El gobierno de la ciudad medieval : administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas: Administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas 8400088743, 9788400088743

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MAX TURULL RUBINAT

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

ANEJOS DEL ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (Últimos títulos publicados)

MAX TURULL RUBINAT

El gobierno de la ciudad medieval reúne dieciocho trabajos del autor que han visto la luz en diversas publicaciones científicas entre 1992 y 2006. La obra constituye una aproximación jurídica e institucional al estudio del gobierno de las ciudades medievales en Cataluña durante los siglos XII al XV. Se abordan, entre otros, los problemas de los orígenes del municipio —que no de las ciudades— y de los consejos como órganos de gobierno; la estrecha relación entre origen del consejo, gobierno municipal y hacienda y fiscalidad municipales; las fuentes del derecho municipal; el significado, la difusión y la trascendencia del concepto medieval de universitas; las diferencias y las similitudes del gobierno urbano en los ámbitos de realengo y de señorío; el origen, la estructura y el funcionamiento de la hacienda y las finanzas municipales; la doctrina de los juristas medievales sobre la autonomía y la capacidad tributaria de los municipios, y la potestad tributaria del conde de Barcelona en relación con la de la nobleza y los municipios. Max Turull Rubinat (Cervera, Lérida, 1960) es profesor titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. En 1994 amplió estudios en la Université Panthéon-Assas (Paris II) bajo la dirección del profesor Albert Rigaudière. Es secretario de redacción de Initium. Revista Catalana d’Història del Dret y ha formado parte de diversos consejos de redacción de publicaciones científicas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto bajo la dirección de Aquilino Iglesia Ferreirós (UB) como de Manuel Sánchez Martínez (CSIC). Es miembro del equipo de investigación hispano-francés para el estudio de las finanzas y la fiscalidad urbanas bajomedievales del occidente mediterráneo. Sus principales líneas de investigación, en el marco de la Cataluña medieval, son el gobierno, la administración, el derecho, las finanzas y la fiscalidad de las ciudades bajomedievales y la recepción del ius commune en el ámbito de algunas instituciones públicas. Ha publicado en Anuario de Historia del Derecho Español, Anuario de Estudios Medievales, Initium y en diversas obras colectivas, especialmente en Francia. Más recientemente, ha participado de manera activa, desde diversos puestos académicos, en el diseño y la elaboración de los nuevos planes de estudio de diferentes grados de la Facultad de Derecho de la UB, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y ha dirigido distintos proyectos financiados por AGAUR, AQU, ICE y UB sobre mejora de la calidad e innovación docentes en los estudios de Derecho.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

ISBN-13: 978-84-00-08874-3

9 788400 088743

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ilustración de cubierta: Ambrogio Lorenzetti (c. 12901348), Alegoría del buen gobierno. Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES ANEJO 67

Director Manuel Sánchez Martínez, Institución Milá y Fontanals. CSIC

Secretaria Roser Salicrú i Lluch, Institución Milá y Fontanals. CSIC

Comité Editorial María Teresa Ferrer Mallol, Institución Milá y Fontanals. CSIC Josefina Mutgé Vives, Institución Milá y Fontanals. CSIC Pere Verdés Pijuan, Institución Milá y Fontanals. CSIC Antoni Riera Melis, Universidad de Barcelona Tomás de Montagut i Estragués, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) Antoni Furió Diego, Universidad de Valencia

Consejo Asesor Ignasi Baiges Jardí, Universidad de Barcelona Asunción Blasco, Universidad de Zaragoza Damien Coulon, Université Marc Bloch de Strasbourg (Francia) Carlos Estepa Díez, Instituto de Historia. CSIC Enric Guinot, Universidad de Valencia Nicolás Jaspert, Universidad de Bochum (Alemania) Anna Maria Oliva, Instituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma) Pere Ortí Gost, Universidad de Gerona Stéphane Péquignot, École Pratique des Hautes Études (París) Josep M.ª Salrach Marés, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) Mercè Viladrich, Universidad de Barcelona Teresa Viñoles Vidal, Universidad de Barcelona

MAX TURULL RUBINAT

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES BARCELONA, 2009

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por ningún medio ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

Cátalogo general de publicaciones oficiales: http://www.060.es

© CSIC © Max Turull Rubinat NIPO: 653-08-109-3 ISBN: 978-84-00-08874-3 Depósito Legal: M-37727-2009 Impreso en Bouncopy Diseño y Comunicación S.L. Impreso en España. Printed in Spain

Para Anna, Laura y Laia

PRÓLOGO

En 1989, Max Turull Rubinat defendía en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona su tesis doctoral sobre Oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la Catalunya medieval (Cervera, entre 1026 i 1430), publicada, de forma abreviada, en 1990 con el título La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430. Se daba la circunstancia de que el flamante doctor unía su condición de historiador a su formación en Historia del Derecho, cosa harto corriente en tiempos pasados y lamentablemente cada vez menos frecuente en los días que corren. Pero en la tesis de Max Turull concurría otro mérito, aún menos frecuente: no sólo estudiaba a lo largo de un millar y medio de páginas la formación y consolidación del régimen municipal en Cataluña, siguiendo los pasos de sus maestros José María Font Rius y Aquilino Iglesia Ferreirós y utilizando como laboratorio el caso de Cervera (ciudad que, dicho sea de paso, conserva uno de los fondos archivísticos medievales más ricos de Cataluña) sino que integraba en su texto importantes y significativos datos relativos a la fiscalidad y a las finanzas de aquella villa. No creo equivocarme si digo que, por vez primera en la historiografía de Cataluña, los temas referidos a la hacienda municipal tomaban carta de naturaleza en una monografía de historia urbana y lo hacían, además, con la relevancia que se merecen y no como simple apéndice complementario. Así, por primera vez, veíamos bien descritos y perfectamente integrados en la historia del municipio aquellos tres pilares —por utilizar la expresión de Font Rius— que alimentaban los ingresos de la villa, a saber, por orden de aparición en escena, la talla, las imposicions y la deuda a largo plazo (censales y violarios). A finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, las investigaciones sobre la fiscalidad y las finanzas públicas en Cataluña todavía estaban en mantillas. Precisamente por aquellos años empezó a formarse en la Institución Milá y Fontanals (CSIC) de Barcelona un grupo de investigadores que pretendíamos aproximarnos a esas cuestiones a través de la extraordinaria masa documental conservada en el Archivo de la Corona de Aragón.

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Como parecía lógico, nuestras investigaciones comenzaron por estudiar los componentes y la evolución del patrimonio real en Cataluña, sin sospechar todavía la importancia que tendrían las ciudades y las villas del Principado en la gestión de la fiscalidad regia. Desde este punto de vista, la tesis de Max Turull fue absolutamente pionera, no sólo porque mostró por primera vez la extraordinaria complejidad del sistema fiscal municipal y sus relaciones con la fiscalidad de la Corona sino porque sirvió de modelo a las tesis que vinieron después: la de Pere Verdés otra vez sobre Cervera, desde finales del siglo XIV a los albores del XVI (la documentación conservada permitía insistir de nuevo sobre esta villa), y la de Jordi Morelló sobre Valls y Reus. Durante el mismo período, Max Turull aprovechó una larga estancia en París para ampliar la perspectiva de sus trabajos en contacto con juristas dedicados a la Edad Media como André Gouron, Albert Rigaudière y, más tarde, Florent Garnier. Como puede fácilmente suponerse, el grupo de la Milá y Fontanals dedicado a la fiscalidad no podíamos dejar escapar a un investigador como Max Turull, que podía aportar al equipo todos sus saberes en materia de derecho tributario medieval y su experiencia en el manejo de la rica literatura jurídica catalana. Fue así como, desde 1999, Turull ha formado parte de todos y cada uno de los proyectos de investigación que se han ejecutado en aquella institución bajo mi dirección. Al mismo tiempo, fue uno de los protagonistas del boom de los estudios sobre fiscalidad que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de la década de 1990: Congreso de León (1995), Coloquio de Lleida (1997), número monográfico de la Revista d’Història Medieval (Universidad de Valencia, 1996), participación en el proyecto hispano-francés sobre La fiscalité des villes au Moyen Âge, que dio lugar a la celebración de numerosas mesas redondas, a la publicación de cuatro volúmenes entre 1996 y 2004) y a la organización de un coloquio en París sobre L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle (2001). A través de la colección de trabajos que presenta Turull en este volumen misceláneo es posible observar cuáles han sido las lignes de faîte de su trayectoria investigadora y sus principales aportaciones en el ámbito de la fiscalidad y finanzas municipales en Cataluña. Un conjunto de trabajos (los capítulos 6, 7, 8 y 13) abordan, a partir de los ejemplos de Tàrrega, Balaguer, Cervera y Banyoles, una serie de cuestiones básicas para explicar la configuración del gobierno de la ciudad medieval tales como el concepto de personalidad jurídica (universitas) o la capacidad de expresar la voluntad común del municipio por encima de la de cada uno de sus miembros, lo que dio lugar a la formación de los Consejos. En el caso concreto de la villa de Tàrrega (capítulo 6), y en colaboración con Jaume Ribalta, se muestra con todo lujo de detalles y a través de un nutrido aparato

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crítico, el proceso que conduce desde el oscuro nacimiento de la universitas en la primera mitad del siglo XIII a la aparición del consejo general a principios de la siguiente centuria y, más tarde, a la formación de un consejo restringido en 1369. Puesto que en todos los casos estudiados la existencia de una universitas y de un consejo que expresa su voluntad se documentan en el siglo XIII, es imposible desconectar ambos fenómenos de la recepción del ius comune que tuvo lugar en Cataluña por la misma época. En este sentido, me parece de un subido interés el capítulo 13: a través de un sólido estudio histórico-jurídico sobre el nacimiento de las haciendas municipales, se pone claramente de manifiesto hasta qué punto el derecho romano-justinianeo y canónico (más los comentarios de los glosadores y post-glosadores) influyeron, desde principios del siglo XIII, en la transformación de las ciudades y villas en universidades. En efecto, tras Ramon de Penyafort, Sinibaldo Fieschi (papa Inocencio IV) elaboró la teoría de la personalidad moral aplicada a corporaciones y colegios. Un poco después, ya a mediados del Doscientos, se admitió que esos entes dotados de personalidad jurídica (las universidades) podían disponer de un arca comunis para satisfacer las necesidades de la comunidad de habitantes. Y aunque, en principio, ello no implicaba que las universidades gozasen de potestad tributaria, una cuidadosa lectura de destacados juristas catalanes (Callís, Mieres, Càncer, Xammar, Bosch) permite concluir que, si la ciudad tenía el permiso del soberano para congregarse y constituir un municipio, también podría imponer tallas o colectas para atender a las necesidades de sus moradores. La práctica observada en Cataluña lo muestra con toda claridad: ya desde los umbrales del siglo XIII, las universidades disponían de un arca común y podían organizar derramas sin tener que solicitar la autorización regia en cada ocasión. Pero lo verdaderamente importante —y aquí abordamos otra de las aportaciones más relevantes de Turull— es comprobar que la existencia de un arca común y la práctica de repartir tallas precedieron en muchas ocasiones a la propia existencia del régimen municipal (capítulos 1, 2, 3 y 12). Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Lleida: esta ciudad recibió en 1196 de Pedro el Católico la autorización para tener arca común, alimentada con las aportaciones de los vecinos, y al año siguiente el mismo monarca le concedió el privilegio del consulado, el primero documentado en Cataluña. Por tanto, se observa con nitidez en este caso que la organización de la hacienda, por rudimentaria que fuese en aquella época, fue anterior o prácticamente simultánea a la institucionalización político-jurídica de la ciudad. Además, como el autor muestra con detalle en el caso de Cervera, la etapas de configuración del régimen municipal estuvieron comandadas

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siempre por problemas derivados de la gestión fiscal y financiera: así, tanto el propio nacimiento del consejo en 1311 como su consolidación en 13291334 lo fueron a consecuencia de las denuncias por la corrupción de los regidores y la mala administración de la hacienda. Incluso un siglo después, las reformas del gobierno en 1421 se hicieron otra vez para poner coto a las malversaciones de que fueron acusados los dirigentes municipales, en un contexto de profundas dificultades financieras ocasionadas por el insoportable nivel del endeudamiento censal. Todo ello permite concluir, en palabras del propio autor, que «no debemos considerar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las funciones sobrevenidas a un consejo preexistente; por el contrario, este consejo nacería y obtendría su apariencia casi definitiva con la finalidad de organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la universitas». Si, como afirma Turull, no se puede hablar en términos generales de un verdadero sistema fiscal y financiero municipal con anterioridad al primer tercio del siglo XIV, ¿cuál fue el motor que impulsó la organización de las haciendas locales y, por ende, la creación y consolidación del régimen municipal? Las investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace tiempo, combinando de manera ejemplar la documentación del Archivo Real (en el Archivo de la Corona de Aragón) con la custodiada en los archivos municipales, muestran hasta qué punto fueron las crecientes exigencias de la monarquía (sobre todo, a partir del acceso al trono de Pedro el Ceremonioso en 1336) las que contribuyeron de forma decisiva al nacimiento de la fiscalidad municipal (capítulo 11). Dice con razón Bernard Chevalier para el caso de Francia: c’est la pression de l’État naissant qui, tout en ruinant les finances débiles des communes, a poussé par ses exigences et son exemple les bonnes villes sur la voie de l’impôt. Pues bien, lo mismo puede predicarse mutatis mutandis de las ciudades catalanas. Así, las tallas, documentadas ya a finales del siglo XII y de forma general a lo largo del Doscientos, podían servir para atender a determinadas necesidades locales (sin duda, muy modestas en aquella época) pero, por encima de todo, se establecieron para pagar la questia, el tributo regio por antonomasia. Más tarde, la expansión mediterránea de la Corona y los conflictos bélicos de ella derivados se tradujeron en continuas peticiones de subsidios a las ciudades, para cuya satisfacción los monarcas otorgaron a los municipios un nuevo recurso fiscal: las imposicions o impuestos indirectos sobre el consumo y las transacciones. Por fin, mediado el siglo XIV, las urgencias de la Corona para recibir inmediatamente los donativos que obtenía fueron la causa de la adopción por los municipios de una nueva modalidad crediticia: la deuda a largo plazo. Así pues, podemos observar con claridad que el ritmo de adquisición de los tres pilares que alimentaban las haciendas locales —talla,

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imposicions y endeudamiento censal— vino marcado por la voracidad fiscal de la monarquía. Ahora bien, esta imbricación entre la fiscalidad real y la municipal obliga al planteamiento de algunas cuestiones sobre la potestad tributaria de los monarcas en Cataluña, que aborda Turull en los capítulos 16, 17 y 18. Naturalmente, debemos partir de la especial naturaleza del poder político en los países de la Corona de Aragón. Es de sobra sabido que, desde finales del siglo XII, los grupos privilegiados empezaron a poner límites a las capacidades de los soberanos en materia fiscal. A partir de las Cortes de Barcelona de 1283, los monarcas no podían promulgar constituciones de carácter general sin el consenso de los tres brazos presentes en las asambleas ni, como corolario, establecer ningún impuesto general sin su autorización. Por eso, la nueva fiscalidad catalanoaragonesa, desde mediados del siglo XIV, escaparía al control del monarca para ser gestionada por las Cortes y su emanación, las respectivas Diputaciones Generales de Cataluña, Aragón y Valencia. Pero, junto a ello, tampoco debemos olvidar que los soberanos disponían de todo el instrumental jurídico necesario —el Liber Iudiciorum, los Usatges y todo el arsenal del derecho común— para afirmar con rotundidad su derecho a imponer. Así, a pesar de las limitaciones apuntadas, Turull muestra (capítulo 17) cómo a lo largo del siglo XV, el monarca vio reconocida su potestad tributaria sobre los nobles y los vasallos de la Iglesia. De esta forma se llegó a una situación de inestable equilibrio y un tanto paradójica: el rey no podía establecer impuestos por su autoridad y sin el consentimiento de las Cortes pero, al mismo tiempo, tampoco nobles y eclesiásticos podían hacerlo en sus respectivas jurisdicciones sin contar con la autorización regia. En estos parámetros se mueven las formulaciones de Andreu Bosch, jurista del siglo XVII, interesantes sobre todo por sus reflexiones en torno al control municipal sobre las imposicions, en tanto que columna vertebral de la fiscalidad local (capítulo 18). Con todo, aun admitiendo el principio de que el rey debía autorizar la percepción de imposicions así como mantener un cierto control sobre la emisión de censales y violarios por parte de las ciudades de realengo, debemos reconocer las amplias cotas de autonomía fiscal de que gozaron los municipios catalanes. Desde el momento en que el monarca permitía que los regidores modificasen a su antojo las tarifas de las imposicions y prolongasen su período de vigencia, pero sobre todo a partir de cuando estos impuestos fueron colocados al servicio de una deuda pública que crecía como una descomunal bola de nieve, los municipios defendieron con tesón su control sobre este importante recurso fiscal. Me parece relevante poner énfasis en este elevado nivel de autonomía fiscal y financiera, frente a lo que sucede en otras

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monarquías occidentales por la misma época, en tanto que uno de los rasgos más característicos de los municipios de Cataluña. Prueba indirecta de esta autonomía es la ausencia absoluta, en las Constitucions i altres drets de Cataluña, de disposiciones generales que regulen los aspectos esenciales de la fiscalidad municipal y sus relaciones con la fiscalidad regia, como se muestra en el capítulo 16. Aquí Turull y Pere Verdés proporcionan una muy útil selección de las noticias contenidas en aquellas Constitucions referentes a los dos componentes básicos de las haciendas locales: las imposicions y el endeudamiento a largo plazo. El hecho de que la inmensa mayoría de las disposiciones sobre fiscalidad municipal contenidas en esta compilación sean capítulos de Cortes dice mucho sobre la importancia de esta institución en el ordenamiento jurídico-político del Principado. Así, es fácil adivinar, tras muchos de estos capítulos aprobados en las asambleas, las peticiones dirigidas por el brazo real al monarca de cara a preservar y fortalecer su autonomía fiscal; pueden servir de ejemplo las reiteradas solicitudes para que las causas derivadas de las imposicions fuesen sustanciadas en las mismas universidades y no en la Real Audiencia. De aquí deriva el interés que tendría conocer quiénes eran los síndicos que representaban al brazo real en las Cortes, saber de qué poderes eran portadores y averiguar los intereses que defendían en las asambleas. Es bien notorio que el material fundamental para conocer el desarrollo de las Cortes lo forma la rica documentación de carácter parlamentario que se conserva para Cataluña: procesos de Cortes, capítulos del donativo, greuges, constituciones, etc. Sin embargo, a pesar de su elevado interés, esa documentación rara vez nos permite penetrar en la naturaleza de las negociaciones —algunas muy duras, sin duda— que tenían lugar a lo largo de las sesiones. Sólo desde hace poco tiempo se está empezando a aprovechar la documentación conservada en los archivos municipales con el fin de contribuir al mejor conocimiento del desarrollo de las asambleas. Así, a través de las instrucciones enviadas por los regidores a los síndicos y las respuestas de éstos, con informaciones preciosas sobre lo discutido en las reuniones, sería posible levantar un poco el velo que oculta las negociaciones entre el rey y los brazos o las deliberaciones entre los propios brazos, más allá de la fría prosa notarial del proceso de Cortes. Max Turull abre un camino en esta dirección estudiando el perfil social, político e institucional de los síndicos urbanos en las Cortes y Parlamentos de Cataluña durante gran parte del siglo XIV (capítulo 10). Utilizando de nuevo el inagotable depósito documental de Cervera y completándolo con material de otras procedencias, nuestro autor analiza, entre otras cuestiones, el proceso de elección de los síndicos, los poderes otorgados por el municipio y los costes económicos de sus misiones. Desde el punto de vista profesional, mercaderes,

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notarios y juristas nutrieron, con pocas excepciones, las listas de síndicos; y si entre ellos predominaban los poseedores de una fortuna media (sin alcanzar la cima de los grandes contribuyentes), todos tenían, en cambio, una amplia experiencia en la vida municipal ya que habían ocupado cargos relevantes (paers o consellers) antes de ser enviados como representantes de Cervera a las Cortes. Ojalá se multipliquen trabajos de la misma o parecida índole, pues ello nos permitirá, entre otras cosas, conocer el background de muchas asambleas y entender el carácter y el contenido de las constituciones aprobadas y de los privilegios obtenidos en aquéllas por el brazo real. He dejado para el final dos trabajos (los capítulos 14 y 15) que muestran otro de los campos donde Max Turull ha sido verdadero pionero: el estudio del impuesto directo en los municipios de Cataluña. En el capítulo 14 se reproduce un trabajo publicado en 1997 donde el autor desentraña, un poco a la luz del derecho tributario contemporáneo, todo el proceso inherente a la ordenación y percepción de las tallas: autorización regia, hecho imponible, criterios de exención, sujetos pasivos, manifestación de bienes, determinación de la deuda tributaria, etc. Respecto a la manifestación de los bienes de los contribuyentes, hemos de decir que Cataluña no le va demasiado a la zaga a la Francia meridional o a la Italia centro-septentrional, donde tanto abundan las estimas, los catastros y los compoix medievales. Como se muestra al final del capítulo 15, son numerosas las ciudades y villas del Principado en cuyos archivos se custodian también libros de estimes, de valies o manifests, de tanto valor no sólo para la fiscalidad sino también para la demografía y la historia socio-económica de una comunidad. Gracias a este espléndido trabajo, escrito en colaboración con Jordi Morelló, otro experto en el tema, disponemos de un valioso estado de la cuestión acerca de lo que aportan (y lo que silencian) estas fuentes. Es sabido que, desde que se puede documentar el reparto de tallas entre la población, éstas debían hacerse per solidum atque libram, es decir, de manera proporcional a los bienes de cada contribuyente. Ningún libro de estimes se ha conservado para esta remota época y hemos de esperar hasta la segunda mitad del siglo XIV, al compás de la definitiva consolidación del sistema fiscal municipal, para encontrar los primeros ejemplares de este tipo de fuentes. En el trabajo de referencia, Turull y Morelló pasan revista, con meticulosidad y rigor admirables, a las cuatro principales cuestiones que plantean los libros de estimes: cómo se confeccionaban, quiénes declaraban en ellos, qué tipos de bienes se anotaban y cómo se evaluaba la riqueza. Desearíamos que este estado de la cuestión, fechado en 2005, quedase pronto anticuado, señal de que han aparecido nuevos manifests o se han realizado nuevos estudios sobre los existentes.

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En suma, en esta selección de trabajos de Max Turull (algunos de ellos escritos en colaboración con otros autores), el lector encontrará una renovada visión de los orígenes del régimen municipal en Cataluña y del papel que cupo a la fiscalidad y a la hacienda en este complejo proceso. Y lo hará en la compañía y de la mano de un historiador del mundo urbano en la Cataluña medieval que, además, es historiador del Derecho. Esta doble cualidad creo que contribuye a romper barreras entre disciplinas, cuyos cultivadores deberíamos trabajar más codo a codo. Creo que la mejor enseñanza que se puede sacar de este libro es observar la pertinencia con que su autor combina los textos de naturaleza jurídica con los datos documentales emanados de la práctica. Es evidente que cualquier investigación que privilegie uno de los dos extremos en detrimento del otro será incompleta y dificultará el acceso a esa ideal reconstrucción global del pasado histórico. Por tanto, sólo me resta expresar la esperanza de que los trabajos incluidos en este volumen sean útiles no sólo por los datos, las noticias e interpretaciones que aportan sobre el régimen y la fiscalidad municipales en la época medieval sino, muy especialmente, por el empleo de un método de análisis que puede resultar sugestivo tanto a los historiadores del Derecho como a los que somos llamados, en expresión tomada de la práctica médica, historiadores «generalistas». Manuel Sánchez Martínez Institución Milá y Fontanals (CSIC)

INTRODUCCIÓN

Este volumen recoge dieciocho artículos que han visto la luz en diversas publicaciones científicas entre 1992 y 2006. A pesar de la pluralidad de sedes editoriales y a pesar, también, de las diferencias substanciales entre unos artículos y otros, creemos que siguen un mismo itinerario, persiguen un mismo objetivo y alcanzan un resultado coherente. Como el subtítulo señala, se trata de trabajos sobre la administración y las finanzas en las ciudades catalanas entre los siglos XII y xv. En concreto, y así se evidencia en el índice y en las cinco partes que componen la obra, los artículos tratan los orígenes del régimen municipal en Cataluña, el derecho de las ciudades medievales, el gobierno municipal, la hacienda y la fiscalidad municipales y la situación de estos núcleos urbanos entre el poder real y la autonomía municipal. No todo el gobierno de la ciudad medieval catalana ha sido estudiado en los artículos recogidos; ni se han podido incluir, por ejemplo, trabajos en marcha sobre la toma de decisiones en los Consejos medievales, o la noción de universitas en la Cataluña medieval. Pero sí que el gobierno de la ciudad medieval es lo que les da coherencia entre sí. Título que nos vino sugerido —y a la vez es un guiño— por la obra de Albert Rigaudière, Gouverner la ville au moyen âge (París, 1993). La honestidad científica nos obliga a señalar algo evidente para quien ojee este volumen: a pesar del título, no todos los artículos abarcan la totalidad de las villas y ciudades catalanas medievales. No pocos textos se refieren a la categoría conceptual de lo municipal en la Cataluña medieval: sea cuando nos referimos a las fuentes del derecho municipal, sea cuando lo hacemos sobre la hacienda municipal en la recopilación de derecho catalán de 1704, o aun cuando nos referimos por pasiva a los municipios analizando la potestad tributaria del monarca. Otros artículos construyen su discurso tomando información de una multitud de villas y ciudades. Y otros, en fin, focalizan sus laboratorios de análisis en centros urbanos concretos. En este último caso queremos señalar que hemos estudiado tanto el caso del gobierno municipal en villas y ciudades de realengo —Lérida, Cervera, Tárrega—, como también el caso de núcleos de señorío laico y eclesiástico —Balaguer, Bañolas—.

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La aspiración última de esta colectánea es contribuir a un mejor conocimiento del gobierno de la ciudad medieval, y ello desde la perspectiva de la historia del derecho y de las instituciones. En este sentido, las publicaciones aquí vertidas se nutren, sobre todo, de tres fuentes científicas principales. Por una parte, son herederas de los múltiples estudios del profesor Josep Maria Font Rius en materia de régimen municipal en Cataluña, con quien tuve el privilegio de coincidir durante algunos años en el antiguo seminario de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho; además el profesor Font nunca ha escatimado ayuda cuando se la he pedido. En segundo lugar, lo son del profesor Aquilino Iglesia Ferreirós, con quien el autor ha colaborado y se ha formado desde hace más de veinte años. Su impronta es evidente, por lo menos, en el enfoque sobre la personalidad jurídica de las municipalidades y las consecuencias que de ello se derivan, así como también en la música de fondo histórico-jurídica en que se incardinan los trabajos. Y en tercer lugar, también son herederas de las aportaciones del profesor Manuel Sánchez Martínez, que no solo ha sabido forjar, cohesionar y liderar un equipo de trabajo, sino que además ha fijado el contexto histórico-institucional donde encajan algunos de nuestros trabajos en materia de hacienda y fiscalidad medievales. El lector observará que los trabajos publicados se inscriben en sucesivos proyectos de investigación dirigidos unos por Aquilino Iglesia Ferreirós y otros por Manuel Sánchez Martínez. En cuanto a los criterios de edición, señalaremos que hemos respetado tanto la redacción original de los textos como su aparato crítico. Esto no ha sido fácil. Cuando iniciamos la recopilación, nuestro ánimo era exactamente el contrario: pretendíamos modificar, rehacer, replantear, reformular y redactar de nuevo aquello que se nos antojase. Sin embargo, triunfó el principio de realidad y nos mantuvimos fieles a nuestra propia historia. Efectivamente, cada texto debe entenderse en su contexto, es tributario, en lo bueno y en lo malo, de su momento y se inspiró en la información disponible en cada periodo. Qué duda cabe de que rescribiríamos frases y fragmentos enteros, que citaríamos más autores, que los textos serían más precisos y, en definitiva, más maduros y mejores, pero probablemente dentro de treinta años pensaremos exactamente lo mismo de lo que ahora estamos escribiendo. Dentro del respeto al tenor original, únicamente hemos traducido al castellano aquellos textos que se escribieron originariamente en catalán y que se publicaron en esta lengua o en francés. También hemos completado las citaciones bibliográficas que se hallaban incompletas por hallarse los trabajos citados en prensa. En consecuencia, no hemos actualizado el aporte bibliográfico que se cita en notas, a pesar de que en algunos casos exista bibliografía posterior claramente pertinente para el tema tratado. El mantenimiento del tenor original de los textos y del aparato crítico conlleva que a menudo se reiteren las citaciones

INTRODUCCIÓN

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a unas mismas obras. Ciertamente, las fuentes primarias de conocimiento serán las necesarias en cada caso, y así lo atestiguan las referencias archivísticas y a fuentes editadas. Sin embargo, se repiten en un artículo después de otro algunas mismas referencias bibliográficas, lo que evidencia que circunscribiéndose los contenidos de este libro a un ámbito temático, es natural que se visualicen reiteraciones a lo que se ha convertido como bibliografía de referencia sobre todo en materia de hacienda y fiscalidad medievales. Sin duda habría resultado más discreta una numeración correlativa y única de las notas o convertirlas al estilo anglosajón, pero ni es el estilo de edición del CSIC ni hemos optado por esta modificación de la edición original. No se encabalgan únicamente las citaciones bibliográficas, sino que también lo hacen algunos trabajos. Hay partes de unos que han servido para otros, hay informaciones que se utilizan en varios, hay argumentos que se repiten, y hay secuencias de hechos históricos que se reiteran. Muchos trabajos están engarzados, lo que más que un perjuicio podría suponer una garantía de coherencia y unidad. Si en lugar de realizar una recopilación ahora hubiésemos redactado un código, esto no habría sucedido. Se han homogeneizado los criterios formales de edición y de citación, que eran distintos en cada artículo según la sede donde habían sido publicados. Ha sido un fatigoso proceso manual que puede haber conducido a algún error formal que lamentamos. Los títulos originales de los artículos, que ahora conforman los títulos de los capítulos del libro, no han sido modificados salvo para eliminar, en su caso, los referentes temporales y territoriales, pues si bien tenían sentido para cada artículo por separado, ahora resultaban reiterativos e inútiles; puesto que todos los trabajos se refieren a la Cataluña bajomedieval, no hace falta repetirlo en cada caso. En cuanto a las especificidades terminológicas, las hemos traducido al castellano siempre que ha sido posible. El criterio de traducción ha sido académico y científico. Hemos traducido cuando un término estaba acuñado por la Real Academia Española (Diccionario de la Lengua Española, 22.ª edición) y cuando la traducción se justificaba en forma y fondo. Ha sido el caso de ordenanzas por ordinacions, constitución por constitució, jurado por jurat, consejero por conseller, cónsul por cònsol, Consejo por Consell, Consulado por Consolat, talla por talla, y clavario por clavari, con sus respectivos plurales. En cambio no parecía ni lo más correcto ni lo más útil castellanizar términos que no recoge la RAE y que de ello resultara una traducción que no se justificaba ni en forma ni en fondo, como son los casos de paer, Paeria, Juradia, violari, vectigal e imposicions. En el trabajo «De voluntate universitatis» hemos mantenido en las notas todas las referencias al apéndice documental que acompañaba aquel artículo que

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se publicó originalmente en Anuario de Estudios Medievales y cuyo apéndice no se incluye en la obra actual. Puesto que nuestro apreciado Anuario es una publicación de amplia difusión y fácil acceso, las actuales remisiones pueden completarse con la consulta al mismo. Sin embargo, en este mismo artículo, sí hemos añadido las referencias documentales correspondientes a la edición de Els llibres de privilegis de Tárrega (1058-1473) que tuvo lugar en 1997, tal como se señala en nota. El trabajo «El nacimiento de la fiscalidad municipal en Lérida (1149-1289)» fue publicado, en catalán, en 1997 en las actas del coloquio internacional sobre Corona, municipios y fiscalidad celebrado en Lérida. Posteriormente este texto fue incorporado y ampliado como una parte de «Universitas, commune, consilium: sobre el papel de la fiscalidad en el origen y el desarrollo del consejo (Cataluña, siglos XII-XIV)», publicado en francés en el año 2000. Ahora reproducimos el artículo del coloquio de Lérida pero en su versión, traducida, del año 2000. Creemos que la ausencia de una introducción substancial sobre el tema queda compensada por el prólogo que con su habitual generosidad ha accedido a realizar Manuel Sánchez Martínez, y por el planteamiento conceptual y metodológico que acompaña cada trabajo. Además, la publicación reciente en esta misma sede editorial de dos grandes obras, de Jordi Morelló (2001) y de Pere Verdés (2006) sobre hacienda y fiscalidad municipales, hace del todo innecesario un nuevo estado de la cuestión que no haría sino repetir lo ya descrito y valorado. Por otra parte, la consulta de la bibliografía aportada en sede de nota hace innecesaria una bibliografía final recopilatoria. Y en cuanto a los agradecimientos, los primeros van destinados a Jaume Ribalta, Pere Verdés, Antoni Furió, Jordi Morelló, Manuel Sánchez, Pere Ortí y Marta Bueno, que como coautores de algunos artículos han autorizado su publicación en este volumen. Con Manuel Sánchez estoy en deuda, además, por el interés que, como director del Anuario de Estudios Medievales e investigador principal de no pocos proyectos en que he participado, ha mostrado por esta iniciativa; y, por supuesto, por los años de colaboración, acogida, ánimo, y fructífero intercambio científico e intelectual. Mi gratitud aquí se hace extensiva a todo el personal investigador y de administración del Departamento de Estudios Medievales del CSIC de Barcelona, casi como un segundo hogar académico para mí; especialmente intensa ha sido la colaboración con Pere Verdés, Jordi Morelló y Pere Ortí. También mi reconocimiento a los miembros del Departamento de Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, especialmente a mis colegas del área de Historia del Derecho, que es donde se ha desarrollado mi tarea docente e investigadora desde 1985. En cada artículo se señalan, por otra parte, los particulares agradecimientos intelectuales necesarios, siempre sinceros y pertinentes.

PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN EL VOLUMEN

1. Max TURULL RUBINAT, «Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los Consejos municipales en Cataluña (siglos XII-XIII): algunas reflexiones», en Anuario de Historia del Derecho Español, 72 (2002), pp. 461-471. 2. Max TURULL RUBINAT y Pere VERDÉS PIJUAN, «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la baja edad media», en Anuario de Historia del Derecho Español, 76 (2006), pp. 507-530. 3. Max TURULL RUBINAT, «“Universitas, commune, consilium”: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en B. DURAND y L. MAYALI (eds.), Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron. Berkeley, The Robbins Collection, 2000, pp. 637-677 [el capítulo de Lérida procede, a su vez, de Max TURULL RUBINAT, El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289), en M. SÁNCHEZ y A. FURIÓ (eds.), Actes del Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232]. 4. Max TURULL RUBINAT, «El dret municipal català abans i després del Decret de Nova Planta», en Revista de Catalunya, 73 (1993), pp. 39-53. 5. Max TURULL RUBINAT, «Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (XIIIe-XIVe siècles)», en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Étude des sources, Ed. Privat, Toulouse, 1996, pp. 147161. 6. Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis. La formació i l’expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 12141520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 143-231

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(también en Miscellanea Domenico Maffei. Dicata. Historia — ius — studium, curantibus Antonio GARCÍA Y GARCÍA & Peter WEIMAR, Zürich, 1995, I, pp. 321-409). 7. Max TURULL RUBINAT, «El règim municipal al comtat d’Urgell. De la universitas a la Paheria. El govern de la ciutat de Balaguer a la baixa edat mitjana», en El comtat d’Urgell, Lérida, 1995, pp. 70-98. 8. Max TURULL RUBINAT y Marta BUENO SALINAS, «El contingut jurídic i institucional del laude arbitral de 1303», en La Carta Municipal de Banyoles, 1303, Bañolas, 2003, pp. 11-15. 9. Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «Rafael Gras i de Esteva i l’estudi del municipi medieval a Lleida», en Miscel. lània Homenatge a Josep Lladonosa, Lérida, 1992, pp. 115-127. 10. Max TURULL RUBINAT, «Síndicos a Cortes perfil social, político e institucional de los representantes ciudadanos a Cortes y parlamentos en Cataluña (1333-1393)», en XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó / Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, pp. 889-1012. 11. Pere ORTÍ GOST, Manuel SÁNCHEZ y Max TURULL, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», en Revista d’Història Medieval, 7 (1996), pp. 115-134. 12. Max TURULL RUBINAT, «La naissance d’une administration financière municipale (Catalogne, XIVe-XVe s.)», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (coords.), La fiscalité des villes au moyen âge (occident méditerranéen). 4. La gestion de l’impôt, Privat, Toulouse, 2004, pp. 11-23. 13. Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat (D’una petició de privilegi fiscal al siglo XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, 1996, pp. 581-609 [= Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 1 (1996)]. 14. Max TURULL RUBINAT, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de

PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS

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Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 1997, pp. 73-133. 15. Max TURULL y Jordi MORELLÓ, «Structure et typologie des estimesmanifests en Catalogne (XVI-XVe siècles)», en De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, Comité pour l’histoire economique et financière de la France, Paris, 2006, pp. 383-436 (versión en castellano en «Estructura y tipología de las “estimes-manifests” en Cataluña (s. XIV-XV)», en Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 271-326. 16. Max TURULL y Pere VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal a Constitutions y altres drets de Cathalunya (1704)», en Manuel SÁNCHEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval, CSIC, Barcelona, 1999, pp. 121-154. 17. Max TURULL RUBINAT, «Sobre la potestad tributaria del Conde de Barcelona (siglos XII-XV)», en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 5 (2000), pp. 589-623. 18. Max TURULL RUBINAT, «Un juriste du XVIIe siècle: Andreu Bosch et le droit d’imposer en Catalogne au Moyen Âge», en L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen XIIIe-xve siècle, Paris, 2005, pp. 511-525.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ACA ACSG ACUR AEM AHCM AHDE C c. CARAVYC CIC CYADC D f. FM l. LP LPC LPT n. p. pp. r. reg. sb. v.

Archivo de la Corona de Aragón Archivo Comarcal de la Segarra Archivo Comarcal del Urgel Anuario de Estudios Medievales Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa Anuario de Historia del Derecho Español Código de Justiniano Cancillería Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón, Valencia y Cataluña Corpus Iuris Civilis Constitutions y Altres Drets de Cathalunya Digesto folio Fondo Municipal libras barcelonesas Libro de Privilegios Libro de Privilegios de Cervera Libro de Privilegios de Tárrega nota página páginas recto Registro sueldos barceloneses verso

I LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

NUEVAS HIPÓTESIS SOBRE LOS ORÍGENES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES: ALGUNAS REFLEXIONES1

1. PLANTEAMIENTO

Este texto pretende aportar algunas reflexiones para la discusión y el debate acerca de la incidencia que tuvo la hacienda y la fiscalidad de los municipios —universitates— del siglo XIII en la formación, la consolidación y el desarrollo del consejo municipal. No presentamos, ahora, un trabajo de campo ni una investigación empírica a partir de casos particulares y de fuentes concretas. Se trata de reflexiones que se sustentan, por supuesto, en anteriores trabajos de carácter empírico. La hipótesis que presentamos es que hay una relación de causa y efecto entre la necesidad de satisfacer un gasto, la formación de la primera organización financiera comunitaria y el nacimiento del consejo. Esta explicación requiere ser aplicada y probada en un mayor número de situaciones y de casos históricos concretos, si bien hasta ahora ha superado, creemos que con éxito, la verificación a la que la hemos sometido en tres situaciones particulares.2 Para evitar confusiones y ambigüedades no es ocioso empezar por definir los dos elementos integrantes de nuestro binomio (consejo y gasto1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación PB98-0478 «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos XIII-XIV): bases jurídicas y trasfondo político», dirigido por Manuel Sánchez Martínez (CSIC). Una versión de este texto será publicada en el volumen tercero de la obra La fiscalité des villes au Moyen Age. France méridionale, Catalogne et Castille (Editions Privat, Toulouse) con el título «Dèpenses, administration financière et origines du conseil municipal (XIIe-XIIIe siècles): quelques réflexions». 2 Vid. Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat (D´una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Pret Jaume de Montjuïc, 1996, pp. 581-610 [= Initium. Revista Catalana d´Història del Dret], 1 (1996), pp. 581-610]); Max TURULL RUBINAT, “El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)”, en Manuel Sánchez y Antoni Furió (eds.), Actes Col·loqui Corona, Municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232; Max TURULL RUBINAT, «Universitas, commune, consilium: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et dévélopement du conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en Exceptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection Publications, 2000, pp. 637-677.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

hacienda municipal). Entendemos por consejo aquel órgano cuya función es expresar la voluntad de la comunidad y, eventualmente, ejecutar las decisiones que la comunidad pueda acordar directamente.3 Nos referimos, sin embargo, a una comunidad que posee aquello que hoy calificaríamos de personalidad jurídica, o sea, capaz de expresar voluntades diferentes a las de sus miembros, y que esta unidad, además, es reconocida por el titular del poder. El consejo sería, por lo tanto, la representación orgánica de la comunidad4 y la institucionalización de una representación de la misma. La comunidad la integran, en principio, todos los habitantes del lugar, mientras que el consejo implica una reducción de sus miembros: unos pocos miembros de la comunidad —aquellos que integran en un momento dado el consejo— actúan en nombre de todos. Esta representación de la comunidad, para tener carácter de órgano y de institución, debe ser permanente en el tiempo y debe desarrollar unas funciones que superen y sobrevivan a los individuos que circunstancialmente se hacen cargo de ellas. El consejo es, en definitiva, la «institution organisée à l’intérieur de la communauté, celle-ci constituant le fait primitif, y además le conseil n’est que l’expression de la ville qui ne peut se réunir tout entière».5 Por otra parte, entendemos por fiscalidad municipal al conjunto de instrumentos de que disponían las universitates para obtener recursos económicos. No nos interesa ahora determinar el origen jurídico de estos instrumentos, y además no prejuzgamos si su finalidad era satisfacer las necesidades de la propia comunidad o pagar los servicios debidos al monarca. Entre los siglos XIII y XV la mayor parte de los recursos económicos que obtenían las universidades procedieron de los tributos directos, de los indirectos, del crédito y de la emisión de deuda pública. No entendemos, por tanto, como fiscalidad 3 Para evitar confusiones, equiparamos el «Consell» de Cataluña, Valencia y Mallorca al «Consejo» de León y Castilla, mientras que el «Concejo» castellano-leonés equivaldría a la «universitas» catalana, valenciana y mallorquina; en Aragón parece que «Concejo» denomina ambas realidades [Vid. Estudis Baleàrics, año 5 / nº 31 (1988), volumen monográfico dedicado al municipio en los territorios de la Corona de Aragón con artículos de Álvaro Santamaría (Mallorca), José Hinojosa (Valencia), Carme Batlle (Cataluña) y Mª Isabel Falcón (Aragón)]. 4 Para Font Rius aquello que permitiría hablar de la existencia del consejo –municipio organizado según su clasificación– sería “la regularización de estas funciones judiciales junto con las demás de tipo gubernativo y administrativo de la vida local, en manos de unos organismos y autoridades elegidos más o menos directamente por la comunidad vecinal, y que pasan a representar a la misma de un modo más regular y estable, sustituyendo a la antigua forma, algo vaga e inorgánica, de las asambleas generales o de probi homines” [José María FONT RIUS, “Orígenes del régimen municipal de Cataluña”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 16 (1945), pp. 389-525 y 17 (1946), pp. 229-585; edición aparte por el Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1946 (ahora en Josep Maria FONT I RIUS, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 281-560, para la cita en concreto, p. 463]. 5 Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyenâge latin, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1970, p. 317, n. 32 y p. 316, n. 30 respectivamente.

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municipal las transacciones económicas que pudieran existir entre el conde de Barcelona o cualquier titular de una jurisdicción señorial y sus vasallos de forma individual o personal; estas relaciones económicas no pueden ser calificadas de fiscalidad municipal por el mero hecho de implicar a habitantes de villas y ciudades. La necesidad de efectuar un gasto público —o sea, de la comunidad, para la comunidad y desde los órganos de gobierno de la misma comunidad— pondrá en marcha una maquinaria financiera que tendrá consecuencias institucionales importantes. Pero así como el presupuesto, que representa la vinculación entre gastos e ingresos a lo largo de un período de tiempo determinado, actualmente es el instrumento o el plan económico del grupo político,6 en la Baja Edad Media todavía no se puede decir, en rigor, que sea el instrumento del municipio para conseguir unos resultados prefijados. Los gastos que efectuará el municipio medieval, así como los ingresos necesarios para satisfacerlos, como mínimo en Cataluña, no aparecen determinados libremente por el propio municipio, sino que algunos de estos gastos —como las exigencias que provienen del rey— deben ser satisfechos obligatoriamente por el municipio y no sirven, por tanto, para planificar el desarrollo de la comunidad municipal. La primitiva hacienda municipal medieval es el resultado de vincular un gasto a veces ineludible con la manera de poder satisfacerlo. Y el hecho de que la hacienda municipal todavía no sea una manera de conseguir ciertas finalidades por medio de la adopción de una serie de decisiones financieras, o sea, la ausencia en estos primeros tiempos de una planficación para conseguir ciertos objetivos sociales o públicos, todo ello hace que resulte más evidente y más claro el papel central del gasto. Dicho en pocas palabras, el gasto disciplina los ingresos; se ingresa en función del gasto que el municipio debe afrontar, y no se gasta en función del nivel de ingresos. El gasto, por tanto, y la necesidad de hallar recursos económicos con los que hacerlo posible, será el punto de partida del proceso que explicaremos.

2. LA EXPRESIÓN DE UNA VOLUNTAD ÚNICA

Nuestro centro de interés no es, evidentemente, el estudio de la ciudad; ni tampoco lo es aquella comunidad humana no organizada políticamente en tanto que comunidad, aunque esté compuesta por un agregado de hombres que pueden desarrollar estrechos vínculos de solidaridad vecinal entre ellos. 6 Vid. José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de derecho financiero español, Madrid, Marcial Pons, 1990 (12ª ed.), p. 182.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

Lo que ahora nos interesa es la unidad resultante de diversos factores: del desarrollo de una vida en común; de las relaciones del grupo hacia el exterior; de la necesidad de armonizar una vida social cada vez más compleja; etc. Ciertamente, la dinámica social y económica de los siglos IX, X y XI, cuando casi toda la vida de la sociedad se desarrollaba en un marco de relaciones feudales, es bien diferente de la que surgirá a partir del renacimiento que vivirá la sociedad a partir del año 1000. A partir de un cierto momento, que podemos empezar a fechar a finales del siglo XII, las comunidades que formaban los habitantes de algunas villas y ciudades tuvieron la necesidad de expresarse y, por tanto, de organizarse políticamente.7 La forma buscada para formular voluntades es, en el fondo, un problema meramente técnico. Siendo inviable formular la voluntad única de toda la comunidad a partir de la obtención del apoyo unánime de sus miembros, fue necesario buscar otro instrumento que hiciera más operativa la formación y la expresión de esta voluntad. La elección de unos representantes que se expresaban como si lo hiciese la comunidad, con la ficción jurídica que ello suponía, y la consecuente institución del consejo, fue la manera de cumplir aquella función suprema: la formación y la expresión de la voluntad de la persona moral que formaba la comunidad.8 Pero el consejo —y en un primer momento también aquellos cargos que actuaban sin cobertura institucional pero que son el embrión de la futura institución— será al mismo tiempo la sede donde se formará aquella voluntad y el órgano ejecutivo de las decisiones acordadas por la congregación esporádica y completa de los miembros de la comunidad, la cual será calificada de universitas en las fuentes catalanas del siglo XIII.9 Efectivamente, una cosa es que la realidad conduzca a fortalecer la noción de grupo, de colectividad o de cuerpo, y otra distinta es la conceptualización que harán de ella los juristas que operan en la cultura del ius commune. En este sentido, universitas era la particular manera que los juristas tenían para nombrar no a los singulares de una villa o ciudad, sino a la unidad y a la abstracción, necesariamente ficticia, que derivaba de la suma o la unión de todos ellos. La forma de nombrar una misma realidad es especialmente relevante y sintomática: que las fuentes medievales se refieran a una comunidad humana 7

Vid. P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Sobre este planteamiento, que seguimos, vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, “Concejo y ciudades en Cataluña (alta edad media)”, en Concejos y ciudades en la edad media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-173. 9 Vid. Albert RIGAUDIERE, «Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d´Auvergne du XIIe et XVe siècle», en Gouverner la ville au Moyen Age, Paris, 1993, pp. 21-51 [publicado anteriormente en Revue Historique de Droit Français et Etranger, 66 (1988), pp. 337-362 y en Les origines des Libertés Urbaines. Actes du XVIe Congrès des Historiens Médiévistes de l´Enseignement Supérieur (Rouen, 7-8 juin 1985), Rouen, 1990, pp. 281-309]. 8

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con expresiones parecidas a omnes homines Barchinonae o, por el contrario, utilizen un universitas ville Cervarie, la diferencia es inmensa, sobre todo por la cultura jurídica que esconde, como un caballo de Troya, la última denominación. La cosa no es tan simple como pensar que una comunidad humana no organizada unitariamente deviene universitas, o sea, unidad, por obra y gracia de la ciencia jurídica. En este caso, la relación entre derecho —nos referimos al «nuevo derecho»10 que es el ius commune— y realidad es dialéctica. Cuando los juristas observan la realidad se dan cuenta de que la vida en comunidad de los siglos XII y XIII exige la formación de una voluntad común y observan, también, que se están buscando fórmulas que hagan posible esta expresión común de los miembros del colectivo. Debido a su formación científica y al hecho de considerar el derecho romano-justinianeo como máxima expresión de la razón escrita, los juristas medievales, que no eran ajenos a su tiempo, tendían a bautizar los fenómenos que observaban no con el cuerpo léxico al uso, sino con un nuevo arsenal conceptual, o sea, con el vocabulario jurídico que encontraban en las fuentes romanas. De esta manera la tendencia se invertía, y aquellos juristas, atentos a la realidad, inyectaban contenido jurídico de procedencia romano-justinianea y canónica a aquello que había germinado de manera más o menos natural como resultado de las condiciones económicas, sociales y culturales de un momento histórico determinado. Solo de esta manera podemos entender que el término universitas aparezca en los textos de finales del siglo XII y de principios del XIII refiriéndose a los agregados humanos que más tarde calificaremos de municipios, mientras que la nueva teorización de la persona moral que se esconde tras universitas pertenece a mediados del siglo XIII.11 Por tanto, es necesario prestar atención a las dos tendencias: la que emana de la realidad y es percibida por el jurista, y la del jurista que, intentando comprender el mundo desde la óptica del ius commune, impulsa la nueva ordenación de la sociedad a partir de nuevos parámetros. El jurista del ius commune, pues, no crea la realidad, pero ordenando y redefiniendo los elementos que la integran puede llegar a modificarla. 10 Algunas interesantes apreciaciones sobre la consideración del antiguo derecho romano como “nuevo derecho” a partir de la intervención de los juristas boloñeses pueden verse en Alfonso OTERO, «Las Partidas y el ordenamiento de Alcalà en el cambio del ordenamiento medieval», en Anuario de Historia del Derecho Español, 63-64 (1993-1994), pp. 451-547; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Ius commune: un interrogante y un adiós», en Aquilino Iglesia Ferreirós (ed.), El dret comú i Catalunya. Actes del VIII simposi internacional. Barcelona, 29-30 de maig de 1999, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Pret Jaume de Montjuïc,1999, pp. 239-637. 11 Vid. entre la abundante bibliografía, Ricardo ORESTANO, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Torino, 1968; Santiago PANIZO ORALLO, Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV), Pamplona, 1975; Santiago BUENO SALINAS, La noción de persona jurídica en el derecho canónico, Barcelona, 1985.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

Conceptualmente, la secuencia que hemos expuesto parece coherente. Pero el paso de la comunidad, pronto convertida en universitas, a una comunidad que se expresa por medio del consejo, es lo que ahora centra nuestra atención. Nos preguntamos cuál fue el factor determinante y el elemento motor que provocó la aparición del consejo como institución para vehicular la expresión de la voluntad de la corporación. Se trata, por tanto, de proponer una respuesta plausible a la pregunta de cuál fue, entre un conjunto de efectos causales, la causa más importante de la formación y nacimiento del consejo.

3. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONSEJO

Font Rius es, sin lugar a dudas, el autor de referencia sobre los orígenes del municipio en Cataluña.12 La distinción que nosotros hemos planteado entre la universitas —o personificación jurídica de la comunidad— y el consejo como órgano, se encuentra en la obra de Font Rius expresada como el tránsito del «municipio rudimentario» al «municipio organizado».13 Como hemos dicho, no nos interesan ahora los orígenes del municipio —«régimen municipal rudimentario»—, sino los del consejo. Para Font Rius, quien recoje y da a conocer las teorías al uso sobre los orígenes del municipio y del consejo hasta 1940 aproximadamente,14 el hecho decisivo que ha de permitir identificar un «municipio pleno organizado» radica sobre todo en la «regularización de estas funciones judiciales junto con las demás de tipo gubernativo y administrativo de la vida local, en manos de unos organismos y autoridades elegidos más o menos directamente por la comunidad vecinal, y que pasan a representar a la misma de un modo más regular y estable, sustituyendo a la antigua forma, algo vaga e inorgánica, de las asambleas generales o de probi homines».15 12 Trazamos su planteamiento a partir de Font, Orígenes (citamos por la edición incluida en la obra colectánea del mismo autor, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval), vid. nota 4. 13 Este planteamiento ha sido objeto de crítica por A. IGLESIA, «Concejo y ciudades» (vid. nota 8), quien alude, sobre todo, a la obra de Valdeavellano (Luis G[arcía] de VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, 1968, pp. 529 y ss.). Para Iglesia, el municipio no es susceptible de ser «rudimentario» u «organizado», «rural» o «urbano», etc.; puede, en todo caso, que una aglomeración humana sea calificada de rural o urbana atendiendo a consideraciones sociales o económicas, y puede que un consejo presente un mayor o menor grado de organización. Iglesia Ferreirós centra su atención, en el mencionado trabajo, y desde una perspectiva conceptual, en el momento en que una comunidad tiende a obtener personalidad jurídica y los problemas que halla para la expresión de su voluntad. Delimitadas las dos realidades y fijada la función del consejo –formar y expresar la voluntad de la universitas–, no se detiene en las razones históricas –concretas– que precipitaron la aparición del consejo en un momento dado. 14 FONT, Orígenes, pp. 288-305. 15 FONT, Orígenes, pp. 463-465.

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Respecto a cómo se produjo el paso de uno a otro, Font Rius considera que «no parece muy aventurado admitir que la transformación del régimen local rudimentario en un organismo municipal definido y perfilado se operase a merced del movimiento hacia la concentración de las funciones en pocas manos, así representativas como directivas de los lugares, meta a la que se llegaría por un doble camino: de una parte, mediante la consolidación de un poder delegado de la asamblea general de probi homines (...), y de otra, por la tendencia a la conversión en permanentes de aquellas delegaciones o representaciones que las comunidades elegían de modo transitorio para determinados casos o cometidos (...). Puede pensarse que todos éstos irían lentamente afianzándose en el desempeño de sus cargos, y que, con la reiteración en su ejercicio, se llegaría a considerarlos como permanentes y a convertirlos, además, en representantes generales de la comunidad (...)». Font Rius apunta, aludiendo a lo expresado por Hinojosa para el ámbito rural, que un fenómeno parecido debió de ocurrir en el ámbito urbano: que «estas representaciones de índole transitoria, para el desempeño de comisiones determinadas, tendieron con el aumento de la población y el progreso de las necesidades colectivas a convertirse en permanentes».16 Para completar la comprensión del «como», y acerca de si la organización de los Consejos se produjo inducida por el poder condal o, por el contrario, desde las propias comunidades, propone Font Rius «que se llegasen constituir en algunos lugares los primeros órganos de su municipio de un modo consuetudinario, popular, esporádico, y que luego (...) se expidieran los privilegios respectivos organizando y articulando este régimen en forma definida (...). Expresiones de los mismos privilegios de creación o establecimiento de los organismos municipales dan pie a sostener la posibilidad de que la costumbre hubiese introducido en algunas partes el funcionamiento de tales organismos por iniciativa del grupo de vecinos, recibiendo más tarde la sanción expresa de los soberanos».17 Finalmente Font Rius plantea el tema de las causas o factores que impulsaron aquella decisiva transformación, o sea, el problema concreto que estamos desarrollando en estas páginas. «A nuestro modo de ver —señala Font—, un doble género de motivos concurrieron en la ordenación definitiva del régimen municipal catalán. Hay que pensar ante todo en el estado de las mismas poblaciones, en las cuales se haría sentir más o menos vivamente la necesidad de tal régimen. Pero es forzoso también no olvidar la acción del poder soberano, revelando por su parte un cierto interés de orden político y administrativo». Por lo que respeta al primer grupo de causas, «(...) el aumen16 17

FONT, Orígenes, p. 465. FONT, Orígenes, p. 468.

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to natural de la población en las localidades y, sobre todo, la inclusión en la misma de elementos nuevos (...), harían difícil en éstas el continuar siendo regidas por las antiguas asambleas de probi homines, o vecinos notables, ante la dificultad que representaría por la diversidad y profusión de habitantes determinar y reconocer de manera segura y fácil quienes debían ostentar aquella representación». También la observancia de las normas escritas o consuetudinarias y su defensa ante otros poderes precisarían la existencia de órganos estables. A este grupo de causas debe añadirse cierto interés de los monarcas en establecer un régimen municipal en sus villas y ciudades. Entre otros motivos, «la creación de unos Consejos y magistraturas populares, como haría notar un autor —se refiere Font a Morera Llauradó y a su obra Tarragona Cristiana—, facilitaría la recaudación de tributos (...)».18 Y es que, efectivamente, cuando el mismo Font Rius se refiere a las autoridades y funcionarios en el municipio rudimentario, o sea, en la fase pre-consejil, no olvida el papel importante de los «administradores de impuestos y servicios vecinales», aunque no llega a vincularlos directamente con la aparición del consejo. Afirma Font que «la imposición pública era corrientemente efectuada en aquella época asignando a cada localidad la aportación de una suma determinada, ya con carácter periódico, ya de una sola vez. Este sistema requería, naturalmente, un debido y equitativo reparto entre los habitantes de aquéllas obligados a su satisfacción, lo cual originó necesariamente la creación y el funcionamiento de estas juntas o comisiones de ciudadanos que tomasen a su cargo el reparto y la subsiguiente recaudación de las cantidades impuestas (...). Más interés, sin embargo, ofrece para nuestro objeto el advertir que, juntamente con los impuestos o tallas de carácter general, con destino a la Hacienda pública o real, se recolectaban también de los ciudadanos impuestos o contribuciones con destino a servicios de carácter vecinal, de interés y provecho de la localidad. En páginas anteriores pudimos señalar la posesión, por parte de la universitas, de bienes y derechos urbanos, de interés y aprovechamiento comunal. La debida conservación y cuidado de los mismos exigiría, naturalmente, unos gastos, y para atender a los mismos es para lo que se organizan estas comisiones ciudadanas con la misión de recabar y hacer efectiva de todos los habitantes de la localidad su correspondiente aportación pecuniaria. Se trata, pues, de un rudimento de administración comunal. A falta de magistrados municipales, tales juntas venían a ejercer funciones que, evidentemente, corresponderían a éstos en un municipio organizado».19 18 19

FONT, Orígenes, pp. 469-471 (n. 775). FONT, Orígenes, pp. 454-455.

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Por tanto, la posibilidad de que fuese la necesidad de mejorar la eficacia financiera de la comunidad —y en particular el hecho de poner a punto la organización precisa para satisfacer los gastos del grupo— una de las causas determinantes, o de primer orden, en la aparición de los Consejos, fue algo que Font Rius ya intuyó y, en cierta manera, incluyó entre el abanico de causas que explicaban el paso del régimen municipal rudimentario al organizado. Sin embargo, según nuestra opinión, no acabó dando a este hecho una importancia especialmente relevante ni le otorgó un valor determinante tal como estamos planteando. Como se verá, nuestra propuesta no contradice, en el tema que nos ocupa, el planteamiento de Font Rius, sino que espera desarrollarlo y completarlo.

4. DOS BINOMIOS

El análisis de algunos casos concretos nos ha mostrado que existe un grado de unidad y de cohesión bastante importante en algunas comunidades antes de que la calificación de universitas aparezca en las fuentes municipales.20 Los casos conocidos también nos han mostrado que antes que aquellas comunidades fuesen llamadas universitates, por influencia de la difusión del derecho común, las comunidades ya habían conseguido establecer vías de expresión de su voluntad y había comenzado ya su organización política. Además, hemos observado que una incipiente organización financiera de los habitantes de un lugar es el resultado de aquella relativa unidad social y, al mismo tiempo, es factor de integración y cohesión. Y sabemos, en definitiva, que las exigencias económicas de la Corona para llevar a cabo su política no serán nada ajenas a este proceso de construcción del municipio y de sus órganos de gobierno; en este sentido, algunos autores opinan que en Cataluña el monarca está detrás del nacimiento de la fiscalidad municipal.

20 Josep Mª FONT RIUS: «La comunitat local o veïnal», Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (Segles VIII-XI), Barcelona, 1991, pp. 491-576. Sobre la documentación y el valor del concepto universitas en los textos catalanes, vid. FONT, Orígenes (ahora en FONT, Estudis sobre els drets, pp. 409 y ss. n. 551); Paul H. FREEDMAN, «An unsuccessful attempt at urban organization in twelfth-century Catalonia», en Speculum, 54/3 (1979), pp. 479-491, con la publicación del texto que el autor sitúa entre 1175 y 1185 para Vic, en pp. 490-491; del mismo autor, «Un règim consular en el Vic del segle XII», en Ausa, 9 (1980), pp. 1-6; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La difusión del derecho común en Cataluña», en Aquilino Iglesia Ferreirós (ed.), El Dret comú i Catalunyna. Actes del Ier. Simposi Internacional, Barcelona, 25-26 de maig de 1990, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Dret Jaume de Montjuïc y Fundació Noguera, 1991, pp. 95-279, esp. pp. 210-211, n. 542.

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5. EL BINOMIO GUERRA-FISCALIDAD

Que la guerra probablemente ha sido el principal y más intenso impulso para poner a punto una eficaz maquinaria fiscal en los más importantes reinos medievales hoy es un hecho conocido para el mundo occidental en la Edad Media.21 No sucedió de una manera diferente en la Corona de Aragón, donde el caso particular de Cataluña ha sido analizado a partir de trabajos recientes.22 Pero lo que no es tan conocido, y que para el caso catalán es el resultado de las investigaciones de los últimos diez o quince años, es que la guerra, como factor actuando en última instancia y a través de la potestad del conde de Barcelona, también estuviera estrechamente vinculada con la hacienda de los municipios. Si bien creemos que esta relación existe, sin embargo quizá sería arriesgado y excesivo afirmar que la guerra del rey provocó el nacimiento de las haciendas municipales y puso en marcha la maquinaria fiscal de las universidades. Por lo que sabemos, los primeros pasos constitutivos de las haciendas de algunas villas y ciudades catalanas tuvieron más que ver con necesidades intrínsecas de la comunidad —construir muros y valles, rescatar la propiedad de una acequia, alzar un puente, reparar un paso o un camino, pagar para obtener determinadas franquicias o privilegios, etc.— que con exigencias tributarias del conde de Barcelona para financiar campañas bélicas. Si esto es cierto, no lo es menos que las peticiones y demandas regias para financiar empresas militares supusieron un auténtico big-ban para aquellas frágiles y todavía débiles haciendas municipales. El motivo del nacimiento de la hacienda municipal quizá estaba vinculado a la necesidad de construir un puente o levantar unos muros de defensa o recuparar una acequia para el municipio, pero aquello que consolidó realmente el aparato recaudador y que arraigó, consolidó y desarrolló la institución, fue, sin lugar a dudas, las exigencias regias motivadas por las guerras, ofensivas o defensivas, que se suscitaron entre los siglos XIII y XIV. Pero está por ver si estas implicaciones municipales del factor bélico son algo general, o solamente resultado de las particulares condiciones histó21 Vid. Charles TILLY (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princenton, 1975, [concretamente sus artículos: «Reflections on the History of European State-Making», pp. 3-83 y «Western State-Making and Theories of Political Transformation», pp. 601-638]; Charles TILLY, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, 1992 (versión original inglesa, 1990); Philippe CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la fin du Moyen Age. Etude sur les armées du roi de France (1337-1394), Paris, 1972; Philippe CONTAMINE, Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992. 22 Vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, 1996; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Actes Col·loqui Corona, Municipis i fiscalitat, pp. 233-278.

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ricas —políticas, institucionales, económicas y sociales— de Cataluña. Para el supuesto catalán, en todo caso, es suficiente recordar aquí los principales hitos militares que se tradujeron en peticiones económicas del rey a las villas y ciudades del Principado —y no directamente a sus vasallos, insistimos en ello— y que propiciaron, en consecuencia, aquella definitiva institucionalización de la hacienda municipal.23 Nos referimos a aquellas questias y cenas exigidas por Jaime I para sufragar una parte de las conquistas de Valencia y Mallorca y que los municipios repercutirían entre sus habitantes por medio de las primeras percepciones directas en forma de tallas; a la conquista de Sicilia el año 1282, que estuvo seguida del enfrentamiento con la coalición frangoangevino-ponfificia; a la defensa del territorio ante la invasión francesa; al conflicto de la Unión aragonesa y a los intermitentes conflictos con Castilla que no se cerraron, en este período, hasta 1304. Después de un breve lapsus de relativa calma bélica entre 1305 y 1321, la puesta a punto de la maquinaria fiscal que, aunque no a todo rendimiento, ya había empezado a funcionar, llegó a un punto álgido con la conquista de Cerdeña entre 1321 y 1324 y con el enfrentamiento con Génova y el reino de Granada entre 1327 y 1336.

6. EL BINOMIO FISCALIDAD-CONSEJO MUNICIPAL

En el período en que se forma una incipiente administración financiera municipal y nace el consejo, coexisten dos circuitos de distinta naturaleza. Por una parte el conde de Barcelona, en el marco de la cultura y de la práctica feudales, exigía el pago de ciertas prestaciones económicas a sus hombres. Ciertamente, a título personal exigía a sus hombres el pago de determinadas rentas que eran administradas por el baile u otro funcionario y que no transitaban ni alimentaban ninguna hacienda municipal; se trataba de pagos que iban directamente de los individuos al rey por medio del baile o cualquier otro administrador del monarca. Pero a partir del siglo XIII se configura un segundo circuito que tiene a la comunidad —o mejor dicho, a la persona jurídica que encarna a la comunidad— como protagonista principal. Bien para satisfacer una necesidad económica sentida por la vida en común, o bien para satisfacer una exigencia tributaria solicitada a la comunidad —a la universitas— y no a los individuos que la integran. El resultado es que la comunidad se ve obligada a efectuar un gasto. En 23 Vid. SÁNCHEZ, El naixement; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST (eds.), Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Barcelona, Generalitat de Catalunya, Col. Textos Jurídics Catalans, 1997.

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el caso de la relación tributaria con el monarca, el municipio deviene al mismo tiempo sujeto pasivo de una relación tributaria —la que mantiene con el rey— y sujeto activo de una segunda relación tributaria, la que en este caso mantiene con los miembros del municipio. Esta circunstancia implica, automáticamente, buscar los recursos económicos necesarios y, sobre todo, organizar el operativo necesario para obtener la suma requerida. Esta organización puede ser efímera y se pueden nombrar unos cargos «ad hoc» para cumplir únicamente la función concreta planteada. Pero cuando la organización de la operación se demuestre eficaz y cuando los motivos del gasto se vayan sucediendo, la organización tenderá a devenir estable; el personal responsable tenderá a ser permanente y actuará como una representación de la comunidad entera. Esto sucederá a la luz de la recepción del ius commune, aunque no es fácil poder demostrar de forma clara y precisa la influencia que la recepción de este derecho ejerció en el proceso que venimos exponiendo. En todo caso, y además de la nueva cultura jurídica que inundaba occidente, el derecho romano-justinianeo que se difundía en el siglo XII y que era recibido en el XIII, ofreció los instrumentos jurídicos necesarios para perfilar una organización técnica de la institución que estaba naciendo. No solo las nuevas técnicas fiscales que se ponían en marcha desde el municipio desde mediados del siglo XIII se inspiraban en el tesoro jurídico que era el Corpus Iuris, sino que también la organización y el funcionamiento del consejo se beneficiaron de esta influencia, tanto mediante la aplicación de normas de procedencia romanocanónica como con la inclusión de juristas formados en el utrumque ius dentro del organigrama del consejo. Por tanto, aquello que planteamos es que la fiscalidad municipal del siglo XIII y principios del siglo XIV no solamente fue el gran motor que impulsó la consolidación del consejo, sino que en cierta manera fue el factor determinante del nacimiento de este órgano de gestión y de gobierno municipales. Efectivamente, quizá no sería arriesgado afirmar que fueron temas y motivos directa o indirectamente vinculados con la fiscalidad —construcción de murallas, reparación de puentes y caminos y, sobre todo, exigencias tributarias reales tanto de naturaleza feudal como para sufragar guerras y conquistas—, aquellos que, la mayoría de las veces, obligaron a las universidades a expresar una opinión, o bien para negociar con el monarca, o sea, hacia el exterior, o bien para organizar las recaudaciones tributarias, o sea, hacia el interior de la comunidad. La gran novedad no es que la universidad expresa su voluntad, sino que lo haga a partir de institucionalizar la figura de unos representantes que se expresan en su nombre, o sea, por medio del consejo.

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7. FINAL

No debemos considerar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las funciones sobrevenidas a un consejo preexistente. Por el contrario, este consejo nacería y obtendría su apariencia casi definitiva con la finalidad de organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la universitas. Todos sabemos que, en condiciones normales, la función crea al órgano; pero aquello que ahora planteamos no es que la función gobernativa creara al consejo como órgano de gobierno, sino que la función financiera fue aquello que creó una institución de gobierno.

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1. PLANTEAMIENTO

En las páginas que siguen pretendemos hacer una primera aproximación, a partir de un caso concreto, a las relaciones entre fiscalidad y poder político dentro de un ámbito municipal. O, dicho de otro modo, queremos indagar en las relaciones entre el poder político —y, más concretamente, la manifestación institucional de este poder dentro del ámbito municipal— y las finanzas de aquellas villas y ciudades de la Cataluña del siglo XIII y primera mitad del XIV. No pretendemos reproducir afirmaciones reduccionistas que señalen que los poderosos utilizan el naciente sistema fiscal para dominar y explotar a los más débiles, ni tampoco nos interesa ahora una aproximación prosopográfica —ciertamente interesante y necesaria— a los protagonistas de los gobiernos locales y de la actividad financiera en este universo. Lo que pretendemos es conocer qué relación había entre la naciente fiscalidad de las villas y ciudades y los órganos de gobierno municipales.2 Si, fruto de la aplicación de criterios actuales en la investigación histórico-jurídica, deberíamos partir de la hipótesis de que la fiscalidad municipal era una de las atribuciones —importante, ciertamente— que tenía reconocidas

1

Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos bases jurídicas y trasfondo político» dirigido por Manuel Sánchez Martínez (CSIC, Barcelona) y financiado por la DGESYC PB98-0478. Este texto tienen su origen en el coloquio organizado por Pere Ortí (UdG) y Manuel Sánchez (CSIC), Les viles catalanes entre els segles XII i XIV: senyoria, comunitat i estructures fiscals, celebrado en el Centre de Recerca d’Història Rural del Institut de Llengua i Cultura Catalanes Vicens Vives de la Universidad de Gerona entre los días 15 y 17 de noviembre de 2001. A fecha de hoy (diciembre de 2008), está previsto que sean publicadas todas las ponencias de dicho coloquio, razón por la cual agradecemos a Pere Ortí, editor del volumen de las actas, que no haya tenido ningún inconveniente en que, paralelamente, presentemos una versión traducida (del catalán) y revisada para Anuario de Historia del Derecho Español. Abreviaturas archivísticas utilizadas: ACA (Archivo de la Corona de Aragón); C. (Cancillería); reg. (registro); ACSG (Archivo Comarcal de la Segarra); ACUR (Archivo Comarcal del Urgel); LP (Libro de Privilegios); FM (Fondo Municipal). 2 Ya avanzamos este planteamiento a nivel teórico en Max TURULL RUBINAT, «Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los concejos municipales en Cataluña (siglos XII-XIII): algunas reflexiones», en Anuario de Historia del Derecho Español, 72 (2002), pp. 461-471. XIII-XIV):

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el municipio medieval y en su nombre el Consejo, nuestra hipótesis de trabajo es planteada en unos términos bien diferentes. No creemos que debamos subordinar la función fiscal que desarrollaban unos primeros magistrados municipales, los cuales configuraban el embrión del consejo como institución, a la existencia de una institución de gobierno, sino más bien a la inversa: la institución comunitaria nacería y se organizaría por dar acogida a las exigencias fiscales regias y también para dar satisfacción a las necesidades de cierta envergadura que tenía la comunidad. Planteado en términos más generales, con el análisis de un caso histórico concreto, esperamos mostrar que la fiscalidad medieval actuó de verdadero motor organizador de las instituciones políticas municipales y, por tanto, que el poder político que emanaba del consejo era, en cierta medida, derivado de las relaciones sociales que se tejían a la hora de organizar una contribución común de toda la comunidad para responder a una exigencia fiscal del rey. En el texto veremos de qué manera problemas directamente derivados de la recepción de tributos tuvieron consecuencias que iban mucho más allá de ser simples reajustes en los sistemas de recaudación tributaria. Cada «crisis tributaria» fue resuelta con una reorganización de la correspondiente institución de gobierno municipal. El ejemplo escogido para demostrar esta hipótesis es el de la villa de Cervera, aunque también prestaremos atención —como paso previo a un estudio más amplio— a los paralelismos que presenta con la vecina población de Tárrega. La actual capital comarcal de la Segarra nació al amparo de un castillo que documentamos, por primera vez, el año 1026. Esta fortaleza, situada en la frontera con el Islam, pertenecía al conde de Barcelona, quien cedió una parte de los derechos que tenía al linaje homónimo de los Cervera. Pronto, desde 1136, tenemos noticias de la existencia de un mercado en la población, que va a aprovechar su situación junto al camino que, desde la antigüedad, comunicaba Barcelona con Lérida y el interior de la península Ibérica. En torno a esta actividad comercial fue levantándose una importante villa que, a comienzos del siglo XIV, ya se encontraba entre los diez principales núcleos urbanos de Cataluña, con más de 1.200 hogares.3 No es extraño, por lo tanto, que a finales de la duodécima centuria el monarca ya dirigiera su atención

3 Apenas si hay estudios sobre los primeros tiempos de la villa de Cervera, razón por la cual nos remitimos a la aproximación realizada en la introducción del estudio de Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990, pp. 55-67. También aporta interesantes noticias sobre la villa durante esta época T. N. BISSON, Fiscal accounts of Catalonia under the early count-kings (1151-1213), BerkeleyLos Angeles-London, 1984, pp. 211-212. Sobre la actividad comercial en Cervera, véase Max TURULL RUBINAT, «Intercanvi comercial, fira i mercat a Cervera entre 1136 i 1392», en Miscel·lània Cerverina, 7 (1991), pp. 19-39.

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(entre otros lugares) hacia esta población para hacer frente a los problemas económicos que empezaba a sufrir la Corona. Efectivamente, desde la época de Ramón Berenguer IV, los condes de Barcelona habían iniciado una política encaminada a optimizar el rendimiento de sus dominios, entre los que se encontraba Cervera. No obstante, durante el reinado de Pedro I,4 el príncipe ya no podía vivir «de lo suyo» y se vio obligado a buscar nuevas vías para obtener recursos económicos. Una de estas iniciativas fue la demanda de tributos y donativos a las incipientes comunidades urbanas del dominio real, gobernadas en aquel entonces por los oficiales del monarca, pero para poder hacer efectiva esta transacción fue necesario —o quizás fue el precio que el rey tuvo que pagar por ello— dar voz propia a aquellos colectivos.5

2. LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES INSTITUCIONALES DE UN PODER MUNICIPAL6

En el estado actual de la investigación, las referencias de que disponemos sobre la organización de la administración municipal de Cervera durante el siglo XIII y comienzos del siglo XIV son muy escasas.7 A pesar de todo, y a partir de las noticias existentes, se dibuja un panorama que parece sugerir la estrecha vinculación que mantuvieron la fiscalidad y el desarrollo institucional del municipio desde sus orígenes más remotos. Como ya hemos apuntado, las primeras manifestaciones de una cierta organización y administración local en esta próspera villa de la Cataluña cen-

4 Utilizamos, de ahora en adelante, el cómputo de los monarcas catalano-aragoneses a partir de la numeración del condado de Barcelona. 5 Sobre los primeros pasos de esta nueva fiscalidad creada en el marco del dominio real, véase el trabajo mencionado en la nota anterior de T. N. Bisson y el estudio, más reciente, de Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, Eumo, 1995, pp. 29-48. 6 Este capítulo y el siguiente beben directamente de Max TURULL RUBINAT, «Universitas, commune, consilium: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en Bernard DURAND y Laurent MAYALI (eds.), Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection Publications, 2000, pp. 637-677. 7 Al igual que pasa con la mayor parte de villas y ciudades catalanas, el periodo todavía requiere un estudio monográfico; por el momento nos remitimos a Max TURULL RUBINAT, «Arca comunis: dret, municipi i fiscalitat (d’una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als origens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya», en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 1 (1996), pp. 581-610; Pere ORTÍ GOST, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona (segles XIII-XIV)», en Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pp. 17-34; Max TURULL RUBINAT, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)», en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Antoni FURIÓ (eds.), Actes. Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232; Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, «La doctrina medieval sobre el “munus” y los “comuns” de Tortosa», en Homenaje in memoriam Carlos Díaz Rementería, Salamanca, 1998, pp. 475-489.

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tral datan de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Concretamente, el año 1182, un privilegio concedido por Alfonso I autorizaba la creación de una confratria vel coniuratione al estilo de la que existía, según el mismo documento, en Gerona; y, el año 1202, la concesión era ratificada por Sancha de Aragón, Pedro I y Ramón de Cervera, señores de la villa.8 En estos documentos no se especifica gran cosa sobre las atribuciones ni la actuación de la nueva institución, y tampoco contamos con el privilegio matriz de Gerona para deducir cuáles pudieron ser sus principales iniciativas. Únicamente sabemos que fueron escogidos cónsules para gobernar los miembros de aquel colectivo; que debían poner por escrito las constituta que fecerunt inter se; que realizaron statuta per melioracionem ville con el consentimiento señorial; y que, entre otras funciones, los nuevos magistrados tenían la capacidad de formar una hueste vecinal para defender los intereses de la comunidad.9 Aparte de estas indicaciones generales, las primeras referencias que encontramos de algo tangiblemente comunitario son dos importantes gastos. El año 1197, Ramón de Cervera, que poseía parte del dominio de la villa, enfranquecía omni populo Cervarie, maiori et minore, de la porción que le correspondía de varios derechos feudales, y reconocía haber recibido, por esta razón, 3.000 sueldos barceloneses.10 El año 1209, Pedro I, señor del resto del dominio, hacía lo propio y recibía a cambio 2.000 s.b.11 Aunque no podamos establecer, de forma clara, una relación de causa-efecto entre estas necesidades económicas y el desarrollo institucional durante esta primera etapa, no deja de ser sintomática la coincidencia de ambos fenómenos en el tiempo. A la sospechosa carencia documental de la primera mitad del siglo XIII 12 se contrapone la mayor densidad de referencias y de información de la segunda mitad de siglo. El año 1214, se documenta la última referencia a los cónsules cervarienses,13 y hasta los años centrales de la decimoter8 1182, junio, Lérida; ACSG LP 5 r.-v.; 1202, febrero, Prades; ACSG LP 85 r.- v. (Max TURULL RUBIMontserrat GARRABOU PERES, Josep HERNANDO DELGADO, Josep M. LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, 1991, n. 1 y n. 5. En adelante= LPC). 9 Sobre la formación y la actuación de la hueste vecinal de Cervera, véase Pere VERDÉS PIJUAN, «El “veïnatge pactat” de Cervera durant el segle XV», en Actes del V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai, Barcelona, 2000, pp. 355-366. 10 1209, febrero, 13, Lérida; ACSG LP 1 v.- 2v. [=LPC 6, 33-35]. 11 Ibídem. 12 La recopilación de privilegios conocida como Llibre de Privilegis de Cervera (LPC) no recoje ningún texto original de 1209 a 1249, y los actuales inventarios de pergaminos del ACSG tampoco contienen documentos para esta época. 13 Esta referencia corresponde a un cónsul que se encontraba entre los cuatro representantes de la villa de Cervera presentes en la asamblea que Jaime I había convocado en Lérida en 1214 (Nomina baronum et militum qui iuraverunt fidelitatem domino Jacobo regi apud Ylerdam, en ACA, C., extrainventario, n. 3131 = pergaminos de Jaime I, carpeta n. 357; reproducido fotográficamente y transcrito parcialmente por Federic

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cera centuria no aparecen los paciarii. A partir de 1258, hallamos múltiples menciones a la existencia de paers al frente del colectivo vecinal (universitas), si bien no podemos determinar cuál fue el momento preciso de su aparición ni qué funciones concretas ejercieron.14 Y es que ninguno de estos documentos inmediatamente posteriores a 1258 supone el nacimiento o la instauración formal de los magistrados municipales, sino que todos dejan entrever la preexistencia de aquellos paciarii que, entonces, constan como destinatarios de los privilegios junto a los prohombres de la villa. La aparición documental de unos magistrados municipales con continuidad institucional, como lo son los paers documentados desde 1258, coincide también con la consideración definitiva de los habitantes de Cervera como universitas.15 Aludir a la universitas el 1267 no es, ciertamente, un ejemplo de utilización temprana del término, sino más bien al contrario, y prueba de esto es la utilización razonablemente madura que se hace del concepto.16 La difusa presencia de los paciarii contrasta con la existencia coetánea de unas prácticas tributarias y, por ende, con una presunta hacienda comunal relativamente organizada. UDINA MARTORELL, Documents cabdals de la Història de Catalunya, Barcelona, 1985, vol. I, pp. 129-135, documento n. 22; editado íntegramente por Joaquim MIRET I SANS, Itinerari de Jaume I El Conqueridor, Barcelona, 1918, pp. 19-20, n. 1. Sobre este documento, las referencias historiográficas, las ediciones y los problemas de datación, véase Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis: la formació i l’expressió de la voluntat del municipi (Tárrega, 1214-1520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1992), pp. 143-231, concretamente n. 12. [también en Miscellanea Domenico Maffei. Dicata. Historia - ius - studium, curantibus Antonio GARCÍA Y GARCÍA & Peter WEIMAR, Zürich, 1995, I, pp. 321-409]). 14 El año 1258, el rey Jaime I mandaba al veguer, baile, paciarii y a todos los hombres de Cervera que no cortaran leña en los bosques y dehesas que el monasterio de Montserrat tenía en los términos de Rocamora et Pulchromonte (Ambrosio HUICÍ MIRANDA, Maria Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. IV, 1258-1262, Zaragoza, 1982, pp. 18-19; cfr. ACA, C., reg. 9, f. 8 v.). El año 1260, el mismo monarca escribía al veguer, al baile y a los paers para que nombraran un procurador que evaluara los daños causados por el conde de Urgel y sus seguidores a la villa (A. HUICI y M. D. CABANES, Documentos, p. 261; cfr. ACA, C., reg. 11, f. 171 v.). El 16 de agosto de 1261, en un licencia otorgada por el rey a Bernat de Maçana para construir un paso elevado sobre la calle, también se mencionaba a los paers (ACA, C., reg. 11, f. 215 r.). En mayo de 1267 los paciarii reaparecen casi por casualidad, cuando Jaime I se compromete a no proceder judicialmente contra la universidad de Cervera a no ser que hubiera algún motivo importante para hacerlo: «(...) per nos et nostros volumus et concedimus vobis paciariis et probis hominibus ac toti comuni Cervarie (...)» (1267, mayo 1, Lérida; ACSG LP 1r [=LPC 10]). Cabe destacar que, a pesar de no tratarse del documento fundacional del gobierno municipal ni de la constitución de los paers, años más tarde, hacia 1360, los responsables de compilar los privilegios de la villa decidieron encabezar el volumen con este documento antes que con otros aparentemente más trascendentes. En otro privilegio real, también de mayo de 1267, unos paciarii salen a escena junto a los oficiales regios que habían de responsabilizarse de la protección y guarda de universos et singulos homines Cervarie: «(...) Mandantes baiulis, vicariis, curiis, paciariis et universis aliis officialibus et subditis nostris (...)» (1267, mayo 1, Lérida; ACSG LP 5v-6r [=LPC 11]). 15 «(...) non possimus ipsam inquisicionem facere ratione illius persone contra universitate dicte ville Cervarie, nisi ergo ipsa universitas fecerit aliquod notorium (...)» (1267, mayo 1, Lérida; ACSG LP 1r [=LPC 10]). 16 Vid. nota anterior.

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Desde 1255, por ejemplo, documentamos el pago regular de la quèstia al rey, si bien, tal como sucede en otras poblaciones del dominio real, este tributo ya debió de empezar a pagarse de forma habitual durante el reinado de Pedro I.17 Así pues, cada año, la villa tuvo que hacer frente a unas peticiones que oscilaron entre los 8.000 s.b. y los 15.000 s.b., y los paers fueron los encargados de organizar la recaudación del dinero necesario por pagar esta y otras exacciones de carácter real o vecinal.18 Una de estas exacciones fue, por ejemplo, los 1.000 sueldos jaqueses que costó, el año 1263, el privilegio en que el rey Jaime I se comprometía a nombrar únicamente escribanos públicos para las Cortes de los oficiales regios de Cervera.19 Estas noticias permiten adivinar, tal como había pasado a finales de siglo XII y comienzos del XIII, la existencia de alguna clase de organización capaz de llevar a cabo la recaudación de aquellas sumas de dinero. Por lo tanto, a mediados del siglo XIII, la fiscalidad constituye de nuevo el principal ámbito de actuación de las autoridades municipales o, cuando menos, el más documentado. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIII, algunos de los privilegios concedidos por el monarca a la villa también tienen un fuerte contenido fiscal y muestran, indirectamente, el funcionamiento de la hacienda municipal en aquellos momentos. Así, por ejemplo, un privilegio real de marzo de 1271 establecía que la quèstia y otros servicios reales —cabe remarcar que el texto sólo mencionaba esta categoría, la regia, de servicios— debían ser cobrados por los propios vecinos de la villa, pagando cada uno de ellos una parte de la exacción.20 17 M. SÁNCHEZ, El naixement, p. 40; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Actes Col·loqui Corona, Municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278. 18 El año 1268, por ejemplo, documentamos una concesión realizada por el rey Jaime I que enfranquecía, durante un año, a la villa de questiam, redempcionem exercitus, mutuum, servicium y otras exacciones (ACA, C., reg. 15, f. 126 r.). Como ya hemos dicho, por el momento solamente hemos documentado el pago regular de la quèstia o, más concretamente, las peticiones realizadas por el monarca a Cervera los años: 1255, 10.000 s.b. (ACA, C., reg. 8, f. 18 v.- 20 v.); 1256, 8.000 s.b. (ACA, C., reg. 8, f. 30 r. y ss.); 1259, 10.000 s.b. (ACA, C., reg. 8, f. 42 r.- 44 r.); 1261, 10.000-15.000 s.b. (ACA, C., reg. 8, f. 55 r.- 57 v.); 1263, 8.000 s.b. (ACA, C., reg. 8, f. 63 r.- 64 r.); 1272, 10.000-12.000 s.b. (ACA, C., reg. 18, f. 23 v.- 27 r.); 1273, 8.000-10.000 s.b. (ACA, C., reg. 18, f. 40 r.- 48 r.); 1275, 12.000 s.b. (ACA, C., reg. 19, f. 187 v.). Agradecemos a Pere Ortí que nos haya proporcionado los datos inéditos de estas primeras demandas. 19 «(...) recognoscentes nos habuisse a vobis dictos probis hominibus et recepisse propter hoc mille solidos iaccenses, de quibus bene paccati sumus, ad voluntatem nostram (...)» (1263, enero 13, Huesca; ACSG LP 38r-38v [=LPC 9]). 20 «(...) quod quandocumque et quotienscumque nos vel nostri questiam vel aliud aliquod servicium a vobis habere voluerimus, teneantur vos iuvare et ponere partem suam in eadem questia seu alio servicio omnes vicini eiusdem ville» (1271, marzo 11, Valencia; ACSG LP 7r [=LPC 13]). El privilegio, además, establecía la manera de proceder en el supuesto de que alguien abandonara la vecindad o trasladara su habitación a castillos situados en los alrededores de la villa para no pagar los impuestos.

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Pocas veces como ahora se expresaba con tanta nitidez el binomio real/municipal que marcaría definitivamente el diseño de ambas fiscalidades en Cataluña: los tributos regios no serían percibidos directamente por el rey entre sus sometidos por la vía de sus oficiales, sino que serían, en nuestro caso, los probis hominibus et universitati Cervarie quienes se ocuparían de la recaudación del tributo y de la ulterior liquidación al rey.21 El año siguiente, el 1272, un nuevo privilegio regio se refería a questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus (...) que colliguntur in villa Cervarie.22 En esta ocasión se trataba de regular la forma, el sistema o la mecánica para proceder a la recaudación tanto de tributos regios —aquellos que, como la quèstia, eran destinados al rey pero recaudados por la propia universidad—, como también de las exacciones vecinales, o sea, aquellas destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad. Concretamente, el texto dispone un sistema de contribución proporcional a la riqueza de cada vecino para ambos tipos de tributos. Conviene constatar, sin embargo, que esta forma de proceder era anterior a la concesión del privilegio de septiembre de 1272 y que éste tan sólo intentaba corregir una situación preexistente afectada por fraudes e irregularidades.23 La solución del problema pasaba por reconocer a paciarii et probi homines la potestad de enmendar las declaraciones de aquellos vecinos que atribuían a sus bienes un valor inferior al real. Por lo tanto, según el privilegio, correspondía a los regidores la función de estimare et apreciare las propiedades minusvaloradas, añadiéndoles lo que fuera necesario hasta llegar a una justa valoración.24 La actividad fiscal del municipio cervariense continuó y se aceleró durante el último tercio del siglo XIII, fruto de un incremento de las demandas de la Corona y también de la aparición de nuevas necesidades de la comunidad.25 En el primer caso, a partir de 1280, documentamos un aumento en la cuantía de las peticiones en concepto de quèstia26 y, pese a tratarse de un periodo que 21 «(...) ita tamen quod nos ipsorum taxacionem compoto nostro percipere non teneamur, sed vos ipsam recipiatis et nobis de ipsa questia tota seu servicio satisfacere teneamini» (1271, marzo 11, Valencia; ACSG LP 7r [=LPC n. 13]). 22 1272, septiembre 3, Montpellier; ACSG LP 7r-7v [=LPC 14]. 23 «(...) intellexerimus quod aliqui habitatores Cervarie super questiis, serviiis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus persolvendis, que colliguntur in villa Cervarie, iurant quandocumque bona sua minus valere, et ea bona valeant plus quam ipsi iurent (...)» (1272, septiembre 3, Montpellier; ACSG LP 7r-7v [=LPC 14]). 24 «(...) paciarii et probi homines Cervarie possint et liceat eis estimare et apreciari quantum ipsa bona valuerint plus quantitate illa quam ipsi iuratores suo asseruerint iuramento, prout eisdem paciariis et probis hominibus iuste et idonee videbitur faciendum (...)» (1272, septiembre 3, Montpellier; ACSG LP 7r-7v [=LPC 14]). 25 M. SÁNCHEZ, El naixement, pp. 49-64. 26 Gracias a los datos que nos han proporcionado Manuel Sánchez y Pere Ortí, por el momento hemos podido documentar las siguientes quèsties solicitadas al municipio: el año 1281, el rey pedía 30.000 s.b. a Cervera, de los que condonaría el pago de 10.000 s.b. (ACA, C., reg. 51, f. 2 r.- 5 v.); el año 1284, la petición

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todavía debe ser estudiado a fondo, estamos seguros que la villa también tuvo que hacer frente a otras exacciones reales tales como cenas, préstamos, redenciones de hueste, etc.27 Por lo que se refiere a las necesidades comunitarias, la principal fue la construcción de las murallas de la villa,28 aunque también tenemos noticias de otros gastos de carácter menor.29 En este contexto, encajan perfectamente las informaciones referentes a una administración financiera del municipio y, sobre esta cuestión, especialmente ilustrativo resulta un documento de 1289, en que se hace explícito que los paers y los consejeros recibían y administraban materialmente el producto de los tributos recaudados por unos collectoribus questiarium, communia et aliorum collectorum ville Cervarie.30 era de 40.000 s.b. y la remissió de 20.000 s.b. (ACA, C., reg. 51 f. 6 r.- 8 r.); el año 1291, la demanda era de 30.000 s.b. y no conocemos a qué cantidad renunció el monarca (ACA, C., reg. 82, f. 117 v.- 119 v.); el año 1294, la cantidad solicitada a la villa en concepto de quèstia y de gastos por una embajada a Roma era de 20.000 s.b., de los que solamente se pagaron 10.000 s.b.; el año 1295, las sumas serían idénticas y el motivo de la demanda adicional fue una entrevista con el rey de Francia; el año 1309, la campaña de Almería hizo aumentar la quèstia hasta 29.000 s.b., de los que sólo fueron perdonados 6.000 s.b. por el monarca; y, finalmente, el año 1311, la cantidad pagada fue de 20.000 s.b., después de que el rey rebajara 10.000 s.b. de la petición inicial (vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, “Tributos negociados: las “questie”/subsidios de las villas catalanas en la primera mitad del siglo XIV”, en P. ORTÍ (ed.), Les viles catalanes entre els segles XII i XIV: senyoria, comunitat i estructures fiscals, Gerona (en prensa). 27 El año 1281, por ejemplo, el rey Pedro II cedió la escribanía a los paers y prohombres de la villa durante tres años a cambio de 1.000 s.b. anuales (1281, agosto 16, Lérida; ACSG, LP, 17v.-18r. [=LPC 20]). El año 1299, Jaime II ordenaba a los paers y prohombres de la universidad de Cervera que devolvieran a Pere y Ramonet de Cardona, que participaban en la campaña de Sicilia, todo aquello que les habían pignorado con motivo de la talla impuesta para redimir la hueste que la villa debía enviar a Pallars [M. SCARLATA, Carte reali diplomatiche di Giacomo II de Aragona (1291-1327) riguardanti l’Italia, Palermo, 1993, p. 153]. Y, aunque no lo hemos documentado directamente, podemos deducir el pago anual de la cena (de presencia o ausencia) del mismo privilegio, que el año 1326 condicionaba su satisfacción al paso del rey, la reina o el primogénito por la villa o su término (1326, agosto 4, Barcelona; ACSG, LP, 177v.- 178r. [=LPC 34]). 28 El año 1285, en el contexto de la guerra con Francia, las autoridades municipales recibían el cometido de fortificar la villa de la manera que creyeran conveniente, siéndoles asignado para ello el valor de las penas en que incurrirían aquellos vecinos que se negasen a colaborar en la obra (F. CARRERAS CANDI, Dietari de la Guerra a Cervera des del 1462 al 1465, Barcelona, 1907, VII-VIII; cfr. ACA, C., reg. 20, f. 215). El año 1275, Jaime I también había asignado ciertos bans (multas) a los magistrados municipales ad opus murorum ville (ACSG, LP, 49 r.- 51 r. [=LPC 16]). 29 El año 1281, por ejemplo, la universidad (paciariis et universitati proborum hominum Cervarie) obtenía la censión de la escribania durante tres años sub certo tributo de 3.000 s.b. anuales, que debían pagarse en tres plazos cuatrimestrales (1281, agosto 16, Lérida; ACSG LP 17v.-18r. [=LPC 20]); y los paers de 1303, en nombre de la universidad, compraron una acequia a Berenguer de Llobera por 200 s.b. de tern (1303, agosto 8, Cervera; ACSG LP 121r.-122r. [=LPC 24]). 30 TURULL, La configuració, pp. 128 (cfr. ACA, C., reg. 80, f. 94 r. y reg. 81 f. 103 v.). En el primer documento citado, paers y consellers aparecen, ambos, como los receptores de omnibus questiis et communibus et aliis collectis per vos fecis receptis in predicta villa Cervarie nomine universitatis ipsius ville. No obstante, y a pesar de tener un conocimiento muy limitado sobre dichos consiliarii, todo parece indicar que, a principios del s. XIV, únicamente los paciarii conformaban el verdadero núcleo de la todavía débil organización municipal, siendo ellos los representantes legítimos de la universidad. Así, por ejemplo, en la compra de la acequia de Berenguer de Llobera antes mencionada, no deja de ser significativa la total ausencia de los consiliarii

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Otras noticias indirectas sobre la administración financiera municipal pueden encontrarse, por ejemplo, en un privilegio del año 1275, donde los paers aparecen como los destinatarios de una tercera parte de las multas impuestas por el baile cuando alguien infringía la prohibición de llevar cierto tipo de armas dentro de la villa;31 o en la concordia firmada, el año 1309, entre los paciarios, consiliarios et probos homines, ex parte una, et universitatem clericorum, ex parte altera sobre la contribución de este último colectivo en las exacciones reales y vecinales recaudadas en la villa. Concretamente, los religiosos accedieron, voluntariamente, a pagar cada año, en la fiesta de Navidad, 4 s.b. por cada 1.000 s.b. del valor de sus bienes inmuebles.32 A corto plazo, el incremento de la presión fiscal que se produjo durante el último tercio de siglo XIII sobre el municipio y sus habitantes no provocó cambios substanciales en el órgano de gobierno municipal ni en la administración de las finanzas. La rudimentaria estructura institucional, tanto en el aspecto político como en el financiero, fue capaz de absorber, aunque fuera de manera provisional, las exigencias fiscales de la Corona y las crecientes necesidades de la comunidad. Pero, al cabo del tiempo, la débil estructura en que se sustentaba todo el edificio municipal empezó a resentirse y, a partir de un cierto momento, se produjo la fractura definitiva entre la dinámica fiscal y tributaria a que estaba sometido el municipio y sus capacidades institucionales para darle cumplida respuesta.

3. UNA CRISIS EN DOS ACTOS

Como hemos visto, hasta entonces, se puede documentar la existencia de unos gastos comunitarios; de unos tributos con los que se conseguían los recursos necesarios para hacer frente a dichos dispendios; y también se puede documentar la presencia de unos magistrados municipales, los paers, que gestionaban, ellos mismos, las finanzas de la comunidad. Esta situación se prolonga hasta comienzos del siglo XIV, momento en que la villa de Cervera así como de la institución que encarnaban los paciarii junto con sus consellers. En esta transacción, tan sólo los paciarii actuaban en nombre de la universidad y esto en una fecha tan adelantada como 1303: «Cum testimonio huius publici instrumenti perpetuo valituri vendo, concedo et trado corporaliter vobis Guillelmo Cahercini, filio quondam Petri Cahercini, et Poncio de Vergos, Petro Tolrra et Ffrancisco de Lorach, paciariis ville Cervarie, nomine eiusdem ville et universitatis de Cervaria, ac eidem ville et universitati de Cervaria perpetuo totam illam cequiam (...)» (1303, agosto 8, Cervera; ACSG, LP, 121r.-122r. [=LPC 24]). 31 Vid. nota supra: «De quo banno solvantur baiulo nostro due partes et tercia pars detur paciariis ad opus murorum ville (...)» (1275, febrero 8, Cervera; ACSG LP, 8r.-8v. [=LPC 16]). 32 ACSG, Comunidad de presbíteros, Pergaminos, caja 11, 1309, septiembre 19 (traslado de 1312, enero 8).

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es el escenario de una profunda crisis política que tiene la fiscalidad como telon de fondo y que acabará con una reorganización del régimen de gobierno municipal.

3.1. LAS DENUNCIAS CONTRA LOS PAERS EL 1311

El año 1311, asistimos a las acusaciones de malversación de caudales públicos formuladas por una parte de la población contra los magistrados municipales que habían gobernado la villa durante las dos décadas anteriores.33 Estas denuncias motivaron la intervención del rey Jaime II, que dispuso la reforma del régimen municipal: a partir de este momento, el gobierno local recibía el nombre de juradia por el hecho de estar regido por jurados —jurats— en lugar de los paers que existían, como mínimo, desde 1258.34 A pesar del cambio de denominación de los magistrados municipales, los jurados de 1311 ejercían las mismas funciones que los paers y, además, seguían estando asistidos por un cuerpo de consejeros. Dichas funciones, no obstante, se desarrollarían dentro de un marco institucional bastante más amplio que el anterior, más regulado y con mayores medidas de control. Y es que la reforma emprendida por Jaime II afectaba a diferentes ámbitos: además de modificar la planta del consejo o el sistema de elección de cargos, el privilegio incluía una verdadera batería de disposiciones sobre la administración financiera de la villa, que ahora no explicaremos en todos sus detalles. Baste decir que, entre las principales medidas adoptadas en este ámbito, se contaban las siguientes: deberían llevarse, paralelamente, dos libros de cuentas, uno de los cuales estaría en manos de los jurados y otro en manos de los consellers; la contabilidad de cada legislatura debería ser auditada obligatoriamente por los magistrados de la siguiente;35 los jurados no podrían efectuar ni autorizar gastos superiores a 100 s.b. sin el consentimiento de todos

33 «orda (...) adversus quod paciarios super male gestis receptos et administratis impensis retentisque ut asserebatur ab ipsis paciariis in magnam incomoditatem et depauperationem populi dicte ville ad relevacionem locupletus et pernitiem pauperum populus et universitas dicte ville (...)» [1311, octubre 16, Barcelona; ACA, C., reg. 208, 70r; transcrito en Max TURULL RUBINAT, «Documents per a l’estudi de l’organització municipal i els sistemes d’elecció de càrrecs (Cervera, 1311-1430)», en Miscel·lània Cerverina, 7 (1991), pp. 161-177, ap. 1]. 34 «(...) id quod per dictos paciarios consuetum fuerat exsequi forma temen presentis provisionis in omnibus observata decernentes (...)» (Ibídem). 35 «Mandamus in super quod siant et ordinentur de cetero duo libri quorum abere unus teneant dicti iurati, alterum vero consiliarii memorati, in quibusquidem libris sic in uno sint in alio conscribantur omnes recepto dare et expense qui fieri habeant vel contingant pro commune universitatis predicte alia, id quod pro data in altero ipsorum repartum extiterit et non in alio in compoto nulatenus admitatur (...)» (Ibídem; nos referimos a ello más detenidamente en TURULL, La configuració, p. 135, n. 236).

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los consejeros y de algunos prohombres de la villa;36 los jurados no estarían exentos del pago de las contribuciones vecinales, pero a cambio recibirían un salario anual de 40 s.b.;37 y, finalmente, cabe destacar que los jurados y los consejeros serían los encargados de elegir a los recaudadores de la quèstia y el commune entre aquellas personas que estuviesen dispuestas a hacerlo por una menor retribución.38 Por lo tanto, no creemos equivocarnos si afirmamos que, con la reforma de 1311, quedan atrás las formas embrionarias de gobierno municipal y podemos empezar a hablar del verdadero nacimiento del consejo como una institución municipal.39 Como hemos dicho, y no será la última vez que esto suceda, una razón de orden eminentemente tributario desencadenaba unos cambios que desembocaban en un resultado marcadamente político.

36 «Praetera volumus et statuimus quod dicti sex jurati non possint facere sumptus ultra sumam centum solidos barchinonensis absque expresso consilio et assensu triginta consiliariorum et etiam aliquorum procerum quorum consilia ad hec idonea videantur in super ad vicandum inutile commodum expensarum providendo» (Ibídem). 37 «Item volumus et statuimus quod aliquis ex juratis racione qui oficci negant eximi vel esse inmunis a questiariis vel comuni, set tantum habeant et percipiant quilibet eorundem quadragint solidos barchinonensis pro suo salario annuatim» (ACA, reg. can. 280, 70r). 38 «Item statuimus et mandamus quod cum contingerit questiam vel commune in ipsa villa exigi vel imponi coram iuratis et consiliariis publice proponantur si ad aliquis qui velit colliegere supradicta. Et illi qu pro minore precio voluerit ea colligere, dum tamen bene et idonee asseretur et alias sic persona idonea exigenda et colligenda tradatur (...)» (ACA, reg. can. 280, 70r). 39 Continuando con la reflexión iniciada en la nota 30, cabe señalar que, si bien es cierto que, antes de 1311, ya documentamos la existencia de un gobierno municipal consolidado, tan sólo los paers tienen una presencia y unas funciones más o menos claras durante este primer periodo. En cambio, aunque se tenga constancia de su existencia, los consellers no parecen alcanzar la madurez hasta la reforma de 1311, cuando se regula claramente su número, su elección y sus funciones. Quizás se trate simplemente de una impresión, fruto de la ausencia de privilegios reguladores de régimen municipal anteriores a 1311. En este sentido apuntarían, por ejemplo, algunas referencias indirectas a la existencia de lo que hoy conocemos como libros de actas municipales o libros de Consejos, signo inequívoco de una importante madurez institucional. Concretamente, un cronista local de finales de s. XIX transcribe un fragmento de un documento que, según él, perteneció a un libro de Consejos de 1306 y que es la fundación de la obreria de la iglesia parroquial de Santa María (J. FRANQUESA, Annales de Cervera, 2 vols., Barcelona, 1892, pp. 10-11). Esta referencia, que hasta ahora no habíamos podido contrastar con ninguna otra información, sería poco creíble si no fuera porque hoy conocemos un documento de 1471 que afirma que la villa acostumbraba a nombrar procuradores y regidores del Hospital de Santa Magdalena [«(…) e açò se mostre axí per actes autèntichs e contractes com encara per los libres de conseyll de la paheria de la dita vila del any MCCCVIII ençà (…)», ACSG, FM, Memoriales, 1471, enero 22]. Sin embargo, al margen de estas referencias aisladas, no tenemos ninguna otra constancia de que se redactaran libros de Consejos antes de 1331. Y, probablemente, no es casual que los primeros volúmenes de actas de Consejos municipales efectivamente conservados aparezcan justamente durante la legislatura de 1332-1333, o sea, inmediatamente después de entrar en vigor el nuevo régimen municipal que, como veremos a continuación, disponía un privilegio regio de 1331 que acababa con el de 1311.

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3.2. LOS EPISODIOS DE 1329-1331

Resulta difícil determinar si las reformas de 1311 no tuvieron todo el efecto deseado porque no eran las adecuadas, o bien porque unas nuevas circunstancias tributarias las dejaron obsoletas de forma prematura. El caso es que, durante el año 1330, tiene lugar una nueva crisis municipal con características muy parecidas a las de 1311. De nuevo, fueron las crecientes demandas de la Corona las que precipitaron los acontecimientos. Tal como ha demostrado M. Sánchez, el ciclo fiscal que se inaugura con la conquista de Cerdeña, el año 1321, y que continúa con la guerra contra Génova y el reino de Granada hasta 1336, abrió una nueva página en la historia de la fiscalidad real y municipal en Cataluña.40 Cervera no fue ajena a esta coyuntura y, gracias a los datos que proporciona el propio M. Sánchez, hoy estamos en condiciones de calibrar la intensa presión que ejerció la monarquía sobre la villa, especialmente a partir de 1322.41 Entre 1322 y 1324, el municipio pagó casi 100.000 s.b. al monarca para financiar la empresa sarda, y posteriormente continuó satisfaciendo una quèstia anual de 18.000 s.b., además de otras exacciones.42 Esta escalada de las demandas obligó a los regidores a incrementar, una vez más, la presión fiscal sobre los vecinos; a solicitar nuevos instrumentos tributarios (las imposicions) al monarca; y también a buscar sistemas financieros (los créditos usurarios, la emisión de rentas, los préstamos forzosos…) capaces de proporcionar dinero con mucha más rapidez que las talles tradicionales, percibidas per sou e per liura.43

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Sobre las consecuencias fiscales de ambos conflictos, vid. M. SÁNCHEZ, El naixement, pp. 89-105. Antes de esta fecha, Cervera había continuado pagando anualmente quèstia y subsidio y, gracias a los datos que nuevamente nos ha proporcionado Manuel Sánchez, conocemos las nada despreciables cantidades requeridas por el monarca y/o pagadas por la villa entre 1311 y 1321: el año 1311, el rey pidió 30.000 s.b., de los que condonó el pago de 10.000 s.b.; el año 1312, la petición fue de 45.000 s.b. y no conocemos la cuantía de la remisión; el año 1314, la demanda era de 45.000 s.b., pero se dedujeron 31.690 s.b. por varios conceptos; el año 1316, serían solicitados 45.000 s.b. y pagados 20.000 s.b.; el año 1317, la suma requerida fue de 30.000 s.b. y la gracia otorgada de 12.000 s.b.; idénticas cifras documentamos para el año 1318; y los años 1319, 1320 y 1321, el monarca exigió 30.000 s.b. y no conocemos la remisión (vid. nota 6). 42 Sobre la contribución económica de Cervera y otras poblaciones catalanas en la conquista de Cerdeña y Córcega, vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Contributi finanziari di cittá e ville della Catalogna alla conquista del regno di Sardegna e Corsica (1321-1326)», en Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 317-352. Con respecto a la guerra en Génova y Granada, las sumas pagadas por la villa pueden encontrarse en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Questie y subsidios en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIV: el subsidio para la cruzada granadina (1329-1334)», en Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 16 (1976), pp. 10-53. 43 Sobre las características y la evolución de todos estos recursos fiscales y financieros en Cervera a lo largo del s. XIV, véase TURULL, La configuració, pp. 436 y ss. 41

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En este contexto se produce la crisis de 1330, durante la cual el sistema político-institucional vuelve a quedar en evidencia ante la necesidad de controlar una hacienda cada vez más compleja y sofisticada. Concretamente, el episodio se inaugura el año 1329 con denuncias similares a las de 1311 y la crisis se cerrará con las reformas institucionales impulsadas por el rey entre 1331 y 1333.44 A las disensiones que provocó, en 1329, la elección de jurados y de consejeros,45 se añadió la denuncia —documentada en agosto de 1330— de algunos habitantes de Cervera a propósito de la supuesta corrupción de los jurados de años anteriores y también de los de aquella misma legislatura.46 El núcleo del problema era, por lo tanto, económico-financiero, puesto que los jurados eran acusados de apropiarse del producto de las talles y de las imposicions, e incluso de recaudar tributos más allá de lo necesario con el fin de quedarse con una parte de la recaudación. Sea como fuera, el caso es que un nuevo episodio en la historia de la administración financiera de la universidad desembocaría, una vez más, en una profunda transformación de la estructura y del funcionamiento del consejo. El texto de la denuncia contra los magistrados enviado al rey es muy interesante porque, más allá del supuesto fraude y corrupción de los jurados, revela también una cosa que ahora no nos afecta directamente, como es el funcionamiento habitual de la administración financiera del municipio. Según el documento, y como ya hemos apuntado, hasta entonces los jurados habían dispuesto materialmente del dinero percibido en concepto de tributos reales y vecinales.47 Gracias a esta circunstancia, los magistrados de aquel y de los

44 No nos detendremos ahora en los pormenores de este episodio, que requeriría un estudio monográfico de los innumerables documentos que hemos hallado en los siguientes registros de cancillería del ACA: reg. 441, 23 r. - 24 r.; reg. 482, 36 v.; reg. 482, 95 v.; reg. 533, 111 r. - v.; reg. 442, 224 r.; reg. 447, 132 r. - 133 r.; reg. 447, 262 r.; reg. 447, 294 r.; reg. 448, 36 r. - 36 v.; reg. 448, 46 r.; reg. 448, 45 v. - 46 r.; reg. 448, 87 v. - 88 r.; reg. 448, 92 v. - 93 r.; reg. 448, 129 r. - v.; reg. 534, 36 v. Sobre algunos aspectos de esta situación, véase también Max TURULL RUBINAT, «La hisenda i el sistema financer de la Paeria de Cervera. Els ingressos del consell (1333)», en Ilerda, 47 (1986), pp. 443-477. 45 ACA, reg. 441, 23 r.-24 r. (1329, diciembre, 18. Valencia), ACA, reg. 482, 36 v. (1329, noviembre, 19. Valencia). Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los vecinos de la villa, el rey autorizaba a su baile para que nombrara jurados aquel mismo año: «Alfonsus et cetera, fideli nostro Jacobo de Olzenellis, baiulo Cervarie, salutem et cetera. Cum nos, visa vestra litera ad nos noviter destinata et eleccionis iuratorum manus maioris ville ipsius forma in ea contenta, providimus et velimus de vestra industria et legalitate (…) per nos poni et eligi in loco duos probos homines idoneos et sufficientes in juratos anni presentis ipsius ville (...)». 46 ACA, reg. 533, 111 r. - v. (1330, agosto, 1. Montblanc). 47 «Primerament, molts dels dits jurats se tenen e són tenguts molts diners de la dita vila: los huns M sous, los altres qui MM, qui V milia e més e menys. E com hom n´afuste I ho II, aquels qui són afustats responen e no neguen que no·u tinguen, mas dien que són apareylats de tornar zo que·n tenen si tots los altres qui·n tenen fan semblantment; e sots aquesta color la vila es destrovida (...)» (Ibídem).

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anteriores años habían podido apropiarse del producto de los tributos cobrados por el municipio para hacer frente a la quèstia real y a otros gastos de la comunidad. Concretamente, según los denunciantes, los jurados tan sólo habían satisfecho las demandas reales, quedándose con el resto del dinero procedente de las talles y las imposicions, teóricamente destinado a la obra de la iglesia parroquial, a la reparación de caminos y a otras necesidades comunes.48 Rendir cuentas era, finalmente, otro de los motivos de la denuncia, ya que, según sus autores, dicha operación no se realizaba ni en el plazo ni en la forma prescritos en el privilegio de 1311.49 En concreto, los jurados habían dejado de rendir cuentas de su gestión y, cuando lo hacían, era ante jurados en ejercicio, ante personas designadas por estos últimos o ante personas que, en algún momento habían sido jurados o esperaban serlo, con lo cual el rigor fiscalizador resultaba prácticamente nulo.50 La rendición de cuentas, por lo tanto, se presentaba como el principal caballo de batalla y, con este pretexto, el rey intentó intervenir directamente en la vida interna del consejo y tener acceso a la contabilidad municipal,51 extremo al que se negaron los magistrados locales.

48 «Item, enffre III ans an venuda la imposició de la vila e an·ne agut, cascun an, XXVIII milia sous, poch més poch menys. E, encara, cascun an an feyta questa ho tayla de XXX milia sous ensús, e lo senyor rey no n´a cada an sinó XVIII milia sous e tot lo sobrepús an consumat, despès e gastat los jurats, sens que no n´an feita obra comuna d´església ne d´altra comunitat ans los an apropriats a si. (...) Item, adobs de carreres e de camins fan e han feytes tayles de M sous e de MD e de més e de menys, e cuylen los diners e no fan ne adoben ço perquè los diners són taylats (...)» (Ibídem). 49 «Item, com sie hordenament en lo privilegi de la jurandia que tots jurats que sien estats a an ayen a retre comte dintre espay de III meses e si no·u faien, que ja pena an, la qual sie guanyada al senyor rey; e perquè los dits jurats ayen VI ans pasats que ayen retut comte, perquè són caiguts en la pena per tal com se tenen los diners de la dita vila» (Ibídem). 50 «Item, los jurats qui són de temps present ni de temps passat lonch temps ha que no retenen comte e com lo retien temps ha, retien-lo als jurats la donchs presents e a d´altres que hi eren asignats, los quals eren estats jurats, els ho lurs amichs, ho u esperaven a ésser, e per favor d´azò reebien en comte tot zo que los daven, fos just ho no just, los qui retien comte, car dehien-los que semblant los farien ho·ls avien feit. E per la dita rahó la vila es destrovida» (Ibídem). 51 Concretamente, el rey Alfonso II ordenaba al comisario que había designado para investigar el caso que: «accipiatis libros omnium compotorum ville predicte ac, congregato consilio et universitate dicti loci predictis, omnibus eis expositis, cum duobus probis hominibus manu maioris et aliis duobus manu mediocris et aliis duobus manu inferioris audiatis compotum et rationem de predictis omnibus, compellendo juratos qui nunc sunt et fuerunt pro tempore preterito ad reffundendum vobis reliqua ad que facto compoto teneantur et nichilominus vos et idem baiulus inquiratis super predictis capitulis (...)» (Ibídem). La misma disposición también puede documentarse en una carta posterior, datada el 19 de septiembre del mismo año, en la cual el monarca ordenaba a Pedro de Montpaó que, junto con el baile, reclamara las cuentas de los jurados denunciados (ACA, reg. 447, 262 r.; también reg. 442, 262 r., 1330, septiembre 19, Tortosa).

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4. EL RESULTADO

Tal como ocurrió en 1311, los problemas generados por la administración financiera del municipio implicaron importantes reformas institucionales. La crisis de 1330 provocó una nueva intervención regia así como una batería de reformas que moldearon todavía más el régimen de gobierno municipal. En este sentido, especialmente trascendentales resultaron el privilegio concedido por Alfonso III el 10 de septiembre de 1331 y las disposiciones adicionales dictadas por el mismo monarca hasta 1334.

4.1. EL PRIVILEGIO DE 1331 Y LAS MODIFICACIONES DE 1333

En buena parte, el privilegio de 1331 contenía medidas destinadas a controlar el gasto público. A partir de este momento, el dinero del municipio se encontraría físicamente depositado en una caja de caudales con tres cerraduras y tres llaves: una de ellas estaría en poder de un prohombre escogido por el consejo, otra estaría a disposición de los paers y la tercera la guardaría el escribano del consejo.52 Más allá de lo anecdótico, la medida implicaba que los paers —que sustituían a los jurados establecidos en 1311 reemplazando, precisamente, a los anteriores paers— perdían el control directo y material de los recursos monetarios del municipio. Como hemos dicho, el numerario debía guardarse en aquella caja de las tres cerraduras que, a su vez, se custodiaría en la llamada Casa de Santes Creus,53 sucursal del monasterio del mismo nombre en villa de Cervera, que suplía la falta de un inmueble propio donde celebrar las reuniones, archivar la documentación y guardar el dinero del consistorio. En segundo lugar, el escribano del consejo sería, a partir de la entrada en vigor del privilegio de 1331, el encargado de recibir los albaranes que acreditaban cada ingreso y cada gasto autorizado por los paers.54 Además, los clavarios (clavaris) —o sea, aquellos que disponían de una de las llaves (claus, en catalán) de la caja de caudales— únicamente debían hacer efectivos los pagos 52 «(...) in una caxia trium clausurarum et trium diversarum clavium, de quibus unam clavem teneat aliquis probus homo dicte ville, qui per dictum consilium eligetur, et aliam predicti paciarii, et reliquam teneat scriptor consilii supradicti (...)» (1331, septiembre 10, Tortosa; ACSG LP 21v-23v. [=LPC 38]; TURULL, La configuració, p. 417). 53 «Volumus tamen quod predicti paciarii seu consiliarii non teneant peccuniam talliarum seu comunium et aliarum exactionum, nobis aut dicte ville pertinentium, imo ponatur in domo Sanctarum Crucum dicte ville in una caxia trium clausurarum et trium diversarum clavium (...)» (1331, septiembre 10, Tortosa; ACSG, LP, 21v.-23v. [=LPC 38]). 54 «(...) qui scriptor habeat recipere omnia albarana datarum et receptarum peccunie supradicte (...)» (1331, septiembre 10, Tortosa; ACSG, LP, 21v.-23v. [=LPC 38]).

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debidamente autorizados.55 En cuanto a las medidas sobre la fiscalización del gasto, se insiste en lo que ya había sido dispuesto en privilegios anteriores, o sea, que los paers debían rendir cuentas de su gestión, como máximo, en el plazo de los dos meses posteriores al final de su mandato.56 En principio, no se dictó ninguna otra disposición al respecto y, por lo tanto, cabe suponer que los magistrados salientes continuaban rindiendo cuentas a personas que también habían ocupado dicho cargo o bien que esperaban hacerlo en el futuro. Los cambios introducidos el año 1331 en el consejo fueron muy importantes, aunque no se consolidaron definitivamente hasta que hubieron superado un periodo de prueba. A lo largo de 1333, todavía documentamos diversas negociaciones entre el municipio y el rey al respecto, y estas conversaciones culminaron con la concesión de un nuevo privilegio regio, fechado el 8 de noviembre de 1334, que cerraba el círculo y la crisis.57 En este documento, se resolvía definitivamente el sistema de elección de los cargos de gobierno y, aparentemente, se garantizaban los mecanismos de fiscalización con la regulación de la figura de los oïdors de comptes, o sea, aquellas personas que «oían» o auditaban las cuentas públicas.58 Con los privilegios de 1331-1334 entramos en una fase casi definitiva de la organización del consejo. Ciertamente, la crisis de 1330 no puso el punto final a la evolución de dicho organismo, puesto que las instituciones vivas 55 «(...) imo colligat integre dictam questiam, ut taxata extiterit, set clavarii seu tenentes dictas claves caxie id solvant, prout iuxta rei veritatem invenerint faciendum (...)» (1331, septiembre 10, Tortosa; ACSG, LP, 21v.-23v. [=LPC 38]). 56 «Dicti vero paciarii, ex quo ab officio paciarie exierint, ad quem nolumus eos subsequenter eligi vel assumi infra quatuor annos ex tunc sequentes, habeant reddere iustum et legale compotum de aministratis per eos infra duos menses sequentes ac numerandos a tempore quod dictum officium dimisserint; alias pene quinquaginta morabatinorum auri ipsos et eorum quemlibet volumus subiacere; de qua quidem pena nos habeamus medietatem et reliqua medietas adquiratur universitati predicte. Et si aliquis eorum legale compotum non redderent, ex quo ei probatum fuerit, amittat dictum salarium et numquam in predicto officio reducatur (...)» (1331, septiembre 10, Tortosa; ACSG, LP, 21v.-23v. [=LPC 38]). 57 Sobre los cambios pactados entre 1331 y 1333, véase también Max TURULL RUBINAT, El règim municipal de Paeria. Cervera, 1331-1333. Dinàmica social i política, Lérida, Virgili & Pagés, 1986. 58 El privilegio de 8 de noviembre de 1334, que reconoce las lagunas que en esta materia tenía el texto de 1331, contiene la primera regulación clara y expresa del nombramiento y las atribuciones de los auditores de cuentas, que serían un paer, un consejero y un prohombre de cada una de las cuatro circunscripciones de la villa: «(...) quod paciarii preteriti temporis futuris paciariis, immediate, post eos assumptis, et uni ex consiliariis et uni probo homini cuiuslibet quarte partis, per paciarios et consiliarios eligendis, compotum et rationem reddere teneantur. Qui paciarii et unus consiliarius et probus homo cuiuslibet quaerte partis vel maior pars eorum habeant potestatem compotum audiendi, impugnandi et albarana vel instrumenta absolucionum et diffinicionum etiam faciendi. Dicti etiam paciarii et alii supradicti, quos cum eis deputavimus ad huiusmodi computa audiendum, vel maior pars eorum possint audire compot, que per paciarios preteriti temporis post datam dicti nostri privilegii sunt reddenda, cum dictum privilegium cui vel quibus ipsum deberent reddere compotum non innuat, ut est dictum (...)» (1334, noviembre 8, Tortosa; ACSG, LP, 23r.-25r. [=LPC 43]).

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están sometidas a cambios y transformaciones continuas. No obstante, podríamos considerar que la de 1330 fue una de las últimas grandes crisis institucionales del consistorio medieval y que la de 1331, con los ajustes posteriores de 1334, una de las últimas grandes reformas globales de la planta del Consejo. Una reforma de alto contenido institucional o político, que fue precedida —no nos cansaremos de repetirlo— de una crisis de la hacienda administrada por los jurados de aquel entonces.

4.2. LA EXPORTACIÓN DEL MODELO A OTRAS LOCALIDADES VECINAS: EL CASO DE TÁRREGA

Llegados a este punto, no podemos evitar preguntarnos si la hipótesis que acabamos de plantear para el caso Cervera —la relación entre la fiscalidad y el desarrollo de la institución municipal— podría ser igualmente válida para otras villas catalanas. Por el momento, no estamos en condiciones de responder a esta pregunda, aunque sí tenemos suficientes datos para afirmar que en la vecina villa de Tárrega tuvo lugar un fenomeno similar. En efecto, a grandes rasgos, Tárrega permite observar una evolución muy parecida a la que hemos descrito para Cervera: las denuncias de una parte de la población de Cervera el año 1311 coinciden con las de Tárrega el 1313 y, lo que es más importante, la organización definitiva del consejo como respuesta a los problemas generados por la administración financiera, que en Cervera se produce con el privilegio regio de 1331, en Tárrega tiene lugar el año 1342 con una copia casi literal de dicho documento. Es por este motivo por lo que nos ha parecido interesante realizar un breve excurso sobre el caso de Tárrega en el presente estudio.59 Sin entrar ahora en la historia precisa de la formación del municipio en Tárrega, cabe destacar que el año 1294 tuvo lugar un importante paso adelante en la lenta y gradual formación del consejo de la villa. Hasta finales del siglo XIII, sólo nos constaba la existencia de unos magistrados, calificados de paciarii desde 1257, que aparentemente actuaban —también en el terreno de lo fiscal— sin otro asesoramiento que el del resto de los prohombres de la villa. El documento de 1294, que iba dirigido al baile y a los paers, era la respuesta del rey a las quejas formuladas ex parte universitatis hominum Tarrege a propósito de la presunta arbitrariedad de los homines de maioribus en la recaudación de los tributos tanto reales como

59 Vid., in extenso, para el caso de Tárrega, TURULL, «Universitas, commune, consilium», pp. 664-675, texto que seguimos en este capítulo.

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vecinales.60 Para remediar este problema, el privilegio disponía que el baile y los paers debían organizar la elección de tres prohombres de cada mà,61 encargados de controlar todo el proceso de declaración de los bienes por parte de los contribuyentes así como el posterior proceso de confección de la talla.62 Esta iniciativa pone de manifiesto la ausencia, hasta entonces, de la más mínima estructura estable capaz de cumplir la función que ahora sería encargada a los nuevos prohombres; presupone, también, que el grupo social superior, los majors, podían actuar arbitrariamente, porque no existía ninguna trama normativa e institucional que se lo impidiera; y, por último, cabe señalar que la prerrogativa de elegir a los citados prohombres recaía únicamente en el baile y en los paers, y no en ningún órgano de mayor consistencia institucional. A grandes rasgos, éste era el contenido del privilegio de 1294, la primera referencia inequívoca de elección de cargos para la gestión administrativofiscal de la villa.63 Esta medida, sin embargo, no resolvió los problemas relacionados con la gestión tributaria y, el año 1313, se reprodujeron las denuncias de 1294. En esta ocasión, la crisis se saldó en dos actos y supuso un salto cualitativo importante. En julio de 1313, el rey Jaime II reaccionaba de nuevo a las denuncias de corrupción formuladas por hominum popularium et mediocrum. Según los denunciantes, algunos paers manipulaban, junto a los mayores, el proceso de recaudación de los impuestos cobrados por el municipio, además de intervenir 60 «Ex parte universitatis hominum Tarrege propositum extitit coram nobis quod aliqui homines de maioribus ville Tarrege per se et separatim talliant, taxant et dividunt tallias, questias, cenas et alias exactiones regales pro libito voluntatis, se ipsos et alios quos volunt aleviando, remanentes plus debito honerando» (ACA, C, reg. 97, 190; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 6). 61 Como es sabido, y tal como la describía Francesc Eiximenis en el s. XIV, la sociedad medieval estaba idealmente dividida en tres manos o grupos sociales: la mayor, la mediana y la menor. 62 «(...) dicimus et mandamus vobis quod faciatis eligi novem probos homines ipsius ville: tres videlicet de manu maiori, tres de manu media et totidem de minori, qui prestito corporaliter iuramento quod bene et legaliter se gerant et habeant in predictis recipiant iuramenta a quolibet ipsius universitatis quod tam in sedentibus quam inmobilibus seu se moventibus habeat et, receptis ab omnibus iuramentis, iuxta dicta cuiuslibet et eorum consciencias ipsi novem dividant et taxent quid in predictis quilibet contribuere teneatur secundum pro eis visum fuerit faciendum et cum predicta in maioribus et melioribus locis Cathalonie ita fieri fuerit observatum» (ACA, C, reg. 97, 190r; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 6). 63 Tal como sucedía en Cervera, durante estos primeros tiempos, tan sólo documentamos con cierta claridad la actuación de los paers que, puntualmente, contaban con la participación de los prohombres de la villa. Así, por ejemplo, el año 1302 fueron confeccionadas unas ordenanzas por los paers con la intervención y el consentimiento de la mayor parte de los prohombres de la villa [«Iacobus (...) fideli suo baiulo Tarrege vel eius locumtenenti, salutem et graciam. Cum ab ordinationem que extiterat facta apud Tarregam per paciarios eiusdem loci consenssu maioris partis hominum ipsius loci interveniente de non tenendo bestiare minutum in ipsa villa nec eius termino (...)»; 1302, abril 8, Lérida; ACUR, LP II, 129r.-130v.; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 7]; y en 1312 nos consta que paers y prohombres habían dictado una sentencia de muerte contra un vecino de Guimerá [«Cum paciarii et probi homines Tarrege sententialiter (...)»; 1312, julio 8, Barcelona; ACUR, LP II, 131r, Gener GONZALVO BOU, Josep HERNANDO DELGADO, Flocel SABATÉ CURULL, Max TURULL RUBINAT, Pere VERDÉS PIJUAN, Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1473), Barcelona, Fundació Noguera, 1997, 30 (en adelante LPT y número de privilegio en la edición señalada)].

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de forma interesada en las valoraciones de sus propios bienes y en los de sus familiares y amigos.64 Ante esta acusación, el rey dispuso que, en lo sucesivo, se eligieran doce prohombres, cuatro de cada mà o grupo social, para la estimación de los bienes y la distribución de las talles, y encomendó su elección al concilium generale ipsius loci seu maiorem partem ipsius.65 Por lo tanto, la designación de los prohombres existentes desde 1294 escapaba al restringido control del baile y de los paers, pasando a ser competencia del consejo general de la villa. Como el mismo texto indica —vocato, ut moris est, in dicto loco concilio generali, de voluntate et ordinacione dicti concilii seu maioris partis eiusdem—, no era la primera vez que la universidad era congregada para tomar decisiones; era, eso sí, la primera vez que esta reunión recibía el nombre de concilium y que esta fórmula tiene un marcado carácter institucional. Tres semanas después del anterior privilegio, el 10 de agosto de 1313, Jaime II dictaba una serie de medidas adicionales, aparentemente más trascendentes y contundentes, con el propósito de resolver, de una vez por todas, la conflictividad social y política que seguía provocando la elección de los paers, el pago de las talles y la elección de los prohombres talladors.66 El nuevo privilegio contiene una batería de iniciativas encaminadas a resolver el núcleo tributario del problema: paers y consejeros escogerían cada año los doce prohombres talladors encargados de recibir los manifestos y de fijar los talls correspondientes;67 los paers no podrían tasar a nadie si previamente sus propios bienes no habían sido estimados y tasados por los mencionados talladors;68 y, finalmente, estos prohombres eran investidos de la autoridad regia y de la voluntad de la universidad para estimar y tasar los bienes de aquellos vecinos que se negaran a 64 «(...) tatxant et dividunt pro libito voluntatis se ipsos et alios quos volunt alleviando reliquos plus debito honerando in dictorum hominum popularium et mediocrum grave preiudicium et iacturam (...)» (1313, julio 21, Horta; ACUR, LP II, 54r.-55r.; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 8; LPT 31). 65 1313, julio 21, Horta; ACUR, LP II, 54r.-55r.; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 8; LPT 31. 66 «(...) fuisse dissensionis materiam exortam, videlicet inter maiores seu meliores et mediocres et alios homines inferioris gradus eiusdem universitatis, super eligendis paciariis in dicta villa et eorum consiliariis, et super solvendis questiis, talliis et eorum exaccionibus universis per solidum et libram iuxta predicte ville cuiuslibet facultates, et etiam super eligendis personis idoneis ad ipsas tallias faciendas (...)» (1313, agosto 10; ACUR, Bolsa I, n. 41; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 9). 67 «(...) Item quod quolibet anno in eadem villa per dictos paciarios et consiliarios de voluntate et assensu baiuli nostri dicte ville eligantur duodecim persone idonee dicte ville, (...) recipiant manifesta seu extimaciones bonorum cuiuslibet de dicta universitate, videlicet singulariter et separatim de unaquaque re cuiuslibet ipsorum et, ipsis extimacionibus sic receptis, tacxent et tacxare possint et debeant in questiis, cenis et exaccionibus regalibus et vicinalibus et aliis quibuscumque, quas in dicta villa fieri contingerit, unumquemque de dicta universitate per solidum atque libram iuxta extimacionem predictam. (...)» (1313, agosto 10; ACUR, Bolsa I, n. 41; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 9). 68 «(...) Item quod ab hac die inantea dicti paciarii non tacxent nec tacxare possint vel faciant aliquem vel aliquos de dicta villa in questiis, cenis, comunibus, regalibus et vicinalibus vel aliis exaccionibus quibuscumque, nisi prius bona ipsius vel ipsorum extimata et tacxata fuerint per solidum et libram secundum formam superius iam pretactam (...)» (1313, agosto 10; ACUR, Bolsa I, n. 41; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 9).

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hacerlo.69 Como puede verse, todo pivotaba alrededor de los doce prohombres así como de su elección, su nombramiento y sus atribuciones concretas. En este sentido, el privilegio también disponía, en su parte final, que los paers elegirían anualmente treinta consejeros, que no podrían repetir en el cargo hasta pasados dos años de su ejercicio. Estos consejeros, pertenecientes diez a cada mà, serían los encargados de elegir, junto a los paers, a los prohombres tasadores, además de disponer y tratar los negocios de la universidad.70 Se substituía, de este modo, el amplio concilium generale por un órgano mucho más reducido, integrado por los paers y por los treinta consejeros.71 La principal contribución del privilegio otorgado durante el mes de agosto de 1313 radica en la voluntad de convertir el consejo en algo estable y reglamentado jurídicamente. Antes de dicha fecha, existían cuatro paers aconsejados por un número indeterminado de prohombres y, desde agosto de 1313, se intenta que la elección y las condiciones de elegibilidad de los miembros del consejo estuvieran sometidas a las normas contenidas en los privilegios del rey. La crisis de 12941313 nos muestra, de nuevo, que los problemas derivados de la recaudación y de la administración tributaria tuvieron una importancia capital a la hora de construir una compleja estructura institucional al servicio de la fiscalidad y la hacienda municipales. Una estructura que, hasta cierto punto, podríamos calificar de excesiva para las necesidades de una población de la envergadura de Tàrrega. Posteriormente, la aceleración de la maquinaria fiscal provocada por la serie de peticiones económicas del rey a partir de 1323 se produjo sin que hu69 «(...) Et si aliquis de dicta villa citatus ac monitus per dictas duodecim personas ad dictam extimacionem et tacxacionem, ut predicitur, electas infra octo dies extimare ac manifestare noluerit bona sua in posse dictarum duodecim personarum ad premissa, ut premititur, electarum, quod, transactis ipsis octo diebus, ipse duodecim persone extimandi et tacxandi eorum arbitrio bona illius seu illorum qui citati, ut predicitur, extimare noluerint, quibuscumque appellacionibus non admissis, auctoritate nostra et de voluntate universitatis predicte plenam habeant potestatem, (...)» (1313, agosto 10; ACUR, Bolsa I, n. 41; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 9). 70 «(...) Item quod dicti paciarii quolibet anno in introhitu eorum officii eligant et eligere possint et teneantur triginta personas dicte ville in consiliarios paciariis antedictis, videlicet decem de manu maiori, decem de manu mediocri et decem de minori seu inferiori, quos ad hoc viderint suficientes, cum quibus ipsi paciarii tractent et ordinent et tractare et ordinare habeant negocia universitatis dicte ville ad utilitatem et comodum ipsius, prout expedierit, faciendum (...)» (1313, agosto 10; ACUR, Bolsa I, n. 41; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 9). 71 Ello no obstante, un privilegio de 20 de mayo de 1318, además de revocar la cláusula de tener que esperar dos años para volver a ser elegible consejero, tal y como había sido establecido en agosto de 1313, también disponía que la elección de consellers fuera realizada, en lo sucesivo, como era costumbre antes de 1313: «(...) ut premititur factam revocamus et irritamus et modum et formam ipsius eleccionis reducimus ad statum pristinum ac morem solitum sic quod consiliarii eligantur per dictos paciarios prout eligebantur ante ordinacionem nostram predictam (...)» (1318, mayo 20, Tortosa; ACUR, LP II, 57v.-58r. = bolsa I, perg. 43; LP I, 63v.-64r.; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 10; LPT 43). De ello se deduce la existencia, antes de 1313, de unos cargos o personajes que aconsejaban a los paers y que eran elegidos por los propios magistrados. Y quizás podamos identificar a estos consiliarii con aquellos prohombres que, junto a los paers, dictaban ordenanzas en 1302 y dictaban una sentencia de muerte en 1312.

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biera cambios inmediatos en la estructura del Consejo. Tendremos que esperar hasta 1342 para que se produzca el divorcio entre la maquinaria financiera que debía dar respuesta a las numerosas exigencias reales y la estructura institucional que le daba cobertura administrativa. Concretamente, será el rey Pedro III quien resuelva dicho divorcio mediante un privilegio, otorgado el 21 de agosto de 1342 y enmendado el 11 de marzo de 1343, que reformaba en profundidad el régimen municipal de Tàrrega. El documento de 1342 es una reproducción literal, en su mayor parte, del privilegio que Alfonso III había concedido a Cervera en 1331. Los problemas eran similares y las soluciones aportadas también fueron parecidas. Sin querer entrar ahora en el análisis preciso de las variantes de ambos textos, basta con recordar que el objetivo declarado de ambos privilegios era la pacificación de la villa, alterada por la elección fraudulenta e injusta de paers.72 Aunque, como hemos visto cuando tratábamos el caso de Cervera y sin que sea necesario insistir en ello, más allá de resolver estrictamente el problema de la elección de los magistrados, el privilegio aborda y regula diferentes aspectos de la planta y del funcionamiento del consejo. Podríamos hablar de, como mínimo, tres grandes grupos de disposiciones. En primer lugar, las disposiciones sobre la elección de los cargos y las condiciones de su elegibilidad; en segundo lugar, las que regulan las funciones del escribano y, por tanto, el funcionamiento del consejo; y, en tercer lugar, las relativas a la hacienda del consejo, que constituyen el segundo núcleo duro del texto. Entre estas últimas, cabe destacar aquellas que regulaban: la forma de proceder en el reparto de las tallas; la actuación de los recaudadores (plegadors) y administradores de la quèstia; la rendición de cuentas por parte de los magistrados municipales; las funciones del escribano en la administración financiera; y la pérdida de control material del dinero de los tributos recaudados por parte de los paers.

5. LA EVOLUCIÓN POSTERIOR (S. XV)

Como vemos, salvo la pequeña diferencia temporal, la evolución de la vecina villa de Tàrrega fue prácticamente la misma que la de Cervera. Pero

72 «(...) attendentes quod pro eo quia super ordinacionem seu eleccionem paciariorum ville Tarrege preteritis temporibus comitebantur alicuotiens iniurie alique sive fraudes, eo quia certe et designate persone anno quolibet constituebantur in predicto officio et inequalitas sive diversitas in dicta eleccione alicuotiens servabatur, cuius rei occasione dampnum non modicum sequebatur universitati ville eiusdem, idcirco pro utilitate comuni et bono statu ville predicte et habitancium in eadem, necnon ad tollendam perpetuo omnem iniuriam sive fraudem et formam eleccionis antique, et ut de mediocribus et aliis fidedignis personis dicte ville deinceps ponantur seu constituantur anno quolibet in officio paciarie iamdicte, (...)» (1342, agosto 21, Barcelona; ACUR, perg. B I, 38; ACUR, LP III, 54r.; TURULL Y RIBALTA, «De voluntate», ap. 13; LPT 126).

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volvamos, para acabar, a esta última población, objeto principal del presente estudio, y recordemos que el edificio institucional levantado, en dos actos, durante el primer tercio del siglo XIV fue capaz de resistir la terrible presión fiscal a que fue sometida la villa durante el resto de la centuria siglo XIV.73 Y no solamente esto: además, desde 1311, asistimos al gran y definitivo desarrollo institucional del municipio, con la instauración de las figuras del mostassaf, de los guardes, de los veedors, de la tienda del trigo, de la obreria del mur, de la organización de las ferias, etc. De hecho, exceptuando los breves paréntesis en que el rey intentó imponer la insaculación en la villa (en 1497 y en 1503), el régimen municipal creado en época del rey Alfonso el Benigno perduró hasta el año 1699, fecha de la instauración definitiva del sistema de bolsas, vigente hasta las reformas de la Nueva Planta de 1715. Desde 1334 hasta 1699, solamente hubo un reajuste institucional importante en el año 1421 y, pese a que esta fecha está fuera del ámbito cronológico que nos habíamos fijado, creemos que referirnos a ella brevemente ayudará a mostrar todavía mejor la estrecha vinculación que mantenían hacienda y política en un municipio bajomedieval. Tal como había pasado un siglo antes, durante el año 1421, el municipio era víctima de enfrentamientos políticos internos y, nuevamente, el principal caballo de batalla de los contendientes fue el control de la hacienda local. El enorme endeudamiento censal arrastrado por la villa desde mediados del siglo XIV había puesto la tesorería (clavaría) cervariense a un paso de la quiebra, y la bancarrota solamente pudo ser evitada gracias a una drástica reducción de intereses que tuvieron que aceptar, por fuerza, los acreedores entre los años 1411-1413.74 No obstante, esta medida no acabó, ni mucho menos, con 73 Esta presión fiscal de la Corona sobre Cervera, así como las múltiples necesidades económicas (obras en muros, abastecimiento de grano, endeudamiento censal…) a que debió hacer frente la villa durante el resto del s. XIV, puede constatarse a través de varios estudios: SÁNCHEZ, «Questie», pp. 10-53; Max TURULL RUBINAT, «El ‘mal any primer’ a Cervera: trasbals sòcio-polític i crisi de subsistència (1333)», en Miscel·lània Cerverina, 4 (1986), pp. 29-54; TURULL, “La hisenda”, pp. 443-478; TURULL, La configuració, pp. 526-549; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La Cort General de 1340 y la contribución catalana a la guerra del Estrecho», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 222-240; Pere VERDÉS PIJUAN, «Les finances municipals a Cervera (13381339)», en Funcionament de les finances locals al llarg de la història. Actes del III Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, Barcelona, 1996, pp. 205-214; M. SÁNCHEZ y P. ORTÍ, «La Corona», pp. 233-278; Max TURULL RUBINAT, «Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Cataluña durante la Baja Edad Media», en El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Actas del XVº Congresos de Historia de la Corona de Aragón, t. I, vol. 4, Zaragoza, 1997, pp. 273-291; Pere VERDÉS PIJUAN, «La carestia de blat de 1374-1376 a Cervera», en Miscel·lània Cerverina, 12 (1998), pp. 5-23; Pere VERDÉS PIJUAN, «La consolidació del sistema fiscal i financer a mitjan s. XIV: el cas de Cervera», en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 185-217. 74 Pere VERDÉS PIJUAN, «Evolution des dépenses de Cervera», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen) 3. La redistribution de l’impôt, Toulouse, Editions Privat, 2002, pp. 111-124.

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las dificultades económicas municipales y, en este contexto, las grietas que presentaba el edificio político fueron aprovechadas por los bandos que luchaban por conseguir el control de la Paeria. Los detentores del gobierno municipal fueron acusados de malversación ante la reina María, lugarteniente general del rey Alfonso el Magnánimo, quien ordenó la intervención del municipio cervariense. Luis de Recasens, gobernador general de Cataluña, fue el encargado de realizar dicha tarea y el resultado fue la promulgación de unas ordenanzas «para el buen gobierno de la villa».75 En la introducción a las ordenanzas de 1421 se afirma que aquella normativa estaba motivada por el hecho de que «… la universitat de la vila de Cervera e la cosa públicha de aquella en temps pasat sie stada molt lesa, preiudicada e dapnificada per moltes, infructuoses e vanes despeses que en aquella en temps pasat se son fetes, axí per moltes inffructuoses e voluntaries misatgeries com encara en altres voluntaries despeses…». De esta afirmación se desprende, implícitamente, que se ponía en entredicho la autoridad de los regidores —paers y consejeros— para disponer de los caudales públicos y, por esta razón, hacía falta regular el gasto municipal. Según nuestro parecer, este problema de legitimidad tenía su origen en el triste papel que jugaron, durante el siglo XIV, los consejeros en el gobierno de la villa. Recordamos que, desde 1311, los paers no podían autorizar gastos superiores a 100 s.b. sin el consentimiento de los consejeros y de algunos prohombres. Se puede creer que esta indefinición pretendía acercar la autoridad de aquellos consejeros asesores a la que pudiera tener el Consejo General, máximo órgano de expresión de la voluntad vecinal que, debido a su inoperancia, solamente actuaba en casos muy extraordinarios. Sea como fuera, la carencia de concreción provocó que la figura del conseller no consiguiera un peso específico importante en la institución municipal y este hecho dejó abierta la puerta de la duda respecto a su actuación.76 Las ordenanzas de 1421, además de establecer varias normas sobre el funcionamiento de la tesorería municipal (bosser, racional, oïdors, questiers, etc.), resolvían el problema de la autoridad del consejo. Luis Recasens, con el asesoramiento de representantes municipales venidos desde Lérida y de algunos prohombres de la villa, estableció que, a partir de aquel momento, algunas decisiones del municipio estuvieran vincu-

75 ACSG, FM, Ordinacions, 1421 [trascritas en Pere VERDÉS, Administrar les pecúnies e béns de la universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516), tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 2004, ap. doc. 1]. 76 TURULL, La configuració, pp. 154-171.

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ladas a la aprobación de un consejo de seixantena (60.ª).77 Este consejo debía estar formado por las quince personas —de cada uno de los cuatro quarters o barrios en que se dividía la villa a efectos administrativos— que más pagaban en las talles municipales, y sus acuerdos tan sólo serían válidos si obtenían la adhesión de al menos cuarenta de sus sesenta miembros.78 En principio, las responsabilidades del nuevo órgano se ceñían a la elección de algunos cargos municipales (mensajeros, abogados y racional) así como a la autorización del pago de donativos al rey, de la concesión de gracias o del inicio de acciones judiciales.79 Ello no obstante, uno de los capítulos también establecía que, en lo sucesivo, las decisiones del consejo, ahora denominado ordinario, deberían ser ejecutadas por los paers en 77 «En nom de Déu sia e de nostra dona Sancta Maria, amen. Dimarts, a onze del mes de febrer del any mil quatrecents vint-e-hu, ab consel, voler e acort e encara actoritat e decret del molt honorable mossèn Luys de Requesens, cavaller e conseller del molt alt senyor rey e per lo dit senyor general governador de Cathalunya, per utilitat de la cosa públicha de la vila de Cervera e per lo tranquille stat de aquella, intervinent lo molt honorable en Nicholau Aguló, paher de la molt insigne ciutat de Leyda, e micer Simon Sunyer, misatgés de aquella, ab asentiment e acort de alguns prohòmens de la dita vila, foren fetes les ordinacions dejús scrites e per lo dit mossèn lo governador actoritzades, segons apar en lo consell celebrat a dia e any desús dit (...)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421). 78 La forma y el funcionamiento de este consejo de 60.ª no están contenidos en un capítulo concreto de las ordenanzas, sino que se recogen en el procedimiento que se debía seguir a la hora de escoger varios cargos municipales como, por ejemplo, los mensajeros: «(…) que la elecció de aquells no·s puxa fer sinó per ordinació de la major part del consell de la dita vila e ab acort e consell de sexanta prohòmens de la vila desus dita, ço és de quinze de quiscun quarter, dels quals sexanta prohòmens hajen a ésser concorts en fer la dita elecció de misatger o misatgés quarata prohòmens, los quals sexanta prohòmens hajen a ésser elets en quiscun quarter quinze, segons dit és, de aquells qui seran en major talles e facultats en la quístia de la dita vila (…)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421, cap. IV). 79 Los capítulos 4, 6 y 10 contienen la participación del consejo de 60.ª en el nombramiento de los cargos mencionados, siguiendo el procedimiento que hemos descrito en la nota anterior para el caso de los mensajeros. Con respecto a los donativos, las ordinacions establecían que «(…) d’aquí avant no·s façe ne puxe ésser fet per los pahers ne consell de la dita vila algun donatiu gratuït al senyor rey ni a la senyor reyna ne encara alguna gràcia a algú de béns de la comunitat sens acort, asentiment e consell de sexanta prohòmens, ço és XV de quiscun quarter, los quals hajen a ésser elets de aquells singulars de vila qui seran més en la quístia o en facultats, en lo qual donatiu o gràcia d’aquí avant faedora dels dits sexanta prohòmens hajen almenys ésser concordants en fer lo dit donatiu o gràcia quaranta prohomens dels dits sexanta (…)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421, cap. VII). Por último, en el caso de los gastos judiciales, la norma a seguir era «(…) que d’aquí avant algun singular o habitador de la dita vila en alguna manera no puxe ésser perseguit a mà o instància de la dita universitat o síndich de aquella ne ab béns ne ab pecúnies de la cosa públicha de aquella, civilment ni criminal, sots pena de cent lliures e encara privació de tot offici e beneffici de la dita vila perpetualment, de la qual pena, si comesa serà, sie adquisida ipso facto la terça part al senyor rey e l’altra a la universitat de la dita vila e la residua terça part sie adquirida al acusador o a aquell qui instarà la dita execució; si, donchs, aquell qui serie perseguit no havie feta offensa o havie delinquit contra los pahers o altres officials de la dita vila officiant lurs officis o d’alí avant devallant del dilicte dels dits officis e, en aquest cas, los dits delinquents contra los dits officials o per rahó de lurs officis o si havie lesa la cosa públicha de la vila, en lo dit cas los dits delinquents puxen e haien ésser perseguits virilment e virtuosa per la dita universitat e síndich de aquella a pròprie despeses e càrrech de la dita universitat, la qual prosecució, en cas que s’aje a ffer, se haje a ffer a disposició del consell e dels sexanta prohòmens desús dits de la misatgeria (…)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421, cap. VIII).

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el plazo de ocho días o, si existía alguna duda al respecto, se remitirían a un consejo superior.80 En la práctica, esto suponía abrir de manera ilimitada el campo de actuación del consejo de los sesenta que, a lo largo del siglo XV, devendría una pieza fundamental del organigrama institucional municipal.81 Este organigrama quedó cerrado con otra de las ordenanzas de 1421: la creación del consejo de ciento. Esta otra asamblea, formada a imagen de la de los sesenta y muy próxima al Consejo General, solamente tenía la misión de reformar la normativa que entonces se dictaba en el supuesto de que, en el futuro, alguno de sus capítulos fuera perjudicial para la cosa públicha.82 Durante el resto del siglo XV, documentamos algunas intervenciones del consejo de ciento, pero su actuación es muy extraordinaria y no puede compararse con la de los sesenta. Aparentemente, las ordenanzas de 1421 cerrarían el círculo del proceso de formación de la institución municipal. Un ejemplo de esto sería la energía con que lucharía el municipio, a partir de aquel momento, contra cualquier ingerencia del rey que atentara contra su autonomía política. A pesar de todo, tuvieron lugar nuevas intervenciones regias, tal como se desprende de la existencia de otras ordenanzas del gobernador —que no se han conservado—, pero ninguna de ellas es equiparable a la de 1421 ni la modificó en lo esencial.

80 «(…) Encara més han stablit e ordenat que d’aquí avant los honorables pahers qui ara o per temps seran, dins spay de huyt dies contínuament següents comptadors aprés que lo consell de la vila seria celebrat, hajen e sien tenguts de executar aquell e tot ço e quant per aquell consell serà diffinit e ordonat. E, si per ventura dupte o duptes alguns occorreran als dits honorables pahers en no executar los dits consells, en aquest cas los dits honorables pahers, dins los dits VIII jorns, ho hajen a proposar en altre consell major, en lo qual haje haver vint prohòmens o més, ço és cinch prohòmens de quiscun quarter o més avant, si ben vist los serà e lo cas o requerrà (…)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421, cap. IX). 81 A partir de 1472, el consejo de 60.ª fue denominado de 48.ª porque el número de prohombres que lo componían fue reducido a 48 (ACSG, FM, Consejos, 1472, f. 6 r.- v., 1471, febrero 1). El motivo de dicha disminución era la pérdida de población sufrida por Cervera, sobre todo a raíz de la Guerra Civil (14621472), y esta razón demográfica también fue esgrimida, el año 1482, para decretar una nueva reducción, que dio lugar al consejo de 24.ª (ACSG, FM, Pergaminos, 1482, enero 10, Cervera). 82 «(…) Si donchs, les dites ordinacions o alguna de aquelles en sdevenidor se mostraven evidentment e uberta ésser dapnoses o inffructuosses a la cosa públicha de aquella o deure ésser aquelles comutades en millor, en aquell tal cas los qui la donchs seran pahers e consellers, ab consell e acort de cent prohòmens de la dita vila, ço és vint-e-cinch prohòmens de quiscun quarter elegidors, segons la forma del capítol de la misatgeria desús dita, dels quals cent prohòmens haien a concordar almenys LX prohòmens e no en altra manera, les dites ordinacions en tot o en partida puxen aquelles e quiscuna de aquelles en tot o en partida tolre, mudar, corregir e interpretar e en millor comutar a tot profit de la vila e de la cosa públicha de aquella, sens encorriment de alguna pena (…)» (ACSG, FM, Ordinacions, 1421, cap. XV).

UNIVERSITAS, COMMUNE, CONSILIUM: SOBRE EL PAPEL DE LA FISCALIDAD EN EL ORIGEN Y EL DESARROLLO DEL CONSEJO. EL NACIMIENTO DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL EN LÉRIDA (1149-1289)

1. PLANTEAMIENTO

En las páginas que siguen trataremos un tema que ha sido presente en algunas de las investigaciones del profesor André Gouron,1 a quien desde aquí manifestamos nuestro más sincero reconocimiento en este merecido homenaje. Nos proponemos volver de nuevo sobre el problema de los orígenes de los Consejos municipales en Cataluña en la Edad Media, pero no para abordarlo en su globalidad e integridad,2 excesivamente ancha y compleja para ser tratada aquí, sino para poner énfasis en algunos problemas e intentos de solución concretos. De hecho, el objeto de estudio no será sólo el origen del consejo, sino la historia del binomio formado por la génesis de la fiscalidad municipal y el surgimiento del consejo como institución de gobierno municipal; por tanto, nos centraremos únicamente en la historia de esta relación.3

1 André GOURON, «Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles», Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 121 (1963), pp. 26-76 (ahora en La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age, London, Variorum Reprints, 1984); André GOURON, «Les consuls de Barcelone en 1130: la plus ancienne organisation municipale à l´ouest des Alpes?», Anuario de Historia del Derecho Español, 60 (1991), pp. 205-213); André GOURON, «Du populus a l´universitas», en Initium. Revista catalana d´història del dret, 3 (1998), pp. 207-220. 2 Sobre el tema ver José María FONT RIUS, «Orígenes del régimen municipal en Cataluña», en AHDE, 16 (1945), pp. 389-529; 17 (1946), pp. 229-585 (ahora en Josep Maria FONT I RIUS, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 281-560). 3 Hemos apuntado esta hipótesis en Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat (D´una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, 1996, pp. 581610 [= Initium. Revista Catalana d´Història del Dret , 1 (1996), pp. 581-610]; Max TURULL RUBINAT, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (eds.), Actes Colloqui Corona, Municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232.

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LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA

El marco teórico en el que nos movemos ya ha sido trazado4 y hoy no es, ni en la historiografía catalana ni española, objeto de especial debate. Nuestro centro de atención no es aquella comunidad humana no organizada políticamente, si bien compuesta de un agregado de hombres que pueden desarrollar estrechos vínculos de solidaridad vecinal entre ellos, sino que nos interesa la unidad que resultará como consecuencia de la vida en común, de las relaciones del grupo hacia el exterior y de la necesidad de armonizar una vida social cada vez más compleja, puesto que la dinámica socioeconómica de los siglos IX y X es bien diferente de la que conocemos a partir del año 1000.5 A partir de un cierto momento, que podemos empezar a datar a finales del siglo XII, las comunidades que formaban los habitantes de algunas villas y ciudades tuvieron la necesidad de expresarse y, pues, de organizarse políticamente. La forma buscada para formular voluntades es, en el fondo, un problema meramente técnico. Siendo inviable formular la voluntad de toda la comunidad a partir de la obtención del apoyo unánime de sus miembros, fue necesario buscar otro instrumento que hiciera más operativa la formación y la expresión de esta voluntad. La elección de unos magistrados representantes de la comunidad y la consecuente institución del Consejo cumplieron esta función. Pero el Consejo —y en un principio los magistrados, que son su embrión— será, al mismo tiempo, la sede donde se formará esta voluntad y, también, el órgano ejecutivo de las decisiones adoptadas por la congregación esporádica de esta comunidad que, a partir del siglo XIII, será cualificada de universitas.6 4

FONT, Orígenes; en nuestro caso seguimos el planteamiento marcado por Aquilino IGLESIA FER«Concejos y ciudades en Cataluña (alta edad media)», en Concejos y ciudades en la edad media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146. 5 Es muy ilustrador el trabajo de Albert RIGAUDIERE, «Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d´Auvergne du XIIe et XVe siècle», en Albert RIGAUDIÈRE, Gouverner la ville au Moyen Age, Paris, 1993, pp. 21-51 (publicado anteriormente en RHDFE, 66 (1988), pp. 337-362 y en Les origines des Libertés Urbaines. Actes du XVIe Congrès des Historiens Médiévistes de l´Enseignement Supérieur (Rouen, 7-8 juin 1985), Rouen, 1990, pp. 281-309). 6 Efectivamente, una cosa es que la realidad conduzca a fortalecer la noción de grupo, de colectividad o de cuerpo, y otra bien diferente es la conceptualización que harán los juristas del derecho de la recepción. En este sentido, universitas era la particular manera que los juristas medievales tenían de nombrar no los singulares de una villa o ciudad, sino la unidad y la abstracción –necesariamente ficticia– que de ellos derivaba. El hecho no tiene nada de arbitrario: que los textos medievales –privilegios reales sobre todo– se refieran a una comunidad humana con expresiones parecidas a omnes homines o bien con una expresión como universitas ville Cervarie, la diferencia es importante, especialmente por toda la cultura jurídica que se esconde detrás de esta última denominación. Esto no es tan simple como pensar que una comunidad humana no organizada unitariamente deviene una universitas por obra y gracia de la ciencia jurídica. Podríamos decir que en este caso la relación entre derecho –nos referimos al nuevo derecho– y realidad es dialéctica. Cuando los juristas observan la realidad se dan cuenta de que la vida en comunidad en los siglos XII y XIII exige la formación de una voluntad común y, al mismo tiempo, busca fórmulas para posibilitar esta expresión común de los miembros del colectivo, fenómeno que, debido a su formación científica, tendían a bautizar con el vocabulario jurídico que hallaban en los textos romanos. Haciéndolo así la tendencia se invertía e inyectaban contenido jurídico de procedencia romano-justinianea REIRÓS,

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Conceptualmente esta secuencia parece coherente. Pero el paso de la comunidad —después convertida en universitas— a una comunidad que se expresa por la vía del consejo es aquello que ahora centra nuestra atención. Nos preguntamos cuál fue el factor determinante —aquel que hizo de elemento motor—, que provocó la aparición del Consejo para vehicular no sólo la expresión de la voluntad de la corporación, sino también la formación o el nacimiento del propio consejo. El análisis de algunos casos concretos nos demostrará que hay un grado de unidad bastante importante dentro de algunas comunidades7 antes de que el calificativo universitas aparezca en los textos municipales;8 que antes de que estas comunidades fueran calificadas de universitates por influencia del derecho de la recepción, las comunidades ya habían ido obteniendo vías de expresión y había empezado su organización política; que una incipiente organización financiera de los vecinos es el resultado de esta relativa unidad social, pero, y lo que ahora es más importante, esta incipiente organización financiera a la vez contribuye a fortalecerla;9 y, en definitiva, que las exigencias económicas de la corona, para poder llevar a término su política, no serán en absoluto ajenas a todo este proceso de construcción del municipio y de sus órganos de gobierno. y canónica a aquello que había germinado de manera más o menos natural, como resultado de las condiciones económicas, sociales y culturales de un momento histórico determinado. Sólo así puede entenderse que el concepto de universitas aparezca en los textos de finales del siglo XII y de comienzos del XIII refiriéndose a los agregados humanos que más tarde entenderemos por municipios, mientras que la nueva teorización de la personalidad moral que se esconde tras de universitas pertenece a mediados del siglo XIII. Hace falta, entonces, prestar atención a las dos tendencias, la que emana de la realidad y que es percibida por el jurista y la del jurista que, intentando comprender el mundo desde la óptica del ius commune, impulsa la nueva ordenación de la sociedad a partir de los nuevos parámetros. El jurista, pues, no crea la realidad, pero ordenando los elementos que la integran puede llegar a modificarla. 7 Josep M.ª FONT RIUS, «La comunitat local o veïnal», en Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (Segles VIII-XI), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 491-576. 8 Sobre la documentación y el valor del concepto universitas en los textos catalanes, vid. Aquilino IGLESIA FERREIROS, «La difusión del derecho común en Cataluña», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), El Dret comú i Catalunyna. Actes del Ier. Simposi Internacional, Barcelona, 25-26 de maig de 1990, Barcelona, Associació Catalana d’Història del Dret Jaume de Montjuïc y Fundació Noguera, 1991, pp. 95-279, esp. 210-211, n. 542. Además de la conocida referencia en el ámbito municipal de Lérida de 1217 (FONT, «Orígenes», ahora en FONT, Estudis sobre els drets, pp. 409 y ss. n. 551), debemos añadir la que Freedman sitúa entre 1175 y 1185 en Vic: «Orta non modica contencione inter venerabilem P. Ausonensem episcopum cum collegio canonicorum suorum et universitatem hominum ville Vici pro et quod (...)» (Paul H. FREEDMAN, «An unsuccessful attempt at urban organization in twelfth-century Catalonia», en Speculum, 54/3 [1979], pp. 479-491, con publicación del texto pp. 490-491; del mismo autor, también con la publicación del texto, «Un règim consular en el Vic del segle XII», en Ausa, 9 [1980], pp. 1-6). 9 Son extraordinariamente significativas las franquezas recibidas por los habitantes de Cardona entre el 1102 y 1125, más de un siglo después de aquella temprana carta de población del 986. Font Rius señala que Cardona disponía, a comienzos del siglo XII, «d´un comune, com a hisenda pròpia, que s´alimentaria no sols de la cessió d´ingressos públics (producte de la sal), sinó també d´aportacions setmanals en metàl.lic dels seus moradors (potentes i minores) segons la seva pròpia capacitat econòmica» (FONT, «La comunitat local», p. 537, n. 184).

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Nos referimos, efectivamente, al indisociable binomio guerra-fiscalidad10 que ha sido analizado en Cataluña en algunos trabajos recientes.11 Este binomio, no obstante, tendrá otros efectos secundarios que no han sido demasiado tenidos en cuenta. Sin pretender formular rígidas y mecánicas expresiones de causa-efecto, podríamos proponer que el nacimiento de las haciendas municipales y, en consecuencia, como se ha dicho, el de las instituciones de gobierno municipal, son también el resultado, entre otros factores, de la maquinaria fiscal que se puso a punto entre los siglos XIII y XIV para financiar las empresas bélicas en que se ve involucrada la monarquía. Es suficiente recordar aquí la conquista de Sicilia el año 1282, que fue seguida del enfrentamiento con la coalición franco-angevino-pontificia, la defensa del territorio ante la invasión francesa, el conflicto de la Unión aragonesa y los intermitentes conflictos en Castilla que no se cerraban, en este período, hasta 1304. Tras un breve lapsus de relativa calma bélica entre 1305 y 1321, la puesta a punto de la mencionada maquinaria fiscal llegó a un momento álgido con la conquista de Cerdeña (1321-1324) y con el enfrentamiento en Génova y el reino de Granada entre 1327 y 1336.12 Pero volviendo a nuestro centro de interés concreto, aquello que ahora planteamos es que la fiscalidad municipal del siglo XIII y del comienzo del siglo XIV13 fue no sólo el gran motor que impulsó la consolidación del consejo, sino que en cierta medida fue el factor determinante del «nacimiento» de este órgano de gestión y de gobierno municipales. Efectivamente, quizás no sería arriesgado afirmar que fueron temas y motivos directa o indirectamente vinculados con la fiscalidad —construcción de murallas, reparación de puentes y caminos, y, sobre 10 Vid. Charles TILLY (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princenton, 1975, (concretamente sus artículos: Reflections on the History of European State-Making, pp. 3-83 y Western State-Making and Theories of Political Transformation, pp. 601-638); Charles TILLY, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza Universidad, 1992 (versión original inglesa, 1990); Philippe CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la fin du Moyen Age. Etude sur les armées du roi de France (1337-1394), Paris, 1972; Philippe CONTAMINE, Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992. 11 Sobre el tema, es imprescindible Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, Eumo, 1996; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Actes Colloqui Corona, Municipis i fiscalitat, pp. 233-278. 12 Vid. SÁNCHEZ , El naixement. 13 Entendemos por fiscalidad municipal el conjunto de instrumentos de que disponían las universidades por obtener recursos económicos, sin prejuzgar si debían servir para satisfacer necesidades de la propia comunidad o debían servir para pagar los servicios debidos al rey. Durante los siglos medievales, la mayor parte de los recursos económicos que recaudaban las universidades procedieron de los tributos directos (talla), de los indirectos (imposicions) y de la deuda pública (censales y violaris). Por lo tanto, no entendemos por fiscalidad municipal las transacciones económicas que pudieran existir entre el conde de Barcelona o cualquier titular de una jurisdicción señorial y sus vasallos de forma individual y personal. Estos derechos feudales pueden formar parte, si se quiere, de una fiscalidad feudal, pero el solo hecho de que puedan afectar a individuos que habitan una villa o ciudad no ha de implicar, precisamente, que se trate de una fiscalidad municipal.

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todo, exigencias tributarias reales tanto de raíz feudal como para sufragar guerras y conquistas—, aquellos que obligaron a las universidades a expresar una opinión la mayor parte a veces, bien sea para negociar con el monarca (o sea, hacia el exterior), bien sea para organizar las recaudaciones tributarias (o sea, hacia el interior de la comunidad). No podemos tratar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las atribuciones sobrevenidas a un consejo preexistente, sino que, en una medida difícil de determinar, aquel consejo nacería y obtendría su fisionomía casi definitiva con el fin de organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la universidad. Todo el mundo sabe que, en condiciones normales, la función crea el órgano, pero aquello que planteamos no es que la función gubernativa haya creado el Consejo como órgano de gobierno, sino que la función financiera es aquello que ha creado una institución de gobierno.

2. EL LABORATORIO DE ANÁLISIS

En el actual estado de la investigación, hemos tomado como laboratorio de análisis tres poblaciones de diferente magnitud de la Cataluña Nueva. Esta zona, que se extiende de forma aproximada al oeste y al sur de la línea que dibujan los ríos Segre, Cardoner y Llobregat, comprende los territorios conquistados desde el reinado de Ramon Berenguer I, en el siglo XI, hasta la conquista de Lérida y Tortosa, a mediados del siglo XII, por Ramon Berenguer IV; o sea, se corresponde con la ampliación de dominios más allá de lo que había sido la Marca Hispanica o Cataluña Vieja. Quizás no es excesivo recordar que las necesidades de la repoblación favorecieron que proliferaran, en la Cataluña Nueva, los territorios autónomos, o sea, las poblaciones que dependían directamente de los condes de Barcelona y reyes de Aragón que, por tanto, no estaban sometidas a ninguna jurisdicción feudal. Sin duda este mayor grado de autonomía que se refleja en las cartas de población y de franquicia favoreció, como veremos, el reconocimiento de estas aglomeraciones como universitates y, sobre todo, el nacimiento de un Consejo que, con el tiempo, adquiriría numerosas competencias, circunstancia muy difícil cuando el titular del poder era el señor que ejercía un control y un gobierno directos y personales. Nos centraremos, concretamente, en las poblaciones de Lérida, Cervera y Tárrega, todas ellas pertenecientes a la jurisdicción real y sitas longitudalmente en el eje que corre paralelo al Pirineo y que va de Barcelona a Aragón. Imposible conocer la población de estos núcleos en los siglos XII y XIII, sólo podremos disponer de la referencia de los fogages del siglo XIV. Según el registro de 1365-

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1370,14 Lérida sería el tercer núcleo más poblado de Cataluña, tras Barcelona y Perpiñán, con un total de 2235 fuegos; Cervera, la séptima villa del Principado con 1060 fuegos y Tárrega se situaría a un nivel inferior con poco más de 400 fuegos. Por otro lado, Lérida es un buen ejemplo de casco urbano donde se puede hablar de la continuidad del poblamiento desde la Alta Edad Media, con una problemática y una dinámica específica que explicarán la precocidad de sus órganos de gobierno en el siglo XII. Cervera y Tárrega, en cambio, serán poblaciones que nacieron bajo el impulso repoblador y que sólo fueron ganando población con el paso de los años.

3. EL CASO DE LÉRIDA15

Empezamos por recordar que la ciudad es conquistada a finales de octubre de 1149 por Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, y por Ermengol VI, conde de Urgel, y que el mes de enero de 1150 recibe una carta de población, inspirada en la de Tortosa, que regula importantes aspectos de derecho público y de derecho privado de la ciudad y de sus habitantes. Entre aquéllos hace falta destacar la concesión de numerosos bienes comunales, como los pastos, los bosques, etc., que deberán ser administrados por los mismos leridanos.16 Muy pronto, el 30 de noviembre de 1196, antes de recibir ningún privilegio de consulado que organizara el régimen político-jurídico de la ciudad y en un privilegio cuyo objeto central era el fletamento de leños y galeras. Pedro I autorizaba a los probis hominibus de Ylerda (...) et toti populo ylerdensi (...) tam maiorum quam minorum para que los vicinis vestris mittat in comune si vos faciebatis ipsum aliquo modo,17 con lo cual el monarca autorizaba, por primera vez en Lérida, a 14 Josep IGLESIES FORT, «El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV», en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 247-270; Josep IGLESIES FORT, «El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV», en Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 34 (1962), pp. 247-356. 15 Las líneas que siguen sobre el caso de Lérida fueron publicadas en TURULL, «El naixement de la fiscalitat municipal», pp. 219-232. 16 «(...) Donamus iterum vobis prata et paschuas, fontes et aquas, boschos et legnamina, et venationes, plana et montana, ad omnes vestros usus, et ad omnia vostra pecora pascenda et conducenda (...)» [utilizamos la edición de la carta de José M. FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña. I, 1. Textos, BarcelonaMadrid, CSIC, 1969, pp. 129-132; las referencias históricas pueden encontrarse en la misma obra en I, 2, pp. 807-810; del mismo autor, «La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico», en Ilerda, 8 (1949), pp. 5-31, ahora en FONT, Estudis sobre els drets, pp. 55-73]. 17 «Item dono vobis supradictis, per me et per omnes successores meos in perpetuum, quod quilibet de vicinis vestris mittat in comune si vos faciebatis ipsum aliquo modo, non abstantibus aliquibus preceptis, litteris sive rescriptis a predecessoribus nostris vel a me in preteritum concessi vel in futurum concedendis». [Véase la edición del privilegio en F. VALLS-TABERNER, «Les fonts documentals de les “consuetudines ilerdenses”, en Estudis Universitaris Catalans, 11 (1926), pp. 137-171, esp. doc. XI, pp. 155-156].

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formar común o, dicho de otro modo, a tener arca común nutrida por aportaciones de los vecinos, si bien nada se decía ni de cómo hacerlo ni, mucho menos, de la posibilidad de establecer colectas entre todos ellos.18 El año siguiente, el 1197, el mismo rey Pedro concedía un privilegio a los hombres de Lérida en virtud del cual se instauraba el primer régimen de consulado que se conocía entonces en Cataluña.19 La función de los cónsules y de los consejeros consistía en ordinare et gubernare civitatem,20 pero, teniendo en cuenta que la ciudad disponía de bienes comunales, según reconocía la carta poblacional, teniendo en cuenta que también se disponía, desde 1196, de un comune con bienes colectivos y que además unos magistrados asumían una función directiva, no estamos tan lejos de la idea de corporación y del cuerpo unitario al que nos hemos referido más arriba, si bien los textos todavía no hagan mención a ningún concepto técnico como el de universitas. Es necesario recalcar también que el privilegio de consulado no contiene ninguna referencia a la hacienda de la comunidad y que prima lo referente a la autodefensa de los leridanos —de las personas y de los bienes— y a la elección y el juramento de los magistrados. El reconocimiento expreso de que existía una administración financiera y una hacienda de la comunidad —en definitiva, una arca común— resultaba evidente en otro privilegio de Pedro I y Ermengol VII de Urgel concedido el 26 de abril de 1200 y una parte del cual fue reproducida en un privilegio de Jaime II concedido el 1302.21 Este privilegio de 1200 presenta un interés considerable

18 Josep Lladonosa se refiere al privilegio de Alfonso el casto de 1 de marzo de 1191 como aquel que, además de «concedir als lleidatans els carrers i les places de la ciutat, els donava el poder d´imposar tributs per tal de fer cara a les necessitats del comú» (Josep LLADONOSA, Història de la ciutat de Lleida, Barcelona, 1980, p. 48); no compartimos esta interpretación del texto con respecto a la hacienda municipal. El privilegio, por otra parte, fue el origen del capítulo 22 de las Costumbres de Lérida a propósito de la donación, para utilidad común, de las plazas y calles de la ciudad (publicado por VALLS-TABERNER, «Les fonts documentals», doc. III, pp. 147-148). 19 Véase, no obstante, André Gouron, para quien los primeros cónsules catalanes –probablemente más la palabra que la institución y recibiendo de forma precoz la influencia del norte de Italia– pueden ser datados el 1130 según resulta de una composición entre dos particulares que ponía fin a un litigio sobre una honor en Tiana (vid. GOURON, «Les consuls de Barcelone en 1130», pp. 205-213). 20 Rafael GRAS I D´ESTEVA, Història de la Paeria [=La Paheria de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707], Lérida, 1988, pp. 188-189 (citaremos esta versión de la obra de Gras de 1911 pese a las importantes deficiencias formales que ya comentamos en la nota bibliográfica en AHDE, 59 [1989], pp. 968-971). El privilegio de consulado del 1197 también ha sido publicado por VALLS-TABERNER, «Les fonts documentals», doc. VIII, pp. 152-153. 21 «(...) damus et in perpetuum concedimus universis probis hominibus Ilerde, tam maioribus quam minoribus, tam presentibus quam futuris, et nostram formam constitucionem facimus, quia cognoscimus esse maximum perfectum totius civitatis Ilerde et populi, quod si aliquod comune vel aliquam missionem aliquo modo inter vos feceritis, volumus et firmiter mandamus quod omnes habitatores totius civitatis Ilerde et termini eius mittant et donent secundum quantitatem et possessionem illorum, secundum arbitrium vestrum (...)» (el privilegio de 1200 ha sido publicado por VALLS-TABERNER, «Les fonts documentals», pp. 157-158, doc. 14; el de 1302 aparece reproducido fotográficamente en GRAS, Història de la Paeria, lámina 19).

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—lo certifican las sucesivas confirmaciones regias de 125522 y de 1302—, ya que es la fuente que alimentó las rúbricas 45-46 de las Costumbres de Lérida de Guillermo Botet del 1228,23 texto que irradió una gran influencia en buena parte del derecho municipal de la región occidental del Principado. El privilegio señala que si alguien no quisiera satisfacer el vicinale comune seu vicinale servicium, les sería permitido a los hombres de Lérida —y con el amparo de la autoridad regia— privar de los privilegios de vecindad a aquellos que no contribuyesen y a aislarlos de la vida en comunidad.24 En virtud de este privilegio, por lo tanto, no sólo se confirma la existencia de una arca común, cuando menos en sentido figurado, sino que el texto de 1200 nos informa que con anterioridad a esta fecha se estaban cobrando colectas vecinales —vicinale comune seu vicinale servicium—, posibilidad que habría quedado abierta con el privilegio de Pedro I de 30 de noviembre de 1196, aunque algunos vecinos no lo habrían entendido así, puesto que el mencionado cobro del 1200 provocaba la resistencia y la oposición de algunos de estos vecinos. Que el 1200 se anuncien medidas para los que se resistan a contribuir en el común, parece indicar, a contrarío, que estas resistencias existían. Esta tensión social, que ahora podamos hipotéticamente atribuir a razones económicas, se manifiesta con una claridad considerable el 1213, tal y como veremos más adelante. Pero antes tenemos todavía algunos episodios que podrían avalar esta explicación de la resistencia a la contribución. Si bien el consulado del 1197 preveía que fueran los prohombres de Lérida quienes escogieran anualmente cónsules y consejeros, sendos documentos de Pedro I de 1202 y de 1206 son el instrumento de una directísima intervención regia en el reciente consulado. El monarca nombra, él directamente, con carácter extraordinario por aquellos únicos años, tanto los cuatro cónsules como los ocho consejeros.25 Los textos,

22 Ambrosio HUICI, Colección diplomática de Jaime I, el conquistador, Valencia, 1919, II, p. 61, doc. 524 (1255). Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES PECOURT (= HUICI-CABANES): Documentos de Jaime I de Aragón, Zaragoza, 1978 (=III), III, p. 178, doc. 689 (1255). 23 VALLS-TABERNER, «Les fonts documentals», p. 140. 24 «Nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum, Valencie et Murcie, Comesque Barchinonensis, visa quadam clausula cujusdam privilegii universis probis hominibus Ilerde tam majoribus quam minoribus super contributione sive missione facienda in vicinale comune, sive vicinale servicio, concessi per Ilustrissimum dominum Regem Petrum recolende memorie preavum nostrum, cuius clausule series sic se habet. Si quis autem vicinale Comune, seu vicinale servicium, vobiscum facere noluerit, ab omni vestro vicinatico ex mandato nostre autoritatis, Illum et res suas vobis et vestris liceat privari cum juramento, et com illis nullam participationem habeatis» (GRAS, Historia de la Paeria, pp. 257-258, lámina 19). 25 «(...) Mando atque et districte precipio quod in hoc presenti anno sint quator consules scilicet: Guillelmus Balb (...). Ego supradictus rex per nos et per omnes nostros successores donamus firmiterque concedimus vobis supradictis probis viris omnibus Ilerde presentis et futuris lliberam potestatem creandi, eligendi, mutandi sive deiciendi consules (...)» (GRAS, Història de la Paeria, pp. 146-149; el texto reproducido pertenece al privilegio de 19 de septiembre de 1202 y el de 27 de mayo de 1206 sigue una pauta parecida).

