El gobierno de la ciudad medieval : administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas: Administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas 8400088743, 9788400088743

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MAX TURULL RUBINAT

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

ANEJOS DEL ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (Últimos títulos publicados)

MAX TURULL RUBINAT

El gobierno de la ciudad medieval reúne dieciocho trabajos del autor que han visto la luz en diversas publicaciones científicas entre 1992 y 2006. La obra constituye una aproximación jurídica e institucional al estudio del gobierno de las ciudades medievales en Cataluña durante los siglos XII al XV. Se abordan, entre otros, los problemas de los orígenes del municipio —que no de las ciudades— y de los consejos como órganos de gobierno; la estrecha relación entre origen del consejo, gobierno municipal y hacienda y fiscalidad municipales; las fuentes del derecho municipal; el significado, la difusión y la trascendencia del concepto medieval de universitas; las diferencias y las similitudes del gobierno urbano en los ámbitos de realengo y de señorío; el origen, la estructura y el funcionamiento de la hacienda y las finanzas municipales; la doctrina de los juristas medievales sobre la autonomía y la capacidad tributaria de los municipios, y la potestad tributaria del conde de Barcelona en relación con la de la nobleza y los municipios. Max Turull Rubinat (Cervera, Lérida, 1960) es profesor titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. En 1994 amplió estudios en la Université Panthéon-Assas (Paris II) bajo la dirección del profesor Albert Rigaudière. Es secretario de redacción de Initium. Revista Catalana d’Història del Dret y ha formado parte de diversos consejos de redacción de publicaciones científicas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto bajo la dirección de Aquilino Iglesia Ferreirós (UB) como de Manuel Sánchez Martínez (CSIC). Es miembro del equipo de investigación hispano-francés para el estudio de las finanzas y la fiscalidad urbanas bajomedievales del occidente mediterráneo. Sus principales líneas de investigación, en el marco de la Cataluña medieval, son el gobierno, la administración, el derecho, las finanzas y la fiscalidad de las ciudades bajomedievales y la recepción del ius commune en el ámbito de algunas instituciones públicas. Ha publicado en Anuario de Historia del Derecho Español, Anuario de Estudios Medievales, Initium y en diversas obras colectivas, especialmente en Francia. Más recientemente, ha participado de manera activa, desde diversos puestos académicos, en el diseño y la elaboración de los nuevos planes de estudio de diferentes grados de la Facultad de Derecho de la UB, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y ha dirigido distintos proyectos financiados por AGAUR, AQU, ICE y UB sobre mejora de la calidad e innovación docentes en los estudios de Derecho.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

ISBN-13: 978-84-00-08874-3

9 788400 088743

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ilustración de cubierta: Ambrogio Lorenzetti (c. 12901348), Alegoría del buen gobierno. Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES ANEJO 67

Director Manuel Sánchez Martínez, Institución Milá y Fontanals. CSIC

Secretaria Roser Salicrú i Lluch, Institución Milá y Fontanals. CSIC

Comité Editorial María Teresa Ferrer Mallol, Institución Milá y Fontanals. CSIC Josefina Mutgé Vives, Institución Milá y Fontanals. CSIC Pere Verdés Pijuan, Institución Milá y Fontanals. CSIC Antoni Riera Melis, Universidad de Barcelona Tomás de Montagut i Estragués, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) Antoni Furió Diego, Universidad de Valencia

Consejo Asesor Ignasi Baiges Jardí, Universidad de Barcelona Asunción Blasco, Universidad de Zaragoza Damien Coulon, Université Marc Bloch de Strasbourg (Francia) Carlos Estepa Díez, Instituto de Historia. CSIC Enric Guinot, Universidad de Valencia Nicolás Jaspert, Universidad de Bochum (Alemania) Anna Maria Oliva, Instituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma) Pere Ortí Gost, Universidad de Gerona Stéphane Péquignot, École Pratique des Hautes Études (París) Josep M.ª Salrach Marés, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) Mercè Viladrich, Universidad de Barcelona Teresa Viñoles Vidal, Universidad de Barcelona

MAX TURULL RUBINAT

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES BARCELONA, 2009

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por ningún medio ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

Cátalogo general de publicaciones oficiales: http://www.060.es

© CSIC © Max Turull Rubinat NIPO: 653-08-109-3 ISBN: 978-84-00-08874-3 Depósito Legal: M-37727-2009 Impreso en Bouncopy Diseño y Comunicación S.L. Impreso en España. Printed in Spain

Para Anna, Laura y Laia

PRÓLOGO

En 1989, Max Turull Rubinat defendía en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona su tesis doctoral sobre Oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la Catalunya medieval (Cervera, entre 1026 i 1430), publicada, de forma abreviada, en 1990 con el título La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430. Se daba la circunstancia de que el flamante doctor unía su condición de historiador a su formación en Historia del Derecho, cosa harto corriente en tiempos pasados y lamentablemente cada vez menos frecuente en los días que corren. Pero en la tesis de Max Turull concurría otro mérito, aún menos frecuente: no sólo estudiaba a lo largo de un millar y medio de páginas la formación y consolidación del régimen municipal en Cataluña, siguiendo los pasos de sus maestros José María Font Rius y Aquilino Iglesia Ferreirós y utilizando como laboratorio el caso de Cervera (ciudad que, dicho sea de paso, conserva uno de los fondos archivísticos medievales más ricos de Cataluña) sino que integraba en su texto importantes y significativos datos relativos a la fiscalidad y a las finanzas de aquella villa. No creo equivocarme si digo que, por vez primera en la historiografía de Cataluña, los temas referidos a la hacienda municipal tomaban carta de naturaleza en una monografía de historia urbana y lo hacían, además, con la relevancia que se merecen y no como simple apéndice complementario. Así, por primera vez, veíamos bien descritos y perfectamente integrados en la historia del municipio aquellos tres pilares —por utilizar la expresión de Font Rius— que alimentaban los ingresos de la villa, a saber, por orden de aparición en escena, la talla, las imposicions y la deuda a largo plazo (censales y violarios). A finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, las investigaciones sobre la fiscalidad y las finanzas públicas en Cataluña todavía estaban en mantillas. Precisamente por aquellos años empezó a formarse en la Institución Milá y Fontanals (CSIC) de Barcelona un grupo de investigadores que pretendíamos aproximarnos a esas cuestiones a través de la extraordinaria masa documental conservada en el Archivo de la Corona de Aragón.

