Yo acuso : denuncia de un crimen político. 9789700505831, 9700505839

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Mario Ruiz Massieu

Yo acuso, denuncia de un crimen político



YO ACUSO Denuncia de un crimen político © 1995, Mario Ruiz Massieu D.R. © 1995 por EDITORIAL GRIJALBO, S.A. DE C.V. Calz, San Bartolo Naucalpan núm, 282 Argentina Poniente 11230 Miguel Hidalgo, México, D.F. Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, sin autorización escrita del editor ISABN 970-05-0583-9 IMPRESO EN MEXICO

îndice

Presentación............................................................................................................5 Índice.......................................................................................................................7 1. Antecedentes: 1994, un año aciago...................................................................10 2. Trayectoria política de José Francisco Ruiz Massieu........................................17 3. La historia de un atentado.................................................................................24 4. La investigación interrumpida...........................................................................42 5. La ruptura..........................................................................................................77 Conclusiones: Un futuro incierto........................................................................100 Epílogo................................................................................................................104 Anexos.................................................................................................................105

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Presentación El presente libro tiene su origen en un compromiso, que asumí en forma personal a partir de los trágicos acontecimientos ocurridos en 1994, de continuar la tarea reformadora y democratizadora en la que se encontraban empeñados los dos grandes hombres que vieron frustradas sus esperanzas de alcanzar un México mejor y más justo, por la artera actuación de quienes se propusieron eliminarlos. Estoy seguro de que el mejor tributo que se puede rendir a la memoria de estos hombres valientes y decididos, comprometidos con su país y con sus ideales, es el de decir siempre la verdad sobre lo que está ocurriendo en México, señalando a los que se oponen a la transformación democrática de nuestra nación y denunciando sus prácticas viciadas y los métodos arcaicos de que se valen para impedir el avance de la justicia. Es por ello que en este texto, como en los diferentes artículos y documentos que he dado a la luz pública y en las entrevistas que he concedido a los diversos medios de comunicación, insisto en hacer del conocimiento de la sociedad mexicana las dificultades que se tienen que vencer cuando se quiere avanzar por el camino de la verdad y la recta procuración de justicia. El esfuerzo valdrá la pena sólo en la medida en que permita a los mexicanos conocer mejor su realidad para asimilarla y transformarla, logrando así que el legado político de quienes en su momento fueron injustamente sacrificados, dé los frutos esperados. Con tal propósito y consciente del profundo significado de esta empresa, dedico estas páginas a la memoria de dos mexicanos ejemplares: Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y de una mujer excepcional: Diana Laura Riojas de Colosio.



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Introducción El miércoles 28 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 9:35 horas, se perpetró un atentado contra la vida del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, quien era secretario general del Partido Revolucionario Institucional, diputado electo por ese partido y coordinador de la mayoría parlamentaria para la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Desde las primeras pesquisas, fue posible saber que el hecho había sido fríamente planeado y organizado, desde varios meses atrás, por políticos profesionales que desempeñaban importantes cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional, y a quienes estorbaba la figura política y la actividad reformadora de José Francisco al interior del propio partido. En ese tiempo, por designación presidencial, me desempeñaba como subprocurador general de la República, por lo que solicité al presidente de México encargarme personalmente de la investigación del caso. A partir de estos hechos, se inició una serie de investigaciones y actuaciones ministeriales tendientes al esclarecimiento del suceso y a la detención de las personas involucradas en su ejecución. Dichas actuaciones e investigaciones permitieron, en un lapso de veinte días, descubrir y desarticular una conspiración criminal en la que participaban por lo menos quince individuos, que pretendían ejecutar a varios personajes políticos y a otras personas. Asimismo, fue posible descubrir una madeja de intereses creados, intrigas y calumnias, con que la clase políticos priísta trataba de ocultar los resultados de la investigación, desviando la atención de la opinión pública y de los investigadores hacia otros móviles que les resultaban más adecuados para sus propósitos de conservar las parcelas de poder que usufructúan. A lo largo del desarrollo de este proceso, en cumplimiento del compromiso de mantener permanentemente informada a la opinión pública, la Subprocuraduría que estaba a mi cargo emitió diversos boletines y comunicados de prensa, que permitieron a la sociedad formarse una idea clara de los avances obtenidos en las investigaciones y actuaciones ministeriales realizadas. Este compromiso parte de la profunda convicción de que quienes hacen o participan en política deben decir siempre toda la verdad a una sociedad madura y responsable, como lo es la sociedad mexicana, que reclama siempre su derecho a estar informada. 

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La verdad constituye un requisito imprescindible para el ejercicio político. La ciudadanía no debe continuar siendo desdeñada ni confundida con falsas versiones de los hechos. La sociedad merece absoluto respeto, y una manera de demostrarlo es diciéndole la verdad acerca de los asuntos públicos. El presente libro contiene una sucinta descripción del conjunto de acciones e investigaciones desarrolladas para lograr el esclarecimiento de los hechos y el desmantelamiento de la organización integrada para llevar a cabo este y otros atentados, así como de los obstáculos encontrados en el desarrollo de las investigaciones, siempre provenientes de priístas inmorales, que finalmente lograron detener su avance y propiciaron mi renuncia al cargo de subprocurador y a la dirección de la propia investigación. El propósito esencial de este libro es el de dar a conocer a la opinión pública los esfuerzos realizados en torno a estos trágicos acontecimientos, y compartir con la sociedad mexicana las dificultades encontradas durante su desarrollo, mismas que pudieron ser superadas gracias a la participación de la ciudadanía, que, a través de los medios de comunicación y sus representaciones sociales y políticas, demandando siempre la verdad y el ejercicio pleno de la justicia. El libro consta de cinco capítulos. En el primero de ellos se realiza el análisis del contexto sociopolítico que vivió nuestro país en 1994, a partir de hechos tan relevantes como el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocurrido en Chiapas; el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República; las elecciones federales del 21 de agosto, y el atentado en que perdiera la vida José Francisco Ruiz Massieu. En el segundo apartado se describe la trayectoria política y la actividad académica de José Francisco: su actuación como gobernador del estado de Guerrero y dentro del propio Partido Revolucionario Institucional, como ideólogo al frente de la Fundación Cambio XXI y como secretario general, durante y después de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo; destacando sus ideas políticas y la voluntad renovadora que animaba su actividad pública. En el tercer capítulo se analiza la planeación y preparación del atentado en contra de José Francisco, a partir de una detallada reconstrucción de los hechos, obtenida gracias a las investigaciones realizadas, y se plantean las principales hipótesis sobre el origen del móvil, descartando las más inverosímiles. 

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En el cuarto apartado se da cuenta de los avances logrados en el desarrollo de las investigaciones emprendidas para detener a los autores materiales e intelectuales del homicidio de José Francisco, y se describen los intentos realizados para desviar el curso de las investigaciones y desacreditar al responsable de ellas, mediante diversas declaraciones y acciones tendientes a encubrir a los principales involucrados. Asimismo, se plantea la actitud asumida por los dirigentes del PRI e integrantes de la LV Legislatura ante el avance de las investigaciones; los apoyos y obstáculos encontrados asumidas por los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, por los principales partidos de oposición, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y por la prensa, la opinión pública y la clase política mexicana ante los hechos. En el quinto capítulo se mencionan las situaciones que propiciaron el estancamiento de las investigaciones, el mensaje político dado a conocer a la opinión pública el 23 de noviembre, junto con mi renuncia a la Subprocuraduría General de la República, al PRI y a la conducción de la investigación, y las reacciones ante estos sucesos. Por último, en el apartado dedicado a las conclusiones se plantean las perspectivas a futuro de la investigación para esclarecer el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y se hace una valoración de la importancia de una decisión política para el devenir histórico de México.



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Yo acuso, denuncia de un crimen político 1. Antecedentes: 1994, un año aciago

El año de 1994 constituye un parteaguas en la historia contemporánea de México. En ese año, el país vivió una serie de acontecimientos que cimbraron la vida política nacional, poniendo en riesgo la paz pública y la seguridad de los ciudadanos, ante la aparente impasibilidad de los órganos de gobierno encargados de velar por el mantenimiento del Estado de derecho y procurar una justicia expedita a todos los mexicanos, que prefirieron hacer uso del viejo recurso de que el tiempo solucione todos los problemas, por inercia o por olvido. Entre estos lamentables acontecimientos destacan el estallamiento del conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la madrugada del 1° de enero, en el estado de Chiapas; el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo, en Tijuana, Baja California, y el homicidio del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu, acontecido seis meses después, el 28 de septiembre, en la ciudad de México. Asimismo, en 1994 se celebraron las elecciones presidenciales más concurridas y competidas de nuestro país, en las que, adicionalmente, se registró la mayor participación de observadores nacionales y extranjeros, lo que dio inicio a un proceso inexorable de democratización de la vida política nacional, que se ha visto enturbiado e incluso detenido por la actuación de políticos de viejo cuño, que pretenden mantener sus parcelas de poder con prácticas criminales que parecían haber sido completamente erradicadas del horizonte nacional, haciende resurgir de esta manera los peores vicios del sistema. En este contexto, más que poner el acento en la tragedia que supone la pérdida de hombres valiosos que buscaban un cambio para México, un cambio donde la pluralidad, la democracia, el respeto, la justicia y la seguridad fueran prioridad para los mexicanos, es necesario señalar con toda claridad que algo muy grave está sucediendo en nuestro país. El de 1994 fue un año en el que México se encontró bañado de sangre y de problemas, un año en que la sangre empapó las conciencias de muchos políticos mexicanos, funcionarios y dirigentes priístas, y se mantuvo en estado de zozobra a la población; 1994 debiera quedar en México como un año de lo que nunca debió ocurrir, debiera quedar marcado en la historia de México y en la conciencia de todos los mexicanos de hoy y del futuro, como un periodo trágico que jamás debió suceder.

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Conflicto en Chiapas El año se inició con el estallido de un conflicto armado en el sureste del país que puso de manifiesto, por una parte, la existencia de grupos interesados en subvertir el orden institucional y, por otra, la permanencia de perdonables rezagos en el desarrollo político, social económico de algunas regiones de México, así como estado de inocencia en que se encontraba el gobierno de México, merced a sus inútiles aparatos de seguridad e inteligencia y a los afanes de hacer aparecer como moderno lo todavía arcaico. Este enfrentamiento, más allá de las conspiraciones internacionales, más allá de los recursos provenientes de cualquier sector para crear problemas en nuestro país, debiera llevarnos a pensar en las condiciones del lugar donde se inició; un lugar donde la pobreza, la injusticia y la explotación han prevalecido durante varios siglos, en donde los gobiernos priístas y los caciques de la región se han enseñoreado y han mantenido a la población en formas de vida muy cercanas a la esclavitud. En este sentido, la rebelión en Chiapas no es únicamente una manifestación de intereses turbios que persiguen desestabilizar a México, sino también la manifestación de los enormes desequilibrios sociales y económicos que vive nuestro país. Es una manifestación de mexicanos que aún viven como se vivía hace tres siglos, es el reflejo de la ignorancia o de la inconciencia de los gobiernos priístas, así como el reflejo del profundo desprecio que éstos tienen por los pobres y, particularmente, por los indígenas, a los cuales, al margen de los discursos reivindicadores hechos en las elegantes oficinas gubernamentales, algunos funcionarios quisieran exterminar. Yo tuve la oportunidad de visitar Chiapas el día 4 de enero de 1994, de acudir, por decisión propia y con la anuencia del entonces procurador general de la República, a las zonas en conflicto cuando todavía se oía el retumbar de balas y pude darme cuenta con toda claridad de que 1994 nos estaba enseñando a todos los mexicanos que había que luchar y que había que hacer algo por aquellos que nada tienen. La lacerante pobreza de los indígenas, armados con fusiles de palo y algo punzante en el supuesto cañón, la desnutrición y la vida sin esperanzas se reflejaban en esos rostros enmudecidos por miedo o por las balas. La crisis generada por estos hechos dentro del Estado mexicano se hizo más patente por la falta de previsión existente dentro de los órganos de seguridad para contender con este tipo de fenómenos. Durante mi estancia en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación pude constatar que los pomposa11

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mente llamados instrumentos de inteligencia en México producían (y producen) material inservible que en nada contribuye a la toma de decisiones. Es importante recordar que el surgimiento de núcleos subversivos armados en las selvas del estado de Chiapas se ha gestado desde la década de los sesenta, cuando organizaciones clandestinas inspiradas en la ideología de la revolución cubana llevaron a cabo actividades de proselitismo y entrenamiento guerrillero en la entidad. Posteriormente, como una de las secuelas del movimiento estudiantil de 1968, se constituyó el llamado Ejército Insurgente Mexicano, que estableció su área de operaciones en la selva chiapaneca. Asimismo, en agosto de 1969 se formó el grupo denominado Fuerzas de Liberación Nacional, que desplegó acciones político-militares en Nuevo León, Puebla, Veracruz y Tabasco, y utilizaba la selva chiapaneca como cuartel general. En septiembre de 1971, se integró el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), organizado por el guerrillero guatemalteco José María Ortiz Vides, alías “Chema Vides”, de amplia trayectoria subversiva en su país, donde combatió al lado de Augusto Turcio Lima y Marco Antonio Yon Sosa, quien fue muerto en Chiapas en un enfrentamiento con el Ejército mexicano. Ortiz Vides, antes de trasladarse a México, llegó a ser el máximo dirigente de la guerrilla urbana en Guatemala. Esta cercanía y la afinidad ideológica existente entre la guerrilla guatemalteca y el PROCUP propiciaron que Chiapas fuera utilizado por la insurgencia de ambos países como un baluarte que se encontraba protegido por la extensión y las condiciones geográficas, que dificultaban la vigilancia de la frontera entre ambos países. En los años ochenta, algunas agrupaciones izquierdistas radicalizaron sus acciones en la entidad y promovieron la ocupación ilegal de predios. No obstante, estos conflictos fueron poco frecuentes y, en la mayoría de los el PROCUP propiciaron que casos, las demandas se encauzaron por vías legales. También en esta década se registraron contactos esporádicos entre los grupos armados y el narcotráfico. Por otra parte, la Iglesia católica desplegó una intensa actividad proselitista, inspirada por la teología de la liberación y mediante la formación de las llamadas comunidades de base; en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, bajo el pretexto de llevar el Evangelio a los indígenas, promovía la organización para la resistencia por

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parte de los productores agrícolas. Este proselitismo de la Iglesia católica, sumado a las labores desarrolladas por otras iglesias, hizo de Chiapas quizá el estado más religioso del país. En los primeros años de la década de los noventa, algunos grupos radicales que mantenían posiciones en el estado de Chiapas continuaron promoviendo actos de violencia como medio para alcanzar sus objetivos. En este contexto, en mayo de 1993 se suscitaron diferentes agresiones armadas de un grupo radical en los municipios de Ocosingo y Altamirano, donde resultaron muertos tres oficiales del Ejército mexicano, lo que constituye el antecedente más inmediato del levantamiento armado del EZLN del 1º de enero de 1994. Lo anterior fue minimizado por el gobierno de la República, toda vez que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no había proporcionado información confiable y se consideró necesario preservar un prestigio internacional que permitiera la aprobación del Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso de los Estados Unidos y el ingreso de México a la OCDE, lo que constituía la prioridad dentro del esquema de desarrollo impulsado por la administración del presidente Salinas. Recuerdo que en 1993, siendo yo subprocurador, el entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, me dio instrucciones para no consignar a los indígenas por delitos políticos, como motín, porque no se quería que la sociedad supiera que algo muy grave estaba pasando en esa zona del país y todo el mundo se diera cuenta de que el México moderno, del que tanto se hablaba en la prensa internacional, era parcialmente un mito. El conflicto de Chiapas representó una primera llamada acerca de la existencia de oscuros intereses que acechaban la vida política nacional. Asimismo, puso de manifiesto la ausencia de políticas claras en materia de desarrollo social y de seguridad nacional, toda vez que si bien es verdad que el régimen canalizó una gran cantidad de recursos a la entidad, también es claro que muchos de esos recursos fueron desviados, y en algunos casos hasta se inventaron las cifras sin el conocimiento del presidente Salinas. Por otra parte, debido a la poca información previa existente sobre la presencia de grupos subversivos en el estado, no se tomó ninguna medida preventiva para evitar el estallamiento del conflicto. De esta manera, el conflicto de Chiapas significó uno de los actos de mayor irresponsabilidad del Estado mexicano. Los gobiernos priístas lo incubaron, lo cultivaron, lo soslayaron y ahora lo sufren.

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El asesinato de Luis Donaldo Colosio El 23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien se perfilaba como el probable ganador de los comicios del 21 de agosto, fue brutalmente asesinado al concluir la celebración de un mitin proselitista en la ciudad de Tijuana, Baja California. Este crimen consternó a la sociedad mexicana, que al unísono clamó por un justo castigo a los responsables del atentado. No obstante, estos reclamos se vieron defraudados ante los resultados de la investigación emprendida para detener y consignar a los involucrados en el magnicidio. De nada sirvieron las tronantes reacciones y declaraciones de los máximos dirigentes del país, ni la creación de la Subprocuraduría Especial para la atención del caso, la formación de una Comisión de Ciudadanos, ni la integración de una Comisión Especial del Congreso de la Unión. Los resultados fueron pobres y decepcionantes: primero se habló de conspiración en la que participaban los integrantes del equipo de seguridad del candidato; luego de un asesino solitario, que actuó en función de sus impulsos personales, y finalmente se aceptó la existencia de vicios de origen en la investigación, dando por hecho que éstos no podrían ya ser superados. El asesinato de Luis Donaldo Colosio puso de manifiesto que la seguridad pública en México padece una grave crisis y tiene enormes carencias; asimismo, exhibió las debilidades e inconsistencias del aparato encargado de la procuración de justicia en el país. De esta manera, 1994 nos condujo a la tragedia de político muerto, un hombre que, independientemente del partido al que el pertenecía, fue acribillado sin misericordia en el norte de nuestro país; 1994 nos enseñó el 23 de marzo que algo grave estaba pasando en México y que no habíamos podido encontrar la solución. Con la muerte de Luis Donaldo Colosio aprendimos que era necesario cambiar las prácticas políticas del país y romper la conspiración del silencio con la que siempre se ha tratado de encubrir los hechos más críticos de nuestra historia. La muerte de Luis Donaldo Colosio fue tratada de una manera totalmente inadecuada desde el principio de la indagatoria. Los interrogatorios más importantes, como fueron los iniciales, se dieron de manera desconcertante e inútil, y hasta sospechosa. El traslado del presunto asesino de Tijuana al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México, en forma precipitada y cambiando la fisonomía del homicida, provocó la 14

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incredulidad de la sociedad y la inquietud de que el gobierno hubiese cambiado al culpable; la creación de una fiscalía especial para conocer del asunto en manos del abogado Miguel Montes en un principio y de la doctora Olga Islas posteriormente, hasta llegar a la actual designación de Pablo Chapa, habla de la torpeza o de la irresponsabilidad con que se tratan los grandes problemas de México en los gobiernos priístas, con absoluto desprecio a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general. Las elecciones del 21 de agosto Después de los trágicos acontecimientos de Chiapas y el artero asesinato de Luis Donaldo Colosio, los mexicanos pudieron recobrar nuevamente la esperanza en el futuro, a raíz de la celebración de una ejemplar jornada electoral en la que la afluencia a las urnas rebasó los pronósticos más optimistas, demostrando con ello el rechazo a la violencia y el profundo deseo ciudadano, siempre pospuesto y desdeñado, de vivir en un país democrático, donde el respeto al sufragio universal sea la única fuente de legitimidad y legalidad de los gobiernos. Los innegables avances democratizadores de la elección del 21 de agosto se vieron posteriormente empañados por las innumerables denuncias de diversos fraudes electorales cometidos en diferentes entidades del país, especialmente en Chiapas, y por la absoluta ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, creada ex profeso para atender esas denuncias, pero que sólo sirvió para exonerar a los funcionarios que apoyaron públicamente, con recursos de las instituciones, a los candidatos priístas. El homicidio de José Francisco Ruiz Massieu Con el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, la sociedad vio una vez más, consternada, la eliminación de un joven político de ideas renovadoras. Este asesinato lastimaba las esperanzas depositadas el 21 de agosto en las votaciones en favor de la paz. Paz que tan sólo duró poco más de un mes, y cuya brevedad demostró que se regresaba al viejo y reprobable camino de dirimir las diferencias políticas con la ejecución de los adversarios: como en los viejos tiempos, los priístas se mataban unos a otros, demostrando con ello el absoluto desprecio nuestro contrato social. Los peores augurios formulados a raíz del asesinato de Colosio se vieron confirmados seis meses después, el 28 de septiembre, con la muerte de otro político mexicano, un hombre que además de sus ideas políticas tenía 15

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interés por la academia y por las causas sociales y económicas. Su caída fue el signo ominoso de que en México seguían sucediendo cosas terribles, sobre las que nadie quería decir la verdad. A Luis Donaldo Colosio y a José Francisco Ruiz Massieu los mataron por sus ideas renovadoras dentro del priísmo y en la política nacional, ya que eso tenía en común. El móvil de ambos crímenes fue político, por lo que ellos representaban y por lo que ellos luchaban. La pregunta que ambos crímenes dejaron en el aire es tal vez la más dramática que los mexicanos nos hemos hecho en muchos años: ¿Quién (de esas características) sigue? El gobierno de México, que encabeza el presidente Zedillo, en el discurso se ha comprometido a llegar al final de la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu; sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: tardó 16 días en nombrar al responsable de la investigación, y pasaron 42 días para que éste presentara su programa de trabajo, informando que partiría de cero; adicionalmente, a dicho funcionario se le encomendó también la resolución de los casos de Luis Donaldo Colosio y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, circunstancia que permite pensar que no se quiere llegar al fondo de ninguno de los asuntos. Tres investigaciones de esa naturaleza no pueden ser llevadas a cabo por un solo responsable. Únicamente la PGR en su conjunto, con todos los recursos humanos, técnicos y presupuestales de que dispone, sería capaz de resolver casos de esta envergadura, para los cuales, como ya ha quedado demostrado en el caso Colosio, una fiscalía especial resulta muy limitada. Por otra parte, el subprocurador especial nombrado es un personaje menor en las procuradurías, sin peso específico dentro de ellas, virtualmente desconocido en el medio político nacional, y desconocido y distante del presidente de la República, lo cual augura un rotundo fracaso. Era, como lo dije en mi renuncia, tiempo de decisiones políticas; el presidente Zedillo tomó la suya y decidió bajar el perfil de las investigaciones, por ello ya nadie está dispuesto a creer en los discursos gubernamentales, en los que se dice una cosa mientras se hace justamente lo contrario. El gobierno de la República prefiere no creer que los homicidios políticos seguirán. Demos tiempo al tiempo.

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Yo acuso, denuncia de un crimen político 2. Trayectoria política de José Francisco Ruiz Massieu

El político José Francisco Ruiz Massieu era un hombre excepcional en el campo de la política mexicana, encarnaba fielmente el proverbio latino que reza “allis sirviendo consumor”, me consumo en servicio a los demás; es decir, estaba profundamente convencido de que la política es una actividad que debe realizarse para servir a la sociedad de manera desinteresada. Esta vocación de servicio y su compromiso con la democracia eran las características que lo singularizaban en el medio político nacional. Pensaba que la democracia debía alcanzarse como fruto de la inteligencia colectiva, como quehacer de la ingeniería política, fundada en el diálogo como método para lograr el pacto que permitiera la transición democrática. Siempre se inclinó respetuoso ante la voluntad popular. En su afán democrático abrió numerosos espacios a las oposiciones, incluso a sus detractores, y fue capaz de convencer a ex guerrilleros de participar por vías pacíficas en el quehacer social. Afirmaba que México vive un tiempo de reclamo democrático y ello demanda repensar las respuestas pertinentes e inmediatas. Se pronunciaba por el perfeccionamiento definitivo de la democracia electoral (la efectividad del sufragio), la consolidación también definitiva de la democracia representativa (la separación de los poderes) y la configuración de la democracia participativa (la democracia cotidiana). Durante su desempeño como gobernador del estado de Guerrero, de 1987 a 1993, José Francisco tuvo la oportunidad de poner en práctica algunas de esta ideas, impulsando, por ejemplo, la designación de candidatos priístas a las alcaldías de la entidad por medio de mecanismos de consulta directa a los militantes priístas y a la población en general, así como promoviendo la coordinación entre los presidentes municipales del estado, pertenecientes a los diferentes partidos políticos. Estas experiencias sin duda fortalecieron su vocación y actitud democratizadoras, lo que se tradujo en nuevas propuestas que estaba empeñado en impulsar dentro del PRI, a nivel nacional, en su calidad de secretario general de ese partido, y en el seno del Poder Legislativo, en donde, como coordinador que era de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados, tenía la firme intención de promover una auténtica autonomía de los representantes populares respecto del Poder Ejecutivo, el cual históricamente ha actuado en nuestro medio como

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el gran legislador, sin tener facultades legales para asumir esa postura. Deseaba establecer la real división de poderes y recuperar para el Legislativo las atribuciones que por ley le corresponden. Se había propuesto, y así lo declaró, encabezar un par lamento independiente del Ejecutivo, con representantes populares de tiempo completo, entregados totalmente a la tarea legislativa. Amante del protocolo y del buen decir, de las analogías históricas y de las comparaciones, sus mensajes políticos cautivaban y orillaban a la reflexión profunda. Como consta en sus diversos libros y artículos, José Francisco fue precursor de una nueva política, que pensaba debería instalarse de manera definitiva en el país en esta última década del siglo XX. Esta nueva política permitiría a gobernantes y gobernados mantener un diálogo permanente, maduro y respetuoso, capaz de resolver todos los problemas que se presentaran en el ejercicio del poder. “Para la aplicación de esta nueva política, se requieren prometidos con la sociedad que, además, cuenten con la suficiente sensibilidad e inventiva para innovar permanentemente sus formas de actuación, adecuándolas siempre a las necesidades del momento, dentro de una perspectiva histórica concreta”, decía. En su libro ¿Nueva clase política o nueva política?, afirma que la nueva política está en proceso de aparición y la vieja política se halla en fase preagónica: “Los tiempos de hoy —escribió— son tiempos de transición, y quien no lo entienda se quedará en el camino. La nueva política no es sólo obra de un hombre, quien sólo puede ser su conductor, es quehacer colectivo y no obra heroica” . Entre los varios capítulos y características de la nueva política, señaló la necesidad de que el operador de la nueva política debería acostumbrarse a utilizar la planeación (al antiazar) y la política (al antidilema) para lograr la administración óptima de recursos escasos y hacer compatibles las demandas en competencia; debería también contender con una oposición beligerante y ascendente, que participa ya en el poder público, y construir con los opositores consensos esenciales, sirviendo de esta manera a los intereses nacionales y comprendiendo la democracia como un proceso permanente de diferenciación, que la hace un sistema plural, capaz de armonizar los intereses legítimos en pugna; ello exige —afirmó— que no se confundan principios con dogmas, ni convicciones con terquedad ni afiliación con secta. Respecto a la concertación, señaló que la discordia llega al primer descuido, en tanto que la concordia activa requiere de negociadores pacientes, templados y con piel dura; por lo que en esta etapa de mayor interdepen18

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dencia internacional, los mexicanos debemos ser más diestros en la interlocución con el exterior, especialmente los grupos empresariales e intelectuales, a quienes corresponde desarrollar un activismo que conduzca a un entendimiento. “La nueva política demanda hombres capaces de hacer frente a la aceleración del cambio y que adviertan que la sociedad exige, no que cesen abusos -etapa menor- sino que se instalen nuevos usos”. Observó que ni las decisiones concretas, ni las políticas generales ni los hombres del poder pueden quedar sustraídos al protagonismo de los medios masivos e indicó que los hombres del poder deben tener ideas y saberlas debatir. El ideólogo La obra de José Francisco Ruiz Massieu abarca un vasto panorama en el campo de la ideología social y política. En particular, se destacó como ideólogo innovador y operador político en su paso por el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI, del cual fue subdirector general, y más tarde en la Fundación Cambio XXI, de la cual fue presidente, y en la presidencia de la Comisión Nacional de Ideología del PRI. En todos estos cargos partidistas fue consciente de la necesidad de abrir espacios plurales para el debate constructivo de los temas nacionales. Asimismo, como secretario general de su partido, reveló nuevamente su indeclinable vocación hacia el cambio y las reformas democráticas en el país. En su libro Ideas a tiempo se pronunció en torno a los grandes asuntos políticos del momento, como son las perspectivas de la democracia en México, el proceso electoral y la reforma del PRI, respondiendo de esta manera a su compromiso intelectual. En este texto señala: “La leal oposición principia con el abandono de la violencia como vía para la renovación de los gobernantes, y prosigue hasta el respeto puntual de la voluntad popular, y el concurso de los partidos opositores para que las instituciones políticas operen regularmente” . Asimismo, enfatizó que la cultura del pluralismo político “empieza a consolidarse cuando los agentes políticos privilegiados (los partidos políticos) tiene voluntad para dialogar (la democracia es diálogo forzosamente) y para debatir (la democracia sin remedio es controversia). Y ello sólo se da cuando los agentes se convierten en interlocutores, y los enemigos apenas en antagonistas” .