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que reproducen el privilegio de consulado de 1197, no dicen nada de las razones de esta intervención, pero no parece arriesgado pensar que el nombramiento real fuera consecuencia de la incapacidad de los leridanos de ponerse de acuerdo. Tampoco sería demasiado arriesgado pensar que el motivo de los desacuerdos —ya apuntados el 1200 y claros el 1213— tuviera su origen en el cobro de las colectas vecinales. La existencia de una fiscalidad municipal, no obstante, era, en estos momentos, en un punto que no hacía posible una marcha atrás; pese a las dificultades para entenderse, la fiscalidad municipal existía y prueba de esto es, por ejemplo, la compra de una de las dos acequias principales, la de Segrià, por parte de los habitantes de Lérida según consta en la confirmación que hizo Pedro I de la mencionada compra.26 Si los habitantes de Lérida, como unidad todavía no reconocida formalmente por el derecho, compraron la acequia del Segrià, es que como comunidad tenían recursos suficientes o medios para conseguirlos. El conocido documento del 26 de septiembre de 1213 identificado como Instrumentum de dissensionibus et querimoniis inter majores cives et populum Ilerde promotis confirma lo que hemos apuntado.27 Se entiende en un ambiente que continuaba siendo tenso y conflictivo y aporta luz nueva sobre todo este proceso, particularmente en su vertiente ideológica. Se trata del texto de una concordia firmada por algunos vecinos de Lérida junto con Ramón de Montcada y Guillermo de Cervera, a quienes el rey reconocía la titularidad del señorío de Lérida, para resolver las tensiones y los enfrentamientos sociales que había en la ciudad. Tras manifestar el deseo de paz y de concordia, se abordan y se intentan solucionar los temas conflictivos: el pago de gastos comunales y la elección de magistrados municipales. Entre estos dos temas hay un importante punto en común: la decisión, digamos que política, sobre cómo proceder para recaudar fondos destinados a satisfacer gastos de interés comunal. Afrontar gastos orientados a un autocalificado bien común presupone que existe una cierta conciencia de comunidad y determina, a su vez, la existencia de una instancia o un órgano capaz de dar cuerpo a la resolución de esta necesidad y de tomar las decisiones políticas y técnicas que hagan falta para materializarlo. Pero es importante darse cuenta de que la sola conciencia de formar una comunidad no es suficiente para justificar una colecta entre todos sus miembros, ya que en una misma co26 F. VALLS Y TABERNER, Las «consuetudines ilerdenses» (1227) y su autor Guillermo Botet, Barcelona, 1913, p. 12; también mencionado por GRAS, Història de la Paeria, p. 106, n. 58. No hemos tenido acceso al documento mencionado, pero Gras menciona los compradores como «los habitantes de Lérida». 27 «Et si oportuerit fieri aliquos sumptus vel expensas vel qualibet servicia que pertineant ad comunem necessitatem vel utilitatem vel negocium omnium nostrorum civium et totius populi Ilerde sicut intelligi debet ad que omnes conveniant, quod fiant equaliter per libras, scilicet quod unusquisque donet secundum suam quantitatem pecuniarum et rerum et possessionum per sacramentum, et contra hoc ullus civis ilerdiensis de amore aliorum confidens, sive sit de maioribus vel de mediocribus vel de minoribus audeat vel possit se defendere racione instrumenti vel qualibet voce franquitatis specialis» (GRAS, Història de la Paeria, pp. 136-137).

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munidad pueden convivir intereses diferentes, tal y como los leridanos habían podido comprobar en su propia piel desde que el 1196 el rey Pedro I les hubiera autorizado a tener común y, posiblemente, a recaudar fondos. El texto de 1213, en cuya redacción podía haber intervenido Guillermo Botet, que figura entre sus firmantes y que era cónsul en aquellos momentos, da a entender que la recaudación sólo es posible y sólo es legítima cuando su finalidad se identifica con la utilitas comune y con el común provecho, o sea, con el bien de la comunidad y no exactamente con la suma de provechos individuales de sus miembros integrantes.28 Se puede objetar que una comunidad sólo es comunidad cuando tiene unos objetivos comunes que trascienden los individuales, pero el texto no lo interpretamos como el acto de nacimiento de esta comunidad —algo imposible de hacer—, sino como una resolución enriquecedora de una crisis de este naciente y todavía tierno espíritu comunal. En definitiva, pues, la concordia de 1213 supone el reconocimiento bastante evidente de que hasta entonces —y seguramente desde el 1196— se habían cobrado colectas entre los vecinos —circunstancia que acontecía conflictiva, como se ha visto— y que se produce un acuerdo y una clarificación sobre cómo se debería proceder a partir de este momento. En efecto, la concordia, que firmaban todas las partes sociales beligerantes, dejaba bien claro que para afrontar las necesidades, utilidades o negocios comunes, todos los vecinos de Lérida sin excepción —et contra hoc ullus civis ilerdiensis de amore aliorum confidens, sive sit de maioribus vel de mediocribus vel de minoribus audeat vel possit se defendere racione instrumenti vel qualibet voce franquitatis specialis— pagarían equaliter per libras, scilicet quod unusquisque donet secundum suam quantitatem pecuniarum et rerum et possessionum per sacramentum.29 En lo sucesivo no se discutiría más el hecho de cobrar colectas vecinales, sino la ecuanimidad de la técnica utilizada para hacerlo y, pues, los criterios políticos que alimentaban aquella técnica. En este contexto, como se puede comprender, la calificación, el año 1217, de Lérida como universitas30 tiene un valor puramente simbólico y bastante relativo. Los habitantes de Lérida formaban, antes de 1217, una comunidad. Se enfrentaban a los problemas propios de un cuerpo unitario como lo demues28 «Et si oportuerit fieri aliquos sumptus vel expensas vel qualibet servicia que pertineant ad comunem necessitate, vel utilitatem vel negocium omnium nostrourm civium et totius populi ilerde sicut intelli debet ad que omnes conveniant (...)» (GRAS, Història de la Paeria, p. 136). 29 GRAS, Història de la Paeria, p. 136. 30 Esta referencia, del año 1217 refiriéndose a Lérida –si bien el 1207 un texto se refiere como capítulo catedralicio de Urgel–, aparece en un privilegio de Jaime I sobre contratos de préstamo («concedimus et laudamus vobis dilectis charis nostris et fidelibus civibus et populo et toti universitati civitatis Ilerde et omnium aliarum civitatum et villarum que sunt de dominicatura et regalia nostra»; FONT, «Orígenes», ahora en FONT, Estudis sobre els drets, pp. 409 y ss. n. 551); nos referimos más ampliamente en TURULL, «Arca Communis: dret, municipi i fiscalitat», n. 24.

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tra que se había diferenciado, con la concordia de 1213, el interés particular de algunos vecinos del interés general de la comunidad que no coincidía con el de sus miembros. La calificación técnica de universitas no es generadora de nuevos privilegios sino que significa la plasmación y el bautizo, con un concepto jurídico, de una realidad social y política tangible. Como hemos dicho, los juristas hicieron un esfuerzo importante, con más o menos acierto según los casos, por adaptar las categorías del derecho romano y del derecho canónico a la realidad de su tiempo. Y si bien es cierto que el calificativo de universitas no debería generar, automáticamente, por sí solo, nuevas atribuciones jurídicas, sí que es cierto, no obstante, que todo el contenido jurídico de expresiones como ésta no podía pasar desapercibido para los intérpretes de aquella sociedad. Podríamos considerar que el núcleo central y originario de la hacienda municipal —la existencia de una arca común y la posibilidad de que las autoridades municipales establecieran talls o colectas entre los vecinos— quedó fijado con las Costumbres de Lérida del año 1228. Este texto, redactado por Guillermo Botet, recoge el derecho propio y especial de los ciudadanos de Lérida y establece un orden de prelación de fuentes que, años más tarde, será seguido en otros textos de derecho municipal. Además de señalar que el orden de fuentes reserva el primer lugar en la prelación al derecho propio31 de los leridanos —por delante de los Usatges, del Liber y de las leyes romanas—, hace falta insistir en el hecho de que las costumbres de Lérida reducen a unidad aquello que hasta entonces era diversidad y confusión.32 Si bien la mayor parte del derecho recogido en el texto de las Costumbres procedía del derecho vivido por los habitantes de Lérida en sus relaciones privadas, esta clarificación del derecho propio aplicable también había de afectar y de reflejar los puntos más importantes de lo que hoy calificaríamos de derecho público o político. Los capítulos reguladores de la hacienda municipal son fiel reflejo de los privilegios reales que la regulaban hasta entonces.

31 Sobre la noción, la caracterización y los diferentes elementos integrantes del derecho municipal como aquel que es propio y exclusivo de los vecinos de un municipio, puede verse Max TURULL RUBINAT, «Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (XIIIe-XIVe siècles)», en La fiscalité des villes au Moyen Age. (France méridionale, Catalogne et Castille). I. Étude des sources, Toulouse, Editiions Privat, 1996, pp. 147-161. 32 Los objetivos que guían la obra son bien claros: «Incipiunt consuetudines civitatis Ilerde. (...) Ego Guillelmus Botetus dedi aliquantulam operam ut consuetudines civitatis varias et diversas in unum colligerem et scriptis comprehenderem ut aufferretur quibusdam occasio malignandi qui quando erat pro eis consuetudo et esse consuetudinem affirmabant asserebant. Unde processus causarum probacio consuetudinis retardabat et litigantes inde dispensia gravia senciebant. Volentes itaque cives nostri viri providi et discreti cum consulibus memoratis huic malicie contrarie, precibus suis hoc me scribere suggesserunt. Huius etiam opusculi racioni de instrumentis privilegiis et donacionibus regiis adiuncxi, necnon de bannis, cotis, et statutis scriptis, et non scriptis, et moribus, usaticis etiam, legibus goticis ac romanis. Sumite itaque hoc munusculum diucius postulatum concives venerabiles, ut eo lecto esfficiamini docciores. Iuxta illud doce sapientem et sapiencior erit». Pilar LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO (publicadas por), Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946.

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Aquello que podríamos calificar de potestad impositiva por parte de los cónsules o, dicho de otro modo, la posibilidad de establecer derramas entre todos los vecinos para financiar gastos comunes, tiene, en las Costumbres de Lérida, una doble procedencia. Esta facultad aparece contemplada, por un lado, en los capítulos 45 y 46 y, de otra, en el capítulo 57. Esta duplicidad aparentemente innecesaria se explica por la diferente naturaleza jurídica de los documentos que les sirven de base doctrinal. Los capítulos 45 y 46 de las Costumbres beben directamente del contenido del mencionado privilegio del 26 de abril de 1200 otorgado por el rey Pedro I y por el conde de Urgel conjuntamente. En el primero de los capítulos se establece que cuando todos los habitantes de Lérida y de sus términos formen comune vel missionem —entendiendo, pues, que haya cualquier clase de gasto que les afecte a todos—, todos ellos habrán de contribuir de forma proporcional a sus posibilidades con una donación al comune. Se trata, pues, pura y simplemente de la facultad de establecer colectas que pronto recaerá en los magistrados locales. Este capítulo, que recoge la posibilidad, abierta el 1200 y quizás ya insinuada el 1196, no contiene precisiones técnicas sobre las recaudaciones, pero su inclusión es importantísima porque fundamenta la recaudación de tributos por parte de los cónsules. Costumbres de Lérida: (45) De donatione omnium in comuni. Item idem donant nobis et concedunt firmiter atque mandant, quod si comune vel missionem aliquam fecerimus quoquomodo, omnes habitatores tocius civitatis et termini eius mittant pariter atque donent iuxta quantitatem facultatum suarum nullo modo excusato preter eos qui de creacione regis et comitis sunt qui curiam suam assidue sequntur, qui tunc aliquid non mitant [alias] enim si curiam non secuntur, faciant omne servicium vicinale. (46) De pena eius qui non dederit in comuni. Si quis autem dare comune noluerit, cogatur per curiam Ilerde. Si vero curia necgligens fuerit in paga compoti denariorum Ilerde recipiatur, et de illo nunquam dare aliquid teneamur. Et si quis nobiscum servicium noluerint facere vicinale, auctoritate eorum et mandato a vicinatico nostro pellatur, quod nullam habeat nobiscum participacionem.

Privilegio 26 abril 1200: (...) damus et in perpetuum concedimus universis Probis hominibus Ilerde, tam maioribus quam minoribus, tam presentibus quam futuris, et nostram formam constitucionem facimus, quia cognoscimus esse maximum perfectum totius civitatis Ilerde et populi, quod si aliquod comune vel aliquam missionem aliquo modo inter vos feceritis, volumus et firmiter mandamus quod omnes habitatores totius civitatis Ilerde et termini eius mittant et donent secundum quantitatem et possessionem illorum, secundum arbitrium vestrum, et aliquis vel aliqua non possit se defendere velexcusare aliquo modo vel aliqua ratione, preter illos de criazone domini Regis et Comitis qui Curiam nostram assidue sequentur, qui aliquid non mittant. (...)

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Pero este capítulo 45 de las Costumbres es reforzado por otro, el 57, que se inspira directamente en el texto de aquella concordia que el 1213 firmaron los habitantes de Lérida y los dos señores de la ciudad con la finalidad de acabar con las tensiones y los conflictos que enfrentaban a los vecinos de la ciudad. El texto de la concordia, que debía buscar una solución de compromiso entre sectores sociales enfrentados —entre otras cosas por las colectas que se efectuaban seguramente desde el 1200—, debía superar la indefinición casi absoluta del 1200 y había de aportar algunas garantías de ecuanimidad en las colectas. Por lo tanto, si los capítulos 45 y 46 tienen interés porque se trata de la autorización original a establecer colectas y que tiene todo el alcance de un privilegio real, en cambio el texto de 1213 tenía, aparentemente, menos fuerza obligatoria pero introducía dos elementos que complementaban la disposición normativa del 1200: la mayor precisión técnica del proceso tributario —declaración, bajo juramento, del dinero, cosas y posesiones de que se disponía— y la argumentación doctrinal que las colectas sólo podían ser exigidas cuando se tratara de la comuni utilitati omnium. En el primer caso se abandonaba aquel arbitrium vestrum a que aludía el privilegio real y en el segundo se evitaban colectas arbitrarias dictadas por los intereses particulares. Costumbres de Lérida: (57) De lezda non danda. (...) Omnes civies debent se ad invicem diligere et defendere se fideliter et pro posse. Et si oportuerit sumptus vel servicia pro comuni utilitati omnium fieri ad que omnes conveniant, quod quisque det per libras et sacramentum secundum sui patrimonii quantitatem, nullo ab hoc racione aliqua excusato. Confirmant etiam in eadem carta consulatum et omnia spectancia ad eundem sub sacramento. (...).

Concordia de 1213: Et si oportuerit fieri aliquos sumptus vel expensas vel qualibet servicia que pertineant ad comunem necessitatem vel utilitatem vel negocium omnium nostrorum civium et totius populi Ilerde sicut intelligi debet ad que omnes conveniant, quod fiant equaliter per libras, scilicet quod unusquisque donet secundum suam quantitatem pecuniarum et rerum et possessionum per sacramentum, et contra hoc ullus civis ilerdiensis de amore aliorum confidens, sive sit de maioribus vel de mediocribus vel de minoribus audeat vel possit se defendere racione instrumenti vel qualibet voce franquitatis specialis.

Finalmente, el capítulo 58 de las Costumbres tiene un valor testimonial para la hacienda municipal de Lérida. Al establecer la distribución y el destino del producto económico de los bans que imponían dos viros honestos, se dejaba constancia no sólo de la efectiva existencia de una arca común sino también que

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una de las fuentes que lo alimentaba, más allá de las aportaciones de los vecinos de la ciudad, era el tercio del producto de las penas pecuniarias impuestas.33 Con esta disposición del 1228 se adelantaba un paso más en el desarrollo y la consolidación de una hacienda comunal y se tipificaba un ingreso que sería ordinario, si bien cuantitativamente poco importante, en los Consejos medievales y que en Lérida todavía sería objeto de nuevas regulaciones el año 1255.34 Un nuevo privilegio de Jaime I de la misma serie de los del 3 de noviembre del año 125535 viene a confirmarnos aquello que hemos ido dibujando hasta ahora: la capacidad de los magistrados municipales de establecer tributos desde, seguramente, el 1196 o el 1200. El privilegio da por hecho que se están cobrando colectas entre todos los vecinos y habitantes de Lérida, puesto que el objeto del texto radica en explicitar la obligatoriedad de aquellos qui sunt de domo et curia nostra ad ponendum, mittendum et contribuendum vobiscum. No sólo estos oficiales reales no están exentos, sino que están obligados, según también se explicita, en las exaccionibus et serviciis regalibus et vicinalibus que comuniter universitas Ilerde nobis donet eo modo quo vos alii persolvetis. 36 El dilema previo al privilegio sobre la contribución de estos oficiales reales en las colectas organizadas por el municipio deja definitivamente fuera de duda su capacidad tributaria durante la primera mitad del siglo XIII y evidencia que por vía de colectas —exaccionibus et serviciis— se recaudan ingresos municipales y también sumas que serán pagadas al rey. Probablemente se trata de aquellas 33 (58) «De cotis constituendis. Sequitur de moribus scriptis cotis sive banis et statutis. Possunt de consilio comuni consules, cotos sive bannos ponere, minuere vel augere et statuere duos viros honestos in singulis officiis annuatim qui inquirant et recognoscant ea pro quibus coti sive banni sunt statuti. Iurare tamen debent isti duo presentibus curia et consulibus quod hoc fideliter exsequantur. De caloniis vero que inde exierint, habet curia terciam, comune terciam, et illi duo terciam pro suo labore». 34 En un privilegio de Jaime I de 18 de agosto en Lérida sobre la usura, también se decía, a propósito de los bandos establecidos: «Et vos etiam paciarii possitis poenam imponere quacumque volueritis in illos quos elegiritis ad hanc electionem et oficium recipiendum quas penas Ilerdensi comuni aplicari volumus ista vice (...)» (GRAS, Història de la Paeria, pp. 192-193; FONT, «Orígenes», n. 1071); pocos meses más tarde se rompía la excepcionalidad que suponía ingresar todo el producto de las penas y se volvía a la partición habitual, como se estipulaba en un privilegio del mismo Jaime I de 3 de noviembre de 1255 donde se determinaba que de las sanciones por infracción de bandos establecidos por los paers relativos a extracción de cuchillo y falseamiento de medidas de pan y de vino, una tercera parte sería para el rey y las otras dos partes restantes sint comunitatis ville sicut est consuetum. Las cantidades obtenidas por deterioro de las acequias y vías públicas se destinarían por entero al arca municipal (HUICI-CABANES, Documentos, III, pp. 177-178, doc. 688). 35 Sobre la intensa actividad municipalista de Jaime I durante esta época, vid. Ferran SOLDEVILA, Jaume I, Pere el Gran, (= Història de Catalunya. Biografies catalanes, vol. 5), Barcelona, 19854 (1ª edición 1955), pp. 37-68. 36 «(...) Donamus et concedimus vobis paciariis et toti universitati ilerdensi quod possitis compellere et distringere quoscumque cives habitatores seu vicinos Ilerde, qui sunt de domo et curia nostra ad ponendum, mittendum et contribuendum vobiscum quandocumque et quocienscumque causa subsit in quibuslibet exaccionibus et serviciis regalibus et vicinalibus que comuniter universitas Ilerde nobis donet eo modo quo vos alii persolvetis, exceptis illis qui nobiscum assidue et continue residenciam faciunt in domo nostra, quos ab omnibus hiis volumus esse liberos et inmunes (...)» (HUICI-CABANES, Documentos, III, p. 178, doc. 689).

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questies, cenes, subsidios o redención de ejércitos que encontramos en los primeros registros de Cancillería y en la documentación de Jaume I.37 La guerra con Francia y sus aliados y la conquista de Menorca empujó Alfonso II a incrementar notablemente las peticiones de subsidios y las sumas solicitadas a las villas y ciudades reales,38 las cuales, a su vez, repercutían estas cantidades entre sus vecinos por la vía de aquellas colectas o tributos directos que en Lérida se conocían desde el reinado de Pedro I. Es también con Alfonso II, en marzo de 1288, que el monarca autorizaba la percepción de una sisa por toda Cataluña excepto en los lugares de la nobleza, tributo cuya gestión, que no era ni real ni municipal, se centralizaría en Barcelona y en Lérida.39 Es precisamente durante estos años, que en las ordenanzas sobre los notarios, redactadas y aprobadas por el Consejo General de la Paeria el 1289, estas colectas serán calificadas, por primera vez, como tailla.40 En lo sucesivo se perfeccionará técnicamente el sistema de tributación directa, se colmarán algunos vacíos jurídicos importantes sobre la percepción de tallas y, a partir de 1321, con motivo de la conquista de Cerdeña, lejos ya de aquellas primeras sisas generales de 1288 a 1294, se empezarán a cobrar imposicions gestionadas por los municipios y en principio sólo durante cortos períodos de dos o tres años. Finalmente, durante los años treinta, se venderán los primeros censales y violaris para hacer frente a los constantes y urgentes requerimientos reales. Pero el núcleo originario de la hacienda municipal leridana quedó perfilado en el reinado de Jaime I, a mediados del siglo XIII. El hecho de no conservar actos de las sesiones de la Paeria ni de otra documentación emanada del consejo hasta bien entrado el siglo XIV —en Lérida esta documentación tan tangible de la actividad institucional data, la más antigua conservada, de 1340, con un libro de actas—, tiende a hacer creer, de forma errónea, que la actividad y la organización financiera se desarrollaron tardíamente, paralelamente a los testimonios conservados de documentación administrativa dejada por el Consejo.

37 Manuel Sánchez considera que «assistim als primers balbucejos d´una fiscalitat local: per damunt d´altres necessitats, els primers impostos directes (sota la forma de talles) documentats a les ciutats i viles, fins i tot en la fase pre-municipal de la seva història, es van establir a fi de pagar els serveis reials, especialment la quèstia» (SÁNCHEZ, El naixement, p. 47). 38 A raíz del subsidio acordado el 1289 y que duraría dos años, el rey renunciaba a exigir, por todo el Principado, «exercitus vel cavalcatas vel redemptiones (...) nec aliquas questias, cenas, albergas, mutua, acaptes, servicia vel ademprivia (...)»; SÁNCHEZ, El naixement, p. 63. 39 SÁNCHEZ, El naixement, pp. 55-56; y del mismo autor, «La fiscalidad real en Cataluña (siglo XIV)», en AEM, 22 (1992), pp. 341-376, esp. pp. 366-369. 40 Actes de cada tailla de paper en que age XLII reglons, VIII diners (GRAS, Historia de la Paeria... 161).

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4. CONCLUSIONES

Respecto de la relación dialéctica entre la existencia y la organización de la hacienda comunal con la emergencia y la organización de la estructura político-institucional del municipio de Lérida, obsérvese que primero —30 de noviembre de 1196— apareció el común o arca común y después —1 de abril de 1197— el consulado; que hasta bastante más tarde aquella unidad fáctica no recibe cobertura o reconocimiento jurídico con la expresión universitas; que misión de los cónsules era ordenar y gobernar la ciudad, o sea, también administrar los recursos económicos de que disponía el común; y obsérvese, todavía, que mientras los textos del siglo XIII señalan una tendencia a consolidar una práctica tributaria entre los miembros de la comunidad, al mismo tiempo hay serios problemas en aquel temprano consulado del 1197, pues en 1202 y en 1206, como se ha dicho, el monarca se ve obligado a intervenir y a nombrar él mismo los magistrados municipales. Quizás habría que pensar que más que una concesión prematura y un no arraigo del consulado, que era hasta ahora la opinión dominante, haga falta plantearse la hipótesis contraria, que el funcionamiento de una fiscalidad era aquello que provocaba problemas de funcionamiento interno y discordias en el consulado. Pero no es menos cierto que la institución municipal toma aliento definitivo con el privilegio de Paeria del 1264 de Jaime I —sin duda en el marco de las experiencias municipales que unos años atrás tan buenos resultados habían dado en Valencia y en Barcelona—, casi una década después de la evidencia abrumadora de una actividad tributaria arraigada, según revela el texto del privilegio citado de 1255.

II EL DERECHO DE LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

EL DERECHO MUNICIPAL CATALÁN ANTES Y DESPUÉS DEL DECRETO DE NUEVA PLANTA

A menudo se considera que el Decreto de Nueva Planta (DNP) para Cataluña promulgado por Felipe V el 9 de octubre 1715 —y comunicado a la Real Audiencia de Cataluña el 16 de enero de 1716— acabó de forma drástica y definitiva con el derecho propio catalán. En este artículo no valoraremos la trascendencia que la nueva planta de la Audiencia tuvo para el conjunto del ordenamiento jurídico catalán, sino de qué manera el DNP afectó al derecho particular de los municipios catalanes y cómo este derecho municipal fue incorporado, parcialmente, en la Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña de 1960.1

1 Algunas referencias bibliográficas sobre el tema: Guillem M. DE BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña especialmente del Civil y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la jurisprudencia, Barcelona, 1918; reimpresión anastática, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985). Ramón Lázaro DE DOU Y DE BASSOLS, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado, Madrid, 1800; reimpresión anastática en Barcelona, 1975, vol I. Víctor FERRO, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1987. Josep Maria FONT RIUS, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval (recopilación de artículos del autor), Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985. Josep Maria GAY ESCODA, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya», en Revista Jurídica de Cataluña, 1-2 (enero-marzo y abril-junio de 1982), pp. 7-41 y 9-94. Josep Maria GAY ESCODA, «Notas sobre el derecho supletorio en Cataluña desde el Decreto de Nueva Planta (1715) hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1845)», en Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales. Atti dell´incontro di Studio. Firenze-Lucca, 25,26,27 maggio 1989 (= Per la storia del pensiero giuridico moderno), 34/34 (1990), vol. II, pp. 805-865. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Derecho Municipal, Derecho Señorial, Derecho Regio», en Historia, Instituciones, Documentos, 4 (1977), pp. 115-197. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español, 2 vols. Barcelona, Editorial Gráficas Signo, 1992. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia del Derecho español. Antología de textos, Barcelona, Editorial Gráficas Signo, 1991. Joan MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968. Antoni MIRAMBELL I ABANCÓ y Pablo SALVADOR CODERCH, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dirigidos por Manuel Albaladejo), vol. XXVII, 1, Madrid, 1981, comentarios al artículo 2 de la CDCEC. Encarna ROCA TRÍAS, «El Código Civil, derecho supletorio», en Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales. Atti dell´incontro di Studio. Firenze-Lucca, 25,26,27 maggio 1989, en Per la storia del pensiero giuridico moderno, 34/34 (1990), vol. II, pp. 535-572. Josep Maria TORRAS I RIBÉ, Els municipis catalans de l´antic règim (1453-1808), Barcelona, Curial Edicions, 1983.

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1. EL DERECHO MUNICIPAL CATALÁN ANTES DE LA NUEVA PLANTA

El estado de letargo de los poderes políticos centrales, la renovación de la vida ciudadana, la intensificación del trasiego mercantil y el proceso de reconquista y repoblación llevó, al fin y al cabo, a que fuera posible la aparición de un derecho propio de los nuevos centros de convivencia durante la Edad Media. La carencia de presión del exterior y de un poder político central fuerte hizo posible que aquellos nuevos centros autónomos de convivencia tendieran a crear un ordenamiento jurídico donde convergía la herencia jurídica recibida —que en Cataluña era el Liber Iudiciorum de los visigodos— y el nuevo derecho que elaboraban en aquel momento para dar respuesta a las nuevas necesidades de la época. En este contexto es fácil comprender que se trataba de un derecho particular propio y exclusivo de cada centro autónomo de convivencia, lo cual no excluye que otros centros encontraran soluciones jurídicas similares a problemas parecidos. Este derecho que, para el caso de los centros autónomos que no estaban sometidos a una jurisdicción señorial y que por lo tanto se configurarían como municipios, podremos calificar de derecho municipal, era algo heterogéneo en su composición. El concepto de derecho municipal integra el criterio de creación del derecho y también el de aplicación. Así, podemos entender como derecho municipal las cartas de población y de franquicia otorgadas por los condes de Barcelona, superadoras, a menudo, de los malos usos feudales y germen de la futura autonomía municipal; las costumbres escritas y no escritas propias de cada municipio; los privilegios otorgados por los monarcas catalanes; las ordenanzas municipales y el conglomerado de sentencias judiciales, resoluciones arbitrales, determinados actos notariales y otros documentos administrativos de aplicación estrictamente municipal. Este conglomerado que denominamos derecho municipal pervivió y se desarrolló en la medida que el municipio mantuvo su autonomía organizativa y normativa. En aquellos reinos donde la potestad del rey pronto consiguió imponerse con fuerza, como en la corona de Castilla, la autonomía de los municipios quedó muy menguada. En Cataluña, en cambio, la autonomía, y por lo tanto el derecho, de los municipios, tuvo una vida más larga y más intensa, y no colisionó directamente con el monarca sino más bien con el ius commune, el derecho romano-justinianeo y canónico redescubierto en Bolonia y que se recibía en nuestro país a partir del siglo XII. Si bien el nuevo derecho de la Recepción confería la creación del derecho al príncipe —quod Principi placuit legis habet vigorem (lo que place al príncipe tiene fuerza de ley)—, en el siglo XIII todavía se consideraba que el antiguo —y por lo tanto también las costumbres municipales— era el buen derecho y que el príncipe, a pesar de todo, no podía derogarlo. Pero en Cataluña, a diferencia de otros reinos, el derecho

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común pronto se integró, de facto, en el ordenamiento jurídico como un derecho general y completo, que entraba en competencia y frenaba la evolución de los ordenamientos municipal y señorial que eran particulares y, excepto en el caso de Tortosa, incompletos. La evolución y la importancia del derecho municipal como integrante del ordenamiento jurídico catalán hasta el DNP puede ser verificada a partir de tres disposiciones reales de notable importancia para la historia del derecho catalán, todas ellas contenidas en la segunda compilación oficial (Constitutions y Altres Drets de Cathalunya = 3ª CYADC). En el año 1251 Jaime I disponía que leys romanas, o góticas, drets e decretals en causas seculars no sien rebudas (...) mas sien fetas en tota causa secular allegations segons los Usatges de Barcelona, e segons las approvadas costumas de aquell loc ahont la causa serà agitada, e en defalliment de aquells, sie proceit segons seny natural (3a CYADC III 1,8,1). Jaime I, con la confirmación en 1251 de una pragmática dictada por él mismo en 1243, prohibía la utilización, en causas seculares, del derecho romano-justinianeo, del derecho canónico y también del derecho del Liber; y mandaba que las causas se resolvieran por el derecho municipal y señorial, por los Usatges y por el sentido común. Si esta disposición intentaba contentar a quienes se oponían a los principios políticos que contendía el ius commune —principios que, como la asunción del monopolio legislativo por el monarca, también se encontraban en el Liber visigodo—, en cambio se mostraba irrealizable porque de pronto había suprimido los dos únicos ordenamientos jurídicos generales y completos que en aquel momento existían en Cataluña. Formalmente el derecho municipal tendría una aplicación preferente, pero su carácter incompleto hacía necesario el recurso, en el marco de las villas y ciudades reales, al sentido común de los jueces, quienes en el siglo XIII lo identificaban con el ius commune en cuanto que era la máxima expresión de la ratio scripta. Mientras se paralizaba momentáneamente el problema político de la lucha por la creación del derecho con la disposición de Jaime I de 1251, algunos municipios —como Lérida en 1228, Tárrega en 1242, Horta en 1298, Miravet en 1319, etc.— explicitaban sin tapujos, y pese a la prohibición de Jaime I, su apelación al derecho común, al cual recurrían, según decían, tras aplicar el derecho municipal, los Usatges y el Liber en aquellos supuestos en que seguía vigente. El problema planteado entre el rey y los estamentos sobre quiénes debían crear el derecho en Cataluña y cómo se intentó resolver en las Cortes de Barcelona de 1283. Al mismo tiempo que se reconocía que el rey era el titular de la plenitudo potestatis, en la misma Corte se acordó que el monarca sólo podría legislar con carácter general si contaba con el consentimiento y la aprobación de los miembros de la Corte. Además, Pedro II restituía, otorgaba

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y aprobaba para los tres estamentos, las libertats, e franquesas, costumas, e bons usos, e tots privilegis, e atorgaments usats en temps del senyor en Iacme ça enrera de bona memòria pare nostre, e Rey d´Aragó, en axí que l´ús dels privilegis e atorgaments, si de açò era dubtat, sie espatxat, e exercit per sola receptió de testimonis, sens donar libell, e sens manament de plet (3a CYADC I 1,19,1). Por una parte, de este modo se obtenía un equilibrio —inestable, sin embargo— en el problema de la creación del derecho, de manera que teóricamente ya no habría razones para seguir prohibiendo el derecho común. Y por otra parte, los derechos municipales, confirmados y revalidados por el rey, obtenían naturaleza de disposición aprobada en Cortes, con lo que, si bien les confería seguridad y certeza jurídica, también abría la posibilidad de que fueran modificados por una norma de Cortes posterior. Parecía evidente que el gran competidor del derecho municipal seguía siendo, y ahora con más razón que nunca, el ius commune. A comienzos del siglo XIV el derecho municipal, cuyas principales fuentes de creación —los Consejos municipales— casi sólo generaban disposiciones administrativas, se encontraba amenazado, por una parte, por el derecho común y, por otra, por el derecho que creaba el rey, solo o con las Cortes. Así, y no deja de ser sintomático, en la Corte de Monzón de 1289 (3ª CYADC I 2,6,1) se disponía que era necesario el concurso de los prohombres de las villas o ciudades junto con el de otros juristas, para examinar a los savis en dret que desearan ejercer en el lugar; en cambio, en las Cortes de Cervera de 1359 (3ª CYADC I 2,6,4) se disponía que ningún abogado, juez o asesor ejerciera si no tenía los libros ordinarios de derecho civil (romano) o de derecho canónico y si no había pasado como mínimo cinco años en un Estudio General. A comienzos del siglo XV la situación jurídica en Cataluña era de una complejidad considerable —que ahora no podremos reflejar—, puesto que los estamentos ansiaban ver reconocido su derecho propio ante el empuje y las pretensiones del derecho del rey y del derecho común. En un capítulo de Cortes de 1409, a propuesta de los estamentos, Martín el Humano hacía una enumeración de las fuentes que podían aplicarse en el Principado, sin que esto supusiera ningún orden de prelación en sentido técnico. Su Canciller y ViceCanciller aplicarían: Usatges de Barcelona, e constitutions, e capítols de Cort de Cathalunya, usos, costums, privilegis, immunitats, e libertats de quiscuna conditió, e de les universitats, e dels singulars de aquellas, dret comú, equitat, e bona rahó (3a CYADC I 1,38,2). El orden de prelación de fuentes que perduraría de forma definitiva hasta la imposición del DNP fue el que fijó Felipe II (de Cataluña, y III de Castilla) en las Cortes de Barcelona de 1599 (3ª CYADC I 1,30,1), en virtud del cual en la Audiencia —y por extensión también en los otros tribunales

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inferiores— se juzgaría segons la dispositió dels usatges, constitutions y capítols de cort, y altres drets del present Principat, y comtats de Rosselló y Cerdanya, y en los casos que dits Usatges, constitutions y altres drets faltaran, hajan de decidir les dites causes segons la dispositió del Dret canònic, y aquell faltant del Civil, y doctrines de doctors, y que no les pugan decidir, ni declarar per equitat, sino que sie regulada, y conforme a les regles del dret comú y que aportan los doctors sobre matèria de equitat. No sin razón, se ha afirmado que en Cataluña, en esta época, se aplicaba el derecho común de manera ordinaria excepto en aquellas instituciones reguladas expresamente por derecho propio. Y tanta fue la incidencia del derecho romano-justinianeo y canónico en Cataluña, que los juristas catalanes calificaron el conjunto del derecho propio —del rey, del reino, de los municipios, tradicional, etc.— de iura municipalia en contraposición al mencionado ius commune. Con respecto al derecho municipal —el de los municipios, que venimos explicando—, podemos observar que a partir de la constitución de 1599 su recurso quedó indirectamente reconocido bajo la denominación altres drets del present Principat —pero que también incluía las pragmáticas del rey—, en el bloque del derecho principal y propio de Cataluña. Si, como decían los juristas modernos, la norma posterior derogaba la anterior y la norma especial tenía preferencia sobre la general, cabe señalar que el derecho municipal se mantuvo y se siguió aplicando siempre que no entrara en contradicción con la soberanía del rey. Se man-tenía el antiguo derecho municipal —aquel derecho particular e incompleto—, pero era un derecho cristalizado porque sus fuentes de producción habían perdido totalmente la autonomía de que disfrutaban durante la Edad Media. Es cierto que diferentes libros de costumbres eran impresos —Perpiñán en 1510, Tortosa en 1539— y reimpresos —Valle de Arán en 1616 y 1644— a lo largo de los siglos XVI y XVII; que durante esta época los monarcas siguieron confirmando antiguos privilegios de las universidades —Vic, Granollers en el siglo XVI—; que las municipalidades siguieron dictando ordenanzas —e incluso que algunas universidades no consiguieron sus privilegios reales para organizarse institucionalmente en Consejos hasta fechas muy tardías. Pero todo esto, que acontecía en los siglos XVI y XVII, en una avanzada fase de absolutismo monárquico, no era un síntoma de vitalidad, sino todo lo contrario, eran los últimos esfuerzos para que no desapareciera, más formal que realmente, el derecho particular propio. Si las ordenanzas, como preceptos administrativos, seguían regulando la vida interior del municipio en aspectos muy concretos, igual que pasaría en el municipio constitucional, en cambio los preceptos de derecho privado —civil, penal y procesal— regulados por los derechos municipales eran de difícil aplicación y en la práctica subsistían, en el mejor de los casos, sólo algunas arraigadas instituciones aisladas, especialmente en cuestiones referentes al régimen familiar y sucesorio.

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2. LOS ÓRGANOS DE PRODUCCIÓN DEL DERECHO MUNICIPAL

La forma de organizarse cada municipio dependía, en gran medida, de los privilegios reales —exclusivos de cada municipio receptor— que desde la Baja Edad Media regulaban la planta del Consejo y sus atribuciones más importantes. Estos privilegios —que reflejan una enorme diversidad de plantas municipales— fijaron una estructura formada por un reducido núcleo director formado por 4 o 6 personas, que actuaban aconsejadas por un número mayor de consejeros, entre veinte y treinta. Además de este Consejo reducido u ordinario, también era habitual hallar un Consejo General en el que en un principio participaban todos los miembros de la universidad, pero que, debido a las dificultades intrínsecas para congregarse y a su funcionamiento, pronto se convirtió en un órgano de representación en el que tenía cabida un gran número de vecinos. Entre los mecanismos de elección de los cargos de gobierno la variedad era igualmente notoria. Desde los sistemas de cooptación pura —donde los magistrados cesantes escogían a los nuevos— hasta los sistemas de elección directa, había una larga serie de modalidades, muchas de las cuales combinaban la elección directa de candidatos con el recurso al azar para designar a los que finalmente accedían aquel año al cargo. Pese a las medidas de control que dispusieron los monarcas en los respectivos privilegios, pronto formaron oligarquías urbanas que controlaban el gobierno del municipio favoreciendo sus intereses propios. Los testimonios de intentos de revueltas populares, de cambios de sistemas electorales, de comisiones arbitrales y la radiografía sociopolítica de algunos municipios nos dan buena fe de todo ello. Para combatir estas oligarquías, entre los siglos XV y XVIII se fue instaurando por todos los municipios el sistema insaculatorio, que de forma parcial ya se había experimentado en bastantes ocasiones. Pero a la vez que este sistema podía pacificar las luchas por el poder municipal, también servía para que el control regio en este ámbito, especialmente a partir de Fernando II y de forma continuada y creciente por parte de todos los monarcas de la dinastía de los Austrias, se extendiera por los municipios más importantes —en Cataluña y en especial en Barcelona aprovechando la coyuntura de la derrota de 1652—, reservándose el soberano la composición de las bolsas que contenían los nombres de los insaculados. Las atribuciones más importantes del Consejo se organizaban, desde los siglos medievales, en torno a tres grandes ejes: la hacienda y la fiscalidad, la función judicial y la función normativa. Señalemos ahora tan sólo que el municipio organizó, desde el final de siglo XIII y comienzos del XIV, un sistema financiero para poder afrontar la creciente presión fiscal de la monarquía. Esta fiscalidad municipal, gestionada con relativa autonomía pero sometida al beneplácito del rey, se basaba en tres pilares fundamentales: un impuesto directo —denominado

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talla—, que se calculaba sobre la riqueza de los vecinos a partir de la estimación de sus bienes muebles e inmuebles; un impuesto indirecto sobre la venta y consumo de mercancías, denominado imposicions; y un recurso constante y debilitante a la emisión, por parte del Consejo, de deuda pública en forma de censales y violaris. Más importante es, para nuestro propósito, la administración de justicia. La jurisdicción ordinaria había sido tradicionalmente una prerrogativa de las propias universidades, pero a mediados del siglo XIV la situación de los municipios empezó a ser precaria en este terreno, algo que se ponía de manifiesto en el interés de los municipios de ver plasmadas por escrito sus competencias y capacidades, hasta entonces consuetudinarias, en materia de justicia. Al mismo tiempo que durante la Baja Edad Media el rey pretendía obtener el control definitivo de la administración de justicia situándolo en la órbita de sus oficiales (el baile y el veguer) en perjuicio de los Consejos municipales, simultáneamente el derecho común se imponía casi de forma absoluta tanto en materia civil como criminal, aplicándose las costumbres municipales de forma más excepcional que ordinaria. La capacidad normativa de los Consejos, como ya hemos dicho, fue inversamente proporcional al triunfo de la soberanía regia. Si en la Baja Edad Media los municipios habían disfrutado de considerable autonomía, durante la época moderna, con las ordenanzas municipales y la confirmación de algunos privilegios, los Consejos dictaban lo que hoy calificaríamos de disposiciones administrativas sobre diferentes aspectos de la vida ciudadana.

3. EL DECRETO DE NUEVA PLANTA Y EL DERECHO MUNICIPAL

Sin entrar, por el momento, en el análisis del devastador «terremoto» que supuso el DNP para las instituciones públicas o políticas de Cataluña, ahora nos interesa centrarnos en el sistema de fuentes que inauguró y que deriva de los artículos 27, 42, 43 y 44, cuyo texto rezaba así: «[27] Se impondrán las penas, y se estimaran las probanzas segun las constituciones y práctica que habia antes en Cataluña; y si sobre esto ocurriere á la Sala criminal alguna cosa que necesite de reformación, se me consultarà (...). [42] En todo lo demas que no está prevenido en los capítulos antecedentes de este decreto, mando, se observen las constituciones que ántes habia en Cataluña; entendiéndose, que son de nuevo establecidas por este decreto, y que tienen la misma fuerza y vigor que lo individual mandado en él. [43] Y lo mismo es mi voluntad se execute respecto del Consulado de la mar, que ha de permanecer, para que florezca el comercio, y logre el mayor beneficio el pais. [44] Y lo mismo se observará en las ordenanzas que hubiere para el gobierno político de las ciudades, villas y lugares en lo que no fuere contrario á lo mandado aquí; con que sobre el Consulado y dichas

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ordenanzas, respecto de las ciudades, villas y lugares cabezas de partido, se me consulte por la Audiencia lo que considerare digno de reformar, y en lo demas lo reforme la Audiencia» (Novísima Recopilación de las Leyes de España 5,9,1). Si en los artículos precedentes a los reproducidos se había diseñado una nueva planta de la Real Audiencia de Cataluña y se habían suprimido las principales instituciones de gobierno del país, así desde los niveles inferiores al superior, sustituyéndolas por las equivalentes en el modelo castellano, ahora se hacía referencia al derecho por el cual se sustanciarían las causas en la Real Audiencia y en los otros tribunales de justicia. Dou y de Bassols, bajo una óptica monárquica, lo resumía así en sus Instituciones ... (Prel. Cap. III, & 54-55), acabadas de redactar en junio de 1793: «Por lo dicho, y por el principio, de que la ley posterior deroga la anterior, ley 19. tit. I. part. I., no tiene duda, que en Cataluña deben determinarse las causas, primero por todas las leyes expedidas desde el decreto de la Nueva Planta por el órden retrógado de empezar por las últimas, ya sean de las que forman el derecho general del reyno en el modo, que hemos explicado número 48, ya sean de las expedidas únicamente para la provincia, que forman tambien una especie de derecho municipal (...). Tampoco tiene duda, que en defecto de las citadas leyes, que forman el derecho general, y municipal moderno, ó establecido despues del nuevo decreto, se han de observar el auto de la Nueva Planta, y en su defecto, ó en lo que no esté prevenido en dicho decreto, las constituciones, que ántes habia en Cataluña, y las mismas constituciones, y la práctica, que habia ántes en esta provincia por lo que toca á la imposicion de penas, y estimacion de las probanzas. Es igualmente cierto, que ya por la expresa mencion del decreto de la Nueva Planta, ya tambien por la constitucion primera de Causas mercántivols, estas deben decidirse por las ordinaciones del consulado de Barcelona». Por lo tanto, en cuanto a las ramas del derecho, se mantenía el derecho propio —entendiendo, naturalmente, que se consideraba como de nuevo establecido— el derecho civil, el penal, el procesal civil y el penal y también el mercantil. Ésta era, sin embargo, una consecuencia inmediata del sistema de fuentes que se había fijado, que, como hemos visto, mandaba aplicar en primer lugar las disposiciones posteriores al Decreto por ser las más recientes, en segundo lugar el Decreto de Nueva Planta y finalmente las constituciones que ya se aplicaban en Cataluña, con lo cual se revalidaba aquella constitución de Felipe II aprobada en las Cortes de Barcelona de 1599 e incluída en la segunda compilación oficial del derecho de Cataluña de 1702 en la que se regulaba el orden de prelación de fuentes del ordenamiento jurídico de Cataluña. Revalidado este orden de prelación, aplicable, naturalmente, tras el nuevo derecho que el soberano fuera creando y también tras el DNP, seguirían vigentes los derechos civiles, penales y procesales contenidos en los Usatges de Barcelona, en las antiguas constituciones, en los capítulos de

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Corte y pragmáticas del rey, en el derecho municipal y señorial y, finalmente, en el derecho supletorio según el orden interno que se había fijado. Pero todo este derecho se seguiría aplicando cuando no contradijera el nuevo derecho real. Sustituido el ordenamiento público o político catalán por el de Castilla, el derecho propio subsistía, como hemos dicho, en el ámbito privado. Pero ésta era una pervivencia artificial y abocada al fracaso porque habían sido suprimidas las fuentes de creación —sobre todo las Cortes, pese a reunirse cada vez con menos frecuencia— que podían renovar el derecho y adaptarlo continuamente a las nuevas necesidades de la sociedad. El derecho privado catalán subsistía, pero de una manera totalmente cristalizada. Teóricamente toda la creación del derecho estaba en manos del rey, que como titular de la soberanía lo producía, ahora ya sin limitaciones, para todo el reino. Pero, aparte de esta pervivencia, o mejor junto con ella, el DNP disponía, como hemos visto, que se observen las constituciones que antes había en Cataluña, entendiéndose que son de nuevo establecidas por este decreto. Entre estas constituciones se hallaba, por ejemplo, la de las Cortes de Barcelona de 1599, donde se abordaba el tema del derecho supletorio. Aspecto de capital importancia, el del derecho supletorio, que no resolvían las disposiciones de la Nueva Planta. No faltaron los intentos de aplicar en Cataluña el derecho supletorio que se aplicaba en Castilla, que era el contenido en Las Siete Partidas de Alfonso X. Pero tanto por vía judicial, legislativa o jurisprudencial, se entendió que se debía aplicar el derecho supletorio dispuesto en la constitución de 1599: derecho canónico, derecho civil (romano-justinianeo) y doctrina de los doctores, sin que se pudiera recurrir a la equidad, a no ser que estuviera reglada y conforme a la doctrina del ius commune. Se argumentó que Felipe V había concedido de nuevo la mencionada constitución y que ningún artículo del DNP prohibía recurrir a ella; se argumentó también que sería excesivamente fatigoso recurrir continuamente al rey —como antiguamente se había hecho en Cataluña en ausencia de derecho particular y general (pues así lo establecía el Us. 81)— cuando el nuevo derecho municipal (el de la «provincia») y el general (el del rey) fueran insuficientes; y se argumentó, en fin, que el mismo Felipe V había autorizado el recurso, cuando afirmaba que se impondrán las penas y se estimarán las probanzas, además de las constituciones, a la práctica que había antes en Cataluña (art. 27; vid. supra), la cual se identificaba, en la mayoría de casos, con el ius commune. Regresando al tema del derecho de los municipios, el DNP mantenía (art. 44; vid. supra) —mientras que el rey o la Audiencia no lo reformaran— las ordenanzas de las ciudades, villas y lugares de Cataluña. Pero el derecho municipal también se seguía aplicando cuando no contradecía el nuevo derecho del rey y el mismo DNP, y ello en virtud de la mencionada vigencia de la constitución de 1599, la cual, como ya hemos visto, reconocía los derechos particulares cuando

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aludía a altres drets del present Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, que en el orden de prelación formaban parte del derecho principal de Cataluña. Por lo tanto, además de un inmenso número de ordenanzas municipales, también se mantenían vigentes aquellos ordenamientos municipales que contenían elementos originales de derecho civil, penal y procesal, si bien su vitalidad y su capacidad regenerativa ya hacía años que había fenecido. Si la supresión de las Cortes catalanas impedía desarrollar el derecho general del Principado de acuerdo con la tradición jurídica propia, no se puede afirmar exactamente lo mismo del derecho municipal. Había cristalizado hacía años y además, la capacidad auténticamente creadora de derecho de los municipios, por la vía de los Consejos de la época moderna, era prácticamente nula.

4. EL DERECHO MUNICIPAL HASTA LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL DE CATALUÑA DEL AÑO 1960

Plantear la pervivencia del derecho de los municipios catalanes desde la Nueva Planta de 1716 hasta el proceso codificador del siglo XIX y hasta la compilación catalana de 1960 tiene acaso una justificación más teórica que histórica o real. Cuando el derecho era creado por un monarca absoluto que no veía en la tradición ningún obstáculo para el ejercicio de la soberanía y cuando en Cataluña se había reconocido y mantenido el derecho común romano y canónico como derecho supletorio —y una cosa no quita la otra, puesto que aquella pervivencia era una concesión graciosa del monarca—, poco espacio quedaba para un derecho de los municipios que se había formado durante los siglos medievales. Formalmente, al amparo de la constitución de 1599 y con la confirmación de las ordenanzas municipales por parte del DNP, el derecho municipal tenía un papel absolutamente secundario y marginal. No obstante, aquellos pocos preceptos de derecho privado que se habían plasmado por escrito en algunas villas y ciudades todavía seguían vigentes. El fracaso en el intento de promulgar un Código Civil único para toda la nación española, siguiendo el dictado de la Constitución de Cádiz de 1812, empujó a la formación de un Código Civil que no incluyó el derecho de los territorios forales —aquellos que habían mantenido una tradición jurídica diferente a la castellana, pese a la impropiedad del término—, en espera de unas futuras fijaciones como derechos especiales en diferentes compilaciones. Con la publicación del Código Civil en 1889 volvía a plantearse el problema de cuáles eran los derechos supletorios en los derechos forales: el nuevo Código Civil o los derechos supletorios tradicionales. En Cataluña, donde el tema de la

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supletoriedad ya se había planteado tras el Decreto de Nueva Planta y durante buena parte de los siglos XVIII y XIX, la doctrina, de forma mayoritaria pero no unánime, consideró que el derecho romano y el canónico seguían siendo los supletorios en virtud de la constitución de Felipe II de 1599. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque de forma irregular, también se manifestó favorable al recurso al ius commune. Pero, junto con el derecho supletorio y aunque con un protagonismo bastante diferente, siguieron vigentes algunas instituciones privadas en ámbitos municipales y comarcales. Con la Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña aprobada por ley del 21-VII-1960, la tradición jurídica catalana quedaba definitivamente cristalizada en una compilación y se producía así la ruptura con la tradición histórica, puesto que si la compilación era heredera de aquella tradición y de ella bebía directamente, al mismo tiempo estos derechos, pese a las declaraciones de intenciones expresadas en el artículo primero del título preliminar, no podrían ser desarrollados desde la misma tradición jurídica, sino que estaban integrados en el sistema normativo del Estado español, evidenciando, a la vez, que no había sido posible la unificación del derecho privado en todo el Estado y que no se había podido configurar un Código Civil español para toda la Nación española, probablemente porque su existencia, fácticamente, no era compartida por todos los españoles. En este contexto, algunas instituciones privadas —en especial en lo referente al régimen económico del matrimonio— de procedencia y de aplicación municipal o comarcal, llegaron hasta el proceso compilador de 1960. El artículo 2 del título preliminar afirma que El dret local, escrit o consuetudinari peculiar d´algunes poblacions o comarques, com són Barcelona, Tortosa i els seus termes, el Camp de Tarragona, el Bisbat de Girona, la Vall d´Aran, el Pallars Sobirà i la Conca de Tremp, serà observat al mateix territori que d´antic aquelles comprenien, en la part que aquesta Compilació el reculli o s´hi remeti. Pero este artículo no trata la costumbre como fuente de derecho sino que se refiere a las costumbres como norma material de derecho que permanecerá vigente con la promulgación de la Compilación. Más allá de la indeterminación de la expresión escrit o consuetudinari para referirse al derecho municipal y comarcal —que si bien prescinde del grado de fijación de las fuentes, en cambio esta misma ambigüedad ahorra anacronismos cuando se utilizan conceptos como ley y costumbre—, lo que resulta importante es que el artículo 2 deroga aquel derecho municipal que no había sido recogido o que no había sido objeto de remisión en la Compilación. En este sentido es evidente que las inclusiones y remisiones al derecho municipal son mínimas en el texto aprobado en 1960, si bien en algunos de los proyectos privados, como el de Romero-Trias, se contemplaba la confección de cinco subapéndices donde se regularía el núcleo del derecho

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particular de Barcelona, Gerona, Tarragona, Tortosa y Valle de Arán. También algunos proyectos oficiales mantenían una mayor vinculación con los principales derechos históricos municipales, evitando precisamente que la Compilación supusiera una ruptura importante con aquella tradición jurídica; pero lo cierto es que la Comisión General de Codificación y el legislador prescindieron, en este caso, de estas pretensiones. Los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad catalana de la segunda mitad del siglo XX explican que muchos de los preceptos de origen y de aplicación municipal o comarcal hayan ido cayendo en desuso. La modernización, la industrialización y la urbanización de la sociedad catalana, con la incorporación de la mujer al mundo laboral (externo al doméstico) y la formación de familias nucleares, explica, entre otros motivos, que las variantes comarcales sobre el régimen ecónomico de la familia resulten del todo desfasadas para responder a las nuevas necesidades de la sociedad actual.

FUENTES NORMATIVAS DE DERECHO MUNICIPAL Y FISCALIDAD1

Si bien el contenido del seminario celebrado en Barcelona en septiembre de 1995 estuvo consagrado a la elaboración de inventarios y tipologías de fuentes fiscales, qué duda cabe que la constitución de este equipo de trabajo hispano-francés tiene como último objetivo profundizar en el conocimiento y la comprensión de los sistemas fiscales medievales municipales en Francia meridional, Castilla y Cataluña desde vertientes sociales, económicas e institucionales. La fiscalidad se rige, por su origen y por su contenido social, por un conjunto de normas jurídicas. Es una institución en el sentido de que es el conjunto formado por las relaciones básicas que surgen cuando una universitas tiene que dotarse de recursos económicos y por las normas jurídicas que regulan dichas relaciones; es, dicho de otra manera, algo establecido por los hombres en oposición a lo que encontramos en la naturaleza.2 Sin embargo, para la Edad Media, cuando incluso la diferencia entre público y privado no siempre es fácil y nítida, no puede hablarse de un derecho específicamente fiscal. En tanto que institución en su acepción jurídica y no sociológica y que comprende, por tanto, un conjunto de normas jurídicas —que luego calificaremos de derecho municipal—, podremos referirnos a fuentes de creación del derecho —aquel derecho que regula la fiscalidad de los municipios— y a documentos de aplicación de este derecho. Por el momento nos centraremos en estas categorías y dejaremos de 1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Ley y costumbre en los reinos hispánicos medievales» dirigido per Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la CAICYT PB93/0794. Agradezco al profesor Francisco L. Pacheco Caballero sus observaciones sobre el texto original. 2 Institución sería, como señala el diccionario Littré, tout ce qui est inventé et établi par les hommes, par opposition à ce qui est de nature. Ciertamente, instituere significa establecer algo que dura y se mantiene. Lo natural y lo voluntariamente establecido son las características de ambas nociones de institución, de manera que, como señala gráficamente Chianéa, «la mort est un phénomène naturel, la succession une institution, une révolution participe du phénomène naturel, le système politique qui peut en découler aura une assise institutionnelle. Enfin la domination de fait d´un homme sur un groupe d´individus relève du phénomène naturel mais la monarchie est une institution» (Gérard CHIANEA, Histoire des institutions publiques de la France. I. Du démembrement à la reconstitution de l´Etat [496-1492], Grenoble, 1994, pp. 5-6; también puede verse, sobre la noción de institución, aunque contraponiendo su sentido amplio al jurídico, Jacques ELLUL, Histoire des institutions. [1-2: L´Antiquité], Paris, 1961, p. 5, citamos por la 6ª edición de 1984).

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lado otras fuentes de conocimiento, como los textos narrativos o historiográficos, que no tienen carácter jurídico, puesto que, además de comprender la mecánica y la técnica fiscal en los municipios medievales, nos parece imprescindible preocuparse por conocer el origen, la naturaleza y la fijación de la normativa que reguló de forma básica los principales resortes de la fiscalidad municipal. Así, mientras que algunos de los autores de este volumen han analizado de forma pormenorizada los documentos de aplicación o, si se quiere, la documentación estrictamente fiscal desde un punto de vista técnico —volúmenes de claveria, libros del manifest, d´estimes o de vàlues, cuadernos de talla, etc.— que se conserva en los archivos catalanes, mi contribución, decididamente introductoria dado el carácter de la reunión y el espacio disponible para su publicación, únicamente pretende poner énfasis en la necesidad de recurrir, además de a los documentos de aplicación, a las diferentes fuentes de conocimiento que nos permiten conocer las fuentes de creación del derecho municipal que fueron, como se verá, las que regularon la hacienda y la fiscalidad en los municipios catalanes.

1. NO HAY FISCALIDAD MUNICIPAL SIN MUNICIPIO NI MUNICIPIO SIN HACIENDA

Tal afirmación puede parecer totalmente absurda por su evidencia. Sin embargo esconde e insinúa los criterios cronológico y material a partir de los que deben formularse estudios de fiscalidad municipal. No insistiremos ahora en algo sobre lo que ya nos hemos centrado en otras ocasiones, pero es bueno recordar que las primeras menciones a universitas, referidas a núcleos de población a los que se reconocía una cierta y todavía débil personalidad jurídica, no aparecen, en Cataluña, antes de 1217.3 Con anterioridad a este momento no puede hablarse de fiscalidad municipal puesto que no existían lo que hoy calificamos como municipios ni los centros de convivencia se concebían como universitates.4 Existían, en su caso, núcleos de población, aldeas, pueblos e incluso ciudades. Pero no eran estos nucleos en tanto que comunidad los que mantenían relaciones fiscales con la autoridad real o jurisdiccional, sino que eran sus miembros, 3 En un privilegio de Jaime I a la universidad de Lérida: «concedimus et laudamus vobis dilectis charis nostris et fidelibus civibus et populo et toti universitati civitatis Ilerde et omnium aliarum civitatum et villarum que sunt de dominicatura et regalia nostra» (José María FONT RIUS, «Orígenes del régimen municipal en Cataluña», en Anuario de Historia del Derecho Español, 16 [1945], pp. 389-529; 17 [1946], pp. 229-585; ahora incorporado en Josep Maria FONT RIUS, Estudis sobre drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, nota 551). 4 Para el planteamiento teórico de esta problemática nos seguimos referiendo a Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Concejos y ciudades en Cataluña (alta edad media)», en Concejos y ciudades en la edad media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, s/l (=León), Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146.

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tomados de forma individual o familiar, como vasallos, los que las mantenían. Había relaciones fiscales entre los habitantes o pobladores de tal o cual localidad con el rey o con su señor jurisdiccional, pero no había relaciones fiscales entre esta localidad y el rey o el señor jurisdiccional de turno. Pero si bien unas relaciones tributarias teniendo al municipio o bien como actor y sujeto pasivo —siendo el rey el sujeto activo— o bien como sujeto activo —siendo entonces los vecinos los sujetos pasivos— sólo son posibles cuando el municipio existe como tal, en cambio es posible la existencia de una cierta hacienda comunal antes de que la comunidad haya cristalizado en forma de municipio. A mitad del siglo XIII la doctrina jurídica había aceptado que hacer arca o bolsa común era una característica instrínseca a toda universitas.5 Que los bienes comunes de un conjunto de personas hayan jugado un papel determinante en la constitución de la colectividad, o bien a la inversa, que la necesidad de tales bienes comunes haya estado inmediatamente resentida por la colectividad naciente, el hecho es que estos bienes colectivos —este patrimonio común que puede ser generador de rentas y recursos económicos— representan un trazo característico de una universitas, por muy embrionaria que se presente.6 La vida en común —y aun antes de que sea reconocida por el poder y pueda adquirir así forma jurídica— debió ocasionar que los miembros de una colectividad participasen en sufragar los gastos más elementales, principalmente por razón de defensa y protección. No queremos decir con ello que consideremos que exista una hacienda pre-municipal, sino que es posible que el nacimiento de un municipio —que es un fenómeno que pertenece al mundo del derecho— tenga mucho que ver con que una comunidad esté suficientemente madura como para financiar gastos que respondan al interés general, hasta el punto de concebir, como con la formación de la voluntad, un erario común que no se identifica con el de los miembros de la comunidad.

2. LA FISCALIDAD MUNICIPAL ESTÁ REGULADA, SOBRE TODO, PERO NO EXCLUSIVAMENTE, POR EL DERECHO MUNICIPAL

Efectivamente, en la Edad Media la fiscalidad municipal estuvo regulada, sobre todo, por el derecho municipal, entendiendo por derecho municipal —uno de los derechos especiales en contraposición al derecho general— el 5 Estas cuestiones son objeto de desarrollo en Max TURULL RUBINAT, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)», en M. SÁNCHEZ y A. FURIÓ (eds.), Actes del Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232. 6 Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen-âge latin, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1970, pp. 290-291.

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derecho propio de una tierra organizada de forma autónoma, derecho propio —que puede contraponerse a derecho común—, que es, si se prefiere, el de una población que se configurará, en el realengo, como municipio. Derecho propio, por otra parte, que es el resultado de la autonomía municipal —obtenida ante el titular del poder— y que se aplicará, por tanto, al municipio y, en su caso, también a su territorio.7 La afirmación de que la fiscalidad municipal aparezca regulada por el derecho municipal merece ser formulada puesto que no siempre ha sido así. En la época moderna la fiscalidad municipal sería objeto —o tendería a serlo— de regulación por el derecho regio —por el derecho del rey y por el derecho del reino—, si bien reconociendo los particularismos de los municipios y señoríos, y en la época contemporánea sería regulada por un derecho emanado del Estado que no conocería particularismo alguno. Por otra parte, mientras las relaciones privadas se dirimían, tanto en Cataluña como en Castilla —aunque por vías diferentes—, en su mayor parte por el derecho romano-justinianeo y mientras en Francia en el dominio de lo público se configuraban unas leyes fundamentales del reino de raíz consuetudinaria, el sistema fiscal de los municipios catalanes medievales era organizado por un derecho municipal y propio, aunque este último extremo posiblemente deberá ser matizado cuando dispongamos de estudios sobre los préstamos hechos por el ius commune en el ámbito de la fiscalidad y sobre la paulatina intervención del rey y las Cortes en este ámbito.8 En definitiva, pues, si la fiscalidad municipal aparece regulada por el derecho municipal, forzoso es centrarse en la creación de este derecho municipal catalán. Y aunque todas las fuentes de conocimiento histórico nos interesan para comprender de forma global esta institución, sin embargo, como ya hemos apuntado, vamos a centrar nuestra atención únicamente en las fuentes de carácter jurídico —y más concretamente en las fuentes de creación del derecho— puesto que son las que regulan de forma específica el funcionamiento de la institución y su imbricación en un ordenamiento jurídico más amplio.

7 Seguimos el planteamiento de Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Derecho municipal», Gran Enciclopedia Rialp, 7, 1972, pp. 493-494, y del mismo autor, aunque referido preferentemente a Castilla, «Derecho municipal, derecho señorial, derecho regio», en Historia, Instituciones, Documentos, 4 (1977), pp. 115-197. 8 Véanse unos primeros apuntes sobre la intervención del derecho del rey en la configuración del sistema fiscal municipal en Max TURULL y Pere VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)», en M. SÁNCHEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval, Barcelona, CSIC,1999, pp. 121-154.

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3. LAS FUENTES DE CREACIÓN DE UN DERECHO MUNICIPAL CATALÁN MEDIEVAL SON DE ORIGEN Y NATURALEZA DIFERENTES

Si bien hemos calificado de derecho municipal el derecho propio de un municipio, o sea, aquel derecho que se caracteriza por ser especial o particular de un población autónoma y que por tanto no tiene validez general (a no ser que entendamos por «general» la generalidad de los vecinos de un lugar), no obstante no todo el derecho municipal —y con él las normas reguladoras de la fiscalidad municipal— ha sido creado por y en el propio municipio. Este conglomerado que es el derecho propio de un municipio surge de las dos principales fuentes formales de creación del derecho: la ley —en el sentido amplio e instrumental que se le otorga cuando nos referimos a la creación del derecho— y la costumbre.9 En la primera de estas fuentes incluiríamos los privilegios reales y las ordenanzas municipales y en la segunda las costumbres fijadas o no por escrito.10 Sin embargo, si bien una diferenciación formal entre privilegios, costumbres y ordenanzas parece relativamente fácil, no lo es tanto la diferenciación material, pues, como veremos, ni todo lo que calificamos de privilegio lo es, ni los libros de costumbres contienen sólo costumbres.11 Dicho, pues, que las fuentes de creación del derecho municipal son la ley y la costumbre, nos referiremos a continuación a aquellas fuentes normativas que permiten identificar a la ley y a la costumbre.

9 Vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del derecho. Una historia del Derecho español. Lecciones. Fascículo 1, Barcelona, Editorial Gráficas Signo, 1987, pp. 205-253. 10 La escasez de estudios acerca de la administración de justicia en el ámbito municipal nos impide valorar la importancia de las sentencias judiciales como fuente de derecho municipal en estos momentos. Sobre la consideración de consuetudinis civitatis del derecho contenido en los privilegios de los príncipes, véase el caso de Lérida referido en la nota siguiente. 11 Un ejemplo de la complejidad de lo que calificamos como derecho municipal se vislumbra en costumbres de Lérida de 1228 (edición de Pilar LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946). Por una parte, cuando Guillem Botet dice in quibus consistit ius nostrum —el de los ilerdenses—, se refiere a donacionibus et concessionibus sive privilegiis principum et in moribus scriptis et non scriptis, in usaticis et legibus goticis ac romanis, se trata, sin duda, del derecho aplicable en Lérida. Cuando establece el orden de prelación de estas fuentes, lo hace así: in his autem omnibus iste ordo servatur, quia consuetudines nostras scriptas et non scriptas, cotos, et bannos, preferimus illis et primo utimur illis, post hec vero servamus cartas nostras et privilegia principum. Postea usaticos. Consequenter leges gotas, ultimo vero loco leges romanas. Por tanto, el derecho especial, particular y propio —en el sentido de privativo y exclusivo— de Lérida estaba formado por costumbres escritas y no escritas, cotos, bandos, cartas y privilegios de los príncipes; la tarea de Guillem Botet, dice él mismo, fue dedi aliquantulam operam ut consuetudines civitatis varias et diversas in unum colligerem et scripsis comprehenderem. Es muy significativo, en definitiva, observar que en este cuerpo de costumbres escritas se vertió el contenido de los más importantes privilegios reales concedidos a la universidad y el contenido de ordenanzas dictadas por los propios cónsules (vid. Ferran VALLS TABERNER, «Les fonts documentals de les Consuetudines Ilerdenses», en Estudis Universitaris Catalans, 11 (1926); Josep M. FONT RIUS, «La potestat normativa del municipi català medieval», en Estudis Universitaris Catalans. Estudis d´història oferts a Ramon d´Abadal i de Vinyals en el centenari del seu naixement, 30 [1994], pp. 131-164).

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3.1. PRIVILEGIOS REALES

Como se ha venido apuntando, los privilegios reales son una de las fuentes normativas del derecho municipal. En primer lugar, un privilegio concedido por el rey oscila, en el sistema del derecho común y como la denominación indica, entre una privata lex, o sea, un acto normativo que derogaba al sistema y una lege privatum o situación jurídica excepcional que se hallaba sustraida a la disciplina general. De cualquier manera, el privilegio se configura como un polo de atracción de un pequeño sistema jurídico que se construye, en un primer momento, al margen del ordenamiento general. Pero la integración del primero en el segundo exigía definir aquello que era dado consentir a los privilegios reales bien fuera como leyes especiales o bien como situaciones jurídicas privata a lege. Si bien la esencia del privilegio radicaba precisamente en su capacidad disgregadora del «principio de legalidad», los juristas bajo-medievales integraron e insertaron los privilegios regios en el ordenamiento jurídico desactivando así su carácter disolvente.12 En tanto que ley particular que exime al beneficiario —persona o grupo de personas— de la sumisión a la ley general, en nuestro caso, los privilegios reales autorizando al municipio a imponer tributos implican una situación de excepcionalidad de la que es beneficiario aquel municipio —y solamente aquél— que recibe el privilegio. La percepción del tributo es excepcional ante la ausencia de obligación tributaria. Podría decirse que se trata de una ley particular que por ser aplicable única y exclusivamente en tal o cual municipio es, por ello, una normativa municipal, sin perjuicio que la norma emane de la autoridad real. Sin embargo, esta idea de crear una situación nueva y excepcional por medio de un privilegio es propia del sistema del ius commune. En la tradición alto-medieval las concesiones particulares del titular del poder, si bien podían ser calificadas también de privilegios, eran más bien entendidas como la restauración de un antiguo y buen derecho que excepcionalmente había sido enmascarado o substituido por unos malos usos. El privilegio, en este sentido, restablecería el verdadero derecho ante los usos nocivos impuestos por los señores feudales. En segundo lugar, los privilegios reales forman parte del derecho municipal puesto que en el ámbito de la fiscalidad municipal, los privilegios concedidos por el rey se limitan a establecer disposiciones generales —en el sentido de poco precisas— que exigen un desarrollo normativo por parte de los poderes locales. Un privilegio real puede autorizar a los magistrados municipales 12 Vid. Umberto SANTARELLI, «Privilegio (diritto intermedio)», en Enciclopedia del Diritto, vol. 35, Milano, 1986, pp. 713-723; Claudio SCHWARZENBERG, «Privilegio (diritto intermedio)», en Novissimo Digesto Italiano, vol. 13, Torino, 1966, pp. 978-981.

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a estimar los bienes de los vecinos, pero difícilmente regulará los pormenores de esta operación. Qué bienes valorar, quién debe hacerlo, cómo valorarlos, son, entre muchas otras, cuestiones técnicas y jurídicas que corresponde desarrollar al poder municipal por medio de acuerdos puntuales en el Consejo o por medio de la aprobación y el establecimiento de ordenanzas sectoriales. Finalmente, y en tercer lugar, la municipalidad de los privilegios regios deriva también de que en su mayoría se trata de disposiciones o de concesiones que son el resultado de una estrecha negociación entre los agentes reales y los municipales. Es difícil de imaginar, hacia medianos de siglo XIII en Cataluña, que el monarca concediera privilegios, de propia iniciativa, que organizaban, en sus aspectos básicos, la fiscalidad de los municipios. Más bien debe pensarse en un circuito inverso, en el que el rey accede —y no siempre de buena gana— a las peticiones de las comunidades y luego a las de los municipios. No debe olvidarse que, cuando los municipios y las Cortes están suficientemente organizados, los privilegios son otorgados por el rey a cambio del donativo de la universidad afectada con ocasión de —pero no en— las Cortes. Para el estudio de la fiscalidad municipal es esencial recurrir a los privilegios reales. Es el rey de Aragón y conde de Barcelona, titular de la plenitudo potestatis, el único que por medio del privilegio, como ley particular y por tanto no sometida al control de las Cortes, que desde 1283 deben dar su aprobación a las constitutiones de carácter general, puede autorizar la percepción de tributos en los municipios —no así para las percepciones dinerarias en las universidades que se hallaban bajo jurisdicción señorial—. El conocimiento de los privilegios reales que afectan la fiscalidad municipal no es fácil ni evidente para alguien no iniciado en la materia. Los privilegios reales que el municipio consideró más importantes y trascendentes fueron, en general, objeto de recopilación, encuadernación y sanción regia. Son los llamados libros de privilegios que hallamos en muchos de nuestros archivos. Sin embargo, y a pesar de una denominación muchas veces debida a los propios contemporáneos, estos libros de privilegios recogen material de muy diferente índole y de diversa naturaleza jurídica: instrumentos de ventas; confirmaciones reales que fijan ciertos usos y costumbres locales; recibos (àpoques) de sumas pagadas por la universidad y cobradas por el rey; sentencias judiciales; sentencias arbitrales; constituciones aprobadas en Cortes; confirmaciones reales de ordenanzas redactadas por los magistrados municipales; actas notariales; confirmaciones de privilegios anteriores; cartas reales concediendo atribuciones y facultades a los pobladores, autoridades municipales o universidades; regulación positiva o negativa de determinados aspectos de la vida social y económica de la comunidad; documentos ejecutorios referidos a privilegios anteriores; etc. Siendo los privilegios regios,

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en su sentido estricto, lo más importante de estas recopilaciones, en el fondo nos encontramos ante textos de naturaleza diferente que tienen el común denominador de establecer una parte del derecho del municipio. En el caso de los privilegios reales, su inclusión en un libro de privilegios sería el último paso que habría realizado el texto. El texto de este mismo privilegio puede ser encontrado en los registros de la Cancilleria real y también en forma de pergamino en manos de sus beneficiarios. Un trabajo concienzudo debería revisar, en cada caso, los tres eslabones de este proceso. No tanto para detectar los cambios o modificaciones que se hayan podido producir a partir del texto original, sino más bien para tener la certeza de conocer todos los privilegios reales que sobre fiscalidad fueron librados a favor de tal o cual municipio. Efectivamente, encotraremos privilegios registrados en la cancillería regia cuyo ejemplar en pergamino ha sido extraviado y que los contemporáneos no juzgaron necesario incluir en su recopilación. En los archivos municipales es frecuente hallar pergaminos de privilegios que no fueron incluidos en los libros de privilegios y viceversa, privilegios recopilados cuya huella en forma de pergamino ha desaparecido. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del contenido de los libros de privilegios y analizando de qué tipos de textos se trata, es importante retener que los libros de privilegios a veces reunen textos de difícil o imposible localización en otras sedes. A lo dicho hay que añadir que no todos los municipios realizaron recopilaciones de sus privilegios. El valor jurídico de estos libros de privilegios puede variar de un caso a otro. Si los pergaminos que procedían de la cancillería real contaban por lo general con la autentificación del protonotario, la transcripción de estos documentos en volúmenes encuardernados por encargo del municipio no siempre aparecía autentificada. Las posibilidades son varias: desde recopilaciones enteramente autentificadas y validadas por el rey en el marco de algunas Cortes hasta obras sin ningún valor jurídico y que obedecieron a la simple comodidad de mantener unidos los privilegios principales de un municipio, pasando por situaciones intermedias. Entre los privilegios reales ocupan una plaza a parte, por su especificidad, las cartas de población y de franquicia. Esta especificidad radica en que son privilegios que pretenden estimular la repoblación y los asentamientos humanos en una región determinada. Estos estímulos consisten en la concesión de condiciones ventajosas desde un punto de vista jurídico (régimen de propiedad de la tierra, condición de las personas, etc.) y económico (exención de ciertos gravámenes reales) para los habitadores que se trasladen a dichas tierras o para aquellos que ya las han tomado por su cuenta y riesgo. Aquellos privilegios que pretenden estimular la población datan, por lo general, desde la segunda mitad del siglo X hasta la segunda mitad del siglo XII —aunque no es difícil hallar

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cartas de población de fechas posteriores—, coincidiendo esta fecha final con la toma de Lérida y de Tortosa por el conde de Barcelona. Se trata, por tanto, de una época pre-municipal donde difícilmente encontraremos información que nos interese. Sin embargo, al lado de estas cartas de población, también hay aquellas que ofrecen franquicias a poblaciones ya establecidas; se trata, en el fondo, de los privilegios en el sentido que hemos descrito más arriba.13

3.2. LIBROS DE COSTUMBRES

Los libros de costumbres medievales catalanes no se asemejan a los grandes coutumiers del norte de Francia ni a los fueros extensos castellanos. Por de pronto cabe advertir que no todos los municipios ni localidades contaron con libros de costumbres. Si la existencia de un derecho consuetudinario no es puesta en duda, sólo en ciertos casos la municipalidad tuvo interés —bien sea para resolver las ambigüedades que ocasionaba su aplicación o bien para obtener la confirmación regia de este derecho— en plasmar por escrito las costumbres del lugar, pero no se trató de un fenómeno general ni exhaustivo. El texto introductorio de las referidas costumbres de Lérida es muy significativo de este proceso y de sus causas.14 La necesidad de plasmar por escrito un derecho consuetudinario que hasta entonces era un derecho vivido no escrito, se sintió a lo largo de los siglos XIII y XIV, cuando a la mayor complejidad de la vida social se sumó la fortaleza del derecho común —el derecho de la recepción ocupaba el espacio que dejaba el derecho del Liber— y del derecho regio que suponían una verdadera amenaza para la tradición consuetudinaria. Difusión y recepción del ius commune, renacimiento de la actividad legislativa de los reyes y fijación del derecho consuetudinario son tres fenómenos vinculados entre sí. Esta cronología de la plasmación escrita de la costumbre —no así el origen mismo de las costumbres, difícil de fijar por su propia naturaleza— nos explica por qué los libros municipales de costumbres son tan parcos en cuanto a fiscalidad se refiere. Son libros que emergen en el siglo XIII —justo cuando está naciendo la fiscalidad municipal—, pero cuyo contenido corresponde a una época pre-municipal y, en cierta manera, pre-institucional. Esta misma circunstancia explica que se traten en su mayor parte de disposiciones de derecho privado y que sean mínimas las costumbres sobre derecho público o político. El derecho consuetudinario vertido 13 La edición y el estudio de estas cartas se hallan en José M. FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña. I. Textos (1-2). II. Estudio. Apéndice al vol. I, Madrid-Barcelona, CSIC, (I) 1969, (II) 1983. 14 Vid. supra nota 11.

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en los libros de costumbres es —excepto el caso de Tortosa— un derecho municipal totalmente incompleto que en los siglos XIII y XIV ya no responde a una buena parte de las necesidades jurídicas de la población; es por esto que este derecho reclama ser completado por el derecho de la recepción y por el nuevo derecho regio, tal como en algún caso —Lérida, 1228; Tárrega, 1242— se especifica de forma expresa. Sea como sea, un examen exhaustivo de las normas consuetudinarias referentes a la fiscalidad municipal es necesario, y máxime cuando, como se ha dicho ya, las costumbres municipales incorporaron normas contenidas en privilegios reales.15

3.3. ORDENANZAS MUNICIPALES

Sin duda elemento normativo de derecho municipal y fuente de derecho objetivo, las ordenanzas municipales se caracterizan por su diversidad formal y material. Son ordenanzas todas las disposiciones que emanan de los órganos de gobierno del municipio cuando éste ejerce la potestad normativa que le es reconocida por el titular del poder, bien sea expresamente, por medio de privilegio, bien sea tácitamente, no oponiéndose al ejercicio consuetudinario de esta actividad reconocida, como en Lérida, en un cuerpo de costumbres que no obtuvo sanción regia alguna. Por otra parte, es evidente que para ejercer una actividad normativa no bastará con que una comunidad sea reconocida como universitas, sino que además hará falta que ésta sea capaz de expresar su voluntad —y el ejercicio normativo será una de las más importantes expresiones de esta voluntad— por medio o bien de la asamblea de todos sus miembros o bien por medio del Consejo. Ello permite suponer que no habrá ordenanzas municipales hasta que surjan las instituciones de gobierno ciudadano. Si los libros de costumbres recogían, sobre todo, aunque no exclusivamente, una parte del derecho vivido —el derecho de las relaciones privadas—, las ordenanzas, que emanan del Consejo, tienden claramente a regular y a reglamentar la vida pública o política de la comunidad, y es por ello que merecen todo nuestro interés. Las ordenanzas municipales pueden adoptar formas diferentes: orde16 nanzas y acuerdos del Consejo. 15 Nos servimos, una vez más, del caso de Lérida, donde las rúbricas 45-46 de las costums parecen nutrirse del privilegio concedido por Pedro I a los ilerdenses el 26 de abril de 1200 y que viene a desarrollar aquella misma autorización regia de pocos años antes, de 1196, en la que el rey autoriza que los vecinos contribuyan en un fondo común («Item dono quod quilibet de vicinis vestris mittat in comune si vos faciebatis ipsum, aliquo modo non obstantibus aliquibus preceptis»; VALLS, «Les fonts», p. 155). 16 Font Rius, que sólo tangencialmente se refiere en su trabajo a las actas de los Consejos como disposi-

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Conocemos por el nombre de ordinacions aquellas disposiciones que adopta el Consejo a la hora de regular una materia o una actividad determinadas. El ejercicio de esta potestad normativa puede afectar a los más diferentes aspectos de la vida social y económica de la villa o ciudad. Son numerosas las ordinacions municipales conocidas y publicadas sobre los temas más diversos:17 funcionamiento de la administración municipal —a partir de los principios establecidos por la autoridad real por medio de privilegios—; regulación de ferias y mercados; urbanismo; orden público; comercio y abastecimiento; producción artesanal; salubridad e higiene; moralidad y buenas costumbres; agricultura y ganadería; policía rural y, por supuesto, fiscalidad municipal. Las ordinacions sobre la forma de proceder a la subhasta y al cobro de las imposicions son un ejemplo de este tipo de fuente. A pesar de que el Consejo era titular, segun los juristas medievales, de un ius statuendi, en Cataluña las ordenanzas elaboradas y dictadas por el Consejo contaban con la aprobación y el asentimiento del representante de la autoridad real. En este sentido, la fundamentación jurídica de la potestad normativa que se plasmaba en la formulación de ordenanzas era doble: por norma general, el municipio, por la voz de su Consejo, desarrollaba una autorización recibida del titular del poder superior a través de privilegios; en algunas ocasiones, sin embargo, el Consejo veía reconocido un ejercicio normativo anterior que los privilegios regios únicamente confirmaban. Para nuestro propósito nos interesan especialmente aquellas ordenanzas que tienen por objeto la regulación de la actividad fiscal y tributaria desarrollada en el municipio. Las referidas ordenanzas de las imposiciones son una fuente preciosa para conocer detalladamente la organización interna de la gestión y la percepción de este impuesto indirecto. Por el momento no se conoce ningún ejemplar de este tipo que regule la preparación y la percepción del impuesto directo por parte de los municipios, si exceptuamos las breves explicaciones que introducen los volúmenes del manifest y las ailadas referencias en los volúmenes de acuerdos del Consejo. Los acuerdos del Consejo contenidos en los volúmenes de actas municipales, cuyas características se desarrollan en este mismo volumen por otros miembros del equipo, son un tipo de ordenanzas municipales, si bien no ciones que sean el resultado de la potestad normativa de los municipios, sin embargo sí distingue entre dos tipos de ordinacions: «la que podríem considerar com a seriació de diverses disposicions, formulades de manera continuada i successiva, i la que ofereix una accentuada tònica de cos orgànic articulat unitàriament» (FONT, Cartas de población, p. 148). 17 Vid. el registro de ordinacions catalanas de los siglos XIII al XVII inéditas y publicadas presentado por FONT, Cartas de población, pp. 158-164, donde, como el autor indica, no se recogen todas sino únicamente las de carácter más global.

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todos los acuerdos del Consejo deben ser calificados automáticamente como ordenanzas. Por otra parte, y al margen de los acuerdos meramente ejecutivos y de los deliberativos, los textos dispositivos que emanaban del Consejo no siempre se integraron en un cuerpo más o menos organizado de ordinacions. La mayor parte de archivos municipales conservan importantes colecciones de volúmenes de actas que datan de los primeros años del siglo XIV. Si bien puede decirse que toda la vida municipal halla reflejo en los libros de acuerdos, la información que ofrecen sobre la fiscalidad municipal es constante pero a menudo muy concreta o circunstancial. Estos libros de actas son imprescindibles para comprender el engranaje fiscal municipal en su conjunto. Solamente en ellos y en los fondos notariales —cuando son disponibles— hallaremos las claves de las a veces complejas operaciones fis-cales que desarrollaron los magistrados del Consejo. La recolección de una talla para redimir un censal que fue vendido mientras se recogía la imposición para una campaña militar real es un ejemple de decisión que debe hallarse en las actas del Consejo. En cambio, difícilmente encontraremos información directa acerca de la configuración jurídica del tributo. En otro orden de cosas, las actas del Consejo son un buen material para iniciar estudios prosopográficos. Nos permiten conocer no solamente los nombres de los magistrados, sino también el de los síndicos del municipio, el de los miembros de las comisiones que se creaban en el Consejo y el de los principales actores del sistema financiero municipal. Muy a menudo, y en combinación con los volúmenes de claveria, nos permiten conocer los arrendadores de imposiciones, los recaudadores de impuestos, los compradores de deuda pública y los prestamistas del municipio.

4. EL DERECHO MUNICIPAL Y SU NORMATIVA SOBRE FISCALIDAD FORMAN PARTE DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO MÁS AMPLIO

Hemos visto que las fuentes normativas del derecho municipal proceden de fuentes de creación diferentes. Ante la necesidad de establecer de forma estable y permanente una jerarquía de fuentes normativas, no sería ocioso preguntarse sobre la prelación interna de fuentes de derecho municipal, tal como ya puso de manifiesto el redactor de las costumbres de Lérida en el primer tercio del siglo XIII. Pero no es éste el problema central que queremos apuntar, sino el del papel del derecho municipal en el ordenamiento jurídico de un país. El sistema de fuentes del derecho municipal —y eventualmente del derecho municipal que regula la fiscalidad municipal— forma parte de un sistema de fuentes más amplio. Si el conjunto de relaciones tributarias en el marco de un

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municipio —perteneciente en su mayor parte al ámbito del derecho privado— no halla respuesta en su propio derecho municipal, como ocurriría usualmente, cabrá recurrir a las fuentes que fije el orden de prelación en vigor. El recurso y la importancia del derecho municipal dentro del ordenamiento jurídico catalán medieval puede ser seguido, entre otras, a partir de tres importantes disposiciones, contenidas todas ellas en la segunda recopilación oficial de Constitutions y altres drets de Cathalunya publicada en 1704. Se trata de la conocida decisión de Jaime I en las Cortes de Barcelona de 1251 (3ª CYADC III 1,8,1), del capítulo de corte adoptado por Martín el Humano en 1409 (3ª CYADC I 1,38,2) y del orden de prelación de fuentes establecido por Felipe II de Cataluña y Aragón en 1599 (3ª CYADC I 1,30,1).18

18 El análisis y la interpretación de estas disposiciones pueden verse en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Manual I-II, Barcelona, Editorial Gráficas Signo, 1992.

III EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

DE VOLUNTATE UNIVERSITATIS. LA FORMACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DEL MUNICIPIO (TÁRREGA, 1214-1520)1

Ubi est multitudo ibi confusio. ACUR. LP III 116r. Ubi multa consilia multa salus. ACUR. LC 1343, 47rbis-49v.

1. PLANTEAMIENTOS

A. Casus Odofredi. Supongamos que tenemos un municipio de seiscientos vecinos donde hay que escoger un procurador para un pleito. La reunión está validada por la presencia de cuatrocientos miembros; pero, ¿cuál es la mayoría necesaria para decidir? ¿Doscientos uno o trescientos un votos? Este caso, la expoliación libremente versionada de Odofredo, plantea muy claramente el problema de cómo conseguir la voluntad de un municipio. La respuesta de Odofredo es contundente: habría suficiente con doscientos un votos. Para él, se planteaban dos problemas diferentes (el quorum y la mayoría) y ambos tenían respuestas claras: por parte del quorum, se precisaría la presencia de las dos terceras partes del colectivo (mayoría cualificada), y para formar mayoría, sería suficiente el voto afirmativo de la mitad más uno (mayoría absoluta).2 1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación El dret Comú i Catalunya, dirigido por Aquilino Iglesia Ferreiros y financiado por la CICYT PB 87/1000. Queremos manifestar nuestro agradecimiento por las facilidades ofrecidas por Gener Gonzalvo i Bou, director del ACUR; y a los profesores Tomàs de Montagut Estragués y Josep Hernando Delgado por la cuidada revisión de los textos inéditos que publicamos. 2 ODOFREDUS, Lectura super Digesto Veteri; en Opera Iuridica Rariora. Selecta cura et studio Dominici Maffei, Ennii Cortese, Guidonis Rossi, Bologna, 1967; ; Glossa super verbo nulli in D. 3,4,3; Or signori, circa lex nulli [D. 3.4.3;] et lex sequens [D. 3.4.4;] sic breviter est insistendum hic dicitur cum tractatur de actore constituendo quem ordo dederit cum due partes adessent aut amplius quam due quod ille erit actor. sed quomodo debet istud intelligi. dicunt quidam sic: ponamus quod in curia sunt sexcenti homines: debent adesse quatuorcenti. ut C. de decurionibus. lex nominationum. li. X. [C. 10.32.45]. Sed denuo quero in isto actore constituendo debent consentire tot quot sint maior pars totius curie. puta CCC et unus vel duo dicunt quidam quod sic. unde dicunt quod sicut in actore constituendo debent adesse due partes totius ordinis aut amplius quam due unde si sunt in ordine sexcenti sufficit quod adsint quadringenti et quod maior pars presentium consentiat scilicet ducenti et unus vel duo: nec est necesse quod consentiant CCC

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

La respuesta, técnicamente formulada y un poco menos diáfana, se encuentra en la glosa ordinaria del Digesto Viejo (D. 3.4.3. glosa due partes). Solutio Accursii. Tanto si son unos pocos como si están todos, formarán un cuerpo si intervienen los dos tercios; y lo que quiera la mayoría del cuerpo será válido.3 En la base del problema hay una antinomia difícil de resolver: si una persona quiere afirmar su existencia —llevar una vida propia—, es necesario que sea capaz de gobernarse con la toma de decisiones, es decir, la posibilidad de autorregulación de los intereses propios. Pero, ¿cómo obtener una decisión única, donde se exprese auténticamente la posición de cada uno de los interesados, es decir, de todos los miembros de la colectividad? En la práctica, la dicotomía está clara: o todos los miembros toman la decisión conjuntamente, o bien se escogen unos representantes en quienes se delegue el poder de decidir en nombre de todos. Con este último término de la disyuntiva, iniciamos el problema de la elección, problema que centró la atención de los autores medievales y que continúa interesando a los historiadores del Derecho, ya que representa la base de la vertebración jurídica del municipio medieval. et unus. ut C. de decurionibus. li. X. lex penultima [C. 10.32.66 (65);] et infra de tutoribus et curatoribus datis ab his lex I [D. 26.5.1] et lex divus [D. 26.5.12.2] et argumentum infra de regulis iuris lex aliud refertur [D. 50.17.160.1;]. Esta distinción de los juristas medievales entre quorum (cantidad mínima de miembros para constituir la asamblea) y mayoría (criterio que se utiliza para decidir una vez que se ha constituido la asamblea) no coincide exactamente con las categorías del derecho público actual, que diferencia tres tipos de mayoría: la mayoría relativa o simple supone la aceptación de la propuesta que cuenta con más votos entre los votos emitidos; la mayoría absoluta, que se consigue con un total, como mínimo, de la mitad de los votos de los componentes o miembros; y la mayoría cualificada, que supone conseguir una proporción superior a la de la mayoría absoluta exigida por razones especiales (véase Costantino MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, vol. I, Padova, 19759, p. 512). El uso que se hace de las categorías actuales es meramente indicativo y hemos decidido mantener las categorías medievales porque su contemporaneidad las convierte en el único y mejor instrumento de análisis para comprender aquella realidad. 3 Accursii, Glosa in Digestum Vetus en Mario VIORA (ed.), Corpus Glossatorum Juris Civilis.Curante Juris Italici Historiae Instituto Taurinensis Universitatis; Torino, 1969, vol. VII, fol. 60v=118; Glossa super verbo due partes in D. 3, 4, 3. Due partes. due namque partes ordinis in urbe posite totius curie instar. exhibent. ut C. de decurionibus lex nominationum li. X. [C. 10. 32. 45] secundum Azonem. Et nota quod non exigitur ut due partes consentiat in decurionem. sed ut due partes assuerint ut hic. sed an consentientes debeant esse tot. Scilicet. ut sint maior pars totius ordinis. an sufficiat quod maior pars consentiat presentium: quod est verius argumentum infra de tutoribus et curatoribus datis ab his lex ubi absunt [D. 26.5.19.pr.]. secundum Azonem et ad idem potest induci infra de regulis iuris lex aliud refertur [D. 50.17.160.1] et C. de praediis curialium. lex penultima [C. 10.34 (33).2.pr.] et infra ad municipalem et de incolis. lex quod maior. [D. 50. 1. 19] sed certe iste non aperiunt. sed solum dicunt quod maior pars sed hec potest esse ratio quod sufficit maior pars presentium. quare alias nil prodest huius lex dictum. nam et si omnes adessent vinceret tam maior pars. argumentum infra de iniuris et famosis libellis. sed si unius. filio. [D. 47.10.17.11;] licet sit argumentum contra infra de arbi. item si. si [D. 4.8.17.8] sed hoc non considerant hoc. Item alia racione quare quasi unum corpus est. sive sunt omnes sive quidam. dummodo due partes. unde quod maior pars huius corporis presentis facit. valet. ut argumentum infra de iudiciis lex proponebatur [D. 5.1.76] et infra de regulis iuris. aliud. refertur [D. 50.17.160.1]. Los subrayados son añadidos nuestros.

DE VOLUNTATE UNIVERSITATIS

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En el fondo ambos casos son idénticos, porque expresan un mismo y único problema: la formación de la voluntad en el seno de la persona jurídica y las fórmulas que se articularon para obtener realmente esta voluntad. B. El objetivo de este trabajo es analizar el origen de un municipio y descubrir el proceso gradual que permitirá que este último tenga una vía a través de la que pueda manifestar una única voluntad diferente a la de sus miembros. Se trata, en definitiva, de estudiar qué medios y qué sistemas de decisión permitirán que una persona jurídica −como el municipio− tenga la capacidad operativa necesaria para afrontar las exigencias de una sociedad determinada. El objeto de la investigación es: primero, el origen y desarrollo del municipio; y segundo, el Consejo de Tárrega4 desde 1214 hasta 1520. Nada más lejos de nuestras pretensiones que estudiar los orígenes históricos de Tárrega o su organización institucional en la Baja Edad Media. Tampoco queremos caer en la descripción pura y aséptica, como si se tratara de un catálogo, de los diferentes sistemas de elección de cargos de gobierno o en el análisis de la planta del Consejo a través de los años. Tampoco abordaremos, en el espacio limitado de un artículo como éste, el estudio de un municipio. Lo que pretendemos es demostrar que los diferentes medios y sistemas de decisión y la misma planta del Consejo —tanto si se trata de elegir cargos de gobierno como de aprobar ordenaciones— no son en absoluto arbitrarios, sino que responden a una lógica histórico-jurídica y sólo pueden comprenderse —no ya conocerse— si se parte de un planteamiento teórico que tenga en cuenta no tan sólo la evolución socioeconómica de la sociedad catalana y europea en general de los siglos XI al XIII, sino también —y en especial— las consecuencias que en este campo ocasionó el fenómeno de la llegada del derecho común. C. Por poco que se escriba sobre ciudades y municipios, es inevitable utilizar conceptos que a menudo se confunden y que responden a categorías totalmente diferentes. Hay que distinguir entre ciudad, consejo y municipio porque, siendo todos ellos conceptos que expresan realidades diferentes, es fácil mezclarlos y que interfieran entre sí. En este sentido utilizaremos el concepto de ciudad como lugar de asentamiento humano y de construcción estable con dimensiones y características formales y funcionales diversas; por lo tanto, se trataría de una descripción que se nutre de elementos materiales, geográficos, sociales, económicos y, si se quiere, también culturales. En cuanto al municipio, pese a una definición estándar que lo califica como una asociación natural, reconocida por la ley, de personas y bienes, deberemos de recurrir a la idea 4 Para facilitar la orientación del lector, Tárrega es un municipio catalán situado en el cruce de caminos entre Lérida-Barcelona y Andorra-Tarragona (en 2007 contaba 16.000 habitantes) es la capital de la comarca de Urgel y forma parte del partido judicial de Cervera.

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de personalidad jurídica, que después explicaremos, definida por los juristas medievales y reconocida en los documentos catalanes de la época, como universidad. El Consejo, en cambio, es el órgano que permite expresar la voluntad del municipio, y cuyas decisiones vinculan a todos sus miembros que, a su vez, habitan en una villa o ciudad. Por lo tanto, es fácil ver que el estudio de una ciudad, de un municipio y de un Consejo son estudios diferenciables. Así pues —y no es éste el momento—, habría que clarificar algunos aspectos básicos: si el desarrollo socioeconómico, que arranca de los siglos xI y XII, afectó directamente al origen y desarrollo de las ciudades, o bien de los municipios; y si es lícito hablar de diferentes tipologías y del grado de complejidad organizativa de un municipio, o hay que desplazar estas diferencias al estudio del Consejo. D. Asumimos como marco teórico el reciente planteamiento de Aquilino Iglesia Ferreiros,5 al cual nos remitimos, aunque no reproducimos. En esencia, se trata de considerar al municipio como una persona jurídica, de llegar a entender qué significaba el fenómeno municipal entre los siglos XII y XIII, en qué circunstancias se produjo y qué problemas ocasionó en su momento. En este sentido, la configuración de una comunidad humana como municipio con personalidad jurídica exigía la convergencia de unas condiciones internas del mismo grupo humano y también de unas condiciones externas. Era necesaria una conciencia asociativa que exigía previamente una cohesión social, dada por el hecho de que todo el grupo tenía unos intereses parecidos (una misma jurisdicción, un mismo hábitat, una misma necesidad defensiva, etc.). Una vez conseguida esta conciencia asociativa, la voluntad de la persona jurídica era diferente, y estaba por encima de la de cada uno de sus miembros en particular, puesto que se había conseguido reducir toda la colectividad a una sola unidad. Pero esta cohesión e identificación internas eran insuficientes sin el reconocimiento del titular del poder, hecho que ponía de manifiesto la jerarquización de poderes y de ordenamientos jurídicos. El municipio no existía si no era reconocido por el titular de la summa potestas. Durante la Edad Media, a partir de diferentes centros de convivencia con respecto al ordenamiento jurídico general y completo de todos los cristianos peninsulares (Liber Iudiciorum), se fueron diferenciando dos ordenamientos jurídicos particulares e incompletos (derecho señorial y derecho municipal). Señores y municipios eran poderes autónomos, pero limitados por la summa potestas del monarca, porque su poder provenía del rey, o bien porque la presencia del rey suponía un límite a su actuación. Ambos poderes tenían su origen en el rey, y aunque no eran poderes delegados del rey, sino sólo cedidos, sus titulares 5 Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Concejo y ciudades en Cataluña (Alta Edad Media)», en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. IIo Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146.

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se consideraban independientes del monarca, dentro del ámbito de su autonomía, aunque estuvieran sometidos al control real. La base sobre la cual se establecía la autonomía era la facultad de autorregulación, a partir del hecho de otorgar leyes —siempre dentro de los límites representados por la summa potestas— y de poder aplicarlas, es decir, tener jurisdicción y ser el titular; y ser titular de la jurisdicción significaba que el mismo centro de convivencia autónomo era quien lo ejercía directamente con todos los vecinos o bien con autoridades judiciales delegadas. Con el fin de distinguir entre centros de convivencia señoriales y municipales, hay que fijarse en la titularidad de la jurisdicción; por lo tanto, una misma persona jurídica (universitas), según a qué ordenamiento jurídico particular esté vinculada, será autónoma o no y, por lo tanto, tendrá o no el reconocimiento de la summa potestas; y como consecuencia, será municipio o no. Así pues, ser universitas y tener personalidad jurídica no implica ser municipio, por lo tanto aquellas personas jurídicas que estén sometidas a una jurisdicción señorial no serán municipios.6 Con este reconocimiento y con las condiciones internas adecuadas era posible la construcción jurídica de la universidad como municipio. Esta universidad adquiría personalidad jurídica propia porque era sujeto de derecho, era capaz de ser propietaria de bienes y titular de recursos financieros no identificados ni vinculados a los de sus miembros. El gobierno de estos recursos humanos y patrimoniales necesitaba de la universidad, en definitiva, una voluntad propia que implicaba el acuerdo de todos sus miembros. La comunidad adquiere personalidad jurídica sólo cuando intenta articular una única voluntad allí donde reinaban intereses individuales diferentes; su conciliación es lo que impulsa la personalidad jurídica de la colectividad. Donde existe unanimidad, los esfuerzos por reducirla a unidad son totalmente superfluos. E. De este planteamiento obtendremos una porción de elementos —hasta el momento sólo formulados teóricamente— que ahora, y a partir de documentación inédita, intentaremos demostrar, desarrollar y profundizar. Concretamente, nos interesa poner en evidencia que la universidad expresaba una voluntad y que eran necesarios unos canales y mecanismos que la hicieran posible. Sin ser un factor determinante, la diferenciación social en el seno de la comunidad y el mismo crecimiento demográfico de las ciudades hizo práctica6 Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia del Derecho español. Lecciones, fasc. 2, Barcelona, 1988, pp. 118-124. Universitas era el vocablo, equivalente a comune en las ciudades italianas, que acabó imponiéndose en Cataluña a partir del siglo XIII para denominar los municipios. Pese a que la noción de persona jurídica parece que hay que vincularla a la difusión del derecho de la recepción, la realidad existente bajo aquellos conceptos se fue consolidando durante la Alta Edad Media [(véase Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La difusión del derecho común en Cataluña», en Aquilino Iglesia Ferreirós (ed.), El Dret Comú i Catalunya. Actes del Ier. Simposi Internacional, Barcelona, 25-26 maig de 1990, Barcelona, Fundació Noguera, 1991, p. 210)].

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mente imposible congregar a todos sus miembros, y que todos ellos manifestaran un acuerdo unánime sobre los problemas que se plantearan. El conflicto de intereses entre los miembros de la comunidad impedía cualquier unanimidad; por esta razón, era necesario arbitrar nuevos medios y criterios que le permitieran expresar su voluntad. Por lo tanto, nos fijaremos en el origen, la estructura y el funcionamiento del marco institucional —el Consejo—, en el que la universidad, reunidos sus singulares, expresaba su voz, tanto si se refería a la elección de cargos de gobierno como si decidía en otros asuntos de interés común. El Consejo —con una estructura que podía variar según las ciudades— fue la principal —pero no la única— manifestación institucional a partir de la cual la persona jurídica instrumentalizaba sus capacidades, y era el principal escenario donde podía expresar su voluntad. F. El municipio, por lo que se refiere a construcción teórica derivada de la universitas,7 fue posible gracias a los principios jurídicos que proporcionaba la difusión del derecho común, que en Cataluña empezó a manifestarse a finales del siglo XII.8 De esta manera, el origen del régimen municipal no puede desvincularse ni de los factores socioeconómicos que empujaron a nuevas concentraciones humanas con nuevas necesidades de organización y coordinación, ni de la historia jurídica que comenzaba alrededor del siglo XII. Los juristas medievales, basándose en los textos romano-justinianeos y canónicos, desarrollaron soluciones jurídicas a los problemas que generaba la construcción jurídica del municipio y, en particular, a la participación de una gran cantidad de personas a la hora de tomar decisiones. Pero esta construcción doctrinal «es otro problema».

2. DE LOS CÓNSULES A LA UNIVERSITAS (1214-1274)

Aunque la aparición del municipio en Tárrega —según los parámetros que hemos expresado— tiene lugar en la primera mitad de siglo XIII, las noticias históricas de principios del siglo XII (1116), hacen referencia a todos los hombres de

7 Sobre la universitas, véase Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin, Paris, 1970. 8 Las últimas y más importantes aportaciones en este campo son sendos trabajos de A. IGLESIA, «La difusión», pp. 95-279, y «La Recepción del derecho común: estado de la cuestión e hipótesis de trabajo», en El Dret Comú i Catalunya. Actes del IIon Simposi Internacional. Barcelona 30 de maig-1 de juny de 1991, Barcelona, Fundació Noguera, 1992, pp. 213-230.

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Tárrega;9 aunque sólo demuestran la existencia de un núcleo de poblamiento.10 Esta concesión del año 1116 era confirmada en términos parecidos a finales del siglo XII, durante el reinando de Alfonso I.11 En cualquier caso, la documentación se refiere a todos los hombres de Tárrega, aunque aún no se reconozca la existencia de una personalidad jurídica. Aquellos hombres formaban un conglomerado institucionalmente desorganizado, que no era reconocido como unidad y tampoco era capaz de expresar una sola voz. Aunque el concepto universitas no se documentará por primera vez en Tárrega hasta 1274, la primera mitad del siglo XIII significa un período de transición desde aquel conglomerado hasta el surgimiento de las características que definieron la persona jurídica: actuación de cuatro individuos denominados cónsules en representación de la comunidad (1214); atribución de capacidad normativa a cuatro individuos (1242); existencia de un fondo común de toda la comunidad (1245); y una administración compleja capaz de organizar el pago proporcional de las cargas fiscales entre todos los vecinos (1257). Pese a la dispersión de estas noticias, parece posible establecer la existencia de un consulado, que tuvo continuidad durante todo el período citado. No es hasta 1214 cuando encontramos indicios que permitirán plantear la existencia de un municipio temprano: en esta ocasión, se documenta la actividad de cuatro cónsules de Tárrega que prestan juramento de fidelidad a Jaime I en la asamblea celebrada en Lérida el año 1214.12 La acción de los 9 ACUR LP I, f. 65 = LP II, f. 1v: Sit notum cunctis... facimus libertatem ad omnibus hominibus de Tarrega qui hodie ibi sunt vel in antea Deo adiuvante fuerunt... Actum est hoc nonas februarii anno VIII regnante Ledovico rege [pub. junto con las Costums de Tárrega, por José Maria FONT RIUS, «Costumbres de Tárrega», en Anuario de Historia del Derecho Español, 23 (1953), pp. 429-443]. 10 José María FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña I.2., p. 696, doc. 48, Barcelona, CSIC, 1969. 11 La fecha de la confirmación hay que situarla en enero de 1179, noviembre de 1181 o noviembre de 1188, momentos en que se ha documentado la estancia de Alfonso I en Tárrega (J. M. FONT, Cartas, I.2. 696; J. M. FONT, «Costumbres», p. 431, n. 8. Cfr. Joaquín MIRET SANS, «Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II de Aragón», en Boletín de la Academia de Buenas Letras, núm. 2, Barcelona, 1903-1904, pp. 407, 415, 447 respectivamente). 12 A los acuerdos de la reunión de Lérida de 1214, publicados en CARAVYC I, 90 y ss., no se hace referencia a sus participantes y sólo figuran en un documento fragmentario y extravagante de la asamblea. Pese al interés de este documento, se plantean serios problemas heurísticos porque carece de cualquier tipo de datación o forma de elaboración. El documento es un borrador de la lista de asistentes a la asamblea de Lérida de 1214 (Nomina baronum et militum quien iuraverunt fidelitatem domino Jacobo regio apud Ylerdam) y se encuentra en el ACA. Canc. extrainventari, núm. 3131 = pergaminos de Jaime I, carpeta núm. 357. Reproducido fotográficamente por Udina (Frederic UDINA MARTORELL, Documents cabdals de la Història de Catalunya, vol. I, 1985, pp. 129-135, documento núm. 22) y editado completo por Miret (Joaquim MIRET I SANS, Itinerari de Jaume I El Conqueridor, Barcelona, 1918, pp. 19-20, nota 1; en cambio no lo reproducen HUICI y CABANES, que empiezan su colección documental el año 1217), que lo databa a mediados de agosto de 1214 y lo consideraba coetáneo sin lugar a dudas. Desde hace años, el documento ha sido discutido críticamente con respeto a su significado histórico y a su datación. Antes de que Miret lo publicara, Tourtoulon (Ch. de TOURTOULON, Jacme Ier Le Conquérant roi d’Aragon, comte de Barcelone, seigneur de Montpellier d’après les chroniques et les documents inédits;

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cónsules conduce a pensar en la existencia de un consulado, probablemente instaurado y reconocido por el monarca catalán, más al estilo de la experiencia de Cervera de 1182 y 1202, y de Perpiñán y Lérida en 1197,13 que no al de Vic de Montpellier, 1863, vol. I, pp. 142-143, nota 4) ya dudaba de que se tratara de una sesión de Cortes porque le había sido imposible constatar —de manera positiva— la presencia de la burguesía catalana en el acto, motivo por el cual se pensaba que se trataba de una asamblea donde sólo se habían reunido algunos miembros de los estamentos, con el fin de jurar ante el joven monarca. El primer estudioso crítico fue Soldevila (Ferran SOLDEVILA, Els grans reis del segle XIII. Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, 1955, p. 13, nota 11), que aportaba la referencia indirecta del Llibre dels Feyts; 11. En el mencionado párrafo, se refería a la asistencia de diez representantes de cada ciudad en la reunión: Llibre dels feyts, capítol 11; Ferran SOLDEVILA (ed.), «Crònica del rei Jaume I el Conqueridor o Llibre dels Feits», en Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, Selecta, 1971, p. 7, (E hagueren altre consell: que en nom de nós e ab segell novell que ens faeren fer, que manàssem Cort a Lleida, de catalans e d’aragoneses, en la qual fossen l’arquebisbe e els bisbes e els abats, e els rics hòmens de cada u dels regnes, e de cada ciutat deu hòmens ab auctoritat dels altres de ço que ells farien, que fos feit. E tots venguen al dia de la Cort, llevat don Ferrando e el comte don Sanxo: car havien esperança que cascú fos rei. E aquí juraren—nos tots que ens guardarien nostre cos, e nostres membres, e nostra terra, e que ens guardarien en totes coses e per totes); y después (p. 195, nota 2), afirmaba que la lista era incompleta porque faltaban muchas ciudades y villas catalanas; así como todos los nobles catalanes y los prelados, tanto catalanes como aragoneses. Otros historiadores han aportado más referencias: así, Bisson [Thomas N. BISSON, Conservation of Coinage. Monetary Exploitation and its Restraint in France, Catalonia and Aragon (AD. c. 1000-c.1225); Oxford, 1979, p. 116, notas 6, 7 y 8], hacía referencia además del Llibre dels Feyts, a la observación contemporánea de Zurita (Gerónimo ÇURITA, Anales de la Corona de Aragón compuestos por Geronimo Çurita Chronista de dicho Reyno; Çaragoça, 1669, vol. I, libro II, capítulo 66, p. 104b: (...) Llegados a Cataluña en el año de M.CC.XIIII. el Legado entendió en apaciguar algunos escandalos, y alteraciones que avia en la tierra; y de acuerdo de los Prerlados, y Ricos hombres fue determinado, que se llamassen todos los Aragoneses, y Catalanes a Corts a la Ciudad de Lerida, en nombre del Infante, y con para esto se hizieron nuevos sellos, adonde llegó el Legado cono el Infante, y con el Conde de la Proença, antes de la Fiesta de nuestra Señora de Agosto, y fueron recibidos cono gran regozijo del pueblo. Concurrieron todos los Perlados, Ricos hombres, Varones, y Cavalleros, y diez personas de cada una de las Ciudades, Villas, y Lugares principales, (...)]; y Aragón [Antonio María ARAGÓN CABAÑAS, «Der katalanische Adel im Parlament von Lerida (1214)», en Archiv für Sippenforschung; 48 (noviembre 1972), pp. 593-599], que estudiando la nobleza asistente a la asamblea, confirmaba la datación, sin citar los otros estamentos. Además, habría que añadir que con respecto a las ciudades catalanas (Nomina hominum de castris et villis Catalonie), había quince ciudades representadas por veinticuatro cónsules y treinta y un prohombres (Monte Albo, Pratis, Cervaria, Tarrega, Villa Grassa, Regal, Fores, Capra, Rocha Fort, Conesa, Avinaxia, Camarasa, Montesqu te Montgay y Almenar) y que, por otra parte, los habitantes de Tárrega presentes eran cuatro cónsules (Guillem de Belloc, Ramon Oromir, Jaume de Belloc y Bernat Calvet), nombres ya citados Font (Josep Maria FONT I RIUS, «Jaume I i la creació del municipi targarí», en Tàrrega dins la política del rei en Jaume I, Tárrega, 1978, pp. 27-33, ahora en Estudis sobre els drets i institucions locals a la Catalunya Medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, 713-721, esp. 717). El estudio individual de la lista de estos nombres no ha sido abordado por ningún investigador, y en cambio es significativo para confirmar la datación, por el hecho de que uno de los representantes de Teruel (Pasqual Monyós) sea reconocido como contemporáneo por el mismo Jaime I en el Llibre dels Feyts, capítulo 25; [Ferran SOLDEVILA (ed.), «Crònica del rei Jaume I el Conqueridor o Llibre dels Feyts», en Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, Selecta, 1971, p. 14, ( E don Pasqual Monyós, qui era molt privat de nostre pare, era dels mellors homens de villa que nós haguéssem en nostra terra en aquell temps; )]; y Soldevila (p. 204, nota 5), afirma que este Pascual Monyós también figura en la crónica de Marsilio y, además, murió poco tiempo después de la reunión de Lérida. 13 Respecto a los consulados de Cervera ver José Maria FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal en Cataluña (citamos la edición aparte del CSIC, Madrid, 1946) 353, 356; estudiados también por Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990; para los de Perpiñán, ver J. M. FONT Orígenes, p. 357 y nota 807; en Lérida, Rafael GRAS I D’ESTEVA, Història de la Paeria (aunque el título original fue La Pahería de Lé-

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la misma época.14 Este consulado, que supuestamente ya existía en 1214 (puesto que tenemos noticia de cónsules, pero no de consulatum), debía de estar muy poco consolidado, y ser más bien precario, a juzgar por la falta de referencia a las magistraturas con el nombre de cónsules.15 La única referencia documental explícita y el mutismo en la documentación de Tárrega sobre la existencia de consulado o cónsules posterior a 1214 podría hacernos creer que ninguna institución local habría resurgido con éxito en la ciudad, ni antes ni después de 1214, de manera que este consulado podría responder a una instauración por parte del rey, más que a una aspiración de los hombres de Tárrega. Pero si este documento fuera cierto y si los cónsules que se mencionan hubieran sido escogidos por los habitantes de Tárrega,16 es evidente la capacidad de la colectividad de Tárrega para ponerse de acuerdo en escoger unos mandatarios que representaran la villa de Tárrega ante el rey. Aparte del interés rida. Organización municipal 1149-1707); reedición y traducción (Lérida, Ayuntamiento de Lérida, 1988), pp. 57 y ss., y la recensión que hizo Max TURULL RUBINAT a Rafael GRAS I D’ESTEVA, «Historia de la Paería [= La Pahería de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707]», en Anuario de Historia del Derecho Español, LIX (1989), pp. 968-971; aún, Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «Gras i d’Esteva i l’estudi del municipi medieval a Lérida», en Miscel.lània d’homenatge a Josep Lladonosa, Lérida, 1992, pp. 115-127. Sobre estos primeros consulados conviene consultar el interesante trabajo de André GOURON, «Diffusion des consulats méridionaux et expansión du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles», en Bibliothéque de l’Ecole des Chartes, CXXI. (1963), pp. 26-76, esp. 38-39 (ahora en La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age, London, Varioru Reprints, 1984, las mismas páginas). Recientemente André Gouron ha estudiado la referencia a ciertos cónsules de Barcelona del año 1130, que intervienen como mediadores en un convenio entre particulares sobre una finca de Tiana, y localiza esta referencia en el contexto del resurgimiento de consulados en el Midi francés en torno a la influencia de la difusión del derecho común (André GOURON, «Les consuls de Barcelone en 1130: la plus ancienne organisation municipale a la Ouest des Alpes?», en Anuario de Historia del Derecho Español, 60 (1991) pp. 205-213; el documento ha sido publicado por J. M. FONT, Orígenes, doc. núm. 3, pp. 471-472. 14 Entre 1175-1185, el obispo de Vic se vio obligado a disolver un régimen consular de gobierno local surgido entre un grupo de habitantes de esta ciudad; por lo tanto, parece ser la situación inversa a la de aquellos consulados instaurados por los monarcas. Este consulado ha sido documentado y estudiado por Paul H. FREEDMAN, «An Unsuccessful Attempt at Urban Organization in Twelfth-Century Catalonia», en Speculum, 54 (1979), pp. 479-491; tenemos una traducción catalana con el título «Un règimen consular en el Vic del segle XII», en Ausa, 9 (1980), pp. 1-6; Tradició i regeneració a la Catalunya medieval. La diòcesi de Vic, Barcelona, 1985, pp. 138-146). También se refieren a él, Imma OLLICH, Camp i ciutat a la Catalunya del segle XIII. L’evolució de la Plana de Vic, Vic, Eumo, 1988, p. 31, nota 15 y, más recientemente, A. GOURON, «Les consuls». 15 Esta carencia, aunque textual, es parecida al fenómeno que se observó en la vecina Cervera, donde aquella tan temprana Confratria de 1182, que después se transformó en consulatum (1202), desapareció del mismo modo que había aparecido, y según el mismo documento de 1214, un cónsul y tres personas más de Cervera (Ramon de Lauro, cónsul, Pedro Sartor, Pedro de ça Grada y Guillem de ça Portella) asistieron a la asamblea de Lérida. El consulado de Cervera, confirmado aún en 1206, heredero de la cofradía de miembros conjurados, se manifestó incapaz de articular la voluntad de toda la comunidad de vecinos conjurados (M. TURULL, La configuració, pp. 104-112). 16 No hay ningún tipo de noticias sobre la elección de los cónsules de Tárrega, pero es indudable que, incluso algunos años antes, en el Consulado de Lérida (creación en 1197 y confirmaciones de 1202 y 1206), el rey disponía que los cónsules y también los consejeros fueran instituidos, escogidos, cambiados o depuestos por los probis viris omnibus ilerde (R. GRAS, Història de la Paeria, lámina 3, pp. 188-189, doc. núm. 4, pp. 146-147 y doc. núm. 5, p. 148).

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que pueda significar la forma de elección, no deja de ser interesante la existencia de unos representantes de las ciudades ante el monarca. Esto es importante porque cuando el rey reconoce a los cuatro mandatarios de Tárrega, también reconoce la existencia de la personalidad del mandatario; y en el orden interno, significa que aquellos individuos de Tárrega habían sido capaces de articular una sola y única voluntad a la hora de escoger a sus representantes. En la compilación escrita de los usos y costumbres de Tárrega de 1242, hay un capítulo que afecta a la organización institucional del municipio: hay cuatro hombres que ejercen una actividad normativa (se les permite poner bandos y dictar ordenaciones sobre las aguas), que han de ser escogidos, probablemente —ya que no se expresa lo contrario— por los receptores de las costums en cuestión, es decir, por vobis universis et singulis probis hominibus et habitatoribus castre et ville de Tarrega; aunque estos cuatro hombres actúan escuchando el consejo de una instancia donde figuran probi homines, curia17 y baiulus.18 El hecho de que el número de viri de 1242 y de cónsules de 1214 coincida en un período tan breve de tiempo, y sobre todo en un cuerpo de costumbres que recogen por escrito —y esto es determinante— algunos usos antiguos de Tárrega, nos lleva a considerar que los cuatro magistrados de 1242 son, efectivamente, los continuadores de aquellos cuatro cónsules de 1214. Además, es significativa la terminología y el número de magistrados: por una parte, la denominación quattuor viri fue empleada en los municipios romanos para denominar el órgano colegial que agrupaba a los duumviros (duoviri iuridicundo) y los ediles (aediles); y por otra, la suma total de duumviros y ediles era de cuatro miembros, es decir, los quator viri de 1242.19 17 Sobre el carácter unipersonal del curie, ver Jesús LALINDE ABADÍA, «El “Curia” o “Cort”: una magistratura medieval mediterránea», en Anuario de Estudios Medievales, 4 (1967), pp. 169-297. 18 Ad regendam villam consilio proborum hominum et curie et baiuli nostri et ponendos bannos et ordinacionem aquarum, annuatim eligantur quator viri qui in officio isto durent et sint dum nobis placuerit (J. M. FONT, «Costumbres de Tárrega», pp. 429-443. Ahora en Estudis sobre els drets locals, pp. 195-205. También J. M. FONT, Orígenes, p. 377; reproducción facsímil en: Ambrosio HUICI y María Desamparados CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. II. (1237-1250), Valencia, 1976, doc. núm. 349, pp. 128-131). 19 Sobre las instituciones municipales romanas y, en concreto, los quattuorviri, ver Livio TANFANI, Contributo alla Storia del Municipio Romano, Roma, 1970 (edición facsímil de Taranto, 1906), pp. 60-68; Vincenzo ARANGIO-RUIZ, Storia del Diritto Romano, Napoli, 19506, p. 199; Alberto BURDESE, Manuale di Diritto Pubblico Romano, Torino, 1966, p. 107. En los restos epigráficos hispánicos que se conservan de la lex Flavia municipalis, Alvaro D’ORS —tras definir la institución colegiada y distinguir las funciones de sus miembros (Alvaro D’ORS, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, pp. 142-146, especialmente p. 143)identifica como evidente la existencia del collegium de los quattuorviri en l’Epistula ad Saborensis, escrita por Vespasiano en el año 77 d.C. y dirigida a los quattuorviri y decuriones de Sabora (A. D’ORS, Epigrafía jurídica, Madrid, 1953, pp. 61-62) y —con algunas reticencias— deduce también su existencia en la lex Salpensa municipales, cap. 29 (A. D’ORS, Epigrafía jurídica, pp. 304-305). En la lex Irnitana, el ejemplar mejor conservado y más entero de la lex Flavia municipalis, faltan las disposiciones referidas a los duoviri; pero la

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En dos sentencias judiciales reales, que después fueron compiladas como privilegios en Tárrega, dirigidas a los oficiales del rey con competencias en sus funciones, Jaime I dispuso algunas de las características esenciales de la fiscalidad municipal. En 1245, en el contexto de una sentencia que enfrentaba a los hombres de Tárrega con los de Vilagrasa sobre la recaudación y el pago de tributos reales,20 se reconocía la existencia de un generale comune Tarrage, es decir, un fondo común en el que contribuían los habitantes de Tárrega y que

existencia del colegio de los quattuorviri puede ser deducida a partir del elemento clave de la colegialidad, como es la intercessio, es decir, el derecho a veto entre duumviros y ediles, contemplado en el cap. 27 [Alvaro D’ORS y Javier D’ORS, «Lex Irnitana (Texto bilingüe)», en Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano, I (1988), pp. 5 y pp. 22 n. 14]. Las reformas administrativas del Dominado (principalmente del emperador Diocleciano) vaciaron de contenido las atribuciones de jurisdicción inferior de los duumviros al subdividir las provincias y adjudicar los jueces ordinarios; y además, sus atribuciones civiles fueron acaparadas por el curator (Roland GANGHOFFER, L’évolution des institutions municipales en Occident et en Oriente au Bas-Empire, Paris, 1963, pp. 142-143). Como la monarquía visigoda supuso la desaparición del municipio romano en nuestras comarcas (Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que le reemplazan», en Estudios Visigodos. Studi Storici, 78-79, Roma, 1971, pp. 11-147), la reaparición de esta terminología de evidente raíz romana en Tárrega a mediados de siglo XIII sólo se entiende como un síntoma de la difusión del ius commune. Con respecto al término concreto que nos ocupa, recientemente André Gouron ha propuesto que la vía de llegada de los quattuorviri a través de la recepción ha sido una mención del senadoconsulto Juventino recogido en el Digesto Viejo (D. 5,3,20,6;) referido a la petitio hereditatis (A. GOURON, «Les consuls»); pero ante la incertidumbre de la fuente propuesta por Gouron, otra posible vía sería D. 1,2,2,30; donde el jurista Pomponi explica que los quattuorviri son aquellos que vigilan y cuidan las calles. Por otra parte, no deja de ser significativo el hecho de que este término aparezca y coincida precisamente en un mismo documento, las Costumbres de Tárrega, aprobadas por Jaime I en el año 1242, donde se reconoce, en su orden de prelación de fuentes, el papel del derecho supletorio al Derecho romano en el ámbito municipal ([24]. Ubi autem supradicte consuetudines non potuerint abundare, curia causas terminet secundum scriptos Usaticos Barchinone et illis non suficientibus, secundum legem goticam et illa non suficiente secundum leges romanas; J. M. FONT, «Costumbres de Tárrega», p. 443). 20 Las pretensiones de autonomía hacendística de los hombres de Vilagrassa se basaban, según refleja el texto de la misma sentencia ((...) A hoc replicabant homines de Tarrega dicentes quod si faciebant comune suum in Villagrassa faciebant racione domorum et ortorum et aliarum possessionum quas habebant et possidebant in termino de Villagrassa quem terminum dominus Rex Alphonsus bone memorie eisdem concesserat racione franquitatum quas idem dominis Rex Alphonsus per totam suam terram eisdem dederat cum sua carta et racione pacciarum quas ipsi homines de Villagrassa habent et ex suis negacionibus cotidie adquirunt et ideo non obstante racione predictam hominum de Villagrassa debebant de hoc quod ex in termino Tarrege servire in Tarrega. (...), apéndice documental núm. 1; G. GONZALVO BOU, J. HERNANDO DELGADO, F. SABATÉ CURULL, M. TURULL RUBINAT, P. VERDÉS PIJUAN (ed.), Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1473), Barcelona, Fundació Noguera, 1997, doc. 7; en adelante señalaremos los documentos citados tanto en su numeración como apéndice documental en la edición original de este artículo en AEM 1991 —apéndice que aquí no se reproduce—, como también en la edición posterior de los libros de privilegios de Tárrega), en la carta de población que Alfonso I les había concedido en 1185, en la cual, además de otorgarles diferentes privilegios y franquicias sobre la vida social y económica de la villa, los liberaba de la jurisdicción del baile de Tárrega, a la vez que les permitía organizarse en forma de Cofradía, al estilo de la de Cervera de 1182 [(...) Et dono vobis quod non mittam super vos baiulum de Tarrega; et dono et concedo vobis confrariam inter vos habendam sicut convenire poteritis inter vos ipsos (...); documento publicado por José M. FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, I, 1, Madrid-Barcelona, 1969, doc. núm. 176, pp. 243-245, esp. 244; para el contexto de esta carta, ver Max TURULL RUBINAT, «La carta de població de Vilagrassa (1185) i el seu context històric i jurídic», en Vilagrassa. VIII Centenari de la carta de població. 1185-1985, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1986, pp. 13-33].

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servía para pagar los tributos al rey; este documento, sin embargo, no establecía de nuevo el común, sino que sólo nos informa, de paso, de su existencia anterior. Por otra parte, la sentencia no refleja la oposición de dos universidades, sino el conflicto de intereses de dos conjuntos de individuos (homines de Tarrega ex una parte et homines de Villagrassa ex altera), aspecto que no ha de extrañar porque la sentencia iba dirigida a quien debía ejectuarla; las partes en conflicto no eran las colectividades, sino algunos de sus miembros afectados por el hecho de tener bienes en el término de la otra población.21 Pocos años después (1257) y en el contexto del mismo contencioso, el rey reafirmaba la disposición de 1245 y concretaba que el pago de tributos había de efectuarse por sueldo y por libra.22 Este sistema daba por supuesto la existencia de una administración apta y capaz de organizar la estimación de los bienes de los habitantes y la correspondiente distribución de la carga fiscal. Al igual que en 1245, el documento continúa refiriéndose a homines de Tarrega ex una parte et homines de Villagrassa ex altera.23 La complejidad organizativa que requiere una fiscalidad como la citada no se corresponde con la ausencia de ninguna denominación que haga referencia a un ente con personalidad jurídica. La aparición de la figura de los paciarii en 1257 en el gobierno local de 24 Tárrega permite constatar un cambio en la denominación de los miembros que representaban a la universidad y que en su nombre podían tomar decisiones; de manera que se puede confirmar que los cónsules de 1214 y los quator viri de 1242 tuvieron continuidad. Este cambio en la terminología jurídica es paralelo al que se operaba en otras localidades de la zona del oeste catalán,25 pero básicamente continúan siendo todos ellos órganos de gobierno.26 A partir de ahora, habrá 21 ACUR, LP I, f. 36; Lluís SARRET I PONS, Privilegis de Tàrrega, Tárrega, 1930; ed. facsímile: Tárrega, 1982, pp. 15-16, apéndice documental núm. 1; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 7. 22 La contribución por solidum et per liberam significa la existencia de un impuesto directo, donde la cuota tributaria es el resultado de aplicar un tipo de gravamen sobre una base imponible conformada por la determinación en unidades monetarias de los bienes muebles e inmuebles de los habitantes de la comunidad: esto representa el pago proporcional de los tributos reales y vecinales, según la riqueza de cada sujeto pasivo. Este sistema ya se conocía en el siglo XII en algunas ciudades italianas, que lo tecnificaron considerablemente en el transcurso de los siglos XIII-XIV; entre otros, ver Enrico FIUMI, «L’imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana», en Studi in onore di A. Sapori, Milano, 1957, I, pp. 329-353. 23 ACUR, LP III, f. 62v; Ll. SARRET, Privilegis, pp. 18-19. Apéndice documental núm. 2; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 10. 24 En un documento en el que Jaime I indica los días y horas de celebración de los pleitos en Tárrega, cita como oficiales suyos a los que se dirige (...) mandantes vicariis, baiulis, curiis, paciariis te universis aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris (...) (Ambrosio HUICI y María Desamparados CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón. III. 1251-1257, Zaragoza, 1978, doc. núm. 734, p. 222); esta referencia a los paers permite suponer su existencia anterior, posiblemente relacionada con los quattuor viri de 1242. 25 Repertorio de estas denominaciones en J. M. FONT, Orígenes, p. 397, n. 905. 26 Font Rius señala que en Lérida, entre 1242 y 1264, los documentos citaban de manera aleatoria a los cónsules o los paers de la ciudad refiriéndose a unos mismos cargos (J. M. FONT, Orígenes, p. 375, n. 850). Por

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que empezar a hablar de la Paería como modalidad de Consejo, regida por unos cargos que aquí recibieron el nombre de paers, y en otros lugares y de manera simultánea, serían denominados jurados, consejeros o cónsules. Ningún documento conocido hasta ahora nos documenta la aparición y la constitución de esta Paería, ni tampoco el sistema de elección de estos representantes.27 Pero la Paería del siglo XIII, con cambios y alteraciones sustanciales, fue la organización política del municipio que perduró en Tárrega hasta el siglo XVIII.28 No es casual que, justo en el momento en que el incipiente municipio empieza a manifestarse, los monarcas catalanes dicten privilegios regulando los aspectos esenciales del funcionamiento de la hacienda municipal. El relieve que toman estas disposiciones parece indicar que la necesidad de organizar la fiscalidad del municipio fue el verdadero motor que empujó el rápido desarrollo del Consejo, una vez que la comunidad ya había conseguido superar el obstáculo que suponía fijar un criterio de representación y que le impedía cristalizarse en municipio. El hecho de reconocer la existencia de un fondo común y un sistema tributario de toda la comunidad tiene una gran trascendencia: la capacidad jurídica del municipio le permite convertirse en deudor o acreedor sin que esto afecte al estado de los particulares que lo forman, y los bienes no son de copropiedad de los individuos sino del ente municipal, es decir, el municipio será titular de créditos y responsable de las diferentes deudas de cada uno de los miembros de la comunidad. Las continuas necesidades de los monarcas catalanes por conseguir ingresos con que hacer frente a los gastos generados por las empresas bélicas peninsulares y mediterráneas, pronto crearon la necesidad de canalizar, de manera eficaz, la percepción de impuestos. Además de la percepción de las rentas reales, que administraba y gestionaba el baile, el nuevo municipio sería el sujeto de dos relaciones tributarias diferentes e independientes. Como otra parte, esta Paería de Lérida, instaurada oficialmente en 1264, asume la estructura y las funciones del Consulado, que funcionaba hasta entonces (R. GRAS, Història de la Paeria, lámina 4, p. 191; J. M. FONT, Orígenes, p. 386, n. 873); en Cervera hubo una oscilación de términos parecida, entre cónsules, jurados y paers (M. TURULL, La configuració jurídica, pp. 103-153). 27 Segarra Malla afirma que la Paería de Tárrega fue creada en virtud de un privilegio del 20 de agosto de 1263, cuando Jaime I concede a los cónsules la potestad de nombrar paers. El mismo autor considera que el Consejo Particular estaba integrado por entre doce y catorce consejeros, y el Consejo General por treinta consejeros y cuarenta paers (Josep Maria SEGARRA I MALLA, Història de Tàrrega amb els seus costums i tradicions. I. Segles XI-XVI, Tárrega, 1984, pp. 33, 67). Estas noticias, que no hemos podido verificar documentalmente, resultan difíciles de creer: ni es normal que el número de consejeros fuera indefinido, ni que los cónsules escogieran paers, ni que existieran cuarenta paers. 28 Véase sobre todo Josep Maria TORRES I RIBÉ, Els municipis catalans de l’antic règim (Procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants), Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1983. Sería interesante poder contar con el texto de las conferencias, que no se llegaron a publicar, de Josep MARIA LLOBET I PORTELLA, «Relacions entre els municipis de Cervera i Tàrrega als segles XVI y XVII», y de Josep Maria PLANES I CLOSA, «El régim municipal a Tàrrega al segle XVIII», ambas dentro del ciclo El Régim Municipal a Tàrrega a l’època medieval y moderna, Tárrega, 1987.

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municipio, sería sujeto pasivo de la relación que le obligaba con el monarca; y, por otra parte, asumiría el papel activo de la relación que establecía con sus habitantes. En la primera relación, repercutía los tributos que el rey le exigía, mientras que en la segunda, actuaba legitimado por la autorización que había recibido del titular de la summa potestas para imponer tributos a los ciudadanos.29 En definitiva, si hasta 1257 la documentación no se ha referido nunca a ninguna persona jurídica, en cambio la documentación coetánea sí hace patentes algunas funciones: de representación (1214), de potestad normativa (1242), de fondo común (1245) y de administración tributaria (1257); y además cuenta con la existencia de un órgano —los paers—, que como mínimo a partir de 1257 las impulsa y hace posibles. Si las características esenciales para identificar un municipio son la capacidad de tomar decisiones y el reconocimiento de su personalidad jurídica por parte del titular de la summa potestas, debemos admitir que, si bien la primera condición se cumple ampliamente durante la primera mitad del siglo XIII, la segunda no se constata de manera explícita en unos documentos poco indicados para reflejarla. Sería coherente que la existencia de las citadas funciones estuviera acompañada del correspondiente reconocimiento exterior, que no se hará del todo evidente hasta 1274, cuando se documente —por primera vez— Tárrega como universitas.

3. DE LA UNIVERSITAS AL MUNICIPIO (1274-1382)

Aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XIII, se puede empezar a distinguir entre universitas y concilium: el concilium es el órgano de gobierno que permite expresar la voluntad de la universidad. Esto no impide identificar que se identifique dicho órgano con nombres diferentes, e incluso con sistemas de funcionamiento y estructura interna también diferentes; pero 29 Los orígenes de la fiscalidad municipal en Cataluña y su institucionalización es un tema muy poco estudiado. Como visión de conjunto —como en cualquier tema de fiscalidad—, véase Jean FAVIER, Finance et Fiscalité au bas Moyen Age, Paris, SEDES, 1971; hasta hace poco, para Cataluña sólo existía la aproximación de José María FONT RIUS, «Órganos y funcionarios de la administración económica en las principales localidades de Cataluña», en Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle, Bruxelles, 1964, pp. 257-278, reeditado y referido a José María FONT RIUS, La administración financiera en los municipios catalanes medievales, «Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval)», Madrid, 1982, pp. 197-231, ahora en Estudis sobre els drets i institucions locals a la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 611-637; últimamente, y fijándonos especialmente en el impuesto directo o talla, véase Max TURULL RUBINAT, «La hacienda municipal y la tributación directa en los municipios catalanes en la Edad Media. Planteamiento general», en Revista de Hacienda Autonómica y Local, XXII, 65 (1992), pp. 9-80; y, para una síntesis sobre la fiscalidad municipal en general, ver Max TURULL RUBINAT, «Finances i fiscalitat municipals a Catalunya durant la Baixa Edad Mitjana», en L’Avenç (julio-agosto 1990), pp. 60-65.

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en el fondo, todos —al menos los que dependen de la jurisdicción real— cumplen la función de vehicular la voluntad de la universidad.

3.1. LA PRIMERA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL (1274-1321). LAS «MANOS» COMO CRITERIO SOCIAL DE ELECCIÓN POLÍTICA

En los casos de Lérida, Cervera y Tárrega, se observa un ritmo diferente en la aparición de los términos paers y universitas. Mientras que en Tárrega los paers están documentados en 1257, la universitas no aparece en los textos hasta 1274. En Cervera, paers y universidad aparecen en un mismo documento de 1267, aunque el documento sólo constata de paso la existencia de ciertos paers; y en Lérida, la consolidación de los paers se produjo en 1264 —a pesar de que hay una mención esporádica de paciarii en 1216— y la universidad se documentó en 1217.30 Si partimos de la base de que la existencia de un órgano de gobierno —con la falta de atribuciones que se quiera— presupone la existencia de una universitas en beneficio de la que actúa y se expresa, debemos manifestar que, pese a la diferente cronología señalada, los tres casos responden a un mismo fenómeno. Aunque la universidad de Lérida aparece en 1217, mucho antes ya funcionaba un consulado (1197, 1202, 1206) gracias a la insistencia del monarca. Por lo tanto, el término universitas cristaliza y se consagra, como mínimo en estos núcleos del interior de Cataluña, con posterioridad a la aparición de los citados órganos. A partir de 1274, cuando el rey utilice el concepto universitas, no se estará dirigiendo a las personas físicas que componen la comunidad, sino a su conjunto reducido a unidad, es decir, a la persona jurídica del municipio de Tárrega. Esta fecha está ubicada documentalmente en Tárrega, punto de inflexión de la consolidación y normalización de este término, con gran contenido y significado jurídico.31 30 Con respecto al caso de Lérida, véase Fernando VALLS TABERNER, «Les fonts documentals de les Consuetudines Ilerdenses», en Estudis Universitaris Catalans, XI (1926), p. 159 sobre la universitas de 1217; sobre los paers de 1216, véase R. GRAS, Història de la Paeria, doc. núm. 3, pp. 139-140, y sobre los paers de 1264, ver R. GRAS, Història de la Paeria, lámina 4, p. 191; J. M. FONT, Orígenes, p. 232, n. 551 y p. 375, n. 850; y sobre Cervera, Max TURULL RUBINAT, Montserrat GARRABOU PERES, Josep HERNANDO DELGADO, Josep Maria LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, doc. núm. 30 sobre la universitas y los paers. 31 Las primeras noticias del término universitas en Tárrega aparecen por razones diferentes: en 1274 con la concesión real de la escribanía y de la carnicería a la universidad (ACUR, LP I, f. 36v = LP II, f. 5v; SARRET, Privilegis, pp. 28-29; apéndice documental núm. 3; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 12); en 1283 una representación de la villa de Tárrega participa por primera vez de manera evidente en la corte de Barcelona [CARAVYC I, 1 pp. 140-142: (...) Raymundus de Belloch, Arnaldus Fulchonis, ville Tarregue (...) et plures alii civitatum et villarum predictarum et aliorum plurium locorum Catalonie] y en

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3.1.1. Años 1289-1291

El hecho de que aparezcan los paers junto al baile en el protocolo del documento de 1289,32 lo interpretamos más como la prueba del interés del rey para que se hiciera efectiva la recaudación del tributo, más que como la intervención ordinaria del baile junto con los magistrados municipales en su potestad normativa. Por otra parte, se pone de manifiesto que, mientras los paers deciden, el baile ha de velar por el cumplimiento de las ordenaciones, hecho evidente en 1291, cuando el veguer, el baile y el curia recibieron la orden real de hacer efectivas las disposiciones sobre las aguas, dictadas por los paers, de acuerdo con la potestad de dictar ordenaciones, que a los entonces quator viri les fue reconocida por Jaime I en las costumbres de 1242.33

3.1.2. Año 1294

Las primeras referencias inequívocas, aunque imperfectas, a un sistema de elección de cargos de gestión administrativa—fiscal son de 1294,34 puesto que la asistencia de representantes de Tárrega a las Cortes de Barcelona de 1283 supone la existencia de un criterio de elección, del cual desconocemos cualquier mínimo detalle.35 1294, el rey Jaime II atiende la petición de la universidad de Tárrega para corregir los abusos fiscales de los mayores en la valoración de las propiedades de los singulares de Tárrega (ACA, Reg. Can. núm. 97, f. 190; SARRET, Privilegis, pp. 35-36; apéndice documental núm. 6). 32 En 1289, Alfonso II se dirigía a los paers y al baile de Tárrega para que obligaran a todos los habitantes de la villa a contribuir en el pago de los tributos que debían recaudar los paers, destinados a financiar la actuación del rey en la frontera del Ampurdán (ACUR, Llbre dels Privilegis III, 2v. SARRET, Privilegis, p. 32; apéndice documental núm. 4; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc.15): (...) fidelibus suius baiulo et paciariis Tarrege salutem et gratiam (...). Font Rius, sitúa a los paers consolidados en 1294, cuando actuaban junto a un baile del rey (J. M. FONT, Orígenes, p. 333). 33 ACA, Reg. Can. 91, f. 124v. SARRET, Privilegis, 33; apéndice documental núm. 5. La actuación del baile en este sentido queda patente en 1302 (ACUR, Llibre dels Privilegis II, 129r-130v. SARRET, Privilegis, 40; apéndice documental núm. 7; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 23). 34 ACA, Reg. Can. 97, f. 190r; SARRET, Privilegis, pp. 35-36; apéndice documental núm. 6. 35 La duda sobre la elección de los magistrados locales en 1214 parece continuar —siempre según la documentación disponible— en 1294. En estos momentos no se indica, ni directa ni indirectamente, quién y cómo se escogen los paers. Pero las referencias posteriores, en especial un privilegio de Pedro III del 24 de agosto de 1360 (apéndice documental núm. 18; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 195), parecen indicar que ya desde antiguo participaba toda la universidad en la elección de paers: cum ipsa universitas in certis locis dicte ville congregata tam ex nostro privilegio quod ex antiqua consuetudine eiusdem habeat ut dicitur plenissimam potestatem eligendi et creandi (...) paciarios et certos consiliarios. Por otra parte, en una fecha mucho más cercana, 1302 (apéndice documental núm. 7; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 23), se documenta la participación de todos los habitantes de la villa a la hora de aprobar unas ordenanzas; por lo tanto, la práctica de congregar a toda la universidad no era en absoluto desconocida.

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En esta ocasión, el baile y los paers debían escoger —aunque no se hablaba de qué clase de acuerdo debía existir entre ellos— tres prohombres de cada una de las tres manos,36 para que los nueve valoraran y gravaran los bienes de los singulares de la villa, evitando así la corrupción existente a la hora de mostrar la riqueza de los singulares. Esta disposición real pretendía corregir los abusos de los miembros de la mano mayor, que querían estar exentos de tributar. Estos prohombres únicamente estaban autorizados a recibir las declaraciones juradas de la riqueza de los singulares, y a valorarlas y gravarlas con una cantidad según su propia conciencia.37

3.1.3. Año 1302

Para 1302 disponemos de nuevas referencias, aunque imprecisas, con respecto a los criterios de decisión; sin embargo, por el contenido del privilegio se ve que reflejaban una práctica anterior. Ante la desobediencia de algunos carniceros de la villa que incumplían una orden municipal que prohibía tener ganado pequeño de dentro la población y su término, el privilegio real recuerda al baile que era necesario 36 Si algún autor de la época teorizó sobre la composición de las manos, éste fue Francesc EIXIMENIS (1340?1409), Regiment de la cosa pública (RCP, 1383), publicada en «Els Nostres Clàssics», en Barcelona, 1927; Terç del Crestià (III Cr., 1384) «Els Nostres Clàssics» pero incompleta, y en 1977 con el título Com usar bé de beure é menjar: normas morales consignadas en el «Terç del Crestià». I Dotzè del Crestià (XII Cr., 1385-1391), reproducida parcialmente en la antología de Jill WEBSTER, con el título La societat catalana al segle XIV, Barcelona, 1967. La Cosa Pública, i per tant qualsevol congregació humana, és composta sumàriament de tres estaments de persones, ço és, de menors, mitjanes e majors (RCP, 1). Los maiores, mediocres y minores que Eiximenis recoge en los tres estamentos, se corresponden con las tres manos, que define y describe: Emperò, segons policia aprovada e antiga que s’apella aristotílica, tots los habitadors de la ciutat deuen esser partits per tres mans. La mà major e principal s’apella la mà dels generosos, e aquests sòn apellats los honrats ciutadans e aquests s’alegren en diverses maneres e previlegis d’homens de paratge, car en les honors sòn egualats a cavallers entre si mateixs, jatsia que si sòn ab cavallers, los cavallers deuen anar primers (...). La segona mà dels habitadors de la ciutat s’apella mà mitjana, e aquests no s’apellen honrats ciutadans, mas son apellats ciutadans així que no hi ajusta hom altre vocable d’honor, així com fa als generosos. E sots aquesta mà se comprenen comunament juristes, notaris, mercaders e drapers poderosos, e tots aquells qui sens generositat notable han grans riquees en la ciutat. Aquests no són en lo grau dels primers ne deuen ésser tenguts en l’estament d’aquells. La terça mà s’apella de menestrals, així com són argenters, ferrers, sabaters, cuiracers, e així dels altres. E aquests no són dits habitadors e veïns de la ciutat. Los peregrins e aquells qui a temps fan habitació en la ciutat, e missatges, e servents, e aquells qui són fets francs e són estats esclaus, jamés no són apellats ciutadans, ne veïns, jatsia que sens ells la ciutat no puixa bé ésser (...) (XII Cr. 115). Carme BATLLE y Charles-Emmanuel DUFOURQ se han aproximado a estos aspectos en Barcelona. Carme BATLLE GALLART, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols., Barcelona, 1973; Charles-Emmanuel DUFOURQ, «“Honrats”, “mercaders” et autres dans le Conseil des Cent au XIVè siècle», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, 2 vols., Madrid, 1985, II, pp. 1361-1396. 37 Estas disposiciones de 1289 no instauran nuevamente una administración financiera, sino que presuponen la existencia de todo un sistema anterior, que hemos visto aparecer en el año 1257 (ACUR, Llibre dels Privilegis III, f. 62v; SARRET, Privilegis, pp. 18-19; apéndice documental núm. 2; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 10).

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hacer cumplir la ordenación que habían elaborado los paers con la intervención, consentida, de la mayor parte de los habitantes de la ciudad.38 La importancia de este documento es cuádruple: a) Es la primera referencia explícita de una base social amplia. Las decisiones las toman la mayor parte de los hombres presentes en la población.39 b) Se detallan los participantes en las deliberaciones: los hominum ipsius loci. Se trata de una disposición amplia, que permite una participación general, mientras entendamos que homines se refiere a todas las personas que tienen derechos políticos, es decir, todos los singulares de la villa, y que los participantes no son solamente los probi homines. La determinación jurídica de quién es miembro de la universidad, quién tiene derecho a participar en las asambleas y votar, junto al criterio de decisión, todo ello constituye la columna vertebral del sistema.40 38 ACUR, Llibre dels Privilegis II, 129r-130v, 1302 (SARRET, Privilegis, 40; apéndice documental núm. 7; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 23): (...) Cum ab ordinationem que extiterat facta apud Tarregam per paciarios eiusdem loci consenssu maioris partis hominum ipsius loci interveniente de non tenendo bestiare minutum in ipsa villa nec eius termino (...). 39 Pero, como veremos más adelante, es probable que se precisara la participación de dos terceras partes de los miembros de la universidad. Véase el capítulo de este trabajo dedicado a este tema. 40 Es necesario ver que, de la misma forma que la documentación se refiere a los homines, implica la marginación de la actividad política de los colectivos sociales formados por mujeres y menores. Ambas marginaciones estaban constituidas ideológica y jurídicamente a partir del ius commune. La incapacitación jurídica del menor y de la mujer plantea dos problemas diferenciados: por una parte, un problema de asimilación de ambos grupos, como es la patria potestas y, por otra, unos problemas específicos de cada grupo, la imbecilitas sexus en el caso de la mujer y la indiscretione en el menor. Mujer y menor están sujetos, según el derecho romano, a la patria potestas del hombre (marido y/o padre) y, por lo tanto, la manus implica que no tienen ni pueden tener acceso, mientras ésta continúe, a ningún tipo de derecho, y este status sólo varía, en el caso del menor, con el salto jurídico que representa su emancipación derivada de la mayoría de edad —procedente del derecho romano, se situaba a los veinticinco años de edad—, y la mujer, en cambio, sale de la potestad del padre al contraer matrimonio y entrar así en la órbita de la manus del marido, de donde sólo sale por la muerte de éste (para una visión de conjunto, véase Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Individuo y familia. Una historia del derecho privado español», en Enciclopedia de Historia de España, Madrid, 1989, pp. 433-536, especialmente pp. 491-497). La incapacitación jurídica de la mujer procedía de considerar su inferioridad debido a su responsabilidad, al incitar al pecado original (C. 15 q. 3 principium § 2: [...] hodie pro peccato, quod mulier induxit, ab Apostolo eis indicitur verecundari, viro subditas esse, in signum subiectionis relatum caput habere [...], Aemilius FRIEDBERG (ed.), «Decretum Magistri Gratiani», en Corpus Iuris Canonici, Lipsiae, 1879, vol. I, col. 750), a partir de esta base ideológica se consideraba a la mujer como totalmente subordinada al hombre —como el cuerpo lo está a la cabeza— (C. 33 q. 5 c. 11 dictum post: Quia vero in ceteris vir est caput mulieris, et mulier corpus viri. [...], FRIEDBERG, Decretum,, vol. I, col. 1253-1254, especialmente 1254; C. 33 q. 5 c. 20 dictum post: Evidentissime itaque apparet, ita virum esse caput mulieris, [...], FRIEDBERG, Decretum, vol. I, col. 1256) y sin capacidad para discernir y tomar decisiones de cualquier tipo, es lo que, con terminología posterior, se denominará imbecilitas sexus. La elaboración de esta construcción jurídica fue obra de Gratianus, a partir de ideas procedentes de las epistolae paulines, y así se puede ver en los dicta Gratiani del Decretum Gratiani (para una visión general de la cuestión, véase René METZ, «Le statut de la femme en droit canonique medieval», en Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions. XII.2. La femme, Bruxelles, 1962, pp. 59-113; para un estudio a fondo de estos textos, y

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c) Se declara la forma de participación: otorgamiento del consentimiento (consensus), es decir, su consejo. d) Es la primera vez que documentamos una actitud activa de la universitas con respecto al rey, puesto que si hasta ahora sólo había sido receptora de derechos, ahora ya actúa como sujeto de derechos en su reclamación al monarca.

en especial, el trabajo desarrollado sobre el tema por Graciano, véase René METZ, «Recherches sur la condition de la femme selon Gratien», en Studia Gratiana. Collectanea Stephan Kuttner, núm. 12, Bononiae, 1967, pp. 379-396). La incapacitación jurídica del menor se produce y justifica por la falta de madurez intelectual suficientemente contrastada que, al tomar decisiones o manifestar su voluntad a través del voto, implicaría un riesgo bastante grave para la institución en cuestión; y, por lo tanto, habría que prohibir su intervención en los asuntos colectivos. Esta construcción jurídica es una adquisición bastante tardía —al menos por escrito— del derecho canónico, que podemos encontrar claramente expuesta en el contencioso habido por la impugnación de unas elecciones eclesiásticas, hecha por un religioso menor de edad, al que por esta razón no se le permitió votar. El litigio tuvo que ser solucionado mediante la pronunciación —según la argumentación anteriormente expuesta— de la Santa Sede a través de una decretal de Bonifacio VIII (1294-1303), recogido en el Liber Sextus (VI 1,6,32: [...] electionem eandem impugnare non potes, quum tam iuris quam rationis exsistat, ut tales, quum discretione careant, ad prestandum in electione suffragium nullatenus admittantur [...], Aemilius FRIEDBERG (ed.), «Decretalium Collectiones», en Corpus Iuris Canonici, Lipsiae, 1881, vol. II, col. 964). La misma o parecida problemática volvería a surgir, de manera que el papa Clemente V (1305-1314) tuvo que pronunciarse en dos decretales, emitidas en el Concilio de Viena y recogidas en el Liber Septimus, más conocido como Clementinae: Clem. 1, 6, 2 (donde exigía el subdiaconatus para poder participar en las elecciones eclesiásticas) y Clem. 1, 6, 3 (donde establecía un mínimo de dieciocho años de edad para poder aspirar al subdiaconado, y por consiguiente, poder votar; FRIEDBERG, «Decretalium», vol. II, col. 1139-1140). Para una visión general de la situación jurídica del menor en el derecho canónico, y concretamente de nuestro problema, véase René METZ, «L’enfant dans le droit canonique medieval. Orientations de recherche», en Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions. XXXVI. 2. L’enfant. Europe médiévale et moderne, Bruxelles, 1976, pp. 9-96, en especial pp. 68-70. La documentación de la época nos habla de tres términos diferentes para referirse a los miembros de una universidad: vecinos, habitantes y singulares. De acuerdo con los juristas catalanes de la Baja Edad Media, la ciudadanía o vecindad se adquiría por tres vías: el ius soli —por razón de nacimiento—, el ius sanguinius —por razón de descendencia—, y la derivativa —por adquisición voluntaria de domicilio, de acuerdo con los plazos que establecía el derecho municipal de cada lugar o bien por vínculos de dependencia familiar con un ciudadano—. El conjunto de individuos cuyos plazos exigidos por la adquisición derivativa no se habían cumplido aún, sumado al resto de vecinos, constituían los habitantes. El término singulares sería la denominación genérica que englobaría vecinos y habitantes. Véase Encarna ROCA I TRIAS, «“Unde Cathalanus quasi in Cathalonia stans”». La condición de catalán en el Derecho histórico», en Revista Jurídica de Cataluña, Barcelona, 1978, enero-marzo, núm. 1, año LXXVII; Román PIÑA HOMS, «La condición de natural del reino de Mallorca», en Anuario de Historia del Derecho Español, 55 (1985), pp. 307-332; María Pilar DOMÍNGUEZ LOZANO, Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el derecho local. Estudio sobre el derecho local alto-medieval y el derecho local de Aragón, Navarra y Cataluña (siglos IX-XV), Madrid, 1989; y Núria SALES DE BOHIGAS, «Naturals i alienígenes: un cop d’ull a algunes naturalitzacions dels segles XV a XVIII», en Studia in honorem Prof. M. de Riquer, Barcelona, 1986-1988, I, pp. 675-705; Alberto GARCÍA ULECIA, Los factores de diferenciación entre las personas en los fueros de la extremadura castellano-aragonesa, Sevilla, 1975, esp. pp. 41-86.

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3.1.4. Año 1313

Dos privilegios reales del 21 de julio y del 10 de agosto de 1313 aportan nueva información, tanto sobre la composición de la Paería de comienzos del siglo XIV como sobre la conflictividad social que empujó a Jaime II a abordar algunos cambios. Hasta 1313 sólo teníamos constancia documental de la existencia de ciertos paers que dictaban ordenaciones, con la participación y el consenso de la mayor parte de los hombres. La documentación no había permitido conocer el número de paers que se escogían, ni tampoco quién los escogía y cómo. Los dos citados privilegios de 1313, fechados con apenas un mes de diferencia, tienen su origen en las quejas de varios sectores sociales enfrentados respecto al funcionamiento de la hacienda municipal. Con el de julio de 1313,41 Jaime II reacciona ante las denuncias de corrupción que había formulado el hominum popularium et mediocrum, en el sentido de considerar que algunos paers junto con algunos de los maioribus manipulaban el proceso de recaudación de los impuestos que cobraba y gestionaba el municipio; además de intervenir de manera interesada en las valoraciones de sus propios bienes y en los de sus familiares y amigos (tatxant et dividunt pro libito voluntatis se ipsos et alios quos volunt alleviando reliquos plus debito honerando in dictorum hominum popularium et mediocrum grave preiudicium et iacturam). Para poner solución, el monarca dispuso que se elegirían doce prohombres, por concilium generale ipsius loci seu maiorem partem ipsius; a razón de cuatro procedentes de cada mano, que se encargarían de realizar la estimación directa de los bienes muebles e inmuebles de los habitantes de Tárrega, así como de distribuir las tallas de forma proporcional al valor de los bienes de cada uno de ellos. Por lo tanto, la elección de estos prohombres tasadores, cuya función iba mucho más allá de la de simples contables, modificaba lo dispuesto en 1294, cuando esta elección recaía en los paers y el baile conjuntamente. La solución reflejada en el privilegio de julio de 1313 respondía directamente a las reivindicaciones de los hominum popularium et mediocrum, que consideraban satisfechos sus intereses políticos si la elección de prohombres tasadores se atribuía a una asamblea general, como era el concilium generale. El documento plantea la incógnita sobre la aparición de este concilium. Mientras que en 1302 disponemos de una referencia en la que los paers actuaban con el consenssu maioris partis hominum ipsius loci

41 ACUR, Llibre dels Privilegis II, f. 54r-55r. 21 julio 1313 (SARRET, Privilegis, pp. 50-51; apéndice documental núm. 8; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 31): Quod super questiis et talliis eligerentur XII probi homines videlicet quatuor de maioribus, quatuor de mediocribus, quatuor de minoribus (...).

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interveniente, ahora por primera vez, el consilium generale se convierte en un órgano, en contraposición al consilio del baile, los prohombres y la curia de 1242, donde el concepto se refería al acto de aconsejar. La composición no se expresa directamente con el privilegio de julio de 1313, pero el hecho de que el privilegio, a través del baile, tenga que aplicarse entre universis et singulis hominibus seu habitatoribus, y que este Consejo funcione ut moris in dicto loco, permite suponer que este Consejo General está integrado por todos los hombres de la villa. Pero nos aclara, hecho que quedaba ambiguo en 1302, que hombres significa habitantes. Y el funcionamiento de este Consejo General se basa en la misma mayoría que se aplicaba en 1302, aunque entonces se hacía referencia al consenso de esta mayoría, y ahora es esta maior pars la que elige directamente a los prohombres tasadores. Está claro que existía una realidad de hecho —consistente en la congregación de todos los miembros de la universidad—, y que a partir de un determinado momento dicha congregación recibió el nombre de concilium generale; de manera que tras esta acuñación, la interpretación de esta realidad deberá pasar obligatoriamente por este futuro concepto. Por otra parte, el privilegio de agosto de 131342 respondía a intereses contrarios, porque el monarca reaccionaba ante las reivindicaciones de los mayores, aunque esto quedaba claro del mismo modo que en el privilegio anterior. Mientras que aparentemente el problema generado era la elección de prohombres tasadores, el privilegio iba más allá de este hecho, y abordaba una reestructuración de alcance más amplio que modificaba la planta de la Paería. La referencia quod quolibet anno in villa Tarrege eligantur paciarii de consensu et voluntate baiuli nostri prout in dicta villa est accenus fieri usitatum evidencia un grado importante de protagonismo del baile43 real, que seguramente actuaba nombrando a los paers que habían sido escogidos por el Consejo General. La novedad del privilegio era que los paers elegían cada año a treinta consejeros, a razón de diez por cada mano, y que la elección de aquellos doce prohombres tasadores ya no era competencia del concilium generale, sino de un órgano mucho más reducido, como eran los paers y consejeros. Por consiguiente, el privilegio de agosto de 1313 aporta, como mínimo, dos novedades importantes para la organización municipal de Tárrega: a) la aparición —de forma documental— de unos consiliarii escogidos por los paers que, por noticias de 1318 sabemos que existían antes de 1313; y b) el cambio en la elección de prohombres tasadores, desde el concilium generale a 42

ACUR, Bolsa I, núm 41 (SARRET, Privilegis, 51-52; apéndice documental núm. 9), 10 agosto 1313. La trascendencia del baile, sobre todo en el siglo XIII, y en el caso concreto de Tárrega, lo ha puesto suficientemente de manifiesto J. M. FONT, Orígenes, pp. 445-446. 43

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un órgano mucho más reducido. Con esto, el rey renunciaba a que el Consejo General pudiera escoger prohombres tasadores, y al hecho de que esta atribución recayera en manos de los paers; de manera que la solución mixta adoptada fue trasladar el poder decisorio a los paers que constituían la Paería, con unos consejeros cuya misión era precisamente aconsejar a dichos paers, sin que sepamos, por el momento, si podían vetar o cambiar las decisiones que hubieran tomado estos paers. La primera documentación de los consejeros pasa sin pena ni gloria, no sólo porque era una figura que ya existía, sino también porque la poca importancia que se le otorga es proporcional al escaso peso específico que tienen: así pues, sabemos que una vez escogidos los paers, éstos tenían que ser nombrados por el baile, aunque no nos consta que dicho baile interviniera en la elección o en el nombramiento de los consejeros. Ante la evidencia de que los consejeros —como mínimo desde agosto de 1313— y los prohombres tasadores son elegidos a partir del criterio de representación social (a partir de la clasificación social en tres manos)44 y que esta práctica se menciona en 1318 como statum pristinum ac morem solitum,45 podríamos suponer la existencia de una práctica parecida —no documentada— para escoger a los paers; y que la reunión de la universidad para escogerlos seguramente se haría por manos de forma separada, si tenemos en cuenta el elevado grado de diferenciación social entre las manos, hecho sabido por sus continuos enfrentamientos a causa de los tributos.46 Finalmente, para garantizar 44 Véase nota 27. También Francesc EIXIMENIS (1330-1409) se hace eco de esta forma de partir las villas y ciudades, dentro de su teoría urbanística formulada a lo largo del Dotzè del Crestià, y en especial en el capítulo CX: Quina forma deu haver ciutat bella e be edificada: ...per consegüent la ciutat aquella hauria quatre quartons principals, ço es, quatre parts; e cascuna part poria haver plaça gran e bella, e en cascuna part poria estar qualque notable gent especial... (F. EIXIMENIS, Dotzè, CX). Pero la partición de Eiximenis no debía referirse a la práctica electiva o política, sino a su interés racionalizador, que pretendía organizar el espacio urbano de manera óptima. Probablemente hay que entender las cuatro partes en una ciudad ideal de forma rectangular, donde todos los quarters fueran regulares e iguales. La división en barrios también tiene un contenido social, ya que el mismo autor indica los servicios mínimos de que hay que disponer. En Manresa, la elección de cargos de gobierno se hace siempre por manos, y no hay ningún indicio de división del espacio con finalidad administrativa (Joaquim SARRET I ARBÓS, «Història de l’Estat polític-social de Manresa», en Monumenta Historica Civitatis Minorisae, V (Manresa, 1935), pp. 33-37. Al final del siglo XIV, Barcelona estaba dividida administrativamente en cuatro partes o quarters (el del Mar, el de los Framenors, el del Pino y el de San Pedro o de la Celada), y en siete parroquias; pero las elecciones de los cargos de gobierno municipal no tenían en cuenta esta partición, sino que utilizaban el criterio social a partir de las manos (Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. Ciutat de Barcelona, I, Barcelona s/f. También lo recoge T. VINYOLES, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, p. 43. Sobre la división social del espacio, una primera introducción sumaria, en Max TURULL RUBINAT, «Estructura urbana i comportaments polítics diferenciats en les poblacions medievals (Cervera 1332-1333)», en Miscel.lània Cerverina, 3 (Cervera, 1985), pp. 29-54. 45 ACUR, Llibre dels Privilegis, II, 57v-58r = bolsa I, pergamino núm. 43; 20 mayo 1318; apéndice documental núm. 10; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 43; hay otra copia en el Llibre dels Privilegis, I, 63v-64r, pero tiene algunas diferencias mínimas —no de contenido—, y le falta la autentificación del escribano (SARRET, Privilegis, 64-65). 46 Segarra Malla, siguiendo el primer volumen de Consejos conservado (ACUR, Llibre dels Consells, I),

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la imparcialidad general y en particular de la administración financiera en todos los asuntos de la Paería, el privilegio de agosto de 1313 regulaba la reelección de los cargos más importantes: los paers no podían ser escogidos de nuevo hasta pasados tres años, mientras que los consejeros y los prohombres tasadores lo eran pasados dos. En Tárrega, el papel del baile entre 1242 y 1313 cambió de forma sustancial. En 1242 el baile aconsejaba, junto con los prohombres y el curia, a los quator viri en la administración del municipio, con lo cual participaba en las funciones de gobierno. En 1257, el monarca se dirigía conjuntamente, como oficiales suyos, a vicariis, baiulis, curiis, paciariis et universis aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris.47 Pero, a partir del momento en que la villa se configura como universitas (1274) y dispone de unos órganos con capacidad de decisión, el baile deja de participar en el gobierno para actuar como garante de la legalidad vigente, puesto que recibe el encargo de hacer cumplir los acuerdos de la universidad y las disposiciones reales, aunque el baile (según la documentación) no parece actuar de oficio sino siempre por mandato del rey. Entre 1274 y 1313, las funciones del baile y de los órganos de gobierno se van diferenciando. En 1289 y 1294, los paers y el baile parecen compartir responsabilidades: en 1289 se le encarga al baile, junto con los paers, que haga cumplir a los vecinos la obligación de contribuir, y en 1294, vuelven a ser el baile de 1300, indica que la Paería la integraban paers y 30 consejeros (SEGARRA, Història, I, pp. 57-58). El mismo autor afirma que un privilegio de Jaime II del 10 de mayo de 1308 regulaba la elección de paers siguiendo un uso antiguo: siete de cada mano (SEGARRA, Història, I, p. 67), hecho que debería haber cambiado en virtud de otro privilegio del 6 de septiembre del mismo año. En 1308 el Consejo General debía escoger cuatro paers, dos mostassafs y ochenta prohombres (SEGARRA, Història, I, pp. 67-68). Si estas noticias no documentadas eran ciertas, todo indica que debería haber existido un cambio substancial del régimen municipal con un privilegio desconocido del 6 de septiembre de 1308. Parece ser que antes de esta fecha había treinta consejeros (1301) y veintiún paers, siete por cada mano (mayo 1308); pero tras esta fecha los paers son cuatro y probablemente el criterio de elección era la circunscripción territorial del quarter. En este contexto de confusión, el privilegio —y éste sí que es conocido— del 10 de agosto de 1313, vuelve a utilizar el sistema de elección por manos. Pero un documento de 1319 nos dice que los paers son tres, y que en aquel momento uno estaba presente y dos ausentes, hecho bastante verosímil con la elección por manos que hemos indicado (ACUR, Bolsa III, núm. 43. 10 febrero 1319. SARRET, Privilegis, p. 66; apéndice documental núm. 11). 47 HUICI y CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón III, doc. 734, p. 222. La consideración de oficiales reales adjudicada a los paers sólo la hemos documentado en 1257 y se les considera fieles al rey hasta 1294. La relación de fidelidad mantendrá a los magistrados municipales dentro de la órbita de la administración de justicia de su propio municipio; en cambio, si fueran considerados oficiales del rey, estarían sometidos a la jurisdicción real. Un ejemplo claro de la pretensión del rey de considerar a los paers como sus oficiales, con la oposición declarada de éstos, que afirmaban no tener que ver con él desde hacía más de ochenta años, lo encontramos en la documentación de Lérida de 1293, en el texto titulado Instrumentum Domini Regis Jacobi quod paciarii ilerdenses sint officiales sui (GRAS, Història de la Paeria, doc. núm. 8, pp. 152-154). Contencioso que se solucionó con el común acuerdo de las partes, decidiendo que una comisión mixta de prohombres de la ciudad y de oficiales del rey perseguirían, juzgarían y sentenciarían conjuntamente a los paers, excepto en caso de que delinquieran contra un oficial real, porque entonces la curia del rey actuaría de oficio. En las condenas civiles o pecuniarias el rey obtendría dos terceras partes de los bandos y el municipio la tercera parte restante.

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y los paers quienes deben velar para que se elija a los prohombres tasadores. Sin embargo, a partir de 1302 el baile es el único destinatario de estas ordenanzas reales: en 1302, el mandato de hacer observar una disposición hecha por los paers recae únicamente en el baile, y del mismo modo, en julio de 1313, el baile es el único responsable del control de todo el proceso de elección —incluyendo su juramento—48 de los prohombres tasadores, proceso que culminará en agosto de 1313, cuando el baile se encargue incluso del control de la elección de paers y consejeros.49 Por lo tanto, a partir de este momento los privilegios reales se dirigirán a la universidad, y en su nombre a los magistrados municipales, con una cláusula dispositiva final en el escatocolo, en el cual el rey manda que el baile cumpla y haga cumplir lo que se disponga en cada privilegio. 48 A pesar de que en Tárrega sólo hayamos documentado la práctica del juramento en los prohombres tasadores, Font Rius, señala que fue habitual en todas las localidades catalanas que los magistrados municipales —pensamos que sólo fueron los cónsules, paers o jurados, pero no sus consejeros— prestaran juramento en poder del baile o del veguer como representantes del rey (J. M. FONT, Orígenes, pp. 425-426). El juramento consistía en tocar con las manos (corporaliter) las Sagradas Escrituras y repetir una fórmula oral determinada. André Gouron relaciona esta clase de juramento con una práctica boloñesa entre el notariado público de raíz romano-justinianea (GOURON, «Diffusion des consults méridionaux», p. 54, 58, n. 2); aunque hay referencias que señalan un origen feudal a este tipo de juramento. Así lo consideran: François L. GANSHOF, El Feudalismo, Barcelona, 19795, pp. 119-123; y Robert BOUTRUCHE, Señorío y feudalismo. 1. Los vínculos de dependencia, Madrid, Siglo XXI 19803, pp. 284-287; Señorío y feudalismo. 2. El apogeo (siglos XI-XIII) Madrid, Siglo XXI, 19791, p. 340, con diferentes fórmulas parecidas desde los siglos VIII al XIV. En los Libri Feudorum aparecen dos formas de este tipo de juramento sobre los Evangelios, pero ninguna de éstas habla del corporaliter: una procede de la redacción obertina y está recogida en la acursiana (Vulgata 2, 5, 1; = Antiqua 8,11;) y la otra sólo existe en la acursiana (Vulgata 2, 7, 1; Carolus LEHMANN (ed.), Consuetudines Feudorum (Libri Feudorum, Ius Feudale Langobardorum). I. Compilatio Antiqua; Gottingae, 1892, pp. 26-27; Karl LEHMANN (ed.), Das Langobardische Lehnrecht (Handschriften, Textentwicklung, ältester Text und Vulgattext nebst den capitula extraordinaria); Göttingen, 1896, pp. 120-123; edición anastática mejorada: Edidit Karl LEHMANN. Editio altera curavit Karl August ECKHARDT, Consuetudines Feudorum; Aalen, 1971, pp. 50-51 y pp. 198-201). En Cataluña, una colección de usos feudales, los Usatges, también contempla este juramento en Us. 49 Sacramentum (Fernando VALLS TABERNER, Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto, Barcelona, PPU, 1984, p. 85); que, según Brocà, es originario (Guillem M. DE BROCÀ, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del Derecho civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la jurisprudencia, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985, p. 148, edición anastática de Barcelona, 1918). 49 La actuación del baile en agosto de 1313 diferencia entre cargos delegados y no políticos (de trabajos concretos de gestión, como los prohombres tasadores), y actúa con el assensus, mientras que en los cargos con potestad de decidir sobre el resto de cargos (paers), dicho baile actúa con el consensus). No tiene mayor trascendencia que la de utilizar diferentes expresiones para denominar una misma función (para la sinonimia de ambos términos, véase Charles DU FRESNE, Sieur DU CANGE, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, 1883-1887; edición anastática: Graz, 1954, vol. I, voz assentimentum: assensus, consensus; y vol. II, voz consensus: consessus, concilium); aunque en latín clásico parece existir un pequeño matiz entre ambos términos: la diferencia semántica consistiría en el hecho de que assensus se refiere a la aprobación, mientras que consensus lo hace a la concordancia (Charlton T. LEWIS, A Latin Dictionary founded on Andrew’s edition of Freund’s Latin Dictionary, Oxford, 1987, pp. 177 y 428 respectivamente). El papel de control de la legalidad vigente se materializaba en la vigilancia de la elección de paers y consejeros, y se puso de relieve una vez más en 1343, cuando Pedro III dispuso que todo el proceso de elección que se celebrara por separado en cada quarter sólo sería válido si contaba con la presencia del baile o alguno de sus lugartenientes (ACUR, Llibre dels Consells 1343, 47r bis-49v; 11 marzo 1343. Barcelona; apéndice documental núm. 14).

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La postergación del protagonismo formal del baile (figurar en el protocolo de los documentos como destinatario) coincidirá en 1313 en el momento en que por primera vez aparecen los consejeros: es decir, si el baile todavía conserva alguna posibilidad de aconsejar a los paers, desde ahora esta función será plenamente asumida de forma directa por los consejeros. La crispación social que reflejan los textos de 131350 sólo podía solventarse con la existencia de una autoridad firme, y en este sentido, el rey podía actuar de dos maneras: podía nombrar a los magistrados municipales para superar el desacuerdo de los miembros de la universidad,51 o bien podía dictar normas de elección de los cargos y legitimar al baile para que vigilara su cumplimiento efectivo. En aquellos momentos, con un Consejo en avanzado proceso de consolidación y de estructuración como el de Tárrega, la primera opción era inviable, de manera que sólo quedaba otorgar al baile la autoridad suficiente para hacer cumplir la legalidad. Este proceso de vertebración y consolidación del Consejo significará, a la larga, que el baile se limite a tareas de control de la legalidad. A partir de ahora, esta diferenciación entre baile y magistrados municipales será definitiva, e incluso se llegará al extremo, de facto, en que los órganos municipales ejercerán un control político de la figura del baile.52 Estas medidas dictadas por Jaime II en agosto de 1313 duraron poco, puesto que el mismo rey, el 20 de mayo de 1318, concedía un nuevo privilegio que revocaba la exigencia de esperar dos años para acceder de nuevo al cargo de consejero —aunque la limitación de acceso del cargo de paer quedaba intacta—, con la justificación de que no había gente apta suficiente para ocupar todos los cargos con los límites impuestos en agosto de 1313; y que se 50 (...) fuisse dissensionis materiam exortam videlicet inter maiores seu meliores et mediocres et alios homines inferiores gradus eiusdem universitatis super eligendis paciariis in dicta villa et eorum consiliariis et super solvendis questiis (...) et etiam super eligendis personas idonais at ipsas tallias faciendas (...) (ACUR, Bolsa I, núm. 41, 10 agosto 1313; apéndice documental núm. 9; véase nota 32). 51 Recordemos que tanto en 1197, cuando Pedro I creó el consulado de Lérida, como de nuevo en 1202 y 1206 cuando lo confirmó, el monarca nombró directamente a cónsules y consejeros; pero las dificultades de los habitantes de la ciudad para proceder a la elección de los magistrados, tal como les autorizaba el rey, motivó que en 1202 el monarca se viera obligado, de nuevo, a recordar su disposición anterior y a elegir a los magistrados, señalando que en lo sucesivo esto correspondía tanto a los mayores como a los menores. Ambas noticias confirman lo que ya habíamos señalado: que los consulados —al menos el de Lérida— responden a una iniciativa real, ya que el mismo privilegio de concesión contiene la primera elección de cargos de gobierno que debería servir, teóricamente, para empezar todo el proceso, y que —bien por diferencias sociales internas o por no saber entrar en la mecánica electoral— resultaron frágiles (para los documentos de 1197 y 1202, ver GRAS, Història de la Paeria, Lámina 3, pp. 188-189, Doc. núm. 4, pp. 146-147 y Doc. núm. 5, p. 148). 52 Hemos podido observar el contexto de una crisis de los oficiales reales en Cervera a finales del siglo XIV, en el sentido de que ni el baile, sots-batlle, veguer y sots-veguer asistían a sus Cortes respectivas, y se ausentaban de la villa, todos a la vez, durante bastantes días, de manera que el Consejo proponía al rey las personas que le parecían más idóneas —alegando, justificaba, que no estaban relacionadas con ningún bando local— para ocupar los cargos, y el rey sólo procedía a su nombramiento (véase M. TURULL, La configuració jurídica, pp. 263-267).

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procedería a partir de 1318 a elegir consejeros según la forma acostumbrada antes de 1313 (ut premititur factam revocamus et irritamus et modum et formamos ipsius eleccionis reducimus ad statum pristinum ac morem solitum sic quod consiliarii eligantur per dictos paciarios prout eligebantur ante ordinacionem nostram predictam), que ningún documento de la época nos refiere ni describe.53 Pero se escojan como se escojan los consejeros, el caso es que su protagonismo se redujo —si juzgamos por los privilegios de estos años, no así a partir de 1342, en que documentamos una participación más activa de los consejeros— ya que ahora se limitan sólo a aconsejar a los paers en el sentido más genuino de la palabra, tal como lo evidencia su nula actuación en 1321, cuando la elección de prohombres tasadores recae de nuevo en los paers y en el baile.54

3.2. INSTITUCIONALIZACIÓN DEFINITIVA Y OLIGARQUIZACIÓN DE LA PAERÍA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV (1342-1382). LOS QUARTERS COMO CRITERIOS ESPACIALES DE ELECCIÓN POLÍTICA

El siguiente paso importante en la organización de la Paería se produjo en 1342 y 1343, momento a partir del cual, con enmiendas circunstanciales que lo fueron modificando, puede hablarse de un régimen de Paería plenamente organizado y con un nivel de complejidad institucional considerable. El privilegio que Pedro III concedió desde Barcelona el 21 de agosto de 1342 es el más amplio y global de los que regulan cualquier aspecto del régimen municipal, aun cuando algunos aspectos claves de la elección de paers y consejeros se desarrollaron, y hasta modificaron, en unas nuevas disposiciones de Pedro III del 11 de marzo de 1343, cuyo único objetivo era completar el privilegio anterior.55 Más allá del interés que el documento de 53 ACUR, Llibre dels Privilegis, II, 57v-58r = bolsa I, pergamino núm. 43; 20 mayo 1318; apéndice documental núm. 10; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 43; hay otra copia en el Llibre dels Privilegis, I, 63v-64r, pero tiene algunas diferencias mínimas —no de contenido— y le falta la autentificación del escribano (SARRET, Privilegis, pp. 64-65). 54 ACUR, Llibre dels Privilegis, I, f. 4; 6 noviembre 1321; apéndice documental núm. 12; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 47; SARRET, Privilegis, pp. 77-78: Nos Jacobus (...) primo quod per paciarios dicte ville una cum baiulo nostro dicte ville eligantur sex persone decentes que prestito sacramento per easdem in posse dictorum paciariorum extiment omnia bona sedencia cuiuslibet habitatoris dicte ville (...) datum Dertuse octavo idus novembris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primero (...). 55 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 54r; pergaminos, bolsa I, núm. 38; 1342, agosto, 21; apéndice documental núm. 13; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 126; SARRET, Privilegis, pp. 154-156; sabemos del texto del privilegio de 11 de marzo de 1343 por un traslado hecho junto con el privilegio del 21 de agosto de 1342, realizado el día 29 de septiembre de 1343 en un acta del Llibre de

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1342 representa —y que debería ser objeto de una mejor atención—, sólo citaremos aquellas noticias que ahora nos afectan.56 En Tárrega, al igual que en Cervera once años atrás,57 con el fin de evitar el fraude y los engaños que se producían en la elección de paers, y para que la gente vulgar pudiera acceder al gobierno municipal, se abandonó el criterio de representación social (elección por manos) en beneficio de una elección por circunscripciones espaciales (elección por quarters). En 1342 todos los habitantes de cada quarter debían escoger tres candidatos (idonei et probi homines de melioribus), de los cuales uno accedería al cargo de paer; y diez candidatos más, de los cuales cinco se convertirían en consejeros, de manera que cada año habría cuatro paers y veinte consejeros para toda la villa. Mientras que la elección de paers y consejeros se resolvía por el sistema del azar de las bolas de cera en un barreño de agua; en la selección y proclamación de los candidatos continuaba vigente un sistema de elección de paers que funcionaba, por lo menos desde 1289, y en el cual participaban todos los habitantes de la universidad reunidos en cada quarter. Si el privilegio de 1342 pretendía pacificar las peleas y las tensiones en la elección de los cargos introduciendo el azar, los candidatos y la participación en quarters; la celeridad con que Pedro III dictó un nuevo privilegio pone en evidencia que el mecanismo de elección de 1342 fue del todo ineficaz para los objetivos que se había marcado. El nuevo privilegio del 11 de marzo de 1343 no eliminaba la participación de toda la universidad, pero sí restaba importancia y trascendencia a su actuación, ya que todos los miembros de cada quarter, en lugar de escoger a los candidatos que a través del azar se convertirían en paers y consejeros, elegían a treinta compromisarios o electores por quarter —en total ciento veinte—, que serían quienes escogerían a los candidatos. Además, teniendo en cuenta quod ubi multa consilia multa salus, los candidatos a consejeros serían dieciséis en lugar de diez, como en 1342, y los escogidos al azar serían ocho por quarter, en lugar de los cinco del año anterior. Consells de la Paería de Tárrega (ACUR, Llibre de Consells, 1343, f. 47rbis-49v; 1343, marzo, 11. Barcelona; apéndice documental núm. 14). 56 A pesar de su claro interés, en este momento renunciamos a estudiar las funciones que se atribuyeron al escribano, la regulación de las auditorías al final de cada año, la figura y las funciones del clavario, el régimen de incompatibilidades, y todo lo relacionado con la hacienda local, en especial el manifiesto referente a los bienes de los vecinos por sueldo y por libra. 57 El rey Pedro III tomaba como modelo —copia literal excepto algunas pequeñas modificaciones— el privilegio que Alfonso III había concedido a Cervera en septiembre de 1331, en virtud del cual se había anulado el régimen de juradía basado en la elección de jurados y consejeros por manos; y se reinstauraba un régimen de Paería basado en la elección de paers y consejeros a partir de los quarters o barrios (publicado por Max TURULL RUBINAT y Montse CANELA GARAYOA, «Tres pergamins inèdits en català del segle XIV a l´AHCC de Cervera», en Butlletí de Dialectologia Nordoccidental, IV (Fondarella, 1985); estudiado con más detalle en TURULL, La configuració jurídica, pp. 152-153 y 172-175).

