. 2) La difusión de la información relacionada con el proceso electoral por parte del INE, así como la capacitación del personal del instituto para permitir que los contenidos que dicha institución generaba lograran tener lugares preponderantes en las búsquedas de Google. 3) La posibilidad de que la ciudadanía pudiera ubicar la casilla en la que le correspondía votar a través de la herramienta Google Maps. 4) La difusión en tiempo real del avance del PREP a través de YouTube. 5) La activación del botón #VotoInformado que permitía a los usuarios de las plataformas administradas por Google ser redirigidos a un micrositio del INE en donde podían obtener información útil relacionadas con la emisión del voto, las candidaturas registradas, así como la difusión de los resultados electorales. 6) Capacitación al personal del INE respecto de maneras para incrementar la audiencia de los debates presidenciales. 7) La difusión de noticias, información y materiales digitales elaborados por el INE. 8) Entrega de la información necesaria al INE para conocer el gasto realizado en las plataformas de Google para la promoción de partidos y candidaturas para una puntual y exhaustiva fiscalización de las campañas por parte de la autoridad electoral.35 Los resultados de la colaboración con las plataformas de redes sociodigitales están a la vista. Un hecho destacable es que por primera vez se transmitieron en directo y a través de las redes sociales los tres debates presidenciales organizados por el INE durante la campaña, las tres cadenas nacionales transmitidas el día de las elecciones a cargo de la presidencia del INE, así como el PREP de las elecciones federales. Por lo que hace a la audiencia de los debates presidenciales a través de las redes sociales, se lograron alcances notables: un total de casi 20 millones de personas los siguieron a través de las transmisiones que realizaron las distintas plataformas.36 Por su parte, la tercera cadena nacional en la que la presidencia del INE dio a conocer los resultados del conteo rápido de la elección presidencial la noche del 1 de julio de 2018 alcanzó una audiencia de 2.6 millones de personas a través de las redes sociales. Gracias a los mencionados convenios de colaboración, el INE pudo potenciar la difusión de información a través de múltiples formatos (videos, breves cápsulas de entrevistas, infografías, datos relacionados con la organización o las cifras de la elección, etc.), así como publicar desmentidos relativos a información falsa o incorrecta para generar condiciones informativas que permitieran generar certeza en torno a la elección y sus resultados, así como condiciones que permitieran el ejercicio del voto libre (en cuanto informado) por parte de la ciudadanía. En suma, las redes se convirtieron en un útil mecanismo para desplegar la pedagogía electoral con la que se buscaba informar oportunamente del desarrollo del proceso comicial, incluyendo la jornada electoral y los ya mencionados resultados preliminares de la elección federal (tanto a través del PREP como del conteo rápido). #Verificado2018 El segundo eje de la estrategia comunicacional del INE consistió en apoyar y facilitar la coordinación y concreción de esfuerzos que desde la sociedad civil, en particular desde algunos medios de comunicación (principalmente algunos que operaban portales informativos digitales), para verificar información. El resultado más notorio e importante, fue #Verificado2018. Se trató de una iniciativa, inédita en el país, encabezada por los medios digitales AJ+ Español, Pop-Up Newsroom y Animal Político, los cuales congregaron a más de 60 medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y universidades (como la Universidad de la Comunicación, que proporcionó su sede para que fungiera como centro de operaciones del proyecto) o centros educativos especializados en ciencias de la comunicación.37 El objetivo de #Verificado2018 era enfrentar las noticias falsas, las promesas irrealizables y las críticas sin fundamento con las herramientas y las mejores prácticas de la actividad periodística, es decir, con investigación y búsqueda de la verdad para ofrecer sus resultados al público.

Si bien la iniciativa no nació en el seno del INE, sí fue apoyada desde sus orígenes desde el instituto. La idea de verificar y validar la veracidad de la información que se generaba y difundía durante el proceso electoral de manera pública (lo que ante la profusión de la desinformación y el fenómeno de las fake news se ha denominado fact checking) por actores distintos a la autoridad electoral no podía sino coincidir y potenciar el propósito del INE de hacer de la de 2018 la “elección más explicada de la historia”, razón por la cual, desde sus inicios, desde el instituto vimos con simpatía el proyecto #Verificado2018 y nos convertimos en facilitadores y promotores del mismo. Conscientes de la necesidad de que se tratara de una iniciativa autónoma e independiente en cuanto a sus decisiones y tareas de verificación respecto de las autoridades electorales, pero también de que esa labor requería de la puesta a disposición de los insumos, materiales, información, explicaciones y documentación oficial necesarios para llevarse a cabo de manera oportuna y eficaz, el INE (y también el TEPJF, por su parte) manifestó su pleno respaldo y estableció vínculos con los impulsores de #Verificado2018 desde los orígenes mismos del proyecto. Así, por una parte, se establecieron mecanismos específicos para hacer de su conocimiento aquella información, dichos y noticias falsas o distorsionadas que se identificaran durante el periodo electoral a partir del monitoreo de medios tradicionales de comunicación y de las redes sociodigitales y que requirieran ser sometidas a un “test de veracidad” en virtud de su potencial nocivo y disruptivo y, por otra parte, se pusieron a su disposición, de manera puntual, todos los insumos necesarios que el INE tuviera a su alcance para que pudiera realizarse la tarea de verificación y validación correspondiente. #Verificado2018 tuvo tres virtudes fundamentales que determinaron su éxito en cuanto a la labor que realizaron y el impacto que tuvieron. En primer lugar, no se trató de una iniciativa institucional y mucho menos partidista, sino que provino de la sociedad civil organizada y del periodismo independiente. Ello le permitió desde sus inicios desvincularse de toda postura política, no ser acusada de algún sesgo o de tener alguna intencionalidad determinada de apoyar o favorecer con su trabajo ciertos intereses y, en ese sentido, fue públicamente asumida como un ejercicio plural y neutral comprometido exclusivamente con la tarea de contribuir a generar información cierta y no a expresar o representar determinadas opiniones políticas o ideológicas. Si bien se tuvieron vínculos permanentes y estrechos con las autoridades electorales —el INE y el TEPJF, en primera instancia—, que resultaban indispensables para cumplir con su misión, #Verificado2018 no se planteó y nunca fungió como una vocería externa de las mismas. En buena medida en esta primera característica radicó una parte importante del éxito alcanzado por este ejercicio periodístico: su firme decisión de mantener una distancia prudente de instituciones y actores políticos, pero conservar siempre la comunicación con todos para recabar la información necesaria para cumplir efectivamente con su propósito. En segundo lugar, se trató de una iniciativa que no dependía ni orgánica ni editorialmente de un medio de comunicación determinado, ni siquiera de aquellos que habían confluido inicialmente en desarrollarla y promoverla. De este modo, nadie podía sostener que las labores de “chequeo de información” que realizaron tenía algún sesgo editorial vinculado a los intereses o puntos de vista de algún medio de comunicación determinado (como sucede, por el contrario, con los ejercicios de verificación de algún medio específico, como ocurre, siguiendo un ejemplo recurrente, cuando los seguidores demócratas en los Estados Unidos ven con desconfianza los fact checking realizados por FOX News —medio clara y abiertamente orientado hacia el Partido Republicano—, o los simpatizantes republicanos respecto de los que hace CNN —que sostiene una línea editorial más cercana al Partido Demócrata—). Al contrario, al ser una labor llevada a cabo por periodistas comprometidos con una iniciativa independiente de los medios tradicionales y que habían sido capacitados específicamente para hacer una tarea de investigación y de verificación a partir de las mejores prácticas internacionales en la materia, las notas verificadas o desmentidas por #Verificado2018 terminaron por convertirse, en virtud de su legitimidad y peso, en un punto de referencia para los medios de comunicación tradicionales. Finalmente, en tercer lugar, #Verificado2018 tuvo la gran virtud y tino de plantearse con una temporalidad y propósito específicos: operó desde el 12 de marzo hasta el 9 de julio de 2018. Es decir, desde unos días previos al arranque de las campañas electorales, durante éstas y hasta el término de las tareas de cómputo de los resultados por parte del INE (incluyendo las tareas de verificación en tiempo real de los dichos y afirmaciones de los candidatos que realizaron durante los tres debates presidenciales). De este modo, su tarea se centró en constatar la información relacionada con la competencia electoral con el propósito de generar insumos periodísticos que permitieran un ejercicio del voto libre —y por ello informado— y con la organización de la elección y la generación de los resultados oficiales para contribuir a legitimar el ejercicio democrático que representan los comicios, pero no se ocuparon de cubrir la etapa litigiosa del proceso electoral en la que inevitablemente la cobertura noticiosa, dados los intereses que subyacen a las impugnaciones electorales, tiende a ser leída a partir de posturas de parte. En ese sentido, la percepción de neutralidad en los trabajos de #Verificado2018, que era determinante para poder cumplir efectivamente su propósito, dependía en gran medida de ser un ejercicio acotado a un cierto periodo no permanente. A lo largo de los casi cuatro meses de actividad, #Verificado2018 realizó la verificación o desmentido de 400 notas informativas, se produjeron 50 videos que tuvieron un millón de vistas, la página web de la iniciativa (https://verificado.mx) tuvo 5 millones de visitas, alcanzaron 10 mil suscriptores en su cuenta de WhatsApp y tuvieron más de 200 mil seguidores en Twitter y Facebook.

Proyecto Certeza 2018 El tercer eje de la estrategia de comunicación del INE para contrarrestar las noticias falsas y la desinformación fue el proyecto que denominamos Certeza 2018. Se trató de un sistema informático y organizativo desarrollado y desplegado por el INE de cara a la jornada electoral del 1 de julio de 2018 para operar durante la misma, mediante el cual se construyó un mecanismo de monitoreo de noticias falsas durante el día de los comicios, de generación de información validada para contrarrestar las noticias falsas que se identificaban y de difusión pública de los datos verificados que se generaban. Como es evidente, la jornada electoral es el momento en el cual confluyen todos los esfuerzos de organización que despliega a lo largo de nueve meses el INE conforme a las etapas, plazos y actividades establecidas en la ley electoral; es el día en el que millones de ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto luego de meses de campañas electorales y en el que se define, a partir del sentido de esos sufragios, la integración de los órganos electivos de gobierno y de representación popular. Se trata del momento culminante y, por ello, más delicado de todo proceso electoral. En el mismo, cualquier problema inevitablemente adquiere un peso determinante y, en consecuencia, de la capacidad del INE de atenderlo y resolverlo depende que éste no tenga un efecto disruptivo ni lesivo para el buen desarrollo de la elección. En esa virtud, el instituto desplegó una estrategia que le permitiera identificar de manera rápida y oportuna información falsa relacionada con el desarrollo de la jornada electoral y tener una reacción inmediata para minimizar los riesgos que su propagación supusiera. Certeza 2018 fue, en consecuencia, un proyecto que se sustentó en un modelo de gestión de información y generación de evidencia a partir de la identificación de necesidades de información ante noticias falsas con potencial disruptivo. Su operación se articuló en cinco momentos sucesivos que, eventualmente, se iban concretando de manera consecutiva y concatenada: 1) El primer momento consistió en la tarea de escucha de la conversación pública tanto en redes sociales como en el monitoreo permanente que el área de comunicación social del instituto realizaba de los medios de comunicación convencionales, para identificar la información potencialmente falsa que se generara durante la jornada electoral. Esta labor estaba a cargo de un conjunto de monitoristas y supervisores del INE expresamente capacitados para darle seguimiento a la discusión que se generaba en los diversos ambientes comunicacionales, con el propósito de ubicar eventuales noticias falsas y darles un seguimiento puntual para determinar su capacidad de dispersión y, por ende, su potencial efecto nocivo. 2) En un segundo momento se procedía a hacer un análisis de la información, caso por caso, para definir su eventual alcance y gravedad por su posible merma en la confianza que debía permear en el desarrollo de la jornada electoral. El propósito de ese análisis específico de cada noticia falsa era determinar si y cómo debía contrarrestarse y, en su caso, a través de qué medio y con qué argumento. 3) En una tercera fase se realizaba la verificación, propiamente dicha, de la información que se buscaba desmentir y se validaba la ruta sugerida en el momento anterior para contrarrestarla. 4) Un momento posterior, el cuarto en la ruta crítica diseñada en este procedimiento, servía para recabar e integrar la evidencia documental o normativa que fuera necesaria para realizar el desmentido correspondiente. 5) Finalmente, una última etapa de este procedimiento consistía en la comunicación y difusión de las aclaraciones respectivas que permitieran desestimar la veracidad de la información falsa que buscaba contrarrestarse, acompañando las mismas de todos los elementos y evidencias que fueran necesarios para tal efecto. Vale la pena señalar dos características adicionales del proyecto Certeza 2018. La primera es que en las semanas previas al día de la elección se estableció contacto con los diversos medios de comunicación para poner a su disposición el servicio que este programa proveía. La idea fue que Certeza 2018 fuera un servicio público a disposición de cualquier espacio noticioso para propiciar un contexto informativo durante la jornada electoral en el que el voto pudiera ejercerse en libertad y en un ambiente de certeza y, por ende, de confianza generalizada. De esa manera se convino con diversos medios de comunicación que en el momento en que tuvieran conocimiento de alguna noticia cuya veracidad fuera dudosa, o bien cuando necesitaran de alguna aclaración respecto de algún evento o suceso relacionado con la elección, contaran con una comunicación directa con el grupo de trabajo encargado de operar Certeza 2018 para que en cuestión de minutos pudieran tener una respuesta confirmando o desmintiendo la información sobre la que podía existir alguna duda de su parte. Ello nos sirvió, además, para multiplicar la capacidad de monitoreo de información errónea y potencialmente disruptiva, al involucrar en dicha supervisión del ecosistema comunicacional a una multiplicidad de actores. En segundo lugar, Certeza 2018 aprovechó la capacidad del despliegue de campo que el personal del INE realizaba durante la elección y el despliegue tecnológico que el mismo suponía para poder operar de manera más pronta y eficaz. Ya hemos señalado que para poder operar la elección en todo el país el INE había contratado a un poco más de 45 mil personas que fungieron como CAE o SE, quienes a lo largo de los meses previos a la jornada electoral habían visitado para notificar y capacitar a los millones de ciudadanos insaculados de donde se designaron a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y que durante el día de la elección fungían como asistentes de los órganos receptores del voto. A cada uno de los CAE y SE el INE los había provisto de un teléfono inteligente específicamente dedicado a la comunicación institucional y a recabar, a través de una serie de diversas aplicaciones instaladas en

dichos dispositivos, datos correspondientes a la capacitación electoral (a lo largo de los meses previos a la elección), y a los diversos sistemas de información que operaron durante el día de los comicios (como el Sistema de Información de la Jornada Electoral —SIJE—, que recopila los datos de la instalación y operación de las casillas, así como de eventuales incidentes y las soluciones recaídas a los mismos durante la elección, o bien el PREP y el conteo rápido, entre otros). El hecho de que cada uno de esos funcionarios estuviera provisto con esos teléfonos implicaba también que el INE contaba con una capacidad para documentar a través de fotografías y videos los hechos que pudieran estar ocurriendo en los centros de votación de todo el país y enviarlos para su eventual difusión en tiempo real. Es decir, el INE disponía a través de sus CAE y SE de una capacidad para generar información gráfica que permitiera documentar con evidencia tanto los percances que podían ocurrir como el buen andar de la elección. En ese sentido, Certeza 2018 implicó la construcción de un sistema informático que permitiera identificar a cada uno de esos 45 mil funcionarios en campo a partir de sus respectivas áreas de responsabilidad y establecer, si fuera necesario, una comunicación directa con cada uno de ellos para solicitarles que documentaran los hechos que pudieran estar ocurriendo durante la jornada electoral en las casillas, haciendo del conocimiento de esas eventuales solicitudes a todos los eslabones jerárquicos de la cadena de mando respectiva para que no se alterara ni la supervisión ni el control que debe existir a lo largo de toda la estructura del instituto para que la elección sea exitosa. Así, por ejemplo, se podía recurrir directamente al apoyo de algún CAE en algún lugar del país para confirmar y documentar algún incidente sin tener que pasar por la línea de mando correspondiente (es decir a través de las instancias estatales y distritales —y en última instancia el vocal de organización electoral del distrito respectivo—), pero manteniendo informada a la misma de dicha solicitud. Con ello se lograba combinar la agilidad y rapidez necesarias para confirmar o desmentir alguna información, con la necesaria disciplina y rigor organizativo indispensables para el buen desarrollo de la elección. Gracias a Certeza 2018, en la jornada electoral del 1 de julio se revisaron un millón 18 mil 754 tuits, de entre los que se identificaron 218 casos como información falsa y se analizaron mediante el mecanismo antes explicado para su probable atención, y finalmente se generaron 33 respuestas con los desmentidos y la evidencia correspondiente que fueron difundidos a través de los mecanismos de comunicación del INE. El modelo mexicano de combate a la desinformación La estrategia de comunicación desarrollada por el INE para hacer de la de 2018 “la elección más explicada de la historia” fue exitosa y logró consolidarse como un punto de referencia a nivel internacional y como un ejemplo de buenas prácticas para contrarrestar los riesgos de noticias falsas y de desinformación en las elecciones en tiempos de la llamada posverdad. Los meses que siguieron a las elecciones de julio de 2018 el INE fue invitado a compartir su experiencia con diversas autoridades electorales de América Latina de cara a sus procesos electorales (como Brasil en 2018, o Panamá, Guatemala, Uruguay y Argentina en 2019), o bien en el marco de los múltiples mecanismos de cooperación internacional, a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel), del Protocolo de Quito, de IDEA Internacional, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), así como de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros. Frente a los modelos que han apostado por esquemas de regulación y de establecimiento de prohibiciones de la conversación pública como una manera de combatir la desinformación y su efecto pernicioso para las elecciones y la convivencia democrática, el caso mexicano se convirtió en un punto de referencia de la lógica de enfrentar ese problema a partir de la generación y maximización de información cierta, clara y oportuna. En ese sentido, los convenios de colaboración que el INE suscribió con las plataformas de redes sociales fueron frecuentemente tomados como base de los acuerdos que diversas autoridades electorales (específicamente en América Latina) procuraron acordar con dichas empresas para confrontar los fenómenos de difusión de noticias falsas en el ámbito digital. De igual modo, la experiencia mexicana fue tomada en cuenta en la discusión y eventual revisión de varias de las políticas de uso por parte de las empresas gestoras de las redes sociales, por ejemplo, la decisión que Twitter tomó de prohibir la promoción pagada de los mensajes con contenido político que se difundían en su plataforma,38 o bien en la construcción de nuevas herramientas para la promoción de prácticas digitales democráticas (como el proyecto Soy Digital de Facebook, en el que el INE se ha convertido en una de las instituciones colaboradoras).39 Del mismo modo, la experiencia de la estrategia desplegada en 2018 ha implicado que el INE haya sido invitado a colaborar en una serie de iniciativas de organismos internacionales que han compilado sugerencias y buenas prácticas para enfrentar fenómenos de desinformación durante las elecciones con el fin de garantizar la integridad de los comicios. Algunos ejemplos de lo anterior son la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, que fue realizada con el apoyo del INE y que incluyó una serie de recomendaciones para los poderes públicos y las autoridades electorales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como para las empresas intermediarias, los partidos políticos, las empresas de telecomunicaciones, los medios de comunicación y periodistas, los verificadores, las empresas que comercian con datos con fines publicitarios, las universidades y los centros de investigación.40 Otro ejemplo es el documento Protegiendo la integridad electoral en la era digital, que fue el reporte realizado por la Comisión de Elecciones y Democracia en la Era Digital de la Fundación Kofi Annan, dedicado a analizar el fenómeno de la desinformación y su impacto en la calidad de las elecciones, en donde el caso mexicano de las comicios de 2018 fue analizado como una experiencia exitosa.41 Finalmente vale la pena señalar que junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el INE ha venido trabajando desde finales de 2018 en el tema de la alfabetización mediática informacional con el propósito de fortalecer el conocimiento entre la ciudadanía de las dinámicas de los medios de comunicación tradicionales y de los emergentes (como son los propios del entorno digital) para buscar, identificar, seleccionar y generar información que evite la retransmisión de datos no fundamentados, malintencionados o abiertamente falsos. Lo anterior se ha vuelto particularmente importante en tiempos en los que resulta de vital importancia a nivel global el combate de lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido como “infodemia”, es decir, el conjunto de informaciones y datos incorrectos, falsos y malintencionados relacionados con la pandemia de SARS-CoV-2. Entre otros resultados de ese trabajo conjunto se encuentra la concreción de un convenio de colaboración entre la UNESCO y el INE el 26 de octubre de 2020 para desarrollar proyectos en torno a temas de participación ciudadana.42 La transición a la democracia en el mundo fue un proceso largo y complejo que se concibió y evolucionó inicialmente en un contexto sin internet, sin redes sociales digitales. No obstante, hoy todas las instituciones públicas están obligadas a usarlas para potenciar sus canales de comunicación y ampliar el alcance de la pedagogía pública a la que están mandatadas las instituciones de Estado. Pero más allá del uso de las redes sociales, las autoridades electorales hoy en día están llamadas a convertirse en agentes activos en términos de comunicación, generando permanentemente información puntual, clara y oportuna para construir un contexto que contrarreste el surgimiento de noticias falsas que lleguen a generarse no en respuesta a éstas, sino de forma anticipada. Pero también debemos enfrentar, y el INE así lo asumió, el potencial uso tóxico que se puede hacer de las redes sociales digitales y de las herramientas de comunicación digital en general, para afectar la conversación pública y la deliberación informada, componentes torales de toda vida pública democrática. Los retos que está imponiendo la era digital a la recreación de la democracia son múltiples y transversales. Los sistemas democráticos y sus instituciones están obligadas, para seguir siendo viables y sustentables, a adaptarse al ritmo y a las prácticas de la era digital, y eso significa, entre otras cosas, comprometerse con una pedagogía pública que vea en el derecho a saber uno de los instrumentos de rendición de cuentas más importantes en una democracia. El desafío no es adaptar la democracia a la era digital, subordinándose sin más a sus dinámicas que, como tales, no son necesariamente democráticas —más que democratizar, lo que las redes hacen es horizontalizar y, a veces, estrechar la comunicación entre personas y actores, interrelacionando entre sí a un número inédito—. El desafío es seguir recreando la democracia en la era digital apostando por la libertad de expresión, así como por la corresponsabilidad de la sociedad y de los medios de información, digitales y tradicionales. 2018: LA ELECCIÓN MÁS INCLUYENTE DE LA HISTORIA

Otra característica de las elecciones de 2018 fue que se trató de los comicios en los que el INE desplegó la más ambiciosa estrategia institucional hasta entonces conocida para hacer de los mismos los más incluyentes de los que se tuviera memoria. Ello implicó la determinación de una serie de medidas afirmativas que permitieran que se concretara esa lógica de inclusión en diversos ámbitos, como la efectiva participación política de las mujeres en aplicación y maximización del principio de paridad en las candidaturas establecido en la Constitución con la reforma electoral de 2014, el establecimiento —inédito en la historia del país— de una cuota de candidaturas para personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas del país, la posibilidad de que personas con alguna discapacidad pudieran fungir como funcionarios electorales el día de la elección, así como el establecimiento de una serie de reglas de operación para que personas pertenecientes a la comunidad trans pudieran ejercer sus derechos políticos sin discriminación. Se trató de una serie de decisiones que se fueron tomando a lo largo del proceso electoral 2017-2018 y que fueron decantándose en un conjunto de reglas de funcionamiento de la elección que en muchos sentidos marcaron un antes y un después en la organización de los comicios en México.43 El modelo mexicano de la paridad de género

La historia de las medidas que se han tomado para promover y reforzar la participación política de las mujeres es relativamente reciente y, si se toman en cuenta los logros alcanzados, también exitosa, a pesar de que en México el reconocimiento pleno del estatus de ciudadanía y, por ende, la titularidad y ejercicio de sus derechos políticos ocurrió de manera bastante tardía, cuando se modificó el artículo 34 constitucional para tal efecto en 1953. Desde entonces tuvieron que transcurrir 40 años hasta que en 1993 se modificó el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir una mera recomendación sin efectos vinculantes a los partidos políticos para que en sus normas y procedimientos internos promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida partidista y en su postulación a cargos de elección popular. Sin un afán exhaustivo, que ameritaría un estudio particular sobre el tema, los cambios que se instrumentaron en el ámbito electoral mexicano a lo largo de dos décadas desde entonces hasta la ya mencionada incorporación del principio de paridad en las candidaturas en el texto constitucional en la reforma electoral de 2014 podrían resumirse en los siguientes puntos: 1) En 1993 —como se acaba de mencionar— se estableció la primera medida legislativa en materia de género a través de una mera directriz (que tenía el tono de una simple sugerencia) para los partidos políticos de promover la participación política de las mujeres. El Cofipe estableció, en ese sentido, en su artículo 175, fracción III, que: “Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. Sin embargo, al no implicar consecuencia alguna, esa disposición tuvo el mero carácter de una recomendación al carecer de un efecto vinculante para los partidos. 2) La reforma de 1996 fue más explícita al incluir la recomendación a los partidos políticos para considerar en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) no excedieran de 70% para personas de un mismo sexo.44 3) En diciembre de 2002 se sustituyó la recomendación de cuotas que hasta entonces se había hecho en la legislación electoral por una medida de carácter obligatorio para que los partidos políticos contemplaran como cuota de género un máximo de 70% de la totalidad de candidaturas a diputaciones y senadurías de un mismo género (medida que tendría aplicación en el proceso electoral de 2006). A contrario sensu, se introdujo una primera cuota de al menos 30% de candidaturas de un mismo género. Además, en la misma reforma se estableció (con una disposición que en este caso sí era aplicable a la elección de diputaciones federales de 2003) que las listas de representación proporcional se integrarían con segmentos de tres candidaturas y que al interior de cada uno de los primeros segmentos tendría que haber una candidatura de género distinto a las otras dos.45 Sin embargo, dado que la mayoría de los partidos políticos pretendieron cumplir con esa disposición registrando candidatas mujeres en el último lugar de cada segmento, con lo que evidenciaban una falta de compromiso para maximizar la posibilidad de que mujeres llegaran a cargos de elección popular, el Consejo General del IFE tomó la decisión de establecer la regla de que en el registro de las listas de representación proporcional no podía haber dos candidaturas de un mismo género de manera consecutiva, con lo que se fijó una lógica de “cremallera” (es decir de candidaturas de un género distinto alternadas entre sí) que en reformas posteriores sería recogida por la propia legislación electoral.46 4) La reforma de 2007-2008 incrementó el porcentaje de la cuota de género al establecer que al menos 40% de las candidaturas que presentaran los partidos políticos debían corresponder al mismo género. Sin embargo, la ley (Cofipe) reconocía una excepción a esa cuota en el caso de que las candidaturas de los partidos derivaran de procedimientos democráticos internos de los propios partidos, misma que posteriormente sería considerada por el Tribunal Electoral como una excepción no aplicable. La mencionada reforma modificó también las reglas de género para integrar las listas de representación proporcional al establecer que éstas debían integrarse por segmentos de cinco candidaturas en cada uno de los cuales debía haber dos candidaturas de género distinto al resto y que debían registrarse de manera alternada, con lo que se ratificó la lógica de “cremallera” que el IFE había establecido en 2002.47

5) En las elecciones de 2009 ocurrió un lamentable episodio conocido como el caso de las “Juanitas”, mediante el cual nueve diputadas federales recién electas solicitaron licencia para separase de manera definitiva de sus cargos cuando apenas habían tomado protesta de los mismos, dando pie a que sus suplentes, todos varones, ocuparan la curul correspondiente.48 La visibilidad y la condena del caso llevó a las autoridades electorales a tratar de evitar que en las elecciones sucesivas la postulación de candidaturas suplentes de un género distinto al de la candidatura propietaria fuera utilizado como una manera de violar el sentido de haber incorporado la figura de las cuotas en la ley. De este modo, y asumiendo que el propósito de las normas era procurar la existencia de una presencia de los dos géneros en los órganos de representación popular, el Tribunal Electoral modificó, de cara a las elecciones de 2012, un acuerdo emitido por el IFE para que en todos los casos de aquellas fórmulas de candidatos que se registraban con el propósito de cumplir la cuota

de género establecida por la ley tanto la candidatura propietaria como la suplente debían ser ocupadas por personas del mismo sexo.49 6) Luego de que las normas relacionadas con las cuotas de género establecidas por la reforma de 2007-2008 se hubieran aplicado por primera vez en las elecciones federales de 2009, la Sala Superior del TEPJF determinó que para el proceso electoral de 2012 no podría invocarse la excepción relacionada con la existencia de procesos democráticos internos para dejar de cumplir con el porcentaje mínimo exigido por la ley para la postulación de las candidaturas de cada género. En otras palabras, el Tribunal Electoral estableció que los procedimientos internos de los partidos políticos para determinar sus candidaturas, cuando recurrieran a mecanismos democráticos, debían tomar en cuenta y ser armónicos con el cumplimiento de la cuota de género que establecía la legislación electoral.50 Las disposiciones de la sentencia del Tribunal Electoral referida en este punto y en el anterior (SUP-JDC-12624/2011) fueron acatadas por el IFE y traducidas en el acuerdo CG94/2012, tanto por lo que hace a la integración de las fórmulas de candidaturas propietaria y suplente con un mismo género cuando se trataba de cumplir con la cuota establecida en la ley, como por la obligación de cumplir con dicha cuota con independencia de que se tratara de candidaturas electas democráticamente por los partidos políticos. La reforma de 2014 significó un paso trascendental para maximizar la participación política de las mujeres en México al dejar atrás las acciones afirmativas de cuotas de género en la postulación de candidaturas (al menos 30% primero y 40% después) para sustituirlas por la obligación de los partidos políticos de cumplir con el principio de paridad (50%-50%). Además, se estableció que las listas de representación proporcional debían integrarse por fórmulas de candidaturas (propietario y suplente) en las que los géneros debían alternarse desde el principio hasta el final, abandonando la lógica de segmentos que había prevalecido hasta entonces. Sin embargo, aún existía una serie de áreas de oportunidad que serían subsanadas paulatinamente por un conjunto de decisiones que establecerían acciones afirmativas adicionales para maximizar dicho principio y sobre todo avanzar en la paridad en las candidaturas y en la paridad en la representación, que si bien están vinculadas, no necesariamente son lo mismo. Vale la pena señalar que con la reforma de 2014, al introducir la obligación de la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales en el artículo 41 de la Constitución, se hizo una referencia expresa a los cargos legislativos, no a los de tipo ejecutivo. Adicionalmente, se llevó al texto de la ley la obligación para el INE de hacer un análisis para que los partidos políticos tuvieran que presentar candidaturas atendiendo a la paridad de género tomando en cuenta el grado de competitividad electoral que tiene cada uno de ellos para evitar que si bien se cumpliera con el principio de paridad, las mujeres fueran postuladas prevalentemente en aquellos distritos electorales perdedores o en los que tuvieran pocas probabilidades de ser electas. Desde su introducción, el principio de paridad ha tenido una importante evolución, y con ello un impacto creciente en la presencia de mujeres en cargos públicos de elección popular, gracias a una serie de decisiones impulsadas por los órganos electorales, el Tribunal Electoral, el INE y las instituciones electorales del país, que fueron adoptadas en los años posteriores a la reforma de 2014. Las principales medidas que se han tomado en ese sentido son las siguientes: 1) El 6 de mayo de 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció a través de una jurisprudencia (que en cuanto tal tenía cumplimiento obligatorio para todas las autoridades electorales del país) que, aunque la paridad se había planteado para los cargos legislativos federales y locales, al ser un principio constitucional debía maximizarse y llevarse al ámbito municipal a partir de una lógica de paridad tanto horizontal como vertical. De acuerdo con la primera —la paridad horizontal—, el número de candidatas y candidatos a las alcaldías de una entidad federativa debía ser equivalente, respetando además en dicha postulación el grado de competitividad electoral que cada partido político presenta a nivel municipal para que las candidaturas de mujeres y varones se distribuyeran de igual manera entre aquellos municipios de alta, mediana o baja competitividad —conforme a los criterios que para tal efecto definieran las autoridades administrativas electorales de cada estado—. De acuerdo con el segundo tipo de paridad —la vertical—, la lista de candidaturas que conforman cada planilla registrada por partido político para elegir a los aspirantes a los diversos cargos de los ayuntamientos (sindicaturas y regidurías, así como, eventualmente, otros puestos) debían integrarse de manera alternada entre hombres y mujeres.51 2) El 7 de septiembre de 2016 el Consejo General del INE emitió el Reglamento de Elecciones, en el cual se normó el criterio para definir, en el caso de las elecciones de senadurías y diputaciones federales, los estados o los distritos de alta, media y baja competitividad a efecto de que los partidos políticos realizaran en ellos una postulación de candidaturas equilibradas en razón de género. En ese sentido, se dispuso que a partir de los resultados obtenidos en las elecciones anteriores se ordenaran de mayor a menor votación los estados y los distritos en donde se habían postulado candidatos para poder dividirlos en tres bloques correspondientes, cada uno, a un tercio

de los mismos. Además, se estableció una revisión específica a cargo del INE de las candidaturas postuladas en el bloque de entidades o distritos de menor competitividad para descartar que en las mismas hubiera un sesgo en razón de género (artículo 282 del mencionado reglamento). 3) De cara a la elección de 2018, el 8 de noviembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG508/2017 mediante el que se indicaban los criterios aplicables a los partidos políticos y coaliciones para el registro de candidaturas, en el cual se estableció una serie de medidas adicionales para potenciar la posibilidad de que las candidaturas de mujeres resultaran electas.52 En esencia, las mismas fueron las siguientes: a) Al menos dos de las cinco listas de diputaciones de representación proporcional debían estar encabezadas por fórmulas de mujeres. b) Para el caso de la lista nacional de representación proporcional de senadurías, ésta debía estar encabezada, invariablemente, por una fórmula de mujeres. c) Se estableció que en el caso de las elecciones de senadurías por el principio de mayoría relativa (en el que por ley cada opción política tiene que presentar en cada entidad federativa una lista de dos fórmulas de candidaturas en un orden de prelación predefinido), los partidos y coaliciones estaban obligados a respetar el principio de paridad vertical y horizontal. Así, por un lado, en cada entidad debía postularse una fórmula de mujeres y otra de hombres, por lo que el género de la primera fórmula de la lista debía ser de un género distinto al de la segunda. Además, por el otro lado, en la mitad de las entidades federativas la primera de las fórmulas postuladas debía ser de mujeres y en la otra mitad de los estados debía corresponder a hombres, tomando en cuenta, en todo caso, una distribución equilibrada de ambos géneros dentro de los bloques de competitividad de entidades federativas que tuviera cada fuerza política. 4) Al aprobar los registros de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y coaliciones a las senadurías y las diputaciones federales de mayoría relativa, el 29 de marzo de 2018 el Consejo General de INE avaló que pudiera postularse un número mayor de fórmulas de candidatas mujeres dado que, aunque se trastocaba la lógica estricta del principio de paridad (50%-50%), si esto ocurría a favor del grupo histórica y sistemáticamente excluido no podía interpretarse como una medida discriminatoria para el otro género. De este modo se permitió que se postularan más de la mitad de las fórmulas de diputaciones integradas por candidatas a diputadas y, eventualmente, las dos fórmulas de candidaturas de la lista correspondiente a una entidad federativa compuestas por mujeres.53 5) Finalmente, el 17 de abril de 2018 el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que se estableció el criterio con el que se aceptaría la sustitución de candidaturas a senadurías y diputaciones, según el cual, por regla general, las sustituciones de los candidatos debían ocurrir con una persona del mismo género para mantener la exacta proporción de género en las candidaturas que había sido originalmente verificada y validada por los órganos del INE al momento de realizar el registro de las candidatas y los candidatos propuestos en cada uno de los tres bloques de competitividad (baja, media y alta). Sin embargo, se permitió que un candidato pudiera ser sustituido por una candidata siempre y cuando eso supusiera una mejoría del equilibrio de género en los bloques de competitividad intermedio o más alto; es decir, se permitía que una candidatura de un género determinado pudiera ser sustituida por una del otro género si esto aumentaba la cantidad de mujeres en los bloques integrados por los candidatos con mayores probabilidades de resultar electos.54 Esas inéditas medidas trajeron como resultado que en 2018 fueran electas como diputadas y senadoras de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión (2018-2021) el mayor número de mujeres legisladoras de la historia, en la que habría de denominarse “Legislatura de la paridad de género”. En el caso de la elección de los integrantes del Senado de la República, donde por primera vez se aplicó el principio constitucional de la paridad, el avance en la proporción de mujeres fue significativo, al pasar de 42 senadoras electas en 2012 (32.8% del total de 128 senadurías) a 63 legisladoras en 2018 (49.2%). En el caso de la Cámara de Diputados, en donde el principio de paridad ya se había aplicado en la elección federal de 2015, si bien no con la serie de medidas afirmativas adicionales que hemos señalado, el número de diputadas pasó de 213 (42.6% de la Cámara) a 241 (48.2%). Con esas cifras, de acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se colocó en el tercer lugar entre los países con el mayor número de legisladoras en su Cámara Alta (después de Antigua y Barbuda y de Bélgica) y en el cuarto lugar por lo que hace a la Cámara Baja (luego de Ruanda, Cuba y Bolivia).55 Los datos anteriores revelan que la política pública seguida por las autoridades electorales mexicanas, consistente en multiplicar las acciones afirmativas para maximizar las posibilidades de triunfos electorales de candidatas mujeres, fue exitosa y en un breve arco de tiempo pasamos de la paridad en las candidaturas a la paridad efectiva en la representación política. Además, es importante señalar que, a tono con lo que había ocurrido en el pasado, muchas de las medidas que adoptaron los órganos electorales como acciones afirmativas y que hemos reconstruido

fueron retomadas en la reforma conocida como “Paridad en todo” que llevó a las instancias legislativas a modificar algunos preceptos constitucionales y legales en 2019. De manera paralela a las decisiones encaminadas a potenciar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión política a través de las elecciones antes descritas, el instituto también participó en la promoción y concreción de otras iniciativas que buscaban crear un propicio contexto de exigencia para el empoderamiento político de las mujeres. Un ejemplo de ello es que desde 2014 el INE, de manera conjunta con el TEPJF y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), acordó la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, como un espacio que permitiera impulsar la presencia de mujeres en los espacios de decisión política. Dicho Observatorio fue pensado como un espacio de análisis, discusión y promoción de iniciativas hechas por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, que derivaran en acciones, propuestas e iniciativas concretas. Su actividad se concentró en los siguientes puntos: a) el ser un espacio de diálogo permanente entre las autoridades electorales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil; b) el dar seguimiento a los retos y logros alcanzados por mujeres en el ámbito político tanto en el acceso a los cargos públicos electivos como en el ejercicio de los mismos; c) la identificación de barreras que obstaculizan o impiden el pleno ejercicio de los derechos político-electorales por parte de las mujeres; d) la generación e intercambio de información relevante que pudiera maximizar la participación política de las mujeres, en especial la generada desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y e) el ser un espacio inmediato de reacción y de denuncia frente a casos de violencia política contra las mujeres. Finalmente, el INE promovió y aprobó de manera conjunta con el TEPJF, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Inmujeres, entre otras instituciones, el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género el 16 de marzo de 2016, mismo que fue actualizado y fortalecido conceptual e institucionalmente el 23 de noviembre de 2017 frente al proceso electoral de 2018.56 En dicho documento se establecieron las reglas de actuación de las diversas instituciones —particularmente las electorales— para atender los casos de violencia política contra las mujeres que fueran de su conocimiento, y facilitar, de ese modo, su investigación y eventual sanción. Esto sirvió de base para la discusión que más tarde, en abril de 2020, llevaría al Congreso de la Unión a reformar un conjunto de leyes para prevenir y sancionar los casos de violencia política de género. La incorporación de candidaturas indígenas En la reforma constitucional de 2001, mediante la cual se modificó el artículo 2.º para incorporar el concepto de la composición pluricultural de la nación mexicana, así como —entre otros temas— el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación, se estableció, en el artículo 3.º transitorio, la obligación de tomar en consideración, cuando fuera factible, la ubicación de dichos pueblos y comunidades para establecer la demarcación de los distritos electorales uninominales (atribución a cargo del entonces IFE), con el fin de propiciar su participación política. Así ocurrió, por primera vez, en la distritación que realizó el IFE en 2005, cuando se incorporó el criterio de procurar crear “distritos indígenas” entendidos como aquellos en los cuales al menos 40% de su población perteneciera (de acuerdo con los datos del correspondiente Censo General de Población) a algún pueblo o comunidad originaria. Años más tarde, durante el desarrollo de la siguiente distritación llevada a cabo en 2015 y en 2016 (la primera realizada por el INE a nivel nacional para definir tanto la demarcación de los distritos electorales federales como la de los distritos locales), el Tribunal Electoral, al resolver una impugnación presentada contra la determinación de los distritos electorales locales de Oaxaca mediante sentencia emitida el 23 de octubre de 2015, estableció que el INE tenía que realizar consultas a representantes de los pueblos y comunidades indígenas que, aunque no tendrían un carácter vinculante para definir las distritaciones, sí servirían para poder conocer sus opiniones y consideraciones.57 Dicha sentencia dio origen a una tesis de jurisprudencia que implicó que, partir de ese momento, en los ejercicios de distritación que aún estaban pendientes, incluyendo el de la determinación de los 300 distritos federales, se realizara ese tipo de consultas a pueblos y comunidades indígenas.58 En cumplimiento de la instrucción del Tribunal Electoral, el INE sostuvo durante diciembre de 2015 una serie de reuniones con la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, con su apoyo, el 26 de febrero de 2016 el Consejo General emitió el Protocolo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral.59 De manera paralela, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas apoyó al INE para diseñar y crear los materiales que se usarían en las mismas. Así, de abril a octubre de 2016 se realizaron los foros y las mesas informativas en cada una de las 32 entidades relacionados con la distritación federal para dar cumplimiento a la obligación de formular las mencionadas consultas. En un proceso en el que el INE incluyó a las representaciones partidistas y a los

pueblos y comunidades indígenas, la distritación federal fue finalmente aprobada por el Consejo General el 15 de marzo de 2017.60 De ese modo, la distritación que el INE llevaba a cabo pudo concretarse tanto en el plano federal, logrando mantener el mismo número de distritos indígenas que se habían determinado en el ejercicio previo, 28 de los 300 (a pesar del impacto que los flujos migratorios habían provocado en términos de una mayor dispersión poblacional que había afectado a las comunidades indígenas), como en el plano local, en el cual se determinaron 56 distritos indígenas de los 679 que existen en las 32 entidades federativas. Al cabo de ese ejercicio representantes de una serie de comunidades indígenas que habían intervenido en varios de esos foros de consulta se acercaron al INE para promover medidas que garantizaran su inclusión y representación política de cara a la elección de 2018. De ese modo, junto con la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del instituto, sostuve una serie de reuniones con integrantes de las organizaciones Serranos Unidos en Resistencia Indígena y Red Nacional Indígena, que acudieron acompañados del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, entre el 23 de marzo y el 25 de mayo de 2017. Como resultado de esos encuentros, el INE acordó realizar una serie de nuevos foros públicos amplios e incluyentes en los que se discutiera la pertinencia y las modalidades con base en las cuales sería conveniente plantearse la representación de la población indígena en los espacios de decisión política, específicamente en la Cámara de Diputados, que, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, es el órgano integrado por representantes de la nación (misma que tiene, de acuerdo con el ya mencionado artículo 2.º de nuestra propia Carta Magna, una composición pluricultural). Así, a lo largo de los meses siguientes el instituto organizó, conjuntamente con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, tres foros regionales titulados “Diálogos sobre representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas”, que se llevaron a cabo en las ciudades de Chihuahua, Puebla y Mérida los días 15 de junio, 30 de agosto y 23 de octubre, respectivamente. En los tres foros participaron 450 personas de perfiles diversos y multiculturales, de las cuales 191 fueron mujeres y 259 hombres provenientes de las 32 entidades federativas. En esos espacios de diálogo se abordaron diversos temas, entre otros: a) los problemas que enfrentan las mujeres indígenas; b) las mejores vías para garantizar la representación política indígena; c) las medidas que las autoridades tenían a su alcance para asegurar la equidad y la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios de representación política, y d) la identificación y la pertinencia de los avances normativos que se habían presentado en el ámbito local en materia de representación política de los pueblos y comunidades indígenas. En dichos espacios de diálogo y discusión me comprometí, como presidente del Consejo General del INE, a recopilar en un documento las reflexiones y eventuales propuestas que se hicieran en esos espacios de diálogo, en los que participaron representantes de diversas comunidades indígenas del país, y presentarlo ante las diversas instancias institucionales en las que se definen las políticas públicas nacionales para ser consideradas y, eventualmente, incidir en medidas que permitan avanzar en la agenda de la representación política de dichos pueblos y comunidades.61 Sin embargo, el INE decidió dar un paso adicional, al establecer una inédita medida afirmativa que les impuso a los partidos políticos la obligación de cubrir una cuota de postulación de personas pertenecientes, a partir de su autoadscripción al mismo, a algún pueblo o comunidad indígena en la postulación de sus candidaturas a diputaciones federales. Dicha medida fue establecida en el antes mencionado acuerdo INE/CG508/2017, del 8 de noviembre de 2017, en el que se habían establecido las medidas para potenciar la posibilidad de que candidatas mujeres pudieran resultar electas, y consistió en que los partidos políticos debían postular, en al menos 12 de los 28 distritos electorales considerados indígenas, a personas autoadscritas a algún pueblo o comunidad originaria debiendo respetar, en todo caso, el principio de paridad de géneros. Dicha resolución del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral, que al resolver el caso en la sentencia SUP-RAP-726/201762 y Acumulados no sólo confirmó la constitucionalidad de dicha medida, sino que la reforzó al establecer que los partidos políticos estarían obligados a postular candidaturas indígenas en todas aquellas demarcaciones electorales en donde 60% o más de la población tenía esa calidad, lo que en los hechos ocurría en 13 distritos, en seis de los cuales, al menos, deberían postularse mujeres. Con esa decisión del tribunal se garantizó que al menos 13 diputaciones fueran ocupadas por personas indígenas (salvo que en alguno de esos distritos ganara la elección una persona no indígena postulada por la vía independiente). El Protocolo para la inclusión de personas con alguna discapacidad Desde 2016 el Consejo General del INE había iniciado la discusión sobre la pertinencia de tomar alguna medida que garantizara a las personas que tuvieran alguna discapacidad la posibilidad de integrar las mesas directivas de casilla si resultaban insaculadas para ese fin, sin que dicha discapacidad se argumentara como un impedimento para su nombramiento como funcionarios de dichos órganos receptores del voto ciudadano.

En esa tónica, el 5 de abril de 2017 se realizó el “Encuentro con organizaciones de la sociedad civil hacia la construcción del Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de casilla”.63 El resultado de esos trabajos y una serie de análisis que les fueron encomendados a las áreas técnicas del instituto de las que depende la definición de los modelos de operación de las casillas fue la aprobación del mencionado protocolo por parte del Consejo General el 10 de mayo de 2017, que servía como una guía para crear las condiciones para la participación de personas con algún tipo de discapacidad como funcionarios de casilla en igualdad de condiciones y sin discriminación.64 En el protocolo se estableció una serie de recomendaciones y medidas de actuación por parte del personal del INE (CAE, SE, vocales distritales, etc.) en la interacción con personas que padecieran alguna discapacidad que hubieran sido sorteadas, capacitadas y nombradas funcionarias de casilla. Dichas recomendaciones se especificaron por tipo de discapacidad e incluían pautas de buen trato y trato igualitario aplicables a todas las personas y en casi todas las situaciones, el uso adecuado del lenguaje, medidas que resultaban aplicables a la capacitación electoral de dichas personas, así como las pautas y recomendaciones de accesibilidad a los locales en los que debían instalarse las casillas, entre otros aspectos. La idea detrás de la decisión de aprobar el mencionado protocolo era que el rol de funcionario de casilla era una responsabilidad ciudadana incluyente e igualitaria, por lo que el tener alguna discapacidad no debía ser obstáculo para poder ejercerlo. De ese modo, incluso quienes tuvieran alguna discapacidad que supusiera el apoyo de alguna persona de su confianza (por ejemplo una discapacidad visual grave) serían considerados y las personas que los acompañaran serían autorizadas legalmente en virtud de acuerdos específicos que deberían ser emitidos por parte de los consejos distritales correspondientes. El protocolo para personas trans Luego de una serie de acercamientos con colectivos y activistas de los derechos de personas trans,65 el INE tomó la decisión de emitir un protocolo para adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para votar con fotografía. Dicho protocolo fue aprobado por el Consejo General del 22 de diciembre de 2017.66 El propósito fundamental de ese documento fue resolver el dilema que podría presentarse durante la votación en aquellos casos en los que la expresión de género de algún elector no coincidiera con la fotografía o con los datos del “sexo” que la legislación electoral le impone al INE asentar en la credencial para votar. Las razones para que ello ocurriera podían ser varias: desde legislaciones locales que no permiten el cambio de género y el nombre en las actas de nacimiento (documento requerido por la legislación electoral para poder tramitar una credencial para votar),67 hasta electores que no habían acudido a renovar su credencial con su nueva identidad de género, de modo que la fotografía y el sexo asentado en la misma correspondiera a su identidad previa. Para el INE ninguna de esas circunstancias podía aducirse para impedir el derecho del voto a las personas trans, de modo que el protocolo pretendió sentar las bases jurídicas y servir como una guía de actuación para los funcionarios de casilla para que, si llegara a presentarse el caso, se permitiera el ejercicio del sufragio de manera cierta y sin incidente alguno. Además, con el protocolo se pretendió evitar circunstancias que en la operación de las mesas directivas de casilla pudieran implicar algún tipo de discriminación en el momento de ejercer el voto respecto de las personas trans, incluyendo en este concepto a quienes pertenecieran a las poblaciones travestis, transgénero y transexuales. De esta manera, se estableció con absoluta claridad que todas las personas trans podrían emitir su voto el día de la jornada electoral sin importar si existía o no una concordancia entre su expresión de género con los datos de su credencial para votar. Entre otras medidas que se establecieron, se prohibió la aplicación de procedimientos adicionales a la mera verificación de los datos del elector, o bien pedir alguna otra prueba para confirmar su identidad. Del mismo modo se planteó que los funcionarios de casilla debían evitar cuestionar a la persona sobre su identidad o realizar actos intimidatorios que invadieran su privacidad o supusieran un trato desigual respecto de otros electores o que restringieran el libre desarrollo de la personalidad de la ciudadanía. Los acuerdos que hemos referido en este capítulo constituyeron la columna vertebral de la serie de decisiones con las que el INE condensó la experiencia acumulada en los años anteriores en la organización de las elecciones para generar las mejores condiciones de equidad en la competencia y en la maximización de los derechos político-electorales de la ciudadanía a partir de una lógica de inclusión y no discriminación. Se trató de un cuerpo normativo que pretendía, como propósito declarado, hacer que las de 2018 fueran las elecciones más equitativas y también las más incluyentes de la historia.

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La noche de los independientes Ernesto Núñez Albarrán

Todo comenzó en 2009, cuando un grupo de jóvenes hartos de los partidos políticos promovió el voto nulo en las elecciones federales de las que habría de surgir la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Se trataba de las elecciones intermedias en el sexenio de Felipe Calderón, que transcurrían en medio de una crisis económica global, una epidemia de influenza AH1N1 que paralizó al país durante más de un mes y una guerra selectiva que el gobierno de Calderón había declarado a algunos cárteles de la droga. El desencanto con la política era evidente y, en el surgimiento de las redes sociales de internet, los jóvenes lograron enderezar una vistosa campaña a favor del voto nulo, como una manera de castigar a los partidos, incapaces de resolver los problemas de la gente. En la campaña del voto nulo participaron jóvenes activistas, como Maite Azuela, Alberto Serdán, Antonio Martínez Velázquez, Andrés Lajous, Angie Navarro, Jesús Carlos Soto, y académicos como Sergio Aguayo, José Antonio Crespo y Pepe Merino, quienes defendían que ésta era una vía institucional para exigir resultados concretos a una democracia disfuncional como la mexicana. A diferencia del abstencionismo, el voto nulo implicaba un acto concreto: ir a la urna, tachar la boleta de esquina a esquina, dibujar en ella o, simplemente, escribir la palabra “NULO”. El movimiento prendió entre clases medias urbanas y escolarizadas, y obligó a que las autoridades electorales, partidos y candidatos fijaran postura frente a los grupos que promovían un voto de castigo al sistema. En medio de la ola anulista, desde la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey y otras ciudades, se ensayaron acciones que buscaban evidenciar la inexistencia de opciones políticas reales. Algunos jóvenes postularon perros como candidatos a diputaciones locales, evidenciando que sólo buscaban un hueso que roer; otros crearon perfiles de animales —como el Gato Morris— para hacer sátira política, y muchos más promovieron ir a las urnas en grupo, anular el voto, fotografiar la boleta tachada y subirla a Facebook y Twitter como una forma de manifestarse. En lo más álgido del movimiento, Elisa de Anda, una joven de la Ciudad de México, se declaró candidata independiente por un distrito de Coyoacán, y acudió al IFE a exigir su registro. Emulando a Jorge G. Castañeda, quien en 2006 hizo precampaña a la presidencia como independiente a sabiendas de que le sería negado el registro —y posteriormente interpuso un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando la violación de sus derechos políticos—, Elisa de Anda dio los pasos necesarios para competir, sólo para evidenciar que el IFE le negaría estar en la boleta, pues las candidaturas independientes no estaban previstas en las leyes vigentes. Los grupos e individuos que promovían el voto nulo decidieron en junio crear la Asamblea Nacional Ciudadana (Anca), que pasó de la interacción virtual vía las entonces emergentes redes sociales a la acción en el terreno real, bajo el lema “de la protesta a la propuesta”, con una agenda más o menos clara: exigir a los partidos políticos una reforma política que ampliara las posibilidades de participación ciudadana, convirtiendo en ley mecanismos de democracia directa y dando peso legal al voto nulo. Comenzaba a articularse la demanda ciudadana de apertura de un sistema político reservado casi en exclusiva a los partidos, pero todavía había que esperar los resultados electorales. El domingo 5 de julio de 2009, un millón 867 mil electores anularon su voto, lo que equivalía a 5.4% de la votación nacional emitida. Esto representaba un aumento en el voto nulo de tres puntos respecto a las elecciones de 2006 (2.51%) y de dos puntos respecto a las últimas elecciones intermedias de 2003 (3.36%). En números absolutos, en 2009 un millón de personas más que en 2003 decidieron inutilizar su boleta de manera deliberada. Y, según un estudio del politólogo Pepe Merino, la tendencia anulista creció en 257 de los 300 distritos electorales del país respecto a las elecciones intermedias de 2003. A manera de celebración, los anulistas proclamaron que su movimiento se había convertido en la quinta fuerza política en México, pues el porcentaje de votos nulos era mayor a las votaciones de cuatro partidos con registro nacional: Partido Socialdemócrata (PSD, que en esa elección perdió su registro, al no alcanzar 2% de la votación), Convergencia (hoy llamado Movimiento Ciudadano), PT y Panal. Los tres partidos dominantes en la época de la transición a la democracia (PRI, PAN y PRD) y el PVEM superaron a los anulistas, pero a partir de esa elección tuvieron que tomarse en serio las demandas del movimiento.

Para el PAN las elecciones intermedias significaron una pérdida significativa de votos y curules en la Cámara de Diputados, que llevó a su dirigente nacional —Germán Martínez Cázares— a presentar su renuncia ante el Consejo Nacional y a romper con el calderonismo. Acicateado por una combinación de crisis en lo social, lo político y lo económico, el presidente Felipe Calderón anunció el 2 de septiembre de ese año un decálogo con medidas para reencauzar su mandato, en el que destacaba la convocatoria para una discusión nacional en torno a una reforma política. En el otoño de 2009 el movimiento anulista ya estaba sentado en un salón de la Secretaría de Gobernación con la subsecretaria Blanca Heredia, una prestigiada académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas reclutada por el secretario Fernando Gómez-Mont para atender a los grupos de activistas aglutinados en la Anca. En diciembre Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas de reformas constitucionales en las que proponía la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores, reducir el tamaño de la Cámara de Diputados y el Senado, aumentar el mínimo de votación para que un partido conservara su registro —de 2 a 4%—, e implementar la iniciativa ciudadana, la segunda vuelta y la iniciativa preferente. La presentación de las iniciativas de Calderón dio pie a una larga y accidentada discusión en la Cámara de Diputados, y a la continuación de los diálogos entre los grupos de activistas y la Secretaría de Gobernación. Mientras transcurrían esos encuentros, los jóvenes mantuvieron su activismo, acusando que las iniciativas de Calderón no recogían todas sus demandas y seguían privilegiando a los partidos, que serían los encargados de legislar en materias que podrían lesionar sus intereses. La Anca promovió la iniciativa #YaBájenle, y en abril de 2010 organizó una gira nacional llamada #AventónCiudadano para exigir una reducción en el financiamiento público entregado a los partidos políticos mediante fórmulas que castigaran sus prerrogativas en función de los votos anulados o que al menos impidieran el crecimiento de sus recursos, atados como estaban —y como siguen estando a la fecha— al crecimiento del padrón electoral. Un joven de Sinaloa llamado Gonzalo Ibarra creó el perfil de Twitter @YONOFUI, para evidenciar la práctica política de lavarse las manos frente a los problemas reales de la gente, y desde ahí promovió el movimiento #ReformaPolíticaYa, que exigía una agenda semejante a la de la Anca. Junto con Juan Pablo Espinosa de los Monteros (@JuanPabloEMT en Twitter), y apoyado por personajes renegados de sus partidos, como la expanista Tatiana Clouthier, el @YONOFUI organizó una acampada afuera del Senado de la República para demandar una reforma política que pronto aterrizó en cinco puntos muy concretos: 1) iniciativa ciudadana, 2 consulta popular, 3) reelección de legisladores y ayuntamientos, 4) reducción del financiamiento a partidos y 5) candidaturas independientes. La reforma política empujada por el movimiento anulista de 2009 —como ha ocurrido en todas las reformas político-electorales que fueron tejiendo la transición mexicana— fue gradual y de cierta manera parcial, pues no satisfizo la agenda completa de quienes la empujaron. La reforma fue aprobada en distintos episodios por la LXI Legislatura, y sus efectos no se materializaron en las elecciones federales de 2012. Los principales puntos fueron aprobados por el Congreso ya al final del sexenio de Calderón, y contemplaron la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la reelección consecutiva de alcaldes, legisladores locales y federales, y las candidaturas independientes, previstas para las elecciones de 2015, año en que las candidaturas ciudadanas o sin partido vivieron un momento de esplendor. AUGE Y DECEPCIÓN

La irrupción de los independientes ocurrió en las elecciones de medio término del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. México nuevamente estaba en crisis económica, social y política. El gobierno naufragaba en medio de una tormenta provocada por escándalos de corrupción, el conflicto magisterial por la aplicación de la reforma educativa, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los avisos de una nueva crisis financiera a nivel mundial. Un escenario idóneo para el estreno de la figura de candidatos sin partido o independientes, quienes prometían mucho a partir de una premisa: nada bueno podía surgir de partidos podridos y desgastados, y todo lo bueno podría venir de “ciudadanos” ajenos a esas fábricas de corrupción. Una dicotomía sin sustento en la realidad, sobre todo si se consideraba el antecedente partidista de casi todos los “independientes”, pero atractiva para millones de electores desencantados, aburridos y desinformados. Entre enero y marzo de 2015, 325 aspirantes a una candidatura independiente se presentaron ante las autoridades electorales —federales y locales— para solicitar su participación en el proceso electoral. En una elección con casi 2 mil cargos en disputa (500 diputados federales, 9 gobernadores, 600 diputados locales, 871 alcaldes y 16 jefes delegacionales en la capital del país), 16% de las posiciones eran ambicionadas por un candidato sin partido. Elisa de Anda, aquella joven soñadora que había peleado por ser candidata seis años antes, se había multiplicado por 325, aspirando a un ayuntamiento, una diputación local, una curul en San Lázaro, e incluso una gubernatura. Finalmente, el INE y los OPLE otorgaron registro a 124 candidaturas que cumplieron con los requisitos de ley, que consistían en un número determinado de firmas de apoyo ciudadano dependiendo del territorio que se pretendiera gobernar o representar.

La campaña de los independientes fue muy vistosa y disruptiva en cuatro territorios: Nuevo León, donde el expriista Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, logró construir una imagen de independiente que alcanzó notoriedad a nivel nacional y consiguió la simpatía de la cúpula empresarial regiomontana y del diario más influyente del estado, El Norte, que contrariando la tradicional línea editorial del Grupo Reforma no dudó en impulsar la campaña a la gubernatura de un candidato singular y dicharachero que, al más puro estilo de Vicente Fox, prometía acabar con las malas prácticas priistas. En una entidad azotada por la violencia y el malestar con los escándalos de corrupción del gobernador Rodrigo Medina, la campaña de El Bronco fue un fenómeno político y un rotundo éxito de mercadotecnia política. Sinaloa, donde el hijo de Manuel J. Clouthier, Maquío, aprovechó la crisis del PAN para romper con el partido de su padre e impulsarse a la diputación federal por la vía independiente, montado a su vez en el trabajo de @YONOFUI, @JuanPabloEMT y otros activistas del movimiento anulista. Michoacán, donde el expanista Alfonso Martínez Alcázar logró arrebatarle la presidencia municipal de Morelia al PAN y al PRI, partidos desdibujados tras el fracaso de la guerra de Calderón contra el narco en territorio michoacano y tras los ridículos de un gobernador priista vinculado con el cártel de La Familia — Fausto Vallejo— y de un enviado del gobierno federal rebasado por el narco y por los grupos de autodefensas —Alfredo Castillo—. Y finalmente Jalisco, donde un joven llamado Pedro Kumamoto irrumpió con creatividad y frescura en medio del desencanto social tras el fracaso del PAN, que duró tres sexenios en el poder, y del PRI, cuyo gobernador, Aristóteles Sandoval, llegaba a la mitad de su mandato severamente cuestionado. Kumamoto logró construir una base social en Guadalajara, que le dio una diputación local y una plataforma ciudadana para exigir un cambio radical en las prácticas tradicionales del Congreso estatal. Este joven era el único independiente de los “independientes”, pues su origen era netamente ciudadano y nunca había militado en partido alguno. Además de estos cuatro personajes, otros dos candidatos independientes se alzaron con el triunfo en los comicios del 7 de junio de 2015: José Alberto Méndez Pérez, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, y César Adrián Valdez Martínez, en el ayuntamiento de García, Nuevo León. Aunque sólo seis de 124 candidaturas consiguieron su objetivo, las posiciones alcanzadas —y lo inédito de su irrupción— le dieron un halo de victoria a la figura de candidatura independiente. Fue un respiro, en medio de un ambiente político asfixiante, que duraría muy poco. En 2016 hubo un boom de aspirantes sin partido a algún cargo público en las elecciones locales convocadas. En total, 523 personas iniciaron el proceso de registro para ser candidata o candidato a alguna de las 12 gubernaturas que se disputarían, algún ayuntamiento, una diputación local o un espacio en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De esos 523 registros, 304 se convirtieron en candidaturas, y terminaron ganando sólo 10 ayuntamientos y una diputación en la Constituyente de la Ciudad de México. A diferencia de lo ocurrido en 2015 con El Bronco, los 10 candidatos que aspiraron a una gubernatura por la vía independiente en Chihuahua, Durango, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas fracasaron. Y de los triunfos de candidatos independientes a presidencias municipales sólo destacó el de Armando Cabada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los demás munícipes que llegaron por esta vía en 2016 ganaron en territorios pequeños e irrelevantes en la política nacional, como Cosío, Aguascalientes; Tlanalapa, Hidalgo; Putla y Reforma de Pineda, Oaxaca; Llera y Jaumave, en Tamaulipas; y Santa Cruz y Mazatecochco, en Tlaxcala. En 2017 fue peor: para las elecciones locales que se celebraron en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz hubo 236 personas interesadas en registrar una candidatura independiente, 142 que llegaron a la boleta y sólo tres ganadores, todos en ayuntamientos veracruzanos: Coahuitlán, Tlacotalpan y San Andrés Tuxtla. De los “candidatos ciudadanos” que buscaron una gubernatura (tres en Nayarit, dos en Coahuila y una en el Estado de México) el más notorio fue Hilario Ramírez, Layín, un folclórico personaje que terminó por caricaturizar la figura de candidato sin partido. En el Estado de México la candidata “independiente” a la gubernatura, Teresa Castell de Oro —a quien se vinculaba con cúpulas empresariales y con el exgobernador priista Arturo Montiel—, obtuvo 130 mil votos (equivalentes a 2.15%), pero sólo contribuyó a afianzar el triunfo del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, quien derrotó a Delfina Gómez con una diferencia de apenas 84 mil sufragios. La ilusión de que las candidaturas independientes serían una alternativa ciudadana para hacer política al margen de los partidos, concebida por activistas y académicos en 2009, comenzaba a diluirse. LAS TRAMPAS DE LOS INDEPENDIENTES

En el mes de octubre de 2017 más de 400 personas acudieron al INE para manifestar su intención de estar en la boleta electoral de julio de 2018 como candidatas o candidatos independientes a la presidencia de la República (87), al Senado (78) y a la Cámara de Diputados (240). En un par de semanas el personal del INE revisó las intenciones de registro y dio por válidas 290: 48 a la presidencia, 55 al Senado y 187 a la Cámara de Diputados. Es decir, en un primer filtro, 115 registros fueron rechazados

por no cumplir los primeros requisitos establecidos en la Constitución y en los reglamentos generados por el propio INE, principalmente el de constituir una asociación civil. A partir de ese primer filtro los aspirantes con registro procedente iniciaron un largo y tortuoso proceso de obtención de apoyos para validar sus candidaturas. Quienes aspiraban a la presidencia tuvieron un plazo del 15 de octubre de 2017 al 22 de febrero de 2018 para recabar 867 mil 593 firmas de electores en al menos 17 entidades del país (equivalentes a 1% de la lista nominal nacional). Los interesados en ser candidatos independientes al Senado tuvieron del 16 de octubre al 24 de enero para recabar un número de firmas equivalente a 2% de la lista nominal del estado al que aspiraban representar; en promedio 55 mil firmas, distribuidas en al menos la mitad de los distritos electorales de la entidad. Y los aspirantes a una diputación federal tuvieron del 6 de octubre al 20 de diciembre para recabar el apoyo de 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de su distrito electoral (entre 5 mil y 6 mil firmas de apoyo). En paralelo a lo que ocurría a nivel federal, en estados y municipios se movilizaron mil 214 aspirantes a una candidatura independiente: 43 que buscaban ser candidatos a gobernador, 504 que intentaban ser diputados locales y 662 que iban por alguno de los ayuntamientos que habrían de elegirse. A nivel federal y estatal, más de mil 500 personas iniciaron el proceso para estar en la boleta de 2018 sin ser postuladas por algún partido, y desde ahora hay que decir que sólo 641 lograron la candidatura y que apenas 22 consiguieron un cargo público por esa vía. No hubo gobernadores, senadores o diputados; solamente alcaldes electos por la vía “independiente”. De acuerdo con lo que explicaron entonces especialistas y autoridades electorales, el mayor interés por las candidaturas independientes en el proceso electoral de 2018 no se despertó por las experiencias previas, sino por la gran cantidad de cargos públicos que habrían de elegirse en esos comicios: la presidencia, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, mil 580 presidencias municipales y 972 curules en congresos locales, para una suma total de 3 mil 182 posiciones. Las candidaturas independientes tuvieron un crecimiento de 381% respecto al año de su debut (2015), de acuerdo con el análisis que hizo el consejero electoral Ciro Murayama en su libro La democracia a prueba (Ediciones Cal y Arena, México, 2019). Pero fueron menos efectivas, no fueron tan vistosas como en 2015 y, en general, no lograron desplazar a los partidos políticos, que volvieron a ser los protagonistas de la contienda política. Con todo, en el otoño de 2017, mientras los partidos se debatían en sus disputas internas por la candidatura presidencial y las candidaturas federales y locales, las y los “sin partido” vivieron un momento de esplendor; lograron posicionar una agenda “ciudadanía vs. partidos”, acapararon reflectores y posicionaron su imagen y discurso, aprovechando la visibilidad que les daba el proceso de recopilación de firmas y el hecho de que los candidatos de los partidos tuvieran prohibido hacer proselitismo antes del arranque de las precampañas. Esos meses fueron un periodo de “promoción” que colocó las candidaturas independientes en el imaginario del electorado y en el centro de la conversación pública, pero en realidad la etapa de recopilación de apoyos ciudadanos fue un auténtico desafío logístico y financiero para la mayoría de quienes aspiraban, desde la ciudadanía, a una candidatura. En otros casos, la recopilación de apoyos puso al descubierto que muchas de estas candidaturas en realidad estaban ancladas en antiguas estructuras partidistas o gubernamentales, y que lejos de refrescar la política reciclaban viejas prácticas detestadas por los promotores de esta figura en 2009. Para captar los apoyos, y poder verificar su validez en el menor tiempo posible, el INE generó una aplicación electrónica utilizable en teléfonos móviles por parte de los aspirantes y sus promotores, mediante la cual se recopilaban los datos y se obtenía una fotografía de la credencial para votar como prueba del respaldo voluntario de una persona a una candidatura. Al mismo tiempo, se generó un sitio web que permitía el registro cotidiano y en tiempo real de los apoyos, y que daba la oportunidad a los aspirantes de saber si un registro había sido validado por la autoridad electoral, al corroborar la existencia del ciudadano en el Registro Federal de Electores y la consistencia de los datos. Adicionalmente, el INE mantuvo vigente la opción de recabar apoyos en cédula de papel (como había ocurrido en 2015), para no excluir a aspirantes con arraigo en municipios y distritos de zonas rurales y de alta marginación, donde la aplicación no tendría la misma efectividad. Mediante estos instrumentos el INE recibió, procesó y verificó más de 9 millones 48 mil apoyos recabados por las y los aspirantes a diversas candidaturas a nivel federal; 8.7 millones vía electrónica y 302 mil en papel. De la cifra total, la mayor parte correspondía a los aspirantes a la candidatura presidencial, quienes registraron en suma 7 millones 215 mil apoyos. Pero de los 46 que habían cumplido el requisito inicial e iniciaron la recopilación de firmas sólo tres acreditaron más de los 867 mil apoyos requeridos: Armando Ríos Piter, exsenador del PRD; Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, y Margarita Zavala, exdiputada del PAN y exprimera dama. Sólo esos tres aspirantes concentraban 5 millones 378 mil 776 apoyos de los más de nueve millones que tuvieron que ser verificados por el personal del INE. Y también fueron ellos tres quienes concentraron el mayor número de trampas en la búsqueda de los apoyos ciudadanos requeridos para estar en la boleta electoral. Tanto Zavala como Ríos Piter (apodado El Jaguar) y Rodríguez Calderón (apodado El Bronco) eran políticos profesionales con equipos de trabajo y experiencia en las lides de la política, personajes con patrocinios importantes por parte de empresarios,

figuras públicas que habían construido una imagen de supuesta rebeldía ante el establishment de sus respectivos partidos. Habían renunciado al PRI, PAN y PRD —los partidos dominantes en la escena política nacional—, denunciando abusos y atropellos por parte de sus dirigentes y prometiendo nuevas prácticas que reconciliaran a la ciudadanía con la política. Pero era puro discurso. Las autoridades electorales fueron las primeras en denunciar, no sólo públicamente, sino ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR, una serie de prácticas ilegales a las que recurrieron la candidata y los candidatos independientes en su afán de llegar a la boleta electoral para competir por la presidencia de la República. Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, fue el encargado de supervisar la captación de apoyos ciudadanos, y bajo su mando operaba el equipo de funcionarios que durante semanas revisó más de 8.9 millones de apoyos registrados vía aplicación electrónica y 302 mil en papel. Según Ballados, en la revisión que se hizo de los apoyos ciudadanos el INE detectó patrones sistemáticos de intentos de fraude a la ley. En un texto sobre las candidaturas independientes, incluido en el libro Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presidencial 2018 ( Julio Juárez y Carlos Hernández, UNAM, 2020), Ballados explica detalladamente las trampas a las que recurrieron los equipos de Zavala, Ríos Piter y El Bronco en su afán de recabar firmas de simpatizantes que, en realidad, no tenían. Uno de esos intentos de fraude fue la simulación de la credencial para votar, que se caracterizó por el uso de una plantilla o formato en lugar de la credencial, y en el que sólo se sobreponía la información que la app necesitaba de la persona para que se compulsara con la lista nominal, omitiendo el resto de las características específicas de una credencial de elector. De hecho, en la mayoría de las ocasiones la plantilla no traía ni foto ni nombre de la o el ciudadano. Me refiero a que la presencia de la simulación fue sistemática, pues literalmente se encontraron millones de casos de simulación, particularmente concentrados entre los aspirantes Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter.

En el dictamen que elaboró el INE sobre el cumplimiento de los apoyos requeridos para registrar candidaturas independientes a la presidencia se asientan las siguientes irregularidades: fotografía o fotocopias de credencial para votar, ausencia de firma, captura de la imagen de dos anversos o dos reversos de la credencial, captura de la imagen de anverso y reverso de dos credenciales distintas, varios registros con la misma credencial y con diferentes claves de elector, imágenes ilegibles, imagen de una credencial tomada de una pantalla y fotografías de documentos distintos a una credencial del INE, como licencias de conducir. Ballados detalla en su texto que “la presencia de la simulación se debió a que algunos aspirantes habían tenido acceso al margen de la ley a alguna versión de los datos registrales de la ciudadanía. Adicionalmente, el INE clasificó ésta y otras inconsistencias y dio vista a la FEPADE para que iniciara la investigación correspondiente, incluyendo casos que podrían considerarse como usurpación de identidad o uso indebido de datos personales”. Conforme se fueron detectando estas inconsistencias, el INE dio derecho de audiencia a los aspirantes para revisar la documentación de los registros que les habían sido invalidados. De las 46 candidaturas, siete pidieron revisión: Pedro Ferriz de Con (que acudió el 18 y el 25 de enero de 2018 a revisar los registros que le fueron anulados); El Bronco (cuyo equipo acudió en 12 ocasiones entre el 15 de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018); Margarita Zavala (cuyos representantes se encerraron en las oficinas del INE en 12 jornadas distintas entre el 10 de noviembre y el 3 de marzo); María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy (que fue seis veces al INE entre el 12 de diciembre y el 2 de marzo); además de tres precandidatos sin mayor notoriedad: Luis Modesto Ponce de León, José Antonio Jaime Reynoso y Eduardo Santillán Carpinteiro. Quienes acudieron a esas revisiones recuerdan largas jornadas de trabajo en las que funcionarios del INE y representantes de los aspirantes dedicaban hasta 10 minutos en la discusión de un solo registro. Como resultado de esas audiencias, cinco aspirantes subsanaron registros que les habían sido invalidados. Zavala logró que se le reconocieran 35 mil de 376 mil que pidió revisar; El Bronco salvó 48 mil de 392 mil revisados, y Marichuy pudo recuperar 8 mil de 11 mil reclamados. Al final de las revisiones, cancelaciones y validaciones, el INE determinó que, de los tres aspirantes que habían entregado más de los 866 mil apoyos requeridos, sólo Margarita Zavala cumplía con el umbral y podía acceder a la boleta electoral. De un millón 578 mil 774 apoyos entregados por la expanista, 870 mil 170 fueron considerados válidos (55%), lo que le abría el paso a la candidatura con apenas 4 mil apoyos más de los requeridos en la ley. En el caso de Ríos Piter sólo fueron válidos 242 mil 646 apoyos de un millón 765 mil 599 entregados por su equipo. Es decir, el experredista registró 86% de apoyos apócrifos, y aunque no había solicitado la revisión de sus registros en la primera fase de audiencias, cuando conoció el dictamen del INE se inconformó ante el TEPJF, que el 9 de abril obligó a la autoridad electoral a otorgar 10 días más de plazo

al Jaguar para la revisión de sus apoyos. Pero mientras transcurría ese plazo, ya en pleno arranque de campañas, el aspirante desistió y se sumó a la candidatura del priista José Antonio Meade. UN CANDIDATO BRONCO Y TRAMPOSO

En el caso de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, el INE determinó que, de los 2 millones 34 mil 403 apoyos registrados, sólo un millón 223 mil 408 correspondían a ciudadanos registrados en la lista nominal, y de esos sólo eran válidos 849 mil 937. Según el dictamen aprobado por el Consejo General del INE el 23 de marzo de 2018, el gobernador “independiente” de Nuevo León presentó 158 mil 532 simulaciones de apoyo, 205 mil 721 fotocopias de credenciales de elector y 23 mil 644 documentos no válidos. Es decir, le faltaron 18 mil para conseguir la candidatura. Al igual que Ríos Piter, El Bronco impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral, y pidió la revisión del cien por ciento de sus apoyos declarados con inconsistencias, lo que equivalía a volver a revisar más de 380 mil registros. En su demanda, el precandidato acusó que la aplicación del INE era inútil y que el procedimiento de revisión de los apoyos instrumentado por la Dirección de Prerrogativas era ilegal. Acusó a los consejeros electorales de orquestar una “campaña de desprestigio” en su contra, por el simple hecho de informar a la opinión pública sobre las artimañas a las que recurrieron no sólo él, sino casi todos los aspirantes. La sentencia del Tribunal Electoral, discutida y aprobada la noche del 9 de abril, fue uno de los hechos más polémicos de las elecciones de 2018: con los votos a favor de cuatro magistrados (Indalfer Infante, Mónica Soto, José Luis Vargas y Felipe Fuentes Barrera) se ordenó al INE registrar la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón sin ni siquiera hacer la revisión de apoyos demandada por el aspirante. El proyecto de sentencia fue redactado por Fuentes Barrera (quien en enero de 2019 sería designado presidente del tribunal) y se basaba en la presunción de inocencia del aspirante y en la aseveración de que el INE había violentado su derecho de audiencia para la revisión de los apoyos que le fueron invalidados. La sentencia fue votada en contra por la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, y por los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, pero el INE tuvo que acatarla, y en sesión extraordinaria el 10 de abril el Consejo General otorgó el registro a la candidatura de El Bronco. Puesto en la contienda por un tribunal cuestionado, Jaime Rodríguez Calderón emprendió su campaña con un video en YouTube y el hashtag #ProhibidoRendirse, que pretendía colocarlo como una víctima del sistema electoral. En ese primer mensaje dijo que el INE les había dado 10 días de ventaja a sus competidores y que él los alcanzaría y los rebasaría. Sin embargo, su campaña fue insustancial y carente de propuestas y formas distintas a las de los “políticos tradicionales” de los que tanto se quejaba. El momento memorable por el que será recordada su campaña ocurrió en el primer debate entre candidatos a la presidencia, cuando dijo que él les cortaría la mano a los delincuentes como medida para reducir la inseguridad. Cuando la periodista Azucena Uresti detuvo el debate y le pidió repetir esa propuesta, el candidato respondió con vehemencia que sí, que les mocharía las manos a los delincuentes. Y el intérprete de señas inmortalizó el momento haciendo el ademán de una mano cortando la otra, con un gesto firme y decidido. No había duda: El Bronco había llegado a la contienda. En las semanas siguientes llenaría espacios mediáticos con frases burdas e irreverentes y repitiendo su mantra de 2015: “La gente está hasta la madre de los partidos políticos”. Un mes después, cuando se revisaron los informes de fiscalización a los gastos de los “independientes”, se descubrió que la simulación de apoyos no fue la única trampa de Rodríguez Calderón. En sus revisiones, el INE determinó que el gobernador de Nuevo León (con licencia desde el 31 de diciembre de 2017) había hecho uso de más de 500 servidores públicos adscritos a 29 dependencias públicas del estado para registrarlos como auxiliares en la recopilación de firmas de apoyo a su favor, en días y horarios laborales, lo que habría implicado un posible desvío de 4 mil pesos por auxiliar; es decir, más de 2.6 millones de pesos. Otra irregularidad detectada por las autoridades electorales fue el uso de una asociación civil denominada Viva la Independencia, mediante la cual se habrían triangulado recursos a su campaña. De acuerdo con la UTF del INE, de los 17.5 millones de pesos reportados por El Bronco como aportaciones de 152 personas físicas, 15 millones provenían de 82 aportantes con depósitos de más de 100 mil pesos cada uno. Esto alertó a los auditores del INE, que pidieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información de esos aportantes, quienes resultaron ser personas de escasos recursos que, días antes de “decidir” donar dinero que no tenían al aspirante, habían recibido depósitos de empresas mercantiles por montos exactamente iguales a los transferidos a la asociación civil del gobernador. La UTF del INE descubrió, además, que el propio gobernador hizo un donativo por 240 mil pesos a la asociación que financiaba su campaña el 28 de noviembre de 2017, y que cuatro días antes la empresa Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios había hecho un depósito en una de sus cuentas por más de un millón de pesos.