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Partidario de las soluciones políticas de fondo y no superficiales, José Francisco reflexionó sobre la importancia de los cambios en nuestro tiempo, para los cuales se requiere dijo- de un gestor de conflictos o de un síndico de la crisis, sino de un pensador, un repensador de la Revolución mexicana, y un reformador del Estado mas no de un reformista, porque éste siempre se inclina por la prórroga y la cosmetología. Sin duda sus mayores aportaciones teóricas se dieron en el campo de un tema que le apasionaba particularmente: el de la transición democrática. Estudioso profundo del fenómeno, siempre consideró a México un caso sui generis; no obstante, pensaba que el país podía nutrirse de la experiencia de otros países, por lo que dedicó buena parte de su obra al análisis pormenorizado de estos procesos ocurridos en diferentes latitudes. En forma casi profética sobre su propio destino, escribió: “No ignoramos —se ha visto; se está viendo— que las ideas y los hombres que luchan por ellas, son combatidos, y cuando esas ideas se llevan a los hechos son más combatidos. A veces se combate con mayor encono a los hombres por sus ideas y por sus hechos que por los errores que se les imputan” . El hombre José Francisco Ruiz Massieu fue uno de los políticos mexicanos más lúcidos y dignos de nuestro tiempo, dueño de una amplia cultura, vivió y practicó un raro heroísmo: el heroísmo cotidiano de la responsabilidad pública y el valor civil, el heroísmo de la congruencia entre el discurso y la acción, como una manera de afrontar los retos de la democracia y de la pluralidad. Creció con la virtud de ser sensible a las necesidades de los demás y de ahí cobró fuerzas para dedicarse a las leyes, las letras y la política. Como político escogió siempre el camino del diálogo y la negociación, convencido de que no se puede gobernar con la prepotencia ni la soberbia; luchó para conseguir el poder político concibiéndolo como “poder para hacer cosas” en favor del pueblo, y logró hacer muchas. Su muerte representó un atentado directo a la democracia y al humanismo político, que obviamente no detendrán su desarrollo, porque la historia nos demuestra que cuando las vidas de los hombres valiosos son cortadas, jamás se eliminan las ideas que los nutrieron. Ahí es donde se equivocaron los enemigos de México pues las ideas jamás podrán ser asesinadas. Tengo la absoluta convicción de que su ejemplo servirá para que del seno del 20

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pueblo mexicano surjan hombres receptivos, parecidos a él, alejados de la sordera moral que amenaza extenderse, que asimilando su visionaria inteligencia enarbolen sus tesis, se afirmen en sus ideas, sentimientos y virtudes democráticas, para lograr que la sociedad mexicana viva en un clima de paz, libertad y respeto. El atentado que segó su vida hace evidente que el sistema requiere profundos cambios, que deben ser impulsados en forma democrática por todos los mexicanos, para evitar que puedan volver a presentarse en nuestra historia hechos violentos tan abominables como los que sufrimos en 1994. Con mi hermano José Francisco me unían afinidades más que fraternales, ambos nos habíamos desarrollado en el campo del servicio público y la abogacía, los dos estudiamos historia, a los dos nos ha preocupado el desarrollo democrático del país, la existencia de más libertades; ambos propugnamos por una sociedad me actuante y partidos más consolidados, de manera par lela nos pronunciamos por la búsqueda de vías y espacios de diálogo que armonicen consensos y busquen salidas pacíficas a los desacuerdos. Teníamos mucho en común y eso nos permitió platicar mucho sobre política y sobre la vida de gobierno. Él nunca hablaba de las amenazas porque no creía en ellas, jamás pensó que se pudiera atentar contra su vida, Por el contrario, se movía libremente en todos lados, era una gente muy dada a caminar al aire libre, nunca pensó que hubiera una amenaza seria sobre él, y si las conocía no les dio importancia. De lo que sí estaba consciente era de un México en el que hay grupos y políticos en lo particular que no quieren que las circunstancias de la vida política y democrática de México cambien, que se oponen al avance de ja democracia; gente muy conservadora con una visión as- tinta de la política a la que tenía José Francisco. No es la dicotomía o la diferencia entre dinosaurios y reformadores; simplemente entre los que sí quieren una reforma en el PRI y en la vida política de México y los que no la desean, independientemente de la edad. Sabía que hay vanguardistas conscientes de la bondad del cambio, de que el país y el mundo son otros y que hay quienes se oponen y prefieren acabar a tiros con la gente con ideas distintas a las de ellos. Eso sí lo tenía muy presente, pero llevaba una relación muy cercana tanto con los miembros del PRI como con los de la oposición; tenía amigos en el PAN, particularmente Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, a quienes reconocía una inteligencia y una capacidad política a toda prueba, y una relación de

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respeto personal y de reconocimiento a la experiencia y combatividad de políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo y Ricardo Valero, entre otros. En ese sentido, su actuación política era excepcional, le interesaba siempre armonizar con la oposición y se había dedicado en las últimas semanas de su vida a tratar de conciliar los puntos de vista del priísmo con los de otros partidos, de lograr un acercamiento entre todas las fuerzas políticas del país. Ésta era su principal actividad en sus últimos momentos, pero estoy cierto de que nunca pensó que lo fueran a asesinar. Confiaba en la honorabilidad política y quizá nunca pensó que el problema no era la oposición, sino el propio PRI, que había dejado de ser selectivo en la dirigencia y ahora admitía hasta criminales. Pienso que una persona como él, con unas ideas muy claras de lo que debería ser México, con una magnífica relación con la oposición, con la idea de un México plural pero armonizado entre las diferentes fuerzas políticas y con un potencial personal político y profesional sumamente amplio, pudiese resultar una persona peligrosa para quienes hacen política -por llamarle así- sin ideas, sin inteligencia, sin talento; política simple- mente que significa estar cerca, hasta la abyección, por razones de amistad de una persona que ocupa una posición importante, o de estar haciéndole favores a diferentes personas con tal de obtener prebendas. Su manera de hacer política era totalmente diferente. Ello se evidenció con la postura contraria que adoptaron después de su muerte Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Ángeles Moreno, Gustavo Carvajal, Miguel González Avelar y Rubén Figueroa, entre otros. Estoy convencido de que el asesinato de José Francisco se debió fundamentalmente a sus ideas, Si él no hubiera sido una gente de ideas y de talento superior no lo hubieran asesinado. Porque en México todavía no llegamos al momento en que el talento superior, las ideas de avanzada y la inteligencia más allá de lo común se perdonen. Y en el caso de él no se perdonaron y por eso lo eliminaron. Muchos no lo toleraban y por ello le consideraban un peligro potencial, y así se le bloquearon y se le cerraron muchas puertas, tantas que ni el presidente Salinas, su amigo de tantos años, lo invitó a formar parte de su gabinete, aun cuando éste me manifestó que su intención era impulsarlo hacia una carrera política más larga y que por ello no lo había incorporado al gabinete, durante una comida privada que sostuvimos los dos en la residencia oficial de Los Pinos. 22

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En este sentido, los homicidas lograron en gran parte su objetivo al eliminar al personaje que querían eliminar. Ahora, depende de sus amigos o ex amigos, de sus ex colaboradores y de parte de su familia, rescatar e pensamiento y las ideas y provectos de José Francisco para darles una dimensión de importancia y que pierdan. No es fácil que esto se logre, si no es con una voluntad férrea; en el priísmo las lealtades son de mentiras; basta recordar o ver más adelante el comportamiento abyecto o pusilánime de sus supuestos amigos, como por ejemplo, además de los anteriormente señalados, el del hombre de triste carrera descendente: Pedro Ojeda Paullada. Por cierto, de este personaje de comedia recuerdo lo feliz que estaba porque mi hermano le había pedido que acudiera a fundaciones de Europa a recoger experiencias que sirvieran a la Fundación Cambio XXI del PRI. Abyecto, Ojeda Paullada, después de ser varias veces miembro del gabinete, terminó siendo el abogado de la senadora María de los Ángeles Moreno. Esos políticos carentes de dignidad son los que realmente cuestionan la bondad de la verdadera política.

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Yo acuso, denuncia de un crimen político 3. La historia de un atentado

Descripción de los hechos El miércoles 28 de septiembre, a las 9:35 horas, aproximadamente, el licenciado José Francisco Ruiz Massieu salió de un desayuno de trabajo, en el que estuvo acompañado por cerca de 180 diputados electos e integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Dicho desayuno fue realizado en las oficinas del Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, ubicadas en la calle de José María Lafragua, esquina con Plaza de la República, en la colonia Tabacalera de la ciudad de México, Distrito Federal. Después de despedirse de sus correligionarios, el licenciado José Francisco Ruiz Massieu abordó su automóvil Buick, con placas de circulación 972 GCS, para trasladarse a las instalaciones del Instituto Federal Electoral en compañía de algunos miembros de su partido, con la intención de presenciar el debate entre las autoridades del IFE y el senador Porfirio Muños Ledo, programado para ese día. Al arrancar el motor del vehículo y avanzar algunos metros, un sujeto armado se acercó al automóvil en movimiento y realizó un disparo que perforó el vidrio de la ventanilla del conductor, hiriendo gravemente en el cuello al licenciado Ruiz Massieu. De inmediato, el herido fue trasladado al Sanatorio Español, ubicado en la avenida Ejército Nacional número 613, colonia Polanco, a donde arribó con vida, falleciendo aproximadamente una hora después del atentado, De acuerdo con los partes médico forense y de balística, José Francisco Ruiz Massieu recibió un impacto de bala expansiva, proveniente de una subametralladora semiautomática, marca Intratec, modelo Tec-9, calibre nueve milímetros, de fabricación estadounidense, en la cara lateral izquierda del cuello, a nivel de su base, que penetró a la zona del tórax, provocando una herida necesariamente mortal. Con base en la reconstrucción de hechos practicada so pudo saber que el agresor del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, luego de disparar contra la víctima, tiró al suelo el arma con la que cometió el atentado y pretendió darse a la fuga, corriendo hacia la avenida Paseo de la Reforma, donde fue interceptado por el policía

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bancario José Antonio Rodríguez Moreno, quien se encontraba comisionado a la vigilancia de la sucursal de Banca Confía, ubicada en el número 51 de la calle José María La-fragua. Según su versión de los hechos, José Antonio Rodríguez Moreno, al escuchar la detonación y percatarse de que el agresor lanzaba su arma al suelo e intentaba escapar del lugar, le salió al paso y le marcó el alto apuntándole con el arma que tiene asignada para su servicio, ordenándole que se tirara al piso y permaneciera quieto, procediendo a entregarlo a los ayudantes del diputado electo José Francisco Ruiz Massieu: Ignacio Tercero Reyes y Guillermo Acosta Castro, quienes a su vez lo pusieron a disposición de los agentes de la Policía Judicial Federal que acudieron al lugar. Tuve la oportunidad de llegar al lugar de los hechos unos minutos más tarde, toda vez que cuando me avisaron del atentado circulaba yo por Paseo de la Reforma, a unos instantes del hotel Casablanca. Cuando llegué ya no estaba mi hermano y solamente encontré al homicida material detenido por agentes de seguridad y rodeado por numerosos diputados que no tomaban decisiones. Pedí que lo trasladaran a la Procuraduría General de la República, bien cuidado y custodiado, y me dirigí al Sanatorio Español, para enterarme del estado en que se encontraba mi hermano. En el hospital pude conversar con el presidente de México, Carlos Salinas, y con el candidato triunfante del PRI, Ernesto Zedillo, y solicité a ambos que fuera la Procuraduría General de la República la que conociera del homicidio, por contar con mayores elementos para realizar la investigación. Ambos accedieron, no obstante la oposición del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y del procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño, quienes veían la conveniencia de que fuese la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la responsable de las investigaciones, a fin de no federalizar el homicidio, y no involucrarse ellos, después de las fracasadas investigaciones del caso de Luis Donaldo Colosio. Era más importante en ese momento para ellos quitarse un asunto espinoso, que el profesionalismo de tomar el asunto, aun reconociendo que era lo mejor para lograr una investigación eficaz. Siempre me llamó la atención la actitud de Jorge Carpizo, por años amigo-enemigo de mi hermano, del que públicamente hablaba mal, pero al que finalmente reconocía como amigo. Es extraño para muchos pero no para quien conoce el temperamento de Carpizo. El, como secretario de Gobernación y dada su tarea de manejar la política interior relación del gobier25

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no con los partidos políticos, debió haber intervenido en diversos momentos de la investigación; no obstante, siempre prefirió permanecer al margen de su desarrollo. La Intervención de la PGR La investigación resultó afortunada, toda vez que se tuvo la oportunidad de detener inmediatamente al autor material del atentado. En particular, como dije, el día de los hechos yo estaba cerca del lugar del crimen y al llegar ya estaba detenido el homicida, por lo que pedí que lo trasladaran a la PGR, para iniciar las diligencias ministeriales correspondientes. La responsabilidad de hacerme cargo de la investigación, en mi calidad de subprocurador general de la República, que me fue asignada por el presidente Salinas con la venia de Ernesto Zedillo, proporcionó enormes ventajas para su desarrollo por la capacidad que tiene la PGR de realizar la investigación a lo largo del país y porque estando yo al frente tenía la oportunidad de coordinar la investigación de un crimen que para mí tiene una gran importancia, por ser mi hermano la víctima, y que para el país y el ámbito político de México tenía una gran trascendencia, por tratarse del asesinato de un político destacado. De esta manera, el agresor fue trasladado a los separos de la Policía Judicial Federal y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que de inmediato inició la indagatoria a fin de esclarecer los acontecimientos y el motivo del atentado. En sus primeras declaraciones, el homicida dijo llamarse Héctor Reséndiz, Joel Reséndiz o José Roberto Ortega, y ser originario de Acapulco, Guerrero; información que en el transcurso del mismo día 28 rectificó aceptando llamarse Daniel Aguilar Treviño y ser originario del ejido de Corralejo, municipio de San Carlos, en el estado de Tamaulipas. Posteriormente, el presunto homicida reconoció haber sido aleccionado para dar un nombre y un origen falsos, con el propósito de confundir a los investigadores y dar credibilidad a la hipótesis de la venganza personal como móvil del atentado. De esta manera, desde el inicio de las investigaciones supimos que quienes habían fraguado el asesinato de José Francisco estaban tratando de introducir pistas falsas para ocultar el móvil y la identidad de los autores materiales e intelectuales. La información que proporcionaron el homicida y los numerosos testigos presenciales del atentado sirvió de base a la Procuraduría General de la República para iniciar la averiguación previa número 6820/D/94, en contra de Daniel Aguilar Treviño, por los delitos de homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del 26

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Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de México, y los que resulten. En esta averiguación previa se integraron las averiguaciones previas números 7A/7183/94-09 y 30a./2080/94-9, iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al tener conocimiento de los hechos, toda vez que la PGJDF declinó la competencia en favor de la PGR. En dicha averiguación previa se recabaron las declaraciones ministeriales de 41 personas, incluyendo al propio indiciado, y se integraron diversas actuaciones del Ministerio Público Federal, tales como: inspección ocular del lugar de los hechos; fe de daños y levantamiento de evidencias (el arma empleada por el homicida, cartuchos y pertenencias del agresor y de la víctima); fe de necropsia; dictamen de balística; reconstrucción de hechos; dictamen de criminalística; dictamen de química, y la prueba de Harrison a Daniel Aguilar Treviño. La reconstrucción de hechos, practicada el día 29 de septiembre de 1994, con el indiciado, corroboró en todas y cada una de sus partes la declaración ministerial de Daniel Aguilar Treviño, presentada el día anterior ante el Ministerio Público Federal. Resultados En los primeros interrogatorios, el asesino de José Francisco dio algunos nombres de quienes estaban implicados y fueron capturados uno a uno en el Distrito Federal, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. Luego de tres semanas se había detenido a 14 personas, de las cuales doce están sujetas a proceso por homicidio y dos ya fueron sentenciadas a la pena máxima por encubrimiento, y se giró orden de aprehensión en contra de Manuel Muñoz Rocha como presunto autor intelectual del homicidio, a quien no ha sido posible detener hasta ahora. Recuerdo la dificultad para detener a Fernando Rodríguez González, por haberse escondido en una ranchería inhóspita a donde sólo se puede llegar en mula. La Policía Judicial Federal, que se mostró siempre profesional y responsable, llegó al lugar mediante helicópteros y detuvo a uno de los más importantes involucrados, que era secretario técnico de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y fungía como director de Evaluación del PRI. Él había instrumentado el homicidio por instrucciones del ex diputado Manuel Muñoz Rocha. Cuando llegó a las instalaciones de la Policía Judicial Federal en la ciudad de México, me entrevisté personalmente con él y reconoció su participación.

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El balance de la investigación resultó positivo, comparado con otros atentados de las mismas características que tardan meses, añoso décadas en resolverse, toda vez que, en menos de un mes se detuvo a la mayoría de los implicados, excepto a Manuel Muñoz Rocha, y se investigaron al mismo tiempo otras pistas y personas que pudieran tener una participación en el crimen. De lo declarado por los 14 implicados en el homicidio, se pudo saber que había personas e intereses políticos que se movían procurando la inestabilidad de México, a través de diversos sucesos, como los que he mencionado y pudimos saber también, que además buscaban eliminar a otras personas de la vida política nacional con el objeto de compartir y obtener espacios del poder. Supimos que la guerra por las parcelas del poder no se estaba dando en forma civilizada en el seno del Partido Revolucionario Institucional, en el que algunos de sus miembros, incapaces ya de poder dirimir sus controversias de manera política al interior del propio partido, habían acudido a las armas, a la violencia y a la muerte para eliminar a quienes consideraban sus enemigos o a sus adversarios. El hecho de que fuesen integrantes del Partido Revolucionario Institucional quienes estuvieron atrás de este crimen, señalaba que las cuestiones políticas en México se estaban descomponiendo, pero señalaba también que el propio Partido Revolucionario Institucional no estaba preparado para confrontar la nueva realidad y que pretendía una y otra vez ocultarla a los ojos de la sociedad y del pueblo de México. Limitaciones No obstante, estoy consciente también de que posiblemente los detenidos sólo son piezas que fueron utilizadas por los verdaderos autores intelectuales también para dificultar la investigación, como lo demuestra el hecho de que las declaraciones de cada uno de ellos sean tan semejantes e involucren a las mismas personas y traten de aparecer ante la opinión pública como víctimas. Esto significaba que alguien los había instruido y era necesario llegar a ese alguien. Los procesados son un grupo bien aleccionado aunque inexperto. A cada uno le dijeron lo que tenía que decir en caso de que fueran detenidos. Por eso siempre he pensado que es necesario subir un escalón más dentro de la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Es imposible creer que Manuel Muñoz Rocha o Abraham

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Rubio Canales sean las cabezas de este movimiento. Ninguno de los dos tiene ni la inteligencia ni los recursos suficientes para haber planeado y concretado el crimen. La Policía Judicial Federal, con la colaboración de todas las policías del país, buscó a Muñoz Rocha en todo el territorio nacional, como tarea fundamental, y se solicitó el apoyo de la Interpol en México y de otros países para perseguirlo también en el extranjero. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible detenerlo. Cualquier otro ser humano común, en condiciones normales, hubiera sido detenido por las fuerzas desplegadas en el país y en el extranjero, pero en el caso de Muñoz Rocha pensamos en ese tiempo cuando menos en un par de posibilidades: que alguien lo hubiera tenido escondido en México o en Estados Unidos y esperara el momento en que disminuyera la importancia del caso, al no estar yo en la PGR, para luego presentarlo con una historia muy bien maquinada, o bien, que el ex diputado hubiera sido asesinado por el grupo que supimos le dio instrucciones para cometer el atentado. Creo que definitivamente, si él hubiese actuado tan solo como un diputado que era, y hubiera estado huyendo de un lado a otro, lo hubiéramos detenido. Había una estructura policiaca amplísima, profesional y comprometida conmigo, y todos los mecanismos como para detener a cualquier persona que estuviera huyendo y que no gozara de una protección superior. Yo pensaría, en consecuencia, primero que sí debe haber un personaje que lo está escondiendo; tal vez con la intención de hacerlo aparecer en este sexenio, con algunas otras historias, y confiado en que hay otro presidente de la República, que no tuvo una relación de afecto con José Francisco ni conmigo y es obviamente más distante a los hechos que el presidente Salinas. Y también porque no hay ya un subprocurador general a cargo de la investigación con tanto interés por resolverla, sino un fiscal especial, a quien adicionalmente se le han encomendado las investigaciones de los casos Posadas y Colosio, por lo que se ha disminuido el nivel de quien hace las investigaciones, los recursos y el tiempo que se les puede dedicar. En este sentido, las medidas tomadas por el presidente Zedillo me están dando la razón, La posibilidad de que Manuel Muñoz Rocha hubiera huido al extranjero fue cuidadosamente analizada, de hecho el entonces diputado fue localizado e identificado en Brownsville, Texas, EUA, el 5 de octubre de ese año, una semana después de cometido el asesinato, pero aun en ese caso, en condiciones normales hubiéramos podido dar con él, en virtud de que les pedimos auxilio, por medio de Interpol, a las policías de todo el mundo, 29

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enviándole los cartones con la fotografía de este sujeto, para que lo detuvieran. Adicionalmente le pedimos a las policías de Estados Unidos que nos ayudaran a su localización. El hecho de que definitivamente no aparezca, me lleva a pensar que lo han mantenido escondido. Se ha dicho, y yo mismo lo he señalado, que existe la posibilidad de que esté muerto, pero tampoco eso se ha podido comprobar hasta el momento, por lo que en tanto no se encuentre, en una u otra condición, no sabremos realmente como pudo evadir las pesquisas. Al respecto cabe hacer notar que cuando el nombre de Manuel Muñoz Rocha apareció como resultado de las primeras investigaciones, que ya apuntaban a su probable responsabilidad en el atentado, la Policía Judicial Federal logró ubicarlo, estableciendo una estrecha vigilancia sobre sus movimientos, dada la imposibilidad de detenerlo por el fuero que entonces tenía, pero esta vigilancia tuvo que ser abrupta y radicalmente retirada por orden del procurador general de la República, con el consecuente perjuicio a la investigación y a las futuras posibilidades de aprehender a Muñoz Rocha, ya que si bien, como ya dije, entonces no se le podía aprehender, el mantener un seguimiento preciso de sus movimientos hubiera facilitado finalmente su captura cuando ya no disfrutara del fuero y existiera orden de aprehensión en su contra. Vale la pena subrayar que las propias investigaciones iniciales también arrojaron información en el sentido de que los diputados José Octaviano Alanís Alanís y Juan Alfonso Serrano González habían hecho diversos vuelos en compañía de Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González al estado de Tamaulipas, a lugares y en fechas clave para la planeación del atentado, por lo que ambos legisladores fueron objeto también de un estrecho seguimiento e incluso invitados a aportar información por elementos de la PGR. Posteriormente las declaraciones de los implicados, en particular las de Jorge y Fernando Rodríguez González, dejaron claro que este último, por órdenes de Manuel Muñoz Rocha y aprovechando su condición de secretario técnico de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y la falta de control que al menos entonces privaba en esa Cámara-lo cual fue reconocido ministerialmente por los ex oficiales mayores de la misma, Joaquín Contreras Cantú y Adalberto Campuzano Rivera-, obtuvo indebidamente boletos de avión a nombre de los diputados Alanís y Serrano, y que en realidad fueron usados por los hoy procesados. De esta manera, el desorden administrativo imperante en la Cámara de Diputados, aunado a la inmoralidad de Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González, acarreó a dos legisladores —contra los que la primera

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etapa de la investigación no arrojó posteriormente elemento alguno de imputación— las naturales molestias inherentes que sus nombres se vieran vinculados a los de presuntos criminales. La planeación del atentado Los detenidos afirmaron que recibieron noticias a través de Manuel Muñoz Rocha de que en 1994 había que propiciar una serie de sucesos de tipo político que causaran un gran movimiento e inquietud en el país. No saben ellos con precisión de qué eventos les hablaban, pero sí saben que desde diciembre de 1993 se determinó que uno de esos sucesos sería el atentado contra José Francisco Ruiz Massieu. Sobre esto, una visión reduccionista, sostenida fundamentalmente por periodistas, ha pretendido descalificar ese dicho ministerial señalando que en ese tiempo José Francisco no tenía una posición política importante y que como director general del Infonavit no participaba en el impulso de una reforma política. Se les olvida que él ya había sido gobernador de Guerrero y tenía cuando menos siete libros en los que abordaba la política y la necesidad de cambiar los usos y las prácticas del PRI y de la política en México. Era un director del Infonavit que además tenía un peso político específico mayor que muchos miembros del gabinete en la casa presidencial. Por ello, la opinión de estos periodistas resulta cuando menos incompleta. El plan original era matar a mi hermano en abril, pero por diferentes circunstancias y problemas entre los homicidas lo ejecutaron hasta septiembre. Las declaraciones de los propios implicados reflejan que en principio había un marcado interés en eliminar a José Francisco antes de las elecciones de agosto, y que al no haber sido ello posible, en una segunda instancia los autores intelectuales consideraban impostergable que el crimen se cometiera, aunque con posterioridad, lo más cerca posible de esa fecha. Por eso -entre otros factores- creo en un móvil político, y que pudo haber gente del narcotráfico también inmiscuida a través de financiamiento para el crimen para filtrarse o infiltrarse en áreas del gobierno, y por eso he reiterado que la hipótesis más sólida es el móvil político, posiblemente conectado con el narcotráfico. No fue un asunto de una persona a la que se le ocurrió privar de la vida a otra por un desequilibrio mental, por rencor o venganza, ni tampoco un asunto meramente de gángsters, de narcotraficantes, ni una equivocación. Estas hipótesis hubieran sido las más cómodas para el priísmo. Ya se había hecho con el homicidio de Luis Donaldo Colosio: se le minimizó y se provocó la incredulidad de la sociedad, por qué no intentarlo ahora con el crimen de José Francisco Ruiz Massieu. Sería lo más cómodo para el gobierno priísta, aunque nadie lo crea. 31

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Está muy claro, tanto que los 14 detenidos afirmaron que si bien la cabeza que ellos conocían como autor intelectual es Manuel Muñoz Rocha, habían oído que detrás del ex diputado había un grupo de orden político. Y eso le da mayor solidez al móvil que manejamos como principal. Para mí el problema se hizo más grande en la medida en que yo públicamente dije una y otra vez que Muñoz Rocha no actuó solo; que hay un grupo político detrás de él y que hay que llegar hasta quienes dirigen ese grupo político. Desde luego, llegar a Muñoz Rocha significaba un desafío bastante complicado, difícil, pero sería posible lograrlo si hubiera la decisión política de hacerlo. El problema no es si nosotros en la Procuraduría o en la Subprocuraduría fuimos muy buenos investigadores o no lo fuimos. El problema no fue de suficiencia o insuficiencia de la investigación policiaca, sino de la toma de decisiones políticas, que deben sostenerse durante varios meses para que el trabajo policiaco pueda avanzar. La investigación policiaca no puede profundizarse si no hay una decisión política positiva al respecto, porque las hasta ahora tomadas para llegar a esclarecer el atentado han sido insuficientes y van en franco retroceso. Todo parece indicar que al gobierno no le interesa conocer la verdad. Hipótesis sobre el origen del atentado A raíz del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, se formularon una serie de hipótesis sobre la autoría intelectual del atentado y el o los móviles que originaron este asesinato. En términos generales, los móviles fueron agrupados en seis hipótesis: 1.