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El privilegio de 1343 sólo pretendía resolver los problemas que continuaba generando la comunidad de la universidad de Tárrega y la de todos los habitantes de cada quarter. Teniendo en cuenta que en 1342 no hay ninguna mención expresa en este sentido, se pone de manifiesto que antes de esta fecha la universidad ya participaba en la elección de los cargos de gobierno municipal. Además de lo que revela la disposición de 1343 sobre esta amplia participación, se hace difícil creer —como ya lo hemos indicado anteriormente— que antes de 1342 los paers hubieran sido elegidos o nombrados por el baile, puesto que entonces el problema se habría resuelto de manera interna entre el rey y el baile como oficial suyo y no dentro del marco institucional de la Paería. Descartada la participación directa y única del baile en el proceso de elección de paers y a la vista de las noticias que hemos comentado, no sólo de 1343, sino incluso de 1302 y de julio de 1313, el proceso de elección estaba en manos de la comunidad de todos los miembros de la universidad, tanto si se reunían por manos para escoger a sus candidatos, como si el órgano elector era aquel concilium generale documentado en 1313, ya sea con la intervención de maioris partis hominum ipsius loci —como se documentaba en 1302— o con la participación de todos los habitantes de cada quarter según 1342 y 1343. Por otra parte, este planteamiento sobre la participación de toda la universidad en 1342 se nos confirma en un privilegio de Pedro III del 24 de agosto de 1360, según el cual cum ipsa universitas in certis locis dicte ville congregata tam ex nostro privilegio quod ex antiqua consuetudine eiusdem habeat ut dicitur plenissimam potestatem eligendi et creandi anno quolibet in festo Santi Michelis mensis septembris IIIIoro paciarios et certos consiliarios.58 En 1360, cuando Pedro III hablaba ex nostro privilegio, se refería a aquel privilegio que él mismo había concedido a la universidad de Tárrega el 21 de agosto de 1342,59 ya que incluso llegó a recordar la festividad de San Miguel, coincidiendo con el privilegio de 1342 y con el de 1360, como fecha para celebrar las elecciones; en cambio, cuando se refería a ex antiqua consuetudine, hay que tener en cuenta que Jaime II —en agosto de 1313—60 señalaba que, mientras los paers eran escogidos est accenus fieri usitatum, los consejeros lo eran por los paers; hasta que poco después, en 1318,61 se anunciaba que los consejeros también serían elegidos según estatum pristinum ac morem solitum, es decir, como antes de 1313. Con lo cual, la antigua costumbre citada 58 Apéndice documental núm. 18; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 195. 59 Apéndice documental núm. 13; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 126. 60 Apéndice documental núm. 9. 61 Apéndice documental núm. 10; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 43.

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por Pedro III en 1360 hace referencia a un método de elección de los paers —siempre elegidos por la comunidad de la universidad— y los consejeros, anterior a 1313 —aunque sin documentar—. Hay que tener en cuenta que, teóricamente, rememorar el privilegio de 1342 y no el de 1343 supone otorgar un papel diferente a la reunión de toda la universidad por quarters, garantizada por ambas disposiciones. Pero, como hemos indicado, mientras que en 1342 esta congregación elegía directamente a los candidatos, en 1343 sólo se elegía a un grupo amplio de electores. Los privilegios de 1342 y 1343, en el marco de esta intervención real, limitaban de forma mínima la actuación de la asamblea de todos los vecinos y regulaban con mayores restricciones la libre actuación de un consejo cuyo núcleo central continuaban siendo los paers: a) No se negaba el protagonismo de toda la universidad en el proceso de elección, pero se introducía el elemento azar, puesto que la universidad no escogería directamente a los paers y consejeros, sino tan sólo a los candidatos a serlo en 1342 y los electores en 1343. b) Los miembros de la universidad —habitantes de Tárrega— no se reunirían en Consejo General, ni tampoco por manos, pero sí por quarters.62 Continuaba congregándose toda la universidad, pero en cuatro grupos separados según criterio de ubicación geográfica o urbanística.63 Hay que buscar la razón de fondo que empujó a la transformación del Consejo en la voluntad del rey por pacificar la villa y limitar las discordias que provocaba el acceso al gobierno municipal.64 62 Se entiende por quarter: Cada uno de los cuatro barrios o distritos en que se dividía una ciudad; barrio, distrito en general (Antoni M. ALCOVER y Francesc DE B. MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear, Barcelona, 1969, vol. IX, p. 24). A diferencia de Cervera, en Tárrega los quarters estaban perfectamente delimitados, indicando qué calles formaban parte de cada uno de ellos (ACUR, Llibre de Consells, III, 100r). Los quarters eran los siguientes según la iglesia donde se reunía la población de cada zona para proceder a la elección anual de los cargos: San Antonio, Casa de Santes Creus, Capilla de Miquel d’Ardèvol y la iglesia Mayor ([...] quod dicta universitas consuevit ex se facere quatuor partes quorum quelibet se congregabat in ecclesis infraescriptis [...], ACUR, Llibre de Privilegis III, 57v.; apéndice documental núm. 17; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 194). 63 Aunque la reestructuración de la Paería de 1342 tiene como modelo textual el antecedente de Cervera de 1331, el hecho de que ambos municipios escogieran la división cuatripartita de la villa tiene referencias inequívocas. Aquella terminología romana de 1242 podría haber influido en determinar que fueran las cuatro partes en que quedaba dividida la villa a partir del cruce (forum) del cardo maximus y el decumanus maximus y, además, que esta división de raíz romana ya fascinaba en el siglo XIV a Francesc EIXIMENIS, Lo Crestià (Selección). A cargo de Albert HAUF, Barcelona, 1983, p. 188; capítulo CX del Dotzè del Crestià: «(...) E, per consegüent la ciutat aquella hauria quatre quartons principals, ço és, quatre parts; e cascuna part poria haver plaça gran e bella, e en cascuna part poria estar qualque notable gent especial. (...)». Sobre las virtudes espirituales y materiales de esta división en cuatro partes de la ciudad medieval según Eiximenis, véase Soledad VILA, La ciudad de Eiximenis: un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV, Valencia, 1984. 64 «(...) attendentes quod pro eo quia super ordinacionem seu eleccionem paciariorum ville Tarrege preteritis temporibus comitebantur aliquotiens iniurie alique sive fraudes eo quia certe et designate persone anno quolibet constituebantur in predicto officio et inequalitas sive diversitas in dicta eleccione aliquotiens servabatur

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c) En 1342 se limita el acceso de paers y consejeros a ocupar un nuevo cargo municipal hasta pasados cuatro años a contar desde su último mandato, y en 1343 el límite afecta a los consejeros durante cuatro años, excepto —indica el texto— si se trata de meliores et magis idonee persone, en cuyo caso sólo habría que dejar pasar dos años. Estas normas introducían una estricta medida para evitar la reiteración continuada y la permanencia indefinida en los cargos municipales con respecto a las disposiciones anteriores, ya que el límite para los consejeros había sido eliminado en 1318 y los paers continuaban con un límite de tres años desde 1313. d) En 1342, los consejeros no sólo aconsejarían a los paers, sino que el consentimiento y la voluntad de su mayoría serían necesarios para aprobar y validar algunas propuestas: el mismo privilegio indicaba que no podían modificarse las actas de las sesiones del Consejo si no era con voluntate dictorum consiliariorum seu maioris partis eorum. Esta medida suponía el reconocimiento de la participación de los consejeros en la dinámica del Consejo, y por lo tanto significaba un paso decisivo en la vertebración de la Paería. En 1343 el número total de consejeros aumentó de veinte a treinta y dos y el texto del privilegio anunciaba quod ubi multa consilia multa salus. e) La elección de paers, que originaba la mayor parte de los problemas, se realizaría entre personas idonei et probis homines de melioribus. Que los candidatos a paer se tengan que escoger de entre los meliores no tendría nada de extraordinario, si no fuera porque cuando se refiere a los candidatos a consejero no hay ninguna apreciación cualitativa y, sobre todo, porque en agosto de 1313 el apelativo de mejores se identificaba directamente con el de mayores (videlicet inter maiores seu meliores et mediocres et alios homines inferioris gradis eiusdem universitatis). Si bien podría pensarse en unos cargos de paer reservados a los mejores-mayores, el mismo privilegio reconoce la necesidad de que los mediocres se integren en el gobierno municipal y, concretamente, puedan ser escogidos paers, con lo cual es fácil que la mención a los probis homines de melioribus se refiera a una virtud moral o personal más que a una selección social, política o económica. La tendencia a la oligarquización era patente desde dos ópticas sociales diferentes. Por una parte, desde los intereses de los mayores, por las presiones enmascaradas de buenas intenciones, alegando la capacidad de los candidatos (idonei et probi homines de melioribus, 1342); y, por otra, reduciendo los obstáculos temporales en la reelección de los cargos (1342: cuatro años, 1343: dos

cuius rei occasione dampnum non moditum sequebatur universitati ville eiusdem (...)» (apéndice documental núm. 13; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 126).

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años para los consejeros,65 1346: un año)66 y, finalmente, habiéndose reducido la intervención directa de todos los miembros de la universidad en el proceso electivo con la creación de un cuerpo de electores. Y desde los intereses de los mediocres y los menores, desde que en 1351 obreros y menestrales reivindicaban la aplicación del privilegio real de 1342, alegando que el grupo dominante en el gobierno municipal no observaba de forma correcta la manera de elegir los cargos,67 con lo cual reivindicaban la supresión del mencionado cuerpo de electores y la vuelta a la elección directa de los candidatos a los cargos por parte de la universidad. Esta tendencia a poner normas en el funcionamiento del gobierno municipal pretendía controlar el proceso de oligarquización, que ya hemos seguido en Tárrega en otra ocasión,68 de manera que contribuyera a generar una dinámica política más rígida, limitando poco a poco las vías de participación de toda la universidad y la importancia de su intervención. Además de los citados cambios sustanciales en el sistema, hubo también pequeños cambios accidentales en el funcionamiento administrativo de la Paería: el 23 de agosto de 1360 y debido a la mortalidad anterior, se reestructuraron las demarcaciones y los cuatro quarters quedaron reducidos a dos;69 y el 24 de agosto del mismo año, se cambiaba el día de elección, que pasaba de San Miguel al día siguiente de la Pascua de Resurrección, puesto que durante el mes de septiembre la población estaba ocupada con la vendimia y el azafrán y, además, había que pagar las rentas de los censales y violaris que se habían vendido.70 Si en 1342 y 1343 fueron las tensiones sociales y las relaciones políticas las que empujaron los cambios en la organización del Consejo, a finales del siglo XIV la crisis demográfica producida por las mortalidades había disminuido el número de vecinos aptos para ocupar cargos de gobierno.

65 ACUR, Llibre dels Privilegis, III, 55v; pergaminos bolsa II, núm. 139; 1346, septiembre, 28 (contiene referencia a 11 mayo 1343; apéndice documental núm. 15; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 135; SARRET, Privilegis, p. 169). 66 En 1346 paers y consejeros no podían repetir en el oficio, pero sí que podían alternarlo año tras año. ACUR, Llibre dels Privilegis, III, 55v; pergaminos bolsa II, núm. 139; 1346, septiembre, 28; apéndice documental núm. 15; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 135; SARRET, Privilegis, p. 169. 67 En 1351 obreros y menestrales solicitaban al monarca que se continuara utilizando el privilegio de 1342 que regulaba las elecciones por quarters. El rey así lo ordenaba, y daba instrucciones oportunas a su baile (ACUR, Llibre dels Privilegis III, 58r. SARRET, Privilegis, p. 189; SEGARRA, Història, I, pp. 153-154). 68 Jaume RIBALTA HARO y Max TURULL RUBINAT, Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera al segle XIV. Tárrega, 1987. 69 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 57v; 23 agosto 1360; apéndice documental núm. 17; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 194; SARRET, Privilegis, p. 223. 70 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 57r; 24 agosto 1360; apéndice documental núm. 18; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 195; SARRET, Privilegis, p. 224.

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3.3. TOTIUS UNIVERSITATIS IN CONSILIO GENERALI CONGREGATE

La existencia de un Consejo General en la Paería de Tárrega no es un hecho extraordinario en sí mismo, pero sí que lo es la transparencia de una documentación que permite rastrear su existencia, desarrollo y transformación como tal Consejo General. Hasta ahora hemos seguido el rastro de un órgano con poca representación (hemos visto la evolución de la planta del Consejo hasta el siglo XIV) y al mismo tiempo, hemos constatado documentalmente la convi-vencia de este pequeño órgano con otro más amplio en cuanto a representación (el Consejo General): ambos órganos son los medios a través de los cuales se expresa la voluntad de la universidad. Primero habrá que cuestionarse el origen, estructura y funcionamiento del Consejo General; y después, el motivo de esta duplicidad de órganos en un mismo ámbito municipal.71 El Consejo General —antes de que recibiera esta denominación— era la sede principal donde se tomaban las decisiones que afectaban a la universidad, y en él intervenían todos los habitantes de la ciudad, que eran los miembros que integraban la universitas. El hecho extraordinario (por oposición a la normalidad representada por el Consejo General) es la aparición del Consejo (o consejo restringido), que pretende superar la dificultad de la toma de decisiones en una asamblea multitudinaria. Así pues, el Consejo General que conocemos del siglo XIV es un vestigio de aquellas asambleas que reunían a todos los miembros de la universidad con capacidad decisoria. La dificultad de reunirlo y hacer que su funcionamiento fuera eficaz generó que, a través de su institucionalización (la regulación de asistencia, competencias y estructura mediante provisiones reales), se consiguiera su acartonamiento como vestigio y su desmovilización como instancia plenamente representativa. Lo más importante es que el Consejo General dejó de reunir a todos los vecinos para constituirse en un órgano totalmente restringido, con lo cual se desvirtuó su idea original. Una vez pasada la primera oleada de peste, los fogatges de la segunda mitad del siglo XIV otorgan a Tárrega unos 200 focs.72 Si tenemos en cuenta 71 Para una primera aproximación al estudio del Consejo General en Tárrega, ver Max TURULL RUBIy Jaume RIBALTA HARO, «Entre la “universitas” i el “Concilium Generale”. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», en Urtx. Revista Cultural de l’Urgell, 2 (Tárrega, 1990), pp. 37-48. 72 Sin entrar ahora en los prolegómenos de los fogatges conservados en el ACA, parece que se ha llegado a un cierto consenso en su clasificación. Así, el fogatge más antiguo sería el publicado por Josep Maria Pons Gurí, fechado en 1358 (Josep Maria PONS GURI, «Un fogatgement desconegut de l’any 1358», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX, Barcelona, 1963-1964); le seguiría el elaborado por mandato de las Cortes de Cervera (1359) y Tortosa (1365), y que Iglesies sitúa entre 1365-1370 y no en 1376 como se creía hasta entonces [José IGLESIES FORT, «El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV», en Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-

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que en Cervera, por ejemplo, los compromisarios para elegir cargos eran ya doscientos, y que algunos documentos notariales dan testimonio de reuniones con cuatrocientos setenta asistentes,73 podemos pensar que el potencial demográfico de Tárrega aún hacía viable la reunión de una asamblea de todos los vecinos a mediados del siglo XIV. Mientras que en 130274 tenemos constancia documental de la participación activa de la mayor parte de los habitantes de la ciudad, que otorgan su consentimiento a los paers, en julio de 131375 la participación de estos habitantes se gestiona a través de la institución del denominado Consejo General, y se recuerda que éste funciona según la costumbre del lugar. Después de contrastar ambas noticias, podemos deducir dos realidades: 1) La reunión de todos los miembros de la universidad era una práctica habitual para reducir a común denominador la voz de los habitantes de la población en los asuntos más importantes que afectaban a la universidad, y se hacía así desde 1302 por lo menos, aunque es probable que fuera anterior. 2) Entre 1302 y 1313 el cambio sustancial es la denominación de la asamblea como Concilium Generale, si bien este Consejo General continuaba reuniendo a todos los vecinos de la villa al igual que en 1302. Esta participación de toda la universidad en los asuntos de la villa quedaba nuevamente patente en un documento de 1356. El rey respondía a una petición hecha por los síndicos de la universidad de Tárrega que se habían quejado del descontrol financiero—fiscal de los paers y del Consejo anterior (paciarii et consilium qui et quod fuerunt dicte ville fecerunt plures et diversas donaciones et relaxaciones et gracias). Para remediarlo, el rey ordenaba que toda la universidad, o su mayor parte, reunida en Consejo General, tenía que autorizar las donaciones de bienes de dicha universidad superiores a cien sueldos. La expresión cum consilio et assensu totius universitatis vel maioris partis eiusdem in consilio generale congregate deja clara la exigencia del rey, que pide el acuerdo de todos los miembros de la universidad o de su mayor parte, que hayan sido convocados

celona, XXXIV, 11 (Barcelona, 1962) pp. 249-356 (y en separata pp. 1-110)]. El tercer recuento es de 1378, resultado de las Cortes de Barcelona de 1377-1378 (Josep IGLESIES, «El poblament de Catalunya durant els segles XIV-XV», en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Cerdeña, 1957, pp. 247-270). El último fogatge de este siglo XIV parece ser el más dudoso; atribuido a las Cortes de Cervera de 1359 y publicado con esta fecha por Próspero de Bofarrull, hoy se considera posterior al de 1378 y con fecha próxima a 1381 (publicado por Próspero DE BOFARULL en CODOIN XI, Barcelona, 1856, y posteriormente en las CARAVYC II, pp. 55-134). 73 TURULL, La configuració jurídica, pp. 165-171. El documento original puede verse en el ACSG Fondo Notarial Jaime Ferrer, censales y ventas 1354, 15r-20v. 74 ACUR, Llibre dels Privilegis II, 129r; 8 abril 1302; apéndice documental núm. 7; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 23; SARRET, Privilegis, p. 40.; véase nota supra núm. 29. 75 ACUR, Llibre dels Privilegis II, 54r-55r; 21 julio 1313; apéndice documental núm. 8; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 31; vid. nota supra núm. 31.

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en Consejo General con el fin de tomar una decisión. El texto no menciona la exigencia de quórum, sino que se refiere al tipo de mayoría necesario para llegar a acuerdos válidos, dando por sentado que ya han sido constituidos los miembros de la universidad. El tenor literal del privilegio no nos informa de cómo se formaba esta mayoría; y, teniendo en cuenta que ni el derecho general ni el particular de Tárrega contemplaban la regulación de esta cuestión, se entiende que se aplicaba el derecho romano como supletorio (y así se indicaba en las Costumbres de Tárrega, cap. 24). Según la interpretación de los glosadores (Odofredo y Glosa Ordinaria de Acursio), el quorum lo constituían los dos tercios de los miembros y los acuerdos necesitaban el apoyo de la mayoría simple de los convocados (los dos tercios que forman el quorum). El Consejo General actuaba según lo que podríamos calificar como iniciativa patrimonial, puesto que no había normas de actuación (normativa), sino únicamente una hipotética legitimación para alienar bienes de la universidad (capacidad de fiscalización). No hay duda de que el Consejo General se identifica con la congregación de toda la universidad: la universidad se expresaba por la vía del Consejo (escogido por los miembros de la universidad) o reuniéndose ella misma en el marco del Consejo General.76 El año crucial para la institución del Consejo General es sin duda 1369: en abril (según copia del Llibre de Privilegis del 11 de junio de 1369)77 tenemos constancia documental del último y multitudinario Consejo General integrado por todos los miembros de la universidad y, sin embargo, en octubre del mismo año, Pedro III reduce drásticamente el Consejo General a cincuenta y cuatro personas, con paers y consejeros incluidos. El primer documento, del 11 de junio de 1369,78 recoge el acta del último Consejo General celebrado en Tárrega el día 27 de abril, al que 76 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 13v; 12 septiembre 1356; apéndice documental núm. 16; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 180; SARRET, Privilegis, p. 200. Sobre el carácter supletorio de las leyes romanas en Tárrega, ver n. 19; para las interpretaciones de Odofredo y de la Glosa Ordinaria, ver n. 2 y n. 3 respectivamente. 77 El hecho de que un acta aparentemente intrascendente de una sesión del Consejo General fuera copiada y autentificada por notario en el Llibre de Privilegis, por mandato del baile, no deja de ser sorprendente. Es posible —aunque no deja de ser una hipótesis— que, en el contexto de los problemas financieros documentados en 1356 y ante la probabilidad de que el rey decidiera restringir definitivamente el número de miembros integrantes del Consejo General, éstos tuvieran interés en plasmar por escrito y de manera solemne su existencia y pacífica convivencia. Este acuerdo municipal regulando destinar un determinado dinero para la construcción de las murallas que Pedro III mandaría edificar el mes de agosto, pretendía servir de ejemplo del buen funcionamiento y eficacia del Consejo General en un tema de máximo interés para el rey. Una vez más, la plasmación por escrito de normas municipales se convierte en un síntoma, no de vitalidad sino de su situación agónica. 78 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 80r; 27 abril 1369 (traslado del 11 junio 1369); apéndice documental núm. 19; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 226; SARRET, Privilegis, pp. 261-262).

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asistieron el baile, tres paers, catorce consejeros y doscientos cincuenta y tres habitantes de la villa para decidir el destino de ciertos ingresos de la universidad. El acta de aquella sesión nos revela algunos aspectos importantes de la institución: a) la constatación de que el Consejo General estaba integrado por todos los miembros de la universidad; b) que la reunión de la mayor parte de sus miembros validaba los acuerdos que se tomaran, es decir, que pese a congregar sólo a la mayor parte de la universidad los acuerdos se tomaban en nombre de ésta (como si estuviera reunida en pleno); c) el baile presidía el Consejo General, lo convocaba por llamamiento público y ordenaba que se copiara el acuerdo del Consejo General en el Llibre de Privilegis, pero además, el baile validaba los acuerdos que decidía la asamblea de vecinos; d) el Consejo General disfruta de la capacidad normativa emanada de la universitas (ordenaren e stabliren per si e per tots los altres de la desús dita vila presens e sdevenidors per deffensió e salvetat de la dita vila). La reforma y desvirtualización definitiva del Consejo General se produjo con un privilegio real del 6 de octubre de 1369.79 A partir de ese momento dejó de integrar a todos los miembros de la universidad para convertirse en un órgano restringido y de acceso limitado, como apéndice del Consejo ordinario. La convocatoria y asistencia de un gran número de personas —se habla de trescientas y cuatrocientas—, redundaba en la pérdida de operatividad (ubi est multitudo ibi est confusio): se trataban temas que no estaban previstos, se producían barullos y molestias que dificultaban la discusión y aprobación de las disposiciones.80 Para resolver estos problemas, Pedro III dispuso la reducción del Consejo General, de forma que los cuatro paers y veinte consejeros elegidos como era costumbre,81 integrantes del Consejo ordinario, escogerían a treinta personas, diez de cada una de las tres manos, y todas juntas formarían un Consejo General de 54 personas.82 La 79

ACUR, Llibre dels Privilegis III, 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 20; GONZALVO, HERSABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 235; SARRET, Privilegis, pp. 270-271. 80 Razones parecidas aduce Santiago Sobrequés por los cambios del régimen municipal de Girona de 1344, también con Pedro III, y aporta diferentes ejemplos parecidos en localidades de las comarcas gerundenses de los siglos XIV y XV; aunque en Torroella de Montgrí se reproduce textualmente la citada fórmula (ubi est multitudo ibi est confusio; Santiago SOBREQUÉS VIDAL, «Régimen municipal gerundense en la Baja Edad Media», en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X (Gerona, 1955), pp. 165-234 [= «El règim municipal de Girona a la Baixa Edat Mitjana», en Societat i estructura política de la Girona Medieval, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1975, pp. 75-136, esp. p. 81 n. 20]). 81 Según hemos visto al estudiar el privilegio de 1360, esta costumbre nos remite al privilegio de 1342 y, este último, a un método de elección de paers y consejeros anterior a 1313. 82 En la discusión sobre el alcance del concepto prohombre es interesante el perfil psicosocial que el rey pide a aquellas treinta personas que hay que escoger para formar parte del renovado Consejo General (participación popular fosilizada). Aunque se tratara de diferentes manos, todos debían poseer una serie de características de moral social común: «eligant triginta personas de gremio universitatis eiusdem de hiis quas magis aptas et suficientiores et maturitate ac gravitate vigentes noverint iuxta constientias earumdem» (ACUR, Llibre dels NANDO,

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asistencia, que era obligatoria83 para sus miembros electos, estaba vetada al resto de los vecinos;84 y la decisión era mayoritaria y sanioritaria.85 El primer cambio documentado del nuevo Consejo General, establecido por Pedro III en octubre de 1369 lo efectuaron aquel año los consejeros de Barcelona, como señores de la villa de Tárrega, cuando modificaron toda la planta municipal: redujeron el número de consejeros —que pasaba de veinte a doce—, debido a la mortalidad que había hecho disminuir el número de candidatos aptos, y redujeron el de prohombres que integraban el Consejo General, que pasaba de treinta a veintiuno, escogidos igualmente de manera proporcional entre las manos, por los paers y consejeros. El Consejo General en 1396 quedaba restringido a 37 personas: cuatro paers, doce consejeros y veintiún prohombres.86 Pese a la drástica reducción numérica que afectó al Consejo General en octubre de 1369 y de nuevo en 1396, continuaba vigente la idea de que el Consejo General seguía expresando la voluntad de toda la universidad, y que los acuerdos que tomaba tenían tanta eficacia y valor como si los hubiera acordado una reunión de todos los vecinos de la villa: les quals XXX persones eletes fan ensemps ab los dits IIII paers e XX consellers General Consell e tot açò que aquells fan obté aytanta eficàcia e valor com si per tots els habitadors o vehïns de la dita vila era feta e ordonat segons que en los dits privilegi e provisió largament és contengut. En definitiva, tenemos constancia de que en Tárrega se continuó reuniendo la universidad en pleno hasta 1369, para llegar a acuerdos que Privilegis III, f. 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 20; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 235; SARRET, Privilegis, pp. 270-271). 83 ACUR, Llibre dels Privilegis III, f. 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 20; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 235; SARRET, Privilegis, pp. 270-271: «(...) Et sit fiet complementum ad dictas LIIIIor personas que omnes in posse dicti scriptoris teneantur iurare super sancta Dei evangelia quod durante eorum officio vaccabunt seu intendant per posse ad bonum regimen dicte ville et ad ea qua utilitatem ipsius et habitantium in ea concernent quorumquod venient ad consilium cum ad illud vocabuntur nisi causa evidenti et raonabili excusuntur et dicta eleccio annis singulis per dictum modum habeat renovari non tamen in tantum quisi [ ] de triginta electis uno anno in sequenti valeant remanere quoniam si dictis paciariis et XXti consiliariis electoribus videbitur quod illi ex dicto consilio qui fuerint preterito tempore sint utiles et sufficientes ad ipsum consilium excercedum possint eos confirmare in sequenti anno vel mutare in totum vel in partem pro ut eis fuerit bene visum (...)». 84 ACUR, Llibre dels Privilegis III, f. 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 20; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 235; SARRET, Privilegis, pp. 270-271: «(...) et sub pena mille morabati auri a contrafacientibus irremissibiliter habendorum sub qua siquidem pena nullus alius quodam [ ] ex dictis LIIIIor electis ad consilium venire persumat nisi forsan ex aliqua iusta causa et raonabili expresse et nominatim fuerit evocatus (...)». 85 Por primera vez, en Tárrega, en octubre de 1369 encontramos una referencia, aplicada al Consejo General, sobre el criterio de la mayoría y sanioría, que comentaremos en el capítulo siguiente. 86 ACUR, Bolsa I, núm. 45; 11 febrero 1396; apéndice documental núm. 21; SARRET, Privilegis, pp. 354-356; véase nota supra núm. 49.

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afectaban de manera especial a toda la comunidad. La pervivencia de este Consejo General servía, desde la óptica del rey, para frenar los abusos que pudieran perpetrar paers y consejeros desde el Consejo particular. Pero este remedio no era eficaz porque, tal como le recordaban los prohombres a Pedro III, donde hay multitudes hay confusión. Hasta la segunda mitad del siglo XIV no se consiguió fijar de manera estable un canal válido y eficaz para expresar la voluntad de la universidad. Esta estabilidad se encontró en el equilibrio entre evitar mantener una asamblea de todos los vecinos (por falta de operatividad) y crear un órgano de control del Consejo particular (para evitar la corrupción política y administrativa de sus miembros).

4. LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL: TÁRREGA BAJO LA JURISDICCIÓN SEÑORIAL (1382-1520)

Desde finales del siglo XIV hasta comienzos del XVI, Tárrega perderá su autonomía municipal al convertirse en señorío jurisdiccional, en virtud de diversos negocios jurídicos de diferentes señores. Esta circunstancia tiene una gran trascendencia para el problema que nos ocupa, ya que la incorporación de Tárrega a diferentes señoríos le supuso la pérdida de su autonomía y, con ésta, la desaparición del municipio. Tárrega continuaba siendo una universidad como personalidad jurídica, con órganos de expresión, pero al depender de un señor —en este caso de un municipio— no tenía voz ni reconocimiento ante la summa potestas. Aunque los documentos elaborados desde Tárrega no permiten entrever claramente esta nueva situación, otros indicios exteriores nos demuestran su carencia de voz: así pues, mientras Tárrega estuvo sometida a la jurisdicción señorial —todo el siglo XV—, los asuntos que le afectaban eran presentados a Cortes por sus señores.87 El examen de los procesos de las Cortes catalanas de los siglos XIV y XV publicados demuestra que la asistencia de Tárrega a las Cortes, junto a otras universidades, villas y ciudades reales de Cataluña, se vio truncada mientras Barcelona fue señora de Tárrega,88 y 87 Una demostración de esta falta de autonomía está documentada en la Corte de Barcelona (1431-1434), donde, entre otros procesos que se tramitaron, hubo uno presentado por la ciudad de Barcelona con respecto a «Eo quia vicarius regius ville Tarrage portet baculum (...)» (CARAVYC vol. XVIII, Madrid, 1913, p. 417). 88 Tárrega envió síndicos a las Cortes de Barcelona (1340), Barcelona (1347), Perpiñán (13501354), Perpiñán (1356), Vilafranca del Penedés (1367), Barcelona (1368), Barcelona (1368), Tarragona-Montblanc-Tortosa (1370-1371-1372), Barcelona (1372-1373), Barcelona (1373), Lérida (1375), Barcelona (1377-1378) y Barcelona (1379-1380); en cambio, no se confirma la participación de Tárrega en ninguna Corte de las celebradas a partir de la de Barcelona (1412-1413) hasta las de 1454-1458 en la misma ciudad condal. Aunque Tárrega dependía de Barcelona desde 1396, no tenemos explica-

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los negocios jurídicos donde se decidía la situación de Tárrega se resolvían siempre a espaldas de la villa. El infante Martín será el primer señor de Tárrega (1382-1391) en virtud de una compra-venta con carta de gracia a su padre el rey Pedro III. 89 Justo después de tomar posesión, el infante Martín, a petición de paers y prohombres, que le presentaron el 17 de abril de 1383 un escrito de diez capítulos, confirmó los privilegios y las franquicias de la villa. 90 El 4 de noviembre de 1391 y por idéntica razón que su padre —poder pagar la armada a Sicilia—, el infante vuelve a vender Tárrega a los consejeros de Barcelona con carta de gracia; y éstos, ya como señores de Tárrega (13911460), en idénticas circunstancias y condiciones que el infante, confirmarán ción para justificar que en la Corte de Perpiñán-San Cugat-Barcelona (1405-1410) figuraran «fidelibus nostris juratis et probis hominibus ville de Tarrege» (CARAVYC, vol. V, p. 9); teniendo en cuenta que en Tárrega nunca hubo jurados, y que los magistrados municipales fueron siempre cónsules o paers. La situación jurídica de Tárrega bajo jurisdicción señorial le impedía acudir a Cortes, pero en cambio, es extraño que enviara a ciertos individuos —que no eran sus autoridades— a las Cortes de 1405-1410: puede ser que estos jurados sólo asistieran como oyentes —acompañando a sus señores, los consejeros barceloneses— o que los momentos de fuerte crisis social y descontrol político que se vivían hicieran variar las poco consolidadas costumbres de las Cortes. 89 Para poder pagar la armada que debía enviar a Sicilia, Pedro III vendía Tárrega al infante Martín —entre otras posesiones— con una carta de gracia, por 60.000 libras y con todos sus derechos (16 julio 1382). El 23 de julio de 1382, el rey enviaba una carta apoderando a Pedro de Aviñón (caballero y lugarteniente del portavoz del gobernador en Cataluña) y a Antonio de Naves (comerciante de Lérida) para que acompañaran al Infante o a sus procuradores para tomar posesión de Tárrega y recibir el juramento de sus habitantes; y con otra carta del 29 de septiembre de 1382 comunicaba a los paers y prohombres de Tárrega su decisión de vender, así como la llegada de los procuradores. Por otra parte, el 7 de noviembre de 1382 el infante Martín nombraba procurador a Pedro Ramon de Camporrells (caballero y mayordomo de su mujer María) para que tomara en su nombre, como señor natural, posesión de la ciudad de Tárrega, indicando que tenía autoridad para cambiar o volver a nombrar a los oficiales reales en sus cargos, aunque ya como oficiales suyos, de manera que debían ratificar los privilegios reales concedidos a la villa. El 12 de abril de 1383, el procurador del rey Pedro hacía entrega de Tárrega al procurador del infante, que ratificaba los privilegios reales concedidos a paers, prohombres y universidad de Tárrega (ACA. Reg.1002, fol. 85 y 93; ACA. Reg. 2071, fol. 83; ACUR. LP III, fol. 46v; ACUR. LP III, fol. 58v; ACUR. B. núm. 122. SARRET, Privilegis, pp. 326-329). Tras la venta, y antes de que el infante nombrara a los procuradores para que tomaran posesión de la villa, Pedro III tuvo tiempo, el 6 de octubre de 1382, de legislar sobre un impuesto en Tárrega (ACUR. LP III, fol. 51; SARRET, Privilegis, p. 330). 90 Las peticiones ratificadas por el infante Martín eran las siguientes: confirmación de los privilegios, que en el caso de sus oficiales fueran trienales en el ejercicio de su oficio y tuvieran que rendir cuentas del oficio al terminar la purga de taula consignada en las Constituciones de Cataluña; no tener procurador para las jurisdicciones, porque éstas las tenían adjudicadas el baile, los paers y el Consejo; jurar mantener las imposiciones existentes; jurar mantener un contrato que tenía con unos ciudadanos barceloneses sobre la venta de una undécima parte de los espelts (semilla de una variedad local de trigo); prometer que durante los cinco años siguientes a la posesión no utilizaría la villa ni le pediría servicios; jurar no vender, empeñar, infeudar ni transportar nada de la villa (términos, derechos, bienes, jurisdicción), y si lo hiciera, que fueran entregados —a esta petición el infante responde que no ha lugar, porque ya lo había dispuesto el rey en la venta—; que el veguer pudiera tener corte en la villa; que confirmara la remisión general de los tercios, penas y hechos civiles y criminales; y finalmente, que las disposiciones elaboradas fueran francas del derecho de sello (ACA. Reg. 2086, fol. 95. SARRET, Privilegis, pp. 331-333).

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los privilegios y las franquicias de la ciudad ratificando el documento firmado por aquél.91 No hay que confundir el periodo bajo jurisdicción señorial con un empeoramiento de las condiciones de vida: la entrada en la jurisdicción señorial cortaba la autonomía del municipio, pero la ratificación de los privilegios concedía a la villa ciertos derechos que de otro modo no habría tenido.92 Las dos confirmaciones de los privilegios y franquicias demuestran la potestad discrecional de los sucesivos señores porque, del mismo modo que los ratificaban, podían haber optado —y tenían el derecho de hacerlo— por denegarlos y revocarlos; pero esta misma potestad del señor se constata también en la decisión de mantener, o bien cambiar, el sistema de gobierno de la universitas —ahora ya no podemos hablar de régimen municipal, porque Tárrega ya no era un municipio—. El 11 de febrero de 1396 los consejeros de Barcelona dictaban unas normas que modificaban el Consejo de Tárrega.93 El criterio de elección de cargos de gobierno era mixto: se combinaba la representación por circunscripciones territoriales y la representación social de las tres manos. En cada uno de los cuatro quarters, la congregación de todos los habitantes del quarter (recordemos que en 1351 el rey había accedido a volver al sistema de 1342 y por lo tanto, no aplicó algunas de las modificaciones de 1343) elegía: tres prohombres candidatos, de los cuales uno sería paer; y seis más, de los cuales tres serian consejeros, escogidos al azar por el método de las bolas de cera. El privilegio informa de dos estructuras diferentes: la que estaba vigente, como mínimo a partir de 1369,94 y la que modificaba el mismo privilegio. 91 La compra-venta se hizo por 27.500 libras, con la confirmación de su hermano el rey Juan; y en el mismo documento, el infante Martín ordenaba a los habitantes de Tárrega que consideraran a los consejeros de Barcelona como sus señores naturales (ACA. Reg. 2079, fol. 134v. SARRET, Privilegis, pp. 337-340). El 4 de noviembre de 1391, el infante nombra procurador para que los consejeros puedan tomar posesión de Tárrega (ACUR. B. I, núm. 119. SARRET, Privilegis, pp. 340-341); y el 7 de noviembre de 1391, los consejeros de Barcelona dan poder a dos ciudadanos para tomar posesión de Tárrega, de manera que el procurador del infante dice a los habitantes de Tárrega que en lo sucesivo se consideren bajo la jurisdicción de Barcelona (ACUR. B. I, núm. 121 a y b. SARRET, Privilegis, pp. 342-343). Finalmente, el 23 de noviembre de 1391, los procuradores de Barcelona toman posesión de Tárrega (el documento reproduce las dos cartas de los consejeros encomendándoles esta tarea), y como los paers y prohombres de Tárrega tenían mucho interés en que les fueran ratificados los privilegios reales concedidos, los procuradores barceloneses se los ratifican y confirman de acuerdo con el escrito de los diez puntos firmado por el infante (ACUR. B. I, núm. 120. SARRET, Privilegis, pp. 344-349). 92 Uno de los derechos más preciados de la villa, ratificado por sus señores, era el de juzgar a los paers en ambas jurisdicciones. Cuando el 16 de julio de 1444, los consejeros barceloneses remiten una carta a los paers de Tárrega pidiéndoles que se inhiban de juzgar a Domingo Ferrando, los de dicho municipio se quejan de habérseles conculcado sus privilegios, y los consejeros anulan la petición (ACUR. Legajo de cartas y privilegios, pliego II, núm. 11. SARRET, Privilegis, pp. 387-388). 93 ACUR, Bolsa I, núm. 45; 11 febrero 1396; apéndice documental núm. 21; SARRET, Privilegis, pp. 354-356. 94 Véase, para el capítulo del Consejo General, la explicación del corte cronológico.

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La planta de la Paería, vigente hasta 1396, era la misma de 1342, con la única modificación de que el Consejo General había reducido el número de personas: paers y consejeros unidos escogían a treinta personas, diez por cada mano, como reducción del antiguo Consejo General. En 1396, los consejeros barceloneses habían mantenido los candidatos para acceder a paer, se había reducido el número de consejeros candidatos (de diez a seis por quarter) y elegidos (de cinco a tres por quarter) y también se reducía el número de personas que integrarían el Consejo General (de diez a siete personas de cada mano). La reestructuración promovida por los consejeros barceloneses mantenía en esencia la estructura vigente hasta entonces, y regulaba de manera clara la composición y elección del Consejo General. Cuatro paers y doce consejeros integraban el Consejo o Consejo Particular. A pesar de recibir desde ese momento el adjetivo de particular, esto no supone ningún cambio sustancial, puesto que no se trataba de un nuevo órgano. Particular se añade para diferenciar el Consejo (ahora Consejo Particular) del Consejo General, y sólo tenía sentido desde el hecho de que el Consejo General era un órgano activo y efectivo. El Consejo General, que ya documentamos con este nombre en julio de 1313 (aunque la práctica de agrupar a toda la universidad fuera anterior), dejó de reunirse debido a su conflictividad social, porque en él convergían todos los sectores sociales a través de las manos, y la reunión en un mismo lugar de toda la universidad era algo difícil y problemático. Esto provocó la intervención real, descentralizando las reuniones mediante convocatorias particulares por quarters, de manera que se desactivó el Consejo General como órgano. Así pues, el Consejo General acabó reuniéndose sólo en las ocasiones imprescindibles: las elecciones de paers y consejeros.95 Cuando el Consejo General dejó de agrupar a toda la universidad —debido a la dificultad que esto representaba para tomar decisiones—, se convirtió en un órgano operativo y convocable, que había que diferenciar del Consejo Particular, el único Consejo que de manera efectiva había funcionado hasta entonces. Reducción y desvirtuación del Consejo General van unidos de manera íntima a la consolidación de una oligarquía ciudadana en una relación causaefecto, hasta el punto de no poderse diferenciar. Por una parte, la presión 95 ACUR, Llibre dels Privilegis III, f. 57r; 24 agosto 1360; apéndice documental núm. 18; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 195; SARRET, Privilegis, p. 224: «(...) Quod cum ipsa universitas in certis locis dicte ville congregata tam ex nostro privilegio quod ex antiqua consuetudine eiusdem habeat ut dicitur plenissimam potestatem eligendi et creandi anno quolibet in festo Santi Michelis mensis septembris IIIIor paciarios et certos consiliarios hec et alia in ipso privilegio dicuntur largius contineri quod festum ad ipsam eleccionem faciendam cosignatum asserunt eis esse plurimum inconveniens sequentibus racionibus (...)».

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política de la oligarquía fomentó la desvirtuación, al reducir el Consejo General, integrado por todos los miembros de la universidad; y por otra, dicha reducción permitió una mayor facilidad de control y reproducción de la oligarquía. En ese momento, el proceso político y social de oligarquización, del que ya se habían detectado algunos síntomas inequívocos en los mismos privilegios reales, podía extenderse con más facilidad. La mortalidad y el menor número de individuos aptos para optar a los cargos, así como las dificultades técnicas para convocar y coordinar a un gran número de personas, propiciaron una morfología institucional beneficiosa para los grupos de poder. La planta municipal y los sistemas de elección de los cargos son un claro exponente de este proceso de concentración de poder que continuó durante el siglo XV. Con anterioridad, algunos reyes habían intentado limitar la oligarquización del régimen municipal fijando límites, muy a menudo enmendados, para la reelección de los cargos, introduciendo el factor azar en algún momento de la elección. En el siglo XV, estos límites se abandonaron a menudo, pero no por la acción ilegal de los prohombres de la villa, sino a través de canales legales establecidos en nuevos privilegios conseguidos por aquella oligarquía ciudadana. En 1409, debido a la nueva reducción de habitantes, los consejeros de Barcelona habían autorizado la elección de cargos como era costumbre, pero sin partir la villa en quarters, escogiendo los candidatos sin distinción de demarcación: se instauraba la elección de cargos por circunscripción electoral única (puxats fer elecció de paers e consellers de persones habitants en qual part se vulla de la dita vila no curant de quarters alguns com aquesta forma se serva en aquesta ciutat). Esta excepción puntual al privilegio que lo regulaba, que en esencia aún era del 21 de agosto de 1342, fue anulada en 1411, de manera que la elección se hacía de nuevo según forma e manera dels dits privilegis antichs de la dita vila e ús e pràtica d’aquells segons bé haviets a custumar, es decir, según forma pràtica e ús antigues y, entre otros motivos, porque experiència marstressa de totes les coses clarament haia mostrat.96 Durante tres días de 1460, Tárrega regresó de forma imperceptible a la Corona.97 A partir de esta fecha, parece instaurarse la costumbre de otorgar Tárrega como parte del lote (Tárrega, Sabadell y Vilagrasa) que, por razón de 96 La disposición de 1409 la conocemos a través de su revocación del 31 de marzo de 1411, ya que ambos textos aparecen en el mismo pergamino de 1411 (ACUR, Bolsa I, núm. 39; 31 marzo 1411; apéndice documental núm. 22; SARRET, Privilegis, pp. 359-360). 97 La pequeña recuperación de la autonomía corresponde al breve período de tiempo (del 14 al 17 de febrero) que la reina Juana tardó en tomar posesión del, según Segarra, ius luendi que le dio el rey (J. M. SEGARRA, Història, p. 318).

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dote, recibían las mujeres de los reyes catalanes. La primera reina documentada como señora de Tárrega es la mujer de Juan II, Juana, que parece mantener esta señoría (1460-1468) en virtud de ser la propietaria de la misma.98 Muerta la reina Juana, Tárrega disfrutará de un nuevo interim de regreso a la Corona hasta que, en 1470, el rey Juan II vuelva a disponer de ella al incluirla en la dote de su futura nuera Isabel de Castilla; aunque el corto espacio de tiempo entre la muerte de una señora y la llegada de la siguiente será suficiente para que en 1469 el primogénito Fernando disponga, en nombre de su padre y debido a las circunstancias de la Guerra Civil, hacer cambios en los sistemas de elección del municipio. El privilegio de Fernando II, primogénito de Juan II, con fecha del 30 de marzo de 1469, autorizaba a los paers, prohombres y Consejo a elegir a los nuevos miembros del Consejo prescindiendo del sistema de las bolas de cera. La nueva disposición indicaba que la elección, por cooptación, la hacía el Consejo General entre los miembros de este Consejo; quedaba totalmente prohibido nombrar paers y consejeros qui no sien del Consell General de la dita vila l’any que’s fará la dita elecció. Por lo tanto, el Consejo General escogería directamente un paer y tres consejeros por cada quarter, los cuales a su vez elegirían, por manos, el nuevo Consejo General que protagonizaría la nueva elección el año siguiente.99 Estamos ante un sistema que permitía fácilmente una reproducción interna de los bandos o sectores sociales. El 8 de mayo de 1470, el rey Juan II da, concede y asigna pro camera la villa de Tárrega en la dote de Isabel de Castilla (entonces mujer de su primogénito Fernando, y princesa de Castilla) e indica a los habitantes de Tárrega que a partir de entonces (1470-1507) tendrán que considerarla su señora. Los paers de Tárrega, ya cansados y acostumbrados a los continuos cambios de señor en su villa, presentan a los procuradores de Isabel —cuando tomaron posesión de la villa en su nombre— un memorial donde hacen constar como excepción el juramento de fidelidad que se les pedía, según la inalienabilidad de Tárrega, como villa de realengo de la Corona.100 En 98 Así lo afirmaba la reina cuando, el 17 de julio de 1464 y en virtud de este título de propiedad, perdonó a los habitantes de Tárrega el crimen de lesa majestad por rebelión, que habían cometido por haberse posicionado en contra de la causa de la monarquía durante la Guerra Civil (ACUR. B. IV, núm. 202; ACUR. B. III, núm. 50; SARRET, Privilegis, p. 397). 99 ACUR, Bolsa I, núm. 42; 30 marzo 1469; apéndice documental núm. 23; SARRET, Privilegis, pp. 398400. J. M. SEGARRA, Història, pp. 349, 352. 100 La excepción planteada en el memorial presentado por los paers se basaba en el hecho de que Tárrega era de señorío real y no podía separarse de la Corona. Por lo tanto, la acción del rey iba en contra de sus privilegios; y así jurarían, con reserva, siempre que no les derogasen los privilegios y franquicias acostumbradas en las otras entradas de nuevo señor; el procurador de Isabel firmará con la reserva del mandatario, y después lo harán los paers (ACUR. B. II, núm. 189; ACUR. B. II, núm. 143 y 144. SARRET, Privilegis, pp. 401-415).

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el fondo, los paers defendían, por vía legal, la autonomía del municipio, recientemente recuperada. Les había sido anulada la autonomía, pero la nueva señora restauró el sistema de gobierno antiguo y tradicional de la universitas. Una provisión (privilegii quod vim legis habere), concedida por Isabel de Castilla el 26 de octubre de 1473 a petición de la misma universidad de Tárrega, volvía a una planta municipal y un sistema de elección como el que había regido desde 1342 —con el añadido del Consejo General reducido de 1369— hasta 1469. Tomando como punto de referencia los privilegios de Pedro III, y considerando que aquel 1473 la villa tenía una quinta parte de la capacidad demográfica con respecto al siglo XIV, el privilegio, siguiendo las pautas dictadas en aquel momento, únicamente rebajaba el número de candidatos y de cargos. Los candidatos de cada quarter para paer pasaban de tres a dos, mientras que el elegido continuaba siendo uno; los candidatos a consejeros pasaban de diez a ocho, y los escogidos pasaban de cinco a cuatro por quarter; mientras que los prohombres de cada mano que integraban el Consejo General, con paers y consejeros, escogidos por el Consejo Particular, serían veintiuno y no treinta como se había fijado en 1369.101 En definitiva, la planta municipal fijada el año 1473 estaba constituida por un Consejo ordinario de cuatro paers y dieciséis consejeros procedentes de los quarters de la villa, escogidos por el azar de las bolas de cera, y por un Consejo General integrado por los paers, consejeros y veintiún prohombres, que el Consejo ordinario había escogido proporcionalmente de entre las tres manos. La pérdida de la autonomía municipal seguía inquietando a los habitantes de Tárrega; incluso tuvo que intervenir el rey Fernando II con buenas palabras y promesas, con el fin de calmar las reivindicaciones de la villa. El 6 de septiembre de 1481, Fernando II prometía y confirmaba los privilegios que afirmaban que Tárrega no podía ser separada de la Corona, de manera que después de Isabel, que tenía la villa por dote, Tárrega volvería a la Corona y, a partir de entonces, se uniría a Barcelona, ya que se la consideraría calle de la ciudad condal (carreratge) y disfrutaría de los privilegios de esta ciudad. Todas estas promesas —bastante atractivas para los habitantes de Tárrega, ya que significaban el regreso a la autonomía municipal con unas condiciones bastante Los argumentos que los paers de Tárrega constantemente esgrimieron para defender su autonomía municipal señalando su vinculación inalienable con la Corona, provienen de un privilegio de Pedro III (ACUR. B. I, núm. 135; SARRET, Privilegis, pp. 226-227). 101 ACUR, Bolsa I, núm. 44; Llibre dels Privilegis II, 238v; 26 octubre 1473; apéndice documental núm. 24; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 314; SARRET, Privilegis, pp. 415-417.

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más ventajosas, con la incorporación del derecho privilegiado de Barcelona— sólo se harían efectivas a la muerte de la actual señora, la reina Isabel I; cuando esto sucediera, Barcelona tomaría posesión y devolvería a los paers las potestades de reunirse y hacer valer sus atribuciones de gobierno.102 Muerta la reina Isabel, el 3 de diciembre de 1507 Fernando II incumple los privilegios y vuelve a consignar Tárrega pro camera a la reina Germana. Cuando se presentan los procuradores de la nueva reina para tomar posesión de la villa, los paers se niegan, y se inicia una lucha entre ambos grupos, con resultado positivo a favor de los procuradores, que consiguen lo que quieren a la fuerza.103 A pesar del desacuerdo de los paers, Germana se quedará con la villa durante bastante tiempo, incluso durante su viudedad (1507-1520), debido al usufructo establecido por el testamento de Fernando II el 22 de enero de 1516.104 Sin embargo, los habitantes de Tárrega no debían estar nada convencidos con las disposiciones del rey sobre la villa, pues el disentimiento interpuesto en 1507 fructificó el 19 de noviembre de 1520 cuando los Jutges de Greuges sentenciaron que Tárrega, según sus privilegios, no podía ser separada de la Corona; y puesto que la reina Germana se había vuelto a casar y había contravenido el legado testamentario del difunto Fernando, Tárrega podía considerarse restituida a la Corona, mientras jurara su fidelidad al emperador Carlos I.105 Aunque tarde, la lucha por la autonomía municipal había triunfado.

5. CRITERIOS DE DECISIÓN: MAYORÍA Y SANIORIA

Una vez configurado el Consejo como órgano de expresión de la voluntad de la comunidad, se irán produciendo una serie de modificaciones para adaptar la estructura y funcionamiento del mismo a las nuevas necesidades de la vida ciudadana, y la voluntad de la comunidad se articulará a través de sistemas basados en criterios de mayoría, ya sea cuantitativa (maior pars) o cualitativa (maior et sanior pars).106 Así pues, la dinámica de los primeros 102

ACUR. B. II, núm. 186 y 187. SARRET, Privilegis, pp. 419-421. ACUR. B. II, núm. 193. SARRET, Privilegis, pp. 426-439. 104 ACUR. B. II, núm. 160. SARRET, Privilegis, pp. 442-446. 105 ACUR. B. II, núm. 161 a y 161 b. SARRET, Privilegis, pp. 448-451. 106 Sin pretensión de exhaustividad, algunos trabajos que han tratado directamente estos temas son: Antonio MARONGIU, «Il principio della partecipazione e del consenso “quod omnes tangit ab omnibus approbari debet” nel XIV secolo», en Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne, Milano, 1979, pp. 257-279; y más específico, del mismo autor: «Il principio della partecipazione e del consenso all’Università», en Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia, 1980, pp. 143-151; Yves CONGAR, «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet», ahora localizable en Droit ancien et structures ecclesiales, London, 1982, pp. 210-259; Marta CRISTIANI, «Dall’unanimitas 103

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Consejos municipales del siglo XIII pretendía resolver la contradicción que apareció cuando se intentó articular una sola voluntad en una sociedad en la que los intereses de sus miembros no eran siempre los mismos, y donde había una necesidad cotidiana de tomar decisiones que afectaban a toda la comunidad en el seno de estos órganos de gobierno. Si a partir de un determinado momento los habitantes de Tárrega se habían organizado en forma de universidad, había que arbitrar un sistema que permitiera expresar la voluntad de esta universidad, diferente de la de cada uno de sus miembros. Este sistema se articuló a través del Consejo, y se ha manifestado institucionalmente de diversas maneras; aunque en última instancia, todas y cada una de estas formas necesitan resolver un aspecto fundamental: definir el criterio a partir del cual la universidad tomará toda clase de decisiones (elección de cargos, aprobación de gastos, etc.). Además de la posibilidad —cuando menos teórica— de decidir por unanimidad,107 se desarrollaron dos criterios, tanto por la dificultad de congregar a la universidad en su conjunto, o su mayoría, como por la forma de llevar a la práctica los acuerdos unánimes de todos sus miembros. Estos criterios fueron: el mayoritario y el sanioritario. La diferencia entre los dos criterios reside en el hecho de que el primero evalúa el número o la cantidad de voluntades individuales y el segundo considera la calidad de los votos. En Tárrega hemos documentado referencias de ambos criterios. En 1302, los paers llegaban a acuerdos con el consentimiento de la mayoría de all’universitas. Da Alcuino a Giovanni Eriugena. Lineamenti ideologici e terminología politica della cultura del secolo IX», en Studi Storici, pp. 100-102 (Roma, 1978); A. ESMEIN, «L’unanimité et la majorité dans les élections canoniques», en Mélanges H. Fitting, Montpellier, 1907; Paolo GROSSI, «Unanimitas. Alle origino del concetto di persona giuridica nel diritto canonico», en Annali Storia Diritto, 2 (1958); L. MOULIN, «Sanior et maior pars. Note sur l’évolution des techniques électorales dans les ordres religeux du VIe au XIIIe siécles», en Revue d’histoire du droit francaise et étranger, 1958, pp. 368-397 y 491-529; Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin, Paris, 1970, pp. 271-284. Más recientemente en el marco de las Cortes catalanas, se ha referido a ello Josep Maria GAY ESCODA, «La creació del dret a Corts i el control institucional de la seva observància», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional. 28, 29 i 30 d’abril de 1988, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1990, pp. 90-91, n. 30. 107 Recordamos que en 1396, cuando ya funcionaba un Consejo General totalmente restringido y desvirtuado, los mismos consejeros de Barcelona continúan puntualizando que los acuerdos de aquel Consejo General restringido tenía tanto valor como si lo hubiera decidido toda la universidad en pleno, con lo cual parece que, a finales del siglo XIV continúa viva la concepción de aquel aparente doble ideal: la reunión de la universidad, o su mayoría; y la unanimidad de todos los miembros de una comunidad. Los documentos reflejan el empleo de una ficción jurídica básica: partiendo del hecho de que sólo son válidos los acuerdos decididos por la universidad en pleno, se trata de simular que los acuerdos establecidos sólo por la mayoría equivalen a los que acordaría la universidad en su conjunto («les quals XXX persones eletes fan ensemps ab los dits IIII paers e XX consellers General Consell e tot açò que aquells fan obté aytanta eficàcia e valor com si per tots els habitadors o vehïns de la dita vila era feta e ordonat segons que en los dits privilegi e provisió largament és contengut»; ACUR, Bolsa I, núm. 45; 11 febrero 1396; apéndice documental núm. 21; SARRET, Privilegis, pp. 354-356; véase nota supra núm. 49 y 64).

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sus habitantes; en julio de 1313, el Consejo General o su mayoría, escogía a los prohombres tasadores; en 1342, para modificar las actas del Consejo se precisaba el acuerdo de la mayor parte de los consejeros; en 1356, el Consejo General lo integraba la universidad en su conjunto o su mayor parte; en abril de 1369 se anunciaba que se celebraría una reunión del Consejo General, congregada la mayor parte de la universidad; y en octubre de 1369 tenemos referencias de la parte mayor y más sana del Consejo General, así como de la mayoría del Consejo Particular. Estas referencias son relativamente desiguales y plantean diferentes problemas. a) Para empezar, las noticias referidas a la mayor parte no siempre expresan con claridad si se refieren a la asistencia necesaria para formar quórum, o si, sin tener en cuenta este factor, se refieren al número de votos, tomando como referencia a todos los miembros de la universidad. Por lo tanto, el problema del quórum es previo. Mientras que algunos documentos son ambiguos en este punto,108 otros parecen referirse a la necesidad de reunir, como mínimo, a la mayor parte de la universidad para dar validez a los acuerdos.109 El quórum, en este sentido, lo formarían la mayor parte de los 108 ACUR, Llibre dels Privilegis II, f. 54r-55r. 21 julio 1313; apéndice documental núm. 8; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 31; SARRET, Privilegis, pp. 50-51: «(...) duximus providendum ac etiam ordinandum quod in dicto loco por concilium generale ipsius loci seu maiorem partem ipsius elegantur duodecim probi homines (...)», véase nota supra 31 y 55. 109 ACUR, Llibre dels Privilegis II, 129r-130v, 8 abril 1302; apéndice documental núm. 7; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 23; SARRET, Privilegis, p. 40: «Cum ab ordinationem que extiterat facta apud Tarregam per paciarios eiusdem loci consenssu maioris partis hominum ipsius loci interveniente de non tenendo bestiare minutum in ipsa villa nec eius termino», véase nota supra 28, 29 y 54; ACUR, Llibre dels Privilegis III, f. 54r, B I núm. 38, 21 agosto 1342; apéndice documental núm. 13; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 126; SARRET, Privilegis, pp. 154-156: «quod aliud super eo seorsum mutari non possit por dictos paciarios nisi id quod voluntate dictorum consiliariorum seu maioris partis eorum fuerit inmutatum», véase nota supra 39; ACUR, Llibre dels Privilegis III, 13v; 12 septiembre 1356; apéndice documental núm. 16; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 180; SARRET, Privilegis, p. 200: «(...) faciatis si tamen intervenerit iusta causa donandi vel remitendi habeat fieri cum consilio et assensu totius universitatis vel maioris partis eiusdem in consilio generali congregate (...)», véase nota supra 56; ACUR, Llibre dels Privilegis III, 80r; 27 abril 1369 (traslado del 11 junio 1369); apéndice documental núm. 19; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 226; SARRET, Privilegis, pp. 261-262): «(...) habitadors de la damunt dita vila de Tarregua la maior partida ajustats en la esglesia mayor de la vila de Tarrega a manament del dit baile feyt ab veu de crida (...)», ver nota supra 58. Referencias muy explícitas en este sentido —aunque el criterio electivo sean las manos y no los quarters— las encontramos en Lérida, con el privilegio de Pedro III de 27 de marzo de 1386, que regulaba la presencia de paers y consejeros para que los acuerdos del Consejo Particular, del Consejo General y de las comisiones de bandos fueran válidos. En este sentido, se precisaba no sólo la asistencia global de como mínimo treinta prohombres en el Consejo General, sino que además había que observar quorum interno en cada mano, de manera que tenían que estar presentes un mínimo de nueve prohombres de la mano mayor, nueve de la media, nueve de la menor y tres de los oficios. Para el Consejo Particular, el quorum era de quince de los veintidós miembros, cinco como mínimo de cada una de las tres manos; y para la comisión de los bandos tenía que haber cinco de los ocho consejeros como mínimo (GRAS, Història de la Paeria, lámina 6, pp. 194-203, esp. pp. 201-202).

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miembros de pleno derecho de la asamblea (ya se refiera al Consejo General, ya a los habitantes de la villa o a la universidad en su conjunto), que, en este caso, eran todos los habitantes de la villa (ya hemos hablado anteriormente de los derechos políticos de mujeres y menores). En consecuencia, se aborda la necesidad de reunir a la universidad en pleno o, en su defecto, a su mayor parte, aunque no se señala con qué criterio actuará esta mayoría congregada.110 Por otro lado, algunas noticias continúan mostrando una ficción jurídica, necesaria para validar los acuerdos de la asamblea. Los acuerdos los deben establecer totius universitatis vel maioris partis eiusdem in consilio generale congregate (1356), todos los habitantes o todos los consejeros (1342); fórmula que, como decíamos, presupone un quorum de los dos tercios delos miembros de la universidad y la toma de decisiones por mayoría simple de los asistentes. En cualquier caso, ante la dificultad de asentir unánimemente o de reunir a la universidad, el problema se resolvió jurídicamente considerando que las resoluciones acordadas por la mayor parte de la universidad se consideraban como si las hubiera tomado la universidad en pleno. Esta ficción se llevó al extremo en 1396, cuando las decisiones que tomaba el Consejo General totalmente restringido (treinta y siete personas) tenían el mismo valor que si las hubieran tomado todos los habitadors o vehïns de la dita vila. Así pues, a lo largo del siglo XIV se consagra el recurso al principio mayoritario, tanto en la constitución del quorum como en el criterio de decisión. b) Si hasta ahora hemos visto cómo se empleaba el criterio mayoritario en los sistemas de decisión política, en octubre de 1369 tenemos constancia del uso (quizá implantación) del sistema sanioritario, por primera vez, en la documentación de Tárrega. El privilegio de octubre de 1369 dado por Pedro III, establecía un cambio sustancial en el órgano del Consejo General (se restringía, como hemos explicado anteriormente); pero además, se articulaba su funcionamiento 110 En este caso, la doctrina del derecho común no dudaba en considerar que el quorum se conseguía al reunir, como mínimo, a las dos terceras partes de todos los miembros de pleno derecho, mientras que las decisiones se tomaban por mayoría simple de la mitad más uno de los asistentes legalmente constituidos (D. 3, 4, 3; ver MICHAUD-QUANTIN, Universitas, pp. 273-274, n. 10-15). La documentación empleada en Tárrega tampoco resuelve el medio técnico para conseguir esta mayoría de votos: ya sea por el sistema de mayor número de voces, por indicaciones corporales (moverse, levantar el brazo, etc.) o a través del escrutinio. Estos problemas también se resolvieron en Lérida de manera clara y concisa con el privilegio de 1386. Más allá de la necesidad de un quórum, la inexistencia del cual hacía que los acuerdos establecidos se declararan nulos ipso iure, se precisaba la opinión favorable de más de la mitad de los cincuenta y veintidós miembros integrantes del Consejo General y Consejo Particular respectivamente: «(...) Pero que en los dits consells generals, posat que no hi sien los dits cinquanta consellers, les veus de mes de la meytat de cinquanta haien a esser concordes en tot ço que ordenaran. E en los consells particulars les veus de mes de la meytat dels vint e dos consellers (...)» (GRAS, Història de la Paeria, Lámina 6, pp. 194-203, esp. 202).

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basado en un sistema de doble criterio de decisión política: cuando había que tomar decisiones en los colectivos reducidos, es decir, en el Consejo Particular (paers y consejeros) y en el grupo de los treinta prohombres escogidos para formar parte del Consejo General, se actuaba con criterio mayoritario;111 en cambio, cuando estaba reunido todo el Consejo General en pleno, se adoptaba el criterio de decisión sanioritario.112 Identificar cuál era el voto de calidad entre todos los miembros presentes en el Consejo General parece difícil debido al silencio de la docu-mentación; pero sería verosímil atribuirlo a los paers, porque desde su aparición siempre habían figurado como núcleo del Consejo y, además, eran el único órgano con capacidad de decisión escogido directamente por la universidad. En la documentación, sólo se atribuye a los consejeros un papel secundario con respecto a los paers, y los treinta prohombres eran escogidos por el Consejo particular. La coincidencia en el mismo privilegio de octubre de 1369 de dos modificaciones de gran importancia para el futuro del Consejo General (por una parte, la reducción del Consejo General, que pasaba de estar formado por la universidad a sólo por el Consejo Particular y una representación popular mediatizada por este mismo Consejo Particular; y por otra, la incorporación del criterio sanioritario en la órbita de las decisiones políticas), que requieren una explicación especial: Pedro III reconoció y potenció el Consejo General como freno para detener la corrupción de los miembros del Consejo Particular, pero la solución fracasó por la dificultad intrínseca de falta de operatividad que comportaba el hecho de reunir a toda la universidad. El mismo monarca buscó una solución de equilibrio: restringir el Consejo General, pero al mismo tiempo mantuvo una representación que controlara el Consejo Particular. Pero esta medida, en un contexto de creciente oligarquización y presión fiscal, implicó, en el fondo, una domesticación del Consejo General en manos de los mayores. 111 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 20; GONZALVO, HERNANDO, SABATÉ, TURULL, VERDÉS, Els llibres de privilegis, doc. 235; SARRET, Privilegis, pp. 270-271: «(...) volumus etiam quod huic ad dictum festum paciarii et consiliarii qui nunch sunt si casus occurrerit expostem generale consilium celebrari loco ipsius generalis consilii evocent triginta personas ex dictis condicionibus que vel ipsarum maior pars simul cum dictis paciariis et consiliariis vel maiori parte ipsorum expediant is quod per generale consilium expediendum exsisteret et eandem firmitatem obtineat quam obtineret si in generali consilio firmum esset (...)», véanse notas supra 59, 60, 61, 62 y 63. 112 ACUR, Llibre dels Privilegis III, 116r; 6 octubre 1369; apéndice documental núm. 21; SARRET, Privilegis, pp. 270-271: «(...) Et dicte quinquaginte quatuor persone vel ipsarum maior et (est) sanior pars ex quo omnes fuerint evocati possint tractare et ordinare facere et expedire ea omnia et singula que antea in generali consilio fiebant ac erant fieri assueta illaque [ ] et tantam efficaciam et roboris firmitatem habeant et habere disponimus qualem et quantam haberent si in generali consilio [ ] facta hec itaque fieri et servari (...)», véanse notas supra 59, 60, 61, 62, 63 y 72.

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6. CONCLUSIONES: DE QUOD OMNES TANGIT A PERINDE AC

La documentación de Tárrega nos ha permitido ver cómo toda comunidad que se convirtió en universitas, necesita expresar una voluntad unitaria. Pero voluntad y declaración de voluntad no son lo mismo. La voluntad de la universidad sólo podía ser una, precisamente porque ésta es su esencia: cuando se consigue reducir una multitud de voluntades individuales a una sola, diferente de la de los miembros del conjunto; en cambio, la declaración que expresa esta voluntad la hemos visto manifestarse a través de diferentes canales, cuya existencia y configuración jurídica sólo se pueden entender históricamente. Partiendo de la distinción entre universidad como persona jurídica y la declaración de su voluntad, habrá que enumerar y explicar las formas de manifestación de la voluntad: a) El Consejo particular será la principal vía de expresión de la voluntad de la universidad; pero —como se verá— habrá manifestaciones de esta voluntad que escaparán al Consejo. A partir de 1242 documentamos este Consejo que, con cambios y modificaciones en su composición y organización, perdurará, como mínimo, hasta el final de nuestro período. b) Antes de 1302, la reunión de todos los miembros de la universidad era la vía habitual de expresión. Sólo hemos podido documentar esta reunión multitudinaria en el momento en que se transformaba en Consejo General, sin saber desde cuándo se reunía. c) La asamblea de todos los habitantes de la villa cristalizó en el Consejo General, como mínimo a partir de 1302, y continuó reuniéndose hasta 1369. d) Finalmente, desde 1369 se configura un Consejo General restringido, integrado por un número limitado de personas representantes de aquel Consejo General de todos los habitantes. Como hemos dicho, el Consejo se convirtió en la columna vertebral de la expresión de la voluntad del municipio; la consolidación del Consejo se explica como respuesta a la necesidad de resolver problemas concretos de manera eficaz y operativa. Eficacia (capacidad de resolver problemas) y operatividad (capacidad de maniobrar para resolverlos) no se podían conseguir en el marco de una asamblea multitudinaria. Por lo tanto, la existencia del Consejo respondía a dos intereses diferentes y convergentes: el de los habitantes del municipio que conseguían un medio con el que poder coordinar la solución a necesidades comunes; y el del rey que, considerando al municipio como único interlocutor válido, conseguía los recursos financieros de manera más fácil y rápida. En este sentido, la organización de esta administración financiera fue el verdadero eje vertebrador del Consejo. El monarca ya no necesitaría

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que su baile cobrara las rentas reales de todos y cada uno de sus súbditos de manera individual, sino que a partir de ahora, reclamando cantidades de dinero más elevadas a las universidades —y no a sus miembros—, las obtenía mucho más fácilmente. El rey asignaría la cantidad concreta que debía pagar cada municipio y se desentendería del procedimiento concreto, que ya estaba en manos de los municipios. Desde la óptica real, el sujeto fiscal ya no es el individuo, vasallo y habitante de la villa o ciudad, sino el municipio en cuanto a persona jurídica. Pero las atribuciones fiscales de estos municipios van más allá de hacer de enlace entre los individuos y el rey. La universidad, a través de su Consejo, será capaz de obtener y administrar unos recursos financieros propios, que son patrimonio de la universidad, diferenciables de los de cada uno de sus miembros. Estos cambios en la administración financiera no afectaron únicamente al municipio, sino también al monarca, que conseguía racionalizar la gestión de su administración financiera. Según hemos visto, la realidad social reclamaba la existencia del Consejo, que coexistía con una tradición jurídica personalizada en la reunión de la universidad en Consejo General. La necesidad de evitar dos declaraciones de voluntad diferentes —ambas igualmente legítimas— obligó a que estos dos Consejos (el Particular y el General) se articularan a partir de determinados principios jurídicos y también respondiendo a intereses políticos. La solución política a dicha dualidad consistió en someter el Consejo General al Particular mediante una reducción de los miembros que lo integraban, y otorgando la responsabilidad de la elección de estos miembros al Consejo Particular. Desaparecida la plena intervención por parte de toda la comunidad en el Consejo General, la participación de los diferentes grupos sociales quedaba jurídicamente garantizada al fijarse la intervención de un determinado número de personas de cada mano en el nuevo Consejo General. La consecuencia de estos cambios significó —de facto, que no de iure— la desvirtuación definitiva del Consejo General; y aunque éste continuaba reuniéndose y decidiendo formalmente, políticamente estaba desactivado. En este contexto de transformaciones institucionales, el protagonismo político del baile es inversamente proporcional a la consolidación del Consejo: el fortalecimiento del Consejo significó el alejamiento del baile desde una relativa intervención en el gobierno de la villa hacia un mero control de la legalidad vigente. Jurídicamente, estamos ante el desarrollo práctico del principio Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari (CJ 5, 59, 5) que, procedente del derecho común (aunque nunca aparece en la documentación de Tárrega), mediatizó la configuración de la villa de Tárrega en universitas al final del siglo XIII. Este principio, hasta la segunda mitad del siglo XIV, actuó en la base de

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la universitas de Tárrega puesto que eran todos y cada uno de los miembros de la comunidad los que, siguiendo mecanismos cambiantes, escogían conjuntamente sus órganos de gobierno. La reducción de miembros del Consejo General representó el quebrantamiento de facto de este principio, aunque no de iure, ya que la reunión del Consejo General, reducido y mediatizado por el Consejo Particular, se justificaba considerando que sus acuerdos tenían tanta validez como si los hubiera tomado la universidad en su conjunto (tot açò que aquells fan obté aytanta eficàcia e valor com si per tots els habitadors o vehïns de la dita vila era feta e ordonat); por otra parte, los paers, como núcleo del Consejo particular, se consideraban doblemente legitimados porque habían sido escogidos por toda la universidad (ya estuviera reunida por manos o en quarters), con lo cual la ficción jurídica del perinde ac absorbía, sin vulnerarlo, el quod omnes tangit. Lo más importante es darse cuenta de que a partir de cierto momento la universidad en pleno ya no decidía nada, sino que los acuerdos —y entre ellos el más importante era la elección de los magistrados municipales— sólo los decidía el Consejo. La legitimación de esta transformación no era otra que el ejercicio de la summa potestas del monarca o de los señores jurisdiccionales de la villa, en los cuales recaía, en todo caso, la justificación de su actuación con los principios que consideraran convenientes. Por consiguiente, a pesar de todo este desarrollo institucional, se mantenía el recuerdo y se amparaba en la legitimación que otorgaba la participación de toda la universidad.

EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN EL CONDADO DE URGEL. ENTRE LA UNIVERSITAS Y LA PAHERIA: EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BALAGUER1

1. PLANTEAMIENTO

Cuando desde el Departamento de Historia y Geografía del Instituto de Estudios Ilerdenses se me planteó pronunciar una conferencia con el título, sugerido por la organización, de «El régimen municipal en el Condado de Urgel», dentro del curso El Comtat d’Urgell, accedí enseguida por diferentes motivos y pese a los problemas científicos que el título anunciado podía comportar. Haciendo referencia el curso al Condado de Urgel, tenemos ya bien delimitada una comunidad política con unos contornos geográficos y cronológicos específicos.2 En cambio, como veremos, había que corregir y matizar la primera parte del enunciado. No nos referiremos, en este artículo, a los orígenes y evolución de las villas y ciudades que integran el condado. Esta comunidad vecinal que se está gestando entre los siglos X y XI no es nuestro centro de atención, si bien tendremos que hacer mención a ello. En cambio nos interesa descubrir cómo los diferentes conglomerados humanos, grandes o pequeños, rurales o urbanos —ahora es del todo indiferente—, se configuraron en universidades, para utilizar el concepto acuñado por los juristas medievales, dotadas de lo que hoy llamaríamos personalidad jurídica. Si estas universidades disfrutan de autonomía y son reconocidas por el titular de la plenitudo potestatis, que en esta época no era otro que el conde de Barcelona, entonces podremos hablar de municipios, condición que les permitiría participar en las Cortes Catalanas en el brazo real o ciudadano. Se ha dicho que estos municipios son como señoríos colectivos que sólo dependen del monarca. En cambio, las universidades sometidas a jurisdicciones señoriales, laicas o eclesiásticas, si bien también obtendrán personalidad

1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación La creación del derecho en Catalunya dirigido por el profesor Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la CICYT PB 90-0474. 2 Nos remitimos a la breve pero útil descripción de P[rim] B[ERTRAN] R[OIGÉ], «El Comtat d´Urgell», en Diccionari d’Història de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1992.

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jurídica, no serán reconocidas por el conde de Barcelona, quien en la Corte sólo se dirigirá a los titulares de las mencionadas jurisdicciones y no a las universidades de los respectivos señoríos.3 En otro orden de cosas, la universidad, devenga o no municipio, se caracteriza por haber superado aquel estadio en que los miembros de una determinada comunidad formaban tan sólo un conglomerado inorgánico de individuos, sin que por encima de la voluntad de cada uno de ellos como individuos hubiera ninguna otra voluntad posible.4 Los diferentes factores de cohesión interna y externa, la necesidad histórica de conseguir acuerdos y decisiones que vincularan a toda la comunidad y la voluntad del titular de la jurisdicción de dirigirse no a todos sus miembros uno por uno, sino a la colectividad, propició, con la ayuda de la nueva técnica jurídica al uso entre los juristas del siglo XIII, que fuera posible vertebrar una voluntad unitaria de toda la comunidad que se encontrara en la de los individuos que la componían. El Consejo nace como un órgano y un canal válido para expresar y canalizar la voluntad de la universidad. Pero con el Consejo no se agotarán los mecanismos de manifestación de esta voluntad. La congregación de todos los miembros de la universidad, que a partir de cierto momento recibirá el nombre de Consejo General, servirá para idéntica función. La particularidad de nuestra breve aportación radica en que hemos estudiado el caso de una universidad que se encuentra, primero, bajo jurisdicción de una casa condal que no era feudataria de los condes-reyes catalanes, independiente, por lo tanto, de los dominios de los condes-reyes catalano-aragoneses; y en segundo lugar, que se trataba de una casa condal que en un momento posterior estuvo bajo jurisdicción señorial, cuando los condes de Urgel se convirtieron en feudatarios de los condes-reyes.5 Por lo tanto, aquella universitas no devino un 3 Para el planteamiento teórico en esta dirección nos remitimos a Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Concejos y ciudades en Cataluña (Alta Edad Media)», en Concejos y ciudades en la edad media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp.123-146. 4 El trabajo más útil por comprender el sentido de las universidades medievales es el de Pierre MICHAUDQUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin, Paris, 1970. 5 Si bien la existencia nominal del condado de Urgel puede ser datada hasta el comienzo del siglo XV con el reinado de Fernando de Antequera, en cambio su existencia independiente se vio interferida a partir del reinado de los condes de Barcelona Pedro I y, sobre todo, Jaime I. Cuando en 1208 Guerau Ponç, vizconde de Cabrera, se lanzó sobre el condado de Urgel con ocasión de la muerte sin descendencia masculina directa de Armengol VIII, la viuda del conde difunto, Elvira, cedió el condado, el 31 de octubre de 1209, a Pedro I el Católico para salvar los derechos de su hija Aurembiaix. El 31 de julio de 1211 Guerau de Cabrera, conde usurpador, era vencido por las tropas de Pedro I de Cataluña, a cuya muerte, en 1213 en Muret, Guerau Ponç volvió a apoderarse del condado y lo gobernó durante unos cuantos años. El 1228 Aurembiaix decidió reclamar sus derechos legítimos al condado, y para conseguir su propósito solicitó la ayuda de Jaime I. En virtud del pacto firmado el 1 de agosto de aquel mismo año, la condesa cedía perpetuamente al conde de Barcelona sus derechos sobre la ciudad de Lérida y a cambio Jaime I devolvía el condado, en feudo, a Aurembiaix, y se reservaba para él y sus sucesores su plena titularidad. El 15 de julio de 1229 Aurembiaix cedía el condado en feudo a su marido Pedro de Portugal y éste prestaba juramento de fidelidad a Jaime I el 1 de mayo de 1230. El 29 de septiembre del año siguiente,

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municipio, según el planteamiento que seguimos, hasta que desapareció el condado y, por tanto, estuvo bajo el dominio directo del monarca.6 Si los estudios de Font Rius,7 y en menor medida también los nuestros,8 se habían centrado mayoritariamente en analizar la configuración y el comportamiento institucional de las comunidades de jurisdicción real, en cambio el estudio de la organización institucional en ciudades sometidas a jurisdicciones condales y/o señoriales había sido considerablemente desatendido. En este sentido es altamente interesante cuestionarse si los Consejos de universidades sometidas a jurisdicciones señoriales arrastraban, precisamente por este motivo, un lastre farragoso que les imposibilitaba obtener el mismo nivel de autonomía organizativa y competencias efectivas que aquellas universidades que se convirtieron en municipios. Habría que saber, pues, si la pertenencia a una jurisdicción señorial limita el pleno desarrollo institucional de una universidad o bien si este desarrollo depende únicamente de factores particulares que afectarían a cada caso concreto.9 Finalmente, el estallido y el triunfo del asociacionismo municipal fue, en la jurisdicción real, algo natural y en ciertos casos hasta incluso incentivado desde la monarquía. Pero en cambio, otras experiencias históricas, especialmente intensas en el norte de Francia, demuestran que el reconocimiento de estas asociaciones debe considerarse como un verdadero triunfo respecto de los poderes feudales que se opusieron tenazmente a ello por considerar que podían vulnerar su status político.10 Pedro de Portugal hizo donación del condado de Urgel al conde de Barcelona a cambio de obtener el señorío de Mallorca y Menorca. El 21 de enero de 1235 Jaime I convertía en conde fedatario de Urgel a Ponç Guerau de Cabrera, si bien el conde-rey se reservaba el señorío de Balaguer, que sería añadido al resto del feudo en 1242. Vid., sobre el particular, Jaime VILLANUEVA, Memorias cronológicas de los condes de Urgel, Balaguer, 1976, pp. 191-219; Fra Pere SANAHUJA, OFM, Història de la Ciutat de Balaguer, Barcelona, 1965, pp. 235-239. También Ferran SOLDEVILA, «Jaume I. Pere el Gran», en Història de Catalunya. Biografies catalanes, Barcelona, 19854, pp. 8-10. 6 Cuando menos conceptualmente, de haber devenido en esta época una universidad, Balaguer habría sido municipio únicamente entre el 29 de septiembre de 1231 y el 1242 (vid. nota anterior). 7 José María FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, Madrid, 1946, y la colección de trabajos Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985. 8 Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, 1990; Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «“De voluntate universitatis”. La formació i l´expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (Barcelona, 1991), pp. 143-231; Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «Rafael Gras i De Esteva i l´estudi del municipi medieval a Lleida», en Miscellània Homenatge a Josep Lladonosa, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1992, pp. 115-127. 9 Esta doble naturaleza condal independiente y condal fedataria de los condes de Barcelona no distorsiona nuestro propósito. Como veremos a continuación, el tipo y el origen de la dependencia jurisdiccional afectará la consideración de municipio de una comunidad determinada, pero no la consideración de universitas, la cual significa, como hemos apuntado, la obtención, por la comunidad y por parte del poder político superior, del reconocimiento como corpus con una determinada personalidad moral. 10 Es especialmente interesante consultar Albert RIGAUDIÈRE, «Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d´Auvergne du XIIe au XIIIe siècle», en Revue historique de droit français

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No pretendemos, en este caso, hacer un estudio comparativo, sino fijar algunas bases del que en su día debería ser un estudio más completo teniendo en cuenta la vinculación jurisdiccional de las universidades medievales. En las actuales circunstancias nuestro laboratorio de análisis será Balaguer, la capital del condado de Urgel. Tras estudiar la emergencia de una personalidad jurídica, la aparición del municipio y la organización del Consejo en los casos de Cervera y Tárrega, ahora aplicaremos un esquema metodológico parecido a la ciudad de Balaguer hasta la definitiva desaparición del Condado de Urgel, en el año 1413, cuando Fernando de Antequera, como consecuencia de los acuerdos de Caspe del año 1409 y ante la oposición rupturista del conde feudatario de Urgel Jaime II «el dissortat», obtuvo el condado, lo disolvió e incorporó definitivamente sus antiguos dominios a la Corona.11

2. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Las principales fuentes documentales, casi todas ellas publicadas,12 a las que haremos referencia en el texto del trabajo, son, expuestas de forma esquemática, las que siguen: et étranger, (julio-septiembre, 1988), pp. 337-362 (también reproducido en Les origines des libertés urbaines, Rouen, 1990, pp. 281-309). Ahora reeditado con modificaciones junto con otros trabajos de temática similar, en Albert RIGAUDIERE, Gouverner la ville au Moyen Age (concretamente «“Universitas”, “corpus”, “communitas” et “consulatus” dans les chartes des villes et bourgs d’Auvergne du XIIe au XVe siècle)», Paris, 1993. 11 Una detallada narración de los hechos políticos y militares en estos últimos años del condado de Urgel puede verse en SANAHUJA, Història de la Ciutat de Balaguer, pp. 297-325. Una precisa cronología y genealogía de las diferentes líneas dinásticas que tuvo el condado puede encontrarse en Armand de FLUVIÀ, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya. Cronologia de comtes i vescomtes, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 119-124. 12 Ediciones que utilizamos a lo largo del estudio: Consuetudines Balagarii [A/ extractos de privilegios; B/ estatutos de la Paeria; C/ conjunto de preceptos procesales] Ed. José María FONT RIUS, «El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer», en Anuario de Historia del Derecho Español, 52 (1982), pp. 5-110 [utilizamos su reedición en Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 207-278, concretamente pp. 252-269; en lo sucesivo referimos la paginación a esta edición]. Privilegio del conde Pedro I de Urgel sobre la entrada de vino en la villa: FONT RIUS, «El antiguo derecho local», pp. 273-274, ap. V. Ordenanzas y bandos de la ciudad de 1313: Ed. Francesc CARRERAS CANDI, «Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya», en Boletín de Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XII (1926), pp. 372-380, 419-423 y 520-533; edición del encabezamiento general y de las ordenanzas de 1404, FONT RIUS, «El antiguo derecho local», pp. 274-278. Ordinacions de 1435: Ed. FONT RIUS, «El antiguo derecho local», p. 278. Privilegio de Armengol X de 1311, julio 25, de restauración de la Paeria: Ed. FONT RIUS, «El antiguo derecho local», pp. 272-273 (y pp. 258-262) ap. IV y también reproducido, en versión catalana, en pp. 275-276 ap. VI; también, pero con errores, José María POU I MARTI, OFM, Història de la ciutat de Balaguer, Manresa, 1913, pp. 344-347. Regestos de numerosos pergaminos: Ed. Pedro SANAHUJA, «Apéndice», Memoria. Ayuntamiento de Balaguer 1940-1945, Balaguer, 1946, pp. 29-92. Desconocemos que haya sido publicado el privilegio de 1328, que viene a ser como un registro de los privilegios otorgados por los condes y reyes hasta entonces; por el momento nos servimos de las noticias que ofrece FONT RIUS, «El antiguo derecho local».

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1. Libro de costumbres, privilegios y ordenanzas compuesto a mediados del siglo XIV; contiene el siguiente material: grabado del calvario, textos evangélicos, calendario eclesiástico, etc. Consuetudines Balagarii, copiadas en la segunda mitad de siglo XIV, con el siguiente material: A/ extractos de privilegios, el último es de 1256, pero es probable que otro todavía sea posterior, de 1259; B/ estatutos de la Paeria (A supra y B son escritos entre 1256-1260 y 1283); C/ conjunto de preceptos procesales. Privilegio del conde Pedro I de Urgel sobre la entrada de vino en la villa. Ordenanzas y bandos de la ciudad de 1313, copiados el 1354. Ordenanzas de 1435. 2. Pergaminos no recogidos: privilegio de Armengol de 1311, julio 25, de restauración de la Paeria; privilegio de 1328 que es una especie de registro de privilegios otorgados por los condes y reyes hasta entonces. 3. Libro de Privilegios, compuesto entre los siglos XIV y XV. 4. Cartoral de Privilegios, compuesto probablemente en el siglo XVII y que contiene: Copia íntegra de "1" supra (=Libro de costumbres, privilegios y ordenanzas; copia casi íntegra de "3" supra (=Libro de privilegios). Señalamos en sede de nota la bibliografía básica.13

3. DE OMNES HOMINES BALAGARII A LA UNIVERSITAS

Tal como hemos avanzado en el planteamiento, se trata, en primer lugar, de conocer cómo, cuando y en qué circunstancias un conglomerado inorgánico de individuos, habitantes de Balaguer —forma que puede documentarse a mediados del siglo XII—, se convierte, progresivamente, en una universitas con personalidad jurídica propia. O bien, lo que es el mismo, el tránsito de los hombres de Balaguer a la universidad de Balaguer.

13 Francesc CARRERAS CANDI, «Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XII (1926), pp. 372-380, 419-423 y 520-533; José María FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, Madrid, 1946; José María FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, I, 1 Textos, Madrid-Barcelona, CSIC, 1969; José María FONT RIUS, «El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer», en Anuario de Historia del Derecho Español, 52 (1982), pp. 5-110 [=Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 207-278]; Josep Maria FONT RIUS, «La comunitat local o veïnal», en Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI), Barcelona, 1991, pp. 491-576; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Concejos y ciudades en Cataluña (alta edad media)», en Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146; José María POU I MARTI, OFM, Història de la ciutat de Balaguer, Manresa, 1913; Pedro SANAHUJA, OFM, L’antiga ciutat de Balaguer, Lérida, 1930; Pedro SANAHUJA, «Apéndice», Memoria. Ayuntamiento de Balaguer 1940-1945, Balaguer, 1946, pp. 29-92; Pedro SANAHUJA, OFM, Història de la Ciutat de Balaguer, Barcelona, 1965; Jaime VILLANUEVA, Memorias cronológicas de los condes de Urgel, Balaguer, 1976.

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En uno de los primeros documentos que nos informan sobre estos aspectos, del año 1155, se observa la colaboración de los hombres de Balaguer con los condes: así, Armengol VII y Dolça in unum cum omnes seniores et omnes homines Balagarii tam magni quam parvi, non insimul in unum cedían a ocho vecinos la posesión de la acequia. En la suscripción del documento aparecen las firmas de seis vecinos, non simul alii tam magni quam parvi;14 el año 1174, en la carta de población de Armengol VII y Dolça, se hace referencia a omnibus populatoribus villae Balagarii;15 en 1189 continúan nominaciones parecidas y Armengol VII y Elvira apoyan la actuación de los probi homines de Balaguer, pues así son calificados un grupo de siete vecinos de Balaguer en una donación que los siete hacían en aras de los prohombres de la mencionada ciudad.16 Esta situación todavía es constatable a comienzos del siglo XIII: en 1218 Jaime I autoriza vobis universis hominibus de Balagario presentibus et futuris a tomar agua del río Segre17 y pocos años más tarde, en 1227, los probi homines reciben la confirmación de sus franquezas de Poncio, hijo del conde Guerau.18 Algo parece cambiar, progresivamente, en la terminología empleada en los documentos a mediados del siglo XIII. La primera referencia a una universidad la encontramos en enero de 1244, si bien el texto todavía tiene como receptores del privilegio a los prohombres: dictus nobilis Pontius comes concessit universitati proborum hominum Balagarii mercatum publicum (...).19 Este último privilegio parece que fue confirmado el 1 de febrero del mismo año por la condesa viuda María y su hijo Armengol IX, pero esta información la conocemos de forma indirecta a partir de la relación de privilegios contenida en el pergamino de 1328.20 Por esta misma vía conocemos la existencia del mencionado privilegio de febrero de 1244, donde se indica: (...) Maria comitissa Urgelli cum filio sudo Ermengaudo confirmabat universitati Balagarii omnia privilegia et omnes franquitates et inmunitates dicto universitati concessa (...). Por lo tanto, no tenemos la certeza de que esta universitati Balagarii fuera nombrada así en febrero de 1244, puesto que es posible que tal concepto fuera original del resumen hecho en 1328.21 En

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FONT, «El antiguo derecho local», p. 214, n. 31; SANAHUJA, Història, p. 253. FONT, Cartas, I, p. 209, doc. 149. FONT, «El antiguo derecho local», p. 253, n. 2. 16 FONT, «El antiguo derecho local», p. 214, n. 31; SANAHUJA, «Apéndice», p. 43. 17 FONT, «El antiguo derecho local», p. 269, apx. II. 18 FONT, «El antiguo derecho local», p. 215. 19 FONT, «El antiguo derecho local», p. 215, 255 n. 7 c). 20 El pergamino núm. 19 está datado en Balaguer el 5 de diciembre de 1328, y en él hay una relación de los privilegios que entonces estaban depositados en el archivo de la ciudad. Relación efectuada ante notario y testigos y con la presencia de paers, consejeros y prohombres (SANAHUJA, «Apéndice», p. 35). 21 Además, el fragmento donde se menciona la universitati que nos interesa no aparece en el extracto del privilegio en cuestión inserto en Consuetudines ... sexta carta, que como hemos anunciado anteriormente, recoge extractos de privilegios hasta 1256 o 1259 (FONT, «El antiguo derecho local», p. 254, n. 6). 15

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idénticas circunstancias identificamos una mención a la universitas proborum hominum por parte del conde Álvaro cuando en 1252 confirmó los privilegios de Balaguer.22 Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XIII para detectar cambios definitivos. En los viejos estatutos de la Paeria, redactados, parece ser, en una fecha incierta entre 1260 y 1284,23 se encuentra la primera referencia inequívoca a la universitas, cuando se expresa que determinadas decisiones contaron con el comuni assensu universitatis predicte.24 En el año 1288 de nuevo es la universitas de los probi homines la que acordó prohibir la entrada de vino forastero a la ciudad durante un cierto período, según consta en el inventario de privilegios de 1328.25 Y en 1296 se documenta una concesión a la universitas en virtud de la cual el conde nunca podría hacer allí una inquisitionem generalem.26 Podríamos afirmar que la plena normalización del concepto —y también de la fáctica personificación jurídica de Balaguer— no se produce hasta entrado el siglo XIV. Tenemos indicios de ello el 1308, cuando en el litigio de la ciudad contra los carnifices, comparecieron tres individuos ante del juez comisionado para resolverlo, calificados de síndicos ad hoc statutos et ordinatos per dictam universitatem.27 Pero el caso más paradigmático de este fenómeno se manifiesta en medio de las tensiones entre Armengol X y la Paeria de Balaguer entre 1310 y 1311. En un contexto de plena confrontación, Armengol X no se dirige a la universidad, a la que inicialmente no parece reconocer formalmente como tal por motivos políticos evidentes, sino a los probos homines habitantes in civitate Balagarii.28 Pero esto no debe llevar a pensar que la decisión del conde iba dirigida a ignorar y, por lo tanto, a suprimir tácitamente la asociación 22 El inventario de privilegios de 1328 decía del de 1252: (...) confirmavit universitati proborum hominum Balagarii omnes libertates et privilegia et inmunitates prout in dicto privilegio latius continetur (FONT, «El antiguo derecho local», p. 257, n. 11). Por lo tanto, tampoco es una referencia directa, sino conocida por el filtro de 1328, si bien no puede descartarse que los escritores de 1328 copiaran textualmente del original. La referencia concreta tampoco aparece en el fragmento de Consuetudines ... undécima carta. 23 Vid., sobre esta datación, el apartado 4.1. de este mismo trabajo. 24 «Habita magna deliberatione cum universo populo Balagarii ad hoc specialiter congregato in unum, statuerun paciarii et consiliarii antedicti, comuni assensu universitatis predicte, quod in perpetuum, annis singulis eligantur quatuor paciarii et viginti consiliarii viri digni et sufficientes existant ad regimen et gubernacionem, salvo iure dominorum civitatis Balagarii et quod fiat eorum ordinato et electio annuatim mutatis prioribus die beati Bartolomei Apostoli (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii (…)»; cito según versión originaria anterior a los retoques de 1311). 25 FONT, «El antiguo derecho local», p. 219, n. 60. 26 FONT, «El antiguo derecho local», p. 219, n. 59. 27 FONT, «El antiguo derecho local», p. 218, n. 54 y 219, n. 63. 28 «(...) Nos Ermengaudus Dei gratia comes Urgell, attendentes affectionem et benevolentiam et veram dilectionem quam habemus penes vos probos homines habitantes in civitate Balagarii et actenus habuimus (...)» (Privilegio de Armengol X de 1311, julio 25).

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de los habitantes o universitas, sino que se dirigía frontalmente contra la Paeria, probablemente porque era el entorno desde donde habrían surgido, el 1310, las quejas y los agravios contra ciertas actuaciones del conde consideradas arbitrarias. Por lo tanto, la consideración y el reconocimiento de que los habitantes de Balaguer formaban un solo cuerpo o asociación no parecen verse directamente afectados por la medida de Armengol X —quizás incluso al contrario, como veremos en la resolución final del caso—, puesto que el mismo privilegio restaurador de 1311 siempre menciona que el conde permitía que de nuevo se organizara la Paeria y en ningún caso se insinúa una renovación del reconocimiento de la universidad. Por otra parte, para comunicar a la ciudad de Balaguer la resolución del caso, Armengol X solicitó la presencia de aliquos probos homines eiusdem civitatis quos universitas eiusdem civitatis ad hoc deputavit. Armengol X pudo eliminar la Paeria, que era la principal instancia —por ser probablemente la más usual— desde donde se expresaba la voluntad de la universidad, pero mientras estaba disuelta la Paeria la universidad se reunió y escogió, expresando así su capacidad de manifestar su voluntad, a los diputados solicitados por el conde para discutir sobre las condiciones de la restitución de la Paeria. En cierto modo, la pretensión de prohibir la Paeria y mantener un tácito reconocimiento de la universidad era, en estos términos, un contrasentido, puesto que la corporación de la universitas por sí sola no tiene sentido si no disfruta de lo que le es más esencial: el derecho de reunirse para llegar a acuerdos, o sea, la Paeria. La universidad sin Paeria había subsistido durante un breve período de tiempo, suficiente para ponerse de acuerdo sus miembros al reivindicar su restitución. Pero en la primera mitad de siglo XIV difícilmente habría persistido, no sin un importante incremento de la tensión social interna en Balaguer, una forma de gobierno totalmentey constantemente asamblearia, como era la congregación de la universidad en su conjunto. En estas circunstancias es fácil afirmar que la universidad de Balaguer ya era en estos momentos una realidad incuestionable y que la Paeria se había revelado, a pesar de los intereses del conde, como el medio más idóneo para expresar su voluntad. En definitiva, pues, durante la segunda mitad del siglo XIII Balaguer se había convertido en una universitas con personalidad jurídica finalmente reconocida por el conde de Urgel. Pronto se evidenciaría la necesidad de institucionalizar —concepto equivalente ahora a facilitar—, la expresión de la voluntad de la mencionada universidad, tanto para dirigirse al conde y el conde a la comunidad, como para dirigirse a otras universidades del entorno, como también con el fin de organizar eficazmente la vida interna de los miembros de la comunidad.

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4. DE LA UNIVERSITAS A LA PAHERIA

4.1. ORÍGENES DE LA PAERIA

Que Balaguer haya conseguido devenir una universidad no implica que necesariamente tenga que existir un Consejo o Paeria. La universitas tiene una sola voluntad que debe ser expresada, o bien por medio de una asamblea general de todos sus miembros, o bien por medio de una reunión restringida de algunos de ellos, previamente escogidos, que conforman el denominado consell, o, en fin, arbitrando y coordinando un sistema mixto basado en la coexistencia y el funcionamiento de un Consejo —restringido— y de la asamblea general de los vecinos de la villa o ciudad. Por razones técnicas fáciles de entender, pronto pareció que la congregación de un número reducido de individuos —entiéndase los miembros del Consejo o Paeria—, debidamente autorizados por la universidad, era el medio más apropiado y eficaz para resolver determinados problemas que afectarían a la comunidad. Los orígenes de la Paeria de Balaguer son todavía hoy desconocidos. Buscando el momento ante quem de su constitución, debemos tener en cuenta que en el año 1311 Armengol X procedía a su restablecimiento y al de los estatutos que regulaban su funcionamiento. Los argumentos esgrimidos por la universidad y aceptados por el conde eran, en esencia, dos: que el mismo conde Armengol en otra ocasión anterior —probablemente los prohombres se referían a la confirmación de derechos del año 1284— ya había confirmado todos los usos, privilegios y costumbres de Balaguer,29 y, segundo, que era costumbre de la villa la elección de paers y consejeros.30 Por lo tanto, en 1311 se procedía a restablecer una Paeria que existía desde hacía un número indeterminado de años. El año anterior la oposición conde-universidad ya era total y de 1309 tenemos una referencia a los paers en el prolegómeno de esta confrontación.31 Unos años 29 Los árbitros nombrados por el conde para informar sobre el conflicto entre la universidad y Armengol X dijeron: «Item declaraverunt quod homines civitatis Balagarii restituantur ad ponendum paciarios et habendum in ipsa civitate cum sit probatum eos fuisse in possessione ponendi et tenendi in ipsa civitate usque ad tempus quo Dominus Comes qui nunc est sine cause cognitione eos egecit de possessione tenendi et habendi paciarios supradictos. Et cum sit privilegium eiusdem hominibus concessum per dominum comitem supradictum in quo confirmat eis usantias et consuetudines et privilegia sua, est magis dicta restitutio facienda» (FONT, «El antiguo derecho local», p. 227, n. 91). 30 «(...) ut in civitate Balagarii possent esse paciarii prout olim retroactis temporibus esse consueverunt, et possent ea facere que olim paciarii antiquitus fecerunt et facere consueverunt, et prout paciarii antiquitus fuerunt officio paciarie in eadem civitate quam eandem sententiam sive declarationem deberemus executioni debite demandari (...)» (Privilegio de Armengol X de 1311, julio 25). 31 «Item demanen los dits prohomens que sie plasia del senyor comte que torn en possessió los prohomens de la ciutat, de pahers, los quals pahers foren atorgats d´aver et de tenir en la dita ciutat continuament tro que lo senyor comte n´Ermengol, qui ara es, contrasta los dits pahers, com los dits pahers entenen a aver e tenir a profit

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antes, en el año 1286, el mismo Armengol X mandaba que ninguno de sus oficiales, baile, paer, jurado, sayón ni ninguna otra persona pudiera cerrar los molinos, para que el monasterio de Bellpuig pudiera utilizar los molinos.32 Pero esta referencia debe tener en cuenta que tenemos conocimiento de la existencia de paers en Agramunt desde 1253, cuando el conde Álvaro confirmaba los antiguos privilegios y añadía el de constituir Paeria y escoger paers,33 por el que la referencia a los paers en el mandato de Armengol no puede identificarse totalmente y sin dudarlo con los magistrados de Balaguer. Parece, pues, que para buscar los orígenes de la Paeria y el momento ante quem de su organización debemos dirigir nuestra atención hacia la redacción de los estatutos que regulaban su funcionamiento. En los estatutos aprobados por la asamblea de vecinos se decía que se escogerían cuatro paers y veinte consejeros, pero la reunión en la que esto se aprobaba fue presidida por paciarii et consiliarii antedicti, con lo cual parece que el régimen de Paeria es anterior a la fecha de confección de los estatutos, con existencia de paers y consejeros. Pero no hay ningún privilegio, ni en el registro de privilegios de 1328, que constate ningún otorgamiento expreso y formal del régimen de Paeria como el que se produjo en Agramunt, que, probablemente, se inspiró en el régimen análogo de Lérida.34 Font Rius ha considerado que la redacción de estos estatutos se debió de materializar en una fecha incierta entre 1256-1259 y 1284. Después de 1256-1259, porque el texto de los estatutos va acompañado de unos extractos de privilegios, el más antiguo de los cuales parece ser de 1256, si bien hay uno, probablemente posterior, datable en 1259. Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, en 1284 Armengol X confirmaba todos los privilegios, libertades y franquezas de la ciudad de Balaguer, entre los que es fácil que ya se contara el texto de los estatutos de la Paeria. Si este espacio de tiempo que va entre 12561259 y 1284 parece ser el momento en que se redactaron los estatutos, en cambio la existencia de la Paeria podría adelantarse a una fecha, también incierta, anterior a la de la redacción del texto, en el cual se señala que las disposiciones reguladoras del funcionamiento de la Paeria fueron aprobadas en una asamblea —y esto es lo que nos interesa— que estaba presidida por paciarii et consiliarii antedicti, aunque no se reproduce el nombre de los paers y consejeros a que hace referencia. de la ciutat et a bon governament d´aquela e dels altres senyors qui en la dita ciutat an alcunes senyories o drets (…)» (POU, Història, pp. 56-57). 32 SANAHUJA, «Apéndice», p. 33. 33 R. DE SISCAR Y DE MONTOLIU, «La carta puebla de Agramunt y los privilegios posteriores concedidos a la misma villa», en Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, IV (1887), pp. 131-195, esp. p. 160. 34 FONT, Orígenes, pp. 392-393, nn. 891 y 892.

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Por otro lado es totalmente verosímil que la Paeria de Balaguer surgiera o se constituyera a mediados del siglo XIII. En un dominio geográfico muy próximo, en Tárrega, la Paeria se documenta en el año 1257;35 en Cervera documentamos paers a partir de 125836 y en Lérida, tras una tenue mención a paers en el año 1216, este régimen es consolidado en 1264.37 En definitiva, pues, el consejo de la universidad de Balaguer no fue objeto, según informan las fuentes hoy conocidas, de ninguna constitución oficial expresa por parte de la autoridad condal. Así se deduce, tanto por la ausencia de referencias al respecto en el privilegio de 1328, como por la participación de la universidad en la aprobación de los estatutos reguladores de la Paeria. Se puede pensar, en estas circunstancias, que el consejo de la Paeria fue, hasta 1311, una organización autónoma surgida desde la universidad y tolerada por la autoridad condal.38

4.2. MARCO JURÍDICO

Hemos dicho que los estatutos de la Paeria de Balaguer, redactados entre 1256-1259 y 1284, no aparecen legitimados por ninguna autoridad pública salvo la confirmación realizada por Armengol X en el año 1284 de los usos, costumbres y privilegios, entre los cuales entendemos que podían tener cabida los mencionados estatutos. El punto de inflexión de esta situación haría falta situarlo, a nuestro entender, en la solución dada el año 1311 a la confrontación entre el conde de Urgel y la universidad de Balaguer.39 35

TURULL & RIBALTA, «“De voluntate universitatis”», pp. 155-156, n. 24 y pp. 158 y ss. Ambrosio HUICÍ MIRANDA, Maria Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. IV, 1258-1262, Zaragoza, 1982, pp. 18-19; cfr. ACA, C., reg. 9, f. 8 v. 37 Rafael GRAS Y DE ESTEVA, Història de la Paeria [=La Paheria de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707], Lérida, Ayuntamiento de Lérida, 19882, lámina 4, p. 191. 38 La historiografía precedente que se ha ocupado directa o indirectamente del tema ha expresado opi niones igualmente poco contundentes. Según Pou, mientras que en Lérida en 1197 ya había cónsules y consejeros, en Balaguer en esta época sólo había prohombres que trataban las cuestiones más importantes junto con el Consejo General de la ciudad convocado bajo la presidencia del conde, si por alguna razón estaba presente en Balaguer (POU, Història, pp. 55-56); Sanahuja consideró que «hom pot explicar-se perfectament l´aparició dels primers òrgans del municipi popular, la Paheria, d´una faisó consuetudinària i esporàdica. (...) Per descomptat que ací s´introduí i tingué el seu origen la Paheria per costum; més tard la implantà Ermengol X de Cabrera per document solemne. La primera Paheria, però, tingué llur gènesi per via de fet, per haver-li estat donada carta de naturalesa en una assemblea en la que hi prengueren part tots els veïns (...)» (SANAHUJA, Història, p. 255); y Font Rius ha considerado que las vicisitudes del condado en este siglo de turbulencias podían haber favorecido la maduración de la personalidad comunitaria de Balaguer e incluso que en esta época de la segunda mitad del siglo XIII se hubiera organizado autónomamente la Paeria, fijándose los estatutos de la misma, los más importantes privilegios de la ciudad y un conjunto de disposiciones procesales (FONT, «El antiguo derecho local», p. 218). 39 Parece ser que en el otoño de 1310 era palpable en el condado un ambiente de contestación general contra las actuaciones abusivas de Armengol X. El conde intentó satisfacer los motivos de las protestas e inauguró un proceso de información pública por todas partes. En este sentido el notario de Balaguer recibió de forma 36

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La universidad nunca discutió, en sus argumentos, el derecho del conde de tomar determinadas decisiones, la más importante de las cuales era, entonces, la de suprimir la Paeria por la vía de anular los estatutos que regulaban su funcionamiento. Los argumentos de los prohombres objetaban, no ya la arbitrariedad del conde, sino el hecho de que el conde había autorizado, en el pasado, lo que en el presente quería prohibir. Este argumento era completado con otro según el cual la elección de paers y consejeros era una antigua costumbre.40 La decisión de Armengol X en el privilegio de 25 de julio de 1311 de restablecer la Paeria no regresaba exactamente a la situación anterior, puesto que el conde no anulaba su anterior prohibición ni tampoco autorizaba exactamente la continuidad del Consejo y la vigencia de los estatutos. Armengol X en 1311 concedía de nuevo el régimen de Paeria y sus estatutos (confirmamus, aprobamus et laudamus et nichilominus de novo concedimus) y, por lo tanto, se reservaba el derecho de corregirlos y enmendarlos con tal de mejorarlos.41 Y, efectivamente, el texto de los estatutos que los prohombres entregaron al conde no es el mismo que el texto que el conde finalmente aprobó y concedió. Por lo tanto, desde aquel momento los estatutos de la Paeria, que configuraban el marco jurídico de su actuación, tendrían un texto fijado oficialmente, pero que era diferente, en unos pocos aspectos, del texto originario entregado por la universidad.42

autentificada las reclamaciones pertinentes: el 24 de octubre de 1310 los prohombres de Balaguer reclamaban, entre otras cosas, la restauración de la Paeria que Armengol X había suprimido. En el verano de 1311 el conde nombró una comisión de tres eclesiásticos y dos juristas laicos para su conocimiento y posterior resolución, aunque sólo transcurrió un día entre la designación y la declaración arbitral, a juzgar por la documentación conservada. El conde decidió restaurar la Paeria, pero antes entregó los estatutos a dos juristas para que hicieran algunas aclaraciones. Finalmente Armengol X restauraba la Paeria y los estatutos, enmendados, por medio del privilegio de 25 de julio de 1311. Sin embargo, cuando a mediados del siglo XIV se compilan diferentes textos de derecho propio de Balaguer en el llibre de consuetuts, privilegis i ordinacions, se incluyó la versión previa a 1311 y no el texto oficial, que fue, desde entonces, el retocado y aprobado por el conde en 1311 (FONT, «El antiguo derecho local», pp. 228-230, n. 98). 40 Los árbitros que informaraon del conflicto afirmaron: «Item declaraverunt quod homines civitatis Balagarii restituantur ad ponendum paciarios et habendum in ipsa civitate cum sit probatum eos fuisse in possessione ponendi et tenendi in ipsa civitate usque ad tempus quo Dominus Comes qui nunc est sine cause cognitione eos egecit de possessione tenendi et habendi paciarios supradictos. Et cum sit privilegium eiusdem hominibus concessum per dominum comitem supradictum in quo confirmat eis usantias et consuetudines et privilegia sua, est magis dicta restitutio facienda (…)» (FONT, «El antiguo derecho local», p. 227, n. 91). 41 «(...) volumus et concedimus vobis omnibus et singulis probis paciarios et eos elligere annuatim porut aliis retroactis temporibus habere consuevistis. Et quod idem paciarii utantur et officium patiarie exerceant juxta formam supradictam et prout antiquitus plene et libere exercere consueverunt. Et nichilominus dicta privilegia, concessiones et immunitates, gratias, constituciones e tdeclarationes in dicto libro contenta vobis ex certa scientia nunc et in perpetuum confirmamus, aprobamuis et laudamus et nichilominus de novo concedimus (...)» (Privilegio de Armengol X de 1311, julio 25). 42 Vid. edición de FONT, «El antiguo derecho local», pp. 272-273, 258-261, ap. IV y I respectivamente.

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El conde de Urgel conseguía, de este modo, situarse por encima de la Paeria, institución que, hay que recordarlo, no era el resultado de ninguna concesión graciosa de ningún antepasado suyo, sino el resultado de una antigua costumbre que hasta entonces había pervivido, aun careciendo de un reconocimiento oficial expreso. A partir de ahora la Paeria de Balaguer era reconocida expresamente por el conde y con la concesión ex novo Armengol X hacía ostensible su autoridad situándose al margen de la organización comunal.

4.3. MORFOLOGÍA INSTITUCIONAL 4.3.1. Órganos de decisión y control

Según Pou, el año 1155 había un Consejo al que podían acudir todos los hombres de la villa, aunque esta asistencia pronto se vería restringida; en 1341 al Consejo particular asistirían cuatro paers y veinte consejeros, si bien «al final» eran ya 30 sus miembros, mientras que el Consejo General no tenía un número fijo de consejeros, aunque habían llegado a ser 170.43 Para Sanahuja el Consejo General era el mismo Consejo que, partiendo de cuatro paers y veinte consejeros, acabó estando configurado por igual número de paers, pero con un número indeterminado de consejeros; además, habría un «Consejo de más individuos» con paers, consejeros y prohombres.44 Lo cierto es que hasta ahora nunca se ha aclarado del todo cómo se organizaba la universidad. El tema plantea diferentes problemas e interrogantes: ¿hasta cuando se siguió reuniendo la universidad en su conjunto?, ¿es lo mismo que la reunión de todos los prohombres?, ¿es todo esto el Consejo General?, ¿quién configura el Consejo ordinario o particular?, ¿en qué instancia participa el baile del conde?, ¿cómo se interrelacionan paers, consejeros y prohombres? Se trata, en definitiva, de diferentes modalidades o medios técnicos —con implicaciones políticas evidentes— que sirven para expresar la voluntad de la universidad.

A/ REUNIONES MULTITUDINARIAS

El primer capítulo de los estatutos de la Paeria reconoce la congregación de una asamblea en la que participaba todo el pueblo de Balaguer y en la 43 44

POU, Història, pp. 56-58. SANAHUJA, Història, pp. 261, 265, 274-275.

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que, comuni assensu universitatis predicte, cada año serían escogidos paers y consejeros.45 Pocos años más tarde, en 1288, la universitas de los probi homines acordó prohibir la entrada de vino forastero a la ciudad durante un cierto período de tiempo.46 En el año 1311 todavía parece reunirse toda la universidad, puesto que mientras estaba disuelta la Paeria por orden de Armengol X, la universidad se congregó para escoger aliquos probos homines eiusdem civitatis quos universitas eiusdem civitatis ad hoc deputavit para discutir con el conde el restablecimiento de la Paeria (fecimus coram nostri presentiam evocari [...]). En cambio, mientras la Paeria estaba disuelta, la iniciativa de solicitar su restauración parte de la masa de prohombres de la ciudad que, no existiendo un Consejo desde el que obtener un acuerdo al respecto, deberían congregarse en asamblea de todos los habitantes.47 La universitas, una vez más, dejaba sentir su voz.

B/ REUNIONES RESTRINGIDAS

Junto a indicios que evidenciaban la celebración de reuniones de todos los miembros de la universidad, también hay señales que informan en un sentido contrario: la celebración de unas reuniones restringidas que, no por serlo, carecían de legitimación. Ya en los estatutos de la Paeria, en los capítulos 19 y 21 se hace referencia ad notitiam et cognitionem paciariorum et consiliariorum, los cuales paciarii cum consilarii possint per se ipsos consilium convocare et congregari facere, cotos, bannos et constitutiones facere, imponere, mutare, minuere et aumentare.48 Por lo tanto parece claro que los paers y consejeros, al margen de la 45 «Habita magna deliberatione cum universo populo Balagarii ad hoc specialiter congregato in unum, statuerun paciarii et consiliarii antedicti, comuni assensu universitatis predicte, quod in perpetuum, annis singulis eligantur quatuor paciarii et viginti consiliarii viri digni et sufficientes existant ad regimen et gubernacionem, salvo iure dominorum civitatis Balagarii et quod fiat eorum ordinato et electio annuatim mutatis prioribus die beati Barholomei Apostoli (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagari»; cito según versión originaria). 46 Poco importa ahora que universitas fuera el concepto utilizado en el inventario de privilegios de 1328 para referirse al acuerdo adoptado por los prohombres. Después, en 1309, aquel acuerdo sería convertido en un privilegio concedido por Armengol X (FONT, «El antiguo derecho local», p. 218, n. 55). Lo que ahora importa es que el acuerdo de 1288 lo adoptaron los miembros de la universidad congregados en reunión multitudinaria. 47 «Item demanen los dits prohoms que sie plasia del senyor comte que torn en possessió los prohomens de la ciutat, de pahers, los quals pahers foren otorgats d´aver et de tenir en la dita ciutat continuament tro que lo senyor comte n´Ermengol, qui ara és, contrasta los dits pahers, com los dits pahers entenen a aver e tenir a profit de la ciutat et a bon governament d´aquella o de son terme e a honor del dit senyor comte e sens periudici dels altres senyors qui en la dita ciutat an alcunes senyories o drets» (FONT, «El antiguo derecho local», p. 229, n. 99). 48 «[19] Placuit paciariis, consiliariis et aliis probis hominibus Balagarii sic in perpetuum servari de cetero debere; (...) ponant et solvant secundum quantitatem bonorum couscumque ad notitiam et cognitionem paciariorum et consiliariorum eiusdem civitatis (...) [21] Item paciarii cum consiliarii possint per se ipsos consilium convocare et congregari facere, cotos, bannos et constitutiones facere, imponere, mutare, minuere et aumentare

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asamblea general, formando Consejo tenían una notable capacidad de actuación que llegó hasta el ejercicio de la función normativa. Por otro lado, una de las pocas enmiendas que recibió el articulado de los estatutos cuando fueron corregidos por el conde en el año 1311 determinó que los paers no podían perdonar multas sin el consentimiento expreso del baile condal, y viceversa, con lo cual parece insinuarse que hasta entonces era usual —o cuando menos posible— una actuación de tal clase por actuación unilateral de los paers.49 Este tipo de actuaciones debía de ser usual en actuaciones concretas y puntuales, evitando convocar asambleas multitudinarias para temas poco relevantes. Pero parece que los paers también actuaron en temas más importantes, tal como se demuestra en el nuevo libro de ordinacions compuesto en el año 1354, que también recogía el núcleo de ordinacions de 1313, donde abundan expresiones como pahers (...) feeren hacer este presente libre o pahers feeren transladar.50 Los estatutos de la Paeria, en su redacción originaria, aquella que los prohombres presentaron al conde para que procediera a enmendar o mejorar en algunos aspectos, ya contemplaban muy escuetamente que cada año debían ser escogidos —sin llegar a explicar cómo— cuatro paers y veinte consejeros, los cuales formarían, hemos de entender, el Consejo o Paeria.51 Ésta es la más antigua y precisa noticia que tenemos sobre la planta del gobierno de Balaguer, y no sólo nos interesa para conocer esta planta institucional, sino que también nos informa de la filiación de la Paeria de Balaguer respecto de la de los regímenes municipales de la época en la Cataluña Nueva. Se ha puesto suficientemente de manifiesto52 que las principales fuentes documentales y dogmáticas, con las adaptaciones necesarias al derecho particular de Balaguer, de las Consuetudines Balagarii y, por lo tanto, también las fuentes et vedalarios seu vinyogols aut messeguers mittere et ordinare. (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito versión oficial de 1311). 49 «[22 bis] Item quod remissiones bannorum aut gratie fieri nequeant per paciarios absque voluntate et expreso asensu baiuli domini comitis nec ipse baiulus ipsas remissiones aut gratias facere possit absque voluntate et expresso assensu patiariorum predictorum (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito versión oficial de 1311). 50 «En l´any (...) pahers de la ciutat de Balaguer en l´any damunt dit [1354] feerem fer aquest present libre en los qual sien transladats e scrits tots bans e ordinacions e establiments (...), en lo qual libre [el de 1313, conocido como «llibre vermell»] eren escrits e notats ordinariament tots los bans e ordinacions que en la ciutat son acostumats de tenir, los quals bans e ordinacions de paraula a parula los dessus dits (...) pahers feeren transladar e escriure per ço que d´aquí avant estiguessen los dits bans e ordinacions en pus ferma duradora memòria (...)» (Ordinacions i bans de la ciutat de Balaguer; FONT, «El antiguo derecho local», p. 274, ap. VI). 51 «Habita magna deliberatione cum universo populo Balagarii ad hoc specialiter congregato in unum, statuerun paciarii et consiliarii antedicti, comuni assensu universitatis predicte, quod in perpetuum, annis singulis eligantur quatuor paciarii et viginti consiliarii viri digni et sufficientes existant ad regimen et gubernacionem, salvo iure dominorum civitatis Balagarii et quod fiat eorum ordinato et electio annuatim mutatis prioribus die beati Barholomei Apostoli (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión originaria). 52 FONT, «El antiguo derecho local», pp. 235-247.

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de De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii que en las consuetudines están incluidas, hay que buscarlas en las Consuetudines Ilerdenses de Guillermo Botet de 1228, y más concretamente en la redacción original latina que sirvió de modelo para la confección de las de Horta y de Miravet,53 en uso, parece ser, durante todo el siglo XIII y comienzos del XIV. Esta vinculación, según Font Rius, se encuentra implícita en las explicaciones del prólogo, en la estructura general del texto y en el examen del contenido de los preceptos integrantes, tanto los de carácter procesal como los estatutos de la Paeria.54 En este contexto de vinculación de los textos indicados, adquiere una especial significación, por lo que ahora nos interesa, el primer artículo de los estatutos de la Paeria (es el núm. 15 de las Consuetudines Balagarii, vinculable al 34 de Consuetudines Ilerdenses)55, en el que se expresa que cada año serán escogidos cuatro paers y veinte consejeros. Si hemos mantenido la hipótesis de que los mencionados estatutos de la Paeria fueron redactados en una fecha incierta comprendida en el período que va de 1256-1259 a 1284, es inevitable preguntarse dónde se inspiraron los redactores de los estatutos a la hora de fijar el número de magistrados y su denominación; o sea, a la hora de estipular la planta de la Paeria e, incluso, el mismo modelo organizativo de Paeria. En el texto aludido de las costumbres de Lérida sólo encontramos una breve referencia a cuatro cónsules: [34] Mandato etiam atque distrito precipit, quod in quolibet anno IIIIor consules eligantur, et mutatis primis sic quolibet anno fiado. No se mencionan, ni en ésta ni en ninguna de las redacciones conocidas, los paers, y ni mucho menos aparecen los consejeros. Pero hay que recordar que en el consulado instaurado en Lérida el año 1197 por Pedro I aparecían, nominalmente citados, cuatro paers y diez consejeros. En sendos documentos confirmatorios del régimen de consulado de 1202 y 1203, el conde de Barcelona se veía obligado a nombrar, por lo visto de forma extraordinaria, cuatro paers y ocho consejeros. Por lo tanto, paers y consejeros, con más o menos arraigo institucional y popular, son anteriores a la redacción de las costumbres, que mencionan a cuatro cónsules y no a paers. De hecho, como ya hemos apuntado más arriba, en Lérida se alternó la utilización de las denominaciones paers y cónsules —olvidando a menudo los documentos referirse a los consejeros—, entre 1242 y 1264, hasta que este último año la instauración definitiva de la Paeria asumía expresamente las atribuciones y las funciones que desarrollaba hasta entonces el 53 Vid. Ana María BARRERO, «Las costumbres de Lérida, Horta y Miravet», en Anuario de Historia del Derecho Español, XLIV (1974), pp. 485-536. 54 Puede verse un cuadro de correspondencias de las costumbres de Balaguer con las de Lérida, Horta y Miravet en FONT, «El antiguo derecho local», pp. 236-237. 55 Utilizamos la versión de Pilar LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO, Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946.

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régimen del consulado, instaurado en el año 1197. Pero en esta Paeria de Lérida los paers eran cuatro, y de los consejeros, que habían sido ocho a comienzo del siglo XIII, no conocemos el número exacto. Una profunda reforma de la Paeria llevada a cabo por Pedro III en 1386 fijaba el número de paers en cuatro, como era tradición, y el de consejeros en veintidós, siendo escogidos por las «manos» y los oficios.56 En Tárrega la figura de los paers aparece en la documentación en 1257, cuando unos paciarii son citados de paso. Antes, en la asamblea que Jaime I convocaba en Lérida en 1214, son referidos cuatro cónsules y en 1242, en las Consuetudines ville Tarege, se mencionan las funciones de gobierno que ejercerían cuatro personas: [20] Ad regendam villam consilio proborum hominum et curie et baiuli nostri et ponendos bannos et ordinacionem aquarum, annuatim eligantur quatuor viri quienes in officio isto durent et sint dum nobis placuerit.57 No sabemos cuántos eran aquellos paers ni si actuaban asesorados por algunos consejeros, pero la situación se clarificó algo cuando, con la consolidación del régimen municipal en Tárrega, un privilegio real de 1313 fijaba el número de consejeros en treinta, escogidos diez de cada una de las tres «manos». El mismo privilegio hacía mención a una costumbre antigua de elegir a los magistrados por aquel sistema de las «manos», criterio que imposibilitaba, numéricamente, que pudiera haber cuatro paers y veinte consejeros. Esta planta de cuatro y veinte no se establecería en Tárrega hasta la concesión de un privilegio de Pedro III en 1342 que regulaba diferentes aspectos de la organización municipal de Tárrega.58 Finalmente queda el caso de Cervera. Aparte de aquella precoz cofradía de 1182 y los cónsules documentados en 1202, conocemos paers, también por una referencia breve, desde 1258, 1267 y 1272; sabemos que en 1289 y en 1290, como mínimo, también había consejeros además de cuatro paers, y que en 1311 se instauraba un régimen totalmente novedoso —cuando menos por explicitar el criterio de elección de los magistrados municipales— basado en la elección por «manos» de seis jurados y treinta consejeros, hasta que en el 1331 la planta de la Paeria se estabilizaba con cuatro paers y veinte consejeros escogidos desde los quarters.59 56 Los documentos referentes a las fechas a que hemos aludido pueden verse en GRAS, Història de la Paeria, concretamente: consulado de 1197, pp. 188-189; confirmaciones de 1202 y 1206, pp. 146-148; Paeria de 1264, p. 191; reformas de 1386, pp. 194-203. 57 Versión de José María FONT RIUS, «Costumbres de Tárrega», en Anuario de Historia del Derecho Español, XXIII (1953), pp. 429-443. Nos referimos a los quator viri de 1242 como continuadores de los cuatro cónsules de 1214 en TURULL & RIBALTA, «“De voluntate univesitatis”», pp. 153-154. 58 Vid. TURULL & RIBALTA, «“De voluntate univesitatis”», pp. 158-176 y los documentos mencionados publicados en apéndice. 59 TURULL, La configuració jurídica, pp. 103-147. Los documentos referidos han sido publicados en Max TURULL RUBINAT, Montserrat GARRABOU PERES, Josep HERNANDO DELGADO y Josep Maria LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991.

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De todo lo que hemos visto hasta ahora de Lérida, Tárrega y Cervera, con las lagunas de información para el siglo XIII que hemos puesto en evidencia, se deduce que una planta de cuatro paers y veinte consejeros sólo aparece documentada de forma cierta en 1331 en Cervera y en 1342 en Tárrega; pero en Lérida había habido una experiencia con cónsules y consejeros desde el año 1197 y con noticias similares en 1202 y 1206, y esto se había convertido en Paeria en 1264. Ni en Tárrega ni en Cervera hay un modelo —documental— en esta época donde aparezcan consejeros. Llegado a este punto se pueden proponer, entre otras, tres opciones: o bien que la planta de la Paeria de Balaguer, cuyos estatutos originales parece que se escribieron, como hemos dicho, entre 1256-1259 y 1284, no fue el resultado de copiar ningún modelo de los que hemos descrito y que, por lo tanto, la planta referida obedece a una libre y espontánea creación, extremo excesivamente casual si se tiene en cuenta que las Paerías de Cervera y Tárrega serán organizadas precisamente así; o bien que hiciera falta retrasar la redacción de los estatutos y por lo tanto la organización de la Paeria a una fecha más moderna, cuando hubiera posibilidad de un modelo, extremo que vincula excesivamente la interpretación a los textos estrictamente conservados; o bien, en fin, que la Paeria y su planta estuvieran inspiradas, efectivamente, en un modelo —a saber, Lérida, Tárrega o Cervera— del que no se han conservado documentos suficientes para acreditarlo. En este último sentido, que consideramos el más probable, especialmente si pensamos en Lérida, teniendo en cuenta la inspiración de las Consuetudines Balagarii en las Consuetudines Ilerdenses de 1228, la proximidad geográfica de ambos núcleos y la consolidación de la organización del régimen de Lérida antes que los de Tárrega y Cervera, entonces se podría pensar que la estructura de la Paeria de Balaguer sería un reflejo de cómo podría ser alguna de las otras Paerias en un momento en que la documentación disponible nos impide conocer más detalles. Si fuera cierto que conocemos el reflejo pero no el objeto originariamente reflector que lo ha producido, se podrían plantear las hipótesis de que la Paeria de Cervera entre 1258 y 1311 y/o que la Paeria de Tárrega entre 1257 y 1313 y/o que la Paeria de Lérida el 1264 estaban integradas por cuatro paers y veinte consejeros y que, por lo tanto, la elección de los magistrados se celebraba, en aquellos momentos, utilizando demarcaciones o circunscripciones y no todavía criterios sociales. Por lo tanto subsistía, durante la Baja Edad Media en Balaguer, una asamblea general de toda la universidad y un consejo o reunión restringida de representantes de aquella universidad. ¿Qué era entonces el Consejo General? ¿Un simple sinónimo de la congregación de la universidad en su conjunto? ¿o bien precisamente la desvirtuación, por reducción, de aquella asamblea general, como durante el siglo XIV ocurría en Tárrega y en Lérida?

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C/ CONSEJO GENERAL

Las fuentes documentales que conocemos son especialmente parcas en referencias al Consejo General. Ni en las recopilaciones del derecho propio de la universidad, ni en el fondo de pergaminos, ni en el mencionado privilegioregistro de 1328, en ningún caso el Consejo General ha sido objeto de constitución y regulación de ninguna clase. No sería de extrañar que precisamente por obvio y evidente se considerara innecesario ordenar el funcionamiento de un órgano que siempre había funcionado de igual manera. Casi la única información sobre el Consejo General nos viene dada junto con las ordenanzas de 1313; ordenanzas, sin embargo, que conocemos por una copia de 1354. En los epígrafes que encabezaban los grupos de ordenanzas dirigidas a los diferentes oficios acostumbraba a indicarse los autores institucionales de la disposición. Así, menudean referencias como bans (...) aprovats e confermats en Conseyll General, bans (...) confermats e aprovats per la universitat de prohomes de la dita vila (...) ab conseyl e voluntat del batlle o bien comencen bans (...) ordenats per los prohòmens en Conseyll General,60 de todo lo cual parece deducirse que el Consejo General a que se refieren los textos puede identificarse con la reunión de todos los miembros de la universitas, si, a la vez, la identificamos con la universitat de prohomes. No obstante, el Consejo General difícilmente era una réplica exacta, ahora con una denominación específica, de aquella congregación de la universidad que debía celebrarse desde mediados de siglo XIII. La diferencia entre el Consejo General documentado en la segunda mitad del siglo XIV y la asamblea de todos los habitantes consiste en que el Consejo General es la antigua reunión de la universidad organizada y dirigida por los miembros del Consejo particular. El Consejo General no lo forman únicamente todos los miembros de la universitas, sino que también lo integran los paers y los consejeros, no tanto como miembros ordinarios de la corporación sino como miembros rectores de la misma; además, probablemente también, del baile del conde.61 En este último 60 «Comencen bans de teners establits e ordenats pels prohomens e per lo batle del senyor comte approvats e confermats en conseyll general per tots temps duradors en la ciutat de Balaguer» [CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 532]; «Comencen bans e ordenaments de fflaqueres per tots temps duradors en la ciutat de Balaguer, e confermats e aprovats per la universitat de prohomens de la dita vila ab conseyll e ab voluntat del batle del senyor comte» [CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 531]; «Comencen bans de vinaders per tots temps duradors en la ciutat de Balaguer, ordenats pels prohomens en conseylls general e confermats pel batle del senyor comte» [CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 529]. 61 «Comencen bans de pescadors (...) los quals son ordenats e aprovats pel batlle e pels pahers e pels altres prohomens desta ciutat en Conseyll General, los quals volen que sien per tots temps duradors» (CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 419); en la cabecera de las ordenanzas de 1313 aparecen los nombres de cuatro paers y seis consejeros «assignats en Conceyll General en l´església de Sent Salvador per los prohomes de la dita vila, de consentiment e volentat d´en Berengario Cortit batle de la dita ciutat pel senyor compte a examinar, e corriger e adobar e ameylorar tots bans ja ordenats per los prohomes de la dita ciutat e encara a posar e a fer altres bans

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sentido es sintomático que el baile colabore, consintiendo o asintiendo, según las ocasiones, a las propuestas de los prohombres y de los paers, y situándose, podría decirse, dentro del Consejo General y no desde fuera.62

4.3.2. Organización interna: elección de paers y consejeros

Poco, por no decir nada, sabemos de la elección anual de los cuatro paers y veinte consejeros que formaban parte de la Paeria. Los estatutos de la Paeria sólo anuncian la elección anual de aquellos cargos, pero no explicitan quién los elige y cómo. Nos consta que los miembros de la universidad se congregaban todos juntos en ocasiones señaladas: lo hicieron para aprobar estatutos y para establecer ordenanzas de la villa. Por analogía con algunos municipios del entorno en la misma época, como Cervera, Tárrega y Lérida, podríamos plantear algunas hipótesis que habría que verificar: que la elección de paers y consejeros se hacía por quarters, o circunscripciones territoriales,63 y no por manos, que sería un criterio social, y que probablemente en esta elección también participaban todos los miembros de la universidad, ya sea congregados todos juntos o bien por los respectivos quarters de pertenencia.64 En cambio, a partir de un momento indeterminado anterior a 1501 y hasta esta fecha, el Consejo General estaría compuesto por treinta consejeros, diez de ellos renovables cada año, cifra que hace pensar en la posibilidad de que la elección se produjera por el sistema de las tres manos, si bien la renovación anual comportaría, si fuera así, algún noveyls segons lur bon visare e discreció. E ordenaren aquests bans que´s segueixen duradors per tots temps en la ciutat de Balaguer» (CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 376). 62 Las ordenanzas de 1313 fueron elaboradas por una comisión de cuatro paers y seis consejeros, designados todos ellos por el Consejo General de prohombres de la ciudad, reunido en la iglesia de San Salvador, con el asentimiento del baile del conde (FONT, «El antiguo derecho local», p. 249). Por otra parte, «En l´an de M ccc XXXVII el mes de jener. Los prohomens d´aquesta ciutat ab consentiment e conseyll d´en Bernat de Senta Linya ladonchs batle en la ciutat de Balaguer pel senyor comte n´Ermengou, ordenaren e establiren ban per tots temps durador en la dita ciutat» (CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 530). 63 Avala esta hipótesis el hecho de que en los libros del manifest de Balaguer, del siglo XV, la anotación de los bienes declarados por los vecinos se clasificara por el quarter al que pertenecían aquellos vecinos. 64 La sustitución de un sistema de tres manos por uno de cuatro quarters con el fin de eliminar la corrupción política y la creación de oligarquías instauradas por la vía de la cooptación de los cargos de gobierno local, se introdujo en Cervera en virtud del privilegio de Alfonso III de septiembre de 1331 y en Tárrega por el privilegio de Pedro III de 1342, copia casi literal del de Cervera. En ambos casos, además de normativizar un sistema electivo que introducía el factor azar, también se organizaban diferentes aspectos del régimen municipal de aquellas villas (vid. TURULL, La configuració jurídica, y TURULL & RIBALTA, «“De voluntate universitatis”», pp. 170-176). El caso de Lérida, investigado sin la profundidad que merece, es también lo suficientemente interesante para ser tomado como modelo en Balaguer. Si bien desde 1197 hay constancia del gobierno de cuatro cónsules, después paers, y consejeros, no tenemos certeza de que fueran elegidos por circunscripciones —en el caso de Lérida eran parroquias— hasta que en el año 1264 se reconvertía el Consulado en un régimen de Paeria (vid. GRAS, Història de la Paeria, p. 191, lámina 4).

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problema técnico y político. El privilegio de 18 de agosto de 1501 dictado por Juan II instauraba, como empezaba a ser usual en la mayor parte de municipios catalanes, un sistema de insaculación pura,65 si bien este hecho ya se sitúa fuera de los límites que nos habíamos fijado.

4.4. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

Las atribuciones del Consejo, que no de la universidad, o, dicho de otro modo, las actuaciones del Consejo, suponían, precisamente, la actuación de la voluntad de la universitas. Voluntad que, a pesar de todo, encontraba un límite en la autoridad del conde, tal como los privilegios y la misma Paeria a instancias del conde se preocupaban de recordar.66 Hemos señalado anteriormente que, para que actuara la voluntad de la universidad, no era imprescindible la existencia de un Consejo. En 1288 era la universidad de los prohombres de Balaguer la que disponía —ejerciendo la función normativa— que no se pudiera entrar vino forastero dentro de la villa.67 Pero no hay duda de que congregar a la universidad era algo difícil técnicamente y no siempre conveniente políticamente. Siendo el Consejo un medio técnico y viviendo de una ficción jurídica —puesto que se validaba la decisión del Consejo igual que si la hubiera tomado la totalidad de la universidad—, había que dejar claros los límites del Consejo, cosa que convenía al conde para evitar que la universidad, por la vía de la Paeria, se extralimitara en sus actuaciones, como también convenía a la propia universidad para que su órgano más reducido no huyera del control de la congregación de todos los vecinos.

4.4.1. Función normativa y capacidad ejecutiva

Función normativa y capacidad ejecutiva están plasmadas en los estatutos de la Paeria en su redacción original, con carácter consuetudinario hasta 1311 pero con carácter oficial —y por lo tanto con una fuerza legitimadora 65 Vid., sobre el municipio moderno con noticias de la implantación de los sistemas insaculatorios en Cataluña, Josep Maria TORRAS I RIBÉ, Els municipis catalans de l´Antic Règim (1453-1808). (Procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants), Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1983. 66 «(...) quod in perpetuum, annis singulis eligantur quatuor paciarii et viginti consiliarii viri digni et sufficientes existant ad regimen et gubernacionem, salvo iure dominorum civitatis Balagarii (...) (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión oficial). El capítulo 20 bis de los estatutos ampliaba, como veremos, las funciones judiciales de los paers, pero quedaba bien claro que todo es hecho salvo iure dominorum (FONT, «El antiguo derecho local», p. 224, n. 81). 67 FONT, «El antiguo derecho local», p. 249, n. 153.

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superior— a partir de la promulgación en forma de privilegio por Armengol X en 1311. Función normativa regulada también a partir de otros privilegios condales y expresada en los usos y costumbres plasmados por escrito en las ordenanzas de la universidad. En la redacción original de los estatutos, redactada entre 1256-1259 y 1284, y con leves diferencias en el texto oficial de 1311, se fijaban las atribuciones de los paers y subsidiariamente también de los consejeros: además de convocar Consejo y escoger a los cargos de policía local, podían disponer, imponer, cambiar, disminuir o aumentar los cotos, bandos y constituciones de la Paeria.68 Esta clara alusión a su capacidad normativa se veía completada por la facultad de ejecutar y actuar contra los que no obedecían las constituciones de la Paeria.69 Sin entrar ahora en el papel que jugaba el baile condal recibiendo, junto con los paers y consejeros, el juramento de los cargos administrativos de la Paeria y recibiendo también, el baile, una tercera parte del importe económico de los bandos impuestos por los mencionados cargos, tal como pasaba en los municipios reales, lo más relevante, según nuestro parecer, es el reconocimiento, definitivo y oficial, de que los paers, en el marco del Consejo, tenían capacidad para dictar cotos, bannos et constitutiones, y que su obediencia era vinculante para todos los miembros de la universidad, pudiendo ser castigados los que los desoían. El baile, en todo caso, parecía colaborar en esta función normativa y ejecutiva. Por lo tanto, la confirmación de los estatutos de la Paeria tuvo trascendencia, no sólo para el mantenimiento de la organización institucional, sino también porque se legitimaba de forma definitiva la función normativa de paers y consejeros. Probablemente no es casual que la primera colección escrita de ordenanzas, respondiendo a una iniciativa de los paers, fuera realizada en una fecha posterior y próxima a la restauración de la Paeria en el año 1311.Anteriormente los paers ya habían dictado disposiciones, o cuando menos sus estatutos les reconocían esta capacidad. A partir de 1311, esta capacidad normativa tiene

68 «[21] Addiderunt eciam quod paciarii cum consilariis possint consilium convocare, cotos, banna et constitutiones facere et imponere et minuere et aucmentare (...) (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión oficial de 1256-1259 a 1284); «[21] Item paciarii cum consiliarii possint per se ipsos consilium convocare et congregari facere, cotos, bannos et constitutiones facere, imponere, mutare, minuere et aumentare (...) (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión oficial de 1311). 69 «[22] Item addiderunt quod paciarii electi recognoscant et inquirant solicite veritatem illa omnia pro quibus coti seu banna fuerunt constituta et illi debent iurare, presentibus curia et consiliariis, quod hec fiant fideliter et inquirant (...); (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión oficial de 12561259 a 1284); «[22] Item quod paciarii electi recognoscant et inquirant sollicite et intente illa omnia pro quibus cotos seu banna fuerint constituta et illi vedalarii sive messeguers aut vinyogols iurent et iurare habeant presentibus baiulo domini comitis, paciariis et consiliariis quod faciant fideliter et inquirant omni ea que ad eorum oficium pertinent. (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii»; cito según versión oficial de 1311).

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reconocimiento oficial y es la misma Paeria la que busca la legitimación de esta capacidad normativa en el mencionado privilegio de Armengol X. Es más que significativo que en el año 1354, cuando el cuerpo de ordenanzas de 1313 fue copiado en un nuevo libro, además de ordenanzas también se incluyera, al frente, el privilegio de 1311. Los magistrados, además de reproducir todo el privilegio, en 1354 explicitaron aquella atribución normativa con una declaración en la que no se referían a la antigüedad de los estatutos como fuente última de legitimación, sino que presentaban la Paeria y con ella la capacidad de hacer constituciones como una concesión de Armengol X.70 Pero una cosa es la fuente de legitimación a la que conviene acudir en un determinado momento y otra es el momento a partir del cual la universidad, aparentemente prescindiendo de la autorización expresa del conde, se dotó de unas determinadas ordenanzas. El texto de las ordenanzas de 1313 reconoce que allí se recogen bandos veylls e novels y que, por lo tanto, se están recogiendo por escrito ordenanzas ya existentes y otras nuevas, con lo cual se evidencia que antes del privilegio de 1311 la universidad de Balaguer tenía unas determinadas ordenanzas.71 Contrariamente a esta práctica, que contaba con apoyo jurídico, en el año 1404 fue el conde Roger, invocando el profit e utilitat de la universidad, quien dictó unas ordenanzas y mandó que fueran respetadas.72 No conocemos, por ahora, si esta actuación condal fue contestada por el Consejo, que veía, de este modo, vulnerada su capacidad normativa reconocida en el año 1311.

70 «E en lo començament del present libre es demostrat per escrit largament lo privilegi que´ls prohomens de la dita ciutat en temps passat obtingueren el offici de la Paheria del molt noble baró e senyor lo senyor n´Ermengou, de bona memòria, comte d´Urgell per la tenor del qual privilegi los prohomens de la dita ciutat de Balaguer poden fer cots, ordenacions, establiments e posar bans duradors aytant com els prohomens de la dita ciutat plaurà e créxer e minvar aquells tota vegada segons que a lur gran saviesa serà ben vist faedor» (FONT, «El antiguo derecho local», p. 248, n. 150). 71 La cabecera de las ordenanzas de 1313 hace referencia a unas ordenanzas anteriores (a 1313): «(...) comence aquest libre el qual son escrits e ordenats tots los ordinaments dels bans de la ciutat de Balaguer veylls e novells en aquesta manera que es segueix (...), a més es diu que amb aquestes ordinacions es tractava d´examinar e corregir e adobar e ameylorar tots bans ja ordenats per los prohomens de dita ciutat e encara a posar e a fer altres bans noveyls segons lur bon visare e discreció» (FONT, «El antiguo derecho local», p. 249). Además, en la cabecera de estas ordenanzas de 1313 aparecen los nombres de cuatro paers y seis consejeros «assignats en Conceyll General en l´església de Sent Salvador per los prohomes de la dita vila, de consentiment e volentat d´en Berengario Cortit batle de la dita ciutat pel senyor compte a examinar, e corriger e adobar e ameylorar tots bans ja ordenats per los prohomes de la dita ciutat e encara a posar e a fer altres bans noveyls segons lur bon visare e discreció. E ordenaren aquests bans que´s segueixen duradors per tots temps en la ciutat de Balaguer» (CARRERAS, «Ordinacions urbanes», p. 376). 72 «E aço per res no mudets como sien actes que havem molt a cor atès que concernen de ocasió de la cosa pública d´aquexa universitat e per consegüent profit e utilitat nostra» (Ordinacions i bans de la ciutat de Balaguer; FONT, «El antiguo derecho local», p. 277).

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4.4.2. Función judicial

A diferencia de los municipios, aquellas universitas bajo jurisdicción real, donde los Consejos consiguieron mantener, no sin fricciones con los oficiales del rey ni en todos los casos de forma completa, la jurisdicción criminal, en Balaguer la jurisdicción ordinaria civil y criminal era ejercida, parece que sin discusión, por el baile del conde,73 aquel iudex ordinarius que mencionan algunos documentos de mediados del siglo XIV.74 Paradójicamente, el baile condal, o mejor dicho, sus asesores, sin duda juristas formados en el derecho común, deberían conocer, y el baile aplicar, aquel conjunto de preceptos procesales integrados en las Consuetudines Balagarii que configuraban el derecho propio de Balaguer. En un nivel cualitativamente inferior, la Paeria tenía algunas facultades arbitrales que habían menguado en el momento de obtener carácter oficial los estatutos de la Paeria. Se trata, en efecto, de uno de los pocos cambios sustanciales que introdujo el conde en la redacción originaria cuando decidió mejorarla. En 1311 el conde Armengol X rebajó algunas actuaciones de los paers y prohombres: en lo que hacía referencia a sus facultades arbitrales [cap. 20] procuraba limitarlas a un simple ruego de los vecinos para arreglar sus controversias —possint inducere rogando— según ya habían hecho antiguamente los prohombres —que es lo que argumentaba la parte del conde—.75 Se trataba de evitar que los paers presionasen a los vecinos para que éstos no acudieran a la jurisdicción ordinaria del baile señorial, con lo cual el conde perdería, a saber, los beneficios económicos derivados de esta jurisdicción.76

73 Según Sanahuja, «el batlle era el gran auxiliar dels pahers fent complir llurs disposicions, constitucions i bans, a la vegada que tenia al seu càrrec tota la justícia local amb la cúria o tribunal, del que en formaven part el saig, que era l´executor material de les seves sentències, un jutge auxiliar del batlle i un jutge d´apel.lacions (...). Per a l´exercici de la justícia el batlle trobava gairebé tots els elements o normes en les «Consuetudines civitatis Balagarii» i en les catorze cartes del «Llibre dels Juraments», compendi de tots els privilegis. Les normes dels pahers i consellers es fonamentaven en les constitucions o bans, en els llibres d´estima que hi havia a l´arxiu, i també, en les mateixes cartes» (SANAHUJA, Història, pp. 274-275). 74 En unas ventas de censales, finalmente firman el conde, el infante Pedro, Pedro Emerich, baile de la ciudad tamquam iudex ordinarius y otros (SANAHUJA, «Apéndice», p. 52). 75 La redacción original del capítulo 20 era la siguiente: «[20] Paciarii et alii probi homines Balagarii possunt compositiones facere et pacificare habitatores eiusdem et extraneos et testes recipere et iuramenta, si inter eos sigillate fuerint vel disconvenientie alie sint priusquam, tamen ex hiis coram curia vel baiulo querimonia exposita sit, et postea etiam salvo iure dominorum. (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii)». La redacción oficial después de la corrección de Armengol X en el 1311 quedó como sigue: «[20] Paciarii et alii probi homines civitatis Balagarii possint inducere rogando habitatores eiusem civitatis et extraneos ad pacem et compositionem inter eos ad invicem faciendam, sic tamen quod per ipsam inductionem non vidatur transhigentes vel componentes invitos compellere ad querimoniam non exponendam, set prout probi homines tantummodo consueverunt de pace tractare. (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii)». 76 FONT, «El antiguo derecho local», pp. 223-224, n. 81.

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En el ámbito de lo que hoy calificaríamos de resolución por la vía administrativa, los paers obtuvieron, incluso incrementando el alcance del redactado original de los estatutos, su capacidad resolutiva en ciertos conflictos vecinales. Así, el capítulo 20 bis de los estatutos aprobados en el año 1311,77 que no existía como capítulo independiente dedicado exclusivamente a este tema en el texto del siglo XIII, ampliaba las funciones judiciales de los paers al atribuirles la resolución por sentencia de los conflictos vecinales provocados por lindes, términos, contigüidad de heredados, viales, regadíos, etc., habiéndose de actuar, siempre, salvo iure dominorum.78

4.5. HACIENDA Y FISCALIDAD

Las fuentes para el estudio de la hacienda y la fiscalidad de las universidades medievales son, en esencia, los volúmenes de clavaría, los de Consejos, algunos privilegios autorizando determinadas prácticas fiscales, los registros especiales de censales y violaris, los registros de imposicions y también los volúmenes del manifest (estimes o vàlies, según otras denominaciones)79 que en Balaguer se conservan a partir del siglo XV. Ni los estatutos de la Paeria ni el fondo de privilegios que conocemos aportan información precisa sobre la hacienda del consejo. Sin embargo, parece insinuarse algún punto de coincidencia, en cuanto al sistema financiero, semejante al de los municipios de realengo,80 formado por la emisión de deuda pública, la imposición de un tributo directo y, probablemente, un impuesto indirecto sobre el consumo de mercancías, aunque no tenemos noticias directas sobre una práctica continuada de las imposicions sobre los productos. Conocemos que en el año 1418 la universidad estaba altamente endeudada por la obligación de los pagos anuales de rentas de censales y

77 «[20 bis] Item si questio sit inter vicinos civitatis Balagarii de cequiis et aqueductibus aut agrorum terminis aut de stillicidiis aut de aliis operibus vicinalibus tam domorum quam agrorum et de viis seu carrariis tam infra civitatem quam extra civitatem, in quibus omnibus et eorum similibus possint paciarii testes et iuramenta eorum recipere et ipsas questiones eorum bono arbitrio iuxta probata et usum civitatis predicte sententialiter terminare, salvo, in supradictis omnibus, iure dominorum (De constitutionibus seu statutis paciarie Balagarii)». 78 FONT, «El antiguo derecho local», p. 224, n. 81. 79 Un interesante estado de la cuestión y análisis detallado del caso de Reus, en Jordi MORELLO I BAGET, Demografia, societat i fiscalitat de Reus al segle XV: el llibre d´estimes de 1445 (tesis de licenciatura inédita), Universitat de Barcelona, 1992. 80 Una panorámica del sistema financiero municipal medieval catalán y especialmente del impuesto directo y del valor de los libros del manifest, estimes o valuas, en Max TURULL RUBINAT, «La hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la Edad Media. Planteamiento general», en Revista de Hacienda Autonómica y Local, vol. XXII, núm. 64 (Madrid, 1992), pp. 9-80.

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violaris,81 recurso, el de la emisión de deuda, que permitía obtener con rapidez y en metálico elevadas sumas de capital, pero que en cambio suponía una verdadera rémora para el futuro de las finanzas del común. En segundo lugar, con respecto a la tributación directa, los mismos estatutos de la Paeria, del siglo XIII, ya permiten esta posibilidad, si bien sólo conocemos una declaración muy general que no permite saber con precisión cómo se actuaba en aquella época. El capítulo de los estatutos a que nos referimos reconoce expresamente la posibilidad de la universidad de facere comune; reconoce que a este común estan obligados omnes homines eiusdem civitatis et terminorum eiusdem; que los habitantes de la ciudad y términos deben pagar proporcionalmente a su riqueza —ponant et solvant secundum quantitatem bonorum cuiuscumque-; y refleja, finalmente, la capacidad de paers y consejeros para reconocer y controlar todo el proceso estimativo e impositivo.82 Por otra parte, los libros del manifest conservados del siglo XV evidencian que, efectivamente, en Balaguer se recurrió al tributo directo o talla, cuyo valor se calculaba a partir de la declaración y la estimación de los bienes muebles e inmuebles de los habitantes de la villa.83 La referencia a la fiscalidad en los estatutos de la Paeria parece proporcionada a lo que eran aquellos estatutos, que en el siglo XIII se limitaron, igual que si se tratara de un texto básico y general, a fijar los puntos más importantes de la organización comunal. En cambio no conocemos privilegios o disposiciones posteriores que desarrollaran el articulado estatutario. En el ámbito municipal es usual encontrar privilegios que autorizaban de forma expresa la capacidad impositiva del Consejo y en los que se regulaba, sin demasiados detalles, el proceso 81 Los procuradores del infante Juan y los delegados de la ciudad pactaron unas medidas que debían permitir a aquélla poder liquidar el endeudamiento por censales y violaris a que estaba sometida: facultad por treinta años de hacer imposiciones y cobrarlas, aumentarlas o disminuirlas, de invertirlas en laudemios y exoneraciones de otras deudas, así como la franquicia del derecho del sello y otras cargas y gastos. Además eximieron a la ciudad del pago del subsidio de los diez mil sueldos anuales que debía pagar a los condes de Urgel y hacían franca a la ciudad del pago de quèstia, monedatge i morabatí (SANAHUJA, Història, p. 319). 82 «[19] Placuit paciariis, consiliariis et aliis probis hominibus Balagarii sic in perpetuum servari de cetero debere; quod si contigerit eos congregare seu facere comune propter sumptus quoscumque dicte civitatis vel aliquoquo modo, quod omnes homines eiusdem civitatis et terminorum eiusdem ponant et solvant secundum quantitatem bonorum couscumque ad notitiam et cognitionem paciariorum et consiliariorum eiusdem civitatis» (cito según versión oficial de 1311). 83 Conocemos el texto de una sentencia arbitral dictada por un jurista y un ciudadano de Balaguer en el año 1382 respecto de si los judíos debían pagar los tributos igual que los otros vecinos o si por el contrario debían hacerlo de otra manera. Según la sentencia arbitral, los judíos de Balaguer y aquellos que tenían propiedades estaban obligados a contribuir en todos los comuns, quèsties, càrregues, dons i altres exaccions de la ciudad del mismo modo que lo hacían todos los que tenían tierras en cualquier lugar del Principado y según se había resuelto en las Constitucions de Catalunya. Pero estando obligados a contribuir, en cambio los judíos debían pagar la mitad de lo que pagaban los cristianos. Mientras que los cristianos eran tasados por sus bienes muebles e inmuebles y pagaban dos sueldos por libra, entonces los judíos eran tasados por doce dineros por cada libra del valor de sus bienes inmuebles. Lo mismo se debía hacer en cualquier suma de dinero respecto de los bienes muebles e inmuebles (SANAHUJA, «Apéndice», p. 51).

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a seguir. En cambio, en el caso de Balaguer, los privilegios condales, e incluso los reales, afectan a la vida económica de la ciudad, pero no se preocupan de desarrollar normativamente el funcionamiento de sus órganos de gobierno. Esta aparente carencia de una organización financiera avanzada podría deberse a que las reducidas dimensiones del condado no requirieron de los condes la construcción de un sistema financiero ágil, eficaz y moderno con el que controlar las universidades y/o comunidades que integraban el condado. Además, por supuesto, de que el conde ya dispondría de sus propios medios y de su propio circuito financiero para obtener recursos de sus vasallos y siervos.

5. CONCLUSIONES

Sin pretender una síntesis de lo que se ha explicado hasta ahora, sí hace falta, creemos, poner énfasis en algunas consideraciones que estimamos de interés. Los hombres de Balaguer devinieron universidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, paralelamente al fenómeno, y probablemente no de forma casual, de la recepción del ius commune en Cataluña. Esta clase de personalidad jurídica, por utilizar terminología moderna, adquirida en estos momentos, suponía algo más que el triunfo de una entelequia jurídica propia de los juristas medievales, puesto que en buena medida también reflejaba la realidad. Los hombres de Balaguer formaban un corpus con reconocimiento del poder público, reconocimiento que no se había tenido que arrancar del conde de manera más o menos violenta, ni aconteció una reivindicación objeto de negociación, sino que se produjo de forma natural y armoniosa. En este sentido habría que apuntar la posibilidad, hipotética, de que el período de turbulencias políticas y militares que vivió el condado en la primera mitad de siglo XIII, entre los Cabrera y los condes de Barcelona, influyera positivamente en la conformación de un sentimiento de identidad y de comunidad entre los hombres de Balaguer como consecuencia de la necesidad inevitable de conseguir decisiones comunes y unitarias ante las eventualidades de la guerra. El estallido definitivo de la universitas coincidía, en Balaguer, con la organización —por el momento parece que espontánea— de la Paeria, una institución que expresaba la voluntad de la universidad. La Paeria, que pronto devino un eficaz órgano de gobierno en el marco de la universidad, subsistió, hasta 1311, tolerada por los condes de Urgel y, a partir de aquel momento, restaurada por Armengol X tras un breve período de anulación de los estatutos, con legitimación del poder condal. Si hasta entonces los condes de Urgel no se habían inmiscuido en la organización interna de la universidad de Balaguer, en cambio

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a partir de Armengol X, y en virtud de la concesión ex novo de los estatutos de la Paeria, los condes se situaban por encima de la Paeria y se atribuían, de este modo, el derecho de modificar su reglamento y dictar ordenanzas para el buen gobierno de la ciudad. No obstante, sería inexacto reconocer una fuerte presencia de la autoridad condal en la organización de la Paeria. Del mismo modo que los condes nominales de Urgel —los condes de Barcelona desde los pactos entre Aurembiaix y Jaime I— no interfirieron ni, aparentemente, influyeron en la organización política de Balaguer —habría que especular, en todo caso, sobre la influencia indirecta de la Paeria de Lérida a la hora de diseñar la planta de la de Balaguer—, también es cierto que los mismos condes fedatarios de Urgel no participaron demasiado activamente, a juzgar por las disposiciones que nos han llegado, en el funcionamiento de la Paeria. En este sentido podría afirmarse que, después de lo que conocemos de Balaguer, la morfología institucional de la Paeria de la capital del condado de Urgel no difería, en lo esencial, de la de los municipios del entorno geográfico más próximo, a saber: Lérida, Tárrega y Cervera. Parece, y habría que verificarlo con mayor documentación, que la organización interna de una universidad señorial se parecía a la de un municipio real, y en esta similitud incluímos la capacidad normativa del Consejo. En cambio, pueden observarse diferencias importantes, que aquí sólo hemos podido anotar, en cuanto a las atribuciones en materia de administración de justicia, en clara desventaja con la universidad señorial. Así como los municipios en el siglo XIV estaban perdiendo la jurisdicción civil y pugnaban por la criminal, manteniéndola por el momento, en cambio a la Paeria de Balaguer le era reconocida una capacidad arbitral bien alejada de la justicia ordinaria que era reservada a los oficiales del conde; y esta importante limitación no se debía sólo a las enmiendas introducidas por Armengol X al restaurar la Paeria en el año 1311, sino también al mismo redactado original de los estatutos reguladores del Consejo que recogían, sin fortaleza, la relativamente limitada capacidad judicial de la Paeria ante la autoridad del conde. Si la independencia del condado de Urgel nos habría llevado a un interesante planteamiento conceptual, en virtud del cual las universidades vinculadas a un conde que no reconocía superior podrían haber devenido municipios, en cambio la vinculación de los condes de Urgel a los condes-reyes —el vínculo de fidelidad se expresaba también en la participación de los condes en las Cortes convocadas por los monarcas catalanes— hizo que las universidades del condado de Urgel fueran únicamente esto: universidades, y que no devinieran municipios, faltas como estaban de reconocimiento del titular de la plena potestad —carencia igualmente expresable en su ausencia de las mismas Cortes (no en vano ya estaba representado el titular de la jurisdicción a la que pertenecían).

EL CONTENIDO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DEL LAUDO ARBITRAL DE 1303 DE BAÑOLAS

El 20 de abril de 1303 el abad del monasterio de Bañolas y los tres síndicos que actuaban en la universidad de la villa firmaban un importante documento que ha sido calificado por la historiografía contemporánea, no sin una parte de razón, como carta municipal y como constitución municipal de la villa de Bañolas. En un contexto histórico marcado por unas relaciones de dependencia feudal —como las de los habitantes de Bañolas con el monasterio del que dependían, e incluso las del mismo monasterio con la abadía de San Víctor de Marsella— y, al mismo tiempo, por la emergencia y la consolidación de las organizaciones municipales que luchaban por su autonomía, el episodio de Bañolas de abril de 1303 representa un auténtico paradigma de lo que sucedía en otras localidades del Principado sometidas a jurisdicciones señoriales. Como veremos a continuación, el texto articulado del arbitraje reconoce a los habitantes de la villa la facultad de elegir jurados y consejeros para regir los asuntos comunales, determina algunas de las competencias y atribuciones de los magistrados y de la propia universidad, redefine los contornos de los contenidos jurisdiccionales del monasterio sobre la villa y fija, en definitiva, los límites de la autonomía de la universidad respecto del señorío. El texto que comentamos es el resultado, jurídicamente y estrictamente hablando, de un arbitraje. La institución jurídica del arbitraje permite llegar a la resolución de un conflicto sin la apertura de un procedimiento judicial, mediante el pronunciamiento de un laudo arbitral, pero con los mismos efectos que una sentencia judicial. Mecanismo introducido en el Principado a partir de la difusión del derecho romano justinianeo, y bastante empleado tanto en el ámbito señorial como real, requiere la existencia de un acuerdo previo (o contrato «de compromiso») al que han de haber llegado las partes enfrentadas para someter la resolución de su controversia a la decisión o arbitrio de un tercero, libremente escogido por ellas. En nuestro caso, el preámbulo introductorio que acompaña los diferentes artículos o capítulos que conforman la carta comunal recoge los aspectos esenciales de todo arbitraje. En primer lugar,

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identifica las partes enfrentadas: por un lado, el abad de Bañolas (Bernardus), quien representa su cargo y su comunidad, y por otro, tres síndicos o procuradores, en nombre de la universitas de la villa de Bañolas (Jacobus de Menterio, Jacobus de Mediavilla y Petrus de Pinzacho). Las partes prometen de forma expresa aceptar la decisión en todos sus puntos, ratificar el documento donde quedará reflejada la solución a la que se llegue y transmitirla a la parte representada (este momento concreto se recoge en la parte final del documento). En segundo lugar, los árbitros escogidos de común acuerdo por las partes son tres reconocidos personajes de la época: Eymericus de Usalio, ciudadano de Barcelona, Raymundus de Stagno, sacerdote y, como jurista, Bernardus de Rexaco. Éstos, una vez aceptado el encargo, deben prometer —y así lo hacen— llegar a una solución que quedará recogida por escrito, promesa por la que deberán responder en el caso de no llegar a ningún pronunciamiento. Por lo tanto, el contenido de la carta comunal de Bañolas ni es fruto de una concesión graciosa por parte del abad y la comunidad del monasterio de Bañolas, ni es resultado de un acto autónomo de la villa, sino de un arbitraje, posible por el previo acuerdo de aquel monasterio con el municipio. Ciertamente, el documento refleja las vacilaciones terminológicas que, todavía en aquel momento, caracterizaban la institución arbitral. Por esto, no puede sorprender el uso indistinto de las expresiones sententia, arbitrium, cognitio para calificar el laudo arbitral, ni la denominación arbiter, arbitrator seu ordinator para los árbitros. Será la doctrina del ius commune aquella que determine el significado preciso de cada una de estas palabras, que distinga en definitiva entre el arbitraje simple y la amigable composición, de acuerdo con los fundamentos empleados en la toma de decisiones (jurídicos o de equidad, respectivamente). El resultado del arbitraje se protegió con una renuncia bastante frecuente: la del recurso a cualquier otro derecho escrito o no escrito, divino o humano, canónico o romano. Sería interesante analizar la fortuna de esta renuncia. *

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El laudo de 1303 fue dictado, como se ha dicho, en un contexto de confrontación entre la villa y el abad. Si el motivo del enfrentamiento era la reivindicación por parte de la villa de un determinado nivel de autonomía, la piedra angular de esta autonomía parece ser que pasaba por la consideración como universitas de los habitantes de la villa por parte del abad y por la elección de representantes de la universidad. La terminología en este caso era algo extremadamente importante. Según las fuentes que hemos podido consultar,

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el abad evitaba cuidadosamente considerar a los habitantes de la villa como universitas. Diversos diplomas de finales del siglo XIII aluden a hominibus ville Balneolis, a proborum hominum ac tocius populi ville de Balneolis y otras fórmulas parecidas, pero en ningún caso se alude a la universidad de Bañolas. Por el contrario, en un diploma de 1302 los representantes de la villa se autodenominan jurati sive consules y aluden repetidamente a universitatum ville Balneolarum. Naturalmente, no se trata de simples apreciaciones terminológicas sin valor, sino todo lo contrario. En el texto de 1302 el abad no reconoce a los cuatro vecinos como jurados o cónsules ni tampoco reconoce que la villa de Bañolas pueda formar universidad. En el nuevo lenguaje jurídico —o, mejor, en la nueva realidad jurídica— que emergía en Cataluña con la recepción del derecho romano justinianeo al que nos hemos referido, la universitas no equivalía simplemente a la villa o a sus habitantes, sino que designaba la personificación jurídica del cuerpo de sus habitantes. Y si la persona jurídica existía más allá de los miembros que formaban parte de ella, entonces sería lógico y natural que deviniera —tal como lo reconocía el mismo derecho romano y también el derecho canónico— titular de derechos. En este contexto, en el que las denominaciones no son en absoluto inofensivas, sino más bien todo lo contrario, el laudo arbitral de 1303 está rebosante de contenidos jurídicos e institucionales. Apenas iniciarse el texto del laudo, se reconoce que los tres vecinos que actúan como representantes de la villa son síndicos o procuradores de la universidad y actúan en nombre de ésta. De forma clara y contundente los habitantes de Bañolas habían obtenido aquel primer reconocimiento. Pero el reconocimiento por parte del titular de la jurisdicción de que una agregación de hombres y mujeres forman una universidad generó una cascada de consecuencias jurídicas e institucionales. No es suficiente que la universidad exista; para que su existencia sea operativa debe disponer de determinados canales que permitan la formación y la expresión de una voluntad única, diferente de la de sus miembros. Y para ello, el laudo contemplaba que cada año se eligieran cuatro jurados y diez consejeros. A pesar de que esta palabra no aparezca en el texto, el colegio de los jurados y los consejeros —o sea, el consejo— era la auténtica institución de gobierno de la universidad. Desde un punto de vista jurídico, ciertamente, el laudo de 1303 significa el acta de nacimiento del municipio de Bañolas y de su consejo —con las precauciones necesarias para emplear este calificativo de municipio para las universidades bajo jurisdicción señorial. Que a partir de este momento, por lo tanto, los habitantes de Bañolas —la universidad— pudieran expresar su voluntad de forma unitaria era algo trascendente, tanto para los mismos habitantes de la villa —que conseguirían

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dotarse de un órgano que facilitaría la toma de decisiones importantes para la vida diaria de los habitantes del lugar— como para el abad, que a partir de aquel momento tendría un interlocutor único en la figura de los cuatro jurados. Naturalmente, en estos momentos no se ponía en entredicho ni la titularidad del señorío ni sus derechos, que permanecían intactos, pero la autonomía que los habitantes de Bañolas adquirían respecto de su señor era algo que inquietaba al monasterio, y no sin razón, tal como lo demostraría la conflictiva relación entre monasterio y universidad durante los siglos venideros. En este sentido, el laudo arbitral apaciguaba temporalmente un período de tensiones reivindicativas y, al mismo tiempo, con esmerada técnica jurídica dejaba constancia patente de cuál era la titularidad última del poder político que ejercían los jurados. Sin pretender ahora precisar el papel del abad en todas y cada una de las competencias que contiene el texto arbitral, es suficiente señalar el rol que se reserva al abad y a la universidad en algunos aspectos fundamentales y básicos para la vida de la institución, como son la convocatoria de la universidad y la sanción de las normas que de ella emanaban. En este sentido, pues, el abad convocaba y hacía congregar, por la vía de pregón público y en las dependencias del monasterio, a la universidad de los hombres de la villa, universidad que se constituía en presencia del abad y a petición de los prohombres de la villa, para elegir —la propia universidad— cuatro jurados y diez consejeros según el protocolo y la mecánica que el texto establecía. Escogidos los magistrados, el abad les llamaba para tomar posesión de los oficios; finalmente juraban el cargo en manos del abad y en presencia del pueblo. No obstante, y para las sucesivas elecciones de magistrados, si el abad obstruía el proceso y no convocaba a la universidad, ésta podía convocarse a si misma y congregarse igualmente en la iglesia parroquial —y no en el monasterio—: en este caso el juramento de los magistrados se hacía ante el pueblo y también ante el abad si éste lo exigía. Y con respecto a la potestad normativa de los magistrados que formaban el consejo, el espíritu de este capítulo es similar al del anterior. El abad se reservaba la sanción y la promulgación, diríamos hoy, de las disposiciones y de los acuerdos adoptados por los jurados y los consejeros, pero si se negaba a ello, aquellos acuerdos tendrían plena validez legal y serían igualmente ejecutables. En el lado opuesto, las prerrogativas de la universidad no eran menos importantes, al menos desde un punto de vista operativo: la universidad ostentaba la competencia exclusiva de escoger a los electores o compromisarios; los jurados y los consejeros juraban el cargo ante el pueblo; las decisiones acordadas por los órganos emanantes de la universidad tenían plena validez y vigor sin la promulagación del abad; la universidad disponía de la facultad de

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autoconvocarse si no lo hacía el abad, igual que podían hacerlo los jurados y los consejeros y, en fin, sólo la universidad tenía potestad para admitir que los antiguos jurados pudieran convertirse en consejeros durante un mandato. Por lo tanto, si bien el núcleo duro de la jurisdicción del abad no se veía alterado, la universidad adquiría una parcela de autonomía política y administrativa bastante consistente. La arquitectura institucional que se desprende del documento se puede considerar compleja, puesto que encontramos tres niveles de representación: el conjunto de los habitantes de la villa —la universidad—, los consejeros y los jurados, aparte del baile. La asamblea de vecinos —que es la titular de los derechos políticos cuyo contenido estamos analizando— no desaparece después de haber dado a luz al «consejo» (jurados y consejeros), sino que, por ser la universidad la actora del proceso, la congregación de esta universidad tiene un papel activo a la hora de escoger cada año a los electores compromisarios que nombrarán a los jurados y consejeros. Además, es la universidad —o la mayor parte de sus miembros, como se especifica, previendo que la unanimidad resulte imposible— la que aprobará los gastos comunales que haga falta efectuar. La carta de 1303, sin embargo, no instituía ningún órgano intermedio entre la universidad y el colegio de jurados y consejeros, tal y como acontecería cincuenta años más tarde (1358) con la creación de un Consejo General integrado por treinta prohombres de la villa. Este breve organigrama institucional se complementa, de forma muy sucinta, con la reglamentación del proceso electoral, que consiste, como se ha dicho, en que la asamblea de vecinos —la universidad— elige a un número indeterminado de electores o compromisarios, quienes, a su vez, elegirán a cuatro jurados y a diez consejeros cada año. Y cada año se repite este procedimiento, en el cual no hay ni cooptación ni se hace intervenir al azar, como sería habitual en otros lugares. También se fijan unas condiciones simples para evitar la reiteración en los oficios de jurado y de consejero. La reglamentación de la elección es muy sencilla, y a buen seguro debería exigir muy pronto que fuera completada para evitar algunas ambigüedades y algunos vacíos legales. No se especifica, por ejemplo, cuántos electores debe escoger la universidad, ni tampoco cuál es el criterio, si es que hay alguno (circunscripciones territoriales, manos o estamentos, etc.), para elegir a los jurados y a los consejeros. El último de los capítulos numerados es el cuatro, que es remarcable por la atención que se presta en el laudo arbitral al tema de la fiscalidad, uno de los pilares fundamentales de la autonomía de la comunidad. El laudo reconoce que la universidad podrá establecer tallas —un tributo directo que pagarían

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todos los vecinos— para subvenir a las necesidades de la villa. Y del texto se deduce, cuando se habla de taxandaum seu talliandum, que estas tallas —o comunes— serían de un valor proporcional a la riqueza de cada vecino. La capacidad de establecer tallas aparece en un lugar preferente, precisamente tras los capítulos que forman el núcleo institucional o político. En relación con el contenido de los capítulos V a XVII, y a diferencia de los precedentes relativos a la creación de los cargos de jurados y consejeros, éstos contemplan aspectos que afectan más directamente a la vida privada de los habitantes de la villa de Bañolas. Formalmente, los cuatro primeros capítulos incluso se distinguen del resto por ser individualmente identificados, destacándose así su importancia. En cuanto a los capítulos V a XVI, algunos introducen garantías a favor de los ciudadanos y frente al monasterio. Como ejemplo, el capítulo V limita la facultad del monasterio de retener cualquier sospechoso o acusado de delito, en el sentido de conducirlo ante el juez y que éste pronunciara sentencia. También los capítulos VI, VII, IX, XI y XII restringen las facultades del monasterio, concretamente en materia de prendas, ejecución de éstas y juicios ante el abad y sus oficiales. Otros capítulos —como el X, que prescribe la necesidad de una sentencia judicial para desposeer a cualquiera de una pacífica posesión; el XI, que excluye las ropas de la cama y las armas como objeto de embargo; o el XIII, que permite actuar contra los inquilinos insolventes—, si bien parecen no afectar de una manera directa al monasterio dada su redacción más general, puede deducirse que también estaban dirigidos a limitar sus poderes. Los capítulos XIV, XV, XVI y XVII reafirman, no obstante, determinados derechos del monasterio, como son el control del comercio de la villa, de las medidas y, en definitiva, de su propia posición dominante como señor.

RAFAEL GRAS Y DE ESTEVA Y EL ESTUDIO DEL MUNICIPIO MEDIEVAL EN LÉRIDA

1. DE UNA VIEJA OBRA REEDITADA...

En medio de turbulencias políticas locales que no vienen al caso, el Ayuntamiento de Lérida ha editado una nueva versión (puesto que se va más allá de la simple reedición) de la ya clásica obra que Rafael Gras y de Esteva (1870-1921) escribió el año 1909 y que se publicó, en 1911, con el título de La Paheria de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707.1 La decisión de emprender la reedición se debe considerar del todo acertada, pero en cambio el resultado de la iniciativa es más bien decepcionante. Hay un evidente desequilibrio entre el incuestionable valor de la obra, que ya comentaremos, y la edición que se ha llevado a cabo. Respecto a los criterios de reedición, la primera dificultad surge cuando el lector pretende conocer el título del libro. Mientras que en la portada consta un título inventado no se sabe por quién (Historia de la Paeria), en la cubierta no se hacen demasiados esfuerzos para resolver esa primera sorpresa, y aparece una imagen pequeña de la cubierta de la edición de 1911, que cubre parcialmente otra imagen que ocupa todo el espacio, y que es idéntica a la anterior, pero con el texto en catalán, como un trucaje fotográfico. En fin, un artificio del diseñador ideal para confundir a cualquier lector que no conociera la existencia de la edición original. Por otro lado, la obra escrita en un castellano muy rico y nada pesado ha sido traducida al catalán. Esto, que en todo caso podría justificarse por razones de política lingüística, se ha hecho casi a hurtadillas. En ningún momento se indica que se trata de una traducción, ni tampoco se señala quién ha sido el artífice. Éste, sin embargo, ha actuado con pulcritud, usando un catalán limpio, sobrio y agradable, si bien en algún momento la traducción ha sido demasiado libre con respecto al estilo, 1 Rafael GRAS Y DE ESTEVA, Història de la Paeria [=La Paheria de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707]. Introducción de Toni PASSOLA I TEJEDOR, Lérida, Ayuntamiento de Lérida, 1988, 275 pp. + 21 láminas (tres desplegables) con fotografías en blanco y negro.

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cosa que no ha afectado los conceptos y los contenidos científicos de la obra. La inexistencia oficial de un traductor, que además debería entender de la materia, llega a su límite cuando, refiriéndose al cargo del racional (p. 81), para traducir «Cuentadante», coge prestada la expresión «compte-retent» de Tomàs de Montagut (1987),2 cosa que se indica incorrectamente entre paréntesis, como si Montagut ya fuera conocido por Gras y de Esteva. La traducción ha afectado, naturalmente, no sólo el cuerpo del texto, sino también el prólogo que en su día le dedicó Enric Arderiu, la propia introducción de Gras, y también la traducción al castellano que el mismo Gras hizo de los textos latinos que incluía en los apéndices. Todo esto, como mínimo, tenía que haberse indicado oportunamente. Otro cambio respecto de la versión original ha sido el de las láminas. Se han hecho fotografías nuevas de los veintiún documentos que se reproducen, y de tan buena calidad, que incluso se puede leer el contenido de algunos pergaminos. Pero la primera lámina, que reproduce la carta de población del año 1149, es diferente en las dos ediciones: mientras que en 1909 se ofrecía la del documento original, ahora se ha reproducido una copia. Finalmente, el índice. El índice general, que es el único que hay, además de no ser claro, introduce además otro título a la obra, en esta ocasión «La Paeria de Lleida». Por otro lado, no sólo no se ha incorporado un nuevo índice de textos que hiciera practicable el largo apéndice documental existente, sino que se ha prescindido del esquemático índice de documentos y de láminas que ya había. Se echa de menos, en esta segunda edición, no sólo un índice de documentos, sino también uno de topónimos y antropónimos. La obra que comentamos, y que nos servirá de pretexto para plantear algunos problemas interesantes, va precedida de una presentación al cuidado de Antoni Passola Tejedor (pp. 7-29), quien, según nos consta, no es en absoluto responsable de las peculiares características de la edición. Passola analiza, sobre todo, la obra de Gras en la historiografía. En su condición de especialista del gobierno municipal de Lérida en el siglo XVII, este historiador de la época moderna ha declinado adentrarse, en la presentación, en algunos de los principales problemas que plantean los orígenes del régimen municipal de Lérida en los siglos XII al xv. En cambio, nos dibuja a la perfección la figura de Gras y la de su obra en el contexto historiográfico del momento. La rica presentación de Passola nos ahorra insistir en el valor, el interés y la modernidad del estudio de la Paeria que abordó Rafael Gras y de Esteva a comienzos de siglo. Gras pretendió, antes que nada, hacer una historia de la institución de la Paeria apartándose completamente de la historia romántica que se realizaba 2 Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUES, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419), 2 vols., Barcelona, Fundació Noguera, 1987.