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Como parecía lógico, nuestras investigaciones comenzaron por estudiar los componentes y la evolución del patrimonio real en Cataluña, sin sospechar todavía la importancia que tendrían las ciudades y las villas del Principado en la gestión de la fiscalidad regia. Desde este punto de vista, la tesis de Max Turull fue absolutamente pionera, no sólo porque mostró por primera vez la extraordinaria complejidad del sistema fiscal municipal y sus relaciones con la fiscalidad de la Corona sino porque sirvió de modelo a las tesis que vinieron después: la de Pere Verdés otra vez sobre Cervera, desde finales del siglo XIV a los albores del XVI (la documentación conservada permitía insistir de nuevo sobre esta villa), y la de Jordi Morelló sobre Valls y Reus. Durante el mismo período, Max Turull aprovechó una larga estancia en París para ampliar la perspectiva de sus trabajos en contacto con juristas dedicados a la Edad Media como André Gouron, Albert Rigaudière y, más tarde, Florent Garnier. Como puede fácilmente suponerse, el grupo de la Milá y Fontanals dedicado a la fiscalidad no podíamos dejar escapar a un investigador como Max Turull, que podía aportar al equipo todos sus saberes en materia de derecho tributario medieval y su experiencia en el manejo de la rica literatura jurídica catalana. Fue así como, desde 1999, Turull ha formado parte de todos y cada uno de los proyectos de investigación que se han ejecutado en aquella institución bajo mi dirección. Al mismo tiempo, fue uno de los protagonistas del boom de los estudios sobre fiscalidad que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de la década de 1990: Congreso de León (1995), Coloquio de Lleida (1997), número monográfico de la Revista d’Història Medieval (Universidad de Valencia, 1996), participación en el proyecto hispano-francés sobre La fiscalité des villes au Moyen Âge, que dio lugar a la celebración de numerosas mesas redondas, a la publicación de cuatro volúmenes entre 1996 y 2004) y a la organización de un coloquio en París sobre L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle (2001). A través de la colección de trabajos que presenta Turull en este volumen misceláneo es posible observar cuáles han sido las lignes de faîte de su trayectoria investigadora y sus principales aportaciones en el ámbito de la fiscalidad y finanzas municipales en Cataluña. Un conjunto de trabajos (los capítulos 6, 7, 8 y 13) abordan, a partir de los ejemplos de Tàrrega, Balaguer, Cervera y Banyoles, una serie de cuestiones básicas para explicar la configuración del gobierno de la ciudad medieval tales como el concepto de personalidad jurídica (universitas) o la capacidad de expresar la voluntad común del municipio por encima de la de cada uno de sus miembros, lo que dio lugar a la formación de los Consejos. En el caso concreto de la villa de Tàrrega (capítulo 6), y en colaboración con Jaume Ribalta, se muestra con todo lujo de detalles y a través de un nutrido aparato

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crítico, el proceso que conduce desde el oscuro nacimiento de la universitas en la primera mitad del siglo XIII a la aparición del consejo general a principios de la siguiente centuria y, más tarde, a la formación de un consejo restringido en 1369. Puesto que en todos los casos estudiados la existencia de una universitas y de un consejo que expresa su voluntad se documentan en el siglo XIII, es imposible desconectar ambos fenómenos de la recepción del ius comune que tuvo lugar en Cataluña por la misma época. En este sentido, me parece de un subido interés el capítulo 13: a través de un sólido estudio histórico-jurídico sobre el nacimiento de las haciendas municipales, se pone claramente de manifiesto hasta qué punto el derecho romano-justinianeo y canónico (más los comentarios de los glosadores y post-glosadores) influyeron, desde principios del siglo XIII, en la transformación de las ciudades y villas en universidades. En efecto, tras Ramon de Penyafort, Sinibaldo Fieschi (papa Inocencio IV) elaboró la teoría de la personalidad moral aplicada a corporaciones y colegios. Un poco después, ya a mediados del Doscientos, se admitió que esos entes dotados de personalidad jurídica (las universidades) podían disponer de un arca comunis para satisfacer las necesidades de la comunidad de habitantes. Y aunque, en principio, ello no implicaba que las universidades gozasen de potestad tributaria, una cuidadosa lectura de destacados juristas catalanes (Callís, Mieres, Càncer, Xammar, Bosch) permite concluir que, si la ciudad tenía el permiso del soberano para congregarse y constituir un municipio, también podría imponer tallas o colectas para atender a las necesidades de sus moradores. La práctica observada en Cataluña lo muestra con toda claridad: ya desde los umbrales del siglo XIII, las universidades disponían de un arca común y podían organizar derramas sin tener que solicitar la autorización regia en cada ocasión. Pero lo verdaderamente importante —y aquí abordamos otra de las aportaciones más relevantes de Turull— es comprobar que la existencia de un arca común y la práctica de repartir tallas precedieron en muchas ocasiones a la propia existencia del régimen municipal (capítulos 1, 2, 3 y 12). Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Lleida: esta ciudad recibió en 1196 de Pedro el Católico la autorización para tener arca común, alimentada con las aportaciones de los vecinos, y al año siguiente el mismo monarca le concedió el privilegio del consulado, el primero documentado en Cataluña. Por tanto, se observa con nitidez en este caso que la organización de la hacienda, por rudimentaria que fuese en aquella época, fue anterior o prácticamente simultánea a la institucionalización político-jurídica de la ciudad. Además, como el autor muestra con detalle en el caso de Cervera, la etapas de configuración del régimen municipal estuvieron comandadas

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siempre por problemas derivados de la gestión fiscal y financiera: así, tanto el propio nacimiento del consejo en 1311 como su consolidación en 13291334 lo fueron a consecuencia de las denuncias por la corrupción de los regidores y la mala administración de la hacienda. Incluso un siglo después, las reformas del gobierno en 1421 se hicieron otra vez para poner coto a las malversaciones de que fueron acusados los dirigentes municipales, en un contexto de profundas dificultades financieras ocasionadas por el insoportable nivel del endeudamiento censal. Todo ello permite concluir, en palabras del propio autor, que «no debemos considerar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las funciones sobrevenidas a un consejo preexistente; por el contrario, este consejo nacería y obtendría su apariencia casi definitiva con la finalidad de organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la universitas». Si, como afirma Turull, no se puede hablar en términos generales de un verdadero sistema fiscal y financiero municipal con anterioridad al primer tercio del siglo XIV, ¿cuál fue el motor que impulsó la organización de las haciendas locales y, por ende, la creación y consolidación del régimen municipal? Las investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace tiempo, combinando de manera ejemplar la documentación del Archivo Real (en el Archivo de la Corona de Aragón) con la custodiada en los archivos municipales, muestran hasta qué punto fueron las crecientes exigencias de la monarquía (sobre todo, a partir del acceso al trono de Pedro el Ceremonioso en 1336) las que contribuyeron de forma decisiva al nacimiento de la fiscalidad municipal (capítulo 11). Dice con razón Bernard Chevalier para el caso de Francia: c’est la pression de l’État naissant qui, tout en ruinant les finances débiles des communes, a poussé par ses exigences et son exemple les bonnes villes sur la voie de l’impôt. Pues bien, lo mismo puede predicarse mutatis mutandis de las ciudades catalanas. Así, las tallas, documentadas ya a finales del siglo XII y de forma general a lo largo del Doscientos, podían servir para atender a determinadas necesidades locales (sin duda, muy modestas en aquella época) pero, por encima de todo, se establecieron para pagar la questia, el tributo regio por antonomasia. Más tarde, la expansión mediterránea de la Corona y los conflictos bélicos de ella derivados se tradujeron en continuas peticiones de subsidios a las ciudades, para cuya satisfacción los monarcas otorgaron a los municipios un nuevo recurso fiscal: las imposicions o impuestos indirectos sobre el consumo y las transacciones. Por fin, mediado el siglo XIV, las urgencias de la Corona para recibir inmediatamente los donativos que obtenía fueron la causa de la adopción por los municipios de una nueva modalidad crediticia: la deuda a largo plazo. Así pues, podemos observar con claridad que el ritmo de adquisición de los tres pilares que alimentaban las haciendas locales —talla,