Venganza personal. Se consideró la probabilidad de que algún enemigo personal o político del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, o de algún otro miembro de su familia, quisiera tomar venganza por supuestos agravios de que hubiera sido víctima en el pasado. Para ello iniciamos la revisión de los posibles involucrados en conflictos con él cuando menos en los últimos ocho años.

2.

Acto terrorista. Pue estimada la posibilidad de que se hubiera tratado de un atentado promovido por un grupo radical, tendiente a lograr la desestabilización política del país, Por tal motivo, se inició una investigación exhaustiva sobre los grupos radicales existentes en el país, pero ello quedó en proceso.

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Acto demencial. Se valoró la hipótesis de que el homicida fuera un desequilibrado mental, que actuara solo, de manera irracional, sin otro móvil que el de sus impulsos personales, pero los estudios psicológicos y psiquiátricos no daban ese perfil del homicida.

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Atentado de narcotraficantes. Se mencionó la tesis de que algún miembro o banda de la poderosa organización delictiva ligada al tráfico de estupefacientes, que representa el principal problema de seguridad pública del país, fuera el autor intelectual de este homicidio, que habría sido cometido con el propósito de intimidar al gobierno federal en su lucha contra el narcotráfico y, en particular, a mi persona, por la enérgica y decidida actuación emprendida por la Subprocuraduría General de la República en contra de los traficantes de estupefacientes, y la detención de numerosos de ellos, así como los cuantiosos aseguramientos de droga.

5.

Móvil político. Se señaló la posibilidad de que algún grupo con intereses políticos contrarios a la reforma política y administrativa para el PRI y el país en general impulsada por José Francisco Ruiz Massieu, fuera el responsable de la autoría intelectual del atentado, por considerar que dicha reforma resultaba adversa tanto para el mantenimiento de sus espacios de poder como para el incremento de su patrimonio.

6.

Móvil narcopolítico. Se indicó la probable combinación de elementos de las dos últimas hipótesis, en una amalgama de recursos e intereses que perseguiría fines políticos y de advertencia e intimidación hacia quienes conducen la lucha contra el narcotráfico.

Aplicando un modelo de investigación múltiple, con base en las declaraciones ministeriales del autor material del homicidio y en un cuidadoso análisis de las características del atentado, que fue realizado gracias a una reconstrucción pormenorizada de los hechos, las cuatro primeras hipótesis que pretendían relacionar el homicidio con un acto terrorista promovido por un grupo radical; una venganza de tipo personal; el acto demencial de un individuo mentalmente desequilibrado y la actuación de los narcotraficantes, para intimidar al gobierno de la República e inhibir las acciones emprendidas en su contra, fueron prácticamente eliminadas, aun cuando se continuó trabajando en ellas hasta el último día de mi estancia en la Subprocuraduría. Durante todo el proceso, los diferentes supuestos fueron permanentemente contrastados con los avances de la propia investigación, utilizando principios jurídicos, de ciencia policiaca, técnicos y de criminalística; lo 33

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que permitió agrupar las diversas pruebas e indicios en una hipótesis más acabada, que fue confirmada por el desarrollo mismo de las investigaciones; en la que se observa claramente el móvil político o narcopolítico del homicidio. Gracias a estos procedimientos fue posible desechar la hipótesis del atentado terrorista, en virtud de que ninguno de los participantes tiene antecedentes de haber militado en grupos políticos radicales; así como la del homicida mentalmente desequilibrado, toda vez que por una parte, las diferentes pruebas psiquiátricas a que fue sometido el agresor demostraron su plena conciencia y cabal comprensión de los hechos, y por otra, sus propias declaraciones y el testimonio de diferentes testigos presenciales revelaron la existencia de otros individuos involucrados en el atentado. En relación con la hipótesis sobre narcotráfico, que recibió amplía difusión en los medios de comunicación y en otros sectores, es conveniente hacer las siguientes precisiones: •

Los integrantes de las bandas de narcotraficantes utilizan gatilleros profesionales para la realización de sus atentados, así como una gran cantidad de armas de grueso calibre, vehículos blindados y aparatos de radiocomunicación, entre otros recursos. En el caso del asesinato del licenciado Ruiz Massieu, participaron pistoleros sin ninguna experiencia en este tipo de operativos, con escaso armamento y ningún adiestramiento previo en el manejo de armas de fuego.

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El mejor ejemplo al respecto fue el enfrentamiento de dos organizaciones de narcotraficantes realizado el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en el que lamentablemente fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En este operativo se puso de manifiesto, por un lado, el alto número de elementos, recursos, armamento y vehículos blindados que utilizan los narcotraficantes cuando realizan una acción de este tipo, y por otro, que estos elementos son altamente capacitados y entrenados para efectuar “con profesionalismo” este tipo de tareas criminales.

•

Otros ejemplos de lo anterior son los sucesos ocurridos en la discotheque Christine, en Puerto Vallarta, Jalisco, el 8 de noviembre de 1992; el atentado perpetrado en contra de Amado Carrillo Fuentes, en el restaurante Ochoa Bali Hai, de la ciudad de México, el 24 de noviembre de 1993; así como el estallido de una bomba en un vehículo que se encontraba estacionado frente al hotel Camino Real de Guadalajara,

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Jalisco, durante la fiesta de quince años de la hija de Luis Enrique Fernández Uriarte, alias El Kiki, el 11 de junio de 1994. •

Por otra parte, los casos de muertes individuales y colectivas ligadas al narcotráfico, que se han registrado en los últimos años en diferentes puntos del país, señalan que éstas obedecen a ajustes de cuentas dentro de sus propias organizaciones o a la lucha por los mercados y las áreas de influencia, y no se efectúan en contra de servidores públicos o políticos.

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De los presuntos involucrados en el asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, únicamente Abraham Rubio Canales, quien se encontraba purgando una condena por fraude en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, al ser realizado el atentado, tiene relación con narcotraficantes, ya que es consuegro de Raúl Valladares del Ángel, detenido por la Policía Judicial Federal meses antes y lugarteniente de Juan García Abrego, jefe del Cartel del Golfo; sin que exista algún otro dato que permita dar certidumbre a una más estrecha vinculación o participación de este sentenciado en les actividades e intereses del narcotráfico.

•

Resulta poco probable que los narcotraficantes planearan y llevaran a cabo el asesinato de un alto funcionario público de un destacado político, como represalia o mensaje de advertencia, debido a que la única respuesta posible por parte del Estado mexicano, sería una enérgica acción en su contra, con todos los recursos disponibles, que obviamente les impediría la realización de sus actividades ilícitas.

•

Lo único que daba fundamento a esta hipótesis era la aprehensión de colaboradores del jefe del Cártel del Golfo, Juan García Abrego, durante mi estancia como Subprocurador, toda vez que en ese tiempo golpeamos seriamente a esa organización, siendo nuestro último éxito la aprehensión, unas semanas después del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, del hermano del jefe del Cártel, Humberto García Ábrego, quien hoy se encuentra recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.

Estas consideraciones, aunadas a los resultados de las investigaciones realizadas y las declaraciones ministeriales de los propios involucrados, permitieron avanzar en la hipótesis de una combinación de móviles Políticos con participación de narcotraficantes, como el origen de la conspiración para asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu. 35

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Quedó claro que el móvil, como ya lo he señalado, era fundamentalmente de tipo político. José Francisco, independientemente de que era secretario general del CEN del PRI, era una persona de ideas, interesado siempre en la política, estudioso y que, por su trayectoria política y sus manifestaciones ideológicas, era una figura en el medio nacional que seguramente hubiera tenido una proyección importante. De ahí que su presencia y actuación públicas resultaran incómodas para los grupos de poder que existen en el seno del PRI. No se encontró otro móvil que pudiese tener el mismo sustento. Los intentos por catalogar al narcotráfico como el móvil fundamental carecían de suficientes elementos. De acuerdo con las versiones existentes al respecto, todo se desprendería de dos circunstancias: una, que por mi calidad de subprocurador general de la República, tuve la responsabilidad de combatir al narcotráfico con todas las fuerzas a mi alcance. En esta tarea logramos importantes éxitos en Tamaulipas, donde opera el narcotraficante Juan García Ábrego, jefe del llamado Cártel del Golfo, y entidad de la que son originarios todos los involucrados en el homicidio de mi hermano. Entonces había un denominador que tenía que investigarse y que podría arrojar algo. La otra circunstancia, que también fue exhaustivamente investigada, fue el hecho de que la persona señalada por los detenidos como quien pagó por matar a José Francisco, Abraham Rubio Canales, es, como ya se dijo, consuegro de Raúl Valladares del Ángel, uno de los narcotraficantes detenidos y lugarteniente de García Abrego. Ahí se empieza a hilar esa hipótesis que no descartamos, pero que no tiene la solidez suficiente para sostenerse. Lo que en todo caso pudo haber pasado fue una conjunción de hechos. Sin embargo, nunca se abandonó este supuesto. De hecho, una de las últimas acciones que hicimos en la Subprocuraduría fue la de enviar a un agente del Ministerio Público Federal para entrevistar directamente al ex comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, quien en ese tiempo se encontraba recluido en una cárcel texana, y de quien se dice tuvo una reunión en Las Vegas, Nevada, con Manuel Muñoz Rocha el 15 de septiembre de 1994. Con mi renuncia ya no conocí el resultado de esa gestión. El narcotráfico pudo o no haber financiado el atentado, pudo o no haberse sumado a una idea, pero no fue una acción puramente de narcotraficantes. La captura en Estados Unidos del abogado Enrique Fuentes León, por petición nuestra para extraditarlo, no fue una coincidencia, lo mismo que la detención del ex comandante de la Policía Judicial Federal Guillermo González Calderoni, quien supuestamente se reunió con los homicidas de

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José Francisco en Las Vegas. Se planteaba su extradición para poder interrogar a ambos sobre su posible participación en el atentado. Aunque, repito, en este caso aún se seguía investigando cuando me separé de la PGR. Independiente de que haya habido financiamiento por parte del narcotráfico, es evidente que existían motivos políticos para apoyar a ese grupo, cuyo objetivo fue desaparecer de la política y privar de la vida a mi hermano, porque seguramente estorbaba a alguien o querían hacerle daño a una organización política, o inclusive, al gobierno y al propio presidente de la República. Por eso fue José Francisco la persona que los asesinos escogieron Por lo que respecta a la hipótesis de la venganza personal, es necesario aclarar que Muñoz Rocha no tenía ninguna relación con mi hermano José Francisco, ni elementos de reproche profundo o diferencias personales, lo que nos obliga a pensar que sí hay alguien o un grupo arriba del legislador. Esto se reafirma con las declaraciones y testimonios en el sentido de que ni el prófugo ni su secretario y operador del atentado, Fernando Rodríguez González, tienen la estatura política, la capacidad intelectual, ni la presencia en el medio político nacional para haber maquinado y llevado a la práctica este o cualquier otro atentado de este tipo. Se les califica como gente mediana, que por sí sola no podía llevar a cabo esto. Este es otro ingrediente que nos lleva a afirmar que sí existe un grupo que tiene intereses políticos, que yo no podría especificar claramente cuáles son, pero que finalmente busca presionar al gobierno para compartir las parcelas de poder y que, tarde o temprano, realizará otro atentado de este tipo, o bien ya ha hecho otras cosas en el pasado que no le hemos podido probar. Desde luego existían otras líneas de investigación sobre personas muy importantes que no se pudieron dar a conocer en ese momento, porque justamente las estábamos investigando y se harían del dominio público cuando tuviéramos, si es que las llegábamos a tener, evidencias sobre algunos de ellos. Todos los datos y nombres se derivaban de las actuaciones policiacas y ministeriales. Si los detenidos decían que un grupo político muy importante estaba involucrado, de inmediato se buscaba quien lo ratificara y tratábamos de ver quién o quiénes formaban ese grupo político, para lo cual siempre hay mecanismos, formas de analizar la información y de llegar, identificar y detener a los sospechosos. Estas fueron las otras líneas de investigación.

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La prensa habló de grupos políticos, como el de Atlacomulco, cuya cabeza, dicen, es el profesor Carlos Hank González. Durante la investigación no hubo nada que lo ligara ni directa ni indirectamente al homicidio, y en lo personal el profesor Hank siempre llevó una relación afectuosa y cordial conmigo. Se habló también de grupos como el de Fernando Gutiérrez Barrios o el de Javier García Paniagua, pero además de que no hay ninguna evidencia que los pueda inculpar, jamás hubo oportunidad de llegar a esos niveles en la investigación. Por el contrario, sí se mencionó varias veces en declaraciones ministeriales al senador Enrique Cárdenas González, por lo que para beneficio de la investigación y para dar mayor transparencia a la misma debiera tomarse la decisión política de desaforarlo y, si es el caso, proceder contra él. Posibles vínculos entre los asesinatos de José Francisco Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio Murrieta En diferentes ocasiones se me ha preguntado si existen vínculos entre los homicidios de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Siempre he respondido vínculos como tales no los podría señalar, no los tengo. No obstante, encuentro un denominador común: Luis Donaldo Colosio fue una figura que muy posiblemente sería presidente de México, joven, que anunció una serie de ideas renovadoras en el priísmo y en la vida nacional, lo mismo que José Francisco Ruiz Massieu, otro joven con ideas renovadoras, quizá también con un futuro promisorio. Fueron eliminadas dos personas de características más o menos similares. Ello, como ya lo he expresado, plantea una duda sobre la conciencia de los mexicanos: ¿Quién sigue dentro de ese mismo denominador común? ¿Existen vínculos entre los asesinos o entre los móviles? Entre los segundos sí los hay, en función de lo que las víctimas representaban y por lo que estaban luchando. Sería una coincidencia muy ingrata que a Luis Donaldo Colosio lo asesinen en marzo y a José Francisco en septiembre sin pensar que esos homicidios tienen algo en común que aún no se ha descubierto, pero que puede existir. Además siempre hubo entre los dos una relación muy cálida y de confianza que yo mismo compartí. Por otra parte, no conozco la investigación de Luis Donaldo Colosio, salvo lo que publica la prensa. Sin embargo, deben buscarse los vínculos. En su momento pregunté a la doctora Olga Islas si habría alguna conexión entre ambos homicidios y me dijo que no, pero insisto: ¿Para qué esperar un tercer crimen político?

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Sin embargo, es probable que exista el grupo al que hacen referencia y citan los inculpados del homicidio de José Francisco. Un grupo en cuyos planes estaba eliminar, por alguna circunstancia, a otras personas como Fernando Ortiz Arana y Manuel Cavazos Lerma, y generar otros hechos violentos. Habrá que investigar quiénes más eran sus próximas víctimas, por qué, para qué y quiénes eran los interesados en la muerte de esas personas. Las declaraciones de los detenidos señalan claramente que estaba planeado llevar a cabo en 1994 una serie de acontecimientos que causaran zozobra y todo ese sentimiento de inseguridad y consternación en la sociedad. En parte lo han obtenido. Lo anterior no significa que México viva una situación de criminalidad generalizada. Pero sí que ha habido serios problemas y una demanda de la sociedad sobre una mayor seguridad no satisfecha. Asesinatos como el de Luis Donaldo Colosio o el de mi hermano José Francisco se inscriben en la lógica de los crímenes estrictamente políticos; crímenes que no se habían presentado en México durante varias décadas, y quizá los distintos organismos políticos y las propias estructuras del gobierno no están preparados ni psicológicamente ni materialmente para enfrentarlos con rapidez y eficacia, por ello el temor y la desconfianza porque se diga la verdad y mi estigmatización por haberla dicho el 23 de noviembre. Yo he señalado, contra la opinión de varios dirigentes políticos, que estos crímenes fueron políticos y producto de las ideas que en su momento generaron tanto Luis Donaldo como José Francisco. Ellos se planteaban una serie de renovaciones y un papel diferente para el PRI. También buscaban la apertura democrática que le permitiera a México cambiar, y ser un México más plural y más en libertad. Creo que parte del porqué se encuentra en esa línea. Por otro lado, los cambios que ha habido en el país y en la modernización del mismo han venido afectando intereses de personas que no quieren perder parcelas de poder, y que en este caso han echado mano de la violencia para detener cualquier modernización política en México, aunque justo es reconocer que todavía la modernización política de México está muy lejos, y el hecho de que en el partido mayoritario estén personas como Ignacio Pichardo, no considerado por nadie como un renovador, o actualmente María de los Ángeles Moreno, prototipo del autoritarismo, la soberbia y la carencia de ideas, ilustra claramente esta situación. Los elementos fundamentales con que se contó para realizar estas afirmaciones son las propias declaraciones de los implicados que fueron detenidos, donde señalaban claramente que ellos recibieron instrucciones y que se les manifestó que en 1994 iba a haber una serie de sucesos que trajeran intranquilidad al país, que lo meterían 39

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en un clima de zozobra, y que harían que se sintiera una fuerte corriente de inseguridad. El objeto de todo esto era hacer de alguna manera ingobernable el país, de tal modo que pudieran aprovecharse los que han prolijado esto para hacerse de esas parcelas de poder. No creo que hayan sido crímenes cometidos solamente por un grupo con ideales, entendiendo por ideales un conjunto de ideas de cómo se debe gobernar un país. Creo que se hicieron porque había el interés de adquirir una preponderancia política de los grupos que se sentían desplazados por la llegada no necesariamente de jóvenes, pero sí de gente con una actitud renovadora y reformista. Entonces ellos, de esta forma, acudieron a la violencia. Nadie puede discutir que Luis Donaldo Colosio o José Francisco Ruiz Massieu eran dos gentes que representaban para el futuro del país la posibilidad de caminar por una política diferente, nueva, José Francisco era una gente de la política en México, con ideas muy de avanzada, muy inteligentes, con ideas propias, que había vertido en libros y en artículos. Por otra parte, las investigaciones en ambos casos fueron llevadas en forma completamente diferente, lo cual impide establecer alguna semejanza o vínculos claros entre los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, en virtud de que en la investigación sobre el caso de Luis Donaldo se ha venido hablando de un asesino solitario. En esa medida es difícil saber por qué ese asesino solitario hizo tal o cual cosa de ese tipo. En el caso de José Francisco ya no se trató de una sola persona, sino que tenemos catorce implicados procesados, que a su vez han hablado de un grupo político que estaba atrás de quien a ellos comandaba, que era el ex diputado Muñoz Rocha. De ahí pues que las investigaciones han sido diferentes, por distintas circunstancias. Sin embargo, creo que sí hay un denominador común en tanto ambos políticos eran jóvenes, con ideas renovadoras, inteligentes, que proyectaban un país diferente y que tenían una dimensión nacional que no cualquier político en México la tiene. Es decir, hay un denominador común aunque las investigaciones hayan sido diferentes y arrojan aparentemente móviles diferentes. Desconozco por tanto hoy si existe un vínculo más allá, toda vez que lo que sé de la investigación de Colosio es que se consideró que es un asesino solitario, y en el de José Francisco participa todo un grupo, por eso no podría decir que hay afinidades entre los presuntos responsables y los modus operandi de los dos casos.

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En el caso del homicidio de José Francisco, como ya lo he mencionado, en lo personal siento que el señor Manuel Muñoz Rocha no reúne las características suficientes para organizar y ejecutar un crimen de esta naturaleza, mucho menos para planearlo y para tener una dimensión del país que sólo un estudioso podría lograr, Por eso he dicho que él es un instrumento de otro grupo político. Ahora bien, en las declaraciones ministeriales, los involucrados han señalado que había otro grupo político al que hacía referencia Muñoz Rocha, y éste nada más era un instrumento. De ahí, pues, que definitivamente yo no crea que Muñoz Rocha sea el que orquestó todo esto, y que deteniéndolo se acaba el asunto. Ese hubiera sido el camino más fácil para mí. Porque si con Muñoz Rocha me hubiera decidido a terminar el asunto, hubiera recibido quizá críticas, pero me hubiese quitado de encima diversos problemas y hasta hubiese recibido importantes cargos que tanto anhelan los políticos y que a mí me importan bastante menos. Tal y como lo demostré el 23 de noviembre, presentando mi renuncia, y en mis actos subsecuentes, optando siempre por la libertad.

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Yo acuso, denuncia de un crimen político 4. La investigación interrumpida

Al renunciar a la PGR di a conocer un informe de los avances logrados en la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. No obstante, en esa oportunidad sólo pude señalar someramente en el discurso de renuncia los obstáculos encontrados durante el desarrollo de las investigaciones. Para comprender mejor la naturaleza de esos obstáculos, es necesario recapitular sobre el trabajo realizado y la forma en que éste trató de ser entorpecido y desviado de sus objetivos, hasta llegar al punto en que resultaba prácticamente imposible continuar avanzando. En este capítulo se plantean las vicisitudes que propiciaron mi separación del cargo de subprocurador y de la actividad al frente del equipo que desarrolló la investigación. Declaraciones de Daniel Aguilar Treviño La detención del autor material del homicidio, Daniel Aguilar Treviño, en el lugar de los hechos, permitió iniciar de inmediato las investigaciones y desechar la hipótesis del asesino solitario que actúa por razones de carácter estrictamente personal; toda vez que, en la ampliación de su declaración ante el Ministerio Público Federal, el homicida aceptó haber sido contratado, junto con Carlos Cantú Narváez, por los hermanos Jorge y Fernando Rodríguez González, para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, a cambio de 50 mil pesos. Daniel Aguilar Treviño, de 28 años de edad, originario de Corralejo, municipio de San Carlos, Tamaulipas, mencionó durante los interrogatorios haber recibido de manos de Carlos Cantú Narváez el arma con la que perpetró el asesinato, pero no haberla usado en ninguna ocasión antes de perpetrar el homicidio. Esta situación pone de manifiesto la falta de pericia y adiestramiento del homicida en el manejo de armas de fuego, lo que propició que sólo pudiera realizar un disparo durante el atentado, pese a tener completamente abastecido el cargador de la subametralladora Intratec, modelo Tec-9, calibre 9 milímetros, con la que ejecutó el homicidio. Asimismo, Aguilar Treviño admitió que recibía instrucciones de Jorge Rodríguez, quien planeaba los movimientos que harían ambos, junto con Carlos Cantú Narváez, para ejecutar las órdenes que les daba Fernando Rodríguez e indicó también que Jorge Rodríguez González le mostró diversas fotografías del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, publicadas en diferentes revistas, para que pudiera reconocerlo, y le instruyó la forma en que tenía que actuar para llevar a cabo el atentado y para alejarse del lugar del crimen.

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Por otra parte, señaló que fue aleccionado para, en caso de ser detenido, decir que se llamaba Héctor Reséndiz, Joel Reséndiz o José Roberto Ortega, y era originario de Acapulco, Guerrero. Al investigar la veracidad de estos datos, encontramos que dentro de la cárcel de Acapulco estuvo detenida una persona que usaba esos nombres. Entonces lo que trató de hacer el que aleccionó a Daniel Aguilar Treviño fue confundirnos para orientar la investigación por otro lado, con la evidente intención de desviar las investigaciones y fortalecer la hipótesis de la venganza personal como móvil del atentado. Con base en sus propias declaraciones, así como en las de diversos testigos del homicidio, Daniel Aguilar Treviño fue consignado y puesto a disposición de la juez decimoprimera de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Sur de esta ciudad, el 30 de septiembre de 1994. Asimismo, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente en contra de sus cómplices Carlos Ángel Cantú Narváez y Fernando Rodríguez González. Presentación y declaraciones de Jorge Rodríguez González Con base en la información proporcionada por Daniel Aguilar sobre sus cómplices y los lugares que éstos frecuentaban, el día 30 de septiembre fue localizado en un hotel de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y presentado ante el Ministerio Público Federal, como presunto coautor del homicidio, Jorge Rodríguez González, de 44 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y vecino de la misma ciudad. Jorge Rodríguez González declaró ante el Ministerio Público Federal haber contratado, por órdenes de su hermano Fernando, a Daniel Aguilar Treviño y a Carlos Cantú Narváez, en Tamaulipas, para ejecutar el atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Asimismo, Jorge Rodríguez reconoció haber realizado la compra de la subametralladora marca Intratec, calibre 9 milímetros, de fabricación estadounidense, con la que fue asesinado el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y haber planeado, junto con su hermano Fernando y la mujer de éste, María Eugenia Ramírez Arauz, el operativo para realizar dicho homicidio, en el que participarían, además de los mencionados Carlos Ángel Cantú Narváez y Daniel Aguilar Treviño, el chofer de Fernando Rodríguez González, Jesús Sánchez, y Roberto Ramírez Arauz, hermano de María Eugenia.