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entonces. Para conseguirlo se ciñó a las fuentes documentales y evitó el más mínimo atisbo de especulación. Una historia así tenía que estar necesariamente condicionada por las fuentes utilizadas. El estudio de Gras, pese a lo que él mismo anunció, se nutre casi exclusivamente de privilegios reales, tanto de los que se presentan como manuscritos, como de los que fueran compilados por el municipio. Con esta fuente consiguió construir todo el esqueleto de la organización municipal, y lo hizo a conciencia y sólidamente; pero en cambio, a esta figura anatómica le faltó la carne y las venas que se encuentran en los volúmenes de actas del Consejo, en los libros de clavería y en el resto de la producción municipal en general. Se trata, pues, de una historia erudita y local bien realizada, pero sin conexión ni con la historia ni con ninguna explicación teórica general. De todos modos, como veremos, esto no desmerece en absoluto el trabajo. La Paheria de Gras tiene dos centros de interés. Por un lado, el estudio en sí de la institución a partir de las fuentes documentales conservadas; y de otro, no menos importante, la publicación de las más importantes de estas fuentes documentales en que se basa el estudio. Pese al buen aprovechamiento que el autor hizo de la documentación al alcance, hoy esta publicación de fuentes revaloriza la obra y le confiere un particular interés para el historiador del derecho. El apéndice documental tiene dos partes: la primera consta de catorce documentos (numerados del 1 al 13; pero hay dos con el número 4); y la segunda corresponde a la transcripción de las veintiuna láminas que se reproducen en fotografías en blanco y negro. En definitiva, se presenta la transcripción del texto latino y la traducción al catalán (en la edición de 1911 estaba en castellano) de treinta y cinco documentos que van del año 1149 hasta el 1525. Los textos son: tres del siglo XII; diecisiete del siglo XIII; nueve del siglo XIV (incluyendo el que delimita los términos de la ciudad de Lérida, que no está datado, pero que tiene una copia del año 1372 incluída en el Libro Verde pequeño); tres del siglo XV; y tres del siglo XVI. Pero el apéndice documental no es sólo interesante por la cantidad de material que reúne (pp. 133-274), sino sobre todo por el interés científico de algunas de las piezas. Utilizando los documentos que usó Gras difícilmente se llegaría a otra visión de la Paeria como institución, pero lo que parece probable es que con un tratamiento diferente y desde otra óptica historiográfica, se obtendría un rendimiento cualitativamente muy superior en algunos de los textos aportados por el autor. Entre documentos y transcripción de láminas podemos encontrar, por orden de aparición, los siguientes textos.3 Clasificados como documentos: donación de propiedades al puente y cofradía de Lérida (1174); 3 De la reedición de 1988, indicamos la rúbrica entera en latín cuando consta, y de lo contrario sólo señalamos el tema general; entre paréntesis, el año.

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«Instrumentum de dissensionibus et querimoniis inter majores cives et populum ilerde promotis» (1213); «Instrumentum de tradicione debitoris» (1216); «Termini antiqui civitatis ilerde» (versión del Libro Verde pequeño de 1372); elección de cónsules (1202); «Carta regis Petri de donatione consulatus» (1206); facultad de los paers para incidir en la organización de los gremios (1519); condiciones civiles que se deben cumplir para ocupar el cargo de paer (1525); «Instrumentum domini regis jacobi quod paciarii ilerdenses sint officiales sui» (1293); «Litera domini regis super facto manopolii» (1293); «Litera quod ministralis ilerdenses possint quolibet anno eligere majorales» (1295); «Ordinacions feytes sobre los notaiis qui volen usar del art abans no usaran del art» (1289); «Sentència proferida per en Berenguer de Montagut sobre les imposicions» (1403); y sobre las enseñanzas del Estudio General (1327). Los textos clasificados como láminas son: Carta de población (1149); donación de unas propiedades para uso de carnicería (1206); privilegio de creación de consulado (1197); sobre los cargos de Paeria (1264); elección de cargos municipales de administración (1255); reestructuración del régimen municipal por Pedro III (1386); vigencia de las costumbres municipales y normalización de las relaciones entre el rey y la ciudad (1360); régimen de insaculación para elección de cargos (1499); régimen de insaculación mixta para la elección de cargos (1509); sobre la jurisdicción de los paers, y acerca de a quién corresponde procesarlos cuando delinquen (1480); purga de taula (1293); administración de justicia civil para el rey (1255); administración de justicia criminal para los prohombres de la ciudad (1257); ídem (1300); medidas extraordinarias sobre administración de justicia (1342); el proceso de veinte días (1255); posibilidad de defenderse de los malhechores cualquiera que fuese su condición (1270); prohibición de vender o traspasar a eclesiásticos o a militares (1267); hacienda municipal y vecindad (1302); Estudio General de Lérida (1300); y sentencia de Pedro III sobre la validez de ciertos usos y costumbres de Lérida (1359). El contenido del libro está vertebrado alrededor de cuatro capítulos: la carta de población; la Paeria; instituciones municipales y privilegios de Lérida. Si tenemos en cuenta el título de la obra, el núcleo del trabajo lo componen el capítulo II y el III. En el primer capítulo el autor sitúa en el contexto histórico del momento la conquista de Lérida y la carta de población, la cual es objeto de disquisición con respecto a la fecha exacta del otorgamiento. Tras dibujar el panorama de la dominación musulmana de la región, Gras analiza el contenido de la carta y rechaza categóricamente la opinión del momento, sostenida por Bofarull, según la cual el régimen municipal de Lérida tenía su génesis en la carta del año 1149. En cambio, nuestro autor manifiesta la opinión de que el régimen municipal nació como consecuencia de la situación militar en que se

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encontraba Lérida en la segunda mitad del siglo XII. Pero este primer capítulo tiene la apariencia de ser algo introductorio, puesto que ni la organización municipal, ni mucho menos la Paeria, fueron el resultado de la carta puebla. La primera estructura municipal, o premunicipal, en forma de consulado, fue posterior en el tiempo, y obedece a causas también distintas. El segundo y tercer capítulos son el centro del trabajo y los que se centran en el estudio del régimen municipal. El primero de ellos se titula «La Paeria», si bien trata del origen y del carácter del consulado, la Paeria en sí, las elecciones de los paers antes, durante y tras el privilegio de Pedro III de 1386, y todo lo referente a la insaculación. Y bajo el título de «Instituciones municipales», se reúne el estudio del Consejo General, el particular y de ocho prohombres, las comisiones de «prohomenies», los otros oficios que dependían del municipio, los gremios ciudadanos, y la clasificación socioprofesional de los vecinos a partir de las «tres manos» y de los oficios que ocupaban. La distribución de estos temas en dos capítulos (el II y el III) nos parece algo artificial, a no ser que deseemos entender el segundo de ellos como cajón de sastre. En este sentido, el análisis de la Paeria, en sus diferentes aspectos, se pierde en dos capítulos diferentes que no estudian la institución con la sistematización jurídica que haría falta. Probablemente hay que atribuir esta distribución al mismo carácter de las fuentes documentales que Gras siguió al pie de la letra. Creemos que los subtemas, contenidos en epígrafes, están bien tratados, pero no constituyen un todo armonioso y un estudio sistemático. O cuando menos, tan sistemático como permitía la documentación empleada. El cuarto y último capítulo recoge, con el título «Privilegios de Lérida», una colección de privilegios de temas tan diversos como el régimen de riegos, la administración de justicia, o las propias Costumbres de Lérida compiladas por Guillem Botet. Aquí sí que se trata de un verdadero cajón de sastre donde Rafael incluyó todo el material de que disponía y que no podía colocar —o no supo hacerlo— en los capítulos precedentes. El caso es que se tratan aspectos interesantes y directamente vinculados al régimen municipal, pero que se presentan de manera totalmente independiente y desordenada. Hay señales de hacienda municipal, pero del todo insuficientes para abordar globalmente este complejo tema; hay atribuciones del municipio, pero más o menos fuera de contexto; y sobre todo hay material rico y suficiente para estudiar la administración de justicia en la ciudad. Si el autor pretendía estudiar en su libro sólo la morfología institucional del municipio, algunos de estos temas podía habérselos ahorrado. Pero en cambio, si pretendía hacer un estudio del municipio a partir de sus orígenes, su estructura y su funcionamiento, entonces tenía que haber insistido en ello y haberlo sistematizado de otra manera.

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

2. ... A UNOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS

De este conjunto de temas tratados, hay tres, como mínimo, que, con la documentación que los acompaña, nos merecen una especial atención, o bien por el tratamiento esmerado de que son objeto, o bien porque son centros de interés de investigaciones totalmente actuales. Ahora sólo identificaremos estos problemas, puesto que todos ellos son objeto de una investigación más amplia que tenemos en curso. Por un lado está el problema de los orígenes del municipio, aspecto éste que hoy se estudia en el contexto de la recepción del ius commune en Cataluña en el siglo XIII, y que Gras apenas consideró. En segundo lugar, podemos identificar el análisis del régimen municipal a partir del estudio de la planta municipal, los sistemas de elección y los órganos de decisión. Y esto desde el consulado de 1197 hasta un modelo de insaculación mixta regulado en 1509, pasando por las importantes reformas de Pedro III en 1386, y por un régimen de insaculación pura en 1499. Y un tercer bloque de interés lo constituye la administración de justicia en el municipio a partir de las disposiciones de 1255 y hasta la promulgación de unas medidas extraordinarias en el año 1342, conjuntamente con el problema del derecho municipal bajomedieval, y las relaciones de poder y de autonomía entre el rey y las ciudades en Cataluña, aspectos que se entrevén a partir del convenio firmado entre los paers y el rey el año 1360. La primera organización institucional en Lérida, todavía premunicipal, iniciaba su singladura con el privilegio de formar consulado en el año 1197.4 Este tipo de organización, rudimentaria todavía, se inserta en el contexto de otros otorgamientos parecidos. Gerona antes de 1182, Cervera el 11825 y Vilagrassa en 11856 recibieron los privilegios de formar cofradía o conjura4 «(...) Donamus inquam vobis omnibus predictis Consulatum per omnia secula, salva fidelitate nostra et comitis Urgellensis et salvo jure castellonarum Ilerde tali scilicet modo quod vos sacramento invicem pretito, salva fidelitate nostra el Comitis prefati, el salvo jure castellanorum Ilerde sicut prope diximus, possitis ordi mare et gubernare Civitatem Ilerde, et Populum ipsius intus, et extra ad honorem et utilitatem vestram (...)» (GRAS, Història, làmina 3, pp. 188-189). 5 «(...) dono atque imperpetuum concedo vobis omnibus hominibus de Cervaria vestrisque successoribus, exceptis XXii qui scripto nominati sunt et exclusi eorumque similiter successoribus, ut sub iuramento ab unoquoque vestrum corporaliter prestito faciatis et habeatis semper inter vos confrariam et fraternitatis coniuratis eiusdem confratrie, subquorum providentia et gubernatione unanimiter sitis et maneatis. Dono etiam et concedo vobis et omnibus vestris successoribus, omnibusque illis qui in huiusmodi confratria se miserint, ut imperpetuum habeatis omnes illas franchitates, libertates et omnes bonas consuetudines quas donavi ac concessi confratribus Gerunde coniuratis, sicut continetur in carta quan illis feci (...)» [ACSG, Pergaminos, copia de 1184, junio 7; Llibre dels Privilegis, 5r; publicado por José Antonio DEL POZO CHACON, «Primeros privilegios concedidos a Cervera», en Miscel·lània Cerverina, I (Cervera, 1983), pp. 11-18]. 6 «(...) et dono et concedo vobis confrariaminter vos habendam sicut convenire poteritis inter vos ipsos (...)» (José Ma FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Textos I, 2, Barcelona-Madrid, CSIC, 1969, pp. 243-245.

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ción; y Perpiñán el año 1197,7 y también Cervera el año 1202,8 se organizarán, como Lérida, a través de un consulado que tuvo una pervivencia y una suerte diversas. La organización consular de Lérida es, de todas, la que se puede conocer mejor. Sin llegar a configurarse todavía como persona jurídica, algo que no sucedería hasta bien entrado el siglo XIII, con la universitas bajo el influjo de la recepción,9 el consulado estaba integrado por cuatro cónsules y ocho consejeros. Pero el interés radica en que el privilegio real de finales del siglo XII especifica quién elige estos cargos, y qué misión institucional tienen encomendados. Mientras que los cónsules deben gobernar la ciudad, los consejeros se limitan a aconsejarles, de tal manera que no frenan ni obstaculizan la iniciativa de los cónsules.10 A diferencia de otros consulados de la Cataluña Nueva, esta estructura de cónsules dirigentes y consejeros asesores es la que perduró, en esencia, durante la Edad Media. Además, el mismo documento especificaba qué cónsules y consejeros serían elegidos por todos los prohombres de la ciudad,11 aunque después nos daríamos cuenta de que algunos años, y como mínimo hasta 1206, los cargos parecían seleccionados, y no sólo nombrados, por el rey, probablemente debido al desacuerdo entre los prohombres12 que, en el marco de una conjuración, debían tomar los acuerdos por unanimi7

José Ma FONT RIUS, Orígenes del regimen municipal de Cataluña, Madrid, 1946, p. 357, nota 807. «(...) Quod ego Raimundus de Cervaria per nos et per successores nostros noviter donamus ac in perpetum concedimus omni populo Cervarie et singuli tam maoiroum quam minorum presenti scilicet ac futuro ut faciant consulatum et conjuracionem inter se et contra illos quii non fuerint in eorum consulatu se deffendant et manuteneant juri et rationi et concedimus omnibus illi conjuratis et singuli tam futuris quam presentibus omnia constiuta que fecerunt inter se [...] habebant aliud consulatum ac confratriamut illa omnia constituta habeant ip[...] sicut in [...] instrumentis constitutorum scripta fuit (...)» (ACSG, Pergaminos núm. 183; publicado por FONT, Orígenes, pp. 474-475). Para el estudio de esta organización consular y su fracaso institucional, Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990. 9 Véase un primer planteamiento de esta línea en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Ciudades y Concejos en Cataluña (Alta Edad Media)», en IIo Congreso de Estudios Medievales. Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146. 10 «(...) Forma autem sacramenti consiliariorum hec sit Nos talas te talas juramus corporaliter tactis sacrosanctis Evangeliis nos prestituros consilium, te auxilium constitutis consulibus in ordinatione, gubernatione, te defensione ad bonum intellectum te secundum nostram scientiam salva fidelitate dominio Regios te Comitis te Castellanorum Ilerde (...)» (GRAS, Historia, lámina 3, p. 189). 11 «(...) Mando autem et dis tricte precipio quod in hoc presenti anno sint quator consules, scilicet Petrus (...), consiliarii vero ipsorum sint Raymundus (...). Anno autem presenti elapso ego supradictus rex per me et per omnes successores meos dono firmiterque concedo vobis supradictis probis viris omnibus Ilerde presentibus et gururis liberam potestatem creandi, eligendi, mutandi sive dejidiendi consules et etiam consiliarios eorundem annuatim qui creati juramento supradicto omnia, et singula compleant et attendant bona fide et sine aliqua machinatione (...)» (GRAS, Història, lámina 3, pp. 188-189). 12 «Carta regis Petri de donatione consulatis (...) Mando autem et districte precipio quod inhoc presenti anno fieant quator consules scilicet Guillelmeus Porquet, G. Goy, P. de Podio viridi et A. de Sanauja. Consiliarii vero eorundem sint VIII. P. Vacca, P. de ça Sala, P. de Tolone, Isarnus de Tolosa, Stephanus de Marimon, Raymundus Petri, Geraldus Clavelli et Arnaldus de Valsegre et annuatim quos probi homines eligerint, snno autem presenti elapso (...)» (GRAS, Història, documento 5, p. 148). 8

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dad de todos los miembros de la comunidad.13 El caso es que, a diferencia de los regímenes iniciales de Vilagrassa (1185) y Cervera (1182 y 1202), el de Lérida parece ser que arraigó, hasta que en 1264 se procedía a la reconversión del consulado en un régimen de Paeria, que según reconocía el texto del privilegio, heredaba las funciones y en parte también la estructura de aquel antiguo consulado.14 La novedad de 1264 no es tanto esta reconversión formal (la denominación de paciarii apareció algunos años antes, en el marco de las asambleas de paz y tregua), como el reconocimiento de la personalidad jurídica de la universitas15 que formaban los vecinos de Lérida. La Paeria era la expresión y la representación institucional de aquella universidad; ya no se trataba del juramento de los individuos, sino que la suma de todos ellos tenía una personalidad jurídica propia. Pero la Paeria de 1264 ni recibió una nueva planta municipal, ni modificó el sistema la elección de cargos fijado desde 1197. Por lo tanto, hay que entender, y ningún documento lo desmiente, que los prohombres —o, muy probablemente, y lo que es lo mismo, todos los miembros de la universidad— continuaron eligiendo a los cuatro paers (antes cónsules) y ocho consejeros. Por otro lado, todo hace suponer que estos cargos eran escogidos por circunscripciones territoriales, pertenecientes a las diferentes parroquias de Lérida (se hacía por quarters en Cervera y Tárrega desde 1331 y 1342, respectivamente)16 y no a partir de criterios sociales representando a las tres «manos».17

13 «(...) Mando autem et districte precipio quod in hoc presenti anno fiant quator consules scilicet Guillemus (...). Consiliarii vero eorundem sint VIII, B. Vacca (...) et annuatim quos probi homines eligerint. Anno autem presenti elapso (...)» (GRAS, Història, Documento núm. 5, p. 148; año 1206). 14 «(...) Concedimus et confirmamus vobis petro tolosam (...) paciariis civitatis ilerde pro vobis et aliis probis hominibus et pro tota universitate ilerde hoc stipulantibus sive recipientibus paciariam civitatis ilerde et instrumenta consolatus ab antecessoribus nostris vobis et antecessoribus vestris fgacta, qui quidem consulatus nos voluimus et antecessoribus vestris et vobis concessimjus quod apellaretur paciaria, hanc quidem concessionem et confirmacionem vobis et aliis probis hominibus et toti universitati ilerde et successoribus vestris et suis facimus et concedumus propter multa servicia que vobis vos et univertas predicta fecistis et facitis in presenti (...)» (GRAS, Història, lámina 4, p. 191; año 1264). 15 Vid. nota anterior. 16 En Cervera, el 1331: «(...) La qual eleccio de paers en aquella vila volen que sie feyta en axi que feyta partio de la dita vila en IIII parts, de cadcuna part sien elets (...) E azo matex de les romanens III parts de la dita vila sie feyt per tal que sien IIII paers qui per tot l’an regesquen, ordonen e procuren los affers de la dita vila (...)» [Montserrat CANELA GARAYOA y Max TURULL RUBINAT, «Tres pergamins inèdits del segle XIV», en Butlletí de Dialectologia Nord-occidental, 4 (Fondarella, Urgell, 1985), pp. 35-43]. Y lo mismo puede decirse de Tárrega en el año 1342: «(...) dicta die quamquidem eleccionem paciariorum in dicta villa sic volumus fieri quod facta divisione de dicta villa in quatuor partes de qualibet quarta parte eligantur tres idonei (...)» (ACUR, Libro de los Privilegios III, 54r; véase Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis»). 17 Sobre la idea y el concepto de las tres «manos» entre los contemporáneos, puede verse Francesc EIXIMENIS, Regiment de la Cosa Pública, Barcelona, 1927; e igualmente útil la antología: Francesc EIXIMENIS (Jill WEBS ed.), La societat catalana al segle XIV, Barcelona, 1980.

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Esta organización municipal, basada en la participación de todos los vecinos, que arranca del año 1197 y que fue sucesivamente confirmada en 1202,18 120619 y 1213,20 no fue sustancialmente alterada hasta la reforma de Pedro III en el año 1386. Y ciertamente nos extraña que no exista otro privilegio real —exceptuando el de 1360, que no tiene por objeto modificar el régimen municipal— entre la Paeria de 1264 y la reforma de 1386, sobre todo regulando con más precisión —y también de forma más restrictiva— la elección de los cargos políticos y tanteando el sistema de representatividad por «manos». No nos extenderemos ahora explicando las reformas municipales de Pedro III en Lérida, paralelas a las que intentó aquel mismo año en Barcelona,21 puesto que Gras y Lladonosa se han dedicado a ello suficientemente.22 Ahora habría que señalar que en 1386 se instauraba un sistema de elección de insaculación mixta, donde se integraba el nombramiento de unos pre-candidatos que, tras un largo proceso, eran elegidos por sorteo. No se instauró un sistema de insaculación pura hasta 1499, pero diez años después, en 1509, se volvía a otro sistema mixto. Del privilegio de 1386 sobresalen, entre otros, cuatro aspectos importantes para el régimen municipal de Lérida: a) que hasta una fecha muy tardía (1386), pervivió en Lérida un Consejo General amplísimo, donde estaban integrados todos los miembros de la mano mayor, la media y la menor;23 b) que hasta 1386 se procedió a un sistema de elección directa, con los problemas técnicos que esto debería comportar en un centro urbano como Lérida, lo cual debía precipitar el cambio de sistema emprendido por Pedro III; c) que hasta 1386 no se restringió de forma rigurosa el acceso y la 18 La referencia de 1202 parece interesante para comprobar esta amplia participación entre los vecinos, si bien en aquel año la elección la efectuaba el rey: «(...) Anno autem presenti elapso. Ego supradictus rex per nos et per omnes nostros successores donamus firmiterque concedimus vobis supradictis probis viris omnibus ilerde presentis et futuris liberam potestatem creandi, eligendi, mutandi sive deiciendi consules (...)» (GRAS, Història, documento 4, pp. 146-147). 19 «Carta regis petri de donatione consulatus» (GRAS, Història, documento 5, p. 148). 20 «(...) Insuper nos omnes concives ilerde confirmamus in perpetuum nobis omnibus et successoribus nostris, consulatum, prout melius et plenius continetur in instrumento consulati a domino rege nobis dato et confirmato (...)» (GRAS, Història, documento 2, pp. 136-139). 21 Nos remitimos a los trabajos de Carme BATLLE GALLART, «La proyectada reforma del gobierno municipal de Barcelona (1386)», en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, Barcelona, 1962, pp. 143-152; Carme BATLLE GALLART, «Intentos de democratización de un gobierno municipal: Barcelona en el siglo XIV», en Actes du Colloque sur les villes communautes d’habitants de l’Europe Mediterranee, Nice, 1969, pp. 69-79; y Carme BATLLE GALLART, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols., Barcelona, 1973. 22 GRAS, Història, pp. 62 y ss. Josep LLADONOSA I PUJOL, Història de la ciutat de Lleida, Barcelona, 1980, pp. 114-116. 23 La aparición institucional y la desvirtuación real del Consejo General puede apreciarse con claridad en Tárrega, donde la participación de todos los vecinos no se restringió hasta 1369. Puede verse Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «Entre la universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», en Urtx. Revista Cultural d’Urgell, 2 (Tárrega, 1990).

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composición del Consejo General, lo cual a la vez incidía en la mecánica de elección: el Consejo General tomaba acuerdos cuando contaba con «la mayor parte» de la opinión de los consejeros, con lo cual sabemos que como mínimo en este momento dejó de practicarse la unanimidad, aunque seguimos sin saber con certeza desde cuándo se abandonó este criterio; d) que el apelativo de «prohombres» tenía, como mínimo en Lérida a finales del siglo XIV, un alcance tan amplio que incluía tanto los miembros de la mano mayor y la media, como los de la menor («E semblant dels promens de la ma menor»). Y esta precisión es importante cuando hoy todavía no se ha conseguido definir y delimitar de forma precisa el concepto de «prohombre». Otro tema del máximo interés, y del que Gras reproduce algún documento pero sin otorgarle demasiada importancia, es el de los capítulos firmados entre los paers de Lérida y el rey Pedro III los días 15 y 16 de diciembre de 1360, a partir de los que la universidad de Lérida recuperaba algunas jurisdicciones, privilegios y usos que el poble menut (traducible por «populacho») había entregado al rey cuando asistía al Consejo General de la Paeria celebrado el 18 de agosto a fin de sustraerse, la mano menor, del dominio y la opresión a que se veían sometidos por los miembros de la mano mayor. El rey sacó buen provecho de aquella iniciativa de los miembros de la mano menor —que los de la mayor consideraban ilegítima porque entendían que no podía entregar una jurisdicción quien no la poseía—. El caso es que los paers y consejeros de la mano mayor negociaron de nuevo el restablecimiento de los privilegios de que disfrutaba la ciudad. De los veintisiete capítulos del convenio, algunos tienen un interés notable. El primer capítulo establecía que la universidad mantenía la jurisdicción civil y criminal en los aspectos en que era costumbre (privilegios de 1255, 1257 y 1300), exceptuando los casos de crimen de lesa majestad, de herejía, de sodomía, de falsificación de moneda y de traición, incluyendo el incumplimiento de homenaje. Todos estos casos se juzgarían según el derecho común y no según los usos de la ciudad. Por otra parte, el Consejo tampoco podría rebajar penas de muerte o de mutilación de miembros que hubieran sido dictadas por derecho común. El capítulo tercero, que fue objeto de enmiendas posteriores, incidía en el proceso de veinte días, establecido por privilegio real en 1255. En este caso ahora obtenía protagonismo el Cort,24 que llevaba a término el proceso, mientras que a los paers y consejeros sólo les atañía declararlo. En la percepción de 24 Con lo cual parece evidenciarse el carácter unipersonal a que se refería Lalinde (Jesús LALINDE ABA«El “curia” o “corte”, una magistratura medieval mediterránea», en Anuario de Estudios Medievales, 4 [1967], pp. 169-297).

DÍA,

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bans municipales el rey obtendría, a partir de este momento, la mitad del importe y no una tercera parte, como era costumbre. Y de forma global, el rey confirmaba todos los otros privilegios, usos y costumbres que no estaban especificados en el documento, pero con el matiz de que se refería a aquellos que se usaban, y que no podían contradecir el actual privilegio. Con el de 1360, los privilegios y las instituciones de Lérida, y en particular el consulado que estaba vigente, eran de nuevo concedidos y revalidados por el rey: «XXIV.— Item que tots altres privilegis, costums e usançes de la Ciutat dels quals açi no es feta mencio alguna romanguen en sa força e valor, que vos senyor jurets e confermets ara de present tots los privilegis desus specificats e tots los altres açi no specificats, e costums e usançes de la Ciutat segon que dit es. (...) Plau al senyor Rey com mylls ne han usat, exceptat empero aytant com poria perjudicar a la jurisdiccio, e altres coses retengudes damont e davall». De forma que la crisis municipal provocada por los conflictos sociales entre mayores y menores se resolvió de forma bien diferente a la de 1213. En esta última ocasión, a comienzos de siglo XIII, el rey actuó de árbitro y otorgó un privilegio («Instrumentum de dissensionibus et querimoniis inter majores cives et populum Ilerde promotis») en el cual se resolvía que, para evitar fricciones, sólo tuvieran acceso a los cargos de gobierno los miembros de la mano mediana, pero de común asentimiento con los mayores y con los menores. La referencia parece indicar que hasta entonces regía el principio de la unanimidad entre todos los miembros de la comunidad, la cual, a la hora de escoger magistrados municipales, resultaba prácticamente imposible ante los intereses políticos, económicos y sociales contrarios entre los mayores y los menores. El mismo texto de 1213 confirmaba una vez más el consulado, y mandaba que todos los vecinos contribuyeran, de forma proporcional a su riqueza, en los gastos que se consideraban comunes. Una vez más, se ha de insistir en la enorme trascendencia que tuvieron las relaciones fiscales y financieras entre el rey y los habitantes de las villas y ciudades. La necesidad de construir una organización administrativa que garantizara la recaudación de recursos económicos para las empresas del rey empujó e hizo de motor para la futura organización institucional del municipio. Por lo tanto, mientras que en 1213 la resolución de la crisis revertía en la vertebración de la incipiente organización municipal y una también incipiente e importante regulación de la hacienda municipal, en cambio la crisis de 1360 benefició directamente al rey, que conseguía ampliar el ejercicio de su jurisdicción en la ciudad. El derecho común, como hemos visto, resultaba sensiblemente fortalecido en perjuicio del derecho propio del municipio. Dentro del marco del ordenamiento jurídico catalán medie-

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val, nos encontramos con otro episodio de la relación entre el derecho regio y el derecho municipal.25 *

*

*

Es evidente, en definitiva, que el trabajo de Rafael Gras y de Esteva es una obra sólida e imprescindible para el estudio de los orígenes y el desarrollo del régimen municipal en Lérida. El interés del trabajo viene dado, tanto por el estudio institucional de la Paeria medieval y moderna, como, sobre todo, por la copiosa e interesantísima documentación que el autor recogió en el apéndice documental. Pero esta documentación recopilada sobrepasa con creces el mero estudio de la planta y la organización municipales, e invita a entrar de lleno en otros problemas de interés para la historia del derecho en la Cataluña medieval.

25 Tanto la enumeración de fuentes como los órdenes de prelación de fuentes que estarán vigentes en el Principado, así como otras referencias recogidas en las compilaciones catalanas modernas nos ilustrarán del carácter de esta relación. Nos remitimos a 3ª CYADC III, 1, 8, 1; 3ª CYADC I, 1, 16, 1; 3ª CYADC I, 2, 6, 4; 3ª CYADC I, 2, 6, 5; 3ª CYADC I, 1, 38, 2; 3ª CYADC I, 2, 4, 1; 3ª CYADC I, 1, 30, 1; 3ª CYADC I, 1, 17, 18.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS A CORTES Y PARLAMENTOS EN CATALUÑA (1333-1393)1

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo pretendemos identificar y trazar el perfil social, político e institucional de los síndicos de una villa real —Cervera—2 a los Parlamentos y a las Cortes celebradas durante los reinados de Alfonso III, Pedro III y Juan I de Cataluña.3 Desde el ámbito de la historia de las instituciones, se trata de responder, a veces de forma áspera y monótona, a la pregunta de quienes eran, desde una óptica social, económica e institucional, los síndicos del brazo popular en las Cortes y los Parlamentos de Cataluña a fin de comprender mejor la estructura y el funcionamiento de la institución y así evitar que sean formuladas afirmaciones que no han sido debidamente comprobadas o contrastadas.4 1

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos bases jurídicas y trasfondo político» dirigido por Manuel Sánchez Martínez (CSIC, Barcelona) y financiado por la DGESYC PB98-0478. Agradecemos la lectura que del mismo han realizado los profesores Aquilino Iglesia Ferreirós y Francisco Pacheco Caballero, lo que no les hace responsables de su contenido. 2 Cervera (La Segarra), provincia de Lérida, se halla a unos sesenta kilómetros de Lérida y a unos cien kilómetros de Barcelona. Actualmente (2007) cuenta aproximadamente con diez mil habitantes. Durante la Baja Edad Media fue la sexta población en peso demográfico de Cataluña y un núcleo que no dejó de pertenecer a la jurisdicción de los condes de Barcelona. 3 Partimos de la corte de Montblanc de 1333 y no del parlamento de Lérida, Tortosa y Tarragona de 1329, la primera reunión bajo el reinado de Alfonso III de Cataluña, y zanjamos nuestro estudio con el parlamento de Tortosa de 1393 y no con el de Barcelona de 1396-1397, último del reinado de Juan I, por ser este el período para el que disponemos de información municipal susceptible de trazar el perfil que nos hemos propuesto. Antes de 1333 y después de 1393 hubieramos conocido, eventualmente, el nombre de los síndicos, pero habría sido imposible caracterizarlos en lo social, económico e institucional. Al margen, pues, del análisis que realizamos, nos consta, a partir de la reciente edición de los capítulos del donativo, que Iacobo Portella (cavaller alrededor de 1330) y Matheo Ripullo fueron síndicos en la corte de Barcelona de 1300 y que Raimundo Maioris (notario en 1333) y Pontio Macellarii lo fueron en la de Barcelona de 1323. 4 Si bien es harto frecuente leer que en las Cortes medievales convergían las oligarquías urbanas, hay bien pocos estudios, y en Cataluña menos todavía que en otros reinos peninsulares, que hayan realizado XIII-XIV):

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La hipótesis de la que partimos es que las Cortes catalanas, al igual que el resto de asambleas estamentales del antiguo régimen, no eran una institución representativa que se identificara necesariamente con la defensa del interés general del Principado, sino que eran, más bien, un medio por donde canalizar el diálogo —cuyo núcleo era el donativo que el rey exigía al reino— entre el rey y sus sometidos, los cuales asistían a las Cortes y Parlamentos para defender sus propios intereses corporativos. Esta defensa corporativa no sólo debe ser entendida como una falta de solidaridad entre los tres brazos, sino también en el interior de los mismos. En este sentido, intentaremos aportar datos para demostrar que el brazo real o popular —los síndicos de las ciudades, villas y lugares de Cataluña— tampoco actuaban siempre como defensores del interés general del estamento real y que ni tan sólo lo hacían en defensa del interés general de la universidad de origen. En este punto es donde se inserta este trabajo: quiénes eran y qué intereses podían defender los síndicos de una villa real en las Cortes del siglo XIV. Los historiadores catalanes hemos recibido una herencia historiográfica —no única, pero sí muy influyente— según la cual eran los estamentos reunidos en Cortes, o bien alrededor de la Diputación del General, aquellos que asumían la defensa de los intereses del Principado; y lo hacían —así se ha entendido tácitamente— contra un monarca que luchaba por imponer su potestad, como si la misma fuera ajena al interés general del país. Quizá convendría prestar más atención a aquella otra interpretación histórica que ve al rey como el mejor garante de aquel interés general del Principado ante unos estamentos más atentos a la defensa de sus privilegios que a otra cosa.5 La inmersión que en su momento realizamos en el fondo municipal del Archivo Histórico Comarcal de Cervera con el fin de confeccionar nuestra una disección tal como para demostrarlo con cierta precisión. Para las Cortes castellanas, vid. Juan Manuel CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía, Ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988, esp.: «Origen y condición social de los procuradores. Las Cortes: cauce de los intereses oligárquicos», pp. 249-302; «Acceso a la procuración: el proceso electoral», pp. 303-340; «Beneficios de la procuración: salarios, mercedes, privilegios», pp. 341-373. Para las Cortes aragonesas, Bonifacio PALACIOS MARTÍN, «La representación municipal en Cortes. Estudio de la figura del Procurador de Zaragoza a mediados del siglo XV», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Actas del coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981, 2 vols., Madrid, 1985, I, pp. 1241-1267; Luisa Mª SÁNCHEZ ARAGONÉS, Cortes, Monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1458), Zaragoza, 1994, esp. pp. 45-132 (a veces con afirmaciones poco fundadas). Para Cataluña no conocemos ningún estudio global, ni a nivel de síntesis, sobre la representación de las villas y ciudades en Cortes. Vid. Maria Jesús ESPUNY I TOMÀS, «L´assistència a la Cort General de Catalunya d´una vila reial: el cas de Sabadell (segles XIV-XVIII)», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d´História institucional. 28, 29 i 30 d´abril de 1988, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 198-207 (con apéndice documental). 5 Desde una óptica distinta, este planteamiento puede verse en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Cos Místic», en Anuario de Estudios Medievales, 25/2 (1995) pp. 683-697.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

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tesis de doctorado nos ha permitido disponer ahora de documentación suficiente para reconstruir de forma significativa el perfil de los miembros que la universidad de Cervera, por medio del Consejo, eligió para asistir a las convocatorias reales. La utilización de esta considerable masa documental municipal es la única fórmula que nos permite conocer razonablemente bien la identidad de los síndicos. Después de fijar, en la medida que la documentación lo permita, los nombres de los síndicos de Cervera a Cortes y Parlamentos, trazaremos su perfil desde perspectivas diferentes. Indicaremos, cuando sea posible, la dedicación profesional; la adscripción socio-económica, señalando el grupo socio-económico al que adscribimos cada personaje dentro de los parámetros económicos que habremos establecido; y, finalmente, reconstruiremos el currículo institucional (local) de los nombrados síndicos por la universidad, poniendo de relieve su participación —cuantitativa y cualitativamente considerada— en los órganos de gobierno municipales.

2. LOS ASISTENTES A CORTES Y PARLAMENTOS

2.1. LOS SÍNDICOS CERVARIENSES A CORTES Y PARLAMENTOS

La presencia de representantes de Cervera en las asambleas del Principado se inaugura con la reunión de Lérida de 1214.6 Como villa sujeta a la jurisdicción real, la universidad de Cervera fue sistemáticamente convocada como miembro del brazo real o popular a cuantas reuniones —Cortes y Parlamentos— fueron celebradas. En lo que la documentación permite estudiar, cabe señalar, sin embargo, un paréntesis en dicha convocatoria. Ni en la Corte de Barcelona de 1373, ni en el Parlamento de Lérida del mismo año,7 ni en el inicio de la Corte de Lérida de 1375,8 asistieron síndicos de la universidad de Cervera, ausencia que más tarde, en 1377, lamentó el Consejo.9 6 Sobre esta reunión y sobre la relación de asistentes, vid. Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis». La formació i l´expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 12141520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 143-231, n. 12. 7 Para la Corte de Barcelona, Cortes de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña (=CARAVYC), Real Academia de la Historia, III, 269. Para el Parlamento de Lérida, CARAVYC XII, p. 490. 8 De hecho no aparecen síndicos —ni presentes ni convocados— en la convocatoria de 1 de enero de 1375 (CARAVYC III, p. 274), pero en cambio sí lo hacen en la de 1 de febrero del mismo año (CARAVYC III, p. 279), aunque no consta ni su nombre ni hay evidencias de si efectivamente asistieron a la reunión. 9 En el acta de la sesión del 13 de abril de 1377 el Consejo lamenta no haber enviado síndicos a unas Cortes anteriores, posiblemente refiriéndose a las Cortes de Lérida de 1375, aunque no precisa si ello se

216

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Éstos fueron los únicos paréntesis por lo que a la convocatoria y asistencia de síndicos se refiere. La consulta de la documentación central generada por la celebración de Cortes y Parlamentos10 y la de la documentación municipal, nos ha permitido consolidar la siguiente relación de personajes que participaron como síndicos de la universidad de Cervera en las respectivas reuniones.

debió al hecho de no haber sido convocados o al hecho de no haber nombrado los correspondientes procuradores. En la documentación de los procesos no consta de forma expresa que, para las fechas señaladas, fueran convocados síndicos de Cervera («Sobre lo primer feit fo acordat per lo Conseyll que com sie de necessitat trametre síndichs a les dites corts, e ja en altre temps com no ni trameteren sie gran dampnatge de la universitat, per ço lo Conseyll acorda que un misatger sie elet qui vaie a les dites corts (...)», Archivo Comarcal de la Segarra [en adelante ACSG] Consells 1377, 15r); sea como sea, no disponemos de explicaciones detalladas sobre estas ausencias. 10 Nos hemos guiado por la información facilitada por Rafael CONDE, Ana HERNÁNDEZ, Sebastià RIERA y Manuel ROVIRA, «Fonts per a l´estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments», en Les Corts a Catalunya. Actes, pp. 25-61; esta información debe ser ampliada y, en algunos casos, enmendada a partir de Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Corts, Parlaments y fiscalidad en Cataluña: las profertes para las guerras mediterráneas (1350-1356)», en El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). XVo Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1996, I/4, pp. 251-272 (téngase en cuenta que la minuciosidad de los datos aportados por Manuel Sánchez únicamente afecta al breve periodo comprendido entre 1350 y 1356) y a partir también de la edición de Manuel Sánchez y Pere Ortí de los capítulos del donativo que a continuación citamos. En cuanto a las fuentes, manejamos la edición de Cortes de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, Real Academia de la Historia, Madrid, 1896-1922, 26 volúmenes; Josep M. PONS GURI (ed.), Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón, de 1362-1363, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1982; y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST (introducción y edición de), Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, pp. XLIV+613 [citaremos como SÁNCHEZ/ORTÍ y página correspondiente].

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

217

Años

Asistentes11

Referencias

C

Montblanc Poblet

1333

Ferrarius de na Burguesa Arnaldus de Verina Petrus de Nogueres12

CARAVYC I-2, 297, 317; Sánchez/Ortí, 50-51; ACSG, Consells 1332-1333, 60v, 80r-v.

C

Barcelona

1340

Berengarius de Vergos Arnaldus de Meçina

Sánchez/Ortí, 70.

P

Barcelona

1342

Bernardi Gili Montisserrati Cardona

CARAVYC VI, 483; XV, 146; Sánchez/Ortí, 78.

P

Barcelona

1344

Bernardus d´Ivorra Arnaldus de Maçina

Sánchez/Ortí, 87.

C

Perpinyà Lleida

1350 -1352

Bernardus Egidii Arnaldus de Mecina

CARAVYC I-2, 359, 399.

P

Vilafranca del Penedès Barcelona

1353

Bernardus Egidii Laurencius Portela

CARAVYC I-2, 463; XII, 430, 431, 434-440; Sánchez/Ortí, 108.

P

Lleida

1355

Arnau de Mecina Ramon Pere

ACSG, Clavaria 1355, 30v.

P

Barcelona

1355

Raimundus Serra Anthonius Tolrani

CARAVYC I-2, 469.

P/C

Lugar

C

Perpinyà

1356

Arnaldus de Mecina Bernat Gili Jacobum Porta13

C

Barcelona

1358

Arnaldus Macina Guillelmus Tallada

CARAVYC I-2, 493; XV, 150, 415, 420, 42314; ACSG, Consells 1356, 54r. CARAVYC I-2, 585. ACSG, Consells 1358, 45r.

11 Hemos mantenido todos los antropónimos en el orden y forma en que aparecían en CARAVYC, en SÁNCHEZ/ORTÍ y en la documentación municipal, aunque en la edición de la Academia hay algunos errores de transcripción: Verina (1333) y Mentia (1359) deben ser Mecina. En la tabla consta la forma de la primera referencia citada en la casilla correspondiente. 12 Petrus de Nogueres solamente aparece en SÁNCHEZ/ORTÍ, p. 50. 13 Todas las referencias de CARAVYC citan Arnau de Mecina y Jaume Porta, mientras que los volúmenes de actas municipales documentan a Bernat Gili y Jaume Porta. Tomaremos en consideración los tres nombres. 14 En esta página solamente se cita a Arnaldus de Messina.

218

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

C

Cervera

1359

Petri Mironis Bernardi Egidii Arnaldi de Mentia15 Raymundi Petri

CARAVYC III, 406; XV, 438, 44216; Sánchez/Ortí, 206-207, 226, 228.

P

Barcelona

1362

Guillem Pujalt Berenguer Moxó

ACSG, Consells 1362, 25r.

C

Barcelona

1362

Guillem Pujalt Berenguer Moxó

ACSG, Consells 1362, 25r.

Gral

Montsó

1362 -1363

Arnaldi de MecinaRaymundi Petri

CODOINCA, L, 168-195.

C

Barcelona Lleida Tortosa

1364 -1365

Arnaldi de Messina

CARAVYC II, 182, 188, 207, 216, 219, 313; Sánchez/Ortí, 329.

C

Barcelona

1365

Raymundus Petri

CARAVYC II, 345, 367, 373.

P

Barcelona

1366

Franciscus de Arcubus

Sánchez/Ortí, 405.

P

Barcelona

1367

Guillelmus Talavera

CARAVYC II, 457, 463, 470.

C

Vilafranca del Penedes Barcelona

1367 -1368

Matheus Bonjoch Berengarius Vergos

CARAVYC II, 497, 500, 502, 50517, 511.

C

Tarragona Montblanc Tortosa

1370 -1371

Berengarius Cardona Petrus de Angularia

CARAVYC III, 58-59, 61-62, 73.18

Barcelona

1372 -1373

Arnaldus de Mecina Berenguer de Vergós Pere Dan

CARAVYC III, 182, 188, 192 ACSG, Clavaria 1373, 18r; Clavaria 1372, 44r19

C

15

Arnaldi de Mentia de CARAVYC debe ser Arnau de Mecina. En estas dos últimas páginas sólo aparece Bernardus Gili. 17 En esta ocasión sólo aparece mencionado Matheus Bonjoch. 18 En III, 58 únicamente aparece Petrus de Angularia, mientras que en el resto de referencias únicamente encontramos a Berengarius Cardona. 19 CARAVYC sólo documenta Arnaldus de Mecina; ACSG, Clavaria 1373 sólo Berenguer de Vergós y ACSG, Clavaria 1372 documenta Arnau de Mecina y Pere Dan, quienes caen enfermos estando en Barcelona; es plausible que Berenguer de Vergós fuera el substituto de los síndicos enfermos. 16

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

219

C

Montsó

137620

Bernat de Menresa Pere Vergós (menor de dies)

ACSG, Consells 1377, 14v, 15v, 29v.21

C

Barcelona

1377 -1378

Petrus de Vergos Berengarius de Manresa

CARAVYC IV, 10, 29, 33.

C

Barcelona

1379 -1380

Pere Dan

ACSG, Clavaria 1379, 100r; Consells 1379, 24v, 33v; Clavaria 1380, 90v.

C

Montsó Tamarit de Llitera Fraga

1383 -1384

Arnau de Mecina

ACSG, Clavaria 1383, 120r; Consells 1384, 27v.

P

Tortosa22

1393

Bernat de Canelles Ramon Bonanat23

ACSG, Consells 1393, 69v, 71v, 74r.

(P = Parlamento; C = Corte)

20 La primera sesión de esta corte se celebró el 27 de marzo de 1376 y la última sesión documentada es de 12 de septiembre de 1376. Sin embargo el 27 de enero de 1377 la corte es prorrogada para el 1 de marzo en Gandesa; la corte no llegó a reunirse (CONDE, Fonts per a l´estudi, p. 34). A pesar de estas noticias, en la sesión del 13 de abril de 1377 del Consejo municipal de Cervera se eligen mensajeros para la Corte de Monzón. 21 En esta última cita, de 8 de junio de 1377, sólo aparece Bernat de Menresa. 22 El único Parlamento celebrado en 1393 fue el de Tortosa, del que la Real Academia publicó un breve fragmento (CARAVYC XII, pp. 514-515). Sin embargo, parece ser que la sede de la reunión no se decidiría hasta el último momento. Las referencias de las actas concejiles se refieren primero a Barcelona para mencionar más adelante Tortosa como destino de los síndicos. El nombramiento de Micer Bernat de Canelles como síndico cuando el Parlamento debía celebrarse en Barcelona está perfectamente documentado (ACSG, Consells, 1393, 67v), no obstante, y sin mediar explicación, para viajar a Tortosa, donde finalmente tuvo lugar la reunión, fueron elegidas otras personas. 23 El nombramiento como síndico de Ramon Bonanat por el Consejo no fue directo ni inmediato. De hecho el Consejo elegió a Pere de Canet para que fuera al Parlamento convocado por el rey en Tortosa. Sin embargo, el municipio deseaba que Canet además siguiera de cerca el proceso que el rey incoaba contra uno de los Mecina, algo a lo que el dicho Canet se oponía taxativamente. Ante tal actitud, el Consejo decide en sesión de 7 de julio de 1393 que Ramon Bonanat acompañe a Pere de Canet a Tortosa para informarse sobre dicho proceso (ACSG, Consells 1393, 71v). Sin embargo, una semana más tarde, en la sesión del 16 de julio, Pere de Canet insiste en que no desea hacerse cargo del seguimiento del proceso contra Mecina y, en consecuencia, renuncia a asistir como síndico al Parlamento convocado. Ante esta negativa, solamente se trasladará a Tortosa Ramon Bonanat, por cuya mensajería cobraría la nueva cantidad asignada por el Consejo (ACSG, Consells 1393, 74r).

220

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Como puede observarse, hay importantes lagunas que las fuentes centrales y las municipales conservadas no han permitido colmar a propósito de los síndicos de la universidad de Cervera, tanto en lo que refiere a la convocatoria como a la asistencia a las reuniones.24 Por tanto, la relación documentada de individuos que fueron elegidos síndicos de la universidad de Cervera a lo largo del período que estudiamos es sometida a las precisiones que después seguirán, la siguiente: Pere d´Anglesola [Petrus de Angularia (1370-1371)]; Francesc dels Arcs 24 Se trata de los siguientes casos: en el Parlamento de Barcelona de 1338 aparecen convocados de forma genérica síndicos de Cervera (CARAVYC XV, p. 134), pero no se ha conservado otra documentación para verificar su asistencia; el fragmento conservado del Parlamento de Tarragona-Barcelona de 1339 (CARAVYC XII, pp. 389-390) no permite conocer ni a los convocados ni a los asistentes; en la Cortes de Barcelona de 1340 son convocados síndicos de Cervera (CARAVYC I-2, pp. 321-331) pero la documentación no permite verificar su asistencia; el fragmento del Parlamento de Lérida de 1344 no permite obtener ninguna información sobre la convocatoria de síndicos cervarienses (CARAVYC XII, pp. 391-392); el Parlamento de Perpiñán de 1344 (CARAVYC XII, pp. 484-487) sólo es convocado para el Rosellón y la Cerdaña; para la Cortes de Barcelona de 1347 disponemos de la convocatoria de síndicos de Cervera (CARAVYC I-2, p. 336) pero no de otra información; lo mismo sucede con el Parlamento de Ulldecona de 1349 (CARAVYC XII, pp. 396-403); al Parlamento de Perpiñán de 1349 sólo asistieron síndicos de la zona (CARAVYC XII, pp. 406-408); del Parlamento de Barcelona y Vilafranca de 1354 (enero) conocemos la convocatoria dirigida a la villa de Cervera (CARAVYC XII, p. 453); del Parlamento de Barcelona de 1354 (julio-agosto) no disponemos de ninguna información sobre síndicos; al Parlamento de 1354 de Santa Maria de Roses sólo fueron convocados abades y priores de la demarcación (CARAVYC XII, p. 454); no obtenemos ninguna información útil de los fragmentos del Parlamento de Lérida de 1357 (CARAVYC I-2, pp. 504-505 y XI, pp. 473-484); al Parlamento de Gerona de 1358 únicamente asisten varones, caballeros y hombres de paraje del obispado de Gerona (CARAVYC XII, pp. 455-457); del Parlamento de Barcelona de 1366 la edición de la Real Academia únicamente recoge un fragmento ínfimo donde afirma que fueron convocadas las universidades (CARAVYC II, p. 488) y los capítulos del donativo (CARAVYC III, pp. 421-437); a las Cortes de Barcelona de 1368-1369 están convocados síndicos de Cervera (CARAVYC III, pp. 6-7) pero no aparecen en las relaciones de asistentes (CARAVYC III, 7; XV, p. 158); para las Cortes de Tarragona, Montblanc y Tortosa de pp. 1370-1371, en un principio aparecen convocados síndicos de Cervera (CARAVYC III, 43), aunque no asisten a las mismas (CARAVYC III, p. 53), si bien posteriormente se incorporaran dos; por primera vez los síndicos de Cervera no son convocados (CARAVYC III, p. 269) a la Corte de Barcelona de 1373, reunión que finalmente será desconvocada; en el Parlamento de Lérida de 1373 tampoco aparecen convocados síndicos de Cervera (CARAVYC XII, pp. 489-491); el fragmento conservado del Parlamento de Montblanc de 1374 es una carta a la reina sin información que nos interese (CARAVYC XII, pp. 492-493); al Parlamento de Barcelona de 1374 sólo aparecen convocadas las universidades de Lérida, Gerona y Perpiñán (CARAVYC XII, pp. 494-498); en una primera convocatoria de 1 de enero de 1375 de las Cortes en Lérida, siguen sin ser convocados síndicos de Cervera (CARAVYC III, p. 274), pero en cambio sí que reaparecen en una nueva convocatoria de 1 de febrero del mismo año (CARAVYC III, p. 279); ninguna información en los capítulos del donativo de las Cortes generales de Monzón de 1376 (SÁNCHEZ/ORTÍ, pp. 469-528); para las Cortes de Barcelona de 1377-1378, no son convocados síndicos de Cervera (CARAVYC IV, pp. 5-6) pero en cambio documentamos su presencia en la misma (CARAVYC IV, pp. 10, 29, 33); convocados síndicos de Cervera para las Cortes de Barcelona de 1379-1380 (CARAVYC IV, p. 189); ninguna información en los capítulos del donativo de la corte general de Monzón de 1384 (SÁNCHEZ/ORTÍ, pp. 571-581); convocados para el Parlamento de Gerona de 1385 (CARAVYC XII, p. 502) pero no disponemos de documentación para verificar la asistencia; lo mismo para el Parlamento de Sant Feliu de Guíxols, Montagut, Gerona y Tarragona de 1390 (CARAVYC XII, p. 508); convocados para el Parlamento de Barcelona de 1396-1397 (CARAVYC IV, p. 305) pero no documentamos su presencia.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

221

(Franciscus de Arcubus [1366]); Mateu Bonjoc (Matheus Bonjoch [1367 /1368]); Ramon Bonanat (Ramon Bonanat [1393]); Ferrer de la Burgesa (Ferrerius Dena Burguesa [1333]); Bernat de Canelles (Bernat de Canelles, Micer [1393]); Berenguer Cardona (Berengarius Cardona [1370-1371]); Montserrat Cardona (Montisserrati Cardona [1342]); Pere Dan (Pere Dan [1372-1373] [1379-1380]); Bernat Gili (Bernardi Gili [1342], Bernardus Egidii [1350-1351], Bernardus Egidii [1353], Bernat Gili [1356], Bernardi Egidii [1359]); Bernat d=Ivorra (Bernardus d=Ivorra [1344]); Berenguer de Manresa (Berengarius de Manresa [1377-1378]); Bernat de Manresa (Bernat de Manresa [1376]); Arnau de Mecina (Arnaldus de Verina [=Mecina] [1333]), Arnaldus de Maçina (1344), Arnaldus de Mecina (13501351), Arnau de Mecina (1355), Arnaldus de Mecina (1356), Arnaldus Macina (1358), Arnaldi de Mentia (=Mecina) (1359), Arnaldi de Mecina (1362-1363), Arnaldi de Messina (1364-1365), Arnaldus de Mecina (13721373), Arnau de Mecina (1383-1384); Pere Miró (Petri Mironis [1359]); Berenguer Moixó (Berenguer Moxó [1362] [1362]); Pere de Nogueres (Petrus de Nogueres [1333]); Ramon Pere (Ramon Pere [1355]), Raymundi Petri (1359), Raymundi Petri (1362-1363), Raymundus Petri (1365); Jaume Porta (Jacobum Porta [1356]); Llorenç Portella (Laurencius Portela [1353]); Guillem Pujalt (Guillem Pujalt [1362] [1362]); Ramon Serra (Raimundus Serra [1355]); Guillem Talavera (Guillelmus Talavera [1367]); Guillem Tallada (Guillelmus Tallada [1358]); Antoni Toldrà (Anthonius Tolrani [1355]); Berenguer Vergós (Berengarius Vergos [1340] [1367-1368], Berenguer de Vergós [1372-1373]); Pere de Vergós (Pere de Vergós [menor de dies] [1376], Petrus Vergos [1377-1378]). Los últimos problemas para consolidar una lista de síndicos consisten, por una parte, en la identificación del número de personas que se esconden bajo los antropónimos que se repiten en más de una ocasión y, por otra parte, en la identificación de las distintas personas que se esconden bajo un mismo antropónimo, como es el caso de Ramon Serra. En el primer caso se trata de Arnau de Mecina, Berenguer de Vergós, Bernat Gili, Pere de Vergós y Ramon Pere. Ni las fuentes municipales ni las notariales conservadas nos han permitido despejar todas las dudas acerca de la personalidad de los síndicos mencionados. En la mayoría de los casos parece sensato proponer que todas las referencias de un mismo antropónimo se refieran a una misma persona. Los casos dudosos son los que siguen.25 25 A F. Xavier Rivera le debemos habernos facilitado generosamente toda la información de origen notarial que nos ha permitido identificar mejor a Bernat Gili, la saga de los Mecina y la no menos complicada saga de los Serra.

222

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

En cuanto a Berenguer de Vergós, hemos documentado la presencia de un Berenguer de Vergós, mercader, en 1337 (en este caso como fill de Nicolau), 1345 y 1373,26 de un Berenguer de Vergós carnicero en 1356,27 de un Berenguer de Vergós, señor de Moià en 135828 y de un Berenguer de Vergós, sastre, en 1378 y 1384.29 Sin embargo, fuere la que fuere la actividad profesional de nuestro personaje, parece plausible que el Berenguer de Vergós que asiste a la Corte de 1367-1368 sea el mismo que el que asiste a la de 1372-1373; es algo de lo que dudamos para el Berenguer de Vergós que asiste a la Corte de 1340. Todavía más plausible parece la identificación en una misma persona en los casos de Pere de Vergós y de Ramon Pere. En el primer caso nos referimos al Pere de Vergós que participó en la Corte de Monzón de 1376 y del que lo hizo en la de Barcelona de 1377-1378, si bien en la primera mención su nombre aparece acompañado de la referencia menor de dies —algo usual en la documentación municipal, como es el caso, pero no en cualquiera de las versiones utilizadas del proceso de la Corte—. En cuanto a Ramon Pere, aparece participando en cinco asambleas, aunque las fechas extremas —1355 y 1365— no están muy alejadas entre sí. Bajo el antropónimo Ramon Pere hemos localizado, en la documentación municipal, a un mercader que actúa en 137330 y 1388 —posiblemente el mismo que en 1393 prestara diez mil sueldos al municipio— que no sabemos si es el mismo que una persona que vende telas en 1383.31 Bernat Gili es, después de Arnau de Mecina, el antropónimo que mas veces aparece en nuestra lista. Es fácil que todas las referencias lo sean de una misma persona. Ni las fechas extremas están muy alejadas —1342 y 1359— ni abundan las menciones a Bernat Gili en fondos municipales. Sabemos que en 1338 y entre 1354-1356 ejerció como baile de la localidad32 y un documento notarial lo menciona en 1352 como jurista.33 Además conocemos su testamento, fechado el 12 de abril de 1363.34 También consideramos que es muy probable que todas las referencias al síndico Bernat Gili aludan a una misma persona.

26 ACSG, Clavaria 1337, 75; para 1345, Fondo Notarial, Ramon Rama, 64r.; para 1373, Consells, documento suelto. 27 ACSG, Consells 1356, 31. 28 ACA, Cartas reales s/d (c. 1330). 29 ACSG, Clavaria 1378, 66. 30 ACSG, Hojas sueltas (=Consells) 1373. 31 ACSG, Clavaria 1383, 61. 32 Prim BERTRAN ROIGÉ, «Els jueus en els llibres de batlle i cort de Cervera (1354-1357)», en Ilerda, 44 (1983), pp. 189-205. 33 ACSG, Fondo notarial, Pere Cortés. 34 ACSG, Fondo notarial; Jaume Ferrer, Liber testamentorum, 1357, gener, 24 a 1369, novembre, 5r-10v.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

223

Sin duda el caso más conflictivo y difícil de identificar es el de Arnau de Mecina. No sólo su nombre aparece en un período tan dilatado de tiempo —desde 1333 hasta 1384— que hace casi imposible que se trate de una misma persona, sino que tenemos certezas documentales de que padre, hijo y nieto, con el mismo nombre, fueron activos personajes en la política local del siglo XIV. Sin embargo, ni la documentación municipal ni la notarial nos permiten identificar al padre, al hijo y al nieto en su asistencia a Cortes y Parlamentos. Arnau de Mecina hijo contrajo matrimonio tres veces. Del primer enlace, con Romie, tuvo dos hijas y un hijo al que llamaron también Arnau, heredero universal de los bienes de su padre. Del testamento de Arnau de Mecina hijo y del de su segunda esposa Geraldona, sabemos que Arnau de Mecina padre todavía vivía en 1362, pues era nombrado albacea en el testamento de Geraldona, y sabemos también que en noviembre de 1369 ya había muerto, como consta en el testamento de Mecina hijo. Éste redactó su último testamento el 29 de noviembre de 1369, anciano y enfermo.35 Por lo tanto tenemos las siguientes certezas: Arnau de Mecina padre muere entre 1362 y 1369; Arnau de Mecina hijo redacta su último testamento en noviembre de 1369, mayor y enfermo, pero en las Cortes de Barcelona de 1372-1373 sigue siendo síndico y debe ser relevado por caer enfermo en el transcurso de las mismas;36 un nuevo Arnau de Mecina, posiblemente el nieto, no reaparecerá en Cortes hasta las de 1383-1384. El caso Ramon Serra es distinto de los anteriores, puesto que apareciéndonos como síndico una sola vez, no podemos determinar de qué personaje se trata ya que conocemos varios individuos llamados así. Es muy posible que nuestro síndico fuese el conocido como Ramon Serra el Vell, un importante mercader que redactó su último testamento en noviembre de 1382.37 Sin embargo no disponemos de datos suficientes para asociar al síndico con el mercader.

35 «In Christi nomine. Noverint universi quod ego Arnaldus de Mecina, maior dierum, filius venerabilis Arnaldi de Mecina, quondam, ville Cerverie habitator. Attendens quod nil est morte certius nilque incertius hora mortis [quoque] presentis vite condicio statum habet inestabilem, et ea que visibilem habent esenciam tendunt visibiliter ad non [esse], ea non que scripto comituntur ad perpetuam memoriam reductuntur (...)». ACSG, Fondo notarial, Jaume Ferrer, Liber testamentorum 1357, enero, 24 a 1369, noviembre, 45r-50v. 36 ACSG, Clavaria 1372, 44r. 37 Sobre este importante personaje, vid. F. Xavier RIVERA I SENTÍS, «Ramon Serra el Vell: poder, condició i caritat d’un mercader cerverí a les acaballes del segle XIV», en Miscel·lània Cerverina, 10 (1996) pp. 37-70.

224

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

2.2. ELECCIÓN DE SÍNDICOS

La elección y el nombramiento de síndicos a Cortes carece de la más mínima solemnidad en el quehacer institucional del Consejo. El acuerdo se halla entremezclado con los demás que tomaba el Consejo. Ni las sesiones del Consejo en que eran elegidos los síndicos aparecen especialmente concurridas ni siquiera el acuerdo era tomado siempre bajo el signo del consenso y de la unanimidad. La discreción en la forma de tomar del acuerdo se debe, sin duda, a que el contenido jurídico de la procuración se encontraba redactado en las cartas hechas por el notario-escribano del Consejo a tal efecto. Por lo tanto, los libros de actas del Consejo recogen el acuerdo efectuado acerca del nombramiento de los síndicos, pero éste se halla totalmente desprovisto de contenido. La elección de síndicos a Cortes más temprana que se ha conservado corresponde al 8 de abril de 1333, en respuesta a la convocatoria lanzada por Alfonso III con fecha de 11 de marzo.38 En este caso, los síndicos a las Cortes de Montblanc son elegidos por el Consejo, con la participación y el común acuerdo de paers, consejeros y prohombres. Los mismos miembros del Consejo —los presentes en la sesión, pero también los consejeros ausentes y los prohombres asistentes— eran los firmantes del documento de sindicato que redactaba el notario del Consejo.39 Sin embargo, una vez licenciada la Corte —las constituciones fueron publicadas con fecha de 19 de junio de 1333— y ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los tres brazos para el donativo que pedía el rey,40 éste convocaba de nuevo a síndicos de las universidades reales en Montblanc con fecha de 18 de junio.41 Tomamos nota de lo hecho por el Consejo a pesar de que no se elegían síndicos para Cortes sino para una asamblea con el rey. Ante el contenido económico de los temas que serían objeto de debate en la reunión, en la sesión del Consejo municipal 38

CARAVYC I-2, p. 295. «E los dessús dits paers, conseylers e prohòmens dessús escrits concordadament elegiren el dit Conseyl e establiren en síndichs per a la Cort de Muntblanch en Ferrer de na Burguesa, paer, e na Arnau de Mecina, prohom dessús dits, e fo·ls [.] feyta carta pe·ls dessús ab d’altres conseylers e prohòmens que puys hi fermaren en poder d’en Perico de Canet segons que en aquela és contengut» (ACSG, Consells 1332-1333, 60v). 40 Sobre el fracaso —a efectos fiscales— de la Corte de Montblanc de 1333 y acerca del subsidio acordado por las universidades reales en esta misma villa en 1333, véase Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Actes. Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278, esp. pp. 248-253. 41 «(...) mandamus quod constituitis et ordinetis sindicos et procuratores vestros quos cum plenaria potestati tractandi, consentiendi et firmandi que ordinata et conventa seu concessa fuerint at dictem villa Montis Albi (...)» (ACSG, Consells 1332-1333, 80v). 39

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de 30 de junio sería elegido y nombrado un nuevo síndico —un mercader competente en materia de mercaderia— que se sumaba a los anteriores. En esta ocasión, sin embargo, no se consiguió el consenso entre todos los miembros del Consejo sino que se manifestaron dos opiniones contrarias: ocho consejeros —de veinte— y once prohombres se oponían a nombrar un tercer síndico, mientras que los cuatro paers, seis consejeros y cincuenta y dos prohombres se mostraron partidarios de nombrar un tercer síndico en la persona del mercader Pere de Nogueres, habida cuenta que la ayuda que el rey solicitaba tocàs mes mercaderia que altra cosa puesto que sería sufragada a partir del establecimiento de un impuesto indirecto o imposició.42 Se imponía esta segunda opción, que contaba con el respaldo de los cuatro paers y de un gran número de prohombres —no así de consejeros— y quedaba nombrado un tercer síndico que actuaría conjuntamente con los otros dos que ya habían sido nombrados anteriormente para la ya licenciada corte de Montblanc. El esquema tipo de la elección de síndicos consiste en: lectura en el Consejo —y su reproducción en el acta del mismo— de la misiva regia reclamando el envío de síndicos para asistir a una determinada asamblea;43 elección de los procuradores por los miembros presentes en la sesión44 —todo parece indicar que a veces el Consejo resolvió la propuesta que plantearían los paers nombrando los candidatos propuestos—45, que, como hemos dicho, no siempre se resolvió por medio del asentimiento de todos los miembros asistentes46 y remisión a las cartas de sindicato que redactaría el notario42 «En aprés, los dits paers manaren liguer e fo lesta el Conseyl la letra del Senyor rey ab son sagel sagellada de la tenor següent (...). La qual, lesta tot lo Conseyl, de Conseyl e acordà que sobre les coses contengudes en la dita letra fossen trameses síndichs al senyor rey. E en Jacme de Menresa (...), deren de conseyl e volgueren que·y anassen II síndichs, zo és a saber na Arnau de Mecina e en Ferrer de na Burguesa, solament e no altri. Tots los altres damunt nomenats dixeren e conseylaren que com l’ajuda que·l senyor rey demanave tocàs més mercaderia que altra cosa, que·y anàs I mercader ab na Arnau de Mecina e ab Ferrer de na Burguesa, e que tots IIIfossen establits síndichs e nomenaren lo mercader, zo és a saber, en Pere de Nogueres qui present ere». (ACSG, Consells 1332-1333, 79r-80v). Sobre la financiación de la petición regia, vid. nota 39. 43 «La qual letra lesta, los pahers, consellers e prohòmens constituiren síndichs, actors o procuradors los honrats (...)» (ACSG, Consells 1362, 24r; carta regia que también es reproducida, por ejemplo, en el acta del día 13 de abril de 1377, ACSG, Consells 1377, 14v). 44 El acuerdo de 23 de marzo de 1358 era tomado por los cuatro paers, trece consejeros (de veinte) y 49 prohombres (ACSG, Consells 1358, 27r); el de 4 de julio de 1362 lo tomaron los cuatro paers, trece consejeros y quince prohombres (ACSG, Consells 1362, 24r), mientras que en el de 13 de abril de 1377 intervenían dos paers, catorce consejeros y dieciocho prohombres (ACSG, Consells 1377, 15v). 45 «Lo conseyll volch e acorda que l’honrat en Pere de Canet, en nom de la Vila, vaye per missatger al senyor rey a Tortosa per lo fet que lo senyor mane que la vila hi trametre» (ACSG, Consells 1393, 70r, sesión de 28 de junio de 1393). 46 «La qual letra lesta, los pahers, consellers e prohòmens constituiren síndichs, actors o procuradors los honrats en Berenguer Moxó e en Guillem Puyalt, segons que en la carta per mi, Bernat ça Canal, notari, fayta pus largament és contengut (...). Dix en Berenguer de Castelltort que no consentie en lo sindicat feyt

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escribano del Consejo. En cierto caso, sin embargo, los síndicos nombrados por el Consejo no se desplazarían hasta el lugar de la reunión hasta comprobar los paers que los restantes síndicos del Principado ya se encontrasen en el lugar de la celebración de la asamblea.47

2.3. CONTENIDO DE LA PROCURACIÓN

Uno de los aspectos que despierta más interés para nosotros es el contenido jurídico de la procuración, algo que, por desgracia nuestra, el acuerdo del Consejo acostumbraba a pasar por alto ya que se hallaba recogido en unos capítulos aparte habitualmente redactados por el notario-escribano del Consejo48 y de los que no se han conservado ejemplares en buen estado, que sepamos, para nuestro período.49 Así, pues, disponemos de pocas referencias, y aún externas, del contenido de la procuración. Todas las alusiones conocidas reconocen que los síndicos deben acudir a las Cortes con «plenos poderes» para decidir y para consentir el donativo que sería objeto de discusión. Todas se remiten, sin embargo, al documento específico de procuración en el que se detalla el contenido de la misma. Plenos poderes, sin mayor precisión, son los que el rey exigía a los síndicos que acudiesen a su convocatoria50 y plenos poderes eran los otorgados

a·n Berenguer de Moxó en cas que a ell pogués noure ne venre dampnatge per lo vet, en la qual lo dit Berenguer Moxó està» (ACSG, Consells 1362, 24r-v). 47 «(...) per ço lo Conseyll acorda que un missatger sie elet qui vaie a les dites corts, lo qual no pertesque tro que·ls pahers sapien de cert que los altres síndichs de Cathalunya hi sien (...)» (ACSG, Consells 1377, 14v). 48 «La qual letra lesta, los pahers, consellers e prohòmens constituiren síndichs, actors o procuradors los honrats en Berenguer Moxó e en Guillem Puyalt, segons que en la carta per mi, Bernat ça Canal, notari, fayla pus largament és contengut (...)» (ACSG, Consells 1362, 24r-v). 49 Sí se han conservado numerosos documentos equivalentes para la centuria siguiente. A título de ejemplo, «Memòria sie al honrat e discret en Johan Andreu, notari, síndich e misatger de la vila, de ço que ha a fer per aquella en les corts que la senyora reyna celebre en Barchinona e altres dejús scrits» (ACSG, Fondo municipal, Memorials i instruccions de missatgeria, 1422); «Memorial fet per los honrats en Pere de Vallebrera, Francés Quintana, pahers, Johan Germà, Miquel de Roqueta, Ramon Conyll, Thomàs Sala e Crisòfol de Monbrió, prohòmens a açò assignats per lo consell de la dita vila al honrat n’Anthoni d’Òdena, paher, lo qual per lo consell de la dita vila es tramès per síndich e missatger a les corts les quals lo senyor rey de present celebra als cathalans en la ciutat de Barchinona» (ACSG, Fondo municipal, Memorials..., 1431; así como ejemplos similares de 1436 y 1442, redactados todos ellos por una comisión nombrada ad hoc por el Consejo; en otros casos, sin embargo, el memorial había sido redactado por un notario, como ACSG, Fondo Dalmases, C-17, 1436). Debemos el conocimiento de este material del siglo XV a la generosidad de Pere Verdés. 50 «(...) mandamus quod constituitis et ordinetis sindicos et procuratores vestros quos cum plenaria potestati tractandi, consentiendi et firmandi que ordinata et conventa seu concessa fuerint at dictem villa Montis Albi (...)» (ACSG, Consells 1332-1333, 80v) y ACSG, Consells 1377, 14v.

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a los síndicos por el Consejo en nombre de la universidad. La noticia más explícita que conocemos es una de 1358, donde se dejó un espacio en blanco en el libro de actas municipales para copiar unos capítulos sobre los poderes otorgados a los síndicos nombrados. En la breve alusión a la sindicatura, se especificaba que la universidad otorgaba a los síndicos pleno poder para hacer, consentir y firmar o comprometerse en aquello que se detallaba en los capítulos (qui per part de la universitat hayen plen poder de fer, conssentir e fermar zo que a fer ne a conssentir e fermar hayen segons tenor e forma dels dits capítols), además de recibir plenos poderes para garantizar el donativo ofrecido al rey con las condiciones exigidas (e que puxen fer seguretat de la dita profferta ab aqueles penes, provisions, renunciacions e obligacions que viyares los serà).51 Acerca de esta misma procuración, otro acuerdo municipal afirmaba que la procuración de que disfrutaban los síndicos nombrados por el Consejo lo era para cada uno de ellos en soliu.52 Otras referencias todavía más escuetas a la procuración confirman el otorgamiento de plenos poderes a los síndicos que participaban en las asambleas regias. En 1355 se concedían plenos poderes para hacer y consentir lo que en un Parlamento se acordase y según se especificaba más ampliamente, decía el acuerdo municipal, en otra sede (als quals donam plen poder de ésser al dit parlament e de fer e de consentir).53 51 «La qual letra lesta foren lests al dit Consseyll uns capítols que los dits missatgers [siguen dos medias páginas en blanco]. E lo Consseyll atenent que la gran necessitat del molt alt sensor rey, acorde que fossen elets e assignats en síndichs de la dita universitat los honrats en Bernat Gili, Guillem Tallada paer [paer interlineado] e n’Arnau de Mecina, qui per part de la universitat hayen plen poder de fer, conssentir e fermar zo que a fer ne a conssentir e fermar hayen segons tenor e forma dels dits capítols e segons que la qualitat del feit o requer e que puxen fer seguretat de la dita profferta ab aqueles penes, provisions, renunciacions e obligacions que viyares los serà, axí com en la carta del sindicat daquen feita pus largament és contengut. E que los dits síndichs supliquen al senyor rey que hayan la fira (...)» (ACSG, Consells 1358, 27r-v). 52 «Costituí (...) síndichs, actors, missatgers e procuradors los honrats n’Arnau de Mecina e en Guillem Tayllada, paer, a totes les coses en la dita letra contengudes e cascun d’elles en soliu» (ACSG, Consells 1358, 45r). 53 A propósito de los gastos efectuados por los mensajeros convocados en Lérida, y no en Barcelona, el volumen de contabilidad municipal del año 1355 recoge la siguiente explicación: «Misatgeria feita a la ciutat de Leyda per los honrats n’Arnau de Mecina e en Ramon Pere. Item com I’alt senyor Infant en Pere, lochtinent general del molt alt senyor rey d’Aragó agués scrit als paers e prohòmens de Cervera que costituissen síndichs e procuradors qui a cert dia fossen en la ciutat de Leyda on lo dit senyor infant per faeines del molt alt senyor rey entenie a tenir Parlament General. Emperaçò nos, ab nostre conseyll, constituim síndichs e procuradors los honrats n’Andreu de Mecina, companyó nostre, e en Ramon Pere de la dita vila, als quals donam plen poder de ésser al dit parlament e de fer e de consentir ensemps ab los altres síndichs de les altres ciutats e viles de Cathalunya tot zo que al dit parlament se farie n’es tractarie segons que el sindicat a els feit pus largament és contengut. E los dits misatgers ensemps ab los altres misatgers e síndichs de les ciutats, viles e lochs reyals de Cathalunya donaren e atorgaren al dit senyor infant en nom del dit senyor rey, LX milia lliures ab les quals fos feit un rich stoll de galeres e de naus ab lo qual lo dit senyor rey pogués tornar salvament e segura e sens paor de enamichs del regne de Cerdenya on personalment ere

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2.4. DURACIÓN

La duración de una Corte —el tiempo que transcurre entre la fecha de convocatoria, la primera sesión, la licencia y la fecha de la última sesión— no suele coincidir con el tiempo que los síndicos de una universidad permanecieron en la localidad donde se celebraba la corte. La permanencia de síndicos en Cortes nos interesa por dos motivos: porque la larga duración de alguna estancia motivará que solamente los miembros de algunos sectores sociales podrían permitirse desentenderse de su quehacer laboral, y porque las dietas pagadas a los síndicos, sin ser determinantes en el conjunto de gastos anuales, sí serán un gasto nada despreciable en el contexto de la hacienda local del siglo XIV. La Corte de Barcelona convocada el 25 de mayo de 1372 para el 10 de junio del mismo año se prolongó desde el 25 de junio de 1372, la primera sesión, hasta el 31 de mayo del año siguiente la última. A pesar de los once meses (unos 330 días) por los que transcurrió la Corte, Arnaldo de Mecina permaneció en Barcelona 143 días, hasta que cayó enfermo;54 y Berenguer de Vergós permaneció en la misma ciudad 161 días,55 o sea, casi medio año. Para asistir a la corte de Barcelona de 1379-1380, Pere Dan permaneció en la ciudad condal 191 días en 137956 y 212 días —del 14 de febrero al 12 de septiembre— en 1380.57

passat per rahó de la guerra del jutge d’Arborea e dels genoveses. Perque los dits síndichs stegeren en la dita misatgeria entre anar, star e tornar cascú ab son scuder XXII jorns, els quals (...). E axí munten les dites quantitats les quals fem liurar als dits misatgers pel dit nostre clavari per les dites rahons e am àpocha DLXXII solidos IIII diners» (ACSG, Clavaria 1355, 30v-31r). 54 ACSG, Clavaria 1372, 44r; Consells, 1372, 4r. 55 ACSG, Clavaria 1373, 18r 56 ACSG, Clavaria 1379, 100r 57 ACSG, Clavaria 1380, 90r.

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2.5. EL COSTE ECONÓMICO DE LAS MISIONES Año

1355

Síndicos Arnau de Mecina Ramon Pere

1355

1372

Arnau de Mecina

Destino

Duración

Dieta

Lérida (P)

22 días

11 s /diarios

Barcelona (P) Perpinyà

más de un mes

1376 Pere de Vergós

1379

Pere Dan

Fuente

572 s 4 d

ACSG Clavaria 1355, 30v - 31r

960 s

ACSG Clavaria 1355, 61v

143 días

14 s/d

2002 s

133 días

14 s/d

1862 s. = 3864 s

Barcelona

Pere Dan58 Bernat de Menresa

Coste

Monzón (C)

Barcelona (C)

191 días

ACSG Clavaria 1372, 44r

7 s/d + gastos de los animales y macips 59

ACSG Consells 1377, 14v

10 s/d60

ACSG Consells 1379, 24v; 47v; Clavaria 1379, 100r

1910 s.61

58 Pere Dan se encuentra con Arnau de Mecina en Barcelona como síndico, pero la documentación utilizada no explicita que el primero se encuentre en la Corte. Ambos síndicos deberán ser substituidos por otros dos puesto que cayeron enfermos. 59 «(...) e que sie taxat salari al dit missatger de present e que·l dit misatger haia a fer sagrament segons que per lo Conseyll es stat ordonat. E fo elet en misatgers (...), e que aien cascu VII solidos de salari e oltra açò que·l sien pagades les bèsties anant e vinent e la mesió de les dites bèsties e dels macips (...)» (ACSG, Consells 1377, 15r-v). 60 En sesión de 8 de junio de 1379 el Consejo decide una paga de siete sueldos diarios; sin embargo, en sesión de 13 de octubre de 1379, y para compensar al síndico que ha dejado desasistida su labor, el Consejo decide compensarle pagándole diez u once sueldos diarios en lugar de los siete. Finalmente Pere Dan cobraría diez sueldos diarios. 61 Junto a esta cantidad, Pere Dan cobrará otros gastos realizados para la universidad que ascienden a 224 siglo 9 d., con lo que finalmente cobra, entre sindicato y otros gastos, 2.134 siglo 9.

230

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

1380

Pere Dan

Barcelona (C)

1383

Arnau de Mecina

Monzón (C)

1393

Ramon Bonanat

Tortosa (P)

212 días

10 s/d

14 s/d

2120 s.

ACSG, Clavaria 1380, 90r

3809 s 3 d62

ACSG, Clavaria 1383, 121r ACSG, Consells 1393, 74r

De la tabla precedente se concluye que los gastos por dietas pagadas a los síndicos no son excesivamente elevados si son comparados con el conjunto de gastos y de ingresos anuales.63 Por otra parte, ni los volúmenes de actas municipales ni los libros de contabilidad especifican a cargo de qué ingresos deberán ser pagadas las dietas de los síndicos. Preocupado permanentemente el Consejo en cómo hacer frente a las exigencias regias y en cómo financiar la deuda flotante acumulada —las famosas rentas de los censales y violaris que había que pagar cada año si no eran amortizadas—, las pequeñas cantidades de las dietas de los síndicos procedían de los recursos habituales del Consejo: del producto de la talla, de las imposicions, de la venta de nuevos censales y violaris o del crédito solicitado a particulares.64 Por otra parte, la minuciosa anotación de los gastos generados por la representación de 1355 permite afirmar que del coste total de una misión, una parte (el 85% en 1354) corresponde a las remuneraciones que recibieron los síndicos; otra parte —el 15% del total en la misma fecha— de lo

62

La referencia indica que Arnau de Mecina, síndico en las Cortes de Monzón, ha recibido esta cantidad, aunque no se explicita que sea en concepto del sindicato. 63 Cifras de gastos anuales totales en sueldos barceloneses: 91.967 sb. en 1355; 155.000 sb. en 1372; 104.362 sb. en 1379; 136.100 sb. en 1380; 110.793 sb. en 1383 [Max TURULL RUBINAT, «Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Cataluña durante la Baja Edad Media», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas Tomo I. El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Zaragoza, 1996, I-4, pp. 273-291]. 64 Para pagar algunos pequeños gastos como la mensajería de Arnau de Mecina y Pere Dan, el Consejo decide que los paers intenten obtener dinero en metálico del que algunos habitantes deben al Consejo, y si ello no es suficiente, que los pidan en préstamo con el menor perjuicio posible (ACSG, Consells 1372, 40v); en 1393, Ramon Bonanat pide que el Consejo le haga llegar con toda urgencia una cierta cantidad de dinero para pagar unos gastos en la corte del rey. Ante la solicitud, el Consejo confirma el envío de la cantidad y delega a los paers para que lo consigan tomándolo en préstamo de donde les sea posible (ACSG, Consells 1393, 53).

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

231

que costó enviar mensajeros a Cortes iba destinada a otros conceptos bien heterogéneos.65

2.6. INCIDENCIAS

Bajo este epígrafe vamos a mencionar tres supuestos revelados por las fuentes municipales. En el primer caso el Consejo recibe una carta real en la que se solicita la elección de dos síndicos con plenos poderes para la Corte de Barcelona de 1377-1378. Por una parte el Consejo elegirá un solo mensajero para la corte y permanecerá atento a lo que hagan —acerca de enviar síndicos o no— las otras universidades del Principado, y por otra parte el Consejo nombrará dos personas que serán las que actuarán como síndicos si finalmente la universidad decide asistir a la Corte.66 Al cabo de unas tres semanas, y habiendo enviado efectivamente síndicos a la Corte, el Consejo decide que uno de los dos síndicos presentes en las sesiones abandone la corte puesto que no estaba previsto debatir el tema del onzè.67 Quizá no sea casual en la toma de

65 (Sigue del texto reproducido en nota 52) «Perque los dits síndichs stegeren en la dita misatgeria entre anar, star e tornar cascú ab son scuder XXII jorns, els quals los [...] a rahó de XI solidos per dia a cascun misatger ab son scuder, los quals los fem donar pel dit nostre clavari CCCC LXXXIIII solidos. Item los dits misatgers dixeren que donaren als porters del dit senyor infant X solidos. Item recomptaren los dits misatgers que donaren als juglars del dit senyor infant los quals vingueren poar a la lur posada IX solidos. Item recomptaren los dits misatgers que costà una carta que aportaren del dit senyor infant en la qual manam a·n Simon de Quinzach, veguer, e a·n Anthoni Cabrera, batle de la dita vila, que retegsen compte de zo que havien rebut dels dits oficis e que levat zo que·y havien bestreyt ne·ls en pertanyé tro aquell dia que foren sospesos dels dits oficis que lo romanent fos donat al pleyt que pels dits oficis se manave, X solidos II diners. Item donaren a·n Berenguer Bort qui trameteren a la vila de Cervera als paers que trametessen diners als dits misatgers, III solidos. Item donaren als macips d’en Bertran de Pinós, scrivà del senyor infant, per metre V cartes en bona ferma e que·ls patgars V solidos. Item donaren a·n Altariba, scrivà del General de Cathalunya, e al porter que guardave a la porta en lo parlament feyt e tangeren hi part pertanyent a la vila, XXV solidos. Item los costà lo trelat que feren fer dels capítols de la dita proferta, VIII solidos. Item dixeren que·ls costà una letra que feyt per la taylla dels clergues, X solidos, II diners. Item dixeren que donaren als scrivans per registrar les cartes e per patgar per zo que no·ls calgués aquí aturar, VIII solidos. E axí munten les dites quantitats les quals fem liurar als dits misatgers pel dit nostre clavari per les dites rahons e am àpocha, DLXXII solidos, IIII diners» (ACSG, Clavaria 1355, 30v-31r). 66 La convocatoria regia para la Corte de Barcelona de 1377-1378 tiene fecha de 7 de abril para el 20 de abril (CARAVYC IV, p. 1) y el acuerdo del Consejo tuvo lugar en la sesión del 13 del mismo mes de abril (ACSG, Consells 1377, 14v). 67 «Item fo acordar per lo conseyll que com en les corts aie prou de I prohom e pus lo feit de l’onzè no·s pot fer, no caylle II prohòmens star per les corts, que sie stat als prohòmens que la son, que la undells se’n vingue e que ells se n ‘avinguen que hi romangue solament I» (ACSG, Consells 1377, 22r; sesión de

232

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

esta decisión el hecho que 1377 fuera uno de los años en que las dificultades económicas y financieras del Consejo fueran más intensas.68 En un segundo supuesto, Pere Dan, síndico que ya se encontraba en Barcelona, solicita al Consejo que nombre otro síndico que le sustituya, puesto que ell ha necesitat en sa persona. Sin embargo el Consejo le indica que debe ser él mismo quien solicite licencia al rey para abandonar la corte y que en su momento el Consejo ya decidiría qué hacer sobre el nombramiento de un nuevo síndico.69 Y en 1393, después de ser reclamada la presencia del missatger de Cervera en el Parlamento que en este momento debía ser convocado en Barcelona —finalmente se celebraría en Tortosa—, el Consejo decide que no acuda nadie a la asamblea hasta conocer cómo actuaba la universidad de Lérida.70

8 de mayo de 1377). Acerca del tributo del onzè (que puede recibir otros nombres) vid. Jordi MORELLO, «Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelmes, onzens i similars», en Anuario de Estudios Medievales, 27/2 (1997), pp. 903-968; Jordi MORELLÓ BAGET, «La problemàtica d’un impost a finals del segle XIV: la imposició de l’Onzè a Valls el 1394», en Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 249-282; Jordi MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, CSIC, 2001, y, del mismo autor, Fiscalitat i finances de dues viles del camp de Tarragona: Reus i Valls durant els segles XIV i XV, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona, 1998 (tesis doctoral). 68 TURULL, La configuració, pp. 436-567. 69 «Sobre lo feit d’en Pere Dan fo acordat per lo Conseyll que si en Pere Dan aia tal necesitat quela sua aturada fos peryll, que be aurà licència de venir del senyor rey e com sie azí, lo conseyll acordar serà si la sua necesitat és emiyament que estige fins [...] a les corts e al feit per què fos tramés» (ACSG, Consells 1379, 33v). 70 ACSG, Consells 1393, 70r.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

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3. PERFIL SOCIAL, ECONÓMICO E INSTITUCIONAL DE LOS SÍNDICOS

3.1. DEDICACIÓN PROFESIONAL

En el siguiente cuadro mostramos la dedicación profesional documentada de los síndicos a Cortes. Nombre del síndico y año de la procuración

Dedicación profesional

Referencias documentales

Notario

ACSG Fondo notarial, ORCNC71

Jurista

ACSG Consells 1356 83r; 1357 3v; 1373 35r; 1377 33v; 1379 8v; 1384 34v; Clavaria 1372 26v; Libre de Privilegis, 95r-107r (1363)

Ferrer de la Burgesa (1333)

Mercader

ACSG Clavaria 1333 5r.

Bernat de Canelles (1393)

Jurista

ACSG Consells 1372 34r; 1373 35r; 1384 34v; Clavaria 1372 22r; 1380 110r.

Notario

ACSG Fons notarial, ORCNC72

Mercader

ACSG Censals 1367 19v.

Pere Dan (1372-1373, 1379-1380)

Notario

ACSG Consells 1356 40r; 1358 16r; 1362 15r; 1377 22v; 1379 1r; 1385 3v.

Bernat Gili (1342, 1350-1351, 1353, 1356, 1359)

Jurista

ACSG Notarial, Pere Cortes, Manuals 1352-1357.

Pere d´Anglesola (1370-1371)

Mateu Bonjoc (1367-1368)

Ramon Bonanat (1393)

Berenguer Cardona (1370-1371) Montserrat Cardona (1342)

71 Vid. Montse GARRABOU I PERES, «El Col·legi de Notaris de Cervera», en Miscel·lània Cerverina, 4 (1986), pp. 107-117, y «El Col·legi de Notaris de Cervera (segona part)», en Miscel·lània Cerverina, 5 (1987), pp. 89-113. 72 GARRABOU, «El Col·legi» (primera y segunda parte), vid. nota anterior.

234

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Bernat d'Ivorra

Notario

ACSG Consells 1332-1333 12v.

Berenguer de Manresa (1377-1378)

Mercader

ACSG Notarial, Ramon Rama, 73r.

Curtidor

ACSG Manifest 1352 13r.

Bernat de Manresa (1376)

Mercader

ACSG Clavaria 1383 66v; Consells 1393 78v.

Arnau de Mecina (1333, 1350-1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1362-1363, 1364-1365)

Notario

ACSG Fons notarial, ORCNC73

Mercader

ACSG Notarial, M. Salvoneres, Censals-vendes 1368-1371 84r.

Pere de Nogueres (1333)

Mercader

ACSG Consells 1333 80v.

Ramon Pere (1355, 1359, 1362-1363, 1365)

Mercader

ACSG Consells doc. suelto 1373.

Pañero

ACSG Clavaria 1383 61r.

Jaume Porta (1356)

Mercader

ACSG Clavaria 1337 76r.

Mercader

ACSG Censals 1361 25r; Notarial, M. Salvoneres, 1370 76v.

Mercader

ACSG Clavaria 1360 79r.

Zapatero

ACSG Consells 1356 83r; Clavaria 1395 4r.

Mercader

ACSG Consells 1358 16v.

Jurista

ACSG Consells 1388 54v.

Notario

ACSG Consells 1356 17r; 1377 33r.

Arnau de Mecina (1372-1373, 1383-1384) Pere Miró (1359) Berenguer Moixó (1362, 1362)

Llorenç Portella (1353) Guillem Pujalt (1362, 1362) Ramon Serra (1355) Guillem Talavera (1367)

Guillem Tallada (1358)

Antoni Toldrà (1355)

73

GARRABOU, «El Col·legi» (primera y segunda parte), vid. notas anteriores.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Berenguer Vergós (1367-1368, 1372-1373)

Pere de Vergós (menor de dies) (1376, 1377-1378)

Mercader (fill de Nicolau)

ACSG Clavaria, 1337 75r.; Notarial, Ramon Rama 1345 64r.; Consells doc. suelto 1373.

Carnicero

ACSG Consells 1356 31r.

Señor (Senyor de Moià)

ACSG Consells 1358 3r.

Sastre

ACSG Clavaria 1378 66v; 1380 30v; 1384 55r.

Jurista

ACSG Consells 1333 60r-v; 1377 31r.

Mercader

ACSG Consells (borrador) 1358; 1362 9r; Clavaria 1384 54v.

235

Como se observa, de entre las veintiocho personas que un momento u otro actuaron como síndicos, no poseemos ninguna referencia de la dedicación profesional de siete personas. De éstas no se puede descartar que se tratase de payeses acomodados o rentistas. Del resto, tan sólo quince de ellas las referencias son inequívocas. Entre los casos con más de una referencia profesional documentada, se hallan los de Berenguer de Manresa y Ramon Pere, que, en última instancia, desarrollaban una actividad mercantil, y el de Guillem Tallada, del que, habida cuenta del perfil predominante entre los síndicos, probablemente cabría descartar que fuera zapatero; de un Berenguer de Vergós disponemos nada menos que de cinco posibles actividades profesionales, entre las cuales la de mercader. Por otra parte, tenemos los casos de Berenguer Cardona,74 del mismo Guillem Tallada y de Pere de Vergós75 que son o bien profesionales del derecho o bien mercaderes, las dos dedicaciones claramente mayoritarias entre los síndicos cervarienses. Ramon Serra, que hemos mantenido entre los casos dudosos, sería, en cualquier caso, alguien dedicado al comercio, pues ésta es la dedicación que hemos documentado en todas las apariciones de este antropónimo. Por tanto, atendiendo al núcleo de casos inequívocos, la conclusión es clara: siete pertenecen al mundo del derecho —sean como juristas sean como notarios— y ocho son mercaderes. Pero si tomamos en consideración

74 El Berenguer de Cardona que más adelante veremos actuando como paer, conseller y elector en varias ocasiones era, como mínimo en siete de las nueve menciones, el notario y no el mercader. 75 Como veremos más adelante, el Pere de Vergós jurista ocupó el cargo de paer en tres ocasiones, mientras que el homónimo mercader únicamente llegó a ocupar el de conseller.

236

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

los casos con más de una referencia documental, la conclusión no varía. Mercaderes y juristas o juristas y mercaderes copan, de forma ostensible, los puestos de procuradores a Cortes y Parlamentos. A la misma conclusión llegamos si atendemos la dedicación profesional de los individuos que más veces repitieron como síndicos. Arnau de Mecina y Bernat Gili se dedican al mundo del derecho y Ramon Pere es mercader. Un análisis cronológico no rebela cambios importantes. Contando sólo con las referencias inequívocas, acaso pueda proponerse un cierto predominio de los síndicos juristas en una primera fase, hasta la Corte de Barcelona de 1358, para dar paso a un leve predominio de los síndicos mercaderes desde este momento hasta el Parlamento de Barcelona de 1367. Sin embargo no son apreciaciones que deban considerarse concluyentes. Tampoco es apreciable la combinación sistemática de una pareja de síndicos en la que uno sea jurista y el otro mercader. Éste es el caso de la Corte de Montblanc de 1333, del Parlamento de Lérida de 1355, de la Corte de Cervera de 1359 —siendo dos y dos, en este caso— y de la Corte General de Monzón de 1362-1363, nómina que podría ampliarse de confirmarse alguna de las referencias dudosas que poseemos. En los casos en que se enviaba un sólo síndico, tampoco se observa siempre el mismo comportamiento: si en la Corte de 1364-1365, en la de 1379-1380 y en el Parlamento de Barcelona —después Tortosa— de 1393 se optaba por elegir y enviar a un notario o a un jurista, en cambio en las reuniones de Barcelona de 1365 y 1367 los asistentes solitarios eran mercaderes. Por lo tanto, la elección de una persona u otra —de un jurista o un mercader— más bien debía formalizarse por las virtudes o las simpatías de la persona en cuestión. Sin embargo no es ocioso recordar que para la asamblea de universidades reales que se celebró en Montblanc una vez licenciada la Corte celebrada en la misma villa en 1333, el Consejo decidió nombrar a un mercader competente en materia de mercaderia a la vista del contenido económico de los temas que se tratarían —un posible donativo para el rey vía imposició.

3.2. NIVEL ECONÓMICO

A continuación vamos a trazar el perfil económico de los síndicos. Lo haremos atendiendo a la riqueza, mueble e inmueble, que declararon ante las autoridades municipales y cuya anotación se halla recogida y cuantificada en los llamados libros del manifest con el fin de proceder

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

237

a la percepción de impuestos directos por parte del municipio.76 Del material de que disponemos —fuentes y cálculos estadísticos—, ahora únicamente nos interesa aquella información que nos permita conocer el nivel de riqueza de los síndicos. Para ello anotamos los totales de riqueza mueble e inmueble y la suma de ambos. Como esta cifra absoluta no nos indica apenas nada, mostraremos dos referencias más para relativizarla: compararemos la riqueza declarada del síndico con la riqueza media en la circunscripción a la que pertenece el mismo año del que disponemos de información económica; y, en segundo lugar, indicaremos el estrato económico —y el valor de la media aritmética del mismo— en el que situamos al síndico, y esto en el contexto, una vez más, de su barrio o circunscripción.

76 Max TURULL RUBINAT, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 73-133.

238

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Riqueza mueble, inmueble y total (en sueldos)

Media aritmética de riqueza mueble, inmueble, total y media total del estrato78

Estrato79

P 1352 f.49

15850 3550 19400

776.82 3829.85 4596.67 15363,9

B+

P 1366 f.44

2100 500 2600

1612.82 5151.91 6754.61 2833,6

D-

P 1382 f.72

8890 3220 12110

1134.65 5521.59 6656.24 19896,6

B-

11300 70 11370

776.82 3829.85 4596.67 15363,9

B-

Nombre del síndico y año de la procuración

Referencias documentales y año77

Pere d´Anglesola (1370-1371)

no consta

Mateu Bonjoc (1367-1368)

Ramon Bonanat (1393)

no consta80

Ferrer de la Burgesa (1333)

P 1352 f.44

Bernat de Canelles (1393)

no consta

77 Todas las referencias proceden del ACSG, Fondo Municipal, Manifest; indicaremos volumen (entendiendo por tal el quarter o circunscripción a que se refiere), año y folio de la referencia. 78 Los valores se refieren al quarter y año correspondiente; cifras expresadas en sueldos barceloneses. Para la longitud del estrato, véase nota siguiente. 79 Seguimos el siguiente baremo (en sueldos barceloneses): A = 50.000 a 100.000; B = 10.000 a 49.999; C = 5.000 a 9.999; D = 1.000 a 4.999; E = 500 a 999 y F = 0 a 499. Los complentos «+» o «-» indican que el valor de la riqueza total del individuo es superior (+) o inferior (-) a la media de su estrato. 80 En el libro del manifest de 1382 encontramos la anotación de los bienes de la madre de Ramon Bonanat y también los de la hija del mismo Bonanat.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

M 1366 f.4081

20225 3221 23446

775.94 3118.55 3894.5 19228,3

B+

P 1352 f.41

7710 0 7710

776.82 3829.85 4596.67 7331,1

C+

Pere Dan (13721373?, 1379-1380)

P 1366 f.44

26000 1590 27590

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B+

Bernat Gili (1342, 1350-1351, 1353, 1356 [no es seguro], 1359)

no consta

P 1366 f.16

12850 530 13380

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B-

P 1382 f.43

56990 926 57916

1134.65 5521.59 6656.24 59904,6

A-82

Berenguer Cardona (13701371)

Montserrat Cardona (1342)

239

Berenguer de Manresa (13771378) Bernat de Manresa (1377 [1376?])

no consta

Arnau de Mecina (1333, 1350-1351, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 13621363, 1364-1365)

Arnau de Mecina (1372-1373, 13831384)

81 Los datos que presentamos son los de Berenguer de Cardona, notario, que habita el quarter de Montseré, el mismo que nos consta como paer y elector en repetidas ocasiones. 82 Aquel año (1382) fue uno de los tres máximos contribuyentes del quarter.

240

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

FM 1375 f.58

6696 1803 8499

574.69 2277.56 2852.25 7713,4

C+

Berenguer Moxó (1362, 1362)

P 1382 f.13

15960 1274 17234

1134.65 5521.59 6656.24 19896,6

B-

Ramon Pere (1354, 1355, 1359, 1362-1363, 1365)

no consta

CC 1340 f.30

2500 1400 3900

278.90 958.39 2431.59 2168,5

D+

P 1366 f.8

8870 1490 10360

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B-

P 1352 f.32

12623 3610 16233

776.82 3829.85 4596.67 15363,9

B+

P 1366 f.15

16253 7607 23860

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B+

P 1382 f.42

17608 900 18508

1134.65 5521.59 6656.24 19896,6

B-

P 1366 f.34

7930 2975 10905

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B-

P 1382 f.57

6940 2010 8950

1134.65 5521.59 6656.24 7444,9

C+

Pere Miró (1359)

Jaume Porta (1356)

Llorenç Portella (1353)

Guillem Pujalt (1362, 1362)

Ramon Serra (1355)

Guillem Talavera (1367)

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Guillem Tallada (1358)

241

no consta

P 1352 f.53

8483 1100 9583

776.82 3829.85 4596.67 7331,1

C+

P 1366 f.43

24763 3365 28128

1612.82 5151.91 6754.61 16645

B+

Antoni Toldrà (1355)

Berenguer Vergós (1367-1368, 13721373) Pere de Vergós (menor de dies) (1377 [1376?], 1377-1378)

La primera dificultad con que nos encontramos, intrínseca al análisis dinámico que estamos realizando, es la imposibilidad de caracterizar de forma inequívoca el perfil económico de un síndico. A juzgar por los datos disponibles, Mateu Bonjoc pasó por situaciones económicas diferentes, igual que lo hicieron Guillem Talavera y, sobre todo, el notario Antoni Toldrà, quien de declarar en 1352 una riqueza de 9.583 sb., pasó en 1366 a declarar bienes por valor de 28.128 sb. Por otra parte, la insuficiencia, a pesar de todo, de nuestras fuentes de información, nos impide desarrollar la hipótesis de la existencia de perfiles económicos diferentes para una misma persona a lo largo del período objeto de estudio. La ausencia de información respecto a alguno de nuestros síndicos es, sin embargo, significativa. Pere d'Anglesola, Francesc dels Arcs, Ramon Bonanat, Bernat de Canelles, Bernat Gili, Bernat de Manresa, Ramon Pere y Guillem Tallada no aparecen en ninguna relación de contribuyentes. Parece difícil creer que personajes influyentes y que ocuparon cargos públicos cometiesen fraude hasta el extremo de no manifestar sus bienes. Más bien nos inclinamos por pensar que consiguieron del rey83 o del Consejo84 la exención

83 Éste sería el caso de la franquicia obtenida precisamente por Bernat Gili en 1332 por parte de la reina en recompensa por los servicios prestados a la casa real (vid. TURULL, La configuració jurídica, p. 542, n. 416 [ACSG, Consells 1332-1333, 22v, 82v]). 84 Ejemplos de ello en TURULL, La configuració jurídica, pp. 352, 500, 511 (n. 301) y pp. 542-543.

242

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

de contribuir en los tributos directos que recaudaba el municipio, bien para sufragar sus propios gastos, bien para satisfacer las exigencias regias. Los datos expuestos señalan, antes que nada, que los síndicos de los que tenemos información económica no formaron parte, en ningún momento, del reducido y selecto grupo de los cuatro o cinco máximos contribuyentes de un barrio. Salvo el caso de Arnau de Mecina, cuya fortuna en 1382 era de las más importantes de la villa —aunque no la más importante—, el resto de síndicos se incluye en lo que podríamos denominar como segunda línea. Es un segundo grupo igualmente poderoso que no sobrepasa las treinta personas en un barrio en el mejor de los casos. Se trata de vecinos que multiplican por dos, tres, cuatro e incluso seis veces la media de riqueza del barrio. En la mitad de los supuestos de este segundo estrato, superan la media de riqueza del mismo. Este grupo de poderosos forma el perfil más característico de los síndicos identificados en la vertiente económica, pues a él pertenecen, con algún vaivén, once de estos síndicos. No escasean, aunque no son mayoría, los síndicos del estrato «C». Por último, debemos otorgar un interés muy relativo al hecho de que en dos ocasiones dos síndicos expongan declaraciones de bienes que les sitúen en el estrato «D», que es el estrato más numeroso en individuos con alrededor de 1/3 de los contribuyentes de cada barrio. En un caso se trata del mencionado Mateu Bonjoc, que antes y después de 1366 se hallaba en el grupo segundo; y en el otro caso se trata de Jaume Porta, síndico en 1356 pero cuyas declaraciones pertenecen a 1340, un momento, anterior a los brotes de peste negra, en que los valores de todas las declaraciones eran inferiores a los de la segunda mitad del siglo XIV .

3.3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En el cuadro adjunto se muestran los cargos institucionales municipales ocupados por los síndicos a Cortes y Parlamentos.85 Concretamente indicamos los años en que aquellas personas que actuaron de síndicos ocuparon cargos en el gobierno municipal —como paers o como consejeros—

85 Datos recogidos en Max TURULL RUBINAT, «Relació nominal per ordre alfabètic i cronològic de paers, consellers i electors de la Paeria de Cervera entre 1331 i 1395», en Miscel·lània Cerverina, 8 (1992), pp. 155-193.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

243

o bien fueron elegidos como prohombres electores86. También indicamos el barrio o quarter —circunscripción urbana con finalidades administrativas— a que pertenecieron. Hemos renunciado a analizar haber sido nombrados por el Consejo para comisiones específicas ya que el desigual valor cualitativo de las mismas podría distorsionar una apreciación cuantitativa.

86 Para lo referente a la planta del Consejo o Paeria, con el número de cargos, su naturaleza, atribuciones y los sistemas de elección de los mismos, nos remitimos a TURULL, La configuració jurídica, pp. 154-200. Recordemos únicamente que el Consejo de la universidad de Cervera estaba compuesto, en la época que estudiamos, por cuatro paers, veinte consejeros y un número indeterminado de prohombres. En la elección de paers y consejeros intervenían unos electores o compromisarios —cincuenta en cada uno de los cuatro barrios— que eran propuestos por los anteriores magistrados cesantes en el cargo y cuya misión era elegir a los candidatos a paer y conseller que, finalmente, acabarían siendo elegidos por el azar. Tanto los paers, los consejeros como los electores eran elegidos por circunscripciones electorales llamadas quarters atendiendo a su número de cuatro. La planta del consell así establecida permanació, en lo esencial, hasta la promulgación del Decreto de Nueva Planta de 1715; la estructura del Consejo y la elección de los paers y consejeros era anual y se rigió, en lo esencial, por los privilegios reales otorgados por Alfonso el Benigno en 1331 y 1334 (editados en Max TURULL RUBINAT, Montserrat GARRABOU PERES, Josep HERNANDO DELGADO y Josep Maria LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera [1182-1456]), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, documentos 38 y 43 respectivamente).

244

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Nombre del síndico y año de la procuración

Cargos ocupados y año87 P

Francesc dels Arcs (1366)

1355, 1366, 1375, 1381

C E

Barrio88

FM 1358, 1362, 1366, 1373

P Pere d´Anglesola (1370-1371)

C E P

Ramon Bonanat (1393)

1380

C E

Mateu Bonjoc (1367-1368)

Ferrer de la Burgesa (1333)

P

1373, 1389, 1394

C

1365, 1379

E

1358, 1362, 1372, 1373

P

1333

C

P

P

E P Bernat de Canelles (1393)

Berenguer Cardona (1370-1371)

87

1374, 1380, 1393

C

CC

E

1372

P

1349, 1357, 1365, 1378, 138989

C

1372, 1393

E

1362, 137290

M

P (=Paer), C (=Conseller) y E (=Elector). Como es natural, no todas las veces que documentamos un cargo se indica el barrio al que pertenece. Lo señalamos cuando tenemos certezas razonables de que así sea, o bien porque la referencia aparezca más de un año o bien porque, no habiendo dudas de que se trata de una misma persona, la localización aparezca una sola vez como personaje que hubiera actuado como elector, circunstancia en la que siempre nos consta su adscripción espacial. Hacemos las especificaciones oportunas cuando aparecen localizaciones contradictorias. P (=Plaça), CC (=Cap corral), M (=Montserè) y FM (=Framenors). 89 En las cinco ocasiones consta que el personaje era notario; no se trata, pues, del Berenguer de Cardona mercader. 90 En ambas ocasiones también consta que el sujeto era notario. 88

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

245

P Montserrat Cardona (1342)

C E

Pere Dan (1372-1373, 1379-1380)

Bernat Gili (1342, 1350-1351, 1353, 1356, 1359)

P

1360, 1368, 1374, 1379, 1387

C

1357, 1362

E

1356, 1358, 1362, 1366, 1372

P

1335, 1349

C

1332

E

1358, 1362, 1366

M

P

P Bernat d´Ivorra (1344)

C

1384

E P Berenguer de Manresa (1377-1378)

1389

C E

Bernat de Manresa (1376)

Arnau de Mecina (1333, 1350-1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1362-1363, 1364-1365)

Arnau de Mecina (1372-1373, 1383-1384)

Pere Miró (1359)

P

1376, 1384

C

1379, 1388, 1393

E

1356, 1362, 1366, 1372, 1373

P

1332, 1333, 1337, 134?, 1355, 1358, 1360, 1365

C

1356, 1362

E

1358, 1362

P

1372, 1383, 1388

C

CC

M91 P

P

E

1362

P

1353, 1359

C

1357, 1362

E

1362, 1366, 1372, 1373

FM

91 Arnau de Mecina sólo aparece como habitante de Montseré en 1332 y 1333. En las documentaciones de 1337, 134?, 1355 y 1360 no hay referencia topográfica. En todo el resto aparece como habitante de la Plaça.

246

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

P Berenguer Moixó (1362, 1362)

Pere de Nogueres (1333)

1350, 1359, 1364

C

P

E

1358, 1362, 1366

P

1334

C

1332

FM

E Ramon Pere (1355, 1359, 1362-1363, 1365)

Jaume Porta (1356)

Llorenç Portella (1353)

Guillem Pujalt (1362, 1362)

Ramon Serra (1355)

P

1362, 1372, 1377

C

1355

E

1362

P

1356

C

M

CC

E

1358, 1362

P

1353

C

1332

E

1372, 1373

P

1349, 1362, 1369

C

1333, 1357, 1372, 1377

E

1362, 1366, 1372

P

1354, 1363, 137794, 138195

C

1358, 1362, 1366

E

1358, 1362, 1373

M92 P

FM P93

P

P Guillem Talavera (1367)

92

C

1362, 1365, 1379

E

1358, 1362, 1373

P

Sin referencia topográfica en 1353; habitante de Montseré en 1332 y de la Plaça en 1372 y 1373. Sin referencia topográfica en 1349, 1357, 1369 y 1377; habitante de Framenors en 1333 y de la Plaça en 1362, 1366 y 1372. 94 Se trata de Ramon Serra major. 95 Se trata de Ramonet Serra. 93

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Guillem Tallada (1358)

Antoni Toldrà (1355)

Berenguer Vergós (1367-1368, 1372-1373)

Pere de Vergós (menor de dies) (1376, 1377-1378)

P

1348, 1358

C

1352, 1358, 1362

E

1358, 1362

P

1348, 1355, 1363, 1369

C

1358, 1366, 1372

E

1358, 1362, 1366, 1372

P

1331, 1334, 1352, 1361

C

1333, 1355, 1365

E

1358

P

1374, 1376, 137998

C

1356, 1358, 1377, 1384

E

1358, 1373

247

FM96 CC

M

P97

P99

Atendiendo, como venimos haciendo, solamente a los casos ciertos —aquellos en los que hay indicios razonables de que bajo un nombre se esconda solamente una persona100—, pronto puede concluirse que el perfil institucional o político del síndico a Cortes correspondía al de un individuo con amplia experiencia municipal. Con las excepciones de Pere d´Anglesola y de Montserrat Cardona —de quienes no nos consta que ocuparan cargo alguno ni que actuaran como electores—, y con las de Ramon Bonanat, Ferrer de na Burguesa, Berenguer

96

Las referencias espaciales prueban que ocuparon cargos dos personas con los mismos nombres: sin referencia en 1348 y 1352; habitante de Framenors en 1358 y 1362 y habitante de Capcorral en las mismas fechas en que lo era de Framenors. 97 Sólo nos consta que habitara en la Plaça en 1358. 98 En las tres ocasiones que actuó como paer se trataba del Pere de Vergós jurista. Cuando actuaba de conseller se trataba —salvo de 1384, en que no nos consta— del homónimo mercader. 99 Ninguna de las referencias como habitante de la Plaça acompañan a Pere de Vergós jurista. 100 Por este motivo descartamos considerar los casos de Ramon Serra, Guillem Tallada y Berenguer de Vergós. En cuanto a Berenguer de Cardona, aunque exista un mercader y un notario con el mismo nombre, no es disparatado pensar que el síndico fue el notario ya que fue éste el que con toda certeza ocupó cargos en el gobierno municipal, que es una de las características de la mayor parte de nuestros síndicos a Cortes y Parlamentos. El caso de Pere de Vergós es algo distinto. El Pere de Vergós paer en tres ocasiones es siempre un jurista, mientras que el conseller es mercader. Ambos podrían ser síndicos, por lo que subsiste la incógnita de quién fue el síndico a las Cortes de 1377-1378.

248

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

de Manresa —los tres fueron paers en una sola ocasión101— y Bernat d´Ivorra —que nos consta conseller en una sola ocasión—, el resto de los síndicos ejercieron de magistrados y fueron electores de forma variablemente reiterada. Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada: los personajes a los que nos referimos, ¿fueron primero síndicos y luego magistrados municipales? o bien viceversa. El ser elegidos procuradores, por razón de su riqueza, de su profesión, de su estatus social o de su honorabilidad, ¿les facilitó o les abrió el camino a los cargos de gobierno municipal?; o debemos entenderlo al revés: ¿el nombramiento como síndico era la consecuencia lógica de la acumulación de experiencia en gestión en la política municipal? La siguiente tabla intenta clarificar esta circunstancia.102

101 Es normal no disponer de muchas referencias institucionales de Ferrer de na Burguesa, de Pere de Nogueres y de Ramon Bonanat ya que los tres se hallan en los extremos de la masa documental de la que disponemos. Ferrer de na Burguesa y Pere de Nogueres fueron síndicos en 1333, momento en que acababa de organizarse el Consejo de la Paeria y del que apenas se conserva documentación municipal. De Ramon Bonanat conocemos poco su itinerario institucional municipal porque nuestra base documental llega hasta 1395: no sabemos si fue paer, conseller o elector después de esta fecha. 102 Indicamos la actividad profesional del procurador (bajo la denominación «derecho» debe entenderse que se trata de un jurista o de un notario), los años, por orden cronológico, en que ocupó cargos de gobierno municipal (P es paer y C es conseller) o fue elegido elector (E) y en cursiva intercalamos los años en que participó en alguna Corte o Parlamento.

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Bernat de Canelles (derecho)

Pere Dan (derecho)

1355 P 1358 E 1362 E 1366 E 1366 P 1366 1373 E 1375 P 1381 P

1358 E 1362 E 1365 C 1367-1368 1372 E 1373 P 1373 E 1379 C 1389 P 1394 P

1372 E 1374 P 1380 P 1393 P 1393

1356 E 1357 C 1358 E 1360 P 1362 E 1362 C 1366 E 1368 P 1372 E 1372-1373 1374 P 1379 P 1379-1380 1387 P

Bernat d´Ivorra (derecho)

Bernat de Manresa (mercader)

Arnau de Mecina (derecho)

Arnau de Mecina

Pere Miró (mercader)

1356 E 1362 E 1366 E 1372 E 1373 E 1376 P 1377 1379 C 1384 P 1388 C 1393 C

1332 P 1333 P 1333 1337 P 1340 134? P 1344 1350-1351 1355 P 1355 1356 C 1356 1358 E 1358 P 1358 1359 1360 P 1362 E 1362 C 1362-1363 1365 P 1364-1365

1362 E 1372 P 1372-1373 1383 P 1383-1384 1388 P

1353 P 1357 C 1359 P 1359 1362 E 1362 C 1366 E 1372 E 1373 E

Francesc dels Arcs

1344 1384 C

Mateu Bonjoc (derecho)

Bernat Gili (derecho)

1332 C 1335 P 1342 1349 P 1350-1351 1353 1356 (?) 1358 E 1359 1362 E 1366 E

249

250

Berenguer Moixó

1350 P 1358 E 1359 P 1362 E 1362 1364 P 1366 E

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

Pere de Nogueres (mercader)

Ramon Pere (mercader)

1332 C 1333 1334 P

1355 C 1355 1359 1362 P 1362 E 1362-1363 1365 1372 P 1377 P

Guillem Talavera (mercader)

Antoni Toldrà (derecho)

1358 E 1362 C 1362 E 1365 C 1367 1373 E 1379 C

1348 P 1355 P 1355 1358 C 1358 E 1362 E 1363 P 1366 E 1366 C 1369 P 1372 E 1372 C

Llorenç Portella

Guillem Pujalt (mercader)

1332 C 1353 P 1353 1372 E 1373 E

1333 C 1349 P 1357 C 1362 E 1362 P 1362 1366 E 1369 P 1372 E 1372 C 1377 C

Salvo el único caso del notario Bernat d´Ivorra, los que han sido nombrados síndicos siempre han tenido experiencia institucional previa. En algunos supuestos esta experiencia se reducía a un solo año como paer o conseller —es el caso de Mateu Bonjoc, de Bernat de Manresa, de Pere de Nogueres, de Ramon Pere y de Arnau de Mecina jr.—, pero lo habitual, lo que podemos considerar el comportamiento tópico, era haber ocupado cargos de gobierno por lo menos durante dos legislaturas previas al nombramiento como síndico: Bernat Gili, Arnau de Mecina, Berenguer Moixó, Llorenç Portella, Guillem Talavera y Antoni Toldrà ocuparon cargos de go-

SÍNDICOS A CORTES, PERFIL SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

251

bierno dos veces antes de ser síndicos, y esta frecuencia fue superior en Bernat de Canelles, Pere Dan, Pere Miró y Guillem Pujalt. Por lo tanto, disponer de experiencia institucional parece que facilitó la elección de un procurador, pero disponer de una dilatada experiencia no era, de modo alguno, un requisito fáctico indispensable para ejercer la procuración. Si además tomamos en consideración haber sido elegido elector, entonces parece claro que las personas nombradas síndicos formaban parte del reducido colectivo social que participaba activamente en el proceso electivo del Consejo. Por otra parte, disponer o bien de conocimientos jurídicos o bien de conocimientos mercantiles no parece haber incidido en una accesibilidad rápida a la sindicatura. Si comparamos nuestra relación de síndicos —únicamente los casos ciertos— con la de los personajes que más cargos institucionales —no sólo de gobierno, sino también en comisiones delegadas— acumularon en el Consejo durante nuestro período,103 observaremos varias coincidencias. Entre los máximos acumuladores de cargos se encuentran, por orden de importancia en el índice porcentual de acumulación, nuestros síndicos Guillem Pujalt, Bernat de Manresa, Pere Dan, Berenguer de Cardona, Arnau de Mecina, Guillem Talavera y Antoni Toldrà (además de los «inciertos» Ramon Serra y Jaume Porta). Finalmente, el cuadro que hemos reproducido que contenía el origen topográfico de los síndicos, muestra lo siguiente: seis síndicos habitan el quarter de la Plaça; cuatro el de Montseré; tres el de Capcorral y tres más el de Framenors. Además, otros dos síndicos han cambiado de barrio a lo largo del período que estudiamos, trasladando su domicilio del barrio de Montseré al de la Plaça. Estos datos, aparentemente anecdóticos, vienen a coincidir con los resultados de un estudio anterior que concluía que en el quarter de la Plaça —con los edificios del gobierno temporal de la Paeria y del espiritual de la Iglesia— residían las mayores fortunas y los más influyentes hombres de la villa, mientras que Framenors y Capcorral eran las circunscripciones con una media de riqueza inferior.104

103

TURULL, La configuració jurídica, pp. 340-342. Jaume RIBALTA HARO y Max TURULL RUBINAT, «Ciutat i poder en el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedieval (Diferenciació social i distribució social de l´espai urbà a Cervera, 1340-1382)», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 79-144. 104

252

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

4. CONCLUSIONES

De las cuarenta y dos Cortes y Parlamentos en que potencialmente podrían haber sido convocados síndicos de Cervera, hemos identificado los procuradores en veintisiete casos. La elección y el nombramiento de los procuradores se realizaba en una sesión ordinaria del Consell, sin que fuese necesaria la unanimidad de los presentes y sin exigencia de ningún tipo de quórum. Sin embargo, hemos documentado un caso, en 1333, en que firmaron el acta de nombramiento los miembros del Consejo que participaron en la elección y también los magistrados municipales ausentes en aquella sesión. El perfil profesional de los síndicos corresponde al de un mercader o un profesional del derecho (notario o jurista). Ambas profesiones se reparten por mitades la mayoría de las identificaciones ciertas. Esta adscripción no sufre diferencias substanciales desde una óptica cronológica. Tampoco se aprecia una tendencia regular a componer parejas mixtas de mercaderes y juristas o notarios ni a alternar la presencia en asambleas de unos y otros profesionales. El perfil económico trazado a partir de la declaración y la estimación de los bienes muebles e inmuebles de los ciudadanos indica que los síndicos, en su mayoría, no pertenecieron al selecto grupo de máximos contribuyentes. Más bien debemos situarlos, por lo general, en una segunda línea, igualmente importante, por supuesto, pero no en la cima de los ciudadanos más ricos. También hubo algunos síndicos, los menos, adscritos en el nivel económico de la mayoría de los habitantes. Por otra parte, se constató que algunos síndicos no constaban en los cuadernos de declaración de bienes de los vecinos de Cervera, algo que atribuimos a los privilegios o franquicias que ciertos vecinos podían obtener del rey o del Consejo. El perfil institucional del síndico es el de una persona que accede a la procuración con experiencia municipal previa. Lo más corriente fue haber ocupado dos cargos municipales antes de ser nombrado síndico, pero ello no fue un requisito fáctico ineludible. El barrio o quarter del que proceden más síndicos es la Plaça —barrio donde hemos documentado un índice más alto de concentración de riqueza—, seguido de Montseré y, en último lugar, Framenors y Cap Corral.

IV LA HACIENDA Y LA FISCALIDAD MUNICIPALES EN LA BAJA EDAD MEDIA

LA GÉNESIS DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN1

En 1361, el municipio de Barcelona ingresaba una cantidad cercana a las 52.000 l.; de esta suma, el 56% procedía de los impuestos indirectos (imposicions); el 34% de la deuda pública; y sólo un 9% del impuesto directo. Un año antes, en 1360, la universidad de Cervera ingresaba una cifra próxima a las 7.000 l.: mientras el 40% procedía de las imposicions, el 60% restante se repartía, casi a partes idénticas, entre la deuda pública y la talla. En 1357/1358, los ingresos del municipio de Valls ascendían a 763 l.: el 70% de esta cantidad venía de las imposicions y el 30% de las tallas. Un año más tarde, en 1359, la universidad de Reus ingresaba 1.237 l.; el 41% de esta cifra procedía del impuesto directo, el 30% de la deuda pública y el 20% de las imposicions.2 1 Gran parte de las ideas vertidas en este artículo son el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por los tres autores (Manuel Sánchez Martínez, Pere Ortí i Gost y quien firma) y que, en su mayor parte, han sido dadas a conocer en diversos trabajos: P. ORTI GOST, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona (segles XIII-XIV)», en Barcelona. Quaderns d´Història, 2/3 (1996), pp. 17-34; M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ y P. ORTI GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360)», en Actes del Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278; M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Fiscalidad y finanzas municipales en las ciudades y villas reales de Cataluña», en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 209-238; Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis: Dret, municipi i fiscalitat (D´una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Initium. Revista Catalana d´Història del Dret, 1 (1996), pp. 581-610; y, del mismo autor, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)», en Actes del Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232. Por tanto, para evitar reiteraciones, desde este momento remitimos al lector a los mencionados trabajos si desea ampliar algunas cuestiones u obtener las oportunas referencias archivísticas y bibliográficas; en este sentido, se ha optado por reducir al mínimo las notas de carácter bibliográfico y, salvo muy pocas excepciones, sólo se han incluido los trabajos no citados en aquellos cinco artículos. Cabe advertir también que, dado el estado de la investigación, en este trabajo nos hemos visto obligados a limitar nuestro campo de observación a las ciudades y villas reales. 2 Respectivamente: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent, XI, nº 3, ff.1r.-72r.; y M. TURULL, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990, p. 572; los datos de Valls y Reus, procedentes de la tesis doctoral en curso de J. Morelló, han sido puestos generosamente a nuestra disposición por el autor.

256

LA HACIENDA Y LA FISCALIDAD MUNICIPALES

Aunque todavía faltan muchas investigaciones concretas dedicadas a otros municipios, los mencionados ejemplos muestran con cierta claridad la definitiva consolidación, a mediados de siglo, de los tres pilares característicos que alimentaban las arcas municipales: los impuestos indirectos (imposicions), el impuesto directo y la deuda pública;3 ello sin descartar el recurso extraordinario a otras modalidades fiscales, como los impuestos sobre la renta (los llamados onzens, setzens, vintens y similares), de los que no nos ocuparemos aquí por tratarse de una práctica documentada básicamente a partir de la segunda mitad del siglo XIV.4 Pero, más allá de esta simple constatación, los expresados datos reflejan la existencia de un verdadero sistema fiscal nacido en la década de 1350, por lo menos en las ciudades y villas de realengo. Hasta ese momento, la actividad fiscal de los municipios había sido más o menos intensa, según los casos y los momentos, pero, como pretendemos demostrar, no existió en rigor un sistema fiscal municipal hasta mediados del siglo XIV. Y es que, para que se pueda hablar de sistema fiscal, tienen que existir, por supuesto, unos impuestos permanentes, pero también unos mecanismos recaudadores de los mismos, unas formas de distribución de su producto y, finalmente, una institución que prestase a esos diferentes elementos un carácter orgánico, esto es, una instancia de poder que interrelacionase los diferentes componentes del sistema fiscal a través de su capacidad de decisión política. Y para poder calificar de municipal a este sistema fiscal, la institución que diese el mencionado carácter orgánico a dicho sistema debía ser el municipio. Este aserto es mucho menos obvio de lo que puede aparentar dado que, como mostraremos seguidamente, entre el siglo XIII y mediados de la siguiente centuria, las muy intensas y estrechas vinculaciones que existen entre la Corona y la actividad fiscal de los municipios difícilmente permiten calificar a ésta de «municipal». Partiendo, pues, de esta premisa —la existencia desde mediados del siglo XIV de un verdadero sistema fiscal en las universidades catalanas tal y como lo hemos definido—, intentaremos mostrar el proceso de construcción de tal sistema, desde la oscura época que transcurre entre finales del siglo XII y primeros años del siglo XIV hasta la década central de esta centuria. 3 Véase el trabajo pionero de J. Mª FONT RIUS, «La administración financiera en los municipios catalanes medievales», publicado en 1982 y reimpreso en la colección de trabajos del mismo autor: Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 611-637. 4 El mejor conocedor de esta modalidad fiscal es Jordi MORELLÓ, «La problemàtica d´un impost a finals del segle XIV: la imposició de l´onzè a Valls el 1394», en Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 249-282; y, del mismo autor, «L’impôt sur le revenu en Catalogne: redelmes, onzens et similaires», en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, Toulouse, Editions Privat, 1999, pp. 373-397.

LA GÉNESIS DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL

257

A tal fin, abordaremos sucesivamente dos grandes cuestiones: en primer lugar, esbozaremos sucintamente la trayectoria histórica de sus componentes, observando cuál fue el origen y primer desarrollo de las tallas y de las imposicions; y, en segundo lugar, veremos cuándo y por qué las diversas actividades fiscales de los municipios cristalizaron en un sistema fiscal plenamente municipal. Adelantándonos a lo que después trataremos con más detalle, digamos ya que el motor de este proceso fue la creciente presión fiscal de la monarquía y que la deuda pública consolidada fue el factor determinante, tanto en el propio afianzamiento del sistema fiscal como en la adquisición de su carácter municipal.

2. TALLAS E IMPOSICIONS EN LA VIDA MUNICIPAL

A) LAS TALLAS

El análisis de las tallas como primer componente —cronológicamente hablando—del futuro sistema fiscal municipal nos obliga a retroceder hasta el momento en que todavía no existía el municipio, entendiendo por tal la personificación jurídica de la comunidad de habitantes, personificación que exigía su reconocimiento unitario por parte del monarca y que se expresaría en unos órganos de gobierno que reciben nombres diferentes —Paeria, Juradia, Consulado, Consejo—según las regiones. En efecto, no cabe duda de que el conjunto de habitantes de una localidad tenía unas necesidades comunes que debían ser satisfechas, independientemente de la consideración jurídica de esta comunidad; y, para subvenir a aquellas necesidades colectivas que no eran cubiertas con los recursos procedentes del patrimonio real que administraba el baile local, la comunidad afectada procedía a realizar derramas entre sus miembros. Por tanto, no es preciso esperar a la plasmación del régimen municipal para encontrar algún ejemplo de la actividad fiscal de la universidad. Así, a finales del siglo XII y antes de que existiera el Consolat (instaurado por Pedro el Católico en 1197), los habitantes de Lleida ya habían sido autorizados por el soberano para organizar colectas vecinales o reales, según el destino de los fondos recogidos. La forma de obtener estas sumas, destinadas a satisfacer una necesidad absolutamente vecinal —la reparación de puentes, caminos o edificios para el culto, por ejemplo— o a pagar exigencias regias como la questia, se traducía en la aportación personal y directa de una cantidad de dinero por parte de todos los habitantes de la comunidad. Por otra parte, es plausible pensar que la organización puesta a punto para la recaudación de estas sumas fuera el factor determinante en la configuración jurídica de

258

LA HACIENDA Y LA FISCALIDAD MUNICIPALES

la comunidad y en el nacimiento de unos órganos de gobierno, aunque no siempre por este mismo orden. En todo caso, lo cierto es que, cuando a lo largo del siglo XIII las ciudades y villas recibieron, como cuerpo, una consideración jurídica —hoy diríamos que fueron consideradas municipios— ya disponían de un arca común, elemento intrínseco, según la doctrina de la época, a toda universidad. ¿De qué se alimentaba aquella caja de caudales de la comunidad? He aquí un problema hasta ahora no resuelto: si la comunidad local tenía personalidad jurídica, es posible que fuera titular de un pequeño patrimonio que podía generar unas rentas; y es posible también que fuera la depositaria de algunos capitales prestados por judíos o notables de la villa o ciudad. Pero lo más probable es que al arca común fuesen a parar aquellas derramas a las que más arriba nos hemos referido. Por tanto, el reparto de estas tallas, como más tarde serían calificadas, fue la primera y más importante actividad fiscal de los municipios catalanes a lo largo del siglo XIII. Sin descartar, como hemos apuntado, la existencia de ciertas necesidades de la propia comunidad, todavía poco conocidas, creemos que la percepción de la talla estaba vinculada prioritariamente a la satisfacción de las exigencias regias: esporádicas redenciones del servicio de hueste, cenas, pero, sobre todo, al pago de la questia, con periodicidad casi anual desde mediados del siglo XIII. La propia asimilación de la talla con la questia permite afianzar esta hipótesis: en un momento ligeramente posterior, es frecuente encontrar la expresión tallia sive questia; y cuando la documentación local habla de la percepción de una questia hemos de entender por ello que el Consejo procedía al establecimiento de una talla para pagar la questia. Excluyendo la referencia de Lleida de 1196 —donde únicamente se indica la obligación que tenían los «mayores» y los «menores» de contribuir in comune—, la percepción de colectas o tallas se documenta con claridad en las fuentes de creación del derecho —no así en las fuentes de aplicación— desde principios del siglo XIII: Lleida en 1200, Montpellier en 1204, Carcassona en 1209, Barcelona en 1226, Copons, Montfalcó y la Panadella en 1257, Cervera en 1272, etc. En todos los casos, estas colectas guardaban proporción entre lo percibido de cada sujeto y su nivel de riqueza, lo que muy pronto sería conocido con la expresión per sou e per liura. Las primeras fórmulas son ciertamente primitivas. El privilegio concedido a Lleida en 1200 ordenaba que los habitantes de la ciudad y de su término debían contribuir a tenor de las posesiones de cada uno, pero aplicando el criterio o el arbitrio de los prohombres, tanto de la mano «mayor» como de la «menor», a quienes iba dirigido el privilegio. Hallamos, pues, una contribución proporcional, pero no tenemos constancia de qué medios técnicos se emplearon para plasmarla en la realidad. Esta modalidad impositiva

LA GÉNESIS DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL

259

se desarrolló con cierta rapidez, en parte impelida por los conflictos sociales que provocaría la determinación, según el criterio de los prohombres, de aquello que debiera pagar cada uno. Para solucionar las tensiones que ocasionaba el pago de tallas, colectas u otros tributos vecinales y reales, Jaime I estableció en 1226 que, en Barcelona, tales contribuciones fueran realizadas siempre per solidum et per libram. Se trataba de un importante paso adelante, puesto que por cada libra de riqueza estimada de un habitante de la ciudad, éste debería satisfacer una cantidad cierta acordada por el Consejo. De esta manera se avanzaba en el intento de objetivar el proceso de cuantificación de lo que debería pagar cada uno en función de su nivel de riqueza. Éste es el sentido del privilegio de 1272 dado a Cervera, donde simplemente se establecía la posibilidad de que los magistrados municipales tasasen los bienes de los vecinos de la villa con el objeto de calcular lo que debería pagar en los tributos al rey o en aquellos otros destinados a subvenir las necesidades de la comunidad. Esta tasación, por lo tanto, presupone la existencia, quizá todavía rudimentaria, de unos cuadernos donde se anotarían los bienes de los vecinos y la base sobre la que se calcularía la talla que debería pagar cada uno. Estos cuadernos reciben distintas denominaciones —libros del manifest, de estimes o de vàlues— en las diferentes regiones de Cataluña. Como hemos visto, la capacidad impositiva del Consejo dependía de la autorización tácita o expresa del monarca, pero era el propio Consejo el que, haciendo uso de su capacidad normativa, desarrollaba, por medio de las ordenanzas, la forma precisa de proceder en todo el proceso recaudatorio.5 La talla, por tanto, se había convertido durante el siglo XIII en el núcleo principal y casi exclusivo de la hacienda de los municipios catalanes, aunque siempre conservó su carácter extraordinario, en el sentido de que, por muy asidua que fuese su percepción, en cada caso ésta debía ser fruto de un acuerdo por parte del Consejo de la universidad. A este primer pilar de las finanzas locales, afianzado a lo largo del doscientos, no tardaría en añadirse el segundo, todavía más significativo: las imposicions. 5 ¿Podían los órganos de gobierno de los municipios establecer este tipo de colectas a su antojo o, por el contrario, era necesaria cierta autorización regia para hacerlo? La doctrina de los juristas catalanes, aun siendo prácticos del ius commune, fue al respecto distinta de la de los juristas boloñeses. Mieres y Càncer opinaban que era necesaria la autorización regia para establecer tallas o colectas; con todo, tal autorización no siempre debía ser expresa ya que se la sobreentendía en aquellas universidades que, en un momento u otro, habían recibido un privilegio regio de organización consular; por tanto, disponer de un Consulado (o de un régimen institucional municipal similar) y concurrir una «causa necesaria» eran elementos suficientes para que los consejeros pudieran establecer colectas entre los miembros de la comunidad. Xammar llegaba a conclusiones parecidas: las universidades podían establecer colectas sin privilegio real pero no podían disponer de arca común sin la autorización del soberano. Por fin, Andreu Bosch, buen conocedor del mundo municipal en su doble condición de jurista y de cónsul de Perpinyà, opinaba que la potestad para establecer talls, en qué casos hacerlo, bajo qué forma y sobre qué personas, todo ello estaba autorizado en los privilegios concedidos por los monarcas a las universidades.

260

LA HACIENDA Y LA FISCALIDAD MUNICIPALES

B) LAS IMPOSICIONS

Con el nombre genérico de imposicions se designaba un conjunto diverso de impuestos indirectos gestionados por el municipio y que utilizaban fundamentalmente los intercambios de mercancías dentro de los circuitos comerciales urbanos para gravar, según los casos, el consumo, la producción artesanal y/o la importación de determinadas mercancías. El grupo más importante de este conjunto de impuestos lo constituía aquel que tenía como objetivo gravar el consumo de productos alimenticios básicos (cereales, vino, carne y, en algunos lugares, el pescado fresco); era el grupo que presentaba las tasas más elevadas y que, en consecuencia, aportaba al municipio la mayor parte de los ingresos en materia de imposicions. Un segundo grupo de impuestos gravaba con una tasa general a la mayoría de las mercancías comercializadas en la ciudad, tasa que se repartía entre el vendedor y el comprador; el pequeño consumo quedaba exento de este impuesto, cuyo objetivo era gravar, por tanto, la comercialización de las mercancías importadas a la ciudad y las producidas en ella. Finalmente, existía un tercer grupo, esporádico e irregular, que sólo gravaba la circulación de mercancías. Por tanto, con el nombre de imposicions se calificaba, como decíamos más arriba, a todo el variado conjunto de impuestos indirectos percibidos por los municipios; y era precisamente esta última característica la que prestaba un neto carácter diferencial a unos impuestos que, en su esencia, presentaban pocas novedades respecto a los emanados de otras esferas fiscales como, por ejemplo, las lleudas percibidas en tierras del patrimonio real. El estado de la investigación todavía no permite saber con certeza cuándo y por qué causas precisas los nacientes municipios empezaron a percibir, siempre por concesión regia, impuestos indirectos. Ahora bien, como en otros lugares, es seguro que, para hacer frente a determinadas obras de carácter público (construcción o reparación de caminos, puentes y muros), además del recurso extraordinario de la talla, el monarca podía ceder temporalmente al municipio algún impuesto de índole patrimonial, por ejemplo, la totalidad o una parte de la questia ordinaria; o bien podía otorgarle la potestad de percibir una pequeña tasa indirecta para hacer frente a tal necesidad.6 Estas prácticas continuarían 6 Quizá valga la pena apuntar que, a diferencia de lo que se observa en otros contextos, la construcción de las murallas no parece haber funcionado en Cataluña como uno de los motores esenciales de la fiscalidad municipal. Naturalmente, no queremos decir con ello, —lo veremos seguidamente en el caso de Barcelona — que aquí y allá no se concediesen esporádicamente algunas tasas indirectas o se repartiesen tallas para la construcción o reparación de los muros; pero no cabe duda de que el proceso general de amurallamiento de los municipios catalanes —y, consecuentemente, su indiscutible peso en las finanzas locales— sólo tuvo lugar a partir de los años centrales del siglo XIV, a raíz de la guerra de Castilla, es decir, cuando hubo que

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durante todo el período bajomedieval, pero la posesión episódica por parte del municipio de alguna pequeña tasa para atender a obras públicas puntuales la consideramos irrelevante para explicar la gestación del sistema fiscal. Creemos que lo realmente importante radicará en la concesión por el monarca, no ya de un impuesto concreto para hacer frente a una necesidad precisa sino de un verdadero arancel que, como acabamos de ver, gravaba casi todo el comercio y consumo urbanos; y esto, como mostraremos seguidamente, sucederá por motivos bien diferentes a la reparación de un puente o de un camino. Provisionalmente, y mientras la cuestión no haya sido trabajada con la profundidad que se merece, quizá debamos considerar como uno de los primeros impuestos de este tipo la sisa que, desde la época de Pedro el Grande, recaudaba la ciudad de Barcelona para la construcción de su recinto amurallado.7 Más allá de su importancia intrínseca, la trascendencia de este impuesto radica, primero, en que extendió su ámbito de aplicación a gran parte de Cataluña, cuando, en la difícil coyuntura política de 1288, esta sisa se percibió también en todo el realengo y en las tierras de la Iglesia; y, en segundo lugar, en que sus tarifas parece que sirvieron de modelo a las grandes sisas otorgadas por las Cortes de 1289 y 1292, que constituyen los primeros ejemplos de una fiscalidad general al Principado, precursora de la que medio siglo después podría ser calificada como fiscalidad de Estado. Aunque por el momento lo ignoramos casi todo al respecto, parece que estas primeras sises documentadas en la historia del Principado debían gravar con una tasa general todos los productos comercializados en los mercados, a semejanza quizá de la maltôte percibida en el vecino reino francés por la misma época. Después de este lejano precedente barcelonés de finales del siglo XIII, hemos de esperar hasta los primeros años de la siguiente centuria para encontrar nuevos impuestos indirectos, éstos sí, ya de clara gestión municipal; nos referimos a las imposicions percibidas en 1314-1315 en Barcelona y Tortosa con el fin de formar una armada contra los musulmanes del sultanato de Tlemcen.8 Por primera vez, y a diferencia de la sisa de 1288 (que afectaba atender a la defensa general del territorio frente a la invasión exterior. Valga esto como una simple hipótesis de trabajo, a la espera de que se estudien como es debido los años finales del siglo XIII, cuando el Principado se vio igualmente amenazado desde distintos frentes. 7 A pesar de lo que pueda parecer, este dato no es contradictorio con lo que hemos apuntado más arriba: si bien la sisa para la construcción de la muralla barcelonesa aparece hasta ahora como uno de los ejemplos más antiguos de impuestos indirectos gestionados por el municipio, veremos seguidamente cómo la percepción continuada de imposicions por parte de la universidad y, por tanto, el inicio del proceso de formación del sistema fiscal barcelonés, no tendrán otra causa que el pago de los cuantiosos donativos solicitados por la Corona. 8 Véase M. ROVIRA SOLA y S. RIERA VÍADER, «Les ajudes concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II, 1314-1316», en Barcelona. Quaderns d´Història, 2/3 (1996), pp. 35-52.

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genéricamente a todos aquellos lugares in quibus aliquid vendatur vel ematur) conocemos con precisión los productos gravados por el impuesto y las tarifas aplicadas. Pero lo más importante es que estas imposicions fueron establecidas a requerimientos de la Corona, con lo que ya se observa claramente, desde principios del siglo XIV, la causa por excelencia de la posesión por algunos municipios de este importante recurso fiscal. No obstante lo anterior, el punto de partida del establecimiento creciente de las imposicions en las ciudades —y, por tanto, hito clave en la historia de estos impuestos como componente esencial del sistema fiscal— tuvo lugar con ocasión de los donativos otorgados, a petición de Jaime II y del infante Alfonso, para preparar la conquista de Cerdeña en los años 1321-1322: los grandes núcleos urbanos de Cataluña, esto es, las ciudades de Barcelona, Tarragona, Tortosa y Lleida recibieron la autorización para percibir imposicions sobre un amplio abanico de productos y actividades. Si en los casos de Barcelona o Tortosa esta práctica podía ser una simple continuación de lo ya experimentado en el segundo decenio del siglo XIV, hay motivos para pensar que tanto Tarragona y el Camp como Lleida usaron por primera vez de las imposicions como forma de reunir el donativo ofrecido al monarca.9 Una vez abierto el camino, las ciudades catalanas continuaron pagando al rey mediante imposicions los subsidios pedidos con ocasión de la primera guerra con Génova en la década de 1330.10 Un paso adelante en el proceso del establecimiento gradual de los impuestos indirectos en los municipios se produciría en 1333, cuando Alfonso el Benigno permitió que las imposicions votadas para atender al conflicto con Génova y Granada se percibiesen también en un buen número de villas del Principado, precisamente en aquellas donde se celebraba mercado; fue así como, en la cuarta década del siglo XIV, los impuestos indirectos, hasta el momento percibidos sólo en las ciudades desde principios de la centuria, se establecieron también en las principales villas-mercado de Cataluña. Sólo hubo que esperar siete años para dar el paso decisivo: con ocasión de las Cortes de Barcelona de 1340, reunidas para hacer frente a las amenazas mariníes, Pedro el Ceremonioso permitió que las imposicions se percibiesen en totes les ciutats, viles castells e lochs reales de Cataluña; y, a tal efecto, los síndicos reunidos en la asamblea redactaron un amplio arancel de productos 9 Dos de nosotros hemos mostrado en otro lugar el mal disimulado interés con que los consejeros de Barcelona expusieron al infante Alfonso las ventajas que se derivarían para la pronta y rentable percepción del donativo si el monarca daba su autorización para reunirlo mediante impuestos indirectos en lugar de utilizar el método tradicional de la talla. 10 La ciudad de Girona, que todavía había pagado el donativo para Cerdeña mediante la talla, recibió en estos años el permiso para establecer imposicions con el fin de contribuir a la guerra contra Génova.

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y tarifas que, por primera vez, tendría aplicación en todo el Principado. Dicho arancel es muy parecido al votado en 1333 y, en este sentido, se mantenía la división entre una tarifa general de 4 d./l. (a pagar a medias entre el comprador y el vendedor) y unas tasas específicas —y mucho más elevadas— aplicadas sobre el cereal, el vino y la carne. Naturalmente, ese arancel se limitaba a marcar las pautas generales pero, posteriormente, cada universidad debería adaptarlo a sus peculiaridades socioeconómicas: así, en algunos núcleos donde la actividad mercantil era escasa sólo se percibieron dos o tres impuestos sobre los productos más corrientes; y, por supuesto, en aquellos lugares donde no se celebraba mercado, se permitía reunir la cantidad debida en el subsidio mediante el sistema tradicional de la talla. Dos nuevos Parlamentos del brazo real, reunidos en Barcelona en 1342 y 1344 para prestar ayuda al monarca con ocasión de la guerra de Mallorca, votaron nuevos subsidios percibidos mediante imposicions y según el mismo arancel general de 1340; de cara a lo que comentaremos posteriormente, vale la pena retener que, por primera vez en su historia, las ciudades y villas reales de Cataluña estuvieron sometidas a una considerable presión fiscal ininterrumpida desde 1340 a 1347, lo que introduciría serias distorsiones en sus —por entonces— precarios equilibrios financieros. Pero la instalación definitiva de las imposicions en la vida municipal se produciría a lo largo de la década de 1350, años que significaron un verdadero punto sin retorno en el proceso de asunción por parte del municipio de este importante recurso fiscal: a partir de este momento, y por las causas que señalaremos más adelante, las imposicions se convertirían en la columna vertebral del sistema fiscal municipal. La política mediterránea de Pedro el Ceremonioso (afianzamiento del dominio catalanoaragonés en Cerdeña y conflictos con Génova) y los primeros años de la guerra de Castilla fueron la causa de una verdadera cascada de donativos concedidos en diversas reuniones de Cortes generales y Parlamentos con el brazo real. Tras la impositio generalis votada por los tres brazos en las Corts de Perpinyà/Lleida de 1350/1352 y que tuvo una vigencia efímera en todo el Principado, el resto de los subsidios documentados fueron concedidos sólo por las ciudades y villas entre 1353 y 1358. Sin excepción, los síndicos urbanos solicitaron —y el monarca o quien presidiese en cada momento la asamblea en su nombre aceptaron— que todos esos donativos fuesen obtenidos mediante el establecimiento de imposicions. El arancel votado en el Parlamento de Vilafranca de 1353 supuso un considerable aumento no sólo del abanico de productos sometidos a imposicions sino también de las tarifas aplicadas en los artículos básicos de consumo que, en términos generales, experimentaron un notable incremento respecto a las decididas en la anterior Cort de Perpinyà. Lo que interesa

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destacar por encima de todo es que las imposicions acordadas en Vilafranca (y modificadas al alza en el Parlamento de Barcelona de agosto de 1354) no sólo conservaron su vigor en toda la década de 1350 sino que fueron la base de las imposicions documentadas en muchos municipios durante la segunda mitad del siglo XIV.11 Así pues, desde principios del siglo XIV y de forma creciente a partir de la década de 1330 hasta culminar en los años 1350, los municipios adquirieronel segundo de los pilares que alimentaban las finanzas locales —las imposicions—, que vino a añadirse a la talla, recurso del que ya disponían los núcleos urbanos desde el siglo XIII.

3. LA CRISTALIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL

Ahora bien, a pesar de que a lo largo de la primera mitad del trescientos, los municipios hicieron uso frecuente de los distintos recursos fiscales otorgados por la Corona, creemos que, en rigor, no puede hablarse de la existencia de un sistema fiscal como tal entre 1300 y 1350; faltaba, como hemos apuntado más arriba, uno de sus elementos más determinantes: la continuidad. En efecto, cuando el municipio decidía repartir una talla, el Consejo organizaba un más o menos complejo aparato administrativo destinado a garantizar su eficaz percepción. Así, por ejemplo, cuando en el primer tercio del siglo XIV el municipio de Barcelona procedía al establecimiento de una talla, el Consell de Cent nombraba a cuatro talladors y a un notario, encargados de ordenar la manifestación de los bienes y la asignación de la cantidad a pagar por cada contribuyente; dos recaudadores se encargaban de percibir las cantidades, que eran entregadas a un clavario —frecuentemente, un cambista— quien, a su vez, las devolvía a los acreedores, si el motivo de la talla era la devolución de deudas, o las entregaba a un porter real si la derrama se había hecho para pagar la questia real; finalmente, unos auditores o racionals inspeccionaban la tarea de talladors, recaudadores y clavario a partir de los respectivos libros de

11 Para los casos de Cervera y Barcelona, véanse P. VERDÉS PIJUAN, «Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s. XIV», en Actes del Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 383-422; y Pere ORTÍ GOST, «Les “imposicions” municipales catalanes au XIVe siècle», en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systemes fiscaux, Toulouse, Editions Privat, 1999, pp. 399-422. Es precisamente a lo largo de esta década, y a partir de una documentación municipal mucho más nutrida, cuando es posible observar con mayor claridad el interesante proceso de adaptación de los aranceles genéricos votados en Cortes a las particulares e intransferibles circunstancias de cada ciudad y villa.

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cuentas. Lo importante es observar que, una vez satisfecha la necesidad que había motivado la realización de la talla, la infraestructura fiscal puesta a punto para obtenerla se desmantelaba. Lo mismo se puede decir de las primeras imposicions otorgadas por el rey a los municipios para reunir los donativos: luego de ser pagados, una gran parte de aquellas imposicions eran canceladas, la maquinaria administrativa organizada para percibirlas se suprimía y el nivel de ingresos del municipio se situaba en unos niveles semejantes a los de los años anteriores a la vigencia del subsidio. Así, por ejemplo, Cervera sólo percibía en 1336 una tasa sobre la carne frente a las trece imposicions que había establecido para pagar el subsidio de 1333; lo mismo cabría decir de Barcelona: a partir de 1338, la ciudad únicamente cobraba tres imposicions frente a la veintena que, a principios de los años 1330, sirvieron para pagar los donativos para la guerra de Génova. Una decena de años después, frente a las numerosas imposicions establecidas para reunir los donativos destinados a las campañas contra el rey de Mallorca, Barcelona sólo mantenía dos impuestos —sobre la carne y el vino— en 1348; en consecuencia, si el municipio ingresaba en concepto de imposicions cerca de 26.000 l. en 1343-1344, esta cifra descendió a unas 5.700 l. en 1348-1349. Estos ejemplos, que sin duda podrán multiplicarse cuando proliferen los estudios sobre finanzas urbanas en la primera mitad del siglo XIV, nos parecen importantes para afianzar nuestra hipótesis de que no se puede hablar de sistema fiscal como tal antes de la década de 1350, dadas las soluciones de continuidad existentes entre las distintas secuencias fiscales. Pero también sirven para mostrar la estrecha dependencia de las mentadas secuencias con el pago de los donativos a la Corona. Aunque todavía sabemos muy poco sobre la fiscalidad de las universidades catalanas a lo largo del siglo XIII, hemos supuesto más arriba que las cada vez más frecuentes tallas documentadas en las ciudades y villas de Cataluña desde mediados de aquella centuria se repartían para pagar la questia real, esto es, el impuesto ordinario por antonomasia que el monarca tenía el derecho a percibir en las tierras del patrimonio regio de todos aquellos lugares no expresamente exentos del mismo. Por tanto, y en espera de nuevas investigaciones al respecto que permitan conocer las diferentes necesidades de la comunidad, quizá podamos postular que el primer recurso fiscal poseído por los nacientes municipios —la potestad de repartir tallas— estuviese muy directamente vinculado con el pago de impuestos regios. Más tarde, hemos visto cómo las primeras imposicions autorizadas a los municipios lo fueron precisamente para pagar los donativos voluntarios ofrecidos por las ciudades a la Corona: en 1314-1315, para una armada contra los musulmanes; en 1321-1322, para la conquista de Cerdeña; a lo largo de la década de 1330, para atender a las guerras de Génova y Granada; en 1340, para hacer frente al peligro mariní; en 1342 y 1344, para financiar

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las campañas contra el rey de Mallorca; y, a partir de 1350, para reprimir las sublevaciones en Cerdeña y subvenir a los conflictos con la república ligur. Por tanto, aunque los municipios gestionasen en todos sus extremos —lo veremos más adelante— los impuestos concedidos por la Corona, tanto su posesión como su destino estaban directamente relacionados con la satisfacción de los donativos al rey. Naturalmente, no queremos decir que el municipio no pudiese emplear una parte de lo obtenido para hacer frente a ciertos pagos ordinarios o a perentorias necesidades, pero lo que sí podemos afirmar con cierto énfasis, en el estado actual de las investigaciones, es que los principales instrumentos fiscales puestos a punto —todavía esporádicamente, no lo olvidemos— por los municipios antes de la década de 1350 servía casi exclusivamente para pagar a la Corona. Todo iba a cambiar a partir de los años 1350, debido a la sucesión casi ininterrumpida de donativos, circunstancia que se tradujo prácticamente en el encabalgamiento de un subsidio con el siguiente. Veamos brevemente cómo sucedieron las cosas. Hemos mostrado que, en términos generales, la monarquía permitió que los distintos donativos concedidos por las ciudades y villas reales, bien como resultado de negociaciones particulares con algunas de ellas, bien a raíz de la celebración de Cortes o Parlamentos, se obtuviesen mediante la percepción de imposicions. El problema fundamental se planteaba a la hora de acompasar el ritmo de ingreso de las imposicions, que debían ser establecidas, arrendadas y recaudadas por tercias, a las perentorias necesidades financieras de la Corona. Desde la década de 1340, si no antes, los cambistas-banqueros barceloneses actuaron como necesarios intermediarios en este proceso de adecuar la lentitud en la recaudación de las imposicions a las urgencias de la monarquía: el donativo votado por los síndicos del brazo real se repartía entre todas las ciudades y villas, con la obligación expresa de asegurar en una taula de canvi barcelonesa, en cortos plazos, la cantidad repartida a cada una de ellas; mientras tanto, el cambista-banquero adelantaba al monarca el dinero que necesitaba con urgencia.12 Naturalmente, los municipios disponían del producto de las imposicions para recuperar las cantidades aseguradas en la taula de canvi; la cuestión era cómo disponer en corto espacio de tiempo de la liquidez necesaria para hacer frente a su ineluctable compromiso con el 12 Sobre el reparto de los distintos donativos de las décadas de 1340 y 1350 entre las ciudades y villas de Cataluña véase P. ORTI GOST, «La distribución de la carga fiscal entre las ciuades y villas de realengo en la Cataluña del s. XIV», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (eds.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, 2006, pp. 275-316; y, acerca de los procedimientos de pago de los donativos reales en el caso concreto de Cervera, Pere VERDÉS PIJUAN, «La consolidació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s. XIV: el cas de Cervera», en M. SÁNCHEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 185-218.

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banquero. Podían repartirse tallas extraordinarias, pero, como puede intuirse fácilmente, el procedimiento tampoco se caracterizaba por su rapidez y, además, tenía un coste social nada despreciable. El único camino era recurrir al crédito, bien bajo sus formas tradicionales (esto es, a breves plazos de devolución y elevados intereses), bien mediante la emisión de censales y violaris, como algunos municipios hicieron ya en la década de 1330 y, de forma casi general, desde mediados de los años 1340. El recurso a la emisión de deuda pública bajo esta nueva forma debió contemplarse, en principio, como una simple medida coyuntural, mucho más favorable para el municipio que la deuda flotante, desde el momento en que permitía demorar su devolución y, sobre todo, pagar menos intereses. Además, mediante la carta de gràcia o pacto de retroventa, el municipio podía aprovechar los momentos de menores premuras financieras para rescatar los títulos de la deuda que se había visto obligado a vender en circunstancias más urgentes: por ejemplo, Barcelona —y, sin duda, algunas otras ciudades y villas— arbitró diversas medidas después de 1348 para rescatar la deuda emitida con ocasión de las grandes profertes de principios de la década. Dicho con otras palabras, mientras las exigencias financieras de la Corona fuesen relativamente intermitentes, las ciudades podían saldar mejor o peor las deudas generadas por el pago de cada uno de los donativos. Ahora bien, desde 1353, como hemos mostrado, la práctica ininterrupción de los donativos no sólo obligó a cada municipio a vender masivamente nuevos censales y violaris para poder ingresar en las taules de canvi las cantidades correspondientes sino que impidió su rescate en breve plazo. Existe, además, otra razón importante que quizá contribuya a explicar el recurso masivo a la venta de censales y violaris: para amortiguar el impacto que esa avalancha de donativos encadenados podía haber supuesto para los habitantes de las ciudades y villas, los municipios parece que optaron por emitir deuda pública en lugar de incrementar los recursos fiscales a su disposición. Sea como fuese, el hecho cierto es que, a lo largo de la decisiva década de 1350, el impresionante desarrollo de la deuda pública consolidada en la vida financiera de las universidades catalanas —con las naturales diferencias, a tenor de la importancia de cada ciudad y villa— fue el directo responsable de la cristalización del sistema fiscal municipal. Entonces, y sólo entonces, se consolidaron aquellos diversos elementos que hemos postulado como integrantes del sistema fiscal municipal. En primer lugar, unos impuestos prácticamente permanentes: en efecto, una cláusula repetida una y otra vez, desde los años 1340, en los capítulos de los distintos donativos autorizaba a los municipios a mantener los impuestos indirectos hasta que se hubiesen pagado todas las deudas contraídas para hacer frente a los mismos y rescatado todos los censales vendidos con el mismo fin.

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Como puede deducirse sin grandes dificultades, colocar las imposicions al servicio de una deuda prácticamente inextinguible supuso la consolidación de aquéllas en la vida financiera del municipio y su conversión en clave de bóveda del sistema fiscal. En segundo lugar, unas administraciones financieras que perdieron su carácter episódico, desde el momento en que no dependían ya del goteo esporádico de los donativos a la Corona sino que estaban al servicio de una deuda que exigía el mantenimiento de un aparato burocrático cada vez más complejo e impedía su momentáneo desmantelamiento, como había venido ocurriendo hasta entonces. No parece casual que la consolidación del clavario como supremo gestor de las finanzas locales, la aparición de nuevas claverías para la administración específica tanto de las imposicions como de la deuda pública y la propia figura del racional como agente fiscalizador de toda la actividad financiera del municipio sean realidades coincidentes o inmediatamente siguientes a la década de 1350, es decir, cuando se puede hablar con toda propiedad de sistema fiscal. Como es lógico, la existencia de series continuas de libros de claveria y la progresiva diversificación —y enriquecimiento— de las fuentes documentales de naturaleza fiscal y financiera emanadas del municipio son una consecuencia directa de lo anterior.13 Y last but non least, el municipio se convirtió también en la instancia de poder que, a través de su capacidad de decisión política, interrelacionaba los distintos componentes del sistema fiscal. No siempre había sido así: mientras se mantuvo la estrechísima vinculación que ligaba las distintas secuencias fiscales y financieras de los municipios al pago de los donativos, los regidores tuvieron plenas competencias en el ámbito de la gestión —lo veremos enseguida—, pero tenían limitadas capacidades de decisión tanto por lo que respecta a la libre disposición de los impuestos como al destino de los mismos, ya que habían sido otorgados por la monarquía con el único fin de poder satisfacer sus propias demandas. Y, por mucho que los regidores empleasen alguna parte de su producto para hacer frente a necesidades puntuales de la comunidad, su destino final estaba meridianamente claro. Por el contrario, desde mediados de siglo, el municipio podía decidir libremente a través de qué recursos financiaba sus necesidades: podía inclinarse, según los casos, por incrementar (o no) el peso de las tallas, por modificar las imposicions; por recurrir a la deuda o, como en el caso de Cataluña, por pedir al monarca el permiso para establecer un nuevo tipo de impuesto, como los onzens de la segunda mitad del siglo XIV. Por lo mismo,

13 Sobre las fuentes documentales fiscales y financieras generadas por los municipios catalanes, véanse los artículos de C. Guilleré, P. Ortí, J. Morelló, M. Turull y P. Verdés en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, La fiscalité des villes au Bas Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources, Toulouse, Editions Privat, 1996.

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el municipio también podía orientar el destino de la punción fiscal practicada sobre la población a la satisfacción de sus necesidades más perentorias aunque, como es de sobra sabido, la deuda absorbería durante la segunda mitad del trescientos el porcentaje mayor de los ingresos.14 Naturalmente, esta doble decisión —qué recursos elegir y para qué finalidad— era, como hemos dicho, decisiones políticas y dependían, sobre todo en el caso de los ingresos, de la particular correlación de fuerzas presente en cada municipio. Ahora bien, el municipio no habría podido convertirse en la mencionada instancia de poder con capacidad decisoria sobre cada uno de los diferentes instrumentos fiscales disponibles, si no hubiese tenido un amplio control sobre cada uno de los impuestos. Y tal control no fue adquirido por el municipio a mediados del siglo XIV, sino que era fruto de una larga evolución; en otras palabras, no es preciso esperar hasta la década de 1350 para observar que tallas e imposicions eran de exclusiva gestión municipal. Ya hemos visto cómo, desde finales del siglo XII y a todo lo largo de la siguiente centuria, las universidades y los nacientes municipios podían repartir tallas sin previo requerimiento del monarca, quien se limitaba a tutelar en última instancia la correcta observancia del principio del reparto proporcional. Por lo que respecta a los impuestos indirectos, y al igual que sucedía en el resto de Occidente, éstos eran de titularidad real, es decir, debían ser autorizados por el soberano, quien los concedía para un fin concreto y durante un determinado período de tiempo; lo mismo cabe decir de los futuros impuestos sobre la renta (onzens). Ahora bien, una vez concedidas por el monarca, y a pesar de que su destino fuese, en la mayoría de los casos, la satisfacción de los donativos, las imposicions eran gestionadas libremente por el municipio durante el período de vigencia que el rey hubiese otorgado. Y es que, por coercitivos que fuesen los lazos que vinculaban a la Corona con los municipios de realengo, el hecho de que se tratasen de donativos otorgados graciosamente, después de una negociación bilateral o en asamblea, tuvo indudables repercusiones, entre otros aspectos, también en el área de la gestión. Basta lanzar una ojeada a los capítulos de concesión de cada donativo para observar las amplias cotas de control del municipio sobre estos impuestos nacidos de la negociación.15 Así se observaba ya en las imposicions

14 Por ejemplo, el servicio de la deuda representaba el 69% en Valls (1369), una media del 72% en Cervera entre 1379 y 1384, el 72% en Tarragona (1399-1400) y el 61% en Barcelona (1403). 15 Como es sabido, en la Corona catalanoaragonesa, todos los subsidios extraordinarios prestados a la monarquía que sobrepasasen los límites estrictos del patrimonio regio debían ser negociados bien en Cortes generales, en Parlamentos con uno de los brazos o en pactos bilaterales con las ciudades; y puesto que el donativo resultante de tales negociaciones, dado su carácter ex gratia y no ex debito, no pertenecía al patrimonio real, tanto las formas de reunirlo como su gestión y distribución competían a los otorgantes, sin ninguna intervención del monarca.

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barcelonesas de 1315, esto es, en uno de los primeros ejemplos de fiscalidad indirecta de administración municipal que hemos documentado: según los capítulos de otorgamiento del donativo, toda interpretación o declaración de los mismos sería competencia exclusiva de los consejeros y, en consecuencia, ni el rey ni los oficiales regios podían intervenir en la gestión del impuesto ni en su rendición de cuentas; y, por lo mismo, ninguna pesquisa judicialen cuestiones referentes a las imposicions podría ser llevada a cabo por los oficiales ordinarios del monarca quienes, al contrario, deberían prestar a los consejeros su autoridad para garantizar la percepción de aquéllas. Estas competencias exclusivamente municipales sobre las imposicions se repiten en cada una de las concesiones posteriores y con el tiempo serían reforzadas: así, en 1333, los regidores de las ciudades y de aquellas villas-mercado autorizadas a obtener el donativo mediante impuestos indirectos tendrían la potestad de aumentar o disminuir las imposicions si observasen que su producto no bastaría o sobrepasaría la cantidad repartida en el subsidio; y, a partir de 1342, los regidores municipales no sólo podrían per si créxer les dites imposicions sens altra licència o auctoritat del rey sino que podrían prolongar su período de vigencia, más allá del otorgado por el monarca, hasta que el municipio en cuestión hubiese saldado todas las deudas contraídas para hacer efectivo el subsidio a la Corona. Así pues, al cabo de una evolución casi secular, el sistema fiscal observable en las ciudades y villas reales de Cataluña a mediados del siglo XIV era de total competencia municipal, con la expresa exclusión —en el caso de las imposicions— del monarca y de los oficiales regios, y gestionado a través de una cada vez más espesa maquinaria administrativa y de una copiosa documentación de carácter contable. * * * Hemos mostrado cómo los tres pilares característicos que alimentaban las finanzas locales (tallas, imposicions y deuda pública) fueron haciendo su paulatina aparición en escena impelidos por las presiones de la Corona; y hemos insistido en la importancia de la década de 1350 en la configuración definitiva del sistema fiscal municipal, en el sentido de que todas las anteriores actividades fiscales de las universidades, por importantes que fuesen, no se consolidaron hasta los mencionados años, debido, en este caso, a la implantación de la deuda pública en la vida financiera municipal. Todo ello, no hace falta decirlo, son hipótesis de trabajo. Todavía no disponemos del suficiente material empírico como para construir un edificio sólido acerca de los orígenes y primer desarrollo de la fiscalidad municipal en Cataluña. Como hemos reiterado en más de una ocasión, carecemos, sobre todo, de trabajos

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de entidad sobre la vida financiera de los nacientes municipios a lo largo del siglo XIII, investigaciones que deberán realizarse prioritariamente a través de la documentación conservada en el Arxiu Reial (ACA). También sería urgente conocer las actividades fiscales de las ciudades y villas de realengo durante la primera mitad del siglo XIV, centrando la atención en aquellos municipios que han conservado series documentales, más o menos continuas, de llibres del consell y, desde la década de 1330, de llibres de claveria. Aquí hemos destacado, como razonable hipótesis, la centralidad de las exigencias de la monarquía en la paulatina configuración de la fiscalidad municipal; pero sólo cuando se conozcan a fondo y de manera global las necesidades financieras de los municipios —y cómo se atendían— en aquel período, dicha hipótesis se verá reforzada o matizada. Pero, sin duda alguna, la cuestión más destacada de entre las abordadas en las líneas precedentes ha sido subrayar con énfasis las importantes mutaciones experimentadas en la vida fiscal y financiera de los municipios a lo largo de la década de 1350. Naturalmente, poner el acento sobre tales cambios y precisamente a partir de esa fecha no quiere decir que municipios tales como Barcelona o Cervera (por citar dos casos bien conocidos) no conociesen, de manera más o menos continua, la figura del clavario con anterioridad a aquellos años; tampoco puede negarse que Barcelona, por ejemplo, percibiese imposicions casi sin solución de continuidad desde la década de 1330. Pero todo ello no creemos que invalide la decisiva importancia de los años 1350 en la vida del municipio: la aclimatación duradera de la deuda pública en las ciudades y villas de realengo marcó un verdadero punto sin retorno, no sólo en las experiencias fiscales y financieras de las universidades sino en la propia consolidación de las instituciones municipales. Dicho con otras palabras, la deuda pública (y todo lo que ello implica) acabó por aglutinar, cohesionar y dar continuidad a unas actividades fiscales que venían madurando desde los umbrales del siglo XIV al tiempo que inauguraba una etapa nueva en el devenir de los muncipios. Investigar las características de esta nueva etapa para afianzar, matizar o corregir algunas de las hipótesis aquí esbozadas es tarea que compete a los futuros estudiosos de las finanzas y fiscalidad municipales en Cataluña durante la trascendental segunda mitad del siglo XIV.

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1. PLANTEAMIENTO

La historiografía catalana más reciente ha prestado una especial atención tanto a la formación de los sistemas fiscales municipal, real y de Cortes en Cataluña en la Edad Media, como también a los elementos que integraban los distintos círculos concéntricos y a las relaciones entre ellos. Por tanto, y gracias a los avances más recientes en esta línea de investigación que ha liderado Manuel Sánchez Martínez (CSIC, Barcelona), hoy conocemos razonablemente bien los orígenes de la fiscalidad municipal —especialmente en las villas y ciudades de realengo—, la fiscalidad regia y las iniciativas fiscales que se produjeron en el marco de las Cortes. También se conocen los instrumentos económicos que se utilizaron en cada caso y en cada momento —desde impuestos directos hasta impuestos indirectos sin olvidar el recurso a la deuda pública—. Y, en fin, se ha comprendido, en líneas generales, la integración de los diferentes círculos fiscales en una misma realidad histórica, o sea, que se conoce la estrecha relación entre la fiscalidad municipal y la real, así como las relaciones fiscales entre el monarca y los estamentos, sea o no a través de las Cortes. Sin duda subsisten importantes lagunas de conocimiento, tanto en lo cronológico como en lo temático. En este sentido, quizá uno de los segmentos menos conocidos de la historia de la fiscalidad y las finanzas municipales en la Cataluña medieval sea la organización administrativa de los diferentes niveles, desde el local hasta el real. Y no está exenta de esta ignorancia la organización administrativa de los consejos municipales. Como se ha dicho, conocemos los impuestos 1 Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación «Articulación del poder y creación del derecho en el período del Ius Commune» dirigido por Aquilino Iglesia Ferreirós (UB) y financiado por la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Queremos agradecer los comentarios críticos y las sugerencias facilitadas por Pere Verdés, quien, además, con la generosidad científica que le caracteriza, nos ha facilitado información muy valiosa que desarrolla en su tesis doctoral que citamos en el lugar correspondiente.

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municipales y hemos vislumbrado cómo nacería la fiscalidad municipal; también disponemos de algunas visiones dinámicas, que permiten observar cómo evolucionaba el sistema financiero municipal. Pero todavía sabemos poco sobre la estricta administración financiera municipal, y menos aún sobre los orígenes de esta administración. Y más allá de tener constancia de la existencia de un conjunto de personas que servían a la administración de las finanzas municipales, poco se sabe, desde un punto de vista institucional y salvo casos excepcionales, del origen, las funciones y la evolución de estos cargos. Esta laguna se ve ampliada por el carácter exclusivo y particular de cada administración municipal. A pesar de coincidir en una misma formación histórica, los cargos de la administración financiera municipal respondieron a una lógica concreta e inmediata de base local: ni estos cargos aparecieron todos en un mismo momento, ni en las mismas condiciones, ni con idénticas atribuciones. Nuestro propósito en estas páginas es conocer de cerca cómo tuvo lugar el nacimiento de una administración municipal. Para ello evitaremos especulaciones teóricas y enfocaremos la lente de nuestro microscopio a un caso concreto, lo cual nos ha permitido ver los pasos concretos y precisos que se dieron hasta formar una primera y aún rudimentaria administración municipal que evolucionaría rápida y de forma compleja. En la comprensión, y no solamente en la descripción de este fenómeno de ámbito municipal, no podremos dejar de constatar los estímulos exteriores que actuaron de motor de las reformas institucionales municipales. En otras ocasiones hemos intentado demostrar que la necesidad de organizar la recaudación tributaria en un marco municipal fue el hecho determinante que explicaría el nacimiento de los Consejos municipales.2 El Consejo, en este sentido, sería el órgano institucional cuya misión primordial —la cual habría actuado de causa motora— consistiría en organizar la recaudación de tributos entre los miembros de la universidad. Sobre la base de esta hipótesis —que hemos creído haber constatado a partir de algunos casos concretos—3, ahora queremos avanzar estas notas sobre cuál es la fuerza motora que impulsará la creación de una administración municipal. 2 Max TURULL RUBINAT, «Universitas, commune, consilium: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)», en Bernard DURAND y Laurent MAYALI (eds.), Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection Publications, 2000, pp. 637-677; Max TURULL RUBINAT, «Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los Consejos municipales en Cataluña (siglos XII-XIII): algunas reflexiones», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXXII (2002), pp. 461-471; Max TURULL RUBINAT y Pere VERDÉS PIJUAN, «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media (Cervera, siglos XIII-XV)», en Anuario de Historia del Derecho Español, 76 (2006), pp. 507-530. 3 Vid. nota anterior.

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2. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nuestra lente va a focalizar la atención en lo que sucedió en la villa de Cervera durante la primera mitad del siglo XIV. Sería bueno matizar qué entendemos por «administración municipal» en las páginas que siguen. En su acepción más genérica, la «administración» es la «acción de administrar». Pero en un sentido algo más restringido, la administración la forman los recursos humanos que ejercen la función de administrar y los medios materiales en que se sustenta. De ahí que por administración municipal entendamos la existencia de una red estable y permanente de personas nombradas por el Consejo y cuya función era garantizar el normal funcionamiento de la institución en el cumplimiento de sus funciones, de manera que el cargo que desempeñaba una función era estable aunque la persona que lo ocupara fuera renovada periódicamente. No incluimos dentro de este grupo de personas que forman la administración a los cargos políticos, nombrados por el rey o elegidos por la población, puesto que su función era directiva o deliberativa. La administración sirve de instrumento a los órganos políticos, y a ellos está subordinada.4 A partir de estas premisas, podemos afirmar que la mayoría de municipios catalanes estuvieron desprovistos de una administración, en el sentido que hemos apuntado, hasta finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. No es difícil identificar órganos de gobierno municipal en multitud de villas y ciudades, compuestos por un reducido número de cargos políticos ejecutivos —como jurados, paers, cónsules— y, eventualmente, por un determinado número de asesores, conocidos habitualmente como consejeros. Ambos colectivos formaban el Consejo, en el que también podían hacer acto de presencia los prohoms. Este Consejo tenía una función deliberativa y decisoria, pero hasta aquel momento las decisiones acordadas debían ser ejecutadas por los mismos cargos electos, sobre quienes también recaía la administración directa de los asuntos municipales. En lo que nos interesa, sabemos que hasta principios del siglo XIV los miembros del Consejo —y más concretamente el reducido número de cónsules, jurados o paers—, administraban materialmente y directamente los recursos económicos del municipio. Ellos eran los responsables directos, por ejemplo, de la custodia de las cantidades recaudadas en concepto de tallas. Y si eran los responsables de efectuar materialmente los cobros, también lo eran de pagar físicamente los gastos acordados. Ello no quiere decir que nadie más desempeñara funciones al servicio de la municipalidad o encomendadas por los magistrados municipales, 4 Vid. sobre el tema, Jesús LALINDE ABADÍA, Iniciación histórica al derecho español, Barcelona, Ariel, 1978 (2ª ed.), esp. pp. 459 y ss.

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pero estas presumibles funciones —como por ejemplo el cobro de los tributos de mano de los vecinos— carecían de permanencia y estabilidad, algo que es uno de los atributos esenciales de cualquier administración.

3. LA AUSENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL HASTA EL PRIMER TERCIO DE SIGLO XIV

En el caso de Cervera, nuestro particular laboratorio de análisis, hemos documentado trazos de la existencia de unos paers desde 1258.5 A pesar de que las débiles menciones a paers contrastan con evidentes prácticas tributarias, hasta 1289 no hallamos documentados otros cargos municipales que operaban además de los paers: se trataba de unos collectoribus questiarum, communia et aliorum collectorum ville Cervarie.6 Por tanto, por una parte la documentación indica que en 1289 paers y consejeros recibían el producto de los tributos recaudados7 y por otra nos consta la actuación de unos collectoribus. No es arriesgado creer que los colectores, nombrados ad hoc por los paers para la recolección de los tributos entre los vecinos, entregaban la recaudación a los paers, quienes serían los responsables de su entera administración. La aparente soledad institucional de los paers se quiebra momentáneamente en 1309 cuando a su lado figuran consiliarios et probos homines en la firma de una concordia con la comunidad de eclesiásticos de la villa.8 Esta rudimentaria estructura institucional, que se ocupaba tanto de la función política o gobernativa como también de la financiera, fue capaz de absorber las exigencias fiscales de los últimos años del siglo XIII y de comienzos del siglo XIV. Unos paers eventualmente asistidos por consejeros se ocupaban del funcionamiento del Consejo en la práctica totalidad de sus —aún— pocas competencias. Pero la primera oleada de protestas sociales de que tenemos constancia documental, en 1311, pondría a prueba aquella organización. Efectivamente, hacia 1311, una parte de la población denunciaba ante el rey la malversación de los caudales públicos por parte de aquellos paers a lo largo de los últimos

5 En 1258 Jaime I ordenaba al veguer, baile, paciarii y a todos los hombres de Cervera que no cortasen leña de los bosques y dehesas que el monasterio de Montserrat tenía en los emplazamientos de Rocamora et Pulchromonte (Ambrosio HUICÍ MIRANDA, María Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. vol. IV, 1258-1262. Zaragoza, 1982, pp. 18-19; cf. ACA, C., reg. 9, f. 8 v.). 6 ACA, reg. can. 81, 103v. 7 Paers y consejeros son, ambos cuerpos, los receptores de «omnibus questiis et communibus et aliis collectis per vos fecis receptis in predicta villa Cervarie nomine universitatis ipsius ville» (ACA reg. can. 80, 94r). 8 ACSG, Comunitat de Preveres, Pergaminos, Caja 11, 19/09/1309 (traslado 08/01/1312).

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veinte años.9 La reacción regia no se dejó esperar, y Jaime II fijaba un nuevo marco institucional municipal para atajar la corrupción de los magistrados e instauraba medidas concretas con aquel mismo propósito. Unos jurados, igualmente asistidos por consejeros, substituían los antiguos paers y desempeñaban idénticas funciones.10 A pesar de cambiar la planta del Consejo y el sistema de elección de cargos, lo que fue objeto de especial atención fue la administración financiera. A partir de 1311 existirían dos libros de contabilidad municipal, donde se anotarían, en ambos casos, los gastos y los ingresos, pero uno estaría en manos de los jurados y el otro en poder de los consejeros; la contabilidad de un mandato anual no podría seguir abierta durante el siguiente; los jurados no podrían efectuar ni autorizar gastos superiores a los 100 s. b. sin el consentimiento de los consejeros y de algunos prohombres de la villa; y ambos grupos elegirían y nombrarían, entre quien ofreciera el servicio a un precio menor, una persona para recaudar las colectas, tanto si iban destinadas al rey —como la questia—, como si servían para satisfacer un gasto municipal.11 En lo que nos interesa, las reformas de Jaime II de 1311 acabaron de consolidar la posición institucional del Consejo, pero dentro de los límites de la estructura que existía entonces. Lo que nos interesa destacar, sin embargo, es que estas reformas no dieron lugar, todavía, al nacimiento de una administración municipal. Diríamos que esta primera crisis no provocó una reforma institucional ni administrativa substancial, y los cargos políticos electos —jurados y consejeros— siguieron asumiendo, de forma exclusiva, la gestión directa de los asuntos municipales.

9 «(…) adversus quod paciarios super male gestis receptos et administratis impensis retentisque ut asserebatur ab ipsis paciariis in magnam incomoditatem et depauperationem populi dicte ville ad relevacionem locupletus et pernitiem pauperum populus et universitas dicte ville (...)» (ACA, reg. can. 280, 70r). 10 «(…) id quod per dictos paciarios consuetum fuerat exsequi forma temen presentis provisionis in omnibus observata decernentes (...)» (ACA, reg. can. 280, 70r). 11 «Mandamus in super quod siant et ordinentur de cetero duo libri quorum abere unus teneant dicti iurati, alterum vero consiliarii memorati, in quibusquidem libris sic in uno sint in alio conscribantur omnes recepto dare et expense qui fieri habeant vel contingant pro commune universitatis predicte alia, id quod pro data in altero ipsorum repartum extiterit et non in alio in compoto nulatenus admitatur (...). Praetera volumus et statuimus quod dicti sex jurati non possint facere sumptus ultra sumam centum solidos barchinonensis absque expresso consilio et assensu triginta consiliariorum et etiam aliquorum procerum quorum consilia ad hec idonea videantur in super ad vicandum inutile commodum expensarum providendo (…). Item volumus et statuimus quod aliquis ex juratis racione qui oficci negant eximi vel esse inmunis a questiariis vel comuni, set tantum habeant et percipiant quilibet eorundem quadragint solidos barchinonensis pro suo salario annuatim (…). Item statuimus et mandamus quod cum contingerit questiam vel commune in ipsa villa exigi vel imponi coram iuratis et consiliariis publice proponantur si ad aliquis qui velit colliegere supradicta. Et illi qu pro minore precio voluerit ea colligere, dum tamen bene et idonee asseretur et alias sic persona idonea exigenda et colligenda tradatur (...)» (ACA, reg. can. 280, 70r).

