El Retorno de la Barbarie. La matanza en los penales de Lima en 1986 [1 ed.]

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AGUSTIN HAYA DE LA TORRE

RETORNO DE LA ®

La matanza en los penales de Lima en 1986

BAHIA

AGUSTIN HAYA DE LA TORRE

EL RETORNO DE LA BARBARIE La matanza en los penales de Lima en 1986

eAHifl fDlCIOHfS

la. edición, diciembre 1987 © BAHIA ediciones Telefono 236108

Diseño de carátula: Gredna Landolt

Al pueblo que clama justicia

INDICE

Prefacio ................

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Introducción .................................................................................... La orden del Presidente..............................................................

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El Frontón: la ejecución salvaje..............................................................

Lurigancho: todos somos nadie.................................................................

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El voto de aplauso.........................................

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"O se van ellos o me voy yo”

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..............................................................

El estado de derecho: desecho..............................

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La dislexia del gobierno...............................................

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Documentos ...........................................................................................

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Actas del Consejo de Ministros .....................................................

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Informe del Comando, Conjunto de las Fuerzas Armadas......... ...................

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,..................

Informe de Sendero Luminoso ...........................

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PREFACIO "El retorno de la barbarie", texto escolar Humeante, furibundo, con su Apocalipsis de tamaño carta tembloroso entre las manos, en su mensaje de toma del poder Alan García amenazó "La ley será aplicada con severidad también a quienes violen o hayan violado los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la tor­ tura y el abuso de función, pues para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie” (28 de julio de 1985). Tan categórica, tan verosímil fue esa humorada, que los buenos aplaudieron, los malos temblaron y los regula­ res dijeron: “Ver para creer. ” El tiempo y los muertos confirmaron el escep­ ticismo de los últimos: les dieron la razón, bañada en sangre. Primero fue la afamada masacre de Ajomarca, que nadie en el gobierno parecía conocer. Sin embargo, parlamentarios de izquierda y periodistas cu­ riosos descubrieron la verdad y la arrojaron sobre el atareado escritorio del se­ ñor presidente. Fue un escándalo victorioso. Tomado por sorpresa, el gobierno buscó la reparación imposible cn algunos castigos. Varios jefes castrenses fue­ ron depuestos, pero el autor material de la matanza sigue en actividad militar y fue ascendido a teniente por el doctor Alan García, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y drástico alcaide de nivel nacional. Sin duda, fue ascendido por los importantes servicios prestados a la nación. Fin de fiesta. Después de Ajomarca, las numerosas y gravísimas denun­ cias por violación de derechos humanos han rebotado en el blindaje moral del gobierno. Ya nada le importa. Los casos de muertes y desapariciones termi­ nan, siempre, en la fosa común de los archivos. En marzo de 1987, la revista “Si” entrevistó a Luis Alberto Sánchez, primer vicepresidente de la repúbli­ ca y tanque-insignia de la división blindada. La revista le preguntó. “¿Se está practicando la guerra sucia en el Perú?”. Respuesta de coraza quelonia: “Tie­ ne que ser, forzosamente. Tañ sucio es el crimen como su represión, lo uno da origen a lo otro. No va a haber más remedio: eso se llama ojo por ojo y dien­ te por diente. ” Así estamos. El cinismo y la soberbia son chacales de la mis­ ma camada. A su vez, es probable que nuestro primer mandatario sienta que no debe dejarse despeinar por los fantasmas de apenas centenares de muer­ tos, pues está posando para la historia o, al menos, para el Pequeño Larousse.

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¡Es tan delicioso el poder...! En este Perú-paradoja. muchos difuntos andan por la Tierra buscando justicia, mientras algunos vivos ya están en la'gloria.

Tal es el país que amaneció el 18 de junio de 1986.

Ese día, el partido terrorista Sendero Luminoso, efectuó motines en tres cárceles de Lima. Horas después, el gobierno peruano permitió que, en dos de esas prisiones, fuerzas policiaco-militares consumaran espantosos ge­ nocidios. miniaturas mestizas de Auschwitz y Spandau. De esas matanzas im­ punes trata este libro. Por sus líneas transitan, en frente único, los autores ma­ nuales e intelectuales de las masacres, con sus torpezas y cobardías, con sus brutalidades zoológicas; con sus contriciones falaces, sacadas de mangas de tahúr. Antes de pasar al libro, nos interesa proponer una lectura moral de la historia que contiene. Es muy sencilla, ir descubriendo el contrapunto ri­ dículo que existe entre lo que el gobierno proclama y lo que hace. No es difí­ cil leer así el libro; al menos, no lo es para quienes vivimos en un país donde la palabra y la obra se divorcian a pedradas. Por ejemplo, aquí se dijo “O se van ellos o me voy yo”; pero ninguno se fue, salvo unos pocos guardias repu­ blicanos, presos porque, en el Perú, la justicia es una pita que se rompe por el punto más débil. Aquí también voceros oficiales prometieron una ‘‘exhausti­ va investigación” de las matanzas, el mismo día en que el Consejo de Minis­ tros engañaba por comunicados oficiales y autorizaba entierros clandestinos. En materia de moral pública vamos, pues, viento en proa. Nuestro atra­ so nacional es tan creativo, que a comienzos de 1988 hemos regresado a 1984; es decir, a la asfixiante novela de George Orwell. En este libro oprobioso, los gobernantes inventan el “neolenguaje”, gracias al cual dicen sistemáticamente la mentira y ofrecen sólo lo que no harán. Aquí, también. Cada "mensaje a la nación ’ es un cuento del tío que nos vende, a mitad de precio, el Estadio Nacional. Vayan algunos ejemplos. En su discurso de toma de mando, el pre­ sidente Alan García afirmó. “Cuando hay peruanos que, por trabajar, apenas cobran cuatrocientos mil soles los gobernantes deben ser austeros ” Sin em­ bargo, dos años después, el doctor García sorprendió a la afición con la pro­ piedad de dos casas absolutamente inexplicables, y con el cobro escondido de un cheque de la FAO, institución mundial que hoy combate el hambre con nueve mil dólares de menos. Entonces su Excelencia sostuvo también. “Nos proponemos iniciar una campaña de moralización, de lucha contra la co­ rrupción, el soborno y el abuso del poder, desterrando también el narcotráfi­ co”. Dos años más tarde, nadie del gobierno ha sido enjuiciado y condenado por las interminables fechorías que cometen funcionarios voraces que están del lado equivocado de las rejas. Hoy, e.1 Perú corre el peligro de ser sustraído, en peso, de los mapas, para escándalo general de los cartógrafos. Obviamente, la lista podría prolongarse hacia el infinito. Lo anterior baste para añadir que existe un crimen contra el pueblo, tan infame como lanzarlo a la desnutrición, a la tuberculosis y a la debilidad mental. Ese deli­ to es el ejemplo desmoralizador, el espectáculo de la impunidad de gober­

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nantes ladrones o cómplices de genocidios. A propósito, en 1927, un hombre extraordinario escribió: “Los pueblos no se educan únicamente en las es­ cuelas, colegios o universidades, se educan primordialmente en el ejemplo. La moralidad gubernativa es una de las enseñanzas fundamentales que deben dar­ se al pueblo. ” Y como sí respondiera a quienes se espantan de que muchos jó­ venes acaben en Sendero Luminoso, aquel hombre advirtió. “Para educar es preciso tener autoridad y dar ejemplo. Cuando la juventud presencia el es­ pectáculo de un país desorganizado, desmoralizado y vendido, la juventud no puede aprender sino una lección de desesperanza.” Por supuesto que quien escribió aquello hoy sería el líder de la oposición. Se llamó Víctor Raúl Haya de la Torre (ver: Pensamientos en Obras completas, v. II, pp. 476 y 4 77). Devolver la unidad a la palabra y a la obra es cuestión moral de vida o muerte. Por esto, el libro siguiente es necesario. Ahora no, pero sí cuando nos gobierne la decencia, El retorno de la barbarie, será texto escolar. *** Algunas palabra sobre el autor. Como el “homo sapiens’’ -del cual des­ cendemos casi todos los hombres-, Agustín Haya de la Torre es producto de una exigente selección natural, pero aplicada a la política. A mediados de los años 60, numerosos jóvenes universitarios progresaron, del socialcristianismo y otros entremeses más o menos ligeros, a un radicalismo mar xista. No vamos a mencionar los pequeños grupos políticos en los que se asociaron, pues la vi­ da sería muy corta para ello; pero sí diremos que luego de la generación de Mariátegui y Haya, la que apareció en los años 70 fue la segunda que reunió dos caminos separados durante décadas en el Perú: el radicalismo político y la formación intelectual sistemática, superior. Claro está, veinte años después, no todos han resultado ser grandes políticos ni importantes intelectuales; mas, en conjunto, aquellos jóvenes estuvieron por encima de los muchachos de antes.

El tiempo hizo que algunos de esos jóvenes dejaran el activismo políti­ co por el trabajo académico o la investigación; sin embargo, la mayor parte de ellos no ha abandonado sus principios, y tras sus títulos y cartones de pos­ grados, aún asoma la punta de una bandera roja. En otros casos, el activismo fue más fuerte que la labor intelectual, y algunos muchachos cambiaron Iqs libros de Althusser y Gunder Frank, por actas de células clandestinas. A cau­ sa de todo esto, pocos, poquísimos jóvenes de entonces conservaron el equili­ brio del trabajo intelectual y la acción política. Agustín Haya es uno de ellos. Ni sólo estudioso, ni sólo militante, sino ambas cosas a la vez. Para que, tras veinte años, existan unos atantos como él en la izquierda peruana, cientos, si no miles, quedaron en el camino. Sádicamente, Darwin estaría feliz. En tiempos de algún compañero (siempre) de viaje que cambia su primogenitura por un plato de lentejas en la mesa de servicios de Alan García, la presencia de gente como Agustín Haya es, también, un hecho moral en la iz­

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quierda peruana. Mucho después él conserva la misma firmeza de carácter e igual seguridad de convicciones que, a los dieciocho años, lo llevaron a rom­ per política y personalmente con su tío camal, el fundador del APRA, cuan do ésta ya no era una opción revolucionaria. Y, precisamente, Izquierda Uni­ da merecerá el poder y hará una revolución, no cuando tenga al frente un “opositor” a la carta, sino a alguien capaz de decir “no

Lima, 10 de diciembre de 1987

Víctor Hurtado Oviedo

los hombres son... un tanto menospreciados por los diestros asesinos que hoy nos gobiernan" José María Arguedas, 1968

INTRODUCCION

o es frecuente cn la historia contemporánea que ocurra una matanza de prisioneros del Estado como la producida el 18 y 19 de junio de 1986 en las cárceles de Lima. Una fuerza bélica infinitamente supe­ rior aniquiló a 248 personas que si bien se habían amotinado, estaban cn abso­ luta inferioridad de condiciones. Pese a que vivimos una época particularmente violenta, es difícil encon­ trar un antecedente semejante. Ninguna definición más ajustada a la tragedia que sobrevino que la expresión que un desesperado funcionario hizo asentar cn un acta al verse avasallado cn sus funciones: le habían comunicado que las fuerzas militares y policiales estaban en vías de realizar una "ejecución salva­ je". Eso fue lodo lo que sucedió. Haciendo tabla rasa de valores éticos univer­ sales, violentando los usos de la guerra y la propia dignidad militar, el ejerci­ cio abusivo de la fuerza se convirtió en un acto de terror absoluto, que llegó al extremo de ajusticiar a prisioneros que se habían rendido. El motin fue transformado cn una hecatombe cuya responsabilidad recae no sólo en quienes fueron los ejecutores directos, sino cn los que permitieron que tal cosa sucediera. Por orden del Poder Ejecutivo, el Comando Conjunto tornó por la fuerza el control de los penales, obligando a las autoridades judi­ ciales y a los representantes de la Fiscalía de la Nación a abdicar de sus funcio­ nes. Es cierto que el país vive agitado por una violencia creciente y que desde hacía más de un lustro la insurgcncia armada del Partido Comunista PeruanoSendero Luminoso se venía expresando sin cesar, recurriendo al uso frío y cal­ culado del terror. Sus acciones, destinadas cn su esquema a precipitar la polari­ zación social y hacer inevitable la guerra civil, eran implacables y despiadadas

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con sus enemigos. Las respuestas oficiales venían siendo también las mis­ mas: a la violencia se le respondía con la violencia, a la barbarie, con la barba­ rie. Los actos de sabotaje y los asesinatos de servidores del gobierno eran res­ pondidos con fiereza. Nunca se objetó que la rebelión tiene su caldo de cultivo en una sociedad desgarrada por el hambre, la miseria y la injusticia, particular­ mente redoblada en Ayacucho, Huancavclica y Apurimac, las regiones mas atrasadas del Perú, donde se levantó el senderismo. Cuando se hizo cargo del gobierno el Partido Aprista, muchos creyeron que Alan García iba a cambiar las cosas. A las pocas semanas de asumir el mando, se produjeron las masacres de Accomarca, Pucayacu y Bellavista, en las alturas ayacuchanas. Al principio se tomaron medidas enérgicas que dieron la impresión de que las cosas realmente se modificarían. Fueron destituidos tres altos oficia­ les, incluyendo al presidente del Comando Conjunto y al jefe político militar de la zona en emergencia. Inmediatamente se constituyó una Comisión Inves­ tigadora, del Senado, presidida por Javier Valle-Riestra, vigoroso defensor de los derechos humanos contra las violaciones del gobierno de Fernando Belaúndc. Este comité pudo escuchar, atónito, cómo el jefe de la patrulla respon­ sable, el alférez Tolmo Hurtado —que había encerrado a hombres, mujeres y niños, dinamitándolos y lanzándoles granadas— justificaba haber arrojado al fuego a un infante de dos años, "porque desde esa edad eran terroristas". Mien­ tras avanzaban sus indagaciones, en paralelo, presiones oficiales trababan sus funciones. El nuevo ministro de Guerra, hombre cercano al gobernante, se en­ cargaba de proclamar que el oficial era un "héroe de la democracia", dándole así un espaldarazo que acabó con los arrestos iniciales. Las masacres de Accomarca y Pucayacu, que habrían hecho empalidecer al teniente William Callcy cuando arrasó la aldea vietnamita de My Lai, queda­ ron fielmente impunes. Valle-Riostra, quien había calificado las atrocidades como "genocidio", acusando incluso a los autores intelectuales que desde el go­ bierno anterior habían inculcado tal mentalidad asesina acabó renunciando a la Comisión de Derechos Humanos. Los estados de emergencia se habían hecho costumbre en más de treinta provincias durante años. La misma capital estaba no sólo en esa situación, si­ no sometida, desde medio año atrás, a un severo loque de queda entre la una y las cinco de la madrugada. El terrorismo no disminuía pese al control militar, y la política estrictamente represiva demostraba, una vez más, su fracaso. Ai continuar la provocación con atentados y asesinatos, determinados sectores de la derecha difundieron la hipótesis de que el estado mayor del terro­ rismo se encontraba en los penales, y plantearon la necesidad de desbaratarlo por cualqueir medio, al juzgar que gozaban de una extraña extraterritorialidad. El lunes previo a la tragedia, un general retirado del Ejército, ministro del Interior con la dictadura militar y ministro también del gobierno constitu­ cional del arquitecto Bclaúnde, dijo abiertamente, cuando se le preguntó por la negativa de los intemos acusados por terrorismo a ser trasladados a un nuevo

