Historia De La Propiedad En España

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SALUSTIANO DE DIOS, JAVIER INFANTE, RICARDO ROBLEDO, EUGENIA TORIJANO (Coords.)

HISTORIA DE LA PROPIEDAD EN ESPAÑA BIENES COMUNALES, PASADO Y PRESENTE

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Centro de Estudios Registrales

HISTORIA DE LA PROPIEDAD EN ESPAÑA BIENES COMUNALES, PASADO Y PRESENTE

SALUSTIANO DE DIOS, JAVIER INFANTE, RICARDO ROBLEDO, EUGENIA TORIJANO (Coords.)

HISTORIA DE LA PROPIEDAD EN ESPAÑA BIENES COMUNALES, PASADO Y PRESENTE

II ENCUENTRO INTERDISCIPLINAR SALAMANCA, 31 DE MAYO-3 DE JUNIO DE 2000

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Centro de Estudios Registrales

©n2002 FUNDACION BENEFICENTIA ET PERITIA IURIS Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

©nISBN: 84-95240-54-8 ©nDepósito Legal: M-1.565-2002 ©nImprime: J. SAN JOSÉ, S.A. Leganitos, 24 28013 Madrid

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Índice

PRESENTACIÓN .............................................................................................

DOCTRINA JURÍDICA CASTELLANA SOBRE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE LAS CIUDADES (1480-1640), por Salustiano de Dios de Dios..........................................................................

FISCO REAL Y FISCOS MUNICIPALES EN CASTILLA (SIGLO XVIXVII), por Juan E. Gelabert González........................................................

BIENES COMUNALES EN NAVARRA Y LAS PROVINCIAS VASCAS (SIGLO XVI-XVIII), por Lourdes Soria Sesé ............................................ LA LÓGICA DEL COMUNAL EN CASTILLA EN LA EDAD MODERNA: AVANCES Y RETROCESOS DE LA PROPIEDAD COMÚN, por José Ramón Moreno Fernández ..........................................................................

COMUNALES Y PROPIOS EN VALENCIA, por Mariano Peset Reig y Pilar Hernando Serra..................................................................................

LAS TIERRAS DE JEREZ. SUERTE DE SUS USOS Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES, por Carmen Muñoz de Bustillo ......................

DESAMORTIZACIÓN ILUSTRADA Y DESAMORTIZACIÓN LIBERAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA, por Alejandro Nieto.............................

COMUNALES SIN HISTORIA. LA CATALUNYA DE LOS MASOS O LOS PROBLEMAS DE UNA HISTORIA SIN COMUNALES, por Rosa Congost........................................................................................................

LAS TIERRAS COMUNALES EN LOS PUEBLOS DE INDIOS Y SU TRAYECTORIA EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE, por José María Pérez Collados.............................................................................................

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA NOCIÓN DE BIEN COMUNAL Y SUS CONSECUENCIAS: LOS APROVECHAMIENTOS VECINALES EN ARAGÓN, por Eloy Colom Piazuelo ........................................... PROPIEDAD Y USOS DE LOS MONTES PÚBLICOS EN ESPAÑA (18551925), por Grupo de Estudios de Historia Rural ........................................

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AL MARGEN DE LA LEY. LA DEFENSA DE LOS MONTES VECINALES DE GALICIA (1848-1968), por Xesús L. Balboa López ....................

BIENES COMUNALES DESDE LA PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL, por Manuel González de Molina, Antonio Ortega Santos y Antonio Herrera González de Molina.......................................................................

APROVECHAMIENTOS COMUNALES Y PROPIEDAD INDIVIDUAL. UN ESTUDIO SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (1854-1900), por Javier Infante Miguel-Motta y Eugenia Torijano Pérez .......................................................................................................

LA CONSIDERACIÓN DE LOS BIENES COMUNALES POR LA JURISPRUDENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, por Carlos J. Maluquer de Motes Bernet ....................................... LA RELACIÓN DE LOS BIENES COMUNALES Y DE DOMINIO PÚBLICO CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, por Juan María Díaz Fraile ...........................................................................................................

LAS TIERRAS COMUNALES EN ESPAÑA (1800-1995): PERVIVENCIA, CAMBIO Y ADAPTACIÓN, por Iñaki Iriarte Goñi .................................

PRÁCTICAS COMUNALES Y PATRIMONIO PÚBLICO EN LA HISTORIA, por Antonio López Estudillo ...............................................................

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Presentación

Comparecemos de nuevo ante los lectores para presentarles los resultados, en este caso escritos, del II Encuentro Interdisciplinar sobre Historia de la Propiedad en España que se celebró en la Universidad de Salamanca entre los días 31 de mayo y 3 de junio de 2000 y que fue dedicado al estudio de los bienes comunales, asunto de incuestionable interés historiográfico y social. Y no queremos hacerlo sin agradecer, de entrada, el generoso, y ya continuado, patrocinio del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y dentro de él, de su Centro de Estudios Registrales. Como probablemente recordarán los interesados en estos temas esta aventura intelectual arrancó en los primeros días de junio de 1998 —también en el estudio salmantino, y asimismo con el señalado patrocinio— con la celebración del I Encuentro que consagramos al análisis de la problemática histórica general de la propiedad. Las intervenciones y debates que allí tuvieron lugar no se los llevó el viento y fueron recogidos en el correspondiente volumen publicado en 1999 por el mencionado Centro de Estudios Registrales, cumpliéndose así afortunadamente uno de los principales afanes de quienes organizamos estas actividades. Y como no estamos dispuestos a cejar en nuestro empeño preparamos ya, siempre bajo el padrinazgo del Colegio, el III Encuentro que, coincidiendo con que Salamanca ha sido declarada capital europea de la cultura en el año 2002, versará, sin salir de nuestro campo de estudio, sobre el patrimonio cultural, tema de actualidad e interdisciplinar donde los haya. Consolidada ya la iniciativa, confiamos en que no nos falten las fuerzas, y tampoco la ayuda institucional, para seguir organizando futuros Encuentros. En los textos que estamos presentando se demuestra la riqueza de perspectivas desde las que se puede abordar el tratamiento de los bienes comunales, desde la historia agraria a la ecología, o desde la historia del derecho a la de la administración. Pero el tema está sujeto a una permanente discusión e investigación de modo que muy recientemente, en septiembre de 2001, una de las sesiones del VII Congreso de la Asociación de Historia Económica 9

celebrado en Zaragoza se dedicó a «Baldíos, comunales, propios y arbitrios. Propiedad, gestión y explotación, siglos XV-XIX». No se trata de una reliquia para encuentro de eruditos, pues los pueblos siguen luchando hoy por «el común» como se expone en alguna ponencia, y la defensa de los bienes comunales adquiere singular importancia cuando se la relaciona con la defensa del medio ambiente y de los espacios de ocio, uno de los activos que estas tierras castellanas puede seguir ofreciendo al visitante. Sin necesidad de mitificar el pasado, ya explicó E. P. Thompson cómo el sistema de los bienes comunales servía de alivio a la pobreza y era menos despilfarrador de los recursos naturales.