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4. UNA CONVULSIÓN MUNICIPAL COMO FACTOR DE CRECIMIENTO (1329-1330)

Probablemente las reformas instauradas por Jaime II en 1311 fueron muy pronto superadas por los acontecimientos en que se vio sumergido el Principado a partir de 1322. Anticipándonos a la descripción de los hechos, durante aquellos años se produciría la fractura, que no se había provocado en 1311, entre la dinámica fiscal y tributaria a que estaba sometido el municipio y su capacidad institucional o administrativa para ofrecer la respuesta necesaria. Ciertamente, en 1330 tuvo lugar una nueva crisis municipal de características no muy diferentes a la de 1311. Más allá de motivos inmediatamente locales y coyunturales, que sin duda deberían existir, para explicar el trasfondo de esta crisis y causas últimas, es tentador aludir al ciclo fiscal que se inauguraba en Cataluña en 1321. Este ciclo se iniciaba en 1321 con la conquista de Cerdeña y se prolongaría por lo menos hasta 1336, con el conflicto con Génova y el reino de Granada, y de él se ha dicho que abría una nueva página en la historia de la fiscalidad real y municipal en Cataluña.12 A partir de los datos que proporciona M. Sánchez, estamos en condiciones de calibrar la intensa presión que ejerció la Corona sobre la villa, especialmente a partir de 1322.13 Entre 1322 y 1324, el municipio pagó casi 100.000 s. b. al rey para financiar la empresa sarda, además de la questia anual de 18.000 s. b. que siguió pagando amén de otras exacciones.14 Esta enorme demanda obligó a los magistrados municipales a incrementar, de nuevo, la presión fiscal sobre los vecinos. Pero obligó también a los municipios a pedir al rey nuevos instrumentos fiscales —como los impuestos indirectos, conocidos como imposicions— y a idear nuevas arquitecturas financieras para obtener

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Sobre las consecuencias fiscales de ambos conflictos, vid. SÁNCHEZ, El naixement, pp. 89-105. Antes de esta fecha, Cervera había continuado pagando anualmente quèstia y subsidio, y gracias a los datos que proporciona Manuel Sánchez en este mismo volumen, conocemos las nada despreciables cantidades requeridas por el monarca y/o pagadas por la villa entre 1311 y 1321: el año 1311, el rey pidió 30.000 s.b., de los cuales condonó el pago de 10.000 s.b.; el año 1312, la petición fue de 45.000 s.b. y no conocemos la cuantía de la remisión; el año 1314, la demanda era de 45.000 s.b., pero se dedujeron 31.690 s.b. por varios conceptos; el año 1316, serían solicitados 45.000 s.b. y pagados 20.000 s.b.; el año 1317, la suma requerida fue de 30.000 s.b. y la gracia otorgada de 12.000 s.b.; idénticas cifras documentamos para el año 1318; y, los años 1319, 1320 y 1321, el monarca exigió 30.000 s.b. y no conocemos la remisión. 14 Sobre la contribución de Cervera y otras poblaciones catalanas a la conquista de Cerdeña y Córcega, vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Contributi finanziari di città e ville della Catalogna alla conquista del regno di Sardegna e Corsica (1321-1326)», en Medioevo. Saggi e rassegne, 20 (1995), pp. 317-352. En cuanto a la guerra contra Génova y Granada, las sumas pagadas por la villa pueden verse en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Questie y subsidios en Cataluña durant el primer tercio del siglo XIV: el subsidio para la cruzada granadina (1329-1334)», en Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 16 (1976), pp. 10-53. 13

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dinero con mayor rapidez —tallas arbitrarias, préstamos usurarios, préstamos forzosos y voluntarios y, en fin, el conocido sistema de deuda pública basado en censales y violaris—. Es en este contexto cuando se produjeron los episodios de 1329-1331 y el marco político e institucional vigente quedó desbordado ante la necesidad de dar respuesta a una hacienda municipal cada vez más exigente, compleja y sofisticada. A las protestas sociales provocadas por la elección de los jurados y consejeros, hay que añadir las denuncias sobre corrupción de los magistrados salientes y entrantes que lanzaron algunos vecinos de la villa. De nuevo, el núcleo del problema tenía un claro contenido financiero: se acusaba a los magistrados de apropiarse del producto de los tributos locales e incluso de exagerar su recaudación con el mismo fin. Los términos en que se expresa la denuncia contra los magistrados también dejan entrever cómo funcionaba la adminstración financiera del municipio, además del descontento social evidente. Aquel funcionamiento administrativo que hasta ahora tan sólo presuponíamos, se nos revela como cierto si damos crédito a la fuente que utilizamos: los jurados disponían, ellos directamente, del dinero recaudado en concepto de tributos reales y vecinales.15 Ante todo ello, no es de extrañar que el momento de la rendición de cuentas capitalizara una buena parte de las protestas, ya que era aquello que permitía vislumbrar la honestidad de los gestores municipales. No rendir cuentas, tal como prescribía el privilegio de 1311, indignaba a los vecinos porque extendía la sospecha sobre jurados y consejeros.16 Sea como sea, poco importa ahora que los magistrados se apropiaran efectivamente de la recaudación tributaria o no. Lo que ahora queremos subrallar es que, independientemente del fraude que pudieran cometer, la administración material y física de los recursos económicos recaía directamente en manos de jurados y consejeros. 15 «Primerament, molts dels dits jurats se reven e són tenguts molts diners de la dita vila, los huns M sous, los altres, qui MM, qui V milia e més e a menys. E com hom n´afuste I ho II, aquels qui són afustats responen e no neguen que no·u tinguen, ans dien que són apareylats de tornar zo que·n tenen si tos los altres qui·n tenen fan semblantment; e sots aquesta color la vila es destrovida (... )» (ACA, reg. 533, 111 r-v). 16 Los jurados habían dejado de rendir cuentas de su gestión y, cuando lo hacían, era ante jurados en ejercicio o ante personas designadas por éstos o ante personas que en algún momento habían sido jurados o esperaban serlo, con lo cual, los denunciantes creían que el rigor fiscalizador era nulo («Item, com sie hordenament en lo privilegi de la jurandia que tots jurats que sien estats a an ayen a retre comte dintre espay de III meses e si no·u faien que ja pena an, la qual sie guayada al senyor rey e perquè los dits jurats seny VI ans pasats que ayen retut comte, perquè són caiguts en la pena per tal com se tenen los diners de la dita vila (…). Item, los jurats qui són de temps present ni de temps passat lonch temps ha que no retenen comte e com lo retien temps ha, retien-lo als jurats la donchs presents e a d´altres que hi eren asignats, los quals eren estats jurats, els ho lurs amichs, ho u esperaven a ésser, e per favor d´azò reebien en cote tot zo que los daven, fos just ho no just, los qui retien comte, car dehien-los que semblant los farien ho·ls avien feit. E per la dita rahó la vila es destrovida (…)». (ACA, reg. 533, 111 r-v). Estos aspectos se ven ampliados en nuestro trabajo «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», en AHDE, 76 (2006), pp. 507-530.

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5. EL NACIMIENTO DE UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA COMO RESULTADO DE LA CRISIS (1331)

Para zanjar la crisis de 1329-1330, Alfonso III dictó el 10 de setiembre de 1331 un nuevo privilegio que introducía importantes reformas en el funcionamiento institucional del Consejo municipal.17 Según rezaba el mismo texto, se había procedido a remover el oficio de juradia de la villa y a substituirlo por el de Paeria. Las reformas introducidas son de diversa índole, y van desde el sistema de elección de cargos y la planta del Consejo, hasta la proporcionalidad exigible en la percepción de tallas y la actuación de los recolectores. Pero entre los numerosos cambios introducidos —algunos reforman prácticas anteriores y otros introducen prácticas novedosas—, nos interesan ahora los que conducen al nacimiento de una rudimentaria administración municipal. El privilegio señala con toda claridad que los magistrados municipales no seguirán disponiendo materialmente y personalmente de la recaudación de los tributos reales ni de los locales, como hasta entonces. A partir de la entrada en vigor del privilegio, todo este dinero sería ingresado en una caja de caudales sita en la Casa de Santes Creus de Cervera. Se trataba de una caja con tres cerraduras y tres llaves diferentes, cada una de las cuales estaría en poder de los paers, de un prohombre de la villa elegido por el Consejo y del escribano, de manera que los caudales públicos únicamente resultaban disponibles con el concurso de los tres «clavarii» o «clavers».18 También se señalaba que este escribano que recibía una de las tres llaves igualmente recibiría los correspondientes albaranes de todos los gastos y los ingresos que se efectuaran. Pero además asumiría la función de escribir las escrituras necesarias a los mencionados paers y consejeros19 así como los acuer-dos ordenados en el Conseyl.20

17 ACSG, Llibre de Privilegis, f. 21v-23v; Max TURULL, Montserrat GARRABOU, Josep HERNANDO, Josep Mª LLOBET, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, pp. 84-87; existe una versión coetánea en catalán del documento, publicada en Montserrat CANELA GARAYOA y Max TURULL RUBINAT, «Tres pergamins inèdits del segle XIV», en Butlletí de Dialectologia Nordoccidenal, 4 (1985), p. 38; Max TURULL RUBINAT, «Documents per a l’estudi de l’organització municipal i els sistemes d’elecció de càrrecs (Cervera, 1311-1430)», en Miscel·lània Cerverina, 7 (1991), pp. 161-177. 18 «Volem empero que·ls desús dits paers o conseylers no tingen l’aver de les tayles o cumuns e d’altres exacciones o feyts a Nos o a la dita vila pertanyens, abans sie posat en la Casa de Sentes Creus de la dita vila en una caxa III claus de III diverses claus, de les quals tingue la una I prom de la dita vila qui sie elet per lo dit conseyl, e altra los dits paers, e la romanent tingue lo scrivà del dit conseyl (...)». 19 «(...) lo qual sdrivà aye a rebre tots albarans de dades e de rebudes del dit aver desús dit. E escriure les scriptures necessàries als dits paers o conseylers o conseyl desús dit (...)». 20 «Atorgam encara, a esquivar tota sospita e engan que zo que en lo Conseyl sirà concordat ne ordonat, sie scrit per l’escrivà de la Paeria desús dit. E que neguna cosa sobre alò a mudar no·s pusque per los dits paers sino alò que de volentat dels dits conseylers o de la mayor partida d’aquels sirà mudat (...)».

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Por tanto, la reforma de 1331 supone el nacimiento de una administración municipal por partida doble: por una parte creemos que supone el asentamiento definitivo —y con un carácter indudablemente municipal— del escribano del Consejo, y por otra nos encontramos con el nacimiento del tesorero municipal, que sería aquel prohombre, elegido por el Consejo, que guardaría una de las tres llaves de la caja de caudales públicos. Tenemos razones para creer que el escribano del Consejo —pieza básica de la administración municipal— (y no ya aquella antigua escribanía del rey) nacería con el privilegio de 1331, ya que no hay ninguna otra referencia anterior a 1331 ni a la función ni a un cargo similar en un ámbito estrictamente municipal, y además el texto del privilegio parece dibujar el perfil y las atribuciones de un cargo y unas funciones de nueva creación. Resulta revelador, por otra parte, que el contenido de las funciones del escribano tuvieran su origen en la administración financiera, pues este cargo, y no otro, de momento, sería el responsable de recibir los respectivos albaranes de gastos e ingresos. Por otra parte, las tres personas que guardaban una llave de la caja de caudales eran calificadas, en el privilegio, de «clavers» o «clavarii», y puesto que una de estas tres personas era un paer y otra era el escribano, es fácil suponer que el apelativo de «clavari» o «claver» acabó recayendo únicamente en aquel prohombre que no ejercía ningún otro cargo. Según el tenor del texto del privilegio, la única función de este prohombre «claver» era custodiar una de las tres llaves y pagar de común acuerdo con los otros dos clavarios aquello que debía ser pagado. Según el privilegio de 1331, los paers y consejeros, que formaban el conseyl, decidían; los tres clavarios —un paer, un prohombre y el escribano— recibían dinero y pagaban cuando así lo habían decidido los magistrados municipales; y el escribano recibía los albaranes de pagos e ingresos a partir de los cuales, probablemente, confeccionaba un libro de contabilidad municipal. Ciertamente, después de 1331 la denominación de clavario acabó recayendo de forma unipesonal, no sin titubeos,21 en el prohombre elegido por el Consejo para disponer de una de las tres llaves.22 Así se observa en los 21 «E que sobre açò faedor e observador sie feyt aver lo sagrament pels paers, pels conseylers e pels clavaris com fo feyt en l’an passat dimarts quarto nonas junii, sobre la venda del violari que fo venut a·n Jacme Riquer e a·n Jacme Bosquet, ciutadà de Barchinona» (ACSG, Consells 1332-1333, 71v); «E conseyla que en tot cas fos venut lo dit violari a Barchinona, e del preu d’aquel fosen pagats los dits deutes, axí emperò que sie feyt sagrament pels paers e pels conseylers e pels clavaris» (ACSG, Consells 1332-1333, 83v). 22 «E volch e acordà lo damunt dit conseyl que de la questa que·s deu estampar est an e cuylir, e dels primers diners que d’aquela isquen, sia treyt del violari de Leyda, aytant com rembre se’n pugue de XIX milia sous que an auts dels tria milia sous damunt dits. E que d’açò facen sagrament los dits paers, els conseylers e lo clavari assignat pel conseyl, e l’escrivà que té la I0 clau de la caxa, zo és a saber que posats e mesos los diners de la questa en la dita caxa segons la forma del novel privilegi, no traguen ne [ ]ien, ne

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primeros volúmenes de actas municipales conservados, cuando entre los primeros acuerdos del nuevo Consejo figuraba invariablemente la elección del clavario.23

6. LA DIVERSIFICACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV (1360) HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XV

A mediados del siglo XIV, la función del clavario y el funcionamiento de la tesorería, tal como habían sido establecidos en 1331, estaban llegando a su límite. Las reiteradas peticiones económicas de la Corona unidas a la urgencia de los pagos que exigía el rey —apremiado a su vez por la perentoria situación militar provocada por la revuelta sarda y por la guerra con Castilla—, obligaron a los municipios a contraer una importante deuda a largo plazo en forma de emisión de censales y violaris.24 La consecuencia inmediata de la emisión masiva de deuda pública fue la obligación de pagar numerosas rentas o intereses, especialmente durante la primera mitad del año, con lo que la maquinaria financiera del Consejo todavía no había podido recaudar lo suficiente para pagar las obligaciones contraídas.25 Con la aparición de la deuda pública en escena y el abuso que se cometió de este recurso, las finanzas municipales entraron en una fase de desequilibrio crónico. Ante la incapacidad de dar cumplida respuesta a las necesidades financieras del municipio ante aquella coyuntura particularmente delicada para el rey, parecía que el sistema establecido en 1331, no sólo había dejado de ser efectivo, sino que además se había convertido en un freno. En este lexen, ne consinten trer negun diner de la dita caxa tr[o] que ayen presos e pagats los XXI milia sous damunt dits» (ACSG, Consells 1332-1333, 18r-v). 23 El 30 de abril de 1332 era elegido clavario Ferrer de na Burguesa, quien renunciaba al cargo por lo que en su lugar se elegiría a Pere de Berga; además se exhortaba al anterior clavario a devolver la llave de la caja (ACSG, Consells 1332-1333, 8v); «(...) encara asignaren e elegiren en clavari segons la forma del privilegi, en Guillem de Loberola (...)» (ACSG, Consells 1332-1333, 12r). 24 Vid. SÁNCHEZ, El naixement, pp. 89 y ss. 25 Parece ser que inmediatamente después de ser concedido el privilegio de 1331, y antes de que la maquinaria fiscal llegara a su límite, la función del clavario ya era especialmente intensa («Item, com lo conseyl agués ordonat per clavari en Guillem de Loberola en aquest any que nosaltres som estats paers, lo dit en Guillem de Loberola tench Iª clau de la caxa de Sentes Creus e reebe tota la moneda d’en Pere Tayladel de la questa e tota l’altra moneda que atràs és en reebuda e puys la mes ab nos ensemps en la caxa per moltes e diverses partides, axí que tots vespres avie a anar ab nos ensemps, e ordonà un libre de treytes e meses de la caxa e trebaylà molt tot I any (…)» (ACSG, FM Clavaria, 1333, f. 47 v.- 48 r.; Pere VERDÉS PIJUAN, «De com administrar les pecúnies e bens de la universitat». La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa edat mitjana [Cervera, 1387-1516], Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Barcelona, 2004).

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contexto, un nuevo privilegio regio, de 6 de junio de 1360,26 liberaba a los magistrados municipales de la férrea obligación de ingresar absolutamente todos los recursos en la caja de la casa de Santes Creus, de donde también procedían absolutamente todos los pagos. Este cambio, lejos de suponer un regreso a la situación anterior, abría la posibilidad de ampliar y diversificar la administración financiera. Esta diversificación dio lugar a diferentes nuevos cargos responsables de la administración financiera municipal, que sin embargo no siempre coexistirían entre ellos, y a la ruptura del sistema de caja única. Se trataba del bosser (o bosseria), de la receptoria, del racional, del dipositari y de un clavario de nuevo tipo.27 La nueva orientación de la administración financiera, nacida, como se ha dicho, bajo el impulso de una deuda pública asfixiante, impuso la ruptura de la caja única y también un nuevo perfil para aquellos cargos que se ocuparon de las finanzas. Ya no convenían meros y aplicados contables, sino que la precaria situación económica del municipio exigía financieros capaces de adelantar recursos.

7. LA MADUREZ DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MEDIEVAL

Durante el primer cuarto de siglo XV, efectivamente, la administración de las finanzas municipales ya había entrado en una fase de relativa complejidad, sobre todo por el hecho de no existir una caja única ni una administración unificada, tal como había pretendido la disposición regia de 1331. Más allá del control político que puedieran efectuar los paers y consejeros, ninguna instancia administrativa coordinaba de forma global e integral el funcionamiento de las finanzas locales. Sin embargo, el nexo común donde confluyeron las diferentes administraciones parciales fue la auditoría contable, o sea, la fiscalización de la función de los diferentes administradores. Debemos recordar que la auditoría de cuentas ya había sido uno de los motivos aducidos por los ciudadanos que provocaron la crisis de 1329-1330, y esta misma auditoría ya se contemplaba en la disposición de 1331, completada en 1334, en forma de una amplia comisión de doce miembros integrada por paers, consejeros y prohombres de cada 26 «Que·ls paers durant la guerra de Castella e durants les pagues dels censals e dels violaris que per rahó d’aquela guerra han venuts, no sien tenguts de fer les meses en la caxa de Sentes Creus» (ACSG, Llibre de Privilegis, 39v-40v; TURULL ET AL., Llibre de Privilegis de Cervera, pp. 238-240). 27 No es este el momento de adentrarnos en las características y las funciones de estos nuevos cargos; es suficiente resaltar su existencia y la diversificación de la administración. Detallada información sobre todos ellos puede encontrarse en VERDÉS, «De com administrar les pecúnies e béns de la universitat». La política fiscal [...], op. cit.

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circunscripción, llamados oïdors de comptes.28 Sin embargo, de hecho esta comisión habría quedado mermada de contenido a partir de 1360, cuando las cuentas del clavario ya no reflejaban la integridad de los movimientos de las finanzas locales, puesto que no pocas entradas (ingresos) y salidas (gastos) circulaban por otros canales que escapaban de su conocimiento. En este contexto, un privilegio regio de Juan I de 1391 instauraba, como ya había sido hecho en otras localidades, la figura del racional, cuya misión primordial sería la auditoría de todas las cuentas municipales y la sustitución de los antiguos oïdors de comptes.29 Sin embargo, ni los oïdors desaparecieron del todo ni el racional ejerció en la práctica tantas atribuciones como fijaba el privilegio regio.30 En un primer momento su fiscalización se centró en la tesorería ordinaria del clavario con los ingresos y gastos que tenía consignada, pero el ámbito de su auditoria iría ampliándose de forma paulatina.31 El racional y su adjunto auditaban todas las cuentas municipales, incluidas aquellas secundarias o periféricas que hasta entonces se habían mantenido al margen de su administración. Pero la necesidad de incrementar el control sobre la gestión de los diversos recursos municipales que estaban siendo gestionados por particulares con perfil financiero, además del intento de evitar la malversación de caudales públicos, todo ello convirtió al racional en un verdadero interventor. Sus aptitudes técnicas contribuyeron a que participase en la liquidación de tributos gestionados por el municipio y en la identificación y administración de ingresos pendientes de cobro, amén de otras funciones menores de índole diversa. De tal manera que la experiencia financiera y tributaria del racional facilitaron que diseñase previsiones

28 «(...) los dits emperò paers pus que siran exits de l’offici de la Paeria (...), ayen a retre just e [ ] comte de les coses per els aministrades dins II meses segens e comptans o del tamps a enzà de puys que·l dit offici auran jaquit. En altra manera volem que aquels e cascú d’els o sien cayguts en pena sots jaçen en pena de L morabatins d’or (...). E si alcuns d’aquels leyal compte noaurà retut pusque provat li sirà, perde lo dit salari e miyls temps no sie tornat en lo dit offici (...)». ACSG, Llibre de Privilegis, f. 21v-23v; vid. nota 17; TURULL, La configuració, pp. 427-430. 29 Juan I autorizó a los magistrados a nombrar «(…) unum probum hominem in examinatione et diffinitione compotorum abilem et expertum, ad vestri beneplacitum vel ad tempus, qui racionalis nuncupetur (…)». ACSG, FM, Thesaurus privilegiorum, 1326-1501, f. 22 v., 21/10/1391, Balaguer. 30 «(...) quique huius nostre concessionis pretextu potestatem habeat quam ei ex certa sciencia conferiumus atque damus audiendi, examinandi et decidendi omnia et singula compota quarumcumque personarum que ut paciarii, clavarii, operum administratores, emptores imposicionum, legati, caritatis, bacinorum et hopitalium administratores et alii quicumque et quocumque nomine nuncupentur qui in officiis seu officiorum occasione nomine atque causa vel alias quomodocumque et quavis ratione seu causa peccuniam universitatis eiusdem administraverint vel tenuerint usquequaque vel decetero administrare vel tenere contigeritis quovis modo (…)». ACSG, FM, Thesaurus privilegiorum, 1326-1501, 22 v. - 22 v., 21/10/1391, Balaguer. 31 ACSG, FM, Ordinacions, 1421, f. 2 v.- 3 r. i 5 r.- v. Vid. el texto completo en VERDÉS, «De com administrar les pecúnies e bens de la universitat». La política fiscal [...], op. cit.

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presupuestarias que permitieron planificar la política fiscal del municipio. La compleja función desempeñada por el racional explica que a mitad del siglo xv los paers no dudasen de calificarlo «luz y guía de todos»,32 ya que se había convertido el vértice en el que convergía toda la maquinaria financiera del municipio.

8. CONCLUSIONES

En las páginas precedentes hemos analizado, a partir de un caso histórico concreto y particular, el nacimiento de una administración financiera municipal. No creemos que quepa ninguna duda de que el principal factor determinante del nacimiento de esta administración financiera municipal fue la cascada de peticiones económicas por parte del rey para afrontar los diferentes conflictos bélicos en que se vio involucrado el monarca catalanoaragonés durante este período. Se trataba de peticiones económicas de la Corona en un momento en que los municipios apenas contaban con un muy rudimentario funcionamiento institucional, y menos aún financiero, de manera que no parece desatinado creer que las mismas peticiones de los reyes contribuirían a acelerar la organización institucional y financiera de los Consejos. El período estudiado nos ha servido para contrastar la dialéctica entre la estructura y el funcionamiento de una institución, y la realidad política, social y económica a la que sirve y de la que se alimenta. Hemos visto que la formación de una administración municipal capaz de dar respuesta a las necesidades de un momento histórico no se producía en un medio socialmente neutro, sino que las relaciones políticas y sociales que se entretegían en una comunidad —a partir de los momentos de crisis que hemos visto— afectaban la forma y el funcionamiento de la administración. Entre los cambios más importantes que se producirían en este contexto, cabe distinguir la formación de una verdadera administración financiera municipal. Este fenómeno se producía a mediados de siglo XIV, y durante la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV se consolidaría este aparato administrativo que a la vez sería objeto de una gran transformación. La evolución de la adminstración financiera municipal se caracterizó no solamente por la diversificación de funciones, sino sobre todo por el carácter financiero de las personas que serían contratadas por el Consejo para administrar las finanzas del municipio. Ciertamente, hemos observado que las necesidades de funciomiento impuestas por el sistema de financiación a que 32

ACSG, FM, Consells, 1466, f. 46 v., 23/04/1466.

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se vio volcado el municipio, y que tenía la deuda como eje central, motivaron que de una administración financiera rudimentaria, rígida y monolítica, a cuyo frente se encontraban cargos de un perfil estrictamente contable, se pasó a una adminstración que tenía al frente gestores privados con capacidad financiera nombrados por el poder público para desarrollar una función pública.

ARCA COMMUNIS: DERECHO, MUNICIPIO Y FISCALIDAD (DE UNA PETICIÓN DE PRIVILEGIO FISCAL EN EL SIGLO XVIII A LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL EN CATALUÑA)1 1. PLANTEAMIENTO

Los historiadores de la fiscalidad medieval coincidimos en afirmar que es en el siglo XIII cuando se forma el universo financiero y tributario medieval y que este período quizá es el de mayor trascendencia para la formación de los sistemas fiscales, entre los que destaca el de los municipios. Pero estos mismos historiadores, cuando no lo son del derecho, acostumbran a «olvidar» que el siglo XIII es también el siglo de la recepción del ius commune. Y acostumbrados como estamos a vivir de espaldas los historiadores del derecho y los mal denominados «historiadores generales», resulta que los efectos de la llegada, particularmente intensa en Cataluña, del nuevo derecho, acostumbra a pasar totalmente desapercibida cuando se habla de hacienda y de fiscalidad. Incluso es posible arrancar, entre los generalistas, alguna sonrisa benévola cuando sacamos a colación la glosa acursiana. Bien es cierto, y así hay que reconocerlo, que los historiadores del derecho hemos sido, por norma general y salvo excepciones meritorias, poco proclives al estudio de la fiscalidad. Lo que deseamos señalar, en definitiva, es que resultan imposible de comprender los orígenes de la fiscalidad municipal —por mencionar sólo el ámbito al que nos referiremos en lo sucesivo— sin recurrir al derecho de la recepción. No esperamos averiguar cómo se habrían resuelto las necesidades comunes de los habitantes de las ciudades si éstas no se hubieran convertido en municipios, sino que deseamos plantear la influencia 1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Ley y costumbre en los reinos hispánicos medievales» dirigido por Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la CAICYT PB93/0794. El texto que sigue tiene su origen en la ponencia leída en Lérida en el Colloqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la baixa edat mitjana celebrado los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1995 en el Instituto de Estudios Ilerdenses. Por otra parte, no querría dejar de mencionar que el motivo de aceptar la invitación a participar en este homenaje al profesor Josep María Gay Escoda es, para mí, doble. Porque fue de la mano de Josep María, tras una de aquellas llamadas inesperadas de Francina y de conocer a Sebastià, que yo llegué a esta casa, al seminario de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona; y además porque es un lamento por una amistad que habría podido ser y no fue, porque se quedó a la sombra de las nubes y los claros que iluminan y oscurecen nuestra vida.

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decisiva que tuvo el ius commune en la configuración de villas y ciudades en universitates y en la que tuvo a la hora de organizar las soluciones que se buscaron para satisfacer las necesidades comunes de los miembros de las universidades. En el estado actual de la investigación sobre la hacienda y la fiscalidad de los municipios medievales, tiende a olvidarse el factor jurídico. Y si bien esta ausencia a veces pretende ser compensada con un rigor de análisis histórico y una capacidad interpretativa extraordinarias, la comprensión del pasado no deja de ser parcialmente incompleta. Las notas que siguen pretenden ensayar un planteamiento histórico-jurídico del nacimiento de la hacienda y la fiscalidad municipales en Cataluña. El que sigue sólo puede ser un planteamiento del tema o unas notas introductorias. Habría sido absurdo insistir en aquello que otros más capaces que quien subscribe han escrito hace años. Es por esto por lo que no hemos insistido más en algunos de los conceptos claves que aquí utilizamos, como fiscus, universitas, respublica, etc. Como se verá también, el planteamiento es teórico. El recurso a la doctrina jurídica contrasta con la ausencia de referencias a casos concretos y reales y a la ausencia, en consecuencia, de referencias a las fuentes de creación y de aplicación catalanas. No obstante, un ejemplo histórico de lo que aquí apuntamos puede verse en otros capítulos de este mismo libro.

2. UNA PETICIÓN DE PRIVILEGIO FISCAL EN EL SIGLO XVIII

En la Corte de Barcelona de 1702, los tres estamentos solicitaron al rey, Felipe V, «li sia concedida [a la universitat de Barcelona]2 la prerrogativa de tenir Fisch, ab tota plenitud de drets per las causas de sos debitors, per qualsevol causa, ò rahó ho sian, ab prohibició de no poderse evocar à la Real Audiencia, las causas en que seran convinguts dits debitors, sos successors universals, ó particulars, ó tercers possessors dels bens dels mateixos, en la mateixa forma ho te la Generalitat del present Principat, haventse totalment de finir, y terminar en la Casa de dita Ciutat, las causas de dits debitors». Sólo el contexto político de aquel momento explica la contundencia de la petición y, lo que es más

2 Como se aprecia en el texto, se trata de un capítulo de corte presentado al rey conjuntamente por los tres estamentos. No obstante, el contenido y el redactado de la suplicación parecen indicar, en sus partes inicial y final, que lo que debía ser la ratificación y la confirmación de un privilegio real —por la vía del presente capítulo de corte— del que ya disfrutaba la universidad de Barcelona desde 1510, se convirtió, a última hora, en la petición del privilegio fiscal para todas aquellas universidades —y no sólo la de Barcelona— que teóricamente ya disfrutaban de prerrogativas parecidas. Sólo un cambio de última hora entre los brazos puede explicar la repentina amplitud de los beneficiarios del capítulo si se tiene en cuenta que en el cuerpo del capítulo de corte sólo se habla del Consejo barcelonés.

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extraordinario, su aprobación.3 El rey asintió y el capítulo de corte fue incorporado a la tercera compilación publicada en el año 1704. Como pone de manifiesto este capítulo de corte, los consejeros de Barcelona estaban interesados, aparentemente, en las implicaciones y en las consecuencias procesales y administrativas del privilegio fiscal. Querían poder resolver procesalmente en la misma Casa de la Ciutat las causas contra los deudores de la universidad que hasta entonces se substanciaban en la Real Audiencia, lo cual les ocasionaba evidentes perjuicios a las arcas municipales por los retrasos y por las pérdidas en el cobro de los derechos que administraban. Ciertamente, no era un problema nuevo el que planteaban al rey en la corte de Barcelona de 1702, ya que en la Corte de Monzón de 1470 Juan II (de Aragón) aprobaba un capítulo de corte que confirmaba los privilegios de imposiciones —pensamos, aunque no sean mencionados explícitamente, en los tres que concedió Pedro III el 18 de enero de 1363 desde Monzón— y que comprometía al rey a no interferir, ni él ni sus oficiales, en la administración y la gestión de estos tributos que permanecerían, como siempre había ocurrido antes de las turbulencias de la guerra civil, argumentaban las universidades, bajo la jurisdicción de los magistrados municipales.4 La jurisdicción municipal era reconocida, 3 El texto íntegro del capítulo de Corte es el siguiente: «Item, Senyor, suplican los tres Estaments à V.R. Magestat, attesa la suplicació es presentada del tenor seguent. Illustrissim Senyor, Ab Real Privilegi, concedit à la Ciutat de Barcelona, per lo Serenissim Senyor Rey Don Fernando en la Vila de Monçò als XVII Juliol M.D.x. Fou concedit à dita Ciutat, y son Clavari lo poder prosseguir contra los debitors de las imposicions, drets, y debits de aquella, ara fos per rahò de la administraciò de forments, y carns, com per altres qualsevols causas, y rahons executivament per la exacció de aquells, contra las personas, y bens de dits debitors, de sos hereus, y tercers possessor dels bens de aquells, com à deutes Fiscals, y Reals, lo qual Privilegi ha estat, y està en viril observança; E com no obstant la disposició de aquell, no duptan diferents debitors, hereus, singulars successors, y tercers pessessors dels bens, dels mateixos, evocar diferents causas, en las quals son convinguts en la Casa de la dita Ciutat, à la Real Audiencia, disputant, y controvertint lo modo de procehir executivament, y com à deutes Fiscals, y Reals, lo que cedeix en notable prejudici de dita Ciutat, retardantseli la cobrança de molts de aquells; y lo que mes es, perdentne diferents: Per tant, y altrament, suplicanlos Consellers de la present Ciutat, li sia concedida la prerrogativa de tenir Fisch, ab tota plenitud de drets per las causas de sos debitors, per qualsevol causa, ò rahó ho sian, ab prohibició de no poderse evocar à la Real Audiencia, las causas en que seran convinguts dits debitors, sos successors universals, ó particulars, ó tercers possessors dels bens dels mateixos, en la mateixa forma ho te la Generalitat del present Principat, haventse totalment de finir, y terminar en la Casa de dita Ciutat, las causas de dits debitors observantse en las sentencias, o qualsevols declaracions se faran enditas causas, lo mateix ques practica en las de las causas de suplicacions de sentencias, o provisions se fan en la Casa de la Deputació, no entenentse compendrer en la concessio, que se espera los Ecclesiastichs debitors de dita Ciutat, Ecclesiastichs successors universals, o particulars, ni tercers possessors Ecclesiastichs dels bens dels tals debitors. Quae licet, etc. Altissimus, etc. Placia a V. Magestat estatuhir, y ordenar, ab lloació, y aprobació en la conformitat sobredita la dita concessió à la dita Ciutat de Barcelona, y à les demes Ciutats y Universitats del present Principat, que tingan semblant Privilegi, com té la dita Ciutat de Barcelona. Plau à sa Magestat» (3ª CYADC I 4,17,2). 4 «(...) per tant la dita cort humilment suplica a la Excellentia vostra, placia lo dit Privilegi de las ditas imposicions, in vim contractus inhit ab la V. Majestat, e predecessors de aquella, apreciar, e pagar, tenir, e servar, e fer tenir, e observar inviolablement, e no entrametres directament, o indirecta de aquell, remetent la exactio, cognitio, e jurisdictio de las ditas impositions als Consellers, Paers, Procuradors, Consols, o Jurats de las ditas Ciutats, Vilas, e Locs juxta serie, e tenor del dit Privilegi, Constitutions, e Capitols de Cort del

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pero lo que el rey y sus oficiales no concebían, ni entraba dentro de la lógica del sistema jurisdiccional jerarquizado que se estaba construyendo, era que los municipios pudieran resolver en última instancia y, pues, que no hubiera recurso a la Real Audiencia. El caso es que la disposición de 1470 no resolvía los verdaderos problemas de las universidades, tal y como se puso de manifiesto en un nuevo capítulo de corte aprovado por el rey a petición del estamento real en la corte de Monzón de 1510. En este caso el brazo real solicitaba a Fernando II la confirmación de los privilegios de imposiciones concedidos a las universidades por sus predecesores —pensamos en los de Pedro III de 1363— y la confirmación expresa y concreta del mencionado capítulo de corte 29 dictado en la corte de Monzón de 1470 por Juan II según el cual la exactió, cognitió e jurisdictió de las causas generadas por las imposiciones sólo podían ser evocadas ante las autoridades municipales. Además, la petición de 1510, que parece indicar, a contrario, que la Real Audiencia intervenía en ciertos casos especiales en materia de imposiciones, insistía en que este tribunal de justicia tampoco interviniera en materia de imposiciones cuando se dieran casos de viudedad, pobreza, miserabilidad o pupilaridad.5 Las exigencias del brazo real pueden ser calificadas de radicales si se tiene en cuenta que no querían admitir la más mínima intervención de la Real Audiencia, ni siquiera en aquellos casos de pobresa, viduitat, pupillaritat, miserabiitat que el ius commune reservaba al emperador.6 El texto del mismo dit Principat, com ans de la present guerra era inconcussament tengut, e observat. Plau al Senyor Rey (3ª CYADC I 4,25,11 cap. 29, Juan II en la Corte de Monzón de 1470). El tercero —por orden de transcripción en los registros de la cancillería regia— de los privilegios de imposiciones de 1363 reconocía expresamente la jurisdicción municipal en materia de imposiciones: «(...) concedimus et conferimus vobis, unicuique dictarum universitatum, ac in vos totaliter transportamus omnem compulsionem et districtum et omnem iurisdictionem et potestatem compellendi omnes et singulos supradictos qui aliquid vendiderint, emerint vel negotiaverint vel contractaverint intra terminos cuiuslibet dictarum universitatum vel alias teneantur ad solvendum et contribuendum in dictis impositionibus et cisis, prout imponite existant et ordinate sunt vel fuerint exigi et levari; et nullus officialis noster quicumque existat eiusque locumtenens qui est vel fuerit, durantibus temporibus dictarum impositionum, de predictis nullatenus se intromittat seu intromittere presumat» (ACA, C., reg. 1293, f. 109r - 110v; ver la edición de estos tres importantes textos en Pere VERDÉS I PIJUAN, «A propòsit del «Privilegi General» per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», en Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 231-248. 5 «(...) que las causas de impositions, e conexensa de aquellas per qualitat de pobresa, viduitat, pupillaritat, miserabilitat, ni per qualsevol altra qualitat, no pugan esser evocadas a la vostra Reyal Audientia, (...) ans toca la conexensa de tals causas, e executio de ditas impositions sie remesa a las ditas Universitats reyals, e a las personas que de aço tenen carrec (...) e aço per conservatio de las impositions, que son lo major membre que tenen ditas Universitats Reyals (...). Plau al Senyor Rey» (3ª CYADC II 4,9,5(=6). «Ferrando segon en lo Privilegi concedit al Stament Real dat en Montsó a 2 de setembre 1510, cap. 2»). 6 C 3,14 («Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat et ne exhibeantur. Si contra pupuillos viduas vel diutino morbo fatigatos et debiles impetratum fuerit lenitatis nostrae iudicium, memorati a nullo nostrorum iudicum compellantur comitatui nostro sui copiam facere. quin immo intra provinciam, in qua litigator et testes vel instrumenta sunt, experiantur iurgandi fortunam atque omni cautela servetur, ne terminos provinciarum suarum cogantur excedere. Quod si pupulli vel viduae aliique fortunae iniuria miserabiles iudicium nostrae serenitatis oraverint, praesertim cum alicuius potentiam pergorrescunt, cogantur eorum

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capítulo de Corte de 1702 recuerda y pone énfasis en el capítulo de 1510, donde, si bien aquello que debían los deudores de imposiciones, derechos y débitos de las universidades recibiría la consideración de deudas fiscales que podrían ejecutar las propias universidades, la realidad era muy distinta, y estos deudores, pese a lo que disponía el capítulo de Corte, acudían a la Real Audiencia y frenaban el proceso ejecutivo que pretendían las universidades.7

3. FISCUS, AERARIUM, ARCA COMMUNIS

En 1704, cuando fue publicada la compilación, hacía aproximadamente quinientos años que en Barcelona funcionaba una hacienda municipal y en cambio las autoridades municipales todavía reclamaban el fisco.

adversarii examini nostro sui copiam facere»; para la influencia de la benevolencia y la compasión cristianas sobre esta constitución, vid. Biondo BIONDI, Il diritto romano cristiano. II. La Giustizia - Le persone, Milano, Giuffré Editore, 1952, II, pp. 228-229). Por otro lado, es especialmente gráfica la inclusión de esta constitución en Partidas, en la ley «Como las alzadas et los pleytos que las vibdas, et los huérfanos et las otras cuitadas personas aduxieren á la corte, que el rey los debe judgar» (P 3,23,20; citamos por la edición de la RAH, edición facsímil, Madrid, 1972; la glosa de Gregorio López a esta ley describe el resto de su apoyo doctrinal). 7 Si bien ponemos el énfasis en los efectos jurídicos de la reivindicación del privilegio fiscal desencadenado por la jurisdicción sobre las imposiciones municipales, conviene no olvidar que en su origen, en el siglo XIV, se trataba de un problema esencialmente político. El núcleo del problema jurisdiccional de las imposiciones arranca, como mínimo, de 1323, cuando, a la hora de decidir el subsidio al rey con motivo de la conquista de Cerdeña, los brazos no se pusieron de acuerdo en la modalidad de recaudarlo. Los mismos desacuerdos, provocados por intereses económicos contrapuestos entre el brazo real y el militar frente a las imposiciones, se reprodujeron en 1333 y en el año 1340. Desde las imposiciones autorizadas en Barcelona el 1314-1315 hasta las que se autorizaron en la década de 1350, podemos decir que en cada ocasión el monarca reconocía expresamente la jurisdicción de los consejeros —y de los cónsules de mar en 1315— en todo el proceso de recaudación y de administración. El hecho de que los nobles no estuvieran exentos de tributar cuando compraban en los mercados de las villas y ciudades reales y que los magistrados municipales tuvieran especial cuidado en hacer cumplir esta no exención por tal de no hacer menguar el producto del arrendamiento, explica la oposición, en el contexto de la Corte de Monzón de 1363, de los brazos militar y eclesiástico a que las universidades reales siguieran cobrando imposiciones y pidieran al rey que esta recolección cesara inmediatamente y no pudieran ser impuestas ni concedidas por el rey nuevas sisas (vid., sobre el proceso de implantación de las imposiciones municipales en Cataluña, Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, Eumo,1995; y de forma todavía más precisa, Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en M. SÁNCHEZ y A. FURIÓ (eds.), Actes del Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233- 278; para las turbulencias de 1363, VERDÉS, «A propòsit del “Privilegi General”», pp. 231-248. En definitiva, pues, las reiteradas reclamaciones de las universidades reivindicando la jurisdicción plena sobre las imposiciones, se han de entender, seguramente, no tanto como una simple oposición política a la monarquía, sino como la expresión de la defensa de los intereses económicos de las universidades. Las villas y ciudades reales se enfrentaban a una nobleza no dispuesta a contribuir por medio de un impuesto indirecto sobre el consumo. El asunto toma naturaleza política cuando las pretensiones de los brazos militar y eclesiástico encontraban acogida en los órganos jurisdiccionales superiores, extremo, por otra parte, que no colisionaba, sino al contrario, con la estrategia real de presentar a la monarquía y a su tribunal superior como la sede natural donde resolver las disputas entre sus sometidos.

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Los contemporáneos del setecientos sabían bien lo que reclamaban. Imbuidos de romanismo y prácticos del ius commune —recuérdese que un capítulo de corte de 1599 establecía un orden de prelación de fuentes en el que el derecho canónico y el derecho civil romano eran declarados derechos supletorios en defecto de los usatges, constitucions y capítulos de corte y otros derechos del Principado y condados de Rosellón y Cerdaña—, conocían bien qué representaba el fisco y qué los privilegios fiscales en el orden contractual y en el procesal. Efectivamente, para obtener el pago de aquello que le era debido, el fisco, según los textos romanos, disfrutaba de notables ventajas: disponía de una hipoteca tácita sobre los inmuebles de sus co-contratantes (D 49,14,46,3 y C 8,14,2); podía, en ciertos casos, forzar al deudor a pagar antes de plazo (D 12,6,10); se presumía siempre su solvencia ante los acreedores y en caso de fraudes cometidos al fisco se establecían penas especialmente duras, como el pago de una cantidad igual al cuádruple del montante del fraude, la confiscación de bienes, el exilio e incluso la condena a muerte (C 10,6,1-2 y C 12,50,15).8 Pero además de las consecuencias prácticas de carácter procesal que comportaba el privilegio fiscal, no es menos importante —aunque antes apareciera de forma secundaria— el efecto y la relevancia conceptual del fisco romano. Fiscus, que originariamente significaba «cesto de dinero», denominaba, durante la época clásica, el arca o tesoro del emperador, quien era propietario del mismo no como persona privada sino como titular de la corporación que el Príncipe encarnaba. Por el contrario, el aerarium era el arca o el tesoro del pueblo romano. Obsérvese, pues, que el pueblo romano constituía una corporación cuyos miembros eran copropietarios de un patrimonio común; el erario era, por tanto, el tesoro de esta corporación. Mientras que el patrimonio o las res privata del emperador se transmitían a su heredero, el fiscus o la propiedad fiscal se transmitía a su sucesor en el oficio. Originariamente esta propiedad fiscal se regía por el derecho privado o común, pero a partir de Claudio, en el siglo primero, la propiedad fiscal fue sustraída del derecho común y fue asimilada al aerarium, de forma que las reclamaciones promovidas por o contra el fisco eran objeto de 8 Para una primera aproximación al problema, puede verse, con selección de bibliografía, Jean-Louis MESTRE, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, pp. 106-108. Jean Le Coq, un abogado del rey de Francia ante el tribunal de justicia de París, reseñaba, en el siglo XIV, treinta y un privilegios del fisco, entre los cuales el de su carácter derogatorio del derecho común, entendido aquí como derecho ordinario (vid. Margueritte BOULET-SAUTEL [ed.], «Quaestiones Johannis Galli», en Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, vol. 146, 1944, pp. 461-465). Sin ir tan lejos, una clara y completa exposición de los privilegios fiscales durante el antiguo régimen y con sus remisiones al ius commune, puede encontrarse en Ramón Lázaro DE DOU Y DE BASSOLS, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado, Madrid, 1802, V, pp. 358-375 (hay edición anastática publicada por Banchs Editor, Barcelona, 1975). Con respecto a las fuentes, sólo hay que recurrir —pero no exclusivamente— a C 10,1-76 (siendo el primer título de iure fisci).

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un procedimiento administrativo especial. Durante la época postclásica, no obstante, el aerarium populi Romani fue absorbido por el fiscus y, de acuerdo con esta transformación, los textos clásicos han sido alterados interpolando fiscus en lugar de aerarium o populus.9 Pero la noción y el concepto de fiscus, que evolucionó a lo largo de la historia romana, no es exactamente el mismo en Roma que en la Edad Media. Durante la Alta Edad Media el carácter público de los bienes derivaba no de su destino sino del hecho de encontrarse bajo el control real. En el Vocabularium del gramático Papias, compuesto según algunos autores a mediados del siglo XI10 y según otros a mediados del siglo XII,11 que reunía una parte del saber altomedieval, se recogía una definición de Isidoro de Sevilla según la cual «fiscus saccus est publicus, unde fiscina et fiscella, hunc habent exactores, et in eo mittunt debitum publicum quod regi redditur».12 De haber sido compuesto a mediados del siglo XI, cien años más tarde, esta misma fórmula de Papias, exponente de la tradición teodosiana, circulaba abrevíada: fiscus est regis saccus, y todavía se añadiría per translationem vero dicitur omne dominium regie maiestatis. Sin duda, la difusión de las fuentes romanas justinianeas favorecía esta convergencia de ideas.13 Los juristas medievales, glosadores y comentaristas, que tendían a conferir el derecho del emperador Justiniano al emperador germánico, debieron de tener en cuenta la ebullición urbana de su tiempo. Así, aplicaron la noción de fisco a la res publica, prescindiendo de que en las fuentes romanas, sin embargo, 9 La obra de referencia sigue siendo Filippo VASSALLI, «Concetto e natura del fisco», Studi Giuridici, III, 1, Milano, 1960, pp. 39-130 (= Studi Senesi, 25, 1908). Vid. también Fritz SCHULZ, Derecho Romano Clásico, Barcelona, 1960 (1ª edición alemana, 1951), pp. 83-88. 10 Sobre la obra y el autor, vid. Francesco CALASSO, Medio Evo del diritto. I - Le Fonti, A. Milano, 1954, pp. 278 y 329 n. 119. 11 André Gouron nos indica que se puede encontrar la misma definición de Papias en las Excerpta Codicis Vatic. Reg. 435, publicadas por PATETTA (= Bibliotheca iuridica medii aevi, II, p. 136, c. 2, $ 107). Esta obra está estrechamente vinculada a Libellus de verbis legalibus, que fue escrita, según Gouron, hacia 1156 en Béziers. Contrariamente a lo que afirma Patetta, Gouron cree que las Excerpta son algo posteriores al Libellus y, si bien no se sabe a ciencia cierta dónde fueron escritas, Gouron se decantaría por algún lugar de la Francia del Norte o por los países anglo-normandos, puesto que el capítulo 118 de Excerpta utiliza la expresión per saisinam cuando, en esta parte de Europa, no se conocía ninguna obra savante antes del Policraticus de Jean de Salisbury (1159). El autor anota, en fin, que las Excerpta citan expresamente a Isidoro de Sevilla de la misma manera que lo hacía Aubert de Béziers (André GOURON, «Le “grammairien enragé”: Aubert de Béziers et son oeuvre (Ms. Turin, bibl. D.V. 19)», en Index (Omaggio a Peter Stein), 22 (1994), pp. 447-471; (agradecemos al autor éstas y otras precisiones). 12 El texto original de Isidoro de Sevilla es algo diferente: «Fiscus sacculus est publicus, unde et fiscellae et fiscinae dicuntur: hunc habent exactores, et in eo mittunt debitum publicum quod redditur regibus. Fiscus autem primae positionis est, derivativum fiscina, diminutivum fiscella» (san Isidoro de Sevilla (José OROZ RETA y Manuel A. MARCOS CASQUERO (eds.), Etimologías, edición bilingüe, Madrid, 1983, XX, 9,7 [p. 512]). Para la evolución del fiscus en el reino visigodo de Toledo —aunque sin una definición que vaya más allá de lo afirmado por san Isidoro—, puede verse Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudios sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo», Anuario de Historia del Derecho Español, 44 (1974), pp. 5-155, esp. pp. 21-65. 13 Ennio CORTESE, «Fisco (diritto intermedio)», Enciclopedia del Diritto, 17, Milano, 1968, pp. 676-684.

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este concepto no fuera unívoco. Si bien las civitates medievales no podían ser confundidas con la res publica —en el sentido de «República» o «Estado»—, tampoco parecía adecuado asimilarlas a los loca privatorum de algunos textos romanos (D 50,16,16). La doctrina, como la historiografía moderna, es, en estos puntos, de lo más diverso.14 En su Summa Codicis, Placentino, que enseñó y murió (1192) en Montpellier,15 mencionaba alicuius reipublicae non Romanae y reconocía que muchos glosadores asimilaban el fisco de no importa qué ciudad con el de Roma como respublica;16 en la Suma de Placentino y de Pilio a los Tres Libri, la referencia lo es a de iure reipublicae, scilicet civitatis cuiuslibet y en la Summa de Rogerius se lee fiscus quoque seu republica alicuius civitatis.17 La misma glosa acursiana ponía claramente de manifiesto que respublica multas habet significationes18 y, pues, que respublica podía ser el imperio universal —respublica romanorum—, la ciudad de Roma y también cualquier civitas autónoma,19 aunque el mismo Acursio a veces no es demasiado coherente con esta diversidad, como cuando afirma sola Roma dicitur respublica, aliae vero civitatis loco privatorum sunt.20 Ciertamente, para glosadores y comentaristas las normas relativas a la res publica romana eran transmisibles a las ciudades emancipadas de su época, pero si esta traslación podía tener cierto sentido en las ciudades-república de la península itálica, la situación no era la misma en los otros países europeos, donde las ciudades, si bien autónomas, no se configuraron como comunidades políticas independientes. Bártolo matizó que fiscus, referido a respublica, sólo era posible si por respublica entendíamos el imperio, 14 Vid. sobre aquest tema, Michal STASZKOW, «“Civitas” et “Respublica” chez les Glossateurs», en Studi in onore di Edoardo Volterra, Milano, 1971, III, pp. 605-612; Guglielmo NOCERA, «Il pensiero pubblicistico romano alla luce della metodologia critica», en Studi in onore di Pietro De Francisci, Milano, 1956, II, pp. 555-584. 15 Vid. André GOURON, «Les juristes de l´école de Montpellier», en IRMAE pars IV 3 a (1970), pp. 3-35 (ahora en André GOURON, Etudes sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, London, 1987) y, del mismo autor, «Autour de Placentin à Montpellier: maître Gui et Pierre de Cardona», en Mélanges Gérard Fransen, I (=Studia Gratiana, XIX), Roma, 1976, pp. 339-354 (ahora en André GOURON, La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age, London, 1984). 16 «Si vero alicuius Reipublicae non Romanae quis receperit servum (...)» (PLACENTINI, Suma Codicis, Torino, 1962 , ad C 6,1; f. 239). 17 STASZKOW, «“Civitas” et “Respublica”», p. 607, n. 17-21. 18 ACCURSII, Glosa in Digestum Vetus, Corpus Glossatorum Juris Civilis, VII, Torino, 1969, Glosa Sanctionem a D proem., 2r [=1]. 19 «Tribus modis respublica dicitur: primo Romanorum, ut hic. Item pro civitate Romana tantum, et tunc proprie, ut ff. de verbo. sign. cum qui [=D 50,16,16] item pro qualibet civitate, et tunc improprie, ut. C. de offic. eius quivicem al. in. obt. l. i. [=C 1,50,1] ponitur et quarto ut pro quolibet municipio, ut ff. de publica. et vec. sed et hi. $ i. [=D 39,4,13,3]» (ACCURSII, Glossa in Volumen. Authenticum, Corpus Glossatorum Juris Civilis, XI, Torino, 1969, glossa reipublicae, ad. Coll. 1,1 praef.). 20 ACCURSII, Glossa in Digestum Vetus, Corpus Glossatorum Juris Civilis, VII, Torino, 1969, Glossa a D 4,6,26,1 (citado por Georges de LAGARDE, La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen âge. I. Bilan du XIIIème siècle, Louvain-Paris, 1956 (3ª ed. refundida; reimpresión, 1973), p. 142, n. 10 (con las referencias ofrecidas por el autor no ha sido posible verificar la citación).

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concretado históricamente en aquella formación política anterior al Principado e identificable al regimen universale. Pero Bártolo acabaría admitiendo —la realidad de su tiempo se lo imponía— que en civitates superiorem non recognoscentes, populus liber est, et sic ipsemet sibi fiscus. Se resolvía así la vinculación del fiscus a una impropia acepción de respublica, pero no se resolvía definitivamente su identificación, pues se afirmaba al mismo tiempo que el fisco era la respublica y que toda respublica disponía de fisco, oponiéndose, pues, un sujeto y un objeto de derecho. Baldo, sin embargo, iba más lejos: el soberano, que recibió el poder del pueblo por la vía de un lex regia, no es sólo la persona física que gobierna, sino sobre todo el depositario de una dignitas eterna, por lo cual será posible identificarlo con el fiscus.21 Por otra parte, hace falta insistir en algo que sólo ha sido anotado a propósito de las corporaciones. El derecho romano no desarrolló una teoría de lo que hoy calificamos como personalidad jurídica, si bien sí conoció la figura de las corporaciones, aquellos cuerpos organizados de personas individuales, y se ocupó, no de forma extraordinaria, de los derechos y de los deberes de aquellas corporaciones, colegios y sociedades en que el conjunto de sus miembros disfrutaba de un reconocimiento unitario que no se identificaba exactamente con sus miembros considerados individualmente. En D 3,4,1,1 se reconoce que «quibus autem permissum est corpus habere collegi, societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agri fierique oporterat, agatur fiat»; y un fragmento de Ulpiano a D 3,4,7,1 añade si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent. Se podría simplificar afirmando que en los textos romanos el fisco es una prerrogativa del emperador —con los matices necesarios— mientras que a las corporaciones autorizadas por el poder se les reconocía la facultad de disponer de arca común y de administrar unos bienes comunes.

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Como se ha dicho, hay que tener presente que el derecho romano no era directamente aplicable, como tal, en Cataluña a partir de la Edad Media. Aquello

21 CORTESE, «Fisco (diritto intermedio)», pp. 676-684, con un rico aporte crítico y abundante bibliografía. En el contexto del Sacro Imperio, puede verse Ernst H. KANTOROWICZ, «Christus-Fiscus», en Synopsis. Festgabe für Alfred Weber, Heidelberger, 1948, pp. 223-235 (ahora en Ernst H. KANTOROWICZ, Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, 1984, pp. 59-73).

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que fue aplicado, con carácter supletorio, fue el ius commune, o sea, los textos justinianeos y canónicos acompañados del apparatus de las respectivas glosas ordinarias y la doctrina de los comentaristas. Glosadores y postglosadores, o comentaristas, hicieron comprensible el derecho romano y el canónico y, con su técnica y sus obras, lo adaptaron a la realidad medieval.22 En el supuesto que nos ocupa, debemos recordar que los juristas de los siglos XII al XIV, especialmente los canonistas, tomaron los textos romanos como base y a partir de ellos construyeron y desarrollaron una teoría de la personalidad moral, persona ficta o persona repraesentata; en esencia aquello que a partir de 1834, con el jurista alemán Arnold Heise (1778-1851), ha sido calificado de «personalidad jurídica».23 Se trataba, ciertamente, de una ficción jurídica en la medida que se disfrazaban los hechos, se los calificaba de una manera diferente de la que realmente eran y, en definitiva, se derivaban consecuencias de derecho que afectarían la verdad si ésta existiera fuera de la invención que se había operado. En fin, como decía Cino de Pistoia en el siglo XIV, la ficción toma por cierto aquello que con toda certeza es contrario a lo cierto.24 Lo que ahora nos interesa es que esta teoría medieval de la personalidad moral fue aplicada a las aglomeraciones rurales y urbanas que, en el marco del renacimiento comercial y cultural europeo de los siglos XI-XIII, recibirían el calificativo de universitates.25 El hecho no tiene nada de arbitrario: que los textos medievales —privilegios reales sobre todo— se refieran a una comunidad humana con ex-

22 Pueden verse las breves pero brillantes pinceladas escritas por Alfonso Otero Varela sobre el Nuevo Derecho referidas a la situación jurídica castellana pero extrapolables a Cataluña (Alfonso OTERO, «Las Partidas y el ordenamiento de Alcalá en el cambio del ordenamiento medieval», en Anuario de Historia del Derecho Español, 63-64 (1993-1994), pp. 451-547, esp. p. 457 n. 5). Sobre este mismo problema, pero a nivel más general y pensando a menudo en la situación histórica italiana, siguen siendo esenciales las páginas de CALASSO, Medio Evo del Diritto. 23 Santiago PANIZO ORALLO, Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV), Pamplona, 1975, p. 116. 24 Véase el interesante y documentado trabajo de Yan THOMAS, «Fictio legis. L´empire de la fiction romaine et ses limites médiévales», en Droits. Revue française de théorie juridique, 21 (1995), pp. 17-63 (la afirmación de Cino de Pistoia surge a propósito de CJ 4,19,16 y fue retomada por Bártolo sobre D 41,3,15 n. 21). 25 No creemos que haga falta insistir ahora en la noción de universitas, pero no es ocioso recordar que toda universidad tiene necesidad de formar, primero, y de expresar, luego, una voluntad; esta voluntad es la voluntad del cuerpo, que no se identifica necesariamente con la suma de voluntades individuales de sus miembros. Esta voluntad, en fin, se acostumbró a expresar por la vía de un órgano institucional que en Cataluña es conocido con el nombre de Consell. La universitas, por lo tanto, es la ficción jurídica, mientras que el Consejo es el órgano por cuya vía aquélla forma y expresa su voluntad. Nos referimos a ello en Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990; y en Max TURULL RUBINAT y Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis. La formació i l´expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 143-231. El planteamiento original que hemos desarrollado se encuentra en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Concejo y ciudades en Cataluña (Alta Edad Media)», en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1990, pp. 123-146).

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presiones parecidas a omnes homines o bien con una expresión como universitati ville Cervarie, la diferencia es notoria, especialmente por toda la cultura jurídica que se esconde detrás de esta última denominación. Esto no es tan simple como pensar que una comunidad humana no organizada unitariamente deviene universidad por obra y gracia de la ciencia jurídica. Podríamos decir que en este caso la relación entre derecho —nos referimos al nuevo derecho— y realidad es dialéctica. Cuando los juristas observan la realidad se dan cuenta de que la vida en comunidad en los siglos XII y XIII exige y genera la formación de una voluntad común de los miembros del colectivo. Se trataba de un fenómeno que, debido a su formación científica, tendían a bautizar con el vocabulario jurídico que encontraban en los textos romanos. Haciéndolo así la tendencia se invertía e inyectaban contenido jurídico de procedencia romano-justinianea y canónica a aquello que había germinado de manera más o menos natural, como resultado de las condiciones económicas, sociales y culturales de un momento histórico determinado.26 Sólo así puede entenderse que el concepto de universitas aparezca en los textos de comienzos del siglo XIII, mientras que la nueva teorización de la personalidad moral que se esconde detrás de universitas pertenezca a mediados del siglo XIII.27 Hay que prestar atención a las dos tendencias, la que emana de la realidad y es percibida por el jurista y la del jurista que, intentando comprender el mundo desde la óptica del ius commune, impulsa la nueva ordenación de la sociedad a partir de los nuevos parámetros.28 Que los bienes comunes de un conjunto de 26 Una buena y clásica panorámica de los cambios que se producen en occidente a partir del año 1000 nos es ofrecida por Robert S. LÓPEZ, El nacimiento de Europa, Barcelona, 1965. 27 La primera mención en Cataluña, todavía tímida, de universitas aplicada a una agrupación humana que vive en una villa, ciudad o lugar, la encontramos en el año 1217 refiriéndose a Lérida en un privilegio de Jaime I sobre contratos de préstamo («concedimus te laudamus vobis dilectis charis nostris te fidelibus civibus te populo te toti universitati civitatis Ilerde te omnium aliarum civitatum te villarum que sunt de dominicatura te regalía nuestra»; y en 1207 un texto se refiere a universitas como capítulo catedralicio de Urgel; José María FONT RIUS, «Orígenes del régimen municipal en Cataluña», en Anuario de Historia del Derecho Español, 16 (1945), pp. 389-529; 17 (1946), pp. 229-585; ahora incorporado a Josep Maria FONT RIUS, Estudis sobre drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, p. 409 y ss. n. 551). Se trata, efectivamente, de una mención precoz y aislada: el concepto de universitas —y no sabemos si también la plenitud de la noción— aplicado a una comunidad humana, en un sentido parecido al de municipio, se extendió por el Principado durante el siglo XIII, concretamente a partir de 1240. En la región de Alvernia, en el macizo central francés, la primera mención de universitas corresponde al 1202 (Albert RIGAUDIÈRE, «Universitas, Corpus, Communitas et Consutalus dans les chartes des villes et bourgs d´Auvegne aux XIIe et XIIIe siècles», en Les Origines des Libertés Urbaines. Actes du XVIe Congrès des Historiens Médiévistes de l´Enseignement Supérieur (Rouen, 7-8 Juin 1985), Rouen, 1990, pp. 281-309, trabajo recopilado y ampliando el estudio hasta el siglo XV, en Albert RIGAUDIERE, Gouverner la ville au moyen âge, Paris, 1993, pp. 21-51. 28 La doble dimensión histórica del derecho, como factor causal pero también como efecto o resultado, ha sido magistralmente trazada, con ojos de historiador, por Pierre VILAR en Historia del Derecho, Historia «total» con motivo de la celebración, el año 1973, del Coloquio Internacional de Historia del Derecho en la Univer-

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personas hayan jugado un papel determinante en la constitución de la colectividad o bien, a la inversa, que la necesidad de estos bienes comunes haya sido inmediatamente sentida por la colectividad naciente, el hecho es que estos bienes colectivos —este patrimonio común— representa un hecho característico de aquello que fue cualificado, por embrionaria que fuera la cosa, como una universitas.29 Hace falta tener presente que el derecho de propiedad constituía, para los juristas medievales, un atributo esencial de la personalidad, si bien el régimen de propiedad privada representaba, a los ojos de los teólogos, una pesada consecuencia del pecado original. Considerando la colectividad como una persona moral, se le reconocía, por este motivo, el derecho de poseer bienes. A no ser que hiciera falta revertir otra vez el razonamiento: admitiendo que un grupo de personas ejerce un derecho de propiedad colectivo, entonces reconocemos que forma jurídicamente una persona moral. De hecho, cualquiera de las dos interpretaciones es posible a partir de D 3,4,1, que, enumerando las características de la universitas, menciona que consiste en «poseer bienes comunes y arca común» a fin de inscribir en dicha arca los fondos o los tesoros de la colectividad.30 Por lo tanto, la propiedad colectiva es una de las formas por cuya vía se manifiesta de manera primitiva, a menudo antes que cualquier forma institucional, la existencia de un grupo al nacimiento del cual aquella propiedad colectiva contribuye. La posesión de bienes en común empujó de forma natural al conjunto de los individuos que disfrutan de estos bienes a formar un embrión de organización colectiva en vista de su explotación. Cuanto más se desarrolla la colectividad y asume nuevas actividades como consecuencia de la coherencia interna del cuerpo, entonces más le es necesario disponer de una base económica estable.31 Con respecto a la capacidad de adquirir de la comunidad reconocida como universidad, en principio no era puesta en entredicho por los juristas; como máximo se recordaba C 6,24,8 que prohibía a los collegia ser legatarios sine speciali privilegio, si bien se hacía una excepción a esta regla para los colegios venerables, o sea, eclesiásticos, según Rogerius y piae rei según Pilius y Azon. La interpretación final que da la glosa ordinaria es que no se puede testar en provecho de un colegio ilícito. Los juristas admiten, pues, que toda asociación lícita es capaz de adquirir.32 La capacidad jurídica de adquirir, ¿podía presuposidad de Granada; este texto hoy es accesible desde Pierre VILAR, Economía, Derecho, Historia. Conceptos y realidades, Barcelona, 1983. pp. 106-137 (que es una selección y traducción de artículos recogidos en Pierre VILAR, Une histoire en construction, Approche marxiste et problématiques conjoncturelles, Paris, 1982). Entre los juristas nos remitimos a Antonio Manuel HESPANHA, «O materialismo histórico na história do dereito», en A historia do dereito na historia social, Lisboa, 1978. 29 Pierre MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin, Paris, 1970, esp. pp. 290-291. 30 MICHAUD-QUANTIN, Universitas, p. 285. 31 MICHAUD-QUANTIN, Universitas, pp. 290-291. 32 MICHAUD-QUANTIN, Universitas, p. 293. Esta capacidad de adquirir se ejemplificaba en la propiedad

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ner la capacidad de emprender las acciones financieras necesarias para poderlo hacer?; para adquirir hacía falta disponer de recursos económicos, por lo cual se podría deducir que puesto que una universidad podía adquirir, también debía poder recaudar fondos entre sus miembros para hacerlo. La doctrina, como veremos más adelante, se referirá a ello. Al mismo tiempo que por imperativos históricos —económicos y sociales— se progresa en la cohesión de la comunidad y al mismo tiempo que los juristas empiezan a utilizar el concepto de universitas para las villas y ciudades —seguramente sin tener de él todavía una idea demasiado clara—, y cuando esta noción se difunde rápidamente desde los primeros años del siglo XIII,33 a la vez, como efecto y actuando también de causa, se construye la teoría canónica de la personalidad jurídica. Esta teoría estaba pensada para el cuerpo místico (persona moral) que conformaba la Iglesia, pero tomará en consideración, aunque de manera más bien secundaria, el tema de la hacienda de las universidades. Si la sociedad civil y la vida seglar ofrecían ejemplos de agrupaciones colegiales, también se encontraban casos en la misma comunidad eclesiástica. En este sentido, los capítulos catedralicios se convirtieron pronto en un ejemplo vivo de gobierno colegiado y donde esta colegiabilidad intervenía en la administración patrimonial de la diócesis. El capítulo, en definitiva, era considerado por la doctrina canónica medieval como la figura tipo de universidad colegiada.

colectiva de inmuebles de uso comunal; se admitía sólo en los casos de las ciudades más importantes y se refería, a menudo, a la casa de la villa. En cambio los juristas, sometidos a los textos romano-justinianeos que comentan o glosan, hacen referencia y desarrollan la teoría de la propiedad de los teatros y de los estadios, algo que apenas tiene nada que ver con la realidad medieval. Hay que llegar a los prácticos de los derechos municipales, como los profesores de Toulouse, para desarrollar la teoría autónoma de los consistorios. Dicen los tolosanos que este edificio es indispensable para celebrar las reuniones de una asamblea deliberativa y para garantizar la discreción indispensable en el tratamiento de los negocios comunes. No es bueno y es contrario a los intereses de la ciudad, dicen, reunirse, como se hacía antes, en lugares elegidos casi al azar («La maison commune représente donc un achèvement, non une nécessité vitale pour la collectivité, elle ne constitue pas son essence, mais un couronement pour l´universitas», MICHAUD-QUANTIN, Universitas, pp. 296-297 y nn. 33 y 35). Un buen ejemplo del recurso al derecho romano para la práctica del poder y de las instituciones —a menudo también dentro del ámbito local—, puede verse en Albert RIGAUDIÈRE, «Etat, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311)», en Jacques KRYNEN y Albert RIGAUDIÈRE (dirs.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), Bordeaux, 1992, pp. 161-210. 33 Sobre la diferencia entre difusión y recepción del ius commune, vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La recepción del derecho común: estado de la cuestión e hipótesis de trabajo», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), El Dret Comú i Catalunya. Actes del IIon. Simposi Internacional, Barcelona, 31 maig - 1 de juny de 1991, Barcelona, Fundació Noguera i Associació Catalana d’Història del Dret Jaume de Montjuïc, 1992, pp. 213-330. El proceso y la cronología de la difusión de este derecho en Cataluña lo ha abordado, también, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La difusión del derecho común en Cataluña», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), El Dret Comú i Catalunya. Actes del Ier. Simposi Internacional, Barcelona, 25-26 maig de 1990, Barcelona, Fundació Noguera i Associació Catalana d’Història del Dret Jaume de Montjuïc, 1991, pp. 95-279.

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5. EL ARCA COMMUNIS EN LA DOCTRINA

La existencia del cofre —el arca communis de los textos— destinado a recibir y a proteger los fondos de la universidad, es a menudo afirmada por los autores, pero raramente es objeto de desarrollo.34 Por esto, y todavía muy relativamente, hará falta buscar en los privilegios, las ordenanzas y los estatutos municipales para obtener referencias más precisas.35 Ciertamente, ni la doctrina canónica ni la civilista, preocupadas, sobre todo la primera, por los nacientes reinos independientes del imperio, no centraron su atención en la hacienda de las universidades; pero refiriéndose a esta clase de colegios, no pudieron obvíar la enumeración de sus características esenciales.36 Ramón de Penyafort, que había sido profesor en Bolonia entre 1217 y 1222 y consejero de Jaime I desde 1240 hasta su muerte el año 1275, compilaba las Decretales de Gregorio IX o Liber Extra (1234), uno de los elementos esenciales del Corpus Iuris Canonici y que como tal formaría parte de aquel ius commune que se extendería por toda Europa. La obra contenía una decretal de Honorio III, Dilecta in Christo (X 5,31,14), que generaría una rica literatura jurídica a propósito de las personas morales. En Dilecta in Christo, sin embargo, nada se decía del arca común, salvo el caso de la consulta de una abadesa que se quejaba que los presbíteros y clérigos de una iglesia de su jurisdicción intentaban habere sigillum, y ello en ausencia de costumbre y siendo que nec sint unum corpus, quod capitulum appellaretur.37 34 La glosa ordinaria a D 3,4,1 —ley en la que se menciona explícitiamente al arcam communem— no presta la más mínima atención al arca común de nuestros colegios. En el primer párrafo de la ley, que es el que nos interesa, sólo encontramos las glosas alterius, ad exemplum y syndicum (vid. ACCURSII, Glosa in Digestum Vetus, Corpus Glossatorum Juris Civilis, VII, 1969, 60r-60v [=117-118]). 35 Los textos municipales catalanes de comienzos del s. XIV son muy gráficos en este aspecto. A menudo todavía se hace referencia a las tres llaves del arca o caja de caudales que tendrán los administradores municipales —el clavario, los paers o jurados y el escribano—, sin cuya acción combinada simultánea el cofre que contenía los recursos monetarios de la universidad no se podía abrir. Además, cuando el administrador sea uno sólo, recibirá el nombre de clavari, es decir, el que tiene las llaves (claus en catalán) del arca. Referencias, las catalanas, muy evocadoras de esta arca común que se encontraba en el origen de la hacienda municipal, si bien el concepto utilizado no será el de arca, como en las fuentes romanas, sino el de «caja». Así puede observarse en un privilegio del 10 de septiembre de 1331 en el que Alfonso III modificaba algunos aspectos del gobierno municipal de Cervera: «Volumus tamen quod predicti paciarii seu consiliarii non teneant peccuniam talliarum seu comunium et aliarum exactionum, nobis aut dicte ville pertinentium, imo ponatur in domo Sanctarum Crucum dicte ville in una caxia trium clausurarum et trium diversarum clavium, de quibus unam clavem teneat aliquis probus homo dicte ville, qui per dictum consilium eligetur, et aliam predicti paciarii, et reliquam teneat scriptor consilii supradicti» (ACSG, Libro de Privilegios, f. 21v-23r; vid. Max TURULL RUBINAT; Montse GARRABOU PERES; Josep HERNANDO DELGADO; Josep Maria LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, 1991, pp. 84-87). 36 Un buen catálogo de referencias de juristas medievales, si bien centrado en el problema de la ficción jurídica en el caso de la persona ficta, en THOMAS, «Fictio legis», pp. 46-47, n. 1 y 2. 37 X 5,31,14: «(...) quod, quum presbyteri et clerici Iotrensis ecclesiae Meldensis diocesis non consueverint proprium habere sigillum, nec sint unum corpus ita, quod capitulum appellaretur (...)»; citemos por la edición

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Fue el canonista Sinibaldo de Fieschi, pontífice bajo el nombre de Inocencio IV, entre 1234-1254 y anteriormente profesor en Bolonia, quien en sus comentarios a los cinco libros del Liber Extra incluyó el tema del arca común cuando comentó la mencionada decretal de Honorio III (X 5,31,14), si bien esta decretal no alude al arca común en la versión que le dió Ramón de Penyafort en la compilación. Sinibaldo de Fieschi lo menciona cuando explica qué asociaciones humanas pueden escoger rectores y síndicos, «quod quilibet homines cuiuscunque professionis, ut grammatici, vel negotiatores, ut confrumentales, vel officii, vel pistores propria authoritate, si volunt, licet alii aliter dicant, possum convenire simul, et facere sibi rectorem, et syndicum, et arcam comunem, dummodo societatem coeant, vel collegium faciant pro aliqua causa».38 Inocencio IV fue, sin duda, quien más progresó en la construcción de la teoría de la ficción jurídica. A partir, sobre todo, de materiales romanos,39 pero pensando en el ámbito eclesiástico de los capítulos catedralicios y en la excomunión de las personas jurídicas —concretamente en algunas ciudades del norte de Italia—, Sinibaldo de Fieschi creó, a lo largo de toda su obra, una teoría desarrollada de la persona moral o ficta que sería aplicada a toda clase de corporaciones y colegios —universitas fue el término más utilizado—, entre los cuales también se incluyeron las ciudades entendidas como municipios. Algunas de sus reflexiones sobre la ficción en la personalidad40 fueron incorporadas más tarde al Liber Sextus, concretamente a VIº 2,10,2, por lo que su conocimiento y su difusión fueron generales por todo Occidente. La obra en la que más abundó en estos problemas y de la que provenían estas reflexiones, fue su mencionado Comentaria Apparatus in V libros Decretalium, donde, comentando la repetida decretal X 5.31.14 afirmó que Societas est plurium corporum inter se distantium, uno nomine ei deputato collectio y, sobre todo, que universitas fingatur una persona,41 que es de donde arrancó toda la doctrina posterior, con adaptaciones cuando fue necesario, para definir y caracterizar las universidades en el sentido de los actuales municipios. Se dejaba patente, por lo tanto, que arca et sigillum commune, como más tarde recogería la jurisprudencia de la Sagrada Rota Romana,42 eran las dos de Aemilius FRIEDBERG, Corpus Iuris Canonici (editio lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richteri. Pars secunda Decretalium collectiones), Lipsiae, 1881 (CIC II, 841). 38 Sinibaldus FLISCUS (Innocenz IV), Commentaria Apparatus in V Libros Decretalium, Frankfurt, 1570, 526 (edición anastática, Frankfurt/Main, 1968). 39 D 47,14,3; D 46,1,22; D 3,4,7; D 47,22,1; D 41,3,30 y D 50,16,85 entre otros. 40 Nos referimos a X 2,20,57, si bien esta referencia corresponde a sus Commentaria, pues, de hecho, la decretal 57 no existió nunca en la compilación. No obstante, este comentario sobre una decretal inexistente sí que fue incorporado en Liber Sextus. 41 PANIZO, Persona jurídica y ficción, p. 221 y ss. 42 Santiago BUENO SALINAS, La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Su evolución desde Inocencio IV hasta el C.I.C. de 1983, Barcelona, Herder, 1985, p. 103, n. 161.

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primeras prerrogativas de toda «persona jurídica», aunque no las que motivaron más literatura jurídica. Entre los decretalistas, Bernardus Papiensis redactaba, hacia 1250, la que fue considerada la glosa ordinaria a las Decretales de Gregorio IX o Liber Extra. Para Papiensis se puede hablar de universitas cuando se forma unum corpus, un solo ente en contraposición a los muchos que lo forman estructuralmente. Debe existir una base humana, en la universitas personarum, para que esta agregación pueda ser calificada de unum corpus. En este sentido, el privilegio de poder formar arca común, en definitiva, es privativo de aquellos grupos que forman un colegio, un cuerpo.43 Por otra parte, Joannes Monachus, glosando en 1301 el Liber Sextus, convierte en sinonimos diferentes términos, entre ellos universitas y communitas. Y acerca del significado de la última, explica que comunidad quiere decir «cosas en común», de tal manera que en la universitas, communitas, collegium, corpus o societas se tiene una arca común, un sello común y un rector común.44 Entre los comentaristas, más especulativos, atrevidos y liberados de la literalidad del texto de las compilaciones, destaca Henricus de Segusio, conocido como cardenal Hostiensis. Por un lado afirma, entre 1260-1270, en In Primum Decretalium librum Commentaria, que la actividad jurídica y el derecho de propiedad de la universitas son independientes del de sus miembros: quod datur universitati non est singulorum 45 y en la exégesis de Dilecta in Christo filia afirma que aquellos colegios y universidades que forman un corpus, tale corpus, pueden tener sigillum (...) et actorem et archam comunem.46 Efectivamente, con el paso del tiempo los problemas patrimoniales y penales de las universidades, que eran los problemas reales con que se encontraban los municipios de la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del XIV, suscitaron la atención de los postglosadores. Ioannes Andreae (1270-1348) se repetía la cuestión que ya se había planteado Joannes Monachus: ¿puede la universidad repercutir la pena 43 «Qui non sunt de uno collegio, vel etiam de una societate, non dicuntur unum corpus (...) unde non sunt unum collegium, sive unum corpus, nec possunt constituere unum procuratorem, sive actore, pro aliqua causa, ff. quod cuiusque univer. l. 1 $ 1, illi ergo soli faciunt unum corpus, qui sunt in uno collegio, vel societate» (Bernardus PAPIENSIS, Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum glosis restitutae, Venetii, 1604, col. 1989; cit. por BUENO, La noción, p. 27, n. 6). 44 «Et hec nomina univesitas, communitas, collegium, corpus, societas sunt quasi idem significantia: unde communitas a communi dicta, et est commune compositum a con et munium (...) quia habent archam comunem, sigillum commune, et unum rectorem (...)» (Johannes MONACHUS PICARDUS, Glossa Aurea. Nobis priori loco super sexto decretalium libro addita cum additionibus Philippi Probi Biturici et in supremo parisiensi senatu advocati, Paris, 1535; edición anastática, Aalen, 1968; glosa Romana ecclesia Vº 5,11,5, fol. 401v-402r-402v [= pp. 924-926]). 45 Henrici de SEGUSIO Cardinalis HOSTIENSIS, In Primum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, 1581, glosa Cum venisset X 2,13,9 n. 4. 46 HOSTIENSIS, In Primum Decretalium, glosa Dilecta in Christo, X 5,31,14 n. 2.

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que le ha sido impuesta en algunos de sus miembros? La respuesta de Andrea era que no, puesto que, como hemos visto, las deudas de los singulares no lo son de la universidad. Pero tampoco a la inversa: los delitos de la universidad no lo son de sus singulares.47 Además, el mismo autor afirma, opinando en uno de los temas más polémicos, que una universidad no podrá ser excomulgada ni le podrá ser aplicada pena capital o de muerte, sino que deberá ser cambiada esta pena por otra de carácter pecuniario.48 Esta permutación de la pena por la pecuniaria puede resultar interesante puesto que implica que la universidad debe poder reunir cierta cantidad de dinero para satisfacer la pena, con lo cual o bien posee bienes propios con que pagar, o bien organiza una colecta entre los miembros para reunir la cantidad suficiente. En cierta medida hay implícita la idea de un cofre común. Finalmente nos encontramos con una opinión que no encaja demasiado con lo que estábamos sosteniendo. Se trata de Antonius a Butrio (1338-1408), quien también escribió sobre la capacidad delictiva de una universidad, y afirmó que era posible, por ejemplo, cuando imponía colectas; pero el mismo autor también señala que se puede castigar a una universidad con penas pecuniarias.49

6. UNIVERSITAS Y POTESTAD TRIBUTARIA

Desde mitad del siglo XIII era una afirmación totalmente aceptada por la doctrina jurídica que disponer de arca o bolsa común era una característica intrínseca a toda universidad. Y esta noción, la de universitas, servía para desig47 «(...) alias autem universitas non tenetur de delicto singulorum, sicut nec e contra» (HOSTIENSIS, In Primum Decretalium, glossa In nostra X 5,36,8 n. 1); «Sed quaerit Ioannes Monachus an universitate punita peti possit aliquos singulares de universitate puniri? Respondeo quod sic, quia quod debet universitas, non debent singuli [=D 3,4,7] et sic esse potest, universitatem teneri et non singulos, item teneri singulos et non universitatem ut in facto universitatis Viterbine quae punita fuerunt aliqui cives puniti, [=D 43,24,15] et quia alia poena cadit in peccatis universitatis, et alia in peccatis singulorum» (Ioannis ANDREAE, In Sextum decretalium librum Novella Commentaria, Venetiis, 1581; reproducción anastática, Torino, 1966; comentario a VIº 5.9.5 n. 19-21 [=156]). 48 «Sed nunquid per istos ligatur universitas? Respondeo sic, si in his consensit tota, vel tanta pars, quod non prodest aliorum contradictio, vel si hoc ratum habet, et idem, si monita non emendet, vel faciat, emendari (...), in casibus tamen, de quibus supra dixi, punietur universitas spirituali poena suspensionis, et interdicti (...), et puniri pecuniari poena [=D 4,2,5-6; D 4,2,9] sed capitali poena non punetur mortis, vel relegationis, sed mutabitur in pecuniariam [D 3,2,13] (...) imo nec videtur, quod possit criminaliter accusari, sed debet civiliter conveniri, cum per sindicum se defendat» (Ioannes ANDREAE, In Quintum Decretalium, in X 5.39.53 n. 6 [=148]). 49 «Primum an universitas possit delinquere. Secundum an universitas accusari et puniri possit de delictio et qua pena. Dicitur quod aut delictum est in omittendo, et delinquere potest (...). Aut est delictum in committendo seu faciendo, et tunc quaedam sunt, in quibus committitur delictum, quae non possunt nisi per universitatem expediri, sicut est facere statuta contra libertatem ecclesiasticam, vel dare jurisdictionem, et imponere collectas, et in his universitas potest delinquere (...)» (Antonii a BUTRIO, In Librum Quintum Decretalium Commentarii, Venettis, 1578; reedición anastática, Torino, 1967, comentario a X 5,3,30 n. 12).

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nar, con todas las consecuencias jurídicas que esto comportaba, a la mayor parte de centros de población rurales y urbanos de Cataluña.50 Pero, ¿qué significaba, exactamente, disponer de arca común? En principio significaba la capacidad de administrar un patrimonio y unos recursos propios de la universidad que no se identificaban con los de sus miembros. No prejuzga, la noción de arca común, el origen de estos recursos, que bien pueden provenir de las rentas de un patrimonio común de la universidad o de los cánones que ésta podía percibir por su utilización,51 o bien de las donaciones o de otras aportaciones voluntarias. Disponer de arca común no implicaba, necesariamente, recaudar tributos, puesto que en la cultura jurídica del ius commune la recaudación de impuestos y de toda clase de tributos era una prerrogativa exclusiva del fisco, o sea, del rey, quien, en todo caso, podía delegar esta atribución en la administración municipal.

6.1. GLOSADORES Y COMENTARISTAS

Sobre este punto, algunos de los textos romano-justinianeos más significativos son C 4,61 y, sobre todo, C 4,62. Estos dos títulos, sin embargo, no hacen referencia a los tributos en general, sino sólo a los vectigalia,52 que es aquel tributo indirecto sobre las mercancías que en cierta medida equivaldría a las imposicions catalanas y a la alcabala castellana. Siendo absurdo buscar en el derecho romano-

50 Téngase presente, también, aunque sea con argumentos a contrario, que esta doctrina jurídica era bien conocida en Cataluña en esta época. Además del papel asesor que pudo jugar Ramon de Penyafort junto a Jaime I, en 1243 y en 1251 este mismo monarca prohibía, aunque sin demasiado éxito y por razones que ahora no podemos exponer, el recurso al derecho canónico y a las leyes romanas (3ª CYADC II 2,3,1 y III 1,8,1 respectivamente; véase, sobre esta compleja problemática, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del derecho. Una historia de un derecho estatal español. Manual. II, Barcelona, Editorial Gráficas Signo, 1992, pp. 47-101). 51 Se trataría del caso de los bienes comunales, tan habitual en las cartas de población y franqueza catalanas medievales y sobre todo en las comunidades de montaña y en los ingresos calificados de propios en las ciudades castellanas (vid. para el primer caso, Josep Maria FONT RÍUS, «Algunes consideracions entorn la historiografia i la problemàtica dels béns comunals», en Béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània (edición a cargo de Joan J. BUSQUETA y Enric VICEDO), Lérida, 1996; M. Angels SANLLEHY, «Les concòrdies a la Val d´Aran (s. XVI-XVIII): de la delimitació de territoris a la limitació d´usos comunals», en Béns comunals als Països Catalans; M. Àngels SANLLEHY, Comunitat, veïns i arrendataris a la Val d’Aran (s. XVII-XVIII). Dels usos comunals a la dependència econòmica, 2007; y en Castilla, Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, «Ciudades y fiscalidad», en Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI). Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 129-149; Agustín BERMÚDEZ AZNAR, «Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval», en Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 825-853). 52 Para conocer la tipología básica y el contenido de los principales tributos tardo-romanos, vid. Georges DEPEYROT, Crisis e inflación entre la antigüedad y la edad media, Barcelona, 1996 (1a edición francesa, 1991). Sobre vectigalia, vid. M. TURULL RUBINAT, «La recepción de vectigalia en la Cataluña medieval. De la tradición romana a la recopilaciones de época moderna», en Initium, 7 (2002), pp. 181-216 (publicado con posteriodidad a la edición original de «Arca communis»).

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justinianeo señales de potestad tributaria a favor de las ciudades sobre impuestos directos, centraremos nuestra prospección inicial en aquellos vectigalia, pues son la única sede donde encontramos alguna clase de referencia a las ciudades. De C 4,61,10 —constitución dictada por Arcadio y Honorio (finales del siglo IV y comienzos del siglo V)— se deriva que algunas civitates han sido autorizadas a establecer unos derechos sobre las mercancías, cuyo producto es afectado a los gastos locales;53 y la ley C 4,61,13 de Teodosio II y Valentiniano III (primera mitad del siglo V) tiene por objeto garantizar que los gastos de algunas reipublicae civitatum sean sufragados mediante el producto de algunos de estos tributos calificados de vectigalia, cuyo importe radica, de forma natural, ad sacrum patrimonium nostrum. La capacidad de las ciudades romanas de gestionar la porción del tributo que tendrán asignada no presupone, de ninguna manera, la posibilidad de establecer, por propia autoridad, tributos nuevos o distintos.54 Estos aspectos de las constituciones, que son los que a nosotros nos interesan, no son polémicos ni generaron, en consecuencia, una excesiva literatura jurídica. Los comentarios de Azo al Código de Justiniano ni siquiera se detienen en ambas leyes —sólo hay breves referencias a C 4,61,1 y a C 4,61,2—, mientras que su Summa pasa de largo, cuando comenta el título que nos interesa, de la gestión del tributo por las ciudades.55 La glosa vectigalia a C 4,61,10 es de las más escuetas del título; en ella Accursi casi sólo añade que si erunt a Principe; las glosas a la ley Exceptis ad sacrum, a C 4,61,13, no son mucho más ricas ni explicativas: bajo el lema ad sacrum sólo se añade un lacónico illa enim tantum Principis reservantur; al lema cetera sólo se añade vectigalia; a errario (sic) se repite ergo due partes fisco tertia civitati vel ordini civitatis y remite a otras partes de la compilación;56 en consortium se explicita id est omnium civitatum y finalmente al lema portionis se declara in tertie partis que singulis assignatur civitatibus.57 Más contundentes, pero no por ello más glosadas ni

53 «Vectigalia quaecunque quaelibet civitatis sibi ac suis curiis ad angustiarum suarum solatia quaesierunt, sive illa functionibus curialium ordinum profutura sunt, sive quibuscunque aliis earundem civitatum usibus designantur (...)» (C 4,61,10). 54 «Exceptis iis vectigalibus quae ad sacrum patrimonium nostrum quocunque tempore pervenerunt: caetera reipublicae civitatum atque ordinum, aestimatis dispendiis quae pro publicis necessitatibus tolerare non desinunt, reserventur: cum duas portiones aerario nostro conferri prisca institutio disposuerat, atque hanc tertiam jubemus adeo in ditione urbium municipumque consistere, ut proprii compendi curam non in alieno potius, quam in suo arbitrio noverint constitutam. Designate igitur consortium portionis catenus juri ordinum civitatumque obnoxium maneat, ut etiam locandi, quanti sua interest, licentiam sibi noverint contributam» (C 4,61,13). 55 AZONIS, Lectura super Codicem, Corpus Glossatorum Juris Civilis, III, edición anastática, Torino, 1966, p. 358; AZONIS, Summa super codicem. Instituta extraordinaria, Corpus Glossatorum Juris Civilis, II, edición anastática, Torino, 1966, p. 166. 56 C 8,11,11; Nov. 128,21 y C 11,70,3. 57 ACCURSII, Glosa in Codicem, Corpus Glossatorum Juris Civilis, X, edición anastática, Torino, 1968, 124r-v [pp. 245-246].

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comentadas, son las constituciones C 4,62,1 y C 4,62,2. En el primer caso, una constitución de Severo y Caracalla de comienzos del siglo III fija el proceso según el cual el emperador autorizaría, escuchado el funcionario correspondiente —el praeses provinciae— y a iniciativa de una ciudad, la exacción de nuevos derechos para la utilitatem communem del necesitado lugar concreto.58 La segunda constitución, de los mismos emperadores, es taxativa: vectigalia nova nec decreto civitatum institui possunt.59 La Lectura de Azo liquida con un Planum est la ley C 4,62,1 y se remite muy brevemente a las decisiones de un concilio de Laterán sobre la polémica capacidad de los poderes temporales de imponer tributos a la Iglesia,60 sin ningún comentario sobre las ciudades.61 En su Summa Azo comenta conjuntamente las cuatro constituciones del título Vectigalia nova institui non posse. Menciona de nuevo las consecuencias del concilio lateranense y subraya la potestad del príncipe para instituir por decreto nuevos vectigals cuando las circunstancias así lo exigen, y acaba repitiendo, en definitiva, el proceso descrito en la ley primera del mismo título del Código.62 Finalmente, la Glosa Ordinaria acursiana: la glosa Non quidem, única para la ley C 4,62,1, sólo incluye concordancias,63 y la glosa Vectigalia, única también para la ley C 4,62,2, es igualmente remisiva a propósito de la puja del cobro de los derechos, menciona la disposición del concilio de Laterán y añade que no sea delegado in scholis.64 58 «Non quidem temere permittenda est novorum vectigalium exactio: sed si adeo tenuis est patria tua, ut extraordinario auxilio juvari debeat, allega praesidi provinciae, quae in libellum contulisti. Qui re diligenter inspecta, utilitatem communem intuitus, scribet nobis ques compererit: et an habenda sit ratio vestri, et quatenus existimabimus» (C 4,62,1). 59 C 4,62,2. 60 El canon 19 del III Concilio de Laterán (1179) amenazaba con la excomunión la tasación de los eclesiásticos y de la Iglesia en general por parte de los poderes temporales, pero al mismo tiempo dejaba abierta la puerta a esta posibilidad, puesto que una contribución voluntaria de la Iglesia se consideraba admisible cuando la tasación de los eclesiásticos fuera necesaria para el bien común: «Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus, ne de cetero talia praesumant attentare, nisi episcopus et clerus tantam necessitatem vel utilitatem aspexerint, ut absque coactione ad relevandas communes necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias existiment conferenda». El canon 46 del IV Concilio de Laterán (1215) insistía en lo que se había dispuesto en el canon 19 de Laterán III: «Verum si quando forsan episcopus simul cum clericis tantam necessitatem vel utilitatem prospexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas utilitates vel necessitates communes, ubi laicourm non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda, praedicti laici humiliter et devote recipiant cum actionibus gratiarum» (Josepho ALBERIGO, Perikle-P. JOANNOU, Claudio LEONARDI, Paulo PRODI [curantibus], Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, 1962). 61 «Nova vectigalia institui non posse. L. 1 Non quidem. Planum est. L. 2 Vectigalia. Institui possunt idem in ecclesiis per concilium Lateranense alias leges lege per te» (AZONIS, Lectura super Codicem,, p. 358). 62 «Decreto autem Principis posset institui novum vectigalia ut in C. lex pe. maxime ratione tenuitatis et pauperitatis patrie que debet vectigalia et hoc ipsiusque debet allegare pauper patria praesidi provincie qui re diligenter inspecta et utilitatem communem instuitus scribat Principi que reperit et Princeps extimabit an et quatenus ratio patrie sit inhibenda ut in C. l. 1» (Azo, Summa super Codicem, comentario a C 4,62 [= p. 168]). 63 Concretamente con D 48,14,1; D 48,6; C 7,41,2; C 10,48,8; C 10,28 y D 50,15,4. 64 ACCURSII, Glosa in Codicem, 124v. [=246].

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Por lo tanto, de esta breve y sumaria exploración se puede concluir que los glosadores y los comentaristas no reconocían la más mínima potestad tributaria a las ciudades —universidades—. Si bien las universidades podían gestionar los tributos establecidos por el príncipe —y con algunas condiciones—, sin embargo, no podían establecer nuevos tributos.

6.2. AUTORES CATALANES

De nuevo sobre la materia que nos ocupaba del arca común y teniendo en cuenta la concreta realidad histórica catalana bajomedieval, se podría afirmar que no habría ningún inconveniente en que los miembros de la universidad decidieran realizar derramas entre todos ellos; estas derramas, sin embargo, tenían carácter de aportaciones voluntarias aunque pudieran ser pagadas por todos los miembros. La cuestión central en nuestro ámbito histórico-jurídico particular —que, si bien no se puede sustraer a la influencia decisiva del ius commune, tampoco llega a confundirse con él—, sigue siendo si las universidades catalanas estaban capacitadas o no para decidir aportaciones económicas obligatorias que afectaran la totalidad de sus miembros integrantes. La doctrina de los autores catalanes, sin ser monolítica, comparte una misma orientación general en los problemas que nos interesan. Las argumentaciones y las citaciones de los doctores catalanes y las remisiones al ius commune se repiten de unos autores a otros, de forma que no encontramos contradicciones importantes y sí pequeños matices sobre los problemas centrales. Callis (13701434), Mieres (1400-1474), Cáncer (1559-1631), Xammar (siglo XVII) y Bosch (siglo XVI-XVII), entre otros, son algunos de los autores más significativos de esta doctrina catalana cuyo estudio exhaustivo sobre materia fiscal sigue pendiente. La capacidad de las universidades para imponer collectes y en qué casos podían hacerlo eran algunos de los puntos que nadie eludía. Se discutía y se argumentaba si era preceptivo que las universidades dispusieran de privilegios reales para establecer tallas o colectas. La opinión general era afirmativa, pues establecer tributos era considerado una regalía, como lo establecía con contundencia el Código de Justiniano y lo subrayaban sus glosadores. Se diferenciaba, sin embargo, que se tratara de colectas o tallas generales o especiales y, sobre todo, que una universidad hubiese recibido la autorización para congregarse. Sin la autorización real las universidades no podían ni congregarse ni tener caja común y, consecuentemente, tampoco podían establecer tallas. De este modo el hecho de que la mayor parte de la universidad pudiera vincular la parte minoritaria en el pago de las colectas o en la toma de las decisiones, era un tema que recibía una atención secundaria.

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Tomás Mieres (1400-1474) diferencia, en su obra, aquellas universidades que disponen de una organización en forma de Consulado de las que no. En este segundo caso, y si no hay ninguna licencia regia expresa, la posición de las universidades era muy débil y su capacidad tributaria era nula, puesto que en Cataluña, decía Mieres, era de general observancia que las universidades ni se pudieran congregar, ni tener arca común, ni disponer de Consulado, ni nombrar síndicos si no era por licencia regia o por disfrutar de un régimen de Consulado autorizado.65 Según Mieres, pues, ser universidad no implicaba una organización consular ni, por tanto, disponer de arca común; esta circunstancia, según el jurista, sería prerrogativa de los Consulados —o sea, de las universidades organizadas— o de las universidades que habrían recibido el correspondiente privilegio real, y no de las simples universidades que no han recibido ningún privilegio de organización institucional. No obstante, cuando Mieres especifique en qué casos las universidades pueden establecer colectas no insistirá en la necesidad de disponer de Consulado, pero sí en la licencia real. Así, Mieres, que recogía la opinión de Callis (1370-1434) a propósito de la constitución de 1283 que reconocía los privilegios de las universidades,66 afirmaba que las universidades no podían imponer ninguna talla «general», sino que tan sólo podían imponer tallas especiales para cubrir las necesidades de la propia universidad.67 El carácter general o especial de las tallas parece ser, en definitiva, el criterio central para decidir en qué circunstancias se requiere la autorización del rey: «quod nullus potest imponere collectam generalem sine permissu Principis: tamen specialem potest imponere quaelibet universitas».68 Finalmente, 65 «Nota tamen quod in Cathalonia de observantia generali universitates non possunt se congregare nec possunt tenere archam comunem, nec consulatum, nec possunt constituere Syndicum, nisi licentia habeant a Principe vel consulatum aprobatum prout etiam servatur in Francia iuxta notata per Ioan. Fa. insti. de reru divi. $ universitatis. et probatur hic et est casus in l. fin. C de offi. rec. provin. [=C 1,40,17] dicit Bar. suo. 44 Consilio» (MIERES, Apparatus super Constitutionibus, I, 36, 3). 66 3ª CYADC I 1,19,1, Pedro II en la Corte de Barcelona de 1283, Cap. 1: «(...) nos dit Rey, per nos, e per tots los nostres restituim, atorgam, e approbam als Prelats, als Templers, als Hospitalers, a las Esgleyas, e altres Religiosos, e personas Ecclesiasticas, Barons, Cavallers, Ciutadans, e Homens de Vilas, e de Locs de Cathalunya, axí com antiguament pus plenament han haut, tengut, e posseit, las libertats, e franquesas, costumas, e bons Usos, e tots Privilegis, e atorgaments usats en temps del Senyor en Iacme ça enrera de bona memoria pare nostre, e Rey de Arago, en axí, quel us dels Privilegis e atorgaments, si de aço era dubtat, sie espatxat, e exercit per sola receptio de testimonis, sens donar libell, e sens manament de plet». 67 «Quod talliam generalem applicandam universitati et vectigal non possunt imponere, sed specialem pro necessitatibus universitatis sicut ibi dicitur. Quod est verum in Cathalonia praesente baiulo, vel alio officiali ordinario civitatis et licentiam dante secundum dominum Jacobum de Calicio qui ita notat in suo curiali 6 dubio versi. 60» (Tomàs MIERES, Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae, I, 36, 4). 68 La afirmación de Mieres se basa en «(...) ut in gl. f. super verbo proconsul in l. I $ penul. ff. quod cuiusq. univers. nom. [=D 3,4,1,2] de aliis me remitto his qui in curiis alias intervenerunt et privilegia patriae melius noverunt et quid contineatur in charta venditionis bovatici, quam dominus Rex habet iurare antequam vassalli

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Mieres afirma que tallas, colectas y quèsties son regalías y como tales sólo competen al Príncipe.69 Las posiciones de Cáncer no están demasiado alejadas de las anteriores. El principio general responde a que imponer tallas generales es una regalía.70 Sólo el príncipe puede establecer tributos generales. ¿Pero qué sucede con los especiales, aquellos que realmente interesan a las universidades? De hecho, también requieren la autorización regia, pero no necesariamente de forma expresa, pues se entenderá que las universidades legítimamente congregadas pueden establecer colectas ex causa necessaria y en presencia del baile o de su encomendero. Una vez más, pues en este caso la opinión de Cáncer coincide con la de Callis y la de Mieres, el núcleo del problema recae en la capacidad jurídica de las universidades para congregarse y para tener arca común.71 La conclusión a que llega Cáncer en el supuesto que estamos analizando es que cuando una universidad ha recibido la autorización para congregarse —y esto son los privilegios reales de los s.s medievales de formar Consulado, juradía o Paeria—, entonces puede imponer colectas sin licencia especial.72 Finalmente, el autor afirma que algunas universidades disfrutan de esta autorización de congregarse para resolver los asuntos de la propia universidad y para imponer entre ellos talleas speciales desde tiempo inmemorial sin la presencia de los oficiales reales, tal y como lo declaró, añade Cáncer, la Real Audiencia o Senado catalán el 1589.73 sibi iurent fidelitatem, iuxta constitutionem domini Regis Iacobi secundi, de qua vide supra colla. 4 in 2 curia Barcin. cap. 29 item quod nostri successores (...)» (MIERES, Apparatus super Constitutionibus, II, 174-175, 5). 69 «Et nota quod talliae,collectae, quaestiae et huiusmodi exactiones et angariae sunt regaliae et tanquam regaliae soli competunt Principi, secundum Bal. qui ita notat C, de bon. quae li. l. cum non solum. [=C 6,61,8] circa prin.» (MIERES, Apparatus super Constitutionibus, II, 175, 11). 70 «Neque illud tacitum relinquam, universitatem non posse imponere talleam generalem universitati applicandam, sine Principis licentia, cum id sit de regalibus Principis, collectas indicere, c I, quae sint regalia [=LF 2,55], l. quidquid, C. de vectigali. [=C 4,61,12] et l. vectigalia, C. nova vectigalia impo. [=C 4,62,2] non posse tamen specialem inter singulares pro necessitatibus universitatis, l. fin. C de offi. recto. provin. [= C 1,40,17] et not. Bart. cons. 44 lib. I. et Iosephus Ludovic. decis. Peru. 43. part. I et nove Nicola. Loseaus de iure univer. part. 3 cap. 5» (CANCER, Variarum Resolutionum iuris, I, 13, pp. 370, 206-210). 71 «Haecque impositio collectae, sive taleae quae sit per universitatem, debet fieri praesente Baiulo, vel suo ordinario, ut. not. Calici. in extravag. Curia. cap. I, num. 64. ubi reddit rationem, quia in Cathalonia, universitates non possunt se congregare, nec habere arcam communem, nec possunt constiturere syndicum, nec consules habere, nisi habeant licentiam à Rege, vel à Barone si sint Baronum» (CANCER, Variae Resolutiones, III, pp. 75, 135-137). 72 «Hos nove refert Flores Diaz de Mena variar. quaestio. libr. 2 quaest. 21 num. 38. ubi dicit, Universitatem non posse se congregare sine licentia superioris: ex quo tamen legitime est congregata, bene posse pro suis necessitatibus imponere collectas, sine licentia iudicis» (CANCER, Variarum Resolutionum iuris, I, 13, pp. 271, 114-115). 73 «Nunc solum sublimito in aliquibus universitatibus Cathaloniae, qua sunt in possessione immemoriali congregandi se pro negotiis universitatis, absque officiali, et similes talleas speciales, pro suis necessitatibus sibi imponendi, prout declaravit Senatus, die 12 martii 1589, referente Ioanne Amell, in causa Syndici de Cambrils, contra syndicum de Mombrio» (CANCER, Variarum Resolutionum iuris, I, 13, pp. 370, 209-210).

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Joan Pau Xammar, autor del siglo XVII, bebe de la tradición dominante, pero mantiene la posición más claramente favorable sobre la autonomía de las universidades. El autor señala que las universidades siempre podían imponer tallas pro necessariis causis, absque Regio privilegio, pero guardando siempre la proporción con el patrimonio personal de los contribuyentes.74 El que estas universidades no debieran rendir cuentas de sus imposiciones al rey es indicativo, según Xammar, de hasta qué punto dichas universidades absque alio regio privilegio vectigalia imponere possint.75 Pero cuando Xammar nos expone el caso de Barcelona como ejemplo de la ausencia de autorización regia para imponer tributos, parece insinuar, precisamente, alguna clase de autorización originaria en este sentido, por mucho que la práctica tributaria ciudadana aparezca revestida de uso y de costumbre.76 El que la ciudad de Barcelona, ex diversis Regiis privilegiis et usu ac consuetudine antiquissimis, siempre hubiera impuesto vectigalia sine Regio assensu, puede ser una manera de referirse, no a la autorización de cobrar tributos, sino a la de la lícita congregación de la universidad.77 Así parece que lo debemos entender cuando Xammar recibe y asume las conocidas palabras de Cáncer, para quien «in Cathalonia Universitates non possunt se congregare nec habere arcam communem, nec creare Syndicum nec Consules sine regia facultate si Regiae sint, aut Baronis, si Baronis sint». Y para demostrar hasta qué punto esto es cierto, añade que aquellos collegia que no disfrutan de autorización para congregarse, cuando necesitan hacerlo para tratar sus asuntos, han de obtener licencia del veguer o del baile.78 Además Xammar, igual que otros autores, invoca la 74 «Sane collectas quas vocant tallas inter homines ipsos de universitatis corpore pro necessariis causis potuit semper Universitas absque Regio privilegio imponere, aequalitate inter illos servata ut quod homines manus maioris plus solvant et homines manus minoris minus, ut sepius vidi declaratum in officio Magistri Rationalis Regii. Et quod ad hoc non requiratur Regia facultas probant Cancer Var. par 3 cap 3 a. núm 130 usque ad núm 142 et Rossental, De feudis cap. 5 conclusio 75 Guid. Pap. Decis. 631, núm 5 ubi núm 6 resoluit maiorem partem Universitatis ligare minorem circa impositionem dictae collectae» (Ioanne Paulo XAMMAR, Civilis Doctrina de Antiquitate, et religione, regimine, privilegiis, et praeheminentiis inclytae Civitatis Barcinonae, Barcelona, 1644, p. 68, n. 46-47). 75 «(...) ut omnes Universitates Civitatum Villarum et Oppodorum huius Provintie absque alio Regio privilegio vectigalia imponere possint adeo ut nec eas compellat ad reddendum rationem suarum impositionum (...)» (XAMMAR, Civilis Doctrina, p. 68, n. 49). 76 «Civitas Barcinonae ex diversis Regiis privilegiis et usu ac consuetudine antiquissimis semper imposuit quae voluit, vectigalia sine Regio assensu tam civibus quam exteris quibuscumque ad Civitatem adventantibus (...)» (XAMMAR, Civilis Doctrina, p. 68, n. 48). 77 La intervención regia en la organización municipal de Barcelona fue, en efecto, relativamente tardía. Los orígenes del municipio barcelonés pueden ser seguidos en Josep M. FONT RIUS, Jaume I i la municipalitat de Barcelona, Barcelona, 1977, y los de la fiscalidad en Pere ORTÍ, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona (segles XIII-XIV)», en Barcelona. Quaderns d´Història, 2/3 (1996), pp. 17-34. 78 «(...) post enim Iacob. Cancer Var. par. 3 cap. 3 num. 137 et cap. 13 num. 167, 168 et 170. quod in Cathalonia Universitates non possunt se congregare nec habere arcam communem,nec creare Syndicum nec Consules sine regia facultate si Regiae sint, aut Baronis, si Baronis sint. Quod adeo verum est ut si multi simul

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opinión de Papiense de que la mayoría de los miembros de una universidad podía obligar a la minoría a imponer estas colectas.79 En definitiva, pues, la argumentación de Xammar, que había sido profesor de derecho canónico en el Estudi General de Barcelona, nos podía haber recordado, en su primera parte, la doctrina canónica que entendía la facultad de disponer de arca común, no como una prerrogativa de las universidades, sino como una de las características intrínsecas de este instituto. Pero en su conjunto, tal y como aquí lo hemos expuesto, el punto esencial continúa siendo la licitud de la congregación de la universidad. Nos merece una atención especial por su conocimiento de la práctica municipal Andreu Bosch y su obra Sumari, índex o epítome dels admirables y nobilissims títols de Honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya (1628). Jurista, cónsul de Perpiñán entre 1629 y 1639 y juez en los condados de Rosselló y Cerdanya, Bosch ofrece una documentada panorámica del gobierno y la administración de las villas y ciudades del Principado y de los condados.80 La posición de Bosch, que escribe durante la primera mitad del siglo XVII,81 es de una gran contundencia y claridad. Bosch no contradice, sino que la matiza, la doctrina dominante que expusieron sus antecesores. El autor afirma que el derecho de la universidad a congregarse no le es connatural por su naturaleza —estamos hablando de universidades y no de aglomeraciones no reconocidas—, sino que debe ser reconocido por el rey. Por otra parte, y es lo que ahora nos interesa, también la facultad de las universidades de disponer de arca común se halla a expensas de la voluntad real: «Advertint que de dret comú lo Concell General no te ninguna jurisdiccio, y in forma Collegii quod auctoritate Superioris non habent, se congregare velint pro aliquo tractando negocio, indigeant licentia iudicis Ordinarii, nempe in Cathalonia Vicarii vel Baiuli, et ita servatur (...)» (XAMMAR, Civilis Doctrina, p. 97, n. 3). 79 Vid. nota 74. 80 Más allá del recurso a los doctores catalanes y a los clásicos del ius commune, Bosch recorre también a menudo, cuando se refiere a universidades, Consejos y hacienda municipal, a CASTILLO DE BOVADILLA, Política para corregidores, y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales: y para Regidores, y Abogados; y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos Realengos, y de las Órdenes (citamos por la edición de 1775, que reproduce la de 1640, la cual contiene añadidos y enmiendas del mismo autor sobre la edición original de 1597). Sobre la obra y el autor, vid. el estudio introductorio de Benjamín González Alonso a la edición facsímil de la de 1704 publicada por Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1978; estudio que también se puede encontrar en Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, «Jerónimo Castillo de Bobadilla y la “Política para corregidores y señores de vasallos” (1597)», en Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Las Comunidades de Castilla y otros estudios, Madrid, 1981, pp. 85-139. 81 Las posiciones doctrinales de la época a propósito del ejercicio del poder político en Cataluña, y en las que Bosch no participó demasiado activamente, han sido bien analizadas por Jaume RIBALTA HARO, «De natura deputationis generalis Cathaloniae. Una aproximación a través de la literatura polemista del seiscientos: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la Diputación del General de Cataluña (1632)», en Historia, Instituciones, Documentos, 20 (1993), pp. 403-471.

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poder per averla transferida lo Senat Romà al Príncep, y sos Ministres, sino es aquella que per especials privilegis sols ha concedida, y aixi no pot ninguna Universitat del mon, ni congregarse, ni tenir caixa comuna, ni Consulat aprobat, ni Syndich, sino es ab llicencia, y gracia Reyal».82 Consecuentemente, lo poder de fer talls en benefici, y subvencio de la Universitat, en quins casos, y la forma de exigirlos, y de quines persones es als privilegis dels Reys .83 Por lo tanto, las universidades no tendrían capacidad originaria ni para disponer de arca común ni para establecer tributos, sino que haría falta la autorización regia, la cual no debía ser reclamada periódicamente sino que los municipios, tras una concesión originaria, podían disfrutar de ella si no se afirmaba lo contrario. La autorización real, de este modo, bien en forma de privilegio concedido de forma unilateral84 o bien de forma masiva mediante ley paccionada, como sucedió en la corte de Monzón de 1363,85 se convertía, para Bosch, en la clave de la hacienda de las universidades: «Los emoluments, drets, y rendes de les Universitats de les Ciutats Viles y lochs de Cathalunya, Rossello, y Cerdanya son les imposicions, cises, ajudes, Gabelles, vectigals, questies, Barres, talls, subsidis, contribucions, pontatges, y altres molts a mes dels particulars de censals, propietats, y Senyories gosan acquisides ab differents legitims titols. La major part dels dits drets, y rendes gosan ja del principi tingueren poder de congregarse, y formar Republicha, y Universitat com esta dit; lo que a mes los prove de concessions Reyals particulars per quant segons disposicions de dret

82 Andreu BOSCH, Summari, index o epitome dels admirables y nobilissims títols de Honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyà, 1628, lib. 4, cap. 12, 274 (= p. 427) (puede verse la edición anastática publicada por Curial, Documents de Cultura, Barcelona-Sueca, 1974). 83 A continuación el autor enumeraba todos los privilegios de Perpiñán que contenían estas autorizaciones. BOSCH, Sumari, lib. 4, cap. 25, p. 474. 84 «Lo concell general sol, sols pot imposar imposicions noves ab consentiment de la mes part de quiscu de les tres mans de dit concell segons apar del privilegi del Rey Don Iuan dat a Barcelona a 14 de Iuny 1455» (BOSCH, Sumari, lib. 4, cap. 13, p. 430). 85 «Dits drets, y rendes obtenian les Universitats de differents maneres unes de una, altres de altra, y moltes sens tenirne fins lo any 1363 que entrà la gracia, y dispensa general del Rey Don Pere ab privilegi dat a Montsó a 18 de Ianer de dit any 1363. en les Corts generals que aqui celebrava per los Regnes de la Corona de Arago, en hi ab lo qual concedi licentia, poder, y facultat plenaria ab forsa de lley paccionada y contracta apreciat, y pagat, ha totes les Universitats del Principat de Cathalunya, y contrats de Rossello, y Cerdanya, y altres Regnes de Valencia, y Mallorcha, del qual se fa mencio en la constitucio del any 1470, de imposar, cullilr, y rebre imposicions, o cises sobre les coses, y mercaderies qualsevols imposedores per los Consuls, y Iurats obligant ha pagarles qualsevols persones (com ha regalies, y que gosen de ses prerrogatives) fins als Cavallers, militars y altres qualsevols exempts, creixer llevar, y tornar, y com mes llargament en ell apar» (BOSCH, Sumari, lib. 4, cap. 25, p. 473). Del mismo modo que Pere Ortí ha demostrado con claridad que Broussolle se equivocaba (1955) al datar el origen de las imposiciones municipales de Barcelona en el siglo XII, error que ha sido reproducido hasta nuestros días (ORTÍ, «La construcció del sistema fiscal»), Pere Verdés ha corregido un error parecido consistente, también hasta hoy y motivado por la afirmación precedente de Bosch, a considerar que por los privilegios de 18 de enero de 1363, redactados en el contexto de la corte de Monzón, se daba vía libre a todos los municipios para establecer imposiciones según su arbitrio (VERDÉS, «A propòsit del “privilegi general”»).

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comu dites Universitats no les poden gosar sino ab especial gracia, com sien regalies que tocan sols al Rey».86 Ante la contundencia de estas opiniones, el mismo Bosch se apresura a advertir que «no falta qui deffensa que qualsevol Republicha, y Universitat per soccorrer, y remediar ses necessitats pot imposar drets, majorment continuarlos siu te ja de costuma antiga».87 En definitiva, los términos «general» y «especial» empleados por Mieres y por Cáncer en el discurso sobre la titularidad del derecho de imponer tallas y colectas no tienen un sentido claro y unívoco, o, mejor dicho, no lo tienen en el marco de las universidades. Nos decantamos por entender que Mieres y Cáncer desean dejar claro que el impuesto —que por esencia pretende ser una contribución general— es una regalía, tal y como lo establece el derecho común —y citan los comentarios de Bártolo al Código—, pero que las universidades —y habiendo quedado claro quién es el titular del derecho de imponer— sólo pueden establecer tallas y colectas cuando son tributos especiales para subvenir sus propias necesidades; y esto sólo cuando han sido autorizadas o disfrutan de una organización institucional suficiente. Desactivado el carácter general de estos tributos, no hay inconveniente, pues, en reconocer —y, de hecho, así lo imponía la realidad— la capacidad de los organismos municipales para recaudar tributos con que satisfacer sus propias necesidades. Diríamos que los autores catalanes habían adaptado la doctrina del derecho común, que nació y se formó en el marco de las ciudades-república del norte de Italia y con no poca influencia, como se ha dicho, del derecho canónico, a la realidad de su sociedad, o sea, a un Principado donde las universidades no se configuraban como entidades independientes de facto —como pasaba en el norte de Italia—, sino que todas ellas, bien fueran «municipios» o simples universidades, se integraban en una estructura política más amplia en la que el titular del poder era el conde de Barcelona.

7. UNIVERSITAS, TRIBUTOS Y CONSEJO

Pero la realidad no sigue los dictados de la doctrina, la cual tampoco registra con total fidelidad a la primera. La doctrina jurídica abstrae y teoriza la realidad pasándola por el cedazo no sólo de unas nuevas ideas políticas, sino también de unas nuevas instituciones jurídicas. Por esto decimos que este calco no es fiel, porque lo hace con un aparato y unos enseres —los del ius commune— que modifican la substancia, y cuando la proyectan de nuevo hacia la realidad lo hacen transformándola. 86 87

BOSCH, Sumari, lib. 4, cap. 25, pp. 472-473. BOSCH, Sumari, lib. 4, cap. 25, pp. 472-473.

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Las aglomeraciones humanas eran cualificadas o consideradas universitates no de manera solemne sino casi fortuitamente o accidentalmente, lo cual no desluce el hecho. Y la consideración, casi más tácita que expresa, de universitas tampoco implicaba automáticamente la autorización para disfrutar de un régimen institucional estable. La documentación conservada nos enseña, en muchos casos, que antes del privilegio real de organización institucional —en forma de Paería, de Juradía, de Consulado o, más genéricamente, en forma de Consejo—, aquella universitas ya disfrutaba de la autorización para recaudar tributos reales y vecinales entre sus miembros. Finalmente llegaban los privilegios de organización político-institucional. Y que sepamos, no era usual la autorización regia expresa de disponer, la universidad, de arca común, con ésta o con otra denominación. El problema, díficil de resolver por la escasez de documentación para este momento en concreto, es saber qué ocurre entre el momento en que una comunidad ha desarrollado suficientemente su unidad como para ser considerada una universidad —y poder ser titular de derechos y de deberes— y el momento en el que el monarca regula cómo deben ser cobrados ciertos tributos entre los vecinos.88 Que disponer de arca común iba implícito con la facultad tributaria parece evidente; la cuestión es saber si estaba implícito, en la práctica, con la universitas. Los textos catalanes del siglo XIII 88 Sobre estos problemas son muy sugerentes, y por más aspectos de los que aquí recogeremos, las páginas que André Gouron ha dedicado al texto francés más antiguo que aplica, en una villa cerca de Nimes en 1158, el sistema de impuesto proporcional que tan usual será en las universidades catalanas del doscientos. El autor del texto referido, probablemente Raoul de Saint-Gilles —en todo caso alguien del grupo de Rogerius—, combina préstamos de los Tres Libri con otro procedente de Isidoro de Sevilla, sin plantearse nunca, sin embargo, la cuestión de la autoridad competente para establecer el impuesto. Cosa sorprendente, prosigue Gouron, se puede encontrar la misma combinación en la ley Tributum de Federico Barbarroja, que no influenció, sin embargo, al texto francés. De todas maneras parece evidente, para nuestro autor, que el redescubrimiento de los Tres Libri jugó un papel importante en todo este proceso (vid. Emanuele CONTE, Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l´esegesi scolastica prima di Acursio, Francfort/Mein, 1990, p. 101, citado por GOURON, vid. infra). La nueva tendencia, ilustrada por el fragmento de Cailar (la villa a la que se refiere el texto, en el Gard, cerca de Nimes), no fue un fenómeno aislado, pues el artículo 94 de la carta de privilegios concedida el 1204 a Montpellier por el conde de Barcelona Pedro II avanza en un sentido parecido. (Vid. André GOURON, «“L´invention” de l´impôt proportionnel au Moyen Age», en Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l´année 1994, janvier-mars, Paris, 1994, pp. 245-260; el texto mencionado de Cailar de 1158 se encuentra publicado en Layettes du Trésor des Chartes, Paris, 1863, I, p. 80, núm. 150. Reproducimos el texto de Montpellier, que corresponde al capítulo 94 de la carta otorgada por Pedro II el 1204 —publicado en Layettes, I, p. 263—: «Statutum est ut probi [et] legales viri de Montepessulano cum jurejurando [eligantur qui debent arbitrari cum jurejurando] bona et facultates singulorum, et indicere et manifestare quantam unusquisque quantitatem debeat dare et expendere in hiis que opus erunt ad constructionem murorum, et isti possunt minuere vel augere in singulis hominibus secundum quod eis bona fide visum fuerit, pro exiguitate, pro tenuitate, pro opulentia patrimonii cujusque. Et isti eligantur cum jurejurando a XIIII, scilicet a duobus de unaquaque scalarum; qui XIIII, jurant eligere bona fide. Et omnia ista sint annualia, ita quod nemo ibi morari debet nisi per annum, et postea alii eodem modo substituantur. Et illi supradicti, quos dicti XIIII cim eligent, debent peccuniam pertinentem ad constructionem murorum accipere et expendere in constructionem, sicut eius melius visum fuerit». Agradecemos al profesor Gouron el envío de este interesante material.

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parecen indicar, más por omisión que por afirmación, que no hacía falta solicitar autorización al titular del poder para formar arca común. Esta prerrogativa, sin embargo, aun siendo reconocida por la doctrina de los glosadores —pero en cambio, matizada por los autores catalanes— era poco relevante en un sistema como el catalán, en el que los bienes comunales que podrían generar rentas para la comunidad no tenían —excepto en el Pirineo— la importancia que habían adquirido, por ejemplo, en Castilla.89 La posibilidad de formar una bolsa común, tal como reconocía la doctrina, era inútil si no se podían cobrar tributos con que llenarla. Recordemos, por otra parte, que los doctores catalanes asociaban el arca común con la autorización a una comunidad para congregarse, o sea, a las universidades perceptoras de privilegios de una cierta organización institucional. En este contexto, no sólo es difícil verificar la certitud de la secuencia que va de la universitas hacia los tributos, sino que además hace falta incorporar, a partir de finales del siglo XIII y sobre todo a comienzos del siglo XIV, dos nuevas variantes: una, la emergencia del Consejo como órgano en el que se formaba y por medio del cual se expresaba la voluntad de la universidad; dos, el papel de la monarquía que, a partir de la petición de subsidios, jugaba un papel estimulador en el proceso de formación de una hacienda municipal.90 Una hipótesis de trabajo, que ahora sólo podemos apuntar y que esperamos poder desarrollar más adelante, consiste en probar que la hacienda municipal no es posterior a la existencia del Consejo, como una clase de función que un día el Consejo habría asumido, sino que en cierta medida es, no sólo anterior, sino además factor causal. Cuando hablamos de hacienda municipal nos referimos, tanto al sistema que se configuró entre 1289 y 1358, como también a la actividad tributaria, mucho más débil y más simple, de la primera mitad del siglo XIII. Esta hipótesis de trabajo incluye verificar que el sistema tributario gestionado por los municipios, pero incentivado o desencadenado por la Corona desde los subsidios concedidos a Alfonso II en la Corte de Monzón de 1289 y a Jaime II en la de Barcelona de 1292, fue, no sólo el gran motor que impulsó la consolidación del Consejo, sino que en cierta medida fue el factor determinante del «nacimiento» de este órgano de gestión y de gobierno municipales. Si bien es cierto que las grandes recaudaciones por la vía de una sisa general en 1289 y 1292 no habrían sido posibles sin la existencia de una mínima estructura municipal, no lo es menos que la maquinaria tributaria que exigen las múltiples empresas mediterráneas y peninsulares de

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Vid. nota 51. Son trabajos de referencia obligada para comprender la relación entre hacienda municipal y monarquía y, en un plano más amplio, las grandes líneas de la inclusión de aquélla en la que el autor califica de una fiscalidad de «estado», respectivamente SÁNCHEZ y ORTÍ, «La Corona en la génesis», y SÁNCHEZ, El naixement. 90

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la primera mitad del siglo XIV sólo funciona de manera fluida y a pleno rendimiento cuando el Consejo estaba plenamente organizado. No es exagerado recordar que la organización y la morfología del Consejo hacia 1350 será, con pocos cambios, la que durará hasta la Nueva Planta borbónica. Podríamos afirmar que la universidad, como cualquier otra persona, tiene necesidad constante de formar y de expresar voluntades en el ámbito de lo político y de lo jurídico. Es más: probablemente no sería arriesgado afirmar que fueron temas y motivos directa o indirectamente vinculados con la fiscalidad —construcción de murallas, reparación de puentes y caminos, satisfacción del subsidio o del donativo, en algunos casos forzadamente, como cuando el subsidio había sido identificado con la quèstia, y en otros casos graciosamente—, aquellos que obligaron a las universidades a expresar una opinión la mayor parte de las veces. La escala y la magnitud del fenómeno deben ser tenidas en cuenta: la fuerza motriz (en el sentido de generadora de estructuras duraderas) de las tallas o colectas que se podían recaudar en la primera mitad del siglo XIII no puede ser comparada con la de las profertes que se obtuvieron por la vía de imposiciones, primero, y de emisión de deuda pública en un segundo momento. Fue la necesidad de una mayor fluidez en la formación y en la expresión de la voluntad —que originalmente se obtenía en las asambleas generales de todos los miembros de la corporación— aquello que en algunos casos originaría el Consejo, y en otros, como en los núcleos urbanos, lo que lo consolidaría definitivamente. Por lo tanto, pues, no podemos tratar la hacienda y la fiscalidad de un municipio como una más de las atribuciones del naciente Consejo, sino que, en una medida de difícil determinación, aquel Consejo nacería para organizar con más eficacia la recaudación de tributos entre los miembros de la universidad.

EL IMPUESTO DIRECTO EN LOS MUNICIPIOS CATALANES1

1. PLANTEAMIENTO

Habida cuenta que otro de los trabajos que integran este volumen tiene por objeto el estudio de las haciendas municipales en Cataluña en la Edad Media en su aspecto global —orígenes, fuentes de financiación, evolución, funcionamiento, vinculación con la hacienda regia, etc.—, nosotros vamos a centrarnos única y exclusivamente en los tributos directos que los municipios percibieron de sus ciudadanos.2 Bástenos señalar que enfocar nuestro interés en la relación tributaria establecida entre el Consejo y los vecinos supone dar por hecho que el Consejo es capaz de actuar y que existe, como algo unitario, en el mundo del derecho. Efectivamente, en otras sedes3 nos hemos ocupado de señalar que en el siglo XIII, 1 El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación Ley y Costumbre en el derecho histórico español dirigido por Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la DGICYT PB 93-0794. Este texto refunde los resultados y las investigaciones más recientes sobre la materia así como abundante documentación inédita con los resultados que sobre el tema habíamos avanzado en 1992 en una revista de derecho positivo y de poca difusión tanto entre historiadores del derecho como entre historiadores de la fiscalidad en general y que ahora nos permitimos reproducir parcialmente [«La hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la edad media. Planteamiento general», en Revista de Hacienda Autonómica y Local, vol. XXII, núm. 64 (1992), pp. 9-80]. Puesto que nos hemos centrado única y exclusivamente en el impuesto directo que cobraron los municipios en Cataluña a partir del siglo XIII, hemos abandonado el título original de la ponencia —El impuesto medieval en las ciudades catalanas— que mantuvimos en la celebración del congreso en 1995 en mor de una mayor precisión y fidelidad al contenido del trabajo. Debo agradecer a Pere Verdés la localización de importante documentación de archivo inédita hasta ahora sobre Cervera y a Marc Torras el haberme facilitado información también todavía inédita no menos interesante sobre Manresa. 2 Como aproximaciones generales a la hacienda y la fiscalidad municipal en Cataluña en la Edad Media, puede verse José María FONT RIUS, «Organos y funcionarios de la administración económica en las principales localidades de Cataluña», en Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle, Bruxelles, 1964, pp. 257-278, reeditado y enmendado en José María FONT RIUS, «La administración financiera en los municipios catalanes medievales», en Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval), Madrid, 1982, pp. 197-231; ahora en Josep Maria FONT RIUS, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, pp. 611-637. 3 Max TURULL RUBINAT, La Configuració Jurídica del municipi Baix-Medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990; Max TURULL RUBINAT, «Arca Communis:

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a la luz de la recepción del derecho romano-justinianeo y canónico, aquellas villas y ciudades que eran conglomerados inorgánicos de individuos, a partir de un sentimiento de unidad y de actuaciones efectivamente unitarias lograron construir unidad donde existía diversidad, algo que halló plasmación en el mundo del derecho bajo la forma de las universitates. Se trataba de una ficción jurídica según la cual el conjunto de habitantes de un lugar, o, lo que es lo mismo, la suma de los individuos, se personificaba en una unidad superior, intangible e imaginaria cual era la persona moral o jurídica. Sin embargo una tal personficación solamente tiene sentido cuando se halla frente a otras figuras similares: dicho de otro modo, la persona moral sólo existe en relación con otras personas morales y, lo que es más importante, cuando halla reconocimiento de su condición ante el titular del poder bajo cuya jurisdicción se encuentra esta persona jurídica. La virtualidad de este tipo de construcción reside en que la comunidad como tal será capaz de manifestarse ante el superior, ante otras comunidades e incluso ante sus mismos miembros, puesto que la voluntad de la comunidad no se confunde con la de las individualidades que la integran. En definitiva, pues, la universitas, como cualquier persona, tendrá una voluntad que deberá formar y luego expresar. Es en este momento cuando entra en escena el Consejo (Consell), que se convertirá en el órgano de formación y de expresión de la voluntad de la universidad. La terminología es todavía titubeante a lo largo de los siglos medievales, y vemos al rey dirigirse al mismo tiempo a la universitas, a sus singulares y a los prohombres de la misma; pero en la relación inversa, es, invariablemente, el Consejo, en nombre de la universidad, el que se dirigirá al rey, a otras universidades o a los miembros de la propia universidad que encarna. De esta forma se comprenderá mejor que, independientemente de la relación tributaria que sea establecida entre el monarca y la universidad, lo que a nosotros nos atañe, ahora, es la relación tributaria entre la universidad y sus miembros. Señalemos también que en Cataluña el conde de Barcelona no consiguió establecer un impuesto ni ordinario —cuya percepción no requiriera una disposición legislativa en cada nueva ocasión— ni general —cuyos obligados fueran todos sus naturales—. Por el contrario, se vio obligado a consensuar con los miembros de los estamentos aquellas cantidades que estos aportarian al erario real por diferentes conceptos y, además, que tales contribuciones no las percibiría nunca el monarca directamente de sus Dret, Municipi i Fiscalitat (D´una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», en Aquilino Iglesia Ferreirós (ed.), Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep M. Gay Escoda, Barcelona, 1996 (= Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 1, 1996, pp. 581-609); con Jaume RIBALTA HARO, «De voluntate universitatis. La formació i l’expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520)», en Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 143-231.

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sometidos a través de su aparato administrativo sino que serían cantidades y sumas percibidas por las propias universidades, las cuales recaudaban para satisfacer sus propias necesidades financieras (construcción de murallas, mantenimiento de puentes y caminos, envío de síndicos y de embajadas, gastos de funcionamiento de su propia estructura administrativa, salarios de magistrados y otros cargos concejiles, etc.) y para satisfacer las exigencias regias. Entre los ingresos de naturaleza fiscal el más importante y el que primero se puso en marcha fue la talla, aquel tributo directo recaudado por la propia universidad y que será objeto de análisis en el presente trabajo. Pero el Consejo obtendrá otros recursos financieros con un impuesto indirecto sobre el consumo (las imposicions), cuya percepción exigía la autorización regia, y con la emisión de un cierto tipo de deuda pública (censals y violaris), amen de otras herramientas financieras de menor importancia.4 Dicho esto, sólo cabe añadir que no nos interesan las cantidades, absolutas o relativas, que percibieron los Consejos ni tampoco nos interesan siquiera los motivos o el destino último de lo recaudado ni la negociación entre monarquía y estamento ciudadano que conllevaba todo el proceso.5 Únicamente estudiaremos la morfología interna del tributo directo percibido por el Consejo entre los vecinos y su configuración jurídica.

2. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EX LEGE

A pesar del desarrollo reciente en la investigación sobre las haciendas municipales, poco es lo que todavía sabemos acerca de la autonomía financiera de los Consejos medievales.6 En la cultura jurídica del ius commune al municipio no le es reconocida la más mínima autonomía fiscal. Es al príncipe al único que le corresponde establecer tributos. No hallaremos, pues, referencias a una potestad tributaria en manos de las civitates en la compilación justinianea, aunque sí encontraremos referencias, sobre todo entre los canonistas, a la posibilidad de la universidad de disponer de un fondo común —la arca communis—. 4 Señalemos el tributo conocido, entre otros, con el nombre de onzè [vid. Jordi MORELLÓ I BAGET, «La problemàtica d´un impost a finals del segle XIV: la imposició de l´onzè a Valls el 1394», en Miscellània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 249-282]. 5 Véase sobre todo ello Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, 1995; y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Colloqui Internacional Corona, Municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278. 6 Hemos abordado recientemente esta problemática en TURULL, Arca Communis: Dret, Municipi i Fiscalitat, op. cit.

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Sin embargo, disponer de fondo común no implica ni mucho menos capacidad para establecer colectas entre los miembros de la colectividad. Así lo entendió también la doctrina de los doctores catalanes, imbuidos de derecho común pero conocedores de la realidad catalana del momento. Por lo tanto, y a la espera de aportaciones más definitivas, partimos del supuesto de que el municipio no era el titular originario de una potestad tributaria. Era, en su caso, titular de un poder tributario cedido por el titular de la plenitudo potestatis y como tal le correspondía dictar unas normas jurídicas que disciplinasen la actividad tributaria que desarrollaba. Pero, como hemos dicho, lo que ahora vamos a plantear no es tanto el estudio de los orígenes de la función tributaria que tiene reconocida el municipio, sino más bien esbozar el estudio de los vínculos y relaciones jurídicas concretas a que da lugar su existencia y desarrollo, o sea, las relaciones jurídicas que genera la obligación tributaria,7 el objeto o el contenido de la cual es el tributo. Efectivamente, para que los municipios pudieran realizar una actividad financiera, los monarcas les concedieron privilegios en los que se confirmaba y se reconocía la posibilidad y la capacidad de aquéllos para establecer tributos entre sus habitantes.8 Mientras que el establecimiento de tributos indirectos 7 Siendo la obligación tributaria nuestro principal centro de interés, no es lícito aplicar mecánicamente los esquemas y los criterios de la obligación en derecho privado, a pesar de que en los cuerpos legales de derecho privado —léase, en nuestro caso, sobre todo el Digesto y su glosa ordinaria— se encuentren las reglas generales que informan esta institución jurídica. Se puede afirmar, en este sentido, que la obligación en derecho privado se ha centrado en la existencia de voluntad y en el contrato como fuente de obligación, mientras que las obligaciones ex lege que derivan del ordenamiento jurídico han permanecido en un plano secundario. Problema distinto es identificar si la obligación tributaria que se establece entre el municipio y los sujetos pasivos pertenece a una obligación ex lege o debe hallársele un vínculo contractual. En este sentido, a pesar del carácter contractual que parece revestir el pacto de vecindad entre el municipio y una o varias personas físicas, en cuyo pacto se establece, entre otras, la obligación de contribuir en las cargas fiscales del municipio mediante el pago de determinados tributos, parece más oportuno partir del núcleo de atribuciones financieras que el monarca catalán confirmó al municipio y que la facultan para exigir, amparado por las normas jurídicas, ciertos tributos entre los ciudadanos. Sería en este caso una obligación ex lege puesto que es una norma jurídica la que determina los hechos cuya realización hace nacer la obligación tributaria. Se trataría además de una obligación de derecho público —si es que es lícito aislar ambas vertientes de la obligación— en virtud de la naturaleza pública de la obligación que le sirve de base. Sin embargo, la obligación tributaria en el marco municipal expresado, diferenciable de la obligación civil a partir del supuesto de la existencia o no de voluntad negocial, contiene ciertos elementos de derecho privado: el municipio, como ente público acreedor, tiene derecho a exigir y el ciudadano, como sujeto pasivo deudor, el deber de realizar aquella precisa prestación establecida por el ordenamiento jurídico. Consistiendo la obligación tributaria en la obligación de dar una suma de dinero es posible afirmar que no existe negocio jurídico al no existir voluntad negocial, sino tan sólo una obligación de dar. 8 El caso más simple, por la brevedad de la mención, como tambien representativo, es el otorgamiento del privilegio Recognoverunt proceres a la ciudad de Barcelona por Pere II de Cataluña en 1284, en cuyo capítulo 87, perteneciente por tanto al núcleo de nuevas disposiciones contemporáneas a la fecha del privilegio añadidas a los setenta capítulos anteriores del llamado núcleo antiguo, se establece la obligatoriedad de colaborar en el erario común de la ciudad: «De solvendis serviciis vicinalibus. Item concedimus capitulum, quod quilibet civis Barchinone solvat, et contribuat partem sibi contingentem in serviciis vicinalibus, et inde non excusetur ratione alicuius Privilegii» (3ª CYADC II, 1, 13, 1); aunque la autorización a cobrar tributos es bastante anterior

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—o imposicions— o de nuevos valores sobre los ya vigentes estaba sujeto a la autorización real,9 el cobro de colectas en forma de derrama —tallas— entre los habitantes era el fruto de una resolución de la asamblea vecinal o, en su caso, del Consejo del municipio. En este último caso los privilegios reales reconocían de una vez por todas la capacidad del municipio beneficiario del privilegio de establecer estas colectas y autorizaban esta práctica,10 no siendo en el tiempo, puesto que ya en 1226 Jaime I había establecido que los tributos reales y vecinales que se estaban cobrando en Barcelona se pagasen per solidum et per libram («attendentes fidelitatem tocius populi Barchinone, considerantes eciam frequentes clamores eorum ad nos sepe ac sepius factos, super eo quod in talliis et questiis et aliis exacionibus gravissime tractabantur; eorum iustis precibus inclinati concedimus et presenti privilegio perpetuo valituro statuimus et sancimus quod ab hac die in antea, omnes questie, tallie, collecte et exaccione quecunque fient in civitate, vel propter nos vel propter aliquod comune vicinatis, fiant semper per solidum et per libram», Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. I. 1216-1236, doc. 81, pp. 163-164, València, 1976). Uno de entre varios ejemplos de privilegios reales que tienen por objeto regular el cobro de impuestos es la autorización de Jaime I a los paers de Cervera para tasar los bienes de los vecinos con aras a contribuir en todo tipo de impuestos, tanto vecinales como reales: «Que los pahers de Cervera puxen tatxar los veyns de la dita vila aprés que ab sagrament hauran manifestat los béns per mes béns que no hauran manifestats (...)» (1272, septiembre, 2. Montpeller, en Max TURULL RUBINAT, Josep HERNANDO DELGADO, Montserrat GARRABOU PERES y Josep Maria LLOBET PORTELLA Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, doc. 14 (en adelante, TURULL, LPC y número de documento). 9 Para el caso de Cataluña, véase, sobre todo, Pere VERDÉS PIJUAN, «A propòsit del “Privilegi General” per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», en Miscellània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 231-248, donde el autor desmiente la extendida opinión de que después de 1363 las universidades pudieron establecer imposicions a su antojo y sin necesidad del consentimiento regio. Por otra parte, como ejemplo y no precisamente de los más tempranos, en enero de 1378 Pedro III concede a la vila de Terrassa la facultad de crear una imposición (impuesto indirecto sobre el consumo) sobre el pan, el vino, la carne y otros productos durante cinco años con la única finalidad de destinar dicha recaudación a redimir ciertas deudas que la villa había contraido con el monarca y a destinar el resto en la construcción de las murallas de la ciudad. El interés de la monarquia en fortalecer la defensa de las villas catalanas ante la inminencia de las hostilidades con la Corona de Castilla empujó en 1383 al entonces infante Martín el Humano a facultar de nuevo a la misma universidad de Terrassa a destinar más recursos a las murallas a partir de la creación de una nueva imposición (Vid. Pere PUIG I USTRELL, Teresa CARDELLACH I GIMENEZ, Montserrat ROYES I PIJOAN, Judit TAPIOLAS I BADIELLA, Pergamins de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1278-1387, Barcelona, Fundació Noguera,1988, docs. 211 y 220). 10 Consuetudines Ilerdenses (1228), recopilación de costumbres llevada a cabo por Guillem Botet por encargo del gobierno municipal, según cuenta el mismo redactor, contiene ya la obligación a que estaban sometidos los vecinos de Lleida de colaborar en las cargas económicas del municipio: «Vicinus noster est, qui iuravit nostram vicinitatem, et in exercitu ivit, et in comune mitit de omni mobili suo et possesionibus quas hic habet (...)» [Pilar LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO (ed.), Costumbres de Lérida, Barcelona, 1946, II, 93]. Este mandato, que no cuenta con el beneplácito directo del monarca, encuentra no obstante su justificación en la autorización de Pere I y Ermengol VIII en 1200 a cobrar cuotas entre los vecinos y los habitantes de Lleida para atender los gastos comunes y con la amenaza de perder la vecindad y ser expulsados de la ciudad aquellos que no contribuyeran (Rafael GRAS I D’ESTEVA, Història de la Paeria [=La Pahería de Lérida. Organización municipal 1149-1707]; reedición y traducción, Lérida, Paheria de Lleida, [Ayuntamiento de Lérida], 1988, p. 98); la expulsión de los que no pagaban fue ratificada con gran contundencia por Jaime II en 1302: «Si quis autem vicinale comune, seu vicinale servicium, vobiscum facere noluerit, ab omni vestro vicinatico ex mandato nostre autoritatis. Illum et res suas vobis et vestris liceat privari cum juramento et cum illis nullam praticipationem habeatis» (GRAS, Història de la Paeria, lámina 19, pp. 257-258); antes, en 1213, la contribución de todos los ciudadanos, tanto los de la mano mayor como los de la mediana y menor, en las cargas comunes debía efectuarse proporcionalmente a la riqueza de cada

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necesaria tal autorización directa cada vez que el Consejo se disponía a cobrar un impuesto de este tipo. Prevía autorización regia, por tanto, y puesto que las concesiones reales se ciñeron bastante escuetamente a autorizar a los municipios a imponer tributos, el Consejo desarrolló una capacidad normativa que consistía en dictar unas normas —ordenanzas— que regularían una relación de obligación de los ciudadanos para con el Consejo como titular de un derecho subjetivo.11 Se trataba de un cuerpo dispositivo casuístico propio del municipio pero en absoluto compacto ni completo.12 Tales disposiciones eran de obligado uno, según se fijaba en un documento que pretendía pacificar las tensiones sociales en la ciudad: «Et si oportuerit fieri aliquos sumptus vel expensas vel qualibet servicia que pertineant ad comunem necessitatem vel utilitatem vel negocium omnium nostroum civium et totius populi ilerde sicut intelli [gi] debet ad que omnes conveniant, quod fiant equaliter per libras, scilicet quod unusquisque donet secundum suam quantitate, pecuniarum et rerum et possessionum per sacramentum, et contra hoc ullus civis ilerdensis de amore aliorum confidens, sive sit de maioribus vel de mediocribus vel de minoribus audeat vel possit se defendere racione instrumenti vel qualibet voce franquitatis specialis» (GRAS, Història de la Paeria, p. 136); en 1254 Jaime I confirmaba a la universidad de Lleida la capacidad para imponer tributos: «(...) donamus et concedimus vobis paciariis et toti universitati ilerdensi quod possitis compellere et distringere quoscumque cives habitatores seu vicinos Ilerde, qui sunt de domo et curia nostra ad ponendum, mittendum et contribuendum vobiscum quandocunque et quocienscunque causa subsit in quibuslibet exaccionibus et serviciis regalibus et vicinalibus que comuniter universitas ilerde nobis donet eo modo quo vos aliis persolvetis (...)» (HUICICABANES, Documentos. III, doc. 689, p. 178). Hemos analizado la relación dialéctica entre el nacimiento de instituciones de gobierno y los orígenes de la fiscalidad municipal en el caso leridano en TURULL, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida». 11 «(...) que×n fan saber a tuit lo batlle, paers e prohòmens de la vila de Cervera que ells per vigor de I privilegi a la universitat de la vila per lo molt alt senyor en Pere per la gracia de Deu rey d’Aragó ab privilegi seu e ab son sagell pendent sagellat dat a Barcelona a XX dies de maig de l’an de la nativitat de nostre senyor M CCC LXX III han acordat e ordonat per rahó dels deutes e càrrechs als quals la universitat de la vila es tenguda que taylla fos feyta en los vehins (...) molts de ladita vila en gran dampnatge dels affers de la universitat recusen de fer lur manifest per la qual cosa recusen correguts en les penes del privilegi contengudes (...) e no res menys los seran tots lurs béns tatxats segons forma del dit privilegi». (ACSG, Manifest M 1378, 1r); «(...) E sapien tots aquells qui lo dit manifest recusaran fer en la manera damunt dita de tots lurs bens dins lo dit termini que passat aquell los serà fet manifest e per conseguent seran tayllats a conexença dels prohòmens sobrestants e vehins que sobre açò seran asignats segons tenor e forma del privilegi antigament atorgat per lo senyor rey a la universitat de la vila damunt dita e singulars de aquella sobre les cosses damunt dites» (ACSG, Manifest 1412, 1r); «(...) segons dit és e segons forma e tenor del privilegi antigament atorgat per lo senyor rey a la universitat e singulars de la vila damunt dita sobre les cosses damunt dites eguart si qui a guardar si fa» (ACSG, Manifest M 1426, 1r). 12 «E en continent lo Conseyll acordà que lo vi dels manifests fos aforat a III sous la migera a ul ab bo (...). Sobre lo primer feit dels prohoms fo acordat per lo Conseyll que a fer taylla de XvI prohomes (...)» (ACSG, Consells 1377, 11v-12r); «E axí mateix fo acordat per lo Conseyll que com los prohòmens que són asignats ajustar los manifests haien fort dupte en alguns (...), sobre azò lo Conseylla acordà que (...)» (Ibídem, 13v); «com per pagar los càrrechs e les necesitats de la universitat lo conseyll agués acordat que manifests fosen feits e que fos feita Iª taylla per sou e lliure» (ACSG, Fons Municipal, Claveria 1378, 76v); «Item com fos necessaria cosa a la universitat que per tant com depuys que los manifests que darrerament foren fets en la vila molts singulars de la vila havien guanyat e altres perdut e altres comprat e altres venuts fo acordat que ffossen fets manifests per tots los singulars de la dita vila per zo fem fer IIII libres de manifests e costaren entre ligar los libres e fer hi senyals a cascú los quals fem dar e pagar per lo dit nostre clavari a n’Astruch Mahir, juheu dels quals pres apocha en Pere Dan, notari, Iª lliura, VI sous, VI diners»

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cumplimiento entre los ciudadanos y contenían cláusulas penales que actuaban en caso de infracción.13 Por lo tanto el tributo en los municipios medievales tiene carácter de obligación ex lege porque así lo dispone la autoridad de un Consejo que, no obstante, busca su legitimación, quizá frente a terceros o ante la actitud de los reyes venideros, en los privilegios reales concedidos a la universidad. Por otra parte, es una constante que los magistrados municipales busquen el amparo regio y rueguen al monarca que obligue a sus oficiales a asistirles en su labor tributaria investidos con la autoridad regia. La intervención real en la función tributaria que desarrolla el municipio, por tanto, se constata a un doble nivel: desde el refuerzo, el respaldo y la confirmación de las decisiones del Consejo en materia tributaria hasta la intervención directa de los órganos jurisdiccionales inferiores, y todo ello, como veremos a continuación, a lo largo de todas las fases que conlleva la recaudación del tributo. En primer lugar, el acuerdo de confeccionar unos nuevos cuadernos con los registros de bienes o de proceder de nuevo a la recaudación de un tributo, corresponde al Consejo y lo suscriben los magistrados municipales (paers, cónsules, jurados, consejeros) con los prohombres, mientras que la orden, la publicidad del acuerdo y el llamamiento a los singulares14 del municipio para que cumplan lo dispuesto por el Consejo corresponde al baile como representante directo de la autoridad del monarca15 junto con los magistrados (ACSG, Claveria 1381, 36v); «Item fem donar e pagar per lo dit nostre clavari an Jacme Martorell scrivent per rahó com legí les crides que·s feren per los manifests que·s feren per lo XVIe e que tothom manifestàs tots sos bens» (ACSG, Claveria 1383, 53r). 13 Sobre la capacidad normativa de los municipios catalanes medievales, véase Josep M. FONT RIUS, «La potestat normativa del municipi català medieval», en Estudis Universitaris Catalans. Estudis d´Història oferts a Ramon d´Abadal i Vinyals en el centenari del seu naixement, 30 (1994), pp. 131-164. 14 Utilizaremos el término singular porque, además de ser el de uso corriente en la propia documentación, permite considerar al mismo tiempo a habitantes y vecinos o ciudadanos de un municipio (más adelante volveremos sobre ello). 15 «(...) que·n fan saber a tuit lo batlle, paers e prohòmens de la vila de Cervera que ells per vigor de I privilegi a la universitat de la vila per lo molt alt senyor en Pere per la gracia de Deu rey d’Aragó ab privilegi seu e ab son sagell pendent sagellat dat a Barcelona a XX dies de maig de l’an de la nativitat de nostre senyor M CCC LXX III han acordat e ordonat per rahó dels deutes e càrrechs als quals la universitat de la vila es tenguda que taylla fos feyta en los vehins (...). Item notiffiquen a tuit los dits pahers e prohòmens que ells han acordat e ordenat que la dita ferma a manera sie tenguda e servada (...). et die lune prima die ffebrerii anno predicto fuit facta per Petrum Pual curritorem publicum ville Cervarie cum tubis et tubirella ad mandatum venerabilis Arnaldi de Mecina baiuli, et honore Berengarius de Cardona, Francisci de Comabella, Andreu Cavallera et Raymundi Dan, paciariorum quedam preconització tenore sequenteis: Tuit sapiats que com los honrats batlle e pahers aguessen manat ab veu de crida que tot hom manifestàs tots sos béns (...)» (ACSG, Manifest M 1378, 1r); «(...) Tuyt sapiats que·ls honrats pahers e Conseyll de la vila de Cervera han acordat e ordonat que per los deutes e càrrechs a que la universitat es obligada e per descarregar la universitat e los singulars d’aquells dits deutes e càrrechs e altres coses a que la dita universitat e los singulars d’aquella son tenguts e obligats (...) per que los honrats batlle, pahers e prohòmens de la vila de Cervera damunt dita dien e manen a tots e sengles singulars e habitadors de la dita vila qui a contribució dels dits deutes e càrrechs sien tenguts e obligar (...)» (ACSG, Manifest P 1382, 1r);

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municipales. Si a los magistrados municipales les corresponde la iniciativa legislativa que culmina con la sanción/promulgación del acuerdo tomado por el Consejo y plasmado por escrito en el volumen de actas municipales, el baile interviene, junto al Consejo, dando publicidad a dicho acuerdo mediante pregón público, con lo que el baile manifiesta una actitud de colaboración con el Consejo y se convierte en ejecutor de algunos de sus acuerdos. Puede decirse, además, que la intervención regia, aún siendo el resultado de los ruegos de los municipios, fue cubriendo y penetrando en todo el proceso recaudatorio, desde la obligación de manifestar los bienes hasta la ejecución de los bienes de los morosos. Conocemos ejemplos en los que los oficiales reales deben garantizar la obligación de contribuir,16 llegando el caso que algunos de estos textos fueron recogidos en libros de privilegios del municipio si bien iban dirigidos al baile de la ciudad y no a la misma ciudad.17 En otras ocasiones la autoridad regia ampara las tasaciones efectuadas

«Die martis sexta mensis septembris anno quo supra fuit facta publica in dicta villa Cervarie et locis eiusdem assuetis per Petrum Canyelles curritorem publicum ville ipsius cum tubis et tubicella ad mandatum honorabili Guilermi Raymundi de Monte Olivo baiuli et honorabilium [ ] Rocha, Arnaldi Arnaldes, Arnaldi Castello et Berengarii Palou paciariorum anno provisso ville preambule quendam pre[ ] serie sequentis: Tuyt sapiats que los honrats pahers, Consell e prohòmens de la vila de Cervera han acordat e ordonat per certes e evidents rahons (...) per ço los honrats batlle, pahers e prohòmens de la vila damunt dita dien e manen a tots e sengles habitadors de la dita vila que (...)» (ACSG, Manifest 1412, 1r); «(...) Ara hoyats que×us fan saber los honorables batlle, pahers e prohòmens de la vila de Cervera que nom los dits honorables pahers e Consell de la dita vila hagen acordat e ordonat per certes e evidents rahons (...) los dits honorables batlle, pahers e prohòmens de la vila dessús dita dien e manen a tots e sengles singulars e habitadors de la dita vila (...)» (ACSG, Manifest M 1426, 1r). Nótese que el acuerdo lo han tomado paers y prohoms en alguna ocasión, paers y conseyll en otras y aún paers, conseyll y prohòmens en otras tantas; siempre se prescinde de la mención de los consejeros y en cambio adquiere relieve el cuerpo de prohombres de la ciudad. El mandato es suscrito siempre por el baile y paers acompañados unas veces de Conseyll y otras de prohòmens. En 1336 en Manresa el baile y veguer debían actuar a requerimiento del Consejo haciendo pagar a los contribuyentes las tallas y sus deudas (Joaquim SARRET I ARBÓS, Sumari dels Privilegis de Manresa, Manresa, 1909, p. 23, doc. 41). 16 Privilegio de Jaime II, 1311, agosto, 26 a Manresa: «(...) concedimus de speciali gracia ipsis probis hominibus et universitati quod omnes illi qui bona seu res de realencho habeant in Minorisa vel eius territorio, pro ipsis bonis seu rebus contribuant et contribuere teneantur, cum ipsis probis hominibus et universitate Minorise, in questiis et aliis exactionibus quibuscumque, tam regalibus quam eciam vicinalibus. Mandamus igitur per presens privilegium universis vicariis, baiulis, curiis ac aliis officialibus et subditis nostris quatenus predicta omnia firma habeant et observent et faciant ab aliis inviolabiliter observari» (Marc TORRAS I SERRA, El Llibre Verd de Manresa (1218-1902). Barcelona, 1996, pp. 88-89). 17 Pedro III, 1359, diciembre, 12 a Manresa: «(…) fideli nostro baiulo civitatis Minorise vel eius locumtenenti (...) dicimus et mandamus quatenus compellatis dictos generosos et privilegiatos ad solvendum pro dictis bonis in questiis et talliis predicte (...)» (TORRAS, El Llibre Verd. 64, pp. 223-224). Y de nuevo Pedro III al baile y veguer de Manresa para que actúen con la autoridad que les es conferida: «Compellatis quisque vestrum quantum ad suam iurisdiccionem spectat omnes et singulos cives et habitatores dicte civitatis as solvendum id in quo taxati sunt et taxabuntur in contributionibus supradictis factis et fiendis. Si enim aliqui ipsorum in predictis talliis gravatos se senserint, inde ad consoliarios recurrant, qui absque lite et scriptis simul cum talliatoribus dictarum contribucionum potestatem habebant in equaliter super predictis facta ad equitatem et statum debitum reducendi» (TORRAS, El Llibre Verd. 86, pp. 259-260).

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por los magistrados locales: bien sea confirmándolas y reforzándolas18 o bien recayendo en los oficiales regios la misión de asistir en ayuda de concejales y jurados cuando éstos lo soliciten sin adminir apelaciones o retenciones por parte de contribuyente alguno.19 También la fase recaudatoria obtiene idéntico amparo regio: en algún caso se puede observar que las personas elegidas por el Consejo para cobrar la talla disfrutaran de la autoridad regia que les conferirá el baile20 y en otros casos esta responsabilidad recaudatoria recaerá directamente en dicho baile.21 La última fase del proceso tributario también fue objeto de abundantes disposiciones reales, que se concentran, por lo general, a finales del siglo XIV y comienzos del XV. En distintas ocasiones el rey ordena a sus oficiales que ejecuten en personas y bienes las deudas que algunos mantienen con la universidad. Esta práctica será reiteradamente reforzada: por una parte se establece que tales deudas tendrán consideración de debitis fiscalibus,22 lo que, según derecho común y por pertenecer al fiscus, les confiere un tratamiento procesal privilegiado,23 y por otra parte habrá esfuerzos por

18 Privilegio de Jaime II, 01-11-1323 a Manresa: «Statuimus et ordinamus quod in futurum dicte appellaciones emitti aut recipi nequeant; immo, si emitterentur, eas ex nunc et ex tunc irritas et inanes esse decernimus et nullius eficacie seu momenti» (TORRAS, El llibre Verd. 22, p. 101). 19 Infante Juan, 1385, julio, 12 a Manresa: «Nostris vicario, subvicario, baiulo, subbaiulo civitatis Minorise et aliis eciam universis et singulis officialibus et comissariis dicti domini regis et nostris vel ipsorum officialium locatenentibus (...) omnes et quoscumque singulares ipsius civitaqtis compellatis et distringatis iuris remediis prout decet ad solvendum ilico sine mora totum id quod dictis talliis seu questiis sunt seu erunt taxati seu eciam talliati non adminissis per vos, sicut nec admitti volumus et iubemus quibusvis retencionibus, compensacionibus, opposicionibus, appellacionibus ad impedimentis petitis, appsostis seu interiectis petendis, (...)», (TORRAS, El Llibre Verd. 114 pp. 299-300). 20 Privlegio de Jaime II, 1-11-1323 a Manresa: «(...) possitis eligere unam personam tamen que levet, colligat, distringat et pignoret questias, tallias et comunia dicte civitatis, et etiam ut nuncius faciat mandata vestrum, dictorum consiliariorum, faciendo congregari vos (...). Quamquidem personam sit per vos electam, baiulo nostro dicte civitatis Minorise presentari habeatis et idem baiulus impendat et impendere teneatur eidem auctoritatem ad predicta omnia exequenda» (TORRAS, El Llibre Verd. 23, p. 102). 21 Privilegio de Pere III, 1380, marzo, 14 a Manresa, a propósito de las colectas para financiar la acequia, el baile se constituiré en sayon y hacer cumplir la normativa municipal: «Vobis presentaverit aliquem pro exigendo et levando cequiagium et quascumque tallias pro dicta cequia factas et fiendas et eciam penas et banna pretextu dicte cequie indicta (...). Nos enim, nunc pro tunc, eidem sagioni auctoritatem impendimus et liberam facultatem predicta omnia et singula exigendi, levandi et exequendi, pignerando et aliter sicut per dictum cequiarium inde fuerit requisitus» (TORRAS, El Llibre Verd, 95, p. 270). 22 Capítulos aprobados por Juan I, 1393, marzo 25, a Manresa: «(...) item volem e ordonam que en tot ço qui ara és degut o per avant serà degut a la dita ciutat per qualsevol persona o persones o per qualsevol rahó, que y sia feta execució axí com per deute fiscal per lo batle de la dita ciutat, qui ara és o per avant serà, o per son lochtinent o per qualsevol porter o porters nostres a sola certificació del dit racional, tota appellació remoguda» (TORRAS, El Llibre Verd. 128, p. 333); Pedro III, 1368, enero, 28 a Manresa: «(...) faciendo pro dictis quantitatibus expeditam execucionem in personis et bonis prout in et de debitis fiscalibus est fieri consuetum». La ejecución debe ser hecha por fidelibus nostris vicario, baiulo ceterisque officialibus civitatis Minorise vel eorum locatenentibus (TORRAS, El Llibre Verd. 78, pp. 249-250). 23 TURULL, «Arca communis».

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facilitar actuaciones ejecutorias no lastradas por las solemnidades del derecho.24 A finales de siglo, en fin, los oficiales regios no sólo deberán colaborar con el Consejo en la referida ejecución de bienes y de personas, sino que la obligación de prestar dicha colaboración será incluida en el juramento que prestarán estos oficiales en el momento de tomar posesión de su cargo,25 con lo cual se incrementa la imbricación de la jurisdicción real inferior y de los órganos de gobierno de la universidad.

3. HECHO IMPONIBLE

A/ HECHO IMPONIBLE

Considerando, en definición de Sainz de Bujanda,26 el hecho imponible como aquel conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, el impuesto directo en los municipios bajo-medievales no distingue con claridad el objeto del tributo y el hecho imponible que da lugar a dicha obligación tributaria. A menudo se confunden el objeto material del tributo con el objeto final que persigue dicho impuesto e incluso el hecho imponible participa de esta confusión o imprecisión. De todas maneras cabe matizar algunas características del objeto del tributo antes de abordar el hecho imponible en sentido estricto. Creemos que, fundamentalmente, el objeto del tributo en cuanto finalidad —o el hecho o circunstancia última que se pretende gravar, que no tiene por qué corresponder ni con lo efectivamente gravado ni con el presupuesto de hecho en sentido estricto— no consiste tanto en la pretensión de gravar la riqueza en sí misma en cualquiera de sus manifestaciones, sino más bien en el hecho de establecer una carga tributaria que afecte a

24 Martín I, 1403, marzo, 17 a Manresa: «(...) execucionem faciatis rigidam atque fortem consilio assessoris vestri, dicti baiuli, seu alterius aut alia quavis solemnitate remotis et minime expectatis» (TORRAS, El Llibre Verd. 145, p. 396). 25 Juan I, 1393, marzo 25 a Manresa: «(...) antequam ad ipsa officia admittantur, prestent et faciant, et teneantur facere et prestare iuramentum et homagium quod ipsi et eorum quilibet qucienscumque per consiliarios aut sindicum civitatis predicte, presentes et futuros, requisiti fuerint, facient promptam, rigidam et expeditam execucionem (...) racione questiarum, talliarum, comunium vel cuiusvis administracionis quam quivis tenuerint seu rexerint pro eadem». (TORRAS, El Llibre Verd. 124, pp. 318-319). 26 Cit. por José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de derecho financiero español. Madrid, 1990 (12ª edición) p. 486. La actual Ley General Tributaria define, en su capítulo 28, el hecho imponible como «el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria».

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todos los vecinos y habitantes por el mero hecho de serlo.27 Si tal finalidad consiste en conseguir que todos los singulares de la ciudad colaboren en las deudas que suscribe la universidad, ello se llevará a la práctica a través de un impuesto que, partiendo del principio de capacidad tributaria, grave de forma proporcional la riqueza mueble e inmueble de todos los sujetos pasivos.28 Por tanto, el objeto material del tributo —o sea, aquello efectivamente gravado (y ahora sí que ya podemos introducir la riqueza gravada como nuevo elemento a tener en cuenta)— consistiría en gravar toda la riqueza mueble e inmueble de los singulares de la ciudad. Pero en realidad este impuesto directo no afectaba únicamente a los singulares miembros de la universidad, sino tambien a las personas que sin ser vecinas ni habitantes poseían propiedades en su término municipal, con lo que la formulación inicial de finalidad del tributo deberá ser ampliada y matizada. En cuanto a la riqueza sujeta a estimación podemos consignar los enseres materiales grandes y menudos de una casa (cubiertos, platos, sillas, mesas...); cualquier renta procedente del capital (en especial censales y violaris, pero también por el capital prestado); casas y talleres; cualquier tipo de tierra (alou, feixa, tros, vinya...); el producto de arrendamiento o

27 Sin embargo, veremos como, por ejemplo en Cervera, conventos, óbitos y cofradías tuvieron capacidad tributaria a partir del siglo XV. Ello puede explicarse no tanto por el desplazamiento en sí del objeto del tributo, que fundamentalmente seguiría siendo la obligación tributaria de todos los vecinos y habitantes, sino por el hecho que durante la centuria anterior obtuvo gran aceptación y difusión la compra de censales y violaris como fuentes de obtención de renta. Muchas de estas rentas que el Consejo pagaba a particulares que contribuían por ellas acabaron en manos de conventos e instituciones religiosas como resultado de las donaciones post mortem que para la salvación de las almas hicieron sus titulares (hemos documentado este proceso en numerosas ocasiones durante la segunda mitad de siglo XIV en M. TURULL, La configuració jurídica del municipi baixmedieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990. pp. 471-477). Para recuperar la tributación por estas numerosas rentas —consideradas bienes inmuebles— que ya no se encontraban en poder de los sujetos pasivos ordinarios, el Consejo reconoció capacidad tributaria a aquellas instituciones con masas de bienes hasta entonces exentas de tributación. No debiéndose confundir con la obligación de contribuir de los clérigos a título personal, ningún privilegio real nos informa acerca de la capacidad de conventos, cofradías y óbitos. 28 En determinados casos, como en Manresa durante el siglo XV, la catalogación de un bien en mueble o inmueble no se debía tanto a si el bien era en sí mueble o inmueble, sino sobre todo a si se le aplicaba una reducción del 50% o si, por el contrario, el bien era estimado en el 100% de su valor. Entre la categoría de bienes sujetos a la reducción del 50% y considerados inmuebles también se encuentran «vexells vinaders, vestit e altre moble de casa», «vestit e altra roba de casa», mientras que en los muebles, que no cuentan con reducción alguna, «un mul, un ase, oli, cabal, bacó, esclaves, esclava petita, blat, argent, çabates e formes» y aquellas cantidades de dinero que le son debidas al declarante (AHCM Liber Manifestum, 1408-1411); casi al mismo tiempo, en 1403, en Lleida se discutía si las botas de madera de guardar vino («vexells vinaders») debían computarse entre el mueble o el inmueble: «Item determenam la qüestió que ere entre les ditres parts sobre lo comunar de les fustes dels vexells vinaders, si serien comunades per seti o per moble. Pronunciam e determenam que de aquí avant sien comptades e manifestades per moble e no per seti, seguint la manera que fins vuy és acostumada en valcegar aquelles» (GRAS, Història de la Paeria. p. 166).

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cesión de servicios e inmuebles29 (escribanías, arrendamientos de servicios públicos); cantidades significativas de azafrán y cereales; herencias y animales destinados a una actividad productiva.30 La amplitud y la diversidad de riqueza estimada hace que este impuesto permita, por tanto, gravar la total capacidad económica del sujeto pasivo, aunque más adelante apuntaremos algunos mecanismos que permitieron beneficiar o perjudicar determinado tipo de riqueza. Respecto a la problemática que surgió en torno a la contribución de censales y violaris, en general no se discutió si el capital de éstos debía reducir alguna cantidad de la base imponible sino que en ciertas ocasiones se puso en duda tanto el mero hecho de la obligación de declararlos como también qué cantidad de dinero (renta o capital) debía ser declarada a fin de, cuantificado su valor, computarlo en la base imponible. La modalidad de cuantificación de estas operaciones generó abundantes disposiciones del Consejo que reflejan claramente los intereses políticos que las motivaron. El litigio surgía en torno a si debía cuantificarse y computarse el capital o la renta percibida del censal o violario y a si debía aplicársele 29 En las «estimes» de Reus del siglo XV el propietario del inmueble declaraba la renta que obtenía de su arrendamiento y el arrendatario debía declarar el inmueble ocupado por el que pagaba un censo (sobre las relaciones enfitéuticas en el marco de la obligación tributaria en Reus, vid. Jordi MORELLÓ BAGET, «Consideracions al voltant d’un font de tipus fiscal: els llibres d’estimes de Reus», en Manuel Sánchez [comp.] Estudios sobre renda, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 1993, pp. 349-380 (sin embargo citamos por el ejemplar original que nos proporcionó el autor antes de la publicación = Una font de riquesa, n. 60 y ss). 30 Completos repertorios de la riqueza declarada pueden encontrarse en personajes ilustres del momento, como la propia declaración escrita que el notario Berenguer de Cardona realizó en nombre de su padre Pere de Cardona en 1366 (ACSG, Manifest M 1366, f. 40bis, en cuadernillo aparte 1-2), o la no menos interesante y completa relación del también notario Antoni Toldrà con su esposa Margarida realizada igualmente en 1366 (ACSG, Manifest M 1366, f. 43, en cuadernillo a parte 1-7; publicada por Max TURULL RUBINAT, «Antoni Toldrà (notari del segle XIV) i la Summa Rolandina», en Miscel.lània Cerverina VI (1988), pp. 27-51. Un análisis en curso pero ya con interesantes resultados sobre los distintos tipos de bienes inmuebles sujetos a estimación, en MORELLÓ, Una font de riquesa. Por otra parte, algunas veces se tuvo un tímido cuidado de no minar los resortes productivos del contribuyente, primando el gravamen sobre las rentas y las ganancias antes que sobre aquellos bienes que garantizaban la obtención de riqueza económica (trataremos de ello más adelante en la base imponible y base liquidable). En este sentido pueden considerarse, según Herlihy, las medidas adoptadas en ciudades como Venecia y Florencia. En Venecia se incluían en el catastro todas las formas de riqueza, pero sin gravarlas en exceso para no provocar su huida ni paralizar la capacidad productiva; se encuentran anotados bienes raíces, moneda, mercancías, metales y piedras preciosas, créditos y porciones de deuda pública; la casa habitada por el contribuyente, sus muebles y sus utensilios de trabajo estaban exentos de contribución, con lo que la carga más pesada correspondía no al trabajo productivo sino a la tierra y al capital comercial que reportaban réditos. E igual ocurriría en Florencia durante el siglo XV: «Les florentins incurent dans leur inventaire des biens à peu prèss toutes les formes de richesse; ils se gardèrent aussi d’èvaluer les biens sans rapport immédiat, comme la maison d’habitation et le mobilier, ou ceux sur lesquels reposait principalement la productivité économique du contribuable, tel l’outillage agricole. Les boeufs de labour, dans le contado, et les animaux de trait ou de somme furent traités de façon avantageuse pour leur propriétaire quand ils étaient directement utiles à l’exploitation de son bien; même les depenses impliquées par l’entretien des bâtiments de ferme et par la fumure des champs pouvaient partiellement être déduites de la matière imposable» (David HERLIHY y Christian KLAPISCH-ZUBER, Les toscans et leurs familles. Una étude du catastro de 1427, Paris, 1978, pp. 56-57).

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—sea al capital sea a la renta— el tipo de gravamen propio de la riqueza mueble o el de la inmueble.31 Mientras que la vertiente objetiva del objeto material del impuesto es determinable a partir de la enumeración de la riqueza que es estimada, en cambio el elemento subjetivo o personal no aparece definido con claridad ni en los documentos de creación ni en los de aplicación de las respectivas normas tributarias, aunque los enunciados que conocemos parecen referirse a la propiedad y titularidad de bienes y derechos.32 Por tanto, según nuestro parecer el presupuesto de hecho fundamental —aunque no exclusivo— del que arranca la sujeción al impuesto consiste en tener domicilio en la ciudad y por tanto ser habitante o vecino del municipio.33 Todas aquellas personas que cumplan tal condición estarán 31 A finales de 1332, en Cervera, los compradores de violaris reivindicaron ante el Consejo que no se tributara en «questia»s a partir de la estimación del capital sino a partir de la estimación de las rentas anuales que percibían de aquél y aun contabilizándolo como mueble. Por el contrario los consejeros y prohoms no rentistas pretendieron, sin conseguirlo, que se tributara por el capital contabilizado como inmueble. Al año siguiente, en 1333, se acordó la obligación de declarar el capital pero aplicarle un tipo correspondiente a riqueza mueble (ACSG, Consells 1332-1333, 35r, 50r, 52v). Estas condiciones fiscales desfavorables para los rentistas hallaron su compensación en la capacidad de aplicar franquicias en los nuevos contratos de compra-venta de censales y violaris. El Consejo debió acceder a la pretensiones de los poseedores de capitales a incluir cláusulas de exención fiscal que libraban a los rentistas de declarar siquiera la posesión de tales contratos a efectos de contribuir en determinados impuestos (ACSG, Consells 1356, 30r; 1373, 19v; «(...) moltes e diverses persones són qui prenen sobre la universitat sensall e violari e porten-lo franch de questia, la qual cosa torne en gran dampnatge e perjhudici de la universitat», ACSG, Consells 1373, 16r; TURULL, La configuració jurídica, pp. 469-471); en 1377 los prohombres responsables de ello dudaban no de si los censales y violaris disfrutaban de alguna desgravación, sino simplemente de si debían ser tenidos en cuenta, a lo que el Consejo respondió tajantemente que «(...) no×n sie agut res abatut ans a tot hom sien comtat los manifests segons que son comtats, e que tots aquells que no han manifestat dins lo temps e aquells que son obligats, sien afustats si donchs no eren persones miserables (...)» (ACSG, Consells 1377, 13v); y en Lleida, con polémica parecida, en 1403 se llegó al acuerdo de que censales y violaris, además de ser considerados desde el punto de vista de la renta percibida y no del capital, debían ser declarados como riqueza mueble y sólo serían declarados en el caso de que el beneficiario estuviere disfrutando de las rentas de aquel año en el momento de cobrarse el impuesto en cuestión (GRAS, Història de la Paeria, pp. 165-166). 32 «Los béns axí moble com sients de tots los singulars de la universitat (...) pagarà les dites quantitats de diners per los béns que aurà al dia que·s desexirà de vehïnat (...) (ACSG, Manifest M 1378, 1r); «iurant quandocumque bona sua minus valere et ea bona valeant plus quam ipsi iurent» (TURULL, LPC [1272], doc. 14); «(...) fa manifest e ab sagrament manifeste sós béns axí com segueix davall» (TURULL, «Antoni Toldrà», p. 47); «quod de cetero questie, tallie seu comunia tallientur equaliter per solidum atque libram et quod quilibet teneatur iurare de bonis que habet» (TURULL, LPC [1331], doc. 38). 33 Aunque en Manresa sendos privilegios de 1311 y 1323 estipulaban que todos aquellos que poseían tierras en la ciudad y su término estaban obligados a contribuir en questias y tallas, en realidad la obligación de manifestar la riqueza abrazaba a todos cuantos hiciesen «fuego» («en cada casa on foc se hi fassa») o tuvieran «hogar» en la ciudad (SARRET, Història de, p. 53). Este criterio de habitación es igualmente palpable en otras regiones, como en Perigueux: «(…) nam dictus dominus maior et sui socii consules erant parati facere totum et quicquid dicti probi viri ordinarent quiquidem probi viri voluerunt et consulerunt quod muri et cadafalla et barbacane dicti ville repararentur ad finem ut si esset necesse se possent deffendere ab hostibus et resistere eisdem et quod premissa complerentur per dictam communitatem per modum tallii videlicet quod levaretur a quolibet habitatorum dicte ville larem habentem et focum tenentem in dicta villa qualibet septimana una alba sive blancha (...)», siendo los individuos que hacían «larem et focum» de dos categorías, según aprecia la autora:

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sujetas a la obligación tributaria que ha previsto el ordenamiento jurídico.34 Además de los enunciados de tipo general que contemplamos, otras noticias parecen corroborar la hipótesis que el domicilio —y no la titularidad de bienes y derechos patrimoniales— tiende a constituirse en la circunstancia prevista cuya realización se identifica con el hecho imponible. Tanto es así que en cierta ocasión el Consejo de Cervera llega a afirmar que és rahó que tot hom aiut als càrrechs de la vila a pagar, por lo que aquells aitals que si no aien renda, ne moble, ne sembrats, que sien taylats segons que serà viyares,35 los municipes o ciudadanos de pleno derecho y los incoles o resto de la población (Arlette HIGOUNET-NADAL, Les comptes de la taille et les sources de l’histoire demographique de Périgeux au XIV siècle, Paris, 1963, pp. 48-50, n. 4); en Pisa ya en el año 1162 se afirmaba que no sólo los ciudadanos estaban obligados a declarar sus bienes, sino todos aquellos que habitaban en ciudad, sin que ningún rasgo social fuera motivo de exención (Cinzio VIOLANTE, «Imposte dirette e debito pubblico nel basso medio-evo», en Economia, Società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche, Bari, 1980, pp. 101-169, p. 54); y tanto en Florencia como en Pisa durante los siglos XIV y XV los obligados eran todos los hombres válidos (en el marco de un fuoco o partita) entre dieciocho y sesenta años en el primer caso y entre quince y setenta en el segundo (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, p. 57). 34 «E feta la dita taylla, que de continent sie feta crida que tot hom faze manifest de tots sos bens en quells haye ab sagrament que fazen en poder dels pahers o del notari de la paheria» (ACSG, Consells 1388, 18v); «Item fem donar e pagar per lo dit nostre clavari an Jacme Martorell scrivent per rahó com legí les crides que·s feren per los manifests que·s feren per lo XVIe e que tothom manifestàs tots sos bens» (ACSG, Claveria 1383, 53r); «Item lo Conseyll acorda que·ls manifests que fer se deuen del moble e de censals e violaris, sien cridats que tot hom aie a manifestar per tot lo mes de janer e que sien feits ens libres ço es I de cascun quarter» (ACSG, Consells 1377, 2r); «lo Conseyll acordà que prestament sien feyts manifests novels per cascuna persona be e complidament en manera que cascú pach per zo que ha segons sou e libra» (ACSG, Consells 1395, 2r); «los honrats batlle, pahers e prohòmens de la vila de Cervera damunt dita dien e manen a tots e sengles singulars e habitadors de la dita vila qui a contribució dels dits deutes e càrrechs sien tenguts e obligar que d’ací miyant lo mes de marz propvinent hayen e sien tenguts de manifestar tots lurs bens mobles e sients on quells hayen be e leyalment ab sagrament» (ACSG, Manifest (P) 1382, 1r); «que per tots los singulars de la dita vila sie fet manifest de tots lurs bens mobles e sients on quels haien en poder dels honrats pahers o scrivà lur de la Paheria per ço los honrats batlle, pahers e prohòmens de la vila damunt dita dien e manen a tots e sengles habitadors de la dita vila que dins spay de dos mesos primer vinents haien e sien tenguts manifestar tots lurs gens on quels haien be e lealment ab sagrament» (ACSG, Manifest 1412, 1r); en parecidos términos en Costums de Tortosa se indica: «En lo qual comú que serà establit et ordenat a levar, deuen pagar tots los ciutadans e·ls habitadors crestians de Tortosa e de son terme, de tot quant hant, seent et movent, per sou e per liura, sens tot contradiment» (Bienvenido OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, I, Madrid, 1876, XVIII, p. 17); y en Lleida, «Item pronuntiam e ordenam que·ls manfiests que·ls vehïns e habitadors de la ciutat e dels lochs de la contribució de aquella han fet de llurs béns en l`any (...)» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). 35 ACSG, Consells 1377, 11v-12r; en Tortosa: «A gent pobra deu pagar en lo comú sens tot contrast, segons que·ls ciutadans ordenaran: en axí però que·s face ab raó» (OLIVER, Historia del Derecho, XVIII, pp. 18-19); también en Perigeux los pobres debían contribuir en la medida de sus posibilidades: «pauperiores vero haberent solvere minus secundum quod facultatem eorum subpeterent et possent supportare» (HIGOUNET, Les comptes, p. 49, n. 2). Incluso en aquellos casos, como en ciudades toscanas durante el siglo XIII pero también del área occitana en el XIV, en que se fijaba la cantidad mínima a partir de la cual se estimaban los bienes de un ciudadano, los oficiales del municipio o común estipulaban la capacidad contributiba de los pobres o non habentes; así en Toulouse el listón entre los estimados y los nichil se encontraba en las diez libras de riqueza tasada en 1335 y seis libras en 1390 (Philippe WOLFF, Les «estimes» toulousaines des XIV et XV siècles [1335-1459], Toulouse, 1956, pp. 27-30), en Florencia, en 1327, quien no poseía nada y a no ser que fuera mendicante debía ser estimado

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con lo cual se indica que todos los singulares de la ciudad deben contribuir aunque sea con cantidades mínimas.36 Por el contrario, abandonar el domicilio implicaba dejar de estar sujeto a la obligación tributaria, aunque en tal caso el vecino debía abonar su porción correspondiente respecto del total de deudas que hasta aquel momento la universidad tenía contraídas.37 Pero siendo fundamentalmente el domicilio el hecho imponible, ya hemos apuntado que esta circunstancia no agota en su totalidad el nacimiento de la obligación tributaria. Desde el momento que aquellas personas que no tienen fijada su habitación en un municipio pero poseen bienes dentro de los límites de su término municipal están obligadas al pago del impuesto por medio de la estimación de dichos bienes, resulta insuficiente una definición de hecho imponible único o simple. entre un máximo de quince libras y un mínimo de una y en Volterra el mínimo para estos casos se fijaba en diez libras (Enrico FIUMI, «L’imposta diretta nei comuni medievali della Toscaza», en Studi in onore di Armando Sapori 1, Milano 1957, pp. 327-354, esp. p. 338), con lo cual se garantizaba que todos los habitantes de la ciudad pagasen los impuestos directos. 36 Este criterio respondía, por supuesto, a una determinada política tributaria. Algunos miembros del Consejo opinaban, por el contrario, «que molt ha, que pach molt; qui poch ha, poch pach; e qui res no ha, que no pach res» (ACSG, Consells 1332-1333, 28v); en este último caso el hecho imponible se centraría en la propiedad de riqueza y no en la relación de vecindad. 37 Una de las primeras referencias en este sentido la encontramos en 1271, cuando Jaime I dispone que aquellos individuos que viven en castillos fuera del núcleo urbano de Cervera pero son vecinos de la ciudad, antes de abandonar su relación de vecindad, deben satisfacer una fianza al monarca para garantizar que van a satisfacer la obligación tributaria que habían contraido con el municipio respecto el pago de questias y otro tipo de servicios que cobraba el municipio (TURULL, LPC [1271], doc. 13); este tipo de disposiciones se incrementó posteriormente dirigidas no sólo a los vecinos que habitaban los castillos sino a todos los habitantes y vecinos del municipio. En 1373 Pere III dicta la primera de estas normativas para Cervera («quod omnis et singuli habitatores et incole dicte ville, qui domicilium seu incolatum eiusdem deseruerunt vel deserent, contribuant et teneantur contribuere ac solvere partem eos contingentem pro solido et libra iuxta facultates vel bona ipsorum, tam mobilium quam inmobilium, ubicumque habeant ea, in debitis et honeribus universitatis predicte contractis seu factis et incumbentibus usque ad diem qua dicte ville resignaverint et cum effectu deseruerint incolatum», TURULL, LPC [1373], doc. 102) y seis años después es el primogénito, a la sazón conde de Cervera, quien, para evitar que algunos singulares de la universidad abandonen, incluso de noche, la villa sin pagar la parte que les corresponde hasta aquel día de las cargas y deudas contraídas por dicha universidad, dispone que estos singulares deben anunciar su intención de abandonar el municipio con un mes de antelación a fin de que el Consejo pueda calcular lo que les corresponde contribuir («quod quicumque singularis municeps ac incola universitatis eiusdem, antequam ad aliquas civitates aut loca suum transferat domicilium seu incolatum, vel causa domicilium aut incolatum transferendi, aliqua bona sua a dicta villa abstrahat, teneatur et habeat solvere integraliter paciariis dicte ville partem eum contingentem in debitis et honeribus dicte universitatis debitis seu contractis usque in diem qua de facto suum domicilium transportabi. Quam partem dicti paciarii iuxta facultates illius qui transferre suum voluerit domicilium, et iuxta privilegia dicte universitati super fiendis talliis concessa et consuetudinem actenus observatam talliare, indicere et ei indicare habeant et teneantur infra unum mensis spacium ex quo fuerint requisiti (...)» TURULL, LPC [1379], doc. 105]; los mismos documentos de aplicación como los cuadernos de registro de bienes recogen estas disposiciones: «E axí notiffiquen la dita taylla a tot hom e a tota fembra generalment en axí que qui tenrà son domicili en altre loch per transportar o mudar pagarà les dites quantitats de diners per los béms que aurà al dia que·s desexirà del vehïnat de la dita vila transportan en altre loch son domicili per tots sos béns axí mobles com sients segons que damunt es dit» (ACSG, Manifest M 1378, 1r).