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El arma empleada por el homicida fue vendida a Jorge Rodríguez González por el policía rural comisionado en el poblado de San Carlos, Tamaulipas, José Pascual Álvarez, quien posteriormente fue detenido por agentes de la Policía Judicial Federal y puesto a disposición de la autoridad judicial, toda vez que reconoció haber vendido de manera ilegal dicha arma. Este episodio de la compra-venta del armamento (de segunda mano) que fue utilizado en el atentado, pone de manifiesto la escasa participación, si es que la hubo, de los narcotraficantes en la planeación y ejecución del homicidio, toda vez que ellos cuentan con verdaderos arsenales de equipo sofisticado y tienen líneas de abastecimiento de armas y cartuchos mucho más complejas que la compra de estos artículos a un policía rural. Jorge Rodríguez González aceptó también haber instruido a Carlos Ángel Cantú Narváez y a Daniel Aguilar Treviño, para que, si eran detenidos, se identificaran como originarios del estado de Guerrero, y haberles proporcionado fotografías para identificar plenamente a su víctima, a la cual siguieron durante varios días antes del atentado. Durante la diligencia ministerial, Jorge Rodríguez González aseveró que el ex diputado Manuel Muñoz Rocha fue quien instruyó a su hermano Fernando Rodríguez González para ejecutar el atentado, con objeto de evitar que el licenciado José Francisco Ruiz Massieu llegara al liderato de la Cámara de Diputados y pusiera en marcha una serie de reformas que tenía proyectadas, con las que Muñoz Rocha no estaba de acuerdo. Jorge Rodríguez González manifestó que el ex diputado Manuel Muñoz Rocha tenía una lista con los nombres de políticos prominentes a los que deberían “eliminar”, serie de reformas para modernizar por su apoyo a un al país, que “no le convienen al diputado Manuel Muñoz”. Posteriormente, Jorge Rodríguez González agregó que el entonces diputado Muñoz Rocha había dicho a su hermano Fernando Rodríguez que el propio diputado se encargaría de bloquear mi intervención, por ser hermano de la víctima, promoviendo la designación de un fiscal especial quien hablaría con el procurador general de la República y/o con el procurador general de Justicia del Distrito Federal, para que los ayudara jurídicamente y poder obtener su libertad con rapidez”, en el caso de que fueran detenidos. Estas declaraciones confirmaban plenamente lo dicho por Daniel Aguilar Treviño y ponían al descubierto la participación de políticos priístas en la conspiración, así como los nexos existentes entre dichos políticos y 44

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algunos funcionarios vinculados al aparato de procuración de justicia. También hacían evidente que uno de los propósitos de esos políticos era el de bloquear mi intervención en las investigaciones y lograr que se designara un fiscal especial absolutamente incompetente, como al parecer ha ocurrido. De esta manera, 48 horas después del atentado, se contaba ya con una hipótesis sólida sobre el móvil del mismo y se habían desechado diversos supuestos, que posteriormente trataron de ser resucitados por diferentes personas que desconocían por completo el desarrollo de las investigaciones. No obstante, esta hipótesis crispó los nervios de Ignacio Pichardo y María de los Ángeles Moreno y los llevó a cometer error tras error hasta quedar en el descrédito social en que están, al margen de que el Presidente Zedillo en el más cabal uso de las prácticas priístas les hubiera dado su premio. Declaraciones de Abraham Rubio Canales Abraham Rubio Canales, de 51 años de edad, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, quien fue señalado por Jorge Rodríguez González como el sujeto que aportó datos del licenciado José Francisco Ruiz Massieu para llevar a cabo el atentado, y que se encontraba recluido en el Cereso del puerto de Acapulco, Guerrero, cuando se perpetró éste, declaró el jueves 29 de septiembre que el diputado Manuel Muñoz Rocha “es un hombre resentido con los actuales hombres que encabezan la política nacional... (y que) se encontraba muy molesto, y no escatimaba oportunidad para externarlo, con las reformas anunciadas para el Partido Revolucionario Institucional, concretamente, con la de separar en forma clara al PRI del gobierno”, Adicionalmente, Rubio Canales expresó que “Manuel Muñoz Rocha se encontraba sumamente enojado con el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, porque era el hombre que estaba orquestando los cambios del PRI, en los que no estaban incluidas gentes como (el propio) Manuel Muñoz Rocha”; y agregó que sabía que Fernando Rodríguez González era el hombre de confianza del mencionado ex diputado Muñoz Rocha, La información aportada por Rubio Canales, que fue hecha del conocimiento público en su momento, fue utilizada posteriormente para tratar de levantar una “cortina de humo” en torno a los políticos implicados en atentado, a través de la supuesta solicitud de licencia del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

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Declaración de Jesús Sánchez Por su parte, al rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal, el viernes 30 de septiembre, Jesús Sánchez, quien trabajaba como chofer con Fernando Rodríguez González y con Manuel Muñoz Rocha, aceptó haber trasladado a los asesinos al lugar del crimen, y señaló que Fernando Rodríguez le indicó que “nada nos iba a pasar, que ningún policía o autoridad nos iba a poder detener, ya que contábamos con la protección del diputado Manuel Muñoz Rocha, que es nuestro jefe, y del mismo Fernando Rodríguez”. Con base en estos testimonios, la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal en contra de los detenidos Jorge Rodríguez González, por los delitos de homicidio calificado y transmisión de armas de fuego de uso reservado para el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; así como en contra de Roberto Ángel Ramírez Arauz y Jesús Sánchez, por el delito de homicidio calificado; José Pascual Álvarez, por la venta de armas de fuego de uso reservado para las Fuerzas Armadas, y solicitó orden de aprehensión en contra de María Eugenia Ramírez Arauz, por el delito de homicidio calificado. Por lo que respecta a Manuel Muñoz Rocha, en ese entonces diputado federal en funciones, el Ministerio Público Federal acordó solicitar a la H. Cámara de Diputados, en términos del artículo 111 constitucional, la declaración de procedencia, para que, una vez emitida ésta, se ejercitara la acción penal correspondiente. Declaraciones de Roberto Ángel Ramírez Arauz En su declaración ante el Ministerio Público Federal, el sábado 1° de octubre, Roberto Ángel Ramírez Arauz, hermano de María Eugenia Ramírez Arauz y chofer en la casa de Fernando Rodríguez González y de María Eugenia, aceptó haber participado en el complot para asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y saber que el ex diputado Manuel Muñoz Rocha tenía conocimiento del mismo, toda vez que Fernando Rodríguez González “no hacía nada sin órdenes del diputado Muñoz Rocha” Asimismo, Roberto Ángel Ramírez Arauz señaló que su hermana María Eugenia y Fernando Rodríguez le dijeron después del atentado que no se preocupara, que no le iba a pasar nada y que ellos y el jefe de Fernando, el ex diputado Muñoz Rocha, lo iban a proteger y nadie lo iba a detener.

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Declaraciones de Carlos Ángel Cantú Narváez El domingo 2 de octubre fue presentado ante el Ministerio Público Federal Carlos Ángel Cantú Narváez, de 20 años de edad, originario de Corralejo, municipio de San Carlos, Tamaulipas, y vecino de Ciudad Victoria, quien ratificó las declaraciones de Jorge Rodríguez González, en el sentido de haber sido contratado por él y por Fernando Rodríguez González para realizar el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu; participando junto con Daniel Aguilar Treviño y María Eugenia Ramírez Arauz, además de los mencionados hermanos Fernando y Jorge Rodríguez González, en la preparación del atentado, así como en la realización de simulacros previos. Carlos Ángel Cantú Narváez confirmó que Fernando Rodríguez González mantenía comunicación permanente con el diputado Manuel Muñoz Rocha, quien le daba instrucciones para la ejecución del atentado, y dijo saber que el diputado se disgustó mucho cuando se enteró de que el licenciado José Francisco Ruiz Massieu solamente había sido herido y que manifestó posteriormente su satisfacción al conocer del fallecimiento de la víctima. Declaraciones de Irving Anthony Dorrego Cirerol El domingo 2 de octubre del año en curso fue presentado, ante el Ministerio Público Federal, Irving Anthony Dorrego Cirerol, de 47 años de edad, originario de Mérida, Yucatán, con domicilio en la ciudad de México, y cuñado de María Eugenia Ramírez Arauz, concubina de Fernando Rodríguez González. En su declaración Dorrego Cirerol manifestó estar al tanto de los planes para asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu y señaló que Fernando Rodríguez le dijo que lo iban a matar por instrucciones del diputado Manuel Muñoz Rocha, porque no deseaban que “siguiera creciendo su presencia política en el país y no estaban de acuerdo con los cambios que el licenciado Ruiz Massieu estaba generando, porque afectaban sus intereses políticos y los de su grupo”, Además, Irving Dorrego afirmó que, un día antes del atentado, Fernando Rodríguez, González le había comentado que los que participarían en el atentado no tenían nada de qué preocuparse, ya que aunque los detuvieran “su jefe Muñoz Rocha vería la forma de lograr su libertad, y que a Fernando le iría muy bien cuando mataran al licenciado José Francisco Ruiz Massieu”; precisando “que había mucha protección para los que interviniéramos en el atentado”.

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Resulta muy ilustrativo que prácticamente todos los integrantes del grupo operativo contratado para realizar la ejecución del atentado creían encontrarse protegidos de la acción de la justicia por la influencia de sus jefes Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez, González, Es evidente que tanto el ex diputado priísta como su secretario lograron transmitir esa confianza a sus subalternos porque ellos, a su vez, estaban seguros de contar con la protección de personajes de muy alto rango dentro de la clase política en el poder. Esta actitud resultó aún más evidente cuando se supo que Muñoz Rocha acudió al Sanatorio Español, después de haber sido realizado el atentado, acompañado del secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Hugo Andrés Araujo. Reunión en Los Pinos El domingo 2 de octubre, fecha trágica grabada en la conciencia de los mexicanos, acudí a una importante reunión en la residencia oficial de Los Pinos convocada por el presidente Salinas, a la que asistieron el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En dicha reunión se discutió la procedencia de la solicitud de desafuero del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, que el Ministerio Público Federal había acordado presentar a la Cámara de Diputados. A pesar de la existencia de cinco declaraciones ministeriales que señalaban a Muñoz Rocha como autor intelectual y jefe del grupo que realizó el homicidio del secretario general del PRI, la dirigente de los diputados, que ya ocupaba el cargo que dejó vacante José Francisco Ruiz Massieu, se opuso terminante a que se promoviera el desafuero del presunto homicida, argumentando que dar curso a la solicitud de desafuero mancillaría el prestigio de la Cámara y la imagen del partido, y pretextando problemas técnicos para su ejecución, además de que darle un cariz político al asunto lastimaría el prestigio del PRI. Asimismo, haciendo caso omiso de todas las evidencias encontradas hasta el momento, se insistió en señalar que el crimen era producto del narcotráfico, sin aclarar nunca si se contaba con información privilegiada para sostener esa postura. El mensaje era muy claro: por una parte, no se toleraría que las investigaciones llegaran hasta el punto de involucrar a miembros de la Cámara de Diputados ni del PRI; por otra parte, este partido presionaría para que se estableciera una posición oficial sobre el crimen a la que todos deberíamos sujetarnos, sin importar que como 48

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resultado de las investigaciones, se pudiera llegar a demostrar que el móvil del atentado había sido eminentemente político. En esa reunión, después de explicar a todos los presentes los importantes avances logrados en el esclarecimiento del homicidio y la necesidad de profundizar las investigaciones, llegando hasta sus últimas consecuencias en beneficio de la sociedad, así como la necesidad jurídica de proceder en el desafuero de Muñoz Rocha, y no encontrar eco en ninguna de las partes, dije que renunciaría al cargo y a la investigación si no existían las condiciones para continuarla, pero que haría públicos los motivos de mi dimisión. Esto es importante señalarlo porque ya a cinco días del homicidio el móvil político horrorizaba a los dirigentes priístas y porque mostraba mi convicción de llegar a la verdad obligar a mentir prefería renunciar, tal y como sucedió el 23 de noviembre. Gracias a la actitud del presidente Salinas, quien me dio todo su apoyo, fue posible sortear esos primeros obstáculos y presentar la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados. No obstante, la maquinaria de la intriga en contra de las investigaciones y su titular, se había puesto a funcionar y ya nadie podría detenerla. A partir de ese momento, a cada avance siguieron nuevos enfrentamientos. La clase política priísta no estaba dispuesta a tolerar el desafío de un hombre independiente al frente de un proceso que lastimaba sus intereses. El acto gangsteril El lunes 3 de octubre, sin ningún elemento de prueba, el presidente del CEN del PRI, Ignacio Pichardo Pagaza, declaró a los medios de comunicación que el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu era un “acto gangsteril”. Con estas declaraciones, se inició la campaña de desinformación y hostilidades del partido en el poder en contra de la actuación de la Subprocuraduría. De esta manera, Ignacio Pichardo Pagaza intentó convertir el homicidio del secretario general de su partido en un hecho puramente criminal, una especie de ajuste de cuentas, y restarle todo su nivel, demostrando así su calidad moral y, sobre todo, su torpeza. Sus afirmaciones en este sentido, sin ningún fundamento, intentaron por lo menos desorientar el curso de la investigación, al descalificar a priori otras hipótesis, entre ellas la del móvil político, que desde ese momento se perfilaba como la más viable. 49

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Todos conocemos la proclividad que hay en algunos priístas por creer que se defiende a un partido negando las cosas más obvias. Cuando un secretario general del partido es asesinado y en el crimen aparecen priístas como presuntos culpables, entre ellos un diputado, que además era subsecretario de Organización del PRI, cualquier declaración en sentido contrario cae por su propio peso. Ese tipo de actitudes son las que se inscriben en prácticas añejas que es necesario erradicar. Las declaraciones de Pichardo Pagaza se explican porque, históricamente, el priísmo se ha defendido negando las cosas cuando éstas perjudican sus intereses. Aun admitiendo que cualquier partido, cualquier organización, tiene derecho a defender sus intereses cuando éstos se ven afectados, es necesario aceptar que no es posible hacer una defensa a ultranza, a sabiendas de que hay elementos que demuestran lo contrario. La sociedad mexicana es lo suficientemente madura para ver y entender las cosas, y la ética y la moral no están reñidas con la política, salvo en casos como los de Ignacio Pichardo y María de los Ángeles Moreno. Los dirigentes del PRI nunca entendieron que se estaba investigando a priístas, pero no por pertenecer a esa organización, sino por ser presuntos homicidas. Mi responsabilidad de que se aclarara ese asunto para demostrar qué políticos priístas estaban involucrados en el crimen de mi hermano, se vio frustrada en repetidas ocasiones. Declaraciones de José Martín Ramírez Arauz El martes 4 de octubre fue presentado, ante el agente del Ministerio Público Federal, José Martín Ramírez Arauz, de 32 años y originario de México, Distrito Federal, con domicilio en esta ciudad, quien manifestó ser hermano de María Eugenia Ramírez Arauz, y haber participado en los preparativos para realizar el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. En su declaración ministerial, José Martín Ramírez Arauz expresó que Fernando Rodríguez González “lo contrató para que ubicara algunos domicilios y lugares de una persona de la que le interesaba saber sus movimientos”, y que, después supo, se trataba del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

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José Martín Ramírez Arauz declaró que Fernando Rodríguez González le dijo “que preparaba un plan para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu..., porque eran órdenes de su jefe, el diputado federal Manuel Muñoz Rocha”; subrayando Fernando Rodríguez González que “iba a matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu porque su jefe lo ordenaba, ya que le estorbaba en sus intereses políticos, así como le estorbaban los cambios que se estaban haciendo y se iban a seguir haciendo en el PRI nacional”. José Martín “comprendió que efectivamente eran órdenes del diputado, ya que Fernando Rodríguez González no hacía nada si no se lo ordenaba el diputado”. Finalmente, José Martín Ramírez Arauz expresó que “además del diputado Manuel Muñoz Rocha había otras personas por encima de éste que le ordenaron la muerte del licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. El mismo martes 4 de octubre fueron consignados los indiciados Irving Anthony Dorrego Cirerol y José Martín Ramírez Arauz, por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. Declaraciones de María Eugenia Ramírez Arauz Por la tarde de ese martes 4 de octubre fue detenida, en cumplimiento de la orden de aprehensión librada por la autoridad judicial correspondiente, la concubina de Fernando Rodríguez González, María Eugenia Ramírez Arauz, de 40 años de edad, originaria de México, Distrito Federal, con domicilio en esta ciudad, luego de prever en Televisión Azteca y dar una larga, sentarse dramática y mentirosa entrevista, y de hablar telefónicamente conmigo y pedir garantías, mismas que se le dieron, al igual que a todos los inculpados, dentro del marco del derecho. Posteriormente, la detenida declaró ante el Ministerio Público Federal que “…desde hace aproximadamente tres meses, Fernando Rodríguez González le comentó ... que Manuel Muñoz Rocha le había ordenado contratar a dos pistoleros y elaborar un plan para matar a varios políticos, que tenían en una lista Fernando Rodríguez González y el propio diputado Manuel Muñoz Rocha, y que esta lista era encabezada por el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y en la misma aparecían otras personas, de las cuales la declarante sólo se enteró de los nombres del licenciado Manuel Cavazos Lerma, actual gobernador del estado de Tamaulipas, a quien proyectaban matar en marzo de 1995, y la diputada federal por el estado de Tamaulipas Laura Alicia Garza Galindo, a quien matarían después…” 51

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Asimismo, María Eugenia Ramírez manifestó que “Fernando Rodríguez González le informó … que Manuel Muñoz Rocha es muy amigo de Abraham Rubio Canales, y al parecer son compadres, y que éste, hace tres meses, le hizo llegar a Manuel Muñoz Rocha un millón de nuevos pesos para que con esto compraran armas, contrataran a personas, planearan e instrumentaran la forma de llevar a cabo el objetivo de matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. María Eugenia Ramírez Arauz precisó que “de este dinero, Manuel Muñoz Rocha le entregó a Fernando Rodríguez, en efectivo 170 mil nuevos pesos y que alrededor de dos meses después, … Manuel Muñoz Rocha entregó a Fernando Rodríguez otros 300 mil nuevos pesos, que eran parte de la cantidad señalada, mismos que depositó en una cuenta que tenía en la sucursal Jardín Balbuena de Banamex.” Posteriormente, la declarante mencionó que “el rencor en contra de Manuel Cavazos Lerma era porque Muñoz Rocha quería ser gobernador de Tamaulipas, y quería matar a la diputada Laura Alicia Garza Galindo porque lo sustituyó como coordinadora de los diputados federales por el estado de Tamaulipas y, al decir de Manuel Muñoz Rocha, las personas que aparecían en la lista estorbaban demasiado a los intereses políticos de su grupo, del que forman parte también el diputado Manuel Garza González, alias El Meme Garza,. y el senador Enrique Cárdenas González”. En relación con los preparativos del crimen, María Eugenia Ramírez precisó que “Fernando Rodríguez González, siguiendo instrucciones de Manuel Muñoz Rocha, empezó a elaborar un plan para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, por lo que contrató a su hermano Jorge Rodríguez González, quien se encargó de comprar la metralleta” con la que se perpetró el atentado, “y que además compraron una pistola tipo escuadra de calibre dos rifles de los llamados cuernos de grueso chivo, así como cartuchos de diferentes calibres, mismos que tenía Fernando Rodríguez en su domicilio particular. Que algunas armas las compró directamente Fernando Rodríguez y otras por medio de su hermano Jorge, en un poblado que se llama San Carlos, en el estado de Tamaulipas”. Agregó que “Jorge Rodríguez, por indicaciones de Fernando Rodríguez González contrató los servicios de Carlos Ángel Cantú Narváez y Daniel Aguilar Treviño, a quien conocían con el sobrenombre de El Greñas, quienes se trasladaron a la ciudad de México, hospedándose en el hotel Puebla, algunos días, y después en el domicilio 52

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de la declarante, en donde personalmente los atendía y participaba en las reuniones en las que planeaban la forma do matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. María Eugenia Ramírez señaló que “originalmente proyectaban matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu el martes 27 de septiembre, para lo cual se prepararon Daniel Aguilar Treviño, Carlos Ángel Cantú Narváez, Jorge Rodríguez González, Jesús Sánchez e Irving Anthony Dorrego Cirerol, acudiendo a las afueras de un restaurante denominado University Club de esta ciudad, en donde supuestamente iría el licenciado Ruiz Massieu y ahí le darían muerte, e incluso Fernando Rodríguez González y Manuel Muñoz Rocha acudieron a ese sitio a comer, pero como el licenciado José Francisco Ruiz Massieu no acudió a ese lugar, no se pudo atentar contra su vida...” por lo que “...el martes en la tarde, Fernando Rodríguez recibió información por parte del diputado Muñoz Rocha de que el licenciado José Francisco Ruiz Massieu asistiría a un desayuno el miércoles 28 de septiembre por la mañana al hotel Casablanca y a un edificio del PRI, ubicado a un costado de este hotel, por lo que de inmediato Jorge Rodríguez, quien coordinaba el grupo, les ordenó trasladarse a ese lugar para hacer el reconocimiento de la zona y preparar el atentado”. También expresó la declarante que el miércoles 28 de septiembre, Fernando Rodríguez González llegó muy temprano a la casa y, junto con Jorge Rodríguez González, Carlos Ángel Cantú Narváez y Daniel Aguilar Treviño, “se fueron con las armas en el vehículo marca Chrysler tipo Neón, color verde, nuevo, propiedad de María Eugenia Ramírez Arauz y de Fernando Rodríguez; Jesús Sánchez los siguió en una vagoneta Taurus, color gris, que se encuentra registrada a nombre de su hermano Roberto Ramírez, en la cual iban a tratar de huir Daniel Aguilar y Carlos Cantú, después del atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. A continuación, puntualizó en su declaración María Eugenia Ramírez “que aproximadamente a las diez de la mañana, de ese mismo día, Fernando Rodríguez le habló por teléfono … para informarle que ya le habían disparado al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, pero que las cosas habían salido mal porque habían detenido a Daniel Aguilar Treviño”. Agregando, “que ese mismo día, en la noche, en el centro comercial Perisur se encontraron ella y Fernando Rodríguez González con Jorge Rodríguez González, con Carlos Ángel Cantú Narváez y con Irving Anthony Dorrego, y que este último llevó a Jorge y a Carlos a un departamento que había rentado en Paseo de la Reforma número 380, y la declarante se fue con Fernando, quien la dejó en la casa de su hermana Luz Ángela Ramírez, ubicada en Rinconada de los Juegos, edificio Matatena 004, Pedregal de Carrasco.” 53

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En relación con la organización del grupo, precisó que “quien tenía el mando de su grupo era el diputado Manuel Muñoz Rocha, y que quien se encargaba de transmitir al grupo las órdenes del diputado Manuel Muñoz Rocha era Fernando Rodríguez González. A su vez, Jorge Rodríguez coordinaba las acciones que planeaban para el atentado, que en tareas de ubicación, seguimiento y apoyo participaban Roberto y Martín Ramírez Arauz e Irving Anthony Dorrego Cirerol, mientras la ejecución de las víctimas estaba a cargo de Carlos Ángel Cantú Narváez y Daniel Aguilar Treviño (a) El Greñas. Que Jesús Sánchez tenía funciones de chofer en operativos, además de apoyar la acción directa con la pistola de grueso calibre que siempre usaba. Que a la de la voz le correspondían tareas de apoyo y participaba en la planeación”. La indiciada aclaró que “este esquema, que era el que pensaban utilizar para eliminar a las personas de la lista, fue el que se empleó para el atentado contra el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y que además, Fernando Rodríguez González comunicaba al resto del grupo la información diaria sobre los movimientos y ubicación del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, que le transmitía diariamente el diputado Manuel Muñoz Rocha”. María Eugenia Ramírez añadió que “Fernando Rodríguez contrató a los hermanos de la declarante, Roberto y José Martín Ramírez Arauz la vigilancia de la casa del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y lo siguieran a las oficinas del CEN del PRI”. En el caso particular de Roberto, Fernando lo contrató “para llevar a Daniel Aguilar, a Carlos Cantú, y a Jorge Rodríguez...”; al propio Roberto “se le indicó que recogiera las armas el miércoles 28 de septiembre por la tarde y que se las entregara a la de la voz, como lo hizo”. Asimismo, María Eugenia Ramírez declaró “que también participó auxiliando en los hechos, Jesús Sánchez, quien era chofer del diputado Manuel Muñoz Rocha para que recogiera a Daniel y a Carlos, después de matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu y que Fernando Rodríguez González contrató a su cuñado Irving Anthony Dorrego Cirerol, para que éste lo auxiliara en el atentado...” Arraigo y aprehensión de Humberto García Abrego Con base en la hipótesis sobre la posible participación del narcotráfico en el homicidio, el martes 4 de octubre, fue presentado, ante el Ministerio Público Federal, Humberto García Ábrego, de 48 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas, con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, quien es hermano del máximo

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dirigente del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, en cumplimiento de las órdenes ministeriales libradas dentro de las averiguaciones previas números 682/ME/94 y 501/CS/92, iniciada tos contra la salud y homicidio. Humberto García Ábrego fue interrogado por el Ministerio Público Federal para aclarar su participación dentro del Cártel del Golfo, así como la presunta intervención de esta organización criminal en el asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, a partir de la consideración de que, como ya se mencionó, dicho Cártel ha recibido fuertes golpes asestados por la Policía Judicial Federal, por instrucciones mías, como subprocurador general de la República, y la vinculación familiar del presunto autor intelectual del homicidio, Abraham Rubio Canales, con Raúl Valladares del Ángel, lugarteniente de Juan García Ábrego, detenido recientemente por la Policía Judicial Federal. Gracias a las gestiones del Ministerio Público Federal, el 14 de octubre el juez sexto de Distrito, en Matamoros, Tamaulipas, decretó un arraigo de 30 días en contra de Humberto García Abrego, con objeto de evitar que pudiera evadir la acción de la justicia y ejercitar en su oportunidad la acción penal procedente. Asimismo, se libró y fue ejecutada una orden de aprehensión en su contra por delito fiscal, en virtud de la querella presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consignación de Abraham Rubio Canales Por otra parte, el martes 4 de octubre, Filiberto Chavelas Cortés, residente de Acapulco, Guerrero, que conoce a Abraham Rubio Canales y visitaba a otra persona recluida en el Centro de Readaptación Social de esa localidad, donde también se encontraba preso Rubio Canales por el delito de fraude, cometido durante su gestión como director general del Fideicomiso Acapulco, rindió una declaración testimonial ante el Ministerio Público Federal en la que afirmó que Abraham Rubio Canales había amenazado de muerte en varias ocasiones al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, debido a que, cuando éste era gobernador de Guerrero, no había gestionado la reducción de su pena. Chavelas Cortés agregó que él personalmente había informado al licenciado Ruiz Massieu de las amenazas proferidas en su contra por Abraham Rubio Canales, a las cuales nunca les dio ninguna importancia, a pesar de que él se lo reiteró en varias ocasiones, en virtud de que Rubio Canales hacía alarde de que a sus amigos en

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Tamaulipas no les resultaría difícil asesinarlo, ya que eran un grupo muy fuerte conformado por personas que se dedicaban a todo, incluso al narcotráfico. Las anteriores declaraciones ministeriales permitieron integrar la averiguación previa número 017/DGI/94 y consignar ante la autoridad judicial competente a Abraham Rubio Canales, como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado, en agravio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y asociación delictuosa, el 5 de octubre de 1994. El juez de la causa le dictó auto de formal prisión, mismo que fue apelado y posteriormente confirmado por el Tribunal de Apelaciones. Abraham Rubio Canales fue recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. Localización de Manuel Muñoz Rocha Como ya se comentó, el miércoles 5 de octubre, agentes de la Policía Judicial Federal lograron ubicar el paradero de Manuel Muñoz Rocha, en una casa de Brownsville, Texas, EUA. El propio ex diputado fue identificado cuando salía de un vehículo e ingresaba en el domicilio. A partir de ello, se gestionó la deportación o extradición del entonces diputado, y personal de la Subprocuraduría trató de establecer contacto con él para convencerlo de que regresara a su país y se entregara a las autoridades mexicanas, para aclarar su situación jurídica, toda vez que se le señalaba como presunto responsable del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y supuestamente él se había comunicado a la Cámara de Diputados para negar estas imputaciones y solicitar protección en contra de los verdaderos autores intelectuales del atentado. El jueves 6 de octubre, agentes del FBI se presentaron en el lugar donde se encontraba Muñoz Rocha y montaron una guardia en torno al domicilio, señalando que no podían detener al entonces diputado, debido a que aún no existía solicitud formal de extradición. Ante ello, personal de la Subprocuraduría General de la República inició diversas gestiones ante autoridades estadounidenses del más alto nivel, a fin de que si Muñoz Rocha no podía ser extraditado, fuera deportado, toda vez que su estancia en ese país era ilegal. El viernes 7 fue remitida a Matamoros la orden de aprehensión en contra de Muñoz Rocha, con la esperanza de poder ejecutarla al momento que éste fuera puesto en el lado mexicano de la frontera por las autoridades de EUA. 56

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Ese mismo día, por instrucciones del procurador Benítez Treviño, llegó a esa ciudad fronteriza Juan Miguel Ponce Edmonson, agregado de la PGR en California por tanto, sin atribuciones en Texas. Desde su arribo a Matamoros, Ponce Edmonson realizó su primer acto en perjuicio de las acciones de la Subprocuraduría General, al “comisionar” a su servicio al personal de la delegación de la PGR en Tamaulipas que esperaba la llegada de la orden de aprehensión contra Muñoz Rocha, que era transportada por funcionarios de la Subprocuraduría que la harían llegar a los elementos de la PJF en esa plaza. Desde luego, la intromisión de Ponce Edmonson propició una tardanza en la entrega de la orden citada a sus destinatarios, que pudo haber sido definitiva, ya que entonces la deportación (y aprehensión) de Muñoz Rocha se esperaba en cualquier momento. La intromisión de Ponce Edmonson no quedó ahí, ya que de inmediato se trasladó a Brownsville donde hizo contacto con las autoridades estadounidenses a quienes que él coordinaría la actuación de la PGR, “informó” tentando con ello desvirtuar las gestiones que ya realizaban los funcionarios de la Subprocuraduría General. Fue necesaria una firme exigencia de la Subprocuraduría para que el procurador ordenara a Ponce Edmonson retirarse del caso. El fin de semana, después de diversas gestiones ante las autoridades norteamericanas, los agentes de migración y del FBI se presentaron en el domicilio con la intención de detener a Manuel Muñoz Rocha y deportarlo a México de manera inmediata. No obstante, una señora de origen hispano les negó el acceso al inmueble, lo cual retrasó un día más la deportación; toda vez que, según explicó el FBI, los agentes norteamericanos tenían motivos legales para detener y deportar a Muñoz Rocha, pero no tenían orden para entrar en la casa en que éste se encontraba sin el consentimiento de los dueños. El lunes 10 de octubre por la mañana, los habitantes del domicilio accedieron a que los agentes norteamericanos ingresaran en el mismo, sin que se lograra encontrar en él a Manuel Muñoz Rocha parecido. El FBI explicó que durante una tormenta, ocurrida entre el sábado 8 y el domingo 9 de octubre, se dieron las condiciones que probablemente permitieron que el presunto homicida se fugara del domicilio, pese a la vigilancia establecida en torno al inmueble. Lo que nunca se supo es cómo se enteró el FBI de que personal de la Subprocuraduría se encontraba en Brownsville, con la intención de entrevistarse con Muñoz Rocha, a quien ya habían logrado identificar, cuando este 57

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operativo se habían mantenido en el más absoluto secreto. Aunque carezco de elementos suficientes para afirmarlo con certeza, para mí es claro que nuestras líneas de comunicación se encontraban intervenidas por personal del Centro de Planeación para el Control de Drogas de la propia PGR, que decidió informar al FBI de nuestras actividades, buscando que de alguna manera se frustrara la posibilidad de establecer contacto con el entonces diputado. Lamentablemente, es posible que las instrucciones del procurador, consciente o inconscientemente facilitaran la fuga de Manuel Muñoz Rocha, e impidieran que elementos de la Subprocuraduría a mi cargo pudieran comunicarse con el ex diputado. Declaraciones de los ex colaboradores del licenciado José Francisco Ruiz Massieu En otra vertiente de las investigaciones, el miércoles 5 de octubre fueron invitados a declarar ante el Ministerio Público Federal diez cercanos colaboradores del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, coincidiendo todos en expresar que no tenían conocimiento de que el licenciado Ruiz Massieu tuviera enemigos personales que quisieran causarle algún perjuicio. Esto contribuyó a disminuir la importancia de la hipótesis de la venganza personal como móvil del atentado. Dichos ex colaboradores, algunos de ellos con varios años al servicio de mi hermano, fueron invitados a declarar cuando se encontraban en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, lo cual se realizó sin mayores incidentes. No obstante, se filtraron diversas versiones a la prensa, propaladas por los propios priístas, en el sentido de que la Policía Judicial Federal había allanado las oficinas del partido. Por tal motivo, el mismo día el propio CEN del PRI emitió un boletín de prensa en el que explicaba que no había sucedido ningún allanamiento. A pesar de tales explicaciones, una semana después Ignacio Pichardo amenazaría con presentar la denuncia formal en contra de la Policía Judicial Federal por el supuesto allanamiento, con la evidente intención de intimidar a los servidores públicos que participaban en el caso, y evitar que pudieran realizarse nuevas visitas a la sede priísta. Esta era la forma en que se conducían los dirigentes priístas, con calumnias, mentiras, amenazas y desinformación, ésa fue la colaboración que mostraron Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno en la investigación del homicidio de quien fuera su “amigo” y el secretario general de su partido.

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Solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha Según las declaraciones realizadas a la prensa por María de los Ángeles Moreno, el martes 4 de octubre recibió en sus oficinas una solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha, en la que el entonces diputado federal explicaba su proceder argumentado que solicitaba licencia para comparecer ante la justicia y aclarar su situación, en virtud de que temía por su integridad física y la de su familia, toda vez que decía saber que el autor intelectual del homicidio era Abraham Rubio Canales, el cual contaba con los medios para causarle daño. De acuerdo con la versión de la señora Moreno, el documento fue recibido en su despacho particular por medio de los servicios de mensajería de la empresa DHL; mostrando como prueba de lo anterior una orden de envío dirigida a su nombre por Guadalupe López R., supuesto remitente con domicilio en Avenida de las Palmas número 850, colonia Lomas de Chapultepec, en México, Distrito Federal. Al investigar estos datos fue posible establecer que Guadalupe López R. no existe, toda vez que la persona que entregó el sobre no se identificó ante la empresa al hacer el envío, y el domicilio anotado como el del remitente coincidía con el de una casa deshabitada que tenía varios meses en venta, sin que sus propietarios ni los cuidadores del inmueble conocieran a ninguna persona con dicho nombre. En diversas ocasiones, la Subprocuraduría General solicitó el original de la supuesta solicitud de licencia de Muñoz Rocha, con el propósito de poder determinar la autenticidad de la firma del documento en cuestión; no obstante, dicha solicitud fue siempre rechazada, sin que se esgrimiera ningún tipo de razones para ello. A pesar de su evidente falsedad, la señora Moreno solicitó al entonces oficial mayor de la Cámara de Diputados, Adalberto Campuzano Rivera, que autentificara la solicitud de licencia para, con inusitada celeridad, someterla a votación al día siguiente en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sabiendo que el oficial mayor es un empleado administrativo y carece de facultades legales para autentificar firmas, así como de los conocimientos necesarios para ello, así, María de los Ángeles Moreno se burló de la manera más grotesca de los legisladores priístas. Al respecto, es necesario recordar que para entonces la Procuraduría General de la República ya había solicitado el desafuero del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, mismo al que se opuso tajantemente la entonces

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presidenta de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados, María de los Ángeles Moreno, en la reunión del 2 de octubre de 1994 en la residencia oficial de los Pinos que ya me referí. De esta manera, pese a que el remitente del sobre Que contenía esta solicitud de licencia era anónimo, la solicitud fue entregada al oficial mayor de la Cámara de Diputados, licenciado Adalberto Campuzano Rivera, quien por instrucciones de María de los Ángeles Moreno cotejó la firma y la turnó a los secretarios de la Comisión Permanente para su inclusión en el orden del día de la sesión del 5 de octubre de 1994. Habría que preguntarle al entonces secretario de la Comisión Permanente, Pedro Ojeda Paullada, abogado defensor de la señora Moreno, si no se sintió irresponsable al turnar una licencia que había llegado en esas condiciones a sus compañeros legisladores. En esa misma fecha, la Comisión Permanente autorizó la solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha, con base en un documento sobre el que no existía ningún dictamen oficial de autenticidad. Dos días después, el 7 de octubre, la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuyo titular era el entonces diputado Gustavo Carvajal Moreno, recibió el oficio número 0455/94, suscrito por el procurador general de la República, doctor V. Humberto Benítez Treviño, con el que se anexó el dictamen oficial emitido por peritos de la PGR, derivado del examen grafoscópico practicado a solicitud del propio Gustavo Carvajal. Es decir, como ha quedado de manifiesto, el dictamen se recibió dos días después de autorizada la licencia a Manuel Muñoz Rocha. Cabe señalar que Gustavo Carvajal no tenía por qué recibir el dictamen de la PGR, ya que no le correspondía a la Cámara de Diputados hacerlo, sino a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que, una vez más, violaron la normatividad del Poder Legislativo. En su declaración ministerial, rendida en noviembre de 1994, el licenciado Adalberto Campuzano Rivera, ex oficial mayor de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura, menciona que “recibió el escrito original (de la solicitud de licencia) directamente de la diputada María de los Ángeles Moreno el día 4 de octubre de este año a las 17:00 horas. Que esta funcionaria instruyó al declarante para que fuera especialmente cuidadoso, dado lo delicado del asunto”.

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Es indudable que la oficialía mayor de la Cámara de Diputados no cuenta con las atribuciones ni capacidad técnica legal para certificar la autenticidad de documento alguno. De lo anterior se desprende que la autorización de la supuesta solicitud de licencia se efectuó sin contar con el dictamen oficial que requería dicho trámite, dada la gravedad de los sucesos y culpabilidad implícitos. Asimismo, es razonable pensar que este documento es a todas luces ilegal y que se obtuvo un “peritaje” de la Procuraduría General de la República, de un documento apócrifo que no resiste el menor análisis, a fin de que no se manchara con su desafuero la Cámara de Diputados, a sabiendas de que había suficientes elementos para desaforar a Manuel Muñoz Rocha. Esta actitud es suficiente para mostrar que los priístas interesados no permitirían conocer la verdad y bloquearían todo intento por encontrarla. Al respecto cabe señalar que de haber aprobado el desafuero de Manuel Muñoz Rocha, los legisladores priístas tendrían que haber reconocido y aceptado las declaraciones ministeriales de los hasta entonces detenidos, que apuntalaban claramente la hipótesis del móvil político, y eso no lo podían admitir, ya que la verdad rebasaba su visión de las cosas. Como ya se dijo anteriormente, los documentos originales de la solicitud de Manuel Muñoz Rocha y del dictamen pericial de la misma no se integraron en el cuerpo de la averiguación previa iniciada a raíz del crimen, toda vez que no fueron proporcionados por la oficina del procurador, a pesar de que se solicitaron en dos ocasiones y existe la obligación legal de entregarlos al Ministerio Público responsable de la investigación. De esta manera, el contubernio funcionó perfectamente en agravio de la sociedad, ¿Cómo va a creer la ciudadanía en un gobierno priísta si tres de sus más altos. Representantes actúan sin escrúpulos de ninguna naturaleza? La atribución de veracidad a una solicitud falsa desorientó la investigación y provocó que se desviara una parte importante de los recursos de la misma, primero, al seguimiento del envío del escrito (que de ser auténtico habría podido conducir a la localización de Manuel Muñoz Rocha) y, después, a determinar su carácter de apócrifo. Pero además se autentificó un documento en el que se hacen graves imputaciones sobre un tercero: Abraham Rubio Canales, a quien Muñoz Rocha acusaba del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, así que Pichardo, Moreno y Benítez otorgaron autenticidad a un documento falso, y al autentificarlo se tuvieron más elementos para consignar a Abraham Rubio Canales.

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Lo más inverosímil de esa solicitud de licencia es que en ella el entonces diputado federal, Manuel Muñoz Rocha, pedía su separación del cargo para enfrentar las acusaciones que se le hacían, cuando en realidad se había dado a la fuga precisamente para evadir la acción de la justicia; de hecho, una vez otorgada la licencia él continuó escondido, como permanece oculto hasta ahora que ya terminó su periodo como legislador. De ahí que el contubernio que se dio entre el Partido Revolucionario Institucional y el procurador general de la República fuese sumamente claro. La lucha por silenciar los avances de la investigación Como es del conocimiento general, cuando se dieron a conocer las declaraciones ministeriales que mencionaban a Manuel Garza González y a Enrique Cárdenas González como integrantes del grupo político al que presuntamente pertenece Manuel Muñoz Rocha, algunos miembros de la clase política priísta, especialmente de la LV Legislatura y del propio PRI, entre los que destacaron Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno, así como Gustavo Carvajal y Miguel González Avelar, manifestaron indignación, atacaron abiertamente el sentido de la investigación, obstaculizaron e impidieron su avance, calumniaron a la Subprocuraduría General de la República, expresando que se habían allanado las instalaciones del PRI y de la propia Cámara de Diputados, y maniobraron ante periodistas de dudosa ética para iniciar una campaña que me removiera como responsable de la investigación, por supuestos impedimentos jurídicos. El 7 de octubre, Gustavo Carvajal dijo que varios diputados priístas “hemos estado exhortándolo (a Manuel Muñoz Rocha) a que se presente y aclare las cosas”. Esta declaración pretendió confundir la investigación, al presumir que Manuel Muñoz Rocha estaba localizable e incluso se mantuviera en contacto con diputados, sin proporcionar ninguna información sobre el supuesto paradero del entonces diputado con licencia, y pese a que en el expediente obraba la constancia de la declaración ministerial de la secretaria privada de María de Los Ángeles Moreno, quien manifestó haber recibido tres llamadas telefónicas el lunes 3 de octubre, en el despacho particular de la señora Moreno, de un sujeto que dijo ser Manuel Muñoz Rocha, y no da cuenta de que se haya establecido ningún enlace entre éste y los legisladores priístas.

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María de los Ángeles Moreno, a su vez, declaró el 8 de octubre que la acusación a un diputado no implicaba necesariamente una motivación de orden político, y planteó como posibles móviles la conjugación de intereses económicos con una posible venganza personal y una asociación delictuosa, como el narcotráfico. Con estas declaraciones la licenciada Moreno obstaculizó la averiguación favoreciendo el ocultamiento de los móviles del delito, ya que aun cuando en alguna parte de su declaración señala débilmente que no descarta ningún motivo, el contexto global de lo afirmado tiende claramente a ocultar el móvil real: el político, cuando María de los Ángeles Moreno ya conocía los elementos de imputación que lo apuntalaban firmemente. Sin duda, trataba de desinformar a la sociedad. Por su parte, Miguel González Avelar envió el 10 de octubre una carta al procurador general de la República -de la cual el propio González Avelar se encargó de promover su amplia difusión- en la que expresó su “extrañamiento” por la presencia de agentes de la Policía Judicial Federal en el palacio legislativo, lo cual calificó como violación al recinto y a los legisladores, cuando era evidente que siempre se había respetado ese recinto y ningún elemento de la Subprocuraduría o de la Policía Judicial había entrado al palacio de San Lázaro. No obstante, en su comunicado, González Avelar pretendió imponer una serie de reglas para futuros ingresos de la PJF al recinto legislativo, dando por hecho que la policía ya había entrado al mismo, lo cual en realidad nunca ocurrió. González Avelar generó dicha confusión al considerar que el recinto legislativo son las oficinas administrativas o las de intendencia y no el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. La actitud de Miguel González Avelar fue clara y deliberadamente intimidatoria contra los agentes que participaban en la investigación, propiciando un deterioro en su eficacia al crear en su ánimo el temor de verse acusados, lo cual se reflejó en la abstención de estos agentes para acudir posteriormente al palacio legislativo, aun simplemente para recabar un dato. Sobre las diversas imputaciones que se manifestaron informé textualmente lo siguiente: 1.

No existe ningún impedimento legal para que la Subprocuraduría General de la República coordine la investigación, independientemente del parentesco del titular con la víctima.

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Como lo reconocieron públicamente los representantes del Poder Legislativo, no se registró ningún allanamiento en el recinto de la H. Cámara de Diputados, toda vez que los agentes de la Procuraduría General de la República ingresaron a las oficinas con la autorización y el apoyo del personal de la Cámara, y fueron recibidos y atendidos por el secretario de la Comisión Permanente, sin que se registrara ningún acto de violencia ni hubiese evitado ninguna constancia de oposición a que se realizarán las diligencias necesarias.

Por ello reitero que, con afirmaciones dolosas, se trató de desprestigiar la investigación y a quien estaba a cargo, con el propósito de desvirtuar el trabajo desarrollado por la Subprocuraduría General de la República, y debilitar la hipótesis del móvil político del atentado. Aprehensión y declaraciones de Fernando Rodríguez González Paralelamente al desarrollo de la campaña de prensa emprendida en mi contra, se continuó trabajando incansablemente en la realización de las investigaciones; lo que permitió que el 10 de octubre fuera aprehendido por elementos de la Policía Judicial Federal, en un rancho localizado en los límites del estado de Zacatecas con Jalisco, Fernando Rodríguez González, de 47 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal. La detención se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por el Juzgado 11º de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, por su presunta participación en la autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Asimismo, Fernando Rodríguez González enfrentó una segunda orden de aprehensión, librada anteriormente por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, dentro del proceso 33/94, iniciado a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los delitos de contrabando y defraudación fiscal. Este mandamiento judicial se deriva de la responsabilidad de Fernando Rodríguez González, quien, en su carácter de director general de Almacenadora Sansuy, S.A. de C.V., introdujo mercancía de importación al país sin el pago de los impuestos correspondientes, así como de la responsabilidad derivada de la evasión al fisco federal, mediante engaños y maquinaciones en el ejercicio fiscal de 1990, ascendiendo el monto de la defraudación fiscal a la cantidad de 525,881.64 nuevos pesos.

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Fernando Rodríguez González, en su declaración ministerial, ratificó en toda su extensión lo antes afirmado por los demás involucrados en el atentado, que hoy se encuentran consignados y sujetos a proceso: Jorge Rodríguez González, Daniel Aguilar Treviño, alias El Greñas, Carlos Ángel Cantú Narváez, Jesús Sánchez, Roberto Ramírez Arauz, Irving Anthony Dorrego Cirerol, José Martín Ramírez Arauz y María Eugenia Ramírez Arauz, y reconoció haber sido él quien, siguiendo órdenes directas del diputado Manuel Muñoz Rocha, organizó el atentado para privar de la vida al licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Además, Fernando Rodríguez señaló la existencia de diputados federales, entre los que se encuentra Manuel Muñoz Rocha, que “tienen como propósito rescatar los puestos de dirección del país para aquéllos que han sido desplazados, sin reparar en los medios que tengan que utilizar para obtenerlo”; al respecto, indicó que desconocía los nombres de los demás integrantes, y agregó que “existe también un grupo político, del que forma parte Manuel Muñoz Rocha, que es encabezado por el senador de la República Enrique Cárdenas González y otros políticos afines, que tienen el mismo objeto que el de los diputados”. Posteriormente, Fernando Rodríguez González señaló que “en diciembre de 1993 Manuel Muñoz Rocha le indicó al exponente que el nombre de la persona a la que tenían que matar por órdenes del grupo al que pertenecía el propio Manuel Muñoz Rocha, era al licenciado José Francisco Ruiz Massieu y le ordenó establecer contacto con su hermano Marco Antonio Rodríguez González para que éste se hiciera cargo de la ejecución del licenciado Ruiz Massieu”. Fernando agregó que, por instrucciones de Manuel Muñoz Rocha, le ofreció a su hermano Marco Antonio Rodríguez González un millón de nuevos pesos para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, planeando efectuar el asesinato en la semana santa de 1994. Lo que no ocurrió así, porque Marco Antonio Rodríguez González le dijo “que la gente que había contratado se había echado para atrás y se habían ido con parte del dinero, pero que iba a contratar otras personas para que hicieran el trabajo”. Fernando Rodríguez González dijo que en el mes de junio de este año Marco Antonio Rodríguez le presentó a Claudia Santos, quien iba a organizar el atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, otorgándole diversas cantidades de dinero, por un total aproximado de 500 mil nuevos pesos, y que esta persona nunca ejecutó el trabajo y se llevó el dinero. 65

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Según su declaración, Fernando Rodríguez González, a invitación de su compadre Manuel Muñoz Rocha, salió de viaje el 15 de septiembre a Las Vegas, Nevada, EUA, hospedándose en el hotel Las Vegas Hilton, en compañía de María Eugenia Ramírez Arauz, en donde comentaron con el propio Manuel Muñoz Rocha los planes para llevar a cabo el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y decidieron que el atentado se efectuaría antes del mes de octubre. Una vez realizado el atentado, el diputado Manuel Muñoz Rocha sugirió a Fernando Rodríguez González que huyera a Francia, dado que ya tenía los boletos abiertos para París, lo que no pudo hacer porque no había gestionado su visa, por lo que Manuel Muñoz Rocha le dijo que tenía que huir, “llevándolo a su casa ubicada en Avenida División del Norte, número 619 de esta ciudad, en donde le entregó 250 mil nuevos pesos, diciéndole que después le mandaría más dinero pero que era importante que se cumplieran todos los compromisos contraídos para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, entre otros compromisos... “ Fernando Rodríguez González mencionó saber “que Abraham Rubio Canales llevaba una relación muy estrecha con el diputado Manuel Muñoz Rocha, que incluso … también participó en la preparación del atentado para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu que lo estaba apoyando en forma directa, ya que Muñoz Rocha recibió de Rubio Canales un millón de nuevos pesos ... que sirvió para sufragar el operativo”. Por otra parte, Fernando explicó que “su hermano Jorge Rodríguez González es compadre de uno de los Valladares del Ángel y que incluso el mismo Jorge Rodríguez le informó al declarante esta relación, y que además sabe que Raúl Valladares del Ángel, lugarteniente del narcotraficante Juan García Abrego, es compadre del mismo Abraham Rubio Canales”. Finalmente, Fernando Rodríguez González dijo que “el diputado federal Manuel Muñoz Rocha, en una ocasión Cue se encontraba en su domicilio con el exponente, comentó que existe una lista de personajes políticos que había que eliminar; es decir, asesinarlos, entre ellos están Fernando Ortiz Arana, Manuel Cavazos Lerma, y la diputada Laura Alicia Garza Galindo”. Con estas declaraciones quedaba firmemente establecida la culpabilidad de Manuel Muñoz Rocha, y se ratificaba el móvil político del atentado.

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Nuevas declaraciones de Ignacio Pichardo Pagaza El 13 de octubre, Ignacio Pichardo Pagaza puso en duda la responsabilidad de Manuel Muñoz Rocha y de Fernando Rodríguez González en el asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, al declarar que había “que esperar los resultados de la investigación para ver si alguno o algunos priístas en lo individual participaron en la organización de ese homicidio”; cuando ya se sabía plenamente de la autoría intelectual del atentado por parte de Manuel Muñoz Rocha, al grado de que ya se había librado una orden de aprehensión en su contra, y de Fernando Rodríguez González, quien había sido detenido y consignado ante el juez de la causa, después de haber aceptado su participación en la realización del atentado. De esta manera, Pichardo Pagaza intentó proteger a Muñoz Rocha y a Fernando Rodríguez González, infundiendo dudas sobre su responsabilidad ante la opinión pública, y desconociendo el valor de los elementos de imputación que sirvieron de base para que la autoridad judicial emitiera las órdenes de aprehensión correspondientes. Con esta actitud, desde luego, intentó también propiciar incertidumbre respecto a los resultados de la investigación. Posteriormente, el 14 de octubre, Ignacio Pichardo Pagaza leyó públicamente un documento en el que afirmó la decisión de no formular de inmediato las denuncias de hechos en contra de elementos de la Procuraduría General de la República por el supuesto “allanamiento” de la sede priísta, con el evidente propósito de dejar sentir que existía la posibilidad de formular una o más denuncias en contra de los elementos de la PGR, quienes entraron a la sede del partido como cualquier ciudadano entra a cualquier otra oficina a la que tiene acceso el público en general. Nueve días antes, el propio Ignacio Pichardo Pagaza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, había señalado con toda claridad en un boletín de prensa, emitido el mismo día de los acontecimientos, el 5 de octubre, que no hubo tal allanamiento de las oficinas mencionadas, sino únicamente una visita de un reducido grupo de agentes desarmados, en la que se invitó a los ex colaboradores del licenciado José Francisco Ruiz Massieu a rendir testimonio sobre las actividades realizadas por el funcionario, antes de la ejecución del atentado en su contra. En el comunicado de prensa del 5 de octubre se afirmaba que el subdirector de la corporación había pedido de la mejor manera auxilio a la dirigencia priísta, para que algunas personas colaboraran voluntariamente en las inda67

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gaciones sobre el asesinato. Asimismo, se afirmaba que la visita se había realizado en forma totalmente acorde a las reglas de civilidad. Es La intención de Ignacio Pichardo Pagaza al realizar estas nuevas declaraciones era la de atemorizar a los agentes que realizaban la investigación del caso, ante la posibilidad de verse denunciados, por la comisión de un supuesto delito que resultaba imposible de tipificar. Pero además la actitud de Pichardo era incongruente, toda vez que días antes había manifestado lo contrario. En el mismo documento, Ignacio Pichardo Pagaza se inconformó porque se dieran a conocer declaraciones ministeriales en forma parcial, cuando él bien sabe que por la naturaleza misma de la averiguación previa, el Ministerio Público tiene la facultad de reservarse algunos datos cuya difusión pudiera entorpecer o incluso impedir el desarrollo de la investigación. También criticó el que en determinadas declaraciones “presuntos delincuentes se refieren por su nombre a algunas personas, incluso legisladores, sin que se aporten otras pruebas, dañando así el prestigio y el nombre de unos y otros”, no obstante que Ignacio Pichardo Pagaza sabe perfectamente que esas mismas declaraciones son leídas en su integridad en audiencia pública una vez que las averiguaciones correspondientes son consignadas a los tribunales. Declaraciones de Marco Antonio Rodríguez González En sus declaraciones, rendidas el 14 de octubre ante el Ministerio Público Federal, Marco Antonio Rodríguez González, de 42 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con domicilio en Ocozocuautla, Chiapas, afirmó que su hermano Fernando Rodríguez González estableció contacto con él en enero o febrero de 1994, llamándolo por teléfono para decirle que “estaba metido en algo grueso, por lo que lo citó para verse en la calle, como efectivamente ocurrió”. En esa ocasión Fernando Rodríguez González pidió a Marco Antonio que consiguiera pistoleros para matar a una persona que era un político importante. Aproximadamente a mediados de febrero, Fernando dijo a Marco Antonio que “se trataba de asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, por órdenes diputado Manuel Muñoz Rocha, a quien le estorbaba licenciado José Francisco Ruiz Massieu en sus planes políticos”. Asimismo, agregó el declarante que Fernando Rodríguez González le aseguró que si participaba en el atentado “le garantizaban protección y que en el futuro le iba a ir muy bien, ya que el diputado Manuel Muñoz Rocha era muy poderoso y contaba con el apoyo de gente muy importante”. 68

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El propio Fernando Rodríguez informó a Marco Antonio que él “estaba cobrando al diputado Manuel Muñoz Rocha tres millones de nuevos pesos por ese operativo”, pero sólo le ofreció conseguirle empleo a cambio de sus servicios, y le prometió que posteriormente el propio Fernando Rodríguez se pondría a mano con el declarante dándole, en esa ocasión, cincuenta mil nuevos pesos. Marco Antonio Rodríguez trató de conseguir entre los trabajadores del lugar donde laboraba quien pudiera realizar el atentado, ofreciéndoles diez mil nuevos pesos, pero no logró su objetivo, por lo que se gastó los cincuenta mil nuevos pesos que le había dado Fernando, sin convencer a nadie de realizar el homicidio. En virtud de que Fernando Rodríguez lo presionaba constantemente, “exigiéndole que ya llevara a los pistoleros a la ciudad de México, el exponente le decía a Fernando que estaba trabajando en el asunto pero que necesitaba conseguir gente que no fallara”. De acuerdo con las declaraciones de Marco Antonio Rodríguez, “Fernando dijo al declarante que el operativo para asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu se tenía que hacer a más tardar durante la semana santa de este año, (por lo) que tuvo que mentirle a su hermano Fernando, diciéndole que ya tenía todo listo, y que cuando llegó la semana santa y el operativo no se realizó, y Fernando Rodríguez le reclamó, el exponente le explicó que las personas que había contratado se habían rajado, pero que iba a buscar a otras”. Marco Antonio Rodríguez refirió en su declaración ministerial, que “entonces pensó en Claudia Santos, a quien conoció desde fines del año pasado, o a principios de este año (1994), en Minatitlán, Veracruz, y con quien entabló amistad ... la invitó a participar en el atentado para asesinar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, ... porque Claudia Santos tiene un carácter fuerte y agresivo, y conoce gente que podía hacer el trabajo”. Según Marco Antonio Rodríguez, “en ese momento, el declarante sólo le dijo a Claudia Santos que se le pagaría mucho dinero por ese trabajo, ya que era por órdenes de su hermano Fernando Rodríguez González y del diputado Manuel Muñoz Rocha, quienes tenían mucho dinero y que seguramente le pagarían varios miles de nuevos pesos, y le garantizarían protección a Claudia y a quienes ejecutaran el operativo.