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penal, que "si quieren ir muertos, habría que darles gusto". Los motines carcelarios no eran novedad. Sendero había proclamado que las prisiones eran "luminosas trincheras de combate" y desde enero de 1985 ha­ bía promovido ocho acciones de este tipo. Hasta el nuevo gobierno, todas se habían solucionado pacíficamente, pese a que también se capturaron rehenes y armas. Inclusive, orí junio de 1985 hubo un motín coordinado en las mismas tres prisiones. Los presos pidieron ser reconocidos como prisioneros de gue­ rra, que se agilizaccn los procesos judiciales, mejoras en la alimentación, am­ pliación de horario djf visitas, etcétera. Tomaron a seis personas, armas inclui­ das. Belaúnde no pensó que desde la prisión lo iban a desestábi fizar y, con sa­ gacidad, sus funcionarios otorgaron la categoría de "presos especiales", com­ prometiéndose a mejorar la infraestructura y entregarles el dinero qüe se gasta­ ba en alimentación. El siguiente acto ocurrió con el gobierno aprista. El 4 de octubre de 1985, más de 250 internos organizaron una protesta en el Pabellón Británico de Lurigancho. Esta vez. el gobierno hizo sentir su autoridad de otra forma. Por primera vez hubo muertos. Se utilizaron cargas de dinamita para destruir las paredes y hasta se recurrió a una enorme pala mecánica para abrir un fora­ do. Treinta internos murieron, según la versión oficial (sostenida por el pro­ pio ministro de Justicia, Luis Gonzáles Posada), por obra de sus compañeros, en el fuego de los colchones que ardían para impedir el ingreso policial. Nunca se pudieron comprobar las autopsias. Los internos llevaron su indignación contra la verdad oficial al extremo que tres semanas después volvieron a tomar cinco rehenes, exigiendo que se aclare la muerte de sus camaradas y la entrega de los cadáveres a los, deudos. Los rehenes fueron canjeados por un grupo de periodistas que se ofreció voluntariamente. El hecho culminó con la firma de su acta que ratificaba su condición de presos especiales y con su traslado al fa­ tídico Pabellón Industrial, inmensa área de tres mil metros cuadrados, que co­ mo su nombre lo indica, cuando se construyó iba a servir para poner talleres de trabajo. Los motines, no eran, por cierto, especialidad de los detenidos políticos. En esc mismo lapso, se habían producido once motines de presos comu­ nes en cárceles de Lima, Arequipa, Piura, Cusco, Huánuco, por motivos siem­ pre recurrentes en las penitenciarías peruanas, que, pese a su nombre de "cen­ tros de rcadaplación social" —que algún aficionado al humor negro le dió en los membretes—, siguen siendo infiernos donde los hombres viven hundidos jen la inmundicia, como lo experimentó en carne propia José María Arguedas medio siglo antes. El octavo motín —junio de 1986— no era, pues, novedad alguna. Sólo una percepción alterada de la realidad podía suponer que el gobierno istaba en peligro. Los detenidos ni siquiera habían tomado las cárceles. No ha­ bían dado un paso fuera do sus pabellones. Era un evidente acto de propaganda / presión que, sin duda, quería aprovechar de la presencia en Lima del Congre;o del Internacional Socialista.

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de 1986 y la de abril y mayo de 1987 el punto no fue siquiera locado pese a que existían en mesa las respectivas mociones demandando sü rcgularización. Una situación particular se creó al conseguir todas las fuerzas de oposi­ ción que se aprobase la interpelación al Gabinete presidido por Luis Alva Cas­ tro para que concurriera a la Cámara de Diputados a fin de responder a las pre­ guntas presentadas. Alva se encontraba durante el mes de junio cn China y no tuvo participación por tanto cn ninguna de las decisiones lomadas. Sin embar­ go, asumió toda la responsabilidad como presidente del Consejo de Ministros, y luego de un largo y accidentado debate, la mayoría le otorgó un voto de con­ fianza, ratificando al pie de la letra la versión presidencial sobre lo ocurrido. En los meses siguientes, nuevos testimonios de sobrevivientes y trabaja­ dores reabrieron el lema. En el Frontón, la Marina de Guerra seguía, siete me­ ses después, informando de cuerpos rescatados de entre los escombros y tras­ cendían documentos sobre las tumbas donde yacían los restos, desperdigadas en más de quince cementerios, algunos a doscientos kdómetre», de Lima. El PCP-Sendcro Luminoso, avaro siempre en declaraciones y documen­ tos públicos, ediló, en junio de 1987, un pronunciamiento de su Comité Cen­ tral titulado "¡Gloria al Día de la Heroicidad!", nombre con el cual consagraba la inmolación de sus militantes. Él documento dio una extensa versión de los hechos, con una presentación de Abimacl Guzmán y una evaluación de lo que califican como un "plan premeditado de genocidio". Era evidente no sólo la vigencia del tema, sino el imperativo moral de conocer más a fondo lo que realmente ocurrió. Los emisarios del gobierno hacían denodados esfuerzos por mejorar la imagen externa, difundiendo" urbi el orbi", la tesis de los "excesos" y pro­ clamando que los responsables había sido castigados, lo que, por cierto, dista­ ba mucho de la verdad. jj ’ En esas circunstancias, acrecentadas porque la espiral de violcncia.no se había detenido cn absoluto y porque la represión oficial seguía su curso cn los mismos términos, la izquierda postuló con fuerza, al reiniciarsc la nueva legis­ latura, la exigencia de que se regularizase el funcionamiento de la prometida Comisión. Ciertas pugnas intestinas cn el partido de gobierno y alguna confianza en presionar desde el poder sobre el veredicto de la Comisión, permitieron que los nuevos presidentes de las cámaras se comprometieran públicamente, inme­ diatamente después de sus respectivas designaciones, a anunciar la instalación de la Comisión. Como uno de sus integrantes, durante tres meses de trabajo —entre agos­ to y noviembre de 1987—, pude ampliar la información y los testimonios que habíamos logrado obtener desde los sucesos mismos, gracias a la versión de los trabajadores. Consolidamos, así, la posibilidad de hacer un deslinde más claro de las decisiones tomadas y de las responsabilidades competentes, al te­ ner acceso a documentos que hasta entonces habían permanecido cn secreto, i Así mismo, la larga serie de entrevistas con autoridades políticas y militares ! constituyen pruebas valiosas para deslindar posiciones. ■ 20

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El análisis de los hechos, la confrontación de versiones y la revisión de laswrmas vigentes, nos permitirán precisar como se comportó el pX mlííico en esta crisis que ha desgarrado la historia contemporánea del Perú.

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LA ORDEN DEL PRESIDENTE

las seis de la mañana del 18 de junio de 1986,152 senderistas interna­ dos en el Pabellón Azul del Frontón, 124 del Pabellón Industrial de Lurigancho y 64 mujeres detenidas en la pequeña cárcel de Santa Bár­ bara, en el Callao, toman en rehenes a tres guardias republicanos, a un agente civil desarmado y a la directora y otras dos funcionarías del penal femenino. Sólo en el caso de la isla logran apoderarse de tres fusiles y una metralleta. Comunicadas las respectivas autoridades, el presidente de la república de­ cide convocar de inmediato un Consejo de Ministros extraordinario. Desde las diez de la mañana empiezan a llegar a Palacio de Gobierno los primeros minis­ tros. Por fin, cerca del mediodía, de acuerdo con el acta oficial empieza la se­ sión. Aunque había varios ministros ausentes por lo imprevisto de la crisis, concurren como invitados los miembros de la Comisión de Paz, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Manuel Aquézolo, senadores apristas co­ mo Armando Villanueva y Andrés Quintana, los miembros del Comando Con­ junto y el viceministro del'Interior, ex secretario privado de Alan García antes de ser elegido. En ese documento consta que el Presidente es quien informa a los presen­ tes de la toma de los penales por parte de lo que el lenguaje oficial denomina "delincuentes subversivos". Esta acción habría sido motivada, de acuerdo a su interpretación, con el objetivo de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, "aprovechando la presencia en Lima de más de 500 periodistas extranjeros" que asistían al Congreso de la organización socialista. Es el mismo presidente quién evalúa que se trata de "una situación de chantaje que como gobierno democrático no podíamos aceptar", añadiendo que

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a ello se han aunado paralizaciones gremiales "para crear un clima de desestabi­ lización y desprestigio del gobierno, lo que no se va a permitir". De esta inteiprctación fluye que había una especie de agresión directa, ca­ si personal, cuyo propósito no era sólo la propaganda —y merced a ella—, conseguir un pliego de reivindicaciones, sino que, a juicio del jefe del Estado, el propósito real era desestabilizar al régimen y desprestigiarlo. Era un poco difícil explicar cómo un gobierno puede ser derrocado por un puñado de prisioneros que ni siquiera habían salido, no sólo de las peniten­ ciarías sino que no habían dado un paso fuera de sus pabellones internos. En consecuencia empieza a dramatizarse sobre la conexión con otros sucesos. Entonces se habla de las huelgas cn curso, algo por lo demás habitual en un país que arrastra una crisis económica que tiene más de una década y que ha provocado una decena de paros nacionales. Por si el argumento fuera poco -convincente, se informa también de que varios policías,han sido asesinados. No se dice por quiénes, con la exactitud que se requería;!pero se insinúa la co­ nexión. Poco después se comprobó que fue un solo caso, obra de delincuentes comunes. También se cuenta que hay bombas en las iglesias, para completar el cuadro que se avecinaba. Esto nunca pudo probarse y jamás ningún párroco denunció que alguna horda incendiaba su templo. Sin eiribargo nadie se tomó el trabajo de verificar lo que se decía porque quizá el Presidente no podía men­ tir. Al parecer impresionados, o acostumbrados a no discutir, demasiado, los ministros concúcrdan con esa apreciación y deciden que Cía necesario "restable­ cer el orden en los penales con la máxima nergía que permite la ley, preservan­ do en lo posible la vida de los rehenes y rescatando el principio de autoridad". Luego consta que el Presidente es quien ordena leer el primer comunica­ do que se va a dar a conocer a la opinión pública sobre Ja situación y las accio­ nes que se han adoptado. En este comunicado se reiteran las apreciaciones ante­ riores: "Las cárceles no pueden convertirse en territorio ajeno a la autoridad del Estado". Se agrega que, "como complemento al amoli/uimiento el día de hoy han sido asesinados varios efectivos de las instituciones policiales cn las ca­ lles, habiéndose colocado explosivos en algunas iglesias y alentándose desórde­ nes callejeros...". El anuncio termina con una frase que define perfectamente cuál era la caracterización que de los sucesos tenía el presidente: "El Gobierno cumplirá con restaurar el orden nacional perturbado" Si los rebeldes deben de haberse sorprendido al constatar que el Ejecuti­ vo les reconocía la extraterritorialidad alcanzada en los escasos metros cuadra­ dos en que se hacinaban, más desconcertado queda el país cuando, luego de sie­ te años de alzamiento armado, estados de emergencia, toque de queda, fosas co­ munes, desaparecidos miles de muertos y veinte motines carcelarios, sólo esa mañana un gobierno reconoce que el orden nacional estaba perturbado. Aquella fue la frase necesaria para acordar que la intervención quedase a cargo de las Fuerzas Armadas. Paralelamente se da un encargo que podía hablar de un ánimo pacifica­ 24

dor: él señor presidente dispone que los miembros de la Comisión de Paz se trasladen al mismo lugar de los acontecimientos para que persuadan a los pre­ sos a fin de que depongan su actitud. "Se dispuso", dice el Acta, "que se espere un tiempo prudencial para que los subversivos puedan atender el requerimiento de la Comisión de Paz. Si transcurrido este tiempo no hqbiera respuesta posi­ tiva, entonces las fuerzas del orden deberán ¡actuar inmediatamente con rigor, pero dentro de la ley, para restablecer el orden".

A la mañana siguiente de la masacre, el doctor Femando Cabicscs, presi­ dente de la Comisión declara a una radio local que el jefe del Ejecutivo se había mostrado renuente a la intervención de la Comisión de Paz y que quiere dejar en claro que sus miembros acudieron por propia iniciativa. Inclusive, cn esa misma entrevista y en otros comentarios periodísticos, confirma que sus inte­ grantes estuvieron poco menos que de casualidad en Palacio, puesto que esta­ ban más bien preparando una presentación para el día siguiente, en uña reu­ nión regular del Consejo de Ministros. Esto dice mucho del poco ánimo que existió desde el principio para ac­ tuar de manera racional y civilizada, y para buscar mediadores legítimos que pudieran tener la autoridad y el tiempo para negociar una solución incruenta al conflicto. Es más, los propios conformantes de esa entidad declararon a la Comi­ sión del Congreso que ellos se hicieron presentes por propia decisión y que su capacidad de acción era limitada a interponer sus buenos oficios. Alguno de ellos sostuvo que la reunión del Consejo fue desordenada y con visible presen­ cia de uniformados, intuyendo así el tipo de solución final que pensaba darse al problema. Ello no és difícil de deducir puesto que se les concedía un impre­ ciso "tiempo prudencial" para intentar un diálogo sin poderes definidos.