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No es fácil caracterizar el impuesto directo en tales circunstancias como impuesto personal o real. Podría creerse de esta manera que el impuesto que estamos analizando se sitúa entre ambos extremos o, lo que es lo mismo, a fin de conseguir el Consejo mayores ingresos o por mera incapacidad de resolver el problema de forma jurídica en una sociedad donde las jurisdicciones de los municipios o los señores era omnipresente, intenta conjugar los dos criterios, lo cual colisionaría inevitablemente con las pretensiones de otros municipios. La tarea de fijar con precisión el caracter real o personal del impuesto se muestra, por el momento, harto difícil, y más aún si consideramos que los mismos contemporáneos no lograron, en esta época, un acuerdo estable en este sentido.38 Son numerosos los ejemplos de pleitos entre municipios reclamando la contribución por ciertos bienes que un vecino poseía en el termino municipal de otra villa o ciudad o exigiendo, por el contrario, que contribuyesen los bienes radicados en un municipio aun perteneciendo a personas que no eran ni vecinos ni habitantes del mismo.39 Los Consejos, que duda cabe, intentaron aplicar tanto el criterio personal como el real (todavía no conceptualmente pero sí en el terreno de la realidad económica) a fin de conseguir un mayor nivel de ingresos 38 André Gouron menciona algunos ejemplos que ilustran cómo durante el siglo XIII el carácter real o personal del impuesto ocasionó no pocas discusiones entre los tratadistas contemporáneos que no fueron capaces de lograr una opinión común sobre el tema [André GOURON, «Doctrines médievales et justice fiscale. Pierre Antiboul et son Tractatus de muneribus», en Analecta Cracoviensia, VII (1975), pp. 309-321, esp. 316; ahora en La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age, London, Variorum Reprints, 1984, es edición anastática]; y estos mismos problemas, no en el terreno jurídico pero sí en el político, se reproducen en Toulouse durante todo el siglo XIV y XV (WOLFF, Les «estimes», pp. 33-37). 39 Parece ser que en Valls cada cinco años se realizaban las «estimas» de los bienes de los vecinos y también de los que sin serlo poseían propiedades en la villa o su término municipal (Fidel de MORAGAS I RODES, L’antiga universitat de Valls, Valls, 1914, pp. 26-27); de igual modo en Castelló d’Empúries los forasteros estaban obligados, salvo caballeros y eclesiásticos, a contribuir por sus bienes inmuebles radicados en el municipio (Andreu BASSAS, «Els privilegis de Castelló i del Comtat d’Empúries», en Estudis Universitaris Catalans, III (1914), p. 267); en el libro de estimes de Reus de 1445 se incluía la descripción y tasación de los bienes de 33 forasteros, algunos de ellos vecinos de La Selva, L’Aleixar, Vila-Seca, Tarragona y Barcelona (MORELLO, Una font de riquesa, n. 58); y en costumbres de Tortosa se recoge que «de totes honors o altres possessions que pervengan als ciutadans o habitadors de Tortosa o de son terme, et a tot altre hom, ja sia ço que no sia habitador de Tortosa (...) son tenguts de pagar en Comú» (OLIVER, Historia del Derecho, I, 21). En Perigueux, además de contribuir «la gen de fora qui son del cumenal de la viela», o sea, vecinos de la villa que habitaban fuera del nucleo urbano, también se anotaron en las tallas «la gen de fora», a secas, todos ellos individuos de otros municipios que contribuían en Perigueux por las propiedades que ahí poseían (HIGOUNET, Les comptes, p. 55). También en Toulouse, en esta misma época, el pago «ratione materiae» o «ratione personae» levantó polémica entre los implicados; la base del impuesto se reconocía real, ya que no se dudaba de la obligación tributaria de los extranjeros con bienes en el término de Toulouse, pero en cambio también se valoraba su vertiente personal, con lo que dichos extranjeros pagarían la parte correspondiente al bien inmueble de cuya propiedad eran titulares pero se les eximiría del pago de la parte de capitación que contenía el tributo. La base real del tributo salía a relucir cuando las masas de bienes inmuebles y de rentas fijados en distintos colegios gestionados por la Iglesia y procedentes de laicos pretendían ser exentas de pago, a lo que el municipio respondía, como veremos más adelante, que «les biens fonds qui, antérieurment, contribuaient a l’impôt, devaient continuer de la faire, quelle que fut devenue entre temps la qualité de leur propriétaire» (WOLFF, Les «estimes», pp. 30, 39-40, 42).

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económicos, lo que llevó inevitablemente a que colisionaran los intereses, sobre todo, aunque no exclusivamente,40 de municipios con términos colindantes. El contencioso observado entre las vecinas localidades de Tárrega y Vilagrasa, ambas de dominio real, parace paradigmático en este sentido. En 1245 una sentencia de Jaime I documenta cómo los hombres de Tárrega pretendían que en los servicios de hueste y ejército, entre otros, que debían al rey, los hombres de Vilagrasa contribuyesen por los bienes que poseían en Tárrega, a lo que se oponían aquéllos argumentando que ellos ya hacían común (contribuían) en Vilagrasa;41 a su vez los de Tárrega replicaban considerando que un antiguo privilegio de Alfonso I de 1185 —muy probablemente la carta de población concedida por aquel monarca este año— les autorizaba, a los de Vilagrasa, a hacer bolsa común para aquellos bienes que tenían en el término de Vilagrasa, pero no respecto los que se hallaban en Tárrega, con lo que nada justificaba, según su parecer y también el del monarca, la negativa a contribuir en la questia que el monarca cobraba a Tárrega.42 Así planteada la cuestión, los problemas no acabaron y la intervención del monarca parecía inevitable de nuevo. En 1250 Jaime I, refiriéndose únicamente al pago de questia, disponía que los hombres de Vilagrasa contribuyeran junto con los de Tárrega a razón de cincuenta sueldos por mil del valor conjunto de la questia estipulada por el monarca para ambas comunidades.43 La solución fue precaria puesto que en agosto y noviembre de 1257, sendos privilegios diferentes en la forma pero semejantes de contenido posiblemente porque se dirigían uno a Tárrega y otro a Vilagrasa, el

40 El notario Antoni Toldrà indicaba en la declaración escrita de sus bienes: «Item per nom e axí com a coniu[ ] persona de la dona na Margarida muyler sua, manifeste e diu que la dita dona ha en la ciutat de Leyda un alberch lo qual questieye en la dita ciutat e axí requer que no sie tayllat ne per aquell contribuesque, lo qual emperò prese M solidos (...) Item ha en lo dit alberch de la ciutat de Leyda arquibanchs, taules e altra fusta, cetres e baçins e altra bastola e roba que prese L solidos.» (la declaración escrita de los bienes del notario Antoni Toldrà se publicó en TURULL, «Antoni Toldrà», pp. 27-51), de lo que parece deducirse que si Antoni Toldrà no debe contribuir en Cervera por los bienes que tiene en Lleida puesto que ya contribuye por ellos en dicha ciudad, aquellos vecinos de otras ciudades que poseen bienes en Cervera deberían contribuir por sus bienes en Cervera. Cabe señalar, no obstante, y quizá sea un factor diferenciador, que la noticia se refiere al pago de questia (tributo exigido por el rey a los municipios catalanes) y no a impuestos vecinales. 41 «Quod lis erat inter homines de Tarrega ex una parte et homines de Villagrassa ex altera super termino de Tarrega dicebant namque homines de Tarrega quod quicquid tenebant vel possidebant vel in futurum tenerent vel possiderent homines de Villagrassa in termino de Tarrega racione empcionis vel donacionis vel ultime voluntatis vel exovarii vel quacumque alia racione redimerent in comuni Tarrage tam per questia quam per exercitu quam per quacumque alia eam per qua ipsi homines de Tarrega facerent generale comune in Tarrega homines vero de Villagrassa e contrario asserebant quod ipsi faciebant comune suum in Villagrassa et sic non debebant facere aliud comune in Tarrega que non debebant facere duas questias vel duos exercitus vel alia ductitia servicia racione comitatis» (ACUR. LP I, fol. 36r-36v). 42 «(...) Nos Rex Jacobus dei gratia rex Aragonum auditis et intellectis racionibus utriusque partis sentenciando diffinimus quod homines de Villagrassa solvant comune in Tarrega de omnibus hiis hereditatibus quas tenent et possident vel in futurum tenebunt vel possidebunt in termino de Tarrega tam racione questie quam exercitus quam cuiuscumque alie cause ad generale comune Tarrage pertinentis (...)» (ACUR. LP I, fol. 36r-36v). 43 SARRET, Sumari, pp. 16-17; ACUR LP III f. 62; 1250 set. 13.

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mismo Jaime I intentaba buscar un acuerdo definitivo según a una contribución real en todo tipo de tributos que se recaudaran en Tárrega y en Vilagrasa, de tal manera que los hombres de Tárrega contribuían en Vilagrasa por los bienes que poseían en este término municipal y los de Vilagrasa hacían lo propio en Tárrega, siempre per solidum et libram, con lo que ambos municipios aparecían tan imbricados —no en vano el documento de agosto de 1257 se refiere a quod sit talis unitas de cetero inter ipsos— que para la fijación y el cobro de las tallas debían nombrarse seis hombres de Tárrega y dos de Vilagrasa para llevarlo a cabo.44 En definitiva, pues, hay que pensar que en este período inicial del impuesto directo en el municipio no se había configurado todavía un hecho imponible simple sino que partiendo de una realidad económica y no jurídica se pretendía gravar a todos y a todo cuanto estuviere dentro de la jurisdicción del Consejo. Puede creerse que estamos en plena fase político-económica del tributo, en la que cada Consejo pretende obtener el máximo posible de recursos dentro del ámbito espacial que compete a su jurisdicción. Tampoco es válido aplicar un criterio de territorialidad.45 El territorio sobre el que ejerce su jurisdicción el Consejo está configurado por el cor de la vila o núcleo murallado y por su término municipal fuera de las murallas, pero en esta delimitación espacial conviven personas con sus bienes que escapan a la jurisdicción del Consejo: los eclesiásticos con su fuero propio y las comunidades judías con su vinculación directa del monarca. Ante todo ello, quizá el principio de jurisdiccionalidad sirva para determinar sobre qué personas o cosas el municipio tiene potestad. Beneficiándose sus habitantes del derecho privilegiado del municipio y beneficiándose los bienes muebles e inmuebles sitos en el término municipal del control y la vigilancia policial que ejerce el Consejo sobre todos ellos —sea su propietario 44 «(...) et ad huiusmodi tallias et collectas faciendas et colligendas ponantur semper et sint sex homines de Tarrega et duo homines de Villagrassa ut per eos fidelius et melius predicta ordinentur et fiant»; HUICI, Documentos, III, p. 237, 1257 agosto 29 Lérida; y para noviembre del mismo año: «(...) et talis decetero in premissis omnibus et singulis sit firma et perpetua unitas inter ipsos, firmiter ac perpetuo statuentes quod predicti homines Tarrege et Ville Grasse omnes et singuli sovant et faciant predicta omnia et singula per solidum et per libram et ad huiusmodi tallias faciendas et colligendas sint semper aliqui homines Ville Grasse cum homnibus qui ponentur ex parte hominum Tarrege, ut per eos utrinque positos melius et reccius ordinentur et fiant»; HUICI, Documentos, III, p. 300, 1257 noviembre 17 Barcelona. 45 La idea de soberanía intimamente ligada a la existencia de un territorio sobre el que extiende sus efectos, permite, como en los casos actuales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas, utilizar el principio de territorialidad como base para determinar «quiénes o qué hechos o relaciones quedan sujetos a lo dispuesto en las normas tributarias». Aun así, en cierta manera dichos impuestos siguen arrastrando la dicotomía entre el criterio personal y el real a la hora de perfilar el objeto material del tributo, para lo cual se han previsto las correspondientes disposiciones para evitar la doble imposición internacional (vid. FERREIRO, Curso, pp. 288-289, 299; 308-309, 318; 323-324 respectivamente para el IRPF, impuesto sobre sociedades e impuesto sobre el patrimonio).

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singular del municipio o no—, es justificable desde un punto de vista político —ejercicio de un poder de mando— y económico —colaborar económicamente en los gastos que ocasiona dicha protección— pretender imponer el impuesto haciendo converger el criterio personal y el real. Como ya anticipamos, creemos que estamos en la fase prevía a la conceptualización jurídica del hecho imponible y que, por tanto, la aplicación de categorías jurídicas dogmáticas no se adapta suficientemente bien en este caso.

B/ EXENCIÓN

Ni las fuentes de creación de normas ni los documentos de aplicación recogen de forma clara y concreta las exenciones objetivas (en las que no concurre el hecho o circunstancia que generaría la obligación de contribuir), subjetivas (en las que la no obligación es generada no por el hecho sino por el sujeto) y mixtas (en que el hecho o circunstancia al que la norma liga el no nacimiento de la obligación concurre tanto en el hecho como en el sujeto). Mientras que los documentos catalanes desde un criterio objetivo conocieron el sistema de minorar la valoración y la contribución de ciertos bienes e incluso llegaron a tratar de forma especial el caso de las personas eclesiásticas desde la óptica subjetiva,46 en cambio explícitamente sólo esporádicamente se recogió la exención en determinados bienes productivos a fin de no minar la capacidad económica de los contribuyentes,47 quienes a pesar de cumplir los elementos del hecho imponible una norma jurídica emanada del propio Consejo procuraba el no nacimiento de la obligación tributaria con el municipio.48 46 Antes de que se consolidara una fiscalidad municipal, Jaime I en 1234 ya había dispuesto «que clergue, per rahó de cosa moble o inmoble, no sie tengut a alguna questa, salvat censos e agraris constituits e antics estatuts segons diversitats de locs» (3ª CYADC I, 1, 4, 2). 47 Tratamos el asunto más adelante al estudiar la base liquidable. 48 En las ciudades italianas e incluso en algunas francesas, donde la técnica fiscal de la tributación directa estaba en el siglo XIV mucho más avanzada que en Cataluña, existió un heterogéneo entramado de exenciones. Entre las reales u objetivas se encuentra la de la declaración de las armas, joyas, libros y utensilios en Francia (FAVIER, Finance et fiscalité, p. 179); la casa habitada por el contribuyente, sus muebles y sus utensilios de trabajo en Venecia y Florencia en el siglo XV (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, p. 57); «i servi e le ancelle, i corredi e gli altrezi, i cavalli e le armi, i viveri e le stoviglie» en Pisa la segunda mitad de siglo XII (VIOLANTE, Imposte dirette, p. 53). Y entre las exenciones personales o subjetivas se beneficiaron de ellas los mendicantes, los nobles (que ya pagaban servicio de hueste), los cónsules municipales durante el año que ocupaban el cargo, los oficiales del rey y del conde y los eclesiásticos en Perigueux (éstos de forma estable desde 1365) a mediados de siglo XIV (HIGOUNET, Les comptes, pp. 50-54); a los que por edad o enfermedad, según apreciación de los funcionarios del común, eran declarados miserables y les era imposible contribuir aunque debieran cumplimentar una declaración; a pesar de que, a diferencia de las grandes ciudades, en el medio rural los miserables acostumbraban a poseer algun medio de subsistencia, se consideraba que ello era insuficiente para acrecer su riqueza, por lo que eran declarados exentos por miserables (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, pp. 74-75).

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Habría qué decidir hasta qué punto podemos hablar de una exención tácita a causa de la pobreza; pero en tal caso no todos los considerados pobres estarían exentos —exención subjetiva, de llegar serlo—, sino únicamente aquel grupo integrado por los pobres de nacimiento, llamados también pobres de Deu, personajes vagabundos y marginados que apenas podían ser considerados habitantes; es por este motivo, la falta de consideración ciudadana, que difícilmente pueda hablarse en propiedad de exención. Por el contrario, los pobres que habían incurrido en tal estado de necesidad desde una posición socio-económica considerada normal a causa de circunstancias fortuitas, o pobres vergonzantes, como habitantes y vecinos venidos a menos en épocas de crisis, probablemente debían contribuir a la hacienda municipal con una cantidad simbólica asignada por una comisión del Consejo.49

4.3. SUJETO PASIVO

La obligación tributaria que analizamos vincula al municipio como sujeto activo y titular de un derecho de crédito con los sujetos pasivos deudores, fundamentalmente los miembros de la universidad, que están obligados a una prestación monetaria. Dejando a un lado el problema del sujeto pasivo contribuyente que no es miembro de la universidad pero que está obligado por el hecho de poseer algún tipo de bienes en el término del municipio —la ya mencionda problemática del carácter real o personal del impuesto—, será necesario intentar delimitar con mayor precisión este concepto: desde el punto de vista de lo que significa ser miembro de la universidad, de la obligación y la capacidad de las personas físicas y de las personas jurídicas y desde el punto de vista de la unidad fiscal del foc.

A/ IDENTIFICACIÓN

A partir del momento en el que la comunidad de hombres de una villa o ciudad se ha vertebrado y ha sido reconocida como una universitas que tiene la capacidad de tomar decisiones y por tanto expresar por medio del Consejo su voluntad, se están dando unas nuevas relaciones tributarias entre el rey, los municipios y los singulares de éstos. Creemos que durante la segunda mitad 49 Sobre la pobreza en las ciudades medievales y los distintos niveles y categorías de pobres puede verse el volumen misceláneo publicado por el CSIC y dirigido por Manuel RIU RIU, La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, 2 vols., Barcelona, 1980-1982.

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de siglo XIII y, como mínimo, la primera mitad del XIV coexisten dos tipos de actuaciones distintas que irán alterándose a través de los años. En una de ellas el rey percute alguno de sus tributos en los municipios,50 los cuales, a la vez, tienen la capacidad de repercutir dicho tributo entre sus singulares.51 En este caso el municipio es el verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria (o sea, aquella persona que está sometida a realizarla) con el monarca, pero mediente la repercusión del impuesto inaugura una nueva relación tributaria en la que ocupa una posición activa respecto de los singulares que serán los sujetos pasivos de los impuestos que 50 Así en la petición de pago de questias y subsidios por parte del rey a los municipios con diversas finalidades. En el todavía fundamental trabajo de Manuel Sánchez Martínez, este autor estudió una de las principales fuentes de financiación de la cruzada granadina entre 1329 y 1334. Bajo este pretexto Alfonso III de Cataluña solicitó tributos a las Cortes de Valencia en 1329, a las aljamas judías de la Corona de Aragón en 1330, 1332 y 1334, a las musulmanas de Aragón en 1330, al colectivo eclesiástico y en especial a las comunidades bajo jurisdicción real en Cataluña durante 1329, 1330, 1332, 1333 y 1334. Durante este período el subsidio exigido por el monarca afectó a sesenta y cuatro núcleos de población que, a efectos administrativos y para facilitar su recaudación, se agruparon en bailías y honores hasta configurar cuarenta y seis distritos. En cada caso el monarca solicitaba a los distintos municipios una cantidad determinada de dinero. Poco importa ahora si ciertos municipios se beneficiaron de exenciones por vía de privilegios o si muchos otros obtuvieron reducciones substanciales del tributo que les correspondía pagar. Lo importante ahora es constatar que cada municipio tenía asignada una cantidad que debía satisfacer, sin que nos sea posible conocer qué criterio dictaba la cuantificación de dicha deuda tributaria, si bien el número de habitantes de una población o la riqueza de los mismos. En cualquier caso la petición del rey se dirigía a los municipios y era el Consejo de cada uno de ellos el que activaba sus propios mecanismos para conseguir la suma exigida [Véase Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «“Questie” y subsidios en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIV: el subsidio para la cruzada granadina (1329-1334)», en Cuadernos de Historia Económica de Cataluña XVI (1977), pp. 11-53]. Ilustra esta circunstancia la petición —en su redacción estándar— de Alfonso III desde Teruel el 1 de marzo de 1334 a distintos municipios catalanes y con consignaciones dinerarias también diferentes: «Fidelibus suis probis hominibus ville Terracie. Salute, et cetera. Cum per vos et alias universitates locorum nostrorum Cathalonie, quarum sindici ad villam Montisalbi nuper convenerant (sicut) scitis, concesse fuerint nobgis certe peccuni e quantitates in auxilium guerrarum quas habemuscum januensibus, publicis hostibus nostris, et cum perfidis sarracenis; quem, in aliquibus locis, ex imposicione ordinata et, in aliquibus, eciam per modum collecte ultra questias seu subsidia nobis solvi consueta, deben colligi et levari. Et ex causa premissa fuerit ordinatum in dicta villa Montisalbi quod vos, per duos annos ex tunc sequentes, solvere debetis, videlicet in utroque anno, sex millia quadrigentos sol. barchn., de qua quantitate nos habere debemus medietatem reacione questie supradicte, et residuum est in dictarum guerrarum negociis convertendum. Idcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus de dicta medietate nobis pertinenti racione dicte questie, que est trium millia CC sol. barchn, respondeatis loco nostri fideli de domo nostra Blasio Morello vel cui voluerit loco sui. Aliud mandamus eidem quod inde vos et bona vestra pignoret et compellat. Datam Turolli kalendas marcii anno Domini M CCC XXX tercio» (publicado por SÁNCHEZ, «“Questie” y subsidios», p. 45). 51 La repercusión del impuesto parece clara en los primeros documentos sobre hacienda municipal donde se observa que los singulares de la villa están pagando questias y otros servicios reales o vecinales: Noverint universi quod, cum nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, Valencie, comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, intellexerimus quod aliqui habitatores Cervarie super questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus persolvendis, que colliguntur in villa Cervarie (...)» (TURULL, LPC [1272], doc. 14); «Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, per nos et nostros damus et concedimus vobis probis hominibus et universitati Cervarie, presentibus et futuris, quod quandocumque et quotienscumque nos vel nostri questiam vel aliud aliquod servicium a vobis habere voluerimus, teneantur vos iuvare et ponere partem suam in eadem questia seu alio servicio omnes vicini eiusdem ville (...)» (TURULL, LPC, [1271], doc. 13).

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habrá trasladado.52 Cuando se repercute el impuesto, el municipio no está simplemente gestionando un tributo ajeno puesto que no está transportando —ni material ni jurídicamente— el pago concreto de cada uno de los sujetos pasivos al rey sino que está distribuyendo la deuda contraída con el monarca entre todos los miembros de la universidad y aquellos que tienen bienes en el término del municipio para proceder, una vez conseguida la suma total, a extinguir la obligación que el municipio —y no sus singulares, debemos insistir en ello— había contraído con el monarca. Lo que ocurre es que la intervención del rey a través de los privilegios que éste dictó, puede inducir a pensar que el municipio jugaba un papel meramente instrumental o de intermediario real, cuando ello no es exactamente así, ya que lo que resuelven dichos privilegios es, precisamente, cómo debe proceder el Consejo en la cuantificación de la deuda de los singulares para con el municipio53 en aquellos casos en los que el Consejo ha optado por imponer un impuesto directo. Cuando el municipio ha adquirido personalidad jurídica, el monarca es acreedor no de los singulares de la universidad sino de la propia universidad que trasladará la deuda a sus miembros. Es natural, por otra parte, que durante la primera mitad del siglo XIII, en este ámbito, los privilegios reales

52 De esta manera el Consejo decide proceder a establecer un impuesto con el fin de saldar la deuda contraída: «E en continent en Dalmau Zacirera, Pere Taylada, Jacme Zabater, Pere de Castell, Bertó Averó, Guillem Pujalt, Berenguer Presó, Bertó Arnaldes e Pere de Fontanet digueren que com el Conseyll que·s tench com fo acordat que la questia se stampàs fos acordat que en continent fesen feits manifests per tots los singulars (...)» (ACSG, Consells 1372 33v); «E que prestament fazen fer los libres que mester hi sien e que les crides se fazen segons que es acustumat en tal manera que ans que questia sinch tayll los manifests sien acabats» (ACSG, Consells 1395, 2r). 53 Ello ya es así en 1272, dirigiéndose el privilegio a «vobis universitati Cervarie»: «Noverint universi quod, cum nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, Valencie, comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, intellexerimus quod aliqui habitatores Cervarie super questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus persolvendis, que colliguntur in villa Cervarie, iurant quandocumque bona sua minus valere, et ea bona valeant plus quam ipsi iurent, idcirco ad vitandum fraudem, que in hiis fit et fieri potest, concedimus per nos et nostros vobis universitati Cervarie ac statuimus imperpetuum quod, si aliquis vel aliqui habitatores Cervarie iuraverint super predictis bona sua valere certam peccunie quantitatem et ea bona ad cognicionem paciariorum et proborum hominum Cervarie plus valuerint ea quantitate peccunie (...)» (TURULL, LPC, [1272], doc. 14); entrado el siglo XIV la intervención del Consejo por medio de los próceres y jurados de la universidad: «Nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, considerantes nobis noviter pro parte vestri, procerum et iuratorum ville Cervarie, humiliter supplicatum fuisse ut, cum in talliis et taxationibus questiarum, comunium, contributionum et aliarum exaccionum regalium et vicinalium ville predicte inequalitas observetur, ut plurimum cum allevíatis divitibus graventur egeni, et subtractis in parte maioribus, mediocres et minores sint importabili mole pressi, nos circa hec eidem universitati et eius singulis dignaremur congruum remedium adhibere, idcirco vestris super hoc supplicationibus inclinati, ut nullus de cetero premissorum actione ultra vires facultatum suarum ex huiusmodi talliis agravetur, cum presenti carta nostra concedimus quod in predictis questiis, comunibus, contributionibus et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus quibuscumque fiat de cetero tallia sive taxatio per solidum atque libram (...)» (TURULL, LPC, [1323], doc. 33); «Ordinamus insuper ac etiam statuimus quod de cetero questie, tallie seu comunia tallientur equaliter per solidum atque libram, et quod quilibet teneatur iurare de donis que habet» (TURULL, LPC [1331], doc. 38).

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puedan contener algunas disposiciones que reflejan un período de cambios y de transición hacia una situación en la que la universidad, efectivamente, decida cómo y con qué medios decida extinguir sus obligaciones tributarias con el monarca.54 Por otra parte, el municipio es, ademas, el sujeto activo acreedor de una obligación tributaria en aquellos casos en que establece sus propios tributos y los gestiona.55 54 Existen numerosos ejemplos de ello. En 1332 Alfonso III solicitaba reiteradamente 36.000 sueldos barceloneses a la universidad de Cervera, cantidad que finalmente quedaria reducida a 19.000 s.b. en concepto de questia para el subsidio para la cruzada de Granada. Despues de discutir el Consejo municipal cómo sufragar tal petición y después de barajar distintas posibilidades, el Consejo decidió, el 8 de junio de 1332, efectuar una talla —o impuesto directo— entre los vecinos de la localidad por valor de 50.000 s.b. Este acuerdo se ratificó en noviembre del mismo año. Finalmente se dilucida que el destino de tal cantidad sería, además de para saldar la deuda de 19.000 s.b. contraída con el rey, para pagar otras deudas contraídas por el municipio con prestamistas de otras ciudades (puede seguirse este tema y otros procesos parecidos en la misma época y con las remisiones documentales oportunas, en Max TURULL RUBINAT, «La hisenda i el sistema financer de la Paeria de Cervera. Els ingressos del Consell (1331-1332)», en Ilerda, XLVII (1986), pp. 443-478; por otra parte fue corriente proceder a cobrar una talla a fin de saldar deudas diversas que había contraído el municipio. En 1392 el Consejo General de la baronía de Pinós i Mataplana debía escoger entre si prefería financiar las deudas de la universidad con su señor a través de un impuesto indirecto sobre el consumo, llamado vinté, o, si por el contrario, prefería imponer un impuesto directo mediante la colecta de tallas que gravaban la riqueza de los singulares; los habitantes reunidos en Consejo General optaron por un impuesto indirecto que no garantizaba la recolección de toda la cantidad necesaria, por lo que poco tiempo después, además del «vinté», se vieron obligados a proceder al cobro de un segundo impuesto, éste directo (Joan SERRA VILARÓ, Baronies de Pinos i Mataplana: investigació als seus arxius, Barcelona, 1930-1950, II, p. 89). Y en Lérida, en 1403, las disputas entre los miembros de las tres manos sobre qué medio de financiación —si bien una imposición sobre el consumo o bien un impuesto directo sobre la riqueza de cada uno— debía adoptar el Consejo para saldar las deudas de la universidad y proceder al pago de los tributos exigidos por el monarca, originó la participación del emisario real Berenguer de Montagut cuya sentencia arbitral, a costa de intervenir directa y frontalmente en la política económica del Consejo, debía pacificar los ánimos y resolver el problema: «(...) sobre la manera de portar los càrrechs de aquella [ciudad] en la qual manera havie entre ells gran controversia los uns dients que·s deuen portar e pagar per los habitadors de la dita ciutat e dels lochs de la contribució de aquella per vía de comuns e talles entre ells posadors per sou e per lliura de les facultats que cascun ha, los altres dients ques deuen portar per vía de imposicions, los altres dients ques deuen portar e pagar partida per vía de comuns e partida per vía de imposicions, e sobre assò no·s poguessen concordar ni avenir en lo Consell de la dita ciutat ne fora Consell en alguna manera (...). [resolución=] és a saber les dues parts per vía de impositions atorgades e per lo senyor Rey atorgadores e la tercera part per vía de comuns qui sien posats per sou e per lliura segons la valor dels béns sients e movents que cascun haurà (...)» (GRAS, Història de la Paeria, pp. 164-165). 55 En 1403 en Lleida se consideraba que era costumbre antigua que, junto al cobro de ciertas cantidades con que afrontar unos gastos determinados, generalmente destinados al fisco real, en una misma talla se cobrara también una cantidad de más para que dispusiera de ella el Consejo: «E com en la dita ciutat sia de antiga costum que tota hora que comú si gita hes talle hi és affita a costum alguna quantitat que·s apellada ordenament, e los de la mà menor se clamen, és tingut per agreugats e oppressos del dit ordenament lo qual a vegades és estat posat en gran quantitat per ço Nos volents açò reduhir a cosa rahonable e portable (...)» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165); Vid. cuando más arriba caracterizamos la obligación tributaria de los singulares como una obligación «ex lege» y tambien en las últimas notas, donde se reflejaba que junto al cobro de questias y otros servicios reales el municipio también establecía sus propios impuestos para sus propios fines: «super questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus» (1272); «tallis et taxationibus questiarum, comunium, contributionum et aliarum exaccionum regalium et vicinalium ville predicte» (1323); «tallie seu comunia» (1331); «contribuere et solvere in questiis et comunibus dicte ville» (1359).

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En este último caso son sujetos pasivos sobre quienes recae el deber de realizar una obligación tributaria todas aquellas personas físicas, pero parece ser que también jurídicas a partir de cierto momento,56 que tienen fijado su domicilio o poseen bienes dentro de los límites de los términos de un municipio determinado. Los documentos que estamos manejando incluyen sin aparente distinción términos como singulars, habitadors, vehïns, vicinis seu incole, y no sólo en textos distintos sino incluso en un mismo discurso. Se utiliza el concepto singulars de la vila o de la universitat para indicar todos aquellos sujetos que teniendo su domicilio en una ciudad están obligados a contribuir, con lo cual singulars adquiere el mismo valor que cuando se señala que tot hom manifeste; habitadors acostumbra acompañar las menciones de singulars y tan sólo en una ocasión se citan vicinis seu incole y vehïns et habitants. Pero quizá el trazo más sobresaliente lo encontramos en las referencias negativas: cuando se trata de abandonar cierta situación siempre se abandona el estatuto de vecindad renunciando al domicilio en la ciudad y nunca se abandona de forma expresa el hecho de ser habitante. Pero esta confusión fáctica entre los conceptos habitador y vehí es frecuente también en los textos más amplios de derecho municipal donde habitación y ciudadanía concurren en no pocos supuestos, incluidos entre ellos las obligaciones tributarias de habitantes y ciudadanos. Por otra parte, en el ámbito no de la vecindad municipal pero sí de la ciudadanía y naturalidad en Cataluña, según la doctrina de los juristas medievales se adquiría la ciudadania a traves del ius soli, ius sanguinis y derivativamente a partir de la adquisición voluntaria de domicilio, de lo que puede deducirse que aquella persona —y con ella su familia— que tenía su domicilio voluntario en un determinado municipio pero aún no había agotado el plazo previsto para adquirir la vecindad o ciudadanía se encontraba en el estadio de habitante.57 En este contexto parece más plausible que la denominación mayoritaria de singulars se refiera al conjunto de habitantes todavía no vecinos y también a los ciudadanos.58 56 Vid. n. 48 y n. 87. Por otra parte, mientras durante el siglo XIV las comunidades judías de los principales municipios catalanes tributaban como tales aljamas directamente ante el rey, a partir de la segunda mitad del siglo XV se observa cómo los judios se incluyen a título individual entre el resto de la población. En Cervera la relación de sus bienes se encontraba en los libros ordinarios del Manifest pero concentrada en un apartado específico denominado juheus (ACSG, Manifest 1490 CC, 93r-98v; 1497 CC 93r). 57 Así en Costums de Tortosa (I,IV,XV): «habitador és dit tot hom que ab cor e ab volentat ab son alberc se’n va estar en Tortosa o en sos térmens, et fan aquí lur major estatge e lur major residència» (OLIVER, Historia del Derecho). A pesar de la diferencia jurídica entre «habitador» y vecino, en algunas ocasiones el término habitant se expande y parece englobar también a los ciudadanos. 58 Vid. al respecto María Pilar DOMÍNGUEZ LOZANO, Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el derecho local. Estudio sobre el derecho local alto-medieval y el derecho local de Aragón,

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Todo ello nos lleva a considerar que los sujetos pasivos sujetos a la obligación tributaria eran los habitantes y los vecinos o ciudadanos de la villa o, lo que es lo mismo, todos los singulares de la universidad y los que sin serlo poseían algún tipo de riqueza dentro del término municipal. Pero si el sujeto pasivo únicamente está obligado a la declaración de sus bienes, hay que plantearse si todo sujeto pasivo de dicha obligación tributaria lo es tambien de una deuda tributaria. La voluntad de identificar o diferenciar entre obligación y deuda tributaria tiene un marcado trasfondo político. En otra ocasión ya indicamos cómo el Consejo optó en determinado momento por exigir el pago de una variable cantidad de dinero a todos los singulares de la universidad —o sea, a todos los sujetos pasivos—, con lo que se identificaba y se confundía la obligación tributaria y la deuda tributaria, el deber de declarar con el deber de pagar y al obligado tributario con el contribuyente.59 Otras opciones políticas reivindicaban, por el contrario, y sin aparente éxito, que sólo debían estar sujetos a pagar la deuda tributaria aquellos sujetos pasivos cuya riqueza superase cierto límite, siendo excluidos los que nada tenían que pudiera ser valorado, con lo cual el hecho imponible, de ser atendidas estas reivindicaciones, dejaría de ser el domicilio para pasar a consistir en el disfrute o la titularidad de un determinado grado de riqueza.60

Navarra y Cataluña (siglos IX-XV), Madrid, 1989; sobre ciudadanía y naturalizaciones es imprescindible acudir a Encarna ROCA I TRIAS, «“Unde Cathalanus quasi in Cathalonia stans”. La condición de catalán en el Derecho histórico», en Revista Jurídica de Cataluña, enero-marzo, núm. 1, año LXXVII, 1978; además Román PIÑA HOMS, «La condición de natural del reino de Mallorca», en Anuario de Historia del Derecho Español, LV (1985), pp. 307-332; y Núria SALES DE BOHIGAS, «Naturals i alienígenes: un cop d’ull a algunes naturalitzacions dels segles XV a XVIII», en Studia in honorem Prof. M. de Riquer, Barcelona, 1986-1988, I, pp. 675-705. 59 «Item com molts singulars sien en la vila que no han manifestat renda ne moble e axí mateix no han molt sembrate entant que no pagaran quax res en l’onzè e sie rahó que de poch ab molt ambdeu tuit a pagar per ço pregaren al Conseyll que acort sobre aquests feit que hi faran (...); quan es dels singulars que no han renda ne moble, son persones qui deuen e poder de alguna cosa aiudar a la universitat, acorda lo Conseyll que es rahó que tot hom aiut als càrrechs de la vila a pagar e que los prohòmens que ara son asignats a taylar los XvI prohòmens puxen aquells aitals que si no aien renda ne moble ne sembrats que sien taylats segons que serà viyares» (ACSG, Consells 1377, 11v-12r). 60 «Que molt ha, que pach molt; qui poch ha, poch pach; e qui res no ha, que no pach res» (ACSG, Consells 1332-1333, 28v).

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B/ CAPACIDAD

Las normas que regulan algunos aspectos de la tributación directa en los municipios bajo-medievales, tanto las de origen real61 como las que desarrollaron los propios municipios,62 tienen como eje básico el principio de capacidad contributiva, o sea, la capacidad para soportar las cargas económicas derivadas de los tributos. Esta vertiente económica del tributo supone que cada contribuyente debe pagar una cuota proporcional al valor de la riqueza que posee, o sea, a su capacidad económica. Como veremos en su momento, el principio general de capacidad contributiva hecho realidad mediante la aplicación del criterio de pagar los impuestos directos per sou e per libra o, lo que es lo mismo, proporcionalmente a la riqueza de cada uno y teniendo en cuenta los bienes muebles e inmuebles, trasladó el aspecto clave de todo el proceso tributario al momento de la cuantificación de la deuda tributaria y más que a la determinación de la base imponible, al tipo de gravamen que se aplicaría en cada caso. La aplicación del principio de capacidad contributiva parte del presupuesto de que todos los miembros de la universidad deben contribuir en saldar las deudas de ésta y alivíar sus cargas,63 con lo cual el pago del tributo no tiene 61 En 1272 el monarca resuelve cómo deben estimarse los bienes de los singulares que actúan incorrectamente, con lo que el sistema de la tasación de la riqueza parece que se utilizaba antes de esta fecha: «(...) paciarii et probi homines Cervarie possint et liceat eis estimare et apreciare quantum ipsa bona valuerint plus quantitate illa quam ipsi iuratores suo asseruerint iuramento, prout eisdem paciariis et probis hominibus iuste et idonee videbitur faciendum. Et illi, quorum ipsa bona fuerint, teneantur dare et solvere in predictis questiis, serviciiis et aliis exaccionibus, regalibus et vicinalibus, pro eo quod iidem paciarii et probi homines estimaverint et apreciaverint bona ipsorum iuratorum plus valere quam ipsi iuraverint, sicut pro ea quantitate quam suo iuramento dixerint seu asseruerint solvere teneantur (...)» (TURULL, LPC [1272], doc. 14); y en 1323 se disponen con más detalle acerca de la percepción del impuesto proporcional: «(...) concedimus quod in predictis questiis, comunibus, contributionibus et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus quibuscumque fiat de cetero tallia sive taxatio per solidum atque libram, ita quod de maiori summa universaliter contribuenda, facta taxatione cetere quantitatis ad libram vel solidum, quilibet iuxta taxationem impositam libre vel solido solvat in premissis questiis, comunibus et aliis supradictis partem eum contingentem in illa, prout vires facultatum cuiuslibet in numero ascendenti vel descendenti exigent et requirent (...)» (TURULL, LPC [1323], doc. 33). 62 «(...) fos acordat que en encontinent fesen feits manifests per tots los singulars per zo com molts singulars son taylats contra tota rahó e inmoderadament (...)» (ACSG, Consells 1372, 33v); «(...) com molts se clamen que pagem per molt mes que no an e d’altres molts que ninch ha que no pagan per zo que an ab be molt la qual cosa es fort iniusta e contra rahó que los uns sien cacius e los altres sien franchs per que pregaren lo Conseyll que acort be sobre lo dit feyt e que guarden que negú no port lo fex de l’altre ans cascun port son feix. Sobre azò lo Conseyll acordà que prestament sien feyts manifests novels per cascuna persona be e complidament en manera que cascú pach per zo que ha segons sou e libra (...)» (ACSG, Consells 1395, 2r); «(...) Que molt ha, que pach molt; qui poch ha, poch pach; e qui res no ha, que no pach res» (ACSG, Consells 1332-1333, 28v). 63 «(...) han acordat e ordonat per rahó dels deutes e càrrechs als quals la universitat de la vila és tenguda, que taylla fos feyta (...). E axí mateix fossen somats tots los dits deutes e càrrechs als quals la universitat de la vila dessús dita és tenguda ne obligada segons que dit és (...)» (ACSG, Manifest M 1378, 1r); «(...) com per pagar los càrrechs e les necesitats de la universitat lo conseyll agués acordat que manifests fosen feits e que fos feita Iª

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por objeto una contraprestación que proporcione un disfrute ni siquiera indirecto de un servicio del municipio. No existiendo apenas lo que hoy denominariamos servicios públicos o sociales —a pesar de las actuaciones de los Consejos en materia de sanidad, educación, beneficencia y urbanismo—, se comprende mejor que el impuesto directo no contemple —como sí hacen las imposiciones, o impuesto indirecto sobre el consumo de determinados productos— la idea de «uso y disfrute de», sino que se base en la capacidad económica de los singulares. En cuanto a la capacidad tributaria, hemos de suponer que ésta no presenta diferencias respecto de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar del resto del ordenamiento jurídico. El problema se plantea en el doble nivel de la capacidad jurídica de las masas de bienes, con personalidad jurídica o sin ella, y en el nivel de las personas físicas. En un primer momento, durante el siglo XIV, cuando empiezan a confeccionarse libros del manifest, sólo serán sujetos pasivos las personas físicas, sin que un examen de los cuadernos de registros de bienes haya mostrado que las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las personas jurídicas puedieran ser sujetos pasivos de la obligación tributaria;64 en cambio, durante la primera mitad del siglo XV, cuando esta práctica tributaria cuenta con mayor experiencia, puede apreciarse cómo conventos, cofradías y comunidades de presbíteros, que a lo largo de los años han ido acumulando la titularidad de numerosas rentas de censales y violaris por medio de donaciones post mortem de sus originarios propietarios, se convierten en sujetos pasivos de la obligación tributaria. Revestidas o no estas asociaciones de personalidad jurídica, la declaración de sus bienes, inmuebles en su totalidad, era efectuada por los priores o los procuradores de dichas comunidades.65 taylla (...)» (ACSG, Claveria 1378, 76v); «(...) que per los deutes e càrrechs a que la universitat es obligada e per descarregar la universitat e los singulars d’aquells dits deutes e càrrechs e altres coses a que la dita universitat e los singulars d’aquella son tenguts e obligats. E per egualar los singulars en ço que deuen pagar en los dits càrrechs que per tots los singlars de la dita vila, sie fet manifest (...)» (ACSG, Manifest P 1382, 1r). 64 No deja de ser significativo que el rey se dirija a los clérigos de la universidad para comunicarles que según costumbre observada de la villa y a causa de la sentencia dictada sobre este litigio, debían contribuir, «tam ratione patrimonii quam ratione beneficiorum vestrorum», en los impuestos comunales y en la questia que recaudara el Consejo, pagando, eso sí, tan sólo un gravamen de cuatro sueldos por cada mil (TURULL, LPC [1359], doc. 88); en 1359 y de nuevo en 1364, Pere III también recordaba a las personas eclesiásticas de Manresa que debían contribuir en las tallas que se imponían al resto de habitantes de la ciudad (SARRET, Sumari, docs. 93 y 104). 65 En Cervera a partir de 1437 se documenta la inclusión de conventos, cofrarías y óbitos de comunidades de presbíteros en la relación de contribuyentes en los libros del manifest (ACSG, Manifest 1437 f. 108r-109r): «lo monastir de prehicadors», por medio de la declaración del reverendo frare Guillem de Carreres, prior del monasterio; «los óbits de la església de Sent Johan de Ierusalem», por medio de la declaración del frare Bernat Ermengou, prior de la casa y con estimaciones de 239 y 20 libras respectivamente de riqueza inmueble o siti; 1451: «la confraria de Sant Nicolau», declaración de Pere Miquel, prior de la cofradía; «los óbits de la església de Madona Santa Maria de Cervera», declaración del procurador de la comunidad de presbíteros beneficiados en

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En cuanto a la capacidad tributaria de las personas físicas, merece ser objeto de atención la unidad familiar y patrimonial entorno al foc (=hogar). Sería importante averiguar hasta qué punto y de qué manera la unidad fiscal del foc, que sirvió de cómputo en la esfera de las finanzas reales a partir de la confección de los conocidos fogatges del siglo XIV, siguió primando a la hora de delimitar el sujeto pasivo de la obligación tributaria, con lo que enlazaríamos con el problema de la estructura de la familia catalana en la época de la recepción y su repercusión en el entramado de obligaciones tributarias. Partiendo de la base de que el hecho imponible fundamental era ser vecino o habitante de la ciudad, hay que creer que los sujetos pasivos eran aquellos hombres y aquellas mujeres con capacidad de obrar, y ello al margen de que configuraran una unidad familiar o, en lenguaje de la época, un foc. Si todos ellos, en cuanto miembros de la universidad, estaban obligados a contribuir, cabe discutir quién estaba obligado a declarar sus bienes. En este sentido únicamente apuntaremos que por lo general la documentación se refiere de forma genérica, como ya apuntamos, a singulars, habitants y vehins. Pero excepcionalmente un solo texto indica que se notifique la percepción del impuesto y la obligatoriedad de manifestar los bienes a tot hom e tota fembra generalment en axí que qui tenrà son domicili (...) manen a tot hom e a tota fembra de la vila de Cervera que d'ací miyant lo mes de febrer prop vinent haien manifestats tots sos béns mobles e sients (...).66 Esta noticia parece hacer referencia, además de a los hombres, a aquellas mujeres que eran titulares de los bienes que se declaraban, sea que fueren viudas, tutoras preferentes de los bienes de los hijos o declarando la porción de bienes que el régimen dotal de separación de bienes permitía en el derecho catalán en época de la recepción.67 Por otra parte, los bienes del menor, la iglesia; 1483 (f. 83r-86v): las cofradías «de Sant Francesc, de Sant Llorenç, del Sant Esperit, de Santa Maria, de Sant Joan, lo monestir de Santa Catarina, lo guardià dels frares menors en nom del dit monestir», con una estimación, en este último caso, de 545 libras de siti y 110 libras de mueble; 1490 (f. 67v-68r): «lo beneficiat de Senta Victoria, la confraria de Sant Nicolau, los óbits de la església maior de la vila de Cervera», con una estimación inmueble, en el último caso, de setecientas libras (ACSG, Manfiest, 1437, 1451 FM, 1483 FM, 1490). Por otra parte, en la vecina Toulouse se discutió intensamente si los colegios de becados para la universidad con fondos procedentes de generosas donaciones de bienes inmuebles y rentas debían contribuir o debían ser considerados exentos por su actual estatuto eclesiástico. El municipio argumentó que puesto que se trataba de un impuesto de base real, aquellos bienes que procedían de personas que contribuían debían seguir haciéndolo fuere cual fuere la calidad de los nuevos propietarios (WOLFF, Les «estimes», pp. 39-40). 66 ACSG, Manifest M 1378, 1r. 67 Algunos ejemplos en ACSG, Manifest 1378 M: «Na Ginera, muyller que fou d’en Giner za Sisquella...» (16r); «Berthona, fiylla d’en Berthó de Calders...» (23r); «Na Oromina fo atrobat...» (23v); «Sa mare del capellà d’en Graells, fo atrobat...» (24v); «Na Francescha, muyller de l’honrat en Bort...» (32r); «Guillemona, muyller d’en Berenguer de Sentcliment...» (35r); «Geraldona, muyller d’en Ponç dez Forn...» (34v). Vid. para estas relaciones de derecho privado en dicha época Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Individuo y familia. Una historia del derecho privado español», en Enciclopedia de Historia de España, Madrid, 1989, pp. 433-536, esp. pp. 491-497.

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capaz de tener un patrimonio propio, pero sin disponer capacidad tributaria, deberían ser imputados a efectos declaratorios al titular de la patria potestas o al tutor. Pero la concurrencia de dos o más sujetos pasivos titulares de diferentes unidades patrimoniales se reducía a unidad en el marco de un foc, donde a efectos tributarios se acumulaban las declaraciones de todos bajo la titularidad, a efectos fiscales y a fin de confeccionar una base imponible única para cada unidad familiar, del pater familias. Sería asimismo conveniente estudiar la institución de la sustitución y de la responsabilidad subsidiaria y solidaria, aunque los documentos de creación y de aplicación son extraordinariamente parcos en este sentido.

C/ REPRESENTACIÓN

Los privilegios reales no recogen la institución de la representación, ni voluntaria (por la que un sujeto con capacidad de obrar puede actuar por medio de un representante) ni legal (donde la actuación de un representante es preceptiva dada la incapacidad de obrar del sujeto pasivo), pero los cuadernos que registran las declaraciones de los bienes reflejan que la representación voluntaria en el caso de las personas físicas y la representación legal en el caso de las personas jurídicas se aceptó, como mínimo, en la declaración jurada de los bienes del sujeto pasivo.68

4.4. CUANTIFICACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA A/ BASE IMPONIBLE

La determinación de la cantidad que debe pagar cada contribuyente —o cuota tributaria— se calcula imponiendo un tipo de gravamen sobre la base liquidable. Para ello prevíamente es necesario determinar la base imponible de cada sujeto, lo que supone expresar en valores económicos el montante de la riqueza gravada u objeto material del tributo.69 68 «Berenguer de Cardona per nom e axí com a [requesta] persona d’en Pere de Cardona, pare seu e per nom seu propi manifeste ab sagrament lo béns del dit Pere de Cardona e seus axí com se segueix. E primerament dix que·l dit en Pere de Cardona ha un alberch prop Santa Maria, fa una partida X solidos de sens a la capela d’en Guillem de Sadahó, pressat ... V mille solidos (...), ítem manifesta, dix que lo dit Pere de Cardona ha l’escrivania del veguer de Cervera per concessió del senyor Rey a vida del dit Pere de Cardona e de mi dit Berenguer de Cardona fiyll seu (...)» (ACSG, Manifest M 1366, f. 40bis, cuadernillo aparte 1-2). 69 Como se irá viendo, una definición actual de base imponible («la dimensión o magnitud de un elemento

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B/ EXPRESIÓN

La base imponible se expresará en dinero en la moneda de cuenta al uso en la Baja Edad Media, concretamente en sueldos, libras y dineros (a razón de 20 sueldos = 1 libra y 12 dineros = 1 sueldo),70 aunque la expresión más usual fue la de sueldos, por permitir un cálculo más cómodo y rápido a la hora de aplicar el tipo correspondiente. Pero en un sentido más general y substancial, la forma de expresar la riqueza de los sujetos pasivos dio lugar a diferentes modalidades de manifest que reflejan, de hecho, distintos estadios de evolución en la técnica fiscal utilizada. La forma más simple recoge una enumeración de bienes y rentas de cada singular: las rentas pueden ser capitalizadas y el inmueble se expresa en capital por su valor real o de mercado. Se trata de una estimación simple y pura de los bienes en moneda. En sistemas más complejos las cifras no expresan el valor real de los bienes sino que son un índice abstracto que se consigue después de calcular coeficientes pre-establecidos que ofrecen un alibramiento del que se pagan tantos sueldos por libra de alibramiento como se decida en cada momento. Un tercer modelo teórico de manifest sería aquel en que intervienen más variables: se valoran en capital los bienes muebles e inmuebles declarados por escrito por el contribuyente y transcritos a los cuadernos del municipio, se deducen unas cargas determinadas, se calcula el impuesto sobre la base del 0,25% del capital valorado y se añaden cinco sueldos por cada hombre válido que pertenzca a la unidad familiar contribuyente.71 En Cataluña la expresión de la base imponible dio lugar a dos modelos distintos de manifest, a saber identificables en lo general con los dos primeros modelos indicados anteriormente. En el primero de ellos tenemos lo que podemos calificar como de base imponible doble, puesto que la anotación, la valoración pormenorizada de los bienes y la determinación final del valor de la riqueza mueble e inmueble corre paralela según el tipo de bien; en este modelo, a

del presupuesto objetivo del hecho imponible que se juzga como determinante de la capacidad contributiva relativa», FERREIRO, Curso, p. 547) no coincide exactamente con el uso que estamos haciendo de esta categoría, puesto que consideramos que el hecho imponible consistía en la domiciliación, mientras que la base imponible no integra, de hecho, este supuesto de hecho. Cuando se incurre en la domiciliación la base imponible se utiliza para cuantificar el valor de la cuota tributaria, aunque —como en los casos de no posesión de bienes o riqueza alguna— vemos que no siempre es así. 70 Véase, como visión general al tema, Marc BLOCH, Enquisse d’une histoire monétaire de l’Europe, Paris, 1954, esp. pp. 29 y 49; las alteraciones monetarias en Cataluña durante la Edad Media han sido reciente y brillantemente estudiadas por Jaume RIBALTA HARO, «De mutatione monetarum. Els efectes jurídics dels canvis monetaris sota Jaume I. Els morabatins censuals catalans i valencians: la primera mutació monetària extrínseca i el sistema dels auris», en Historia, Instituciones y Documentos (en prensa). 71 Jean FAVIER, Finance et fiscalité au bas Moyen-Âge, Paris, 1971, pp. 202-208.

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pesar de aparecer mezcladas las declaraciones y estimaciones de bienes muebles e inmuebles, la base imponible se expresa mediante dos cifras finales que corresponden a la valoración simple de ambos tipos de bienes. En el segundo modelo la relación y estimación de bienes muebles e inmuebles es única y no existe, en este momento del proceso, el cálculo discriminado del valor final de las dos categorías de bienes; la base imponible, en este modelo, sería, en su caso, la suma de tantas estimaciones como bienes declarados fuesen anotados.

C/ DETERMINACIÓN

La determinación o medición en concreto de la base y la aplicación de un tipo de gravamen eran el punto clave en la configuración del impuesto directo y sin duda alguna los aspectos que mayores controversias sociales levantaron. La determinación de la base se realizaba en el momento y según lo disponía el Consejo.72 La base imponible podía determinarse de tres formas distintas: a/ Es posible que en una primera época la cuantificación y la determinación de la riqueza se realizasen de forma aproximada por los prohombres del lugar por medio de: o bien de la estimación objetiva (medición de la base a partir de índices, signos o módulos predeterminados) o bien de la estimación indirecta de la base imponible a menudo utilizando los datos, signos o módulos de otras ocasiones.73 72 El ritmo de elaboración de los libros del manifest, donde se anotaba la determinación de la base de los singulares de la ciudad era, por lo general, irregular. El manifest no se elaboraba cada año ni mucho menos en función de cada impuesto. Un mismo cuaderno debidamente enmendado podía ofrecer sus servicios algunos años (ACSG, Fondo Manifest, libros enteros, aunque no series completas para cada año, de 1340, 1352, 1355, 1366, 1369. 1371, 1375, 1377, 1378, 1382, 1397, etc; AHCM 1408-1411, 1416-1421, 1434, 1445, 1453, 14801482, 1485, 1486, 1487, 1490-1493, 1495, 1501, etc.); en Lleida, en cambio, a partir de 1403 se fijó un ritmo trienal para la confección de nuevos cuadernos: «(...) e los dits manifests duren tres anys es a saber fins l’any Mil quatrecennts vuyt inclusivament en lo qual any dins los dits dos mesos hagen tots a fer llurs manifests de tot ço que hauran bé e lealment sots la dita pena en la manera prop dita e de aquí avant axí mateix de tres en tres anys en los dits dos mesos (...)» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165); y en Cervera en 1457 se invocaba un privilegio real según el cual el manifest se debía elaborar cada siete años (ACSG, Consells 1457, 44r). 73 Según Herlihy, inicialmente no se valoraban con precisión las posesiones, sino que se contaba con la opinión de los vecinos y los funcionarios del municipio sobre las posesiones de una familia y en Verona el municipio calculaba a ojo lo que podía dar de sí cada contribuyente (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, pp. 49 y 58). En el sur de Francia a mediados del siglo XIII una comisión de prohombres elaboraba una relación de los habitantes y anotaba su riqueza calculada de forma aproximada; al cabo de los años se revisaba la relación anterior (WOLFF, Les «estimes», pp. 24-25). Y en Castilla parece que hacia 1385 un grupo de notables evaluó, sin que mediara declaración alguna de los interesados, de forma aproximada la riqueza de los habitantes; hasta finales de siglo XV cualquier prospección de la capacidad de una familia se efectuaba atendiendo a los signos de riqueza exterior y no sería hasta entonces cuando se inauguraría una valoración más fiables con medios técnicos y administrativos (MENJOT, La fiscalité, pp. 99-109).

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b/ La segunda forma y la más usual consistía en la estimación directa (donde se mide de manera inmediata y directa la magnitud elegida como base) del mismo contribuyente74 que, bajo juramento, declaraba generalmente de forma oral, aunque también podía entregar una declaración escrita, tanto la riqueza que poseía75 como también su valor en dinero.76 74 Aunque no caben dudas de que en esta primera modalidad la valoración de los bienes corría a cargo del mismo contribuyente por estimación directa durante el período del que poseemos documentación (siglos XIV y XV), es posible que algunos años más tarde en estas mismas poblaciones la estimación de la riqueza dejase de ser directa y correspondiese a personal especializado nombrado por el Consejo: «Per la intelligencia de la nova formació del llibre del manifest, per lo qual se regule lo producte de la quistia, per estar en el lo valor de totes les terres i cases de la ciutat y son terme (...) També se a de suposar que en los temps antecedents per la formació del llibre del manifest nomenave la ciutat pagesos, fusters i mestres de cases experts, que judicaven les cases i medien les terres y segons sa relació se continuave en dit llibre la estimació que se donave a cada propietat (...)» (ACSG, Llibre original de la quisitia de 1745, 1r). Acerca de la estimación directa pueden verse numeros ejemplos en FAVIER, Finance et Fiscalité, p. 176; HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, p. 66; WOLFF, Les «estimes», p. 27; FIUMI, L’imposta diretta, p. 340; VIOLANTE, Imposte dirette, p. 73. 75 «(...) teneatur de cetereo eius bona tam mobilia quam inmobilia quam se moventia, pecunias, merces et alia bona jura et credita que habet vel habebit ubique in futurum medio iuramento manifestare sive de eis manifestum verum et legale facere sine fraude (...)» (ACSG, Pergamins, Joan, Infant, 1366, juny, 1. Barcelona); y sistemáticamente las introducciones a los cuadernos del manifiest lo recuerdan a menudo: «(...) manen a tots e sengles habitadors de la dita vila que dins spay de dos mesos primer vinents haien e sien tenguts manifestar tots lurs gens on quels haien be e lealment ab sagrament (...)» (ACSG, Manifest 1412, 1r; vid. doc. núm. 4); «(...) ayen e sien tenguts manifestar miyançant sagrament tots los lurs béns (...)» (ACSG, Manifest M 1426, 1r; doc. num. 6); igualmente en Manresa en 1408: «Guillelmus Ferrarii, laborator Minorise coram dictis electis manifestavit omnia bona sua medio juramento ut sequitur» (AHCM Liber Manifestum, 1408-1411, 5r), «Jacme Ballot sots veritat del dit sagrament manifesta per sa mare (...)» (AHCM Liber Manifesti 1416-1421, 21v). 76 La práctica de efectuar la declaración de los bienes y de su valor mediante juramento la documentamos en Cervera en 1272, pero no por que en este privilegio empiece a exigirse como requisito, sino precisamente porque se efectuaban declaraciones juradas que no respondían a la verdad: «(...) quod aliqui habitatores Cervarie super questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus persolvendis, que colliguntur in villa Cervarie, iurant quandocumque bona sua minus valere, et ea bona valeant plus quam ipsi iurent (...)»; pero a pesar de tal constatación de una práctica anterior, los magistrados de Cervera en 1360, cuando redactaron las rúbricas de los privilegios que iban a recopilar, dieron a este privilegio un valor casi constitutivo, pues no en vano se recogia por escrito y a través de privilegio real, la facultad de tasar los bienes de los singulares que hubiesen cometido fraude en su declaración jurada (la rúbrica indica «Que los pahers de Cervera puxen tatxar los veyns de la dita vila aprés que ab sagrament hauran manifestat los béns per mes béns que no hauran manifestats», TURULL, LPC [1272], doc. 14); de forma parecida en Tárrega en 1294: «(...) dicimus et mandamus vobis quod faciatis eligi novem probos homines ipsius ville: tres videlicet de manu maiori, tres de manu media et totidem de minori, qui prestito corporaliter iuramento quod bene et legaliter se gerant et habeant in predictis recipiant iuramenta a quolibet ipsius universitatis quid in [ seaderenti ] quid in mobilibus seu semoventibus habeat et receptis ab omnibus iuramentis iuxta dicta cuiuslibet et eorum consciencias ipsi novem dividant et taxent quid in predictis quilibet contribuere teneatur secundum per eis visum fuerit faciendum (...)» (ACA. Reg. Can. núm. 97, fol. 190r, 1294, gener, 4 nonas. Barcelona; SARRET, Sumari; ed. por TURULL-RIBALTA, «De voluntate universitatis», doc. 22); posteriormente parece confirmarse que antes de 1313 eran los mismos ciudadanos los que estimaban sus bienes, ya que los cargos elegidos únicamente se cuidaban de decidir lo que pagaría cada contribuyente en las tallas pero no de estimar los bienes: «(...) mandavissemus et ordinavissemus quod eligerentur certe persone tam de minoribus mediocribus quam maioribus dicte ville que dividerent et tatxarent tallias questias cenas et comunia et alias exacciones regales et vicinalis quas imponi seu fieri contingeret in dicta villa bene et le-

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c/ La tercera tenía lugar mediante la intervención de unos cargos elegidos y nombrados por el municipio para estimar los bienes declarados por los contribuyentes.77 La declaración se efectuaba ante el escribano-notario del Consejo que tomaba nota tanto de las declaraciones como de las enmiendas que, bajo autorización de los magistrados municipales, podían introducir los contribuyentes.78

galiter per solidum atque libram (...)» (ACUR LP II, 54r-55r; 1313, juliol, 21. Horta; ref. a SARRET, Sumari, pp. 50-51); finalmente, en Tàrrega, por el privilegio de agosto de 1313 se manteniene, después de un breve lapsus, este sistema: «(...) quod fideliter se habeant [duodecim persone] in negociis infrascriptis recipiant manifesta seu extimacionis bonorum cuiuslibet de dicta universitate, videlicet singulariter et separatim de unaquaque re cuiuslibet ipsorum et ipsis extimacionibus sic receptis tatxent et tatxare possint et debeant in questiis, cenis et exaccionibus regalibus et vicinalibus et aliis quibuscumque quas in dicta villa fieri contingerit unumquemque de dicta universitate per solidum atque libram iuxta extimacionem predictam» (ACUR B I, núm 41, 1313, agost, 10. Lleida. SARRET, Sumari, pp. 51-52; ed. por TURULL-RIBALTA, «De voluntate universitatis», doc. 4). 77 Así, en Tàrrega, en julio de 1313 y como reacción inmediata a los abusos cometidos por algunos paers y miembros de la mano mayor en la distribución del impuesto, se dispuso que el Consejo General nombrara paritariamente a miembros de las tres manos para que estimaran y distribuyeran el impuesto entre los singulares: «(...) Quare volentes nostrorum subditorum indempnitates in more solito precavere super predictis sic duximus providendum ac etiam ordinandum quod in dicto loco per concilium generale ipsius loci seu maiorem partem ipsius elegantur duodecim probi homines videlicet de manu maiorum quatuor et de manu media alii quatuor et totidem de minori qui prestito corporaliter iuramento quod bene et legaliter se gerant et habeant in predictis extimando honores et possesiones domos et alia bona hominum universitatis dicte ville pro ipsis honoribus et possesionibus et aliis bonis quibuscumque tatxent in predictis questiis talliis cenis ac aliis comunibus regalibus et vicinalibus predictos habitatores per solidum atque libram (...)» (ACUR LP II, 54r-55r; 1313, juliol, 21. Horta; ref. a SARRET, Sumari, pp. 50-51, ed. en TURULL-RIBALTA, «De voluntate universitatis», doc. 3); esta medida, que puede ser calificada de radical puesto que trasladaba la responsabilidad de la estimación de los contribuyentes a una comisión nombrada por el Consejo General, tuvo una eficacia limitada ya que poco tiempo después el mismo monarca dictaba otro privilegio que corregía substancialmente el que comentamos. Por otra parte, en los avanzados catastros de las ciudades italianas la responsabilidad de la evalución correspondía a los funcionarios del municipio, aunque contribuyente y funcionarios podían llegar a una composizione si la apreciación de los vecinos no coincidía con la estimación inicial del municipio. El consentimiento del ciudadano era necesario para fijar la cuota final. Los funcionarios podían contar con las apreciaciones de los vecinos del contribuyente problemático (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, pp. 50, 67). 78 Los documentos que manejamos indican que el escribano del Consejo, que era un notario, era el responsable de recoger por escrito las declaraciones de los contribuyentes («[...] haien manifestats tots sos béns mobles e sients en poder del scrivà de la paheria [...]», ACSG, Manifest M 1378, 1r) e introducir, con el beneplácito de los paers, las enmiendas que aquellos considerasen convenientes en su propia declaración («Item per scriure cascun manifest el libre de la sala que·s façe de nou, haye per cascun en albaran altres II diners. E en açò sie entés que si alcun volrà tolre o affigir al seu manifest, que·l scrivà no n’aye res (...). Item que·l dit regent haye e sie tengut de tinir la sala uberta tots dies que faens, e haye ell o son substituït a estar contínuament en aquella, e que aye affigir e a tal reon cascun manifest tot ço que tolre ne affigir hi volran iustament, emperò tota vegada que necesari serà ne als pahers plaurà, sens tot altre salari»; TURULL, LPC [1363], doc. 91). A veces, pero no siempre, también asistían a dicha declaración algunos de los paers o magistrados municipales («sie fet manifest de tots lurs béns mobles e sients on quels hayen en poder dels honrats pahers e scrivà lur de la Paheria», ACSG, Manifest P 1382, 1r).

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La fase de determinación de la base se efectuaba durante un período de tiempo fijo pero variable según los municipios, entre uno y dos meses, normalmente prorrogable79 y fijado por el Consejo.80 En aquellos bienes cuyo valor fluctuaba según el mercado, el Consejo debía determinar en cada momento el fuero por el que serían estimados dichos bienes en las declaraciones de los singulares, que en este caso se limitaban a declarar la cantidad de ciertos productos y aplicarles el fuero estipulado.81 Además de la estimación directa del contribuyente, subsidiariamente existían tres supuestos en que la determinación de la base imponible podía establecerse por otros procedimientos. Si el contribuyente no procedía a la declaración en los plazos fijados por el Consejo, u omitía la declaración de algunos de sus bienes o los estimaba por un valor inferior al que los magistrados consideraban el verdadero o ajustado, el Consejo estaba autorizado a nombrar determinadas personas que, junto con los magistrados municipales, procederían a la declaración y estimación directa de los bienes omitidos y subvalorados.82 79 «(...) que tot hom manifestàs tots sos béns d’aquí miyant lo mes de janer e aprés passat lo temps continuamente haien rehebuts manifests tro huy de gràcia ja sie que·l temps fos passat e molts de la dita vila en gran dampnatge dels affers de la universitat (...). Emperò los dits honrats batlle e pahers volents si haver graciosament ab los vehïns de la dita vila ab aquesta crida manen a tot hom e a tota fembra de la vila de Cervera que d’ací miyant lo mes de febrer prop vinent haien manifestats tots sos béns mobles e sients (...)» (ACSG, Manifest M 1378, 1r); «(...) los honrats batlle, pahers e prohòmens de la vila damunt dita dien e manen a tots e sengles habitadors de la dita vila que dins spay de dos mesos primer vinents haien e sien tenguts manifestar tots lurs gens on quels haien be e lealment ab sagrament. E sapien tots aquells qui lo dit manifest recusaran fer en la manera damunt dita de tots lurs bens dins lo dit termini que passat aquell los serà fet manifest e per conseguent seran tayllats a conexença dels prohòmens sobrestants e vehins (...)» (ACSG, Manifest 1412, 1r); «(...) quod quilibet ex habitatoribus dicte ville et eius terretorii semel in anno intra spacium unius mensis a die qua per universitatem dicte ville seu eius paciarios voce preconia aut alter requisitus fuerit (...)» (ACSG, Pergamins, Joan, Infant, 1366, junio, 1. Barcelona). 80 La sentencia arbitral dictada en Lleida en 1403 fijaba de forma definitiva, con duras penas para quien lo infringía, el período de declaración en un mes, a partir del último día de noviembre y durante todo el mes de diciembre: «los quals manifests se hagen a comensar lo darrer dia de novembre del prop dit any e agen esser acabats per tot lo mes de dezembre lavors prop seguent», aunque el mismo documento más adelante y de forma reiterada en varias ocasiones hace referencia a un período de dos meses: «Si algú no volrà o recusarà fer son manifest dins los dits dos mesos», con lo que cabe pensar en un error del copista al anotar el nombre del mes de noviembre, debiendo ser octubre (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). 81 «Item son alguns qui han manifestat vi e bestiar e al comte a fer per ço com no hi×a for, no pot cert comptat, per que pregaren al Conseyll que pos for al dit vi e bestiar (...). E en continent lo Conseyll acordà que lo vi dels manifests fos aforat a III sous la migera a ul ab bo» (ACSG, Consells 1377, 11v-12r). 82 Esta actuación del Consejo de Cervera encontraba su legitimación en el privilegio tantas veces mencionado de Jaime I de 1272, donde además de reconocerse indirectamente la práctica de la declaración jurada de los bienes, el monarca autorizaba plena y expresamente a los magistrados municipales a que, junto a prohombres de la universidad, procedieran a estimar el valor real de aquella riqueza subestimada: «quod aliqui habitatores Cervarie super questiis, serviciis et aliis exaccionibus regalibus et vicinalibus persolvendis, que colliguntur in villa Cervarie, iurant quandocumque bona sua minus valere, et ea bona valeant plus quam ipsi iurent, idcirco ad vitandum fraudem, que in hiis fit et fieri potest, concedimus per nos et nostros vobis universitati Cervarie ac statuimus imperpetuum quod, si aliquis vel aliqui habitatores Cervarie iuraverint super predictis bona sua valere certam peccunie quantitatem et ea bona ad cognicionem paciariorum et proborum hominum Cervarie plus valu-

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D/ COMPROBACIÓN

El último paso para establecer la base imponible de cada sujeto pasivo consistía en la comprobación de la determinación de dicha base a partir de la estimación directa del propio contribuyente. La comprobación de dicha estimación la realizaba una comisión de vecinos —en principio no especializados en estimaciones de este tipo— escogida por el Consejo, los miembros de la cual, a la vez, serían objeto de reconocimiento por parte de una segunda comisión que tenía como único objetivo comprobar la estimación que habían realizado los miembros de la primera comisión de su propia riqueza.83 erint ea quantitate peccunie quam ipsi iuratores suo dixerint seu asseruerint iuramento, paciarii et probi homines Cervarie possint et liceat eis estimare et apreciare quantum ipsa bona valuerint plus quantitate illa quam ipsi iuratores suo asseruerint iuramento, prout eisdem paciariis et probis hominibus iuste et idonee videbitur faciendum» (TURULL, LPC [1272], doc. 14). Posteriormente Alfonso II concedía un nuevo privilegio en el que abordaba importantes cambios en la organización del Consejo; respecto a la fiscalidad municipal desarrolló las disposiciones de Jaime I tendentes a evitar el fraude en la declaración de bienes y aumentar la intervención del Consejo a fin de corregirla: «Ordinamus insuper ac etiam statuimus (‘De hac clausula fuit factum translatum’, escrito al margen izquierdo del manuscrito y en letra de época posterior) quod de cetero questie, tallie seu comunia tallientur equaliter per solidum atque libram, et quod quilibet teneatur iurare de donis que habet. Verumtamen, si illi qui extimationes bonorum receperint, videbitur quod aliquis non recte manifestaverit (‘Es convengut que, si degú no haurà bon manifest sos béns, que sien apelats vehins secretament’, escrito al margen izquierdo del manuscrito) bona sua, vocentur per eos secrete aliqui eius vicini de melioribus et fidedignioribus, et iuxta sacramentum illorum bona illius, qui non recte manifestaverit, ad eorum bonum arbitrium tallientur (‘Manifests’, escrito al margen izquierdo del manuscrito.)» (TURULL, LPC [1331], doc. 38); las glosas marginales efectuadas junto a la copia del documento en la recopilación de privilegios del municipio parecen apuntar el interés que tal privilegio despertara entre los magistrados municipales de la época. Ambas disposiciones encontraron amplio reflejo en las normas del propio Consejo, aunque en ocasiones fueron objeto de una interpretación flexible desarrollando el espíritu de lo dispuesto en sendos privilegios. En los casos de fraude —según el privilegio de 1331— el Consejo escogería, secretamente, a algunos vecinos de la villa para que realizasen la estimación de aquello «non recte manifestaverit» —entiéndase lo omitido o subvalorado—. De forma parecida se procedería agotado el plazo de declaraciones o si se hallaban en un singular más bienes de los que declaraba, aunque los documentos de aplicación municipales además de la elección —nada se dice que debía ser secreta— de vecinos, también refieren la de ciertos prohombres que con los paers respaldarían la decisión de estimar los bienes junto con los vecinos escogidos: «(...) dins lo dit termini que passat aquells los será fet manfiest per los dits honorables pahers e prohòmens a açò assignadors e per conseguent seran tallats a conexença dels dits honorables pahers, prohòmens e vehïns sobre açò assignadors segons dit es e segons forma e tenor del privilegi antigament atorgat per lo senyor rey a la universitat e singulars de la vila damunt dita sobre les cosses damunt dites eguart si qui a guardar si fa» (ACSG, Manifest M 1426, 1r); cuando la estimación la realizaban paers y prohombres, se utilizaba una fórmula como la siguiente: «Galvany Torroella, assaúnador, posaren-li pahers e pròmens per moble e cabal, quatre lliures» (ACSG, Manifest 1490 CC, 98r, con numerosos ejemplos más en 1497 CC, 96v-97v). En Lleida, en 1403, se presupone una práctica parecida: «(...) si algú no volrà o recusarà fer son manifest dins los dits dos mesos declaranm e manam que sie taxat en lo doble de ço que aurà segons lo darrer manifest que fet haurà e aquells qui hauran fet manifest e hauran res obcegut de ço que hauran que×u perden tot ipso facto e sie guanyat al senyor Rey e a la Ciutat en la forma acostumada (...)» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). En Toulouse las nuevas ordenanzas municipales de 1459 recogían la estimación de oficio entre vecinos y personal cualificado para aquellos habitantes que declinaban declarar sus bienes y aquellos mercaderes que se negaban a ofrecer los inventarios de sus empresas a la inspección de la hacienda municipal (WOLFF, Les «estimes», p. 42). 83 «E fo proposat en Conseyll per los paheres que los prohòmens que fozen asignats a regonèxer los manifests han regoneguts los dits manifests per que segons la provisió feita el Conseyll que·s tench als prehicadors

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E/ BASE LIQUIDABLE

El cálculo y la existencia de una base liquidable efectuando las correspondientes reducciones que estipula el ordenamiento jurídico-tributario de la base imponible no fue un hecho general en el proceso de cuantificación de la deuda en los municipios catalanes durante la época que estudiamos.84 En ciertos municipios, la base imponible del impuesto no estaba sujeta a ninguna reducción, por lo que puede decirse que la base imponible se identificaba con la base liquidable o, lo que es lo mismo, que el tipo se aplicaba sobre la base imponible. Pero en otras ocasiones podemos apreciar la existencia de una base liquidable distinta a la base imponible. Así como la aplicación de un determinado tipo fue una medida utilizada para discriminar la riqueza mueble e inmueble, la confección de una base liquidable cubrió este mismo objetivo desde el momento en el que la riqueza considerada inmueble declarada sufría una reducción sistemática del 50%85 semejante a las prácticas fiscales del deuen cert elets altres XVI prohòmens que regonegen los manifests d’aquells XVI prohòmens qui elets foren als dits manifests a regonèxer per que pregen al Conseyll que elegís los dits prohòmens» (ACSG, Consells 1377, 11v-12r). 84 No así en algunas ciudades italianas, donde para incentivar el asentamiento de burgueses en los municipios se estableció una deducción sobre la base imponible de doscientos florines por cada miembro de la familia en Florencia, doscientas libras por cada hijo legítimo en Venecia y cincuenta florines por individuo en Pisa (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, p. 57). El catastro florentino de 1427, al que hemos hecho referencia en otras ocasiones, obtenía la base liquidable de cada contribuyente aplicando las deducciones correspondientes a la base imponibles que era el valor del capital de bienes muebles e inmuebles, calculando el 0,25% de este capital y añadiendo después una cantidad de cinco sueldos por hombre válido de la unidad fiscal contabilizada. Eran exentas de este impuesto que se cobraba tantas veces como hacía falta (seis veces entre el 7 de septiembre y el 7 de noviembre de 1429) aquellas familias cuya base imponible no superaba los doscientos florines (FAVIER, Finance et fiscalité, p. 208; información más precisa sobre las sofisticadas y modernas técnicas fiscales florentinas en HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, pp. 72-76). En Toulouse se iniciaba en 1390 un nuevo sistema que consolidaba la diferente valoración de los bienes muebles y los inmuebles e introducía unas variaciones importantes en la base liquidable en función de la localización de las propiedades manifestadas: en la villa se tomaba como base el valor locativo, que se calculaba en 1/10 parte del valor real; si el inmueble no era ocupado por el contribuyente, este valor se multiplicaba por tres (3/10); pero estos valores se dividían por dos cuando se trataba de bienes ubicados dentro del término municipal, por tres dentro de la veguería y por cuatro en la «senescalía». Todo ello respondía a una cierta exigencia económica, puesto que cuanto más lejos se hallaba del centro urbano un inmueble más costoso se hacía vigilarlo, trasladarse a él o recibir sus productos, con lo que puesto que los inmuebles lejanos de la villa eran más caros de mantener, pareció razonable que su estimación recogiera tales inconvenientes (WOLFF, Les «estimes», pp. 31-38). 85 La cuantificación de la deuda tributaria a partir de los libros del Manifest en Manresa durante el siglo XV muestra un ejemplo de mayor complejidad técnica de lo expuesto hasta ahora. La confección de la base imponible seguía el modelo que hemos llamado «único»: existía una sola relación de bienes cada uno con su estimación en moneda y no se apreciaba una suma final de cada contribuyente a partir de la riqueza mueble e inmueble. Después de esta relación se confeccionaba una segunda, con el nombre de los contribuyentes ordenado por el quarter o barrio donde habitaban, a modo de base liquidable donde se encuentran dos cifras: la suma unitaria de todas las estimaciones, tanto de bienes muebles e inmuebles, después de reducir el 50% del valor en los últimos y una segunda cifra, que a menudo coincide con el 10% del valor de la anterior, aunque no siempre se guarda esta

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área provenzal durante el siglo XIII.86 Además, algunos bienes, necesarios para garantizar la subsistencia y el desarrollo de la unidad familiar, gozaban del derecho de ser reducidos de la declaración inicial.87

F/ TIPO DE GRAVAMEN

Fijada la base liquidable o identificada ésta con la base imponible en valores monetarios, para conocer la cuota tributaria se procedía a la aplicación de un tipo de gravamen que respondía a la «expresión cifrada de la cantidad a pagar como tributo, fijada por la Ley para cada grado o escalón de la base imponible o por cada unidad o conjunto de unidades de la misma».88 En los casos documentados de base imponible «doble», la modalidad de tipo que solía aplicarse era la alícuota proporcional, en la que se aplicaba un mismo tipo para toda la base y éste no variaba al incrementarse o decrecer la base imponible (o liquidable en su caso). Pero existiendo dos bases distintas, una recogiendo el valor de los bienes muebles y otra el de los inmuebles, en realidad se aplicaban dos tipos, ambos alícuota proporcional, con dos valores distintos, uno para cada base. En una sola ocasión hemos documentado la aplicación de un tipo mixto entre alícuota progresiva, donde la primera libra de riqueza inmueble de la base estaba gravada con un tipo determinado, y alícuota proporcional donde al resto proporción, que podría corresponder a la cifra final a partir de la cual calcular lo que pagaría cada contribuyente después de aplicarle el tipo de gravamen correspondiente. Sin duda la existencia de esta base liquidable, aunque complicaba el proceso de determinación de la base, simplificaba considerablemente la aplicación del tipo en el momento de proceder a la recolección de un impuesto (AHCM Liber Manifestum 1408-1411). 86 Vid. ejemplos al respecto en FAVIER, Finance et fiscalité, p. 193. 87 «(...) Pronunciam e establim que cascun com manifestarà sos béns puxe relevar dels fruyts dels béns e del vi que tindrà collits de ses procuetats ho heretats ho de ses rendes, tant solament un cafís de forment per cascun menjador e quaranta migeres de most per cascun beuedor de tot lo altre forment e vi que haurà cascun lavors hage a metre en lo seu manifest en la valia que comunament valran lavors» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165); en otras ocasiones los bienes necesarios para garantizar la continuidad del proceso productivo y evitar la descapitalización de la base económica de una familia no eran objeto de una reducción de la base imponible sino de una exención en la obligación de manifestar dichos bienes: «E feta la dita taylla, que de continent sie feta crida que tot hom faze manifest de tots sos bens en quells haye ab sagrament que fazen en poder dels pahers o del notari de la paheria (...). E si negun singular té cavall, rocí, mul o mula en son alberch per son cavall car que non faze faena que no·l sie tengut de manifestar mas si·n té a [ ] rahó e per loguer que n’hayen a pagar e contribuyr e a manifestar (...)» (ACSG, Consells 1388, 18v); y parece ser que también en Reus las herramientas propias de cada oficio estaban exentas de estimación (MORELLÓ, Una font de riquesa. En 1340 una pragmática de Pere III disponía que los libros de derecho de los juristas de Vic debían ser estimados por una cantidad mínima, respondiendo así, parcialmente, a la petición de dichos juristas para que el rey les exonerara de declarar y pagar por lo que consideraban sus instrumentos de trabajo (3ª CYADC II, 4, 11). 88 FERREIRO, Curso, p. 554.

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de la base de riqueza inmueble se le aplicaba otro tipo superior consistente en añadir un tercio al valor del primer tipo que ya no variaba al variar la base imponible.89 Puesto que la finalidad que pretendía el Consejo con cada tributo, en general, consistía en satisfacer un gasto concreto por un valor determinado, el tipo de gravamen variaba en cada ocasión que se procedía a cobrar un impuesto directo. El tipo se deducía del resultado de calcular lo que le correspondería pagar a cada contribuyente teniendo en cuenta su riqueza hasta sumar el valor total que el Consejo deseaba recaudar. De esta manera el tipo no respondía a un cálculo abstracto, estándar y fijo, sino a un valor percentual pero variable en cada ocasión en función del monto total que se recaudaría. Ello es importante porque formalmente estamos ante un impuesto directo que grava la riqueza de los singulares y no introduce, de ordinario y de forma expresa, ninguna tasa en concepto de capitación personal, aunque ya anunciamos que un indicio, o mejor una reminiscencia, de capitación emergía desde el momento en que la capacidad contributiva de un individuo era nula y el sujeto pasivo estaba obligado a pagar alguna cantidad por mínima que fuera.90 En este sentido el pago de una cantidad fija por capitación e incluso el pago de la primera libra con un tipo especial parece evidenciar los rastros de las capitaciones puras (fogatges en Cataluña)91 donde cada sujeto pasivo pagaba la misma cantidad. Desde

89 «Com per pagar los càrrechs e les necesitats de la universitat lo Conseyll agués acordat que manifests fosen feits e que fos feita Ia taylla per sou e lliure e que la primera llura de siti valgués III solidos, a la qual fo aprés afit lo terz» (ACSG, Claveria 1378, 76v). No nos ha sido posible, con la documentación de que disponemos, descubrir qué modalidad de tipo de gravamen se aplicó en Manresa en el siglo XV, donde la cuantificación de la deuda contaba con la base imponible y una base liquidable diferenciable (reproducimos, de un grupo de contribuyentes de Manresa de 1408, la base liquidable expresada en sueldos, la cifra final única también expresada en sueldos deducida —desconocemos a partir de qué cálculo— de la base y el porcentaje que esta cifra supone respecto de dicha base: 330, 2, 0.60; 489, 4, 0.81; 695, 4, 0.57; 764, 5, 1.51; 1060, 8, 0.75; 1085, 6, 0.55; 1315, 5, 0.38; 1407, 5, 0.35; 1846, 6, 0.32; 2511, 10, 0.39; 2732, 11, 0.40; 3541, 14, 0.39; 3650, 16, 0.43; 8143, 13, 0.15; 8888, 37, 0.41; 13127, 54, 0.41). 90 En Castilla las Cortes de 1383 introdujeron importantes novedades fiscales, puesto que se pasaba de un sistema de capitación a una modalidad con un tipo de gravamen que podría catalogarse como alícuota regresiva, donde el tipo era proporcional hasta llegar a determinada cantidad de la base a partir de la cual el tipo era invariable fuese cual fuese el valor de la base (un tipo de una moneda por sesenta maravedís, dos por ciento veinte, tres por ciento ochenta y cuatro para bases superiores a ciento ochenta; MENJOT, La fiscalité, pp. 99, 139-141). Favier indicó como en Francia en 1356 la proporcionalidad fue mitigada imponiendo, los potentes, un impuesto regresivo por el cual ningún noble debería pagar más de ciento dos libras y ningún burgués más de veintidós, con lo que el campesinado, los artesanos, la pequeña burguesía y la pequeña nobleza soportaban, proporcionalmente, la carga más pesada (FAVIER, Finance et Fiscalité, p. 183). 91 En plena edad moderna y en el marco de la hacienda real siguieron cobrándose tributos de capitación a partir de los fogages (así en casos de «maridatge e Coronatge e altres exaccions, se façan los pagaments segons lo nombre de focs del darrer fogajament mes propinque a la exactió que lavors occorrerà»; 3ª CYADC I, 10, 4, 2; Fernando II, 1510).

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estas capitaciones, que cuando servían para calcular de forma referencial la capacidad contributiva de la villa se llaman focs fiscals, hasta el impuesto con un tipo de alícuota proporcional, existieron fórmulas mixtas que integraban elementos de ambas modalidades.92 El tipo de gravamen permitía modular la mayor o menor incidencia del impuesto en determinados bienes y, por ende, en determinados sectores sociales. Así, fue usual aplicar un gravamen inferior a los bienes inmuebles que a los muebles, los cuales estavan gravados con un tipo que doblaba al de los primeros.93 Esta discriminación a través del tipo de gravamen se efectuaba en aquellos casos en los que la base imponible no sufría ningún tipo de reducción y, por tanto, la riqueza mueble e inmueble eran cuantificadas en su pleno valor.94 En cambio, cuando la base liquidable ya recogía una reducción del 50% en la cuantificación de la riqueza inmueble, el tipo de gravamen era único y no precisaba introducir discriminación alguna.

92 La ciudad aquitana de Albi, en una región cultural no lejana a la catalana, permite constatar una interesante evolución en la aplicación de los impuestos directos. Hacia 1368 en las tallas semanales la cuota estaba formada, por una parte, de una cantidad calculada del «alibramiento», o estimación de la riqueza que beneficiaba la inmueble en perjuicio de la mueble aplicando tipos distintos y, por otra parte, de una segunda cantidad considerablemente elevada que la pagaba cada cabeza de familia. En 1374 las presiones populares hicieron rebajar el valor de la capitación y elevar la parte proveniente del patrimonio hasta que la incapacidad fiscal de la ciudad obligó a introducir, en 1375, el modelo de Toulouse. La capitación integrada en la cuota hasta entonces se había reconvertido en algo parecido a la alícuota regresiva con la aplicación de un tipo especial de gravamen para la primera libra de riqueza a la que estaban obligados todos los habitantes. A principios del siglo xv en Albi la «talla» estaba compuesta de una capitación (cinco sueldos para cada cabeza de familia que entre 1420-1430 sería sustancialmente rebajada), un gravamen especial para la primera libra de riqueza (un sueldo que sería seriamente aumentado años más tarde) y un gravamen distinto para el resto de riqueza mueble e inmueble, primando una u otra según la correlación de fuerzas sociales (mercaderes y burgueses por una parte y campesinos hacendados y nobles de otra) en el Consejo de la ciudad. La capitación perduró en Albi como mínimo hasta 1448, donde el impuesto directo estaba compuesto por una parte insignificante de capitación (doce sueldos) y la aplicación de un tipo (doce diners por libra) para una única base imponible de riqueza, habiendo desaparecido el tipo especial por la primera libra (NEIRINCK, Les impôts, pp. 139-148). 93 Conocemos diferentes ejemplos concretos de gravámenes: en Cervera en 1332 el tipo fue de cuatro diners por libra de mueble y dos por inmueble (ACSG, Consells 1332-1333, 27r); en 1378, seis sueldos y dos diners por libra de mueble y tres sueldos y un diner por libra de inmueble (ACSG, Manifest M 1378, 1r); en 1384 y 1393 el tipo era de tres diners por libra de mueble y la mitad por libra de inmueble (ACSG, Claveria 1384, 4v; Consells 1393, 22v); en las baronías de Pinós i Mataplana, en una talla de 1377, el tipo fue de un diner por libra de mueble y el doble para la libra de inmueble (SERRA, Baronies, p. 88); y lo mismo sucedía en Lleida en 1403, donde «comuns qui sien posats per sou e per lliura segons la valor dels bens sients e movents que cascun haurà e que los dits comuns sien posats e tallats al moble lo doble de ço que serà posat al seti»; además, y a propósito de un plus que cobraba a veces el Consejo, se citan ejemplos de gravámenes de dos diners por libra de siti y cuatro diners por libra de mueble o un diner por libra de siti y el doble por libra de mueble (GRAS, Història de la Paeria, doc. núm. 12, p. 165). 94 Téngase en cuenta que la cifra que aparece en los registros de fortunas no necesariamente debe corresponder a la estimación de la riqueza según su valor de mercado. La técnica fiscal más avanzada en ciudades italianas permitía calcular una cifra que expresaba no el valor real de los bienes sino un índice de la capacidad contributiva del sujeto pasivo (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, p. 51; FIUMI, L’imposta diretta, p. 344).

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Esta forma de pago proporcional a la riqueza mueble e inmueble estimada de cada sujeto pasivo recibió el nombre per sou e per libra95 porque se pagaban sueldos de impuesto por libras de patrimonio.96 Si la modalidad tanto del impuesto como del tipo respondían a una opción política adoptada por el Consejo, su valor, en cambio, era el resultado de un cálculo matemático efectuado por aquellas personas expresamente elegidas por dicho Consejo97 y el pago por dicho valor era ordenado por los magistrados municipales. Cabe decir que existieron gravámenes con tipos distintos para casos especiales, como el determinado para la conflictiva contribución de los eclesiásticos en diversos tributos.98 95 Esta forma de pago proporcional a la riqueza del contribuyente se extendió por los municipios catalanes a partir de la primera mitad de siglo XIII. La primera referencia que conocemos de ello corresponde a Barcelona, donde Jaime I, en 1226, para acabar con las discordias que ocasionaba el pago de impuestos tanto reales como vecinales, dispuso que éstos se pagaran «per solidum et per libram» («quod ab hac die in antea omnes questie, tallie, collecte et exacciones quecunque fient ein civitate, vel propter nos vel propter aliquod comune vicinitatis, fiant semper per solidum et per libram», HUICI-CABANES, Documentos, I, doc. 81, pp. 163-164); numerosos y breves privilegios reales tuvieron como único objetivo implantar esa forma de tributación aunque no dispusieran de un cuerpo normativo suficiente con que resolver las incógnitas que su aplicación generaría; en este sentido sendos privilegios de Jaime I en 1257 donde establece la tributación «per solidum et per libram» para Copons, Montfalcó, Prats [«(...) detis et ponatis semper de cetero per solidum et per libram secundum quantitatem bonorum vestrorum in hac questia, quam nunc nobis daturi estis, et in omnibus aliis questiis, cenis, redempcionibus exercitum et quibuslibet aliis regalibus exaccionibus, quas nobis et nostris daturi estis quoquomodo (...)»] y Caldes de Montbui (HUICI-CABANES, Documentos, III, docs. 854 y 855, pp. 306 y 328 respectivamente). A pesar de que el pago proporcional parece ser general durante los siglos XIII, XIV y XV, siguieron cobrándose algunos impuestos, en el marco del municipio, que se computaban por focs, con lo que cada contribuyente estaba gravado con una misma cantidad. En Lleida los impuestos vecinales se pagarían «per sou e per lliura», excepción hecha de los que tenían como objeto el pago de la remisión de hueste y cavalgada «en los quals casos e cascun de aquells pronunciam e declaram que tot lo que se haurà a pagar sie pagat per caps e no per sou e per lliura (...)» (GRAS, Història de la Paeria, pp. 164-165). 96 FAVIER, Finance et Fiscalité, p. 193, donde predominan los ejemplos de ciudades provenzales utilizando esta expresión; en Aquitania, en la ciudad de Albi, el impuesto por sueldo y por libra se consigue por privilegio regio en 1236 y 1245 (Danielle NEIRINCK, «Les impôts directs communaix a Albi du XIII siècle au milieu du XV siècle (calcul, composantes, évolution)», en Etudes sur la fiscalité au Moyen Age. Actes du 102 Congrés National des Sociétés Savantes, Paris, 1979, pp. 135-149, esp. p. 136); en Toulouse Wolff recoge la expresión hacia 1270, aunque es fácil que pueda documentarse antes (WOLFF, Les «estimes», p. 25); en Florencia el pago proporcional a la riqueza contenida en el catastro recibía el nombre de «ad libram» (HERLIHY y KLAPISCH-ZUBER, Les toscans, pp. 75-76, n. 102); en algunas ciudades toscanas la «libra» se impone al fogaje hacia 1217 y la terminología recoge de forma parecida nuestra fórmula («de accato faciendo per libram», FIUMI, L’imposta diretta, p. 332). 97 «Per los dits paers e prohomes an procehit e enantat legitimanent precedent assignació de prohòmens dignes de fe per ells feyta a fer les sumes damunt dites a fer la dita taylla axí com es de custum e usança de fer taylles en la dita vila en fer les dites sumes. E los dits prohomes han atrobat que dels dits càrrechs e deutes tany a cascun singular a pagar per lliura de moble VI sous II diners, e per siti III sous I diner e pugesa» (ACSG, Manifest M 1378, 1r). 98 Así en Cervera estaban obligados, según una antigua costumbre que había dejado de observarse durante cierto tiempo, a pagar por un tipo de cuatro sueldos por mil tanto por su patrimonio como por los beneficios que disfrutaban (en este sentido Pere III en las Cortes de 1359 autorizaba a la universidad de Cervera a proceder según dicha costumbre: «[...] universis et singulis clericis in villa Cervarie residentibus [...] antiquam consuetudinem teneamini contribuere et solvere in questiis et comunibus dicte ville quolibet anno pro milanario

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G/ CUOTA Y DEUDA TRIBUTARIA

La aplicación de un tipo de gravamen sobre la base dio lugar a la cuota (identificable a nuestra cuota normal o cuota íntegra) cuyo valor, en el tributo que estudiamos, coincide y se identifica con la deuda tributaria puesto que debe tenerse en cuenta que en los casos estudiados no se documentaron deducciones de la cuota normal que dieran lugar a la existencia de una cuota reducida o cuota líquida. Pero dicha deuda tributaria, si bien en la generalidad de los casos procedía directamente del cálculo de la cuota, ello no siempre era así. Si consideramos como hecho imponible la domiciliación de los singulares de una villa o ciudad y no la percepción o el disfrute de riqueza, la determinación de la cuota tributaria en el impuesto directo variable que venimos estudiando vendrá dada, en primer lugar, como hemos dicho, por la aplicación de un tipo de gravamen sobre la base imponible o liquidable en los casos que existiera. Esta aplicación permite una distribución de la carga tributaria que soporta el municipio teniendo en cuenta el nivel y el tipo de riqueza de cada singular, pero no cumple con el precepto de que todos los miembros de la universidad, por el mero hecho de serlo, deben participar en el pago de los tributos a que está sometida como universidad y al pago de sus deudas. Por tanto, junto a la cuota normal vinculada a un gravamen sobre la base, el Consejo también autorizó a la comisión que calculaba la cuota normal a que estableciera —algunas veces según el propio criterio de los miembros de dicha comisión— una cuota para aquellas personas cuya riqueza no les permitía tributar por la vía ordinaria.99 Ya indicamos en otra ocasión que medidas de este tipo no siempre fueron bien acogidas entre las capas más populares de la población, que mantenían la reivindicación de que molt ha, que pach molt; qui poch ha, poch pach; e qui res no ha, que no pach res.100 quatuor solidos paciariis dicte ville pro bonis que possidetis, tam ratione pratrimonii quam ratione beneficiorum vestrorum [...]», TURULL, LPC [1359], doc. 88). La sujeción tributaria de los eclesiásticos era sumamente importante no sólo por el valor absoluto de su contribución en el contexto del municipio, sino sobre todo porque la exención por vía personal de eclesiásticos era un medio eficaz de fraude. En Perigueux fue habitual hacia 1332 adscribir los bienes propios al nombre de un clérigo miembro de la familia declarante, con lo que tales bienes quedaban exentos de declaración y contribución: «(...) pretextu cuiusdam arresti curie nostre per quod pronunciatum fuisse dicitur quod clereci de dicta villa et civitate clericaliter viventes talliis et collectis eiusdem ville nullatenus contribuere tenerentur. Multe fraudes et fallacie in dicte ville et habitatorum communicuntur prejudicium atque dampnum ex eo specialiter inter cetera quod plures de dicta villa et civitate bona sua in filios suos clericos trasferre presumunt in fraudem dicti arresti et ad finem ut publica dictarum ville et civitatis onera subterfugiant et non contribuant quomodolibet pro eisdem» (HIGOUNET, Les comptes, p. 53, n. 4). 99 «Acordà lo Conseyll que és rahó que tot hom aiut als càrrechs de la vila a pagar e que los prohòmens que ara són asignats a taylar los XvI prohòmens puxen aquells aitals que si no sien renda ne moble ne sembrats que sien taylats segons que serà viyares» (ACSG, Consells 1377, 11v-12r). 100 ACSG, Consells 1332-1333, 28v. Sobre la conflictividad social del impuesto directo, vid. Xavier MARTIN , «Le consentement des habitants d’Angers aux contributions directes à la fin du

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Por tanto podemos concluir considerando que la deuda tributaria, que es lo que configura el lado pasivo de la obligación tributaria contraída entre el sujeto pasivo y el municipio como agente activo, procede de ordinario de la aplicación de un tipo de gravamen sobre la base —lo que daba lugar a una cuota— y extraordinariamente por la aplicación de un gravamen fijo de capitación.

H/ GARANTÍA

Para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, además de las sanciones a que está expuesto el sujeto pasivo que no extingue su deuda tributaria durante el período correspondiente (desde la valoración de los bienes por una comisión de vecinos hasta la pérdida de bienes), tuvieron lugar las garantías del derecho de crédito nacidas de la relación tributaria del sujeto pasivo con el municipio. El crédito tributario estaba garantizado con el patrimonio del deudor, sobre todo a través de la prenda.101

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siècle», en Etudes sur la Fiscalité au Moyen Age, I, Paris, 1979, pp. 61-71. La pervivencia de distintas modalidades de impuesto directo también puede evidenciar la correlación de fuerzas en una región. En Toscana «libra» y fogaje coexistieron y se alternaron durante un tiempo hasta que en algunas comarcas mientras la «libra» se consolidaba en las ciudades el fogaje se mantenía en el campo («cum urbani secundum libram, rustici autem secundum focos censeatur», FIUMI , L’imposta diretta, p. 336, n. 29). 101 Conocemos escasos ejemplos de ello. En Manresa y la Seu d’Urgell la prenda como derecho de garantía estaba regulada por medio de privilegio real en el primer caso y como práctica habitual en el segundo. En Tortosa su recurso se contemplaba en el cuerpo de su derecho municipal. Posiblemente no es casual que donde mejor se documenta la prenda sea en Costums de Tortosa, el texto más romanizado de cuantos configuran los derechos municipales catalanes: «E los comuners establits per los ciutadans, poden tots los altres ciutadans forçar dins casa e fora casa, e penyorar per lur propia auctoritat, e vendre e alienar totes les penyores, segons que ells ab los altres ordenaran» (OLIVER, Historia del Derecho, p. 17; cit. FONT, La administración financiera, n. 59); en Manresa un privilegio de Martí l’Humà de 17 de marzo de 1403 permitía actuar contra deutores y sus bienes en parecido sentido y mandaba agilizar los trámites necesarios para proceder contra ellos: «Item una provisió del senyor rey Martí, que los officials de Manresa, ab la sola certificatoria del Rational de dita ciutat, fassen executió rigurosa contra los deutors de la ciutat y bens de aqeulls, rigurosament, sens consell de assessor, postposada tota solemnitat de dret» (Fidel FITA, Lo Llibre Vert de Manresa, Barcelona 1880, p. 27, rúbrica del doc. CXL, cit. per FONT, «La administración financiera», n. 81; rúbrica en SARRET, Sumari, p. 59, núm. 196); y en la Seu d’Urgell, para una época posterior los magistrados municipales podían autorizar al saig (agente judicial) a ejecutar la prenda de los contribuyentes morosos; los magistrados podían enajenarla sin otra autorización que la del propio Consejo a fin de satisfacer su derecho de crédito [F. VALLS TABERNER, «Franqueses i usances de la ciutat d’Urgell (1470)», en Estudis Universitaris Catalans, XII (1927), pp. 163 y ss. cit. por FONT, «La administración financiera», n. 79].

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4.5. EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Mientras que el proceso que se emprendía con el nacimiento de una obligación tributaria y seguía con la cuantificación de la cuota tributaria puede ser conocido a través de las fuentes de creación del derecho, en especial por medio de privilegios reales concedidos a los municipios, la fase final de dicha obligación, la de la extinción de esta obligación tributaria, no cuenta con una regulación explícita e intrínseca para el ámbito financiero y por tanto requiere ser estudiada a partir de documentos de aplicación que siguen, en su mayoría, inéditos; solamente un trabajo sistemático en archivos consultando sobre todo volúmenes de actas y acuerdos de los Consejos municipales puede ofrecer información con que estudiar el pago de la deuda tributaria y con ello el principal modo de extinción de la obligación tributaria. Por otra parte, debería verificarse hasta qué punto la aplicación del ius commune fue un recurso útil para resolver lo que en el fondo es parte de una institución de derecho privado aplicada al ámbito de la fiscalidad pública.102 102 No siendo posible en estos momentos, por las causas apuntadas, ofrecer una síntesis sobre los mecanismos conducentes a la extinción de la obligación tributaria, únicamente cabe apuntar en qué direcciones podría dirigirse una futura investigación al respecto. La extinción de la obligación tributaria puede y suele efectuarse por medio del pago, que es el cumplimiento de la prestación debida mediante la entrega de una suma de dinero por el valor de la deuda tributaria establecida, pero es posible que también puedan contemplarse otras posibilidades tales como la prescripción, compensación, condonación, confusión, novación e insolvencia, por no entrar en otros casos de subrogación del cumplimiento. Respecto del pago es necesario fijar quién puede ser sujeto de pago, con especial atención, aparte del propio deudor, tanto a la figura del tercero, en cuyo caso la legitimación (interés del tercero, conocimiento y voluntad del deudor, etc.) y los efectos de su actuación son aspectos a tener en cuenta, como también a las figuras del sustituto, el responsable o el sucesor de la deuda tributaria. En cuanto a la legitimación para el cobro deberá distinguirse entre la recepción del pago por la propia administración municipal (aunque quedaría por resolver la competencia, absoluta y relativa, de sus órganos teniendo en cuenta que el Consejo es precisamente el órgano de expresión de la voluntad de la universidad) y la recepción por personas autorizadas en nombre del municipio por medio del Consejo. En este último supuesto debe entenderse que la universidad elige a ciertas personas —sobre todo a partir de criterios de viabilidad y solvencia económica en el arrendamiento del cobro del tributo— que no tienen vinculación orgánica alguna con el Consejo pero que reciben de éste la legitimación o autorización necesaria para recibir la prestación debida, pero es necesario conocer más a fondo quién, cómo y cuándo son elegidos estos recolectores autorizados por el Consejo. Cuando la recepción la efectúa directamente la propia administración, esta tarea recae en unos funcionarios municipales determinados, por lo que el pago efectuado en otras instancias del Consejo no es válido por incompetencia del órgano (a tener en cuenta, además, la competencia absoluta y la relativa, con los consiguientes problemas de efectividad liberatoria del pago). El objeto del pago, como ya se ha indicado, es una suma de dinero cuyo valor ha sido determinado con anterioridad. Como condiciones que debe reunir el objeto del pago hay que referirse a las de identidad, integridad e indivisibilidad, aunque si los dos primeros requisitos parecen obvios (la obligación no se considera extinguida hasta el pago de la integridad de la deuda tributaria), su indivisibilidad debe ser estudiada con atención. La forma de pago, en el municipio bajo-medieval, fue invariablemente el pago efectivo. En cuanto al lugar existen distintas posibilidades: la obligación de efectuar el pago en los establecimientos —generalmente la sede del Consejo— habilitados a tal efecto y el cobro ambulante de los recaudadores que se desplazan continuamente a los domicilios de los distintos contribuyentes. Con relación al tiempo los pagos deben realizarse durante el período que fija en cada caso el Consejo; en todo caso debería conocerse no tanto a partir de cuándo cuentan los plazos sino más bien por qué medio el sujeto pasivo conoce el valor de su deuda

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5. CONCLUSIONES

A pesar de la considerable escasez tanto en la publicación de fuentes como en la elaboración de estudios específicos sobre fiscalidad municipal en general y más aún sobre la tributación directa, así en municipios concretos como también en ámbitos espaciales mayores, el estado actual de la investigación y la documentación de carácter fiscal conocida hasta ahora permite afirmar que entre la segunda mitad de siglo XIII y la primera mitad del XIV emergió y se configuró un sistema tributario municipal que, en esencia, perduró, con pocos cambios importantes, hasta el Decreto de Nueva Planta para Cataluña de 1716. Pero la emergencia de esta fiscalidad municipal —y dentro de ella el tributo directo como uno de sus elementos integrantes— se circunscribe en unas coordenadas históricas determinadas. La organización de la hacienda municipal es el resultado de la interacción dialéctica entre la summa potestas del monarca catalán y sus naturales por una parte y las relaciones sociales, económicas y políticas internas de los propios miembros de una comunidad humana reconocida como una universitas y configurada como un municipio. Sería tan inexacto considerar que el monarca dotó a los municipios de un aparato financiero mediante la concesión de privilegios, como considerar que la administración financiera municipal fuera una de tantas otras atribuciones del Consejo sin otorgar a este hecho mayor relieve. El agotamiento de las fuentes habituales de renta real en pleno siglo XIII como resultado, entre otros motivos, de la expansión económica, pero también política, de la monarquía catalana en este mismo período, empujó a los soberanos a exigir tributos e importantes ayudas financieras al reino, tanto en el marco de las Cortes como también directamente a sus naturales, pero no como vasallos sino dirigiéndose a los municipios configurados como personas jurídicas. La imperiosa necesidad de llegar a acuerdos que tuvieran efectividad porque vinculasen a toda la universidad encontraría un vehículo adecuado en la organización del Consejo, para lo que hacía falta una cultura jurídica potente capaz de conceptuar aquella realidad y ofrecer el caparazón técnico y teórico necesario. Sin derivar hacia fáciles argumentaciones economicistas, no creemos que sea exagerado seguir llamando la atención respecto de la decisiva influencia que tuvieron las crecientes exigencias financieras de los soberanos, en pleno auge de su poder legislativo, sobre los municipios en el proceso de organización y consolidación de los Consejos municipales. La expansión catalano-aragonesa tributaria. No sabemos absolutamente nada ni de la prueba del pago ni de la imputación de pagos. Como ya se ha indicado, el estudio de la extinción de la obligación tributaria sería incompleto si además del pago no contemplase otras formas de extinción posibles en el terreno de las obligaciones como las ya apuntadas prescripción, compensación, condonación, dación, cesión, novación o insolvencia, de las cuales poco sabemos hasta el momento —empezando por su propia aplicación— en lo que afecta a la hacienda municipal medieval.

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peninsular y mediterránea, y con ella la guerra, tanto en su vertiente ofensiva como defensiva, indirectamente obligó a los municipios a poner a punto un aparato fiscal capaz de conseguir y canalizar los recursos económicos de sus habitantes. Para ello el monarca debía conseguir que su summa potestas fuese reconocida por el resto de poderes. Si bien parece cierto que la configuración jurídica del municipio se logró a partir de una reelaboración creativa por los juristas medievales del antiguo concepto de universitas, cabe preguntarse hasta qué punto la técnica fiscal empleada en la recepción del impuesto directo y en la organización de los medios financieros en general operada entre los siglos XIII y XIV se inspiró en otros ordenamientos jurídicos o fue una creación de aquel momento para responder a los problemas específicos que se plantearon. Como dijimos anteriormente, está por estudiar no sólo hasta qué punto el conocimiento y la aplicación del ius commune se convirtió en un instrumento útil para configurar jurídicamente también el tributo, sino que de ser así además se evidenciaría de nuevo la tremenda versatilidad y habilidad de la ciencia jurídica medieval para adaptar la tradición jurídica romanojustinianea y canónica a situaciones y esferas de la realidad distintas de las que le dieron vida. Según este planteamiento, para conocer y comprender a fondo el sistema de financiación de los municipios catalanes en la Edad Media y descubrir si el impuesto directo municipal guarda relación con el derecho de la recepción, era absolutamente necesario emprender una tarea previa consistente en la identificación de la talla como un tributo configurado jurídicamente como impuesto directo, personal y extraordinario. Este tributo directo fue, en la Baja Edad Media, una de las tres principales fuentes de ingresos municipales. Como anunciamos en su momento, y quizá sea ahora el momento de valorarlo, para ello nos servimos de algunas de las actuales categorías en el derecho positivo financiero y tributario. Creemos que el intento ha dado resultados positivos por cuanto que a través de una clasificación sistemática de la información de que disponíamos ha permitido aproximarnos a la comprensión de la morfología y el funcionamiento del impuesto directo. Aunque cabe reconocer que si bien esta utilización ha funcionado en cuanto instrumento de conocimiento, la aplicación de categorías jurídicas se mostro inadecuada en ciertos casos. Nuestra idea de hecho imponible, por traer a colación quizá el ejemplo más claro junto con el de sujeto pasivo, se resistía a ser fijada en unas coordenadas jurídicas claras y definitivas, lo que viene a indicar que durante el siglo XIV, apenas un siglo después de inventarse el impuesto directo en el municipio, este tributo pertenecía más al mundo de las realidades político-económicas que al de los conceptos jurídicos. Las fuentes de creación y los documentos

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de aplicación del período estudiado reflejan, pues, que aún no existía una noción jurídica clara de impuesto y que éste se expresaba más como una simple y pura manifestación de la capacidad normativa del Consejo que como un sistema interno de conexiones lógicas y sistemáticas. Si el tributo apenas se encuentra configurado jurídicamente en estos momentos iniciales, sin categorías propias que le permitan establecer un complejo lógico de relaciones jurídicas que a través de las instituciones correspondientes abrace todo el campo del derecho, es presumible creer que el derecho de la recepción ofreciera los conceptos necesarios para acometer dicha configuración según la juridización de una capacidad normativa en el terreno económico/fiscal acorde con las necesidades de aquella específica sociedad. Identificado de esta manera el impuesto directo, quedan por ampliar las fuentes documentales de conocimiento, inéditas muchas de ellas, y, sobre todo, queda por verificar o desmentir la relación entre la ordenación tributaria bajo-medieval y el derecho común. * * * Como ya anticipamos, estamos ante un planteamiento general de la cuestión, lo que quiere decir que si finalizado el trabajo se han resuelto algunos interrogantes y se ha progresado en el conocimiento del impuesto directo, en cambio han aparecido nuevos problemas que en un futuro deben ser resueltos. Por tanto, antes que sintetizar lo expuesto es mejor señalar algunos puntos que pueden revestir interés. Por de pronto parece claro que el impuesto directo obtuvo desde un principio carácter de obligación ex lege. Los habitantes y los bienes sujetos a la jurisdicción del Consejo estaban obligados al pago de una cierta cantidad de dinero en concepto de tributo porque el rey había confirmado a los municipios la potestad de hacerlo. Ya vimos que los privilegios reales no creaban ni establecían ex novo el tributo, sino que la autoridad del monarca confirmaba costumbres —escritas o no— existentes que legitimaban que los Consejos impusieran tallas y regulaba algunos aspectos, no todos, del procedimiento tributario. El baile, como autoridad real, daba publicidad a las decisiones del Consejo sobre la imposición de una talla o la confección de un nuevo registro de bienes de los habitantes del lugar. Por otra parte, cabe ahondar en el estudio de la naturaleza jurídica de la obligación tributaria y su vinculación con la relación obligatoria en general, aunque, como anunciamos, la existencia de voluntad contractual y el mismo contrato entre las partes difícilmente pueden tener cabida en la relación tributaria que establece el Consejo con los habitantes. Esta cuestión

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es de máximo interés porque de existir tal vinculación entre la obligación en derecho privado y la obligación tributaria estaríamos ante una vía de acceso a la difusión del derecho de la recepción en el ámbito tributario. Pero las relaciones entre el derecho privado y el sucesivo desarrollo del derecho tributario —hasta ahora expresado de forma embrionaria— son también objeto de atención. Mientras parece evidente que ambas ramas del derecho van a compartir algunas mismas instituciones jurídicas, cabe considerar que no por ello pueda decirse que el derecho privado ha penetrado o ha invadido el terreno de lo tributario, sino que se trata de una transformación o sucesiva elaboración a partir de la influencia histórica, más que conceptual, del derecho privado. Otras direcciones apuntarían, en cambio, por una conservación conceptual del derecho privado, tanto si éste se incluye en bloque en el sistema interno del complejo tributario como si se acude al derecho privado como algo exterior. La identificación del hecho imponible con la domiciliación de los vecinos y habitantes de la villa o ciudad hace que no quepa una diferenciación clara entre sujeto pasivo, contribuyente y obligado, ya que siendo el domicilio el núcleo central y no un valor de riqueza, todos los obligados tributarios incurren en una deuda tributaria ya que la obligación recae sobre todos los singulares de la universidad. No obstante este razonamiento fricciona con la tributación por los bienes que los forasteros poseían en el término municipal en cuestión. Hemos puesto de relieve que la contradicción entre un impuesto real o un impuesto de carácter personal era algo propio, connatural y, por lo que reflejaban algunos documentos de aplicación, no resuelto jurídicamente en los primeros años, por no decir siglos, de tributación directa. Políticamente el contencioso que la disyuntiva entre impuesto real e impuesto personal originó entre los municipios no se resolvería hasta que el conflicto de intereses —económicos— entre estos municipios se viera absorbido y arrastrado por la fuerza, el protagonismo, la eficacia o la imposición de una fiscalidad real que estuviera por encima de los particularismos locales. Por el momento, como medio de superar la dicotomía entre real y personal, apuntamos el recurso a la idea de jurisdicción del Consejo sobre cosas y personas en el ámbito del término municipal. Asimismo es importante profundizar en el estudio de las circunstancias socio-económicas, algunas de las cuales han sido ya apuntadas, y jurídicas acerca del reconocimiento de la capacidad tributaria de las masas de bienes, en especial las que estaban en poder de la Iglesia. Surge aquí de nuevo el problema de la persona jurídica: ¿a partir de qué momento y en qué circunstancias instituciones religiosas y masas patrimoniales obtuvieron personalidad jurídica?, ¿cómo se legitimaría jurídicamente la tributación de cofradías, por poner un ejemplo conocido, durante la segunda mitad del siglo XIV?, y todo ello en la

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general heterogeneidad que caracteriza la técnica fiscal empleada en cada municipio para el impuesto directo. Dentro de esta diversidad —la constatación de la cual tiene su interés— la cuantificación de la cuota tributaria ofrece un variado muestrario, en especial en cuanto a la existencia, en algunos casos, de una base liquidable sobre la que se aplicaba un tipo de gravamen y en cuanto a la modalidad de dicho tipo. Estas modalidades reflejan diferencias técnicas que también tienen, no obstante, una lectura política: la determinación del hecho imponible, el tipo de alícuota (proporcional, progresivo o regresivo), las reducciones sobre la base, las deducciones sobre la base liquidable cuando existía y la discriminación a partir del tipo de gravamen sobre bases de bienes muebles o inmuebles fueron los medios utilizados por quienes detentaban el gobierno municipal para primar sus propios intereses económicos. Como ya indicamos, los aspectos que mayor esfuerzo requieren, por la parquedad de las fuentes, son los relativos a las garantías del crédito tributario, la extinción de la obligación y todo lo relativo a la infracción de la normativa tributaria y, por tanto, a lo que se ha llamado en calificar de derecho penal tributario.

ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA DE LAS ESTIMES-MANIFESTS1

Desde mediados de siglo XIV y hasta principios de siglo XVIII, se redactaron, en muchas villas y ciudades de Cataluña, los llamados libros de estimes, manifests o vàlues. En estos volúmenes se anotaba, por mandato y bajo control de las autoridades municipales, la riqueza mueble e inmueble de cada vecino así como su estimación económica, lo cual servía de base para el cálculo de la mayor parte de los impuestos directos que establecía el propio municipio. Con la intención de permanecer fieles a la propuesta de guión y de análisis que nos ha sugerido la dirección científica del coloquio, y dentro de la sección de tipologías, vamos a prestar atención al estado de la cuestión en la historiografía catalana; a cómo se confeccionaba un libro de estimes; a quién declaraba en un libro de estimes; qué bienes se anotaban en un libro de estimes; a cómo se evaluaba la riqueza anotada en un libro de estimes; y, en apéndice, presentaremos una cronología provisional de ejemplares disponibles así como la principal bibliografía sobre la materia.

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Hasta hace poco más de diez años, la historiografía catalana —a diferencia sobre todo de la francesa y de la italiana— apenas había prestado atención a los libros de estimes, de la misma manera que los estudios específicos sobre hacienda y fiscalidad municipales brillaban por su ausencia. La aportación de Font Rius de 1964 fue más bien un oasis en el desierto —sin antecedentes ni consecuentes, como mínimo inmediatos— que una síntesis de una producción inexistente. Las historias locales —tanto las de la época romántica como las meramente positivistas— apenas prestaron atención a las 1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación PB98-0478 «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos XIII-XIV): bases jurídicas y trasfondo político», dirigido por Manuel Sánchez Martínez (CSIC. Institución Milà i Fontanals, Barcelona).

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finanzas municipales. En ningún caso esta actividad financiera del municipio fue interpretada en un contexto más amplio y tampoco se consiguió realizar una explicación coherente y completa de la fiscalidad y las finanzas de un municipio. Así, es fácil entender que el conocimiento de los libros de estimes fuera muy limitado, por no decir nulo. A lo sumo, alguna de estas historias locales aludió a la existencia de unos libros de estimes donde se anotaban los bienes de los vecinos; a veces su utilizaba esta fuente para describir la estructura urbanística de un lugar o la composición social de sus habitantes; en otras ocasiones se consideraba, erróneamente, el manifest como un tributo municipal. Hasta 1990, por tanto, las estimes, sin ser unas auténticas desconocidas entre los historiadores, no habían sido objeto individualizado de investigación histórica. En medio de este panorama desolador, sin embargo, en 1972 habían sido defendidas dos memorias de licenciatura que, sorprendentemente, se centraban exclusivamente en los libros del manifest de Cervera de 1476 y 1490 respectivamente.2 Ambos trabajos, más descriptivos que analíticos e interpretativos, nunca fueron publicados ni tuvieron continuidad. Y de forma similar, como una pequeña isla en el océano, Ramon Boleda daba a conocer, desde el mundo de la historia local, un libro de estimes de la pequeña población de Verdú.3 A día de hoy, podemos considerar que el panorama ha cambiado considerablemente. No podemos decir que los estudios sobre finanzas municipales abunden ni que nos sobren las aportaciones sobre las estimes medievales, pero contamos con cerca de veinte contribuciones —algunas de amplio calado— sobre la tributación directa en el marco de las finanzas municipales medievales, y algunas de ellas se refieren específicamente a los volúmenes de estimes que nos interesan. Coronando en cierta manera este esfuerzo, contamos también con algunas obras de síntesis y de referencia. Sin menospreciar de ninguna manera algunos esfuerzos individuales, el grueso de este avance científico se ha producido alrededor del grupo dirigido por Manuel Sánchez Martínez desde el CSIC en Barcelona, dedicado al estudio de las finanzas y la fiscalidad en Cataluña en los siglos bajo medievales. Si bien lo que prentendemos ahora es dar a conocer la historiografía de las estimes —pues las estimes son el objeto de este coloquio, y no la fiscalidad de las villas y ciudades—, en nuestro caso esto no puede hacerse al margen de los estudios sobre la tributación directa en los municipios 2 Joan CANELA SOLER, Los libros del manifest de Cervera de 1476, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Barcelona, 1972. M. MONTSERRAT SANMARTÍ, Los libros del manifest de Cervera de 1490, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Barcelona, 1972. 3 Ramon BOLEDA CASES, «El “llibre de les stimes” de Verdú», en Ilerda, XXXIV (1973), pp. 225-239.

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medievales. Efectivamente, en la mayoría de los casos el conocimiento de las estimes servía de base para comprender el funcionamiento de los tributos directos que se calculaban teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. En cierta manera, esta serie historiográfica reciente sobre finanzas municipales se inició en 1990 con la publicación de la tesis doctoral de Max Turull sobre la organización institucional del municipio de Cervera durante los siglos XII al XIV y en la que tomó, de forma diríase que espontánea o no deliberada, un gran protagonismo la organización financiera del municipio y, en consecuencia, los libros del manifest como base de la tributación directa.4 El trabajo, en cierta manera pionero en lo que atañía a finanzas locales, adolecía sin embargo de un marco general dentro del cual comprender las finanzas de un municipio en relación con las finanzas pactadas entre los brazos —en Cortes o fuera de ellas— y el rey. Durante los años siguientes, como veremos, se defenderían dos tesis de licenciatura y cuatro tesis doctorales directamente vinculadas a problemas fiscales y financieros, la mayoría de ellas pertenecientes a un mismo proyecto de investigación. Después de nuestra aportación señalada, y sin relación causal, proliferaron algunos estudios sectoriales o monográficos sobre los tributos directos en los municipios catalanes medievales. En todos estos trabajos se sistematizaban aquellas noticias sueltas y desconectas que habían sido publicadas con anterioridad y se desarrollaba también una labor de investigación a partir de fuentes municipales, especialmente a partir de los libros de estimes redescubiertos. La mayor parte de esta labor recayó en tres investigadores coordinados alrededor de los proyectos de investigación sobre hacienda y fiscalidad dirigidos por Manuel Sánchez (CSIC Barcelona). Jordi Morelló ha realizado diversos trabajos sobre la tributación directa y sobre las estimes centrados en la región del Campo de Tarragona.5 4 Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1430. Barcelona, Fundació Noguera, 1990. Si un capítulo del trabajo se dedicaba a las atribuciones del Consejo, otro trató de forma individualizada la hacienda municipal (pp. 413-585). En este volumen se publicaba casi íntegramente la tesis doctoral del autor (Oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la Catalunya medieval [Cervera entre 1026 i 1430]. Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Barcelona, 1989). 5 Jordi MORELLÓ BAGET, Demografia, societat I fiscalitat de Reus al segle XV: el llibre d’estimes de 1445, Tesis de licenciatura inédita. Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Barcelona, 1992. Jordi MORELLÓ BAGET, «Notes sobre el funcionament de la fiscalitat directa a la baixa edat mitjana», en Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 6 (Barcelona, 1995), pp. 61-80. Jordi MORELLÓ BAGET, «Sources fiscales et financières des municipalités catalanes (XIVe-XVe siècle): le cas du “Camp de Tarragona”», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Etude des sources, Toulouse, 1996, pp. 79-89. Jordi MORELLÓ BAGET, «El sistema fiscal dels municipis catalans: l’exemple del Camp de Tarragona», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (eds.), Actes. Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 279-305. Jordi MORELLÓ BAGET,

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De esta producción cabe destacar, por motivos diferentes, dos aportaciones. En Demografia, societat i fiscalitat... (1992), probablemente deslumbrado por la riqueza de los libros de estimes, se sirve casi exclusivamente de esta fuente para realizar un estudio sobre la distribución social de la riqueza en la ciudad de Reus en el siglo XV. Si en la tesis de licenciatura se utilizaban fuentes fiscales para estudios sociales, en su tesis doctoral Fiscalitat i deute públic... (2001) utilizó todo tipo de fuentes —también fiscales, por supuesto— para un estudio de finanzas y fiscalidad. El resultado ha sido una obra que bien podría servir como uno de los ejemplos a seguir en este tipo de estudios. También Max Turull ha dedicado algunos artículos monográficos a la tributación directa, con atención a los libros de estimes.6 En este caso se trata de monografías de síntesis, en las que se agrupaban datos desperdigados pero de gran interés para la fiscalidad municipal, donde también se recogía la investigación del autor centrada, sobre todo, en la villa de Cervera. La singularidad de estas aportaciones radicaba en su enfoque jurídico e institucional, complementario al que realizaban al mismo tiempo los medievalistas. También Pere Verdés, a pesar de haber publicado mayoritariamente sobre fiscalidad indirecta y administración financiera, es autor de otra tesis doctoral igualmente paradigmática de lo que pueden y deben ser estudios rigurosos y completos —y complejos— de hacienda municipal medieval.7 En lo que nos interesa, el capítulo sobre tributación directa ofrece numerosa, precisa y rica información sobre las estimes en Cervera en los siglos XIV y XV. Finalmente, también han aludido, aunque en menor intensidad, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV. Barcelona, CSIC, 2001; Jordi MORELLÓ BAGET, «“De contributionibus fiscalibus”: els conflictes entre el municipi de Valls i la Comunitat de Preveres», en Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), pp. 689-729; Jordi MORELLÓ BAGET, «Veïnatge i exempció fiscal a Valls. A propòsit de les franqueses atorgades als segles XIV i XV», en Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp, 36 (1999), pp. 41-75; Jordi MORELLÓ BAGET, «La incidència de la fiscalitat municipal sobre la noblesa de baix rang: l’exemple de Valls (S. XIV-XV)», en XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. El món urbà a la Corona d’Aragó (del 1137 als decrets de Nova Planta), vol. III, Barcelona, 2003, pp. 613-27; Jordi MORELLÓ BAGET, «Les estimes de Valls de 1378: repartició de la riquesa i sistema contributiu», en Historia et Documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu Històric Comarcal, 7 (2004) (en prensa). 6 Max TURULL RUBINAT, «La hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la Edad Media. Planteamiento general», en Revista de Hacienda Autonómica y Local, vol. XXII, núm. 64 (1992), pp. 9-80. Max TURULL RUBINAT, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», en Finanzas y fiscalidad municipal, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 73-133. Max TURULL RUBINAT, «L´assiette de la taille dans les villes catalanes au Moyen Age», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (coords.): La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, Toulouse, Editions Privat, 1999, pp. 201-221. 7 Pere VERDÉS PIJUAN, «De com administrar les pecúnies e bens de la universitat». La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516), Tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Barcelona, 2004. Vid. también, Pere VERDÉS PIJUAN, «Les sources fiscales et financières des municipalités catalanes aux XIVe et XVe siècles. Le cas de Cervera», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Etude des sources, Toulouse, Editions Privat, 1996, pp. 163-174.

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a las estimes dentro del cuadro de la tributación directa, Christian Guilleré para Gerona8 y Pere Ortí para Barcelona.9 No han faltado, durante este periodo e incluso antes,10 aquellos historiadores que se han servido de los libros de estimes como instrumento para investigar otras materias alejadas de lo puramente fiscal, algo que explica que en algunos casos no se haya profundizado en la idiosincrasia de la fuente. Jordi Morelló estudió, como se ha dicho, la sociedad de Reus en el siglo XV —aunque ya con un fuerte predominio del aspecto fiscal y financiero—,11 Montserrat Casas se sirvió de este tipo de fuente para analizar la comunidad judía en Balaguer,12 Jaime Ribalta y Max Turull para profundizar en la distribución social del espacio en la sociedad feudal urbana de la Cervera bajomedieval,13 Pilar Murgadas para estudios de onomástica14 y Marc Torras lo hizo para adentrarse en la crisis del siglo XV en Manresa.15 El ejemplo más reciente de esta práctica lo encontramos en la tesis doctoral, inédita, de Joan Canela, en que el autor pretende definir «Cervera a finales del siglo XV» recurriendo exclusivamente a los libros de estimes de 1476.16 El experimento ha mostrado dos peligros que deben evitarse: el primero es caer en un torbellino estadístico que enmascara la más mínima interpretación histórica, y el segundo es que esta fuente, por muy rica que sea en datos históricos, ofrece unas severas limitaciones si es usada de forma exclusiva. Además de conocer las estimes medievales para comprender la tributación directa en los municipios medievales,17 no es menos relevante cons8 Christian GUILLERÉ, «Les sources financières et fiscales de Gérone à la fin du Moyen Age», en Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Etude des sources, Toulouse, Editions Privat, 1996, pp. 45-56. 9 Pere ORTÍ GOST, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV. Barcelona, CSIC, 2000, pp. 591-600. 10 Esteve BUSQUETS MOLAS, Història de Capellades, Capellades, 1972, pp. 50-52. Antoni BACH I RIU, Un poble de la Segarra. Granyena, Solsona, 1980, pp. 23-49. Francesc FITÉ LLEVOT, Reculls d’història de la vall d’Àger. I. Període antic i medieval, Àger, 1985, pp. 556-562. 11 MORELLÓ, Demografia, societat i fiscalitat de Reus. 12 Montserrat CASAS NADAL, «Els jueus de Balaguer en el Llibre de l’estima de 1414», en Actes del Ier Col.loqui d’Història dels Jueus a la Corona d’Aragó, Lérida, 1991, pp. 321-333. 13 Jaume RIBALTA HARO y Max TURUL RUBINAT, «Ciutat i poder en el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedieval (Diferenciació social i distribució social de l’espai urbà a Cervera, 1340-1382)», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 79-144. 14 Pilar MURGADAS CLARACO, «El llibre de valies de 1404 de la Selva del Camp», en Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, XLV (Barcelona, 1991), pp. 19-38. 15 Marc TORRAS SERRA, La crisi del segle XV a Manresa. Una aproximació a partir dels llibres de manifests. Manresa, 1996. 16 Joan CANELA SOLER, Cervera a finals del segle XV. Aproximació a partir del Manifest de 1476, Tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Barcelona, 2003. 17 Los dos ejemplos más emblemáticos en esta línea son sendas tesis doctorales de Jordi Morelló (publicada con el título Fiscalitat i deute públic en dues villes..., op. cit.) y Pere Verdés («De com administrar les pecúnies e bens de la universitat». La política fiscal..., op. cit.).

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tatar que desde 1992 algunas investigaciones se han centrado directamente y exclusivamente en los libros de estimes. Se ha empezado a cubrir, de esta manera, un vacío historiográfico importante.18 En este sentido, son especialmente remarcables las aportaciones de Jordi Morelló, quien, conociendo tanto el contexto local como general de la tributación directa y de la hacienda municipal, ha realizado pormenorizados análisis de las estimes de la zona del Camp de Tarragona.19 Josep Tugues es autor de un trabajo sobre las estimes de Balaguer20 y recientemente Marc Torres ha publicado un interesante documento sobre el proceso de confección de los libros de estimes medievales en Barcelona y Manresa.21 Finalmente cabe reseñar algunas obras de síntesis que prueban el nivel que se ha alcanzado en estos conocimientos y que a la vez actúan como trampolines para proseguir estudios en esta misma dirección y para facilitar la tarea a futuros investigadores. Por una parte, el grupo hispano-francés que investiga la fiscalidad de las ciudades medievales castellanas, catalanas y de la Francia meridional, coordinado por Denis Menjot y Manuel Sánchez, ha dado algunos frutos interesantes, como los tres volúmenes publicados por Privat bajo el título genérico La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen), y en particular el primero de ellos dedicado el estudio de las fuentes fiscales.22 Como obra de síntesis acerca de la fiscalidad municipal, sobre todo en lo que respeta al momento de su formación, el lector puede remitir al artículo conjunto de Ortí, Sánchez y Turull.23 Y, en fin, las dos obras de síntesis y de referencia obligadas para ubicar las finanzas munici-

18 Anteriomente hemos aludido a sendas memorias de licenciatura sobre los libros del manifest de Cervera de 1474 y 1490, pero ni han sido publicadas ni sirvieron, realmente, para comprender de forma precisa las características técnicas de los libros de estimes. 19 Jordi MORELLÓ BAGET, «Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 425-451; Jordi MORELLÓ BAGET, «Consideracions al voltant d’una font de tipus fiscal: els llibres d’estimes de Reus», en Manuel SÁNCHEZ (ed.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 1993, pp. 349-380; MORELLÓ, «Sources fiscales et financières»; Jordi MORELLÓ BAGET, «Les estimes de 1378: consideracions sobre la població fiscal de Valls», en Historia et Documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu Històric Comarcal, 5 (Valls, 1999), pp. 9-56; MORELLÓ, «Les estimes de Valls de 1378». 20 Josep TUGUES BARÓ, El llibre de l’estima de 1412-1413 a Balaguer, la base de l’impost directe dins el marc municipal. Inédito, 1993. 21 Marc TORRAS SERRA, «El sistema de redacció dels manifests a Barcelona i Manresa a inicis del segle XIV», en Acta historica et archaeologica mediaevalia, 22, vol. 2 (2001), pp. 339-350. 22 Denis MENJOT y Manuel SÁNCHEZ (coords.): La fiscalité des villes au moyen âge. (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Étude des sources. Toulouse, Editions Privat, 1996. Este volumen es el primero de cuatro donde se recogen los frutos de este equipo internacional dedicado a la fiscalidad urbana medieval. 23 Pere ORTÍ GOST, Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Max TURULL RUBINAT, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», en Revista d´Història Medieval, 7 (Valencia, 1997), pp. 115-134.

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pales en un contexto más amplio, son las debidas a Manuel Sánchez y Pere Ortí.24 Debe notarse, sin embargo, que también estas obras, por ser precisamente obras de síntesis y de referencia, hoy podrían ser actualizadas con las aportaciones habidas después de su publicación. Si el marco interpretativo general ha sido establecido y sigue siendo válido y plenamente vigente —y ésta es su gran aportación—, el conocimiento de la realidad municipal se ha ensanchado considerablemente. Hoy podemos afirmar que si no se establece un vínculo entre las finanzas municipales y las operaciones de la Corona, a veces con la intermediación de las Cortes y de los estamentos y a veces sin ella, es imposible comprender cómo se formó un sistema fiscal municipal basado en gran parte en la tributación directa, la cual, a su vez, descansaba, en última instancia, en los libros de estimes que aquí son descritos. No creemos exagerar nuestra apreciación si consideramos que en los últimos años, y como consecuencia de los recientes estudios sobre hacienda y fiscalidad municipal, se ha cubierto, por lo menos parcialmente, una laguna historiográfica importante. Además, las perspectivas futuras sobre esta materia son esperanzadoras, pues los resultados actuales se circunscriben a unos pocos ámbitos territoriales y son muchos los volúmenes de estimes, manifests o values que quedan por conocer y por estudiar.

2. PLANTEAMIENTO

Las estimes, igual que cualquier fuente jurídica municipal bajomedieval catalana, se caracterizan por una extraordinaria diversidad y pluralidad. La confección de los libros de estimes no obedeció a ninguna norma general —ni del rey ni de las Cortes—, sino que fue el resultado de la autonomía urbana y del particularismo jurídico medieval. Ello plantea un problema metodológico a la hora de realizar un intento de síntesis, ya que o bien debe optarse por reproducir una casuística casi infinita, o bien debe optarse por resaltar aquello que tienen en común. En cierta manera, por tanto, cualquier generalización o abstracción sobre las estimes se aparta de la realidad de cada caso particular.25 Pero, ¿cómo y por qué nacieron los libros de estimes en Cataluña? A partir de cierto momento, por medio de privilegios particulares, el monarca autorizó a los municipios catalanes a establecer tributos directos entre los 24 Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic, Eumo, 1996. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, « La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (dirs.), Actes. Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278. 25 Un variado elenco de casos concretos puede ser consultado en TURULL, «El impuesto directo en los municipios catalanes».

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ciudadanos, e incluso ordenó que estos tributos fueran percibidos en proporción a la riqueza de los contribuyentes. Sin embargo, cada municipio decidió, de forma autónoma, cómo organizar la operación que debía conducir a la percepción de tributos directos proporcionales.26 La satisfacción de la questia del rey llevó a algunas localidades de realengo a la confección seriada de libros de manifest desde época bastante temprana, mientras que en otras localidades, donde no existía dicha obligación tributaria, hay series iniciadas más tardíamente, por ejemplo a partir de cuando se implantaba una talla de percepción anual. Pero en general, fue a raíz de la cristalización del sistema fiscal municipal (mediados del siglo XIV) cuando una mayoría de municipios habría visto la necesidad de confeccionar estimes, aunque aquella práctica viniera de mucho antes y aún tardara cierto tiempo en regularizarse. No existe un prototipo único de estimes. Cada registro presenta características diferentes según el lugar y el período considerados, así por lo que respecta a los grupos de contribuyentes que fueron tomados en cuenta, a las divisiones internas de cada ejemplar, a la inclusión o no de inventarios detallados de bienes, al cliché tipológico de bienes y forma de clasificarse, al sistema de cálculo de la base imponible y/o liquidable, e incluso al uso de determinadas técnicas fiscales (reducciones, deducciones...) y a los criterios que serían aplicados para actualizar cada registro. Desde un punto de vista tipológico, existen incluso ejemplares híbridos entre los registros de estimes y los de una talla.27 Y por encima de esta gran variedad de estimes y manifests, poco sabemos de la difusión de la técnica utilizada para la realización de estos volúmenes. Considerando que el procedimiento seguido en Barcelona en la repartición de los tributos directos sirvió de modelo al municipio de Manresa —como se pone de manifiesto a propósito de la sentencia dictada por Guillem de Vallseca en 1312—, parece plausible pensar que otros municipios catalanes habrían tomado el ejemplo barcelonés, o de otras ciudades principales catalanas como Lérida, de referencia. A escala regional, la hipótesis más probable es que la técnica se importara de las ciudades italianas u occitanas.28 26 La percepción de tallas de tipo proporcional, bien en la modalidad «per sou i per lliura» o bien en la denominada «per mans» o franjas impositivas, siempre está detrás de las decisiones tomadas por los Consejos municipales en la confección de estos registros fiscales: «(...) sien feyts manifests novels per cascuna persona bé e complidament en manera que cascú pach per zo que ha segons sou e libra» (ACSG, Consells 1395, 2r). 27 Éste es el caso, por ejemplo, de las estimes de Valls de 1378 y de las de Balaguer (s. XV). 28 El ejemplar más antiguo de libro de estimes conservado en Cataluña es de Cervera de 1340; siguen las estimes de Reus y Valls, de finales del s. XIV. Para otros ejemplos, véase el apéndice de este mismo trabajo.

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Es evidente, por otra parte, que los libros de estimes están estrechamente vinculados con los impuestos directos. Las estimes son el reflejo documental de una fase del tributo directo como institución. En esta ocasión, por tanto, y como ya hemos apuntado, vamos a prescindir de la historia de los impuestos directos en los municipios medievales y vamos a centrar nuestra atención únicamente en una fase del proceso de la tributación directa: la confección de los libros de estimes que, en su caso, servirían de base para repartir el impuesto. Ciertamente, la aparición de los primeros libros de estimes en Cataluña, a principios del siglo XIV, no puede entenderse fuera de su contexto histórico y del papel que jugaron los impuestos directos municipales. Es sabido que la forma de pago proporcional a la riqueza del contribuyente se extendió por los municipios catalanes a partir de la primera mitad de siglo XIII, cuando los privilegios regios así lo dispusieron. En la ciudad de Lérida tenemos indicios del cobro de colectas entre los miembros de la ciudad en el año 1200, y en 1213 que estas colectas se percibían teniendo en cuenta el patrimonio de los vecinos.29 En 1226, en Barcelona, Jaime I dispuso que, para acabar con los discordias que ocasionaba el pago de impuestos tanto reales como vecinales, éstos se pagaran per solidum et per libram, expresión que se repetirá a menudo para señalar este tipo de contribución. En adelante, numerosos y breves privilegios reales tuvieron como único objetivo implantar esa forma de tributación, aunque no dispusieran de un cuerpo normativo suficiente con que resolver las incógnitas que su aplicación generaría. Sin embargo cabe distinguir dos épocas diferentes en las que el impuesto directo jugaría un papel también diferente. Hasta finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, cuando tomaron cuerpo las instituciones municipales, la percepción de la talla se vinculaba principalmente a la satisfacción de las exigencias regias. Durante este período, que a veces ha sido calificado de premunicipal, los únicos gastos vecinales tendrían que ver con obras de infraestructuras, como construcción de puentes, mantenimiento de caminos, obras de regadíos, reparación o construcción de muros defensivos, de edificios religiosos. Además cabe recordar que, por una parte, algunas de estas obras comunitarias podían ser realizadas mediante prestaciones personales en trabajo, y, por otra parte, que también las comunidades de regantes, las cobrarías, las agrupaciones de terratenientes, etc. asumieron la realización de algunos trabajos de su propio

29 El caso particular de Lérida, especialmente interesante por su precocidad, lo analizamos en Max TURULL RUBINAT, «El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (dirs.), Actes. Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 219-232.

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interés, todo lo cual minoraba la necesidad de establecer un tributo entre los vecinos para sufragar en metálico este tipo de gastos.30 La documentación municipal conservada nos da motivos para pensar que a principios del siglo XIV, y al mismo tiempo que se consolidaba el Consejo como órgano de gobierno municipal, aumentaron y se diversificaron los gastos vecinales y las tallas sirvieron muy pronto, sustituyendo las prestaciones de trabajo personal, para colmar las necesidades comunitarias. Por tanto, a partir de este momento, muchos municipios recaudaban un impuesto directo para satisfacer sus propias necesidades económicas y para colmar las exigencias regias, sobre todo la questia que el rey, como señor de algunas poblaciones, exigía cada año, además de la cena, la hueste y otras prestaciones que se canalizaban por vía de donativo. Llegados a este punto, conviene situar estos impuestos directos tanto en el conjunto de las finanzas locales como en el entramado político y fiscal que se estaba tejiendo en Cataluña bajo la presión del rey.31 Así, a partir de 1321, y con un breve paréntesis al final de la década de 1340, el Principado de Cataluña se vio involucrado en una serie de conflictos bélicos que motivaron diversas peticiones de recursos económicos del rey a sus sometidos. Desde la Cortes de Perpiñán-Lérida (1350-1352) hasta 1356, las villas y ciudades otorgaron sustanciosas profertas al rey. Para afrontar estos gastos que habían comenzado en 1321, el rey autorizó en 1333 a cobrar imposicions, que eran unos impuestos indirectos sobre el consumo y el comercio de determinados productos. Teóricamente, el producto de estas imposicions debía servir para pagar los donativos acordados al rey, pero la urgencia de las peticiones provocaba que el recurso a las imposicions resultara inviable para el objetivo con que habían sido establecidas. Para garantizar la puntualidad en los donativos al rey, se recurrió a cambistas, que avanzaban el dinero al rey pero cobraban intereses y exigían su restitución en puntuales plazos. Para reunir todas estas cantidades comprometidas, las ciudades disponían de dos opciones: o recaudar tallas —aquellos impuestos directos proporcionales a los que hemos aludido— o tomar prestado el dinero en condiciones de usura. Si la primera solución era lenta e impopular, la segunda conllevaba costes económicos elevadísimos. En este contexto, la mayor parte de villas y ciudades optaron por la venta de rentas perpetuas y vitalicias —llamadas, en Cataluña, censales y violaris—, que eran algo parecido a la actual deuda pública. De esta manera se obtenía un capital rápido para afrontar la obligación del donativo comprometido, pero 30 31

d´Estat.

Pere ORTÍ, Manuel SÁNCHEZ, Max TURULL, «La génesis de la fiscalidad municipal», p. 119. Para comprender esta situación es esencial recurrir a Manuel SÁNCHEZ, El naixement de la fiscalitat

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a cambio el municipio se iba cargando con los intereses del capital adquirido. Para absorber este inmenso déficit provocado por el pago anual de los intereses de la deuda, se vincularon definitivamente los beneficios de los impuestos indirectos —imposicions— al pago de la deuda y se recurrió también a financiar una parte de esta deuda mediante aquellos impuestos directos que seguían siendo el instrumento tradicional para satisfacer las necesidades de la población. En este contexto se puede ver cómo la hacienda de las ciudades catalanas se alimentaba, esencialmente, de tres recursos diferentes: las imposicions (o impuestos indirectos), la talla (impuesto directo) y la emisión de deuda pública. Por tanto, este papel central de los impuestos directos junto con la obligación, dispuesta por los reyes desde el siglo XIII, de que la tributación directa obedeciese a un criterio de proporcionalidad entre riqueza y contribución, atribuyó a los libros de estimes una importancia capital. Pero como veremos más adelante, la mera realización de libros de estimes solamente suponía el requisito mínimo imprescindible para una tributación proporcional. Los criterios técnicos que se aplicaron en su estructura y en su composición tuvieron una gran importancia a la hora de fijar la equidad de la distribución de los impuestos directos en los municipios. Finalmente, y antes de adentrarnos en la tipología y la estructura de las estimes en Cataluña, es necesaria una última reflexión. La composición de volúmenes de estimes como los que se generalizaron en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XIV sólo fue posible cuando el Consejo municipal —que era el órgano de gobierno de la ciudad— llegó a una determinada fase de madurez institucional. Desde principios del siglo XIII se percibían, en las ciudades catalanas, impuestos directos con carácter proporcional a la riqueza de los contribuyentes; pero los libros de estimes sólo aparecerían más de cien años más tarde. Es indudable que la redacción de volúmenes de estimes estaba estrechamente vinculada a la existencia de un Consejo razonablemente maduro y experimentado desde un punto de vista institucional, capaz de poner a punto una operación política y administrativa de considerable magnitud como es la confección de estos imponentes catálogos de la riqueza mueble e inmueble de los habitantes de una ciudad.32

32 La hipótesis sobre la relación causal entre la fiscalidad municipal y el nacimiento de los órganos de gobierno muncipal la hemos desarrollado en Max TURULL RUBINAT, «Universitas, commune,consilium: sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XVe siècles)», en Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection Publication, 2000, pp. 637-677.

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3. CÓMO SE CONFECCIONABA UN LIBRO DE ESTIMES

Antes de enumerar de forma esquemática las fases de elaboración de un libro de estimes, conviene tener presente que existieron lo que podríamos calificar de requisitos previos. El primero era la autorización del rey para percibir tributos (que se había ido concediendo a diversas villas y ciudades por medio de privilegios desde el siglo XIII), algo que había sido completado con otros privilegios regios que disponían que estos tributos directos debían ser percibidos per solidum et per libram. Los municipios pertenecientes al realengo, por tanto, obtuvieron privilegios para poder llevar a cabo la repartición del impuesto,33 pero en las localidades que no eran de realengo, no existen al parecer privilegios que pudieran ser invocados, aunque sí podían tenerse en cuenta determinadas disposiciones promulgadas a instancias señoriales.34 Al mismo tiempo era imprescindible la existencia de un órgano institucional municipal —el Consejo— con capacidad suficiente para tomar decisiones de carácter fiscal y tributario. En tercer lugar hacía falta identificar la necesidad financiera, o sea, la existencia de un motivo (un gasto) que exigiera su financiación. A continuación se identifica la decisión política de los magistrados municipales sobre cómo se iba a sufragar el gasto. Si los magistrados optaban por establecer una talla (impuesto directo), y siempre que no se tratara de una capitación o de una talla indiferenciada, entonces entraban en escena las estimes.35 Cualquier acción emprendida en ese campo 33 En Cervera existe una autorización dada por Jaime I a los paers (1272) para tasar los bienes de los vecinos con aras a contribuir en todo tipo de impuestos, tanto vecinales como reales: «aprés que ab sagrament hauran manifestat los béns...» (TURULL, «El impuesto directo», p. 82, n. 28), lo que aún era recordado en el s. XV («segons forma e tenor del privilegi antigament atorgat per lo senyor rey a la universitat e singulars de la vila»; ACSG, Manifest M 1426, 1r). 34 En Valls, por ejemplo, era el arzobispo de Tarragona, como señor preeminente, quien podía pronunciarse, sentenciar o promulgar disposiciones a propósito de disputas surgidas entre sus vasallos: «[Nós en Pere, per la divinal miseració archabisbe de Terragona, al qual per senyoria e auctoritat de nostra dignitat e ofici se pertany les dites discòrdies] ...volem e manam ésser eletes a estimar o valiar los béns de tots los habitants de la dita vila...» (ordinacions de 1369, cap. XIX). En Verdú (1548) intervenía el abad de Poblet, como señor de la localidad. Asimismo, algunos libros de ordenanzas concejiles recogen aspectos del proceso de estimación de bienes, como en Reus: concretamente las ordenanzas tituladas «Que s’agen estimar» y «Los estimadós», que datarían de finales del s. XIV (ord. n.º 103 y 124; Josep M.ª GUIX SUGRANYES, El «Llibre de la Cadena» de Reus. Règim jurídic de la vila en l’edat mitjana, vol. 2, Reus, pp. 77 y 82). Naturalmente, se trata de disposiciones aprobadas por la señoría. 35 Los motivos y las justificaciones varían en cada caso, ya que más allá de invocar la necesidad financiera, otras veces también se apeló al bien común: «com per pagar los càrrechs e les necesitats de la universitat lo conseyll agués acordat que manifests fosen feits» (ACSG, Claveria 1378, 76v); «com los dits honorables pahers e consell de la dita vila hagen acordat e ordonat per certes e evidents rahons tocants profit e utilitat de la dita vila sie fet manifest» (ACSG, Manifest 1426); «quod cum honorabile consilium generale ville Tarrege, actenta tanta carentia et necesitate, universitatem et singulares illius suas propietates et bona (...) manifestare et de novo suas manifestaciones facere (...), ob quod per dictum consilium et pro-

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contaba, tanto en las villas reales como en las señoriales, con la ayuda y la implicación de los oficiales reales o señoriales, sin los cuales el municipio no podía exigir a los vecinos el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Consejo sobre las valoraciones del patrimonio de cada individuo.36 Por lo tanto, a partir del momento en que el Consejo municipal había decidido la percepción de una talla, entraba en funcionamiento la maquinaria administrativa municipal que tenía como primer objetivo disponer de un libro de estimes apto para calcular lo que cada habitante de la ciudad debía pagar en dicha talla. Sin embargo, los magistrados debían optar entre dos posibilidades: o bien calcular la talla a partir de la confección de un nuevo libro de estimes o bien hacerlo a partir del último libro de estimes realizado y abrir un proceso de correcciones y modificaciones por parte de los vecinos. Ante el supuesto de que se decidiera realizar un nuevo volumen de estimes, las diferentes fases para la confección de este libro eran las que siguen. Los magistrados municipales encargaban el soporte material en papel del futuro libro de estimes, y pagaban por el papel, por la encuadernación e incluso por marcar las hojas. A continuación se iniciaba el proceso estricto que nos interesa, que empezaba por la convocatoria. Todo el Consejo municipal, junto con el baile del rey, subscribían la convocatoria formal, por medio de varios pregones públicos («voce preconia aut alia requisitus»), para que todos manifestasen sus bienes.37 Se establecía un plazo —de entre uno y dos meses, según los lugares— para manifestar los bienes38 y, en algunos ceres deputati circa hec sit determinatum et conclusum predictas manifestaciones fieri etc» (ACUR estimes 1501 1r). En Verdú (1548): «com dits honorables jurats per utilitat e conservació dels drets y humuluments de dicta vila e per clarícia, bé y utilitat dels habitants y terras tenens en lo terme de aquella, y per relevar aquells plets, qüestions y despesas que porien ésser sobre les terres y pocessions de quiscuns etc.». 36 La colaboración de la administración real o señorial, en las figuras del veguer o del baile, era, pues, imprescindible a lo largo de todo el proceso que debía seguirse. Así, según lo prescrito en la sentencia de Guillem de Vallseca (1312), en el acto de manifestar los bienes se requería el concurso de un sayón de la cort del veguer de Barcelona, «que d’altra guisa no creurien nulhom, ne encara ab sagrament no.ls creurien si podien provar lo contrari». Se comprueba con ello el valor relativo que tendría el juramento, prescrito en todo acto de manifestación de bienes, si no se contaba con el respaldo de la autoridad. 37 A título de ejemplo: «Tuit sapiats que com los honrats batlle e pahers aguessen manat ab veu de crida que tot hom manifestàs tots sos béns» (ACSG, Manifest 1378, 1r). El mandato era suscrito siempre por el baile o su lugarteniente y por los regidores municipales o paers. «Ara oyats que.us fan asaber los honorables mestre Joan Dezlor, regent la batlia de la vila de Tàrrega, pahers e pròmens de aquella, que com per ordinació feta novament per lo consell general de dita vila sie stat ordenat que totes e sengles persones que agen e tingen e posehesquen posesions (...) agen e sien tenguts de posar e denunciar etc.» (ACUR estimes 1501 1r); «Ara ohiau que vos fan asaber a tot hom generalment etc.» (Verdú 1548); «fem donar e pagar per lo dit nostre clavari a.n Jacme Martorell, scrivent, per rahó com legí les crides que.s feren per los manifests» (ACSG, Claveria 1383, 53r). 38 En Cervera, los plazos son prescritos según la ocasión: por ejemplo, en 1412 era de dos meses («que dins spay de dos mesos primer vinents haien e sien tenguts manifestar»). También en Lérida se daba el mismo plazo de dos meses (Rafael GRAS D’ESTEVA, Història de la Paeria [=La Paheria de Lérida. Notas

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casos, se concedió una o varias prórrogas —de una semana, de tres días, etc.— sobre el plazo inicial para manifestar los bienes.39 Los vecinos no recibían en sus domicilios a los oficiales municipales recabando las correspondientes declaraciones, sino que por lo general eran convocados en un lugar señalado, tal como ya se hacía en Barcelona en 1312.40 Un notario, generalmente el del Consejo, anotaba por escrito todas las declaraciones.41 A partir de las declaraciones de cada manifestante, se identificarían aquellos vecinos que no hubieran comparecido al acto, cuyo manifest sería realizado en este caso a partir de las informaciones obtenidas de sus conciudadanos.42 Todos los bienes situados dentro del término municipal debían ser declarados a efectos tributarios, lo cual también concernía a personas foráneas. Para ello, se daba aviso o notificación por escrito a todas las corts de batlle de las localidades vecinas donde se sabía que había terratinents para que acudieran a declarar sus posesiones en el lugar donde les fuera señalado.43 Para sobre la antigua organización municipal de la ciudad. 1149-1707], Lérida, Ayuntamiento de Lérida, 1988, p. 165). En cambio, en Reus, estaba fijado, a finales del s. XIV, en quince días (MORELLÓ, «Fiscalitat i deute públic», p. 321). 39 Así se hace explícito en Cervera: «com alargam lo temps dels manifests la una vegada a VIII jorns e l’altra com los alargarem del digmenge tro al dimecres per tot dia» (ACSG, Claveria 1383). 40 «han I alberch en lo qual s’ajusten (...) e fan citar tots aquels qui estan en Barchelona que fassen lur manifest». En Valls, este acto tenía lugar en la iglesia donde se reunía el Consejo para debatir sus asuntos: «per fer venir los singulars a Sant Miquel a prendre lo manifest» (AHCV Clavería 1370-1371, 14v). En Tárrega se iba a manifestar a la casa de la Paeria: «constitutis personaliter in aula domus paciarie dicte ville», según se indica en la estima de Antoni Miquel, del quarter de Santes Creus (ACUR estimes 1501, 1r). 41 «en poder del notari de la Paeria» (ACSG, Consells 1358); «en poder del scrivà de la Paheria» (ACSG, Manifest 1378); «en poder dels dits honorables pahers e scrivà llur de la Paheria» (ACSG, Manifest 1426); «en Bernabé Palau, notari e scrivà per fer los libres de les dites stimacions» (ACUR estimes 1501, 1r). En Cervera (1363), a la hora de tarifar los diferentes trabajos realizados por el notario a cuenta del municipio, figuraban los siguientes conceptos: «per scriure cascun manifest» (cada albarán a razón de 2 d.) o también «per trelats de manifests» (6 o 12 d. según el tamaño del fóleo). Los libros de claveria de Valls anotan remuneraciones a favor de notarios: por ej., en 1411 se da cuenta de una remuneración al escribano del Consejo «per ésser a les estimes e fer el llibre del manifest» (AHCV Clavería 1410-1411, 28v). 42 En Cervera, los vecinos renuentes a hacer la declaración serían tasados igualmente por los encargados de distribuir la talla: «E no res menys sàpien aquells qui manifestar recusaran los dits béns que passat lo dit temps seran tayllats a conexenza dels pahers e dels prohòmens que per ells seran assignats a fer la dita taylla» (ACSG, Manifest 1382); o, como se indica más tarde, una vez expirado el plazo para hacer el manifest voluntariamente, sería la comisión creada por el Consejo («pahers e prohòmens a açò assignadors») la que actuaría de oficio (ACSG, Manifest 1426). En Lérida (1403) se tomaban medidas bastante drásticas: «si algú no volrà o recusarà fer son manifest dins los dits dos mesos declaram e manam que sie taxat en lo doble de ço que aurà segons lo darrer manifest que fet haurà, e aquells qui hauran fet manifest e hauran res obcegut de ço que hauran, que.u perden tot ipso facto» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). 43 En Valls se da cuenta de la notificación envíada «a la cort d’Alió que es fes crida que tothom que fos terratinent al terme de Valls que vingués stimar e valiar ço que tenien en lo nostre terme» (AHCV Claveria 1371, 11v). Unos años después, tenemos constancia del envío, a instancias de la misma universitat de Valls, de la correspondiente notificación a las corts de Alcover, Vallmoll y Alió «perquè manessin a llurs sotmesos terratinents al terme de Valls que cascuns fossen en los llocs acostumats per fer estima de les dites terres e

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realizar las estimes de los habitantes de las aldeas o lugares de contribución del término, los estimadors tenían que desplazarse a dichos lugares.44 En estos casos de estimes de los diferentes grupos de terratinents, se podía necesitar la ayuda de alguna persona que fuera conocedora de las fincas que debían ser declaradas.45 Los vecinos declaraban sus bienes y sus valores bajo juramento,46 y podían hacerlo de forma oral o escrita.47 Se actuaba en nombre propio o en nombre de otro familiar.48 Cuando la persona solicitada estaba ausente, el manifest se haría por medio de procuradores, tal como ya era previsto en la sentencia de 1312, o por otros vecinos.49 En todo caso, no parece haber existido impedimento alguno para que las esposas declarasen en ausencia de sus maridos. Por otra parte, la representación era imprescindible en el caso de los menores de edad (huérfanos de padres), siendo con toda probabilidad los tutores esplets» (AHCV Claveria 1377-1378, 33r); al cabo de poco tiempo fue enviada otra mensajería a la cort de Alcover avisando a los terratinents de esta localidad para que acudieran a la cita; en caso contrario, «los dits pròmens farien lo manifest segons lur bona coneixença» (AHCV Claveria 1377-1378, 33v). 44 Así consta en los libros de cuentas de Reus (1377 y 1391) respecto a los habitantes de Castellvell y Almoster. Igualmente, hacía falta desplazarse cuando se trataba de valorar las posesiones de los terratinents: en Valls anotamos una remuneración hecha a una persona por haber ido «a pendre lo manifest dels homes d’Alcover terratinents» (AHCV Claveria 1370-1371, 32r). 45 En Valls (1411) se da constancia de cierto individuo que fue retribuido «per ensenar lo terme e propietats de Rosanes [nombre de partida rural] dels homes de Puigpelat als estimadors». En Reus, los estimadors desplazados a las aldeas iban acompañados por personas del mismo lugar, lo que se documenta en las estimaciones practicadas en Castellvell en 1391. 46 «quod quilibet teneatur iurare de bonis que habet» (ACSG, Llibre de Privilegis 21v-23v, privilegio de 1331); «que tot hom e altra persona que los estimadós demenaran segrement que bé he leyalment los denunciaran e mostraran tot ço que ells los demanaran» (ordenanza n.º 124 del Llibre de la Cadena de Reus). Se hace explícito en los propios libros de estimes: «Guillelmus Ferrarii, laborator Minorise coram dictis electis manifestavit omnia bona sua medio juramento ut sequitur» (AHCM Manifest 1408-1411, 5r); «Jacme Ballot sots veritat del dit sagrament manifesta...» (AHCM Manifest 1416-1421, 21v); «Joannes Corvelana, agricola dicte ville Tarrege, medio juramento per ipsum prestito ad sancta Dei quatuor evangelia (...) manifestavit suas propietates ut sequitur» (ACUR estimes 1501, 66r). Efectivamente, mediante el juramento se quería evitar una ocultación de bienes, tal como se declaraba en Tárrega: «migançant segrament per ells prestador que no.n han ne.n posehexen más avant de aquelles [propiedades] que denunciaran» (ACUR estimes 1501, 1r). En Valls se da la siguiente advertencia: «e si trenqaven lo segrament que.n fosen punits ayxí com a violadós de segrament e usurpadós dells béns de la cosa pública, que perdrien los béns» (AHCV Claveria 1409-1410, 61r). 47 «e sien tenguts de posar e denunciar en scrits o de paraula les dites posesions que agen etc.»; «lo qual oferiment e presentació en scrits o de paraula de les dites posesions» (ACUR estimes 1501, 1r). 48 «Berenguer de Cardona, per nom e axí com a comuna persona d’en Pere de Cardona, pare seu, e per nom seu propri manifeste ab segrament los béns del dit Pere de Cardona» (ACSG, Manifest 1366); «Jacme Ballot sots veritat del dit sagrament manifesta per sa mare» (AHCM Manifest 14161421); «P. Barchaló, estima per ell Anthoni Barchaló, frare seu»; «Jacme Esblada, féu-la per ell en G. Queralt» (AHCV estimes 1397, 127r y 235v). 49 En las estimes de Valls de 1378 se hace explícita la estimación de los bienes de terratinents por parte de otros posesores de tierras que no eran sus titulares: por ej., Pere Anglès declara por la viña de Ponç Guillem (101r), quizá porque éste no debía estar presente en el momento de la declaración; lo mismo cabría decir del siti de Guillem Balaguer (103v), que fue estimado por otro terratinent.

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—generalmente familiares— los encargados de hacer la declaración.50 En este mismo sentido nos encontramos con las declaraciones realizadas por mujeres viudas cuyos hijos herederos serían los verdaderos titulares del patrimonio que se declaraba; en estos casos, las madres debían concurrir a declarar como usufructuarias de esos bienes. Diferente era el caso de declaraciones hechas en nombre de una persona jurídica o institución, como ocurrió con las comunidades de presbíteros y conventos cuando era el colectivo —y no sus miembros individualmente— quien debía realizar la declaración.51 Durante el siglo XIV, la estimación del valor de los bienes declarados corría a cargo del mismo vecino declarante, pero en general a lo largo del siglo XV —y a veces antes— fue responsabilidad de una comisión nombrada por el Consejo. También en este sentido la casuística fue enorme, tanto en la forma de la elección y el nombramiento de la comisión, como en su composición.52 Además no faltaron los casos en que las comisiones 50 Podemos invocar varios ejemplos procedentes de las estimes de Valls (1378): Arnau Anguera declaró en representación del pubill de Guillem Picot (18r); Pere Puig lo hizo por el pubill d’en Guillemó Reig (36v); Pere Fonoll lo hizo por los hijos de Nicolau Fonoll (57v), y así otros. Todos ellos aparecen consignados independientemente, pero justo a continuación de la estima anotada a sus representantes. En cambio, hay otros casos en los que dichas estimaciones aparecen incorporadas a las de sus representantes: la estima del «pubill d’en Torrell» quedaba incluida en la de Guillemó Tomàs «ab ço del seu» (3v). Y aún hay casos de huérfanos que aparecen representados por personas que no son registradas como declarantes: éste sería el caso de Ramon Ubac, citado en representación de los «pubills de Guillemó Figuera» (55r). 51 Como se pone de relieve en Cervera en los manifests del s. XV: (1437) el monasterio de predicadores, declaración hecha por medio de su prior; (1451) los òbits de la iglesia de Santa María, por medio del procurador de la comunidad de presbíteros beneficiados en dicha iglesia; o también la cofradía de San Nicolás, por medio del prior de la misma cofradía, entre otras declaraciones por el estilo. 52 Las comisiones de estimadors eran constituidas por el Consejo General, como así se hace explícito en Tárrega (1313), la Selva del Camp (1404), etc. En Valls, inicialmente (1369), el nombramiento era reservado a los miembros del Consejo restringido o especial. Sin embargo, ya en 1378, pese a lo dispuesto en las ordenanzas de 1369, fue el Consejo General el que eligió a los estimadors, y así se siguió practicando en el siglo XV. En Tárrega, según lo dispuesto en 1313, habría una comisión integrada por doce prohombres, quienes debían ser escogidos de cada una de las tres manos a razón de cuatro por cada una (Lluís SARRET, Privilegis de Tàrrega, Tàrrega, 1982, pp. 50-52). En Cervera, durante el siglo XIV fue habitual nombrar sucesivas comisiones para ocuparse de los manifests: en 1332 se creó una primera comisión formada por cuatro prohombres (etiquetados de sobrestants) y los cuatro paers; unos meses más tarde se creaba otra comisión constituida por ocho prohombres (dos por barrio) para verificar las declaraciones de los vecinos ausentes y realizar la correspondiente tasación de todos los declarantes; la tercera comisión tenía como misión revisar el manifest de los miembros de la anterior comisión; y finalmente, ya en 1333, se nombró a dos prohombres de cada barrio para ocuparse del manifest de los vecinos que aún no habían declarado. En 1377 se da cuenta de dos comisiones de dieciséis prohombres cada una, de manera que la segunda tenía como misión controlar el trabajo de la primera (TURULL, La configuració jurídica, pp. 503-505). En el s. XV estas comisiones estaban formadas por los cuatro magistrados (paers) y entre uno y cuatro prohombres de cada barrio, además del racional (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). En Valls, inicialmente las comisiones eran de nueve miembros; según las ordinacions de 1369, se haría elección de seis personas del Consejo («estimadors de la valor dels béns»), las cuales a su vez designarían otras tres personas expertas «que sàpien conèxer de la valor de les terres e possessions de la dita vila e tèrmens d’aquela». Como en otras localidades, en la elección de estos prohombres se debía aplicar un criterio de representación social:

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de estimadors fueron controladas o supervisadas por comisiones de reestimadors.53 En principio, las retribuciones de los estimadors eran tarifadas según el número de días dedicados a su labor.54 Sin embargo, el interés central de estas comisiones radicaba en sus competencias. Para la época medieval, la práctica habitual consistió en la estimación directa por parte del contribuyente y la verificación y supervisión de los estimadors nombrados por el Consejo. Este rol aparentemente subsidiario de las comisiones no menguó en absoluto su importancia, pues la realidad atestigua que su actuación fue importante y constante.55 Las comisiones de estimadors actuaron en casos de 3 de cada mano. Todos ellos debían prestar juramento «que bé e leyalment reebran e escriure faran totes les estimacions, e que no.y faran res per oy, rancor o mala volentat d’algú» (Jordi MORELLÓ, «El règim municipal de Valls segons unes ordinacions del 1369», en Historia et Documenta. Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de l’Arxiu Històric Comarcal. Valls [Alt Camp], 1 [1994], pp. 11-39). El acto de «rebre lo manifest» también contaba con la participación de los magistrados municipales (jurats), como se hace explícito en el preámbulo de las estimes de 1378, las primeras conservadas en Valls. Sin embargo, a partir de este momento no se incluyen los evaluadores «adjuntos» que prescribían las ordenanzas de 1369. En el s. XV se continuó nombrando a un máximo de seis estimadors, mientras se mantenía vigente el criterio de representación «por manos». En Reus, para realizar las estimes de 1445 fueron elegidos cuatro estimadors, dos para ocuparse de los bienes situados en el núcleo urbano y otros dos para hacerse cargo de las tierras o bienes que había en el término municipal. Esta división del trabajo siguió aplicándose en posteriores comisiones. A partir de 1469, el número de estimadors se redujo a dos personas, número que seguimos anotando en las diferentes comisiones creadas durante la primera mitad del s. XVI. En la Selva del Camp (1404) se da cuenta de la elección de cuatro prohombres, igual que en Verdú (1548). 53 Como ya hemos dicho, en Cervera (1377), se procedió a la elección de una segunda comisión de dieciséis personas para revisar los manifests de las dieciséis personas a las que se había encargado anteriormente la revisión de los manifests de todos los vecinos. También consta en Valls, al menos en una ocasión, la elección de tres «restimadors per fer les stimes dels stimadós» según ya era costumbre por aquel entonces (1460). 54 En Valls, el salario era igual al que debían percibir los auditores de cuentas (ordenanzas de 1369). Según los libros de claveria (1370, 1379-1380), los estimadors cobraban un sueldo por día, aunque posteriormente vieron aumentada su remuneración a un sueldo y medio (1397-1398, 1398-1399, 1409-1410, 1410-1411, 1417-1418, 1421-1422). El mismo salario también se hacía extensivo a los reestimadors (14211422, 1429-1430). Los estimadors de los terratinents fueron retribuidos en 1417 a razón de dos sueldos por día. En Reus (1377) se pagaba a razón de un sueldo y medio por día (y dos sueldos por lo que respecta a las estimes de las aldeas). Posteriormente (1391, 1411) se anotan retribuciones «per regir lo manifest», sin indicación de jornals. En la contabilidad de una y otra localidad también hay retribuciones hechas a las personas que acompañaban a los estimadors de las propiedades de los aldeanos y/o de los terratinents. En la Selva del Camp, en fecha más tardía, la retribución era de dos sueldos por día: «en les quals valies [1522] meteren divuyt dies en avaliar que a raó II s. per dia an pres suma set liures quatre sous» (se contabilizan cuatro personas). 55 En Cervera, según el privilegio de 1272, los magistrados municipales, junto a prohombres de la universidad, estaban facultados para estimar el valor real de los bienes subestimados (TURULL, «El impuesto directo», p. 115, n. 130). En Valls, eran los mismos vecinos los que declaraban y valoraban sus bienes («tots los singulars habitants en la dita vila e els tèrmens d’aquela hajen a estimar o valiar tots sons béns», según se declaraba en 1369), pero en el caso de estimaciones bajas se requería la intervención más directa de los estimadors nombrados por el Consejo a fin de corregir dichas estimes («affigir o ajustar aytant com a els serà semblant en lurs bones consciències a la valor o quantitat que aquel aytal haurà estimada o valiada»). La comisión tenía como principal misión garantizar, pues, la obtención de una estima verdadera. En Tárrega (1501) se da cuenta del mismo modus operandi a propósito de la multa impuesta a aquellos que hubieran

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declaraciones fraudulentas,56 o bien por infravalorar los bienes declarados57 o bien por ocultarlos.58 Para comprobar la veracidad de los bienes declarados se actuó de diferentes maneras: a partir del cruce con las declaraciones de otros contribuyentes,59 recurriendo a fuentes notariales60 o por estimación indirecta revisando declaraciones anteriores.61 En sentido contrario, podía darse el caso de que algunos bienes hubiesen sido sobrevalorados por la comisión correspondiente. En este sentido existieron quejas formuladas por los vecinos

pasado por alto algunas propiedades: «e si més avant de les que donades en scrits o de paraula los ne seran atrobades, quiscú que tal cometrà incorerà en pena de cent sous». En Àger (s. XV) la intervención de los estimadors se pone de relieve en la anotación de la frase «fonch feta avinença ab los estimadors entre siti e moble» que acompaña a algunas valoraciones; en algunos casos se indica otro tipo de acuerdo o actuación: «fonch deliberat per los stimadors que pasàs com lo temps passats»; «fonch stimat per los stimadors per tant com no vingué a la stima». 56 En Cervera, según el privilegio de 1331, se preveía recurrir a las informaciones de algún vecino ante declaraciones consideradas incorrectas: «si illi qui extimationes bonorum receperint, videbitur quod aliquis non recte manifestaverit bona sua, vocentur per eos secrete aliqui eius vicini de melioribus et fidedignioribus, et iuxta sacramentum illorum bona illius, qui non recte manifestaverit, ad eorum bonum arbitrium tallientur». 57 En Valls (1369), como ya hemos visto, los estimadors debían actuar para corregir las declaraciones sospechosas de individuos que estimasen sus bienes a la baja («menys que no valran»). 58 En Cervera (1358), en los casos en los que no se hubiera hecho una declaración completa de bienes («si més béns los són atrobats que aquells que són manifestat»), se decretaba la pérdida de los bienes afectados a favor de las autoridades (rey y municipio). Unos años más tarde se insistía en ello: «E que sàpien tots aquells qui scientment o ignorat lexeran o abnegaran e abcegaran de manifestar lurs béns que perdran tots aquells que abnegats o abcegats hauran manifestat sens tota gràcia e mercè que no.ls serà feta» (ACSG, Manifest 1382). En Valls era vox populi en 1454 que las estimes no se habían hecho correctamente debido a que «los béns mobles haguessen occultats, abcegats ho amagats», al tiempo que se recriminaba a los estimadors que no habían actuado diligentemente para evitarlo, por lo que hubo que nombrar otra comisión. Los nuevos estimadors debían tomar juramento a cada vecino «que bé e leallment stimaran tots los béns mobles que auran, tot frau, enguan e decepció apart posats» (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 326). El percance sirve para corroborar lo que tantas veces se ha afirmado: era más fácil cometer fraude en la declaración de los bienes muebles que en la de los inmuebles. 59 «Francesch Pere fo atrobat pel manifest d’en Ramon fuster qu.és son sogre que ha un alberch»; «Ramon Sola fo atrobat pel manifest d’en Balaguer Andreu que lo dit Ramon comprà I troz d’alou» (ACSG, Manifest 1352, 34r-35r. TURULL, «El impuesto directo», p. 116 n. 132). En la Selva del Camp (1404), en el caso de Andreu Oller se anotan ciertos bienes «segons apar per menut en les valies de sa sogra»; en otro caso se señala: «li avem afegir XXXX s. que diu en Pelegrí que li deu». 60 Al menos en Cervera, los magistrados estaban autorizados para poder consultar los registros notariales con el objetivo de verificar los manifests de cada vecino (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies...»). 61 En Cervera, precisiones del tipo «fo atrobat pel manifest antich que ha», se encuentran en el manifest de 1352, haciendo alusión al realizado quizá en 1340. En Manresa, el manifest de 1416-1417 se confeccionó tomando como referencia directa el anterior de 1408-1411, de manera que únicamente se cambiaron las variaciones de la riqueza, indicando que se seguía como el manifest anterior cuando no las había (Marc TORRAS, La crisi del segle XV a Manresa..., op. cit., p. 16). En Valls (estimes de 1402), a propósito de la estima de un eclesiástico (que quizá estaría ausente en el momento de tomar las declaraciones a los vecinos), se recurrió a la anterior declaración realizada cinco años antes, tal como aparece indicado en el volumen del citado año: «és stat tret del libre de les altres valies»; pero no sabemos hasta qué punto esta práctica fue generalizada en el resto de declarantes.

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denunciando estimaciones que ellos consideraban demasiado altas62 y que podían ser rectificadas por el Consejo si así se estimaba necesario.63 Declarados y valorados los bienes de los vecinos, se procedía a sumar los valores de las propiedades muebles e inmuebles y a la redacción definitiva del volumen de estimes por el notario del Consejo. Estas declaraciones de los bienes de los vecinos, y en su caso las enmiendas de las correspondientes comisiones, daban lugar al libro de estimes en su dimensión material. En algunos casos los vecinos podían disponer de una copia de su declaración una vez había sido realizada.64 Además el declarante tenía derecho a ver la estima de sus bienes, derecho que ya no era reconocido a aquellos que no eran contribuyentes.65 Los libros de estimes eran custodiados o bien en algunas dependencias del Consejo —donde pronto formarían parte del archivo municipal— o bien se encontraban en poder del notario del Consejo. Por razones evidentes, el Consejo era reacio a mostrar esta documentación a terceros interesados, incluidos los representantes de poderes superiores. Y si bien estos libros podían ser consultados por los vecinos, no se ahorraron precauciones ni restricciones,66 de manera que los libros de estimes raramente viajaron si no fue por razones bien justificadas o por requerimientos señoriales.67 En algunas localidades se confeccionaba un volumen para cada barrio, distrito o quarter,68 pero por lo común se confeccionaba un único volumen por 62 Por ejemplo, Antoni Voltor de Valls se quejaba en 1397 de que «massa l’an mes en la estima e ésse’n apellat». El juez dispuso que se hiciera una nueva estimación por parte de tres prohombres, con cuyo dictamen el demandante se mostró de acuerdo (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 325). 63 En las estimes de Valls de 1378 se da cuenta de la siguiente rectificación por lo que respecta a la estima de Pere Cabot: «és-li estat tornat per prohoms siti e moble ha MM e D s. per tant com avía arrada en la stima present» (la primera estimación era de 3.880 s.). 64 En Valls, a mediados del s. XV era costumbre que cada vecino se llevase, una vez realizada la declaración, un albarán de «ses valies» (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 321, n. 719). 65 En Cervera (1363), se advertía «que.l notari de la paheria ho regent no gos mostrà los manifests o donar trelats d’aquells a alguna persona qui no contribuesque ab los singulars de la universitat». 66 En Cervera (1399) se prohibía la consulta de estos libros sin la presencia del escribano municipal. Además, el Consejo tomaba ciertas precauciones a la hora de permitir determinadas consultas. En Reus (1472), un vecino pedía que le fuera librado un «manifest antic» para hacer ciertas rectificaciones. El Consejo daba permiso al interesado para hacer la consulta, pero a condición de que dichos libros se mantuvieran en la casa municipal: «que no vol lo consell (que) tal libre isque de la casa de la vila, mes, si en Rabaça volrà veure res, que li sie mostrat una vegada o dues. Emperò, si moltes vegades es volie veure que tornàs en enuig, que li sie posat calament». Se percibe aquí el celo que tenían los dirigentes municipales en la custodia de esta documentación. En Cervera, los manifests antiguos acabaron siendo guardados bajo una llave que estaba en poder de los magistrados (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). 67 En Valls (1411) se da cuenta del envío a Tarragona de los libros de estimes cargados en una acémila para mostrárselos al arzobispo a fin de que pudiera dictaminar en cierto pleito planteado con una persona de la localidad. Otras veces bastaba con enviar un simple traslado de las estimes requeridas. 68 Por ejemplo, en Cervera en 1377: «lo conseyll acorda que.ls manifests que fer-se deuen (...) sien feits uns libres, ço és, I de cascun quarter» (ACSG, Consells 1377, 2r); «fem fer IIII libres de manifests» (ACSG, Claveria 1381, 36v).