Finalmente, una investigación del diario El Norte de Monterrey puso al descubierto la contratación de auxiliares que ayudaron a recopilar apoyos ciudadanos a favor de El Bronco mediante tarjetas SaldazoOxxo. Al retomarse este caso, la UTF pudo comprobar que las tarjetas eran alimentadas con recursos de dos empresas mercantiles (Grupo Comercial Gruten y Piserra Construcciones) y que mediante este método se pagó a mil 35 auxiliares sin relación laboral con dichas empresas, lo que constituye un probable caso de gasto no reportado por el candidato. Al discutirse estas irregularidades en sesión del Consejo General del INE, el 28 de mayo de 2018, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, propuso multar al aspirante con 739 mil pesos, y lamentó que uno de los candidatos “ciudadanos” a la presidencia haya recurrido a prácticas que enlodan la política. “Los hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización y la contundencia de sus pruebas materiales permiten concluir que se orquestó un esquema de financiamiento ilegal por 12 millones 800 mil pesos, que se desplegó en al menos tres actos”, concluyó Murayama, antes de explicar los mecanismos ya descritos. La multa fue ratificada por el Tribunal Electoral el 21 de junio, y aunque no hubo más sanciones por la posible comisión de delitos electorales y desvío de recursos públicos, la sentencia SER-PSC-153/2018 reconoció la existencia de una red de 572 funcionarios públicos que trabajaron para la campaña, lo que sentó un precedente para futuras acciones legales en contra del gobernador y su secretario de Gobierno, Manuel González Flores, quien ejerció el cargo mientras El Bronco gozaba de licencia para hacer campaña. Con la sombra de estos cuestionamientos y el desencanto por un gobierno que prometió mucho y cambió muy poco, El Bronco llegó hasta el final de la contienda. Aunque nunca se acercó a los 10 puntos porcentuales de intención de voto en ninguna encuesta seria, estuvo en los tres debates, recorrió casi todo el país, encabezó 149 actos de campaña; reportó ingresos por 10 millones 135 mil pesos y gastos por 29 millones 735 mil pesos. El 1 de julio el candidato independiente obtuvo 2 millones 961 mil 732 sufragios, equivalentes a 5.2% de la votación nacional. Y a nivel estatal no fue respaldado por el electorado que en 2015 lo había hecho gobernador con más de un millón de votos. En 2018 Nuevo León le dio a su gobernador 360 mil votos en la elección presidencial, equivalentes a 16% de la votación estatal. Y aunque esa cifra representa el triple de su promedio nacional, el candidato independiente quedó muy por debajo de López Obrador (748 mil votos en Nuevo León) y Anaya (703 mil votos). A las ocho de la mañana del 2 de julio Rodríguez Calderón acudió al Congreso de Nuevo León a entregar la notificación de su regreso al gobierno estatal, acompañado de su secretario de Gobierno, Manuel González, quien concluía así su interinato. Pero la aventura de la candidatura presidencial no acabó ahí. A finales de 2018 el senador Samuel García, electo por MC en Nuevo León, denunció penalmente al gobernador ante la FGR, y promovió su destitución ante el Congreso local. A través de un largo litigio, el senador neoleonés exhibió las trampas y probables delitos cometidos por El Bronco en su afán de ser candidato presidencial, y en julio de 2019 logró que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolviera un incidente de incumplimiento de sentencia y ordenara al Congreso de Nuevo León fijar una sanción en contra de los dos más altos funcionarios del gobierno estatal (Rodríguez Calderón y Manuel González) antes del 20 de diciembre de 2019. Fue entonces cuando las irregularidades cometidas por el gobernador para llegar a la boleta electoral de 2018 se convirtieron en un escándalo mediático y en tema de debate en el Senado de la República, donde MC y el PAN demandaron su destitución vía un juicio político que, hasta antes del verano de 2020, no había ocurrido. Una candidatura impuesta por el Tribunal Electoral, una campaña chistosa pero intrascendente y un gobierno mal calificado por la ciudadanía serán la herencia de El Bronco en la historia de los candidatos independientes. LA TRISTE CAMPAÑA DE MARGARITA

En el primer minuto del viernes 30 de marzo de 2018 Margarita Zavala arrancó su campaña electoral acompañada de unas 200 personas en la columna del Ángel de la Independencia, un lugar emblemático en la historia política del PAN, donde Luis H. Álvarez llevó a cabo una huelga de hambre en 1986, donde Maquío protestó en contra del fraude de 1988 y donde Vicente Fox celebró su victoria el 2 de julio de 2000. Era Viernes Santo, y la esposa del expresidente Felipe Calderón encabezaba un mitin justo a la misma hora en la que el candidato panista, Ricardo Anaya, iniciaba su campaña en un insólito acto celebrado a puerta cerrada en un centro de convenciones ubicado en Santa Fe, con cientos de integrantes del movimiento juvenil del PAN. La intención de los estrategas de Zavala era clara: mientras su acérrimo enemigo se encerraba con sus amigos en un “hackatón” para discutir supuestas ideas para su programa de gobierno, ella mostraba

contacto ciudadano en un lugar simbólico del panismo tradicional. En el mismo momento, el Consejo General del INE aún discutía su registro como candidata independiente a la presidencia, después de las irregularidades detectadas en la revisión de sus apoyos ciudadanos. “Hoy iniciamos el final de nuestra lucha para demostrar que se puede hacer política con dignidad, con ética y con verdad; soy candidata no por imposición ni por dedazo, sino por la voluntad directa de los ciudadanos”, decía Margarita en lo alto de un pequeño templete colocado en la más emblemática glorieta de Paseo de la Reforma, por donde deambulaban algunos panistas que formaron parte del calderonismo: Fausto Barajas, exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes, que además fungía como coordinador de la campaña; José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Conagua; Elizabeth Yáñez, exsubsecretaria de la Función Pública; Alfredo Rivadeneyra, exdiputado federal, y Carlos Castillo López, hijo del fallecido Castillo Peraza, mentor de Felipe Calderón. El propio expresidente estaba ahí, robando cámara mientras su esposa leía con dificultad un discurso de 15 minutos en el que se quejó de las condiciones de inequidad que, según ella, imponía el INE a la primera campaña “independiente” por la presidencia de la República. La candidata se mantuvo 47 días en campaña, y nunca logró salir del 5% que le daban las encuestas desde el arranque de 2018. En medio de una campaña dominada por Andrés Manuel López Obrador, la expanista se volvió irrelevante, pues sus actos proselitistas transcurrían sin novedad alguna, su discurso era plano y sus mensajes y propuestas se perdían en el vasto mar de declaraciones ofrecidas por miles de candidatos en campaña por diversos cargos públicos. Así llegó Zavala al primer debate entre presidenciables, celebrado en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Acompañada de su hermano Juan Ignacio; de su coordinador de campaña, Fausto Barajas; su vocero, Jorge Camacho, y su representante ante el INE, Fernanda Caso, la candidata independiente visitó el set del debate el sábado 21 de abril. Quienes la vieron la recuerdan nerviosa y un poco insegura, atendiendo a las indicaciones de su hermano, un consultor político curtido en la preparación de debates en las campañas de Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota. El domingo 22 Zavala apareció hipermaquillada, vestida de negro y con su inseparable rebozo colgando en el cuello. Rígida, mirando siempre a la cámara como se lo instruyó su hermano, se sumó a la andanada de críticas y cuestionamientos que esa noche se hicieron al candidato puntero en las encuestas, López Obrador, a quien una y otra vez le reprochó su propuesta de otorgar amnistía a presos sentenciados por delitos no graves. Zavala tuvo que avanzar con cautela en un camino pantanoso para ella, un encuentro convocado para debatir el tema de política y gobierno y los subtemas seguridad, violencia, corrupción e impunidad, en los que su marido, Felipe Calderón, dejó tras su administración la penosa herencia de la “guerra contra el narco”, que le fue reprochada dos veces durante la noche. Con poca naturalidad, Zavala soltó, una a una, las frases ensayadas en las largas jornadas de entrenamiento; pocas expresiones memorables o dignas de ser consignadas por la prensa del día siguiente. “Yo sí te voy a defender de los delincuentes, de Trump y de las propuestas de López Obrador”, fue quizá la más elocuente. Sin embargo, los analistas coincidieron en que ni ella ni El Bronco habían demostrado ser una real alternativa a lo que ofrecen los partidos. “El Bronco representa el peligro irresponsable de la antipolítica. Margarita es el calderonismo clonado y sin sustancia”, sentenció el articulista Genaro Lozano en su columna de Reforma. Después del debate poco se supo de Zavala y su campaña. Las encuestas publicadas en febrero y abril le habían otorgado 5% de intención de voto, pero los sondeos posteriores al debate, publicados en la primera semana de mayo, le daban apenas 3 por ciento. Zavala no avanzaba, sino que retrocedía. Y muy lejos se veía el escenario planteado por sus asesores al inicio del año: alcanzar a Meade en el tercer sitio de las preferencias entre marzo y abril, acercarse a Anaya en mayo, y colocarse en junio (último mes de campaña) como una alternativa competitiva a López Obrador. Fue justo el primer día de mayo cuando López Obrador reveló que un grupo de empresarios se había reunido con representantes de sus opositores, Anaya, Meade y Zavala, para plantearles la idea de generar una candidatura de unidad que evitara el triunfo de Morena. AMLO aseguró que el grupo de empresarios que supuestamente orquestaban este plan era encabezado por Germán Larrea, Alberto Baillères, Alejandro Ramírez, Eduardo Tricio y Claudio X. González, quienes se habrían propuesto convencer a Meade y Zavala de respaldar al panista. Esto ponía contra las cuerdas al candidato del PRI y a la candidata independiente, quienes aparecían en todas las encuestas muy lejos de AMLO y a más de 10 puntos de Anaya. Cuando el tabasqueño hizo esas declaraciones, durante una gira por Zongolica, Veracruz, la campaña de Zavala ya estaba liquidada. Los empresarios le habían retirado el apoyo económico y le pedían abiertamente bajarse de la contienda. Paralelamente, desde el cuarto de guerra de Ricardo Anaya, y a través de prominentes figuras del panismo, todos los días le sugerían desistir y sumarse al queretano para impedir un triunfo de AMLO.

Pero Zavala, agraviada por Anaya y sus principales operadores, y forjada en el antipriismo desde la cuna, se negó a sumarse a algún candidato, y el 16 de mayo, cuando faltaban cuatro días para el segundo debate y las boletas electorales ya estaban saliendo de las imprentas de Talleres Gráficos, decidió tirar la toalla sin manifestar simpatía por algún otro presidenciable. Renunció ante las cámaras de Televisa, pues esa tarde acudió a los estudios de la televisora a grabar el programa Tercer Grado, cuyos productores acordaron con ella difundir un fragmento de 30 segundos con el mensaje más importante que daría Margarita en 2018, el único que causó impacto en la opinión pública y que marcó en algo las elecciones presidenciales de ese año: “Aprovecho aquí, para decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda, por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México.” Al día siguiente de su renuncia el reportero Mayolo López publicó en Reforma una entrevista con José Luis Luege Tamargo, quien reconoció que la campaña de la ex primera dama se había quedado sin fondos. “Llegó un momento en el que estábamos inmovilizados por falta de recursos. Aquí sí operó un cierre de la llave absoluto. No podíamos movernos, no teníamos capacidad de movilización. Llegó un momento en el que ella percibe, con toda razón, que podía ser una caída libre. La estructura orgánica la teníamos al mínimo”, reveló el expanista. La renuncia obligó al INE a tomar un acuerdo para que los votos que se emitieran en su emblema se consideraran como votos por un candidato no registrado, pero la coalición PAN-PRD-MC se inconformó, y el Tribunal Electoral decidió, 12 días ante de la jornada electoral, que si alguien votaba por Zavala y a su vez por otro candidato, el sufragio contaría por el candidato con registro. Una decisión que al final resultó intrascendente, pues la diferencia entre el candidato ganador de las elecciones presidenciales y el resto de sus competidores fue abismal. Zavala y su equipo se borraron del panorama electoral haciendo duros reproches al INE y a las leyes que, por primera vez, habían permitido las candidaturas independientes a la presidencia. Según Fernanda Caso, una de las colaboradoras más cercanas a Margarita y hoy esposa de su sobrino Juan Zavala, los partidos políticos abrieron las puertas a las candidaturas independientes con la reforma electoral de 2012, pero se encargaron de ponerles múltiples obstáculos, al no establecer condiciones de equidad para competir con los candidatos de partido en igualdad de condiciones. En un artículo publicado en la Revista R el 25 de mayo de 2018, Caso detalló las condiciones adversas que enfrentaron desde la fase de recopilación de apoyos ciudadanos hasta la campaña, con reglas que las pusieron en desventaja permanentemente. Por ejemplo, Zavala recibió del INE 7 millones de pesos como prerrogativas para toda su campaña, mientras que los partidos contaban con las jugosas partidas de su gasto ordinario más el gasto de campaña autorizado para 2018. Al igual que Luege, Fernanda Caso reconoció que siempre vivieron bajo presiones financieras que obligaron a Zavala a pedirle a su equipo trabajar voluntariamente, lo que propició que muchos se fueran incluso antes del arranque formal de la campaña. Además de recibir una cantidad mínima de recursos públicos, los candidatos independientes tenían un límite de recaudación entre donantes equivalente a 10% del tope de gastos para la campaña presidencial, que era de 429 millones de pesos. Es decir, en principio sólo podían recaudar 42 millones de pesos, pero estaban obligados a contratar contadores y abogados para cumplir con las disposiciones del INE en materia de fiscalización, como si fueran postulados por un partido. “La regulación de independientes se limitaba a decir que debían conseguir firmas. El resto era tierra de nadie. Debíamos recaudar, pero no quedaba claro cómo debíamos hacerlo atendiendo a la realidad financiera de 2018. Y lo que terminó por exacerbar la inequidad fue el reparto de spots. Un candidato sin spots, hoy, es un candidato sin voz”, lamentó Caso. Zavala tenía asignados 23 spots para los tres meses de proselitismo, menos de uno al día; contra 2 mil 894 de Meade, 2 mil 788 de Anaya y mil 476 de López Obrador. Para Fernanda Caso, la gran lección de 2018 en materia de candidaturas independientes es que los partidos aceptaron abrirles la puerta con la reforma de 2012, pero les ataron las manos con los recursos públicos y les pusieron una mordaza con los spots. En el reporte final de fiscalización del INE se determinó que Zavala ingresó 14 millones 845 mil pesos y gastó 111 millones 230 mil pesos. Agendó en 47 días de campaña 66 eventos, de los cuales canceló 9 y realizó 57. Nunca llamó a votar por Anaya ni por Meade, y el 1 de julio de 2018 votó en una casilla cercana a su domicilio acompañada de Felipe Calderón y sus hijos. Los 32 mil 743 votos que los electores marcaron ese día a su favor en la boleta electoral se convirtieron en votos nulos. MARICHUY: IMAGINAR LO IMPOSIBLE

El 10 de febrero de 2018, cuando faltaban 12 días para que terminara el plazo de recolección de firmas para los aspirantes a la candidatura presidencial independiente, una mujer indígena náhuatl apareció en uno de los auditorios de la Universidad Iberoamericana y pidió a alumnas y alumnos imaginarse cosas imposibles, porque las posibles no han servido para mejorar el mundo. María de Jesús Patricio, Marichuy, llegó a la Ibero con la representación del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), una instancia creada en 2016 por el Consejo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para transitar de la clandestinidad y la lucha armada a la vía políticoelectoral. La apuesta por las urnas del movimiento zapatista representaba un triunfo de la política sobre la guerrilla que, en 1994, irrumpió desde Chiapas denunciando la inutilidad de los partidos y la corrupción del sistema político. Veintitrés años después de la Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN se congregaba en una asamblea (el 28 de mayo de 2017), para que 154 representantes de pueblos originarios nombraran a Marichuy como vocera del CIG y su precandidata en las elecciones presidenciales. Intelectuales y artistas como Alicia Castellanos, Juan Villoro, Graciela Iturbide, Pablo González Casanova, Paulina Fernández Christlieb, Francisco Toledo, Fernanda Navarro, Paul Leduc y Óscar Chávez comprendieron la importancia de la candidatura indígena; crearon la asociación civil que exigía el INE para poder aspirar al registro; la nombraron Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos; reunieron 177 mil 600 pesos (aportados en su mayoría por ellos mismos), y se dieron a la tarea de recabar firmas para poner en la boleta electoral no sólo a una persona, sino una causa. Ésa era la gran diferencia entre Marichuy y los otros “independientes”. Ella quería competir por la presidencia para visibilizar a los suyos, para volver a poner en la agenda nacional los problemas irresueltos de los pueblos indios y las injusticias persistentes “tras la larga noche de los 500 años”. Se trataba de resolver a punta de votos lo que en 1994 no se pudo resolver a balazos. Ella, a diferencia de Zavala, El Bronco, El Jaguar y Ferriz, competía para poder imaginar maneras distintas de resolver los problemas de las comunidades, no para llegar al poder. Marichuy estaba a punto de cumplir 54 años en octubre de 2017, cuando solicitó al INE su registro como candidata independiente. Nacida en Tuxpan, Jalisco, dedicada a la medicina tradicional, a la herbolaria y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, era recordada por haber participado en la Caravana Zapatista de 2001, y por ser una de las mujeres que habló desde la tribuna del Congreso de la Unión para aclarar que la plena liberación de los pueblos indígenas pasaba, también, por la igualdad entre hombres y mujeres. Con esas credenciales, los promotores de su candidatura instalaron mesas de acopio de firmas en comunidades, pueblos, palacios municipales, salidas del metro de la Ciudad de México y en puntos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, donde el CIG logró recabar más de 15 mil firmas en la que Juan Villoro bautizó como “la mesa de los héroes”. Su participación en este proceso obligó al INE a aceptar el registro de apoyos de papel, además de los millones de registros electrónicos recabados mediante la aplicación creada por la autoridad electoral. Con un gasto mínimo, de 850 pesos diarios, Marichuy recorrió casi todo el país, habló en decenas de foros universitarios; reclutó a 14 mil auxiliares, y consiguió que casi 6 mil de ellos se mantuvieran activos enviando en promedio 50 firmas diarias a los sistemas del INE; pasó horas a bordo de vehículos para visitar comunidades recónditas, encaró una emboscada en Michoacán por querer llegar a un pueblo purépecha aislado por el control territorial del narco; juntó todas sus notas de consumo y facturas para reportar al INE los 600 mil pesos que se gastó en su aventura, y encontró la simpatía de miles de ciudadanos convencidos de su causa, de su inminente fracaso electoral, pero también de su indudable victoria moral. En su periplo, la modesta camioneta en la que viajaban Marichuy y su equipo de campaña volcó en una carretera de la península de Baja California el 14 de febrero de 2018. En el accidente murió Eloísa Vega Castro, integrante de la red de apoyo el CIG en Baja California Sur; resultó lesionado el concejal Francisco Grado y a Marichuy se le fracturó un brazo. Al final, la aspirante presentó ante el INE 281 mil 945 apoyos ciudadanos, una tercera parte de los 866 mil requeridos, con una enorme diferencia respecto a los otros aspirantes: sus apoyos eran, en una abrumadora mayoría, el registro de adhesiones genuinas a su proyecto. En la revisión que hizo la Dirección de Prerrogativas del INE se detectó que 267 mil 953 de las firmas y credenciales presentadas por Marichuy eran auténticas; es decir, más de 95%. En contraste con Margarita Zavala, Ríos Piter y El Bronco, la candidata indígena no quiso engañar a nadie, no manipuló ni falsificó documentos, no compró bases de datos, no usó estructuras de gobierno para recabar firmas, ni simuló apoyos que no tuviera. En un artículo publicado días después de la sesión en la que el INE hizo el recuento de los apoyos y negó los registros a quienes no alcanzaron las 866 mil firmas requeridas, Juan Villoro dejó para la posteridad la mayor lección de este episodio: “Para ser candidato independiente a la presidencia hay dos alternativas: perder con limpieza o ganar con trampa”.

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México en campaña Ernesto Núñez Albarrán

Un fantasma rondaba las democracias occidentales en los años previos a las elecciones más grandes que hasta entonces hubiera tenido México: el de la desinformación. En 2016 la difusión masiva e intencionada de noticias falsas fue utilizada como estratagema electoral en la campaña del Brexit, que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Y a partir de entonces el mundo pudo constatar que todos los datos que cotidianamente comparten millones de personas en plataformas digitales y redes sociales pueden ser utilizados para manipular una elección. En los meses previos a los comicios mexicanos el escándalo de Cambridge Analytica-Facebook vino a confirmar que el uso del llamado big data para crear perfiles de votantes y redes de distribución de fake news podía predeterminar comportamientos electorales, como ocurrió en Estados Unidos en una acción concertada con intervención rusa para bombardear la campaña de Hillary Clinton y fortalecer el voto a favor de Trump. La desinformación —quedó comprobado— constituye una amenaza real para cualquier democracia. A las llamadas “guerras de lodo”, campañas negativas o de desprestigio —de uso común en la política desde tiempos inmemoriales— ahora se agregaba un motor tecnológico que elevaba a la tercera potencia la capacidad de manipular la realidad para crear narrativas políticas y propagandísticas, y para hacer ganar o perder a casi cualquier candidato. Ése era el ambiente en el otoño de 2017, cuando inició formalmente el proceso electoral federal. Pero entonces tembló, y una de las vacunas que impidieron un Cambridge Analytica versión México surgió de entre las ruinas que dejó el terremoto del 19 de septiembre. Surgió espontáneamente, mientras el país lloraba la muerte de decenas de personas en el terremoto que sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México. Se le conoció como #Verificado19S y comenzó como una red de comunicación entre activistas ciudadanos preocupados por la difusión de noticias falsas alrededor de la catástrofe. “Nos dimos cuenta de que había mucha información falsa y de que se estaban llenado los albergues de cosas que no eran necesarias; por ejemplo, un montón de agua, cuando lo que se necesitaba eran picos y palas. Hicimos mapas interactivos sobre lugares donde había catástrofes. Empezamos entre nosotros a sacar cartelitos sobre las cosas que se necesitaban en ciertos lugares, con gente en tierra que iba y preguntaba. Empezamos siendo 15 y terminamos siendo cientos de personas que se comunicaban con nosotros y nos decían: ‘Acá se necesita esto’, o ‘Acá se cayó algo’. Lo confirmábamos con la gente de tierra y lo publicábamos. Al principio era sólo eso: gente verificando las necesidades y los lugares donde habían ocurrido los sismos y los derrumbes” —relata Ixchel Cisneros, periodista y activista ciudadana que en ese momento dirigía el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). La idea original nació en un chat en el que participaban Ixchel y otros activistas —muchos de ellos surgidos del movimiento #YoSoy132—, en el que intercambiaban inquietudes por la cantidad de rumores que se esparcían y el efecto nocivo que éstos tenían para los cuerpos de rescate, brigadistas y voluntarios que, durante más de una semana, estuvieron buscando sobrevivientes entre los escombros. En medio de la conmoción nacional, las noticias falsas provocaban alertas innecesarias, movilización en balde de cuerpos de rescate, concentración de víveres y medicinas en donde no hacían falta y ausencia de apoyos en comunidades apartadas de las zonas siniestradas más visibles para los medios de comunicación. El ejemplo más visible de desinformación en el sismo fue el caso “Frida Sofía”, una niña que supuestamente luchaba por su vida entre los escombros del colegio Enrique Rébsamen, al sur de la Ciudad de México. Durante casi 48 horas, Televisa transmitió en vivo desde el colegio a la espera de que Frida Sofía fuera rescatada por la Marina, en una noticia falsa fabricada y alimentada por los mandos militares responsables del rescate en ese sitio, las autoridades de la SEP, la delegación Tlalpan, la dueña del colegio, Televisa y otros medios. Esa historia conmovió —y luego decepcionó— a millones, pero hubo cientos de historias menores que estaban generando el mismo efecto de confusión, alarma social, caos y dificultad para canalizar la ayuda

a donde sí era necesaria. Los primeros tuits verificando y desmintiendo información y rumores surgieron de la cuenta del Cencos en Twitter, y de las cuentas personales de Ixchel Cisneros, Sandra Patargo, Juan Pablo Espinosa de los Monteros, Sergio Beltrán, Elvira Derbez, Julio Mena y Carlos Brito, entre otros activistas. Después se unieron Horizontal y Google México, y se creó la cuenta de Twitter @Verificado19S, que el 23 de septiembre comenzó a emitir mensajes con datos verificados sobre los lugares en donde se requería más ayuda. Se trataba de hacer más eficiente la respuesta ciudadana tras los sismos aprovechando las redes digitales, y combatir el fenómeno de desinformación que, en esa coyuntura, corría como la pólvora en chats de WhatsApp, posts de Facebook, videos de YouTube y rumores diseminados en Twitter. La plataforma digital se subió a veificado19s.org y en ella aún puede leerse la razón de ser de este esfuerzo ciudadano: “Las necesidades informativas cambiaban día con día: primero, un Google Maps con derrumbes, albergues y centros de acopio, con información verificada. Pronto fue insuficiente. Movilizamos la ayuda a zonas de desastre para salvar vidas de quienes estaban atrapados entre los escombros. Así surgió el segundo trabajo de #Verificado19S: concentramos la demanda de recursos y su oferta en tiempo real”. El equipo de aproximadamente 500 personas se dividió en “verificadores” que actuaban directamente en las zonas de desastre, y los “nodos” o “monitores” que captaban y verificaban la información difundida en redes sociales y chats vecinales. En 10 días, este equipo procesó más de 20 mil datos, unificó ocho mapas y lanzó 10 formularios con los que la ciudadanía podía reportar derrumbes y necesidades de sus albergues o centros de acopio cercanos. Los promotores de esta iniciativa explican que #Verificado19S llenó un vacío de legitimidad informativa, en un momento en el que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales se vieron rebasados por la emergencia. Esta iniciativa ciudadana fue elogiada en muchos medios nacionales y extranjeros, y fue el antecedente visible de una plataforma que, de cara a los comicios presidenciales, perseguiría fines similares, aunque con métodos distintos: evitar que la desinformación descarrilara el proceso electoral. #VERIFICADO2018

Pocas semanas antes de los sismos de septiembre de 2017 la periodista Diana Larrea Maccise buscó a Daniel Moreno, director de Animal Político, para proponerle sumarse a un proyecto de verificación de información que ella estaba impulsando desde AJ+ Español —la plataforma mexicana del canal qatarí Al Jazeera—, en el que ella fungía como directora de proyectos. La idea era desarrollar un mecanismo de verificación de datos durante el proceso electoral mexicano, basándose en el modelo de First Draft News, un consorcio surgido en 2015 “para crear conciencia y abordar los desafíos relativos a la confianza y la verdad en la era digital”. Para ese momento, Daniel Moreno —un experimentado periodista con más de 30 años de trayectoria en los diarios más importantes del país, fundador en 2010 del sitio Animal Político— llevaba ya dos años desarrollando un modelo de verificación de información llamado El Sabueso, operado por la joven periodista Tania Montalvo. First Draft News, por su parte, era ya una potente coalición de organizaciones de periodismo, derechos humanos, tecnología y medios de comunicación de todo el mundo, con una red de colaboradores enfocada en una idea aún visible en su sitio web: “Solamente se puede abordar la magnitud de los desafíos que enfrenta la sociedad para filtrar información objetiva y contenido auténtico a través de una colaboración global de organizaciones que trabajen juntas para encontrar soluciones”. No es casual que en 2016 —el año de Brexit y Trump— haya nacido la red de colaboradores en el sitio firstdraftnews.org y que justo en ese momento el Diccionario de Oxford haya escogido como palabra del año el neologismo posverdad, definido como: “que denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que los llamados a la emoción y a la creencia personal”. En ese contexto se encontraron Larrea y Moreno, cuando ambos ya traían en la cabeza la idea de lanzar un proyecto de fact checking rumbo a las elecciones, ella desde AJ+ y él desde El Sabueso. El tercer socio en el lanzamiento de la iniciativa era Pop-Up Newsroom, una plataforma de diseño e innovación para el periodismo colaborativo que, a su vez, facilitó la alianza con los gigantes de internet Google y Facebook. En los meses siguientes, con el temblor como principal noticia en México y los partidos y candidatos iniciando sus precampañas, los periodistas comenzaron a desarrollar el proyecto, conformar equipos y buscar aliados, justo en la lógica de First Draft News: involucrar no solamente a medios y periodistas, sino a universidades y organizaciones civiles. La alianza comenzó con 38 medios y organizaciones, y terminó sumando a más de 60 medios de comunicación, organizaciones ciudadanas y universidades. Antes del lanzamiento, Daniel Moreno se reunió con directivos de los medios de comunicación más importantes del país para proponerles sumarse a la iniciativa. Entre los que rechazaron la propuesta

figuraban dos de los principales periódicos de la Ciudad de México: La Jornada, argumentando que por política editorial no podían participar en ninguna iniciativa apoyada por la fundación de George Soros, Open Society (copatrocinadora del proyecto), y Reforma, cuya práctica siempre ha sido actuar en solitario, desechando alianzas que involucren a cualquier otro medio mexicano. Con todo, Moreno logró el apoyo de medios nacionales como El Universal, Proceso, El Economista, W Radio, ACIR Radio, Grupo Expansión; de “nuevos medios”, como BuzzFeed, Huffpost y Vice, y un grupo importante de medios locales, como Zeta de Tijuana, Ríodoce de Sinaloa, El Diario de Yucatán, El Siglo de Torreón, El Sur de Guerrero, El Imparcial de Sonora y Proyecto Puente, entre muchos otros. En el camino, Moreno se puso en contacto con Ixchel Cisneros, Alberto Serdán, Gisela de Hacha y otros promotores de #Verificado19S para comentarles del proyecto y avisarles que se usaría la palabra “verificado” como marca de la nueva iniciativa. “No era un asunto de derechos de autor, sino de cortesía —explica Moreno— se trataba de preguntarles si no tenían ninguna objeción, y no la tuvieron.” Al final, el Cencos y Horizontal —principales promotores de #Verificado19S— terminaron formando parte de lo que desde un principio se autodefinió como una iniciativa colaborativa de periodistas independientes y ciudadanos. Y en el texto de presentación del proyecto se reconoció así la inspiración en lo que hicieron los jóvenes después de los sismos: Intencionalmente, el proyecto retoma el nombre que un grupo de jóvenes usó en el sismo para informar y servir de puente entre quienes necesitaban ayuda y quienes podían proporcionarla. #Verificado19S fue la respuesta de la gente a la ausencia o a la ineficiencia del gobierno y a la difusión de datos falsos, que sólo servían para confundir, generar temor o desviar la ayuda que se necesitaba. Una elección no es tiempo de catástrofe. O no debería serlo. Pero, sin importar cuál sea su origen, la información falsa tiene un sentido parecido al que se enfrentó en el temblor: confunde, paraliza, asusta. Busca, en ese sentido, socavar la libertad del ciudadano para decidir por quién votar. La información confirmada, precisa y rigurosa es clave para esa decisión en libertad.

El 12 de marzo de 2018, desde el sitio medium.com, Diana Larrea Maccise y Dima Khatib (directora ejecutiva de AJ+) publicaron un texto titulado “¡Bienvenid@s a #Verificado2018!”, en el que abundaban sobre los propósitos de esta iniciativa: “Nuestro objetivo es verificar, en tiempo real, información relevante sobre el proceso electoral de 2018. Analizaremos contenido en redes sociales y plataformas digitales durante las campañas electorales y el día de la elección. Cuando la información sea falsa o esté descontextualizada, lo denunciaremos”. AJ+ Español era el canal digital de noticias de Al Jazeera con sede en México desde 2016, y estaba especializado en la producción de materiales audiovisuales, por lo que su rol en #Verificado2018 consistió en crear videos, animaciones e infografías. El trabajo editorial quedó a cargo de Tania Montalvo, editora general de Animal Político, quien coordinó las verificaciones y los productos editoriales que se subían cada día a la plataforma y se compartían con los medios aliados. Con ella trabajó la periodista Gabriela Gutiérrez, freelance especializada en temas sociales y financieros, como coordinadora de información. El equipo de reporteras y reporteros de Animal Político contribuyó con notas para #Verificado2018, pero no dejó de hacer la cobertura de las campañas. Además, se incorporó al equipo a Diego de la Mora —especialista en políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación—, quien lideró a un grupo de verificadores especializados en política y economía sin formación periodística, que hicieron mancuerna con reporteras y reporteros. Antes del arranque formal se realizaron talleres de capacitación en técnicas de verificación y producción de contenidos visuales, en los que participó un centenar personas, en su mayoría jóvenes, que serían los verificadores en los siguientes cinco meses. A mediados de marzo este equipo de no más de 15 personas comenzó a trabajar cotidianamente en una redacción instalada en la Universidad de la Comunicación, que tiene su sede en una vieja casona de la calle Zacatecas, en la colonia Roma. Mientras tanto, Daniel Moreno entró en contacto con los equipos de los candidatos a la presidencia y los partidos que conformaban las tres grandes coaliciones en contienda, para avisarles que el equipo de #Verificado2018 estaría haciendo fact checking tanto de sus propuestas y discursos como de las noticias falsas que pudieran difundirse como parte de los ataques “normales” en una campaña política. El único candidato con el que Moreno no pudo tener contacto directo fue Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue el tabasqueño el protagonista de la primera verificación publicada en el sitio www.verificado.mx. Fechada el 16 de marzo de 2018 y firmada por Aldo Nicolai, la nota se titulaba: “El libro de López Obrador no fue el más vendido de 2017”, y en ella se investigó la veracidad de una frase pronunciada por el candidato el 8 de marzo en Colima, en la que dijo que su libro más reciente (2018: La salida, Grijalbo) fue el más vendido de autores mexicanos, al menos en Gandhi. Al contrastarse la declaración con la lista oficial de libros más vendidos de Gandhi, la nota concluía que el dicho era falso. Y así fue tuiteado, no desde la cuenta oficial de Twitter @VerificadoMx, sino desde la cuenta de AJ+ (@ajplusespanol).

Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco; las campañas, candidatas y candidatos en Jalisco, Morelos, Puebla, la Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Guanajuato; el INE, Facebook, Google, el gobierno federal y los partidos políticos fueron los siguientes protagonistas, hasta sumar 173 “verificaciones”, 153 notas que aclaraban o desmentían noticias falsas y 3 mil 116 tuits en @VerificadoMx. Daniel Moreno recuerda que lo más visto fue la cobertura de los debates presidenciales, como las tres notas que publicaron el 23 de abril sobre el primer debate, celebrado en el Palacio de Minería: “Democracia y grupos vulnerables, ¿cierto o falso?: esto dijeron los candidatos en el primer debate”, “¿Qué dijeron los candidatos sobre corrupción y combate a la impunidad? Aquí las frases verificadas del primer debate presidencial” y “¿Verdades o mentiras? Esto dijeron los candidatos sobre seguridad y violencia en el primer debate”. La del 21 de mayo, posterior al debate en Tijuana, que se tituló: “Las mentiras y verdades sobre migración y frontera en el segundo debate presidencial”. O las que se publicaron el 13 de junio sobre el tercer y último debate, donde Ricardo Anaya acusó a López Obrador de otorgar contratos por adjudicación directa a la empresa Rioboó (lo cual fue comprobado por #Verificado2018), y en el que el panista mostró una foto de López Obrador con Enrique Peña Nieto para asegurar que sí se habían reunido durante el sexenio del priista, y que #Verificado2018 calificó como una declaración falsa, pues la imagen era de un debate de las campañas de 2012, donde AMLO también fue candidato. Las notas de los debates fueron trabajadas durante la noche y madrugada, pues los tres encuentros transcurrieron en horario nocturno, y eso implicó ampliar la redacción de la Universidad de la Comunicación a un grupo mucho más grande de verificadores, especialistas y periodistas. Consultada sobre este proceso, Tania Montalvo explica que las coberturas de los debates se planearon con mucho cuidado y anticipación, e involucraron a grupos de 60 a 80 personas que se instalaban en una sede contratada con Centraal, una empresa especializada en rentar espacios de trabajo para eventos especiales, ideal para lo que se buscaba en #Verificado2018. Los recursos para financiar esos ejercicios fueron aportados por la oficina mexicana del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). Para cada debate se crearon tres mesas temáticas y tres grupos en los que confluían los verificadores que trabajaban habitualmente en el proyecto, periodistas de los medios aliados y académicos invitados especialmente para ese día. Además de las coberturas especiales de los debates, el equipo trabajaba diariamente en detectar noticias falsas que circulaban en cadenas de WhatsApp, Facebook o Twitter, para someterlas a verificación. Había de todo: desde “¿Angélica Rivera llamó pobretón a AMLO?”, hasta: “Un montaje, la imagen de Ricardo Anaya con poca ropa”. El falso financiamiento del gobierno ruso a López Obrador, un falso boletín de apoyo de Venezuela a AMLO, encuestas falsas, frases escandalosas atribuidas a candidatos o a personajes célebres, presuntos nexos familiares de aspirantes con personas indeseables, fotografías editadas o pasadas por Photoshop y videos manipulados fueron otras fake news captadas por los verificadores cuando se hicieron virales, y que se desmentían con la finalidad de que no hicieran más daño. A mediados de abril #Verificado2018 difundió una lista de sitios y supuestos medios de comunicación en los que había detectado mayor generación y circulación de notas falsas, algunos de los cuales tenían vínculos con partidos y candidatos, o eran abiertos simpatizantes de alguna opción política. En Facebook los más activos eran: Nación Unida (con 533 mil 834 seguidores), Argumento Político (195 mil 189 seguidores), Amor a México (169 mil 311 seguidores) y Zócalo Virtual. Entre los sitios y cuentas que reiteradamente difundían información falsa sobre el proceso electoral destacaban: elmexicanodigital.com, todoin forme.com, argumentopolítico.com, noticiasocultas.net, fisgonpolitico.com y nacionunida.com. En mayo #Verificado2018 publicó una nota en la que denunciaba que algunos medios, sitios digitales o periodistas estaban usando la marca para difundir noticias supuestamente verificadas, pero que en realidad no lo estaban, y puso como ejemplo una nota publicada en el portal del periodista Ricardo Alemán, quien para entonces se hundía en el desprestigio por insinuar la idea de que López Obrador podría ser asesinado por sus propios simpatizantes. “El portal La Otra Opinión —dirigido por el periodista Ricardo Alemán— publicó una imagen con el logo de #Verificado2018 de una nota periodística en donde se muestra al periodista de La Jornada y autor de la columna Astillero, Julio Hernández López, al ser detenido junto con otras cuatro personas por su presunta participación en tres atentados en San Luis Potosí en 1975. La nota tuvo mil 128 interacciones en Facebook. A pesar de que Hernández López reconoció que a los 21 años fue detenido y encarcelado por acusaciones de participar en actos terroristas, también dijo que fue liberado una semana más tarde tras demostrar su inocencia. La imagen no fue publicada por #Verificado2018 y La Otra Opinión no es parte de los aliados de este proyecto”, aclaró el equipo de #Verificado2018. Moreno explica que el modelo de verificación utilizado en el proyecto fue inédito, tanto por su metodología (que fue pública desde el primer día) como por sus dimensiones. “Nunca se había hecho algo tan grande; la marca se posicionó muy rápido, se hizo viral y tuvimos muchas visitas. Muy pronto se supo qué era”, afirma el periodista.

Tania Montalvo explica que #Verificado2018 logró, adicionalmente, crear un mecanismo de participación de la ciudadanía a partir de la posibilidad de acceder a información real sobre lo que estaba ocurriendo en las campañas. “Verificado permitió un involucramiento de la ciudadanía en el proceso electoral, en una dinámica cotidiana que la gente hace sin pensar, que es la de compartir información en sus conversaciones. A través de Verificado podían cambiar la conversación, porque tenían datos confirmados sobre todo lo que circulaba y se comentaba; podían decir: ‘esto es cierto o no es cierto’. Y así podían influir en el proceso”, explica. Montalvo comenta que llevar a cabo esto fue tan fácil, y a la vez tan difícil, como volver a los básicos del periodismo: preguntar qué, quién, dónde, cuándo… Tras su experiencia, la periodista pudo delinear la curva que siguió el fenómeno de la desinformación en las elecciones 2018; un ciclo que comenzó con noticias falsas en torno a López Obrador, las cuales nunca dejaron de aparecer en toda la campaña. Siguió con notas sobre el candidato del PRI, José Antonio Meade, mismas que dejaron de proliferar conforme dejó de ser competitivo en las encuestas. Continuó con fake news en torno a Ricardo Anaya, sobre todo después del primero y segundo debates. De hecho, la periodista admite que una de las notas que nunca lograron verificar ni desmentir a cabalidad fue la que presentaba a Anaya como partícipe en una operación de lavado de dinero. “Ésa fue, quizá, la principal duda que dejamos en #Verificado2018; lo que no pudimos verificar. Pero cuando la desinformación viene del propio gobierno es muy difícil actuar”, señala. Finalmente, el ciclo de desinformación terminó con una difusión de notas falsas sobre la organización del proceso electoral y rumores que buscaban desacreditar al árbitro de la contienda, de manera notoria después del tercer debate y conforme se acercaba el 1 de julio. Quizá por eso uno de los principales aliados del proyecto terminó siendo el INE, que colaboró en la confirmación directa de datos referentes a la organización electoral, y que se vio beneficiado varias veces con las notas de los verificadores. Por ejemplo, cuando se desmintió que los crayones autorizados por el INE para la jornada electoral se podían borrar fácilmente, o cuando se aclaró que una empresa de Carlos Slim había sido contratada para blindar tecnológicamente el famoso PREP, mas no para llevarlo a cabo. Montalvo explica que su equipo tuvo siempre línea directa con funcionarios del INE para poder verificar en tiempo real los rumores que se difundían en torno al proceso y confirmar o desmentir información sin tener que pasar por la aduana típica de las oficinas de comunicación social. Y, al contrario, aquí la propia Coordinación de Comunicación Social del INE era la primera interesada en proporcionar la mayor cantidad de información fidedigna sobre el proceso. Julio Juárez Gámiz, académico de la UNAM y en ese entonces asesor de Lorenzo Córdova en el INE, aborda el tema de las campañas de desinformación dirigidas contra el árbitro de la contienda en su libro Autonomía, pluralismo y certeza en la elección presidencial de 2018 (UNAM, 2020). Ahí sostiene que, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos en 2016 o en Brasil en 2018 —donde la desinformación se propagó para afectar a los contendientes—, en México las autoridades electorales fueron blanco recurrente de campañas creadas para generar incertidumbre respecto de la equidad de la contienda, la imparcialidad del árbitro y la credibilidad del resultado electoral. La teoría de la conspiración y la narrativa del fraude orquestado con ayuda de la autoridad electoral forman parte de la “cultura política” mexicana, alimentadas por décadas de comicios inequitativos, prácticas fraudulentas reales y episodios como “el fraude de 1988” y las cerradas elecciones de 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Todo lo cual estaba presente en 2018. Según Julio Juárez, eso convirtió al INE en “sujeto recurrente de ataques planeados y coordinados para cuestionar su imparcialidad”, por lo que la participación de la sociedad civil y periodistas tuvo un valor esencial para dotar de credibilidad al proceso de 2018. Ante este fenómeno, el INE fue prolífico en la elaboración de materiales de información y explicación: infografías, videos, comunicados que buscaban atajar hasta el más mínimo rumor que llevara a la expansión de fake news que pudieran generar un ambiente generalizado de desinformación, en un fenómeno hoy conocido como “infodemia”. Gracias a su alianza con #Verificado2018, el instituto utilizó esa plataforma para difundir los grandes tópicos del proceso electoral (número de cargos a elegir, elecciones locales concurrentes con las federales, número de posibles votantes, distritos, secciones electorales, casillas, candidaturas, coaliciones, formas válidas de emitir el voto…) y para explicar las fases del proceso, como el periodo de veda electoral, el funcionamiento de las casillas durante el 1 de julio, el cómputo de votos y lo que tendría que ocurrir entre la jornada electoral y la confirmación de ganadores. Después de las elecciones, el INE ha asegurado que #Verificado2018 contribuyó a crear un modelo de combate a la desinformación que colocó a México a la vanguardia. En agosto de 2019, durante un seminario convocado por la Organización de Estados Americanos para discutir el fenómeno de la desinformación como amenaza real a las democracias, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó que en el mundo existen dos modelos distintos para enfrentar este fenómeno: el francés, que consiste en penalizar a quien las genera y difunde, y el mexicano, un modelo preventivo que combate desinformación con información.

Durante 2019 Córdova impartió decenas de conferencias en foros nacionales e internacionales, asegurando que México logró que las fake news no fueran determinantes en el resultado de los comicios, gracias en gran medida a la iniciativa colaborativa de periodistas y ciudadanos. Daniel Moreno coincide con esa percepción y afirma que esto se debe a la cantidad y calidad de las verificaciones que se realizaron. “Sin ánimo de sonar soberbio, parte de que la desinformación no fuera el tema preponderante en las campañas, o lo que decidiera el resultado, fue por #Verificado2018”, asegura el director de Animal Político, quien acordó con las directivas de AJ+ Español, los ejecutivos de Pop-Up Newsroom y los demás participantes que #Verificado2018 moriría justo en 2018. Iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Moreno rechazó ofertas de organizaciones e instituciones que le llegaron a proponer revivir la idea para hacer fact checking de la nueva administración, con el mismo modelo y la misma marca: “Verificado”. Hoy el sitio verificado.mx muestra la imagen del detective que durante meses personificó a las y los verificadores visto de espaldas, cargando su maleta, su lupa, su sombrero y su gabardina, agitando la mano y diciendo: “Hasta luego, hoy cierra #Verfiicado2018”. EL CASO FACEBOOK

El 23 de enero de 2018 los lectores de El Financiero Bloomberg encontraron en su portal una nota que advertía: “Los ‘gurús de datos de Trump’ están en México y nadie sabe qué demonios hacen”. La investigación de Gloria Murata, Neldy San Martín y Raúl Linares explicaba que Cambridge Analytica, la empresa de gestión de big data que trabajó en el Brexit y en la campaña de Trump, tenía meses operando en México, presentándose ante potenciales clientes y colaboradores como el futuro “cerebro de la elección presidencial en México”. La empresa fundada en 2013 por el analista financiero británico Alexander Nix se habría establecido en México en 2016, justo el año de su papel preponderante en Inglaterra y Estados Unidos, a través de una supuesta jefa de operaciones llamada Arielle Dale Karro, quien habría contactado a políticos mexicanos del PRI y el PAN para ofrecer los servicios de análisis de datos que prestaba Cambridge Analytica. El reportaje de El Financiero detallaba: Una de las vías que utilizó Karro para contactar a los expertos en datos fue LinkedIn. En uno de estos mensajes, en poder de El Financiero, señala que Cambridge Analytica será “el cerebro atrás de la elección presidencial en México”. Además, Karro publicó ofertas laborales en la página de Facebook: “Foreigners in México City (DF)”, un espacio en el que extranjeros que viven en México comparten oportunidades de trabajo y recomendaciones para vivir en la urbe. El 26 de julio de 2017, Karro dio una pista sobre otra empresa a la que estaría ligada: solicitó en la misma página de Facebook un diseñador gráfico, pero para la compañía Mowisat, ofreciendo un salario de 2 mil dólares por 20 horas de trabajo. El 23 de octubre de 2017, Karro, sin mencionar a Cambridge Analytica o a otra empresa, buscó en redes sociales a un jefe de campaña para Tabasco, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Puebla y Ciudad de México, ofreciendo de 25 mil a 70 mil dólares anuales. En esos estados habrá elecciones locales este año. Estas huellas ya fueron borradas, pero hasta hace un mes todavía podían hallarse en línea. El Financiero Bloomberg buscó entrevistar vía telefónica a Arielle Karro para entender su trabajo; sin embargo, declinó dar comentarios, y un hombre, quien se presentó como su abogado, pero no dio su nombre, indicó que ella ya no trabaja ahí y que “es historia pasada”.

Las revelaciones del reportaje de Murata, San Martín y Linares fueron rechazadas por el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, quien envió la siguiente carta a El Financiero Bloomberg: 1. Cambridge Analytica no está prestando servicios a partidos políticos en México y por tanto no está registrada en el Registro Nacional de Proveedores del INE. 2. Arielle Karro no es, como se declara en el artículo en cuestión, jefa de operaciones en México y tampoco desempeña ninguna labor política para Cambridge Analytica. En ese momento ya se sabía que Facebook estaba siendo investigada en Estados Unidos por el papel que desempeñó Cambridge Analytica en la campaña de Donald Trump para hacer llegar información falsa a 86 millones de usuarios de la red social durante las elecciones presidenciales. Se conocía, por investigaciones periodísticas publicadas durante 2017 en medios británicos como The Guardian, una parte del entramado empleado para influir en procesos electorales a partir de la combinación entre desinformación y uso de big data. Faltaban dos meses para que estallara el caso Cambridge Analytica a nivel mundial y, coincidentemente, la máxima autoridad electoral mexicana se preparaba para firmar un acuerdo de

colaboración nada más y nada menos que con Facebook, el gigante tecnológico involucrado en el escándalo. El convenio fue firmado en fechas distintas por el director de Facebook Irland Limited, Share Crehan (30 de enero de 2018), y por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina (3 de febrero), y se dio a conocer el 5 de febrero en un evento encabezado por el consejero presidente Lorenzo Córdova y Juan de Dios Bátiz, director de Políticas Públicas de Facebook para América Latina. Una cláusula de confidencialidad sugerida por Facebook impedía al INE hacer público el contenido íntegro del convenio, pero la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto emitió un boletín de prensa (Comunicado INE 056, 2018) en el que detallaba, en 11 párrafos, la utilidad del acuerdo. Se mencionaba en el comunicado que Facebook capacitaría a funcionarios del INE y periodistas mexicanos sobre el funcionamiento de Facebook y buenas prácticas en esa red social, la empresa haría la transmisión de los debates presidenciales que organizaría el INE durante la campaña a través de Facebook Live, el INE crearía productos multimedia para incentivar la participación electoral que serían difundidos en la red social y otorgaría un stand para Facebook en la llamada “feria de medios” que tradicionalmente instala el INE en su explanada para la cobertura de la jornada electoral. Sin hablar explícitamente de desinformación, el comunicado señalaba: “El INE difundirá, asimismo, materiales desarrollados por Facebook junto con otras organizaciones civiles para ayudar a las personas a detectar contenido de baja calidad en la internet y poder tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen”. En los días posteriores, Lorenzo Córdova otorgó varias entrevistas en las que aseguró que uno de los principales objetivos del acuerdo era el combate a las fake news durante las campañas que estaban por iniciar. Parecía un punto a favor del INE, pero una semana después el influyente columnista especializado en medios de comunicación, Javier Tejado Dondé (ejecutivo de Televisa), publicó un artículo en El Universal titulado “El acuerdo secreto de Facebook con el INE”, en el que exponía la sospecha de que la autoridad electoral estaría por convertirse en instrumento y víctima de una campaña de relaciones públicas emprendida por Facebook para lavar su imagen internacional. Tejado aseguraba —contrario a lo que había estado declarando Córdova— que Facebook no había contraído una sola obligación en el combate a la desinformación y, en cambio, obtenía del INE facilidades para generar contenidos en su sitio, uso de instalaciones y acceso a información del PREP el día de la jornada electoral. “Datos recientes revelan que Facebook no ha hecho nada relevante para combatir noticias falsas en México y en el mundo […] lo que Facebook pretende hacer en México de la mano del INE es una mera campaña de posicionamiento, sin dar nada a cambio, y mucho menos, darse a la tarea de verificar la información que difunde”, advertía el columnista. Facebook atravesaba en ese momento un momento difícil de credibilidad a nivel mundial, con adeudos fiscales, acusaciones de prácticas monopólicas y señalamientos por la violación de sus propias políticas de privacidad, de por sí cuestionadas en varios países. En ese contexto, Tejado concluía: “Al parecer, el INE se convirtió en presa incauta de la estrategia de relaciones públicas de Facebook […] ojalá el INE revisara la experiencia internacional y no fuera un mero instrumento de una vil campaña de relaciones públicas”. Ese mismo día —después de acordar con Facebook la difusión del acuerdo— el INE hizo público el memorándum de cooperación de siete cláusulas, en el que se estipulaba que éste tendría vigencia del 3 de febrero al 10 de julio de 2018. Como lo había adelantado el INE en su comunicado, en el memorándum se establecían cuatro puntos de cooperación, aunque con un fraseo distinto: la intención de Facebook (pero no obligación) de difundir en su plataforma algunos de los productos de participación ciudadana creados por el INE, la obligación del INE de proporcionar a Facebook información en tiempo real proveniente del PREP, la disponibilidad de un espacio físico para Facebook en las instalaciones del INE el 1 de julio y la organización conjunta de foros y eventos referentes a las elecciones incluidas sesiones de aprendizaje para periodistas. Sin embargo, como lo había advertido Tejado, el memorándum no mencionaba nada sobre combate a la desinformación, no obligaba a Facebook a evitar o rechazar la difusión de fake news en su página y ni siquiera establecía la obligación para la empresa de dar los talleres de capacitación a funcionarios del INE mencionados en el comunicado. Pese a las sospechas de Javier Tejado —quien era parte interesada en el asunto, al trabajar para una televisora que en los últimos años había visto mermada su audiencia y su influencia por la irrupción de las redes sociales y plataformas digitales como YouTube, Netflix, Google, Facebook y Twitter—, el convenio se echó a andar sin contratiempos y, por la coincidencia en el tiempo, terminó siendo un facilitador para la sinergia entre autoridades electorales, redes sociales y el grupo de periodistas y ciudadanos que estaban echando a andar el proyecto #Verificado2018, en donde Facebook también participaba. El acuerdo con Facebook abrió la puerta para que el INE firmara un memorándum de entendimiento con Twitter el 12 de marzo de 2018, y otro con Google el 27 de marzo, los cuales fueron anunciados como parte de la estrategia de la autoridad electoral para atacar la desinformación. En ambos documentos se

hacía mención explícita de que el acuerdo no implicaba compartir, bajo ninguna circunstancia, datos personales en posesión del INE o de las empresas firmantes. Para ese momento, el equipo de comunicación del INE ya había estructurado un discurso coherente en torno a este tipo de convenios, y Lorenzo Córdova empezó a hablar de las elecciones de 2018 como las elecciones más grandes (por la cantidad de cargos a elegir, el padrón electoral de más de 89 millones de ciudadanos y el número de casillas a instalar) y “las más explicadas de la historia”. “En el marco del proceso electoral federal 2017-2018, y ante la enorme cantidad de información que circula en los distintos medios electrónicos, el INE trabaja para que la información sobre las elecciones a disposición de la sociedad esté verificada, sea veraz y pueda ser contrastada de manera que le sea de utilidad a la ciudadanía”, aseguraba Córdova en cada aparición pública. Sin embargo, Cambridge Analytica volvió a ser tema en la prensa internacional en el mes de marzo, a raíz de la difusión de una investigación hecha por el noticiero inglés Channel 4, en la que sus periodistas se hicieron pasar por políticos de Sri Lanka interesados en contratar a la firma para intervenir en las elecciones de ese país. En el reportaje se muestran videos grabados con cámara oculta entre noviembre de 2017 y enero de 2018, en los que Alexander Nix y otros ejecutivos de la empresa hablan con naturalidad sobre los servicios que puede proveer la empresa con el uso de big data, tanto para crear perfiles de votantes como para diseminar fake news que afecten la reputación de ciertos candidatos. Ahí, explican que su eficiencia deriva de saber colocar el mensaje correcto en la persona correcta y en el momento correcto, gracias a los algoritmos con los que se programan los contenidos visibles en las redes sociales digitales. En un momento del video difundido el 20 de marzo por la cadena inglesa se escucha al director administrativo de Cambridge Analytica, Mark Turnbull, decir: “Usamos esto en Estados Unidos y lo usamos en África; eso es lo que hacemos como compañía. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora nos estamos moviendo a Brasil, Australia, China…” Esa simple mención a México hizo que cobraran vigencia la investigación publicada por El Financiero en enero y las notas que desde octubre de 2017 había publicado el periodista Rafael Cabrera en el sitio BuzzFeed.news bajo el título: “Esta empresa que ayudó a la campaña de Trump ahora busca personal para las elecciones en México”, en las que la punta de la madeja era, también, Arielle Dale Karro, supuesta jefa de operaciones de Cambridge Analytica en México. El Financiero Bloomberg enriqueció su publicación de enero con un dato adicional: la firma de un convenio entre Cambridge Analytica y la aplicación Pig.gi, de uso popular en países como México y Colombia por ofrecer a sus usuarios conexión gratuita a internet a cambio de recolectar sus datos personales. El escándalo crecía conforme se acercaba el arranque de las campañas electorales en México, programado para el 31 de marzo. En el Reino Unido, Cambridge Analytica anunció el despido de Alex Nix tras las revelaciones hechas en Channel 4. Y en Estados Unidos, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, era citado ante el Congreso para explicar el presunto uso indebido de datos de 87 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica durante las campañas de 2016, una trama en la que el fiscal Robert Mueller investigaba, también, la intromisión de ciudadanos y empresas rusas en los comicios que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Ante la difusión de nuevas notas periodísticas en las que aparecía su nombre, Arielle Dale Karro otorgó una entrevista exclusiva al sitio de noticias argentino La Politica Online, el 28 de marzo de 2018, en la que negó haber sido jefa de operaciones de Cambridge Analytica en México y haber hecho trabajo político para ellos. Pero la joven estadounidense confirmó que sí era empleada de la empresa y que ésta se encontraba realizando algoritmos para utilizar big data de mexicanos, aunque con fines meramente comerciales. Y también dijo que los datos que Facebook va acumulando de sus millones de usuarios pueden ser adquiridos por cualquier empresa para desarrollar estrategias de mercadotecnia dirigida a personas con características específicas. En ese contexto, el 20 de marzo de 2018 el presidente del INE recibió un aviso informal de que estaba por desatarse una campaña de desinformación en contra del instituto, utilizando como tema central el convenio firmado con Facebook y la versión de que se compartirían con dicha red social los datos de los más de 89 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Visto como una fake news en potencia, el rumor prendió focos de alerta en el equipo que Lorenzo Córdova había creado desde octubre de 2017 —el llamado “cuarto de paz”—, donde el consejero presidente y sus asesores decidieron atajar el rumor, incluso antes de que éste se publicara. El 21 de marzo por la mañana, mientras en la prensa internacional se difundía y comentaba el reportaje de Channel 4 (disponible en YouTube bajo el título: “Cambridge Analytica Uncovered: secret filming reveals election tricks”), Lorenzo Córdova inauguraba un foro en el Colegio de San Ildefonso convocado con el nombre de “Mejorando la conversación electoral: Alternativas para combatir la desinformación”. Y ahí, sin que mediara pregunta alguna por parte de la prensa, el consejero aseguró que el convenio ya firmado con Facebook, y los que iban a concretarse con Google y Twitter, estaban debidamente protegidos para evitar fugas en el padrón electoral, que es la base de datos personales y biométricos más grande, actualizada y mejor sistematizada que existe en México.

“Es muy probable que una vez más veamos en las redes sociales un espacio en el que intereses apuesten por generar confusión y desestabilización en un momento tan importante del actual proceso electoral”, dijo Córdova, anticipándose a las preguntas de las reporteras y reporteros que cubrían el evento. “El instituto jamás ha puesto en riesgo esta información que hoy constituye la base de datos personales más segura y confiable que existe en el Estado mexicano”, añadió. Córdova aprovechó el foro para justificar la firma de los convenios con los tres gigantes de internet, pues según estimaciones de ese año, 71.3 millones de personas en México usaban internet y más de 64 millones tenían un teléfono móvil que usaban para consumir y difundir noticias de todo tipo, incluidas las político-electorales. La sospecha de que el INE podría estar haciendo algo indebido con las empresas digitales más grandes del mundo tampoco alcanzó a cuajar como un tema determinante del proceso electoral, ni fue un factor que minara la credibilidad del árbitro de la contienda. El 11 de abril Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, compareció ante congresistas de Estados Unidos, admitió haber cometido un grave error y confesó que su empresa no hizo lo suficiente para evitar el mal uso de los datos de millones de usuarios de la red social. En mayo compareció ante el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, y volvió a confesar que Facebook no hizo lo necesario para evitar que su plataforma se utilice, también, para causar daño. Un año después, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos sancionó a Facebook con una multa histórica de 5 mil millones de dólares por haber violado las reglas de privacidad de sus usuarios al permitir su uso por parte de Cambridge Analytica. El 2 de mayo de 2018 la consultora británica anunció el cierre definitivo de sus operaciones. Para Facebook, las elecciones mexicanas significaron la oportunidad que esperaban para limpiar su dañada imagen internacional. La red colaboró en la transmisión de los tres debates presidenciales, aportó recursos y tecnología para el proyecto #Verificado2018, creó herramientas especiales para difundir los materiales de pedagogía electoral y cultura cívica producidos por las autoridades electorales, fue uno de los difusores del PREP y se convirtió en aliado permanente del INE. Para febrero de 2019 se reportó que Facebook había llegado a 85 millones de usuarios en México (25 millones más en tan sólo dos años), con lo que el país se convertía en el quinto con mayor implante de esa red social. Ese mismo año el documental Nada es privado, producido por Netflix, volvió a poner a Facebook y Cambridge Analytica en el ojo del huracán, pues la protagonista es una exejecutiva de la consultora que hace nuevas revelaciones sobre el uso de los datos que los usuarios dejan en ésta y otras redes sociales, y el uso comercial y político que puede hacerse de ellos. Tanto el uso de big data como el fenómeno de la desinformación son temas que aún se debaten a nivel mundial, por las repercusiones que tienen en el desarrollo de procesos electorales y en la vigencia de valores democráticos como la libertad, la protección de datos personales, el derecho a la privacidad y la identidad digital. ABRE MÁS LOS OJOS

Las precampañas y campañas electorales de 2018 transcurrieron con ese telón de fondo; el de la sospecha de que alguien, en cualquier momento, oprimiría un botón que activaría un mecanismo para manipular al electorado con guerra sucia (como ocurrió en 2006 para que ganara Felipe Calderón) o con la diseminación de mensajes utilizando bots en las redes sociales (como ocurrió en 2012 para que ganara Enrique Peña Nieto). Expuesto públicamente el caso Cambridge Analytica, la manipulación de big data con fines propagandísticos ni siquiera llegó a activarse. Nadie pudo probar, nunca, que Arielle Karro u otros ejecutivos de la consultora inglesa trabajaran en alguna de las campañas presidenciales de México. De hecho, las campañas de José Antonio Meade y Ricardo Anaya (señaladas como supuestos beneficiarios de una estrategia de ese tipo) fueron deficientes y grises en la creación de mensajes y el uso de las redes sociales para promover el voto a su favor. La campaña de López Obrador, en cambio, pudo aglutinar a miles de activistas que confluyeron a partir de iniciativas y experiencias de todo tipo. Desde el grupo Democracia Deliberada, en el que confluían desde 2013 un grupo de intelectuales y ciudadanos buscando una alternativa de izquierda para México, y que se convirtió en una especie de think tank para generar propuestas de gobierno, líneas de comunicación y contenidos para la campaña de AMLO en medios digitales. Hasta programas de YouTube como La Tanqueta, en el que Antonio Attolini, César Faz, Pablo Hernández y Sebastián Ramírez se lanzaban con todo en contra de Meade, Anaya, Peña Nieto, Margarita Zavala, Felipe Calderón y todo aquel que se interpusiera en el camino entre AMLO y la presidencia. El programa se transmitía por Facebook todos los domingos y se caracterizaba por su incorrección política, el uso de la sátira y la ironía para emprender una auténtica “guerrilla comunicacional” que contaba con miles de fieles seguidores.

Pero el ejemplo más destacable del uso que les dio la campaña de Morena a las nuevas tecnologías de la información fue la iniciativa Abre Más Los Ojos. Todo empezó el 8 de febrero de 2018, cuando Tatiana Clouthier respondió a un tuit de José Antonio Meade, en el que afirmaba: “México necesita un presidente serio. Un profesional que sepa enfrentar los retos internos y externos”. “¿A quién propone?”, preguntó la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en su respuesta al tuit. “Yo mero”, devolvió Meade, en uno de los escasos destellos de ingenio de su campaña presidencial. Convertido en hashtag por los estrategas de la campaña priista, el #YoMero acompañó a Meade durante semanas, pero no le alcanzó para salir del tercer lugar en el que lo colocaron las encuestas de principio a fin de la campaña. Pero los reflejos de Meade sí preocuparon a un joven sinaloense, activista ciudadano y experto en comunicación política: Juan Pablo Espinosa de los Monteros (@JuanPabloEMT), uno de los protagonistas más entusiastas del movimiento #ReformaPolíticaYa de 2010. Fue en uno los plantones de ese año, afuera del Senado, donde Juan Pablo conoció a Tatiana Clouthier, la exdiputada que había renunciado al PAN por diferencias con Felipe Calderón y los dirigentes del partido del que su padre, Manuel J. Clouthier, había sido candidato presidencial en 1988. En parte por la influencia de las chavas y chavos de ese movimiento, Clouthier siguió acompañando la agenda de posteriores activaciones ciudadanas, como #YoSoy132 y los Cazabots de 2012, las protestas por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en 2014 y #Verificado19S en 2017, en las que Juan Pablo también fue promotor y activista. Cuando iniciaron las campañas de 2018 Juan Pablo Espinosa era director de estrategia en el despacho +Starch, que ofrecía asesoría y gestión de redes sociales a partidos y candidatos, y Tatiana Clouthier era la flamante coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista realizada en 2012, Juan Pablo me contó que decidió buscar a Tatiana Clouthier en cuanto vio el tuit del #YoMero. “La respuesta se me hizo genial, me volvió loco. Cuando la vi, le hablé a Tatiana, porque ella y yo somos amigos, y a partir de ahí comencé a trabajar con ella.” Cuando Clouthier decidió confiarle su comunicación en redes sociales, Espinosa llamó a su amigo Alberto Lujambio, un exfuncionario del Instituto Nacional de Ciencias Penales en el sexenio de Calderón, fundador de la comunidad de lectores @novelistik y de la agencia de escritores www.narra.la. Juan Pablo nació en 1986 y Alberto en 1985. Para finales de febrero de 2018 ambos trabajaban codo a codo con la coordinadora de la campaña de AMLO en el diseño de una estrategia de respuesta a todos los ataques (presentes, probables e inminentes) que acecharan al tabasqueño. En paralelo, contactaron a tres hermanos (Carl, Juan Pablo y Alfonso Forssell) que habían abierto una página en Facebook con el sugerente nombre de “Abre Más Los Ojos… por AMLO”, y con quienes no tardaron en llegar a un acuerdo para usar este nombre como marca de una plataforma que, a la larga, se convertiría en una de las claves de la efectiva campaña de López Obrador, no sólo en internet. Abre Más Los Ojos se relanzó en Facebook el 28 de febrero y en Twitter hasta el mes de abril. “La mayoría de los golpes que empezaron a llegar en intercampaña los empezamos a responder, pero no sólo como una estrategia de manejo de crisis, sino que nos apropiábamos del tema y lo desarrollábamos. Ya más pegados a la campaña, con Alberto integrado, empezamos a hacer un catálogo de ideas, con el apoyo de Jesús Ramírez (coordinador de comunicación de la campaña) y de Tatiana, para empezar a enlistar qué cosas se iban a venir y cuál era la mejor manera de responderlas”, explicó Espinosa. El equipo de Abre Más Los Ojos se propuso generar contenidos que, sin gastar un solo peso en pauta, irrumpieran en la conversación de la campaña y guiaran el debate, inundándolo de ideas. Eso que los community managers llaman “conversación orgánica”. Con una gran ventaja competitiva: el Proyecto de Nación que se venía construyendo desde 2017 en el equipo de AMLO, y un gabinete anunciado desde diciembre con una serie de figuras que también estaban generando ideas, declaraciones y biografías. Todo eso aportaba a los estrategas digitales algo que no tenían Meade y Anaya: insumos para poder comunicar. “Hay una gran diferencia entre ganar una campaña y ganar una elección. Nosotros lo que pudimos hacer es que nuestro contenido saliera del lugar de origen. Hicimos tanto contenido y tanta respuesta que generamos conversación en prensa, radio y televisión, y eso no lo logró ninguna campaña”, abundó el consultor. Al poner en marcha el proyecto, el equipo revisó los antecedentes de las campañas de 2006 (la guerra sucia contra AMLO) y 2012 (la guerra de bots), por lo que se enfocaron en anticiparse a los ataques de los contendientes, responderlos oportunamente y tratar de inhibirlos. Alberto Lujambio, también en una entrevista realizada en 2012, dijo que la caída de Cambridge Analytica resultó inspiradora para ellos. “Ahí nos dimos cuenta de que esto de gastar mucho dinero en microsegmentos, con un contenido que no es de calidad y no es de impacto, no sirve de nada. Nosotros cambiamos la estrategia: decidimos no

gastar un solo peso en pauta, sino generar un contenido que fuera como un pozo del que se pudiera abrevar, y con el que se pudiera generar una conversación real y efectiva”, detalló. Muy pronto convirtieron a la norteña Tatiana Clouthier en la “Tía Tatis”, y lograron que su estilo directo, su modo brusco de hablar y su franqueza la convirtieran en una rockstar de las redes sociales. Entre los tuits memorables de la coordinadora de campaña figura uno del 26 de abril, en el que subió una fotografía mostrando el reloj que le regaló su marido el día que nació su segundo hijo, en respuesta al hashtag #ElRolexDeTatiana con el que se le había criticado durante todo el día. “El reloj tan bonito que están difundiendo los bots aquí lo traigo puesto, me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo. Él jamás ha tenido un cargo público y ha trabajado toda su vida, no tengo nada que esconder”, tuiteó Clouthier provocando más de 10 mil likes y notas de prensa que, lejos de criticar la propiedad de un reloj tan caro, explicaban con neutralidad “la historia del Rolex de Tatiana Clouthier” (El Financiero). En otro tuit, del 22 de mayo, la “Tía Tatis” subió una foto de un mitin de López Obrador atestado de gente, en la que sobresale un fotomontaje del boxeador ruso de la película Rocky IV en medio de la multitud, con la frase: “Aquí, confirmando los rumores de WhatsApp”. El tuit tuvo más de 8 mil likes y generó notas que señalaban: “Así se burló Tatiana Clouthier de rumores sobre presunta intervención rusa pro-AMLO” (Publimetro). Además, el equipo de Abre Más Los Ojos ejecutó acciones en zona segura, como “Naturamlo”, un folleto digital e impreso en el que la próxima secretaria del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, explicaba la propuesta ambiental del candidato. El objetivo era el mismo todo el tiempo: dar golpes que corrían en paralelo a la campaña institucional de Morena y a la gran cobertura que generaba la gira de AMLO por los 300 distritos del país con tres o cuatro mítines por día. Llenar las redes de contenido y dominar la conversación de la campaña. Tres casos ilustran el papel que jugó Abre Más Los Ojos en la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia: 1) El pleito con los empresarios: El 1 de mayo, en Zongolica, Veracruz, López Obrador denunció que un grupo de empresarios alentaba una alianza de facto entre Meade y Anaya para frenarlo. Esto detonó una controversia que revivió la imagen del candidato peleado con la iniciativa privada, dispuesto a “estatizar” la economía. Pero el 8 de mayo Abre Más Los Ojos tenía listo Pejenomics, un cuaderno de 16 páginas que resumía la propuesta económica elaborada por el grupo asesor de AMLO. 2) Los Pejenomics 1 y 2 llegaron a tener más de 150 mil descargas en el sitio www.abremaslosojos.mx y el alcance de la página de Facebook estuvo en los 90 millones. La conversación que detonaron en redes tuvo siete ciclos de noticias completos, con directores de medios, periodistas especializados del mundo financiero y comentócratas que abiertamente apoyaban a Meade o a Anaya hablando de Pejenomics, la propuesta económica de López Obrador elaborada por el economista Gerardo Esquivel y su equipo. 3) Nestora Salgado: El 20 de mayo, durante el segundo debate entre candidatos a la presidencia, José Antonio Meade leyó un testimonio contenido en una averiguación previa para señalar a la exlideresa de Autodefensas de Guerrero y candidata al Senado como presunta secuestradora. El 23 de mayo un equipo de Abre Más Los Ojos acompañó a Nestora a Olinalá, su ciudad natal, para grabar un cortometraje sobre su vida y las causas de las autodefensas. El corto se difundió en Facebook el 27 de mayo, alcanzó más de 6 mil 400 reproducciones, se volvió viral en Twitter y obligó a Meade a retractarse de sus acusaciones. 4) El documental sobre populismo: Entre abril y mayo de 2018 la Ciudad de México se inundó de propaganda móvil en varias rutas de microbuses y autobuses, anunciando el supuesto estreno de la serie Populismo en América Latina. La producción era anunciada con imágenes gigantescas donde sobresalían los rostros de Andrés Manuel López Obrador al lado de Hugo Chávez (Venezuela), Juan Domingo Perón (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), pero nunca nadie la vio en televisión ni en internet. Ante esa campaña, Morena interpuso una denuncia ante las autoridades electorales, y Abre Más Los Ojos respondió el 1 de mayo con un video en el que la ya entonces famosa “Tía Tatis” aclaraba que no buscaban censurar la serie, sino saber quién la había patrocinado y quién pagaba la vistosa campaña para promocionarla. Clouthier finalizaba su mensaje invitando a los productores del documental a organizar juntos una gran presentación. “Ustedes ponen la película y el documental, y nosotros ponemos las palomitas y los refrescos”, dijo Clouthier en el video, que alcanzó 115 mil reproducciones, montado sobre la clásica imagen de Michael Jackson comiendo palomitas. “Decidimos contestar en otro tono, más humorístico, y ahí se murió esa conversación”, comentó Lujambio. Sin embargo, el caso del documental Populismo en América Latina no murió ahí. En realidad era la punta de madeja de una trama mucho más compleja, que fue revelada por Tatiana Clouthier hasta marzo de 2019, cuando publicó su libro de memorias de la campaña Juntos hicimos historia (Grijalbo, 2019), en el que narra cómo se montó una estrategia para intentar desprestigiar a López Obrador en 2018, con la

presunta participación del escritor y director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, el editor Fernando García Ramírez y empresarios como Agustín Coppel. En un reportaje publicado el 14 de marzo de 2019 en el portal Eje Central, el periodista Juan Carlos Rodríguez bautizó la estrategia como “Operación Berlín”, y detalló que en ese equipo trabajó también el excoordinador de comunicación social del PAN, Ricardo Rojo, quien sería uno de los cerebros detrás de la difusión de contenido que buscaba vincular a AMLO con los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el cubano Fidel Castro y el gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin. Según el reportaje, los participantes en la “Operación Berlín” habrían ideado la serie en la que se comparaba a AMLO con caudillos latinoamericanos y eran los responsables de crear cuentas en redes sociales para diseminar memes, mensajes contra AMLO y difundir información sobre su pasado, sus polémicas y sus errores como gobernante de la Ciudad de México. Ellos habrían sido, también, los creadores del sitio pejeleaks.org, en el que se difundía material supuestamente periodístico para mostrar “al verdadero López Obrador”. El sitio presentó 18 “investigaciones periodísticas” que hablaban sobre el patrimonio real del candidato, los vínculos de sus familiares y colaboradores con contratistas beneficiados por distintos gobiernos y hasta presuntos nexos con el narcotráfico. A través de la cuenta de Twitter @PejeLeaksOrg atacaban y contraatacaban a las diversas cuentas que respaldaban a AMLO, como la de Abre Más Los Ojos, en una guerra de tuits en la que había de todo: desde auténticos reportajes creados por periodistas en medios de comunicación acreditados —y que eran magnificados desde la oficina de la calle Berlín—, hasta noticias falsas, rumores y descalificaciones. El 4 de julio de 2018, decidida la elección a favor de López Obrador, @PejeLeaksOrg difundió un comunicado en el que defendieron su trabajo, negaron ser fuente de desinformación o guerra sucia y acusaron a Clouthier y sus operadores de intentar bajarlos de la red, ya fuera por la vía legal, presentando demandas ante las autoridades electorales, o por la vía ilegal, con el uso de hackers que atacaron constantemente su sitio. “Se nos señaló como fake news y como un ‘complot’ más de la ‘mafia en el poder’. Jamás lograron refutar alguna de nuestras investigaciones periodísticas. A pesar de minimizar las evidencias, argumentando que se trataba de algo falso, Andrés Manuel y su equipo buscaron la manera de censurarnos. Fue reveladora la forma en la que López Obrador y su equipo se obsesionaron por conocer quién se encuentra detrás de las investigaciones periodísticas de PejeLeaks”, acusa el comunicado firmado solamente como PejeLeaks.org, lo que protegía el anonimato que utilizaron durante toda la campaña El mismo 4 de julio PejeLeaks anunció que habían habilitado un link en Gofile con sus “investigaciones” y las pruebas documentales de las mismas; ese día dejaron de tuitear, y el sitio www.pejeleaks.org fue inhabilitado. Nueve meses después el libro de Clouthier y el reportaje de Eje Central revelaron a los presuntos autores intelectuales y patrocinadores de esa campaña: además de Coppel, se señalaba a Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, y a Germán Larrea, de Grupo México. En marzo de 2019 Carmen Aristegui entrevistó al periodista Ricardo Sevilla, quien afirmó haber sido contratado por Fernando García Ramírez y Enrique Krauze para participar en la “Operación Berlín”, y narró con lujo de detalles la manera en la que se operaba desde la calle Berlín para desprestigiar a López Obrador. En respuesta, Krauze negó los señalamientos y advirtió que emprendería acciones legales contra los responsables de divulgar la supuesta “Operación Berlín” e involucrarlo a él como autor intelectual. El mismo día de la publicación en Eje Central —14 de marzo de 2019— el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, acudió a la conferencia de prensa mañanera y, al lado del presidente López Obrador, anunció que interpondría una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales para que investigara a los presuntos autores y patrocinadores del documental Populismo en América Latina, y aseguró que no se trataba de un asunto de libertad de expresión, sino de un presunto delito por el uso de recursos privados para incidir en el voto. En julio de 2019 la Sala Especializada del TEPJF resolvió una denuncia presentada por Morena, y multó con 350 mil pesos al productor de la serie, Javier García Mata, y a la empresa productora, Piña Digital, por haber contratado indebidamente cintillos para promocionar la serie en plena contienda electoral. Los demás litigios siguen su curso sin resultados visibles, por lo menos hasta que se terminó de editar este libro. Ya en el gobierno, López Obrador y sus simpatizantes han mantenido viva la versión de que en 2018 hubo intentos por manchar las campañas electorales con desinformación y guerra sucia, pero tampoco ellos han podido acreditar que estas tácticas fueran determinantes en el proceso electoral y en el resultado de los comicios. CERTEZA

En un contexto de “posverdades” y fake news, el INE echó a andar una estrategia que no sólo consistió en alentar y contribuir con esfuerzos de verificación de información, explicar a detalle todos los complejos

procedimientos electorales, construir alianzas con periodistas y medios nacionales y locales, y firmar acuerdos con las grandes e influyentes plataformas digitales. Pocos lo saben, pero el INE también creó su propio sistema de observación y monitoreo de la realidad política del país, a partir de lo que es una de sus principales fortalezas institucionales: la presencia de su personal en todos los rincones del territorio nacional. Si el INE fuera un medio o una agencia de noticias, podría jactarse de ser el único con al menos un corresponsal en las 32 entidades, los 300 distritos locales federales, los más de 2 mil municipios, los 679 distritos electorales locales y las casi 157 mil casillas que se instalaron el 1 de julio. Desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) se construyó un sistema de información y seguimiento a partir del trabajo de los más de 38 mil capacitadores-asistentes electorales y los 6 mil supervisores electorales, que son los funcionarios que, durante meses, visitan a los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla, los capacitan y los auxilian antes, durante y después de la jornada electoral. En su memoria del proceso electoral, el INE define el programa Certeza 2018 como un “sistema informático y organizacional, diseñado e instrumentado en el INE para identificar y atender, durante la jornada electoral y en días previos, aquella información falsa difundida sobre todo en redes sociales, pero también en otros medios, y que pudiera generar incertidumbre o desconfianza en la ciudadanía respecto de las responsabilidades de la autoridad electoral durante el día de la elección”. En los hechos, se trató de una auténtica red de 45 mil potenciales informantes capaces de verificar in situ el robo de una casilla, un incidente en una junta local o distrital, la presencia de operadores partidistas alrededor de los centros de votación, o cualquier hecho relevante para los comicios, ya fuera verdadero o inventado por las “benditas redes”. Los capacitadores y supervisores electorales del INE tienen la encomienda de alimentar el llamado Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), un programa diseñado por el INE en el que estos funcionarios reportan la instalación y apertura de las casillas asignadas a su ámbito territorial, las principales incidencias ocurridas durante la jornada, los incidentes graves que pudieran llegar a ocurrir, la posible suspensión de la votación por causas de fuerza mayor, posibles hechos violentos, la conclusión de la votación, el cómputo de votos y la clausura de las casillas con la respectiva publicación de resultados en las mismas. Equipados con teléfonos celulares, los capacitadores y supervisores daban al programa Certeza 2018 la capacidad que no tendría ningún medio de registrar con fotografía y video todos los incidentes ocurridos durante los comicios, o desmentirlos cuando se comprobara que éstos fueran falsos. Además del personal de campo, Certeza 2018 contaba en las oficinas centrales del INE con un equipo robusto de monitoreo y una mesa de análisis donde había periodistas y comunicólogos, analistas de redes sociales e incluso cartógrafos para hallar la ubicación exacta de un posible incidente y poder movilizar a los capacitadores y supervisores al lugar exacto. El equipo multidisciplinario de la mesa de análisis era responsable de clasificar, procesar y analizar la información reportada a través del sistema de monitoreo, asignarla al cuerpo de operadores en campo para recabar evidencia u obtenerla de otras fuentes, corroborar la veracidad de la información y enviar la evidencia verificada al área de Comunicación Social del INE para su difusión en boletines de prensa, mensajes de Twitter o tarjetas informativas a los periodistas que cubren las actividades del instituto. El programa Certeza 2018, junto con #Verificado2018, los convenios con Facebook, Twitter y Google, y una estrategia de comunicación dirigida a disipar cualquier duda sobre los comicios, dieron como resultado lo que el INE presume como “la elección más explicada de la historia”. Dicho sin exageraciones: en un contexto evidente de desinformación a nivel mundial, los periodistas, la ciudadanía y las autoridades electorales lograron que la proliferación de noticias falsas no fuera el factor que definiera la elección mexicana de 2018, como sí ocurrió dos años antes en Estados Unidos y, ese mismo año, en Brasil. MÉXICO A DEBATE

El 19 de octubre de 2016, en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, Hillary Clinton y Donald Trump debatieron por tercera y última vez en su carrera por la Casa Blanca. Fue un ríspido encuentro de seis rounds (15 minutos cada uno), con un moderador famoso por sus preguntas incisivas: el periodista Chris Wallace, presentador del programa Fox News Sunday. El debate se celebró tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, se caracterizó por un intercambio directo de críticas y acusaciones, y concluyó sin que Clinton y Trump se acercaran a despedirse. Fue presenciado en vivo por decenas de alumnos de la Universidad e invitados de los candidatos y de la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos, quienes llenaron el gimnasio del campus, habilitado como auditorio y set de televisión. Y en televisión, según la compañía especializada Nielsen, alcanzó una audiencia de 63.7 millones de personas.