El Consejo no discute cn ningún momento las alternativas normalcs.cn este tipo de acontecimientos. No hay un informe sobre los antecedentes y los diversos métodos para negociar c incluso actuar buscando el mínimo (je vícti­ mas para debelar la rebelión. Ni siquiera se conoce en que consisten las reivin­ dicaciones de los amotinados. Nadie se ha tomado el trabajo de llevar los plie­ gos que, cn idéntico contenido, son propuestos en los tres lugares. Hay una extraña premura, tanta, que se acuerda restablecer el orden con lá máxima energía. Aunque se añade la frase que permite la ley, ésta, cn reali­ dad, no fue otra más que la ley de la selva. Incluso la consideración sobre las personas tomadas en rehenes no es precisamente la más adecuada: se habla de preservar su vida en lo posible. Sobre la vida de los internos no se dice absolu­ tamente nada. Esto es gravísimo, más aún si nos rige una Constitución que, por propuesta del mismo Partido Aprista, no sigue el esquema clásico de em­ pezar por la organización política del Estado y la definición del carácter de la re­ pública, sino que su primer título se refiere a los derechos y deberes fundamen­ tales de la persona, proclamando solemnemente en el artículo primero que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. No sólo, pues, había que recurrir al sentido común para enfrentar la cri-

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sis de los penales y utilizar los medios normales para controlar la situación, si­ no que, además, los gobernantes habían proclamado una Constitución huma­ nista. Alan García fue miembro de la Asamblea Constituyente que votó la nueva carta, del Estado. • ' Por si ¡fuera poco, en la misma sesión se decide comunicar la resolución tomada a cuatro importantes personajes, enviando como emisarios a los pro­ pios ministros: al cardenal primado de la Iglesia Católica, al presidente de la Corte Suprema, al expresidente Belaúnde Terry y al alcalde de Lima y presiden­ te de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán. No se conocen los términos exactos de la conversación que sostuvieron con los emisarios oficiales pero si que se les informó de la decisión tomada. Lo que positivamente se sabe, es que ninguno de ellos hizo público, en el momento oportuno su rechazo a los métodos que se iban a emplear, actitud que no hubiese estado de más dado el peso moral, político y legal de los consultados. La reunión le encarga a cada arma el control de un penal: a la Marina de Guerra, El Frontón; al ejército, Lurigancho, y a la Fuerza Aérea, Santa Bárba­ ra. A Los ministros respaldan por unanimidad la "valiente y serena" decisión presidencial. Por último, "el Señor Presidente de la República... ordenó al Co­ mando Conjunto que iniciase de inmediato los operativos de restablecimiento del orden de los Penales". En poco más de hora y media se había tomado una de las decisiones más terribles que gobierno alguno había adoptado antes: convertir el debelamiento en una operación bélica. Esta reunión fue conducida de principio a fin por el primer mandatario. Fue él quien explicó el carácter de la situación, dio los informes que consideró convenientes y ordenó leer el comunicado que resumía la situación. La subjeti­ vidad que cegaba sus apreciaciones era tal que ningún ministro se atrevió a so­ licitar no sólo pruebas de lo que se afirmaba, sino a discutir siquiera la medi­ da, pese a que no tenía precedentes. Nadie preguntó por qué para sofocar una si­ tuación como la creada no se recurría a los medios normalmente utilizados. Nadie convino en quién supervisaría las gestiones de la Comisión de Paz y quién decidiría que era el "tiempo prudencial". Ninguno, para vergüenza suya invocó que no se derramase sangre. Nadie, salvo el presidente, dijo nada, a excepción del unánime saludo a la valiente decisión que en el momento opor­ tuno gesticularon los señores ministros.

De allí en adelante, el presidente de la república opta por asumir, en la práctica, sus funciones como jefe supremo de las-Fuerzas Armadas, y como tal establece una línea de mando directa con el Comando Conjunto para trans­ mitirle sus órdenes y recibir, minuto a minuto, noticias sobre el curso de las operaciones.

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ELFRONTON: LA EJECUCION SALVAJE

fines de junio de 1986, por requerimiento de la Comisión Permanen­ te del Congreso, presidida entonces por Luis Alberto Sánchez —quien, a su vez, es el primer vicepresidente de la república, el presi­ dente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, general del Ejército Gui­ llermo Monzón Arrunátegui, envía un informe sobre la misión asignada. Es interesante ver cómo apreció el Comando Conjunto el.Carácter de la orden recibida y como debía ejecutarla. El informe empieza señalando que el Comando Conjunto fue invitado a participar en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio, lo que habi­ tualmente no sucede, por depender en todo caso del jefe supremo de las Fuer­ zas Armadas, y para cuestiones administrativas, cada arma se relaciona con su respectivo ministro, w» Según Monzón, en la sesión reseñada, por unanimidad se acordó: — La emisión de un comunicado (el que citamos al analizar el Acta) — La participación de la Comisión de Paz en busca de disuadir a los amoti­ nados, — Encargar al CCFFAA llevar a cabo las acciones destinadas a: a. restablecer el orden y el principio de autoridad; b. rescatar a los rehenes en poder de los elementos subversivos; c. recuperar las armas capturadas a los rehenes; d. apoyar el traslado de los delincuentes subversivos al penal Canto Grande. — La acción de los elementos dirigidos por el CCFFAA, debería ejecutarse sólo después de la gestión de la Comisión de Paz y en el caso de que no tuviera éxito. A continuación subraya que para dar cumplimiento al acuerdo indicado, el gobierno dispuso que las fuerzas del orden "en el cumplimiento de su mi-

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sión actuaran con energía y decisión para alcanzar los objetivos previstos en el menor tiempo posible" (pág. 2 del informe) Luego proporciona un dato que no está registrado en el Acta del Conse­ jo, que es la política a seguir para informar a la opinión pública: "Se estable­ ció que ello se haría mediante comunicados oficiales, con aprobación de la Pre­ sidencia de la República"; y haciendo un recuento, dice: "...durante el desarro­ llo de los sucesos se han emitido un total de seis comunicados; los dos prime­ ros formulados enteramente por el gobierno (Secretaría de Prensa de la Presi­ dencia de la República); los cuatro siguientes formulados también por dicha Secretaría, en coordinación con el CCFFAA, todos ellos aprobados por la Pre­ sidencia de la República". De esto queda claro que no hubo ninguna actuación autónoma de las Fuerzas Armadas, sino que sus pasos eran controlados por el jefe supremo, in­ cluso hasta en el detalle de los comunicados. :L' Lo más relievante, es sin embargo; que ya aparece con claridad que los operativos deben realizarse no sólo con el máximo dé energía, sino en el me­ nor tiempo posible. Esto es sustantivo, pues a partir de aquí se explica el esta­ do de ánimo de acabar cuanto antes con el asunto, aunque no existiese ningún dato de la realidad que así lo demandase, aparte de la particular apreciación ofi­ cial sobre el "orden perturbado" y la seguridad amenazada, por un grupo de pre­ sos que seguían, valga la redundancia, prisioneros y que no habían intentado siquiera fugarse. El contingente más peligroso, de acuerdo a la visión de las autoridades, era el que estaba recluido en el Frontón. Sendero Luminoso había convertido a los penales en "luminosas trinche­ ras de combate", desarrollando en ellas una gran actividad ideológica y buscan­ do preparar a sus cuadro contra "el genocidio en curso", conforme advertían en sus evaluaciones políticas. Su actitud era de permanente combatividad, como lo demostraban la media docena de incidentes previos y ella se había redoblado desde los treintaicuatro muertos en octubre de 1985, día que ellos inscribieron en su calendario como el del "Prisioneros de Guerra", Fue precisamente en el Frontón donde habían sostenido un áspero diálo­ go con el primer director aprista del Instituto Penitenciario, cncuenlro-que el país vió por la televisión. . Sendero, por cierto, se curaba cn salud, porque su accionar violento y el terror selectivo que aplicaba no .había disminuido sino que con el Correr del tiempo se hacía más preciso y despiadado. ' Semanal antes, cn Mayo, un comando de "aniquilamiento" había asesi­ nado al contralmirante Ponce Canessa y poco después atontan sin éxito contra el secretario nacional de organización del Apra. En la primera semana de ju­ nio, en la ceremonia de la J ura de la Bandera, en el centro de Lima, hubo un se­ rio atentado que dejó cuatro muertos. Al mismo tiempo, sus abogados desarrollan una intensa campaña legal de acusaciones y denuncias contra el Estado por el incumplimiento de las actas

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firmadas y la aplicación de un plan genocida. A raíz del asesinato del contralmirante Ponce, el ministro de Marina dice que con eso "han despertado al león”, amenaza que los defensores mencionan para interponer un recurso de amparo, que el juez avala el mismo día de la ma­ sacre. Si bien este cuadro de violencia alimentada por la subversión y aplica­ ción persistente y creciente del terror de Estado, no era nuevo, otra vez sirvió para levantar con fuerza la campaña para reintroducir la pena de muerte cn la Constitución, sanción derogada al limitarla a los casos de traición a la patria durante guerra exterior. Los propios ministros de Marina y de Guerra, asi co­ mo importantes figuras del Apra y la derecha, se mostraban partidarios de la misma. El día de los hechos, los detenidos, en el momento del "desencierro", to­ man en rehenes a tres republicanos: al cabo Soldcvilla y a los guardias Mayta y Pérez Ellis, arrebatándoles tres fusiles G3 y una pistola ametralladora. Al poco tiempo, sé constituyen en la isla las autoridades civílcS que tie­ nen competencia cn estos casos, de acuerdo con las normas legales. La Guar­ dia Republicana, encargada por ley de la vigilancia perimétrica, refuerza sus efectivos, que normalmente eran sesenta, puesto que existían también 262 pre­ sos comunes en la vieja y rehabilitada colonia penal. Resulta sintomático conocer, por los testimonios recogidos, que estas personas, el director del penal, el juez de ejecución penal, el fiscal provincial de tumo, el jefe del destacamento de la Guardia Republicana y otros funciona­ rios penitenciarios de menor rango, pese a que habían cumplido con informar a sus superiores, consideraron durante ocho horas que la situación era perfecta­ mente manejable dada la experiencia que tenían y el hecho evidente de que por hallarse cn un angosto extremo de la isla, físicamente no tenían mayor posibi­ lidad de resistencia ni de fuga. Esta táctica habitual, que podía llevar el conflicto a una solución, fue abruptamente corlada, 'f Las demandas de los reclusos no eran muy distintas de las que habían ex­ presado cn otras ocasiones. ¿Qué pedían? En una hoja manuscrita escrupulosamente, titulada "De­ mandas", incluían los siguientes puntos: "1. Respeto a las actas del 16 de julio y 31 de Octubre de 1985 suscritas por representantes del Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial, Ministe­ rio Público, de una parte y de la otra por los representante^ de los presos especiales. ; "2. Garantías contra el nuevo genocidio que trama el gobierno aprista, la Marina y demás reaccionarios contra los internos por terrorismo. "3. No al traslado a provincias de los procesos judiciales; ni de los presos es­ peciales. Derogatoria del artículo segundo de la ley 24495». "4. Aumento del socorro alimenticio a un mínimo de quince iritis diarios, para todos los penales se hará extensivo este beneficio. "5. Destitución del Presidente del INPE, Manuel Aquézolo por ser cómplice 29

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del genocidio del 4 de Octubre de 1985 en Lurigancho. Entrega de los cadáveres de los asesinados el 4 de Octubre de 1985 a sus familiares dando cumplimiento a la resolución del primer tribunal correc­ cional de Lima del 4 de Octubre de 1985. Traslado inmediato de los dieciseis internos por terrorismo en Canto Grande a los pabellones donde se encuentran los presos especialesen Lu­ rigancho o El Frontón.

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Cese de las amenazas y pcrsecusiones y detenciones a los familiares de los presos especiales por parte de la Marina de Guerra, de DIRCOTE y del gobierno aprista. ”9. Cierre del penal de Canto Grande por ser contrario a la dignidad humana. "10. Que se deje sin efecto el recorte de los días domingos y feriados para el cómputo del dos por uno. "11. Aceleración de los juicios, por el respeto al derecho a la defensa. "12. Anulación de la disposición del INPE de prohibir el ingreso de todo tipo de frutas y de envases de plástico, por ser contrario a la salud de los inter­ nos políticos y comunes. "13. Dcsti tución de empleados provocadores... "14. Erradicación de los basurales en Lurigancho. "15. Suministro de luz las 24 horas del día en El Frontón. " 16. Reparación del sistema de agua, desagüe y eléctrico en El Callao y Luri­ gancho. "17. Contra las requisas, por ser masacres y robo para los internos. "18. Atención, tratamiento y suministro de medicinas para los internos que se encuentren enfermos. Evacuación a los hospitales de los enfermos. Aumento del presupuesto para la salud en un cieíi por ciento. "19. No a la intervención de la Marina de Guerra en El Frontón, ni a las revi­ siones humillantes a los familiares de los prisioneros de guerra por efec­ tivos de la Marina. 1■ "20 Por el cese de la nefasta política de desaparecidos. "21 Apoyo a las luchas populares en el Perú y a luchas de los detenidos so­ ciales, presos políticos y prisioneros de guerra en el mundo. "22. Entrega de materiales de limpieza, catres, colchones, sábanas, frazadas, pijamas •para todos los internos del Perú. ,i. "23. Que se nhga efectiva la extensión de los beneficios correspondientes a los presos especiales en todo el país. "24./Ninguna represalia contra los internos especiales, ni contra sus familia­ res y abogados. "25. Publicación de estos acuerdos y de las actas del 16 de julio y 31 de octu­ bre de 1985. "26. Presencia de los periodistas en la suscripción de los acuerdos y en la eje­ cución de los mismos".