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cada estima realizada. Cualquiera que fuera la opción elegida, realizar libros de estimes o modificarlos, suponía un verdadero esfuerzo en personal y un coste económico para el municipio.69 En este doble sentido —esfuerzo personal o de gestión dada la complejidad del proceso, y, en menor medida, esfuerzo económico— puede interpretarse que no se realizaran libros de estimes para cada nuevo impuesto que hubiera que recaudar, ni siquiera se realizarían volúmenes anuales, para cada ejercicio fiscal, sino de forma más dilatada. Durante el siglo XIV, en general no estaba establecido el plazo para la confección de nuevos libros, y su realización, por tanto, fue irregular. Durante el siglo XV se tendió a fijar un plazo de tres, de cinco o de siete años para la elaboración de nuevos libros de estimes, sin perjuicio, no obstante, de una renovación intermitente.70 Ciertamente, fueron habituales las actualizaciones de volúmenes ya existentes que se aprovechaban varios años. Dos eran, sobre todo, los tipos de datos que podían ser objeto de actualización: los valores de estimación y la titularidad de los bienes. En el primer caso los valores de estimación estaban ya fijados, de manera que sólo se pondrían al día en casos excepcionales de bienes devaluados por alguna razón de peso o, por el contrario, de bienes que habían sido objeto de mejoras que implicaban una revalorización.71 En el segundo supuesto, los cambios de titularidad —traspasos por herencia, aliena69 «costaren entre ligar los libres e fer-hi senyals a cascú (...) Iª lliura VI sous VI diners» (ACSG, Claveria 1381). En Valls (1377) se retribuyó al especiero Bernat Ponç por el papel que se había empleado en la confección del libro del manifest (sic): concretamente por dos manos a razón de veinte dineros por mano (AHCV Claveria 1377-1378, 33v). 70 En Lérida, cada tres años; en Manresa, cada cinco; en Cervera, cada siete (TURULL, «El impuesto directo», p. 112, n. 121). En Lérida, según lo dispuesto en 1403: «e los dits manifests duren tres anys (...) e de aquí avant axí mateix de tres en tres anys» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). En Cervera, en 1457 se invocaba un privilegio real según el cual el manifest se debía elaborar cada siete años (ACSG, Consells 1457, 44r); en Manresa, la periodicidad a cinco años se instituyó en 1480 (TORRAS, La crisi del segle XV a Manresa, p. 32). En Valls, se instituyó cada cinco años, lo que ya a mediados del s. XV se consideraba una «pràticha e custum antic», además de quedar reflejado en la serie de volúmenes conservados en el archivo. En Reus hay que esperar hasta 1528 para que se haga explícita una periodicidad al respecto: «com és pràticha e consuetud que de 7 en 7 anys la vila e poblats se acostuman d’estimar» (AHCR Actes del Consell, vol. 4, s.f.). En Tarragona, durante la primera mitad del s. XV se habla de actualizar las evaluaciones de bienes en distintos momentos, como en 1417, cuando también se acordó hacer una actualización de dichas evaluaciones al cabo de cinco años (Francesc CORTIELLA, Una ciutat catalana a darreries de la baixa edat mitjana: Tarragona, Tarragona, 1984, p. 208), aunque no habría pasado de ser una disposición puntual que no establecería precedentes para prácticas futuras. 71 Se documentan en Valls (1459) peticiones de vecinos contra revalorizaciones al alza de ciertos bienes que necesitaban reparaciones o mejoras con la promesa hecha por los dirigentes municipales a un jurista, a petición del mismo, de fijar el valor de una vivienda de su propiedad de acuerdo con el que podía ser adjudicado antes de proceder a mejorar el estado del inmueble —antes, pues, de que aumentara de precio y por ende también la estimación del bien—. La misma «gracia» fue hecha a otros vecinos. Más allá de posibles favoritismos o tratos de favor, se podría entender como una medida de desgravación por los gastos o inversiones que debía asumir el propietario en la mejora de su vivienda, que era de hecho el principal bien de cualquier patrimonio estimado.

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ciones, etc.— debían ser trasladados en los libros de estimes, pero se planteaba un dilema sobre si se debía hacer de inmediato o esperar a la confección de un nuevo libro de estimes.72 En lo concerniente a traspasos, era el Consejo quien daba su consentimiento a las modificaciones realizadas sobre las estimes, que se hacían mediante anotaciones marginales.73 De hecho, sólo los bienes que se incorporaban al manifest —o sea, que pasaban a contribuir por primera vez— debían ser objeto de estimación, lo cual era ya una tarea traspasada a las comisiones de expertos nombradas por el Consejo.

72 Esto fue planteado en Valls a finales del siglo XIV por parte de la comunidad de presbíteros («si donen o venen algunes propietats, si.ls deuen ésser relevades de la estima tantost»), sin que por el momento se diera una respuesta clara por parte del municipio. La tarea de ir anotando los cambios de titularidades o traspasos tuvo que ser dosificada de algún modo. En Lérida (1403) se prohibía expresamente hacer cualquier modificación de los manifests durante el periodo trienal: «que no puxen ésser crescudes ni minvades possat que milloren o pigoren primo» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). De forma parecida, en Cervera, salvo causas excepcionales, se adoptó la norma de no permitir modificar nada hasta que no fuera realizado el siguiente manifest (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). En cambio, en Valls parece que se llegó a una solución intermedia consistente en hacer al menos una actualización a medio plazo (recordemos que las estimes se renovaban cada cinco años) a fin de incorporar todos los cambios producidos hasta entonces: así, el libro de estimes correspondiente a 1445 presenta anotaciones al margen de cada asentamiento dando cuenta de todas las modificaciones, tanto en los valores de la estima como también respecto a los bienes traspasados a otras personas; cuando no había ninguna modificación qué consignar, se anotaba un idem. Estas estimes incorporan un apartado al final del registro donde se pasa inventario de todas las propiedades que habían cambiado de manos; estos datos debieron tenerse en cuenta a la hora de hacer las consiguientes rectificaciones. 73 Las estimes de Valls de 1397 presentan algunas anotaciones marginales sobre traspasos, en los que se pone de manifiesto la conformidad de ambas partes, siempre bajo la supervisión de los jurados y auditores de Valls: «Diluns a XvI del mes d’agost any MCCCC foren affites X llrs. al mobble d’en G. Farer, e són stades relevades a.n Gº Redorta de la stima del seu mobble, e açò és estat fet presents lo sényer en Francesch Castlar, jurat, e en Bertran Romeu, P. Bellot e Aloy Vidall, pròmens hoydors dells comptes; e eximatex CCCLXXX s. en proprietats, les quals són stats relevats al dit G. Redorta de volentat del dit G. Farer e afites al dit G. Farer segons davall és scrit» (15r); «foren relevats del present moble CC s., los quals la dita dona na Guansera havía pagats a la dona na Margalida, muller are d’en Savila, e foren afits al moble del dit Savila de volentat de les parts, present en G. de Bas [jurado]» (11v); «lo pressent sensal fo mudat en la estima d’en Nicolau Sagí de volentat de les parts, presens los honrats n’Antoni Cellers, jurats, e los comptadors, per ço és dapnat» (4v); «foren relevats d’aquests VII s. sensals foren mudats a.n Nicolau Sagí IIII s. sensals de volentat de les parts, presens los honrats n’Antoni Cellés e los comptadors» (5r); «fo mudat lo present alberch en la estima d’en Franch Callar qui l’avía comprat d’en Borrell de volentat sua, presens los honrats jurats, ço és, n’Anthoni Cellers, G. de Bas e en P. Bellot, per ço és dapnat» (62r). También las estimes de Reus (1445) incorporan algunos cambios de propiedades indicadas a través de anotaciones situadas al margen del fóleo, como: «és carregat a tal», o bien «té-ho (a tal)», «venut (a tal)», «retut (a tal)». El asentamiento en cuestión quedaba anulado con alguna raya. Por ejemplo, la viña valorada en 30 l.b. que tenía Pere Salvat aparece rayada indicando al margen: «té.o Gaspar d’Enveja e en Baltasar, ja los és caregat». Efectivamente, en la estima perteneciente a los herederos de Lluc d’Enveja aparece anotada la misma viña con la apostilla: «per so que comprà d’en P. Salvat». En ambos casos, el valor se mantiene igual. En todo caso, y a diferencia de las estimes precedentes (del s. XIV), hay pocas modificaciones anotadas en este volumen, lo que era la tónica dominante en los posteriores volúmenes de la serie.

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4. QUIÉN DECLARABA EN UN LIBRO DE ESTIMES

Si un libro de estimes no es más que el instrumento para el cómputo del valor del impuesto directo que debe pagar cada contribuyente, la pregunta de quién debía declarar sus bienes en las estimes podría formularse de otra manera: ¿quién estaba sujeto al impuesto directo en el municipio medieval catalán? Y, en consecuencia, ¿los bienes de quiénes estaban anotados en un libro de estimes? Según lo expuesto en la sentencia de Guillem de Vallseca de 1312, debían manifestar todos los propietarios de alberchs así como las viudas y los huérfanos, y todos aquellos foráneos que tuvieran posesiones en Barcelona.74 Según este mismo enunciado, cabría considerar en primer lugar el criterio de habitación: todos —mujeres incluidas— cuantos estuvieran domiciliados y fueran habitantes o vecinos de un municipio estaban obligados a manifestar la riqueza patrimonial.75 El segundo criterio a considerar es la titularidad de bienes y derechos patrimoniales, y afectaba a todos aquellos que tenían bienes, inclusive los que eran vecinos de otras ciudades o villas, si bien estos individuos sólo estaban obligados por sus bienes inmuebles.76 Esta diferente procedencia de las declaraciones también se expresaba de forma material en los libros de estimes, de manera que podemos aludir a cierta segmentación o compartimentación de la información que contienen. En primer lugar debían figurar los vecinos de la localidad principal, a veces clasificados por quarters o barrios, o por calles, como resultado de haber seguido un orden topográfico, aunque no siempre se hiciera explícito. Las personas de otros lugares con bienes inmuebles situados dentro del término de la población podían ser incluidas en la lista de vecinos, advirtiendo o no de su condición de forasteros.77 La simple indicación del origen geográfico de algu74 O, de forma más genérica, «tot hom qui ús de la franquesa de Barchelona per mar ne per terra, sia que tenga alberch o no». 75 «tots e sengles singulars e habitadors de la dita vila (...) hayen e sien tenguts de manifestar» (ACSG, Manifest 1382, 1r); obligación ampliable también a las mujeres: «manen a tot hom e a tota fembra de la vila de Cervera que (...) haien manifestats tots sos béns» (ACSG, Manifest 1378, 1r). 76 «de tots los habitants en la dita vila he terme de Valls e de tots los terres tinents en lo dit terme» (preámbulo a les estimes de Valls de 1378); «los poblats [habitantes] de dita vila e los de Castelvell e Moster, hoch encara tots los strangers qui tenen terres e béns dins lo terme de la dita vila de Reus» (1510). Estos grupos debían declarar únicamente sus bienes inmuebles: «De moble dix que no és tengut de manifestar per tal com no és vehí ni habitant de la vila ans vehí de Muntblanch» (ACSG, Manifest 1375, 55r). 77 De ello se da constancia en las estimes de Valls de 1378, donde, por otra parte, fueron anotados aparte todos los forasteros perceptores de censales en Valls o en su término. Aparece indicado explícitamente en el enunciado «béns d’en Martí del Castell», y anotado al margen, foraster (33r). En Balaguer (1412-1423) aparecen registrados algunos foradans por bienes inmuebles situados dentro del núcleo urbano; curiosamente, a los forasteros propietarios de tierras del término se les aplicaba otro nombre, el de foradoms, y constituían un grupo registrado aparte.

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nos declarantes podía referirse tanto a su condición de forasteros —con bienes poseídos en la localidad— como también a la procedencia en el caso de vecinos advenedizos. Según los casos, pues, encontramos los siguientes grupos: los habitantes del término, anotándose por separado los habitantes adscritos a cada aldea;78 los forasteros posesores de tierras ubicadas dentro del término (terratinents), que podían ser clasificados a su vez según la población de pertenencia;79 los judíos;80 los eclesiásticos y las instituciones religiosas: declaraciones hechas en función de los pactos realizados con el municipio;81 las rentas de diversa índole: censals, benifets o capelles, marmessories, misses o aniversaris u òbits, en tanto que bienes específicamente contributivos de algunos grupos o instituciones (comunidades religiosas y conventos, cofradías, forasteros...).82 Como puede observarse, la aplicación de un criterio real o personal de tributación, y por tanto de anotación en un libro de estimes, no era nada simple ni fácil de resolver en la práctica por las resistencias suscitadas por algunos grupos sociales afectados. Ciertamente, hay que aclarar si las estimes reflejan una tributación de base personal o su reflejo es de base real o territorial. En segundo lugar, hay que aludir a la figura de la capacidad y la representación familiar para entender quiénes son los titulares de las declaraciones. Y en tercer lugar, debemos precisar si los declarantes de las estimes son propietarios o posesores.

78 Reus tenía dentro de su término dos aldeas (Castellvell y Almoster), cuyos habitantes, considerados sujetos fiscales en las tallas de Reus, debían ser registrados en los libros de estimes; en Valls se hacía lo propio con los habitantes de sus cuatro aldeas (Espinavessa, Masmolets, Fontcaldes y Picamoixons). 79 En Valls (1378) aparecen inscritos los siguientes grupos (por orden de importancia): el Pla, Alió, Alcover, Vallmoll, la Riba, el Milà y Puigpelat, además de algunas masías. Por extensión, también podían figurar aquellas comunidades que, sin estar necesariamente ubicadas dentro del término, tenían establecidos vínculos tributarios por su condición jurídica de carrer: tal sería el caso de «lo Corb que és carrer de Balaguer» en las estimes de esta localidad (TUGUES, El llibre de l’estima de 1412-1413). 80 Se registran en Valls (1378), Balaguer (1412-1413) y manifests de Cervera (s. XV). 81 Las estimes de Valls (s. XV) contienen un apartado donde figura la «estima dels senyors de preveres»; también los religiosos de la Selva del Camp (1404) aparecen inscritos al final del registro. En cambio, en las estimes de Reus (1391, 1445), los religiosos (prior y presbíteros) declaran individualmente entre los demás contribuyentes, aunque también se incluye una declaración colectiva de los capellans. En Àger (s. XV) aparecen registradas distintas dignidades eclesiásticas: abbat, sacristà, camerer, infermer, cabiscoll y prior claustrall (Francesc FITÉ, Reculls d’història, p. 561). 82 En Balaguer (1412-1413) se incluye un epígrafe titulado «Los Aniversaris», donde se fija la contribución que debían satisfacer una serie de instituciones, principalmente eclesiásticas, a partir de rentas percibidas de diversa índole. En Reus (1445), en el mismo listado de declarantes, figuran algunas capelles. En Àger (s. XV) figuran catorce capelles en que se indica el nombre del fundador y el del beneficiario (Francesc FITÉ, Reculls d’història..., op. cit., pp. 561-562).

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4.1. CRITERIO REAL FRENTE A CRITERIO PERSONAL

Por lo que respeta a la base personal o real del tributo que se superpone a las estimes, caben dos precisiones. En primer lugar, que bajo nuestra denominación genérica de «impuesto directo» se esconden tributos diferentes entre los cuales las exenciones al tributo podían variar y también los criterios de sujeción según el motivo o el destino de una colecta. Y, en segundo lugar, que los Consejos municipales, deseosos de obtener los máximos recursos económicos posibles, aplicaron al mismo tiempo un criterio personal y un criterio real a la hora de establecer las bases de sujeción al impuesto. La realidad de las estimes muestra que además de los bienes muebles de los vecinos, se anotaron también las propiedades inmuebles que los vecinos de la ciudad tenían tanto dentro como fuera del término de la ciudad, así como también las propiedades inmuebles que los no vecinos poseían dentro del término de la ciudad. Por tanto, todas las tierras situadas dentro del término debían contribuir y, en consecuencia, tenían que declararse, tanto si eran de vecinos de la población como de foráneos (forasters, terratinents...) o de lugares de contribución. Si bien al contrario, debería entenderse que quedarían excluídas las tierras poseídas fuera del término, la realidad, como hemos dicho, no fue siempre coherente con esta lógica.83 Simplificando algo que habría que matizar y detallar, podría decirse que en un primer momento, hasta mediados del siglo XIV, predominaba una interpretación personal del impuesto —cuyo ejemplo más claro fue la pretensión que la gente caída en pobreza contribuyera igualmente según el criterio de los magistrados—,84 mientras que desde la segunda mitad de la 83 En Cervera esta reciprocidad no se cumplía así a tenor de las diferentes proclamas realizadas: «e sients on que.ls hayen» (ACSG, Manifest 1382; la misma precisión también en 1412 o en 1426). Pero, como advierte Pere Verdés, se trataba de tierras situadas en el territorio de pequeñas localidades del entorno, cuya contribución no estuvo exenta de polémica (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). 84 El tratamiento dado a los pobres o miserables es especialmente significativo acerca de la base personal del tributo directo que se esconde detrás de las estimes. Las «gents menudes qui no han de què fassen manifest», como se declaraba en 1312 en la normativa vigente en Barcelona, quedaban al margen del manifest, aunque serían tasadas igualmente, según el parecer de los tasadores. El mismo criterio se quería aplicar en Cervera en 1377: «quant és dels singulars que no han renda ne moble, són persones qui deuen e poder de alguna cosa aiudar a la universitat, acorda lo Conseyll que és rahó que tot hom aiut als càrrechs de la vila a pagar (...) que sien taylats segons que serà viyarés» (ACSG, Consells 1377). Ello podía significar su exclusión de los libros de estimes pero no de los de talla: «e de mantinent escriuen lur tayl al libre de la tayla», según se apostillaba en 1312. En Valls (1378), al lado de algunas personas, se anota la expresión nichil o no.y.a béns (no siempre achacable, sin embargo, a situaciones de pobreza sino simplemente a la no posesión de bienes contributivos). En Balaguer (1412-1413) aparecen etiquetadas algunas personas con el término de pauper, lo que no permite dudar acerca de la condición del declarante: en estos casos se anota sólo el siti, siguiendo el mismo proceso de reducción de la estimación a la mitad como el que se aplicaba a otros grupos de declarantes. También los manifests cervarienses del s. XV (1476) contienen indicaciones de nichil.

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centuria se fue abriendo paso la interpretación de base real o territorial —y aquí el ejemplo más claro fue la obligación de los exentos de tributar por los bienes que habían pertenecido a no exentos—. Sin embargo, debe entenderse que las estimes no fueron el fiel reflejo documental de un impuesto de base real técnicamente perfilado, sino que por motivos de eficacia recaudadora, el Consejo intentó frenar y limitar las masas patrimoniales que yacían en personas exentas. Reforzando la vertiente real del impuesto se trataba de evitar que un volumen cada vez mayor de riqueza escapase a contribución. Como principio básico, pues, podemos afirmar que los libros de estimes recogían la anotación de los bienes de todos los vecinos de una villa o ciudad y los que sin serlo poseían bienes raíces en la misma. Dicho esto, hay que referirse a las personas cuyos bienes no aparecen en los libros de estimes. Si bien el número de exenciones fue reduciéndose paulatinamente a lo largo del periodo estudiado, es evidente que no todas las situaciones evolucionaron de la misma manera que hemos apuntado. Las exenciones de las estimes implicaron a diferentes colectivos sociales. Si bien los eclesiásticos estuvieron exentos por derecho canónico de los tributos establecidos por los poderes temporales, los magistrados municipales negociaron una tributación extraordinaria y especial para este colectivo. La presión fiscal del municipio se ejerció sobre el bajo clero a base de pleitear constantemente. La contribución de los eclesiásticos, especialmente de las comunidades de presbíteros, quedó regulada a través de sucesivas concordias y sentencias dadas a lo largo del siglo XIV, de manera que no se llegó a soluciones definitivas y generales sobre su modo de contribución —y sobre qué debían declarar y de qué modo— hasta finales de aquel siglo o hasta principios del siglo XV. La documentación que conocemos revela soluciones particulares para cada caso, aunque la problemática fuera común o similar en la mayoría de las ocasiones.85 85 En Cervera debían contribuir en principio (1359) tanto por sus bienes patrimoniales como por los beneficios que recibían («tam ratione patrimonii quam ratione beneficiorum»), por lo que también debían ser incluidos en los libros de manifests. En Reus, según sentencia dada en 1392, los religiosos debían contribuir por los bienes inmuebles («seients e patrimonials»); por otra parte, se convocaría a uno o dos representantes de la comunidad para llevar a cabo la estimación de dichos bienes, juntamente con las personas designadas por el municipio, cada vez que debían realizarse estimes al conjunto de la población. La forma de actuación era similar en el caso de Valls, donde los presbíteros debían contribuir en principio por todo tipo de bienes, aunque dependiendo del tipo de «talla», y especialmente por los beneficios eclesiásticos y aniversarios (más detalles en MORELLÓ, «De contributionibus fiscalibus»; MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, pp. 411 y s.). En Balaguer (sentencia de 1395), los religiosos de la ciudad (canónicos y presbíteros) sólo debían declarar los bienes inmuebles, y, como los demás vecinos, por la mitad de su valor. Nos consta que el mismo principio se aplicaba en la Selva del Camp según una concordia establecida en 1353; aún en las valies de 1404 se indica, respecto a los religiosos, que debían contribuir por la mitad de su patrimonio. En Igualada se registra la siguiente declaración: «Valia dels preveres de la villa d’Agolada feta per los honrats e discrets en Vicens

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Por lo que se refiere a los nobles, su total exención duró hasta que las disposiciones del rey les obligaron a contribuir por aquellos bienes de su propiedad que procedían, sin embargo, de personas contributivas. Éste fue el caso de los miembros de la baja nobleza —caballeros y donceles, «homes de paratge» o «generosos», etc.—, que fueron presionados por el municipio para declarar por los bienes que hubieran adquirido «de pagesia», esto es, de aquellos que no formaban parte de sus «cavalleries» y que ya solían contribuir en las tallas municipales.86 Juristas y médicos, por su parte, reclamaron exención por su condición privilegiada alegando derecho común, algo que no siempre les fue reconocido. Incierto y en todo caso desigual fue el caso de los funcionarios regios, como bailes y subalternos. También aquí la tensión es evidente entre los Consejos, que pretenden que manifiesten sus bienes todos los funcionarios afincados en una localidad, y los afectados —o, en todo caso, los altos funcionarios u oficiales regios o señoriales—, que durante mucho tiempo lograron evitar este tipo de sumisión al Consejo municipal.87 También se encontraron exentas las personas francas, o sea, aquellas personas que fueron enfranquecidas unilateralmente por el rey del pago de cualquier tributo real y vecinal, y también las personas enfranquecidas por decisión municipal. El primer grupo fue reduciéndose paulatinamente e ingresaron en el colectivo de contribuyentes. Pero, salvo excepciones, la mayoría de personas que se beneficiaban de franqueses otorgadas por el municipio Tores e P. Miró, benificàs en l’esgleya paroquiall de madona Sta. Maria d’Agolada alests per los honrats e discrets rector e benificàs de la dita villa a fer la dita vallia (...), la qual vallia fou feta en la casa d’en Antoni Cario (?) de la dita vila a xiii del mes de otubre dellay de nostro seyor MCCCC e denou: Primo, mosé lo rector per los béns de la rectoria etc.» (AHMI valies de 1420). 86 En Valls (1378) aparecen anotados algunos nobles en las estimes, sin ser identificados como tales excepto en un caso, y con estimaciones manifiestamente bajas, puesto que únicamente se referirían a bienes de contribución (de pagesia) que estuvieran entonces en sus manos (la estimación global de dicho siti no permite conocer qué tipo de bienes se tenían en cuenta). En las posteriores estimes, la inclusión de nobles se reduce a casos muy concretos (MORELLÓ, La incidència de la fiscalitat municipal; MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, pp. 416-418). En Balaguer (1412-1413) los nobles sólo declaraban el siti, con la consiguiente reducción a la mitad de su valor. En Cervera, según un privilegio real de 1406, debían contribuir por los bienes adquiridos que ya eran de contribución (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). También aparecen registrados algunos nobles en las estimes de Tárrega (1501), estimes donde, como en los demás declarantes, sólo se da cuenta de los bienes inmuebles. 87 En Cervera (s. XIV), según Pere Verdés, sólo deberían contribuir los cargos menores (carceleros, sayones, verdugos, etc.), situación que fue modificada en el s. XV cuando se consiguió que los oficiales principales (veguer y baile) contribuyeran al menos por las propiedades que eran de contribución (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). En Reus (1391) aparece registrado «l’onrat Berenguer Aymerich, batlle del loch de Reus», aunque sólo lo hace por una pieza de tierra; en las posteriores estimes de 1445 tan sólo quedan registrados los oficiales menores. En Valls, por el momento tan sólo hemos localizado la estima de un sayón (estimes de 1397). En Igualada se llegó a un acuerdo con el baile para que sólo contribuyera por una cantidad fija anual (como así figura anotado en las valies de 1404).

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no eran eximidas de aparecer registradas en los libros de estimes —pero por los bienes por los que sí debían contribuir—, aunque era necesario advertir de su situación especial a efectos tributarios.88 En cierto modo, se utilizaban los libros de estimes como medio de control sobre esos residentes recién instalados, que aún no habían adquirido la condición de plena vecindad. Diferente era el caso de los judíos, que en un principio estaban exentos de la tributación municipal puesto que dependían directamente del rey y a él aportaban su tributo directamente. Sin embargo, y en sintonía con la política contributiva de los municipios en los siglos XIV y XV, en los libros de estimes encontramos un apartado dedicado a los judíos, en el que se anotan las propiedades que habían pertenecido a vecinos cristianos —sujetos a contribución— y que por tanto debían seguir siendo declaradas y tributar por ellas, o aquellas propiedades que probablemente se encontraban localizadas fuera del barrio judío o call.89 En cambio, los conversos quedaban asimilados a efectos fiscales al resto de la población, teniendo que declarar en las estimes como cualquier otro contribuyente.90 Finalmente, el caso de las corporaciones o de las personas jurídicas sufrió una evolución similar a la de otros supuestos: del siglo XIV al XV se observó una tendencia desde la no anotación de sus bienes hacia la anotación efectiva y la consiguiente tributación por ellos. Esta tendencia afectó tanto a instituciones religiosas —conventos o monasterios, comunidades de presbíteros, órdenes militares, etc.— como a entidades laicas —como cofradías, hospitales, pobres vergonyants, obreries, comunidades de regantes, etc.—.91

88 Así, en Balaguer (1412-1413) tales declarantes son anotados por los bienes inmuebles, indicando el tiempo de duración de la franquesa. De forma parecida, en las estimes de Valls (s. XV) se indican qué personas estaban disfrutando de una franquesa, desde cuándo y por cuánto tiempo. 89 En Valls aparecen anotados varios judíos en las estimes de 1378, pero sólo por el siti, de manera que es posible que sólo afectara a los que tuvieran bienes de contribución (esto es, ubicados fuera del call). En Balaguer (1412-1413) los judíos, como otros grupos especiales, son anotados en las estimes únicamente por los bienes inmuebles, que son tasados a la mitad de su valor. En Cervera aparecen anotados en los manifests del s. XV básicamente por propiedades inmuebles que habían sido de cristianos. 90 En las estimes de Valls de 1397 (posteriores al pogromo de 1391) aún aparece registrado un judío únicamente por el siti (aunque por aquel entonces ya había emigrado a otra localidad) y varios conversos, tanto por el siti como por el moble. También en la Selva del Camp (1404) aparecen registrados un par de conversos. 91 En Cervera, este tipo de instituciones comienzan a aparecer en los manifests del s. XV y no antes. En Tárrega, en el correspondiente índice de quarter de Sta. Maria, se incluye la «stima dels pobres vergoyans», «de la verge Maria de la Speraça», «de la comunitat dels preveres» e incluso «de la universitat de Tàrrega» (ACUR estimes 1501).

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4.2. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN FAMILIAR

La titularidad de las declaraciones que hallamos en los libros de estimes varió entre el siglo XIV y el XV. Una primera exploración de un libro de estimes catalán del siglo XIV muestra a simple vista que la inmensa mayoría de las declaraciones pertenecen a hombres. Esto es debido a que la capacidad jurídica no se identificó con la capacidad tributaria. A efectos fiscales y tributarios, la unidad de cómputo que dejó su impronta en las estimes fue el foc. Otra cosa es que dentro de un foc conviviesen patrimonios de titularidad diversa: a saber, el del propio esposo o cabeza de familia, el de la esposa —que en Cataluña disponía de un patrimonio propio diferenciado del patrimonio del esposo—, el de los hijos emancipados por matrimonio o por otras vías, el de tíos, sobrinos u otros parientes, y, en fin, el de viudas y de menores huérfanos. El primer problema que reflejan las fuentes es el contenido —personal y material— de la denominación foc, algo sobre lo que se han interesado demógrafos, sociólogos, historiadores de la familia, etc. En lo que nos atañe, por lo general en un libro de estimes las adscripciones de bienes se hacían a partir de las declaraciones de los caps d’alberg (equivalente al cap d’hostal de las ciudades y villas occitanas), lo que sería sinonimo de foc. Como se ha dicho, dentro de un fuego podían cohabitar padres e hijos, con sus respectivas consortes, tíos y sobrinos, etc. En algunas localidades observamos una evolución o reconversión de los caps d’alberg en caps de casa, lo cual sería indicativo de cambios importantes no sólo en lo que concierne al marco físico en donde se cobijaba una familia (donde el alberg alude a la vivienda en su conjunto mientras que la casa era tan sólo una parte o dependencia de la misma)92, sino también al grupo familiar que ello implicaría; nos encontraríamos en la transición de un concepto de familia extensa, que podía agrupar distintas generaciones en un mismo hogar, a otro modelo que daría mayor importancia a las células familiares nucleares más restringidas o conyugales. Las estimes de los siglos XIV y XV registran albergs, con inclusión a veces de algunas casas; sin embargo, a lo largo del cuatrocientos debió de operarse la transición a la casa, que en otras estimes más modernas (siglo XVI) figura ya como algo plenamente generalizado.93 También cabe tener en cuenta que no todas las personas que 92 Por ejemplo, en Valls: «li fo preat una casa que ha dins l’alberch d’en R. Solsona» (AHCV estimes 1397, 194v); «I casa a l’alberg de son germà» (AHCR estimes 1445, 268r); «l’alberch en què stà ab la cassa que ha comprada d’en P. Farer» (AHMI valies 1481). A veces se establecen equiparaciones del tipo «casa o corral», etc. 93 En los manifests manresanos de finales del s. XV se constata la siguiente inversión en un espacio de tiempo muy corto: de 191 albergs y 99 cases (1485-1487) se pasa a 97 albergs y 260 cases (1490-1493); podría tratarse de un simple cambio de nombres, pero también podría ser reflejo de la aplicación de un

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aparecen registradas en los libros de estimes declaraban la vivienda, lo cual se podría interpretar de dos maneras: que hubiera viviendas eximidas de declaración o más bien que había titulares de bienes domiciliados en las viviendas que otros ya declaraban. Además del caso mayoritario de los caps d’alberg y caps de casa, las estimes recogen otros supuestos diferentes. Por una parte encontramos las declaraciones conjuntas de familiares, donde las más frecuentes son las de padres e hijos o de madres e hijos;94 encontramos también declaraciones separadas de padres e hijos.95 En algunas estimes hallamos los denominados bienes paternos en reserva, cuando en los traspasos de las herencias de padres a hijos, aquéllos podían quedarse en reserva algunos bienes por los cuales tendrían que declarar a cuenta propia.96 El caso de mujeres declarantes no es peculiar, y de hecho incluso los pregones públicos convocaban a las mujeres que correspondiera a declarar sus bienes.97 La presencia de mujeres en las estimes se reduce básicamente a dos categorías: como viudas —algo que no siempre se hace explícito en los libros de estimes— y como herederas de patrimonios cuando aún serían menores de edad o no habían contraído matrimonio (pubilles, hereves, filles de...). Tema aparte es el de los bienes dotales, que halla cumplido reflejo en las estimes, ya que los maridos solían declarar los bienes incorporados al patrimonio familiar por sus respectivas mujeres como dote.98 Hay tamcriterio diferente, tendente a favorer la disgregación en detrimento del reagrupamiento familiar; así, un incremento del número de casas vendría dado por la división de los antiguos albergs. En Reus, los albergs aún eran dominantes en 1445, pero ya en las estimes del s. XVI se había operado el salto a favor de la casa. Ambos términos (alberg y casa) seguían designando a la vivienda, pero en el fondo encubrirían distintas realidades familiares. Este hecho habría contribuido a desnaturalizar el concepto de foc tal y como venía registrándose en los fogatjaments desde el s. XIV. 94 Ej. «P. Benuç e sa mare» (AHCR estimes 1391); «Berenguer Bellvei e son fill Bartomeu»; «uxor d’en G. Enveja e son fill Pere»; «Berenguer Roig e son nét Vicenç»; «P. Miret e sa àvía» (AHCR estimes 1445); «Antoni Aguilló he son germà Joan Aguilló» (AHMR estimes de 1464); «Aymerich de Secabechs ab sa sogre na Ruberta»; (AHCV estimes 1445); «Pere Sastre e Gabriell sastre, son jermà» (AHMI valies s. XV), etc. 95 En Valls (1378) se anotan las estimes de Berenguer Cervera, prohom, y a continuación, pero independientemente, la de «Berengaró Cervera, fill» (67 v.), lo que también se da en el caso de Arnau Segura, prohom, y de su hijo homónimo (65 r.). El hecho de registrarse uno a continuación de otro podría presuponer que vivían bajo un mismo techo. 96 Por ej., Bernat Castelló de Espinaversa (aldea de Valls) justificaba que sólo tuviera estimados doscientos sueldos porque el resto ya había sido anotado a sus hijos (AHCV estimes 1378, 92r). 97 «ab aquesta crida manen a tot hom e a tota fembra de la vila de Cervera que (...) haien manifestats tots sos béns» (ACSG, Manifest 1378, 1r). 98 En las estimes de Valls y de Reus encontramos indicaciones del tipo «per l’aixovar de sa muller», «per ço que ha aüt de sa muler», «diners de sa muller», etc. En la Selva del Camp (1404) Andreu Oller declaraba «per ço que és vengut a part a sa muller per los béns de son pare». No sólo se podían incluir los bienes de las esposas sino también, como muestra el siguiente ejemplo, los bienes de las suegras: «A. Gomila ab los béns de sa sogre», concretado más adelante en «I troç de solrech de sa sogre» (AHCV estimes 1397,

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bién menores de edad o huérfanos —fill de tal, pubill o pubilla, hereu o hereva—.99 Finalmente no es extraño encontrar algunos bienes sin que se determinase a quién pertenecían directamente —béns de tal—.100 Durante el siglo XV se produjeron cambios importantes en la titularidad de las declaraciones. Se estableció la declaración independiente de los diversos matrimonios que podían convivir bajo un mismo foc; se controló que no se desviaran propiedades muebles de los padres a los hijos emancipados que seguían viviendo bajo el foc del padre y que sólo estaban obligados a declarar el inmueble; se controló igualmente que la defunción del titular de un foc no comportase la ausencia de declaración de la viuda. Además, como ya se ha indicado, en los libros de estimes se incorporó la declaración de los forasteros y de los judíos —en ambos casos en los supuestos correspondientes— y de las corporaciones o personas jurídicas. El mismo desplazamiento que habíamos observado desde un criterio personal hacia un criterio real ahora se producía en lo referente a la unidad de cómputo fiscal. Con cien años de experiencia, el foc ya no era la única unidad de cuenta. De hecho, el objeto del impuesto no variaba, pero los magistrados municipales promovieron varias reformas para evitar el fraude a la ley y que diversas bolsas de riqueza se escondieran utilizando las ambigüedades de un sistema administrativo y fiscal que todavía estaba en construcción.

4.3. PROPIEDAD Y POSESIÓN

A partir de la documentación conocida, se puede afirmar que lo más habitual fue que declarasen las personas que disfrutaban de la propiedad útil de un bien, o sea, la posesión en tanto que censatarios, arrendatarios, inquilinos, etc. Por tanto, si el titular del dominio útil era quien tenía que declarar los bienes que poseía por contrato enfitéutico, al titular del dominio directo le correspondía declarar y tributar por las rentas que percibía. La inscripción de 59r); y de forma parecida, en la siguiente indicación recogida en Igualada: «Item, l’alberch de sa sogre» (AHMI valies 1486). En 1445, Francoy Pahó de Valls aparece declarando en primer lugar por los bienes de su mujer y acto seguido es anotado él mismo (¿o un homónimo suyo?) por los bienes propios. 99 «se fan fer manifest dels béns del pupills» (1312). Como ya se ha indicado anteriormente, estos menores estaban representados por sus tutores o, en todo caso, se hallaban acompañados por parientes: «lo pubill d’en Miquel Benet ab sa àvía dels dits pubills» (AHCV estimes 1445). 100 En estos casos es posible que se tratara de herencias vacantes —sin heredero conocido—, o a otra forma de referirse a patrimonios legados a huérfanos; incluso es posible que se tratara de forasteros con bienes en la localidad. En las estimes/tallas de Valls de 1378, este enunciado aparece acompañado al menos en un caso de la indicación foraster.

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los censos que gravaban un bien es un tipo de información que aparece anotada en algunas estimes: así, puede figurar el recipiendario del censo —quizá para poder cruzar los datos entre los propietarios útiles y eminentes— o también la cuantía que se pagaba como censo —quizá para calcular el valor del bien en cuestión.101 Inclusión, pues, de bienes o tierras acensadas en relación con censos satisfechos a título perpetuo; pero, ¿qué pasaba cuando se trataba de tierras arrendadas? Algunos municipios intentaron incluir en las estimes aquellos servicios que eran objeto de arrendamiento.102 De hecho, todo lo que se refiere a arrendamientos, ganancias o réditos obtenidos a cambio de la prestación de servicios (emolumentos), remuneraciones o trabajos asalariados acabaría siendo objeto de tributación por medio de un impuesto sobre la renta, que comenzó a generalizarse en la segunda mitad del siglo XIV . Un problema diferente se planteó, como veremos más adelante, con los censales y violaris, lo que hoy calificaríamos de deuda pública; concretamente se planteaba si de las estimes se debían anotar, para su ulterior tributación, el capital vendido o el censo anual percibido.

101 En Reus, en las estimes de 1391 aparece un listado suplementario a cada declaración indicando los censos que se pagaban por cada tierra (cuantía y destinatario) y el correspondiente valor capitalizado. En cambio, en las posteriores estimes (s. XV-XVI) ya no se da cuenta de ningún censo. En Alcover (estimes s. XV) sólo se da cuenta de la cuantía del censo pero no del recipiendario; igual se observa en los manifests de Manresa (1408-1411) o en las valies de la Selva del Camp (s. XV). Por último, en los manifests de Cervera aparecen anotadas ambas cosas, cuando se daba el caso, ya que también se incluyen precisiones relativas a bienes no acensados (francs). Como se señala en Tárrega, el propio declarante debía indicar a los estimadors si pagaba censo o no por cada una de sus propiedades: «fahents menció (...) si les dites posesions que han, tenen e posehexen sien franques e quíties o si fan algun cens ho tribut» (ACUR estimes 1501, 1r). 102 En Cervera la persona que tenía la escrivanía del veguer se exclamaba en 1366 porque le instaban a contribuir por dicha escrivanía, siendo como era propiedad del rey, objetando además que ninguno de sus predecesores lo había hecho hasta entonces (ejemplo expuesto en MORELLÓ, Aproximació a les fonts fiscals, p. 437, n. 41). Un caso semejante se da en la apelación hecha por un notario de Valls (1404) diciendo que no le podían estimar la escrivanía porque era del rector, quien acostumbraba a arrendarla a otra persona. Aun así, fue incluida en las estimes a raíz del veredicto dado sobre la cuestión. Consecuentemente, no cabe extrañarse ante la anotación en las posteriores estimes de 1445 de la «escrivania dels contractes» (fol. 89 v; cf. MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 330). Volviendo al caso planteado en Cervera en 1366, la misma persona decía no saber por cuánto podía valorarse dicha escrivanía puesto que ignoraba qué emolumentos podía obtener de la misma (en consecuencia, no se llegó a señalar ninguna cuantía). Otros, en cambio, no pusieron reparos: al notario Antoni Toldrà le fue valorado el precio de tres años de un arrendamiento que duraba nueve años, tomando en cuenta pues 1/3 parte del arrendamiento [ejemplo extraído de Max TURULL R UBINAT , «Antoni Toldrà (notari del segle XIV ) i la “Summa Rolandina”», en Miscel·lània Cerverina, VI (1988), p. 49].

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5. QUÉ BIENES SE ANOTABAN EN UN LIBRO DE ESTIMES

El principio básico de la tributación directa en Cataluña fue la consideración de la capacidad económica del contribuyente, lo que se tradujo en la anotación en los libros de estimes de todo tipo de bienes o de riqueza. Los bienes declarados y anotados se diferenciaron en dos grandes grupos: bienes muebles, o moble, y bienes inmuebles, o siti.103 Sin embargo, ciertos bienes plantearon problemas a la hora de ser considerados como mueble o como inmueble. Esta distinción no era nada banal cuando sobre ella se aplicaban tipos de gravámenes diferentes a la hora de percibir impuestos en forma de tallas.104 Pero el principal caballo de batalla fue el planteado por las rentas —censales y violaris—, puesto que de su clasificación tipológica dependería que pudieran valorarse también las rentas percibidas fuera del término municipal, tanto de personas como de instituciones foráneas.105 En consonancia con el objetivo de las estimes, se debía recoger una relación detallada de toda la riqueza del contribuyente.106 Así como se procuraba hacer un inventario bastante detallado de todos los bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales,107 en cambio en los bienes muebles se tendía a generalizar más que a detallar. 103 «manifest de tot ço que han, axí de movent com de seent» (sentencia de Guillem de Vallseca, 1312); «sie fet manifest de tots lurs béns mobles e sients» (ACSG, Manifest 1412, 1r); «de tot quant hant, seent et movent» (costums de Tortosa); «tots hagen a manifestar tots llurs béns mobles e sients» (Lérida, 1403); «fetes les presents valies o manifests de tots e sengles béns, així sients com movients» (Capellades, 1425). De forma más precisa, fue establecido en Cervera declarar «bona tam mobilia quam inmobilia quam se moventia, pecunias, merces et alia bona, jura et credita que habet vel habebit ubique» (ACSG, Privilegio del infante Juan, de 1366). En las estimes de Tárrega sólo se tendrían en cuenta los bienes inmuebles: «posesions, ço és, alberchs, terres campes, vinyes e orts, axí en lo terme de la dita vila com en los térmens veynals e amprius de aquella» (ACUR estimes 1501, 1r). De forma parecida en Verdú (1548): «de tots els camps, vinyes, terres, cases, possessions i qualsevol altres béns i els fruits i emoluments etc.». 104 En Lérida (1403) se discutía si las botas de madera de guardar vino debían computarse entre el mueble o el inmueble, llegando a la conclusión de «que de aquí avant sien comptades e manifestades per moble e no per seti» (GRAS, Història de la Paeria, p. 166). 105 En Valls, como aún no se había resuelto el pleito planteado con los censalistas de la población, se optó (estimes de 1378) por anotar todas las rentas aparte del moble y del siti. En Lérida (1403) los censales y violaris, además de ser considerados desde el punto de vista de la renta, debían ser declarados como riqueza mueble (GRAS, Història de la Paeria, pp. 165-166). En cambio, en Cervera las rentas pasaron a ser consideradas como inmuebles (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). 106 Ya nos hemos referido a la existencia de registros híbridos, mitad libro de estimes y mitad libro de talla. En las estimes de Valls de 1378 se anotan las valoraciones correspondientes a los bienes muebles e inmuebles (siti) globalmente considerados, sin detallar su composición (aparte se anotan diferentes tipos de rentas), y todo va acompañado del valor de tasación correspondiente a la repartición de una talla. En el registro de Balaguer de 1412-1413 sólo se da una lista detallada de los bienes inmuebles en un 15% de las personas inscritas, en el resto se ha optado por ofrecer una valoración global de la riqueza mueble e inmueble (por separado) de cada contribuyente (TUGUES, El llibre de l’estima de 1412-1413). 107 Como se indica en Valls (1396), las propiedades (y también los vexells) se debían anotar «singularment e nomenadament» según la manera como irían siendo declarados (AHCV Consell 1393-1393, 110 v.).

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Aquí la tendencia fue de la concreción y del detalle a la generalización y la abstracción. Si bien algunas estimes del siglo XIV detallan minuciosamente el mueble, en general, y sobretodo en el siglo XV, los volúmenes de estimes suelen anotar valoraciones globales del moble, puesto que la relación al detalle de todos los bienes contenidos se elaboraba aparte, quedando plasmada en cédulas u hojas sueltas, algunas de las cuales aún pueden ser localizadas. A estos documentos debemos recurrir, pues, a la hora de intentar conocer qué tipos de bienes muebles eran tenidos en cuenta.108 Los bienes calificados de muebles eran de diversa índole. Anotemos, en primer lugar, los objetos muebles que pudieran hallarse en cada vivienda.109 El dinero —cabal— y las inversiones en capital o en rentas: se trata, en primer lugar, del capital o dinero líquido, donde se suelen declarar cantidades de dinero —diners e cabal, o simplemente diners, cabals...—. Es posible que esta categoría de cabal funcionase como un comodín en tanto que sería una cantidad aproximada impuesta a los declarantes en función de su condición social o profesional. También se anotaba el capital invertido y el capital adeudado,110 cuando se declaran deudas —o diners que li deuen—, sin mayores precisiones, por lo que en general no podemos saber quiénes eran los deudores de tales cantidades. Siguiendo con los bienes muebles, ocupan un lugar destacado los recipientes o vasos contenedores de líquidos, como vexells y bótes, que eran recipientes utilizados sobre todo para el almacenamiento de vino.111 Los productos agrícolas indicados varían de un

108 En Reus, por ejemplo, tenemos el caso de cédulas localizadas en algún volumen del fondo notarial, como la astima d’en P. de Marcha (1387), donde figuran carabaces olieres, una capa morada, un capçal, una candelera, un corn, unes olles, una taula amb posts, etc. además de ropas (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 333). 109 En las valies de Igualada, hay anotaciones al moble de casa, equivalente a lo que en Cervera era la bàscola d’alberg. En Reus, en la mencionada astima d’en P. de Marcha (1387) figuran carabaces olieres, una capa morada, un capçal, una candelera, un corn, unes olles, una taula amb posts además de la alusión a ropas. Sin embargo, es posible que más adelante se pasara a procedimientos más expeditivos. En la misma localidad, a partir de las estimes de 1445 podemos distinguir los siguientes grupos de bienes muebles: moble, stocks agrícolas, ganado, dinero líquido o invertido y rentas (censals). En Manresa (1480) los bienes muebles que sí se debían declarar eran los siguientes: recipientes (botas), stocks agrícolas (cosechas y frutos almacenados); ganado; metales u objetos preciosos (oro, plata, joyas) y dinero. 110 En Reus (1445) abundan las declaraciones de diners, indicándose alguna vez que estaban invertidos en negocios ganaderos. También se declaran deudas (o diners que li deuen), sin mayores precisiones, por lo que no podemos saber, salvo en contadas ocasiones, quiénes eran los deudores de las cantidades. 111 Los manifests de Cervera, como los de otras localidades, incluyen la estimación de vexells vinaders; los de 1476 anotan los siguientes tipos: thona, tina, cub, barrill, bóta, carretell, gerres (CANELA, Los libros del manifest de Cervera de 1476). En otros casos, como en Valls (1402), se valoraba un tipo de recipiente denominado bóta maresa. En las valies de Igualada, dentro de la denominación genérica de vexells, podían registrarse tones, bótes maresses, cups, carratells, folladores, etc. En Balaguer (1412-1413) figuran los siguientes: vexels, bóta, bóta maresa y tina. En Manresa hay indicaciones de bótes, tones (también tines) y folladors, pero lo más corriente era anotarlo todo bajo la etiqueta genérica de vaixella de celler (TORRAS, La crisis del segle XV a Manresa, p. 83). En algunos casos, como en Igualada (1404), se solía indicar la capacidad que tenía cada recipiente: «Item, vexels una tona de XIIII sestés; Item, altre tona de X sestés;

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lugar a otro, siendo los más habituales los típicos de la trilogía mediterránea;112 en algunos lugares se solía indicar, además, la cantidad de cada producto.113 Por lo que respecta a stocks artesanales, resulta cuando menos problemático saber en qué casos recibían esta consideración. De hecho, parecería que la gente de oficio sólo debía declarar sus instrumentos de trabajo; lo que producía pasó a ser gravado con un impuesto sobre la renta, toda vez que ya debía pagar en las imposicions por aquella parte de su producción que ponía a la venta.114 Los instrumentos de trabajo también se hallan anotados en las estimes,115 igual como la ganadería,116 la apicultura,117 los libros —aunque sólo se citan como posibles bienes eximidos de contribución—, los esclavos,118 la ropa —generalmente de vestir—119 y los objetos preciosos. Item, altre de VIIIIº sestés; Item, altre de VII sestés; Item, altre de VI sesters» (anotado todo en la valia de Francesch Artiga y Johan Oller). 112 En Reus (1445) aparecen anotados principalmente cereales (blat o también gra, a veces harina), vino y aceite, y, en menor medida, habas y roldor (o emborrachacabras, planta utilizada en el curtido de pieles). Las legumbres, como las citadas habas, también eran tenidas en cuenta en Valls. El azafrán era otro producto objeto de estimación en localidades como Cervera, Igualada y Balaguer. 113 «Item, cabeça de saffrà X migeres; Item, bri de saffrà I lliura; Item, forment VIII quarteres; Item, entre ordi e avena IIII quarteres / Item, vinum XXXIIII sestés» (valia de Francesch Artiga y Johan Oller; AHMI 1404). La inclusión, en la valia de Francesch Mas, de «I bachó de carn salada» hace suponer que en el caso igualadino también se tenían en cuenta alimentos o reservas de otro tipo, no sólo agrícolas. 114 En Valls (1402) se preveía tasar diferentes materias como lana, cáñamo y lino, utilizadas en la manufactura textil. Por lo demás, cabe fijarse en determinadas estimaciones de bienes de algunos declarantes, como la «llana e estam tot filat» anotada por cierta persona en las estimes de Reus (1445), o las cien tejas declaradas por una mujer de Valls (1445); no descartamos que se anotaran porque se consideraran materias vendibles. En Reus, hay que esperar a las estimes más tardías (s. XVI) para encontrar de manera explícita estimaciones de «mercaderies». 115 En las valies de Igualada aparecen estimados los «areus del obrador», «aynes de son obredor». En Reus (estimes del s. XVI), tratándose de menestrales, suelen valorarse las «aynes de son ofici», sin especificar más. 116 En Manresa (1408-1411), entre los bienes muebles podían figurar mulos y asnos. La anotación de mulos, o animales parecidos como las someres, también figura en las estimes de Alcover y la Selva (s. XV). En Igualada (1481), no sólo se especifica el tipo de animal sino también el número de cabezas: «bestiar manut CCXII caps; Item, I mula; Item, hun assa» (valia de Anthoni Matheu). En cambio, en Valls, según parece, sólo se valoraba la ganadería lanar: carneros (moltons), ovejas, xets y borreguitos (anyells). En los correspondientes libros de estimes, todo se anotaba bajo un solo título, igual que las anotaciones de «bestiar» que figuran en las estimes de Reus (1445). Sí se percibe un interés, en cambio, en dejar indicado si la tenencia de dicho ganado era compartida a partes con otras personas, para ser tenido en cuenta en la correspondiente valoración. Las inversiones realizadas en negocios ganaderos debían ser contabilizadas como capitales. 117 También la posesión de abejas era un tipo de riqueza que debía valorarse, como documentamos en el caso de Reus (1445) o de Valls, donde se incluía una tarifa relativa a la «arna» de las abejas, además de tomar en consideración ciertos productos derivados (miel y cera). 118 La inclusión entre los bienes patrimoniales de esclavos o esclavas está atestiguada en los manifests de Manresa (1408-1411), donde se contabilizan hasta 28 individuos en esa condición (TORRAS, La crisi del segle XV a Manresa, p. 84). En Reus tenemos constancia de la inclusión de un catiu en las estimes de 1445, formando parte del listado de bienes muebles de Antoni Ferrer. 119 En la estima de un tejedor de Igualada (1404) se incluye el «vestit d’el e de sa muller» y «VI canes de drap escur». La inclusión de ropa también se hace explícita en Manresa (1408-1411): «vestit e altra roba de casa».

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Sin embargo, paulatinamente se fue formando un núcleo de bienes muebles que no era obligatorio declarar y que estaba formado por la ropa de vestir y de la cama, las joyas, los animales de trabajo y por todo objeto de uso cotidiano. En un contexto de crisis social y económica, este núcleo exento creció, y a finales del siglo XIV y durante el siglo XV la riqueza mueble declarada en las estimes quedó prácticamente reducida a mercancías o materias vendibles (azafrán, vino, cereal, aceite), recipientes para el vino, ganado, dinero y rentas120 y, finalmente, un indeterminado moble o el binomio moble e cabal, que posiblemente podría tratarse de una cantidad mínima fija de muebles y objetos del hogar.121 El catálogo de bienes inmuebles anotado en las estimes es mucho más simple, y por su ubicación se podría clasificar entre propiedades urbanas y rurales.122 Entre las propiedades urbanas hallamos diversos tipos de edificaciones. En primer lugar viviendas —albergs o cases, como exponente de distintas realidades según lo ya dicho anteriormente—; generalmente, se trata de los bienes más valorados de cada patrimonio que se declara. En segundo lugar instalaciones para la transformación —trulls, cups o piques d’oli —,123 talleres —obradors—, molinos de cualquier tipo —y no sólo harineros— y hornos para cocer el pan. Según se hace explícito en alguna ocasión, estos molinos y obradors eran estimados con todos los instrumentos o arreos que contenían; dependencias para usos diversos: bodegas —cellers—, tiendas —botigues—, taules, hornos o instalaciones para la fabricación de tejas, curtidurías —adoberies, blanqueries, calciners— y establecimientos relacionados con otras actividades industriales —tiradors, saboneries...—; solares —patios—, huertos o vergeles —vergers—, que podrían ser partes traseras o colindantes a la vivienda, y femers; dependencias para guardar el ganado —corrales, esta-

120 En las estimes de 1445 de Reus podemos distinguir los siguientes grupos: moble, stocks agrícolas, ganado, dinero líquido o invertido y rentas (censals). En Manresa (1480), entre los bienes muebles que sí se debían declarar había recipientes (botas), stocks agrícolas (cosechas y frutos almacenados); ganado; metales u objetos preciosos (oro, plata, joyas) y dinero. 121 «Galvany Torroella, assaúnador, posaren-li pahers e pròmens per moble e cabal, quatre lliures» (ACSG, Manifest 1490, 98r; VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). 122 Tal era la división trasplantada a los libros de estimes de Reus entre los bienes que había en el núcleo de la población (clos) y los del término (tierras), de acuerdo con el método adoptado en las comisiones de estimadors, ya señalado antes. 123 La valoración de cups podía ser incluida en la estima de la vivienda, como parte integrante de la misma (Reus, 1445). En Manresa (1408-1411) hay declaraciones de trulls y piques d’oli; y en Balaguer (1412-1413), de cups y truylls. Ahora bien, la mención a truylls se presenta como una precisión que acompaña a la declaración de la vivienda y que debía ser tenida en cuenta a la hora de fijar la estima. En Cervera, en 1427 se abrió un debate sobre la posible inclusión de cups en la declaración de bienes (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»).

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blos...— y cabañas localizadas en el ámbito rural circundante; puntualmente también palomares —colomers—. Entre las propiedades rurales la diversidad es igualmente notable.124 Dentro del término rural, se valoraban las explotaciones —masos—, las parcelas de tierra, y aun otros bienes como pastos, eras, cabañas de pastor, hornos de fabricación de tejas, arnas y, en fin, cualquier componente de la riqueza rural. Habría, por una parte, parcelas de tierra de diversa índole, y por otra fincas o explotaciones enteras —masos o masies—. En estos casos, se valoraba todo: desde la vivienda con sus dependencias —inclusive los bienes muebles que contendrían— hasta las tierras que formaban parte de la misma finca.125 Por lo que respecta a las parcelas, hay, según el lugar, una gran diversidad de términos utilizados, tales como propietat, honor, alou, possessió, heretat, etc.; pero los hay referidos sobre todo a características morfológicas, como troç de terra o simplemente troç, peça de terra, terra campa, camp, sort, parada, bancal, feixa, tira, clot o clota, sot, irla, etc. A veces se usan términos un poco más precisos, relativos al tamaño de las parcelas, como jornals, quarterades, quartons, fanegades, etc. Naturalmente, tampoco faltan anotaciones de parcelas de regadío, como solrec, terra de reguiu o simplemente reguiu, apartado en el que deberíamos incluir todos los huertos y también otras parcelas situadas en ámbitos hortícolas —tria o trilla—. Se pueden hacer precisiones del tipo mitja quarterada, mig jornal, la meytat de..., una part de..., mig hort, lo cual podría ser indicativo en ciertos casos de traspasos recientes o de divisiones por razón de herencia. Otra forma de anotación es a base de señalar el tipo de cultivo que tuviera cada parcela: entre las tierras cerealistas hallamos terra de pa, terra de blat, etc. aparte de otras denominaciones ya citadas como las de terra campa, que seguramente deberían estar dedicadas a dicho cultivo, u otras plantaciones agrícolas como vinya o mallol, olivar, ferraginal, figueral, garrofar, roldorar, etc. Podemos señalar la utilización de términos diferenciados en número según el caso, como olivar frente a oliveres o figueral y figueres, lo que podría ser un indicio vago del número de árboles plantados. Otras veces se recurre a ciertos diminutivos como olivaret, sortanela etc., sin duda indicativo de plantaciones muy pequeñas. En algunos casos, se señalan diferentes cultivos —los llamados cultivos promiscuos— para una misma parcela: terra de pa e 124 Como se advertía en Valls, se debían valorar todas «les terres e possessions de la dita vila e tèrmens d’aquela» (ordinacions 1369, cap. XIX). De forma más precisa, también se debían valorar «terres campes, vinyes e orts» (Tárrega, 1501); «vinyes, terres, camps, holivars, ors , boschs, terres cultes e incultes» (Verdú, 1549). 125 «avaliam lo mas ab totes ses terres e moble e esplets» (valies de la Selva, 1404); «I masia ab ses possessions» o bien «I masia ab ses propietats» (estimes de Alcover, s. XV); «lo mas ab sas terras»; «per lo moble qui.ss’és trobat dins lo mas, estimat ab sse voluntat» (estimes de Riudoms, 1464).

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vinya, terra de pa e oliveres, etc. Otras denominaciones de parcelas son canyar, argilagar, botjar, artigues, etc. Algunos cultivos se muestran más específicos de algunas zonas, como el azafrán, registrado en algunos «manifests» del interior de Cataluña —como Cervera o Balaguer— formando parte de una región dedicada a la explotación y comercialización de este producto, o el cultivo del avellano en las estimes del Camp de Tarragona. También se podían incluir bosques, a veces especificando tipos de árboles: alzinar, alberedes, etc. Al margen de las tierras de cultivo, cabe señalar anotaciones de pastos o de tierras acotadas para la ganadería —devesas y prados—. Sin olvidar, por otro lado, las tierras improductivas, abandonadas o en barbecho: erms.126 Por último, también pueden aparecer valoraciones de las cosechas o esplets, siempre y cuando fueran considerados como parte integrante de las tierras que los producían, esto es, también como siti.127 El tema más conflictivo y más variable fue la anotación de las rentas, sobre todo censales y violaris. Tanto los censos enfitéuticos como los censales y violaris fueron incluidos en las declaraciones de bienes.128 En algunos casos, era importante anotar si estas rentas eran cobradas de personas foráneas, y también si eran cobradas del propio municipio o de otros municipios. En algunos casos se anotaban y se computaban junto con el inmueble, mientras que en otros casos formaron una tercera categoría, detrás de mueble e inmueble. Pero además se discutió constantemente si debía declararse y pagar por el capital vendido o por la renta percibida, siendo la primera la solución la más habitual.129 126

En las estimes de Reus (1445) se hacen precisiones del tipo terres de pa ermes, vinyes ermes, etc. En Valls (1378), en la sección correspondiente a los terratinents o posesores foráneos se da cuenta de tasaciones de esplets junto con las parcelas. Aún en las estimes de 1397 se adjuntan esplets en algunas declaraciones de terratinents. Ello también se observa en las valies de la Selva (1404): terra de blat ab l’esplet o en otras posteriores (1471) donde los espllests se anotan independientemente, formando parte del listado de bienes muebles (aunque en este caso más bien se trataría de stocks agrícolas). 128 «que.ls manifests que fer-se deuen del moble e de censals e violaris» (ACSG, Consells 1377, 2r). En las estimes de Valls, los censos de carácter enfitéutico son etiquetados como censals ab lou o bien como censals ab senyoria. Otra manera de remarcar este carácter es mediante la precisión censals en fadiga e luïsme (estimes de Reus, 1445). De que se trata de censos enfitéuticos parece no haber dudas cuando se inserta la siguiente puntualización: censal sobre I alberg e sobre I tros de terra en fadiga e luïsme (263 r.). En las estimes de Valls (1378), además de los censals ab lou o ab senyoria ya indicados, se anotaron también violaris y censals sogits, o sea, censals morts. 129 En Lérida (1403), censales y violaris debían declararse por la renta, solución a la cual ya habían llegado durante la primera mitad del s. XIV otros municipios como Cervera. En cambio, en otras localidades se tendió a considerar tanto la renta como el capital. En Valls, después de la sentencia dictada en 1382, por el que se ponía fin al pleito sostenido con un grupo de prohombres de la localidad que percibían censales, fue costumbre anotar en las estimes tanto el capital como la renta. Merecen una consideración aparte aquellas rentas que eran percibidas fuera de la jurisdicción municipal. En Reus, aparentemente lo único que se debía declarar era el capital, a no ser que junto con el cabal se incluyera también la renta. En la Selva del Camp (1404) hay anotaciones del tipo sensal stimat lo cabal. 127

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El núcleo de bienes inmuebles anotados en las estimes apenas se redujo. Ocasionalmente los magistrados municipales decretaron algunas franquicias a determinados censales y violaris como forma de obtener condiciones favorables, aunque esto debió de limitar considerablemente la estimación de tales bienes si, según creemos, este fenómeno comenzó a generalizarse a finales del siglo XIV.130

6. CÓMO SE EVALUABA LA RIQUEZA ANOTADA EN UN LIBRO DE ESTIMES

La determinación del valor económico de los bienes declarados en los libros de estimes era una de las piezas clave del sistema tributario del impuesto directo. También aquí se observan importantes diferencias entre las primeras estimes, del siglo XIV, y las estimes más técnicas y elaboradas, del siglo XV. Durante el primer período se procedió por estimación directa del propio declarante y en el segundo se tendió a la estimación indirecta con la intervención de comisiones independientes que basaban su determinación en los volúmenes de estimes de épocas anteriores. Son diferencias que se añaden, a su vez, a la diferente manera de valorar los bienes muebles y los inmuebles.131

6.1. INMUEBLES

La estima asignada a un bien inmueble debía de corresponder generalmente a su valor venal o mercantil, lo que no excluye que, para obtener dicho valor, pudiera utilizarse como base de referencia la renta o posible renta que pudiera generar dicho inmueble, esto es, capitalizándola. Durante la primera etapa de las estimes el mismo titular de la declaración también indicaba el valor económico de las fincas urbanas y rurales.132 Esta valoración 130 En el caso de tener que declararse, también se quería dejar constancia de la exención: «dix que li fa la universitat de Cervera DCCC s. de violari (...) los quals li foren venuts ffranchs de questia e de tota servitut» (ACSG, Manifest 1375, 55r). De forma parecida en las estimes de Valls de 1378: «Item, XXX s. censals sogits: CCCLX s.; fals-li en Ffrancesch Pastor (...) que li vené franch de questia» (AHCV estimes 1378, 74 r). 131 A veces se siguió un distinto procedimiento de estimación según si se trataba de bienes muebles o de inmuebles. En Valls, se señalan distintas formas de proceder cuando, a instancias de la señoría, se ordenó «que lo moble cascun singular denunciàs ab segrament e les propietats los pròmens estimadors segons Déu e lurs consciències» (AHCV Claveria 1409-1410, 60v). 132 En la valoración de las tierras, por lo que sabemos de las estimes de Reus y de Valls (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, pp. 342 y s.), parece tenerse en cuenta sobre todo el tipo de cultivo (regadío versus

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era calificada como estimar, valiar, presar o taxar y se expresaba en moneda de cuenta —libras, sueldos y diners—. Las valoraciones de los inmuebles anotados en unas estimes difícilmente sufrían cambios y quedaron paralizadas desde mediados del siglo XIV, y ello independientemente de que variase el titular de la asignación de la finca. En este contexto, únicamente se estimaban, como es natural, los bienes que se incorporaban por primera vez en las estimes y aquellas modificaciones resultantes de las particiones de bienes por razón de herencia o de traspasos fraccionados. Estas incorporaciones delatan aquello que acabaría imponiéndose a lo largo del siglo XV: la estimación del bien ya no recaía en su titular sino en una comisión nombrada por el Consejo. El progresivo divorcio entre las estimaciones de los bienes inmuebles fijadas y cristalizadas en las sucesivas estimes desde mediados del siglo XIV y la realidad social y económica de la segunda mitad del siglo XV provocó que en algunas ciudades se estimase de nuevo la totalidad de los bienes inmuebles incluidos en las estimes. Pero esta ingente tarea ya no recayó en los propios titulares de los bienes, sino en comisiones formadas por los magistrados municipales, cargos de la administración financiera y prohombres del lugar. En algunos casos se aplicaron ciertas reducciones sobre el valor original del bien inmueble. Aún dentro del casuismo propio de estos detalles, la reducción más importante fue la del 50% del valor de todos los bienes inmuebles: si se aplicaba esta reducción, se podría aplicar el mismo tipo de gravamen sobre la suma, única o doble, de bienes muebles e inmuebles; por el contrario, pero de forma totalmente equivalente y con idéntico resultado, cuando los bienes inmuebles se anotaban por el 100% de su valor, el tipo de gravamen aplicable era la mitad del que se aplicaba a la suma de los bienes muebles.133 Además de esta reducción general sobre el inmueble, en algunos casos se dedujeron algunas cargas que soportaba una finca, como la que correspondía al censo que debía satisfacerse.134

secano), aunque tampoco podríamos descartar otros factores: tamaño y calidad del terreno, localización o distancia con respecto al núcleo de población, etc. 133 En Manresa el valor de los bienes inmuebles era rebajado a la mitad, mientras que los bienes muebles quedaban anotados por su valor íntegro. Este procedimiento fue adoptado siguiendo el modelo de Barcelona de 1312. En 1480 fue establecido rebajar la estimación de los bienes inmuebles a una cuarta parte de su valor y las deudas a la mitad, con lo cual se acentuaría la diferencia valorativa con respecto a los bienes muebles, aunque nada de ello queda plasmado en los libros de manifest posteriores a dicha fecha. También en Balaguer (1412-1413) la base liquidable se obtenía a partir de la reducción del valor de los bienes inmuebles a la mitad. 134 Así se hace explícito en Reus (1445), al menos por lo que respecta a las viviendas, con anotaciones del tipo «alberg levat lo sens».

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6.2. RENTAS

La determinación del valor de las rentas que debía ser anotado en las estimes —que en algunos casos se incluía dentro del inmueble y en otros formaba una categoría aparte—, no ofrecía esta problemática. No sin discusiones, los censales y violaris se valoraban por el capital vendido y no, pues, por la renta anual percibida. Sin embargo, desde finales del siglo XIV parece que fue generalizándose la exoneración de censals. Se trataba de un fenómeno en parte promovido por los propios municipios, que intentaban congraciarse con sus acreedores a cambio de obtener capitales más baratos u otros tipos de ventajas financieras. Con todo, podría ser que en ciertos casos dicha exoneración sólo afectara al capital, pero no a la renta.135 En cambio, los censos enfitéuticos parece ser que se capitalizaron considerando que el rédito correspondía aproximadamente al 5% del capital.136

6.3. MUEBLES

La estimación del valor de los bienes muebles sufrió un proceso paralelo al de la estimación del inmueble, pero con la particularidad de que se tendió a simplificar enormemente la variedad de bienes declarados. En los volúmenes de estimes del siglo XIV hallamos un elenco detalladísimo de todo tipo de bienes muebles con su correspondiente estimación económica, realizada por el mismo declarante o, quizá, para cierto tipo de bienes, aplicando unas tarifas —for o precio— establecidas por el municipio.137 Cuando se operó la 135 En algunas localidades, como Valls, fue convenido aplicar reducciones a los censals percibidos de forasteros —reduciendo el capital a la mitad de su valor— así como los percibidos sobre el mismo municipio —reducción a ¼ parte de la estimación—. Todas las demás rentas debían ser valoradas íntegramente (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 338). 136 En general, los censos enfitéuticos solían ser tasados en las estimes en un 5% o en porcentajes no muy diferentes. Ejemplo: «Item denuncia rebre sobre certs singulars censals ab loysme e fadiga XII s.: XII ll.» (estimes de Alcover s. XV). En Valls (1378), los censos enfitéuticos eran capitalizados al 5,5%, mientras que los violaris lo eran al 16,6% y los censales (sogits) al 7,14%, 8,33% o incluso al 10%. Más tarde (1402), dichos censals sogits tenían asignada una única tasa: 7,14%. Esta tasa de capitalización aún se mantenía en las estimes de 1435. 137 «lo Conseyll acordà que lo vi dels manifests fos aforat a III sous la migera» (ACSG, Consells 1377). Algunos libros de estimes contienen listas de los fors que fueron aplicados en el proceso de estimación. En Valls (1402), en el correspondiente listado, figuran diferentes tipos de cereales, legumbres, frutos secos, aceite, vino además de botas, diferentes tipos de animales, productos apícolas, materias textiles, plata y rentas (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, pp. 344-345). En la Selva del Camp (valies, 1522) dentro de les coses aforades se incluían igualmente diferentes tipos de cereales (blat, espelta, avena, ordi) y de animales (moltó, ovelles, cabra, crestó), además de vino (incluida una clase de vino conocida con el nombre de grec), aceite, roldor, avellanas, cal, argent, casas de abejas, cera y miel.

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simplificación de bienes declarables, muy probablemente su estimación siguió siendo hecha, como no podía ser de otra manera, por el propio declarante. A diferencia de los inmuebles, ninguna comisión podía determinar la cantidad de vino vendible que poseía una persona, ni la cantidad de dinero que guardaba, ni la dimensión de sus rebaños. En cambio estas comisiones nombradas por el Consejo serían las responsables de asignar el valor de aquella categoría comodín conocida como moble e cabal. Como deducción, hemos documentado la del valor de las deudas contraídas —siempre que también fueran declaradas por el acreedor—, que podían ser deducidas en algunos casos del total del mueble y en algunos del total global.138 Entre las exenciones de los bienes muebles, igualmente variada según los casos, se encuentran las siguientes: la de aquellos bienes necesarios para garantizar la subsistencia alimentaria de la unidad familiar, o sea, las existencias destinadas al propio consumo familiar, como un determinado volumen de cereal y de vino;139 los animales de labor o de tiro, como instrumentos imprescindibles para la subsistencia económica de la familia140 y la de los libros de médicos y juristas.141 También se podían considerar eximidas de contribución —y de estimación— las rentas vinculadas a instituciones benéficas como almoines, bacins, lluminàries, sagristies, etc.142 En general, se tendía a eximir de contribución a los bienes muebles de uso más o menos cotidiano, mientras que se sometían a contribución los bienes que generaban beneficios económi-

138 En Cervera (antes de 1381) al final de los bienes muebles aparece un apartado de deudas negativas. En Igualada (1404), no sólo hay anotadas las deudas (o rentas satisfechas como cargo a favor del declarante), sino que se restaba su valor de la suma global («és la vàlua de què deu pagar abatuts deutes»). El mismo procedimiento se hace explícito en la Selva del Camp (1404): «Sumen totes ses valies abatut son deute». En Reus (1445) se anotaron las deudas aparte con el objeto de poder ser desgravadas del total de la estima de cada contribuyente, aunque finalmente ello no se puso en práctica, pero tal posibilidad fue postulada en diferentes determinaciones del Consejo. 139 En Lérida (1403) se estipulaban las siguientes cantidades: 1 cafís de cereal y 40 mitgeres de most. El resto de existencias sería valorado como excedente o stock propiamente dicho: «de tot lo altre forment e vi que haurà cascun lavors hage a metre en lo seu manifest en la valia que comunament valran lavors» (GRAS, Història de la Paeria, p. 165). 140 En Cervera (1388) quedaban eximidos de declaración caballos y mulas, siempre y cuando no fueran arrendados: «si negun singular té cavall, rocí o mula en son alberg (...), que no·l sie tengut de manifestar, mas si·n té a salari, rahó e per loger, que·n haye a pagar e contribuy e a manifestar» (ACSG, Consells 1388, 18v). 141 Los libros de juristas de Vic debían ser estimados por una cantidad mínima, según una pragmática de Pedro III (1340) (TURULL, «El impuesto directo», n. 79). En Manresa estaban exentos los libros de médicos, juristas y hombres de ciencia en general (TORRAS, La crisi del segle XV a Manresa, p. 32). 142 La gestión de los bienes o rentas consignadas a este tipo de instituciones (en cierto modo paramunicipales) estaba a cargo de prohombres designados por el municipio. Tanto en Valls como en Reus, las únicas almoines registradas se localizan en las estimes del s. XIV.

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cos directos.143 Por lo demás, los beneficiarios de franqueses tenían algunos bienes eximidos de contribución,144 algo que era negociado de forma singular y particular en cada caso concreto.

7. CONCLUSIÓN

La historia textual de las estimes en Cataluña se remonta a principios del siglo XIV. Esta documentación se vincularía a la satisfacción de tributos directos proporcionales, como la questia del rey, por lo que fueron las ciudades y villas del realengo las que, con los correspondientes privilegios regios, se adelantaron en el proceso que conduciría a la difusión del principio de proporcionalidad (per solidum et per libram), que prefigura, a lo largo del siglo XIII, la realización de estimaciones de bienes. Sin embargo, de esta etapa primigenia no ha quedado ningún vestigio documental que certifique ni la efectiva realización de estimes ni, en su caso, cómo se llevaba a la práctica aquel principio de igualdad distributiva. Pero sin duda alguna, las estimes adquieren su plena razón de ser a mediados del siglo XIV, con la consolidación del sistema fiscal municipal. Es a partir de este momento cuando se convierten en un instrumento de base para la percepción de impuestos directos de carácter diferenciado (tallas), bien sea para pagar los donativos de la Corona o, más en general, para hacer frente a la multiplicidad de gastos —con el pago de los intereses de la deuda pública incluidos— de unas finanzas municipales mejor estructuradas y organizadas. Si bien las estimes nacen y son propias del ámbito urbano, no estuvieron presentes en todas las localidades catalanas de esta época. Pronto desaparecieron de las grandes urbes, como Barcelona, de forma paralela al abandono de la tributación directa, mientras que seguían difundiéndose en otras ciudades menores y villas del Principado. Aquí fue donde las estimes encontrarían su medio ideal. A lo largo del siglo XV, la confección de libros de estimes llegó a convertirse, en Cataluña, en una práctica regularizada en no pocas localida143 En Cervera, inicialmente (1336) sólo se escapaba de contribución la ropa —tanto la de vestir como la de cama—, las joyas de las mujeres, las armas y los equinos dedicados al servicio militar. Posteriormente (1381), no se debía declarar ni contribuir por vestidos, ropa de cama, arneses, armas, arreos de cocina, cofres y los bienes muebles de uso cotidiano en general, ni tampoco por las joyas, salvo si se vendían. De esta forma se limitaba la contribución a las mercancías u objetos que generasen beneficios comerciales (VERDÉS, «De com administrar les pecúnies»). En Valls, ni las armas ni la joyas eran considerados bienes contributivos, como se declaraba a finales del s. XIV en el pleito sostenido con los religiosos. En Manresa estaba exenta la ropa, tanto la de vestir como la usada en la cama y los utensilios para el servicio de la casa. 144 En Valls (estimes s. XV) se hacía distinción entre mobble de contribuïció diferenciado de aquel que era franch, aunque éste también debía declararse y anotarse en las estimes.

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des tanto de realengo como de señorío. Frente a otro tipo de censos fiscales (fogatjaments), las estimes eran un instrumento privativo de cada municipio, y su elaboración corría exclusivamente a cargo de los funcionarios nombrados por los Consejos locales, aunque siempre bajo la supervisión y la colaboración de los oficiales reales o señoriales, especialmente en este segundo ámbito. La estructura y las características internas de cada libro de estimes variaron enormemente de una localidad a otra, según los criterios adoptados en cada caso. En general, tuvo que pasar cierto tiempo antes de poder concretar mejor qué bienes y qué contribuyentes debían ser tenidos en cuenta en las estimes, lo que no siempre fue fácil de resolver a tenor de los conflictos surgidos, sobre todo durante el siglo XIV, con algunos grupos que se resistían a las presiones del municipio. La imposición del criterio real-territorial en detrimento del criterio personal, se enmarca dentro de este proceso conflictivo, siendo uno de los éxitos conseguidos por el municipio en su empeño por involucrar al mayor número de contribuyentes y de bienes, algo que también se habría conseguido con la posterior inclusión en aquellos registros de las personas jurídicas. Por el contrario, otros bienes pudieron escapar, bien de forma absoluta o parcialmente, a la evaluación fiscal, como parece haber sido el caso de las rentas enfranquecidas. Los primeros libros de estimes del siglo XIV habrían tenido un cierto carácter experimental, en contraste con la consolidación del modelo que destilan las estimes del siglo XV; en un principio, se tendía a valorar todo tipo de riqueza, tanto mueble como inmueble, algo que fue dejándose de lado para centrarse sólo en determinados tipos de bienes, previamente tipificados. A largo plazo, por tanto, se optaría por una mayor simplificación, como muestra la adopción de determinados clichés (por ejemplo, moble e cabal). Paralelamente se adoptaban criterios más técnicos, como lo muestran las tablas de tarifas utilizadas para valorar los bienes muebles. Las operaciones de estimación de bienes no sólo se vinculan a la percepción de tallas sino también de otros impuestos directos como eran los onzens y tasas similares, que implicaban la estimación previa de productos, rentas y ganancias que debían ser objeto de tributación por parte de dichos impuestos.145 Sin embargo, los libros de estimes no sólo tenían un uso fis145 Por ejemplo, en Cervera (1377): «com molts singulars sien en la vila que no han manifestat renda ne moble (...) que no pagaran quax res en l’onzè»; «los manifests que.s feren per lo XVIe e que tothom manifestàs tots sos béns» (ACSG, Claveria 1383, 53r). En los capítulo del onzè de Valls (1394) esto se hace explícito por lo que respecta al onzè del vino («que lo comprador del dit onzè puxa fer manifest per la dita vila et terme e juredicció de Valls, ço és a saber, quant vi haurà cascun singular que cascú li sia tengut de manifestar et mostrar tot quant vi haurà e açò ab sagrament»; «e aquell vi, ans que li’n traga [del término], haja a ésser stimat et manifestat per los jurats») y al del ganado («que’l comprador del dit onzè haja et puxa prendre manifest de totes les bèsties grosses et menudes etc.»). En Reus (clavería 1403) aparecen retribuidas algunas personas por «estimar lo nodriment de la vila i terme per raó de l’onzè», referido a las

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cal, pues también servían para encuadrar la población según la clasificación tripartita por manos.146 La inclusión en estos libros era sinónimo tanto de adscripción vecinal como de reconocimiento social.147 Cada vecino, además de unas obligaciones fiscales, también tendría reconocidos unos derechos en todo lo tocante a su participación en la vida política local, no sólo a la hora de tomar parte como votantes en las elecciones de los distintos oficios municipales, sino también a la hora de poder ocupar cargos. Pero además las estimes también podían servir como referente para la distribución de tareas militares, así por lo que respecta a la adjudicación de diferente tipo de armamento a cada vecino según la capacidad económica que tenía reflejada en las estimes.148 Por otra parte, después de todo lo expuesto parece evidente que los libros de estimes del occidente medieval contienen un tipo de información que puede resultar sumamente interesante para el estudio de la sociedad medieval en sus múltiples facetas. Estos volúmenes son imprescindibles para conocer la fiscalidad de las ciudades medievales, pero su conocimiento y aprovechamiento es altamente recomendable para muchos otros historiadores que no deberían tener perjuicios metodológicos para entrar en este tipo de fuentes. En este sentido, sin embargo, conviene que se tomen las debidas precauciones en la exploración y explotación de cada uno de los datos que suministran las estimes, porque, de lo contrario, se puede incurrir en falsas apreciaciones, pudiendo llegar a interpretar la realidad de manera sesgada. Sin duda alguna,

cabezas de ganado que estaban sujetas a dicho impuesto (Jordi MORELLÓ, «La problemàtica d’un impost a finals del segle XIV: la imposició de l’onzè a Valls el 1394», en Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 249-282; Jordi MORELLÓ, «Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelmes, onzens i similars», en Anuario de Estudios Medievales, 27 (1996), pp. 903-968; Jordi MORELLÓ, «La perception de l’impôt sur le revenu en Catalogne: “redelmes”, “onzens” et similaires», en D. MENJOT y M. SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, vol. 2, Toulouse, Editions Privat, 1999, pp. 373-397; MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, pp. 681-741. 146 Así se hace explícito en Lérida (1403): «que aquells que comunen ho manifesten o d’aquí avant comunaran ho manifestaran béns en valia de mils sols. inclusivament fins en deu milia sols. exclusivament sien dits de mà menor e collocats en aquella; e aquells que comunaran ho manifestaran béns en valia de deu milia sols. inclusivament fins en vint milia sols. exclusivament sien dats de mà mitjana e collocats en aquella; e aquells qui comunaran e manifestaran béns en valia de vint milia sols. (...) sien dits de mà major e collocats en aquella» (Rafael GRAS, Història de la Paeria..., op. cit., p. 169). En Valls (1454) se contemplaba el mismo principio clasificatorio cuando se hacía alusión a «tots los qui seran de mà magor segons les stimes qui huy són»; de forma que quien no estuviera registrado en las estimes no tenía derecho a participar en las elecciones de cargos del municipio: «que.lls qui stimat no hauran no entrevenguen en les eleccions per aquella volta» (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 351, n. 831). 147 Como se declaraba en Cervera (1476) en relación con todos aquellos «que.s trobaran éser dignes de manifest ni de pagar quístia o tall» (CANELA, Los libros del manifest). 148 Así se hacía explícito en Reus (1382): «quilibet habentes in valore VIII mille solidos, vel pro tanto solvat in libro valorum in tallis vel plus, isti tales habeant habere et emere de suo proprio una covinent cuyrase; et remanentes habeant habere bonum iuponem, pavegium vel scutum et lanceam» (MORELLÓ, Fiscalitat i deute públic, p. 352, n. 832).

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la celebración del simposio de Bercy en 2003 y la publicación de estas actas servirán para este propósito.

8. APÉNDICE: CRONOLOGÍA DE EJEMPLARES DISPONIBLES Y DENOMINACIÓN

El estado actual de la investigación sobre esta materia y una consulta en los principales archivos municipales y comarcales arrojan el siguiente censo provisional de documentos conservados de estimes o equivalentes. Señalamos a continuación las localidades, las siglas del archivo, la deno-minación del tipo de documento y los años (limitados a los siglos XIV y XV) de que se dispone de ejemplares; estos y otros archivos conservan estimes del siglo XVI. – – – – – –

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Àger: estimes (siglo XV) Alcover (AHA): estimes (1454-1466, 1473-1476, 14941496) Bagà: manifest (siglo XV) Balaguer (ACB): estima (1412-1413, 1436-1437) Capellades: valies o manifest (1425) Cervera (ACSG): manifest (1332 ref., 1340, 1352, 1355, 1366, 1369, 1374, 1375, 1378, 1382, 1397, 1399, 1407, 1410, 1412, 1421, 1426, 1437, 1447, 1451, 1460, 1469, 1476, 1483, 1490, 1497) Girona (AMG): estimes (1535) Guimerà (ACUR): manifest (frag. siglo XV) Igualada (ACI): valies (1404?, 1420, 1481-1493) Llimiana (ACB): manifest (siglo XV) La Selva del Camp (AMS): valies (1404, 1471) Manresa (AMMAN): manifest (1312 ref., 1408-1411, 14161417, 1419-1421, 1434-1435, 1445, 1453, 1480-1482, 1485, 1486, 1487, 1490-1493, 1495) Reus (ACR): estimes (liber valorum) (c. 1380, 1391, 1445, 1484?, 1496) Riudoms (AMR): manifest (1464, 1481, 1494) Tarragona: manifest Valls (ACV): estimes (1378, 1397, 1402, 1411, 1430, 1435, 1435, 1440, 1445, 1450, 1450?, 1460, 1470, 1485, 1490, 1495) Vilaverd (ACMO): valies (1500)

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AHA (Arxiu Històric d’Alcover); ACB (Arxiu Històric Comarcal de Balaguer); ACSG, (Arxiu Comarcal de la Segarra); AMG (Arxiu Històric Municipal de Girona); ACI (Arxiu Històric Comarcal d’Igualada); AMMAN (Arxiu Municipal de Manresa); ACMO (Arxiu Històric Comarcal de Montblanc); AMS) (Arxiu Històric Municipal de La Selva del Camp); ACUR (Arxiu Comarcal de l’Urgell); ACV (Arxiu Històric Comarcal de Valls); ACR (Arxiu Històric Comarcal de Reus); AMR (Arxiu Històric Municipal de Riudoms). [http://cultura.gencat.net/arxius/index.htm]

V ENTRE EL PODER REAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL EN CONSTITUTIONS Y ALTRES DRETS DE CATHALUNYA (1704)

1. INTRODUCCIÓN

¿Podemos llegar a comprender la hacienda municipal sin recurrir a su estudio jurídico? Parece evidente que no se puede comprender en su plenitud una institución sin conocer el derecho que la regula. Los documentos de aplicación han servido, hasta ahora, de fuente privilegiada para este conocimiento, pero no hemos profundizado lo suficiente en el conocimiento del derecho que regulaba las haciendas de los municipios medievales catalanes. Las fuentes de creación del derecho que propiciaron el nacimiento de las incipientes fiscalidades de las universidades catalanas a finales del siglo XII y a lo largo del XIII, y que moldearon sus perfiles a finales del siglo XIII y comienzos del XIV, tuvieron una doble procedencia: real —sobre todo privilegios regios— y municipal —costumbres y ordenaciones—. Pero en ambos casos se trataba de un derecho particular, que tenía por objeto el ámbito exclusivo de un único centro de convivencia. Poco importa que la forma de proceder para establecer tallas en Manresa y en Cervera pudiera ser parecida, o incluso idéntica, pero los privilegios regios que lo autorizaban eran, en cada caso, únicos y exclusivos para sus destinatarios. Igualmente exclusivo era el derecho emanado de las instituciones municipales. Se trataba, pues, de un derecho propio y particular, que en esta primera fase excluía una regulación general, tanto a través de un derecho propio como de un derecho común. Era una situación jurídica dominada por el particularismo jurídico y heredera de la Alta Edad Media, que poco a poco dejaría paso de forma paralela al renacimiento del poder legislativo, a la entrada en escena de un derecho general. Al estar impedido el conde de Barcelona para poder legislar unilateralmente con carácter general desde la Corte de 1283, los únicos derechos que podían tener un ámbito de aplicación general eran las constituciones aprobadas en las Cortes y el nuevo derecho de la recepción. Lo que ahora nos preguntamos es si el proceso de integración de los municipios —que disfrutaron de un notable nivel de autonomía hasta la Baja Edad Media— en una realidad política e institucional superior —que a partir de un

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cierto momento calificaremos de estatal— implicó algún cambio sustancial en la regulación jurídica de sus instituciones fiscales. Por lo tanto, nos preguntamos si el derecho general propio —el derecho creado por las Cortes— reguló, en parte o en todo, la hacienda municipal desde la Baja Edad Media hasta la promulgación del Decreto de Nueva Planta en 1715. Sigue estando pendiente el inicio de una labor de investigación, no menos importante, sobre el papel que jugó el otro derecho general y además completo, que era el ius commune, en materia de hacienda y fiscalidad. Por otro lado, y de forma paralela a este fenómeno de integración, la actividad hacendística desplegada por los municipios trascendía en muchas ocasiones —de forma muy intensa en determinadas coyunturas históricas—, el ámbito meramente local para entrar en contacto con otras instituciones y grupos sociales, hecho que exigió un tratamiento legislativo diferente al de épocas anteriores. Tras un trabajo de búsqueda y disección de las disposiciones contenidas en las Constitutions y Altres Drets de Cathalunya (en lo sucesivo CYADC ) sobre materia de fiscalidad y hacienda municipal, hemos renunciado a abordar el estudio según su localización topográfica en la compilación y hemos optado por desarrollarlo sistemáticamente en tres apartados, en función de la institución correspondiente. Los tres bloques son: las imposicions, el endeudamiento censal y la fiscalidad directa. La información relativa a las imposicions y al endeudamiento supone, con diferencia, la mayor parte de las referencias encontradas; y en consecuencia, ocuparán especialmente nuestra atención. De hecho, estamos ante un claro reflejo de la hacienda de las universidades durante la Baja Edad Media y la época moderna en Cataluña, puesto que el binomio endeudamiento censal-imposicions constituye el eje en torno al cual gira todo el sistema fiscal y financiero municipal, y tuvo unas implicaciones económicas tan importantes para la sociedad del momento, que lo convirtieron en objeto de atención en las CYADC. En estas páginas, el centro de gravedad se sitúa en el derecho compilado referido a la fiscalidad municipal y no en la propia fiscalidad municipal. No pretendemos volver a abordar el estudio del sistema fiscal municipal ni los elementos que lo integran,1 sino que esperamos completarlo en la medida de lo 1 La más clara, reciente y completa aportación sobre la formación y la configuración de la fiscalidad real y su relación con la municipal en Cataluña es la de Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d´Estat a Catalunya (segles XIII-XIV), Vic, 1995; y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360)», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (eds.), Actes. Col.loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 233-278; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La fiscalidad real en Cataluña (siglo XIV)», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 341-376; para la fiscalidad municipal, con las correspondientes remisiones y bibliografía reciente, Pere ORTÍ, Manuel SÁNCHEZ, Max TURULL, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», en Antoni Furió (coord.), Revista d´Història Medieval. La Gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV), Valencia, 7 (1996), pp. 115-134. Consideraciones jurídicas e institucionales sobre el donativo otorgado

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posible, a la vez que plantear nuevos interrogantes. Hasta ahora se han olvidado con frecuencia, y se ha tendido a obviarlas sin ninguna razón aparente, ya que estamos hablando de una fuente fácilmente accesible, las disposiciones aprobadas en Cortes y aquellas compiladas en las CYADC, que afectaban directamente la materia fiscal de los estamentos. Por lo tanto, además de contribuir a una mejor comprensión de las instituciones financieras municipales, también queremos revalorizar unos textos legislativos poco utilizados en esta clase de estudios. Utilizaremos la tercera compilación —segunda con valor oficial— por dos motivos: por su valor oficial y porque es la que abarca un período histórico más amplio, incluyendo el material reunido en la segunda compilación y las disposiciones de las Cortes de 1599 y 1702.2

2. CONSTITUTIONS Y ALTRES DRETS DE CATHALUNYA

En la época moderna, tres compilaciones de derecho propio de Cataluña3 fueron elaboradas en el marco de las Cortes. La primera compilación empezó con el nombramiento de la comisión que la debía llevar a cabo en las Cortes de al monarca en Cortes, en: Oriol OLEART PIQUET, Els greuges de la cort a la Catalunya del segle XVI, edición en microficha, Publicaciones Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, pp. 151-210. Para el Antiguo Régimen y un estudio que comprenda todo el Estado español, una buena síntesis para entender la hacienda de la Corona de Aragón, con sus diferencias cualitativas y cuantitativas con respecto a la de Castilla, y su participación e integración en la fiscalidad regia, véase Miguel ARTOLA, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982; el análisis y la interpretación siguen vigentes. 2 Tres son las ediciones disponibles de esta compilación, que toma su nombre del título dado al primero de los volúmenes: Constitutions y altres drets de Cathalunya. Se dispone de la edición encargada por las Cortes de Barcelona de 1702, que fue publicada en 1704; de la edición anastática publicada por el colegio de abogados de Barcelona en 1909; de la edición también anastática de editorial Base de Barcelona de 1973; y recientemente, la edición igualmente anastática del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya en Barcelona de 1994 (Constitutions y Altres Drets de Cathalunya. Estudio introductorio a cargo de Josep M. PONS I GURI. Barcelona, 1994). Citaremos esta tercera compilación de la manera habitual: 3ª CYADC señalando, a continuación, el volumen en cifras romanas y el libro, título y capítulo en cifras arábigas. 3 La bibliografía sobre la materia es abundante; sin embargo, nos remitimos a Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Manual. II, Madrid, 1996, 2ª ed. corregida, pp. 379-386. También, centrado en la primera compilación de 1495, el estudio introductorio de Josep M. FONT RIUS en Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, Barcelona, 1988, pp. VII-CXXXVII. Una síntesis clara y reciente sobre el proceso compilador en Cataluña, a cargo de Josep M. PONS I GURI como introducción en Constitutions y Altres Drets de Cathalunya, Barcelona, 1994, pp. I-XX. Con carácter de síntesis, Víctor FERRO I POMÀ, «Les constitucions i altres drets de Catalunya», en Documents jurídics de la Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 183-202. Sobre las fuentes del derecho regio —derecho de creación conjunta por el rey y las Cortes, y derecho de creación exclusiva del monarca— en Cataluña hay que seguir recurriendo a Joan EGEA I FERNÁNDEZ y Josep Maria GAY I ESCODA, «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta», en Revista Jurídica de Cataluña, 2 (abril-junio) (1979), pp. 249-294 y 3 (julioseptiembre) (1979), pp. 505-586.

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Barcelona de 14134 y fue impresa, aunque no promulgada por el rey, en 1495.5 La segunda tiene como punto de partida la decisión del monarca en 15536 y la petición de los brazos de 1564,7 para acabar publicándose en los años 1588-1589 con la autorización regia de 1585.8 Y la tercera, que es la fuente de este trabajo, fue acordada en la Corte de Barcelona de 17029 e impresa en 1704. De estas tres compilaciones, la primera no tuvo valor oficial, aunque fue utilizada y difundida; en cambio, la segunda y la tercera sí que son oficiales. Pocas diferencias hay entre la tercera y la segunda: su composición es la misma y el material compilado sólo varía en que en 1702-1704 se añadieron las constituciones aprobadas en las Cortes de 1599 y de 1702, algo que sólo afectó al primer volumen. Los volúmenes segundo y tercero son una nueva impresión fidedigna de la edición de 15881589. Con respecto al contenido, en el volumen primero se recogieron, ya desde la primera compilación, los Usatges, el derecho aprobado en Cortes —o sea, constituciones, capítulos y actos de corte—, Commemoraciones de Pere Albert y las Costumas de Cathalunya, con lo cual se había compilado el derecho general propio del Principado. En el segundo volumen se incluyeron, y así se hizo también desde la primera compilación, leyes del rey —pragmáticas, privilegios, provisiones, sentencias judiciales, sentencias arbitrales, concordias, ordenaciones y edictos, así como colecciones de derecho consuetudinario, que habían recibido la sanción del rey—, todas ellas clasificadas según los estamentos receptores. A partir de la segunda compilación se incluyó un tercer volumen con constituciones, capítulos, actos y otros derechos superfluos, contrarios o corregidos. Tanto en la segunda como en la tercera compilación, los tres volúmenes aparecen estructurados en diez libros cada uno, siguiendo la sistemática del Código de Justiniano de época medieval; y teniendo en cuenta que los libros 10, 11 y 12 del Código, que en la tradición medieval estaban incluidos como los Tres Libri dentro del Volumen Parvum del Corpus Iuris, en las compilaciones catalanas se correspondían con el libro 10. Los diez libros estaban organizados, a su vez, en títulos —que se habían simplificado significativamente en las CYADC— y en capítulos. De este modo, el libro primero del Código justinianeo, y paralelamente también a las compilaciones, estaría dedicado a los dogmas religiosos, la organización de la Iglesia, los movimientos heréticos y las relaciones entre la Iglesia y el poder temporal (títulos 1 a 13 en CJ); a las fuentes del derecho (tí4

3ª CYADC I, De la nova compilatió, 1 (Fernando I en la Corte de Barcelona de 1413, cap. 34). Vid. supra nn. 1 y 2. 6 3ª CYADC I, De la nova compilatió, 23 (Felipe, Lugarteniente General, en la Corte de Monzón, 1553, cap. 11). 7 3ª CYADC I, De la nova compilatió, 3 (Felipe II en la Corte de Barcelona, 1564, cap. de Cort, 24). 8 3ª CYADC I, De la nova compilatió, 4 (Felipe II en la Corte de Monzón 1585, cap. de Cort, 24). 9 3ª CYADC I, De la nova compilatió, 5 (Felipe IV, en la Corte de Barcelona, 1702, cap. 82). 5

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tulos 14 a 23), y lo más notable, a las CYADC, a los oficiales públicos y a lo que hoy calificaríamos como derecho administrativo (títulos 26 a 57); los libros 2 al 8 estarían dedicados al derecho privado y al proceso privado; el libro 9 al derecho penal y al proceso penal; y los libros 10, 11 y 12 al derecho administrativo y financiero.10 La extensión de la sistemática del código en la compilación tenía un motivo eminentemente práctico: siendo el derecho común el ordenamiento al que se recurría de forma ordinaria, la clasificación de CYADC siguiendo el mismo orden que el Código, permitiría identificar con más claridad las modificaciones que el derecho propio —que se aplicaba de forma preferente— imponía sobre el derecho común.11

3. IMPOSICIONS

Los impuestos indirectos que recaudaron las universidades, designados con el nombre de sises, imposicions, ajudes o vectigals, es el tema que despertó mayor interés en la compilación. Dentro de este apartado pueden distinguirse varios aspectos: el derecho a imponer, el destino del impuesto, la fiscalización, la jurisdicción y la contribución.

3.1. DERECHO A IMPONER

A propósito del derecho a imponer, es especialmente relevante una pragmática —así calificada por los compiladores, aunque no por el mismo texto, que se refiere al scripto nostro— dada por Jaime II con fecha 16 de septiembre de 1316. El monarca declaraba que las imposicions, generales o especiales, que se recaudaran en las ciudades y lugares de Cataluña para hacer frente a servicios de la Corona u otras necesidades, habían de ser concedidas e impuestas por la autoridad regia.12 Sin embargo, tenemos constancia de que en algunos lugares 10 Véase Roberto BONINI, Introduzione all studio dell´età giustinianea, 3ª edizione riveduta e aggiornata, Bologna, 1979 (hay traducción al castellano, de Javier Álvarez de Cienfuegos Coiduras, Introducción al estudio de la edad justinianea, Granada, 1979). Sobre el código medieval, véase Gérard GIORDANENGO, «Droit romain», en Jacques BERLIOZ (dir.), Identifier sources et citations. Brepols, 1994, pp. 118-144. 11 IGLESIA, La creación del derecho, p. 383. 12 3ª CYADC II 4, 9, 1, Jaime II en la pragmática dada en Barcelona el 16 de septiembre de 1316: «(...) cum presenti scripto nostro declaramus, statuimus, decernimus et perpetuis temporibus per nos et nostros in omnibus et singulis civitatibus et locis infra Cathaloniam constitutis volumus observari quod si generaliter in ipsis civitativus et locis vel aliquo eorundem auxilium vel servitium pecuniarium seu aliud dandum vel in usus alias convertendum, nobis vel nostris semel vel pluries a nostris fidelibus concedatur quod per modum impositionis generalis vel specialis contigerit colligi seu levari authoritate nostri vel nostrourm impensa, absque quam

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se percibieron imposicions al margen de la autoridad regia. En este sentido, en 1363 Pedro III prohibía la recaudación de vectigals, impuestos contra la forma acostumada —sin especificar nada más— en lugares on des de temps passats no s’acostumaven a llevar. Este último aspecto es muy importante, ya que parece indicar que existían imposicions anteriores a las conocidas autorizaciones de los monarcas. En otras palabras, coexistieron, por una parte, la percepción de imposicions, porque así se había hecho por costumbre, y por otra, la percepción que arrancaba de la autorización del rey.13 Reconocida la potestad del monarca para otorgar imposicions y el respeto por la costumbre en algunos lugares, en 1419 se planteó otra cuestión, que sólo se apunta en las CYADC, pero que no se resuelve: Alfonso IV debía declarar, en el plazo de un año, si las imposicions otorgadas en los lugares de jurisdicción eclesiástica necesitaban el consentimiento señorial o podían efectuarse al margen de esta autoridad.14

3.2. DESTINO DEL IMPUESTO

La disposición de Jaime II de 1316 informa también del destino del tributo cuando, al afirmar el exclusivo derecho regio a imponer, alude a las imposicions generales o especiales a recaudar en las ciudades y lugares de Cataluña para hacer frente a servicios a la Corona o a otras necesidades.15 De esta manera, se reconoce el doble carácter y el destino diferente cuando se conceden imposicions. Por una parte están las imposicions concedidas a todo el Principado de manera general, y las concedidas a lugares particulares non posset fieri nec imponi, nos et nostri taliter providemus antequam authoritas ipsa regia super exigenda et colligenda dicta impositione generali vel speciali in ipsis civitatibus vel locis (...)». 13 3ª CYADC I, 4, 25, 10, Pedro III en la Corte de Monzón de 1363, cap. 28. «(…) ajustants, part açò, que contra la forma acostumada vectigals imposats en algun loc altre, que hon per temps passat són stats acostumats de levar, no sien levats». Este hecho es mucho más comprensible si tenemos en cuenta el pacto —convinença— que Pedro III firmó en 1370 con los nobles más destacados del Principado (condes de Empurias y de Urgel y vizcondes de Cardona y Castellbó), según la cual éstos reconocían la potestad exclusiva del rey para otorgar imposicions a partir de aquel momento, de manera que el monarca respetaba las imposicions que pudieran demostrar que habían sido recaudadas en los lugares señoriales desde tiempos inmemoriales; abriéndose un plazo para la denuncia de estos impuestos y la presentación de pruebas al respeto. 14 3ª CYADC II, 1, 14, 1, Alfonso IV en la concordia firmada con el brazo eclesiástico en el monasterio de San Cugat el 20 de octubre de 1419 (cap. 2). «(…) Part açò lo dit senyor rey jutjarà y declararà ut supra dins lo dit primer any las impositions de la ciutats, vilas e locs de la esglèsia si en qual manera se deuen atorgar, ço és ab consentiment dels senyors de las ciutats, vilas e locs de la esglèsia o sens consentiment de ells e encara atorgadas revocar per justícia o per gràcia atorgar, considerants los serveys per lo dit braç al dit senyor fets (…)». 15 3ª CYADC II 4, 9, 1, Jaime II en la pragmática dada en Barcelona el 16 de septiembre de 1316. Vid. supra.

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de manera especial. Por otra, las concedidas para hacer frente a los servicios a la Corona y a otras necesidades no explícitas. La citada disposición de Pedro III de 1363 reforzaba, indirectamente, el carácter «público» de unas imposicions que habían de servir al interés general y no al particular. En esta ocasión, Pedro III decretaba la anulación de aquellos tributos —barres, peajes u otros vectigals— otorgados por el rey cuando alguien los utilizaba en provecho propio, pues se daba por supuesto que con las concesiones iba implícita la utilidad pública.16 En 1369, el mismo rey disponía que las barras concedidas a ciudades y villas para la reparación de puentes y caminos habían de ser invertidas en estos menesteres, y que si las autoridades locales no respetaban esta orden, deberían restituir el doble de lo que habrían gastado en otros usos.17 En el caso de las universidades bajo jurisdicción real, un capítulo de la sentencia arbitral otorgada el año 1481 por Fernando II precisa claramente el destino y uso de las imposicions. El monarca dictaminaba, a instancias de la Corte reunida en Barcelona, sobre las cuestiones provocadas por las confiscaciones de bienes derivadas de la guerra civil y los problemas originados por el mismo motivo en el pago de las rentas de censales y violaris. Con respecto a esta última cuestión, el rey regulaba las deudas acumuladas hasta entonces, el pago de pensiones a partir de aquel momento, las luiciones de rentas que tuvieron lugar durante la época de las «turbaciones», y en fin, de otros aspectos concretos que ahora no merecen nuestro interés. En el caso de las universidades reales, se decía que las imposicions habían sido impuestas para pagar censales y violaris,18 de manera que durante quince años los acreedores podrían encargarse del arrendamiento o recaudación de este impuesto indirecto y repartirse el producto, proporcionalmente al volumen 16 3ª CYADC I, 4, 25, 10, Pedro III en la Corte de Monzón de 1363 (cap. 28). «Manam part açò e ordenam que si en privat profit de algú a aquell barras o peatges o altres novells vectigals haurem atorgats o atorgarem de aquí avant, jatsie que en las cartas dels dits atorgaments utilitat pública sie pretesa, aquell o aquells sian haüts de tot per irritats e per no fetas, las ditas cosas a estament primer retornats (…)». 17 3ª CYADC II, 4, 9, 4, Pedro III en Barcelona a 1 de diciembre de 1368. «Postremo quia sepe contingit nos barram concedere aliquibus civitatibus vel villis pro instructione aut reparatione pontium vel víarum et id quod ex ipsa barra exigitur vel levatur in alios usos proprios contra ipsam concesionem convertere non formidant, ob quod extranei, qui in ipsis usibus non tenentur contribuere, agravantur. Ideo, ne talia in posterum fiant providere cupientes, statuimus perpetuo et sanccimus quod emolumenta ex tali concessione barrae, concessae iam vel in futurum concedendae, nequeant in alios usus converti quam in instructionibus et reparationibus pontium et víarum et si contrarium a quoquam fuerit attentatum consiliarii vel loci in quo hoc factum fuerit ad restitutionem eius quod in alios usus conversum fuerit in duplum etiam post depositum eorum officium, absque spe veniae teneantur. Hoc etiam adiecto et declarato quod in concessionibus de dicta barra in posterum per nos vel nostrum primogenitum fiendies clausula praemissa continens apponatur et si apponita non fuerit ex dispostione huius nostrae sanccionis intelligatur por apposita et adiecta». 18 Esta cuestión se trata con detalle en el trabajo de SÁNCHEZ y ORTÍ, «La Corona en la gènesi», pp. 233-278.

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de sus pensiones. Una vez pasado este plazo, las mencionadas universidades volverían a hacerse cargo del control del impuesto y pagarían con él las pensiones que pagaban antes de la guerra.19

3.3. FISCALIZACIÓN DE LAS IMPOSICIONS

La potestad regia para autorizar la percepción de imposicions incluía también controlar que el producto de la recaudación sirviera para la finalidad autorizada. Durante el siglo XIV, Pedro III y Juan I ya protagonizaron inspecciones masivas para comprobar que el impuesto se recaudara con la licencia correspondiente, y que el destino del producto coincidiera con lo estipulado en la concesión. Además de la obligación de velar por el cumplimiento de la legislación vigente, se podría atribuir este celo a la pretensión del monarca de obtener más dinero a través de la confirmación o nueva concesión del impuesto en lugares donde no pudieran demostrar con qué finalidad lo recaudaban o en qué habían utilizado el dinero.20 Ante esta actitud, las universidades reales reaccionaron de forma airada, argumentando que en los privilegios reales o en los capítulos de corte donde se les habían otorgado las imposicions, se estipulaba que ni el rey ni su maestro racional podrían pedirles cuentas de la recaudación del tributo.21 Pero en este pulso entre las universidades reales —aun hablando desde la corte— y la monarquía, 19 3ª CYADC II, 8, 1, 1 Fernando II en la sentencia arbitral dada en Barcelona el 5 de noviembre de 1481. «(…) E si los dits censals o violaris faran universitats reyals del principat de Cathalunya a qualsevol (…) per temps de quinze anys primer vinents e de ací avant comptadors paguen e sien tenguts de pagar tant quant bastaran los drets que eren e són estats imposats e de present són en aquells per obs de pagar dits censals e violaris, compartint aquells los creedors censalistas entre ells a sou e a liura, donant, ab la present, facultat als dits creedors de poder pendre a mans lurs los dits drets e posar en aquells cullidors o vendre o arrendar aquells segons que·ls plaurà a tota lur voluntat, los quals drets no volem se pugan convertir en altras despesas o càrrecs de las ditas universitats, voluntàrias o necessàrias (…)». 20 Flocel Sabaté presenta esta política del monarca como una «exigencia fiscal encubierta» sobre las comunidades locales (F. SABATÉ, «L’augment de l’exigència fiscal en els municipis catalans al s. XIV: elements de pressió i de resposta», en Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs,1995, pp. 426-430) y Jordi Morelló han estudiado las iniciativas impulsadas por Pedro III, Juan I y Martín el Humano, para comprobar si las imposicions que se recaudaban en la ciudad y Camp de Tarragona disfrutaban de autorización real y eran invertidas correctamente (J. MORELLÓ, Fiscalitat i finances de dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls durant els segles XIV y XV. Tesis doctoral, U. B., Barcelona, 1998, pp. 207-210). Por otra parte, en este mismo volumen [Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval], Vanessa Giorgio muestra los ingresos que Juan I obtuvo de las confirmaciones del impuesto. 21 Sobre las condiciones en que fueron concedidas las imposicions a las universidades reales, véase M. SÁNCHEZ, «Cortes, Parlamentos y fiscalidad en Cataluña: las “profertes” para las guerras mediterràneas (13501356)», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 1993), t. I, vol. IV, Zaragoza, 1996, pp. 251-272, y el artículo de P. Verdés en este mismo volumen.

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el paso del tiempo jugaba contra las primeras. En 1534 las universidades reales debían pedir nuevamente al rey —y emperador— Carlos I que confirmara y observara las Constituciones que impedían al rey y a cualquiera de sus oficiales examinar las cuentas de las imposicions.22 El mismo problema resurgiría unos cuantos años después. En la Corte de Barcelona de 1599 se presentaron al rey diferentes capítulos con motivo de las imposicions. En el capítulo 62 los estamentos se quejaban de que el maestro racional y su lugarteniente pedían cuentas de las imposicions otorgadas por el monarca y sus predecesores a las universidades reales, señoriales y eclesiásticas. Los representantes de los brazos, teniendo en cuenta la antigüedad de las concesiones, alegaban que era materialmente imposible demostrar en qué se invirtió el impuesto, si había sido percibido sin privilegio o si éste había expirado, puesto que se habían perdido los libros donde estaba consignado. No obstante, confesaban que las imposicions habían sido gastadas en necesidades urgentes de dichas universidades o de la Corona —las de 1597 y 1598 se habían invertido en el servicio real para la guerra contra los franceses en el Rosellón y la Cerdaña, respectivamente—, con lo cual se había evitado el recurso, tan gravoso y de tan mala memoria, al endeudamiento con censales. Los tres estamentos solicitaban a las universidades de los tres brazos la remisión de las cantidades que se debieran por razón de dichas imposicions hasta la fecha, y lo que era más importante, pedían que los oficiales del monarca no pudieran inspeccionar las cuentas, petición a la que éste sólo dio satisfacción parcial.23 El brazo real, y no los tres estamentos juntos, presentó otras dos peticiones más en el mismo sentido, y con texto casi idéntico: en una solicitaba la citada remisión de la imposición,24 y en la segunda, la inhibición del maestro racional, del tesorero, y de cualquier otro oficial real de fiscalizar las cuentas de las imposicions que cobrarían dichas universidades, peticiones a las que el monarca no daba satisfacción directa, a

22 3ª CYADC I, 3, 7, 9, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1534 (cap. 7) «(…) que ditas Constitucions sien confirmadas e observadas, axí que de las ditas imposicions vostra majestat ni son lochtinent general o portantveus de general governador ne altre qualsevol official se pugan entremetre ni empatxar ni pugan regoneixer ni veure o examinar los comptes sobre ditas impositions donats o tinguts (…)». 23 3ª CYADC I 10, 8, 1, Felipe III en la Corte de Barcelona de 1599 (capítulo de Corte 62). «(...) no tingan obligatió ni pugan en manera alguna ésser forçades per lo dit rational ni thesorer ni altre per orde de vostra majestat en donar compte, y rahó del que per rahó de aquelles, del dia de la present absolutió y remissió en avant, exhigiran y rebran y hauran exhigit y rebut, ans lo comptar bé aquelles sia suspés fins a la conclusió de les primeres Corts. Plau a sa magestat remetrer les imposicions exhigides fins al dia present tant solament y mana al mestre rational no moleste ni demane compte ni rahó de dites impositions a les universitats, iglèsies, capítols ni a persones algunes que aquelles hauran exhigides». 24 3ª CYADC I 10, 8, 2, Felipe III en la Corte de Barcelona de 1599 (capítulo de Corte 82). El texto de este capítulo de corte es casi idéntico al anterior, y la respuesta real es clara: ya esta provehit ab Constitutió sobre açò feta.

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pesar de su inclusión en el volumen primero de la presente compilación.25 Esta situación de indefinición, sobre todo con respecto a los lugares de dominio real, dejaba la puerta abierta a nuevos conflictos que tendrían su punto culminante en la siguiente centuria.26 En las Cortes celebradas por Felipe IV en Barcelona en 1702, se confirmó la remisión otorgada el año 1599, con motivo de los enormes gastos que las universidades habían soportado para servir al rey.27

3.4. JURISDICCIÓN SOBRE LAS IMPOSICIONS

Las universidades reales tenían gran celo de sus concesiones para recaudar imposicions. Además de no tener que rendir cuentas al rey, las licencias también contemplaban un amplio margen de control sobre el impuesto y la jurisdicción en última instancia de todas las causas que de ellas se derivaran. Esta última prerrogativa es muy importante, puesto que constituía una piedra angular en la construcción fiscal municipal. La facultad efectiva de los regidores municipales para recaudar las imposicions dependía de la fuerza que tuvieran para forzar a pagar tributos a los que se resistieran, circunstancia que adquiere relieve 25 3ª CYADC I 10, 8, 3, Felipe III en la Corte de Barcelona de 1599 (capítulo de Corte 83). El brazo real quería que las universidades que ya disfrutaban del privilegio de imposicions y las que podían recibirlo en el futuro, «no pugan en manera alguna ésser forçades per lo dit rational, thesorer ni altre per orde de vostra magestat en donar compte y rahó del que per rahó de aquelles, del dia de la present absolutió y remissió en avant, exhigiran y rebran, hauran exhigit y rebut, ans lo comptar de aquelles sia suspés fins a la conclusió de les primeres Corts. La respuesta real no es satisfactoria: Sa magestat acomodarà a les universidades particularment, altrament que per Acte de Cort» (3ª CYADC I 10, 8, 3). 26 Aunque tratándose de uno de los detonantes de la Guerra de los Segadors y a pesar de los ríos de tinta que hizo correr en la época, el conflicto del quint —así es como se lo conoce— queda en gran parte por estudiar. El término quint hace referencia al derecho real, a una quinta parte del producto de las imposicions, y se documenta en las nuevas concesiones hechas para recaudar el impuesto a partir de Fernando I (véase MORELLÓ, Fiscalitat i finances, pp. 455-459). La mayor parte de los lugares del dominio real, como hemos dicho, disfrutaban de concesiones anteriores a Fernando I, y contemplaban que no debían rendir cuentas ni tampoco tenían la obligación de dar ningún quint al rey (vid. supra). Durante la época moderna y en momentos de necesidad financiera, la maquinaria burocrática del rey se puso en marcha para pedir este dinero en los lugares donde la situación legal de las imposicions no era sólida, y por consiguiente, no podían demostrar la exención del quint. En este contexto situamos las citadas constituciones de 1599, que se «envenenarían» en los decenios siguientes, a consecuencia de un aumento de la presión de la Corona sobre los lugares reales (véase J. H. ELLIOT, La revolta catalana 1598-1640. Barcelona, 1989, pp. 85-90 y pp. 133-140). 27 3ª CYADC I, 10, 8, 4, Felipe IV en las Cortes de Barcelona de 1702 (cap. 62). «Havent las universitats del present principat suportat grans gastos per lo real servey, per ço suplican los tres estaments de la present Cort sia del real servey de vostra magestat ab llur consentiment fer consemblant gràtia a ditas universitats com la que los fou feta per la real magestat del senyor rey don Felip segon de Aragó en lo capítol LXII que comensa “Per quant la major part etc.” y lo capítol LXXXII que comensa “Per lo que”, de las Corts de MDIC, prorrogant en quan mester sie y convinga a ditas universitats fins a la conclusió de la primeras Corts. Plau a sa magestat».

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especial, si se tiene en cuenta que las imposicions se arrendaban, y que el volumen del arrendamiento estaba plenamente interrelacionado con su rendimiento. Por lo tanto, una reivindicación constante de las universidades a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y hasta la corte de Barcelona de 1702, será que las causas sobre imposicions no se sustancien en la Real Audiencia, sino que lo resuelvan las propias universidades perceptoras. El rey accederá sistemáticamente a las solicitudes de los brazos, pero el problema se suscitará de nuevo en cada nueva corte.28 En 1470, en las Cortes de Monzón, las autoridades locales afirmaban, de manera muy gráfica y expresiva, que las imposicions constituían el alma de las ciudades y villas del Principado, sin las cuales no se podría hacer frente a los gastos municipales. Los desórdenes derivados de la Guerra Civil habían sido aprovechados por muchos para no pagar la contribución. Por esta razón se evocaban privilegios, constituciones y capítulos de Corte, que reconocían la exactió, cognitió e jurisdictió de los regidores en las imposicions, por encima del rey y de sus oficiales. En este capítulo de corte, Juan II confirmaba los privilegios de las imposicions29 y, sobre todo, se comprometía a no interferir, ni él ni sus oficiales, en ninguna etapa del proceso de administración y gestión de las imposicions, que permanecería bajo la jurisdicción de los magistrados municipales.30 Por otra parte, un privilegio concedido al estamento real el 2 de septiembre de 1510 desde Monzón, y presentado en la compilación en forma de capítulo de Corte, redundaba en el pleno control y administración de las imposicions por parte de los magistrados de las universidades. El brazo real solicitaba a Fernando II la confirmación de los privilegios de imposicions concedidos a las universidades por sus predecesores, en concreto el privilegio de 1363,31 y la confirmación expresa y concreta del capítulo de corte 29 dictado en las Cortes de Monzón de 1470 28 Sobre esta problemática y sus orígenes, véase P. VERDÉS, «A propòsit del “privilegi general” per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», en Miscel·lània de Textos Medievals, 8 (1996), pp. 231-241. 29 3ª CYADC I, 4, 24, 11, Juan II en la Corte de Monzón de 1470 (capítulo de Corte 29). Más allá de su parte dispositiva, el texto ilustra la extraordinaria importancia de las imposicions dentro del sistema municipal y del origen de este impuesto indirecto en una concesión real: «Per quant a occasió del abús de la guerra en moltas parts del dit Principat és estat donat destorb en la exactió de las impositions, que son la ànima de las ciutats, vilas e lochs en lo dit principat de Cathalunya ne sens aquellas se puga suplir als carrecs, las quals ab privilegis los poblats en lo dit principat de Cathalunya dels gloriosos reys de immortal memòria, predecessors vostres, han hagut e obtes (...)». 30 3ª CYADC I 4, 25, 11 (capítulo de Corte 29). «(...) e no entrametres directment, o indirecta de aquell, remetent la exactio, cognitio, e jurisdictio de las ditas impositions als Consellers, Paers, Procuradors, Consols, o Jurats de las ditas Ciutats, Vilas, e Locs juxta serie, e tenor del dit Privilegi, Constitutions, e Capitols de Cort del dit Principat, com ans de la present guerra era inconcussament tengut, e observat. Plau al Senyor Rey». Este mismo capítulo de corte será confirmado en 1510 por Fernando II por privilegio compilado en forma de capítulo de corte (vid. infra). 31 nota [17].

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por Juan II, según el cual las causas generadas por las imposicions no podían ser evocadas en la Real Audiencia,32 todos ellos extremos a los que el rey accedió. Además, la petición que parece indicar, a contrario, que la Real Audiencia intervenía en ciertos casos especiales en materia de imposicions, insistía en que este tribunal de justicia tampoco interviniera en materia de imposicions cuando se dieran casos de viudedad, pobreza, miseria o pupilaridad,33 sin que se mencione de forma directa el problema de la jurisdicción —municipal o real— sobre los oficiales reales cuando se negaban a contribuir en las imposicions. Pocos años después se volvía a plantear el mismo contencioso. En 1534 Carlos I accedía a la petición que los tres brazos le hacían en las Cortes de Monzón de 1534 para que las causas de imposicions no pudieran ser evocadas en la Real Audiencia, ya que suponía una gran molestia, gastos y daños para las universidades. Por esta razón, confirmando los privilegios sobre el asunto, el rey accedía a que en todas las citaciones de la audiencia real hubiera una cláusula que impidiera que pudieran juzgarse cuestiones relacionadas con el mencionado impuesto.34 En el año 1537, nuevamente en las Cortes de Monzón, el brazo real reivindicaba la jurisdicción plena sobre el mencionado impuesto indirecto, haciendo referencia a un privilegio de Pedro III otorgado en Zaragoza el 4 de marzo de 1353 —y del que desconocemos su existencia—, al privilegio del mismo rey otorgado en Monzón el 18 de enero de 1363, a la constitución de Juan II de las Cortes 32

3ª CYADC I 4, 25, 11, Juan II en la Corte de Monzón de 1470 (capítulo de Corte 29) (Vid. supra.) 3ª CYADC II 4, 9, 4 (=5) Fernando II en el privilegio concedido al estamento real en Monzón, el 2 de septiembre de 1510 (cap. 2). «(...) que las causas de impositions e conexensa de aquellas per qualitat de pobresa, viduitat, pupillaritat, miserabilitat ni per qualsevol altra qualitat no pugan ésser evocadas a la vostra Reyal Audientia, (...) ans toca la conexensa de tals causas e executió de ditas impositions sie remesa a las ditas universitats reyals e a las personas que de açò tenen carrec (...) e açò per conservatió de las impositions, que son lo major membre que tenen ditas universitats reyals (...). Plau al senyor rey». Casos, los mencionados, que el ius commune reservaba al emperador (CJ 3,14). 34 3ª CYADC I, 3, 7, 9, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1534 (capítulo de Corte 7). «Per constitucions de Cathalunya és disposat que las causas de las impositions de la ciutats, vilas y lochs reyals no poden ésser evocadas a la Reyal Audièntia ne del portantveus de governador ne de altres qualsevol officials, ans la coneixensa de tals causas és dels consellers, paers, cònsols, jurats, procuradors o regidors de ditas ciutats, vilas e locs o de aquellas personas a qui per aquells ne és donat lo càrrec. Noresmenys, emperò, algunas vegadas ditas causas són evocadas, de hon las universitats senten gran molèstia, despesas y danys. Per ço los tres staments supplican a vostra majestat que li plàcia ordenar que ditas constitucions sien confirmadas e observadas axí que las ditas impositions vostra majestat ni son loctinent general o portantveus de general governador ne altre qualsevol official se pugan entremetre ni empatxar ni pugan regoneixer ni veure o examinar los comptes sobre ditas impositions donats o tinguts e lo mateix sie observat en las causas dels officials concernents lo regiment de ditas universitats e las causas de las confrarias o sobreposats de officis dependents y emergents de aquellas, ans la tal coneixensa y decisió de las ditas causas pertanga y se sguarde tantsolament en aquells a qui per privilegis atorgats a ditas universitats o aliàs se sguardan e·s pertanyen. E per observança del demunt dit en las letras citatòrias sie posada la clàusula Dummodo non sit causa officiorum regiminis universitatum neque impositionum illarum vel confraternitatum neque dependentium vel emergentium ex illis. Plau a sa majestat que sie servadas las constitucions, capítols e actes de Cort y privilegis sobre açò disposants, remoguts tots abusos, y sie posada en las letras citatòrias e inhibitòrias clàusula Dummodo non sit causa impositionum». 33

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de Monzón de 1470 y a otros privilegios generales y particulares al respecto.35 Paralelamente, los brazos volvían a pedir al rey que las causas de imposicions de ciudades, villas o lugares reales no pudieran ser evocados en la Real Audiencia.36 En 1542, Carlos I confirmaba el capítulo sexto de las Cortes de 1537, que inhibía a la Real Audiencia en las causas de imposicions en favor de las autoridades locales.37 Sólo cinco años después, en 1547, los tres brazos pedían una confirmación del privilegio otorgado por Pedro el Ceremonioso en Monzón el 18 de enero de 1363, de la constitución del rey Juan II en la Corte de Monzón y de otros privilegios y constituciones referentes a la jurisdicción de los regidores locales. Esta jurisdicción también implicaba la facultad de obligar a los reticentes, y de demandar a cualquier oficial real para que los apoyara.38 En la misma Corte, el príncipe Felipe, lugarteniente general de Carlos I, repetía que las causas de 35 3ª CYADC III, 4, 8, 3, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1537 (capítulo de Corte 7). «Per quant per privilegi del rey en Pere dat y atorgat en Çaragoça a 4 de mars de 1353 e per acte de Corts del mateix rey en Pere dat en la vila de Montsó a 18 de janer 1363 e per la constitució del rei don Juan segon en la Cort de Montsó, capítol 29, e per altres actes i capítols de Cort y per altres privilegis generals y particulars, és disposat que qualsevol persona de qualsevol stament o condició sie, etiam la persona de vostra majestat y de la senyora reyna y del primogènit e infants e família e cosas lurs y de totas altras personas, sien de guerra o no, excepto clergues y religiosos, són obligats en pagar y contribuir a las imposicions de les ciutats, vilas y locs reyals del dit principat e comtats e tota exacció, cognitió e jurisdictió e impositió de ditas impositions ab tots los incidents e deppendents y emergents de aquellas pertany als concellers, paers, consols, jurats e procuradors de las ditas ciutats vilas o locs reyals del dit principat y comtats, abdicada tota potestat a vostra majestat y a vostre loctinent general y altres qualsevol officials». 36 3ª CYADC III, 3, 3, 1, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1537 (capíto de Corte 6). «(…) Que plàcia a vostra majestat statuir e ordenar que quan se evocaran causas en la Reyal Audièntia, la part evocant aquellas haja prestar jurament, en poder del relador a qui seran comesas, que la causa no és menor de sinquanta liuras ne de impositions de ciutats, vilas o locs reyals ni de executions de censals o violaris. Plau a sa majestat que la dita constitució se entenga que com era de vint liuras sie fins en sinquanta liuras e·n las altras cosas del dit capítol se serve lo acostumat». 37 3ª CYADC III, 3, 3, 2, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542 (cap. 1). Confirmación del capítulo sexto de las Cortes de Monzón de 1537. 38 3ª CYADC III, 4, 8, 6, el príncipe Felipe, lugarteniente general del rey Carlos I, en las Cortes de Monzón de 1547 (capítulo de Corte 37). «Supplican los tres staments a vostra altesa que, revocats, cassats y anullats qualsevol anantaments fets en contrari, jatsie per lo capítol de Cort per lo rey Pere atorgat e la vila de Montsó a 18 de Janer 1363 y per la constitució del rey don Joan segon en la Cort de Montsó, capítol 29, e per los privilegis e constitucions, ab paraulas generals sie ordenat lo següent per major declaratió y per tots fins: que qualsevol persona, de qualsevol diginitat, preeminèntia que sie, encara que sien capitans y gent de guerra en temps de pau y de guerra, sien tenguts en pagar les impositions y sises y que los administradors de las universitats, com són consellers, cònsols, jurats y altres, hajan y tingan conexensa y jurisdictió de las causas de la impositions y que pugan ab efecte exigir los drets de ditas impositions y contra los officials requests que lurs delarations o provisions exerquescan. E si seran renitents e o negligens en exquir lurs sentèncias e o provisions pugan y hajan comissió e facultat de cohibir aquells y declarar los dits officials y altres quasevol renitents o negligents e o contravinents a dit capítol de Cort ésser incidits en las penas de dit Capítol de Cort y de la penas del Capítol dit De la observança y que per ditas cosas pugan requirir qualsevol officials que·ls donen favor e adjutori sots pena de privatió de lurs officis y de las pena s de dit Capítol de Cort en e sobre ditas cosas, sens emperò prejudici, novatió, derogatió dels privilegis e actes de Cort sobre ditas impositions disposants. Mana sa altesa que·s guarden las Constitutions y Capítols de Cort sobre açò disposants, levats tots abusos y revocats tots actes en contrari fets».

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imposicions no podían ser evocadas en la Real Audiencia.39 En las Cortes de Monzón de 1585 se insistió en esta línea, cerrándose cualquier mínima posibilidad para que las causas de imposicions de lugares reales pudieran ser evocadas en la Real Audiencia.40 Finalmente, contamos con un capítulo de corte elaborado en la Corte celebrada por Felipe V en Barcelona en 1702, en un ambiente político e institucional diferente. En el capítulo 80, a la vez que se percibía un ambiente en el que el rey parecía dispuesto a ganarse el favor de los brazos, los tres estamentos recordaban al rey que por un privilegio real de Fernando II concedido en las Cortes de Monzón de 1510, las universidades podían perseguir a los deudores de imposicions, derechos y débitos de la universidad; y estas deudas eran consideradas, desde el privilegio, como deudas fiscales —es decir, reales—. No obstante, los deudores pleiteaban y el retraso en el cobro perjudicaba a las universidades; por tanto, no era suficiente con que las deudas tuvieran consideración fiscal y fueran juzgadas fuera del municipio, sino que los brazos querían ir más allá, y deseaban la confirmación del privilegio que disfrutaba la ciudad de Barcelona de tener fisco y su extensión al resto de lugares del Principado. Así pues, estaba en juego la prerrogativa de poseer fisco y de disfrutar de la capacidad jurídica suficiente para sustanciar todas las causas que se pudieran plantear sobre este aspecto dentro de la jurisdicción del municipio —capacidad de actuar ab plenitud de drets per las causas de sos debitors—, con la prohibición expresa de recurrir en la Real Audiencia. Felipe V aprobaba la petición de los estamentos sin ningún condicionante ni resistencia aparente.41 39 3ª CYADC I, 3, 7, 11, el príncipe Felipe, lugarteniente general del rey Carlos I, en las Cortes de Monzón de 1547 (cap. 2). «(…) Las causas, emperò, sobre administrations de officis de las ciutats, vilas o lochs com són de botigas de forments y de obrers, veedors, clavaris e altres officis per ditas universitats commanats y de confrarias y altres qualsevol tocants a la coneixensa y administratió dels paers, procuradors, cònsols e jurats de ditas ciutats, vilas o lochs, encara que fossen ditas causas de major quantitat de ditas cent liuras (…); y que en las letras citatòrias e inhibitòrias que exiran de la reyal cancellaria sie posada clàusula exprimint e eximint aquellas de inhibitió, axí com en las causas de executió de pensions de censals y violaris e de impositions e que sie entés quant a las causas de pensions de censals o violaris o se demanassen per vía executiva o alias». 40 3ª CYADC I, 3, 7, 16, Felipe II en las Cortes de Monzón de 1585 (cap. 114). «Statuim y ordenam ab loatió y approbatió de la present Cort que las causas de extractions de officis y de administrations de aquelles de la ciutats, vilas y locs reyals com són de botigas de forment y obrers, veedors, mostasafs, clavaris y altres officis per ditas universitats commanats o creats y de confrarias y altras qualsevol tocants a la coneixensa y administratió de consellers, paers, procuradors, cònsols y jurats de ditas ciutats, vilas o lochs y també de impositions no·s pugan per qualitat de pobresa, viduitat o miserabilitat evocar en la primera instància a la Reyal Audièntia de qualsevol quantitat o summa que sien, revocant lo capítol segon de la Cort del any MDXXXXVII en quant sobre la evocatió de las ditas causas dexava a arbitre del loctinent general y reyal consell». 41 3ª CYADC I 4, 17, 2, Felipe V en la Corte de Barcelona de 1702 (cap. 80). «(...) suplican los consellers de la present ciutat li sia concedida la prerrogativa de tenir fisch, ab tota la plenitut de drets per las causas de sos debitors, per qualsevol causaoò rahó ho sian, ab prohibició de no poder-se evocar a la Real Audiencia las causas en que seran convinguts dits debitors sos successors universals o particulars o tercers possessors dels bens dels mateixos, en la mateixa forma ho té la Generalitat del present principat, havent-se totalment de finir

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3.5. CONTRIBUCIÓN EN LAS IMPOSICIONS

El interés de los regidores locales por contar con la plena jurisdicción sobre las imposicions, como ya se ha indicado, estaba relacionado con la capacidad de forzar a los deudores de la universidad, y también para obligar a contribuir a algunos grupos sociales, básicamente eclesiásticos y nobles, que planteaban bastantes problemas en la recaudación del impuesto. Con respecto a los eclesiásticos, en una pragmática dada en Barcelona el 16 de septiembre de 1316 por Jaime II, quedaba clara su exención en el pago de imposicions, que sólo pagarían previo consentimiento del mismo rey.42 Sin embargo, esta exención indicaba claramente que no incluía a los clérigos que mercadearan. En este sentido, una bula del papa Benito XIII, que confirmaba a su vez otra de Clemente VII, también preveía que los clérigos que arrendaran las imposicions en la ciudad de Barcelona no podrían alegar su condición para escapar de la prisión en caso de impago del arrendamiento.43 Tampoco se incluía y terminar en la Casa de dita Ciutat las causas de dits debitors, observant-se en las sentèntias o qualsevols declaracions se faràn en ditas causas (...). Plàcia a vostra. magestat estatuhir y ordenar, ab lloació y aprobació en la conformitat sobredita, la dita concessió a la dita ciutat de Barcelona y a las demes ciutats y universitats del present Principat que tingan semblant privilegi com té la dita ciutat de Barcelona. Plau à sa magestat». 42 3ª CYADC II, 4, 9, 1, Jaime II en la pragmática dada en Barcelona a 16 de septiembre de 1316. «(...) ne persone ecclesiastice ipsorum civitatis vel locorum, directe vel indirecte, aliquid in ipsa impositione vel collecta eius solvere ponere vel contribuere teneantur nisi personas ipsae ecclesiasticae requisitae primitus suum assensum praestiterint super eo. Ab his autem clericos, coniugatos vel non coniugatos, mercatores tamen seu negotiatores vel ministrales seu artifices seu carnifices vel alios similes et alios quoscumque qui de jure immunitatem habere non debent non intendimus excusare quin ponant et contruibuant super eis praesente ordinatione nostra in aliquo non obstante (...)». Según disposiciones del tercero y cuarto Concilio de Letrán (1179 y 1215, respectivamente) sólo se aceptaba una contribución voluntaria de la Iglesia cuando se justificara por el bien común (M. TURULL, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, p. 99). 43 3ª CYADC II, 3, 1, 15, Bula del papa Benito, fechada en Aviñón (4 de abril del tercer año de su pontificado) dirigida a los consejeros de Barcelona. «Sincere devotionis affectus quam ad nos et romanam geritis ecclesiam promeretur ut petitionibus vestris illis praesertim quae utilitates et comoda vestra respiunt favorabiliter annuamus: dudum siquidem pro parte dilectorum filiorum comunis et consiliariorum civitatis Barchinonae felicis recordationis Clementi papae, precessori nostro, exposito quod in civitate Barchinone pro constructione et reparatione murorum aliisquae necessitatibus concernentibus deffensionem et bonum publicum eiusdem civitatis quedam impositiones super certis rebus quae in ipsa civitate vendebantur constitute fuerant seu etiam ordinatae, quodquae nonnulli clerici coniugati impositiones huiusmodi, ut earum precia sibi possint sub deceptionis velamine retinere, emere conabantur et cum ipsos contingebat pro ipsarum impositionum preciis impeti et per Curiam secularem cui se ex pacto subijciebant capi ad forum recurrentes eclesiasticum asserebant et allegabant se debere vigore clericalis tonsurae ab hiusmodi captione liberari et protinus ad eorum ordinarium remitti idem predecessor voluit et apostolica eisdem communi et consiliariis authoritate concessit quod predicti coniugati et alii clerici impositiones hiusmodi ementes ad solvendum earum precia per eorum ordinarium si ad hoc se submissisent capi et tandiu detineri possent donec sarisafacerent de premissis prout in eiusem praedecessoris inde confectis litteris plenius continetur. Cum autem sicut exhibita nobis pro parte vestra petitio continebant impositione predictae super eisdem rebus quae in civitate praedicta venduntur constitutae e ordinatae sint etiam de presenti ac nonnulli clericorum pedictorum ipsas emere consueverint nos super praemissis ad instar (sic) praedecessoris predicti providere cupientes vestris in hac parte suplicationibus inclinati volu-

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a los miembros de la Inquisición, que estaban obligados a pagar y a contribuir en los cargos, imposicions, derechos reales y patrimoniales de cualquier lugar del Principado.44 La exención en el pago de imposicions también la pretendían los nobles, aunque ésta no se contemplaba en las CYADC. Pedro III sólo reconoció en 1368 la exención de pontaje y barra, para ellos y su servicio.45 No obstante, los nobles nunca aceptaron bien el pago de imposicions, y en el año 1380 Pedro III aseguró al brazo militar que la comisión nombrada aquel mismo día, formada por los obispos de Huesca y Elna, y por el jurista Ramon Cervera, se encargaría de comprobar tanto en la ciudad como en el Camp de Tarragona, si los hombres de dicho brazo y sus vasallos debían pagar las imposicions que se recaudaban en los lugares reales. El monarca disponía que nadie interferiera en esta comisión, y que, si después de dos años no habían emitido una resolución, ni él, ni la reina, ni sus oficiales procederían contra ningún home de paratge (...) sense prossecució de part.46 mus et apostolica vobis authoritate concedimus quod predicti coniugati et alii clerici impositionis huiusmodi ementes ad earum precia solvendum per eorum ordinarium si tamen clerici ipsi ad hoc se submiserint capi et tamdiu detineri possint donec satisfecerint de premisis vel de satisfaciendo sufficientem prestiterint cautionem aut cederint bonis suis ipsorum clericorum ordinario et ordinariis nichilominus sub ex comunicationes poena tenore presentium districtius iniungentes quatenus ad captionem et detentionem eorundem clericorum quos huiusmodi impositiones emisse et ad captionem se ut prefertur submisisse ac praecia dictarum impositionum retenuisse et retinere sibi constiterit procedant modo et forma superius expressis constitutionibus apostolicis ac privilegiis et consuetudinibus contrariis non obstantibus quibuscunquae». No podemos fechar exactamente esta bula, sólo sabemos que es del s. XIV, entre los papados de Clemente V (1305-1314), Benito XII (13341342), Clemente VI (1342-1352), Clemente VII (1378-1394) y Benito XIII (1394-1417). 44 3ª CYADC II, 1, 8, 1. 35, capítulos concedidos por don Juan, obispo de Lérida e inquisidor general, a instancia de los tres estamentos de Cataluña, convocados en las Cortes de Monzón, el 2 de agosto de 1512. «Item, que sie provehit e manat per sa reverendíssima paternitat que los officials y ministres del offici de la Sancta Inquisició sien tinguts y obligats de contribuir y pagar en tots aquells càrrecs, impositions e drets reals, patrimonials e mixtes e quasevol altres de les ciutats, vilas y locs del dit principat, axí com si no fossen officials del dit Sanct Offici de Inquisició. Plau a sa senyoria». 45 3ª CYADC II, 4, 9, 3, Pedro III, en la pragmática dada en Barcelona el 1 de diciembre de 1368. «Item, decernentes barones et milites et quasvis alias personas generosas cum omnibus eorum domesticiis et etiam cum animalibus quibus aequitabunt vel quae eorum res aut ad eorum servicium portabunt ab omni exactione pontagii et barre fore quitias et immunes, mandamus cum praesenti cunctis nostris officialibus praesentibus et futuris et exactoribus talis pontagii seu barre quatenus a dictis personis, tam pro se ipsi quam pro animalibus eorundem, nihil ratione pontagii vel barre exigant vel exigere audeant seu praesumant et siquid in contrarium exactum fuerit pro tempore praeterito vel futuro id dicti officiales restitui faciant indilate, ad hec exactores ipsorum jurium per impositiones poenarum et alia debita remedia rigide compellendo». 46 3ª CYADC II, 9, 1, 3, Pedro III, en un privilegio concedido al estamento militar en Barcelona, el 19 de mayo de 1380. «Quia inter caetera conventa inter nos et vos, brachium baronum et militum et hominum de paratico, congregatum in Curiis generalibus quas nunc in civitate Barchinone cathalanis caelebramus, quando concensistis (sic) quod certa vectigalia in Principatu Cathalonie exigantur et leventur, est quod nos faciamus commissionem, sicut fecimus episcopus Osce et Elenae et Raymundo Cervera, decretorum doctori, quod cognoscant in civitate vel Campo Tarraconae an illi de dicto bracho hominesque et vassalli eorum contribuere debeant in impositionibus quae in civitatibus, villis et locis regiis Cathalonie colliguntur et levantur, prout in ipsius commissionis littera quae data est Barchinone decima nona die madii subscripta latius continetur. Est etiam conventium quod nos, pro effectu dictae commissionis, promissionem et securitatem faciamus vobis et

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El conflicto, cuyos orígenes se remontan a 1363,47 no parece resolverse, y se prolonga durante el siglo XV.48 Así pues, los miembros del estamento militar estaban obligados por derecho a pagar imposicions, y en 1599 quedaba perfectamente claro: en las Cortes de aquel año, Felipe II rechazaba una petición hecha por el brazo militar, que pedía que no se les obligara a pagar imposicions en los lugares donde no fueran admitidos en el gobierno municipal.49 Los problemas derivados de esta pugna se reflejan en las mencionadas confirmaciones de la plena jurisdicción de los regidores locales en las causas derivadas de imposicions, a la vez que queda clara la situación legal existente al faciamus fieri infrascriptam; ideo promittimus vobis dicto brachio in nostra fide regia quod dictam commissionem non revocabimus nec impedimentum aliquod dictis judicibus vel alicui eorum dabimus per nos vel per consilium consiliariorum nostrorum vel aliarum personarum quominus ipsis judices possint procedere et proferre sententiam super quaestione praedicta; immo quotiens erimus requisiti faciemus illas bonas provisiones, litteras et compulsiones quae fieri possint pro expeditione et perfectione dicti negotii et mandamus huius serie illustri Sibiliae, reginae Aragonum, consorti nostre charissimae, inclitoque ac magnifico infanti Joanni, nostro charisimo primogenito ac in omnibus regnis et terris nostris generali gubernatori, duci Gerundae ac comiti Cervariae, ac aliis de consilio nostro, quod vobis dicto brachio promissionem et juramentum faciant infrascipta. Nos etiam dictus rex, pro maiori securitate vestra praedictorum quae vobis supra promittimus et ut libentius demus operam super eis effectui ducendis, placet nobis ac consentimus quod si intra duos annos proxime nunc venturos dicta quaestio non erit per diffinitivam sententiam determinata nos vel dicta regina aut dictus dux seu officialis aut aliae personae delegatae seu comissarii nostri aut reginae vel dicti ducis nequeamus, transactis ipsis duobus annis, in Cathalonia contra aliquem hominem de paratico inquirere ex mero officia absque prossecutione partis et hoc duret per tantum tempus ac servetur vobis dicto brachio et singularibus de eodem quousque ditcta quaestio sit per deffinitivam sententiam finita et determinata vel alias inter partes conventm sit amicabiliter super ea et praedicta omnia et singula promittimus ac etiam juramus per dominum Deum et eius sancto quatuor Evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, attendere et servare ac attendi et servari facere et nunquam in aliquo contrafacere vel venire». 47 En 1363, el rey estableció en las Cortes de Monzón que, en un período de diez años, se pronunciaría sobre si los «hombres de paraje», los eclesiásticos y sus vasallos estaban libres del pago de las imposicions recaudadas en el dominio real; y durante este tiempo se dispuso que los eclesiásticos y nobles, sus familias y servicio no pagarían las sisas o imposicions (J. M.ª PONS GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-1363, Madrid-Barcelona, 1982, pp. XIII-XXII. Capitula in Curia Montissoni super concordia scilicet si barones, milites et homines de paratico et etiam personis eccleisasticis Aragonum, Valentie et principatus Cathalonie teneantur solvere in impositionibus impositis). Véase también P. VERDÉS, «El “privilegi general”», pp. 234-236. 48 J. BROUSSOLLE, «Les impositions municipaux de Barcelone de 1328 à 1462», en Estudios de Historia Moderna, 5 (1995), p. 140. 49 3ª CYADC I, 1, 20, 2, Felipe II en la corte de Barcelona de 1599 (capítulo de corte 77). «Perquè los militars y nobles en lo present principat y comtats de Rosselló y Cerdanya són molestats en pagar les imposicions de les ciutats y viles del present principat y comtats y no són admesos en lo govern y regiment de moltes d’elles molt en gran desservey de vostra magestat y benefici públich, per ço lo bras militar supplica a vostra magestat, en declaratió de diversos privilegis concedits al stament militar per los predecessors de vostra magestat, concedir y atorgar a dits militars y nobles que no tingan obligatió de pagar dites impositions ni pugan ser compellits a la solució de aquelles en les ciutats i viles en les quals per los càrrechs y officis no són admesos dits militars y nobles, deixant a arbitre de dites ciutats y viles si·s volran acontentar admetre’ls en dits càrrechs y officis als qui avuy no són entrats a fi y effecte que admetent-los en dits officis pugan ser compelits a dites impositions com tots los demés. Lo que suplica no·es pot concedir en la forma que·s demana, attés que penja lite sobre dita pretensió y aquella durant té lo bras militar lo privilegi a ell concedit per lo senyor rey en Pere terç dat en Barcelona a 19 de maig MCCCCLXXX (sic). Covarruvías Vic. Suspés per lo Acte de Consert en la pag. 64».

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respecto. En 1470 se decía que muchos no querían pagar las imposicions amparándose en los desórdenes provocados por la Guerra Civil.50 En 1537, el brazo real pedía que cualquier persona, de cualquier estamento o condición, incluidos el rey y su familia, exceptuando solamente a clérigos y religiosos, estuviera obligada a pagar las imposicions en ciudades, villas y lugares reales del Principado.51 En el año 1547, los tres brazos piden una confirmación de los privilegios y constituciones referentes a la obligación de cualquier persona de cualquier condición a pagar imposicions. Se hace especial hincapié en los capitanes y gente de guerra en tiempo de guerra o paz, y se exige que los oficiales estén dispuestos a hacer cumplir las citadas disposiciones.52 Este último grupo, al igual que el entorno real, estaba legalmente sometido al pago de las imposicions —al menos en los lugares reales—, pero en la práctica siempre se generaron conflictos que obligaban a confirmar constituciones y privilegios.53

4. ENDEUDAMIENTO CENSAL 4.1. REGULACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES

Un segundo aspecto de las finanzas municipales —y de la economía catalana del antiguo régimen— que mereció también la atención de las CYADC fue el endeudamiento censal. Desde mediados del siglo XIV los municipios vendieron masivamente rentas (censales y violaris) para hacer frente a las exigencias reales o señoriales, a la construcción de murallas, a garantizar el suministro frumentario y, en última instancia, al pago de intereses de la propia deuda censal.54 El endeudamiento censal de los municipios, así como el de los particulares y de otras instituciones públicas, era crónico y llegó a tal magnitud que se convirtió en un asunto de interés general. Cualquier contingencia podía poner en graves dificultades a los deudores o acreedores y, en consecuencia, a la economía del país. Por lo tanto, el rey y las Cortes debían legislar al respecto, conservando los derechos de estos últimos, siempre que esto no amenazara la supervivencia de 50

3ª CYADC I, 4, 25, 11, Juan II en las Cortes de Monzón de 1470 (capítulo de Corte 29). Vid. supra 3.3. 3ª CYADC III, 4, 8, 3, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1537 (capítulo de Corte 7). Vid. supra nota [28]. 52 3ª CYADC III, 4, 8, 6, el príncipe Felipe, lugarteniente general del rey Carlos I, en las Cortes de Monzón de 1547 (capítulo de Corte 37). Vid. supra 3.3. 53 Recordemos el célebre episodio protagonizado por Juan Fiveller y Fernando I en Barcelona (R. GRAU, «Joan Fiveller, Ferran I i les imposicions municipals de Barcelona. Repàs a un mite històric», en Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 [1996], pp. 53-99). 54 Este fenómeno es ampliamente abordado en este mismo volumen [Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval] por los trabajos de M. TORRAS, A. GALERA, M. SÁNCHEZ, J. MORELLÓ y P. VERDÉS. 51

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los primeros. En otras palabras, hacía falta garantizar a los acreedores el cobro de sus pensiones, a la vez que dejar un margen a las comunidades locales para que no quebraran. El equilibrio —contradictorio desde sus orígenes— no fue fácil, y la gran cantidad de referencias que contienen las CYADC así lo testimonian. Los primeros indicios de esta situación se remontan al año 1355, cuando Pedro III mandaba a sus oficiales que hicieran cumplir, en sus jurisdicciones, los compromisos y las penas pecuniarias contraídas en las ventas de censales y violaris, ya que le habían llegado noticias de que los deudores se resistían y alegaban no estar obligados.55 En las Cortes de Monzón de 1363, la situación ya aparece de manera clara. Los estamentos pidieron al rey que se comprometiera a no conceder bajo ningún concepto, guiajes, prórrogas, sobreseimientos u otras provisiones a universidades o singulares obligados al pago de pensiones de censales muertos o violaris; o al cumplimiento de las penas sobre personas o bienes que se derivaran de su impago. Asimismo, se solicitaba que ningún acuerdo entre una parte de los acreedores y deudores fuera vinculante, bajo ningún pretexto, para el resto de los acreedores, y tampoco se admitiría ningún tipo de presión del entorno real en este sentido. El monarca accedió a la petición y dispuso que a partir de aquel momento tuviera rango de «constitución general y perpetua».56 55 3ª CYADC II, 4, 15, 11, Pedro III en la pragmática dada a todos los oficiales en Perpiñán el 24 de noviembre de 1355. «Ad nostrum pervenit auditum quod quam plures qui, tam in contractibus pacis et concordiae quam in venditionibus censualium et violarium necnon aliis contractibus, de eis observandis et pactis vel primissionibus inhitis complendis juramenta et homagia ore et manibus commendata praestiterunt, adjectis etiam poenis peccuniariis, talem praesumunt sustentare malitiam vel errorem quod allegant nullam eis imminere poenam si ipsa juramenta et homagia non observent et poenas peccuniarias in hiusmodi venditionibus censualim et violarium appositas non debere nec consuevisse exigi vel levari sane attendentes quod securitas et obligatio cum juramento et homagio factae in nostro principatu firmissime reputantur et crime bausie in Usaticis Barchinone inter capitalia crimina enarratur ut habetur in usatico «Ex Magistratibus». Quodque talis obligatio fortissima extimatur multique sub tali juramenti et homagii securitate et praesidio confidunt et intendut sub pace quiescere et laetari. Et cum grave sit fidem fallere et juramenti et homagii soliditatem et vinculum rumpere nihilque magis naturale existat quam pacta et fidem promissam firmiter observare ea propter talim intentionem huiusmodi malitiam et errorem in contrarium excitantium detestabilem reputantes, vobis dicimus et mandamus, tam nomine proprio quam ut pater et legitumus admininistrator incliti et magnifici infantis Joannis, primogeniti nostri charissimi, ducis Gerunde comitisque Cervariae, quatenus quilibet vestrum infra sibi comissam jurisdictionem curetis et faciatis juramenta et homagia observari et eorum transgressoris poenis debitis puniatis poenasque peccuniarias in dictis contractibus venditionum censualium et violariorum appositas exigatis si commisae fuerint et levetis prout justitia sua debit et alias in praedictis faciatis et procedatis quod et prout juste et debite fuerit faciendum». 56 3ª CYADC I, 1, 24, 2, Pedro III en la Corte de Monzón de 1363 (capítulo de Corte 1). «Vos senyor o lo senyor Duc e vostres governadors ni altres per nom seu o authoritat vostra o sua no puxats fer ne atorgar elongaments, sobreceïments, guiatges, manaments, emparas, empatxaments, inhibitions, reservations, abdications de jurisdictió ne algunas altras provisions per neguna rahó o manera, vulles per regalia o regalias o per restauració de casal o casals o per barrejaments de companyas o per qualsevol altra manera, necessitat, rahó, causa o dret per gran que fos, directament o indirecta, de scrit o de paraula, en e sobre execucions o qualsevol enantaments

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A pesar de dicha disposición, en cada asamblea de la segunda mitad del siglo XIV había que confirmar la constitución. En 1365 Pedro III confirmaba un capítulo de la Corte de Barcelona del año anterior,57 donde nuevamente se había comprometido a no conceder, bajo ningún concepto, provisiones que comprometieran el cobro de las pensiones de censales y violaris por parte de los acreedores, ni de las penas que de ellas se derivaran.58 Aquel mismo año, en las Cortes de Barcelona, se repetía y se especificaba que la guerra contra Castilla no pudiera ser causa de prórrogas en el pago de pensiones o sobreseimientos de penas.59 Sin embargo, dicho conflicto había trastornado mucho la vida del Principado, y en las Cortes de Barcelona del año 1369, coincidiendo con el paso por Cataluña de las compañías mercenarias procedentes de Francia, se confirmaba la citada provisión, pero se contemplaba que se hicieran excepciones en

qui·s demanen o·s façan, axí en presons de personas com de bens, per rahó de censals e violaris contra qualsevol universitats o personas que sien o seran en censals morts o violaris obligadas o detingudas, de qualsevol preeminèntia o grau, stament, ley o condició sien, e com encara se puxés dir que la major part dels creedors hi consentissen o fessen compositió o avinença alguna ab los obligats als dits censals o violaris, los altres creedors havents censals o violaris no hajessen en lur executió torb o empatxament algú ne hajessen per força seguir la avinença de la major partida ne de açò, senyor, vos o lo senyor duc o vostres officials los ne puxats forçar e si lo contrari era fet o·s feya que no valgués ans fos nulles e si ja són atorgats o atorgadas sien haüts per revocats o per revocadas e per no fetas, axí que no hajan valor, e aquellas no contrastants se dejan e·s puxen fer executions forment e destreta segons las obligations e en altra manera. E que los officials reyals qui ara són e encara aquells qui per temps seran hajan e sien tenguts de servar lo present capítol e las cosas en aquell contengudas, no contrastant si de vos, senyor, o del senyor duc o de governadors o de altres officials vostres o seus han haüt o havien de ací avant manament en contrari, sots qualsevol forma de paraulas o per qualque necessitat o rahó aquell manament se fes, encara quant fos penal, ni per açò lo official puxés encorrer reprehensió o pena alguna. E açò sie aximateix atorgat als habitadors de la ciutat e regne de Mallorcas e de ls illas a aquell adjacents. E que de açò, senyor, vos plàcia fer Constitució general e perpetual, bona e larga. Plau al senyor rey». 57 M. SÁNCHEZ y P. ORTÍ, Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Barcelona, 1997, p. 278. 58 3ª CYADC III, 1, 10, 2. Pedro III en las Cortes de Tortosa de 1365 (capítulo de Corte 1). «Vos senyor e la senyora reyna, el senyor Duc e altres per nom o authoritat vostra no puxats fer o atorgar elongaments, sobreseïments, emparas, guiatges o altras provisions per nenguna rahó, vulles per regalia o regalias o restauració de casal o casals o en altra qualsevol manera o rahó, en e sobre censals morts e violaris venuts o venedors ne a universitats o personas en aquells obligats e obligadoras e si lo contrari era fet ho·s feya que no valgués, ans fos nulle e si ja són atorgats o atorgadas sien haüts per revocats o per revocadas axí que no hajen valor e, aquells no contrestants, se pugan e·s degan fer las execucions segons las obligations e en altra manera no. E que los officials reyals qui ara són e encara aquells qui per temps seran hajan e sien tenguts de servar lo present capítol e las cosas en aquell contengudas. Plau al senyor rey que sie servada sobre açò la provisió feta entany a Barcelona per lo senyor e per son consell». 59 3ª CYADC I, 1, 24, 3, Pedro III en las Cortes de Barcelona de 1365 (capítulo de Corte 3). «Lo senyor rey ne la senyora reyna ne lo senyor duc ni procurador general ni portantveus ni algun official ne altra persona qualsevulla que sie no faça ni puxa atorgar elongaments, sobreceïments o emparas per rahó de la Guerra de Castella o per qualsevol rahó a qualsevol personas de qualsevol condició sien que sein obligadas a censals morts o a violaris venuts e qui de aquí avant se vendran a instància de part ni per propri moviment. E si ja són atorgats o atorgadas o de aquí avant se atorgaran no puxan de aquellas usar en ninguna manera, ans sien ara axí com lavors e lavors axí com ara haüdas per cassas e per nullas. E açò mateix sie entés de guiatges faedors a qualsevol persona per rahó de la present Guerra de Castella o per qualsevol altra manera. Plau al senyor rey».

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los lugares asaltados por estas tropas, prevía inspección de los oficiales reales.60 En 1372, la confirmación otorgada por las Cortes de Barcelona volvía a ser la habitual, y ninguna causa podía justificar la rotura de las garantías contractuales en el pago de las rentas.61 Este orden de confirmaciones representaba solamente una cara de la moneda, puesto que en la otra estaban las prórrogas y sobreseimientos otorgados periódicamente por el rey en cada una de las asambleas.62 Con el objetivo de no ahogar las economías municipales que le suministraban capital para sus empresas, el monarca perdonaba hasta aquel momento las penas a las universidades deudoras, a la vez que prometía no conceder más en lo sucesivo, para no cerrar las puertas del mercado de las rentas. Sin embargo, las CYADC no recogen estas remisiones de penas debidas a censales y violaris o a homenajes rotos por falta de hostatges, hasta las Cortes de Barcelona de 1413.63 Con posterioridad a esta fecha, CYADC también contienen la remisión concedida por Alfonso IV en las Cortes de San Cugat de 1419,64 y las que su mujer y lugarteniente, la reina María, otorgó durante las Cortes de Barcelona de 1422.65 El precario equilibrio entre deudores y acreedores parece romperse en las Cortes de Barcelona del año 1432. En aquella asamblea, Alfonso IV, tras considerar que se habían dado órdenes contrarias a los capítulos de Cortes (mención a los capítulos de 1363) y privilegios que garantizaban el cobro de pensiones

60 3ª CYADC I, 1, 24, 4, Pedro III en las Cortes de Barcelona de 1369 (capítulo de Corte 1). «(…) Plau al senyor rey si doncs no era per reparatió de loc qui fos estat barrejat per gents stranyas e de açò abans se hagués a fer informatió e no puxés fet en lo dit cas los dits elongaments e sobreceïments e altras cosas en lo dit capítol contengudas ningun official del senyor rey sino la persona del rey ab son consell (…)». 61 3ª CYADC I, 1, 24, 5, Pedro III en las Cortes de Barcelona de 1372 (capítulo de Corte 2). 62 Estas disposiciones pueden seguirse perfectamente en los capítulos de los donativos transcritos y publicados por M. SÁNCHEZ y P. ORTÍ, Corts, Parlaments y fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384). 63 3ª CYADC III, 10, 4, 1, Fernando I en las Cortes de Barcelona de 1413 (capítulo de corte 9). «Vos senyor remetats de present e hajats per remesos als braços e staments de la dita Cort e quiscun d’ells e a ciutats, vilas e locs del dit principat e a singulars personas de aquell e a quiscun d’ells e a lurs homes totas e senglas penas e terços comesos o deguts per censals o violaris, hoc encara com haguessen trencats homenatges per no tenir hostatges e totas altras penas de hosts fallidas e de bans, encara que los dits bans devallassen de qualsevulla excessos o crims, o de terços o de quarts o de quints o de obligations o de compromissos o de contractes o de clams o de fermas de dret o de notaris qui no hajan servada la Constitució de Perpinyà sobre contractes e altras cartas que hajan presas o de sosteniment de bandejats o de gitats de Pau e Treva o de manleutas e encara totas altras penas peccuniàrias e civils, no devallants de propris crims, tro al die de vuy e que las ditas penas e altras cosas demunt ditas no puxan ésser demanadas per vos, senyor, ne per vostres officials e si per las ditas penas e altras cosas havía plet penjat o proçés o penyoras per executió que sie hagut tot per remés e las penyoras tornadas. Plau al senyor rey». 64 3ª CYADC III, 10, 4, 2, Alfonso IV en las Cortes de San Cugat de 1419 (capítulo de Corte 1). 65 3ª CYADC III, 10, 4, 3, María, mujer y lugarteniente del rey Alfonso IV, en las Cortes de Barcelona de 1422 (capítulo de Corte 1).

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de censales, de los cuales dependía su supervivencia, reguló detalladamente la actuación de los oficiales reales con respecto a la ejecución de las deudas. Con respecto a las universidades, el capítulo XII ordenaba que los oficiales podrían ejecutar los bienes de cualquier habitante de una universidad deudora, pero sólo podrían encarcelar a los que hubieran firmado en el sindicato o contrato de la venta del censal o violario.66 Aunque habría que profundizar más en el tema, este endurecimiento de la actitud real parece ser, cuando menos, aparente o momentánea. En 1470, tras los desastres de la Guerra Civil, Juan II, como era habitual al final de cada sesión de Cortes, concedía una remisión general de cualquier clase de pena civil67 habida hasta la fecha; a la vez que confirmaba la constitución Com sobre la conservació dels censals dictada por Alfonso IV en las Cortes de Barcelona de 1432.68 66 3ª CYADC I, 7, 11, 1, Alfonso IV en las Cortes de Barcelona de 1432 (cap. 4- 21). «(…) Com sobre la conservatió dels censals morts e violaris per deffensió e gran utilitat de la cosa pública del principat de Cathalunya e de tots nostres regnes e terras introduïts e la prompta executió de aquells per tolre tot embarc, lo qual per diversas maneras se feya, empatxant los pagaments e la execució de aquells faedora, fossen diversos capítols de Corts generals fets e fermats per los reys gloriosos antecessors nostres, specialment per lo molt illustre senyor rey en Pere, proavi nostre de gloriosa memòria, en la Cort general per ell celebrada en Montsó, hu qui és del tenor següent «Vos senyor e lo senyor duc etc.»; e aprés la concessió e ferma del dit capítol sien estadas atorgada e fetas per los successors del dit senyor rey en Pere e predecessors nostres e encara per nos per inadvertència o en altra manera emanadas de la lur e nostra Audièntia o consell diversas inhibitions, reservations, abdications, actes e manaments contraris a las cosas en lo predit capítol contengudas e encara sien estadas suscitadas moltas maneras per la quals las collectas dels dits censals e violaris a tanta utilitat de la cosa pública del dit Principat e de tots regnes e terras, segons dit és, introduïts, és torbada (…). (…) E com sie affermat per alguns que encara que syndicat sie fet per alguna universitat, per la qual sie dada potestat al syndic o syndics creat o creats de obligar los presents, absents e sdevenidors e lurs bens e encara com tota la univeritat plegada fa contracte en lo qual obliga los presents e absents e esdevenidors e lurs bens que en virtut del contracte fet per lo syndic o syndics, avent lo dit poder o per la dita universitat, no són alguns obligats en aquell contracte si doncs no han expressament fermat en aquell. Per ço, tollent tot dubte sobre açò causat, statuim e perpetualment ordenam que tot syndicat fet per universitat congregada segons que per aquella és acostumat ajustar-se e encara tot contracte per aquella fet sobre vendas de censals o violaris, en lo qual syndicat sie dat poder per la dita universitat de obligar los presents, absents e sdevenidors e bens lurs o en lo contracte per la dita universitat celebrat, en lo qual serà la clàusula continent que la dita universitat obliga los presents, absents e esdevenidors e lurs bens, sien de tanta authoritat, força e valor que en virtut de aquells syndicat o contracte lo official request executar los dits censals o violaris puga e haja executar tots e qualsevol qui fossen d’aquella universitat, axí absents com presents, e encara lo esdevenidors pobladors en lo loc hon la dita universitat és constituïda e bens lurs; declarat, que a la captió de las personas dels incolas e habitadors de la universitat no puga ésser proceit si doncs las personas de aquells en lo contrate o syndicat fermat no hauran (…)». 67 3ª CYADC III, 10, 4, 4, Juan II en las Cortes de Monzón de 1470 (capítulo de corte, 45). «Com sie acostumat vostra majestat en la conclusió de cascuna Cort atorgar remissió general de qualsevol penas e terços, quarts e sinquenes civils en las quals qualsevol subdits de vostra excellèntia sien incorreguts en qualsevol manera fins en lo die de la conclusió de la dita Cort. Per tant, la dita Cort supplica a vostra celsitut sie mercé sua atorgar de present semblant remissió. Plau al senyor rey». 68 3ª CYADC III, 10, 5, 21, Juan II en las Cortes de Monzón de 1470 (capítulo de corte, 26). «Supplica la dita Cort humilment sie mercé vostra atorgar e manar ab grans penas la Constitució feta e atorgada per lo senyor rey Alfons de gloriosa memòria en favor dels censals en la Cort celebrada en la ciutat de Barcelona,

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Las remisiones de penas se reproducen en las Cortes de Barcelona de 148169 y de 149370 en términos idénticos. Sin embargo, las garantías para los acreedores censalistas también aparecen desde 1502 bajo la forma de inhibición para la Real Audiencia a la hora de admitir causas que entorpecieran o impidieran la ejecución de censales o violaris y sus penas derivadas.71 En las Cortes de 1503,72 1510,73 1512,74 1520,75 15(..?),76 1537,77 1542,78 1547,79

la qual comença “Com sobre la conservació dels censals etc.”. La qual sie haguda en lo present per incerta e a cautela loar, approvar, retificar e confirmar-la e sie inviolablement observada juxta sa sèrie e tenor. Plau al senyor rey». 69 3ª CYADC III, 10, 4, 5, Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1481 (capítulo de Corte, 3). «Supplica la dita Cort que plàcia a vostra altesa remetre de present e haver per remés als Braços etc. “ut in constitutione del rey Ferrando primer y de Alfons quart demunt incertadas”». 70 3ª CYADC I, 10, 10, 1, Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1493 (cap. 68). «E més a supplicatió de la present Cort remetem de present e havem per remesas als Braços e tres staments de la present Cort e a quiscú dels ecclesiàstics e militars e altres ciutats vilas e locs del dit principat e singulars personas de aquells e de cascú d’ells totas e sengles penas e terços comesos e deguts per censals e violaris, hoc encara com haguessen trencat homenatges per no tenir hostatges e totas altras penas de hosts fallidas e de penas e bans, encara que los dits bans devallassen de qualsevol excessos o crims, de terços o de quarts o de quints o de obligacions o de compromesos o de contractes o de clams o de reclams o de fermas de dret o de notaris qui no hajan servat la constitució de Perpinyà sobre contractes o altras cartas que hajan presas o de sostenimens de bandejats o de gitats de Pau e Treva o de manleutas o de marcas e encara totas altras penas pecuniàrias tro al die de vuy. E que las ditas penas e altres cosas demunt ditas no pugan ésser demanadas per nos ne per officials nostres e si per las ditas penas e altras cosas demunt ditas haurà plet penjat e processos o penyoras per executió presas, volem que sie hagut tot per remés e las penyoras tornadas». 71 3ª CYADC I, 3, 7, 7, Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1502 (cap. 5). «(…) volents expressament que en qualsevol evocations generals (a la Reial Audiència) sie insertada la clausula següent: Dummodo non impediatur executio pensionum censualium et violariorum et non sit causa minor viginti librarum». 72 3ª CYADC III, 10, 4, 6, Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1503 (cap. 45). «Més a supplicatió de la present Cort remetem de present e havem per remesas etc·ut in Curia anni 1493, cap. 68». 73 3ª CYADC III, 10, 4, 7, Fernando II en las Cortes de Monzón de 1510 (cap. 62). «Més a supplicatió de la present Cort remetem de present e havem per remesas etc ut in Curia anni 1493, cap. 68». 74 3ª CYADC III, 10, 4, 8, Germana de Foix, mujer y lugarteniente general de Fernando II, en las Cortes de Monzón de 1512 (cap. 2). «Més a supplicatió de la present Cort remetem de present e havem per remesas etc·ut in Curia anni 1493, cap. 68». 75 3ª CYADC III, 10, 4, 9, Carlos I en las Cortes de Barcelona de 1520 (cap. 19). «Més a supplicatió de la present Cort remetem, y havem per remesas, Reriqua (sic) ut in Curia anni 1434, cap. 68». 76 3ª CYADC III, 10, 4, 10, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542 (sic) (capítulo de Corte, 19). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc. “reliqua ut supra cap. I”» (Fernando I, 1413 y Alfonso IV, 1419). 77 3ª CYADC III, 10, 4, 11, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1537 (capítulo de Corte, 10). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc. “et reliqua ut supra cap. I”» (Fernando I, 1413 y Alfonso IV, 1419). 78 3ª CYADC III, 10, 4, 12, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542 (capítulo de Corte, 24). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc. “ut reliqua ut supra”» (Fernando I, 1413 y Alfonso IV, 1419). 79 3ª CYADC III, 10, 4, 13, Felipe, príncipe y lugarteniente general de Carlos I, en las Cortes de Monzón de 1547 (capítulo de Corte 48). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc. “reliqua ut supra”» (Fernando I, 1413 y Alfonso IV, 1419).

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1564,80 158581 y 1599,82 recogidas en las CYADC, encontramos el correspondiente capítulo con la remisión de penas. Asimismo, en las Cortes de 1537,83 154284 y 1547,85 aparece el que invalidaba la evocación de causas de ejecuciones de censales y violaris en la Real Audiencia.

4.2. UN CASO ESPECIAL: LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL

Dentro de toda esta regulación del pago de las rentas de censales y violaris hay un episodio de especial relevancia que merece mención aparte: la sentencia arbitral dictada por Fernando II el 5 de noviembre de 1481, que aparece en la compilación como un acto de corte —dado que el rey actuaba a instancias de la Corte reunida en Barcelona— en el título (I) De violentia e restitutió de despullats.86 En esta sentencia, Fernando II dictamina sobre diferentes cuestiones provocadas por las confiscaciones de bienes derivadas de la guerra civil y los problemas originados por el mismo motivo en el pago de las rentas de censales y violaris. Respecto a esta última cuestión, el rey regula, entre otros aspectos, las deudas acumuladas hasta entonces, el pago de pensiones a partir de aquella fecha y las luiciones de rentas que tuvieron lugar durante la época de las «turbaciones». Las decisiones reales vienen condicionadas claramente por

80 3ª CYADC III, 10, 4, 14, Felipe II en las Cortes de Barcelona de 1564 (capítulo de corte, 30). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc. “reliqua ut supra”» (Fernando I, 1413 y Alfonso IV, 1419). 81 3ª CYADC I, 10, 10, 2, Felipe II en las Cortes de Monzón de 1585 (capítulo de Corte, 27). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans (etc.)». 82 3ª CYADC I, 10, 10, 3, Felipe II en las Cortes de Barcelona de 1599 (capítulo de Corte, 91). «Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans (etc.)». 83 3ª CYADC III, 3, 3, 1, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1537 (capítulo de Corte, 6). «(...) Que plàcia a vostra majestat statuir e ordenar que quant se evocaran causas en la Reyal Audiència la part evocant aquelles haja prestar jurament en poder del relador a qui seran comesas que la causa no és menor de sinquanta liuras ne de impositions de ciutats, vilas o locs reyals ni de executions de censals o violaris. Plau a sa majestat que la dita constitució se entenga que com era de vint liurs sie fins en sinquanta liuras e·n altras cosas del dit capítol se serve lo acostumat». 84 3ª CYADC III, 3, 3, 2, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542 (cap. 1). Confirmación del cap. 6 de las Cortes de Monzón de 1537. 85 3ª CYADC I, 3, 7, 11, Felipe, príncipe y lugarteniente general de Carlos I, en las Cortes de Monzón de 1547 (cap. 2). «(...) y que en las letras citatòrias e inhibitòrias que exiran de la Reyal Cancelleria sie posada clàusula exprimint e eximint aquellas de la inhibitió, axí com las causas de pensions de censals o violaris o se demanassen per vía executiva o alias». 86 3ª CYADC II, 8, 1, 1 Fernando II en la sentencia arbitral dada en Barcelona el 5 de noviembre de 1481, en virtud de un acto de corte. Sobre la figura de las sentencias arbitrales, F. RIVERO HERNÁNDEZ, «Sentències arbitrals. La Sentència arbitral de Guadalupe (Ferran II, 1486)», en Documents jurídics de la Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pp. 203-218.

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dos factores relacionados con el conflicto bélico pasado: la difícil situación en que se encontraba el país tras la guerra y la vinculación de los afectados en uno u otro bando durante la contienda. Asimismo, nos interesa remarcar que las universidades estaban directamente afectadas por esta pragmática, como se explica de manera oportuna. En el caso de las universidades señoriales, éstas veían remitidas las pensiones de censales y violaris que debían hasta el 20 de septiembre de 1479, fecha de la promulgación de una pragmática dictada por Fernando II en Barcelona. Desde aquella pragmática hasta la presente (5 de noviembre de 1481) las pensiones debían pagarse en la forma especificada y en un plazo de cuatro años (un cuarto de la deuda cada año). En cuanto al pago de pensiones a partir de dicha fecha, y considerando las dificultades financieras que debían de sufrir muchas de estas universidades, se concedía una reducción de pensiones, cuyas características variaban según la adscripción del deudor-acreedor a uno u otro bando durante la guerra. Las universidades señoriales que se hubieran mantenido fieles al rey Juan desde 1464, inclusive, pagarían un 70% de la pensión (catorce sueldos por libra) a los acreedores eclesiásticos, causas pías, instituciones benéficas y acreedores fieles durante un período de quince años; y después pagarían la pensión con la que contribuían antes de la guerra. En el caso de los acreedores que no hubieran sido obedientes en el curso del período citado, sólo se les pagaría un 60% de la pensión (doce sueldos por libra), sin mencionar el fin ni la duración de esta medida. Las universidades señoriales que no hubieran sido fieles, no disfrutarían de la reducción si el acreedor lo hubiera sido; y sólo disfrutarían de un 80% de reducción (dieciséis sueldos por libra) cuando los acreedores tampoco lo hubieran sido durante quince años. Las universidades reales, como hemos dicho al referirnos a las imposicions, constituían un caso aparte, y tanto si habían sido fieles como si no, durante quince años pagarían solamente lo que pudieran, con el dinero recaudado por la vía de las imposicions. Es decir, que los acreedores podrían hacerse cargo del arrendamiento o recaudación de este impuesto indirecto y repartirse (compartir) el producto proporcionalmente (a sou e a lliura) al volumen de sus pensiones. Una vez pasado este plazo, dichas universidades pagarían las pensiones que pagaban antes de la guerra. Aunque en todos estos casos se contemplaba la posibilidad de que existiera algún pacto o concordia firmado voluntariamente entre las partes después de 1464, alguna sentencia arbitral o judicial, o aquells qui són en possessió de rebre quiscun any majors annues pensiones dels dits censals o violaris de la present reductió. Entonces se debería respetar la situación existente y se efectuarían excepciones a la citada normativa. En este sentido y para

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no crear confusiones, también se consideraban excluidos de la presente regulación los censales y violaris vendidos por las universidades durante la guerra, tras su caída en manos del rey, y los que se venderían en un futuro. Finalmente, se revocaban todas aquellas luiciones o remisiones concedidas por el rey Juan o por el entorno real a título de gracia, y sin que realmente se hubiera pagado el precio de la renta. En estas circunstancias, los censales o violaris se considerarían como no amortizados, y tendrían que pagar las pensiones anualmente de la manera anteriormente especificada. Un caso concreto de especial relevancia era el de la ciudad de Barcelona, que era acreedora de ciertos censales sobre el general. En este caso no se produciría reducción y la ciudad percibiría las pensiones correspondientes por la compra de dichas rentas. Anualmente, los diputados pagarían las pensiones al clavario de la ciudad en tres plazos (un tercio cada plazo), y aparte, 600 l.b., destinadas a eliminar parte de estos censales. Pero los derechos y rentas del general, en manos de los regidores municipales en aquel momento, serían devueltos a los diputados o a los receptores del general en virtud de esta pragmática.

5. FISCALIDAD DIRECTA

Dos son las disposiciones contenidas en las CYADC, que afectan a la fiscalidad directa, en forma de tallas, de las universidades catalanas. De poca trascendencia, aunque con mucho significado, es el privilegio —pragmática, según el enunciado de los compiladores— que Pedro III concedía a los consejeros y prohombres de Vic el 21 de julio de 1340 desde Barcelona. Es la única ocasión en que se compila una decisión que afectaba, aunque indirectamente, al cobro de una talla —impuesto directo— por parte de los magistrados municipales. Invocando a la communi utilitati, el rey mandaba a los talladors que valoraran, con el mínimo posible, los libros que pertenecían a los juristas, de manera que estos bienes disfrutaran de una cierta exención fiscal, ya que se consideraban los instrumentos de trabajo de sus propietarios y porque así era la costumbre de que se hiciera.87 El ánimo de la 87 3ª CYADC II 4,11,1 «Pere terç en la pragmàtica als consellers y prohomens de Vic, dada en Barcelona a 12 de Calendas de agost 1340»: «Pro parte jurisperitorum civitatis Vici fuit nobis humiliter demonstratum, quod in dicta civitate fuerunt factae, et fiunt talliae, seu collectae in quibus talliare debent unumquemque pro rata valoris bonorum suorum, quae habent, quod vocatur vulgariter Manifest, dictique talliatores nituntur jurisperitos praedictos talliare pro rebus privilegiatis, ut sunt libri juris quos habent ad usum et officium advocationis, quod respicit utilitatem Reipublicae, in magnum ipsorum juris peritorum praejudicium, ut asseritur, sive damnum. Qua propter admirantes si dictos juris peritos talliatis pro libris ipsorum, cum in pluribus habeatis

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pragmática no era intervenir en el proceso de preparación del impuesto directo en su fase de valorar los bienes de los vecinos sobre los que se impondría el tributo, sino atender, aunque con consecuencias fiscales, la petición de un colectivo profesional determinado.88 En segundo lugar, y con un valor testimonial por lo que a fiscalidad municipal se refiere, encontramos la inclusión en el volumen segundo del privilegio Recognoverunt proceres, que Pedro II otorgó a Barcelona en 1284. Es en este texto donde indirectamente se recoge el derecho de Barcelona a tener una hacienda municipal para socorrer las necesidades vecinales. En medio de las disposiciones de derecho privado, esencialmente de origen consuetudinario, encontramos el capítulo 87, en el cual el monarca concede a todos los ciudadanos de Barcelona, sin excepción de privilegio, que participen —podría entenderse que proporcionalmente a su riqueza— en la fiscalidad del municipio. El mismo privilegio recoge la exención de diferentes tributos y lezdas reales para los barceloneses.89

6. CONCLUSIONES

1. Una exploración y análisis de las disposiciones referentes a la hacienda y fiscalidad municipal contenidas en las CYADC revela, como se ha citado, un protagonismo casi absoluto de todo lo relacionado con imposicions y endeudamiento censal. No ha de extrañar, si se tiene en cuenta que estas dos instituciones —imposicions y censales y violaris— son los dos ejes sobre los cuales pivotaba gran parte el sistema fiscal municipal a partir del siglo XV. El peso de los tributos directos, nada despreciable para los siglos medievales y modernos, no se ve reflejado en la compilación. No porque no fuera importante, sino porque probablemente en los siglos modernos esta institución no generó conflictos destacables que tuvieran que ser resueltos fuera del municipio, y porque se trata de regi eorum consilio, ac etiam adjuvari qui quidem jurisperiti patriam, suosque posteros deffendunt, et communi utilitati intendunt, vobis et quibuscunque, talliatoribus dictae Civitatis dicimus et expresse mandamus, quatenus dictos jurisperitos pro dictis libris minime tallietis et eosdem ad contribuendum pro eisdem libris minime compellaris, alis vos proinde de inobedientia puniremus». 88 Es difícil saber si esta pragmática sentó algún precedente o, al contrario, extendió entre los juristas de Vic un hecho que a lo largo del siglo XIV era habitual en la tasación de bienes muebles: no tasar y, por consiguiente, no pagar por los enseres que servían para producir riqueza, y en cambio hacerlo por la propia riqueza generada (véase Max TURULL RUBINAT, «La hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la Edad Media. Planteamiento general», en Revista de Hacienda Autonómica y Local, vol. XXII, nº 64 (1992), pp. 9-80). 89 3ª CYADC II 1, 13, 1, 1-116, Pedro II, Barcelona, 1284 (cap. 87): «Item concedimus capitulum quod quilibet civis Barchinone solvat et contribuat partem sibi contingentem in serviciis vicinalibus et inde non excusetur ratione alicuius Privilegii».

