La Amazonia Minada

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La amazonía minada

Minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador

La amazonía minada Minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador Editores:

Karolien van Teijlingen: Universidad de Amsterdam (CEDLA), Esben Leifsen: Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, Consuelo Fernández-Salvador: Universidad San Francisco de Quito/International Institute of Social Studies. Erasmus University-Rotterdam, Luis Sánchez-Vázquez: Universidad de Granada/Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales-Universidad Técnica Particular de Loja.

Autores:

Karolien van Teijlingen: Universidad de Amsterdam (CEDLA), Esben Leifsen: Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, Consuelo Fernández-Salvador: Universidad San Francisco de Quito/International Institute of Social Studies. Erasmus University-Rotterdam, Luis Sánchez-Vázquez: Universidad de Granada/Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales-Universidad Técnica Particular de Loja, Elaine Benham Hogan: Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, María Beatriz Eguiguren: Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales, Universidad Técnica Particular de Loja, María Gabriela Espinosa: Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales-Universidad Técnica Particular de Loja, Sebastian Niesar: Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales, Universidad Técnica Particular de Loja, Maleny Gabriela Reyes Conza: Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales-Universidad Técnica Particular de Loja, Thea Riofrancos: Providence College, Ximena Warnaars: Ford Foundation, Ma José Yépez: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Comité Editorial: Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades (COCISOH) Esta obra es publicada luego de un proceso de revisión por pares (peer–reviewed) que contó con la participación de un revisor interno de la USFQ y un revisor externo. Primera Edición: Editorial USFQ Universidad San Francisco de Quito Campus Cumbayá USFQ, Quito 170901, Ecuador. http://editorial.usfq.edu.ec Ediciones Abya-Yala Av. 12 de Octubre N24-22 y Wilson bloque A Casilla: 17-12-719 Teléfonos: (593-2) 2 506-267 / (593-2) 3962 800 e-mail: [email protected] www.abyayala.org Quito-Ecuador Producción Editorial: Diseño y diagramación: Fotografía de portada: Mapas: Revisión de Estilo:

Ma José Valencia, Diego Cisneros-Heredia y Ediciones Abya-Yala

Impresión: Tiraje: Más información en:

Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, Septiembre 2017 300 ejemplares http://libros.usfq.edu.ec

Pato Chávez © Karolien van Teijlingen © Karolien van Teijlingen Mariana Moreno y Ediciones Abya-Yala

ISBN Editorial USFQ: 978-9978-68-112-1 ISBN Ediciones Abya-Yala: 978-9942-09-472-8 Registro de Autor: 051953 Depósito Legal: 005957 © Editorial USFQ y Ediciones Abya-Yala

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

La amazonía minada

Minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador Editores: Karolien van Teijlingen, Esben Leifsen, Consuelo Fernández-Salvador, Luis Sánchez-Vázquez

2017

Editorial USFQ Universidad San Francisco de Quito La Editorial USFQ es un departamento de la Universidad San Francisco de Quito USFQ que fomenta la misión de la Universidad al diseminar el conocimiento para formar, educar, investigar y servir a la comunidad dentro de la filosofía de las Artes Liberales.

Catalogación en la fuente. Biblioteca Universidad San Francisco de Quito La Amazonía minada : minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador ; coordinadores, Karolien van Teijlingen, Esben Leifsen, Consuelo Fernández-Salvador, Luis Sánchez-Vázquez]. – Quito : Editorial USFQ : Abya-Yala, 2017 p. : il.

ISBN: 978-9978-68-112-1

1. Industrias de minerales – Amazonía (Ecuador : Región). – 2. Minas y recursos minerales – Amazonía (Ecuador : Región). – 3. Minas y recursos minerales – Política gubernamental – Ecuador . – 4. Ecología política – Ecuador. – I. Teijlingen, Karolien van, coord. – II. Leifsen, Esben, coord. – III. Fernández-Salvador, Consuelo, coord. – IV. Sánchez-Vázquez, Luis, coord.. LC: HD 9506 .E22 A43 2017

CDD: 338.209 866

El uso de nombres descriptivos generales, nombres comerciales, marcas registradas, etc. en esta publicación no implica, incluso en ausencia de una declaración específica, que estos nombres están exentos de las leyes y reglamentos de protección pertinentes y, por tanto, libres para su uso general. La información presentada en este libro es de entera responsabilidad de sus autores. La Editorial USFQ y Ediciones Abya-Yala presumen que la información es verdadera y exacta a la fecha de publicación. Ni la Editorial, ni los autores dan una garantía, expresa o implícita, con respecto a los materiales contenidos en este documento ni de los errores u omisiones que se hayan podido realizar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Una ecología política del proyecto minero Mirador  Esben Leifsen, Luis Sánchez-Vázquez, Karolien van Teijlingen y Consuelo Fernández-Salvador

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PARTE I – CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL CAPÍTULO 1 El proyecto Mirador en el contexto nacional de (neo)extractivismo47 Thea Riofrancos

CAPÍTULO 2 Territorialidades históricas e imaginarios amazónicos en la cordillera del Cóndor Ximena Warnaars y Karolien van Teijlingen

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PARTE II – MUNDOS Y TERRITORIOS PLURALES CAPÍTULO 3 Pluralismo territorial e identidades en el conflicto minero en la cordillera del Cóndor Karolien van Teijlingen y Ximena Warnaars

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CAPÍTULO 4 Los shuar frente al proyecto estratégico de El Mirador: el manejo de identidades y prácticas políticas fragmentadas 141 Consuelo Fernández-Salvador

CAPÍTULO 5 Mujeres y la minería a gran escala en El Pangui: una aproximación desde la ecología política feminista María José Yépez y Karolien van Teijlingen

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PARTE III – POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO CAPÍTULO 6 Desposesión por contaminación: La gobernanza de un desastre ambiental de evolución lenta Esben Leifsen y Elaine Benham Hogan

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CAPÍTULO 7 Producción de conocimiento científico en el mirador: procesos participativos frente a ciencia corporativa Luis Sánchez-Vázquez y Maleny Gabriela Reyes Conza

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PARTE IV – PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE GOBERNANZA

CAPÍTULO 8 Procesos de planificación en el proyecto Mirador: entre “participación ciudadana” y resistencia anti-minera Esben Leifsen

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CAPÍTULO 9 “Diálogo minero” en el Ecuador: una aproximación a las iniciativas en el proyecto mirador Luis Sánchez-Vázquez, Sebastian Niesar, María Beatriz Eguiguren y María Gabriela Espinosa

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CONCLUSIONES Panorámica desde el Proyecto Mirador: Conclusiones y aportes para el debate sobre la minería a gran escala en el Ecuador Karolien van Teijlingen, Consuelo Fernández-Salvador, Luis Sánchez-Vázquez y Esben Leifsen

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BIBLIOGRAFÍA357 PERFILES BIOGRÁFICOS

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AGRADECIMIENTOS La elaboración de este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas y colectivos. Queremos expresar en primer lugar nuestros profundos agradecimientos a todas las personas que nos recibieron en sus comunidades, casas y oficinas y tomaron el tiempo para compartir sus experiencias y opiniones. Resaltamos, entre otros, la apertura y la colaboración por parte de las personas y líderes de las comunidades shuar y colonas en el cantón El Pangui; así como la Asociación Shuar del Pangui, Asociación Shuar Kakaram, Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESZCH), CASCOMI, los GADs Parroquiales de Tundayme, Guismi y Pachicutza, el GAD Cantonal del Pangui y el GAD Provincial de Zamora Chinchipe y varias instituciones del Estado nacional. Esperamos que este libro transmita las vivencias y dinámicas que ellos nos han confiado de forma fiel. En segundo lugar nos gustaría dar las gracias a las personas que nos han apoyado con sus comentarios, consejos y sugerencias en determinados momentos del desarrollo de esta publicación. Entre ellos, quisiéramos destacar a Carmen Fernández-Salvador, Juan Pablo Hidalgo Bastidas, Pablo Ospina Peralta y los dos revisores anónimos quienes, con sus comentarios elocuentes, nos han dado muchas luces sobre cómo mejorar el manuscrito. Aunque su apoyo fue esencial en la elaboración, los autores y autoras asumimos la responsabilidad por las posiciones y posibles errores que contienen nuestros textos. Por último, quisiéramos reconocer el apoyo que hemos recibido de varias instituciones. Entre estas deseamos resaltar el soporte institucional y económico del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito para la publicación de este libro. En términos de apoyo a las investigaciones realizadas se destacan la Universidad

Noruega de las Ciencias de la Vida, la Universidad Técnica Particular de Loja, el International Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus-Rotterdam y el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA) y el departamento de Geografía (GPIO) de la Universidad de Ámsterdam. Algunos proyectos de investigación fueron además financiados por distintas instituciones como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, el Amsterdam University Fund, la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Consejo Noruego de Investigación a través del proyecto de investigación “¿Extrayendo justicia? Investigando el papel de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado CsPLI, y la compensación con relación a los conflictos socio-ambientales en América Latina” (RCN project no. 236912/H30).

INTRODUCCIÓN Una ecología política del proyecto minero Mirador Esben Leifsen, Luis Sánchez-Vázquez, Karolien van Teijlingen y Consuelo Fernández-Salvador

Un acto en el salón amarillo del Palacio de Carondelet en la tarde del 5 de marzo del 2012 marcó un hito en la historia del Ecuador. Ante las cámaras de varios medios de comunicación, se sentaban el entonces Presidente de la República, Rafael Correa, y el Ministro de Recursos No Renovables, Pástor, junto a Li Dongqing, representante de la compañía minera EcuaCorriente S.A. (ECSA) en manos de un consorcio chino. En medio de un aire de optimismo, se estrecharon las manos, se intercambiaron sonrisas e inclinaron la cabeza con gestos de aprobación. Sobre la mesa en frente de ellos reposaba el contrato para el proyecto Mirador, el primero de minería a gran escala del país, listo para ser firmado. Su firma fue transmitida en vivo en la feria minera PDAC en Canadá y, así, exploradores, cateadores y empresarios mineros de todo el mundo pudieron atestiguar la inauguración de la minería a gran escala en el Ecuador. Las palabras del presidente Correa reflejan el peso del momento: Hoy, compatriotas, se inicia una nueva era en el Ecuador. Éste es un momento de singular importancia, porque damos un salto cualitativo al pasar de la exploración de proyectos a gran escala, al inicio del primer proyecto de explotación de cobre a escala industrial. Hoy se da inicio al principal desafío del sector minero.

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Las imágenes y los discursos emitidos desde el salón amarillo también llegaron a los moradores del cantón El Pangui. Allí, en una zona montañosa de bosque húmedo tropical, denominada la cordillera del Cóndor, se desarrolla el proyecto cuprífero Mirador. Originalmente, esta área fue habitada por el pueblo shuar, pero tras la colonización interna, a partir de la década de 1950, se ha transformado en un espacio compartido entre comunidades shuar y campesinos mestizos e indígenas kichwas andinos. En los años 1990, la cordillera del Cóndor resultó clave en el conflicto bélico con Perú y en las siguientes décadas ganó importancia nacional por sus riquezas mineras: cobre, oro y plata. Desde su llegada al poder en el 2007, el gobierno liderado por Rafael Correa ha introducido varias políticas para facilitar el arranque de la minería a gran escala en el país y, por ende, los recursos de la cordillera del Cóndor han sido denominados de interés nacional estratégico. A pesar de numerosas protestas sociales y un fuerte debate público sobre la expansión minera en el Ecuador y Latinoamérica, el gobierno persistió en instalar al país en el mapa minero mundial con Mirador como primer proyecto. Así, Mirador representa un caso emblemático en Ecuador, que se caracteriza por ser promovido por un gobierno neo-extractivista con un discurso progresista de desarrollo participativo y redistributivo, y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y financieras con China. Por ser de carácter representativo, el proyecto Mirador ha recibido mucha atención, no sólo de parte de los sectores de la sociedad civil involucrados en movimientos anti-mineros, sino también de académicos de varias disciplinas con una orientación crítica empírica. A lo largo de la fase de exploración, la construcción de infraestructura y la reciente ampliación el proyecto Mirador, varios investigadores de las ciencias sociales han llevado a cabo estudios sobre este proyecto “estratégico”. El objetivo general de esta antología es presentar resultados de algunos de estos procesos investigativos y, a partir del proyecto Mirador, ofrecer una panorámica desde

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diferentes aproximaciones de la ecología política sobre el actual auge de minería a gran escala en Ecuador. La meta es analizar las dinámicas y respuestas locales que surgen alrededor del auge minero, y de esta manera indagar sobre algunos de los atributos y políticas claves de lo que Gudynas ha denominado “un neo-extractivismo de cuño progresista” (2009, 194). En esta introducción esbozamos primero el panorama general del proyecto Mirador y las políticas, respuestas y conflictos que en su conjunto forman la problemática que tratamos en este libro. A continuación presentamos nuestra perspectiva de la ecología política, particularmente en relación a la minería a gran escala en Latinoamérica, y los ejes teóricos que informan nuestro análisis. Finalmente proporcionamos un guión de lectura de los capítulos del libro.



Un panorama complejo en El Proyecto Mirador: políticas, respuestas y conflictos

La economía del Ecuador ha dependido históricamente de la extracción y exportación de recursos desde épocas coloniales. Antes del boom petrolero en la década de los 70, los productos más importantes para la economía ecuatoriana eran el cacao y el banano, cuya importancia fue reemplazada por la extracción del petróleo (Acosta 2009), pasando el Ecuador de ser una “república bananera” a un “petro-estado” (Lu et al. 2017). El descubrimiento de yacimientos importantes de petróleo por el consorcio Texaco-Gulf en la amazonía ecuatoriana en 1967 posibilitó que el país entrara a una etapa de modernización y desarrollo. En este período de dictaduras militares, el general Rodríguez Lara implementó un programa nacional-populista, ubicando al estado como el actor principal de un proceso de modernización y desarrollo basado en el progreso industrial (Svampa 2008, 2). Sin embargo, en la década de 1980, la caída de los precios del petróleo y la presión de una creciente deuda nacional,

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hicieron que este programa de desarrollo se tornara imposible de continuar (Acosta 2009). La crisis del boom del petróleo durante esta década y la presión de instituciones como el FMI hicieron que el Ecuador comience una transición gradual hacia un régimen neo-liberal que inició con una devaluación de la moneda y eventualmente terminó en la privatización de empresas públicas, cortes de presupuesto y la creación de mecanismos para atraer a la inversión extranjera (Arsel 2012, 153-154). Adicionalmente, las compañías petroleras comenzaron a ejercer presión para que se creen mejores condiciones para sus operaciones, por lo que a principios de los noventa el presidente Durán Ballén decidió establecer más atractivos para la inversión y de esa manera incrementar la producción del crudo, que en los últimos años había bajado tanto en cantidad como en calidad (Sawyer 2004, 94-95). Este régimen neo-liberal produjo resultados extremadamente negativos para la población indígena y empobrecida del Ecuador (Arsel 2012). De esta manera, la explotación petrolera se convirtió, para un sector de la población ecuatoriana (especialmente organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas), en el símbolo de aquellas prácticas neo-liberales (Davidov 2013) que, al contrario de favorecer a las poblaciones locales en la amazonía, impactara negativamente en las formas de vida de éstas, creando situaciones internas de conflicto e incluso obligando a comunidades enteras a migrar a otras zonas lejos del peligro de la contaminación (Valdivia 2007; Cepek 2008; Vickers 2003). El legado del Ecuador como un estado dependiente del petróleo es complejo y está fuertemente relacionado a una de las peores crisis económicas del país, que terminó en un proceso de dolarización de la economía, forzando a cientos de miles de personas a migrar a otros países (Davidov 2013; Arsel 2012). Este es el contexto previo a la llegada de Rafael Correa al poder en el 2007, cuyo plan de gobierno marcó un cambio radical frente a previos regímenes neo-liberales y las viejas formas de explotación petrolera. Al igual que algunos de los

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gobiernos en América Latina identificados como parte de la nueva izquierda (o post-neoliberales), el gobierno de Correa incrementó el control del estado sobre la economía y la industria extractiva. Como Bolivia y otros países, en Ecuador se implementaron políticas para la regulación y nacionalización de recursos con el objetivo de incrementar el presupuesto nacional y poder fortalecer y expandir programas sociales (Hogenboom 2012, 144). En este caso, nacionalización se refiere sobre todo a un proceso en el que el estado refuerza su rol en la operación y negociación de contratos para incrementar las rentas que serían dirigidas a programas sociales y de redistribución. (Arsel y Avila 2011, 9). En este sentido, autoras como Hogenboom han argumentado que la explotación de minerales en el Ecuador adquirió nuevamente matices políticos en este período (como lo tuvieran en el gobierno nacionalista de Rodríguez Lara durante el boom-petrolero) debido a que ésta se convirtió en un elemento clave de un programa estatal cuyo fin último es el bienestar social y la re-distribución de la riqueza (Arsel y Avila Angel 2011; Hogenboom 2012; Davidov 2013). Por otro lado, parte de esta nueva agenda del gobierno fue, en primer lugar, la regulación de la explotación minera en el país y, en segundo lugar, la promoción de una minería a gran escala sin precedentes. Así, mientras que desde el mismo Estado surgían alternativas para dejar el petróleo bajo tierra, como la del Yasuní-ITT (Arsel y Avila Angel 2011), el interés por la extracción de minerales se intensificó con la aprobación de la nueva Ley Minera en el 2009. Este empujón al sector minero se dio en una conyuntura internacional de precios de materias primas sumamente altos y un fuerte interés desde inversionistas y prestamistas chinas en los sectores extractivistas de América Latina. En este contexto, Veronica Davidov en su análisis de la eco-política en el Ecuador ha argumentado que, como parte de su discurso opositor al neo-liberalismo, el gobierno de Correa posicionó ciertas prácticas como la extracción minera como parte clave de un estado populista y progresista (Davidov 2013). De esta manera, la extracción minera

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se convertiría en un símbolo de una nueva forma de extractivismo contraponiéndose a las antiguas formas de explotación petrolera propias de los gobiernos neo-liberales. Dentro de este nuevo marco político, Mirador adquirió el status de “proyecto emblemático”1 o “estratégico” por ser el primer proyecto a gran escala en el país. Sin embargo, aunque la apuesta en firme por la mega-minería se intensificó durante el gobierno de Correa, la historia de las exploraciones mineras en la cordillera del Cóndor en realidad se remonta a mitad de la década de 1990. Estas primeras exploraciones se producen en un contexto de apertura a la inversión de grandes compañías extranjeras, fundamentada en una nueva Ley Minera de 1991, que fue diseñada bajo la supervisión del Banco Mundial (Cisneros 2012), en el contexto de los gobiernos neo-liberales antes mencionados. Entre 1994 y 1996 la compañía minera sudafricana Gencor Ltd. fue la primera empresa que realizó prospección en la zona, y en 1996 la compañía multinacional anglo-australiana BHP Billiton, identificó la existencia del cinturón de mineralización de cobre en la zona. Justo al final de la década, en concreto el 22 de diciembre de 1999, la empresa canadiense Corriente Resources creó la filial ecuatoriana Ecuacorriente S.A. (ECSA), para llevar a cabo sus actividades en el Ecuador. ECSA inició entonces trabajos de exploración avanzada, y a través de la subcontratación de varias empresas especializadas se realizaron labores de perforación desde el año 2000 hasta el 2005. Los datos obtenidos confirmaron la existencia de un gran yacimiento de cobre, que según el estudio de factibilidad del año 2005 contaba con unas reservas de 320 millones de toneladas (Eguiguren y Jiménez 2011). Corriente Resources fue en ese tiempo lo que se conoce como una empresa minera junior, dedicada principalmente a la exploración e identificación de yacimientos, pero no a la ex-

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Declaraciones del ex-viceministro de minas Richard Vera en el “El Ciudadano” de 5 de agosto 2013.

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plotación de los mismos. Al encontrar un yacimiento rentable como el de Mirador, este tipo de empresa suele ser adquirida por una empresa mayor. Esta empresa mayor o senior, es la que debe contar con capital suficiente para gestionar los fondos financieros necesarios y la tecnología adecuada para realizar la fase de extracción de los minerales. Siguiendo esta lógica, las mega-empresas públicas de China Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd., y China Railway Construction Corporation Limited compraron el proyecto Mirador a Corriente Resources en junio del 2010 (Chicaiza y Rodríguez-Labajos 2012). La inversión total en la construcción, operación y cierre del proyecto está estimada en 2 014 millones de dólares.2 El proyecto Mirador prevé la explotación de cobre, además de oro y plata, en un yacimiento que comprende seis concesiones mineras con una superficie de 9928 ha, ubicadas entre 800 y 1 400 msnm. Según los estudios de factibilidad actualizados, el proyecto Mirador contiene unos 11 mil millones de libras de cobre, más 2,6 millones de onzas de oro (Chicaiza y Rodríguez-Labajos 2012; Warnaars 2012b). El proyecto se expande sobre tres cuencas hidrográficas, la del Río Wawayme, Río Tundayme y Río Quimi. El tajo de cielo abierto se ubicará en un montaña sur de la valle del Río Wawayme y medirá 1 850m de ancho y 585m de profundidad (Cardno Entrix 2014, 4–23). Las otras instalaciones y áreas de la mina, como son las escombreras, las piscinas de relaves y la planta de beneficio se construirán en las valles del Río Wawayme, Quimi y Tundayme (véase figura 1a-b. La mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60 000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor (Cardno Entrix 2014, 4–57). Se planifica transportar este concentrado, con una ley de 26% de cobre, por vía a Puerto Bolívar donde será embarcado para salir del país (Cardno Entrix 2014, 4–3).

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Véase http://www.produccion.gob.ec/ministro-leon-firma-contrato-de -inversion-con-empresa-ecsa-3/

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Desde el 2006, ECSA ha entregado varios diseños y estudios de impacto ambiental. En el 2012, pocos días antes de firmar el contrato de explotación, se aprobó el estudio de impacto ambiental para el procesamiento de 30 000 toneladas diario. Sin embargo, en 2015 la empresa realizó un nuevo estudio mediante el cual pidió la licencia ambiental para extraer y procesar 60 000 toneladas de roca diarias con un horario de trabajo de 24 horas al día durante 330 días al año. Tras el otorgamiento de esa licencia por parte del Ministerio de Ambiente en diciembre de 2015, ECSA anunció formalmente el inicio de la fase de producción. El mapa en la figura 1a muestra el diseño del proyecto presentado en los estudios del 2015. Sin embargo existe la posibilidad de que el proyecto se expanda aún más en el futuro ya que se confirmó la presencia de otro yacimiento llamado Mirador Norte y por lo tanto se continúa la exploración hacia nuevas reservas (Corral 2015). El apoyo gobiernista al sector y la expansión del proyecto Mirador han generado diversas respuestas y posicionamientos en la zona de afectación del proyecto; desde estrategias para “captar excedentes” hasta distintas formas de resistencia, movilización y conflicto (Sánchez-Vázquez et al. 2016; Eguiguren y Jiménez 2011; Warnaars 2013b; van Teijlingen y Hogenboom 2016; Avcı y Fernández-Salvador 2016; Leifsen 2017; Leifsen; Sánchez-Vázquez y Reyes 2017). Como es el caso de muchos proyectos mineros en Latinoamérica (cf. Urkidi y Walter 2011; Bebbington et al. 2013), el proyecto Mirador ha generado conflictos desde sus inicios, aunque el nivel de conflictividad ha fluctuado en diferentes épocas, así como se ha variado el tipo de actores involucrados y la temática de dichos conflictos. Los conflictos de la primera fase del proyecto trataban primordialmente del “sí o no” a la minería, con un componente importante de defensa y protección de la naturaleza y la demanda para una consulta previa (Warnaars 2013a). Con el avance del proyecto, temas como el acceso a y el derecho sobre la tierra se han convertido en los ejes centrales del conflicto. Actualmente, los casos más intensos y hasta violen-

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tos se han dado en relación a procesos de lucha por territorio que incluyen reclamos de grupos shuar y campesinos sobre la cordillera como territorio ancestral (van Teijlingen n.d.), donde los desalojos forzosos del 2015 se destacan como los puntos más críticos y abiertos del conflicto. Estos reclamos y conflictos territoriales reflejan los distintos usos y manejos de recursos naturales y formas de relacionarse con la naturaleza y la tierra que se entrelazan y chocan por la presencia del proyecto. Además indican diferentes procesos históricos de formación de subjetividades, de identidades, de ciertas estructuras de poder e inconmensurables visiones sobre lo que se entiende por el desarrollo y el buen vivir (cf. Warnaars 2013a; van Teijlingen y Hogenboom 2016). Además de los conflictos territoriales, que por el momento son los más visibles y articulados, se pueden identificar otros temas de tensión y de enfrentamiento. Destacamos las preocupaciones de los pobladores, tanto mestizos como indígenas, por la falta de cumplimiento de la empresa en el apoyo a las comunidades; una nueva conciencia sobre los efectos de la contaminación ocasionada por la actividad minera que ahora se comienza a experimentar directamente; la resistencia generada por conflictos laborales; las reconfiguraciones en las relaciones de género locales y las divisiones dentro de las comunidades shuar que se han dado a partir de la llegada de la empresa (Sánchez-Vázquez et al. 2016; CIAP 2017). En este libro buscamos visibilizar las diversas posiciones y respuestas articuladas por parte de los actores locales para poder entender la naturaleza de los conflictos y pugnas de poderes que se generan. Al mismo tiempo de dar un amplio apoyo al sector minero, el régimen de Correa también ha facilitado la introducción de nuevas normativas y mecanismos destinados a asegurar derechos específicos (e.g. derechos colectivos indígenas y derechos de la naturaleza); a generar procesos participativos en relación a proyectos de extracción; y a vigilar y monitorear los impactos ambientales de tales proyectos. Esos

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principios fueron plasmados, por ejemplo, en la Ley Minera de 2009, y en la Constitución del 2008, aunque algunos requisitos fueron suavizados en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de minería 2013.3 Sin embargo, se han creado tensiones entre el uso de recursos normativos e institucionales diseñados para la participación social y la posibilidad real de participar en el control y monitoreo de los impactos y conflictos ambientales generados por el proyecto, ya que se observa el bloqueo parcial de estas normativas en las prácticas concretas. Por ejemplo, no se ha aplicado la normativa de consulta previa y pre-legislativa, libre e informada en relación al proceso de ratificar la Ley Minera y en cuanto a dar licencias a la empresa ECSA para la explotación y extracción de cobre en la cordillera del Cóndor (cf. Falleti y Riofrancos 2014). Los procesos de socialización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) para el proyecto han sido débiles y poco informativos y por su organización han tendido un alcance limitado. De igual manera, la información y el “conocimiento experto” que se presentan en estos documentos han sido fuertemente cuestionados por actores locales, nacionales e internacionales (Sacher 2011; Emerman 2015). El acceso a información sobre el monitoreo de impactos ambientales de la actividad minera en El Pangui es generalmente difícil, cuando no está totalmente obstaculizado. Además, el Estado ha sido criticado por su ausencia en los conflictos generados por el proceso 3

En concreto, los cambios en términos de permisos consisten en que ahora se necesita sólo dos permisos más una declaración juramentada de la empresa, mientras que antes se requerían diez permisos de distintas autoridades; en materia de concesiones se pasa de una subasta pública obligatoria para cualquier concesión de minaría metálica a excepción de los procesos de subasta o a las concesiones que efectúe el Estado a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias; y en cuanto a impuestos, se consideraban ingresos extraordinarios los percibidos por empresas contratantes, generados en ventas a precios superiores a los pactados en los respectivos contratos, mientras que con la reforma se determinan ingresos extraordinarios a aquellos percibidos después de que las inversiones hayan sido completamente recuperadas (ARCOM 2015).

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de compra-venta de tierras y por su inobservancia de varias normativas ambientales.4 Adicionalmente a estas normativas y mecanismos, el gobierno de Correa ha introducido nuevos mecanismos y sistemas descentralizados de participación y de planificación sobre el uso de recursos naturales. A través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs), concebidos como figura de diagnóstico participativo, las comunidades cuentan con un instrumento importante para representar la realidad en cuanto a recursos naturales y para definir los futuros alternativos de desarrollo local. Al mismo tiempo los PDOTs introducen un formato particular de visibilizar realidades y escenarios futuros que fácilmente puede excluir o dejar invisibles ciertas alternativas.5 Mientras el ordenamiento territorial ha sido fuertemente criticado en otros contextos (cf. Baletti 2012), sus dinámicas, resultados y relaciones con la expansión minera han sido poco estudiadas en el contexto ecuatoriano. En este trabajo colectivo se busca comprender cómo las nuevas normativas, mecanismos y políticas diseñadas para facilitar la participación y planificación y para asegurar los derechos colectivos indígenas y ambientales constituyen un campo de acción y articulación específica. Dentro de este campo se puede potencialmente generar procesos democráticos en cuanto a la toma de decisiones sobre el uso y manejo de recursos vitales y facilitar iniciativas y propuestas de auto-determinación y de desarrollo alternativo (de Sousa Santos 4 5

Véase el informe de la Contraloría General del Estado, Dirección De Auditoría De Proyectos Y Ambiental, informe número DIAPA-0027-2012.

Otro mecanismo participativo que se está introduciendo en la provincia a través del Consejo de Participación Ciudadana es la Asamblea de participación ciudadana local. Las asambleas deben formarse como iniciativas locales en coordinación con el municipio. Es un ente democrático con una amplia representación de la sociedad local con un rol en la deliberación pública. La idea es que las asambleas pueden contribuir a cambiar dinámicas autoritarias en la política local. Hasta ahora no existen asambleas de este tipo en el cantón de El Pangui.

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y Rodríguez-Garavito 2005; Avritzer 2009). Al mismo tiempo estas normativas, mecanismos y sistemas tienden, a través de biopolíticas y modos de intervención directa, a restringir, regular y condicionar la participación, debido a las necesidades y prioridades de desarrollo e inversión social del régimen político (cf. van Teijlingen 2016; Ortiz Lemos 2012; Leifsen, Sánchez-Vázquez y Reyes 2017). En este sentido los discursos y las políticas públicas de participación y compensación contribuyen a establecer “las reglas del juego”. Nuestro enfoque en las respuestas locales toma en cuenta este campo de acción y articulación, así como sus posibilidades, condicionalidades y restricciones.



La ecología política: el abordaje teórico del libro

Un panorama tan complejo, indudablemente necesita de un abordaje teórico de igual complejidad para conseguir un análisis integrador y multifacético de las distintas dimensiones de los conflictos socio-ambientales. Con la finalidad de politizar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, la ecología política dirige la mirada hacia las relaciones de poder y las desigualdades estructurales como entes integrales de las dimensiones discursivas, materiales, sociales, culturales y hasta mentales de dicha relación. Este abordaje es cada vez más aplicado a la expansión de la minería a gran escala en Latinoamérica y la conflictividad relacionada (e.g. Alimonda y Escobar 2011; Bebbington y Bury 2013; Li 2015), y ha demostrado su utilidad para reconocer y entender el pluralismo de saberes, imaginarios, intereses y formas de vida que se ponen en juego a su alrededor. El origen de la ecología política fue la fusión de la ecología humana y cultural, en boga desde la década de 1960, añadiendo consideraciones sobre economía política. La disciplina evoluciona desde los orígenes en los setentas con clara influencia de la antropología y la ecología cultural a la visión de los ochentas donde se orienta más hacia los aspectos polí-

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ticos, por ejemplo la relación del uso local de los recursos con la política y el mercado internacional. Desde el trabajo de Blaikie y Brookfield en 1987, la ecología política se define como una combinación entre la ecología y la política económica, y se enfatiza la necesidad de comprender tanto las dinámicas políticas como las ecológicas para entender los cambios ambientales (Blaikie y Brookfile 1987). De ahí también se deriva la premisa central de la ecología política de que ningún cambio ambiental es “natural” o políticamente neutral. Por el contrario, todo cambio ambiental está constituido por relaciones de poder (asimétricas) y por ende distribuye sus efectos en la sociedad de manera desigual. Para colocar estas relaciones de poder y las desigualdades al centro de análisis de la ecología política, Martínez– Alier (1997, 1999, 2003) desarrolló el concepto de “conflicto ecológico-distributivo”, el cual nos resulta de gran utilidad para estudiar el caso de Mirador. Según esta perspectiva, con la expansión de las fronteras de extracción de minerales metálicos hacia áreas remotas entre la década de 1990 y la de 2010, la distribución desigual de los impactos sociales y ambientales se agudiza. A pesar del discurso oficialista de la “minería responsable”, los impactos en gran medida se externalizan, es decir, los actores que producen los impactos no son los que tienen que tratarlos diariamente y a largo plazo (MartínezAlier 2001; Leff 2003). Al contrario, los actores que enfrentan las consecuencias más directas y severas de la extracción (tal como desplazamientos, contaminación, conflictividad, biodiversidad reducida) son los más marginados y en muchos casos indígenas o campesinos. Para estos actores, la protección del entorno natural deviene en una lucha por mantener sus condiciones de vida, y sus luchas por la justicia ambiental se enmarcan dentro del llamado “ecologismo popular” (Martínez-Alier 2003; Latorre 2012). No obstante, las luchas y pugnas de poderes alrededor del ambiente no solo se relacionan con lo económico o lo material, sino que se extienden al ámbito cultural y del (re)cono-

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cimiento. Esta noción proviene de los análisis post-estructuralistas del conocimiento, las instituciones, el desarrollo y los movimientos sociales; y de consideraciones feministas sobre el carácter de género del conocimiento, el ambiente y las organizaciones que ganaron campo dentro de la ecología política en las décadas de 1980 y 1990 (Luke 1995; Escobar 1999; Agrawal 2005). Esto ha abierto nuevos debates dentro de la disciplina orientados a la cuestión de la “agencia humana” y cómo las personas negocian su relación con el ambiente en la vida diaria. La corriente posestructuralista además aportó un desarrollo teórico muy importante sobre cómo las ideas de naturaleza (o la naturaleza misma) se construyen en las prácticas discursivas. Influenciados por el posestructuralismo y la teoría del discurso, los conceptos de conocimiento, discurso y poder y sus interacciones se convirtieron en focos de análisis cruciales en la disciplina (Escobar 1999; Mels 2009). En consecuencia, al adoptar el abordaje teórico de la ecología política, las políticas de conocimiento científico y las relaciones de poder en contexto de conflicto también son un elemento central del análisis a lo largo del libro. Asimismo, nuestra aproximación a la “agencia humana” dentro de los conflictos socio-ambientales y ecológico-distributivos se realiza teniendo en cuenta las diferentes subjetividades y epistemologías de los actores y su relación con el territorio, abrazando las nociones de “mundos plurales”. Sin embargo, por el giro discursivo de la disciplina de la ecología política se corre el riesgo de desplazar a los procesos ecológicos del centro del debate, dejándolos en un segundo plano (Nygren y Rykoon 2008). Recogiendo este desafío, en varios capítulos de nuestro trabajo traemos al centro del análisis los diferentes procesos de cambio ecológico y ambiental, en relación con las transformaciones que provoca el proyecto minero en su entorno inmediato. Por último, una tarea de la ecología política que también adoptamos en este trabajo colectivo es la de caracterizar estos procesos con el objetivo de sugerir potenciales articulaciones que se puedan realizar para conducir a relaciones

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sociales y ecológicas más justas y sostenibles. A continuación presentamos los ejes analíticos que nos guiarán a lo largo de la antología.



Relaciones sociedad-naturaleza

Las contribuciones de esta antología están influenciadas por la nueva corriente en la ecología política que matiza la relación sociedad-naturaleza para analíticamente explorar su carácter entretejido. Esto implica ver la co-constitución de lo social y político con el ambiente no-humano, es decir, ver cómo la actividad humana produce ciertos tipos de realidades materiales y cómo las condiciones materiales y de la naturaleza producen ciertas formas de actividad social-política (cf. Bakker y Bridge 2006; Valdivia 2008; Rolston 2013). Nuestro acercamiento a esta relación y dinámica se basa sobre todo en el análisis del conflicto socio-ambiental que la intervención minera y la presencia de la industria minera ocasiona en la zona afectada. Nos concentraremos entonces en la dimensión relacional y de poder de los procesos que convierten ciertas partes de la naturaleza en recursos naturales y de valor económico (cf. Davidov 2014), que establece la contaminación como una dimensión hídrico-social (Briggs e Hinojosa 2012; Swyngedouw 2004) que se basa en una externalización de los efectos ambientales (Martínez-Alier 2001), y que requiere una desposesión humana (cf. Perrault 2013) por la acumulación de tierra y la extracción de minerales por parte de la empresa. Hay una tendencia en nuestros estudios empíricos y analíticos de dar énfasis en la parte social de la relación sociedad–naturaleza o el tejido socio–político y material– ecológico. Al mismo tiempo intentamos tomar en cuenta la perspectiva sobre los procesos ecológicos que señalan Nygren y Rikoon (2008). Un caso específico es nuestro enfoque en las sensibilidades de macro-invertebrados bénticos y escarabajos coprófagos hacia los cambios de la intervención minera, registradas en prácticas de monitoreo ambiental. Como bio-

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indicadores, estas especies se convierten en información técnica adecuada para la observación y el manejo ambiental de la intervención minera, e informan también a las políticas de conocimiento, tanto las de la ciencia corporativa (Kirsch 2014) como las de la resistencia anti-minera. Pero las sensibilidades de estas especies también nos permiten conectar un estudio de transformación socio-ambiental a procesos biológicos nohumanos que son co-existentes pero menos visibles para la línea de ecología política crítica que seguimos. La investigación colaborativa sobre monitoreo ambiental comunitario presentada en esta antología contribuye a hacer la conexión entre dimensiones de la frontera extractiva que principalmente pertenecen a distintas ramas y tradiciones de investigación.

Territorio Para tomar en cuenta las distintas formas de ocupar, usar y controlar el espacio geográfico que las relaciones sociedad-naturaleza implican – es decir, dotarlas con una dimensión espacial – la geografía crítica y la ecología política adoptaron el concepto analítico de territorio. Al adoptarlo, desmontaron la idea de que con “territorio” se refiere únicamente al estado-nación soberano, la cual es común en la literatura de relaciones internacionales (Painter 2010). Aplicándolo a dinámicas sub- y trasnacionales que escapan el contenedor del estado-nación se incluyeron en la definición de territorio las expresiones espaciales de actores no-estatales, y sus prácticas sociales, sentimentales, culturales y económicas cotidianas. Además, desde esa perspectiva no se considera al territorio como una repartición fija, uniforme y apolítica de la superficie de la tierra, sino que se lo piensa como un proceso de construcción social dinámico en el cual las relaciones de poder entre los actores tienen un papel fundamental (Giménez 2005; Delaney 2005; Brighenti 2010; Stamm y Aliste 2014; van Teijlingen n.d.). Particularmente durante la última década, el territorio se ha convertido en uno de los conceptos claves del

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repertorio analítico de la ecología política. La popularidad del concepto probablemente se relaciona al hecho que centraliza el poder y el espacio, y a su vez aglutina varios otros conceptos y aproximaciones influyentes de la ecología política, como son el acceso (Ribot y Peluso 2003), los conflictos (Stamm y Aliste 2014; Agnew y Oslender 2013), el lugar (place y place-making, cf. Escobar 2001; Offen 2003), la agencia de la naturaleza no-humana (Sundberg 2011; Davidov 2014), las identidades (Giménez 2005; Bebbington, Humphreys Bebbington y Bury 2010) y la cartografía (Cidell 2008; Mollett 2013). En el debate académico sobre la minería en Latinoamérica, el concepto de territorio goza entonces de una popularidad similar. Durante la última década ha sido utilizado para iluminar los conflictos y dilemas con respecto a, por ejemplo, los títulos colectivos indígenas (Bebbington, Humphreys Bebbington, y Bury 2010; Anthias 2016), el despojo de los bienes comunes (de Echave, Hoetmer, y Palacios Panéz 2009; Composto y Navarro 2014), el agua (Yacoub, Boelens, y Vos 2016), los procesos de resistencia (Paz 2014; Panico y Orozco 2011) o las identidades (Warnaars 2013b). Asimismo en el debate público, muchas reivindicaciones y luchas de actores sociales son expresadas en términos de territorio – refiriéndose a los espacios (muchas veces idealizados como autónomos y colectivos) considerados esenciales para la sobrevivencia y proliferación material y cultural de comunidades campesinas e indígenas (cf. Escobar 2008). El concepto de territorio ocupa entonces un lugar importante en varios capítulos de este libro (Warnaars y Van Teijlingen; Van Teijlingen y Warnaars; Yépez y Van Teijlingen; Fernandez-Salvador). En estos capítulos se facilita el análisis de las diferentes relaciones sociedad-naturaleza que se manifiestan alrededor del proyecto Mirador, las formas espaciales que toman, y las disputas que surgen cuando varios procesos de territorialización o transformación coinciden espacialmente. En lugares como la cordillera del Cóndor, que se caracterizan por un vaivén histórico de actores, cabe además explicitar la

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profunda diversidad de nociones territoriales y procesos de construcción en pugna. Esto nos conduce a usar el concepto de “pluralismo territorial” (Boelens et al. 2016), que emergió de un debate latinoamericano que enfatiza la diversidad y las luchas sociales en relación al territorio (Zambrano 2001; Escobar 2008; Porto-Gonçalves 2009; Haesbaert 2010; Agnew y Oslender 2013).



Mundos plurales

Sin embargo, la sensibilidad por la diversidad no se plasma solamente en los capítulos dedicados a las dinámicas territoriales, sino que se plantea como un eje transversal del libro. Esta sensibilidad está informada por uno de los principios fundamentales de la ecología política: el reconocimiento de la pluralidad de subjetividades, valores y epistemologías que constituyen las relaciones sociedad-naturaleza (Robbins 2012; Forsyth 2008). Este reconocimiento a su vez está enraizado en el pensamiento posestructuralista que rechaza la existencia de una verdad única y objetiva, y que, en cambio, define “la verdad” y el conocimiento como efectos de relaciones de poder (Foucault 1980). Influenciada por este pensamiento, la ecología política comenzó a cuestionar y deconstruir narrativas establecidas y conocimiento sobre la naturaleza y problemas aparentemente “naturales”, y a contemplar diversos saberes y epistemologías, es decir, distintas formas de ver y conocer la naturaleza (Leff 1998). Una fuerte llamada a reconocer distintas subjetividades dentro de la ecología política surgió desde críticas feministas pronunciadas en los años 90, que resaltaron las formas diferentes en que las mujeres experimentan y se relacionan con procesos ambientales (cf. Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari 1996). Pronto esta sensibilidad se amplió a experiencias de otros grupos como los pueblos indígenas, los campesinos, comunidades negras y los jóvenes. Esta línea de pensamiento se ha desarrollado particularmente en el debate latinoamericano, encabezado por el trabajo

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de académicos como Arturo Escobar y Enrique Leff. Con conceptos como “la ecología política de la diferencia” (Leff 2003; Escobar 2006), “mundos de vida” (Leff 2001) y “pluriverso” (Escobar 2011) tratan de visibilizar y empoderar las distintas formas de experimentar, entender, conocer y valorar la naturaleza que han sido marginalizadas a lo largo de la historia colonial y poscolonial (Alimonda 2011). Esta perspectiva también tuvo eco en la literatura sobre la minería a gran escala en Latinoamérica, resultando en nociones analíticas como “lenguajes de valoración divergentes” (Martínez-Alier 2001; Svampa 2013), “subjetividades ambientales” (Davidov 2013), “lógicas de equivalencia” (Li 2015), y de modo ligeramente distinto las “cosmopolíticas pluriversales” (De la Cadena 2010). En nuestros distintos análisis del caso Mirador, el reconocimiento de la diversidad de experiencias situadas y subjetividades es esencial para lograr entender las contradicciones y desigualdades más estructurales entre los actores involucrados. Esto se refleja en los conceptos y perspectivas que abordamos en los diferentes capítulos, como son las políticas de identidad, la ecología política feminista, el pluralismo territorial y las políticas de conocimiento. Se plasma además en las metodologías de investigación, que se caracterizan por las (largas) estancias de campo, la etnografía, las entrevistas abiertas y la investigación-acción que permiten explorar las subjetividades y epistemologías de los actores involucrados, sin que éstas se vuelvan categorías esencialistas y estáticas.



Políticas de conocimiento

En un proyecto de la magnitud del proyecto Mirador en el que estos mundos plurales confluyen, la producción de conocimiento científico sobre las transformaciones ambientales y las representaciones técnicas de los recursos naturales forman parte de un campo político desigual y conflictivo. Este campo se caracteriza por una fuerte preferencia por el conocimiento positivista occidental, el cual se basa en la

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separación de la naturaleza/humano y la dominación de la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología, marginando a otros saberes y epistemologías (Leff 1998; De la Cadena 2010). Para tratar esta dimensión del proyecto Mirador nos respaldamos en estudios de la ecología política que relacionan el manejo de recursos naturales a las políticas de conocimiento y las luchas alrededor de “la verdad” (Leff 1998, 2007; Robbins 2000; Forsyth 2013). Estos estudios nos permiten ver cómo la industria minera y las autoridades competentes logran justificar la intervención extractiva y crear una noción sobre minería responsable a través de la producción de datos empíricos, las interconexiones y causalidades establecidas en los escenarios sobre el manejo ambiental, los impactos y los riesgos calculados. Estas formas discursivas forman parte de lo que Kirsch (2014) denomina la “ciencia corporativa” (corporate science), y que genera un universo representativo complejo sobre la realidad minera, producida y legitimada por la alianza entre empresa y autoridades competentes. Las metodologías y prácticas de monitoreo ambiental forman parte de esta producción científica, al igual que la producción de un cuerpo sustancial de datos técnicos-empíricos que, junto con el diseño de los Estudios de Impacto Ambiental, el EIA, y el Plan de Manejo Ambiental, el PMA, constituyen el fundamento para introducir la industria minera a la parroquia de Tundayme y el cantón de El Pangui. Las diversas formas de producir una versión dominante sobre el manejo ambiental controlado y los riesgos ambientales calculados son claves para que las autoridades competentes puedan aprobar las distintas fases de operación (cf. Hébert 2016, Li 2015), desde la exploración del mineral, la acumulación de tierra por parte de la empresa dentro del área concesionada, hasta la construcción de la mina, la extracción de material y la producción de grandes cantidades de desechos. Un aprendizaje empírico importante de los estudios para esta antología es que la ciencia corporativa junto con la gobernanza minera no consiguen eliminar o invisibilizar otras for-

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mas de ver y conceptualizar las transformaciones que lleva a cabo el proyecto Mirador, formas ligadas a la resistencia anti– minera y el ecologismo popular (Latorre 2009, 2012). Basados en una perspectiva de “counterwork” (cf. Escobar 2008; Li 2007) vemos cómo diferentes constelaciones y alianzas de actores han cuestionado y resistido la modernización y la ciencia positivista durante el periodo de la presencia de la industria minera en la cordillera del Cóndor (cf. Ferguson 1999) y el modelo de desarrollo que promueve el proyecto minero. La población afectada configura distintas estrategias y entra en alianzas institucionales cambiantes para re-politizar un campo constituido como técnico-científico neutral. El uso político del discurso científico dominante en contra-argumentos (cf. Li 2009) forma parte de este trabajo de ecologismo popular. Uno de los ejemplos que tratamos en este libro es un intento de establecer un sistema de monitoreo comunitario en donde una constelación de población afectada y científicos independientes utiliza la metodología empleada por la empresa para medir impactos ambientales (capítulo de Sánchez-Vázquez y Reyes). Otro ejemplo es el involucramiento de la población afectada y políticamente activa en el diagnóstico de un nuevo plan de desarrollo y ordenamiento territorial, PDOT, para la parroquia de Tundayme (capítulo de Leifsen). La elaboración de PDOTs forma parte del trabajo público de planificación, una actividad a la que el estado ecuatoriano actualmente da más importancia. La actividad de definir el universo de recursos y sus usos en áreas pertenecientes a distintos niveles de administración es especialmente clave en áreas intervenidas por grandes proyectos de extracción, donde existen diferentes e inconmensurables proyectos y visiones acerca del uso de recursos y el desarrollo socio-ambiental. La planificación territorial es uno de los campos clave donde podemos ver cómo el mineral de cobre llega a ser constitutivo para las relaciones socio-ambientales en el momento que se define y promueve como recurso vital.

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Participación, poder y conflicto socio-ambiental

La resistencia relacionada a las políticas de conocimiento forma parte de un campo más amplio de movilización popular en contra del proyecto minero y en defensa de otra forma de vivir y sobrevivir en la cordillera del Cóndor. Los usos políticos de instrumentos de gobernanza6 se combinan con estrategias de “counterwork” fuera de este ámbito formal, como son las marchas, enfrentamientos y movilizaciones por redes institucionales y de los medios de comunicación, y las formas locales de sembrar, cosechar, hacer pastar al ganado y mantener infraestructura vital en áreas rurales ahora controladas por la empresa. Para entender las formas heterogéneas de resistencia basamos nuestro análisis en la teoría social crítica que trata la participación deliberativa formalizada como tecnologías de gobernanza y de dominación, y que al mismo tiempo identifica las posibilidades no-intencionadas inherentes en estas tecnologías de crear posibilidades y espacios para acción política y para la formulación de propuestas y visiones alternativas (cf. Ferguson 1994; Green 2014; Li 2007; Robins, Cornwall y von Liers 2008). Recientes estudios aplican esta doble perspectiva a los contextos de la expansión de la frontera extractiva en América Latina y a los conflictos socio-ambientales que se generan allá, haciendo en este sentido el tema de participación explícitamente relevante para la ecología política (cf. Bebbington y Bury 2013; Li 2015; Leifsen et. al. 2017). En Ecuador, la temática de participación es especialmente relevante por las políticas explícitas de participación ciudadana y por el déficit en el uso de mecanismos de participación (como la consulta previa y la veeduría ambiental) en el emergente sector de minería a gran escala (Riofrancos

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“Instrumentos de gobernanza” se refiere a los procedimientos y mecanismos formales diseñados por el Estado para facilitar y regular la participación ciudadana, la planificación territorial y el manejo ambiental entre otras actividades claves para la gobernanza de la población.

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2014). El debate académico y político sobre los efectos de la revolución ciudadana de ampliar y multiplicar los espacios consultivos y disminuir las posibilidades de influencia política (Ospina Peralta 2013) toma un sentido adicional en el caso Mirador. Las carencias por parte del Estado a la hora de implementar los mecanismos de participación, paradójicamente añaden protagonismo político a la población afectada que puede demandar y, como consecuencia, politizar derechos reconocidos. La interfaz que constituyen los mecanismos de participación entre el Estado y la población afectada facilita momentos de influencia política cuando el Estado no cumple con su propia normativa (cf. Leifsen, Sánchez-Vázquez y Reyes 2017). Cabe señalar que se trata de momentos de influencia que en el caso de proyectos de la magnitud del Mirador tienden a reformular las condiciones de operación y entonces cambiar las reglas del juego. Como consecuencia, los afectados tienen que constantemente adaptarse de manera creativa a las nuevas situaciones y condiciones y multiplicar sus formas de contestar y resistir. Un enfoque en la resistencia anti-minera en la cordillera del Cóndor no debe y no puede ignorar la existencia de diferentes respuestas hacia la minería a gran escala. En base a nuestros estudios empíricos de los conflictos en el cantón El Pangui y la parroquia de Tundayme concluimos que es una equivocación equiparar la participación solamente a la resistencia anti-minera. Tanto históricamente como en la situación actual se pueden identificar una gama de posiciones dinámicas, teniendo en sus extremos a los anti- y pro-mineras, mientras entre estas oposiciones existen un sinnúmero de personas afectadas que evalúan la nueva era minera y sus impactos con nuevos y diferentes matices. Asímismo, los proyectos de responsabilidad social corporativa por parte de la empresa y las inversiones sociales ligadas a la política redistributiva del Estado contribuyen a generar respuestas diversas en la población shuar, la población colona y los nuevos residentes de la zona (van Teijlingen 2016).

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Tomando en cuenta experiencias de transformación de conflictos socio-ambientales y de “diálogo social” en el contexto ecuatoriano y latinoamericano (Acselrad, Bezerra y Gaviria 2010; Sánchez Vázquez y Eguiguren Riofrío 2016), en este trabajo también analizamos los intentos que se han producido de llevar a cabo un espacio de diálogo para gestionar los conflictos generados por el proyecto Mirador. Como ya hemos señalado, este tipo de tecnologías participativas pueden crear posibilidades para la resistencia y la mejora de las condiciones de la población afectada. Sin embargo, como vemos en el último capítulo de la antología, en el caso del proyecto Mirador los intentos de establecer un diálogo multiparcial fueron recibidos por las comunidades afectadas con desconfianza, principalmente por el enorme desequilibrio de poder entre las partes del conflicto, generado por el firme apoyo del gobierno nacional a la actividad minera. En este caso primó el temor de que la participación en este tipo de foros contribuyera a disminuir la movilización social, a provocar un “efecto de desplazamiento” (Rodríguez-Garavito 2011) y a generar procesos de despolitización de las relaciones de injusticia ambiental (Perreault 2015).



Justicia ambiental

Como se menciona anteriormente, el reconocimiento de mundos plurales como parte de la ecología política es vital para entender la realidad de poblaciones históricamente marginadas y sus formas de relacionarse con la naturaleza. Por otro lado, la corriente de la justicia ambiental se enfoca sobre todo en poblaciones que, generalmente desde una posición de marginalidad, deben hacer frente a conflictos relacionados con el medio ambiente, en relación especialmente con el uso de recursos y los efectos de la contaminación ambiental (Martínez-Alier 2001, 167). Este movimiento nace en Estados Unidos a finales de la década de 1980, con una clara posición anti-racista, como una forma de denunciar y resistir a la ubi-

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cación de deshechos tóxicos cerca de poblaciones latinas, indígenas o afro-americanas, de una manera desproporcionada. Sin embargo, en las últimas décadas su campo de acción, tanto a nivel académico como en el activismo, se ha ampliado incorporando a cualquier tipo de población local que sea afectada por conflictos ecológicos que tengan que ver con la apropiación de recursos y la contaminación del medio-ambiente (Martínez-Alier 2001). El enfoque de la justicia ambiental se detiene sobre todo en los conflictos y luchas de las poblaciones y comunidades locales cuando éstas se ven amenazadas por los daños al medio ambiente y la utilización y pérdida de ciertos recursos naturales que afecten a su supervivencia (Banks 2002; Gil 2009). En este caso, los conflictos se entienden no solo como una respuesta a preocupaciones ambientales o consideraciones económicas (Ali 2003; Sawyer 2004; Gedicks 1993). Desde esta perspectiva, el bienestar de un grupo no solo incluye temas básicos de subsistencia sino incluso aquellos que puedan considerarse de un valor más intangible, como los que tienen que ver con derechos políticos, la defensa de la identidad cultural y la protección de tradiciones y lenguajes ancestrales, así como los valores ecológicos y estéticos del paisaje y la naturaleza (Martínez-Alier 2002, 150; Martínez-Alier 2001, 163). Esta perspectiva está relacionada con las de Fraser (2000) y Schlosberg (2004), quienes señalan tres dimensiones claves de la justicia ambiental: la primera tiene que ver con la distribución económica y las estructuras de poder que regulan y diferencian el acceso a recursos naturales. La segunda, que corresponde a la participación política, toma en cuenta las condiciones de influir en la toma de decisiones, las formas de formular y diseminar políticas, así como las posibilidades de impulsar cambios. Finalmente, la tercera se trata de los aspectos relacionados con los procesos de reconocimiento de formas culturales e identitarias particulares y que son decisivas para poder diferenciar formas, proyectos de vida, visones y conocimientos distintos.

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En relación con las industrias extractivas, el interés por la justicia ambiental se debe al impacto generado por la ampliación de las fronteras para intensificar la extracción minera y de petróleo en zonas que generalmente afectan a poblaciones marginalizadas, ya sean indígenas o no (Martínez-Alier 2002). Así, en un número creciente de estudios sobre la explotación minera en América Latina el análisis de los conflictos generados a partir de ella se han enmarcado dentro de la justicia ambiental. En muchos de los casos estudiados, la explotación minera y sus impactos han hecho que las poblaciones locales se movilicen de diferentes maneras, algunas veces directamente a favor de la protección del medio ambiente (por el valor que la naturaleza tiene para estas poblaciones, el cual va más allá de un tema económico) o por la manera en que el uso de recursos afecta a su supervivencia, a su vida social y cultural (De Echave et al. 2009). Por ejemplo, en el caso de Tambogrande en Perú, De Echave et al. (2009) enfatizan el significado social de las actividades económicas y el valor que se otorga a los recursos naturales y a la tierra misma, argumentando que es difícil pedir a la gente que simplemente cambie de actividad una vez que al proyecto minero haya causado graves efectos en su tierra y en recursos como el agua. Por otro lado, en casos como Esquel, en Argentina (Walter 2008) o Antamina en el Perú (Arellano-Yanguas 2011), los temas de conflicto no siempre se refieren a preocupaciones ambientales directas sino a la distribución inequitativa tanto de costos y beneficios (en forma de regalías, por ejemplo), la falta de participación en las decisiones acerca de éste y la imposibilidad de confiar en autoridades locales y actores políticos (Walter 2008). Similares temas y conflictos se repiten también en el contexto del proyecto Mirador, tanto en las comunidades y organizaciones shuar como en las poblaciones mestizas. Esto es evidente en algunos capítulos de esta publicación en la discusión sobre los discursos y prácticas shuar frente al proyecto, en los cuales tanto las preocupaciones así como las estrategias que se utilizan son diversas y muchas veces

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apuntan en distintas direcciones, desde la recuperación de su territorio (por temas de ancestralidad) hasta demandas de desarrollo (Fernández-Salvador). De igual manera, los capítulos que tratan sobre los conflictos territoriales y tensiones que han surgido alrededor del proyecto minero (van Teijlingen y Warnaars), así como la discusión del capítulo sobre los impactos en las vidas de las mujeres (Yépez y van Teijlingen) resaltan las marginalizaciones que se han producido como parte del avance del proyecto Mirador. De forma más evidente, en el capítulo de Leifsen y Hogan se emplea la literatura sobre justicia y racismo ambiental (Kuletz 1998; Voyles 2015) para analizar los impactos ambientales que ocasiona la intervención minera. La justicia ambiental es además acentuada en los capítulos enfocados en las condiciones y posibilidades restringidas de participación política de la población afectada (Sánchez-Vázquez y Reyes; Leifsen) y está problematizada de manera implícita en el capítulo sobre diálogo minero (Sánchez-Váquez et.al.). Finalmente, de manera general observamos que las luchas por el territorio y los derechos a él, la preocupación por los beneficios materiales plasmados en proyectos de desarrollo, y las formas de negociación y resistencia alrededor del proyecto tienen que ver con las luchas de las poblaciones locales por su supervivencia.



Cómo leer este libro: objetivos y estructura de la antología

El objetivo de esta antología es analizar las dinámicas y las respuestas locales generadas por este mega-proyecto estratégico, así como las políticas e instrumentos de gobernanza en el contexto del primer proyecto de minería a gran escala de Ecuador. Aplicaremos el marco teórico–analítico de la ecología política que nos permita ver las potencialidades y tendencias de las políticas estatales y las respuestas a estas tanto al reproducir ciertas estructuras, esquemas y discursos de poder

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como al generar estrategias contra hegemónicas, sub-alternas, de resistencia y de sustentabilidad. Después de la introducción, la antología está dividida en cuatro partes temáticas interconectadas, basadas en los ejes analíticos presentados anteriormente. Tratamos en la primera parte el contexto nacional y regional, enfocando en las políticas, marcos legales y la conflictividad alrededor del extractivismo y la minería a gran escala en Ecuador. Para ello, Thea Riofrancos describe el campo gravitacional del neo-extractivismo ecuatoriano, presentando el avance del sector minero en el país como una constante negociación entre los intereses del Estado, el capital transnacional y la sociedad civil, caracterizada por la inestabilidad del marco normativo, falta de experiencia de la industria, y una caída de los precios de las materias primas y las protestas locales. Consideramos, además, la historia de la región en que se desarrolla el proyecto. Ximena Warnaars y Karolien van Teijlingen llevan al lector a la cordillera del Cóndor, para proporcionar una amplia introducción a la historia regional que dio forma al contexto actual del proyecto Mirador. Argumentan que estas dinámicas complejas tienen eco en conflictos actuales y, por ende, resulta imprescindible analizar la historia para una comprensión integral. En la segunda parte, “Territorios y mundos plurales”, miramos al mosaico de actores, poderes, imaginarios y procesos de territorialización que han colisionado y se han entrelazado, y a su vez han producido nuevos actores e imaginarios, inducidos por la actividad minera en el cantón El Pangui. El objetivo de esta sección es analizar los primeros impactos ambientales y territoriales del proyecto y las repercusiones para el tejido de relaciones y redes sociales, la construcción de identidades, y diferentes formas de desigualdad. Karolien van Teijlingen y Ximena Warnaars abarcan los conflictos territoriales y las dinámicas identitarias que esta expansión minera conlleva. Identifican una multiplicidad de procesos históricos y contingentes de territorialización e identificación en El Pangui, y describen la disruptiva reconfiguración que

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introduce el proyecto minero. Argumentan que una comprensión, y quizás solución, de estos conflictos solamente se puede dar si se reconoce esta pluralidad de experiencias, territorios e identidades. En los dos capítulos restantes de la segunda parte nos centramos en los impactos que el proyecto Mirador ha producido en los grupos más marginalizados de la población local, como son las mujeres y las comunidades shuar. María José Yépez y Karolien van Teijlingen entran en su capítulo al campo de los impactos y dinámicas de género, e identifican una carencia de investigación académica y política pública sobre la posición de las mujeres y niñas en relación a la minería a gran escala. Su exploración de experiencias de mujeres del Pangui muestra que los cambios territoriales, laborales y de seguridad generan cambios y desigualdades particulares para este grupo, y que su voz no es escuchada a pesar de que juegan un papel importante en los movimientos anti-mineros. En su capítulo sobre la población shuar, Consuelo Fernández-Salvador hace un recorrido por las respuestas y prácticas políticas de este grupo en torno al proyecto Mirador. La posición de los shuar como actores clave en el conflicto es a menudo simplificada y esencializada en el debate en torno a la minería, mientras que este capítulo muestra de forma meticulosa que existen estrategias y acciones muy diversas y fragmentadas. El capítulo explica esta diversidad como un resultado de procesos diferenciados de construcción de identidad y apego con el territorio. En la cuarta y última parte analizamos otra dimensión de los procesos de la expansión minera y de los conflictos que genera, es decir los procesos y mecanismos de gobernanza y diálogo que rodean el proyecto Mirador. En esta sección se examinan los potenciales y las limitaciones de las discutibles prácticas de participación ciudadana y de estudios de impacto ambiental emprendidos por el Estado y la empresa. Estas prácticas serán contrastadas con las iniciativas locales y de la sociedad civil que de alguna manera buscan construir espacios alternativos. En relación a esto, Esben Leifsen proble-

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matiza el doble sentido y potencial de la participación, a un lado como un mecanismo de gobernanza desde el Estado que tiende a de-politizar procesos participativos, y al otro lado como una potencialidad de emancipación que ofrecen dichos procesos cuando son reutilizados por ciertos actores locales. Considera las posibilidades de la población afectada de sacar partido de la ambigüedad de los instrumentos y mecanismos de planificación y participación, en concreto del último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en Tundayme, para abogar por la defensa de una vida alternativa al modelo de desarrollo ligado a la extracción industrial de minerales. Para finalizar, describimos los desafíos presentados en relación a los distintos intentos de crear espacios de “dialogo minero” entre las partes involucradas en los conflictos ocasionados por la mega-minería. Luis Sánchez, Sebastian Niesar, María Beatriz Eguiguren y Gabriela Espinosa analizan dos procesos concretos de diálogo en los que los autores formaron parte, con diferentes roles y alcances. Esta comparación nos permite tener una visión más amplia y compleja de las diferencias de poder y de vivencias socio-ambientales que marcan las relaciones y dinámicas empresa –Estado– población afectada en el contexto del proyecto Mirador; además de analizar las potencialidades de estos procesos a la hora de contribuir a la re-politización o a la de-politización de los conflictos. Por último, en el capítulo dedicado a las conclusiones realizamos una síntesis de los resultados de nuestras investigaciones con el objetivo de destacar los principales puntos en común y tendencias encontradas, así como las limitaciones que se presentaron a la hora de efectuar nuestros estudios, las potencialidades y posibles líneas de actuación más sobresalientes que podrían continuar el trabajo realizado hasta ahora. Adicionalmente, creemos que la pregunta de investigación planteada en este libro es pertinente no solo para el proyecto Mirador, sino también para todo el sector minero ecuatoriano, por lo que en el capítulo de conclusiones presentaremos una serie de posibles lineamientos para futuras investigaciones a

INTRODUCCIÓN – Una ecología política del proyecto minero Mirador | 43

partir de las “lecciones aprendidas” en el proyecto Mirador. Asimismo discutiremos las contribuciones intelectuales y teóricas del libro al campo de la ecología política de la minería a gran escala en América Latina. El capítulo de conclusiones se basa en un escrutinio crítico sobre el contexto de la minería a gran escala en el Ecuador, el cual también aplicamos a nuestro propio trabajo investigativo. Sometemos así nuestras prácticas de trabajo a un proceso de autocrítico y de reflexión, con el fin de identificar nuestras limitaciones y proponer recomendaciones para futuras investigaciones.

PARTE I CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL

CAPÍTULO 1 El proyecto Mirador en el contexto nacional de (neo)extractivismo Thea Riofrancos

Introducción El proyecto Mirador de minería de cobre, actualmente en fase de construcción en la amazonía sur del Ecuador, está planeado para ser el primer proyecto minero a gran escala en la historia de este país andino. El 5 de marzo de 2012, el Ministerio de Recursos No Renovables firmó el contrato de explotación con Ecuacorrientes S.A. (ECSA), empresa perteneciente a un conglomerado de dos empresas estatales chinas. Tres días después, cientos de activistas ambientalistas, anti-mineros e indígenas iniciaron una marcha de dos semanas desde El Pangui, ciudad en el área de influencia del proyecto, hasta Quito, la capital de la nación. En Ecuador, los distintos actores enfrentados en el polarizado debate sobre la extracción de recursos, perciben el proyecto Mirador como un emblema de los planes de la administración de Rafael Correa para promover la minería a gran escala. Mientras los actores corporativos y estatales alabaron el contrato y lo calificaron como el inicio de una nueva era de minería “responsable”, un gran número de organizaciones de la sociedad civil han señalado el proyecto Mirador como la apoteosis del denominado “extractivismo”, que ellos definen como un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y destructivo a nivel socio-ambiental. Este conflicto enfrenta a un presidente de izquierdas con los movimientos sociales que en sus inicios, aunque con reservas, apoyaron su llegada al poder.

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Las controversias sobre la extracción de petróleo, así como sobre los intentos anteriores de establecer proyectos mega-mineros, tienen una larga tradición en el país, pero el conflicto actual ha puesto en marcha un debate político más amplio sobre la extracción de recursos naturales como modelo de desarrollo. En este capítulo, sostengo que este conflicto es el resultado de una conjunción de factores marcada por la llegada al poder del presidente de izquierdas Rafael Correa (2007-2017), la introducción de una nueva Constitución (20072008), y la apuesta de la administración por la minería a gran escala, un sector extractivo novedoso en un país dependiente del petróleo. A continuación me centro en el contexto en que se desarrolla el proyecto Mirador, específicamente abordando el marco legal de las políticas de minería: la Constitución de 2008, la Ley de minería de 2009 y el contrato de explotación de Mirador de 2012. Para concluir, presento una breve discusión sobre las diferentes formas que ha tomado la resistencia anti-extractiva, y los desafíos de la movilización anti-extractiva a nivel nacional. Este capítulo se basa en catorce meses de trabajo de campo, entre 2011 y 2014, usando métodos etnográficos (observación participante), más de 100 entrevistas semi-estructuradas (con activistas políticos, autoridades de los GADs, funcionarios de los ministerios y secretarias del Estado central y de las provincias, personal de empresas mineras, y académicos), y análisis de archivos. La parte etnográfica se realizó principalmente en Quito, los cantones de Cuenca y Santa Isabel en Azuay, y los cantones de Zamora y El Pangui en Zamora Chinchipe. Elegí esos sitios de investigación porque me dieron la oportunidad de observar de primera mano el proceso de conflicto político alrededor de la extracción de recursos mineros, tanto en términos de los procesos de protesta social como los procesos de hacer la política pública y estrategias empresariales.

PARTE I – CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL | 49

Desde el nacionalismo de recursos hasta el conflicto sobre extractivismo El conflicto sobre la extracción de recursos y el modelo de desarrollo en Ecuador es en cierta medida sintomático de un patrón a nivel continental durante una década de altos precios de petróleo, minerales, y otras materias primas. El llamado “commodity boom” (2000-2010) ha (re)orientado la economía regional, aumentando la dependencia fiscal de materias primas, y su peso en la canasta de exportación (CEPAL 2010; Cypher 2010; Ruiz Acosta y Iturralde 2013; Sinnot et al 2010). Aún asumiendo esta tendencia regional, Ecuador se destaca como una de las economías más dependientes de recursos; hasta la caída de su precio, los ingresos del petróleo proveían más de un tercio del presupuesto estatal (Banco Central del Ecuador 2012, 2014; Ruiz Acosta y Iturralde 2013, 29). Pero los gastos sociales han crecido más rápidamente que los ingresos, y la brecha ha sido llenada en parte con préstamos chinos. En este contexto, el gobierno de Correa apostó por el potencial minero, una decisión para explotar las reservas no explotadas, desarrollar provincias lejanas a la capital, y, mediante las regalías e impuestos, aumentar el flujo de ingresos a las arcas del Estado. Como en otros países de la región, este intento de ampliar la frontera extractiva ha provocado conflictos sociales (Arce 2014; Bebbington et al 2008; Bebbington y Bury 2013; Mähler y Pierskallar 2015; Haslam y Tanimoune 2016; Latorre 2015; Latorre y Santillana 2009; Svampa 2008, 2015). En este sentido, la “re-primarización” de las economías nacionales ha resultado en una “re-politización” de los proyectos y el mismo modelo de desarrollo (Hogenboom 2012). Pero cabe destacar que la amenaza o presencia de proyectos petroleros o mineros no desencadena protestas de forma automática. Además, el hecho de que ocurran protestas locales no necesariamente implica que la extracción de recursos no renovables se convierte en una problemática política de escala nacional. Como describo más abajo, en Ecuador exis-

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tían procesos de lucha anti-minera desde los primeros intentos de desarrollar el sector, pero dada la coyuntura política, no se convertían en un debate nacional y un re-pensamiento radical sobre el modelo de desarrollo y sus alternativas. Para entender por qué, empezando con las protestas en contra de la ley minera de 2009, la resistencia social contra la minería a gran escala se amplió hasta cuestionar el llamado “modelo extractivo,” es necesario contextualizar esas protestas en una historia más larga de conflicto sobre la extracción de recursos, especialmente el petróleo. A partir de ahí identifico los elementos de la coyuntura política (2006-2009) en relación a los cuales surgió el debate sobre “extractivismo”: la llegada al poder del presidente de izquierdas Correa (2007-2017), la Asamblea Constituyente (2007-2008), y la promoción de la minería a gran escala. La siguiente sección trata de este último elemento, enfocándose en un análisis de la ley minera y el contrato de explotación para el proyecto Mirador, como los parámetros del marco normativo minero y los objetivos de la protesta social. Desde los principios de la década de 1970, Ecuador ha sido un llamado “petro-estado,” fiscalmente dependiente de la extracción y exportación del petróleo. Al principio, durante el régimen militar de Guillermo Rodríguez (1972-1976), este sector fue gobernado en clave desarrollista, pero después de la transición a la democracia, se giró a la implementación de políticas neo–liberales (Brogan 1984; Martz 1987). Desde el inicio, el sector ha sido conflictivo: de hecho, las organizaciones de base de las naciones y los pueblos indígenas achuar, cofán, kichwa amazónico, secoya, shuar, y waorani surgieron entre los cincuentas y ochentas precisamente debido a la triple-amplificación de la frontera extractiva por la llegada de empresas petroleras (estatales y privadas), agrícolas, y madereras, y la política estatal de colonización (Fontaine 2007; Yashar 2005; Saywer 2004). Pero en esta época, el conflicto alrededor del petróleo estaba fragmentado, localizado, y enfocado en el nexo empresa-comunidad. To-

PARTE I – CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL | 51

davía no estaban unidos como un movimiento amazónico, ni tenían vínculos a movimientos sociales en otras regiones del país y/o a nivel nacional. Por su parte, el crecimiento del movimiento indígena en la sierra, con sus raíces en luchas campesinas de los inicios del siglo XX, se enfocaba en la cuestión de la distribución de la tierra y las condiciones laborales en las haciendas (Becker 2008; Yashar 2005). La extracción del petróleo se convirtió en un foco de conflicto político y se visibilizó como cuestión nacional en los inicios de la década de los noventas.7 El surgimiento del petróleo en el escenario político ocurrió en el contexto de la lucha anti-neo–liberal, y el protagonismo político de la CONAIE y sus filiales, en coordinación con sectores populares organizados, como sindicatos laborales y organizaciones barriales (CONAIE 1994, 1997; Silva 2009: Capítulo 6). En esta época, la lucha social enfrentaba regímenes neo–liberales, los cuales pretendían (con varios niveles de éxito) privatizar y desregular recursos como petróleo, agua, y tierra (Bowen 2011; Hey y Klak 1999; Larrea y North 1997). En este contexto, en 1992 la organización indígena de la provincia amazónica de Pastaza (OPIP) marchaba hacia Quito para reclamar, entre otras demandas, la defensa de su territorio bajo la amenaza petrolera. Dos años después, la misma organización y esta vez en coordinación con organización ambientalista radical Acción Ecológica, demandaba una moratoria de 15 años de la extracción de petróleo (Sawyer 2004, 97-98). Durante los diez años siguientes, surgió un conjunto de demandas sociales alrededor del petróleo: la salida de empresas petroleras y la cadu7

Eso no quiere decir que no había vínculos entre el movimiento indígena amazónico y el movimiento indígena nacional antes de los años noventas. Esos vínculos se formaron en los 80s, con la formaciones de federaciones a nivel provincial (por ejemplo, OPIP en 1978), regional (CONFENIAE en 1980) y después, nacional (CONAIE en 1986) (Fontaine 2007; Sawyer 2004). Más bien, quiere decir que con los levantamientos indígenas de las noventas, la cuestión del petróleo entró en el escenario político con nueva fuerza.

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cidad de sus contratos con el Estado (sobre todo, Occidental Petroleum u “Oxy”), no más explotación petrolera en territorios indígenas o en áreas protegidas, la nacionalización del petróleo, y, especialmente después de la Constitución de 1998, el cumplimiento de derechos colectivos de las comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera.8 Las tácticas eran tan diversas como las demandas, incluyendo una huelga bi-provincial en Morona Santiago y Orellana, organizada por habitantes y autoridades locales, que impidió la salida de petróleo por una semana entera y resultó en 300 millones de dólares en pérdidas económicas.9 Como se ve, todavía no se había desarrollado el discurso crítico de extractivismo ni el concepto del modelo extractivo. En ese momento, por ejemplo, el programa político de la CONAIE (de 1994 y 1997) demandaba la nacionalización del petróleo y nunca mencionó la oposición a la extracción de recursos, solo al régimen de propiedad privada y extranjera (CONAIE 1994, 1997). A pesar de que no se había desarrollado ese “discurso crítico” del extractivismo, los activistas indígenas amazónicos y sus aliados en grupos ecologistas ya habían articulado los elementos claves de una crítica fuerte y oposición política a un modelo de desarrollo basado en la extracción del 8

9

Véase: “Fuera Oxy y No al TLC Ecuador: Marchas por la Constituyente y Nacionalización de Petróleo”10/10/2005 at http://movimientos. org/node/5496?key=5496; Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera at http://soberaniapetrolera.blogspot.com/; El Universo “Movilización amazónica en Quito contra Oxy y el TLC” 08/05/2006; El Universo “Pachakutik se une a las marchas contra la Oxy” 09/05/2006; El Comercio 21/04/2005 “Los shuar se declaran en emergencia antipetrolera”. El comité de paro, 16/08/2005, “Boletin de prensa: Contra las empresas petroleras paro bi-provincial Sucumbíos y Orellana” at http://ecuador. indymedia.org/es/2005/08/10810.shtml; “570 milliones de pérdidas por paro Amazónico” http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=19156&umt=570_millones_ perdidas_por_paro_amazonico; “Ecuador: An Oil Strike”s Present and Future Consequences, August 23, 2005, at https://www.stratfor.com/ analysis/ecuador-oil-strikes-present-and-future-consequences

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petróleo (Riofrancos 2017b). Esos elementos de una crítica militante de la extracción como modelo de desarrollo tienen sus raíces en las décadas de experiencia de luchas por el territorio, y en contra de la invasión de las empresas petroleras con la ayuda del Estado (y con la protección del ejército) en la amazonía, por parte de los pueblos y naciones indígenas. Antes de profundizar en la coyuntura en que se cristalizó el nuevo discurso crítico de “extractivismo” y la dinámica entre la política pública y la protesta social, conviene presentar mi marco analítico para analizar los discursos políticos. Aunque mi análisis se ha desarrollado en diálogo con otros investigadores y analistas del extractivismo y neo-extractivismo (Acosta 2009; Albuja y Dávalos 2013; Bebbington y Bebbington 2010; Gudynas 2010; North, Grinspun y Larrea 2016; Svampa 2015) mi enfoque aquí es un poco distinto al de esos valiosos estudios. Esos análisis suelen usar el término “extractivismo” (y sus modificaciones, como neo-extractivismo) como un término descriptivo, muchas veces de forma crítica, para referirse a las actividades extractivas, las políticas públicas e ideologías que las promueven, sus afectos socio-ambientales, y las formas de resistencia que provocan. En cambio, en este capítulo, inspirado por mi otro trabajo (Riofrancos 2017b) uso el término para referirme al nodo central de un discurso crítico elaborado por actores metidos en un conflicto político sobre el régimen de gobernanza de recursos. Cabe mencionar que mi marco analítico, fundamentado en mi análisis de Marx (1845 [1976]), Althusser (1969, 49-86), Foucault (1968; 1981), y la antropología lingüística (Agha 2006), no toma el “discurso” como un epifenómeno de la realidad. Más bien, el discurso es la mediación semiótica de relaciones sociales, y el medio concreto a través de lo cual actores situados reflexionan sobre, critican, y (re)hacen sus mundos sociales. Desde este punto de vista, identifico las condiciones políticas, sociales, y económicas bajo las cuales los actores cambian sus discursos y, en torno a los efectos pragmáticos del surgimiento y cristalización de nuevos discursos. Además, como destaco en el texto

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que sigue, el discurso crítico de extractivismo se elaboró en un proceso de mutua retro-alimentación entre activistas políticos y analistas en el campo académico (y, por supuesto, algunas figuras jugaban los dos papeles, y por eso mismo facilitaban la difusión de conceptos críticos entre los dos ámbitos).



El viraje hasta la articulación del modelo extractivo y la nueva estrategia de lucha anti-extractiva

Como se ve, las controversias sobre la extracción de petróleo, así como sobre los intentos anteriores de establecer proyectos mega-mineros, tienen una larga tradición en el país, pero el conflicto actual ha puesto en marcha un debate político más amplio sobre la extracción de recursos naturales como modelo de desarrollo. Sostengo que este conflicto es el resultado de una conjunción de factores marcada por la llegada al poder del presidente de izquierdas Rafael Correa (2007-2017), la reelaboración de la Constitución (2007-2008), y la apuesta del oficialismo por la minería a gran escala (2009- actualidad), un sector extractivo novedoso en un país dependiente del petróleo. Empezando con la ascendencia de un gobierno auto-denominado como izquierdista, Ecuador entraba en una nueva coyuntura política, lo cual abrió espacio político para un re-pensamiento radical de la relación entre el Estado, la sociedad, la naturaleza y los recursos naturales, y el territorio. La elección de Rafael Correa fue resultado de una larga historia de lucha popular y anti-neoliberal (1990-2006) y, más próximamente, la movilización de la clase media en la llamada “rebelión de los forajidos” (Ramírez Gallegos 2010). Su gobierno tenía el apoyo, aunque con reservas importantes, de muchos miembros y dirigentes de los movimientos sociales que lideraban la lucha anti-neoliberal.10 Su gobierno respondió a la 10

En el momento, había un debate dentro del movimiento indígena (principalmente CONAIE, ECUARUNARI, y el partido político Pachaku-

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demanda histórica para una nueva Constitución con el establecimiento de una Asamblea Constituyente, elegida por voto popular y con plenos poderes. A pesar de este inicio prometedor, en cuanto a la posibilidad de una transformación profunda del Estado con la plena participación de movimientos y sectores previamente excluidos y/o marginalizados de la formación de la política pública, muy pronto los desacuerdos dentro de Alianza País (AP) y su falta de vinculo orgánico con movimientos de base se visibilizaron, y la brecha entre el gobierno y los sectores populares organizados se profundizó. Este proceso de alejamiento entre, por un lado los movimientos indígenas y ambientales (especialmente la CONAIE, y sus filiales ECUARUNARI y CONFENAIE; Acción Ecológica; y grupos locales anti-mineros y anti-petroleros) y los miembros de AP más cercanos a ellos (sobre todo Alberto Acosta y Monica Chuji) y por otro lado el gobierno (sobre todo el presidente y los ministros involucrados con la coordinación de la política pública y en la gobernanza de recursos naturales), se desarrolló durante el transcurso de la Asamblea Constituyente. A través de los debates sobre propuestas de artículos constitucionales de las diversas mesas temáticas, surgieron los temas interrelacionados de la extracción de recursos, el modelo de desarrollo, y los derechos colectivos de comunidades indígenas. En los debates, se visibilizó un desacuerdo dentro del mismo partido oficialista, y además con AP y los asambleístas de Pachakutik y Movimiento Popular Democrático. En diálogo con los movimientos sociales antedichos (los cuales entregaban sus demandas a la Asamblea), e intelectuales públicos como Eduardo Gudynas (que hicieron po-

tik,) sobre la candidatura del Rafael Correa. Discutian varias opciones de un binomio de Correa y un dirigente indígena. En ultima instancia, las negociones fracasaron. Véase El Universo 23/05/06 “Ecuarunari condiciona a Correa para alianza”; El Comercio 17/06/06 “Pachakutik propone la “Vice” a Correa”; El Comercio 15/06/06 “Rafael Correa dice o a las primarias”.

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nencias en la Asamblea), e inspirados por los procesos de luchas anti-petroleras, indígenas, y ecologistas, algunos asambleístas empezaron a hablar en términos de lo que llamaban el “modelo extractivo”. Sostenían que la raíz de muchos de los problemas era la dependencia económica de la extracción intensiva de recursos primarios, un modelo que ha generado efectos negativos tanto en los ámbitos económicos y políticos, como en cuanto al medio ambiente y los derechos colectivos. En sus discursos, Mónica Chuji en particular contextualizaba este modelo en una larga historia empezando con la conquista y reproducido a través de la integración en el mercado global como proveedor de materias primas. Poco después de la ratificación de la nueva Constitución, el conflicto entre el gobierno y movimientos sociales se hizo más profundo. Sus simpatizantes dentro del oficialismo se resignaron al régimen, y diversos dirigentes indígenas y ecologistas empezaron a llamar al régimen “extractivista” y afirmaron que el “socialismo de siglo XXI” no cuestionó el modelo de desarrollo. Cuando el gobierno empezó a desarrollar el sector de minería a gran escala, la polarización política llegó a un nuevo nivel. El gobierno de Correa empezó con vigor a desarrollar el sector minero a gran escala a finales de 2008. El primer trabajo fue construir el marco normativo para atraer la inversión minera a Ecuador, y estructurar la relación entre Estado y empresa. Con este fin, el 14 de noviembre de 2008, el presidente Correa entregó un proyecto de ley, escrito por el Ministerio de Minas y Petróleo (después llamado Ministerio de Recursos No renovables), al “Congresillo”, el congreso interino antes de la elección de la nueva Asamblea Nacional. Después del debate, algunos pequeños cambios, y mucha presión ejecutiva (y mucha protesta, que describo abajo), el Congresillo aprobó la ley el 26 de enero de 2009. Para entender mejor en qué medida esta nueva ley representó un cambio sustancial en el marco normativo que regula el sector minero, es necesario analizarla en el contexto de las leyes y reglamentos anteriores.

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El sector minero a gran escala en el Ecuador: políticas públicas y protesta social

Hay una larga historia de intentos de desarrollar un sector de minería a gran escala en Ecuador. En 1989, en el contexto de una ola de liberalización del sector en toda la región, el presidente Rodrigo Borja invitó al Banco Mundial para escribir el código minero con el fin de atraer inversión extranjera (Cisneros 2012, 3-4; Sacher y Acosta 2012, 14-16). La ley minera de 1991, así como las de 2000 y 2001, bajaba las regalías y los precios de concesiones, y establecía un reglamento ambiental muy débil. Este marco normativo resultó en una “hemorragia” de concesiones con poca inversión productiva (Sacher y Acosta 14-15). Esos intentos de desarrollar el sector minero provocaron resistencia, especialmente en las provincias de Imbabura (el proyecto Junín en la región de Íntag), Azuay (el proyecto Quimsacocha), Zamora Chinchipe (los proyectos Fruta del Norte y Mirador) y Morona Santiago (el proyecto San Carlos-Panantza) (Cisneros 2011, 214-25; Kuecker 2008; Latorre y Santillana 2009; Moore y Velásquez 2012, 220-221). A pesar de sus bases en y/o vínculos con organizaciones indígenas (kiwcha, shuar y achuar) de segundo grado y grupos ecologistas, en general estos procesos de resistencia no alcanzaron a generar un conflicto de escala nacional, aunque posteriormente, constituyeron un fundamento organizativo para un frente anti-extractivo más amplio. Por siete años no hubo ningún avance regulatorio en cuanto a la minería a gran escala. La siguiente reforma ocurrió en 2008, durante la Asamblea Constituyente. En este foro, los asambleístas debatieron y aprobaron el llamado “Mandato Minero” (Mandato Constituyente Numero 6). Uno de sus defensores infatigables era el mismo Presidente de la Asamblea (y ex–Ministro de Energía y Minas) Alberto Acosta, quien además tenía el apoyo muchos delegados y de varios movimientos sociales (aunque Acción Ecológica tomó una posición

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ambivalente al mandato por no oponerse a la minería en sí).11 A través de esta acta, la Asamblea actuaba con sus plenos poderes con el fin de abordar la ausencia de una norma comprensiva para regular el sector. Dada la debilidad del aparato regulatorio, y el bajo porcentaje de beneficios para el Estado, el mandato pretendía ordenar y regular el sector. El acta revocó sin compensación todas las concesiones en las cuales: no se había realizado ninguna inversión, estaban ubicadas dentro de áreas naturales protegidas, estaban concesionadas a funcionarios estatales, y/o en un monto mayor a tres por persona. Estableció una moratoria sobre concesiones mineras y la suspensión de actividad minera hasta que existiera una nueva norma. Finalmente, estableció una empresa minera estatal. Cabe mencionar que el mandato se enmarca dentro del imaginario de “nacionalismo de recursos.” Según este imaginario, el problema era la ausencia del Estado y la privatización de los beneficios, y la solución era la fortalecimiento del aparato regulatorio y la nacionalización de los beneficios a través del aumento de ingresos (regalías e impuestos) para invertir en obras y servicios públicos. Este imaginario se auto-definía en contra de las políticas neo–liberales. Pero pocos años después, la demanda principal de organizaciones indígenas y ecologistas se enfocó hacia el fin del modelo extractivo. En gran parte, la causa última de este cambio histórico fue la promoción agresiva de la extracción de recursos no renovables por el gobierno de Correa, sobre todo la minería a gran escala, la cual, a pesar de la “hemorragia” de concesiones, nunca había llegado a la fase de explotación. Por lo tanto, los movimientos sociales lo enfrentaban como una nueva amenaza.

11

Acción Ecológica, 04/02/08, “Sobre el mandato minero” http://alainet. org/active/23237&lang=pt

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El marco normativo: la “doble violación” de la Ley de minería y el contrato con ECSA

El nuevo marco normativo consiste (por orden de su superioridad jurídica) en la Constitución de 2008, la Ley de minería de 2009, y el contrato de explotación para el proyecto Mirador con ECSA. Dentro de este marco hay una serie de violaciones legales: primero, la ley minera incumple con derechos colectivos estipulados en la Constitución, y, segundo, el contrato viola la Constitución y la ley minera. Esas violaciones, a su vez, han detonando protestas sociales. La nueva Constitución es el marco fundamental para la nueva ley minera de 2009. Aunque, como se va a ver, eso no quiere decir que la ley cumpla con la Constitución; de hecho, hay varias incongruencias con las garantías constitucionales. En cuanto a los recursos naturales no renovables, en su artículo 408, la Constitución establece que son la propiedad inalienable del Estado y que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.” La ley minera especifica las fuentes de los ingresos estatales: el impuesto sobre ganancias extraordinarias (70%); regalías (al menos 5%); impuesto de valor agregado (12%); impuesto sobre ganancias (25%), y 12% de las utilidades (Art. 67; 93).12 Además, hay que canalizar una porción de los ingreso a las comunidades dentro de la área de influencia de los proyectos (12% de ganancias y 60% de regalías, Art. 93). Pero a pesar de que se podría decir que en términos fiscales la nueva ley minera se alinea con la Constitución, en términos de derechos colectivos y protección ambiental, la ley no cumple con las garantías constitucionales. Por ejemplo, la ley cambia el contenido del derecho a la consulta previa (estipula que los pro-

12

Abajo trato las reformas a ley minera, cuales cambiaron alguno de esos porcentajes.

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cesos de consulta “tendrán por objeto promover el desarrollo sustentable de la actividad minera” Art. 87, énfasis añadido). La ley también prioriza el derecho a prospección minero sobre el derecho de territorio (Art. 28), y establece que el ejecutivo puede peticionar a la Asamblea Nacional para otorgar concesiones en áreas protegidas. Durante el proceso de debate y aprobación de la nueva ley, grupos indígenas y ecologistas se manifestaron contra el proyecto legislativo, por su falta de cumplimiento con la Constitución, y además, por ser un intento de impulsar la minería a gran escala y por lo tanto ampliar la frontera extractiva. Las protestas empezaron el 17 de noviembre de 2008, con el inicio del debate sobre la ley, y se concentraron en Quito y las zonas con una historia de lucha anti-minera y/o en defensa de sistemas comunitarios de agua, en las provincias de Azuay y Cañar. El 20 de enero de 2008, cuando el Congresillo estaba a punto de aprobar la ley minera, diversas protestas recorrían el país. Según los reportes de dirigentes, 12 000 manifestantes participaron, con 9 000 de ellos concentrados en las provincias de la sierra central. Los participantes citaban las violaciones de derechos constitucionales, incluyendo el derecho de pueblos indígenas, afro-ecuatorianos, y montubios de la consulta pre-legislativa. De hecho, este incumplimiento con la Constitución fue el motivo de un caso constitucional en contra de la ley minera, llevado por la CONAIE con el apoyo del UNAGUA (sistema comunitario de agua de Azuay) y Acción Ecológica, el 17 de marzo de 2009. Su demanda se centraba en el incumplimiento de los derechos colectivos de la consulta previa y la consulta pre-legislativa, y, de forma más general, el la amenaza territorial que representa la minería a gran escala (la Corte decidió confirmar la ley). Aunque esas protestas eran todavía fragmentadas comparadas con los levantamientos indígenas de los noventas, los vínculos organizativos emergentes con organizaciones (ante todo indígenas y ecologistas) de diferentes grados amplió la escala del debate, y lo hizo emerger como una cuestión de la política pública na-

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cional. Las protestas continuaban en mayo de 2010, contra la Ley de Aguas, la cual los movimientos veían como un intento de privatizar el agua y facilitar el uso de agua por empresas extractivas (la ley nunca se aprobó). El 5 de marzo, 2012, tres días antes del inicio de la Marcha para el agua, la vida, y el dignidad de los pueblos—una manifestación de dos semanas, recorriendo el territorio desde el Pangui hasta Quito—el Ministerio de Recursos No Renovables firmó un contrato de explotación con Ecuacorrientes S.A. (ECSA), perteneciente a un conglomerado de dos empresas estatales chinas (una de minería y otra de construcción). ECSA planificaba invertir 2 014 millones de dólares en el proyecto, 71% de lo cual sería invertido durante la fase de construcción (20122016). Además de esa inversión directa, la empresa pagaba “regalías anticipadas” pagados en avance de cualquier venta (José Herrera et al 2012: 23). En este caso, suman 100 millones de dólares, pagados en tres cuotas (Contrato, cláusula 16.2). El contrato estipula un plazo de 25 años, renovable por el mismo plazo—aunque también estipula que en el evento que el cumplimiento del plan de inversión y trabajo requiera tiempo adicional, el plazo del contrato sería extendido a 30 años (y renovable por el mismo) (cláusula 6.1-6.2). Este plazo, sin embargo, potencialmente viola la ley minera, cual establece un límite de 25 años para concesiones, aunque no estipula un límite para contratos. Mientras tanto, el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente en febrero de 2012 está basado en un plazo de 17 años (Walsh Environmental Scientists and Engineers 2010, 5-1). Territorialmente, el proyecto Mirador consiste en dos concesiones mineras que suman 2 985 hectáreas.13 El contrato, sin embargo, establece dos zonas adicionales: el área de “actividades relacionadas” y de “protección,” de 2 815 y 510 hec13

Cabe mencionar que los 2985 ha que se incluyen en el contrato solo se refieren a una parte de todas las concesiones que tiene ECSA en El Pangui, que suman a un total de 9928 ha.

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táreas, respectivamente (cláusula 4.5.5 y 4.5.6; León 2012: 7). Tomando en cuenta esas dos zonas, el área superficial total es 6 310 hectáreas, lo cual excede el límite de 5 000 hectáreas establecido en el ley minera. Según el contrato, el área de “actividades relacionadas”—que puede contener, por ejemplo, campamentos, piscinas de desechos, plantas de energía y infraestructuras de procesamiento—está fuera de la área contratada (cláusula 4.5.5). Mientras tanto, “la área de protección” “sirve para proteger y garantizar al Proyecto Minero de cualquier tipo de perturbación que impida su normal ejecución; así como garantizar la seguridad de las personas alrededor del Proyecto y de las operaciones” (Anexo A). Activistas indígenas y ecologistas perciben esas zonas como mecanismos claves de la amplificación territorial de la frontera extractiva, el proceso que David Harvey llama “acumulación por desposesión” (Harvey 2009). A pesar de esos avances normativos y contractuales en el desarrollo del sector de minería a gran escala, para muchos dentro del gobierno y en el sector privado, la verdadera prueba del éxito de la política pública minera sería un contrato de explotación con una empresa privada, multinacional, y propiedad de accionistas. El contrato con ECSA, aunque era un logro importante, no significaba que el llamado “clima de inversión” era suficientemente atractivo. Desde esta perspectiva, las negociaciones con la empresa canadiense Kinross—la quinta empresa de minería de oro más grande del mundo— para el proyecto Fruta del Norte (también ubicado en de Zamora Chinchipe) fueron económicamente y simbólicamente más significativas. El 5 de diciembre de 2011, el Ministerio de Recursos No Renovables firmó un acuerdo preliminar con Kinross. A pesar de ese acuerdo, el impuesto sobre ganancias extraordinarias permaneció como un escollo. Aunque al principio el gobierno reaccionó con un discurso de soberanía nacional, en el verano de 2012, Correa señaló la posibilidad de reformar la ley minera para satisfacer las preocupaciones de Kinross alrededor de este impuesto. Los funcionarios que fue-

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ron entrevistados enfatizaban que habían “aprendido” de los representantes de Kinross que los impuestos sobre ganancias extraordinarias son raros en el sector minero, debido al alto nivel de inversión inicial y la falta de ganancias en las primeras fases del proyecto.14 Las reformas propuestas asegurarían que el impuesto no se cobraría antes de que la empresa hubiera recuperado la inversión realizada, y además fijarían un máximo sobre las regalías (dado que la ley solo estipula un mínimo). En mayo de 2013, el ejecutivo presentó las reformas a la Asamblea Nacional, pero la misma semana que los asambleístas empezaron a debatir los cambios. Kinross abandonó el proyecto alegando que eran insuficientes porque no tomaban en cuenta la subida en el costo de operación. En junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley minera. Desde entonces, no se ha visto poco avance significativo en cuanto a un otro proyecto “estratégico”. Parece muy probable que la falta de inversión en el sector sea debida a dos factores: (1) el marco normativo aunque el marco vigente prioriza proyectos mineros sobre los derechos colectivos constitucionales y, además, el gobierno lo ha modificado para atraer inversión, desde la perspectiva de empresas multinacionales, comparado con los marcos en otros países, este marco todavía favorece al Estado (en términos de ingresos) (2) el fin del “commodity boom” y la caída de los precios de minerales, que cambió la estructura de incentivos (véase más adelante en el texto). Con cuatro proyectos “estratégicos,” y muchos más no denominados estratégicos, pero sí de gran escala, todavía en el balance, está para verse si el desarrollo del sector extenderá más allá del proyecto Mirador.

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Entrevista, Ministerio de Recursos No Renovables, 01/08/12

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Conclusión: panorámicas de protesta antiextractiva15

Pero el futuro del sector minero está en riesgo no solo por los incentivos jurídicos y/o económicos; también está en cuestión por las formas innovadoras de protesta en contra de los proyectos extractivos. No obstante, los activistas indígenas y ecologistas enfrentan desafíos en cuanto a la movilización a nivel nacional. Para concluir, en esta sección hago una breve reseña de las panorámicas de protesta anti-extractiva, tanto en contra de la amplificación petrolera como de los proyectos mineros. Un desafío importante en cuanto a la resistencia anti-minera es la misma falta de experiencia nacional con la explotación minera a esta escala. Por su parte, los activistas anti-petroleros podrían señalar los estragos causado por décadas de explotación petrolera en Ecuador, los activistas anti-mineros, en cambio, no tienen ningún ejemplo nacional de los pasivos socio-ambientales causado por la minera a gran escala. Como resultado, su activismo se ha centrado en prevenir proyectos planeados. Por lo tanto, de forma parecida a otros casos en la región y el mundo, la resistencia se enfoca en las comunidades y ecosistemas potencialmente directamente afectados por los proyectos planificados—una estrategia facilitada por instrumentos internacionales que reconocen sus derechos (Arce 2014; Bebbington et al 2008; Constanza 2015; Fulmer et al. 2008; Jaskoski 2014; Riofrancos 2017a; Rodríguez-Garavito 2011; Walter y Urkidi, en prensa). En este contexto, grupos anti-mineros han desarrollado un repertorio de estrategias con el fin de (1) levantar conciencia sobre los pasivos socio-ambientales predecibles (2) parar el desarrollo de los proyectos mineros. Por ejemplo, los grupos anti-mineros han organizado caminatas a los sitios donde las minas están proyectadas —en 15

Esta sección está basado en publicaciones anteriores (Riofrancos 2015a,b).

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los páramos y los bosques de la cordillera del Cóndor—, atrayendo la atención sobre los ecosistemas que la extracción contaminaría y las comunidades locales que serán desplazadas. Las consultas comunitarias son otra forma de protesta. Los activistas de las comunidades afectadas denuncian que el gobierno no ha respetado su derecho a ser escuchados antes del todas las fases del desarrollo de los proyectos extractivos, un derecho establecido en la Constitución y en el Convenio 169 de OIT (Ecuador es un signatario). Se han organizado consultas comunitarias, en las que el resultado de la votación ha sido desfavorable a los proyectos mineros. Los activistas anti-petroleros también han adoptado las elecciones populares como un instrumento de lucha. Yasunidos se formó en el mismo mes en que se liquidó la iniciativa Yasuní (agosto 2013), y para octubre se aventuró en una campaña de seis meses con el fin de poner a votación el proyecto de perforación en el Yasuní. Recogieron un monto impresionante de firmas (756 291 según los voceros de la campaña, más de las que la Constitución requiere para presentar una consulta popular), pero después de un proceso de recuento controvertido, la Comisión Nacional Electoral rechazó muchas firmas y rechazó la petición. A pesar del hecho de que no lograron este objetivo, la campaña de Yasunidos representó un cambio sustancial en el activismo anti-extractivo, trayendo al activismo ambientalista a ciudades más grandes como Quito y Cuenca. No obstante, en Ecuador y en otros países que dependen fiscalmente de la extracción de recursos naturales, las movilizaciones se limitan generalmente a las comunidades inmediatamente afectadas. Si las protestas mineras seguirán creciendo es algo que está por verse. El desafío de extender a toda la nación las protestas, de volver a formar las coaliciones amplias que exitosamente resistieron el neo–liberalismo en los noventa y principios de este siglo, sigue siendo enorme: las consecuencias socio-ambientales de la extracción son locales (y, vía el cambio climático, globales), pero los beneficios económicos se distribuyen nacionalmente.

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En tanto que los activistas buscan ampliar su movimiento, el gobierno se esfuerza en consolidar, localmente, el apoyo a sus proyectos. Las iniciativas del gobierno han estado, entonces, no solo enfocadas en la redistribución e inversión a nivel nacional. Más que en los pasados gobiernos, este gobierno ha canalizado el gasto social en comunidades que serán afectadas directamente por la extracción de petróleo y la minería. Como describí arriba, la ley minera canaliza una porción de las ganancias y regalías de los proyectos mineros a comunidades dentro de la zona de influencia de los proyectos. Las llamadas “Comunidades del Milenio” (unidades habitacionales con todos los servicios, financiadas con las rentas petroleras) demostraron ser el modelo de desarrollo a replicar en las provincias petroleras. Según los críticos, estas estrategias de inversión pública reproducen estrategias del sector privado (“responsabilidad social empresarial”) y buscan mitigar el riesgo de las protestas en las comunidades, anticipándose a las demandas locales por mayores beneficios. Desde la perspectiva del Estado y las empresas, la lógica política es clara: la consolidación del apoyo local es crucial para avanzar en los proyectos extractivos. Los movimientos anti-mineros pueden socavar el interés de los inversionistas, como ha sido el caso de la mina de oro de Quimsacocha (actualmente Loma Larga): en 2012, después de que el proyecto fuera rechazado abrumadoramente en una consulta comunitaria, la concesión se pasó de manos de una compañía minera canadiense a otra, y todavía sigue la fase de exploración. Para concluir, como mencioné anteriormente, el fin del “commodity boom” ha cambiado los incentivos económicos en torno a los proyectos extractivos. Pero más allá de las negociones y los contratos, en un “petroestado” como Ecuador, la caída en los ingresos petroleros altera tanto el terreno de las políticas públicas como el de la protesta. Desde la perspectiva del gobierno, la caída en los precios de petróleo y minerales amenaza la “sostenibilidad” política del modelo de desarrollo financiado por la extracción. Pero, ¿cómo afectaría el nivel y la

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intensidad de protesta? Quizás contra-intuitivamente, la caída en los precios del petróleo podría animar la resistencia antiextractiva. La búsqueda de nuevos ingresos podría fortalecer la determinación del gobierno de Correa de desarrollar la minería a gran escala  (a través de la desregulación económica y medioambiental) — y a su vez provocar nuevas protestas. 16

16

Véase, por ejemplo: http://www.theguardian.com/environment/2015/ jan/06/commodities-latin-america-amazon-deforestation

CAPÍTULO 2 Territorialidades históricas e imaginarios amazónicos en la cordillera del Cóndor Ximena Warnaars y Karolien van Teijlingen

Introducción Hace más de diez años, a mediados de 2006, comenzaron a surgir tensiones entre la sociedad civil, el gobierno ecuatoriano y una empresa transnacional en torno a un proyecto minero de gran escala que recién estaba por empezar en la provincia de Zamora Chinchipe. Estas tensiones fueron la base de un movimiento social anti-minero, acompañado por una serie de conflictos sociales, represión estatal, muertes y desplazamiento forzado. Sin embargo, no es la primera vez que se presentan tensiones de esta índole. Al contrario, esta parte de la amazonía ecuatoriana contiene la historia viva de un mosaico territorial de tensiones y conflictos en relación al uso, control y acceso a los recursos naturales. La conflictividad social y política es ahora, nuevamente, parte del día a día de la población que vive a lo largo de la cordillera del Cóndor. El análisis de los conflictos mineros en el sur de Ecuador es una tarea que debe comenzar por introducir una mirada histórica y territorial anterior a la llegada de la minería. Antes de conceptualizar los conflictos y tensiones en relación al territorio, el espacio y los recursos naturales como lo hacemos en el capítulo 3 de este libro, hay que identificar las sucesivas oleadas de diversos actores (pueblos indígenas, misioneros, colonos, militares, ecologistas) que con el tiempo fueron reconfigurando el territorio antes de la eclosión del debate mi-

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nero. Es sobre la base de estas dinámicas territoriales que incluyen tanto los relacionamientos entre actores como entre los grupos sociales y la naturaleza, que lograremos acercarnos a una mejor comprensión de los procesos sociales, ambientales y políticos que rodean actualmente al conflicto minero en la zona sur del país. Aquí definimos “territorialidad” como un proceso con una temporalidad que involucra relaciones sociales y de poder, patrones de poblamiento y formas de inclusión y exclusión determinadas en parte por los modos de comprensión de la relación entre sociedad y naturaleza (Brighenti 2010; Sack 1986; Delaney 2005; Peluso y Vandergeest 1995; Little 2002). Interesa el carácter dinámico de la territorialidad así como su carácter de proceso multi-escalar (de lo local a lo global), multi-localizado (desde El Pangui a Toronto y China), contínuo, cíclico y por su doble capacidad de ser socialmente determinado y al mismo tiempo determinante. Esta línea de trabajo coincide con un grupo de académicos como Brighenti (2010), Elden (2010), Deleuze y Guattari (1987), Sack (1986), Little (2001, 2002) y Lefebvre (1991, 2008), que dejaron de comprender y definir al territorio como espacios materiales estáticos y a partir de enfoques centrados en sus condiciones físicas. Esta investigación acompaña las redefiniciones de la territorialidad que reorientaron la atención hacia los contextos sociales y las relaciones de poder. Este sentido relacional coloca a las prácticas y procesos sociales bajo una mirada más clara y permite una interpretación más convincente del proceso de construcción y transformación territorial en un lugar como El Pangui. Esta investigación también coincide con las miradas sobre el territorio que lo entienden como resultado temporal en estado de movimiento y construcción de sentido permanentes. Como contribución analítica al estudio de los conflictos mineros y los movimientos sociales, este entendimiento del concepto de territorialidad nos permite obtener varias lecciones. La territorialidad nos permite considerar o descubrir las

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intenciones de los diferentes actores de la producción de un territorio, mediante la comprensión de las razones y modos en que el espacio es delimitado como parte de una estrategia de acceso y control de los recursos naturales. El concepto también puede ser un vehículo para considerar las relaciones sociales y de poder involucradas en la tarea de producir ese territorio. También puede hacer más evidentes las comprensiones y percepciones de la relación entre sociedad y naturaleza que yacen detrás de las motivaciones de una determinada territorialidad. Las transformaciones territoriales son cíclicas y se construyen a partir de territorialidades previas que, una vez estudiadas, pueden decirnos mucho sobre cómo dichas transformaciones podrían desplegarse en el futuro. Así, examinar las dinámicas territoriales en perspectiva histórica puede ayudar a entender cómo y por qué surgen planteamientos contra-hegemónicos que pueden influir en las políticas públicas y las instituciones, así como entender mejor las formas en que los conflictos anteriores se reciclan y resignifican entre sí. Incluso, nos permiten re-pensar la realidad y proponer modelos de desarrollo económico alternativos. En este capítulo aprovecharemos estos supuestos para argumentar que los procesos de territorialización en el sureste de la amazonía ecuatoriana, han sido construidos por factores que operan en un amplio rango de escalas espaciales y momentos históricos. Estos procesos de territorialización se han visto afectados por una serie de fenómenos nacionales y globales, como el devenir de los mercados mundiales del cobre, la política indígena nacional, los movimientos ambientalistas y la migración internacional e interna. Utilizando la noción de territorialidad, en este capítulo intentamos responder: ¿qué y quiénes han afectado, influido y controlado el territorio de El Pangui en su reciente historia? ¿Cómo y por quién este espacio geográfico es delimitado y controlado? ¿Con qué propósitos? ¿Cómo y para quién se proclamó el territorio? El objetivo es exponer los elementos que consideramos clave para entender los procesos de territorialización en la cordillera del Cóndor y

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aportar herramientas analíticas que nos acerquen a una mejor comprensión del conflicto minero actual. Metodológicamente, nuestros argumentos son basados en recolección de datos de diferentes fuentes tanto en el Pangui, Quito, en nuestras Universidades extranjeras y proveniendo de diferentes disciplinas academicas. Recolectar datos históricos en una zona poca estudiada sobre todo desde el enfoque que nos interesa, significó un reto para nosotras, particularmente en esta era en que archivos físicos en varias partes del mundo aún están en procesos de ser digitalisados. Esto requerería que ambas, tanto Ximena como Karolien, recurieran a recoletar datos históricos en documentos físicos en bibliotecas universitarias en Quito y Loja; en el archivo de la editorial Abya Yala; en bibliotecas municipales de El Pangui, Gualaquiza, Zamora y Loja; en el archivo de la Mision Salesiana en Bomboiza; y en bibliotecas escolares en la zona. También se encontró información en libros de otras disciplinas como la biología, la conservación, relaciones internacionales y estudios agrarios sobre la reforma agraria, las políticas de colonización y la epoca de guerra entre Ecuador como Peru; y en fuentes primarias como leyes, decretos, documentos de política de Estado. Por último, ambas realizamos entrevistas e historias de vida de los habitantes más antiguos habitantes de la zona en el periodo 2007-2015, como también la revisión de periódicos, videos y mapas históricos. El capítulo está dividido de la siguiente forma: primero abordamos brevemente el origen del imaginario Amazónico y las diferentes olas de pensamiento nacionales e internacionales, que han venido influyendo en la región. Después discutimos el poblamiento y colonización de la cordillera del Cóndor, hechos que fueron acompañados por varios procesos de territorialización y delimitación espacial para terminar con los procesos de organización social indígena y el creciente movimiento ecologista, como dos procesos que influyen radicalmente en la estructuración del territorio y espacio.

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Recuento histórico de los imaginarios de la amazonía y territorialización17

La historia de la construcción del Estado-nación y la definición de las fronteras en el sur de Ecuador está ligada a las transformaciones territoriales y a los discursos e imaginarios sobre la nacionalidad (Radcliffe y Westwood 2005). El proceso de establecerse simbólica y geográficamente como un solo espacio o unidad bajo la idea del Estado-nación resultó extremadamente desafiante para el Ecuador, considerando la diversidad de culturas, nacionalidades y territorios indígenas que caracterizan al país. Este esfuerzo requirió además la construcción de una particular identidad y lengua ecuatoriana, como forma de contribuir al proyecto de construcción nacional. El dibujo de las fronteras nacionales y la incorporación del espacio amazónico al nacional ocupan un lugar destacado en la historia del Ecuador. El lugar de la amazonía en la identidad, la consolidación territorial y el imaginario nacional del Ecuador, ha sido frágil y disputado durante mucho tiempo. Desde su separación de la Gran Colombia luego de la independencia de España en 1830, las fronteras fueron constantemente redefinidas en favor de sus vecinos por sucesivas guerras e invasiones hasta los fines del siglo pasado. Con cada redefinición, sus reclamos territoriales sobre la amazonía se fueron reduciendo. El sentido de una ecuatorianidad amazónica comenzó a tomar forma hacia finales del siglo pasado y coincidió con el descubrimiento del petróleo, las guerras fronterizas con el Perú, y más tarde los movimientos indigenistas y conservacionistas que instalaron a la selva en la agenda pública. Ecuador se desarrolló como nación con poderes sociales, políticos y económicos enfocados en los ejes de Quito y Gua-

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Se hace referencia al título de un capítulo del libro Crude Chronicles, de Susana Sawyer (2004)

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yaquil, territorialmente hablando entre los Andes y la costa (Báez Rivera et al. 2004). La amazonía no fue incluida oficialmente en el territorio nacional hasta su reconocimiento formal en la Constitución de 1861, unos treinta años después de la independencia. Su reconocimiento llegó con el establecimiento de la provincia de Oriente. Varios intentos de incorporar la amazonía al Ecuador no lograron concretarse, ante la ausencia de instituciones gubernamentales y políticas capaces de implementar efectivamente políticas públicas o leyes (Restrepo 1993). Aunque la articulación de la amazonía fue propuesta por los gobiernos centrales a lo largo de los siglos XIX y XX como tarea esencial del proyecto de construcción del Estado-nación, el gobierno fracasó repetidamente en sus intentos de llevarla a cabo (Radcliffe y Westwood 2005; Little 2001). A lo largo del siglo XIX y bien entrado el XX, la imagen de la amazonía ecuatoriana fue la de un lugar inhóspito y peligroso, aunque también lleno de romanticismo, aventura y riqueza; imagen que de alguna manera persiste hasta hoy en día (Cleary 2001; Uquillas 1991; Hemming 2008). Era considerada como un espacio dominado por salvajes, lleno de misterios y peligros que alimentaron la imaginación de los aventureros que se lanzaron a descubrir sus riquezas. Para las instituciones gubernamentales, era un lugar inaccesible, amenazante y mayormente problemático. El entonces presidente Galo Plaza sentenció en 1949 que “el Oriente es un mito”, definición que puede comprenderse como una justificación del descuido y las sucesivas pérdidas territoriales en manos de sus vecinos, ya que además de compleja, presentaba escaza incidencia en la economía nacional (Little 2001). Sin embargo, una vez que en la amazonía se identificaron recursos naturales de interés económico para los mercados nacionales e internacionales, la imagen amenazante comenzó a mutar hacia una de esperanza y promesa. Como apunta Sawyer, una vez hallado el petróleo la amazonía ganó valor simbólico como orgullo del Ecuador. De algún modo, el valor simbólico se asoció al nuevo valor económico (Sawyer 2004).

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Tanto del lado peruano como ecuatoriano de la frontera, las actividades de exploración petrolera comenzaron en la primera mitad del siglo XX, en concesiones otorgadas a un puñado de compañías multinacionales. La búsqueda de crudo se intensificó y llevó a empresas y gobiernos a competir por grandes extensiones de tierras (Kimerling 2006). Aunque no de manera explícita, estos intereses jugaron un rol prominente en la guerra fronteriza entre ambos países de 1941-42. Para poner fin al conflicto, Ecuador se vio forzado a ceder territorios al Perú, y la nueva frontera coincidió con las concesiones otorgadas por cada país a Standard Oil de Nueva Jersey y Royal Dutch Shell de Holanda (Gordillo García 2003; Little 2001; Rubentsein 2001).18 El resultado desfavorable para los ecuatorianos de la guerra de la década de 1940 es entendido por Little (2001) como el punto de quiebre histórico para el ingreso de la amazonía en la conciencia nacional como parte integral del país. Durante la década de 1960 el eslogan “Ecuador fue, es y será un país amazónico” llegó a los membretes gubernamentales y ocupó varios campos de acción pública como la educación (Radcliffe y Westwood 2005). Este descubrimiento atrajo una nueva atención al oriente del país y generó nuevas dinámicas en los polos de poder de Quito y Guayaquil. En un sentido espacial, el descubrimiento de los hidrocarburos hizo de la amazonía una parte verdaderamente activa de la Nación. Otro movimiento que atrajo atención sobre la amazonía fueron los intereses ecológicos y ambientales internacionales. La emergencia de un movimiento ambientalista mundial du-

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El Acuerdo de Paz del Protocolo de Río de Janeiro se firmó el 29 de enero de 1942. Unos días después, el 3 de febrero, el gobierno del presidente ecuatoriano Arroyo del Río autorizó el otorgamiento de una concesión petrolera a International Petroleum Company, una empresa subsidiaria de Standard Oil de Nueva Jersey. El mismo año, el gobierno peruano entregó concesiones a la misma empresa en las zonas que fueron ecuatorianas antes de la guerra. La frontera internacional coincide con dichas concesiones.

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rante las décadas de 1950 y 1960, y su posterior consolidación, ganó relevancia en la política global, aunque recién décadas después que el movimiento ambientalista llega a Ecuador con más fuerza. Mientras crecía el interés por conservar la amazonía y protegerla de diversos peligros y amenazas, la región comenzó a ser valorada por su biodiversidad única, sus valores culturales y más recientemente por los mercados globales de bonos de carbono.19 Los movimientos sociales dedicados a proteger y conservar el medioambiente contribuyeron a la politización de la amazonía (Fontaine 2006). La comunidad conservacionista internacional mira atentamente al Ecuador y diversos expertos identifican al país como uno de los 17 “megadiversos” a nivel mundial.20 La protección de la amazonía irrumpió en la agenda de las organizaciones ambientales internacionales en la década de 1990, como parte de un movimiento más amplio hacia objetivos de conservación y uso sustentable de los bosques (Fontaine 2006). El movimiento conservacionista promueve el establecimiento de áreas protegidas con ideas subyacentes sobre la naturaleza y lo salvaje, que debe mantenerse separado de la intervención humana. La implementación de áreas protegidas en Ecuador constituye un cambio en el manejo de la tierra que convierte el control territorial en procesos administrativos que ocurren en Quito, con la participación y promoción de las organizaciones conservacionistas. En algunos casos, los procesos de delimitación chocan con los pueblos indígenas que viven dentro de los límites de los parques, debido a la falta de reconocimiento de sus territorios y la omisión de la consulta previa (Cárdenas et al. 2008). Las estrategias de conservación ganaron popularidad a escala global al punto de que los parques naturales comenza-

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Ver trabajos de Carlos Larrea, Laura Rival, Kevin Koenig, Joan Martínez-Alier, Piet Boedt y Esperanza Martínez, entre otros. Conservation International identificó 17 países megadiversos en 1998.

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ron a ser entendidos como una forma de asegurar la paz en zonas de conflictos armado (Ali 2011). Este experimento fue llevado a cabo en la cordillera del Cóndor, una cadena montañosa compartida entre Ecuador y Perú, donde se establecieron parques de paz como medio de contribuir con las negociaciones posteriores a la guerra fronteriza de 1995. La propuesta es que, en áreas afectadas por conflictos graves, amenazas explícitas al medioambiente y donde la diplomacia tradicional no ha funcionado, se puede construir la paz promoviendo intereses conservacionistas compartidos (Ali 2007; Carius 2006-2007). Por primera vez en la historia de la diplomacia internacional, se utilizaron medidas concretas de conservación ambiental para resolver el diferendo territorial entre el Perú y Ecuador, después de años de conflicto armado (Ali 2011). Otra experiencia innovadora que hizo aumentar el interés internacional por la amazonía es la reciente iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) (Larrea et al. 2009; Rival 2010; Vogel 2009; Acosta y Martínez 2010). El Parque Nacional Yasuní, que limita con la frontera norte del Perú, es considerado uno de los más diversos del planeta. Se creó en 1979 y fue declarado Reserva de Biósfera de la Unesco en 1989. Los científicos coinciden en el valor inestimable del sitio debido a su extraordinaria biodiversidad, buen estado de conservación y significativa herencia cultural. Sin embargo, grandes yacimientos de crudo pesado fueron descubiertos en el subsuelo del llamado Campo ITT, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Esta amenaza motivó el surgimiento de la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta que buscó dejar el crudo sin explotar a cambio de una compensación económica de parte de la comunidad internacional por las ganancias no percibidas (Larrea y Warnars 2009; Rival 2010). La iniciativa fue cancelada en 2013 por desacuerdos financieros y políticos entre el gobierno de Ecuador y la comunidad internacional, pero sin duda dejó su legado en los imaginarios actuales sobre la amazonía.

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La territorialización del Estado y el capital y sus consecuencias para la colonización

Se han hecho muchos intentos de invadir y colonizar la amazonía por los incas, españoles, misioneros y colonos mestizos, pero particularmente en los territorios de la nación shuar, dichos intentos fueron infructuosos. En Ecuador hubo varios procesos de territorialización de la amazonía, motivados por la búsqueda de riquezas como madera, caucho, petróleo, minerales y últimamente el agua; la aventura de conquistar la amazonía mediante carreteras y grandes proyectos de infraestructura; la constante búsqueda de tierras para pasturas de los ganaderos mestizos; y recientemente los intentos del gobierno de establecer fronteras vivas en el sureste de la amazonía como estrategia militar para resolver las disputas limítrofes con el Perú. La llegada de “foráneos” fue promovida durante los últimos cien años por las sucesivas misiones católicas como la salesiana, franciscana, jesuita y más recientemente evangélicas. Los misioneros hicieron intentos esporádicos de convertir a los shuar durante los siglos XVIII y XIX, aunque con pocos o inexistentes resultados. El Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza dedicado a la educación de niños huérfanos y sin hogar que sigue funcionando hasta hoy en día, fue otorgado por el gobierno hace más de cien años. Los misioneros salesianos asumieron un rol particular de “civilizar” la amazonía en general y los shuar en particular, haciendo al mismo tiempo que el área se vuelva habitable para los colonos. Mientras se dieron a la tarea de cristianizar al shuar, el gobierno esperaba que los misioneros les brinden una educación que los “transforme” en ciudadanos ecuatorianos (Rubenstein 2005). En 1935, durante la primera presidencia de Velasco-Ibarra, el gobierno creó una reserva para los shuar -ubicada en el norte de la cordillera del Cóndor- y otorgó a los salesianos el control de esas tierras y sus habitantes. En otras palabras, la

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Misión Salesiana tuvo a cargo mediar en cuestiones de tierras en nombre de los shuar, al extremo de que el gobierno ecuatoriano le asignó la facultad oficial de resolver disputas de tierras y la distribución de la tierra en la zona - rol que, aunque la competencia formal para hacerlo se eliminó formalmente en 1969, la iglesia ejerce hasta el presente. Además de ejercer el rol de administrador territorial, la Misión Salesiana jugó otros roles como interlocutor entre los shuar y el Estado y entre los shuar y los no shuar. El Estado necesitaba a los misioneros para establecer una presencia duradera que sustente su reclamo territorial sobre la amazonía, particularmente durante la guerra contra el Perú de 1941. Mientras los colonos comenzaron a establecerse en la amazonía, llamaron a la iglesia para proveer los servicios que el gobierno hasta entonces era incapaz de prestar21 y de este modo los salesianos entraron a la provincia para construir hospitales y escuelas. Estos establecimientos ganaron importancia ante las guerras con el Perú, cuando la frontera adquirió una trascendencia política y militar relevante. Estos fueron los primeros procesos de territorialización desde el Estado e intentos de controlar el espacio y sus previos habitantes en la amazonía ecuatoriana. Resumiendo, se podría decir que en esta fase del desarrollo del Estado ecuatoriano hubo principalmente dos fuerzas de poder quienes motivaron los intentos de delimitar, controlar y construir un espacio socio político: el estado y la Iglesia. Cada uno de estos actores de poder sobre el espacio y la población tenían sus intereses y objetivos particulares como también sus formas de actuar, pero en la amazonía la aparente ausencia de uno (el Estado) dio espacio para la prosperidad del otro (la iglesia). Años después con la entrada de las empresas mineras y petroleras transnacionales a la región, vemos que un nuevo actor

21

Nota de campo de la visita a la Misión Salesiana de Bomboiza y entrevista con el profesor Sarmiento el 15 de junio de 2009.

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de poder asigna sus intereses, objetivos y modos de operar sobre el espacio y la población. Llegaron entonces otros actores con poder económicos e intereses diferenciados como son las empresas petroleras y mineras, y los colonos. El descubrimiento de petróleo en la cuenca amazónica a finales de la década de 1960 suscitó gran interés y generó altas expectativas en las empresas transnacionales y el gobierno. Además, trajo consigo una rápida colonización y el poblamiento de la amazonía. El Estado comenzó a participar directamente en la explotación petrolera, mediante el establecimiento de la empresa ecuatoriana de petróleo (CEPE) en 1967 y la promoción de la migración hacia la región. El boom petrolero proveyó infraestructura para alcanzar áreas remotas antes inaccesibles y los fondos para el Ejército ecuatoriano y la burocracia gubernamental. En 1978, una junta militar decretó la Ley 2092 de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana. De este modo, el Estado hizo del poblamiento de la amazonía un imperativo e impuso la colonización como prioridad nacional. El proceso de poblamiento tuvo lugar de manera sistemática y (luego) caótica mediante un “programa de colonización” gubernamental, junto a la Reforma Agraria de 1964, allanando el camino para que los mestizos y serranos habiten la amazonía. La reforma se proclamó como necesaria, después de la bonanza de las economías cacaotera y bananera. Había también otras razones para la reforma de la tenencia de la tierra, como la resistencia y presión de las poblaciones indígenas para el fin del sistema de haciendas en la Sierra,22 con frecuencia acompañada por la explotación (Bebbington 2004). Una sequía prolongada en el Sur de la Sierra aumentó aúm más la presión sobre la tierra. En general, sucesivas reformas llevaron a una serie de 22

En general las haciendas regularon el acceso a la tierra mediante el sistema de huasipungo, que habilitaba la aparcería: familias de agricultores campesinos o indígenas trabajan a cambio de una porción de tierra para su propio consumo.

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cambios, entre ellos la adquisición de tierras en la amazonía. La baja densidad de población y la negación de la presencia de los pueblos indígenas en la región hicieron que el Estado declare millones de hectáreas como “tierras baldías”.23 Esta estrategia fue alentada desde el gobierno nacional e impuso la colonización agrícola como sustituto de la reforma agraria (Fontaine 2006; Báez Rivera et al. 2004). Los gobiernos que de manera subsiguiente llegaron al poder después del boom continuaron viendo a la amazonía como una frontera a ser conquistada, fuente de riqueza para el Estado, y válvula de escape para las presiones de distribución de tierras en la costa y la sierra. El programa de colonización del gobierno y la Reforma Agraria que vino a promover el “poblamiento” de las tierras amazónicas abrieron las puertas a la población a tierras no únicamente para agricultura de subsistencia, sino también para obtener extensas porciones, más grandes incluso de las aprovechables por las fuerzas productivas disponibles. La importancia de los títulos de tierras no puede subestimarse, ya que proveen el reconocimiento legal de la campaña de irrupción, son fuente de seguridad familiar, aportan la necesaria garantía para obtener préstamos bancarios, y pueden venderse si el colono decide retirarse o necesita capital. En consecuencia, la compra de tierras era vista como un negocio en sí mismo y el tráfico de tierras continúa vigente hasta hoy en el oriente. El marco legal de la reforma de la tierra fue ampliamente responsable de la deforestación, ya que obligó a los agricultores a talar los bosques para convertirlos en tierras “productivas” y de ese modo ser objeto de reconocimiento legal para sus propietarios. El valor especulativo de la tierra en el contexto de la hiperinflación que caracterizó a las economías de América Latina durante la década de 1980 contribuyó al

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Tierras sin dueño o deshabitadas, término legal que significa ausencia de propiedad.

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aumento de la deforestación. Bajo el efecto combinado de la colonización y la explotación masiva de la madera, así como la expansión agrícola y ganadera, la tasa anual de deforestación alcanzó el 2.3% entre 1970 y 1980 (Wasserstrom 2010). La gestión de la tierra y el aumento de la deforestación intensifican la competencia por la propiedad, y también estimula las tensiones locales existentes entre indígenas y colonos sobre el control y acceso a tierras y recursos.

Delimitando territorios: estado-nación, parques y concesiones mineras En 1941, luego de varios fracasos en la demarcación de sus fronteras internas, Ecuador y Perú se declararon en guerra. Estos esfuerzos previos incluyeron un arbitraje ante el rey de España, negociaciones directas y discusiones con el presidente de Estados Unidos, entre otros. Una vez finalizado el conflicto armado, el 29 de enero de 1942 ambos países firmaron el Protocolo de Paz, Amistad y Fronteras en Río de Janeiro, con Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos como garantes. Sin embargo, en 1946, mientras se intentaba demarcar la frontera, una anomalía geofísica fue descubierta en el alto Cenepa. Ambas naciones solicitaron a la Fuerza Aérea de Estados Unidos investigar la zona y generar un mapa fotográfico de la región, que fue entregado en 1947. Los nuevos mapas mostraron que entre los ríos Zamora y Santiago había un sistema fluvial independiente, de unos 190 kilómetros, el río Cenepa, con sus nacientes en la cordillera del Cóndor. La presencia de esta anomalía retrasó la determinación final de la frontera. En el periodo de 50 años desde la firma del protocolo ocurrieron varias escaramuzas, y en 1960 el entonces presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra, proclamó la anulación unilateral del protocolo. Ecuador argumentó que el Protocolo de Río no era vinculante y que el acuerdo de paz había sido

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firmado bajo circunstancias de presión política. Ecuador lanzó el reclamo por un vasto territorio amazónico, mientras el Perú reafirmó la vigencia del protocolo y su soberanía sobre los territorios en disputa. En 1978 hubo una confrontación y otra en 1981, ocurrida en Paquisha, Machinaza y Mayaycu, el área sin delimitación fronteriza. No obstante, Ecuador sostuvo que su territorio se extendía más allá de la demarcación del Protocolo de Río y los mapas de los libros de texto escolares oficiales mostraban a las fronteras ecuatorianas bien adentro del territorio considerado peruano (Arias Benavides 1999). La línea de frontera fue denominada “inejecutable”. Una nueva confrontación armada ocurrió en 1991 y luego algunos enfrentamientos entre patrullas ecuatorianas y peruanas en el sector sureste de la cordillera del Cóndor (Bonilla, 1996). La disputa se resolvió diplomáticamente mediante negociaciones de paz el 17 de febrero de 1995 y ambos países firmaron la Declaración de Paz de Itamaraty, marcando el fin del conflicto. Con el cese del fuego, los dos países aceptaron la oferta de los garantes de enviar una misión de observación (conocida como la Misión de Observación Militar24 del conflicto entre Ecuador y Perú - MOMEP) (Chicaiza 2011; Moncayo Gallegos 2011). El equipo internacional cumplió la tarea de separar a las fuerzas en conflicto, iniciar una desmovilización gradual y recíproca de las unidades empleadas en las operaciones y superar los impases que pudieran reavivar las disputas. No fue hasta el 26 de octubre de 1998, con la firma del Acuerdo de Brasilia, que la paz definitiva entre Ecuador y Perú quedara sellada. Ambos países firmaron además un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, que establece priorizar proyectos de irrigación, turismo, transpor24

Es con este antecedente que se dio el mismo nombre a la misión internacional de observación de la que fui parte en 2007, para realizar una inspección ocular de un campamento minero del proyecto Mirador y evaluar la posible comisión de violaciones a los derechos humanos en la zona.

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te, agricultura, energía y “explotación coordinada de los recursos minerales en zonas fronterizas entre los territorios de ambos países”.25 El acuerdo también estableció dos áreas protegidas gobernadas por el mismo tratado, lo cual demuestra la influencia de grupos de conservación que abordamos más adelante. Estas nuevas Áreas de Protección Ecológica o parques de paz, incluyen las 2540 hectáreas de “El Cóndor” en la parte norte de la cordillera del Cóndor Ecuatoriana. En junio de 1999, el Acuerdo Ministerial No. 936 dispuso la creación del Parque Binacional El Cóndor (Chicaiza 2008). Sin embargo, las áreas no incluidas entre las tierras protegidas por estas categorías de conservación fueron convertidas en áreas mineras. Una subsidiaria de una de las mayores empresas mineras multinacionales, Billiton Ecuador B.V., 26 comenzó a desarrollar actividades de exploración en el sureste de Ecuador en 1994 e identificó una serie de pórfidos de cobre con gran potencial. Solo seis meses después de la firma del Acuerdo de Brasilia, en abril de 1999, Billiton firmó un acuerdo válido por un año con la comunidad de Warintz (ubicada a lo largo de la frontera en el área adyacente al parque El Cóndor) para desarrollar actividades de exploración en sus tierras (Chicaiza 2008).27 Las concesiones que resultaron de estas ex25

26 27

Texto original: “i) Aprovechar de manera coordinada los recursos mineros que se encuentran en las zonas fronterizas de los territorios de ambos países conforme al marco jurídico que establezcan las Partes a través de un Convenio sobre Integración y Complementación Minera.” En el Acuerdo de Integración Fronteriza de Desarrollo y Vecindad firmado entre Ecuador y Perú, título.11 -i). [http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/ com_ecu_per/AcueAmpEP.pdf] BHP y Billiton se fusionaron en junio de 2001 para formar BHP Billiton, la mayor empresa minera diversificada del mundo. Ver: www.bhpbilliton.com

También en el Perú hubo una propuesta de establecer el Parque Nacional cordillera Ichigkat Muja–El Cóndor, con un área de 152 873 hectáreas. Este parque fue reducido en más de la mitad, a 88 477 hectáreas. Esa misma semana, una serie de derechos de exploración mineros fueron aprobados en la zona dejada fuera de la reserva, que más tarde serían entregados en concesión a la empresa canadiense Minera Afrodita (Durand, 2011).

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ploraciones son las que ahora abarcan el proyecto Mirador y San Carlos Panantza. A más de estas concesiones, también surgieron unos proyectos de menor tamaño entre las áreas protegidas. En 1992 y 1995 el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador otorgó concesiones mineras en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a unos 25 kilómetros de la frontera con el Perú. Las concesiones fueron entregadas a Gatro Ecuador Minera S.A., subsidiaria de la sudafricana Gencor, y Antemin Minera de los Andes Cía. Ltd., al sur de Gualaquiza. En 1992, Antemin adquirió los derechos de 1250 hectáreas para una concesión de oro localizada en el distrito de Gualaquiza, Morona Santiago, en un sitio conocido como “La Misionera”, junto al río Bomboiza. Hubo también un caso en que la minería y la conservación entraron en pugna. En la provincia de Zamora Chinchipe, se creó el Parque Nacional Podocarpus en diciembre de 1982.28 Sin embargo, el mismo año el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico otorgó concesiones a varias empresas domésticas y extranjeras en casi toda la superficie del parque. Una de las empresas beneficiarias, la noruega Ecuanor S.A., que operaba también bajo el nombre Cumbinamasa S.A., inició actividades de exploración en el Parque Podocarpus. Más tarde, a comienzos de la década de 1990, Cumbinamasa logró un acuerdo de “joint venture” con la inglesa Rio Tinto Zinc (RTZ) para expandir sus proyectos (Chicaiza 2008). Estas actividades mineras permanecieron ocultas hasta que un grupo de estudiantes del Imperial College of Science de Londres organizó una expedición al parque para estudiar la población de loros, pero en lugar de aves exóticas encontró a un equipo de exploración completo trabajando en el lugar. Preocupados por los im-

28

Página web de la Fundación Arcoiris [http://www.arcoiris.org.ec/english /areas/podocarpus.php]

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pactos de la minería en el medioambiente, los estudiantes, la organización ecologista Arcoiris con base en la ciudad de Loja, Acción Ecológica en Quito, y la organización activista People Against Rio Tinto and Subsidiaries (Partizans), con base en Londres, lanzaron una campaña internacional para proteger el parque.29 Aunque se ubica un poco más allá de la cordillera del Cóndor, el parque Podocarpus es relevante porque establece uno de los primeros precedentes de movilización anti-minera en el sureste de Ecuador,30 en el cual una alianza de conservacionistas, colonos y shuar se unió a una red internacional de activistas para detener el proyecto. La inglesa RTZ salió del parque después de ser confrontada en su reunión anual de accionistas por una delegación ecuatoriana en 1992 y no volvió a mostrar interés en el país desde entonces.31 Además, después de ocho años de resistencia y movilizaciones, el Ministerio de Energía y Minas finalmente canceló el proyecto. Así, la cordillera del Cóndor fue desgarrada entre áreas de protección y de minería. Entre ellos los más grandes y más ricos en minerales fueron las áreas de Billiton. Por ende, en diciembre de 1999, Billiton y la empresa canadiense Corriente Resources firmaron un acuerdo de “joint venture”, que incluyó el área del proyecto Mirador en El Pangui y el San Carlos Panantza en la provincia de Morona Santiago (Chicaiza 2011). La transferencia del total de 60 000 hectáreas en 29 30

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Archivo sobre Ecuador de Partizans y conversaciones con uno de sus integrantes, el investigador Roger Moody, durante mayo de 2008 en Londres. Hay pocas experiencias en el Ecuador de este tipo de alianzas y movilización sobre la minería que resulten en el cese de las actividades, la expulsión de la compañía y una decisión gubernamental de detener los proyectos. Un caso emblemático es el de Bishimetals y Ascendant Copper en el valle de Íntag, Junín. Actualmente, también hay redes y alianzas en Azuay sobre el proyecto Quimsacocha, propiedad de IAM Gold, y en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe sobre los proyectos de Corriente Resources, Lowell Minerals y Antemin. Archivo Ecuador de PARTIZANS.

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la faja de cobre de la cordillera del Cóndor se completó en 2002. El proyecto, propiedad de Corriente Resources y su filial ecuatoriana Ecuacorriente (ECSA), fue adquirido unos años después por el conglomerado chino CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd., una subsidiaria de Tongling Nonferrous Metals Group Holdings y China Railway Construction Corporation Limited.32 No obstante, las fronteras de la conservación también fueron avanzando. Entre 2002 y 2004, un nuevo proyecto de “Paz y conservación”33 fue llevado a cabo en la cordillera del Cóndor, con el objetivo de consolidar el proceso de paz mediante el establecimiento y manejo de áreas de conservación natural y la promoción del desarrollo sustentable en las comunidades locales. La premisa principal de la pacificación ambiental era que hay ciertos atributos claves que hacen a las partes en discordia considerarlos como medios de cooperación, en otras palabras el cuidado del medio ambiente en un área fronteriza es de interés de ambos países y por siguiente trabajarían juntos para cuidarlo (Ali 2007). De este modo, las cuestiones ambientales pueden jugar un rol incluso en casos en los que el conflicto no se explica por motivos medioambientales. Sin embargo, en el caso de Ecuador y Perú, podría argumentarse que la preocupación ambiental mutua no sentó las bases para la cooperación y la paz, sino la necesidad de determinar claramente las fronteras para que la extracción de recursos naturales se vuelva posible. En ambos países, en un primer momento las comunidades y organizaciones indígenas se mostraron escépticas sobre la creación de estas áreas de conservación, ya que se sobre 32 33

Ver www.corriente.com

Una iniciativa conjunta del Ministerio del Ambiente, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), responsable de su financiamiento, la organización ecuatoriana Fundación Natura, responsable de la ejecución, y Conservación Internacional, responsable de la coordinación internacional.

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impondrían a sus territorios ancestrales (Cárdenas et al. 2008). Sin embargo, una vez convencidas de que las comunidades también se beneficiarían del nuevo estatus legal de los parques, la mayor parte de ellas se incorporaron al proceso. En Ecuador, las comunidades shuar y representantes de las federaciones vieron esto como una oportunidad de ejercer su derecho a la libre determinación y establecieron el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA). Otras comunidades entendieron el proceso como una oportunidad para que sus territorios sean reconocidos por el Estado. Sin embargo, mientras el proceso del Proyecto Paz y Conservación fue destacable en el sentido de hacer un esfuerzo sustancial por incorporar la participación activa de las comunidades indígenas como socias en igualdad de condiciones, el Estado no las incluyó al delimitar los territorios para las concesiones mineras que luego otorgarían a empresas multinacionales. El poder de delimitar el territorio y determinar su uso se ejercía desde afuera en Quito, sin participación de los pueblos indígenas. Este hecho alimentó la frustración de las poblaciones fronterizas, que aportaron su participación en la creación de los Parques de Paz, lucharon con patriotismo durante la guerra y ofrecieron al Estado ecuatoriano su lealtad. Estas personas fueron conducidas a pensar que el reconocimiento formal de sus territorios, además de la protección legal derivada de su nuevo status como parques de conservación, podría significar la recuperación del control sobre su futuro. Sin embargo, los proyectos mineros actualmente en desarrollo en la cordillera del Cóndor sugieren que estas protecciones legales no han sido suficientes para que la población shuar ejerza la libre determinación sobre sus territorios como habían esperado.

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El pueblo shuar y la territorialización

El pueblo indígena más prominente en el movimiento indígena del Ecuador y también en esta antología es el pueblo shuar. Al sureste de Ecuador, los shuar son los más numerosos, con una población cercana a los 110 000 habitantes,34 y su territorio comprende aproximadamente once millones de hectáreas entre las provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. Se ha argumentado en la literatura indigenista que los shuar son el único pueblo que resistió la conquista del Imperio Inca y la invasión colonial española (Harner 1984; Karsten 1935). Precisamente, durante el periodo colonial los shuar resistieron a los conquistadores españoles, así como a los primeros misioneros (Salazar 1977). Sin embargo, eventualmente los territorios shuar fueron invadidos y colonizados en el siglo XX debido a la serie de eventos y visiones antes reseñados. Sacerdotes católicos de la Orden Salesiana, con el apoyo del Estado, establecieron misiones en la actual provincia de Morona Santiago con el intento de contactar y convertir a los shuar al cristianismo y a nuevos ciudadanos ecuatorianos. Con objetivos similares, se establecieron misiones franciscanos en la actual provincia de Zamora Chichipe (Moradillo 1966). Paradójicamente, los grupos religiosos que fueron responsables de su “domesticación” y de preparar a la amazonía para la colonización y explotación capitalista, también ayudaron a los shuar a contrarrestar sus efectos alentando al pueblo shuar a organizarse en centros y asociaciones.35 Los shuar reconocieron la necesidad de una unidad de nivel administrativo mayor para coordinar las actividades de todas 34 35

CODENPE (2003). Nacionalidad Indígena Shuar. Gobierno del Ecuador. [http://www.codenpe.gov.ec/Shuar.htm] Revisado el 12 de julio, 2007.

Para más lecturas sobre el proceso de sedentarización de los pueblos indígenas y su formación como ciudadanos ecuatorianos o “ciudadanos territoriales” en relación a la expansión del Estado y procesos capitalistas ver: Erazo, (2005) y Rubenstein (2001).

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las asociaciones, dando lugar al nacimiento de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) en 1964.36 El objetivo primario de la federación fue permitir a los shuar establecer la propiedad legal de sus tierras. No es coincidencia que la creación de las federaciones se dio en 1964, el año de la Reforma Agraria. Para mostrar que sus tierras eran productivas y probar que cumplían las condiciones necesarias para ser propietarios de acuerdo a la ley ecuatoriana, los shuar se inclinaron hacia la ganadería y la agricultura. La federación surgió como la culminación de una serie de intentos de parte de los misioneros, principalmente los Salesianos y Franciscanos, orientados a proteger a los shuar de los colonos (Bustamante 1988; Rubenstein 2001). Si los misioneros no hubieran estado allí y la colonización hubiera continuado, posiblemente los shuar se habrían desplazado más al interior de la selva. Al mismo tiempo, esa situación habría privado a los misioneros de un control sobre grandes espacios de la amazonía y la fuerza de trabajo para las misiones (Rubenstein 2005). Si bien en un el capítulo 4 de esta antología se hace una radiografía histórica más detallada de la organización shuar, cabe resaltar la importancia las organizaciones indígenas y en general el movimiento indígena a nivel nacional en los procesos de reconocimiento de los derechos de los pueblos y su territorio. Fue en 1986 que las tres federaciones más importantes en su momento, CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, se reunieron para formar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).37 No fue hasta diez años 36

37

Hay varias organizaciones shuar, las principales son: Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH); la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE); la Organización Shuar del Ecuador (OSHE); la Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FSZCH); y la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH-ZCh). De los grupos mencionados, FICSH y FIPSE forman parte de CONFENIAE. Por su parte, CONAIE forma parte de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa

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después que la CONAIE fundó Pachakutik, el brazo político electoral de la organización. Esta confederación ha sido un reconocido interlocutor de los pueblos indígenas del Ecuador y eficiente organizador de levantamientos. CONAIE, actor prominente de la escena política ecuatoriana y objeto de profusa investigación académica (Ogburn 2001; Van Cott 2005; Yashar 2005; Whitten Jr. 2003; Sawyer 2004) ha demandado y conseguido la restitución de tierras indígenas y promueve una economía nacional basada en la autonomía territorial. Tanto por los cambios territoriales que describimos en este capítulo como por la organización política de los shuar, su relación con el territorio y los recursos naturales es compleja y constantemente transformada. Según Redford (1991), no son “nobles salvajes ecológicos” y han comenzado a explotar los bosques amazónicos en la misma forma que lo hacen sus vecinos mestizos. Sin embargo, mientras los sistemas de producción de los shuar como de los colonos no aparecen sustancialmente diferente, los shuar tienden a reforestar sus tierras, cultivar antiguos cultivos de huerta como el café y el cacao como cultivos comerciales, y por lo tanto, mantener paisajes biológicamente más diversos de lo que hacen sus vecinos mestizos (Rudel, Bates y Machinguiashi 2002). Además, se resaltan los diferentes modos de entender la naturaleza, una diferencia que ha sido incorporado y reproducido por las estrategias discursivas por parte de las organizaciones shuar.

a nueve organizaciones de igual número de países que comparten la cuenca amazónica: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA); Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB); Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); Federación de Organizaciones Amerindias de Guyana Francesa (FOAG); Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA); Organización de los Pueblos Indígenas de Surinam (OIS); y Organización de los Pueblos Indígenas de la amazonía Colombiana (OPIAC).

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Por ejemplo, los colonos valoran fuentes de agua en términos productivos (y reproductivos), valor que se refleja en el precio de la tierra; mientras shuar ven las fuentes de agua además, como espiritualmente importante para la supervivencia de la cultura shuar. Asimismo, la cosmología shuar consideraba el medio ambiente como multidimensional y parte de un pluriverso, donde los seres humanos y la naturaleza están intrínsecamente conectados. Como muestra el capítulo 3 de este libro, esta relación compleja y los diferentes modos de entender la naturaleza siguen presentes en conflictos actuales.

Movimiento ambientalista y los derechos de la Naturaleza Los actores que más recientemente ingresaron al escenario de la territorialización en la amazonía ecuatoriana son los ecologistas, conservacionistas, y socio-ambientalistas. Cabe resaltar que estos tres conceptos se tienden a usar como sinónimos,38 sin embargo aquí queremos argumentar que mientras todos los movimientos tienen un interés en el ambiente, existen contrastes entre sus objetivos y estrategías, y por lo tanto cada uno ha llevado a tener implicancias diferenciadas en el territorio ecuatoriano (Baez et al. 2004; Ingold 2000; Dove y Carpenter 2008). En líneas generales lo ecológico tiene como punto de partida la interacción entre organismos como un sistema dinámico, que toma en cuenta el ser humano como parte de un sis38

Esto suele ser particularmente el caso para los conceptos de ecologistas y ambientalistas. Vale mencionar que mientras suelen ser usdados como sinónimos en español, en inglés hay cierta diferencia conceptual. En inglés ambientalista (environmentalist) tiende a incluir aspectos sociales y políticos más que el término ecologista. Por lo tanto, para resaltar esta divisón conceptual, usaremos aquí el término socio-ambiental – pero para referirnos al movimiento socio-ambiental mantenemos movimiento ambiental ya que así se auto-denominan en Ecuador.

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tema integrado, es decir, que no está limitado a solo al ámbito biosférico, pero que incluye al ser humano. También abarca el interés en cuidar el medio ambiente y promover el uso de recursos naturales de manera sostenible, de modo que no se deprede al medio ambiente. Las conservacionistas, en cambio, siguen una tradición previa al ecológico, que busca el uso ético y protección de la naturaleza y sus recursos naturales. Aquí el objetivo es de conservar áreas naturales, encerrarlos y protegerlos del daño que puede surgir principalmente de la actividad humana. El movimiento conservador nació hace más de cien años en Estados Unidos con The Sierra Club, una de las organizaciones más importantes y pioneras en este ámbito (Cohen 1988). La conservación parte de la lógica que el ser humano está de alguna manera desligado de la naturaleza y que su rol principal es cuidarla, visitar y gozarla sin dañarla. Lo ambiental comparte con lo ecológico y la conservación, el cuidado del medio ambiente, pero busca cierto equilibrio entre el ser humano y sus actividades con el medio ambiente y los recursos naturales de las cuales usa y depende. El movimiento ambiental se preocupa por cambiar las prácticas de diferentes industrias que causan daño al medio ambiente, como la polución y contaminación de tierras, aguas y aire. Además, recientemente ha buscado establecer políticas para incidir en los drivers del cambio climático. El movimiento ambiental está motivado por el aspecto social y político y cómo éste se relaciona con el medio ambiente para luchar por la justicia ambiental y por mejores políticas ambientales. Particularmente éste último grupo de actores ha incursado fuertemente en el debate sobre la minería y el extractivismo en el Ecaudor. A continuación reseñaremos brevemente la historia de estos movimientos y su papel en las políticas ambientales en el Ecuador. El movimiento ambientalista ecuatoriano fue surgiendo hacia finales de la década de 1970 y está ligado a la emergencia de las grandes oenegés de conservación internacionales. Entidades defensoras del medioambiente surgieron en Quito y más tarde en la sureña ciudad de Loja, con una composición

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social mayormente urbana y con un nivel de educación alto (Varea 1997). Al comienzo, su mayor preocupación se orientó hacia la protección de especies y ecosistemas, así como a la formación de una conciencia ambiental. Durante mediados de la década de 1980, con la aparición de nuevas organizaciones más activistas, se estableció una red de apoyo con las poblaciones afectadas por el avance de la frontera extractiva (Latorre Tomás 2010). Se crearon el Movimiento Ambiental Ecuatoriano, el Partido Verde y el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) pero estas experiencias, con la excepción de CEDENMA, no duraron mucho (Latorre Tomás 2010). Aparecieron otros mecanismos de coordinación y las redes ambientales comenzaron a articularse con campañas internacionales. Sobre esto último, la campaña “Amazonía por la Vida” aparece como una experiencia influyente, establecida como reacción a los impactos sociales y ambientales de las actividades petroleras. La campaña “Amazonía por la Vida” se lanzó en 1989 con la participación de doce movimientos ambientalistas nacionales, sumados a un conjunto de grupos internacionales,39 con apoyo de organizaciones indígenas y campesinas. En la práctica, la campaña se enfocó en tres áreas: la exclusión del Parque Nacional Yasuní de la actividad petrolera, legalización del territorio de la nacionalidad waorani, y reportar sobre los impactos ambientales de la petrolera Texaco en el país. Estas campañas lograron la articulación de un movimiento ambiental organizado en el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA).

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En Quito: Tierra Viva, Acción Ecológica, Centro de Estudios e Investigaciones sobre Movimientos Sociales Ecuatorianos (CEDIME); en Guayaquil: Espol, Semilla de la Vida, BIOS, Hipocampus, FEMM; en Cuenca: Tierra Viva, Janan Urin, Amigos de Marzan; en Loja: Arcoiris; y en Riobamba: Acción Ecológica. Las oenegés internacionales Rain Forest Network (RAN), World Wide Foundation (WWF) y National Resource Defense Council (NRDC).

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Luego, en 2005, se creó un organismo ambiental formal llamado Asamblea Nacional Ambiental (ANA). Uno de sus mayores logros fue agruparse con las organizaciones ecologistas y presentar juntas una propuesta para la nueva Constitución durante las discusiones del borrador en la Asamblea Nacional Constituyente de 2007-2008. Durante el proceso de elaboración de los borradores hubo un constante lobby de organizaciones de la sociedad civil, más notoriamente de parte de ambientalistas y pueblos indígenas, sobre el Grupo de Trabajo de Recursos Naturales y Biodiversidad. La presión logró la incorporación de los derechos de la Madre Tierra y abordó con mucha decisión cuestiones como la defensa del agua y la minería.40 Varios autores han reconocido que las organizaciones ambientalistas e indígenas fueron fundamentales, por su contribución en la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008 (cf. Becker 2011). Además, el rol de las organizaciones ambientalistas y de los pueblos indígenas en las movilizaciones contra la minería a gran escala fue decisivo para los logros políticos obtenidos. Está claro, entonces, que el movimiento ambiental al igual que el movimiento indígena han tenido avances importantes en la reforma de la estructura política del país, en el discurso e imaginario de sus espacios físicos como en el territorio. A nivel nacional, el reconocimiento de Las Islas Galápagos como patrimonio natural de la humanidad por el UNESCO en el año 1990 al igual en el sur del país con la Reserva de Biosfera Podocarpus–El Cóndor en 2007 son algunas muestras de logros del sector conservacionista. La muestra más relevante en la zona de la cordillera del Cóndor del rol significativo de la conservación está ligado a los procesos de paz en donde la conservación toma un rol teórica- y geográficamente importantes. Los parques creados a partir del fin

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Véase también el capítulo de Thea Riofrancos en esta publicación para un análisis de este proceso.

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de la guerra abrieron el panorama para la creación de más espacios de conservación. Otros parques fueron establecidos inmediatamente después del acuerdo de paz fueron el Bosque Protector cordillera del Cóndor que se encuentra cerca al actual proyecto Mirador, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza y la Reserva Biológica “El Quimi”. En el Perú, además de un Área de Protección Ecológica de 5440 hectáreas, mediante el Decreto Supremo 005-99-AG el gobierno creó la Zona Reservada Santiago Comaina con un total de 863 277 hectáreas, que amplió a 1 642 567 hectáreas al año siguiente.41 También se puede apreciar iniciativas ambientales desde el gobierno como el Programa Socio Bosque,42 el Plan Nacional de Restauración y Control Forestal que entraron en vigencia en 2014 y que a nivel de país actualmente dice estar reforestando más que se deforesta.43 Entre el 2008 y 2014 la inversión total del gobierno ecuatoriano en conservación y restauración forestal ascendió a 73 millones de dólares con más de 143 600 hectárea reforestadas.44 Estas inversiones son importantes considerando que según un estudio del 2010 de la Organización para la Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO),45 41 42

43 44

45

Ver Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Accesible por http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=63&C=ANP.

Socio Bosque es un tipo de pago por servicios ecológicos, similar a programas de REDD+ motivados por el cuidado del medio ambiente contra entrega de incentivos económicos y capacitación técnica desde el Estado. Tal como otros programa de REDD+, este programa ha recibido varias críticas (ver Krause, Collen, y Nicholas 2013). Ministerio del Ambiente (2014) Plan Nacional de Restauración Forestal. http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/images/articulos/archivos/ amrPlanRF.pdf

Andes (2015) Gobierno ecuatoriano resalta logros alcanzados en material ambiental para mantener la “revolución verde”, accesible por http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuatoriano-resalta-logros-alcanzados-material-ambiental-mantener-revolucion-verde Global Forest Resources Assessment, accessible por http://www.fao. org/forestry/fra/fra2010/en/

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dice que Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de Latinoamérica fruto de la tala ilegal, la expansión de monocultivos y las actividades petroleras y mineras. La cordillera del Cóndor no se escapa de formar parte de las altas cifras de deforestación que viene impactando fuertemente la pérdida del valor biológico por causa mayormente de los colonos que abren espacios para su actividad ganadera. A la vez, La cordillera recibe una gran atención de grupos de conservación a nivel internacional por ser un Hotspot Tropical Andino con uno de los biósferas más ricos y biodiversos en el continente.46 El discurso ambientalista, que va más allá de conservar espacios naturales, y de querer transformar la sociedad y la economía a prácticas más verdes y sostenibles recién está tomando forma en la cordillera del Cóndor. Incluso se podría decir que el conflicto minero hizo despertar con mayor fuerza, el discurso ambiental y ecológico en la provincia.47 Existe un incipiente movimiento ambiental local desde la sociedad civil apoyado por oenegés ambientales nacionales como internacionales, que busca no solo el cuidado del medio ambiente pero también existen iniciativas para la creación de una economía de turismo ecológico. Los gobiernos locales a nivel de la provincia evidencian al menos algún interés en iniciativas ambientales (por ejemplo educación ambiental, cuidado del medio ambiente, turismo ecológico) en los planes de desarrollo de algunos municipios en la cordillera del Cóndor.48 Por el lado del gobierno nacional, hay cierto avance en el interés de cuidar el medio ambiente como por ejemplo de

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Ver: www.conservation.org.ec

48

Entrevista con representantes de gobiernos provincial (Abril y Mayo 2009) (Octubre 2014) y gobiernos parroquiales (Junio 2009) (Noviembre 2014 y enero 2015). Véase también el plan de ordenamiento territorial 2013-2017 del GAD Provincial de Zamora Chinchipe.

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Entrevistas a candidatos electorales y revision de las propuestas de planes de gobierno provincial y parroquial durante las elecciones locales en 2009, 2012 y 2014.

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su Programa Socio Bosque. En el 2013 este programa registra que desde el 2009 se han conservado 10 419 ha. en Zamora Chinchipe, de las cuales solo 50 ha. están ubicadas en El Pangui.49 El movimiento ambientalista y ecológica en la cordillera del Cóndor todavía no ha tenido un peso primordial en la transformación territorial al menos no en el espacio físico como con la creación del Podocarpus en Loja o el Yasun en la amazonía norte, pero sí en términos de un creciente interés estratégico, desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales en el discurso y promoción de políticas ambientales frente a la gran minería.

Conclusión Lo que hemos mostrado en este capítulo es que el proyecto minero Mirador no llegó a un espacio vacío sin historia social, política, cultural y territorial. Las tensiones sociales, la resistencia y el conflicto en torno al proyecto minero tampoco se dan en un vacío. Las formas en que la sociedad civil -colono y shuar, ambientalista y pequeño minero- se han organizado en respuesta al proyecto minero están fuertemente influenciadas y marcadas por procesos simbólicos y territoriales ya encaminados. Entre otros, destacamos la construcción del Estado ecuatoriano en la amazonía que fue impulsado por el interés en la presencia de vastas cantidades de recursos naturales y, en el caso de la cordillera del Cóndor, el conflicto limítrofe con el Perú. Además, describimos cómo la construcción del Estado hizo que las misiones y luego los colonos se establecieron en esta región, incitando una fuerte reconfiguración territorial. Por último, describimos la manera en la que estas reconfiguraciones, a más de discursos nacionales e internacionales, provocaron la formación de reservas y organizaciones indígenas y un movimiento de conservacionistas y ambienta49

Ver: www.sociobosque.ambiente.gob.ec

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listas. Al describir los procesos más importantes en la cordillera del Cóndor, este capítulo ha querido mostrar el mosaico de procesos que forman parte de un territorio previo a la llegada de un nuevo poderoso actor como es una empresa minera transnacional, que sin lugar a duda transformará la dinámica territorial nuevamente. Hemos querido mostrar que la cordillera del Cóndor es un lugar con una historia reciente de intensos cambios territoriales, en los que pueden apreciarse transformaciones sutiles tanto en los significados como en el paisaje físico. La geografía revela un mosaico de procesos significativos que en un corto período de tiempo se han opuesto, fusionado y superpuesto entre sí, como la colonización, la guerra fronteriza, la deforestación masiva, los parques de conservación, la minería de oro informal y la reciente institucionalización de los gobiernos locales, entre otras. En la cordillera, como en muchas otras regiones de la amazonía, las luchas por los recursos naturales son acompañadas por intrincadas historias de conflictos sobre la tierra y los recursos. En este capítulo hemos querido mostrar que el análisis territorial es un punto de partida importante al abordar los conflictos mineros, a pesar de no ser un modelo para entender todas las luchas por los recursos, ni uno que es válido en todo lugar y todo caso de conflicto minero. Hay que considerar que el caso de Mirador se sitúa en un contexto histórico particular de disputas territoriales previas, que pueden entenderse como sucesivas capas de conflictos y confrontaciones relacionadas con el territorio, el uso de los recursos naturales y las prácticas sociales locales. Sin embargo, podemos sostener que una perspectiva territorial generalmente puede ser enriquecedora para el análisis de las luchas por los recursos naturales. Este enfoque nos hace considerar los diversos elementos propios del proceso de territorialización o formación del territorio, y al incluirlos en el análisis el investigador podrá aportar nuevas miradas sobre las causas de los conflictos por los recursos, los modos en que se desarrollan los conflictos y las movili-

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zaciones sociales, así como los modos en que los proyectos extractivos impactan en la vida de los pueblos. En relación con los efectos de la territorialidad y el estudio de los conflictos mineros, es importante colocar más atención en el modo en que las relaciones sociales construidas durante una territorialidad persisten, cambian y se transforman durante los procesos de territorialización subsiguientes, de manera que los movimientos sociales que responden a la minería son en parte formados por ellos. Este trabajo se ha enfocado de describir los procesos sociales históricos que han tenido significantes momentos en la territorializacion de la cordillera del Cóndor. Argumentamos que considerar las relaciones sociales de las territorialidades previas puede iluminar cómo las personas se organizan a sí mismas y negocian límites espaciales, mientras enfrentan proyectos de territorialización de actores más poderosos. Nuestro análisis de la cordillera del Cóndor es un acercamiento para entender que los territorios son mucho más que sus condiciones físicas. El área de frontera en el sureste de Ecuador presenta una historia dinámica y compleja, que se mantiene viva en el territorio y en las memorias, enraizada en relaciones sociales que son redefinidas con cada llegada de nuevos actores y proyectos de reterritorialización. La historia de la territorialidad de la cordillera ha sido acompañada por tensiones, conflictos y situaciones de abandono. Al explorar estos aspectos de la territorialidad, este capítulo ha querido mostrar cómo el análisis de estas dimensiones puede ayudar a profundizar la comprensión de estos conflictos, así como la naturaleza del concepto territorio en general.

PARTE II MUNDOS Y TERRITORIOS PLURALES

CAPÍTULO 3 Pluralismo territorial e identidades en el conflicto minero en la cordillera del Cóndor Karolien van Teijlingen y Ximena Warnaars

Introducción En 1995, la cordillera del Cóndor fue la línea de fuego del último conflicto limítrofe que definió la frontera del actual territorio ecuatoriano. Durante los treinta días que duró el enfrentamiento armado con Perú, la cordillera temblaba y con ella su población: “En la noche bombardeaban, clarito se veía...” recuerda uno de los primeros colonos del Pangui, mientras una colona de Tundayme cuenta: “me dieron haciendo con una retroexcavadora un hueco de diez metros de largo y siete metros de profundidad para ahí yo esconderme con mis hijos”. Si bien la artillería y el espíritu de guerra se retiraron de la zona al terminar la guerra, los conflictos y la violencia nunca desaparecieron de la cordillera. Mientras el presidente Jamil Mahuad firmaba el Acto de Brasilia en el palacio de Itamaraty, en la cordillera del Cóndor ya se dieron los primeros pasos para el primer proyecto minero a gran escala del Ecuador: Mirador. La llegada del proyecto parece que destinó al Pangui a seguir como una zona de conflicto, ya que en el 2006, se volvieron a escuchar disparos. Esta vez no fueron dirigidos al este, hacía el Perú, pero al oeste, hacia un grupo de manifestantes que reclamaron la llegada del proyecto minero Mirador. Nueve años después, en el 2015, las fuerzas armadas comandaron los desalojos forzosos de varias familias campesinas de la zona.

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¿Qué hay en el fondo de estos conflictos? A lo largo de nuestra indagación como investigadoras en las diferentes etapas del proyecto Mirador, hemos observado que éstos van más allá de conflictos por la tierra y el agua como recursos físicos y económicos. Más bien involucran aspectos sociales y culturales tal como las formas de vivir, articulaciones de arraigo (y dignidad) y reivindicaciones de identidades locales. Para discernir estos aspectos, proponemos ver los conflictos a través del concepto de territorio. Sin embargo, en nuestro análisis este concepto cobra sentido mucho más allá del territorio del Estado-Nación que fue defendido en el enfrentamiento bélico del 1995. Es más bien entendido como una expresión espacial y material de las diferentes formas de vida y actividades del día a día, así como las relaciones sociales, emocionales y de poder que están envueltas en ellas. Además, sugerimos que es sumamente importante responder a esta pregunta con una mirada al pasado. Como se expone en el anterior capítulo de este libro, la cordillera del Cóndor tiene una historia particular que es caracterizada por la llegada de varios grupos que impulsaron diferentes procesos de territorialización: los shuar, los misioneros, los militares, los negociantes, los colonos, los ambientalistas, entre otros. A través de conflictos y colaboraciones, estos actores han dejado sus huellas en el paisaje panguense, llenándolo con fincas y vías, significados y símbolos. El proyecto minero Mirador no se expande de ninguna forma sobre “tierras vacías”, más bien se desarrolla dentro de un contexto complejo de actores y grupos que han tejido diversas territorialidades a través de los años y siglos. Por ende, es de esperar que con la llegada del proyecto –una territorialidad desconocida y además muy poderosa– se reaviva esta historia y se producen interacciones muy particulares e inesperadas. Entonces, para llegar al fondo de los conflictos territoriales buscamos responder varias subpreguntas como: ¿Qué territorialidades coinciden en El Pangui? ¿qué intereses, valores y significados (inconmensurables) están envueltos en estos

PARTE II – MUNDOS Y TERRITORIOS PLURALES | 105

encuentros y cómo se manifiestan a través del surgimiento del conflicto minero? ¿Qué papel juegan las identidades en la construcción de los conflictos territoriales y cómo a su vez se transforman las identidades a partir de ellos? Para responder a estas preguntas reseñaremos brevemente la historia territorial de El Pangui, para posteriormente abordar los conflictos y transformaciones territoriales que se dieron con la llegada del proyecto minero. Entrelazamos en este análisis las dinámicas identidarias y las políticas de identidad, las cuales desarrollamos a más profundidad para un caso del conflicto actual: el caso de CASCOMI. 50



Territorialidades e identidades: unos apuntes teóricos

El enfoque en el territorio como categoría analítica es incipiente en la literatura sobre conflictos mineros en Latinoamérica. Sobre todo en los últimos años algunos autores han aplicado el concepto de territorio poniendo énfasis en su dimensión étnica como es el caso de los títulos colectivos indígenas (cf. Bebbington, Humphreys Bebbington, y Bury 2010), su dimensión material de “bien común” (cf. Composto y Navarro 2014) o su dimensión relacional y de poder (Warnaars 2013a; Paz 2014). En este capítulo hacemos énfasis en esta última dimensión y proponemos una definición como “cualquier espacio geográfico socialmente construido” (Agnew y Oslender 2013, 123) o “espacio delimitado dado significado” (Delaney 2005, 15). Los procesos de construcción social del espacio - o procesos de territorialización - por actores o grupos

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En este capítulo enfocamos en el caso de CASCOMI. Sin embargo, existen muchos otros casos en que políticas de la identidad y la indigeneidad juegan un papel importante, como es el caso de los shuar en la zona. Para un análisis de estas dinámicas véase el capítulo de Fernández-Salvador en este libro.

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sociales incluyen la delimitación, significación, apropiación, comunicación y el control del espacio.51 Este proceso se despliega en base a una lógica territorial o territorialidad. Con territorialidad nos referimos al proceso que produce el conjunto de imaginarios, conocimientos, relaciones y acciones que un grupo social o actor desarrolla (consciente o inconscientemente)52 al territorializar un cierto espacio geográfico para fines productivos, sociales, políticos, culturales y afectivos (Little 2001; Giménez 2005). Es importante resaltar que el proceso de territorialidad y territorialización es necesariamente relacional e interactivo, ya que se produce y defiende un territorio siempre en interacción con otros actores (Raffestin 1993; Brighenti 2010). Así, este proceso resulta además ser “indisociable de las relaciones de poder” (Giménez 2005, 9). Esto permite que un actor defina límites, cree categorías (quién está “dentro” y “afuera”) y obtenga legitimidad para alcanzar un cierto nivel de dominio sobre el espacio, los recursos naturales y las personas que se encuentran dentro de éste.53 Por consiguiente, el territorio se puede considerar como “la espacialización del poder” (Delaney 2009, 196) o aún más adecuado para el contexto referido, como la espacialización de múltiples poderes en pugna. 51

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Estos incluyen tanto demarcaciones concretas, materiales (por ejemplo una cerca con letrero y patrullaje) como como las dimensiones abstractas, discursivas y simbólicas (por ejemplo el dibujar concesiones en un mapa o representaciones artísticas de una zona) (Raffestin 1993; Haesbaert 2010; Delaney 2009).

Desde nuestro punto de vista, territorialidades pueden ser concebidos como intencionales y estratégicas (como lo hace Sack 1986), sin embargo también como emergente de las relaciones y acciones de la cotidianidad (como lo hace Raffestin y Butler 2012). El poder aquí no está limitado únicamente al poder visible, soberano (que se ejerce, por ejemplo, a través de la violencia) pero incluye también la forma de poder más capilar y sutil que permite a un actor hegemonizar sus discursos, verdades, conocimientos y así volver ciertas reconfiguraciones territoriales parecer “naturales” o “normales” (Boelens et al. 2016; Haesbaert 2010)

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Como sostenemos en el capítulo uno, la historia de la amazonía ecuatoriana ha sido forjada en un vaivén de diferentes actores y grupos, cada uno con sus propios intereses y lógicas, sean estas religiosas, geopolíticas, sociales, económicas o extractivas. No existe una uniformidad, sino un sinnúmero de grupos sociales operando en varias escalas y, asimismo, una multiplicidad de territorialidades y poderes. Para analizar debidamente los choques y negociaciones que se producen en tal contexto, varios autores latinoamericanos han señalado la necesidad de explicitar esta multiplicidad y diversidad (Zambrano 2001; Haesbaert 2010; Porto-Gonçalves 2009; Baletti 2012; Agnew y Oslender 2013). Por ende, proponemos el concepto de “pluralismo territorial” que señala “la coexistencia de múltiples nociones territoriales y procesos de construcción en pugna” dentro de un solo espacio geográfico (Hoogesteger, Boelens y Baud 2016, 93).54 Para entender a profundidad en qué se basan los conflictos alrededor del proyecto Mirador, analizaremos el pluralismo territorial en relación a la diversidad de identidades presentes en la zona. La comprensión y la definición de la identidad es una fuente de debate - muchos de los cuales se desarrolla en torno a la esencialización, la construcción y la fluidez. De hecho, puede ser que la noción de identidad queda corta a la hora de ofrecer explicaciones conceptuales para una variedad de fenómenos sociales (Brubaker y Cooper 2000). En este cuerpo de trabajo se entiende la identidad no como algo fijo, sino como un proceso, formado por la interacción y las representaciones discursivas (Hall y Du Gay 1996). La construcción

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Este concepto tiene congruencia con los conceptos de “territorios plurales” (Zambrano 2001, 30), “multiterritorialidad” (Haesbaert 2010) y “territorialidades superpuestas” (Agnew y Oslender 2013). Entre estos hemos elegido el concepto de pluralismo territorial por lo que presta atención no tan solo a la superposición territorial pero también a los “diferentes contenidos materiales, sociales y simbólicos” y las interacciones y conflictos que generan (Boelens et al. 2016, 8).

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de identidades – sobre todo las identidades colectivas – es un proceso continuo y las identidades son transitorias. En este sentido, se considera la identidad y el territorio mutuamente constituidos en una dialéctica en movimiento constante (Escobar 2001; Giménez 2005). Por lo tanto, las transformaciones y disputas territoriales que se dan en torno a la minería a gran escala representan en muchos casos choques y transformaciones de identidades (Warnaars 2013b). También añadimos al concepto de identidad un ámbito político, ya que las identidades no se desarrollan, transforman y construyen en un vacío pero tienen una razón de ser que es fundamentalmente política y con ella temporal (Hale 1997; Radcliffe y Westwood 1996). Como veremos en este capítulo, identidades que solían ser antagonistas se confluyen, se mezclan y se re-definen bajo una mirada política en el debate sobre la gran minería en el Ecuador. Mostraremos cómo además la indigeneidad, es decir, la imagen construida y constantemente negociada de lo que es considerado “indígena” (Valdivia 2005) juega un papel en estas dinámicas. Este abordaje político del concepto de identidad no quiere decir que una nueva identidad sea meramente instrumental por tener un fin político, que se abandona luego de conseguir una meta y así correr el riesgo de ser deslegitimada. Al contrario, aquí se entienden las transformaciones identidarias al igual que las territoriales, como procesos dinámicos con flujos y re-flujos (Hidalgo, Boelens, y Vos 2017). Con el pluralismo territorial y las transformaciones identidarias como conceptos claves, en este capítulo abordamos los conflictos territoriales que brotan alrededor del proyecto Mirador. Consideramos que estas herramientas teóricas y su sinergia nos permiten contribuir de forma innovadora al análisis de conflictos mineros en Ecuador y Latinoamérica. Primero, el concepto de pluralismo territorial nos facilita prestar atención a la heterogeneidad de actores que produjo el carácter complejo e imbricado de la historia territorial del Pangui, sin necesariamente priorizar entre ellos. Segundo,

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nuestra definición de territorio como relacional y permeado de poder ayuda a apreciar las interacciones y estructuras que constituyen la transformación territorial día tras día. Por último, nuestro análisis combinado entre territorio e identidad contribuye a entender las disputas no tan sólo como materiales sino también como inmateriales y simbólicas. Para construir nuestro argumento recurrimos a información colectada durante periodos extensos de trabajo de campo en los años 2007, 2008 y 2009 (Ximena) y los años 2012, 2014 y 2015 (Karolien). Un total de 24 meses de trabajo de campo durante una década crucial para la expansión territorial del proyecto Mirador nos permite ver más allá de lo instantáneo para analizar cómo los conflictos y procesos identitarios se desarrollaron a lo largo del tiempo. Así pudimos observar las particularidades y continuidades de las diferentes fases del conflicto, las formas en que las posiciones y estratégias de los actores se transformaron, y los elementos que se consolidaron y materializaron dentro del conflicto, los mismos que surgieron temporalmente. Nuestra metodología, en la cual combinamos la investigación-acción con métodos etnográficos, hizo además posible entender el día-a-día de los conflictos y las experiencias situadas. A través de entrevistas abiertas, historias de vida, caminatas, convivencias, observaciones, grupos focales y talleres de mapeo participativo exploramos las posiciones y experiencias de las personas de las comunidades locales, grupos organizados, la empresa minera y subcontratistas, gobiernos de todos los niveles y oenegés. La confianza es un elemento clave en todas interacciones en el trabajo de campo y al llevar a cabo una investigación en un contexto de conflicto social, la confianza es un elemento sumamente sensible y determinante para la investigación. Además, establecer relaciones de confianza puede resultar un desafío en un contexto de conflicto que conlleva riesgos físicos y de legitimidad tanto para la investigadora como para sus interlocutores. Esto requiere que la investigadora reflexione, esté alerta y tome decisiones sobre cómo relacionarse,

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cómo situarse, en qué espacios participar y cómo reaccionar frente nuevos acontecimientos dentro del conflicto. Por ejemplo, Ximena Warnaars optó por posicionarse públicamente y usó métodos de investigación-acción participando en el día a día de los movimientos sociales que recién surgían en El Pangui a fines del 2006 y comienzos del 2007. De esta forma el rumbo que su estudió tomó fue desde un enfoque de profundidad dentro del movimiento social y explorar las dinámicas internas y las diversas identidades que se desarrollaban en este sector social frente al tema minero. Karolien van Teijlingen mantuvo una posición menos pronunciada dentro del conflicto y combinó el acompañamiento de algunos actores organizados con el análisis de distintos actores locales “no organizados” o por lo menos no vinculados explícitamente con la acción política. En este sentido Karolien tuvo un enfoque más bien amplio que incluyó diferentes grupos, posiciones e identidades frente a la minería. Ambas formas de abordar el conflicto han permitido establecer relaciones cercanas con un mosaico de actores claves, y a combinarlas en este trabajo podemos explorar las subjetividades plurales y fluidas que se enredan en el conflicto.



Forjando territorialidades e identidades en El Pangui

La historia del Pangui es una historia de reconfiguraciones y choques territoriales. Como detallamos en el primer capítulo de este libro, la cordillera del Cóndor vivió varias “olas” de territorialización causadas por la llegada de grupos y actores con diferentes visiones y prácticas. En las siguientes páginas, se especificará esta historia (conflictiva) del pluralismo territorial para El Pangui y se delineará sus implicaciones para actuales conflictos territoriales. Una ola crucial se da con la llegada de los misioneros y los colonos. Hasta ese entonces, los shuar vivían en familias

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ampliadas en asentamientos temporales y dispersos a lo largo de las orillas de los ríos. Su forma de subsistencia se basaba en la caza, la pesca, la recolección y el cultivo de yuca y otras hortalizas en pequeñas chacras.55 A más de una relación de usufructo con la tierra, vieron a la selva el hogar de su deidad Arutam, al cual se acercaron a través de rituales de ayuna y visitas a las cascadas (Bustamante 1988; Rubenstein 2007). Muchos entrevistados ponen énfasis en el hecho que en no existían límites, sino los naturales que imponían ríos y montañas y que recorrieron libremente largas distancias para la caza, fiestas, intercambios ceremoniales o rituales espirituales.56 El ingreso de los Franciscanos (en El Pangui) y Salesianos (en Tundayme) incitó el comienzo de una organización de las familias shuar más sedentaria. La subsiguiente colonización, la carrera por acaparar la tierra y la rápida expansión de la frontera agrícola provocaba aún más presión sobre esta territorialidad shuar. Amparados por las leyes de colonización57 que garantizaban la titulación de la tierra posesionada y trabajada, los colonos fueron ocupando las tierras de los shuar en cooperativas o de forma individual. A más de la noción de propiedad privada, los colonos introdujeron prácticas agropecuarias y comerciales ajenas (Harner 1984; Rubenstein 2001; Bustamante 1988). Este proceso estaba dominado por estrategias de invasión y violencia coercitiva, legitimadas por visiones territoriales excluyentes que cambiaron las relaciones de poder entre los actores. Primero estaba la visión de las “tierras vacías” del 55 56

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Entrevista con dos líderes shuar, noviembre 2014. Véase también (Rudel, Bates y Machinguiashi 2002). Esto fue especialmente sobresaliente durante mapeos participativos con dos comunidades shuar en Tundayme en noviembre 2015. También en los primeros (pero a ratos esencializantes) relatos sobre los shuar, se resalta este “amor a la independencia y la libertad” (Bottasso 1987, 9) y la ausencia de límites territoriales o propiedad de la tierra (Harner 1984). La Ley de Titulación de Terrenos Baldíos del 1942 y 1954, y luego la Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964 y la Ley Especial de Tieras Baldías para el Oriente del 1972.

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Oriente,58 que pintó a la amazonía como un espacio sin humanos y de libre acceso. Esta visión negaba, obviamente, la existencia de los habitantes y territorios shuar. En algunos casos esa negación era literal (“aquí en El Pangui no había ningún shuar”59), pero por lo general implicaba una exclusión a un nivel más ontológico. Es decir, las prácticas de territorialización de los shuar no eran vistas y reconocidas por parte de los colonos. Para ellos y la ley que los amparaba, toda tierra no delimitada y no trabajada (sin “mejoras”) era “ociosa” y, por ende, podría ser colonizada. Tal como un anciano shuar relata esta paulatina apropiación:60 Ellos [los colonos] han trabajado, metiendo ganado, y cuando [los shuar] se dieron cuenta decían “esta es mi tierra. Yo trabajé tierra baldía, vos no sabes trabajar, ocioso.” Así ocupaban. 

La persistencia de esta visión por décadas se evidencia en una carta de 1985 de algunos colonos panguenses en la que pidieron la derogación de una reserva shuar, alegando que las tierras no habían sido cultivadas lo suficiente para merecer la adjudicación.61 Estas visiones territoriales fueron fortalecidas por el aparataje de instituciones estatales (el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, gobiernos provinciales y cantonales) que se expandió junto a la colonización y que fue gobernado exclusivamente por colonos. A esto se puede añadir las poderosas narrativas etnocéntricas que legitimaban el proceso, en las cuales los colonos aparecían como los civilizados promotores del progreso y del “engrandecimiento de la Patria”, mientras a los shuar se les asignaba una posición 58 59

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La imagen de la amazonía como tierras vacías y zona no ocupada fue activamente promovida por el Gobierno de Junta Militar y su Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964.

Entrevista con uno de los primeros colonos de El Pangui, Noviembre 4, 2014. Entrevista 15 de agosto, 2015.

Demanda de Resolución a la Adjudicación presentada al IERAC en el 1985.

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inferior como “tribus salvajes” que precisaban la evangelización y la “incorporación a la vida nacional”.62 Para defender las tierras shuar de este poderoso proceso de apropiación y fomentar aún más la evangelización, los misioneros organizaron a las familias shuar en comunidades sedentarias (“centros”). Además iniciaron procesos de adjudicación de tierras en El Pangui, como alude un mayor shuar:63 Cuando empezó la... cuando llegó la colonia, invadían tierras, desde ahí formamos grupos, para defender. Si no, nos quitaban todo.

Apoyados por los misioneros salesianos y franciscanos, midieron las tierras y algunas comunidades lograron establecer reservas indígenas. En el área de influencia del proyecto Mirador, estas fueron: en 1969 la Pre-Cooperativa San Francisco de El Pangui (donde está el actual centro urbano de El Pangui), en 1974 las tierras de Churuwia en la parroquia Tundayme y, por último, en 1976 la comunidad San Francisco de Pakintza (donde se encuentran actualmente las comunidades Sta. Cruz, San Andrés, Santiago Paati, Pakintza y los Bayanes). Se estima que había mucha más tierras medidas, incluso en el área donde se ubica el actual proyecto minero, pero que su estatus de reserva nunca fue formalizado. Además cabe señalar que estas reservas se encontraban bajo una constante presión por invasiones de colonos y conflictos internos, lo que explica por qué dos de las tres reservas fueron derogadas: la de la Pre-cooperativa en el año 1981 y la de Pakintza en 1992.64 62

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Citaciones tomadas del Decreto 2153 del Presidente Velasco Ibarra del 1955 en que se estipula un contrato entre el Estado y la misión Salesiana. Éstas representaciones etnocentricas también se podía observar en muchas entrevistas realizadas en El Pangui. Entrevista 15 de agosto, 2015.

El título global de la última fue reinstaurado en el año 2013 por las irregularidades y la corrupción que se constataron en la derogación del

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En esta breve historia entre choques de territorialidades protagonizan las distintas formas de apropiación y control territorial entre shuar y colonos. Si bien el control y los límites territoriales de los shuar se establecían por sus prácticas de caza, el usufructo temporal y la guerra, los colonos introdujeron un estilo de vida sedentaria con títulos de propiedad obtenidos a través de la posesión continua y la adjudicación por el Estado o la compra-venta. Las territorialidades en pugna incorporan además diferencias en subsistencia y la relación sociedad-naturaleza. Es decir, entre una relación basada en interacciones sociales-espirituales y el usufructo por un lado y por el otro una visión de la naturaleza como capital natural para la producción mercantil (Bustamante 1988, 137; Rubenstein 2007). Aunque esto apuntala a un fuerte contraste entre las territorialidades de los dos grupos, con el tiempo se introdujeron transformaciones, convergencias y fusiones de ambas. La evangelización, la educación misional, la colonización y la “incorporación a la vida nacional” causaron que muchos shuar adoptaran nuevas prácticas religiosas, familiares, agropecuarias y mercantiles (Rubenstein 2001), cambiando paulatinamente su uso del espacio y los recursos (Rudel, Bates y Machinguiashi 2002; Bustamante 1988). Algunos shuar, por ejemplo, lograron la posesión de grandes superficies para venderlas o arrendarlas a colonos. Muchas familias shuar adoptaron prácticas de los colonos, adjudicando sus tierras de forma individual y/o aplicando métodos agropecuarios introducidos para entrar al mercado. Sus actividades de caza y la pesca disminuyeron, tal como las rituales de ayuna y de purificación en las cascadas (Bustamante 1988). En la actualidad, casi todas las familias shuar producen para el mercado o prestan su mano de obra (Rudel, Bates y Machinguiashi 2002). Por otro lado, el colono no siempre respondía al perfil de productor capitalista, celoso de su propiedad. Las posesiones

mismo. Sin embargo, ya se encuentran varios predios de colonos dentro de esta área.

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de muchos colonos se mantenían al nivel de “ocupaciones de hecho” sin formalización jurídica, por lo que la apropiación territorial se basaba aún mucho en las interacciones sociales, trueques y acuerdos “de palabra” (Bustamante 1988, 147-48). Linderos marcaron a grosso modo las posesiones, pero se permitía aún el libre tránsito de vecinos y cazadores shuar. Si bien los colonos soñaban con una producción agrícola intensiva para el mercado, muchas veces no alcanzaban a producir más que para su subsistencia familiar. Además, como los shuar, los colonos establecieron una relación social y sentimental con la tierra y su entorno, aunque de carácter distinto. Al pasar de los años de prácticas campesinas, mingas y convivencia con el entorno natural, los colonos forjaron también una relación comunal con el lugar y establecieron sentimientos de arraigo. Esta historia de choques y fusiones territoriales conllevó además a la construcción y transformación de varias identidades. Como muestra Rubenstein (2001), para los shuar la colonización incitó un proceso paradójico. Si bien la evangelización y colonización tenían como fin de convertir a los shuar en ciudadanos ecuatorianos, la llegada de nuevos actores generó también la formación de una identidad shuar. Fomentó la construcción de nuevas categorías de diferencia, del “otro”: del shuar y del colono, del bautizado y no bautizado, etc. La articulación de esta identidad shuar fue además fomentado por la organización política de los shuar que comenzó en Morona Santiago desde los años 1960.65 El objetivo de las federaciones y asociaciones fue la defensa de territorio y la representación política de los shuar, algo que inherentemente implicaba articular y diferencias la identidad, es decir, la indigeneidad del shuar (Rubenstein 2001). La colonización también conllevó la formación identitaria del “colono” desde un campesino marginado (muchas veces

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Véase el capítulo de Fernández-Salvador para un análisis de la organización política de los shuar en El Pangui.

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indígena) de la Sierra a la encarnación de una nueva identidad nacional. A la vez también conservaban prácticas culturales de su provincia de origen, como la ganadería y las fiestas del patrono de San Marcos. A más de la identidad colono surgió la identidad ganadera alrededor del trabajo en la tierra y, tras la fiebre de oro en los ochentas, también la identidad de pequeño minero (Warnaars 2013b). Por último, durante la guerra del Cenepa en el 1995 se cultivó la imagen de los panguenses tanto shuar y colonos como defensores de la patria y de la cordillera del Cóndor. La experiencia compartida de la guerra y luego un sentimiento de negligencia por parte del gobierno nacional ha creado una identidad regional en común (Little 2001). Esta historia de choques, transformaciones y convergencias territoriales e identidarias cobra importancia dentro de los conflictos actuales alrededor del proyecto minero, puesto que la distribución actual de la tierra y los agravios y reivindicaciones territoriales tienen origen en ese pasado. Por ejemplo, entre muchos de los y las shuar entrevistados existe la sensación de que ellos son los dueños legítimos de la zona, pero que les “quitaron todo”, que “están marginados”, y que “ya no hay dónde” puedan continuar con su forma de vida.66 Por eso, dicen algunos de ellos, que se precisa resistir a nuevas transformaciones y recuperar sus tierras perdidas. Los legados de las reservas shuar (en forma de mapas o documentación) proporcionan además una base legal para estas reivindicaciones. Muchos de los colonos entrevistados, por su lado, destacan todos los sacrificios realizados para atravesar el monte y convertir las tierras “ociosas” del Oriente en fincas productivas. Cuen-

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Visiones de un anciano shuar entrevistado 24 de Noviembre 2015 en Pakinza, un anciano shuar entrevistado el 15 de Agosto en Pakinza y shuar entrevistado el 1 de Noviembre 2014 en Etsa, respectivamente. Opiniones similares fueron compartidas en entrevistas y conversas con dos hombres shuar en el 2 de Noviembre 2014, con una mujer shuar en el 6 de Octubre y con una familia shuar en el 2 de diciembre 2015, todos ellos viviendo en la Parroquia Tundayme.

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tan cómo hicieron mingas y construyeron las vías, las escuelas, el agua entubada y las capillas con sus propias manos – algo que para ellos afirma su pertenencia legítima al lugar.67 En los conflictos actuales, las tensiones entre los shuar y los colonos provenientes de la violenta colonización siguen saliendo a flote a pesar de las muchas alianzas y redes entre ambos grupos. A la vez, experiencias compartidas, como la de la guerra del Cenepa, les dotó con un agravio en común.



La expansión minera en medio de pluralismo y contención

Sobre este paisaje imbricado, constituido de diferentes territorialidades, identidades, conflictos, agravios y desigualdades se despliega el proyecto minero Mirador. Es más, como veremos adelante, lo vuelve aún más complejo.



La empresa minera aterriza

La empresa Billiton Ecuador B.V. se ubicó en las faldas de la cordillera del Cóndor a finales de los años 1990. Los técnicos de prospección pidieron posada en la casa de un colono y cuando determinaron posibles depósitos minerales pidieron concesionas mineras al estado de un área de 7989 hectáreas (Terrambiente S.A. 2006). Enseguida la empresa comenzó a comprar las fincas de los colonos que poblaron el área de forma individual. Eran tiempos difíciles en la zona. Las negociaciones de la paz tras la guerra del Cenepa y las iniciativas de instalar áreas protegidas68 causaban mucha incertidumbre 67

68

Entrevistas con colonos y colonas de El Pangui, San Marcos y Tundayme en el 30 de octubre 2014, 4 de noviembre 2014, 23, 26 de noviembre 2016 y observaciones durante asambleas y mingas en comunidades colonas en 2014 y 2015.

Véase el capítulo de Warnaars y Van Teijlingen en este libro para la historia de los parques por la paz en la cordillera.

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sobre el uso futuro de la zona fronteriza y la crisis financiera del país había obligado a varias familias a endeudarse y a migrar. Aprovechando esta coyuntura, la empresa logró asegurar los terrenos donde se encontraba el yacimiento. Conforme la exploración minera avanzaba y se afirmaba la presencia de vastos depósitos de cobre y oro, el proyecto pasó a manos de Corriente Resources y su subsidiaria en Ecuador (ECSA) que expandió el área concesionada a 9928 hectáreas (Terrambiente S.A. 2006). Además se comenzó un estudio de impacto ambiental (EIA), en el que ingenieros, geólogos y biólogos vuelven la cordillera y sus ecosistemas “legibles” y la dotan de nuevos significados. En los mapas, como herramientas fundamentales de la territorialización, se dibujan el tajo, escombreras, relaveras, plantas de trituración y campamentos sobre los ríos, esteros, bosques y fincas. La aprobación del primer EIA a mediados 2006 intensificó la persuasión legal y económica a los colonos para vaciar las áreas requeridas. Por el método de negociación individual de tierras que usó la empresa, el proceso de compra-venta pasó desapercibido. Como una finquera recuerda:69 Ellos ingresaron diciendo que va a dar trabajo. Nunca ellos avisaron que va a haber desalojos. Nunca dijeron que la gente tiene que salir de aquí, nunca dijeron nosotros vamos a necesitar más terreno. […] La estratégia de la empresa es bloquecito por bloquecito, grupito por grupito fue cogiendo.

Algunos entrevistados cuentan sobre el uso de un testaferro que bajo la promesa de convertir la zona en una granja ganadera lograba comprar terrenos extensos. También comentan sobre las visitas frecuentes e intensas de los abogados y los guardias de seguridad de la compañía, quienes presionaban diciendo “después vendrá el Estado y le quitará 69

Entrevista en el 26 de noviembre del 2015 .

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todo” o quienes ofrecían la reubicación, puestos de trabajo y becas para sus hijos.70 Algunos colonos lograron negociar buenos precios. Para otros, muchos de ellos analfabetos y sin asistencia legal, el poder legal y financiero de la empresa fue abrumador. Ellos cedieron frente a las presiones y vendieron sus tierras conforme los precios que imponía la empresa. Su vulnerable posición de poder en estas negociaciones además se debilitaba por las posesiones informales o acuerdos de palabra que tenían y que raramente fueron aceptados por los abogados o incluso fueron usados en su contra.71 Así, con una estrategia legal caracterizada por irregularidades y (ab)usos de su posición de poder, la empresa logra cercar (enclose) grandes superficies de tierra y convertirse en el principal terrateniente en la parroquia de Tundayme (ver fig. 2). La empresa demarcó su territorio botando ranchitos, colocando letreros con el texto “propiedad privada” y alzando cercas de alambre de púas, todo esto bajo la vigilancia continua de una empresa de seguridad privada. Mientras estas nuevas delimitaciones cambiaban profundamente el paisaje y se producían fricciones frecuentes con los finqueros, no se articulaba ninguna oposición colectiva al proyecto. Las imágenes de la parroquia Tundayme como la más próspera del país divulgadas por ECSA y sus diversas promesas de responsabilidad empresarial indudablemente jugaron un papel en esta baja conflictividad en Tundayme. Además, el hecho que la empresa se había vuelto el principal empleador y fuente de recursos económicos de la parroquia la convierte en un actor poderoso sin iguales.

70

71

Notas de campo de una visita a San Marcos, 18 de noviembre de 2014.

Observaciones durante asamblea de finqueros en Tundayme, 18 de noviembre 2014 y entrevista con familia colona del área, 17 de agosto 2015. Véase también el informe por CEDHU y FIDH sobre el caso Mirador (CEDHU y FIDH 2010).

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El “sí o no” divide al Pangui

Es entonces en la cabecera cantonal El Pangui que comienzan a organizarse un grupo de colonos y de shuar críticos al proyecto. Alarmados por las socializaciones de la empresa e incentivados por las protestas en contra de proyectos extractivistas en Imbabura, Azuay y Morona Santiago, organizan asambleas, foros y protestas. En estos encuentros se articulan argumentos en contra de la minería por la contaminación del agua y del ambiente, el impacto a las comunidades aledañas y el fin de la soberanía de la cordillera del Cóndor y sus formas de vida (Latorre 2012). A partir de estas experiencias, se conforma el Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida de El Pangui en el año 2006. Este comité moviliza y articula discursos acerca de modelos de desarrollo alternativos a la minería a gran escala en los que se combinan la agricultura, la minería artesanal, un fuerte sentido de soberanía local y nacional; y el cuidado de la naturaleza. En estos discursos, se reaniman estratégicamente el estatus de la cordillera como bosque protector y junto a organizaciones ambientalistas de Quito reclaman la inobservancia de sus bordes. El comité reúne a panguenses de diferentes estratos sociales de la sociedad civil y con identidades diferenciadas, como shuar, pequeños mineros, finqueros, ambientalistas, mujeres, y jóvenes. Paralelamente se forman grupos pro-mineros igualmente heterogéneos en El Pangui que se basan en argumentos referentes al empleo, la economía local, la mitigación y los proyectos de responsabilidad corporativa. Los discursos de ambos grupos también se construyen en articulación con grupos de otros lugares como Gualaquiza, Cuenca y Quito provenientes de oenegés, gobierno y empresa. Estas articulaciones de los dos grupos con sus propuestas políticas definidas, hacen que las contrapuestas relaciones sociedad-naturaleza, los modelos de desarrollo y el papel de la minería a gran escala entran en el ojo del huracán.

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El debate sobre el “sí o no” a la minería no tarda en dibujar nuevas grietas en la sociedad panguense. A finales del 2006, las tensiones culminan en un enfrentamiento armado entre una alianza anti-minera y un grupo de pro-mineros y trabajadores de la empresa en el puente sobre el río Zamora. En este y muchos otros enfrentamientos, la empresa es protegida por sus agentes de seguridad privada y las fuerzas armadas. Si bien los grupos anti-mineros no lograron su objetivo de “mandar sacando a la empresa” y “reforestar la cordillera”72 definitivamente, las protestas provocaron la suspensión temporal de la expansión del proyecto minero.73 Estas protestas coincidieron con el cambio al gobierno de presidente Correa y el comienzo de una Asamblea Constituyente en la que el futuro de la minería a gran escala en el Ecuador entra a una prueba de fuego (Riofrancos 2014; Acosta 2011; Latorre 2012; Ortiz 2011). La conflictividad en El Pangui se mantiene en un nivel alto. Varios grupos pro-mineros, entre ellos un grupo shuar liderado por el presidente de la FESZCH Rubén Naichap, pide el fin de la suspensión del proyecto. Sus pedidos son contestados con marchas y foros organizados por grupos anti-mineros, principalmente por el Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida de El Pangui. El fuerte debate a nivel nacional sobre el extractivismo y los diálogos mineros que se organizan en la provincia74 alimentan la articulación de argumentos a favor y en contra y profundiza la división entre los dos grupos en el cantón. Cuando la Ley Minera es aprobada a principios de 2009 y el gobierno nacional comienza a articular su apoyo a la minería a gran escala en el país, El Pangui es nue72

Entrevista con ex-lideresa anti-minera del Pangui, 26 de Noviembre del 2015.

74

Ver contribución de Thea Riofrancos y Luis Sanchez et al en este libro.

73

A pesar de la suspensión oficial, trabajadores de la empresa y guardias de seguridad privada siguen presente en el campamento y se realice el mantenimiento de sus bienes. Se registran también algunos actos de compra y venta y negociaciones.

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vamente escenario de protestas violentas. La ruptura sobre el “sí o no” comienza a reconfigurar el tejido social y la vida cotidiana en el cantón. Como lo muestra Warnaars (2013b, 163), “haciendo compras en la tienda de la vecina, usar los servicios de internet del señor en frente o escojer un taxi o hotel: todo depende si “está con nosotros o no””. Paulatinamente, la posición con respecto al proyecto se vuelve un factor identitario que se cuela incluso en las relaciones de amistad y familiares.



Las nuevas reglas del juego y la re-territorialización del Estado Nacional

Al terminar la suspensión oficial y tras la compra del proyecto por parte del consorcio de inversionistas chinas en el 2009 y 2010 se intensificó la exploración avanzada y se comenzó un nuevo estudio de impacto ambiental. Sin embargo, las reglas del juego cambiaron: la expansión del proyecto minero ahora es respaldada por un renovado interés desde el gobierno nacional y una fortalecida política minera. La aspiración del gobierno de Rafael Correa de restaurar el Estado Nacional como máxima autoridad sobre el subsuelo resulta en la denominación de la minería a gran escala como “sector estratégico” de “prioridad nacional” (SENPLADES 2009). Los discursos del presidente y un cuerpo creciente de leyes, reglamentos y políticas75 demuestran además el amplio apoyo gobiernista al sector. Dentro de este nuevo marco político, el proyecto Mirador goza de la referencia “proyecto emblemático”76 por ser el primer proyecto a gran escala en el país.

75 76

Entre otros, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, la Ley Minera del 2009, la Ley de Seguridad Publica, del Estado del 2009 y el COOTAD del 2011 y varios cambios a la estructura institucional del Estado.

El ex-viceministro de minas Richard Vera en el “El Ciudadano” de 5 de agosto 2013.

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Como consecuencia, en El Pangui el Estado Nacional se ha manifestado mayormente como un facilitador de la expansión territorial del proyecto Mirador. Se aprueban los estudios de impacto ambiental y en marzo del 2012 se firma el contrato de explotación entre el gobierno nacional y la empresa. En los procesos de licenciamiento ambiental y contratación minera – en que se establecen legalmente las contornas del proyecto – el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) redibujan el territorio del Pangui en función del proyecto (ver fig. 3). Desde los escritorios del ministerio, se trazan líneas que cruzan ríos, montañas, ecosistemas y pueblos y les asignan nuevos significados y normas. Así, el MAE establece una “área de proyecto” para afirmar la no-intersección del proyecto Mirador con el bosque protector cordillera del Cóndor. En el contrato de explotación que negocia el MRNNR y el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos se crean un “área de contrato” y un “área de actividades relacionadas” (como las piscinas de relaves y escombreras) que son rodeadas por un “área de protección” sin límites (Art. 4.5.6).77 Aunque éstas parezcan delineaciones abstractas, los acontecimientos muestran que han tenido efectos concretos dentro de diferentes arenas e interacciones legales y materiales. El “área de proyecto”, por ejemplo, sirvió al MAE para defenderse de una acción de protección para los derechos de la naturaleza en su contra78 y de las alegaciones de la propia Controlaría del Estado.79 La división entre las áreas de contrato y actividades relacionadas –que juntas suman a 5 800 ha – en cambio fue creada para asegurarse de que la extensión del 77

Véase también el capítulo de Riofrancos en este libro.

79

Informe de Controlaría del Estado sobre el proyecto, versión final de 2013, con número DIAPA-0027-2012.

78

Acción de Protección de los derechos de la naturaleza en la Corte Judicial de Pichincha, de Enereo 15, 2013, por el “Colectivo de Defensa de la cordillera del Cóndor”.

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área del contrato en sentido administrativo no fuese más de 5 000 ha como establece la Ley Minera (Art. 39). En la arena más local y material, el contrato minero permite “el concesionario minero solicitar la constitución de las servidumbres y acciones de amparo administrativo que sean necesarias” y el área de protección “sirve para proteger y garantizar al Proyecto Minero de cualquier tipo de perturbación que impida su normal ejecución” por parte del Estado (Art 4.5.4-6 del contrato).80 Estas nuevas líneas territoriales incorporan entonces el poder de las fuerzas públicas que ayudan a la empresa a materializar la apropiación del espacio y la alteración de las territorialidades ya existentes. Es más, en el 2015 posibilitaron borrarlas a través de un proceso de servidumbre que permitió y legitimó la expropiación de tierras de campesinos colonos que no habían acordado vender sus fincas a la empresa. Además del uso de instrumentos legales, administrativos y la fuerza pública, la transformación territorial hacia un proyecto minero a gran escala es empoderada por un fuerte discurso desarrollista y nacionalista. Este discurso practicado por todos los actores del gobierno nacional promociona al Ecuador como “país minero” y pinta el avance del proyecto minero como el único camino hacia el desarrollo nacional o el “buen vivir” (van Teijlingen y Hogenboom 2016). La minería es entonces representada como un elemento esencial para la construcción de “nuevo Ecuador donde los sueños se cumplen”.81 Los que se oponen a este discurso se ven señalados como “charlatanes” que “condenan a la miseria”.82 Este discurso además dibuja una división entre “nosotros” el pue80

El área sobre la que esta protección estatal se extiende “no se halla sujeta a límites” (Art 4.5.6 del contrato).

81 “Vivimos en un nuevo Ecuador, donde los sueños se cumplen, donde nada es imposible, donde la ilusión nos moviliza y la esperanza nos une” dijo Ministro Rafael Poveda de MICSE durante el Informe a la Nación, 24 de mayo 2015.

82

President Correa durante la firma del contrato de explotación del proyecto Mirador, 5 Marzo 2012.

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blo del Nuevo Ecuador, y “ellos” los antipatrias83 con lo que impulsa nuevas formas de identificarse como ecuatoriano y patriota: Esta vez no con relación a la defensa de la frontera internacional, pero al Ecuador como país minero y por ende con el proyecto Mirador. Estos discursos han alimentado la división y los conflictos entre el “sí o no al proyecto minero” en el Pangui (Warnaars 2013b). Como consecuencia de estas políticas de identidad desde el gobierno, los actores que promueven territorialidades alternativas a la minería resultan marginalizados por el gobierno, tildados como unos pocos que obstruyen el desarrollo de la llamada mayoría.



La defensa de la cordillera después del contrato: entre la unidad y la división

Ante este renovado apoyo estatal al avance del proyecto minero y los discursos que lo justifican, aumenta la impugnación por parte de nuevas alianzas de actores nacionales y locales. Se cuestiona la calidad y legitimidad del estudio de impacto ambiental,84 sobre todo de las “socializaciones” públicas que forman parte del proceso. La firma del contrato en marzo 2012, que implica un irrevocable “sí” al proyecto y todo lo que incluye, pone a El Pangui en las noticias de primera plana por días y provoca una marcha desde Tundayme a Quito que recoge a miles de opositores. En este tiempo de cambios políticos, el campo de actores locales en contra de la minería se hace más complejo, volátil y disperso. El Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la 83 84

Presidente Correa durante Inauguración de la Unidad Educativa del Milenio Nueva Generación San Juan Bosco, enero 19 de 2016

El EIA ha sido fuertemente criticado por contener “multiples insuficiencias”, por ejemplo por parte de la oenegé E-Tech International (http:// www.etechinternational.org/ecuador/) y el William Sacher (http://servindi.org/pdf/eia_mirador.pdf)”.

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Vida de El Pangui que lideraba las protestas en el 2006, perdió fuerza debido a pleitos internos y a la criminalización de sus líderes por parte de la empresa y del Estado. Surgen entonces otras organizaciones como la Asamblea de los Pueblos del Sur y la asociación Shuar Kakaram y se forman nuevas alianzas con movimientos regionales y nacionales. Al igual que otros movimientos sociales entorno de la minería en Ecuador, sus miembros tienen identidades heterogéneos. Las demandas de los grupos opositores se enmarcan cada vez más en el vocabulario impreso en la Constitución del 2008: los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, derechos por el agua, la plurinacionalidad, la soberanía sobre los recursos naturales y la soberanía alimentaria. El Buen Vivir se convierte en un concepto fuertemente contestado (van Teijlingen y Hogenboom 2016). Pero la demanda principal gira alrededor del poder territorial y la construcción de territorialidades alternativas:85 Los verdaderos dueños de esta tierra somos nosotros. Es a nosotros los pueblos del sur, los pueblos de este cantón, a quienes se debe consultar, con quienes se debe diseñar el futuro, con quienes se debe ordenar el territorio.

Grupos como la Asamblea de los Pueblos del Sur recogen a una gama de actores dispersos con un interés anti-minero, como ex miembros del comité, representantes de la iglesia, agricultores colonos y líderes de asociación y comunidades shuar y saraguro – muchos de ellos de la zona de influencia directa del proyecto. Según sus declaraciones, los shuar y los colonos han dejado sus diferentes historias y conflictos atrás y han formado “un solo puño unido por nuestra tierra”.86 Esta unidad se fortalece por los agravios históricos que los

85

Carta de la Asamblea de los Pueblos del Sur, Capítulo El Pangui – Gualaquiza, 16 de octubre 2012.

86 Idem.

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habitantes del Pangui tienen en común, como la guerra con Perú. En declaraciones y entrevistas, tanto los shuar como colonos recuerdan los meses del enfrentamiento bélico, en que la población colono y shuar ayudó a los militares a defender la frontera internacional, la soberanía nacional y así “hizo patria”.87 A la luz de esta memoria colectiva, los actuales enfrentamientos con la empresa extranjera y el discurso del gobierno nacional sobre los “anti-patrias” producen resentimiento:88 Por eso da sentimiento con el gobierno ecuatoriano de ahora. Yo tengo mucho resentimiento con ellos. Porque él [Presidente de la República] no toma en cuenta a la gente que luchó en el conflicto? Él ya debía habernos dado un apoyo de algo, por lo menos algo ya, y no nos dio nada, nada, nada. Mejor él lo que hizo es vender la riqueza, y nosotros igual pobres. ¿cuánto hemos luchado para defender la riqueza?

El conflicto minero entonces conlleva a la ruptura interna de algunos grupos identitarios y a la formación de nuevas alianzas antes impensables, como las entre mineros artesanales y ecologistas o colonos y shuar. Así, antiguas divisiones son superpuestas por nuevas identidades, las de pro-minero y anti-minero (Warnaars 2013b), sin que las antiguas identidades pierden relevancia. Es más, la presión sobre la tierra causada por la expansión del proyecto minero encadena el reavivamiento de conflictos latentes sobre reivindicaciones territoriales productos de la historia peculiar del Pangui. Ejemplar es el caso de San Francisco de Pakintza, donde algunos shuar reclaman la ilegítima derogación y colonización de sus títulos ancestrales. Según un colono propietario de una finca dentro de esta área disputada:89 87

Entrevista colono de Valle del Quimi, 17 agosto 2015

89

Entrevista con colono, 4 noviembre 2014.

88

Entrevista con colona de Tundayme, 30 octubre 2014.

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Ahora empezó una lucha aquí de la gente colona con la gente shuar. Entre los finqueros. ¿por qué motivo? […] quieren invadirnos a todas las fincas: desde aquí desde Sta Cruz, hasta allá a Chuchumbletza. […] Entonces empezamos a pelear nosotros los finqueros, contra shuar, y les ganamos la guerra; les ganamos la guerra.

Este relato ilustra la relación compleja y conflictiva entre los shuar y colonos que se aviva por la presencia del proyecto minero a pesar de la formación de nuevas alianzas e identidades. Esto indica entonces que los territorios, los significados y las identidades no son uniformes ni inertes. Al contrario, son ambiguos, inestables, flexibles, imbricados (layered) y, como veremos en la siguiente sección, ciertamente políticos.



Políticas de identidad como estrategia de territorialización: el caso de CASCOMI

Un conflicto territorial que ha llamado la atención es el caso de San Marcos. El barrio de San Marcos estaba ubicado al noreste de la cabecera parroquial Tundayme, a menos de un kilómetro del campamento de la empresa ECSA. El barrio se creó alrededor de 1980 cuando los colonos que vivían en las cuencas del Río Tundayme y Wawayme vieron la oportunidad de gestionar la construcción de una escuela con el INCRAE (Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica de la Región Amazónica del Ecuador). Una familia colona donó cuatro hectáreas de su finca para la construcción de una escuela, una iglesia, una cancha, un parque infantil y alrededor de 19 lotes con casas. Según los entrevistados, en sus tiempos era un pueblo animado donde los campesinos de las fincas aledañas se encontraban y organizaban. Recuerdan además el sentimiento de solidaridad y pertenencia, las fiestas patronales, las mingas y la abundante

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producción agropecuaria.90 A pesar de que la donación de los terrenos nunca fue formalizado en papel, el barrio y la infraestructura comunitaria fueron considerados como bienes comunes por los acuerdos verbales y el sacrificio que les costó su construcción:91 Él entrego las cuatro hectáreas y desde ese entonces prácticamente queda eso como un territorio en manos de la comunidad para concentraciones de la comunidades en ese entonces, y se construyó la capillas o la iglesia, y también la escuelita mediante mingas, con los propios moradores y nunca se hizo escrituras….eso era bienes patrimoniales de la comunidad.

A inicios del proyecto, el barrio de San Marcos y la empresa mantenían relaciones relativamente favorables. Por estar tan cerca al campamento de ECSA, la empresa invirtió en proyectos comunitarios en el barrio y varios de sus habitantes trabajaron para la empresa. Sin embargo, con un cambio de diseño del proyecto minero el barrio fue destinado a ser borrado del mapa. En los planes revisados del 2006, el área del Barrio San Marcos aparece como piscina de relaves y consta que “por razones de seguridad y de diseño, la población de San Marcos será reubicada” (Terrambiente S.A. 2006, ix). En el mismo año, la empresa procede a comprar la finca de dicha familia colona, cuya escritura aún incluye las cuatro hectáreas del barrio de San Marcos. A pesar de los acuerdos verbales que existieron sobre la parcela del barrio y los pedidos de la familia a no incluirlo en el acta de venta, la empresa se declara dueña del barrio92 y considera

90

Notas de campo agosto 2015.

92

Entrevista con dicha familia colona en el 17 de agosto 2015 y con líder colono el 27 de Octubre 2015.

91

Entrevista líder de CASCOMI, 15 Enero 2015.

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a sus habitantes como posesionarios en base a la escritura legal.93 Por consiguiente, la empresa pone en marcha un proceso de negociación para concretar su desalojo. ECSA ofrece compensaciones financieras y promete la construcción de un Nuevo San Marcos junto a la cabecera parroquial de Tundayme. Bajo esta promesa, los moradores salen poco a poco de San Marcos hasta el punto que en el EIA del 2011 se declara extinto: El centro poblado de San Marcos actualmente ya no existe, la infraestructura social de servicios (escuela, colegio, vías) está deteriorada, el 95% de las familias se ha trasladado a vivir en Tundayme o fuera del area de impacto directo.

No obstante, esta imagen de una reubicación aparentemente exitosa enmascara el descontento y los reclamos que los finqueros y los moradores de San Marcos tienen acerca del proceso. Contrario a lo afirmado por ECSA,94 ellos alegan que el Nuevo San Marcos no fue nunca implementado, las casas no fueron construidas en el número ofrecido y muchos pagos quedaron a medias. Además, enmascara el hecho de que la escuela seguía en función hasta el año 2013 y que algunas familias del barrio se negaban a salir de sus casas por el incumplimiento de los acuerdos. Los intentos de un grupo organizado de finqueros y moradores de San Marcos de dialogar y negociar con la empresa o denunciar este y otros conflictos a las autoridades fueron infructuosos. En cambio, el grupo se ve enfrentado con denuncias e intimidaciones por parte de la empresa.95 Así, las relaciones entre la empresa y el barrio se vuelven cada vez más hostiles.

93

Entrevista a un gerente de ECSA en Radio Cenepa, mayo 2014.

95

Entrevista con dirigentes de este grupo en el 18 de noviembre 2014, 13 de enero 2015 y 27 de octubre 2015.

94 Idem.

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A partir del 2013, dos sucesos dan un giro a este ascendente conflicto territorial. Primero, la empresa decide expropiar a los finqueros que se resistieron a vender sus fincas a través de un proceso de servidumbre. Esto inicia un proceso de organización social en Tundayme y San Marcos y se establece la Organización de Acción Social Condor Mirador (ASCOMI) que reúne a las 49 familias colonas afectadas por la demanda de servidumbre.96 Si bien esta organización comienza con el fin de obtener mejores precios para los predios, pronto se convierte en un espacio de resistencia a los impactos generados por el proyecto minero. Esta resistencia es fortalecida cuando en mayo 2014 la empresa desmantela la infraestructura comunitaria de San Marcos. Con resguardo policial, las áreas comunales son cercadas y unos días después las retroexcavadores de la empresa derrocan la capilla, la escuela y la cancha comunal. Sobre todo la demolición de la capilla, casa del patrono San Marcos, se considera como un fuerte agravio por parte de los moradores.97 Los miembros de ASCOMI declaran que ellos son los legítimos dueños, ya que fueron ellos que la construyeron a través de mingas. Además persiste la memoria de la guerra del Cenepa y su papel en la defensa de la soberanía:98 Esto es un patrimonio de la comunidad. Aquí habían escenas de lucha con nuestro vecino Perú. Imagínese, eso volverlo a perder… para mi es lamentable.

96

97 98

La Ley Minera del 2009 en los artículos 15 y 100-105 permite al concesionario pedir servidumbre sobre los predios que requiere para sus instalaciones por el tiempo que dure el proyecto a cambio de un pago por daños y perjuicios. En caso que no se llega a convenios voluntarios, ARCOM intervendrá y establecerá el pago. Boletín “San Marcos símbolo de Resistencia”, emitido por Organización de Acción Social Cóndor Mirador. Notas de observaciones participativas en mingas en el “Nuevo San Marcos”, 17 Octubre 2014.

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En el fondo, entonces, la pequeña capilla se volvió un símbolo de un choque más amplio entre territorialidades plurales: entre una noción de territorio basada en las memorias colectivas, las interacciones sociales y las “ocupaciones de hecho” como describe (Bustamante 1988, 147–48) y una basada en la explotación capitalista y procesos administrativos de expropiación que forman parte del marco legal minero. En vista de esta “apropiación ilegítima”,99 la organización CASCOMI comienza a denunciar los impactos generados por el proyecto, poniendo énfasis en sus derechos colectivos. Apoyados por varias organizaciones de derechos humanos de Quito, la organización articula una campaña para defenderse de posibles desplazamientos. En las casas de la parroquia aparecen rótulos afirmando:100 PROPIEDAD PRIVADA, la persona o empresa que ingrese o haga daño en esta propiedad será enjuiciada penalmente o sometida a la justicia indígena.

Pronto, la identidad y más específicamente la indigeneidad se convierten en un elemento esencial de su defensa territorial. En búsqueda de consolidar la organización y fortalecer su lucha por la tierra, en agosto 2014 se registra como comunidad indígena shuar en el CODENPE bajo el nombre Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (adelante CASCOMI). Integrando mayoritariamente a miembros colonos, la comunidad basa su identificación como comunidad indígena en su pertenencia colectiva y su arraigo en la cordillera del Cóndor:101 99

Según dirigentes de CASCOMI, entrevista 27 de octubre 2015.

100 Observaciones personales por parte de la primera autora, noviembre 2014. 101 Entrevista dirigente de CASCOMI, 14 de enero 2015.

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Estamos reconocidos como comunidad shuar con territorito ancestral porque la misma constitución reconoce que este territorio es shuar ancestral y nosotros estamos viviendo aquí ya hace muchos años…más de 50 o 60 años que nuestros mayores entraron acá, yo nací acá, entonces desde ese punto de vista nosotros hemos decidido defender este territorio, ahí es lo que nace esta figura.

En su naciente discurso de indigineidad (Valdivia 2005), se incorporan prácticas y símbolos shuar. El logo de la organización cambia a incluir una imagen de dos hombres shuar con lanzas, por ejemplo, y varios de sus miembros comienzan a señalar la “cara del indio” en las rocas de la cordillera arriba de San Marcos como muestra de ancestralidad. También elaboran un mapa de la zona con todos los nombres shuar de los ríos y comienzan a usarlos en sus declaraciones y entrevistas. En su discurso además se hace cada vez más referencia a su cosmovisión y su relación con la naturaleza:102 Nosotros, como indígenas que vivimos historicamente en la zona, vivimos de la tierra, vivimos protegiendo el agua, la montaña, la biodiversidad para garantizar un aire puro, garantizar que haya productos para consumir en las ciudades, para garantizar que en la ciudades se tome un vaso de agua con seguridad.

Considerando la historia de conflictos entre los colonos y los shuar en la zona, la autodeterminación como comunidad indígena puede parecer algo paradójica. De hecho, algunos líderes shuar nos han compartido sus críticas acerca del uso de la identidad shuar por parte de CASCOMI, aunque otros líderes y comunidades shuar los apoyan y participan en asambleas de la 102 Entrevista de radio con dirigente de CASCOMI, enero 2016.

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organización. De todas formas, para CASCOMI estas políticas de identidad resultaron ventajosas en su búsqueda de nuevas estrategias para defender su lugar de arraigo y sus formas de vida. Una de estas estrategias es acceder a derechos colectivos a la tierra que protegen a los miembros individuales de ser expropiados. Después de unos meses CASCOMI compra un terreno de varias hectáreas103 para comenzar la construcción de su propio Nuevo San Marcos. Aquí, los miembros de CASCOMI trabajan en mingas para dar lotes a las familias que se encuentran sin casa, para construir una huerta comunitaria y, lo más importante, para reconstruir la capilla de su patrono San Marcos. Para sus miembros, la reconstrucción del centro poblado se articula como una resistencia en contra de la expansión territorial de la empresa y como construcción de una territorialidad alternativa. Según ellos, las plantas servirían para “reforestar” las áreas deforestadas por la empresa minera y las casas servirían para proveer la reubicación que nunca se dio.104 Esperanzados por esta recuperación, los miembros de CASCOMI planifican incluir todas sus fincas bajo un solo título global, como territorio ancestral. Curiosamente, las fincas que en tiempos de colonización fueron apropiados y defendidos como propiedad privada, a veces enfrentándose con los mismos shuar, ahora son pensados en términos colectivos y “derechos ancestrales”. Otra estrategia que se abre con la estratégica mezcla identidaria es la construcción de nuevas alianzas con las organizaciones indígenas regionales y nacionales, como es la CONFENAIE y la CONAIE, gobiernos locales y oenegés nacionales. A través de ellos, CASCOMI puede gestionar proyectos co103 El Nuevo San Marcos se encontraba a poca distancia del pueblo original, de igual forma dentro del área que la empresa tenía destinada a ser piscina de relaves. CASCOMI contaba con registro de propiedad a nombre de la organización. 104 Observaciones participativas en mingas en el “Nuevo San Marcos”, 17 octubre 2014.

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munitarios. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe por ejemplo, cuyo prefecto Salvador Quishpe se ha mostrado crítico al proyecto Mirador desde un inicio, emprende proyectos agrícolas en El Nuevo San Marcos. Los lazos con las organizaciones indígenas y oenegés operando desde Quito ayudan en la creación de redes multi-escalares, definición de estrategias legales y empoderamiento de su discurso de defensa del territorio y su “indigenismo”. La reacción de la empresa y el gobierno (particularmente ARCOM) es la negación categórica de las reivindicaciones y de esta territorialidad alternativa a la del proyecto minero. Les califican como invasores a los moradores del Nuevo San Marcos y proceden con lo que denominan el debido proceso de servidumbre. En septiembre y diciembre del 2015, entonces, las fuerzas públicas y trabajadores de la empresa desalojan forzadamente al Nuevo San Marcos y otros miembros de CASCOMI cuyas tierras fueron demandadas por servidumbre. Los lazos de CASCOMI con las organizaciones de Quito facilitan que las imágenes de los desalojos se divulguen en los medios nacionales e internacionales y que se organice una campaña nacional #ResisteTundayme y #NoMasDesalojosForzados. Hasta la fecha, tanto las campañas como las numerosas acciones jurídicas de CASCOMI no han tenido el éxito deseado.

Discusión y conclusión Desde sus inicios, el proyecto Mirador ha estado acordonado por conflictos territoriales. Éstos comenzaron como conflictos principalmente simbólicos (por “la cordillera” y “la dignidad”) en el año 2006. Con el avance del proyecto minero se convirtieron en conflictos de carácter directo y material a más de los motivos sociales y simbólicos. Según nuestro análisis, un factor constante en estos conflictos es la presencia de territorialidades plurales e inconmensurables. Es decir, la presencia de profundamente distintas formas de comprender y relacionarse con la tierra y sus recursos, y de formas de usar-

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los y transformarlos materialmente como consecuencia de dichas relaciones. Se manifiestan distintas lógicas y prácticas de valoración, significación, apropiación, delimitación, control territorial y fuentes de legitimización para estas prácticas. A la vez, se observan confluencias como resultado de encuentros e interacciones situadas y contingentes. En el caso de Mirador, la empresa y el gobierno han resignificado y delineado el territorio del Pangui en función de la extracción minera a gran escala bajo un supuesto valor estratégico económico. La subsecuente expansión y control territorial del proyecto fue legitimado a través de mapas abstractos y procesos administrativos-legales, y materializado con el uso de las fuerzas públicas. Pese a las diferencias entre los shuar y colonos o los pro- y anti-mineros, los grupos locales investigados valoran y delinean el territorio en base a relaciones y prácticas sociales relacionadas a los medios de vida y de (re)producción. Para muchos de ellos, el territorio conlleva un significado afectivo que incluye articulaciones de arraigo, luchas históricas, memorias, espíritus, dignidad e identidad que dan sentido a la vida. Sin embargo, para estos otros valores territoriales hay poco espacio en la expansión minera: si no se los puede conmensurar a través de compensaciones monetarias, son borrados de los mapas o marginalizados a través de discursos excluyentes. A pesar de esta territorialidad hegemónica, las territorialidades y reivindicaciones alternativas persisten, por lo que este proceso fue y será entreverado por conflictos. Cómo hemos demostrado en este capítulo, este tipo de conflictos no son nuevos para El Pangui. Como región fronteriza (en múltiples sentidos), esta parte de la cordillera del Cóndor ha sido un escenario de disputas, convergencias y transformaciones territoriales por un largo tiempo. La invasión de las tierras ancestrales shuar por parte de colonos, medio siglo de guerra fronteriza, la creación de los bosques protectores y el desarrollo agrícola marcan los paisajes físicos y sociales de la región. Por lo tanto, la presencia del proyecto

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puede ser entendido como una nueva capa de conflicto que agrava y revive disputas antiguas y los mezcla con las nuevas tensiones. Un ejemplo de esta dinámica son las múltiples formas en que nuestros entrevistados relacionan la guerra del Cenepa con el avance del proyecto minero y como esto atribuye significados particulares a la conflictividad actual. Otro aspecto resaltado en este capítulo es la forma en que las identidades están estrechamente vinculadas con las territorialidades en juego. Hemos visto que la introducción de nuevas territorialidades muchas veces fue acompañada por la formación de nuevos sujetos e identidades. Este nexo territorio-identidad es dialéctico y dinámico, en el sentido que las identidades se transforman conforme cambia el territorio y viceversa. Son exactamente estas identidades que vuelven a los conflictos y rupturas territoriales tan complejos e intensos. Por un lado, se puede entender la defensa o promoción del territorio por algunos grupos en El Pangui como la defensa o promoción de una forma de ser y de una identidad. Por otro lado, las identidades también son movilizados y articulados estratégicamente para defender el territorio. Entonces, las dinámicas y políticas de identidad (tanto desde el Estado como los grupos locales, en este caso CASCOMI) tienen una función importante para encuadrar demandas y crear nuevos sujetos dentro de los conflictos territoriales. Sin embargo, el conflicto no solo nos muestra antagonismos. Una lectura minuciosa revela a la vez cómo se forman alianzas, cómo las territorialidades e identidades se superponen, entrecruzan e imbrican y cómo nuevas identidades emergen en este proceso. Es decir, particularmente en situaciones de pluralismo territorial, las territorialidades e identidades se muestran sumamente fluidas e híbridas. Un último aspecto que topamos son las relaciones de poder que están intrínsecamente conectadas con las transformaciones y los conflictos territoriales. Desde la entrada de los misioneros y colonos a la zona, hemos visto que las transformaciones territoriales e identidarias incorporan tam-

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bién cambios en las relaciones de poder. El poder del patriarca shuar, las guerras y el Arutam fue impugnado por el poder de la evangelización, el etnocentrismo e ideas de progreso. Estos cambios en las estructuras de poder y las fuentes de legitimización permitieron el cambio de la territorialidad shuar. Hoy en día, el poder de la empresa y el gobierno (a través del capital, procesos legales, discursos excluyentes y las fuerzas pública) es abrumador y permite la transformación, o en algunas casos destrucción, de territorialidades existentes en la cordillera del Condor. Evidentemente, cada reconfiguración de poderes conlleva determinadas formas de la violencia física y simbólica e insinúan sus propios patrones de inclusión y exclusión. Esto afirma la noción del territorio como “la espacialización del poder” (Delaney 2009, 196) y que los múltiples poderes en pugna deben tener nuestra atención como elemento esencial del pluralismo territorial. En conclusión hemos mostrado que la conflictividad actual alrededor del proyecto Mirador se trata no solo transformaciones en el ámbito material sino de choques entre territorialidades y sus “diferentes contenidos materiales, sociales y simbólicos” (Boelens et al. 2016, 8). Además nos enseña que se debe analizar este pluralismo territorial y las dinámicas identidarias relacionadas con la mirada al pasado y al poder. Una sensibilidad a los procesos históricos de territorialización, de resignificación, de exclusión y de creación de identidades es indispensable para entender las acciones e interacciones de los actores en el presente. Solamente si reconocemos estas diferencias en ontologías territoriales, identidades y las desigualdades estructurales históricamente formadas, podemos tomar un primer paso hacia una mayor comprensión de conflictos territoriales del proyecto minero Mirador.

CAPÍTULO 4 Los Shuar frente al proyecto estratégico de El Mirador: el manejo de identidades y prácticas políticas fragmentadas Consuelo Fernández-Salvador

Introducción La extracción mineral a gran escala es un tema relativamente nuevo en el Ecuador, lo cual no quiere decir que no haya existido el interés por parte del estado y de empresas mineras extranjeras por desarrollar proyectos en el pasado. La zona de Íntag, Imbabura, por ejemplo, tiene una larga historia de resistencia frente a varios intentos de llevar a cabo extracción de cobre que no llegaron a concretarse. Sin embargo, es realmente a partir del 2009, con la nueva Ley Minera, que el gobierno ha impulsado y ha ofrecido las condiciones para promover un extractivismo intensivo en el sector minero. A diferencia del caso de Íntag, en el que la resistencia local ha frenado los avances de las empresas mineras por mucho tiempo, en Mirador, provincia de Zamora Chinchipe, el gobierno firmó el contrato para la explotación de cobre solamente tres años después de la aprobación de la ley minera. El Proyecto Mirador, operado por la empresa Ecuacorriente S.A., se convertiría, por lo tanto, en el primer proyecto en iniciar sus operaciones de minería a gran escala y de explotación a cielo abierto. Esto, por otro lado, no quiere decir que la presencia de las empresas mineras en el área de Mirador-Tundayme es reciente, ya que algunas compañías como Gencor y Billington ya habían iniciado actividades de explo-

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ración y prospección en la década de los noventa (Eguiguren y Jiménez 2011). Como es evidente, la presencia de compañías mineras en la zona ha generado a lo largo de los años situaciones de resistencia y conflicto, así como espacios de negociación con las poblaciones locales, que en este caso están conformadas por campesinos mestizos y comunidades shuar. A pesar de que generalmente se percibe a las poblaciones indígenas como las defensoras del territorio y los recursos frente a distintos procesos de extracción, este no ha sido necesariamente el caso en Tundayme.105 Grupos y asociaciones de campesinos mestizos han liderado muchas veces la resistencia a la compañía minera, sobre todo desde la ciudad de El Pangui y en ocasiones han recibido apoyo pero también mucha oposición de parte de las poblaciones shuar, generando fuertes situaciones de conflicto e incluso enfrentamientos. En este sentido es importante entender el papel que la organización shuar, en todos sus niveles, ha jugado en el contexto de la minería a gran escala en Mirador, sus discursos identitarios y las prácticas y estrategias específicas en relación al intenso extractivismo que se desarrolla en el área. El privilegiar los discursos de los líderes de comunidades podría considerarse como un limitante de este trabajo, ya que éstos no siempre permiten llegar a una comprensión más cabal de la vidas y experiencias cotidianas de los shuar; sin embargo, éste sí contribuye a los estudios sobre la organización indígena en general, que mucho se han centrado en el liderazgo de organizaciones regionales y nacionales. Muchos autores y académicos han dirigido su interés al estudio de los movimientos sociales y de la política de la cultura para entender cómo distintos grupos culturales e individuos hacen frente a los proyectos hegemónicos que han 105 Tampoco ha sido el caso en general en los movimientos anti-mineros en el Ecuador que muchas veces están compuestos por poblaciones mestizas, por ejemplo el caso de Íntag.

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sido parte de la construcción de las naciones (Alvarez et al. 1998; Selverston-Scher 2001; Warren y Jackson 2002). Dentro de este gran campo de estudio han sido las organizaciones indígenas en América Latina, particularmente en Ecuador, las que han llamado la atención de algunos investigadores por su capacidad de movilización frente a la sociedad en general y al estado. En este sentido se ha estudiado el surgimiento y evolución de los movimientos indígenas, así como la diversidad de demandas que éstos han planteado (Andolina 2003; Becker 2010; Jameson 2011; Korovkin 2000; Sawyer 1997; Varese 1996; Selverston-Scher 2001; Zamosc 2004; Yashar 2005). La gran mayoría de organizaciones indígenas en el Ecuador se han articulado alrededor de su identidad étnica. La noción de una herencia cultural compartida, combinada con un sentido de exclusión de la sociedad mestiza y del proyecto nacional en general, es lo que ha impulsado a las poblaciones indígenas a defender sus derechos y organizarse estratégicamente desde su especificidad cultural (Selverston-Scher 2001). Sin embargo, las agendas políticas son variadas y son temas de debate y discusión académica: desde obtener y ejercer control sobre el territorio y detener la extracción de recursos naturales, hasta plantear el reconocimiento de una estado plurinacional (Sawyer 2004; Perreault 2003a, 2003b; Valdivia 2005; Conklin y Graham 1995; Warnaars 2010; Warnaars 2012b; Castillo y Cairo 2002; Gross 1999; Bolaños 2011). A pesar de que por muchos años se ha favorecido un análisis más bien positivo y acrítico de las organizaciones indígenas (Martínez Novo 2009), que hiciera énfasis sobre aquellas estrategias consistentes y unificadas, la realidad es que hay mucha heterogeneidad en cuanto a prácticas y discursos. Por ello, es importante mirar dinámicas locales que den cuenta de los procesos que se dan a nivel de comunidades y de organizaciones regionales. Con base en esta reflexión, el propósito de este capítulo es el de analizar los discursos y prácticas políticas de la población shuar (en algunas de sus dimensiones y niveles de organización) tomando en cuenta los procesos de

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fragmentación y atomización de las mismas, y partiendo de una discusión conceptual de la etno-política, la indigeneidad y la posicionalidad de las identidades. Finalmente, el argumento es que no hay necesariamente estrategias unificadas y eficientes de la organización shuar en Zamora Chinchipe, sino más bien discursos, posiciones y acciones políticas dispersas que en ocasiones se pueden convertir en obstáculos para el logro de sus objetivos. Para explicar esta individualización a nivel de comunidades, asociaciones e incluso de la federación hago referencia a varios elementos que son parte de la dinámica territorial y del proceso histórico de la misma: la complejidad de la organización shuar, el manejo simbólico y material del territorio y la conformación de las comunidades. La intención de este capítulo, por tanto, es entender los discursos y prácticas políticas de los shuar frente a la extracción minera como parte de un proceso más amplio en la construcción de relaciones con su territorio y con diversos actores. La discusión que sigue se basa en la investigación realizada para mi tesis doctoral, la cual tuvo lugar desde abril del 2013 hasta enero del 2015 en distintos periodos de tiempo y visitas al campo. La metodología utilizada priorizó la aplicación de entrevistas etnográficas a profundidad a una gran variedad de actores, especialmente a dirigentes tanto de la Federación Shuar (FESZCH) como de varias comunidades que se consideran parte de la zona de influencia directa e indirecta del Proyecto Mirador. Asimismo, durante todo el período de la investigación se hicieron visitas regulares a todas las comunidades, procurando tener puntos de vista de distintos miembros que no necesariamente fueran los líderes, para así obtener una visión más completa sobre la construcción de identidades y sus discursos. En este sentido, además de entrevistas formales, se puso especial atención a charlas y conversaciones informales y también se llevó a cabo observación directa en comunidades y espacios organizativos, reuniones, festividades y otros eventos. A pesar de que esta

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investigación se ha concentrado en las comunidades y líderes shuar, tanto entrevistas como observaciones también se desarrollaron en otros contextos que dieran cuenta de la relación con actores relevantes en el contexto del Proyecto Mirador. En este sentido se aplicaron entrevistas etnográficas a autoridades locales y funcionarios de varias instituciones estatales y en la medida de lo posible a ciertos funcionarios de ECSA. De esta manera se logró tener una visión amplia y bastante compleja de las relaciones entre la población shuar del área de Tundayme y los distintos actores alrededor del contexto de minería a gran escala. En la siguiente sección se aborda una discusión conceptual sobre la etno-política y el manejo complejo de las identidades desde el punto de vista de la indigeneidad y la posicionalidad. En la segunda y tercera parte continúo con una discusión sobre la estructura de la organización política shuar y la construcción de discursos identitarios en el contexto de la minería a gran escala y concluyo con una reflexión y análisis sobre la configuración del territorio y la conformación de las comunidades.



La lucha por la supervivencia: las implicaciones materiales de las demandas étnicas

En relación a la heterogeneidad en movimientos y organizaciones indígenas que se mencionó, Warren y Jackson sostienen que debe haber una antropología de la organización indígena que estudie las maneras en que las poblaciones indígenas manejan su formación identitaria en contextos políticos y económicos y las decisiones que toman para su beneficio (2002, 11). Estas decisiones muchas veces pueden no responder a una visión coherente y unificada al interior de las organizaciones indígenas porque sus bases, demandas y objetivos pueden ser diferentes. Por ejemplo, es evidente que prácticas y discursos políticos se manejan y construyen a

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nivel de comunidades y liderazgo local, que no siempre responden a líneas definidas a nivel regional. Por lo tanto, algunos autores sugieren que también se debe mirar a las formas de cooperación y articulación (o falta de ella) entre distintos niveles de organización y en escenarios tanto locales como regionales y nacionales (Warren y Jackson 2002; Valdivia 2005; Perreault 2003b). Por otro lado, es importante comprender que las luchas políticas que se organizan en torno a las identidades tienen muchas implicaciones y alcances que van más allá de lo étnico, en el estricto sentido de la palabra. Por ejemplo, Melina Selverston-Scher concluye que las organizaciones indígenas en el Ecuador se definen con base a su etnicidad por su obvia herencia cultural, pero también por una historia de exclusión compartida justamente por su pertenencia a una minoría cultural. En este caso, el sentido de exclusión contribuye a reafirmar la noción de la “otredad” en la construcción del proyecto hegemónico del estado (Selverston-Scher 2001, 80). De esta manera, las luchas políticas de las organizaciones indígenas no solo reconocen el tema de la etnicidad sino que lo convierten en estrategia para romper con las situaciones de marginación y exclusión de una sociedad predominantemente mestiza y occidental. De esta manera, es claro que las luchas de las organizaciones indígenas se refieren a demandas simbólicas pero también materiales, una mezcla fluida de supervivencia y cultura como la denominan Grey Postero y Zamosc (2004). Las luchas etno-políticas cobran además especial importancia en los conflictos ecológicos y socio-ambientales. En estos contextos es importante tomar en cuenta el enfoque de la justicia ambiental o el ecologismo de los pobres, en el que se pone especial atención a los conflictos alrededor del uso y explotación de recursos en términos de la lucha de las comunidades por su supervivencia, más allá de las problemáticas ambientales o ecológicas. La supervivencia de muchos grupos indígenas, por ejemplo, se ve amenazada por procesos extractivistas en

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cuestiones materiales básicas de acceso a recursos hasta problemáticas más complejas como el ejercicio de los derechos territoriales y la defensa de la identidad cultural (Martínez-Allier 2002, 150; Martínez-Allier 2001, 163).



Identidades, discursos y posicionalidad

Parte de las luchas políticas tanto a nivel de organizaciones como de comunidades indígenas tiene que ver con la construcción de identidades y discursos identitarios. Para el análisis de las identidades en el caso de la organización shuar, parto de la conceptualización de Hall que afirma que éstas son parte de un proceso cambiante en el que no hay una esencia, una historia fija o un sentido definido de pertenencia cultural. En otras palabras, las identidades se construyen en contextos específicos y no responden a una continuidad histórica, sino que más bien se constituyen en espacios fragmentados (Hall y DuGay 2003). Al no existir una continuidad histórica e identitaria, los individuos se definen de acuerdo a su posicionamiento en ciertos contextos específicos (Hall 1990). Las prácticas y discursos se pueden entender de acuerdo con la manera en que los individuos o grupos se posicionan o articulan su sentido de identidad y, por lo tanto, éstos pueden cambiar sin llegar a ser contradictorios. De esa manera se puede entender ciertas diferencias que se producen incluso al interior de las mismas organizaciones o comunidades, ya que finalmente son los individuos, como parte de un grupo, quienes enuncian esas posicionalidades. El tema de la construcción de identidades y de los discursos sobre éstas ha sido analizado por algunos autores desde distintas perspectivas, algunos de ellos parten de los argumentos de Hall. Gabriela Valdivia, por ejemplo, sugiere que los discursos y prácticas que las organizaciones indígenas utilizan para representarse a sí mismos frente a la sociedad son el resultado de distintas visiones de lo que significa ser indígena, incluyendo las de actores externos pero también de los

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mismos indígenas. En este caso, este discurso sobre la identidad, lo que denomina indigeneidad, es de alguna manera adaptado, impuesto y reformulado por la gente misma y las organizaciones, y se convierte en una estrategia política (Valdivia 2005). Por otro lado, Perreault y Li enfatizan el carácter más bien contingente de la construcción de identidades; más allá de verlas como inventadas o impuestas, las entienden como “posicionadas” en subjetividades “contradictorias”, al emerger de contextos históricos y patrones específicos de luchas (Perreault 2003a, 584; Li 2000, 151). La articulación de una identidad colectiva se basa entonces, no en una historia compartida o esencialismos culturales, sino en términos de posiciones e intereses compartidos. Como se dijo en la introducción, si bien hay una noción generalizada de que son las poblaciones y organizaciones indígenas quienes asumen una posición de defensa de su territorio y los recursos en él, este no siempre es el caso. Justamente a partir del análisis de los discursos identitarios y prácticas políticas de los shuar frente a la minería a gran escala, queremos entender las distintas formas en que los pobladores y organizaciones manejan su relación y definen sus posiciones frente al proyecto minero. El concepto de indigeneidad y posicionalidad abren espacios para entender la complejidad de posturas y de acciones que el liderazgo shuar ha emprendido en el marco de la explotación minera, reconociendo la existencia de una pluralidad de subjetividades que marcan la relación entre las comunidades y su entorno natural (Robbins 2012). Así, el análisis sobre la etno-política se enmcarca en el contexto de la ecología política que guía esta publicación, al vincular las problemáticas ecológicas generadas por el Proyecto Mirador al manejo político de identidades y de estrategias frente a él. En este sentido se entiende que los conflictos alrededor del uso de recursos están muy relacionados con temas de política, cultura y la construcción de identidades (Perrault y Valdivia 2010).

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Radiografía de la organización shuar

Los shuar se organizaron políticamente en la década de los sesenta como una respuesta a la presencia masiva de mestizos que llegaban de la sierra como parte de los programas colonizadores auspiciados por el gobierno (como parte de las Reformas Agrarias). Muy influenciados por los misioneros salesianos, quienes tenían preocupación de que los shuar perdieran su tierra, se crearon y legalizaron primero unos centros (o comunidades shuar) y más adelante la federación shuar (Salazar 1998; Rubenstein 2005). A pesar de que los shuar ya habían cambiado su forma de vida, (de asentamientos en casas dispersas y sin una autoridad jerárquica que las vinculara) y habían comenzado a organizar sus viviendas alrededor de centros misionales, la noción de comunidad en realidad se configuraba al tener que legalizar territorios para impedir el avance de los colonos. Si bien los misioneros fueron grandes agentes de cambio entre los shuar, también constituyeron un apoyo importante en su organización política en defensa de su territorio y su cultura (Rubenstein 2005). Así, en 1964 se creó la primera federación shuar (Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH) bajo el auspicio de los salesianos, quienes en realidad fueron perdiendo poco a poco su injerencia en la organización (Salazar 1989; Troncoso 1999; Stavenhagen 1996). Al ser una federación interprovincial, la FICSH poco a poco extendió su influencia a las comunidades shuar localizadas en la provincia de Zamora Chinchipe. El gran objetivo inicial de la federación era conseguir la legalización comunitaria de tierras shuar por parte del IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Esto quiere decir que los títulos de las tierras no se inscribían bajo personas individuales, sino bajo la comunidad (que podía estar constituida por varias familias o un grupo familiar), lo cual permitía mayor agilidad en el proceso de legalización y sobre todo aseguraba que la tierra no fuera vendida o fragmentada a menos que existiera permiso de la federación (Salazar 1977, 33).

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La FICSH apoyó a centros o comunidades tanto en Morona Santiago como en Zamora por casi dos décadas; sin embargo en los 80 la estructura y jerarquía de la FICSH comenzó a tambalear en la provincia de Zamora Chinchipe y en 1985 se creó una federación independiente (Federación Shuar de Zamora Chinchipe). La mayoría de versiones entre los líderes actuales apunta a pugnas y conflictos de intereses y un deseo de autonomía como las razones para la creación de una segunda federación en la zona sur de la amazonía.106 Aunque este no es el espacio para detenerme en esta discusión, lo que sí es relevante mencionar es que aparte de la FESZCH, más adelante en el 2007, se creó una segunda federación en Zamora (Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe, FEPNASZCH) que mantiene su afiliación a la original FICSH de Morona Santiago, pero que requiere de cierta autonomía para tomar decisiones y realizar trámites relacionados con la legalización de comunidades. Las dos organizaciones, tanto la independiente FESZCH como la FEPNASZCH están estructuradas de maneras similares, tomando como modelo la manera en que la FICSH se creó: en la base las comunidades o centros con sus respectivos líderes; en un nivel medio, las Asociaciones que están compuestas por algunas comunidades del área (generalmente parte del mismo cantón o parroquia) y cuya dirigencia está conformada por miembros de las comunidades que pertenecen a ella; y, finalmente, la federación, que es el nivel máximo de jerarquía y cuyos dirigentes se eligen en asambleas generales. Cada nivel en la organización cuenta con su directiva (que incluye un presidente, vice-presidente, secretario y tesorero como mínimo) y la federación cuenta además con dirigentes encargados de cuestiones específicas como el tema de tierras y territorio, educación, salud, entre otras.

106 Entrevistas Washington Tiwi feb 2013, Jorge Chumapi, enero 2015; Rubén Nanchap, abril 2016

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A pesar de tener no tener el respaldo de la FICSH, la FESZCH es en realidad la federación con más control, fuerza y presencia en la provincia, e integra alrededor de 132 comunidades (de acuerdo con la información del Presidente de la FESZCH, entrevista feb 2013), en comparación con la FEPNASZCH que solo cuenta con 32. Esta fuerza seguramente se debe, al menos en la última década, a su capacidad y deseo de negociar con las compañías mineras presentes en la provincia, lo cual le ha permitido adquirir cierta estabilidad económica y estatus. En este sentido, la FESZCH se define como una organización independiente que no se alinea con las organizaciones indígenas a nivel regional o nacional (como la CONAIE o la CONFENAIE) y, por lo tanto, tiene la libertad de negociar con quienes ellos consideren que beneficie a la población shuar, incluyendo sobre todo a las empresas extractivas. La FEPNASZCH, por otro lado, al ser afiliada a la FICSH, es parte de las organizaciones regionales y nacionales nombradas con anterioridad y comparte su posición de resistencia frente a la extracción del petróleo y minerales; de modo que no le interesa tener ningún tipo de relación con las empresas extractivistas. Es evidente, entonces, que cada federación tiene su línea de pensamiento e ideología y el resultado de ello ha sido la posición oficial que cada una mantiene en relación con la presencia de la minería a gran escala en la provincia. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las comunidades asociadas y asociaciones respalden estas posiciones. En el caso de la FESZCH, por ejemplo, si bien esta ha declarado su respaldo a la industria minera, no todas las comunidades pertenecientes a la federación apoyan la presencia de la compañía minera en el Proyecto Mirador. De hecho, como se mostrará luego, ciertos líderes de comunidades y de la asociación en el área de influencia de este proyecto se han declarado en resistencia y se han unido en esfuerzos para reclamar territorio para las comunidades shuar; una posición que es respetada por la dirigencia de la federación.

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Por otro lado, la presencia de proyectos mineros a gran escala en el área de Zamora ha evidenciado problemas en la articulación de la organización política shuar. Parte de estos problemas responden a conflictos relacionados con el acceso a los fondos provenientes de las compañías mineras y que, según la gran mayoría de líderes entrevistados, no llegaron a las comunidades. Existen, por lo tanto, múltiples acusaciones de corrupción y manejo de intereses personales tanto a nivel de la federación como de las asociaciones. Sin embargo, no sería correcto afirmar que son solamente las compañías mineras las responsables de conflictos y divisiones en la organización shuar. De hecho, tanto la misma organización (como vimos anteriormente) como comunidades específicas (como se discutirá en las siguientes secciones) han sido divididas y reorganizadas por temas familiares o conflictos organizacionales que han dado lugar incluso a situaciones de violencia. Lo que sí es claro es que los beneficios materiales y la capacidad de negociar con las compañías mineras han exacerbado lo que parecería ser una lucha constante de poder y control de la escena política y económica en la organización shuar.107

Discursos cambiantes Luego de mirar brevemente la estructura y ciertas problemáticas de la organización shuar en general, quisiera concentrarme en la discusión alrededor de las políticas de la identidad y la manera en que los discursos sobre ser shuar se articulan a ciertas prácticas políticas en el contexto de la minería a gran escala. Como Stuart Hall argumenta, las identidades se producen en la esfera de la representación y el 107 En este caso me refiero a pugnas, conflictos y divisiones entre dirigentes de comunidades, de asociaciones y de la misma federación por temas de vinculación a la empresa minera, así como a pugnas de poder en la federación, la cual finalmente terminó en que la última presidencia fuera derrocada antes de finalizar su periodo.

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discurso, pero también interactúan con las experiencias concretas y materiales. En este sentido, hay varias dimensiones de la identidad que conectan lo simbólico con lo discursivo y con los niveles políticos y materiales (Hall 2003). Así, los discursos de identidad son parte de o informan las prácticas etno-políticas de un grupo y, por lo tanto, se convierten en objetos de análisis relevantes. Además, no hay necesariamente una posición homogénea frente a la minería a gran escala ni al nivel de la federación y peor todavía al nivel de las asociaciones y comunidades. Esta diversidad de posiciones y prácticas evidencian también una diversidad de discursos identitarios en los que temas importantes como la ancestralidad, el territorio y la misma supervivencia juegan distintos roles en cada caso. La noción de posicionalidad, por lo tanto, no se aplica a los shuar como un gran colectivo, sino que depende mucho de las experiencias específicas de los líderes y de las historias de sus comunidades. En la siguiente sección contrastaré los discursos y posiciones de dos comunidades shuar localizadas en el área de impacto directo e indirecto del Proyecto Mirador, que son comunidades que de una u otra forma se verán más afectadas debido a su cercanía a la mina. También haré referencia a la relación de estos discursos con nociones universales de la identidad shuar que la federación maneja como parte de un discurso oficial. Tanto los discursos de la federación como de las comunidades informan, de alguna manera, tanto a las posiciones frente a la minería a gran escala como a prácticas específicas de resistencia o negociación. El discurso de la FESZCH como organización política indígena contiene elementos que son parte importante de lo que he llamado una identidad shuar “universal” y en la definición de ciertas estrategias políticas y demandas frente al estado y a las compañías mineras. En este discurso se puede identificar varias dimensiones pero en este capítulo se hará referencia sobre todo a aquella que revuelve alrededor de la ancestralidad y el territorio. Parte muy importante del discurso oficial de los

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líderes de la FESZCH es que el ser shuar se entiende en términos de ser nativos a la zona, lo que realmente les convierte en los dueños legítimos del territorio. Este discurso se refiere a un ideal y refuerza la noción de que los shuar son gente “ancestral” y los guardianes de la biodiversidad de la selva. Parte de esta noción incluye el uso de la lengua, ciertas prácticas culturales como el consumo de la chicha y sobre todo las prácticas de subsistencia que son consideradas esenciales en el estilo de vida shuar y que además dan cuenta de una relación “armoniosa” con la naturaleza y el medio ambiente.108 Esta dimensión universal del discurso identitario de la FESZCH es compartida por la mayoría de comunidades y sus líderes y es lo que permite a sus miembros sentirse parte de una “comunidad étnica imaginada” (a pesar de los conflictos en los diferentes niveles). Sin embargo, ésta es más bien una herramienta retórica que ayuda a la organización en el planteamiento de sus demandas y estrategias más que una noción constante y cotidiana de la experiencia de vivir como shuar. De hecho, muchas de las ideas sobre ser shuar se refieren casi de una manera nostálgica a una realidad pasada y no a la manera en que la gente de estas comunidades vive actualmente. Este discurso identitario se revela en las comunidades, dado que hace referencia a los detalles de la vida cotidiana, pero siempre en relación al pasado. El ser shuar invariablemente se identifica con el uso de la lengua y de ciertas prácticas de subsistencia, así como el consumo de ciertos tipos de productos del bosque, el manejo del huerto y el consumo de la chicha y el ayampaco. Sin embargo, la gran mayoría de estas prácticas, incluso el consumo de chicha diariamente, ya no son vigentes en muchas comunidades visitadas, y muchos admiten que la pérdida y abandono de ellas se ha dado por razones muy variadas que luego discutiremos en detalle (por 108 Presidente de la Feszch, entrevista feb 2013; Presidente de Yanúa, varias entrevistas nov 2013-agosto 2014; Presidente de San Carlos, entrevista enero 2015

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ejemplo, el tema del territorio). Lo que le otorga el valor simbólico a todas estas prácticas es el hecho de que éstas se han transmitido de generación en generación, lo que implica un bagaje importante de sabiduría y conocimiento que ha sido aprendido de los antepasados. Esta herencia se relaciona con la permanencia en el territorio por mucho tiempo antes de la colonia, “desde las primeras épocas”, como muchos se refieren a ese pasado, lo cual implica ya una noción de ancestralidad. La mayoría de shuar se refieren a ellos mismos como “vividores”, es decir, gente que ha vivido siempre en el territorio y no como los migrantes de la sierra a quienes llaman “venideros” con una connotación casi de temporalidad. Evidentemente esta construcción ideal y nostálgica de la identidad shuar es mucho más simple que aquella identidad compleja y llena de sutilezas, que es el resultado de procesos e interacciones en distintos contextos y con una variedad de actores en el tiempo, como son los misioneros, los colonos, las diversas instituciones estatales y finalmente la compañía minera. Mientras que el discurso ideal siempre es parte de una retórica, la manera en que la gente shuar de las comunidades y sus líderes representan su sentido de ser shuar es diferente: los discursos en las comunidades son reales y concretos ya que son parte de decisiones que deben tomar diariamente en relación al futuro de la comunidad y a las relaciones que deciden establecer, o no, con ciertos actores como la compañía minera.



Tipologías del discurso y el contexto de las comunidades

En el transcurso de la investigación encontré que, a pesar de que las comunidades se encuentran en la zona de impacto directo/indirecto del proyecto y son bastante cercanas entre sí, hay algunas diferencias que han marcado su visión y experiencia de ser shuar y su relación con la empresa, con el estado y la población mestiza en general. Estas diferencias

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han definido, por lo tanto, la construcción de discursos que son bastante disímiles e incluso contradictorios y que, en consecuencia, resultan interesantes de analizar. Estos discursos se ubicaron en una especie de tipología o categorización que lógicamente tiene relación con ciertas prácticas políticas, posiciones frente a la empresa minera, nociones de desarrollo e incluso con vínculos establecidos con ciertos agentes externos. En esta sección analizaré solamente el caso de dos comunidades y sus líderes: Yanúa y Santiago Paati. La primera se encuentra en la zona de impacto directo del proyecto a pocos kilómetros de la parroquia de Tundayme, a la cual pertenece; esta comunidad en realidad no se encuentra legalizada como tal, por lo que su líder (en el periodo de la investigación, 20132014) no era reconocido por ciertas instituciones, como el Consejo de Desarrollo de Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE)109. Yanúa está conformada por nueve hermanos y sus familias y con pocas hectáreas de extensión (a pesar de que la información sobre la extensión no estuvo clara en las entrevistas realizadas); básicamente el territorio de esta comunidad correspondía a la finca del padre y ahora sus descendientes querían convertirla en comunidad. Por otro lado, Santiago Paati se encuentra en la zona considerada de impacto indirecto por estar asentado más lejos de Tundayme y del proyecto Mirador, en la vía que conecta las provincias de Zamora Chinchipe con Morona Santiago. Esta comunidad pertenece a la parroquia de El Guismi y anteriormente era parte de una comunidad más grande, la cual se dividió en cuatro comunidades pequeñas. Santiago Paati tiene alrededor de 250 miembros y es una de las más pequeñas del área en territorio, contando solamente con una hectárea para la comunidad. A diferencia de Yanúa, sin embargo, Santiago Paati es reconocida legalmente como comunidad y su presidente tiene nombramiento oficial del CODENPE.

109 El CODENPE era hasta aproximadamente el 2015, el organismo que regulaba la creación de comunidades y la legalización de sus autoridades.

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Yanúa: el discurso sobre ancestralidad y la defensa del territorio

De igual manera que el discurso universal sobre ser shuar, el líder de Yanúa y sus hermanos construyen una noción de identidad muy relacionada a la ancestralidad, a las actividades tradicionales de subsistencia y al valor del territorio. Independientemente de si la comunidad practica la caza y pesca como actividades básicas de subsistencia, el punto es que para la familia de Yanúa éstas son prácticas que aprendieron de sus antepasados y son parte central de su subsistencia. En este sentido, el discurso de identidad se asienta sobre la defensa del territorio justamente por estar ligado a las prácticas de subsistencia y la protección de sus rituales, todo atado a la noción de ancestralidad y de permanencia como grupo: para ellos hay que cuidar el territorio para que no se pierdan los animales y se pueda cazar, para proteger las cascadas, el agua y la palma. Según el líder de la comunidad, “nosotros somos aquí vividores desde que nuestro señor nos ha puesto, somos milenarios, aquí vivimos ya como un tronco. Usted quiere virarle, cómo lo va a virar si está bien enraizado”.110 La noción de ser “vividores”, es decir, de haber ocupado el territorio “desde siempre” contrasta con la presencia temporal e “invasora” de los colonos mestizos. Como este líder cuenta, su padre era dueño de toda esa tierra (difícil saber cuántas hectáreas) y ésta fue destruida por invasores Zigzeños: en ese tiempo los shuar les tenían miedo a los colonos y huían de ellos. Así, los colonos le quitaron la tierra a su padre y éste no pudo dejar mucho a sus hijos. “Ya no hay a dónde estirarse y por eso queremos recuperar las tierras…es también parte de la ley”.111 Es evidente, por lo tanto, que la defensa 110 Líder de Yanúa, entrevista noviembre 2013 111

Líder de Yanúa, entrevistas mayo-agosto, 2014

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del territorio no solo está ligada a la presencia de la compañía minera, sino que tiene raíces en conflictos antiguos que ahora están siendo exacerbados por el Proyecto Mirador. Parecería ser que en el contexto de la minería a gran escala, con todas sus consecuencias en cuanto a impactos ambientales y acaparamiento de la tierra, se están ventilando y tratando de solucionar ciertas problemáticas alrededor de la pérdida del territorio y su impacto en la supervivencia de las comunidades shuar durante las últimas décadas.



Entre el discurso y las prácticas políticas

En la realidad, además de la caza (que probablemente se lleva a cabo esporádicamente en los bosques hacia arriba de la comunidad e incluso hacia la cordillera del Cóndor) y cierta pesca en el Río Quimi, en la comunidad se siembra plátano, cacao y café, así como árboles frutales (en ocasiones lo que se produce se alcanza a vender); sin embargo, frente a la limitación de espacio y de condiciones para seguir adelante con ciertas prácticas, tanto los líderes de Yanúa como sus cuñados se han visto obligados a emplearse como jornaleros, incluso en la misma empresa minera. De hecho, tres de los hermanos trabajaron varios años en ECSA y fueron férreos defensores de la empresa hasta que por reclamos laborales y ciertos conflictos fueron despedidos en malas condiciones.112 ¿En qué momento es entonces que el apoyo a la empresa se convierte en una resistencia tenaz desde la que se demanda la salida de la empresa y la recuperación del territorio ancestral (que incluye el área del la cordillera del Cóndor)? A principios del 2000 la llegada de la empresa canadiense a la zona de Tundayme y Mirador trajo consigo muchas expectativas de desarrollo y progreso para las comunidades shuar y los pobladores mestizos. A pesar de que sí hubo fo112 Miembros de Yanúa, entrevista enero 2015.

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cos importantes de resistencia a la explotación minera a gran escala, muchos miembros de distintas comunidades shuar comenzaron a trabajar en la empresa y también se convirtieron en recipientes de algunos proyectos en las comunidades. Los hermanos de Yanúa también se incorporaron a la fuerza laboral de la empresa, pero al constatar que había injusticias, malos tratos y falsas promesas renunciaron y decidieron regresar a trabajar en sus comunidades. Al respecto, uno de ellos afirmó en una entrevista: “un mes nos tocó trabajar de seis a seis de la tarde y por horas extra nos pagaban 50 o 30 centavos, […] cuando salimos por liquidación nos dieron 400 dólares casi de diez años, entonces por esos errores que hubo en la compañía, nos ha abierto la mente.”113 Sin embargo, la construcción de un discurso de resistencia se da en un contexto de vinculación con actores externos que se encontraban trabajando en el área, y trataban de consolidar acciones en contra de la empresa minera. A pesar de que no es claro en qué momento y de qué manera se concretan estos vínculos, es importante entender que Yanúa (y sus líderes específicamente) comienzan a formar parte de una dinámica de resistencia más amplia, que incluye a organizaciones fuertes como Acción Ecológica, INREDH y la CEDHU, así como activistas mestizos de Quito y del Azuay que eran parte de otras organizaciones como la Asamblea de los Pueblos del Sur e incluso activistas shuar de Morona Santiago, y de la Asociación Shuar Kakaram que se declaró en resistencia a la minería desde su creación. De hecho, su líder es uno de los firmantes en una demanda que el colectivo de las organizaciones mencionadas realizó en contra del proyecto Mirador por violación a los derechos de la naturaleza. A pesar de que esta demanda se perdió localmente, ésta se convirtió en una demanda internacional ante la CIDH.114 113 Miembros de Yanúa, entrevista enero 2015.

114 Gloria Chicaiza-Acción Ecológica, entrevista abril 2014.

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Es evidente entonces que el discurso entre los líderes de Yanúa se refleja en una abierta resistencia y oposición a la empresa. Sin embargo, el activismo de los algunos miembros de Yanúa, sobre todo de su líder, no ha hecho eco y tampoco ha logrado convocar o consolidar un discurso compartido con otras comunidades. De hecho, en las entrevistas él insistía en que su activismo era solitario y que no contaba con el apoyo de los líderes de comunidades vecinas, como Churuwia. En efecto, aparte del trabajo realizado con el presidente de la Asociación Shuar Kakaram –que de hecho se crea por su oposición a la minería y solamente tiene a Yanúa y Churuwia como miembros– otras comunidades son bastante ambiguas en su posición frente a la empresa o simplemente critican la posición de resistencia; tal es el caso de los mismos familiares de José que se encuentran trabajando en ECSA. Un espacio interesante que se conforma a finales del 2014 es la creación de una asociación de finqueros en el área de Tundayme. Si bien la mayoría de los miembros de esta organización son mestizos, la familia de Yanúa también se unió a estos esfuerzos de resistencia. Esta organización, que luego se conoce como CASCOMI (Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador) tiene como objetivo lograr que los finqueros que vendieron o vendan sus tierras a la compañía sean compensados adecuadamente y sean tratados con justicia. Como parte de su estrategia lograron finalmente que algunas de las tierras sean consideradas como parte de una comunidad shuar (a pesar de que la gran mayoría son mestizos) y de esa manera puedan proteger lo que sería un territorio ancestral.115 Lo interesante de esta organización es que sí ha contado con alguna colaboración de los líderes de Yanúa, así como del presidente de la Asociación Kakaram y de la comunidad Churuwia.

115 Para un análisis más detallado de este caso ver el artículo sobre pluralismo territorial de Van Teijlingen Warnaars y en esta misma publicación.

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Este se hubiera podido constituir, por lo tanto, en un espacio interesante de resistencia, pero en realidad el único líder shuar que participaba consistente y activamente en reuniones y en plantones era el líder de Yanúa. Sin embargo, en varias ocasiones él expresó que los objetivos de CASCOMI y los de la población shuar eran muy diferentes: mientras que desde la Asociación Kakaram se hacían demandas para que la compañía saliera de Mirador y para recuperar el territorio ancestral de toda la zona de la cordillera Cóndor Mirador, los objetivos de CASCOMI eran más específicos en cuanto a exigir un trato justo y una compensación adecuada por parte de la empresa. En una entrevista con el presidente de esta organización en enero del 2015, éste expresó que su interés no era que la empresa se retirara de la zona, por lo que no se consideraban una organización anti-minera.116Parecería ser que la presencia de activistas shuar en esta organización se dispersaría más luego del trágico asesinato del líder de Yanúa en diciembre del 2014.117



Santiago Paati: el discurso de la modernidad y el desarrollo y las expectativas frente a la empresa

Al igual que en otras comunidades shuar, el líder en Santiago Paati está consciente de la diferencia cultural y sobre todo del legado ancestral de la población shuar. Sin embargo, para este joven presidente, la cultura shuar no solo ha tenido 116 Sin embargo, la posición de CASCOMI se ha vuelto mucho más radical en los últimos años debido al continuo acoso de ECSA a los pobladores del área, especialmente San Marcos.

117 El líder de Yanúa fue asesinado a finales del año 2015 y su muerte se convirtió en una especie de bandera de algunos activistas y líderes que resisten la presencia de la empresa; a pesar de que hubo acusaciones en contra de la empresa por su muerte, también circularon muchos rumores en relación a conflictos con otras operaciones mineras e incluso a conflictos personales que él mantenía. Sin embargo, a pesar de que se apresó a un par de individuos por el asesinato todavía no se sabe exactamente el motivo de su muerte.

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mucha influencia de la “civilización”, sino que es complicado seguir manteniendo ciertas costumbres. Para él, la identidad y las costumbres son importantes, pero no se puede vivir de ellas, hay que fomentar el emprendimiento, la industria y los proyectos productivos: …en la amazonía se tiene agua, se cultiva, todo tenemos, pero también necesitamos vivir, vivir de lo mejor, tener una vida normal, tener una vida con los beneficios necesarios completos, el shuar también quiere tener buena casa, tener buen negocio, emprender en negocios, que también las empresas nos abran las puertas118

En este caso, el discurso sobre ser shuar, que es bastante común en algunas de las comunidades del área, no tiene que ver con mantener el vínculo con lo ancestral sino de abrazar a un shuar moderno y con capacidad de definir su futuro. En este sentido, hay otras prioridades para las nuevas generaciones shuar. Una de ellas, por ejemplo, es la de tener acceso a recursos y a educación para de esa manera generar infraestructura y desarrollo para las comunidades. Si antes los abuelos conservaban los bosques, líderes jóvenes, como el de Santiago Paati, piensan que es importante utilizar los recursos y las riquezas que hay en el bosque para poder progresar. Así, el discurso de modernidad y desarrollo está fuertemente vinculado con la presencia minera en Mirador. Si bien hay cierto temor por los impactos ambientales, la mayor preocupación de los líderes es que la empresa termine el proyecto sin llegar a ayudar a las comunidades. Al igual que la FESZCH, el líder de Santiago Paati afirma que su comunidad apoyó desde el inicio a la empresa pensando que ésta iba a traer progreso a sus miembros; no obstante, si eventualmente hubo cierto descontento, éste no se debía necesariamente a 118 Líder de Santiago Paati, entrevista enero 2014.

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un rechazo a la minería a gran escala en sí, sino a los incumplimientos de la empresa. Las comunidades han mirado la presencia de la minera como positiva sobre todo por la expectativa de que se generen obras y proyectos importantes como la construcción de carreteras y escuelas del milenio. Así pues, se han construido ciertas expectativas de desarrollo que la empresa y el estado no están cumpliendo. Con el conocimiento de que se han entregado regalías al estado que deberían ser distribuidas por la empresa de Ecuador Estratégico, algunos líderes como Delfín cuestionan el hecho de que los beneficios no llegan a los sectores indígenas. El caso de Santiago Paati es interesante porque la comunidad solamente tiene una hectárea de extensión para todos sus miembros. Como se mencionó anteriormente, Santiago Paati es producto de la división de una comunidad mucho más grande, Paquintza, en cuatro comunidades más pequeñas. En realidad, la tierra donde se asienta esta comunidad fue donada por uno de los miembros de la familia de Paquintza y el resto está destinada solamente para la finca de esta familia. En este caso, la comunidad no está conformada por grupos familiares, que es generalmente el caso otras comunidades shuar (por ejemplo el padre con sus hijos y familias, o los hijos y sus familias o familias emparentadas), sino que la composición es más heterogénea. Esto es el resultado de que la comunidad se forme con algunas familias locales y otras que provienen de comunidades localizadas en la provincia de Morona Santiago (que pueden tener lazos de parentesco con miembros de la comunidad o no) y que de hecho compraron su lote de tierra en ella. Al igual que otras comunidades del área, como San Andrés, la noción de la tierra ancestral o la tierra como fuente de vida no tiene tanto sentido en Santiago Paati porque la comunidad se asienta en una extensión mínima; esto obliga a sus habitantes a buscar trabajo afuera, ya sea en ECSA o, como jornaleros o albañiles, o en lotes que alquilan para poder sembrar. Incluso para aquellos que vinieron de comunidades en

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la provincia del norte dejando grandes cantidades de tierra, éstas ocupan un segundo lugar en las prioridades de la gente y en su supervivencia diaria. De hecho mucha de la población que migró desde Morona Santiago lo hizo porque sus comunidades estaban localizadas muy adentro en la selva, lo que les hacía difícil tener acceso a carreteras y escuelas. En ese caso, el valor del territorio comunitario se considera secundario al valor de estar cerca de zonas urbanas que les ofrecen ciertos servicios. Para el líder de Santiago Paati, el “atraso” en las comunidades de la selva es evidente: En las comunidades de muy adentro es muy triste porque no hay luz ni caminos ni nada y ahora que estamos en contacto con la civilización nos hemos vestido y hemos cambiado algunas costumbres”.119 En consecuencia, el bienestar se entiende en términos de un desarrollo moderno e infraestructura y acceso a beneficios.



Gestionar para progresar

Contrariamente al caso de Yanúa y sus líderes, el presidente de Santiago Paati no está interesado en hacer ningún tipo de activismo en contra de la empresa minera; por el contrario, su gestión política se ha centrado sobre todo en llegar a insertarse y conocer la manera en la que el engranaje burocrático funciona para llevar beneficios a su comunidad. De hecho, si la empresa mostrara interés, también colocaría sus esfuerzos en la acción de llevar una relación productiva con la empresa que le permitiera desarrollar proyectos en Santiago Paati. El líder de Santiago Paati, orgullosamente, muestra los productos de su capacidad de gestión con el municipio y otras instituciones que le han permitido llevar luz y construir una escuela y una casa comunal para los miembros de la comunidad. De la misma manera, conoce perfectamente la dinámica del Plan de Ordenamiento Territorial, al que las comunidades 119 Líder de Santiago Paati, entrevista mayo-agosto, 2014.

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urbanas y rurales deben incorporarse para ser considerados en el presupuesto del municipio y tener acceso a obras de infraestructura y desarrollo. El problema, en este caso, es que la empresa minera parece no estar interesada en desarrollar vínculos con las comunidades que se encuentran en el área de impacto indirecto. Si bien en la administración de la empresa canadiense se llevaron a cabo ciertos proyectos, lo cierto es que en los últimos años, bajo la administración china, las expectativas de desarrollo generadas no se han cumplido. De hecho, ese parece ser un discurso recurrente en todos los niveles, desde las comunidades hasta la federación. Luego de años de la presencia de ECSA en el área, la población shuar se siente decepcionada por una empresa que no cumplió sus promesas de llevar infraestructura y proyectos productivos para beneficio de las comunidades.



Pérdida del territorio, conflictos y fragmentación

Hemos revisado dos tipos de discursos y gestión política que son bastante opuestos y claros; sin embargo, la realidad es que los líderes y miembros de las comunidades manejan discursos y prácticas muchas veces ambiguas y cambiantes en relación con las formas de identidad shuar, con el medio ambiente y con la minería a gran escala. Son algunos los factores que han influido en esta débil articulación de discursos y prácticas, desde una organización política con pugnas de poder y conflictos que han sido exacerbados por las mismas empresas mineras, hasta el manejo del territorio y la conformación de las comunidades. En esta sección analizaré brevemente los dos últimos como elementos que favorecen la dispersión en lugar de la aglutinación de discursos y prácticas. La noción de comunidad entre los shuar ha sufrido una evolución interesante, al igual que en muchas poblaciones de la amazonía. Este concepto realmente no cobra significado para esta población sino hasta la llegada de los misioneros y, más aún, durante el proceso de colonización y reforma agraria

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en la década de los sesenta (Rubenstein 2005). La noción de un “centro” (o una comunidad incipiente) nació de los nuevos “imaginarios” de los misioneros salesianos como una estrategia para facilitar el proceso de educación y evangelización de los shuar al reunirlos alrededor de sus centros misionales y sus internados. Sin embargo, más adelante se convierte en una estrategia de los mismos shuar para defender su territorio y su legitimidad como pobladores ancestrales del mismo. Una década más tarde, en los años setenta, organizaciones comunitarias legalizadas jugaron un papel muy importante como parte de las políticas de desarrollo adoptadas por el gobierno y las oenegés (Troncoso 1999).120 La lógica de organizarse y legalizar las comunidades para recibir beneficios de organizaciones y del estado continúa hasta hoy en día, y es una razón muy importante para vivir en comunidad. Pese a que algunos líderes y miembros mencionan la importancia cultural de vivir juntos, se coloca mucho énfasis sobre la necesidad de organizarse y tener una estructura para beneficiarse del estado. Aparte de estas razones prácticas, las comunidades también se constituyen en espacios importantes de reproducción cultural y construcción de identidades en las que el mantenimiento de las relaciones sociales y de parentesco es crucial. Sin embargo, también pueden ser escenarios en los cuales los conflictos y las pugnas de poder a nivel macro se reproducen a nivel local, y el modelo mestizo y occidental de vida se convierte cada vez más en el modelo a seguir. El caso de la comunidad de Churuwia ilustra muy bien el tema de luchas de poder al interior de un mismo grupo familiar: dos hermanos se disputan la presidencia de la comunidad argumentando que su nombramiento es completamente legal. Cada uno de ellos es reconocido por una Asociación distinta y cada uno de ellos tiene una visión distinta de lo que la comunidad nece120 Para una historia detallada del manejo del espacio y el territorio ver el capítulo sobre territorialidades históricos de Warnaars y Van Teijlingen en esta publicación.

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sita para alcanzar bienestar, porque mientras el uno es resistente hacia la minería, el otro apunta hacia una negociación con la empresa. Como es el caso en muchas comunidades indígenas en la amazonía y el Ecuador en general, la dinámica de las comunidades shuar es compleja. Algunos de sus miembros migran hacia áreas más urbanas o comparten su residencia entre la comunidad y otras poblaciones para tener acceso a educación o a empleos. Este es el caso de la comunidad de Etsa, en la que una gran parte de sus miembros, sobre todo los jóvenes y sus madres viven la mayor parte del tiempo en poblaciones cercanas como Tundayme o El Pangui con el fin de tener acceso a escuelas y colegios. Otros han migrado definitivamente a ciudades grandes e incluso al extranjero, y han dejado su tierra descuidada y sin cultivar. También hay casos en los que miembros de comunidades de Morona Santiago han llegado buscando trabajo o educación, o han venido huyendo de conflictos en sus propias comunidades y se han instalado en comunidades que no tienen suficiente tierra y en las que no tienen relaciones de parentesco, como es el caso de Santiago Paati. En este punto es interesante vincular el tema de las comunidades con la noción del territorio porque en conjunto ayudan a entender la falta de articulación de los discursos y de las estrategias entre la población shuar. Además de las dinámicas complejas que se mencionan arriba, el tema de la conformación misma de las comunidades, en cuanto a territorio y organización, es otro factor a tomar en cuenta. Desde la llegada de los colonos y antes de la legalización de tierras los shuar ya habían comenzado a perder parte de sus tierras. Ya sea por su resistencia al contacto con los mestizos que les obligó a retirarse o replegarse, o a través de “ventas” o intercambios injustos (Rubenstein 2005), los shuar acabaron perdiendo parte importante de sus tierras, las cuales además, desde la perspectiva del estado, no eran productivas. En comunidades como Churuwia, la más extensa hasta el día de hoy, se escucha a sus miembros hacer referencia a todo el territorio que se

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extendía desde lo que hoy es Tundayme hacia la zona de la mina, y que le pertenecía a la familia del abuelo: Realmente lo es que Churuwia, está integrada por la familia Sanimbia y mi padre que es el cacique, gracias a él tenemos terrenos y él es el único que se ha puesto en la posesión de donde vivimos hasta el día de hoy; si no todo hubiese pasado a nuestros parientes que se fueron lejos de aquí y ahora regresaron. Todos estos terrenos fueron de mi abuelo, por ejemplo, el destacamento era la finca de mi padre. Donde es ahora la concesión minera que va a hacer la explotación, ahí vivía mi abuelo Mashendo. 121

Actualmente Churuwia ocupa alrededor de 3800 hectáreas al otro lado del Río Quimi, al este de Tundayme, mientras que hacia al norte se encuentra el destacamento militar y el campamento de ECSA, además, se encuentran un par de poblaciones y fincas de mestizos. Aunque Churuwia se dividió hace varios años y la comunidad de Etsa se creó como un barrio, el título global y comunitario se ha mantenido y ha hecho de esta la comunidad más grande en esta investigación. El caso de la comunidad de Paquintza, por otro lado, es diferente, dado que ya que su división ocurrió por un desmembramiento de la comunidad en el que el título global fue anulado e incluso una parte de la tierra se vendió a mestizos. Si bien la comunidad original tenía alrededor de 1200 hectáreas, actualmente Paquintza tiene solamente 350 hectáreas y las nuevas comunidades como San Andrés y Santiago Paaty tienen nada más que una hectárea de espacio comunal. La desarticulación de territorio y comunidades no es un tema nuevo en la amazonía ecuatoriana. Los shuar no han sido los únicos que perdieron sus tierras a partir de la colonización en los años sesenta. Otros grupos también lo han 121 Miembro Churuwia, entrevista mayo 2014

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hecho con la llegada de la explotación petrolera y todos sus efectos, por ejemplo, en el norte de la amazonía. Justamente por esa pérdida, la lucha por el territorio ha sido una de las prioridades entre muchas organizaciones indígenas de la amazonía; el territorio es clave para la defensa de los derechos indígenas y parte fundamental de la estrategia etno-política de estos grupos (Sawyer 2004; Little 2001; Cepek 2008; Vickers 2003). Sin embargo, el caso de los shuar en Zamora Chinchipe es un poco diferente. Si bien el discurso de la FESZCH y sus dirigentes hace alusión al territorio ancestral de los shuar, en el transcurso de esta investigación ha sido evidente que se han hecho más esfuerzos para negociar con el estado y las empresas mineras para mejorar la situación socio-económica de las comunidades y de la misma federación, que para recuperar el territorio.122 Mientras que, por un lado, solamente dos dirigentes shuar (parte de la Asociación Kakaram) se declararon en resistencia frente a la presencia de la empresa minera y han hecho de la defensa del territorio de la cordillera del Cóndor su bandera de lucha, la gran mayoría de dirigentes en las comunidades estudiadas no están interesados en esa lucha. El ex-presidente de la Asociación El Pangui (que agrupa a varias comunidades de la parroquia de El Guismi), por ejemplo, consideraba que el tema de la recuperación de la tierra era in122 En este caso, una de las excepciones sería el reclamo hecho por la FESZCH para que la comunidad de Paquintza recupere el título global de sus tierras y se expulse a los mestizos que compraron tierras al interior del territorio. Sin embargo, este hecho no necesariamente es respaldado por todas las comunidades, como por ejemplo el presidente de la misma Paquintza, a quien no le interesan los títulos globales. Asimismo, en los últimos meses de su mandato como presidente de la FESZCH, el Padre Jorge Chumapi afirmó que la intención de la FESZCH era demandar que el territorio que se otorgó al Proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor se revirtiera a la población shuar luego de que la extracción llegara a su fin, de lo contrario no permitirían la extracción de los minerales en esa área. Sin embargo parece ser que nunca se llegó a plantear esta negociación.

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defendible porque los mismos shuar se habían encargado de venderla y dividirla. Para él, lo importante era seguir adelante mejorando y desarrollando las comunidades a través de una negociación con las empresas mineras. De la misma manera, otros dirigentes de comunidades estaban más interesados en velar por el bienestar actual de sus comunidades o demandar más beneficios y desarrollo de la empresa; este es el caso de las comunidades de Churuwia, Etsa, Santiago Paati y de la misma Paquintza. En esta última, su dirigente no está interesado en recuperar el título global de la comunidad porque, según él, este título se convertiría en un obstáculo para que cada socio pudiera beneficiarse individualmente de las tierras que les corresponde. Es evidente entonces que la noción de un territorio shuar que hay que recuperar o defender, a nivel de la federación shuar en Zamora, ya sea como parte de un discurso o como estrategia a nivel de organización y comunidades no es consistente. Esta situación, junto con las pugnas de poder y los conflictos que surgen en la misma federación, así como un constante debilitamiento de las comunidades como espacios de construcción identitaria, producen distintos discursos sobre lo que es ser shuar y, por lo tanto, distintas articulaciones con el contexto político y social más amplio. En este caso, la noción de Hall sobre las identidades colectivas que se articulan de acuerdo a distintas posiciones e intereses, en lugar de un sentido compartido de historia y de esencialismos culturales, es todavía más evidente entre los shuar de la federación y del norte de Zamora Chinchipe.

Conclusiones La discusión de este capítulo se ha enmarcado dentro del enfoque de la ecología-política. El análisis de la organización política shuar, así como de sus discursos identitarios se ha hecho en el contexto de la minería a gran escala, tratando de identificar las respuestas locales, posiciones y expectativas

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frente al proceso extractivista, así como las relaciones frente a actores como el estado y la empresa. Desde la perspectiva de la ecología-política, las problemáticas ecológicas tienen un carácter político que debe ser analizado como parte de la relación sociedad- naturaleza. Evidentemente, este enfoque se puede aplicar a los contextos de extractivismo intensivo al intentar comprender las luchas de poblaciones locales por mantener el control de los recursos naturales en su territorio. En este sentido se entiende que los conflictos alrededor de los recursos y su control no solo tienen que ver con asuntos prácticos y económicos en términos de su escasez y disponibilidad, sino que en realidad están muy relacionados con la política, la cultura y la identidad (Perreault y Valdivia 2010). El propósito de este capítulo ha sido evidenciar justamente el carácter etno-político, es decir, político-identitario, que permea las diversas respuestas que la población shuar ha tenido frente al Proyecto Mirador. Cuando los temas de identidad se contextualizan alrededor de los aspectos materiales de la vida, la discusión toma un giro político, pero seguimos entendiendo que las acciones y decisiones políticas producen y llevan significados y valores en sus discursos sobre temas como el uso de los recursos, la naturaleza y el medio ambiente, conceptos de desarrollo, y nociones de lo que significa ser indígena, en este caso ser shuar (Vadjunec et al. 2011, 11). Son precisamente estos temas los que se han buscado discutir en el transcurso del capítulo a partir de los discursos y prácticas políticas desde la federación shuar y desde el liderazgo de las comunidades. Por otro lado, también ha sido un propósito importante de este análisis el evitar hacer simplificaciones alrededor de las posiciones de identidad y las luchas y prácticas políticas, y más bien resaltar las situaciones de conflictividad, fragmentación y diversidad. La razón para este énfasis es el de tener una mirada más amplia en torno a los conflictos alrededor de la minería a gran escala, entendiendo las dinámicas que se han producido no solo a partir de la presencia de la minera,

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sino las que se han dado como parte de un proceso histórico más amplio. En este sentido, si bien aunque el enfoque sobre las dinámicas territoriales123 no ha sido parte de la discusión de este capítulo específicamente, la comprensión de que en un espacio geográfico se construyen distintas formas de apego a este, y de interacciones y relaciones de poder entre los distintos actores que lo habitan, es crucial. Es justamente a partir de las dinámicas territoriales que logramos comprender cierta inconsistencia y diversas posicionalidades de la población shuar en cuanto a definir estrategias y espacios consistentes de resistencia o negociación. He argumentado, por ejemplo, que las nociones de territorio y los significados de comunidad, que son el resultado de un proceso en el que se fueron construyendo las relaciones entre los shuar y la sociedad occidental, han contribuido a la formación de un sentido colectivo frágil frente a la minería y los actores involucrados. En términos de la discusión conceptual de este capítulo, todo apunta a la existencia de un vacío entre los discursos oficiales de la organización (incluyendo las comunidades) en cuanto a la identidad, la importancia del territorio y de las comunidades, y las prácticas políticas que se implementan, con mayor énfasis en el contexto de la minería a gran escala. Esta discrepancia y vacíos son de alguna manera el resultado de un proceso de construcción de las identidades que, como Hall afirma, no es un proceso continuo y consistente sino fragmentado. Sin embargo, lejos de verlo como algo negativo es importante asumir estas identidades y discursos como parte de los constantes intercambios y negociaciones entre los shuar y la sociedad mestiza.

123 En este caso, se entienden las dinámicas territoriales como la noción que comprende las distintas formas de apego/relación, tanto simbólicas como materiales, que distintos grupos y actores construyen constantemente en relación a un espacio geográfico, así como las interacciones y relaciones de poder que se dan en él (Warnaars 2013; Little 2001).

CAPÍTULO 5 Mujeres y la minería a gran escala en El Pangui: una aproximación desde la Ecología Política Feminista María José Yépez y Karolien van Teijlingen

Introducción La llegada de la minería a gran escala al Cantón El Pangui ha introducido diversas transformaciones y conflictos. En este libro y otras publicaciones sobre el caso (Warnaars 2013a; Sánchez-Vázquez et al. 2016; van Teijlingen 2016; Sacher et al. 2016) se destacan los conflictos territoriales y sociales, los impactos ambientales, los cambios en el acceso a la tierra, el tejido social y la economía local, así como el surgimiento de nuevas identidades y movimientos. Dentro de estas investigaciones, se ha examinado los impactos en las comunidades locales acerca de estos cambios y conflictos, incluyendo específicamente la perspectiva de la población indígena shuar. En este sentido, la literatura sobre el caso Mirador en particular, y la literatura sobre la minería en Latinoamérica en general indican que el papel de las comunidades indígenas y de las identidades étnicas han surgido como temas claves (Bebbington et al. 2010; Acuña 2015; O”Faircheallaigh 2013). Un tema menos estudiado en la literatura sobre la minería a gran escala en el Ecuador y Latinoamérica es la posición de las mujeres desde un enfoque de género. Existen solo algunos trabajos académicos que toman en cuenta la perspectiva de género (Barrientos Delgado et al. 2009; Himley 2011; Jenkins 2014b). Además, el tema de género ha estado prácticamente ausente en el discurso y en el debate público sobre

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la expansión de la industria minera en el Ecuador, aunque parece que el interés en este tema se está incrementando últimamente (CIAP 2017).124 Asimismo, ha existido poca atención por parte del sector público y de la misma empresa operante en la superación de las posibles desigualdades de género en cuanto a la entrada abrupta de la minería. La ley minera misma es ilustrativa de este vacío: tan solo un artículo (art. 69) menciona el papel de las mujeres, y lo remite al reglamento. Curiosamente, dicho reglamento no menciona ninguna vez la palabra mujer ni hace referencia a la temática de género.125 Así, consideramos imprescindible identificar el impacto diferenciado que conlleva este cambio para las mujeres con respecto a los hombres (especialmente en el acceso a recursos); así como también consideramos crucial indagar en la forma en que estas relaciones afectan por separado a las mujeres shuar y mestizas moradoras de la zona. La presente investigación busca romper con esta ausencia y contribuir hacia una aproximación desde la ecología política feminista (Rocheleau, Thomas-Slayter, y Wangari 1996) a las experiencias, vivencias y testimonios de distintas mujeres en el contexto de la minería a gran escala, en la zona del mega-proyecto minero Mirador. Las experiencias recogi124 Particularmente organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel importante en llamar la atención al patriarcado y la dimensión de género en relación al extractivismo. La Fundación Rosa Luxemburgo, por ejemplo, organizó el Encuentro Regional de Mujeres y Feminismos Populares en junio de 2013, en el cual el extractivismo fue un tema central. Asimismo, en el evento Jornadas “cordillera del Cóndor, su biodiversidad, su gente y las amenazas de la megaminería” realizado en Quito en mayo 2017 se dedicó una mesa al tema.

125 Esta falta de atención sobre el tema minero y las inequidades de género en el debate político pueden ser causadas por la normalización de la posición de la mujer en la sociedad. El tomar a la minería como un oficio típicamente masculino, dificulta el acceso de las mujeres a nuevas formas de subsistencia, dado el cambio en su relación con la tierra. Sin embargo, estos impactos y desigualdades, si bien están camuflados y disimulados por esta normalización, están presentes en la vida de las mujeres.

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das desde la multivocalidad de las mujeres shuar y mestizas residentes en la zona nos da luces acerca de los impactos diferenciados que se presentan con el advenimiento de la minería. Se intenta reflejar la experiencia de las mujeres del área y su visión sobre los cambios, y conflictos que se despliegan frente al mismo. No obstante, como también lo señalan (Mollett y Faria 2013), es necesario reconocer que las voces de estas desigualdades se extienden a un contexto mucho más amplio, y que no termina con la cuestión de género, sino que plantea interrogantes acerca de cómo variantes tales como las de etnia y clase influyen en la perpetuación de estas desigualdades. A continuación, introducimos nuestro marco analítico, la ecología política feminista (Rocheleau et al. 1996; Mollett y Faria 2013), y reseñamos brevemente la literatura sobre las mujeres y la minería a gran escala en Latinoamérica. Después presentamos una primera aproximación a tres temas claves que surgen de la literatura incipiente sobre minería y mujeres en Latinoamérica: las transformaciones territoriales y sus implicaciones para las vidas de las mujeres; la situación laboral de las mujeres en el proyecto Mirador, y el papel de éstas en el activismo anti-minero de la región. Esta investigación está basada en entrevistas semi-estructuradas con las habitantes colonas y shuar de la zona. Estas entrevistas fueron principalmente efectuadas en el mes de noviembre de 2015126 en el cantón El Pangui, y entre ellas se encuentran: • 12 entrevistas realizadas a mujeres mestizas de Tundayme, Valle del Quimi, San Marcos y El Pangui. Entre estas mujeres se incluían lideresas comunitarias, 126 Este trabajo de campo formó parte de un proyecto de investigación más amplio realizado por la segunda autora de este capítulo. Si bien la mayoría de las experiencias en las que se sustenta el capítulo fueron recogidas durante el periodo indicado, fueron comparadas y complementadas con trabajo de campo realizado en 2012, 2014 y 2015..

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dirigentes, comerciantes, campesinas y participantes de frentes femeninos. • 7 entrevistas efectuadas a mujeres shuar de Santa Cruz, Mirador, San Francisco de Paquintza, Tundayme y Churuwia. • Entrevistas a distintas entidades, tales como el Municipio de El Pangui, la Unidad de Policía Comunitaria de Tundayme, la oficina de relaciones comunitarias de ECSA, la CONAIE y la oenegé INREDH.



Una ecología política feminista de la minería a gran escala

Desde la ecología política, se puede definir el conflicto acerca de Mirador como un conflicto ecológico-distributivo (Martínez-Alier 2003) en la que los impactos y beneficios de la minería se distribuyen de forma desigual. Dicha distribución se configura a raíz de las relaciones de poder que existen entre el estado, la empresa y grupos de la población local, como también las relaciones al interno de estos distintos actores. Por ende, los grupos marginalizados y menos poderosos por lo general soportan el peso de los cambios ambientales (Leff 2003), generados en este caso por la minería a gran escala. Así, la minería a su vez tiende a generar y reforzar las asimetrías de poder y las relaciones de dominación. Para mostrar las implicaciones del proyecto minero, las desigualdades, los conflictos y los cambios ambientales que conlleva para la población femenina utilizamos la Ecología Política Feminista como punto de referencia.127 Este marco 127 La ecología política feminista recoge muchos elementos del ecofeminismo, que es otra perspectiva frecuentemente usada para estudiar la relación entre la naturaleza, procesos de cambio ambiental y las mujeres. El ecofeminismo sigue al feminismo radical al observar la estructura de poder patriarcal como el origen tanto de la destrucción de la naturaleza como la dominación de la mujer. Algunos trabajos tempranos del ecofe-

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analítico pone énfasis en el género como variable clave en los procesos de acceso y control de los recursos, la distribución de impactos ambientales, el conocimiento ambiental y las relaciones con la naturaleza (Rocheleau et al. 1996; Hawkins et al. 2011). El género se torna . toma de decisiones, así como el contexto económico, político y social y en el que se desenvuelven las políticas públicas y las prácticas ambientales. Este abordaje de las relaciones de poder incluye un análisis a una escala que va más allá de la comunidad; lleva a considerar las relaciones de poder dentro de la familia y sobre el cuerpo (Elmhirst 2011). Es importante recalcar que la Ecología Política Feminista “se centra en el género, al mismo tiempo que incluye discusiones sobre la forma en que la clase, raza, la etnicidad y la nacionalidad interactúan” (Rocheleau et al. 2004, 352). Este enfoque parte de la idea de que nuestra identidad y posición de poder no se define en base a una sola subjetividad, sino que las personas tenemos identidades múltiples y fragmentadas (Elmhirst 2011). Estas identidades se basan en el género, pero también en la etnicidad, la religión, la clase, la sexualidad, etc. Esto, a su vez, resalta la interseccionalidad, en la que la marginalización por relaciones de género interactúa con – y constituyen– otros tipos de marginalizaciones con base en estas identidades fragmentadas (Jenkins 2014a; Mollett y Faria 2013). Por esto, en este capítulo nos enfocaremos también en las diferentes experiencias en que se puede dar la etnicidad de las mujeres, a saber, las mujeres shuar y colonas. Como mencionamos anteriormente, el enfoque de género ha sido escasamente aplicado a la minería a gran escala en

minismo han subrayado la estrecha vinculación entre la mujer tienen y la naturaleza, señalando su papel de cuidadoras de la naturaleza y de la vida. A pesar de que algunos trabajos y movimientos aún promuevan esta noción, el ecofeminismo ha ido más allá de este esencialismo a visibilizar “los procesos sociales que han llevado a codificar y jerarquizar las relaciones de género con la naturaleza” (Leff 2004).

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Latinoamérica. Sin embargo, Himley (2011) y Jenkins (2012, 2014a, 2014b) nos dan algunas pautas acerca de la situación de las mujeres en contextos de minería. Ellos problematizan las consecuencias que éstas encuentran en el acceso a recursos, en su situación laboral, familiar y social, y de esta forma logran mostrar que existe una repercusión real en el ser mujer en un contexto extractivo. El cambio en las relaciones con la tierra, ya sea por venta, despojo o contaminación, predispone a la modificación de las actividades productivas relacionadas a ésta. Himley (2011) habla de la transformación de las formas vida y de (re)producción de las comunidades, así como de las divisiones de trabajo anteriores a “la empresa”. Jenkins (2014a) enfatiza la idea de que estos cambios afectan más a las mujeres que están encargadas del cuidado y la nutrición de la familia. Esta transformación viene acompañada por tensiones, intimidaciones y violencia generada por procesos de expropiación, conflictos de tierra, la intervención de fuerzas públicas, la agencia de la seguridad privada y la llegada de mano de obra masculina foránea. Himley (2011) y Jenkins (2012) nos advierten además que el cambio en las relaciones con la tierra y las prácticas productivas predisponen a las mujeres a confrontarse con desventajas en el acceso a fuentes de trabajo ofrecidas por las mineras. Esto se intensifica por la existencia de los roles de género determinados históricamente en las sociedades andinas. Himley (2011) indica que esta asignación influye en la posibilidad de acceso a recursos, en lo que respecta al beneficio directo de la actividad extractiva para las mujeres. Las mujeres se ven obligadas a trabajar en labores consideradas “femeninas” (Jenkins 2014a) como lavanderas, cocineras, jardineras, etc. En resumen, la pérdida del acceso a la tierra como principal fuente productiva, precariza la situación de las mujeres y las impulsa a un trabajo asalariado, que además no tienen la garantía de conseguir. Si bien los cambios en las formas de vida, en las relaciones sociales y laborales afectan a hombres y mujeres, estas dinámicas conllevan ciertas precariedades es-

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pecíficas para ellas. La violencia generalizada, la inseguridad, el acoso, la llegada de mano de obra masculina y las escasas oportunidades laborales generan temores, incertidumbres y limitaciones para las mujeres y sus familias. A su vez, frente a estos temores, algunas mujeres han generado estrategias que se presentan como una forma de respuesta y de inconformidad hacia los impactos de la minería. El activismo anti-minero se presenta así, como una forma efectiva de luchar por espacios de participación inclusivos para las mujeres, a la vez que comparten la historia de explotación compartida con la naturaleza, por parte del régimen de género (Rocheleau 2004). En este activismo, las mujeres evocan imágenes femeninas de la Pachamama y de guardianas de la naturaleza, como forma para legitimar y fortalecer sus reivindicaciones, pensando en el futuro de las próximas generaciones. El activismo anti-minero se constituiría así, como un catalizador de empoderamiento de las mujeres de los sectores rurales, y ayudaría a redefinir la feminidad desde lo que la minería significa en realidad para las mujeres en las comunidades más empobrecidas (Jenkins 2012; 2014b).



Experiencias de la población femenina con el proyecto Mirador

Si bien el Proyecto Mirador aún no inicia su fase de explotación, ya se visibilizan los primeros efectos y los pobladores de la zona, ya anuncian y se posicionan frente ellos (Sacher et al. 2015; López Fabra 2014; van Teijlingen 2016). En esta sección entonces, analizamos el papel que desempeñan las mujeres dentro de estos procesos de cambio, detallamos cuál es su posición dentro del conflicto, y qué implicaciones tiene el mismo para sus posibilidades de subsistencia, acceso a recursos y seguridad. Es además necesario revisar la situación de las mujeres en sus contextos laborales, y sus posibilidades de emancipación económica. Finalmente, resaltamos las respuestas que las mujeres

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han formulado frente al tema minero y su vinculación con la resistencia al proyecto. En nuestro análisis, como antes señalamos, tomamos en cuenta los escenarios de interseccionalidad, es decir, de qué manera las mujeres shuar y mestizas habitantes en la zona observan estos cambios de manera diferenciada.



Relación con la tierra y cambios para las mujeres shuar y mestizas

En el cantón el Pangui, se reúnen distintos grupos que han ido entretejiendo una relación particular con el territorio a lo largo de su historia: los shuar, los colonos o mestizos, y ahora, se introduce otro actor dentro de la territorialidad y su manejo, a saber, la compañía ECSA. Las relaciones con la tierra, las formas de vida y relaciones de género se han transformado durante la historia de ocupación del territorio por parte de estos grupos.128 Dentro de la multiplicidad de voces que las mujeres despliegan a favor o en contra de la minería, está claro que tanto las mujeres shuar como las mestizas comparten una relación particular con la tierra, fruto de esta historia. Este vínculo establecido con la tierra estaba dado por las actividades que usualmente se practicaban en éste, las cuales posibilitaban una forma característica de producción y reproducción de la vida comunitaria. Tradicionalmente, la forma de subsistencia de los shuar se caracterizaba por una gran movilidad semi-nómada, actividades de caza, recolección pesca y el cultivo de plantas en pequeños huertos (Harner 1984; Bustamante 1988). Además, desempeñaban actividades como la visita a los ríos y cascadas como sitios de poder, la ingesta de plantas ancestrales como parte de su espiritualidad, oficios relacionados con la guerra y fiestas y celebraciones particulares de su pueblo. Garcés Dávila (2006) ha analizado la posición de la mujer en comunidades 128 Véase también el capítulo de Van Teijlingen y Warnaars en este libro.

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shuar en Morona Santiago y expresa que anteriormente sus actividades diarias se marcaban por una división de espacios asignados al hombre y a la mujer: “el ámbito de la selva y la cacería son esencialmente masculinos, complementados con el doméstico y de la chacra, establecidos como femeninos, lo cual permite un proceso de desarrollo de identidades de género claramente definidas” (Garcés Dávila 2006, 14). Esta segmentación espacial129 se reflejaba en una división de trabajo por el género, entendida de forma que “las mujeres son las encargadas del cuidado de la familia, de la producción de la huerta y de la elaboración de la cerámica; los hombres, en cambio, tienen a su cargo la cacería y la defensa de la familia” (Garcés Dávila 2006, 50). Otros trabajos afirman que el cuidado de la huerta, la elaboración de la chicha y la comida, el cuidado de los hijos y del hogar eran actividades que se consideraban tradicionales para las mujeres shuar (Karsten 1935; Harner 1984; Ujukam et al. 1991), que además le conferían estatus social dentro de la comunidad (Mader 1999). Este tipo de divisiones de trabajo y el acceso a espacios y recursos por el género también predominaron en El Pangui, como nos confirmó una mujer shuar entrevistada al indicar que su relación con la tierra y el trabajo estaba marcada por el cultivo y el cuidado de su huerta, de sus animales domésticos, y con la elaboración de la chicha y la comida tradicional: En la vida diaria, el varón pues trabajaba, así haciendo huerta, sembraba plátano. Y la mujer era sembrar yuca y tener una huerta muy aparte ella, sólo de yuca y camote; y la yuca 129 Mader (1997) y Ujukam et al. 1991, vinculan la asignación de la esfera doméstica al control masculino sobre la sexualidad de las mujers. Karsten (1935, 124) relata que esta división de espacios y labores se relacionaba además con la distinción que los shuar hacían entre las plantas femeninas y masculinas. La yuca, el camote y la calabaza (que representaban gran parte del dieta de los shuar) eran consideradas plantas femeninas, y por ende se consideraban las huertas y el labor de cultivarlas dominio exclusivo de las mujeres.

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blanca era para comer, la yuca amarilla para hacer la chicha. Y se iban, cada mañana se iban a la huerta a hacer la limpieza, y ya traían agüita para la casa, y cuando ya no había chicha en la olla ya se iban a sacar agüita para hacer chicha, y ya no hacía falta el marido. Y esa era la mujer, y era trabajadora y obediente, tenía que hacerle la chicha al marido, servir y atender visitas. No tenía que ser mal genio.130

Con la llegada de la educación religiosa y las misiones evangelizadoras se dio la transición de los shuar hacia un modo de vida “católico” (López Fabra 2014; Alonso Pajuelo 2014). Tanto la entrada de los misioneros como la colonización que la siguió cambió en gran medida su uso del territorio, las formas de cultivo y lenguaje y, con éste, muchas actividades tradicionales. Elke Mader (1999) y Garcés Dávila (2006) expresan la afectación específica que este cambio tuvo para las mujeres shuar. El cambio a una vida sedentaria y la introducción de la ganadería cambió las actividades de subsistencia y las actividades de cultivo por parte de la mujer. Igualmente, la introducción del trabajo asalariado –en que principalmente los hombres participan– alteró las actividades de subsistencia, la nutrición de la familia y las relaciones de poder dentro de la familia. El surgimiento de organizaciones políticas y centros shuar por defensa del territorio introduce además nuevas estructuras de liderazgo y poder relacionados al acceso a la tierra en que, nuevamente, solo participan los hombres. Es además importante resaltar que la colonización en las primeras décadas transformó radicalmente la estructura de la población por sexo de manera que había más que mil hombres por cada mujer (Bustamante 1988),131 lo cual causó una fuerte masculinización del territorio y la vida social. Algunas de las 130 Mujer shuar, 37 años, Paquintza, 25 de noviembre de 2015.

131 Información proveniente de los censos de 1974 y 1982. A pesar de que estos censos probablemente no cubrieron toda la población rural y shuar, da una indicación de la demografía en ese tiempo.

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mujeres relatan además el cambio en la composición familiar y en el idioma, puesto que “ya se casan con mestizos”132 y pocas de las entrevistadas indican que enseñan el idioma shuar a sus niños. Pese a todos estos cambios, los habitantes shuar de la zona seguían conservando algunas de sus costumbres, tales como la pesca, la caza, la horticultura y la recolección de plantas medicinales. Las mujeres además mantuvieron un papel primordial en la reproducción social y el cuidado de los hijos, a pesar de que este cuidado también se cambió debido a que los niños asistieron a escuelas o en algunos lugares permanecían en los internados de los misioneros. La relación con el territorio, las actividades de subsistencia y la cultura de los shuar – y con eso las relaciones de género – se encuentran entonces en un proceso de transformación constante por la interacción con la cultura mestiza, la economía, la religión y la educación impartidas desde las misiones y los mismos colonos. Sin embargo, nuestro trabajo de campo muestra que con la llegada de la minería ha resultado en la profundización y aceleración de estos procesos de cambio de las relaciones de género. En primer lugar, la actividad minera afectó al acceso al territorio y los recursos de las comunidades shuar. La contaminación de los ríos, producida en un primer momento por la colonización con el ganado y pastoreo, y en un segundo momento con la actividad minera (Sacher et al. 2015), ha cambiado la construmbre de usar los ríos para pescar, recoger agua para la cocina, bañarse y lavar la ropa – actividades desempeñadas principalmente por las mujeres. Una mujer shuar de la comunidad Mirador afirma esto, diciendo que “ya está contaminado el río [Quimi] con lodo y ya no se pesca nada. Antes eran gorditos y tenían un buen sabor, pero ahora son insípidos.”133 Esta contaminación del agua percibida por muchas mujeres shuar se expresa además en preocupaciones 132 Mujer shuar, 37 años, Paquintza, 25 de noviembre de 2015. 133 Mujer shuar, 32 años, Mirador, 27 de noviembre del 2015

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sobre la salud de sus hijos. Asimismo, la presencia del proyecto causó la reducción y el cercamiento (enclosure) de los bosques y el aumento del ruido, lo que obstaculiza la actividad de la caza, principalmente en lo que se refiere a los sahínos usualmente presentes en la dieta de los shuar (López Fabra 2014). Si bien el proceso de expropiación afectó mayoritariamente a las mujeres colonas, también existen familias shuar expropiadas.134 La presencia de la empresa además ha causado una presión generalizada sobre las tierras de las comunidades shuar, lo que generó conflictos territoriales y la urgencia de que la propiedad sobre la tierra sea formalizada.135 En estos conflictos y negociaciones (y las medidas compensatorias que resultaron de éstos), los centros, asociaciones y federaciones shuar juegan un papel importante. Como indicaremos más adelante, el liderazgo de éstas organizaciones políticas está formada mayoritariamente por hombres, lo que tiende a excluir las voces de las mujeres de estos espacios de toma de decisiones. La contaminación, los recientes conflictos territoriales, las expropiaciones y la obstrucción de las áreas de caza ha cambiado el acceso de las mujeres a los recursos, y así ha cambiado de forma directa sus actividades de subsistencia. Según varios de sus testimonios, muchas mujeres están dejando la producción en la huerta y la preparación de productos de la caza, y acuden al mercado para comprar alimentos. Este proceso confluye con un segundo proceso de cambio generado por la minería: la alteración de la economía local y el mercado laboral. Como veremos adelante, el proyecto minero constituye una fuente masculinizada de trabajo asalariado, lo que incentiva muchos hombres shuar a buscar trabajo en la mi134 En Sta. Cruz de desalojaron varias familias shuar. Además, se conoce el caso de los Mashendon y la señora Rosa Wari.

135 Aquí se destacan el caso de Yanúa, San Carlos Numpaim, San Andrés, Paquintza y Sta. Cruz donde se han presentado conflictos territoriales, intenciones de formalizar titulos territoriales (colectivos y privados) o negociaciones con la empresa.

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nería. A más de que esto introduce nuevas desigualdades y dependencias en las relaciones de género dentro de las familias, induce una vida más urbana y el trabajo retribuido como una forma creciente de sustento en las comunidades shuar. Estos procesos de urbanización y modernización tienen sus repercusiones sobre la división de trabajo en las familias y comunidades shuar, y así se lo expresa en las vivencias de las mujeres: Ya no es así. Ahorita el marido trabaja, y el que tiene yuca, tiene, y el que no tiene no tiene. La mujer ahorita ya no tiene ese rol que había antes. Antes las abuelitas tenían cada una su huerta, y le decían así a la vecina que le venga a ayudar a limpiar, le regalaba la yuca, le ayudaban a limpiar, pero ahorita ya no, aquí ya no.136 

En un tercer lugar, el cierre de las escuelas en algunas comunidades shuar, es a raíz de la construcción de la Escuela del Milenio – un proyecto que es parte de la redistribución de las regalías mineras – resulta en cambios de relación con la tierra y la comunidad. El cierre de estas, motiva a las mujeres a vivir en los centros urbanos cercanos a las escuelas que permanecen abiertas a realizar trabajo asalariado para poder pagar el transporte escolar. Para algunas mujeres shuar, los cambios generados por la minería en sus vidas se presentan como algo anhelado. Como explica una mujer shuar137 con la minería “se mejoró, la gente ya no vive en casitas de madera, tiene carro, negocios ¡Mejorados!”. Discursos sobre la “modernización” y el “progreso” son usuales en estos contextos, y así lo declaró una de las entrevistadas: “siempre quise tener yernos colonos, porque hablan más de dinero, de progreso”.138 Otras mujeres shuar entrevis136 Mujer shuar, 37 años, Paquintza, 25 de noviembre de 2015. 137 45 años, Tundayme, 2 de diciembre de 2015.

138 Mujer shuar, 37 años, Paquintza, 25 de noviembre de 2015. Estas declara-

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tadas ven en la minería una amenaza para sus comunidades y formas de vida, y se empeñan en la defensa de la naturaleza como parte de la cultura en relación a sus tradiciones. Su relación con la tierra se enmarca en la ancestralidad de su territorio y la variable identitaria que asocian con éste, según una mujer habitante de una comunidad shuar el “abandonar el territorio es que nos quiten la vida”.139 Ven en la tierra las condiciones para la reproducción de su cultura y la oportunidad de que su lengua, vestimenta y tradiciones (caza y pesca) no se vean afectadas. Como una mujer shuar140 indica: “No se puede vender a una madre, porque para nosotras la tierra es nuestra madre. En ella cultivamos, de eso respiramos”. Para el caso de las mujeres mestizas pobladoras de la zona, observamos algunas diferencias en la forma en que sus relaciones con la tierra fueron impactadas por la presencia de la minería a gran escala. Si bien no se ha publicado un estudio a profundidad de sus actividades tradicionales antes de la llegada de la minería, según las entrevistadas, éstas están relacionadas con un modo de vida caracterizado por la ganadería y la agricultura. Para las colonas campesinas, su relación con la tierra se vincula a su defensa por el territorio en el conflicto fronterizo de 1995, así como sus actividades de producción tradicionales, tales como la ganadería y agricultura. Desde el proceso de colonización que se dio con el IERAC, las mujeres que llegaron a colonizar la zona se dedicaron al cultivo (y a veces también comercialización) de hortalizas, la preparación (y venta) de productos lácteos, la crianza de animales pequeños y el cuidado de los hijos; los hombres generalmente se dedicaban al ganado, la tala de árboles y ocasionalmente trabajo ciones obviamente deberíamos poner en la perspectiva de los discursos raciales que acompañaron la colonización y la modernización (Rubenstein 2001), sin embargo eso no debería llevarnos a negar la fuerza significadora de estas ideas para estas mujeres.

139 Mujer shuar, 37 años, Paquintza, 25 de noviembre de 2015. 140 35 años, Churuwia, 28 de noviembre de 2015.

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asalariado. Algunas mujeres mestizas reiteran que nunca han vivido de la minería e identifican a la actividad agrícola como su principal fuente de subsistencia, a pesar de que tuvieron una modesta participación en el trabajo asalariado y la comercialización de sus productos. Nuestro trabajo aquí no ha sido la minería, nunca ha sido. Nosotros tenemos, como ve usted, ésta casita, tenemos a nuestros hijos preparados, y todo es porque hemos trabajado en la ganadería y en la agricultura. O sea, labrando nuestra madre tierra para así poder comer, y poder dar educación a nuestros hijos. Nosotros de la pura minería no vivimos, ni pensamos, ni queremos.141

Al igual que las mujeres shuar, los cambios en sus relaciones con la tierra tienen que ver con la forma en que la minería ha impactado en el acceso a los recursos, las oportunidades de trabajo y las repercusiones que esto tiene sobre las relaciones de género, la desigualdad de poder y las actividades diarias de subsistencia. Al recorrer El Pangui y Tundayme, estos cambios en relación a la tierra son experimentados e interpretados de formas muy distintas. Para Martínez Torres (2014), lo que está en disputa en estas relaciones tiene que ver con las visiones disyuntivas sobre el papel de la minería o la agricultura como condiciones para la continuidad de reproducción social y cultural en Tundayme. Las mujeres que se encuentran a favor del proyecto, ven en la minería una oportunidad para el desarrollo y el “progreso”, como una fuerte motivación en su concepción territorial. Las oportunidades laborales y el incipiente discurso sobre modernización son un tema frecuente en la defensa de la actividad extractiva en la zona. Estas mujeres son sobre todo las que han podido aprovechar el auge en negocios y empleo que conlleva la actividad minera. 141 Mujer mestiza, 60 años, El Pangui, 26 de noviembre de 2015.

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Por otro lado, para las mujeres mestizas en contra de la minería, la identificación con la tierra se relaciona además con la defensa colectiva de la misma, la lucha por la salida de la empresa en el 2006, así como con la continuidad de sus formas tradicionales de subsistencia. La defensa por los recursos naturales como fuente primaria para la realización de estas actividades, están relacionadas con el rechazo hacia la minería como fuente de contaminación del agua para los sembríos y los animales. Estas mujeres no han visto mejoras en su calidad de vida desde la llegada de la minería, y en su lugar se ven afectadas por la contaminación percibida, el proceso de compra-venta o los desalojos en la zona. Y, por ende, señalan una pérdida en el contacto con la tierra con la llegada de la minería. Dentro de las actividades agropecuarias usualmente desempeñadas por ellas, advierten que “ya hay impactos, ya no hay de qué vivir”.142 Ya que las mujeres son menos propensas a participar en el trabajo asalariado que los hombres, éstas se dedican principalmente al cuidado y la salud de la familia, lo cual supone una carga fundamental para ellas. Al respecto una mujer declara: “Las mujeres, algunas han ido a la minería por trabajo. Pero las mujeres tienen la idea de siempre respirar aire puro, de vivir en el campo”.143 Muchas de ellas recalcan los efectos de la contaminación en el ambiente, y temen por el futuro de las próximas generaciones (sus hijos, nietos, etc.) así como los efectos a largo plazo de la minería: “como mujeres y amas de casa, no se sabe qué va a pasar con la tierra”.144 Una diferencia con las mujeres shuar, es que la expropriación y los procesos de servidumbre tuvieron un papel mucho más fuerte y directo en los testimonios de las mujeres colonas. Como veremos adelante, estas mujeres com142 Mujer mestiza, 60 años, El Pangui, 26 de noviembre de 2015. 143 Mujer mestiza, 60 años, El Pangui, 26 de noviembre de 2015.

144 Mujer mestiza, 38 años, San Marcos, 26 de noviembre de 2015.

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partieron experiencias fuertes acerca de la represión que sintieron por defender sus tierras. Sin embargo, a un nivel más estructural observamos que el proceso de cambio de acceso a la tierra ha tenido otra implicación específica para las mujeres colonas, que muchas veces pasa desapercibida incluso por ellas mismas. Salvo algunas excepciones, entre los colonos era usual registrar el título de propiedad de la tierra a nombre del hombre. Al respecto, algunas mujeres nos contaron que las negociaciones de compra y venta por parte de la empresa se dirigieron principalmente a éste, sin tomar en cuenta la voz y las necesidades de la mujer en la negociación del precio u otras formas de compensación (como también lo afirma CIAP 2017). Es más, en por lo menos dos de los casos en que la propiedad estaba registrada a nombre de la mujer, supimos que las negociaciones con la empresa tuvieron lugar con los hijos de las mujeres. Una de ellas explicó que eso se dio así porque ella no sabía leer ni escribir, y “no sabía de esas cosas”.145 Esta exclusión ha causado que los hijos negocien las fincas por cierto tipo de compensaciones, sin que esto fuera concertado con ellas, causando una precariedad específica para estas mujeres en cuanto a la tenencia de la tierra. Llama además la atención en las entrevistas con las mujeres colonas el hecho de que, con la llegada de la minería se ha producido una desunión particular en las comunidades, a causa de la pérdida de las fiestas y de espacios comunes, así como el aumento de las riñas entre vecinos y al interior de las familias. Nos informaron que la incertidumbre y separación entre familias y habitantes se generó a partir de la transición en las formas de subsistencia, agravadas por el impacto de los desalojos y los desacuerdos que se dan dentro de las comunidades, la venta de los terrenos y la pérdida de la tierra.

145 Mujer mestiza, 72 años, San Marcos, 27 de noviembre de 2015.

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Creo que por ahí a veces se pelean las familias. Cuando nosotros vivíamos allá en San Marcos hacíamos mingas para limpiar el agua, o para hacer algún huerto para sembrar cacao, ahora ya no. Ahora todo se perdió. […] Entre vecinos también, unos son proveedores, otros no y ya se envidian. Entonces antes vuelta todos vivíamos de la agricultura, de la ganadería.146

Como promotoras de la vida comunitaria, asocian el cambio en las costumbres y de las relaciones comunitarias, con el cambio en las relaciones con la tierra. Varias de las mujeres colonas hablan de un hecho específico desde el cual se perdieron muchas actividades relacionadas a la vida comunitaria, como la venta de las tierras y la demolición de la iglesia de la comunidad de San Marcos. Desde este suceso, se han abandonado ciertas prácticas tales como las tradicionales fiestas de San Marcos, en honor a la celebración de su patrono, la preparación de la comida comunitaria, la realización de mingas en la zona, el deporte, los bailes y las reuniones intercomunitarias. En estas actividades de reproducción social de la vida comunitaria, las mujeres desempeñaban un rol especial en la organización del evento y preparación de la comida y las fiestas: Teníamos la tradición de San Marcos. Era lindo en aquellos tiempos: participaba la gente, hacían las vacas locas, se reunía la gente, hacía almuerzo, hacían juegos de vóley. Era bonito, cada año hacíamos esa tradición de San Marcos, de festejar, y ahora ya nada.147



La violencia de género y el espacio público

Otro tema de preocupación para las casi todas las mujeres entrevistadas, shuar y colonas, alude al aumento de la vio146 Mujer mestiza, 25 años Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

147 Mujer mestiza, 25 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

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lencia de género, el acoso y el alcoholismo que acompaña la expansión del proyecto minero. Jenkins (2014) menciona que, en el ambiente de violencia exacerbado desde la llegada de la minería, las mujeres y niñas son más vulnerables y añade que éste es frecuentemente acompañado por un aumento del alcoholismo y la violencia doméstica por el acceso al trabajo remunerado de los hombres en la comunidad, lo cual veremos que se confirma en este caso también, puesto que es un tema de preocupación para casi todas las mujeres entrevistadas, shuar y colonas. Ellas también apuntan al aumento de la violencia de género, el acoso y el alcoholismo que acompaña la expansión del proyecto minero como una fuente de intranquilidad. Algunas mujeres advierten mayor presencia de los mismos desde la llegada de la minería y con el advenimiento de mano de obra foránea. Así, nos cuentan cómo afecta (el posible riesgo de) la inseguridad y el acoso en el espacio público específicamente hacia las mujeres y las niñas: Yo veo muy cambiado porque, o sea, ahora ya no hay cómo nomás tener confianza y por ahí estar no más caminando tranquilos. O sea, mi hija se va a jugar y ya es medio complicado por mucho carro que hay. […] Porque hay amenazas también. Hay un señor también que se quería propasar conmigo. O sea, sola yo también venía. Entonces imagínese, ellos vienen, trabajan a aquí y empiezan ya a abusar de uno, de la nobleza de uno. O sea, a mí me quisieron ya... invitándome así a un hotel, imagínese, feo. No, antes nosotros vivíamos tranquilos. Cuando estaban los canadienses tampoco eran así como ellos, como éstos de ahora, los chinos se ríen y nos silban así, o sea, ya no estamos como seguras nosotras aquí ya.148

148 Mujer mestiza, 25 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

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Hay tanto hombre ahorita, mucho hombre, mucho peligro. Ya hay una duda ya. Están hechos los que andan trabajando, andan por las fincas, se meten en fincas privadas, andan metiéndose diciendo que están trabajando y están echados. Ya no hay cómo. Es que póngase un caso: una chica que le manden y le coge y les puede pasar cualquier cosa, imagínese ¿quién le auxilia? no hay quién auxilia, más antes se vivía tranquila. Antes se trabajaba muy tranquilo, no había ese peligro. Ahorita ya no hay cómo vivir en tranquilidad.149

Con la entrada de hombres trabajadores desde otras partes del país y desde la China, también se ha abierto un prostíbulo en las afueras de Tundayme. Este tipo de espacios sociales sumamente masculinos suelen surgir con la expansión minera, y forman lugares en que se producen y reproducen relaciones desiguales de género (cf. Barrientos Delgado et al. 2009). Al momento de preguntar a las mujeres por la presencia del cabaret, las mismas afirmaron que es un tema delicado y que les preocupan los efectos que genera en las comunidades aledañas y en las familias y jóvenes de Tundayme. Estos miedos se confirman en varias investigaciones que relacionan la prostitución en áreas mineras con altos indicios de violencia de género (tanto para las trabajadoras sexuales como en la violencia doméstica), de alcoholismo y de enfermedades de transmisión sexual (Jenkins 2014a; Cartwright y Singer 2016). Al mismo tiempo algunas mujeres nos comunicaron que este espacio ofrece una – muy dudosa – “ventaja”, ya que desde su punto de vista “evita las violaciones de las niñas en la zona”.150 Estos testimonios muestran que la violencia de género es uno de los temores principales de las mujeres que ha generado la llegada mano de obra masculina y el prostíbulo. A su vez revela las dominantes imagenes de masculinidad –en 149 Mujer mestiza, 72 años, San Marcos 27 de noviembre de 2015. 150 Mujer mestiza, 37 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015.

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las que el trabajador minero figura como acosador y potencial violador que necesita de un prostíbulo para su “desfogue”– que las mujeres tienen al respecto. Estas experiencias, temores y nociones de masculinidad tienen repercursiones reales en las vidas de las mujeres y su relación con el territorio. A consecuencia del percibido aumento de la inseguridad, las mujeres nos informaron que ya no se mueven tan libremente por el espacio público o por sus propias fincas. En lugar de esto restringen también a sus hijas el acceso a estos espacios. Con la llegada de la empresa en el área, se genera entonces un control y restricción sobre la movilidad de las mujeres, generando una limitación sobre su libertad que antes no se había conocido, lo cual crea desigualdad de género en el uso y acceso al espacio público. Adicionalmente a estas experiencias cotidianas de violencia y acoso, las mujeres informan sobre episodios específicos de violencia y militarización relacionados al proyecto minero. Sobre todo, los desalojos en el año 2015 han dejado memorias de violencia y han aumentado el clima de incertidumbre en la población femenina. Las mujeres relatan cómo una malla de 135 policías las despertó en la madrugada y las forzó a abandonar su hogar en menos de 15 minutos: “vinieron un montón de policías, dijeron “nosotros tenemos la orden de a toda costa destruir […] y en el susto no hay tiempo de coger nada”.151 Otra entrevistada nos cuenta: “a nosotras nos arrastraban hasta allá, hasta botar la casa con la retroexcavadora, y de ahí nos soltaban ya cuando la casa estaba en el suelo, cuando ya no podíamos hacer nada”.152 Es constante la inquietud acerca de la inestable situación de ellas y sus familias: Fue un susto. Había tantos militares que parecía que fuéramos criminales. Después daba angustia, hasta nervios, una

151 Mujer mestiza, 47 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015. 152 Mujer mestiza, 25 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

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se quedó nerviosa. Entonces yo me quedé con esas iras que tenía con la gente que nos desalojaron, porque incluso a una niña le habían maltratado. Una niña casi menor a mi nena, y ahí le habían golpeado.153

El cambio percibido en la violencia de género no se da únicamente en la comunidad y el espacio público: las mujeres también resaltan los cambios experimentados puertas adentro. Cabe resaltar que el índice de violencia doméstica es elevado en esta zona, como nos lo confirma un representante de la policía comunitaria154. Algunas mujeres relacionan el alcoholismo y la violencia domestica con la llegada de la minería y el trabajo asalariado. Como una mujer155 nos cuenta: “Sí ha afectado mucho a la familia, se ponen a tomar, y ya por ahí uno se pelea con el marido, y antes eso no había […]”. Sin embargo, otra mujer nos cuenta que la violencia doméstica en su casa disminuyó a raíz de que su marido comenzó a trabajar en la empresa: En la casa está mejor, mejor tratamiento. [Mi marido] era bien dejado, tomaba, salía. Pero por el trabajo y el contacto con los ingenieros cambió. Ya no toma, yo no es malo ni agresivo. Está mejor así.156

Ante estas situaciones de inseguridad, temor y aumento de la violencia, nos encontramos entonces frente a nuevas expresiones de la masculinidad en el territorio, las cuales plantean serios desafíos para la resolución de la igualdad de género (Barrientos Delgado et al. 2009). Ante los aspectos que inquietan a las mujeres sobre el comportamiento del conglomerado masculino en el territorio y al aumento de conflictos, 153 Mujer mestiza, 25 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015. 154 UPC, Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

155 Mujer mestiza, 25 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015. 156 Mujer shuar, 45 años, Tundayme, 2 de diciembre 2015.

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es necesario preguntarse el papel de las políticas públicas en instigar o solucionar este asunto. Así, la expansión de la minería a gran escala y el cambio en el acceso a la tierra y los recursos cambia las formas de vida antes existentes, y presenta nuevos temores, incertidumbres y precariedades para las habitantes con respecto a sus relaciones territoriales. Este cambio, tanto para las mujeres mestizas (en la agricultura, ganadería y crianza), como para las mujeres shuar (cultivo, prácticas de pesca y caza, movimiento hacia la ciudad, etc.) está relacionado con la presión sobre la tierra causada por la minería, la contaminación percibida y venta (o expropiación) de la tierra para la actividad extractiva. Se genera un impacto en las antiguas formas de tenencia de la tierra y de las formas de vida, lo cual repercute en las relaciones de género comunitarias y familiares. En este proceso, las mujeres son agredidas de forma específica: en la restricción de su movilidad, la violencia simbólica y verbal por parte de la mano de obra entrante y de la fuerza pública, la violencia doméstica, la privación de sus actividades diarias para la subsistencia y la exclusión de la mesa de negociación sobre su futuro. A pesar de que existen tendencias y similitudes para la situación de las mujeres shuar y colonas, ellas también se ven afectadas de formas distintas a raíz de las diferencias que existen en la historia de los dos grupos, sus relaciones con la tierra y las diferentes estructuras políticas y sociales en las que están inmersas. Notamos además que, hasta este momento, ni la empresa o el sector público se esfuerza en remediar esta vulnerabilidad particular de las mujeres, sino que tiende de propiciarla a través de su injerencia en las acciones con el campo. Se profundizará a continuación sobre las dificultades y beneficios por parte de la población femenina en el trabajo asalariado.



Situación laboral en las mujeres shuar y mestizas

Actualmente, la presencia del proyecto es legitimada tanto por la empresa como por el Estado, tomando al empleo

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directo e indirecto que se genera en El Pangui como forma de justificar e incentivar la presencia de la minería. Sin embargo, la participación de las mujeres en el trabajo en la empresa es desigual en comparación a la de los hombres. En una entrevista realizada a la dirección de Relaciones Comunitarias de la empresa ECSA, se informó que aproximadamente un 80% de los trabajadores de mano de obra son hombres157, frente a un 20% de población femenina. Por otra parte, la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tundayme de 2015, declara que: Una de las brechas de desigualdad más relevantes entre hombres y mujeres son los ingresos monetarios; según el Censo de Población y Vivienda 2010, en general, las mujeres asalariadas representan el 36,84%, en relación a los hombres remunerados, que representan el 62,02%. (2015, 126).

Para esto, Himley (2011) y Jenkins (2014) hablan de los problemas laborales que las mujeres son propensas a enfrentar en los contextos mineros: la estigmatización de la minería como un trabajo “masculino”, la distancia existente del domicilio al trabajo, la inflexibilidad en los horarios, la combinación con el cuidado de hijos y la inseguridad o el acoso en el ambiente laboral dificultan el acceso a fuentes laborales por parte de la población femenina, lo cual veremos que se confirma en el caso de las mujeres de El Pangui. La escasa participación de las mujeres en el trabajo asalariado es notoria en nuestras entrevistas. Las mujeres mestizas entrevistadas en lo relacionado a lo laboral, estaban mayoritariamente relacionadas al cuidado del hogar o actividades agropecuarias no asalariadas: la ganadería, crianza de cuyes, cultivo para la subsistencia; tan sólo dos de ellas se dedicaban al comercio de productos para abastecimiento interno o de la empresa. 157 Trabajador de la empresa, 42 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015.

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Las mujeres shuar también trabajan mayoritariamente en la casa y la agricultura para el suministro de su hogar, mientras sólo dos de ellas trabajan en la empresa como lavanderas o asistentes de jardinería. Al preguntar, casi todas las mujeres informan que en sus comunidades son mayoritariamente hombres los que trabajan en la empresa. Esto puede causar una dependencia fuerte dentro de la pareja. Por ejemplo, una habitante de una comunidad shuar158 nos cuenta que el empleo asalariado de su esposo ha permitido mejorar la educación y la alimentación de sus hijos. No obstante, los ingresos que recibe su esposo de los contratos temporales con las subcontratistas son irregulares, y le llegan tan solo de forma indirecta, mientras ella encuentra cada vez más dificultad en producir lo suficiente para la subsistencia de la familia. La exclusión de las mujeres en el ámbito laboral tiene entonces serias implicaciones para ellas, sus familias y la igualdad de género en El Pangui. Una causa de esta desigualdad y situación de vulnerabilidad es la codificación de la minería como un oficio “masculino” (Jenkins 2014a; Rodríguez et al. 2013). Yo pienso que el varón sí tiene más calidad, porque, por decir, ahora en esta temporada, que es temporada de construcción, es más beneficiado el varón ¿por qué? porque el varón va a la construcción. Porque aquí no estamos consideradas las mujeres a trabajar en eso, porque llamamos trabajo duro, y usted sabe que, en otros lados, en Colombia, por ahí, las mujeres trabajan en construcción ¿sí o no? aquí todavía estamos medio así femeninas. Muy femeninas, decimos “no, eso es duro, no podemos hacer”. Los varones están más beneficiados, claro159.

158 35 años, Churuwia, 28 de noviembre de 2015.

159 Mujer mestiza, 37 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015.

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Llama la atención que no existe conciencia de esta escasa participación femenina por parte del sector público, ni de la empresa, o muchas veces de las mismas mujeres de la zona. Como resultado, el potencial laboral de las mujeres y el posible efecto positivo en su autonomía no es aprovechado, puesto que no existen políticas de trabajo específicas para las ellas, ni se presta atención a las desigualdades de género preexistentes que favorecen la inequidad en el terreno laboral. Al contrario, las desigualdades de género, si bien ya han estado presentes por la clasificación cultural de los oficios “masculinos” y “femeninos”, se ven profundizadas y aún más agravadas por la actividad minera (cf. CIAP 2017). Es importante considerar esta variante dentro de los impactos diferenciados por género, ya que algunas experiencias de las entrevistadas nos señalan también los beneficios que puede representar la presencia de la empresa para las mujeres. La motivación para el trabajo asalariado emerge de un contexto en el que otras fuentes de trabajo y subsistencia – principalmente la agricultura – disminuyen por los cambios en el acceso a la tierra antes indicados. Esta motivación para el trabajo en la epresa se da principalmente por querer proveer de educación a sus hijos, mejorar las condiciones de vida, y pensar en ellos a futuro. Así, una mujer shuar, declara que “como mujeres, pensamos en ayudar con la economía de la casa”160; esta mujer ha presentado propuestas de trabajo en la empresa, pero todavía no obtiene respuesta. Por esta razón ha decidido “salir a trabajar a otro lado” y así darle una buena educación a su hija, sin lograrlo todavía. Otras mujeres son más exitosas en esta búsqueda: Los que pensamos en salir y hacer algo para el futuro de nuestros hijos y todo, se pasa así a full, se busca la manera de estar emprendiendo, ver qué más hacer, qué más ven-

160 Mujer shuar, 27 años, Santa Cruz, 27 de noviembre de 2015.

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der, qué más poder hacer para poder ayudar a nuestros hijos, que ellos aprovechen de esto, estudien.161

Para esta mujer comerciante, resulta beneficioso ser proveedora de la empresa, o vincular diversas actividades productivas con esta. Asimismo, una entrevistada shuar señaló que encuentra en el trabajo una actividad relajante, que le permite salir de casa y distraerse; mientras muchas veces su marido se queda en casa cuidando de sus hijos. Al mismo tiempo, se puede permitir contratar a otra mujer para que cuide de ellos al interior de su casa.162 El trabajo en el sector de la minería puede representar además una forma de emancipación femenina de la dependencia económica y entornos familiares violentos. Por ejemplo, una mujer trabajadora de la empresa encontró en el trabajo una oportunidad para independizarse económicamente, y alejarse del ambiente violento que vivía con su marido. Basándose en su experiencia, declara que las mujeres pertenecientes a generaciones actuales “ya no son tan pegadas al esposo porque ya trabajan”.163 El tema laboral se presenta entonces como una forma potencial de cuestionar y cambiar las relaciones de género: discuten la idea del hombre como único proveedor del hogar y fortalece la posibilidad de que las mujeres también ayuden en la economía familiar, o se conviertan en el sostén del mismo: A mi parecer, ECSA, decir que ECSA ha venido y me ha regalado una volqueta, no, pero sí me ha apoyado es con trabajo, y me sigue apoyando hasta ahora, eso sí. Yo por eso digo, no soy mal agradecida. Igual mi esposo trabajó, él sí más, mucho más, cuando recién nos casamos, trabajó con la empresa.164

161 Mujer mestiza, 37 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015. 162 Mujer shuar, 32 años, Mirador, 27 de noviembre de 2015.

163 Mujer shuar, 43 años, Tundayme, 28 de noviembre de 2015.

164 Mujer mestiza, 37 años, Tundayme, 27 de noviembre de 2015.

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Esta nueva forma emancipadora que puede presentar el trabajo asalariado nos da nuevas pautas para pensar el trabajo de la mujer como un punto a impulsar en el sector laboral. Sin embargo, si bien el trabajo en la empresa se podría presentar como una potencial forma de emancipación femenina, al momento, ni las políticas públicas, ni las de la empresa garantizan la inserción laboral de las mujeres. En el programa de trabajo de la empresa se señala la importancia de la mano de obra local, sin tomar en cuenta y, de forma particular, a las mujeres como un eje central de participación. No existen políticas de trabajo para las mujeres en específico, ni se presta atención a la potencialidad en el impacto efectivo de este. Se podría dar una reconfiguración de las relaciones laborales, dentro de las cuales las mujeres tengan posibilidad para generar sus propios ingresos. No obstante, si estas oportunidades son dadas sólo en ciertos campos y a un número disminuido de mujeres, la brecha de desigualdades seguirá creciendo y, con ella, la inestabilidad e inseguridad de las mujeres en la zona. Además, la clase, la etnicidad, y la situación histórica juegan un papel importante dentro de este marco. El acceso a los recursos por parte de las mujeres shuar y colonas no ha sido el mismo durante la historia del territorio, esto constriñe las condiciones laborales a las cuales se ven expulsadas las mujeres hoy en día, especialmente cuando su condición económica es y siempre ha sido precaria. Al momento en que, por ejemplo, la familia de una mujer colona que ha sido proveedora del lugar por generaciones, tendrá más ventajas que una mujer shuar. Las condiciones de vida de las mujeres shuar anteriores a la minería dificultan el acceso a los recursos de una forma más amplia, limitando sus oportunidades de entrar a un trabajo asalariado debido al carácter de su educación, y las posibles barreras con el lenguaje. Por lo tanto, no basta con analizar la situación del ser mujer dentro del contexto de la minería; es importante tomar en cuenta la ya mencionada interseccionalidad. Se debe incorporar una visión transversal que advierta estas diferencias culturales del ser shuar o mes-

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tiza: el acceso a la educación y a los recursos son condicionantes para la nueva forma de vida que se presenta con el advenimiento de la actividad extractiva.



Las mujeres en el activismo anti-minero

Frente a esta situación de despojo e inseguridad, el activismo anti-minero para algunas mujeres del cantón ha tenido especial importancia desde la llegada de la empresa, y se presenta como una alternativa a todos estos temores e inseguridades antes mencionados. Una moradora de El Pangui, enfatiza la importancia de la lucha, tanto ambiental como social, se posiciona como ex lideresa de lo que se llamó “Frente Femenino El Pangui”; al mismo tiempo, se concibe como una luchadora en el sentido en que ha incentivado la negativa a las transnacionales, y fomentado la tecnificación de la ganadería y la agricultura como forma de sustento en la zona, alternativa a la minería: Como le he comentado, lo que hemos hecho, hemos hecho las mujeres, han hecho los varones para hacer un frente de decir “no” a la minería a gran escala, “sí” a la agricultura y la ganadería, que es lo que nosotros hemos estado todo un siempre haciendo.165

Otra mujer colona activa en el tema de la acción anti-minera, declara que, en uno de sus encuentros con otras compañeras activistas del continente, se encontraron el mismo tipo de problemas relacionados con la minería: desalojos, falta de agua, contaminación social grave166. Declara al respecto, que “el sufrimiento es el mismo, de todas las mujeres en el continente”, y que, si hubieran sabido al momento de la entrada 165 Mujer mestiza, 60 años, El Pangui, 26 de noviembre de 2015.

166 Mujer mestiza, 38 años, San Marcos, 26 de noviembre de 2015.

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de la empresa, de todos los desalojos que se iban a producir “no la hubiéramos dejado entrar”. Cuenta también que en el momento de la paralización de la minería, “las mujeres eran unas luchadoras” y que, tanto hombres como mujeres han tenido igual presencia en la participación en contra de la minería en la acción en 2006. Nos cuentan que las mujeres iban delante de la lucha, como un escudo pacífico: “es que a las mujeres no les pegan, entonces las mujeres iban adelante”167. Se enfatiza la participación de las mujeres defensoras de la tierra y el aire puro, de la comunidad y de las actividades que tradicionalmente se han realizado. Como hemos visto en algunas ocasiones en este capítulo, las mujeres usan referencias femeninas como la madre tierra, para argumentar su defensa por la misma, así como la preocupación por las generaciones futuras, tal y como lo indica Jenkins (2012). Se enfocan además en la unión de sus comunidades y las familias, denunciando los desalojos y los peligros que la minería representa para aquellos. Sin embargo, se debe cuestionar la participación de las mujeres en estos movimientos anti-mineros. Durante algunas observaciones realizadas en asambleas de comunidades y movimientos tanto de los shuar como de los colonos, se puede atestiguar que, los hombres están más presentes al momento de discutir y tomar decisiones, a pesar de que las mujeres generalmente son más numerosas en las reuniones. También la vida política del cantón ha estado eclipsada por la participación masculina, por lo que las mujeres no han llegado a tener una voz activa y una injerencia real en posiciones de gobernanza y autoridad. Actualmente, esta situación está cambiando y el papel de las mujeres está fomentándose por la acción de oenegés, tales como Acción Ecológica y la CONAIE. Esto puede ayudar a conformar diversas formas de liderazgo y solidaridad femenina, que permita que las mu167 Mujer mestiza, 51 años, El Pangui, 26 de noviembre de 2015.

PARTE II – MUNDOS Y TERRITORIOS PLURALES | 203

jeres estén más presentes dentro de los procesos de toma de decisiones, de acción y control, y que sean más efectivas en compartir y expresar los cambios y temores que la minería cause en sus vidas.

Conclusiones Esta investigación representa un primer acercamiento hacia los testimonios de las mujeres de la zona y, por ende, se limita a compartir y discutir solamente una parte de vivencias de las mujeres en El Pangui. Sin embargo, abre algunos temas de discusión para futuras investigaciones acerca del efecto diferenciado de la minería en la variable del género. Lo que hemos mostrado en este capítulo es que el proceso de la minería se vive de forma distinta para las mujeres. Esto se ha evidenciado en el cambio en las formas de vida que tenían antes de la minería, lo cual posteriormente repercutirá en su posibilidad de acceso a otros recursos o beneficios. Los temores y los efectos de la minería también se viven de forma diferenciada, y es por esta razón que nos hemos esforzado por identificar la naturaleza de este cambio, para incorporarlo a la agenda política como un proyecto a tomar en cuenta para las mujeres del sector. El impacto diferenciado que la actividad extractiva tiene sobre las mujeres nos muestra las diversas caras que puede tomar la minería para cada una de ellas, y estos efectos pueden evidenciarse tanto de manera directa, como de manera indirecta. En un primer lugar, hemos mostrado que, al transformarse la forma de propiedad de la tierra y la relación con la tierra, la subsistencia ligada a ésta ya no es la misma. Vimos que otros efectos tales como la contaminación del aire y del agua, la tala de bosques y la pérdida de flora y fauna silvestre, impulsarán a otro tipo de vida ligada al trabajo asalariado, y al discurso sobre la minería como principal impulsor de cambio en la comunidad. Analizamos además cómo en flujo de trabajadores y el trabajo asalariado de los maridos están relacionados con un aumento percibido de la inseguridad, el

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acoso y la violencia doméstica. Los desalojos y la intervención de las fuerzas públicas han reforzado las experiencias de violencia y temor. Entonces, para las mujeres, las desigualdades en la tenencia de la tierra y el acceso a recursos, la diferencia en sus roles productivos y reproductivos en la familia y la comunidad, y el aumento percibido de la violencia de género marcan sus experiencias de vida en esta nueva etapa. En segundo lugar, hemos demostrado que, las primeras experiencias de las mujeres en relación con el trabajo asalariado en la empresa minera o en otras empresas relacionadas a ella, son mixtas. Por lo general, las mujeres se ven excluidas de la mayoría de los empleos en la minería o la construcción porque éstos son denominados “masculinos”. Los empleos a los cuales las mujeres encuentran acceso son usualmente trabajos “femeninos”, que son más escasos. Sin embargo, al momento de acceder a un trabajo, son evidentes los beneficios que las mujeres y sus familias experimentan. Resaltamos entonces el potencial de emancipación que tiene el trabajo según las entrevistadas, algo que no es mencionado en la literatura que revisamos al respecto (Jenkins 2014a; Himley 2011). Cabe puntualizar que, si bien la actividad extractiva no es en todos los casos directamente la causante de la desigualdad de género, contribuye a abrir la brecha de desigualdades en el acceso a recursos y fuentes de subsistencia. Hemos evidenciado cómo estas relaciones de poder y privilegios en el trabajo se mantienen en la población masculina, relegando a las mujeres a actividades de asistencia tales como la cocina, la lavandería, el trabajo en jardinería, etc. Estas nuevas afectaciones, incertidumbres e inseguridades creadas a partir de la llegada de la minería, generan, de manera colateral, nuevas alianzas y redes, las cuales permiten desarrollar y proponer alternativas al deterioro del medio ambiente. El activismo se muestra como una forma de respuesta de las mujeres por la defensa del territorio, como una actividad conjunta con la población masculina. Dentro del activismo, las mujeres “se ponen al frente” de la protesta, y

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mantienen una vinculación fuerte con el tema de defensa de la tierra y las futuras generaciones. Sin embargo, estas alternativas no han sido tomadas en cuenta como potencialidades dentro del debate político, lo cual vuelve a poner a estos sectores en desventaja. No obstante, con la diferencia en las ventajas o desventajas de acceso a recursos de las mujeres respecto a los hombres no se termina el debate. Como se ha mostrado, la interseccionalidad debe ser incorporada en cualquier análisis que pretenda precisar la naturaleza de las injusticias, como se ha especificado en la política de la diferencia y la interseccionalidad (Rocheleau et al. 1996; Elmhirst 2011): la cuestión de clase, etnia, educación, la diferencia entre lo rural y lo urbano, son factores fundamentales para analizar la situación de las mujeres en un contexto específico. El incorporar vivencias tanto de las mujeres shuar como mestizas, nos brinda la posibilidad de contemplar la minería desde un contexto más amplio, en el cual la línea entre las ventajas y desventajas de la minería se desdibuja constantemente a la luz de cada nuevo testimonio. No existe pues, una sola respuesta hacia los impactos de la minería en la vida de las mujeres. No obstante, el agregar la variable del género en relación con las mujeres en el tema minero, puede representar un punto de partida para la discusión e incorporación del tema en el debate en torno a lo extractivo. Las experiencias y relaciones específicas con la tierra, la comunidad y el trabajo asalariado de las mujeres dentro del conflicto alrededor del proyecto Mirador deben ser tomadas en cuenta en el debate político si lo que se busca es favorecer a la equidad de género. Sin embargo, las actuales políticas públicas y el rol del Estado siguen obviando esta situación en el caso de Mirador, lo cual amplía la apertura en la brecha de inequidades desde las esferas que controlan los recursos, es decir: la empresa ECSA. La teoría existente sobre los impactos de la actividad extractiva sobre la vida de las mujeres ha demostrado que la minería no se presenta como una opción para resolver las desigualdades (Jenkins 2014a; Himley 2011).

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Concordamos con esto en gran medida, no obstante, con políticas públicas y planes de manejo más sensibles al tema de género y la interseccionalidad, proponemos que se podría disminuir la profundización de la brecha entre hombres y mujeres en sus contextos específicos. Y en algunos puntos, como el ámbito laboral, se podría incluso fomentar una tendencia de emancipación de las mujeres. Para estimular este potencial, es necesario incluir este tema en la investigación académica a la minería, el debate político, así como en el mismo plan de la empresa.

PARTE III POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO

CAPÍTULO 6 Desposesión por contaminación: La gobernanza de un desastre ambiental de evolución lenta Esben Leifsen y Elaine Benham Hogan

Introducción En un estudio sobre minería a gran escala, Tom Perreault (2013) señala que la problemática de contaminación proveniente de la minería a gran escala es que la extracción de minerales y la producción de desechos acumulan sustancias contaminantes a lo largo del tiempo, lo que incrementa gradualmente “la huella sedimentada”. En este sentido hay una relación indirecta entre una exposición y los efectos ambientales, lo cual tiende a invisibilizar las transformaciones que la acumulación de sedimentos y sustancias toxicas generan a lo largo del tiempo. Según Stuart Kirsch (2014) la opacidad acerca de cambios ambientales relacionados a mega proyectos mineros no sólo se debe a procesos bioquímicos lentos y procesos de acumulación de sustancias contaminantes, sino también porque la empresa sistemáticamente evita reconocer las señales de lo que él describe como desastres ambientales de evolución lenta (slow-motion environmental disasters). En su libro, Mining Capitalism (Kirsch 2014), señala que el hecho de no reconocer impactos ambientales por parte de la empresa y los entes públicos reguladores no sólo es el resultado de malas prácticas o de negligencia. Aplazar el reconocimiento de cambios ambientales y reducir la severidad de sus impactos son mecanismos integrales de las prácticas de construir, mantener y operar

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un proyecto de minería industrial como el Mirador, prácticas ligadas a la “ciencia corporativa”. Una de las actividades centrales de la ciencia corporativa en cuanto a proyectos como el Mirador, es re-conceptualizar y re-definir impactos ambientales como escenarios de riesgos manejables (cf. Li 2009, 2015). Los planes de manejo ambiental establecen un universo de causa y efecto, e introducen estándares y límites para medir impactos. Desde la empresa y los entes públicos (Ministerio del Ambiente (MAE), Autoridad de Regulación y Control Minero (ARCOM), Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA); Ministerio de Minería (MEM)), que facilitan y regulan su actividad hay una tendencia de tratar la existencia de planes de manejo ambiental como la garantía para una extracción “responsable” y “sustentable”. Según Fabiana Li estos planes sirven para darle a la empresa la posibilidad de “definir los estándares de funcionamiento que las autoridades van a emplear para establecer su cumplimiento” (Li 2009, 219). Sin embargo, el desastre de evolución lenta se da no sólo por los incumplimientos que en principio son remediables, sino porque el proyecto en su diseño incorpora elementos que implican transformaciones ambientales que son difíciles o imposibles de remediar. El desastre es, en otras palabras, también producto del sistema y no sólo de las prácticas irregulares y la falta de control ambiental. Este capítulo indaga sobre las transformaciones e impactos ambientales del proyecto Mirador, tratando los diferentes aspectos del “desastre de evolución lenta” ligado al proyecto Mirador. Nos enfocamos en prácticas y políticas de no-reconocimiento que generan conflictos causados por un tipo de “desposesión de subsistencia por acumulación” (cf. Harvey 2003; Perreault 2013; Sacher 2015). Este concepto se refiere a un tipo de acumulación de capital que se basa en la creación de nuevas oportunidades de inversión a través de “privatizar, comodificar o devaluar bienes que pertenecen a otros y al mismo tiempo externalizar los costos de producción” (Perreault 2013, 1052). Acumulación de este tipo ocurre cuando

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el sector minero global se expande hacia nuevas áreas con reservorios importantes de minerales explotables, áreas que al mismo tiempo son pobladas. Una expansión de este tipo resulta en la desposesión de la gente afectada cuyos medios de producción, es decir, recursos naturales vitales como tierra, agua y bosque son afectados. Uno de los costos que esta expansión externaliza es la contaminación. Paralelamente a la acumulación de capital a través de la extracción de minerales, se acumulan los sedimentos, los metales pesados y las sustancias ácidas y con el tiempo genera una desposesión distinta a la que tiene que ver con la tierra. El acceso al agua como uno de los elementos vitales para la vida cambia no por transferencias (compras, expropiaciones), como es el caso de la tierra, sino porque cambia la calidad de agua debido al establecimiento de la mina y a los procesos de la producción minera; así como desvío, procesamiento y tratamiento de agua y acumulación y almacenamiento de desechos. A este proceso emergente ligado al agua lo llamamos en este análisis “desposesión por contaminación” (Hogan 2015; Latorre, Farrell y Martínez-Alier 2015). El estudio presentado se basa en diferentes fuentes de información y una estratégica metodológica múltiple. Ambos autores visitamos la denominada zona de influencia directa varias veces en el periodo noviembre 2014–agosto 2015,168 e hicimos caminatas transversales con pobladores y visitas a una serie de sitios en el paisaje hidro-social. Llevamos a cabo entrevistas semi-estructuradas y conversaciones informales con ganaderos, población shuar y moradores de los centros poblados de Tundayme con representantes de la administración pública a nivel de parroquia y del municipio, con representantes de CASCOMI (Comunidad Amazónica de Acción 168 Hogan llevó a cabo un trabajo de campo en la parroquia de Tundayme para su tesis de maestría de mayo – junio 2015, mientras Leifsen realizó múltiples visitas al cantón de El Pangui y la parroquia de Tundayme en los periodos noviembre –diciembre2014, marzo 2015 y agosto 2015.

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Social Cordillera del Cóndor Mirador), y con representantes de entes públicos como MAE, ARCOM y Ecuador Estratégico. Una parte central del análisis se basa en varios estudios de un borrador final del EIA ampliatorio del proyecto Mirador presentado en las mesas de información en Tundayme en marzo 2015.169 Combinamos el análisis de esta fuente primaria con estudios del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2010 realizados por la organización internacional, E-TECH, y por el hidrólogo, William Sacher.170 Basamos el estudio también en varias fuentes de los medios de comunicación y de páginas web, y hemos tenido acceso a documentos de correspondencia entre entes públicos, la empresa y la sociedad civil. Finalmente, dos investigadores con un conocimiento extenso de la zona y la problemática del proyecto Mirador171 nos han provisionado información clave en cuanto al rol regulador y facilitador del Ministerio de ambiente frente al proyecto Mirador. El artículo está dividido en cinco partes. Después de la introducción, nos enfocamos en la segunda parte en la fase de construcción en que se encuentra el proyecto actualmente, y reflexionamos sobre cómo MAE realizó acciones de remediación en un caso en el que las irregularidades de la empresa produjeron una nueva situación de contaminación en el río Quimi y afluentes. Consideramos cómo los pobladores de la zona manejan impactos ambientales de los que la empresa no se hace cargo y señalamos cómo esta externalización tiende a generar diferentes visiones (entre población afectada y la empresa y las autoridades competentes) sobre el cambio ambiental en que está atravesando la zona. En la tercera parte nos centramos en el diseño del megaproyecto y la lógica del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de gestión de riesgo – ejemplificado en la futura construcción de una relavera sobre el río 169 Estos estudios fueron realizados por Maleny Reyes y Elaine Hogan. 170 Hacemos referencia a estos estudios más abajo en el texto. 171 Karolien van Teijlingen y Luis Sánchez Vázquez.

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Tundayme y el desvío de su cauce descritos como una intervención favorable a la protección ambiental. En la cuarta parte tratamos el rol, o más bien los roles del Estado frente al proyecto Mirador y comparamos sus funciones reguladoras con su rol facilitador, sus prácticas compensatorias y su política de redistribución en áreas descritas como estratégicas. En una reflexión final sobre los procesos actuales y futuros de desposesión por contaminación que produce y producirá el proyecto Mirador, elaboramos la perspectiva del desastre ambiental de evolución lenta. Nos centramos en lo que implica una acumulación lenta de sustancias tóxicas y sedimentos para el paisaje hidro-social de Tundayme y argumentamos que dicha acumulación y su externalización probablemente convertirán a la parroquia de Tundayme en una tierra devastada.



La fase de construcción y la externalización de emergentes impactos ambientales

El proyecto Mirador se ubica en la cordillera del Cóndor, una región clave para el ciclo hidrológico de la amazonía, debido a la abundancia de agua subterránea y superficial además de fuertes lluvias.172 El proyecto opera en las cuencas de cinco ríos: Zamora, Machinaza, Wawayme, Tundayme, Quimi. Los ríos Wawayme y Tundayme son afluentes al río Quimi que se une con el río Zamora aproximadamente 3,5 kilómetros río abajo del centro poblado de Tundayme. Aunque existen cantidades inmensas de agua subterránea y superficial, debido a los ríos y quebradas numerosas, el acceso a agua potable es una preocupación creciente con la amenaza del avance de la minería a gran escala.

172 La precipitación media anual en la parroquia de Tundayme varía entre 1700 y 2300 msnm. El rango de altitud de la cordillera se extiende de 760 a 2200 msnm, y la zona poblada de la parroquia se extiende de 760 a 1000 msnm. (GADPR 2015).

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Como el proyecto minero en Tundayme hace poco anunció formalmente la fase de producción (en diciembre 2015), las transformaciones más significativas ligadas a la contaminación se verán en el futuro. No obstante, se pueden observar los primeros efectos ambientales del megaproyecto, relacionados a la fase de construcción de infraestructura y al establecimiento del campamento y del sitio de extracción –el tajo. El desbroce de enormes cantidades de tierra ha incrementado la turbidez en los ríos Quimi, Wawayme y Tundayme. Esta nueva exposición es uno de los asuntos que los campesinos, los indígenas shuar y la población del centro de la parroquia de Tundayme mencionan más frecuentemente en sus conversaciones diarias, y también es uno de los temas principales en la agenda política local de los ambientalistas populares (el otro tema es el despojo de tierra). La población rural de Tundayme experimenta cambios ambientales que interpreta como señales del comienzo de una nueva situación de contaminación que altera las relaciones hídrico-sociales. Su preocupación principal es cómo la producción de desechos de la producción minera en un futuro inmediato transformará su ambiente y su manera de formar parte de él. La visión de la empresa y las autoridades es distinta. Los cambios de la calidad de agua que se observan en la zona de influencia directa se presentan como irregularidades remediables. A través de un proceso administrativo iniciado en marzo 2015 algunas actividades mineras fueron suspendidas por un tiempo y el daño fue supuestamente reparado. Un comentario del Ministro de Minería, Javier Córdova, en una entrevista televisiva en marzo 2016, ilustra la posición oficialista: “Los daños ambientales ligados a la fase de construcción se dieron por el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y el caso administrativo demuestra que los instrumentos de control y sanciones tienen la capacidad de resolverlos.” La lógica del ministro refleja la perspectiva de la ciencia corporativista - el sistema armado para manejar los riesgos y garantiza una extracción industrial “adecuada”, “responsable” y “sustenta-

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ble”. Según esta lógica lo sucedido (el desbroce de tierra y los ríos y acequias sedimentados) no es producto de un sistema de extracción sino de actos irregulares, y por ende no es motivo de un retiro de la licencia ambiental. Al observar las dinámicas alrededor del manejo de contaminación en la parroquia de Tundayme se puede percibir que las señales de cambios ambientales se traducen de acuerdo con una lógica de manejo de riesgos que está muy lejos de reconocer lo que Kirsch (2014) nombra como desastre ambiental de evolución lenta. Primero, el diseño del proyecto Mirador, especificado en el último EIA y ampliado en términos técnicos detallados está ligado a un sistema de control y monitoreo, especificado en el PMA, que establece una idea básica de manejo de riesgos y de gobernanza de incumplimientos siguiendo una lógica de rendimiento de cuentas (cf. Li 2009). La conexión entre el sistema de extracción y el sistema de control y monitoreo crea una realidad limitada al mega proyecto y desvía la atención hacia los planes de controlar, monitorear y mitigar los impactos en lugar de enfocar en el aparato de explotación de minerales. Segundo, hay una tendencia por parte de las instituciones públicas competentes de presentar estándares de medición y procedimientos de intervención descritos en el Plan de Manejo como una práctica real en vez de una representación normativa de intervención. Esta confusión de niveles se expresa en el discurso público como en la entrevista del ministro mencionado anteriormente, y en las presentaciones introductorias que hicieron las autoridades en la audiencia que trató el EIA ampliado en Tundayme en marzo 2015 (véase también el capítulo 7 en cuanto a esta audiencia). Tercero, la realidad reservada de impactos ambientales se refuerza con el acceso difícil y restringido de información sobre el proyecto Mirador, y con la práctica de inspecciones ambientales no-participativas. Las autoridades y la empresa han rechazado los pedidos por parte del GAD parroquial de incluir a gente local en un sistema formal de veeduría participativa. Como consecuencia, la información generada a tra-

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vés de las inspecciones y el monitoreo que lleva a cabo el Ministerio de Ambiente en coordinación con la empresa ECSA en gran medida sucede dentro de esta alianza institucional. Correcciones externas e independientes difícilmente llegan a influir en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto Mirador. Esta situación dificulta una mirada crítica sistémica, y esta condición también se refleja en las demandas por parte de grupos afectados en contra de la empresa y el estado que tienden a seguir una lógica de incumplimiento en lugar de enfocarse en la potencial transformación sistémica que lleva el diseño del mega proyecto (ver el capítulo 7 sobre iniciativas de monitoreo comunitario por parte de actores independientes y el capítulo 9 sobre los intentos de establecer un diálogo minero en este área). Durante la etapa de construcción de la mina, la empresa desbrozaba enormes cantidades de tierra y vegetación para dar paso al tajo y toda la infraestructura necesaria para sacar y procesar 60 000 toneladas de roca diarias con un horario de trabajo de 24 horas al día durante 330 días al año (Cardno 2014). El desbroce masivo, junto a las lluvias fuertes en la fase de construcción han producido niveles altos de turbidez visibles en los ríos Quimi, Wawayme y Tundayme. El río Wawayme pasa por el área donde se ha desbrozado la tierra para formar el tajo y recolecta las aguas de escorrentía antes de juntarse con el río Quimi. Los efectos visibles de la construcción han contribuido a provocar quejas por parte de la gente de la zona que han perdido acceso al agua del río debido a la mala calidad. El Plan de Manejo Ambiental reconoce la posibilidad de que las aguas de escorrentía alteren las características físico-químicas del suelo y los cuerpos hídricos (Cardno 2014). Según el PMA deberían de haber utilizado varios controles para evitar dicho efecto. Sin embargo, el detalle de la ubicación de los sitios donde implementarían “los sistemas de manejo de aguas lluvias, de escorrentía interna, externa...y sistemas de control de erosión y sedimentación” (Cardno 2014, 9-15) y qué instrumentos controlarían el riesgo

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de contaminación por esas aguas no están descritos con detalle suficiente para monitorear y evaluar su eficacia. En abril de 2015, el Ministerio del Ambiente suspendió el trabajo en la mina e inició un proceso administrativo, debido a la falta de control para evitar contaminación de los ríos por las aguas de escorrentía y sedimentación generada durante la etapa de construcción. Entre otras observaciones, el MAE anotó “el mal manejo de combustibles; la falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas; la plantación de especies herbáceas como gramalote para estabilizar el suelo; el inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas” (MAE 2015). Estas irregularidades se dieron principalmente por incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de sub-contratistas de la empresa ECSA. Supuestamente las actividades irregulares fueron suspendidas, no obstante, los detalles del “plan emergente” para cumplir con los requisitos y evitar la contaminación a través del monitoreo, mitigación y evaluación no fueron publicados. La empresa reanudó el trabajo sin que el deterioro de la calidad del agua en los ríos fuera satisfactoriamente tratado. El MAE permitió a la empresa ECSA avanzar con la construcción del proyecto. La intervención del MAE con sus medidas y lógica de remediación173 contrasta cada vez más con la experiencia de la población afectada. La gente rural de la zona vive de la tierra y depende del acceso a agua limpia para sus cultivos, animales y uso doméstico. El cambio en la calidad de agua por la presencia del proyecto Mirador tiene implicaciones en cuanto al acceso de agua para los habitantes de la zona, tanto los shuar como mestizos campesinos quienes viven de la agricultura y la ganadería de pequeña escala. Actualmente 173 Por ejemplo expresado por representantes del MAE de la provincia de Zamora Chinchipe en una audiencia pública del último EIA presentado en Tundayme el 28 de marzo 2015 y por el ministro de minas, Javier Córdova, en una entrevista con Gama TV 5 de enero 2016.

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los habitantes han cambiado su uso del agua y su relación con el paisaje hídrico por la percepción y existencia actual de contaminación que resulta del proyecto Mirador, que avanzó a la fase de producción en diciembre de 2015. Anteriormente los residentes que viven fuera del centro poblado utilizaban el agua del río para todo uso doméstico, la pesca de subsistencia y la irrigación, pero hoy en día han dejado de utilizar el agua de esa manera por su baja calidad. Expresan también sus preocupaciones y temores de una futura situación en cuanto al “daño ambiental” que pueda atentar contra su existencia y vida rural campesina – ganadera. Con los cambios notables en el río y la incertidumbre del futuro, la gente de la zona se está adaptando para poder seguir viviendo en las inmediaciones de una mina a gran escala. La turbiedad del río Quimi es la contaminación más observada y frecuentemente mencionada por los residentes de Tundayme. El río Quimi es un río con aguas claras, aunque a partir del inicio de la construcción del tajo para la mina ha habido un cambio marcado. La parte del río abajo de la construcción se ha transformado en un río lodoso, causando que los animales ya no vayan a la playa del río para tomar agua. Los pobladores, que contaban con la pesca como parte integral de su dieta como los shuar, ya no recogen peces y a veces los encuentran muertos en la playa del río. Para comunidades sin muchos recursos económicos ni apoyo estatal, estos cambios han creado nuevas dificultades a una vida que nunca fue sencilla. Para enfrentarse a la disminución de la calidad del agua, los residentes han tenido que tomar medidas de mitigación que implican un nuevo costo ambiental asumido por la gente afectada y no por la empresa. Las comunidades localizadas fuera del centro urbano de Tundayme nunca han contado con agua tratada y entubada. Están acostumbrados a utilizar agua del río Quimi para su consumo. Ahora, con la turbiedad y contaminación del río, captan el agua de quebradas que pasan por las montañas en camino hacia el río. Los que pueden asumir los gastos de mangueras largas se las

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compran para asegurar el acceso a agua de buena calidad. Las medidas tomadas son ejemplos de cómo la población maneja la externalización de un problema de contaminación causado por la producción industrial de minerales. La empresa ECSA no toma la responsabilidad por la acumulación de sedimentos y sustancias tóxicas, sino que transfiere el costo y la carga de mitigación a los habitantes de la zona y los sistemas públicos. Por la abundancia de agua en la región, el problema del acaparamiento de agua no ha sido el enfoque de la comunidad, sino el empeoramiento de la calidad del abastecimiento hídrico. Por el momento, la mayoría del daño ambiental al recurso hídrico es mitigable por la presencia de otras fuentes de agua no contaminadas y la posibilidad de tratar el agua contaminada de los ríos. La localización de otras fuentes, construcción de infraestructura de abastecimiento igual que el tratamiento de agua que viene del río contaminado, exige un trabajo comunitario e individual afectando a los pocos recursos que hay en la zona. En un futuro no tan distante, el tratamiento de agua contaminada por el proceso de extraer cobre de roca con la utilización de metales pesados no será una opción para los pobladores ni para las autoridades locales. El nivel de contaminación superará la capacidad de los sistemas de tratamiento. Tanto por el costo de plantas de tratamiento eficaces contra sustancias tóxicas proveniente de la extracción como por la inminente falta de fuentes no contaminadas, el proyecto Mirador directamente está creando un proceso de desposesión por contaminación.174 El acceso alternativo a fuentes de agua y tecnología para tratar agua son nuevas formas que la población afectada utiliza para manejar un cambio ambiental cuyos efectos se externalizan (cf. Martínez-Alier 2002). Es importante tomar en cuenta que esta externalización se produce no porque la 174 El nuevo sistema de agua potable recién construido en la parroquia de Tundayme, provee agua a los centros poblados pero no a las comunidades shuar ni a los finqueros que tienen sus hogares ubicados en sus terrenos.

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empresa y autoridades responsables no responden a los cambios ambientales actuales y previstos, sino porque lo hacen en base a lógicas de remediación de daños por incumplimiento del PMA, de manejo y mitigación de riesgos y de rendimiento de cuentas. En contraste a los intentos locales de la gente campesina e indígena para asegurar acceso a agua limpia, la empresa concentra su atención en el diseño de sistemas e infraestructura para almacenar y tratar agua contaminada, sustancias tóxicas y sedimentos. En este sentido, intervenciones tecnológicas complejas y de gran envergadura pueden ser presentadas como parte de la solución y no el problema para la protección ambiental.



El diseño de un desastre ambiental de evolución lenta

En esta parte vamos a considerar las amenazas en cuanto a la cantidad y calidad del agua utilizada en las etapas de extracción y de pos-cierre del proyecto Mirador, expuestas en los planes del proyecto y sus riesgos. Hemos analizado el nuevo EIA ampliatorio elaborado por Cardno Entrix-Caminosca (2014) que resultó en la aprobación de licencias para extender el tamaño del proyecto. También examinamos la información del análisis independiente del EIA de 2010 que realizó Sacher (2011) y una serie de comentarios elaborados por E-Tech International en respuesta a una solicitud de ayuda técnica por parte del MAE - Ministerio del Ambiente (E-Tech International 2011). Finalmente, este estudio también se basa en varios análisis del último EIA ampliatorio realizados por Maleny Reyes y Elaine Hogan, investigadoras del OBSA-UTPL y de Noragric – NMBU Noruega respectivamente, para un proyecto colaborativo de investigación.175 La infraestructura descrita 175 “Extrayendo justicia? Explorando el papel de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI), y la compensación relacionado a los conflictos socio-ambientales en América Latina.” El proyecto está financiado por el Consejo Noruego de Investigación.

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en el EIA y el PMA de la ampliación desde 30 kt al día a 60 (Cardno 2014) consistuye un sistema completo para realizar la extracción, producción y transporte de cobre. Cabe señalar que la infraestructura descrita no sólo está dimensionada para cumplir con las metas de producción planificada, sino también para poder extender la vida de la mina y expandir su capacidad de extracción. En la descripción del proyecto elaborado en el EIA y el PMA de la ampliación los autores anotan frecuentemente que han considerado la ubicación de las instalaciones “con la finalidad de reservar espacio para la ampliación de producción en el futuro” (Cardno 2014, 4-8). Al introducir los datos de la potencial ampliación del proyecto en el diseño actual, la empresa busca un efecto que desvíe la atención centrada en los impactos socio-ambientales actuales, hacia la impresión de que la empresa tiene controlados los riesgos e impactos presentes y futuros mediante soluciones dinámicas planteadas a medio o largo plazo. Como está planeado ahora, la mina consiste en el tajo, los campamentos, las instalaciones de explosivos, los tanques de combustible, las escombreras y piscinas de relave, la planta de tratamiento de agua, los canales y túneles, las vías internas, la red de energía y de telecomunicaciones, entre otras instalaciones. Aquí nos enfocamos en los detalles de la infraestructura diseñada para la toma, uso, y abastecimiento de agua a través del ciclo de producción. El proyecto requiere cantidades inmensas de agua durante las fases de explotación y beneficio para procesar el material crudo. La mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente durante la primera fase de operación para todas las necesidades requeridas para procesar las 60 000 toneladas de material crudo y sacar el cobre, oro, plata y otros materiales de alto valor (Cardno 2014, 4-57). Esta cantidad diaria de agua significa unos 1 927 litros por segundo de agua dulce la cual será tomada de los ríos y fuentes subterráneas. Unas siete piscinas serán construidas por el almacenamiento de agua por uso industrial y doméstica con tamaños entre 500 y 200 200 m3. Después del uso y tratamiento, durante toda la

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vida de la mina, se descargarán unos 275 000 litros por día. Según el PMA no hay riesgo de contaminación al río Quimi por las aguas descargadas porque “con un caudal abundante de los cuerpos receptores de agua y con mucha capacidad de dilución, junto al poco volumen de aguas residuales descargadas, no afectará a la calidad del río Quimi y sus funciones de uso” (Cardno 2014, 4-58). Como hemos mencionado los pobaldores de la zona ya han notado cambios en la calidad del agua durante la fase de construcción. La planta de procesamiento tiene la capacidad de procesar 20 000 000 toneladas de material por año, de lo cual el 98% será desechado como lodo y agua tóxico que se almacenará en dos relaveras sostenidas por represas de tierra (Cardno 2014). Esto significa grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos contaminados que se quedarán en el ambiente y requerirán monitoreo perpetuo para evitar que la contaminación se filtre, degradando un área aún más grande. La relavera Quimi estará ubicada en lo que era la comunidad de San Marcos y ocupa un territorio de 170 hectáreas. Tiene la capacidad de almacenar desechos de los primeros cuatro años del proyecto (Cardno 2014, 4-11). A partir del quinto año del proyecto todos los desechos pasarán a la relavera Tundayme, la más grande del proyecto Mirador con una capacidad de almacenar 447 170 000 m3 de desechos tóxicos (573 000 toneladas), ocupando un área de 7,3 km2 detrás de un dique de 260 metros de altura (Cardno 2014). La construcción de esta relavera incluye también el desvío del curso natural del río Tundayme. El curso de flujo normal del río ahora se junta con el río Quimi arriba del pueblo de Tundayme. De ahí, el río Quimi se junta con el río Zamora aproximadamente 3,5 kilómetros río abajo. El desvió del río Tundayme reducirá su caudal promedio en un 14,7% (Cardno 2014). Las aguas que normalmente se juntan con el río Quimi serán desviadas por un túnel de 4,5 km al río Machinatza, afluente al río Zamora. La reducción de agua en el río Quimi afectará la cantidad de agua disponible por los habitantes de Tundayme y las co-

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munidades shuar río abajo quienes dependen del agua del río. Además de la construcción del megaproyecto Mirador, las futuras fases del proyecto tienen otras implicaciones por los recursos hídricos. La escala del proyecto es una amenaza importante cuando se considera el alto nivel de biodiversidad natural y de la población campesina que habitan el área actualmente. Ubicar la relavera en el cauce del río Tundayme significa que las aguas de escorrentía de lluvia que normalmente fluyen al río necesitan ser desviadas porque amenazan con inundar la relavera, causando una brecha masiva de desechos tóxicos. Por eso, ECSA considera el plan de desviar el río Tundayme “favorable a la protección ambiental” (Cardno 2014, 4-24). Declaraciones como esta representan una re-conceptualización sobre el impacto ambiental del proyecto. El cambio y sus impactos son vistos no como daño ambiental inherente al diseño del proyecto, sino como un resultado favorable para el medioambiente que mitiga el riesgo de inundaciones. Se transfiere la atención del diseño del proyecto hacia la mitigación manejable de su implementación. No hay consideración de los efectos físicos, químicos y biológicos en el río Quimi por no recibir las aguas del río Tundayme. El cierre de la mina brinda otros riesgos de contaminación, debido a la persistencia de contaminantes químicos en el agua procedentes de los dos relaves y la posibilidad de una brecha de las represas. La consultora Knight Piésold (2007) ha realizado una evaluación independiente del riesgo del tipo de represa que ECSA va a construir en Tundayme y lo evalúa como muy alto. Un estudio por Emerman (2015) predice la velocidad de transporte de relaves mineros en caso de una falla de la represa de tierra propuesta. Emerman calcula la tasa de dispersión de agua contaminada suponiendo un caudal de agua promedio, pico máximo anual promedio, y un caudal de inundación máxima probable. Resulta que las aguas contaminadas tardarían entre 0,3 y 1,3 horas en llegar a la confluencia de los ríos Quimi y Zamora. El plan en caso de una rotura de

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relaveras no está considerado en el PMA, pero tendría efectos graves para todos los habitantes, flora y fauna de la zona. El centro poblado de Tundayme está ubicado cerca de las relaveras propuestas, y hay otras comunidades shuar río abajo como: Yanúa Kim, Etsa, Churuwia y San Carlos Numpaim que serían afectadas por una brecha en la represa. El PMA carece de métodos e información científica suficiente para monitorear y evitar la contaminación por las aguas de drenaje ácido de roca que presenta un riesgo permanente con efectos irreversibles para la flora y fauna. El Programa de Prevención y Mitigación de Impactos al Agua elaborado en el PMA (Cardno 2014) no define medidas ni indicadores suficientes para evitar la alteración en las características físico-químicas y biológicas de los cuerpos. El PMA hace referencia a un documento producido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA 1994). Sin embargo, dicho documento no menciona las mejores prácticas industriales para monitorear, evaluar, ni mitigar el drenaje de aguas ácidas, sino que el documento es “un resumen de los métodos actuales utilizados para predecir la formación de ácido” y explícitamente declara que “la agencia aún no ha determinado si uno u otro método es más preciso que otro” (US-EPA 1994, 1). Cardno (2014) no menciona la aplicación de ningún método para predicción detallado en el documento técnico del US-EPA. Además, su indicador para analizar si hay alteraciones físico-químicas y biológicas es “la caracterización de los drenajes ácidos de roca” (Cardno 2014, 9-29), pero no considera qué sustancias medirán, los límites aceptables ni los puntos y plazos del muestreo.



El rol del Estado

Miremos el rol del MAE en cuanto a la facilitación y aprobación del diseño del proyecto, así como la regulación de las prácticas que este diseño posibilita. En este caso las autoridades competentes han asumido un rol secundario, tan-

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to al establecer un conocimiento científico sobre los efectos en la zona de intervención, así como al definir estándares y criterios de intervención industrial y de manejo ambiental y al monitoreaar los impactos de la actividad minera.176 Además, y como señalan Latorre, Farell y Martínez-Alier (2015) el rol del MAE en el sector minero ha sido de remediar y no parar o interrumpir los proyectos considerados estratégicos. El MAE delega el trabajo con el EIA y el Plan de Manejo Ambiental a la empresa, que a su vez encarga el levantamiento de datos y la elaboración de los informes a una consultora (en el caso del proyecto Mirador a Cardno-Entrix Caminosca). El MAE aprueba y corrige el EIA y PMA, y después deja el poder de representación sobre el contexto natural y social del área de influencia directa a la industria minera y la consultora contratada. Aunque siguen las regulaciones y normas establecidas para el sector, son los actores económicamente involucrados en el mega proyecto quienes definen estándares, caudales y relaciones de causalidad, y que sustentan el proyecto en un cuerpo heterogéneo de conocimiento técnico y científico y que vinculan ciertas tecnologías y soluciones técnicas a ideas de calidad, seguridad y sustentabilidad (cf. Li 2009, Nelson 2015, Wood 2003). En cuanto a los monitoreos regulares, los funcionarios del MAE se involucran como controladores e inspectores acompañantes a los representantes de la empresa que eligen los métodos aplicados, que definen los sitios e impactos a medir, y que técnicamente llevan a cabo los muestreos y mediciones. En el caso Mirador, el MAE también contribuye a dificultar y obstaculizar el acceso a los informes de monitoreo al público en general y, además, inhibir la participación del pueblo afectado a través del bloqueo junto con la empresa de constitución de una veeduría ambiental especificado en el PMA. Las prácticas de manejo 176 MAE es la autoridad central y coordina su trabajo en coordinación con una serie de otras instituciones públicas como ARCOM, Ministerio de minas, Ministerio de Sectores estratégicos, SENAGUA, y otros.

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y monitoreo ambiental que resultan de este trabajo conjunto de la empresa, la consultora y el MAE, constituyen el eje de la gobernanza ambiental en relación a minería a gran escala. Establecen un discurso poderoso de manejabilidad, incumplimiento y rendición de cuentas que culmina en los actos de conceder (y no retirar) las licencias ambientales. La importancia de la licencia ambiental es clave.177 En los periodos que el MAE aprueba los EIAs y cuando la licencia está en peligro de anularse por irregularidades, observamos una mejor voluntad por parte de la empresa de cumplir con los requisitos de monitorear y emitir informes al MAE. Esta dinámica se refuerza por el rol secundario del MAE en seguir las inspecciones y controles de los impactos reales de la actividad del proyecto minero, y por su énfasis en el procedimiento formal de emitir (y mantener) la licencia ambiental. Cabe señalar que el proceso final de aprobación del EIA y el PMA abre un espacio para formular crítica internamente en el MAE que no logra convertirse en decisiones políticas en el momento de entregar el documento final. Las presiones especialmente desde el Ministerio de Sectores Estratégicos y la Presidencia a los funcionarios del MAE para aprobar proyectos definidos como estratégicos, y formular sanciones moderadas en casos de incumplimiento con el PMA (como en el caso administrativo mencionado anteriormente), explican en parte este falta de correspondencia entre crítica y política y el enfoque en remediar en vez de paralizar el proyecto. El hecho que las tomas de decisiones tienden a hacerse en las oficinas centrales del MAE en Quito contribuye también a crear una distancia entre las experiencias de los impactos ambientales de la actividad minera y los conflictos socio-ambientales por un lado y las políticas del sector estratégico por el otro. El rol 177 Gracias a Karolinen van Teijlingen y Luis Sánchez Vázquez por compartir sus experiencias y observaciones de sus respectivos trabajos con funcionarios en entes públicos y con el MAE en particular, material empírico que informa esta parte del análisis.

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de los representantes del MAE que trabajan directamente con los procesos de transformación que genera minería industrial, tiende a ser el de ejecutar las políticas definidas en los centros de autoridad. El rol del MAE de dar preferencia a la remediación de irregularidades y de acompañar a la empresa en el monitoreo de su actividad regular, se puede entender como un acercamiento afirmativo por parte del Estado de los marcos que establece la empresa empleando la ciencia corporativa. Remediar implica llevar a cabo una reparación que no es comparable con el daño (permanentemente) producido. Remediar dentro de un marco de ciencia corporativa asume una reparación delimitada que externaliza una serie de transformaciones socio-ambientales (cf. Martínez–Alier 2002). En este sentido la responsabilidad por los impactos de la actividad minera se reduce a algo manejable, a algo que tiene una solución dentro del sistema de riesgos calculados. En los estudios críticos de las dinámicas de intervenciones de desarrollo se describe esta reducción como un tipo de encerramiento (“enclosure”), en donde los problemas que son reconocidos corresponden a soluciones que puede proveer el sistema de manejo (cf. TM Li 2007; Green 2014). Lo no remediable en este sentido se externaliza, queda fuera del “marco de responsabilidad” establecido a través de una práctica colaborativa de la empresa y las autoridades competentes. Este tipo de encerramiento se puede observar en cuanto a la intervención del MAE en abril de 2015 (en la sección 2), en donde el proceso administrativo establecido se reduce a tratar impactos que incumplen con los estándares especificados en el Plan de Manejo Ambiental y la Licencia Ambiental y no con los impactos socio-ambientales en su totalidad. Encerramiento también caracteriza el otro ejemplo (en la sección 3) sobre futuros riesgos, en donde se describe la construcción de la relavera sobre el río Tundayme y el desvío de su cauce como “favorable a la protección ambiental.” La descripción sólo tiene sentido si se reduce la visión del proyecto Mirador a la lógica de su diseño y una perspectiva de riesgos manejables.

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Si sumamos esta parte sobre el rol del MAE, se puede argumentar que se trata de reducir el manejo de impactos ambientales a un espacio cerrado en su propia lógica y problematización y basado en sus propias estrategias de resolución (TM Li 2007). Este rol es distinto a y al mismo tiempo relacionado a otra función que tiene el Estado en cuanto a dar compensación por daño ambientales o por pérdidas sustanciales. En relación al proyecto Mirador hay ejemplos de cómo el estado facilita y formaliza prácticas de compensación que se basa en establecer una asociación entre componentes inconmensurables. Aunque relacionados con el análisis de Rodríguez-Garavito (2011) que trata el tema de inconmensurabilidad ligado a formas de compensación ligados a procesos conflictivos de consulta previa, los ejemplos son otros en Tundayme. En el caso del proyecto Mirador, en donde no hubo ningún proceso de consulta, el proceso de compensación más prevalente es el de la servidumbre minera y la expropiación de tierras. La compensación (basada en un valor monetario y en algunos casos también en la reubicación) no es comparable con la pérdida que percibe la gente que tiene que abandonar sus terrenos y espacios de vida. El hecho de que las autoridades determinen el valor monetario por la valorización estándar de tierras y no en base a un valor potencial calculado a su vez en relación al valor potencial de los minerales en el subsuelo (en términos de concesiones, por ejemplo) crean una incomensurabilidad entre lo que los finqueros perciben que pierden y lo que el estado les ofrece y algunos de los finqueros se niegan a recibir. Tanto en el caso de remediación ambiental como en la servidumbre minera, las intervenciones del Estado tratan de delimitar y reducir la responsabilidad que tiene la empresa. El rol del estado, entonces, es facilitar los procesos que crean y sostienen el proyecto Mirador, aunque esto implica exponer a la población de la parroquia al daño ambiental y a perdidas de recursos vitales para su subsistencia. Sin embargo, en cuanto al proyecto Mirador, el rol compensatorio aquí descrito no es el único del Estado. Junto con

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proyectos, sectores y áreas que el gobierno considera “estratégicos”, viene una política de inversión social y de redistribución económica. La agencia estatal, Ecuador Estratégico, es el ejecutor principal de esta política, cuya lógica es convertir las regalías de la producción de estos sectores (sobre todo petróleo) en programas de modernización de infraestructura y de la administración pública y en el mejoramiento de los servicios públicos vitales, especialmente de salud y de educación. Se definen zonas afectadas por proyectos estratégicos, como el cantón de El Pangui y la parroquia de Tundayme, como prioritarias. Contrarrestando las críticas que afirman que la extracción de recursos naturales empobrece las áreas en donde se sacan los inmensos valores, el régimen de Correa ha creado un mecanismo compensatorio específico que beneficia a zonas consideradas de influencia directa - los proyectos del milenio. Para la parroquia de Tundayme existe un plan elaborado por Ecuador Estratégico de construir una Comunidad del Milenio, una inversión que según fuentes públicos supera de 20 millones de USD. Según el Gerente Técnico de Ecuador Estratégico en una socialización de los planes en Tundayme el 27 de marzo 2014, la construcción la Comunidad del Milenio “implica una intervención integral de toda la infraestructura básica y necesaria, como agua potable, alcantarillado, electrificación, vialidad, un parque lineal, parque infantil, centro cultural, mejoramiento arquitectónico del parque central, iglesia y polideportivo.” Los planes también cuentan con la construcción de una unidad educativa “Unidad del Milenio Tipo Menor, un Centro de Salud Tipo A y un Centro Infantil del Buen Vivir” (EsNoticia 2014). El actual presidente del GAD parroquial de Tundayme confirmó estos planes en una conversación que tuvimos con él en noviembre 2014178 en la que también nos indicó los detalles presupuestarios de esta mega inversión. Los planes vienen juntos con una nueva or178 Entrevista con Ángel Arévalo, 21 de noviembre 2014.

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ganización de espacio en donde viviendas, edificios, espacios públicos e infraestructura se distribuyen bajo un orden estricto y racional. Hasta ahora sólo una pequeña parte de esta reestructuración planificada se ha realizado; lo más visible es un nuevo edificio del GAD parroquial en combinación con un infocentro, una nueva Unidad de Policía Comunitaria, y un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado para los centros poblados de la parroquia, un trabajo que se inició en julio 2015 y que fue coordinado por el municipio de El Pangui. Esta inversión pública visible está lejos de “la promesa de modernidad” (Ferguson 1999) con que se ha promovido la comunidad del milenio. En comparación con la transformación que está viviendo la parroquia de Tundayme, sus centros poblados, las comunidades y fincas, la compensación prometida está en peligro de convertirse en una señal fuerte de incumplimiento. Ante un estado que muchos piensan que está fallando, se pueden observar diferentes interpretaciones locales de por qué el proyecto de la comunidad del milenio no se da. Un miedo que se difunde a través de un rumor es que los ingresos de las regalías del proyecto minero (la empresa ECSA ya transfirió los primeros 40 millones de dólares al Estado) se desvían a otros sitios de la provincia y a otros beneficiarios. Otros piensan que el gobierno incumple por la fuerte resistencia anti-minera que existe en la parroquia. Finalmente, algunos expresan que la razón porque no se invierte en la zona de influencia directa es porque va a ser invivible en un futuro cercano. El proyecto Mirador va a convertir a Tundayme en una tierra devastada.

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Reflexiones finales: construcción de una tierra devastada

Argumentamos en este capítulo que el diseño del proyecto Mirador, que ahora se convierte paso por paso en la infraestructura de la mina de cobre a cielo abierto, constituye una amenaza considerable ambiental y socio-cultural. Facilitará actividades y procesos que van a transformar el paisaje y el ambiente de Tundayme y más probablemente convertirlo en una futura tierra devastada –un área llena de desechos industriales, y gravemente afectada por sustancias contaminantes. No debemos perder de vista que los impactos ambientales reflejan y reflejarán una transformación diseñada por el sistema; las prácticas irregulares, como las que vimos en la segunda sección, pueden agravar algunos efectos ambientales, pero no son sus fuentes o causas principales. Como hemos revisado anteriormente en este capítulo, son varios los aspectos de esta infraestructura que convertirán a Tundayme en una futura tierra devastada. Consideramos las instalaciones planificadas que afectarán el paisaje hídrico – escombreras en la zona del río Wawayme, una piscina de relave sobre el río Tundayme, el desvio del río de Tundayme a través de una planta de tratamiento de agua y luego por un túnel que conecta con el río Machinatza. Estas prácticas e instalaciones y la forma de tratar desechos y las sustancias tóxicas que genera el procesamiento del mineral, crean múltiples posibles impactos – drenaje acido, filtración y fugas de sustancias conteniendo metales pesados y otros componentes tóxicos, sedimentación. Las instalaciones que almacenan y tratan los desechos y líquidos producidos en el procesamiento forman estructuras que acumulan contaminantes y estas estructuras perdurarán mucho más tiempo de lo que se calcula que va a durar la fase de extracción, aproximadamente 35 años. Voyles (2015) argumenta que la acumulación de desechos y sustancias por la extracción industrial de minerales y la exposición duradera de tóxicos y contaminantes constitu-

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yen una de las dimensiones claves de la práctica que ella denomina “wastelanding” –el hecho de generar o crear a través de prácticas tóxicas una tierra devastada. Voyles señala que la frontera extractivista tiende a expandirse hacia áreas pobladas de comunidades marginadas, cuyas formas de vida e intereses se consideran insignificantes o de menos valor comparado con los intereses externos de desarrollo económico o el bien común. A esta lógica de desvalorización se aglutina otra idea sobre cuerpos humanos y no humanos como contaminables (Kuletz 1998). En el caso del proyecto Mirador la producción de una futura tierra devastada viene acompañada con un discurso de desarrollo y de bien común– “el buen vivir”. No obstante, y al contrario a lo que Voyles observa, esta intervención de “desarrollo” no se justifica a través de un discurso de desvalorización, sino que se basa en una definición del área de Tundayme y los minerales en su subsuelo como “estratégicos”. La aprobación y la construcción del proyecto Mirador se basan en una política en donde algunos recursos y zonas del país se definen como de importancia y de valor nacional. El argumento de que los recursos naturales de Tundayme tienen un valor estratégico para todo el pueblo ecuatoriano es usado por el gobierno para justificar la extracción y los costos socio-ambientales implicados (cf. vanTeijlingen 2012). Esta justificación viene junto con una política anunciada de inversión social y de redistribución económica en donde una porción significante de los valores producidos en principio regresará a la población de la zona de influencia directa. La política viene acompañada de una promesa de modernización (Ferguson 1999). Además, la empresa y las autoridades competentes consideran que Tundayme y la cordillera del Cóndor son áreas aptas para la minería a gran escala y el repositorio de los deshechos de la producción industria de minerales porque trata de una minería responsable y sustentable. Se conceptualizan los impactos de esta actividad en términos de técnicas de manejo de riesgos ambientales. Se escucha frecuentemente en discursos del presidente, en entrevistas con el ministro de

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minas y en las intervenciones de autoridades públicas en audiencias y eventos de socialización del EIA del proyecto Mirador que el primer proyecto minero a gran escala en Ecuador utiliza la tecnología de punta y los sistemas más avanzados de procesamiento que han convertido a la extracción industrial de minerales en una actividad sustentable. El discurso oficialista que se basa en ideas que circulan internacionalmente (cf. Cisneros 2008) también saca provecho de un contraste con la minería de menor escala que se caracteriza como informal y por su ilegalidad representa una amenaza ambiental (cf. Velásquez 2011; Vangsnes 2016). Regresando a los puntos analíticos centrales de este artículo, se puede argumentar que la asociación de minería responsable a proyectos como el Mirador se hace posible a través de formas de externalizar impactos socio-ambientales actuales y futuros y de encerrar o enmarcar la remediación y reparación dentro de sistemas y lógicas de riesgos manejables. La construcción de minería responsable también se basa en la posibilidad de introducir una lógica de compensación basada en una asociación entre daño y pérdida, por un lado, y un futuro mejoramiento conceptualizado como desarrollo y el buen vivir por otro. A pesar de que es muy incierto hasta qué punto los proyectos de Ecuador Estratégico (entidad encargada de administrar las regalías de la producción de recursos naturales no renovables) benefician a la parroquia de Tundayme, la promesa de modernización ha sido consistente. El discurso oficialista ha dado y da énfasis a una lógica de beneficios y la incorporación de los pueblos marginados en el desarrollo del país, que se asume que la población desea. A los que resisten el proyecto porque dejan de creer en las promesas anunciadas o porque temen el cambio que implica esta “modernización”, les acusan de ser opositores de todo tipo de cambio. Por ejemplo, en una visita a las instalaciones de ECSA en Tundayme en marzo 2016, el presidente Correa caracterizó a los opositores como “tirapiedras”, gente informada y guiada por actores de la sociedad civil global y un ambientalismo

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radical y oportunista. Esta acusación y el discurso influyente del cual forma parte ignora la transformación socio-ambiental que está viviendo la población de Tundayme. Además, ignora que el proyecto Mirador genera una desposesión por contaminación, no sólo por sus actividades irregulares, sino también porque el plan de construcción y extracción sigue las especificaciones de su diseño. El desastre ambiental de evolución lenta está incorporado en el plan del proyecto el Mirador, y no sólo en su incumplimiento.

CAPÍTULO 7 PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL MIRADOR: PROCESOS PARTICIPATIVOS FRENTE A CIENCIA CORPORATIVA Luis Sánchez-Vázquez y Maleny Gabriela Reyes Conza

1. Introducción Las políticas de conocimiento técnico-científico sobre los impactos de la minería a gran escala juegan un papel fundamental en un contexto de conflicto socio-ambiental de carácter ecológico-distributivo (Martínez-Alier 2004) como el que se vive en la cordillera del Cóndor. Los procesos de construcción de conocimiento ligados a un mega-proyecto resultan un elemento clave a la hora de legitimar el mismo, ya que la empresa concesionaria y el Estado son los encargados de centralizar la producción de documentos principalmente generados a través del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su Plan de Manejo Ambiental asociado. Especialmente en las primeras fases de desarrollo de los EIA se producen una gran cantidad de datos científicos mediante diferentes informes que documentan las distintas dimensiones del medio natural afectado por el proyecto extractivo, incluyendo inventarios de biodiversidad, condiciones hidrogeológicas, análisis de suelo y mineralógicos, series climáticas, e incluso aspectos socio-económicos. Todos estos parámetros son definidos por la propia empresa minera Ecuacorrientes S.A. (ECSA), que los desarrolla a través de una consultora subcontratada, y con la supervisión final del Ministerio del Ambiente (MAE) para su aprobación. Bajo esta lógica

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de elaboración de los estudios, los posibles riesgos e impactos definidos siempre quedan subyugados a las soluciones e intervenciones que la empresa puede ofrecer (Li 2009). Por tanto, se produce un proceso de construcción de la realidad socio-ambiental del entorno del proyecto extractivo ajustado a la visión, a las necesidades de la empresa y, en última instancia, del Estado. Desde el enfoque teórico de la ecología política adoptado para este trabajo entendemos que para analizar adecuadamente estos procesos de construcción de conocimiento socio-ambiental, los análisis deben integrar el conocimiento de las cuestiones políticas que impulsan la realización de los proyectos, los significados socio-culturales ligados al entorno natural y las propias dinámicas ecológicas del cambio ambiental. En muchos trabajos escritos en la actualidad, dentro de la ecología política, se describen con detalle las políticas que determinan el cambio ambiental, pero se presta poca atención a las dinámicas ecológicas que son resultado de esos cambios. Como destaca Robbins (2004, 11-28), los efectos del ambiente físico en la acción social son un campo todavía con poco desarrollo teórico. Ante este panorama, varios ecologistas políticos han optado por dar énfasis a los análisis ecológicos para combinarlos con el estudio de las relaciones socio-políticas y las prácticas culturales, si realmente se quieren comprender las complejas dialécticas entre naturaleza y sociedad (Nygren y Rikoon 2008; Nightingale 2003; Walker 2005; Zimmerer y Bassett 2003). Harvey (1993) también ha resaltado la necesidad de la doble concepción de los proyectos ecológicos y socio-económicos (todo proyecto ecológico es socio-económico y vice-versa). En esta línea, también Bebbington y Bury (2013) hacen un llamamiento a incluir las ciencias ecológicas y metodologías propias de las ciencias experimentales en los estudios críticos de la ecología política, poniendo el foco en los distintos usos políticos de la producción de conocimiento relativa al ambiente, en especial en relación a los proyectos extractivos.

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En el caso que nos ocupa, creemos que las políticas de conocimiento de impactos socio-ambientales del Proyecto Mirador se pueden entender mejor si incorporamos al análisis las metodologías científico-técnicas utilizadas por la empresa y por el Estado. Estas se pueden incluir dentro de las lógicas de la llamada corporate science (Kirsch 2014), un conjunto de técnicas propias de las grandes compañías para promover y legitimar el desarrollo de sus proyectos. La aplicación de estas estrategias de producción de conocimiento, incluyendo los métodos de levantamiento de datos y la producción y presentación de los mismos, lleva a la construcción de una realidad única (single reality) (cf. Law 2011) sobre los impactos socio-ambientales del proyecto. Esta realidad construida en base a los informes científico-técnicos generados por la empresa y el Estado es la que se convierte en realidad hegemónica a través de su uso y difusión por parte de las distintas autoridades competentes del control del proyecto, que para el caso ecuatoriano se centralizan en el MAE. Otro elemento clave a la hora de construir la legitimidad del proyecto es el acceso a los datos previamente producidos. En el caso del Proyecto Mirador, resulta preocupante la dificultad para acceder a los mismos para la población local y para investigadores e instituciones independientes. Si bien los distintos Estudios de Impacto Ambiental producidos hasta la fecha se pueden conseguir en internet (con más o menos esfuerzo), los informes periódicos de inspecciones del Plan de Manejo Ambiental son inaccesibles para el público general. Ante esta situación de dificultad en el acceso a los datos técnico-científicos del proyecto, en Tundayme han surgido iniciativas concretas de producción de conocimiento alternativos sobre los impactos socio-ambientales del Proyecto Mirador, basadas en procesos de monitoreo participativo. Por tanto, dentro de las distintas dimensiones de los conflictos socio-ambientales que se dan en la cordillera del Cóndor, la disputa sobre la producción de conocimiento científico sobre los impactos del proyecto resulta crucial. Por un lado,

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la empresa ECSA y el Estado ecuatoriano, que centralizan la producción oficial y, por otro lado, las pequeñas iniciativas independientes que intentan abrirse paso. Una confrontación asimétrica que, no obstante, tiene ciertos puntos en común: la participación de población local en la producción científica. En este texto nos centraremos en analizar dos procesos participativos contrapuestos que tienen relación con la cuestión. En primer lugar, describiremos la participación de personas de Tundayme en colaboración con técnicos y científicos en el “levantamiento de datos” para la realización del EIA de 2015. Este proceso participativo resulta en cierto modo paradójico, ya que los datos producidos con ayuda de la población local posteriormente resultan de acceso limitado para los mismos habitantes locales. En segundo lugar, describiremos la iniciativa coordinada por nuestro equipo de trabajo en el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA) de la UTPL para la producción de conocimiento ecológico alternativo en el entorno del Proyecto Mirador, en base a monitoreos participativos de bioindicadores de calidad ambiental. En relación con este punto, exploraremos las posibilidades como herramientas de resistencia que pueden proporcionar los procesos de monitoreo participativo a la población local, como una opción de producir conocimiento científico alternativo al generado por la empresa minera ECSA a través de prácticas de la ciencia corporativa. La metodología utilizada para elaborar este capítulo se basó en el trabajo de nuestro equipo interdisciplinar en la zona de Tundayme durante el periodo 2013-2015. Para obtener la información sobre la participación de habitantes locales en el levantamiento de datos de la empresa, se realizaron entrevistas en profundidad con las personas participantes en el proceso de muestreo. Mientras que en el caso del monitoreo participativo describimos nuestra experiencia como coordinadores e impulsores de la iniciativa, aportando la información obtenida en los las conversaciones con las personas participantes, tanto en los talleres formativos sobre el monitoreo

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como en los propios procesos de muestreo colaborativo. De este modo, aportamos la visión de “insiders” en un proceso de investigación-acción colaborativa, reflexionando además sobre sus límites y potencialidades, aportando una descripción detallada de la metodología de muestreo en el apartado 3 de este capítulo. Según la perspectiva adoptada en este texto, en el que intentamos resaltar la cuestión ecológica en el marco de la ecología política, para nosotros resulta importante analizar los métodos empleados en la producción tanto de los datos oficiales del EIA como de las iniciativas de producción de conocimiento alternativo. Nos interesan, además, en su doble vertiente, no solo como instrumentos científicos sino también como herramientas políticas, de forma que analizaremos y veremos las posibles ventajas e inconvenientes tanto de las metodologías científicas como de los propios procesos participativos en sí mismos. Esta visión nos interesa a la hora de visibilizar las posiciones y acciones de los grupos de resistencia al proyecto minero desde la perspectiva del ecologismo popular (Martínez-Alier 2004), entendiendo los procesos ecológicos como “co-productores” de procesos sociales y culturales (Nightingale 2003).



El levantamiento de datos de los Estudios de Impacto Ambiental

En los últimos años se ha registrado una cantidad considerable de informes técnicos sobre los impactos del mega-proyecto minero Mirador, la mayoría de ellos relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Toda la producción de conocimiento científico vinculada a los EIA está centralizada en manos de la empresa minera ECSA, que encarga dichos estudios a firmas consultoras especializadas; o en su caso por el Estado, que puede emitir informes relativos al EIA a través del Ministerio de Minas o el Ministerio del Ambiente.

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En concreto el MAE es el encargado de las inspecciones periódicas del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, exigido para obtener la licencia de operaciones. De este modo, ECSA y en menor medida el Estado ecuatoriano están centralizando la producción de datos científico-técnicos sobre el Proyecto Mirador, y de esta forma condicionando las visiones sobre la realidad del mismo o generando intencionadamente incertidumbre científica al respecto de algunos puntos, en la línea de las estrategias propias de la corporate science (Kirsch 2014). Las funciones básicas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como ya han descrito otros autores como Fabiana Li (2009, 2015), se centran tanto en describir las características bio-físicas (y en menor medida, socio-económicas) de la zona antes de la extracción, como de establecer una estructura de control y monitoreo de los cambios e impactos socio-ambientales que se darán con el proyecto. El EIA es un documento necesario para obtener la licencia ambiental por parte del Estado, con la cual se puede dar inicio a las actividades del proyecto. El primer estudio fue presentado por ECSA en 2005, y fue aprobado, pero con “recomendaciones” de la autoridad ambiental en 2006. Este documento, poco riguroso y con inconsistencias, fue duramente criticado por diversas oenegés y organizaciones locales, y la propia empresa decidió hacer un nuevo estudio con un diseño modificado y entregado a las autoridades en el mismo año 2006. Tras un nuevo proceso de revisión por parte del Ministerio del Ambiente del nuevo ejecutivo de Rafael Correa, que debía ajustarse al marco legal introducido, ECSA tuvo que presentar un nuevo EIA en el año 2010, que fue aprobado pocos días antes de la firma del contrato del proyecto en el año 2012.179 En el año 2015 ECSA planteó al gobierno ecuatoriano

179 Gracias a Karolien Van Tejlingen por sus informaciones para la descripción de esta cronología.

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la posibilidad de ampliar el proyecto y doblar la cantidad de extracción de mineral prevista en un principio, de 30 kilotoneladas (kt) de cobre diarias a 60 kt/ día. Ante esta extensión del proyecto, presentó su último EIA para conseguir la nueva licencia ambiental del MAE. El nuevo EIA fue desarrollado por la empresa consultora internacional Cardno Entrix, siguiendo los patrones tradicionales en este tipo de proyectos, en los que las labores de consultoría ambiental son también, como la propia minería a gran escala, operaciones transnacionales (Li 2015). Sin embargo, para realizar el llamado “levantamiento de datos”, con el que se obtienen los parámetros básicos que dan lugar a la descripción de la realidad biofísica del entorno del proyecto, la firma Cardno delegó el trabajo en una serie de subcontratas. Entre éstas se incluían otras empresas de consultoría, universidades, instituciones de investigación aplicada, laboratorios certificados, e incluso se contó con la colaboración de habitantes locales conocedores de la zona, en un proceso que describiremos más adelante. Esta fase de producción de conocimiento científico nos interesa espcialmente, ya que puede clarificar en cierta forma cómo se llevan a cabo prácticas concretas de la ciencia corporativa en el Proyecto Mirador. También nos permite enfocarnos en una fase del proyecto en la que participan personas que viven en la zona afectada. Sobre estas prácticas concretas de colaboración de habitantes locales no hay mucha información y en general los habitantes de Tundayme no están abiertos a hablar sobre ello, ya que se les puede identificar como activos colaboradores de la empresa o pro-mineros. No obstante, durante nuestro trabajo de campo en el entorno de la cordillera del Cóndor fuimos informados de la existencia de estas prácticas, en las que habitantes conocedores del entorno natural habían colaborado y asisitido al personal técnico que recolectaba datos para el EIA. Gracias a esas informaciones, nuestro equipo de trabajo pudo realizar varias entrevistas con personas involucradas en

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los procesos de recolección de datos. En general, los habitantes locales sirvieron de guías y conductores para los equipos técnicos que realizaban los informes e inventarios de fauna. Los guías participaron en la identificación y registro de especies, especialmente de reptiles y anfibios. Por lo que sabemos, estas personas fueron contratadas por la familiaridad con el entorno y su conocimiento de la orografía local y los sistemas hídricos, además de las posibles variaciones recientes en los mismos. Las personas seleccionadas recibieron capacitaciones por parte de los técnicos de la consultora para el uso de dispositivos de geolocalización (GPS) y en materias relativas a la identificación y clasificación de flora y fauna, llegando incluso a aprender los nombres científicos de algunas de las especies. En este sentido, el conocimiento local basado en las relaciones de los habitantes con el medio natural a través de generaciones se pone en valor, y de hecho se utiliza para la producción de conocimiento, combinándose con métodos cuantitativos y herramientas de clasificación e inventario científico. Conviene destacar aquí que las actividades del proyecto contempladas en el nuevo EIA para la fase de ampliación son: la construcción de dique de desvío; la nueva relavera del río Tundayme; el túnel de desvío; el polvorín; la planta de trituración y planta de operaciones (Cardno-Entrix 2014). Estas nuevas áreas se localizan en la parte alta, media y baja de las cordilleras del Cóndor-Kutukú, y por tanto los muestreos para realizar el levantamiento de datos se restringieron a esas zonas, y se establecieron según los accesos existentes a las distintas áreas. Siguiendo la pauta habitual en este tipo de metodología, se determinaron dos puntos de muestreo para flora y fauna: el primero se ubicó en el sur del polvorín, en una zona no intervenida (o con intervención mínima) que se utiliza como punto de control; y el segundo al sur de la concesión, aproximadamente a 500 m de la vía Cóndor-Mirador, donde se construirá la relavera río Tundayme y en la que ya hay bastante intervención debido al proyecto. Comparando estos dos puntos se

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puede tener la perspectiva del impacto de la construcción de infraestructura y la alteración del ecosistema. Los muestreos de flora se realizaron durante cinco días en el transcurso del mes de mayo de 2014. Durante jornadas de ocho horas al día, los muestreos fueron realizados por 5 cinco personas que incluían a tres guías locales, además de un técnico y un asistente de la empresa. Los guías locales resultaron fundamentales para llegar a los lugares establecidos y además la colaboraron en la colocación de parcelas de monitoreo permanentes, mientras que posteriormente el técnico de la consultora realizaba solo los recorridos de observación. Los resultados mostraron una disminución significativa de especies en el area más intervenida, y las muestras colectadas en campo fueron entregadas de acuerdo a los protocolos que exigen al Herbario Nacional de Quito donde reposan los ejemplares (Cardno-Entrix 2014). De acuerdo con el EIA para la ampliación del proyecto en la caracterización biótica de fauna se establecieron puntos de muestreo para avifauna (aves), mastofauna (mamiferos), herpetofauna (reptiles), entomofauna (insectos), ictiofauna (peces) y macroinvertebrados acuáticos. Para los muestreos de aves, mamíferos y reptiles se utilizaron técnicas similares, que consistían en realizar transectos durante al menos siete u ocho horas durante tres días, aunque para el caso del muestreo de mamíferos las sesiones podían ser más largas. Los muestreos los realizaba un técnico acompañado de un habitante local, y especialmente para el componente de los mamíferos, normalmente más esquivo y difícil de ver, la participación de habitantes locales fue decisiva para realizar el muestreo. Las personas entrevistadas que colaboraron en los muestreos, dos habitantes de Tundayme, afirmaron que fueron contratados por la consultora Cardno como guías gracias a la experiencia que tenían en campo trabajando con la empresa ECSA. Estas personas ya habían trabajado en tareas reforestación y recolección de semillas en la fase de desbroce de vegetación del proyecto, recorriendo todos

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los terrenos concesionados a la empresa; y también estaban colaborando en los muestreos internos que realizaba la empresa cada seis meses. Según sus testimonios, su labor como personas conocedoras del entorno natural fue de gran ayuda para los técnicos por el conocimiento tradicional de las especies y los nombres comunes de las mismas. Esto, unido al uso de algunos nombres científicos aprendidos en las capacitaciones, facilitó enormemente a la consultora la identificación de especies, e incluso uno de los habitantes locales realizaba labores de identificación. En lo referente a las metodologías aplicadas para el muestreo, una de las personas entrevistadas destacó que utilizaron técnicas locales basadas en los conocimientos propios para atrapar las especies. Las especies capturadas eran trasladadas a las oficinas del campamento para reconocerlas, y las liberaban cada tres días. En cuanto a una valoración sobre los cambios y variaciones en el número de especies recolectadas durante el periodo que llevaban trabajando en monitoreos (uno y dos años respectivamente), ambas personas entrevistadas destacaron la disminución progresiva en el número de especies, principalmente desde que se producía acceso de maquinaria a los sectores de muestreo. Por último, también se realizaron muestreos de insectos tanto terrestres como acuáticos. Sin embargo, en este caso no se muestreó con el objetivo de realizar un inventario del mayor número de especies presentes en el terreno, sino que se optó por realizar el monitoreo de especies bioindicadoras de la calidad del ecosistema y los impactos ambientales: escarabajos coprófagos y mariposas diurnas para ecosistemas terrestres, y macroinvertebrados bénticos, para medir la calidad de los ecosistemas acuáticos. Si bien los monitoreos de bioindicadores resultan técnicas especialmente adecuadas para fomentar la participación local, debido a su relativa sencillez técnica y facilidad para la identificación, en el caso de los monitoreos de Cardno la

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participación se limitó a la ayuda de un guía para llegar a los puntos de muestreos y colocar las trampas, mientras que la recolección de las mismas y la identificación de especies la realizaban los técnicos. En el siguiente epígrafe profundizaremos en el análisis y en la descripción de las técnicas de bioindicadores, y además nos centraremos en sus potencialidades como métodos de trabajo colaborativo, en contraste a su uso por parte de la empresa. Como hemos visto hasta este punto, sí existió una participación relevante de habitantes locales en el levantamiento de datos, contando incluso con la incorporación del conocimiento local a las metodologías empleadas por los técnicos. Pero esta participación también fue restringida a distintos niveles: en primer lugar, por el número limitado de personas contratadas; y también porque solo se contó con personas vinculadas a la empresa ECSA. Obviamente, ambas restricciones tienen su lógica desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, hay un tercer nivel en cuanto a las restricciones que resulta más importante. A pesar de la participación de habitantes locales en los procesos de recolección, los informes escritos en base a dichos datos están reservados para usos específicos controlados por ECSA, las autoridades competentes y la empresa consultora. Por tanto, los habitantes de Tundayme cuentan con restricciones y dificultades a la hora de acceder a la información sobre las características ambientales de su entorno y los posibles impactos del proyecto. Es cierto que en las sesiones de “socialización” del documento del EIA que tuvieron lugar en marzo de 2015, el informe completo (con cartografía y anexos) estaba disponible para consulta pública en las mesas de información. Sin embargo, sólamente se podia consultar “in situ” y además la información facilitada por los comunicadores de Cardno invitaba a una lectura positiva y poco crítica. Estas prácticas de restricción y limitación en el acceso al conocimiento científico construido, así como el uso de capital humano y conocimientos locales en beneficio propio de la em-

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presa, se encuadran dentro del conjunto de técnicas y estrategias de la ciencia corporativa, sobre las que profundizaremos en la siguiente sección.

Monitoreos de bioindicadores como respuesta a la ciencia corporativa de ECSA Ante las dificultades de acceso a la información sobre los impactos socioambientales de un proyecto extractivo, y como respuesta a las prácticas de centralización de la producción de conocimiento, las comunidades locales afectadas y los los movimientos del ecologismo popular muchas veces se encuentran con el desafío de contestar y responder los informes científicos elaborados por las empresas. Estos informes generalmente minimizan los impactos y problemáticas ambientales que resultan obvios para los habitantes afectados. Tomemos como ejemplo el caso de los impactos de un mega-proyecto a las fuentes de agua, cuestión central en los conflictos socioambientales ligados a la explotación minera a gran escala. Como el recurso hídrico constituye una de las preocupaciones principales de las comunidades afectadas por los proyectos mineros, las compañías a cargo de la explotación se concentran en la “producción y difusión de datos científicos e información técnica”, para intentar convencer a la población de que “la minería no generará contaminación o reducirá la disponibilidad de los recursos hídricos” (Li 2011, 62). Este tipo de producción de conocimiento científico se enmarca dentro de las prácticas definidas y analizadas como ciencia corporativa por Kirsch (2014, 127-158). Una de las estrategias más usadas dentro de este conjunto de prácticas es la de establecer la contaminación de las fuentes de agua como una condición pre-existente a la explotación minera, ya que de esta forma se pueden relacionar las futuras denuncias por contaminación a dichas condiciones (Li 2009). De este modo, si bien las compañías no consiguen disipar las dudas sobre sus actividades

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contaminantes, al menos sí consiguen “generar controversia científica e incertidumbre” al respecto de los datos científicos generados en su contra, lo que se ha constituido en práctica habitual dentro de esta ciencia corporativa (Kirsch 2014, 130). Asimismo, los estudios científicos difundidos por las compañías en las fases previas a la explotación se pueden utilizar también como intentos de “anticipar y disipar” el conflicto dentro de la comunidad, incluso antes de que la oposición organizada a los proyectos comience (Bebbington 2010). Las comunidades afectadas cuentan con poco margen para contrarrestar esa producción de datos científicos, que finalmente contribuyen a la formación de visiones de la realidad y a la configuración de las relaciones de poder y las visiones dominantes de la realidad dentro del conflicto (Alonso y Costa 2002). La realización de muestreos y análisis de agua (o de suelos) en un laboratorio es un proceso muy costoso que generalmente no puede ser asumido por los pobladores locales. Además, lo interesante es poder realizar un monitoreo continuo de las condiciones ambientales, por lo que la opción de los análisis de laboratorio queda descartada rápidamente. Sin embargo, la opción de realizar monitoreos de bioindicadores de calidad ambiental por la comunidad, acompañada por organismos independientes, como oenegés o instituciones académicas, constituye una alternativa interesante. Las prácticas de monitoreo participativo que se describen en este capítulo cuantan con varias características que revelan un gran potencial para este tipo de trabajo. En primer lugar, resultan relativamente sencillas a nivel técnico con lo que la participación de la comunidad se facilita. Por otro lado, son mucho menos costosas económicamente respecto a los análisis en laboratorios acreditados. A pesar de sus ventajas y sus potencialidades, también existen ciertas limitaciones de estos procesos. En primer lugar, conviene poner en cuestión el propio concepto de participación y los modelos de investigación participativa, recogiendo los debates en torno a la “tiranía de la participación” (tyranny

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of participation) (Cooke y Kothari 2001, 4). Esas críticas se han fundamentado en cuestiones como la delegación o transferencia del poder y el control de los procesos, el privilegio de ciertas formas de conocimiento y de prácticas, fallos a la hora de considerar la importancia de la estructura social, las instituciones y las motivaciones subyacentes de los investigadores (Blaikie 2006; Nightingale 2003). También se problematiza el hecho de considerar un proceso “participativo” una actividad en la que un grupo de personas, definidas generalmente como “comunidad local”, son representadas por un grupo de participantes relativamente pequeño (Hickey y Mohan 2005). Además de estas limitaciones, estas iniciativas suponen un desafío complejo ante el que surgen diversas cuestiones interesantes que ya se han planteado para experiencias similares de monitreos participativos. Por ejemplo: ¿cómo se incorporan y reconocen las prácticas locales de monitoreo y el conocimiento local (si es que se hace)? o ¿qué niveles de participación se promueven en estos proyectos y cómo benefician a los habitantes de la comunidad? (Staddon et al. 2014). Estas preguntas se enmarcan a nivel teórico en el campo de la ecología política y se relacionan con cuestiones como el poder, la legitimidad o la construcción del conocimiento, por lo tanto, sus respuestas pueden tener grandes implicaciones tanto a nivel de diseño de políticas extractivas o de conservación, como a nivel de planteamiento de estrategias de resistencia por los ecologismos populares locales. En relación con esto, los mayores desafíos que se plantean son las posibilidades reales de estos procesos para aumentar de escala e influir a nivel político. En este trabajo planteamos y cuestionamos la posibilidad real de poder validar su pertinencia como herramienta de producción de conocimiento científico alternativo, precisamente con el objetivo de poder participar en los debates científicos técnicos y poder influir en la toma de decisiones políticas al respecto de la explotación de recursos naturales y su afectación a las comunidades locales. Según nuestra visión, los datos obtenidos en

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los monitoreos participativos deberían poder ser utilizados por la comunidad y las autoridades locales como herramienta científica aceptada y validada, con el objetivo de transformar posiciones y relaciones de poder dentro de las dinámicas de un conflicto socio-ambiental. Como apunta Teresa Velásquez con base en sus trabajos sobre conflictos mineros en los Andes ecuatorianos, las herramientas científicas pueden conectar a las comunidades de base entre sí, y facilitan la interacción y la generación de espacios de debate con las empresas y los diferentes niveles de gobierno implicados (Velásquez 2012, 234), constituyéndose así en una herramienta de gran valor para la acción política. En este contexto, y como reacción a la centralización de la producción de conocimiento sobre los impactos ambientales del Proyecto Mirador descrita anteriormente, se han desarrollado diferentes iniciativas por parte de entidades o investigadores independientes decididos a cuestionar la “realidad científica” producida por ECSA. Entre los estudios más reseñables se pueden destacar el análisis crítico de William Sacher sobre la hidrología del proyecto (Sacher 2011) o los distintos análisis de aspectos técnicos del EIA llevados a cabo por la oenegé estadounidense E-Tech (Kuipers 2012; E-Tech 2011, 2012). E-Tech tiene una trayectoria consolidada de apoyo a comunidades afectadas por grandes proyectos extractivos en distintas partes del mundo, comenzando por los Estados Unidos. Su estudio del año 2006 analizando los verdaderos impactos ambientales de 183 minas en operación en los Estados Unidos frente a lo estimado en los EIA respectivos (Kuipers et al. 2006), ha sido citado como un estudio ejemplar para contrarrestar la producción de conocimiento basada en la corporate science (Kirsch 2014, 135). Todos estos informes están accesibles en la red y tienen un lenguaje relativamente sencillo para poder ser consultados fácilmente por la población local. De forma complementaria a estos trabajos, y con el objetivo de involucrar a la población local en el proceso científico,

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se han desarrollado iniciativas concretas de medición y monitoreo de las condiciones ambientales con metodologías estandarizadas, basadas en el muestreo de bioindicadores. Son técnicas similares a las utilizadas por ECSA y Cardno en su levantamiento de datos, pero con la intención de potenciar, esta vez sí, la participación de los habitantes de Tundayme. La primera de ellas fue coordinada por E-Tech en el mes de abril de 2013. La experiencia de E-Tech de monitoreo participativo en el entorno del Proyecto Mirador se basó en la medición de calidad de agua combinando análisis de laboratorio; la medición de parámetros físico-químicos in-situ con un equipo electrónico; y el muestreo de invertebrados bentónicos como bioindicadores de calidad acuática (E-Tech 2013, 2). Las otras experiencias de monitoreos participativos en la zona que vamos a analizar en profundidad en este capítulo están siendo coordinadas por nuestro equipo de trabajo del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica de Loja (OBSA-UTPL). Los monitoreos participativos se integran dentro de un Proyecto de Monitoreo de Conflictos Socioambientales en el catón El Pangui, que cuenta con un sistema general de indicadores de distintas variables económicas, culturales o sociales (Sánchez-Vázquez y Eguiguren 2016). Los indicadores de calidad ambiental se basan en los muestreos de bioindicadores, combinados con un análisis de calidad de agua realizado por los laboratorios de la universidad que se utilizó para establecer la línea base del sistema de indicadores (UTPL 2014). Para determinar la calidad ambiental mediante bioindicadores se utilizan dos métodos complementarios: el muestreo de macro-invertebrados bénticos para determinar la calidad del agua de una forma muy similar a la utilizada por E-Tech, y el muestreo de escarabajos coprófagos para determinar la calidad general del ecosistema. Tanto el muestreo de macroinvertebrados como el de coprófagos se pueden realizar de una forma relativamente simple y mucho menos costosa económicamente que los análisis de laboratorio, pero requieren de asistencia y guía

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de técnicos con formación en ciencias biológicas o ambientales, con el fin de establecer la metodología del muestreo y la identificación de las especies. Para ambos métodos existen guías (o claves) diseñadas para determinar la composición de los insectos en las distintas muestras, que en base a las frecuencias relativas de los organismos indicadores de buen o mal estado, ayudan a determinar la calidad del ecosistema en cuestión (terrestre o acuático). El muestreo y la identificación de macroinvertebrados en base a las guías son procesos relativamente sencillos que a partir de la tercera o cuarta rutina se puede realizar por pobladores locales con una mínima asistencia de los técnicos. Las muestras de macroinvertebrados se tomaron siguiendo la metodología tradicional: usando una red de un metro cuadrado, mientras se disturbó el sedimento y material orgánico aguas arriba de la red. La calidad de agua en cada punto se estableció según un método de referencia internacional (BMWP), que mide la cantidad y variedad de macroinvertebrados, centrándose en tres tipos de géneros que son indicadores de calidad del ecosistema acuático. El sistema de clasificación biológica resulta en un índice de calidad de agua con un rango desde “buena” hasta “muy mala” con una fiabilidad bastante alta, pero tiene el inconveniente de que no resulta efectivo para determinar las fuentes concretas que originan la contaminación en caso de registrar indicios de mala calidad. El muestreo de escarabajos coprófagos exige una metodología más compleja (que suele involucrar mínimo dos o tres días, tiempo necesario para recoger las muestras), y la identificación de los individuos también requiere de mayor especialización. Pero esa mayor complejidad también le otorga ventajas muy interesantes, ya que permite determinar la calidad del ecosistema con una precisión bastante alta. Además, se puede inferir qué tipo de contaminantes está provocando las alteraciones, ya que dentro de la familia de estos escarabajos hay organismos sensibles a la contaminación por materia orgánica, nitratos, fosfatos o metales pesados, con lo que

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se podrían identificar estados de alteración en el ecosistemas provocados por el proyecto minero. Hasta el momento en el proyecto de monitoreo de conflictos socio-ambientales se han realizado dos mediciones anuales de los valores de indicadores. El primer año (2014), los muestreos se realizaron por el equipo de trabajo del OBSA, combinando los análisis de calidad de agua de laboratorio con los muestreos de escarabajos coprófagos para determinar la calidad del ecosistema. Los resultados mostraron distintos tipos de contaminación provenientes principalmente de actividades ganaderas, pero también se encontraron metales pesados como arsénico o magnesio mediante ambos métodos (UTPL 2014). La presencia de estos contaminantes apunta al desarrollo de actividades de minería artesanal en la zona en épocas pasadas, que dejó presencia de estos contaminantes en el subsuelo o capas freáticas. Durante el segundo año se decidió que los muestreos de bioindicadores serían una herramienta de medición mucho más interesante si se conseguía involucrar a la población local en los mismos. Para ello, el equipo del OBSA tomó la iniciativa de formar “clubes ecológicos” en las distintas parroquias del cantón, destinados principalmente a jóvenes, pero abiertos a todas las personas interesadas en participar. El objetivo fundamental de estos clubes es el de involucrar a la población local en los monitoreos, para facilitar instrumentos de evaluación y medición de las condiciones de su entorno. Además de los muestreos, en los clubes se realizan actividades complementarias (como cursos de educación ambiental y talleres de formación) relacionadas con la conservación de la naturaleza y la puesta en valor del ambiente natural de la zona. Conviene precisar que el desarrollo de actividades en los clubes ha tenido un éxito moderado (y desigual) hasta el momento. Se han puesto en marcha tres clubes: el primero se formó en la parroquia Pachicutza, la más alejada de la zona de influencia minera; el segundo club se formó con los habitantes de la comunidad San Carlos de Numpaim, perteneciente

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a la parroquia de Tundayme, cuyos habitantes son de la etnia shuar; y el tercer club en la parroquia Tundayme, con influencia directa del proyecto. En Pachicutza se cuenta con pocos participantes (la mayoría jóvenes estudiantes de universidad o secundaria), pero que tienen un gran interés en las actividades. Estos han conseguido completar varios muestreos con resultados interesantes tanto por los datos obtenidos como por la toma de conciencia ambiental por parte de los participantes. En San Carlos de Numpaim los habitantes se declaran abiertamente anti-mineros y, si bien por su ubicación aún no han tenido afectación directa por parte del proyecto, dentro de sus territorios sí hay un pequeño yacimiento de barretina explotado de forma artesanal por personas ajenas a la comunidad. Por este hecho, hay varias personas de la comunidad que están muy interesadas en apropiarse del método de monitoreo con bioindicadores para poder realizar mediciones de calidad ambiental independientes. En Tundayme, los muestreos comunitarios se están coordinando con el GAD Parroquial para obtener información relevante sobre la calidad del agua para consumo humano en el río Beno, además de haber realizado varios talleres educativos con los niños y jóvenes de la parroquia. Adicionalmente, con el club ecológico de Numpaim se está iniciando una pequeña investigación colaborativa para rescatar los bioindicadores usados tradicionalmente por las personas de etnia shuar en la zona. Con esto se intenta integrar en el proceso el conocimiento tradicional para dotar de una mayor riqueza y fiabilidad al muestreo de bioindicadores, además de promover y facilitar el involucramiento de la comunidad en el proceso. La formación y puesta en marcha de los clubes ecológicos, además de ciertos resultados interesantes y líneas de trabajo prometedoras también presenta limitaciones y obstáculos a salvar. Uno de ellos es la percepción de la población sobre la validez y utilidad de estos métodos. Si bien está comprobado que contribuyen a la conformación de conciencia ecológica y puesta en valor del entorno inme-

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diato, no está muy claro hasta qué punto pueden servir como evidencias científicas ante determinadas instancias, como una demanda ante la empresa en los juzgados. Otro problema es la continuidad que se le pueda dar a este tipo de procesos sin la asistencia y coordinación de un organismo externo, ya que los métodos, aunque relativamente simples y poco costosos, consumen tiempo y esfuerzo de los comuneros y requieren de un compromiso que no es fácil de adquirir.

Conclusiones En este trabajo hemos puesto el foco en dos procesos de producción de conocimiento diferenciados, en los que han participado personas del área afectada por el Proyecto Mirador. En primer lugar, vimos cómo la participación de personas de Tundayme en labores de asistencia y colaboración en los muestreos de flora y fauna tuvo una importancia considerable para completar el levantamiento de datos necesario para elaborar el nuevo EIA. Es más, los técnicos responsables valoraron los conocimientos tradicionales de las personas locales involucradas, haciendo uso de ellos y permitiendo que estas personas realizaran incluso labores técnicas de identificación de especies. Así, el conocimiento local se combina con los métodos cuantitativos de recolección de datos y de clasificación científica, para contribuir a la creación de un discurso científico “hegemónico” que determine la realidad ambiental afectada por el Proyecto Mirador. Sin embargo, esta participación de habitantes locales queda reducida a esa fase de levantamiento de datos, mientras que los informes finales y los resultados de estos procesos de conocimiento científico quedan difícilmente accesibles para las personas afectadas por el proyecto. Más aún, los informes producidos y recopilados para elaborar el EIA son utilizados por la empresa ECSA para construir una realidad favorable a la ejecución del proyecto y salvar los expedientes administrativos, minimizando los posibles hallazgos sobre impactos

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negativos o presentando resultados inciertos sobre ellos, en la línea de las políticas y prácticas habituales de la ciencia corporativa (Kirsch 2015; Li 2015). Por otro lado, hemos visto cómo la aplicación de técnicas de muestreo participativo de bioindicadores para conocer la calidad ambiental a través de alianzas entre la población afectada y organismos de investigación independientes tiene potencial para llegar a constituir procesos de vigilancia ambiental más democráticos. Sin embargo, estas iniciativas, en cierto modo prometedoras, no se presentan sin dilemas y contradicciones. Además de los debates inherentes a los procesos participativos encuadrados dentro de la llamada “tiranía de la participación” (Cooke y Kothari 2001) y las propias reticencias a participar y apropiarse de estos procesos por parte de la población local, quizá el mayor desafío es saber si el conocimiento científico producido a través de estos métodos alternativos tiene realmente valor para la acción política y judicial. Según nuestra opinión, el uso de los bioindicadores como técnica de análisis de la calidad ambiental puede tener resultados efectivos a niveles de debate científico en casos de procesos judiciales. Es una técnica aceptada y validada en la comunidad científica, como se demuestra su uso progresivo cada vez más amplio por parte de empresas e instituciones, e incluso hemos comprobado cómo la propia ECSA las utiliza entre sus metodologías de producción de datos. Por tanto, su uso como herramienta científica puede facilitar espacios de interacción y debate con las empresas y los diferentes niveles de gobierno implicados, tal y como sugiere Teresa Velásquez (2012). A nivel teórico y metodológico, el trabajo desarrollado con los monitoreos colaborativos creemos que tiene un aporte considerable en el desarrollo teórico a la hora de vincular los efectos e impactos de un proyecto extractivo en el ambiente físico y la acción social, recogiendo así el llamamiento de diversos autores a dar más peso a las cuestiones ecológicas dentro del campo de la ecología política (Robbins 2004; Nygren y Rikoon 2008). Sin embargo, estos procesos también traen consi-

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go dilemas importantes. Estas técnicas de análisis científico si bien son más abiertas a la participación y a la democratización de los procesos, también legitiman y en cierto modo reproducen la racionalidad científica utilizada por la empresa y el Estado. Esta racionalidad de la corporate science lleva implícita una definición concreta de lo que es el ambiente afectado (incluyendo los componentes de flora, fauna, recursos hídricos y recursos naturales), o incluso la propia definición de impacto ambiental insertada en ciertas lógicas de causalidad no es cuestionada al promover estos procesos y participar de ellos. Es un dilema con implicaciones profundas, y que no cuenta con una respuesta simple. En primer lugar, sería importante comprobar si mediante el uso de estas técnicas “alternativas” de análisis ecológico se consigue la apertura de espacios para influir en la toma de decisiones socio-políticas y judiciales. En caso afirmativo, sería importante incluir progresivamente elementos de los saberes locales, además de la puesta en valor de los modos de vidas tradicionales en esta nueva vía de construcción de conocimiento científico. Otro punto importante sería visibilizar y abrir a los habitantes locales los espacios de participación pública en los procedimientos de control y producción del conocimiento científico en el caso del Proyecto Mirador, principalmente a través de procedimientos asociados al EIA y al PMA que ya están descritos en la legislación pero que se encuentran restringidos “de facto” a la participación local. De este modo, aún con todas las dificultades y dilemas presentes, se podrían iniciar nuevos caminos para generar respuestas a las estrategias de la ciencia corporativa, a través de métodos alternativos de producción de ciencia ecológica cada vez más inclusivos y democráticos, y así ayudar a reestablecer condiciones de justicia ambiental en contextos de conflicto ecológico-distributivo.

PARTE IV PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE GOBERNANZA

CAPÍTULO 8 Procesos de planificación en el proyecto Mirador: entre “participación ciudadana” y resistencia anti-minera Esben Leifsen

Introducción El 24 de marzo 2015, en los locales del GAD Parroquial de Tundayme se llevó a cabo una revisión preliminar de un nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT. La parroquia queda dentro del área de influencia directa del proyecto minero Mirador, y la descripción de las dimensiones bióticas, socio-culturales e económicas, y las definiciones de futuras vías de desarrollo, elementos claves en el PDOT, se habían vuelto un tema político por los conflictos sobre el manejo de recursos naturales vitales para la población local, y con la llegada de la industria extractiva vitales también para la economía nacional. La persona que llevaba la palabra, un ingeniero representante de una consultora ecuatoriana, hizo la presentación con mucho cuidado. Con la ayuda de un proyector y una presentación power point dirigió su discurso por un terreno minado de conocimientos opuestos y experiencias inconmensurables (cf. Rodríguez-Garavito 2011). Contratado y pagado por el GAD Parroquial180 para asistir en la elaboración del PDOT y en la organización de un proceso de diagnós180 La Junta recibe en su turno financiamiento del Banco Nacional para llevar a cabo el PDOT. Cabe señalar que los GAD depende de apoyo técnico para elaborar un texto complejo y sustanical como el PDOT.

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tico participativo en las comunidades shuar y los poblados de finqueros mestizos de Tundayme, la consultora indudablemente tenía una tarea difícil de mediar entre, por un lado las autoridades de planificación y de participación181 con sus formatos, guías y expectativas y, por otro lado, la resistencia anti-minera local. En este capítulo trato el conflicto socio-ambiental relacionado al proyeto Mirador enfocando en las políticas de conocimiento o políticas epsitemológicas ligadas a la producción de documentos centrales de manejo ambiental. Considero el útlimo PDOT para la parroquia de Tundayme elaborado desde los principios de 2015 y finalmente aprobado por SENPLADES en septiembre este año, y el Estudio de Impacto Ambiental ampliatorio y el correspondiente Plan de Manejo Ambiental presentado para la socialización en el cantón de El Pangui en marzo 2015. Un punto de partida teórico es que estos documentos son instrumentos de gobernanza que, por tratar realidades socio-ambientales en la frontera extractiva, están ligados a la producción de conocimiento de la ciencia corporativa (cf. Kirsch 2014). Es decir, que la elaboración de planes de ordenamineto territorial, de desarrollo local, y del manejo ambiental de la intervención minera incorpora agendas, intereses y políticas del Estado-corporación que definen los impactos de minería a gran escala como riesgos manejables, y consecuentemente como un proyecto responsable y sostenible (Li 2009, 2015; Hébert 2016). Aunque estos documentos sin duda son productos de trabajo político, los autores de la alianza Estado – corporación, involucrados en su elaboración, tienden a representarlos como estudios y planes técnicos y científicamente neutrales. Estos contribuyen de diferentes maneras a la de-politización de las estrategias del Estado y la empresa de gestión y manejo socio-ambiental (cf. Ferguson 1994; Li 2007), para entonces sustituir conflictos emergentes por una especie 181

SENPLADES y el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social.

PARTE IV – PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE GOBERNANZA | 261

de formalismo procedimental (cf. Rodríguez-Garavito 2011). Al mismo tiempo, el hecho de que los mecanismos de de-politización están en juego en el contexto del proyecto Mirador, esto no siginifica que no son contestados y cuestionados (cf. Leifsen 2017; Leifsen et. al. 2017). Parte de la resistencia anti-minera en Tundayme se mueve a nivel de politicas de conomimiento a través de diferentes intentos de re-politizar procedimientos e instrumentos formales y utilizarlos para definir agendas y posiciones alternativas. El proceso de formular el último PDOT para la parroquia de Tundayme es un ejemplo a considerar. Desde el momento que los opositores al régimen político tomaron la nueva administración parroquial en Tundayme en 2014, se ha formado una alianza entre el GAD Parroquial y un grupo de ambientalistas populares (Latorre 2009, 2011), asociados con la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor – CASCOMI. El perfilado líder de CASCOMI acompañó muy de cerca el proceso de elaboración del PDOT y especialmente del trabajo organizando del diagnostico participativo, que terminó pocos días antes de la revisión preliminar en el GAD Parroquial. Utilizando un mecanismo de planificación y participación formal en una manera no intencionada, la alianza de ambientalistas populares y una unidad de la administración del estado entraron en una lucha por las definiciones sobre la realidad de los recursos naturales. Buscaron cómo activar la potencialidad de emancipación (Green 2014; Santos y Rodríguez-Garavito 2003) a través de usos políticos de instrumentos formales diseñados por el estado. Se aprovecharon, entonces, de una especie de contra-planificaciones, parecida a la que describe Norris (2014) como formas que poblaciones afectadas se involucran en espacios invitados de participación (cf. Cornwall 2004). Estas emplean formatos, guías y procedimientos formales de planificación para influir y contrarrestar la producción dominante de conocimiento sobre recursos naturales y sus futuros usos. La re-politización de instrumentos formales, en este caso, genera un documento, el

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PDOT, que presenta una visión distinta al modelo dominante de desarrollo y de modernización. El PDOT entonces abre un espacio para la formulación alternativa al conocimiento que Kirsch (2014) nombra “ciencia corporativa”. Sin embargo, este documento compite con otros documentos que describen, regulan y facilitan la intervención minera, el Estudio de Impacto Ambiental, el EIA, y el Plan de Manejo Ambiental, el PMA. A diferencia del PDOT, el proceso de elaborar el EIA y el PMA no abre para una práctica de conocimiento política. En este sentido, la potencialidad del nuevo PDOT de Tundayme es limitada y vulnerable. El enfoque central de este capítulo es el proceso de contra-planificación relacionado al trabajo con el PDOT en Tundayme y los resultados temporales e inciertos que genera. Considero la estructuración de las relaciones y prácticas de “participación” desde el estado-corporación, y las posibilidades que tiene la gente afectada para aprovechar la ambigüedad de los instrumentos y mecanismos de planificación y participación para formular y practicar una defensa por una vida distinta o alternativa. Se inicia el análisis con una controversia que se generó entre actores locales y el representante de la consultora sobre distintas visiones sobre el futuro desarrollo de la parroquia de Tundayme. En la sección que sigue se analiza cómo el procedimiento de planificación y sus instrumentos constituyen un marco formal que regula la articulación de estas visiones de una manera ambigua. La ambigüedad posibilita una re-politización del proceso de planificación en base a una agenda ambientalista popular anti-minera. Como se detalla en la tercera sección, los actores locales utilizan un instrumento formal; el diagnóstico participativo, para promover esta agenda. La consolidación de este proceso, presentada en la cuarta sección, culmina en la inscripción de una visión alternativa en el borrador final del PDOT. En la última sección se compara el proceso del PDOT con un caso que los mismos actores locales arman contra el proceso inconsulta de la elaboración del último EIA ampliatorio del proyecto Mirador.

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Comparar estos procesos permite evaluar la potencialidad de emancipación que hay en el uso político de instrumentos formales, a pesar de que estos son vulnerables a ataques constantes porque están ligados a las prácticas de la ciencia corporativa y las políticas “estratégicas” de recursos no-renovables del estado. En la reflexión final se propone que la re-politización de procedimientos formales puede generar un efecto de emplazamiento en el sentido de reemplazar forma procedural por contenido político. El estudio presentado acá se basa en varios métodos y fuentes de información. Junto con un equipo de investigadores de OBSA-UTPL, el autor participó en reuniones de revisión del PDOT con la junta parroquial, la consultora y el Consejo de Planificación Local (una revisión preliminar el 24 de marzo y la revisión final el 7 de septiembre 2015). Llevamos a cabo una revisión de material audio y visual (grabaciones y fotos) de los talleres del diagnóstico participativo con personal de la junta parroquial (los días 17 y 18 de marzo 2015). Además, observamos el proceso de la socialización del EIA ampliatorio, en el cantón de El Pangui y las parroquias de El Guismi y Tundayme (visitas a mesas de información los días 24 y 25 de marzo y el audio de una grabación de una audiencia pública en Tundayme el 28 de marzo). Completamos la observación participativa llevando a cabo entrevistas con funcionarios públicos, personas afectadas y personas involucradas en la resistencia local. Revisamos también fuentes primarias; varias versiones del nuevo PDOT de la parroquia de Tundayme, incluido la versión final; material de información de SENPLADES sobre el proceso formal de elaborar PDOTs; y el borrador del EIA ampliatorio presentado para la socialización en marzo del 2015. Una carta de organizaciones locales finqueras e indígenas demanda la consulta previa, libre e informada en el caso del proyecto Mirador, que también forma parte de las fuentes primarias analizadas.

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La revisión preliminar: la confrontación de posiciones

Una discusión tensa se generó en relación con la presentación preliminar del nuevo PDOT en la sala de la Junta parroquial de Tudnayme el 24 de marzo del 2015. El discurso de los consultores fue repetidamente interrumpido por los interlocutores, con preguntas críticas, visiones alternativas e insistencias en que la representación de la realidad tenía que reconsiderarse.182 Junto con los consultores estaban reunidos representantes del GAD Parroquial, miembros de CASCOMI, representantes del Consejo de Planificación Local183 e investigadores del Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales (OBSA) de la UTPL-Loja.184 Luego de una introducción sobre la parte biótica, el consultor entró en un tema problemático y fundamental para los moradores de Tundayme. Al cruzar datos de INEC con información cartográfica de MAGAP, el consultor dio un número que resultó controversial; indicó que el 35% de la población de la parroquia todavía está dedicado a actividades agropecuarias.185 El presidente de la Junta intervino preguntando “si no sería más”, haciendo referencia 182 La sesión fue grabada en su totalidad.

183 El Consejo está conformado por representantes de la junta parroquial y de la sociedad civil y fue elegido en una asamblea general de la parroquia (cf. GADPRT 2014).

184 El autor formalmente formó parte de este equipo de investigadores de OBSA-UTPL, como contraparte en una colaboración investigativa entre UTPL y el Departamento de Estudios Internacionales de Ambiente y de Desarrollo de la Universidad Noruega de las Ciencias de la Vida (NMBU).

185 Según las mismas fuentes oficiales sólo 1,17% del área total de la parroquia es apto para agricultura de riego y 24,45% del área apto para ganadería (pastos). Casi 60% del área se define como apto para “forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural” (cf. GADPRT 2014). La mayoría del territorio no está habitado o habitable, y la parte en donde se encuentra la población y la actividad agropecuaria de la parroquia se sobrepone en un grado significante con el área que ECSA va a aprovechar para la actividad minera.

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al proceso recién terminado del diagnóstico participativo en donde “la gente ponía como más fuerte a la ganadería y a la agricultura”, es decir que todavía le atribuían bastante peso a estas actividades. El consultor contestó que la actividad puede haber disminuido por el asunto de la minería, haciendo referencia a tierras que no son productivas y que antes estaban dedicadas a la ganadería y agricultura. Desde que la empresa obtuvo las concesiones mineras en en el periodo 2001 – 2006. ECSA se ha ido apropiando tierras y propiedades en la parroquia a través de un proceso irregular y conflictivo de compras, toma de supuestas tierras baldías o tierras sin títulos legales en donde el derecho a tenencia se basa en el uso sobre tiempo, y expropiaciones por el estado a través de la servidumbre minera. Al inicio del 2015 ECSA sin duda era el terrateniente más grande de Tundyame, propietario de aproximadamente 5284 hectáreas (Cardno Entrix-Caminosca 2015), o aproximadamente del 21% de área total de la parroquia. La extensión de tierra ahora controlada por la empresa forma parte del área del campamento, el futuro tajo y las áreas de infraestructura de la mina. Además incluye áreas planificadas para futuras escombreras, relaves y caminos. Sin embargo, una parte significante permanece como una franja entre el proyecto minero y la población, que se queda sin uso durante el periodo entero de extracción minera. Esta franja y los terrenos planificados para usos diversos supuestamente son nuevas propiedades privadas no productivas. Esta acumulación que produce tierras baldías es una nueva situación de despojo (Perrault 2013a, 2013b; Harvey 2003) que cambia las condiciones para la actividad agrícola - ganadera, principalmente porque restringe el acceso legal que tiene la población a las partes productivas del territorio (véase también el capítulo 4 sobre procesos territoriales en Tundayme). Adicionalmente, crea un contexto nuevo para actividad informal e irregular: los finqueros y ganaderos locales siguen cultivando, cosechando y hacen pastar a animales en tierras hechas baldías por parte de la empresa (cf. Hogan 2015 y observaciones perso-

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nales). La consultora no considera estos cambios muy relevantes cuando evalúa la importancia de la actividad agropecuaria y las posibilidades de asegurar una “soberanía alimentaria” en la parroquia. Más bien hay un enfoque en las condiciones desfavorables para la agricultura y la ganadería en un ambiente húmedo tropical. El consultor reconoció que la agricultura en esta zona se basa en sistemas de rotación. Para evitar el lavado de nutrientes por las constantes y fuertes lluvias, se necesita hacer descansar a la tierra después de un periodo de uso. Las prácticas de hacer descansar implican una baja productividad, señaló. Contrarrestando este comentario, el presidente de la Junta indicó que esta visión de productividad asume una comparación no justa con la agricultura de la costa y la sierra que se basa en el uso de agroquímicos; “acá no se utilizan fertilizantes” dijo. Respondiendo a esta observación, el consultor señaló que la meta de identificar el problema de productividad es buscar una solución que pueda potenciar la producción agrícola a través de algún tipo de inversión o proyecto de mejoramiento. Aunque los finqueros muestran interés en las propuestas de mejorar la productividad y también en buscar alternativas sostenibles a la actividad ganadera que actualmente ocasiona deforestación, insisten en que la actividad agrícola-ganadera es y será clave para la economía local. Un representante del Consejo de Planificación expresó esto claramente: Él no estaba de acuerdo con el consultor en cuanto al 35%: “No podemos decir así, debe ser un 60%, no son excelentes tierras, pero sirven para ganadería. Si ponemos un 35% estamos diciendo que no sirve.” Según este representante, la cartografía de MAGAP no da la información necesaria; había que hacer inspecciones en el campo para comprobar y corregir las estadísticas oficiales. Añadió que no puede contestar por lo que hace la empresa con sus tierras acumuladas, pero las partes a que los finqueros todavía tienen acceso están bien aprovechadas y productivas. A estas alturas el consultor, mostrando un mapa del MAGAP en la pantalla, señaló que él no puede cambiar los da-

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tos oficiales. Aunque observaciones adicionales en el campo forma parte de su metodología, una corrección del porcentaje tenía que basarse en los datos oficiales del Estado. Su argumento no impresionó mucho al grupo presente que hace poco participó en el proceso de consulta a la gente de Tundayme para el diagnóstico participativo. ¿Para qué se llevan a cabo consultas a la gente en el campo si esta información no se considera relevante cuando diverge de los datos oficiales? Sin una aclaración de criterios, posiciones y visiones divergentes, el consultor propuso seguir adelante con la presentación. La respuesta inmediata del presidente de la Junta fue señalar otro dato presentado en el borrador del PDOT bajo el rubro de potencialidades económicas de la parroquia: Decía que la actividad minera era la actividad mayor. La discusión comenzó de nuevo y, esta vez, basada en la incertidumbre de si se trataba de una descripción real o una proyección hacia el futuro.



El formato del PDOT y su repolitización en Tundayme

Acá dejamos el debate en la Junta parroquial en Tundayme el 24 de marzo, que siguió casi dos horas más, para mirar más específicamente la potencialidad de emancipación que diferentes actores lograron aprovechar durante el proceso de elaborar el nuevo PDOT. En la sesión descrita acá, como en otras que la siguieron, se generaron conflictos entre definiciones y conocimientos: técnico-científico vs. práctico-experimentado. Debido al rol del consultor como mediador, observamos en este caso la negociación entre posiciones y criterios para constituir la realidad local alrededor de la existencia humana basada en una economía rural agrícola-ganadera o alternativamente en una economía industrial minera. Como vamos a ver en más detalle, esta lucha por definir la realidad local en términos de recursos naturales y económicos se centró en el rol de la empresa como una amenaza socio-ambiental

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y un poder transformador destructivo o, más bien, como un potencial generador de futuros beneficios y posibilidades. Este conflicto es sin duda asimétrico en varios sentidos. La reestructuración de tenencia de tierras o el despojo de tierras que se ha dado sobre poco tiempo es una condición cambiante que marginaliza a la población rural agrícola-ganadera de Tundayme. El hecho de que las autoridades y los que articulan su visión (como el consultor) logran desviar el enfoque desde estos cambios hacia una evaluación técnica de la baja productividad de los suelos que ilustra la asimetría de posiciones. Además, las visiones y el conocimiento de los finqueros y ecologistas populares no se consideran neutrales, mientras las estadísticas del INEC, los mapas del MAGAP y los formatos del SENPLADES tienen esta autoridad de ser técnicamente y científicamente objetivos. La lucha por las definiciones está, en otras palabras, ligada a ciertas agendas de desarrollo en donde algunos tipos de conocimiento tienen la autoridad proveniente de un discurso de naturalización y objetividad científicos, mientras otros tipos de conocimiento no lo tienen (Li 2009). Entre los recursos que crean esta autoridad están los sistemas de datos y estadísticas, y las herramientas –estándares de medición y formatos de diseño– que se aplican para establecer planes de ordenamiento y desarrollo territorial el PDOT. Estas herramientas están especificadas en documentos como Guía de contenidos y procesos para la formación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias (SENPLADES 2011a) y Guía para la formulación participativa de los PD y OT (SENPLADES 2011b). Para nuestro interés en las posibilidades de re-politizar procesos supuestamente neutrales y técnicos, ayuda a entender cómo esta herramienta participativa está formalmente estructurada, y cómo la practica en este caso diverge del diseño formal. En breve, la elaboración del PDOT está anclada en la normativa de planificación, organización y administración territorial y de participación, o sea en los códigos COPLAFIP

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y COOTAD, y la ley LOPC.186 Se basa en los estándares de información de SENPLADES con especificaciones y criterios del contenido, metodologías específicas de cómo aplicar fuentes de información (sobre todo el Sistema Nacional de Información y otras fuentes oficiales), y con formas determinadas de presentar los datos. Los productos que se prevé elaborar son un diagnóstico, una propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial, una visión para el futuro y una propuesta y un modelo de gestión. El proceso de formulación del diagnóstico se hace en base a un marco lógico estructurado de la siguiente forma 1) análisis de componentes (biofísico; socio-cultural; económico; de asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad; político institucional y de participación ciudadana); 2) identificación de problemas y potencialidades por componentes y la identificación de “demandas territoriales que deben ser atendidas por otros niveles de gobierno debido a sus competencias”; y 3) análisis estratégico territorial. Para todos los pasos hay instrucciones de cómo se debe proceder, aplicar metodologías y llevar a cabo análisis, y para todo el proceso hay financiamiento público a través del Banco del Estado (cf. SENPLADES n.d.). Acceso a financiamiento que hizo posible para el GAD parroquial de Tundayme emplear un equipo consultor profesional para asistir en el procesamiento de datos, la organización del diagnóstico y la elaboración del documento del PDOT. A nivel de parroquia se conforma un Consejo de Planificación Local que está involucrado en toda la elaboración del PDOT. El Consejo está conformado por representantes del GAD parroquial y de la sociedad civil, y está ligado a una estructura institucional que idealmente conecta la parroquia, el cantón y la provincia (los tres niveles de GAD). En la con186 COPLAFIP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; COOTAD: Código Orgánico de Organización territorial, autónoma y decentralización; LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

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formación del Consejo de Planificación Local, una entidad a nivel del municipio formalmente juega un rol en la elección de representantes de la sociedad civil, la Asamblea de Participación Ciudadana Local. También la Asamblea está conformada por una mezcla de representantes del GAD y la sociedad civil, y su conformación está coordinada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a nivel de la provincia. Esta estructura institucional forma parte de lo que se puede nombrar una nueva infraestructura de participación de la “revolución ciudadana”. Como argumenta Ospina Peralta (2013) esta infraestructura institucional constituye la base en una gobernanza participativa que se caracteriza por sustituir la participación (en el sentido de ejecutar influencia) por la inclusión ciudadana a través de crear espacios consultivos. Formalmente se puede considerar el Consejo de Participación Local como un espacio consultivo ligado al proceso de la elaboración del PDOT. Sin embargo, y como comentó una funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la provincia de Zamora,187 la nueva infraestructura institucional está en construcción y todavía no vigente en todas sus espacios y capacidades. Para el cantón de El Pangui, por ejemplo, no existe una Asamblea Local, lo cual implica que el Consejo de Planificación Local de Tundayme se conformó sin el involucramiento del GAD cantonal. Como confirman en el GAD parroquial de Tundayme, el Consejo Local se conformó en una asamblea general de la parroquia.188 La observación es relevante como el GAD parroquial forma parte de la oposición política al gobierno, distinto a la situación del GAD del cantón de El Pangui en donde Alianza País está en poder. Esta situación política abrió un espacio “autónomo” que hizo posible el involucramiento de un actor significante de la sociedad civil, CASCOMI, que se ha consti187 Entrevista realizada en la ciudad de Zamora, 5.12 2014.

188 Comunicación personal en el GAD Parroquial de Tundayme, 10.3. 2016

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tuido en base a una agenda ambientalista popular anti-minera. Con “ambientalismo popular” se entiende, según Latorre (2009, 2012) movilizaciones o respuestas de resistencia que se vuelven “verdes” como parte de estrategias e intentos de defender las bases de recursos naturales y proteger formas propias de vivir y sobrevivir. “Volverse verde” en este sentido implica incorporar en luchas locales elementos de discursos y agendas políticas nacionales e internacionales del ambiente y crear alianzas organizativas con actores, organizaciones y movimientos externos. En este sentido CASCOMI es la última expresión organizativa de varios momentos de movilización que se ha vuelto verde en la parroquia de Tundayme y el cantón de El Pangui y que ha tenido lazos con los movimientos anti-mineros, ambientalistas e indígenas nacionales y hasta cierto punto también internacionalmente. La participación de CASCOMI fue indudablemente importante para todo el proceso del PDOT y especialmente influyente en cuanto a la implementación del “diagnóstico participativo”. La alianza entre el GAD parroquial y CASCOMI hizo posible re-politizar un proceso formal procedural del estado a través de un trabajo de resistencia. Utilizo el término “re-politizar” porque contrario al sentido público de planificación y participación como mecanismos de administración, reitero que procesos como los del PDOT y el diagnóstico participativo ejercen poder justamente porque los que los implementan logran de-politizar su gestión (Ferguson 1994; Li 2007). Analizando otro mecanismo de participación (consentimiento/consulta libre, previo e informado), Rodríguez-Garavito (2011) señala que el hecho de de-politizar implica sustituir potenciales conflictos (alrededor de mega proyectos de extracción de recursos naturales) por una especie de formalismo procedural (el hecho de llevar a cabo un proceso formal prescrito). A través de lo que Rodríguez-Garavito describe como el efecto de desplazamiento (“displacement effect”), conflictos sustanciales se transforman en procedimientos, en operaciones y secuencias a pasar, estándares

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y formatos a aplicar y resultados y productos a elaborar. La posibilidad de revertir esta transformación depende de la capacidad de grupos o actores afectados de estar en una “movilización política sostenida” (Sosa y Rodríguez-Garavito 2005). La potencialidad de resistir o contra-hegemónica se crea a través de convertir elementos legales/formales en políticas, o sea armar prácticas que logran, por lo menos temporalmente, reubicar los instrumentos de por ejemplo planificación y participación en el contexto político. En este sentido el espacio que Ospina Peralta (2013) denomina “consultivo” se convertirá en un espacio de negociación. Como resultado el rol del consultor cambia también: de un experto técnico asistiendo el proceso a un intermediario negociando soluciones entre diferentes posiciones e intereses. En el caso del nuevo PDOT de Tundayme, los afectados lograron re-politizar el proceso en sus distintas etapas y a diferentes niveles. A nivel discursivo cuestionaban repetidamente las definiciones sobre los recursos vitales y el entorno socio-natural, ponían en duda la veracidad o neutralidad de datos científicos/técnicos, y criticaban los métodos utilizados para establecer la versión dominante o hegemónica. El ejemplo al inicio del capítulo es una pequeña muestra del trabajo de re-politizar el contenido del PDOT, pero la re-politización también operó al nivel organizativo, especialmente en relación a la forma que se llevó a cabo el diagnóstico participativo.



El diagnóstico participativo como contra-planificación

Según la funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la provincia de Zamora, el diagnóstico participativo es un instrumento paralelo al presupuesto participativo. Funcionan mejor a nivel local (de parroquia) para corregir procesos de planificación y gestión que tienden a estar dominados de manejos y juegos políticos (y económi-

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cos) locales. Los mecanismos de participación ayudan, según esta funcionaria, a romper con estructuras de poder local y a dar tanto a los planes como los presupuestos una representatividad necesaria para el manejo democrático de recursos. En cuanto al diagnóstico participativo, la funcionaria del Consejo indicó que ayuda a corregir prácticas de copia y pega (de planes de otros sitios u otros periodos de gestión) en la elaboración de los PDOTs. En su visión es un mecanismo para formular versiones más reales de los contextos locales; versiones en donde la distancia entre mapa/plano y el terreno sea menos influenciada de actores y agendas políticos personales y específicos. El proceso del diagnóstico llevado a cabo en Tundayme en marzo 2015 tuvo esta función de corregir, pero desde una crítica a una visión oficialista y pro-minera de la parroquia formulada por la administración anterior (que era de Alianza País). Para los de la Junta que estaban involucrados en la elaboración del nuevo PDOT, un objetivo principal ha sido el de dar una descripción en términos económicos y de recursos naturales más real de la parroquia. Este trabajo viene junto con una agenda política. La organización del diagnóstico fue coordinada entre la Junta, el Consejo de Planificación Local y la consultora, y consistía en visitas a las comunidades y poblados de la parroquia. En cada lugar se llevó a cabo un taller con una metodología participativa con el fin de registrar y sistematizar las opiniones y visiones de la gente. Los talleres se iniciaron con la bienvenida por parte de los organizadores, con una explicación del objetivo y el formato del trabajo colectivo. Para los talleres se aprovecharon los espacios públicos de los lugares y en un caso en donde no había una casa comunal en la comunidad se organizó el taller al aire libre. Los talleres fueron anunciados de antemano y las personas que asistieron fueron divididas en grupos pequeños, cada grupo trabajó dos componentes del PDOT (biofísico; socio-cultural; económico; de asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad; político institucional y de participación ciudadana).

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La lógica de problemas y potencialidades dirigió el trabajo en estos grupos y además un grupo trabajó el esquema FODA (un instrumento de diagnóstico estructurado en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Cada grupo tuvo un “papelote” y marcadores para visualizar los insumos de los participantes y en cada grupo había un “secretario” que escribía y también presentaba los resultados en una sesión común hacia el final del día. Se tomaron fotos de todas las presentaciones y en casi todos los talleres fueron filmados con una cámara de video.189 Los espacios que se abrieron con estos talleres parecen a los que están escritos en la literatura como espacios consultivos (Ospina Peralta 2013) o espacios invitados (Cornwall 2004; Gaventa 2004). Estos espacios se consideran incluyentes de acuerdo a un diseño determinado que facilita una participación controlable y estructurada y con cierta tecnología sencilla de representación y documentación (papelotes, marcadores, papel, filmadores etc.) que forma parte de la infraestructura de participación (Green 2014; Guzmán-Gallegos 2010). Al mismo tiempo lo que se logró en los talleres del diagnóstico participativo en Tundayme difiere de estos espacios, sobre todo por el rol de CASCOMI y especialmente su líder. Curiosamente, CASCOMI fue la única comunidad en este proceso que no tiene un territorio determinado. CASCOMI era una asociación básicamente de finqueros y algunos miembros shuar que obtuvieron el reconocimiento formal como comunidad indígena en 2014. Aunque algunos de los miembros tienen o tenían sus terrenos en un área específica (el área de San Marcos), las conexiones de la comunidad CASCOMI a sitios físicos-geográficos de la parroquia son dispersas. Concretamente no se puede visitar a la comunidad o, en todo caso, se puede visitarla en sitios múltiples.

189 Junto con el presidente y el técnico de la Junta de Tundayme revisamos todos los talleres grabados los días 17 y 18 de marzo 2015.

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Algo de esta dimensión multi-espacial también caracterizó la participación de CASCOMI en el diagnóstico. Su representante, el líder de la comunidad, estuvo en casi todos los talleres, y en varias de ellas él fue el representante de los organizadores dando la bienvenida y explicando los objetivos de las sesiones. También participó muy activamente en diferentes capacidades, como oponente, como “secretario” en algunos casos, como experto y observador. Sin duda, el líder de CASCOMI tiene una experiencia específicamente relevante para el trabajo que realizaron en los talleres; siendo de una familia que tiene sus terrenos en el área más afectada de desplazamientos por servidumbre minera, ha vivido muy de cerca las consecuencias más duras del proyecto Mirador. A través de su rol como coordinador de actividades de resistencia anti-minera tanto a nivel local, regional y nacional, tiene un conocimiento legal-político y está conectado a redes organizativas sumamente relevantes para el intercambio de ideas y experiencias en estos talleres. Además, contaba con el respaldo de los miembros claves del GAD parroquial – que también son miembros de CASCOMI y de familias desalojadas. La alianza que se materializó en la práctica a través del diagnóstico participativo comenzó también a influir a los consultores que poco a poco dejaron el rol de mediador y facilitador y asumieron el rol de partidario. Como consecuencia, el espacio de los talleres se construyó como algo más de un contexto para compartir información, y para dejar a la gente expresar sus preocupaciones, quejas y deseos. A través de conversaciones y debates se solidificó una posición anti-minera fomentada con argumentos y reflexiones. Obviamente algunas opiniones y perspectivas fueron mejor recibidas que otras, y algunas posiciones pro-mineras hasta marginadas y deslegitimadas. El trabajo con el diagnóstico sirvió entonces para involucrar a las comunidades en la resistencia. Los temas expresados y también recolectados se enfocaron en los impactos de la actividad de la minería a gran escala y especialmente de la empresa ECSA del proyec-

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to Mirador; fuentes de agua y ecosistemas amenazados; contaminación al suelo y aire; biodiversidad en peligro; efectos de salud (problemas respiratorios y de la piel); aumento de conflictos; desplazamientos; deterioro de la red vial y peligros por la circulación de vehículos pesados. También había un enfoque en lo que no genera la empresa y sobre todo la falta de demanda de mano de obra local lo cual resulta en un proceso doble de migración no deseada – una emigración de moradores de Tundayme que no encuentran empleo en la zona de influencia directa y una inmigración de trabajadores y emprendedores externos que se integran en la nueva economía minera industrial. También señalaron lo que conciben como la falsa promesa de la modernidad que las autoridades han sido muy ágiles en ligar a este proyecto “estratégico” –mejoramiento en la infraestructura y servicios básicos y en la red de comunicaciones y de transporte– para el pueblo. Con todo el diseño, tecnología y formatos participativos a bordo, la dinámica en los talleres del diagnóstico se politizó. El producto generado a través del proceso fue el borrador presentado en la sesión que inició el capítulo. Lo que se generó junto con este borrador era un debate crítico, un constante cuestionamiento que dio insumos a una “movilización política sostenida” (Sosa y Rodríguez-Garavito 2005). Esta movilización se ve en una gama de nuevos espacios que emergen y que son aprovechados como posibilidades para armar paso por paso una resistencia contra las fuerzas transformadoras a cuáles están expuestos.



La revisión final: la consolidación de la visión pro- agropecuaria

También en la revisión de la versión completa y final del nuevo PDOT hubo una movilización de este tipo. Igual que en eventos anteriores, estuvieron presentes miembros del Consejo de Participación Local, de CASCOMI y del GAD

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parroquial, y un equipo de OBSA–UTPL. En esta sesión, que se llevó a cabo en la sala de reuniones en la junta parroquial en Tundyame el 7 de septiembre 2015, 190 se consolidó el diagnóstico formulado durante el proceso. Mantuvieron el enfoque en la empresa minera como el factor transformador principal, poniendo énfasis en los efectos negativos en cuanto a impactos ambientales-sociales y en los beneficios mínimos a la población. Además, en la versión final se presenta una propuesta y un modelo de gestión del nuevo plan con detalles de cómo armar una política local y coordinada con otros entes públicos y de la sociedad civil. En las últimas secciones del PDOT se especifica cómo se pretende, con proyectos, mecanismos y metodologías, realizar la visión que la administración actual tiene para el futuro desarrollo de la parroquia. En esta visión dice: Para el año 2019, Tundayme es una parroquia multiétnica, libre de contaminación irreversible, conservadora de ecosistemas milenarios, conocedora de sus derechos, fomentadora del turismo comunitario, con una economía popular y solidaria, basada en la producción agropecuaria-forestal, que beneficia a la población y promueve el desarrollo local. (GADPRT 2014, 262).

Esta visión es una expresión de un proceso político que ha acompañado la elaboración del PDOT, un proceso que ha alertado a las autoridades públicas competentes. Durante su presentación la consultora expresó una sugerencia de las autoridades (SENPLADES) de ampliar la visión e incluir el tema de minería a gran escala. ¿Qué opinaron los interlocutores de esta propuesta? La pregunta ocasionó debate. La consultora, todavía mediando entre posiciones e intereses opuestos y manteniendo un bajo perfil, dijo que según las autoridades el 190 La sesión fue grabada.

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proyecto Mirador tiene una influencia innegable en Tundayme en un sentido positivo. La respuesta del grupo de revisión fue que el asunto de incluir este aspecto prácticamente era una decisión de ellos. En el debate que se dio había una aceptación de que la minería a gran escala tiene una influencia importante, pero los que estaban presentes tenían dificultades de identificar los lados positivos. No veían los beneficios directos, y lo que les interesaban eran los beneficios directos. Dudaban que el proyecto Mirador en el periodo que trata el nuevo PDOT (2014–2019) podía beneficiar al pueblo de Tundayme de una manera significativa. Concluyeron entonces que la versión presentada de la visión estaba bien y que no había necesidad de cambiarla. La minería a gran escala se quedó afuera, el proyecto “estratégico” del régimen actual no se incluyó en el plan de desarrollo local. Llama la atención la distancia en perspectiva que hay entre la discusión en marzo sobre la limitada importancia de la actividad principal de los finqueros, y la visión finalmente aprobada en la reunión en septiembre. En el transcurso de estos meses se llevó a cabo un trabajo de redefiniciones y re-conceptualizaciones, cada vez más perfilado a través de las interacciones entre los actores locales y la consultora, y fomentado a través de consejos de y conversaciones con aliados externos. Este trabajo posibilitó un traslado sustancial del enfoque desde la baja productividad agrícola-ganadera hasta considerar la producción agropecuaria clave para el futuro de la parroquia; desde evaluar el mineral subterráneo como el recurso dinamizador para la parroquia hasta considerarlo básicamente como una fuente de problemas. A contrario a lo que Rodríguez-Garavito (2011) señala con el concepto “efecto de desplazamiento”, o sea el mecanismo de poder ligado al uso de instrumentos de gobernanza para sustituir contenido (conflictivo) a forma, formatos y procedimientos, se puede decir que los ambientalistas populares de Tundayme lograban crear un efecto de emplazamiento. Con esto quiero decir que el contenido tomó procedencia sobre forma y los procedimientos, no

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dejando el formalismo a un lado, sino utilizándolo para fines políticos; para defender una forma rural de vivir. Después de la reunión en la Junta parroquial el 7 de septiembre, el documento fue subido al portal del SENPLADES para la revisión. SENPLADES no les realizó ninguna observación y el nuevo PDOT de Tundayme para el periodo 2014– 2019 fue aprobado sin cambios sustanciales. En términos de resistencia se puede hasta aquí hablar de un proceso relativamente exitoso. La movilización sostenida dio resultados, se logró re-politizar el proceso del PDOT y formular un documento final fundado en una visión desde el pueblo, o por lo menos una parte de ello. Una alianza entre la sociedad civil y un ente público (el GAD parroquial) se solidificó alrededor de un proceso de concientización sobre las implicaciones de tener un megaproyecto minero en el área.



Políticas de planificación frente a la ciencia corporativa

Indudablemente el trabajo sustancial con el PDOT ha sido importante, pero al mismo tiempo no debemos olvidar que este plan no es el documento central que regula la actividad minera a gran escala. El PDOT da una visión de la parroquia y dirección en cuanto al desarrollo local, pero no interfiere directamente en un proyecto como Mirador; ni siquiera en el caso de que el megaproyecto esté en conflicto con sus políticas y su visión. El documento y proceso clave en este sentido es el Estudio de Impacto Ambiental, el EIA, que también incluye el Plan de Manejo Ambiental, el PMA. La razón es que el EIA genera las licencias necesarias para implementar y operar un proyecto como Mirador. Es un documento, o más bien una colección de estudios, principios, lógicas y metodologías de manejo de riesgo ambiental que formalmente facilitan la creación del proyecto minero y el establecimiento de un sector industrial extractivo en la cordillera del Cóndor. Wood

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(2003) describe el EIA como un instrumento anticipatorio de manejo ambiental que produce un estudio base (un diagnóstico de la situación actual), establece proyecciones de posibles impactos identificados en términos de factores y áreas de riesgo y definidos a través de estándares y límites permisibles. Además, introduce una metodología de monitoreo y control y prescribe mecanismos de sanción en caso de incumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental. Li (2009) argumenta que el objetivo principal del EIA es crear un aparato para operar la rendición de cuentas (accountability) del proyecto minero y señala que es la empresa misma, en coordinación con instituciones públicas competentes, que define el riesgo y especifica el manejo apropiado (véase también el capítulo 9 sobre esta temática). Basándose fuertemente en la ciencia corporativa (Kirsch 2014) el EIA sirve para darle a la empresa la posibilidad de “definir los estándares de rendimiento que las autoridades van a emplear para establecer cumplimiento” (Li 2009, 219). Como instrumento o mecanismo de gobernanza socio-ambiental forma parte de un régimen neo-liberal (cf. Mosse 2013; Speed 2007) y de prácticas de monitoreo y control característicos de lo que se denomina “cultura de revisión” (audit culture/society) (power 1997; Strathern 2000). Distinto a lo que indican Aguilar-Støen y Hirsch (2015), el EIA no es un instrumento participativo, solo tiene componentes participativos, o en la forma que se practica en Ecuador, componentes consultivos e informativos. En cuanto al emergente sector de minería a gran escala la dimensión participativa del EIA se reduce a socializaciones y un mecanismo de veeduría durmiente.191 Las socializaciones son contextos y 191 Aunque el PMA vigente especifica la creación de una veeduría ambiental con la participación de la sociedad civil y preferiblemente de la zona de influencia directa, no se ha realizado hasta ahora. Además, varios pedidos del GAD parroquial de Tundayme de participar en las inspecciones regulares que realiza el MAE conjunto con la empresa han sido negados.

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eventos en donde la empresa en coordinación con instituciones públicas y a través de la consultora Cardno-Entrix Caminosca informa al público en general sobre el diagnóstico, las proyecciones y los riesgos manejables del proyecto. En el proceso de socialización del último EIA de la fase ampliatoria del proyecto Mirador, que se llevó a cabo en marzo 2015 en el cantón de El Pangui y sus parroquias, la empresa no estableció un sistema para recolectar los insumos y opiniones de la gente que visitó las mesas de información y asistió a las audiencias y reuniones públicas y comunitarias.192 Los que tenían dudas, quejas o críticas al proyecto no encontraron canales para comunicar sus opiniones. Las presentaciones de los informes del EIA en mesas de información y en reuniones y audiencias públicas no permitieron a la gente evaluar los detalles de los nuevos planes de una manera independiente o crítica. Sólo tenían acceso a la versión completa del EIA en las mesas de información y la información que podían llevar sólo eran resúmenes generalizados e idealizados de una documentación sustancial y técnicamente compleja. Las presentaciones en reuniones y audiencias fueron de maneras parecidas generales e idealizadas. Al mismo tiempo los que visitaron las mesas de información y asistieron en las reuniones y audiencias fueron vigilados, se los registraron en listas de nombres y firmas, toma de fotos y filmación de video de las personas que asistieron eventos de la socialización (cf. Nelson 2015). La socialización, entonces, se llevó a cabo como “un ritual de verificación” (Power 1997), en donde el público recibió información sobre los nuevos planes del proyecto Mirador en espacios controlados y vigilados.

192 Los días 23 y 24 de marzo participamos en varios de las actividades de socialización de este EIA; visitamos las mesas de información en la cabezera cantonal de El Pangui y en los centros parroquiales de Guisimi y Tundayme. Tenemos aproximadamente seis a siete horas de grabación de estas visitas. Tuvimos además acceso al audio de la audiencia que organizaron el día 28 marzo en Tundayme.

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El formato y contexto de socialización muestra el carácter débil de “participación”. No hubo ningún elemento de consulta en estos eventos – el EIA, incluido el nuevo Plan de Manejo Ambiental, no se presentó para evaluar y revisar, sino para llevar a cabo el ejercicio de “aceptación” que forma parte del procedimiento que la empresa tiene que seguir para obtener el permiso de operar; la licencia ambiental. Las posibilidades muy limitadas de opinar e influir en uno de los procesos claves que produce el megaproyecto Mirador se hacen especialmente evidentes si tomamos en cuenta que el Estado en cuanto al sector minero “estratégico” no ha cumplido con las normativas existentes de consulta ambiental y consulta previa, libre e informada que específica la Constitución en el in art. 57,193 y en el art. 398.194 Una serie de leyes confirman estas normas: La Ley Orgánica de participación ciudadana, la Ley de Gestión Ambiental, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD y la Ley Minera. Este vacío en la práctica consultiva en relación al proyecto Mirador ha generado una serie de demandas por parte de la población afectada de denunciar al Estado por desplazamientos de 42 familias de la zona de influencia directa y por incumplimientos en el control y sanción de daños ambientales debido a la actividad minera. Asimismo, CASCOMI junto con varias comunidades shuar de la parroquia de 193 el Art. 57 señala que “Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”

194 “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente a. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.”

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Tundayme han presentado varias demandas contra “la ampliación inconsulta del proyecto Mirador”, exigiendo que se paralice el proyecto “hasta que se realice la Consulta previa, libre e informado a los pueblos y nacionalidades indígenas que habitamos esta zona”. Esta cita es de una carta que estos actores locales presentaron a las autoridades competentes (MAE, Ministerio de Minas y ARCOM) en una audiencia en Tundayme pocos días después de la revisión preliminar del nuevo PDOT para la parroquia. Su intervención en esta audiencia es otra expresión de resistencia y de contrarrestar las prácticas del estado-corporación utilizando instrumentos formales de gobernanza, en este caso los instrumentos de consulta previa. La demanda presentada en la audiencia forma parte de una estrategia y una serie de acciones por parte de los ambientalistas populares de demandar al estado y la empresa por incumplimientos; en cuanto a la normativa de consulta ambiental y previa y además en cuanto al Plan de Manejo Ambiental y la licencia ambiental. Acciones legales (demandas penales, acciones de protección y medidas cautelares) contra los desalojos de familias de Tuyndyame forman parte de la resistencia actual de Tundayme. La demanda de consulta previa es un proceso paralelo al del PDOT que muestra cómo la población afectada y los ambientalistas populares movilizan y logran re-politizar instrumentos y procedimientos formales del estado con el objetivo de crear momentos, posibilidades y espacios de resistencia. Paralelo al aprovechamiento de los instrumentos de planificación para fines políticos se ve una repolitización en cuanto a los mecanismos de consulta – a través de demandar que consulta tiene que complementar el proceso de la elaboración del EIA e insistir que las socializaciones no pueden y no deben reemplazar un proceso participativo con la población afectada. La re-politización en los dos casos se basa en formas no intencionadas de emplear los instrumentos formales para redefinir, negociar y resistir, con el fin de activar una potencial emancipación (cf. Santos y Rodriguez-Garavito 2006). En el

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caso del PDOT se aprovecha de un procedimiento e instrumentos formales para redefinir el contexto de recursos naturales y actividad humana y, en el caso de la consulta previa, se aprovecha de una situación de incumplimiento de una normativa para revertir un formalismo procedural a la participación verdadera.



Reflexión final

Como hemos visto en este capítulo, los intentos insistentes de re-politizar y re-negociar pueden dar resultados, pero para evaluar la potencialidad de emancipación en estos procesos hay que tomar en cuenta la asimetría significante entre actores, modelos de desarrollo y conocimientos. La demanda de consulta previa y el diagnóstico participativo del PDOT crean espacios de resistencia que cuestionan las versiones del estado y de la empresa del desarrollo y la minería responsable y sustentable. Pero estos espacios de resistencia son frágiles y vulnerables a ataques. El caso emblemático de resistencia y vulnerabilidad es el del pueblo de San Marcos, que está localizado en un área en donde la empresa planifica construir una piscina de desechos. Desde el 12 de mayo del 2014, cuando la empresa con el apoyo del estado tumbó la iglesia y la escuela de San Marcos, este pueblo ha vivido varios intentos por parte de la empresa y las autoridades competentes de apropiar, desalojar, redefinir y físicamente rediseñar esta área. Paralelamente, las formas de resistir, retomar y permanecer en el pueblo han sido varias, desde las acciones formales, legales, hasta las acciones e intervenciones directas. El objetivo principal de la resistencia de San Marcos ha sido el de mantener al territorio como un espacio para vivir y para la actividad agrícola-ganadera, un territorio en alerta permanente por los intentos de la empresa y el estado de transformarlo en un espacio de construcción y de futura infraestructura para la extracción de minerales (véase también el análisis de este conflicto en el capítulo 3).

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La defensa y la protección del pueblo de San Marcos también están ligadas al trabajo con el nuevo PDOT. En el plan aprobado se ha definido un corredor ecológico para asegurar el acceso al sitio de captación de agua para el pueblo de San Marcos. Es importante recordar que este corredor está aprobado por SENPLADES, un ente estatal. El corredor pasa por terrenos que ahora legalmente son propiedad de ECSA. Considerando que San Marcos está definido en el EIA como el sitio cerca del río Tundayme que se va a transformar en una zona de desechos tóxicos, el hecho de planificar un espacio que asegura el acceso a agua limpia para el pueblo acá no sólo tienen una importancia práctica, pero también un significado simbólico. Sin embargo, en los planes descritos en el EIA ampliatorio San Marcos deja de existir como resultado de la nueva infraestructura de desechos de la empresa. Lo descrito en el EIA se hizo realidad en el otoño 2015 y febrero 2016, cuando 41 familias del área de y cerca de San Marcos fueron desalojadas. La aplicación de la servidumbre minera muestra la vulnerabilidad de las acciones y estrategias de contra-planificación. En cuestión de horas la laboriosa construcción de resistencia a través de una movilización política sostenida se anuló, en una intervención organizada por el ARCOM y apoyada de fuerzas militares, de la policía y de la seguridad privada. Las experiencias acumuladas en Tundayme hasta ahora, desde las acciones legales y de planificación hasta las formas directas de resistir, muestran la vulnerabilidad y la potencialidad de una movilización política sostenida. Estas son señales de que cada acto o intento de resistencia o de definir alternativas tiende a ser emergente y temporal, y enfrenta sistemas y prácticas mucho más poderosas. La pregunta es: ¿cómo la acumulación de actos e intentos de resistencia sobre tiempo cambia las condiciones de practicar el megaproyecto y formular las políticas de recursos naturales y de medio ambiente? cómo influye el ambientalismo popular desde Tundyame en la coexistencia entre gente afectada e industria extractiva? Mi observación es que las prácticas de resistencia no son irrele-

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vantes por ser vulnerables. El hecho de que gente afectada se empeña por revertir procesos formales del estado a través de captar el potencial político de los instrumentos de planificación territorial y de manejo de recursos naturales, y de esta manera crear un efecto de emplazamiento (un efecto opuesto al desplazamiento, cf. Rodríguez-Garavito 2011) ilustra esta observación. Las prácticas de resistencia además aumentan su potencialidad por ser múltiples en sus formas de redefinir, negociar y resistir. Requieren que los actores constantemente salen y entran “el documento”, es decir que combinan al mismo y sobre tiempo las formas de re-politizar instrumentos y mecanismos formales con acciones directas que son semi o no formales. Li (2009, 2015) argumenta que la aceptación por parte de gente afectada de los procesos participativos formales son formas de legitimar las condiciones que hacen posible la minería a gran escala. Aunque indudablemente cierto, en este texto argumento que la esperanza de enfrentar y contestar esta realidad se basa en un constante movimiento entre formas de resistencia, en donde la esencia de participación se encuentra en el hecho de escapar de su de-politización.

CAPÍTULO 9 “DIÁLOGO MINERO” EN EL ECUADOR: UNA APROXIMACIÓN A LAS INICIATIVAS EN EL PROYECTO MIRADOR Luis Sánchez-Vázquez, Sebastian Niesar, María Beatriz Eguiguren y María Gabriela Espinosa

Introducción: el diálogo minero en Ecuador La apuesta por la minería a gran escala en Ecuador como eje de desarrollo es un hecho novedoso que se inicia en el primer mandato de Rafael Correa. Hasta entonces, las actividades de minería metálica desarrolladas en el país se limitaban a la pequeña minería y minería artesanal llevadas a cabo en la región sur del país, principalmente en las provincias de El Oro, Zamora-Chinchipe y Azuay. Estas actividades causaron diversas problemáticas relacionadas con la degradación ambiental y el incumplimiento de derechos laborales y sociales, pero no supusieron un aumento elevado de la conflictividad socioambiental más allá de la escala local (Latorre 2012; Sandoval 2010). Durante la década de 1990 se produjeron diversas reformas a nivel legal e institucional enfocadas a atraer la inversión extranjera al sector de la minería en Ecuador. Sin embargo, debido a los precios de los metales en el mercado internacional junto con la inestabilidad política del país, esas inversiones no llegaron a concretarse firmemente. Este contexto favoreció sin duda la apuesta que posteriormente se concretó en el primer gobierno de Rafael Correa: la minería a gran escala como nuevo eje de desarrollo, complementario

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a la explotación petrolera. Sin embargo, para poder realizar esta apuesta y diseñar una nueva política minera en el cambiante contexto político del país, en el que las organizaciones sociales y las comunidades de base habían resultado empoderadas, se optó por un proceso único en la región andina: el Diálogo Minero Nacional. La propuesta surgió a través del entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, creando un nuevo escenario con condiciones para el debate. Nació como respuesta a los conflictos presentes o que se pudieran originar en torno a la minería. Se abría así un espacio para poder establecer las condiciones de diálogo entre los diferentes actores involucrados (comunidades locales, empresas mineras, y autoridades en sus diferentes niveles), para evaluar de manera más abierta y democrática la viabilidad de los proyectos extractivos. Esta iniciativa se enmarcaba también en “una nueva planificación nacional de desarrollo y el mayor peso que el nuevo gobierno otorgaba a criterios de protección del medio ambiente.” (Linck 2010, 9). Este primer espacio de diálogo consistió en la realización de diferentes mesas de trabajo multilaterales entre abril y junio de 2007, tanto a nivel nacional como regional o local. La finalidad de dicho espacio, según el propio Ministerio de Energía y Minas, se basaba en el apoyo en la sociedad para elaborar una nueva política minera, que fuera discutida con representantes de la población directamente afectada. Además, se buscaba promover procesos de dialogo de actores a nivel local y nacional en condiciones de igualdad y equidad; articular actores y sectores diversos para reflexionar sobre la industria minera, sus oportunidades y riesgos; y contribuir al debate sobre minería y su relación con el Buen Vivir en una cultura de paz y respeto por las posiciones adoptadas (MEM 2007). En este contexto, el 14 de abril de 2008 se aprobó por el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente el llamado “Mandato Minero”. A través del mismo, el Ministerio de

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Energía y Minas revirtió 587 concesiones mineras, en concreto, todas aquellas que no hubiesen realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o los procesos de consulta previa; cancelando los patentes de conservación; y las otorgadas en el interior de áreas protegidas (Cisneros 2008, 14). Como ejecutor directo, Alberto Acosta indica que con el Mandato Minero se buscaba “corregir las principales dificultades y aberraciones que caracterizaban el potencial manejo de las reservas minerales más grandes {…} Con este mandato se deseaba normar la actividad minera industrial en el Ecuador, abriendo la puerta a un amplio debate nacional” (Acosta 2009, 101). El sector minero industrial puso en marcha una campaña de denuncia y protesta sobre las decisiones del mandato y la reversión de las concesiones, que interpretaron como “el inicio de un proceso de estatización de la industria” y un claro ataque a sus intereses (Cisneros 2008, 15). De este modo, el mandato aparece como una respuesta a las demandas de los colectivos sociales y las comunidades, que exigían un mejor control y distribución de los recursos generados. Aún así, se mantenía la apuesta por la minería a gran escala apoyada por los altos precios de los metales, especialmente el cobre. En este escenario complejo, en el que por un lado se propone aumentar los controles a las concesiones y potenciar la protección ambiental, pero por otra parte se apuesta por la minería a gran escala, el Ministerio de Minas, apoyado en el Mandato Minero, convoca a un nuevo periodo de diálogo minero para la elaboración de la Ley de minería, que regiría en 180 días a partir de la promulgación del mandato. En esta nueva fase de dialogo, impulsada desde el gobierno central, se plantea la necesidad de compaginar las dos vertientes de esa apuesta contradictoria, explotar los recursos naturales para financiar el modelo de desarrollo del país basado en la reinversión de las regalías en políticas sociales; y la protección ambiental y de los derechos colectivos garantizada en la Constitución. En este periodo se hacen muy patentes las diferentes posiciones enfrentadas, que a la larga se mos-

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traron irreconciliables. La posición institucional, aferrada al discurso de la minería responsable, el aumento de controles ambientales y la redistribución de la riqueza, buscó en cierto modo conjugar las diferentes visiones. El sector minero decidió acatar las resoluciones de la Asamblea Constituyente y utilizó la estrategia de potenciar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial para cumplir con los requerimientos del gobierno sobre su relación con las comunidades locales (Cisneros 2008, 16). Sin embargo, desde posiciones ambientalistas e indigenistas se mostró un claro descontento con la apuesta por el desarrollo mega-minero, lo que propiciaba un nuevo potencial de conflictividad. Las iniciativas de diálogo gubernamentales fueron rechazadas por la mayoría del sector antiminero, que consideró que el gobierno favorecía los intereses de las corporaciones (Moore y Velásquez 2012). En este contexto, y debido “a diferencias de opinión internas en el Gobierno”, este segundo espacio de diálogo minero nacional terminó abruptamente después de unos meses, con la renuncia de Alberto Acosta como Ministro de Energía y Minas a finales de junio de 2008 (Linck 2010, 10). Posteriormente, se le encargó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) establecer los principios de un nuevo texto legal que regulara la actividad minera en el país, por lo que la Comisión Legislativa y de Fiscalización se embarcó en la redacción de la nueva Ley Minera. Ésta fue aprobada el 12 de enero del 2009 en medio de fuertes críticas provenientes de organizaciones sociales y ambientalistas (Latorre 2012, 127; Moore y Velásquez 2012). Por tanto, a pesar de los primeros esfuerzos integradores y la voluntad de diálogo promovida en los inicios del gobierno de Rafael Correa, la promulgación de la Ley Minera de 2009 se llevó a cabo bajo fuertes críticas y cuestionamientos de los sectores anti-mineros del país. Estas condiciones provocaron un proceso de polarización en la sociedad ecuatoriana en relación a la minería a gran escala, y potenciaron la creciente conflictividad socioambiental en la región sur del Ecuador, especialmen-

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te en el cantón El Pangui donde se localiza el Proyecto Mirador. Ante esta situación han surgido distintas iniciativas para intentar generar espacios de diálogo y debate sobre la minería a gran escala, y sus condiciones de aplicación en Ecuador. En este capítulo analizaremos dos procesos de diálogo puestos en marcha en Ecuador en relación a la minería a gran escala, uno de ellos con particular enfoque en los conflictos socioambientales generados en torno al Proyecto Mirador. En el texto nos planteamos si esos procesos se llevaron (y se llevan) a cabo con la intención de “busca transformar las relaciones conflictivas para evitar las crisis y la violencia y contribuir, por tanto, a la gobernabilidad democrática” (OEA/ PNUD 2013, 10) o se dejan clasificar como “diálogos falsos” que contribuyen a la de-politización de las injusticias ambientales (Rodríguez-Garavito 2011; Perreault 2015). Pruitt y Thomas atribuyen que “en dichos procesos, las personas se reúnen para montar un espectáculo, con el objetivo de demostrar que las partes en desacuerdo pueden sentarse juntas, pero evadiendo completamente los temas difíciles que los dividen. También existen procesos convocados por funcionarios públicos o instituciones que deberían denominarse “consultas” o, aun peor, “puestas en escena”, en las que las autoridades parecieran consultar políticas sobre las que ya han decidido.” (Pruitt y Thomas 2008, 26).

Marco teórico: el concepto de diálogo En varias publicaciones que se acercan al tema, se hace primero una distinción de lo que el diálogo no es. Hay buenas comparaciones donde el diálogo difiere de conceptos como “debate”, “negociación” y “discusión” (OEA/PNUD 2013; Pruitt y Thomas 2008; Wagner 2014). Otros autores incluso tampoco ven el diálogo como instrumento para tomar decisiones (una idea discutible), pero conceden que hoy en día los cambios culturales y legales provocan que los individuos y colectivos de la sociedad civil demanden una voz en

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las decisiones que afectan su vida (Yankelovich 2001, 14). Esa observación se confirma especialmente para las situaciones complejas dentro de proyectos extractivos. Para ver en qué medida hay la posibilidad de transformar este tipo de situaciones, partimos de una definición de diálogo de Hal Saunders del Instituto Internacional para el Diálogo Sostenido y de la Fundación Kettering: El diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros (Saunders en Pruitt y Thomas 2008, 20).

Para profundizar en ese concepto y ver su posible aplicación vamos a analizar las características que se dejan atribuir a un espacio de diálogo “verdadero”. Algo fundamental, aunque no mencionado explícitamente en la definición, es el principio de inclusividad (inclusiveness) (Pruitt y Thomas 2008, 26) o integración (Walter 2014, 23). De manera lógica, en un proceso de abordaje a un problema deberían tomar parte los actores que están vinculados a ese problema. En la cooperación internacional se prevé desde hace muchos años que, para que haya un cambio sostenible, las personas involucradas en el sistema problemático deben participar en el proceso del cambio. La representación de los actores puede variar desde ser solamente partes interesadas hasta ser el reflejo de un microcosmos, pero en todo caso necesitan desarrollar “un sentido de apropiación del problema, del proceso que se ocupará de éste y de las propuestas de soluciones que pudieran surgir” (Pruitt y Thomas 2008, 27). Por tanto,

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en el caso de la minería a gran escala, deberían participar en un espacio de diálogo por lo menos los impulsores del proyecto como: empresas; el Estado (tanto en su papel de impulsor como de fiscalizador) en diferentes niveles (del nacional al local); y la población directamente e indirectamente afectada. Aparte de la mera constelación de un grupo de diversos actores se debería poner un énfasis especial en el equilibrio de los participantes. Juntar por un lado empresarios y/o funcionarios altamente capacitados, con amplias fuentes de información e influencia, con pueblos marginalizados muestra un desequilibrio de poder más que un espacio incluyente. Este punto es muy relevante, ya que las dinámicas del conflicto están muy condicionadas por las relaciones de poder entre los actores. En muchas ocasiones los actores locales, a nivel tanto de comunidades de base como de equipo de gobierno local, no disponen de recursos para contraponer o cuestionar información tecno-científica que viene impuesta desde otros actores con diferentes intereses, como pueden ser grandes empresas o entes de gobierno estatal. En relación con esta cuestión nos interesa también el concepto de la apropiación compartida (joint ownership). También esta característica contiene dos aspectos. Por un lado, está el aspecto de que el tema que se está discutiendo tiene cierto peso. Un diálogo significante tiene una importancia en la vida de los participantes y consigue así la apropiación de los actores. Como la minería a gran escala impacta en varias dimensiones (económicas, ecológica, social etc.) de una manera muy relevante se ve normalmente un involucramiento sobreproporcional. Por otro lado, el diálogo tiene que ser, según esta definición, “un proceso de genuina interacción”, o sea una actividad entre actores con el mismo derecho a voz. En contraste están los procesos que siguen un procedimiento simplemente para cumplir una agenda. La invitación a un grupo de personas (a veces los mismos trabajadores de un proyecto), hacer una presentación y permitir algunas preguntas es una practica común en el proceso de la actividad minera pero no debería llamarse diálogo y menos consulta.

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Por último, para que se logre una interacción hasta ese punto, son necesarias otras caracteristicas: el aprendizaje y la humanidad. La calidad de la interacción se define por la apertura de escucharse “unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden” como indica la definición. La gran oportunidad que crea el diálogo está en esa voluntad junto con “la característica inclusiva del diálogo, puesto que reúne personas que generalmente no hablarían entre sí y que, de hecho, podrían estar en conflicto” (Pruitt y Thomas 2008, 30). La voluntad de aprender está relacionada también con el esfuerzo de ponerse en los zapatos del otro. Como señala la definición de Saunders: “Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo”. Y son justamente esos dos atributos los que contribuyen a diferenciar los procesos de diálogo “de otros tipos de interacción” (Pruitt y Thomas 2008, 30). Partiendo de este enfoque teórico propio de los estudios de Paz y Conflictos, integraremos también los enfoques propios de la ecología política a la hora de analizar los procesos de diálogo y participación en contextos extractivistas. Atenderemos, por tanto, a las advertencias sobre la capacidad de este tipo de procesos de despolitizar las relaciones injustas y desiguales (Perreault 2015) y generar dinámicas de dilución del conflicto y mantenimiento del status quo (Acselrad et al. 2010). Tomando este punto de partida teórico, acontinuación vamos a analizar dos procesos de diferente naturaleza y ámbito de aplicación: la Iniciativa Diálogo Minero, promovida por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA); y la propuesta de espacio de diálogo a nivel local en el cantón El Pangui, en el marco de un proyecto de investigación de monitoreo de conflictos socioambientales. El objetivo de este análisis es responder a la pregunta: ¿En que medida podrán servir los espacios de diálogo en Ecuador como catalizadores para un

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manejo pacifico de conflictos en torno a la actividad minera a gran escala? Para ello, pondremos el foco en las características de los dos procesos de diálogo mencionados y comprobaremos hasta qué punto cumplen los estándares teóricos que presentamos anteriormente. Para recabar la información necesaria para el análisis, nuestro equipo de trabajo del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL participó directamente en ambos procesos: en el caso de la IDME como uno de los representantes de la academia y organismos de investigación independientes, mientras que en el caso del cantón El Pangui fuimos los promotores directos de la creación de ese espacio de diálogo. Los datos empíricos se obtuvieron a través de la participación en reuniones, talleres y otras dinámicas con el resto de participantes de los procesos, así como a través de entrevistas en profundidad con algunos de los actores más relevantes.



La iniciativa del dialogó minero en Ecuador

Según la definición de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), una de las organizaciones promotoras, la IDME constituye “un espacio multiactor que facilita el intercambio de conocimientos entre grupos de interés alrededor del sector minero a nivel local, regional y nacional, para identificar y generar las condiciones mínimas que se requieren para crear y promover la construcción de espacios para el diálogo intercultural sobre la minería y su relación con la protección ambiental, el desarrollo sostenible, la cultura, la cosmovisión indígena y la paz” (FFLA 2014, 5). Actualmente es la única iniciativa a nivel nacional que reúne actores de los diferentes sectores (privado, estatal, sociedad civil organizada, académico y, en menor medida, líderes o pobladores de zonas afectadas) en un espacio con cierta frecuencia. Desde su fundación, la iniciativa se ha vinculado con otros espacios regionales que persiguen objetivos similares, pero a pesar del entusiasmo con que muchos de los miembros están participando, apare-

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cen diversas interrogantes sobre el objetivo final y el progreso de la iniciativa. ¿En qué medida la IDME cumple con las características del dialogo? ¿Puede la iniciativa lograr una cohesión entre diferentes actores con puntos de vista opuestos y así contribuir a una cultura de paz? ¿Es posible minimizar el desequilibrio en información, capacidades y conocimientos mediante este espacio? Para encontrar algunas respuestas es oportuno analizar la creación, la composición y la estructura del espacio.



Fundación y desarrollo de la IDME195

Durante el año 2011 diversos actores,196 preocupados por la creciente conflictividad alrededor de la actividad minera, buscaron la manera de abordar el tema sin caer en las polarizaciones existentes. Las organizaciones de la sociedad civil Grupo FARO y FFLA iniciaron una consultoría sobre la demanda de un espacio de diálogo hacia el tema minero. La identificación de percepciones y disponibilidad para un diálogo respecto a la minería a gran escala en la amazonía se llevó a cabo en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Se complementó el estudio con entrevistas a funcionarios del Estado, representantes de empresas mineras (Kinross Aurelian y EcuaCorriente S.A., ECSA) y actores sociales de organizaciones afines al tema. Del informe final de la consultoría se obtienen cinco conclusiones importantes relacionadas a la instalación de un espacio de diálogo:

195 Para la indagación sobre la fundación del espacio se efectuaron entrevistas con los miembros impulsores Maria Eulalia Pozo (Avina), Volker Franke (FFLA) y Thomas Kilian (GIZ) entre julio y octubre del 2015.

196 La mayoría de esos actores se reencuentran en el posterior grupo impulsor de la IDME: Avina, BSD, FFLA, GIZ, Lowell Minerals, aunque algunas personas no estuvieron en representación de su organización sino más por iniciativa propia.

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1. En esta época (2011) la “gente y las autoridades de Zamora Chinchipe están relativamente abiertas al diálogo” a pesar de “varias irregularidades con la empresa [minera] Kinross” y la “división tanto entre los colonos como entre los shuar, con respecto al tema de la minería” predomina una expectativa alta hacia la generación de empleo y mejoramiento de servicios básicos (Jaramillo y Robertsdotter 2011, 47). 2. En cambio en Morona Santiago se percibe una posición tan cerrada al tema de la minería a gran escala, que ni siguiera hay apertura para el tema de espacios de diálogo sobre esta actividad. En varios sitios que visitaron los consultores se toparon con la posición que “solamente el averiguar la mera posibilidad de la creación de bases para un diálogo sobre la minería metálica a gran escala, fue prácticamente imposible” (Ibid., 39). 3. Por parte del Estado se encontraron con dos obstáculos mayores. Por un lado, en el tema de la minería a gran escala hay una variedad de diferentes entes estatales responsables, en palabras de los autores una “gran maquinaria institucional”, que contemplan cuestiones muy diversas (negociación, protección ambiental, distribución de ingresos etc.) y donde es difícil encontrar la contraparte adecuada. Por otro lado, la mayoría de las entidades mantienen una política de silencio sobre sus actividades y una “postura cerrada al diálogo en algunos sectores del Estado, como por ejemplo en las comisiones que firman los contratos con las empresas mineras y los departamentos afines al tema en el Ministerio de Recursos no Renovables y el Ministerio del Ambiente” (Ibid., 46). 4. En cuestión a la sociedad civil organizada los consultores constatan una apertura hacía el diálogo, pero una gran falta de conocimiento sobre la minería a gran escala, que se puede atribuir también a la novedad del tema en ese entonces.

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5. Para evaluar a la apertura de empresas privadas a un espacio de diálogo los consultores contactaron las compañías Kinross Aurelian y EcuaCorriente S.A (ECSA), que contaban con proyectos mineros en la provincia amazónica Zamora-Chinchipe. Mientras Kinross expresó su negativa en participar en el proceso de diálogo, ECSA mostró disponibilidad en la participación (Ibid., 42-43). En general, la consultoría confirma la demanda de un diálogo minero, bajo ciertas condiciones. Como resultado de esa investigación, en noviembre de 2011 varios actores inician una reunión constitutiva para abrir un espacio para compartir experiencias, recomendaciones y sugerencias.197 En esa reunión participan alrededor de 40 personas que muestran un gran interés en el tema y se compartió conocimiento en común sobre la minería. Pese a la informalidad de la reunión, se puede valorar la convocatoria como un primer éxito. El año 2012 se caracteriza por una actividad dinámica con nueve reuniones y el intento de estructurar el espacio. Después del primer encuentro con buena acogida, pero poca estructura, se plantea cómo encaminar el espacio de manera más ordenada. En febrero 2012 se realiza un taller con presencia de miembros del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) de Perú, donde se intercambian experiencias como funciona el espacio en este país y donde se plantea una hoja de ruta para Ecuador. Los grupos de trabajo desarrollan propuestas de objetivos, reglas y principios como también la estructura del espacio. Además, se establece el nombre de “Iniciativa de Diálogo Minero - Ecuador” (IDME). Una de las propiedades que destaca del GDMDS, que venía funcionando ya 12 años, es que se “trata de un espacio

197 Entrevista con Maria Eulalia Pozo (Avina) 16.07.2015.

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no estructurado que genera vínculos”198 algo que se repite actualmente en la IDME también. En las siguientes reuniones se emplea una aplicación de temas concretos (p.e. consulta previa de los pueblos indígenas) y/o el trabajo sobre el desarrollo del espacio de diálogo en sí mismo.



Una estructura elaborada

Al comienzo del 2013 se propone a los participantes una estructura más estable para garantizar el funcionamiento al largo plazo. Entonces se plantean cuatro espacios que tienen diferentes funciones y responsabilidades:199 1. La plenaria de la Iniciativa del Diálogo Minero, que incluye a todas las personas participantes interesadas y que se debe reunir cada dos meses. Su función consiste en promover el diálogo multisectorial, los debates y críticas constructivas. Además promueve el intercambio de información, opiniones y saberes diversos; y decide sobre los temas a trabajar y líneas de acción. 2. El grupo impulsor que dinamiza la iniciativa, organiza y da insumos y aportes. Está formado por un máximo de diez personas voluntarias, que se reúnen mensualmente o según necesidad. Debe representar las diferentes visiones: empresa, oenegé, estado, comunidades, organismos internacionales. El grupo impulsor actúa a manera de consejería corporativa (FFLA 2014, 15). 3. Los grupos de trabajo están previstos para trabajar temas específicos (grupos temáticos) o asegurar vínculos locales (grupos territoriales). 198 Ibid.

199 Memoria de la reunión/taller del 27.04.13 en Quito.

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4. Los foros deben servir como espacios de discusión a nivel local, nacional, regional o internacional para plantear temas, incidir e informar y difundir experticia y generar conocimiento, entre otros. Pese al planteamiento de esa estructura, no se han establecido grupos de trabajo efectivos, ni se han ejecutado foros propiamente ejecutado por el IDME. El mejor funcionamiento se ha demostrado en el grupo impulsor, que involucra a los miembros más activos. Sin embargo, la representación en el grupo se restringe mayormente a miembros de oenegé y consultores y/o representantes de empresas. La plenaria cuenta con una participación de múltiples actores variados, aunque se realiza con menos frecuencia que la propuesta inicial. Desde la misma fecha la IDME se define en un contexto amplio como “un espacio multiactor que facilita el intercambio de conocimientos entre grupos de interés alrededor del sector minero a nivel local, regional y nacional” (FFLA 2014, 1). Esta definición le permite actuar flexiblemente y con un círculo de actores amplio en diferentes ámbitos geográficos. No obstante, la ambigüedad que le brinda cierta libertad, limita también en otros aspectos, especialmente en los que se demandan ciertos efectos palpables. En el siguiente epígrafe vamos a comparar en qué medida cumple con los criterios de un espacio de diálogo, con qué obstáculos tiene que enfrentarse y cómo repercute en la ejecución.



Cumplimiento de las características del diálogo en la IDME

Inclusividad Después del fin abrupto del Diálogo Minero Nacional no existió un espacio que retomara la agenda por un tiempo. Se puede suponer con cierta razón que aparte de la falta del interés por parte del ejecutivo, cualquier posible inicia-

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tiva por parte del Estado en convocar nuevamente a un dialogo hubiera sido poco exitoso. Bajo estas condiciones era más propicio que un conjunto de personas y organizaciones, libre de la sospecha de favorecer únicamente un lado, se encargaran de la creación de un espacio de diálogo sobre la minería a gran escala. Sin embargo, se trata de un tema delicado y las opiniones (y sus intereses subyacentes) se polarizan con facilidad. Pero gracias a su apertura, la IDME logra convocar a una amplia gama de actores. En un mapeo de actores relacionados a procesos de diálogo minero, elaborado dentro del documento fundacional (FFLA 2014, 25), se destaca que hay una participación tanto a nivel Macro (nacional, o suprarregional) como Meso (regional y provincial) y Micro (cantonal, parroquial y comunitario). Entre los actores se encuentran empresas asesoras (consultoras), empresas mineras, miembros del gobierno central como local, oenegés, universidades y personas de agencias de cooperación internacional. A primera vista hay una participación amplia que permitiría hablar de una inclusividad de actores que se logra también gracias a un cierto tipo de informalidad (en el sentido de no atribuirse a una institución fija o de inscripción). Ella permite unir, como único espacio actualmente en el país, a diferentes actores de posiciones muy opuestas. La participación de varios entes estatales se explica en gran parte en la libertad de participar sin llegar a compromisos o consensos. Empero, podemos observar aquí también un primer obstáculo a la inclusividad. La revisión de las actas de participación muestra que esos entes no asisten continuamente en el transcurso de las sesiones, posiblemente por la falta de resultados o compromisos palpables. La informalidad tiene igualmente su repercusión en el tema financiero (que vamos a analizar más a profundidad acontinuación), debido a que no se representa una institución fija con productos o logros medibles que demandan mayoritariamente los donantes.

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Otro obstáculo que se menciona directamente en el análisis del documento fundacional indica una falta de actores “micro” (FFLA 2014, 25) o sea actores a nivel local, punto que también se hace más notorio en la comparación de las listas de participantes de las reuniones. La atención de grupos locales, comuneros y/o comunidades indígenas es escasa. La IDME intenta de mitigar ese efecto al llevar a cabo reuniones descentralizadas en lugares cercanos a los proyectos mineros, como Cuenca, Loja, Macas o Zamora. En Macas es donde se registran entonces las mayores cifras de actores “micro”. Sin embargo, de los 14 encuentros realizados entre 2011 y 2013, diez tuvieron lugar en Quito, donde asisten pocos o ninguno de esos actores. Una explicación se deriva de la falta de recursos (tanto de tiempo como pecuniarios): mientras la mayoría de los actores del ámbito “macro” y “meso” tienen una oficina o un representante en la capital, las poblaciones afectadas por la actividad extractiva tienen que invertir tiempo y dinero para llegar al espacio de diálogo, donde tampoco está claro si les sirve está inversión. El grupo impulsor del IDME se esfuerza para amortiguar esta desventaja según sus posibilidades del presupuesto. Pero aparte de la situación financiera insegura, se topa con otro problema. En varios casos no hay representatividad clara entre los comuneros en un tema tan polarizado como la minería. El liderazgo es cuestionado entre diferentes personas y así es aún menos factible garantizar los gastos si se quiere brindar la participación de un mayor número de diferentes representantes. Un tercer obstáculo se genera por la gran desconfianza que se encuentra especialmente en el sector opositora a la gran minería. Las invitaciones al espacio quedan entonces sin respuesta sea por rechazo personal sea por temor a que la base de la población demanda una justificación por la participación. Como ya se ha mencionado, otro factor fundamental es el financiamiento. No solo la IDME ha experimentado la importancia del tema de recursos. Respecto al financiamiento se

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describe en la Sistematización de experiencia del Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL):200 El financiamiento no solo es necesario para asegurar la existencia del espacio y sufragar gastos como los que exige la coordinación del proceso de diálogo sino para afrontar gastos mayores como los que se suelen necesitar para invitar a representantes de organizaciones de base y de la sociedad civil a las reuniones de los grupos de diálogo. Resolver el tema del financiamiento es crítico para asegurar la maduración y la sostenibilidad de los espacios nacionales al igual que el GDL. La falta de fondos ya ha tenido impacto en alguno de estos espacios puesto que ha reducido la frecuencia de las reuniones multiactor (Ormachea Choque 2015, 31).

El trabajo de la IDME se lleva a cabo con un presupuesto poco asegurado. Al comienzo la mayoría de las reuniones se iban realizando en forma rotativa en las oficinas ofrecidas por los integrantes del espacio; otra razón por la cual se concentró más en Quito. Durante el desarrollo de la iniciativa han surgido proyectos puntuales para cubrir los gastos de las reuniones y permitieron un pago marginal para la organización. Aparte de eso todo el proceso de organización y preparación de las reuniones se lleva a cabo mayormente sin retribución. En cierta manera es una ventaja porque garantiza una independencia y “neutralidad” que se vería amenazada si la iniciativa fuera financiada, por ejemplo, por una empresa minera, que impactaría directamente en la participación de sectores opuestos a la actividad por la desconfianza que existe. La misma desconfianza alcanzaría un espacio estatal, debido a que el gobierno se pronunció innumerable veces a favor de proyectos estratégicos mineros. Por otro lado, el financiamien200 Este grupo es una plataforma regional que reúne iniciativas nacionales de diálogo y personas referentes en el contexto minero, entre ellos están también miembros del IDME.

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to precario o no asegurado a largo plazo afecta obviamente a las posibilidades de abrir el espacio (de forma constante) a miembros con pocos recursos, ya que no es posible garantizar la asistencia de participantes de comunidades alejadas. Así que la IDME tiene que enfrentarse con la amenaza de perder la característica inclusiva y tiene que confrontar a la pregunta: ¿cómo se puede superar la “exclusividad” de los miembros que en cierta manera representan solo una parte de la variedad de actores en el complejo ámbito de la actividad minera?



Apropiación compartida

La Iniciativa del Diálogo Minero de Ecuador nació de una demanda frente a la creciente conflictividad respecto a la actividad extractiva. Esa demanda no ha disminuido; al contrario, es más urgente que nunca facilitar espacios para encuentros entre las partes involucradas en los conflictos mineros. En este sentido la iniciativa recoge el deseo de la gente de participar y apoyar al espacio. También en el aspecto de permitir a las personas una interacción genuina la IDME utiliza metodologías adecuadas para que los actores se encuentren a un mismo nivel. En las reuniones donde hemos participado como OBSA pudimos observar que mediante herramientas como “discusión en pecera” o “café mundial” se facilitó el intercambio entre los actores, independientemente de su fondo o su posición respectiva a la actividad extractiva. El gran interrogante es si se puede hablar de una apropiación compartida si hay una falta de actores. Como hemos visto en el punto anterior hay serios obstáculos –en la mayoría de las reuniones– para garantizar la participación de las personas directamente afectadas. Entonces faltaría un elemento clave para hablar de un espacio donde se comparten visiones y experiencias diferentes para “básicamente empoderar a la gente para trabajar o delinear su propio futuro” (Pruitt y Thomas 2008, 29).

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Aprendizaje y humanidad

La gran ventaja que tiene la IDME es su independencia, además de la dirección de un equipo altamente capacitado en temas de facilitación y metodologías para el manejo de conflictos. En este sentido, la IDME es un exitoso ejemplo, al reunir diferentes actores de una variedad de sectores (estatal, privado, académico, comunitario, organizaciones civiles) y ámbitos (macro, meso, micro) con opiniones divergentes. La polarización se hizo notoria en las primeras reuniones del espacio, pero según las palabras de un miembro del comité impulsor se logró, lo que un diálogo puede brindar: “Destaco la construcción de contactos bilaterales, la construcción de relacionamiento y el cambio de actitudes. Al comienzo tuvimos reuniones que empezaron muy agresivas y al final se dijo: “He visto otra perspectiva”. Además, se construye conocimiento por ejemplo sobre la consulta previa. Abrimos un espacio en un tema muy polarizado.”201 Esta cita, que coincide con las observaciones que pudimos hacer en los eventos donde participamos, refleja lo que Pruitt y Thomas definen como necesidad de “empatía, es decir, saber ponerse en el lugar del otro”.



Apuntes finales sobre la IDME

Si partimos de las cuatro características de un diálogo (1) inclusividad, (2) apropiación compartida, (3) aprendizaje y (4) humanidad, la observación nos indica el cumplimiento por lo menos tres de ellas en la IDME. La importancia del tema hace que el sentido de pertenencia conjunto sea casi está inherente a la iniciativa, y la última cita nos muestra que la apertura a escuchar y reflexionar (aprendizaje) y la capacidad de ponerse en los zapatos del otro (humanidad) parece lograrse por lo menos en una parte de los participantes. Sin embargo, el 201 Entrevista con Volker Frank (FFLA) 01.09.2015.

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aprendizaje se ve afectado por la restricción en la integración: tal como la IDME está conformada y con la participación limitada de actores “micro”, los debates se quedan en un circuito cerrado y la información no permea a las personas que serían las más necesitadas para recibirla. En otras palabras, el alcance de generación de conocimiento y una posible participación colectiva queda restringido. Estrechamente vinculado está el dilema de beneficio. Si partimos de la idea de que un espacio de diálogo es un encuentro entre diferentes actores con visiones y posiciones (con sus intereses y necesidades subyacentes) distintas, donde se practican conductas constructivas para impulsar procesos de cambio, que en el mejor de los casos llega a consensos entre los actores (o soluciones colectivas), suponemos la existencia de un balance entre ellos. Pero si los participantes en el espacio de diálogo se encuentran con un alto desequilibrio en capacidades, tanto el poder político y económico como a nivel de formación o capacitación individual, se corre el peligro de que el más fuerte se apropie del espacio y se beneficie de la situación. En tal sentido, no se pueden dejar fuera las políticas del ámbito nacional. Si bien es cierto que los participantes de las instituciones estatales también muestran una conducta de escuchar y dar el espacio a los otros participantes, podíamos notar también un uso del discurso oficial de “la tecnología de punta” (para dispersar posibles preocupaciones sobre el impacto ambiental) y de los beneficios sobreproporcionados de la actividad extractiva que se necesitarían para el desarrollo social y económico del país. En otras palabras, el momento reflexivo – si lo hay – no llega (o no puede) llegar a un cambio que se construye en conjunto sino se esconde detrás de frases del oficialismo. En la misma dirección apunta el hecho ya mencionado, que si bien participan representantes del Estado (p.e. del Ministerio de Minería o Ecuador Estratégico), no lo están haciendo continuamente, condición fundamental para un cambio. Como señalan Mary Anderson y Lara Olson, es

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esencial adoptar un compromiso de varios años para permitir que los participantes en el diálogo “transfieran los impactos personales del diálogo al nivel sociopolítico” (Anderson y Olson en Pruitt y Thomas 2008, 32). Para no quitar los méritos que tiene la IDME, hay que señalar que por tener un origen “más neutral” es actualmente el único espacio a nivel nacional que logra una amplia convocatoria, con sus falencias descritas para un tema tan polémico. Pero los participantes y el comité impulsor tendrían que resolver las preguntas fundamentales: ¿A qué quiere llegar (generar conocimiento, distribuidor de información, espacio de diálogo, club de intercambio) y cómo se realizará ese objetivo?



Una propuesta de diálogo multiactor a nivel local. El caso del MMCS+SAT en El Pangui

En este apartado nos centraremos en una iniciativa centrada en la escala local, en el cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe, donde se localiza el Proyecto Mirador. A lo largo de todo el libro se han discutido los detalles de dicho proyecto y su influencia en el aumento de la conflictividad socio-ambiental en la zona. Este aumento de conflictividad ha provocado numerosas tensiones, que en momentos puntuales desembocaron en varios episodios violentos relevantes. Entre ellos, se deben destacar los diferentes enfrentamientos violentos durante los meses de noviembre y diciembre de 2006 entre pro y anti-mineros con el resultado de varios heridos (Warnaars 2011, 228); y también la muerte de Bosco Wisum en noviembre de 2009, quien participaba en una manifestación de rechazo a la Ley Minera aprobada y al proyecto de Ley de Aguas, propuesto por el gobierno (CEDHU-FIDH 2010, 32). Estos episodios llamaron la atención de la sociedad civil ecuatoriana y de ciertos sectores de la academia, que se

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preocuparon por realizar algún tipo de intervención en el terreno para ayudar a gestionar dicha conflictividad y reducir las posibilidades de violencia. En este contexto, y en base a los trabajos de diversos autores que exploran la relación entre conflictos ambientales y violencia desde el marco de la ecología política y los estudios de paz y conflictos, desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) se planteó la idea del Modelo de Monitoreo de Conflictos Socioambientales con Sistema de Alerta Temprana (MMCS+SAT) para facilitar un manejo adecuado de la conflictividad socioambiental en el cantón y contribuir a mitigar la violencia. Acontinuación describimos cómo fue el diseño y puesta en marcha del proyecto, y analizamos las características del espacio de diálogo multi-actor diseñado en el marco del proyecto, en base a los criterios señalados en el primer epígrafe, para constatar las potencialidades para generar un diálogo real y efectivo.



Modelo para mitigar la violencia en la conflictividad socioambiental: la propuesta de espacio de diálogo

En origen del proyecto parte de un requerimiento de la misma comunidad afectada. En 2011, a través de un representante de los gobiernos locales del cantón, se solicitó al OBSA algún tipo de colaboración en temas de manejo de conflictos socioambientales, debido al creciente clima de conflictividad. En 2012 se impartieron varios talleres y jornadas de capacitación en la comunidad en temas de convivencia y manejo de conflictos, y en ese mismo año se realizó una investigación sobre la percepción de la conflictividad socioambiental en el cantón (Sánchez-Vásquez et al. 2016). En dicha investigación se identificaron los temas más sensibles percibidos como conflictos por la población, y a partir

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de su análisis se comenzó con el diseño teórico y metodológico del MMCS+SAT. El modelo se planteó como una herramienta para la gestión de los conflictos ambientales a nivel local, y de producción de conocimiento científico técnico para compartir y/o confrontar con datos de fuentes oficiales. Por tanto, el MMCS+SAT se diseñó con una doble intencionalidad. Por un lado sería una herramienta de investigación y producción de conocimiento mediante la cual los distintos actores locales implicados en el mismo tendrían acceso y colaborarían en la generación de datos científicos sobre la conflictividad socioambiental en el cantón.202 Por otro lado, para compartir y contrastar esos datos, se planteó la posibilidad de generar espacios de diálogo multiactor, en los cuales las partes involucradas pudieran discutir sobre la conflictividad local en base a unos datos científicos de los que ellos mismos habrían sido parte importante en su producción. Sobre las bases comentadas, el diseño preliminar del Modelo incluía actores de distinto tipo: el gobierno cantonal y los gobiernos parroquiales; representantes de la sociedad civil del cantón (incluyendo colectivos indígenas y anti-mineros); representantes del gobierno provincial de Zamora-Chinchipe; representantes del gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente (MAE), SENPLADES, la Secretaría de Gestión Política y la Autoridad de Regulación y Control Minero (ARCOM) y, por último, representantes de la compañía Ecuacorrientes S.A. (ECSA), la encargada de desarrollar el Proyecto Mirador.

202 Para ello se diseñó un sistema de indicadores de dos tipos (estadísticos y de percepción) al que los actores involucrados tendrían acceso y a su vez podrían colaborar en la producción de los datos. Para una información más detallada sobre el diseño y el funcionamiento del Modelo, ver Sánchez-Vázquez y Eguiguren (2016).

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Intentos de integración e inclusividad de los actores del conflicto

Si bien durante la fase de toma de contacto y presentación del proyecto203 a los distintos actores se recibió en general una buena aceptación y acogida, algunos de ellos mostraron sus reticencias a participar. En general, las Juntas Parroquiales y el Municipio de El Pangui recogieron de forma muy positiva la propuesta y de hecho colaboraron (y siguen colaborando) activamente en el proyecto, con una alta participación de los técnicos de ambiente e incluso de los presidentes parroquiales. Desde el Gobierno Provincial de Zamora también se recibió apoyo y colaboración activa a través de los técnicos del Departamento de Ambiente. Sin embargo, la mayoría de representantes estatales con los que se tuvo contacto desde un primer momento señalaron que sería muy complicado sentar a todos los actores en la misma mesa y crear espacios de diálogo. Según el director Zonal de SENPLADES,204 algunos de los actores son “fuentes de conflictos”, en referencia al perfil anti-minero del Gobierno Provincial de Zamora-Chinchipe u otros actores locales. Según esta posición, la negociación de posibles soluciones se dificultaba por el propio carácter y la posición asumida por los actores contrarios al gobierno, mientras que no se notaba ninguna intención de asumir auto-críticas por parte de los representantes estatales (al menos en posiciones y declaraciones oficiales). Otro tema recurrente que se nos planteó en las distintas reuniones era la necesidad de vincular a distintos ministerios y entidades estatales como: SENPLADES, MAE, ARCOM, Ecuador Estratégico y Secretaría de Gestión Política. Varias personas plantearon conveniencia de crear redes y espacios 203 Llevada a cabo entre finales del año 2013 y principios de 2014. 204 Reunión el 2 de diciembre de 2013.

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interinstitucionales para gestionar conflictos de este tipo, en los que el Estado tenía tantos intereses y que los posibles conflictos podrían retrasar y/o poner en peligro el desarrollo de los proyectos estratégicos. Sin embargo, estos mismos actores señalaron la dificultad de poner en marcha y coordinar este tipo de procesos interinstitucionales. Sobre este tema, varias personas nos plantearon también que sería difícil coordinar esos espacios, ya que las relaciones entre los distintos ministerios e instituciones eran a veces problemáticas. Como OBSA, seríamos los encargados de coordinar y organizar el espacio de diálogo en El Pangui, contando con representantes de la sociedad civil, de la empresa y de las instituciones locales además de las estatales. Pero aún así era necesario contar con una institución que coordinara las actuaciones de todos los actores estatales involucrados. Después del mapeo de actores y las primeras tomas de contacto, parecía que la institución ideal para ese cometido de coordinación sería la Secretaría de Gestión Política, tal y como nos sugirieron desde el MAE, ARCOM e incluso desde SENPLADES (en principio SENPLADES era otra opción para poder coordinar este tipo de espacios). En nuestra primera reunión con los representantes de esta Secretaría en Zamora,205 parecía que en efecto ésta sería la institución ideal para ello. El director y los responsables zonales de comunicación y gestión política mostraronn gran interés en el proyecto y en poder colaborar. Entre sus competencias se encuentra la cuestión de la participación ciudadana y la integración de los ejes Estado-ciudadanía-empresa, por lo que afirmaban querer potenciar el empoderamiento ciudadano y las acciones de responsabilidad social de las empresas. También nos proponían una presentación más detallada del proyecto (incluyendo indicadores y cronograma tentativo de acciones), a realizar en Zamora para conocer al 205 Celebrada el 10/02/2014.

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equipo de trabajo en el terreno. Además, invitarían a representantes de Gobernación, ARCOM, MAE, Subsecretaría de Minas, Recursos Naturales No Renovables y Ecuador Estratégico. Se propuso como fecha tentativa para esta reunión el 12 de marzo de 2014. Sin embargo, esta segunda reunión propuesta, a pesar de nuestra insistencia, nunca se llegó a realizar. En principio la razón fue que hubo algunos cambios en las personas responsables en esta secretaría, lo que llevó a retrasar los procesos. Sin embargo, también nos llegó la información (a través de un técnico del GAD Provincial), que desde la Secretaría de Gestión Política se habían planteado que quizá no era tan conveniente para ellos participar en el proyecto, ya que los datos recabados por nosotros hasta ese momento no eran muy interesantes y eran “generales y ambiguos”, y que preferían trabajar por su cuenta y limitarse a las prioridades de sus líneas de trabajo. Por todo ello, finalmente desistimos de buscar una institución que coordinara la participación estatal e intentamos que ésta se llevara a cabo a través de la participación de representantes del MAE y ARCOM en la provincia de Zamora, que en principio parecía la opción más factible.206 En cuanto a la integración de representantes de la sociedad civil, también se presentaron dificultades. En principio nuestra intención era invitar a participar a asociaciones y colectivos de diversa índole (ambientalistas, indígenas, mujeres), que tuvieran relevancia en el cantón. Tras el mapeo de actores realizado y las primeras reuniones con distintos representantes, se decidió dar prioridad a la integración del sector anti-minero del cantón, para compensar el balance de posiciones en el espacio multiactor. Este sector en un principio estaba formado por los antiguos miembros del Comité por la Defensa de la Vida y la Naturaleza del Pangui, en el que se incluían 206 Posteriormente se iniciaron contactos con la Gobernación de Zamora para su colaboración en el Modelo, que nunca se llegó a concretar definitivamente por diversas circunstancias.

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representantes de grupos de mujeres y varias comunidades shuar. Posteriormente el liderazgo en el sector anti-minero se desplazó a la recién creada Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi. Los líderes de Cascomi mostraron cierta desconfianza inicial y expresaron sus dudas sobre que un espacio así pudiera tener sentido. Algunos de los representantes anti-mineros entrevistados expresaron serias dudas sobre la conveniencia de embarcarse en un proceso de este tipo, ya que para ellos implica un grado de compromiso y dedicación alto para una tarea de la que no esperan obtener muchos frutos, ya que tenían claro que “la minería va porque va”.207 Por último, un elemento clave del espacio multi-actor era conseguir la participación de los representantes de ECSA. La idea inicial era que pudieran presentar su visión, y en un momento dado rendir cuentas ante posibles reclamos de otros actores, ya que la actividad de ECSA se presentaba como la principal generadora de conflictividad en el cantón (Sánchez-Vázquez et al. 2016). Ante nuestras invitaciones a participar, los representantes de ECSA208 fueron variando su actitud a lo largo del tiempo. En un primer momento se mostraron interesados, e incluso expresaron sus expectativas en que una herramienta de este tipo pudiera ser útil para gestionar la conflictividad a nivel local. Sin embargo, estas declaraciones nunca se materializaron en compromisos concretos, y con el paso del tiempo, las distintas personas que fueron cambiando como responsables de relaciones comunitarias, cada vez mostraron un menor compromiso a la hora de participar. Estas actitudes, propias de un contexto de conflicto polarizado en el que los actores con posiciones más extremas son 207 Reunión con antiguos miembros del Comité por la Defensa de la Vida y la Naturaleza del Pangui, 12/06/2014. 208 Se establecieron contactos con los técnicos de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Sostenible, e incluso directamente con el responsable de Asuntos Corporativos en el momento, Leonardo Elizalde.

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los más reticentes a participar de los espacios de diálogo, sin duda dificultaron la puesta en marcha del Modelo como estaba planteado en un inicio. Los espacios de diálogo efectivos parecían casi imposibles de ejecutar.



Limitaciones y dificultades en su aplicación. La imposibilidad del diálogo real

Además de las dificultades relatadas para conseguir cierto compromiso por parte de los actores para su integración e inclusión en el Modelo, hubo otros factores que nos llevaron a replantear el mismo: ciertos comentarios y sugerencias a la hora de presentar el proyecto en distintos foros académicos y sociales;209 y el proceso de reflexión de nuestro equipo sobre la literatura crítica revisada. Especialmente relevante fue el estudio desarrollado por Henri Acselrad y colaboradores en el 2010, en el que repasan múltiples casos de aplicación de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en Latinoamérica. Encuentran que los resultados fueron generalmente negativos, variando desde experiencias que contribuyeron a la “pacificación” del conflicto sin alterar las bases del mismo, hasta las objeciones y la negación a participar en este tipo de espacio por algunos actores, que desarrollan una visión crítica del espacio de negociación que se ofrece (Acselrad et al. 2010, 27-47). Estas objeciones se relacionan con la capacidad de los actores con más poder político y económico de apropiarse de este tipo de espacios y limitar la participación de las comunidades afectadas a una mera cuestión figurativa, y así favorecer que se mantengan las condiciones estructurales del conflicto sin ninguna transfor-

209 Fue especialmente relevante una presentación del proyecto realizada en Flacso Quito, con la asistencia de los académicos William Sacher y Sara Latorre, además de estudiantes del centro, en la que se recibió un “feedback” muy interesante sobre las potencialidades y limitaciones del Modelo.

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mación positiva. Estas conclusiones del estudio de Acselrad et al.siguen la línea de la literatura crítica en ecología política sobre la capacidad de depolitización de este tipo de espacios y mecanismos formales de gobernanza (Rodríguez-Garavito 2011; Perreault 2015). Por tanto, debido al problema de la correlación de fuerzas y el posible favorecimiento del status quo en el conflicto, además de las dificultades ya comentadas para la inclusividad real de los actores en el mismo, se decide revisar el Modelo. El nuevo planteamiento se basaba en definir una herramienta de gestión local con la participación de los gobiernos locales y representantes de la sociedad civil. De hecho, el MMCS+SAT sigue en funcionamiento en la actualidad, contando con la participación efectiva de las juntas parroquiales y el gobierno cantonal, y de representantes voluntarios de la población local que se integran en los llamados “clubes ecológicos”. Con ellos se sigue trabajando en la construcción de ciencia colaborativa y producción transparente de datos.210 Y aunque no se puede calificar de éxito rotundo, sí se están dando avances muy interesantes en cuanto a la producción de datos y a la generación de relaciones de confianza entre las autoridades locales y la sociedad civil, a pequeña escala (Sánchez-Vázquez y Eguiguren 2017). Sin embargo, los espacios de discusión y diálogo entre los principales actores del conflicto nunca se llegaron a concretar. La primera condición indispensable para lograr un proceso de diálogo real y efectivo, la integración e inclusividad de todos los actores, no se produjo. Por supuesto, tampoco tuvieron lugar el resto de propiedades a evaluar en el proceso, como la apropiación compartida del espacio, que era uno de nuestros grandes retos. Según nuestro punto de vista, hay varias razones que explican este fracaso a la hora de conformar un diálogo efectivo. 210 Para mayor información, ver el capítulo 7 de este mismo volumen.

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En primer lugar, el hecho ya señalado de la asimetría de poder entre las partes, que hizo que los actores con menos poder político y económico, especialmente los líderes anti-mineros, recelaran de este tipo de espacios. También esa asimetría hizo que los actores con mayor poder, como la empresa y el Estado, no acabaran de ver la necesidad de este espacio, ya que contaban con el respaldo de la fuerte apuesta del gobierno por llevar a cabo un proyecto considerado estratégico. Es cierto que algunos funcionarios estatales entrevistados sí veían la utilidad a un proceso de este tipo, ya que podrían ayudar a disminuir la conflictividad a nivel local y facilitar su trabajo en el terreno. Sin embargo, la complejidad del aparato estatal ecuatoriano en cuanto a atribuciones y competencias respecto a la minería y sus conflictos asociados, dificultó mucho la posibilidad de encontrar un representante (o un grupo de representantes) que pudiera defender de forma efectiva las visiones del gobierno central en ese espacio de diálogo. Por último, un contexto tan polarizado como El Pangui en relación a la minería y con un historial de episodios violentos, los actores situados en los extremos del conflicto, como la empresa ECSA y los representantes anti-mineros, nunca se prestaron realmente a participar en el proceso. Es posible que en una fase más temprana del conflicto, con una polarización menor de la sociedad y en la que las posiciones extremas no estuviesen tan enconadas, una iniciativa de este podría haber sido ejecutada cumpliendo con las condiciones de diálogo requeridas.

Algunas conclusiones generales Como se ha visto a lo largo del capítulo, en las dos experiencias analizadas influyen varias condiciones que prácticamente impiden la evolución de los procesos de diálogo idealmente descritos. En primer lugar, la asimetría de poder, principalmente económico y político, entre los distintos actores que deberían conformar estos espacios. Hemos analizado cómo, a pesar de cumplir al menos tres de las cuatro caracte-

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rísticas para alcanzar un proceso de diálogo efectivo, la IDME encuentra limitaciones generadas por desequilibrios en los actores participantes, principalmente en términos el alcance de generación de conocimiento y una posible participación colectiva inclusiva, por la ausencia de participación continuada de representantes de comunidades afectadas. En el caso del conflicto en El Pangui, las diferencias de poder y capacidades de los actores provocaron que ni siquiera se pudiera completar la inclusión efectiva de todas las partes del conflicto en el proceso de diálogo planteado. En Ecuador, actualmente el actor con más peso a nivel interno es el gobierno central, con todas sus instituciones dependientes, que se ha pronunciado innumerables veces en favor de la minería a gran escala. Su posición (al menos en cuanto a los proyectos estratégicos) es inamovible pese a que pueda chocar con normativas, la Constitución o incluso convenios internacionales. El interés no solo se explicaría de la necesidad de ingresos de mayor magnitud a un largo plazo, como promete la explotación de los recursos metálicos. Para financiar varios de los proyectos de la revolución ciudadana el estado ecuatoriano se endeudó desproporcionadamente con la República China. Pero no es solo que el 27,1% de la deuda externa (que equivale a 5 466.4 millones USD211) compromete al Ecuador en la devolución de esa suma a su mayor acreedor. También varios créditos están vinculados a condiciones, que consisten en la ejecución de proyectos por empresas chinas. Entonces volvemos al asunto del diálogo: ¿sería posible que la política en materia extractiva del estado ecuatoriano se dejara influenciar fundamentalmente por la opinión, los intereses o necesidades de las poblaciones afectadas? La misma pregunta podríamos plantearla al sector representado por las entidades privadas. Si bien, hemos conocido 211

Datos del Ministerio de Finanzas, 31.12.2015; http://www.finanzas.gob. ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/DEUDA-SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-ECUADOR_diciembre2015.pdf

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personalmente (como participantes de la IDME) empresarios con una visión muy amplia y el entendimiento de que una relación conflictiva con la población local puede impedir un proyecto minero, estos no representan la opinión más extendida en el sector minero, al menos no en el caso del Proyecto Mirador. Y suponiendo que se pudiera plasmar esa comprensión también fuera de ámbitos individuales quedaría la pregunta: ¿una empresa minera, por más “sensible” que sea, se abstendría de un proyecto minero lucrativo? Si la respuesta a las dos preguntas anteriores es negativa, nos encontramos con la situación que el origen de la actividad no está en cuestión. En otras palabras, ya no hay discusión sobre el “sí” o “no” a la minería, sino solo sobre el “cómo”. Ya que ni el Estado ni las empresas ponen en juego la extracción, los opositores a la extracción no ven claros cuáles podrían ser los beneficios de participar de este tipo de diálogos. Al contrario, y como ya se ha señalado en el texto, estos espacios podrían favorecer el “status quo” y aminorar las protestas y la resistencia anti-extractiva sin alterar las bases del conflicto., generando además problemas y divisiones en el seno de los movimientos anti-minero (Moore y Velásquez 2012), o dinámicas de despolitización de relaciones sociales desiguales e injustas (Perreault 2015). Provocando, finalmente, el “efecto de desplazamiento” (Rodríguez Garavito 2011) mediante el cual los conflictos se diluyen y transforman en un mar de procedimientos, formatos y actividades que consumen tiempo y esfuerzo. En base a las experiencias empíricas aquí detalladas, este punto parece ser la gran limitante para los procesos de diálogo efectivos. Ante una apuesta tan firme del gobierno estatal, apoyado por el sector empresarial, las comunidades afectadas y los representantes de posiciones anti-mineras no ven mucho sentido en participar en espacios por varios motivos. En primer lugar, la cuestión de la representatividad en las comunidades puede ser problemática a distintos niveles, como se constata para el caso de la IDME. Por otro lado, se requieren esfuerzos (a veces de tipo económico) y un grado de com-

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promiso alto, y que no garantizan ningún tipo de resultado prometedor para sus posiciones. Al contrario, estos espacios pueden ser utilizados desde posiciones oficialistas para legitimar el propio desarrollo de los proyectos; como el “justificante” de que las tareas de relaciones con la comunidad se están llevando a cabo de manera exitosa, al mismo tiempo que se mantienen las relaciones de injusticia y desigualdad en el conflicto (Perreault 2015). Por tanto, a pesar de que las iniciativas descritas cuentan con un gran valor por sí mismas, aquí debemos dejar claro que sus resultados como espacios de diálogo efectivos han sido muy limitados. Sí es cierto que han tenido repercusiones colaterales positivas, que quizá puedan servir para plantear iniciativas más efectivas en el futuro.

CONCLUSIONES panorámica desde el proyecto Mirador: Conclusiones y aportes para el debate sobre la minería a gran escala en el Ecuador Karolien van Teijlingen, Consuelo Fernández-Salvador, Luis Sánchez-Vázquez y Esben Leifsen

En marzo del 2012, cuando se firmó el contrato para la explotación de Mirador y aún cuando el gobierno celebraba de manera optimista el inicio de la minería a gran escala en el Ecuador, el futuro del sector en el país parecía un tanto incierto. Tanto los movimientos sociales, quienes organizaron una marcha con acogida nacional desde Tundayme a Quito en el mismo mes (Ortiz Crespo 2016), como las empresas mineras privadas, quienes criticaban las tasas altas de impuestos,212 ponían en duda el arranque que anhelaba el gobierno de Rafael Correa. Ahora, en el 2017, se puede decir que esta duda se ha esfumado. Aunque permanece como un sector incipiente de la economía ecuatoriana, el país se abrió como frontera minera para las inversiones y nuevos proyectos durante los últimos años. Se reformó la Ley de minería para volver al país más “competitivo”, se instaló el Ministerio de Minería y se inició una campaña internacional para promover “el gran

212 Ver el ejemplo de la empresa Kinross Aurelian que abandonó el proyecto Fruta del Norte porque las negociaciones con el gobierno se estancaban debido al Impuesto a las Ganancias Extraordinarias, el cual también fue criticado por varios expertos nacionales: http://www.revistalideres.ec/ lideres/kinross-punto-inflexion-inversion.html.

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potencial geológico inexplorado” de Ecuador.213 Esta política de brazos abiertos tuvo un eco en el avance del sector en el país. Tras la inauguración del proyecto Mirador en diciembre del 2015, siguió la inauguración de la construcción de la bocamina del proyecto estratégico Río Blanco en agosto del 2016. En ese mismo mes, se firmó un contrato de inversión con Lundin Gold para la explotación del proyecto Fruta del Norte. En Junín, Imbabura y San Carlos, Morona Santiago, los proyectos Llumiragua y San Carlos Panantza han entrado en la fase de exploración avanzada. Mientras tanto, nuevas reservas siguen saliendo a la luz, como es el proyecto Cascabel en Imbabura que tiene reservas mayores a las de Mirador y recientemente ha atraído el interés de gigantes transnacionales como BHP Billiton y Newcrest. La subasta de 44 nuevos proyectos presentada por el Ministerio de Minería en octubre de 2016 indica que la frontera minera se seguirá expandiendo y el auge aún no está por terminar. Este brote de proyectos mineros fue acompañado por un (re)surgimiento de conflictos y cuestionamientos sobre los impactos ambientales y sociales que se generan tanto a nivel local como nacional. En el caso de Mirador mismo, el cambio a la fase de producción y la transformación territorial a pasos agigantados causada por la construcción de la mina introdujeron una nueva fase de un conflicto intenso. Los conflictos por la tierra se han convertido en luchas legales, y conflictos laborales y los impactos ambientales se están haciendo más visibles (Sánchez-Vázquez et al. 2016). También en Íntag, Imbabura, aumentaron las tensiones desde que la fuerza pública acompañara a los técnicos de la empresa minera nacional ENAMI para retomar el proyecto Llurimagua a la fuerza (Shade 2015), mientras que en los alrededores del proyecto Loma Larga en Azuay se continúa el conflicto por el agua y la

213 Entrevista con ministro de minería Javier Córdova con KITCO News en la conferencia PDAC 2016.

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consulta popular (Moore y Velásquez 2013). Sin embargo, lo que más ha conmovido al debate nacional fue la escalada del conflicto alrededor del proyecto cuprífero San Carlos Panantza en Morona Santiago, operado por una empresa del mismo consorcio de inversionistas chinas que ECSA, en el 2016. La comunidad shuar Nankintz, que se unió por defender las tierras que consideraban territorio ancestral shuar de la actividad minera (Riofrío y Lozano 2011), fue desalojada por la fuerza pública en agosto de 2016. Unos meses después, los comuneros shuar retomaron la comunidad Nankintz, lo que llevó a la militarización de la zona, un fuerte choque armado, y un clima de incertidumbre en todo el país.214 Estas problemáticas y conflictos indican que es urgente entender lo que desencadena la minería a gran escala a nivel local en el contexto ecuatoriano. En este libro, por tanto, nos hemos propuesto indagar sobre las dinámicas y las respuestas locales que se han producido alrededor del primer proyecto minero a gran escala del país, el proyecto Mirador, y las políticas y mecanismos de gobernanza que conllevó la presencia de este proyecto. Este capítulo final tiene como objetivo sintetizar los resultados de nuestras indagaciones y definir las tendencias, potencialidades y limitaciones más sobresalientes que se advierten en torno a éstas. La pregunta principal que apuntala este libro es pertinente no solo para el proyecto Mirador, sino también para todo el sector y para cada uno de los proyectos mineros que surjan en el país. Por ende, este capítulo también tiene como objetivo reflexionar críticamente sobre la política minera en el país, el papel que los actores involucrados juegan en ella y las relaciones que esta política

214 Más detalles de este conflicto y sus impactos se encuentran en el informe “Salud Colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsumtsuim” elaborado en el 2017 por Acción Ecológica, ALAMES Ecuador, CONAIE, CONFENIAE, Luna Creciente, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Pueblo shuar Arutam, Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamérica.

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ha introducido, para a partir de ella cuestionar el futuro del sector en el Ecuador. Tal mirada crítica implica que nosotros mismos también estaremos sujetos a ella. Al concluir este capítulo, entonces, discutiremos sobre la contribución de este libro y someteremos nuestras propias prácticas y nuestro papel como investigadores a un proceso de reflexión y autocrítica, para posteriormente identificar recomendaciones para futuras investigaciones.



Panorámica al proyecto Mirador: puntos de síntesis y conclusiones

Para formular una respuesta a nuestra pregunta central nos acercamos a la gran variedad de actores, procesos, políticas y controversias que forman el proyecto Mirador. Es importante realzar que fue un acercamiento literal, ya que cada uno de los capítulos está basado trabajo de campo en la zona y datos empíricos primarios. El resultado es un mosaico de capítulos en los cuales damos una panorámica al proyecto desde diferentes disciplinas académicas y perspectivas inspiradas por la ecología política. A continuación presentamos los puntos de síntesis de nuestras indagaciones.



Mundos plurales, dinámicos, híbridos

Un tema que se encuentra entrelazado en cada uno de los capítulos de esta publicación es la pluralidad en visiones, experiencias y epistemologías que están involucradas en las dinámicas y conflictos alrededor del Mirador. En conformidad a la literatura de la ecología política post-estructuralista (Li 2015; Baletti 2012; De la Cadena 2010; Escobar 2011; van Teijlingen y Hogenboom 2016; Svampa 2013), se hace referencia a las diferentes nociones y valores que los actores tienen acerca de la naturaleza, del territorio, del desarrollo, de la contaminación y de la identidad. No obstante, los autores

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evitan dibujar perfiles esencialistas y simplistas de los actores involucrados al mostrar también las distintas nociones y conflictos dentro de los actores y grupos inmersos en las disputas. Fernández-Salvador, por ejemplo, muestra claramente la enorme diversidad de posiciones y visiones dentro del pueblo shuar, un grupo que frecuentemente es visto como un actor homogéneo. Asimismo, Yépez y Van Teijlingen destacan las diversas experiencias de las mujeres frente al proyecto Mirador, argumentando que la cuestión de género es tan solo uno de los factores que determinan sus posiciones. En este sentido, este libro aboga por una imagen más compleja y matizada de los actores y sus posiciones en el conflicto, contrarrestando las narraciones que circulan en algunos círculos académicos, los reportajes por los medios, discursos oficialistas, comunicados de la empresa o algunas oenegés. Los testimonios de los habitantes de la cordillera del Cóndor motivaron a algunos autores a buscar las raíces de esta pluralidad y complejidad en la rica historia de la cordillera del Cóndor. Los capítulos de Warnaars, Van Teijlingen y Fernández-Salvador construyen así una breve genealogía local del tejido social, de las relaciones de poder, las pugnas territoriales y de las exclusiones históricas que forman el contexto en que se despliega el proyecto Mirador. Las autoras relatan, por ejemplo, cómo los significados y sentimientos se fueron arraigando en la tierra, muchas veces despojando o desplazando otros actores. Aunque no son reconocidos ni tratados en el debate sobre la minería o las políticas públicas actuales, son estos significados, sentimientos e historias de dispojo las que informan nociones locales sobre la minería, lo que se entendería por un trato justo y los posicionamientos en el conflicto. Esto lo afirman Bebbington et al. (2013) y Warnaars (2013b), quienes advierten que la ecología política del extractivismo tiene que ser consciente de las diferentes capas de la historia de una localidad. En este libro hemos evidenciado que abrir la caja de Pandora del pasado es fructífero para comprender las dinámicas del presente.

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Con esta llamada de atención a la pluralidad epistemológica y la contingencia histórica de las posiciones frente al proyecto minero no queremos insinuar que éstas sean inertes al cambio. Al contrario, los capítulos de Fernández-Salvador por un lado y de Van Teijlingen y Warnaars por otro muestran cómo los significados, identidades y sentimientos de arraigo son cambiantes y atravesados por conflictos a lo largo de la historia. Fernández-Salvador muestra cómo las nociones de territorio y comunidad de los shuar han sufrido una evolución compleja por la llegada de los misioneros y por las interacciones, negociaciones y experiencias que han tenido los grupos shuar con la sociedad mestiza. Van Teijlingen y Warnaars muestran además cómo los colonos tras su llegada a la cordillera del Cóndor comienzan a configurar una identidad en relación al territorio y sus formas de relacionarse con él como campesinos. En su relato, las territorialidades e identidades son fluidas y en fin híbridas, ya que se superponen, entrecruzan y emergen en este proceso. Las políticas de identidad que las autoras describen nos indican además que la fluidez de subjetividades tiene también un componente estratégico dentro del campo de poder del conflicto.



Políticas de conocimiento, reconocimiento y participación

El reconocimiento de las diferentes epistemologías y subjetividades matizadas, que tienen raíces en la historia y a la vez se desdibujan constantemente, abre las puertas para nuevas preguntas y dilemas. Una de esas preguntas se refiere al debate sobre qué se considera como legítimo, justo, y lo que es “la verdad” acerca del proyecto Mirador, y quién decide sobre esto. Este dilema alrededor de las políticas de la verdad y el conocimiento es una arena de debate constante en el contexto de la minería a gran escala (cf. Yacoub, Boelens y Vos 2016; Li 2015) y, por ende, subyace en algunos capítulos de esta publicación.

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En congruencia con la línea posestructuralista dentro de la ecología política (Leff 1998; Robbins 2000; Forsyth 2004) nuestros capítulos toman como punto de partida la idea de que la producción de conocimiento sobre los impactos que genera la minería, y de la naturaleza en general, es un proceso sumamente político. Así pues, Leifsen y Benham rastrean las lógicas insertas en el propio diseño de la mina y el Estudio de Impacto Ambiental. Inspirados por Li (2015), estos autores muestran que el EIA es selectivo en su descripción de impactos y estratégicamente redefine los impactos a los ríos como “medidas de mitigación”. El EIA y el sistema de monitoreo que se basa en él crean así un mundo de estándares, impactos, indicadores, causas y soluciones a su conveniencia, en el que se externalizan ciertos impactos al ambiente y las comunidades locales, algo que según los autores crea un desastre de evolución lenta. El Estado tiene un papel marginal que está limitado a aprobar la información que les entrega la empresa, y carece de un sistema de monitoreo independiente. Las técnicas, documentos y sistemas de monitoreo que describen los autores forman parte de lo que Kirsch (2014) identifica como la ciencia corporativa, y tienen la función de crear una “verdad objetiva” que legitima el diseño y alimenta el imagen de una “minería responsable”. La producción de conocimientos y verdades sesgadas y “convenientes” plantea cuestiones sobre quién produce estos datos y con qué fin. Sánchez-Vázquez y Reyes Conza se sumergen más en este dilema al analizar las prácticas por las cuales el conocimiento acerca del proyecto Mirador se produce y qué actores están involucrados en el proceso. Los autores señalan una fuerte centralización de la producción de conocimiento en los manos de los “expertos” de la empresa avalados por el gobierno, mientras la participación de los habitantes de la zona en el EIA es limitada a los jornaleros en el levantamiento de datos y a las socializaciones una vez el documento está finalizado. Estos procesos de socialización son además meramente rituales para informar a la población y cumplir

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con el “debido proceso” como bien lo muestra Leifsen en su capítulo. Así, muestra él, tienden a despolitizar el proceso de EIA y presentarlo meramente como una herramienta “técnica”. Ambos capítulos advierten una falta de transparencia y acceso a la información para actores locales, incluso para los GADs. Estos ejemplos ilustran el carácter top-down, despolitizado, no democratizado y no participativo de la producción del conocimiento, que conduce a que la pluralidad de visiones y verdades no sean tomada en cuenta.



Relaciones de poder y desigualdad

Esto afirma una vez más el carácter político del conocimiento, la verdad y las acciones sobre la naturaleza, y dirige nuestra atención a las relaciones de poder que configuran las interacciones entre los actores parte del conflicto. Como principio de la ecología política (Bryant y Bailey 1997; Robbins 2012), las relaciones de poder formaron el eje principal de este libro que fue abordado desde diferentes ángulos. En el capítulo de Sánchez-Vazquez et al., se analizan los espacios multi-actores de diálogo y concluyen sobre ellos que la compañía y el gobierno se presentan como actores con un poder hegemónico y abrumador quienes no muestran mayor interés en el diálogo; que existen asimetrías de poder que no permiten un diálogo genuino; y que, en consecuencia, hay problemas de inclusión de visiones alternativas. En breve, se podría decir que las relaciones de poder que se observan en estos espacios escenificados de diálogo, también se ven fuera de ellos en las interacciones diarias, aunque sea de forma más sutil e invisible. Como muestran los capítulos, las relaciones de poder acerca del proyecto, y la minería a gran escala en Ecuador, se caracterizan por una fuerte desigualdad entre los actores involucrados. Esta desigualdad facilita la producción del conocimiento y una verdad hegemónica, más no totalizadora (Leifsen y Benham; Sánchez-Vázquez y Reyes Conza); permite la firma de contratos que son incongruentes con el marco legal

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(Riofrancos); y promueve la territorialización y expansión de la minería a pesar de los conflictos, las alternativas (Van Teijlingen y Warnaars) y la exclusión de actores. Los capítulos dan una visión más matizada al mostrar que las desigualdades de poder también se encuentran dentro de los actores, como entre comunidades locales (más notable entre shuar y colonos como describen Van Teijlingen y Warnaars), entre y dentro de comunidades shuar y de la organización política misma (Fernández-Salvador) y dentro de familias (el caso de las mujeres que describen Yépez y Van Teijlingen). Asimismo, debe constar que las desigualdades han sido reconfiguradas, incluso profundizadas, tras la llegada el proyecto minero. Fernández-Salvador describe cómo el proyecto minero se ha vuelto una plataforma para pugnas de poder entre diferentes líderes y corrientes de la organización política de los shuar. Van Teijlingen y Warnaars, en cambio, describen cómo la minería ha desdibujado las líneas entre diferentes grupos (identidarios), y cómo algunos grupos se han podido empoderar frente a otros. Finalmente, Yépez y Van Teijlingen argumentan que la presencia del proyecto minero ha tenido repercusiones específicas para la población femenina en términos de sus relaciones a la tierra, el trabajo y la seguridad. Aunque el proyecto ofreció oportunidades para la emancipación, éstas no son aprovechadas, por lo que el proyecto minero resulta en la profundización de su posición desigual. Evidentemente, ésta y las otras desigualdades que describen los capítulos son provenientes de estructuras de poder desiguales pre-existentes que en ésta región del país tienen una larga historia particular (ver capítulo de Warnaars y Van Teijlingen) y están profundamente arraigadas en la sociedad. Sin embargo, los actores locales que impulsan agendas alternativas y mantienen otras visiones sobre el mundo, no permanecen inmóviles al respecto. Todos los autores del libro identifican algún tipo de counterwork, término con el que nos referimos a las diversas estrategias que la población afectada aplica para hacer conocer y reconocer sus formas de vivir, sus

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visiones y las consecuencias de la minería. Sánchez-Vázquez y Reyes Conza describen las iniciativas independientes de levantamiento de datos y monitoreo basadas en la participación de los habitantes del cantón. Así, describen un método de producción alternativa de conocimiento prometedor para abrir y discutir la patente sobre la verdad que pretende tener la ciencia corporativa. Fernández-Salvador describe los discursos y prácticas de los shuar que se oponen a la minería, y Van Teijlingen y Warnaars identifican las estrategias de contra-territorialización por parte de los colonos que buscan materializar visiones alternativas al desarrollo minero. Leifsen, por otro lado, describe cómo este mismo grupo utiliza los diferentes espacios e instrumentos de la gobernanza de la minería y la planificación territorial de forma inesperada para cuestionar y repolitizar la presencia del proyecto. Estos ejemplos de resistencia contra-hegemónica por parte de los habitantes locales si bien son aún incipientes, a ratos dispersos y con resultados inciertos e inconsistentes en su mayoría, representan ejemplos valiosos de cómo las comunidades afectadas por la minería a gran escala buscan vías de acción ante una nueva situación que hace tambalear sus modos de vida tradicionales. En este sentido, varios capítulos apuntalan la función crucial de las conexiones de estos actores locales con redes y debates a nivel regional, nacional e internacional. Estos actores sociales y colectivos locales tienen un papel importante al demostrar las relaciones de poder y las desigualdades que constituyen el proyecto minero. Estas iniciativas además conforman un recordatorio constante de la pluralidad de voces y experiencias que se debe tomar en cuenta, y buscan hacer valer la agencia y participación de actores menos poderosos a pesar del espacio reducido que existe para ello (Avcı y Fernández-Salvador 2016). Así, retan y ponen en cuestión el estatus quo, con el objetivo de que se pueda llegar a una gobernanza de la minería más justa y humana. La indispensabilidad y el coraje admirable de estos actores; sin embargo, no deben llevarnos a la glorificación in-

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cuestionada de todo acto “subalterno”. Dentro de grupos de resistencia pueden existir desigualdades de poder también y sus iniciativas y representaciones cuentan con sus propias cegueras, limitaciones y dilemas. Sánchez-Vázquez y Reyes Conza advierten que el uso alternativo de los muestreos de bio-indicadores pueda reproducir la racionalidad científica y llevar a la reafirmación de ciertos conocimientos sobre otros. Fernández-Salvador en cambio expone las pugnas internas en las organizaciones políticas shuar y señala que pueda haber una falta de articulación entre las estrategias del liderazgo y las necesidades de los comuneros que representan. Finalmente, Yépez y Van Teijlingen sugieren cómo las desigualdades de género también se pueden extender dentro de las estructuras de las organizaciones anti-mineros. Al señalar limitaciones, nuestra intención no es deslegitimar estas iniciativas, sino mostrar que las desigualdades de poder y los procesos culturales hegemónicos permean las relaciones en diferentes niveles y formas y, por otro lado, recalcar la visión compleja, matizada y antiesencialista sobre los actores y grupos que forman parte de los conflictos. En este libro resaltamos entonces la conveniencia de exponer un análisis en el cual se muestran el potencial y la indispensabilidad de las organizaciones de generar estrategias contra-hegemónicas y modelos alternativos que desafían a las estructuras, esquemas y discursos de poder, sin dejar de lado que estas organizaciones y sus acciones puedan reproducir (en parte) las mismas estructuras.



El papel del Estado bajo la “revolución ciudadana”

Otros protagonistas en este libro son las diversas instituciones del Estado nacional. Desde su llegada al poder en el 2007, el gobierno de Rafael Correa propusó fortalecer el Estado y sus capacidades. Durante sus diez años de gobierno, impulsó nuevas instituciones, legislaciones e inversiones, y creó un Estado desarrollista, cuyo poder fue reconcentrado en el gobierno nacional. Esta imagen de un Estado fortalecido se trans-

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mitió tanto en los discursos del mismo gobierno como en los discursos de sus oponentes. Repetidas veces, el Presidente Correa ha glorificado la decisión “firme, soberana, responsable” de aprovechar los recursos naturales, “apegados estrictamente al mandato de la Constitución de Montecristi, con la vigencia del nuevo marco jurídico y reglamentario”.215 La literatura que critica al gobierno de Correa igual afirma el fortalecimiento del Estado bajo su mando, pero enfatiza la concentración del poder y el carácter autoritario, patriarcal y represivo del fortalecimiento.216 En consecuencia, la primera narrativa dibuja al Estado como el garante estricto de una minería responsable de forma inédita en toda Latinoamérica, mientras la segunda lo pinta como el conspirador que orquestra la dominación del gran capital y la destrucción de la naturaleza. En nuestros capítulos, el ente estatal responde hasta cierto punto a la imagen de un Estado fuerte por su papel central en promover la minería. Como indicamos, el Estado se ha mostrado como facilitador del avance del sector, como regulador de la actividad minera y como redistribuidor de las regalías mineras. Sin embargo, en congruencia con el “neo-extractivismo de cuño progresista” (Gudynas 2009, 194) o el “imperativo extractivista” (Arsel et al. 2016), notamos que las instituciones del Estado tienden a poner énfasis en facilitar la expansión y promoción del sector. “Corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales” de la actividad minera, como consta en los considerandos de la nueva Ley Minera, parece recibir mucha menos consideración. El imperativo extractivista crea una estrechez de miras por parte de los actores estatales, por lo que su actuar tiende a negar o deslegitimar la pluralidad de visiones, conocimientos o experiencias locales y desestimar las relaciones de poder des215 Discurso durante la suscripción del contrato de explotación del Mirador, 5 marzo del 2012. 216 Veánse los diferentes capítulos del libro “El Correísmo al desnudo” escrito por militantes de Montecristi Vive en 2013.

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iguales. En cambio, el Estado mantiene una estrecha alianza con las empresas mineras, hasta el punto que parecen actuar como una sola. En el capítulo de Riofrancos, por ejemplo, se muestran los pasos decisivos que tomaron la Presidencia y el Ministerio de Minería (antes Ministerio de Recursos Naturales No Renovables) para facilitar y desarrollar el sector minero, aunque sea de forma incongruente con su propia legislación. Se indica además que estos pasos fueron acompañados por la clausura de espacios de diálogo que existieron durante la Asamblea Constituyente y el deterioro de las relaciones con los movimientos sociales. El capítulo de Van Teijlingen y Warnaars señala como ARCOM y el Ministerio del Interior a través de las fuerzas públicas desempeñan un papel importante en facilitar la expansión territorial del proyecto dentro de los procesos de servidumbre y los desalojos. Tanto Sánchez-Vázquez y Reyes Conza como Leifsen y Benham describen el papel regulador ambiental del MAE y la SENAGUA, pero advierten cómo terminan facilitando el avance del proyecto minero, debido a las limitaciones inherentes a los mecanismos de control y producción de conocimiento, a más de su débil implementación. Ecuador Estratégico EP se presenta como redistribuidor de la renta minera a través de proyectos de infraestructura local, como es la Escuela del Milenio del Pangui. Aunque las actividades de EEEP no han sido tratadas a profundidad en este libro, en otras publicaciones se ha argumentado que estas obras, además de ser un mecanismo de redistribución, tienen una función en promover la minería a gran escala (cf. van Teijlingen 2016). Sin embargo, a pesar de este papel central de promotor de la minería a gran escala, el Estado no es el actor monolítico, fuerte y omnipresente que pretenden las narrativas populares del gobierno y sus críticos. Nuestros capítulos muestran también claramente las fisuras, puntos ciegos y ambigüedades en la práctica diaria de la política estatal. Mostramos las ausencias de las instituciones y políticas del Estado en áreas claves, sobre todo áreas relacionadas a la aplicación de una minería

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“responsable”. Entre otros, señalamos la ausencia del Estado en la compra-venta de las tierra de los moradores de la zona, el seguimiento a los procesos de reasentamiento (capítulo de Van Teijlingen y Warnaars) y en el monitoreo de los impactos de impactos ambientales (capítulo de Leifsen y Benham). Además, señalamos las dificultades existentes a la hora de acceder a informes y documentos de carácter público (Sánchez-Vázquez y Reyes) y la total falta de políticas en el tema de género (Yépez y Van Teijlingen). Estas ausencias y silencios, sean por conveniencia o por incapacidad, contradicen la imagen de un Estado fuerte y contribuyen a la prolongación y agudización de conflictos locales alrededor del proyecto Mirador. En otras ocasiones los autores del libro exponen la diversidad y las contradicciones en el actuar del Estado. Leifsen revela cómo el mecanismo estatal del PDOT tuvo resultados inesperados en la arena local. En vez de funcionar como un proceso de planificación despolitizado que sustenta un modelo de desarrollo de minería industrial, actores locales utilizaron este instrumento formal para plantear un modelo alternativo agro-pecuario. Lograron en este sentido re-politizar este proceso de planificación y abrir un espacio para estrategias opuestas a la minería y políticas distintas de manejo de recursos naturales. Asimismo, el capítulo de Van Teijlingen y Warnaars muestra cómo ciertas políticas de Estado no son orquestadas para meramente facilitar la minería y a veces van en contra de la expansión minera. En este caso es el derecho a la auto-identificación como comunidad indígena shuar y el accionar de la institución CODENPE que permitieron que CASCOMI obtuviera el estatus jurídico para poder contrarrestar la expansión del proyecto. Sánchez-Vázquez et al. presentan además la falta de claridad de las competencias dentro de la nueva política minera, la división y desorganización dentro del Estado. Esta imagen problematizada del rol del Estado nos muestra que es importante estudiar tanto su carácter dominante y desarrollista y sus efectos para los conflictos mineros como las ausencias, fisuras y ambigüedades que se encubren por las

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narrativas de un Estado fortalecido. Esto implica abrir la caja negra del Estado e ir más allá de los discursos de los mandatarios, para incluir las prácticas diarias de las varias instituciones y los resultados inesperados que puedan tener. Creemos que nuestro trabajo empírico ha servido para mostrar esa complejidad en el actuar del Estado en el actual auge minero.



Panorámica desde Mirador a la minería a gran escala en el Ecuador

La literatura de la ecología política sobre industrias extractivas ha destacado el poder que tienen los recursos naturales del subsuelo para generar y transformar relaciones socio-naturales, políticas, tecnológicas y económicas (Bunker y Ciccantell 2005; Bebbington y Bury 2013). Particularmente en relación al petróleo, se han desarrollado varios conceptos como el “complejo de petróleo” (Watts 2004b), el “petro-ensamblaje” (Watts 2012) y “los hábitos” (“habits of oil rule”, Lu et al. 2017) para describir la forma en que el petróleo y su extracción engendran procesos de construcción de Estado, de instituciones, de ciudadanía, de identidades, de redes globales de producción y de territorios, y así producen nuevas relaciones sociedad-estado-capital. Este tipo de estudios dan perspectivas valiosas para entender las coyunturas que genera la extracción del petróleo y las relaciones y cambios que se consolidan (o “asientan”, cf. Hall 2011) a largo plazo. Por ejemplo, para el petróleo en el Ecuador, varios trabajos han trazado cómo su explotación a partir de los años 70 llevó a la constitución del “Oriente” a la consolidación del estado-nación, a la identificación de sus pueblos como “ciudadanos” (o no) y a la inserción de un modelo económico basado en la exportación de materias primas, entre otros (cf. Gordillo 2003; Valdivia 2008; Acosta 2009; Billo 2012; Lu et al. 2017). El auge de la minería a gran escala en el Ecuador es aún muy reciente para sacar conclusiones similares a las que exis-

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ten sobre el petróleo. Por su corto tiempo de consolidación, la coyuntura minera que estamos viendo es bastante fluida: nuevos actores, alianzas, políticas y prácticas surgen y se esfuman a menudo. Además, es poco probable que el efecto del auge minero sea tan radical y profundo como el que generó el del petróleo a partir de los 60, precisamente por la larga experiencia con el sector petrolero. Asimismo, tendríamos que situar los cambios generados por el comienzo de la minería a gran escala en el Ecuador en el contexto de la “revolución ciudadana” y su gobernanza neo-extractivista de los recursos naturales, que en sí representaron un fuerte cambio de “coyuntura” (sensu Hall 2011) en el Ecuador. A pesar de estas palabras de cautela, los capítulos y la sección anterior de esta conclusión nos dan algunas pautas iniciales acerca de las reconfiguraciones de las relaciones Estado-sociedad-capital a nivel local que conlleva el reciente ague de la minería a gran escala. Hemos señalado el papel del Estado nacional como facilitador y promotor de la entrada de la industria minera y de empresas transnacionales, de una forma distinta a la industria petrolera. Como destaca Riofrancos en este libro, la minería se ha introducido bajo el lema del nacionalismo, o como Davidov (2013, 491) lo describe: “Correa ha elaborado un imagen pública de la minería como un nuevo emprendimiento nacional – una manera de utilizar los recursos naturales para el pueblo ecuatoriano”. Esta imagen, que enfatiza lo “nuevo”, lo “estratégico” y “lo potencial” de la minería, es diferente a la de la industria petrolera, que por su pasado turbulento está cargado de un bagaje simbólico infame (Davidov 2013, 491). Es más, la minería a gran escala justamente se presenta como solución a los males generados por el petróleo (principalmente la dependencia del país a este recurso). Esto, por lo tanto, lleva a una fuerte reconcentración del poder en el Estado nacional con respecto a los espacios, donde se encuentran los actuales proyectos de minería y a los de un futuro “potencial geológico”. El mapa de concesiones mineras y proyectos en subasta representa una nueva geografía de poder estatal que

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gobierna –a través del subsuelo– sobre nuevos territorios y grupos de la sociedad. En todos los capítulos de este libro describimos cómo esta reconcentración del poder en el caso de Mirador re-articula las estructuras locales de poder, y cómo se inserta en las vidas y prácticas de los habitantes del Pangui. Aunque ese Estado se caracteriza por ausencias, fisuras y ambigüedades, la recentralización del poder implica que en tales espacios muchas decisiones que antes se negociaban a un nivel sub-nacional (sobre la forma del desarrollo local, la redistribución de recursos, la externalización de impactos ambientales, producción del conocimiento) son transferidas a manos del Estado. El papel protagónico del Estado en la expansión minera también conlleva la formación de nuevas subjetividades y expectativas hacia el mismo estado en la población local (Davidov 2013). Como vemos en las contribuciones de Warnaars, Van Teijlingen, Yépez y Fernández-Salvador, la minería se ha vuelto un eje para la articulación de identidades y de sentimientos de arraigo para varios grupos locales, por ejemplo, en términos de la relación con la cordillera del Cóndor en el sentido de “lugar”. Estos procesos se dieron en un contexto en el que el gobierno nacional, a través de sus discursos y prácticas introdujo nuevas nociones de ciudanía en relación a los sectores estratégicos (cf. Lu et al. 2017). Estos discursos, entre otros, denominaban a la población del Pangui como “bendecida” por la presencia del proyecto Mirador ya que eso implicaría una atención prioritaria por parte del gobierno, al mismo tiempo categorizaban a quienes apoyan o resisten el proyecto minero como “patriotas” o “anti-patrias” y como personas de “buena” y “mala” fé respectivamente (van Teijlingen, 2016). Estos procesos han resultado en una pluralidad de posicionamientos de grupos locales, entre ellos grupos de resistencia con reivindicaciones por autonomía o mayor participación en decisiones vis-a-vis del Estado, como CASCOMI y algunas comunidades shuar descritos en los capítulos de Riofrancos, Leifsen, Benham y Sánchez-Vázquez

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et al. En otros casos se ha desencadenado una gran expectativa por una mayor presencia del Estado y el cumplimiento de los proyectos de redistribución y derechos ofrecidos por la “revolución ciudadana”. Pese a la pluralidad de estas posiciones, estas dinámicas indican que se están forjando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad local a través del proyecto minero y así se están renegociando nociones de ciudadanía. La dirección de estos procesos de construcción de ciudadanía representa en cierta medida una ruptura con la coyuntura del pasado, en la cual las expectativas y reclamos se dirigían a la empresa minera y la interacción con el Estado no era tan directo. La relación entre la comunidad y la empresa (y su capital) es entonces cada vez más mediada por el Estado nacional y sus programas de redistribución, a pesar de que la empresa nunca ha abandonado sus proyectos de responsabilidad corporativa (Warnaars 2012a). El advenimiento de la minería creó además nuevos lazos y relaciones entre personas y colectivos en varias partes del país. En primer lugar, la denominación de los recursos mineros como “riqueza nacional” que a través de la “revolución ciudadana” ofrecerían “felicidad” y “buen vivir” para todos causó que personas de otras partes del Ecuador se identifiquen con este lugar en la cordillera del Cóndor y desarrollen un cierto sentimiento de “derecho” (entitlement) sobre sus recursos. Segundo, la expansión de la minería ha aglutinado grupos de Íntag, Victora del Portete, El Pangui y San Carlos Panantza por su condición de compartir la presencia de un proyecto de minería en sus comunidades y por su participación en luchas en contra de la minería. Asimismo, se han creado nuevos redes que atraviesan la división entre espacios rurales y urbanos, como por ejemplo la iniciativa de la Minka Urbana217 o el movimiento encabezado por Unagua 217 La Minka Urbana es, según su página de Facebook, un “colectivo urbano que vincula las luchas del campo con la ciudad, en defensa de los territorios y sus formas de vida. Formas de vida amenazadas por despojos

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y el colectivo YASunidos en el Azuay. Estas alianzas y redes forman espacios importantes para la formulación de críticas y alternativas a la política minera promovida por el Estado que se podrían convertir en nuevas fuerzas que configuran la coyuntura que presentamos en esta publicación. La relación entre el Estado y la industria minera es una cuestión que merece más precaución, pimero porque no es parte del enfoque local que escogimos en esta publicación, y segundo porque esa relación está plagada de ambiguedades. Cabe además señalar que sería erróneo considerar a la industria minera como una sola, ya que con el comienzo de la minería a gran escala han ingresado al país una variedad de empresas; desde las juniors canadienses y las gigantes de capital chino hasta la empresa minera estatal CODELCO de Chile. Cada uno de estos actores corporativos están situados de forma distinta en las redes globales de producción capitalista y los mercados internacionales, lo cual conlleva diferentes relaciones de poder entre estos actores y el Estado (Bridge 2008). No obstante, según el discurso del gobierno de Rafael Correa, y al parecer también el de Lenín Moreno, la minería a gran escala es una estrategia para escapar de la dependencia de la exportación del petróleo y los caprichos de su mercado internacional. Si bien el auge minero llevaría a la diversificación de la exportación y las redes de producción global en las cuales el país está inserto, no deja de depender de las fluctuaciones de los mercados internacionales y factores externos. Por lo tanto, parece que la minería a gran escala más bien reproduce las mismas condiciones y problemas de las que intenta escapar. El tono de la campaña para situar a Ecuador en el mapa minero del planeta –que está permeado de referencias a los bajos costos de producción y las condiciones óptimas para negocios– además indica que Ecuador se unió a la competición internacional por la inversión extrajera asociados a capitales transnacionales”.

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directa (Bridge 2008, 2014; González-Vicente, 2017). Esto no ofrece mayor esperanza de que el Estado está renegociando sus relaciones con la industria industrial minera. Más bien señala una profundización de su inmersión en el capitalismo global y las redes globales de producción, en las cuales el espacio del Estado para maniobrar y renegociar las estructuras de dominación es limitado (Bridge 2008). Lo que parece que le queda al Estado dentro de la actual coyuntura es, entonces, reajustar y gobernar la forma en que se dé la minería y cómo se redistribuye su renta. Esta discusión nos lleva al discurso de la llamada “minería responsable” que acompaña al auge minero. Como primer proyecto de minería a gran escala y proyecto emblemático de la nueva política minera, el Mirador nos ofrece una ventana única para reflexionar críticamente sobre esta política minera y los aprendizajes para los demás proyectos de megaminería que se desarrollan en el Ecuador. Así, nos preguntamos ¿qué nos enseñan los capítulos de este libro sobre las políticas de “minería responsable” y la gobernanza del auge minero en el Ecuador? Primero, este libro subraya la necesidad de deconstruir el concepto de “minería responsable”. Las referencias a la responsabilidad ambiental y social, la “tecnología de punta” y la autoridad ambiental firme y soberana abundan en los discursos del gobierno y la empresa. Tienen por objetivo explicar y legitimar el tipo de minería que se está implementando, pero en la práctica estos discursos encubren más de lo que revelan. Detrás de la fachada de la “minería responsable” encontramos que la expansión minera está plagada de irregularidades e incumplimientos del marco legal. La autoridad ambiental no tiene la suficiente capacidad para dar el seguimiento necesario, y además su capacidad de intervención es limitada por el interés político dominante que está centrado en estimular la minería (a todo costo) y no en regularla o frenarla. No obstante, nuestro cuestionamiento del discurso va a un nivel más profundo, topando la lógica sobre la cual se basa la evaluación y monitoreo de impactos. Siguiendo esta línea,

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vemos que los estudios de impacto, sistemas de monitoreo y las licencias que deberían garantizar la minería responsable son producidos de tal forma que resultan ser meramente instrumentos afirmativos de la ejecución del proyecto (Kirsch 2014; Li 2015). El conocimiento en que se basa el diseño y el sistema de monitoreo está además centralizado, y carece de independencia, transparencia y participación para evitar sesgos. Por ende, se puede decir que la minería como se la practica en Ecuador es irresponsable por diseño, y no tan solo por los incumplimientos e irregularidades en su implementación. Aunque cada proyecto tiene sus especificidades y contexto único, es muy probable que otros proyectos mineros se desarrollen bajo las mismas limitaciones sistémicas y conlleven irresponsabilidades similares. Segundo, el concepto de la minería responsable se desvanece aún más cuando analizamos los vacíos de la política minera. Es notorio que uno de los impactos más perturbadores para la población local, la adquisición de tierra y la reubicación no cuenta con una política y regulación firme por parte del Estado en que se definan los derechos y las obligaciones de los actores involucrados. La política en este ámbito, en cambio, está marcada por la ausencia y el desplazamiento forzoso, y eso ha llevado una escalada del conflicto que fue hasta cierto punto evitable. Lo ocurrido en San Carlos-Panantza en Morona Santiago en el 2016 y el conflicto alrededor de Llurimagua en Íntag advierten que esta problemática no se restringe al caso de Mirador. Otro vacío crucial en la política minera actual es la falta de atención para grupos especiales, como es el caso de las mujeres. Nuevamente es notorio que ni el Estado, ni la empresa cuentan con políticas especiales e integrales de género, mientras la precariedad y desventaja de este grupo es conocida por las experiencias previas en relación a la pequeña minería. Por último, se ha indicado el vacío y la falta de claridad de competencias en cuanto al diálogo social, haciendo constar las dificultades estructurales que prácticamente imposibilitan un diálogo real.

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Tercero, y de forma más general, este libro señala la necesidad de matizar las narrativas dominantes sobre la conflictividad minera en el país, en las que figuran actores homogéneos con posiciones pre-asignadas y además simplificadas a la dicotomía de pro o anti-mineros. Esta narrativa es alimentada por parte de sectores del gobierno y la empresa, quienes pretenden evidenciar que las comunidades aledañas se benefician del proyecto, y que son sólo unos pocos actores que actúan “de mala fe” quienes se resisten. Esta narrativa obviamente es parte de la coyuntura y del repertorio discursivo más amplio que describimos. Sin embargo, hay que reconocer que también algunas oenegés contribuyen a esta simplificación cuando presentan a la empresa y el Estado como depredadores implacables y a las comunidades locales como sus víctimas. Ambas narrativas no hacen justicia a la complejidad de las diferenciadas subjetividades y experiencias que están involucradas en el despliegue de un proyecto de esta magnitud. Son además contra-productivas porque son insensibles a la pluralidad de visiones y los múltiples dilemas que la población local enfrenta, lo que contribuye a la polarización del conflicto. Esto impide en gran medida el debate abierto y el posicionamiento deliberado por parte de los grupos locales.



Una mirada hacia el futuro: cambios, continuidades y nuevas interrogantes

Como identificamos al principio de este capítulo de conclusión, la minería a gran escala se ha ganado un lugar fijo en la economía nacional, la política pública en el área de los recursos naturales y en el imaginario público. No obstante, la manera en que las relaciones y las dinámicas que exploramos en este libro se transformarán y consolidarán en el futuro permanece incierta. En esta sección compartiremos algunos consideraciones iniciales sobre el futuro de la minería a gran escala en el Ecuador y las posibles relaciones y cambios que introducirá.

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Con respecto al escenario político en el corto plazo, el resultado de las elecciones del 2017 y el fin de la presidencia de Rafael Correa no parecen implicar un cambio sustancial en las políticas relacionadas al denominado neo-extractivismo (Bebbington 2009, Gudynas 2009). Bajo el nuevo gobierno de Lenin Moreno la minería a gran escala sigue siendo un elemento clave en los intentos de diversificar la economía del país y disminuir la dependencia de la producción petrolera.218 De momento no se registra un mayor giro hacia las políticas ambientales inscritas como esperanzas en la Constitución de 2008 y en la formulación intelectual-política de un programa para el cambio hacia el Buen Vivir–Sumak Kawsay (Acosta 2013). Asimismo, no hay indicaciones que el Buen Vivir en la política oficialista se distanciará o separará de la exploración y explotación de recursos no-renovables. A pesar de que el discurso oficialista hace hincapié en los esfuerzos de convertir la economía del Ecuador en una bioeconomía pos-extractivista219 y de cambiar la matriz productiva del país, cabe resaltar que las prácticas actuales comprometen al país a varias décadas más de extractivismo, ya que para muchos de los proyectos mineros de gran escala se prevé una vida de mina de más de 25 años. Así, con el avance de los distintos proyectos mineros hacia las fases de explotación y beneficio en los que se que generarán graves impactos ambientales por largos periodos, es muy posible que el tipo de conflictos socio-ambientales que hemos analizado en esta antología del caso Mirador se vayan a repetir y multiplicar en el futuro. Es muy presumible, por lo

218 Así lo declara Lenin Moreno en una entrevista con la Revista Minergia, accesible por http://www.minergiaec.com/entrevista-lenin-moreno-mineria-en-ecuador/

219 Como el actual Ministro de Ambiente Tarsicio Granizo en una entrevista con el diario El Comercio el 22 de julio 2017. Accesible por http://www.elcomercio.com/actualidad/bioeconomia-representar-20-pib-ecuador.html.

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tanto, que los proyectos de Llurimagua en Íntag, Loma Larga en Azuay y de San Carlos Panantza en Morona Santiago sólo sean indicadores de una creciente conflictividad en la frontera extractiva en un futuro no tan distante. Un elemento que sí parece estar cambiando bajo el liderazgo de Lenin Moreno, es el énfasis e importancia que se está dando al diálogo con los actores sociales quienes, bajo el régimen de Correa, se encontraban cada vez más deslegitimados. Aunque esto representa un cambio alentador para muchos de estos actores, como discutiremos más adelante, su alcance en la práctica permanece aún incierto. Sin embargo, las políticas de minería a gran escala de corto y largo plazo no sólo dependen de las prioridades y diálogos nacionales, sino que también son influenciadas de manera decisiva por las dinámicas internacionales de oferta y demanda; y las fluctuaciones en los precios de minerales en el mercado internacional (Bridge 2008).220 Estimamos que la demanda por minerales seguirá alta, incluso si la economía global cambiara su metabolismo social y se fortaleciera la transición emergente hacia una economía verde. Paradójicamente, la tecnología y las soluciones verdes que se consideran con potencial suficiente para dar respuestas a la crisis ambiental global, dependen y dependerán de la extracción de minerales convencionales, especiales y raros (cf. Brand 2102). Por ende, es de esperar que la expansión la frontera extractiva hacia sitios como la cordillera del Cóndor u otras partes del Ecuador permanezca de interés para la industria minera transnacional. En el contexto ecuatoriano, las fluctuaciones en los mercados de materias primas se entremezclan con el nuevo endeudamiento externo, creado a través de alianzas con nuevos 220 Además cabe mencionar aquí las dinámicas del mercado del petróleo, que también tendrán efecto sobre el futuro de la minería en Ecuador. Como bien lo demuestra la situación actual (2015-2017), gobiernos se dirigirán a la minería a gran escala como una alternativa ante los crises económicos producidos por las fluctuaciones del precio de petróleo.

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actores de desarrollo internacional, entre los cuales se destaca la República Popular China como actor clave. Aunque existan aún muchas controversias y desacuerdos entre actores políticos sobre los números y estadísticas exactas del endeudamiento del país, estudios recientes claramente indican un crecimiento en la deuda externa con entes financieras no convencionales (Kateraas 2017; Warner et al. 2017; El Comercio 2016). Esta tendencia crea una dependencia distinta a la que dominó en la época neo–liberal, cuando los créditos estaban condicionados por reformas estructurales en la política económica y social nacional. La condicionalidad que viene atada a la deuda con los bancos de China está basada en un “capitalismo estatal” que emplea estrategias neo-mercantilistas y prioriza los convenios bilaterales (cf. Huang 2008; Li y Shaw 2013), lo cual implica nuevos flujos de dinero, maquinaria, tecnología, conocimiento y personal desde China a Ecuador. Para el sector minero, la entrada de capital chino a la economía ecuatoriana ha creado una presencia material y social particular, la cual tendrá sus repercusiones sobre las socio-naturalezas intervenidas y minadas. Las empresas mineras chinas, por ser financiadas con capital estatal y no por inversionistas de las bolsas de valores obedecen a otros incentivos y estructuras de poder que las empresas mineras convencionales. Además, para muchas empresas mineras chinas –como también es el caso de Tongling Nonferrous Metals, accionista del proyecto Mirador– la extracción no es su negocio principal. Estas empresas poseen complejos metalúrgicos para la refinación de hierro o cobre y la búsquedas de proyectos mineros en América Latina es una estrategia de integración vertical en la cadena de valor con el fin de cortar costos (González-Vicente 2012). A nivel de operación de un proyecto como Mirador, esto tiene y seguirá teniendo un eco en las prácticas con respecto a la gestión de asuntos laborales, las relaciones comunitarias y sociales, y el manejo de impactos ambientales. No obstante, la influencia futura de la presencia china en el sector minero dependerá en parte de los otros actores inter-

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nacionales con ambiciones de extraer minerales en Ecuador. Observamos ahora el interés renovado por parte de actores que tienen una presencia histórica en el continente latinoamericano, como son las empresas canadienses. La reapertura del proyecto vecino al proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor, denominado Fruta del Norte y operado por Lundin Gold es acompañado por un acercamiento distinto al de ECSA en cuanto a la responsabilidad social corporativa e inversión social, y en cuanto a facilitar procesos participativos relacionados a su ejecución. También observamos que la empresa canadiense tiene un rol más proactivo hacia la administración pública e instituciones universitarias especializadas en la investigación y educación superior de la minería industrial. Se puede entender el rol proactivo de Lundin Gold como parte del creciente énfasis de las instituciones financieras internacionales y de organizaciones como International Council on Mining y Metals (ICMM), en la ejecución de estándares éticos y ambientales, inclusive los derechos participativos. También las empresas estatales chinas han introducido estándares ambientales considerados como avanzados a nivel internacional (Ray et al. 2017). Estos estándares contienen potenciales herramientas para actores, grupos y redes de activistas de reclamar una conducta más ética de la industria minera (Garzón 2015). En este sentido, es posible que las prácticas más “responsables” y menos conflictivas de esta empresa canadiense influyan o retroalimenten a otros actores de minería a gran escala, incluidas las empresas chinas. A pesar de que estas conductas e interacciones puedan conllevar efectos inesperados, no podemos esperar cambios fundamentales en los mecanismos de extracción de los minerales, ni en las estructuras de poder que los facilitan. Se deben entender estos códigos de conducta socio-ambiental, los programas de responsabilidad social y las prácticas de participación por parte de las empresas también como estrategias para mejorar la imagen y retomar el dominio sobre un campo cada vez más conflictivo y politizado, sin que se cambien los

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fundamentos de sus prácticas. Como hemos analizado en esta antología, los recursos naturales han llegado a ocupar un lugar central en el proyecto político de la “revolución ciudadana” y de esta manera el sector extractivo, especialmente la minería a gran escala, ha adquirido también un caráter político como lo hiciera en la década de los setenta con el boom petrolero (sensu Hogenboom 2012). Sin embargo, a su vez se observa una tendencia contradictoria, ya que tanto el discurso y la imagen construída alrededor la minería industrial se encuentra bajo control del Estado y en ese sentido se ve una fuerte de-politización de la participación o intentos de resistencia de la población frente a ella. Un efecto preocupante de esta tendencia de de-politizar la minería es que crea un consenso implícito alrededor de las políticas de desarrollo y de modernización, que disminuye o elimina el espacio para expresar críticas y formular alternativas (van Teijlingen 2016). Aunque la de-politización de la participación no es una característica particular del gobierno de Correa ya que se lo observa en varios otros estados de América Latina (cf. Rodríguez-Garavito 2011, Bebbington y Bury 2013, Leifsen et. al. 2017, Andreucci y Kallis 2017), la forma que ha tomado durante la revolución ciudadana fue más abierta y agresiva. Una pregunta abierta es entonces si el tono conciliador y el diálogo promovido por el nuevo Presidente Lenín Moreno pueda romper con estos procesos de de-politización, y generar espacios y mecanismos perdurables que permitan cuestionar y efectivamente renegociar el sector minero y las relaciones socio-naturales que engloba. Esta pregunta es especialmente relevante en el contexto ecuatoriano por el papel histórico que han tenido las políticas mineras en movilizar resistencia y de generar alternativas intelectuales y políticas al modelo desarrollista y de modernización. Desde las primeras movilizaciones a comienzos de la década de 1990 en el sur del país en la defensa de la reserva biológica de Poducarpus contra los intereses mineros, a las experiencias prolongadas de Íntag, Tarqui, Victoria Portete, San Carlos y otros sitios de resistencia anti-minera, existe en

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Ecuador un potencial movilizador vibrante que en diferentes momentos ha unido los movimientos ambientalista e indígena y en donde se ha articulado caminos alternativos. Los momentos más productivos en cuanto a formular alternativas estuvieron ligados al proceso participativo de la Asamblea Constituyente en 2008 y la aprobación del Mandato Minero, cuando se intentó regular el sector minero y de-criminalizar sus opositores (Acosta y Hurtado 2016). Los momentos de resistencia más notables son las movilizaciones contra la ley minera de 2009 y actualmente contra el proyecto San Carlos Panantza en Morona Santiago. Conforme los proyectos entran a la fase de explotación, los impactos negativos ambientales y sociales probablemente se volverán caldos de cultivo para que estos espacios de resistencia fortalezcan. El potencial de ésta corriente activista-político-intelectual de cuestionar la minería y formular alternativas políticas parece ser decisivo para el futuro de la coyuntura minera en el Ecuador, así como para las relaciones que establecerá el estado con su pueblo y la sociedad con el ambiente no-humano. Basándonos en la experiencia del proyecto Mirador podemos preguntarnos si efectivamente (y de qué manera) las alianzas cambiantes en esta contra-corriente pueden plasmarse en proyectos políticos con la capacidad de convertir plataformas de protesta en alternativas sostenibles.



Reflexiones finales: desde una mirada auto-crítica hacia posibles exploraciones futuras

En primera instancia, el libro ha buscado traer el marco de la ecología política al análisis de la minería a gran escala en el Ecuador. Como ha mostrado este capítulo de conclusión, este marco, que hasta ahora se ha quedado relativamente al margen en el debate académico en este contexto, se ha mostrado sumamente apto para entender el auge minero actual y los conflictos locales. Esto nos ha facilitado tener una visión

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integral sobre las transformaciones ecológicas y los procesos sociales y políticos alrededor de éstas. Esta conexión nos brindó la posibilidad de entender las muchas formas en que la ecología y lo social están íntimamente entrelazados, y cómo los cambios en uno de estos ámbitos tienen repercusiones inherentes para el otro. Sin embargo, nuestra investigación también nos ha permitido hacer algunas contribuciones al marco teórico de la ecología política. Como los enfoques de los capítulos fueron distintos, nuestras contribuciones intelectuales abarcan diferentes ámbitos conceptuales y debates. A continuación destacaremos entonces varias de ellas que tienen el potencial de ampliar la “comunidad de práctica” de la ecología política (Robbins 2012), particularmente en relación a la minería a gran escala en América Latina. La mayoría de nuestras contribuciones intelectuales son frutos de una polinización entre la ecología política y otras disciplinas que aportan nuevas relaciones. La contribución del capítulo de Fernández-Salvador, por ejemplo, es la vinculación entre la ecología política, la etno-política y las dinámicas territoriales. Entendiendo que para la ecología política las problemáticas ecológicas tienen un carácter político, el análisis de las formas en que los líderes shuar enfrentan al Proyecto Mirador cobra importancia en términos de la lucha de las comunidades por su supervivencia (Grey Postero y Zamosc 2014) en un contexto de afectación al territorio y a los recursos, pero también de generación de oportunidades de trabajo y programas de desarrollo. En una línea similar, Van Teijlingen y Warnaars han buscado redefinir el concepto de territorio en sus capítulos, trayendo debates desde la geografía a la ecología política. En lugar de ver al territorio como una espacialización estática de los actores y sus proyectos o como espacios vitales para la proliferación material y cultural de comunidades campesinas e indígenas, la definición propuesta por las autoras considera el territorio como un proceso social histórico, que va mucho más de su condición física o su redistribución entre actores.

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Tanto éste capítulo como el de Fernández-Salvador enfatizan además el “pluralismo territorial” que marca el contexto de muchos conflictos de mineros de América Latina, en particular en la amazonía. Esto ha ayudado a entender los conflictos actuales como producto de sucesivas capas de conflictos y confrontaciones relacionadas con el territorio, en los que se articulan identidades, memorias, espíritus, sentimientos de arraigo y de dignidad. Otra contribución teórica que surge desde el contexto propio de la amazonía es la que se hace en el capítulo de Leifsen y Benham. Dentro el marco teórico que anatomiza la relación entre la acumulación y la desposesión de los medios de subsistencia (Harvey 2003; Perreault 2012; Hogan 2015). Estos autores desarrollan un análisis sobre impactos ambientales en el paisaje hídrico-social en términos de “desposesión por contaminación”. Esta contribución nace de un contexto amazónico con una abundancia de agua, donde el proceso de desposesión y la restricción del acceso al agua no se expresan en términos cuantitativos, sino donde se efectúas por condiciones cualitativas de contaminación. Dentro de la perspectiva de estudios de las políticas de participación, el capítulo de Sánchez Vázquez et al. aporta con una mirada crítica e interdisciplinar a los procesos de diálogo social relacionados con la minería, analizando el concepto de diálogo propio de los Estudios de Paz y Conflictos (Pruitt y Thomas 2008; Acselrad et al. 2010) desde la perspectiva crítica de la ecología política. Se muestran así las limitaciones de estos procesos y su capacidad para despolitizar y mantener relaciones de injusticia ambiental en un contexto de proyecto extractivo a gran escala (Rodríguez-Garavito 2011; Perreault 2015). Por otro lado, el capítulo de Esben Leifsen introduce el concepto “efecto de emplazamiento” como contraparte al concepto “efecto de desplazamiento” (Rodríguez-Garavito 2011) para analizar procesos de re-politización de procedimientos de gobernanza por parte de la población afectada y los actores movilizados. Por último, en los capítulos de Leifsen y Sánchez-Váz-

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quez y Reyes se realizan aportes relevantes en términos de análisis de los procesos de producción de conocimiento científico. Resaltamos las potencialidades de los procesos de producción de conocimiento científico alternativo y el uso de las herramientas científicas como “conectores” y “generadores de espacios de debate” (Velásquez 2012), en contraposición a las prácticas de la “ciencia corporativa” (Kirsch 2014) que tienden a bloquear el acceso a la información y construir una realidad propia y favorable a los intereses del proyecto. En relación con este concepto, ligamos de manera innovadora un análisis sobre las políticas epistemológicas y la función de la ciencia corporativa (Kirsch 2014; Li 2015), con una perspectiva de la justicia ambiental de la producción de “tierra devastada” (Kuletz 1998; Voyles 2015). Este libro también tiene como objetivo contribuir al debate sobre la minería a gran escala en Ecuador con aprendizajes metodológicos y una reflexión sobre el papel de la investigación. Creemos fuertemente en el aporte del análisis crítico y comprometido, que busca romper prejuicios y estructuras desiguales para abrir el debate más inclusivo. Sin embargo, tal tipo de investigación no siempre resulta fácil de realizar en la práctica. Requiere tiempo y dedicación, y el carácter dinámico y complejo de los fenómenos que analizamos obliga a innovar e improvisar continuamente. Aun así, se debe reconocer que toda investigación cuenta con sus propios límites y falacias. Por tanto, en esta sección nos proponemos reflexionar sobre nuestras prácticas de investigación –sus potencialidades, dificultades y limitaciones– para así compartir aprendizajes para un futuro desarrollo de la investigación (académica) en el debate minero en el Ecuador. Es evidente que en esta publicación hemos dado mucha importancia al valor del trabajo de campo y la información empírica de primera mano. Consideramos fundamental que los autores de los capítulos hayan tenido un acercamiento literal a las personas y procesos que investigamos, y que hayan podido experimentar personalmente las transformaciones

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y vivencias que están atravesando la cordillera del Cóndor. Señalamos además la importancia de los procesos de investigación que se extienden sobre un largo periodo, y atraviesan varias etapas de evolución del proyecto. Las condiciones políticas, económicas, y ambientales pueden cambiar, las posiciones de los actores y sus alianzas se reconfiguran, las expectativas de beneficio y desarrollo pueden ser cumplidas o no y, por lo tanto, las dinámicas alrededor de un proyecto como Mirador no son las mismas durante las distintas etapas de exploración y explotación. Tal acercamiento tiene ventajas obvias, ya que ofrece una panorámica más compleja y contextualiza la pluralidad de voces, experiencias y procesos que evolucionan alrededor del proyecto Mirador. Conocer los matices y las muchas ambigüedades que marcan el caso desde el campo y a través del tiempo nos permitió entrar en un análisis crítico, fundamentado y balanceado. Con este abordaje, este libro buscó abrir un espacio intermedio en un debate (político-social) que se caracteriza por una fuerte polarización incluso entre académicos. El énfasis en lo empírico y el trabajo de campo es común en la ecología política, no obstante, una contribución metodológica de nuestro trabajo es el hecho que atiende a la llamada de atención de diversos autores (Robbins 2004; Nygren y Rikoon 2008; Bebbington y Bury 2013), sobre la necesidad de a incluir metodologías y enfoques de las ciencias ecológicas y ambientales en los estudios críticos de la ecología política. El muestreo participativo de bio-indicadores en el capítulo de Sánchez-Vázquez y Reyes Conza es un ejemplo de tal esfuerzo en el que se combina métodos de ciencias ecológicas con el foco en los distintos usos políticos de la producción de conocimiento relativa al ambiente y aportando una visión de “insiders” dentro de dos procesos de investigación-acción colaborativa. Si bien en este capítulo se construye un puente explícito entre varias disciplinas, la producción de este libro en general se destaca por el diálogo enriquecedor entre diferentes tradiciones académicas, posicionamientos situados y

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disciplinas, ya que vincula el trabajo de académicos de Ecuador, América Latina, Europa y los Estados Unidos pertenecientes a la antropología, geografía, estudios del desarrollo, estudios de paz y conflictos, ciencias políticas, derecho e ingeniería ambiental. Sugerimos este abordaje interdisciplinario y empírico para futuras investigaciones por sus evidentes ventajas. No obstante, la metodología del trabajo de campo no es un camino sin retos u obstáculos. Sobre todo la fuerte polarización del debate sobre la minería a nivel nacional y local implicó varias dificultades para tal tipo se investigación. Una de las más importantes es el acceso a información, sobre todo la información pública o de la empresa. Mucha documentación de carácter público, como son los planes de manejo ambiental, informes anuales de su cumplimiento, o las licencias ambientales no son accesibles, ni siquiera a través de una petición formal. Asimismo, está restringido el acceso a información de la empresa, la cual no mantiene muchas canales de comunicación formales (página web, comunicados, informes anuales etc.) y, por lo general, no está abierta a dar entrevistas. Los autores señalan que la inaccesibilidad se ha incrementado tras la compra de ECSA por parte del consorcio chino. Además, las empresas o instituciones estatales se blindan detrás de discursos oficiales que son utilizados por la mayoría de sus representantes, lo cual hace difícil la investigación etnográfica y la posibilidad de problematizar ciertos temas. Un segundo reto es la posición del investigador con respecto a los participantes de investigación y a los actores locales. Por la conflictividad y polarización de la sociedad local alrededor del tema minero es un reto mantenerse en el espacio intermedio antes mencionado y el querer incluir a una pluralidad de voces y posiciones en su investigación. El investigador es fácilmente señalado como pro- o anti-minero en base a sus interacciones con uno u otro grupo, por sus apariencias o por el mero hecho de hacer preguntas. Algunos autores de esta publicación han optado por posicionarse en uno u otro lado

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del debate, mientras otros autores han tratado de mantenerse en un perfil más bajo. Sin embargo, el querer llevar a cabo una investigación que reconoce la pluralidad de posiciones y pensamientos y que busca formular conclusiones matizadas implica aún más complicaciones en cuanto al posicionamiento del investigador. Una vez reconocida esta pluralidad en las posiciones y respuestas locales surgen preguntas acerca de la inclusión en la investigación. Es decir, ¿cómo y a quién dar una voz a través de la investigación? ¿qué voces dejar de lado? En el campo polarizado de la minería a gran escala, estas preguntas pueden resultar difíciles de responder, sobre todo si busca combinar el análisis crítico y balanceado con un compromiso social y la investigación-acción. Este dilema puede crear además una cierta distancia entre la academia y el campo local y político. Esperamos que en esta publicación logremos cerrar esta brecha en la medida de lo posible, dando testimonio de las complejidades de las dinámicas y conflictos alrededor del proyecto Mirador, sin perder de vista nuestro compromiso con la justicia, la inclusión y la sustentabilidad ambiental. Además de estos retos, este libro tiene algunas limitaciones y omisiones. Como ya mencionamos, fue difícil aproximarse a la empresa minera, por lo que no hemos podido dar la lectura detallada y contextualizada de este actor importante. Además, se pudo haber profundizado más en el contexto internacional en que este actor se mueve, y cómo los mercados de minerales, las inversionistas y las relaciones China-Ecuador hayan afectado su actuar. Alentamos que futuras aproximaciones al proyecto Mirador, u otros proyectos mineros en Ecuador, tomen en cuenta esta omisión. Asimismo, somos conscientes de que no hemos prestado la atención suficiente a un aspecto crucial del actual auge minero en el Ecuador; las políticas de redistribución de la renta minera y de compensación. Un análisis sobre estos aspectos pudo haber dado la oportunidad de conocer las interacciones que forman estos programas de redistribución, y sus resultados en cuanto a la inclusión y el bienestar al nivel local.

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Vemos además la necesidad de cuestionar estas prácticas, los discursos y el tipo de desarrollo o bienestar que incorporan, y los conflictos que generan estos proyectos de inversión local (van Teijlingen 2016; Warnaars 2012a; Acselrad, Bezerra y Gaviria 2010; Wilson y Bayón 2017; Vallejo et al. 2016). Sugerimos que proyectos futuros de investigación tomen en cuenta específicamente el papel de ciertas instituciones estatales, por ejemplo Ecuador Estratégico EP como el canalizador de regalías para el desarrollo local. El papel de EEEP toma especial relevancia con el cambio de las políticas estatales en las que es el Estado el que asume control sobre las ganancias de los proyectos extractivistas para servir de agente redistributivo y además se limita de manera importante el contacto y negociaciones directas entre las empresas y las poblaciones locales. Parte de problematizar este tema es que en el discurso oficialista la redistribución y compensación se equiparan con nociones como el Buen Vivir, concepto cuyo definición es también problemática, sobre todo en el ámbito de la minería a gran escala (van Teijlingen y Hogenboom 2016). Para concluir este libro quisiéramos incluir algunos otros campos hacia los cuales la investigación futura sobre la minería a gran escala en el Ecuador podría extenderse. En primer lugar consideramos que las dinámicas de género de la minería a gran escala constituyen un campo muy poco explorado (Jenkins 2014), más que nada en el Ecuador. En este libro, Yépez y Van Teijlingen hacen una primera aproximación a las diferentes experiencias de la población femenina alrededor del proyecto Mirador; no obstante, señalan que nuestro entendimiento de estas dinámicas es aún muy limitado. Futuros estudios podrían indagar no solo sobre los impactos de la minería a gran escala en las mujeres, sino también sobre las dinámicas de masculinidad y de interseccionalidad y los impactos de los proyectos de redistribución y compensación del gobierno o la empresa minera. Un segundo tema que ha sido investigado escasamente en el contexto del sector minero ecuatoriano, pero que merece nuestra atención, es la corrup-

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ción. Siendo ampliamente reconocido como aspecto de las industrias extractivistas (cf. Rosser 2006; Watts 2004a), y siendo testigos de casos de corrupción en el sector petrolero,221 no nos sorprendería encontrar vicios similares en el sector minero. Tal tipo de investigación podría transparentar los mecanismos y políticas de anticorrupción que se aplican en el sector, y contribuir al su fortalecimiento. Tercero, este libro ha puesto su mayor énfasis en las dinámicas e impactos de la minería metálica a gran escala al nivel local. No obstante, también conviene abordar el proyecto Mirador (y los otros proyectos mineros a gran escala) en el contexto nacional del llamado “cambio de matriz productiva”. Un ejemplo de un aspecto que precisa análisis es la relación entre el auge de proyectos mineros, la demanda de energía y el auge de la construcción de hidroeléctricas que se ha visto en el Ecuador (Hidalgo, Boelens y Isch, en prensa). Asimismo, se podría explorar la relación entre la minería a gran escala y cambios en el sector agropecuario en la región. Finalmente, vemos oportunidades interesantes para explorar y experimentar con la combinación de las ciencias sociales, iniciativas de política pública y ciencias ambientales cuantitativas. El proyecto de muestreo participativo en el capítulo de Sánchez-Vázquez y Reyes Conza es un ejemplo de tal investigación, pero otros ejemplos podrían incluir el monitoreo de calidad de agua en combinación con la etnografía de los impactos a la calidad ambiental. Estas investigaciones conllevan alianzas con actores locales con las que se puede ir buscando formas de empoderar a la población local con el objetivo de generar dinámicas más justas y sostenibles en contextos de conflicto socio-ambiental.

221 El escandalo de presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal Petroecuador, véase: http://www.elcomercio.com/actualidad/procesados-corrupcion-petroecuador-justicia-investigacion.html

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PERFILES BIOGRÁFICOS Coordinadores: Karolien van Teijlingen PhD.(c) es geógrafa con maestría en Estudios del Desarrollo Internacional. Está terminando su doctorado sobre minería a gran escala y desarrollo local en el Ecuador en el departamento de Geografía Humana (GPIO) y el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA) de la Universidad de Ámsterdam; y da clases de geografía humana en esa misma universidad. Tiene experiencia de investigación en temas socio-ambientales en los Países Bajos, Ecuador y Brasil, y fue investigadora visitante en el Núcleo de Altos Estudos Amazônicos en Brasil (2013-2014) y en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Quito (2014-2015). Su trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Developing Societies, la revista Extractive Industries and Society y la revista Estudios Atacameños. Esben Leifsen PhD. es profesor asociado del Instituto de Estudios de Ambiente y Desarrollo Internacional de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU) y enseña antropología y políticas de desarrollo internacional. Leifsen es el investigador principal del proyecto de investigación financiado por el Consejo Noruego de Investigación en el periodo 2014 - 2017, con el título “Extrayendo justicia? Investigando el papel de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado CsPLI, y la compensación con relación a los conflictos socio-ambientales en América Latina” (RCN project no. 236912/ H30). Ha publicado una serie de artículos y capítulos en publicaciones académicas sobre marginalidad social y conflictos socio-ambientales en América Latina. Recientemente co-editó un número especial de la revista, Third World Quarterly, titulado New mechanisms of participation in extractive governance: between technologies of governance and resistance work (TWQ 38(5) 2017).

Consuelo Fernández-Salvador PhD.(c) con formación en Antropología y en Estudios Latinoamericanos, ha sido profesora del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad San Francisco de Quito por 16 años. Actualmente se encuentra terminando el programa de doctorado en Estudios del Desarrollo del ISS (International Institute of Social Studies) en la Erasmus University-Rotterdam, en el que ha llevado a cabo una investigación sobre la etno-política y el control sobre los recursos naturales en la Región Amazónica del Ecuador. Antes del programa de doctorado, estuvo involucrada en consultorías y proyectos de investigación relacionados con patrimonio, minería artesanal y el buen vivir. Sus trabajos más recientes se han publicado en The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology y en el Journal of The Extractive Industries and Society. Luis Sánchez-Vázquez PhD. es docente-investigador en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR (España) e investigador asociado en el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA) de la UTPL (Ecuador). Es doctor en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada, especializado en el estudio de los conflictos ambientales. Es docente en diversos cursos de grado y posgrado sobre esa temática, y su investigación se enfoca principalmente en los métodos de análisis y transformación de los conflictos socio-ambientales desde la Ecología Política. Es autor de diversas publicaciones sobre conflictos socio-ambientales en España y Ecuador, y entre 2013 y 2015 fue el investigador principal del proyecto “Modelo de Monitoreo de Conflictos Socioambientales con Sistema de Alerta Temprana para el cantón El Pangui”, cofinanciado por la UTPL y la GIZ.

Autores: Elaine Benham Hogan MSc. hizo su licenciatura en ciencias políticas y geografía en la Universidad Estatal de Humboldt (Arcata, California) y su maestría en estudios del desarrollo internacional en la Universidad de las Ciencias de la Vida, Noruega. Su tesis de maestría analiza el acceso a agua y a otros recursos naturales en el área de influencia directa del proyecto minero, Mirador. La investigación fue apoyada por el Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales en la Universidad Técnica Particular de Loja, y el proyecto Extrayendo Justicia?, financiado por el Consejo Noruego de Investigación. María Beatriz Eguiguren Riofrio MA. Magister en Derecho civil y Procesal civil, Master en Resolución de Conflictos. Es directora del Observatorio de Conflictos Socioambientales y del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. También es docente e investigadora en la misma universidad, especializada en el tema de conflictos socioambientales. María Gabriela Espinosa Quezada MA. es docente-investigadora en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es Magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario e investigadora del proyecto “Extrayendo justicia”. Investigando el papel de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado CsPLI, y la compensación con relación a los conflictos socio-ambientales en América Latina” (RCN project no. 236912/H30). Sebastian Niesar MA. ha trabajado en Estudios de Paz y Relaciones Internacionales el tema de derechos humanos con Peace Brigades International (PBI) en Colombia. En sus últimos trabajos ha actuado como asesor en el tema de Conflictos Socioambientales con la Cooperación Técnica Alemana

(GIZ), tanto en Perú (Defensoría del Pueblo) como en Ecuador (OBSA/UTPL). Maleny Gabriela Reyes Conza MA. es docente-investigadora en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es Magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario y actualmente es investigadora en el proyecto “Extrayendo justicia”. Investigando el papel de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado CsPLI, y la compensación con relación a los conflictos socio-ambientales en América Latina” (RCN project no. 236912/H30). Thea Riofrancos PhD. es profesora de ciencias políticas en Providence College (Providence, Rhode Island, EEUU). Se doctoró en ciencias políticas en la University of Pennsylvania (2014) y fue becaria postdoctorada en la University of Notre Dame (2014-2015) e investigadora visitante en FLACSO-Sede Quito (2011-2012). Su investigación se enfoca en el tema de extracción de recursos, conflicto político, y movimientos sociales en Ecuador y la región Andina. Ximena Warnaars PhD. es antropóloga con experiencia en investigación y activismo en temas de justicia ambiental y de derechos humanos en Ecuador y Perú, actualmente trabaja en la Fundación Ford en el programa de Recursos Naturales y Cambio Climatico en Nueva York. En el 2013 obtuvo su título de doctorado en la Universidad de Manchester, Reino Unido. María José Yépez es estudiante de Antropología Sociocultural por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La presente investigación forma parte de su proyecto de pregrado. Actualmente trabaja para su tesis de titulación relativo al tema de mujeres, identidad y ritualidad.