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imposicions y endeudamiento censal— vino marcado por la voracidad fiscal de la monarquía. Ahora bien, esta imbricación entre la fiscalidad real y la municipal obliga al planteamiento de algunas cuestiones sobre la potestad tributaria de los monarcas en Cataluña, que aborda Turull en los capítulos 16, 17 y 18. Naturalmente, debemos partir de la especial naturaleza del poder político en los países de la Corona de Aragón. Es de sobra sabido que, desde finales del siglo XII, los grupos privilegiados empezaron a poner límites a las capacidades de los soberanos en materia fiscal. A partir de las Cortes de Barcelona de 1283, los monarcas no podían promulgar constituciones de carácter general sin el consenso de los tres brazos presentes en las asambleas ni, como corolario, establecer ningún impuesto general sin su autorización. Por eso, la nueva fiscalidad catalanoaragonesa, desde mediados del siglo XIV, escaparía al control del monarca para ser gestionada por las Cortes y su emanación, las respectivas Diputaciones Generales de Cataluña, Aragón y Valencia. Pero, junto a ello, tampoco debemos olvidar que los soberanos disponían de todo el instrumental jurídico necesario —el Liber Iudiciorum, los Usatges y todo el arsenal del derecho común— para afirmar con rotundidad su derecho a imponer. Así, a pesar de las limitaciones apuntadas, Turull muestra (capítulo 17) cómo a lo largo del siglo XV, el monarca vio reconocida su potestad tributaria sobre los nobles y los vasallos de la Iglesia. De esta forma se llegó a una situación de inestable equilibrio y un tanto paradójica: el rey no podía establecer impuestos por su autoridad y sin el consentimiento de las Cortes pero, al mismo tiempo, tampoco nobles y eclesiásticos podían hacerlo en sus respectivas jurisdicciones sin contar con la autorización regia. En estos parámetros se mueven las formulaciones de Andreu Bosch, jurista del siglo XVII, interesantes sobre todo por sus reflexiones en torno al control municipal sobre las imposicions, en tanto que columna vertebral de la fiscalidad local (capítulo 18). Con todo, aun admitiendo el principio de que el rey debía autorizar la percepción de imposicions así como mantener un cierto control sobre la emisión de censales y violarios por parte de las ciudades de realengo, debemos reconocer las amplias cotas de autonomía fiscal de que gozaron los municipios catalanes. Desde el momento en que el monarca permitía que los regidores modificasen a su antojo las tarifas de las imposicions y prolongasen su período de vigencia, pero sobre todo a partir de cuando estos impuestos fueron colocados al servicio de una deuda pública que crecía como una descomunal bola de nieve, los municipios defendieron con tesón su control sobre este importante recurso fiscal. Me parece relevante poner énfasis en este elevado nivel de autonomía fiscal y financiera, frente a lo que sucede en otras

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monarquías occidentales por la misma época, en tanto que uno de los rasgos más característicos de los municipios de Cataluña. Prueba indirecta de esta autonomía es la ausencia absoluta, en las Constitucions i altres drets de Cataluña, de disposiciones generales que regulen los aspectos esenciales de la fiscalidad municipal y sus relaciones con la fiscalidad regia, como se muestra en el capítulo 16. Aquí Turull y Pere Verdés proporcionan una muy útil selección de las noticias contenidas en aquellas Constitucions referentes a los dos componentes básicos de las haciendas locales: las imposicions y el endeudamiento a largo plazo. El hecho de que la inmensa mayoría de las disposiciones sobre fiscalidad municipal contenidas en esta compilación sean capítulos de Cortes dice mucho sobre la importancia de esta institución en el ordenamiento jurídico-político del Principado. Así, es fácil adivinar, tras muchos de estos capítulos aprobados en las asambleas, las peticiones dirigidas por el brazo real al monarca de cara a preservar y fortalecer su autonomía fiscal; pueden servir de ejemplo las reiteradas solicitudes para que las causas derivadas de las imposicions fuesen sustanciadas en las mismas universidades y no en la Real Audiencia. De aquí deriva el interés que tendría conocer quiénes eran los síndicos que representaban al brazo real en las Cortes, saber de qué poderes eran portadores y averiguar los intereses que defendían en las asambleas. Es bien notorio que el material fundamental para conocer el desarrollo de las Cortes lo forma la rica documentación de carácter parlamentario que se conserva para Cataluña: procesos de Cortes, capítulos del donativo, greuges, constituciones, etc. Sin embargo, a pesar de su elevado interés, esa documentación rara vez nos permite penetrar en la naturaleza de las negociaciones —algunas muy duras, sin duda— que tenían lugar a lo largo de las sesiones. Sólo desde hace poco tiempo se está empezando a aprovechar la documentación conservada en los archivos municipales con el fin de contribuir al mejor conocimiento del desarrollo de las asambleas. Así, a través de las instrucciones enviadas por los regidores a los síndicos y las respuestas de éstos, con informaciones preciosas sobre lo discutido en las reuniones, sería posible levantar un poco el velo que oculta las negociaciones entre el rey y los brazos o las deliberaciones entre los propios brazos, más allá de la fría prosa notarial del proceso de Cortes. Max Turull abre un camino en esta dirección estudiando el perfil social, político e institucional de los síndicos urbanos en las Cortes y Parlamentos de Cataluña durante gran parte del siglo XIV (capítulo 10). Utilizando de nuevo el inagotable depósito documental de Cervera y completándolo con material de otras procedencias, nuestro autor analiza, entre otras cuestiones, el proceso de elección de los síndicos, los poderes otorgados por el municipio y los costes económicos de sus misiones. Desde el punto de vista profesional, mercaderes,

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notarios y juristas nutrieron, con pocas excepciones, las listas de síndicos; y si entre ellos predominaban los poseedores de una fortuna media (sin alcanzar la cima de los grandes contribuyentes), todos tenían, en cambio, una amplia experiencia en la vida municipal ya que habían ocupado cargos relevantes (paers o consellers) antes de ser enviados como representantes de Cervera a las Cortes. Ojalá se multipliquen trabajos de la misma o parecida índole, pues ello nos permitirá, entre otras cosas, conocer el background de muchas asambleas y entender el carácter y el contenido de las constituciones aprobadas y de los privilegios obtenidos en aquéllas por el brazo real. He dejado para el final dos trabajos (los capítulos 14 y 15) que muestran otro de los campos donde Max Turull ha sido verdadero pionero: el estudio del impuesto directo en los municipios de Cataluña. En el capítulo 14 se reproduce un trabajo publicado en 1997 donde el autor desentraña, un poco a la luz del derecho tributario contemporáneo, todo el proceso inherente a la ordenación y percepción de las tallas: autorización regia, hecho imponible, criterios de exención, sujetos pasivos, manifestación de bienes, determinación de la deuda tributaria, etc. Respecto a la manifestación de los bienes de los contribuyentes, hemos de decir que Cataluña no le va demasiado a la zaga a la Francia meridional o a la Italia centro-septentrional, donde tanto abundan las estimas, los catastros y los compoix medievales. Como se muestra al final del capítulo 15, son numerosas las ciudades y villas del Principado en cuyos archivos se custodian también libros de estimes, de valies o manifests, de tanto valor no sólo para la fiscalidad sino también para la demografía y la historia socio-económica de una comunidad. Gracias a este espléndido trabajo, escrito en colaboración con Jordi Morelló, otro experto en el tema, disponemos de un valioso estado de la cuestión acerca de lo que aportan (y lo que silencian) estas fuentes. Es sabido que, desde que se puede documentar el reparto de tallas entre la población, éstas debían hacerse per solidum atque libram, es decir, de manera proporcional a los bienes de cada contribuyente. Ningún libro de estimes se ha conservado para esta remota época y hemos de esperar hasta la segunda mitad del siglo XIV, al compás de la definitiva consolidación del sistema fiscal municipal, para encontrar los primeros ejemplares de este tipo de fuentes. En el trabajo de referencia, Turull y Morelló pasan revista, con meticulosidad y rigor admirables, a las cuatro principales cuestiones que plantean los libros de estimes: cómo se confeccionaban, quiénes declaraban en ellos, qué tipos de bienes se anotaban y cómo se evaluaba la riqueza. Desearíamos que este estado de la cuestión, fechado en 2005, quedase pronto anticuado, señal de que han aparecido nuevos manifests o se han realizado nuevos estudios sobre los existentes.

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En suma, en esta selección de trabajos de Max Turull (algunos de ellos escritos en colaboración con otros autores), el lector encontrará una renovada visión de los orígenes del régimen municipal en Cataluña y del papel que cupo a la fiscalidad y a la hacienda en este complejo proceso. Y lo hará en la compañía y de la mano de un historiador del mundo urbano en la Cataluña medieval que, además, es historiador del Derecho. Esta doble cualidad creo que contribuye a romper barreras entre disciplinas, cuyos cultivadores deberíamos trabajar más codo a codo. Creo que la mejor enseñanza que se puede sacar de este libro es observar la pertinencia con que su autor combina los textos de naturaleza jurídica con los datos documentales emanados de la práctica. Es evidente que cualquier investigación que privilegie uno de los dos extremos en detrimento del otro será incompleta y dificultará el acceso a esa ideal reconstrucción global del pasado histórico. Por tanto, sólo me resta expresar la esperanza de que los trabajos incluidos en este volumen sean útiles no sólo por los datos, las noticias e interpretaciones que aportan sobre el régimen y la fiscalidad municipales en la época medieval sino, muy especialmente, por el empleo de un método de análisis que puede resultar sugestivo tanto a los historiadores del Derecho como a los que somos llamados, en expresión tomada de la práctica médica, historiadores «generalistas». Manuel Sánchez Martínez Institución Milá y Fontanals (CSIC)

INTRODUCCIÓN

Este volumen recoge dieciocho artículos que han visto la luz en diversas publicaciones científicas entre 1992 y 2006. A pesar de la pluralidad de sedes editoriales y a pesar, también, de las diferencias substanciales entre unos artículos y otros, creemos que siguen un mismo itinerario, persiguen un mismo objetivo y alcanzan un resultado coherente. Como el subtítulo señala, se trata de trabajos sobre la administración y las finanzas en las ciudades catalanas entre los siglos XII y xv. En concreto, y así se evidencia en el índice y en las cinco partes que componen la obra, los artículos tratan los orígenes del régimen municipal en Cataluña, el derecho de las ciudades medievales, el gobierno municipal, la hacienda y la fiscalidad municipales y la situación de estos núcleos urbanos entre el poder real y la autonomía municipal. No todo el gobierno de la ciudad medieval catalana ha sido estudiado en los artículos recogidos; ni se han podido incluir, por ejemplo, trabajos en marcha sobre la toma de decisiones en los Consejos medievales, o la noción de universitas en la Cataluña medieval. Pero sí que el gobierno de la ciudad medieval es lo que les da coherencia entre sí. Título que nos vino sugerido —y a la vez es un guiño— por la obra de Albert Rigaudière, Gouverner la ville au moyen âge (París, 1993). La honestidad científica nos obliga a señalar algo evidente para quien ojee este volumen: a pesar del título, no todos los artículos abarcan la totalidad de las villas y ciudades catalanas medievales. No pocos textos se refieren a la categoría conceptual de lo municipal en la Cataluña medieval: sea cuando nos referimos a las fuentes del derecho municipal, sea cuando lo hacemos sobre la hacienda municipal en la recopilación de derecho catalán de 1704, o aun cuando nos referimos por pasiva a los municipios analizando la potestad tributaria del monarca. Otros artículos construyen su discurso tomando información de una multitud de villas y ciudades. Y otros, en fin, focalizan sus laboratorios de análisis en centros urbanos concretos. En este último caso queremos señalar que hemos estudiado tanto el caso del gobierno municipal en villas y ciudades de realengo —Lérida, Cervera, Tárrega—, como también el caso de núcleos de señorío laico y eclesiástico —Balaguer, Bañolas—.