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una institución bien asentada dentro de su ámbito. Los conflictos, que los hubo, en todo caso eran estrictamente intramunicipales; por otra parte, los reyes ya habían autorizado a las universidades, en particular, para proceder a la recaudación de tallas, y en esta autorización no se contemplaba ningún tipo de control como el que se podía interpretar que derivaba de las imposicions. 2. Las disposiciones sobre las imposicions tratan de lo siguiente: de la necesidad de la autorización regia para su percepción por parte de las universidades; del interés general que ha de acompañar a la percepción de imposicions autorizadas por el rey; de la inspección y el control de la contabilidad municipal derivada del cobro de las imposicions; de la base de resolución de conflictos; y de la contribución de los nobles y los eclesiásticos. De todos estos temas, la mayor parte de disposiciones estudiadas hacen referencia a los dos últimos. Se puede afirmar que no hay ninguna disposición que incorpore o afecte al derecho intrínseco de la institución; al contrario, se trata de problemas de competencias o jurisdicciones, que no modifican la sustancia de la institución, tal como había sido configurada durante la primera parte del siglo XIV. 3. Las disposiciones sobre los censales tratan de: la garantía de los derechos de los acreedores que debe ser compatibilizada con los intereses de las universidades (incluyendo en esta voluntad armonizadora la sentencia arbitral de 1481); prórrogas y sobreseimientos autorizados por el rey; y remisión de penas. Estamos ante disposiciones circunstanciales y particulares, que más se acercan a la órbita del procedimiento que a la de la sustancia. La institución del censal y violario, fijada por la práctica y la doctrina en el siglo XIV, no se ve modificada por las disposiciones contenidas en la compilación. 4. A efectos formales podemos afirmar que predominan las disposiciones dictadas bajo los reinados de Pedro III, Fernando II, Carlos I y Felipe II (incluidas las que dicta siendo príncipe); y en cuanto a siglos, la mayoría lo son del XVI. 5. Respecto a la naturaleza jurídica de las disposiciones, predominan los capítulos de corte. Como hemos visto, son muchas las ocasiones en que los brazos solicitan al monarca medidas de protección y de fortalecimiento de sus instituciones fiscales y financieras. En este sentido, es destacable la gran cantidad de capítulos de corte, en los que el monarca accede a que las causas derivadas de las imposicions sean sustanciadas en las mismas universidades y no en la Real Audiencia. Las reiteradas peticiones del brazo real, con el consiguiente asentimiento regio, ponen de manifiesto la ineficacia de estas disposiciones. El monarca se mostraba favorable, en los capítulos de Corte, a que la Real Audiencia no sustanciara causas de imposicions, pero este tribunal, cuyos miembros eran nombrados por el mismo rey, reincidía reiteradamente.

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6. Finalmente, debemos referirnos a la ubicación interna de las constituciones, capítulos de corte, pragmáticas y otros derechos contenidos en la compilación. Teniendo en cuenta la clasificación sistemática que sigue la compilación —directamente inspirada, como se ha dicho, en la del Código justinianeo medieval—, la clasificación del material tiene cierta importancia. Esta clasificación viene a confirmar lo que hemos apuntado a propósito del predominio de la materia jurisdiccional y de procedimiento sobre el derecho sustantivo. En primer lugar, y en una proporción parecida a la de la propia compilación, predomina el derecho general aprobado en Cortes. Pero tanto por lo que respecta al volumen primero como al segundo, la mayoría de disposiciones están incluidas en los libros 3 y 4 y algunas menos, en los libros 7 y 8; o sea, la parte de la compilación dedicada al derecho privado y al derecho procesal privado (libros 2 al 8 en el CJ). También encontramos material compilado al final del libro primero (en CJ ocupa los títulos 26 al 57), tanto en el primero como en el segundo volumen, libro dedicado, entre otras materias, a los oficiales públicos y, en menor medida, al derecho administrativo. Finalmente, no falta, para el primer volumen y para el tercero de forma notable, el material compilado en el libro 10 (aquel libro paralelo a CJ 10, 11 y 12) con derecho administrativo y derecho financiero. En todo caso, lo que hay que subrayar es que éste no es el lugar predominante en el que fueron ubicadas las disposiciones que hemos analizado, porque como hemos dicho, no afectaban al núcleo de la institución, sino a algún aspecto de su gestión y jurisdicción. 7. En otro nivel, y dentro del contexto de la construcción estatal de época moderna, podríamos decir que la compilación de 1704 constata tangencialmente el desmantelamiento de la antigua fiscalidad real con pretensiones de generalidad —aquella que surgió con Ramon Berenguer III, basada sobre todo en la percepción del bovaje90 y del monedaje—;91 desmantelamiento que la monarquía no pudo sustituir completamente con nuevas instituciones fiscales generales y estables. Es muy significativo que el único impuesto percibido de forma general y estable en Cataluña fueran las denominadas generalidades, administradas por la diputación del general y no por el rey. 90 Sobre el bovaje, 3ª CYADC I, 10, 4, 1, Pedro II en las Cortes de Barcelona de 1283 (cap. 5); 3ª CYADC I, 10, 4, 2-4, Jaime II en las Cortes de Barcelona de 1299 (cap. 25, 26 y 28); 3ª CYADC I, 10, 4, 5-6, Jaime II en las Cortes de Lérida de 1301 (caps. 9 y 15); 3ª CYADC I, 10, 4, 7, Alfonso III en las Cortes de Montblanc de 1333 (cap. 35). Véase SÁNCHEZ, El naixement, pp. 40-44, con las referencias bibliográficas correspondientes a Bisson y Soldevila, y el trabajo de Jordi Morelló sobre la remisión del bovaje en el Campo de Tarragona (en prensa). 91 Sobre el monedaje, 3ª CYADC I, 10, 5 ,1-2, Pedro II en las Cortes de Barcelona de 1283 (caps. 6 y 10); 3ª CYADC III, 10, 5, 24, Juan II en las Cortes de Monzón de 1470 (cap. 43). Véase SÁNCHEZ, El naixement, pp. 40-44 (véase nota anterior).

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8. En cierta medida, los únicos puntos de contacto importantes entre una y otra fiscalidad eran que el rey percibía el donativo decidido en las Cortes, y los acuerdos bilaterales con los brazos, a los que el monarca podía llegar fuera de aquellas. Dentro de esta dinámica quizá habría que incluir una «fiscalidad encubierta», que el rey obtenía a través de las remisiones de crímenes, de las confirmaciones de privilegios, etc. Por otra parte, en el siglo XV se observa con Fernando I un intento de la monarquía por construir un canal de financiación suplementario procedente de las universidades catalanas, aunque se trata de un tema poco estudiado todavía. En esta fiscalidad por estudiar, incluiríamos el derecho del quint y el recurso a los Coronajes, maridajes y cenas, instituciones que no fueron inventadas en aquellos momentos, sino que se recuperaron de los siglos medievales.92 En coyunturas bélicas, la monarquía recurrió, con nuevas fuerzas y de forma abusiva en algunas ocasiones, a la invocación del usatge Princeps Namque para movilizar la tierra en ayuda del rey.93 9. La radiografía del sistema fiscal del Antiguo Régimen, filtrada por la compilación o, mejor dicho, por las relaciones entre la fiscalidad real y la municipal, muestra una situación de no integración —o de poca integración— de ambos universos fiscales, aunque habría que verificarlo. Es una situación caracterizada por el mantenimiento de los privilegios de las universidades y por su resistencia a ceder ante los intentos integradores de la monarquía y del Estado. 10. La ausencia total y absoluta de constituciones generales que regulen los aspectos sustantivos de la fiscalidad municipal y fijen su participación en la estatal —léase real— indica que los municipios mantuvieron un alto grado de autonomía fiscal, conseguida a través de los privilegios concedidos por los reyes, entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV. Estos privilegios hicieron posible el nacimiento de una fiscalidad municipal que pronto tomó vida propia. La situación política e institucional del Principado hizo posible

92 Todas las disposiciones de CYADC sobre coronajes y maridajes, excepto una, se encuentran en los libros correspondientes a los volúmenes sobre el derecho del fisco: 3ª CYADC I 10, 3, 1: Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1493 (cap. 54); 3ª CYADC I 10, 3, 2, Fernando II en las Cortes de Monzón de 1510 (cap. 37); 3ª CYADC I 10, 3, 3, Carlos I en las Cortes de Monzón de 1534 (cap. 11); 3ª CYADC II 10, 2, 1-3, Alfonso IV en la concordia hecha con el brazo eclesiástico, fechada en San Cugat el 20 de octubre de 1419 (cap. 2); 3ª CYADC II 10, 2, 4, Fernando II en el privilegio concedido al estamento eclesiástico, fechado en Barcelona el 9 de octubre de 1481 (cap. 1); 3ª CYADC II 10, 2, 5-6 el mismo monarca en Monzón el 2 de septiembre de 1510 (cap. 9); 3ª CYADC II, 1, 14, 1, Alfonso IV en la concordia hecha con el brazo eclesiástico en San Cugat el 20 de octubre de 1419 (cap. 2). Véase en este mismo volumen [=Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval] el tratamiento que hace R. Salicrú. 93 Sobre la invocación de Princeps Namque, 3ª CYADC I, 10, 1, 6, Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1481 (cap. 8). Véase MORELLÓ, Fiscalitat i finances de dues viles, pp. 224 y ss.

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que los municipios participaran en la fiscalidad real, aunque manteniendo su autonomía y sin dejarse integrar en un sistema fiscal homogéneo y estatal. El episodio más ilustrativo que hemos podido ver es la lucha por el control de las imposicions autorizadas por los reyes, cuya administración y control —hasta sus últimos momentos procesales— fueron celosamente conservados por los municipios. 11. ¿Cómo podemos entender e interpretar esta situación de participación heterogénea del Principado en las finanzas del Estado? Hay que admitir que el Estado monárquico surgido de la unión de los reinos de Castilla y Aragón se tambaleaba en el Principado, a lo largo de más de doscientos años tras su creación, de una de las bases más importantes para cualquier estado: una fiscalidad más o menos centralizada, que permitiera, en todo caso, movilizar los recursos económicos suficientes para hacer la guerra. ¿Era éste el único modelo de estado posible, el de inspiración francesa y altamente centralizado?, ¿o es que, finalmente, se estaba construyendo un estado según parámetros no franceses, donde casi únicamente el monarca, común denominador de todos los reinos, era la personificación del Estado? Dicho de otro modo: aquella situación, que en el aspecto fiscal reflejaba una carencia de soberanía o en cualquier caso, dudas a la hora de ponerla en práctica, ¿era un estado?; o ¿tenía viabilidad como estado dentro del concierto europeo? Desde hace unos cuantos años, Charles Tilly ha puesto de relieve que en el catálogo de estados que se habían formado en Europa a partir de patrones diferentes, sólo sobrevivió y se impuso el modelo de estado que, armonizando coerción y capital, se mostró más capaz de movilizar más recursos en el menor tiempo posible, cosa que no parece que fuera el caso de la monarquía hispánica de los Austrias.

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1. PLANTEAMIENTO

La investigación sobre hacienda y fiscalidad en la Edad Media en Cataluña ha dado importantes resultados a lo largo de los últimos diez años. Se conoce mucho mejor ahora el origen, la estructura y el funcionamiento de las haciendas municipales catalanas en los siglos XIII al XV que hace quince años. Lo mismo puede decirse de la hacienda regia y, lo que no es poco importante, del enlace entre ambas. Conocemos razonablemente bien, aunque persisten importantes lagunas —hacienda y fiscalidad en las jurisdicciones feudales y eclesiásticas, por citar algo de lo más clamoroso—, los principales protagonistas de la historia. Efectivamente, no quiere ello decir que la historiografía haya agotado el tema, ni mucho menos. Entre las lagunas a que aludíamos, una de las más notorias es la referida al estudio del derecho del conde de Barcelona a imponer tributos entre sus sometidos. El presente trabajo pretende introducirse al estudio de la manera y los argumentos con que el conde de Barcelona reivindicó el derecho a imponer tributos y a recibir contribuciones económicas de sus sometidos en Cataluña en la Edad Media; es algo que apenas ha merecido, sorprendentemente, la atención de la historiografía, ni de la jurídica ni de la «generalista». Lo que sigue son notas y materiales para la discusión e hipótesis que, lejos de pretender ofrecer resultados firmes o definitivos —si es que existen trabajos definitivos en historia—, serán objeto de desarrollo en el futuro y que ahora sometemos al debate.

1 Este trabajo tiene su origen en la ponencia presentada en el seminario Establecimiento de la fiscalidad de Estado y construcción del sistema fiscal medieval (primera sesión del seminario bianual Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos bajomedievales) celebrado en la Casa de Velázquez (Madrid) los días 11 y 12 de noviembre de 1999. Agradezco la lectura crítica y las sugerencias que han realizado Francisco L. Pacheco, Manuel Sánchez, Pere Ortí y Pere Verdés sobre el texto, lo que no les hace en absoluto responsables del mismo. Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación Articulación del poder y creación del derecho en el período del ius commune, dirigido por Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la DGESEIC PB98-1215.

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Entre las prestaciones públicas que recibió el conde de Barcelona podemos distinguir, como mínimo, dos grandes grupos: lo que podemos calificar como tributos y los donativos, instituciones que si bien pueden llegar a confundirse desde un punto de vista financiero, deben ser tratados por separado desde una óptica jurídica. Aunque ocasionalmente aludamos también a los segundos, nuestro centro de interés ahora es la capacidad de establecer tributos. Conviene, por tanto, indicar en qué sentido utilizamos la palabra tributo e incluso impuesto, prestación que, con terminología moderna, junto con las tasas y las contribuciones especiales abrazarían el hecho tributario en su conjunto. Las fuentes de creación y los documentos de aplicación bajomedievales no reflejan, todavía, la elaboración dogmática del concepto de impuesto. No existe, ni con el aporte del derecho romano-justinianeo, una noción jurídica clara y madura de impuesto, sino que el impuesto se configura como una manifestación de la potestas del titular del poder. 2 Ciertamente, lo que calificamos como derecho tributario no gozaba de autonomía en la Edad Media ni sus normas fueron objecto de elaboración doctrinal antes del siglo XIV . 3 Mientras el derecho civil se contenía y ha evolucionado mayormente en y a partir del Corpus Iuris Civilis y del derecho consuetudinario, el derecho tributario se ha venido afirmando a partir de las normas estatutarias —nuestro equivalente al derecho municipal medieval— y de ordenanzas y constituciones sucesivas en el tiempo y que se multiplicaban en el espacio. Síntoma y a la vez consecuencia de la falta de autonomía del derecho tributario es la ausencia de cualquier norma o principio de hermenéutica particular. La interpretación de las normas de contenido tributario no recurre a principios especiales sino que sigue el mismo recorrido que el resto de las normas del corpus iuris. No es de extrañar, por tanto, que los primeros tratados de derecho tributario no aparezcan hasta el siglo XIV , y aun así —y es el caso de Bártolo estudiado por Berliri— buena parte de la problemática tributaria del momento es resuelta mediante la aplicación del derecho romano. La doctrina, por tanto, ante los problemas y la práctica tributaria prestó atención a aquellos aspectos que presentaban concomitancias con el derecho contenido en el corpus iuris, pero en cambio, apenas fueron desarrolladas las 2 Sobre las dificultades de definir y clasificar los diferentes tipos de tributos en el antiguo régimen a partir de la crítica de un caso concreto, vid. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Recensión a Jorge Correa Ballester, La hacienda foral valenciana», en Initium, 2 (1997), pp. 761-792. 3 Así lo demuestra Berliri en su reconstrucción del ordenamiento tributario de la primera mitad de siglo XIV según la obra de Bártolo [Antonio BERLIRI, L’ordinamento tributario della prima metà del sec. XIV nell’opera di Bartolo di Sassoferrato. Milano, 1997 (ristampa dell’edizione de 1952)].

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materias cuya resolución se hallaba en los estatutos. Poca doctrina jurídica envuelve a los vectigalia cuando la glosa afirma consuetudo servatur in vectigalibus. 4 Por otra parte, Bártolo, igual que Baldo, no consideró el impuesto como algo autónomo y con perfil propio, sino como una más de las cargas o gravámenes —munera— que el poder público imponía a sus sometidos. Topamos aquí de nuevo con el problema de cierto uso de la terminología jurídica. Algún autor ha sostenido que era del todo improcedente referirse a impuestos en la Baja Edad Media y que en cambio debía partirse del concepto de munus. 5 Comparto los peligros de la utilización a ciegas de las categorías conceptuales actuales, pero esta precaución tiene un límite, y es que si bien no debemos traicionar la idiosincracia de la sociedad histórica objecto de estudio, sin embargo debemos poder explicarla a nuestros contemporáneos, algo que va más allá de repetir lo que ya nos cuentan las fuentes de conocimiento. Hallar el equilibrio entre la traición y la incomunicación es una habilidad metodológica a tener en cuenta. En cuanto al uso del término impuesto, deberíamos no olvidar que los juristas catalanes medievales, intérpretes —y actores— del ius commne en las particulares circunstancias catalanas, no se refieren únicamente ni mayoritariamente a munera sino que también lo hacen a talliam generalem, vectigalia, collectae, quaestia et huiusmodi exactiones et angariae, y que los mismos textos legales catalanes se refieren a vectigalia y a impositionis generalis vel specialis. Otra cosa es que los criterios internos a la hora de establecer un tributo obedezcan a la doctrina del munus. No negamos, por tanto, el interés en profundizar la doctrina de los munera, pero no olvidemos que el derecho romano-justinianeo no fue objeto de aplicación mecánica en Cataluña en la Baja Edad Media sino que este derecho debía abrirse paso —por obra y gracia de los juristas boloñeses, pero tambien de los del país de acogida— en una nueva realidad social, política, económica y jurídica. 6 No creemos, en fin, improcedente, sino al contrario, útil y necesario, recurrir al término de impuesto y de tributo —debidamente «depurados», ciertamente— para

4 Ad. dig. N. I, dig. XXXIX,4,4 (L. si publicanus $ in omnibus vectigalibus ff. n. de publ. et vect.), en BERLIRI, L’ordinamento, p. 21, n. 2. 5 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, «La doctrina medieval sobre el “munus” y los “comuns” de Tortosa», en Homenaje in memoriam Carlos Díaz de Rementería. Salamanca, 1998, pp. 475-489. 6 Es recomendable la lectura, sobre esta problemática, de Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Ius commune: un interrogante y un adiós», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, El dret comú i Catalunya. Actes del VIII Simposi internacional. Barcelona, 29-30 de maig de 1998, Barcelona, Fundació Noguera y Associació Catalana d’Història del Dret Jaume de Montjuïc, 1999, pp. 239-637.

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caracterizar las prestaciones económicas de carácter público que el rey exigía de sus sometidos. Ahora, teniendo en cuenta el marco socio-económico y político bajomedieval, nos contentaremos con una definición instrumental de impuesto según la cual se trataría de una prestación económica establecida por el titular del poder público con pretensión de generalidad, obligatoriedad, permanencia y periodicidad. 7 Para la doctrina moderna el tributo es aquella prestación pecuniaria que el titular del poder político, o aquel en quien hubiere delegado, exige en virtud del poder que le confiere el ordenamiento jurídico al que está sometido. 8 Nuestra noción instrumental de tributo se basa en su carácter público, en que no se trata de una sanción y en que su función es subvenir a las necesidades públicas 9 o, lo que es lo mismo, en que exista una causa que lo justifique. En este sentido, la definición y la caracterización por la doctrina moderna del principal tipo de tributo, el impuesto, no es ajena a la realidad del antiguo régimen. 10 Pero además, que el titular del poder pretenda una prestación económica general y permanente no implica que este tipo de tributo fuera general y permanente en los primeros siglos bajomedievales. Por tanto, seguiremos refiriéndonos a impuestos aun cuando durante mucho tiempo, durante la Baja Edad Media, no fueron ni generales ni permanentes. Por otra parte, si, como hemos dicho, entendemos el hecho tributario como un acto de poder, entonces no podemos evitar plantear el paralelismo entre la lucha por la creación del derecho y la lucha por

7 Vid. Jesús LALINDE ABADÍA, Iniciación histórica al derecho español. Barcelona, 1978 (2ª edición), p. 501 (& 669). 8 José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de derecho financiero español. Madrid, 1990 (12ª edición). 9 La doctrina moderna debate acerca de la necesidad de contraprestación (Gaston Jéze indicaba que el impuesto era una «prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con la finalidad de cubrir las obligaciones públicas»; y para Pérez de Ayala, «el impuesto proviene de un acto de soberanía; es pagado por efecto directo de este, sin espiritu de retorno. Constituye una forma normal de adquisión de bienes para proveer a las necesidades generales del Estado»; en José Luis PÉREZ DE AYALA, «Impuesto», en NEJ, Barcelona, 1962, XI, pp. 503-514, esp. 503 y 505 respectivamente). 10 Ferreiro señala, refieriéndose al impuesto, que «el estado, en fin, realiza una serie de actividades dirigidas a satisfacer necesidades públicas, destinadas y referidas directa e inmediatamente a la colectividad considerada como un todo, diferente de a los particulares individuos que la forman. Sin tener en un primer plano el beneficio que cada uno derive de ellas. Y esto es así en ciertos casos porque tal ventaja individual no se puede determinar. Es el caso del servicio de defensa, de una necesidad indivisible» (FERREIRO, Curso, p. 232). El ejemplo no podía coincidir mejor con nuestro propósito, ya que la mayor parte de los tributos que recaudaba el monarca medieval —no entramos ahora en el debate sobre el papel de conde de Barcelona en la recaudación y gestión de las «generalitats» de la Diputación del General— tenían como destino mediato o inmediato la guerra y, por tanto, cuando se trataba de guerras defensivas, de la seguridad de los naturales del país.

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el establecimiento del impuesto, algo inevitable si consideramos a la potestad tributaria como reflejo de la potestad normativa. Establecer el tributo es, en cierta manera y en la Baja Edad Media, la capacidad de dictar normas jurídicas de contenido tributario. Esta lucha por el poder es la misma que se esconde bajo la tensión entre ley y costumbre en este mismo período, pues bajo estas fuentes de creación del derecho se esconden grupos sociales que luchan por imponer su criterio. Para la Baja Edad Media podría plantearse, en clave tributaria, que la ley es el instrumento que está en manos del conde de Barcelona para posibilitar el establecimiento de un impuesto general y estable en todo el Principado, algo que toparía con la costumbre a la que aludirían nobles y eclesiásticos para oponerse a las pretensiones del príncipe. 11 Ahora bien, no todo el derecho a imponer tributos debe ser reconducido a la capacidad de crear derecho. De la misma manera que existieron límites en la creación del derecho por el príncipe, existieron límites en el establecimiento del tributo. Prima facie, el titular del poder político no dispone de ningún derecho para establecer tributos entre sus sometidos. Por ius gentium la propiedad es un derecho connatural de los hombres, por lo que el monarca únicamente puede establecer gravámenes y obligar así a los particulares a desprenderse de una parte de sus bienes, si incurren causas justas que lo justifiquen, de ahí que la doctrina sobre la causa de imposición haya observado un desarrollo notable en la Edad Media. 12 El marco en el que deben insertarse las notas que siguen es, como se ha dicho, la lucha por el poder en Cataluña en la Baja Edad Media, que se expresa bien a través de la reivindicación de la creación del derecho por el Príncipe y la resistencia que ofrecen los brazos, deseosos de conservar y aumentar sus privi11 Véanse las consideraciones sobre ley y costumbre —y Princeps contra populus— de Francisco L. PACHECO, «Ley, costumbre y uso en la experiencia jurídica peninsular bajomedieval y moderna», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.), El dret comú i Catalunya. Actes del IV Simposi Internacional Homenatge al professor Josep M. Gay Escoda. Barcelona, 27-28 de maig de 1984, Barcelona, Fundació Noguera, 1995, pp. 75-146. Las conclusiones a las que llega el autor permitirán, como se verá, mantener el paralelismo que hemos propuesto: «Si, para terminar, tenemos en cuenta de forma conjunta los resultados obtenidos [para Cataluña], resulta que la costumbre tiene fuerza de ley mientras el conde, quien constantemente interviene en relación a la costumbre sea para constatar su existencia, sea para hacerla cumplir, sea para delimitar su alcance, no la declare abuso o no la declare irracional por ir contra las leyes; que la costumbre tiene fuerza de ley mientras no haya constituciones y leyes que enerven su eficacia y mientras el conde tenga conocimiento de ella y tolere su existencia» (p. 118). 12 El discurso del recurso a la causa justa para justificar el establecimiento de un tributo es el mismo que concurre para justificar la expropiación (vid. sobre ello, Francisco Luis PACHECO, «La recepción hispánica de la doctrina de la expropiación por causa de utilidad pública (siglos XIII-XIX)», en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 3 [1998], pp. 383-417). Sobre la doctrina de la causa impositiones, vid. Renzo POMINI, La «causa impositionis» nello svolgimento storico della dottrina finanziaria, Milano, 1951.

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legios, o bien, en concomitancia con lo anterior, la lucha por el establecimiento del tributo.13 Sin olvidar, pues, este particular contexto, en primer lugar anali13 Y si la lucha por establecer el tributo también es un reflejo de la capacidad de crear derecho, el lector no familiarizado con la situación jurídica en Cataluña en la baja edad media entenderá que aludamos, muy brevemente a la lucha por la creación del derecho en Cataluña (seguimos, en este recorrido, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creación del derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1996 [segunda edición corregida], II, pp. 67-130. Vid. también PACHECO, «Ley, costumbre y uso», esp. 99-119): La manifiesta insuficiencia del Liber Iudiciorum para resolver los problemas propios de una sociedad feudal motivó, según el anónimo redactor de los Usatges de Barcelona a mediados del siglo XII, la recopilación de los usos que se seguían en el condado de Barcelona. Sin embargo, nuestro desconocido jurista, además de recoger usos feudales, construyó lo que Abadal calificó como la «Teoría del Principado»: la reivindicación de la potestad normativa para el conde de Barcelona en un contexto de gran debilidad del poder central. El autor de los Usatges revistió sus atrevidas formulaciones sobre la potestad legislativa del Príncipe de antigüedad y de costumbre. Por lo tanto, entre una abigarrada regulación consuetudinaria de las relaciones feudo-vasalláticas, encontramos contundentes principios políticos que encuentran apoyo en leyes del Liber, sin duda aplicable en Cataluña. No hay que olvidar, por otra parte, que Us. 81 establece un orden de prelación de fuentes según el cual en primer lugar debería acudirse a los propios Usatges de Barcelona, en segundo lugar a Liber Iudiciorum y, en última instancia, prevalecería el arbitrio del Príncipe. Evidentemente, una cosa era reivindicar y fundamentar la potestad legislativa y otra muy distinta era conseguir llevarla a la práctica, como se cuidaron de recordarle al conde de Barcelona los miembros de la nobleza en la reunión de Fondaldara en 1173. A pesar de las fuentes de creación reconocidas en Us.81, los municipios y los señoríos avanzaban con su propia dinámica. Pero conviene recordar que los principales textos de derecho municipal conservados —Lleida, 1228; Tàrrega, 1242; etc.— reconocen que en aquellos lugares resolvían sus controversias según, y por este orden, su propio derecho municipal, los privilegios y concesiones de los príncipes, los Usatges de Barcelona, las leyes góticas y las leyes romanas. Durante el reinado de Jaime I se había producido, efectivamente, una doble situación jurídica que exigía una acción oficial: por una parte se había producido, de facto, pero no de iure, la recepción del derecho romano, con la oposición de ciertos sectores sociales, y, por otra, existía una importante tensión entre el derecho municipal y el señorial —entiéndase ciudadanos y nobleza— y las pretensiones legislativas del conde de Barcelona plasmadas en Usatges y Liber. Ante este panorama de fuerte contenido político, Jaime I dicta una resolución en la corte de Barcelona de 1251 según la cual prohibía recurrir a las leyes romanas, a las leyes góticas (Liber), al decreto (de Graciano, 1140) y a las decretales (de Gregorio IX, 1234). Y manda que las controversias sean resueltas a partir de los Usatges, de las constituciones del lugar (derecho municipal y señorial) y que se acuda, en última instancia, al sentido natural (30 CYADC II 2,3,1 [para 1243] y 30 CYADC III 1,8,1 [para 1251]). Sin entrar ahora en los múltiples problemas que revela esta constitución, entendemos que no atenta contra la aplicación del derecho de la recepción, cuya expansión se revelaba imparable como muestran los órdenes de prelación municipales posteriores a 1251 (Tortosa, Horta, Miravet, etc.), sino que Jaime I se ve obligado a prohibir aquellos derechos que más y mejor justificaban sus pretensiones políticas. En 1251 los estamentos consiguen frenar el fortalecimiento del conde de Barcelona. Se paraliza y se congela la lucha por el poder, pero el problema de decidir a quién correspondía la creación del derecho no se resuelve. Es en este particular contexto de intensa lucha política en que debemos interpretar las conocidas resoluciones de las Cortes de Barcelona de 1283. La constitución «Volem, statuim e ordenam» establece que si el Conde de Barcelona desea dictar una constitución general, deberá contar con la «approbatio, e consentiment dels Prelats, dels Barons, dels Cavallers, e dels Ciutadans de Cathalunya». Otras disposiciones de la misma corte actúan en un sentido similar, pero ninguna tiene la trascendencia de la mencionada. No se pone en duda la potestas del conde de Barcelona ni se discute qué derecho es aplicable en Cataluña. En 1283 se limita la creación del derecho por parte del conde en lo que es otro episodio del enfrentamiento que mantiene con los estamentos. Aquél pretende establecer su voluntad y éstos mantener el statu quo, o sea, sus privilegios. El monarca podrá seguir legislando, a base de pragmáticas, edictos, provisiones, privilegios, etc., pero siempre con carácter particular. La legislación de carácter general, para todos los naturales del Principado, deberá, como se ha dicho, resolverse en Cortes y con el apoyo de los estamentos. Resuelto, de momento, el problema de la creación del derecho en Cataluña, no había motivos políticos para oponerse a la imparable expansión del ius commne a pesar de la

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zaremos el derecho a imponer tributos en el derecho general en Cataluña entre los siglos XII y XIII, deteniéndonos en la tradición jurídica visigoda, usatges de Barcelona con alusiones al derecho común (=1). En segundo lugar analizaremos la capacidad de imponer tributos generales desde finales del siglo XIII hasta el siglo XIV, con mención al bovatge y monedatge, a las sisas generales de 1288-1292 y a los subsidios para la conquista de Cerdeña (=2). Y en último lugar revisaremos el reconocimiento de la potestad tributaria regia, tanto en el propio dominio del rey como en tierra de nobles y de Iglesia (=3).

1. EL DERECHO A IMPONER TRIBUTOS EN EL DERECHO GENERAL EN CATALUÑA (SIGLOS XII-XIII)

La tradición jurídica visigoda. El derecho contenido en el Liber no dejó de aplicarse en los condados catalanes a lo largo de la Alta Edad Media, cuando era la ley per antonomasia, hasta su prohibición en 1251 por Jaime I. Pero antes, la difusión de las ideas romanistas a lo largo de los siglos XI y XII permitieron leer con nuevos ojos el Liber y favorecer que su contenido político sirviese de sostén en la teoría del Principado contenida en Usatges. Por lo tanto, nos interesa referirnos al sistema impositivo visigodo sólo en la medida que cristalizara en el Liber, lo que nos obligará a prescindir, por ejemplo, de la interpretación al Breviario de Alarico comentando las leyes fiscales del Teodosiano o de las resoluciones de los concilios de la iglesia visigoda. Liber Iudiciorum refleja, fiel a la tradición romana, el imperio de prohibición de 1251, mientras que el Liber puede decirse que había muerto de muerte natural. Los problemas y las tensiones del ordenamiento jurídico catalán o, mejor dicho, entre sus protagonistas, no se agotan en 1283. El rey no cesará de intentar imponer su voluntad y su derecho. En adelante deberá ser armonizado el recurso al derecho común y al derecho propio y, dentro del derecho propio, deberán encontrar su lugar todos los elementos que lo integran, sobre todo el derecho creado directamente por el rey y el derecho del reino, o sea, el derecho tradicional y el derecho creado en Cortes. Un capítulo de Cortes de 1409 establece, sin que medie jerarquía, que el derecho aplicable en Cataluña estaba cumpuesto por —simplificando y advirtiendo la ausencia de pragmáticas y otras normas emanadas directamente del rey— los Usatges, las constituciones y los capítulos de corte, el derecho municipal y el señorial, el derecho común y la equidad y buena razón (30 CYADC I 1,38,2.). Sin embargo, no faltan, para los siglos XIV y siguientes, ejemplos de pragmáticas regias contra constituciones de Cortes, pragmáticas de alcance general y los forcejeos, que serán constantes, entre rey y Cortes [Para ello sigue siendo de consulta obligada Joan EGEA I FERNÁNDEZ y Josep M.ª GAY I ESCODA, «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta», en Revista Jurídica de Cataluña (abril-junio, 1979/2) , pp. 249-294 y (julio-septiembre, 1979/3) pp. 505-586; y Josep M.ª GAY ESCODA, «La creació del dret a Corts i el control institucional de la seva observança», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional. 28, 29 i 30 d’abril de 1988, Barcelona, 1991, pp. 86-96]. Entendemos que, ante este panorama, la lucha del conde de Barcelona por establecer tributos y los resultados de estos intentos cobran mayor relieve.

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la ley y el monopolio legislativo del príncipe. En efecto, conviene no olvidar que Liber es una recopilación de leyes y que sólo el monarca crea la ley, la interpreta y colma las lagunas legales. Cuando todo está sometido al imperio de la ley —incluidas las ordenanzas fiscales— y cuando el monarca ejerce un férreo monopolio legislativo, sucede que la ordenación fiscal del reino, como ocurriera en el Dominado, la establece el rey. Ninguna ley de Liber explicita —por innecesario y porque el Liber fue concebido como un instrumento para la práctica forense— que sólo el rey pueda establecer tributos y apenas algunas se refieren a los mismos.14 A pesar de todo, Liber 12,1,2 y 12,1,3 son, seguramente, las leyes que mejor reflejan la potestad tributaria del príncipe. La primera es una ley de Recaredo en la que, además de evidenciarse la actividad de diversos funcionarios con atribuciones fiscales, el rey manda que los vilici, igual que los condes y los vicarios, no molesten con cargas y tributos inútiles a los pueblos para beneficio propio, ni reciban annonae de las ciudades o territorios.15 La segunda es una ley de Ervigio mediante la cual se anulaban los atrasos del tributum pendiente de los años anteriores a su acceso al trono, lo cual favoreció a privati y a servi fiscales. A contrario conocemos a quien no le fue condonado el pago del tributo y por lo tanto quién estaba sometido al mismo. Por otra parte, Liber 10,1,1516 y 10,1,16,17 que han sido objeto de controvertida interpretación, muestran la sujeción al impuesto y el celo del fisco por no perder ingresos. Y finalmente Liber 5,4,19, además de asociar la hutilitatis publice al impuesto, apunta en el mismo sentido que Liber 10,1,15, mandando que si possessores o curiales 14 Apreciación que también expresa García Moreno, para quien «el Liber no trae ningún testimonio de estos tributos [vectigalia], mas el hecho no es de extrañar demasiado dado el caracter de esta fuente: ninguna ley del Liber se refiere a tributos, y cuando estos son citados lo son de forma muy general y sin mayor especificación. Se hace muy difícil pensar que fueren abolidos, más aún si se piensa en el celoso defensor de los derechos del fisco que fue Leovigildo. Además está perfectamente atestiguada la existencia de aduanas en el mismo Liber (...)» (=Liber 11,3,2. donde cita los telonarii) (Luis A. GARCÍA MORENO, «Estudio sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo», en Anuario de Historia del Derecho Español, 44 [1974], pp. 5-155, esp. 55). 15 Liber 12,1,2: «Decernentes igitur et huius legis nostre severitatem constituentes iubemus, ut nullis indictionibus, exactionibus, operibus vel angariis comes, vicarius vel vilicus pro suis utilitatibus populos adgravare presumant nec de civitate vel de territorio annonam accipiant (...). Simili auctoritate iubemus rectorem provincie sive comitem patrimonii aut actores fisci nostri, ut nullam in privatis hominibus habeant potestatem nullaque eos molestia inquietent». 16 Liber 10,1,15: «Qui ad colendum terram accepit, sicut ille qui terram dedit, ita et iste sensum exsolvat. Qui accolam in terra suam susceperit, et postmodum contingat ut ille qui susceperat cuicumque tertiam reddat, similiter censiant et illi qui suscepti sunt, sicut et patroni eorum, qualiter unumquemque contigerit». 17 Liber 10,1,16: «Ut si Gothi de Romanorum tertia quippiam tulerint, judice insistente, Romanis cuncta reforment. Judices singularum vivitatum, villici atque praepositi, tertias romanorum ab illis qui occupatas tenent, auferant, et romanis sua exactione sine aluquia dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire (...)».

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vendieran, por algún motivo justificado, sus bienes, el comprador debería soportar las cargas inherentes a aquéllos.18 Usatges de Barcelona.19 Como hemos dicho, Usatges de Barcelona es, básicamente, una recopilación de usos feudo-vasalláticos que no debiera contener, en buena lógica, ningún tipo de información acerca de a quién corresponde establecer un tributo que se mueve en el ámbito de lo público, con carácter de generalidad, etc.; no era el lugar ni el momento, aunque no debemos olvidar que el redactor-recopilador de esta obra intentó, con ella, fortalecer el poder del Príncipe. Podemos avanzar ya que no hay ningún usatge que legitime frontalmente y explícitamente las pretensiones tributarias del conde de Barcelona; pero más de uno contribuye a fortalecer su perfil legislativo y a preparar el terreno para futuras reivindicaciones tributarias. Sin embargo, tres son los usatges con trasfondo fiscal en el sentido que nos interesa. El más directo y explícito es el usatge Cunctis pateat (Us 172),20 en el que el príncipe se compromete a no mudar el valor de la moneda a cambio de que todos los hombres de su condado le paguen una cierta cantidad de dinero —computada a razón del número de bueyes que poseyera cada uno— de una vez por todas y sin que la petición volviera a repetirse. Princeps Namque 18 Liber 5,4,19: «De non alienandis privatorum et curialium rebus. Si cura rei familiaris omitti non debet, quanto magis hutilitatis publice, quam semper exerceri vel augeri necesse est. Curiales igitur vel privati, qui caballos ponere vel in arca publica functionem exolvere consueti sunt, numquam quidem facultatem suam vendere vel donare vel commutatione aliqua debent alienare. Tamen si contigerit aut voluntate aut necessitate eos alicui, sive vinditione aut donatione seu commutatione omnem suam facultatem dare, ille, qui acceperit, censum illius a quo acceptit, exolvere procurabit et hanc ipsam summam sensus eiusdem scripture sue ordo per omnia continebit. Sed et qui medietatem facultatis talium personarum vel partem aliquam in mancipiis, terris, vineis domibusque perceperit, iuxta quantitatem accepte rei functionem publicam inpleturus est. Qui autem de talibus personis accipiens aut per scriptura illius, a quo accepit, non ostenderit, qui exinde functionis exolvat, aut vel uno forsitan anno reddere censionem ipsam distulerit: mox ut regis auditibus sive comitis aut iudicis hius rei actio innotuerit, possessor admisso pretio, vel si quid econtra dederat, id etiam, quod accepit, ex omnibus perdat; (...)». 19 Prescindimos ahora de la problemática en torno de la formación de los Usatges de Barcelona y de la fecha de su formación, pues el texto nos interesa para un momento, a partir del siglo XIII, en que ya puede considerarse estable y definitivo. Vid., con la bibliografía necesaria, IGLESIA, La creación del derecho, II, pp. 67-76. 20 Us 172: Cunctis pateat: «(...) Emperamor de aço lo dit comte, ab consell de tots los sobredits, met la sua moneda, que ab sa propria ma ha fermada, en lo dit comtat, axi com en los altres seus comtats ha mesa, axi que null temps tant com ell viura la dita moneda no mut ni minve en ley ni en pes; e per tal raho que tots homens e fembras de tot lo dit comtat do per parell de bous dotze diners e per un bou sis diners e per exadas tres diners. Empero lo dit comte promet a Deu e a tots los homens del dit comtat que puys que los dits diners seran donats al dit comte null temps plus los dits diners demanara als dits homens; mas la dita pau estiga tots temps illibaba e ferma e per null hom vivent o fembra sie rompuda ne per guerra que lo comte o los dits princeps o cavallers hajan entre ells; empero de la dita justitia, alias pena de sexanta sous, haja la terça part lo dit bisbe. (...)». Sobre la procedencia de los usatges que citamos, vid. Ramon d’ABADAL y Ferran VALLS TABERNER, Usatges de Barcelona. Barcelona, 1913, XVI-XXIII; Fernando VALLS TABERNER, «El problema de la formació dels Usatges de Barcelona», ahora en Obras Selectas. Madrid-Barcelona, 1954, II, pp. 45-54. Citamos por Fernando VALLS TABERNER (ed. Jesús FERNÁNDEZ VILADRICH y Manuel J. PELÁEZ), Los Usatges de Barcelona. Barcelona, PPU, 1984 (reedición de la obra original de Ferran VALLS TABERNER y Ramon d’ABADAL, Barcelona, 1913).

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(Us. 68)21 y Qui fallierit (Us. 34)22 tienen en común que se trata de prestaciones personales de socorro cuando el Príncipe o la terra estuvieran en dificultades en el primer caso, o simplemente cuando lo reclamara porque tuviera derecho a ello en el segundo. Mientras Qui fallierit reconoce que quien faltara a la hueste y cavalcada debería abonar el doble a su señor, con lo que el derecho de socorro podía ser substituido por un pago en metálico, Princeps Namque, que contempla situaciones mucho más graves y que se dirigía a tots homens axí cavallers com pedons, no reconoce esta situación. Sin embargo, lo importante de este usatge es que el conde de Barcelona, cuando concurran determinadas circunstancias, podrá movilizar a todos los hombres sin excepción y que esto también será, como después se mostrará, susceptible de compensación económica y de convertirse, tácitamente, en un tributo. Aparte de esto, tres usatges más son de un intenso contenido político. Cum Dominus (Us. 3),23 apoyándose directamente en Liber 2,1,13; 2,1,14 y 2,5,8, afirma que el Príncep haja electio e licentia de ajustar leys, con lo cual atribuye al conde de Barcelona la potestad de hacer leyes;24 en Item statuerunt (Us. 69)25 se interpola la afirmación de D 1,4,1 car ço que al príncep plau ha força de ley, y en Iudicia curiae (Us. 81)26 se fija un orden de prelación de fuentes según el cual 21 Us 68: Princeps namque: «Lo princep si per qualque cas sera assetiat o ell tendra sos inimics assetiats o oira algun rey o princep venir contra si a batallar, e amonestara sa terra que li acorrega per letras o per missatges o per costumas ab las quals sol esser la terra amonestada, ço es ab farons, tots homens axi cavallers com pedons qui hajan edat e poder de combatre qui aço oiran ni veuran, com pus tost puxan li vajan socorre. E si negu li fallira de la ajuda que en aço fer li pora, perdre deu tots temps tot quant per ell tenga. E cell qui per ell res no tindra esmen li lo falliment e la deshonor que feta li haura ab haver e ab sagrament, jurant ab las propias mans. Car negun hom no deu falllir al princep a tant gran ops o necessitat». 22 Us 34: Qui fallierit: «Qui falra hosts ne cavalcadas a son senyor a qui fer las deu, o las li esmen en doble, si·l senyor ho vol, o li esmen lo dan e las perduas e las messions que haura fetas per lo falliment d’ell. Semblantment los cavallers si perden res en hosts ni en cavalcadas, esmenen lus ho lurs senyors axi com els ho poran averar». 23 Us 3: Cum Dominus: «Com lo senyor en Ramon Berenguer vell, comte e marques de Barcelona e subjugador de Espanya, hague honor e vehe e conec que en tots los plets de aquella terra no podien esser observadas las leys godas, e vehe molts clams e molts plets que aquellas leys no jutjavan specialment, ab loament e consell dels seus prohomens, ensemps ab la sua molt savía muller Adalmus, constitui e mes usatges ab que tots los clams e los malfets, en aquells insertats, fossen destrets e pledejats e ordenats e encara esmenats o venjats. Aço feu lo comte per authoritat del jutge, qui diu que.l princep haja electio e licentia de ajustar leys, si justa novitat de plets ho requerra, e que sie tractat per la discretio de la reyal majestat en qual guisa començament de plet sie a leys ajustat. E la reyal potestat sola sie franca en totas cosas quelsevol pena manara esser posada en plet. E los usatges que mes lo senyor comte començen axi». 24 Si bien, como ha recordado Pachecho, otro usatge, en este caso Unaquaque gens, también de raíz visigoda, podría ser considerado la antítesis de Cum dominus en lo que se refiere al establecimiento de la ley (PACHECO, «Ley, Costumbre y uso», pp. 99-100). 25 Us 69: Item statuerunt: «Statuiren los sobredits princeps que las exorquias de nobles, ço es magnats axi cavallers com de burgesos, que tostemps vengan en poder del princep, ço es a saber tots los alous lurs, car ço que al princep plau ha força de ley; mas de lurs mobles façan los dits exorcs tot ço que·ls placia a parents o esgleyas, o donen per lurs animas». 26 Us 81: Judicia curiae: «Iuys de la cort els usatges de grat deuen esser rebuts e seguits, car no son mesos sino per la aspresa e duresa de la ley; car tots poden pledejar, mas compositio segons las leys no poden

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después de acudir a usatges y a leys (=Liber), se debe acudir al arbitre del princep. Por lo tanto, estos usatges —además de otros que configurán la autoridad del conde—27 tuvieron plena vigencia en la Cataluña bajomedieval y fueron el núcleo a partir del cual se recopilaría el derecho catalán a partir del siglo XV. Ius commune. No debe extrañar que sea en el Corpus Iuris Civilis donde encontremos el más contundente aporte de argumentos susceptibles de ser utilizados a favor de las pretensiones tributarias de los príncipes. Y aunque los reinos hispánicos habían conseguido la exemptio ab imperio28 —e Isidoro de Sevilla afirmase que el nombre de emperador era la manera como los romanos llamaban a su rey—29, antes de acudir a los principios romano-justinianeos había que salvar un escollo si quien lo invocaba no quería reconocer tácitamente su sometimiento al imperio: y es que el derecho romano atribuye todos los poderes al emperador, no a los reyes. Con la decretal Per Venerabilem el Papa venía a equiparar el poder del emperador al de los reyes que no reconocían superior.30 Independientemente de la circunstancia concreta que hubiera dado lugar a dicha decretal, con la afirmación de Inocencio III y con la oportuna colaboración de los legistas del rey de Francia, se había abierto así el camino para que los reyes y príncipes no sometidos al emperador reivindicasen las atribuciones que el derecho romano-justinianeo y la glosa consideraban propias del emperador. En su interés por debilitar el poder imperial, la Iglesia reconoció el derecho de los reyes a imponer tributos: Hostiensis afirmaba que los impuestos que no fuesen autorizados por el emperador o por un rey debían ser condenados;31 Ramon de Penyafort, que no hay que olvidar que complir. Car las leys jutjen homicidi esser composat e esmenat en trescent sous de morabatins, qui valen ara mil e quatre cents sous de plata fina; traure ull e tallament de ma, cent; per peu, cent; e axi per tots los altres membres; e jutgen tots homens egualment e no jutgen res entre vassall e senyor, car en leys no troba hom homenatge; e per ço las cosas fetas e a fer, constituiren los dits princeps que sien jutjadas segons lo usatge; e aqui hon no bastaran los usatges, torna hom a las leys e al arbitre del princep e a son juy de la cort». 27 Como Quoniam per iniqum (Us. 64) y Judicium in curia datum (Us. 80). 28 Vid. sobre el tema, Alfonso OTERO, «Sobre la “plenitudo potestatis” y los reinos hispánicos», en Anuario de Historia del Derecho Español, 34 (1964), pp. 141-162. 29 «Imperatorum autem nomen apud Romanos eorum tantum prius fuit apud quos summa rei militaris consisteret, et ideo imperatores dicti ab imperando exercitui: sed dum diu duces titulis imperatoriis fungerentur, senatus censuit ut Augusti Caesaris hoc tantum nomen esset, eoque is distingueretur a ceteris gentium regibus; quod et sequentes Caesares hactenus usurpaverunt», Etymologiarum 9,3,14. 30 En 1202 Inocencio III dictaba la decretal Per Venerabilem en la que afirmaba, a propósito de una petición del señor de Montpellier sobre legitimación de hijos bastardos, que el rey de Francia no tenía superior en lo temporal y que por lo tanto era como emperador en su reino y a él le competía resolver el problema concreto (X. 4,17,13. Patrologia Latina, t. 214, col. 1130-1134). 31 «Les impôts qui n’auraient pas été autorises par l’empereur ou un roi doivent être condamnés» (Hostiensis, Super titulis decretalium III,10 = Eberhard ISENMANN, «Les théories du Moyen Age et de la Renaissance sur les finances publiques», en Richard BONNEY [dir.], Systèmes économiques et finances públiques, Paris, 1996 , pp. 3-35, esp.17, n. 1).

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además de canonista fue consejero de Jaime I, defendía que los monarcas debían ser autorizados a imponer impuestos por una causa justa sin necesidad de solicitarlo al emperador;32 y dos cánones reconocían también a los reyes la capacidad de autorizar pedagia, salinaria y guidagia.33 Como es sabido, las expresiones de absolutismo jurídico no escasean, lo cual tiene su importancia si recordamos que en el reinado de Jaime I se había ya producido de facto su recepción y que el derecho común es tácitamente reconocido como oficial en las Cortes de Cervera de 1359.34 La pléyade de afirmaciones absolutistas —que nos interesan, no hay que olvidarlo, en la medida en que fueron recogidas y utilizadas por los propios juristas catalanes—35 la encabeza la célebre afirmación de Ulpiano (D 1,4,1) de que «lo que place al Príncipe tiene fuerza de ley» (quod principi placuit, legis habet vigorem),36 algo que puede ser completado con la afirmación (D 1,3,31) de que el Príncipe no está sometido a las leyes (Princeps legibus solutus est).37 También entre las constituciones imperiales encontramos afirmaciones similares, como Omnia principis esse intelligantur (C 7,37,3),38 que después se convirtió en Omnia esse principis y la del 32

KEHL, 1927, pp. 144-146 (= ISENMANN, «Les théories», p. 18, n. 3). Dos cánones [CICa II, 625 (Extra 3,39,10) i II,923 (X 5,40,26)] limitaban el derecho a imponer pedagia, guidagia y salinaria a aquellos que habían recibido la autorización de los emperadores, de los reyes, del concilio de Letrán o por costumbre inmemorial. No todos los canonistas opinaron igual: Hostiensis dice que sólo era rey el de los romanos, o sea, que sólo el emperador podía ejercer una tal delegación. Más flexibles, reconociendo a otros reyes, Inocencio IV y Johannes Andreae (ISENMANN, «Les théories», p. 16). 34 30 CYADC I 2,6,4. 35 Véase un buen repertorio de ellas en PACHECO, «Ley, costumbre y uso», p. 115, n. 125 y 126. 36 D 1,4,1. Ulpianus libro primo institutionum: «Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus eiet in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto preacepit, legem esse constat, haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus». 37 D 1,3,31 (Princeps legibus solutus est). La glosa viene a decir que el Príncipe no está obligado contra su voluntad por las leyes extranjeras o por las suyas propias: «Princeps invictus legibus alienis suise non tentur» (glosa a D 1,3,31). 38 C 7,37,3 (Omnia esse principis). Lo encontramos en el capítulo del C que trata de la prescripción cuatrienal. Parece que algunos distinguían entre los bienes del fisco y los bienes privados a propósito de la alienación. Para que introducir esta distinción, dice el emperador, cum omnia principis intelligantur. No se trata, en este caso, de potestas, de imperium o del poder legislativo, sino de un derecho mal definido (puissance o dominium) que el emperador ejerce tanto sobre los bienes del fisco como sobre las res privata. De ninguna manera se trataba de un derecho de propiedad que el emperador ejercía sobre los bienes de sus sometidos (Henri MOREL, «L’absolutisme francais precede-t-il du droit romain?», en Mélanges offerts à Jean Imbert, Paris, 1989 [también en Melanges Henri Morel, Marseille, 1989, pp. 525-543, esp. p. 528]). C 7,37,3: constitución Bene a Zenone: Omnia principis esse intelligantur. Ampliamente glosada por Acursio, quien suavizó la interpretación original, más radical, de Martinus, que entendía que la afirmación afectaba la propiedad de los sometidos. Acursio sólo se refiere a protectionem vel jurisdictionem y se decanta por Bulgarus (jurisdictionem) contra Martinus (quoad proprietatem) (MOREL, «L’absolutisme», pp. 529-530, 534). 33

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emperador considerado como Legem animatam (Nov. 105, c. 2,4), algo que recuerda la afirmación de Hugucio, para quien Princeps omnia iure in scrinio pectoris sui censetur habere (C 6,23,19). 39 Más radical, Baldo afirmaba que Imperator est dominus mundi et Deus in terra o Princeps est deus in terris. 40 Entre los comentaristas del ius commune Bártolo nos interesa de manera especial, a pesar de que sus escritos deben enmarcarse en el contexto político y jurídico de las ciudades del norte de Italia, en cuanto que identifica constantemente universitates sibi principes y se refiere a las primeras como civitates superiorem non recognoscentes. A la pregunta de quién puede establecer collectae, Bártolo responde que las ciudades para sus propias necesidades y para publicam utilitatem, aunque no de iure sin licencia del Príncipe sino de facto, 41 pero también responde que los reyes pueden 42 y todos aquellos que han recibido del emperador o de los reyes la facultad de hacerlo. 43 Sujetos activos del impuesto lo son, por tanto, además del Princeps romanorum, también alius princeps inferior, ut rex (..) qui habet potestatem condendi leges in suos; 44 y mientras reyes, marqueses, duques y grandes condes pueden imponer por motivos de necesidad o de simple utilidad, en cambio quae recognoscunt superiorem solamente pueden imponer por motivos de extrema necesidad y nunca perjudicando a su superior. 45 39 Jacques KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle. Paris, Gallimard, 1993, p. 388. 40 Baldo, Consilia 1, 228, n. 7 y Consilia 1, 373, n. 2 (= KRYNEN, L’empire, p. 392, n. 58). 41 Comentario a la Lex unica C de mulieribus (Tres libri: Cod. X, 62,1): «Quero hic primo quis possit collectam imponere. Aut imponitur propter necessitatem civitatis: et possunt ipsi cives imponere... aut imponitur ob publicam utilitatem et non potest imponi sine expressa licentia principis... unde si quaedam civitas vellet imponere collectam ut donaret principi non posset de iure, sed de facto sic. Predicta vera sunt in civitate quae recognoscit superiorem sed si essent civitates liberae et non recognoscentes superiorem possent imponere quo modo sibi placeret» (BERLIRI, L’ordinamento, p. 25). 42 Comentario a la Lex Placet C de sacrosantis ecclesiis (Ad Cod. I, Cod. 1,5,5): «Circa tertium ad quid pertinet imponere collectam de iure communi? Respondo ad reges item ad duces, et barones in suo ducato et ad civitates non pedissequas quae merum imperium prescripserunt ... castra autem et villae non possunt imponere collectam nec dimittere in preiudicio superioris» (BERLIRI, L=ordinamento, p. 25). 43 «Nul ne peut imposer une taxe hormis d’empereur ou des rois, ou ceux qui ont reçu d’eux le droit d’y procéder. Celui qui impose une taxe fondée sur la coutume ne peut être présumé le faire sans l’aval de l’empereur ou des rois: il affirme et suppose établi qu’une telle pratique se fonde sur l’autorité de l’empereur ou de rois» (Bartolus de Saxoferrato, De expensis publicis, f. 128vº = ISENMANN, «Les théories», p. 17, n. 1). 44 «reges, duces barones e le civitates quae merum imperium prescripserunt o, comunque, non recognoscentes superiorem» , o sea, en concreto son «princeps romanorum, cuius sunt omnia» y también «alius princeps inferior, ut rex, marchio, dux vel magnus comes qui habet potestatem condendi leges in suos» [=De dignitatibus L. si ut proponis, n. 79, lib. XII (tres libri, Cod. 12,1,1)] (BERLIRI, L’ordinamento, pp. 28-29). 45 BERLIRI, L’ordinamento, pp. 29-30.

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Pero toda esta doctrina imperial, eventualmente reconvertida en realista, y que preconizaba ya un absolutismo jurídico que se haría realidad siglos más tarde, tenía sus límites. Ius commune era un tesoro de principios jurídicos que, sacados de su contexto original por obra y gracia de glosadores y comentaristas, permitían justificar infinitas situaciones, y esto ofrecía una gran versatilidad. Frente a Quod Principi placuit..., por ejemplo, pronto se antepuso Quod omnes tangit... Y si es cierto que reclamar y reivindicar potestades no cuesta nada, no lo es menos que los condes catalanes echaron mano de las afirmaciones más audaces —D 1,4,1— desde una época muy temprana.46 Además, por otra parte, si bien nadie dudaba de la aplicación —incluso abusiva— del derecho común en Cataluña, las más atrevidas afirmaciones podían ser desactivadas con un simple sed in Catalonia...,47 recordando que el derecho común en Cataluña era un derecho supletorio que actuaba cuando el derecho principal no resolvía un problema.48

46 Como ha mostrado Iglesia Ferreirós, Alfonso I invocó D 1,4,1 en 1192 para convalidar un testamento que según Liber era nulo (IGLESIA, La creación del derecho, II, p. 71, n. 15; IGLESIA, Antología, 4 c). 47 Baste como muestra el caso ofrecido por Pacheco, en que Cáncer advierte que en Cataluña —refiriéndose al hecho de que el privilegio pueda ser revocado por su concedente, incluso sin causa— «contrarium servatur, per text. In usatico quoniam per iniquum, qui est I titulo de guiatges, item quando privilegium in vim contractus transit, nullatenus, nec de iure communi revocari potest» (Cancerio, Variarum resolutionum III, cap. III, n. 150-152, cit. por Francisco Luis PACHECO, «Non obstante. Ex certa scientia. Ex plenitudine potestatis. Los reyes de la Corona de Aragón y el principio princeps a legibus solutus est», en Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, El dret comú i Catalunya. Actes del VII Simposi Internacional. Barcelona, 23-24 de maig de 1997. Barcelona, Fundació Noguera, 1998, pp. 91-12; para la cita, p. 121, n. 84). 48 Es elocuente la disposición dictada por la reina María en 1422 acerca del abuso en que incurrían aquellos juristas que utilizaban antes el derecho común que el propio: «Assats es cosa ridiculosa als juristas qui volem exercir offici de judicatura, o de advocatio en Cathalunya, e no poc damnosa als litigants, ignorar las leys de la terra, per ço statuim, ordenam, volem, e manam, que quiscun jurista qui volra usar dels dits officis de judicatura, o de advocatio en lo Principat de Cathalunya, anys que sien admesos en aquells, o en alu de aquells, hajan, e sien tenguts haver sens frau algu los usatges de Barcelona, Constitutions, e Capitols de Cort de Cathalunya, segons las quals, ans de tots altres drets ha esser jutjat dins lo dit principat (...)» (30 CYADC I 2,4,1, Maria Consort e Loctinent General de Alfons Quart en la Cort de Barcelona, any 1422, cap. XVII).

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2. LA IMPOSICIÓN DE TRIBUTOS GENERALES (FINALES SIGLO XIII-SIGLO XIV)49

La herencia jurídica visigoda, usatges de Barcelona y, sobre todo, el aporte del ius commune, parecían ofrecer los intrumentos legales adecuados para reivindicar, con éxito, la potestad de establecer tributos con carácter general. Sin considerar ahora lo que eran rentas del patrimonio real, el conde de Barcelona percibía, más allá de los límites de su dominio, dos tributos: el bovatge —que desde 1217 tenía carácter de impuesto de acceso al trono— y el monedatge, que se cobró en Cataluña hasta 1257 y por el que el conde se comprometía a no alterar la moneda. Los condes tenían derecho a un solo bovatge, mientras que si deseaban percibir otros durante su mandato, éstos serían concedidos per gràcia o en do. Sin entrar en detalles que ya son conocidos, en 1300 el rey vendió el derecho a la percepción del bovatge, que tanta ayuda había reportado a Jaime I para sus conquistas, a nobles y ciudades, con lo cual este tributo perdía definitivamente su carácter obligatorio y posiblemente general.50 Paralelamente a la percepción de un bovatge y de un monedatge poco rentables para el rey, para financiar la expansión mediterránea de finales del siglo XIII se pusieron en marcha una serie de peticiones de cises (sisas),51 pero ya bajo las normas del juego institucional fijadas en las Cortes de Barcelona de 1283.52 Las percepciones que se pusieron en marcha presentan una doble vertiente que no debe confundir. Una cosa es el donativo —auxilium o servicium— que los estamentos ofrecieron al rey, y otra aquellos tributos que se pusieron en marcha para obtener el dinero con que satisfacer el donativo. Las ayudas, como se ha dicho, no eran tributos, pero sí lo eran las sisas y las imposicions necesarias para recaudar el subsidio; en cierta manera se trata de las dos caras de una misma moneda que no pueden disociarse.

49 Para esta sección seguimos: Pere ORTÍ GOST y Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360)», en Actes Col.loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana. Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, pp. 233-278; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV). Vic, Eumo, 1995; Manuel SÁNCHEZ, «“Corts”, “Parlaments” y fiscalidad en Cataluña: las “profertes” para las guerras mediterráneas (13501356)», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Jaca 1993. Zaragoza, 1996. 1/5, pp. 251-272; Pere ORTÍ I GOST, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII-XIV», en Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pp. 17-34; Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST (introducción y edición), Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997. 50 Vid. Thomas N. BISSON, «Sur les origines du monedatge: quelques textes inédits», en Annales du Midi, 85 (1973), pp. 91-104; F. SOLDEVILA, «A propòsit del servei del bovatge», en Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), pp. 573-587. 51 Las citaciones documentales proceden de SÁNCHEZ, El naixement, pp. 55-63. 52 Vid. supra sección 1.

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La primera de las sisas tiene su origen en la aceptación ex providentia et mera liberalitate de Pedro II a que la ciudad de Barcelona percibiese una con la que financiar la construcción de sus muros defensivos; en 1287 Alfonso II confirmó esta sisa y consintió que se percibiese también en las villas-mercado del rey y en aquellos lugares donde el monarca ejerciese alguna jurisdicción en los obispados de Tarragona, Barcelona y Vic. Un año más tarde, en 1288, tras un encuentro entre nobles y consellers de Barcelona, los primeros consintieron que la sisa se prorrogase por tres años por todo el Principado excepto, precisamente, por tierra de nobles. De esta manera, la sisa se había extendido por la jurisdicción real y eclesiástica durante tres años y el «consentimiento» de los nobles probablemente consistía en que aceptaban pagar el impuesto indirecto cuando adquirían productos en cualquier parte fuera de su jurisdicción. Una compleja red administrativa debería posibilitar la percepción efectiva de un impuesto en el que el rey, último destinatario de su producto, no intervenía en ningún extremo. Las Cortes generales de Monzón de 1289, convocadas ante la situación de extrema gravedad motivada por la guerra en la frontera con Castilla, la invasión de Aragón por Francia desde Navarra y las amenazas del rey de Mallorca sobre el Rosellón, acordaron conceder al rey un auxilio durante tres años. Las propias Cortes serían las responsables de la percepción y de la administración de una sisa que, esta vez sí, se cobraría con carácter general en todo el territorio catalán. Agotado este subsidio y vigente el conflicto mediterráneo y los litigios con el rey de Francia, las Cortes de Barcelona de 1292 decidieron otorgar uno nuevo por dos años y con las mismas características y generalidad que el anterior. Estas tres sisas que conocemos —1288, 1289 y 1292— presentan un mismo esquema y las mismas características: a) las ayudas son concedidas en el marco de las Cortes; b) el rey invoca causas necesarias y urgentes: ad communem utilitatem et deffensionem terre nostre (1288), pro deffensione terre nostre in guerra (...) quam habemus cum rege Francie et cum rege Castelle et cum principi de Salerno et cum aliis (1289) y pro regnorum deffensione et terrarum nostrarum in guerra quam habemus cum rege Francie (1292); c) las ayudas son ofrecidas de forma totalmente voluntaria (non ex debito set solum ex providentia et liberalitate); d) el monarca no adquiría, por tanto, ningún derecho sobre las ayudas concedidas (renuncia a quod aliquid ius per hoc nobis vel nostris adquiratur vel possit adquiri contra vos vel vestros vel bona vestra; y el rey non adquiratur vel possit adquiri dominium, servitutem, usum, ademprivium vel aliquid aliud ius contra vos vel (...) aliquos de Cathalonia); y e) las ciudades se afanaban a evitar duplicidad de impuestos mientras se percibiesen aquellas sisas: en 1288 el rey se comprometía a no pedir a Barcelona aliquas questias, servitia, mutua vel alias exactiones peccuniarias y en 1289 el mismo monarca renunciaba a exigir, en

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todo el Principado, durante los dos años de vigencia del subsidio acordado, exercitus val cavalcadas velredemptiones (...) nec aliquas questias, cenas, albergas, mutua, acaptes, servicia vel ademprivía. Todos estos tributos indirectos tenían, salvo el primero, efectivamente carácter general, pero conviene no olvidar que habían sido decididos en Cortes. Después de una relativa tregua en las peticiones regias, durante los reinados de Jaime II y Alfonso III (entre 1321 y 1336) se activa una nueva avalancha de peticiones regias para sufragar la conquista de Cerdeña que enlazará con los conflictos de Granada y Génova. Es importante recordar que la historia de todas las peticiones de subsidio que realizaron los reyes en este período es la historia de un fracaso considerable desde el punto de vista del afianzamiento de un poder tributario exclusivo del rey. En ningún caso el monarca consiguió no ya establecer de propia autoridad un tributo general en Cataluña —tributo como instrumento con que satisfacer el subsidio—, sino que tan siquiera consiguió que los estamentos consensuaran un subsidio en todas sus tierras, algo que les había solicitado en las Cortes de 1323 y en las de 1340. Estas dos fechas marcan los dos principales intentos de la primera mitad de la centuria, como hemos dicho frustrados, de establecer, con la colaboración de los estamentos, un tributo general. Ciertamente, iniciada ya la conquista de la isla, en 1323 Jaime II convocó Cortes en las que solicitó un subsidio general que motivó largas discusiones entre los estamentos; finalmente la nobleza y el estamento eclesiástico abandonaron las Cortes, problablemente en desacuerdo con el tipo de impuesto que se estaba discutiendo percibir para pagar al rey —las villas y ciudades querían un impuesto directo que gravase proporcionalmente la riqueza de las personas—, con lo cual el peso del subsidio recayó en el brazo real.53 En este momento el monarca difícilmente podía invocar necesidad apremiante, puesto que los motivos que suscitaban la petición de subsidios eran entendidos como guerras del rey y que, por tanto, debía sufragar con lo suyo. Fuere como fuere, el mayor peso de la financiación de la campaña militar correría, según conocemos hasta ahora, a cargo de las villas y ciudades de realengo. Entre 1327 y 1336 Alfonso III afrontó las guerras con Génova, las endémicas revueltas de Cerdeña y la conquista de Granada. En todas las ocasiones se recorrió a la fiscalidad extraordinaria, o sea, a las peticiones a villas y ciudades, bien fuere a partir de la questia/subsidio bien mediante imposicions. Pero ni intervinieron ni les fue solicitada ayuda a la nobleza ni a la Iglesia. 53 El embajador B. Batlle hizo un resumen para el infante de lo que ocurrió acerca del subsidio en la Corte de 1323: «El senyor rey tench la Cort de Cathalunya a Barcelona. E, per molts contrasts e discòrdies... a la fí, los prelats e els richs hòmens e cavallers foren deuna part e les ciutats e les viles dealtra e neguna ajuda no·s poch obtenir dels prelats ne de la clerecia ne dels richs hòmens ne dels cavallers, mas los síndichs de les ciutats e de les viles atorgaren certa ajuda, la qual se dehia lavors que seria molt gran, mas depuys sés trobat que és fort pocha cosa e tan pocha que és vergonya de nomenar» (ACA reg. 342, f. 194v, SÁNCHEZ, El naixement, pp. 93-95).

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Lo mismo ocurrió cuando los conflictos de Génova y de Granada se unieron en uno solo y en la Corte de Montblanc de 1333 el donativo provino únicamente del estamento popular.54 A partir de este momento el rey consiguió aumentar los ingresos provenientes del estamento ciudadano en la medida que percibiría por una parte una questia desvinculada del subsidio y por otra el subsidio propiamente dicho. Victoria pírrica si tenemos en cuenta que nos referimos a ingresos del propio dominio real. La segunda fecha a que nos hemos referido se vincula con la campaña para la Guerra del Estrecho.55 Para financiarla, Pedro III solicitó un auxilium a los tres brazos en la Corte de Barcelona de 1340. Una vez más, y como ya ocurriera en 1323, los tres brazos no se pusieron de acuerdo en la forma de percibir las cantidades. Nobles y eclesiásticos eran partidarios de un impuesto indirecto que gravase de forma indiscriminada todas las transacciones, mientras que el estamento real deseaba que la imposició gravase algunos productos concretos con tarifas diferentes para cada caso. El rey aceptó la oferta de las villas y ciudades que, de nuevo, se quedaron solas en el otorgamiento del donativo, y se organizó una imposició que, por primera vez, abarcaría todo el territorio del dominio real y no únicamente a algunas villas-mercado como sucediera en 1333. Ni la nobleza ni los eclesiásticos participaron en los subsidios acordados en 1342 (guerra contra Jaime III de Mallorca) y 1344 (campaña del Rosellón) que, decididos en sede de Parlamento debido a la ausencia de nobles y eclesiásticos, eran concebidos como una continuación de la ayuda que villas y ciudades habían acordado en 1340. Este desierto de tributación general terminaría, y sólo parcialmente, a raíz de las Cortes de Perpiñán/Lérida de 1350-1352, en que ante un contexto de guerra con Génova y la revuelta de los Doria en Cerdeña, los tres brazos concedieron al rey una generalis impositio sometida a ciertos límites que, en definitiva, desvirtuaron la pretendida generalidad del subsidio.56 El Parlamento de Vilafranca de 1353, con villas y ciudades, ofreció un nuevo donativo que 54 Ciertamente, «la vinculació de les quèsties ordinàries amb el donatiu atorgat per les ciutats i viles, arran de la Cort de Montblanc, assenyala alhora la culminació d’un procés i el punt de partença d’un altre (...), a partir de 1333, les dues modalitats fiscals van prendre camins diferents, que van acabar trencant el binomi quèstia/subsidi: mentre la quèstia ordinària o arbitrària restava com un impost genuí del patrimoni reial, d’ara en endavant els subsidis eren sol.licitats i negociats sempre en assemblees de ciutats i viles, com les de 1323 i 1333» (SÁNCHEZ, El naixement, pp. 103-104). 55 Vid. Manuel SÁNCHEZ y Silvia GASSIOT, «La Cort General de Barcelona (1340) y la contribución catalana en la guerra del Estrecho», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història Institucional. Barcelona, 1991, pp. 222-240. 56 La sisa solamente recaería sobre cuatro productos, y los brazos podrían quedarse con una tercera parte de lo acordado y recaudado. Además fue necesario solicitar el consentimiento del Papa para que el impuesto pudiera ser percibido en la jurisdicción eclesiástica; cuando finalmente se contó con la autorización, se reunió una nueva Corte en Lérida (1352) a resultas de la cual el rey transfirió a los nobles el producto íntegro del subsidio que debía ser percibido en sus tierras. Al final el monarca se vio obligado a adelantar la suma necesaria para la campaña recurriendo a nuevas ventas del patrimonio (SÁNCHEZ, El naixement, pp. 120-121).

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substituía el acordado en 1350-1352 y que contemplaba diferencias notables entre la percepción que debían realizar nobleza y brazo eclesiástico por una parte y villas y ciudades de realengo por otra.57

3. EL RECONOCIMIENTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL CONDE DE BARCELONA

3.1. LA POTESTAD TRIBUTARIA EN EL DOMINIO DEL REY

Distintas fuentes reconocen, por activa y por pasiva, la potestad tributaria del conde-rey en Cataluña. Y esto en positivo y en negativo: sólo el conde de Barcelona puede autorizar la percepción de vectigalia y de otros tributos —como las collectae de las universidades— y al conde le compete la capacidad de eximir del pago del impuesto —aunque habrá que ver de cuáles y en qué condiciones. A) En primer lugar, no es difícil encontrar privilegios municipales en que el conde de Barcelona autoriza a los destinatarios —los prohombres del lugar o el Consejo ya organizado— a imponer colectas —en algunos casos confirmando una práctica ya existente— y también a determinar el modo en que debían ser percibidas. En este sentido sólo basta observar las disposiciones de Jaime I de 1226 para Barcelona58 o las del mismo monarca de 1272 para Cervera59 o bien, y no es, por tanto, la concesión más antigua, Recognoverunt proceres (1284).60 57 Pero en 1353 se acordó aumentar el número de productos sobre los que recaían imposicions, se incrementaron las tarifas de las imposicions de Perpiñán/Lérida y las universidades solamente retuvieron 1/4, y no 1/3, de lo recaudado; los nobles siguieron quedándose con el producto íntegro de la recaudación sobre los cuatro productos de Perpiñán/Lérida y los eclesiásticos también seguirían percibiendo sobre estos cuatro productos (SÁNCHEZ, El naixement, pp. 120-122). 58 «(...) attendentes fidelitatem tocius populi Barchinone, considerantes eciam frequentes clamores eorum ad nos sepe ac sepius factos, super eo quod in talliis et questiis et aliis exacionibus gravissime tractabantur; eorum iustis precibus inclinati concedimus et presenti privilegio perpetuo valituro statuimus et sancimus quod ab hac die in antea, omnes questie, tallie, collecte et exaccione quecunque fient in civitate, vel propter nos vel propter aliquod comune vicinatis, fiant semper per solidum et per libram (...)» (Ambrosio HUICI MIRANDA y María Desamparados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón. I. 1216-1236. Valencia, 1976, doc. 81, pp. 163-164). 59 Se trata de uno de entre varios ejemplos de privilegios reales que tienen por objeto regular el cobro de impuestos. Jaime I autoriza a los paers de Cervera a tasar los bienes de los vecinos con aras a contribuir en todo tipo de impuestos, tanto vecinales como reales: «Que los pahers de Cervera puxen tatxar los veyns de la dita vila aprés que ab sagrament hauran manifestat los béns per mes béns que no hauran manifestats (...)» [1272, septiembre, 2. Montpellier, en Max TURULL RUBINAT, Josep HERNANDO DELGADO, Montserrat GARRABOU PERES y Josep Maria LLOBET PORTELLA, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, doc. 14]. 60 En Recognoverunt proceres, el privilegio que Pedro II otorgó a los prohombres de Barcelona en 1284 se contempla, en el artículo 87 —perteneciente al núcleo de nuevas disposiciones contemporáneas a

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Pero lo que más literatura jurídica generó fue, sin duda, la necesidad de autorización regia para recaudar vectigalia o imposicions en tierras de realengo. Pero vectigalia no es simple y llanamente sinónimo de imposicions —aquel impuesto indirecto sobre el consumo que antes habíamos calificado de sisa—, sino una denominación culta de origen romanista que en la práctica incluía una variada constelación de percepciones indirectas61 bajo la órbita del conde de Barcelona que en Cataluña eran percibidas desde un momento previo a la recepción y difícil de precisar por lo que respeta a su origen. Etiquetar de vectigalia estas percepciones implica desplazarlas del contexto histórico y cultural que las vio nacer y ubicarlas en la cultura del ius commune. Atribuir a lleudas, peatges i mesuratges las propiedades de los vectigalia romanos no era algo irrelevante, sino lleno de implicaciones jurídicas y políticas. Volviendo a las imposicions, es bajo Pedro III el Ceremonioso cuando éstas se habían generalizado por todo el territorio real, cuando su percepción era ya algo habitual, cuando su gestión era totalmente municipal y cuando nobles e Iglesia intentaban eximirse de su pago —cuando compraban en un territorio sometido a imposicions—, es entonces, decíamos, cuando hacía falta dejar constancia inequívoca, como así se hizo, de que se trataba de un derecho regio.62 En el marco de las Cortes de Monzón de 1363, Pedro III impide, erigiéndose en defensor de la costumbre y siempre dirigiéndose al realengo, recaudar vectigals contra la forma acostumbrada y en aquellos lugares donde en tiempos pasados no se hacía;63 anula aquellos tributos que, concedidos por el rey, eran utilizados en provecho propio y se alejaban así de la requerida

la fecha del privilegio, añadidas a los setenta capítulos anteriores del llamado núcleo antiguo— , la obligatoriedad de colaborar en el erario común de la ciudad: Item concedimus capitulum quod quilibet civis Barchinone solvat et contribuat partem sibi contingentem in serviciis vicinalibus et inde non excusetur ratione alicuius Privilegii (30 CYADC II 1,13,1,1-116, Pere II, Barcelona, 1284 [cap. 87]). 61 Una constitución de 1363 se refiere a barras, peatges o altres novells vectigals (3ª CYADC I 4,25,10; vid. infra). Sobre estos distintos tipos de tributos indirectos que el rey percibía en su dominio en tanto que señor del mismo y sus relaciones con las imposicions, vid. Pere ORTÍ GOST, El patrimoni reial a la ciutat de Barcelona (segles XIII i XIV), tesis doctoral inédita defendida en el Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática de la Universidad de Barcelona en 1999 (existe edición en microficha, Barcelona, 1999); Pere ORTÍ I GOST, «La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII-XIV», en Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 (1996), pp. 17-34, esp. 18 y ss.; y Pere ORTÍ GOST, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, Barcelona, CSIC, 2000. 62 Nótese, sin embargo, que el derecho común no reserva al emperador precisamente los vectigalia, sino que, según Bártolo, consuetudo servatur in vectigalibus (Ad dig. N. I, dig. XXXIX, 4,4 [L. Si publicanus & in omnibus vectigalibus ff n. de publ. et vect.] = BERLIRI, L’ordinamento, p. 21). 63 El 1363 Pedro III prohibía la recaudación de vectigals establecidos contra la forma acostumada —sin especificar nada más— en lugares on des de temps passats no s´acotumaven a llevar. 3ª CYADC I, 4, 25, 10, Pedro III en la Corte de Monzón de 1363, cap. 28. «(…) ajustants, part açò, que contra la forma acostumada vectigals imposats en algun loc altre, que hon per temps passat són stats acostumats de levar, no sien levats (...)».

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utilidad pública;64 y, en dos ocasiones seguidas —13 y 18 de febrero—, confirma a las universidades del dominio real de Valencia, de Mallorca y de Cataluña que puedan percibir imposicions o sisas para sufragar los donativos que se debían ofrecer al rey.65 El vocabulario jurídico-político de esta última confirmación, que como desveló Pere Verdés recientemente no es ni una concesión perpetua ni general como se repetía habitualmente, es ciertamente potente, realista y nada ambiguo: a) las imposicions deben ser autorizadas por el rey (nostra auctoritate prevía [...]; potestatem imponendi et exigendi impositiones et cisas vobis concedere habeamus [...];66 de nostre plenitudine potestatis concessisse vobis [...] licentiam et facultatem plenariam imponendi, colligendi et recipiendi [...]);67 b) el cobro de imposicions responderá a una causa justa, necesaria o, lo que es más importante, voluntaria (por causa 64 Pedro III decretaba la anulación de aquellos tributos —barres, peatges u otros nuevos vectigals— que fueron otorgados por el rey y eran utilizados en provecho particular por alguien, puesto que se presuponía que con las concesiones estaba implícita la necesidad de responder a la utilitat pública [30 CYADC I, 4, 25, 10, Pedro III en la Corte de Monzón de 1363 (cap. 28). «Manam part açò e ordenam que si en privat profit de algú a aquell barras o peatges o altres novells vectigals haurem atorgats o atorgarem de aquí avant, jatsie que en las cartas dels dits atorgaments utilitat pública sie pretesa, aquell o aquells sian haüts de tot per irritats e per no fetas, las ditas cosas a estament primer retornats (...)»]. 65 En fecha de 13 de enero de 1363 y desde Monzón, Pedro III autoriza a las universidades del dominio real de Valencia, Mallorca y Cataluña a que los donativos ofrecidos al monarca por causa de guerra u otra causa necesaria, útil o voluntaria, puedan ser sufragados mediante la recaudación de sisas o imposicions, cuya potestad para recaudarlas y exigirlas les acaba de conceder, y niega cualquier ordenación contraria realizada por nobles y eclesiásticos: «(...) nostra auctoritate prevía, confirmamus necnon de novo in privilegium cum hac eadem vobis dicimus concedendum quod, quotienscumque nobis vestris muneribus et donis propter necessitatem guerre vel alia quavis causa necessaria, utili seu voluntaria subveneritis nos, ad vestri requisitionem, si nobis visum fuerit, potestatem imponendi et exigendi impositiones et cisas vobis concedere habeamus quodque interim ordinationes, provisiones, declarationes et promissiones aliquas non faciemus vel concedemus dictis prelatis, nobilibus et generosis vel aliis quibuscumque per quas nobis auferamus potestatem concedendi quod impositiones ipse pro quibuscumque causis nobis utilibus et necessariis imponi non valeant in futurum totiens quotiens nobis visum fuerit ipsas imponendas fore, nec aliquid faciemus, concedemus et ut permittemus per quod in aliquo circa predicta nostra potestas seu liberum arbitrium restringatur (...)» (ACA Reg. 1293, ff. 106v-107v; Pere VERDÉS PIJUAN, «A propòsit del “Privilegi General” per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», en Miscellània de Textos Medievals. Barcelona, CSIC, 1996, pp. 242-244). El 18 de enero de 1363 Pedro III confirma las autorizaciones del privilegio de 13 de enero del mismo año para recaudar imposicions: «Atendentes nos dudum, urgentibus, iustis et rationabilibus ac utillibus causis, utilitatem evidentem rei publice regnorum Valentie et Maioricarum ac insularum ei adiacentium necnon comitatus Barchinone et totius principatus Cathalonie, concernentibus, de nostre plenitudine potestatis, concessisse vobis, universitatibus civitatum, villarum et locorum nostrorum regalium in regnis, comitatu et principatu predictis sistentibus, licentiam et facultatem plenariam imponendi, colligendi et recipiendi in eisdem cvititatibus, villis et locis cisas seu impositiones in et super universis bonis et mercibus et aliis quibuscumque rebus quas vos dicte univesitates et quemlibet vestrarum volueritis et prout melius et utilius vobis videbitur faciendum, in quibusquidem cisis seu impositionibus omnes et singuli concives et cohabitatores vestri et alii quicumque sint solvere teneantur prout in dictis nostris concessionibus latius enarratur; (...)» (ACA Reg, 1293, ff. 108r-109r; VERDÉS, «A propòsit del Privilegi General», pp. 244-245). 66 13 enero 1363 (vid. supra). 67 18 enero 1363 (vid. supra).

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de guerra vel aliqua quavis causa necessaria, utili seu voluntaria subveneritis nos (...);68 urgentibus, iustis et rationabilibus causis, utilitatem evidentem rei publice (...);69 c) queda anulada cualquier ordenación contraria dictada por nobles y eclesiásticos que pudiera afectar la efectividad de la autorización de imponer a las universidades reales;70 d) para aumentar la efectividad de la disposición regia, el monarca indica actuar ex certa scientia (o sea, a sabiendas y consciente de la importancia de la norma dictada)71 y manda que la disposición tenga la misma fuerza y valor quam vis legis paccionate obtinere volumus.72 Un siglo más tarde, en 1470, Juan II sigue recordando que los vectigalia son una regalía cuando afirma que las imposicions, que son la ànima de las ciutats, vilas e lochs, encuentran su origen en los privilegios concedidos por los reyes.73 Por tanto, y como hemos visto —y aun dejando aparte la doctrina jurídica que insiste en ello—74, distintas disposiciones legales que posteriormente serían objeto de inclusión en las sucesivas recopilaciones de derecho propio afirmaban que solamente el rey podía autorizar la percepción de vectigalia en villas y ciudades del dominio regio. B) En segundo lugar encontramos al conde de Barcelona eximiendo de ciertos tributos a diferentes colectivos. Parece sensato creer que quien tiene el derecho de eximir a contrario posee el derecho de imponer. Eximir del pago de vectigalia a los habitantes del realengo podría parecer como algo relativamente normal cuando acabamos de señalar que ningún nuevo vectigal puede ser impuesto sin su autoridad, aunque no hay que olvidar que en Cataluña el rey autorizaba la percepción de vectigalia, pero el 68

13 enero 1363 (vid. supra). 18 enero 1363 (vid. supra). 70 13 enero 1363: «Volentes, ex certa scientia et ex pacto ac cum presenti concessione quam vim legis paccionate obtinere volumus, statuentes et ordinantes quod, si concessiones aliquas, provisiones, ordinationes et statuta contra predicta vel aliqua in presenti carta contenta ad importunitatem vel alias de proprio motu nostro ecclesiasticiis vel dictis prelatis ac quibuscumque personis ecclesiasticis, nobilibus, militibus vel personis de paratico ac quibusvis aliis faciemus vel concesserimus vel si forte immemores iam facte existunt, ipsas nunc et extunc et extunc ut exnunc cassamus, irritamus et anullamus et nullius valoris et efficacie existere cum presenti decernimus et sanccimus (...)» (ACA Reg. 1293, ff. 106v-107v; VERDÉS, «A propòsit del Privilegi General», pp. 242-244). 71 Sobre la significación y uso de esta cláusula, vid. PACHECO, «Non obstante. Ex certa scientia». 72 13 enero 1363 (vid. supra). 73 3ª CYADC I, 4, 24, 11, Juan II en la Corte de Monzón de 1470 (capítulo de Corte 29): «Per quant a occasió del abús de la guerra en moltas parts del dit Principat és estat donat destorb en la exactió de las impositions, que son la ànima de las ciutats, vilas e lochs en lo dit principat de Cathalunya ne sens aquellas se puga suplir als carrecs, las quals ab privilegis los poblats en lo dit principat de Cathalunya dels gloriosos reys de immortal memòria, predecessors vostres, han hagut e obtes (...)». 74 Vid. Víctor FERRO, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta. Vic, Eumo, 1987, p. 172, n. 222, con alusiones a Fontanella, Dec. 217, 8-15; Ripoll, De reg. 7, 58-62; Xam. De priv. 10, 63-65; a falta de privilegio, era admisible una posesión inmemorial, según Fontanella, Dec. 217, 16-25; Ripoll, De reg. 7, 79-85; Xam. De off. 2,6,115. .69

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cobro y la totalidad de la gestión de los mismos era enteramente municipal.75 Mayor interés presenta, a nuestro parecer, una pragmática aparentemente irrelevante concedida por Pedro III en 1340 por cuanto interfiere claramente en la gestión del impuesto directo que estaba en manos, en aquel caso, de los magistrados municipales de Vic. En la disposición Pedro III se dirige a los consellers y prohomens de Vic y, después de explicitar que su disposición obedece a las demandas que le habían formulado juristas de la ciudad de Vic, establece que en nombre de la communi utilitati, no sean sometidos a tributación los libros de los juristas.76 Esta disposición ya fue recogida sumariamente en aquella recopilación no oficial de 1495 y su ubicación interna la sitúa junto a otras pragmáticas, privilegios o privisiones dirigidos a los estamentos o a los poblados del Principado.77 En la recopilación de 1588, que sí contiene la disposición, el texto ya es calificado de pragmática y aunque sea ubicado en el libro IV, correspondiente a derecho privado según la sistemática justinianea que siguen las recopilaciones catalanas, aparece bajo un título dedicado a collectas y tallas (XI) y está precedido de otros dos títulos de marcado contenido fiscal, a saber, el IX —de vectigals, leudas, peatges e impositions— y el X —de fogatges—. La pragmática, que sólo regiría para la parte de Vic sometida a la jurisdicción real, señala con precisión que en dicha ciudad se realizaban talliae seu collectae y que la base para su percepción era la declaración de los bienes de los vecinos —en el caso que nos ocupa los libros de 75 Para conocer el alcance de esta progresiva «municipalización» de las imposicions, basta leer los capítulos de las condiciones bajo las que aquéllas se percibirían y que eran acordados en las Cortes (por ejemplo, las de Montblanc de 1333 para financiar por dos años la guerra contra el reino de Granada y los genoveses, en SÁNCHEZ y ORTÍ, «Corts, parlaments i fiscalitat», pp. 49-61; o las de Barcelona de 1340, Ibídem 63-70, Barcelona de 1342, Ibídem 71-79, etc.). 76 3ª CYADC II 4,11,1 «Pere terç en la pragmàtica als consellers y prohomens de Vic, dada en Barcelona a 12 de Calendas de agost 1340: Pro parte jurisperitorum civitatis Vici fuit nobis humiliter demonstratum, quod in dicta civitate fuerunt factae, et fiunt talliae, seu collectae in quibus talliare debent unumquemque pro rata valoris bonorum suorum, quae habent, quod vocatur vulgariter Manifest, dictique talliatores nituntur jurisperitos praedictos talliare pro rebus privilegiatis, ut sunt libri juris quos habent ad usum et officium advocationis, quod respicit utilitatem Reipublicae, in magnum ipsorum juris peritorum praejudicium, ut asseritur, sive damnum. Qua propter admirantes si dictos juris peritos talliatis pro libris ipsorum, cum in pluribus habeatis regi eorum consilio, ac etiam adjuvari qui quidem jurisperiti patriam, suosque posteros deffendunt, et communi utilitati intendunt, vobis et quibuscunque, talliatoribus dictae Civitatis dicimus et expresse mandamus, quatenus dictos jurisperitos pro dictis libris minime tallietis et eosdem ad contribuendum pro eisdem libris minime compellaris, alis vos proinde de inobedientia puniremus». 77 «Los iuristes no deuen esser mesos en talles per los libres que tenen. Pere terç en Barçalona a XII de les kalendas de agost Millessimo CCC XXXX» (1ª CYADC, en el segundo volumen, en «Taula de les pracmàtiques, privilegis, concòrdies, provisions e altres coses fahents per los staments de Cathalunya, axí en particular per quiscun stament, com en general per tots los poblats en lo Principat de Cathalunya» —p. 573— , bajo el epígrafe «pracmàtiques e altres coses generals» —p. 713—, concretamente en «sumaris de moltes e diverses pracmàtiques e provisions reals molt útils, les quals per causa de brevitat stan ja sumades ab sos calendaris. Cartes...» —p. 745— (= Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, p. 751 final).

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los juristas— en los libros llamados del manifest. Por lo tanto, la pragmática no parece eximir a los juristas del pago de la questia que se pagaba al conde de Barcelona —cuya percepción se realizaba por medio de una talla—, sino que la pragmática manda que los libros de los juristas no sean valorados en el manifest y, en consecuencia, no tributen en las tallas o colectas —no necesariamente para satisfacer la questia— que el municipio organizase para subvenir sus gastos. Que el rey eximiera a alguien de tributar en una talla con la que el municipio pagaría la questia tendría una dimensión o un interés relativo. Lo relevante de este episodio —que mereció ser incluido por los recopiladores (juristas sin duda) en las recopilaciones catalanas, es, a nuestro parecer, que el rey es capaz de eximir, aunque sea parcialmente, a un colectivo ciudadano del pago de tributos municipales. Con esto se señala al monarca como titular último de los impuestos directos percibidos en los municipios y se completa el círculo iniciado con la original autorización regia para establecerlos. Sin embargo el capítulo más conflictivo fue la sujeción —y, en su caso, la exención— de nobles y eclesiásticos al pago de las imposicions (tributos indirectos) y colectas (tributos directos) que eran percibidas en tierras de realengo.78 El problema, recurrente, se planteó de nuevo en 1316.79 Al margen de si se trataba de una no sujeción o de una exención del estamento eclesiástico al pago de las imposicions y colectas percibidas en el realengo, el caso es que la pragmática en cuestión —además de afirmar que la autorización de las impositionis generalis vel specialis (...) in omnibus et singulis civitatibus et locis infra Cathaloniam pertenecía al monarca— establecía que aquéllos únicamente contribuirían en imposicions y collectae si consentían en ello. No se beneficiarían de la posible exención aquellos eclesiásticos que mercadeasen.80 78 Sobre los orígenes lateranenses de la sujeción o exención de los eclesiásticos al impuesto, vid. Raymonde FOREVILLE, «Représentation et taxation du clergé au Ive concile du Latran (1215)», en Etudes présentées à la Comission internationale pour les Assemblées d’Etats, XXXI (=XIIe Congrès international des sciencies historiques). Paris-Louvain, 1966 (ahora en Gouvernement et vie de l’Eglise au Moyen-Age. London, 1979, pp. 57-74). 79 3ª CYADC II, 4, 9, 1, Jaime II en la pragmática dada en Barcelona a 16 de septiembre de 1316: «(...) ne persone ecclesiastice ipsorum civitatis vel locorum, directe vel indirecte, aliquid in ipsa impositione vel collecta eius solvere ponere vel contribuere teneantur nisi personas ipsae ecclesiasticae requisitae primitus suum assensum praestiterint super eo. Ab his autem clericos, coniugatos vel non coniugatos, mercatores tamen seu negotiatores vel ministrales seu artifices seu carnifices vel alios similes et alios quoscumque qui de jure immunitatem habere non debent non intendimus excusare quin ponant et contruibuant super eis praesente ordinatione nostra in aliquo non obstante (...)». 80 Vid. Max TURULL RUBINAT y Pere VERDÉS PIJUAN, «Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)», en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval. Barcelona, CSIC, 1999, pp. 121-154, esp. 136 y ss., con alusiones sobre esta problemática en la bula incluida en 3ª CYADC II 3,1,15 y a los capítulos del obispo de Lérida de 1512 también incluidos en 3ª CYADC II 1,8,1,35.

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En cuanto a las respectivas peticiones de la nobleza laica para escapar del pago de estas imposicions en el realengo, como ya hemos comentado en otra ocasión,81 el resultado fue sensiblemente diferente. En 1368 Pedro III les reconoció por medio de una pragmática la exención del pago de pontatge y de barras,82 aquellos antiguos y poco lucrativos tributos regios, pero no les eximió de las imposicions al uso. Sólo en 1380 Pedro III aseguró al estamento militar que la comisión entonces nombrada y formada por el obispo de Huesca, el obispo de Elna y el jurista Ramón de Cervera, se encargaría de conocer si, en la ciudad y el campo de Tarragona, los hombres del estamento militar y sus vasallos debían pagar las imposicions recaudadas en villas y ciudades de jurisdicción real. El monarca dispuso, además, que nadie interferiría en la tarea de la comisión.83 El conflicto, cuyos orígenes deben remontarse 81

Vid. TURULL y VERDÉS, «Sobre la hisenda municipal», pp. 138-139. 3ª CYADC II, 4, 9, 3, Pedro III en la pragmática dada en Barcelona el primero de diciembre de 1368: «Item, decernentes barones et milites et quasvis alias personas generosas cum omnibus eorum domesticiis et etiam cum animalibus quibus aequitabunt vel quae eorum res aut ad eorum servicium portabunt ab omni exactione pontagii et barre fore quitias et immunes, mandamus cum praesenti cunctis nostris officialibus praesentibus et futuris et exactoribus talis pontagii seu barre quatenus a dictis personis, tam pro se ipsi quam pro animalibus eorundem, nihil ratione pontagii vel barre exigant vel exigere audeant seu praesumant et siquid in contrarium exactum fuerit pro tempore praeterito vel futuro id dicti officiales restitui faciant indilate, ad hec exactores ipsorum jurium per impositiones poenarum et alia debita remedia rigide compellendo». 83 3ª CYADC II, 9, 1, 3, Pedro III en privilegio concedido al estamento militar, en Barcelona a 19 de mayo de 1380: «Quia inter caetera conventa inter nos et vos, brachium baronum et militum et hominum de paratico, congregatum in Curiis generalibus quas nunc in civitate Barchinone cathalanis caelebramus, quando concensistis (sic) quod certa vectigalia in Principatu Cathalonie exigantur et leventur, est quod nos faciamus commissionem, sicut fecimus episcopus Osce et Elenae et Raymundo Cervera, decretorum doctori, quod cognoscant in civitate vel Campo Tarraconae an illi de dicto bracho hominesque et vassalli eorum contribuere debeant in impositionibus quae in civitatibus, villis et locis regiis Cathalonie colliguntur et levantur, prout in ipsius commissionis littera quae data est Barchinone decima nona die madii subscripta latius continetur. Est etiam conventium quod nos, pro effectu dictae commissionis, promissionem et securitatem faciamus vobis et faciamus fieri infrascriptam; ideo promittimus vobis dicto brachio in nostra fide regia quod dictam commissionem non revocabimus nec impedimentum aliquod dictis judicibus vel alicui eorum dabimus per nos vel per consilium consiliariorum nostrorum vel aliarum personarum quominus ipsis judices possint procedere et proferre sententiam super quaestione praedicta; immo quotiens erimus requisiti faciemus illas bonas provisiones, litteras et compulsiones quae fieri possint pro expeditione et perfectione dicti negotii et mandamus huius serie illustri Sibiliae, reginae Aragonum, consorti nostre charissimae, inclitoque ac magnifico infanti Joanni, nostro charisimo primogenito ac in omnibus regnis et terris nostris generali gubernatori, duci Gerundae ac comiti Cervariae, ac aliis de consilio nostro, quod vobis dicto brachio promissionem et juramentum faciant infrascipta. Nos etiam dictus rex, pro maiori securitate vestra praedictorum quae vobis supra promittimus et ut libentius demus operam super eis effectui ducendis, placet nobis ac consentimus quod si intra duos annos proxime nunc venturos dicta quaestio non erit per diffinitivam sententiam determinata nos vel dicta regina aut dictus dux seu officialis aut aliae personae delegatae seu comissarii nostri aut reginae vel dicti ducis nequeamus, transactis ipsis duobus annis, in Cathalonia contra aliquem hominem de paratico inquirere ex mero officia absque prossecutione partis et hoc duret per tantum tempus ac servetur vobis dicto brachio et singularibus de eodem quousque ditcta quaestio sit per deffinitivam sententiam finita et determinata vel alias inter partes conventm sit amicabiliter super ea et praedicta omnia et singula promittimus ac etiam juramus per dominum Deum et eius sancto quatuor 82

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hasta 1363,84 se prolongaría como mínimo hasta el siglo XV85 o quizá más tarde, puesto que todavía en las Cortes de Barcelona de 1599 Felipe II rechazaba una petición del brazo militar en la que solicitaba que sus miembros no fuesen obligados a pagar imposicions en aquellos lugares en que no fuesen admitidos en el gobierno municipal.86

3.2. LA POTESTAD TRIBUTARIA EN TIERRA DE NOBLES Y DE IGLESIA

Dos problemas de hondo calado político y jurídico fueron planteados en las relaciones tributarias del rey con la nobleza laica y eclesiástica: si nobles y eclesiásticos podían imponer libremente cuantos tributos desearan sobre sus vasallos, y si nobles y eclesiásticos —ellos y sus vasallos— estaban obligados a pagar donativos y otros tributos al rey. La importancia de ambas cuestiones contrasta con lo muy poco que hoy sabemos acerca de ellas, por lo que estamos obligados a relativizar las conclusiones que puedan extraerse de los casos concretos que analizaremos. Como se ha visto en diversas ocasiones, el rey reivindicó como una regalia irrenunciable el derecho de autorizar, en última instancia, la Evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, attendere et servare ac attendi et servari facere et nunquam in aliquo contrafacere vel venire». 84 En 1363, en las Cortes de Monzón, el rey estableció que en un plazo de diez años se pronunciaría acerca de si los homines de paratico, los eclesiásticos y sus vasallos eran francos en el pago de las imposicions recaudadas en el dominio regio; mientras, se previo que al menos los eclesiásticos y los nobles, sus familias y sus domésticos, no pagarían en dichas imposciones (J. Mª. PONS GURI, Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-1363, Madrid-Barcelona, 1982, pp. XIII-XXII. «Capitula in Curia Montissoni super concordia scilicet si barones, milites et homines de paratico et etiam personis eccleisasticis Aragonum, Valentie et principatus Cathalonie teneantur solvere in impositionibus impositis)». Vid. también VERDÉS, «A propòsit del Privilegi General», pp. 234-236. 85 J. BROUSSOLLE, «Les impositions municipaux de Barcelone de 1328 à 1462», en Estudios de Historia Moderna, 5 (1955), pp. 1-164, esp. 140 (trabajo que, en su primera parte, debe ser corregido a partir de ORTÍ, La construcció). 86 3ª CYADC I, 1, 20, 2, Felipe II en la Corte de Barcelona del año 1599 (capítulo de Corte 77): «Perquè los militars y nobles en lo present principat y comtats de Rosselló y Cerdanya són molestats en pagar les imposicions de les ciutats y viles del present principat y comtats y no són admesos en lo govern y regiment de moltes d’elles molt en gran desservey de vostra magestat y benefici públich, per ço lo bras militar supplica a vostra magestat, en declaratió de diversos privilegis concedits al stament militar per los predecessors de vostra magestat, concedir y atorgar a dits militars y nobles que no tingan obligatió de pagar dites impositions ni pugan ser compellits a la solució de aquelles en les ciutats i viles en les quals per los càrrechs y officis no són admesos dits militars y nobles, deixant a arbitre de dites ciutats y viles si·s volran acontentar admetre’ls en dits càrrechs y officis als qui avuy no són entrats a fi y effecte que admetent-los en dits officis pugan ser compelits a dites impositions com tots los demés. Lo que·s suplica no·s pot concedir en la forma que·s demana, attés que penja lite sobre dita pretensió y aquella durant té lo bras militar lo privilegi a ell concedit per lo senyor rey en Pere terç dat en Barcelona a 19 de maig MCCCCLXXX (sic). Covarruvias Vic. Suspés per lo Acte de Consert en la pag. 64».

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imposición de tributos en todo el reino. Esta afirmación genérica fue modulada en y por la realidad. En lo real esta formulación consistía en que se reconociese al rey la potestad de autorizar los tributos —concretamente los vectigalia nova, o sea, las nuevas imposicions— que los nobles establecían en sus tierras, o lo que es lo mismo, que la nobleza no pudiera establecer en lugares de su jurisdicción tributos sin el consentimiento regio. Una primera escaramuza en esta batalla tributaria se dio en 1316, en una disposición que tambíen aludía a la tributación de los eclesiásticos en imposicions cobradas en el realengo.87 Efectivamente, cuando el recurso a imposicions todavía no se había generalizado, la necesidad de una autorización regia para su percepción en omnibus et singulis civitatibus et locis infra Cathaloniam ya la contemplaba en 1316 una pragmática88 de Jaime II que se refiere a las imposicions generales y a las especiales y tanto si el producto de su recaudación iba dirigido a la Corona como a las necesidades del propio municipio.89 Es posible que la afirmación de Jaime II de 1316 fuere más testimonial que otra cosa dada la poca importancia que tenían, por entonces, las imposicions. Sin embargo, otro valor tiene parecida afirmación años más tarde. Hemos visto a Pedro III batallar por la potestad real sobre las imposiciones en tierra de realengo en las Cortes de Monzón de 1363, y fue el mismo monarca quien, en 1370, tuvo ocasión de abordar de manera directa y descarnada el problema de la potestad tributaria fuera de su dominio y lo resolvió de forma favorable para los intereses regios. Según reza el texto que nos ha llegado, cuando Pedro III tuvo conocimiento de que los condes de Urgel y de Ampurias y los vizcondes de Cardona y de Castellbó 87

Vid. supra. La forma de la disposición y su contenido no son ajenas a sus objetivos: afirmar la potestad de autorizar imposicions del conde de Barcelona en todo el Principado. Obsérvese que Pragmàtica, o sea, una disposición del monarca que no tenía carácter general, es la cualificación que recibe por parte de los autores de la recopilación de 1588 —o sea, los estamentos— el scripto nostro de Jaime II con fecha de 16 de septiembre de 1316, el cual aparentemente sí tenía pretensiones de generalidad cuando aludía a todas las ciudades y lugares de Cataluña y no únicamente a las del dominio real. La disposición regia, que contravenía la constitución Volem, statuim e ordenam (30 CYADC I 1,15,1) de 1283 según la que las constituciones generales debían contar con el apoyo y el consentimiento de los brazos reunidos en la Corte, probablemente sería calificada de pragmática por los recopiladores y aparcada en el volumen segundo de la recopilación —dedicado a pragmàticas y altres drets de Cathalunya— dado que la disposición, a pesar de su pretendida generalidad, no había sido aprobada por las Cortes y no era nada más que una decisión unilateral del monarca. 89 3ª CYADC II 4, 9, 1, Jaime II en la pragmática dada en Barcelona a 16 de septiembre de 1316: «(...) cum presenti scripto nostro declaramus, statuimus, decernimus et perpetuis temporibus per nos et nostros in omnibus et singulis civitatibus et locis infra Cathaloniam constitutis volumus observari quod si generaliter in ipsis civitativus et locis vel aliquo eorundem auxilium vel servitium pecuniarium seu aliud dandum vel in usus alias convertendum, nobis vel nostris semel vel pluries a nostris fidelibus concedatur quod per modum impositionis generalis vel specialis contigerit colligi seu levari authoritate nostri vel nostrourm impensa, absque quam non posset fieri nec imponi, nos et nostri taliter providemus antequam authoritas ipsa regia super exigenda et colligenda dicta impositione generali vel speciali in ipsis civitatibus vel locis (...)». 88

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habían establecido imposiciones generalis seu vectigalia nova en sus territorios y entre su gente, se exclamó que ello era evidens preiudicium et derogacionem iurium et regaliarum nostrum y mandó revocar aquellas illicitas exacciones. Por el contrario, los nobles defendían su derecho a establecer aquellas nuevas imposicions allegants, ells e cascun d=ells (...) haver en lurs lochs tota aquella jurisdicció que han en les altres persones. Con la participación de ciertas buenas personas, nobles y rey llegaron a una certa avinença, en la que las partes diferenciaban las nuevas imposicions de las que venían siendo percibidas por costumbre. El texto fijaba un plazo de un año para demostrar que en aquellos lugares las imposicions habían sido percibidas por los nobles desde antiguo y por costumbre. En cuanto a las nuevas, las generals e novelles imposicions e barres, se convino que a ells [comtes e vezcomtes] no ésser legut de posar aytals imposicions e barres y que, por tanto, aquellas no culliran ne culler faran o permetran en los comdats e vezcomtats e terres o lochs lurs sens licència e auctoritat del senyor rey.90 El segundo gran flanco de la batalla tributaria era, como se ha dicho, la contribución de nobles y eclesiásticos y la de sus vasallos. La respuesta de los brazos militar y eclesiástico a las peticiones regias de contribuir económicamente para sufragar diversas empresas fue invariablemente la misma. Hoy disponemos de información y documentación valiosa sobre esta problemática con la ciudad y campo de Tarragona —territorio complejo desde la óptica jurisdiccional dada la importante presencia del arzobispo de Tarragona—91 como escenario de las tensiones entre la jerarquía eclesiástica y el monar90 24 de septiembre de 1370, Sant Joan del Pi: [Planteamiento y presentación] «(...) pervenisset quod comites Urgelli et Impuriarum et vicecomites Cardone et Castriboni in terris et locis suis posuerant et collegerant et de facto etiam colligebant impositiones generalis seu vectigalia nova in evidens preiudicium et derogacionem iurium et regaliarum nostrarum (...) mandavissemus ut dictas illicitas exacciones revocarent et desisterent penitus ab eisdem (...)». [Confrontación de pareceres:] «(...) la jurisdicció dels cavallers e persones de paratge, la qual lo senyor rey entenia e entén que per sa regalia a ell e no a altre se pertany, los dits comtes e vescomtes, ab deguda reverència, lo contrari dients e allegants, ells e cascun d’ells, en los dits cavallers e persones de paratge haver en lurs lochs tota aquella jurisdicció que han en les altres persones (...)». [Acuerdo:] «(...) Primerament, sobre lo fet de les dites generals e novelles imposicions e barres fon avengut (...) que aquells comtes e vezcomtes regonexents ab la present carta a ells no ésser legut de posar aytals imposicions e barres, prometen que aquelles imposicions o barres no culliran ne culler faran o permetran en los comdats e vezcomdats e terres e lochs lurs sens licència e auctoritat del senyor rey (...)». (ACA reg. 920, ff. 10r-13r; agradecemos a Pere Verdés el conocimiento y la transcripción de este texto). 91 Aparte de Cambrils, que estaba bajo jurisdicción real, la mayor parte del territorio del Campo de Tarragona estaba sometido a la jurisdicción del arzobispo de Tarragona, sea en régimen de coseñorío entre el rey y el arzobispo —y por tanto ostentando una jurisdicción común, como fue el caso de la ciudad de Tarragona—, sea en régimen de pleno dominio o alodio de la Iglesia donde el arzobispo ejercía el dominio directo. Además hubo algunos pequeños núcleos librados a la baja nobleza que acabó conviertiéndose en vasalla del arzobispo. Debemos recordar que la doble jurisdicción a la que hemos aludido fue ejercida por indiviso, sin que se procediera, por tanto, a dividir cada uno de los núcleos en dos partes sometidas a uno u otro señor respectivamente.

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ca en aquellas particulares circunstancias.92 Desde Pedro I en 1213 hasta por lo menos Martín el Humano en 1403, los condes de Barcelona reconocieron reiteradamente dos circunstancias: en primer lugar, que en ningún caso y por ninguna razón podían exigir tributos a los vasallos del arzobispo de Tarragona sin su consentimiento, y, en segundo lugar, que no podían exigirle a él mismo servicio o donativo alguno. En estos casos, los tributos a los que se refiere la documentación son: questiam, toltam, fortiam aut aliquam aliam exactionem sive demandam, en 1213 y 1223, y levando bovatico et super prohibicione extrahendi annonam seu bladum et alias merces (...) super introducenda etiam gabellam salis en 1281. En 1213 Pedro I reconocía al arzobispo de Tarragona, Ramón de Rocabertí, que no podía exigir ni a los hombres de la ciudad ni a los del Campo de Tarragona aliquam questiam, toltam, fortiam aut aliquam aliam exactionem sive demandam, aliquo modo, aliquo casu, aliqua occasione, aliqua necessitate vel aliqua ratione, y que si lo hacía, el arzobispo consentiría gratis y voluntariamente.93 En 1223, y después de obtener quince mil s. b. por la confirmación que presentaba carácter perpetuo —presentibus et futuris—, Jaime I reconocía de nuevo quod non habemus nech facere vel habere debemus ullo modo questiam ullam vel fortiam seu aliquam exactionem ademprivium in civitate Terracone neque in Campo vel territorio eius.94 En 1281, y después de haber pretendido exigir unilateralmente la percepción de un bovatge y la participación en la hueste real, Pedro II, en virtud de la jurisdicción común que ostentaba con el arzobispo en el territorio, ampliaba el abanico de tributos que reconocía no poder percibir sin el acuerdo o el consentimiento del arzobispo.95 Ciertamente, las fórmulas empleadas para expresar la liberalidad 92 Seguimos, para este ámbito, Jordi MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i finances de dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls durant els segles XIV i XV. Tesis doctoral parcialmente inédita defendida en el Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática de la Universidad de Barcelona en 1998. Edición en microficha, Barcelona, 1998. 93 1213, agosto 22, Huesca: «(...) quod non habemus nech debemus habere vel facere aut exhigere in civitate Tarracone vel in campo sive in toto territorio eius, aliquam questiam, toltam, fortiam aut aliquam aliam exactionem sive demandam, aliquo modo, aliquo casu, aliqua occasione, aliqua necessitate vel aliqua ratione; et, si forte ibi habemus vel habere debemus aut possumus aliquam quistiam, toltam, fortiam, exactione, sive demandam, eas omnes vobis et successoribus vestris et Ecclesie vestre, ob remedium et salutem anime nostre et parentum nostrorum, gratis et voluntatem (...)» (MORELLÓ, Fiscalitat i finances, ap. 1, p. 55 = AHCR Perg. Diplomas, carpeta A-17, n. 7, es traslado de 1542). 94 1223, agosto, 11, Tarragona: «(...) quod non habemus nech facere vel habere debemus ullo modo questiam ullam vel fortiam seu aliquam exactionem ademprivium in civitate Terracone neque in Campo vel territorio eius, neque in habitatoribus eorundem, presentibus et futuris (...)» (MORELLÓ, Fiscalitat i finances, ap. 2, p. 56 = AHCR Perg. Diplomas, carpeta A-12, n. 12, traslado de 1542). 95 1281 (texto introducido en un registro de 1338 y ordenado copiar en 1377): «(...) confitemur et recognosciumus vobis Venerabili Bernardo Terracone Archiespiscopo et vestre ecclesie Terracone quod mandamenta et districtus quos fecimus et fieri iussimus in civitate et territorio seu campo Terracone super colligendo seu levando bovatico et super prohibicione extrahendi annonam seu bladum et alias merces de ipsa civitate et territorio super introducenda etiam gabella salis in civitate predicta, que quidem omnia ad

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del donativo del arzobispo son parecidas a las empleadas por el estamento real en Cortes. En 1223 Jaime I reconocía recibirlo non ex debito vel iure aliquo, sed ex sola gratia et voluntate96 y el mismo monarca lo recibía en 1234 sola gratia et liberalitate vestra et non ex debito.97 En otro orden de cosas, los donativos que concedieron la ciudad y el campo al rey a cambio de la confirmación de privilegios —no olvidemos la situación de condominio entre rey y arzobispo en algunas localidades, entre ellas la ciudad de Tarragona— fueron siempre acompañados de referencias a la liberalidad de los mismos. Pedro III recibiría en 1353 y en 1362 sendos donativos bajo las mismas condiciones —en el último caso no per deure ni per altre dret, mas solament graciosament e de bon grat—;98 y Martín el Humano recibe un donativo con motivo de su coronación graciosament e no per deute que·y sien tenguts, com sien homes de la Esgleya de Terragona molt privilegiats.99 Esta situación aparece salpicada por algún episodio menor que apunta en sentido contrario. En 1261 el rey comunicó al oficial y al pavorde de Tarragona que en breve visitaría la ciudad y que, por tanto, preparasen el servicio de la cena al que tenía derecho, a lo que los eclesiásticos respondieron que no estaban obligados y que, en todo caso, la pagarían de gratia speciali. El monarca reaccionó afirmando que tenía derecho a la cena no por mera liberalidad sino por autoridad y por costumbre (quod non de gratia set etiam gratis vel vi etiam per consuetudinem sibi eas dare tenebantur) y la cena acabó siendo pagada.100

vos et ipsam ecclesiam et nos iure communis donacionis pertinere noscuntur, fecimus et fieri mandamus utentes iure vestro et nostro et intendimus et volumus et facemus omnia predicta et singula facta fuisse cum iure et iurisdiccione vestra et nostra. (...)» (Josefina CUBELLS, «Aspectos político sociales en Tarragona entre los años 1276 y 1285», en La società mediterranea all’epoca del Vespro. XI Congressso di Storia della Corona d’Aragona. Palermo, 1983, II, pp. 469-470, apx. 2, citado por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 112). 96 MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 152, citando a E. MORERA, Tarragona Cristiana. Tarragona, 1889 (1982, 20ª ed.), II, 9. 97 MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 153. 98 El 15-IV-1353 son confirmados los privilegios de la ciudad a cambio de un donativo, pero Pedro III reconoce hacerlo «non ex debito set gratis et vestra spontanea voluntate, cum nullam in vobis toltam, forciam, exactione seu questiam habeamus», queriendo, además, «quod per huiusmodi concessionem seu donationem nullum fiat vobis aut privilegiis, libertatibus, franchitatibus et inmunitatibus vestris, periuditium seu lesionem quovis modo» [Maria J. ARNALL, «Documents de Pere el Cerimoniós referents a Tarragona i conservats en el seu Arxiu Històric Provincial», en Quaderns d=història tarraconense, 4 (1984), pp. 51-130, ap. 17, cit. por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 157]. El 1362 el rey no sólo confirma privilegios para obtener el donativo, sino otorga privilegios nuevos, después de indicar, como de costumbre, que la ayuda era voluntaria: «no per deute ni per altre dret, mas solament graciosament e de bon grat» (MORELLÓ, Fiscalitat i finances, pp. 158-159). 99 1399, febrero, 12, Zaragoza. ACA Reg. 1270, ff. 88r-90r; AHPT, pergaminos n1 24; AHCR, pergaminos, sección Diplomas, carpeta C, n. 15 (= MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 158 y ap. 19, pp. 133-136). 100 ACA C Memoriales 71, 1r ( = MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 153, n. 62).

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Por lo tanto, parece que durante buena parte del siglo XIV y por lo que a donativos y subsidios se refiere, el estamento eclesiástico, y en particular el arzobispo de Tarragona, participó en las empresas regias solamente en la medida de su voluntad o, mejor dicho, como resultado de los acuerdos bilaterales que alcanzaba con el rey.101 Sin embargo, parece insinuarse un cambio de tendencia a partir de la segunda mitad de siglo XIV. Como ha mostrado Manuel Sánchez, la invocación del usatge Princeps Namque —que obligaba a todos los habitantes del Principado de Cataluña a prestar ayuda personal al rey en situaciones de peligro y de emergencia—102 se convirtió en una fuente de ingresos para el rey a partir de la remisión del servicio personal por el pago de la cantidad equivalente en dinero, con lo que el Princeps Namque casi se había convertido en un nuevo tributo regio. Probablemente esta conversión no se produjo antes porque los capítulos de los donativos, que se acordaron en cascada durante una parte de la primera mitad del siglo XIV, excluían expresamente la convocatoria de Princeps Namque mientras duraba un donativo.103 Valgan como ejemplos, una vez más, los que conocemos de la ciudad y campo de Tarragona. En 1374 fue invocado el usatge Princeps Namque cuando el infante de Mallorca planificaba la invasión de los condados de Rosellón y Cerdaña. Se acordó entonces realizar una contribución que se percibiría por medio de un fogaje, en el que se pagaría un florín por fuego, a fin de dispensar de la obligación de acudir al servicio armado, tal como estaban haciendo los lugares de realengo y de la nobleza.104 También en Cortes —así en las de Monzón de 1388-1389— se acordaría contribuir en la defensa del Principado a través de la remisión de la obligación de acudir al servicio militar, que había sido convocado por el rey invocando de nuevo el usatge para afrontar la invasión que se avecinaba de las tropas del conde de Armanyac.105 Y en 1413, y también después de invocar, con o sin razón, Princeps namque, la villa de Reus se planteaba la disyuntiva entre acudir 101 Véase, a título de ejemplo, Prim BERTRAN I ROIGÉ, «Notes sobre els subsidis de l’església catalana per a la guerra de Sardenya (1354)», en Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), pp. 121-139 y, sobre todo, SÁNCHEZ y ORTÍ, Corts, parlaments i fiscalitat, pp. I-XLIV. 102 Us 68, Princeps namque. «Lo princep si per qualque cas sera assetiat o ell tendra sos inimics assetiats o oira algun rey o princep venir contra si a batallar, e amonestara sa terra que li acorrega per letras o per missatges o per costumas ab las quals sol esser la terra amonestada, ço es ab farons, tots homens axi cavallers com pedons qui hajan edat e poder de combatre qui aço oiran ni veuran, com pus tost puxan li vajan socorre. E si negu li fallira de la ajuda que en aço fer li pora, perdre deu tots temps tot quant per ell tenga. E cell qui per ell res no tindra esmen li lo falliment e la deshonor que feta li haura ab haver e ab sagrament, jurant ab las propias mans. Car negun hom no deu falllir al princep a tant gran ops o necessitat». 103 Acerca de este recurso cuasi tributario a Princeps Namque, estamos a la espera de los resultados que aporte la investigación en marcha de Manuel Sánchez sobre la materia. 104 AHCV Claveria, 1374, f. 7v., cit. por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 197, n. 138 105 AHAT, RN, c. 4, n. 9, f. 1r, 1-I-1390, cit. por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 211, n. 193-194.

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a Balaguer a guerrear contra el conde de Urgel o reunir la suma de dinero necesaria para redimir el servicio.106 Pero quizá uno de los momentos más significativos del derecho de imponer del conde de Barcelona sobre vasallos de eclesiásticos se da en tiempos de Alfonso IV, el Magnánimo, en la Concordia de Sant Cugat de 1419. Este texto se enmarca dentro de las graves desavenencias entre el rey y los estamentos, algo que condujo a la disolución precipitada y sin acuerdos de las Cortes de Sant Cugat-Tortosa de 1419-1420.107 Si bien no hubo acuerdos entre el rey y el brazo militar, en cambio sí se llegó a un acuerdo con el eclesiástico. La Concordia de Sant Cugat fija, entre otros extremos, las obligaciones fiscales del brazo eclesiástico para con el rey. El núcleo del acuerdo era que los vasallos de eclesiásticos debían contribuir en Coronatges de reyes y reinas, en matrimonios —maridatges— de hijas nacidas de legítimo matrimonio y en demandas de Guerra en la forma e manera devall expressadas.108 A cambio estos vasallos no estaban obligados a contribuir por razón de novella cavalleria de reyes o primogénitos, ni matrimonios de reyes o sus hijos, ni por víajes o legaciones ante la corte romana, ni per alcuna altra necessitat que los Reys de Aragó haguessen, o poguessen haver, ni algunas altras demandas per qual sevulla nom, o manera que nomenar, o excogitar se pugan (...) exceptadas las damunt contengudas.109 La concordia —que fue objeto de inclusión en las recopilaciones catalanas modernas en un lugar dedicado a lo que ahora calificaríamos de derecho administrativo y tributario— establece, pues, un principio general de sujeción al tributo para los sometidos a jurisdicciones eclesiásticas. Pero además de esto, no es menos importante el hecho de que el rey intentó, y a veces lo consiguió, obtener más de lo que había sido fijado en 1419. Treinta años después de concluida la concordia, en octubre de 1449, la monarquía intentó obtener el tributo del maridatge aun en la circunstancia de casar dos hijas naturales —María, marquesa de Ferrara, y Leonor, princesa de 106

AHCR Claveria 1413 f. 31v, cit. por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 225, n. 258. «E lla on vós, Senyor, elegiscats licenciar la cort sens deguda conclusió, ço que Déu no vulle, e partir-vos de vostres regnes e terres de ça mar sens consell de vostres regnes e terres, ço qui és molt greu e desplaent a la dita cort» (J.M. SALRACH y E. DURAN, Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714. Barcelona, 1982, II, p. 823). 108 3ª CYADC II, 10,2,1: «Alfons quart en la concòrdia feta ab lo Braç Eclesiàstic dada en Sant Cugat a 20 de octubre 1419, cap. 2.: (...) que lurs Homens Vassalls del dit Principat contribuiran, e aquells faran ab tot acabament contribuir en las demandas, que lo dit Senyor, o successors seus faran de aqui avant, o demanaran als dits vassalls de la Esglesia, ço és per Acte de Coronacio de si, e successors seus, e de la Senyor Reyna vuy regnant, e de las Senyoras Reynas esdevenidoras, e es en demandas de Maridatges de Fillas suas, o de Fills de successors seus de legitim Matrimoni procreadas, e mes en demandas de Guerras en la forma, e manera devall expressadas, e lo present Capitol volen sie roborat ab clausulas, juraments, e cautelas decents, e opportunas, a bo, e sa enteniment (...)». 109 30 CYADC II 10,3,1. 107

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Rosano—, algo que chocaba frontalmente contra lo establecido en 1419, tal y como lo reconocía la misma reina María, que cumplía las órdenes dadas por el rey.110 Las universidades sometidas a la jurisdicción eclesiástica protestaron por lo que entendían una clara violación de la concordia de Sant Cugat y entablaron un pleito por ello que no se resolvería hasta noviembre de 1450.111 El resultado de esta petición de 1449 se saldó con una clara victoria regia, pues los vasallos de eclesiásticos acabaron pagando algo menos de lo inicialmente solicitado —exactamente pagaron un tercio de lo acostumbrado—, en un ejemplo de que el poder monárquico —y concretamente el tributario— era superior al que le reconocía el ordenamiento jurídico. Y, en fin, si bien el texto de la concordia fijaba también la contribución exacta y precisa que debía ser percibida en cada caso, un capítulo de Cortes de 1510 evidenciaba que el monarca había exigido una suma mayor que la pactada en 1419 y que el tema no quedaba resuelto a pesar de las exigencias del estamento eclesiástico que le reclamaba someterse a la legalidad.112

4. CONCLUSIONES (PROVISIONALES)

El establecimiento del tributo es un acto de poder. Una cosa es reivindicar el derecho a imponer y argumentarlo con arreglo al derecho, y otra muy distinta es la capacidad real para imponerlo. Los monarcas catalanes disfrutaron del instrumental jurídico necesario para fundamentar su reivindicación —basándose en Liber, usatges y derecho común—, pero la situación social y política de hecho impidió llevarla a la práctica, por lo menos hasta finales del siglo XIV. A partir de este momento, y sobre todo a lo largo del siglo XV, el monarca empieza a superar la situación anterior, aunque para entonces ya se habrá consolidado la percepción de las generalitats, que se percibían bajo la 110

ACA, BG, reg. 1393, f. 128v-129r (cit. por MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 232, n. 282). Con fecha de 12 de noviembre de 1449, los síndicos del Campo hacían constar ante notario la protesta dirigida al comisario real Eduard de Vallseca: Com per virtut de certa convinensa e transacció feta ab acte de Cort fermada e solempnement jurada entre lo senyor rey benaventuradament vuy regnant e lo Bras o estament ecclésiastich del Principat de Cathalunya, los vassalls de la Sgleya sien immnues e francs e no puxen ésser tenguts a pagar maridatge sino solament per filles del senyor Rey ahüdes de llegítim matrimoni e llegítimament procreades (...) (vid. MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 232, n. 283). El comisario del rey respondió que «pus que·u pagau, baldament protestau; digau-ho al senyor Rey qui ho mana exhegir e ho fa fer» (AHMS perg. n. 369, MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 232, n. 283). 112 A la petición del brazo eclesiástico de que el rey obtuviese por Coronatge aquello que se había establecido en el acuerdo de Sant Cugat, el monarca respondió que de momento se pagase la suma tradicional, pero que el tema fuese resuelto por una comisión que, si no llegaba a ningún resultado, trasladaría el asunto para ser resuelto por la Real Audiencia o por los doctores del Real Consejo (3ª CYADC 10,2,5: «Lo mateix en altre privilegi concedit a dit Stament Ecclesiastic dat en Montsó, a 2 de setembre 1510, cap. 9»). 111

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órbita de la Diputación del General y no del rey. Sin embargo, y aun contando con la presencia de este tributo, verdadero centro de gravedad fiscal en Cataluña desde finales del XIV,113 el monarca catalán ve reconocida su potestas tributaria entre los nobles, que no pueden establecer nuevos tributos en su propia jurisdicción sin la autorización regia, y consigue extender su nueva fiscalidad —que tendrá, efectivamente, un peso económico inferior al de la Diputación del General— entre los vasallos de la Iglesia. De hecho, no se discutió el derecho del rey a imponer, sino que se pusieron límites a su actuación en el ámbito tributario. El impuesto no podía ser decidido unilateralmente por el rey sino que debía ser acordado con los estamentos. Sin embargo, durante el siglo XV el rey conseguirá, en ciertos casos y de forma limitada, imponer su propia voluntad más allá de los acuerdos fiscales suscritos con los brazos. La situación bajomedieval en Cataluña aparece enrocada en el sentido que el rey no puede, unilateralmente, establecer nuevos tributos, pero al mismo tiempo quien desee hacerlo en su propia jurisdicción deberá contar imperativamente con el consentimiento regio. Y esto, que era así en principio sólo para el realengo, a lo largo del siglo XV se impuso también en tierras de nobles y de Iglesia. O sea, el rey no puede imponer, pero quien quiera hacerlo necesita su permiso. Ante esta situación de incapacidad regia para obtener un tributo general, obligatorio y permanente, las necesidades financieras del Principado se resolvieron, como se ha indicado, en otro ámbito: a partir de las Generalitats, aquel impuesto indirecto y, ahora sí, general, que percibiría y gestionaría en su totalidad la Diputació del General o Generalitat como órgano parmanente de las Cortes y administrador de los subsidios acordados en esta sede.

113 Sobre el tema, que ahora no es objeto de nuestra atención, puede verse la bibliografía principal en SÁNCHEZ, El naixement, pp. 142-144.

UN JURISTA DEL SIGLO XVII: ANDREU BOSCH Y EL DERECHO DE IMPONER1

1. PLANTEAMIENTO

Las páginas que siguen suponen, en cierta manera, un apéndice a nuestro trabajo «Sobre la potestad tributaria del conde de Barcelona (siglos XII-XV)».2 Entonces planteamos, desde la perspectiva del derecho vigente en el Principado, la capacidad del monarca catalán de imponer nuevos tributos tanto en su dominio como en tierras de Iglesia y de nobles. Ahora ampliaremos y completaremos aquella visión a partir de un caso notable de literatura jurídica sobre la materia, en concreto con la visión del jurista Andreu Bosch sobre las prácticas tributarias en Cataluña en el primer tercio del siglo XVII. Aquella primera aproximación a la que aludíamos acerca de la problemática tributaria a partir, sobre todo, del derecho vigente en Cataluña, nos llevaba a las siguientes conclusiones: «Los monarcas catalanes disfrutaron del instrumental jurídico necesario para fundamentar su reivindicación —en base a Liber, a usatges y a derecho común—, pero la situación social y política de hecho impidió llevarla a la práctica, por lo menos hasta finales del siglo XIV. A partir de este momento, y sobre todo a lo largo del siglo XV, el monarca empieza a superar la situación anterior, aunque para entonces ya se habrá consolidado la percepción de las generalitats, que se percibían bajo la órbita de la Diputación del General y no del rey. Sin embargo, y aún contando con la presencia de este tributo, verdadero centro de gravedad fiscal en Cataluña desde finales del XIV, el monarca catalán ve reconocida su potestas tributaria entre los nobles, que no pueden establecer nuevos tributos en su propia jurisdicción sin la autorización regia, y consigue extender su nueva fiscalidad —que tendrá, efectivamente, un peso económico inferior al de la Diputación 1

Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación «Poder y fiscalidad en Cataluña (siglos bases jurídicas y trasfondo político», dirigido por Manuel Sánchez Martínez y financiado por la DGESEIC PB98-0478. 2 Max TURULL RUBINAT, «Sobre la potestad tributaria del Conde de Barcelona (siglos XII-XV)», en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 5 (2000), pp. 589-623. XIII-XIV):

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del General— entre los vasallos de la iglesia. De hecho, no se discutió el derecho del rey a imponer, sino que se pusieron límites a su actuación en el ámbito tributario. El impuesto no podía ser decidido unilateralmente por el rey sino que debía ser acordado con los estamentos. Sin embargo, durante el siglo XV el rey conseguirá, en ciertos casos y de forma limitada, imponer su propia voluntad más allá de los acuerdos fiscales suscritos con los brazos. La situación bajomedieval en Cataluña aparece enrocada en el sentido que el rey no puede, unilateralmente, establecer nuevos tributos, pero al mismo tiempo quien desee hacerlo en su propia jurisdicción deberá contar imperativamente con el consentimiento regio. Y esto que era así en principio sólo para el realengo, a lo largo del siglo XV se impuso también en tierras de nobles y de iglesia. O sea, el rey no puede imponer, pero quien quiera hacerlo necesita su permiso. Ante esta situación de incapacidad regia para obtener un tributo general, obligatorio y permanente, las necesidades financieras del Principado se resolvieron, como se ha indicado, en otro ámbito: a partir de las Generalitats, aquel impuesto indirecto y, ahora sí, general, que percibiría y gestionaría en su totalidad la Diputació del General o Generalitat como órgano parmanente de las Cortes y administrador de los subsidios acordados en esta sede».3 Si bien los instrumentos fiscales y tributarios en manos de la monarquía y de las corporaciones municipales no habían variado mucho entre los siglos bajomedievales y modernos, sí que había variado el clima político. El escenario político e institucional existente en la segunda mitad del siglo XIV y comienzos del siglo XV, y aquel otro existente en el momento que escribió Bosch —el primer tercio del siglo XVII—, había cambiado en el sentido de acentuarse la polarización entre los diversos protagonistas políticos del momento: el rey —completamente ausente del Principado— y la Diputación del General. La radicalización de las opciones políticas, como ya había quedado de manifiesto en la guerra civil catalana del siglo XV, iba pareja de las divergencias en las pretensiones tributarias de los contendientes. Puede decirse que en pleno debate sobre los poderes de un monarca que pretende afirmar su soberanía y un reino que se opone a ello, que pugna por mantener la situación medieval y que se expresa por medio de las Cortes y éstas a través de su diputación permanente —la Diputació del General o Generalitat—, en este marco, el discurso de juristas como Andreu Bosch no es poco interesante. Así pues, en un contexto de larvada y a veces manifiesta confrontación política, vamos a analizar cómo planteaba este jurista la potestad tributaria del monarca en Cataluña.

3

TURULL, «Sobre la potestad tributaria», pp. 622-623.

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2. EL PERSONAJE Y LA OBRA

Poco es, por no decir prácticamente nada, lo que se sabe de Andreu Bosch. Las obras de referencia se limitan a señalar lo que indicó Brocá4 y poco más:5 que fue nombrado burgués honrado de Perpiñán en 1628, cónsul —magistrado municipal— en la misma ciudad los años 1629 y 1639 —cuando el condado de Rosellón fue invadido por tropas francesas—, religioso franciscano, y juez de primera apelación en el condado de Rosellón y de segunda instancia en el de Cerdaña. Aparte de señalarse el uso de la lengua catalana como vehículo de expresión en su obra —algo realmente excepcional en aquel momento en que la lengua del jurista era el latín—, poco se sabe de su compromiso político y de su actuación como jurista. Su obra más conocida y citada, y en la que basaremos nuestros comentarios, fue Summari, índex o epítome..., publicada en Perpiñán en 1628.6 Algunos autores han visto en esta obra una encendida defensa de la lengua catalana y de las instituciones del país, pero más allá de ello, el autor nos ofrece un completo y documentado panorama del territorio del Principado de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña, de las magistraturas, oficios e instituciones públicas de estos territorios, de los derechos y jurisdicciones de nobles y eclesiásticos, del régimen de los lugares, villas, ciudades y otras corporaciones, con particulares alusiones a la ciudad de Perpiñán pero con la vista puesta en lo que sucedía en Barcelona, y siempre desde los niveles inferiores a los superiores. Su panorama y análisis institucional —o sea, su aportación a lo que hoy calificaríamos de derecho público—, se completa con información histórica que sustenta en un importante corpus documental que abraza el arco cronológico de 1173 a 1620.7 4 Guillem M. DE BROCÀ, Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil i exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el código civil de España y la jurisprudencia. Barcelona, 1918 (edición anastática con presentación de Salvador de Brocà i Tella, introducción de Encarna Roca i Trías y apéndice bibliográfico complementario de Antoni Mirambell i Abancó; Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985), p. 412. 5 Donde más datos hemos encontrado es en Diccionari biogràfic, Barcelona, Albertí Editor, 1966, vol. I, p. 341. 6 Summari, índex o epítome dels admirables i nobilissíms títols de honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, y de les gràcies, privilegis, prerrogatives, preheminències, llibertats è immunitats gosan segons les pròpies, y naturals lleys, impreso por Pere Lacavalleria estamper, Perpinyà, 1628 (existe edición anastática publicada por Curial Edicions Catalanes, colección Documents de Cultura - Facsímils, 3; SuecaBarcelona, 1974). 7 El contenido de la obra es, según el mismo autor, el siguiente: «(...) la distribucio dels sinch llibres de tota esta obra es de la manera seguent. Lo primer declara los termens del capitol I fins II fol. 14 de dit fol. fins lo capitol 12, fol 29, les llengues, y apres refereix los tres titols de honor de les virtuts, noblesa, y sanch, seguit la descripcio de Cathalunya, Rossello, y Cerdanya, y sos titols, divisions, parts, ciutats, viles, unions, y altres actes a ells petanyents. Lo segon llibre los titols de honor de tots los officis ecclesiastichs,

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La valoración de la obra de Andreu Bosch, tanto en su vertiente historiográfica como jurídica, no ha sido en absoluto unánime ni en la historiografía, ni en la literatura jurídica posterior. Y además de poco unánime, sobre todo poco o nada argumentada. Calmette, que valoró en Bosch sobre todo su faceta de precoz cronista o historiador, lo presenta como uno de les precedentes de una historiografía rosellonesa que no existiría, en puridad, sino hasta el siglo XVIII. Calmette suavizó y ponderó las apreciaciones cruelmente negativas que hasta entonces se habían vertido sobre el Bosch historiador, y se limitó a considerar que, en todo caso, Bosch fue, como ya había sentenciado Fossa, tan mediocre historiador como jurista.8 Poco después de Calmette, Brocà ya advertía, en 1918, y bajo su óptica de jurista, que se trataba de una «obra interesante por sus puntos de partida y orientaciones para los estudios históricos, y que, aun cuando contenga innegables errores, no es tan detestable como suponen algunos escritores que de ella han sacado gran provecho».9 Efectivamente, la opinión de Valls Taberner, aun sin ser argumentada, es más bien negativa acerca de la obra de Bosch: «Aquest llibre presenta molts defectes i equivocacions, del seu autor ha estat dit que era «aussi peu jurisconsulte qu’historien»; però no deixa de tenir un cert mèrit en alguns punts i revela en conjunt un esforç entusiasta i ple de bona voluntat».10 Vicens Vives, por el contrario, emitió un juicio historiográfico claramente positivo de la obra de Andreu Bosch como producción histórica, señalando su rigor en los datos que aportó.11 y sculars son en Cathalunya, Rossello y Cerdanya, y altres. Lo tercer llibre los titols de honor de milicies, armes, y lletres. Lo quart los titols de honor de les republiques, y universitats. Lo 5 los titols de honor de les lleys, y llibertats, y Cortesia ab dos taules de privilegis, y pragmatiques, y altra de materies mes notable ssens posar taula de capitols, ni §.§ per apareixer seria superfluo tenir de occupar tants fulls ab lo que jas trobara per ordre al cos del mateix llibre». 8 «Mais, si le premier en date de nos historiens provinciaux [André Bosch] avait le goût du document, il avait plus encore le goût de l’héroïque et du merveilleux; surtout il était totalement dépourvu de sens critique, et ses investigations laborieuses à travers l’inédit n’ont guère abouti qu’à propager des légendes puériles et invraisemblables. Aussi bien, a-t-il été puni de ses excès d’imagination par une réputation fâcheuse. On ne s’est pas contenté de nier son autorité, l’on a incriminé sa bonne foi et le sobriquet de menteur, lo mentider, a été accolé à son nom. Le jugement de la postérité doit être plus honorable: à vrai dire, la crédulité extrême de Bosch ne l’absout que trop de l’accusation d’imposture. Mieux vaut confirmer la sentence de Fossa, cruelle encore, mais plus équitable, qui le déclare “aussi peu jurisconsulte qu’historien”». [Josep CALMETTE, «Les historiens du Roussillon», en Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1 (1907), p. 140]. 9 BROCÀ, Història del derecho de Cataluña, p. 412. 10 F. VALLS TABERNER, «Els estudis d’història de la legislació catalana», en Revista Jurídica de Catalunya, 31 (1925), pp. 193-204 (ahora también en Fernando VALLS TABERNER, Literatura jurídica (prólogo, ordenación de los trabajos, traducciones y correcciones a cargo de Manuel J. Peláez y José Calvo González), Barcelona, 1986). 11 Jaume VICENS VIVES, Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516). Barcelona, 1936. Señalaba Vicens Vives a propósito de la obra de Bosch y otras de su tiempo: «Cal destacar el caràcter científic d’aquests tractats de vida municipal, molt superiors en això a obres posteriors que les han desconegudes, els autors de les quals han omplert amb llur imaginació els buits històrics que sofrien per llur descurança». Y refiriéndose a Bosch en particular: «Ens estranya l’error abans esmentat [se refiere a la confusión en la datación de la

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Menos entusiasta es la opinión de Rovira i Virgili, que menciona que a Bosch se le calificase en cierto momento de «el mentider»;12 reconoce que nuestro autor, junto con otros, «continuaren la tradició historiogràfica medieval catalana amb prou dignitat»,13 valoración que en otro lugar es matizada afirmando que su narración de la historia fue hecha «amb un criteri no gaire científic».14 Lo cierto es que en el plano de la literatura jurídica medieval y moderna, hoy Andreu Bosch forma parte de la galería de autores o tratadistas que conformaron una parte de nuestra tradición jurídica y cuya obra supera la crítica interna y externa a la que es sometida por la historiografía contemporánea.15 Las argumentaciones de Andreu Bosch acerca de la potestad tributaria del monarca nos interesan especialmente porque además de jurista, Bosch fue un práctico del derecho, como juez, y un práctico de la política, como cónsul en el gobierno municipal de Perpiñán, circunstancia que facilita que sus opiniones y argumentaciones tuviesen en cuenta la realidad del momento.

3. LA POTESTAD TRIBUTARIA

3.1. LAS REGALÍAS

La potestad tributaria del conde de Barcelona no puede desvincularse de los atributos del poder que posee quien actúa como emperador y cuyas facultades no son tributarias de ningún otro poder. Bosch parte de la conocida argumentación contenida en la decretal per venerabilem (X 4,17,13) —aunque no cita directamente el derecho canónico, sino a partir de Despujol y Oliba— según la cual el rey que no reconoce superior en lo temporal es como emperador en su reino. Trasladado el argumento al conde de Barcelona, de él se puede predicar lo mismo que del emperador. Y bebiendo una vez más de los tratadisotorgación de un privilegio por Fernando II a la ciudad de Barcelona, 1493 por 1492], perquè Andreu Bosch és extramadament escrupolós en les seves dades i referències» (pp. 31-32). 12 Antoni ROVIRA I VIRGILI, Història de Catalunya, Barcelona, 1937 (edición anastática, Bilbao, 1979), VIII, p. 267 (afirmación que procede de Josep CALMETTE, «Les historiens du Roussillon», en Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, I (1907), p. 140. 13 ROVIRA, Història, VIII, p. 467. 14 ROVIRA, Història, VIII, pp. 488-489. 15 Señalemos al respecto que las valoraciones de Bosch acerca de la producción del derecho en Cataluña han sido plenamente recogidas y tenidas en consideración en Joan EGEA I FERNANDEZ y Josep Maria GAY I ESCODA, «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta», en Revista Jurídica de Cataluña, 2 (abril-junio 1979), pp. 249-294 y 3 (julio-septiembre 1979), pp. 505-586. Entre los historiadores «generalistas», bástenos señalar, a modo de ejemplo, la información que nutre a Josep Maria TORRAS I RIBÉ, Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808). Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1983.

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tas catalanes, en este caso de Mieres, afirma Bosch que todo en los condados de Barcelona, Rosellón y Cerdaña pertenece al conde, pero no en cuanto a la propiedad sino en cuanto a la jurisdicción,16 afirmación que procede de la constitución imperial omnia esse principis (C 7,37,3) suavizada e interpretada por Acursio17 en el sentido que más tarde recogería Mieres. Pero aquella primera declaración de principios se completa con la concreción de las fuentes del derecho —común y propio— que contienen y enumeran las regalías del conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. A saber, estas regalías proceden, en primer lugar, «de dret comú dels romans»; en segundo lugar, «de les lleys antigues dels comtes de Barcelona» —aunque no concreta de cuáles se trata, podemos suponer que Bosch se refiere tanto a Liber como a Usatges—; y en tercer lugar, «segons les constitucions y lleys noves se han anat establint».18 Por lo tanto, prácticamente todas las fuentes que integraban el ordenamiento catalán reconocían las regalías del conde. Sin embargo, Bosch defiende que las regalías cesan cuando topan ante constitucions, o sea, que el rey puede actuar sus regalías siempre y cuando no sean contrarias a las constituciones aprobadas en Cortes.19 La capacidad de establecer, solicitar y recibir tributos y donativos forma parte de las regalías del conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. Bosch distingue entre aquellas regalías cuya naturaleza hace que el Príncipe no pueda desprenderse de ellas ni cederlas, y aquellas otras que sí son, también por su naturaleza, susceptibles de ser concedidas. Entre las primeras —aquellas que nadie salvo el mismo rey pueden actuar por razón de ser «tant altes y soberanes que son unides als ossos y Corona del Príncep»— encontraríamos,

16 BOSCH 2,41,2 («dels particulars titols de honor gosa lo Rey per rahó dels Comtats de Barcelona, Rosselló y Cerdanya») (pp. 294-295): «(...) com a Comta de dits Comtats, per raho dels quals se pot dir de ell tot lo que diu del Emperador, no es tributari a ningú (Despujol f. 19, cpl. 2), no regoneix superior (Oliba, de iure fisci c. 3, n. 2, 15), es com Emperador en dits Comtats (Oliba de actio p. 1, lib. 3, c. 2, nu. 12), te potestat Reyal encara que no tinga per ells titols de Rey sino de Comta, sols se differencia del Rey ab lo nom (Oliba, de iure fisci, c. 6, num. 4-5), (...) totes les coses dels Comtats son sues quant a la jurisdiccio, no quant a la proprietat (Mieres, colla. 2, Petri 2. In curia Bar), totes elles te en franch alou, tots los demes titols li son a ell subjectes, com a Comta que no regoneix superior (...)». 17 Henri MOREL, «L’absolutisme francais precede-t-il du droit romain?», en Mélanges offerts à Jean Imbert, Paris, 1989 (también en Mélanges Henri Morel, Marseille, 1989, pp. 525-543, esp. 528). 18 BOSCH 2, 41,3 (pp. 295-296): [el contenido de les regalías proviene:] «la primera segons disposicions de dret comú dels Romans que tocan y espectan com ha Reys y senyors soberanos com apar en tot lo cos del dret en particular als tres posteriors llibres del Codex, y refereixen tots los Escriptors cotats que suman los casos que competeixen al Princep. La segona segons les lleys antigues dels Comtes de Barcelona, dels quals provenen les demes regalies quel Rey usa, y observa en los Comtats (...). La tercera segons les constitucions y lleys noves se han anat establint com en lo discurs constara (...)». 19 BOSCH 2, 41,3 (p. 296): «Per total explicacio de les regalies gosa lo Rey nostre senyor en estos Comtats se ha de advertir una regla general que entre nosaltres sols les pot usar, en quant noy ha rompiment de constitucions, o altres en tal cas cessan les dites regalies».

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además de la convocatoria de Cortes, «demanar donatius (...), demanar y rebre los drets de maridatge (...), Coronatge, quint y altres».20 En la segunda categoría de regalías, encontramos aquellas que el conde sí puede ceder, si bien «no per comissions, sino per privilegis, gracies especials, prescripcio o altre titol lucratiu, o oneros»; entre este segundo grupo de regalías se incluye nada menos que «imposar nous vectigals, cises, imposicions, colectes, talles, leudes, y altres».21

3.2. REGALÍAS, TRIBUTOS Y DERECHOS

Con esta primera clasificación de las regalías entra en escena, como no podía ser de otra manera, la facultad de establecer todo tipo de tributos, tanto los que hoy clasificaríamos de directos —colectes y tallas— como de indirectos —vectigals, sisas, imposicions y lezdas—. El núcleo de la cuestión estribaba en determinar si las universidades y los nobles podían por sí mismos, en las tierras de su jurisdicción, establecer algún tipo de tributo por su propia iniciativa y autoridad. En este sentido, Bosch se muestra firme en el desarrollo del planteamiento original de las regalías. Por lo que a las universidades se refiere, Bosch reconoce que la mayor parte de derechos y rentas son percibidos por las universidades desde el momento en que recibieron del conde la potestad de congregarse y de formar, en consecuencia, Repúblicha y Universitat. Pero perteneciendo todos estos derechos —imposicions, cises, ajudes, gaballes, vectigals, questies, barres, talls, subsidis, contribucions, pontatges i altres molts— y rentas al ámbito de las regalías, es claro, afirma el jurista, que las universidades no les poden gosar —disfrutar— sino ab especial gràcia, com sien regalies que tocan sols al Rey, y ello según disposiciones de derecho común (C 4, 61).22 Bien es cierto, no obstante, como reconoce el mismo 20 BOSCH 2,41,3 (p. 296): «(...), unes regalies son de sa naturalesa tant altes, y soberanes que son unides als ossos , y Corona del Princep de manera que no las pot cometre, cedir, ni abdicar de si, ni de sa Corona sino per si mateix personalment (...), estes son en los casos especials seguents convocar, y celebrar corts, com baix mes llarch se provara. Demanar donatius (...), demanar, y rebre los drets de maridatge aquest dret comu quant, y de quins vassalls se deu declarar llargament nostres practics, Coronatge quint, y altres, (...)». 21 BOSCH 2,41,3 (p. 296): «Altres regalies son de sa naturalesa concessibles, no per comissions, sino per privilegis, gracies especials, prescripicio o altre titol lucratiu, o oneros com son lo mer, y mixt imperi, y alta jurisdiccio que gosan los Barons, universitats, y altres particulars (...), imposar nous vectigals, cises, imposicions, colectes, talles, leudes, y altres (...)». 22 BOSCH 4,25 p. 473: «La major part dels dits drets [imposicions, cises, ajudes, gabelles, vectigals, questies, barres, talls, subsidis, contribucions, pontatges y altres molts ames dels particulars de censals, proprietats, y Senyories] y rendes gosan ja del principi tingueren poder de congregarse, y formar Republicha, y Universitat com esta dit; lo que ames los prove de concessions Reyals particulars per quant

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Bosch, que una parte de la doctrina reconocía la potestad de las universidades de imponer tributos con el fin de socorrer y remediar sus necesidades, y con mayor razón todavía, si así lo hacían por costumbre antigua.23 Por tanto, ante estas dos posibilidades —una más proclive que otra a la autonomía financiera de las universidades—, Bosch defiende claramente que la potestad de establecer no importa qué tipo de tributos pertenece siempre y en todo caso al rey. También conviene destacar el amplio y variado elenco de derechos o tributos que Bosch incluye en esta regalía: imposicions o cises (tributo sobre el consumo y las transacciones), barres y pontatges (derechos de tránsito), gabelles (derecho sobre la producción y comercialización, la más notoria fue la gabela de la sal), vectigals (denominación genérica aplicada al ámbito de los tributos indirectos y las tasas), questies y talls (tributos directos calculados a menudo a partir del patrimonio de las personas), ajudes, contribucions y subsidis (sumas pagadas al rey y habitualmente recolectadas bajo forma de imposicions o talls).

3.3. LAS IMPOSICIONS

De este catálogo de tributos o derechos, Bosch singularizó su atención en las imposicions, sin duda el principal recurso fiscal y financiero de las villas y ciudades catalanas desde el siglo XIV;24 en cambio, y también en consonancia con las prácticas fiscales de las universidades de entonces, apenas se refirió a la autonomía de aquellas universidades de establecer, de su propia autoridad, tallas o colectas. En lo que se refiere, pues, a las imposicions, dos eran, a saber, las líneas de discusión: el alcance de la potestad regia en su propia jurisdicción y el alcance de la potestad regia en tierra de barones y eclesiásticos. Se discutía, en definitiva y aun sin explicitarlo claramente, sobre la soberanía del rey en su vertiente o práctica fiscal. En cuanto al dominio real, los principales puntos de discrepancia política y doctrinal se centraban en la posibilidad de que las universidades establecieran imposicions beneficiándose de una supuesta autorización general dictada

segons disposicions de dret comu dites Universitats no les poden gosar sino ab especial gracia (algo que argumenta a partir de C 4, 61), com sien regalies que tocan sols al Rey (...)». 23 BOSCH 4,25 p. 473: «(...) si be no falta qui deffensa que qualsevol Repúblicha y Universitat per soccorrer y remediar ses necessitats pot imposar drets, majorment continuar los siu te ja de costuma antiga (...)». 24 «(...) las impositions, que són la ànima de las ciutats, vilas e lochs en lo dit Principat de Cathalunya ne sens aquellas se puga suplir als càrrecs (...)» (así se expresaba el brazo real en las Cortes de Monzón de 1470; 3ª CYADC I, 4, 24, 11).

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por Pedro III el Ceremonioso, y en la obligación de nobles y eclesiásticos de contribuir en las imposicions establecidas por las universidades regias. En cuanto a lo primero, Bosch, partiendo del hecho de que cualquier percepción de imposicions nace de una autorización regia, afirma que la generalización de la percepción de imposicions y de otros derechos se produjo a raíz de la concesión regia acordada en las Cortes de Monzón de 1363, cuando «[Don Pere] concedí licencia, poder, y facultat plenaria ab forsa de lley paccionada y contracte apreciat, pagat, ha totes les Universitats del Principat (...) de imposar, cullir, y rebre imposicions, o cises (...)»,25 concesión que fue revalidada y confirmada en las Cortes de Monzón de 1470 por Juan II26 y a la que también alude Bosch.27 Ciertamente, el jurista interpretó que la concesión de Pedro III de 1363 confirmada por Juan II en 1470 suponía una concesión general —para todas las universidades del dominio regio— y perpetua —sin límites de tiempo— para establecer, recaudar y gestionar las imposicions, algo que ha reproducido de forma mayoritaria la historiografía hasta hoy y que, como ha sido recientemente demostrado,28 no halla fundamento en los citados acuerdos de Cortes.29 Por otra 25 BOSCH 4,25 p. 473: «(...) ab lo qual [Don Pere] concedi licencia, poder, y facultat plenaria ab forsa de lley paccionada y contracte apreciat, pagat, ha totes les Universitats del Principat (...), del qual se fa mencio en la constitucio del any 1470, de imposar, cullir, y rebre imposicions, o cises sobre les coses, y mercaderies quelsevols imposedores per los Consuls, y Iurats obligant ha pagarles qualsevols persones (com a regalies, y que gosen de ses prerrogatives) fins als Cavallers, militars y altres qualsevols exempts, creixer, llevar y tornar y com mes llargament en el apar»; «(...) desde dita concesió [1363] han gosat les Universitats Reyals de dits drets ames ja tenian obtingut abans, hi obtingueren despres moltes universitats principals, com Barcelona, Leyda, Gerona, Perpinyà, y altres moltes especials gràcies y privilegis per imposar dits drets extenent lo poder en molts casos particulars com quiscuna Universitat experimenta (...)». 26 Vid. 3ª CYADC I, 4, 24, 11 (Juan II en la Corte de Monzón de 1470; cap. de Corte 29). 27 Vid. supra nota 21. 28 Pere VERDÉS PIJUAN, «A propòsit del “Privilegi General” per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)», en Miscel·lània de Textos Medievals. Barcelona, CSIC, 1996, pp. 242-244). 29 En fecha de 13 de enero de 1363 y desde Monzón, Pedro III autoriza a las universidades del dominio real de Valencia, Mallorca y Cataluña a que los donativos ofrecidos al monarca por causa de guerra u otra causa necesaria, útil o voluntaria, puedan ser sufragados mediante la recaudación de sisas o imposicions, cuya potestad para recaudarlas y exigirlas les acaba de conceder, y niega cualquier ordenación contraria realizada por nobles y eclesiásticos: «(...) nostra auctoritate prevía, confirmamus necnon de novo in privilegium cum hac eadem vobis dicimus concedendum quod, quotienscumque nobis vestris muneribus et donis propter necessitatem guerre vel alia quavis causa necessaria, utili seu voluntaria subveneritis nos, ad vestri requisitionem, si nobis visum fuerit, potestatem imponendi et exigendi impositiones et cisas vobis concedere habeamus quodque interim ordinationes, provisiones, declarationes et promissiones aliquas non faciemus vel concedemus dictis prelatis, nobilibus et generosis vel aliis quibuscumque per quas nobis auferamus potestatem concedendi quod impositiones ipse pro quibuscumque causis nobis utilibus et necessariis imponi non valeant in futurum totiens quotiens nobis visum fuerit ipsas imponendas fore, nec aliquid faciemus, concedemus et ut permittemus per quod in aliquo circa predicta nostra potestas seu liberum arbitrium restringatur (...)» (ACA Reg. 1293, ff. 106v-107v; VERDÉS, «A propòsit del «Privilegi General», pp. 242-244). El 18 de enero de 1363 Pedro III confirma las autorizaciones del privilegio de 13 de enero del mismo año para recaudar imposicions: «Atendentes nos dudum, urgentibus, iustis et rationabilibus ac utillibus causis, utilitatem evidentem rei publice regnorum Valentie et Maioricarum ac insularum ei adiacentium necnon comitatus Barchinone et totius principatus Cathalonie, concernentibus, de nostre plenitudine potestatis,

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parte, Bosch alude a un problema de especial significación durante aquellos reinados, cual es la obligación de nobles y eclesiásticos de pagar los tributos indirectos cuando compraban productos en tierras de realengo, y optó claramente por una solución afirmativa, a pesar de que el conflicto, surgido en 1363, se prolongaría, por lo menos, hasta las Cortes de 1599.30 Su argumento era que aquellas imposicions o cises, de cuyo pago querían eximirse nobles y eclesiásticos, no eran un tributo cuya titularidad fuera municipal —sí que lo era, desde antiguo, su gestión—, sino una regalía, con sus atributos y con todo lo que ello comportaba, con lo cual estaban obligadas a pagarlas «qualsevols persones (...) fins als Cavallers, militars y altres qualsevols exempts».31 Para completar el círculo y despejar la menor duda acerca de la regalía que suponía el establecimiento y el cobro de imposicions, Bosch afirmaba que los privilegios —regios— de imposicions no podían ser interpretados, sino que por ser una regalía debían ser aplicados literalmente.32 La segunda línea de discrepancia versaba, como hemos apuntado, sobre los límites de la potestad regia en tierra de nobles y eclesiásticos. Si los tributos y derechos que ejercen las universidades encuentran su límite en la concesión regia, y si nobles y eclesiásticos están sujetos al pago de imposicions por ser éstas, en última instancia, una regalía cedida a las universidades, el mismo argumento es aplicado por Bosch para entender que estos mismos tributos y derechos en manos de nobles no son sino el fruto de una especial concessió por parte del rey.33

concessisse vobis, universitatibus civitatum, villarum et locorum nostrorum regalium in regnis, comitatu et principatu predictis sistentibus, licentiam et facultatem plenariam imponendi, colligendi et recipiendi in eisdem cvititatibus, villis et locis cisas seu impositiones in et super universis bonis et mercibus et aliis quibuscumque rebus quas vos dicte univesitates et quemlibet vestrarum volueritis et prout melius et utilius vobis videbitur faciendum, in quibusquidem cisis seu impositionibus omnes et singuli concives et cohabitatores vestri et alii quicumque sint solvere teneantur prout in dictis nostris concessionibus latius enarratur; (...)» (ACA Reg, 1293, ff. 108r-109r; VERDÉS, «A propòsit del “Privilegi General”», pp. 244-245). 30 Más detalles de las reivindicaciones de nobles y eclesiásticos en TURULL, «Sobre la potestad tributaria», pp. 613-615, y en Max TURULL RUBINAT y Pere VERDÉS PIJUAN, «Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)», en Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval. Barcelona, CSIC, 1999, pp. 121-154, esp. pp. 136 y ss. 31 BOSCH 4,25 p. 473: «(...) obligant ha pagarles qualsevols persones (com a regalies, y que gosen de ses prerrogatives) fins als Cavallers, militars y altres qualsevols exempts, creixer, llevar y tornar y com mes llargament en el apar (...)». 32 BOSCH 4,25,1 pp. 474: «Los mateixos dits privilegis y provisions de les concessions de dits drets donan la forma y modo com se han de imposar, rebre y pagar (...). Los quals se han de observar a la lletra, y no aixir de ells altrament, hi ha cas de Regalia». 33 BOSCH 2,36,20, p. 254: «Les rendes, y drets reyals com en les lleudes, gabelles, imposicions, cises, censals, vendes de herbes, les menes de or, y plata de tots los Comtats son del Rey, y ningun Baro las te sino ab especial concessio, lo mateix es de les deveses, censos, bans y altres eren totes del rey, apres se anaren concedint a les universitats, y particulars, y restaren al patrimoni reyal las particulars (...)».

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3.4. LOS LÍMITES AL REY

Si bien Bosch, al contrario de una parte de la doctrina, afirmaba que todos los tributos y derechos que eran percibidos tanto en su dominio como en el de nobles y eclesiásticos formaban parte de las regalías y tenían su origen en el rey, ello no le lleva a defender el poder soberano del monarca. Que los tributos existentes tengan su origen en el rey no conlleva que el rey pueda establecer unilateralmente nuevos tributos. Afirma Bosch refiriéndose a «la forma, poder y iurisdiccio de imposar y cobrar dits drets [imposicions noves] de les universitats», y considerando la existencia de un privilegio regio concedido a Perpiñán acerca del establecimiento de imposicions, que ni siquiera el rey puede establecer nuevas imposicions si no es con la voluntad de los cónsules de la villa.34 En esta misma línea se alinea con la posición de Cancer según cuya opinión «no·s poden fer ni posar nous vectigals», y con la de Mieres, que afirma que «ni los [vectigals] imposats rebre contra la forma acostumada, ni en loch a hont no·ls hi ha aguts».35 Aparte de los tributos cuya recaudación el monarca había cedido a las universidades —tributos que calificamos de plenamente «municipalizados», como las tallas o recolectas y las imposicions—, el rey disponía, como mínimo, de otros dos tipos de ingresos extraordinarios: aquella fiscalidad regia de carácter general de origen bajomedieval36 y el donativo que pactaba con los brazos en Cortes.37 En cuanto a los primeros, a los que el monarca tenía pleno derecho, se circunscribían, según Bosch, a los fogatges, Coronatges, maridatges y altres. Según el jurista, eran derechos que el monarca podía exigir y era costumbre que así lo hiciese, si bien muchas universidades habían obtenido franquicias que les exoneraban de la obligación por medio de privilegios regios, mientras que las otras universidades habían obtenido de los reyes que los mencionados derechos no les serían exigidos mientras los mismos monarcas «no ajan jurat primer les constitucions, privilegis, gracies, llibertats y demes prerrogatives».38 En cuanto al donativo, como es sabido, se trataba de un 34 BOSCH 4,25,1 p. 474: «lo qual a més concedeix que ni·l Rey puga posar imposicions noves si no és ab voluntat dels Cònsuls» 35 BOSCH 5,28 p. 541: «Nos poden fer, ni posar nous vectigals ni altres dels antichs, imposats de voluntat de tots [Cancer to. 3, c. 3, n. 119], ni los imposats rebre contra la forma acostumada, ni en loch ahont nols hi ha aguts» [Mieres colla. 4, reg. Iaco. 2, in 2 cur. Bar. C. 4, n. 37]. 36 Sobre el tema, vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV). Vic, Eumo, 1995. 37 Vid. Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ y Pere ORTÍ GOST (introducción y edición), Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997. 38 BOSCH 5,28 p. 541: «De aquells mateixos drets que pot sa Magestat, y es en consuetut de exigir, com son Fogatges, Coronatges, Maridatges, y altres, son franques moltes Universitats per rao de especials

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acto de mera liberalidad de los estamentos en el que, por tanto, no estaban obligados a participar. Bosch no profundiza en el aspecto técnico del donativo ni en las consecuencias que arrastraba su determinación. Se ciñe a recordar que «així ecclesiaschs, com militars y reyals han fet molts donatius, y serveys de molts centenars de milanars donats ab gran lliberalitat, estant dits serveys y donatius a llur beneplacit essent franchs y lliberos de totes contribucions».39 Bosch vincula el donativo con las Cortes, como si éstas apenas fueran algo más que el marco donde formalizar la ayuda al rey. Por otra parte, Bosch, además de conocer los problemas hacendísticos de los municipios catalanes, parece no desconocer la dimensión histórica de esta problemática cuando alude a que debieron «empenyarse y manllevar notables quantitats» y cuando reproduce las palabras de Martín el Humano pronunciadas en las Cortes de Perpiñán de 1406, en que los catalanes, «no contrastant que metessen llurs cossos a mort per ell [se refiere a Pedro III el Ceremonioso], mes meteren hi llurs bens en son poder per manllevar moneda per mantenir la guerra».40 Argumentos, en fin, que además de insistir en la liberalidad del donativo, pretendían demostrar la generosidad con que los estamentos habían socorrido siempre, y así lo harían en el futuro, al rey.

privilegis, y quant a les que nols tenen, son estats servits los Reys concedir no poderlos demanar, ni cobrar, encara que sien amortitzacions, foriscapis, censos, ni altres drets feudals, o altres quelsevols, ni prestar sagraments, y homenatges que no ajan jurat primer les constitucions, privilegis, gracies, llibertats, y demes prerogatives, assenyaladament la remissio del Bovatge, y altres com esta concedit ab expressos actes de compres y privilegis dels Reys (...)». 39 BOSCH 1,13, 7 pp. 63-65: «VII. De la lliberalitat en los donatius, y altres serveys han fet los de Cathalunya, Rosselló, y Cerdanya a llurs Reys y senyors. La vertadera prova de la lliberalitat en los donatius, y altres actes han fet los dels Comtats de Barcelona, Rossello, y Cerdanya a llurs Comtes, y senyors fan les 68. Corts los han celebrades en totes les quals consta que aixi Ecclesiaschs, com Militars, y Reyals han fet molts donatius, y serveys de molts centenars de milanars donats ab gran lliberalitat, estant dits serveys, y donatius a llur beneplacit essent franchs, y lliberos de totes contribucions, taxacions, ab tot han socorgut, (y socorreran Deu ajudant) a totes les necessitats dels Reys fins a empenyarse, y manllevar notables quantitats com llargament, y en qula fets succehi ja, se referi per lo Rey Don Marti en la proposicio feu en les corts de Perpinya any 1406 (Carbo, f. 253) ab estes paraules tant favorables: Pero la vostra lliberalitat es tanta, que poden dir que james nostres predecessors, no agueren necessitats, que tots temps no sien estats per vosaltres socrreguts; è a provacio de asso no cal sino guardar la ajuda que fes al Senyor Rey en Iaume per conquistar lo Regne de Mallorcha. Quanta fonch la ajuda quels Cathalans firen al Rey en Pere Quart avi nostre, en la guerra dels Francesos, no contrastant que metessen llurs cossos a mort per ell, mes meteren hi llurs bens en son poder per manllevar moneda, per mantenir la guerra. Nons cal anar lluny sino veurer la noble ajuda que volsaltres fets al Rey nostre Pare en ses necessitats, singularment en lo fet de la unio, y en la guerra de Castella que en una cort que tingue als Cathalans en Tortosa li donareu per mantenir la guerra desaset comptes de moneda (...)». 40 Vid. nota anterior.

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3.5. EL DERECHO DEL QUINT

Finalmente Bosch alude al problema del quint, pero como sucediese con el tema del donativo, sus consideraciones no tienen consistencia jurídica, sino que debemos ceñirlas al ámbito de simples comentarios descriptivos de carácter histórico-político. La petición regia de un quinto de lo que ingresasen las universidades y la resistencia de éstas a pagarlo y a permitir el examen de sus contabilidades por los oficiales del rey era algo que se arrastraba desde la primera mitad del siglo XV, aunque Bosch no aluda a ningún episodio concreto del conflicto. El problema se había endurecido precisamente entre 1620 y 1640, algo después de que Bosch compusiera su obra, y pasados pocos años de que en las Cortes de 1599 Felipe II (III) condonase los atrasos por lo que consideraba el impago del quint. Baste ahora recordar que poco antes de que Bosch culminara su Sumari... (1628), en 1620 el lugarteniente del rey había exigido a la ciudad de Barcelona el pago de los quints atrasados desde 1599 —fecha de la remisión aludida—. La tensión que provocó este episodio, que se repetiría y aún con mayor intensidad en 1632 y en 1634, sería uno de los motivos que desencadenaría la guerra dels Segadors. En este contexto, y aun sin aportar argumentos precisos, Bosch no entra a fondo en un tema que era, en aquellos momentos, de la máxima importancia. No muestra una oposición frontal a las pretensiones regias y tan sólo parece poner en duda la legitimidad de las demandas del rey cuando afirma que «preten lo Rey nostre Senyor tenir dret de demanar comptes y exigir lo quint de tot».41

4. CONCLUSIONES

Andreu Bosch no fue, ciertamente, un jurista fiscalista, y la profundidad con que trata la materia fiscal y tributaria es más bien poca. Se refiere a las atribuciones financieras de las universidades porque forman parte de la descripción y del análisis de las instituciones del Principado de Cataluña y de los condados de Rosellón y Cerdaña. En lo que nos interesa, Bosch mantiene con 41 BOSCH 4,25,8 p. 481: «De totes dites pecunies, rendes, reban totes les Universitats dels Comtats de Barcelona, Rossello y Cerdanya preten lo Rey nostre Senyor tenir dret de demanar comptes y exigir lo quint de tot. Esta pretensio a molt dura, y les Universitats allegan, y amostran molts privilegis, ab los quals los fonch concedit, a unes no tenir obligacio de donar comptes, altres expressament de franquiment, y exaccio de quint, altres de aver ja pagat al Rey grans quantitats de pecunies en la concessio i altres quels diners de les imposicions han servit per coses quel Rey tenia obligacio de ferles, com reparar muralles, ponts, majorment en Perpinya ab tantes guerres y gastos forçosos succehits. De manera que per estes, y altres causes lo Rey nostre Senyor se serveix en no cobraro dels qui a son servey han suportats tants gastos, com la ciutat de Barcelona y Perpinya».

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ENTRE EL PODER REAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

firmeza que todos los tributos que recaudan las universidades y los señores son de origen real. Todos se hallan comprendidos en las regalías que el conde de Barcelona puede invocar en el Principado y en los condados aludidos puesto que posee en estos territorios los mismos atributos que el emperador. La potestad tributaria es una regalía que disfruta quien no reconoce superior en lo temporal, y ésta es la situación en la que se encuentra el rey en el Principado y los condados. Sin embargo, la contundencia que se desprende de la afirmación de que todos los derechos y tributos de las universidades tienen su origen en el rey se matiza cuando afirma que las regalías únicamente pueden desarrollarse y llevarse a la práctica «quant noy ha rompiment de constitutions o altres, en tal cas cessan les dites regalies».42 En el terreno de la práctica este planteamiento implica reconocer la naturaleza regia de los tributos administrados por las universidades, la naturaleza igualmente regia de los tributos establecidos por los nobles en sus dominios y la imposibilidad del monarca de exigir o establecer nuevos tributos si no es con el consentimiento de los sometidos. En esta misma línea apunta el énfasis puesto en la liberalidad del donativo y la velada crítica de las pretensiones regias de obtener los quintos de los ingresos de las universidades. Bosch se mueve en una línea de equilibrio según la cual nadie puede establecer o exigir nuevos tributos sin la autoridad del rey, pero tampoco éste puede hacerlo sin el consentimiento de sus naturales. Se lucha para impedir que el monarca imponga de forma plena y absoluta su voluntad, o sea, se intenta impedir el triunfo de la soberanía regia, y se persigue mantener el estatus bajomedieval caracterizado por una relativa autonomía municipal en la administración financiera de villas y ciudades.

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Cuando no hay ruptura de constituciones u otros, en cuyo caso cesan dichas regalías.

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO .............................................................................................................................. 9 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 16 I. LOS ORÍGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN CATALUÑA 1. Nuevas hipótesis sobre los orígenes de los Consejos municipales: algunas reflexiones .............................................................................. 29 2. Gobierno municipal y fiscalidad ............................................................................... 43 3. Universitas, commune, consilium: sobre el papel de la fiscalidad en el origen y el desarrollo del Consejo. El nacimiento de la fiscalidad municipal en Lérida (1149-1289) ................................................................................................... 69 II. EL DERECHO DE LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS 4. El derecho municipal catalán antes y después del Decreto de Nueva Planta ........... 87 5. Fuentes normativas de derecho municipal y fiscalidad ............................................ 99 III. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL 6. De voluntate universitatis. La formación y la expresión de la voluntad del municipio (Tárrega, 1214-1520) .............................................................................115 7. El régimen municipal en el condado de Urgel. Entre la universitas y la paheria: el gobierno de la ciudad de Balaguer ..................................................................... 167 8. El contenido jurídico e institucional del laudo arbitral de 1303 de Bañolas ........... 195 9. Rafael Gras y de Esteva y el estudio del municipio medieval en Lérida ............... 201 10. Síndicos a Cortes, perfil social, político e institucional de los representantes ciudadanos a Cortes y Parlamentos en Cataluña (1333-1393) ............................... 213 IV. LA HACIENDA Y LA FISCALIDAD MUNICIPALES EN LA BAJA EDAD MEDIA 11. La génesis de la fiscalidad municipal ..................................................................... 255 12. El nacimiento de una administración financiera municipal .................................... 273 13. Arca communis: derecho, municipio y fiscalidad (de una petición de privilegio fiscal en el siglo XVIII a los orígenes medievales de la fiscalidad municipal en Cataluña) .................................................................. 287 14. El impuesto directo en los municipios catalanes .................................................... 317 15. Estructura y tipología de las estimes-manifests ...................................................... 365 V. ENTRE EL PODER REAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 16. Sobre la hacienda municipal en Constitutions y altres drets de Cathalunya (1704) ............................................................................................. 413 17. Sobre la potestad tributaria del Conde de Barcelona .............................................. 445 18. Un jurista del siglo XVII: Andreu Bosch y el derecho de imponer .......................... 479

Editada bajo la supervisión del Departamento de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esta obra se terminó de imprimir en septiembre de 2009 en Bouncopy Diseño y Comunicación

MAX TURULL RUBINAT

43. J. MORELLÓ BAGET, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, 2001. 44. A. DÍAZ BORRÀS, El miedo al Mediterráneo. 13231539, Barcelona, 2001. 45. J. MUTGÉ I VIVES, Pergamins del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, Barcelona, 2002. 46. A. DÍAZ BORRÀS, El ocaso cuatrocentista de Valencia en el tumultuoso Mediterráneo, 1400-1480, Barcelona, 2002. 47. D. DURÁN DUELT, Manual del viatge fet per Berenguer Benet a Rumania, 1341-1342. Estudi i edició, Barcelona, 2002. 48. E. REDONDO GARCÍA, El fogatjament general de Catalunya de 1378, Barcelona, 2002. 49. D. DURÁN DUELT, KASTELLÓRIZO, una isla griega bajo dominio de Alfonso el Magnánimo (1450-1458). Colección documental, Barcelona, 2003. 50. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV, Barcelona, 2003. 51. P. BENITO I MONCLÚS, Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona, Barcelona, 2003. 52. J. HERNANDO DELGADO, Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres, llors i turcs, Barcelona, 2003. 53. C. VELA I AULESA, L’obrador d’un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc Canes (Barcelona, 1378-1381), Barcelona, 2003. 54. J. MUTGÉ VIVES, Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo XIV, Barcelona, 2004. 55. P. VERDÉS I PIJUAN, «Per ço que la vila no vage a perdició». La gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1387-1516), Barcelona, 2004. 56. J. BAUCELLS REIG, Vivir en la Edad Media. Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV, vol. 1, Barcelona, 2004. 57. J. BAUCELLS REIG, Vivir en la Edad Media. Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV, vol. II, Barcelona, 2005. 58. M. T. FERRER MALLOL, Entre la paz y la guerra. La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 2005. 59. M. T. FERRER MALLOL, Entre la paz y la guerra. La Corona catalanoaragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, Barcelona, 2005. 60. V. HURTADO, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i companyia 1345-1370, Barcelona, 2005. 61. VV. AA., Négocier au Moyen Âge / Negociar en la Edad Media, Barcelona, 2005. 62. C. BATLLE ET AL., El «llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona. Segle XIV: Les eleccions municipals, Barcelona, 2007. 63. J. BAUCELLS REIG, Vivir en la Edad Media. Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344), vol. III, Barcelona, 2007. 64. J. BAUCELLS REIG, Vivir en la Edad Media. Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344), vol. IV, Barcelona, 2007. 65. G. T. COLESANTI, Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo XV: Caterina Llull i Sabastida. Estudio y edición de su libro maestro 1472-1479, Madrid, 2008. 66. F. J. APELLÁNIZ RUIZ DE GALARRETA, Pouvoir et finance en Méditerranée pré-moderne: le deuxième etat mamelouk et le commerce des épices (1382-1517), Barcelona, 2009.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL

ANEJOS DEL ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (Últimos títulos publicados)

MAX TURULL RUBINAT

El gobierno de la ciudad medieval reúne dieciocho trabajos del autor que han visto la luz en diversas publicaciones científicas entre 1992 y 2006. La obra constituye una aproximación jurídica e institucional al estudio del gobierno de las ciudades medievales en Cataluña durante los siglos XII al XV. Se abordan, entre otros, los problemas de los orígenes del municipio —que no de las ciudades— y de los consejos como órganos de gobierno; la estrecha relación entre origen del consejo, gobierno municipal y hacienda y fiscalidad municipales; las fuentes del derecho municipal; el significado, la difusión y la trascendencia del concepto medieval de universitas; las diferencias y las similitudes del gobierno urbano en los ámbitos de realengo y de señorío; el origen, la estructura y el funcionamiento de la hacienda y las finanzas municipales; la doctrina de los juristas medievales sobre la autonomía y la capacidad tributaria de los municipios, y la potestad tributaria del conde de Barcelona en relación con la de la nobleza y los municipios. Max Turull Rubinat (Cervera, Lérida, 1960) es profesor titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. En 1994 amplió estudios en la Université Panthéon-Assas (Paris II) bajo la dirección del profesor Albert Rigaudière. Es secretario de redacción de Initium. Revista Catalana d’Història del Dret y ha formado parte de diversos consejos de redacción de publicaciones científicas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto bajo la dirección de Aquilino Iglesia Ferreirós (UB) como de Manuel Sánchez Martínez (CSIC). Es miembro del equipo de investigación hispano-francés para el estudio de las finanzas y la fiscalidad urbanas bajomedievales del occidente mediterráneo. Sus principales líneas de investigación, en el marco de la Cataluña medieval, son el gobierno, la administración, el derecho, las finanzas y la fiscalidad de las ciudades bajomedievales y la recepción del ius commune en el ámbito de algunas instituciones públicas. Ha publicado en Anuario de Historia del Derecho Español, Anuario de Estudios Medievales, Initium y en diversas obras colectivas, especialmente en Francia. Más recientemente, ha participado de manera activa, desde diversos puestos académicos, en el diseño y la elaboración de los nuevos planes de estudio de diferentes grados de la Facultad de Derecho de la UB, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y ha dirigido distintos proyectos financiados por AGAUR, AQU, ICE y UB sobre mejora de la calidad e innovación docentes en los estudios de Derecho.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MEDIEVAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LAS CIUDADES MEDIEVALES CATALANAS

ISBN-13: 978-84-00-08874-3

9 788400 088743

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ilustración de cubierta: Ambrogio Lorenzetti (c. 12901348), Alegoría del buen gobierno. Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove.