Tratado práctico de derecho civil francés (Tomo I - Las Personas)

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TRATADO PRACTICO DE

DERECHO CIVIL FRANCES POR MARCELO PLANIOL

JORGE

PROFESOR HONORARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE PARIS

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PROFESOR DE DERECHO CIVIL DE

LA FACULTAD DE DERECHO DE PARIS

TRADUCCION ESPAÑOLA DEL

DR.

MARIO DIAZ CRUZ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA

TOMO PRIMERO

LAS PERSONAS ESTADO Y

CAPACIDAD

CON EL CONCURSO DE

RENE SAVATIER PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE POITIERS

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1945 CULTURAL, S. A. HABANA

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Es propiedad por lo que se re­ fiere a los derechos exclusivos de traducción al español, así como a la presente traducción. Editada e impresa en la Habana.

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PALABRAS DEL TRADUCTOR

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La literatura jurídica española está en crisis. Y más que en crisis, que supone estado pasajero, debemos tristemente confesar que sufre de prolongada parálisis o estancamiento. La producción es tan escasa en derecho civil (1) que, cuando no se trata de algún comentario pre­ cipitado del Código con vistas a la librería, en ocasiones sin terminar, o de un trabajo hecho en relación con el derecho civil derogado, y adaptado a la legislación vigente, con un sistema a veces incompren­ sille, o de un esfuerzo con fines netamente pedagógicos, o de un ma­ nual, tan suscinto y elemental, que no llena las exigencias de la téc­ nica ni las necesidades de la práctica profesional, no encontramos en realidad nada que en nuestro idioma-, presente, en cuadro completo los progresos del derecho civil a la altura alcanzada en Alemania, en Francia o en Italia. No faltan en España, ciertamente, eminentes civilistas, que se han formado, en lo que va del presente siglo, estudiando y asimilando la portentosa- producción alemana e italiana que marchan, indiscu­ tiblemente, a la vanguardia en los estudios del derecho privado; pero aún no se han recogido los frutos de esa reciente intensificación cul­ tural, con un tratado completo y al día del derecho civil español (2),ya- que a tanto no alcanzan algunas brillantes monografías y ar­ tículos publicados en revistas. -4 falta de producción en el suelo propio, es fuerza por tanto la importación que cubra las necesidades culturales de nuestros pueblos de habla hispana. A ello tiende la- presente traducción del Tratado Práctico del Derecho Civil Francés, que está en curso de publicación en Francia, dirigida por Marcel Planiol y Georges Ripert, insignes profesores de la Universidad de París cuyos nombres, más que cono(1) Ya la calificaba de escasa Adolfo Posada en 1892.—V. el Prefacio de la traducción de “La Teoría do la Posesión” de Yhering, Madrid 1912.—p. VIT. (2) .Dos obras sin embargo merecen especial mención: el Curso Elemental de Derecho Civil español, común y foral con arreglo a la explicación del Dr. Felipe Clemente de Diego.—Madrid 1923; y Derecho Civil español común y foral (Ma­ drid 1926) del Dr. José Castan Tobeñas, ajustado al programa para oposiciones a Notarías. El primero os un trabajo extenso, revelador de la inmensa cultura de su autor pero de difícil manipulación para la práctica por su división en lecciones de cátedra; y la segunda, que es una brillante síntesis del derecho civil y de gran claridad deja en el ánimo del lector una sensación de desconsuelo, advirtiendo cómo su ilustre autor que es una do las mentalidades más profundas en España entro los que cultivan el derecho privado, haya circunscrito su labor a dar cumpli­ miento a un programa administrativo.

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cidos. resultan familiares para los estudiosos del Derecho civil en Es­ paña y en los pueblos latino-americanos. Esta- traducción se lleva a cabo con la expresa- autorización de los autores, y, si bien hubiera sido de desear que, al trasplantar las ideas a nuestro idioma, las hubiéramos adaptado al ordenamiento vigente* en España, por medio de notas pertinentes, ello hubiera, sin embargo, demorado notablemente la publicación, y, en todo caso, hubiera circunscrito a España y a Cuba, que tienen el mismo Código civil, el ámbito del esfuerzo. En cuanto a la obra, cuyos volúmenes publicados han sido acogi­ dos en Francia y en el extranjero con unánime aprobación de la crí­ tica científica, no necesita presentación. Sus líneas generales y sus propósitos se señalan, con esa claridad neta y meridiana que parece pa­ trimonio de los franceses, en él prólogo que damos traducido. La inmensa labor de exégesis, y últimamente de sistematización, tejida sobre la codificación napoleónica del Derecho civil, más o menos fielmente copiada por todos los códigos promulgados en el nuevo y el viejo continente, durante el siglo último, hasta la promulgación del código alemán de 1900, el suizo de 1912 y el brasilero, en América, de 1917; la producción científica alemana do la pasada centuria, en cuanto al Derecho romano, y en los últimos tiempos, durante la- for­ mación. y con posterioridad al Código civil de 1900, y la- contribución técnica de Italia, en el resurgimiento de los estudios jurídicos ocasio­ nados en aquel país, al partir de su unificación política, puede decirse que han agotado el contenido de la- elaboración científica del derecho privado contemporáneo. No hay ya territorio inexplorado dentro de sus confines, ni campo que, a fuerza de cultivo intenso, no haya ren­ dido todos sus frutos posibles. De ahí la vuelta a la- práctica jurídica, el descenso ál valle después del escalamiento de las alturas, el aterrizaje, en suma, para hablar en términos de actualidad, trayendo a la realidad d-e la vida práctica, las sanas conquistas del pensamiento, alcanzadas en las serenas y elevadas de la especulación técnica. La obra que traducimos es, pues, una obra práctica; si bien rin­ diendo culto, aunque sin alarde, a las teprías científicas consagradas. Ella significará, vertida a nuestro idioma, una inyección vivificadora en los estudios civilísticos de España y América, y representará un po­ deroso auxiliar para la práctica forense y para los organismos oficiales de la justicia.

A esto, tan sólo aspira la traducción.

La Habana, Septiembre 1927.

Mario Díaz Cruz.

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OBRAS CITADAS POR EL SOLO NOMBRE DEL AUTOR

AUBRY Y RAU—Cours de droit civil frangais, 5? ed., 12 vol., 1S97-1922, revisada por M. Bartin a partir del tomo VI. BAUDRY-LACANTINERIE, HOUQUES-FOURCADE, CHENEUX et BONNECARRERE.—Traite de droit civil: Les personnes, 5 vol., 3* cd., 1907-1908. BEUDANT (Ch.).—Cours de droit civil frangais, 1896. COLIN (A.) et CAPITANT.—Cours élémentaire de droit civil frangais, t. I y II, 4? ed. 1924, t. III, 3? ed., 1922. DEMOLOMBE.—Cours de Code Napoleón, 31 vol., ed. de 1896. HUC.—Covvmentairc théorique et pratique du Code civil, 15 vol., 1892-1903. PLANIOL.—Traite élémentaire de droit civil, t. I, 10? cd., con la colaboración de G. Ripert, 1925, t. II y III, 9? ed., 1923-1924. PILLET.—Traite pratique de droit international privé, 2 vol., 1923-1924. WEISS.—Traite théorique et pratique de droit international privé, 2? ed., 6 vol. 1897-1913.

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ABREVIATURAS ■

Ann. de dr. comm Ann. de leg. étrang

Arg. atr. Art Belg. Jud. Bull............ Cas. ..... Ch. réun. Civ. C. civ. . C. com. c. pen. c. Trab Clunct. Comp.............. Cons ...... Crim D Decr ...... D. Jur. Gén. D. Jur. Gén., Supl

Anuales do droit commercial. Annuaire de législation étrangére (publicado por la Societé de législation comparée). Argumento sacado del artículo. Artículo. Belgique judiciaire. Boletín. Casación. Salas reunidas de la Corto de Casación. Sala civil de la Corte de casación. Código civil. Código do comercio Código ponal. Código dol trabajo. Journal de droit International privé (fundado por M. Clunet y continuado por Andrés Prudhomme). Compárese. Consúltese. Sala de lo criminal. Recopilación periódica de jurisprudencia de Dallos Decreto. Repertorio alfabético de legislación, de doctrina y de jurisprudencia de Dalloz. Suplemento a la obra precedente.

Edición. . Recopilación completa de los trabajos preparatorios del Código Civil, por Fenet. Gazette du Palais. Gas. Pal Gazette des Tribunaux. Gas. Trib Journal. J Journal Officiel. J- Off.................... Journal Officiel; documentos parlamentarios. J. Off., Doc. parí Ley. L \.... Legislación civil, comercial y criminal de Francia, por Locré .......... Locré. Núm. o n Número. Op. cit Obra citada anteriormente (opere citado). Ord Ordenanza. Pág. o p Página. Pfo Párrafo. Pasicr ............... Pasicrisie belge. Pr. civ Código de procedimiento civil. Pr. crini............................... Código de procedimiento criminal. Req .................. Sala de requerimientos de la Corte de Casación. Rev. crit. de leg, et de jurispr ............. Revue critique de législation et de jurisprudence. Rev. de dr. int. privé et de dr. penal intem... Revue de droit International privé et de droit penal international (fundada por M. Darras). Rev. trim. de dr. civil... Revue trimestrielle de droit civil. Siguiente. S Recopilación de jurisprudencia de Sirey (1). S. chr. .. Sirey chronologique. Sol. impl. Solución implícita. T ...... Tesis. T. 1 Tomo I. Tr Tribunal. Tr. civ. . Tribunal civil. Tr. com. Tribunal de comercio. V Véase. V? cit. .. Verbo citado (palabra precitada).

Ed. . Fcnet.

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I (1) La referencia a esta recopilación vale como referencia a las Pandeóles franQaises y al Journal du Palais a partir de 1908.

PREFACIO DEL TRATADO PRACTICO DE DERECHO CIVIL FRANCES

Este Tratado de Derecho Civil presenta caracteres pe­ culiares que deben ser brevemente expuestos. Tiene la pre­ tensión de dar, en una forma lo más concisa posible, un repertorio completo de derecho civil francés contempo­ ráneo., de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ■ Cada generación necesita un tratado de derecho civil que responda a la- concepción que tenga del método jurídico y a sus necesidades prácticas. Hemos querido crear, para la generación presente, un instrumento de trabajo que pueda, sustituir aquellas obras que, aunque tienen un alto valor, llevan sobre sí el peso de los años. Para eso, ha sido preciso eliminar de este comentario toda la parte del de­ recho privado que ya hoy tan sólo tiene un interés histó­ rico'. artículos derogados del código y otras leyes; contro­ versias en otros tiempos sostenidas y hoy desechadas ; solu­ ciones antes discutibles y ahora incontrovertibles. No hemos conservado de esas leyes y de esas discusiones sino lo nece­ sario para exponer la- evolución del derecho o comprender las soluciones actuales. No era posible echar sobre nuestro derecho actual el peso de un comentario ya inútil. Las referencias doctrinales se hacen solamente en re­ lación a aquellos tratados de derecho civil que aún conservan gran autoridad ante los tribunales, puesto que las obras muy antiguas han sido ya- utilizadas por los tratados más recientes. Igualmente, la jurisprudencia ha sido citada en relación con sus últimos documentos y siempre que hayan

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tenido valor de tal desde mucho tiempo atrás. De nada sirve acumular citas de sentencias y sobre todo, mencionar decisiones sin valor. Un tratado debe hacer una selección. Por otra parte, esa eliminación nos era fácil, por cuan­ to, para todas las cuestiones que no ofrecen más que un interés histórico o para las explicaciones doctrinales de las instituciones, que no tienen sino un valor educativo, hemos hecho una simple referencia al Tratado elemental de M. Planiol. Gracias a este método de eliminación, ha sido posible dedicar un espacio importante al comentario de las leyes nuevas que se han multiplicado en los últimos treinta años y han renovado ciertas partes del derecho civil, a tal pun­ to que los tratados antiguos se han hecho inútiles en esas partes. Además, se ha podido hacer un número considera­ ble de citas de jurisprudencia e indicar las soluciones prác­ ticas de la mayoría de los casos que se presentan en la hora actual. En suma, el pensamiento de los autores ha sido el de hacer un repertorio práctico de derecho civil francés contemporáneo. Pero nada se ha omitido del espíritu científico que de­ be presidir a este estudio y que brilla por su ausencia, fre­ cuentemente, en los repertorios o en los códigos comentados. Las soluciones, no solamente son citadas - son, también, cla­ sificadas, analizadas y discutidas. Ni aun en los casos en que ha sentado jurisprudencia, hemos abandonado el dere­ cho de crítica. La doctrina no debe tener por misión única analizar la jurisprudencia; debe tratar, en la medida de lo posible, de dirigir sus tendencias y apreciar sus soluciones. El método jurídico de este tratado es conocido: es el mismo que, desde 1899, se ha mantenido en el Tratado ele­ mental de M. Planiol y que, desde entonces, ha inspirado la doctrina jurídica. Los métodos exegéticos, durante ta/nto tiempo en vigor y que han producido comentarios intermi­ nables de los artículos del Código civil, han sido abandona­ dos. La renovación que ha sufrido el método de 'interpre­ tación del derecho, ha aumentado el papel del intérprete al darle una libertad que no había conocido antes. Este mé­ todo ha inspirado, de treinta años a esta parte, estudios de primer orden, muchos de los cuales se hallan dispersos en revistas especiales. El inventario de esas riquezas ha sido hecho en una forma completa.

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Un solo hombre no es posible que tuviera hoy la pre­ tensión de llevar a cabo una obra de tal magnitud. La aso­ ciación es útil citando se puede respetar por la unidad de dirección, la unidad de pensamiento y de doctrina; ade~ más esa unidad está asegurada en esta obra por su misma base, que lo es el Tratado elemental de M. Planiol. Cada colaborador de este Tratado práctico se ha inspirado en un método común y en ocasiones hasta ha renunciado volunta­ riamente a sus concepciones personales. No se hallará en esta obra una serie de estudios separados, sino un tratado completo de derecho civil moderno, compuesto de acuerdo con un mismo método jurídico. *

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Las siguientes advertencias son necesarias para que el lector pueda comprender mejor el plan general y la im­ portancia de la obra: 1 El Tratado práctico está dividido en tratados se­ parados de uno o dos volúmenes redactados con la colabo­ ración de un autor distinto y la reunión de esos tratados forma el comentario completo del Código civil, dentro del mismo orden del Código, que hemos querido respetar en sus grandes lineas a fin de facilitar la investigación. Pa­ ra la introducción general y las primeras disposiciones del Código civil, basta con acudir al comentario que se halla en el Tratado elemental o a las aplicaciones que de ellas se hacen en los diferentes volúmenes. 29 En cada uno de estos volúmenes las divisiones son análogas; a cada párrafo se le ha puesto un título y se le ha enumerado. De esc modo, las búsquedas se han facili­ tado ; las tablas generales indican, en cada caso, los párrafos de los diversos volúmenes. 39 Los tratados clásicos de derecho civil se citan en relación con cada caso; salvo excepciones, se han suprimido las citas ya inútiles de los tratados antiguos; las revistas especiales que se utilizan ampliamente y cada capítulo se halla precedido de una bibliografía completa cíe la cuestión que se trata. 4? La jurisprudencia se cita, con la doble referencia del Dalloz y el Sirey; se utilizan las recopilaciones especia-

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les para las decisiones más recientes o los casos cztriosos a que se refieren; cuando la jurisprudencia ha sido estable­ cida desde hace mucho tiempo, sólo se citan las primeras sentencias de la Corte de casación y las decisiones recientes. 59 Aunque el derecho internacional privado consti­ tuye hoy una ciencia aparte, era imposible, en un tratado dedicado especialmente a los profesionales, no indicar las soluciones de conflictos de leyes a propósito de cada cues­ tión; damos la exposición de la jurisprudencia francesa- del caso y las referencias doctrinales necesarias, sin hacer co­ mentarios sobre los principios en sí del conflicto. 6' La Al sacia y la Lorena poseen hoy un derecho es­ pecial compuesto en parte del derecho f rancés introducido, en parte del derecho alemán conservado y en parte de nue­ vas disposiciones destinadas a combinar esas dos legislacio­ nes. Ese derecho especial ha sido indicado en cada caso y comentadas las disposiciones particulares; este tratado de derecho civil rendirá, por ello, los más grandes servicios a los departamentos de la Alsacia y la Lorena. 79 h'o ha sido posible añadir a las leyes francesas un comentario de las legislaciones extranjeras; por otra parte, esos estudios de derecho comparado, cuando son insuficien­ tes, no prestan ningún servicio práctico y ni siquiera per­ miten tener una idea clara de la legislación estudiada. Pero hacemos la cita de los documentos de jurisprudencia belga y hasta en cosasiones de las resoluciones italianas, puesto que esos derechos tienen gran contacto con nuestro derecho nacional. Cada volumen ha sido puesto al día hasta la fecha de su publicación; pero, como la terminación de una obra se-' mejante exige naturalmente varios años, las tablas gene­ rales indicarán en apéndice las modificaciones legislativas más importantes que se hayan producido en el curso de la publicación.

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INTRODUCCION

1. El estado civil y la capacidad en derecho civil.—El tomo I de este Tratado comprende el estudio del estado ci­ vil y de la capacidad de las personas, considerados desde el punto de vista del derecho civil. El sujeto de derecho, persona física o persona moral o jurídica debe ser consi­ derado en sí mismo antes de que sean examinadas las re­ laciones que nacen de la organización de la familia. Primeramente, es preciso determinar cuáles son las personas, sujetos de derecho cuándo comienza y cuándo termina la personalidad y cómo puede ésta resultar afec­ tada por la ausencia. Seguidamente, hace falta estudiar los medios empleados para identificar y clasificar esas per­ sonas: el nombre, el domicilio, el estado civil. El estudio de la capacidad debe ir unido al del estado civil. La incapacidad de una persona dimana, en efecto, de su estado; se declara por virtud de su edad o de su es­ tado mental. Sólo la incapacidad de la mujer casada de­ riva de las relaciones de familia. Por lo tanto, la capa­ cidad de la mujer se estudiará con ocasión del matrimo­ nio (1).

2. El estado político.—El derecho público estudia la situación del hombre en relación con el Estado. El goce o el ejercicio de los derechos políticos no tiene relación algu­ na con el goce o el ejercicio de los derechos civiles. No obs­ tante, es necesario observar que el Código civil, después de haber sentado el principio de que todo francés gozará de derechos civiles, ha dado las reglas de la adquisición de la nacionalidad (arts. 8 a 10, 12 y 13) y de la condición de extranjeros en Francia (art. 11). Estos artículos y las leyes complementarias no serán comentados en este trata­ do. El derecho internacional privado es ya una rama in­ dependiente del derecho civil. Mas aún, la nacionalidad y la condición de los extranjeros más bien son cuestiones de (1)

Véase nuestro Tratado, II, La familia, Ira. parte.

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derecho público que de derecho privado (1). Remitimos, pues, sobre estas cuestiones, a las obras de derecho inter­ nacional (2). 3. Legislación.—El libro primero del Código civil es­ tá consagrado a las personas. Esta parte ha sufrido buen número de modificaciones desde 1804. En particular, las disposiciones relativas a los actos del estado civil, a la pa­ tria potestad y a la tutela, han sido bastante profunda­ mente reformadas. Aparte del Código civil, hay que tener en cuenta una serie de leyes de carácter administrativo, cuyo estudio es preciso para dar una idea exacta de nuestra organización jurídica. Estas leyes tienden a multiplicarse, pues son la manifestación de la intervención del Estado en la vigilan­ cia de las relaciones existentes entre miembros de una mis­ ma familia.

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4. Alsacia y Lorena.—La ley de l9 de junio de 1924 que ha introducido las leyes civiles francesas en los depar­ tamentos reintegrados, clecide que las leyes francesas so­ bre la patria potestad, la minoría de edad, la tutela, la cú­ ratela, la emancipación, la mayoría de edad, la incapacidad, el consejo de. -familia y la condición de las personas no inca­ pacitadas judicialmente y recluidas en un establecimiento de alienados, se declaren en vigor en esos departamentos (art. 15). Sin embargo, esa ley reserva la aplicación del derecho local en algunos puntos particulares, especialmente sobre la patria potestad (arts. 18 y 19), la tutela de los menores y de los incapacitados (arts. 20 y 28) ; pero deroga ciertas disposiciones particulares del derecho local vigente (art. 28) y aplica las reglas francesas sobre la nulidad, en el caso de la no observancia de las reglas mantenidas en vi­ gor (art. 26). La ley de l9 de junio de 1924 contiene, además, disposi­ ciones transitorias (arts. 115 a 126) relativas al estado civil y a la capacidad de las personas. Esos textos serán estudiados o citados a propósito de las materias de que tratan. (1) A. Colín, nota en D. 1920. 1. 5. (2) Sobre la 'nacionalidad, además de los tratados generales de derecho In­ ternacional privado, se puede consultar: Geouffre de Lapradell*, La nationalité dforigine, 1893; Zeballos, La nationalité, 5 vol., 1914-1919; Lehr La nationalité dan* les principaux Etats, 1909; Rouard do Card, La nationahtc frangaise, 2’ ed. 1922.

PRIMERA PARTE

EL ESTADO CIVIL 5. Pian general de esta parte—La primera parte de este volumen consagrada al estado civil de las personas, comprende el estudio de la personalidad considerada en sí y de los medios de identificar y de clasificar las personas. El Título I contiene el examen de las cuestiones gene­ rales sobre la personalidad y el estado civil, de la situación particular de la ausencia y del problema de la personali­ dad. moral, en cuanto este problema se refiere al derecho civil. El Título II examina los diferentes medios de identi­ ficar y clasificar las personas, es decir, el nombre, el domi­ cilio y los actos del estado civil.

TITULO I

DETERMINACION DE LA PERSONALIDAD Y DEL ESTADO CIVIL

CAPITULO PRIMERO LA PERSONALIDAD

6. Definición.—Se llaman personas, en el lenguaje ju­ rídico, los seres capaces de tener derechos y obligaciones (1). Mas brevemente, se dice que la’ persona es todojszyeío de derecho. La idea de personalidad, que es necesaria para dar una base a los derechos y obligaciones, es, pues, inútil (1)

Sobre el origen de la palabra, véase Planiol, Traite élémcntaire, I, núm. 362.

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en las teorías que discuten la existencia de derechos y de deberes subjetivos entre individuos (1). Pero es, por el contrario, indispensable en la concepción tradicional del Derecho. En la doctrina corriente, se reconocen dos clases de personas: l9 los hombres, considerados como individuos y llamados a veces personas físicas; 29 ciertos establecimien­ tos, fundaciones o seres colectivos a los cuales se les da in­ diferentemente los nombres de personas morales, personas civiles, personas jurídicas o personas ficticias. 7. Personalidad del sér humano.—Desde la abolición de la esclavitud (2), todo sér humano es persona (3). No es en modo alguno necesario que tenga plena, conciencia de sí, ni que esté dotado de inteligencia y de voluntad. Los niños y los locos son personas, aunque no tengan voluntad consciente; tienen, pues, derechos y obligaciones; sin embargo, no pueden, por lo menos dentro de la doctri­ na jurídica tradicional, adquirir situaciones jurídicas crea­ das por actos de voluntad, ni incurrir en responsabilidad civil que suponga la conciencia del acto cometido. Además, tienen irremisible necesidad de un representante, puesto que no pueden tomar parte en el comercio jurídico. En cambio, los animales no tienen jurídicamente per­ sonalidad (4). La ley de 2 de julio de 1850 que, en un inte­ rés de moralidad social, castiga los malos tratos infligidos públicamente a los animales domésticos, no puede ser in­ terpretada como una concesión de derechos a éstos. Menos aún se concibe a los animales como sujetos de obligaciones. Cuando un animal causa un daño a una persona, la ley es-

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(1) Véase Duguit, Eludes du Droit public. I, L’Etat, le Droit olíjectif ct la loi positivo, 1908; II, L’Etat, les gouvernevicnts el les agents 1903; III, Le droit social, le droit individué! ct la transforma Ivon de l’Etat, 2'-‘ ed., 1911, Véase, tam­ bién del misino autor, Er. de Droit constituíio,nn el, 2’ ed., 1921, principalmente las págs. 134 y s., 151 y s., 339 y s. Comp. Gény, Science ct tcchnique, III, núm. 229, y IV, pág. 175. (2) El esclavo, objeto do propiedad, no puede ser concebido como sujeto de derecho. La esclavitud, desaparecida de nuestras colonias desdo el decreto do liberación do los negros, de 27 de abril de 1848, está severamente prohibida, hasta el punto que todo acto de participación en la trata de negros se castiga con tra­ bajos forzados (ley do 4 do marzo de 1831. Cnm. 5 enero y G abril 1905, D. 1905. 1 8° y °08) (3) Dos seres humanos materialmente unidos, pero que tengan una vida indepenáíenfe (hermanos siameses), constituyen dos personas is. * .

mor°le’ 2’ ed ’ T> págs. 105 y s.

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LA PERSONALIDAD

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tablece la responsabilidad de quien tiene el uso del mismo (art. 1385, Cód. civ.). 8. Atributos de la personalidad. (1)—Las personas tienen un nombre que sirve para distinguir a las unas de las otras, un domicilio, que los fija en un punto del territo­ rio y más generalmente, un estado jurídico que se compone de cualidades múltiples. Es tradicional (2) unir a la personalidad la noción del patrimonio, puesto que toda persona tiene un patrimonio y no más de uno, y ningún patrimonio puede existir sin una persona que lo sostenga. Esta concepción, según la cual, el patrimonio no es un conjunto de derechos y obli­ gaciones sino un atributo de la personalidad, está sujeta a discusiones actualmente (3). El estudio del patrimonio será hecho en el Tratado de los Bienes. 9. Igualdad de las personas.—El derecho civil des­ cansa en el principio de la igualdad de las personas huma­ nas, es decir, de su igual actitud para tener derechos. En la aplicación de este principio, sin embargo, es preciso tener en cuenta las consideraciones siguientes: l9 Los extranjeros pueden ser privados de derechos que correspondan a los nacionales. De hecho, en la socie­ dad moderna, la igualdad tiende a establecerse. Quedan, no obstante, trazas de la desigualdad primitiva y hasta, en el momento actual, se observa un retroceso hacia una acen­ tuación de la desigualdad (4). . - 29 Las mujeres han sido consideradas incapaces por virtud de su sexo y el Código civil ha conocido algunas de esas incapacidades que tendían realmente a ofrecer una mayor protección a las mujeres. Estas incapacidades han desaparecido todas: la de ser testigo en los actos del es­ tado civil, por la ley de 7 de diciembre de 1897; la de ser . tutora, pro-tutora o miembro de un consejó de familia, por la ley de 20 de marzo de 1917: la de suscribir una letra de (1) Sobre el conjunto de los derechos de la personalidad, véase: E. H. Perreau. Les droits de la pcrsonaUté, Lev. tri-mestrielle, 1909, pág. 501; Demogue La notion de sujet de droit, ibid., 1909, pág. 611. (2‘) La noción del patrimonio ha sido sistematizada por Aubry y Bau. (3) Gény, Méthodc d’interprctation, 2* ed., I, pág. 141 y s.; Gazin, Essai —sur la notion de patriinoine dans la doctrine classiquer-tesis, Dijón. -1 Lacostc, La notion d’ayant canee a titre particuUer, tesis Burdeos, 1916. Saleilles nota S. 94. 2. 185. Véase nuestro Traité des Bien-s. (4) Véase el proyecto do ley relativo a la posesión do inmuebles por los ex­ tranjeros presentado el 3 do junio de 1919, el informe do M. Lévy-UUmann y la discusión en la Sociedad do estudios legislativos, Boletín, 1924, págs. 396 y s

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cambio, por la ley de 8 de febrero de 1922 (art. 113, c. com.) (1). 3’ La profesión somete a veces al que la ejerce a una legislación especial, por ejemplo, a las leyes sobre acciden­ tes del trabajo, o le da derechos u obligaciones particula­ res (privilegios, incapacidades). 4’ La clase social de la persona no debe, en principio, crear distinción alguna: la nobleza no es sino una distin­ ción honorífica (2), el sacerdocio y el estado religioso ya no crean incapacidades (3). No obstante y por imperio de consideraciones nuevas se ha visto reaparecer en las leyes civiles distinciones fundadas en la clase social, en tanto que la clase se caracteriza por la situación de fortuna. De ahí que en Jas leyes de guerra sobre alquileres se haya te­ nido en cuenta la situación de fortuna de los inquilinos para conceder o negar indemnizaciones (4). 10. Condiciones de adquisición de la personalidad— La personalidad no corresponde sino a la criatura que na­ ce vi va y viable. La que nace muerta no tiene personalidad aunque haya vivido en el claustro materno. La criatura incapaz de vivir, bien a consecuencia de un nacimiento prematuro, o debido a una imperfección de los órganos, no debe ser considerada como persona. La solución de este doble problema es muy importan­ te en el caso de que se haya abierto una sucesión que co­ rresponda o beneficie a la criatura durante el período de la gestación o en los primeros días que sigan a su nacimien­ to. La criatura que logra personalidad jurídica, puede re­ coger la sucesión y trasmitirla a sus propios herederos. Esas dos cuestiones no pueden ser resueltas sino por un examen pericial médico. Para determinar si la criatu­ ra ha vivido, se investiga si ha penetrado aire en sus pul­ mones (5). Para saber si ha nacido viable, es preciso exa­ minar la conformación de sus órganos. En algunas legis(1) Es preciso señalar, a título ¿le curiosidad, el art. 47 de la ley de 30 do junio 1923, que prohíbe los juegos de azar cu un círculo constituido de acuerdo con la ley de 1’ de julio de 1901, en el caso de que algunas mujeres formen parte do la asociación. (2) Véase wi/rd, Título II, Cap. I. . (3) Sobre la desaparición de la antigua incapacidad de matrimonio, véase nuestro Tratado. II, La familia. . ,e (4) Sobre la influencia de las categorías sociales enla aplicación do mimerosos textos y principabnente do los arts. 1384, 2101, , , * • civ., 0 • O. coin., y de una legislación social y fiscal considerable, véanse también las notas de M.

Snvatier, 1^‘e1¿'¿er¿en7]o1g pulmones del niño en una vasija llena de agua y si flotan, es que el niño ha respirado.

LA PERSONALIDAD

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¡aciones extranjeras, existen reglas legales para suprimir o disminuir las discusiones (1). 11. Personalidad del concebido.—Por ministerio de la ley cuando una criatura nace viva y viable, se retrotrae su capacidad de adquirir derechos a la época de su concep­ ción (2) ; de ahí el viejo adagio “infans conceptas pro nato lidbertur quoties de comniodis ejus agitur” (3). Algunos códigos extranjeros contienen una disposición general en ese sentido. El Código francés se limita a aplicar esta re­ glas a las sucesiones (art. 725), y a las donaciones o legados (art. 960). Sin embargo, esta personalidad anticipada produce aún efectos útiles cuando se trata de la adquisi­ ción de una nacionalidad nueva o de un reconocimiento vo­ luntario de paternidad o maternidad natural (4). ¿Cómo conocer la fecha de la concepción del niño? Los artículos 312 y siguientes ordenan colocarle entre los 180 y los 300 días que preceden al nacimiento. Suponen, además, que la concepción de un niño vivo y viable es posi­ ble durante todos los días de ese período (5). Van más le­ jos aún cuando se trata de apreciar la ligitimidad del ni­ ño, pues, dentro del plazo que haya entre los ISO y los 300 días, presumen que la concepción ha tenido efecto siempre en el momento más favorable a esa legitimidad. Pero se discute si ese beneficio debe extenderse a los casos en que no se trata de legitimidad (6). La personalidad no se retrotrae nunca al día de la con­ cepción en el caso de que le sea perjudicial. 12. Fin de la personalidad.—La personalidad termi­ na únicamente con la muerte. La muerte civil, prevista como pena accesoria por el art. 25 del Código civil, ha sido suprimida por la ley del 31 de mayo de 1854 (7). (1) El Código civil alemán (art. 1) exige solamente que el niño haya vivido; el Código civil italiano (art. 125 decido que, en la duda, el niño nacido vivo será reputado viable; el Código civil español exige que el niño tenga figura humana y viva veinticuatro horas completamente separado de la madre (art. 30). (2’) La personalidad no puede llevarse más allá de la concepción. Cuando se consideran los efectos de un acto jurídico, se les llama personas frituras a aquellas que no están concebidas en el momento en que se celebra el acto. Do este acto no puede nacer un derecho en beneficio do aquellas personas. So encontrarán las aplicaciones de este principio en el estudio de la estipulación por otro y en el de la donación. (3) Lalou, Etudc sur la máxime: Infans conceptúa. •tesis, París, 1904. (4) Véase muestro Tratado, La familia, 3’ parte. (5) V. Civ., julio 1.1, 1923, Gaz. Pal. 1923. 2. 507. (6) Esta cuestión será examinada en nuestro Traite des succcssions. (7) Véase Planiol,, .Traite_____________ .......... 372-374. .............. ..... ............. .................... élémentaire, I, núms. La muerte civil ha «ido sustituida por la degradación cívica la incapacidad legal (véase infrd, 2’ parte)

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El derecho romano había admitido la continuación fic­ ticia de la personalidad del difunto hasta la aceptación de su sucesión por sus herederos. Se quería evitar con eso la herencia yacente que creaba una especie de solución de con­ tinuidad en la propiedad. Se obtiene hoy el mismo resul­ tado retrotrayendo la aceptación del heredero, a la muerte del causante. La muerte, que destruye la personalidad, no impide que la personalidad que existió, continúe produciendo efec­ tos. De ahí, el derecho de testar que prolonga, hasta más allá de la muerte, la voluntad de la persona humana. De ahí, también, el respeto debido al cadáver que representa­ ba antes a una persona: de una parte, la ley organiza su defensa con sanciones penales (art. 358 y s. C. Pen.) (1); de otra parte ordena atenerse, respecto de los funerales y la sepultura, a las intenciones, expresas o tácitas, del di­ funto (ley del 15 nov. 1887) (2). Pero no puede reconocerse que, después de la muerte, se adquieran derechos que correspondan a los herederos. Tanto es así que en caso de accidente mortal, los parientes ejercitan la acción de reparación en su propio nombre, no como herederos, justificando el perjuicio que han su­ frido (3).

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y la doble incapacidad de disponer y de recibir a título gratuito. (Véase nuestro Traité des donations). (1) Timbal, La conditwn juridique des morts, tesis, Tolosa, 1903. (2) Esta ley parece exigir que las intenciones del difunto sean expresadas en un testamento regular. Pero la jurisprudencia ha reconocido y con razón que, en caso de dificultades entre los miembros de la familia, la voluntad del difunto, incluso no expresada, es la que hay que hacer que prevalezca: Req., 23 abril 1912, D. 1913. 1. 41, nota Capitant; Aix, 20 abril 1921, S. 1922. 2. 103, nota Hugueney, y, en ape­ lación, Req., 22 abril 1922, S. 1922. 1, 195. (3) Lacoste, Nota em S. 97. 2. 25; Le Poittevin, nota en S. 96. 1. 83.

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CAPITULO SEGUNDO EL ESTADO

Sección I.— Caracteres generales del estado.

13. Definición del estado.—Se llama estado de una persona, ciertas condiciones que, la ley toma en considera­ ción para atribuirle efectos jurídicos. El lenguaje jurídi­ co no considera como elementos del estado civil sino las cua­ lidades inherentes a la persona, con exclusión de las que se refieren a la profesión (1), o a la función, y que sin em­ bargo implican también derechos y deberes. El estado de una persona debe ser considerado desde tres puntos de vista: l9 por sus relaciones con la agrupación política: es­ tado político. 2" por sus relaciones con la agrupación familiar: es­ tado de familia; 3’ por su situación puramente personal: estado personal. El estado, puramente personal es el que vamos a estu­ diar en este volumen (2). 14. Goce y ejercicio de los derechos.—El estado civil de una persona sirve para determinar la existencia de los derechos y de las obligaciones que le incumben y su apti­ tud para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones. (A) So ha manvenido la palabra “estado” en este caso, como equivalente a “état”; sin embargo téngase en cuenta que se refiere a la situación de las perso­ nas según su distinta posición an el agregado social. La palabra en el texto tieno una significación más amplia que la do “estado civil”. (1) Nos remitimos a los tratados do derecho comercial para el estudio del estado especial do los comerciantes y de las consecuencias que produce la quiebra en ose estado. (2) No trataremos en este volumen, por lo tanto, do ]a privación de dere­ chos sufrida por los condenados criminalmente, salvo en cuanto a sus consecuen­ cias en el derecho civil; las otras incumben al estado político.

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Se expresa corrientemente -esta distinción hablando del goce y ejercicio de los derechos. Esas expresiones adole­ cen de un doble defecto; no señalan claramente la antíte­ sis, porque la palabra goce, en su sentido usual, designa más bien el uso que la existencia de un derecho; además, no despiertan sino la idea de derechos, cuando es preciso pen­ sar también en las cargas y obligaciones (1). La aptitud de una persona para ejercitar por sí misma sus derechos, se designa por el término capacidad; es­ ta capacidad no es otra cosa que una subdivisión del es•tado (2). 15. Indisponibilidad del estado civil (A).—El estado de una persona ciertamente, no es el conjunto de sus dere­ chos y obligaciones. Es una situación jurídica, en la cual está interesado el orden público. Esto es lo que interesa conocer para exponer la importante cuestión de la indis­ ponibilidad del estado. Esta cuestión se presenta, bajo tres aspectos: 1’ ¿se puede desconocer el estado de una persona? 2Q ¿se puede modificar? 3’ ¿se pueden modificar sus consecuencias? 16. A. Respeto del estado civil legalmente estable­ cido.—El estado civil de una persona es una situación ju­ rídica establecida sobre reglas legales y que puede, ade­ más, no responder al estado natural. De .ahí, que en ma­ teria de filiación, la existencia de presunciones irrefuta­ bles o de prohibiciones sobre determinadas pruebas pueda dar a una persona un estado legal contrario a la realidad de las cosas. Lo único que tiene importancia jurídica, en principio, es el estado legal (3). Este estado no puede ser desconocido por la voluntad de las personas. Puede ser que esa voluntad llegue a modi­ ficarlo por medio de la aplicación de reglas jurídicas, en la adopción o en la legitimación, pero sin que se permita jamás un desconocimiento del estado civil. Toda conven(1) Planiol, Traite élémcntaire, I, núms. 429-432. (2) Véase en sentido contrario: Capitant, Introduction a l’etudc du droit civil, núm. 111; A. Colín v Capitant, I, p. 111. El símil que hacemos está admi­ tido ñor la jurisprudencia: Civ., 21 feb. 1870, D. 70. 1. 299, 7 marzo 1873, D. 73. 1.243; 18 enero 1876, D. 76. 1.1.151. . , (A) Aun cuando la palabra in-disponibihdad no es casto lana sin embargo la usamos como traducción de la palabra francesa xndxsponrtdité , aplicable a aquellas situaciones judíricas que no son susceptibles do cambio, modificación o disposición por la voluntad del sujeto do derecho, es ^ec“- 10 !l‘opuedo dispo­ nerse o hacerse; porque el uso do las equivalentes alteraría en muchos lugares la

^ad0 natUraL

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ción, transacción o renuncia contraria al estado legalmen­ te impuesto sería radicalmente nula. Existen, sin embargo, situaciones excepcionales en que la renuncia voluntaria al ejercicio de una acción sobre el estado civil lleva indirectamente a un desconocimiento de­ finitivo del estado de una persona.. Ocurre esto cuando los herederos a los cuales la ley permite usar, por un inte­ rés puramente pecuniario, una acción sobre impugnación de la paternidad o en reclamación del estado civil (arts. 316, 318, 329), renuncian a la prueba del estado civil, su­ jeto al litigio (1). Se podría citar también los casos de confirmación cuando se trata de la acción de nulidad del matrimonio, ya que la anulación de un matrimonio equi­ vale al reconocimiento del estado anterior de soltero. 17. Continuación. Imprescriptibilidad del estado ci­ vil.—Ni aun el tiempo es bastante a permitir que se eluda el estado civil cuando éste se deriva de una situación in­ dependiente de la duración como en la filiación, por ejem­ plo. Y es que estando el orden público interesado en que esta situación sea respetada, el derecho de reclamarla es imprescriptible. Esta regla tiene sus excepciones relati­ vas precisamente a ciertos derechos sobre cuyo ejercicio depende de la voluntad de las partes: derecho para obte­ ner la anulación de un matrimonio; derecho de los herede­ ros de investigar la filiación de su autor o de repudiar el pretendido hijo de éste; así como el derecho de investiga­ ción de la paternidad natural (art. 340). Todos los cuales se extinguen al cabo de un tiempo más o menos largo. Como el tiempo no puede hacer desaparecer el derecho de alegar un estado civil, tampoco puede hacer adquirir el derecho de alegar otro estado, el cual sería necesariamente la negación del precedente. Poco importa que durante un largo período se haya poseído un estado civil contrario a la realidad legal; siempre se puede acreditar el verdadero estado. 18. CQntinuación. Posesión del estado civil.—Puesto que el estado civil se determina poi* la ley, su posesión no puede, por sí sola, crear una situación jurídica regular. Una persona no puede decirse casada porque esté en po­ sesión del estado de esposo, o hijo legítimo de otra persona, porque lleve su nombre, sea tratada por ella como hijo su­ yo y considerada por todo el mundo como tal. No obstan(1)

Comp. Req., 26 abril 1924, D. II. 1924, pág. 2'47.

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te, la posesión de estado es tomada en consideración como prueba de los hechos que dan lugar a la aplicación de las reglas legales sobre el estado civil. Por eso, la posesión del estado civil puede servir para probar la filiación legí­ tima (art. 320), o para establecer la filiación natural en caso de legitimación después del matrimonio art. 331 mod. por la ley de 25 de abril 1924). Pero no puede dársele ese papel cuando la situación de hecho ha sido creada por el mismo que pretende sacar de ella la prueba de su estado: por eso, la posesión de estado no puede ser invocada por uno de los esposos para establecer el matrimonio (art. 195). Los derechos de la posesión del estado civil serán estudiados en el Tratado de la Familia. 19. B. Modificación voluntaria del estado.—¿Entra­ ña la indisponibilidad del estado chai la imposibilidad de que los interesados modifiquen su estado? Hay que hacer la distinción siguiendo las fuentes de origen. El estado de una. persona se funda, en efecto, unas ve­ ces en un hecho material, otras en una manifestación de la voluntad, otras en un juicio. Según el origen del estado la voluntad humana es más o menos capaz de modificarlo. a) Existen determinados elementos del estado civil que se fundan en hechos materiales; tales son la filiación, la minoridad, el domicilio. Una distinción parece impo­ nerse en cuanto a la disponibilidad del estado: si estos he­ chos son en sí del dominio de la voluntad humana; ésta po­ drá modificarlos y en consecuencia modificar el estado del interesado: así es en lo que se refiere al domicilio. Si por el contrario, tales hechos se imponen ineluctablemente, el estado que esos hechos crean se impone con la misma fata­ lidad ; como por ejemplo en cuanto a la minoridad y a la fi­ liación. Sin embargo, hay que hacer una reserva en cuanto a la filiación. Debido a las reglas por las cuales la ley res­ tringe la prueba de la misma, un acto de voluntad puede cambiar el estado legal de -una persona: un nino que se encuentra legalmente en la imposibilidad de probar su fi­ liación natural, es extraño a sus padres; cuando ésto lo re­ conocen voluntariamente, resulta claro que un acto de voluTTtad'"es el que modifica su estado. El acto de voluntad, en ciertos casos, puede incluso crear una fi lacion ficticia: ese es uno de los resultados de la adopción. b) Otros elementos del estado tienen su origen en una sentencia Esta sentencia o ejecutoria se dice que es cons-

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titu'tiva de estado. Tales son las sentencias de divorcio, de separación de cuerpos y bienes, de legitimación, de interdic­ ción, de formación de un consejo de familia, de suspen­ sión de la patria potestad. La ley subordina entonces el cambio de estado a una demanda, acto de libre voluntad. Pero sustrae su realización al acuerdo de las partes, por­ que entiende que debe hacerla depender de condiciones mas o menos precisas, independientes de la- voluntad de los interesados, y de las cuales, los tribunales lian de ser los únicos jueces. Todo acto por el cual las partes susti­ tuyan al juez para efectuar el cambio de estado civil será nulo. Aun la nulidad absoluta de un matrimonio no puede tampoco resultar sino de una sentencia (1). Esta sentencia ofrece el carácter especial de tener efectos retroactivos: el matrimonio que anula se considera que no ha existido nun­ ca. Sin constituir, propiamente hablando, un estado nue­ vo, la sentencia destruye un estado preexistente y puede ser calificado de sentencia destructora del estado civil. Si la nulidad es relativa, la demanda depende todavía de la libre voluntad de ciertas personas. Si es absoluta, el ministerio público puede anular el matrimonio a pesar de los intere­ sados. Es una situación diferente la que se encuentra en los cambios de nombre. Aunque el nombre de una persona no puede ser modificado sin una autorización del Jefe del Es­ tado (núm. 107), se admite, no obstante, que es la volun­ tad del interesado la. que constituye el principio del cam­ bio, y se declara lícita a condición de cambiar de nombre aceptada, por el beneficiario de una donación (2). c) Finalmente, hay casos en que el estado civil, lejos de sustraerse a la voluntad humana, tiene su origen en esa voluntad. Así ocurre cuando el estado civil resulta de la celebración del matrimonio; de su confirmación si es nulo de nulidad relativa; de la reconciliación después de la separación de cuerpos, de la emancipación. A veces, la ley da a esa voluntad un podei' que pudiéramos decir sobre­ natural ; le permite suplir a. la realidad y crear, gracias a una ficción, la situación que hubiese producido un suceso determinado: tal es el caso de adopción (3) o de la legiti­ mación. Ficciones voluntarias de filiaciones legítimas. (1) V. nuestro Traité de la famálle. (2) E. II. Perreau, Le droit au noni en matidre civÜe, p. 156 y s Civ. 4 julio 1836, S. 36. 1. 642; Req., 21 agosto 1848, D. 48. 1. 223. (3) So observará, además, que la adopción, como ttambién la. legitimación después del matrimonio, necesitan de procedimientos judiciales,, lo ' > que podría ha-

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Aun entonces, sin embargo, queda mucho de la indis­ ponibilidad del estado. La l.ey da, sin duda, a las partes el poder de modificar ese estado a su voluntad, pero no a su capricho. Y por eso encierra esa voluntad en condiciones de forma y de fondo que indican bien que la materia es siempre de orden piiblico y que si la voluntad humana re­ presenta en él su papel, la Sociedad trata de conservar su dirección. Son más bien instituciones que contratos lo que ella reglamenta. De ahí. por ejemplo, que toda pro­ mesa hecha antes de realizar uno de los actos en cuestión, pueda ser declarada nula, como ocurre con los esponsa­ les (1). Además, en todos los casos en que una voluntad re­ presenta un papel en un cambio de estado, esa voluntad no puede ser suplida por ninguna otra. El principio es que el estado civil es independiente de las iniciativas privadas. Sólo las que la ley designa, en los casos que las señala, pue­ den tener un valor jurídico. De ahí que los acreedores de una persona, jamás puedan ejercitar las acciones de estado de su deudor ni colocarse en su lugar en los actos que pudiesen influir en su estado (2). Por último, en todos los casos en que la lev permite a la voluntad modificar un estado, esta modificación es definitiva; la voluntad que ha creado un estado nuevo, no puede revocarlo. No se puede revocar un reconocimiento de hijo natural; y la voluntad, de las partes no basta pa­ ra revocar una emancipación, una adopción o un matrimo­ nio. La separación de cuerpos o de bienes es lo único que las partes pueden voluntariamente anular. Los esposos di­ vorciados pueden casarse de nuevo, pero entonces hay su­ cesión de estados diferentes y no modificación voluntaria del estado. 20. C. Modificación de las consecuencias del estado. —Es necesario no confundir con el estado civil los derechos y obligaciones que de él se derivan. Sobre esos derechos y obligaciones sí se pueden hacer transacciones. No se pue­ de renunciar a la cualidad de hijo legítimo o natural de una ccr que se clasificara el estado en la categoría de los que.quitan de las decisio­ nes judiciales. Sin embargo, el estado que establece eso en. ^ahdad su origen en un acto de voluntad autorizado por la justicia. Gomp. los juicios do emancipación (ley 24 julio 1889, Tít. II) . . ... gl

(2) de estado, al pasar a los herederos, toma un ca

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persona; pero está permitido renunciar a la sucesión, con­ secuencia inmediata de un estado semejante. Sin embargo, hay que hacer distinciones entre Jas con­ secuencias del estado. Si bien algunos derechos y algunas obligaciones pueden ser aislados del estado en sí, otros son inseparables del mismo. Estos derechos y obligaciones par­ ticipan entonces de la indisponibilidad del estado. a) Ante todo, hay que clasificar entre las consecuen­ cias indisponibles del estado todos los derechos y obligacio­ nes extrapatrimoniales que se derivan de aquél: los dere­ chos sobre las personas, los derechos y deberes de protec­ ción, los deberes de obediencia. En este sentido es nula toda renuncia de la autoridad marital, de la patria potestad, de la tutela. Indudablemente que un padre y un tutor pue­ den delegar la educación del niño que les ha sido confiada, pero esa delegación es siempre revocable ad nutum. Un marido puede permitir a su mujer el ejercicio de una pro­ fesión independiente, pero tendrá siempre el derecho sal­ vo intervención de la justicia, de retirarle su autorización Le esta prohibido al padre, al tutor o al marido disminuir o anular los derechos que posee de su estado y que son tam­ bién obligaciones para él (1). La jurisprudencia, por ejemplo, anula los compromisos por los cuales un marido se haya obligado con su mujer a educar a sus hijos en una religión determinada. El Código civil declara nulas las cláusulas de un contrato de matrimonio que atente a la autoridad marital (art. 1388) (2). Los terceros, más aun que las personas investidas por su estado de esos derechos y deberes extrapatrimoniales, están incapacitados para mo­ dificarlos; en particular, un consejo de familia no puede restringir los derechos que la patria potestad da a una ma­ dre tutora sobre la persona de sus hijos. Pero nada impide que se realicen convenciones en re­ lación con esos derechos y deberes, si sólo se proponen apli­ car una regla legal obligatoria. En este sentido, está per­ mitido a los esposos divorciados arreglar por convenio el derecho de visita del padre o de la madre a los hijos que no le hayan sido confiados, y que se dé por válida la renun(1) Igualmente, los derechos y deberes legales de protección que el Estado confiero no pueden ser arbitrariamntc aumentados por la voluntad de las partes. Sobre la aplicación do.esto principio a la incapacidad de la mujer casada: Civ 22 dic. 1879, D. 80. 1.112, S. 80. 1. 12o; Rcq., 13 mayo 1885, D. 86. 1.204, S. 85, 1. 212. (2) Véase nuestro Tratado t. VIII, Regímenes matrimoniales, núm. 30.

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cía de un tutor que sabe que está a punto de ser desti­ tuido (1). 21. Continuación. Consecuencias patrimoniales del estado.—b) En cuanto a las consecuencias patrimoniales del estado, parece imponerse una sub-distinción, según Ja época en que se las considere. Hay un momento, efectiva­ mente, en que, habiéndose producido la consecuencia, el derecho pecuniario que deriva del estado civil, se separa de ese estado y entonces, ese derecho se hace disponible; has­ ta ese instante no lo era. La regla es general y los ejem­ plos son numerosos. El derecho de suceder es inherente al parentesco, es decir, al estado civil, e indisponible como el estado mismo. Después de la muerte del pariente a quien se hereda, como el estado civil ha producido su efecto que es la apertura de la sucesión, el derecho de sucesión se se­ para del estado civil y se hace disponible. De igual modo, el derecho de pedir alimentos a sus próximos parientes es inherente al estado civil, pero las cuotas de la pensión ali­ menticia se separan del estado civil a cada vencimiento y se hacen disponibles. Igualmente, también, el derecho del usufructo legal del padre, sobre los bienes del hijo, el de­ recho del usufructo por parte del marido en caso de dote, sobre la misma, el del marido en caso que no haya dote so­ bre los bienes de su mujer, son por sí mismos indisponibles, puesto que no se consideran sino como dependencias del es­ tado civil, pero nada impide que a medida que llega su vencimiento, el padre o el marido disponga de las rentas que esos derechos le dan. Aun en el caso de que un derecho pecuniario siga in­ herente al estado, puede, lo mismo que los derechos extra­ patrimoniales, ser objeto de convenciones, siempre que és­ tas no hagan sino traducir las consecuencias legales del estado: por eso son válidas las convenciones que fijan pro­ visionalmente la forma de pago y el montante de la obliga­ ción alimenticia. 22. Continuación. Donaciones o liberalidades hechas bajo una condición relativa al estado civil.—Hay una dero­ gación aparente de la indisponibilidad ele los derechos pecunarios inherentes al estado civil, en el poder reconocido a los terceros que dan o legan bienes a una peisona, de sustraer esos bienes a las reglas que Parece exigir el estado del donatario o legatario. Pueden descartar el derecho del ------ FFTodos estos puntos se estudian o en este volumen o en el tomo II eou-

sagrado a la familia.

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usufructo o administración de un padre, el derecho del usu­ fructo del marido, de los bienes donados o legados al hijo o a la mujer. Es que en el momento de la donación o del legado, el derecho de usufructuar bienes o de administrarle no depende aún del estado: se puede, pues, disponer de ellos separadamente. Por una consideración semejante, se admite la vali­ dez de las liberalidades hechas con la condición de respe­ tar un estado determinado, por ejemplo, con una cláusula que establezca la prohibición de casarse o de volverse a ca­ sar, dictada por motivos legítimos. La aceptación de la liberalidad no implica el compromiso de no modificar su estado; pero el que infringe la cláusula incurre en la re­ vocación de la liberalidad. El derecho de propiedad so­ bre el bien no es entonces sino una consecuencia accidental del estado. Sección II.—De las acciones derivadas del estado civil (1).

23. Definiciones.—Las acciones 'derivadas del estado civil son aquellas que tienen, o a la constitución, o a la des­ trucción, o a la declaración de un estado. Son, pues, cons­ titutivas, destructivas o declarativas del estado civil Ya hemos indicado el papel de las acciones constitutivas o des­ tructivas del estado civil al describir los orígenes de dicho estado, a propósito de su indisponibilidad. En cuanto a las acciones declarativas de estado, tienden o a reclamar el estado civil que parece no tenerse, o a confirmar el estado que parece tenerse. De ahí las denominaciones de acción en reclamación del estado y de acción en confirmación de estado, respectivamente, dadas a esas dos categorías de ac­ ciones. Usualmente se aplican sobre todo esos dos térmi­ nos a las acciones relacionadas con cuestiones de filiación que estudiaremos en el tratado de la familia. Digamos aquí únicamente que plantean dos series de problemas: por una parte, se trata de saber cuándo la acción es útil; por otra parte, se trata de saber cuándo es posible. (1) Bibliografía.—Bufnoir, De l’autorité de la chosc jugée en matiére d’état des personnes, tesis, París, 1893; Chéneaux, De l’cffet de la chosc jugée sur les questions d’état ct de capacité genérale, tesis, Burdeos, 1895; Dastarac, De l’cffet de la chosc jugée en m-atiére d’état des personnes, tesis, Tolosa, 1895; Laurin, De l’cffet ac la chosc jugée en matiére d’actions d’état, tesis, Aix, 1902; P. Esmein, Des cffets des décisions de justioc sur la rcconnaissancc ct la oréation des droits; Tissier, Exa­ men de jurisprudencc sur l’acquiesccment ct le désistement en mutiérc d’état. Bev. critique, 1902, p. 608 y s.; y nota S. 1902. 2. 89; Pilón, nota en S. 1903. 1. 273: Hugueney, nota en 8. 1914. 2. 211; Savatier, nota en D. 1920. 2. 61.

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24. Observación—a) La cuestión de la utilidad de una acción en reclamación o en confirmación de estado de hijo, tiene relación con el sistema de pruebas legales que ]a ley establece en esta materia. No es útil confirmar, ju­ dicialmente un estado, sino en el caso de que ese estado parezca legalmente establecido. No es útil reclamarlo ju­ dicialmente si no está aún legalmente establecido. Ahora es cuando aparece la importancia de lo que se llama pose­ sión de estado. ¿Que valor debe atribuirse, para estable­ cer una filiación, al hecho de que un individuo que ha vi­ vido como hijo de otro, haya sido siempre considerado co­ mo tal? Se dice, entonces, que posee el estado de hijo le­ gítimo o natural {suprá, núm. 18). Pero ¿le dispensa, esa posesión de definir el estado de que goza? O bien, ¿le ayuda a definir ese estado, y en qué medida? Análogas cuestiones se presentan en materia de matrimonio; todas corresponden al tratado de la familia. b) . La segunda dificultad especial que va unida a las acciones que han de ser estudiadas aquí, es la de saber cuándo esas acciones son posibles •. la ley las encierra, en efecto, en límites estrechos, lo mismo en lo que concierne a las personas que pueden ejercitarlas, como en lo que se refiere a las condiciones en que esas personas pueden po­ nerlas en ejercicio. La presente sección será consagrada solamente a la teoría general de las acciones de estado, desde el punto de vista de las regias de procedimiento de esas acciones y de la autoridad del fallo que las termina. § 1. Procedimiento de las acciones sobre el estado civil. 25. Influencia de la indisponibilidad del estado civil. —Las reglas especiales de las acciones del estado civil proce­ den todas de la indisponibilidad del estado civil. Esta in­ disponibilidad ordena, en primer término, el curso del pro­ cedimiento y luego los actos que pueden poner fin al mismo. a) En el curso del procedimiento, la indisponibilidad del estado debe impedir todo acuerdo entre las partes, que tienda a un fallo convenido que disimularía una conven­ ción relativa al estado. La ley quiere, ante todo, que cual­ quier asunto del estado civil se le participe al ministerio público (art. 83, 29 Proc.). Esta participación es muy natu­ ral en una materia que, como las cuestiones c el estado civil, tanto importan al interés público. Ademas, como no es po­ sible ninguna transacción en materia sustraída a la autono-

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mía de la voluntad, no hay lugar al acto ele conciliación de las partes ante el juez de paz. b) Por la misma razón,, la acción sobre el estado ci­ vil, a la cual se halla ligado el interés público, prosigue su marcha mucho más inexorablemente que un proceso cual­ quiera. Este último puede tener fin por un consentimien­ to o un desistimiento: uno y otro son imposibles cuando la voluntad de las partes es ajena al problema. Pero, como la indisponibilidad del estado civil no es absoluta, el consentimiento y el desistimiento no están siem­ pre prohibido. La prueba se halla en la misma ley que se esfuerza en provocar el desistimiento de una acción de es­ tado civil particular, la acción de divorcio, sometiéndola primero a una tentativa de conciliación especialmente apre­ miante, no ante el juez de paz, sino ante el presidente del tribunal, y permitiendo luego al juez, en todas las etapas del procedimiento, que suspenda su marcha ante la espe­ ranza de una reconciliación. Para que el consentimiento o el desistimiento se pro­ híban es preciso que anulen un derecho relativo al estado y que ese derecho sea indisponible. 26. Consentimientos o desistimientos que equivalen a la, libre disposición de un derecho.—Ante todo, hay que descartar el caso en que el procedimiento entablado sea pu­ ramente voluntario: como no hay litigio no puede haber consentimiento, y el desistimiento es ciertamente libre. Igualmente, hay que poner fuera de discusión el sim­ ple desistimiento de instancia, que tiene por objeto dete­ ner la acción sin cambiar en nada la situación de los liti­ gantes. Como la situación vuelve a ser la que era antes de la instancia, las partes conservan todos sus derechos, con la facultad de ejercitarlos judicialmente una segunda vez. No disponen de su estado, sino solamente del procedimien­ to ya iniciado y que convierten en inútil. Incluso cuando el estado es indispensable, ese desistimiento es válido (1). ¿Es lo mismo en el caso de desistimiento de la apela­ ción? La negativa se impone si los* plazos de apelación han expirado cuando interviene ese desistimiento. Tendría en­ tonces por objeto hacer pasar como cosa juzgada el fallo de primera instancia. El litigante que hubiera interpues­ to apelación contra esa sentencia, renunciaría; pues, al ha­ cerla definitiva, a los derechos que pretendía habían sido (1)

Req., 15 Nov. 1916, D. 1916. 1. 249.

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TRATADO PRÁCTICO DE DERECHO CIVIL FRANCÉS

desconocidos por los primeros jueces; equivaldría a dispo­ ner de esos derechos, cosa que no puede hacer si esos dere­ chos son indisponibles. Pero, si el desistimiento de la ape­ lación se hace cuando no han vencido aún los plazos para apelar, ¿no equivale, entonces, al desistimiento de instan­ cia, puesto que deja al apelante en libertad de presentar ante el Tribunal una nueva apelación y no anula sino el procedimiento seguido en la primera? En realidad, aun entonces, el desistimiento de apelación es mucho más gra­ ve que el desistimiento de instancia, porque este último de­ ja al litigante en libertad de reanudar su pleito en un pla­ zo cualquiera, mientras que, al desistir de su apelación, da por ganada la causa a su contrario, a menos de inter­ poner en un plazo muy breve una nueva apelación- Con­ viene, pues, asimilar el desistimiento de apelación a un acto de disposición del derecho que se defendía (1). Lo mismo sucede con el consentimiento en una sen­ tencia condenatoria, acto por el cual se hace definitiva esa decisión, impidiéndose usar contra ella ningún recurso (2). Y también sucede lo mismo con el desistimiento de un recurso que no sea el de apelación (3) ; como el recurso de casación. Todos esos actos equivalen al desistimiento de la acción en síf es decir, al abandono del derecho que la acción defiende.

27. Derechos de que no se puede disponer por vía de consentimiento o de desistimiento.—Es, desde luego, in(1) Esta cuestión largo tiempo debatida, parece ya transada hoy: Civ., 15 febrero 1916, D. 1916. 1. 249, S. 1917*. 1. 22; París, 12 julio 1905, D. 1906. 1. 230; Burdeos, 21 nov. 1906, D. ibid. y S. 1907. 2. 204; Burdeos, 10 mayo 1910, J>. 2. 143, S. 1911. 2. 19; París, 2 mayo 1917, D. 1920, 2. 88; 6 dic. 1921, S. 1922, 2. 8. Véanse, como últimas sentencias divergentes; Lyon, 26 fcb. 1907, S. 1907. 2T, 294; París, 3 mayo 1911, S. 1911. 1. 300; Algor, 29 feb. 1912, S. 1914. 2. 252. Véanse sobre la antigua jurisprudencia notas de Tissior, S. 1902. 2. 89 y Lacoste, k>. 95. 1. 81 y Tissier, Rev. Critique, 1902, pág. 608 y s. (2) Art. 249 para el divorcio En jurisprudencia, especies innumerables. V. en materia de interdicción: Req., 14 junio 1842, S. 42. 1. 742; Lyon, 24 julio 1872, 8. 73. 2. 40; Req., 12 enero 1875, D. 76. 1. 217, S. 75. 1. 117; Civ., 4 dic. 1905, D. 06. 1. 2‘07, 8. 06. 1. 136; para la dación de un consejo judicial: Nimes, 25 enero 1876, 8. 77. 2. 294; para la oposición a matrimonio; Algor, 11 dic. 1851, S. 51. 2. 760; para la demanda en nulidad de matrimonio. Civ., 4 nov 1901, S. 1903, 1. 273, nota de Pilón; para la acción en nulidad del reconocimiento do un hijo na­ tural: Civ., 3 agosto 1908, D. 1908. 1. 456, S. 1908 1. 3-8; para la acción en desti­ tución de tutela: Civ., 3 marzo 1902, S. 1902. 1. 16'; para la acción en desconoci­ miento de paternidad: Req., 30 mayo 1902, D. 1. . Í31 La iurisnrudencia harto oscilante ha venido a consolidarse indirecta(. ) La Jlr sP U