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La aspiración última de esta colectánea es contribuir a un mejor conocimiento del gobierno de la ciudad medieval, y ello desde la perspectiva de la historia del derecho y de las instituciones. En este sentido, las publicaciones aquí vertidas se nutren, sobre todo, de tres fuentes científicas principales. Por una parte, son herederas de los múltiples estudios del profesor Josep Maria Font Rius en materia de régimen municipal en Cataluña, con quien tuve el privilegio de coincidir durante algunos años en el antiguo seminario de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho; además el profesor Font nunca ha escatimado ayuda cuando se la he pedido. En segundo lugar, lo son del profesor Aquilino Iglesia Ferreirós, con quien el autor ha colaborado y se ha formado desde hace más de veinte años. Su impronta es evidente, por lo menos, en el enfoque sobre la personalidad jurídica de las municipalidades y las consecuencias que de ello se derivan, así como también en la música de fondo histórico-jurídica en que se incardinan los trabajos. Y en tercer lugar, también son herederas de las aportaciones del profesor Manuel Sánchez Martínez, que no solo ha sabido forjar, cohesionar y liderar un equipo de trabajo, sino que además ha fijado el contexto histórico-institucional donde encajan algunos de nuestros trabajos en materia de hacienda y fiscalidad medievales. El lector observará que los trabajos publicados se inscriben en sucesivos proyectos de investigación dirigidos unos por Aquilino Iglesia Ferreirós y otros por Manuel Sánchez Martínez. En cuanto a los criterios de edición, señalaremos que hemos respetado tanto la redacción original de los textos como su aparato crítico. Esto no ha sido fácil. Cuando iniciamos la recopilación, nuestro ánimo era exactamente el contrario: pretendíamos modificar, rehacer, replantear, reformular y redactar de nuevo aquello que se nos antojase. Sin embargo, triunfó el principio de realidad y nos mantuvimos fieles a nuestra propia historia. Efectivamente, cada texto debe entenderse en su contexto, es tributario, en lo bueno y en lo malo, de su momento y se inspiró en la información disponible en cada periodo. Qué duda cabe de que rescribiríamos frases y fragmentos enteros, que citaríamos más autores, que los textos serían más precisos y, en definitiva, más maduros y mejores, pero probablemente dentro de treinta años pensaremos exactamente lo mismo de lo que ahora estamos escribiendo. Dentro del respeto al tenor original, únicamente hemos traducido al castellano aquellos textos que se escribieron originariamente en catalán y que se publicaron en esta lengua o en francés. También hemos completado las citaciones bibliográficas que se hallaban incompletas por hallarse los trabajos citados en prensa. En consecuencia, no hemos actualizado el aporte bibliográfico que se cita en notas, a pesar de que en algunos casos exista bibliografía posterior claramente pertinente para el tema tratado. El mantenimiento del tenor original de los textos y del aparato crítico conlleva que a menudo se reiteren las citaciones

INTRODUCCIÓN

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a unas mismas obras. Ciertamente, las fuentes primarias de conocimiento serán las necesarias en cada caso, y así lo atestiguan las referencias archivísticas y a fuentes editadas. Sin embargo, se repiten en un artículo después de otro algunas mismas referencias bibliográficas, lo que evidencia que circunscribiéndose los contenidos de este libro a un ámbito temático, es natural que se visualicen reiteraciones a lo que se ha convertido como bibliografía de referencia sobre todo en materia de hacienda y fiscalidad medievales. Sin duda habría resultado más discreta una numeración correlativa y única de las notas o convertirlas al estilo anglosajón, pero ni es el estilo de edición del CSIC ni hemos optado por esta modificación de la edición original. No se encabalgan únicamente las citaciones bibliográficas, sino que también lo hacen algunos trabajos. Hay partes de unos que han servido para otros, hay informaciones que se utilizan en varios, hay argumentos que se repiten, y hay secuencias de hechos históricos que se reiteran. Muchos trabajos están engarzados, lo que más que un perjuicio podría suponer una garantía de coherencia y unidad. Si en lugar de realizar una recopilación ahora hubiésemos redactado un código, esto no habría sucedido. Se han homogeneizado los criterios formales de edición y de citación, que eran distintos en cada artículo según la sede donde habían sido publicados. Ha sido un fatigoso proceso manual que puede haber conducido a algún error formal que lamentamos. Los títulos originales de los artículos, que ahora conforman los títulos de los capítulos del libro, no han sido modificados salvo para eliminar, en su caso, los referentes temporales y territoriales, pues si bien tenían sentido para cada artículo por separado, ahora resultaban reiterativos e inútiles; puesto que todos los trabajos se refieren a la Cataluña bajomedieval, no hace falta repetirlo en cada caso. En cuanto a las especificidades terminológicas, las hemos traducido al castellano siempre que ha sido posible. El criterio de traducción ha sido académico y científico. Hemos traducido cuando un término estaba acuñado por la Real Academia Española (Diccionario de la Lengua Española, 22.ª edición) y cuando la traducción se justificaba en forma y fondo. Ha sido el caso de ordenanzas por ordinacions, constitución por constitució, jurado por jurat, consejero por conseller, cónsul por cònsol, Consejo por Consell, Consulado por Consolat, talla por talla, y clavario por clavari, con sus respectivos plurales. En cambio no parecía ni lo más correcto ni lo más útil castellanizar términos que no recoge la RAE y que de ello resultara una traducción que no se justificaba ni en forma ni en fondo, como son los casos de paer, Paeria, Juradia, violari, vectigal e imposicions. En el trabajo «De voluntate universitatis» hemos mantenido en las notas todas las referencias al apéndice documental que acompañaba aquel artículo que

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se publicó originalmente en Anuario de Estudios Medievales y cuyo apéndice no se incluye en la obra actual. Puesto que nuestro apreciado Anuario es una publicación de amplia difusión y fácil acceso, las actuales remisiones pueden completarse con la consulta al mismo. Sin embargo, en este mismo artículo, sí hemos añadido las referencias documentales correspondientes a la edición de Els llibres de privilegis de Tárrega (1058-1473) que tuvo lugar en 1997, tal como se señala en nota. El trabajo «El nacimiento de la fiscalidad municipal en Lérida (1149-1289)» fue publicado, en catalán, en 1997 en las actas del coloquio internacional sobre Corona, municipios y fiscalidad celebrado en Lérida. Posteriormente este texto fue incorporado y ampliado como una parte de «Universitas, commune, consilium: sobre el papel de la fiscalidad en el origen y el desarrollo del consejo (Cataluña, siglos XII-XIV)», publicado en francés en el año 2000. Ahora reproducimos el artículo del coloquio de Lérida pero en su versión, traducida, del año 2000. Creemos que la ausencia de una introducción substancial sobre el tema queda compensada por el prólogo que con su habitual generosidad ha accedido a realizar Manuel Sánchez Martínez, y por el planteamiento conceptual y metodológico que acompaña cada trabajo. Además, la publicación reciente en esta misma sede editorial de dos grandes obras, de Jordi Morelló (2001) y de Pere Verdés (2006) sobre hacienda y fiscalidad municipales, hace del todo innecesario un nuevo estado de la cuestión que no haría sino repetir lo ya descrito y valorado. Por otra parte, la consulta de la bibliografía aportada en sede de nota hace innecesaria una bibliografía final recopilatoria. Y en cuanto a los agradecimientos, los primeros van destinados a Jaume Ribalta, Pere Verdés, Antoni Furió, Jordi Morelló, Manuel Sánchez, Pere Ortí y Marta Bueno, que como coautores de algunos artículos han autorizado su publicación en este volumen. Con Manuel Sánchez estoy en deuda, además, por el interés que, como director del Anuario de Estudios Medievales e investigador principal de no pocos proyectos en que he participado, ha mostrado por esta iniciativa; y, por supuesto, por los años de colaboración, acogida, ánimo, y fructífero intercambio científico e intelectual. Mi gratitud aquí se hace extensiva a todo el personal investigador y de administración del Departamento de Estudios Medievales del CSIC de Barcelona, casi como un segundo hogar académico para mí; especialmente intensa ha sido la colaboración con Pere Verdés, Jordi Morelló y Pere Ortí. También mi reconocimiento a los miembros del Departamento de Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, especialmente a mis colegas del área de Historia del Derecho, que es donde se ha desarrollado mi tarea docente e investigadora desde 1985. En cada artículo se señalan, por otra parte, los particulares agradecimientos intelectuales necesarios, siempre sinceros y pertinentes.

PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN EL VOLUMEN

1. Max TURULL RUBINAT, «Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los Consejos municipales en Cataluña (siglos XII-XIII): algunas reflexiones», en Anuario de Historia del Derecho Español, 72 (2002), pp. 461-471. 2. Max TURULL RUBINAT y Pere VERDÉS PIJUAN, «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la baja edad media», en Anuario de Historia del Derecho Español, 76 (2006), pp. 507-530. 3. Max TURULL RUBINAT, «“Universitas, commune, consilium”: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en B. DURAND y L. MAYALI (eds.), Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron. Berkeley, The Robbins Collection, 2000, pp. 637-677 [el capítulo de Lérida procede, a su vez, de Max TURULL RUBINAT, El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289), en M. SÁNCHEZ y A. FURIÓ (eds.), Actes del Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232]. 4. Max TURULL RUBINAT, «El dret municipal català abans i després del Decret de Nova Planta», en Revista de Catalunya, 73 (1993), pp. 39-53. 5. Max TURULL RUBINAT, «Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (XIIIe-XIVe siècles)», en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Étude des sources, Ed. Privat, Toulouse, 1996, pp. 147161. 6. Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis. La formació i l’expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 12141520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 143-231

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(también en Miscellanea Domenico Maffei. Dicata. Historia — ius — studium, curantibus Antonio GARCÍA Y GARCÍA & Peter WEIMAR, Zürich, 1995, I, pp. 321-409). 7. Max TURULL RUBINAT, «El règim municipal al comtat d’Urgell. De la universitas a la Paheria. El govern de la ciutat de Balaguer a la baixa edat mitjana», en El comtat d’Urgell, Lérida, 1995, pp. 70-98. 8. Max TURULL RUBINAT y Marta BUENO SALINAS, «El contingut jurídic i institucional del laude arbitral de 1303», en La Carta Municipal de Banyoles, 1303, Bañolas, 2003, pp. 11-15. 9. Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «Rafael Gras i de Esteva i l’estudi del municipi medieval a Lleida», en Miscel. lània Homenatge a Josep Lladonosa, Lérida, 1992, pp. 115-127. 10. Max TURULL RUBINAT, «Síndicos a Cortes perfil social, político e institucional de los representantes ciudadanos a Cortes y parlamentos en Cataluña (1333-1393)», en XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó / Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, pp. 889-1012. 11. Pere ORTÍ GOST, Manuel SÁNCHEZ y Max TURULL, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», en Revista d’Història Medieval, 7 (1996), pp. 115-134. 12. Max TURULL RUBINAT, «La naissance d’une administration financière municipale (Catalogne, XIVe-XVe s.)», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (coords.), La fiscalité des villes au moyen âge (occident méditerranéen). 4. La gestion de l’impôt, Privat, Toulouse, 2004, pp. 11-23. 13. Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat (D’una petició de privilegi fiscal al siglo XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, 1996, pp. 581-609 [= Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 1 (1996)]. 14. Max TURULL RUBINAT, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de

PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS

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Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 1997, pp. 73-133. 15. Max TURULL y Jordi MORELLÓ, «Structure et typologie des estimesmanifests en Catalogne (XVI-XVe siècles)», en De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, Comité pour l’histoire economique et financière de la France, Paris, 2006, pp. 383-436 (versión en castellano en «Estructura y tipología de las “estimes-manifests” en Cataluña (s. XIV-XV)», en Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 271-326. 16. Max TURULL y Pere VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal a Constitutions y altres drets de Cathalunya (1704)», en Manuel SÁNCHEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval, CSIC, Barcelona, 1999, pp. 121-154. 17. Max TURULL RUBINAT, «Sobre la potestad tributaria del Conde de Barcelona (siglos XII-XV)», en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 5 (2000), pp. 589-623. 18. Max TURULL RUBINAT, «Un juriste du XVIIe siècle: Andreu Bosch et le droit d’imposer en Catalogne au Moyen Âge», en L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen XIIIe-xve siècle, Paris, 2005, pp. 511-525.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ACA ACSG ACUR AEM AHCM AHDE C c. CARAVYC CIC CYADC D f. FM l. LP LPC LPT n. p. pp. r. reg. sb. v.

Archivo de la Corona de Aragón Archivo Comarcal de la Segarra Archivo Comarcal del Urgel Anuario de Estudios Medievales Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa Anuario de Historia del Derecho Español Código de Justiniano Cancillería Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Cataluña Corpus Iuris Civilis Constitutions y Altres Drets de Cathalunya Digesto folio Fondo Municipal libras barcelonesas Libro de Privilegios Libro de Privilegios de Cervera Libro de Privilegios de Tárrega nota página páginas recto Registro sueldos barceloneses verso

I LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

NUEVAS HIPÓTESIS SOBRE LOS ORÍGENES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES: ALGUNAS REFLEXIONES1

1. PLANTEAMIENTO

Este texto pretende aportar algunas reflexiones para la discusión y el debate acerca de la incidencia que tuvo la hacienda y la fiscalidad de los municipios —universitates— del siglo XIII en la formación, la consolidación y el desarrollo del consejo municipal. No presentamos, ahora, un trabajo de campo ni una investigación empírica a partir de casos particulares y de fuentes concretas. Se trata de reflexiones que se sustentan, por supuesto, en anteriores trabajos de carácter empírico. La hipótesis que presentamos es que hay una relación de causa y efecto entre la necesidad de satisfacer un gasto, la formación de la primera organización financiera comunitaria y el nacimiento del consejo. Esta explicación requiere ser aplicada y probada en un mayor número de situaciones y de casos históricos concretos, si bien hasta ahora ha superado, creemos que con éxito, la verificación a la que la hemos sometido en tres situaciones particulares.2 Para evitar confusiones y ambigüedades no es ocioso empezar por definir los dos elementos integrantes de nuestro binomio (consejo y gasto1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación PB98-0478 «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos XIII-XIV): bases jurídicas y trasfondo político», dirigido por Manuel Sánchez Martínez (CSIC). Una versión de este texto será publicada en el volumen tercero de la obra La fiscalité des villes au Moyen Age. France méridionale, Catalogne et Castille (Editions Privat, Toulouse) con el título «Dèpenses, administration financière et origines du conseil municipal (XIIe-XIIIe siècles): quelques réflexions». 2 Vid. Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat (D´una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Pret Jaume de Montjuïc, 1996, pp. 581-610 [= Initium. Revista Catalana d´Història del Dret], 1 (1996), pp. 581-610]); Max TURULL RUBINAT, “El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)”, en Manuel Sánchez y Antoni Furió (eds.), Actes Col·loqui Corona, Municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232; Max TURULL RUBINAT, «Universitas, commune, consilium: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et dévélopement du conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en Exceptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection Publications, 2000, pp. 637-677.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

hacienda municipal). Entendemos por consejo aquel órgano cuya función es expresar la voluntad de la comunidad y, eventualmente, ejecutar las decisiones que la comunidad pueda acordar directamente.3 Nos referimos, sin embargo, a una comunidad que posee aquello que hoy calificaríamos de personalidad jurídica, o sea, capaz de expresar voluntades diferentes a las de sus miembros, y que esta unidad, además, es reconocida por el titular del poder. El consejo sería, por lo tanto, la representación orgánica de la comunidad4 y la institucionalización de una representación de la misma. La comunidad la integran, en principio, todos los habitantes del lugar, mientras que el consejo implica una reducción de sus miembros: unos pocos miembros de la comunidad —aquellos que integran en un momento dado el consejo— actúan en nombre de todos. Esta representación de la comunidad, para tener carácter de órgano y de institución, debe ser permanente en el tiempo y debe desarrollar unas funciones que superen y sobrevivan a los individuos que circunstancialmente se hacen cargo de ellas. El consejo es, en definitiva, la «institution organisée à l’intérieur de la communauté, celle-ci constituant le fait primitif, y además le conseil n’est que l’expression de la ville qui ne peut se réunir tout entière».5 Por otra parte, entendemos por fiscalidad municipal al conjunto de instrumentos de que disponían las universitates para obtener recursos económicos. No nos interesa ahora determinar el origen jurídico de estos instrumentos, y además no prejuzgamos si su finalidad era satisfacer las necesidades de la propia comunidad o pagar los servicios debidos al monarca. Entre los siglos XIII y XV la mayor parte de los recursos económicos que obtenían las universidades procedieron de los tributos directos, de los indirectos, del crédito y de la emisión de deuda pública. No entendemos, por tanto, como fiscalidad 3 Para evitar confusiones, equiparamos el «Consell» de Cataluña, Valencia y Mallorca al «Consejo» de León y Castilla, mientras que el «Concejo» castellano-leonés equivaldría a la «universitas» catalana, valenciana y mallorquina; en Aragón parece que «Concejo» denomina ambas realidades [Vid. Estudis Baleàrics, año 5 / nº 31 (1988), volumen monográfico dedicado al municipio en los territorios de la Corona de Aragón con artículos de Álvaro Santamaría (Mallorca), José Hinojosa (Valencia), Carme Batlle (Cataluña) y Mª Isabel Falcón (Aragón)]. 4 Para Font Rius aquello que permitiría hablar de la existencia del consejo –municipio organizado según su clasificación– sería “la regularización de estas funciones judiciales junto con las demás de tipo gubernativo y administrativo de la vida local, en manos de unos organismos y autoridades elegidos más o menos directamente por la comunidad vecinal, y que pasan a representar a la misma de un modo más regular y estable, sustituyendo a la antigua forma, algo vaga e inorgánica, de las asambleas generales o de probi homines” [José María FONT RIUS, “Orígenes del régimen municipal de Cataluña”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 16 (1945), pp. 389-525 y 17 (1946), pp. 229-585; edición aparte por el Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1946 (ahora en Josep Maria FONT I RIUS, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 281-560, para la cita en concreto, p. 463]. 5 Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyenâge latin, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1970, p. 317, n. 32 y p. 316, n. 30 respectivamente.

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municipal las transacciones económicas que pudieran existir entre el conde de Barcelona o cualquier titular de una jurisdicción señorial y sus vasallos de forma individual o personal; estas relaciones económicas no pueden ser calificadas de fiscalidad municipal por el mero hecho de implicar a habitantes de villas y ciudades. La necesidad de efectuar un gasto público —o sea, de la comunidad, para la comunidad y desde los órganos de gobierno de la misma comunidad— pondrá en marcha una maquinaria financiera que tendrá consecuencias institucionales importantes. Pero así como el presupuesto, que representa la vinculación entre gastos e ingresos a lo largo de un período de tiempo determinado, actualmente es el instrumento o el plan económico del grupo político,6 en la Baja Edad Media todavía no se puede decir, en rigor, que sea el instrumento del municipio para conseguir unos resultados prefijados. Los gastos que efectuará el municipio medieval, así como los ingresos necesarios para satisfacerlos, como mínimo en Cataluña, no aparecen determinados libremente por el propio municipio, sino que algunos de estos gastos —como las exigencias que provienen del rey— deben ser satisfechos obligatoriamente por el municipio y no sirven, por tanto, para planificar el desarrollo de la comunidad municipal. La primitiva hacienda municipal medieval es el resultado de vincular un gasto a veces ineludible con la manera de poder satisfacerlo. Y el hecho de que la hacienda municipal todavía no sea una manera de conseguir ciertas finalidades por medio de la adopción de una serie de decisiones financieras, o sea, la ausencia en estos primeros tiempos de una planficación para conseguir ciertos objetivos sociales o públicos, todo ello hace que resulte más evidente y más claro el papel central del gasto. Dicho en pocas palabras, el gasto disciplina los ingresos; se ingresa en función del gasto que el municipio debe afrontar, y no se gasta en función del nivel de ingresos. El gasto, por tanto, y la necesidad de hallar recursos económicos con los que hacerlo posible, será el punto de partida del proceso que explicaremos.

2. LA EXPRESIÓN DE UNA VOLUNTAD ÚNICA

Nuestro centro de interés no es, evidentemente, el estudio de la ciudad; ni tampoco lo es aquella comunidad humana no organizada políticamente en tanto que comunidad, aunque esté compuesta por un agregado de hombres que pueden desarrollar estrechos vínculos de solidaridad vecinal entre ellos. 6 Vid. José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de derecho financiero español, Madrid, Marcial Pons, 1990 (12ª ed.), p. 182.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

Lo que ahora nos interesa es la unidad resultante de diversos factores: del desarrollo de una vida en común; de las relaciones del grupo hacia el exterior; de la necesidad de armonizar una vida social cada vez más compleja; etc. Ciertamente, la dinámica social y económica de los siglos IX, X y XI, cuando casi toda la vida de la sociedad se desarrollaba en un marco de relaciones feudales, es bien diferente de la que surgirá a partir del renacimiento que vivirá la sociedad a partir del año 1000. A partir de un cierto momento, que podemos empezar a fechar a finales del siglo XII, las comunidades que formaban los habitantes de algunas villas y ciudades tuvieron la necesidad de expresarse y, por tanto, de organizarse políticamente.7 La forma buscada para formular voluntades es, en el fondo, un problema meramente técnico. Siendo inviable formular la voluntad única de toda la comunidad a partir de la obtención del apoyo unánime de sus miembros, fue necesario buscar otro instrumento que hiciera más operativa la formación y la expresión de esta voluntad. La elección de unos representantes que se expresaban como si lo hiciese la comunidad, con la ficción jurídica que ello suponía, y la consecuente institución del consejo, fue la manera de cumplir aquella función suprema: la formación y la expresión de la voluntad de la persona moral que formaba la comunidad.8 Pero el consejo —y en un primer momento también aquellos cargos que actuaban sin cobertura institucional pero que son el embrión de la futura institución— será al mismo tiempo la sede donde se formará aquella voluntad y el órgano ejecutivo de las decisiones acordadas por la congregación esporádica y completa de los miembros de la comunidad, la cual será calificada de universitas en las fuentes catalanas del siglo XIII.9 Efectivamente, una cosa es que la realidad conduzca a fortalecer la noción de grupo, de colectividad o de cuerpo, y otra distinta es la conceptualización que harán de ella los juristas que operan en la cultura del ius commune. En este sentido, universitas era la particular manera que los juristas tenían para nombrar no a los singulares de una villa o ciudad, sino a la unidad y a la abstracción, necesariamente ficticia, que derivaba de la suma o la unión de todos ellos. La forma de nombrar una misma realidad es especialmente relevante y sintomática: que las fuentes medievales se refieran a una comunidad humana 7

Vid. P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Sobre este planteamiento, que seguimos, vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, “Concejo y ciudades en Cataluña (alta edad media)”, en Concejos y ciudades en la edad media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-173. 9 Vid. Albert RIGAUDIERE, «Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d´Auvergne du XIIe et XVe siècle», en Gouverner la ville au Moyen Age, Paris, 1993, pp. 21-51 [publicado anteriormente en Revue Historique de Droit Français et Etranger, 66 (1988), pp. 337-362 y en Les origines des Libertés Urbaines. Actes du XVIe Congrès des Historiens Médiévistes de l´Enseignement Supérieur (Rouen, 7-8 juin 1985), Rouen, 1990, pp. 281-309]. 8

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con expresiones parecidas a omnes homines Barchinonae o, por el contrario, utilizen un universitas ville Cervarie, la diferencia es inmensa, sobre todo por la cultura jurídica que esconde, como un caballo de Troya, la última denominación. La cosa no es tan simple como pensar que una comunidad humana no organizada unitariamente deviene universitas, o sea, unidad, por obra y gracia de la ciencia jurídica. En este caso, la relación entre derecho —nos referimos al «nuevo derecho»10 que es el ius commune— y realidad es dialéctica. Cuando los juristas observan la realidad se dan cuenta de que la vida en comunidad de los siglos XII y XIII exige la formación de una voluntad común y observan, también, que se están buscando fórmulas que hagan posible esta expresión común de los miembros del colectivo. Debido a su formación científica y al hecho de considerar el derecho romano-justinianeo como máxima expresión de la razón escrita, los juristas medievales, que no eran ajenos a su tiempo, tendían a bautizar los fenómenos que observaban no con el cuerpo léxico al uso, sino con un nuevo arsenal conceptual, o sea, con el vocabulario jurídico que encontraban en las fuentes romanas. De esta manera la tendencia se invertía, y aquellos juristas, atentos a la realidad, inyectaban contenido jurídico de procedencia romano-justinianea y canónica a aquello que había germinado de manera más o menos natural como resultado de las condiciones económicas, sociales y culturales de un momento histórico determinado. Solo de esta manera podemos entender que el término universitas aparezca en los textos de finales del siglo XII y de principios del XIII refiriéndose a los agregados humanos que más tarde calificaremos de municipios, mientras que la nueva teorización de la persona moral que se esconde tras universitas pertenece a mediados del siglo XIII.11 Por tanto, es necesario prestar atención a las dos tendencias: la que emana de la realidad y es percibida por el jurista, y la del jurista que, intentando comprender el mundo desde la óptica del ius commune, impulsa la nueva ordenación de la sociedad a partir de nuevos parámetros. El jurista del ius commune, pues, no crea la realidad, pero ordenando y redefiniendo los elementos que la integran puede llegar a modificarla. 10 Algunas interesantes apreciaciones sobre la consideración del antiguo derecho romano como “nuevo derecho” a partir de la intervención de los juristas boloñeses pueden verse en Alfonso OTERO, «Las Partidas y el ordenamiento de Alcalà en el cambio del ordenamiento medieval», en Anuario de Historia del Derecho Español, 63-64 (1993-1994), pp. 451-547; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Ius commune: un interrogante y un adiós», en Aquilino Iglesia Ferreirós (ed.), El dret comú i Catalunya. Actes del VIII simposi internacional. Barcelona, 29-30 de maig de 1999, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Pret Jaume de Montjuïc,1999, pp. 239-637. 11 Vid. entre la abundante bibliografía, Ricardo ORESTANO, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Torino, 1968; Santiago PANIZO ORALLO, Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV), Pamplona, 1975; Santiago BUENO SALINAS, La noción de persona jurídica en el derecho canónico, Barcelona, 1985.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

Conceptualmente, la secuencia que hemos expuesto parece coherente. Pero el paso de la comunidad, pronto convertida en universitas, a una comunidad que se expresa por medio del consejo, es lo que ahora centra nuestra atención. Nos preguntamos cuál fue el factor determinante y el elemento motor que provocó la aparición del consejo como institución para vehicular la expresión de la voluntad de la corporación. Se trata, por tanto, de proponer una respuesta plausible a la pregunta de cuál fue, entre un conjunto de efectos causales, la causa más importante de la formación y nacimiento del consejo.

3. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONSEJO

Font Rius es, sin lugar a dudas, el autor de referencia sobre los orígenes del municipio en Cataluña.12 La distinción que nosotros hemos planteado entre la universitas —o personificación jurídica de la comunidad— y el consejo como órgano, se encuentra en la obra de Font Rius expresada como el tránsito del «municipio rudimentario» al «municipio organizado».13 Como hemos dicho, no nos interesan ahora los orígenes del municipio —«régimen municipal rudimentario»—, sino los del consejo. Para Font Rius, quien recoje y da a conocer las teorías al uso sobre los orígenes del municipio y del consejo hasta 1940 aproximadamente,14 el hecho decisivo que ha de permitir identificar un «municipio pleno organizado» radica sobre todo en la «regularización de estas funciones judiciales junto con las demás de tipo gubernativo y administrativo de la vida local, en manos de unos organismos y autoridades elegidos más o menos directamente por la comunidad vecinal, y que pasan a representar a la misma de un modo más regular y estable, sustituyendo a la antigua forma, algo vaga e inorgánica, de las asambleas generales o de probi homines».15 12 Trazamos su planteamiento a partir de Font, Orígenes (citamos por la edición incluida en la obra colectánea del mismo autor, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval), vid. nota 4. 13 Este planteamiento ha sido objeto de crítica por A. IGLESIA, «Concejo y ciudades» (vid. nota 8), quien alude, sobre todo, a la obra de Valdeavellano (Luis G[arcía] de VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, 1968, pp. 529 y ss.). Para Iglesia, el municipio no es susceptible de ser «rudimentario» u «organizado», «rural» o «urbano», etc.; puede, en todo caso, que una aglomeración humana sea calificada de rural o urbana atendiendo a consideraciones sociales o económicas, y puede que un consejo presente un mayor o menor grado de organización. Iglesia Ferreirós centra su atención, en el mencionado trabajo, y desde una perspectiva conceptual, en el momento e