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Al conocer esta lista, quienes ya tenían experiencia en la materia entendieron que el tema era negociable, el primer punto así lo recordaba: ya se habíáfirmado dos actas previas, que concedían reclamos que ahora se volvían a hacer, sobre todo los que tenían que ver con la vida en la prisión. A ello se añadían solicitudes atendibles por un mínimo de sentimiento humanitario, como la devolución de los cadáveres enterrados en secreto luego de la matanza de octubre de 1985. Es cierto que incluían planteamientos políticos como el cese de funcionarios y otros puntos que pueden sonar patéticos sino fuesen realidad en el país, como el cese de las desapariciones. Las autoridades que conocieron esto sabían que eran puntos sobre los que se podía conversar, ya que en lodos los casos anteriores, no sólo las personas capturadas habían sido liberadas, sino hasta las armas entregadas, con excepción del ya mencionado 4 de octubre. Esta vez no fue así. Ya desde poco antes de las 11 de la mañana, jueces y fiscales habían tenido dificultades para trasladarse a la isla, pue&o que la Marina tenía orden de no llevar a ningún juez, por disposición del Comando Conjunto. Dato singular, porque a esa hora aún no se había iniciado el Consejo de Ministros y, sin embargo, ya existía la disposición. Hacia las 2. y 30 de la tarde, llega un helicóptero con los tres miembros de la Comisión de Paz, el senador Quintana, (de la Comisión de Derechos Humanos de su Cámara) y el general de la Guardia Republicana Raúl Jares Gago. Minutos después lo hace otro helicóptero de la Fuerza Aérea con el viceministro del Interior, Agustín Mantilla, y cuatro reporteros de la tele­ visora estatal. En esos momentos llegaban también refuerzos policiales y destacamentos de la Marina de Guerra a tomar sus emplazamientos. La actuación de,la Comisión de Paz fue muy breve. Se limitaron a leer una invocación que la habían ido borroneando, en el vuelo porque, según decla­ ró el doctor Rodríguez Rabanal, no tenían ningún poder de negociación ni de diálogo y su misión se circunscribía a la lectura de la corta invocación. Después de esta fugaz intervención, al no poder establecer ningún diálo­ go, ya que desde el lugar donde hablaron con megáfono la distancia lo hacía in­ viable, optaron por retirarse. El "tiempo prudencial” parecía haberse cumplido, aunque todo fue convenientemente filmado por el canal del Estarlo y luego di­ fundido varias veces como prueba de la buena voluntad del gobierno.

Al retirarse, el juez, el fiscal, el director, y el senador Quintana deciden trasponer la reja de ingreso al patio del pabellón, y sólo al acercarse pueden re­ almente conversar con los detenidos. Estos insisten en la formación de un co­ mité de intermediarios del cual participen sus abogados y familiares. Los jue­ ces vislumbrar tratos en curso, aunque no deja de ser anecdótico el papel del se­ nador Quintana quien sin mayor explicación venía del Consejo de Ministros. El se había quedado por propia voluntad e incluso había ingresado a conversar , directamente, como no lo había hecho la Comisión de Paz. El mismo se encar­ gó de aclarar que no tenía ninguna atribución, con lo cual sus interlocutores le 31

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agradecieron su,buena voluntad, pero le dijeron, a su vez, que su presencia no les servía para nada. En este panorama ya se habían sucedido diversos incidentes entre las fuerzas del orden y los civiles. Por un momento el general Jares Gago preten­ dió tomar el control del penal, lo que, dada su ilegalidad, fue enérgicamente re­ chazado. Más la presencia —que desde entonces se convirtió cri permanente— del viceministro Mantilla, hombre de plena confianza del presidente, le otorgó el verdadero cariz a las cosas. Según uno de los jueces que declaró ante el Con­ greso, ese personaje civil vestía gorra, casaca de comando y portaba metralle­ ta, acompañado de una persona de seguridad que no era miembro regular de las fuerzas de intervención. Fue Mantilla el que le anuncia al director Rojas Mar, que el control ha sido encomendado al Comando Conjunto por el gobierno, siendo desautoriza­ do para seguir en funciones. Esto le causa a Rojas una profunda exlrañcza proque el procedimiento era absolutamente ilegal. Protesta por ello y deja constan­ cia en un acta, que no se responsabiliza por la pérdida de vidas, puesto que cn ningún momento, tal como lo autoriza el Código de Ejecución Penal, había solicitado la presencia de fuerzas policiales y, por cierto, no existía dispositi­ vo alguno que permitiera la presencia de fuerzas militaros en un establecimien­ to público. En desesperadas comunicaciones radiales con sus superiores le llega el aviso de que no tiene efectivamente nada que hacer puesto que las fuerzas arma­ das iban a tomar el control del penal "cn vías de ejecución salvaje". En el informe del general Monzón constan las disposiciones bélicas adoptadas por la Zona de Seguridad Nacional del Litoral, que era el mando polí­ tico-militar de la zona en emergencia. Se encargaron las operaciones iniciales a los elementos de la Guardia República bajo el mandó del general Jares, así como la preparación para actuar de la Fuerza de Operaciones Especiales, un cuerpo de élite, experto, entre otras cosas, en tareas de demolición y de un des­ tacamento de la Infantería de Marina, una de las más eficientes secciones de combate de las fuerzas navales. Siendo las 17.14 horas, se lee en la página 18 que "el jefe de Grupo de FOES, a requerimiento del Sr. Viceministro del Interior Dr. Agustín Manti­ lla, inició las acciones de demolición..." » El papel que desempeña Mantilla tiene particular significación. Según ha declarado, se hace presente cn la isla por decisión del gabinete ministerial, aun cuando esto no consta cn el acta oficial del Consejo. Su superior inmedia­ to, el ministro del Interior, Abel Salinas, sostiene que su misión se limitaba a acompañar a la Comisión de Paz y que no sabe por qué se quedó, aunque tiene la versión de que pasó la nochéeon los empleados cn la administración toman­ do café y contando chistes. En una de las escasísimas entrevistas que alguna vez haya concedido, Mantilla responde a la revista "Cambio", el 3 de julio de 1986, que el no fue testigo de ningún exceso, negando que hubiese intervenido cn la dirección del 32

operativo. Mantilla admitió que podía pecar de ignorante cuando lo interroga­ ron sobre la inconstitucionalidad de la intervención militar, porque desconocía los dispositivos del caso. Ante la Comisión bicameral, declaró que durmió en­ tre las cero horas y hasta que salió el sol. Argumentó que no pudo regresar por­ que no existía un medio de transporte adecuado y que tampoco existía una ra­ dio para comunicarse con otras autoridades. Esta defensa, ensayada por un estrecho colaborador del gobernante, resul­ ta francamente deleznable al cotejarla con todos los demás testimonios. Manti­ lla se quedó durante veinticuatro horas, y según todas las demás versiones, de­ sempeñó un papel activo. La comunicación por aire y mar era permanente pues, según versión militar, existió relación ininterrumpida de los mandos del operativo con sus cuarteles generales de Lima y Callao. Mantilla es un viceministro por lo menos singular. Es el único funcio­ nario de ese rango que participa en cuanto operativo de corte policial o militar se realiza. Desde las operaciones contra el narcotráfico hasta persecución de subversivos o conflictos policiales, su presencia es constante. Medios periodís­ ticos de distinto signo ideológico lo han encarado por hacerse acompañar de una guardia de corps ilcgalmentc armada. De lo que no hay duda es de que se trata de un hombre de absoluta confianza del presidente Alan García. . Entre las cinco dc.la tarde y las tres de la madrugada del día siguiente, la estrategia de intervención combinada de la Republicana con el apoyo del equi­ po de demolición de la Marina no da mayores resultados. Durante diez horas el bombardeo con cañones de 81 milímetros y las explosiones que derriban parte del edificio no logran vencer la resistencia. Esta se producía sólo con tres fusi­ les con dos cacerinas de 36 balas cada uno; es decir poco más de doscientas ba­ las que con mortífera eficacia les causan tres muertes a los marinos y más de una docena de heridos. Por cierto que la potencia de fuego ofensiva era infini­ tamente superior y se empleaba no precisamente para salvaguardar la vida de los presos sino con la evidente intención de eliminar al enemigo, con si fuese una batalla en igualdad de condiciones. Pese a que los cañonazos retumbaban hasta los distritos costeros y las centellas de la muerte iluminaban la noche, los senderistas no se rendían. Entonando cánticos que desesperaban a los ata­ cantes y respondiendo con armas artesanales, sorprendieron a los endurecidos mandos navales, quienes decidieron dejar de lado a la policía y encabezar direc­ tamente el ataque con decenas de efectivos de su infantería. Seis horas después, entrada ya la mañana del 19 de junio, el propio co­ mandante general de la Marina de Guerra del Perú, decide ir en persona a ver co­ mo era que sus experimentadas tropas no lograban acabar con un enemigo casi desarmado y que ni siquiera había salido del edificio semideslruído. Los cohe­ tes, las granadas, las bombas incendiarias, las cargas plásticas, la fusilería ha­ bía causado sin duda ya muchas bajas, pero nadie se rendía. En la versión de Sendero, cuyo parte de batalla coincide en horas y he­ chos básicos con el de sus atacantes, hacia las cuatro de la tarde reseñan que uno de sus dirigentes proclama que: "Hemos cumplido la resistencia, es para

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la historia, una resistencia en que se ha visto de lodo; rehenes, enfrentamien­ to, aniquilamiento, resistencia de más de veinte horas, ni un solo grito de que­ ja ni dolor, nuestros enemigos nunca podrán... la guerra popular es invenci­ ble..." Ellos mismos reconocen que con la llegada del vicealmirante Nicolini se producen intervalos de 15 minutos en el fragor del combate para instarlos a la rendición, pero que el combate seguía. Finalmente, acceden a sacar a los heri­ dos y a los rehenes. Les pidieron que entreguen las armas y según la dirección de SL, "los compañeros botaron los fals malogrados" y "los combatientes que sacaron a los rehenes fueron fusilados"

En parte, la capacidad de resistencia se explica proque los reclusos habí­ an logrado cavar zanjas y túneles donde podían refugiarse algunos de ellos. De todas formas su lucha fue sobrehumana y paradójicamente un año después recibían un impensado aunque reservado homenaje del jefe de la Mari­ na quien, comentó que "con cinco mil de éstos no perdíamos la guerra con Chile”. Si bien convertir en un campo de guerra el intento de sofocar la resisten­ cia en un territorio de escasísima dimensión y en el extremo sin salida de una pequeña y desértica isla de la cual casi nadie había podido escapar jamás con vi­ da por las fuertes correntadas marinas, lindaba con el más delirante surrealis­ mo, lo que pasó después fue todavía peor. Cualquier mortal hubiese sugerido la idea elemental de negociar y aislarlos¡ si aún cabía el concepto, utilizando recursos tan simples como cortarles los servicios si es que no se quería dar la imagen de "pérdida de autoridad". Pero el objetivo era eliminarlos. El gobierno seguía minuto a minuto las operaciones y sabía perfecta­ mente lo que estaba pasando. La línea de mando iba del Comando Conjunto al jefe de la Zona del Litoral y llegaba a los comandantes operativos. Los almi­ rantes jamás dudaron sobre el tipo de orden que se les había dado. Se trataba de actuar con el máximo de energía y en el menor tiempo posible. Eso mismo es reiterado por el general Monzón, y los oficiales generales han sostenido, a su vez, que no podía desobedecer la orden porque provenía del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si la orden de acabar con su rival se la diesen a un filósofo probablemen­ te se demoraría años preparando una tesis contraria. Pero en este caso era ob­ vio, como lo dicen, ellos mismos que la orden era una orden de guerra, es de­ cir, la maquinaria de muerte debía echarse a andar con máxima energía y con­ cluir lo más rápido que se pudiese. Con eso estaba dicho todo. .. ,oo, La orden no fue jamás revocada, ni siquiera puesta en duda durante largas horas de horror. Hacia el mediodía del 19, el secretario general del Partido Aprista e inmi­ nente presidente del Congreso, Armando Villanueva, llegó en helicóptero a constatar cómo andaban las acciones, según los precisos partes militares, Vi­ llanueva se retiró a los 39 minutos.

Hacia las dos de la tarde según esos mismos documentos, los infantes lo­ gran por fin ingresar y empieza una lenta salida de los subversivos hasta lle­ gar a 28, más dos de los tres guardias retenidos, comprobando la existencia de cadáveres entre los escombros y la subsistencia de internos en las excavacio­ nes. A las 15 y 16 se retira el viceministro Mantilla, seguramente cansado luego de haber pasado un día entero y tras haber conseguido, de acuerdo a su narración, alguien que lo transporte. Veinte minutos después llega el fiscal de la nación, defensor de la legali­ dad y la sociedad según la Constitución, junto con un vocal de la Corte Supre­ ma, el Doctor Juan Torres García, y periodistas oficiales. La televisión anun­ ció esa noche que el Fiscal había invocado la rendición de los irredentos y que estos no le hicieron caso, mostrándolo acezante sobre un montículo. Muchos creyeron que estaba emocionado por lo que había visto. Lo que nadie explicó es que el doctor Cesar Elejaldc Estenssoro había estado durante dos horas y que, cuando llegó, el Pabellón Azul estaba destruido parcialmente. Cuando se fue este había sido derruido hasta sus cimientos. Es que en su presencia, luego de su llamado a los sobrevivientes, hecho a prudente distancia por recomenda­ ción militar, se producen luego dos faltísimas explosiones que derruyen hasta sus cimientos el edificio. El informe oficial sostiene que estas podrían ser pro­ ducto de material explosivo activado por el fuego "o algún elemento de retarLos ingenieros independientes consultados durante la pesquisa que se hi­ zo cuando la Marina abrió por primera vez el penal luego de catorce meses, pu­ dieron comprobar que la destrucción de las columnas estructurales no era posi­ ble sino preparando cargas explosivas especiales adosadas a las mismas.

En el testimonio que recoge Sendero se refieren, sin duda, a la Marina como la que desató una Tortísima y última exposión, que destruyó completa­ mente el Pabellón. "Dijeron que utilizaron el T-4", agregan, como si hubiesen recogido el comentario. Esto compromete gravemente la actuación del defen­ sor del pueblo, premunido de los poderes legales correspondientes para inte­ rrumpir cualquier acción que pusiese en peligro vidas humanas, porque en su presencia se trató de acabar con los supervivientes, Elejalde fue testigo del ac­ to demencial de borrar de la faz de la tierra, con gente adentro, la trágica pri­ sión.

Los presos que aún después de todo esto quedaron con vida, han denun­ ciado que se produjeron fusilamientos. La vivencia de uno de ellos, Jesús Mejía Huerta, de veinticinco años, es impresionante. Formó parte de un grupo que era interrogado de cinco en cinco, desnudados y luego fusilados. Sus compañeros caían cantando y vivando. El re­ cibió ocho balazos y lo creyeron muerto. Lo arrojaron a una zanja con los ca­ dáveres. Como se escuchaban gemidos, lanzaron sobre los cuerpos granadas. Encima, los rociaron con gasolina y en algún momento el calor insoportable lo hizo pensar en el fin. Estuvo dos días enterrado y no murió. Cuando salió 35

de entre los muertos, los marineros que custodiaban el lugar creyeron ver a un aparecido. Llamaron a un oficial que dijo que si Dios lo había dejado con vida no había que matarlo. Fue hospitalizado y sigue preso en Canto Grande. Al momento de terminar su trabajo, la Comisión Investigadora no había recibido ni los protocolos de autopsia ni las pericias balísticas de los falleci­ dos, porque el proceso se hallaba abierto en el fuero privativo. La explicación de tanta ferocidad si fue, de aguna manera, escuchada. Los servicios de inteligencia estaban convencidos de que la isla, así como los otros penales eran "santuarios" de Sendero Luminoso. Un alto jefe sostuvo que el estado mayor de la subversión se encontraba en las cárceles, y que en el caso concreto de El Frontón, los túneles no servían para que los presos se es­ capen, sino para que la dirigencia de ese grupo ingrese por las noches, dejada por botes de pescadores, a planificar los atentados de su organización. Es difícil que una hipótesis así resista algún análisis serio, pero esa mis­ ma versión venía siendo difundida públicamente en medios conservadores con mucha intensidad. Incluso en los días siguientes, destacados militantes del par­ tido de gobierno estaban convencidos de que por ello le habían asestado un gol­ pe mortal al terrorismo. No sólo encontraban justa la despiadada aplicación del terror estatal, sino que, además creían que era un éxito político. Sin embargo, no hubo una sola persona extraña que haya sido descubier­ ta entre los detenidos y, peor aún, la dirigencia principal de Sendero Lumino­ so sigue intocada.

LURIGANCHO: TODOS SOMOS NADIE

i en el Frontón los tres fusiles que consiguieron fueron el pretexto para montar un desproporcionado operativo militar que duró 26 horas de fuego y bombardeo continuo, en el caso de Lurigancho ni siquiera existió esa excusa. Los marinos interrogados daban la impresión de que, después de todo, ha­ bían participado cn algo que tenía remotamente los rasgos de un combate y pa­ ra demostrar la veracidad de sus afirmaciones mostraban sus tres muertes y su docena de heridos. Claro que cuando se hacía referencia a la irracional compara­ ción con las decenas de efectivos especializados y de las enorme potencia de fuego de la que dispusieron, se refugiaban en el mando político: habían recibi­ do una orden terminante y había que cumplirla a la brevedad posible. Los propios comisionados de Palacio tenían la impresión de que ese era el epicentro de los acontecimientos porque los informes que se'rccibicron esa mañana insistían en que nadie había traspuesto las rejas del Pabellón Azul du­ rante años y se hablaba de fortificaciones e incluso de la presencia de gente ex­ traña. Investigar lo de Lurigancho, dejó otra impresión. Aquí nadie quería asu­ mir una explicación siquiera coherente de como habían sido muertos todos los detenidos. Más aún, el propio presidente, ocho días después de la matanza, de pie sobre los coajarones de sangre de los asesinados, había denunciado el cri­ men y culpado directamente a la Guardia Republicana. El problema era, sin embargo, que el mando de la operación la había te­ nido también el Comando Conjunto, en aplicación de la misma orden que in­ cluía los otros penales y en el caso de Lurigancho era el Ejército Peruano el que había cargado con la tarea.

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La sensación de remordimiento parece pesar sobre los actores de la ejecu­ ción y los responsables políticos. Fue desconcertante escuchar como el ministro del Interior declaró en la comisión Investigadora que él no ordenó en ningún momento que el Director Superior de la Guardia Republicana, general Máximo Martínez Lira, se consti­ tuyese en el lugar. Pero, enterado éste de tal aseveración se sorprendió aún más y dijo a su vez que él recibió una llamada directa del presidente de la repú­ blica pidiendo su colaboración y ordenándole que se ponga bajo el mando del comandante general del Ejército. A su vez, el general Martínez negó enfática­ mente que el hubiese ordenado que el coronel Rolando Cabezas, jefe del Bata­ llón Antisubversivo de la GR, fuese al teatro de operaciones. Negó, incluso, haberlo visto. Este oficial, detenido desde la denuncia presidencial y acusado de ser uno de los principales autores de los homicidios reaccionó con igual sorpresa en su celda de inculpado diciendo que él fue llamado personalmente por el propio general Martínez, y que entró a operar a exigencia del general EP Jorge Raba­ nal Portilla, jefe militar de toda la operación. El general Rabanal negó, a su vez, haber sabido que en las acciones te­ nía bajo su mando a dicho coronel. A esto hay que acompañar las curiosas versiones que cada jefe militar o policial brindaba sobre su actuación a la hora de los fusilamientos. El general Rabanal, que tenía su puesto de mando en un cerro sobre el muro de la pri­ sión, dijo que cuando le avisaron que habían veinte muertos, bajó del otero pa­ ra gestionar el envío de ataúdes y no retomó hasta que le dijeron que todos fue­ ron eliminados. No pudo entrar en la cárcel porque un simple policía lo detu­ vo en la puerta principal, según afirmó. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Republicana que se encontraba dentro, dice que se ubicó a unos sesenta metros del boquete por donde salían los rendidos y que la bruma no lo dejó ver que sucedió. El jefe que fue designa­ do por la Republicana para comandar la fuerza de intervención de acuerdo a su informe, se encargó personalmente de llevar a la enfermería al rehén y cuidar durante media hora de que lo atendiesen. Cuando regresó a su puesto se dio cuenta de que todos los presos estaban muertos. El coronel Cabezas asegura que luego de combatir dentro del pabellón y lograr la rendición, salió del penal antes de la hora trágica y se dirigió a su cuartel, por orden de Martínez Lira. El único oficial que aceptó ser testigo señala que informó de la situación al general Rabanal quien le contestó que esperase órdenes y, además se encar­ gó, este jefe de la compañía especial de comandos, de dar una versión totalmen­ te distinta y más verosímil sobre el papel de los oficiales que proclamaban su inocencia por ausencia intempestiva del lugar de los hechos o por lejanía para distinguir qué pasaba. Parece que todas estas versiones, deliberadamente confusas tienen que ver con la situación que se había creado y con el hecho de que por las propias características de su ubicación (en los suburbios de Lima), la cantidad de de tes­ tigos y por el conflicto desatado por el gobierno ante la presión de la opinión

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pública nacional e internacional

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El comunicado final, visto en el Consejo de Ministros, reseña la informa­ ción que el presidente había usado para abrir la sesión, añadiendo que en el ca­ so de Lurigancho se ha restablecido la autoridad con el saldo de 124 delin­ cuentes subversivos muertos “muchos de ellos por asfixia y quemaduras ocu­ rridas en las fortificaciones que habíah construido y de las cuales se negaron a salir, ofreciendo resistencia con explosivos, armas de fuego e instrumentos punzocortantes durante doce horas. ” Es decir, se quería repetir la misma interpretación que usaron en octu­ bre del año anterior, con la suma de fortificaciones que también se probó que no existían por ningún sitio en el desolado pabellón. Se refieren otra vez a ar­ mas de fuego, que jamás aparecieron, y a una resistencia de más de doce hpras qué sabían muy bien que nunca se produjo, pues hasta el toque de queda el ambiente era de tal tranquilidad, que el grupo de Cabieses, Rodríguez Raba­ nal y Samamé Boggip pensó que no sucedía nada. Sin embargo, por alguna ra­ zón no aclararon este punto durante la lectura del comunicado, ya que ellos estaban presentes, A las dos horas y media, la sesión terminó, aprobándose como punto primero en el orden del día, el tardío decreto supremo procedente del Minis­ terio de J usticia, mediante el cual se declaraba "zona militar restringida” ba­ jo la competencia y jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma­ das,, los establecimientos penitenciarios, mientras durase el estado de emer­ gencia, que acababa de ser prorrogado.

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"O SE VAN ELLOS O ME VOY YO"

l 20 dé junio de' 1986, los medios de comunicación influidos por el gobierno, o por la derecha, poco menos que festejaban el triunfo que para la democracia había significado la enérgica toma de las cárceles. Casi nadie reparaba en lo que ello había significado. La sombra de que algo terrible había ocurrido motivó que fuerzas de iz­ quierda, intelectuales y periodistas independientes, así como el desconcierto que embargaba a decenas de delegados extranjeros al evento socialista, conflu­ yeran para empezar a romper el férreo cerco informativo montado por el go­ bierno, cuyos insistentes comunicados y la retrasmisión de las invocaciones a la rendición atosigaban a los televidentes. Los trabajadores penitenciarios filtraban noticias cada vez más inquie­ tantes. Un participante circunstancial y momentáneo del drama vivido, el sé coanalista César Rodríguez Rabanal, fue el único de los hombres que en esos días estuvo cercano a Palacio, que tomó clara conciencia de la tragedia. Fue de los pocos que reaccionó condenando la masacre y declarando públicamen­ te -como apareció el lunes siguiente en el semanario “Oiga”-- que a él le constaba que el presidente había dirigido personalmente la represión. En la-lzquierda Unida, parlamentarios de la Comisión de Derechos Hu­ manos y un puñado de representantes trataban infructuosamente de entrevis­ tarse con las autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE. para entrar en Lurigancho, Nadie daba cara. El senador J avier Diez Canseco, infatigable defensor de los derechos hu­ manos y secretario general del Partido Unificado Mariateguista, convocó ala prensa extranjera desde el mediodía del viernes 20, para explicar la recons­ trucción de lo que realmente pasó, obtenida a través de lo que los empleados y funcionarios civiles vieron. El semanario " Amauta editó un número ex­ traordinario ampliando la verdad que se abría paso.

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El país fue tomando conciencia de que no era ético haber fusilado a de­ cenas de presos, por más terroristas qué estos fuesen. El ambiente no era pro­ picio. El recuerdo del terror senderista no predisponía simpatía alguna a su causa. Desde los medios adictos al gobierno se daban a conocer necias encues­ tas de respaldo a la decisión tomada. q Esa misma mañana, al inaugurar el Congreso Socialista! Alan García de­ nunciaba, según el diario oficial, “las sangrientas acciones concertadas por la delincuencia terrorista en las últimas horas . porque ellos ■‘briscaban someter nuestra democracia a un chantaje ante los demás pueblos de la Tierra, coinci­ diendo esas criminales acciones con los designios del poder económico que subyuga el destino de la humanidad.” Extraña frase, cuyo propósito, más que evocar una incoherente relación entre Sendero Luminoso y el poder imperialista, era más bien un intento de rescatar su propia imagen internacional, inaugurada en setiembre de 1985 an­ te la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando presentó al mundo su tesis de limitar a cualquier precio el pago de la deuda externa. Más rara aún resultó la propia reunión internacional. Era la primera vez que se la convocaba fuera de Europa, desde los lejanos tiernpos de sus funda­ dores. El lugar inás remoto hasta donde llegaron 'alguna vez, como comenta­ ba, iróniqo, uno de los preocupados delegados, era Portugal, donde el asesi­ nato de un observador palestino se convirtió en noticia mundial. El opresivo ambiente que rodeaba a los concurrentes, que para trasla­ darse doscientos metros lo hacían a través de un gigantesco cordón de policías quev qodo, a codo, vigilaba cada centímetro dp distancia hasta el auditorio, se hizo insoportable con lá. tensión generada por medióle, comunicados en los cuales nadie creía. Políticos de vasta experiencia no.podían imaginar lo que estaban viviendo y la demanda de explicaciones más .coherentes iba en au­ mento. P-á, ■! EL anciano'presidente de la Comisión Política del Apra trató de tran­ quilizarlos el sábado, temprano, en una conferencia. Prometió que el Parla­ mento investigaría cualquier “exceso ’ ocurrido, y que se castigaría severa­ mente a los culpables. Luego habló de la entrega de cadáveres, cuando acaba­ ba de proponer-cl entierro clandestino de los mismos en el reservado cónclave del gabinete ministerial. Esa misma tarde, un numeroso grupo de parlamentarios europeos y la­ tinoamericanos, junto con diputados de la Izquierda Unida, intentamos in­ gresar en Lurigancho. El destacamento policial cercaba la zona, prohibiendo completamente él acceso. No fue posible siquiera comunicarse con el coman­ do, ante la extrañeza de los diputados del viejo continente, varios de los cua­ les habían estado en los peores momentos de Beirut o El Salvador. Decenas de angustiados familiares fueron grabados en su desesperación por la televisión extranjera. El Comité Directivo de Izquierda Unida publicó un comunicado que su­ peraba la inoertidumbre que generaron las declaraciones iniciales de su presi­ dente, Alfonso Barrantes. ‘

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Por fin. la noche del sábado, la Secretaría de Prensa dél Palacio de G> bierno lanza un. nuevo pronunciamiento, presumiendo que por el número d> muertos en Lüí'ígancho "se hayan cometido excesos en el uso dé lá fuerz. para cumplir las disposiciones del gobierno.” Reiterando la ilegal decisión to mada el día anterior por el Consejo de Ministros, dice que el gobierno “ha or­ denado al Comando Conjunto de la Fuerza Armada instruir de inmediato al Fuero Militar que realice las investigaciones para determinar el alcance y la gravedad de los sucesos.” A esas alturas resultaba una sutileza objetar que el Poder Ejecutivo decida por sí y ante sí la competencia judicial a favor del fuero militar, pero si ya se habían eliminado a decenas de inculpados. Líqui dar unos cuantos dispositivos legales más. no era problema. Salvar la imaget era imperativo. • j v La intranquilidad de Rodríguez Rabanal alcanzó también a los otros dos miembros de la pequeña Comisión de Paz. que fueron a la sede del gó bierno a presentar su renuncia. La Iglesia Católica reacciona y el Consejo Per manente del Episcopado exige que la investigación anunciada stfbrc "los re­ cientes dolorosos acontecimientos se haga con toda objetividad. ’ El martes 24, ante la expectativa nacional, el mandatario se dirige ‘a la nación. Volvió a repetir que los delincuentes.subversivos se preparaban para someter al gobierno a un chantaje "e imponerle una negociación que pusiera en pie de igualdad al Estado democrático con los terroristas”, expresando "nada hay que negociar con quienes sólo deben esperar la sanción de la ley. ’ Informó de las órdenes dadas ajlas Fuerzas Armadas, “han cumplido con lealtad la orden recibida del gobierno y respaldamos sus .acciones.” Habló de 35 subrevivientes en el Frontón cuya vida fue religiosamente respetada” y que en Lurigancho "las fuerzas de la Guardia Republicana ac­ tuaron encontrando también resistencia con armas de fuego y explosivos, Eso determinó el uso enérgico de las armas por las fuerzas del orden determinó el uso enérgico de las armas por las fuerzas del orden determinando un lamenta­ ble número de muertos como saldo terrible pero inevitable.’.”, y sin que nadie lo autorice, por supuesto, dijo que ‘todo esto lo aprueba la nación y esta dentro de la ley”, agregando por si alguien dudara “también esta dentro de la ley la gran energía utilizada.” * Entonces reconoció que un número aún no determinado de reclusos, “filie puede estar entre treinta y cuarenta, fue aniquilado y fusilado por miem­ bros de la Guardia Republicana cuando ya se habían rendido y estaban fuera del Pabellón Industrial...”. Concluyó, enérgico, con la disposición de encarce­ lar y someter ajuicio a los jefes, oficiales y personal de la Guardia Republi­ cana ' que después de producida su rendición procedieron brutalmente a ani­ quilar a los subversivos.” Sólo en esfc momento, conforme} manifestaron en.cf Parlamento. lps jefis y el personal de la Republicana se enteraron de que habían cóíneii’dó exee sos. El sorprendido general Rabanal Portilla también empezó a lomar nota que su acción, cuyo parte yá había sido rendido e informado en el Consejé de Ministros sin ninguna dificultad, era ahora puesto en tela de juicio. Como por arte de magia el Fiscal de-la Nación y la Corte Suprema em

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piezan a pronunciarse. Sintiéndose con permiso, pese, a que son organismos teóricamente autónomos, el Ministerio Público informa de que el fiscal de la nación “por propia convicción moral y obligación legal y acogiendo la denun­ cia del señor presidente de la república... ha dispuesto la más,¡exhaustiva investigación'de los hechos...”.. Al mismo tiempo, justifica el decreto supremo 006 que impuso las zonas militares. . Como se ha dicho, en presencia del fiscal Élejaldc se dinamitó lo que que­ daba del Pabellón Azul, enterrando vivps a decenas de sobrevivientes, muchos de ellos heridos y agonizantes. Durante cuarentiocho angustiosas horas no apoyó en ningún momento a sus subordinados, dejándolos cn el más com­ pleto desamparo ante la prepotencia. Sin embargo, él recordó de pronto su deber y hasta resaltó su macabra presencia como ‘evidencia incontrastable del rol que mantuvo el Ministerio Público.” La Corte Suprema se pronunció con más cautela, y sin desconocer la su­ puesta validez del mencionado dispositivo, reclamó ‘el pronto restableci­ miento del Estado de Derecho.” La Constitución del Perú no permite que en los estados de excepción los militares asuman las funciones de los poderes del Estado ni del Ministerio Público. El 27 de junio se citó un nuevo Consejo de Ministtps para tratar el te­ ma. Como siempre, lo presidió el doctor Alan García y el único asunto trata­ do fue el de los “excesos” en Lurigancho. El jefe del Estado dijo que existía evidencia suficiente de que los “ex­ cesos” se produjeron, La resistencia inicial ocasionó algunas muertes, pero “la mayoría de los subversivos muertos no habían podido ofrecer resistencia pues las características físicas del lugar no lo permitían.” De pronto, él mismo desmintió por completo lo de las fortificaciones > la existencia de armas de fuego, que. de acuerdo con el Consejo del 18 de ju­ nio, determinó la intervención militar. No se comenta cómo fue posible que una decisión de esa magnitud fue tomada sobre la base de información tan equivocada, ni quién fue el encargado de darla. Simplemente. ahora se decía exactamente lo contrario á Jo que nueve días atrás se había sostenido. El presidente García narró que “luego de abrir un boquete cn el pabe­ llón, ingresó un equipo de once hombres, bajo el mando de un teniente, y lue­ go de rescatar al rehén vivo, se tomó posesión del pabellón.” Aunque el rehén no había sentido'precisamente que estimaban su vida, el relato se aproximaba a la realidad. La versión continúa: “El teniente, luego de haberse asegurado el domi­ nio del pabellón, ordenó el alto el fuego e hizo salir a los reclusos por el bo­ quete. Los muertos que quedaban en el pabellón eran alrededor de quince, al resto se les ordenó salir y de acuerdo a todas las evidencias que tenemos, fue­ ron ajusticiados uno por uno; en todos los casos la autopsia revela muerte por estaljamiento en el cráneo, lo que revela la forma brutal en que fueron asesi­ nados este grupo de reclusos por los Guardia Republicanos. ” Aunque estas autopsias no fueron conocidas por la Comisión del Congre­ so. argumentándose que estaban en manos del fuero privativo, el presidente sí

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las conoció y su descripción coincide con lo que vieron los testigos y los civi­ les que colaboraron en la identificación. Después, el presidente agrega “enfáticamente, que se requiere una san­ ción histórica parí los republicanos que evidentemente han cometido asesi­ natos; que esa de ninguna manera era la orden que se les había dado y están fuera de todo orden legal y criterio ético, señaló que este asesin fuera de todo orden legal y criterio ético; señaló que éste asesinato río tenía ningún sentido.’, . La angustia moral o política del mandatario debe de haber sido grande al pronunciar esas palabras, pues no se sabe entonces si su decisión fue conciente y qué esperaba al ordenar una operación de guerra a cargo, no de cual­ quier batallón, sino de una sofisticada guerra a cargo, no de cualquier bata­ llón, sino de una sofisticada compañía especial del Ejército Peruano, y por qué les reiteraba, cada hora, a los comandantes genérales que la cosa empie­ ce. En la sesión del.jueves anterior, después de los hechos, el presidente te­ nía los datos exactos’¿e tod lo que pasó. El misino se encargó de explicárse­ lo a sus silenciosos ministros con lujo de detalles. Nunca fue un secreto que todos los reclusos del Pabellón Industrial fue­ ron eliminados. El 19 por la noche, el resultado les pareció "doloroso” pero evidente. Recordemos que incluso el lamento de dolor sólo era para los po­ cos marinos que habían caído en el Frontón. En esta mismg acta del Consejo, no se consigna una sola palabra sobre dicho penal. Es que allí no había una fuerza operando por encargo. La Mari­ na directamente entró,a la acción. El primer ministro, recién llegado de China, opina, según el documen­ to. "que hechos como éstos hacían pensar que podrían ser planeados (sic) con anterioridad, como si el personal de la Guardia Republicana estuviese ya pre­ parado para actuar de esta manera.” El propósito de encontrar culpables era claro, aunque quizás el largo viaje del presidente del Consejo le había hecho olvidar que la primera medida de su gobierno había sido declarar en reorganización a las Fuerzas Policiales, despidiendo a cerca de tres mil efectivos de todo nivel y poniendo en el man­ do a personal de su entera confianza. Termina la evaluación cuando “el señor presidente señaló que los res­ ponsables iban a ser encarcelados cn el penal de Canto Grande como presos comunes y que había uná clara responsabilidad del director superior de la GR, general Máximo Martínez Lira, se dispuso una severa investigación hasta las últimas consecuencias...” El general Martínez, al atestiguar en el Legislativo, estaba totalmente confundido de cómo quedaba convertido eri uno de los responsables. Llevó leyes y reglamentos para probar, a la letra que en los estados de excepción las Fuerzas Policiales se subordinan a las Armadas y protestó porque él fue llama­ do. sin corresponderle, por el propio Alan García para que se constituyese en

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el teatro de operaciones y se sometiera al mando del comandante general del Ejército. Los testimonios coinciden -sin que esto, por cierto, excluya.su res- . ponsabilidad final-, en que él estuvo fuera de la cárcel y ni siquiera formó parte del estado mayor del jefe del operativo. f El cuidado para no tocar a los mandos militare?,era obvio aunque al criticar los excesos cometió en ese momento otro: se atribuyó las prerrogati­ vas del Poder Judicial y sin mayor trámite, declaró culpables a los policías y a su director superior, eliminando1 lo que debe parecerle una pequefiez adje­ tiva: el proceso judicial. Como el 18 de junio, el presidente asumía todos los poderes,esta vez pa­ ra sancionar a los que se habían 'excedido” en uno de los tres penales. El ordenar la prisión de los policías, obliga a suponer, contrario sensu, que no existían más culpables y que lo del Frontón fue normal, sin excesos. Como esta decisión tenía que ser. anunciada al mundo, salen de inmedia­ to a visitar el lugar de los acontecimientos. Acompañado por tres de sus fieles ministros y el director del INPE, Manuel Aquézolo, seguido por una nube de periodistas, por primera vez se pudo ver lo que quedaba en Lurigancho. Al finalizar la inspección, declaró al periodismo: Ustedes van a ver ahora el inte­ rior de este Pabellón Industrial que no había mayores,..elementos con los cua­ les justificar lá muerte de muchos reclusos. Después de abrirlese un boquete en sus paredes, se procedió a ordenar la salida de esos reclusos en un número que yo me atrevo en estos momentos, ante el mundo, Ídecií que es cercano o mayor a cien, procediéndose sobre el terreno que ustedes están pisando, a ultimar a la mayor parte de ellos, disparándoles en la cabeza. Este crimen ho­ rrendo, que no tiene antecedentes, este crimen horroroso ha sido cometido operativamente por miembros de la Guardia Republicana, perú la responsa­ bilidad alcanzará hasta donde deba alcanzar la investigación... La primera in­ vestigación y las evidencias que como presidente tengo, me hacen concluir que dentro del pabellón, como efecto de la lucha, no hubo más de quince o veinte reclusos muertos o heridos. Eso significa que más de cien han sido sa­ cados por este boquete, echados en este lugar y ultimados, como lo de­ muestran los protocolos de autopsia. Estoy ordenando al ministro del Inte­ rior que los traslade (a los republicanos) a Canto Girando, a una prisión don­ de puedan estar con los asesinos y los homicidas de su misma condición. Quiero decirles que estoy dispuesto a llevar esto .hasta las últimas conse­ cuencias y que todos los responsables sean sancionados. O se van todos los responsables o me voy yo... ” (El Peruano, 28 de junio de 1986). La frase impactó, y la opinión creyó ver en ¿lia, una sana rectificación en curso. Con el correr del tiempo, la frase quedaría integrada al lirismo tro­ pical que siempre ha caracterizado a nuestros políticos tradicionales. El dis­ curso de su fiel primer ministro, cuando concurrió interpelado a la Cámara de Diputados, el pase de la competencia al fuero militar, la detención de sólo una decena de subordinados de la Guardia acusada y las maniobras contra la Co­ misión Ames, así lo demuestran!. Ningún alto jefe militar resultó encausado, salvo el general Rabanal, por una leve negligencia que no le ha impedido se­ guir en libertad y promoverse en su carrera. 58

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EL ESTADO DE DERECHO: DESECHO

os responsables de la orden que derivó Cn la matanza, han tratado siempre de cubrirse diciendo que actuaban en el marco de la ley. Se remiten, para ello, al capítulo constitucional que permite establecer regímenes de excepción. En efecto, en el artículo pertinente se considera que el presidente de la república, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede establecerlos de dos maneras: mediante el estado de emergencia y el estado de sitio. .>1»" En el primer caso, cuando exista perturbación de la paz o del orden inl temo, incluyendo catástrofes y graves circunstancias que afecten la vida de la nación, se pueden suspender cuatro de las garantías que amparan los dere­ chos ciudadanos: las relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabi­ lidad del domicilio y jas que tienen que ver con las libertades de reunión y de tránsito en el territorio de la república. En caso de que se disponga, las Fuer­ zas Armadas pueden asumir el control del orden interno. La otra figura es la del estado de sitio, aplicable sólo en caso de inva­ sión, guerra exterior o guerra civil, por un máximo de cuarenta y cinco días, requiriendo su prórroga aprobación del Congreso. Esos dispositivos fueron regulados por la Ley 24150, que establece las normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, en todo o en parte del terri­ torio. . . Para estos hechos, el Consejo de Ministros aprobó al final de los operati­ vos en las cárceles, según dice el acta, un decreto supremo, numerado con el 006. correspondiente al Ministerio de Justiciaren el cual declaraba a los pe­ nales como zonas militares restringidas bajo el ámbito y la jurisdicción del Co­ mando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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Esto era absolutamente extraño en el ordenamiento jurídico del país, y supuso , en la práctica, que al usar como pretexto un concepto cuartelario, las fuerzas! militares creyeron que obtenían licencia partoarginar en sus atri­ buciones tanto a los demás poderes del Estado cuanto Ministerio Público. A su vez, el mencionado decreto sirvió de coartada parí decir que todo que­ daba en manos de los militares. La doctrina reconoce con nitidez que los estados de emergencia, para ser legítimos, tienen que ser asumidos como formas excepcionales a las qué se recurre en momentos extraordinarios para regular el orden público en defen­ sa del propio estado de derecho. Esto presupone que deben medirse las consecuencias que pueda aca­ rrear la utilización de medios extraordinarios para preservar la Vigencia del orden amenazado, y que su declaración no significa'que se haga al margen del estado de derecho. Por el contrario, la idea es que se recurre a métodos fue­ ra de lo común para salvaguardarlo, no para acabar cotí él. Por lo mismo lo que se suspenden son las garantías que amparan ciertos derechos, no ios derechos mismos, que quedan desprotegidos. Sobre todo cuando rige el estado de excepción, siempre existe un núcleo intangible de de­ rechos fundamentales del ciudadano; en particular él derecho a la vida y a la integridad personal. En el derecho contemporáneo, el estado de excepción es una institu­ ción regulada y limitada, que no implica la concentración absoluta del poder, ni el ejercicio ilimitado de la fuerza. Los poderes extraordinarios son en todo caso concedidos a una autoridad constitucionalmente preordenada, encargada de preservar el orden democrático. Es decir, la idea de rescatar el orden y la legalidad tienen que estar en plena correspondencia con la garantía del respe­ to a la vida, a la libertad y a la dignidad humanas. ; Esa fue la consideración del constituyente cuando se precisó el punto. Por lo demás, éste se encuentra regulado en la mayoría de las constituciones modernas. Cuando se aplicaba la excepción, se preservan el derecho al hábeas eorpus y al ampare, precisamente para garantizar derechos inalienables. Por lo mismo, la Asamblea Constituyente ratificó en todas sus cláusu­ las el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos, de San José de Costa Rica, dándoles el carácter de leyes de la república. Todo este andamiaje cuidadosamente trabajado por la entonces mayo­ ría aprista durante 1978 y 1979, en contraparte a los largos años de dictadu­ ras y a la violenta experiencia que dio nacimiento á la Constitución del 33, se lo trajo abajo el primer gobierno del Partido Aprista, en apenas dos días. El decreto 006, refrendado por los titulares de Justicia y del Interior y' por los tres ministros de la Defensa, era inválido por la forma y por el conte-' nido, 1 '• ■■ ■ , . .■ Por la forma, porque fue aprobado después de que los motines fueran sofocados, la nociré del jueves 19, criando se reune el Consejo a fin de cono-, ccr los resultados de la decisión que tomaron el día anterior. Además de eso,.

no fue dado a publicidad oportunamente, y los,más altos cargos del Podcj; Judicial sólo se enteraron de su exiStenciá'-cuatro días después, cuando el de­ creto apareció publicado en una/'separata extraordinaria" de "El Peruano”, que en el día de su Sedición nadie pudo conocer. La norma fue. pues, mante­ nida en secreto y, pórlo tanto, fue inaplicable. La pregunta es cuál fue el objetivo de aprobar un dispositivo con tales características si la masacre ya se había producido. Se trataba, en realidad, de impedir el ejercicio normal de las atribuciones de los poderes públicos y de la fiscalía, porque esto hubiese sacado a luz las atrocidades cometidas. Por eso se inventa el concepto de las "zonas militares restringidas”, que era, en la práctica, darle forma legal a la arbitrariedad que se impuso desde el comienzo mismo de la ejecución, cuando las Fuerzas Armadas y Policiales y los propios representantes del presidente se encargaban de desplazar a los fun­ cionarios judiciales. El criterio es sumamente peligroso porque se declaró ba­ jo jurisdicción milita^establecimientos públicos, creando un precedente que. de seguir siendo tolerado, acabará devorando al estado de derecho-que pre­ tenden defender. Los áulicos del gobierno creen que todo quedó en manos castrenses porque, aparte de este decreto, está la ley que norma Jos estados de excep­ ción. En lo que no repararon es que esa misma ley dice con claridad que cuando los institutos armados asumen el control del orden interno, "cada si­ tuación se sujetará a tas directivas y planes aprobados por el Presidente de la República”. agregando que "el Comando Político Militar está a cargo de un oficial de alto rango designado por el Presidente de la República... ”. actuan­ do "de acuerdo a las directivas y planes de emergencia aprobados por el Presi­ dente de la República, ’/í Por eso es que una de las principales atribuciones de acuerdo con dicha ley del Comando Político Militar, es "proponer al Poder Ejecutivo tas medidas que aseguren el mejor cumplimiento de los planes y directivas de emergencia. ' Por tanto, es inexcusable la relación del presidente con los mandos mi­ litares en términos legales. Más aún, ha sido Alan García el que desde un prin­ cipio se decidió a ejercer abiertamente el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, haciéndose reconocer, por primera vez desde la vigencia de la nueva carta política, como tal. en ceremonia pública. Este es un aspecto sustantivo, porque durante los sucesos actuó en su doble condición de presidente y jefe supremo; de allí la supervisión minuto a minuto que mantenía sobre los generales, para asegurarse el cumplimiento de la orden dada. Nada de eso era óbice para que el resto de instituciones dejaran de funcionar. . ... El análisis de las sesiones del Consejo y los testimonios de quienes par­ ticiparon formalmente en ellas, son suficientemente claros para señalar que fue el gobernante el que evaluó, analizó, planificó y dio la orden de la acción bélica y fue él quien decidió que esto se hiciera con el máximo de energía y en el menor tiempo posible. Los resultados no podían ser Otros.. 61

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De las actas del gabinete se deducen que los asistentes no contradijeron jamás la percepción alterada del mandatario y, por el contrario, aplaudieron su postura y refrendaron sus actos de gobierno. Ninguno renunció en el mo­ mento, como lo manda la Constitución, si es que tuviesen desacuerdo con las decisiones tomadas. Varias semanas después, el .ministró Gonzalos Ppsada, aduciendo-un imperativo moral, dejó el cargo, pero ese.’tnandato no lo sintió cuando votó a favor de la operación de guerra ni cuandp'conoció su resultado y tampoco pudo explicar en la encuesta parlamentaria.cómo fue que no hizo nada para prever si a su despacho le correspondía dirigir* ejecutar y controlar la política referente al régimen penitenciario y de coordinar con el Ministerio del Interior las medidas de seguridad penitenciaria, asegurando una. adecuada administración. Además, de su despacho, procedió el malhadado decreto 006, cuando su Ministerio era él que más celo debía colocar en la vigencia del Poder Judi­ cial. Este extraño ministro quiso eludir su responsabilidad cuando fue citado por el Congreso, haciendo una extensa apología de su gestión, dirigida, en su opinión, a impulsar campañas para prevenir a la juventud contra la drogadicción. Por momentos dio la impresión de haber olvidado lo que él mismo pro­ puso y respaldó en las sesiones aludidas. Su firma consta como la de los de­ más ministros avalando sin dudas el texto, y su renuncia, premiada con la embajada en la OEA fue un gesto político para aliviar en algo la presión pública nacional c internacional. Los jefes de los institutos armados que formaban el Comando Con­ junto tienen ciertamente responsabilidad. Aunque argumenten en su defensa que cumplían una orden del jefe-supremo, “que no podía ser desacatada por su condición de tal”, como manifestaron todos ellos por separado y en términos idénticos, el recurso de la obediencia debida demanda tres requisitos fundamentales: que la orden emane de autoridad competente, que la finalidad sea lícita y que los medios empleados sean igualmente,legales. El primer requisito se refiere a la autoridad competente y ello significa no sólo que la autoridad sea legítima, sino que la orden impartida se encuentre en el ámbito de su jurisdicción. Como en el Perú la pena de muerte ha sido eliminada, exceptuándose sólo para el caso de traición a la patria en el caso de guerra exterior, y estando igualmente proscrita la aplicación de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ninguna autoridad es competente para ordenar o autorizar la aplicación de la pena de muerte u otros tratos vejatorios de la dignidad humana. En cuanto a la finalidad perseguida de restablecer el orden y la autoridad, ésta sólo tiene sentido manteniendo el respeto irrestricto a la vida.. Así lo confirman las normas del derecho internacional, incorporadas plenamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, por la décimosexta disposición general de la Constitución Política. Ahora bien, los medios empleados. las ejecuciones extrajudiciales, el entierro clandestino de cadáveres, la desautorización forzada de las autoridades civiles, el tomar para sí funciones correspondientes a otros organismos, son notoriamente ilícitos. El argumentó esgrimido de que actuaron así porque lo exigían las circunstancias, tampoco es aceptable puesto que de las averiguaciones realizadas es saltante la des-

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proporción entre los medios bélicos empipados por las fuerzas del orden y los recursos a disposición de los presos amotinados. La ferocidad impresa en la ejecución de los operativos y la horrenda consecuencia sólo sp.entienden en la medida en que la orden suprema era de­ belar los motines en el menor tiempo posible y con el máximo de rigor.

Debe recordarse que él Perú es süscriptor de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos Crueles. In­ humanos o Degradantes, que incluye como anexo el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este código, en su artículo quinto dice: “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá in­ flingir, instigar o tolerar ningún acto dé tortura u otras penas crueles, inhu­ manas o degradantes, ni invocar la orden de su superior o circunstancias es­ peciales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza d la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública / como justificación de la tortura u otros aspectos crueles, inhumanos o degra­ dantes.’’ Las responsabilidades de la C orté Suprema y del Ministerio Público son también de primer orden en este derrumbe de factO' del orden constitucional que produjo el incontrolado autoritarismo presidencial. Siete días después de los hechos resucitó el presidente de la Corte Su­ prema, Héctor Beltráñ, para comunicar que por efecto del decreto 006 y la ley de los estados de excepción, se "suspendieron momentáneamente las funcio­ nes de los señores jueces de ejecución penal y jueces instructores”, conside­ rando beatíficamente que "habiendo sido restablecido el orden en los pena­ les... se considera la necesidad del restablecimiento del estado de derecho pa­ ra que los jueces instructores y de ejecución penal puedan reasumir sus fun­ ciones,” Su errónea interpretación supone que la declaratoria del estado de emergencia implica que el poder civil abdica totalmente de sus facultades en favor de las Fuerzas Armadas. La concepción es no sólo equívoca, sino suma­ mente peligrosa, pues deja a los ciudadanos en una situación de total desam­ paro frente al omnímodo despliegue de la fuerza militar. El presidente de la Corte Suprema tiene que ser el primero en saber que la Constitución prevale­ ce sobre toda norma legal, ya que ésta no puede ser rebajada por ninguna dis­ posición de menor jerarquía. Ningún artículo de los que citó para excusar su desaparición le sirve para sostener que las funciones del Poder Judicial pueden quedar en suspenso, ni que el Comando Político Militar pueda así proponerlo. Quizás el doctor Beltrám entendió esto en su fuero íntimo cuando no apare­ ció públicamente en ninguna reunión palaciega, y ello pueda explicar la con­ versación que tuvo con un juez instructor, al que -como está registrado en su testimonio ante la Comisión parlamentaria— le pidió que se constituyese en las cárceles de su jurisdicción en calidad de "observador”. Según este mis­ mo juez, “esta disposición fue complementada en el sentido de que no adop­ tara decisiones ni impartiera órdenes de producirse hechos que estuviesen fue­ ra de mi competencia”. Este diálogo tenía lugar a las 2 y 30 de la tarde del 63

jueves 18. El señor presidente de la Corte Suprema había‘sido avisadorninutos antes de la orden aprobada en el Consejo de Ministros. Esta puede ser la razón que expliqué también la pj&encia de otro ma5 gistrado, el vocal supremo Torres García, en las reuniórtcs ministeriales y i hasta en el Frontón. Ciertos escrúpulos pueden llevar a qúc al testimoniar olvidara, al igual que el actual presidente de la Corte Suprema si había reunido j o no ala sala plena ante tan grave situación. ¡ ® En el caso del fiscal de la na.ción, César Elejalde, ® Complicidad con lo *' sucedido fue abierta y por cierto enfrentada a la ley. Fita le demanda ser el defensor de la legalidad y del pueblo ante la administración pública, encargándosc de la defensa de los derechos fundamentales de la persona. | El oitibudsman que tanto enaltecían sus proponentcs en la Cónstitu- | yente, admitió la legalidad de los dispositivos violatoriós del ordenamiento ju- j rídico interno, convalidando el desplazamiento de las autoridades competen­ tes por la fuerza de las amias. El fiscal Elejalde cedió sin atenuantes ante el autoritarismo, cuando estaba premunido de la facultad suficiente para, como .f le dictaba la norma, "hacer cesar la situación perjudicial y dañosa", pidiendo | sanción para los responsables sin que para ello fuera impedimento la declara- i toria del estado de emergencia. El octavo artículo dé la ley del Ministerio Pú- * blico no puede ser más explícito: “¡La declaración por el Presidente de la Re- ;■ públicq de los estados de emergencia o de sitio, en todo o en parte del terri- á torio nacional, no interrumpirá la actividad ael Ministérío Público corno de- i fensor del pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de recurrir o acceder a él j personalmente, salvo en cuanto se refiere a los derechas constitucionales sus- 9 pendidos en tanto se mantuviere vigente la correspondiente declaración;y. sin | que, en ningún caso, interfiera en lo que es propio dé los mandos militares.” J Otro artículo (el setenta) lo obliga a velar por el respéto de los derechos de la ¡ persona en el ámbito de la administración pública, incluyendo el de las Fuer- ) zas Armadas y Fuerzas Policiales... ”, Y a vimos cómo el fiscal Elejalde se hizo • presente en el Frontón la tarde del 19 de junio en plena matanza. Durante | un año se pensó que se había retirado al poco rato; pero luego sorprendió al Congreso declarando que. se quedó por dos horas, presenciando la de ni olí- | ción filial de laestructura devastada sobre lós ocultos y heridos sobrevivientes. . El fiscal de la nación se encontraba ante.hechos notoriamente ilícitos y i tenía expedita la vía legal para acudir ante los propios ministros, de modo que. í éstos impidiesen el despliegue indiscriminado de la violencia, desde el nio? i mentó mismo en que se dispuso la operación. Tenía también la autoridad su­ ficiente para frenar a los militares en acción o por lo menos intentarlo. No lo hizo y prefirió aceptar la ilegalidad, burlando la autoridad autónoma de la que estaba investido. ... , | Por eso cuando también reapareció al día siguiente de que el gobierno, admitiera los "excesos”, diciendo Elejalde, en un aviso, que ‘el Ministerio; Público ha dejado constancia, y así lo reafirma, de que no interrumpirá su atóá lividad como defensor del pueblo, fiel a su misión y mandato...", el amargo sabor del escarnio se acumuló sobre el hartazgo mordí que la matanza había? generado. 7

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Al reconocer la presunta legalidad del decreto supremo 006, el fiscal de la nación estaba impidiendo, en los hechos, la intervención de los fiscales pro­ vinciales como responsables formales de las investigaciones tendientes a la formalización de las denuncias penales. Elejalde dio curso a que la jurisdicción radicase en el fuero militar sin qe se intentara la contienda de competencia. El tutor de la legalidad y, por ende, pilar fundamental del estado de de­ recho quedó convertido en una marioneta, haciendo mérito quizá para que queden definitivaniente olvidados sus oscuros manejos como funcionario del gobierno anterior, manejos que habían llevado a la propia bancada aprista a fundamentar una acusación constitucional.

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LA DISLEXIA DEL GOBIERNO

a brutal reacción producida para aniquilar a los prisioneros, no repa­ ró en arrasar todas las vallas constitucionales. Esto tiene que ver con la incapacidad demostrada por el gobierno para contener a la sub versión y, a su vez, con su ineptitud para solucionar las causas que la alimen­ tan. El gobierno pre,fiero refugiarse en excusas que induzcan a algjn tipo de comprensión hacia lo que hicieron. Muestra cabal de esto son los esfuerzos que, a lo largo del último afio los gobernantes han tratado de hacer para justificar su actuación y eludir su culpa. Desde el recurso pueril que le confesó García a Prensa Latina, de que se trató “de una mala concepción policial”, hasta las más elaboradas - pero no por ello menos confusas- tesis aventuradas por Valle-Riestra cuando acudió como embajador de su gobierno a la conferencia ginebrina sobre derechos hu­ manos. El sostuvo entonces que "la democracia peruana no es responsable” —de lo que él mismo insiste en calificar de genocidio-, y que los responsables, "de haber sido juzgados en Nureniberg, habrían sido colgados”, con lo cual impresionó a su auditorio. Según Valle-Riestra, este "genticidio”. como tam­ bién lo llama fue en su opinión ejecutado por agentes estatales con menta­ lidad totalitaria, que han cubierto de ludibrio a nuestra democracia”, y “el asesinato aleve, trapero y ventajista, "se debió al cumplimiento indebido de órdenes demenciales”. Discutir con Valle-Riestra, una de las mentes más lúcidas del aprismo, puede, generar verdaderas sorpresas. En sú discurso de Ginebra, la frase ante­ dicha refleja perfectamente el gran esfuerzo gastado para justificar lo injusti­ ficable. ¿Pudo haber, por ventura, un cumplimiento debido de órdenes de­ menciales? Si así hubiese sido quizás no quedasen ni ios treinta milagrosos superstite?. En lo que Valle-Riestra acierta inconscientemente es que, efecti-

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vamente, las órdenes fueron demenciales. Por tanto si fuese consecuente, el empeño debería estar en buscar quién las dio. En su calidad de dirigente del partido de gobierno, no le debe ser difícil descubrir el enigijia. Sin embargo, es una lástima que luego deslizara que las matanzas fueron obras de los sectores fascistoides del Perú, sin aclarar en qué momento se pro­ dujo, cuándo y dónde el golpe de Estado que sacó del gOTierno a su partido nacionalista, democrático y popular y les permitió, a los fascistas, la, capaci­ dad de dictar órdenes demenciales. Valle-Riestra insinúa también que hay un posible desborde militar, pe­ ro, lamentablemente la Comisión descubrió dé dónde salió la orden y quien se encargó de celar sin descanso a los uniformados para que la cumpliesen. La incapacidad para comprender lo que está pasando con la insurgencia annada en el Perú, queda definida cuando Valle-Riestra se empeña en conven­ cernos de que Sendero “es un movimiento puramente terrorista y no guerrillero”, y, por tanto, como el terrorismo puro deviene de personalidades al­ teradas, redondea su análisis extraviándose definitivamente: “La solución es el psicoanálisis”, proclamó en la vieja ciudad de Calvino, imbuido, sorpren­ dentemente, de ese espíritu intolerante que alguna vez proclamó que la fe era lo único justificable, y las obras, inútiles.

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No se trata de defender a un movimiento cuyo fanatismo polpotiano los hace ver como enemigos suyos a todo el resto de fuerzas políticas y sociales, y que usan premeditadamente el terror para aniquilar a sus enemigos o pa­ ralizar a quienes no se les subordinan. La cuestión es explicarse cómo en siete años los gobiernos no han sido capaces de frenar la capacidad de reproduc­ ción de Sendero Luminoso, pese a los brutales golpes recibidos. Quizás era mucho pedirle a Belaúnde que trate de entender cómo, por segunda vez, su gobierno se veía enfrentado a un grupo insurreccional, pero del aprismo se esperaba algo más. Sobre todo porque en' el desborde verbal no se habían contenido. Llegaban al gobierno tras seis décadas para hacer la revolución y transformar de raíz al Perú.

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Al día siguiente de llegar a la Plaza de Armas,, los precios eran contro­ lados, la devaluación frenada, los alquileres congelados. Al mes, se rompían espectacularmente los contratos con las compañías extranjeras que explota­ ban nuestro petróleo. El 50°/o del electorado se convirtió, en entusiastas en­ cuestas, en un 90°/o que respaldaba una gestión aparentemente transparente y eficaz.

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Sin embargo, pronto el caudal de discursos comenzó a separarse de la realidad. Las palabras no correspondían con los hechos, y el pasado volvía, vergonzante. Sobre las zonas en emergencia nada cambiaba. Las promesas de pacifi­ cación se reducían a una inoperante y desorientada comisión que pese a su buena fe no tenía autoridad para resolver nada. Áyacucho seguía desangrán­ dose y al gobierno no se le ocurría otra cosa que fortalecer la presencia militar. ■ .

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A mitad de su periodo, el fracaso es clamoroso. El verbo radical en­ cuentra cada vez más dificultad para encubrir un programa conservador en esencia, donde los pasos —como el intento de estatizar la banca— acaban en traspiés clamorosos al entramparse en negociaciones con la derecha. La masacre délos penales no contuvo la violencia de Sendero Luminoso. Este partido rescató de allí una profecía aqtocumpíida que les dio tres cente­ nares de mártires y, les permitió probar la proclamada podredumbre del sis­ tema, y fortalecer sus filas. La crisis se agudiza por la conciliación con los que someten a nuestro pueblo a la injusticia y a la miseria. La sociedad entra en un franco proceso de descomposición que puede resultar irreversible y la espiral violeritista cre­ ce. El trato oficial a los hechos que analizamos, comprueba lo que afirmamos. La mayoría aprista, del Congreso ejerce la genuflexión con tal persistencia, que no va a admitir ninguna duda que nuble la (a su juicio) absoluta irres­ ponsabilidad del Poder Ejecutivo, y mucho menos de su presidente y de los altos funcionarios que se sometieron servilmente durante el genocidfó. La ma­ yoría parlamentaria tampoco va a permitir que se toquen a los mandos mili­ tares que comprometieron torpemente a sus instituciones porque ya la con­ tienda de competencia fue dirimida a favor del fuero privativo y es tradición que cuando allí se juzga a un oficial cuyo grado sea superior al de coronel, el caso es, tarde o temprano, sobreseído. Se llega al extremo que en este país es­ tá demás insistir en que el homicidio no es delito de función y que por tanto el Código de Justicia Militar es inaplicable en estos casos de genocidio. La única vez en que el Poder Judicial se encorajinó y decidió juzgar a un comandante de la Marina (jefe de la zona de Huanta cuando se descubrieron las fosas de Pucayacu y cuando desapareció un periodista que entró a la luz pública a su despacho), el marino fue sospechosamente ‘secuestrado ’, reapa­ reciendo su firma en silenciosos trámites legales varios meses después, que lo reconocen, además, como militar en actividad. Así, el caso del capitán de fra­ gata Alvaro Artaza Adrianzén, alias “comandante Camión”, se convierte en un notable ejemplo de cómo están las cosas en el Perú. “Secuestrado” a prin­ cipios de 1986 por un grupo de presuntos terroristas, no se presentó cierta­ mente al proceso judicial. La farsa del plagio se desmoronó cuando el Tribu­ nal de Garantías Constitucionales se pronunció sobre un recurso de amparo presentado por este oficial. La sentencia fue publicada en “El Peruano ’ el 20 de agosto de 1987. Lo increíble es que la conciencia de la gente se ha encallecido de tal forma, que a nadie le llama da atención este hecho y ha pasado casi inadverti­ do. Por supuesto que ninguno de los altos magistrados del Tribunal se tomó la molestia de averiguar cómo un secuestrado podía presentar y firmar recursos de casación contra una resolución judicial que se negaba a aceptar. Por ello mismo resulta una ingenuidad süponer que se apruebe una acu­ sación que señale la responsabilidad política y penal del Jefe del Estado, para que pueda ser juzgado cuando termine sus funciones, ya que ahora la Cons­ titución lo ampara.

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Pese a ello y contra esto quedan las prúebas que una Comisión del Con­ greso trabajó intensamente dejando un registro histórico que será utilizado cuando ética y política no estén divorciadas, y cuando fuerzas sociales más sólidas y consistentes puedan conquistar un nuevo orden que no tema ajustar cuentas con un pasado de vergüenza. A Él epílogo de la impunidad lo ha puesto el mismo presidente. En una carta, del 22 de noviembre de 1987. dirigida al secretario gene­ ral del Partido Aprista, Luis Negreiros Criado, le comunica su extrañeza “an­ te el insólito hecho de que la mayoría parlamentaria del partido haya transigi­ do en constituir una comisión compuesta mayoritariamente por la oposición y presidida por un miembro de ella”.Acusa a sus compañeros de dejadez y de faltar a “la más elemental solidaridad” para dar curso a unas investigaciones, que permitirán, en su opinión, que la oposición use de ellas para hacer ‘el escándalo o la difamación que requieran para dañar la imagen del partido y la de su presidente.” W La carta habla por sí sola y reduce a su exacta dimensión moral al pre­ sidente García. Quizás creyó que los parlamentarios de oposición se iban a atemorizar ante el poder, porque cierto es que no es fácil juzgar a quien lo ejerce en un país donde los juicios a los gobernantes Se perdieron en la os­ curidad del tiempo, y donde la convivencia con el cohecho es hábito republicano.: La Comisión Investigadora fue prometida por el mismo presidente a los pocos días del crimen, como una salida ante la presión pública que quería sa­ ber la verdad. Los líderes parlamentarios del Apra no dieron un paso sin consultar al mando supremo y ya hemos explicado cómo sus maniobras dilata­ ron un año el funcionamiento de la Comisión. No es la oposición la que pretende difamar ni hacer escarnio, cuando el país y el mundo están escandalizados porque en las cárceles del Perú los mo­ tines se afrontan mediante operaciones bélicas y los sobrevivientes son fusila­ dos, después de rendidos, uno por uno. No es la imagen de nadie la que se quiere dañar. Se trata de evitar el de7 finitivo retorno a la barbarie, estimulada por la incapacidad y el fracaso de quien no sólo no puede responder a los problemas de fondo que conmueven a nuestra sociedad sino que ni siquiera es capaz de guardar el equilibrio elemental para solucionar una situación de crisis, y para ello, recurre brutalmen­ te a la fuerza para acabar con la vida. La investigación realizada durante tres meses por la Comisión del Con­ greso,. en la cual casi no participaron los representantes del Apra (salvo los di­ putados Arenas y Barba, intermitentemente), llegó a conclusiones muy claras, La orden de la intervención militar la dio el Presidente de la República, y es por tanto, el principal responsable de la matanza. Cuando por obligación le­ gal y moral tiene que garantizar la vida de todos, reaccionó brutalmente pa­ ra evitar el “desprestigio” de un gobierno que como el suyo se desprestigia cotidianamente y quizo “rescatar el principio de autoridad”, para luego no te­ ner a quien imponérselo porque los presos habían sido fusilados. Alán García fine que ser juzgado por este crimen, tarde o temprano; sobre todo cuando

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siguió paso a paso todo ¿1 operativo y estuvo siempre perfectamente informa­ do por los jefes fnilitares y sus hombres de confianza de todo lo que pasaba. De esta manera, se concluye que el presidente resulta ser el autor inte­ lectual de la matanza producida en los penales, delito que nuestro Código Pe­ nal define como homicidio calificado y qué, por sus características, se con­ vierte, de acuerdo a la legislación internacional, en un delito de lesa humani­ í l dad. Igualmente resulta responsable de haber cometido delito contra la admi­ nistración de justicia, sancionado en el artículo 332 del Código Penal, de usur­ pación de funciones tipificado en el artículo 320 del Código Penal, y toda vez que las conductas ilícitas implican ejercicio arbitrario de la autoridad, se encuentra incurso en la figura típica del abuso de autoridad prevista en el ar­ tículo 337 del Código Penal.

El presidente García Pérez coadyuvó intencionalmente a cometer el ex­ terminio masivo de prisioneros del Estado. .Todos los integrantes del Consejo de Ministros que refrendaróh el acto de gobierno ordenado por el presidente y quienes luego se solidarizaron, son responsables políticos, de acuerdo a los artículosx212, 213 y 221 dé la Cons­ titución, y deben ser procesados penalmente como autores intelectuales de los delitos de homicidio calificado y contra la administración de justicia y como autores también de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autori­ dad sancionados iguamente por el Código Penal. Le cabe un grado especial de responsabilidad al ministro de Justicia, Luis González Posada, pues a su despacho le correspondía de acuerdo a ley, dirigir, ejecutar y controlar la política referente al régimen penitenciario y de coordinar con el Ministerio del Interior las medidas de seguridad penitencia­ ria, asegurando una adecuada administración. Es además, una finalidad expre­ sa del Ministerio a su cargo, velar por la vigencia del imperio de la ley, el dere­ cho a la justicia. Sin embargo, es del Ministerio a su cargo de donde proceden las infor­ maciones sobre’ la situación de los presos amotinados y es él quien permite que se viole el Código de Ejecución Penal, posibilitando el desplazamiento de las autoridades civiles de los penales y de los jueces de ejecución penal. De su despacho procede, además el ilegaldecreto supremo 006. Resultan responsables también los integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por cumplir sin dudas ni murmuraciones una orden a todas luces ilegal e inconstitucional. Su juzgamiento no debe ser encargado de ninguna manera al fuero militar, porque ello supone consagrar la impunidad.

El Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal de la Nación están seria­ mente comprometidos por cuanto ambos funcionarios de entidades constitu­ cionalmente autónomas, no hicieron nada por defender sus fueros y renun­ ciaron a los mismos ante la imposición presidencial, convirtiéndose en cómpli­ ces de lo sucedido.

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Responsabilidad política y moral le alcanza a la dirigencia del Partido Aprista y alas altas personalidades que en su momento, fueron advertidas por los propios ministros de1 la gravedad de la decisión tomada y no hicieron nada para evitarla. Existen testigos directos que escucharon al presidente dar la orden de eliminar a los senderistas. Tarde o temprano alguno de aquellos lo dirá abier­ tamente, sin miedo. La mayoría parlamentaria seguirá defendiendo a su go­ bierno, por lo menos hasta 1990; sin embargo a partir de esa fecha, la situa­ ción será muy distinta, y los poderosos de hoy no lo serán entonces. Los pro­ cesos penales que, ahora tanto temen, confirmarán la veracidad de estas de­ nuncias y señalarán a los máximos responsables, incluido al expresidente Gar­ cía. . I; Por eso, esta historia, no ha terminado.

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DOCUMENTOS

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ACTAS DEL CONSEJO DE MINISTROS

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Acta del 18 de junio de 1986

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