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De acuerdo con el testimonio de Marco Antonio Rodríguez, “Claudia Santos aceptó, por lo que el declarante vino a la ciudad de México y se lo comunicó a su hermano Fernando, quien le instruyó para que fuera por Claudia Santos a Minatitlán”, trayéndola a la Ciudad de México, a principios de junio de este año. Claudia Santos informó a Marco Antonio Rodríguez, que Carmelo Herrera Gómez “podría participar en el operativo para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, porque era de confianza, y le entraba a todo y era efectivo”, motivo por el cual Marco Antonio “le explicó a Carmelo que tenía que matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, a cambio de una muy buena cantidad de dinero, porque así lo ordenaban su hermano Fernando Rodríguez González y el diputado Manuel Muñoz Rocha, a lo que Carmelo accedió de inmediato, acordando que, en lo sucesivo, Claudia Santos recibiría las instrucciones del declarante y de Fernando Rodríguez González, y ella se las transmitiría a Carmelo”. Posteriormente, Marco Antonio Rodríguez señaló que “presentó a Claudia Santos con Fernando Rodríguez González, con quien se vieron en un restaurante que está cerca de donde está el Congreso de la Unión, y en ese lugar, Fernando Rodríguez ofreció a Claudia trescientos mil nuevos pesos para que organizara el atentado para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, lo cual Claudia aceptó de inmediato, explicando que Carmelo también participaría, encargándose de la ejecución”. Marco Antonio Rodríguez González afirmó que, en una reunión posterior, “Claudia Santos le pidió dinero a Fernando para comprar carros y armas que se utilizarían para el atentado en que matarían al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, lo que Fernando aceptó, entregando a Claudia, en esa ocasión, cerca de veinte mil nuevos pesos”. En esa reunión, “Fernando Rodríguez González les fijó al exponente y a Claudia un plazo de ocho días, a partir de que Fernando le entregara a Claudia Santos los trescientos mil nuevos pesos acordados, para que se llevara a cabo el operativo para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, lo cual ambos aceptaron”. Marco Antonio Rodríguez explicó que él personalmente le informaba a Fernando los detalles de la organización del atentado y éste llamaba al diputado Manuel Muñoz Rocha para comunicarle los avances del operativo y preguntarle si estaba de acuerdo y, cuando el diputado Muñoz Rocha lo autorizaba, Fernando le decía al declarante que “adelante” Marco Antonio Rodríguez señaló que Carmelo Herrera y su gente tenían la intención de “seguir el vehículo en que viajara el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, cuando éste saliera de su casa a 70

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su oficina, y se le iban a ‘emparejar’ para ametrallarlo”. Asimismo, agregó que él “nunca supo con precisión la fecha en que se realizaría el operativo, ni qué tipo de armas iban a utilizar en el atentado, ni cuántas personas iban a intervenir en su ejecución con Carmelo, ya que éste le decía a Claudia que no informaba estos detalles por razones de seguridad y que él se responsabilizaba de que el operativo saliera bien, aunque el declarante sí supo que usarían ametralladoras”. Cuando Marco Antonio y Fernando Rodríguez González se percataron de que Claudia Santos y Carmelo Herrera habían desaparecido, llevándose el dinero que se les entregó para realizar el atentado contra el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, Fernando le comentó a Marco Antonio “que encargaría del operativo a su hermano Jorge Rodríguez González quien vivía en Tamaulipas y conseguiría a otra gente que estuviera dispuesta a todo por menos dinero del que habían pedido Claudia y Carmelo y que también invitarían a participar en el operativo para matar al licenciado José Francisco Ruiz Massieu a personas de absoluta confianza, como son los familiares de María Eugenia (Ramírez Arauz), con lo cual el emitente estuvo de acuerdo, insistiendo en que debían ser los organizadores del atentado quienes determinaran la fecha, hora y lugar exactos en que éste se realizaría...” A preguntas expresas del Ministerio Público Federal Marco Antonio Rodríguez González respondió que “su hermano Fernando Rodríguez González le explicó que la expresión que el diputado Manuel Muñoz Rocha decía para apresurar el atentado, era ‘hay que apurarse porque los enanos están creciendo’, quería decir que políticos con poca experiencia estaban llegando a puestos cada vez más importantes haciendo a un lado a políticos con muchos años de experiencia en puestos en el gobierno, y que al diputado Manuel Muñoz Rocha lo apoyaban varios personajes que tienen muchos años en el medio político, y que el licenciado José Francisco Ruiz Massieu estorbaba al grupo al que pertenece el diputado Manuel Muñoz Rocha. Porque el el licenciado José Francisco Ruiz Massieu es el mismo que esta dándole puestos importantes en el gobierno a los enanos”. Marco Antonio Rodríguez agregó que “supo, porque su hermano Fernando Rodríguez González se lo dijo en una ocasión que estaban en su domicilio, que el diputado Manuel Muñoz Rocha y el hermano del externante tenían una lista de personas importantes a las que querían matar, de las que el declarante sólo se acuerda que estaban un señor que se apellida Ortiz Arana, que estaba como jefe en el PRI, en enero, el gobernador Cavazos Lerma de Tamaulipas, otro señor que se llama Hugo Andrés Araujo, y que ahora sabe que también iban a matar a Claudia Santos por haberse ido con el dinero” 71

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Asimismo, señaló Marco Antonio Rodríguez “que sabe por haberlo escuchado de Fernando que entre los políticos del grupo del diputado Manuel Muñoz Rocha están Enrique Cárdenas González, quien fue gobernador de Tamaulipas cuando el declarante ya no vivía ahí, y de quien Fernando Rodríguez González le comentó al exponente que fue un muy buen gobernador, (así como) otros políticos importantes y algunos diputados, pero no recuerda los nombres”. En conversaciones telefónicas con Manuel Muñoz Rocha, Fernando Rodríguez González “hacía referencias a los diputados y a los políticos grandes que estaban interesados en quitar del camino al licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. A partir de las anteriores declaraciones, aunadas a los múltiples elementos de convicción derivados de las actuaciones practicadas, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal contra Marco Antonio Rodríguez González, como presunto responsable del delito de homicidio calificado. Declaraciones de Claudia Carola Santos Cruz Con base en las declaraciones ministeriales rendidas por Fernando Rodríguez González y Marco Antonio Rodríguez González, el 18 de octubre de 1994, fue presentada ante el Ministerio Público Federal Claudia Carola Santos Cruz, de 29 años de edad, originaria de Minatitlán, Ver., con domicilio en esa ciudad, quien al rendir su declaración manifestó, entre otras, las siguientes afirmaciones. A principios o mediados de mayo, expresó Claudia Santos, “Marco Antonio me coment6 que estaba en aprietos porque su hermano Fernando le había encargado un trabajo, que consistía en matar a un político que le estorbaba y que era el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y que las gentes que Marco Antonio había con tratado se habían ido con el dinero, y ahora Fernando le exigía que se cumpliera con ese trabajo, por lo que le dije que de eso se podría encargar Carmelo Herrera Gómez, un amigo mío a quien conocí desde 1990 en Coatzacoalcos, con quien yo hablaba por teléfono cuando venía a México, y quien sabía manejar las armas y conducir bien”. Asimismo, Claudia Santos manifestó que Marco Antonio le indicó que le comentara a Carmelo Herrera que iba a recibir un buen sueldo por realizar el atentado y que “le proporcionarían ‘charola’ de la Policía Judicial comisionado a la Cámara de Diputados, toda vez que su hermano Fernando tenía muy buenas amistades y mucha relación con gente del gobierno”.

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Posteriormente, Claudia Santos señaló que presentó a Carmelo Herrera con Marco Antonio Rodríguez, “y entre éste y yo le dijimos a Carmelo que Fernando Rodríguez González necesitaba un guarura, ya que tenía serios problemas y ... necesitaba de una persona para matar a un político que le estorbaba y le había quitado puestos en el gobierno, para lo cual Fernando estaba dispuesto a pagar 200 mil nuevos pesos, a lo que Carmelo preguntó de quién se trataba, y Marco Antonio respondió que se trataba del licenciado José Francisco Ruiz Massieu”. Claudia Santos manifestó que Marco Antonio la llevó a conocer la casa del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, y posteriormente, llevaron a Carmelo a este domicilio, “con la finalidad de que conociera la casa en donde vivía el político al que tenía que matar, para que pudiera empezar a preparar el trabajo”. En su declaración, Claudia Santos explicó que, días después de la entrevista, Marco Antonio ‘le pidió que se comunicara con Carmelo ya que su hermano Fernando le había autorizado la cantidad de 300 mil nuevos pesos para pagar a Carmelo por eliminar al político de apellidos Ruiz Massieu”. Según Claudia Santos, Carmelo solicitó un adelanto del dinero para hacer las compras, que consistían en el automóvil y las armas, a lo cual Marco Antonio respondió que se lo comentaría a su hermano Fernando, y que después le daría más detalles sobre los vehículos que utilizaba el licenciado Ruiz Massieu, los lugares que frecuentaba, las salidas que tenía y su rutina de vida. Claudia Santos manifestó haber perdido contacto con Marco Antonio y con Fernando Rodríguez González desde finales del mes de junio, cuando Carmelo Herrera decidió no llevar a cabo el atentado y entre los hermanos Rodríguez González se suscitó una fuerte discusión por ello, no volviendo a saber de ellos hasta que sus nombres fueron publicados en la prensa, como probables responsables del asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. A partir de las anteriores declaraciones, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal contra Claudia Carola Santos Cruz, como presunta responsable del delito de encubrimiento, en relación con el homicidio cometido en agravio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, mismo por el que fue declarada culpable y sentenciada a la pena máxima establecida para este delito.

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Declaraciones de Carmelo Herrera Gómez El 18 de octubre de 1994 fue presentado ante el Ministerio Público Federal, Carmelo Herrera Gómez, de 34 años de edad, originario del Distrito Federal, con domicilio actual en Cuautitlán Izcalli, estado de México quien manifestó conocer a Claudia Carola Santos Cruz desde hace aproximadamente tres años, haber sido su novio y haber dejado de frecuentarla desde hace dos años aproximadamente, hasta principios del mes de junio de 1994, en que recibió una llamada telefónica, de Claudia, en la que le dijo que lo necesitaba ver, ya que “tenía un asunto”, razón por la cual hicieron una cita. Carmelo Herrera señaló que días después se entrevistó con la citada Claudia Santos, quien le presentó a Marco Antonio Rodríguez González, indicándole “había un asunto de mucho dinero”, que consistía en “eliminar a una persona por órdenes de Fernando Rodríguez González, quien era hermano de Marco Antonio”. Aproximadamente una semana después, refiere Carmelo Herrera en su declaración ministerial, “recibió de nueva cuenta una llamada telefónica de Claudia Santos diciéndole que necesitaba verlo nuevamente”, por lo que se reunieron en el mismo lugar con Marco Antonio Rodríguez González, quienes le indicaron que ya tenían que empezar a ver lo del asunto”, llevándolo al domicilio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, e indicándole que ésa era la casa de la persona “del asunto”. Según el testimonio de Carmelo Herrera, en esa ocasión Claudia Santos le entregó la cantidad de 12 mil nuevos pesos, para que comprara las armas con que realizaría “el asunto”, manifestando que previamente el dinero mencionado se lo había proporcionado Marco Antonio Rodríguez González a Claudia Santos. Con esa cantidad, Carmelo “se comprometió a comprar las armas sin indicar cuántas ni de qué tipo, y asimismo se comprometió a realizar el trabajo en no más de ocho días para lo cual necesitaba antes contar con un vehículo, mismo que le fue proporcionado a mediados del mes de junio”. Posteriormente, Marco Antonio Rodríguez González indicó a Carmelo Herrera Gómez que “su hermano Fernando Rodríguez González, quien trabajaba en la Cámara de Diputados, ... era muy influyente, (y) le envió al declarante la cantidad de 35 mil nuevos pesos, que le fueron entregados por Claudia Santos para que adquiriera el vehículo y poder realizar el trabajo”.

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Carmelo Herrera afirmó que “al realizar investigaciones referentes a la persona a la que iban a matar y de la cual fueron a ver su domicilio, confirmó, sin lugar a dudas que el licenciado José Francisco Ruiz Massieu era hermano del licenciado Mario Ruiz Massieu, quien es el subprocurador general de la Procuraduría General de la República; y entonces reflexionó sobre las complicaciones de hacer el trabajo para el que lo habían contratado, y que, no obstante que Claudia Santos le hablaba aproximadamente dos veces por semana para saber si ya iba a realizar el trabajo, toda vez que como ella misma decía la estaban presionando mucho, el declarante le daba largas, diciéndole que ya había investigado de qué persona se trataba y que resultaba muy peligroso el trabajo y que lo aguantara un poco más, mientras seguía investigando”. Carmelo Herrera explicó que “a fines del mes de junio, recibió una nueva llamada telefónica de Claudia Santos, a quien le dijo que definitivamente no se iba a hacer el asunto ya que era demasiado el riesgo por tratarse de la persona indicada, por lo que Claudia Santos le exigió que devolviera las cosas que habían comprado, esto es las armas y el vehículo, contestando el declarante que se iba a quedar con el vehículo (sin mencionar las armas, las cuales en realidad nunca adquirió) y reiterando que no realizaría el trabajo”. A partir de ese momento, según Carmelo Herrera, no volvió a tener comunicación con Claudia Santos ni con Marco Antonio Rodríguez González. Con base en las declaraciones presentadas y los múltiples elementos de convicción derivados de las actuaciones practicadas en la averiguación previa correspondiente, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal contra Carmelo Herrera Gómez, como presunto responsable del delito de encubrimiento en relación con el homicidio cometido en agravio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu; delito por el que fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima por el juez de la causa, dentro del proceso correspondiente. Cateo en la casa de Manuel Muñoz Rocha Por otra parte, al realizar la revisión del domicilio de Manuel Muñoz Rocha, en cumplimiento de una orden de cateo librada por el juez primero de Distrito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encontró en su despacho privado cocaína, así como 220 cartuchos útiles de diferentes calibres, motivo por el que fue iniciada y consignada ante la autoridad judicial la averiguación previa número 154/94/I, en contra del propio Manuel Muñoz Rocha, por delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Fin de la primera fase Con la detención de todos los integrantes del grupo operativo que perpetró el atentado en contra de José Francisco Ruiz Massieu, en un lapso de tres semanas, concluyó una primera fase de la investigación. A partir de ese momento su avance sería más lento. No obstante, hasta el último día de mi estancia en la PGR, la investigación no fue detenida, sólo cambió de ritmo. Asimismo, se inició un análisis sobre las conexiones y posibles vínculos existentes entre diferentes personas: relaciones de padrinazgos, de alianzas, de biografías; se investigaron las propiedades y cuentan bancarias de todos los presuntos involucrados, y se interrogó a las personas que estaban alrededor de Muñoz Rocha o de los otros indiciados, lo que no significaba que aquéllas fueran responsables o estuvieran implicadas, pero sí que podían aportar nuevos datos.

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Yo acuso, denuncia de un crimen político 5. La ruptura

Nuevos intentos por detener las investigaciones Después del 31 de octubre, al salir la LV Legislatura, fue posible tomar las declaraciones de los ex diputados que habían tenido una relación más estrecha con Manuel Muñoz Rocha, por haber pertenecido a la Comisión de Asuntos Hidráulicos, que él presidía, o a la diputación del estado de Tamaulipas. En atención a su carácter de ex legisladores, y para evitar mayores roces con el PRI, éstos fueron citados a través de la dirigencia de su partido, en forma especialmente amable y respetuosa, pese a que el Ministerio Público Federal tenía facultades para convocarlos e incluso dictar medidas de apremio. No obstante, por el tenor de sus declaraciones pudimos darnos cuenta de que la mayoría actuaba bajo consigna. De los 61 ex diputados entrevistados, con los cuales Muñoz Rocha compartió actividades durante los últimos tres años, sólo uno aceptó haber sido su amigo, los otros se negaron a aceptar haber tenido una relación cercana con él, más allá del trabajo, argumentando muchos de ellos las excusas más inverosímiles. Era evidente que gran parte de ellos habían sido aleccionados para declarar lo mismo. Asimismo, se invitó a declarar a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, organización en la que militaba Muñoz Rocha, obteniéndose similares resultados. Sin embargo, es importante reconocer que el secretario general de esa Confederación, Hugo Andrés Araujo, se mostró más colaborador, a pesar de su innegable y cercana amistad con el prófugo y presunto homicida Manuel Muñoz Rocha. Adicionalmente, la dirigencia del PRI demostró excesiva lentitud para expulsar del partido a dos criminales. Los procedimientos internos no pueden ser tan lentos como para impedir a Ignacio Pichardo y a María de los Ángeles Moreno proceder a la expulsión de los presuntos criminales. Los dirigentes del PRI incurrieron en una evidente omisión al no iniciar oportunamente el trámite para expulsar del PRI a Manuel Muñoz Rocha y a Fernando Rodríguez González. Son del dominio público tanto la conducta contraria a los estatutos y fines de ese partido, como la omisión cometida por sus dirigentes. Por otra parte, el dictamen en pro de esta expulsión, emitido por la Comisión de 77

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Honor y Justicia del PRI, confirmo que sí hay —y fueron del conocimiento de Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno desde los primeros días que siguieron al atentado— elementos para la expulsión, y que si ésta no se promovió oportunamente fue porque la dirigencia priísta no lo quiso. Por lo tanto, hubo incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 177 de los estatutos del PRI, al omitir presentar ante el Consejo Político del partido la denuncia de los graves hechos cometidos por Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González. Resulta pues procedente examinar y evaluar, a la luz de las normas internas del PRI, el grado de responsabilidad en que han incurrido Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno. De esta forma, a pesar de la presunta culpabilidad de Manuel Muñoz Rocha y de Fernando Rodríguez González en el asesinato del secretario general del PRI, la dirigencia de este partido mostró una morosidad y lentitud inusitadas para la expulsión de estas personas no sólo de su militancia sino de los cargos que ambos ocupaban como subsecretario de Organización y director de Evaluación, respectivamente. Esto resulta más sorprendente si se considera que el trámite requirió mayor reflexión y análisis que la propia autorización de licencia de un legislador o que el nombramiento de un presidente o una secretaria general del PRI. Véanse las penosas contradicciones. Era muy claro que los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional no permitirían jamás que se llegara al fondo de los hechos; su actitud ante el avance de las investigaciones lo demostraba fehacientemente. Cuando les manifesté personalmente a los dirigentes del PRI quiénes eran los priístas que presuntamente estaban detrás de este crimen, ellos no manifestaron su repudio al crimen ni a los criminales, sino que reiteraron su preocupación porque saliese lastimado el partido en el prestigio que aún conservaba; y pretendían, como ya se dijo, que en mi calidad de investigador y responsable de esta investigación me apartara del móvil político y utilizara de manera artificial un móvil que nada tuviere que ver con la política y que no tocara al partido. Seguramente porque estaban convencidos de que en México la procuración de justicia es una función pública que puede ser acomodada al gusto de las necesidades o preferencias de los poderosos. Nunca pensaron que alguien pudiera oponerse a sus designios. Ellos querían, como me lo dijeron a mí y como se desprende de sus declaraciones a la prensa, que se tratara de un crimen que proviniera de la delincuencia, del gangsterismo, del narcotráfico o de cualquier otra figura que no tuviese que ver con la política ni con el PRI. 78

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Ellos mencionaban una y otra vez, en discursos y en declaraciones periodísticas, que ayudarían a la investigación, cuando en verdad lo que hacían era obstaculizarla. En este contexto, los problemas surgían a cada paso, pero lo que no podían ocultar, aun cuando lo hubiese querido y hubiesen contado con mi complicidad, es que los presuntos autores intelectuales pertenecían precisamente al PRI y no eran simples militantes, sino gentes que ocupaban puestos de dirección: eran un subsecretario de Organización y un director de Evaluación del PRI los que habían cometido el crimen. De esta manera, se fueron ahondando las diferencias. Quizá el mejor ejemplo de lo que ellos quisieron y de la forma que pretendieron engañar a la sociedad mexicana, fue hacer válida la solicitud de licencia en la que su puestamente el diputado causante y organizador de este crimen pedía permiso a la Cámara de Diputados para separarse de su cargo, con un documento a todas luces falso, que no contó nunca con un peritaje en el momento en que fue votada por senadores y diputados. Este episodio de la licencia demostró que los diputados y senadores priístas al Congreso de la Unión, sabían votar pero no sabían decidir ni pensar; sabían ser cómplices de un engaño, pero no sabían contender contra la verdad. En esta fase, en que la investigación se convirtió en una lucha contra el priísmo, conté con dos apoyos fundamentales, provenientes de los partidos de oposición, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, los cuales una y otra vez estuvieron cerca de la investigación; acudieron a la Procuraduría y no sintieron que hubiere desdoro para sus dirigentes si preguntaban qué estaba sucediendo con la investigación. En tanto, el priísmo se mantenía oculto, pero de una manera obvia. Por ello manifesté a los partidos de oposición que había un contubernio, es decir, una alianza con fines aviesos, y les pedí que lo dijeran en la Cámara. En tanto, al seguir trabajando la hipótesis del móvil político seguían las fricciones y los enfrentamientos, por lo que tuve que acudir a los medios de comunicación a manifestar, una y otra vez, lo que estaba sucediendo. Pese a los acuerdos de colaboración entre la Subprocuraduría General y el PRI, que nunca fueron cumplidos por ese partido, el 15 de noviembre Ignacio Pichardo Pagaza expresó públicamente, a partir del señalamiento hecho por la Subprocuraduría General, respecto a la responsabilidad de los dirigentes priístas, lo siguiente: 1. Que exige a la Subprocuraduría General de la República probar o desmentir las afirmaciones que a continuación se enuncian: 79

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a) La existencia de un rechazo del PRI a que continuara la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Si bien este rechazo nunca se expresó de manera explícita por parte de los dirigentes del PRI, era obvio con su actitud trataban de entorpecer el avance de las investigaciones. Prueba de ello fueron los intentos por intimidar a los agentes encargados de realizar las diligencias ministeriales, los cuales fueron injustamente acusados de violar el recinto legislativo y de allanar las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; así como las declaraciones ministeriales evidentemente orientadas y poco útiles de la mayoría de los ex legisladores priístas entrevistados. b) Que el CEN del PRI se preocupa “más por defender a criminales que porque se resolviese el asunto de su secretario general”. Para demostrar la veracidad de esta afirmación, basta con recordar el tiempo que requirió la dirigencia del partido para turnar la solicitud de expulsión de Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González a la Comisión de Honor y Justicia del propio PRI, un lapso mucho mayor que el requerido para nombrar secretario general, presidente del partido y hasta candidato a la presidencia de la República. Por otra parte, como ya se comentó anteriormente, hasta el 13 de octubre, Ignacio Pichardo seguía dudando de que hubiera priístas involucrados en el homicidio de José Francisco, a pesar de las órdenes de aprehensión existentes en contra de dos funcionarios de ese partido, y de la detención y consignación de uno de ellos, que había aceptado su participación en el atentado. c) Que la petición de licencia de Manuel Muñoz Rocha no reunía los requisitos de autenticidad. Lo cual estaba plenamente probado con los peritajes y actuaciones ministeriales realizadas hasta ese momento: entre las cuales se incluían las declaraciones ministeriales de dos colaboradores del ex diputado Muñoz Rocha, que negaban la posible autenticidad del documento. d) El “presunto” contubernio entre la líder de la Cámara de Diputados y algún personaje de la Procuraduría General de la República ajeno a la investigación (que después se precisó era el propio procurador Humberto Benítez Treviño).