En el planteamiento de este segundo Encuentro, siguiendo nuestra pauta de funcionamiento, se procuró abordar el análisis de los bienes comunales con una amplia perspectiva cronológica y con un enfoque muy interdisciplinar. Comenzábamos el tratamiento con una ponencia encargada a un medievalista (y cuyo texto lamentablemente no se nos ha entregado) destinada a estudiar los orígenes de los patrimonios comunales en la repoblación. No obstante, esta ausencia se cubre con suficiencia mediante un amplio elenco de trabajos que, desde muy diversos ángulos, examinan el tema en el transcurso del Antiguo Régimen. Así, hay varios de historiadores juristas como los de los profesores De Dios, Soria, Peset y Hernando que se ocupan, respectivamente, de cómo se enfrentaron con esta compleja problemática los juristas castellanos de la época, o analizan sus peculiaridades en concretos territorios peninsulares como Navarra y las Provincias Vascas, y en Valencia. Sin salir del mencionado período disponemos también del trabajo de un modernista, el profesor Gelabert, centrado fundamentalmente en la vertiente fiscal, y del de un historiador de la agricultura, el profesor Moreno, que presenta un amplio y sugerente estado de la cuestión durante estos siglos, referido sobre todo a Castilla.

Otro bloque de trabajos arranca también de los llamados siglos modernos, se detiene en el XVIII, y mira ya al liberalismo. Aquí un conocido administrativista, el profesor Nieto, al filo de la desamortización que afectó a los Montes de Toledo, caso concreto que él bien conoce, reflexiona sobre la abolición de la amortización por el liberalismo en España en relación con sus precedentes ilustrados. Dos historiadores juristas nos ofrecen también sus aportaciones. La profesora Muñoz de Bustillo estudia un supuesto histórico determinado, interesante y peculiar en grado sumo, sobre el que viene últimamente trabajando: el del patrimonio comunal de Jerez de la Frontera y sus complejos avatares en el transcurso del tiempo. El profesor Pérez Collados, por su parte, nos saca del territorio hoy nacional, y entonces (en buena parte de la cronología de su trabajo) metropolitano, para llevarnos al 10

México inmediatamente posterior a la colonia y estudiar las formas de propiedad comunal de sus naturales. Por último, dentro de este apartado, la profesora Congost, historiadora de la economía, nos devuelve a España para analizar las muy notables peculiaridades que presenta nuestro tema en el caso catalán.

Otro nuevo bloque de trabajos, el último, aborda la propiedad comunal ya en tiempos de constitución. En este sentido, un administrativista, el profesor Colom, examina las implicaciones jurídico-públicas de los comunales con la mirada muy puesta en el ejemplo de Aragón. Dos historiadores del derecho, los profesores Infante y Torijano, se enfrentan al debate entre los restos del comunitarismo propietario y la floreciente propiedad individual a través de un muy adecuado observatorio, la jurisprudencia decimonónica del Tribunal Supremo. En ámbito muy parecido se mueve el profesor Maluquer de Motes, especialista en Derecho Civil, que estudia las sentencias de este alto tribunal dictadas con posterioridad a la promulgación del Código Civil. Contamos además en esta sección con varios trabajos desde la perspectiva de la historia agraria. Dos de ellos, el del Grupo de Estudios de Historia Rural y el del profesor Balboa, este último referido a Galicia, se ocupan de los montes comunales, faceta sin duda central en nuestra problemática. Y el tercero, de los profesores González de Molina y Ortega, la contempla fundamentalmente en sus implicaciones, que las tiene, y muy notables, con la ecología. Por último, volviendo al campo del Derecho, D. Juan María Díaz Fraile, registrador de la propiedad, estudia las peculiaridades que plantea la inscripción de este tipo de bienes en el Registro. Como novedad de este Segundo Encuentro respecto al anterior hemos convocado a algunos especialistas que, sin aportar ponencias, tenían la función de contribuir a la riqueza de los debates que, según nuestra costumbre, siempre siguen a la presentación de aquéllas. En esta ocasión hemos elegido a dos historiadores agrarios, los profesores Iriarte y López Estudillo, que cumplieron satisfactoriamente su cometido. Y no sólo eso sino que, además, aceptando nuestra indicación, nos han entregado sendos textos en los que reflexionan con amplitud y rigor sobre la problemática objeto del Encuentro, y que ahora publicamos al final de la relación de ponencias.

Sólo nos resta para finalizar esta presentación el capítulo de agradecimientos, no por obligado menos sentido en nuestro caso. Se lo reiteramos, y muy sinceramente, al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España que ha financiado este Encuentro, que lo hizo con el precedente, y que confiamos en que lo hará con los que vendrán. Se lo expresamos al Rector y a la Decana de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Salamanca, que inauguraron nuestros debates y que permitieron que para ellos 11

utilizáramos las dependencias de nuestro no por famoso menos entrañable Edificio Antiguo. Y, asimismo, se lo hacemos llegar al Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos concedió una subvención para contribuir a la edición de este libro. SALUSTIANO DE DIOS JAVIER INFANTE RICARDO ROBLEDO EUGENIA TORIJANO.

Universidad de Salamanca, septiembre de 2001

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DOCTRINA JURÍDICA CASTELLANA SOBRE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE LAS CIUDADES (1480-1640) Salustiano de Dios

Universidad de Salamanca Universidad de Salamanca

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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ADQUISICIÓN DE BIENES.— III. ENAJENACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

I.NINTRODUCCIÓN

Mi ponencia versará sobre lo que escribieron en torno a los bienes de las ciudades los juristas castellanos desde fines del siglo XV hasta 1640, aproximadamente, la época de mayor pujanza de la jurisprudencia en la Corona de Castilla. Pero con dos acotaciones de entrada: pues, por un lado, he de señalar que centro mi estudio en los problemas de adquisición y enajenación de tales bienes, mientras por otro debo apuntar que no he examinado todos los autores castellanos de la época, aunque sí los más relevantes de entre quienes se preocuparon por semejantes cuestionesi1. 1nHe aquí sus nombres y obras, citadas éstas por la edición que manejo: ALONSO DÍAZ DE MONTALVO, El Fuero Real de España, diligentemente hecho por el noble rey don Alonso IX, Burgos, 1533, Solemne Repertorium seu Secunda compilatio legum Montalvi, Salamanca,1549 y Las Siete Partidas del sabio Rey D. Alonso el Nono, Lyón, 1550; RODRIGO SUÁREZ, Allegationes et consilia, Salamanca, 1568; HUGO DE CELSO, Repertorio Universal de todas las leyes destos Reynos de Castilla, Medina del Campo, 1553; JUAN DE OROZCO, Ad responsa prudentum commentarii, Salamanca, 1558; GREGORIO LÓPEZ, Las Siete Partidas del rey D. Alfonso el Sabio, Madrid,1848; F RANCISCO DE AVILÉS, Nova diligens ac perutilis expositio capitum praetorum, ac iudicum syndicatus regni totius Hispaniae, Medina del Campo, 1557; DIEGO DE COVARRUBIAS, Opera Omnia, Salamanca,1576; PEDRO NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis mandatis regum Hispaniae, quae rectoribus civitatum dantur. Prima et secunda pars, Salamanca, 1573 y Quadraginta responsa, quibus quamplurimus leges regiae explicantur, atque ilustrantur, necnon novum ac diligens tractatus de secunda suplicatione, cum pena et cautione 1500 duplarum, Salamanca, 1576; MARCOS SALÓN DE PAZ, Ad leges Taurinas, Valladolid, 1568; LUIS DE MEXÍA, In legem Regiam Toleti conditam sub titulo tertio de los propios y rentas de los concejos Quintam libri Septimi Ordinationum Regiarum, in causa vertente a Responso prelectiones, Sevilla, 1568, y Laconismus. Seu chilonium pro Pragmaticae qua panis pretium taxatur in interiore foro Hominis Elucidatione, Sevilla, 1569; BARTOLOMÉ DE HUMADA, Scholium, seu brevis interpretatio, ad glossam in Primam et Secundam Partitarum Partem, Madrid,1588; JERÓNIMO CASTILLO DE BOVADILLA, Política para corregidores y señores

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En efecto, voy a hablar de la jurisprudencia castellana, entendida como la comprendían sus intérpretes, como doctrina de jurisperitos o jurisconsultos, muy apegada a la realidad de su tiempo, por más que sus representantes no coincidieran siempre entre sí en el tema que nos ocupa, ni en opiniones, a veces bastante divergentes, ni en dedicación, que oscila desde pequeños comentarios y voces de diccionario a tratados y lecciones, cuyos ejemplos más notorios son el tratado de pastos públicos de Fernández de Otero y la obra de Mexía sobre la usurpación de términos. No hay que olvidar que la materia de los bienes concejiles, su origen, denominación, naturaleza, especies, titularidad, uso y disposición, era compleja, arrancaba de antiguo y estaba sometida a transformaciones, las de la propiedad y la jurisdicción, de las que eran testigos y actores privilegiados estos letrados, que pretendían condicionar y orientar con sus libros, una vez cumplida la primera función doctrinal, que era la de intentar hacer comprensibles los problemas que estudiabani2. Varios de ellos fueron abogados y pleitearon y dictaminaron a favor de de vasallos, Amberes, 1700; FELICIANO DE SOLÍS, Commentarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus complectantes, Madrid, 1606; ALFONSO DE AZEVEDO, Commentarii Iuris civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, Lyón, 1737 y Additiones al Tractatus de Curia Pisana, de Juan Rodríguez de Pisa, Salamanca, 1587; JERÓNIMO DE CEVALLOS, Speculum Aureum opinionum communium contra comunes, Amberes, 1623; GASPAR RODRÍGUEZ, Tractatus de annuis et menstruis redditibus, Lyón, 1672; LUIS VELÁZQUEZ DE AVENDAÑO, Tractatus de censibus, Madrid, 1614; GARCÍA DE TOLEDO, Lucernam Rubricarum et Titulorum in tres posteriores libros Codicis Iustiniani, Madrid, 1775; ANTONIO FERNÁNDEZ DE OTERO, Tractatus de pascuis et iure pascendi y Tractatus de officialibus Reipublicae, Lyón, 1700; JUAN DEL CASTILLO SOTOMAYOR, Opera omnia sive quotidianarum controversiarum Iuris, Lyón, 1667-1686. A varios de ellos ya me referí en el anterior Encuentro, donde, dentro de un contexto más amplio, esbocé algunas notas sobre lo que decían de los bienes de las ciudades: «Representación doctrinal de la propiedad en los juristas de la Corona de Castilla(1480-1640)», en S. de Dios, J. Infante, R. Robledo y E. Torijano (Coords.), Historia de la propiedad en España. Siglos XVXX, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1999, págs. 235-242, en concreto. 2nDe estas complicaciones, pese a que no consideren la doctrina de los juristas, o muy escasamente, dan buena cuenta numerosos trabajos dedicados al estudio de los bienes concejiles en la antigua Corona de Castilla. Es ejemplar al respecto, A. MARCOS MARTÍN, «Evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la Vieja durante la época moderna», Studia Historica. Historia Moderna, 16 (1997), págs. 57-100. De la misma revista y número, de carácter monográfico sobre la propiedad colectiva, ilustran también: B. BARREIRO MAILLÓN, «Montes comunales y vida campesina en las regiones cantábricas», págs. 17-56 y A. M. BERNAL RODRÍGUEZ, «La tierra comunal en Andalucía durante la Edad Moderna», págs. 101-127. Autores de inexcusable referencia son N. SALOMON, La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona, 1973 y D. E. VASSBERG: La venta de tierras baldías: El comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVI, Madrid, 1983 y Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España del siglo XVI, Barcelona, 1986. Como es valiosa la síntesis de J. I. FORTEA PÉREZ, «La propiedad de las corporaciones urbanas», en S. de Dios, J. Infante, R. Robledo, E. Torijano, Historia de la propiedad, págs. 63-111. Ya desde el punto de vista del derecho, atendiendo simultáneamente al del Antiguo Régimen y al contemporáneo, A. NIETO, Bienes Comunales, Madrid, 1964, con mención de algunos viejos juristas, y M. CUADRADO IGLESIAS, Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Madrid, 1980, en tanto que se atiene específicamente a la historia M. PESET, Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid, 1982.

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parte interesada, caso de Rodrigo Suárez, Pedro Núñez de Avendaño, Mexía, Marcos Salón de Paz, García de Toledo, Azevedo, Cevallos, Luis Velázquez de Avendaño, Gaspar Rodríguez y Fernández de Otero. Otros fueron jueces, en Audiencias, Consejos o juzgados de menor rango, que tuvieron que sentenciar y determinar numerosos conflictos relativos a pastos y montes públicos, términos y jurisdicciones, supuesto de Montalvo, Gregorio López, Juan de Orozco, Avilés, Covarrubias y Juan del Castillo Sotomayor. Responsabilidades inmediatamente concejiles como corregidores tuvieron a su cargo el propio Montalvo y Castillo de Bovadilla., mientras Rodrigo Suárez y Cevallos ocuparon sendos oficios de regimiento. Pero quienes enseñaban desde las cátedras, más o menos temporalmente, así Covarrubias, Orozco, Feliciano de Solís, Castillo de Sotomayor o Fernández de Otero, tampoco estaban al margen de lo que acontecía en la vida cotidiana. A través de la lectura de unos y otros se observa, por ejemplo, la tensión entre la agricultura y el pastoreo, como formas tradicionales de vida rural en difícil equilibrio, pero también las luchas entre los viejos usos comunales, o de entre comunidades, y las pretensiones de roturar y acotar o adehesar tierras por parte de particulares, con libertad de disposición, avanzando aspectos de lo que siglos después será la propiedad individual, plena y libre del liberalismo capitalistai3. Aparte de las presiones de la jurisdicción, especialmente la regia, cada vez más deseosa del control del territorio del reino, apoyada por numerosos autores, como Gregorio López, Castillo de Bovadilla, Humada, Cevallos, Gaspar Rodríguez o Velázquez de Avendaño. Pero no dejaba de estar presente la señorial, de la que dan buenas muestras Rodrigo Suárez, Núñez de Avendaño o Mexía.

Estos juristas recibieron influencias de las diversas corrientes del ius commune que venían desarrollándose en Europa desde el siglo XII, y en algunos es patente el conocimiento de las más innovadoras, por ejemplo en Covarrubias, Orozco, Solís o García de Toledo, aun cuando la tendencia predominante en Castilla seguía la tradición del mos italicus. Las leges, las rationes y las auctoritates son los instrumentos fundamentales de su discursoi4. Las leyes, en primer lugar, y dentro de ellas, las romanas, recogidas en la compi-

3nEstos problemas y las distintas posturas doctrinales, entre ellas las más novedosas de Juan Faber y Corasio, son objeto de examen por COVARRUBIAS, Practicarum Quaestionum, cap. 37, monográfico, titulado: De pascuis, et de iure pascendi, tam lege iuris communis quam ratione servitutis constitutae, donde se muestra partidario de aunar los usos comunes y los intereses de los particulares. Tras él también los debaten: NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis mandatis, lib. 1, capítulos 4 y 12; MEXÍA, In legem regiam Toleti, Partis 2, Fundamentum 9; AZEVEDO, Commetarii, a N.R.: 4, 15, 1; 7, 5;7, 7; FERNÁNDEZ DE OTERO, Tractatus de pascuis, a lo largo y ancho del tratado. 4nAsí, CEVALLOS, Practicarum et variarum quaestionum communium contra comunes, tomus tertius, quaestio DCCXLIX, n.1, hablando del valor de las solemnidades en derecho, nos dice que la opinión común al respecto nititur pluribus rationibus, iuribus et fundamentis.

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lación de Justiniano, que serán citadas por diversos autores en los puntos de la adquisición y enajenación de bienes de las ciudades. Y tras las romanas, las castellanas, muy necesitadas de comentarios, por insuficientes, mal sistematizadas o confusas: Montalvo, Gregorio López y Bartolomé de Humada se dedican a glosar las Partidas; el propio Montalvo glosa también El Fuero Real y complementa con un vocabulario jurídico su desafortunada compilación de las Ordenanzas Reales; Hugo de Celso se esfuerza en otro vocabulario jurídico por poner en concordancia las leyes de Partidas, las Ordenanzas Reales y algunas pragmáticas; Mexía, con la excusa de un dictamen forense en que intervino, interpreta el alcance de la ley de Toledo de 1480 sobre la restitución de términos usurpados; Núñez de Avendaño y Avilés comentan los capítulos de corregidores de 1500; Salón de Paz se centra en las Leyes de Toro; en fin, Azevedo es un espléndido estudioso de la Nueva Recopilación y en particular , para nuestros efectos, del libro séptimo donde se regulan con poco rigor y orden los bienes de propios, comunes y baldíos. Y junto a las leges, las rationes, de índole inductiva y casuística, las más de las veces, a partir de supuestos prácticos, guiadas, no obstante, por una serie de principios: en primer lugar, el de la distinción entre órdenes normativos: divino, natural, de gentes y positivo(civil o canónico), lo cual no era nada secundario, pues la división de términos y el origen del dominio y de la jurisdicción se consideraban derecho de gentes, muy cercano al natural, que se presumía inmutable; en segundo lugar, como otro importante principio, el respeto de los derechos adquiridos o de terceros, de gran utilidad a la hora de intentar salvar los baldíos y los usos comunes en campo ajeno, e incluso los mismos bienes comunes de los pueblos, fueran adquiridos por privilegio, costumbre inmemorial y prescripción o por otros títulos lucrativos y onerosos; en tercer lugar, la doctrina de la causa, de la justa y necesaria causa, nuclear y decisiva en sus argumentaciones, que permite que lo que de suyo es inalienable pueda enajenarse, y a esto se aferrará la Corona para justificar la venta de bienes de las ciudades, pero a ella también acudirán los mismos concejos, en unos casos para enajenar y disponer, con licencia regia o sin ella, y en otros para oponerse a la desmembración de su patrimonio. Ya por fin, amén de las leges y las rationes, las auctoritates, las obras y opiniones de los juristas, foráneos e hispánicos, con citas constantes, hasta convertirse en el elemento más socorrido en sus argumentaciones de jurisprudentes, que tiene la virtud instrumental para nosotros de permitirnos conocer cuáles eran los autores que en Castilla se preocuparon por los bienes de las ciudades, aunque no siempre concordaron entre sí: muy duro se manifiesta Cevallos contra Núñez de Avendaño y Juan del Castillo Sotomayor, quien por cierto antes había menospreciado a Cevallos, pero no más suave se expresará Azevedo contra Humada. 18

¿Qué dicen los juristas castellanos sobre la adquisición y enajenación de bienes de las ciudades? Aunque sólo sea como anticipo, propio de palabras preliminares, debo señalar que hoy puede resultar poco satisfactorio el tratamiento que otorgan al tema de la adquisición de los distintos bienes, porque no indagan en los orígenes históricos, y menos por separado en el de cada uno de ellos, comunes, propios y baldíos y vacantes, sino que parten de ciertos axiomas de carácter explicativo, que en el fondo no eran nada inocuos, dadas sus consecuencias jurídicas, como aquél que señala que de derecho nada corresponde a las ciudades a no ser que se le conceda por ley, costumbre o disposición de los hombres, por lo que han de probar su título. Asimismo hacen especial hincapié en otro tópico, en la libre asignación y destino a concejos, villas y fortalezas de términos y tierras por parte del rey, a quien correspondían por derecho de conquista, ya que los liberó de manos de los enemigos, de tal modo que en sus representaciones doctrinales otorgan los juristas suma importancia a la concesión y destinación regia de los términos concejiles, al momento anterior y posterior a la misma. Que no era sino secuela de otro principio más general, que sólo al príncipe correspondía la división de términos, provincias y villas.

Es cierto, para proseguir, que equiparan el privilegio real de concesión y la prescripción inmemorial como formas de adquirir el dominio, un nuevo lugar común, y de gran trascendencia para la formación de los patrimonios de las ciudades. También es verdad que nos refieren formas específicas de adquisición de propios, por título de heredad, legado, fideicomiso, donación y otros, o la conversión de los bienes de uso público y común en propios, es decir, de renta, tras la restitución de lo usurpado, con el cambio de naturaleza que llevaba consigo, e igualmente recuerdan la obligatoriedad de las ciudades de dotarse de bienes inmuebles de uso público , como eran las casas del ayuntamiento, a costa de los propios, transformando igualmente su naturaleza. No podemos dejar de reconocer, y era negocio espinoso, el interés que se toman por separar el dominio de la jurisdicción, ante la intromisión constante del rey y de los señores en los bienes de los concejos. Sin embargo, el tema de baldíos, por ejemplo, les quema, por las contradicciones que pudieran entrañar titularidad del monarca y uso común de los vecinos, de manera que no serían de las ciudades pero sí estarían dentro de ellas, más sorprendente, si cabe, cuando buena parte de la doctrina decía que todos los términos habían sido concedidos y destinados por el rey a las ciudades, y hasta con límites fijos y eternos. Aunque para su descargo debemos insistir en que ocupaba su mente la enrevesada realidad comunal de su época, de fines del XV a mediados del XVII, tardía por relación a los orígenes y nada homogénea entre los distintos lugares y territorios de la Corona. Tampoco cabe ignorar, si es que les hubiera interesado perseguir las secuencias evolutivas de la propiedad 19

pública de los concejos, que estos autores tenían a la vista unos cuerpos legales y doctrinales escasamente propicios para la reconstrucción histórica, según deja traslucir la confusión de vocablos aplicables a unas mismas realidades, sea de los bienes sea de sus titulares, baste recordar, por evocar a los titulares, que a la luz de sus lecturas se hace casi imposible distinguir entre comunidad, universidad, pueblo, concejo o ciudad, tan indistintamente empleaban estas palabras de ordinarioi5.

En cuanto al otro asunto, la enajenación de bienes, ocurre tal vez lo contrario, objeto de mayor concreción, comenzando por las acepciones de la voz enajenación, restringidas y amplias, incluso para situaciones que no llevaban aparejadas transmisión de dominio. Fue justamente la existencia de censos y créditos sobre bienes de las ciudades lo que provocó que se pronunciaran al respecto tratadistas de censos, supuestos de Solís, Gaspar Rodríguez y Velázquez de Avendaño, del mismo modo que el usufructo en las cosas concejiles mereció la atención de un autor de una obra sobre la institución de usufructo, Castillo de Sotomayor. La prescripción contra los concejos, de dominio y servidumbres, preocupó mucho, muchísimo, en conexión con fenómenos de ocupación, usurpación, roturación y cambio de uso y destino de los bienes, en los que se veían envueltos como actores no sólo particulares sino también las propias ciudades, muy propensas, por otro lado, al incumplimiento de los pactos entre comunidades sobre pastos o aguas, de cuotidiana disputa. La intervención del monarca es otro factor destacable de su estudio, que va desde la exención de villazgos y concesiones de jurisdicciones a la enajenación de baldíos y las licencias regias para poder enajenar y disponer las ciudades de sus bienes, principalmente de uso común, aunque su control se extendió asimismo a los de propios. Si bien las posiciones de los juristas varían no poco, unas más favorables a las ciudades y sus vecinos y otras al rey, y no faltaron las comprensiones hacia los señores. Casar necesidades y utilidades de las ciudades, de sus distintos habitantes, de los señores y del monarca no era tarea fácil, sobre todo si se partía de la condición privilegiada de los bienes de ciudades, villas y lugares, equiparable a la del menor y a la de las iglesias y, por lo tanto, sujetos a restitución en caso de enajenación u obligación indebida y, más aún, si se había producido ocupación y usurpación. Porque para complicar las cosas, por la distinta naturaleza de los bienes, por su dispar destino y titularidad, a la par que la doctrina declaraba a los de uso común ina5nSi se desea acudir a un modelo de falta de sistemática y de confusión en el terreno de los bienes concejiles consúltense las Ordenanzas Reales de MONTALVO, y en particular el título tercero del libro séptimo, que ya desde el rótulo ofrece evidencias: De los propios, y rentas de los concejos, cuando en su contenido se atiende también a los de uso común, que no gozan de título específico en esta recopilación.

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lienables e imprescriptibles consideraba a los de propios sujetos a enajenación, obligación y prescripción; aunque, en una nueva matización, con licencia del rey y justa causa de necesidad admitían que podían se sometidos a enajenación bienes que de suyo eran inalienables, los de uso común. Pero para eso estaban los juristas, para intentar dar respuesta desde el derecho a los distintos problemas que surgían en la práctica, o podían aparecer, para lo que no ahorraron esfuerzos.

Esbozadas ya las grandes líneas de mi intervención, me toca ahora desarrollarlas, para lo cual trataré primero de la adquisición de bienes por parte de las ciudades y luego hablaré de su enajenación, en ambos casos con la prescripción de por medio, para adquirir y para extinguir el dominio y posesión, aunque con diferencias significativas entre las distintas especies de bienes. II.NADQUISICION DE BIENES

Como hace unos instantes hemos apuntado, puede decepcionarnos el estudio que realizan los juristas castellanos sobre los modos de que dispusieron las ciudades para adquirir sus bienes. No hacen historia de los orígenes y evolución de la propiedad pública en los concejos y sus diversas especies, aunque sí sintieron la necesidad de justificar y explicar su existencia y naturaleza ante problemas como la ocupación y la usurpación, la enajenación y prescripción, o los cambios de uso y destino, o la misma distinción entre dominio y jurisdicción, para lo cual se valieron de una serie de axiomas o tópicos, de los que derivaban consecuencias jurídicas, que no interpretaban todos iguali6. En efecto, en sus construcciones doctrinales acerca de estos bienes, al margen de alguna esporádica referencia al nacimiento entre los hombres de la propiedad en las cosas o de la distinción de dominios, entre ellos los términos de las ciudadesi7, arrancan de una afirmación incontestable para 6nPara los orígenes, además de los autores mencionados en la nota 2, pueden verse: F. DE CÁRDENAS, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, Madrid, 1873; J. BENEYTO,«Notas sobre el origen de los usos comunales», AHDE, 9 (1932), págs. 3-102; I. DE LA CONCHA, «La presura», AHDE, 14 (1942-1943), págs. 382-460; J. MARTÍNEZ GIJÓN, A. GARCÍA ULECIA y B. CLAVERO SALVADOR, «Bienes urbanos de aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y León», Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, págs. 197-252; A. BERMÚDEZ AZNAR, «Bienes concejiles de propios en la Castilla Bajomedieval», Actas del III Symposium sobre Historia de la Administración, Madrid, 1974, págs. 824-867; J. L. MARTÍN MARTÍN, «Evolución de los bienes comunales en el siglo XV», Sudia Historica-Historia Medieval, 8 (1990), págs. 6-46. 7 nSegún CASTILLO DE BOBADILLA, Política, lib.1, cap. 1, n. 6 y Lib. 2, cap.16, n. 1, fue Caín el primero que dividió los términos de las ciudades, aunque en otras ocasiones, lib. 5, cap.4, n. 3, se contenta con la autoría de los emperadores romanos, tal como se lo interpreta FERNÁNDEZ DE OTERO, De officialibus, cap. 10, n. 7, que lo achaca a Augusto. Son todavía más imprecisas las

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la mayor parte de estos letrados, y era que sólo al rey, como al emperador, corresponde la división y distribución o asignación de términos y provincias, o de términos, provincias, ciudades, villas, tierras y campos, para ser más prolijosi8. Cosa que no podían hacer los señores en sus pueblos, por falta de jurisdiccióni9. Más todavía, esta partición era de derecho de gentes, precisan diversos autoresi10. Nada de admirar, en cualquier caso, pues ambos extremos, el de la cesárea partición de los términos de las villas y el de su naturaleza normativa de gentes, procedían del derecho justinianeo y de los juristas del ius commune y fueron ya recogidos en las Partidasi11.

A las ciudades, de por sí, nada en derecho les correspondía, según exponen los juristas, en otra serie de asertos, por lo que debían demostrar sus títulos de adquirir. Gregorio López recogía la afirmación de que a las ciudades o fortalezas nada corporal les es adjudicado de derecho que sea de su pertenencia, a no ser por ley, costumbre o disposición de los hombresi12. Lo repetía de forma semejante Humada: la ciudad o fortaleza nuevamente adquirida nada tiene designado de derecho, que sea de su pertenencia, a no ser que se le conceda por ley, costumbre o disposición de los hombresi13. Núñez de Avendaño, uno de los mejores estudiosos castellanos en materia de bienes concejiles, manifestaba que

alusiones de NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis, lib.1, cap. 4, n. 7, con relación a un derecho primario o natural por el que todas las cosas eran comunes y se adquirían por el ocupante, ya que según él no era aplicable al caso del reino de Castilla, por la inicial pertenencia al rey, por derecho de conquista, salvo que se probara que éste las abandonó, o en relación con la costumbre admitida en algunas ciudades de que las tierras montañosas e incultas se hacían de sus ocupantes por el mero cultivo, pues entonces tenía que mantenerse lo establecido en los fueros. 8nMONTALVO, glosa El poderio, donde extracta lo establecido en Partidas 2,1,2; GREGORIO LÓPEZ, glosa Departidos los campos, a Partidas 1,1,2, resumen de ley a 2,1,2, ya que nada dice en la correspondiente glosa De partir, y glosa De termino poblado, a 3,20,7; NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis mandatis, Lib. 1, capítulos 4 y 12, con reiteración; MEXÍA, In legem regiam, Partis 2, Fundamentum 9, núm. 3 y 53; CASTILLO DE BOVADILLA, Política, lib.2,cap.16,n.149; AZEVEDO, Commentarii, a N.R. 7,7,1; VELÁZQUEZ DE AVENDAÑO, Tractatus de censibus, cap. 68, n. 11; FERNÁNDEZ DE OTERO, De pascuis, cap. 9, n. 3 y De officialibus, cap. 10, núm.7-10. 9nLo realza CASTILLO DE BOVADILLA, Política, lib.2, cap.16,n.149, discrepando de Rodrigo Suárez. Pero NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis, lib. 1, cap.4, n. 7 y MEXÍA, In legem regiam P.2,F.9, núm. 67 y 75, también se habían pronunciado en contra de Suárez, como no deja de constatar AZEVEDO, Commentarii, a N.R. 7,7,8, núm 1-3, y eso que eran más condescendientes con los señores que Castillo de Bovadilla. RODRIGO SUÁREZ, por su parte, por lo que se preguntó era por la segregación de jurisdicciones y enajenación de bienes, y en particular si las podían llevar a cabo los señores en tierras concedidas por el rey, que iniciaba con el siguiente rótulo de sumario: Provinciae et iurisdictiones dividi et separari a principe possunt, en Allegationes, allegat. 7, n. 15 y proseguía en n. 16, con este otro: Princeps potest concedere et alienare bona, quae sunt alicuius reipublicae; idem potest et ille, cui princeps concessit. 10nOROZCO, Ad responsa, De iustitia et iure, In titul., n. 11; NÚÑEZ DE AVENDAÑO, De exequendis mandatis, lib. 1, cap. 4, n. 3; GREGORIO LÓPEZ, glosa Apartadamente a Partidas 1,1,2; HUMADA, Scholium, In l.5, tit.26, Pa.2,in glo.6, vers. Las villas, n. 5. 11nPartidas 1,1,2 y 2,1,2. 12nPartidas 3, 28, 9, glosa Son establecidos. 13nScholium, In l.5,tit.26,par.2,glo. 6, vers. Las villas, n. 3.

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las ciudades, villas y fortalezas ningún territorio tienen asignado por derecho común, a no ser que lo fuera por privilegio del rey o por costumbre inmemorial, lo cual no se presumía, sino que habían de probarloi14, pronunciamiento que era reiterado literalmente por Mexíai15. Castillo de Bovadilla, por su parte, en dirección semejante, escribe que el derecho no asigna ni constituye territorio a la ciudad, villa o castro, sino que hay que probarloi16. No era muy distinto Velázquez de Avendaño, aunque sí más limitativo, por la sola consideración del monarca, al señalar que a las universidades nada de derecho les fue diputado ni algo en los términos tenían salvo lo dado o asignado por privilegio del reyi17. En fin, Fernández de Otero, recoge dos formulaciones, una parecida a las de Gregorio López y Humada y otra algo distinta, dando entrada a la ocupacióni18. El recurso a la asignación regia, mediante privilegio y donación, a la que equiparan la prescripción inmemorial, se encuentra en el discurso de numerosos jurisprudentes sobre la adquisición de los bienes públicos de las ciudades, o en las ciudades, y a ello le atribuyen trascendentes consecuencias jurídicas. Debemos destacar, sin embargo, que no está exento de contradicciones, en especial por cuanto atañe a los baldíos, pero tampoco faltan lagunas de cara a los propios, ya que parece más pensado para los de uso y titularidad común. Vamos a verificarlo.

En el comienzo de nuestras pesquisas está Alonso Díaz de Montalvo, sus obras son del último tercio del siglo XV, pero no aporta gran cosa sobre la asignación regia y el tema de la adquisición de bienes por las ciudades, sino sólo rasgos sueltos. Da la impresión de que para él es decisiva la intervención del rey, a quien pertenece la división de términos, provincias y villas, según antes referimos, mas también es cierto que en su visión jurisprudencial, heredada del mos italicus, junto al privilegio real se encontraba la costumbre inmemorial, como modos equivalentes de adquiriri19. Con todo, lo que a 14nDe exequendis mandatis, lib. 1, cap. 4, n. 4. Pero sus presupuestos los había expresado con anterioridad, en el cap. 1, del mismo libro y obra, dedicado a la potestad de jurisdicción de los jueces de Castilla, que deriva del rey, fuente de jurisdicción y dignidades y cabeza del reino, donde encontramos expresiones como la de que de derecho ninguna activa jurisdicción pueden ejercer los pueblos de Castilla si no es por privilegio o prescripción. 15nIn legem, Par.2, Fund.9, n. 2. 16nPolítica, lib.2,cap.16, n.149. 17nDe censibus, cap. 68, n.11. 18nTractatus de pascuis, cap. 9, n. 1, donde como punto de partida hallamos en el texto estas palabras: Ut perfecte huius capitis materia nota fiat:animadvertendum est, quod oppidis, castris vel villis, de jure nihil est deputatum, quod de ejus pertinenciis sit:nisi quatenus ex pricipis privilegio, consuetudine, vel hominum dispositione reperitur concessum. Sin embargo, en la enunciación del sumario existen diferencias, por la inclusión de la ocupación como tercer elemento: Oppidi cuyuslibet pertinentiae, ex Principis assignatione, vel ex consuetudine, et usurpatione communi deducuntur. 19nPara la equiparación, glosa Las rentas, a Partidas 3,28,6 y glosa Ninguna de señorio de rey, a Fuero Real 2, 11,5.

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Montalvo más inquieta es la naturaleza de los bienes, que define en función del destino, de su aplicación, y no del origen: los montes y términos, de la universidad o de la ciudad, lo son para uso común y público de todos y cada uno de la universidad , a diferencia de los frutos de predios, viñas y rentas, que no pueden ser utilizados para cada uno de los de la universidad sino sólo en beneficio de la propia universidad. De su diversa naturaleza deduce consecuencias distintas en orden a la disposición y prescripción de dominioi20. Nada habla, en cambio, de los baldíos y respecto de los vacantes proclama que son regalías del monarcai21. Merece significarse asimismo que distingue entre dominio y jurisdicción, particularmente con motivo del rey, quien fundaba su intención dentro de los límites del reino, ciudades y lugares sólo en cuanto a la jurisdicción ya que no en relación con el dominio y propiedadi22.

El siguiente jurista objeto de examen es Rodrigo Suárez, ya en el siglo versadísimo en el mundo del foro, que no aborda directamente la asignación regia y el origen de los bienes de las ciudades. Con motivo de una alegación en un conflicto entre el lugar de Herrera y la villa de Palenzuela, mediando los intereses del almirante, atribuye al rey la facultad de dividir y separar provincias y jurisdicciones, como luego la tendría dicho almirante, a quien el rey había hecho donación de la villa de Palenzuela y su jurisdicción, sin mayores indagacionesi23. Un nuevo asunto, si la villa de Curiel podía hacer que prescribieran sus términos en perjuicio de los vecinos de Peñafiel, cosa que niega, sirvió de excusa a Suárez para establecer algunas precisiones en torno a la naturaleza binaria de los bienes de las ciudades. Mas sus fundamentos estaban en el destino de los mismos y en lo establecido por Partidas. En apreciación del autor, siguiendo ley de Partidas, no cabía la prescripción de cuarenta años en los bienes de las ciudades destinadas al uso común y público de todos los vecinos, como vías públicas, plazas, calles, dehesas, ejidos y otros semejantes, al contrario de lo que ocurriría si fueran bienes de otra naturaleza, caso de siervos, jumentos o naves, pues entonces sí lo harían por ese espacio de tiempoi24. XVI,

Tampoco es demasiado esclarecedor un jurista tan relevante como Gregorio López, que en varias de sus glosas a las Partidas deja algunas notas sobre la asignación regia y las formas de adquirir y no pocas dudas. Porque

20nGlosas a Partidas: Apartadamente y Campos, a 3, 28,5; Las rentas, a 3,28,6; Plaça, a 3,29,7; Las cosas, a 6,9,13. Glosas a Fuero Real: Ninguno de señorio de rey a 2,11,5 y glosa Las cosas 6, 9, 13. 21nGlosa Ninguno de señorio de rey, a Fuero Real 2, 11,5. 22 nGlosa Las rentas, a Partidas 3, 28,6 y Secunda Compilatio, voces Rex y Termini. 23nAllegationes, Allegat. 7. 24nIbidem, Allegat. 15, donde desarrolla estos puntos de vista en otras tres dudas que le suscitaban cuestiones de pastos surgidas entre la villa de Portillo y la fortaleza de Herrera.

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en el planteamiento de Gregorio López, para explicar la realidad de su época, continúa primando el afán por distinguir una doble especie en los bienes de las ciudades según sea su uso o destino: los comunes o comunales, para uso común y público de todos los vecinos que habitan los concejos, y los llamados de propios, que no están en uso público y sirven para suministrar rentas con las que sufragar los gastos de las ciudades, si bien también perfila su titularidad, pues mientras que en los comunes es del común de vecinos tanto la propiedad como el uso, en el caso de los propios de la ciudad sólo es común la propiedad, de modo que están en el patrimonio del puebloi25. Al margen de ellos habla de otra clase de bienes, los vacantes, pertenecientes al rey o a su fisco, bien porque se trata de bienes situados en el territorio del reino no aplicado a ninguna ciudadi26, o por razón de los despoblamientos, cuando no permanezca ningún vecino en las villas y fortalezas y el territorio y sus términos y pastos queden desiertosi27. E incluso pueden rastrearse referencias a los bienes baldíos, pues aparte de un empleo vulgar del vocablo, como contraste a tierras labradasi28, se encuentra otro pasaje donde, sin comprometer su postura, refiere dos doctrinas, la de Paolo di Castro, según la cual el rey funda su intención sobre los términos yermos, y la de Socino y Francisco de Aretino, para quienes las tierras yermas e incultas (zerbidae et incultae) que están dentro del territorio de un reino o una ciudad se presume que son de aquel rey o ciudadi29. También debe añadirse que de las glosas de López se deduce interés por distinguir entre dominio y jurisdicción, siendo protagonistas el reyi30, los señoresi31 y hasta las ciudadesi32, en un asunto de tan decisivos efectos para la titularidad, uso y disposición de unos y otros bienes. 25nGlosas a Partidas: Estonce bien lo podrían, a 3,4,24;Assi como las dehesas o prados, a 3,11,10; Son del comun, Exidos, Son establecidos, Tambien a los pobres y Como a los ricos, a 3,28,9; Cibdades y Pro comunal, a 3,28,10; Plaza y De quarenta años, a 3,29,7; Pro comunal, a 3, 31, 13; Poblasen despues, a 3, 31, 26;De comun, a 3,32,20; Non quiera derribar, a 3,32,23; Los exidos, a 5,5,15; A pro de todos, a 5,7,7; Que son comunales, a 6,9,13. De forma específica, en la citada glosa Como a los ricos, aparte de ofrecer su experiencia en los litigios como oidor, el estilo de las Chancillerías, debate las distintas opciones que ofrecía la doctrina para el uso de los términos y prados comunes de la ciudad, santo Tomás, por ejemplo, resolvía con criterios de justicia distributiva, en atención a la riqueza y preeminencia de cada cual en la comunidad. A su vez, en la también mencionada glosa Non puede cada uno, se pregunta en qué cosas pueden gastarse las rentas y propios de las ciudades, siempre para utilidad común. 26nGlosa Son de Rey, a Partidas 5, 5,15. 27nGlosa Poblasen despues, a Partidas 3, 31, 26. 28nGlosa E no anden baldios, a Partidas 2, 20,5. 29nGlosa Yermo, a Partidas 3, 20, 7. 30nGlosa De derecho, a Partidas 2,18,1, donde tras recoger el aserto de que al rey y al reino corresponde fundada intención en cuanto al dominio de las ciudades, villas y fortalezas del reino, se interroga a continuación si lo es sólo respecto de la jurisdicción o también del dominio y es de parecer que el rey y el emperador sólo tienen jurisdicción, pues una cosa es tener dominio de las tierras y otra la jurisdicción. Pero sobre el tema de la jurisdicción del rey, que se extendería sobre los bienes de uso común y no de los propios, vuelve en glosa Estonce bien lo podrian, a Partidas 3,4,24.

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¿Pero cuándo y cómo adquirieron las ciudades los bienes comunes y de propios que Gregorio López califica por su destino o aplicación, sin descuidar su titularidad? ¿Y de qué manera se explicaba la subsistencia de baldíos y vacantes? No es nada explícito el autor, insistimosi33, bien que de sus comentarios parece desprenderse que fue el rey, a quien él atribuía la división y distinción de provincias y términos, conforme ya vimos, el que asigna y dona el territorio de las ciudades y, en consecuencia, los bienes destinados al uso comúni34; aunque también puede entenderse de sus palabras que otro modo de adquirir estos bienes de uso público fue la costumbre y prescripcióni35; y aún no está cerrada la posibilidad de otros títulos lucrativos y onerososi36. Más opaco es para los orígenes de los propios, ya que nada nos dice del momento en que fueron destinados a las ciudades para servirles de rentas, si lo fueron conjuntamente con los de uso público, al menos en parte, o con posterioridad. En determinados casos se acoge a la costumbre antigua, sin más, como cuando nos refiere que en algunos municipios era de costumbre que

31nEs diáfano su pensamiento en glosa Como a los ricos, a Partidas 3, 28,9, de modo que los señores jurisdiccionales si no son habitantes no tienen derecho al uso de pastos y términos, con este raciocinio: Neque obstat, quod ibi habeat dominium respectu iurisdictionis, et vassallarum: quia hoc est separatum a proprietate pascuorum, et terminorum: nihil etiam habet commune proprietas fundorum cum proprietate iurisdictionis, et uno traslato, reliquum non transfertur. 32nEn glosa De termino poblado, a Partidas 3,20,7, se pregunta si cuando el príncipe por privilegio une y agrega a una ciudad un territorio poblado, o aldea, ésta retiene el territorio y sus términos o si los pierde y pasan a la ciudad, siendo su opinión que debe conservarlos porque no se presume que por razón de tal adición quiera el príncipe quitar el dominio y privar de sus términos y derechos al castro o aldea y a sus hombres. 33nLa indeterminación es patente en glosa Poblasen despues, a Partidas 3,31,26, donde para la resolución del conflicto de a quién pertenecían los pastos públicos y los términos de la universidad abandonados por los ciudadanos, y más en especial sobre si podían atribuirse a los señores jurisdiccionales, se remite a la primera distinción de dominios, que no precisa ni cuándo ni cómo ni por quién se hizo. Fenómeno que también ocurre en glosa Departidos los campos, a Partidas 1,1,2, ya que se reduce a apuntar que los términos de los campos deben estar bien delimitados. 34nEn glosa Poblasen despues, a Partidas 3,31,26, además de a la primera distinción de dominios se remite de forma expresa a la donación por parte del rey de los términos y pastos públicos como título de adquirirlos, aunque no único, es verdad. Y en glosa Son del Rey, a Partidas 5,15,5, señala que se entienden son del rey cuando están en territorio del reino no aplicado a alguna ciudad u a otro, pues si estuviesen en territorio aplicado a alguna ciudad entonces tales bienes serían de la ciudad. 35nJunto a la donación regia es probable que esté pensando también en la prescripción cuando presume que las ciudades y villas tienen fundada intención en cuanto a los montes y términos comunes en cuyo territorio están, en glosa Son establecidos, a Partidas 3, 28,6 y aún en la glosa Son del rey, citada en la nota precedente. Pero de la prescripción que trata con cierto detenimiento Gregorio López es de la que extingue el dominio, como veremos más adelante. En cualquier caso, para la equivalencia entre privilegio y prescripción inmemorial puede verse la glosa De derecho, a Partidas 2,18,1. 36 nEn la tan recordada glosa Poblasen despues, a Partidas 3,31,26, se reconoce que los términos y pastos de uso público pudieron ser adquiridos por título lucrativo, o por donación del rey, o de otra manera y hasta habla de la posibilidad de que tales términos públicos hubieran sido comprados con dinero de los ciudadanos.

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para atender a los gastos públicos se diera a poseedores y vecinos por un pequeño precio parte de los frutos de sus propios: predios, viñas o huertosi37. En otras ocasiones nos descubre que se hicieron de propios a partir de bienes comunes, tras su usurpación, mediando cambio de naturaleza, según acontecía en las edificaciones hechas por particulares en calles y plazas destinadas a uso común que la universidad podía acordar no derribar a cambio de imponer un solario aplicado a sus rentasi38. Ya sin reparos, como modos específicos de adquirir los bienes de propios por parte de las ciudades, sin connotaciones temporales, describe los de heredad, legado, fideicomiso y donación , además de otros títulos, fundamentalmente los contratosi39.

Aún son mayores los obstáculos para interpretar la mente de Gregorio López en torno a los baldíos, aunque bien pudiera ser que la posición del autor fuera la de su adquisición por las ciudades gracias al instrumento de la prescripción y costumbre inmemorial, a partir de una inicial propiedad del monarca, ya que da cuenta de una opinión de acuerdo con la cual se presume que tales bienes son del rey o de la ciudad según el territorio donde se encontraran, el reino o la ciudad, aunque tenemos que admitir que no descarta otra postura diferente, la de los juristas que se inclinaban por el dominio regio, tan debatido era el tema de dichos bienesi40. Y en fin, para los bienes vacantes, es comprensible su atribución al rey respecto de los que sobrevinieran por despoblados, pero dejan más interrogantes los no aplicados a ninguna ciudad, por si pudiera entenderse que estaban dentro de su territorio no obstante la asignación de términos, que así no lo sería de todosi41. Gregorio López, según acabamos de contemplar, esboza la doctrina que otorga a la asignación regia de los términos de las ciudades el inicio de los bienes de éstas, el modo originario de adquisición, por lo menos para los de los de uso y titularidad común, pero sería Pedro Núñez de Avendaño, al hilo de los capítulos de corregidores de 1500, quien va a llevar a acabo su desarrollo, aunque con una exposición poco sistemática y a veces confusa, por su empeño en compaginar privilegio, ley y costumbre, pero también por hacer compatibles los derechos de monarcas, señores jurisdiccionales, ciudades y particulares. Núñez de Avendaño refleja la práctica de la Chancillería de Valladolid , fue abogado también del Consejo Real, y no oculta la influencia en él de otros
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