Entre los pocos afortunados que atiborraron el gimnasio para ver en directo el último debate TrumpClinton se encontraban dos mexicanos: Benito Nacif, consejero electoral del INE, y Rubén Álvarez Mendiola, coordinador de Comunicación Social del instituto. Faltaban 20 meses para las elecciones presidenciales en México, y los funcionarios del INE ya exploraban alternativas para llevar a cabo debates que realmente valieran la pena y atrajeran al público en las campañas de 2018. Buscaban la manera de realizar debates intensos y no acartonados, con formatos flexibles y no rígidos, con moderadores capaces de interrumpir a un candidato o salirse de la escaleta para generar conversaciones reales. Debates con altos niveles de audiencia, útiles para el electorado. Debates como los de Estados Unidos; nunca vistos en México hasta ese momento. Benito Nacif y Rubén Álvarez encabezaban un grupo de trabajo que analizaba los antecedentes de debate en México y la experiencia internacional, con la misión de entregar un diagnóstico un año antes de los comicios, una especie de hoja de ruta que permitiera tener opciones reales sobre el tipo de debates que podrían organizarse en 2018. La exploración concluyó en agosto de 2017, cuando el INE presentó a la opinión pública un estudio al que tituló “Hacia nuevos debates presidenciales”, con conclusiones contundentes sobre lo aburridos e intrascendentes que, en general, habían sido los debates en México. Desde el primer debate presidencial de 1994, entre Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y Ernesto Zedillo, se habían celebrado 10 encuentros entre candidatos a la presidencia: tres en 2000, tres en 2006 y tres en 2012. Diez debates diseñados por los partidos políticos y los equipos de los candidatos, con formatos que privilegiaron a los contendientes y sus estrategias de campaña, y no a la ciudadanía y su derecho a informarse antes de emitir el voto. Los lectores de ese documento podían concluir, en resumen, que los debates en México habían sido poco relevantes y sin incidencia en la decisión del voto; con moderadores maniatados que fungían como meros presentadores y cronómetros; con nula participación directa de la ciudadanía, poca discusión entre candidatas y candidatos, intervenciones memorizadas apegadas a un guion, ausencia de mecanismos para exigir respuesta a las preguntas y tiempo desperdiciado en la explicación de las reglas y los sorteos de turnos en el propio debate. En el estudio se concluía que para mejorarlos se debían definir el formato y las reglas de organización con anterioridad al inicio del proceso electoral; primero, para tener más tiempo de planeación, y segundo y más importante, para fijar normas antes de que hubiera candidatos registrados. Las reglas básicas que se debían definir antes del arranque de las campañas eran: el número de debates, las fechas, el formato, la moderación, el tipo de preguntas, la intervención y discusión entre participantes y las fórmulas de participación ciudadana en ellos. El 8 de septiembre de 2017 el Consejo General del INE creó la Comisión Temporal de Debates, encargada de materializar los objetivos planteados en el documento: 1) que incidan en el desarrollo de las campañas al garantizar un voto informado, libre y razonado, y al difundir y contrastar propuestas y opiniones; 2) que sirvan para dar a conocer el carácter y la capacidad de respuesta de los candidatos ante situaciones imprevistas y sobre temas controversiales; 3) que propicien mecanismos de inclusión y participación ciudadanas adoptando un formato con base en el interés de los ciudadanos, y 4) que fomenten el diálogo y la discusión de ideas para la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. La comisión se instaló tres semanas después, presidida por el consejero Benito Nacif, e integrada por la consejera Pamela San Martín y los consejeros Ciro Murayama, Enrique Andrade y Marco Baños. Como secretario técnico de la misma se nombró al coordinador de Comunicación del INE, Rubén Álvarez, un periodista de larga trayectoria como reportero, corresponsal en Washington, editor y director de medios. Un año después de los espectaculares debates entre Clinton y Trump, la comisión tenía la misión de proponer reglas básicas para la realización de los debates mexicanos, fechas acordes al calendario del proceso y criterios para la selección de quienes moderarían los encuentros. Para ampliar la exploración de alternativas, la comisión llevó a cabo un foro sobre debates electorales en las instalaciones del INE, el 31 de octubre y 1 de noviembre, con expertos de Argentina, Colombia, Guatemala y Perú. Estuvieron presentes directivos de la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos (que desde los años ochenta organiza estos encuentros en ese país) y del NDI. El 22 de noviembre, 10 días antes de que iniciaran las precampañas, el Consejo General del INE aprobó las reglas básicas propuestas por la comisión y el acuerdo de llevar a cabo tres debates “dinámicos y equitativos”, independientemente del número de candidaturas registradas para competir por la presidencia. El primero sería el 22 de abril de 2018 en la Ciudad de México (centro); el segundo, el 20 de mayo, en Tijuana (norte), y el tercero, el 12 de junio, en Mérida (sur-sureste). Además se establecieron reglas para una moderación dinámica, interacción entre los participantes y participación de la ciudadanía, y se estableció que los candidatos no conocerían previamente las preguntas que les serían formuladas.

Dos meses después, el 28 de febrero de 2018, se aprobaron los criterios específicos, cuando todavía no existían candidaturas presidenciales formal y legalmente registradas. Aunque en ese momento ya se sabía que los nueve partidos nacionales se habían dividido en tres grandes coaliciones para postular a Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, aún no se habían definido las candidaturas independientes, por lo que era imposible saber el número de opciones que habría en la boleta electoral del 1 de julio. A partir de los resultados de una encuesta nacional aplicada entre el 4 y el 8 de noviembre de 2017 la comisión propuso que los temas de los debates fueran: gobierno y política en la región centro, México en el mundo en la región norte, y economía y desarrollo en la región sur. El primer debate tendría tres subtemas: combate a la corrupción e impunidad; seguridad pública y violencia; democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. El segundo: comercio exterior e inversión; seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional; derechos de los migrantes. Y el tercero: crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología; desarrollo sustentable y cambio climático. Los debates durarían de 90 a 120 minutos, dependiendo del número de candidaturas, y se llevarían a cabo en tres sedes: el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, y el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida. Se estableció que en los tres debates debería haber más de un moderador, y debería garantizarse la interacción moderadores-candidatos y entre los propios aspirantes. Es decir, por primera vez en la historia de los debates mexicanos los candidatos podrían interrumpirse, improvisar preguntas, lanzar críticas y ataques directos, y los moderadores podrían preguntar directamente a un candidato, interrumpirlo y pedir la aclaración de sus respuestas en caso de que éstas no fuesen satisfactorias. Se acordó garantizar la participación ciudadana mediante tres mecanismos: encuestas o sondeos de opinión, público participativo en el set y a través de redes sociales de internet. Se estableció que los concesionarios de radio y televisión estarían obligados a transmitir los tres debates presidenciales, de forma gratuita e íntegra, sin ningún tipo de alteración ni modificación en su contenido. Y, en paralelo, el INE negoció que fueran transmitidos con las mismas características en las principales plataformas de internet. También se acordó instalar una mesa de consulta con participación de representantes de los partidos y candidaturas, para definir las reglas y moderadores específicos de cada debate. A la larga, el hecho de aprobar estas reglas antes de que hubiera candidaturas registradas fue lo que permitió al INE desarrollar en 2018 tres debates diferentes a los de las cuatro elecciones presidenciales anteriores. Por un lado, como han señalado los propios consejeros electorales, así se pudo evitar que las reglas fueran interpretadas como favorables o perjudiciales para alguno de los contendientes, y, por otro lado, esto propició que los formatos no se decidieran en función de los partidos políticos, sino para enriquecer el proceso electoral y dar a la ciudadanía más elementos para conocer y contrastar las diversas opciones antes de votar. Definidas las reglas, todos los candidatos estarían obligados a participar en los tres encuentros organizados por el INE, sin ventajas o desventajas para nadie, sin zonas de confort y sin posibilidades de influir en la temática, el formato, la transmisión y la moderación. En esas condiciones llegaron los representantes de los candidatos a la mesa de consulta que fue instalada el 4 de abril, exactamente 18 días antes del primer debate programado: Fernanda Caso representaba a Margarita Zavala; Jesús Ramírez Cuevas, a Andrés Manuel López Obrador; Francisco Guerrero, a José Antonio Meade, y Fernando Rodríguez Doval, a Ricardo Anaya. La primera sesión de trabajo ocurrió el 11 de abril, y a ella se incorporó Javier Náñez Pro, representante de Jaime Rodríguez, El Bronco, quien de último momento fue habilitado como candidato por el Tribunal Electoral. Fueron necesarias tres sesiones más de la mesa de consulta con los representantes de los candidatos (13, 18 y 20 de abril) para preparar los últimos detalles del primer debate, que incluían la escaleta de la transmisión, el sorteo de los turnos, aspectos técnicos de la producción (distribución de atriles y sillas, cámaras, pantallas, cronómetros y uso de los micrófonos) y asuntos logísticos como la seguridad, la llegada y salida de los candidatos de los recintos, los ejercicios de reconocimiento de los sets por parte de candidatos y equipos, código de vestimenta, los salones para invitados especiales y la disposición de las salas de ajuste de tiempo. Se trató de una planeación y producción nunca vistas en la historia de los debates en México, que implicaron movilizar a decenas de funcionarios del INE y contratar a varias empresas para la producción, transmisión, logística y seguridad, con un costo que fue aumentando en cada debate, hasta sumar 56.4 millones de pesos en total. Según el informe final de la Comisión Temporal de Debates del INE (aprobado en agosto de 2018 por el Consejo General), el primer debate costó 10 millones 480 mil pesos; el segundo, 17 millones 825 mil

pesos, y el tercero, 20 millones 349 mil. A la suma de 48 millones 655 mil pesos, se aplicó un IVA global de 7 millones 784 mil pesos, para sumar 56 millones 440 mil 486 pesos. Los debates de 2018 significaron un gasto cinco veces superior a los de 2012, cuando se realizaron dos encuentros: uno en el World Trade Center de la Ciudad de México, que costó 4 millones 23 mil pesos, y otro en la Expo Guadalajara, que costó 6 millones 411 mil pesos. Pero en 2012 ambos debates fueron un fiasco: del primero se recuerda más el escote de la edecán Julia Orayen que cualquiera de las intervenciones de los candidatos, y del segundo, lo más notable fue que los dos candidatos punteros en ese momento de la campaña (Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) decidieron ignorarse durante una hora y media de programa. Lograr un diálogo real entre los contendientes, moderación activa y participación de la ciudadanía costó al INE casi el triple de los 20 millones de pesos que se habían calculado originalmente para esos fines en el presupuesto aprobado por el Consejo General para el ejercicio 2018. Para la realización, el INE contrató a la empresa Habanero Films y a su productor ejecutivo, Ray Sinatra, quien logró emular las producciones estadounidenses que sirvieron de inspiración para este ejercicio, con sets espectaculares construidos exprofeso para la ocasión, iluminación que generaba diversas atmósferas, pantallas led, cámaras para realizar múltiples tomas, escenografías con animación por computadora y un complejo sistema de sonido que permitiera a productores, moderadoras y moderadores seguir las complejas escaletas de los segmentos en las que fue dividido cada debate. Fue ese rubro (catalogado en el informe del INE como “escenografía, aforo e iluminación, y equipo de producción”) el que más recursos absorbió: 24 millones 482 mil pesos entre los tres eventos. La atención a invitados y medios también tuvo un costo que se fue incrementando debate a debate: un millón 411 mil pesos en el de la Ciudad de México; 3 millones 111 mil pesos en el de Tijuana y 6 millones 54 mil pesos en el de Mérida. Por la moderación, Sergio Sarmiento, León Krauze, Yuriria Sierra, Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio cobraron, cada uno, 104 mil 895 pesos, para un total de 629 mil 370 pesos. Las periodistas Azucena Uresti y Denise Maerker —que moderaron el primer debate junto con Sarmiento— renunciaron al pago ofrecido por el INE. Además, hubo un gasto registrado como “reunión moderadores”, por el que el INE pagó 68 mil 780 pesos en el primero, 85 mil 802 pesos en el segundo y 62 mil 140 pesos en el tercero. Sin escatimar recursos, el INE se propuso celebrar debates que rompieran la inercia de los anteriores, dejaran un precedente para el futuro y, sobre todo, que se convirtieran en un mecanismo para promover la participación ciudadana y el voto informado. De acuerdo con datos de Nielsen IBOPE, recogidos en el informe final de la Comisión Temporal de Debates del INE, la audiencia en televisión fue de 11.4 millones de personas en el primer debate, 12.6 millones en el segundo y 10.7 millones en el tercero. Cifras que superaron la audiencia de otros años: tanto del histórico debate de 1994 como el segundo debate de 2012, que hasta ese momento tenía el récord de audiencia en México. Además, las empresas de internet reportaron al INE interesantes cifras de audiencia en YouTube, Twitter y Facebook. El primer debate alcanzó un millón 99 mil vistas en YouTube, 835 mil en Twitter y 5 millones 653 mil en Facebook, para un total de 7 millones 587 mil internautas que lo habrían visto en vivo o en diferido usando dichas plataformas. El segundo debate habría alcanzado una audiencia en internet de 5 millones 874 mil personas, y el tercero, de 5 millones 665 mil espectadores. Con esos datos, el INE calculó que haber producido y transmitido debates de estas características tuvo un costo de 1.04 pesos por espectador (calculando una audiencia total de 54.2 millones de televidentes e internautas); 63 centavos por cada ciudadano inscrito en la lista nominal (que era de 89.2 millones de personas), y 99 centavos por cada votante en la jornada del 1 de julio (56.6 millones de electores). LA NOCHE DE MINERÍA

El jueves 19 de abril de 2018 tuve la oportunidad de entrar al set que Habanero Films estaba montando en el Palacio de Minería, de cara al primer debate presidencial, para escribir una crónica sobre los preparativos de esta compleja producción (“En las entrañas del debate”, Revista R, 22 de abril de 2018). Ray Sinatra guio ese día a los integrantes de la Comisión Temporal de Debates en un recorrido por el palacio monumental diseñado por Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII. En los 670 metros cuadrados del patio principal del Palacio de Minería se estaba instalando un complejo escenario con dos áreas principales: la tarima con los cinco atriles de los candidatos y la mesa de moderadores. Además, Sinatra mostró los camerinos que ocuparían la candidata y los cuatro candidatos, el área dispuesta para sus equipos y acompañantes, la zona de invitados especiales acondicionada en el Patio de la Autonomía, las cabinas de producción y el salón donde trabajarían los intérpretes de lenguaje de señas. El escenario estaba instalado sobre una estructura metálica colocada en uno de los costados del patio central, que sostenía el escenario construido con madera y del que colgaban las luces, los paneles del

fondo y los rieles de las cámaras. Al ser un recinto histórico, los productores tenían prohibido taladrar o maltratar el piso y las columnas. Los atriles estaban separados tres metros uno de otro, y cada uno contaba con un compartimiento para que los candidatos colocaran documentos, cartulinas y fotografías que fueran a exhibir durante el debate; además de un portavasos, dos micrófonos que se activarían desde la cabina de control cuando fuera su turno, y un banquito. En los tres debates se prohibió a los candidatos el uso de teléfonos celulares o tabletas, para evitar que desde afuera les hicieran llegar información o respuestas fabricadas por sus asesores. Se trataba de verlos lo más al natural posible, y por ello también se determinó que no conocieran las preguntas que los moderadores les formularían durante el encuentro. Aunque los atriles fueron diseñados en tamaño estándar, la producción dispuso de tres tarimas de tres a cinco pulgadas de altura, que servirían para emparejar las estaturas. Reminiscencia del famoso “banquito” usado por Francisco Labastida en uno de los debates del año 2000 —en el que el priista se quejó de que Vicente Fox lo llamara “chaparrito”—, las tarimas no fueron utilizadas por Zavala ni por El Bronco, debido a su estatura física. En el set había al menos 15 cámaras, dos fijas para cada candidato, más las que se usaron para enfocar a los moderadores, hacer tomas cenitales y paneos. Una cámara oculta en el atril central enfocaba de frente la mesa de moderadores que, a diferencia de los candidatos, estarían sentados durante las dos horas del programa. La incorporación inesperada de El Bronco a la contienda, “cortesía” del Tribunal Electoral, obligó a modificar el diseño original del set y a incorporar tres cámaras más. El quinto aspirante provocó que los camerinos, que iban a estar originalmente en los pasillos de la planta baja, tuvieran que instalarse en el primer piso. En el Salón Bicentenario, a un costado del patio principal, se instalaron dos cámaras más apuntando a fondos verdes, donde cinco especialistas harían la interpretación del debate en lenguaje de señas. “Quizá en términos de producción no es un reto muy grande, comparado con otros trabajos que hemos hecho, pero aquí no podemos fallar. Todo lo tenemos listo… y que Dios nos agarre confesados”, le dijo Ray Sinatra al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a la mitad del recorrido de supervisión realizado tres días antes del debate. Ante la mirada atenta de Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, Benito Nacif y Ciro Murayama, Sinatra explicó con paciencia, pero también con orgullo, el funcionamiento de las cámaras, la disposición de los lugares de moderadores y candidatos, las alturas elegidas para los escenarios, la operación de la cámara oculta y hasta las imágenes que serían proyectadas como fondo, en las pantallas gigantes colocadas justo detrás de los atriles. En medio de cables, tarimas cubiertas con plástico, atriles aún desarmados, cajas de herramienta y grúas hidráulicas, el productor levantó la mirada al cielo, señaló una lona blanca que cubría el patio principal y explicó que, en caso de lluvia, se utilizaría un dispositivo para filtrar el sonido del agua y evitar que el ruido se colara en la transmisión. La fachada del Palacio de Minería sería iluminada en tonos lilas y morados para proyectarse al inicio y al cierre de la transmisión, y la imponente arquitectura del edificio sería deconstruida en imágenes computarizadas para crear un logotipo del evento, los fondos y las plecas que se emplearían durante el programa. Se cuidó al extremo que los colores del mobiliario y de los fondos que serían vistos por los televidentes fueran “políticamente neutros” y no aludieran a los tonos de ninguno de los partidos contendientes. Sin embargo, el sorteo de los camerinos no respetó la cromática partidista. A Margarita Zavala le tocó un camerino con pisos azul y blanco, los colores del PAN, el partido en el que militó más de 30 años, y al que renunció para emprender su aventura independiente. López Obrador encontró mosaicos amarillos, el color del PRD, partido que dirigió en los años noventa, que lo llevó a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y del que fue candidato a la gubernatura de Tabasco y dos veces a la presidencia de la República. El Bronco usó un aula de pisos color rojo, distintivo del PRI, el partido al que renunció en 2015 para volverse “independiente”. “Estos pisos les recordarán que tienen que volver a sus orígenes”, bromeó uno de los consejeros en el recorrido de supervisión. Montada la escenografía, puestas las luces, las cámaras, los micrófonos y el sistema de monitoreo de la transmisión, faltaba probar si todo eso iba a funcionar. El viernes, los productores y los funcionarios del área de comunicación social del INE citaron a Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento para llevar a cabo un ensayo. Y ahí se dieron cuenta de que estaban a años luz de estar listos. Faltaban 48 horas para el programa, y el equipo se dio cuenta de lo complicado que sería desarrollar el debate de acuerdo con el formato aprobado en la comisión y en la mesa de representantes. La escaleta establecía que el debate se dividiría en tres bloques de dos segmentos cada uno; con preguntas comunes, preguntas de seguimiento, réplicas y contrarréplicas, y una mesa de diálogo en cada bloque. El formato marcaba tiempos distintos para las exposiciones, las respuestas, las preguntas y bolsas de tiempo de cinco minutos por candidato para administrar sus interacciones con los demás

participantes. Y después de los tres bloques habría una ronda de intervenciones finales de un minuto por candidato. El primer ensayo fue un desastre. A tal grado que la noche del viernes las moderadoras y el moderador salieron del Palacio de Minería arrepentidos de haberse embarcado en esta aventura. El INE había previsto que el sábado por la mañana los candidatos acudieran a conocer el set, ver la disposición de las cámaras, ubicar la posición de cada contendiente en el escenario y hacer pruebas de audio y video. Todos fueron, excepto López Obrador, quien envió a un equipo encabezado por Jesús Ramírez Cuevas para tomar apuntes y resolver dudas. El puntero en las encuestas estaba concentrado en su gira nacional, haciendo tres eventos diarios en plazas municipales, recorriendo cientos de kilómetros en carretera e improvisando conferencias de prensa en la escalera del templete de su primer mitin del día. Zavala, Anaya, Meade y El Bronco se encerraron esa semana a planear sus estrategias y ensayar con asesores y actores profesionales contratados para estudiar con ellos el formato, sus golpes, sus defensas y sus contraataques. Todo, a sabiendas de que ese primer debate podría ser crucial en la campaña, la primera y quizá única oportunidad para descarrilar al tabasqueño, quien en 2006 desestimó la importancia de los debates, no acudió al primero y terminó perdiendo la elección. El sábado, cuando los candidatos terminaron sus visitas de reconocimiento, el INE, Ray Sinatra y las moderadoras reanudaron los ensayos. Era crucial que las moderadoras y el moderador dominaran la escaleta. El éxito del programa dependía de que ellas y él supieran administrar a la perfección los minutos de preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas. Y, para ello, Ray Sinatra y Rubén Álvarez propusieron correr un programa completo, simulando un debate real con cinco funcionarios del INE que harían las veces de candidatos presidenciales. Judith Nieto, asesora de Lorenzo Córdova, actuó el papel de Margarita Zavala; Luis Miguel Carriedo, asesor de Marco Baños, el de López Obrador; Alfonso Gama, asesor de Pamela San Martín, el de Ricardo Anaya; Jorge Egrén, asesor de Benito Nacif, el de José Antonio Meade, y Julio Juárez, asesor de Córdova, era El Bronco. Como si fueran actores profesionales, los asesores estudiaron a su personaje para imitar su estilo y hasta su forma de hablar; buscaron información para preparar sus exposiciones, sus ataques y sus respuestas, basándose en datos reales y en los temas que realmente se estaban discutiendo en las campañas. Gracias al ingenio y preparación de los “falsos candidatos”, Maerker, Uresti y Sarmiento pudieron visualizar el debate real, dominar el formato y prever incidentes que podrían ocurrir la noche del domingo: candidatos que abandonaran su atril para dirigirse a otro contendiente, candidatos que hablaran fuera de turno, que evadieran las preguntas, que interrumpieran a los demás, gritaran, confrontaran directamente a un moderador o que de plano abandonaran el recinto. Todo podía ocurrir, y así fue ensayado para que las moderadoras y el moderador, los productores, camarógrafos, floor manager y el equipo del INE supieran exactamente qué hacer ante cualquier imprevisto. Quienes participaron en esos ensayos, y quienes los presenciaron, recuerdan que fueron los momentos más divertidos en el mes de trabajo que implicó planear y producir el debate. La noche del sábado, después de repasar varias veces los segmentos más complejos de la escaleta, el equipo se declaró listo. Sólo faltaba el debate real. O, como decía en esos días el consejero Ciro Murayama: “La cancha está puesta; es la mejor cancha, ahora sólo falta que los jugadores estén a la altura”. A las 16:00 horas del domingo 22 de abril comenzaron a llegar los 50 invitados que cada candidato pudo acreditar ante el INE para ver el debate en un área habilitada en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), a escasos metros del Palacio de Minería, sobre la calle de Tacuba. Los periodistas acreditados estaban confinados en un área habilitada sobre la explanada del Museo Nacional de Arte, frente al Palacio de Minería. Dos carpas instaladas en la plaza resguardaban una sala de prensa improvisada a un costado del famoso Caballito de Tolsá, detrás de las tarimas para decenas de camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Frente a ellos pasaban los legisladores, funcionarios de los partidos, asesores de los candidatos y familiares, en una especie de alfombra roja que cumplió el cometido de generar declaraciones y notas previas, y calentar el ambiente antes del debate. A unas cuadras, sobre Eje Central, algunos manifestantes forcejeaban con la policía capitalina para tratar de acercarse a la Plaza de Tolsá. Consejeros y funcionarios de alto nivel del INE, magistrados del Tribunal Electoral y otros invitados VIP llegaron desde las 18:00 horas y fueron ubicados en los 324 metros cuadrados del Patio de la Autonomía, donde presenciarían el debate en circuito cerrado. Las llegadas de los candidatos se planearon a partir de las 18:30 horas, en el mismo orden definido para sus intervenciones en el debate: Zavala, Meade, Anaya, López Obrador y El Bronco. Lorenzo Córdova y los demás consejeros los esperaban a la entrada del Palacio para recibirlos. Cada candidato tenía asignado un funcionario o una funcionaria del INE para conducirlo a su camerino.

Todo se planeó para que todos estuvieran dentro a las 19:00 horas, para tener una hora para relajarse, maquillarse y sostener una última reunión con sus asesores más cercanos. Cada uno podía llevar máximo cinco acompañantes, además de un maquillista y un fotógrafo personal. Al llegar a Minería, los candidatos tenían la opción de posar frente a las cámaras en una tarima de madera colocada entre la prensa y la puerta principal del recinto, con un micrófono para dirigir un breve mensaje. El último en llegar, cuando ya pasaban de las siete, fue López Obrador. Su arribo fue premonitorio. Fue el único que no respetó el orden de llegadas y, a diferencia de los demás, no caminó frente a la prensa ni utilizó la tarima instalada por el INE a las puertas del recinto. Entró rápido, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y dentro se encontró con dos de sus hijos y con su inseparable vocero César Yáñez. Apenas cruzó la puerta, se soltó una tormenta que rápidamente empapó a fotógrafos, camarógrafos y reporteros, y puso a temblar a los organizadores. Dentro del Palacio, otra tormenta aguardaba al tabasqueño. Casi todos los ataques y preguntas fueron dirigidos a él. El panista Ricardo Anaya utilizó ocho láminas distintas con gráficas, cifras y fotografías, desde las imágenes de la marcha contra la inseguridad de 2004, cuando López Obrador era jefe de Gobierno, hasta un retrato en blanco y negro de Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación y aliado incómodo de su campaña. “¿Amnistía sí o no, Andrés Manuel?”, le preguntó varias veces el candidato panista; probablemente el único contendiente que entendió y aprovechó el formato dinámico del debate. “Es una farsa tu historia”, le reprochó Anaya, desesperado por los silencios, las risas y las frases hechas con las que respondía el tabasqueño. José Antonio Meade lo acusó de tener tres departamentos a su nombre no reportados en su declaración 3 de 3 pero sí en el Registro Público de la Propiedad. Departamentos que López Obrador ofreció regalarle al candidato del PRI en caso de comprobárselos. Margarita Zavala le achacó, una y otra vez, su propuesta de otorgar amnistía a delincuentes. Y El Bronco de plano se salió de su atril y caminó hacia él para retarlo a firmar un compromiso para devolver al erario las prerrogativas de Morena. AMLO sacó una lámina con las encuestas que le otorgaban 48 puntos porcentuales en las preferencias electorales cuatro días antes del debate. Más de tres veces rechazó la oferta de las moderadoras para replicar los comentarios y preguntas que le hacían. Repetía frases hechas como: “Me podrán acusar de Peje, pero no de lagarto” y “Tengo tres principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. Y contraatacaba responsabilizando al PRIAN de la corrupción, la pobreza y la violencia. “Si fuera corrupto, ya me hubieran destruido los de la mafia del poder, sus verdaderos jefes”, dijo casi al final del debate, volteando a izquierda y derecha, para abarcar a sus cuatro rivales. “Vinieron a echarme montón”, dijo en el segundo de los tres bloques. Al terminar, López Obrador recogió sus papeles, los guardó en un portafolios negro y bajó del escenario con prisa. No se despidió de sus contrincantes ni de los consejeros. Sólo de algunas trabajadoras y trabajadores del equipo de producción que lo alcanzaron en el pasillo para quitarle el micrófono de respaldo que se le había colocado debajo de la solapa. Mientras sus cuatro rivales se despedían de mano, haciendo comentarios cordiales entre ellos y con las autoridades del INE, López Obrador se enfiló hacia la salida sin voltear a verlos. A la salida, un fotógrafo le provocó una leve sonrisa, al declararlo ganador con una expresión popular. —Ahí, humildemente, Andrés Manuel —le gritó el joven detrás de su cámara. —Ahí, pobremente —respondió ufano el candidato. Al día siguiente, los periódicos declararon vencedor a Ricardo Anaya. LOS OTROS ROUNDS

El primer debate fue un éxito de logística, producción y audiencia para el INE. Pero no les sirvió de nada a los rivales de López Obrador. Si bien las encuestas posteriores al debate señalaban un claro triunfo del candidato panista, esto no se tradujo en un mejor posicionamiento de Anaya en las encuestas de intención de voto. El debate permitió conocer mejor a los presidenciables, mostró sus fortalezas, exhibió algunas de sus debilidades, pero no cambió la percepción que se tenía de ellos. A la larga, lo más memorable de la noche fue el momento en el que El Bronco propuso “mocharles” una mano a los delincuentes. Frase que repitió un par de veces, ante la sorpresa e incredulidad de Azucena Uresti, y para regocijo de los creadores de memes. Según la encuesta que publicó Reforma el 2 de mayo, Ricardo Anaya subió de 26 a 30% en sus preferencias electorales, pero López Obrador se mantuvo en un firme primer lugar, con 48%. Meade se

estancaba en 17%, y Zavala descendía de 5 a 3 puntos porcentuales. En las siguientes dos semanas, y antes del segundo debate, se publicaron otras encuestas que marcaban las mismas tendencias. El 13 de mayo Consulta Mitofsky le daba 45 puntos porcentuales a López Obrador, 28 a Anaya, 20 a Meade y 4 a El Bronco. Y el 17 de mayo Ipsos reportaba 43% de preferencias para López Obrador, 24% para Anaya, 16% para Meade y 2% para El Bronco. La única novedad de cara al debate del 20 de mayo en Tijuana fue la declinación de Margarita Zavala, ocurrida el 17 de mayo, lo que obligó al INE a modificar la escaleta, el escenario y la producción. Para ese encuentro había una complejidad adicional: el Consejo General había aprobado una modalidad de participación ciudadana con público presente en el estudio donde se desarrollaría el debate, que era en realidad el gimnasio de Los Cimarrones, el equipo de basquetbol de la Universidad de Baja California. Esto implicó para el INE realizar una serie de estudios para seleccionar una muestra aleatoria y representativa de la población de Tijuana (1.6 millones de habitantes), hasta llegar a 56 personas, de las cuales 42 entrarían al set y seis tendrían la oportunidad de preguntar. En la muestra, se debía respetar el principio de paridad de género y lograr que todas las personas seleccionadas estuvieran inscritas en la lista nominal, se declararan apartidistas, con intención de ir a votar el 1 de julio y sin haber decidido aún su sufragio. Cada uno de los tres bloques iniciaría con una pregunta ciudadana, lo que añadía un grado de dificultad a la producción, a la escaleta y al trabajo de los moderadores, que esta ocasión serían León Krauze, de Univision, y Yuriria Sierra, de Grupo Imagen. Tres días antes del debate, ante la declinación de Margarita Zavala, la comisión y la mesa de representantes discutieron y aprobaron un nuevo formato, reduciendo el programa de dos horas a una hora 36 minutos. Tijuana fue el debate más complicado para el INE, según varios de los funcionarios que participaron en la planeación y producción, sobre todo por la presencia del público en el estudio y la renuncia repentina de una de las participantes. Pero no sólo por eso. La sede de la Universidad de Baja California en Tijuana es un campus enorme, cercano al aeropuerto y ubicado a un kilómetro y medio de Lomas Taurinas, el lugar donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Para resguardar el lugar, el Estado Mayor Presidencial desplegó a 350 elementos en el campus, y solicitó apoyo de las policías Federal, estatal y municipal, para vigilar la zona y acordonar la universidad el día el evento. Adicionalmente, el INE reportó un gasto en seguridad superior a un millón 328 mil pesos. Para este debate, los cuatro candidatos tenían la opción de salir de su atril, moverse en el set, acercarse e interactuar con el público, lo que hizo más entretenido el programa y los ensayos. El equipo se preparó bajo la misma dinámica del primer debate: el estudio comenzó a construirse casi un mes antes; técnicos y trabajadores de la productora y del INE se instalaron con semanas de anticipación en Tijuana para preparar la producción, la logística, la transmisión y la cobertura. En la semana previa los consejeros del INE y representantes de los candidatos pudieron conocer el sitio. El sábado tres candidatos visitaron el lugar; López Obrador volvió a enviar a Jesús Ramírez, y la producción corrió un ensayo general con los moderadores, los falsos candidatos en los mismos papeles del primer debate, y funcionarios del INE ocupando las tres gradas donde se sentarían las 42 personas que interactuarían con los presidenciables. Los funcionarios pusieron a prueba a la producción y a los moderadores, fingiendo un desmayo entre el público, y actuando una escena en la que un asistente rompe todos los protocolos, se levanta de su silla y comienza a increpar a gritos a uno de los contendientes. “¿Qué haríamos?”, preguntaba Rubén Álvarez a Ray Sinatra en cada incidente actuado, pero posible, en un escenario hipotético de debate real. A 41 días de los comicios, este debate era la última oportunidad para Anaya y Meade de alcanzar a López Obrador, por lo que sus equipos dedicaron prácticamente todo el mes que corrió entre debate y debate a preparar su estrategia. Anaya ensayó obsesivamente hasta aprenderse de memoria el formato, la escaleta y los golpes con los que pretendía descolocar al tabasqueño. Estudió las columnas, tuits y programas televisivos de Yuriria Sierra y León Krauze, para tratar de anticipar sus preguntas. Días antes del debate, el candidato fue hospedado en una casa en Tijuana por el gobernador panista Kiko Vega, junto con un equipo de asesores que prepararon toda una estrategia de comunicación —tanto en medios como en redes sociales— para los días y horas previas al debate, para bombardear las redes durante el encuentro y para declararse ganador en el famoso posdebate. Meade recurrió al expanista Javier Lozano, un pugilista de la política que en 2006 había ayudado a preparar a Calderón en contra de López Obrador; al experredista Armando Ríos Piter; al publicista Carlos Alazraki, e incluso al aún panista Roberto Gil Zuarth, abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), senador con más amigos en el PRI que en el PAN y polemista sobresaliente. También pidió ayuda a sus amigos en el gobierno federal, y el sábado 19 de mayo el secretario de

Hacienda, José Antonio González Anaya, voló en avión comercial a Tijuana para estar con Meade en las horas previas al encuentro. López Obrador llegó el sábado en la noche a Tijuana, proveniente de Guadalajara; anunció que estaría en un hotel en la ciudad, pero en realidad se trasladó a Playas de Rosarito, donde el candidato de Morena a la gubernatura, Jaime Bonilla, le prestó una propiedad para que descansara y preparara los últimos detalles. Sus hijos lo alcanzaron ahí el domingo, y hasta subieron a Instagram una fotografía comiendo langosta en la playa horas antes del debate. Como en el primer encuentro, el candidato puntero les rompió el cronograma a los organizadores: llegó 40 minutos después de lo programado, acompañado de sus hijos, su esposa y su vocero, César Yáñez. Nuevamente fue el centro del debate, pero esta vez iba preparado para reaccionar. Cuando Ricardo Anaya se le acercó por primera vez haciéndole preguntas, el de Morena dio un paso atrás, sacó su billetera del pantalón, se la guardó en la bolsa interior del saco y la abrazó diciendo: “Mi cartera”. En el segundo acercamiento del panista, López Obrador lo repelió levantando la voz y diciendo: “Mentiroso, farsante”, y blandió frente a él un libro blanco titulado Las mentiras de Anaya. En referencia a un libro de propuestas que Anaya sacó en el primer debate, pero que según una investigación de #Verificado2018 en realidad no existía. “Hoy estás escribiendo un nuevo capítulo de ese libro”, le dijo López Obrador, mientras el panista lo acusaba de ser un “espantainversiones”. En la tercera ocasión en la que Anaya trató de sacarlo de sus casillas, reprochándole que uno de sus hijos había estudiado en España, el tabasqueño lo paró en seco diciéndole: “Eres Ricky Riquín, Ricky Riquín Canallín”. Los candidatos usaron la hora y media de debate para llamarse “cínicos, hipócritas, farsantes y corruptos”. Y ni el tema común de Donald Trump como amenaza para México, ni los llamados de El Bronco a darse abrazos, pudieron evitar las descalificaciones mutuas. Aunque esta vez, al final del show, los cuatro candidatos sí se dieron la mano al despedirse, se palmearon las espaldas y se tocaron los hombros. López Obrador salió del set cargando su portafolios repleto de papeles desordenados. Caminó hasta la zona de prensa, posó ante los fotógrafos y camarógrafos y levantó su cartera con la mano izquierda. “Aquí está, a pesar de todo, aquí está”, dijo antes de irse. Al día siguiente, algunos periódicos volvieron a declarar a Anaya triunfador del debate, pero nuevamente esto no le rindió dividendos en la contienda. López Obrador volvió a salir ileso, enrutado hacia la recta final de su recorrido por los 300 distritos y sus cierres regionales. Anaya recibió un par de estocadas fatales, por el truco de la cartera y el apodo de Ricky Riquín Canallín, que de inmediato se hizo viral en internet. Y Meade se fue enojado, no con sus contendientes, sino con uno de los moderadores: León Krauze, quien cuestionó severamente la política exterior de Enrique Peña Nieto y, en especial, la invitación al candidato republicano Donald Trump, en septiembre de 2016. Mientras Meade intentaba responder una pregunta sobre migración, Krauze lo interrumpió para preguntarle si consideraba que Peña Nieto se había equivocado abriéndole la puerta de Los Pinos a alguien que había llamado “violadores y asesinos” a los mexicanos. Cuando el priista intentaba construir una respuesta, Krauze le exigió no evadir la pregunta. “Le pido una respuesta binaria, sí o no se equivocó Peña Nieto”, inquirió el periodista, robándole la palabra al candidato. En los días siguientes al segundo debate, la representante del PRI ante el INE, Mariana Benítez, se quejó de que León Krauze interrumpiera a Meade. —Fue grosero y provocador —se quejó la priista en la mesa de representantes, donde el panista Fernando Rodríguez Doval la secundó, quejándose de que la regla de moderación activa había provocado que León Krauze y Yuriria Sierra consumieran más tiempo del estrictamente necesario para conducir un programa en el que, se supone, las preguntas correrían a cargo de ciudadanos de a pie. Pese a todo, el balance del INE volvió a ser positivo. Según el informe final de la autoridad electoral, el de Tijuana fue el debate con mayor audiencia de los tres: 12.6 millones de televidentes. Pero en las semanas por venir las tendencias en la campaña se confirmaron: la encuesta que Reforma publicó el 30 de mayo mantenía a Ricardo Anaya en el mismo 26% de antes del debate de Tijuana, a Meade lo ubicaba en tercer lugar con 19%, y a López Obrador lo colocaba a la cabeza, con 52% de preferencias, cuatro puntos más que antes del debate. Antes del tercer encuentro, programado para el martes 12 de junio en Mérida, la contienda ya estaba definida. Según la encuesta que publicó Consulta Mitofsky el 10 de junio, López Obrador llegó a esa cita con 48% de preferencias, contra 26% de Anaya. El último debate se volvió irrelevante, pero la autoridad electoral lo llevó a cabo con la misma calidad que los dos primeros.

Fue el debate menos visto (10.7 millones de televidentes, según Nielsen IBOPE) y el de menor audiencia digital. Pero fue también el más caro: 20.3 millones de pesos, con dos rubros en los que se duplicaron los gastos respecto al debate anterior: seguridad (2.4 millones de pesos) y atención a invitados y medios (6 millones de pesos). El debate se llevó a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya y, en esta ocasión, el set era una mesa redonda parecida a las mesas de análisis político que se transmiten por televisión. Nuevamente, en el encuentro destacaron las acusaciones mutuas, el señalamiento y la diatriba, y la moderación activa por parte de Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Kurzio. La participación ciudadana se dio a través de una convocatoria lanzada por el INE en Twitter y Facebook, para que la gente enviara preguntas que serían filtradas por los moderadores para seleccionar las que se leerían en el debate. Aunque las verdaderas preguntas se las hicieron los candidatos entre sí. “Contesta sí o no, sin chistes ni payasadas, si cuando fuiste gobierno otorgaste contratos al empresario José María Rioboó”, preguntó Anaya a López Obrador. “Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura?”, apretó el panista. “¿Traías el retrato de Elba Esther en tu cartera?”, le preguntó El Bronco a López Obrador. “Ya en serio, Andrés Manuel, ¿tienes un acuerdo con la maestra?”, le insistió. “¿Sabían que el socio de Odebrecht en México es la familia Jiménez Espriú, y uno de sus miembros es propuesto por López Obrador como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?”, cuestionó Meade al puntero. En su tercera y última oportunidad de revertir las encuestas, Ricardo Anaya trató de aprovechar el debate para sembrar la idea de un pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, asegurando que se habían puesto de acuerdo para que el priista le entregara la presidencia a cambio de no ser investigado. —No me he reunido con él en seis años —reviró el tabasqueño. —¿Pactaste con Peña sí o no, y le ofreciste impunidad? —cuestionó el queretano. Anaya presentó, como supuesta prueba de su dicho, una fotografía de ambos personajes que —pronto se confirmaría— era de 2012, cuando ambos eran candidatos y participaron, precisamente, en un debate presidencial. Una vez más, Anaya mentía, y López Obrador lo ponía en evidencia. “Es de 2012 esa foto. Tú, en cambio, en un año te reuniste seis veces con Peña”, reviró López Obrador. “¡En un año, seis veces! Ahora te peleaste y ahora quieres meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? No es mi fuerte la venganza. Justicia. Ni a ti te metería a la cárcel”, añadió el tabasqueño. La escaramuza entre el primero y el segundo lugar puso fin al episodio de los debates 2018. Después de Mérida, cada uno se dedicó a sus cierres de campaña regionales y a los preparativos de la jornada electoral. Anaya volvió a ser declarado ganador por Reforma y otros medios, pero las encuestas no se movieron. Lo que sí se movió, probablemente para siempre, fue la cultura del debate en México. En casi todos los análisis publicados sobre los debates presidenciales de 2018 hay una coincidencia: por primera vez desde 1994 hubo un debate real, una confrontación de ideas y programas que resultaron atractivos y no aburridos para las audiencias. Fueron espectáculos de televisión memorables para las audiencias en el corto plazo (los miles de memes difundidos en redes sociales y el predominio de los hashtags #DebateINE o #Debate2018 en la conversación de esos días dan cuenta de ello), y probablemente serán un referente para el futuro. Para Rubén Álvarez, coordinador de Comunicación Social del INE y principal responsable de que los debates llegaran a buen puerto, la experiencia fue muy positiva, sobre todo si se parte de una realidad: “En México no sabemos debatir”. “Con frecuencia se confunde la confrontación de ideas, propia de las democracias consolidadas, con ataques o agresiones a quien las expresa. Hay un claro complejo de inferioridad: ‘Si me contradices en público y aun si vehementemente te opones a lo que digo, no mereces de mí una respuesta en el mismo tono y con el mismo volumen, sino una fúrica retirada que manifiesta la ofensa de la que fui objeto’. Alguien dijo ya que en México nos enseñan oratoria en la secundaria y en la preparatoria, pero no nos enseñan a debatir y a confrontar nuestros propios puntos de vista sin sentirnos lastimados”, advierte. La clave de los debates 2018, considera el funcionario, fue haber anticipado reglas, formatos e incluso escenarios, antes de que hubiera candidatos definidos. La elección de tres ciudades distintas para llevarlos a cabo, la definición de temas para cada debate, la moderación activa, los talleres de capacitación y ensayos con los moderadores y el diseño de formatos y escenografías atractivas para un programa de televisión fueron otras peculiaridades que, según Álvarez, podrían sentar las bases para avanzar hacia una nueva cultura del debate político en el país. “Es pronto para decir si estos tres ejercicios sentaron las bases para una nueva cultura del debate político en el país. Lo que es un hecho es que quienes aspiren a un cargo de elección no podrán escapar ya del escrutinio público, lo que es una forma de rendición de cuentas, y de los cuestionamientos que les sean formulados por la ciudadanía o por los periodistas encargados de conducir los debates. Difícilmente, no imposible, los debates del futuro volverán a ser como en el pasado: una inagotable repetición de lugares comunes, tedio y castigo a los televidentes. Lo deseable sería que las bases que se sentaron en

2018 sirvieran para que en adelante los debates sean verdaderos ejercicios de confrontación de ideas, interacción entre las diversas candidaturas y respuestas satisfactorias a preguntas razonables y pertinentes, por más puntillosas que sean. Sólo así podremos saber de qué pie cojean quienes quieren gobernarnos y si en verdad merecen que les votemos para el cargo”, concluye el funcionario. EL DERRUMBE DE ANAYA

Ganador en los tres debates, según la mayor parte de las encuestas telefónicas levantadas después de los mismos, el panista Ricardo Anaya vio cómo su campaña se derrumbaba entre abril y junio, arrastrando con él a cientos de candidatos a cargos locales de elección popular en todo el país. Casi dos años después de las elecciones entrevisté a su colaborador Fernando Rodríguez Doval —uno de los voceros de la campaña y representante del candidato ante la mesa de representantes del INE—, para hacerle una pregunta directa: —Si Anaya ganó los debates, ¿por qué no pudieron levantar nunca en las encuestas y aprovecharlos para remontar la ventaja que les llevaba López Obrador? Según el panista, después del primer debate sí hubo un reposicionamiento importante de Anaya, pero éste se diluyó en unos cuantos días y no alcanzó a generar tendencia; entre otras cosas, porque la imagen de Anaya se había lesionado ocho meses atrás, con la publicación de los reportajes de El Universal sobre las propiedades de sus familiares en Querétaro. —En efecto, creo honestamente que Ricardo fue el mejor de los tres; lo digo a toro pasado, aunque sé que no soy el más objetivo —respondió Rodríguez Doval. ”¿Por qué eso no cambió el rumbo de la elección? Primero, porque en general se ha sobrestimado el efecto de un debate. Son espacios muy buenos para conocer y contrastar a los candidatos y sus propuestas, pero en muy pocos casos un debate ha definido una elección. Quizá en elecciones muy cerradas puede ocurrir. Pero en general se sobreestima el peso de los debates; el círculo rojo piensa que esto va a ser decisivo, y no siempre es así. ”En el caso particular de nuestra campaña, cuando se da el primer debate [22 de abril] nosotros llegábamos ya con una campaña de desprestigio a cuestas muy fuerte, emprendida por el gobierno federal usando a la PGR, como se ha podido comprobar años después. La precampaña acabó a finales de febrero; crecimos mucho, llegamos a estar a cinco, seis puntos de AMLO, con un gran volumen de electores indecisos que querían el cambio, pero justo ahí se desata otra campaña de falsedades, justo en la llamada intercampaña, cuando los partidos no tenemos spots, y eso generó que los indecisos que querían el cambio optaran por AMLO, no por nosotros. Cuando llegamos al debate de Palacio de Minería había ya una gran diferencia y, aunque ganamos, crecimos muy poco. López Obrador siguió creciendo, nosotros nos estabilizamos, y él se fue llevando a los indecisos. Navegó con el aura de primer lugar. Pero es muy importante considerar que llevábamos mes y medio de una campaña orquestada desde el gobierno federal, usando a la PGR, a las instituciones, para denostar a Ricardo Anaya. Una campaña que en ningún momento benefició al candidato del PRI. Pero sí afectó a Anaya”, abundó Rodríguez Doval. El PAN documentó cientos de notas periodísticas negativas publicadas en contra de su candidato a partir del 23 de agosto de 2017, cuando las ocho columnas de El Universal presentaron una investigación titulada: “Anaya y familia tienen inmuebles por 308 mdp”, en la que se detallaba que la familia política de Anaya había acrecentado su fortuna en los últimos 14 años, a la par de la meteórica carrera del candidato presidencial. Según la información de ese diario, el patrimonio de la familia de Carolina Martínez Franco, esposa de Ricardo Anaya, había pasado de cuatro a 17 empresas, de seis a 33 inmuebles y de 21.9 a 308 millones de pesos. Todo, mientras Anaya fue secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido (2003-2009), diputado local (2009-2011), subsecretario de Planeación en la Secretaría de Turismo (2011-2012), diputado federal y coordinador parlamentario del PAN (2012-2013), presidente de la Cámara de Diputados (2013-2014) y presidente nacional del PAN (2014-2017). El reportaje detallaba que los suegros de Anaya, Donino Ángel Martínez Díez y Maribel Natalia Franco, habían pasado de administrar un modesto hotel y algunas sucursales del restaurante La Parrilla Leonesa, a poseer y ser socios —junto con sus hijos y yernos— de decenas de empresas del sector inmobiliario, hotelero, restaurantero y de servicios. Y aunque en octubre de 2017 el PAN consiguió que un juez emitiera una sentencia en contra de El Universal por difamar a Anaya con información inexacta, el tema de las propiedades de la familia del panista lo persiguió toda la precampaña y campaña. En febrero de 2018 la revista Proceso publicó un reportaje en su portada en el que se le involucraba en posible lavado de dinero y triangulación de recursos por la compraventa de una nave industrial en Querétaro, en una operación por 54 millones de pesos con el empresario Manuel Barreiro, amigo del panista (“Sospechosas triangulaciones en una fundación creada por Ricardo Anaya”, Proceso, 3 de febrero de 2018). Ese mismo mes Anaya acudió a la PGR acompañado del famoso abogado Diego Fernández de Cevallos para exigir que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada aclarara a la opinión pública si se le investigaba o no por presunto lavado de dinero. La accidentada comparecencia

de Anaya ante la SEIDO fue grabada y difundida por la PGR el 28 de febrero, lo que llevó al candidato a acusar a la procuraduría de actuar políticamente para afectar su carrera presidencial. El 20 de mayo, justo el día del segundo debate presidencial, Anaya volvió a aparecer en la portada de Proceso, esta vez en una fotografía con su esposa Carolina y bajo el titular “Los turbios ingresos de los Anaya”, en el que se detallaba que su cónyuge habría obtenido ingresos por 28 millones de pesos entre 2013 y 2016. Según el coordinador de comunicación de la campaña de Ricardo Anaya, era imposible que crecieran bajo ese fuego mediático. Pero Rodríguez Doval va más allá. Narra que en la campaña del Frente por México siempre tuvieron claro que el gobierno federal atacaba de esa manera a Anaya para beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, en una acción que, a dos años de distancia, dice estar seguro de que era orquestada. “Todo lo que ocurrió en esos días sí cambio la dinámica de la campaña. Y nunca tuvimos duda de que había un acuerdo entre López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto. Si recuerdas, no se atacaba a AMLO nunca, y AMLO no atacaba a Peña; incluso ahora, como presidente, no lo hace”, afirmó el panista, en una entrevista realizada en mayo de 2020. “Nunca tuvimos duda de que había ese pacto. Evidencias, no las tuvimos, pero por sus frutos los conoceréis: los hechos nos demostraban que había un pacto. Meade no atacaba a López Obrador y López Obrador nunca se metía con Peña; al contrario. En la campaña estábamos convencidos de que existía ese acuerdo, y los hechos posteriores lo confirmaron. A los pocos días del triunfo de AMLO aparecieron los dos juntos en Palacio Nacional, muy cordiales. Y hoy en día no se investiga a Enrique Peña Nieto”, dijo el panista. Según Rodríguez Doval, a pesar de la andanada contra su candidato, el equipo llegó al tercer debate aún con la esperanza de mover las tendencias que señalaban las encuestas. “Nunca cundió un ánimo de derrota”, aseguró. Pero lo cierto es que la campaña de Ricardo Anaya, con o sin boicot del gobierno peñista, falló de principio a fin. Fracasó la coalición PAN-PRD-MC, no prendieron sus mensajes ni su estrategia de redes sociales, los candidatos locales aportaron poco a la campaña, y la suma de organizaciones ciudadanas, como Ahora de Emilio Álvarez Icaza, no ayudó a posicionar una propuesta clara y atractiva para el electorado. Una quinta parte de los 215 eventos que el equipo de Anaya reportó ante la Unidad de Fiscalización del INE fue cancelada: mítines, concentraciones ciudadanas, reuniones con simpatizantes en comités directivos estatales del PAN, PRD o MC; desayunos con gobernadores panistas, como Francisco Vega, de Baja California, y Javier Corral, de Chihuahua, e incluso ruedas de prensa que, por diversas razones, no llegaron a realizarse. En su informe final ante el INE, la candidatura de Anaya reportó 170 eventos realizados (todos clasificados como “onerosos” por la entidad fiscalizadora), 45 cancelados; 166 públicos y 49 privados. En contraste, López Obrador registró 254 eventos realizados (todos “onerosos”) y sólo seis cancelados. Datos que ilustran sólo uno de los múltiples problemas que enfrentó la campaña de la coalición Por México al Frente. El 31 de mayo de 2018 publiqué en la Revista R del diario Reforma una radiografía de lo que ocurría dentro de la campaña de Anaya, en la que se narraba cómo sus estrategas contrataron a Roberto Trad para hacer un tracking poll de la campaña, una encuesta diaria telefónica a 675 individuos, que guiaba las decisiones de la “mesa de comando”. Trad era un afamado consultor que entonces dirigía el Instituto Panamericano de Comunicación y Estrategia Política S. C., que, según los registros del INE, obtuvo contratos por 4.1 millones de pesos entre abril y junio. La “mesa de comando” era el nombre que los asesores de Anaya daban a lo que comúnmente se conoce como cuarto de guerra, y estaba conformada por Rubén Aguilar, exvocero de la Presidencia; Fernando Rodríguez Doval y Héctor Villarreal (del PAN); Jesús Ortega y Luis Sánchez (del PRD); Alejandro Chanona y Carlos Velasco (de MC), y Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza (de la asociación ciudadana Ahora). La mesa se comunicaba con Jorge G. Castañeda, coordinador estratégico de la campaña; Santiago Creel, coordinador político, y los dirigentes nacionales del PAN, Damián Zepeda; del PRD, Manuel Granados, y del MC, Dante Delgado, quienes a su vez integraban una mesa de coordinación. Se trataba en realidad de un complejo organigrama que volvía ingobernable la campaña y que diluía las líneas de mando, creando confusión en los objetivos y directrices. Era un “club de Toby” en el que la única mujer que llegaba a participar en las reuniones era la exdiputada panista Kenia López. La “mesa de comando” se reunía todos los días de 18:00 a 20:00 horas, para analizar el tracking poll, discutir la coyuntura y definir el mensaje de la propaganda del frente, los posicionamientos del candidato, la agenda de los voceros, los ataques y los contraataques. El 21 de mayo, después del debate de Tijuana, los integrantes de la “mesa de comando” estaban de plácemes, convencidos de que Anaya había ganado el encuentro, pero Trad les mostró que ganar el debate no se traducía en mover las encuestas. Los números de ese día eran: AMLO, 37.3%; Anaya, 26.8%. Los del 22 de mayo: AMLO, 38.9; Anaya, 28.2 por ciento. En el tracking completo, desde el 30 de abril hasta el 29 de mayo, lo que podía apreciarse eran tres

líneas paralelas en las que AMLO siempre mantuvo una ventaja de entre 7 y 10 puntos sobre Anaya, y Anaya, una ventaja sobre Meade de entre 14 y 16 puntos. La mejor medición para el frente era la del 29 de mayo, en la que AMLO tenía 35% y Anaya 28, el máximo porcentaje que alcanzó el panista en toda la serie. El tracking poll nunca mostró que Anaya pudiera alcanzar a López Obrador y, al final, la votación del 1 de julio abriría mucho más la brecha entre ambos candidatos: AMLO ganó la presidencia con un histórico 53.19% de la votación; Anaya se cayó hasta el 22.27 por ciento. En aquellos días una de las máximas preocupaciones de la campaña de Anaya era el voto cruzado que se podría derivar de un apoyo desigual que obtendrían los candidatos a la gubernatura en sus estados y el que se daría al abanderado presidencial. Lo mismo en entidades con una alta densidad de votantes, como la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, que en otras menos pobladas, como Chiapas y Tabasco. Al construirse desde la cúpula, y no de lo local hacia arriba, la coalición PAN-PRD-MC no logró cohesionarse como fuerza homogénea en todo el país, ni siquiera en los estados con elecciones concurrentes. La negociación e imposición de candidaturas desde las dirigencias nacionales, empezando por el acuerdo Anaya-Barrales, provocaron fracturas en el PAN y el PRD, campañas de “brazos caídos en varios municipios” y fuga de liderazgos locales y nacionales de ambos partidos, sobre todo hacia Morena. La campaña dirigió sus baterías a los estados con más votantes del país, que podrían definir el resultado electoral: Estado de México (11.8 millones de electores), Ciudad de México (7.6 millones), Jalisco (5.9 millones), Veracruz (5.7 millones), Puebla (4.5 millones), Guanajuato (4.3 millones) y Nuevo León (3.9 millones). Y los estrategas hicieron cuentas alegres respecto al apoyo que obtendría su candidato en muchos de esos estados, a partir de un dato que en realidad era una falacia: los partidos del frente gobernaban cuatro de los siete estados estratégicos: Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Eran cuentas alegres porque en la mayoría de esas entidades enfrentaban divisiones, candidaturas polémicas y, sobre todo, un crecimiento de Morena que no habían calculado. En la Ciudad de México la candidatura de Alejandra Barrales se situó siempre en un lejano segundo lugar respecto a Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, por lo que el perredismo local se dedicó a cuidar sus principales delegaciones (Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón e Iztacalco) y no a conseguir votos para Barrales, mucho menos para Anaya. Veracruz y Puebla enfrentaron un problema común: en ambos estados Anaya tuvo que aceptar que se impusieran candidaturas familiares a cambio de que Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Miguel Ángel Yunes Linares, en Veracruz, aceptaran su candidatura presidencial. Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Moreno Valle, ganó apretadamente la gubernatura de Puebla, y Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz, perdió estrepitosamente. En Jalisco, Enrique Alfaro se negó a llevar a cuestas a los partidos de la coalición, por lo que MC, PRD y PAN presentaron tres diferentes candidatos. Alfaro terminó ganando la gubernatura, pero no respaldó a Anaya. Tabasco y Morelos eran otros estados gobernados por el frente (a través del PRD), que no le aportaron nada a Anaya. En Tabasco el candidato Gerardo Gaudiano (PAN-PRD-MC) no pudo nunca competir con el lopezobradorista Adán Augusto López, hoy gobernador del estado. Y en Morelos la candidatura de Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador Graco Ramírez, provocó que se rompiera la alianza con el PAN y MC, que decidieron postular a un panista de nombre Víctor Manuel Caballero, que sólo observó cómo el futbolista Cuauhtémoc Blanco se convertía en gobernador. En Chiapas la candidatura del expriista José Antonio Aguilar Bodegas fue prácticamente inexistente. El frente pudo ganar Yucatán y Guanajuato, con candidatos panistas, pero la cosecha de votos para Anaya terminó siendo insuficiente para impulsarlo en la carrera presidencial. Al final se demostró que los temores a un voto cruzado eran fundados: los candidatos a gobernador sumaron, en total, 2.2 millones de votos más en las nueve entidades donde hubo comicios locales que los que obtuvo Anaya en dichos estados (7.1 millones de votos de las candidaturas locales, contra 4.1 millones del abanderado presidencial). El caso más grave fue Puebla, donde la esposa de Moreno Valle cosechó casi un millón de sufragios, contra 505 mil de Anaya. En Veracruz, Yunes júnior obtuvo 300 mil votos más que Anaya; en la Ciudad de México, Barrales tuvo 365 mil más que el candidato presidencial, y en Guanajuato, Diego Sinhué ganó la gubernatura con un millón de votos, 225 mil más que los depositados a favor de su abanderado a la presidencia. En la campaña de Anaya era recurrente escuchar una frase: “El candidato no conecta”. Los estrategas reconocían que el de Anaya no era un perfil clásico de candidato popular o de mitin, pues buscaban presentarlo joven, inteligente y liberal. Una serie de cualidades que varias empresas de consultoría fueron construyendo durante meses, supuestamente para contrastarlo con López Obrador, percibido como un político viejo y conservador. Sin embargo, la imagen que crearon fue la de un político frío, demasiado racional y poco emotivo. Una especie de robot al que se le veían impostados gestos que deberían ser naturales, como el de llevar a sus hijos a la escuela. Según puede verse en los contratos registrados ante el INE, las empresas de publicidad, marketing y comunicación digital fueron las que se llevaron las mayores tajadas del dinero erogado por la campaña del queretano.

La multinacional Publicity Adglow México encabeza la lista, con 34.8 millones de pesos (20.9% de lo pagado a proveedores); siguen Ojiva Consultores, de la queretana Andrea de Anda (encargada de redes sociales en la campaña y amiga de Anaya), con 23.7 millones (14.3%); TENT servicios integrales, con 12.6 millones (7.6%); Grupo de Medios Especializados México, 10.9 millones; Grupo Provincial de Medios, 10.7 millones; Grupo Matsuma, 5.5 millones; Rojo 185, 5.5 millones; Grupo ATM Corp, 4.9 millones; Operación Total, 4.2 millones, y el Instituto Panamericano de Comunicación y Estrategia Política, 4.1 millones de pesos. Asesores y empresas que no lograron crear al “Macron mexicano”, capitalizar los millones de pesos gastados en campañas digitales, ni consolidar un mensaje convincente para el electorado mexicano en ese momento específico de la historia. El repudio al PRI, que Anaya había generado y capitalizado en 2016, terminó impulsando a López Obrador a la presidencia. “Anaya se quedó a la mitad en la construcción de su imagen como candidato; no compitió con AMLO en la imagen del político-político, y fracasó en su intento de competir con Meade en la imagen de político tecnócrata”, valoraba un veterano operador panista en aquel reportaje que levantó ámpulas en la campaña del frente: “A Anaya se le agota el tiempo” (Revista R, 31 de mayo de 2018). A todo eso había que sumar las acusaciones de enriquecimiento y lavado de dinero que, según argumentaron Anaya y sus colaboradores hasta el final de la campaña, habían sido filtradas desde el gobierno de Peña para sacarlo de la contienda. La exoneración a Ricardo Anaya ocurrió mucho tiempo después: el 28 de noviembre de 2018, días antes del traspaso de poderes entre Peña Nieto y López Obrador. Ese día la SEIDO concluyó que no había elementos para vincular al panista con el caso de lavado de dinero del que fue acusado durante la campaña, pero el expediente con la resolución se dio a conocer hasta marzo de 2019. Y el 15 de mayo de ese mismo año el TEPJF resolvió que funcionarios de la PGR habían afectado la equidad en la contienda en perjuicio de Anaya, por haber hecho mal uso de recursos públicos en el llamado caso Barreiro. Un “usted disculpe” expresado a través de resoluciones que, como suele ocurrir con la justicia en México, llegaron demasiado tarde.

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Cuatro estampas de la elección de 2018 Lorenzo Córdova Vianello

EN POS DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Los antecedentes de las candidaturas independientes en México Las candidaturas independientes son una figura relativamente reciente en el sistema electoral mexicano. El tema había estado presente, sobre todo en el plano jurisdiccional, desde la primera mitad de los años 2000 debido a algunos casos de ciudadanos que habían demandado, sin éxito, ante los tribunales electorales el derecho de ser registrados como candidatos sin tener que ser postulados por algún partido político o coalición. Para entonces, los códigos electorales, tanto el federal como los locales, establecían que el derecho a ser votado, es decir, a competir por cargos públicos electivos, sólo podía ser ejercido a través de las candidaturas que los partidos políticos (nacionales o locales) o las coaliciones podían registrar ante las autoridades administrativas comiciales. Desde los primeros casos que conoció, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había sostenido que el derecho a ser votado era una prerrogativa de base constitucional y de configuración legal, es decir, que le correspondía al legislador ordinario, federal o local, definir las modalidades mediante las cuales ese derecho podía ejercerse.1 Dicho de otro modo, el punto de vista que prevalecía sobre el tema era que la Constitución no obligaba al legislador a establecer y regular la figura de las candidaturas independientes, pero tampoco le impedía reconocerlas como una forma válida de acceder a los cargos públicos electivos y, por lo tanto, sólo si esa vía de acceso a los cargos públicos electivos se reconocía expresamente en las leyes respectivas (así como los requisitos que debían cumplirse y los procedimientos a seguir) podía solicitarse el registro como candidato independiente; de otro modo, esa posibilidad estaba restringida a la postulación a través de los partidos políticos o coaliciones. Ese criterio fue sostenido también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando resolvió una serie de acciones de inconstitucionalidad que algunos partidos políticos habían interpuesto en contra de una serie de cambios a la legislación electoral de Yucatán, realizados en 2006 por el Congreso de esa entidad, con los que se había incluido la posibilidad de acceder a los cargos electivos locales (gubernatura, diputaciones locales y planillas de ayuntamientos) a través de candidaturas independientes, siempre y cuando se presentara un número determinado de respaldos ciudadanos a las mismas. En la resolución de la SCJN, con una votación dividida de seis ministros a favor y cinco en contra de la constitucionalidad de la reforma, se reiteró la posibilidad de que las candidaturas independientes pudieran ser incluidas o no en las normas electorales a juicio del legislador ordinario.2 La discusión sobre ese tema fue elevada al ámbito de jurisdicción interamericana de derechos humanos por el excanciller Jorge Castañeda, en el caso “Castañeda Gutman vs. México”, el cual concluyó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de agosto de 2008 en la cual se ratificó la postura que había prevalecido en el ámbito interno del país hasta entonces en relación con las candidaturas independientes. En efecto, dicha sentencia concluyó que la falta de reconocimiento de esa figura en el derecho interno y el que, en consecuencia, las candidaturas a cargos de elección popular sólo pudieran presentarse por partidos políticos no implicaba una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su relevancia, vale la pena citar en sus términos algunos extractos de la sentencia en relación con las candidaturas independientes: 166. El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos. […]

198. La Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras: mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los Estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, además, permiten candidaturas independientes. […] 200. Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en el artículo 23 de la Convención…3

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en los puntos resolutivos de su sentencia que el Estado mexicano había violado en perjuicio de Castañeda su derecho a la protección judicial por la falta de un recurso judicial efectivo, establecido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que hasta antes de la reforma electoral de 2007-2008 no existía un medio de impugnación eficaz que le permitiera controvertir como ciudadano la constitucionalidad de una ley electoral; por lo que hacía a su alegato de que la negativa a ser registrado por el Instituto Federal Electoral (IFE) como candidato independiente a la presidencia de la República en 2005 (de cara a la elección presidencial de 2006) había vulnerado sus derechos políticos (reconocidos en el artículo 23 del también conocido como Pacto de San José), estableció: “El Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho político a ser elegido reconocido en el artículo 23.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La constitucionalización de las candidaturas independientes No fue sino hasta el 9 agosto de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 35 de la Constitución para reconocer el derecho de los ciudadanos de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) se fijaron los requisitos que tienen que cumplir las personas que aspiran a una candidatura independiente para competir por la presidencia de la República, así como por senadurías o diputaciones de mayoría relativa. Esos requisitos legales consistieron en: 1) Contar con un mínimo de apoyos ciudadanos consistentes en un porcentaje del listado nominal correspondiente con corte al 31 de agosto del año previo a la elección: 1% de la lista nominal a nivel nacional en el caso de aspirar a la presidencia de la República; 2% de la lista nominal correspondiente al estado de que se trate en el caso de una senaduría, o 2% del listado nominal del distrito electoral correspondiente en el caso de una diputación; 2) Que los mencionados respaldos ciudadanos tengan una distribución territorial que implique que, en el caso de la presidencia, en al menos 17 entidades sumen cuando menos 1% de la ciudadanía registrada en cada una de ellas; en el caso de las senadurías, que los apoyos sumen al menos 1% de los electores inscritos en al menos la mitad de los distritos electorales de la entidad de que se trate y, en el caso de las diputaciones, que las firmas de los ciudadanos que respaldan la candidatura alcancen al menos 1% de los inscritos en la lista nominal en la mitad o más de las secciones electorales correspondientes al distrito respectivo; 3) Constituir una asociación civil que tendrá el mismo tratamiento fiscal que los partidos políticos, de la que formen parte cuando menos el o la aspirante a la candidatura independiente, así como las personas que funjan como su representante legal y como encargada de la administración de los recursos de dicha candidatura, y 4) Abrir una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil mencionada para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. Las candidaturas independientes en 2018 Dado que el reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes y su regulación legal en el plano federal ocurrió hasta 2014, la elección de 2018 fue la primera en la que se abrió la posibilidad de que las personas que aspiraran a competir por la presidencia de la República pudieran hacerlo a través de esta figura. Antes, tanto en las elecciones locales que se habían realizado tras la reforma de 2014 como en los comicios federales de 2015, se habían registrado numerosas candidaturas independientes a diversos cargos de elección popular, algunas de las cuales resultaron triunfadoras en las urnas. Así, en esos años varias presidencias municipales (algunas correspondientes a ayuntamientos importantes como Morelia y Ciudad Juárez), diputaciones locales (el caso de Pedro Kumamoto en Jalisco es, probablemente, el más sonado), una diputación federal (lograda por Manuel Clouthier Carrillo), un escaño en la Asamblea

Constituyente de la Ciudad de México, e incluso la gubernatura de Nuevo León (obtenida por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco), fueron ganadas en las urnas mediante candidaturas independientes, convalidando en los hechos la pertinencia y viabilidad de esa figura. En todos esos casos, el Instituto Nacional Electoral (INE) había participado en los procesos de registro de las candidaturas independientes verificando que los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes fueran válidos, a partir de una compulsa con los registros de los ciudadanos inscritos ante el Registro Federal del Electores en el padrón electoral o en el listado nominal. En múltiples ocasiones el instituto había detectado que muchos de esos respaldos correspondían a personas fallecidas, a registros anteriores, o bien estaban en documentos diferentes a la credencial para votar con fotografía, en fotocopias de dicha credencial, o bien con credenciales falsas. Así había ocurrido, también, con buena parte de los respaldos ciudadanos en los que se habían sustentado las infructuosas consultas populares que se habían intentado en 2014, como lo evidenció la revisión que de ellos hizo el INE en su momento, y lo mismo sucedió en las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, cuando un número muy importante de los apoyos presentados por quienes aspiraron a obtener una candidatura independiente fueron apócrifos. Para evitar lo anterior, de cara a las elecciones de 2018, el INE estableció un mecanismo tecnológico que, por un lado, permitiría un mayor control en el registro de los apoyos ciudadanos y, por el otro, facilitaría la tarea de quienes estaban encargados de recabarlos. Se trató de una aplicación para dispositivos móviles que permitía a los aspirantes a una candidatura independiente o a las personas que fueran autorizadas por ellos y registradas ante el INE como gestores o auxiliares recabar apoyos ciudadanos sin tener que recurrir al uso del papel en la elaboración de las respectivas cédulas de respaldo o fotocopiar las credenciales para votar de los ciudadanos que los habían apoyado. La aplicación permitía, además, que los datos de las personas que hubieran brindado su respaldo a alguna candidatura independiente fueran enviados inmediatamente al sistema establecido por el INE para su almacenamiento y resguardo (fundamental al tratarse de datos personales de los ciudadanos) si el dispositivo móvil con el que se había hecho la captura se encontraba en un área de cobertura; de otro modo, encriptaba y almacenaba dichos datos en la memoria del dispositivo hasta que se encontrara en una zona con conectividad y entonces realizaba automáticamente la transferencia de los datos y el borrado de la información en el aparato en el que se había hecho la captura del registro. En todo caso, en cuanto la aplicación enviaba un registro al INE se generaba un código de verificación que permitía comprobar, identificar y dar seguimiento a cada operación realizada.4 El uso de la aplicación les permitía a los equipos de trabajo de los aspirantes obtener reportes para conocer cotidianamente el avance en los apoyos conseguidos, el registro por asistente de los apoyos recabados, y saber si las personas que los habían apoyado efectivamente estaban registradas en el listado nominal del INE y, por lo tanto, si podía considerarse un apoyo válido. Además, se estableció un mecanismo para que los aspirantes pudieran acceder a un portal web para verificar permanentemente los reportes que mostraban todos los apoyos de la ciudadanía cargados en el sistema, los que habían resultado válidos, así como los que habían sido rechazados, incluyendo las razones del rechazo, para que pudieran manifestar lo que a su derecho convenía y ejercer así su garantía de audiencia. Tomando en cuenta que no en todo el país existían condiciones óptimas de conectividad (y con independencia de que la aplicación permitía realizar registros aun sin conexión, almacenando temporalmente los datos en los dispositivos móviles), el Consejo General tomó la decisión de establecer un régimen de excepción a la captura digital de los apoyos ciudadanos a través de la aplicación móvil en aquellas zonas de alta marginación, a partir del índice elaborado por el Consejo Nacional de Población con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Así se determinaron 283 municipios correspondientes a 13 entidades federativas que, debido a su muy alto grado de marginación, podrían hacer muy difícil el uso de la aplicación móvil y, en consecuencia, se permitió que en ellos los apoyos ciudadanos pudieran ser presentados en papel. De acuerdo con las cifras del Registro Federal de Electores, con el corte de la lista nominal del 31 de agosto de 2017 fijado por la ley, para alcanzar una candidatura independiente a la presidencia de la República se debían conseguir 866 mil 593 apoyos de la ciudadanía distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas, que sumaran cuando menos 1% del total en la lista nominal de electores en cada una de ellas. Ese 1% variaba por entidad, desde las 5 mil 7 firmas requeridas en Baja California Sur, hasta las 114 mil 593 en el Estado de México. En el caso de las senadurías y de las diputaciones, el número de firmas variaba en cada entidad federativa y distrito, dependiendo del número de electores inscritos en la lista nominal de cada una de esas demarcaciones.5 Por otra parte, la ley también establecía el tiempo máximo para recabar los apoyos ciudadanos: 120 días para la presidencia de la República, 90 para las senadurías y 60 para las diputaciones federales. La convocatoria correspondiente fue aprobada por el Consejo General el 8 de septiembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre y en ella se establecieron las fechas en las que el INE debía entregar, en caso de resultar procedentes, las constancias como aspirantes a una candidatura independiente a aquellas personas que hubieran cumplido una serie de requisitos preliminares establecidos en la ley (artículo 383 de la LGIPE), lo que les permitía, a partir del día

siguiente, comenzar a recabar las firmas de respaldo necesarias. Sin embargo, el Tribunal Electoral consideró que, dado que el uso de la aplicación móvil dispuesta por el INE requería una curva de aprendizaje por parte de los usuarios, el plazo originalmente concedido para recabar los apoyos ciudadanos debía ampliarse por siete días más. De ese modo, la nueva fecha límite para la presidencia de la República se fijó para el 19 de febrero de 2018, para las senadurías el 21 de enero y para las diputaciones el 17 de diciembre de 2017. De cara al proceso de recopilación de apoyos ciudadanos, el conjunto de aspirantes a candidaturas independientes a los diversos cargos de elección federal registró un número muy importante de auxiliares, es decir, de personas autorizadas a recabar firmas de respaldo. En total se inscribieron 191 mil 603 auxiliares, de los cuales el número más importante (133 mil 994) fue registrado por los aspirantes a la presidencia de la República. Sin embargo, no todos los auxiliares dados de alta enviaron al INE apoyo ciudadano; en el caso de la presidencia, sólo 41 mil 397 de los auxiliares enviaron algún apoyo, mientras que 92 mil 597 de ellos no enviaron respaldo alguno.6 Durante el proceso de actividad de los aspirantes a una candidatura independiente y de sus equipos de auxiliares para recabar los apoyos requeridos se presentó una serie de problemas técnicos con el uso de la aplicación móvil. Así, por ejemplo, en algunos casos el hecho de que las memorias de los teléfonos celulares utilizados estuvieran llenas podía provocar que no se almacenaran los registros cuando la captura de alguno de ellos ocurriera en un lugar sin conexión a alguna red de datos móviles, lo que implicaba que el usuario tuviera que liberar el espacio necesario de manera previa. Sin embargo, el problema más recurrente tenía que ver con el hecho de que la aplicación requería, para un adecuado funcionamiento, de dispositivos celulares de gama media o de gama alta, lo que impedía que en muchas ocasiones pudiera realizarse el registro de los apoyos en teléfonos celulares que no cumplieran con una serie de requerimientos básicos. Si bien era cierto que en el acuerdo sobre el uso de la aplicación, aprobado el 28 de agosto de 2017, se habían establecido las características con que debían contar los dispositivos móviles para que la aplicación funcionara correctamente, el desconocimiento de ese punto generó una serie de inconformidades entre varios aspirantes. La aplicación móvil requería que la fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar tuviera un cierto grado de nitidez para poder extraer automáticamente los datos del elector y registrarlo a través de un sistema de reconocimiento de caracteres (entre ellos el nombre y los apellidos del titular, así como su clave de elector), por lo que si la cámara del dispositivo era de baja calidad o las condiciones de luz no eran adecuadas, la captura del registro no podía completarse correctamente. Ello llevó al INE a tener que liberar una segunda versión de la aplicación que permitía, entre otras mejoras, fotografiar la credencial para votar con independencia de su nitidez y capturar manualmente los datos de identificación de su titular. El solicitar la credencial para votar con fotografía en original para que fuera capturada a través de la aplicación móvil fue un requisito adoptado para garantizar la autenticidad del respaldo brindado por algún ciudadano, pues implicaba que el titular de la credencial debía presentarla al aspirante a una candidatura independiente o a alguno de sus auxiliares para que fuera fotografiada por ambos lados e incluida en el registro correspondiente. El reto para los aspirantes a una candidatura independiente y sus equipos de trabajo no fue sencillo, particularmente para el caso de la presidencia de la República, en el que la ley establecía un porcentaje de apoyos muy alto y con una dispersión territorial tal que prácticamente triplicaba —y ésa fue una de las críticas más importantes al proceso— el número de afiliaciones requeridas para constituir un partido político. Sin embargo, eso no desalentó a las personas que participaron en el proceso. La captación de apoyos ciudadanos: entre la autenticidad y la simulación A pesar del interés suscitado entre muchas personas por participar en el proceso y la expectativa generada en la opinión pública por las candidaturas independientes a la presidencia, fueron pocos los aspirantes que alcanzaron su propósito. A continuación resumo los datos relacionados con las candidaturas independientes por cada uno de los tipos de elección: 1) Diputaciones federales. Originalmente se presentaron 240 manifestaciones de intención, de las cuales 53 no cumplieron con los requisitos preliminares; en consecuencia, 187 personas obtuvieron la calidad de aspirantes y pudieron iniciar el proceso de captación de apoyos ciudadanos para sustentar sus candidaturas. Durante ese proceso se presentaron 44 renuncias, por lo que 143 personas mantuvieron la vigencia de su registro como aspirantes a lo largo de la duración de éste. De ellas, 79 no alcanzaron preliminarmente el umbral de apoyos requeridos y 64 sí lo consiguieron. Sin embargo, durante la revisión final, 17 aspirantes quedaron por abajo del mínimo requerido al descontárseles los casos en cuyos registros se simularon credenciales para votar, seis más por habérseles descontado los apoyos en los que se habían fotografiado fotocopias y no originales de la credencial y uno más luego de habérsele eliminado los apoyos duplicados con otros aspirantes. Así, de los 240 que iniciaron el proceso, únicamente 40 personas cumplieron con lo dispuesto en la

LGIPE (artículo 371, párrafo 1) y obtuvieron su registro como candidatos independientes a una

diputación federal.7 2) Senadurías. En principio se presentaron 78 manifestaciones de intención; de ellas, en 22 casos no se cumplió con los requisitos preliminares, aunque un aspirante desistió de su intención antes de recibir su constancia como tal, por lo que únicamente 55 personas fueron registradas como aspirantes y pudieron iniciar la recopilación de apoyos ciudadanos. Durante ese proceso se presentaron 10 renuncias, por lo que sólo 45 personas mantuvieron vigente su estatus de aspirantes a lo largo del mismo. De esos aspirantes, 36 no alcanzaron preliminarmente el número de apoyos requeridos y la distribución geográfica establecida por la ley, por lo que sólo nueve personas superaron preliminarmente el umbral; sin embargo, en dos casos se constató que ello no había ocurrido al descontárseles los registros de apoyos que se habían sustentado en fotografías a fotocopias de la credencial para votar y no al documento original. De ese modo, únicamente a siete personas (seis hombres y una mujer) se les concedió el registro como candidatas independientes al Senado de la República.8 3) Presidencia de la República. Inicialmente se recibieron 87 manifestaciones de intención. En 39 casos no se cumplió con los requisitos para la procedencia de su registro como aspirantes, de modo que sólo 48 personas obtuvieron esa calidad y pudieron iniciar con la captación de apoyos ciudadanos. Durante ese proceso se presentaron dos renuncias, por lo que fueron 46 personas las que mantuvieron la calidad de aspirantes. De ellas, 43 no alcanzaron el umbral con la distribución geográfica de apoyos ciudadanos pedida por la ley y sólo tres lo hicieron de manera preliminar (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y Armando Ríos Piter). Sin embargo, dos de esos aspirantes quedaron finalmente por debajo del número de apoyos requeridos al habérseles descontado aquellos registros en los que, o bien se había simulado la credencial para votar fotografiando en su lugar otros documentos u otros objetos (como ocurrió en el caso de Rodríguez Calderón), o bien se había fotografiado una fotocopia de la credencial para votar y no el documento original (como ocurrió de manera masiva en el caso de Armando Ríos Piter). Así, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Consejo General del INE el 23 de marzo de 2018, de las 87 personas que iniciaron el proceso, únicamente Margarita Zavala logró obtener su registro como candidata independiente a la presidencia.9 En el periodo establecido para recopilar apoyos para las candidaturas independientes a los diversos cargos de elección se recibió en el sistema habilitado por el INE el registro de 9 millones 48 mil 391 respaldos ciudadanos: 7 millones 215 mil 906 de ellos correspondieron a los diversos aspirantes a la presidencia, un millón 16 mil 561 al Senado y 815 mil 924 a diputaciones. Sin embargo, como había ocurrido en su momento con las firmas de respaldo a las consultas populares en 2014, o bien en el caso de las candidaturas independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, un gran número de esos apoyos fueron desechados por el INE al no haber garantías de su autenticidad. Las razones por las que se desestimó una gran cantidad de apoyos fueron diversas: a) por ser de personas no registradas en la lista nominal; b) porque se trataba de apoyos de personas dadas de baja de dicha lista (por fallecimiento o por condena penal); c) porque los apoyos estaban sustentados en documentación distinta a la credencial para votar, o bien en fotocopias y no en originales del documento; d) porque se trataba de apoyos duplicados para el mismo aspirante, o e) porque se habían presentado apoyos ciudadanos en papel y no en la aplicación móvil obtenidos fuera de las zonas de excepción establecidas. Así, por ejemplo, en el caso de los tres aspirantes que habían superado preliminarmente el umbral de 866 mil 593 apoyos requeridos para alcanzar una candidatura independiente a la presidencia, un gran número de los apoyos que habían presentado fueron invalidados por las razones mencionadas, como puede verse en el desglose que se hace en el cuadro 1. A partir de esos datos, resulta sorprendente la gran cantidad de apoyos inválidos que fueron registrados por los tres aspirantes mencionados. En el caso de Margarita Zavala, del millón 578 mil 774 apoyos que fueron presentados, 44.88% fue improcedente; en el de Jaime Rodríguez Calderón, de los 2 millones 34 mil 403 respaldos presentados, resultó rechazado 58.22%, y en el caso de Armando Ríos Piter, del millón 765 mil 599 apoyos enviados, 86.26% fue desacreditado por ser irregular.

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En particular, llama la atención el número de apoyos ciudadanos presentados por las candidaturas mencionadas que tuvieron algún tipo de inconsistencias, es decir, que fueron sustentados indebidamente. En el caso de Margarita Zavala se trató de 34.63% del total de apoyos presentados; en el de Rodríguez Calderón de 43.35%, y en el de Ríos Piter de 74.84%, lo que representa, en este último caso, tres de cada cuatro apoyos dados de alta. Se trató de registros no sólo improcedentes por carecer de los requisitos que se habían establecido en los lineamientos correspondientes, sino que, por sus características, muy probablemente se trataba de apoyos falsificados. Varios de ellos estaban respaldados por simulaciones de la credencial para votar, documentos distintos a ésta (tales como licencias para conducir, credenciales de centros de enseñanza, de clubes deportivos o de descuento de tiendas, fotografías de cuadernillos de listas nominales utilizadas en elecciones pasadas y hasta algunos documentos de identidad de otros países) o bien fotografías de fotocopias de la credencial de elector y no del documento original que, como señalamos anteriormente, constituía un requisito para la validez del registro correspondiente. Hay que señalar que los lineamientos aprobados por el INE permitían que todos aquellos registros que no fueran preliminarmente aceptados pudieran ser analizados caso por caso en una mesa de control ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en un procedimiento que les permitía a los representantes de quienes aspiraban a una candidatura independiente ejercer su garantía de audiencia y, en caso de demostrar la validez del registro, sumarlo a los apoyos legítimos. Este procedimiento estuvo vigente a lo largo de todo el periodo de captación de apoyos ciudadanos y hasta antes de la emisión del dictamen correspondiente. En el caso de las candidaturas independientes a la presidencia, luego de que Margarita Zavala Gómez del Campo, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter (los tres aspirantes que preliminarmente, es decir, antes de la revisión a cargo del INE, habían superado el umbral de firmas requerido por la ley) fueron notificados de la gran cantidad de inconsistencias detectadas en los apoyos ciudadanos que habían presentado y que implicaban que muchos de los mismos no resultaban procedentes, sólo los dos primeros ejercieron su derecho de audiencia. Ríos Piter no acudió al INE a revisar los registros correspondientes y sólo se limitó a presentar un escrito el 21 de marzo de 2018, en el que hizo valer diversos argumentos genéricos a su favor, pero nunca solicitó la revisión de los registros respecto de los cuales se le notificó que se habían considerado irregulares. Por ese hecho, al no haber controvertido los registros que el INE consideró inválidos, se le contabilizaron únicamente 242 mil 646 apoyos de los 866 mil 593 requeridos para obtener el registro como candidato independiente a la presidencia y, por ende, se le negó el registro correspondiente. Por su parte, los representantes de Jaime Rodríguez Calderón sí asistieron a las oficinas del INE los días 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2018, en los que revisaron 387 mil 897 registros del total de aquellos que habiendo tenido algún tipo de inconsistencia se habían invalidado por parte de la autoridad electoral,

logrando subsanar 14 mil 426 casos, mismos que le fueron sumados a los inicialmente válidos. Sin embargo, Rodríguez Calderón sumó un total de 849 mil 937 apoyos válidos, 16 mil 656 menos de los necesarios para superar el umbral legal para obtener el registro. También los representantes de Margarita Zavala ejercieron su derecho de audiencia y se presentaron a examinar algunos de los apoyos con inconsistencias el 18 de marzo. En su caso, revisaron únicamente 423 registros, logrando justificar la validez de sólo dos casos que fueron adicionados a los considerados procedentes. El resultado de todo el proceso de revisión mencionado fue que sólo Margarita Zavala alcanzó 870 mil 170 apoyos, apenas un poco más de 3 mil 500 por encima del número requerido, consiguiendo así, a pesar de los numerosos registros irregulares presentados, la única candidatura independiente a la presidencia de la República autorizada por el INE. Margarita Zavala, como es sabido, inició su campaña presidencial como candidata independiente el 30 de marzo de 2018, a la par de los candidatos de las tres coaliciones participantes, y mantuvo tal calidad hasta que el 16 de mayo, cuatro días antes del segundo debate presidencial, renunció a su candidatura. Las impugnaciones ante el TEPJF Como era de esperarse, la decisión del INE de negarle el registro a Jaime Rodríguez Calderón por no haber alcanzado el umbral de respaldos fijado por la ley fue impugnada por éste ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual revocó la resolución del instituto mediante sentencia del 9 de abril de 2018, en una decisión dividida de sus integrantes que fue resuelta con una votación de cuatro votos a favor y tres en contra (de la y los magistrados Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez). En su fallo, la Sala consideró que se había cometido por parte del INE una serie de violaciones procesales al derecho de audiencia del aspirante al no cumplir con las formalidades del procedimiento. Los argumentos de la sentencia fueron esencialmente que, por un lado, no se le había dado una posibilidad real de defensa al demandante al no habérsele permitido revisar todos los apoyos que se le habían invalidado y, por otro lado, que no se habían fundado y motivado debidamente las causas de las irregularidades previstas en la LGIPE o en los lineamientos correspondientes con las que se habían desestimado los apoyos considerados improcedentes. Además, la sentencia estableció que “es posible advertir que existe una conclusión objetiva en el sentido de que, de haber revisado los registros que no fueron verificados durante el procedimiento, el actor hubiese podido alcanzar el umbral exigido para obtener el registro, puesto que dentro de las inconsistencias que sí se han analizado, el promovente ha logrado validar sesenta y dos mil setecientos treinta (62 730) registros”.11 En consecuencia, el tribunal ordenó al INE emitir un nuevo dictamen en el que se considerara que Rodríguez Calderón había cumplido el requisito del umbral necesario de apoyos ciudadanos para convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República, decisión que fue acatada el 10 de abril de 2018 mediante el acuerdo INE/CG269/2018. Resulta curioso que, ante la serie de faltas procesales que el tribunal le atribuyó a la autoridad administrativa, la sentencia no hubiera ordenado al INE subsanarlas —reparando así el eventual error procesal—, sino que optó por otorgarle el registro al aspirante a partir de una inferencia asumida como una “presunción razonable” en el sentido de que, si hubiera tenido el tiempo para revisar todos los registros irregulares, probablemente habría superado el umbral de firmas exigido para obtener la candidatura. Lo anterior contrasta, además, con lo que la propia Sala Superior resolvió el mismo 9 de abril de 2018 en el caso de la impugnación que presentó, por su lado, el otro aspirante al que también se le había negado el registro luego de habérsele descontado un importante número de registros irregulares, Armando Ríos Piter. En esta sentencia sí se ordenó al INE reponer el procedimiento y que se le concediera al aspirante un plazo de 10 días para que, proporcionándole todos los elementos humanos y materiales que resultaran necesarios, se llevara a cabo “la revisión de los registros, tomando en consideración que la tutela obsequiada le garantiza una defensa adecuada que le otorgue la posibilidad de demostrar que, adversamente a lo determinado en el acuerdo cuya revocación se propone, sí alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano exigido en la ley”.12 Aunque el INE dispuso los espacios, el personal y el equipo técnico necesario para la revisión de los apoyos, Ríos Piter acudió una sola vez a las oficinas del instituto, acompañado de sus abogados, en la que planteó una serie de consideraciones descalificando las condiciones que habían sido dispuestas por la autoridad electoral para la revisión de los apoyos, así como la falta de certeza en el procedimiento. Entre sus argumentos señaló que sólo hasta ese momento tenía conocimiento claro y concreto de las irregularidades que se le imputaban, por lo que estaba impedido para contar con pruebas para desacreditar el dicho de la autoridad; asimismo descalificó la preparación del personal del INE encargado de hacer las revisiones, así como las condiciones de espacios y los equipos de cómputo destinados para desahogar ese procedimiento. Al cabo de ello se retiró y no volvió a presentarse en los días siguientes hasta que se agotó el plazo establecido por el TEPJF. De ese modo, el Consejo General ratificó el 23 de abril de 2018 su decisión original de negarle a Ríos Piter el registro como candidato independiente por no haber alcanzado el número de apoyos ciudadanos requerido.13 Esa decisión ya no fue impugnada por el

aspirante que, unos días después, se sumó a la campaña presidencial de José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza).14 Las dos caras de las candidaturas independientes Un par de reflexiones adicionales resultan necesarias para ilustrar dos tipos de actitudes diametralmente opuestas que fueron asumidas por algunos de los actores involucrados en el primer proceso de candidaturas independientes a la presidencia de la República que tuvimos en el país: por un lado, las violaciones que, adicionalmente a las ya mencionadas, cometió Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en materia de fiscalización durante el periodo para recabar apoyos ciudadanos con tal de obtener la candidatura y, por otro lado, el contrastante caso de apego a las reglas que evidenció María de Jesús Patricio Martínez durante sus actividades para recabar las firmas de respaldo a su candidatura. 1) Además de las irregularidades que se evidenciaron por parte del INE en el proceso de revisión de los apoyos ciudadanos que implicó un número importante de respaldos simulados y con inconsistencias, Jaime Rodríguez Calderón cometió una serie de violaciones a las normas de financiamiento durante el periodo en que se recabaron dichos apoyos que fueron investigadas, identificadas y sancionadas a través de tres procedimientos, uno de queja y dos oficiosos instaurados en su contra. En primer lugar, a partir de una serie de investigaciones periodísticas, un grupo de ciudadanos presentó una queja el 1 de febrero de 2018 en contra de Rodríguez Calderón, acusándolo de desvío de recursos públicos por la participación de funcionarios del gobierno del estado de Nuevo León en tareas de recopilación de firmas a favor de su candidatura independiente a la presidencia de la República. Unas semanas después, el 28 de marzo de ese año, al aprobar la resolución correspondiente a las irregularidades encontradas durante la revisión de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia durante las actividades de obtención de apoyos ciudadanos, el Consejo General del INE ordenó un procedimiento oficioso en contra del mencionado aspirante para investigar el origen de una serie de aportaciones realizadas a su favor y tener plena certeza sobre su proveniencia. Finalmente, el 12 de abril de 2018 la Unidad de Fiscalización del INE decidió escindir la queja antes mencionada y, ante nueva evidencia de otras irregularidades, abrir un segundo procedimiento oficioso en contra de Rodríguez Calderón por haber recibido presuntamente recursos de entes prohibidos (empresas de carácter mercantil). Los tres procedimientos se conocieron y resolvieron por el Consejo General el 28 de mayo de 2018 declarándose fundados todos ellos al haberse confirmado las irregularidades denunciadas.15 En el primero de los casos, el que correspondía a la queja presentada por varios ciudadanos, el INE solicitó información, entre otros entes, a diversos medios de comunicación, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a bancos y al gobierno del estado de Nuevo León; además, compulsó los datos de todos los ciudadanos dados de alta como auxiliares autorizados a recabar firmas de apoyo para Jaime Rodríguez Calderón con el listado de empleados del gobierno estatal así como con las nóminas pagadas a dichos empleados. De ese modo se acreditó que 656 personas que trabajaban como servidores públicos en 29 dependencias de la administración pública del estado de Nuevo León fungieron como auxiliares para la recopilación de apoyos ciudadanos para Jaime Rodríguez Calderón y, además, gracias a que cada respaldo capturado dejaba un registro preciso del auxiliar que lo daba de alta, así como del día y la hora, pudo comprobarse que esos servidores públicos habían realizado sus actividades de recopilación de firmas en días y horas laborables, lo que representaba una aportación en especie y, por lo tanto, un desvío de recursos públicos para favorecer una actividad político-electoral. El cálculo hecho por el INE de los montos involucrados en este desvío en especie sumó 2 millones 608 mil pesos. Por otro lado, en uno de los procedimientos oficiosos se comprobó, gracias a la información del sistema financiero nacional que fue solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que Viva la Nueva Independencia, A. C., constituida por Rodríguez Calderón para recibir las aportaciones y realizar los gastos destinados a financiar las tareas de obtención de apoyos ciudadanos necesarios para alcanzar la candidatura independiente, recibió aportaciones de personas que en realidad habían fungido como intermediarias de diversas empresas de carácter mercantil que, en los términos de la legislación electoral, están impedidas para financiar actividades político-electorales. Se trató, pues, de actos de simulación para recibir recursos de entes prohibidos que se habían concretado a través del siguiente mecanismo: 24 personas físicas habían recibido en sus cuentas bancarias depósitos que habían variado entre los 100 mil y los 230 mil pesos por parte de empresas con las que, salvo en un caso, como lo demostró la información proporcionada al INE por el SAT, no mantenían relación laboral o comercial alguna y en los días inmediatamente posteriores realizaban aportaciones, por los mismos montos recibidos, a favor de la asociación civil que administraba los recursos para los trabajos de obtención de firmas para la

candidatura. Los montos involucrados en ese esquema de triangulación de recursos fueron por un total de 4 millones 494 mil 250 pesos. Llama la atención que, derivado de la investigación, quedó también documentado que incluso el mismo Jaime Rodríguez Calderón había realizado un depósito por 240 mil pesos a su asociación civil cuatro días después de haber recibido recursos de una empresa de carácter mercantil por más de un millón 100 mil pesos. Finalmente, en el tercer procedimiento instaurado en contra de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se constató que un número muy importante de auxiliares (mil 35 personas) había recibido pagos para realizar sus actividades de recopilación de apoyos que no habían sido realizados, como lo establecían las normas de fiscalización, por la asociación civil constituida para tal efecto y que, en consecuencia, no habían sido reportados al INE, lo que implicaba un ocultamiento ilegal de gasto. Además, se comprobó que dichos pagos a los auxiliares se habían efectuado mediante depósitos hechos a través de tarjetas bancarias de tiendas de conveniencia por parte de tres empresas de carácter mercantil, lo que implicaba un caso adicional de aportaciones realizadas por entes prohibidos. Los montos involucrados en este caso ascendieron a 6 millones 330 mil 810 pesos. Como consecuencia de las irregularidades anteriores, el Consejo General determinó imponerle a Jaime Rodríguez Calderón una serie de multas que en conjunto sumaban 739 mil 47.10 pesos, equivalentes al monto máximo de sanciones (calculadas en Unidades de Medida y Actualización) que el INE podía imponerle a una persona física. Además, se decidió darle vista de las irregularidades a diversas autoridades (a saber: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el SAT, la entonces Procuraduría General de la República y la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León) para que, a partir de los hechos comprobados en estos casos, determinaran si en el ámbito de sus competencias se desprendían otros ilícitos. Los tres casos fueron impugnados ante el Tribunal Electoral, que en esta ocasión confirmó el sentido de las resoluciones del INE en sus términos. 2) A diferencia de los casos en los que se constató una serie de importantes irregularidades en el proceso de captación de apoyos ciudadanos por parte de los tres aspirantes, el de María de Jesús Patricio Martínez, médica tradicional indígena conocida como Marichuy, y que había sido elegida por el Congreso Nacional Indígena como vocera representante para participar en las elecciones de 2018, fue un ejemplo de honestidad con independencia de no haber logrado alcanzar el número de apoyos requeridos para convertirse en candidata independiente a la presidencia de la República. Aunque Marichuy remitió al INE sólo 281 mil 945 registros de apoyos ciudadanos, una cifra muy lejana respecto del umbral exigido para obtener la candidatura, un número muy alto de los mismos fueron convalidados por el instituto (267 mil 953, es decir, 95% del total). Además, los respaldos que no resultaron procedentes se debieron a causas que no suponían un dolo o una intención de engañar a la autoridad electoral, pues gran parte de los mismos correspondía a registros duplicados o levantados en papel fuera de los municipios en los que se había establecido el régimen de excepción y no a prácticas que evidenciaran que se habían obtenido apoyos indebidamente. Esa actitud de apego a las reglas establecidas y de asumir una postura que trascendía el mero objetivo de alcanzar la candidatura independiente a la presidencia fue evidente cuando, al sufrir un accidente en un tramo carretero de Baja California Sur el 14 de febrero de 2018 (a unos días de que terminara el plazo para conseguir los apoyos ciudadanos) en el que perdió la vida una persona de su equipo y ella sufrió lesiones en un brazo por las que tuvo que ser operada quirúrgicamente, decidió suspender definitivamente las actividades en pos de su candidatura señalando que su intención no era llegar a la boleta sino continuar la lucha de organización de las comunidades. Esa actitud fue reconocida en el seno del Consejo General del INE, tanto en el momento de conocer y aprobar el dictamen en el que se daba cuenta de los apoyos recibidos por los aspirantes a una candidatura independiente el 23 de marzo de 2018, como en la sesión en la que se presentaron las conclusiones del proceso de revisión de los ingresos y gastos realizados durante la etapa de captación de firmas, realizada el 28 de marzo de ese mismo año. En esta última sesión señalé, a propósito de la conducta de María de Jesús Patricio, que “estamos frente a un caso que me parece vale la pena subrayar como un caso paradigmático no solamente por alguien que pertenece a comunidades indígenas que son comunidades desaventajadas por una serie de razones incluso históricas, sino además por la disposición a jugar con reglas en su momento, en lo que tenía que ver con la captación de los apoyos ciudadanos exigidos por la ley […] no alcanzó los requisitos ni de montos ni de dispersión territorial de apoyos ciudadanos planteados, pero en su momento enfatizamos cómo ese ejercicio fue un ejercicio honesto […] éste es un momento adicional […] para reconocer la honestidad de su trabajo y la voluntad de rendir cuentas”. 16 Para terminar

Sin duda las candidaturas independientes son un mecanismo de acceso a los cargos públicos electivos que con los años ha cobrado carta de naturalización en el sistema político mexicano. Se trata de una figura complementaria a las postulaciones realizadas por los partidos políticos que permite maximizar los espacios de participación política de la ciudadanía, amplía el espectro de ejercicio del derecho político de voto pasivo (ser votado) y, en ese sentido, siempre y cuando no se pretenda asumirla como sustitutiva del sistema de partidos, robustece nuestro sistema democrático al constituir una vía adicional para que el rico pluralismo político y la diversidad ideológica que existe en el país puedan expresarse durante los procesos electorales. Con el paso del tiempo, además, es una institución electoral que ha tenido un periodo de maduración, lo que hoy nos permite hacer un balance más objetivo del que se hacía sobre la misma hace una década, cuando aún no se incorporaba al sistema electoral. Entonces, el juicio sobre la misma estaba más bien definido por una serie de expectativas —generalmente sobredimensionadas— respecto a cómo podía enriquecer la calidad de nuestra vida democrática. Ante la crisis de credibilidad que desde finales del siglo pasado ha afectado a los partidos políticos en todo el mundo (y México no es, desde luego, la excepción) que los ha hecho ser asumidos más como maquinarias electorales y de acceso al poder (a pesar de ser, sin duda, una de sus características esenciales y definitorias) que como centros de agregación de consensos en torno a ideologías y programas políticos que los definen y diferencian (cada vez más indefinidos y diluidos), las candidaturas independientes fueron vistas por muchos como una solución alternativa que vendría a refrescar la política y a cerrar la brecha de apatía y descontento que muchas franjas de la población sentían con la cosa pública. Así, no sin cierta dosis de demagogia, se sobrecargó de expectativas a la figura de las candidaturas independientes bajo el lugar común de contraponer a los “ciudadanos” (esencialmente íntegros y bienintencionados) frente a los “políticos” (generalmente vistos como indecentes e inmorales). Con el tiempo, la realidad se sobrepuso a esa retórica, y luego de varios años puede afirmarse que la ruta mediante la que se participa en las elecciones y a través de la que se llega a un cargo de representación política, ya sea la vía de una candidatura apartidista o la postulación por parte de un partido político o coalición, es una variable independiente de las cualidades de la persona que compite y, eventualmente, consigue un cargo público. Dicho de otro modo, el tiempo se ha encargado de demostrarnos que la integridad, la honestidad, la preparación, el apego y respeto a las reglas, así como las buenas intenciones de quien participa en política no dependen del ámbito en el que se actúa ni de la vía por la que se accede a los espacios de decisión pública. Hay ejemplos de personas que han contendido en elecciones a través de candidaturas independientes y que han llegado a ocupar cargos de representación o de gobierno por esa vía que son encomiables, como los hay también entre quienes lo han hecho a través de los partidos políticos, y en ambos casos hay también ejemplos de personas deshonestas. En ese sentido, las candidaturas independientes son una institución positiva no por quienes han sido hasta ahora las personas que han optado por ella para participar en las elecciones o por quienes podrán hacerlo en el futuro, sino porque se trata de un espacio institucional, complementario al de los partidos, que es reconocido legalmente para que los ciudadanos puedan participar en política, y ésa es, en sí, una buena noticia. LOS DEBATES PRESIDENCIALES: ROMPIENDO LOS MOLDES

Los debates presidenciales en la historia democrática del país La cultura de los debates entre candidatos es relativamente reciente.17 El primer debate presidencial se remonta al 12 de mayo de 1994, cuando Diego Fernández (Partido Acción Nacional —PAN—), Ernesto Zedillo (Partido Revolucionario Institucional —PRI—) y Cuauhtémoc Cárdenas (Partido de la Revolución Democrática —PRD—), los tres candidatos mejor posicionados en las encuestas electorales, participaron en la sede del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en la primera confrontación televisada en vivo bajo la convocatoria de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Se trató de un ejercicio rígido, centrado en intervenciones sucesivas de los participantes, bajo un esquema de tiempo igualitario en el que no estaban permitidas las interrupciones ni el diálogo entre ellos, bajo la moderación de una periodista, Mayte Noriega, cuyo rol fue esencialmente el de dar la palabra a los candidatos en el orden previamente sorteado en cada ronda de intervenciones. Para la elección presidencial de 2000 también se realizaron dos debates; a diferencia del de 1994, el primero de ellos fue convocado conjuntamente entre el IFE y la CIRT, y se realizó el 25 de abril de ese año. Se trató de la primera confrontación televisada en vivo en cuya organización participó la autoridad electoral. En dicho ejercicio, que volvió a ser moderado por Mayte Noriega, participaron los seis candidatos presidenciales registrados: Vicente Fox (Alianza por el Cambio), Francisco Labastida (PRI), Cuauhtémoc Cárdenas (Alianza por México), Manuel Camacho (Partido de Centro Democrático —PCD—), Porfirio Muñoz Ledo (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana —PARM>—) y Gilberto Rincón Gallardo (Partido Democracia Social —PDS—). Si bien en el mismo hubo más interacción entre los candidatos, por las continuas referencias y acusaciones entre sí, el formato rígido de tiempos predefinidos y nula

intervención de la moderadora, cuya función se limitaba a dar la palabra en el orden previamente sorteado y advertir del término del tiempo, hacía que la discusión directa entre los contendientes fuera prácticamente nula. El segundo debate de esa contienda electoral, realizado el 26 de mayo de 2000, fue pactado por los tres candidatos punteros en las encuestas, Fox, Labastida y Cárdenas, conducido por Ricardo Rocha y coordinado por la CIRT (en este caso, el IFE no participó ante la exclusión de los otros tres contendientes presidenciales). También este ejercicio se desarrolló bajo un formato rígido de intervenciones con tiempo predefinido, pero introdujo dos novedades: en primer lugar, los candidatos y el moderador se sentaron en torno a una mesa y no en atriles, lo que permitió que se tuvieran tomas abiertas con mucho mayor frecuencia, a pesar de que durante todas las intervenciones de los candidatos prevalecieron los encuadres fijos y cerrados; en segundo lugar, se introdujo un espacio para réplicas y contrarréplicas entre los candidatos (con hasta cuatro intervenciones, cada una de hasta un minuto, que podían ser utilizadas libremente, es decir, sin un orden predefinido) al término de cada uno de los tres bloques temáticos en los que se dividió el debate, lo que le imprimió a este ejercicio una dinámica mucho más ágil que en los anteriores. En la elección presidencial de 2006 también se realizaron dos debates entre los aspirantes a la presidencia de la República; ambos fueron coorganizados por el IFE y la CIRT, y en los dos fueron convocados los cinco candidatos presidenciales registrados: Felipe Calderón (PAN), Roberto Madrazo (Alianza por México), Andrés Manuel López Obrador (Coalición por el Bien de Todos), Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina) y Roberto Campa (Nueva Alianza). El primero de los debates, moderado por Guadalupe Juárez, se realizó el 25 de abril de 2006 y se caracterizó por la declinación de Andrés Manuel López Obrador de participar en él y por la decisión de los organizadores de colocar un atril vacío en el lugar que le correspondía. Si bien se incorporó un espacio para réplicas al término de cada uno de los cinco bloques temáticos y de contrarréplicas en dos momentos a lo largo del debate, el formato mantuvo en términos generales su rigidez. El segundo debate, llevado a cabo el 6 de junio de ese año, fue moderado por Adriana Pérez Cañedo y contó con la participación de los cinco contendientes presidenciales. Este segundo ejercicio replicó esencialmente el mismo formato que tuvo el primero. También en la elección presidencial de 2012 se realizaron dos debates, pero en este caso la organización de ambos corrió enteramente a cargo del IFE, pues la reforma de 2007-2008 había establecido la obligación legal del instituto de realizar dos debates entre los candidatos a la presidencia de la República (según se dispuso en el artículo 70 del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). Al ser los primeros ejercicios organizados enteramente por la autoridad electoral, el IFE conformó una Comisión de Debates en la que además de tres consejeros electorales participaron los representantes de los candidatos Josefina Vázquez Mota (PAN), Enrique Peña Nieto (Coalición Compromiso por México), Andrés Manuel López Obrador (Coalición Movimiento Progresista) y Gabriel Quadri (Nueva Alianza). La mencionada comisión fue una instancia que definió las reglas y condiciones con las que habrían de realizarse los dos debates presidenciales. La lógica que se siguió en ese espacio fue priorizar las decisiones que derivaran del consenso entre los representantes de las candidaturas presidenciales, con lo que el resultado fue un formato muy similar a los que habían prevalecido hasta entonces: tomas y enfoque fijo del expositor, la imposibilidad de conocer las reacciones de los candidatos ante los dichos de quien exponía un tema, la ausencia prácticamente total de tomas abiertas y un papel pasivo del moderador que se limitaba a señalar los temas, dar la palabra y controlar el tiempo concedido a cada participante. Además, se estableció un complicado sistema de temas, subtemas y preguntas específicas, articulados en tres grandes bloques. En ese sentido, una pregunta determinada sorteada por el moderador era respondida por alguno de los contendientes, luego seguían réplicas de cada uno de los candidatos restantes y, finalmente, el primer expositor hacía una contrarréplica. El primero de los debates de esa elección presidencial se llevó a cabo en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2012 y fue conducido por Guadalupe Juárez. En el mismo, se evidenciaron varios problemas del formato pactado por los partidos y avalado por la autoridad electoral (a partir de la mencionada lógica de privilegiar el consenso entre las partes), pues a pesar de que los contendientes recurrieron profusamente al apoyo de materiales visuales (fotografías, imágenes de publicaciones periodísticas, etc.), en muchas ocasiones los mismos eran mostrados fuera del encuadre, el cual no podía ser modificado para permitir verlos, precisamente por la rigidez con la que el formato había sido establecido. El segundo debate, conducido por Javier Solórzano, se llevó a cabo el 10 de junio de 2012 y tuvo la novedad de que fue el primero realizado fuera de la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Expo de Guadalajara. Las reglas de este ejercicio cambiaron, buscando flexibilizar el formato televisivo (por un lado, permitiendo ver la imagen de aquel candidato que, aún no teniendo el uso de la palabra, era aludido por el orador, por otro lado, facilitando que pudieran proyectarse en pantalla imágenes y gráficas de apoyo a la temática expuesta por los expositores), así como romper la rigidez de las intervenciones que tuvo el ejercicio previo permitiendo un uso más flexible del tiempo por parte de los candidatos. Sin embargo, el resultado fue un ejercicio con una dinámica difícil de comprender por parte del público, que no generó necesariamente una mayor interacción entre los contendientes. Un dato interesante que vale la pena resaltar es que, pese a la cercanía de ese evento con la jornada electoral (apenas 20 días antes), los dos candidatos punteros en las encuestas no se refirieron entre sí a lo largo del debate.

Los debates organizados por el INE: El cambio de paradigma La primera experiencia del INE en la organización de debates políticos se dio durante la organización de la elección extraordinaria a la gubernatura del estado de Colima que, por mandato del TEPJF —como se comentó previamente—, le correspondió organizar de manera exclusiva al INE a través de su facultad de asunción total. En ese contexto, el 10 de enero de 2016, desde la sede de la Universidad de Colima, los candidatos a la gubernatura registrados participaron en un debate organizado por el instituto y moderado por Leonardo Curzio. A pesar del breve tiempo con que contaba el INE para organizar el proceso electoral extraordinario en su conjunto, en el formato del debate se incorporaron como novedad la presentación de comentarios y preguntas de ciudadanas y ciudadanos antes de cada uno de los tres bloques temáticos en los que se estructuró el ejercicio; sin embargo, siguió prevaleciendo un esquema rígido que incluso implicó que alguno de los contendientes leyera sus intervenciones iniciales en cada uno de los bloques mencionados. La historia de los debates presidenciales de 2018 comenzó, en estricto sentido, casi dos años antes del inicio del proceso electoral correspondiente, cuando algunos funcionarios del INE fueron invitados por la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos, en el marco del tercer debate entre los aspirantes presidenciales, Hillary Clinton y Donald Trump, el 19 de octubre de 2016 en Las Vegas, Nevada, a una serie de talleres y foros internacionales en los cuales se discutieron y analizaron la evolución, características, enseñanzas y distintas experiencias que aportaba la realización de debates políticos en diferentes países democráticos a lo largo del tiempo. A partir de ese momento, en el seno del Consejo General del INE empezó a permear la idea de replantear las lógicas y las dinámicas que habían prevalecido, a pesar de las diversas innovaciones instrumentadas a lo largo del tiempo, en los debates presidenciales mexicanos realizados previamente. Hasta entonces, los debates habían privilegiado la perspectiva y las necesidades de los candidatos presidenciales; su formato era el resultado de las negociaciones que sostenían sus representantes y de los acuerdos y consensos que alcanzaban entre ellos. En el mejor de los casos, la autoridad electoral había fungido como facilitador de esos arreglos entre partes que, naturalmente, buscaban las mejores condiciones para sus representados. Por esa razón, los debates habían sido ejercicios pensados desde la perspectiva de los propios protagonistas y no necesariamente desde la de la audiencia. Su formato había privilegiado, en ese sentido, más la exposición de las posturas y propuestas de los candidatos que la confrontación y contraposición pública de las mismas. Las representaciones de los candidatos privilegiaron, consecuentemente, las reglas de los debates que más los favorecieran, y por ello que menos los expusieran. Por eso, uno de los primeros cambios que se pensaron para los ejercicios de 2018 fue establecer dinámicas más ágiles, menos acartonadas, con una mayor interacción entre los participantes permitiéndoles formular cuestionamientos directos, así como un papel mucho más activo de quien fuera responsable de moderar los debates con la finalidad de privilegiar el interés del público que siguiera las transmisiones. En pocas palabras, la idea fue hacer de los debates espacios en los que los candidatos no solamente pudieran exponer sus diagnósticos y propuestas sobre los temas de relevancia nacional, sino que también mostraran ante la audiencia sus habilidades para discutir, para enfrentar cuestionamientos, para responder preguntas o abordar temas no necesariamente cómodos, en suma, para que el público pudiera conocer mejor no sólo las propuestas, sino también el temperamento y la personalidad de quienes pedían su voto. Para decirlo de otra manera, la idea fue “ciudadanizar los debates” privilegiando el punto de vista de los electores por encima del de las candidaturas. Los debates entre los aspirantes a la presidencia de la Republica de 2018 se sustentaron en una visión renovadora que partió de realizar las modificaciones normativas necesarias para que el INE pudiera tomar decisiones respecto al formato antes de que se definieran las candidaturas y, de tal manera, garantizar la neutralidad e imparcialidad de esos ejercicios para convertirlos en espacios en los que se diera una auténtica confrontación de ideas en beneficio de la ciudanía y del voto informado.18 Para tal efecto, el INE constituyó un grupo de trabajo para debates presidenciales encabezado por el consejero electoral Benito Nacif (quien previamente se había encargado de coordinar el debate de la gubernatura de Colima y más adelante presidiría la Comisión Temporal de Debates), el cual fue responsable de estudiar y analizar diversos modelos de debates políticos con la finalidad de generar insumos y propiciar una discusión interna respecto al tipo de debates que sería más conveniente impulsar en la siguiente contienda presidencial. En ese marco, ese grupo de trabajo elaboró un interesante documento: “Hacia nuevos debates presidenciales”,19 en donde se señalaba la pertinencia de definir las reglas de organización y formato de los debates presidenciales a cargo del INE con anterioridad al proceso electoral para poder contar con un tiempo suficiente para planearlos de mejor manera. Luego de hacer un análisis comparativo con los debates políticos en varios países, el estudio concluyó que México se ubicaba en el grupo de países en donde esos ejercicios tenían el menor dinamismo e inclusión ciudadana (la posibilidad de que los ciudadanos incidieran en las temáticas y desarrollo de los debates), por dos causas fundamentales: a) porque la tradición de organizar debates era relativamente reciente y en la medida en la que aquélla se consolidara permitiría aprender de la propia experiencia y de las mejores prácticas en el ámbito comparado, y b) porque normativamente se contaba con muy poco tiempo

para planear y organizar los debates, dado que la reglamentación vigente establecía el inicio de ese procedimiento prácticamente en la antesala de las campañas electorales. Lo anterior llevó al Consejo General a modificar, mediante acuerdo tomado el 5 de septiembre de 2017, el capítulo dedicado a los debates en el Reglamento de Elecciones (capítulo XIX del libro tercero). La parte considerativa de esa decisión expresaba con claridad el propósito de los cambios introducidos: … los debates a realizar por parte de la autoridad electoral deben contener mayores elementos de agilidad y de participación ciudadana, que permitan intercambio de ideas, contraste de opiniones e información a la ciudadanía para que sirvan su propósito fundamental de brindar elementos para un voto informado y razonado. Así, se deberá permitir que los o las moderadoras hagan preguntas individualizadas, pidan a los participantes, que profundicen en algún aspecto y que promuevan el debate y la interactuación entre los participantes, entre otras.20

Entre las modificaciones realizadas se estableció que el Consejo General debía crear una comisión temporal encargada de coordinar la realización de los debates presidenciales dentro de los 15 días posteriores al inicio del proceso electoral correspondiente, misma que tendría que someter a la consideración del propio Consejo, para su aprobación antes del inicio de las precampañas, una propuesta de reglas básicas que debían incluir, al menos: a) la instancia que operaría los debates; b) el número de debates a realizar; c) los lugares y las fechas en las que se celebrarían, y d) las reglas específicas relativas a la moderación de los debates, las características de las preguntas, la interacción entre los participantes y, en su caso, la participación de la ciudadanía. En dicha comisión participaron, como secretario técnico, el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y, además, como asistente permanente, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Adicionalmente se estableció la creación de una mesa integrada por representantes de los candidatos presidenciales que hubieran sido registrados, que podría revisar y emitir opiniones sobre aquellos aspectos no contemplados por las reglas básicas, así como sobre los aspectos técnicos de la producción del debate. En otras palabras, con esos cambios se cortó de tajo con la tradición que había prevalecido hasta entonces en el sentido de que las reglas, los formatos y los moderadores eran el resultado de los acuerdos pactados entre los equipos de los candidatos presidenciales, en el mejor de los casos con el acompañamiento de la autoridad electoral, para transferirle esas decisiones enteramente al INE. Unos días después, el 8 de septiembre de 2017, el mismo Consejo aprobó la creación de la Comisión Temporal de Debates. La comisión contaba con menos de 10 semanas, previo al inicio de las precampañas, para alcanzar acuerdos y definir las directrices básicas que le mandaba el renovado Reglamento de Elecciones. Para ello, se profundizó en el análisis de los ejercicios previamente realizados en el país, tanto en el plano federal como en el de las elecciones locales, y también de las experiencias en otros países. En esta definición también fue determinante la discusión y el diálogo con expertos internacionales y comunicadores, así como con instancias que organizan debates en otros países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia y Guatemala, entre otros. Así, el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2017 el INE, en colaboración con el National Democratic Institute y la organización Debates International, llevó a cabo el foro internacional “Debates electorales: El reto hacia 2018”, con la finalidad de intercambiar experiencias entre expertos y representantes de los medios de comunicación para contribuir a mejores prácticas en la realización de debates entre candidatos en el país. La revisión de experiencias internacionales también contribuyó a la definición de formatos y modalidades de intervención por parte de los moderadores. En reuniones de trabajo de la Comisión Temporal de Debates se estudiaron y plantearon distintas propuestas a partir de los formatos utilizados en debates de otros países como Chile, Estados Unidos, Francia y España. El 22 de noviembre de 2017, antes del inicio de las precampañas y, en consecuencia, de que se hubieran definido las candidaturas presidenciales, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que se emitieron las reglas básicas para la realización de los debates presidenciales. Las definiciones principales del mismo fueron las siguientes: 1) Se realizarían tres debates y no dos, como había ocurrido en las últimas tres elecciones presidenciales. 2) El primero se realizaría el 22 de abril de 2018 en la Ciudad de México, el segundo el 20 de mayo en Tijuana y el tercero el 12 de junio en Mérida, uno por cada mes de campaña y en tres distintas regiones. La selección de las ciudades en las que se llevarían a cabo los debates se basó en la importancia de que cada uno de los lugares fuera representativo geográficamente y que en cada uno de ellos se abordaran temas específicos de cada región del territorio nacional. Por otro lado, para la determinación de las sedes específicas se consideró privilegiar a universidades o bien instituciones culturales de reconocido prestigio, que aceptaran participar, contaran con los espacios y capacidades técnicas necesarias, y pudieran garantizar las condiciones de accesibilidad necesarias.

3) En los tres casos habría dos o más personas fungiendo como moderadoras y su papel sería activo, es decir, podrían interactuar en cualquier momento con los candidatos preguntándoles algún tema, cuestionándoles algún punto o bien pidiéndoles que ahondaran en alguna explicación. Para la selección de moderadores se tomaría en cuenta su trayectoria en el ejercicio periodístico o análisis político, en la conducción de programas noticiosos de debate o análisis político en medios electrónicos y conocimiento de los temas de coyuntura nacional. 4) En los debates se garantizaría la equidad y el trato igualitario para los candidatos. En ese sentido, ningún candidato podría conocer las preguntas que se formularían con anticipación, y los formatos, si bien deberían ser dinámicos, también tendrían que ser equitativos. 5) También se estableció el tipo de interacción que se procuraría tener en los debates, tanto entre los moderadores con los candidatos, como entre estos últimos. En el primer caso, se estableció que esa interacción se basaría en preguntas directas o entrevistas de los moderadores del debate a cada candidato sobre un tema específico. La moderación debería ser capaz de generar un contraste entre propuestas y plataformas e invitar a los participantes a que contestaran las preguntas, tratando de generar la mayor espontaneidad posible en el desarrollo del evento. En el segundo caso, se pretendía que el debate fuera un espacio de discusión libre con moderación activa que buscara propiciar el diálogo entre los candidatos. Aunque la interacción fuera entre los candidatos, la intervención de los moderadores tendría el propósito de hacer más dinámico el debate, lo que podía implicar no ceñirse en el intercambio de opiniones a un orden de intervenciones predefinido para poder garantizar la fluidez del debate, priorizar una respuesta a alguna alusión directa o a alguna descalificación, o bien hacer un contraste de ideas, propuestas u opiniones, salvaguardando los principios de equidad y trato igualitario.21 Más adelante, el 28 de febrero de 2018, el Consejo General tomó otro acuerdo, en el que se definió una serie de criterios específicos relativos a los formatos de cada uno de los tres debates presidenciales. Las decisiones más relevantes que se tomaron fueron las siguientes: 1) Cada debate estaría enfocado a analizar un tema determinado que incluiría tres subtemas específicos. Los temas y subtemas definidos respondieron a los intereses que manifestó la ciudadanía de las diferentes regiones del país a través de una encuesta realizada por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. Los temas y subtemas definidos fueron: a) Política y gobierno (primer debate, en la Ciudad de México) • Combate a la corrupción e impunidad • Seguridad pública y violencia • Democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad b) México en el mundo (segundo debate, en Tijuana) • Comercio exterior e inversión • Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional • Derechos de los migrantes c) Economía y desarrollo (tercer debate, en Mérida) • Crecimiento económico, pobreza y desigualdad • Educación, ciencia y tecnología • Desarrollo sustentable y cambio climático 2) Luego de visitar entre siete y 10 probables sedes en cada una de las ciudades en donde se realizarían los debates y de valorar 35 distintas variables relacionadas con accesibilidad a los recintos, su infraestructura general, los espacios para ubicar el foro para el debate, la sala de prensa, los espacios para invitados, las condiciones logísticas, de seguridad, protección civil, la ubicación geográfica de los inmuebles, su identidad e integración con la comunidad de las tres ciudades y su costo, se decidió que las más convenientes eran: el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México; la sede de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, y el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida. 3) Se estableció, además, que la duración de cada uno de los tres debates sería de entre 90 y 120 minutos dependiendo del formato final que se acordara por el INE y del número final de participantes que obtuvieran su registro como candidatos a la presidencia de la República. 4) Por último, se establecieron tres distintas formas en las que ocurriría la participación de la ciudadanía en los debates: en el primero a través de la inclusión de encuestas o sondeos de opinión sobre los temas a abordar; en el segundo, con la presencia de público y de su participación directa a través de preguntas, y en el tercero, a través de preguntas y comentarios específicos formulados a través de redes sociales.22 Los formatos específicos de cada uno de los tres debates presidenciales quedaron establecidos en dos acuerdos adicionales, el primero de ellos se aprobó el 5 de abril y el segundo el 16 de abril de 2018.23 En ellos se estableció que el primer debate contaría con tres moderadores y se determinaron los tiempos

específicos de cada participación en cuatro bloques temáticos, los tres primeros sobre los subtemas previamente definidos y un cuarto con temática general. Sin embargo, luego de que el Tribunal Electoral decidiera otorgarle el registro como candidato a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se tuvo que modificar la escaleta del primer debate y se redujeron a tres los bloques temáticos. También los formatos originalmente determinados para el segundo y tercer debate tuvieron que ser modificados más adelante en virtud de la declinación a continuar en la carrera presidencial de la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo, ocurrida el 17 de mayo de 2018. El INE determinó que si bien los tres debates de 2018 tendrían como característica común el contar con esquemas más ágiles y menos acartonados que los precedentes, cada uno tendría a su vez una lógica, dinámicas y formatos diferentes entre sí, lo que permitió que en ellos se ensayaran distintas fórmulas y soluciones que pudieran servir como base y experiencia para nutrir la discusión sobre estos ejercicios relevantes y fundamentales en las contiendas democráticas en el futuro. a) El primer debate presidencial (Palacio de Minería de la UNAM) Realizar el primer debate en el Palacio de Minería resultó una tarea con complejidades mayúsculas. Si bien el espacio es monumental, la adecuación del patio central de ese edificio histórico como set televisivo para llevar a cabo ese evento supuso muchos desafíos técnicos. La iluminación directa e indirecta de un espacio tan amplio y abierto que permitiera resaltar la majestuosidad de esa joya de la arquitectura neoclásica y, a la vez, un adecuado nivel de luminosidad del set del debate; el control del sonido en un área que no es cerrada y que carece de techo estructural (el patio central del Palacio de Minería está cubierto por una “velaria”) en donde el ruido exterior o de la lluvia pueden filtrarse al interior; así como la falta de una infraestructura eléctrica de alta tensión, eran sólo algunos de los desafíos técnicos que se enfrentaron. Por contraparte, realizar el debate en el patio central de ese edificio tan emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México era la mejor forma de romper con la imagen misma de los debates presidenciales que hasta entonces se habían realizado. Si se quería hacer algo completamente distinto de los ejercicios previos, el contraste entre el Palacio de Minería y los sets televisivos previamente utilizados era simbólicamente muy emblemático.24 Para el primer debate, realizado el domingo 22 de abril de 2018, se designaron como moderadores a Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento. Además, se optó por mantener a los candidatos de pie en un pódium, mientras que a los moderadores se les ubicó en una mesa. Para realzar las características del recinto histórico el diseño del set incluyó pantallas de led como escenografía, mientras que el patio central del recinto y las escaleras monumentales se decoraron con luz arquitectónica. En total se colocaron 17 cámaras, cada una meticulosamente integrada dentro de la escenografía, lo que implicó diversos ajustes. El audio representó otro reto muy importante debido a la acústica del lugar y a la posibilidad de que la lluvia interfiriera en el sonido natural del debate. Para la preparación del debate se realizaron varios ensayos con los moderadores en los que participaron diversas personas que asumieron el papel de los candidatos para poder representar situaciones que ayudaran a imaginar todos los escenarios posibles y las soluciones que debían adoptarse. Estos ensayos limitaron al mínimo la posibilidad de tener errores durante la transmisión en vivo. Por otra parte, desde los primeros minutos del sábado 21 de abril la seguridad en el recinto y sus alrededores estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial, lo que implicó un estricto control de los accesos, para lo cual se estableció un sistema de acreditación con distintos niveles de acceso para prensa, invitados, producción, proveedores, personal de apoyo en camerinos y el staff de producción. La noche del debate la lluvia se hizo presente en el Centro Histórico e incluso en los primeros minutos del debate —justo en la presentación al público del evento, a cargo de Denise Maerker— algunos truenos se escucharon en la transmisión (como lo evidencian los videos del mismo que se alojan en internet); sin embargo, muy pronto el clima mejoró y la atención de millones de mexicanas y mexicanos se centró en el debate. La experiencia fue muy positiva; las nuevas reglas y el trabajo incisivo y profesional de Mearker, Uresti y Sarmiento permitieron un intercambio de opiniones entre los contendientes ágil y dinámico; las preguntas de los moderadores fueron pertinentes y las puntualizaciones que solicitaron oportunas. Por supuesto que el debate no estuvo exento de particularidades y de episodios curiosos —por decir lo menos —, como cuando, ante la insistencia de Azucena Uresti, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón señaló que su propuesta de cortarles las manos a quienes cometieran el delito de robo era literal y no metafórica. Por otra parte, la libertad de tomas que el nuevo formato le permitió a la producción hizo del debate un evento mucho más atractivo que los anteriores. El debate del Palacio de Minería tuvo una audiencia muy alta: según Nielsen IBOPE, 11.4 millones de personas mayores de 18 años vieron el debate por televisión, además el mismo tuvo 835 mil visualizaciones a través de Periscope, 1 millón 99 mil reproducciones en YouTube y 5 millones 653 mil lo siguieron a través en Facebook Live, tomando en cuenta sólo las cifras de las cuentas institucionales del INE en dichas plataformas, con lo que se convirtió en un fenómeno mediático en las redes sociales. Más allá de los juicios que en particular emitieron los simpatizantes de las distintas candidaturas presidenciales, en términos generales las opiniones sobre el debate fueron positivas y resaltaron el cambio de paradigma que se había impuesto en el formato de esos ejercicios.

b) El segundo debate (gimnasio de la sede de la UABC, Tijuana) El segundo debate presidencial, para el que fueron seleccionados como moderadores Yuriria Sierra y León Krauze, se realizó el domingo 20 de mayo de 2018 en el gimnasio del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABJ), un espacio ubicado a un escaso kilómetro y medio de Lomas Taurinas, en donde 24 años antes fue asesinado Luis Donaldo Colosio durante un acto de proselitismo de su campaña electoral. El simbolismo del lugar era evidente: prácticamente se trataba del mismo sitio en donde casi un cuarto de siglo antes la violencia se había hecho presente en una elección y ahora se recreaba la democracia en un ejercicio inédito, en donde los aspirantes a ocupar la presidencia de la República se confrontaban pacífica y respetuosamente e interactuaban con la ciudadanía presente en pos de su voto.25 Y es que la principal novedad (y a la vez el reto más importante) del segundo debate fue el hecho de contar en el set con público que participaría con preguntas a los candidatos, hecho que sucedía por primera vez en México y tomaba como referencia la estructura de los debates realizados en Estados Unidos bajo el formato conocido como Town Hall Debate. Para ello, lo más importante era determinar la forma como se elegiría a las personas que estarían presentes en el estudio y entre éstos a quienes formularían preguntas a los candidatos, garantizando la selección de una audiencia representativa que brindara confianza tanto a la audiencia como a los propios candidatos. El público constó de 42 personas, integrado a partir de una muestra aleatoria y representativa de la población de Tijuana, con el propósito de contar con una representación adecuada de la ciudad donde se llevó a cabo el debate. En la composición del público se procuró respetar, además, el principio de paridad de género. Todas las personas seleccionadas debieron cumplir con las siguientes características: no tener definido el voto para los comicios del 1 de julio, estar inscritos en la lista nominal de electores y contar con una alta probabilidad de acudir a votar en los próximos comicios. El acuerdo que estableció el formato del segundo debate preveía que seis integrantes del público tendrían la oportunidad de hacer una pregunta en vivo y de manera directa a quienes contendían por la presidencia de la República. Las preguntas se elaborarían el mismo día del debate, considerando las temáticas generales, y los moderadores serían los encargados de seleccionar dichas preguntas dentro de todas las presentadas por los integrantes del público participativo. El primer acercamiento a los integrantes del público participativo fue a partir de una muestra aleatoria en vivienda que se llevó a cabo en el municipio de Tijuana entre el 4 y el 9 de mayo, con el propósito de contar con un primer grupo de ciudadanas y ciudadanos elegidos al azar. De acceder a ser entrevistados, se les aplicaba un cuestionario y se tomaban sus datos personales para poder darles seguimiento. A través de una serie de filtros y preguntas estratégicas se medía si la persona contactada cumplía con los criterios establecidos. Si se observaba que la persona no tenía decidido su voto, si contaba con su credencial para votar y si tenía interés en sufragar en las próximas elecciones. En total, 624 personas contestaron el cuestionario completo, de las cuales 175 fueron invitadas a la siguiente etapa tras cumplir los requisitos requeridos. Luego se abrió un proceso complementario a través de llamadas telefónicas e invitaciones presenciales a las sesiones informativas que se realizaron. Finalmente, 87 personas asistieron a las reuniones informativas, de las cuales 58 confirmaron, posteriormente, su asistencia al debate. El día del debate los participantes redactaron dos preguntas cada uno, las cuales se guardaron en sobres temáticos. En presencia del público se cerraron y se enviaron a los moderadores para su revisión y análisis. Después de un periodo de receso, se realizó la selección final de los 42 integrantes que participarían en el debate a partir de dos criterios: a) asegurar que se cumplían las cuotas por estratos planteadas en el diseño de la metodología original, y b) asegurar que todas las personas con preguntas seleccionadas efectivamente estaban presentes en el foro. El horario tanto del primero como del segundo debate, al ser domingo, se planteó originalmente a las 20:00 horas; sin embargo, en el segundo debate se presentó un contratiempo que obligó a modificarlo: ese día se disputaba, casi al mismo tiempo, la final de la Liga MX del futbol mexicano. Para resolver la situación, el presidente de la Comisión Temporal de Debates y el secretario técnico de la misma acudieron a un encuentro con directivos de la Federación Mexicana de Futbol para encontrar una solución. En consecuencia, la Federación anunció que la final del futbol mexicano se adelantaría para tener lugar a las 18:00 horas de ese domingo (hora del centro) y el Consejo General aprobó posponer una hora el inicio del debate y fijarlo a las 21:00 horas (tiempo del centro). Como se mencionó anteriormente, el formato de este debate tuvo que cambiarse en virtud de la renuncia que Margarita Zavala presentó, el 17 de mayo, a su candidatura, lo que implicó que, a tan sólo tres días del segundo debate, el INE tuviera que modificar la escaleta que regía su desarrollo, para ajustarla a cuatro y no a cinco participantes, como originalmente estaba planeado. El segundo debate contó con otra novedad en el formato: el que los candidatos podían moverse en el espacio del set durante sus exposiciones, a diferencia del primer debate, en donde permanecieron en sus atriles, y del tercero, en donde estarían sentados alrededor de una mesa.

En este caso los ensayos con Yuriria Sierra y León Krauze fueron mucho más intensos que en los otros debates, pues incluyeron su preparación para una serie de escenarios que se derivaban de la presencia del público en el estudio, tales como eventuales interrupciones al debate o la irrupción de alguien en el escenario. Aunque el debate transcurrió sin contratiempos, y el público presente dio una gran lección de madurez y responsabilidad, tanto los moderadores como la producción, el personal de seguridad y los funcionarios del INE estuvieron preparados para cualquier circunstancia gracias a la multiplicidad de ensayos en los que participaron tanto estudiantes de la universidad sede del evento como funcionarios del propio instituto. La expectativa del segundo debate trajo consigo niveles de audiencia televisiva aún mayores que el primero de estos ejercicios. Según Nielsen IBOPE, 12.6 millones de personas mayores de edad vieron el debate por televisión. En redes sociales del INE siguieron ese debate 3 millones 242 mil personas a través de Facebook Live, un millón 181 mil por Periscope y un millón 451 mil por YouTube. c) El tercer debate (Gran Museo del Mundo Maya, Mérida) El tercer debate presidencial, que fue moderado por Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, se llevó a cabo el martes 12 de junio de 2018 en la Sala del Aerolito de Chicxulub del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, 15 días antes de que terminaran legalmente las campañas electorales.26 La participación de la ciudadanía en este tercer debate se centró en recibir temáticas y preguntas concretas a través de las redes sociales. A través de Twitter y Facebook se abrió una convocatoria para que durante cinco días (del 31 de mayo al 5 de junio) pudieran enviarse preguntas a los candidatos con los temas específicos del debate: economía, pobreza, educación, tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Las preguntas fueron analizadas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) a través de su laboratorio interdisciplinario de redes Signa Lab, así como por la Universidad Veracruzana, a través de su Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de Redes Sociales en Internet. Ambos laboratorios procesaron las preguntas y, a través de herramientas especializadas, elaboraron nubes y gráficas con las principales palabras mencionadas, los temas más recurrentes y las preguntas que fueron más compartidas por otros usuarios de redes sociales. Este material fue entregado a los moderadores del debate y sirvió de base para que pudieran construir las preguntas específicas que se harían a cada uno de los candidatos, así como los planteamientos generales que abrirían los segundos segmentos de cada bloque. En total, se recibieron 10 mil 626 preguntas vía Twitter y 762 vía Facebook. Con esta dinámica se buscó tomar en cuenta toda la conversación en redes sociales y no solamente algunas preguntas que fueran seleccionadas con algún sorteo aleatorio. Los análisis realizados para seleccionar las preguntas que se hicieron a los candidatos fueron puestos a disposición del público a través de la página web del INE. Para este ejercicio se optó por otro modelo de debates, en el cual tanto los contendientes como los moderadores se situaron alrededor de una mesa sin la posibilidad —a diferencia del segundo debate— de moverse de sus asientos asignados. La realización del tercer debate, a pesar de la cercanía con la elección, se realizó en un ambiente más relajado entre los candidatos, por un lado porque uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, había estado consistentemente por encima de los demás en las encuestas, en general con una cómoda ventaja, lo que había sido utilizado por sus seguidores y su equipo de campaña para construir el discurso de una victoria “cantada”; por otro lado, porque luego de los dos ejercicios anteriores los cuatro aspirantes a la presidencia de la República se notaban más familiarizados con los formatos más dinámicos que se habían introducido en estos ejercicios. Buena parte de ese ambiente lo revelaba el hecho de que la discusión en los días previos al debate no se centró en asuntos cruciales de la contienda electoral, o en las plataformas electorales o bien en las propuestas de las campañas, sino en el tipo de vestimenta que los candidatos portarían durante el tercer debate: formal o guayabera. Aunque el consenso mayoritario en la mesa de representantes de tres de los candidatos apuntaba hacia una vestimenta formal (Anaya, Meade y Rodríguez Calderón), no se tomó una decisión vinculante al respecto y el tema quedó al arbitrio de cada uno de ellos. De hecho, el día del debate la especulación al respecto se incrementó cuando López Obrador, luego de alterar el orden de llegada al Gran Museo del Mundo Maya que se había sorteado previamente (debía llegar tercero y lo hizo hasta el final), se presentó vistiendo una guayabera, provocando un evidente desconcierto y un ir y venir entre los equipos de los otros candidatos, mismo que no se disipó sino hasta que se apersonó en el set del debate —también al último— portando traje y corbata. La audiencia televisiva del tercer debate, según Nielsen IBOPE, fue de 10.7 millones de personas mayores de 18 años, en tanto que en las redes sociales institucionales el número de visualizaciones fue de 3 millones 38 mil en Facebook Live, un millón 12 mil en Periscope y de un millón 615 mil en YouTube. Para terminar

Los debates presidenciales de 2018 significaron un profundo cambio de paradigma en esta materia. Si bien hubo una amplia discusión sobre los mismos, e incluso una serie de críticas respecto al rol de los moderadores, en general, al desempeño particular de cada uno de ellos, a la inversión realizada en la producción, a la mayor pertinencia del formato de un debate sobre el de los otros, e incluso en relación con las fechas y los horarios que se tuvieron, lo cierto es que hubo una aceptación generalizada sobre la evidente mejora de los debates de 2018 sobre los realizados anteriormente y, en el mejor de los casos, la discusión se centraba sobre cuál de los tres realizados ese año había sido mejor que los otros. En ese sentido, los debates de la elección presidencial de 2018 representan un parteaguas, un antes y un después en la historia de los debates políticos en México y el punto de referencia hacia el futuro de estos ejercicios que han devenido consustanciales de las elecciones democráticas. En ese sentido, más allá de los comentarios sobre el protagonismo de alguno de los moderadores, el trabajo de los ocho periodistas responsables de conducirlos, Denise Maerker, Azucena Uresti, Sergio Sarmiento, Yuriria Sierra, León Krauze, Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, fue destacable y muy profesional. Todos ellos invirtieron una gran cantidad de tiempo en estudiar su rol y prepararse para su tarea, y, en gran medida, son los responsables del éxito de estos ejercicios. Por otro lado, hay que destacar que los candidatos presidenciales no sólo aceptaron las reglas que el INE había definido y, como mencionaba, paulatinamente se apropiaron de las mismas, sino que, como auténticos protagonistas de los debates, hicieron de los mismos eventos en los que se generó una gran cantidad de información para la ciudadanía, tanto por lo que hizo a sus diagnósticos sobre los problemas del país, a las propuestas que hacían para resolverlos en caso de resultar electos, como a sus respectivas personalidades y actitudes frente a los cuestionamientos y situaciones de confrontación que enfrentaron en los debates.27 LOS CONTEOS RÁPIDOS

Premisa: los conteos rápidos como mecanismo de difusión preliminar de resultados Los conteos rápidos han sido desde 1994 una herramienta que poco a poco se ha convertido en una de las piezas fundamentales para inyectar credibilidad y, por lo tanto, confianza al sistema electoral mexicano. Se trata de un mecanismo estadístico basado en una muestra representativa de casillas que permite, a partir del análisis de la votación emitida en cada una de ellas, hacer una proyección traducida en tendencias de los resultados de una elección. En ese sentido, los conteos rápidos permiten que con los resultados de un número determinado de casillas (suficientemente representativo del universo total) puedan inferirse, a través de la aplicación de diversos métodos estadísticos, los resultados (expresados en rangos máximos y mínimos), tanto los porcentajes de participación como los porcentajes de votación obtenidos por cada uno de los candidatos o partidos contendientes en una elección. Los conteos rápidos son figuras ampliamente utilizadas en las elecciones a lo largo y ancho del mundo, especialmente por medios de comunicación, para adelantar las tendencias de los resultados frecuentemente con un alto grado de precisión estadística. Los conteos rápidos, al igual que las encuestas de salida (conocidas también, por su denominación en inglés, como exit polls), son herramientas estadísticas muestrales, es decir, no pretenden reflejar los resultados de todos y cada uno de los centros de votación (en ese sentido no son un ejercicio censal, como lo es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sino inferir a partir de una muestra los resultados globales, pero, a diferencia de estos últimos, no se alimentan de los dichos de los votantes a quienes, a la salida del centro de votación, se les cuestiona por el sentido de su voto, sino de los resultados asentados por los funcionarios de casilla en los documentos oficiales (preferentemente las actas de escrutinio y cómputo de los votos, o bien los cuadernillos de operaciones o, en su caso, los carteles colocados al exterior de cada casilla) en donde se indica el número de sufragios obtenido por cada una de las candidaturas o de los partidos contendientes. Por esa razón, los conteos rápidos son mucho más precisos que las exit polls, pues se basan en datos ciertos (los resultados tomados de los documentos electorales) y no en lo expresado por los votantes, que puede ser cierto o no, o pueden no haber contestado. Por otra parte, los conteos rápidos suelen tardar más tiempo en arrojar sus resultados que las encuestas de salida, porque a diferencia de éstas, que se alimentan de información a lo largo de la jornada electoral e incluso pueden realizar proyecciones a lo largo de la misma, aquéllos dependen de que primero se cuenten los votos emitidos en las casillas seleccionadas aleatoriamente para integrar la muestra respectiva, lo que no ocurre sino hasta que haya concluido el escrutinio y cómputo de todos los votos emitidos en una casilla por parte de los funcionarios de la misma. En ese sentido, los conteos rápidos tienen la enorme ventaja de ser mecanismos que arrojan resultados muy precisos, a diferencia de las exit polls, que tienen mayores probabilidades de error, pero inevitablemente son más tardados que éstas, cuyos resultados suelen hacerse públicos apenas unos minutos después de concluida la votación.28 Por otra parte, en países como México, en donde la agregación de la votación emitida legalmente se realiza hasta las sesiones de cómputo distrital (o municipal, según el caso) que suelen verificarse varios días después de la jornada electoral (normalmente, como ocurre en las elecciones federales, hasta el

miércoles siguiente al domingo de la elección),29 los conteos rápidos adquieren una relevancia fundamental para subsanar, aunque de manera preliminar, los vacíos de información en relación con los resultados de los comicios entre el cierre de la votación en la jornada electoral y el término de los cómputos a nivel distrito varios días después. Los conteos rápidos en la historia electoral mexicana Los primeros conteos rápidos que se realizaron por mandato del IFE fueron en las elecciones presidenciales de 1994.30 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía (en su artículo 89, párrafo 11) que el director general del IFE podía ordenar, cuando lo estimara conveniente, la realización de los estudios o procedimientos pertinentes con el fin de conocer las tendencias electorales el día de los comicios. Para ese inédito ejercicio el IFE contrató a tres empresas especializadas en demoscopia, Gauss, Nielsen y Berumen y Asociados, mismas que trabajaron bajo la supervisión de un Grupo Consultor del Conteo Rápido designado por el Consejo General e integrado por ocho destacados miembros del Consejo Técnico del Padrón Electoral.31 Dicho grupo acompañó los trabajos de las empresas contratadas desde el momento mismo de la determinación de la muestra con la que cada una de ellas realizó su trabajo de campo (que implicó el levantamiento de los resultados de aproximadamente 2 mil 400 casillas, es decir, un promedio de 800 por cada empresa). Esa primera experiencia resultó muy positiva, pues los rangos de votación de la elección presidencial anticipados por el conteo rápido ordenado por el IFE fueron plenamente coincidentes con los resultados que arrojaron posteriormente el PREP, los cómputos distritales, así como los conteos rápidos que por su lado realizaron 12 organizaciones sociales y medios de comunicación bajo los criterios estadísticos generales que para tal efecto había establecido el Consejo General. Esa concordancia redundó en la confianza que se generó en torno a los resultados electorales y legitimó la realización de conteos rápidos a cargo de la autoridad electoral en el futuro. El segundo conteo rápido que realizó el IFE fue en las siguientes elecciones presidenciales en 2000.32 Para ese año, el instituto también contrató los servicios de tres empresas encuestadoras que fueron encargadas de aplicar cada una un conteo rápido a partir de muestras aleatorias del mismo tamaño y representatividad; la idea fue tener una triple redundancia en los resultados para alcanzar un mayor grado de precisión estadística. Dichas empresas fueron Alduncin y Asociados, Berumen y Asociados y Gallup de México. Los criterios científicos bajo los cuales trabajaron las empresas especializadas en medir la opinión pública fueron establecidos por un comité técnico33 que supervisó y verificó que aquéllas se ajustaran a dichos criterios. El mencionado comité fue el responsable de diseñar y seleccionar una muestra aleatoria de 2 mil 550 secciones electorales que agruparon más de 4 mil 500 casillas en todo el país, misma de la que se desprendieron a su vez tres muestras representativas con cada una de las cuales operaron individualmente las empresas mencionadas. Con el corte de las 22:00 horas el comité técnico conoció los resultados que le presentaron las empresas Berumen y Gallup, mismas que daban tendencias de votación favorables al candidato de la Alianza por el Cambio, con los cuales el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, pudo anunciar a las 23:00 horas en cadena nacional que con las proyecciones de ese ejercicio se avizoraba la primera alternancia en la presidencia de la República de nuestra historia. La otra empresa, Alduncin y Asociados, señaló que para las 22:00 horas, a diferencia de sus dos contrapartes, no se pronunciaba respecto a los resultados en virtud de que era necesario, a su juicio, esperar a que llegara más muestra para poder proyectar los resultados. En los comicios de 2003, a pesar de tratarse de una elección intermedia en la que se renovaría solamente la Cámara de Diputados, el IFE tomó la decisión inédita de realizar un conteo rápido que le permitiera estimar la integración de ese órgano legislativo no sólo en sus curules de mayoría relativa, sino también la posible distribución de los legisladores electos por el sistema de representación proporcional, para proyectar así la probable integración de dicha Cámara por partido político.34 Luego de la experiencia del año 2000 se decidió que la autoridad electoral no podía ni debía depender, para un tema tan relevante y sensible como era el proporcionar resultados que —aun siendo preliminares— fueran confiables y oportunos, de entidades externas, y menos contando con una gran cantidad de asistentes electorales auxiliando a los funcionarios de casilla en su tarea a lo largo y ancho del país, con lo que tenía la posibilidad de recabar por sí misma la información necesaria para hacer las estimaciones (o dicho en términos de la jerga del gremio de los encuestadores: contando con una capacidad de “campo” tan grande); por eso se decidió que el conteo rápido fuera realizado enteramente por el IFE bajo la dirección y supervisión de un Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora). Se trató de un ejercicio inédito en el país (nunca se había realizado un conteo rápido para la estimación de un órgano plural como era una Cámara del Congreso, hecho que generó, por cierto, una intensa controversia entre el gremio de la medición de la opinión pública) en un momento particularmente importante, pues se estaba frente a la primera renovación de la Cámara Baja luego de la histórica primera alternancia en la presidencia de la República en la que el gobierno de Vicente Fox había

hecho una gran apuesta por conseguir una mayoría legislativa que pretendía, como rezaba la intensa campaña publicitaria desplegada desde el gobierno federal, “quitarle el freno al cambio”. El conteo rápido realizado por el IFE fue sumamente exitoso y preciso si se comparan sus estimaciones con la integración definitiva de la Cámara de Diputados por bancada parlamentaria luego de la asignación de diputaciones de representación proporcional hecha por la autoridad electoral a finales de agosto de ese año (más de un mes y medio después de la jornada electoral). En 2006 nuevamente volvió a ordenarse por el Consejo General, a propuesta de la presidencia de éste, la realización de un conteo rápido.35 Para ese año se determinó una muestra muy grande de casillas seleccionadas de manera aleatoria de 7 mil 636, respecto de un universo de más de 130 mil centros de votación. Esas dimensiones permitían al ejercicio arrojar resultados estadísticamente muy precisos y con un altísimo grado de confiabilidad: +/-0.3%, lo que quería decir que si la distancia entre el primer y segundo lugar en la elección presidencial era mayor a 0.6% de la votación, las tendencias podían evidenciar a un claro ganador. El entero ejercicio estuvo encomendado, una vez más, a un grupo de cinco especialistas en la materia que integraron el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido.36 Lamentablemente, apenas 10 días antes de la elección, el 22 de junio de 2006, el Consejo General aprobó un acuerdo (el CG144/2006)37 en el que introdujo unas reglas de operación del conteo rápido a partir de cuatro escenarios: a) que existiera claridad y certeza sobre la fuerza política que había obtenido el mayor porcentaje de votos; b) que hubiera un “empate técnico” entre las dos fuerzas más votadas (es decir, que los rangos de votación de ambas se traslaparan o, dicho de manera más sencilla, que el porcentaje inferior de la candidatura con la mayor tendencia de votación fuera menor que el porcentaje superior de la otra candidatura); c) que fuera necesario contar con más tiempo que el originalmente previsto (las 22:15 horas del 2 de julio, día de la elección) para recopilar mayor información y tener mayor certeza sobre los resultados, y d) que no hubiera información suficiente para hacer las estimaciones. La previsión de esos cuatro escenarios no representó en sí un problema, sino las consecuencias que se derivaron de cada una de esas hipótesis en el Consejo General. En el acuerdo mencionado se establecieron cuatro formatos, uno por cada hipótesis mencionada, que el Comité Técnico tenía que hacer llegar al presidente del INE para su difusión pública. El problema era que en el formato correspondiente a la segunda hipótesis, la del “empate técnico”, no se incluían los resultados arrojados por el conteo rápido y el texto se limitaba a señalar: “III. Se han estimado los porcentajes de votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas. IV. Los márgenes de error estadístico calculados no permiten distinguir claramente la fuerza política que haya obtenido el mayor porcentaje de votación emitida”, es decir, sin hacer del conocimiento las cifras que sustentaban esa conclusión, simple y sencillamente se afirmaba que no había un ganador, volviendo nugatoria toda la lógica que subyace a un conteo rápido, que no es la de proclamar un vencedor (que en todo caso es una consecuencia, no el objetivo del ejercicio), sino anticipar estadísticamente las tendencias de votación de cada uno de los contendientes con el propósito de generar información y subsanar los vacíos de la misma que ocurren en las delicadas horas que siguen al término de una elección. Hoy se sabe que esa decisión del Consejo General fue una concesión a algunos partidos que presionaron al IFE para que no se hicieran públicos los resultados del conteo rápido si se daba una elección cerrada,38 lo que precisamente terminó ocurriendo. Así, los resultados del conteo rápido de 2006 no se conocieron oportunamente, sino varios días después. A pesar del exitoso ejercicio de conteo rápido que el IFE había llevado a cabo en las elecciones de diputaciones federales en 2003, el instituto no lo repitió en los comicios intermedios de 2009. No fue sino hasta las elecciones presidenciales de 2012 cuando el IFE realizó el siguiente conteo rápido.39 Este conteo rápido volvió a contar con una muestra muy grande, de 7 mil 597 casillas, que le permitió tener un grado de precisión estadística muy amplia, mayor al medio punto porcentual (0.5%). El Comité Técnico Asesor de este ejercicio nuevamente estuvo integrado por reconocidos expertos en matemática, estadística y teoría del muestreo, muchos de los cuales habían colaborado con el IFE en ejercicios anteriores.40 El acuerdo mediante el cual el Consejo General aprobó, el 14 de marzo de 2012, la propuesta del presidente del órgano encargado de realizar el conteo rápido fue impugnado por el PRD ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El argumento fundamental del partido era que al tratarse de un mecanismo muestral, el conteo rápido no podía asegurar que de ese método “derive una tendencia cierta, objetiva y veraz del resultado”, porque “derivado de su propia naturaleza, la realización y difusión de los resultados obtenidos en dicho muestreo, lejos de propiciar certidumbre en la fase del cómputo de los votos, aportará una simple aproximación respecto del conteo final, y de no coincidir finalmente con el total oficial, deja de cumplir con la necesaria objetividad que en ese aspecto debería propiciar el señalado método estadístico para dar confianza al electorado en el resultado de la elección presidencial”.41 En su sentencia, la Sala Superior revocó el acuerdo del IFE en el que se había ordenado la realización del conteo rápido a partir de una serie de confusiones entre el conteo rápido y el PREP, que llevaron a los magistrados a conclusiones erróneas. Por lo inédito de la decisión, vale la pena detenerse a analizar algunas de las reflexiones hechas en la sentencia. En relación con el argumento del PRD de que era incongruente que el IFE realizara un conteo rápido para conocer los resultados o las tendencias de la votación porque la legislación ya establecía un sistema

que perseguía un propósito idéntico, el PREP, y que, por lo tanto, ello redundaba en una falta de credibilidad de los resultados, la sala consideró: Sobre este tema cabe señalar que los procedimientos de conteo de votos a que alude el actor, tienen objetivos comunes, en concreto, conocer una estimación preliminar de los resultados de la votación de la elección de presidente de la república de los Estados Unidos Mexicanos, basados en una inferencia estadística referida a la tendencia de la votación.

En esa reflexión la autoridad jurisdiccional reveló un profundo desconocimiento de la naturaleza metodológica que distingue el conteo rápido del PREP, pues les atribuye a ambos el estar basados en “una inferencia estadística” cuando ello sólo ocurre en el primero, pues el PREP, al ser un ejercicio censal que recoge los resultados asentados en la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo en poder de la autoridad electoral, no es un instrumento estadístico dado que no se basa en una muestra de dichas actas. Además, a diferencia del conteo rápido, el PREP no arroja una “tendencia de la votación”, sino la agregación puntual de la totalidad de los votos emitidos por cada partido político según los datos asentados en las mencionadas actas. Más adelante, el TEPJF continúa señalando: Ambos sistemas se diseñaron para informar al público sobre el flujo del acumulado de la votación conforme se reciben los paquetes electorales en los consejos distritales de los comicios de la elección de presidente de la República, mediante la captura y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por las mesas directivas de casilla instaladas durante la jornada electoral.

En este caso, la Sala Superior cometió un error en sentido inverso, pues asumió que tanto el conteo rápido como el PREP tenían el propósito de informar sobre el “flujo acumulado de la votación”, lo cual era equivocado, pues sólo el PREP lo hacía; el conteo rápido, en cuanto instrumento estadístico, partía sólo de una muestra representativa (y no de los datos acumulados) para calcular una tendencia de la votación (no la agregación de los datos). Adicionalmente, el conteo rápido tomaba los datos desde las casillas, antes de que los funcionarios de las mismas armaran los paquetes electorales y por supuesto mucho antes de que se recibieran los paquetes electorales como equivocadamente se señaló en el párrafo citado de la sentencia. A partir de esas premisas equivocadas, la Sala Superior concluyó: Por tanto, la coexistencia de los procedimientos señalados puede provocar especulación, habida cuenta que los procedimientos de estimación muestral probabilísticos llevan implícito cierto grado de incertidumbre, por el margen de error a que están sujetos dichos conteos de votos estimatorios, de ahí que para privilegiar los principios de certeza y objetividad, es indispensable evitar la propagación de datos preliminares y/o probabilísticos que puedan ser contradictorios.42

En suma, a pesar de que el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contemplaba tanto la realización del PREP como la atribución del secretario ejecutivo del instituto (artículo 125, inciso l), como la de ordenar el conteo rápido como atribución del consejero presidente, previa aprobación del Consejo General (artículo 119, inciso l), de manera concurrente el Tribunal Electoral consideró que la realización de ambos contravenía el principio de certeza, y que, dado el “cierto grado de incertidumbre” que implicaba un ejercicio “muestral probabilístico” como el conteo rápido, éste no debía realizarse. Afortunadamente, el Consejo General, teniendo clara la importancia que para la certeza en torno a la actuación de la autoridad electoral tenía el generar información oficial, aunque fuera preliminar, en la noche misma de la elección respecto de las elecciones presidenciales, insistió y aprobó el 16 de mayo de 2012 un nuevo acuerdo en el que, sin hablar en su título de un “conteo rápido” (como había ocurrido en la resolución previa que había sido revocada por el tribunal), sino de una “encuesta nacional basada en actas de escrutinio y cómputo de casilla” (es decir, exactamente el término utilizado en el ya mencionado artículo 119, inciso l), ordenaba de nueva cuenta la realización del ejercicio. Adicionalmente, el acuerdo hizo una descripción puntual y clara de las diferencias metodológicas y de los objetivos específicos que perseguían respectivamente el conteo rápido y el PREP, aclarando una a una las confusiones en las que se había fundado la antes aludida sentencia del TEPJF. El resultado fue uno de los textos más diáfanos y precisos que se hayan escrito en el país para explicar la naturaleza y características de cada uno de esos dos instrumentos de difusión de resultados preliminares. Transcribo a continuación un párrafo que ilustra lo anterior: … cada uno de los dos mecanismos de información cumple finalidades diferentes. Por un lado, el conteo rápido permite conocer a partir de una estimación científica probabilística la proyección del resultado agregado de una elección con rangos estadísticos científicamente determinados. Por otro lado, el PREP

permite dar seguimiento a los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo de manera simultánea a su recepción por los consejos distritales del instituto durante las 24 horas siguientes al cierre de las casillas ubicadas en el huso horario más occidental del país.43

Así el conteo rápido pudo realizarse en tiempo y forma de manera exitosa en la noche de la elección el 1 de julio de 2012. Una vez que el IFE se convirtió en INE como consecuencia de la reforma de 2014, la renovada institución retomó la buena experiencia de 2003, y el Consejo General aprobó la propuesta de la presidencia del instituto de realizar un conteo rápido para poder conocer las tendencias de los resultados de la elección de la Cámara de Diputados de 2015 y proyectar la integración que tendría dicho órgano legislativo.44 Para llevar a cabo ese ejercicio se integró nuevamente un Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido (Cotecora)45 que diseñó una muestra representativa de 30 casillas para cada uno de los 300 distritos electorales federales, con una sobremuestra de otras 30 casillas para aquellos distritos de los dos estados con el huso horario más occidental (Baja California y Sonora), para un total de 9 mil 450 casillas. Ello permitiría tres cosas: a) contar con una estimación, con un alto grado de precisión, de la participación electoral; b) conocer preliminarmente el porcentaje de votación emitida para cada partido político a nivel nacional, y c) calcular el sentido de los sufragios, distrito por distrito, para poder estimar las curules de mayoría relativa que corresponderían a cada fuerza política, la posible distribución de escaños plurinominales y, en consecuencia, anticipar la probable integración de la Cámara. Como he relatado antes, las elecciones de 2015 fueron sumamente complejas e implicaron en algunas zonas del país la imposibilidad de instalar la totalidad de las casillas programadas a causa de una serie de acciones encaminadas a impedir la realización de los comicios. Ello inevitablemente redundó en el número de casillas de la muestra cuya información fue recibida antes de las 22:15 horas del día de la jornada electoral, hora fijada por el Cotecora para hacer las estimaciones correspondientes: 7 mil 16 casillas, es decir 74.24% del total. Sin embargo, los miembros del comité consideraron que se trataba de una cantidad que permitía una representación geográfica suficiente en prácticamente todos los distritos electorales para hacer la estimación. Sólo hubo dos distritos, Nogales, Sonora, y Tlapa, Guerrero, en donde se había recibido información de una y de dos casillas, respectivamente, en los que la calidad de la predicción de los resultados resultó menor que en el resto de los casos. De cualquier manera, el resultado global del conteo rápido fue muy preciso y terminó por convalidar la pertinencia de realizar este tipo de ejercicios no sólo en aquellas elecciones en las que se elegía un solo cargo, como ocurre con la presidencia de la República o las gubernaturas, sino también en las elecciones de órganos plurales como la Cámara de Diputados. El conteo rápido de la elección presidencial de 2018 46 El conteo rápido de 2018 estuvo antecedido de una serie de decisiones que el INE tomó desde la expedición del Reglamento de Elecciones en 2016. En dicho ordenamiento se estableció, por un lado, la obligación para todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de realizar conteos rápidos cuando se eligieran las gubernaturas de sus respectivas entidades o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (artículo 357, párrafo 2 de dicho ordenamiento). Además, el Reglamento de Elecciones fijó que los resultados de los conteos rápidos a cargo del INE o de los OPLE invariablemente debían ser hechos públicos, con independencia de que en las tendencias arrojadas por los conteos rápidos se estuviera ante un escenario de “empate técnico”, sin que tuviera que mediar la aprobación de los consejos generales respectivos, con lo que se exorcizó la posibilidad de que se repitiera la experiencia de la elección presidencial de 2006, cuando el IFE, como lo apuntamos antes, omitió hacer públicos los resultados del conteo rápido la noche de la jornada electoral (artículo 380, párrafos 3 y 4 del reglamento mencionado). La realización de conteos rápidos en el ámbito estatal para las elecciones de las gubernaturas era una práctica poco usual y desconocida para muchas autoridades electorales locales. Además, los errores de operación y los problemas derivados de las tendencias invertidas que había presentado el conteo rápido de la elección de gobernador en Coahuila en 2017, relatadas en el capítulo 8, “Las elecciones de 2016 y 2017: del cielo al suelo”, hicieron que, en agosto de 2017, el OPLE de Tabasco le solicitara al INE que asumiera la realización del conteo rápido de la elección de su gubernatura. El 30 de octubre de ese año el Consejo General decidió asumir la realización de dicho conteo rápido y unos días más tarde, el 22 de noviembre de 2017, asumió también el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos de las elecciones de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.47 Así, todas las elecciones de los poderes ejecutivos locales que tendrían lugar en 2018 pasarían a ser responsabilidad del instituto. El INE siguió la lógica de que, dado que habría de realizar el conteo rápido de la elección presidencial, era más sencillo que con una misma muestra (de ser necesario reforzada en las nueve entidades en donde se elegirían las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno para tener plena representatividad estadística en los respectivos

conteos rápidos), un mismo levantamiento de información y una misma metodología se hicieran los cálculos de las tendencias de votación por un mismo comité técnico. La realización del conteo rápido de la elección de la presidencia de la República enfrentó un problema adicional. Hasta antes de la de 2007, la base legal de los conteos rápidos era la atribución que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entonces vigente le daba a la presidencia del Consejo General para ordenar “la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral”; sin embargo, la reforma electoral de 2007 modificó el artículo correspondiente para establecer que era facultad del presidente del consejo “ordenar la realización de encuestas nacionales basadas en actas de escrutinio y cómputo de casillas a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral”, redacción que se mantuvo intacta con la reforma de 2014 en la LGIPE. Es decir, desde 2007 la legislación electoral especificó que la fuente de información de donde se recabarían los datos de los conteos rápidos serían las actas de escrutinio y cómputo. Lo anterior podría parecer un cambio menor, pero en realidad suponía un problema mayor para la lógica que subyace a todo conteo rápido: la oportunidad y la rapidez con la que se hacen públicos los resultados inevitablemente se verían afectadas con ese cambio. Seguramente el legislador de 2007 buscó inyectar certeza a esos ejercicios estableciendo que la información en la que se basaran fueran los resultados definitivos de los cómputos en cada casilla asentados en las actas, sin embargo, la propia norma establece que esos documentos no se llenan sino hasta que se ha terminado el escrutinio de los votos de todas las elecciones que hubieran tenido lugar; el propósito es que, si al abrir las urnas llegan a encontrarse boletas que corresponden a otra elección y que fueron introducidas por el elector en la urna equivocada, haya oportunidad para sumarlas a la votación del cargo respectivo. En ese sentido, el establecer las actas como el documento de donde se tomaría la información de los conteos rápidos, si bien podría aumentar la certeza en términos de la definitividad de los datos utilizados, implicaba inevitablemente una mayor lentitud del entero ejercicio. Esa decisión, por otro lado, olvidó el hecho de que al tratarse de un mecanismo estadístico los eventuales errores como el mencionado, mientras sean aleatorios y esporádicos, no tienen ningún impacto real en la estimación de las tendencias de votación en una elección de carácter nacional. En 2012, cuando confluyeron las tres elecciones federales, el conteo rápido de la elección presidencial se alimentó, en los términos de la ley, de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Ello no impidió que hacia las 23:00 horas se contara con información suficiente para hacer la estimación de los resultados. Sin embargo, la reforma de 2014 estableció la figura de la casilla única en aquellas entidades en donde se llevaban a cabo elecciones locales concurrentes con la federal, es decir, una misma mesa directiva de casilla era responsable de recibir y contar los votos emitidos para los cargos locales y los federales, y, al tratarse de un mismo órgano, el llenado de las actas tenía que hacerse hasta que se hubiera terminado el escrutinio de los votos de todas las elecciones que se hubieran llevado a cabo. De este modo en las elecciones de 2015, en las 16 entidades en donde se realizaron comicios locales de manera coincidente con las elecciones federales, las actas que sirvieron de base para el conteo rápido de diputaciones que realizó el INE fueron llenadas hasta que se terminaron de contar los votos de todas las elecciones que se verificaron. Ese hecho representaba para la realización del conteo rápido de los comicios presidenciales de 2018 un problema mayúsculo, pues además de las tres elecciones federales, en 30 estados se realizaba de manera concurrente alguna elección local. Es decir, habría entidades en las que tendrían lugar hasta seis elecciones diferentes (las tres federales y tres locales), lo que implicaba que tenían que realizarse seis conteos de votos diferentes antes de que las actas de escrutinio y cómputo de la elección presidencial pudieran ser llenadas. Ello implicaba el riesgo de que en algunos casos no se pudiera contar con los datos correspondientes a las eventuales casillas seleccionadas para la muestra del conteo rápido de la presidencia de la República sino hasta la madrugada del lunes siguiente al día de la elección, poniendo en riesgo así la oportunidad y prontitud que ese ejercicio supone. Un conteo rápido que no logra arrojar sus estimaciones a las pocas horas del cierre de la votación pierde sentido y no logra evitar eficazmente las especulaciones sobre los resultados, dejando, por otro lado, el terreno libre para que la única información que circule en la noche de los comicios sea la que pudieran proveer las encuestas de salida realizadas por los medios de comunicación, con todas las imprecisiones que suelen tener estos ejercicios al basarse, como lo señalamos anteriormente, en los dichos de los electores al salir de la casilla. El problema, como puede verse, no era menor en una elección caracterizada por la concurrencia de tantos comicios locales con los federales (una tendencia que, con la paulatina homologación de los calendarios electorales, se iría consolidando cada vez más). Para resolver ese dilema, en el INE se pensó en una solución centrada en establecer que las actas de escrutinio y cómputo de la elección presidencial y de las elecciones de gobernador, de las cuales se tomarían los datos para alimentar los conteos rápidos, pudieran ser llenadas al término del escrutinio de los votos de esas dos elecciones y antes de que se contaran los votos de las restantes. El problema era qué hacer con las eventuales boletas de esas elecciones que hubieran sido introducidas por equivocación en las urnas correspondientes a las otras, es decir, en las correspondientes a las de senadurías, diputaciones (federales o locales) o de alcaldías. Para atender ese problema se modificó el procedimiento que debería seguirse en las mesas directivas de casilla luego del cierre de la votación. Así, luego a anular las boletas sobrantes y antes de iniciar el

escrutinio de los votos se estableció que los funcionarios de casilla abrirían una por una todas las urnas para revisar que no se encontraran en ellas boletas correspondientes a otro tipo de elección y, en su caso, las extraerían y colocarían en la urna correcta. Luego se volverían a cerrar las urnas y se procedería con el escrutinio y conteo de los sufragios de distintas elecciones comenzando por la de la presidencia de la República y, en su caso, con la de la gubernatura respectiva o la de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. De esa manera podría llenarse anticipadamente el acta de escrutinio y cómputo de la elección presidencial teniendo certeza de que incluiría todos los votos emitidos y se permitiría, si esa casilla formaba parte de la muestra del conteo rápido, una oportuna transmisión de los resultados para su procesamiento por parte del Comité Técnico. El procedimiento anterior fue normado en el Reglamento de Elecciones que fue reformado para tal efecto por el Consejo General el 22 de noviembre de 2017,48 y con base en ese procedimiento se ordenó ese mismo día la realización del conteo rápido de la elección presidencial y se designó para tal efecto al Cotecora responsable de conducir ese ejercicio y los de los nueve titulares de los poderes ejecutivos locales que se elegirían concurrentemente el 1 de julio de 2018.49 La reforma al reglamento y el acuerdo del conteo rápido fueron impugnados por los partidos Movimiento Ciudadano, PAN y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Tribunal Electoral, cuya Sala Superior decidió, el 14 de febrero de 2018, revocar los artículos del Reglamento de Elecciones en los que el INE había establecido el procedimiento antes descrito.50 El argumento central del órgano jurisdiccional fue que el ordenar la apertura de las urnas para acomodar las boletas de manera correcta implicaba una manipulación de los votos que podría poner en riesgo el principio de certeza y, con ello, la validez misma de la elección. En ese sentido, y para garantizar la integridad de los votos, una vez abierta una urna los votos tenían que contarse en el orden secuencial establecido en la legislación. Ante esa sentencia, el Consejo General decidió recurrir a una ruta distinta para garantizar que el conteo rápido pudiera tener el sentido de oportunidad y rapidez que lo debe distinguir. La solución encontrada fue utilizar como fuente de información para alimentar el conteo rápido no el acta de escrutinio y cómputo propiamente dicha que, como hemos señalado, debe ser llenada una vez que se ha terminado el conteo de los votos de todas las elecciones, sino las “hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo” (conocidas en la jerga técnica electoral como “cuadernillos de operaciones”), que son los documentos a partir de los cuales deben transcribirse los resultados al acta respectiva. Dichas hojas de operaciones son un instrumento previsto en la legislación electoral como uno de los materiales de apoyo de los funcionarios de las mesas directivas de casilla durante la etapa del conteo de los votos en donde deben consignarse las operaciones de escrutinio y cómputo y anotarse preliminarmente todos los datos que posteriormente deberán transcribirse en el acta (artículo 290, inciso f de la LGIPE). Es cierto que el fundamento legal de los conteos rápidos expresamente señala que son ejercicios que tienen que basarse en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, pero también lo es que la misma ley establece que los resultados que en ellas se asienten son producto de la transcripción, es decir, de la copia de los datos que previamente tienen que haberse anotado en las mencionadas hojas de operaciones (o cuadernillos). Así, una interpretación integral de la legislación, que también consideró la necesidad de contar con información cierta y oportuna para que los conteos rápidos pudieran llevarse a cabo, sustentó el acuerdo que el Consejo General adoptó el 28 de febrero de 2018, en el que se atendieron las preocupaciones que habían llevado al TEPJF a revocar la decisión precedente.51 Este nuevo acuerdo fue también impugnado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero en esta ocasión fue confirmado en sus términos por la Sala Superior por unanimidad de votos, mediante sentencia del 22 de marzo de 2018, con lo que se convalidó la ruta para que el conteo rápido pudiera llevarse a cabo.52 Para realizar el conteo rápido de la elección presidencial, el Cotecora conformó tres equipos de trabajo, cada uno de los cuales se integraría por tres miembros del comité, que realizarían una estimación independiente, basada en la misma información muestral, y que después sería compulsada con las otras para definir la tendencia definitiva del ejercicio. Además, la simultaneidad del conteo rápido federal con los nueve conteos rápidos locales requirió establecer un diseño que facilitara el trabajo operativo para recabar los datos el día de la jornada electoral, por lo que la estratificación se estableció considerando dos grupos de entidades: las que tuvieron y las que no tuvieron elección de gubernatura o Jefatura de Gobierno. En el primer caso, los estratos correspondieron a la estratificación local y en el segundo caso los estratos estuvieron constituidos por los distritos federales.53

El número total de casillas que integrarían la muestra del conteo rápido presidencial ascendería a 7 mil 787 (incluyendo una sobremuestra para las dos entidades con los husos horarios más occidentales), lo que le daba al ejercicio un grado de precisión muy relevante y un grado de confianza de 95 por ciento. Además, para llevar a cabo los conteos rápidos de las elecciones de gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se conformaron nueve equipos, cada uno de los cuales quedó bajo la responsabilidad de uno de los integrantes del Cotecora.

Los meses que siguieron a la ratificación del Tribunal Electoral implicaron una importante actividad de explicación por parte del INE para difundir los alcances y los posibles escenarios que podían desprenderse de los conteos rápidos que realizaría el instituto, en particular el de la elección presidencial. La idea era tratar de sembrar entre el público una serie de certezas: a) que el conteo rápido le permitiría al INE informar las tendencias de votación en torno a las 11 de la noche de la jornada electoral; b) que los conteos rápidos son ejercicios científicos que ofrecen un alto grado de precisión en la estimación de los resultados; c) que los conteos rápidos arrojan márgenes de votación, es decir, rangos que van de un estimado máximo a uno mínimo por cada candidato, así como la estimación de participación ciudadana en la elección; d) que el INE había decidido dar a conocer públicamente los resultados del conteo rápido con independencia de los escenarios que presentara, y e) que los posibles escenarios eran, por un lado, que los márgenes estimados de votación del candidato puntero no se sobrepusieran con los del segundo lugar, caso en el cual habría una tendencia clara que permitiría definir un ganador, o bien, por otro lado, que los márgenes de votación entre el primer y segundo lugar se empalmaran, lo que significaba que el rango inferior de votación del candidato que ocupaba el primer lugar estuviera por debajo del rango superior del candidato que estaba en segundo, generando un escenario de empate estadístico en el cual resultaba imposible definir un ganador mediante el conteo rápido y se volvía indispensable esperar los resultados de la sumatoria de todos los votos, ya fuera en el PREP o en los cómputos distritales. Evidentemente, la situación de un empate en el que el conteo rápido no permitiera delinear con claridad a un ganador en la noche de la elección constituiría el escenario políticamente más complicado, pues es el que demandaría la mayor responsabilidad y prudencia por parte de los actores políticos, y en particular de los candidatos que se encontraran en ese supuesto; por eso, y bajo la premisa de que la autoridad electoral tiene que prepararse y estar lista para enfrentar cualquier escenario, por adverso que sea, desde el INE asumimos que era muy importante explicar las distintas situaciones que pudieran presentarse, con independencia de cuál pudiera resultar más o menos probable. Ello provocó, hacia la mitad del periodo de campañas electorales, que el candidato puntero en las encuestas calificara de “imprudente” e “irresponsable” que desde el INE estuviéramos siquiera imaginando la posibilidad de un escenario con resultados cerrados, y nos recomendó revisar las encuestas que le daban para entonces una holgada ventaja.54 En relación con esa postura, el 11 de mayo de 2018 señalé a la prensa: Yo no entro en polémica con ningún candidato, pero aprovecho para decir que el Instituto Nacional Electoral no hace pronósticos […] no improvisa, se prepara para cualquier escenario, sea cual sea […] si ese escenario es de resultados holgados, estamos listos, si ese escenario es de resultados cerrados […] el INE está listo y creo que sería imprudente no prepararse para todas las posibles eventualidades que se presenten en la noche de la elección […] El INE ha puesto la mesa para que la elección del 1 de julio sea la elección más libre de nuestra historia y son los ciudadanos los que van a decidir cuál escenario se va a presentar […] El INE conoce todas las encuestas, pero no actúa a partir de lo que dicen[…] sería irresponsable que el INE actuara a partir de las encuestas […] El INE sólo revisa que esas encuestas cumplan la metodología y se alista para cualquier escenario que decidan las y los electores, irresponsable sería no hacerlo […] No especulamos, no hacemos futurismo, no sabemos cómo va a terminar esta elección, pero estamos listos para que, pase lo que pase, el INE se convierta, como está llamado a ser constitucionalimente, en un ancla de estabilidad política y de certeza para todas y todos.55

Los resultados del conteo rápido Los conteos rápidos que se procesaron por el Cotecora en la noche del 1 de julio de 2018 una vez más fueron ejercicios muy exitosos. Conforme se recibió la información de las respectivas muestras, los integrantes del comité hicieron las estimaciones correspondientes y los resultados de los diversos ejercicios, en el caso de los relativos a las elecciones de los ejecutivos locales, fueron remitidos a las presidencias de los OPLE respectivos para que fueran ellas las que los hicieran públicos en los términos acordados en sus respectivos consejos generales. Por otro lado, los resultados de la estimación de la elección de la presidencia de la República fueron remitidos a la presidencia del Consejo General y fueron hechos públicos de inmediato a través de la tercera cadena nacional televisada que se realizó el día de la elección, a las 23:00 horas, como estaba previsto. Los resultados del conteo rápido evidenciaron una tendencia amplia y clara en favor del candidato más votado, que confirmaron el escenario de un ganador indubitable de la elección presidencial. En las horas siguientes los resultados del PREP (que cerró su operación a las 21:00 horas del lunes 2 de julio con 93.5% de actas capturadas) coincidieron con los rangos de votación, máximo y mínimo, que el conteo rápido había estimado, y lo mismo ocurrió unos días después con los resultados finales que arrojaron los cómputos distritales que iniciaron el miércoles 4 de julio y que se prolongaron durante los días siguientes. Al final, la coincidencia prácticamente total que se dio entre los resultados de los tres ejercicios, más allá de la incuestionable ventaja obtenida por Andrés Manuel López Obrador, candidato de

la coalición Juntos Haremos Historia, fue un elemento adicional de certeza y legitimidad de los resultados de la elección presidencial. En la gráfica 1 pueden compararse los dos rangos arrojados por el conteo rápido de la elección presidencial, el mínimo (primera barra) y el máximo (cuarta barra), con los resultados finales del PREP (segunda barra) y de los cómputos distritales (tercera barra), por cada uno de los cuatro candidatos, así como en relación con el porcentaje de participación ciudadana que tuvo dicha elección.

El éxito del conteo rápido se debió no sólo al profesionalismo y probada capacidad técnica de los especialistas que integraron el Cotecora, sino a las innovaciones tecnológicas que el INE instrumentó para la elección de 2018, como el hecho de que la totalidad de los más de 45 mil capacitadores-asistentes y supervisores electorales fueron provistos de teléfonos inteligentes para reportar los avances del trabajo de campo durante la etapa de capacitación electoral, la información de avance en la instalación de casillas, los eventuales incidentes y las soluciones dadas a los mismos el día de la jornada electoral y, por la noche de ese día, la transmisión de las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo con las que se alimentó gran parte del PREP, así como los resultados de aquellas casillas seleccionadas para las muestras del conteo rápido. Además, para garantizar el funcionamiento puntual de la logística y de los sistemas del conteo rápido se realizaron numerosas pruebas al sistema informático y de manera exitosa tres simulacros generales los días 3, 10 y 17 de junio de 2018. Si bien la muestra correspondiente a la elección presidencial ascendió a 7 mil 787 casillas, a las 22:30 horas del 1 de julio de 2018 el Cotecora había recibido 67.5% del total, es decir 5 mil 254 casillas, con lo que se hizo la estimación de las tendencias de votación. Ello se debió a que, aunque los datos de la votación de cada casilla se tomaron de la respectiva hoja de operaciones, el escrutinio y cómputo de las casillas en muchos casos se prolongó más de lo previsto, entre otras razones, por la copiosa participación que alcanzó 63.4% del listado nominal. Ello provocó la diferencia de apenas una décima porcentual que se dio en un par de casos al comparar los rangos de votación del conteo rápido con los resultados del PREP y de los cómputos distritales, pero en todo caso se trató de una discrepancia marginal y sin ningún efecto práctico. Así, el conteo rápido de 2018 fue, como había sido pensado, un importante mecanismo para contribuir a la certeza en torno a los resultados, a la oportunidad de la información oficial generada por el INE y, con ello, a la legitimidad del entero proceso electoral. EL VÍNCULO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Los vínculos con la sociedad civil

De cara a los comicios de 2018 y bajo la premisa de hacer de ellos las elecciones más explicadas de la historia, desde el INE se desplegó una estrategia de vinculación con diversos medios de comunicación convencionales y digitales, con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de trasparencia, rendición de cuentas, defensa de derechos humanos y promoción de la democracia, con organizaciones empresariales, así como con algunos grupos de actores políticos, académicos y formadores de opinión pública. Bajo esa lógica se multiplicaron las reuniones informativas con periodistas, con integrantes de las mesas editoriales de numerosos medios de comunicación tradicionales y también, gracias a la interacción con las empresas gestoras de las plataformas de redes sociales, con diversos medios nativos digitales. Así, por ejemplo, el 25 de enero de 2018 varios funcionarios del INE impartimos en las instalaciones de Facebook México un taller para medios digitales, en donde se explicaron detalles de la organización electoral, de las diversas funciones que el INE realizaba, así como las decisiones que se estaban tomando para garantizar la equidad en la contienda. En dicho ejercicio participaron integrantes de alrededor de 30 medios de información y de noticias que operaban exclusivamente en la red y sirvió para que el INE estableciera el contacto y las bases de confianza que permitieron que a partir de entonces se abrieran espacios para que funcionarios del instituto ofreciéramos entrevistas y participáramos en mesas de debate en sus transmisiones. Vale la pena mencionar que varios de esos medios digitales también convergieron en el esfuerzo colectivo que supuso #Verificado2018 (cuyas características comenté en el capítulo 10, “La preparación de la elección de 2018”) y multiplicaron los diversos chequeos de información y desmentidos de noticias falsas que dicha iniciativa realizó durante el proceso electoral. Esa estrategia de vinculación resultó efectiva, pues permitió al INE multiplicar la información y los avances que presentaban los diversos procesos de la elección a partir de la difusión que algunos medios de comunicación hacían periódicamente (y en ocasiones incluso de manera diaria) de los mismos. Dos ejemplos muestran con claridad el punto: por un lado, varios portales y medios impresos reportaron cotidianamente el avance que fueron teniendo los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República en el proceso de captación de sus apoyos ciudadanos; así, a lo largo de los cuatro meses en que esos respaldos pudieron registrarse, el público pudo hacer un seguimiento diario de su evolución. Por otro lado, luego de que el INE ofreció una capacitación a representantes de varios periódicos de circulación nacional sobre toda la información que ofrecía el módulo de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización, algunos de esos medios empezaron a reportar diariamente en sus portales y en sus ediciones impresas el avance en el reporte que los candidatos presidenciales y los partidos políticos hacían de sus ingresos y gastos, generando un importante contexto de exigencia para la rendición de cuentas al publicitar el cumplimiento que hacían de esa obligación de ley. El instituto también buscó fortalecer los puentes de comunicación y de interlocución con diversas organizaciones de la sociedad civil. Así, la presidencia del INE y los responsables de varias de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto sostuvimos a lo largo del proceso electoral varios encuentros con diversas organizaciones, en los que se les hicieron saber los avances en la organización de los comicios, se atendieron sus dudas, se escucharon sus inquietudes y se trazaron estrategias de colaboración conjunta para transparentar y poner a su disposición toda la información que les permitiera constatar el buen curso de la elección. Señalo un par de ejemplos de esas reuniones. El 14 de febrero de 2018 varios funcionarios del INE nos reunimos, entre otras personas, con Mariclaire Acosta y Jacqueline Peschard, presidenta y expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), respectivamente; Juan Pardinas, entonces director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Verónica Preciado, integrante de la Comisión de Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas; Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, y Alfredo González, director de Programas de Oxfam. En dicha reunión nos enfocamos a explicar, esencialmente, temas reaccionados con las estrategias de fiscalización que el INE estaba desplegando para auditar los ingresos y los gastos durante las campañas electorales y acordamos establecer grupos de trabajo con las organizaciones presentes para intercambiar información de manera permanente en los meses siguientes, particularmente durante las campañas electorales, y hacer un seguimiento puntual del financiamiento de las actividades de proselitismo y del eventual uso ilegal de recursos públicos por parte de los diversos gobiernos para tratar de incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.56 El 8 de junio, a unas semanas de la jornada electoral, sostuvimos otra reunión con representantes de varias organizaciones como el IMCO, el Observatorio Nacional Ciudadano, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México Evalúa, el Comité de Participación Ciudadana, Transparencia Mexicana y Borde Político, entre otros. En ella se les informó de los avances en la integración de las mesas directivas de casilla, de la buena respuesta de la ciudadanía en ese proceso, de los altos índices de cobertura que había alcanzado el padrón electoral (98.3% del total de personas mayores de 18 años), de los acances del PREP y del conteo rápido, así como del bajo número de litigios que el INE había recibido. En dicha reunión algunas organizaciones compartieron la preocupación externada por una de ellas, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, por las inéditas tranferencias de recursos que habían identificado, a partir de información

oficial, para fondear programas sociales del gobierno federal y el riesgo de que se estuvieran usando políticamente. Coincidiendo con esa preocupación, les señalamos a las organizaciones los números, particularmente bajos, de las quejas presentadas que el INE había recibido en los meses previos, desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017, por presuntas violaciones al principio de imparcialidad y por denuncias de uso político de los programas sociales (13 en el primer caso y cuatro en el segundo), lo que contrastaba con lo que normalmente había ocurrido en los comicios federales previos. El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza coincidió en la baja cantidad de denuncias y compartió con los asistentes los números de los señalamientos que había recibido de actos de compra y coacción del voto en su portal de internet, en donde habían habilitado un mecanismo para que la ciudadanía reportara esos ilícitos, que eran sustancialmente menores de los que esperaban y que se concentraban en un gran número en la Ciudad de México y se trataba de casos (como la entrega de tinacos y de otros bienes) que estaban más bien vinculados con las contiendas políticas locales que eran competencia de la autoridad electoral local, ante la que ya se habían presentado las denuncias correspondientes. En esa reunión convenimos mantener una comunicación permanente en las semanas siguientes para poder desplegar con toda oportunidad las acciones necesarias para garantizar la integridad de la elección.57 Otro ámbito de interlocución fue el que se sostuvo con diversas organizaciones y cámaras empresariales. Durante la segunda mitad de 2017 y la primera del año siguiente tuve, como presidente del Consejo General del INE, una serie de reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con la Coparmex y con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El 30 de agosto de 2017, en la víspera del inicio del proceso electoral, sostuve una primera reunión con la Comisión Ejecutiva del CCE en la que les expuse a los integrantes de ese órgano de representación del sector privado los preparativos de la elección, así como los desafíos que desde el INE contemplábamos para el año siguiente. Una segunda reunión con la Comisión Ejecutiva del CCE se llevó a cabo el 6 de junio de 2018 en el marco de un ambiente electoral mucho más intenso, apenas unas semanas antes de la celebración de los comicios. Ese encuentro, además, ocurrió unos días después de una entrevista que me había hecho El Universal y que había sido publicada en la primera plana de ese diario el 1 de junio de 2018 con el título: “INE pide a empresarios no enturbiar elección”. La nota que consignaba la entrevista que me hicieron Carina García y Horacio Jiménez señalaba: “Luego de que los grupos empresariales más importantes del país han desplegado una campaña para pedir a sus trabajadores que emitan un voto razonado y no optar por ‘populismos’ que han atribuido al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Córdova asegura que se han colocado al límite”.58 Por la relevancia que tuvo esa conversación en la opinión pública y los múltiples comentarios que suscitó, transcribo a continuación un fragmento de la misma: ¿Mete ruido a la elección la actuación de los empresarios? Hay una polémica respecto a los límites a su libertad de expresión y sus recomendaciones de voto. En una democracia tiene que privilegiarse la libertad de expresión, que tiene como límite no incurrir en la calumnia o afectar el derecho de terceros y debe ejercerse con responsabilidad. Partidos y candidatos durante la contienda, en que hay una tensión natural, si jalan demasiado la liga pueden acabar provocando que el proceso electoral sea un momento de ruptura en la vida social y no un momento para el encauzamiento institucional de las diferencias. La sociedad, los empresarios tienen también una responsabilidad, no hay que olvidarnos que su participación en 2006 fue disruptiva, se violó la ley que prohibía la compra de publicidad en radio y televisión. Se vale que en democracia las personas puedan expresar sus preferencias o sus disensos electorales, pero con responsabilidad, y hay una frontera muy delicada: una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la coacción a los electores. Si un empleador condiciona las fuentes de trabajo a cambio del sentido del voto en una determinada orientación está violando la ley y está cometiendo un delito. Por lo tanto, libertad de expresión sí, pero para que la casa no se erosione, el ejercicio del voto tiene que ser libre y la libertad de expresión responsable. Hay una diferencia entre coacción o recomendar voto informado, pero ¿este caso no es equiparable a un cura que ofrece el paraíso o el fin del mundo? Porque los empresarios no tienen ascendencia moral, pero sí como empleadores. Por eso digo que la frontera es muy delicada. En el caso de los curas hay una ascendencia que puede ser equiparable, aunque un ministro de culto tiene prohibido desde la Constitución pronunciarse en temas políticos. Un empresario o cualquier persona no lo tiene prohibido, pero sí a condicionar o incidir indebidamente en el voto de los demás, ejerciendo una posición de poder. Si un maestro chantajea con una calificación a un alumno para incidir en su voluntad política está cometiendo un delito. Si un empleador condiciona el voto a la pérdida de empleo está rayando en el delito.

Por eso no nada más hay que cuidar la frontera de lo que está prohibido sino también hay que tener conciencia de que el ambiente político, la casa común, se tiene que cuidar. ¿Cabría un llamado específico a quienes sí han señalado nombres de candidatos o partidos por los cuales no votar? Se vale, se vale ejercer la libertad de expresión, lo que no se vale es utilizar esa libertad de expresión tratando de incidir indebidamente en la voluntad de los demás. Para no equivocarnos, vale la pena volver a leer —todos— la ley de delitos electorales, porque en el ejercicio de la libertad de expresión se puede caer en un supuesto de un delito y eso no le conviene a nadie. ¿Eso le recomienda a los partidos y a los empresarios? Yo recomendaría a todos cuidar la elección, no vale la pena que los intereses, que son legítimos, pongan en riesgo la convivencia armónica. No hay nada más que pensar en el 1 de julio, sino en el 2 de julio; de cómo dejemos el ambiente dependerá cómo se enfrentarán los problemas. Hay una acción concertada, son grupos empresariales, los más importantes del país, y todos en el mismo camino de decir no al populismo… La democracia requiere que los actores de la sociedad se organicen, hay distintas organizaciones empresariales y evidentemente en ellas hay una discusión sobre la política, ¿eso se vale?, claro que se vale, se vale que los empresarios se pongan de acuerdo y si están de acuerdo expresen públicamente sus posicionamientos. Sí, sí se vale, lo que no se vale es condicionar, coaccionar la voluntad de los electores, sean o no sus empleados. ¿Es una coacción decir que esperan el fin del mundo si gana una opción política? Por eso hablo de responsabilidad. No importa quién gane el 1 de julio, el mundo no se va a acabar, el país tiene una fortaleza institucional que le va a permitir seguir existiendo. ¡Cuidado! Los problemas van a seguir ahí. ¿Hay opciones de gobierno que son mejores que otras? Eso lo decide cada quien, es legítimo pensarlo y decirlo, pero es responsable asumir que el 2 de julio hay vida y hay problemas y todos nos necesitamos para resolverlos. Ése es el llamado, pronúnciense como quieran dentro de los límites de las leyes, pero cuidemos el futuro, no lo enturbiemos, una elección no lo vale, ése es el llamado de la autoridad electoral. Con base en los dichos de los empresarios y Andrés Manuel López Obrador, ¿nadie se ha salido de los límites de la ley? Digamos que están jugando al límite, ¿ha habido una violación de la ley? Estamos atentos, si ha habido coacción, condicionamiento, amenaza para tratar de influir el voto, estaríamos fuera de la ley y estaremos muy atentos, de ahí en fuera hasta en las familias hay discusiones de política. Eso se vale en democracia, pero una cosa es eso y otra es utilizar una determinada posición de ventaja para condicionar el sentido del voto, eso ya es un delito. Lo que digo es: hagamos política, ojalá sin estridencias. El 1 de julio no es el fin del mundo, el 2 de julio la vida sigue. Si alguien se siente agraviado, ¿que denuncie? Por supuesto, y estaremos atentos a que no se viole la ley. Si eso ocurre estamos en la lógica de eventualmente iniciar procedimientos oficiosos. Si hay denuncias las atenderemos puntualmente. Por eso yo mejor apelo a la responsabilidad, a nadie le conviene que se esté litigando sobre lo que se puede o no decir, que haya denuncias en ese sentido. Por eso actuemos responsablemente.59

Como puede suponerse, luego de esas delaraciones el ambiente en la mencionada reunión con la Comisión Ejecutiva del CCE fue tenso, pero siempre respetuoso. En la misma, expliqué a los representantes de las organizaciones cúpula empresariales que integran el consejo los buenos avances en la organización de la elección y cómo, a pesar del contexto de violencia que se vivía en buena parte del país, los comicios no estaban en riesgo. También les expliqué la regulación existente en materia de encuestas electorales y cómo el INE vigilaba, en términos de la ley, el cumplimiento de los criterios metodológicos a que estaban obligados todos los ejercicios demoscópicos que midieran las intenciones de voto y que se hicieran públicos. También abordé las preocupaciones que varios miembros del consejo externaron por la entrevista antes mencionada y les expliqué los límites legales que exisitían en la materia. Al cabo de la reunión el presidente del CCE y yo dimos una declaración conjunta a los medios de comunicación. Sobre la misma, La Jornada señaló lo siguiente: Tras reunirse con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que conseguir que las expresiones de pluralismo que se intensifican en los procesos electorales no afecten la estabilidad es responsabilidad de todos los actores

políticos y sociales. Reivindicó la libertad de expresión que tienen los empresarios, pero enfatizó que el límite es no traspasar hacia la coacción del voto. En su oportunidad, Juan Pablo Castañón, dirigente del CCE, dijo que en el encuentro privado plantearon sus inquietudes sobre los límites que tienen como organización, pero ofrecieron que como institución el consejo coadyuvará con el INE para la promoción del voto, pero sin inclinarse por ningún candidato. Sin embargo, precisó que personalmente los integrantes pueden expresar su respaldo a cualquiera de las opciones políticas.60

También sostuve una reunión el 21 de noviembre de 2017 con la Comisión Consultiva del Consejo de la Comunicación en la que, luego de comentar con sus integrantes los límites que la legislación electoral le impone a la publicidad política y la prohibición absoluta que se impone a la compra de propaganda que busque incidir en las preferencias electorales, se convino que el consejo impulsaría una campaña de información sobre las condiciones que se estaban construyendo por parte de la autoridad electoral para una contienda equitativa, así como para la promoción del voto libre. La Coparmex fue otra de las organizaciones empresariales con las que se propiciaron un par de reuniones, la primera el 17 de enero de 2018, en la que participé en una reunión de su consejo directivo y en la que se abordaron los avances y los desafíos que el INE veía para el proceso electoral en curso; la segunda, el 19 de abril de ese año, cuando firmó un convenio de colaboración para promover la observación electoral (actividad en la que la Coparmex tradicionalmente era activa participante desde las elecciones de 1994) y la promoción de la participación ciudadana en los comicios del 1 de julio. También con la Concanaco Servytur se establecieron vínculos, de tal modo que participé como invitado a la reunión plenaria de presidentes de dicha confederación el 17 de enero de 2018, en la que también compartí los avances y los retos que el INE advertía en la organización de los comicios y se sentaron las bases para firmar, unas semanas más tarde, un convenio de colaboración el 17 de febrero de 2018 con la finalidad de incentivar la participación libre de la ciudadanía en las elecciones. Por otra parte, luego de una serie de reuniones que sostuve con Porfirio Muñoz Ledo, notoria figura política que en la elección de 2018 fue postulado como diputado por Morena (y que devendría el primer presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura), convenimos desde el inicio de ese año realizar una serie de encuentros con diversas personalidades de la sociedad civil, sobre todo afines a los movimientos de izquierda, para escuchar sus preocupaciones, dudas y eventuales reclamos a la actuación del INE en el proceso electoral. La idea fue construir un espacio de discusión y diálogo en el que pudieran aclararse dudas, generar explicaciones y alcanzarse compromisos para garantizar la integridad de la elección en curso. Así, se realizaron tres reuniones en las oficinas del INE el 15 de marzo, el 25 de mayo y, una vez llevada a cabo la jornada electoral, el 19 de julio de 2018. Ese grupo plural de actores políticos, activistas de la sociedad civil, académicos y periodistas incluía, entre otras personas, al propio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Amalia García, Miguel Concha Malo, Cecilia Soto, Alberto Aziz Nassif, Javier Quijano, Miguel Eraña, Clara Jusidman, Jorge Eduardo Navarrete, Eduardo Huchim, Netzaí Sandoval y Ricardo Valero. Si bien algunas personas integrantes de ese grupo participaron únicamente en alguna de esas reuniones, la mayoría asistió a la totalidad de ellas.61 La observación electoral 62 Desde los comicios de 1994 se reconoció en la legislación la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos pudieran participar como observadores electorales ya sea de manera individual u organizada. De igual modo, desde entonces se abrió la puerta para que personas extranjeras pudieran observar las elecciones en el país en calidad de visitantes extranjeros. Esta actividad ha resultado fundamental para fortalecer la integridad de nuestros procesos electorales. En efecto, la observación (nacional e internacional) genera contextos de exigencia, tanto en la actuación de las autoridades electorales cuyas decisiones y actividades son escrutadas a lo largo de todo el proceso comicial, como en la conducta de los diversos actores políticos (partidos, candidatos, así como también los gobernantes). Así, entre más amplio sea el número de los observadores electorales, el despliegue territorial que tengan y la duración del periodo en el que se realizan sus actividades, mayores son las garantías de certeza y legitimidad de los comicios. Se trata, en consecuencia, de una actividad que desde la autoridad electoral se promueve e incluso se promociona a través de fondos de recursos específicamente destinados a financiarla, con las debidas garantías de autonomía e imparcialidad en la función. La de 2018 fue una elección que contó con un número importante de observadores electorales. Si bien no fueron los comicios con más personas acreditadas para cumplir esa función, como puede verse en la gráfica 2, sí se mantuvieron rangos muy similares a los de las elecciones presidenciales de 2012 y cercanos a los del año 2000.

A nivel nacional el INE recibió un total de 38 mil 353 solicitudes de personas que pretendieron realizar actividades de observación electoral en las 32 entidades federativas. Del total de solicitantes, 32 mil 727 (85.3%) tomaron cursos de capacitación, preparación o información; de éstos, 21 mil 456 lo hicieron a través del INE, 9 mil 655 por medio de los OPLE y mil 606 mediante las organizaciones que se propusieron realizar tareas de observación y se registraron ante el INE para tal efecto. De las solicitudes recibidas finalmente fueron aprobadas 32 mil 548 luego de verificar que cumplían los requisitos establecidos en la ley, es decir 84.9% del total. De tal modo, hubo observadores acreditados en las 32 entidades del país, concentrándose en su mayoría en Estado de México (6 mil 244), Chiapas (4 mil 570), Ciudad de México (2 mil 458), Yucatán (2 mil 116) y Tabasco (mil 775). Del total de solicitudes aprobadas, 52.3% fueron de mujeres (17 mil 27) y 47.7% fueron hombres (15 mil 521). Por otra parte, del total de observadores acreditados, 25 mil 234 (77.5%) lo hicieron de forma individual y 7 mil 314 (22.5%) como parte de una organización. Una vez concluida la elección se recibieron 139 informes que presentaron los observadores electorales acreditados de manera individual. La gran mayoría de estos informes (59%) corresponden a trabajos de observación en seis entidades federativas: Ciudad de México (17), Estado de México (16), Jalisco (15), Puebla (14), Morelos y San Luis Potosí (10 cada una). En 10 estados no se recibieron informes (Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas). Asimismo, se recibieron 26 informes de observación de organizaciones ciudadanas correspondientes a 15 entidades, destacando Ciudad de México (con 7), Durango (con 3), así como Guanajuato, Morelos y Quintana Roo (con 2 informes cada una).63 De la revisión de los informes de observación electoral presentados por la ciudadanía vale la destacar los siguientes aspectos: 1) En la etapa de preparación de la elección las actividades más recurrentes fueron: la asistencia a las sesiones de los consejos locales y distritales, y el seguimiento a las campañas electorales, la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, y el conteo, sellado y agrupamiento de boletas. 2) Durante la jornada electoral las principales actividades observadas fueron: el desarrollo de la votación, la instalación y apertura de casillas, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la clausura de la casilla, la fijación de los resultados al exterior de la casilla y la integración del paquete electoral en la casilla, entre otros. 3) Los observadores electorales visitaron 2 mil 466 casillas: 975 de las visitas las realizaron observadores a título individual y mil 491 como parte de organizaciones. 4) Los cinco estados donde se visitaron más casillas fueron el Estado de México (con 666), Morelos (con 312), la Ciudad de México (con 297), Puebla (con 182) y Baja California (con 167). Como había venido ocurriendo desde 1994, para las elecciones de 2018 el INE promovió la constitución de un Fondo de Apoyo para la Observación Electoral (FAOE). Hasta 2009 ese fondo se había constituido con recursos aportados exclusivamente por la Secretaría de Gobernación, que a través de un convenio específico eran entregados al IFE para que éste los pusiera a disposición de un organismo de carácter internacional con presencia en el país para que los administrara y los distribuyera entre las organizaciones de observación electoral que habiendo presentado sus respectivos proyectos hubieran sido seleccionados por un comité técnico integrado para tal efecto. Desde sus orígenes el FAOE fue

administrado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la sede mexicana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con excepción de las elecciones de 2015, cuando el mismo fue gestionado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-Capel). Para 2018 nuevamente el PNUD fue el responsable de su gestión. En las elecciones federales de 2012 los recursos del mencionado fondo fueron aportados en partes iguales por la Secretaría de Gobernación y por el IFE, y en 2015, por primera vez en la historia reciente del país, no se recibieron aportaciones de dicha secretaría para la constitución del FAOE; en ese año el mismo se integró con recursos provistos por el INE y por el TEPJF. Para las elecciones de 2018 el fondo contó con recursos que ascendieron a 28 millones 233 mil 416 pesos, provenientes de tres instituciones: el INE (que aportó un total de 15 millones 233 mil 416 pesos), el TEPJF (que hizo una aportación de 8 millones de pesos) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) (que contribuyó con 5 millones de pesos). A partir de experiencias previas, para el FAOE de 2018 se constituyó un Consejo de Normatividad, instancia responsable de acordar y fijar los criterios técnicos y los requerimientos programáticos que debían reunir los proyectos de observación para poder acceder a los recursos financieros y fijar los lineamientos generales para la asignación presupuestal. Esta instancia también se encargó de elaborar la convocatoria para que las organizaciones nacionales de observación electoral presentaran sus propuestas de proyectos para acceder a los recursos del fondo. Otra de las funciones de este consejo fue definir la constitución e integración del Comité Técnico de Evaluación.64 El Consejo de Normatividad estuvo compuesto por los titulares de las tres autoridades electorales nacionales que proveyeron los recursos para el FAOE: el INE, el TEPJF y la FEPADE. Por su parte, el Comité Técnico de Evaluación acordó otorgar recursos a 29 proyectos, correspondientes a igual número de organizaciones, de un total de 175 que fueron presentados. Sin embargo, la cifra final de proyectos apoyados quedó en 28 porque una organización postulante no cubrió una serie de criterios para recibir los recursos. Del total de proyectos, cinco tuvieron una cobertura nacional y los 23 restantes se desarrollaron a nivel local, cubriendo 28 de las 32 entidades federativas. Por lo que hace a los visitantes extranjeros, en la elección de 2018 se acreditó a 907 personas como tales, provenientes en su gran mayoría del continente americano (674) y de Europa (164), aunque también hubo visitantes de África (34), Asia (33) y Oceanía (2). Por país, el mayor número de visitantes fue de Estados Unidos (117), seguido de Argentina (74), República Dominicana (49), Colombia (48), España (46) y Venezuela (42). Del total de visitantes extranjeros acreditados, 148 fueron representantes de organizaciones de la sociedad civil internacionales, 145 académicos o estudiantes, 128 representantes de organismos especializados en temas de democracia, 96 funcionarios de autoridades electorales de otros países, 90 representantes de órganos parlamentarios, 80 miembros de partidos políticos, 56 integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y 164 de perfiles diversos. Como puede verse en la gráfica 3, la de 2018 ha sido la elección federal con el segundo mayor número de visitantes extranjeros acreditados desde 1994, año en el que se registró el mayor número, con 943 visitantes.

Concluidas las elecciones, el INE recibió un total de nueve reportes de misión. Los informes que se recibieron fueron los siguientes: 1) Reporte de representantes del Parlamento Británico

2) Informe de acompañamiento técnico desarrollado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017-2018 en México 3) Informe final de la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) a las elecciones del 1 de julio de 2018 4) Informe de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) sobre el proceso electoral mexicano de 2018 5) Misión de visitantes extranjeros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) 6) Informe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 7) Informe preliminar de la Misión de Observación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) en los Estados Unidos Mexicanos 8) Informe de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina 9) Reporte preliminar de la Quinta Misión de Observadores a las Elecciones Presidenciales de la Cámara de Comercio Estados Unidos-México Algunos de estos reportes se hicieron públicos en un evento que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2018. En el comunicado de prensa que el INE difundió a propósito del acto de recepción de esos informes se recogieron algunos de los planteamientos de los representantes de las organizaciones que realizaron esa observación internacional. Vale la pena reproducir lo ahí señalado: Patricio Santamaría, al presentar el informe elaborado por la Uniore, se refirió al proceso electoral mexicano y dijo que existe un trabajo de profesionales, de instituciones que tienen una solidez técnica en las diferentes áreas que requiere la organización de un acto electoral o la expresión de la ciudadanía. Asimismo, Carlos Valenzuela, de IDEA Internacional, manifestó que el proceso de transición democrática y pacífica en México fue sustancialmente electoral, un cambio que se llevó a través de una reforma y la creación de instituciones electorales creíbles. En ese contexto, abundó, el INE es considerado en el plano internacional como una administración electoral profesional y muy competente, sin embargo, en México se observan niveles de desconfianza y hasta se cuestiona la capacidad del instituto para ejercer sus funciones. Durante la presentación del informe realizado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, Armand Peschard señaló que no obstante los avances en fiscalización, financiamiento público y en el área de seguridad cibernética, el proceso del 1 de julio ha sido una oportunidad para constatar el avance y la fortaleza del INE y los organismos locales electorales en la organización y supervisión de las elecciones. Subrayó que el mayor reto para México, continúan siendo las prácticas no éticas de los competidores y sus respectivas estructuras políticas, ya sean partidos políticos o coaliciones, que recurren a diversas estrategias ilegales de financiamiento, promoción y cooptación. El director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, José Thompson, agradeció la confianza al Instituto Nacional Electoral por permitirles colaborar en este proceso, pero sobre todo por hacer posible y fomentar la observación nacional e internacional. El secretario ejecutivo del Proyecto de Apoyo al Acompañamiento Técnico 2018, Salvador Romero, subrayó que, de esta manera, México, confirmó una posición de vanguardia en la observación electoral internacional.65

En dicho evento y luego de recibir los reportes de las diversas misiones de observación electoral concluí lo siguiente: “Hay paz pública en el país, está procesándose el cambio de gobierno y ésa es la mejor prueba de que todos: autoridades, gobiernos, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y la ciudadanía en general cumplimos con nuestra tarea […] el proceso electoral de 2018 fue un éxito”.66 Corolario: la visita de Kofi Annan Desde la década de 1990 el IFE entonces y luego el INE han mantenido, como parte de su política internacional, estrechas relaciones de colaboración con varias instituciones de promoción de la democracia y de los derechos humanos a lo largo del mundo. Desde entonces han sido frecuentes las reuniones, foros y seminarios, estudios, e incluso publicaciones conjuntas, con un amplio abanico de instituciones internacionales y organismos multilaterales con los que la autoridad administrativa electoral mexicana ha mantenido nexos de colaboración y cooperación técnica. Entre ellas se encuentran, sólo por mencionar algunas: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-Capel), el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI), entre otras más.

Vale la pena mencionar de manera particular a la Fundación Kofi Annan (KAF), con sede en Ginebra, con la que, de cara a la elección de 2018, el INE desplegó una serie de esfuerzos conjuntos para promover y fortalecer las condiciones de integridad electoral en el contexto del proceso electoral. Así, el 14 y 15 de agosto de 2017 se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la conferencia “Integridad electoral en América Latina”, organizada conjuntamente por la propia fundación, la SRE, el INE, el TEPJF, la FEPADE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano. El objetivo de esta conferencia fue compartir experiencias, comparar retos e intercambiar buenas prácticas para enfatizar la importancia de fortalecer y trabajar en la integridad electoral de los países de América Latina. Algunas de las principales conclusiones de ese evento, tal como fueron recogidas en el informe final que realizó la Fundación Kofi Annan, fueron las siguientes: 1) La integridad electoral no puede alcanzarse si no se erradica la violencia política contra las mujeres. 2) Las autoridades electorales deben fortalecer sus reglas y procedimientos de fiscalización del financiamiento público y privado en las elecciones. También es necesario que los partidos se autorregulen. 3) Es necesario un mecanismo de auditoría permanente, de manera que las unidades de fiscalización tengan la competencia para investigar a detalle los ingresos y gastos electorales. 4) Las organizaciones internacionales y regionales deben trabajar juntas para diseñar mecanismos políticos efectivos para gestionar las crisis políticas. Las soluciones negociadas deben involucrar a actores sociales como las Iglesias, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y no sólo actores políticos. 5) La justicia electoral debe ampliarse a la tutela permanente y protección de los derechos políticos, la protección del ejercicio pleno de los mismos y la reparación de las violaciones de esos derechos. 6) La concentración de la riqueza en manos de los medios de comunicación, la ausencia del buen periodismo, el cinismo de la “posverdad” y las presiones que ejercen las ideologías sobre la libertad de expresión muestran que es necesario revisar los modelos actuales de comunicación política. 7) Los organismos electorales de América Latina deben invertir en tecnología para mejorar sus sistemas de ciberseguridad, vitales para la integridad de los votos emitidos electrónicamente y para la protección de datos personales. 8) Es vital dotar de capacidad técnica y apoyo financiero a las instituciones electorales, como medio para ganar y fortalecer la confianza por parte de la ciudadanía. Las instituciones democráticas débiles crean condiciones que favorecen el autoritarismo.67 Algunos meses más tarde, el 23 y 24 de mayo de 2018, a escasas cinco semanas de que los mexicanos fuéramos a las urnas y en un clima de preocupación por los episodios de violencia que se habían presentado en contra de algunos aspirantes a candidaturas y cargos de elección, Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, realizó, invitado por el INE, una visita de trabajo en el marco del proceso electoral. El señor Annan fue acompañado por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (quien en las elecciones federales de 2015 había sido la jefa de la Misión de Observación Electoral de la OEA), así como de una delegación de integrantes de la KAF, integrada por Alan Doss, director ejecutivo de la fundación, Declan O’Brien, coordinador del proyecto de Integridad Electoral, y María del Carmen Alanís, consultora para América Latina. La visita de dos días estuvo cargada de actividades y tuvo un impacto en medios muy importante. El 23 de mayo Kofi Annan ofreció la conferencia magistral “Paz y democracia”, en el auditorio del INE, a la que fue invitado el cuerpo diplomático acreditado en México.68 El mismo día, los integrantes de la delegación de la KAF se reunieron, de manera privada, con las consejeras y los consejeros electorales y, posteriormente, gracias a la convocatoria del INE, tuvieron una reunión privada con los coordinadores de campaña de los cuatro candidatos presidenciales: Aurelio Nuño (de la Coalición Todos por México), Jorge Castañeda (de la coalición Por México al Frente), Tatiana Clouthier (de la coalición Juntos Haremos Historia) y Javier Náñez Pro (representante del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón). El segundo día, la delegación de la fundación Kofi Annan visitó el TEPJF, donde tuvo una reunión privada con las magistradas y los magistrados electorales, encabezados por la entonces presidenta Janine Otálora. Más tarde sostuvieron un encuentro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos. Finalmente, Kofi Annan, Laura Chinchilla, José Woldenberg y yo presentamos el reporte final de la conferencia “Integridad electoral en América Latina”, que habíamos organizado conjuntamente el año anterior, como mencioné. Al término del evento ofrecimos una conferencia de prensa conjunta en donde Kofi Annan señaló: Si las elecciones en América Latina no se llevan a cabo con integridad, los ganadores electorales carecerán de legitimidad, además de que la confianza de la ciudadanía en los líderes se desplomará, sembrando así las semillas de la discordia o inclusive de la violencia. Si las elecciones se llevan a cabo con integridad, serán

una oportunidad para promover los valores democráticos, generar un mayor desarrollo para proteger los derechos humanos e incrementar la seguridad a nivel nacional y regional […] Juntos podemos asegurar que las elecciones sólo den lugar a cambios políticos pacíficos y no a la disrupción y a la violencia [y así] ayudar a darse cuenta sobre el potencial transformador de la democracia.69

En dicha conferencia de prensa señalé: Las elecciones no bastan para que se instaure y se desarrolle un régimen democrático. Hay incluso regímenes democráticos que, a pesar de mantener la institución de las elecciones, pueden derivar en lo que hoy en día se ha denominado “autocracias electivas” […] las elecciones son indispensables, pero también hay que cuidar el contexto en el que se realizan, porque muchos países estamos aquejados por algunos problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, todos los cuales derivan en violencia, afectan todos los ámbitos de la vida social y complican la realización de las elecciones […] En México tenemos un problema que no necesariamente depende de la integridad electoral, sino de esa percepción alimentada por el desencanto y por los magros resultados de los gobiernos democráticamente electos.70

La visita de Kofi Annan a México en el contexto de las elecciones ocurrió apenas unos meses antes de su lamentable fallecimiento, el 18 de agosto de 2018. Se trató de un evento muy particular e importante en el marco del proceso electoral, pues a pesar de servir como un reconocimiento por parte de ese líder global a la exitosa organización por parte de las autoridades electorales mexicanas, sirvió para hacer un enésimo recordatorio de los desafíos que la democracia enfrenta a nivel global y de la necesidad, en consecuencia, de cuidarla y defenderla como responsabilidad colectiva. En la conferencia magistral impartida en el INE el 23 de mayo de 2018, Kofi Annan resumió esa necesidad de la siguiente manera: Existe la percepción de que la democracia no está dando resultados, lo que se refleja en niveles más bajos de participación electoral, decreciente membresía de los partidos políticos y la disminución en la confianza a los políticos y las instituciones, lo cual crea un terreno fértil para el ascenso de líderes autoritarios. Hay una serie de razones detrás de este descontento democrático y del sentimiento de que la democracia ya no brinda a los ciudadanos una voz genuina en cómo son gobernados y por quién. La primera razón es que los sistemas políticos no se han adaptado al desarrollo económico, lo que crea altos niveles de desigualdad y una creciente sensación de privación de los derechos económicos. La globalización ha traído consigo cambios increíbles, sin embargo, sus beneficios no han sido compartidos equitativamente, tal y como la riqueza concentra también el poder político y las influencias. La historia nos enseña que tal desequilibrio entre los ámbitos económico, social y político no pueden sostenerse por mucho tiempo, para que la democracia sea efectiva, tiene que ser incluyente. En contraste, los regímenes autoritarios parecen ser capaces de actuar de manera rápida y decisiva, esto es atractivo para muchos, particularmente para aquellos que viven en la pobreza o en países que salen de un conflicto prolongado, que perciben el autoritarismo como la manera más rápida de ascender económicamente. Sin embargo, dicha estabilidad, a menudo esconde profundas debilidades fundamentales, que eventualmente resultan insostenibles. No obstante, el atractivo del autoritarismo crece, y vemos entonces así el popularismo. Se necesitan acciones urgentes para poder responder ante estos retos, debemos abordar tanto la desigualdad económica como política, y acercarnos a los grupos minoritarios y a los jóvenes, para lograr una democracia más incluyente. Necesitamos hacer que los sistemas democráticos sean más efectivos y que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos promedio, y ante este creciente cinismo hacia la democracia no debemos ceder, sino debemos defender y abogar los valores y las virtudes democráticas. […] Los organismos electorales, aquí en México y alrededor del mundo, son los garantes de la integridad electoral que es la base de la democracia, pero no pueden tener éxito por sí mismos, no pueden tener éxito ellos solos. Los líderes políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben hacer su parte y deben ser fieles a los valores e ideales de la democracia.71

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Complejidades de la democracia Ernesto Núñez Albarrán

El miércoles 31 de enero de 2018, en el Consejo General del INE, Claudia Verdín extrajo una esfera blanca de una tómbola colocada al centro de la llamada “herradura de la democracia”. Verdín, una funcionaria con más de 23 años en el INE, abrió la esfera y sacó un papel que decía: FEBRERO, con lo que quedó sorteado el mes de nacimiento de quienes serían convocados por la autoridad electoral para ser funcionarios de casilla en las elecciones de 2018. Se detonaba así un complejo sistema de reclutamiento aleatorio de ciudadanos que el domingo 1 de julio serían los encargados de recibir y contar los votos de sus vecinos. Un mecanismo que, para muchos analistas y funcionarios electorales, constituye la joya de la corona del sistema electoral mexicano: comicios organizados por ciudadanos, como medida esencial frente a la desconfianza hacia el gobierno que durante décadas fue el gran organizador —y manipulador— de los comicios. El sorteo del mes de nacimiento de los funcionarios de casilla permitía a la autoridad electoral comenzar a tocar las puertas de los ciudadanos que integrarían el ejército requerido para la jornada del primer domingo de julio: un millón de personas que serían presidentes, secretarios y escrutadores en casi 157 mil casillas instaladas en todo el territorio nacional. Aunque el sorteo no era exactamente el primer paso del proceso. Para saber qué hace posible una jornada electoral en México es preciso conocer los engranes de un complejo sistema con procedimientos hiperespecializados que se basan en leyes barrocas construidas desde la desconfianza de los actores políticos. Años de fraudes y simulación electoral dieron origen a un amplio glosario de triquiñuelas que fueron construyendo la cultura política mexicana; una picaresca con mapaches, alquimistas, ratones locos, urnas embarazadas, padrones rasurados, votos en taco, carros completos, carruseles, casillas zapato, operaciones tamal, retenes electorales… Una amplia gama de prácticas que adquirieron carta de naturalización durante el régimen de partido único, en el que las elecciones invariablemente las ganaba el PRI. De alguna manera, la transición mexicana a la democracia fue un proceso que buscaba desmontar esa situación y esas prácticas. La construcción de un sistema electoral basado en una autoridad ciudadana y autónoma del gobierno se dio a partir de grandes reformas políticas que fueron cerrando los espacios del fraude. Después de las elecciones presidenciales de 1976, donde el candidato oficial José López Portillo era el único que aparecía en la boleta electoral, como síntoma grave de un sistema que no aguantaba más y que recurría al autoritarismo de la guerra sucia para acallar a sus opositores, se dio paso a la reforma política de 1977, que legalizó a la izquierda y abrió las puertas del Congreso a las minorías. Once años después, en las elecciones de 1988 se cayó el sistema, y Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia con la mancha del fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Tras esos comicios, una nueva reforma político-electoral creó al IFE, en 1990, con lo que nació un sistema que, a base de ensayo y error, se fue volviendo cada vez más sofisticado y confiable, pero también costoso. El triunfo de Morena y Andrés Manuel López Obrador no puede explicarse sin esas dos grandes reformas políticas, fundadoras del modelo electoral existente hasta la fecha; pero tampoco se explica sin las múltiples reformas ocurridas en los 30 largos años transcurridos entre 1988 y 2018, que fueron perfeccionando —y abigarrando— el modelo: la ciudadanización del IFE y su plena autonomía; la creación de mecanismos de confianza como el padrón electoral, la credencial para votar con fotografía, la urna transparente, la lista nominal de electores, las boletas foliadas, la tinta indeleble, la observación electoral, el PREP, los conteos rápidos; el financiamiento público a los partidos políticos, la creación del Tribunal Electoral; la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos, el modelo de comunicación política y, a partir de 2014, un sistema nacional electoral con un INE y 32 OPLE. Al crear condiciones de certeza y equidad en la contienda se fue desarrollando un largo catálogo de buenas prácticas que fueron atajando los usos y costumbres de la época del fraude. Hoy, a cada mapachería corresponde un apartado, un artículo o un título entero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su última versión está conformado por ocho libros, 493 artículos y 290 páginas.

Para 2018 el sistema electoral era depositario de todas esas reformas a la Constitución y a los códigos y leyes electorales. Reformas producto de los acuerdos logrados por las fuerzas políticas en 40 años de transición. En palabras de Lorenzo Córdova, el sistema que permitió la elección de 2018 era una obra colectiva, fruto de un proceso de evolución en cuatro grandes etapas: 1977-1987, las reformas para la inclusión y el pluralismo; 1990-1994, las reformas para darles credibilidad a las elecciones; 1996-2008, las reformas para conseguir la equidad en la competencia electoral, y 2014, las reformas para estandarizar instrumentos, procesos y prácticas, y para homogeneizar la calidad de los comicios en el nivel local con el nivel federal. En esa larga historia, la clave de todo es la ciudadanización de las elecciones: los ciudadanos contando los votos de sus propios vecinos, y un entramado de autoridades electorales autónomas e independientes del gobierno. Para hacer eso posible, en el año previo a cada elección federal el INE tiene que desdoblarse en 32 consejos locales y 300 consejos distritales, de los que depende una estructura de funcionarios encargados de capacitar a los ciudadanos que recibirán y contarán los votos. La ley establece que el Consejo General del INE debe designar a los consejos de las 32 entidades del país antes del 30 de septiembre del año previo a los comicios federales, y los consejos locales deben designar a los consejos distritales de su entidad antes del 30 de noviembre. Esos nombramientos en cascada representan uno de los primeros engranes de la maquinaria. Los consejos locales del proceso electoral 2017-2018 fueron presididos por los vocales ejecutivos de las juntas locales (que son las delegaciones del INE en los estados) y en cada consejo se designaron seis consejeros ciudadanos residentes en la entidad, seleccionados mediante convocatoria pública y abierta y considerando la opinión de los partidos políticos. Esos siete consejeros, aprobados por acuerdo del Consejo General del INE, tienen voz y voto en las sesiones. Y en cada consejo confluyen, con voz pero sin voto, cuatro funcionarios de estructura del INE: el secretario de la Junta Local y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y el de Capacitación Electoral y Educación Cívica. El mismo modelo se replica en los 300 consejos distritales, con un presidente y seis consejeros con voz y voto, y los cuatros funcionarios de la Junta Distrital del INE, sólo con voz. Esto dio como resultado un primer ejército de mil 992 ciudadanos habilitados como consejeros locales y distritales en las elecciones de 2018. Tanto en los consejos locales como en los distritales los partidos políticos tienen derecho a acreditar un representante. Una de las primeras tareas de los consejos locales y distritales es el reclutamiento de los denominados supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, que son los encargados de visitar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla y darles la instrucción que requieren sobre el funcionamiento del sistema electoral, la jornada y la casilla. Los supervisores y capacitadores se reclutan mediante proceso público, en una selección que comprende examen de conocimientos, revisión de documentos, entrevista y cotejo en padrones de militancia de los partidos políticos para descartar afiliación o militancia. Para las elecciones de 2018 el reclutamiento se llevó a cabo entre diciembre y enero, hasta llegar a 6 mil 289 supervisores y 38 mil 848 capacitadores. Ese ejército de 45 mil 137 ciudadanos conforma el segundo engrane de la maquinaria electoral. Se trata de los encargados de tocar la puerta de millones de mexicanos para reclutar a los funcionarios de casilla y ubicarlos en el complicado organigrama electoral mexicano. El organigrama funciona así: Para efectos electorales, el territorio nacional está dividido en cinco circunscripciones, 32 entidades y 300 distritos electorales que, a su vez, se dividen en secciones electorales. En 2018 la cartografía electoral tenía 68 mil 436 secciones. La ley señala que debe haber una casilla de votación en cada sección electoral donde haya al menos 100 ciudadanos registrados en el padrón (llamadas casillas básicas), y prevé que en donde haya más de 750 ciudadanos se instalen tantas casillas adicionales como sean necesarias (llamadas casillas contiguas). Además se prevé la instalación de casillas extraordinarias para recibir el voto de los habitantes de secciones de difícil acceso, y de casillas especiales para residentes en tránsito o con alguna dificultad para emitir el voto en la casilla cercana a su domicilio —normalmente instaladas en hospitales, aeropuertos y puntos céntricos de zonas urbanas. Para la jornada electoral de 2018 se aprobó la instalación de 156 mil 807 casillas: 67 mil 648 básicas, 79 mil 301 contiguas, 8 mil 807 extraordinarias y mil 51 especiales. Y había una variable que hacía aún más enredado todo: la diferenciación entre casillas únicas y casillas federales. Quienes hayan votado desde 2012, o antes, recordarán que en esos años había que acudir a una casilla a votar por presidente, senadores y diputados federales, y a otra casilla (que normalmente estaba a unos metros de distancia) para votar por ayuntamientos, diputados locales y gobernador o jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Pues bien, la reforma política de 2014 estableció que las votaciones se den en una

sola casilla, con una sola mesa directiva que organiza y supervisa la votación en las distintas urnas donde se depositan los votos de las elecciones de cargos federales y locales. En 2018 hubo estados en los que el elector recibía hasta seis boletas distintas: presidente, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y ayuntamiento. Y estados donde sólo recibía tres boletas. Eso implicó capacitar a supervisores y capacitadores, y a su vez a la ciudadanía, en el proceso para manejar dos tipos distintos de casilla. Para ello, el INE diseñó e imprimió el Manual de la y el funcionario de casilla única, un instructivo de 158 páginas en el que se explican desde los pormenores de la jornada electoral hasta la manera de instalar una casilla, llevar a cabo la votación, contar los votos, llenar las actas, integrar los expedientes de casilla, sellar los paquetes electorales para su traslado a los consejos distritales y federales, la publicación de los resultados y la clausura de la casilla. Con 30 estados con elecciones federales y locales concurrentes y dos con sólo elecciones federales, el INE tuvo que instalar 150 mil 438 casillas únicas en 30 estados y 6 mil 369 casillas federales en Nayarit y Baja California Sur, donde no hubo renovación de cargos locales. Para las casillas únicas la ley prevé la integración de una mesa directiva con nueve funcionarios: un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales. Es decir, se requerían 150 mil 439 presidentes, 300 mil 877 secretarios, 451 mil 315 escrutadores y 451 mil 311 suplentes. Y para las casillas federales se prevén siete funcionarios: un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, por lo que era necesario reclutar y capacitar a 6 mil 369 presidentes, 6 mil 369 secretarios, 12 mil 738 escrutadores y 19 mil 107 suplentes. Esto explica la necesidad de reclutar a un millón 353 mil 951 ciudadanas y ciudadanos para la jornada electoral. Y hacerlo, además, bajo la lupa de los partidos políticos y siguiendo a pie juntillas un conjunto de normas que buscan garantizar imparcialidad e independencia en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Un procedimiento complejo, producto de años de desconfianza electoral traducidos en complejas reglas de reclutamiento y capacitación de ejércitos ciudadanos. Para garantizar que los funcionarios de casilla no salgan de la nómina gubernamental o de los padrones de militantes de algún partido, como ocurría en la “época dorada” del priismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordena sortear un mes del año y una letra del alfabeto, para determinar qué ciudadanos pueden ser llamados para recibir y contar los votos el día de los comicios. La ley establece que los consejos distritales deben seleccionar a quienes serán funcionarios de casilla en el distrito correspondiente haciendo una primera insaculación utilizando 13% de la lista nominal de cada una de las secciones electorales, tomando en cuenta el mes de nacimiento sorteado en sesión de Consejo General del INE, el mes siguiente y la letra del primer apellido. Así, en la sesión de consejo del 31 de enero de 2018 se llevó a cabo el sorteo en el que febrero resultó ser el mes de referencia, y el 28 de febrero se sorteó la letra F. Esto dio como resultado un universo de 11 millones 602 mil 897 ciudadanos nacidos en febrero y marzo y cuyo primer apellido empezaba con F, de los cuales los capacitadores electorales pudieron visitar a 11 millones 602 mil 371, para notificarlos y hacerles una primera invitación a participar en el proceso electoral. Adicionalmente, las juntas distritales reportaron al INE la visita a otros 400 mil ciudadanos en secciones donde es compleja la integración de mesas directivas, llegando a un universo de 12 millones 85 mil 468 personas que, entre el 7 de marzo y 27 de abril de 2018, recibieron la visita de un capacitador electoral para entregarles una carta-notificación y darles una breve y sencilla capacitación sobre el proceso electoral. De ellos, más de un millón 781 mil se negaron desde un inicio a participar: 400 mil sin dar mayor explicación, 330 mil porque tenían un viaje programado, 222 mil por estar al cuidado de un enfermo, casi 20 mil por miedo a participar, y algunos por tener otras ocupaciones el día de los comicios. Uno de ellos, por ejemplo, era el presidente del INE, Lorenzo Córdova, nacido en febrero. Entre el 28 de abril y el 1 de mayo el INE sistematizó toda la información de la primera insaculación y llegó a un universo de 2 millones 760 mil 698 ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla y cumplían los requisitos para desempeñar el cargo. Entre ellos se hizo una segunda insaculación para llegar a un universo de casi un millón 400 mil personas que participaron en la segunda etapa de capacitación, dirigida a quienes finalmente participarían en las elecciones. Del ejército de un millón 398 mil 525 capacitados en esta segunda etapa, 56.3% eran mujeres y 43.6% hombres. Según la estadística del INE recogida en la Memoria del proceso electoral federal 2017-2018, 19.9% de ellos contaba con educación primaria, 25% con secundaria, 25.7% con preparatoria, 24.9% con licenciatura y 2.8% con especialidad. Y 0.8% de los funcionarios de casilla sólo sabía leer y escribir. Ése era el tercer nivel de engranes de la maquinaria electoral: 1.3 millones de mexicanos preparados para ser funcionarios de casilla, lisos para hacer funcionar el mecanismo del 1 de julio. La capacitación transcurrió ente el 9 de mayo y el 30 de junio de 2018, e implicó el diseño e impresión de nuevos materiales didácticos, y la movilización de capacitadores y supervisores por todo el país, con la idea de enseñar a los elegidos la operación de las mesas directivas de casilla (la casilla única y la federal) y las tareas específicas que cada funcionario desarrollaría el día de la jornada electoral según su papel: presidente, secretario o escrutador.

Además, los ciudadanos capacitados participaron en simulacros y prácticas de la jornada electoral en 76 mil ensayos que ocurrieron en el mismo sitio donde finalmente fueron instaladas las casillas, y otros 100 mil celebrados en las juntas distritales, centros de capacitación, casas de la cultura, centros ejidales o en los domicilios de los propios funcionarios de casilla. El INE entregó nombramientos a un millón 397 mil 831 personas que fungirían como funcionarios de casilla y, finalmente, el “milagro electoral” ocurrió el domingo 1 de julio, cuando 900 mil 344 de esos ciudadanos insaculados, notificados y capacitados laboraron como presidentes, secretarios y escrutadores. El despliegue territorial del INE, único en su tipo a nivel nacional y uno de los más sofisticados de mundo, debió darse, además, en un año que, como se supo hasta 2019 —una vez que se dieron a conocer las cifras oficiales—, fue el más violento hasta ese momento de la historia de México. Los recorridos de los supervisores y capacitadores electorales por toda la geografía nacional transcurrieron en paralelo a los fenómenos derivados de la acción de grupos criminales. En un país donde son comunes las balaceras, las ejecuciones, las masacres, los secuestros o “levantones”, el cobro de derecho de piso, las amenazas, la extorsión y los abusos policiacos, un ejército de 45 mil supervisores y capacitadores llegó incluso a las comunidades más apartadas —algunas de ellas tomadas literalmente por bandas criminales—, para reclutar y capacitar a sus pobladores, instalar las casillas, armar urnas y mamparas, y recibir y contar el voto ciudadano. Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente a 2018, en el año de las elecciones más grandes de la historia se registraron 33 mil 341 homicidios dolosos. Una escalada de violencia que tuvo su peor cifra precisamente en el mes de la jornada electoral. Una revisión del calendario político, a la luz del comportamiento del fenómeno de violencia en México, permite ver con claridad el desarrollo paralelo del proceso institucional y el criminal: Enero, primer mes del año electoral: 2 mil 563 homicidios dolosos Febrero, arranque de las labores de capacitación electoral: 2 mil 414 Marzo, registro de las candidaturas: 2 mil 766 Abril, arranque de las campañas: 2 mil 761 Mayo, segundo debate presidencial: 2 mil 914 Junio, cierres de campaña: 2 mil 696 Julio, jornada electoral y cómputo de votos: 3 mil 58 Agosto, calificación de la elección: 2 mil 909 Septiembre, inicio de la transición: 2 mil 916 Octubre, primeras decisiones del presidente electo: 2 mil 815 Noviembre, fin del mandato de Enrique Peña Nieto: 2 mil 687 Diciembre, cambio de poderes y primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador: 2 mil 842 homicidios dolosos

PROCESOS PARALELOS

Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, usa una frase para explicar lo ocurrido en 2018: “Criminalidad y elecciones son dos líneas que corren en paralelo, pero en dirección contraria”. La del crimen es una apuesta por la barbarie y la imposición de la ley del más fuerte; la electoral es una apuesta civilizatoria. Ambas son luchas por el poder, pero en una el triunfo está reservado para los que imponen su fuerza mediante la violencia criminal, y en la otra el triunfo es impredecible, pues depende de los ciudadanos. Lo ideal es que ambas líneas permanezcan paralelas, pero lo cierto es que, inevitablemente, terminan cruzándose. En el proceso 2017-2018 la visita a 12 millones de ciudadanos para hacerles la invitación inicial y la primera capacitación fue un proceso más rápido de lo que se esperaba, a pesar de los altos índices delictivos que caracterizan muchas regiones del país. Los incidentes reportados por los 45 mil supervisores y capacitadores a la DECEYEC fueron: 575 robos, 240 ataques de perros, 222 hechos de inseguridad, 139 accidentes, 134 amenazas, 116 agresiones, 91 ciudadanos a los que les impidieron el acceso, 61 extravíos de documentación, 46 casos de acoso sexual y 10 fallecimientos. En 2018 hubo dos asesinatos de integrantes de este ejército ciudadano contratado por el INE. El 20 de mayo, en Tlapa, Guerrero, fue asesinado el supervisor Jorge Nájera García, asignado al distrito 06 con cabecera en Chilapa. Y el 6 de junio, en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, fue acribillado Jesús Antonio Alarcón Medina, capacitador del distrito 03 perteneciente a Guamúchil. Según una nota publicada por El Universal el 7 de junio de 2018, el capacitador del INE había subido a la sierra a capacitar a quienes serían funcionarios de

casilla en Surutato y Santa Rosaría, y de regreso fue atacado junto con la persona que lo había llevado en motocicleta a cumplir su labor, un hombre llamado Pedro Alonso Medina. Dos asesinatos que, según Roberto Cardiel, le pegaron al INE en la línea de flotación. “Fueron golpes duros, porque los capacitadores electorales y los supervisores son el puente entre la institución y la ciudadanía, son la pieza clave. Sin embargo, no paramos un solo día el operativo de campo. A una compañera capacitadora electoral, en Guanajuato, le tocó una bala perdida en un tobillo. Se le atendió, la hospitalizaron, y volvió a trabajar”, narra Cardiel. —¿Y cómo es que el INE llega a todos lados, incluso a territorios tomados por el narcotráfico? —le pregunto al funcionario, un par de años después de esos sucesos. —El INE llega a todos lados porque la elección la hacen los ciudadanos. No es que el INE vaya; el INE ya está ahí. Una de las estrategias es que el personal sea del lugar donde va a capacitar, que trabaje en lugares donde lo conocen y donde es conocido. Que conozca la zona, los horarios, el transporte. Los capacitadores, como los funcionarios que instalan y operan las casillas el día de la elección, son ciudadanos —explica. Curtido en las lides electorales, Roberto Heycher Cardiel ingresó al INE en su natal Durango en 2000. Fue capacitador en las elecciones federales de ese año, la primera alternancia en la presidencia de la República. Luego, el Servicio Profesional Electoral lo llevó a Oaxaca, donde llegó a ser vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. En 2015 le tocó encabezar la estrategia de capacitación, la integración de mesas directivas de casilla y el transporte de paquetes electorales en una de las elecciones más complejas en la historia de México, con la Sección XXII de la CNTE en campaña abierta y frontal en contra del proceso electoral. A Cardiel se le recuerda encabezando operativos en coordinación con las 11 juntas distritales de Oaxaca, para evadir a la CNTE y lograr que las elecciones se llevaran a cabo. Como se narró en el capítulo 5, “2015: la prueba del ácido”. Horas antes de la jornada electoral de 2015 la elección en Oaxaca estaba en duda, debido a la amenaza del magisterio y diversos grupos sociales de impedir las elecciones. “En 2015 teníamos enfrente a un grupo perfectamente organizado y disciplinado con el propósito de que no hubiera elecciones. Fue un gran desafío, porque normalmente las elecciones se toman de rehén para negociar otras cosas: recursos, apoyos gubernamentales, prebendas; es un chantaje para conseguir otras cosas. Y en 2015 no era eso; el objetivo en sí era que no hubiera elecciones. Aquello fue una cosa que nunca se había vivido, y colocó a los funcionarios electorales bajo una mirada de asedio de estos grupos. Los seguían a sus casas, los amenazaban por ser funcionarios electorales. Fue una guerra de estrategia, y al final hubo elecciones porque los ciudadanos decidieron sobreponerse a esa circunstancia”, relata el funcionario. En 2018 no existió el boicot a las elecciones. Por el contrario, el INE registró mucho ánimo de participar de la ciudadanía, e incluso de parte de los mismos grupos que en 2015 se propusieron boicotearlas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Pero estaba presente el otro problema, el gran problema de la violencia derivada de la presencia del crimen organizado y la disputa por rutas, territorios y negocios clandestinos. VIOLENCIA EN CAMPAÑA

El proceso electoral de 2018 será recordado, también, por ser uno de los más violentos de la historia. Quizá lo más llamativo para los medios de comunicación y los observadores nacionales y extranjeros fueron las campañas presidenciales, los debates, la guerra de estrategias en las redes sociales, la discusión pública entre los proyectos del PRI y el PAN (muy parecidos entre sí) y el de Morena, y la irrupción misma de un candidato que prometía un cambio radical. La tercera alternancia en la presidencia y el arribo de la izquierda al poder por la vía electoral acaparó la atención nacional y mundial. Pero detrás de las elecciones federales los hechos violentos se multiplicaban en estados y municipios. Fue una elección con más casos de violencia política que la de 1994, cuando México se estremeció por el surgimiento de la guerrilla zapatista en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial oficialista, Luis Donaldo Colosio, y el homicidio del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, un mes después de los comicios (que en ese año se celebraron el domingo 21 de agosto). En las elecciones de 2018 el INE registró 132 actos violentos ente septiembre de 2017 (fecha del inicio formal del proceso) y el 28 de junio (cierre de campañas), en los que se vieron involucrados candidatos, funcionarios principalmente de nivel municipal, legisladores, dirigentes partidistas y militantes con participación en las campañas. Según los informes generados por el área de monitoreo del INE, fueron asesinadas 98 personas y 34 fueron víctimas de atentados. Los ataques se registraron en 19 entidades: Guerrero (25 casos), Oaxaca (22), Puebla (13), Veracruz (11), Michoacán (11), Estado de México (8), Chihuahua, Jalisco y Chiapas (6 cada uno), Hidalgo (5), San Luis Potosí (4), Guanajuato y Colima (3 cada uno), Nayarit, Coahuila y Quintana Roo (2), Durango, Tabasco y Tamaulipas (1 cada uno).

De los 98 asesinatos que registraron las autoridades electorales con base en lo publicado en la prensa local, en 78 fue posible identificar su militancia: PRI (32), PRD (19), Morena (8), PAN (7), MC (5), PVEM (3), PT (2), Panal (1) y PES (1). Por las fechas en las que se registraron los casos, puede concluirse que la violencia opacó todo el proceso: desde las precampañas, conformación de alianzas y coaliciones, designación y registro de candidatos, intercampañas, campañas y la propia jornada electoral. En paralelo al INE, algunas consultorías particulares hicieron su propio seguimiento, y llegaron a cifras aún más altas. La agencia Strategia Electoral, dirigida por Arturo Espinosa Silis, publicó en mayo de 2019 un estudio en el que contabilizó 145 asesinatos ocurridos entre el 8 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, basándose también en notas de prensa. Y según sus clasificaciones, la gran mayoría de las víctimas eran servidores públicos en funciones, exfuncionarios, precandidatos a un cargo municipal, 16 candidatos locales y un candidato a un cargo federal. Strategia descubrió que los estados donde ocurrieron con mayor frecuencia los asesinatos de candidatos y políticos (Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y Veracruz) no son los mismos donde se registraron los mayores índices de homicidios dolosos en el mismo periodo (Baja California, Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua), por lo que no puede concluirse que la violencia política sea parte de la violencia generalizada que vive el país, sino un fenómeno que corre por sus propios cauces. En julio de 2019 la consultoría Etellekt publicó su “Séptimo informe de violencia política en México 2018”, en el que reportó el asesinato de 152 políticos en el proceso electoral, de los cuales 48 los ubicó como precandidatos o candidatos a puestos de elección. La consultoría Etellekt hizo otros hallazgos en posteriores estudios sobre violencia política: de 850 agresiones contra políticos detectadas por ellos entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, el 75% ocurrieron en las 25 entidades donde hubo elecciones municipales y 81% fueron ataques dirigidos contra opositores a los partidos gobernantes en las localidades donde ocurrieron. “La violencia política transita por una ruta distinta al actual clima de inseguridad y homicidios por rivalidad delincuencial”, concluye el análisis de la consultora dirigida por Rubén Salazar. Con base en éstas y otras fuentes, el investigador Arturo Alvarado Mendoza publicó en 2019 el estudio “Violencia política y electoral en las elecciones de 2018” (disponible en el sitio Scientific Electronic Library Online, Scielo.org), en el que registra y clasifica 140 asesinatos ocurridos en el proceso electoral 2017-2018 conforme a los siguientes rubros: 24 militantes de algún partido, 20 funcionarios de partido, 12 presidentes municipales, 10 exfuncionarios públicos, 9 precandidatos, 8 políticos, 7 candidatos a alcalde, 7 funcionarios locales, 7 familiares de políticos, 7 ciudadanos involucrados en el proceso electoral, 6 candidatos a regidor o síndico municipal, 4 candidatos a diputado local, 2 funcionarios electorales, 2 funcionarios electos en los comicios, 1 candidato a diputado federal, 1 diputado local, 1 funcionario federal, 1 activista, 1 periodista que cubría el proceso y 10 casos no clasificables. Según sus registros, de las personas asesinadas, 32 militaban en el PRI, 27 en el PRD, 23 en Morena, 10 en el PAN, 7 en el PT, 6 en MC, 6 en el PVEM, 4 en el PES, 1 en el Panal, 1 era independiente y otras formaban parte de partidos locales u organizaciones ligadas a las campañas. Además, el investigador documentó otras 226 agresiones en contra de políticos: extorsiones, amenazas, robos, vandalismo, atentados, secuestros y acciones tipificadas como violencia política de género. Alvarado señala que la creciente situación criminal en México está afectando las elecciones locales y nacionales, a veces como un factor contextual, pero también porque a veces la elección misma es un factor de disputa que afecta no sólo los comicios, sino la integración de gobiernos, sobre todo a nivel municipal. “La violencia electoral es un fenómeno que persiste en los comicios del país y ha ido en aumento desde 2012, contrario a lo que se esperaría del proceso de democratización”, concluye el autor. Otro especialista que analizó el fenómeno de violencia en las elecciones 2018 es Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, quien en pleno proceso electoral anticipó que un seguro ganador de las elecciones sería el crimen organizado, pues desde 2017 los asesinatos de decenas de alcaldes dejaban entrever una estrategia de control territorial por parte de las mafias locales y regionales. Guerrero analizó el caso de José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, asesinado el 11 de mayo de 2018 en plena campaña electoral y unos cuantos días antes de que López Obrador visitara el estado. Apaseo el Alto es una comunidad aledaña a Celaya que, desde 2013, es asediada por las bandas que controlan la extracción y venta ilegal de combustible (el famoso huachicol) y que ven en las elecciones la oportunidad de intimidar, corromper o cooptar a las autoridades municipales, cuya connivencia es fundamental para el control de la zona por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos. “En el actual proceso electoral los grupos criminales de Guanajuato buscan intimidar o corromper a quienes ocuparán las alcaldías, y de esa forma operar tranquilamente el lucrativo negocio del combustible robado. Algo similar ocurre en Puebla. En Chihuahua, los criminales buscan contar con protección para desplazar droga por las rutas que van a la frontera norte. En Michoacán y en Morelos los criminales no sólo quieren que se les garantice impunidad, sino también apropiarse de una tajada del presupuesto e incluso nombrar a algunos funcionarios clave en los ayuntamientos. Desafortunadamente,

la norma es que las autoridades y los partidos no tomen con la seriedad necesaria la seguridad de sus candidatos… Nuevamente no hay la voluntad política para tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros candidatos y a nuestras instituciones de gobierno. Este año aumentará, de nuevo, el número de alcaldías controladas por un cártel o una mafia local. El crimen organizado ganará en estas elecciones”, pronosticaba Eduardo Guerrero dos meses antes de la jornada electoral (El Financiero, 14 de mayo de 2018). Tres el asesinato de José Remedios Aguirre, la candidatura de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto fue asumida por su viuda María del Carmen Ortiz Terrazas, quien ganó las elecciones y se convirtió en presidenta municipal. En 2020 el municipio reportaba una alta incidencia de inseguridad y violencia, con ejecuciones frecuentes y enfrentamientos constantes entre bandas criminales y fuerzas policiacas y militares. VIOLENCIA DE PRINCIPIO A FIN

Aunque las cifras varían según el estudio que se consulte, lo que es una realidad es que la disputa por mil 614 ayuntamientos en 25 entidades provocó una escalada de violencia que no se había visto en procesos anteriores. El 26 de septiembre de 2017 se registró el primer asesinato de un aspirante a una alcaldía en el proceso electoral “más grande de la historia”: Ángel Vergara Chamú, miembro de MC que pretendía la presidencia municipal de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Después se multiplicaron, uno a uno, los homicidios contra aspirantes, precandidatos y candidatos a alguna presidencia municipal, hasta sumar 18 casos plenamente identificados: Miguel Ángel Solorio Figueroa, aspirante independiente en Zihuatanejo, Guerrero (15 de noviembre); Armando Arturo López Solano, aspirante de MC en Quechultenango, Guerrero (24 de noviembre); Miguel García González, aspirante de Morena en Casimiro Castillo, Jalisco (9 de diciembre); Ángel Medina Burgaña, precandidato del PAN en Tampamolón Corona, San Luis Potosí (21 de diciembre); Marino Catalán Ocampo, precandidato del PRD en Zihuatanejo, Guerrero (29 de diciembre); Adolfo Serna Nogueda, precandidato del PRI en Atoyac de Álvarez, Guerrero (31 de diciembre); Francisco Vázquez Rojas, precandidato del PRI en Ixtaczoquitlán, Veracruz (31 de diciembre); Francisco Rojas San Román, precandidato del PRI en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (6 de febrero de 2018); Aarón Varela Martínez, precandidato de Morena en Santa Clara Ocoyucan, Puebla (28 de febrero); Homero Bravo Espino, precandidato del PRD en Zihuatanejo, Guerrero (3 de marzo); Gustavo Martín Gómez Álvarez, precandidato del PRI en Francisco Z. Mena, Puebla (16 de marzo); Juan Carlos Andrade Magaña, candidato del frente PAN-PRD en Jilotlán de los Dolores, Jalisco (15 de abril); Adiel Zermann, candidato de Morena-PT-PES en Tenango del Aire, Estado de México (4 de mayo); José Remedios Aguirre, candidato de Morena en Apaseo el Alto, Guanajuato (11 de mayo); Alejandro Chávez Zavala, candidato del PAN-PRD en Taretan, Michoacán (14 de junio); Omar Gómez Locatero, candidato independiente en Aguililla, Michoacán (20 de junio), y Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD en Ocampo, Michoacán (21 de junio). A esta lista se sumaron los nombres de candidatas y candidatos a regidores, síndicos, diputaciones locales y diputaciones federales. Crímenes que oscurecieron las campañas de principio a fin. El 21 de febrero, mientras sostenía una reunión en el restaurante El Toreo, en el centro de Chilapa, Guerrero, la precandidata perredista a la diputación local del distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma, fue asesinada a tiros por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y se retiraron con toda calma del lugar. Cuatro días después, en el mismo municipio guerrerense, la precandidata del PRI a la diputación local del mismo distrito (el 25, con cabecera en Chilapa), Dulce Anayeli Rebaja Pedro, fue “levantada” junto con sus familiares por un grupo armado que interceptó su vehículo. El mismo día apareció el cuerpo de su tío, y al día siguiente los cadáveres de ella y su primo en una camioneta abandonada en una brecha, con el tiro de gracia. Al final, el distrito 25 de Guerrero, con cabecera en Chilapa de Álvarez, fue ganado por la priista Alicia Elizabeth Zamora Villalba. El 8 de mayo el candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 de Guerrero, Abel Montúfar, fue interceptado por un comando en la carretera que va de Coyuca de Catalán (donde residía) a Zihuatanejo. Ese día había encabezado un acto de campaña en Ajuchitlán del Progreso, uno de los cuatro municipios de la Tierra Caliente que conforman ese distrito. El cuerpo del también exalcalde de Coyuca de Catalán fue encontrado en la parte de atrás de su camioneta, baleado, desvestido y con un mensaje en su ropa interior. Según reportó la prensa, la noche en la que su cuerpo era velado un comando intentó saquear el rancho del político priista, provocando un enfrentamiento con el ejército en el que murieron 10 delincuentes. Investigaciones posteriores revelaron que su asesinato pudo haber sido ordenado por cabecillas de la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por haberse negado a declinar su candidatura. Finalmente, el distrito 17 de Guerrero fue ganado por el candidato de Morena, Jesús Villanueva Vega.

El 1 de junio, un mes antes de los comicios, fueron asesinadas en Puebla, cuando regresaban de un acto de campaña en el municipio de Jopala, la candidata del PVEM a diputada local por el distrito 02 (con cabecera en Huauchinango), Juana Maldonado Infante, y la regidora Érika Cázares, que la acompañaba en su vehículo. Al final, el distrito 2 fue ganado por el PRD, con la candidata Liliana Luna Aguirre. El 9 de junio, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, un candidato del PRI a diputado federal fue asesinado a mansalva saliendo de un debate en una universidad regional. El también exalcalde de Piedras Negras Fernando Purón Johnston se estaba tomando una selfie con una simpatizante cuando su asesino se acercó por atrás, apuntó una pistola a medio metro de su cabeza y disparó. El asesinato fue grabado por una cámara de seguridad. El video se difundió masivamente en redes sociales. El PRI y la clase política nacional en general condenaron el crimen. La campaña siguió su curso. El distrito 01 de Coahuila fue ganado, finalmente, por Evaristo Lenin Pérez Rivera, un político emanado del partido local Unidad Democrática de Coahuila, que al llegar a la LXIV Legislatura se declaró diputado sin partido. El 25 de junio, cuando sólo faltaban seis días para los comicios, el candidato de Morena a diputado local por el distrito 21 de Oaxaca (con cabecera en Ejutla), Emigdio López Avendaño, fue asesinado en una emboscada ejecutada por un comando en un paraje conocido como El Puente, en el municipio de Yogana. Según nota de El Universal, Emigdio López y sus acompañantes —todos militantes de Morena— acababan de hacer un recorrido de campaña en la comunidad de San Vicente Coatlán, cuando se retiraron a bordo de dos camionetas. A 12 kilómetros de San Vicente un comando los emboscó y rafagueó. La camioneta en la que viajaba el candidato recibió más de 60 disparos, algunos de cuerno de chivo, y sus cinco tripulantes murieron. Los dos ocupantes de la otra camioneta fueron heridos, pero sobrevivieron al ataque. El candidato asesinado fue sustituido por su compañero de partido, Timoteo Vásquez Cruz, quien ganó las elecciones y llegó al Congreso de Oaxaca. La violencia en las campañas de 2018 se concentró en estados como Oaxaca, con añejos conflictos agrarios y territoriales; Puebla, con una floreciente industria criminal como el huachicol; Sinaloa y Michoacán, con una sólida presencia del narcotráfico, y Guerrero, un estado que combina antiguos conflictos locales y pobreza ancestral con fenómenos nuevos surgidos por la presencia de distintos cárteles y la disputa de territorios entre diferentes grupos criminales. En Guerrero, partidos y candidatos denunciaron abiertamente la intención del crimen organizado de silenciarlos, desplazarlos de las candidaturas o intimidarlos para no participar en el proceso electoral. La presencia de 14 grupos criminales que operan en el estado —según la Secretaría de Seguridad de Guerrero— generó una disputa por los palacios municipales. Según reportajes publicados entre mayo y junio de 2018 en Reforma y Animal Político, la disputa entre Los Ardillos, Los Rojos, Guerreros Unidos, La Familia, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Sur, Los Viagras, los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios y otros grupos desató la violencia contra políticos de todos los partidos, principalmente aspirantes a cargos municipales y diputaciones locales. “‘A esa candidata de allá le pidieron 4 millones de pesos para dejarla hacer campaña. Pero es cabrona y les dijo que no’, contó un integrante de Morena señalando a una de sus compañeras de partido, que aspira a un puesto de elección popular. Sin embargo, al preguntarle con la grabadora encendida, ella se puso seria, fijó la vista y dijo que eso no había pasado. Es una constante entre políticos locales: contestar que ya no está tan peligroso como antes, que han hecho campaña tranquilos y que no tienen miedo porque no le deben nada a nadie. Aunque su rostro se tense al hablar. ‘Es que no podemos decir, pues, porque eso nos perjudica’, confesó después la candidata, pidiendo que no haya entrevista ni se diga su nombre”, relató la reportera Itxaro Arteta en Animal Político (“La violencia y el miedo dejan sin candidatos a municipios de Guerrero”, 12 de junio de 2018). “El jueves 7 de junio, mientras el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hacía una gira por Tlapa, Chilapa y Chilpancingo, en Tixtla, un grupo de hombres armados se metieron a la casa de un activista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la incendiaron. La denuncia no llegó al Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) porque el activista tiene miedo de que haya represalias más fuertes en su contra por parte de los grupos que dominan la zona. Tixtla, al igual que Mártir de Cuilapan y Zitlala, forman parte del distrito electoral local 24, cuyo territorio es disputado por los grupos criminales de ‘Los Ardillos’ y ‘Los Rojos’”, narró el reportero Jesús Guerrero en la extinta Revista R de Reforma (“Guerrero: las campañas del miedo”, 17 de junio de 2018). De acuerdo con el reportaje de Jesús Guerrero, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) tuvo que tramitar 477 solicitudes de diversos partidos para suplir candidatos a alcaldes, síndicos, regidores y diputados que renunciaron por diversas causas, principalmente por violencia y amenazas. En 2018, 2 millones 524 mil guerrerenses estaban convocados a las urnas para votar por presidente de la República, senadores, 9 diputados federales, 81 alcaldías y 46 diputaciones locales. En medio de balazos, amenazas y levantones, las campañas dejaron un saldo rojo de 25 personas asesinadas, entre aspirantes, precandidatos, candidatos y funcionarios municipales en funciones. En los comicios del 1 de julio Morena obtuvo un holgado triunfo en la entidad en las elecciones federales: López Obrador se llevó más de un millón de votos, equivalentes a 63% de la votación total de

Guerrero, y la coalición Juntos Haremos Historia ganó las dos senadurías de mayoría y ocho de nueve diputaciones federales. A nivel local, Morena ganó 19 de los 28 distritos, pero sólo 15 de los 81 ayuntamientos. El PRD, partido que gobernó Guerrero hasta 2015, ganó 22 municipios, incluidos algunos de los que registraron mayor violencia política, como Coyuca de Catalán, Quechultenango y Tixtla. Y el PRI, partido del gobernador Héctor Astudillo, obtuvo 19 municipios, entre otros, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Chilapa, Huitzuco y Ciudad Altamirano, también considerados focos rojos de violencia durante las campañas. PUEBLA, UN CASO APARTE

La elección de 2018, ejemplar en muchos sentidos, con altos niveles de participación ciudadana y poca litigiosidad electoral y poselectoral, tuvo una excepción para confirmar la regla: Puebla, entidad que fue peleada, literalmente, con sangre y a punta de pistola durante todo el proceso electoral. Con más de 4.5 millones de electores, Puebla era una de las joyas de la corona de 2018. Ahí estaban en juego, además de millones de votos de la elección presidencial, tres senadurías, 16 diputaciones federales, la gubernatura, 217 ayuntamientos, 41 diputados locales y un cacicazgo familiar que pretendía perpetuarse en el palacio de gobierno. De larga tradición priista, Puebla fue arrebatada por el PAN y Rafael Moreno Valle en las elecciones estatales de 2010, cuando el priismo cayó, víctima de los escándalos del “góber precioso” Mario Marín. Durante seis años Moreno Valle acumuló poder político y económico, fue apoderándose de todos los poderes e instituciones locales, ganó influencia política local y nacional, cultivó relaciones en las altas esferas del poder, creó una corriente al interior del PAN apoyando a candidatos locales en todo el país, y gastó millones de pesos del presupuesto de Puebla en medios locales y nacionales para construir una imagen que le permitiera postularse a la presidencia de la República en 2018. Según Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sólo entre 2011 y 2015 la administración de Moreno Valle gastó 752 millones de pesos en publicidad. Y una investigación del medio local Lado B, publicada en abril de 2017 con base en los informes de la Cuenta Pública, deja ver que el gasto fue de al menos mil 232 millones de pesos en los seis años. En 2016, al finalizar su sexenio, Moreno Valle impulsó a su exsecretario de Infraestructura y alcalde de Puebla, Antonio Gali, como candidato de la coalición PAN-PT-Panal y dos partidos locales creados desde el “morenovallismo”, para la minigubernatura que, para cumplir con la homologación de calendarios ordenada en la reforma política de 2014, sólo duraría dos años. Eso le permitió a Moreno Valle colocar un gobernador intermedio antes de postular a su esposa, Martha Érika Alonso, para un gobierno de seis años a partir de 2018. Así, el dominio de la familia se prolongaría durante 14 años, desde 2010 hasta 2024, con todo lo que ello implicaba en términos de negocios hechos al amparo de obras públicas e inversiones transexenales. Cuando Ricardo Anaya se le atravesó en el camino e impidió a Moreno Valle ser candidato presidencial, el exgobernador abandonó la campaña nacional, dejó al candidato del Frente por México a su suerte y concentró sus baterías en Puebla, con el objetivo de garantizar el triunfo de su esposa. Un caso similar se daba en Veracruz, donde el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, después de una minigubernatura de dos años (2016-2018), buscaba heredar el cargo a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien brincó de la presidencia municipal de Boca del Río a la candidatura del frente PAN-PRD al gobierno estatal. Moreno Valle y Yunes Linares tenían otra cosa en común: un pasado priista y una formación política a lado de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien los prohijó durante la LIX Legislatura, cuando fue coordinadora de la bancada priista en San Lázaro (2003-2005) y ambos eran diputados y sus principales operadores en San Lázaro. En Veracruz, los Yunes no pudieron evitar un triunfo contundente de Morena, que le arrebató al PAN las senadurías, las diputaciones federales y la gubernatura. Pero en Puebla los Moreno Valle defendieron la plaza hasta sus últimas consecuencias. Primero maniobraron al interior del PAN para imponer la candidatura de Martha Érika Alonso, y después operaron desde el gobierno estatal una auténtica elección de Estado apuntalada con funcionarios y recursos públicos. Personajes como el exsecretario de Gobernación Diódoro Carrasco, el exvocero presidencial Maximiliano Cortázar y el diputado federal panista Eukid Castañón fueron reclutados para apuntalar la campaña de Martha Érika Alonso. A Diódoro Carrasco, Moreno Valle lo nombró secretario general de Gobierno en el estado en enero de 2016 y se lo heredó en el cargo a su sucesor Antonio Gali, quien lo mantuvo ahí hasta diciembre de 2018. Era el encargado de mantener la gobernabilidad en el estado y operar el apoyo de diversos sectores locales a la esposa del gobernador. Max Cortázar, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, fue nombrado coordinador general de la campaña de Martha Érika Alonso, y estaba destinado a repetir como vocero del gobierno estatal, cargo que ocupó con Moreno Valle en 2015.

Eukid Castañón fue el encargado de las operaciones más oscuras de la campaña, e incluso fue a dar a la cárcel en marzo de 2020 acusado del delito de extorsión. En contraste con lo ocurrido a nivel federal, las elecciones de Puebla estuvieron plagadas de irregularidades, denuncias por inequidad y uso de programas sociales del gobierno del estado, incidentes violentos y cooptación de instituciones electorales locales. Todo ello derivó en una ríspida campaña entre la candidata panista y el abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa, quienes llegaron prácticamente empatados a las urnas. Los comicios, en los que ganó la exprimera dama estatal con 20 mil votos de diferencia (4 puntos porcentuales), culminaron con un conflicto poselectoral que llegó hasta el TEPJF, a donde Morena llevó un abultado expediente de irregularidades cometidas desde las campañas y durante la jornada electoral del 1 de julio. En ese ambiente se registraron múltiples agresiones y ataques a candidatas y candidatos, que convirtieron a Puebla en una de las entidades con más violencia política en 2018. Según el reporte del 25 de junio de 2018 de la consultora Etellekt, al final de las campañas Puebla era el estado con más agresiones contra políticos: 62 casos, que superaban los 53 de Guerrero y los 40 reportados en el Estado de México. Pero cuando Etellekt actualizó su información y emitió su séptimo reporte sobre violencia política en las elecciones de 2018, Puebla encabezaba la lista, con 31 homicidios presuntamente ligados al proceso electoral entre septiembre de 2017 y julio de 2018 (de los cuales 15 se habrían cometido contra aspirantes, precandidatos y candidatos), y un total de 113 agresiones a personas vinculadas con la política. En los reportes internos del INE, Puebla también figuraba en los primeros lugares de violencia, con 13 asesinatos y atentados en contra de políticos poblanos, ocurridos de septiembre a julio, incluidos los asesinatos de la candidata a diputada local Juana Maldonado Infante y la regidora Érika Cázares el 1 de junio en la zona de Huauchinango. De por sí en el año electoral Puebla ya figuraba en la lista de estados con mayores índices de violencia e inseguridad de todo el país, en gran parte por la presencia de bandas dedicadas al robo de combustible que florecieron en la última década. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hablan de un aumento acelerado de la violencia durante el gobierno de Moreno Valle y su continuación con Antonio Gali: en 2010 hubo 376 homicidios dolosos; en 2011 se registraron 437; en 2012, 465; en 2013, 557; en 2014, 568; en 2015, 632; en 2016, 735, y para 2017 se rebasó el millar de asesinatos, con mil 83. El año de 2018 cerró en Puebla con una cifra de mil 214 homicidios dolosos. Con estos antecedentes, Puebla se convirtió en uno de los focos rojos de la jornada electoral de 2018. Primero con incidentes menores, como el robo de dos paquetes electorales en Izúcar de Matamoros y una trifulca en el zócalo de Acatzingo, y después con el asesinato de dos priistas en el municipio de Chignahuapan y graves reportes de violencia en la capital del estado derivados del robo de urnas a mano armada en varias colonias. El portal informativo Lado B documentó cómo la violencia desatada en la ciudad de Puebla fue una acción orquestada por grupos de choque, presuntamente contratados para ejecutar un plan para restarle votos a Miguel Barbosa en colonias y barrios detectados como “morenistas”. La investigación, coordinada por el periodista poblano Ernesto Aroche, da cuenta de cómo los grupos de choque se reunieron desde la noche del sábado previo a los comicios en una bodega ubicada atrás del Mercado Hidalgo, versión que corresponde con las denuncias que hicieron los representantes de Morena y el PT durante la sesión de la Junta Local del INE, en la mañana del domingo 1 de julio. De acuerdo con la investigación publicada por Lado B y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Puebla, democracia en duda), desde las 10:00 horas la casa de campaña de Moreno Valle y Martha Érika Alonso comenzó a recibir reportes de altas votaciones a favor de Morena en varias colonias de la capital. A las 14:00 horas los representantes del PAN en varias casillas recibieron la orden de abandonar el lugar, y a las 14:15 comenzó la violencia. “El primer acto de violencia se registró en la sección 1408, en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, al norte de la ciudad, en los límites con Tlaxcala. A las 3 en punto, la sección 1410, en la misma zona, fue atacada a balazos y hubo un intento fallido de robo de urnas. Diez minutos más tarde, ahora a 14 kilómetros al sur de la ciudad, a la sección 1593, ubicada en la escuela primaria Cadete Vicente Suárez, ingresaron varios hombres armados que dispararon al aire, amagaron a funcionarios y electores y trataron de robarse las urnas. Muy cerca de ahí, media hora después, en la sección 1206 de la colonia popular Loma Bella, sujetos desconocidos se robaron los votos […] De manera simultánea, del otro lado de la ciudad, en la sección 981 en la colonia Aquiles Serdán, cuatro hombres entraron disparando, hirieron a dos de los funcionarios de casilla, y trataron de robar una urna. El pánico se trasladó a las redes sociales donde la gente comenzó a publicar fotos y videos que daban cuenta del desconcierto, los votos regados en el piso y las casillas destruidas. En las publicaciones pedían auxilio a la policía, a las autoridades electorales y al gobernador Antonio Gali. Los ataques se perpetraron cada 10 o 15 minutos en diferentes colonias del norte y sur de la ciudad, lejos del centro, en 111 casillas de 24 secciones electorales, según registros hemerográficos y periodísticos […] En algunas zonas, los negocios comenzaron a cerrar. Si bien la reacción natural de pánico ahuyentaba a la gente, a los pocos minutos

otra vez ya había personas arremolinadas afuera de las casillas, desafiando al miedo para poder votar”, detalla la investigación de Lado B. En un video grabado en la casilla 1593, ubicada en una escuela primaria de la colonia San Francisco Totimehuacán, una persona relata así los hechos: “Cuando llegó la gente armada nos encerramos en los salones y nos tiramos al suelo. Escuchamos varias detonaciones. La gente está asustadísima, está muy espantada, hicieron varias detonaciones dentro de la escuela, no sabemos qué hacer, solicitamos que las autoridades vengan y por favor ustedes compartan lo que está sucediendo en esta casilla, porque no es posible que no tengamos un derecho como votar; la gente se está yendo porque tiene miedo, no podemos seguir viviendo con miedo”. Según Lado B, a esa casilla la policía llegó una hora después de las primeras llamadas de auxilio. Lo mismo ocurrió en otras casillas, donde ciudadanos, representantes de partidos y consejeros distritales y locales del INE relataron a los periodistas cómo la policía estatal ignoraba sus denuncias y mensajes de auxilio. En la sección 1534 de la colonia Xilotzingo una funcionaria de casilla compartió en redes sociales un testimonio en el que relata que hubo siete detonaciones con toda la intención de infundir miedo. “Destruyeron todo. Se están robando todas las casillas”, decía la funcionaria mientras los atacantes huían con 12 urnas a bordo de una camioneta. Pero en su huida los hombres armados estrellaron su camioneta en una avenida. “El ruido de la embestida alertó a los vecinos, que se acercaron a ayudar a los heridos hasta descubrir que dentro del vehículo había urnas robadas, material electoral y dinero. El rescate se convirtió entonces en detención. Los vecinos golpearon y retuvieron a dos hombres; otros cinco se dieron a la fuga. Mientras en otros puntos de la ciudad en donde hubo robo de urnas y violencia la policía tardó en reaccionar, en Xilotzingo la respuesta fue desmedida. Más de 100 elementos estatales sitiaron el lugar […] La situación se fue poniendo tensa pues los vecinos, que también rebasaban la centena, no querían entregar a los sujetos a la policía municipal ni a la estatal. Lo que exigían era la presencia de federales y autoridades electorales para que contaran los votos sustraídos; la misma exigencia se repitió en otros puntos de la ciudad que fueron violentados: querían que sus votos contaran. Pero no lo consiguieron, las casillas fueron anuladas”, se relata en el citado reportaje. Según datos de la Fiscalía General del estado de Puebla, el 1 de julio de 2018 recibió 317 reportes y denuncias de incidentes relacionados con las elecciones, una denuncia cada dos minutos en promedio. Las autoridades electorales locales reconocieron ataques en 74 casillas de 17 secciones electorales. Pero un mes después la coalición Juntos Haremos Historia denunció en tribunales hechos violentos en 110 casillas. Finalmente, el INE registró reportes de paquetes electorales robados, quemados y secuestrados en 47 casillas, según el SIJE. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, y en las demás entidades donde se eligieron gubernaturas, en Puebla se habló de fraude desde el día siguiente de los comicios, y la coalición Morena-PT-PES anunció que interpondría recursos legales en contra del proceso. Desde mediados de julio organizaciones ciudadanas exigieron la destitución de los siete consejeros del OPLE, que cerraba así una penosa historia de cuestionamientos por su parcialidad a favor del grupo político del exgobernador Rafael Moreno Valle. El 3 de agosto los integrantes del Consejo Local del INE en el estado de Puebla presentaron un informe en el que reportaron incidentes de dos tipos en un total de 241 casillas durante la jornada electoral: 87 casillas pertenecientes a 27 secciones, 6 distritos y 12 municipios que fueron violentadas por votantes o representantes de partidos inconformes con el desarrollo de la actividad electoral durante la jornada, y 154 casillas de 42 secciones, 11 distritos y 9 municipios violentadas por grupos armados que interrumpieron la actividad electoral. Con esos datos, el Tribunal Electoral del estado concluyó que los incidentes ocurrieron en sólo 3.19% de las 7 mil 547 casillas instaladas en todo el estado, por lo que no podía considerarse que hubo “violencia generalizada”. Aunque los magistrados del Tribunal Electoral del estado de Puebla desecharon los recursos de la coalición morenista, ésta obtuvo dos resoluciones importantes del TEPJF. El 19 de septiembre la Sala Superior del TEPJF ordenó el recuento total de los votos en los 26 distritos locales de Puebla, por considerar que existían inconsistencias en los resultados asentados en el cómputo estatal. El recuento se llevó a cabo entre el 24 y el 29 de septiembre, y de él se derivó la anulación de 59 casillas en las que se detectaron discrepancias entre el número de votos y votantes inscritos en la lista nominal. Pero al anularse esos votos (más de 17 mil) no cambió la diferencia entre el primero y segundo lugar, por lo que el recuento no se consideró determinante para modificar el resultado de los comicios. Y así, los magistrados del Tribunal Electoral estatal ratificaron la constancia de mayoría a favor de la candidata Martha Érika Alonso, e invitaron a la coalición Juntos Haremos Historia a continuar su litigio en el tribunal federal. Y sí ocurrió: la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el candidato, Luis Miguel Barbosa, aseguraron que los paquetes electorales habían sido manipulados antes del recuento por una mala custodia del OPLE poblano e insistieron en la demanda de anular las elecciones. El 19 de octubre la Sala Superior del TEPJF dio entrada a los alegatos de la coalición lopezobradorista y turnó el asunto a la ponencia del magistrado José Luis Vargas. La demanda incluía siete apartados de

irregularidades en torno a la jornada electoral: detención ilegal de brigadistas de Morena, intervención del gobierno estatal en el robo de material electoral, violencia generalizada al interior de casillas, compra de votos, sustracción de actas, parcialidad de autoridades electorales y la existencia de un “laboratorio electoral” instalado en el Grand Hotel de Puebla, en el que se falsificaba y alteraba documentación electoral. Finalmente, el proyecto de sentencia desestimó muchas de las pruebas presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia y consideró infundado el argumento de que la violencia generalizada haya sido producto de una sola acción orquestada por uno de los actores políticos o desde el gobierno del estado. Pero el magistrado Vargas consideró que sí se había violado la certeza (uno de los principios que norman la actividad electoral en la Constitución), al afectarse la cadena de custodia por el inadecuado traslado de la documentación electoral a la sede central del OPLE de Puebla y el indebido resguardo de la paquetería electoral en la bodega donde la autoridad electoral depositó las actas y los votos. Al estar almacenados los paquetes durante 53 días, y al comprobarse que algunos de ellos fueron abiertos en las 50 distintas diligencias que se llevaron a cabo en el lugar sin la presencia de los partidos políticos, el magistrado consideró rota la cadena de custodia, y planteó en su proyecto la anulación de los comicios. De manera inusual, el magistrado Vargas difundió su proyecto de sentencia el domingo 2 de diciembre de 2018, un día después del arribo de López Obrador a la presidencia, seis días antes de la sesión de la Sala Superior del tribunal en la que sería discutido y 12 días antes de la toma de posesión de Martha Érika Alonso. El 8 de diciembre, en una ríspida sesión de más de tres horas, celebrada a puerta cerrada, el proyecto de Vargas fue rechazado por una mayoría de cuatro magistrados: Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata e Indalfer Infante Gonzales. Con Vargas, votaron por la anulación Felipe Fuentes y Mónica Soto. La decisión se adoptó en medio de reclamos entre panistas y morenistas. Unos acusaban que el magistrado Vargas se había dejado presionar por el nuevo presidente y su partido, y otros aseguraban que Moreno Valle había corrompido a los magistrados que rechazaron el proyecto de sentencia. Mientras tanto, la ciudadanía poblana, los miles de personas que aceptaron participar como funcionarias y funcionarios de casilla, quedaron inermes, como dice Sergio Mastretta Guzmán; el ciudadano impugnó la elección en busca de su voto perdido en las balaceras. En un libro publicado en 2020 por la organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), Sergio Mastretta explica su periplo en busca de su voto, y luego de narrar la sesión de la Sala Superior del TEPJF, escribe: “La incapacidad de las instituciones electorales para responder a la violencia orquestada tuvo en la nula respuesta de las fuerzas de seguridad pública su fundamento. Las actas de las reuniones de trabajo en las juntas del INE y el IEE dan cuenta certera de la parálisis en que se sumieron los organismos, pero también confirman el conocimiento preciso que tuvieron de la gravedad de los asaltos a las secciones en la ciudad de Puebla. Y las reacciones y posturas que asumieron ante los acontecimientos cada uno de los funcionarios públicos responsables de la elección. Una autoridad electoral rebasada y unas fuerzas de seguridad pública desaparecidas. Ésa es la realidad con la que los ciudadanos nos quedamos al final del día. Una sociedad inerme” (Dinero ilegal, elecciones y violencia en Puebla, episodio I, PCCI, 2020). Aunque no fueron anuladas las elecciones, el proceso dejó muy mal parado al OPLE de Puebla, una institución que enfrentó desde su conformación en 2014 serios cuestionamientos por los nexos de sus integrantes con el grupo de Moreno Valle. Desde el origen se cuestionaron los nombramientos de los consejeros, principalmente de tres de ellos: Juan Pablo Mirón Thome, exjefe de Oficina de la Secretaría de Gobierno de Puebla; Federico González Magaña, excomisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado —donde siempre se le cuestionó su cercanía con el gobierno estatal—, y Jacinto Herrera Serrallonga, funcionario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Puebla, quien terminó siendo el presidente del OPLE. Cuando la coalición Morena-PES-PT pidió la anulación de los comicios, señaló a estos tres consejeros, y a las consejeras Claudia Barbosa Rodríguez y Flor de Té Rodríguez Salazar, como “autores intelectuales y materiales” de las irregularidades que habrían dañado el proceso electoral. Incluso, el economista Enrique Cárdenas Sánchez, exrector de la Universidad de las Américas y exdirector ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, hizo un severo juicio sobre el papel de las autoridades electorales locales. “Fue una elección muy litigada y decepcionante. La sombra de la compra de votos y representantes de casilla y de partidos, la presunta alquimia del PREP local, los excesos de gasto de campaña no fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral —como los cientos de ‘voluntarios’ en las calles apoyando a la candidata triunfadora—, la complicidad del Instituto Estatal Electoral en todos los pasos de la elección, incluida la custodia de los paquetes electorales, la violencia orquestada con la complicidad de las autoridades estatales y federales en el estado, el asesinato de varios candidatos a presidencias municipales, dejaron constancia y evidencia de la suciedad del proceso electoral para la gubernatura poblana”, escribió en el citado libro de PCCI. “Así, en 2018 se eligió una gobernadora con muy poca legitimidad, con sospechas fundadas de corrupción en el proceso electoral, y se reiteró que el interés de los ciudadanos está por debajo de los

intereses de los partidos políticos”, concluyó Cárdenas, quien a la larga terminó siendo candidato a la gubernatura de Puebla en las elecciones extraordinarias de 2019. Finalmente, la esposa de Moreno Valle tomó posesión el 14 de diciembre de 2018. Tuvo que hacerlo en la madrugada y en la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado, pues en el Congreso estatal la nueva mayoría de 22 diputados emanados de Morena detuvo las labores legislativas exigiendo un acercamiento y condiciones que la gobernadora electa no estuvo dispuesta a aceptar. En su primer mensaje, la gobernadora hizo un llamado a la concordia, asegurando que los actores políticos debían “pasar la página” y privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa a Puebla. El 24 de diciembre la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, abordaron un helicóptero en Puebla para trasladarse a la Ciudad de México. A las 14:40 horas, cuando sobrevolaban el cerro de la Chimenea del Chacuaco, en el municipio de Coronango, Puebla, la aeronave se desplomó, y en el choque fallecieron los dos políticos, un asistente, el capitán del helicóptero y el primer oficial. La muerte de la gobernadora enrareció el ambiente político y envenenó las relaciones entre el PAN y el gobierno de López Obrador, quien se comprometió a esclarecer las causas del accidente. Ante la falta de la gobernadora, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Rodríguez Almeida, quedó al frente del gobierno como encargado de despacho, pero el 21 de enero de 2019 el Congreso local designó gobernador interino al priista Guillermo Pacheco Pulido, al considerar que el panista Rodríguez Almeida no cumplía el requisito constitucional de ciudadanía poblana. La mayoría morenista en el Congreso local tampoco aceptó la propuesta de nombrar como interino a Guillermo Islas, exsecretario de Desarrollo Social durante los gobiernos de Moreno Valle y Antonio Gali, y recién electo diputado local del Panal. El 30 de enero el Congreso local determinó que las elecciones extraordinarias se convocaran para el domingo 2 de junio de 2019, fecha en la que habría comicios locales ordinarios en otros cinco estados: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. En aquella sesión, las fuerzas políticas del estado pidieron que las elecciones extraordinarias las organizara el INE y no el OPLE, que había resultado descalificado por los actores políticos locales. Para ese entonces ya existían solicitudes formales ante el Instituto Estatal Electoral de Puebla para que dejara el proceso electoral extraordinario en manos del INE, como la que presentó el representante de Morena, Juan Pablo Cortés. Solicitud que fue respondida por el presidente de la autoridad local, Jacinto Herrera, asegurando que “este organismo cuenta con la total capacidad técnica y operativa para la organización del proceso electoral”. Pero, fuera del OPLE poblano, nadie o casi nadie opinaba lo mismo. El representante del PAN ante el Consejo General del INE, Víctor Hugo Sondón, pidió atraer el proceso. Y el 31 de enero las consejeras del INE Pamela San Martín y Dania Ravel y los consejeros Marco Baños y José Roberto Ruiz Saldaña solicitaron que el Consejo General ejerciera su facultad de asunción total, para que los comicios extraordinarios se organizaran desde la autoridad nacional, y ya no desde el OPLE. El 6 de febrero de 2019 el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la asunción total de la organización de las elecciones extraordinarias para la gubernatura y para cinco municipios poblanos cuyos comicios fueron anulados por el Tribunal Electoral por diversas irregularidades (desde violencia y destrucción de material electoral hasta la vulneración de la cadena de custodia): Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. El INE se erigió en organizador de los comicios con el voto de confianza de todos los partidos políticos para garantizar un proceso legal, con calidad técnica y en condiciones de equidad y certeza. En esa sesión el presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que se ejercía esta facultad por tres razones: la situación de excepción generada tras el fallecimiento de la gobernadora en funciones, a sólo 10 días de haber asumido el cargo; el exhorto que las fuerzas políticas del estado hicieron en el Congreso local para que el INE organizara el proceso, y el clima de tensión política que se vivía en Puebla antes, durante y después de la jornada electoral. “Desde mi perspectiva, ni el recuento ni el ejercicio de los derechos de impugnación de las fuerzas políticas ante los tribunales electorales lograron lamentablemente zanjar la confrontación política en esa entidad. Más aún, las diferencias entre los contendientes y el clima de polarización política y social dieron lugar a hechos aislados de violencia realizados durante la jornada electoral, hechos aislados insisto, porque incluso se ventilaron en las impugnaciones de las elecciones pasadas”, explicó Córdova. El INE tuvo que organizar en 120 días un proceso que le hubiera llevado nueve meses en condiciones normales. Y nuevamente echar a andar la maquinaria electoral ciudadana: entre el 2 de marzo y el 14 de abril supervisores y capacitadores del INE visitaron a 600 mil ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla; capacitaron y designaron a 53 mil personas, y éstas instalaron y operaron 7 mil 600 casillas en la jornada del 2 de junio. Para la elección extraordinaria el frente PAN-PRD-MC postuló a Enrique Cárdenas Sánchez; el PRI optó por el exdiputado Alberto Jiménez Merino, y Morena volvió a proponer a su candidato Luis Miguel Barbosa. Morena ganó la gubernatura con más de 44% de los votos, pero con una ínfima participación de apenas 33% ciento de los poblanos inscritos en la lista nominal de electores, la mitad de los que habían votado en 2018.

El 27 de marzo de 2020, siete meses después de iniciada la polémica gestión de Barbosa como gobernador, la SCT del gobierno federal dio a conocer su informe final sobre el accidente del 24 de diciembre de 2018, en el que concluyó que la causa fue la pérdida de control del helicóptero debido a un “alabeo repentino hacia la izquierda” que no pudo ser controlado por el piloto. LA NOCHE DEL 1 DE JULIO

En la mañana del domingo 1 de julio de 2018, al instalar la sesión extraordinaria del Consejo General del INE que daría seguimiento a la jornada electoral, el presidente del consejo, Lorenzo Córdova, pidió a los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio, como homenaje a las personas que perdieron la vida en hechos violentos relacionados con el proceso electoral y como un acto de condena pública a la violencia. “La democracia significa la negación de la violencia, y este Consejo General es consecuente con el principio y el valor que protege, que es la democracia”, dijo Córdova. “Desde aquí va un NO enérgico y rotundo contra la violencia”, enfatizó, luego del minuto de silencio. Varios representantes de partidos y coaliciones habían señalado en sus discursos preparados para el arranque de la jornada que los actos violentos ocurridos en torno al proceso electoral federal y los procesos electorales locales habían ensombrecido a la democracia mexicana. Pero vistos en retrospectiva, los graves hechos narrados en este capítulo (incluidas las irregularidades ocurridas en Puebla) no impidieron que las elecciones de 2018 fueran consideradas “ejemplares” dentro y fuera de México, y reconocidas sin reserva por la mayoría de los actores políticos. Tampoco hubo cuestionamientos graves a la organización del proceso, a la capacitación de funcionarios y a los procedimientos técnicos para generar información y distribuirla oportunamente entre los representantes de partidos y candidatos, medios de comunicación y la sociedad en general. Ni el PREP ni los conteos rápidos de la elección presidencial y de las elecciones de gobernador fueron cuestionados por alguno de los actores en contienda. A diferencia de lo ocurrido en 2017 en el Estado de México y Coahuila, nadie habló de compra del voto, “elección de Estado” o alguna operación gubernamental para tratar de impedir la tercera alternancia en la presidencia de la República anticipada por todas las casas encuestadoras. Las dudas del candidato presidencial y líder de la coalición Juntos Haremos Historia sobre la actuación del órgano electoral —que formaban parte de su discurso habitual y su narrativa de campaña desde los polémicos comicios de 2006— se fueron disipando a lo largo del proceso y, en concreto, durante la jornada electoral. En las primeras horas del domingo Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo General del INE, expresó su desconfianza en sus rivales, pero también su confianza en la autoridad electoral y en los procedimientos que harían posible una jornada comicial histórica. “A los señores del PRIAN no les pedimos que dejen de comprar votos; es lo único que han sabido hacer, traficar con la pobreza de la gente. Pero el mundo entero tiene puestos sus ojos en México. A los señores integrantes de la mafia del poder les decimos que serán derrotados en las urnas de manera pacífica, legal y legítima, van a ser víctimas de circunstancias que ellos crearon […] Al Instituto Nacional Electoral le decimos que confiamos en el despliegue de millones de ciudadanos, que hará posible una elección en donde el voto sea la expresión ciudadana”, señaló Duarte. Durante el día se comprobó que esa confianza no sería defraudada. A las 7:00 horas comenzó a operar el SIJE, que se mantendría operando hasta las 5:00 horas del día siguiente como mecanismo de información y vigilancia de los comicios, alimentado con los reportes de 38 mil 767 capacitadores-asistentes electorales y 6 mil 277 supervisores electorales distribuidos en campo. Al inicio de la sesión el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que sólo un distrito de Oaxaca había dado de baja una casilla, por lo que la jornada había arrancado con 156 mil 807 centros de votación programados para ser instalados. El funcionario detalló que a las 9:55 horas se había reportado la instalación total de los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales del INE, con representación de los partidos y de las candidaturas independientes. En ese momento ya estaban instaladas 90 mil casillas. A las 14:00 horas, con un nuevo corte de información proveniente del SIJE, Edmundo Jacobo reportó 146 mil 989 casillas instaladas (93% de las previstas), 10 no instaladas y el resto carecían de reporte en el sistema. Las no instaladas pertenecían a distritos de Michoacán (6), Chiapas (3) y Puebla (1). Horas más tarde, con los datos consolidados del SIJE, el secretario ejecutivo precisó que se había instalado 99.89% de las casillas programadas y que solamente 16 se habían reportado como no instaladas. El SIJE registró 3 mil 780 incidentes, que iban desde los sencillos, como la instalación de propaganda política cerca de las casillas y la presencia de votantes no incluidos en la lista nominal, hasta los más graves, como la suspensión de la votación, el robo y destrucción de urnas y paquetes electorales, o la irrupción de gente armada en las casillas.

Edmundo Jacobo detalló que en 14 casillas los funcionarios electorales tuvieron que suspender definitivamente la votación por riesgo de violencia o destrucción del material: 5 casillas en Puebla; 3 en Tuxtepec, Oaxaca; 1 en Chetumal, Quintana Roo; 2 en Gustavo A. Madero, Ciudad de México; 1 en Tapachula, Chiapas, 1 en Pachuca, Hidalgo, y 1 en San Luis Río Colorado, Sonora. De las 14 casillas, las cinco correspondientes a Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo y Sonora eran casillas especiales, habilitadas por el INE para votantes en tránsito. Como había ocurrido en otros procesos electorales, fue tal la afluencia de votantes a las casillas especiales que a las dos de la tarde ya no había boletas para que los ciudadanos en tránsito pudieran votar, y eso provocó protestas, aglomeraciones y denuncias por una presunta violación del derecho al sufragio. En la casilla especial instalada cerca de la sede central del INE, al sur de la Ciudad de México, hubo hasta una amenaza de cerrar la vialidad si no se habilitaban más papeletas. Lo cierto es que la ley electoral limita el número de boletas por casilla especial, para evitar que sean usadas como un posible mecanismo de fraude. Y para esa jornada los consejos distritales del INE habían aprobado la instalación de mil 51 casillas especiales, con 750 boletas cada una. A las 15:00 horas, en sesión del Consejo General, el consejero Ciro Murayama narró cómo la gente se había desbordado en estas casillas con peticiones imposibles de satisfacer, como la de aceptar votos emitidos en cualquier papel. “Han surgido algunas iniciativas al calor, vamos a decir, del ímpetu por votar de manera copiosa y, al ya no haber boletas disponibles, se está solicitando a los funcionarios de casilla que se pueda empezar a sufragar en hojas de papel en blanco e introducirlas a la urna, y por supuesto que eso no es posible. Cualquier improvisación pondría en riesgo el voto de los 750 ciudadanos que ejercieron su sufragio por llegar más temprano. Habrá que dar la información y al mismo tiempo hay que ser muy enfáticos: aquella casilla especial que agotó sus boletas no va a cambiar las reglas para que se improvisen votaciones; no es posible, se pondría en riesgo el voto de los que ya sufragaron, de los 750, y no tendría ninguna validez el voto de alguien que cruce una hoja de papel o ponga un nombre en cualquier hoja; sólo se puede votar con las boletas que el Instituto Nacional Electoral ha impreso y distribuido”, subrayó Murayama. La jornada electoral fue vigilada por 32 mil observadores electorales acreditados por el INE y 907 observadores extranjeros de 60 distintas nacionalidades. Y todas las casillas tenían representantes de más de una de las coaliciones en contienda. Por México al Frente (PAN-PRD-MC) acreditó representantes en 98.5% de las casillas; Todos por México (PRI-PVEM-Panal), en 99.9%, y Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), en 99.7 por ciento. Fue, según el balance que han hecho los consejeros electorales y especialistas en la materia, la elección mejor organizada de la historia, con altos estándares de calidad técnica y transparencia. Y así fue reconocido, incluso, por aquellos que en 2006 y 2012 habían puesto en duda la imparcialidad y capacidad del entonces IFE para llevar a buen puerto las elecciones presidenciales en las que López Obrador resultó derrotado. Horacio Duarte, representante del PRD ante el INE en 2006, y de Morena en 2018, se convirtió en el ojo vigilante de López Obrador en la sede misma del órgano electoral. El día de la jornada Duarte habló hasta 20 veces por teléfono con su candidato para reportarle desde la instalación de casillas hasta los acuerdos a los que habían llegado los consejeros y los representantes de los partidos para dar a conocer los resultados de los comicios. Duarte recuerda que ese día lo vivió con intensidad; desde la instalación del Consejo General, su traslado a Texcoco para poder sufragar, el seguimiento permanente a la jornada y la recepción de la información que iba configurando un amplio triunfo de la coalición lopezobradorista. “Cuando estaba en campaña, yo siempre les decía a los compañeros que íbamos a ganar con el voto de ellos y de 30 millones de mexicanos más. Eso les decía cuando recorría mi distrito, allá en Texcoco, y así fue. Ganamos con 30 millones de votos”, recuerda el morenista en una entrevista realizada dos años después de aquella jornada. Pasadas las 20:00 horas, cuando ya habían cerrado las casillas en todo el país y los candidatos perdedores comenzaban a hacer declaraciones públicas reconociendo el triunfo de López Obrador, el candidato preguntó varias veces a su representante a qué hora la autoridad electoral reconocería oficialmente su victoria. Una y otra vez, el texcocano le dijo a López Obrador que esto ocurriría hasta las 23:00 horas, cuando un comité técnico entregara a los consejeros y a los representantes de los partidos los resultados del conteo rápido en sobre cerrado. No importaba que las encuestas de salida de las televisoras se hubieran anticipado incluso al cierre de las casillas en los estados de la costa del Pacífico, y que Meade, El Bronco y Anaya hubieran reconocido ya los resultados. Nada sería oficial hasta que el presidente del INE leyera los datos de la hoja guardada en ese sobre cerrado, que aún conserva Duarte como un grato recuerdo de esa jornada histórica. Finalmente el sobre del conteo rápido se abrió, y mientras López Obrador observaba en una pantalla del hotel Hilton Alameda cómo Lorenzo Córdova leía los resultados, Horacio Duarte se aprestaba para regresar al salón del Consejo General, donde se formalizaría el anuncio de un triunfo contundente de la coalición Juntos Haremos Historia. “Este informe que el día de hoy se da a conocer, hace unos minutos, sin duda es la expresión de lo que millones de mexicanos han decidido de manera libre y pacífica en las urnas, y creo que vale la pena

reconocer el trabajo de millones de mexicanos que a lo largo de más de 156 mil casillas realizaron la enorme tarea de recibir a sus vecinos, contar los votos, es más, muchos todavía estarán en esa tarea y creo que el mensaje que los ciudadanos le dan al país, a la clase política, a las instituciones es que no puede haber divorcio de los gobiernos y las instituciones con los ciudadanos”, expuso Duarte. A nombre de la coalición ganadora, el político mexiquense reconoció a los trabajadores del INE por ofrecer su mejor esfuerzo, su dedicación y su tiempo para ofrecerles a los mexicanos una democracia que, prometió, “sin duda seguirá fortaleciéndose”. “En Morena sabemos el gran reto que significó este mandato de las urnas y estaremos a la altura. Obtener 31 puntos de diferencia frente al más cercano competidor, en el caso de la presidencia, no es un cheque en blanco, es el mandato de actuar con mucha responsabilidad, de actuar en un marco que permita la reconciliación del país. Estamos contentos por este resultado, sabemos que el Instituto Nacional Electoral, en la parte que le corresponde, culminará su trabajo con los cómputos distritales. Habrá rendido cuentas claras, buenas cuentas a los ciudadanos, y tocará a las instancias jurisdiccionales hacer la calificación de la elección. Confiamos en que en ese órgano, en el Tribunal Electoral, habrá mucha responsabilidad política y congruencia jurídica […] Estamos seguros de que habrá responsabilidad y, tarde que temprano, nuestro país entrará en una etapa nueva para bien de todos sus ciudadanos”, añadió. En ese momento, casi las 12 de la noche del 1 de julio, aún no estaba clara la dimensión del triunfo de Morena a nivel nacional, ni las consecuencias que éste tendría en los años por venir. MÁS QUE UN JONRÓN

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador rebasó todas las expectativas. Sus 30 millones 113 mil 483 votos en la elección presidencial significaban el 53.1% de los votos emitidos en la jornada electoral, y rebasaban los de cualquier otro candidato a la presidencia de las décadas recientes, incluida la primera alternancia ocurrida en el año 2000, cuando el panista Vicente Fox se alzó con la victoria con 15.9 millones de sufragios que equivalían al 42.4% de la votación emitida. “¡Jonrón!” fue la cabeza del diario Reforma el 2 de julio de 2018. “Arrasa”, titularon El Universal y La Jornada; “Arrasó”, cabeceó Excélsior; “Nueva era”, anunció El Financiero; “Llama a la reconciliación”, se leía en El Sol de México; “Reconciliación”, destacó Milenio; mientras que El Economista fue más explícito: “AMLO derrumba al PRI, PAN y PRD”. Y en efecto, el candidato presidencial más votado de la historia provocó, a su vez, una especie de tsunami electoral que arrasó a los tres partidos que desde 1989 se habían consolidado como las fuerzas políticas tradicionales y más competitivas del sistema político mexicano. El PRI, partido que en ese momento gobernaba y era la fuerza mayoritaria en el Congreso de la Unión, obtuvo 7 millones 677 mil votos en la elección presidencial; 9 millones 13 mil en la elección del Senado de la República y 9 millones 310 mil en la elección de diputados federales. A punto de cumplir 90 años de vida, el tricolor pasaba de primera a tercera fuerza política nacional. El PAN, que desde 2012 era la segunda fuerza política, obtuvo 9 millones 996 mil votos en la elección presidencial; 9 millones 971 mil votos en la elección del Senado de la República y 10 millones 96 mil votos en la elección de diputados federales. A pesar de obtener el peor resultado electoral de los últimos 25 años, Acción Nacional se mantuvo como segunda fuerza. La otrora tercera fuerza, el PRD, se desdibujó casi por completo ante el triunfo de AMLO, su exdirigente nacional y dos veces candidato presidencial (2006 y 2012). El PRD aportó apenas 1 millón 602 mil votos a la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, y cosechó 2 millones 984 mil votos en la elección del Senado y 2 millones 967 mil en la de diputados federales. Morena, el movimiento-partido que López Obrador creó en 2014 y que había hecho su debut en las elecciones federales de 2015, se llevó 25 millones 186 mil votos en la elección presidencial (el PT aportó 3 millones 396 mil votos, y el PES, un millón 530 mil); ganó el Senado con 21 millones 261 mil votos, y la Cámara de Diputados, con 20 millones 972 mil sufragios. La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES) ganó las dos senadurías de mayoría relativa en 24 entidades, Morena ganó en solitario el estado de Hidalgo, y sólo siete estados fueron ganados por otras coaliciones y partidos (el Frente PAN-PRD-MC triunfó en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, la alianza PRI-PVEM-Panal en Yucatán y MC en Nuevo León). En cuanto a la Cámara Baja, la coalición lopezobradorista ganó en 210 de los 300 distritos electorales; Morena se llevó ocho más en solitario, y los demás partidos se repartieron 82 distritos: 63 el Frente PANPRD-MC, 13 la alianza PRI-PVEM-Panal, 5 el PAN solo y uno el PRI solo. La ola lopezobradorista precipitó los triunfos de Cuitláhuac García en la gubernatura de Veracruz; Rutilio Escandón en Chiapas; Adán Augusto López en Tabasco; Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y hasta el del futbolista Cuauhtémoc Blanco en Morelos. La coalición ganó 314 ayuntamientos, entre ellos las capitales de 13 entidades (Centro, Tabasco; La Paz, Baja California Sur; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia, Michoacán; Chilpancingo, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Chetumal, Quintana

Roo; Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora, y Zacatecas, Zacatecas), y obtuvo 385 diputados locales de mayoría relativa en 27 entidades, con lo que se convirtió en primera fuerza en 21 congresos locales. El triunfo de López Obrador provocó que la larga etapa de transición —que legalmente transcurre entre la entrega de constancia de mayoría al presidente electo por parte del Tribunal Electoral y la toma de posesión— se convirtiera en una especie de ejercicio informal del gobierno por parte del ganador. El 2 de julio, López Obrador se encerró en su casa de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y en unas cuantas horas comenzó a tomar decisiones. Antes del mediodía recibió a Marcelo Ebrard y a quien se supone que sería su canciller, el senador electo Héctor Vasconcelos, quien finalmente no llegó al gabinete. Con el futuro canciller Ebrard a su lado, recibió decenas de llamadas de felicitación por parte de jefes de Estado, entre otras la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 3 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto le abrió las puertas del Palacio Nacional. Ahí, el priista al que muchas veces llamó corrupto entre 2012 y 2017, le sirvió de guía en un recorrido privado por los pasillos, patios, salones y habitaciones que meses después ocuparía López Obrador como vivienda y oficina. El miércoles 4 de julio iniciaron los cómputos de las elecciones federales, un “trámite” indispensable para validar el triunfo del tabasqueño. Desde muy temprano, consejeros locales y funcionarios del INE se encerraron en las 300 juntas distritales para realizar el cómputo de las actas y abrir los paquetes que fuera necesario. En 40 distritos esta labor concluyó el mismo miércoles 4 de julio; en 256 distritos, el jueves 5, y en cuatro distritos fue necesario llegar hasta las primeras horas del viernes 6 de julio. En 296 distritos se llevaron a cabo recuentos parciales de los votos; es decir, se abrieron algunos paquetes para verificar que correspondieran los votos con las cifras anotadas en las actas. Un engorroso trámite ordenado por la ley electoral, que establece que este recuento parcial se lleve a cabo ante seis posibles escenarios: 1. Cuando los resultados de las actas no coincidan. 2. Si hay alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. 3. Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el paquete de la casilla, ni tampoco en manos del presidente del consejo. 4. Si existen errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. 5. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación. 6. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido. En 4 distritos (11, con cabecera en Las Margaritas, Chiapas; 09, Hidalgo del Parral, Chihuahua; 13, Tlaquepaque, Jalisco; y 11, Guadalupe, Nuevo León), fue necesario llevar a cabo recuentos totales de los votos. Es decir, se procedió a abrir los paquetes electorales de todas las casillas, pues la ley prevé que esto ocurra cuando después de un recuento parcial la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor a 1% y exista petición expresa del segundo lugar. Según los consejeros electorales del INE, en total se recontó el 75.5% de los 56.6 millones de votos emitidos en las 156 mil 792 casillas instaladas el domingo 1 de julio. Esta labor concluyó a las 7:30 horas del viernes 6, y unas horas más tarde sesionó el Consejo General del INE para dar por concluidos los cómputos distritales de las elecciones presidenciales y dar a conocer oficialmente los resultados. En esa sesión, el consejero Ciro Murayama hizo ver que el recuento de votos, propiciado por una excesivamente estricta legislación, puede llegar a ser desgastante e inútil, pues los votos se cuentan razonablemente bien por los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla desde el mismo día de la jornada electoral. Murayama ejemplificó con tres casillas: la 3505 del distrito 06 de Jalisco, donde se registraron 392 votos, pero se anotó a 394 personas votantes en el acta, lo que obligó a recontar todo; la 3984 del distrito 05 de la Ciudad de México, donde se recontaron 621 votos, porque en uno de los cuadernillos se omitió anotar que uno o dos ciudadanos votaron y la suma de votantes y votos variaba mínimamente; y la 827 del distrito 03 de Ocosingo, Chiapas, donde se recontaron 407 votos. “Déjenme señalar que entre ayer y antier se recontaron el 75.5% de los votos que se contaron el domingo. ¿Varió en algo? Nada. Estoy simplemente llamando la atención de cómo la normatividad, y también hay que decirlo con responsabilidad, directrices de este Consejo General han generado un estrés, un cansancio, un reto a la salud de ciudadanos, de funcionarios, sin ninguna necesidad. Ésta es la expresión de un barroquismo abusivo del trabajo genuino que hicieron los ciudadanos el domingo, que no valió lo suficiente porque hubo que recontar tres de cada cuatro paquetes electorales”, enfatizó el consejero. Al finalizar esa sesión de Consejo General, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, subió a su oficina y pidió que lo comunicaran a la del presidente electo. López Obrador respondió pronto a la llamada del consejero electoral, hijo de su admirado Arnaldo Córdova —a quien el candidato había mencionado en su discurso de cierre de campaña como uno de los principales forjadores de la democracia en México. Córdova le dijo que lo llamaba hasta ese día, pues era necesario esperar a que concluyeran los cómputos distritales y se confirmaran oficialmente los resultados. —Le llamo para confirmarle que es usted el ganador de las elecciones presidenciales, felicidades —dijo el consejero con cordialidad. —Lorenzo, te has ganado un lugar en la historia —respondió López Obrador con entusiasmo, en la que sería la última llamada telefónica entre ambos personajes.

LA ANIMADVERSIÓN DE AMLO

Sólo 12 días después, el INE, su presidente y la mayoría de los consejeros electorales caerían de la gracia del presidente electo, al aprobarse en Consejo General una multa por 197 millones de pesos a Morena por el caso del fideicomiso Por los Demás, un instrumento creado tras los sismos de 2017 para hacer supuestos donativos a damnificados, investigado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que halló y sancionó diversas irregularidades. —No se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela: se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este fidecomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido político. Después se nutre de recursos, en su mayoría, de procedencia prohibida, como son los de origen desconocido y los de empresas; luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la ley, y el fraude siempre implica dolo —explicó en la sesión el consejero Ciro Murayama, quien presidía la Comisión de Fiscalización. En la sesión, las consejeras Pamela San Martín, Dania Ravel y Claudia Zavala, y los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Baños, Enrique Andrade, Jaime Rivera y Benito Nacif defendieron el proyecto de acuerdo, y fueron sumando argumentos para probar acciones que calificaron como “fraudulentas y dolosas” por parte del partido que acababa de arrasar en las elecciones federales. Sólo el consejero José Roberto Ruiz Saldaña se apartó del proyecto y anunció su voto en contra, argumentando deficiencias en la investigación y afirmando que la filtración de dicho proyecto en las semanas previas era una razón suficiente para invalidarlo. —El miércoles 27 de junio cuando sólo personal del área e integrantes de la Comisión de Fiscalización conocían los detalles de este asunto, el mismo fue filtrado a diversos medios de comunicación. La afectación a las garantías judiciales fue tal que los medios pudieron dar cuenta del monto proyectado de la sanción, el tipo de incumplimiento de obligaciones, los hechos consistentes en depósitos en efectivo, que había montos semejantes de 50 mil pesos, así como la existencia de videos entregados por instituciones bancarias a que mostrarían dichos depósitos, incluso que hubo cheques de caja a nombre de dirigentes de Morena. La filtración de los detalles del presente asunto muestra que, más allá de las razones jurídicas que puedan sustentar o no el mismo, ha habido interés en perjudicar a los sujetos denunciados —detalló Ruiz Saldaña, quien además sostuvo que el proyecto estaba redactado con una narrativa de telenovela, con la clara intención de perfilar una conclusión. El proyecto de multa, que efectivamente había sido filtrado al periódico Milenio y publicado en su edición del 27 de junio de 2018, terminaría desatando una agria discusión entre consejeras y consejeros y los representantes de Morena. Y, a la larga, sería el detonante de una guerra entre el lopezobradorismo y el INE. Horacio Duarte, representante del partido en el Consejo General del INE, dijo que resultaba vergonzoso que algunos consejeros hubieran filtrado el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización con el objetivo de que el asunto “explotara” antes de las elecciones y terminara afectando a López Obrador. —Es parte del coletazo del sistema que murió el pasado 1 de julio. Tuvieron, ustedes consejeros electorales, que llegar a un acuerdo interno para sacar un expediente tan rápido. Sé que lo van a negar, lo tienen que negar, no les queda de otra. Los que moderadamente pensaban que tendrían que aguantar tienen que ceder frente a los duros que querían que saliera el expediente antes del 1 de julio. Sabemos quiénes son, afortunadamente se les va a acabar pronto su nombramiento ante este órgano... Querían sacar el golpe antes del 1 de julio y se les cebó; con 30 millones de votos les demostramos que estaban equivocados —acusó Duarte en un ríspido debate al que se sumaron consejeras, consejeros y representantes de otros partidos políticos. En mancuerna con Duarte, el senador Luis Humberto Fernández, representante del Poder Legislativo por el PT, aseguró que el proyecto de resolución adolecía de una “brutal fragilidad” jurídica, empezando porque al tratarse de un fideicomiso privado el INE no tendría facultades legales para investigarlo. Un argumento falaz, pues el INE tiene la facultad y obligación de fiscalizar todos los recursos manejados por los partidos políticos. —Violaciones al debido proceso, filtraciones, dictaminar sobre presunciones, cambiar la litis a medio camino… Pero, al final del día, ¿frente a qué estamos?, y es lo que el mismo documento presenta: estamos frente a un fideicomiso que se hizo para actos de solidaridad frente a una catástrofe, y no hay una sola evidencia en contrario. ¿Se va a sancionar esto? —cuestionó el senador. Inmediatamente después, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, hizo ver que otro defecto del proyecto de resolución era que la Unidad Técnica de Fiscalización no logró determinar el origen de los recursos que, según se presumía en la denuncia presentada por el Revolucionario Institucional —y que dio origen al polémico caso del fideicomiso—, podría estar en el erario de algún gobierno local u alguna de las Cámaras del Congreso. —Nosotros estimamos que faltó ser exhaustivos en el origen de los recursos, basta ver los montos de las aportaciones y el origen vía legisladores. Creemos que ahí hay alguna oportunidad en la investigación,

pero lo cierto es que el pasado 1 de julio la gente decidió y le dio el triunfo a Morena y el bono de legitimidad de este triunfo en gran medida está basado en la honestidad, en la oferta de honestidad y transparencia y rendición de cuentas. La gente que no votó por Morena, pero principalmente la gente que votó por Morena, estarán esperando que ustedes actúen en consecuencia. Estaremos atentos a que los dirigentes de Morena, en el ámbito de su responsabilidad, actúen en consecuencia y le respondan a la gente que votó por ustedes —conminó el priista. En defensa del dictamen, la consejera Dania Ravel explicó el extraño modus operandi empleado por los supuestos donantes para depositar los recursos al fideicomiso creado por Morena a petición de López Obrador. —En el marco de la investigación que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización se pidieron los videos de diversas sucursales bancarias donde se hicieron los depósitos, y lo que se observa es, por ejemplo, en una sucursal de San Ángel, que ingresan nueve personas, tres mujeres, seis hombres, y efectivamente se van formando, van depositando cada uno de ellos 50 mil pesos, hasta llegar a un monto de un millón 400 mil pesos; hacen 28 depósitos el mismo día, salen y vuelven a ingresar hasta que llegan a ese monto. También se vio en la investigación que casi todos los depósitos se concentraron en cuatro sucursales bancarias; por ejemplo, en el caso de la sucursal de Secretaría de Finanzas hubo 45 depósitos, en la de Plaza de la República, 27; en la de Arcos, 20; y San Ángel, 15 —explicó Ravel. La consejera Claudia Zavala recordó que en 2017 el INE hizo público el mecanismo legal y formal mediante el cual los partidos políticos podían renunciar a una fracción de sus prerrogativas para que se reintegrara a la Tesorería de la Federación, y de ahí se canalizaran recursos a obras en favor de los damnificados. Mecanismo que fue rechazado explícitamente por el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El consejero Benito Nacif aseguró que uno de los objetivos del acuerdo que se estaba discutiendo era preservar y fortalecer las facultades que la ley le otorga al INE para controlar y vigilar el dinero que financia la política. —Si este tipo de esquemas paralelos de financiamiento se les permite a los partidos políticos, nuestro sistema de fiscalización pierde toda efectividad —advirtió Nacif. Y el consejero Marco Baños recordó que el INE pudo detectar el ingreso de 78.8 millones y la erogación de 64.4 millones de pesos del fideicomiso, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, mediante operaciones realizadas por seis personas con probados vínculos directos con Morena. —Es un mecanismo por supuesto ilegal, de cómo se triangula dinero en favor de un partido político. Ésa es una parte que está revisando esta autoridad, y evidentemente la Unidad Técnica, la Comisión de Fiscalización y el grupo de consejeros electorales bajo ninguna consideración permitiríamos que una situación de esta naturaleza se archivara y pasara desapercibida sin las consecuencias jurídicas que debe de tener —dijo Baños. Finalmente, la consejera Pamela San Martín encaró directamente las acusaciones de Horacio Duarte. —Señor representante de Morena, usted dijo que hay débiles equilibrios que hoy nos llevarán a votar este proyecto de resolución en este sentido; se lo digo con toda claridad: si usted tiene cualquier elemento que lo pueda llevar a afirmar que he procedido o estoy procediendo de una forma contraria a los principios que juré cumplir, lo invito a que inicie un juicio político —lo retó la consejera. Curiosamente no fue Duarte, sino el consejero José Roberto Ruiz Saldaña quien respondió a Pamela San Martín, insistiendo en que la filtración del proyecto era de tal grado de detalle, que parecía tener la intención de perjudicar al partido investigado. Insistió en que el proyecto de resolución tenía rasgos de telenovela y añadió: “Creo que el fraseo de este proyecto de resolución revela mucho la intención misma de perfilar una conclusión”. Lorenzo Córdova defendió la actuación del instituto, asegurando que la “fiesta cívica” del 1 de julio fue posible gracias a que el INE generó las condiciones para que los mexicanos pudieran emitir su voto en libertad. Aseguró que la decisión popular expresada en las urnas sería no sólo respetada sino defendida hasta sus últimas circunstancias por el Consejo General del INE, pero aclaró que eso no implicaba obviar procedimientos de rendición de cuentas como la fiscalización y, en concreto, la investigación en torno a un fideicomiso creado por un partido político y denunciado por otro. Córdova recordó que, justamente en los meses previos a la jornada electoral, el partido que denunció el fideicomiso (el PRI), había acusado al Consejo General de jugar con los tiempos al retrasar la resolución del caso. —Creo que el hecho de que esta autoridad haya sido acusada por denunciante y denunciado de tener un sesgo político en la actuación y en la conducción de esta investigación es la prueba de que estamos actuando con independencia frente a los poderes políticos y frente a los actores políticos. Lo digo sin medias tintas, esta institución ha actuado siempre, actúa y seguirá actuando sin filias ni fobias respecto de los actores, pero sí con estricto apego a los principios constitucionales que rigen su actuación. Las diferencias en el ámbito de la democracia son siempre bienvenidas, pero para eso están los cauces institucionales. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con independencia y con autonomía. Creo que, en cuanto este asunto finalmente sea resuelto, quede firme, cualquier persona podrá tener acceso al expediente y verificar que ni en la sustancia, ni en los procedimientos, este instituto ha actuado con intencionalidad o sesgo político en favor o en contra de ningún partido político —dijo Córdova.

Cuando parecía zanjada la discusión, el consejero Marco Baños tomó la palabra para arremeter contra su colega Ruiz Saldaña, a quien le recordó su pasado como colaborador del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y del exsecretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el estado, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, un expanista recién llegado a Morena, que justo en la elección de 2018 aparecía como diputado suplente en fórmula con el morenista mexiquense Horacio Duarte. —Otro argumento que no puedo compartir, bajo ninguna consideración, tiene que ver con las imputaciones que se hacen a los demás consejeros electorales, respecto a que si se está votando por declarar fundado este procedimiento existe alguna intencionalidad de ninguna especie. Sería tanto como suponer, por ejemplo, que el propio consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña obedece a otro tipo de cuestiones, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, alguien que fue su jefe en el gobierno de Padrés ahora trabaja como representante de un partido político en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y será diputado suplente por el mismo partido político que ahora está siendo sancionado… —insinuó Baños. —Tranquilícese, consejero electoral Marco Antonio Baños, tranquilo, ya, ya pasó, ya se le va a acabar su periodo pronto. Ya sé que le dolió, funciona la técnica de que se señala y se exhibe, ya se exhibió: usted forma parte de esos consejeros electorales que antes del 1 de julio intentaron una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera este dictamen, así con esas palabras se lo digo, usted forma parte de eso —respondió Horacio Duarte. —Creo que el consejero electoral Marco Antonio Baños debiera invertir el tiempo que destina a ver quién va de suplente de quién para mejor acudir a comisiones que integra: en la del Registro Federal de Electores tiene cinco faltas de 11 sesiones, es decir, sólo el 45% de faltas o más bien, casi el 50% de faltas de todas las sesiones que ha habido desde que se ha integrado nuevamente a esa comisión. Creo que hay mucho trabajo como para estar viendo en los cientos y cientos de candidatos quién va de suplente de quién —reviró Ruiz Saldaña. —Algo muy sencillo, que además es notorio y público: si alguien es flojo es usted, no yo, aquí todo mundo lo sabe. Pero no importa eso, nada más dígame una cosa: ¿usted fue director de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el estado de Sonora?, y el secretario ejecutivo de esa comisión era Sergio Carlos Gutiérrez, hoy diputado suplente por Morena en la fórmula de Horacio Duarte… Esos discursos que usted ha pronunciado el día de hoy, señor Duarte, me recuerdan a Tomás de Torquemada. Aquí nadie puede hablar si está en desacuerdo con usted y tampoco se puede establecer una responsabilidad específica en un procedimiento que claramente ha violado la ley, de algo que claramente ha violado la ley —respondió Baños. —No se confunda: ni se le está amenazando, ni queremos que usted se calle; usted podrá ser libre, podrá verter sus opiniones, sólo que sus opiniones tienen un contexto diferente, hoy no va a tener a sus amigos del poder en la presidencia de la República, ésa es la única diferencia. Si eso no le gusta, bueno, pues hubiera hecho más campaña por el candidato del partido político que le hubiera gustado que hubiera ganado y no el de nosotros. No se preocupe, no hay amenaza, no hay confrontación, usted seguirá siendo consejero electoral, usted podrá seguir escribiendo sus artículos, usted podrá seguir reuniéndose con quien quiera, porque afortunadamente nuestro país seguirá siendo un país de libertades; a pesar de todo, vamos a mantener esta libertad que tanto deseamos todos los mexicanos —contraatacó Duarte, y con eso concluyó el debate. Finalmente, la resolución de multar a Morena con 197 millones de pesos por el fideicomiso fue puesto a votación. Se aprobó con 10 votos a favor y uno en contra del consejero Ruiz Saldaña. Al día siguiente, el presidente electo escribió en su cuenta de Twitter: “La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”. El consejero Ciro Murayama echó sal a la herida en los días posteriores. Al defender la actuación del INE, comparó el fideicomiso Por los Demás con los emblemáticos casos de financiamiento ilegal de las campañas presidenciales de 2000: Amigos de Fox y Pemexgate. Esto fue interpretado por dirigentes y voceros de Morena como una resistencia del INE a aceptar el triunfo de López Obrador. En un artículo publicado en La Jornada el 30 de julio de 2018, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del Instituto de Formación Política de Morena y esposo de Irma Eréndira Sandoval, quien había sido nombrada como futura secretaria de la Función Pública del nuevo gobierno, reviró así a los consejeros del INE: El disparate de la multa de 197 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena constituye el primer disparo en lo que probablemente será una larga batalla de las instituciones controladas por PRI, PAN y PRD en contra de los esfuerzos renovadores del nuevo gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador. Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Marco Baños, Margarita Favela, Pamela San Martín y los otros consejeros que votaron en favor de la multa demuestran enorme cinismo y mala fe. Miente en particular Murayama al establecer un paralelismo espurio entre el caso de Amigos de Fox, donde se acreditó el desvío

de 640 millones de pesos del erario hacia la campaña presidencial del PRI en 2000, y el caso del fideicomiso Por los Demás.

Una semana después, el 8 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a López Obrador la constancia de mayoría y lo declaró presidente electo, con un cómputo definitivo de 30 millones 110 mil 327 votos (3 mil votos menos de los que se contabilizaron en los cómputos distritales del INE). A la sesión solemne celebrada en la sede de la Sala Superior del Tribunal acudieron los consejeros electorales del INE, la mayoría de los cuales se acomodaron en las filas traseras de un minúsculo auditorio, lleno con los invitados del presidente electo. Lorenzo Córdova ocupó un lugar en la primera fila de uno de los dos bloques de butacas, junto con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; el entonces presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, y el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Édgar Romo García. En el otro bloque, López Obrador ocupaba los primeros asientos junto con sus hijos mayores; la ministra Olga Sánchez Cordero; el empresario Alfonso Romo, la expanista Tatiana Clouthier y el expriista Esteban Moctezuma Barragán. Desde ese lugar, el presidente electo escuchó el discurso de más de 15 minutos de la magistrada presidenta el Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, quien reconoció la labor del INE al organizar una elección en condiciones tan complejas y aseguró que la democracia no se agota con la celebración de una elección. —No hay democracia sin Estado de derecho —soltó la magistrada, ante un impaciente López Obrador, quien movía sus piernas mientras Otálora defendía la labor del tribunal en las tres anteriores ocasiones en las que calificó una elección presidencial, incluida la de 2006, cuando el tabasqueño mandó al diablo las instituciones electorales que ahora le reconocían su triunfo legal y legítimo. Desde Elena Poniatowska hasta Manuel Bartlett, los principales amigos y colaboradores del presidente electo, que meses después integrarían su gabinete, se deleitaban tomando fotografías del momento en el que los siete magistrados plasmaron su firma en la constancia de mayoría, que Otálora finalmente puso en manos del líder. —El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes —dijo López Obrador al recibir el anhelado pergamino. Ofreció al Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos respeto a su independencia y a sus resoluciones, y aseguró que como presidente no tendría ni halcones ni palomas mensajeras para inmiscuirse en esas instituciones. —Cada quien actuará en el ámbito de su competencia; la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad… En la elección del 1 de julio quedó demostrado que, así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas. Por eso estamos viviendo un momento histórico. No desaprovechemos o desperdiciemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México —prometió ante sus cercanos y ante quienes meses después vería con el recelo que se reserva a adversarios y enemigos. López Obrador bajó del estrado, caminó hacia las butacas y se encontró de frente con los presidentes de la Cámara, el Senado, el INE y la Corte. Saludó a los primeros tres con un distraído apretón de manos, por mero compromiso, y se detuvo con el ministro a conversar durante unos segundos. Después caminó hacia los suyos, que lo recibieron con besos, abrazos y palmadas en la espalda. Salió de la sala, se dirigió al patio y pidió a su eterno acompañante, César Yáñez, que le prestara la constancia para mostrarla a la prensa y a decenas de curiosos y simpatizantes que lo vitoreaban desde la calle, detrás de los barrotes de acero que resguardan el tribunal. Levantó el documento sobre su cabeza en señal de victoria. La faena estaba hecha. En su tercera campaña, López Obrador era al fin reconocido como ganador de los comicios por las instituciones electorales a las que tantas veces acusó de cerrarle el paso. Para ese momento, la efímera luna de miel entre AMLO y el INE ya se había terminado.

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El 1 de julio de 2018 Lorenzo Córdova Vianello

LA JORNADA ELECTORAL

El día de la jornada electoral es el momento en el que confluyen todos los esfuerzos de organización y logística que la autoridad electoral despliega a lo largo de nueve meses. Se dice fácil, pero lograr movilizar a casi un millón y medio de personas simultáneamente para que, a partir de los mismos procedimientos y prácticas con las que fueron capacitados a lo largo de semanas y luego de varios simulacros, instalen más de 155 mil mesas de votación en escuelas, lugares públicos, oficinas públicas o en los garajes o patios de casas particulares a lo largo y ancho de un país tan diverso y complejo como el nuestro, es algo posible sólo gracias a un enorme esfuerzo institucional. Detrás del éxito de una elección subyacen la experiencia institucional y el paulatino perfeccionamiento de prácticas desplegadas a lo largo de casi tres décadas, de una planeación acuciosa y rigurosa, un despliegue territorial ordenado y con líneas de mando bien definidas y, además, una gran capacidad de adaptación de la estructura ejecutiva, que tiene en el Servicio Profesional Electoral y en la rama administrativa su columna vertebral, y de las instancias de decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) (los consejos locales y distritales), que es indispensable para poder sortear las dificultades, en ocasiones muy diferentes entre sí, que se presentan en cada una de las más de 68 mil secciones electorales en las que se divide el país (como son la inseguridad, la migración, la dispersión geográfica, la marginación y pobreza o el analfabetismo, entre otros factores). Además de la capacidad logística que el INE tiene que desplegar, existe una serie de factores “exógenos” cuya atención y solución no depende del instituto sino de otras instancias públicas federales y locales, como las condiciones de seguridad y de paz pública que deben prevalecer para que la jornada comicial pueda transcurrir de manera adecuada y las ciudadanas y ciudadanos puedan votar en libertad y con tranquilidad. Para ello, la coordinación con las instancias responsables de la seguridad y de protección civil tiene que estar perfectamente aceitada. Para ello es normal que desde meses antes (prácticamente desde que inicia el proceso electoral) el INE despliegue a todos los niveles mecanismos de comunicación e interlocución con las dependencias federales y de cada una de las entidades federativas encargadas de la seguridad pública, para dar un seguimiento puntual y permanente de las condiciones en las que se desarrollan los comicios. El día de la elección todas las fuerzas de seguridad del país deben por ley estar a la entera disposición de las diferentes instancias de decisión del INE, empezando por las mismas mesas directivas de casilla, en las que el presidente de la misma tiene facultades legales para solicitar, en su caso, la intervención de la fuerza pública para garantizar el orden en un centro de votación si fuera necesario. Obviamente, ello requiere un esfuerzo de coordinación que lleva muchas semanas y meses afinar. Lo mismo ocurre con las autoridades de protección civil para poder atender cualquier imprevisto (inundaciones, lluvias o cualquier otro fenómeno meteorológico) y que pudiera poner en riesgo la realización de la elección. En la jornada electoral todos los consejos del INE (el General, los locales y los distritales) se instalan en sesión permanente para dar seguimiento puntual a lo que ocurre en las decenas de miles de mesas directivas de casilla que desde las ocho de la mañana comienzan a operar en todo el país. Ese día todos los sistemas de información que el instituto ha desarrollado por meses entran en operación para reportar puntualmente lo que está pasando en todo el territorio nacional: la hora de instalación de cada casilla, quiénes integran la mesa respectiva, cuántos representantes partidistas se encuentran presentes en cada centro de votación, si ocurre algún incidente, de qué tipo, cómo y cuándo se atendió y resolvió, si por alguna razón se interrumpe la votación en alguna casilla, por cuánto tiempo, por qué razón, cuándo se reinicia la misma, cuándo cierra cada punto de votación, cuándo termina el escrutinio y cómputo, cuándo se remiten las fotografías de las actas respectivas, cuándo se termina el armado de los paquetes electorales, cuándo se trasladan, si durante ese proceso hay algún incidente, cuándo se reciben dichos paquetes en los centros de recolección y acopio, cuándo en los consejos distritales respectivos, entre mucha otra información que se genera y reporta a las distintas instancias de supervisión del instituto y,

en primer lugar, al Consejo General y a las oficinas centrales del INE que funcionan como centro neurálgico y de control de la totalidad de operaciones realizadas durante el día. Así, más allá del flujo permanente de información a que tienen acceso todas las oficinas centrales del instituto a través del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), en el Consejo General se van presentando por el secretario ejecutivo del instituto cortes informativos periódicos en los que se agregan los datos de seguimiento de la elección conforme la jornada se va desarrollando. Vale la pena mencionar que, de manera paralela a la sesión del Consejo General que se va desarrollando por etapas a partir de una serie de recesos que se van decretando a lo largo del día, a la presidencia del organismo le corresponde informar de los avances de la jornada electoral a través de una serie de mensajes transmitidos mediante cadenas nacionales que suponen la simultaneidad de todas las transmisiones de radio y televisión del país que se gestionan a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En las páginas que siguen me propongo hacer una reconstrucción de la histórica jornada del 1 de julio de 2018 a partir de las intervenciones públicas que tuve, en mi calidad de presidente del Consejo General del INE, a lo largo del día en los diversos espacios institucionales, así como de las intervenciones con las que el secretario del Consejo informó de los avances de la elección. Se trata, por supuesto, de un punto de vista particular que, sin pretender ser omnicomprensivo, a mi juicio permite, por un lado, ir acompañando la evolución gradual de la jornada electoral conforme la información fluía hacia las oficinas centrales del INE desde todos los rincones del país y, por otro lado, hacer un seguimiento de los mensajes y los llamados que se hicieron a los actores políticos y a la ciudadanía con el paso de las horas. EL IZAMIENTO DE LA BANDERA

La jornada electoral inició a las 7:00 horas con el acto protocolario de izamiento de la bandera nacional en la explanada del INE, en las oficinas centrales ubicadas en Viaducto Tlalpan 100, al sur de la Ciudad de México. Al término de la ceremonia cívica con la que arrancaron las actividades institucionales del día, y a la que asistieron como invitados los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pronuncié el primer mensaje del día: Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; magistrada y magistrados de dicho tribunal; señor Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales: Compañeras consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral; señor secretario ejecutivo; distinguidas y distinguidos integrantes de la Junta General Ejecutiva, integrantes del Consejo, señores representantes, señores consejeros, señoras y señores consejeros del Poder Legislativo; visitantes extranjeros; amigas y amigos todos. Ha comenzado la movilización más grande de nuestra historia para la instalación de casillas a lo largo y ancho del territorio nacional, y en una hora los votos emitidos en las urnas comenzarán a configurar los destinos de nuestro país para el futuro inmediato. Durante la jornada electoral cada casilla representará un espacio para que las y los votantes ejerzan sus derechos políticos en libertad y en condiciones de igualdad, y al término de la votación, cada casilla concentrará la voluntad de los ciudadanos y la forma en que decidieron redistribuir los poderes públicos para los próximos años. Para salvaguardar la voluntad ciudadana el Instituto Nacional Electoral ha previsto escenarios logísticos, innovado herramientas tecnológicas y sistemas informáticos que nos posibiliten dar seguimiento puntual minuto a minuto de lo que suceda durante la jornada y al término de ésta en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales. Gracias a cada ciudadana y ciudadano que nos abrió las puertas, que nos escuchó y aceptó su nombramiento, gracias al incansable compromiso de cada supervisor y capacitador electoral. Gracias al profesionalismo y a la experiencia de cada vocal, de cada analista, de cada secretaria y asistente, de cada jefe de oficina y de departamento, de cada subdirector y director, de cada integrante de las asesorías, y de cada una de las personas que integran la Junta General Ejecutiva, de cada consejera y consejero electoral, hoy están entregados los materiales y herramientas para que los electores evalúen el ejercicio de los poderes y emitan su veredicto en las urnas. Gracias a la forma en que cada uno de ustedes se compromete con sus tareas, a la forma y emoción con las que se transmiten su convicción democrática es que esta autoridad electoral logra sobreponerse a diagnósticos pesimistas, y en cada proceso electoral se logra una conexión entre el INE y la ciudadanía que se materializa en la instalación de cientos de miles de casillas y que permite la recreación de la democracia. En 2018 la sociedad mexicana ha volteado los ojos hacia sus autoridades electorales. El esfuerzo del Tribunal Electoral, del personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en

sus respectivos ámbitos de competencia, ha contribuido a que el día de hoy enfrentemos esperanzados y con todas las condiciones la jornada electoral más grande de nuestra historia. La sociedad se ha dado cuenta de que el desafío democrático es un desafío colectivo, un desafío que nos une, un desafío que se inocula con información y participación. Hace algunos meses una de las principales preocupaciones de esta autoridad electoral era si la sociedad, una sociedad desencantada con la democracia, crítica de la política, participaría y se apropiaría del proceso electoral hoy esto es un temor absolutamente erradicado los meses pasados hemos visto cómo centenares de miles, millones de ciudadanas y ciudadanos se han venido apropiando de la elección. Hoy arrancamos esta jornada electoral esperanzados en su éxito precisamente por esa participación ciudadana. Esta ceremonia es un homenaje también a ello, ésta es una ceremonia para recordar que los símbolos patrios encarnan históricamente también el espíritu democrático que se extiende hoy por todo el país. Nuestro propósito es que esta ceremonia de la mano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales revitalicen nuestros esfuerzos y que nos inspiren para estar, permítanme un coloquialismo, al cien en las próximas horas y días hasta concluir los cómputos distritales. Luego vendrán la fiscalización y la calificación de las elecciones, pero el día de hoy es crucial, todo lo que venga después depende del día de hoy. Todo lo que hemos venido haciendo es precisamente para el día que hoy ha llegado. Por eso desde aquí hacemos un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos a que sean arquitectos del destino de nuestra sociedad. A los contendientes les pedimos que respeten las reglas del juego democrático y que estén a la altura de la ciudadanía que se ha comprometido con esta elección. A los actores políticos, económicos y sociales les pido en nombre de las consejeras y consejeros del INE y, si se me permite el abuso, también de las y los magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que se abstengan de intentar coaccionar el sentido del sufragio o impedir su ejercicio libre. De la misma manera hago un llamado a las instituciones de seguridad federales y locales para que garanticen condiciones de paz pública para que la democracia recorra las calles, los ejidos, los caseríos, las rancherías. Se esparza pues por todo el país con tranquilidad. México ha apostado por la vida democrática y para eso estamos aquí las instituciones electorales juntas para demostrar que asumimos esa apuesta con responsabilidad y que garantizaremos el derecho a votar libremente y que, además, por supuesto, respetaremos la voluntad emitida en las urnas. Juntas, las tres autoridades electorales nos constituimos en garantes de las condiciones para el voto libre. Compañeras y compañeros del Instituto Nacional Electoral, vayamos a nuestras labores, que la causa de la democracia recorrerá con convicción de norte a sur y de un extremo a otro los rincones de nuestro país. Buen día.1

LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL

A las 8:00, justo cuando la votación inició en las más 156 mil casillas, en el Consejo General del INE se instaló la sesión extraordinaria de seguimiento de la jornada electoral que, con una serie de recesos que sucesivamente se irían decretando, se extendería a lo largo del día. Al arranque de esa sesión, en la que intervinieron los consejeros electorales y las representaciones de los partidos políticos hicieron sus posicionamientos iniciales, leí el siguiente mensaje: La jornada electoral es un día decisivo en cualquier democracia, es un día en el que las y los ciudadanos juegan un doble rol; por una parte, se convierten en autoridad electoral en las casillas para recibir y contar los votos de sus vecinos, y por otra, como votantes, se convierten en coautores de un futuro colectivo y de la forma en que se ejercerá el poder político. A lo largo de casi 30 años, el poder del voto ha sido tal, que ha eliminado el derramamiento de sangre en la lucha política, ha desmontado el andamiaje del sistema de partido hegemónico, y ha edificado, paso a paso, un sistema de partidos plural, y cada vez más competitivo, que le ha dado gobernabilidad y paz social a nuestra nación. A esa historia de lucha y logros del poder del sufragio, se ha sumado el sistema nacional de elecciones que desde el año 2014, mediante la homologación de las formas de aplicar las leyes electorales, ha potenciado la paridad de las candidaturas, la credencialización desde el extranjero, y ha homologado los criterios para la fiscalización de los ingresos y gastos de la competencia. Hacer que el voto cuente, que se cuente bien y que cada persona inscrita en la lista nominal tenga las mismas posibilidades de informarse y decidir sobre los destinos del país, ha sido una lucha de varias generaciones. El voto constituye la conquista civilizatoria más importante de las sociedades modernas, y, sin duda alguna, la herramienta más poderosa que tenemos las y los ciudadanos en una democracia para ejercer un control sobre el poder.

El voto es un derecho que nos iguala a todos por encima de cualquier diferencia; nunca en una sociedad plural, diversa y desigual, como la nuestra, los ciudadanos somos realmente tan iguales como en la jornada electoral, cuando votamos hombres, mujeres, ricos, pobres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, todos somos iguales. En las urnas el sufragio diluye las diferencias, y la voluntad de cada elector vale lo mismo y cuenta igual para distribuir el poder político. Por eso, el día de hoy, en cada casilla y frente a las urnas, todas y todos tenemos la misma incidencia frente a la política, de ahí que la jornada electoral es el momento más incluyente de la vida social, y el instante más igualador de las democracias. Ésa es la relevancia de que, para la elección más grande de nuestra historia, contemos con un padrón electoral con una cobertura del 98.3%, y una lista nominal de 89.1 millones de electores, lo cual no sólo representa el listado nominal más grande y actualizado de los que hemos utilizado en un proceso electoral, sino que, además, representa uno de los registros de electores más confiables del mundo. Luego de 90 días de campañas, en las que todos los contendientes contaron con las prerrogativas que la legislación dispone para darle equidad a la competencia, y que quienes aspiran a integrar los órganos de representación del Estado mexicano, hayan contado con los mecanismos para dar a conocer masivamente sus propuestas, incluyendo los espacios en la radio y la televisión que en este proceso electoral, por cierto, la industria de ese ámbito ha respetado la pauta emitida por el Instituto Nacional Electoral para el uso de los tiempos del Estado y ha ejercido ampliamente en noticieros y programas de análisis la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución Política. Con ello, los medios de comunicación han cumplido su rol de informar con pluralidad para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información. Adicionalmente, este instituto organizó tres debates inéditos en cuanto a formatos, a la apertura de espacios de retroalimentación para que la sociedad enriqueciera las preguntas y cuestionamientos que hicieron las y los moderadores, y que en suma favorecieron que la sociedad conociera de mejor manera la personalidad, experiencia y reacciones de quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo federal de la República. Así fue como durante tres meses, el pluralismo se recreó en cada entidad y distrito, así como en todos los medios de comunicación tradicionales e incluso en los digitales y las redes sociales. En este marco de rasgos distintivos del proceso electoral y de cara a la jornada electoral que estamos empezando, es importante subrayar que no sólo estandarizamos las normas para asegurar condiciones de equidad en la competencia, sino que tomamos decisiones para garantizar que la elección más grande que ya hemos vivido sea también la más incluyente y paritaria. Para ello, establecimos acciones afirmativas, orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres y criterios para asegurar la representación política para las personas indígenas en el Poder Legislativo, así como criterios para permitir facilitar el ejercicio de los derechos políticos de personas con discapacidad. Por eso, entre otras cosas, éstas son las elecciones más incluyentes de nuestra historia. En pocas palabras, aplicando la ley con decisiones normativas, convocando a la mayor movilización ciudadana de la historia, asegurando el ejercicio de las prerrogativas que permitan el desarrollo del pluralismo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral ha puesto la mesa para que el día de hoy, la causa de la democracia recorra todos los rincones de nuestro país. Sólo resta que los actores políticos, candidatas, candidatos y organizaciones de la sociedad estén a la altura de este desafío democrático, como suelo decir; las y los ciudadanos nos han puesto a todas y a todos los que estamos sentados en esta mesa, una vara muy alta que hoy tenemos que honrar. El respeto a las reglas del juego es la base para contribuir a la construcción de un futuro incluyente. La historia electoral de los últimos 30 años demuestra que en México como en cualquier democracia, nadie, ningún partido político, ninguna coalición y ningún candidato gana todo el poder de una vez y para siempre. Es por eso que, en democracia, mayorías y minorías se van a necesitar mutuamente, porque en un sistema democrático si no hay inclusión y pluralismo, si no hay consenso tampoco hay democracia. De ahí la importancia de recordar que el poder público obtenido de manera democrática tiene un ciclo que comienza en las urnas y concluye en la siguiente cita electoral. En 30 años el pluralismo ha cruzado todos los ámbitos electorales de nuestro país, eso es lo que explica que la estrategia de coaliciones, por cierto, desde mi punto de vista, haya predominado a nivel nacional y que la alternancia, los gobiernos divididos, la ausencia de mayorías preconcebidas, aspectos naturales y normales de una democracia, se repitan una y otra vez a nivel federal y local. Por eso es importante ser leal a los principios de la competencia democrática y respetar la voluntad emitida en las urnas, asumir el juego democrático, con responsabilidad nos involucra a todos. En México no hay espacio para el fraude, los votos se emiten en libertad y los contarán 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente y debidamente capacitados. Ellos son la principal garantía del respeto del voto. En las casillas cada voto será contado en presencia de 2.7 millones de representantes acreditados por los partidos políticos y candidatos, una cifra inédita, y el buen desarrollo de la jornada electoral, además, será vigilado por miles de observadores nacionales y visitantes extranjeros.

En tal sentido, a los contendientes y actores políticos los conmino a que respeten las reglas del juego y se abstengan de coaccionar o tratar de impedir el sufragio; a las instancias de seguridad hago un llamado para que garanticen las condiciones de paz pública, y a los ciudadanos los llamo a participar en la jornada electoral más grande de nuestra historia, que no haya un solo votante que no pueda contribuir con su voto a decidir el futuro de nuestro país. Votemos y votemos libres.2

A las 11:10 horas concluyeron las intervenciones en esa primera etapa de la sesión del Consejo y decreté un receso para reiniciar los trabajos a las dos de la tarde. EL PRIMER MENSAJE EN CADENA NACIONAL

A las 12:21 horas, aprovechando el receso en los trabajos del Consejo General, se transmitió desde el estudio de televisión ubicado en las instalaciones centrales del INE la primera cadena nacional en la que hice un recuento del inicio de la jornada electoral. El mensaje que leí fue el siguiente: Muy buenas tardes: Hoy es un día histórico para México. A partir de las 8:00 de la mañana inició la jornada electoral, la más grande de nuestra historia, de manera exitosa y en calma. Millones de ciudadanas y ciudadanos han salido de sus casas para decidir con su voto el futuro de nuestra nación. Muchos de ellos lo han hecho en compañía de sus familias, con lo que, desde ahora, ya podemos anticipar que la de hoy es una auténtica fiesta de la democracia. Como sucede en cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus sistemas de información, está recibiendo minuto a minuto, datos que nos permiten saber qué es lo que ocurre en cada una de las casillas instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional. Con base en ello, podemos informar que la jornada electoral está transcurriendo con tranquilidad, sin incidentes mayores y que se han instalado prácticamente la totalidad de las casillas previstas. Con los reportes que hasta el momento está entregando el Sistema de Información de la Jornada Electoral, sabemos que únicamente se dejarán de instalar cuatro casillas de los 156 mil 807 centros de votación que estaban previstos; es decir, el 0.003% del total. Lo anterior nos permite señalar que el inicio de esta jornada ha sido claramente exitoso, y que las condiciones materiales para la emisión de los sufragios están dadas. Existen todas las garantías planteadas en la ley para que podamos votar de manera libre y secreta. Debemos tener certeza de que cada voto se contará, y se contará bien, para integrar los cargos públicos en disputa. La mejor garantía de que el voto será respetado es el hecho de que los responsables de recibir y contar nuestros sufragios son nuestros vecinos, mismos que fueron sorteados, capacitados y dotados de todos los insumos para desempeñarse como funcionarios de las mesas directivas de casilla. Ellas y ellos, ese millón 400 mil ciudadanos y ciudadanas, son los mejores guardianes de la democracia y del respeto al voto libre. Además, el día de hoy, más de 2.6 millones de representantes de todos los partidos políticos acreditados ante las casillas vigilan que la votación se ajuste a la ley; también tenemos representantes de los candidatos independientes. Prácticamente la totalidad de las casillas cuentan con representantes de partidos políticos y de las candidaturas independientes. Finalmente, la votación está siendo observada por más de 32 mil observadores electorales nacionales que han sido acreditados, y por 907 visitantes extranjeros. Ésta es la elección más observada, más vigilada de los tiempos recientes. Recuerdo a todas y a todos que las mejores garantías de la libertad del sufragio somos nosotros mismos, los ciudadanos. Nadie puede obligarnos a votar de una determinada manera. Nadie puede ofrecernos dinero o bienes, a cambio de nuestro voto. Eso es un delito. Además, debemos recordar que las casillas cuentan con todas las garantías físicas y materiales para que podamos votar individualmente y en secreto, al resguardo de cualquier persona. Ello, dentro de las mamparas que hemos dispuesto para ejercer libremente nuestro sufragio. No permitamos que nadie coaccione o pretenda comprar nuestro voto. La mesa está puesta para que ésta sea la elección más libre de nuestra historia, nos corresponde a todas y todos los mexicanos estar a la altura de ese reto democrático. Quedan aún seis horas antes de que cierren las casillas en los estados con el horario del centro del país, y ocho horas en los estados más occidentales. Hago desde aquí un llamado a las y los ciudadanos que aún no han votado, para que acudan a las urnas. Las grandes decisiones nacionales nos involucran a todos. Los invito a que libremente decidamos, acudiendo a votar, el futuro de nuestro país.

Muchas gracias.3

EL REINICIO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL: LOS INFORMES DE AVANCE DE LA ELECCIÓN

Unos minutos después de las dos de la tarde (a las 14:03 horas) reiniciamos la sesión del Consejo General. En la misma, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto, presentó un informe sobre la instalación de casillas, la recepción del voto y el desarrollo de la jornada electoral, en el que actualizó la información que se había ido consolidando en las horas previas en el SIJE y que los casi 45 mil asistentes y supervisores electorales enviaban a través de los dispositivos móviles que se les habían proveído para tal efecto. Vale la pena reproducir aquí la intervención del secretario ejecutivo con la que presentó el informe mencionado: El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral funciona gracias a la comunicación y coordinación del trabajo que realizan en campo 38 mil 767 capacitadores asistentes electorales, plenamente calificados, entrenados y distribuidos en todo el país para cubrir las rutas previamente definidas en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional y que, a su vez, son coordinados por 6 mil 277 supervisores electorales. El objetivo del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral es capturar y sistematizar desde el lugar donde se ubican las casillas la información central sobre el desarrollo de la jornada electoral desde la instalación de las casillas, la presencia de los funcionarios en las mismas, de representantes de los partidos políticos, y de observadores electorales acreditados hasta el reporte de los incidentes donde los haya a fin de transmitir la información de manera oportuna. Así, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral constituye una herramienta informativa fundamental para el Instituto Nacional Electoral y los 30 Organismos Públicos Electorales Locales para conocer en tiempo real cómo se desarrolla la Jornada Electoral, y además, ustedes saben, está a disposición de los representantes de los partidos políticos en todas las instancias de esta institución. El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral funciona a través de dos vías, la primera, como lo hemos hecho en elecciones anteriores, consiste en que los capacitadores asistentes electorales reportan a las juntas distritales para que de ahí se capture la información en el sistema. La segunda vía es por medio de la aplicación SIJE2018, que fue instalada en los teléfonos móviles con los que cuentan los capacitadores y que les permite reportar in situ de manera inmediata y directa al sistema. Lo anterior posibilitará conjuntar con un flujo más eficiente de información para conocer lo que sucede en las casillas durante todo el día de hoy. Para esta elección, y de acuerdo con la normatividad electoral, nuestros consejos distritales aprobaron la instalación de 156 mil 807 casillas, de las cuales mil 51 son especiales y 31 de ellas fueron instaladas en hospitales en el programa piloto que para esos efectos se aprobó. De éstas, por tipo de casilla se aprobaron 67 mil 648 básicas que representan el 43.14% del total, 79 mil 301 son contiguas que equivalen al 50.57%, 8 mil 807 son extraordinarias que representan el 5.61% y mil 51, como ya lo indicaba, son especiales cuya proporción equivale al 0.67%. En el corte informativo de las 14:00 horas del día de hoy se tienen reportadas a nivel nacional 147 mil casillas que representan el 93.75% de las que fueron aprobadas, por los 300 consejos distritales; de ellas, 146 mil 989 se reportan como instaladas y 10 como no instaladas, seis de ellas en el estado de Michoacán, en los distritos 02 de Puruándiro y 07 de Zacapu, una del distrito 13 de Atlixco en el estado de Puebla y tres en el estado de Chiapas, dos en el distrito 02 de Bochil y una en el distrito 07 de Tonalá. Como lo mencioné en mi primera intervención de esta mañana, en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) también aparece como no instalada una casilla en el distrito 06 de Tlaxiaco, Oaxaca. Sin embargo, se trata de una casilla que fue desaprobada por el Consejo Distrital antes de iniciar esta jornada electoral. Vale la pena recordar que el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral reportará únicamente la información debidamente capturada, por lo que a esta hora seguramente muchas más casillas ya han sido instaladas, aunque no las vemos todavía reportadas en el sistema, dado que se encuentran ubicadas en entidades con diferentes husos horarios, o bien, en zonas rurales con menor infraestructura de comunicación. La propia marcha y la velocidad del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral confirma en unos minutos estos datos con toda precisión. Por su parte, la información que hemos recibido por lo que hace a las elecciones federales sobre la presencia de los representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en las casillas reportadas indica lo siguiente: el Partido Acción Nacional cuenta con representantes en el 75.88% de las casillas; el Partido Revolucionario Institucional, en el 89.01%; el Partido de la Revolución Democrática, en el 46.44; el Partido Verde Ecologista de México, en el 47.80%; el Partido del Trabajo, en el 33.86%; Movimiento Ciudadano, en el 35.49%; Nueva Alianza, en el 51.17%; Morena, en el 82.06%; Encuentro Social,

en el 16.28% de las casillas; el candidato independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en el 4.37%. El resto de candidaturas independientes federales tanto a senadurías como a diputados federales, cuentan con representantes en el 2.88% del total de las casillas. La presencia de representaciones partidistas y de candidaturas independientes en cada una de las casillas, constituye una de las garantías más importantes de certeza y vigilancia de la elección. Por lo que se refiere al desarrollo de la jornada electoral, hemos recibido información de mil 636 incidentes, de los cuales ya se han resuelto 835. Es preciso aclarar que del total de incidentes reportados, el 24.9% corresponde a que algún elector votó sin credencial para votar o sin aparecer en la lista nominal; en 15.5% de los casos se debe al cambio de lugar de la casilla por causa justificada, y el 15.7% de los incidentes se debe a la suspensión temporal de la votación. Finalmente, quiero expresar una certidumbre esencial, a esta hora las casillas están en condiciones de recibir la votación prevista. Agradezco la participación de cientos de miles de ciudadanos en esta jornada electoral.

En esa sesión, el mismo secretario ejecutivo presentó también un informe relacionado con el número de votos que habían emitido los ciudadanos residentes en el extranjero para las elecciones de presidente y del Senado de la República. La intervención que para presentar el informe hizo Edmundo Jacobo fue la siguiente: El día de hoy veremos reflejados los efectos de la reforma electoral del año 2014 en múltiples aspectos de la elección, quizá el más novedoso de ellos, el que se extiende de una manera más significativa a los derechos políticos de los mexicanos, sea la implementación de los mecanismos para la votación de nuestros connacionales en el extranjero. Por primera vez se llevó a cabo la credencialización de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que logró dotar de una identificación oficial reconocida en todas las partes del mundo a 585 mil 535 mexicanas y mexicanos que viven fuera del país y que pudieron tramitarla desde su lugar de residencia de manera gratuita. Ésta es la primera elección en que se recibirán desde el extranjero votos para candidaturas al Senado de la República, además de los destinados a elegir presidente de los Estados Unidos Mexicanos. También nuestros connacionales pudieron votar en elecciones locales para elegir gobernador en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Para hacer efectivo el derecho de voto foráneo, el Instituto Nacional Electoral puso en marcha toda una estructura técnico-operativa para difundir y promover el ejercicio de tal derecho, además de la credencialización en el extranjero se instrumentó el registro a la lista nominal de electores residentes fuera del país, para luego preparar y enviar el paquete electoral postal con las boletas electorales, así como también para la recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres voto que serán computados el día de hoy. Para esta elección se registraron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero 182 mil 256 ciudadanas y ciudadanos residentes en 120 países, todos a los que el Instituto Nacional Electoral hizo llegar los materiales necesarios para votar en estas elecciones. Así, a partir del 16 de mayo y hasta las 8:00 horas del día de ayer se recibieron un total de 98 mil 854 sobres voto, de los cuales 76 mil 440 provienen de los Estados Unidos de América, 5 mil 10 de Canadá, 2 mil 973 de España, 2 mil 666 de Alemania, y 11 mil 765 del resto del mundo. Por lo que hace a los cargos federales, los votos recibidos para elección de presidente de la República fueron 98 mil 708, y los destinados a las elecciones de senadores 98 mil 419. El resto de los votos, es decir, 52 mil 346, corresponden a elecciones locales. Estos sobres voto fueron entregados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para su escrutinio y cómputo que se llevará a cabo el día de hoy y cuyos resultados estaremos reportando a los integrantes de este Consejo General mediante el informe que se les entregará una vez dadas a conocer las tendencias del conteo rápido, tal como lo establece el artículo 350 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por supuesto, estos datos también se reportarán de manera agregada con los resultados nacionales de la elección al concluir los cómputos el próximo domingo 8 de julio. Además, se informa que, con corte al día de hoy, no se tiene registro de haber recibido sobres voto fuera del plazo legal, no obstante, en caso de que llegaran a recibirse, se dará cuenta a este Consejo General posteriormente.

A las 14:58 horas, una vez desahogados los dos informes mencionados, decreté un nuevo receso para reiniciar los trabajos del Consejo a las ocho y media de la noche. EL SEGUNDO MENSAJE EN CADENA NACIONAL

A las 20:00 horas en punto, es decir, en el momento que estaba terminando la votación en las casillas de los estados con el huso horario más occidental del país y dos horas después de que había cerrado la mayoría de los centros de votación en la mayoría de las entidades con el horario del centro del país, emití el segundo mensaje en cadena nacional. Aquí transcribo el contenido de ese mensaje: Muy buenas noches: Quiero informar a la ciudadanía que siendo las 08:00 de la noche, hora del centro de México, la votación ha concluido en todo el país. En estos momentos las y los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla llevan a cabo la tarea de cómputo de los votos emitidos en presencia de alrededor de un millón 300 mil representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que efectivamente asistieron hoy a vigilar la votación en las casillas. A lo largo de la jornada se registró una votación masiva en las 156 mil 794 casillas que se instalaron. Ha sido una auténtica fiesta cívica en la que las mexicanas y los mexicanos refrendamos nuestro compromiso con la democracia. Una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos hemos contribuido una vez más con nuestro voto a consolidar en nuestro país el cambio de los poderes públicos de manera pacífica y ordenada. Ha sido una jornada ejemplar, los incidentes que se registraron en esta fecha han sido aislados y el personal del INE los atendió oportunamente. En todos los casos hemos dado cuenta a la ciudadanía de la evolución de los acontecimientos de manera transparente y así lo seguiremos haciendo en las etapas que siguen. A partir de este momento empezará a publicarse en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, la información proveniente de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas. Quiero recordar que la información del PREP contiene los resultados casilla por casilla en el orden en que éstos se van recibiendo en los centros de captura del INE. Además, la publicación de los resultados irá acompañada de la imagen digital del acta correspondiente a cada casilla, ésta firmada por los funcionarios de la misma, así como por los representantes de los partidos y de las candidaturas independientes. De esta manera cualquier persona que cuente con acceso a internet puede cotejar que los datos de la votación registrados en el acta fueron capturados correctamente. Además, podrán compararse con los carteles que se irán colocando en el exterior de las casillas al cierre de las mismas. El PREP garantiza a todos la absoluta transparencia del proceso de recopilación de los resultados de las actas. Por ello, debemos tomar en cuenta que el ritmo al que llegará la información al PREP está sujeto al avance real con el que se dé el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. La llegada de la información depende, en cada caso, del número de elecciones a computar, de la afluencia de votantes que se haya registrado en las casillas, y eventualmente de la distancia que media entre éstas y los centros de acopio de los paquetes electorales. Estamos apenas en la fase de escrutinio y cómputo de las casillas, y por ello es muy importante que todos los actores políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía se conduzcan con un alto sentido de responsabilidad. En estos momentos nadie puede anticipar con absoluta certeza y precisión algún tipo de resultado, y se requiere de la mayor tranquilidad para que las ciudadanas y ciudadanos que llevan a cabo los cómputos en las casillas lo hagan en las mejores condiciones. Durante el cómputo los funcionarios de casilla extraen las boletas de las urnas, ordenan los votos por las diferentes opciones políticas y cuentan los votos que corresponden a cada una de ellas para finalmente asentar los resultados en las actas de escrutinio y cómputo para cada una de las elecciones de presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como de los diferentes cargos de elecciones locales que se llevan a cabo en 30 de las 32 entidades federativas. Les recuerdo que el llenado de las actas respectivas, de acuerdo con la ley, ocurre sólo hasta que hayan terminado de contarse los votos de todas las elecciones. Más tarde el día de hoy alrededor de las 11:00 de la noche, un poco antes o un poco después, según lo determine el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, volveré a dirigirme a ustedes por esta vía para hacer de su conocimiento la información relacionada con las tendencias de la votación para presidente de la República que se registren en el conteo rápido en cuanto me sean entregadas por dicho Comité. El ejercicio del conteo rápido está a cargo de un equipo integrado por los mejores científicos del país en materia de matemáticas y estadística, y serán ellos quienes dictaminen el momento en que la información recibida sea suficiente para proporcionar datos certeros y precisos sobre las tendencias de la votación. Por último, quiero felicitar a los millones de mexicanos que el día de hoy dedicaron tiempo al ejercicio del más importante de los derechos políticos: el derecho a votar. Es la expresión de su voluntad en este día la que imprimirá fuerza y legitimidad a los gobiernos que emanen de las urnas. Con ello hemos contribuido de manera decisiva a consolidar a México en el mundo como una nación democrática. Muchas gracias.4

EL REINICIO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL: EL INFORME SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN Y SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL

A las 20:40 horas reiniciaron los trabajos del Consejo General para conocer el informe del secretario ejecutivo con el que daba cuenta del cierre de la votación en todo el país y resumía los datos que para esa hora arrojaba el SIJE. Transcribo a continuación la intervención de Edmundo Jacobo con la que presentó ese informe: Consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos y representante del candidato independiente, señoras y señores: siendo las 20 horas con 45 minutos, tiempo del centro del país, nos encontramos en condiciones de informar sobre el desarrollo de la votación en la totalidad de las casillas reportadas que fueron instaladas en todo el territorio nacional, incluyendo las entidades que se rigen por husos horarios del Pacífico y del noroeste del país. Con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, puedo reportar la instalación del 99.79% de las casillas aprobadas en todo el país. Como todos sabemos, la información que se reporta en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral corresponde a las casillas que han sido debidamente capturadas en el sistema. Sobre el desarrollo de la elección podemos reportar que desde el inicio de la jornada electoral y hasta este momento se recibió la información de 3 mil 780 incidentes, sucesos que van desde la presencia de propaganda de partidos políticos cercana a las casillas, o la votación de algún candidato que no se encontraba en la lista nominal de electores. De todos ellos, se logró resolver satisfactoriamente el 56.95 por ciento. La información relacionada al tipo de incidentes forma parte de los datos reportados por el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral y se encuentra a disposición de este Consejo General y de los consejos locales y distritales, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales para su consulta. Ahora bien, tras el cierre definitivo de las casillas instaladas a lo largo y ancho del país, en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral también se reporta que no se instalaron 15 de las casillas aprobadas por los consejos distritales, cifra equivalente al 0.009% de la totalidad de las casillas a instalarse. Se trata de un dato significativo, nos habla de que el día de hoy la enorme mayoría de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tuvieron una casilla cerca a su domicilio para ir a votar, con todas las garantías que ofrece nuestro sistema electoral. De igual manera, se reporta que en el transcurso de la votación se determinó la suspensión definitiva en 14 casillas, que equivale al 0.008% del total de las aprobadas en las siguientes entidades: una casilla especial en el distrito 12 de Tapachula, Chiapas; dos casillas especiales en el distrito 01 de la delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad; una casilla especial en el distrito 06 de Pachuca, Hidalgo; tres casillas en el distrito 01 de Tuxtepec, Oaxaca; cinco casillas en Puebla, cuatro de ellas en el distrito 06, y una en el distrito 08 con cabecera en Ciudad Serdán; una casilla en el distrito 02 Chetumal, Quintana Roo; y finalmente, una casilla especial en el distrito 01 de San Luis Ríos Colorado, Sonora. Seis de las 14 casillas, suspendieron de manera definitiva la votación por riesgo o violencia de las casillas, siete por robo y/o destrucción de la documentación y las demás por otras causas. Cabe señalar que recibimos reportes de diversas incidencias en la capital del estado de Puebla, completamente los distritos 06 y 09 en los cuales se han tomado acciones inmediatas para enterar a las fuerzas de seguridad federales y locales con la intención de hacer posible la conclusión de la votación y el traslado de los paquetes electorales con normalidad. Resulta de la mayor relevancia, dejar testimonio de las circunstancias en que miles de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y ciudadanos han tenido que trabajar en aquellas zonas de mayor conflictividad para poder celebrar elecciones el día de hoy. Estas circunstancias han sido, por decir lo menos, de altísima complejidad y han requerido de implementar diversos mecanismos extraordinarios para cumplir con cada una de las actividades que marca la normatividad y posibilitar a millones de ciudadanos elegir a sus representantes y garantizar a los partidos políticos y candidatos su derecho constitucional a ser votados. Puedo asegurar que el Instituto Nacional Electoral, tomó todas las medidas material y legalmente posibles para que hoy las y los mexicanos pudiéramos salir a votar en todos los rincones del territorio nacional en paz y en libertad. Por otro lado, la conformación final de la presencia de los representantes de los partidos políticos y las coaliciones en las casillas, indican que el Partido Acción Nacional pudo vigilar directamente el 76.64% de las casillas; el Partido Revolucionario Institucional, el 89.34%; el Partido de la Revolución Democrática, el 46.24%; el Partido Verde Ecologista de México, el 48.25%; el Partido del Trabajo, el 34.29%; Movimiento Ciudadano, el 35.92%; Nueva Alianza, tuvo presencia de representantes en el 51.76% del total de las casillas;

Morena, en el 82.84%; Encuentro Social, en el 16.42%; y el candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo representación en el 4.36% de las casillas. También es de destacar, que, durante esta jornada electoral, 17 mil 107 casillas contaron con la presencia de observadores electorales, lo que representa una vigilancia ciudadana del 11.08% del total de las casillas instaladas. Las cifras consolidadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, también dan cuenta del trabajo profesional y comprometido del cuerpo de funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel central como en nuestras juntas ejecutivas locales y distritales. Gracias al trabajo de todos ellos, esta institución vuelve a mostrarse como una institución competente y confiable. Mención aparte, merecen los órganos colegiados como éste, que se multiplican en los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales, todos ellos conformados por ciudadanos quienes son los que toman las decisiones principales a lo largo del proceso electoral. Quiero aprovechar también, para agradecer el apoyo de las fuerzas del orden público durante esta jornada electoral, que seguramente continuará en las próximas horas que son cruciales para concluir exitosamente estas elecciones, así como durante los cómputos distritales que se llevarán a cabo a partir del próximo miércoles. Así las cosas, como ustedes saben bien, con el cierre de la última casilla y con el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales, se cierra también la segunda etapa del proceso electoral federal, la jornada electoral. La participación ciudadana de la que fuimos testigos refrenda la vigencia de nuestro sistema democrático electoral, como la única vía para la sustitución de nuestros gobernantes y representantes y, por lo tanto, de la transformación política de nuestro país. El Instituto Nacional Electoral y la sociedad mexicana, debemos sentirnos orgullosos del trabajo desplegado en esta jornada electoral ejemplar, de la activa participación de los partidos políticos a través de sus representantes, del trabajo de los ciudadanos como vigilantes del sufragio y como votantes en esta elección, que constituye un paso adelante y en firme por nuestra sociedad. Enhorabuena.

Al informe siguió una serie de intervenciones de los diversos miembros del Consejo, en la que hubo una coincidencia en lo exitoso de la jornada electoral que se acercaba a su conclusión. A las 22:50 horas nuevamente decreté un receso para reiniciar la sesión una vez que hubiera concluido la transmisión de la tercera cadena nacional en la que daría a conocer públicamente los resultados de las tendencias de la votación de la elección presidencial que arrojaría el conteo rápido. EL TERCER MENSAJE EN CADENA NACIONAL: EL DESENLACE DE LA ELECCIÓN

A partir de las 20:00 horas empezaron a difundirse en los medios de comunicación nacionales los resultados de las encuestas de salida que arrojaban un claro triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Ello provocó que a las 20:07 José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, reconociera su derrota y felicitara a quien se perfilaba como el ganador de la contienda. Pocos minutos después, hacia las 20:25, Jaime Rodríguez Calderón hizo lo mismo, y algo más tarde, a las 20:38, Ricardo Anaya Cortés, abanderado de la coalición Por México al Frente, se sumó a sus contrincantes en la aceptación de su derrota y en el reconocimiento del triunfo de López Obrador. En menos de una hora luego del término de la votación a nivel nacional, los tres candidatos a la presidencia que, de acuerdo con la información que las exit polls proporcionaban, habían sido derrotados en las urnas, asumieron públicamente que los resultados electorales les eran desfavorables y reconocieron al ganador. Lo anterior generó una presión sobre el INE para que anticipara la hora en la que se harían públicos los resultados del conteo rápido oficial. Sin embargo, había tres razones fundamentales para no hacerlo: la primera tenía que ver con mantener la congruencia con el mensaje público que el INE había venido difundiendo a lo largo de los meses previos en el sentido de que sería en torno a las 23:00 horas cuando se tendrían tendencias consolidadas y firmes que permitirían dar a conocer los resultados del conteo rápido. La segunda era una razón técnica, pues para que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora) pudiera realizar la estimación de los resultados con la seriedad científica que demandaba el conteo rápido a cargo de la autoridad electoral, requería contar con los datos de un número suficiente de las casillas que integraban la muestra correspondiente; sin ella, era imposible hacer los cálculos de las tendencias de la votación con la precisión estadística necesaria, y eso dependía del tiempo que les tomara a los funcionarios de casilla realizar el escrutinio y cómputo de los votos de la elección presidencial. La tercera razón era que, para garantizar la seriedad del conteo rápido, los miembros del Comité Técnico estuvieran aislados de todo contacto exterior para que las decisiones que adoptaran fueran exclusivamente científicas sin tomar en cuenta otro tipo de consideración. Para ello se había instalado en

el estacionamiento de las oficinas centrales del INE una oficina móvil, aislada, resguardada y con acceso altamente restringido, un auténtico búnker informático que fungió como centro de operaciones del Cotecora, en el que desde las 18:00 horas del día de la elección se concentraron sus miembros a trabajar en total aislamiento. En dicha oficina se prohibió el uso de celulares, así como el acceso a personas que no fueran los integrantes del propio Comité o sus asistentes y se reservó la comunicación con el exterior únicamente al director ejecutivo del Registro Federal de Electores, el ingeniero René Miranda, que fungía como secretario técnico del Cotecora. Yo mismo pude saludar a los miembros del Comité junto con el secretario ejecutivo únicamente a las 18:00 horas, al arranque de sus labores y antes de que se cerrara el acceso a esas instalaciones a cualquier persona ajena a los trabajos, y más tarde, sólo hasta la medianoche, cuando acudí a agradecerles a esos científicos de excepción el compromiso y profesionalismo con el que habían conducido a buen puerto los conteos rápidos que les habíamos encomendado. A las 23:00 horas leí en cadena nacional el siguiente mensaje: Muy buenas noches: Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El conteo rápido es un ejercicio científico, estadístico, que permite calcular con un alto grado de precisión a partir de una muestra representativa las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales, así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley, luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera el conteo rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas, de ahí su alto grado de precisión. El día de ayer de manera pública y transparente fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del conteo rápido. Se trata de un grupo de hasta 7 mil 787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados por nueve de los más destacados matemáticos y estadísticos de México quienes integran el Comité Técnico Asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Los resultados definitivos y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 08:00 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral se estima entre el 62.9 y el 63.8% de la lista nominal nacional. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son los siguientes: Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8 por ciento. José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3 por ciento. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8 por ciento. Finalmente, el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5 por ciento. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Además, les recuerdo que el PREP continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones, hasta las 08:00 de la noche del día de mañana. Cualquier persona puede, a través de internet, consultar en tiempo real, conforme se van recibiendo por el INE las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas elecciones federales. Quiero aprovechar este espacio para agradecer especialmente al millón 400 mil ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de casilla, muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron. Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos.

La de hoy ha sido una jornada exitosa, en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política. Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad. Ahora, nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático, ejemplar y con apego a las reglas del juego que nos hemos dado, encarar los desafíos históricos que México enfrenta, con pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México. Gracias por su atención.5

Interludio: El mensaje que (afortunadamente) no se usó Lo ocurrido en la noche del 1 de julio evidenció que el conteo rápido más robusto y preciso en sus resultados es el que realiza el INE. Ello es así tanto por la capacidad de “campo” con la que cuenta el instituto (decenas de miles de asistentes electorales dotados cada uno de dispositivos móviles con los que transmitir los datos recabados en las casillas), lo que permite muestras de dimensiones impensables para una empresa privada, como por el hecho de que los resultados del conteo rápido del INE se toman directamente de las hojas de operaciones llenadas por los funcionarios de las mesas directivas de casilla durante el proceso de escrutinio y cómputo y no de las sábanas con los resultados que se colocan al exterior de los centros de votación al término de sus labores (de donde toman los datos los operadores de los conteos rápidos privados), lo que da una ventaja temporal muy importante a los ejercicios realizados por la autoridad electoral. Hay que destacar que la voluntad ciudadana se expresó clara y libremente el 1 de julio de 2018, otorgando una victoria contundente a favor de uno de los candidatos presidenciales. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial fue indubitable y confirmó las tendencias que arrojaba la gran mayoría de las encuestas publicadas durante los meses anteriores. Sin embargo, es de hacerse notar que los resultados del conteo rápido del INE arrojaron un rango de votación mucho más alto de lo esperado, incluso mayor que los que anticiparon varios de los conteos rápidos encargados por medios de comunicación en la noche misma de la elección. Ello constata, por un lado, el hecho de que las encuestas de preferencias electorales que se levantan antes de las elecciones, asumiendo que metodológicamente están bien hechas, arrojan una fotografía del momento en que se realizan y no deben ser vistas como pronósticos de lo que va a ocurrir el día de la jornada electoral. Por otra parte, la autoridad electoral tiene que estar preparada para enfrentar cualquier circunstancia, lo que implica, más allá de los datos que las encuestas arrojan sobre las preferencias por los candidatos a lo largo de las campañas, planear todos los escenarios posibles en relación con los resultados electorales, con independencia de que resulten o no probables. La certeza como principio rector de la actividad electoral implica que el INE no debe construir sus decisiones y actuaciones a partir de ejercicios probabilísticos, sino que la planeación de todos y cada uno de sus actos debe contemplar todo el abanico de circunstancias que pueden presentarse y prepararse adecuadamente para cada una de ellas. En ese sentido, la posibilidad de que en una elección puedan presentarse resultados con márgenes tan estrechos entre los punteros como para no poder definir con un conteo rápido una tendencia clara que defina a un ganador (a pesar del alto grado de precisión que tienen los ejercicios que realiza la autoridad electoral), es algo que debe ser considerado ineludiblemente en la planeación de la jornada electoral que el INE tiene que realizar. Es más, es obvio que ese escenario, mucho más complicado que aquel en el que se puede determinar a un triunfador, requiere ser planeado con mucho mayor detalle y prudencia en el modo en que debería comunicarse públicamente si llegara a presentarse, pues de ello depende en gran medida la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en la noche misma de la elección. Es por ello que se preparó una estrategia de comunicación y explicación que debería desplegarse en caso de que ese escenario, indeseable a todas luces por la incertidumbre que representaba, llegara a concretarse. Parte central de la misma era el mensaje que tendría que pronunciar en la tercera cadena nacional del día de la elección. Se trató de un texto revisado infinidad de veces y cuidado en sus mínimos detalles que, venturosamente, en virtud de la decisión ciudadana expresada claramente en las urnas el 1 de julio de 2018, no tuvo que utilizarse. Sin embargo, aunque sea sólo para reivindicar el exitoso derrotero que tomó la elección presidencial de ese año en virtud de los resultados de la votación, vale la pena transcribir aquí ese mensaje que (afortunadamente) no se utilizó: Muy buenas noches: Quiero comenzar aprovechando este espacio para agradecer especialmente al millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de casilla. Muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron. Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos.

Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido el estudio con el que se hace la estimación de los resultados de la elección presidencial. El conteo rápido es un ejercicio científico estadístico que permite calcular con un alto grado de precisión, a partir de una muestra representativa, las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales, así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida, que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley, luego de haber contado, uno por uno, los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el conteo rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas. De ahí su alto grado de precisión. El día de ayer, de manera pública y transparente, fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del conteo rápido. Se trata de un grupo de hasta 7 mil 787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados por nueve de los más destacados matemáticos y estadísticos de México que integran el Comité Técnico Asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos por el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Los resultados definitivos, y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales, serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 8:00 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación de electores en la jornada electoral se estima entre el ____ y el ____% respecto de la lista nominal nacional. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República los rangos estimados de votación son los siguientes: Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al frente, obtuvo una votación que se ubica entre el ____ y el ____ por ciento. José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el ____ y el ____ por ciento. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el ____ y el ____ por ciento. Finalmente, el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el ____ y el ____ por ciento. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por los dos candidatos más votados se sobreponen, razón por la cual no puede confirmarse con base en este ejercicio una tendencia de votación clara y estadísticamente indubitable a favor de alguno de ellos. Para conocer con mayor precisión la cantidad de sufragios que le corresponde a cada candidato presidencial y poder definir cuál de ellos encabeza la votación debemos esperar a conocer los resultados que arroje, primero, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y, después, los cómputos distritales que, como mencionaba anteriormente, comenzarán el próximo miércoles 4 de julio. Además, les recuerdo que el Programa de Resultados Electorales Preliminares continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones, hasta las 8:00 de la noche del día de mañana. Cualquier persona puede, a través de internet, consultar en tiempo real, conforme se van recibiendo por el INE las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas elecciones federales. Es importante señalar que la manera en que se reciben por el INE las actas que alimentan el PREP no permite definir, en modo alguno, una tendencia estadísticamente representativa a lo largo de su operación y, por ello, para poder saber en definitiva qué candidato obtuvo más votos que los demás hay que esperar a que concluya el funcionamiento de ese sistema a las 20:00 horas del lunes 2 de julio. Éstos son momentos muy delicados de la vida democrática del país, en los que se requiere una gran responsabilidad de los actores políticos y de la ciudadanía en general. Nadie tiene aún elementos suficientes y ciertos para poder declararse ganador. Nadie ha tenido acceso a la información que emana de los cómputos de los votos en las casillas como el INE ni cuenta con un mecanismo científicamente tan cierto y preciso como el conteo rápido cuyos resultados acabo de mencionar. Lo que en estos momentos puede afirmarse, sin duda, es que alguno de los dos candidatos que encabezan la votación, ____, de la coalición ____, y ____, de la coalición ____ (en orden de aparición), será el que más votos haya recibido en la elección presidencial. Pero cuál de ellos tiene más apoyos ciudadanos es algo que, por ahora, todavía no puede definirse. En necesario que quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República, a ser el presidente de todas y todos los mexicanos, demuestren en estos momentos un sentido de responsabilidad, de altitud de miras, de

respeto a la voluntad ciudadana emitida en las urnas y de compromiso democrático a la altura de las circunstancias. La de hoy ha sido una jornada exitosa, en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política. Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad. Ahora nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático ejemplar y, con apego a las reglas del juego que nos hemos dado, esperar con responsabilidad y paciencia el flujo de los resultados y asumir con pleno respeto la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas. Muchas gracias por su atención.

EL CIERRE DE LA JORNADA ELECTORAL

A las 23:23 horas se reinició la sesión del Consejo General para su parte conclusiva. En primera instancia el secretario ejecutivo presentó un informe sobre el resultado del conteo rápido de la elección presidencial que había hecho público en cadena nacional unos minutos antes. En el mismo, se presentaron los detalles de la muestra recibida por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido y las bases técnicas sobre las que realizaron la estimación de las tendencias de los resultados de ese ejercicio. En la presentación del informe, Edmundo Jacobo Molina señaló: Como todos ustedes saben el conteo rápido es un ejercicio de estimación de estadística que tiene la finalidad de ofrecer tendencias de la votación la misma noche de la elección. Es así que apenas hace unos minutos el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer a través de un mensaje en cadena nacional las estimaciones que arrojó el conteo rápido para la elección de presidente de la República, el cual fue diseñado y realizado por nueve científicos expertos en matemáticas y estadística que conforman el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, el Cotecora. En colaboración con funcionarios del Instituto Nacional Electoral, especialistas en geografía electoral, estadística, informática, sistemas y, por supuesto, en organización electoral, una vez más, el conteo rápido ofrece a la sociedad mexicana tendencias de los resultados de la votación con la alta precisión estadística y rigor científico que nos permiten hoy conocer de manera preliminar quién será el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Así, los resultados que arrojó el conteo rápido y que ya son del dominio público, indican los siguientes intervalos de estimación para la votación por candidato. Para Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, entre el 22.1 y el 22.8%; para José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, entre el 15.7 y el 16.3%; para Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, entre el 53 y el 53.8%; para Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente, entre el 5.3 y el 5.5 por ciento. El ejercicio estadístico realizado por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora) tiene un nivel de confianza de al menos el 95%, y también, pudo estimar la participación ciudadana de las elecciones federales, la cual arrojó un rango entre el 62.9 y el 63.8% de participación. Para llegar a las tendencias de los resultados, el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora) y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevaron a cabo todas las actividades y procedimientos previamente aprobados por este Consejo General, por lo que de conformidad con el Reglamento de Elecciones y el cumplimiento de los criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los conteos rápidos, así como el protocolo para selección de las muestras, se reportaron puntualmente los avances de la integración de la muestra desde el cierre oficial de las casillas. De esta manera, a las 21 horas con 11 minutos del día de hoy, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remitió el primer informe de avance de la integración de la muestra de los correos electrónicos que cada uno de los integrantes de este Consejo General señaló para ese propósito reportándose en ese momento que se recibieron 2 mil 723 casillas y un total de 7 mil 887, lo que representó en ese momento el 34.97% de la muestra. Posteriormente, a las 22:00 horas se remitió el Informe de la integración de la muestra con un avance de 4 mil 526 casillas, lo que representó el 58.12 por ciento. Con la información obtenida, el Comité Técnico pudo contar, a las 22 horas con 30 minutos, con los elementos suficientes para generar sus estimaciones de los resultados de la votación para la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. El informe de las estimaciones que dio a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que de las 7 mil 787 casillas que integraron la muestra se recibieron resultados de un total de 5 mil 254, equivalente al 67.5% de la muestra total.

De los 350 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con la información de 350 de ellos, es decir, la totalidad. Desde ese momento en que fue entregado el reporte referido y una vez que el consejero presidente lo hizo del conocimiento de las y los ciudadanos, se instruyó su inmediata difusión. Por lo anterior, el informe completo de las estimaciones puede ser consultado en la página de internet de esta institución en donde estaremos publicando en las próximas horas la siguiente información adicional: primero, el protocolo de la selección de la muestra; segundo, las fórmulas de cálculo utilizadas para cada método establecido, y tercero, la base numérica utilizada en las estimaciones, la cual contendrá las casillas que fueron seleccionadas en la muestra y las casillas que integraron el cálculo final. La difusión de la información generada permitirá dar certeza y confianza en el ejercicio profesional que ha realizado el Instituto y el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido. Por último, como es de su conocimiento, el Instituto Nacional Electoral también se hizo cargo de realizar los conteos rápidos para las ocho elecciones de gobernador y la del jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Al respecto, me permito informar que, al momento de la reanudación de esta sesión, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores había remitido a los organismos públicos locales los resultados obtenidos de los conteos rápidos para la elección del Ejecutivo estatal de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Veracruz y Ciudad de México. En estos momentos el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (Cotecora) continúa trabajando en la integración de las estimaciones de la votación para la elección de la gubernatura de los estados de Chiapas, Puebla, Tabasco y Yucatán. Señoras y señores consejeros y representantes, el día de hoy vivimos una jornada ejemplar, una movilización ciudadana nunca antes vista en la historia de nuestra democracia para ejercer el derecho fundamental de votar, de elegir a nuestros gobernantes y representantes, y decidir el futuro de nuestro país. La participación de los mexicanos registrada el día de hoy, refrenda la vigencia de nuestra democracia y constituye una ventana de aliento que posibilita a nuestro país transitar hacia la sustitución pacífica y civilizada de los cargos de elección popular que hoy tuvieron su justa final. Gracias a todas y todos los mexicanos que contribuyeron con la celebración de esta elección y cuyo enorme esfuerzo refleja la confianza depositada en esta institución y en el país.

Al cabo de la presentación de ese informe, hice una intervención que marcaría el final de la sesión, misma que transcribo a continuación: Si no hay más intervenciones, permítanme hacer uso de la palabra para poder concluir con esta sesión. Señoras y señores consejeros y representantes, ha concluido la jornada electoral más grande de nuestra historia, ha sido una jornada electoral exitosa, una auténtica fiesta ciudadana motivada por la decisión de cada elector de participar en la distribución de los poderes públicos a través de las urnas de manera masiva, en paz y responsable. Ciertamente para conocer los resultados finales de estas elecciones es necesario esperar a que concluyan los cómputos distritales que iniciarán el próximo miércoles en cada uno de los 300 consejos distritales de este instituto y que concluirán con los cómputos a nivel estatal y de circunscripción el domingo 8 de julio. Esta espera es necesaria para concluir con las etapas dispuestas en la ley y para que el veredicto emitido en las urnas pueda considerarse definitivo; después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, deberá pronunciarse respecto de los medios de impugnación que se presenten, hacer el cómputo final de la elección presidencial y calificar la validez de la misma. Sin embargo, quiero desde ahora resaltar el compromiso y lealtad con las reglas del juego democrático de todos y cada uno de los candidatos a la presidencia honrando su calidad de demócratas y reconociendo la plural decisión de los ciudadanos en las urnas. No obstante, para clarificar la votación preliminar obtenida en cada uno de los cargos en disputa, y no sólo en las estimaciones para la presidencia de la República, pueden consultarse las cifras de cada elección y distrito en las pantallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares que, como ustedes saben, seguirá funcionando hasta las 20 horas del día de mañana. Más allá de los resultados definitivos la construcción de un sistema de partidos políticos y el pluralismo que lo respalda subrayan la importancia de superar la etapa natural, obvia, comprensible en democracia, de la confrontación electoral y pasar a la construcción de consensos. Es decir, los resultados electorales nos llevan a destacar que la convivencia en clave democrática tiene un ciclo de confrontación de proyectos y otro posterior ineludible, indispensable, de construcción de consensos. Por eso es que hemos insistido desde el Instituto Nacional Electoral que el futuro de un país democrático es responsabilidad tanto de mayorías, como de minorías. Reconocer que el futuro de nuestro país sólo puede ser democrático si en la construcción de políticas públicas participan mayorías y minorías, es una lección de nuestra historia electoral y una característica, por cierto, del andamiaje democrático que hemos venido configurando en el país desde hace 40 años. En ese andamiaje la articulación de escaños de representación proporcional y otros de mayoría relativa han establecido en el Congreso de la Unión una fórmula de equilibrios políticos que ha potenciado

venturosamente, democráticamente, la inclusión y el pluralismo, y ha fortalecido a las elecciones como un factor de estabilidad política en nuestro país. Conocer los resultados electorales cierra una etapa de la recreación de la democracia y subraya el inicio de otra que debe descansar en la corresponsabilidad de todos, con cuidar, procurar y con encausar la casa común que es nuestra nación. Todos quienes compitieron por el sufragio y participaron de las labores de campaña, conocen aspectos del país que pueden sumarse en un esfuerzo colectivo, esfuerzo que incluye a quienes ejercen funciones de autoridad en los gobiernos y en las empresas, y a quienes se emplean de manera independiente o son asalariados. Nos toca a todos estar a la altura del ejercicio democrático que hoy hemos vivido, y con apego a las reglas del juego electoral, encarar el rostro político que las mayorías decidieron con su voto, pero que también suponen la existencia y el respeto de las minorías. Finalmente una democracia constitucional supone no solamente la preeminencia de la mayoría en el proceso de toma de las decisiones, sino también el control del poder y el respeto irrestricto de todos los derechos fundamentales, tanto los de libertad como los sociales. Ese futuro, el futuro de México, reclama contribuciones de todas y todos; el futuro en democracia es siempre, ineludiblemente, un futuro colectivo. Cada persona a partir de hoy, desde su ámbito personal, profesional, económico o académico, puede contribuir no sólo a la reconciliación nacional que es indispensable después de todo proceso electoral, sino a modelar el México incluyente y plural que hoy se ha recreado en las urnas. Señoras y señores integrantes del Consejo General, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas noches. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 23:53 horas.

EPÍLOGO

La construcción de la democracia mexicana, como hemos tratado de evidenciar a partir de la reconstrucción de las historias y de los eventos aquí relatados, fue el resultado de una larga evolución. Es el producto de muchas luchas políticas y sociales, de batallas colectivas encabezadas por una multiplicidad de actores y encaminadas a romper las prácticas autoritarias que se habían consolidado a lo largo del siglo pasado y que hacían de las elecciones meros momentos de renovación y de legitimación del antiguo régimen. Esos esfuerzos por transformar en clave democrática el sistema político mexicano se centraron en hacer de los comicios un auténtico espacio de ejercicio libre de los derechos políticos de los ciudadanos, en el que pudieran participar todas las expresiones de nuestro creciente pluralismo político, en donde prevalecieran condiciones cada vez más equilibradas para la competencia política y en donde se contara con cada vez más y mejores garantías para la expresión autónoma de la voluntad de los electores. Democratizar a México pasó así por tener elecciones ciertas, transparentes y creíbles. Esa lucha por transitar a la democracia no tuvo una autoría específica, sino que constituyó un proceso colectivo, articulado a lo largo del tiempo, una apuesta histórica por redefinir las reglas de acceso al poder público centrada en el respeto y tolerancia de todas las posturas políticas y de hacer del voto ciudadano libremente expresado en las urnas la única vía para acceder legítimamente a los cargos de representación y decisión política. La definición, perfeccionamiento y puesta a punto de esas reglas fue el resultado de un proceso gradual y paulatino que se articuló a través de una serie de cambios constitucionales y legales que, de manera acumulativa, fueron mejorando la calidad de las elecciones con el paso del tiempo. Desde ese punto de vista, las elecciones de 2018 y la tercera alternancia en la presidencia de la República de nuestra historia son un punto de llegada, la última estación (hasta ahora) de un largo y arduo proceso, el de la construcción y consolidación de nuestra democracia, que seguramente seguirá evolucionando en el futuro, y no su punto de partida. La historia de nuestra transición, sin duda desde la reforma política de 1977, pero particularmente después de las controvertidas elecciones de 1988, se centró en construir, a partir de nuevas reglas, procedimientos e instituciones, la confianza que permitiera elecciones creíbles y que jugaran el papel de legitimación política a partir del voto libre. Durante ese periodo han ocurrido múltiples reformas electorales que han configurado un sistema de partidos plural y cada vez más competitivo, comicios con crecientes condiciones de equidad, autoridades electorales autónomas y procedimientos que garantizan la certeza de que cada voto cuente y se cuente bien. Por esa razón, asumir una visión creacionista considerando que la democracia comenzó en algún momento determinado de nuestra historia como resultado de un determinado suceso (como si la democracia surgiera por generación espontánea) es a todas luces una postura falaz y dogmática que borra de un plumazo una serie de esfuerzos y de logros conseguidos a lo largo de décadas. Frente a esas posturas resulta indispensable reivindicar una visión evolucionista que, con una base empírica y a partir de un elemental sentido histórico, permita explicar el desarrollo de nuestra democracia como producto de cambios articulados a lo largo de décadas. Ésa es y ha sido la lógica que ha inspirado estas páginas.

En ese sentido, la elección de 2018 no constituye el arranque de nuestra democracia, sino la consecuencia de los esfuerzos y logros de al menos un par de generaciones de actores políticos, luchadores sociales, académicos, periodistas y de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que apostaron por democratizar al país. Suponer que la democracia es obra de un solo grupo, partido u hombre, o producto de un solo momento electoral, es desconocer que nuestro sistema político-democrático es un proyecto que ha convocado al mayor número de esfuerzos políticos y sociales del México moderno. Al contrario, una visión evolucionista de nuestra transición permite identificar las estaciones clave que propiciaron un sistema que hoy ha dado como resultado tres alternancias en la presidencia, cambios significativos en la conformación del Congreso de la Unión, 23 alternancias de gubernaturas en las 36 elecciones que han ocurrido entre 2015 y 2020, y una expresión clara de la pluralidad en los ayuntamientos y congresos estatales. El índice de alternancia en las elecciones que se han realizado desde la reforma de 2014 es del orden del 56%, y todos los partidos se han beneficiado, en mayor o menor medida, de esa realidad. Es cierto que la alternancia no es lo que condiciona la calidad democrática de un sistema político. Lo que lo hace democrático es que existan condiciones reales (jurídicas y políticas) para que, si así lo deciden los electores con su voto, pueda haber alternancia. En ese sentido, el hecho de que haya habido un índice de alternancia tan alto es la mejor prueba de que esas condiciones ya estaban garantizadas. Hoy, en México, es la ciudadanía y nadie más quien decide libremente quién gobierna y quién la representa, y, dada la intensa pluralidad política que caracteriza a la sociedad mexicana, todos los partidos políticos tienen la misma oportunidad de ganar o perder, como lo demuestran los resultados electorales. Desconocer la historia de las reformas que permitieron la construcción de este sistema no permite valorar en su justa dimensión lo que hoy tenemos y, en cambio, abre la puerta a eventuales regresiones hacia un autoritarismo hoy afortunadamente superado. Este libro termina con la jornada electoral del 1 de julio de 2018. No es su propósito analizar lo que ha ocurrido después de ese evento que supuso la llegada al gobierno federal, por primera vez, de una fuerza política de izquierda. Ésa es otra historia. Pero hoy, a tres años de los comicios de 2018, y de cara a las elecciones de 2021 que, nuevamente, serán las más grandes que hayan tenido lugar en México, tanto por el número de potenciales electores (más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos) como por la cantidad de cargos públicos a elegir (alrededor de 20 mil 500 puestos de elección popular federales y locales), vale la pena reconstruir la génesis de nuestra democracia como un recordatorio de los esfuerzos realizados y de los logros alcanzados. Se trata de un ejercicio de memoria de que la democracia ha sido el resultado de una obra colectiva y, en consecuencia, su defensa es también una responsabilidad común, una tarea que nos corresponde a todas y todos.

Notas EL SENTIDO Y LAS RUTAS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 1 Sobre nuestra transición son textos de referencia, José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra, La mecánica del

cambio político en México, Cal y Arena, México, 2000; La transición votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, Merino Huerta, Manuel, FCE, México, 2003. 2 El PNR fue sustituido en 1938 por el PRM y en 1946 por el PRI. 3 Un par de casos emblemáticos son las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 1929 y de 1952

denunciadas respectivamente por José Vasconcelos y por Miguel Henríquez Guzmán, candidatos derrotados en las urnas en cada una de ellas, a las que puede sumarse la matanza ocurrida en León, Guanajuato, en enero de 1946, durante las protestas por los señalamientos de fraude en las elecciones municipales del mes anterior (el 16 de diciembre de 1945) y que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conocer el caso y determinar que habían ocurrido graves violaciones al voto público. 4 Las reformas electorales a las que me refiero, y que supusieron tanto cambios constitucionales como legales, son las

de 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007-2008 y 2014. El carácter desencadenante de la reforma de 1977 es definido y analizado por Woldenberg, Becerra y Salazar, op. cit. 5 Córdova, Arnaldo; “Nocturno de la democracia mexicana, 1917-1984”, en Nexos, 1 de febrero de 1986. Disponible en:

https://www.nexos.com.mx/?p=4591. 6 En las elecciones de 1964 la oposición en su conjunto tuvo 32 diputados de partido sobre un total de 210 curules, es

decir, apenas 15.24% del total de legisladores. En los comicios de 1967 el número de diputados de partido aumentó a 34 de un total de 211 (16.11%); en 1970, 35 de 213 (16.43%); en 1973, 37 de 231 (equivalente a 16%), y, finalmente, en las elecciones de 1976, ya con la nueva fórmula que potenciaba el número de esas diputaciones (Silvia Gómez Tagle, La transición inconclusa. Treinta años de elecciones en México, El Colegio de México, México, 2001, pp. 6769). 7 En un principio, bastaba que un partido obtuviera 1.5% de la votación en cada una de las cinco circunscripciones

plurinominales en las que se dividió el país para que tuviera acceso a diputaciones federales de representación proporcional. 8 Ese porcentaje mínimo de votación para acceder a curules de representación proporcional aumentó a 2% en 1996 y

más adelante, en 2014, se incrementó al 3% actualmente vigente. 9 A partir de 1979 la Cámara de Diputados se integraría por un número estable de diputados (de 400 primero y 500 a

partir de 1986 con la incorporación de otros 100 diputados electos por representación proporcional para un total de 200 por este principio). Antes de entonces la Constitución preveía un número de diputados variable según fuera cambiando la población del país. 10 De los 31 miembros que integraron la Comisión Federal Electoral el PRI contaba con 16 representantes (en virtud de

la integración proporcional al peso electoral de cada partido que estaba dispuesta), quienes sumados al presidente del órgano (el secretario de Gobernación, distinguido miembro del partido en el gobierno), el diputado y el senador que representaban a las cámaras legislativas (ambos pertenecientes al PRI), le daban al entonces llamado “partido oficial” la capacidad absoluta de tomar decisiones unilateralmente en el órgano responsable de la organización de las elecciones. 11 Estudios sobre la cobertura noticiosa de las elecciones de 1988 evidencian que alrededor de 95% del tiempo fue

dedicado a la campaña de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y sólo 5% al resto de los candidatos (Raúl Trejo y Pablo Arredondo [coords.], Así se calló el sistema: comunicación y elecciones en 1988, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1991). 12 Se trataba de un ejercicio todavía embrionario y radicalmente distinto al que hoy se realiza, pues se limitaba a la

revisión de las cuentas que los partidos políticos reportaban en sus informes de gastos de campaña (para los ingresos y gastos electorales), o bien en sus informes anuales (para los ingresos y gastos ordinarios), sin que el IFE tuviera la posibilidad de hacer compulsas, auditorías o recabar información adicional, como ocurriría más adelante a partir de la reforma de 1996. La historia de la fiscalización electoral en México se ha centrado en el permanente incremento de las facultades y de los poderes de investigación y de control del dinero que ejercen los partidos y los candidatos reforma tras reforma. 13 Memoria del proceso electoral federal de 1994, IFE, México, 1995, p. 246. 14 https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n46/zedillo.pdf.

15 En un primer momento, la reforma electoral de 1996 estableció que el monto a distribuir entre los partidos políticos

se determinaba a partir de una fórmula que implicaba diversos factores de cálculo: los “costos mínimos de campaña” (que era un cálculo realizado por el IFE sobre cuál era el costo mínimo indispensable para sufragar una campaña de diputado, una de senador y una de presidente), el número total de diputados y de senadores a elegir y el número de partidos políticos con presencia en las cámaras del Congreso de la Unión. Más tarde, la reforma de 2007 cambió radicalmente la fórmula para establecer que el monto del financiamiento público sería el resultado de multiplicar 65% de un salario mínimo (medida de cálculo que luego sería sustituida por la Unidad de Medida y Actualización —UMA—) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 16 La Alianza por el Cambio se integró por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, mientras

que a la Alianza por México la conformaron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Alianza Social, Convergencia y de la Sociedad Nacionalista. 17 Lorenzo Córdova Vianello, “Las razones y el sentido de la Reforma Electoral de 2007-2008”, en Lorenzo Córdova

Vianello y Pedro Salazar Ugarte (coords.), Estudios sobre la reforma electoral 2007, TEPJF, México, 2008, p. 57.

LA REFORMA ELECTORAL DE 2014 1 El texto del compromiso 90 señalaba:

“Se impulsará una reforma electoral que atienda los siguientes temas: • Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos. • Disminución en el monto de los topes de campaña. • Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate. • Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios. • Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción. • Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto. • Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.” (Tomado de https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf , consultado el 6 de mayo de 2020.) 2 Los estados en donde se renovaron poderes locales ese año fueron: Aguascalientes, Baja California (la única entidad en

donde se elegía gobernador), Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 3 De entre las entidades federativas, el sistema electoral del otrora Distrito Federal fue el último en constituirse en el

plano local, pues las bases del mismo fueron establecidas por la reforma de 1996 y entraron en funcionamiento de cara a las elecciones de 2000. Antes de esos comicios, las elecciones de los miembros de la Asamblea de Representantes habían estado a cargo del IFE; incluso los primeros comicios para elegir al jefe de Gobierno y a los miembros de la renovada Asamblea Legislativa en 1997 fueron organizados por la estructura desconcentrada del IFE en la capital de la República. 4 Resulta interesante, para efectos comparativos del diverso grado de evolución institucional, el estudio comparativo de

César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional, IIIJ-UNAM/IEPC Jalisco, México, 2010. 5 En la mencionada exposición de motivos se señaló expresamente que: “Podemos mencionar que el fortalecimiento de la

autoridad nacional electoral garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los proceso locales; se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas”. (Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con las iniciativas del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral). 6 Sobre la evolución de la fiscalización en México, remito a Lorenzo Córdova Vianello, “Los desafíos de la fiscalización

electoral de cara al 2006”, Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, México, tomo LVI, núm. 245, enerojunio de 2006, pp. 33-59; Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, México, 2006, y Ciro Murayama, La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad, capítulo X. “Dinero y campañas: fetichismo y realidad”; Cal y Arena, México, 2019, pp. 287 y ss. 7 En el caso Pemexgate la multa ascendió a mil millones de pesos al PRI, y en el caso Amigos de Fox a 498 millones de

pesos al PAN y al PVEM que habían ido coaligados en las elecciones de 2000.

8 Sobre los cambios a la fiscalización introducidos por la reforma de 2007-2008, véase Marco Zavala, “La fiscalización de

los recursos”, en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Estudios sobre la Reforma Electoral 2007, TEPJF, México, 2008, pp. 289-341. 9 En esos años me desempeñaba como consejero electoral del IFE (cargo al cual había sido designado por la Cámara de

Diputados el 15 de diciembre de 2011) y en ambos casos me encontré votando con las posturas que, a la larga, no prevalecieron; es decir, voté a favor de sancionar al PVEM en el primero de los asuntos mencionados y por sancionar al PRI con 85 millones de pesos en el caso Monexgate. 10 La reforma de 2014 estableció tres comisiones permanentes del Consejo General que se integran exclusivamente por

consejeros electorales y en las que, en consecuencia, no participan los representantes de los partidos políticos acreditados ante el INE ni los consejeros del Poder Legislativo. Se trata de las comisiones de: a) Fiscalización; b) Quejas, y c) del Servicio Profesional Electoral Nacional. 11 Así se asentó en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso g, numeral 1. 12 Artículo 60 de la Ley General de Partidos Políticos. 13 Así se asentó en el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 14 Un breve repaso de la evolución jurisprudencial en relación con la figura de la nulidad de las elecciones puede verse

en Felipe de la Mata, “Nulidad de elección por violación a principios constitucionales”, La Silla Rota, México, 2 de mayo de 2019, https://lasillarota.com/opinion/columnas/nulidad-de-eleccion-por-violacion-a-principiosconstitucionales/282609, consultado el 6 de junio de 2020. 15 Sobre el tema de la función arbitral y sancionadora a cargo de la autoridad administrativa electoral, véase Murayama,

Ciro, op. cit., pp. 327 y ss. 16 En sesión ordinaria del Consejo General del 14 de noviembre de 2000 se aprobaron 158 desistimientos,

https://portalanterior.ine.mx/documentos/CONS-GEN/actas/AO141100d.htm, y en la sesión extraordinaria del 10 de octubre de 2003 se aprobaron 173 desistimientos, https://portalanterior.ine.mx/documentos/CONSGEN/actas/2003/ae101003.pdf. 17 En relación con el nuevo modelo electoral de carácter nacional centrado en la coordinación que el INE debe realizado

con los OPLE para organizar las elecciones locales, véase Murayama, op. cit., pp. 361 y ss. 18 Tal es el caso de la Comisión de Quejas y Denuncias, que se integra por tres consejeros; de la Comisión de Vinculación

con Organismos Públicos Locales, que se integra por cuatro, y de la Comisión de Fiscalización, que debe integrarse por cinco consejeros. El resto de las comisiones del Consejo General deben integrarse con un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros con derecho a voto. Vale la pena señalar que el consejero presidente no integra ninguna de las comisiones. 19 Respecto al anterior Código, la LGIPE incorporó a las comisiones de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos

Públicos Locales. Vale la pena mencionar que el 13 de abril de 2020, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en materia de combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género, se modificó la LGIPE y se incluyó en su artículo 42 a la Comisión de Género y No Discriminación, que hasta entonces había tenido un carácter temporal, en las comisiones permanentes del Consejo General del INE. 20 Lo mismo ocurre en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en relación con la procedencia

de las acciones de inconstitucionalidad respecto de normas generales, que requieren, para decretar la inconstitucionalidad de esas normas, del voto de al menos ocho de los 11 ministros.

2015: EL AÑO EN EL QUE LA DEMOCRACIA ESTUVO EN PELIGRO 1

La numeralia del proceso electoral federal de 2015 puede verse https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/TalleresInformativos/2015/rsc/pdf/NUMERALIAal18demayo.pdf, consultada el 20 de junio de 2020.

en

2 René Delgado, “El mazacote electoral”, Reforma, 21 de diciembre de 2013, y Jorge Alcocer, “Año de elecciones”,

Reforma, 1 de enero de 2015. 3 Se trató de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas (que por una decisión del órgano

reformador de la Constitución local fue a las urnas para elegir cargos locales de manera desfasada cinco semanas respecto del resto de las elecciones —el 19 de julio y no el 7 de junio—), Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. 4 Los estados en los que se renovó la gubernatura fueron Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán,

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. 5 Los informes que presentó la Secretaría Ejecutiva del INE al Congreso de la Unión sobre la verificación del apoyo

ciudadano a las diversas solicitudes de consulta popular promovidas en 2014 pueden consultarse en el repositorio documental del INE: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/111041. 6 Sobre esa primera y hasta ahora única experiencia relativa a la figura de las consultas populares, véase Carla Angélica

Gómez Macfarland, La consulta popular en México: Experiencias en 2014, Cuaderno de Investigación núm. 16, Senado de la República, México, 2015.

7 La presencia de diputadas en la Cámara Baja pasó de 37% en la LXII Legislatura (2012-2015) a 42.6% en la LXIII

Legislatura (2015-2018). 8 El INE tomó la decisión de hacer los nombramientos de los consejeros electorales de los órganos electorales locales en

dos momentos diferentes, dependiendo el año en el que tendrían sus respectivos procesos comiciales, para distribuir la carga de trabajo que dichos nombramientos significaban: en septiembre de 2014, en la primera ocasión que se ponía en práctica esa atribución, sin un antecedente directo, el Consejo General del INE tuvo que nombrar en una única sesión a 126 integrantes de los órganos de dirección de 18 OPLE (seis consejeros más un presidente en cada caso). En un segundo momento, en septiembre de 2015 se hizo el nombramiento de los integrantes de los órganos electorales restantes. 9 En efecto, los artículos 22 de la LGIPE y octavo transitorio de la Ley General de Partidos Políticos fijaron una excepción

al plazo regular de cuatro meses que establecían los artículos 44 y 45, respectivamente, de cada una de las mencionadas leyes, en el sentido de que cuando un partido político pretendiera que el INE lo apoyara en la organización de una elección interna, la solicitud respectiva debería hacerse cuatro meses antes de que ésta tuviera lugar. La excepción mencionada señaló que si a la entrada en vigor de la ley (23 de mayo de 2014) había una solicitud previamente formulada, no aplicaba el plazo de cuatro meses y, por lo tanto, bastaba con que la solicitud se formulara un mes antes. Así había ocurrido, pues la solicitud del PRD se presentó el 2 de mayo de ese año. 10

Los acuerdos del INE relativos a la elección interna del PRD de 2014 pueden verse en https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosPoliticosNacionales/PRD/eleccionInterna/2014/, consultados el 15 de junio de 2020.

11 En el caso del OPLE de Zacatecas, en una primera instancia el INE había decidido que sus consejeros serían

designados hasta septiembre de 2015, pues esa entidad no tendría elecciones locales sino hasta 2016; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó (mediante la sentencia SUP-JDC495/2014) que el INE debía hacer dicha designación antes de que terminara 2014. La razón para ello era que en 2013 dicha instancia judicial había revocado el nombramiento de consejeros que en ese año había realizado el Congreso de ese estado, bajo la normatividad electoral anterior a la reforma de 2014, y le había ordenado reponer ese procedimiento; sin embargo, ese órgano legislativo no había cumplido esa sentencia porque sobrevino la reforma electoral que le trasladaba esa atribución al Consejo General del INE. En ese sentido, el TEPJF consideró que para no vulnerar el derecho de los ciudadanos de Zacatecas de poder integrar el órgano electoral estatal el INE debía hacerse cargo del nombramiento de sus miembros en 2014. 12 Vale la pena mencionar que, de acuerdo con la ley, las propuestas de candidaturas de consejeros electorales de los OPLE que se someten a consideración del Consejo General del INE tienen que ser formuladas por la Comisión de

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales que legalmente se integra por cuatro consejeros y que constituye, en tal virtud, el primer espacio de construcción de consensos. En 2014 dicha comisión se integraba de la siguiente manera: los consejeros Marco Antonio Baños (quien la presidía), Ciro Murayama, Arturo Sánchez y Adriana Favela. 13 Las consejerías electorales de los OPLE de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato,

Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán fueron nombradas por unanimidad de votos. Las de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco con un voto en contra y el resto a favor (en el caso de un consejero electoral del OPLE de Tabasco hubo además la excusa de un consejero electoral). El acuerdo mencionado puede revisarse en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Septiembre/30septiembre/CGex201409-30_ap_4.pdf, consultado el 25 de junio de 2020. 14

La versión estenográfica de esa sesión puede verse https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCSVersionesEstenograficas/2014/09_Septiembre/VECGEXT30SEP14.pdf, consultada el 25 de junio de 2020.

en

15 Véase el comunicado del INE en el que se notifica la rescisión del contrato correspondiente en virtud del

incumplimiento por parte de la empresa Scytl de las entregas en los plazos establecidos: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/02/20150215.html, consultado el 5 de junio de 2020. 16 Citas tomadas de https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/ine-echa-para-atras-sistemaque-detecta-comportamiento-

fraudulento-en-elecciones/, consultado el 5 de junio de 2020. 17

https://aristeguinoticias.com/2001/mexico/no-hay-en-el-ine-voluntad-real-de-que-la-fiscalizacion-sea-un-proyecto-deexito-scytl-video/, consultado el 5 de junio de 2020.

18

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx? id=443802&md5=9c227a968fed3470102e8aa274221eeb&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe, consultado el 5 de junio de 2020.

19 https://www.milenio.com/politica/ofrecen-partidos-sistema-fiscalizacion-contrataria-ine, consultado el 5 de junio de

2020. 20 Luego del episodio del incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, el INE tuvo conocimiento de que

ese episodio vino a sumarse a otro incumplimiento por parte de Scytl que puso en grave riesgo las elecciones en Ecuador, en donde fallas en el sistema de cómputo electrónico de votos realizado por dicha empresa provocaron un retraso de varios días en la difusión de los resultados, lo que llevó al Consejo Nacional Electoral de ese país a declarar

a Scytl como “contratista incumplida” (https://votodigital.wordpress.com/2015/01/28/scytl-en-ecuador-y-mexico-serepite-el-guion/, consultado el 5 de junio de 2020). 21 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/01/007.html. 22 De las cuatro quejas presentadas en contra del PVEM durante 2014, tres correspondienton a violaciones a las reglas

en materia de radio y televisión y una en contra de las disposiciones del artículo 134 constitucional que rigen la propaganda gubernamental. Las 153 quejas que se presentaron en su contra durante la primera mitad de 2015 se clasifican de la siguiente manera: 32 correspondieron a violaciones de las normas de radio y televisión; 15 contra las prohibiciones del artículo 134 de la Constitución; cinco por actos anticipados de precampaña y de campaña; tres por calumnia en su propaganda política; siete por incumplimientos de medidas cautelares dictadas por el INE; 70 por transgredir las normas relativas a la propaganda electoral; una por uso indebido de programas sociales, y 20 por hacer un uso indebido del padrón electoral. 23 Véase la sentencia SUP-REC-19/2014, emitida el 19 de diciembre de 2014, que puede consultarse en

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REP/SUP-REP-00019-2014.htm. En la misma se señala además: “A juicio de esta autoridad jurisdiccional, es claro que el contenido de los promocionales en cuestión, apreciado objetivamente, no guarda relación con un informe individual de gestión respecto de los legisladores denunciados, sino que se asemeja, en el mejor de los casos, a la gestión de los grupos parlamentarios e incluso, a promoción del propio partido político […] ”Por lo tanto, ante la evidencia de que los hechos denunciados no importan conductas aisladas o individuales, sino que, por el contrario, guardan una estrecha relación con otros hechos que le fueron informados debidamente por los denunciantes, tales elementos debieron ser tomados en consideración por la autoridad para emitir la Resolución correspondiente, pues sólo de esa manera estaba en aptitud de ponderar a cabalidad y con mayor amplitud las conductas presuntamente infractoras y su probable impacto en uno de los bienes jurídicos tutelados, como es la equidad en las contiendas electorales […] ”En concepto de esta Sala Superior, en los elementos que obran en el expediente, así como de aquellos que constan en los diversos expedientes SUP-REP-1/2014 y SUP-REP-4/2014, es posible advertir que, en esencia, los quejosos en el procedimiento especial sancionador de que se trata, denunciaron que al amparo de la norma legal que permite la difusión de los informes anuales de gestión de diversos legisladores federales que forman parte de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, se estaba desarrollando una promoción electoral permanente en beneficio del referido partido político, que incluso se mantenía estando en curso el Proceso Electoral Federal que inició en la primera semana de octubre del presente año. ”En efecto, la lectura de las denuncias en cuestión y de las determinaciones que respecto a la procedencia de las medidas cautelares dictó la autoridad responsable, es posible advertir que los quejosos no se duelen en esencia de una contravención a la norma contenida en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino una transgresión de la equidad en la contienda mediante la difusión reiterada, permanente y continua de promocionales con contenido electoral, al amparo de la referida norma, lo cual violenta los bienes jurídicos protegidos por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional” [las negritas forman parte de la sentencia]. 24 Se trata de la sentencia SUP-REP-57/2015 y acumulados, del 12 de marzo de 2015, misma que puede consultarse en

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00057-2015.htm. 25 Un buen recuento de la larga serie de decisiones administrativas y jurisdiccionales que se relatan en este apartado

puede analizarse con más detalle en la minuciosa reconstrucción que el Consejo General del INE hizo en el Acuerdo por el que se ordena el análisis para el inicio del procedimiento de pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México por el presunto incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones que le señala la normatividad electoral, aprobado el 20 de mayo de 2015 (https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87302/CGex201505-20_ap_9.pdf? sequence=1). 26 Se trató del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE número ACQyD-INE-37/2015. 27 La versión estenográfica de la sesión del Consejo General del 18 de febrero de 2015 puede consultarse en

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCSVersionesEstenograficas/2015/02_Febrero/VECGex_18FEB15.pdf. 28

Puede consultarse en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCSVersionesEstenograficas/2015/02_Febrero/VECGor25FEB15.pdf.

29

Puede consultarse en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCSVersionesEstenograficas/2015/03_Marzo/VECGex_01MAR15.pdf.

30 Un ejemplo, entre muchos, de la postura que asumió el INE frente a la desaparición de los jóvenes normalistas de

Ayotzinapa y las protestas sociales que se produjeron fue el posicionamiento público que la presidencia del instituto hizo en su sesión del 10 de diciembre de 2014. En esa sesión, luego de guardar un minuto de silencio en memoria de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, después de que la PGR confirmó su muerte el 7 de diciembre, y expresar la solidaridad de los consejeros con las familias de los estudiantes desaparecidos, como presidente de la institución señalé que “el INE no se confronta con los ciudadanos, sino que son los ciudadanos, los que a través de una institución que es suya, construyen las bases para realizar ese momento en el cual pueden premiar o castigar las acciones de los gobiernos, respaldar o sancionar a los partidos y expresar su beneplácito o sus inconformidades con el estado de cosas en la sociedad: las elecciones”. Además, agregué que “no está en manos del INE, sino de las autoridades de procuración y administración de justicia, la tarea de investigar y sancionar de manera ejemplar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos que han ocasionado luto y provocado la protesta de los ciudadanos de todo el país y el extranjero”.

En ese sentido, un Estado democrático empieza en la celebración de elecciones genuinas, “pero no concluye ahí, sino que debe buscar que no quede un solo resquicio de impunidad ante la criminal agresión a los jóvenes estudiantes normalistas”. “Estamos consternados e indignados, como lo está el conjunto de la sociedad, ante los lamentables hechos y esperamos que se haga justicia y se castigue a los responsables de este acto de barbarie inaceptable” (citas tomadas del Boletín de Prensa del INE, núm. 235, “Guarda Consejo General minuto de silencio en memoria de Alexander Mora Venancio”, del 10 de diciembre de 2014). 31 Lorenzo Córdova Vianello, “La calidad de las elecciones en contextos de reformas políticas: Desafíos actuales en

condiciones democráticas desiguales”, conferencia organizada por la Universidad de Colima, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Colima, 30 de abril de 2015 (cita tomada del Boletín de Prensa del INE, núm. 165, “Llama presidente del INE a construir una democracia que responda a los principales problemas del país”, 2015). 32 Véase “Frena inseguridad capacitación del INE. Desata retención de funcionarios alerta en Guerrero”, Reforma,

México, 24 de diciembre de 2014, p. 13. 33

Véase “Retienen a consejeros el INE en Tlapa, Guerrero”, El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/retienen-a-consejeros-del-ine-en-tlapa-guerrero, consultado el 27 de junio de 2020, y “Retienen en Tlapa a diez consejeros”, Reforma, México, 21 de enero de 2015, p. 7.

34 Véase “Retienen en Guerrero a funcionarios del INE”, Reforma, México, 5 de abril de 2015, p. 4, y “Liberan en

Guerrero a empleado electoral”, Reforma, México, 6 de abril de 2015, p. 5. El INE emitió el boletín 115 el 5 de abril de 2015 titulado “El INE condena hechos en Tlapa”, a propósito de lo ocurrido un día antes en dicha comunidad, donde señaló: “El día de ayer, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense detuvieron y retuvieron durante dos horas y en contra de su voluntad al vocal ejecutivo distrital del INE en Tlapa de Comonfort, Salvador Basurto Espinobarros, para exigirle la cancelación de las elecciones en Guerrero. El grupo agresor también golpeó, tomó y se llevó al señor Alberto Lirio González Balbuena, técnico de la Junta Distrital, a quien retuvo en la ‘cárcel comunitaria’ de Espino Blanco, para posteriormente liberarlo esta madrugada. ”Los hechos ocurridos en la plaza de Tlapa fueron públicos y existe evidencia de las agresiones físicas a que fue sometido Alberto Lirio González, así como del hostigamiento y violencia contra otros funcionarios y ciudadanos. ”El Instituto Nacional Electoral lamenta y condena enérgicamente los hechos ocurridos en Tlapa, pues atentan contra derechos fundamentales de funcionarios del Instituto —y de la sociedad en general—, quienes trabajan para garantizar que los ciudadanos guerrerenses puedan ejercer libremente su derecho a votar y elegir a sus representantes. ”El INE ha hecho pública su postura de respetar las movilizaciones y manifestaciones sociales por ser parte consustancial de la vida democrática; sin embargo, considera inaceptable cualquier acto de violencia que atente contra la libertad y la integridad de los mexicanos, como los registrados ayer. ”El Instituto Nacional Electoral continuará trabajando a fin de que todos los mexicanos podamos manifestar pacíficamente en las urnas la decisión sobre nuestros representantes.” 35 Cfr. “Elige INE a desaparecido”, Reforma, México, 23 de marzo de 2015, p. 7. 36 A la postre, el único municipio que cambió de régimen de gobierno mediante sus sistemas normativos internos fue

Ayutla de los Libres, y el INE, más allá de su falta de competencia, siempre acompañó públicamente el proceso, como fue incluso reconocido por las autoridades municipales cuando fueron designadas mediante el nuevo procedimiento constitucional. 37 Véase “Padres de los 43 llaman al INE a diálogo sobre elecciones”, La Silla Rota, México, 8 de abril de 2015,

consultado el 30 de junio de 2020 en https://lasillarota.com/padres-de-los43-llaman-al-ine-a-dialogo-sobreelecciones/76943. 38 Resulta muy interesante leer los testimonios y experiencias que diversos protagonistas de la organización de las

elecciones (funcionarios del INE, capacitadores y supervisores, entre otros) escribieron sobre las complejidades que encontraron durante el proceso electoral 2014-2015 y que son sumamente variados, desde la violencia y los intentos de boicot de las elecciones, hasta la apatía y el temor de la ciudadanía, pasando por la compleja primera instrumentación de la reforma de 2014 y la tensa relación que se dio entre el INE y los OPLE. Esos relatos están recogidos en Héctor Tejera Gaona (comp.), Retos y desafíos del proceso electoral 2014-2015. Testimonios ofrecidos por quienes colaboraron en las elecciones desde el Instituto Nacional Electoral, INE, México, 2016 (https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/3-Retosy-desafios-PE.pdf). 39 La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es clara al señalar en su artículo 76,

inciso b, que una de las causas de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa es que “no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida”. 40 Ese criterio se estableció a través de tres sentencias de la Sala Superior emitidas el 19 de agosto de 2015. Se trata de

los casos SUP-REC-483/2015 y acumulados (correspondiente a la elección de Juchitán de Zaragoza), SUP-REC471/2015 y acumulados (Teotitlán de Flores Magón) y SUP-REC-488/2015 y acumulados (Santiago Pinotepa). 41 Vale la pena señalar que en las elecciones de la gubernatura en Guerrero, estado que vivió una gran conflictividad, la

participación alcanzó 56.36% del listado nominal. 42 En cumplimiento a la sentencia SUP-REC-294/2015, el INE inició el procedimiento de remoción contra los miembros

del Consejo General del IEPC de Chiapas el 13 de julio de 2015. El mismo concluyó el 19 de febrero de 2016.

43

Cfr. https://www.proceso.com.mx/430802/quitan-por-negligencia-a-3-consejeros-electorales-de-chiapas-salvan-apresidenta y https://www.jornada.com.mx/2016/02/20/politica/011n1pol, consultas realizadas el 5 de julio de 2020.

44 El 28 de septiembre de 2016 el Consejo General del INE resolvió una denuncia que el PRI había presentado solicitando

la remoción de la presidenta del OPLE de Colima, quien, en el contexto de la elección de gobernador en 2015 —a la postre anulada por el Tribunal Electoral—, y que había arrojado resultados sumamente cerrados entre el primer y el segundo lugar, ofreció en una entrevista, es decir, fuera de todos los canales institucionales, y antes de que se reportaran oficialmente los cómputos distritales al Consejo General del OPLE, información errónea sobre los resultados electorales, dando por ganador al candidato que finalmente perdió, por poco, las elecciones. En dicha sesión, y ante la imposibilidad de conjuntar los ocho votos requeridos para destituir a la funcionaria, se acordó su suspensión por 30 días, en una decisión que se tomó con siete de los 10 votos de los consejeros electorales presentes. Sin embargo, unas semanas después, el 1 de noviembre de ese año, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el proceder de la presidenta del OPLE había sido notoriamente negligente, inepto y descuidado, por lo que ordenó al INE su destitución, resolución que se acató el 15 de noviembre de 2016. Se trató del segundo caso de remoción de consejeros de los OPLE, como consecuencia de su actuación no apegada a los principios rectores de la función electoral en los primeros comicios de la era del sistema nacional de elecciones. 45 Lorenzo Córdova Vianello, “El registro del PVEM: Las razones de mi voto” (los editores de la revista cambiaron sin mi

autorización el título para quedar como “Mi voto no es verde”), Voz y Voto, septiembre de 2015, núm. 271, México, pp. 6-8. 46 La votación valida emitida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la LGIPE, es “la que resulte de

deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”. Como resultado de los cómputos distritales del INE en 2015, la votación total a) fue de 39 millones 872 mil 757 sufragios; los votos nulos b) alcanzaron la cifra de 1 millón 900 mil 881; los votos por candidatos no registrados c) sumaron 52 mil 384. En tal virtud la votación valida emitida (= a - [b + c] o = a - b - c) fue de 37 millones 919 mil 492 sufragios. 47 El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece puntualmente en su Base I: “El

partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”. Sobre la desaparición de partidos políticos por no haber alcanzado el 3% de la votación y la “resurrección” del Partido del Trabajo en las elecciones de 2015, véase, Murayama, op. cit., pp. 184 y ss 48 Artículo 97, párrafo 1, inciso a, de la Ley General de Partidos Políticos. 49 El proceso de pérdida de registro del Partido Humanista, igual que ocurrió con el PT, se prolongó durante varios

meses dado que el Tribunal Electoral reinterpretó la legislación en la materia, primero señalando que es el Consejo General y no la Junta General Ejecutiva quien tiene que hacer la declaratoria correspondiente a propuesta de esta última (razón por la que tuvo que reponerse el procedimiento). Más adelante, cuando fue el propio Consejo General el que determinó que el partido no había alcanzado la votación mínima requerida, una nueva resolución de la Sala Superior del TEPJF revocó la decisión del INE para que se tomaran en cuenta los resultados que obtuviera ese instituto político en las elecciones extraordinarias del distrito 01 de Aguascalientes —cuya elección ordinaria fue anulada por la mencionada Sala Superior—, que se realizarían en diciembre de 2015. Finalmente, los 804 votos que obtuvo el Partido Humanista en dicha elección extraordinaria no le sirvieron para alcanzar el porcentaje de votación mínimo requerido para conservar su registro, el cual perdió definitivamente ese mismo mes. 50

Dicha resolución de la Junta General Ejecutiva puede verse en https://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201509-03re_01P01-01.pdf, consultada el 5 de julio de 2020.

51 Las cursivas son mías. 52 Sentencia SUP-RAP-756/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, puede

verse en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-07562015.pdf, consultada el 5 de julio de 2020. Las negritas son énfasis hechos en la propia sentencia.

LAS ELECCIONES DE 2016 Y 2017: DEL CIELO AL SUELO 1 Un mera revisión del índice de los contenidos del reglamento (libros, títulos y sus respectivos capítulos) permite

comprender la vastedad de los temas en él desarrollados (sin entrar al detalle de lo que señala cada una de las secciones que conforman a cada capítulo): Libro Primero, Título I. Órganos electorales (con capítulos dedicados a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, los consejos locales y distritales del instituto, las oficinas municipales, la designación de funcionarios de los OPLE, la coordinación entre el instituto y éstos, así como los procedimientos para dar contestación a consultas y solicitudes formuladas por los OPLE); Título II. Atribuciones especiales del instituto (desglosado en los capítulos dedicados a disposiciones generales, reglas para el trámite y resolución de los procedimientos especiales, la asunción total, la parcial, la atracción y la delegación); Libro Segundo, Título I. Actos preparatorios de la elección (dividido en capítulos referentes a la planeación y seguimiento de los procesos electorales, el padrón, lista nominal y credencial para votar, el marco geográfico electoral, el voto de los mexicanos en el extranjero, la capacitación electoral, la promoción del voto y participación ciudadana por parte de organizaciones sociales, las encuestas, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, la documentación y materiales electorales, las instalaciones para el resguardo de dicha documentación y materiales, los observadores electorales, los visitantes extranjeros, la ubicación y funcionamiento de las casillas, la verificación

para el registro de las candidaturas, el registro de las mismas, el registro de las candidaturas independientes, la propaganda electoral impresa, el monitoreo de los programas noticiosos de radio y televisión, así como los debates); Título II. El seguimiento a la jornada electoral (con un único capítulo dedicado al Sistema de Información de la Jornada Electoral); Título III. Actos posteriores a la elección (cuyos capítulos regulan los mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la jornada electoral, el PREP, los conteos rápidos institucionales, la recepción de paquetes en las oficinas de los órganos electorales, los cómputos de las elecciones federales, el mecanismo de aplicación de la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional, los cómputos de las elecciones locales, las tablas de resultados electorales, los informes de definitividad del instituto, los estudios sobre la documentación electoral, así como la destrucción de la documentación electoral). 2

Dicho acuerdo puede verse https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85899/CGex201605-13_ap_3.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 25 de junio de 2020.

3

Véase https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85899/CGex201605-13_ap_3.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 25 de junio de 2020.

en

4 Mediante ese acuerdo el Consejo General designó a Héctor Arámbula Quiñones como secretario ejecutivo del IEPC de

Durango. A la postre, el mencionado funcionario concursaría y ganaría una plaza como consejero electoral de ese OPLE, y años más tarde llegaría a ocupar provisionalmente la presidencia de ese órgano electoral local. El acuerdo mencionado puede verse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85921/CG3ex201605-18_ap_2.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 25 de junio de 2020. 5 De nueva cuenta, se trató de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana

Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 6 Sobre el fenómeno de la alternancia en las elecciones locales, resulta interesante el estudio de Pablo Armando

González Ulloa Aguirre, “Alternancia en las elecciones subnacionales en México: ¿síntoma de democratización?”, Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, núm. 40, enero-abril de 2017, pp. 47-69. El texto puede verse en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161 617300021, consultado el 20 de julio de 2020. Este trabajo analiza los resultados de los cambios de partido en los gobiernos locales y en las mayorías absolutas en los congresos estatales en periodo previo a 2015. 7 Cfr. “2016, el año de la derrota histórica del PRI en elecciones estatales”, Animal Político, México, 7 de junio de 2016.

Véase en https://www.animalpolitico.com/2016/06/2016-elano-de-la-derrota-historica-del-pri-en-elecciones-estatales/, consultado el 21 de julio de 2020. 8 Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 9 Oaxaca, Puebla y Sinaloa. 10 Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. 11 Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas. 12 Durango, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. 13 Fracción VII, base A del artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación, Distrito Federal, México, 29 de enero de 2016. 14 Fracción VIII, del decreto citado arriba. 15 El entero proceso puede revisarse en el documento Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, INE,

México, 2016. El mismo se encuentra disponible en línea en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECEstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2016/Eleccion-Asamblea-Constituyente-2016.pdf, consultado el 25 de julio de 2020. 16

Datos tomados del Acuerdo del Consejo General INE/CG601/2016, mismos que pueden verse en https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CGacuerdos/2016/08_Agosto/CGex201608-23/CGex201608-23-ap-unico.pdf, consultado el 15 de agosto de 2020.

17 Sobre el tema, véase Astudillo y Vianello, op. cit., IIJ-UNAM/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado

de Jalisco, México, 2010, en particular, p. 69. 18 Se trató de Ramón Vargas Ortega, miembro del Servicio Profesional Electoral del IFE/INE desde 1991 y que para

entonces se desempeñaba como vocal de Organización Electoral en la Junta Distrital 4 de Jalisco, en Zapopan. El acuerdo referido puede verse en https://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201701-20ac_01P0403.pdf, consultado el 30 de julio de 2020. 19 La designación de Patricia González Suárez como encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del OPLE de

Nayarit ejerciendo la facultad de atracción se acordó por el Consejo General del INE mediante el acuerdo INE/CG122/2017 del 18 de abril de 2017. Véase https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/92399/CGexturg201704-18-rp-3.pdf? sequence=1, consultado el 30 de julio de 2020.

20 Artículo 356 del Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General del INE el 7 de septiembre de 2016. Las

disposiciones relativas a los conteos rápidos en elecciones locales se encuentran en los artículos 355 a 382 del mencionado reglamento, el cual puede consultarse en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/03/Reglamentode-Elecciones01-03-18.pdf. 21 En 2017 en Coahuila había nueve partidos políticos con registro nacional (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, PES,

Morena) y seis partidos con registro estatal: Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Socialdemócrata Independiente (SI), Partido Primero Coahuila (PPC), Partido Joven (PJ), Partido de la Revolución Coahuilense (PRC) y Partido Campesino Popular (PCP). 22 La coalición Por un Coahuila Seguro se integró por el PRI, el PVEM, Panal y los partidos locales SI, PJ, PRC y PCP. Por su

parte, la coalición Alianza por Coahuila la conformaron el PAN, el PES y los partidos locales UDC y PPC. 23 El artículo 243, párrafo 4, de la LGIPE establece que:

“4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas: ”a) Para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos: ”I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial, y ”b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año previo al de la elección, procederá en los siguientes términos: ”I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y ”II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.” 24 El artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización establece que:

“1. El pago por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla, invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados durante las campañas. […] ”4. El registro de los gastos realizados el día de la jornada electoral, así como el envío de la documentación soporte se realizará al momento de registrar a los representantes respectivos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el Comprobante de Representación General o de Casilla (CRCG). ”5. El formato “CRCG” será propuesto por la Unidad Técnica e incorporado en el Manual de Contabilidad, el cual debe proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el monto de ésta.” 25 El problema de la falta de entrega de los formatos de gratuidad y, a la postre, de la contabilización de esos pagos

como parte del gasto no reportado fue originado por el entonces titular de la Unidad de Fiscalización ya que, sin haberlo consultado ni acordado con la Comisión de Fiscalización, con la Presidencia o con la Secretaría del INE, ni con los consejeros electorales, y en contradicción con lo establecido en el mencionado reglamento, emitió un oficio para informar a los partidos que en caso de que sus representantes generales o de casilla hubieran desempeñado de forma voluntaria, gratuita y desinteresada, en vez de entregar el formato respectivo a la autoridad electoral, éste quedaría bajo su resguardo para un posterior análisis. Cuando la Comisión de Fiscalización, primero, y el Consejo General, después, conocieron el asunto, decidieron iniciar un procedimiento oficioso que se desahogó de manera muy expedita para solicitar a los partidos políticos la entrega de dichos formatos que, en principio, debían tener bajo su resguardo. El resultado es que algunos formatos se entregaron, otros muchos estaban posfechados, y muchos más simplemente no se entregaron, razón por la cual, en estos casos, los montos establecidos como promedio de pago se consideraron gastos de campaña no reportados y se sumaron a los topes correspondientes. 26 Dicha resolución corresponde al expediente SUP-RAP-687/2017 y acumulados. 27 Cfr. PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos,

Aguilar/Altea/Taurus/Alfaguara, Buenos Aires, 2004, p. 39. 28 Cfr. Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, UNAM, México, 1969, p. 68 (Libro II, capítulo XI). 29 La mencionada reforma de 1994 implicó la incorporación de un título vigesimocuarto al Código Penal para el Distrito

Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en donde se incluyó el tipo penal mencionado en el artículo 403, fracción VI, con una pena correspondiente de 10 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años. La reforma de 2014 implicó la supresión de ese título del Código Penal y la expedición de una ley específica, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que recogió y amplió el tipo penal referido para establecer, según el artículo 7, fracción VII, que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años (prácticamente la misma pena que en 1994) a quien: “Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presiones a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma […] De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio

en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición”. 30 Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social correspondientes a 2018, en

México 52.4 millones de personas se hallaban en situación de pobreza (41.9% del total), de los cuales 9.3 millones vivían en situación de pobreza extrema (7.4%); además, 8.6 millones se encontraban en una situación de vulnerabilidad por ingresos (6.9%), 36.7 millones eran vulnerables por carencias sociales (29.3%) y únicamente 27.4 millones de personas constituían la población no pobre y no vulnerable (21.9% del total). Véase https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx, consulta realizada el 30 de agosto de 2020. 31

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87151/CGor201502-25_ap_4.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

32

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87152/CGor201502-25_ap_5.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

33

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87312/CGor201505-27_ap_15.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

34 Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87521/CGex201602-26_ap_Unico.pdf?

sequence=1&isAllowed=y. 35 En el punto décimo cuarto del acuerdo se estableció: “Los servidores públicos tienen prohibida la ejecución y reparto

de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidato o partido político. ”Para efecto de lo anterior: i) se entenderá por coacción del voto el uso de la fuerza física, violencia, amenaza o cualquier tipo de presión o condicionamiento ejercido sobre los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato o partido político y; ii) se considera la compra del voto una especie de coacción a la voluntad del electorado que consiste en la acción de entregar, condicionar u ofrecer la entrega de dinero, o cualquier tipo de recompensa o dádiva a los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato o partido político”. 36 Cfr. https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFEv2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-

acuerdos/2017/01_Enero/CGex201701-13/CGex201701-13-ap-4.pdf. 37 Cfr. “Puntea Robles cargada federal”, Reforma, 26 de marzo de 2017. 38 Cfr. “Exigen al gabinete frenar su activismo”, Reforma, 27 de marzo de 2017, y “Pide AN al INE tomar comicios en

Edomex”, Reforma, 28 de marzo de 2017. 39 Cfr., entre otros, “Polemizan por dádivas”, Reforma, 30 de marzo de 2017; “Llueven regalos en Edomex”, Reforma, 25

de marzo de 2017; “Se suma Meade a dádivas en Edomex”, Reforma, 28 de marzo de 2017; “Niega José Narro estrategia electoral”, Reforma, 25 de marzo de 2017, y “Acelera el Edomex ingreso a Prospera”, Reforma, 31 de marzo de 2017. 40 Se trató de la Tesis LXXXVIII/2016, bajo el rubro “Programas sociales. Sus beneficios no pueden ser entregados en

eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral”, aprobada el 2 de noviembre de 2016. 41

Se trató del acuerdo INE/CG108/2017 que puede ser consultado https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CGacuerdos/2017/04_Abril/CGex201704-05-2/CG2aEXT201704-05-ap5.pdf.

en

42 Se trató del comunicado de prensa número 190, 7 de junio de 2017, que puede consultarse en

https://centralelectoral.ine.mx/2017/06/07/comunicado-de-prensa-del-ine-ante-el-inicio-de-los-computos-electorales/. Véase también “Solicita el INE abrir paquetes”, Reforma, México, 8 de junio de 2017, p. 5. 43 Cfr. “Exigen a IEEM explicar reducción en recuento”, Reforma, 7 de junio de 2017. Véase también “No habrá recuento

voto por voto, asegura IEEM”, Reporte Índigo, 7 de junio de 2017, https://www.reporteindigo.com/reporte/institutoelectoral-estado-mexico-descarta-voto-por-voto-eleccion-gobernador-0/. 44 En el acuerdo en el que se determinó el recuento total de las casillas en el cómputo distrital de la elección de la

gubernatura de Nayarit, el OPLE de ese estado razonó que dicha decisión se sustentó en el hecho de que se “advierte que se actualiza en más del veinte por ciento en las casillas instaladas las causales de recuento previstas por las fracciones II y III del artículo 197 de la Ley Electoral, tales como: a) Los resultados de las actas no coinciden; b) Las actas de escrutinio y cómputo no venían por fuera del paquete, y c) La existencia de errores en las actas”, por lo tanto, aunque no era obligado mandatar el recuento total, en virtud de maximizar el principio de certeza, se determinó que el mismo se llevara a cabo. 45

Cfr. el boletín de prensa del INE número 232 del 14 de julio de 2017, consultable en https://centralelectoral.ine.mx/2017/07/14/califica-ine-como-gasto-indebido-monedero-rosausado-en-la-campana-demiguel-angel-riquelme/.

46 Quienes consideramos que era procedente la irregularidad fuimos los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Ciro

Murayama, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Pamela San Martín. 47 En este caso, la mayoría que decidió exonerar al PRI, PVEM, Panal y PES, la integraron los consejeros Enrique Andrade,

Marco Baños, Benito Nacif, Jaime Rivera, Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala. Sobre estas decisiones, véanse las notas “Castiga INE tarjetas rosas del PRI en Coahuila, pero perdona las de Del Mazo en Edomex”, Aristegui

Noticias, 14 de julio de 2017, consultada en https://aristeguinoticias.com/1407/mexico/castiga-ine-tarjetas-rosas-delpri-en-coahuila-pero-perdona-las-de-del-mazo-en-edomex/, y “Sanciona INE gastos de monederos rosas en Coahuila”, El Universal, México, 14 de julio de 2017, consultada en https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/14/sanciona-ine-gastos-en-monederos-rosas-encoahuila. La resolución correspondiente a Coahuila (Resolución INE/CG280/2017) puede consultarse en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/CGex201707-14-rp_3-5.pdf; la del Estado de México, que involucró la resolución de una multiplicidad de hechos denunciados, entre ellos las tarjetas de beneficios entregadas en la campaña de la gubernatura de esa entidad (Resolución INE/CG284/2017), puede consultarse por su parte en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/07/CGex201707-14-rp_3-10.pdf.

LA PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN DE 2018 1 Cfr. Jesús Rodríguez Zepeda, Crónica de las elecciones 2018, INE, México, 2018, pp. 21 2 Ello representó un incremento de 7 mil 975 casillas frente a las 148 mil 833 que el INE determinó instalar en 2015, es

decir, 5.36% más. 3 Cifra con el corte del 28 de abril de 2018, es decir, luego de que los 300 consejos distritales del INE aprobaran el

número y ubicación de las casillas. Esta cantidad de funcionarios representa un incremento de 15.77% respecto del millón 209 mil 301 que operaron en 2015 las casillas aprobadas. 4 De los 181 mil 256 inscritos, 84% eran ciudadanas y ciudadanos residentes en Estados Unidos (152 mil 337), 3.85% en

Canadá (6 mil 976), 2% en España (3 mil 641), 1.74% en Alemania (3 mil 153) y 1.36% en Francia (2 mil 463). Vale la pena señalar que al 30 de junio de 2018 se recibieron los paquetes postales para la elección presidencial de 98 mil 854 electores, es decir, el equivalente a 54.54% de los votantes registrados para ejercer ese derecho. La votación correspondiente tanto para la presidencia como para el Senado de la República puede consultarse en http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018. 5

Cfr. sentencia SER-PSC-15/2015 del 6 de febrero de 2015, la cual puede revisarse en https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0015-2015.pdf, consultada el 25 de noviembre de 2020.

6 Sentencia de la Sala Regional Especializada SRE-PSC-29/2015 del 10 de marzo de 2015, misma que puede revisarse en

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSC/SRE-PSC-00029-2015.htm, consultada el 25 de noviembre de 2020. 7

Sentencia SUP-REP-117/2015 y Acumulado del 8 de abril de 2015, la cual puede revisarse en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00117-2015.htm, consultada el 25 de noviembre de 2020.

8

Sentencia SUP-REP-170/2015 del 15 de abril de 2015, la cual puede revisarse en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00170-2015.htm, consultada el 25 de noviembre de 2020.

9

Sentencia SUP-REP-18/2016 del 5 de marzo de 2016, la cual puede revisarse en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00018-2016.htm, consultada el 25 de noviembre de 2020.

10

Sentencia SUP-REP-575/2015 del 2 de noviembre de 2016, la cual puede revisarse en https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/REP/575/SUP_2015_REP_575-614284.pdf, consultada el 25 de noviembre de 2020.

11

Sentencia SUP-REP-198/2016 del 28 de diciembre de 2016, la cual puede revisarse https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPREP-0198-2016.pdf, consultada el 25 de noviembre de 2020.

12

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93224/CGex201707-20-ap-3-1.pdf, consultado el 25 de noviembre de 2020. El cuarto lineamiento señala textualmente: 4. Los partidos políticos podrán incluir en los tiempos de radio y televisión a sus dirigentes y voceros o hacer referencia a éstos, siempre que: a) En todo tiempo, su participación o aparición se acompañe de elementos que permitan a la ciudadanía identificarlos plenamente con ese carácter, así como al partido al que pertenecen o representan. b) El contenido de la propaganda en radio y televisión en la que aparezca el nombre, la voz, imágenes o cualquier otro símbolo relacionado con el dirigente o vocero partidista se deberá ajustar al tipo de propaganda y, consecuentemente, a los fines del periodo ordinario o etapa electoral correspondiente, por lo que en ningún caso podrá aprovecharse para comunicar, sugerir o exteriorizar cuestiones, posicionamientos o aspiraciones personales de ninguna índole, a fin de respetar el modelo de comunicación política y no poner en riesgo o afectar los principios constitucionales, como el de la equidad en la contienda, por lo que deberá estar orientada por las siguientes directrices: i. En la propaganda política difundida en periodo ordinario se admite una mayor y más constante participación o aparición de dirigentes y voceros partidistas, sin que exista la centralidad de un sujeto único, siempre que se cumpla con la finalidad de este tipo de mensajes. ii. En la propaganda electoral difundida en periodo de precampaña o campaña se podrá incluir la participación o aparición de dirigentes y voceros partidistas, en el entendido de que se debe privilegiar y anteponer la exposición de precandidaturas derivado de un contexto de equidad interna, y de candidaturas.

en

iii. En la propaganda difundida en periodo de intercampaña, se podrá incluir la participación o aparición de dirigentes o voceros partidistas, siempre que no afecte la naturaleza genérica de propaganda de ese tipo. c) Cuando se reúna en una misma persona la calidad de dirigente o vocero partidista y la de aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, se deberá observar lo siguiente: i. A partir del inicio del proceso electoral y hasta el inicio de la etapa de precampañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos que aspiren a un cargo de elección popular no podrán aparecer o participar con ese carácter o cargo partidista en la propaganda electoral que se difunda a través de radio y televisión, a fin de evitar que su presencia en dichos medios de comunicación social les represente un posicionamiento o ventaja indebida en menoscabo de la equidad en la contienda electoral. ii. En la etapa de precampañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos sólo podrán aparecer o participar en la propaganda difundida en radio y televisión con el carácter de precandidatos, siempre que esa calidad sea claramente identificable en la propaganda y se respeten las reglas de equidad interna del partido político en el que participan. iii. En la etapa de campañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos sólo podrán aparecer o participar en la propaganda difundida en radio y televisión con el carácter de candidatos, siempre que hayan sido registrados ante la autoridad electoral competente y en la propaganda se identifique claramente esa calidad. iv. En la etapa de intercampañas, queda prohibida la aparición de dirigentes y voceros partidistas en la propaganda que se difunde en radio y televisión, a fin de evitar un posicionamiento o ventaja indebida en detrimento de la equidad de la contienda electoral y una afectación a la naturaleza genérica de ese tipo de propaganda. La violación a lo previsto en el inciso c) implicará la presunción de la comisión de actos anticipados de precampaña o campaña por parte del dirigente o vocero partidista. 13 Sentencia SUP-RAP-268/2017 y Acumulados, del 25 de septiembre de 2017, la cual puede revisarse en

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00268-2017.htm, consultada el 25 de noviembre de 2020. 14 Cfr. notas 9 y 10. 15

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93213/CGex201707-20-rp-3-2.pdf, consultada el 25 de noviembre de 2020.

16 Véase en este volumen el capítulo “2015: el año en el que la democracia estuvo en peligro”. 17 Cfr. sentencia SUP-RAP-232/2017 y Acumulados del 30 de agosto de 2017, la cual puede revisarse en

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0232-2017.pdf, consultada el 26 de noviembre de 2020. 18 La resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante la cual se ejerce la facultad de atracción

para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018, misma que se identifica con el número de acuerdo INE/CG398/2017, puede revisarse en https://repositorio documental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93557/CGex201709-05-rp-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultada el 26 de noviembre de 2020. 19 Las resoluciones que sirvieron de precedente a la decisión del 5 de agosto de 2017 son las siguientes: a) respecto al

tema de propaganda gubernamental, los acuerdos del IFE CG40/2009, CG126/2009, CG601/2009, CG155/2010, CG135/2011, CG179/2011, CG180/2011, CG75/2012, así como los acuerdos INE/CG78/2016 e INE/CG65/2017, emitidos por el Instituto Nacional Electoral; b) en relación con el uso de los programas sociales, los acuerdos INE/CG67/2015, INE/CG94/2016, INE/CG04/2017 e INE/CG108/2017; c) respecto de la imparcialidad en el uso de recursos públicos, los acuerdos del IFE CG39/2009 y CG193/2011, así como el INE/CG66/2015, aprobado por el Instituto Nacional Electoral; d) en relación con actos anticipados de campaña, el acuerdo del IFE CG92/2012, y e) el acuerdo del IFE CG38/2008, relacionado con la propaganda institucional y político-electoral de servidores públicos. 20 Cfr. sentencia SUP-RAP-607/2017 y Acumulados, del 5 de octubre de 2017, la cual puede revisarse en

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0607-2017.pdf, consultada el 26 de noviembre de 2020. 21 Voto particular que formuló el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en relación con los recursos de apelación

SUP-RAP-607/2017 y Acumulados, que puede consultarse en la sentencia citada en la nota anterior. 22

El acuerdo referido fue aprobado el 8 de septiembre de 2017 y puede revisarse https://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SIFv3/rsc/PDF/INE-CG4092017_CGex201709_08_ap_7.pdf, consultado el 26 de noviembre de 2020.

en

23 Cfr. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00623-2017.htm, consultada el 26 de

noviembre de 2020. 24 Michelangelo Bovero, “El paraíso de los cobardes”, Nexos, núm. 451, julio de 2015, https://www.nexos.com.mx/?

p=25380, consultado el 15 de diciembre de 2020. En ese interesante texto, el filósofo de la política italiano apunta que “la democracia necesita un espacio donde la discusión y la deliberación pública sea institucionalizada; y, por ende, efectiva y permanente, en vez de incidental y eventual. Sobre todo, necesita de un espacio donde dicha discusión no sea selectiva y casual, sino inclusiva de todas las opiniones alrededor de las cuales se haya formado un consenso significativo. Este espacio es el parlamento; no es y no lo puede ser la red. La democracia es el parlamento. Hablamos obviamente, de un parlamento representativo, fundado sobre el sufragio universal y sobre el método proporcional, donde las opiniones políticas de todos puedan no sólo expresarse, sino, en efecto, ser escuchadas y ponderadas por todos.

”Esto no significa que el bullicio infinito de la comunicación política en la red no tenga un lugar en la democracia; que le sea extraño o incluso dañino. Al contrario: puede y debe ser el campo más vasto en el cual germinan, se definen y se difunden datos, temas, cuestiones y perspectivas capaces de imponerse a la atención pública transversal y de condicionar, o incluso orientar, el proceso de decisión política. Este proceso, sin embargo, no puede agotarse en la red: la e-democracy, entendida como democracia directa, es una ilusión y un engaño. La voz de la red no es la voz del pueblo.” 25 El contenido y características de los convenios suscritos con las plataformas de redes sociales, así como los ejes de la

estrategia de comunicación social, pueden consultarse con más detalle en INE, Memoria del proceso electoral federal 2017-2018, México, 2019, tomo II, pp. 331 y ss. La misma puede revisarse en https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2020/01/DS-Memoria-PEF-2018-Tomo2.pdf, consultada el 10 de enero de 2021. 26 Cfr. Inegi, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de tic en Hogares (endutih), México, 2019, disponible en

https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/#Tabulados, consultada el 10 de enero de 2021. 27 Asociación de Internet MX, Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018, México, 2018,

disponible en https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/habitos-deinternet, consultado el 10 de enero de 2021. 28 Cfr. Inegi, op. cit. 29 Cfr. Asociación de Internet MX, op. cit. 30 Cfr. INE, op. cit., pp. 349-350. 31 Como ejemplos de esas posturas y de donde se retoman los argumentos con los que se criticó la decisión del INE de

suscribir el acuerdo de colaboración con Facebook, véase Javier Tejado Dondé, “El acuerdo secreto de Facebook con el INE”, El Universal, 13 de febrero de 2018, https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/elacuerdo-secreto-de-facebook-con-el-ine; “Editorial”, El Universal, 14 de febrero de 2018, https://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/el-engano-de-facebook; Ricardo Blanco, “Para el INE Facebook es un medio”, El Universal, 16 de febrero de 2018, https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardoblanco/techbit/para-el-ine-facebook-es-un-medio; o bien Octavio Islas, “El dudoso convenio INE-Facebook”, El Universal, 6 de abril de 2018 (https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/el-dudoso-convenioinefacebook). Todos los textos referidos fueron consultados el 15 de enero de 2021. 32 Véase, por ejemplo, Octavio Islas, “Cambridge Analytica, Facebook y el INE”, El Universal, 23 de marzo de 2018,

https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/cambridge-analytica-facebook-y-el-ine, consultada el 15 de enero de 2021. 33 Diversas notas de prensa dieron cuenta del evento mencionado, entre ellas: “Lorenzo Córdova alerta sobre ‘evento de

desinformación masiva intensiva’ contra el INE”, Aristegui Noticias, 21 de marzo de 2018, https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/lorenzocordova-alerta-sobre-evento-de-desinformacion-masivaintensiva-contra-el-ine/, consultada el 16 de enero de 2021; “Advierte Lorenzo Córdova campaña de desprestigio contra el INE”, Televisa.News, 21 de marzo de 2018, https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/advierte-lorenzocordova-campana-desprestigio-ine/, consultada el 16 de enero de 2021; “Asegura INE que no dio datos a Facebook”, El Universal, 22 de marzo de 2018, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/asegura-ine-que-no-dio-datosfacebook, consultada el 16 de enero de 2021. 34 Cfr. INE, op. cit., pp. 350-351. 35 Ibid., p. 351. 36 Siguieron por redes el primer debate 8.4 millones de personas (5.65 millones a través de Facebook Live, 835 mil por

Periscope [Twitter] y 1.9 millones en YouTube), 5.8 millones el segundo (3.24 millones por Facebook Live, 1.18 millones por Periscope [Twitter] y 1.45 millones por YouTube) y 5.6 millones el tercero (3.03 millones mediante Facebook Live, 1.01 millones por Periscope [Twitter] y 1.61 millones en YouTube). Las cifras pueden consultarse en INE, op. cit., p. 349. 37 Entre las organizaciones convocantes (además de los medios ya mencionados: AJ+, Pop-Up Newsroom y Animal

Político), se encontraban Newsweek en español, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Universidad de la Comunicación, Facebook Journalism Project, Google News Initiative, Cuartoscuro, Twitter, Oxfam México y Open Society Foundations. Además contaban entre sus múltiples aliados a Article 19, Atando Cabos, BuzzFeed News, Chilango, El Economista, El Universal, Grupo Expansión, Ibero Ciudad de México, Radio UNAM, Ibero 90.9, IMCO, México Evalúa, Milenio, Proceso, Periodismo CIDE, Quadratin, Sopitas.com, Gatopardo, Tec de Monterrey, W Radio, Zeta, Huffpost México, Grupo ACIR, Forbes México, Cencos, Megacable, entre muchos otros que pueden consultarse en la página https://verificado.mx. 38 Cfr. “Twitter prohíbe los anuncios políticos en su plataforma en todo el mundo”, El País, edición digital para México,

31 de octubre de 2019. Puede revisarse en https://elpais.com/internacional/2019/10/30/actualidad/1572467801_480841.html, consultado el 20 de enero de 2021. 39 Cfr. https://wethinkdigital.fb.com/mx/es-mx/partners/. 40 OEA-CIDH-RELE, Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos

electorales, octubre de 2019. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf.

Versión

digital:

41 Kofi Annan Foundation, Protecting Electoral Integrity in the Digital Age, enero de 2020. Versión digital:

https://www.kofiannanfoundation.org/app/uploads/2020/05/85ef4e5d-kaf-kacedda-report_2020_english.pdf (edición en

español: report_2020_spanish.pdf).

https://storage.googleapis.com/kofiannanfoundation.org/2020/05/ebc1514a-kaf-kacedda-

42 Cfr. “UNESCO e INE lanzan campaña nacional para combatir desinformación”, ONU-México, México, 26 de enero de

2021, https://www.onu.org.mx/unesco-e-ine-lanzan-campananacional-para-combatir-la-desinformacion/. 43 Sobre las medidas a favor de la paridad y para combatir la discriminación adoptadas por el INE, véase Rodríguez

Zepeda, op. cit., pp. 33 y ss. 44 Así, el artículo XXII transitorio del Cofipe señaló: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que

las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres”. 45 El artículo 175-A del Cofipe fijó que: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados

como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género”. Por su parte, el artículo 175-B señalaba: “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político”. 46 Se trató del acuerdo CG225/2002, aprobado por el Consejo General el 18 de diciembre de 2002,

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94471/181202ap7.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 26 de enero de 2021. 47 Así, el artículo 219 del reformado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señaló: “1. De la

totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”. Por su parte, el artículo 220 del mencionado ordenamiento estableció: “1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidatos y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada”. 48 Sobre el análisis de este caso, véase Mercedes Barquet Montané, De la in/utilidad de la cuota de género. La diputada

que no quería ser…, Serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral, núm. 46, TEPJF, México, 2012. 49 Cfr. la sentencia SUP-JDC-12624/2011 emitida el 30 de noviembre de 2011, misma que puede revisarse en

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2011/jdc/supjdc-12624-2011.htm, consultada el 26 de enero de 2021. 50 Se trató de la misma sentencia señalada en la nota anterior. 51 Se trató de la jurisprudencia 7/2015, “Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden municipal”, en la

que se estableció que “los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres”. Dicha jurisprudencia puede revisarse en https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/3594b68c5ea5965.pdf, consultada el 26 de enero de 2021. 52 Dicho acuerdo puede revisarse en https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo-INE-CG508-2017.pdf,

consultado el 26 de enero de 2021. 53 Véanse los considerandos 34 y 25, respectivamente, de los acuerdos INE/CG298/2018 e INE/CG299/2018, que pueden

revisarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/discover? rpp=10&page=2&group_by=none&etal=0&filtertype_0=dateIssued&filter_0=2018-0329&filter_relational_operator_0=equals, consultados el 26 de enerode 2021. 54 Véase en particular el considerando 24 del acuerdo INE/CG391/2018, del 17 de abril de 2018,

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95765/CGex201804-17-punto-unico.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 26 de enero de 2021. 55 Cfr. http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm, consultado el 26 de enero de 2021. 56 Dicho protocolo puede consultarse en https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-

politica-contra-las-mujeres/. 57

Se trató de la sentencia SUP-RAP-677/2015, que puede https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00677-2015.htm.

consultarse

en

58 Se trató de la tesis de jurisprudencia 37/2015, “Consulta previa a comunidades indígenas. Debe realizarse por

autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos”, aprobada el 28 de octubre de 2015. Puede consultarse en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta,previa.

59

Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-flipbook/web/viewer.html? file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/87474/CGor201602-26_ap_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

60

Se trató del acuerdo INE-CG-59/2017, disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjsflipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/92303/CGext201703-15-ap-7_NFQzTwI.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

61 Los resultados de esos foros se compilaron con la colaboración del doctor Willibald Sonnleitner, académico de El

Colegio de México, en el documento La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de México, INE/Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas/TEPJF, México, 2018 (versión en línea: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/09/Agendapendiente-en-materia-de-representación-y-participación-pol%C3%ADtica.pdf). Dicho documento fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Diputados en un acto formal el 12 de diciembre de 2018. 62 Disponible en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2017/rap/sup-rap00726-2017.htm. 63 En dicho encuentro realizado en la Ciudad de México participaron las siguientes organizaciones: Confederación

Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C. (Confe), Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), Discapacitados Visuales, IAP, Clínica Mexicana de Autismo (Clima) y Voz Pro-Salud Mental. Asimismo, se consultó al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 64

El protocolo puede Discapacidad.pdf.

encontrarse

en

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-

65 El término trans, de acuerdo general con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es un concepto

utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/reafirmación de la identidad o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad o expresiones de género de la persona (Conapred, Glosario de la diversidad sexual, de género y de características sexuales, México, 2016. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225271/glosario-TDSyG.pdf). El INE organizó dos mesas de diálogo para tal efecto. En la primera, realizada el 1 de septiembre de 2017, participaron el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), el Centro de Atención Profesional a Personas con SIDA (CAPPSIDA), el Comité IncluyeT, Prodiana, A. C. y la Unión de Activistas Trans de México. En la segunda, llevada a cabo el 20 de octubre de 2017, participaron, además del Copred, las organizaciones Tercera Cara de la Moneda Trans, A. C., Prodiana, A. C., Cuauhtémoc Joven, A. C., Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C., Asociación Humana Nación Trans, Brigada Azul Programa de Hombres Trans y EcoSex. 66 El “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad

de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”, aprobado por el Consejo General del INE, puede consultarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94346/CGex201712-22-ap-4-a1.pdf. 67 De acuerdo con El Financiero, para enero de 2021 apenas 13 estados habían reconocido en sus legislaciones civiles el

derecho a cambiar libremente la identidad de género y el nombre que aparece en las actas de nacimiento (cfr. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estos-son-los-13-estados-del-pais-que-tienen-leyes-para-reconoceridentidad-de-genero).

CUATRO ESTAMPAS DE LA ELECCIÓN DE 2018 1 Es emblemático el caso resuelto en la sentencia SUP-JDC-037/2001, en la que la Sala Superior del TEPJF estableció el 3

de agosto de 2001 el criterio mencionado en los siguientes términos: “se estima que el derecho político-electoral ciudadano a ser votado no es absoluto sino que se trata de un derecho fundamental de base o consagración constitucional y configuración legal, por lo que el legislador ordinario tiene la competencia para establecer ciertas delimitaciones al referido derecho a través de una ley, con el objeto de posibilitar su ejercicio y armonizarlo con otros derechos igualmente valiosos y determinados principios, valores o fines constitucionales”. La sentencia puede revisarse en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2001/jdc/sup-jdc-00037-2001.htm, consultada el 15 de febrero de 2021. 2 Cfr. Lorenzo Córdova Vianello, “La reforma electoral y el cambio político en México”, en Daniel Zovatto y J. Jesús

Orozco Henríquez (coords.), Reforma política y electoral en América Latina. 1978-2007, UNAM-IIJ/IDEA Internacional, México, 2008, pp. 698-699. 3

La sentencia del caso “Castañeda Gutman vs. México” puede revisarse https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf, consultada el 15 de febrero de 2021.

en

4 El uso de la aplicación móvil para recabar los apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes se estableció en

el acuerdo del Consejo General INE/CG387/2017 del 28 de agosto de 2017, que puede revisarse en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/09/CGex201708-28-ap-12.pdf, consultado el 16 de febrero de 2021. En relación con el uso de la aplicación móvil, véase Rodríguez Zepeda, op. cit., INE, México, 2018, pp. 31-32. 5 Para el 31 de agosto de 2017 la entidad federativa con el listado nominal más pequeño era Baja California Sur, con 500

mil 637 personas inscritas. En ese sentido, 2% de apoyos ciudadanos requerido para alcanzar una candidatura independiente al Senado eran 10 mil 14 firmas. Por el contrario, la entidad con el listado nominal más grande era el

Estado de México, con 11 millones 459 mil 228 ciudadanos registrados; en ese caso el 2% correspondía a 229 mil 186 apoyos. En el caso de las diputaciones federales el 2% se ubicaba entre los 4 mil 436 apoyos requeridos en el distrito 11 de Chiapas hasta los 7 mil 394 del distrito 3 de la Ciudad de México. 6 Los datos pueden revisarse en https://www.ine.mx/candidaturas-independientes-2018/, consultados el 17 de febrero de

2021. Sobre el tema vale la pena revisar la reconstrucción que hace Murayama, op. cit., pp. 206 y ss. 7 El dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas

independientes a una diputación federal se aprobó el 14 de febrero de 2018 mediante el acuerdo INE/CG87/2018, que puede revisarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95091/CGex201802-14dp-1.pdf, consultado el 16 de febrero de 2021. 8 El dictamen correspondiente fue aprobado por el Consejo General del INE el 28 de febrero de 2018, mediante el

acuerdo INE/CG113/2018, que puede verse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95143/CGor201802-28-dp-7.pdf, consultado el 16 de febrero de 2021. 9 El dictamen correspondiente se aprobó mediante el acuerdo INE/CG269/2018, que puede verse en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95280/CGex201803-23-dp-unico.pdf, consultado el 16 de febrero de 2021. Sobre las irregularidades cometidas por quienes aspiraron a una candidatura independiente para la Presidencia de la República, véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 114-118. 10

Cfr. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95280/CGex201803-23-dp-unico.pdf, consultado el 17 de febrero de 2021.

11

La sentencia SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-JDC-201/2018 puede revisarse https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0186-2018.pdf, consultada el 17 de febrero de 2021. Sobre el tema véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 132-136.

en

12

Cfr. la sentencia SUP-JDC-161/2018 y acumulado SUP-JDC-192/2018, que puede revisarse https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0161-2018.pdf, consultada el 17 de febrero de 2021.

en

13

Así lo decidió el Consejo General en su acuerdo INE/CG392/2018, que puede revisarse https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95800/CGex201804-23-ap-2.pdf.

en

14 Para un análisis más detallado sobre las irregularidades encontradas por el INE en el proceso de revisión de los

apoyos a las candidaturas independientes, particularmente en los casos de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, véase Murayama, op. cit., pp. 214 y ss. 15

16

Las resoluciones INE/CG473/2018, INE/CG474/2018 e INE/CG475/2018 pueden revisarse https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96241/CGor201805-28-rp-9-8.pdf, https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96242/CGor201805-28-rp-9-9.pdf https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96243/CGor201805-28-rp-9-10.pdf, respectivamente.

en y

El acta de la sesión del Consejo General del 28 de marzo de 2018 puede revisarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95560/VECGor280318.pdf, consultada el 18 de febrero de 2021. Sobre el tema véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 112-114.

17 Para un recuento de los debates presidenciales previos a 2018, véase Rubén Aguilar, “La historia de los debates”,

Animal Político, 15 de mayo de 2018. En dicho texto electrónico se encuentran alojadas las grabaciones íntegras de esos debates presidenciales y puede verse en https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/la-historia-de-losdebates/, consultado el 25 de febrero de 2021. 18 Sobre los debates presidenciales en 2018, véase Murayama, op. cit., pp. 275 y ss. 19

Ese estudio puede revisarse en línea https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93540/CGex201709-05-ap-2-anexo.pdf? sequence=2&isAllowed=y, consultado el 25 de febrero de 2021.

en

20 Considerando 12 del acuerdo INE/CG391/2017, mismo que puede revisarse en https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/03/05-INE-CG391-2017.pdf, consultado el 25 de febrero de 2021. Sobre el tema véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 141 y ss. 21 El acuerdo INE/CG562/2017, en el que se fijaron las reglas generales de los debates, puede verse en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94120/CGor201711-22-ap-14.pdf, consultado el 26 de febrero de 2021. 22 El acuerdo INE/CG123/2018, en donde se incluyeron los criterios específicos mencionados, puede revisarse en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95167/INE-CG123-2018-28-02-18.pdf, consultado el 26 de febrero de 2021. 23

Se trata, respectivamente, de los acuerdos INE/CG383/2018 e INE/CG388/2018 consultables en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95718/CGex201804-05-ap-2.pdf y https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95764/CGex201804-16-ap-1.pdf, consultados el 26 de febrero de 2021.

24 Sobre el primer debate, véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 143-147.

25 Sobre el segundo debate, véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 166-169. 26 Sobre el tercer debate, véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 181-182. 27 La historia de los tres debates presidenciales de 2018 es reconstruida en el documental Crónica de un cambio

realizado por el INE, mismo que puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=gFqCk0X-4Sw, consultado el 10 de marzo de 2021. 28 Sobre los conteos rápidos, véase Murayama, op. cit., pp. 119 y ss. 29 La única excepción la establece la legislación electoral de la Ciudad de México, en donde los cómputos distritales se

realizan en la misma noche de la jornada electoral conforme van llegando los paquetes con la documentación de cada una de las casillas instaladas. 30 En relación con el conteo rápido de la elección de 1994, véase Memoria del proceso electoral federal 1994, op. cit. pp.

351 y ss. 31 Se trató de los doctores Gabriel Vera Ferrer, Raúl Rueda Díaz del Campo, Arcadio Poveda Ricalde, Ignacio Méndez

Ramírez, Rosa María Ruvalcaba, Isaura Meza Gómez Palacio, José Rubén Hernández Cid y Rodrigo Gutiérrez Sánchez. 32 Sobre este ejercicio, véase Memoria del proceso electoral federal 2000, IFE, México, 2001, t. II, pp. 453 y ss. 33 Dicho comité técnico estuvo integrado por los doctores Víctor Guerra Ortiz, José Rubén Hernández Cid, Ignacio

Méndez Ramírez, Raúl Rueda del Campo y Gabriel Vera Ferrer. 34 Sobre ese conteo rápido, véase Memoria del proceso electoral federal ordinario 2002-2003 y extraordinario 2003, IFE,

México, 2005, t. II, pp. 454 y ss. 35 En relación con el conteo rápido de 2006, véase Elecciones federales 2006. Encuestas y resultados electorales, IFE,

México, 2006, pp. 23 y ss. 36 Ese comité fue integrado por los científicos Miguel Cervera Flores, Guillermina Eslava Gómez, Rubén Hernández Cid,

Ignacio Méndez Ramírez y Manuel Mendoza Ramírez. 37

Dicho acuerdo puede revisarse https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86316/CGo220606ap15.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 10 de marzo de 2021.

en

38 Véase Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, Grijalbo, México, 2008, pp. 150 y ss. 39 Sobre el conteo rápido de 2012, véase Memoria del proceso electoral federal 2011-2012, IFE, México, 2013, t. II, pp.

239 y ss. 40 Integraron dicho comité Guillermina Eslava Gómez, Patricia Romero Mares, Rubén Hernández Cid, Manuel Mendoza

Ramírez y Raúl Rueda Díaz del Campo. 41 Los argumentos del PRD están reproducidos en la sentencia SUP-RAP-118/2012, que puede verse en

https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/201205-04/sup-rap-0118-2012.pdf, consultada el 12 de marzo de 2021. 42 Todas las citas aquí transcritas de la sentencia se encuentran en las páginas 56 y 57. 43

El acuerdo CG297/2012 del 16 de mayo de 2012 puede revisarse https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CGacuerdos/2012/Mayo/CGext201205-16/CGe160512ap4.pdf, consultado el 12 de marzo de 2021.

en

44 Sobre el conteo rápido de 2015, véase Memoria del proceso electoral federal ordinario 2014-2015 y extraordinario

2015, INE, México, 2016, t. 2, pp. 241 y ss. 45 El Cotecora de 2015 estuvo integrado por Alberto Castillo Morales, Carlos Hernández Garciadiego, Carlos Erwin

Rodríguez Hernández-Vela, Patricia Romero Mares y Raúl Rueda Díaz del Campo. 46 En relación con el conteo rápido de 2018, véase Memoria del proceso electoral federal 2017-2018, INE, México, 2019,

t. II, pp. 159 y ss. Sobre el tema véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 141 y ss. 47 La asunción del conteo rápido de la gubernatura de Tabasco se aprobó en el acuerdo INE/CG503/2017 y la de las

elecciones de los titulares de los poderes ejecutivos de las otras ocho entidades federativas en el acuerdo INE/CG568/1017, ambos acuerdos pueden revisarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93865/INECG503-2017-30-10-17.pdf? sequence=1&isAllowed=y y https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94118/CGor201711-22-rp-22.pdf? sequence=1&isAllowed=y, respectivamente, consultados el 14 de marzo de 2021. 48 Dicha reforma fue realizada mediante el acuerdo INE/CG565/2017, que puede revisarse en https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/03/06-INE_CG565_2017.pdf, consultado el 14 de marzo de 2021. 49 Dado que serían responsables de estimar las tendencias de la votación de 10 conteos rápidos, el presidencial y los

nueve locales, se decidió instalar un Cotecora más grande que los que se habían encargado de esos ejercicios en las elecciones previas, integrado por nueve especialistas. Ellos fueron: Alberto Alonso y Coria, Michelle Anzarut Chacalo,

Carlos Hernández Garciadiego, Manuel Mendoza Ramírez, Luis Enrique Nieto Barajas, Gabriel Núñez Antonio, Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, Patricia Isabel Romero Mares y Raúl Rueda Díaz del Campo. 50 La sentencia recaída al expediente SUP-RAP-749/2017 y Acumulados puede revisarse en https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2018/03/07-SUP-RAP-749-2017.pdf, consultada el 15 de marzo de 2021. 51

Se trató del acuerdo INE/CG122/2018, que puede revisarse en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95171/CGor201802-28-ap-12.pdf? sequence=1&isAllowed=y, consultado el 15 de marzo de 2021. Sobre el tema véase Rodríguez Zepeda, op. cit., pp. 97-99.

52

Se trató de la sentencia SUP-RAP-42/2018 que puede revisarse en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/RAP/SUP-RAP-00042-2018.htm, consultada el 15 de marzo de 2021.

53 Memoria del proceso electoral federal 2017-2018, op. cit., p. 163. 54 Cfr. “Lorenzo Córdova recula sobre su pronóstico de impugnaciones: ‘No hacemos futurismo’, dice”, Proceso, 11 de

mayo de 2018, en https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/5/11/lorenzo-cordova-recula-sobre-su-pronostico-deimpugnaciones-no-hacemosfuturismo-dice-204865.html, consultado el 16 de marzo de 2021. 55 Cita retomada de las siguientes notas del 11 de mayo de 2018: “INE no hace pronósticos, responde Córdova a López

Obrador”, Quadratín, en https://mexico.quadratin.com.mx/ineno-hace-pronosticos-responde-cordova-a-lopez-obrador/; “INE no improvisa ni hace futurismo: Lorenzo Córdova”, UNO TV, en https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/el-ine-no-hace-pronosticos-y-se-prepara-para-cualquierescenario-423362/; “INE no hace futurismo, se prepara ante cualquier escenario: Córdova a AMLO”, Eje Central, en https://www.ejecentral.com.mx/ine-no-hace-futurismo-se-prepara-ante-cualquier-escenario-cordova-amlo/, y “Lorenzo Córdova responde a señalamientos de López Obrador”, Televisa.NEWS, en https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/lorenzo-cordova-responde-senalamientos-lopez-obrador/, consultadas el 16 de marzo de 2021. 56 De dicha reunión da cuenta el comunicado de prensa número 071 de 2018, del 14 de febrero de ese año, que puede

revisarse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/14/convocaine-sociedad-civil-participar-en-la-vigilancia-delproceso-electoral/, consultado el 20 de marzo de 2021. 57 El contenido de esa reunión fue difundido mediante el comunicado de prensa número 320 de 2018, del 8 de junio, el

cual puede revisarse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/06/08/presenta-ine-avances-del-proceso-electoral-20172018-representantes-de-la-sociedad-civil/, consultado el 20 de marzo de 2021. 58 “INE pide a empresarios no enturbiar elección”, El Universal, 1 de junio de 2018. La nota y la entrevista pueden

revisarse en https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/ine-pide-empresarios-no-enturbiar-eleccion, consultadas el 25 de marzo de 2021. 59 La transcripción del fragmento de la entrevista fue tomada de la dirección electrónica mencionada en la nota anterior. 60 “Llaman a industriales a no inducir el voto”, La Jornada, 7 de junio de 2018. La nota puede revisarse en

https://www.jornada.com.mx/2018/06/07/politica/006n2pol, consultada el 25 de marzo de 2021. 61 De esas reuniones dieron cuenta algunos comunicados de prensa del INE, como es el caso del Boletín número 130, del

15 de marzo de 2018, que reportó la reunión de ese día y que puede revisarse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/03/15/recibe-consejero-presidente-del-ine-miembros-de-la-sociedad-civil/, o bien las notas de algunos medios de comunicación, como: “Muñoz Ledo le expresa al INE ‘preocupaciones electorales’”, El Universal, 25 de mayo de 2018, que puede revisarse en https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/munoz-ledole-expresa-al-ine-preocupaciones-electorales, o bien: “Muñoz Ledo propone al INE trabajar en nueva reforma electoral”, Político MX, 19 de julio de 2018, que puede revisarse en https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicagobierno-federal/muñozledo-propone-al-ine-trabajar-en-nueva-reforma-electoral/, todas las notas mencionadas fueron consultadas el 20 de marzo de 2021. 62 Las cifras correspondientes a los observadores, así como a los visitantes extranjeros en el proceso electoral 2017-

2018, pueden consultarse en Memoria de proceso electoral federal 2017-2018, op. cit., vol. II, pp. 118 y ss. 63 Los informes de la observación electoral de las elecciones de 2018, tanto los presentados de manera individual como

los que presentaron las organizaciones a título colectivo, pueden revisarse en https://www.ine.mx/informesobservacion-electoral-2018/, consultados el 25 de marzo de 2021. 64 El Comité Técnico de Evaluación del FAOE, encargado de evaluar las propuestas de proyectos de observación electoral

presentados por organizaciones ciudadanas, estuvo integrado por Hugo Concha Cantú, David Gómez Álvarez, José de Jesús Orozco Henríquez, Fernanda Somuano e Irma Méndez de Hoyos, quien fue elegida presidenta del comité por sus integrantes. 65 Comunicado de prensa del INE, número 436, del 22 de agosto de 2018, mismo que puede revisarse en

https://centralelectoral.ine.mx/2018/08/22/reconocen-misiones-internacionales-la-organizacion-exitosa-de-loscomicios-2018/, consultado el 25 de marzo de 2021. 66 Retomado del comunicado de prensa citado en la nota previa. 67 Fundación Kofi Annan, Reporte final. Integridad electoral en América Latina, KAF, 2017, p. 8 disponible en

https://www.kofiannanfoundation.org/app/uploads/2018/05/180522_KAF_Electoral-IntegrityEII-Conference-inMexico_spanish_web.pdf, consultado el 26 de marzo de 2021.

68 La conferencia magistral “Paz y democracia”, dictada por Kofi Annan el 23 de mayo de 2018 en el INE, puede verse en

https://www.youtube.com/watch?v=sNNCD4q_0oc y la versión estenográfica de la misma https://centralelectoral.ine.mx/2018/05/23/moderacion-de-lorenzo-cordova-en-la-conferencia-magistral-paz-ydemocracia/, consultadas el 26 de marzo de 2021.

en

69 Comunicado de prensa del INE número 278 del 24 de mayo de 2018, que puede revisarse en

https://centralelectoral.ine.mx/2018/05/24/elecciones-integras-la-gran-oportunidad-paracambios-politicos-en-paz-enamerica-latina-kofi-annan/, consultado el 26 de marzo de 2021. 70 Idem. 71 Kofi Annan, conferencia magistral “Paz y democracia”, op. cit.

EL 1 DE JULIO DE 2018 1 Consultable en https://centralelectoral.ine.mx/2018/07/01/discurso-de-lorenzo-cordovaen-la-ceremonia-de-honores-la-

bandera-con-motivo-del-inicio-de-la-jornada-electoraldel-1-de-julio/. 2 Todas las intervenciones de la sesión del Consejo General del 1 de julio de 2018 pueden revisarse en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97487/CGex201807-01-act.pdf, consultadas el 26 de marzo de 2021. 3 El mensaje puede leerse y escucharse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/07/01/mensaje-en-cadena-nacional-de-

lorenzo-cordova-sobre-la-instalacion-de-casillas-en-la-jornada-electoral/, consultado el 26 de marzo de 2021. 4 El mensaje puede leerse y escucharse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/07/01/segundo-mensaje-en-cadena-

nacional-de-lorenzo-cordova-al-cierre-de-las-casillas/, consultado el 26 de marzo de 2021. 5 El mensaje puede leerse y escucharse en https://centralelectoral.ine.mx/2018/07/01/tercer-mensaje-en-cadena-

nacional-de-lorenzo-cordova-relativo-al-resultado-del-conteorapido-para-la-eleccion-presidencial/, consultada el 26 de marzo de 2021.

Agradecimientos de Lorenzo Córdova Vianello

En este libro se relata la historia del surgimiento y de la consolidación del Instituto Nacional Electoral, heredero de la experiencia del otrora IFE, como una nueva institución de carácter nacional, y de la puesta en marcha de una nueva y compleja reforma electoral, la de 2014. Esa historia, sin duda exitosa si se ve en retrospectiva a partir de los retos y desafíos que enfrentaba, es el resultado de un esfuerzo colectivo de miles de funcionarias y funcionarios del INE y de muchísimas ciudadanas y ciudadanos que participaron en los procesos electorales que se han realizado a lo largo de siete años. Ellas y ellos son los verdaderos autores de la construcción y la consolidación de nuestra democracia en los tiempos complejos que esa forma de gobierno enfrenta en México y en el mundo. A todas esas personas, por su profesionalismo y compromiso democrático, como ciudadano mexicano y como responsable de coordinar los trabajos del Consejo General del INE, va mi reconocimiento. A lo largo de siete años he ocupado la presidencia del INE y antes, durante dos años, fui consejero electoral del IFE. Desde entonces me ha acompañado un equipo de asesores y colaboradores profesionales, leales y comprometidos, su trabajo ha sido esencial para cumplir con mis funciones. A todas y todos ellos va mi admiración y profunda gratitud. Del mismo modo, quiero agradecer la dedicación y vocación de quienes integran y han integrado tanto al Consejo General, como a las estructuras ejecutiva y administrativa del INE. A las y los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas, en particular, mil gracias por su acompañamiento y cercanía que para mi han sido invaluables. Un agradecimiento particular a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del instituto, funcionario ejemplar, mi brazo derecho en la conducción y operación de la institución y, además, amigo entrañable. Quiero agradecer también a José Woldenberg y a Ciro Murayama la acuciosa lectura de los borradores de mis textos y las sugerencias de mejora. Su generosa amistad, las experiencias compartidas y las incontables coincidencias en cuanto a convicciones y principios han sido y siguen siendo fundamentales. A Ernesto Núñez, autor de las crónicas que, desde su mirada de buen periodista, integran este libro, gracias por crear las condiciones de exigencia para escribir los ensayos que me tocaron y por apostar conmigo a publicar estas páginas. Finalmente, a Malena, la compañera de mi vida, a Sofía y a Andrés, gracias por asumir las ausencias, por aguantar las vicisitudes —muchas veces complicadas— y por celebrar juntos los logros que ha supuesto mi encargo en el INE. Sin su cariño, comprensión, respaldo y paciencia cumplir con las tareas que en este texto he narrado habría sido algo impensable. A los tres mi amor infinito. Ciudad de México, abril de 2021

Agradecimientos de Ernesto Núñez Albarrán

En 2018, recibí la encomienda de participar en la cobertura de la campaña de Andrés Manuel López Obrador como uno de los cronistas de su tercer recorrido por el país. Viajaba tres o cuatro días por semana en aquella insólita caravana, al tiempo que planeaba, editaba y hacía el cierre semanal del suplemento dominical del diario Reforma. Siempre agradeceré a mi periódico, y en especial a René Delgado, Roberto Zamarripa y a María Luisa Díaz de León, confiarme ésta y todo tipo de coberturas y misiones editoriales durante más de 25 años. A Socorro Ceballos, por soportar a un editor itinerante; a Andro Aguilar, Martha Martínez y Octavio Ortega, por acompañar esos cierres frenéticos, por su lealtad y por siempre estar dispuestos a jugar conmigo en el filo de la navaja. Junto con otras compañeras y compañeros periodistas, amigas y amigos entrañables, en Reforma tuve la absoluta libertad de practicar el que Gabriel García Márquez definió como “el mejor oficio del mundo”, desde el lejano septiembre de 1993, hasta que se cerró ese ciclo, en enero de 2019. Mi agradecimiento a todas y todos mis colegas, a editores, fotógrafos, diseñadores, reporteras y reporteros que conocí dentro y fuera de Reforma, pues de todos y cada uno aprendí lecciones de periodismo y grandes enseñanzas de vida. Gracias a Carmen Aristegui y a Daniela Pastrana, por darme un espacio para seguir haciendo periodismo. A Wilbert Torre, Gerardo Jiménez, Daniel Lizárraga y Samuel Adam, por siempre estar ahí, por sus consejos para este libro y por recordarme que, pese a todo, hay y habrá periodismo. Gracias a mis nuevas compañeras y compañeros de trabajo en el Instituto Nacional Electoral, donde he aprendido a mirar y comprender el otro lado de la política y de las instituciones. Gracias por su generosidad, comprensión, respeto y camaradería. Gracias a Edmundo, Emilio, Javier, Rubén, Robert, Marco, Julio, Amando, Claudio, Nadia; a mis colegas Judith, Silvia, Adrián, César, Enrique, Felipe, Luis, Roberto, Fabiola, Gaby, Oli; a Karla e Issac, al equipo completo de la PCG, a David, Érika, Adriana y Elvia, y a las trabajadoras y trabajadores del INE, por su amistad, por las lecciones cotidianas y por dejarme ver desde dentro la maquinaria de una institución que, durante 30 años, ha cumplido con la misión vital de construir un sistema electoral cada vez mejor en una democracia imperfecta pero indudablemente viva y vigente. Gracias a Lorenzo Córdova, por su invitación a sumarme a su equipo y por darme la oportunidad de descubrir que la función electoral es una vocación con una mística igualmente apasionante, absorbente y gratificante. Gracias por la confianza, por creer en este proyecto y por asumir el desafío de escribir un libro en medio de la intensidad de los tiempos que corren. Gracias a Ximena, mi compañera de viaje, por su cariño, su aliento, su apoyo y su empuje interminables. A Nicolás y Alejandro, por iluminar todos los días de mi vida y por ser el motor que sigue moviendo mi tren. Ciudad de México, abril de 2021

El proceso electoral de 2018 cerró diversos ciclos históricos: uno de 50 años, si se considera el movimiento de 1968 como arranque de la democratización; uno de 40, si se ubica en la reforma política de 1977 el inicio del camino hacia la pluralidad; o uno de tres décadas, si se considera a las elecciones de 1988 como el punto de quiebre de la transición. Lo cierto es que la democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018. Este libro se concibió desde ese mismo año, con la idea de explicar el proceso electoral por medio de una doble y contrastante mirada de los acontecimientos. Por un lado, el relato periodístico y, por otro, el testimonio del árbitro de aquella contienda, con una visión analítica de los prolegómenos que hicieron posible la tercera alternancia en la historia de la democracia mexicana. Así, el presente volumen contiene ocho crónicas y siete ensayos que se complementan y dialogan entre sí, construyendo un doble relato del proceso político que culminó con las elecciones de 2018. El panorama político y social ha cambiado profundamente en los últimos tres años, y la pandemia lo ha vuelto mucho más complejo. Sin embargo, eso no le resta pertinencia a la revisión histórica que se despliega en estas páginas, donde se revalora nuestra democracia como un proceso evolutivo, una obra colectiva de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, y un patrimonio de todas y todos. La democracia no se construyó en un solo día.

Lorenzo Córdova Vianello (Ciudad de México, 1972) es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Fue designado consejero electoral del IFE en diciembre de 2011, y desde abril de 2014 se desempeña como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en donde ha encabezado los trabajos para la organización de dos elecciones federales (2015 y 2018) y la coordinación con autoridades electorales estatales en 196 procesos locales. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, con licencia. Es autor y coautor de varios libros sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política, entre los que destacan Derecho y poder: Kelsen y Schmitt frente a frente (FCE, 2009); Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y Amigos de Fox (Cal y Arena, 2006), en coautoría con Ciro Murayama, y Política y derecho: (re) pensar a Bobbio (UNAM - Siglo XXI, 2005), en coordinación conjunta con Pedro Salazar.

Ernesto Núñez Albarrán (Ciudad de México, 1972) es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestro en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su carrera periodística en 1993, en el diario El Norte, y fue fundador del periódico Reforma, donde fue reportero de las secciones Ciudad y Nacional. De 2007 a 2013 fue editor del suplemento dominical Enfoque del mismo diario. De 2013 a 2018 fue editor en jefe del suplemento dominical de cultura, política y sociedad Revista R. En sus más de 27 años de carrera periodística se ha especializado en la cobertura y análisis de procesos electorales, partidos políticos, asuntos legislativos, conflictos políticos, movimientos sociales y participación ciudadana. Es autor del libro Crónica de un sexenio fallido (Grijalbo, 2012), y coautor en Tiembla (Almadía, 2017) y 19 edificios como 19 heridas (Grijalbo, 2018). Imparte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es columnista en Aristegui Noticias y Pie de Página, y asesor en la presidencia del Consejo General del INE.

La democracia no se construyó en un día Edición en formato digital: abril, 2021 D. R. © 2021, Lorenzo Córdova y Ernesto Núñez D. R. © 2021,derechos de edición mundiales en lengua castellana: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11520, Ciudad de México penguinlibros.com Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y copyright. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización. Si necesita reproducir algún fragmento de esta obra diríjase a CemPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, https://cempro.com.mx). ISBN: 978-607-318-788-6 Composición digital: Tangram. Comunicación y Estrategias Digitales

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Índice Introducción PRIMERA PARTE 1. El 1 de julio Ernesto Núñez Albarrán 2. El sentido y las rutas de la transición democrática en México Lorenzo Córdova Vianello SEGUNDA PARTE 3. El origen del INE ENA 4. La reforma electoral de 2014 LCV 5. 2015: la prueba del ácido ENA 6. 2015: el año en el que la democracia estuvo en peligro LCV TERCERA PARTE 7. Todo apuntaba hacia 2018 ENA 8. Las elecciones de 2016 y 2017: del cielo al suelo LCV 9. El país a tercios ENA CUARTA PARTE 10. La preparación de la elección de 2018 LCV 11. La noche de los independientes ENA 12. México en campaña ENA 13. Cuatro estampas de la elección de 2018 LCV 14. Complejidades de la democracia ENA 15. El 1 de julio de 2018 LCV Notas Agradecimientos de Lorenzo Córdova Vianello Agradecimientos de Ernesto Núñez Albarrán Sobre este libro Sobre el autor Créditos