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Como ya se dijo, y a partir de la obvia falsedad del escrito impugnado, cuyo original (si es que existe) jamás fue mostrado a la Subprocuraduría General, únicamente este contubernio pudo hacer posible la emisión tan rápida de un dictamen favorable a los intereses de la dirigencia priísta, y sujeto a un trámite excepcional en la Comisión Permanente. Basta decir que ese mismo día se autorizaron tres solicitudes de licencia más, que —como se hace normalmente— no fueron turnadas por escrito a los secretarios de la Comisión Permanente ni sujetas a cotejo alguno. 2. Se reitera la exigencia del PRI de que se investiguen todas las hipótesis e indicios de investigación con la misma intensidad y no se dé preferencia a alguna de ellas. Una vez más Pichardo Pagaza hizo patente su propósito de bloquear una investigación que, para su infortunio (y para bien de la sociedad), no estaba ni está en sus manos. La intensidad con que se investigaban las hipótesis e indicios no estaba sujeta a negociación ni menos aún a decisiones arbitrarias. Es el grado de potencialidad de las hipótesis para conducir al investigador a la verdad lo que determina la importancia y por ende los requerimientos de atención de cada una de ellas. La sociedad mexicana sabrá juzgar con tino cuál sería ahora el estado de esta investigación si se hubiesen seguido desde el principio las “recomendaciones” de Pichardo Pagaza. 3. Se reitera la disposición del CEN del PRI a colaborar con la investigación que conduzca al castigo de los responsables, cualquiera que sea su estatus, nivel personal, profesional o político. Las reiteradas actitudes y expresiones contrarias a la investigación, puestas de manifiesto una y otra vez por la dirigencia del PRI, y de las que se han señalado antes varios ejemplos, prueban claramente lo contrario. Ellos mintieron una y otra vez al respecto. 4. Se recuerda a la opinión pública que el propio subprocurador ha reconocido oficialmente (oficios SG/229/94 y SG/239/94) la decisión del partido para apoyar los trabajos de la investigación. Son falsas estas aseveraciones de Pichardo. En los oficios referidos simplemente se observaron elementales formas de cortesía, que no implican en forma alguna un “reconocimiento oficial a la decisión del partido...”. En el primero de ellos aludimos a “las muestras de apoyo expresadas por el Partido Revolucionario Institucional a la Procuraduría General de la República en torno a la investigación del homicidio del licenciado José Francisco 81

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Ruiz Massieu”, en un intento de dar a Ignacio Pichardo la oportunidad de otorgar congruencia a su actuación con algunas expresiones favorables a la investigación (que lamentablemente quedaron en meras expresiones), y en el segundo nos referimos a “las intenciones públicamente manifestadas por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, de apoyar a la Subprocuraduría General de la República en la investigación...”; las cuales, como es ya del conocimiento público, quedaron también en simples expresiones. Por otra parte, no es cierto lo afirmado por Ignacio Pichardo Pagaza cuando dice que “los miembros del partido, del CEN y los que fueron legisladores de la LV Legislatura han estado en todo momento dispuestos a contribuir y apoyar el avance de las investigaciones”. Respecto a la actitud de la dirigencia del PRI, no ha quedado duda de cuál ha sido su real disposición. Respecto a los ex integrantes de la LV Legislatura, no es serio referirnos a “todos”, globalmente, ya que su actitud ha variado desde la franca negativa a aportar datos de utilidad para la investigación, hasta la real voluntad de colaborar. Cabe acotar que aunque en los oficios dirigidos a Ignacio Pichardo invitando a los ex legisladores a declarar no se mencionan medios de apremio, sí se hizo una clara alusión a éstos en el boletín emitido por la Subprocuraduría el 3 de noviembre de 1994. Debo señalar que el día 22 de noviembre, en virtud de que no había condiciones ya para investigar, toda vez que se había decidido apoyar en la diferentes instancias al Partido Revolucionario Institucional, decidí presentar mi renuncia; pero esta renuncia no iba a ser una renuncia común y corriente, esta renuncia en realidad era una renuncia-denuncia, en donde yo haría públicos los malos manejos que sobre la justicia se habían dado en la Procuraduría General de la República y en el Partido Revolucionario Institucional. Además, en ese documento, se iba a señalar que, en mi calidad de subprocurador general de la República y de Ministerio Público Federal, se había abierto una averiguación previa en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional, de la secretaria general de este partido y del procurador general de la República. La Averiguación Previa 031/DGI/94: elementos de prueba Con elementos suficientes y debidamente integrados, el 22 de noviembre de 1994, la Subprocuraduría General de la República inició una averiguación previa, la 031/DGI/94, en contra de María de los Ángeles Moreno y otros dirigentes del PRI, por haber tratado de desviar el curso de las investigaciones, en contubernio con altos funcionarios de la Procuraduría General de la República. 82

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En el acuerdo de inicio de la averiguación previa se señalan, entre otros aspectos, la existencia de dos dictámenes realizados el 11 de noviembre de 1994, por sendos peritos en grafoscopía, grafoanálisis y documentoscopía, reconocidos y autorizados para el ejercicio de esta función por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los que se expresa claramente que la firma de la solicitud de licencia del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, que fue discutida y aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 5 de octubre de ese año, es falsa, toda vez que muestra en su desarrollo un distinto carácter gráfico, un distinto concepto autográfico y un distinto comportamiento, en relación con la verdadera firma de Manuel Muñoz Rocha por lo que se concluye que dicha firma no proviene de la misma grafía que ejecuta con su puño y letra Manuel Muñoz Rocha. Asimismo, se incluyen en el mencionado documento las copias de los dos oficios emitidos por la Visitaduría General, los días 12 y 21 de octubre de 1994, en los que se solicita al procurador general de la República la copia certificada del dictamen emitido por peritos de esa institución autentificando la firma que aparece en la solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha; mismo que el procurador estaba obligado, por ley, a poner a disposición del Ministerio Público encargado de la investigación, en este caso la Visitaduría General, y que no obstante nunca entregó. Por otra parte, como consta en el acuerdo de inicio, también se integraba a esta averiguación previa la declaración ministerial rendida por el ex oficial mayor de la Cámara de Diputados, Adalberto Campuzano Leyva, en la que el ex funcionario reconocía haber realizado el cotejo de la firma de Manuel Muñoz Rocha, registrada en diversos documentos que obraban en su poder, con la firma que aparecía en la mencionada solicitud de licencia, sin tener facultades ni los conocimientos técnicos para ello, por instrucciones de la licenciada María de los Ángeles Moreno, reconociendo no estar seguro de que el escrito haya sido firmado por Manuel Muñoz Rocha, y que al cotejar las firmas sólo se percató que había similitud o parecido entre la firma cuestionada y algunas de las que ya existían en sus archivos. Con estos elementos, entre otros, el contubernio entre María de los Ángeles Moreno, quien turnó la solicitud de licencia falsa a la Comisión Permanente para su aprobación, y el procurador general de la República para hacer válida dicha solicitud, resultaba evidente.

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Con asombrosa rapidez se cubrió el trámite de solicitud de dictamen a la PGR, la elaboración de un peritaje inmediato y “orientado” hacia el sentido que convenía a la dirigencia del PRI, y la remisión del mismo a la Cámara de Diputados que en forma expedita autorizó la licencia; dos días antes de recibir la autentificación oficial y justo cuando legisladores de oposición externaron dudas sobre la autenticidad del escrito. Esto sólo pudo hacerse en contubernio entre la actual presidenta del PRI, que cuidó que el trámite corriera rápido y favorablemente a sus intereses, y un funcionario mayor de la PGR que proveyó la emisión del dictamen en iguales términos. Además, cabe recordar que el escrito llegó por mensajería, el remitente es inexistente y el domicilio falso. La presidencia de la Cámara de Diputados no tomó la mínima medida de seguridad para cerciorarse de que el escrito efectivamente proviniera de Manuel Muñoz Rocha. En la averiguación previa 031/DGI/94 están integradas las constancias de las actuaciones ministeriales que fueron practicadas en el supuesto domicilio del remitente, en las oficinas centrales de DHL y en la sucursal Polanco de esa empresa, en la que se recibió originalmente el sobre con el escrito. En estas actuaciones se confirma que el domicilio señalado en la guía corresponde a una casa que está en venta desde hace varios meses, y que habitantes) del mismo jamás han visto los encargados a nadie que se llame Guadalupe López R. Asimismo, la persona que entregó el sobre en DHL no se identificó. De esta manera, ante tantos elementos que apuntan hacia la falsedad de la solicitud de licencia supuestamente firmada por Manuel Muñoz Rocha, está claro que los peritos de la PGR que calificaron de auténtica la firma de dicha solicitud incurrieron presuntamente en el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 247 fracción I del Código Penal Federal, por haber faltado a la verdad en el ejercicio de sus funciones; lo cual se deduce de la ostensible falsedad del escrito. Procede citarlos a declarar dentro de la averiguación previa y en su caso ejercer acción penal en su contra. María de los Ángeles Moreno, por su parte, incurrió presuntamente en el delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 246 fracción VII del Código Penal, ya que a sabiendas de su falsedad hizo uso del documento. Por ello resultaba procedente iniciar una averiguación previa, en la que debe ser citada a declarar y en su caso proceder a solicitar su desafuero.

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El entonces procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño, a su vez incurrió presuntamente en ese mismo delito, en los términos del artículo 13 fracción I del Código Penal Federal, ya que acordó y preparó su realización; y también es presunto copartícipe en el de falsedad cometido por los peritos, en relación con la fracción V del mismo artículo 13, ya que dolosamente determinó a los peritos a cometerlo. Por tal motivo, era procedente también iniciar una averiguación previa en su contra. Habría que determinar el grado de participación del entonces director general de Servicios Periciales, quien formalmente funge como mando intermedio entre el procurador y los peritos, y citarlo a declarar para esclarecer su participación en estos hechos. El ex oficial mayor de la Cámara de Diputados, incurrió presuntamente en el delito de falsificación de documentos, previsto en el artículo 244 fracción VIII del multicitado Código Penal, ya que dio testimonio de un documento que carece de los requisitos legales suponiendo falsamente que no carece de ellos. Sería necesario citar nuevamente a declarar al ex oficial mayor, y en su caso ejercer acción penal en su contra. Por otra parte, como ya apunté, el peritaje sobre la firma de Muñoz Rocha, rendido por peritos de la PGR, nunca fue entregado a la Subprocuraduría General, encargada de la investigación. Se trata de una grave omisión que dificultó seriamente la integración de la indagatoria y la administración de la justicia. Con esta actitud, el ex procurador incurrió presuntamente en el delito contra la administración de justicia previsto en el artículo 225 fracciones VII y VIII del Código Penal Federal, ya que su omisión produjo ventajas indebidas por lo menos al inculpado prófugo, y retrasó y entorpeció la administración de justicia. La situación estaba clara: la supuesta solicitud de licencia de Muñoz Rocha era falsa, el dictamen de la PGR que la calificaba de auténtica había sido apresurado y puesto fuera de la vista del subprocurador general a cargo de la investigación. Los legisladores habían hecho el ridículo gracias a la hoy presidenta del PRI. Había dos dictámenes oficiales que declaraban falsa la firma de la supuesta solicitud, además de que los más cercanos colaboradores de Manuel Muñoz Rocha la habían tachado también de falsa en sus declaraciones ministeriales y de que el Ministerio Público había constatado que se usó un nombre ficticio para remitir la solicitud apócrifa, Se había torcido el camino de la justicia; se había protegido al presunto criminal Manuel Muñoz Rocha —cercano ex colaborador de la señora María de los Ángeles Moreno que todavía en septiembre comentaba a amigos de 85

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con fianza que tenía asegurado un puesto en el DDF, donde la señora Moreno sería regenta con el nuevo gobierno—, se había obstruido la investigación del caso Ruiz Massieu y no se había querido llegar al grupo político que ordenó el asesinato. El contubernio estaba a la vista y por eso ordené que se abriera una averiguación previa que involucraba a Ignacio Pichardo, presidente del PRI; María de los Ángeles Moreno, secretaria general del PRI, y Humberto Benítez Treviño, procurador general de la República. Iniciar esa indagatoria era un deber insoslayable para dar cumplimiento a la obligación que la ley marca al Ministerio Público de investigar de oficio (es decir, sin querella o denuncia) los delitos de que tenga conocimiento. De no haberse abierto dicha averiguación, en cambio, sí se hubiese cometido un delito contra la administración de justicia. Cabe señalar que, como consta en el acuerdo de recepción de documentos y en el acuerdo de inicio de la averiguación previa 031/DGI/94, dicha indagatoria estaba integrada por dictámenes periciales, declaraciones rendidas ante el Ministerio Público Federal y diversas actuaciones ministeriales, y no por recortes de periódico, como se mencionó en la prensa, en un claro intento por desprestigiar la actividad desarrollada por la Subprocuraduría que estaba a mi cargo. Por otra parte, si bien no fue posible terminar de integrar la averiguación previa, para consignarla ante las autoridades judiciales correspondientes, sí se señalaron muy claramente en el acuerdo de inicio las actuaciones ministeriales y demás diligencias que deberían ser practicadas para su cabal integración, por lo que resulta contrario a las disposiciones legales tratar de archivar la indagatoria, aduciendo que no existen suficientes elementos, sin haber practicado las actuaciones que quedaron pendientes, como lo ha intentado hacer la Procuraduría General de la República. La renuncia-denuncia En este contexto, el 23 de noviembre de 1994 presenté públicamente mi renuncia a la Subprocuraduría y a la investigación, señalando explícitamente los motivos de mi actitud. En esa ocasión, además de describir los resultados de la actividad desarrollada para esclarecer el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, expresé, entre otros, los siguientes conceptos:

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El crimen del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario Institucional, conmocionó a la sociedad mexicana, que de inmediato demandó el total esclarecimiento de los hechos y un justo castigo para los culpables. El desarrollo de las investigaciones permitió, en tan sólo tres semanas, descubrir una conspiración en la que participaban por lo menos quince individuos, que pretendían ejecutar a varios personajes políticos. Para el logro de este fin, fueron iniciadas nueve averiguaciones previas; se revisaron 44 inmuebles en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas y el Distrito Federal; se recabaron 222 declaraciones ministeriales, y se practicaron diversos peritajes y actuaciones ministeriales. Durante el desarrollo de las investigaciones, no obstante los reiterados pronunciamientos en favor de su profundización para llegar hasta sus últimas consecuencias, se registraron planteamientos que cuestionaron la actuación de la Subprocuraduría General de la República, aduciendo una supuesta incompetencia de su titular por ser hermano de la víctima; asimismo, se acusó calumniosamente a la Policía Judicial Federal por el presunto allanamiento del recinto de la H. Cámara de Diputados y de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. El papel valiente que ha tenido la prensa como gremio en defensa de la información veraz a la sociedad, habla de su importancia, sin embargo, debo decir que hubo algunos escritos de columnistas —los menos, por cierto— que a mi parecer mostraron mezquindades en un trance difícil, sacrificando la imparcialidad de su actuación profesional y distorsionando los hechos en aras de ajenos intereses; quiero pensar que ello fue producto de la confusión y que sus erradas apreciaciones serán corregidas por las evidencias disponibles y por su propio razonamiento. Al respecto, es necesario aclarar, como oportunamente se hizo, que no existía ningún impedimento legal para que la Subprocuraduría General de la República coordinara la investigación de los hechos, independientemente del parentesco que existió entre su titular y la víctima; el hecho de que un funcionario superior preste sus servicios en el órgano administrativo de procuración de justicia no debe impedir o limitar la persecución del delito por existir interés personal, ya que ante todo, la esencia del Ministerio Público es ser el garante o protector de los intereses de la sociedad en su conjunto. Es evidente que la intervención de la Subprocuraduría General de la República en la investigación del atentado, representó enormes ventajas para el esclarecimiento del crimen; toda vez que pudo desarrollar las pesquisas a 87

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nivel nacional, al tener delegaciones, agencias del Ministerio Público Federal y Policía Judicial Federal en todo el país, lo que permitió detener a los involucrados en el Distrito Federal, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. Soy y he sido respetuoso de la ley, lo hago como imperativo ético y humano, como servidor público he actuado siempre de buena fe, por ello no me prestaría a ejercer un papel para el cual existiera algún impedimento de tipo legal. Actué bajo la autorización plena del titular del Ejecutivo, del cual depende directamente la institución, quien se manifestó como defensor del bien social con su apoyo decidido y sin cortapisas para el esclarecimiento de un caso prioritario para la salud de la Nación. Con el interés, fuerza y rectitud con que el presidente Salinas siguió el curso de las investigaciones, nos mostró su calidez humana, amplitud y largueza de miras como conductor del país, cobijando todas sus acciones al amparo constitucional. Hubo quienes con afirmaciones dolosas, trataron de desprestigiar la investigación y a quien estaba a su cargo; con el propósito de desvirtuar el trabajo desarrollado por la Subprocuraduría General de la República, y debilitar la hipótesis del móvil político del atentado. No fue variable determinante el que algunos de los personajes que quebrantaron la ley tuvieran antecedentes políticos; nos guiamos por la magnitud de los hechos, la claridad de la denuncia social y la evidencia de las pruebas en su contra; a pesar de la oposición que encontramos, nada nos arredró y seguimos adelante intentando llegar hasta las últimas consecuencias. Con sentido pragmático y haciendo acopio de la ciencia y técnica policiaca y jurídica nos dedicamos a buscar a los culpables del hecho material y de aquellos que lo concibieron intelectualmente, así como de quienes lo sufragaron; sin ningún afán de detener inocentes o de vengarnos obstinadamente por lo pasado, sino el de poner a disposición de la autoridad para aplicar el rigor de la ley, a quienes desviados del sentir nacional usaron el crimen como recurso para lograr turbios fines. A pesar de las obstrucciones, se lograron importantes avances en un tiempo breve; éstos fueron posibles gracias al apoyo firme y decidido del presidente Salinas, así como a la legítima demanda de la sociedad, expresada en forma personal y a través de los medios de comunicación, de esclarecer el origen del atentado.

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Al principiar la investigación fuimos testigos de una filigrana de encuentros y desencuentros que nos han permitido vislumbrar nuevas perspectivas para la nación, porque hemos podido observar que existe ahora una sociedad más dinámica y participativa. Nos abocamos conscientemente a buscar explicaciones al crimen y su origen, a identificar las fuerzas que lo decidieron y nos dimos cuenta, entre otras cosas, de que con la participación de todos podemos apaciguar y eliminar la violencia como fuerza integrante de nuestros procesos políticos y sociales. En este sentido, es indispensable reconocer de manera muy relevante el apoyo y la solidaridad brindados por el Partido Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, así como de algunos, muy pocos por cierto, priístas dignos y libres, para profundizar las investigaciones; también debo agradecer las muestras de preocupación y afecto de los más diversos sectores sociales. Gracias a ello pudimos superar tensiones y dificultades. La sociedad mexicana en su conjunto exige un país donde los ciudadanos tengan plena convicción de que la ley estará siempre del lado de la razón. En este sentido, nos ha preocupado el proporcionar a los mexicanos información oportuna y veraz sobre los hechos que competen a este homicidio, aun cuando me haya apartado de la disciplina y ortodoxia de las más conservadoras prácticas de la política mexicana, en donde, sin reglas escritas, no se permite expresar libremente a la sociedad la verdad de lo acontecido. En este sentido, tenga plena seguridad la sociedad mexicana de que una y otra vez informaré de todas las cosas que sean de interés general de los mexicanos. Sobre éste y cualquier crimen político que se dé en México, y del cual yo tenga información, la haré pública en la medida en que no afecte las propias investigaciones. Entiendo que a la sociedad mexicana le interesa conocer el porqué y el para qué de muertes tan inútiles y aberrantes como las de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ambos jóvenes, idealistas, renovadores anhelantes de un país más libre y democrático; hombres de ideas, murieron por ellas. Es claro, y así lo percibió la sociedad mexicana, que pese a las reiteradas manifestaciones de la clase política en el poder en favor del esclarecimiento de los hechos, existe una profunda reticencia en amplios sectores de dicha clase política por conocer la verdad, que pretende encubrir la participación de diversos personajes vinculados de una u otra manera con los autores del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu y que se expresa claramente en las actitudes declaraciones de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. 89

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Estas actitudes y declaraciones, que en nada benefician los avances de la investigación ni el desarrollo democrático por el que propugnamos la mayoría de los mexicanos, provienen de sectores que no han entendido que el pueblo de México ha expresado claramente en la urnas, en los comicios del 21 de agosto de 1994, su voto por la paz y el diálogo, definiendo de esta manera el camino hacia la democracia. Empero, hay quienes se empeñan en recurrir a la violencia como única vía para dirimir sus diferencias. Estos sectores deberán ser erradicados de la escena política nacional, a fin de garantizar un clima propicio para el avance del país, en un ambiente de concertación, con respeto a las discrepancias. Los crímenes cometidos en contra de José Francisco Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio no deben ser el presagio de nuevos atentados. Es por ello que se tiene la obligación política, jurídica y moral de esclarecerlos plenamente y consignar a todos los responsables, llegando hasta las últimas consecuencias, evitando de esta forma que la impunidad sea un estímulo para la delincuencia, dentro de la vida política nacional. No actuar de esta manera pondría en grave riesgo tanto la integridad física de destacados ciudadanos que se han caracterizado por sus posiciones políticas de avanzada, su compromiso con la democracia y su búsqueda de caminos viables para fortalecer la pluralidad en la vida política del país, como la vigencia de las instituciones, que se verían permanentemente afectadas por la amenaza de la violencia. La primera responsabilidad de un gobernante es la de proteger a la ciudadanía de la violencia, garantizando la seguridad de la población. Este compromiso sólo podrá ser cumplido en la medida en que se preserve el Estado de derecho y se mantenga el imperio de la ley, por encima de los intereses personales o de facciones. La sociedad reclama el justo castigo para quienes atentan contra la paz pública. Dar satisfacción a estas demandas, debe ser la mayor preocupación del gobierno de la República, en virtud de que la aplicación de la justicia constituye un requisito indispensable para arribar al país que todos deseamos: un México democrático, plural y libre; respetuoso de la diversidad política; donde las leyes se cumplan cabalmente con plena conciencia cívica; próspero y solidario; con desarrollo y justicia social. Es lamentable que en México algunos políticos no entiendan que el país ha cambiado y requiere de que se echen a un lado prácticas corruptas, malsanas y aun criminales. En su conciencia llevarán sin duda el peso de

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los crímenes políticos que se sigan presentando en México y la descomposición política y social de nuestro país, contra lo cual muchos mexicanos lucharemoş para evitarlo. El año de 1994 marcará políticamente la historia de México, un año en el que se registran los homicidios del candidato priísta a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, asesinatos que cuando menos debieran servir para acelerar el paso a la democracia y para que ésta permee a todo el país. Por primera vez en varios decenios, ha corrido la sangre de políticos, políticos jóvenes, que representaban una gran esperanza para nuestro país; en relación con su injusto sacrificio, debemos abocarnos a la tarea de no permitir que la impunidad se mantenga, ése fue nuestro deber y objetivo desde que asumimos nuestra tarea en la Subprocuraduría General de la República. Lamento como funcionario, como ciudadano y como persona que la violencia haya cobrado estas vidas valiosas para el país; confío en que sabremos confrontar y vencer los oscuros intereses que pretenden irrumpir en la vida nacional. Esperamos que el nuevo gobierno de la República actúe en el mismo sentido, en búsqueda de la verdad y no sea doblegado por la clase priísta en el poder para impedirle llegar al grupo político que indudablemente estuvo y está atrás del crimen de José Francisco Ruiz Massieu. El informe de la primera parte de la investigación del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario Institucional, así como los documentos de dicha investigación, serán entregados ante notario público en el momento adecuado y contienen, entre otros documentos, las pruebas en contra de Ignacio Pichardo Pagaza, de María de los Ángeles Moreno, en cuyo caso, existen evidencias suficientes para desaforarla y consignarla como presunta culpable de diversos delitos, por ello, el Ministerio Público Federal inició la averiguación previa número 031/DGI/94, y de Humberto Benítez Treviño, procurador general de la República, con el que entraron en contubernio. Están a la vista y permitirán al presidente electo instruir a las nuevas autoridades que designe para proseguir con la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias sin dilación alguna. La sociedad lo exige, la familia Ruiz Massieu lo demanda y la justicia lo obliga.

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Asimismo, deseamos que el Partido Revolucionario Institucional no permita que los priístas se maten unos a otros, como este crimen evidencia, y que, de ser una agencia administradora de esperanzas y complicidades, se convierta en una organización política al servicio de la democracia y la justicia. Reiteramos el absoluto apoyo del presidente Carlos Salinas, que con emoción, afecto, interés y preocupación mantuvo siempre una cercanía conmigo como responsable de la investigación. Apoyo que no sólo consistió en discursos sino en acciones muy concretas a favor de que pudiese avanzar rápido y eficazmente. Mi reconocimiento permanente a su calidez. El apoyo presidencial se agiganta si se compara con lo pusilánime del comportamiento de funcionarios que por ley deberían estar atentos a dicha investigación. Por último, tengamos claro que no podremos llegar a ser un pueblo vigoroso si no cultivamos, repensamos y practicamos necesidades supremas, como son la seguridad y la justicia. De igual manera será inútil su consecución si no reformamos políticamente a la nación. Sólo lo podremos realizar si fortalecemos e impulsamos un ambiente propicio para la libertad y para las prácticas democráticas. Quiero comunicarles que el día de hoy por la mañana he acordado con el C. presidente de la República presentar mi renuncia al cargo de subprocurador general de la República y con ello a la investigación del homicidio de mi hermano ejecutado, a fin de que el presidente electo decida quien de su confianza continuará en esta tarea. Estoy satisfecho porque supe distinguir en todo momento entre la razón y la emoción, porque supe enfrentar los embates de priístas para que la investigación no continuara, porque rompí el molde de los usos y las prácticas abyectas de no hablar sin autorización, porque me aparto de la investigación cuando la primera parte está terminada y la segunda requiere de decisiones políticas que me sobrepasan. Tuve que enfrentar al PRI y lo hice, sin embargo, pudo más la clase política priísta que la voluntad de un presidente, pudo más la clase política priísta que la decisión de un presidente, pudo más la clase política priísta que la justicia y la verdad que buscaba un presidente. He cumplido como funcionario y como ciudadano, he sabido enfrentar con entereza la muerte de un hombre cuyo talento político no fue perdonado, he sabido señalar a quienes obstaculizaron una y otra vez la investigación, ellos obtendrán seguramente un cargo público el próximo primero de diciembre, porque canjearon su 92

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dignidad y su conciencia por ello. Lo que nunca se olvidará y se registrará en la historia de México es la actitud que asumieron ante las investigaciones para esclarecer el crimen de quien fuera secretario general del PRI. Quiero dejar claro que renuncio por un acto de dignidad, porque no existen las condiciones para avanzar, porque las investigaciones estaban siendo frenadas y porque no puedo ser cómplice de una situación en la que se determinó apoyar a quienes opusieron resistencia y en consecuencia nunca llegar al fondo de la investigación. Como lo he dicho, este es el momento de las decisiones políticas y no de las investigaciones policiacas. El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu, a uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priísta se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. La reacción Una vez presentada la renuncia entregué, de manera relacionada y ordenada, toda la documentación que obraba en mi poder y pedí que para darle mayor transparencia a esa investigación que dejaba trunca se abriera ante notario público, con el objeto de que fueran las nuevas autoridades de la PGR quienes continuaran su integración. Sin embargo, de manera presurosa, en forma alevosa, ventajosa y por demás al margen de la justicia, se abrió justamente por los implicados, por el propio procurador general de la República y se dio el gravísimo precedente de que un procurador resolviera sobre la culpabilidad o inocencia de sí mismo, que él valorara las pruebas y él declarara públicamente que esas pruebas no eran suficientes. Yo pregunto: ¿Esa es la justicia que merece un México pacífico y ordenado? ¿Ésa es la justicia que merecen los mexicanos? Es importante acentuar que las pruebas, como cualquier elemento probatorio, se encontraban en el expediente correspondiente en la propia Procuraduría General de la República y no las tenía yo, como con profunda ignorancia repetían hasta el ridículo los dirigentes priístas y el propio procurador general de la República, quien rayó en el absurdo y la tontería, así como legisladores y periodistas que sólo exhibieron públicamente su torpeza. De esta manera, al separarme del cargo, poniéndome a distancia de la Procuraduría General de la República y del Partido Revolucionario Institucional, los dirigentes de este partido, en contubernio con el procurador general de la República, que por coincidencia había sido empleado durante toda su vida del presidente del Partido Revolucionario Institucional, determinaron que no había pruebas suficientes y mandaron, como acostumbran, 93

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a toda su maquinaria a buscar aplastar la voz y los dichos de un ex subprocurador, las prácticas y los usos del priísmo no habían cambiado en absoluto. En 1994, México era otro, pero el Partido Revolucionario Institucional seguía siendo el mismo de 1929, el tiempo no había pasado para ellos; uno a uno desfilaron sus diputados y sus senadores para hablar con violencia en contra de un ex subprocurador, para cuestionar la actitud de un simple ciudadano, que no tenía ya más tribuna que la que los propios medios de comunicación, las universidades y los ciudadanos quisieran darle. Pagaron no uno sino muchos desplegados apoyando a sus dirigentes, y digo dirigentes porque decir líderes sería hacerles un favor que no merecen, dirigen, ordenan, dan instrucciones a los militantes priístas, pero no les permiten pensar; ellos los obligan a abdicar hasta de la posibilidad de decidir. La culpa, finalmente, no es sólo de esos dirigentes, es también de los propios militantes priístas que entran a esa maquinaria de esperanza y de complicidad en busca de puestos públicos, no para servir a la sociedad, sino para servirse a sí mismos. Toda esa maquinaria fue utilizada para tratar de desacreditarme, y yo me pregunto, con plena convicción y serenidad: ¿Será necesario gastar tanto dinero, será necesario gastar tanto tiempo, será necesario pagar salarios a esos diputados y senadores para hablar mal de una persona que únicamente buscaba la verdad y que únicamente dijo la verdad? ¿Qué no hubiera sido más útil utilizar esos recursos en los que menos tienen; en favor, por ejemplo, de los indígenas de Chiapas, por los que aparentemente se rasgan las vestiduras? Estas son las contradicciones del priismo y del país de nuestros días, encadenado en la simulación y la ignorancia. El ejemplo más claro de esta actitud priísta fue el de convenir la publicación y el pago de un desplegado con la firma de Armando Ruiz Massieu, presidente de una supuesta Federación de Médicos al Servicio de México creyendo que si firmaba mi hermano me causarían un daño enorme, porque en dicho desplegado se apoyaba al PRI; jugaron a aparentar que la familia me aislaba, pero Pichardo y Moreno se equivocaron otra vez, todo el mundo supo que el desplegado era pagado por el PRI, y por tanto la dirigencia de ese partido hacía una vez más un gasto inútil y se exhibía como oportunista. Adicionalmente, tanto Ignacio Pichardo Pagaza como María de los Ángeles Moreno se presentaron por primera vez en las oficinas de la Procuraduría General de la República, no para solicitar información sobre el desarrollo de las investigaciones tendientes a esclarecer el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, como en repetidas

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ocasiones lo habían hecho los líderes de los principales partidos de oposición, sino para presentar una denuncia en mi contra, por supuestas calumnias y difamación. En esa ocasión, los dirigentes priístas llegaron por la puerta de enfrente, seguidos por una cauda de reporteros y fotógrafos de prensa, para hacer pública su presencia en la PGR. Esta actitud contrasta con la asumida anteriormente por los ex legisladores priístas, que solicitaban entrar por la puerta trasera de la institución, cuando se presentaban a rendir su declaración ministerial. Es evidente que se trataba de dejar clara constancia de que una posición independiente no puede ser tole da dentro de la administración pública y, por lo tanto, era necesario castigar al ex funcionario que osara poner en entredicho el prestigio y la solvencia moral de los dirigentes priístas. Por el contrario, los partidos de oposición apoyaron con mucha claridad la determinación de llegar al fondo del asunto en la investigación, y mi posición ante las actitudes asumidas por la clase política priísta, expresándome en todo momento su solidaridad y ejerciendo presión para evitar que archivaran o desvirtuaran sus resultados. Las amenazas Como parte de la campaña intimidatoria, instrumentada con el evidente propósito de evitar que continuara realizando declaraciones a la prensa por temor a las consecuencias, en los días posteriores a la presentación de mi renuncia, mis familiares y yo fuimos objeto de un sinnúmero de amenazas en contra de nuestra seguridad e integridad física. La mayoría de esas amenazas eran formuladas de manera anónima, por vía telefónica o a través de mensajes enviados por correo. No obstante, hubo algunas que sí ameritaron el inicio de investigaciones formales, por los datos que aportaban sobre los supuestos ejecutores de la agresión. En particular, recuerdo que el 25 de noviembre, dos días después de haber presentado mi renuncia a la Subprocuraduría, fui interrumpido en una reunión con el presidente Salinas por una llamada telefónica en la que me informaron sobre una persona (de la cual omito su nombre denunciado ante el Ministerio Público a dos sujetos que buscaban insistentemente en su domicilio a un familiar cercano (ex integrante de un cuerpo policiaco con domicilio para no comprometerla) que había antecedentes penales) para ofrecerle un “trabajo rápido”, que con95

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sistía en “desaparecer a un Massieu”, por el cual pagarían 50 mil nuevos pesos por adelantado y otros tantos al concluir. Lo interesante de este caso es que, gracias a los datos aportados en la denuncia, era posible corroborar la identidad de algunos de los sujetos involucrados en esta tentativa de agresión, motivo por el cual se inició una investigación al respecto. Este incidente, y otros similares ocurridos en diferentes ciudades del país, revela que, al parecer, personas con suficientes recursos económicos exploraron la posibilidad de contratar individuos dispuestos a atentar contra mi integridad física y la de mi familia, a cambio de una remuneración. Por qué la renuncia Como he señalado, presenté mi renuncia por dignidad, porque no había condiciones para avanzar en la investigación y se había determinado apoyar a quienes se resistían y la obstaculizaban. El presidente Salinas, que como dije me brindo su apoyo, también tuvo que apoyar a los dirigentes priístas, pese a que todos sabemos que las traiciones a los ex presidentes provienen justamente de los priístas. Por otra parte, ahora está claro que también el presidente Zedillo tuvo que ceder ante el priísmo y dar la razón a sus “amigos” vivos, Pichardo y Moreno, antes que impulsar la investigación que aclarara el móvil del asesinato de su ex colaborador. De los primeros todavía puede obtener algo, muy poco creo yo, y del cadáver de su colaborador muerto nada, He sostenido que los presidentes también se equivocan, se equivocó el presidente Salinas al apoyar a la secretaria general del PRI, María de los Ángeles Moreno, que después lo traicionó al dejar el cargo, y se equivocó el presidente Zedillo. Este último al dar cargos a dos personas cuestionadas y sin calidad moral, y al negociar con el PAN la entrega de la Procuraduría General de la República a un panista. El pueblo tiene más sentido común de lo que los gobernantes creen y el pueblo ya mostró su repudio a Pichardo y a Moreno, criticando estos nombramientos presidenciales. Espero que el presidente de México pase de los discursos a los hechos pronto, porque muchos mexicanos que creyeron en él ya no creen en su intención ni en la posibilidad de dar justicia y seguridad a la población. Cuál justicia —dicen— si no quiere ver ni oír; cuál justicia con los pasos que está dando, De seguridad mejor ni hablemos, Y sólo van unas cuantas semanas. El cielo está oscuro de nubarrones y la sociedad vive en la zozobra. 96

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Para comprender mi actitud, es importante aclarar que yo, ni como funcionario público, ni como político, ni como ser humano, he sido una persona que se adapte de manera ortodoxa a las reglas del sistema político mexicano. Acepto la disciplina, cuando la disciplina va aunada al convencimiento, y cuando se hacen cosas que van contra la búsqueda de la verdad me opongo absolutamente. Me opuse, y lo manifesté públicamente, a las actitudes de los dirigentes de la Cámara de Diputados, que a mi juicio pretendían evitar que se “mancillara” el honor del PRI o la respetabilidad de la Cámara de Diputados porque se investigara a algunos de sus miembros. Me opuse a los importantes dirigentes del PRI porque obstaculizaron la investigación, engañaron a la opinión pública, calumniaron y difamaron a los investigadores, y mintieron a la sociedad. Hubo también, desde luego, calumnias y difamaciones en mi contra para que yo frenara la investigación. Sin embargo, mi temperamento, mi convicción, mi decisión de llegar al fondo de las cosas, hizo que estas calumnias y difamaciones no me detuvieran, sino por el contrario —y ahí viene lo que no es ortodoxo— las diera a conocer públicamente, y dijera quiénes estaban frenando la investigación, fundamentalmente el PRI y la fracción priísta en la Cámara de Diputados. Mi renuncia la presenté al presidente de la República Carlos Salinas el 23 de noviembre, como se dijo, y lo hice una vez que tuve la certeza de que no había posibilidades de avanzar. La exoneración que hizo en esa misma fecha de María de los Ángeles Moreno ante un grupo de mujeres que se otorgan premios como en un club de elogios mutuos, que la habían nombrado “la mujer del año”, es prueba fehaciente de que, no obstante la firme decisión del presidente Salinas de apoyar la investigación hasta el total esclarecimiento del crimen, él mismo tuvo que ceder ante la presión de la clase política priísta. Con anterioridad, a fines de octubre, bajo el deseo de protegerme y proteger a mi familia de cualquier agresión, el presidente Salinas y yo habíamos platicado sobre la posibilidad de ser embajador de México en la República Argentina. Se tramitó incluso el beneplácito del gobierno argentino a mi nombramiento. La idea era que yo al terminar el sexenio y al separarme de la investigación, me alejara de la vida política nacional, para evitar más fricciones con el PRI, disfrutando un exilio dorado, tan codiciado por algunos políticos. Sin embargo, finalmente, preferí permanecer en México, a fin de coadyuvar con la investigación y estar atento a cualquier posible desviación de la misma. Prueba de lo anterior es el beneplácito que recibí a través de la Embajada de Argentina en México, mismo que incluyo en los anexos del presente libro. 97

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Convencido, le entregué mi renuncia al presidente Salinas; preparé mi renuncia al PRI y el mensaje a la opinión pública, que procedí a leer ante un auditorio abarrotado y plural en la Procuraduría General de la República. Dejaba así años, meses y días de trabajar como funcionario público. Atrás quedaban 22 años de esfuerzos por hacer bien las cosas en beneficio de México, sin detenerme por lo dificil o peligroso de cualquier encomienda. En los últimos meses conocí a fondo la podredumbre, complicidad, deslealtad, corrupción y mentira en que se mueve el sistema político mexicano. En casi nadie se puede confiar y a casi nadie se puede creer. No existen los ideales ni los deseos de un mejor país, existen sólo los apetitos económicos de la clase política priísta mexicana y su desprecio por la sociedad y la ciudadanía; para ellos México es botín de los gobernantes y no patrimonio de los mexicanos. Conocí a dos presidentes y a los dos los vi obligados a ceder ante las presiones de esa clase política priísta mexicana. Los presidentes se ven abrumados por los halagos y vanidades y los políticos mexicanos explotan esas condiciones una y otra vez; primero los enredan en las telarañas del mesianismo y después, cada seis años, los convierten en los culpables unipersonales de los problemas de la nación. Ese es el sistema político que padecemos los mexicanos. Existen dos mundos: el del privilegio en manos de los funcionarios y el del abandono de la sociedad. Son mundos diversos y extraños y curiosamente no tienen que ver nada entre sí, aunque es indudable que el del gobierno se encuentra corroído y cercano a la muerte, y que el golpe final se lo puede dar una sociedad más participativa, activa y en pie de lucha por sus intereses, acaudillada por quienes enarbolan la bandera de la verdad y la ley. Mucho aprendí en estos dos meses; aprendí a despreciar a un priísmo decadente, hueco, sin ideas y hasta falso, representado por Ignacio Pichardo y María de los Ángeles Moreno; aprendí que a la mayoría de los priístas se les ha olvidado que tienen facultades para decidir, para pensar y no sólo para obedecer. Aprendí que muchos amigos del priísmo son falsos y desleales, son de mentira, y en cambio en los satanizados partidos de oposición existe gente buena, valiosa, honorable, inteligente y pensante. Fue reconfortante sentir la cercanía de Carlos Castillo Peraza, de Diego Fernández de Cevallos, de Felipe Calderón, de Fernando Gómez Mont o de Gabriel Jiménez Remus, en aquellos aciagos momentos, por citar sólo algunos miembros de Acción Nacional; como lo fue también sentir el calor, el afecto y el reconocimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo,

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de Ifigenia Martínez de Navarrete, de Ricardo Valero, de Leonel Godoy o de Félix Salgado Macedonio, críticos valientes y verdaderos luchadores sociales del PRD. Fue sumamente agradable encontrar en las calles, plazas, librerías, restaurantes y comercios ciudadanos anónimos que se acercaban para manifestarme su afecto, su apoyo y reconocimiento por lo que llamaban mi actitud valerosa. Todo eso sólo por haber dicho la verdad y haberme enfrentado al sistema político mexicano con un YO ACUSO que no era otra cosa que la manifestación de la más sencilla verdad. Cuánto se podría hacer en nuestro país con la participación independiente del PAN y con una mayor cohesión en el PRD, y de los hombres de la calle, que no tienen partido, pero viven con el anhelo de tener un México libre, plural, democrático, justo y seguro; con un gobierno creíble, honorable, serio, en el que todos, presidente y funcionarios, actuaran como ciudadanos responsables, con la carga de gobernar y no como dioses intocables por seis años; un sistema en el que no se considerara irrespetuoso decirle la verdad al presidente, para evitar que se cometan tantos errores y latrocinios; con un presidente humano, cálido y sencillo, el mexicano que todos deseamos que nos gobierne y no que nos persiga o nos ignore porque en algo disentimos de él. México sería diferente y creo que en tanto el PRI y el gobierno se socaven a sí mismos con la soberbia y la vanidad con que lo han venido haciendo y los partidos de oposición, con inteligencia, logren captar mejor los anhelos populares, accederemos a ese país deseado por todos. Los mexicanos no quieren sólo que el partido mayoritario cambie, después de todo, lo han reformado y refundado en múltiples ocasiones y todo sigue igual. Los mexicanos quieren un sistema político más democrático, justo e igualitario, en donde el PRI y el gobierno se disocien y se permita que el partido oficial compita en las mismas condiciones que los partidos de oposición por los puestos de elección popular, no ventajosamente, como lo ha hecho hasta ahora, con los recursos del gobierno a su disposición. Los mexicanos quieren que se destierre el fraude y los votos representen cabalmente el sentir de los votantes y no se ingenien el PRI y el gobierno en sofisticar las trampas electorales, en una burla continua a los partidos de oposición y a la sociedad en general. Sociedad que ya no tolera ni al PRI ni al gobierno, y los entiende como sinónimos del fraude, de la corrupción y del abuso.

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Ernesto Zedillo tiene en sus manos la oportunidad de reformar al sistema, y parece que así lo ha entendido, de acuerdo con sus primeras decisiones políticas, manifestadas en el impulso al pacto para la democracia; aunque en su contra están un gabinete que no genera confianza, premios a priístas cuestionados por la sociedad; una actitud poco clara ante el problema de Chiapas; una reforma judicial desde arriba, sin beneficios para la población; una decisión sobre los crímenes políticos heredados que no sólo no los va a solucionar, sino que los complicará aún más, hasta que tengan que ser archivados. Ernesto Zedillo, con estas últimas decisiones, puede acercarse peligrosamente en unos meses al principio del fin o, por el contrario, dar pie a un México nuevo. Repetimos lo que dijo José Francisco Ruiz Massieu cuando supo de la muerte de Luis Donaldo Colosio:”Pobre Luis Donaldo, pobre de mí, pobres de todos nosotros”.

Conclusiones: Un futuro incierto En 1994 nuestro país ha vivido una crisis política de graves dimensiones, que ha propiciado un inusitado recrudecimiento de la violencia como mecanismo para dirimir las controversias: violencia de los que nada tienen en contra de quienes por siglos han abusado de ellos, en Chiapas; violencia aparentemente gratuita e inútil, que dañó profundamente a México, y de la que aún desconocemos sus causas, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California; y violencia de los poderosos para conservar sus privilegios y canonjías, en contra de quienes impulsaron un transición pacífica hacia la democracia, en la mañana del 28 de septiembre, en la ciudad de México. Ni siquiera la decisión popular de acudir masivamente a las urnas el 21 de agosto, para depositar un voto en favor de la convivencia armónica y la resolución de los conflictos por la vía del diálogo y la negociación, y la transmisión pacífica del Poder Ejecutivo el 1° de diciembre, han sido suficientes para contener esta ola de violencia que daña profundamente a toda la sociedad. Lo más grave es que a este recrudecimiento de la violencia ha seguido una actitud incierta del gobierno de la República y de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública de la ciudadanía y procurar una justicia digna y expedita para todos los mexicanos. Esta actitud, típica de burócratas que se encuentran más preocupados de conservar su puesto, que de gobernar un país con apego a las leyes que lo rigen, ha propiciado que 100

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en ningún caso se investiguen a fondo los problemas, llegando hasta las últimas consecuencias, y menos aún ha permitido que se castigue conforme a derecho a los instigadores y autores intelectuales de la violencia. De esta manera, se ha sentado un precedente que puede traer funestas consecuencias futuras al país, toda vez que se ha enviado a los responsables de las diferentes formas de violencia, el mensaje inequívoco de que en México es posible actuar impunemente, debido a que existe una poderosa clase política en el poder, que está más interesada en conservar sus privilegios que en atender los reclamos de justicia de la sociedad. En el caso particular del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, en el que existían los medios y las condiciones para llegar hasta el fondo del asunto, en un máximo de tres meses con todos los participantes de cualquier nivel político detenidos y procesados, se tuvo la oportunidad única en la historia reciente del país de propiciar una auténtica separación del gobierno y el PRI, sometiendo a este último y a sus miembros a la legalidad vigente para todos los mexicanos, para evitar de esta forma que, haciendo uso de sus prerrogativas, el partido en el poder se sustrajera del imperio de la ley. No obstante, la maquinaria del PRI se impuso y logró colocar una vez más a la clase política priísta por encima de la legalidad. Sólo la historia y el pueblo de México podrán juzgar, con el debido rigor, estos hechos. El futuro del país resulta ahora más incierto, particularmente a rais de que la Procuraduría General de la República he intentado archivar, sin integrarla debidamente, la averiguación previa abierta en contra de quienes pretendieron, y al parecer lograron, desviar la acción de la justicia, toda vez que con ello se avala la conducta de quienes consistentemente se opusieron al avance de las investigaciones, constatándose de esta manera que, la clase política priísta se encuentra al margen y por encima de la ley, en un régimen de impunidad del que es beneficiaria. Por todo lo anterior, yo acuso al sistema político mexicano de: 1.

Evitar que se llegue al fondo de la investigación del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, mediante el entorpecimiento de la averiguación, con declaraciones amañadas de los testigos y posibles involucrados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, e impidiendo la detención de los presuntos responsables que integraban el grupo político de Manuel Muñoz Rocha, a pesar de que en sus declaracio-

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nes los inculpados los señalaban claramente como dirigentes de ese grupo político que decidió asesinar a José Francisco. 2.

Evitar que se llegue al fondo de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, orientando las pesquisas hacia la hipótesis inverosímil del asesino solitario que actúa de motu proprio, siguiendo sus impulsos personales, y desestimando el móvil político y la posible vinculación de este asesinato con el de José Francisco Ruiz Massieu.

3.

Haber tenido un dirigente del PRI Como Ignacio Pichardo Pagaza, que se opuso una y otra vez a que se hablara de un móvil político en el homicidio del 28 de septiembre, y trató en repetidas ocasiones de desorientar la investigación y a la opinión pública, tratando de cubrir con una cortina de humo a los responsables del asesinato; así como de intimidar a los investigadores del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, acusándolos de un supuesto allanamiento de las oficinas del partido que en realidad nunca ocurrió.

4.

Tener una dirigente en el PRI como María de los Ángeles Moreno que se opuso una y otra vez a que se hablara de un móvil político en el homicidio del 28 de septiembre y en contubernio con el procurador, Humberto Benítez Treviño, autentificó una solicitud de licencia apócrifa.

5.

Correr una cortina de humo para evitar que se conozca la verdad en los casos de Ruiz Massieu, Colosio y Posadas, obligando a la sociedad a aceptar hipótesis tan inverosímiles como la del asesino solitario, la del narcotráfico o la venganza personal, como únicos móviles de los actos de violencia que ocurren en el país.

6.

Mantener a través del PRI una empresa de esperanzas y complicidades para cooptar las conciencias políticas de los ciudadanos, y mediante un mecanismo de premios y castigos, evitar que los militantes de ese partido ejerzan la más mínima actitud crítica hacia sus dirigentes o hacia la situación política del país. En este caso particular, la coerción fue tan fuerte que los legisladores priístas tuvieron que votar, por consigna, la aprobación de una solicitud de licencia que era evidentemente falsa.

7.

Fomentar la realización de prácticas electorales viciadas que permiten al PRI mantener su hegemonía, poniendo en entredicho la legalidad del sistema político y la legitimidad de los gobiernos emanados de ese sistema.

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Tolerar el asesinato dentro del PRI Con tal de obtener o conservar parcelas de poder político, manteniendo criminales en su militancia, y de colocar a los integrantes de la clase política priísta por encima de la legalidad, al extender “certificados de honorabilidad” a personas que evidentemente han tratado de impedir la acción de la justicia.

9.

Premiar a personas cuestionadas, descalificadas moral y éticamente, con lo que se hace evidente la falta de respeto a la sociedad.

10. Mantener en la pobreza a más de cuarenta millones de mexicanos y de la falta de expectativas de desarrollo, por seguir un modelo económico injusto e inequitativo en la distribución de la riqueza; que obliga a un elevado número de trabajadores mexicanos a emigrar a otros países en busca de empleo y sufrir las consecuencias de la discriminación social existente en esos países. 11. Negar a los mexicanos la posibilidad de tener una verdadera procuración e impartición de justicia profundamente imparcial, y de sentar el precedente de que en este país es posible cometer de manera impune los peores crímenes, debido a que el clamor de justicia de la sociedad puede ser soslayado por la clase política priísta en el poder. 12. Fomentar, mantener y encubrir la corrupción gubernamental en todas sus formas y modalidades. 13. Enriquecer ilícitamente a personas cercanas al poder. Tan sólo en seis años, 24 mexicanos ingresaron a las listas de los hombres más acaudalados del mundo, pese a que las condiciones de vida en el país han continuado deteriorándose. 14. Mantener constantemente engañada a la sociedad mexicana, ocultándole la verdad respecto a asuntos de la máxima gravedad e importancia para encubrir las deficiencias del aparato gubernamental, mediante la cooptación de los medios de comunicación. 15. Haber centralizado las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, en franca contravención al pacto federal expresado en nuestra Constitución Política, ocasionando con ello un país desigual e injusto.

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Yo acuso, denuncia de un crimen político Epílogo

Mi renuncia fue presentada el 23 de noviembre de 1994 y el presidente Salinas no designó a nadie como encargado de la investigación en la última semana de su gobierno. Al tomar posesión el primero de diciembre, el presidente Zedillo expresó su compromiso de avanzar en el esclarecimiento total de los hechos. Sin embargo, fue hasta el 16 de diciembre cuando designó al responsable de la investigación, a quien le dio también la responsabilidad de los casos Posadas y Colosio. El nuevo responsable, nombrado subprocurador especial, presentó su programa de trabajo hasta el día 42 del mandato del presidente Zedillo. Durante las semanas en que ha tenido a su cargo la investigación del caso Ruiz Massieu ha desestimado propiamente la hipótesis de un móvil político y priorizado la de una venganza personal sin explicar por qué ha hecho eso y cuáles son sus fundamentos. A mi juicio, estamos cada vez más lejos de conocer la verdad de lo sucedido, toda vez que el hecho de que el móvil político en el caso Ruiz Massieu sea sospechosamente marginado permite suponer que no obstante las pruebas que existen a través de las declaraciones ministeriales tomadas, de encontrarse doce personas en proceso y de haber sido ya sentenciadas dos más, el subprocurador especial buscará una hipótesis que cuide la imagen del PRI y del gobierno, no lesionándolos aunque la verdad sea otra y el crimen provenga de la clase política priísta. No hay duda, a José Francisco Ruiz Massieu lo asesinaron priístas por razones fundamentalmente políticas, aunque pudiesen concurrir otros factores. El PRI-gobierno puede inventar los móviles que le resulten más cómodos y fabricar los elementos que los sustenten para librarse de responsabilidad y engañar al pueblo de México, pero la verdad es una y ésa la conoce la sociedad. Al gobierno y al PRI no les conviene, pero no pueden evitar cargar en su conciencia el ocultamiento de la realidad. Esperar que actúen en el marco de la ley, preserven el Estado de derecho y busquen la verdad es hoy una utopía. Reitero el estado de impunidad en que viven los integrantes de la clase política priísta. Esperar que se haga justicia en un gobierno priísta es hoy un imposible. Esperemos que el futuro lo permita. ¡Los demonios andan sueltos y han triunfado!

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Yo acuso, denuncia de un crimen político Anexos

1.

Carta de renuncia al presidente del CEN del PRI

2.

Beneplácito de la República Argentina al nombramiento de Mario Ruiz Massieu como embajador de México en ese país

3.

Solicitud de licencia apócrifa

4.

Dictámenes periciales declarándola falsa

5.

Carta de Cuauhtémoc Cárdenas

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LIC. MARIO RUIZ MASSIEU México, D.F., 23 de noviembre de 1994. LIC, IGNACIO PICHARDO PAGAZA PRESIDENTE DEL CEN DEL PRI PRESENTE Por este conducto, me permito presentar a usted mi renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional. Esta renuncia obedece a las resistencias, presiones y obstáculos que la dirigencia del PRI y algunos legisladores priístas han puesto a la investigación sobre el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu. Estas acciones frenan el desarrollo de la investigación, dificultan llegar hasta las últimas consecuencias e impiden que la sociedad conozca a quiénes y por qué les convenía eliminar físicamente al ex secretario general del PRI. Asimismo, estas actitudes claramente contrarias al espíritu de la ley y de la verdad se contraponen insalvablemente con mi ética personal y profesional, así como con mis convicciones políticas a favor de la democracia y la justicia. Lamento que el priísmo no entienda que el país ha cambiado y requiere que se hagan a un lado prácticas corruptas, malsanas y aun criminales. En su conciencia llevarán, sin duda, los crímenes políticos que se sigan presentando en México y la descomposición política y social que sufra nuestro país. Por la salud de México espero que esas viejas prácticas priístas se modifiquen y la lucha por el poder encuentre manifestaciones más civilizadas, tal y como la sociedad mexicana lo ansía. ATENTAMENTE

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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto DNERE No: 9274/94 El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -Dirección Nacional de Ceremonialpreaenta aus atentos aaludos a la Enbajada de los Eatados Unidos Mexicanos y tiene el horor de informar que el Gobierno de la República Argentina ha otorgado el Placet de estilo para la designación del Sr. D. Mario RUIZ MASSIEU como Enbajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estadon Unidos Mexicanos en la República Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores, -Dirección Comercio Internacional y Culto Ceremonial- hace propicia esta oportunidad para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos las seguridades de au man alta y distinguida consideración.

Buenos Aires, 27 de Octubre de 1994 A la Embajada de los Estados Unisod Mexicanos Buenos Aires

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Yo acuso, denuncia de un crimen político Octubre 3, 1994.

C. Secretarios de la Comision Permanente del Congreso de la Union, Presentes: Yo, Manuel Munoz Rocha, Diputado Faderal. conalo que antc los acontecimientos recientes, se me imputa la responsabilidad en la muerte del Lic. Ruiz Masieu. Tengo en mi poder pruebas dc que el responsable intolectual fue Abraham Rubio Canales. El tuvo relaciones muy poderosas; por eso temo por mi vida. Pido seguridad para mi familia. Por estos motivos graves solicito licencia al cargo de Diputado Federal, y así poder comparecer ante la justicia y aclarar mi situación

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Esta obra se terminó de imprimir en febrero de 1995 en Avelar Editores Impresores, S.A. Bismarck 18 México, D.F. La edición consta de 30,000 ejemplares

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